Representantes del autotransporte de carga y del sector comercio de México concretaron una serie de acuerdos con el Gabinete de Seguridad del gobierno federal durante las mesas de diálogo que coordinó la Secretaría de Gobernación (Segob).

Este encuentro, que ocurrió ayer después de que a finales de octubre los transportistas realizaron un paro de actividades, tuvo como objetivo coordinar la colaboración institucional para frenar la extorsión, reducir los abusos de autoridad y devolver la certeza operativa a la red carretera del país.

¿Qué organizaciones estuvieron presentes en las mesas de diálogo que coordinó la Segob?

De acuerdo con reportes periodísticos, en la reunión participaron dirigentes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Hamotac), la Federación Mexicoamericana de Transportistas (Fematrac).

También estuvieron presentes líderes de la Organización Integradora de Derechos Convencionales (Indeco) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

Transportistas y comerciantes pactan acuerdos con el Gabinete de Seguridad

Luego de priorizar el diálogo, las organizaciones transportistas y de comercio revelaron lo que acordaron con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR).

Entre los acuerdos destacan dar respuesta inmediata a las pérdidas humanas y materiales que afronta el gremio, ya que su labor es clave para el abastecimiento de los comercios y negocios familiares a nivel nacional.

Cadenas logísticas también se ven afectadas por la criminalidad

Ambos sectores señalaron que los ilícitos cometidos en los trayectos vulneran la integridad física de los operadores. También desarticulan las cadenas logísticas de distribución comercial de las que dependen proveedores y familias en distintas entidades del país.

Además, dentro de los avances de la mesa de concertación, también sobresale el compromiso de homologar los criterios legales entre las distintas fiscalías estatales para agilizar los trámites de liberación de los vehículos retenidos a causa de accidentes delictivos.

También se pactó integrar un frente común contra la extorsión mediante la puesta en marcha de herramientas directas de comunicación con la Secretaría de Gobernación y la dependencia a cargo de Ernestina Godoy, mismas que deberán cumplimentar el contacto ya establecido con la Guardia Nacional para facilitar las denuncias y supervisar el avance de las investigaciones.

Alistan mesas de trabajo a nivel nacional

Las organizaciones gremiales y las dependencias federales acordaron instalar mesas de trabajo a nivel estatal. El objetivo es dar seguimiento puntual a la problemática y coordinar acciones entre los distintos niveles de gobierno.

De igual manera, evaluarán la viabilidad de incorporar tecnologías preventivas que permitan identificar riesgos en tiempo real. Esto se suma al fortalecimiento del patrullaje en las vías de comunicación de mayor incidencia delictiva.

¿Qué representantes del gobierno federal estuvieron presentes en la reunión?

En representación de la autoridad federal, la mesa contó con la intervención del subsecretario de Gobernación, César Yáñez, y el jefe de la Unidad de Gobierno, Sergio Tonatiuh Ramírez.

También participó el funcionario de la Subsecretaría de Política Criminal, José Luis Rodríguez, así como el coordinador de Seguridad en Carreteras de la Guardia Nacional, Cruz Isaac Muñoz.

Guardia Nacional desplegará más de 800 elementos en carreteras inseguras

Ante medios de comunicación, Lauro Rincón, presidente nacional de la Fematrac, informó que el jueves 5 de noviembre se llevó a cabo una mesa de diálogo con representantes de la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y las secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana.

De acuerdo con Rincón, la Guardia Nacional se comprometió con las organizaciones que representan a los transportistas a desplegar 826 elementos en los próximos días. El refuerzo llegará a las carreteras y caminos más inseguros del país, donde el sector enfrenta asesinatos, extorsiones, así como robos de vehículos y mercancías.

“Se pidió reforzar a como dé lugar la presencia de los elementos en carretera. En las noches vemos las carreteras vacías, no hay presencia de la Guardia Nacional, entonces, es muy importante reforzar y aumentar el personal, pues a la fecha seguimos teniendo robos. Mencionaban a seis asesinados, pero andan sobre los 20 asesinados en lo que va del año”, dijo Rincón.

Desde la perspectiva de los líderes transportistas, el Estado de México ocupa el primer lugar entre las entidades con mayores problemas de inseguridad en sus carreteras. Le siguen Puebla, Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala y Tabasco.

“En este último está muy arraigado el tema de la extorsión al transporte, sobre todo con el transporte foráneo. También lo vivimos en Campeche y en Quintana Roo. Son temas complicados porque lesionan mucho la economía del transportista del poco margen que le queda de utilidad”, agregó.

Tras un paro que generó diversas afectaciones a finales de octubre, y a través de las mesas de diálogo que coordinó Gobernación, organizaciones transportistas y de comercio pactaron diversos acuerdos.

Luego de su promulgación en el Diario Oficial de la Federación, la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos recibió el visto bueno de la Asociación Mexicana de Internet (AIMX).

Sin embargo, la organización advirtió que la implementación de la legislación podría generar problemas de inclusión financiera, seguridad y privacidad, en caso de que no se atiendan las condiciones necesarias para facilitar la transición hacia los pagos electrónicos en México.

Asociación Mexicana de Internet respalda nueva Ley de Economía Digital

Por medio de un posicionamiento hecho público a inicios de noviembre, la organización –que representa a empresas de la industria tecnológica– admitió que el país necesita reducir su dependencia del efectivo y consideró que la ley representa un paso para atender pendientes en materia digitalización financiera.

No obstante, la AIMX explicó que la nueva legislación parte de un diagnóstico incompleto, ya que considera que la infraestructura para realizar pagos ya existe y que el principal reto consiste en lograr que más personas adopten estas herramientas.

Transición requiere capacitación y confianza: AMIX

Desde la perspectiva de la AMIX, la transición que está por vivir el país, requiere capacitación, confianza, conectividad, dispositivos adecuados, reglas de privacidad y certeza sobre quién podría asumir los costos de su implementación.

“Nuestro respaldo viene acompañado de una advertencia: la ley parte de un diagnóstico incompleto: asume que la infraestructura ya existe y que sólo falta adopción”, dijo Iván Díaz González, vicepresidente de Innovación y Tecnologías Emergentes de la asociación.

Hacienda tendrá la atribución de definir los sectores donde el pago solo será electrónico

La ley se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este 4 de noviembre y entró en vigor el día 5. Con esta fecha como punto de partida, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene un plazo de 15 días hábiles para determinar los sectores en los que los pagos digitales se vuelven obligatorios.

Frente a este panorama, la asociación planteó algunas propuestas dirigidas a las autoridades. El objetivo es que las disposiciones secundarias impulsen la digitalización sin excluir a personas y negocios que aún enfrentan obstáculos para usar o recibir pagos electrónicos.

Aspectos positivos de la nueva ley

No todo es malo en la Ley de Economía Digital, según la AIMX, hay aspectos positivos, como:

• La obligación de los tres órdenes de gobierno de aceptar pagos digitales en trámites y servicios, así como las disposiciones relacionadas con la interoperabilidad de los sistemas de pago.
• Que el Banco de México (Banxico) ordene que las terminales acepten códigos QR y homologue la experiencia de uso de las aplicaciones financieras.
• El reconocimiento de la identidad digital con efectos jurídicos para acceder a servicios financieros donde no existen sucursales.
• Los pagos electrónicos pueden contribuir a la formalización de pequeños negocios.
• Ayudará en la trazabilidad para combatir el lavado de dinero y la extorsión.

¿Cuáles son los riesgos que identificó la Asociación Mexicana de Internet?

Cabe señalar que la asociación identificó cinco vacíos que, desde su perspectiva, podrían convertir una ley orientada a la inclusión en una fuente de exclusión, fraude y litigios.

• Falta de capacitación.
• Poca seguridad de las operaciones.
• Falta de conectividad a internet, de teléfonos adecuados y de herramientas en distintos idiomas.
• Costo extra para los pequeños negocios al tener que aceptar solo pagos digitales.

Sobre este último punto, un estudio presentado por la Concanaco Servytur ante la Cámara de Diputados reveló que el 94 por ciento de las MiPymes cuenta con celular y el 88 por ciento tiene acceso a internet. Sin embargo, el 46 por ciento aún no acepta pagos con tarjeta, y las comisiones representan el principal obstáculo para la adopción de este método de pago.

Otros focos rojos: protección de datos personales y “superpoderes” a Hacienda

La protección de datos personales es otro de los puntos que preocupan a la AIMX. La organización señaló que la ley carece de referencias a la privacidad y los datos personales en su articulado, pese a que la identidad biométrica, la línea telefónica, las cuentas y las transacciones quedan vinculadas a través de la CURP.

Por último, la asociación cuestionó las facultades que se otorgaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar los sectores en los que el efectivo dejará de ser una opción de pago. A su juicio, hacen falta criterios claros, consultas públicas, límites por monto y mecanismos de defensa para quienes puedan resultar afectados.

Sigue dejando más dudas que certezas la nueva Ley de Economía Digital, aún así, la Asociación Mexicana de Internet le dio su visto bueno, no sin antes advertir una serie de riesgos.

La construcción registró en septiembre un fuerte aumento de 7,8% respecto de agosto, de acuerdo con la medición desestacionalizada del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato marca una recuperación mensual del sector, aunque la serie tendencia-ciclo se mantuvo prácticamente sin cambios.

El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) también mostró una suba de 5,1% frente a septiembre de 2025, tras dos meses de caídas interanuales consecutivas. En los primeros nueve meses de 2026, el índice acumuló un avance de 1,3% respecto de igual período del año anterior.

La serie desestacionalizada elimina los efectos habituales de cada época del año, como la menor actividad de determinados meses o las diferencias por cantidad de días hábiles. Por eso, permite comparar septiembre con agosto sin esas variaciones estacionales.

El crecimiento de septiembre tuvo apoyo en varios materiales utilizados en obras privadas y de infraestructura. El consumo aparente de pinturas para construcción aumentó 22,4% frente a septiembre de 2025, mientras que el de hormigón elaborado avanzó 12,8 por ciento.

También hubo incrementos de 12,2% en el grupo que reúne grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción. El uso de hierro redondo y aceros para la construcción creció 5,2%, el de cemento pórtland subió 4,6% y las placas de yeso registraron una mejora de 1,2%. El asfalto, asociado en buena medida a las obras viales, mostró una variación positiva de 0,5% en la comparación interanual.

El repunte no alcanzó a todos los segmentos. El consumo de mosaicos graníticos y calcáreos cayó 15%, la mayor baja entre los insumos relevados por el Indec.

Los artículos sanitarios de cerámica retrocedieron 8,2%; el yeso, 7,7%; y los pisos y revestimientos cerámicos, 7,4%. También se registraron descensos en ladrillos huecos, con una baja de 0,7%, y en cales, con una merma de 0,2%.

La diferencia entre los materiales muestra un comportamiento desigual dentro del sector: mientras crecieron productos vinculados con estructuras, terminaciones y mantenimiento, otros insumos asociados a determinadas etapas de las obras permanecieron en terreno negativo.

Entre enero y septiembre, la construcción acumuló una expansión de 1,3%, aunque la evolución de los materiales fue dispar. El mayor avance se observó en el resto de los insumos, que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio, con un aumento de 21,8 por ciento.

Las pinturas subieron 10,4% en el acumulado anual y el hierro redondo y los aceros para la construcción crecieron 3,1%. Los artículos sanitarios de cerámica avanzaron 2,9%, el hormigón elaborado aumentó 2,3% y las placas de yeso mejoraron 0,9 por ciento.

Del otro lado, el yeso acumuló una caída de 11,6%, seguido por pisos y revestimientos cerámicos, con una baja de 9,3%, y asfalto, con un retroceso de 8,9%. El cemento pórtland, uno de los materiales más utilizados como referencia de la actividad, mostró una disminución acumulada de 2,9% en los primeros nueve meses del año.

En cuanto al empleo, los puestos de trabajo registrados en el sector privado dentro de la construcción alcanzaron los 382.669 en agosto, lo que representó un incremento de 1,7% en comparación con el mismo mes de 2025.

Frente a julio, cuando se contabilizaron 379.912 trabajadores, la dotación formal sumó 2.757 ocupaciones y registró una mejora mensual de 0,7%. Con este resultado, el empleo formal en el rubro acumuló un avance de 0,8% en los primeros ocho meses del año.

Las expectativas del sector

Las expectativas de las grandes empresas del sector para el último trimestre del año son mayormente de estabilidad, aunque con un sesgo desfavorable. Entre las compañías dedicadas a obras privadas, el 74% prevé que la actividad no cambiará entre octubre y diciembre, mientras que el 15% espera una caída y el 11%, una mejora. En obra pública, el 62,4% anticipa un nivel de actividad estable, pero el 23,5% estima una baja, frente al 14,1% que proyecta un aumento.

Entre quienes esperan una retracción, la caída de la actividad económica aparece como el principal motivo tanto para las firmas privadas como para las vinculadas con proyectos estatales; en este último grupo también pesan los atrasos en la cadena de pagos.

Las previsiones para el empleo siguen una tendencia similar. El 79% de las empresas de obra privada y el 63,1% de las dedicadas a obra pública no anticipan cambios en la cantidad de personal ocupado durante los próximos tres meses.

No obstante, las compañías que prevén reducir sus plantillas superan a las que esperan incorporar trabajadores: 13% contra 8% en el segmento privado y 23,8% contra 13,1% en el público. A la hora de señalar medidas para estimular al sector, las firmas privadas priorizaron la reducción de cargas fiscales y el acceso al crédito, mientras que las constructoras de obra pública pusieron el foco en el financiamiento y la estabilidad de los precios.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó riesgos económicos para el país, tras el recorte de 25 puntos base que llevó la tasa de interés de referencia del Banco de México (Banxico) a 6.25%.

Durante La Mañanera del Pueblo, sostuvo que esperará a ver el impacto de dicha medida; sin embargo, destacó que la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le indicó que no prevé afectaciones.

Precisó que Banxico actuó de forma autónoma y que, según el organismo, se prevé que esta sea la última disminución de la tasa en el corto plazo.

Banxico redujo la tasa de interés a 6.25%

El Banco de México bajó su tasa de interés de referencia en 25 puntos base, desde 6.50% hasta 6.25%. La medida sorprendió al mercado, que esperaba que el banco central mantuviera el indicador sin cambios, de acuerdo con el contexto presentado sobre la decisión.

La presidenta señaló que Hacienda le informó que el ajuste no representa un problema para la economía mexicana. “Vamos a ver cuál es el impacto de esta decisión que toma Banco de México”, dijo, aunque añadió que la dependencia federal no anticipa consecuencias negativas.

Sheinbaum recordó que la definición de la tasa corresponde al banco central y no al Gobierno de México. “Banxico es autónomo”, afirmó cuando fue consultada por la decisión y sus efectos sobre el peso.

La Junta de Gobierno de Banxico resolvió el recorte de forma dividida entre sus cinco integrantes. El banco central indicó que mantener la tasa en 6.25% durante un periodo prolongado sería adecuado para apoyar la convergencia de la inflación hacia su objetivo permanente de 3%.

Claudia Sheinbaum explicó el efecto de las tasas

La presidenta expuso que la tasa de referencia funciona como una guía para los rendimientos del ahorro y para el costo de los préstamos dentro del sistema financiero. A partir de ella, los bancos establecen condiciones para créditos, inversiones y depósitos.

Según su explicación, cuando una persona o empresa obtiene mayores rendimientos por mantener el dinero en el banco, existe un incentivo para no utilizar esos recursos en proyectos productivos.

“Si un inversionista tiene dinero y guardándolo en el banco te da más dinero que invirtiéndolo, pues prefieres guardarlo en el banco”, planteó.

Por el contrario, una reducción de los rendimientos bancarios puede modificar esa evaluación.

Sheinbaum sostuvo que, cuando las tasas bajan, los inversionistas pueden considerar con mayor interés destinar sus recursos a actividades productivas, en vez de mantenerlos depositados.

La mandataria añadió que esa dinámica también tiene efectos sobre el consumo y los precios. Si se incrementa el gasto, explicó, puede haber presiones inflacionarias, por lo que Banxico debe valorar el equilibrio entre estimular la inversión y evitar un repunte de la inflación.

Inflación y análisis técnico del Banco de México

Banxico elevó su previsión de inflación general para el cierre del año a 3.7%, desde el 3.5% estimado previamente. También ajustó al alza su expectativa para la inflación subyacente, que pasó de 3.6% a 3.7%.

La inflación general anual se ubicó en 3.62% durante la primera quincena de octubre, mientras que la subyacente llegó a 3.78%.

El banco central mantuvo su previsión de que la inflación convergerá a su meta de 3% en el cuarto trimestre de 2027.

Sheinbaum dijo que la decisión no responde solamente a la valoración de unos cuantos funcionarios, sino al trabajo de una institución con especialistas que analizan las condiciones económicas antes de definir la política monetaria.

“Banco de México es una institución grandísima que tiene analistas que revisan, que ven y con base en ello toman su decisión”, sostuvo.

Detrás de la buena noticia que representaría la caída del índice de precios al consumidor en Venezuela, se esconde una bomba de tiempo que amenaza con hacer volar la política cambiaria y que deja en evidencia las debilidades del modelo económico que trata de sostener el gobierno interino de Delcy Rodríguez.

Rodríguez informó que la inflación de octubre fue de 6,2%, destacando que ha sido la cifra más baja en los últimos dos años. En esa misma línea, la tasa anualizada bajó de 465,6% en septiembre a 377% el mes pasado.

“Venezuela es una economía bimonetaria y los aumentos de los precios están altamente correlacionados con los ajustes del tipo de cambio. Sin embargo, conviene precisar que, en promedio, el ritmo de aumento de los precios excede al del tipo de cambio”, observa la firma Oikos Research.

La empresa consultora dirigida por los economistas José Guerra y Daniel Cadena apunta: “Si se considera el aumento acumulado de los precios entre octubre de 2026 y diciembre de 2025, estos subieron 245,5%, mientras que el tipo de cambio se deslizó 198,3%. Esto sugiere que se está generando un atraso cambiario significativo. En otras palabras, los bienes de Venezuela resultan mucho más caros que los importados”.

Oikos Research advierte que “de seguir esa dinámica, la política cambiaria se tornará insostenible y los ingresos petroleros que hacen posible la intervención del Banco Central de Venezuela (BCV) en el mercado cambiario, harán que en lugar de que el BCV gane reservas internacionales, las pierda tal como ha sucedido en 2026”.

De acuerdo con sus estimaciones, “hasta octubre de 2026, el BCV desacumuló 608 millones de dólares en medio de precios más elevados del petróleo y mayores volúmenes exportados”.

Inestable

El economista Hermes Pérez señala que “la pérdida de impulso de los precios no se ve tan pronunciada cuando se calcula la inflación promedio que marcó 12% mensual y 514% anual. Los precios han perdido impulso, pero su paso es lento”, explica el profesor de la Universidad Metropolitana.

Pérez sostiene que “una característica perniciosa de nuestra inflación es su enorme volatilidad”, factor que “dificulta cualquier previsión futura para familias y empresas”. El académico indica que aún “persiste la volatilidad de los precios, que han venido cediendo, pero no a la velocidad de 2024”, cuando la inflación anual cerró en 85%.

Oikos Research precisa que “los rubros que por su importancia en el gasto de los consumidores experimentaron los mayores incrementos fueron salud con 10,3% y transporte 7,2%, en tanto que los alimentos acusaron un alza de 5,7%, las comunicaciones de 5% y alquiler de vivienda 4,4%”.

¿Dónde?

“¿Dónde está el dinero del petróleo?”, se pregunta el economista José Guerra. La interrogante parte de la siguiente premisa: el presupuesto de la Nación para 2026 fijó el precio del petróleo en 55 dólares por barril. Empero, a lo largo de este ejercicio el barril de crudo se ha ubicado en 90 dólares.

“Se han generado ingresos petroleros extraordinarios que para gastarse necesitan la aprobación de la Asamblea Nacional y ello no ha sucedido. Estamos en el reino de la ilegalidad”, cuestiona el profesor de la Universidad Central de Venezuela y exdiputado opositor.

El artículo 314 de la Constitución establece: “No se hará ningún tipo de gasto que no haya sido previsto en la ley de presupuesto. Sólo podrán decretarse créditos adicionales al presupuesto para gastos necesarios no previstos o cuyas partidas resulten insuficientes, siempre que el tesoro nacional cuente con recursos para atender la respectiva erogación; a este efecto, se requerirá previamente el voto favorable del Consejo de Ministros y la autorización de la Asamblea Nacional o, en su defecto, de la Comisión Delegada”.

Guerra espera que este año los ingresos fiscales asciendan hasta los 30 mil millones de dólares, el doble de lo que entró en 2025. “La mitad de los ingresos fiscales son de carácter extraordinario”, subrayó el experto, tras aseverar que “el gasto que ha venido realizando el gobierno lo ha hecho de manera ilegal”.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el ejercicio fiscal 2027, que contempla un gasto neto total de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos.

Con 33 votos a favor, 12 en contra y cero abstenciones, el proyecto impulsado por el Ejecutivo federal recibió el aval de la comisión que preside la diputada de Morena, Merilyn Gómez Pozos, en medio de cuestionamientos de legisladores de oposición sobre el endeudamiento, los recortes a infraestructura y las asignaciones para salud.

La presidenta de la comisión defendió las previsiones económicas y presupuestales para el próximo año, al señalar que México cuenta con fortalezas como una economía diversificada, un sistema financiero sólido y un mercado interno respaldado por el crecimiento de los ingresos laborales.

De acuerdo con las estimaciones incluidas en el proyecto, para 2027 se prevé un crecimiento económico de entre 1.5 y 2.5 por ciento, un precio promedio del petróleo de 61.8 dólares por barril, un tipo de cambio de 18 pesos por dólar y una inflación acumulada de 3 por ciento.

Gómez Pozos explicó que el gasto propuesto representa un incremento de 442 mil 804.4 millones de pesos respecto al presupuesto aprobado para 2026, equivalente a un crecimiento real de 1.3 por ciento.

Presupuesto 2027 contempla más de un billón para inversión

En materia de infraestructura, el proyecto considera un gasto de inversión de un billón 133 mil 613.2 millones de pesos, de los cuales 90.5 por ciento se destinará a inversión física.

La legisladora sostuvo que estos recursos permitirán fortalecer la infraestructura nacional, impulsar la competitividad y contribuir a la generación de empleos.

Asimismo, destacó que los programas sociales prioritarios recibirán poco más de un billón de pesos, cantidad equivalente al 2.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Según la morenista, estas asignaciones buscan consolidar una red de protección social que acompañe a la población desde la niñez hasta la vejez, mediante apoyos dirigidos a garantizar derechos y mejorar las condiciones de vida de los sectores con mayores carencias.

Otro de los rubros destacados fue el gasto federalizado, que contempla tres billones 48 mil 223.2 millones de pesos para estados y municipios. Esta cantidad representa un incremento real de 4.6 por ciento frente a lo aprobado en 2026.

En cuanto a las asignaciones por grupo funcional, el proyecto distribuye siete billones 432 mil 529.7 millones de pesos: 522 mil 954.1 millones para Gobierno, cinco billones 384 mil 912.8 millones para Desarrollo Social y un billón 518 mil 676.8 millones para Desarrollo Económico.

PAN y PRI cuestionan deuda y recursos para salud

Durante la discusión, legisladores del PAN y del PRI expresaron su rechazo al proyecto presupuestal y señalaron que las asignaciones no atienden las principales necesidades de la población.

El diputado panista Héctor Saúl Téllez Hernández calificó el presupuesto como inercial y advirtió sobre el peso de la deuda pública en su financiamiento. Señaló que se contemplan 1.7 billones de pesos de endeudamiento, adicionales a los ingresos que obtiene el Gobierno mediante la recaudación.

También cuestionó la reducción de recursos para los órganos autónomos y aseguró que el gasto en inversión en infraestructura registra un recorte de 12.3 por ciento.

Por su parte, el priista Mario Zamora Gastélum sostuvo que el dictamen prácticamente conserva la propuesta enviada por la Secretaría de Hacienda, pese a las semanas de análisis y las 46 opiniones emitidas por distintas comisiones legislativas.

El diputado reconoció la incorporación de cerca de seis mil 500 millones de pesos para el acueducto de Guadalajara, pero reprochó que no se atendieran las solicitudes de recursos para policías estatales y municipales, así como para sanidad y certeza jurídica del sector agropecuario.

En la misma línea, el panista Paulo Gonzalo Martínez López cuestionó que se contemplen más de 17 mil millones de pesos para infraestructura del Tren Maya, mientras persisten necesidades en hospitales, medicamentos, electricidad, mantenimiento carretero, infraestructura hidráulica y apoyo al campo.

La diputada panista Noemí Berenice Luna Ayala también criticó los recursos destinados a salud. Afirmó que el gasto previsto equivale apenas al 2.9 por ciento del PIB, por debajo del 6 por ciento recomendado internacionalmente.

Además, advirtió sobre el impacto del gasto de bolsillo en las familias, particularmente entre quienes carecen de seguridad social y tienen menores ingresos.

La priista Nadia Navarro Acevedo coincidió en que el proyecto no garantiza que los hospitales cuenten con medicamentos suficientes ni que los pacientes tengan acceso oportuno a los servicios de salud.

Cámara de Diputados continuará discusión del PEF 2027

Tras aprobar el dictamen en lo general y en lo particular los artículos que no fueron reservados, Merilyn Gómez Pozos decretó un receso en los trabajos de la comisión.

La legisladora citó a los integrantes para este viernes 6 de noviembre, a las 10:00 horas, con el propósito de continuar la discusión en lo particular del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027.

En esta siguiente etapa se abordarán las reservas presentadas por los legisladores antes de que el proyecto avance en el proceso legislativo correspondiente.

Parece un hecho que la cuarta ronda de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se llevará a cabo hasta el año 2027, pese a que ha estado programada desde el pasado mes de septiembre.

A solo dos meses de que termine el año, Fausto López, vicepresidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce) capítulo Sur, explicó que las discrepancias en los términos del sector automotriz han frenado el avance de la cuarta ronda de trabajo.

Cuarta ronda de revisión del T-MEC se llevará a cabo hasta 2027

López también explicó que las diferencias se deben, principalmente, a las peticiones de la Unión Americana en las partes de origen del sector automotriz, lo que ha derivado en que no se concrete una fecha para continuar con la revisión del tratado comercial.

“La última ronda donde nos dijeron que se iban a tomar decisiones para la industria automotriz iba a ser en septiembre, había una fecha, la cancelaron, otra, se canceló, ya no vemos intenciones de que la ronda cuatro se lleve a cabo”, dijo en el marco de la XXI Convención Anual del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior (IMECE).

Varias razones han retrasado la revisión del tratado comercial

Aunque México y Estados Unidos adelantaron desde marzo pasado los trabajos de revisión del T-MEC, las reuniones se encuentran suspendidas desde julio, cuando las autoridades de ambos países tuvieron su último encuentro en la Ciudad de México. Las gestiones comenzaron incluso antes de que se confirmara que el acuerdo no se renovaría de forma automática por otros 16 años.

Las autoridades atribuyeron la pausa a distintos factores de la agenda bilateral e internacional. Entre ellos mencionaron las reuniones del G20, la visita del presidente chino Xi Jinping a Estados Unidos y las elecciones intermedias en ese país, que devinieron en una contundente victoria del Partido Demócrata.

Administración Trump ha condicionado la operación del T-MEC

Ante esta situación, el vicepresidente del Comce consideró que si bien el T-MEC sigue vigente y así se mantendrá por los próximos 10 años, en los hechos, opera con los cambios arancelarios ordenados por la administración de Donald Trump.

“Ya estamos listos para la ronda cuatro, pero está congelada la revisión. El T-MEC sigue vivo, pero con las reglas actuales, en 2027 es cuando esperamos que las cosas cambien y vengan los requerimientos, ya tenemos mucho avanzado”, agregó.

CMN ve estable el T-MEC tras triunfo electoral demócrata

Ayer, Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), afirmó que el triunfo demócrata en las elecciones intermedias de Estados Unidos podría mejorar el entorno para los migrantes mexicanos, sin alterar de manera sustancial la revisión del T-MEC.

Desde el punto de vista de Del Valle, el resultado de la contienda electoral podría reducir la presión sobre los trabajadores mexicanos en territorio estadounidense, pero reconoció que aún no se han analizado a fondo sus implicaciones.

“Para el T-MEC no va a haber tanto cambio, porque la negociación se ha venido haciendo con el gobierno en general, con las dependencias del gobierno de Estados Unidos y de Canadá”, comentó.

Favorable el cambio en el mapa político norteamericano

No obstante, Antonio del Valle calificó de “favorable” el cambio en la composición política de los estados fronterizos.

“Va a haber menos persecución a nuestros nacionales y eso generará más confianza”, señaló.

Además, reconoció que las deportaciones también ocurren durante administraciones demócratas. Aun así, calificó como “inaceptable” la persecución que actualmente enfrentan las personas migrantes.

Asimismo, sostuvo que un entorno migratorio más favorable también podría impulsar la productividad agrícola de Estados Unidos, un sector que depende en buena medida de la mano de obra mexicana.

Pese a que las reuniones estaban programadas para el pasado mes de septiembre, la inversión privada consideró que la cuarta ronda de revisión del T-MEC –entre México y Estados Unidos– se celebrará hasta 2027.

El pasado 4 de noviembre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo promulgó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.

Luego de la publicación en el DOF, arrancó el plazo de 15 días para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determine los sectores estratégicos y las actividades relevantes en los que los medios de pago digitales podrán ser la única opción y otros 15 días a las autoridades federales para emitir las reglas de aplicación.

“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará los sectores estratégicos y actividades relevantes en los cuales la aceptación de Medios de Pago Digitales y Electrónicos podrá ser la única forma de pago”, establece el artículo 13.

¿Qué pasará en los lugares dónde no se pueda pagar de manera electrónica?

Cabe señalar que la legislación entró en vigor este jueves 5 de noviembre, pero la sustitución del efectivo no será inmediata.

En ese sentido, la nueva norma –en su artículo 15– contempla excepciones cuando se presenten fallas técnicas u otras contingencias impidan realizar operaciones digitales.

Tres órdenes de gobierno deben adoptar medidas para recibir pagos electrónicos

De acuerdo con la ley, en los casos antes mencionados se permitirá pagar en efectivo o con cheque, aunque las interrupciones no podrán utilizarse de manera recurrente para incumplir las disposiciones.

Además, la nueva legislación –en su numeral 10– obliga a las autoridades federales, estatales y municipales a implementar medidas que permitan recibir pagos electrónicos por trámites y servicios. Entre ellas está la instalación de infraestructura tecnológica y la creación de mecanismos para atender posibles fallas en el sistema.

¿Qué define la ley como pagos digitales?

Cabe señalar que las disposiciones de Hacienda deberán establecer las condiciones, requisitos y obligaciones para recibir pagos digitales como una forma de pago, así como mecanismos y plazos para una transición gradual del ejecutivo.

No obstante, es importante detallar que la ley define como medios de pagos digitales y electrónicos los códigos QR, los dispositivos NFC, las tarjetas de débito y crédito y las transferencias de fondos, incluida la domiciliación.

Banco de México y CNBV también deben adaptarse a los pagos digitales

También es importante señalar que la legislación faculta al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a emitir reglas dirigidas a las empresas que proporcionan terminales de punto de venta. Estas disposiciones deberán permitir la recepción de pagos mediante códigos QR.

Asimismo, reconoce la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano como mecanismos de confianza para contratar servicios financieros por internet.

Estaciones de gasolina y peaje carretero eliminarán el pago en efectivo

El pasado mes de septiembre, durante una reunión de trabajo en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), Antonio Peña Merino, reveló que en las estaciones de gasolina y en el peaje carretero se eliminará el pago en efectivo.

Lo anterior, como parte de las disposiciones de la nueva Ley de Economía Digital.

El funcionario también explicó en qué sectores estratégicos se eliminarán en forma gradual el efectivo, algo que no está mencionado en la propuesta legislativa, ya que eso le corresponde definir a la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora.

“Los sectores que se han comentado, carreteras, lo que ha mencionado la presidenta en algunos espacios, y en gasolineras”, expresó ante cuestionamientos de legisladores de dónde la autoridad considera aplicar la medida.

Avanza implementación en carreteras

Caminos y Puentes Federales (Capufe) concluyó la sustitución completa del hardware y la infraestructura tecnológica que permite la lectura oportuna de los dispositivos Tags para el cobro del peaje, destacó el funcionario.

En las casetas se habilitarán carriles donde también se podrá pagar con el sistema Codi, disponible en las aplicaciones bancarias de los teléfonos celulares, sostuvo.

El sistema prevé la generación en pantalla de un código QR para realizar la transferencia y confirmar el pago, de manera que la pluma de las casetas se levante de forma automática, enfatizó.

Gasolineras están en zona de cobertura garantizada a internet

Peña Merino explicó que se realizó un análisis de cobertura de conectividad en las estaciones de gasolina, en el que se determinó que el 98.45 por ciento de éstas se encuentra en zonas de cobertura garantizada a internet.

Sólo 174 estaciones no cuentan con cobertura garantizada, casos en los que se requiere un esfuerzo adicional, comentó.

Otras 57 estaciones se ubican en zonas sin cobertura, de un total de 14 mil 980 gasolineras.

Asimismo, aseguró que se darán garantías para que se puedan hacer pagos si no hay conectividad, porque la misma ley considera la posibilidad de contingencias que impidan el pago electrónico.

“No puede ser que alguien no pueda adquirir un bien solo porque no hay Internet o si hubiese una contingencia. Puede haber incidencias, sin duda, y la propia ley contempla la posibilidad de contingencias”, dijo el funcionario.

Más dudas que certezas ha dejado la aprobación de la nueva Ley Economía Digital, ya que aún falta saber en qué lugares se dejará de cobrar en efectivo, pero esa disposición ya le toca a la Secretaría de Hacienda.

Según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) del Banco Central de Nicaragua (BCN), la economía del país acumuló un crecimiento de 3.8% hasta agosto. La cifra fue inferior al 3.9% registrado hasta julio y al 4.1% observado en igual período de 2025.

En agosto, el IMAE aumentó 3.2%. La variación superó el 2.4% de julio, aunque se ubicó por debajo del 5.9% anotado en el mismo mes del año anterior.

La agricultura y la manufactura registraron caídas hasta agosto

La agricultura disminuyó 4.7% en agosto y acumuló una contracción de 3% hasta ese mes. El BCN vinculó el resultado con el impacto del fenómeno de El Niño y con una reducción de las labores de cosecha.

Las menores actividades se concentraron en el café, la caña de azúcar, la soya y el maní. El aumento de la producción de frijol y arroz atenuó parte de la caída.

La economía nicaragüense mostró un comportamiento desigual entre sus actividades hasta agosto. Mientras la agricultura y la industria manufacturera acumularon reducciones, sectores como la construcción, el comercio, los hoteles y restaurantes, la minería, la actividad pecuaria y la energía y agua registraron aumentos, según las cifras del BCN publicadas por Diario La Prensa.

La actividad pecuaria creció 6.2% durante agosto y acumuló el mismo porcentaje en los primeros ocho meses. El resultado se relacionó con una mayor matanza vacuna y avícola, así como con incrementos en la producción de leche y huevos.

La menor exportación de ganado en pie y la reducción de la matanza porcina contrarrestaron parcialmente ese avance.

La pesca y acuicultura aumentó 1.7% en agosto. El crecimiento mensual respondió al incremento de la producción de camarón de cultivo y de la captura de langosta.

Pese a esa variación, la actividad mantuvo una caída acumulada de 8.3%. La menor captura de peces de escama, camarón costero y otros productos acuáticos incidió en ese saldo.

La extracción de oro impulsó el crecimiento de minas y canteras

La explotación de minas y canteras creció 9.8% en agosto y acumuló una expansión de 5.5%. La extracción de oro, plata, piedra cantera, hormigón, piedra triturada, material selecto, yeso y piedra pómez estuvo entre los elementos asociados con el resultado.

Los ingresos por las exportaciones de oro en bruto alcanzaron USD 1,994.3 millones hasta agosto. La cifra superó los USD 1,971 millones reportados para todo 2025.

Diario La Prensa indicó que, con los meses restantes por actualizar, las ventas externas de oro podrían superar los USD 2,000 millones. El resultado final dependerá del comportamiento de las exportaciones durante el cierre del año.

La construcción también registró una variación positiva. El sector creció 6% en agosto y acumuló un aumento de 19.5% entre enero y agosto.

El BCN relacionó ese desempeño con una mayor producción de materiales para la actividad constructora. Entre ellos figuran la arena, la piedra cantera, la piedra triturada, el asfalto, el acero, el concreto premezclado y la madera.

Los textiles y los arneses automotrices incidieron en la caída manufacturera

La industria manufacturera disminuyó 4.5% en agosto y acumuló una reducción de 4.7%. La menor producción de textiles y arneses automotrices influyó en el resultado.

El aumento en la elaboración de productos alimenticios, entre ellos cárnicos, lácteos y aceite, moderó parte de la caída. También hubo una mayor producción de tabaco y derivados del petróleo.

Los hoteles y restaurantes acumularon un crecimiento de 9.2% hasta agosto. El comercio registró una expansión de 9.5% durante el mismo período.

La intermediación financiera aumentó 3.4% frente a agosto del año anterior y acumuló un crecimiento de 4.5%. El reporte atribuyó ese comportamiento a mayores entregas de crédito y a un aumento en la captación de depósitos en moneda nacional y extranjera.

El grupo de transporte y comunicaciones creció 3.7% en agosto y acumuló una variación de 4.8%. Dentro de esa actividad, el transporte aumentó 2.2% y los servicios de comunicaciones crecieron 6.5%.

La energía y el agua tuvieron una expansión de 21.7% en agosto

La actividad de energía y agua aumentó 21.7% en agosto y acumuló un crecimiento de 7.5%. La generación de energía eléctrica creció 23%, de acuerdo con el reporte del Banco Central.

El organismo señaló que una mayor producción termoeléctrica y eólica estuvo entre los factores vinculados con el aumento de la generación. El suministro de agua y alcantarillado creció 9.1%.

El Fondo Monetario Internacional proyectó que el Producto Interno Bruto de Nicaragua se expandirá 3.8% al finalizar el año. La previsión se ubica por debajo del crecimiento promedio de 4.2% previsto para Centroamérica.

Este miércoles, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) advirtió que el cambio político en Estados Unidos, con la aplastante victoria del Partido Demócrata en el Congreso de ese país, no es garantía de una solución a los aranceles ni a los desafíos en la revisión del T-MEC.

A través de un comunicado, Octavio de la Torre, presidente de la Confederación, expresó que México debe ampliar la interlocución tanto con el Partido Republicano –del que es emanado el presidente Donald Trump–, como con el Demócrata para fortalecer la relación comercial.

IP considera que triunfo de los demócratas en EEUU no garantiza soluciones a los problemas comerciales

Desde el punto de vista del líder de la Concanaco, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo debe responder al triunfo demócrata con preparación técnica y objetivos claros.

“Ante el triunfo demócrata en ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos, Concanaco considera que nuestro país debe responder con preparación técnica, interlocución institucional y objetivos claros para defender sus intereses económicos.

“El resultado electoral abre un escenario que México debe evaluar con responsabilidad. La posición de la Confederación es clara: un cambio en el equilibrio político no debe interpretarse como una solución automática a los aranceles ni a los desafíos de la revisión del T-MEC”, expresó la organización empresarial.

México debe tener agenda propia y construir acuerdos

También consideró que México debe llegar y seguir en cada mesa con una agenda propia, identificar qué necesita la contraparte y construir acuerdos que generen beneficios para la economía.

“La Confederación considera prioritario fortalecer el diálogo con legisladores demócratas y republicanos, autoridades, cámaras empresariales y actores regionales de Estados Unidos que comparten intereses en el comercio, el empleo y la certidumbre para invertir.

“Esta interlocución debe partir de una premisa: identificar los costos compartidos de la incertidumbre y los beneficios concretos de una relación económica estable. Reconocer las necesidades de la contraparte permite encontrar coincidencias, anticipar diferencias y negociar con mayor eficacia”, agregó De la Torre.

Solicitan que agenda mexicana tenga mayor apertura con Pymes

El líder de Concanaco planteó que la agenda de México debe fortalecer la participación de proveedores nacionales en las cadenas de valor. También propuso agilizar el comercio y el turismo, ampliar las oportunidades para profesionistas y servicios transfronterizos, y crear mecanismos que permitan a las micro, pequeñas y medianas empresas ingresar al mercado regional.

“Las transnacionales con operaciones en México son parte importante de nuestra economía, pero sus intereses no sustituyen las necesidades del conjunto del país. Los negocios familiares también deben tener voz en la definición de prioridades y acceso a los beneficios de la integración comercial”, concluyó De la Torre.

CCE considera prioritario fortalecer relación bilateral

Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) consideró que la integración de América del Norte va más allá de los ciclos electorales, por lo que la prioridad es fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos.

Sobre los resultados en las elecciones intermedias de la Unión Americana, el sector privado nacional explicó que su compromiso es continuar trabajando con las autoridades estadounidenses y los representantes electos.

“La integración económica de América del Norte va más allá de los ciclos electorales. Desde el CCE nuestro compromiso es seguir trabajando con el gobierno estadounidense y los representantes electos.

“La participación ciudadana se traduce en instituciones sólidas, contrapesos democráticos y certeza jurídica que son elementos fundamentales para generar confianza e impulsar la inversión”, publicó el CCE en sus redes sociales.

Asimismo, recalcó que su prioridad es fortalecer la relación bilateral, impulsar mejores condiciones para México en el marco del T-MEC y consolidar la competitividad de América del Norte a través del diálogo y la colaboración institucional.

Index pone la mira en las inversiones

Otra organización que reaccionó a lo ocurrido electoralmente en Estados Unidos, fue el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index).

Index sostuvo que el proceso electoral en Estados Unidos abre una oportunidad para fortalecer la integración económica de la región, atraer inversión productiva y ofrecer certidumbre a las empresas con operaciones a ambos lados de la frontera.

El organismo señaló que mantiene diálogo con el Congreso estadounidense mediante su oficina en Washington. A la par, sus asociaciones locales colaboran con los estados fronterizos para promover inversiones, facilitar la instalación de plantas y generar empleos.

T-MEC ha multiplicado el comercio en la región

Humberto Martínez Cantú, presidente de Index Nacional, subrayó que desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ahora T-MEC, el comercio en la región se ha multiplicado cinco veces.

Además, el líder empresarial afirmó que 84 por ciento de las empresas mexicanas percibe efectos positivos o muy positivos del T-MEC en sus operaciones y en la economía del país.

El organismo consideró estratégica la relación con Estados Unidos, al ser el principal socio comercial de México y el mayor destino de sus exportaciones. Por ello, planteó mantener un diálogo constante que refuerce las cadenas de suministro y abra oportunidades de crecimiento para ambos países.

Tanto Concanaco, CCE e Index Nacional reaccionaron a la aplastante victoria del Partido Demócrata en Estados Unidos, pero fueron cautos con los aranceles y pidieron preservar al T-MEC.

El gobierno federal prepara una de las compras más grandes de vehículos para sus dependencias. A través de un esquema llamado compras consolidadas, la idea es que distintas instituciones junten sus necesidades para rentar miles de unidades bajo un solo contrato, lo que debería permitir mejores precios y condiciones.

El proceso, encabezado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), busca cubrir necesidades de más de 90 dependencias y entidades durante los próximos cuatro años. Esta licitación pública, que apenas está en marcha, ha llamado la atención tanto por la cantidad de vehículos implicados como por la forma en que las empresas participantes presentaron sus ofertas.

Organizaciones y especialistas siguen de cerca el desarrollo del concurso, ya que las diferencias entre los precios ofertados por algunas compañías podrían indicar posibles prácticas de coordinación, lo que pondría a prueba la transparencia y efectividad de este tipo de compras del gobierno.

El tamaño de la contratación

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dirigida por Edgar Amador, lanzó una licitación pública para arrendar vehículos a más de 90 dependencias y entidades federales por 48 meses. Este contrato cubriría de 2026 a 2030 y abarca desde sedanes y camionetas, hasta tractocamiones, autobuses y vehículos especializados.

La licitación, identificada como LA-06-400-006400001-N-11-2026, establece que el gobierno necesita al menos 10,422 vehículos y podría llegar hasta 18,217 unidades. Todo esto se agrupa en 30 partidas diferentes, según el tipo de vehículo.

El objetivo de las compras consolidadas es juntar la demanda del gobierno para buscar mejores precios, aprovechar las ventajas de comprar en grandes cantidades y hacer un gasto público más eficiente.

El proceso tiene tres fechas clave:

• El 10 de julio se recibieron y abrieron las propuestas.
• El 31 de julio se dará el fallo para elegir a los ganadores.
• El 28 de agosto comenzará el contrato.

En la apertura de propuestas participaron 11 empresas, como A2DAHT Health México, Capital Rent, Casanova Vallejo, Grupo Turbofin, Impulsa Tu Ganancia, Integra Arrenda, Jet Van Car Rental, Lumo Financiera del Centro, Metric and Cars, Supervisión Técnica del Norte, y una propuesta conjunta de Ferbel Norte y Soluciones Integrales e Innovación Tecnológica Sustentable.

Las diferencias entre ofertas

En los documentos públicos del proceso, se observa que empresas como Casanova Vallejo, Grupo Turbofin e Impulsa Tu Ganancia presentaron precios muy parecidos entre sí, con diferencias promedio de apenas 3.4% en las partidas donde participaron juntas. En algunos casos, la diferencia fue de solo 0.1%, 1% y 1.3%.

Sin embargo, al comparar sus propuestas con la oferta más baja en cada partida, sus precios resultan en promedio 2.8 veces más altos, con diferencias que van de 2.1 a 4.5 veces según el tipo de vehículo.

Por ejemplo, en la partida de sedanes, la propuesta más baja fue de $6,270 mensuales por unidad. En cambio, Casanova Vallejo ofreció $17,800, Grupo Turbofin $17,505 e Impulsa Tu Ganancia $17,320.

Expertos en competencia económica comentan que cuando varias ofertas son muy similares entre sí y mucho más altas que la más barata, esto puede ser una señal que se analiza en investigaciones sobre posibles acuerdos entre competidores. Sin embargo, este patrón por sí solo no prueba que haya habido una conducta ilegal. Para determinarlo, se necesita una investigación formal de las autoridades.

La Ley Federal de Competencia Económica prohíbe los acuerdos entre empresas para coordinar precios, y la Ley de Adquisiciones prevé sanciones si se comprueba este tipo de conducta.

En este contexto, corresponde a dependencias como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Comisión Nacional Antimonopolio, la Fiscalía General de la República y otras autoridades decidir si los datos del proceso justifican abrir una investigación.

Por ahora, la licitación está en la etapa de evaluación de propuestas y el fallo se dará a finales de este mes. Este proceso es un reto para el esquema de compras consolidadas del gobierno, tanto por su tamaño como por las señales que dejaron las ofertas.

Bill Gates advirtió durante una entrevista con el podcast Decoder que “la inteligencia artificial (IA) es la tecnología más peligrosa jamás inventada y tendrá efectos generalizados en la economía y en cómo se libran las guerras”.

El empresario vaticinó una transición socioeconómica de 20 años, marcada por ganadores, perdedores y una fuerte disrupción antes de una eventual etapa de abundancia compartida. Alertó que las instituciones públicas no están respondiendo al ritmo que impone el avance tecnológico.

El fundador de Microsoft rechazó los pronósticos apocalípticos, aunque defendió la necesidad de anticipar los riesgos. “No soy de los que auguran el fin del mundo. Odio ser el portador de noticias preocupantes sobre esto, pero es aún peor no decirle a la gente lo que viene y que tenemos decisiones como humanos que tomar sobre cómo le damos forma”.

Por qué preocupa el control de la IA

La preocupación más inmediata se concentra en el posible uso malintencionado de los modelos avanzados por parte de actores independientes o ciberdelincuentes. Gates mencionó la capacidad de provocar ciberataques masivos o impulsar acciones de bioterrorismo.

El filántropo planteó que las grandes compañías tecnológicas no pueden regularse por sí solas por la competencia del mercado. “La responsabilidad pasa a ser del gobierno, al igual que con cualquier otro producto peligroso”, dijo.

Gates agregó que “a medida que la IA alcance una inteligencia sobrehumana, la escasez de habilidades de cuello blanco desaparece”. La automatización ya alcanza tareas intelectuales y de oficina, entre ellas la contabilidad y la atención telefónica. El proceso se extiende a trabajos físicos, como la construcción y la agricultura, mediante robots.

El empresario señaló que el empleo aporta propósito y relaciones sociales. Como alternativas ante la destrucción de puestos, propuso reducir la jornada laboral o facilitar la jubilación anticipada, mientras se preservan actividades humanas como el arte, los cuidados y el deporte.

Cuáles riesgos identificó Bill Gates en la IA

En una entrada de su blog, Gates identificó tres amenazas principales: la pérdida de empleos, el aumento de los ciberataques y el fraude, y el deterioro de los vínculos humanos y del desarrollo infantil. El cambio, sostuvo, puede modificar la organización del trabajo, los ingresos y la seguridad económica.

El mayor quiebre llegaría cuando los sistemas ejecuten tareas con un margen de error casi nulo y funcionen sin supervisión humana. En ese escenario, las empresas tendrían incentivos económicos completos para reemplazar personas por software y máquinas.

Asimismo, uno de los riesgos que más preocupan es que la tecnología amplificará la capacidad de causar daño. Gates explicó que internet ya contenía información sobre bombas, armas biológicas y virus informáticos, pero que la IA podría facilitar el acceso a ese conocimiento y su aplicación práctica.

Esa reducción de barreras, dijo, permitirá que incluso ciberdelincuentes con habilidades muy limitadas lancen ataques contra individuos, empresas y gobiernos. Entre los problemas cotidianos enumeró el fraude, la desinformación, las falsificaciones profundas y la vigilancia asistida por inteligencia artificial.

Qué empleos humanos serían los primeros reemplazados

Los empleos básicos e intermedios serían los más expuestos, mientras que muchos de los nuevos puestos requerirían capacidades que demandan años de formación. Los trabajos de oficina ya muestran un impacto visible, aunque todavía moderado.

Las ventas, la atención al cliente por internet y teléfono, la ingeniería de software y la asistencia jurídica figuran entre las primeras áreas afectadas. Después, la transformación alcanzaría tareas que aún requieren personal calificado, como evaluar solicitudes de crédito, analizar datos o clasificar pacientes.

El efecto puede acumularse cuando una empresa automatiza procesos, reduce costos y baja precios, lo que presiona a sus rivales a adoptar las mismas herramientas.

Si las compañías consolidadas no lo hacen, podrían ser desplazadas por nuevos competidores, con menos empleos de calidad y beneficios concentrados en un grupo reducido si no existe intervención.

En el Gobierno no hay lecturas auspiciosas. La amplísima mayoría de los funcionarios, legisladores y estrategas del oficialismo veían que la tapa de los diarios del miércoles iba a reflejar una victoria de los demócratas en ambas cámaras del Congreso, pero lo que terminó por sorprender a varios de ellos fue la contundencia del resultado.

Como una primera lectura, si bien en la Casa Rosada reconocen que la derrota debilita la figura de Donald Trump y empodera a los demócratas, afirman que no se resentirá el vínculo estratégico entre Argentina y Estados Unidos que se forjó en los últimos años. “Hay que leer el resultado muy en clave de las discusiones que están atravesando hoy la política americana y la relación con nuestro país no está en discusión”, afirma una de las voces legislativas que más conoce de ese entramado.

“Trump va a seguir entendiendo a Argentina como una ficha esencial, no solo por su amistad y coincidencia ideológica con Milei, sino también por cuestiones geoestratégicas. En ese punto no nos cambia, según mi punto de vista”, agrega.

En el círculo de confianza de Javier Milei afirman que no se cuestiona la viabilidad de un eventual apoyo financiero a la administración libertaria como el que convalidaron Trump y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en 2025. El ESF (Fondo de Estabilización Cambiaria), la herramienta a la que se apeló para darle soporte al peso, no requiere aprobación del Congreso.

Aún así, hacen una salvedad para nada menor. “El salvavidas de Washington, el bailout, se podría volver más caro”, analizan en uno de los sectores más importantes del Gobierno. Son conscientes de que los demócratas que presidirían las comisiones a cargo del Tesoro y del IRS (Servicio de Rentas Internas) preparan investigaciones sobre ese episodio. Una de las figuras políticas que podría presidir alguna de esas comisiones es la demócrata Elizabeth Warren, quien criticó fuertemente la operatoria de Bessent realizada el año pasado. Con el resultado, tendrán mayor poder de citación para exigir documentos y testimonios.

La consultora financiera 1816 escribió esta mañana que “Trump conserva su capacidad de ayudar a Argentina salvo que el Congreso estadounidense modifique la normativa que lo rige y por una u otra razón el Presidente no pueda vetar esa modificación”. La lectura mayoritaria es que los demócratas no harán ninguna modificación de ese estilo, aunque persisten las dudas de si un eventual desembolso se volverá más lento a partir de las nuevas condiciones que pesarán sobre la administración estadounidense.

La lectura para las elecciones del 2027

El impacto que más se sintió en la Casa Rosada fue en el ámbito de las expectativas políticas. Trump perdió con contundencia en estados donde el Partido Republicano no perdía durante décadas, producto de la frustración de los votantes con el manejo de la economía y con la guerra contra Irán, que disparó los precios de la gasolina. Uno de los principales perdedores de la elección de ayer fue el movimiento MAGA, a la vez que creció el caudal de votantes en torno a consignas progresistas —tanto en términos económicos como políticos— propuestas por el Partido Demócrata.

“Lo mató a Donald llegar a la elección con el galon de nafta a 4,15 dolares cuando históricamente se lo colocó en 3 dólares. Pero eso es por la guerra en Iran y en Ucrania, no tiene que ver con las políticas económicas de Trump”, afirman.

Con el resultado y a partir de lo acontecido en Brasil, en el entorno del Presidente no se animan a decir que puede existir un efecto contagio en la Argentina, pero más de uno expresó que es un asunto a monitorear desde el plano gubernamental.

Gina Hinojosa venció en Texas al gobernador Greg Abbott, que buscaba otro mandato, y será la primera latina en el cargo. Los demócratas no ocupaban esa gobernación desde 1990. En la disputa por el Senado por Carolina del Sur, Annie Andrews derrotó a la senadora republicana Darline Graham, en un estado que Trump ganó tres veces por dos dígitos. Allí no se elegía a un senador demócrata en lo que va del siglo. En Kansas, Adam Hamilton venció al senador Roger Marshall y logró la primera victoria demócrata para el Senado en ese estado desde 1932.

En horas de la madrugada y con los resultados electorales ya consolidados, una fuente con despacho en Casa Rosada marcaba que el panorama político para el oficialismo es particularmente complejo.

Hay preocupación por la falta de avances en las negociaciones por el Presupuesto 2027 y la multiplicidad de demandas que comenzaron a poner sobre la mesa diferentes gobernadores y bloques aliados para dar apoyo a ese proyecto.

“Ahora tenés a las provincias del interior pidiendo subsidios al transporte público, políticas de salud, Discapacidad y así sucesivamente. Realmente no sé hasta dónde tiene margen [en referencia a Luis Caputo, ministro de Economía]. Mirá lo que está pasando en Estados Unidos. El combustible les aumentó y con el hartazgo se les dieron vuelta Kansas y Texas”, contextualizan.

Y agregan: “Les pegó en el bolsillo. Si no empezamos a coordinar bien la economía y la política de los acuerdos, nos van a aniquilar el año próximo”. La preocupación que esgrimen desde un ala del oficialismo remite de manera inequívoca a las internas que existen en la primera línea del Gobierno.

En otra parte de la Mesa Política reconocen que los resultados internacionales recientes “les da energía a los sectores opositores como a los aliados”. Sobre estos últimos, creen que los gobernadores de provincias que quieren que La Libertad Avanza no les compita buscarán presionar para que el oficialismo se apure con los acuerdos políticos.

Los aliados al Gobierno no se pronunciaron sobre el resultado electoral de este martes, pero sí los actores políticos más intransigentes como la expresidenta Cristina Kirchner, que publicó un tuit celebrando la victoria demócrata. Los estrategas libertarios no dudan que estas últimas semanas empoderaron a una facción opositora, pero no saben si forma parte de un clima de época circunstancial o el comienzo de una nueva narrativa que pueda ser capitalizada por algún referente contrario a las posturas impulsadas por Milei.

Uno de los dirigentes de La Libertad Avanza que mejor conoce de asuntos financieros explicó a Infobae que “el mercado se despertó mejor de lo que esperaba”, pero que cuando mira hacia adelante teme que se instale la posibilidad de que el peronismo kirchnerista pueda ganar el año próximo. “Si se instala la noción de que puede ser 50 y 50, veo un Riesgo País elevándose a 1.100 puntos básicos”, pronosticó. El Gobierno ganó el año pasado con ese mismo indicador en 1.500 puntos.

En medio de las oscilaciones de la actividad económica, el ministro Luis Caputo anunció una serie de medidas que buscan reactivar la economía y revertir las cifras negativas de los últimos meses. Los analistas dieron el visto bueno, a la espera de la confirmación de la letra chica, aunque adelantan que el impacto será moderado y que se deben profundizar estas iniciativas cuando cada vez queda menos tiempo para que se sienta el ruido electoral.

El titular del Palacio de Hacienda presentó los anuncios durante el evento anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), en un contexto complejo para el sector, que acusó una caída del 7,4% en la actividad desde noviembre de 2023. Las medidas estuvieron dirigidas principalmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes), el cumplimiento de obligaciones tributarias ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el financiamiento de un sector específico.

Los economistas consultados por Infobae coincidieron en que el paquete cristaliza una señal favorable, porque el Gobierno mostró disposición a intervenir sobre algunos de los problemas que enfrentan las empresas. Sin embargo, también marcaron que las herramientas anunciadas no alcanzan, por sí solas, para revertir el estancamiento económico.

La suspensión de embargos, la extensión las deudas para el plan de pagos hasta 18 cuotas con ARCA, la agilización de devoluciones vinculadas con exportaciones y los créditos a tasa fija del Banco Nación Argentina (BNA) para la compra de autos fueron las cuatro medidas que anunció Caputo frente a los empresarios industriales.

Frenar deterioro

El director asociado de EcoGo, Sebastián Menescaldi, sostuvo que la mayor parte de las propuestas apunta a impedir un empeoramiento de la situación de las compañías. “Las medidas anunciadas hasta ahora, la mayor parte tiene que ver con no continuar deteriorando la situación de las empresas, sobre todo de aquellas que no pueden pagar, para que no les caigan los embargos”, afirmó Menescaldi.

El economista ubicó la suspensión de embargos hasta mayo de 2027 dentro de un conjunto de herramientas que puede dar margen a las firmas con mayores dificultades. Su lectura se centró en la necesidad de evitar que los problemas financieros de las empresas se profundicen por obligaciones que no pueden afrontar.

Menescaldi también se refirió a la situación de las compañías con poco acceso al financiamiento. En ese punto, sostuvo que una devolución más rapida de los saldos a favor por parte de ARCA puede representar una mejora para empresas que atraviesan restricciones financieras.

Sobre los créditos prendarios, el analista reconoció que existe una iniciativa con potencial para impulsar un segmento puntual. De todos modos, planteó una duda sobre el destino final de esos préstamos y su relación con la producción local. “Hay algo para reactivar en el crédito prendario, el tema es que hay que ver hacia dónde van, si para la producción local o para los importados”, señaló. Esa definición tendrá incidencia sobre el efecto de la medida en el sector productivo. “Lo que veo es que es más para contener que para reactivar”, afirmó.

Reconocimiento oficial

El economista de EconViews, Alejandro Giacoia, coincidió en que las iniciativas tienen un efecto limitado frente al estancamiento de la economía. Aun así, destacó que el Gobierno tomó decisiones con el objetivo de dar impulso a la actividad y valoró el anuncio como una señal de reconocimiento oficial sobre las dificultades que atraviesa la economía.

Giacoia señaló que el hecho de que se anunciaran disposiciones orientadas a las pymes, al financiamiento y a las obligaciones ante ARCA muestra que el Ejecutivo identificó la existencia de un problema. “Si se empiezan a sumar más medidas de este tipo, puede ser positivo”, expresó. El planteo dejó abierta la posibilidad de que el impacto cambie si el oficialismo amplía el conjunto de iniciativas destinadas a la economía real.

Ambigüedades

Por su parte, el director ejecutivo de I+D, Diego Coatz, sostuvo que el paquete combina instrumentos destinados a las pymes con una iniciativa para movilizar el crédito vinculado con los autos.

Coatz convino con los otros analistas en que las disposiciones avanzan en una dirección que puede aportar alivio, aunque remarcó que necesitarán mayor escala para tener efectos perceptibles. “Estas medidas se tienen que multiplicar para que se sientan, pero van en la dirección correcta”, expresó. Su diagnóstico ubicó el anuncio como el comienzo de una secuencia y no como una respuesta suficiente en forma aislada.

El economista también cuestionó el momento elegido para avanzar con estas herramientas. Según sostuvo, el Gobierno tendría que haber tomado decisiones similares en el segundo trimestre, al que definió como una etapa favorable por la cosecha récord y la acumulación de reservas.

En tanto, el director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher, diferenció las medidas relacionadas con los embargos y los planes de pago de la línea de créditos a tasa fija del BNA para la compra de autos. Sobre este último punto, Letcher sostuvo que el anuncio no brindó demasiadas precisiones. “Los créditos a tasa fija del BNA, el anuncio no dice demasiado”, afirmó.

El economista señaló que, según la información que trascendió, los préstamos estarían destinados a la compra de vehículos de origen nacional. En ese sentido, cuestionó la medida al considerar que contrasta con la apertura de las importaciones y con el deterioro que, a su juicio, atravesó la producción automotriz local.

En cambio, valoró la suspensión de embargos. Respecto de la posibilidad de extender los pagos, consideró favorable el plazo dispuesto por las autoridades. “No deja de ser este conjunto de políticas patear la pelota hacia adelante porque soluciones de fondo no hay”, señaló.

Antes de que concluya el año, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) definirá el nuevo salario mínimo para 2027, lo que ya empieza a generar expectativas sobre cuánto podría aumentar el ingreso base de los trabajadores en México.

A la fecha no existe una cifra oficial; no obstante, las proyecciones apuntan a un incremento que podría oscilar entre el 10 por ciento y 13 por ciento, lo que provocaría un cambio en las remuneraciones diarias, quincenales y mensuales que reciben millones de personas.

Expectativas en el aumento al salario mínimo para 2027

Cabe señalar que el ajuste al salario mínimo no solo genera un impacto entre quienes reciben el ingreso más bajo, pues también sirve como referencia para prestaciones, cálculos de seguridad social y obligaciones fiscales.

En consecuencia, es fundamental conocer los diferentes escenarios para trabajadores, empleadores y quienes administran anónimas.

El porcentaje de aumento al salario mínimo para 2027 depende de lo que acuerde la CONASAMI en la recta final del año. No obstante, considerando los escenarios más probables es posible estimar los nuevos montos y saber cómo se calcula.

Entre noviembre y diciembre se acuerda el aumento al salario

Es importante destacar que, hasta el momento, no existe una cifra oficial para el salario mínimo del año entrante; ya que el proceso de negociación formal comienza en noviembre y concluye en diciembre.

Entre esos meses, la CONASAMI –integrada por representantes del gobierno, sector patronal y sector obrero–, acuerda el porcentaje del incremento salarial. Posteriormente, el nuevo monto se publica en el Diario Oficial de la Federación y entra en vigor el 1 de enero de 2027.

Proyecciones prevén un aumento de entre el 10% y 13%

Tomando en cuenta las proyecciones del mercado, así como las opiniones de analistas económicos, el aumento podría ubicarse entre el 10 por ciento y 13 por ciento. Mientras que la Confederación de Patrones de México (CTM) propuso un alza de entre 5 por ciento y 10 por ciento, buscando proteger el poder adquisitivo ante la inflación y el costo de la vida.

Por su parte, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través del Paquete Económico 2027, ha reiterado su compromiso con finanzas responsables y el fortalecimiento de la economía popular. Promesas que refuerzan la expectativa de un incremento significativo, pero al mismo tiempo prudente.

Aumento del salario mínimo en 2027 toma como base los montos de 2026

Cabe señalar que para estimar cuánto podrías ganar con el nuevo salario mínimo, se toman como referencia los montos vigentes en 2026 y las proyecciones podrían quedan de la siguiente manera:

• Salario Mínimo General 2026: 315.04 pesos diarios.
• Salario Mínimo Zona Libre Frontera Norte (ZLFN) 2026: 440.87 pesos diarios.

Considerando un escenario central de aumento del 12 por ciento, los nuevos montos serían:

• Salario mínimo general diario: 352.84 pesos.
• Salario mínimo general mensual: 10 mil 585 pesos (30 días).
• Salario mínimo general quincenal: cinco mil 292.60 pesos (15 días).

En un escenario conservador de aumento del 10 por ciento:

• Salario mínimo general diario: 346.54 pesos.
• Salario mínimo general mensual: 10 mil 395 pesos.
• Salario mínimo general quincenal: cinco mil 198.10 pesos.

Para la Zona Libre de la Frontera Norte, aplicando un aumento similar:

• Con 12 por ciento de aumento: 493.77 pesos diarios.
• Con 10 por ciento de aumento: 484.96 pesos diarios.

Hay considerar que estos cálculos son aproximados, ya que pueden variar según el porcentaje final que acuerde la CONASAMI.

Así se define el salario mínimo en México

La CONASAMI fija el salario mínimo a través de un proceso técnico y de negociación tripartita. Su Dirección Técnica analiza la inflación, la productividad, el costo de vida y las condiciones económicas del país y del exterior. Con esos datos, el Consejo de Representantes —integrado por gobierno, sindicatos y empresarios— define el porcentaje de incremento.

El acuerdo se publica en el Diario Oficial de la Federación entre el 15 y el 31 de diciembre de cada año y entra en vigor el 1 de enero siguiente. México opera con dos zonas salariales:

• La Zona General, que cubre todo el territorio.
• La Zona Libre de la Frontera Norte, que agrupa 32 municipios con un salario mayor para compensar el costo de vida en esa región.

Salario mínimo seguirá aumentando por encima de la inflación: Sheinbaum

Durante su visita a Veracruz, el pasado 3 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que el salario mínimo continuará aumentando por encima de la inflación, como parte de la política de recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores.

También destacó que entre el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y los primeros dos años de su administración, el salario mínimo acumula un incremento de 154 por ciento en términos reales.

“Hoy el salario mínimo es de más de nueve mil 500 pesos mensuales y va a seguir aumentando por encima de la inflación”, dijo la mandataria.

Además, recordó que en 2018 el salario mínimo rondaba los dos 800 pesos mensuales. Durante los 36 años anteriores, sostuvo, prevaleció la idea de que un incremento provocaría inflación, devaluación del peso o afectaciones a la inversión.

Importancia del aumento al salario mínimo

No hay que soslayar que el salario mínimo es la base para calcular diversas prestaciones laborales, cuotas del IMSS, retenciones del ISR, así como finiquitos. Un incremento beneficia a quienes ganan el mínimo, pero también puede influir en la estructura salarial de empresas y en la economía familiar.

Sin dejar de mencionar que el aumento busca proteger el poder adquisitivo ante la inflación y mejorar el bienestar de los trabajadores. Aunado a que el gobierno ha señalado que el Paquete Económico 2027 no contempla nuevos impuestos ni aumentos a combustibles, lo que, en teoría, podría favorecer la estabilidad de los ingresos reales.

Impacto en el bolsillo de los millones de trabajadores

El alza al salario mínimo incrementa el ingreso mensual de los trabajadores, pero también repercute en el costo de ciertos productos y servicios, además, en las obligaciones patronales. Para quien percibe este ingreso, el ajuste representa una oportunidad de recuperar poder de compra y acceder a mejores condiciones de vida.

Quienes administran nóminas deben anticipar el ajuste y revisar su efecto en prestaciones, cuotas y retenciones. El nuevo monto también modifica los créditos, las pensiones y otros beneficios que se calculan con base en este indicador.

ACTUALIZACIÓN: IP pide reducir cuotas patronales para sostener aumento salarial de 2027

A escasos días de que comience la discusión sobre el aumento al salario mínimo, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) solicitó reducir las cargas fiscales y administrativas del empleo formal para que el alza al salario mínimo sea sostenible.

Bajo el argumento de que, al aumentar el salario, también crecen las contribuciones patronales sobre esa remuneración, “por eso debemos discutir cómo reducir las cargas que dificultan contratar y permanecer en la formalidad”, dijo Octavio de la Torre Stéffano, presidente de la Concanaco Servytur.

Segundo trimestre de 2026 contabiliza 55.1% de la población ocupada

Durante el segundo trimestre de 2026, México contabilizó el 55.1 por ciento de la población ocupada, equivalente a 33.1 millones de personas que trabajaba en la informalidad, y de las 599 mil 334 ocupaciones nuevas del año, 494 mil 607 fueron informales, es decir, el 82.5 por ciento del aumento anual de la ocupación.

En ese sentido, la Confederación explicó que, además del salario, un empleo formal comprende prestaciones como aguinaldo, vacaciones y prima vacacional; cuotas patronales de seguridad social (riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, guarderías, retiro y cesantía).

También contempla una aportación al Infonavit de 5 por ciento sobre la base aplicable; el impuestos sobre la nómina local; pago sobre las horas extraordinarias, prima dominical y días festivos; y prestaciones pactadas como vales, fondos de ahorro y seguros.

La Concanaco Servytur puso de ejemplo un aumento hipotético de 10 por ciento a 12 por ciento sobre el salario mínimo de 315.04 pesos diarios, lo que equivaldría a entre 958 y mil 150 pesos adicionales al mes en salario directo, además, de ajustes a prestaciones y contribuciones.

Preocupa la reducción de la jornada en los costos laborales

La reducción de la jornada laboral añade presión adicional a los costos. Si el salario semanal se mantiene fijo, el paso de 48 a 46 horas incrementa 4.35 por ciento el costo por hora en 2027. Para 2030, el ajuste acumulado alcanzará el 20 por ciento.

En los puestos donde ambos factores convergen, el costo salarial por hora aumentaría entre 14.8 por ciento y 16.9 por ciento en 2027. Esta cifra no incluye todavía el efecto de contribuciones ni de productividad.

Concanaco presenta propuestas frente al panorama laboral

Ante este escenario, la Confederación propuso construir una agenda común con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el IMSS. La iniciativa busca sumar también a trabajadores, empleadores y gobiernos locales. Entre los puntos a incluir destacan:

• Estímulos al impuesto sobre nómina.
• Apoyos temporales y verificables a nuevas contrataciones.
• Mecanismos focalizados para facilitar la seguridad social, con financiamiento definido y sin reducir prestaciones.
• Revisión de derechos y costos administrativos.
• Capacitación, digitalización y financiamiento.
• Reglas de cumplimiento proporcionales a las capacidades de los pequeños negocios, y acuerdos con plazos y resultados verificables.

El objetivo no es reducir la prestaciones

Para la Concanaco, la reducción de cargas debe darse “sin reducir prestaciones”; sin embargo, en su posicionamiento no explica cómo se compensaría la menor recaudación por cuotas ni qué sector asumiría ese costo. Tampoco cuantifica el monto de los estímulos solicitados.

“Queremos mejores salarios, más descanso y más personas con seguridad social; para conseguirlo, necesitamos que los negocios familiares tengan condiciones para crecer y sostener esos derechos todos los días”, comentó De la Torre.

Por último, el líder empresarial confió en que la presidenta Claudia Sheinbaum dará seguimiento a la agenda conjunta.

Aunque el grueso de los trabajadores esperan un aumento del 12 por ciento del salario mínimo, aún es temprano para saber qué cantidad acordará la CONASAMI, pero las proyecciones están a la orden del día.

La agencia Fitch Ratings elevó la calificación crediticia soberana de largo plazo de República Dominicana de BB- a BB, con perspectiva estable, según informó el Gobierno dominicano. La decisión se apoyó en las proyecciones de crecimiento, el comportamiento de las cuentas fiscales y externas, y las medidas tributarias aprobadas este año.

El Ministerio de Hacienda y Economía señaló que la mejora refleja la conducción de la política económica y las acciones dirigidas a preservar la estabilidad macroeconómica, sostener el crecimiento y fortalecer las finanzas públicas.

La calificadora modificó además su estimación de expansión para la economía dominicana en 2026: la elevó de 3.5% a 4.5%, por encima de la mediana de 3.5% prevista para los países que cuentan con una nota BB. Para 2027 y 2028, Fitch espera un crecimiento próximo al 4.5%, impulsado por el turismo, las exportaciones, la construcción y la recuperación de la inversión.

Según el Indicador Mensual de Actividad Económica, la economía dominicana creció 5.6 % interanual en septiembre, mientras el Banco Central de República Dominicana (BCRD) proyecta una expansión cercana a 4.5 % para el cierre de 2026. La previsión se produce con una inflación todavía por encima de la meta y una política monetaria enfocada en evitar nuevas presiones sobre los precios.

Fitch destacó el Plan Anticrisis aprobado en junio

El informe valoró la aprobación del Plan Anticrisis de junio de 2026, que incluye disposiciones para incrementar los ingresos públicos y apuntalar la sostenibilidad fiscal.

A partir de esas medidas, Fitch retiró el ajuste cualitativo negativo que aplicaba a la nota por factores estructurales. La agencia consideró que las decisiones oficiales se corresponden con una mejora sostenida de los indicadores de gobernanza.

En materia de deuda, la firma proyectó que los compromisos del Gobierno central equivaldrán al 47.9% del PIB al cierre de 2026. Esa proporción quedaría por debajo de la mediana de 52.5% de los países con la misma calificación.

Divisas, reservas y sistema financiero

La economía dominicana prevé generar cerca de USD 50,700 millones en divisas al cierre del año. Ese flujo incluiría USD 12,600 millones en remesas, más de USD 17,200 millones en exportaciones, alrededor de USD 12,200 millones de ingresos turísticos y unos USD 5,300 millones de inversión extranjera directa.

La inversión extranjera directa equivaldría a aproximadamente cuatro veces el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, calculado en 1 % del Producto Interno Bruto. Entre enero y septiembre, estos ingresos sumaron cerca de USD 4,500 millones y se concentraron en energía, turismo y bienes raíces.

Las exportaciones totales llegaron a unos USD 13,200 millones en los primeros nueve meses, con aportes superiores a USD 6,500 millones tanto de las zonas francas como de las exportaciones nacionales. El turismo generó aproximadamente USD 9,700 millones y las remesas superaron los USD 9,400 millones.

Al finalizar septiembre, el peso dominicano acumulaba una apreciación de 5.4 %.

La cuenta corriente podría reducirse al 1.2% del PIB

La evaluación también tuvo en cuenta la posición externa de República Dominicana, sostenida por los ingresos del turismo, las exportaciones, las remesas y la inversión extranjera directa.

Fitch estimó que el déficit de cuenta corriente se reducirá al 1.2% del PIB en 2026, un nivel inferior al promedio de los países que integran la categoría BB.

La agencia elevó, además, el techo país de República Dominicana a BB+. El Gobierno vinculó esa modificación con una mayor flexibilidad cambiaria y una disminución de las restricciones sobre la transferencia de divisas.

El Ministerio de Hacienda y Economía afirmó que mantendrá las políticas orientadas a la sostenibilidad fiscal, una gestión prudente de la deuda pública y el fortalecimiento de la confianza de los inversores.

El Banco de México (Banxico) publicó los resultados de una encuesta que le hizo a especialistas del sector privado, quienes ajustaron al alza sus previsiones para el crecimiento económico del país en 2026 y 2027.

Sin embargo, este primer escenario optimista contrasta con el segundo pronóstico de los especialistas, quienes advirtieron una mayor presión para el tipo de cambio, lo que podría traducirse en el encarecimiento de los productos importados.

Encuesta del Banxico revela un mayor crecimiento económico en 2026 y 2027

La última encuesta del Banco Central reveló que el Producto Interno Bruto Nacional (PIB) tendrá un crecimiento de 1.61 por ciento para el cierre de este año, por encima del 1.4 por ciento que había previsto anteriormente el sector privado.

Mientras que para el 2027, pronostican que la economía de México dé un salto mayor al registrar un avance de 1.86 por ciento, por encima del 1.77 por ciento que proyectaban durante el mes anterior.

Con tales cifras, las expectativas de los encuestados se mantienen dentro del rango previsto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que espera un crecimiento económico de entre 1.5 y 2.5 por ciento para el año entrante.

Peso mexicano no enfrentará un buen escenario frente al dólar

Por otro lado, el sector privado se mostró menos optimista con respecto al futuro del tipo de cambio, anticipando que el peso mexicano sufrirá una depreciación para el cierre de 2026 y 2027.

En ese sentido, los especialistas esperan que el tipo de cambio cierre el año en 18.25 pesos por dólar, una cifra muy por encima de los 17.57 unidades que pronosticaban en la encuesta pasada.

De confirmarse estas estimaciones, el peso cerrará el 2026 con una depreciación de 1.34 por ciento. Mientras que al corte de las 10:29 horas en la Ciudad de México, el tipo de cambio cotizaba en 18.7692 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Para 2027, el sector privado también revisó al alza sus previsiones sobre la paridad peso-dólar. Las proyecciones pasan de 18.11 a 18.58 unidades por dólar.

Por la FED, peso acumula depreciación desde septiembre

Este cambio va de la mano con el desempeño que ha mostrado el peso en los últimos meses; sobre todo, desde que la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) subió su tasa de interés el pasado 16 de septiembre. La moneda nacional acumula una depreciación de 9.43 por ciento, ya que esta decisión debilitó el atractivo del “carry trade”.

En la última reunión de política monetaria de Banxico, uno de sus funcionarios detectó presión sobre el peso mexicano por la reducción del diferencial de tasas entre México y Estados Unidos. En esa sesión, advirtió que el movimiento del tipo de cambio podría encarecer los productos importados.

“Ante la nueva postura de la Reserva Federal, el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos tenderá a disminuir gradualmente con el tiempo. En este contexto, es esencial un monitoreo estrecho del tipo de cambio, dada su importancia para los precios de las mercancías”, comentó el funcionario de Banxico, según las actas de la reunión de septiembre.

Inflación y tasa de interés se mantienen estables detalló encuesta del Banco de México

Otro punto que consideró la encuesta del Banco de México, fue el avance de la inflación en México; ahí, los encuestados decidieron bajar sus previsiones para nuestro país. Para el cierre de este año esperan que termine con un alza de 3.82 por ciento, por debajo del 3.85 por ciento que esperaban previamente.

A su vez, para 2027, el sector privado espera que el encarecimiento de los precios se mantenga en 3.83 por ciento por debajo del 3.86 por ciento que esperaban en la encuesta pasada.

Respecto a la tasa de interés, los especialistas no prevén ningún ajuste para este año ni para 2027, colocándola en 6.5 por ciento.

Luz y sombra lo revelado por la más reciente encuesta del Banxico al sector privado, por un lado, prevén un mayor crecimiento económico para 2026 y 2027, pero, también, un peso más débil ante el dólar.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se reunió con Dan Katz, subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), en un encuentro centrado en los avances de las reformas económicas y la estrategia para atraer inversión privada. La conversación se produjo después de que el organismo concluyera la segunda y la tercera revisión del programa financiero vigente con el país.

Katz señaló en una publicación en redes sociales que dialogó con Bukele sobre el avance de las reformas y la visión de largo plazo del Gobierno salvadoreño. “Atraer inversión privada y aprovechar nuevas tecnologías será clave para construir sobre logros recientes y alcanzar el potencial de crecimiento del país”, afirmó el funcionario del FMI.

El mensaje ubicó el foco en dos de los objetivos que el Fondo ha planteado dentro de su programa con El Salvador: mejorar las condiciones para la actividad privada y sostener las reformas fiscales, financieras y de transparencia requeridas para fortalecer la estabilidad económica.

El programa con el FMI contempla $1.400 millones

El acuerdo financiero vigente corresponde a un Servicio Ampliado del Fondo por $1,400 millones, aprobado el 26 de febrero de 2025 y con una duración de 40 meses. El programa busca reforzar las cuentas públicas, aumentar las reservas internacionales, reducir vulnerabilidades financieras y elevar los estándares de gobernanza y transparencia.

La junta ejecutiva del FMI completó el 1 de octubre la segunda y la tercera revisión del acuerdo. La decisión habilitó un desembolso inmediato equivalente a $138 millones, según el organismo.

El Fondo indicó que el país avanzó en medidas vinculadas con el sistema financiero, la rendición de cuentas del sector público y las normas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. También pidió mantener el ajuste fiscal para que la deuda pública siga una trayectoria descendente y avanzar con cambios en el régimen de pensiones, el empleo público y la regulación financiera.

En esa evaluación, Katz, que presidió la sesión del directorio, sostuvo que El Salvador debía continuar con los esfuerzos destinados a fortalecer la gobernanza, la transparencia y el clima de negocios para impulsar un crecimiento encabezado por el sector privado.

Bitcoin sigue bajo seguimiento dentro del acuerdo

El uso de Bitcoin continúa como uno de los puntos de seguimiento del convenio. El acuerdo con el FMI estableció que la aceptación de la criptomoneda por parte de las empresas sería voluntaria y que los pagos de impuestos se efectuarían únicamente en dólares estadounidenses.

Además, el programa contempla limitar la participación estatal en actividades vinculadas con Bitcoin, reforzar la supervisión de los proveedores de criptoactivos y transparentar la información sobre las tenencias públicas. El FMI informó que la propiedad y el control mayoritario de la billetera estatal Chivo pasaron a un operador privado, aunque el Estado retuvo una participación minoritaria y funciones de custodia.

Tras la revisión más reciente, el organismo señaló que no se prevén nuevas acumulaciones de Bitcoin fuera de las donaciones documentadas. También otorgó exenciones por incumplimientos de metas vinculadas con la acumulación de la criptomoneda, a cambio de medidas correctivas y nuevos compromisos de las autoridades.

La Embajada de Estados Unidos destacó la revisión del programa

Solo un mes antes, la Embajada de Estados Unidos en El Salvador felicitara al Gobierno por la conclusión de las revisiones del programa con el FMI.

En una publicación difundida el 1 de octubre, la representación diplomática afirmó que “el impresionante crecimiento económico de El Salvador y sus ambiciosas reformas continúan inspirando confianza en el mercado y ayudarán a atraer una mayor inversión extranjera directa”.

La inversión extranjera constituye uno de los puntos centrales del diálogo entre el Gobierno y el Fondo. En su evaluación de junio de 2025, el FMI planteó que El Salvador debía apoyar la llegada de capital externo mediante asociaciones público-privadas, protección para los inversores y acciones para reducir las brechas de infraestructura.

La reunión con Katz sumó un nuevo intercambio entre el Ejecutivo salvadoreño y el organismo, mientras el país debe continuar con los compromisos del programa hasta su vencimiento previsto para junio de 2028.

El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de septiembre, publicado este lunes, volvió a dejar en evidencia las dificultades que enfrenta la economía chilena para recuperar su dinamismo: la actividad avanzó apenas 0,2% en doce meses, golpeada principalmente por el desplome de la producción minera.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, enfrentó los resultados en el Congreso y volvió a responsabilizar a las condiciones que, a su juicio, marcaron el escenario de inversión durante los últimos años. Su diagnóstico apunta a un problema estructural que todavía pasa la cuenta a la industria del cobre.

“El Imacec vuelve a reflejar lo que venimos diciendo hace mucho rato. Tenemos un problema con la producción minera, que está respondiendo a muchos años de incertidumbre y bajas inversiones”, aseguró.

Los números del Banco Central respaldan la magnitud del retroceso. La minería registró una contracción anual de 12,1% durante septiembre, explicada por una menor extracción de cobre, la disminución de las leyes del mineral y la paralización temporal de algunas faenas..

De acuerdo al secretario de Estado, este retroceso “no se debe a ningún efecto de ninguna política”, sino que “a muchos años de incertidumbre, de amenazas de nacionalización, el royalty (...) esas señales adversas en los últimos siete, ocho, nueve años son las que nos tienen con este precio que estamos pagando este año en términos de producción minera”, según consignó Emol.

Frente a este panorama, el titular de Hacienda defendió las señales económicas impulsadas por el Ejecutivo y aseguró que la estabilidad tributaria y jurídica permitirá recuperar la confianza de los inversionistas.

“Hemos dado señales de invariabilidad tributaria, hemos dado señales de estabilidad en nuestro orden jurídico económico, y esas señales harán que los privados inviertan y podamos tener más producción en los próximos años”, agregó.

La apuesta del Gobierno está puesta en los proyectos que actualmente se encuentran en desarrollo, especialmente en el sector minero, cuyo impacto productivo comenzaría a sentirse durante 2027.

“Como estamos cambiando esas cosas, el próximo año los números vienen mejor. Tenemos la plena confianza en que esa situación la vamos a dar vuelta”, recalcó Quiroz.

“Si uno mira lo no minero, está creciendo al 2%, el comercio se está recuperando (...) La señal positiva es que lo no minero, comercio y otras actividades, todos tienen cifras positivas”, remató.

“Cifras mediocres” de crecimiento

Sin embargo, el optimismo del gobierno no se condice con las opiniones de los expertos. Francisco Ormazábal, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, llamó a no confundir los resultados positivos de algunos sectores con una recuperación efectiva de la economía nacional.

“Una economía que apenas logra mantenerse a flote no está necesariamente creciendo, y mucho menos recuperando dinamismo”, advirtió en conversación con BioBíoChile.

Para el docente, el problema no está solamente en los resultados de un mes determinado, sino en la prolongada incapacidad del país para recuperar tasas de expansión más robustas.

“Esta realidad comienza a normalizarse (...) El problema de fondo es que Chile lleva demasiado tiempo conformándose con cifras mediocres”, agregó Ormazábal.

De acuerdo al especialista, los argumentos relacionados con la pandemia, el ajuste monetario y otros factores sectoriales “comienzan a agotarse”, pues detrás del estancamiento existen problemas más profundos: una menor inversión, baja productividad e incertidumbre económica. Mientras esos elementos no sean corregidos, anticipa que el país seguirá moviéndose entre períodos de avances modestos y nuevas contracciones.

“El Imacec de septiembre no describe una economía en crisis, pero tampoco describe una economía vigorosa. Refleja algo quizás más preocupante: una economía que se ha acostumbrado al crecimiento insuficiente. Y ese, más que cualquier cifra mensual, debería ser el verdadero motivo de preocupación”, afirmó.

Octubre amenaza con traer otro retroceso

Las proyecciones para octubre tampoco son muy optimistas. Según un reporte de Scotiabank -al que tuvo acceso el medio citado-, el Imacec podría volver a terreno negativo, con una variación estimada de entre -1,0% y -2,0%.

Entre los factores que explicarían este comportamiento mencionan las condiciones climáticas y las paralizaciones vinculadas a negociaciones colectivas en la minería. A ello se sumaría un desempeño más débil del comercio, influido por ventas del Cyber Monday inferiores a las expectativas.

En la misma dirección se mueve un pronóstico de Clapes UC, que estima una contracción de entre 1,5% y 2,0%. La institución fundamenta su proyección en “una base de comparación exigente”, además de un día hábil menos y el impacto de las lluvias sobre la actividad productiva.

En un contexto de transformación de la economía argentina, marcado por la apertura comercial, las dificultades que atraviesan numerosas empresas y las oportunidades de inversión que surgen en sectores como la energía y la minería, y a dos días del 16° Foro ABECEB, que reunirá a referentes políticos y empresarios nacionales e internacionales, Mariana Camino, presidenta y CEO de la consultora, analizó los desafíos que enfrenta el sector privado, las perspectivas económicas para 2027 y los riesgos de postergar decisiones de inversión ante la incertidumbre electoral.

En diálogo con Infobae, la ejecutiva advirtió que las compañías que esperan definiciones políticas para avanzar con sus proyectos podrían perder oportunidades frente a competidores que se anticipen. Según explicó, la apertura de la economía y el desarrollo de nuevas cadenas de valor vinculadas con los sectores más dinámicos obligan a las empresas a tomar decisiones de largo plazo, incluso en un escenario de incertidumbre. En ese sentido, consideró que 2027 será un año decisivo para muchas compañías, que deberán definir cómo posicionarse durante los próximos cinco o diez años.

Camino también se refirió a la posibilidad de que las transformaciones económicas actuales continúen incluso ante un eventual cambio de gobierno. A su entender, las inversiones en energía, minería y otros sectores exportadores generan condiciones que podrían trascender el calendario político. Sin embargo, reconoció que la economía presenta fuertes diferencias entre sectores y empresas, que la apertura comercial afectó a parte del entramado productivo y que el financiamiento sigue siendo uno de los principales obstáculos. Respecto de las perspectivas para 2027, proyectó un crecimiento del PBI de entre 2% y 3%, probablemente más cerca del 2%, sin una recuperación explosiva del consumo.

El foro se realizará este jueves 5 de noviembre en el Faena Art Center de Buenos Aires, bajo el lema “RADAR: del ruido a la señal”. El encuentro buscará identificar las transformaciones globales que impactan sobre las decisiones de inversión y competitividad, en un escenario atravesado por tensiones geopolíticas, cambios en las cadenas de valor y avances tecnológicos. En la previa del evento, Camino conversó con Infobae sobre las oportunidades que enfrenta la Argentina, los desafíos de las empresas y los riesgos del escenario económico y electoral.

—¿Cómo se hace para que una empresa invierta hoy con la incertidumbre respecto del escenario electoral del año próximo? ¿Qué mensaje les da a las empresas?

—Varios. Primero, que esto que yo te digo de que el mundo está cambiando es bastante inédito. Es como un cambio de paradigma. Y Argentina también llega a esa competencia, ese cambio de paradigma, con una novedad, que es que tiene una economía más estable y un poco más ordenada. La paradoja ahí es que mientras Argentina está redefiniendo o corrigiendo sus reglas internas, el mundo está redefiniendo las suyas.

Entonces, ahí vos tenés una parte de la economía que está traccionada por lo que hoy el mundo quiere, que es la capacidad exportable que tiene Argentina en energía, en minerales, en agro, todo ese entramado de sectores dinámicos. Y ahí las inversiones no están mirando el ciclo electoral. Es decir, lo miran, pero no como la principal ancla para tomar decisiones.

—Esas son justamente las que invierten en el marco del RIGI, que tiene treinta años de previsibilidad hacia adelante, ¿no?

—Claro, pero esas invierten ahora. La tesis nuestra que llevamos al foro es que 2027 va a ser un año donde muchas de las empresas van a tomar una definición de dónde van a quedar entre los próximos cinco o diez años. Ahí depende el riesgo de cada uno y lo que cada uno ve, porque esas inversiones que se capturan por el RIGI y en los sectores dinámicos también tienen toda una serie de despliegues. Entonces, ahí hay infraestructuras que van a empezar a verse. Hay una dinámica que está ocurriendo mucho más lenta y que todavía no capturan los indicadores, que es importante para una empresa que está evaluando dónde se quiere ubicar.

—¿Pero eso no está en riesgo?

—Yo creo que la mirada que hay que tener es otra, porque si vos sos una empresa, una pyme, una empresa que está atada al mercado interno, por ahí entender si gana Milei o no, y si el programa sigue en los términos que Milei propone, eso claramente, a un año de una elección, te alimenta o te incentiva los comportamientos típicos de wait and see. Pero si vos estás en un sector o estás en algún encadenamiento de un sector que ya está traccionando inversiones y tu estrategia como compañía de crecimiento es formar parte de esos encadenamientos, ser una pyme de los sectores dinámicos, esa decisión en una economía abierta, si no la tomás vos, la va a tomar otro. Entonces, el riesgo de esperar a saber quién va a ser el próximo presidente en el 2028 también es caro para una empresa, porque las cosas siguen funcionando.

—Hay economistas que hablan de una economía a dos velocidades y otros que dicen que hay dos economías, una que crece y otra que todavía está esperando. ¿Cuál es tu visión?

—Nosotros veníamos viendo y venimos viendo la economía a dos velocidades. Yo creo que el concepto igual queda corto, porque vos lo que ves es mucha segmentación. La economía está muy heterogénea y en esa heterogeneidad vos tenés que mirar la competitividad como empresa. Ni siquiera los sectores dinámicos hoy explican que una empresa que está operando en ese sector tenga resuelta su rentabilidad. Vos podés ser un jugador en Vaca Muerta que te va bien o que te va mal. Porque hoy la conversación está atravesada por la productividad. Si vos querés ser una empresa pyme que se mete en el encadenamiento minero o en Vaca Muerta, vos para entrar a esa cadena de valor tenés que trabajar en adopción tecnológica, estándares de calidad, eficiencia, un montón de cosas que mientras más temprano lo hagas, más fácil vas a tener o más probable vas a tener la inserción en esos encadenamientos.

—Muchas empresas están cayendo en convocatoria de acreedores porque tienen menos ventas, tomaron créditos con tasas altas y no tienen capital de trabajo. ¿El gran problema hoy es el financiero?

—Sí, por eso te decía, yo creo que hay de todo. A tu pregunta de si ves las dos velocidades, sí, pero también lo que más veo es que hay situaciones particulares, empresa por empresa, y hay situaciones que tienen que ver también con las tendencias de cambio. Cambia la tecnología, te cambian los comportamientos, el consumidor está más informado, tal vez elige consumir de otra manera. O sea, el escenario actual no se explica solo porque no hay recuperación del salario.

A veces tenés transformaciones que operan en las industrias y en las empresas, pero porque hay una dinámica distinta que hoy la tenés porque la economía se abrió y hoy estás expuesto. De la noche a la mañana, básicamente, muy rápido se dio la apertura en Argentina y eso dolió a muchas empresas, pero no es solamente por un tema de demanda.

—¿Cómo ves el año que viene en materia de consumo? ¿Ves un repunte o será similar al 2026?

—No, este año finalmente fuimos ajustando a la baja las proyecciones de crecimiento del PBI. Ahora estamos con esta discusión del trimestre que técnicamente te cierra en recesión, pero estamos proyectando un producto que crecerá 1% este año, lo que quiere decir que estamos viendo algún rebote hacia los últimos meses del año. Veo para el año que viene un escenario un poquito mejor, pero tampoco va a ser un boom. Si este año cierra en 1% de crecimiento, el año que viene va a estar entre 2% y 3%, tal vez más cerca de dos.

Lo que sí estás viendo muy en el margen es que algunos números empiezan a mejorar. Por ejemplo, la mora hoy ya llegó al número más alto y está bajando. Estás viendo que hay un poquito más de recuperación del salario formal real sobre la inflación. Obviamente, vas a tener volatilidad financiera. La agenda de las empresas el año que viene va a ser sentarse sobre la caja, porque va a haber volatilidad financiera, pero también pensar en mediano, largo plazo.

—Si el año que viene las encuestas le dan mal al Gobierno y necesita reanimar el consumo, ¿ves alguna posibilidad de cambios en la política económica?

—Un minigiro sería tratar de flexibilizar un poco desde el Banco Central alguna medida. En materia de tipo de cambio, yo creo que esa discusión el Gobierno no la va a dar, la política cambiaria la tiene estable. Sí creo que puede llegar a haber es algún intento para dinamizar el crédito. Hubo algunos anuncios para mejores garantías o créditos durables.

—¿Cómo evalúas el escenario laboral y cómo imaginás la reconversión de los empleos del AMBA que se están perdiendo?

—Es un proceso de transformación. La Argentina está en una transición. Por eso hablamos de las velocidades. Ese derrame, cuando lo pensás en la geografía del AMBA, se va a dar cuando la inversión crezca. Hay crecimiento del empleo informal, donde ahí tenés baja calidad. No es que no haya empleo, sino es de baja calidad. Lo que preocupa es la composición y eso se va a mantener hasta que la inversión crezca. Si ese empleo no se genera, el salario no se genera. Entonces, cualquier medida de estas de reactivación de plan platita o algo similar no te resuelve el problema de fondo.

—El signo de pregunta es la paciencia de la sociedad, ¿no?

—Estamos pidiéndole al Gobierno que lleva tres años cosas como y a veces lo analizamos como si fuera un fin de ciclo. El ciclo está ocurriendo. Hoy lo más rezagado sucede en torno al AMBA, ya sea en actividad, en inversiones y en empleo y en consumo. Ahora, eso no quiere decir que el Gobierno no lo tenga como un objetivo de política económica.

Lo que estamos viendo es que lidera el programa el frente externo, el cambio de la matriz exportadora, las inversiones que están sujetas a aquellos sectores que ya tienen demanda global para que después, vía infraestructura, inversión que todavía no está ocurriendo, derrame hacia el resto de la geografía y sobre todo en el AMBA. Pero eso es un proceso, se tiene que dar.

—¿Ves algún riesgo de este modelo el año próximo?

—Bueno, sí, riesgos muchos. Cuando yo te digo del cambio estructural de Argentina, una Argentina expuesta al mundo y demás, no estamos hablando solo con la hipótesis de que reelija el presidente Milei. Estamos diciendo que si llega a haber una alternancia, también la propuesta que venga puede encontrar en todo lo que hoy es un cambio estructural y una mejora en términos de los sectores dinámicos algo que pueda mantenerse. El riesgo que veo es que el mercado no termine de acompañar la propuesta que haga el nuevo Gobierno, que vos tengas mucho riesgo país y no lo puedas bajar.

Yo creo que si reelige Milei o alguien que sostenga este rumbo de política económica, no va a haber un riesgo tan abrupto y ahí vas a tener cuatro años más de oxígeno para avanzar en las desregulaciones y que el mercado acompañe.

Una agenda internacional para debatir el futuro de los negocios

El 16° Foro ABECEB reunirá este jueves en el Faena Art Center a dirigentes políticos, empresarios y especialistas internacionales para analizar cómo los cambios geopolíticos, las nuevas cadenas de valor, los flujos de capital y la inteligencia artificial modifican las decisiones de inversión.

Entre los invitados internacionales figuran Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno español; Luis de Guindos, exvicepresidente del Banco Central Europeo; Paulo Guedes, exministro de Economía de Brasil; y Martha Lucía Ramírez, exvicepresidenta de Colombia. También participarán Gary Litman, de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, y los especialistas Andrés Malamud y Ricardo Sennes.

La agenda política argentina contará con Mauricio Macri, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, y Federico Pinedo. En el plano empresarial estarán Pierpaolo Barbieri, fundador de Ualá; Daniel Hadad, empresario de medios y fundador de Infobae, y Esteban Gutiérrez, CEO de PedidosYa, entre otros.

El encuentro incorporará la metodología R.A.D.A.R. de ABECEB, destinada a identificar tendencias, anticipar riesgos y reconocer oportunidades de inversión, productividad y crecimiento para las empresas.

Impulsada principalmente por el consumo de los hogares y la inversión, la actividad económica de Costa Rica mantendría un crecimiento promedio cercano a 3.5% entre 2027 y 2028, según las previsiones del Banco Central de Costa Rica.

De acuerdo con el Informe de Política Monetaria de octubre de 2026, el producto interno bruto aumentaría 3.2% este año, 3.3% en 2027 y 3.6% en 2028. Las previsiones representan ajustes con respecto al informe divulgado en julio.

La economía costarricense crecería a un ritmo moderado durante el período 2026-2028, con la demanda interna como principal fuente de expansión. El aporte de la demanda externa sería limitado, debido a que el efecto favorable de las exportaciones quedaría compensado por el aumento de las importaciones.

La previsión para 2027 fue ajustada a la baja

La estimación de crecimiento para 2027 se redujo 0.2 puntos porcentuales frente a la proyección anterior. El Banco Central vinculó esa revisión con una menor contribución prevista de la demanda externa neta.

La proyección para 2026 también se ajustó en 0.2 puntos porcentuales. La entidad indicó que el cambio guarda relación con el comportamiento registrado por la actividad económica durante el año y con las expectativas para el último trimestre.

La producción aumentó 2.7% en el tercer trimestre de 2026. El resultado estuvo asociado principalmente a la demanda interna.

Desde el lado de la oferta, la construcción y los servicios registraron los mayores crecimientos. La manufactura, en cambio, presentó una contracción durante ese período.

La inflación avanzaría gradualmente hacia la meta

La inflación general y la subyacente aumentaron durante el tercer trimestre en comparación con los tres meses previos. Pese a ese movimiento, ambos indicadores permanecieron por debajo de la meta del Banco Central.

La inflación general, calculada a partir del promedio de la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor, fue de 0.0%. La inflación subyacente, medida mediante el Índice de Exclusión Fija, alcanzó 0.3%.

El Banco Central estima que los indicadores se acercarán de forma gradual a su objetivo durante el horizonte de proyección, que abarca desde el cuarto trimestre de 2026 hasta el tercer trimestre de 2028.

La inflación general podría ubicarse cerca de 2.7% en el segundo semestre de 2027. Esta estimación es superior a la publicada en julio, principalmente por el aumento previsto en los precios de los hidrocarburos.

La Junta Directiva mantiene una meta de inflación de 3.0%, con un margen de tolerancia de ±1 punto porcentual. La entidad también continúa una revisión de los componentes de su régimen de metas de inflación dentro de su Plan Estratégico 2025-2030.

El entorno internacional elevó los precios de la energía

El informe identificó un entorno internacional con mayor incertidumbre durante el tercer trimestre. Entre los factores mencionados figuran la expansión del conflicto en Oriente Medio, el recrudecimiento de la guerra entre Rusia y Ucrania y las tensiones comerciales.

Los ataques en Bab el-Mandeb y el cierre temporal del oleoducto Este-Oeste en Arabia Saudita incidieron sobre el escenario energético. Esa ruta marítima concentra cerca del 12% del petróleo que se transporta por mar.

Las presiones sobre los precios del crudo, sus derivados y los granos básicos se moderaron temporalmente tras el anuncio del G7 de liberar reservas estratégicas de petróleo y combustibles. También influyeron la restauración gradual del oleoducto y la decisión de la OPEP+ de mantener su producción.

Al 23 de octubre, el precio promedio del petróleo West Texas Intermediate llegó a USD 103.3 por barril. El valor fue 8% superior al registrado el mes anterior.

El precio minorista del diésel en Estados Unidos superó USD 6.0 por galón. El encarecimiento de las materias primas y del transporte marítimo contribuyó a que la inflación se mantuviera por encima de las metas en varios países.

El Banco Central mantuvo la tasa de política monetaria

La Junta Directiva mantuvo la Tasa de Política Monetaria en 3.0% durante su reunión de setiembre de 2026. La decisión consideró el panorama externo, el comportamiento de la inflación, la evolución de las principales variables macroeconómicas y los riesgos asociados a las proyecciones.

El informe señaló que el sistema financiero contaba con un excedente de liquidez y que el mercado cambiario mostraba una disponibilidad elevada de divisas. Durante el año, esta situación permitió atender los requerimientos del Sector Público no Bancario y fortalecer el blindaje financiero.

La disponibilidad de dólares coincidió con la apreciación del colón. El Banco Central indicó que participará en el mercado cambiario para atender sus necesidades, cubrir los requerimientos del Sector Público no Bancario y evitar variaciones violentas en el tipo de cambio.

Los agregados monetarios y el crédito al sector privado crecieron a un ritmo menor que la suma de la producción potencial y la meta de inflación. Según el informe, ello abre espacio para una expansión adicional sin afectar el control de los precios.

Las cuentas externas y fiscales presentan desafíos

El déficit de la cuenta corriente alcanzaría 1.9% del producto interno bruto al cierre de 2026. Para 2027 y 2028, el Banco Central prevé un promedio de 2.0% del PIB.

La institución indicó que esa necesidad de financiamiento externo sería cubierta con ahorro de mediano y largo plazo. El déficit registrado al tercer trimestre fue superior, en relación con el PIB, al observado en el mismo período del año anterior.

Las estimaciones del Ministerio de Hacienda apuntan a un superávit primario de 0.9% del PIB para el Gobierno Central en 2026. El déficit financiero sería de 3.8% del PIB.

La relación entre la deuda pública y el producto interno bruto llegaría a 62.0%. Para 2027 y 2028 se mantendrían los superávits primarios, aunque el aumento en el pago de intereses podría afectar el resultado financiero y elevar la relación de deuda.

El Banco Central señaló que ajustará su política monetaria si las condiciones macroeconómicas y la valoración de los riesgos lo requieren. Entre los factores que podrían modificar el escenario figuran los fenómenos climáticos, los conflictos geopolíticos, la evolución del comercio internacional y los cambios en los mercados financieros.

El informe anual “El estado de la MYPE 2026: La otra cara de la economía” reveló que el calor extremo se convirtió en la principal amenaza climática para las micro y pequeñas empresas de El Salvador, un fenómeno que golpea las ventas diarias de los comercios y empuja al endeudamiento a miles de familias que carecen de seguros para proteger sus puestos de trabajo.

El estudio, elaborado por el Observatorio MYPE de la Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral (FUSAI) junto con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), determinó que el 58.4% de los establecimientos sufrió algún percance derivado de factores ambientales durante los últimos cinco años.

Lejos de las grandes tormentas o inundaciones, las altas temperaturas diurnas encabezan la lista de problemas cotidianos al perjudicar al 26.9% de los negocios encuestados.

La exposición a estos problemas climáticos no afecta a todos por igual. Mientras el promedio general roza el 58%, el golpe resulta mucho más severo en el sector agropecuario, donde el 80.5% de las unidades productivas reportó daños, principalmente por sequías prolongadas y olas de calor que secan los cultivos y reducen los pastos para el ganado.

La ubicación geográfica también marca diferencias profundas en el territorio salvadoreño. En la zona oriental, la cifra de negocios afectados alcanza el 68.2%, y en las comunidades del área rural llega al 67%.

“A nosotros nos impactó saber que el calor extremo había sido el fenómeno socioambiental de mayor impacto en el país, por encima de las tormentas tropicales, las sequías y las inundaciones”, explicó William Pleites, director de Flacso El Salvador, al presentar los resultados de la investigación.

La caída en los ingresos de los negocios empuja a los comerciantes hacia la deuda

El impacto de las temperaturas elevadas se traslada de inmediato al bolsillo de los propietarios. La investigación documentó que el 68.6% de los emprendedores perjudicados sufrió una disminución directa en sus ventas, debido a que el calor excesivo ahuyenta a los compradores de las calles o deteriora la mercadería perecedera antes de que pueda comercializarse.

A este problema se suma que un 33.4% registró pérdidas de insumos y mercadería, y casi un 15% debió cerrar temporalmente sus puertas por emergencias climáticas. Sin ahorros suficientes para amortiguar estos imprevistos, los dueños de los establecimientos quedan en una posición de gran vulnerabilidad frente al mercado financiero formal.

“La principal herramienta utilizada para enfrentar estas emergencias es el endeudamiento: casi cuatro de cada diez negocios se endeudan, el 15% vende maquinaria y apenas el 1.5% de las empresas afectadas utilizó un seguro”, advirtió William Pleites.

El directivo remarcó que existe una necesidad desatendida muy amplia en el mercado y que el sistema financiero junto con las políticas del Estado deben crear coberturas accesibles para estos negocios de menor escala.

Falta de respaldo técnico frena los esfuerzos ambientales comunitarios

A pesar de los recursos limitados con los que operan, las micro y pequeñas empresas demuestran una vocación activa por el cuidado del entorno y la optimización de sus recursos.

Los datos del informe indican que:

• El 74.6% de estos negocios reutiliza materiales para ahorrar dinero
• El 48.4% implementa medidas para no desperdiciar agua
• Un 45.4% instaló focos de bajo consumo para reducir su factura de energía eléctrica.

Sin embargo, este esfuerzo individual se frena cuando se requiere infraestructura pública o respaldo institucional. Cerca del 70% de las microempresas jamás recibió asesoría ni créditos ambientales, y apenas un 8% pudo acceder a financiamiento especializado para comprar maquinaria o tecnología limpia que reduzca el impacto del calor en sus locales.

En palabras de William Pleites, el diagnóstico general confirma que las microempresas tienen voluntad y ganas de salir adelante, pero necesitan que el país construya un ecosistema más justo que las proteja frente a las amenazas del clima.

El exministro de Economía Domingo Cavallo lanzó una fuerte advertencia al gobierno de Javier Milei sobre los riesgos que enfrenta la Argentina de cara a las elecciones de 2027. Si bien respaldó los objetivos de apertura y transformación económica impulsados por el Presidente, cuestionó la decisión oficial de mantener sin modificaciones la política económica y exterior, y alertó que esa postura podría derivar en un traspié electoral y en un retroceso de las reformas.

En una columna publicada este fin de semana en su blog personal, Cavallo planteó que el Gobierno subestima los riesgos externos que podrían afectar a la economía argentina durante el próximo año. También advirtió sobre las consecuencias de mantener las restricciones cambiarias a las empresas y de no acelerar la acumulación de reservas del Banco Central.

“Si el gobierno sigue manejando la política exterior y la economía como hasta ahora, sin un milímetro de cambios como acaba de decir el ministro Caputo y como viene surgiendo de los discursos del presidente Milei, aquí y en el exterior, sin reconocer los problemas e ignorando incluso evidencias empíricas muy claras, no puede descartarse un traspié en las elecciones del año próximo que signifique un fuerte y costoso retroceso tanto en materia económica como social”, sostuvo.

La advertencia apareció en una columna titulada “Los riesgos para 2027 no son sólo domésticos. También hay riesgos externos. Por eso es tan importante la acumulación rápida de reservas netas”, en la que el exfuncionario analizó el escenario internacional y las herramientas que, a su criterio, debería adoptar el equipo económico.

Cavallo consideró que la discusión pública sobre la situación económica argentina se concentra principalmente en dos cuestiones: el crecimiento de las exportaciones, utilizado como argumento optimista, y los bajos niveles de consumo e inversión, que alimentan las perspectivas más pesimistas. Sin embargo, sostuvo que existe un tercer factor al que debería prestarse mayor atención: la evolución de la economía internacional hasta las próximas elecciones presidenciales.

“La discusión pública sobre la situación económica presta mucha atención al boom exportador (argumento optimista) y al bajo nivel de consumo e inversión (argumento pesimista). En mi opinión hay que prestarle más atención al probable curso de los acontecimientos externos de aquí a la elección del año que viene”, señaló.

Las críticas a la estrategia de Milei y Caputo

Uno de los cuestionamientos centrales de Cavallo apuntó a la decisión del Gobierno de sostener su estrategia sin introducir modificaciones. Para el exministro, el avance hacia una economía abierta requiere una secuencia de reformas que contemple las condiciones económicas y políticas necesarias para garantizar su continuidad.

En ese sentido, expresó su respaldo a los principios que orientan el programa económico de Milei, aunque marcó diferencias respecto de su implementación.

“El propósito del gobierno del presidente Milei de limpiar a la economía de distorsiones para lograr la libertad y el respeto a los derechos de propiedad en todos los ámbitos y poder integrarla al mundo en forma eficaz no puede ser menos que apoyada con entusiasmo”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que la transformación de la economía requiere múltiples modificaciones que no necesariamente pueden ejecutarse de manera simultánea. Según explicó, algunas dependen de discusiones legislativas y de la construcción de acuerdos que permitan sostenerlas en el tiempo. “Una inadecuada secuencia de esos cambios y la falta de apoyos y consensos pueden llevar a mucha destrucción y muy poca construcción”, advirtió.

El exministro vinculó esa situación con el riesgo de un deterioro del respaldo social a las reformas. En particular, sostuvo que una implementación inadecuada podría provocar niveles de insatisfacción capaces de afectar la continuidad del programa económico. También alertó sobre la posibilidad de que ese escenario favorezca un regreso a políticas intervencionistas y a condiciones de inestabilidad macroeconómica.

Su planteo incluyó una crítica a las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, respecto de la continuidad de la política oficial sin modificaciones. Para Cavallo, existen decisiones que el Gobierno podría adoptar sin comprometer los avances conseguidos en materia de reducción de la inflación.

El riesgo de una crisis cambiaria antes de completar la estabilización

Entre las principales preocupaciones del exministro apareció la insuficiente acumulación de reservas internacionales y su relación con la vulnerabilidad de la economía frente a eventuales shocks externos.

Cavallo cuestionó los argumentos que justifican la continuidad del cepo cambiario a las empresas y la intervención del Banco Central en el tipo de cambio comercial como mecanismos de protección frente a la incertidumbre internacional. A su entender, esas herramientas producen el efecto contrario al buscado porque dificultan la acumulación de reservas y contribuyen a mantener elevados tanto el riesgo país como las tasas de interés en pesos.

“Es por esta razón que insisto sobre la importancia de que el Banco Central acumule muchas reservas a un ritmo diario preanunciado y a financiarse no con deuda interna sino con emisión monetaria”, explicó.

Su propuesta implica un cambio respecto de la estrategia que defiende el equipo económico, especialmente por la utilización de emisión monetaria para financiar las compras de divisas.

Cavallo reconoció que esa decisión podría generar riesgos inflacionarios, pero consideró que la posibilidad de enfrentar una crisis cambiaria resulta más peligrosa.

“En materia de lucha contra la inflación, el riesgo de una eventual crisis cambiaria futura antes de que se logre la estabilización completa de la economía es más peligroso que el riesgo de emisión por acumulación de reservas”, sostuvo.

También distinguió entre las compras de dólares del Banco Central para fortalecer sus reservas y las necesidades de divisas del Tesoro para afrontar sus compromisos externos.

Según su propuesta, el Tesoro debería adquirir los dólares que necesita mediante sus propios recursos fiscales, mientras que el Banco Central tendría que concentrarse en acumular reservas a través de operaciones financiadas con emisión.

En ese marco, advirtió que utilizar los dólares comprados con emisión por la autoridad monetaria para entregárselos al Tesoro sería un error, aunque consideró todavía más grave renunciar a la acumulación de reservas por temor a un aumento de la inflación.

La propuesta de comprar USD 15.000 millones en doce meses

Cavallo planteó que el Banco Central debería comprar al menos USD 15.000 millones durante los próximos doce meses mediante un programa de adquisiciones diarias anunciado previamente.

La propuesta estuvo acompañada por un reclamo de eliminación completa del cepo cambiario para las empresas y de organización de un mercado libre de divisas.

“Lo único que el gobierno debe hacer es eliminar por completo el cepo cambiario y permitir que se organice un mercado cambiario libre en el que el Banco Central sólo intervenga para comprar reservas y cuando disponga de suficiente poder de fuego, para estabilizar el mercado ante shocks externos que se consideren transitorios”, afirmó.

El exministro también propuso extender a todas las empresas los beneficios cambiarios que actualmente contempla el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Explicó que las compañías alcanzadas por ese régimen pueden disponer libremente de las divisas que generan mediante sus exportaciones y acceder a moneda extranjera para efectuar pagos al exterior. A su entender, ese tratamiento podría aplicarse a empresas de todos los sectores y tamaños sin generar un costo fiscal adicional.

Cavallo sostuvo que la eliminación de las restricciones cambiarias y la acumulación de reservas financiada con emisión permitirían reducir las tasas de interés en pesos y en dólares, disminuir el riesgo país y favorecer la expansión del crédito bancario.

También propuso eliminar los impuestos que generan diferencias entre las tasas activas y pasivas del sistema financiero, y mencionó la conveniencia de avanzar hacia un sistema bimonetario mediante normas específicas.

En relación con el temor oficial a que la emisión provoque una aceleración inflacionaria, argumentó que una explicación adecuada del programa permitiría limitar ese impacto y facilitar posteriormente una estabilización más profunda, acompañada por una recuperación de la actividad económica.

Las amenazas de Estados Unidos, Europa y Brasil

El análisis de Cavallo también incluyó una advertencia sobre dos grandes riesgos internacionales para 2027: una eventual crisis fiscal y financiera en Estados Unidos y Europa, y la posibilidad de una depreciación del real brasileño acompañada por una recesión en el principal socio comercial de la Argentina.

En el primer caso, planteó que el deterioro económico de las potencias occidentales podría derivar en un escenario de estanflación global.

Entre los factores de riesgo mencionó la invasión rusa a Ucrania, las decisiones comerciales de Donald Trump, los conflictos bélicos y el avance tecnológico de China. “No es de descartar que para 2027 [...] se precipite en el mundo occidental una crisis fiscal y financiera que provoque estanflación global”, advirtió.

El exministro cuestionó las interpretaciones optimistas según las cuales la disponibilidad de recursos naturales y la distancia geográfica respecto de las zonas de conflicto podrían proteger a la Argentina de las consecuencias de una crisis internacional. “Yo creo que este optimismo es peligroso”, expresó.

En cuanto a Brasil, señaló que su elevado endeudamiento público, la polarización política y la competencia china podrían generar un escenario de dificultades económicas que afecte directamente a la industria argentina.

También consideró posible que, ante una crisis en Estados Unidos y Europa, Brasil profundice su integración económica con los BRICS, bloque del que Argentina decidió no formar parte.

Cavallo recordó la importancia histórica de la cooperación bilateral, especialmente durante los procesos de estabilización de ambas economías en la década de 1990. Mencionó el desarrollo del Mercosur, la experiencia argentina que sirvió de referencia para el Plan Real brasileño y el papel que desempeñó la demanda de Brasil en la recuperación argentina frente a la crisis Tequila.

En ese contexto, advirtió sobre los riesgos de que las diferencias políticas entre ambos gobiernos afecten las relaciones comerciales. “Sería un crimen que, por diferencias ideológicas, la cooperación y el comercio entre Argentina y Brasil se transformen en antagonismo y trabas políticas y comerciales”, afirmó.

El exministro también señaló que una eventual recesión brasileña, combinada con una depreciación del real y una mayor presión exportadora de China, podría afectar considerablemente a la producción industrial argentina.

Según su análisis, estas amenazas externas podrían coincidir con una mayor tensión política interna durante la campaña electoral de 2027, en un escenario en el que el crecimiento de las exportaciones y las inversiones promovidas por el RIGI podrían resultar insuficientes para neutralizar sus consecuencias.

Las exportaciones de oro de República Dominicana hacia Suiza y Canadá registraron aumentos durante los primeros nueve meses de 2026, en un período en el que el mineral impulsó las ventas externas y la actividad minera del país.

Según datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) publicados por Acento, Suiza recibió exportaciones dominicanas de oro por USD 406 millones, tras un incremento cercano al 1,000%. Canadá, a su vez, registró una expansión interanual de 285.5% en los envíos desde República Dominicana.

El avance canadiense estuvo explicado principalmente por las ventas de oro en bruto, que concentraron más del 95% del valor exportado hacia ese mercado. La ONE indicó que parte de los despachos del mineral se redirigió a ambos países desde otros destinos en los últimos trimestres.

La diversificación de mercados coincidió con un aumento de 12.4% en las exportaciones dominicanas entre enero y septiembre de 2026. El país vendió USD 1,328.1 millones más que en el mismo período de 2025, con el oro y los aparatos para conexiones eléctricas como los principales productos que explicaron ese resultado.

Ambos rubros aportaron en conjunto USD 924.1 millones al crecimiento de las exportaciones. Pese a los cambios en los destinos del oro, Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado para los productos dominicanos, con el 46.9% del valor total exportado.

La actividad minera acompañó el aumento de las ventas externas. Entre enero y septiembre, el sector acumuló una expansión de 5.2%, frente a un crecimiento de 4.6% de la economía dominicana en el mismo período.

El Ministerio de Energía y Minas atribuyó ese desempeño a mayores volúmenes de extracción de oro, plata y materiales para la construcción. Las exportaciones de oro en bruto alcanzaron USD 2,392.5 millones en los primeros nueve meses del año, lo que representó un alza interanual de 49.8%.

El comportamiento del mineral reafirmó su peso dentro de la canasta exportadora y como fuente de divisas. El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, señaló que la minería también tiene incidencia en la captación de inversiones, el empleo y los ingresos fiscales. La inversión extranjera directa destinada al sector sumó USD 420.6 millones al segundo trimestre de 2026, según cifras oficiales.

Pueblo Viejo concentra una parte central de la producción aurífera

La extracción de oro en República Dominicana se concentra en gran medida en la mina Pueblo Viejo, situada en la provincia de Sánchez Ramírez, a unos 100 kilómetros de Santo Domingo. La operación está a cargo de Pueblo Viejo Dominicana, una empresa participada en un 60% por Barrick y en un 40% por Newmont.

En 2025, la mina produjo más de 600,000 onzas de oro, equivalentes al 11.5% de la producción global anual de Barrick, de acuerdo con datos citados por el medio especializado elDinero. La compañía prevé que la producción de 2026 se mantenga en niveles similares, mientras avanza un proyecto de ampliación cuya finalización está prevista para 2029.

La expansión busca extender la vida útil de Pueblo Viejo más allá de 2040 y sostener una producción superior a 800,000 onzas anuales. El plan contempla la construcción de una nueva instalación para almacenar relaves, un componente necesario para prolongar las operaciones de la mina.

El crecimiento de los envíos a Suiza y Canadá se produce, así, en un contexto de mayor extracción y de una elevada dependencia de las exportaciones dominicanas respecto del oro, que se consolidó como uno de los productos de mayor valor en el comercio exterior del país.

Los balances que se realizan puertas adentro del Gobierno parecen repetirse semana a semana. El panorama económico muestra sus claroscuros, hay una oposición que dice tener predisposición a colaborar a cambio de ciertas concesiones y el oficialismo continúa sin la aprobación de los proyectos más importantes, mientras las internas dificultan la articulación y mellan la confianza.

Se asemeja a lo que Adolfo Bioy Casares escribió en La invención de Morel, donde los personajes repiten eternamente las mismas escenas, grabadas por una máquina. A diferencia de esa novela, la dinámica de la administración libertaria no se da porque su inventor -el Presidente- lo elige, sino porque generalmente no se involucra.

Javier Milei opta por que los diferentes sectores de su gobierno actúen libremente en la piscina política. Considera que eso los incentiva a mejorar, tal como lo interpreta en el plano de la economía. Pero la administración burocrática y los roces por la puja de poder tienen una lógica distinta a las leyes del mercado. Lo que se percibe puertas adentro es un gobierno descoordinado. Esa sensación cíclica se evidencia en las discusiones internas por a la Reforma Electoral.

El lunes, en reunión de Gabinete, Milei adoptó una posición diferente e irrumpió en el debate interno de la Mesa Política.

Según relataron dos de los participantes a Infobae, hacia la mitad del encuentro y ante los ojos de todos, miró a Diego Santilli y le pidió que se apuren las negociaciones para poder aprobarla cuanto antes. También le pidió que se apuraran en sacar la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y el proyecto de Defensa de Soberanía Nacional.

Será por ese motivo que algunos de los integrantes de la Mesa Política vieron mayor celeridad por parte de alfiles del karinismo a lo largo de esta semana. “Vamos a avanzar con ese tema”, confirmó una fuente inobjetable. ¿Cómo se procederá y qué se relegará a cambio? Todavía es una incógnita.

No fue menor que Karina Milei viajara esta semana a una Ronda de Negocios por el RIGI en Rosario, a la cual asistieron 12 gobernadores. Hubo particular sintonía con el santafesino Maximiliano Pullaro, quien ya es contabilizado como uno de los aliados a los que no se les competirá con intensidad el año próximo. Este domingo también se mostrará con Jorge Macri.

Los operadores del Gobierno que no han querido acelerar los acuerdos alegan que el PRO y la UCR deben resolver sus frentes internos. Al mismo tiempo, existe una desconfianza mutua entre los armadores de La Libertad Avanza y los gobernadores con los que quieren pactar.

“¿A mí quién me asegura que si no les competimos en las provincias y no mejora nuestra imagen nacional, el día de mañana no nos pongan una lista? No hay ningún instrumento jurídico para acordar las condiciones de las elecciones. Es un acuerdo de palabra, por eso se precisa que al momento de pactar haya confianza”, dice una de las partes libertarias que está en las negociaciones.

Santilli conversó con los gobernadores para que existieran colectoras, a las que llama “Sistema de Adhesiones”. Aún no hay un consenso unánime sobre la cuestión, pero serviría como una garantía para que los gobernadores no dependan enteramente de la lapicera de Karina y los Menem.

Con el apuro presidencial, ya no se habla de que las negociaciones por la reforma política puedan extenderse hasta febrero del año próximo. “Se va a conversar palmo a palmo con el Presupuesto, así que hay un plazo hasta diciembre”, convalidan.

El apuro de Milei por una sanción de esa reforma tiene dos motivos centrales: demorar el comienzo de la temporada de elecciones, la cual suele venir con mayor volatilidad económica, y mostrarle al mercado la consolidación de un bloque de gobernadores aliados dispuestos a sostener el proyecto oficialista.

Resulta poco probable que esa decisión elimine las dudas de los inversores, aunque pretenden que sirva para mitigar parte de la incertidumbre. El timing es clave. El Riesgo País cerró cerca de los 800 puntos básicos hacia el final de octubre, más de un 30% por encima del nivel que tenía el mes pasado. Un estratega del Gobierno confiesa que la penetración de la narrativa libertaria se encuentra “desgastada”.

Eso impacta en las provincias. Una figura del oficialismo que se autopostula como candidato a gobernador en el norte confiesa puertas adentro que la marca libertaria tuvo un notorio desgaste en las últimas semanas. Si pensaba armar un frente más purista, ahora lo piensa dos veces.

Hoy en día hay cinco provincias en las que podría existir alguna posibilidad de ganar si la oferta electoral y el viento económico las favorecen: Córdoba, La Pampa, Mendoza, Tierra del Fuego y Río Negro. En esta última aspira a competir el senador libertario Enzo Fullone, el estratega político del oficialismo para las elecciones que se desarrollarán este domingo en Bariloche. Si consigue un buen resultado, será investido como el precandidato.

En el plano económico, el Gobierno festejó que la morosidad de las familias bajó por segundo mes consecutivo. La consultora 1816 calculó que pasó de 12,8% en agosto a 12,2% en septiembre. Colaboradores de Luis Caputo afirman que esa variación se explica por “el proceso de desinflación, el crecimiento del salario real y el trabajo del Banco Nación para liderar una política de refinanciación”.

Puertas adentro admiten que la dinámica de la inflación podría ser moderadamente alcista en el último trimestre por la estacionalidad de las fiestas. “Depende de la carne, por ahora no viene subiendo como siempre”, marcan.

La contracara de ese desempeño fue el incremento del Riesgo País, al que condicionan tanto factores locales como exteriores. En el Ministerio de Economía creen que no tendrán un panorama internacional favorable por estos meses porque no prevén un alivio en el nivel de las guerras ni una baja del precio del petróleo Brent.

Si esos niveles descienden, avisan que buscarán “bajar la nafta, la luz y el gas”; pero en la actualidad sucede el caso contrario: hubo incrementos en los combustibles en septiembre y eso presionará la inflación de octubre.

La preocupación es mayor cuando miran el complejo escenario con las tasas internacionales. Al observar el caso estadounidense, afirman que la economía norteamericana tiene problemas en su política fiscal y en su nivel de deuda. Aun así, hay algunos que tratan de ser optimistas respecto a las elecciones de medio término del próximo martes: “No me aventuraría a creer que Trump pierde el martes con el nivel de crecimiento que tiene”.

Un sector del Gobierno que mira con particular atención ese acontecimiento es el de Santiago Caputo. “No creemos que vaya a tener ningún efecto, para ser honestos”, afirman, alegando que el resultado de Brasil podría haber tenido mayor incidencia en la inestabilidad local.

Al respecto de ese punto, en Itamaraty afirman que Lula no romperá con Argentina, sino que va a “invisibilizar” a Milei. “No lo va a mencionar, lo considera de un estamento inferior”, agregan, aunque están preocupados por otras maniobras que pueda realizar el libertario: “En el corto plazo no va a pasar nada. Los contratos existen y no se van a alterar. Mi preocupación es por el largo plazo. Las relaciones están comprometidas”.

Volviendo a las elecciones estadounidenses, otra fuente de la Casa Rosada opina: “No afecta mucho el tema de perder el Senado, porque por el filibuster cualquier ley necesita de 60 votos en vez de 51. Mientras un partido u otro no tenga 60 senadores, tener mayoría simple no te cambia mucho. Sí en la narrativa. Pero Obama gobernó con el Senado en contra durante sus últimos dos años y fue la época en la que más cambios hizo”.

Varios integrantes de esa ala del Gobierno viajarán a Washington por estas horas. También lo harán el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, y el subsecretario de Gestión Institucional y armador nacional de LLA, Eduardo “Lule” Menem.

Es por ese motivo que no habrá reunión de Mesa Política este martes. Será la segunda semana consecutiva en la que no se realizará este tipo de encuentros. Coincidencia o no, esta circunstancia se produce en el momento más intenso de las internas entre varios de estos funcionarios.

Una de las novedades de las últimas semanas es que hay malestar en casi todos los sectores de esa mesa por los desmarques de Patricia Bullrich y sus coqueteos con la posibilidad de competir en las presidenciales. Los hermanos Milei tienen decidido no pedirle que se vaya del espacio y tampoco que deje de ser la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, pero el vínculo podría tensionarse más en las próximas semanas.

Bullrich está en desacuerdo con decenas de pliegos de jueces y fiscales que son enviados desde el Poder Ejecutivo hacia la Comisión de Acuerdos del Senado, el ámbito donde se aprueban y se despachan hacia las sesiones. Su entorno no apunta tanto al ministro Juan Bautista Mahiques sino a los nombres que emanan del menemismo. En esa sintonía están algunos de los senadores aliados que el oficialismo necesita para la reforma política.

¿Será verdad que la exministra de Seguridad está conversando con varios de ellos sobre el Consejo de la Magistratura, que debe renovar representantes en las próximas semanas? Hay quienes dicen que varios oficialistas “se van a llevar una sorpresa”.

En la reunión de bloque previa a la sesión del último jueves, Bullrich tuvo una corta discusión con la senadora nacional Nadia Márquez, la lugarteniente de Karina en el Senado, que le reclamó cambios en la forma de organizar la dinámica del bloque.

El vínculo entre ambas está roto. Bullrich fue quien puso un primer freno a las intenciones de la Casa Rosada de poner a la neuquina al frente de la Comisión de Acuerdos luego del fallecimiento del senador Juan Carlos Pagotto. “No podemos despreciar a los aliados poniendo a alguien que la oposición no quiere”, justifican.

Esa discusión promete destrabarse en los próximos días. Es altamente probable que la Casa Rosada proponga a Enzo Fullone —de confianza de los Menem— y que Márquez solo vaya como representante del oficialismo al Consejo de la Magistratura.

El bloque del Justicialismo sumó una banca más en los últimos días y pasó a ser la primera minoría de la Cámara con 22 integrantes. Eso se hizo con el objetivo de reclamar dos representantes en el Consejo y dejar a La Libertad Avanza con un solo asiento por el Senado. La novedad es que, llegado el momento, el oficialismo presentará dos nombres y no uno, amparado en el antecedente de Martín Doñate ocurrido cuatro años atrás. “Se va a judicializar”, confirma una fuente inobjetable.

El segundo representante todavía no está definido. Hay personajes no menores del oficialismo a quienes les gustaría que sea el salteño Gonzalo Guzmán Coraita, pero sería toda una declaración política que no se elija al cordobés Luis Juez, que ya forma parte de ese órgano. Todo por verse.

Lo cierto es que en el bullrichismo no convalidan varios de los nombres judiciales que están en esa comisión. Tanto los Milei como los demás integrantes de la Mesa Política están evaluando cómo se desarrollan los tiempos de las reformas en esa Cámara. A los bullrichistas no les preocupa el rumor -falso, por el momento- de que la querían remover de la jefatura. Quienes la han visitado recientemente son terminantes: “No pasa nada, si lo hacen no van a pasar ni una sola ley hasta diciembre del 2027”.

Este viernes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que los ingresos presupuestarios del sector público registraron una baja de 2.8 por ciento real anual durante los primeros nueve meses de 2026.

Mientras que solo en el mes de septiembre, la caída fue de 28.4 por ciento real anual por fuertes disminuciones en los recursos petroleros, menor recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR) y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Hacienda revela que cayeron los ingresos petroleros, los del ISR y del IEPS

La dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora detalló que los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron en seis billones 304 mil 452.3 millones de pesos en el acumulado de enero a septiembre.

Mientras que solo en el noveno mes del año, los ingresos fueron de 643 mil 365.6 millones de pesos.

Además, la Secretaría de Hacienda reportó que los ingresos petroleros cayeron 80.9 por ciento real anual en septiembre, a 63 mil 961.8 millones de pesos. En el acumulado de los primeros nueve meses del año, estos ingresos se ubicaron en 754 mil 365.6 millones de pesos, una contracción de 21.5 por ciento real anual.

Pemex encabeza la caída de los ingresos

Cabe señalar que la disminución antes descrita fue encabezada por Petróleos Mexicanos (Pemex), ya que sus ingresos registraron una caída de 86.8 por ciento real anual en septiembre y una contracción de 27.6 por ciento en el acumulado de enero a septiembre.

“En cuanto a los ingresos petroleros, después de cinco meses consecutivos de crecimiento, registraron una disminución de 21.5 por ciento en septiembre. Este resultado respondió principalmente a una base de comparación elevada asociada con la aportación extraordinaria que realizó el gobierno federal a Pemex en septiembre de 2025.

“Al excluir dicho efecto, los ingresos petroleros habrían aumentado 8.1 por ciento real en el acumulado. Estos apoyos forman parte de una estrategia para mejorar la situación financiera de Pemex y han contribuido a reducir el saldo de su deuda financiera, ampliar los plazos de vencimiento y fortalecer su liquidez”, explicó Amador Zamora.

Con lo anterior se busca liberar recursos para las actividades de exploración y producción, comentó el funcionario en la conferencia de prensa para dar a conocer los Informes de Finanzas Públicas y Deuda Pública al tercer trimestre de 2026.

IEPS también tropieza en septiembre de este año

En materia tributaria, la recaudación por IEPS registró un retroceso de 21 por ciento en septiembre, a 48 mil 619.8 millones de pesos. De manera acumulada, el impuesto presentó una caída real anual de 2.3 por ciento, con 502 mil 906.4 millones de pesos.

Dentro de este rubro destacó la disminución de 39 por ciento real anual en los recursos provenientes de gasolinas y diésel, a 24 mil 900 millones de pesos en septiembre. De forma acumulada, este concepto registró una reducción de 9.2 por ciento real anual, con 301 mil 977 millones de pesos.

Además, la SHCP reveló que de enero a septiembre de este año se han dejado de recaudar 80 mil millones de pesos por estímulos y subsidios del IEPS a combustibles.

“El IEPS presentó resultados diferenciados; en el caso del componente de gasolinas y diésel, la recaudación disminuyó 9.2 por ciento real debido a los estímulos fiscales aplicados desde julio para moderar el impacto del encarecimiento internacional de los combustibles sobre los consumidores, los costos de transporte y producción”, expresó el funcionario federal.

ISR tampoco pudo ir al alza en lo que va de 2026

La recaudación del ISR registró una caída de 5.3 por ciento real anual en el periodo enero-septiembre, con 2.2 billones de pesos. En el noveno mes del año, el impuesto presentó una baja de 1.9 por ciento real anual, con 208 mil 351.6 millones de pesos.

Hacienda atribuyó la caída en los ingresos por ISR a menores pagos en las declaraciones anuales de personas morales realizadas en marzo.

“Traemos algunos rubros de ingreso que estamos por debajo de la meta, por ejemplo, el ISR debido a lo que mencionamos de alguna baja en la recaudación de ISR de personas morales, pero tenemos un muy buen desempeño por parte del IVA.

“Tenemos un impacto en el tema de estímulos que también se va a reflejar parcialmente, por ejemplo, en el balance de Pemex; Pemex es uno de los beneficiarios del estímulo, entonces, una vez que ponemos todos estos elementos en el balance, también por el lado del gasto, tenemos algunos calendarios que van por debajo de la meta, otros por arriba, pero estamos conforme al programa”, explicó Édgar Amador.

Aún con las caídas, la SHCP se muestra optimista al cierre del año

A pesar de las distintas caídas en los ingresos presupuestarios, Hacienda sostuvo que la trayectoria va conforme al programa y dentro de la ruta para cerrar el año con un déficit de 4.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), como se tiene previsto.

“En lo que resta del ejercicio vamos a estar calibrando las cuentas del lado del ingreso y el gasto y creo que estamos en posición para cumplir con lo establecido en el programa y estar en 4.1 por ciento (del PIB), lo cual debe dar tranquilidad a analistas, a agencias y al mercado de que estamos dentro de lo programado en términos de la convergencia fiscal”, sentenció el funcionario.

Aunque el titular de Hacienda diga lo contrario, el cierre de año será complicado para México, sobre todo, porque entre enero y septiembre cayeron los ingresos petroleros, así como del ISR y del IEPS.

El Ministerio de Hacienda de El Salvador registró una recaudación mensual de USD 698.5 millones durante septiembre, una cifra que consolidó el crecimiento de los fondos que ingresan a las arcas públicas en el tramo final del tercer trimestre del año.

Con este resultado mensual, el total acumulado entre enero y el noveno mes alcanzó USD 7,173 millones, lo que representa un aumento de USD 791.5 millones en comparación con el mismo período del año anterior, cuando el Estado percibió USD 6,381.5 millones.

En el noveno mes, el motor central del dinero que entró a las cuentas fiscales provino de las compras diarias de la población y de la actividad en las aduanas, superando a los aportes directos sobre las ganancias laborales y empresariales.

De los USD 698.5 millones que ingresaron en septiembre, un total de USD 671.9 millones correspondió a impuestos y contribuciones, mientras que otros trámites y cobros estatales aportaron los restantes USD 26.7 millones.

Además, dentro de los tributos de septiembre, el impuesto al valor agregado (IVA), que se aplica a cada compra de bienes y contratación de servicios, aportó la mayor parte con USD 362,3 millones. De esa cantidad mensual, las aduanas generaron USD 207,5 millones mediante la llegada de productos desde el extranjero, mientras que los comercios locales registraron pagos por USD 154.7 millones.

Por su parte, el tributo sobre los ingresos y las ganancias, conocido formalmente como impuesto sobre la renta, generó USD 230,1 millones en el mes. La mayor porción de este monto mensual provino de los descuentos que se aplican a los salarios de los empleados, con USD 125.3 millones, mientras que los anticipos periódicos que entregan las compañías sumaron USD 71.2 millones y los pagos directos de declaraciones alcanzaron USD 33,6 millones. En el mismo mes, los aranceles cobrados por compras internacionales añadieron USD 35,2 millones a las cuentas de El Salvador.

El consumo de bebidas y las operaciones inmobiliarias mantuvieron cifras positivas

El resultado obtenido al cierre del noveno mes no solo superó los números de 2025, con un alza del 12.4%, sino que también rebasó los cálculos que el Gobierno había fijado en su plan financiero. El presupuesto oficial proyectaba recolectar USD 6.932,7 millones para los primeros nueve meses, por lo que el ingreso real superó la meta en USD 240,3 millones, lo que equivale a un resultado 3.5% por encima de lo programado.

Los gravámenes específicos que se cobran sobre productos de consumo cotidiano totalizaron USD 195,2 millones en los primeros nueve meses, tras sumar USD 22,5 millones en septiembre.

Dentro de este grupo, los que encabezaron la lista son:

• La cerveza con USD 84 millones, con un incremento de 8.3% en comparación con el año pasado
• Las bebidas gaseosas y refrescos aportaron USD 58,2 millones
• Los cigarrillos sumaron USD 24,9 millones
• Las bebidas con contenido alcohólico representaron USD 23,1 millones.

Por otra parte, la compraventa de propiedades generó un movimiento relevante en las cuentas públicas. El tributo aplicado a la transferencia de bienes raíces acumuló USD 71,2 millones, lo que representó un incremento del 30.7% frente a los USD 54,5 millones percibidos en los primeros nueve meses de 2025.

El calendario anual mostró su momento más alto en abril, cuando la recaudación trepó a USD 1.452,1 millones. Ese volumen representó el doble del promedio habitual debido a que en ese mes vence el plazo para presentar la declaración anual de ganancias de empresas y personas.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, autorizó que los gastos permanentes de salud, educación y justicia puedan financiarse con ingresos no permanentes durante 2027, mediante una disposición excepcional que permitirá al Estado recurrir a recursos extraordinarios para sostener obligaciones habituales de estos sectores. La medida fue formalizada el 29 de octubre, cuando el Gobierno se encontraba en la etapa final de preparación de la proforma del Presupuesto General del Estado para el próximo año.

La decisión consta en el Decreto Ejecutivo 527, suscrito en Guayaquil, que establece la aplicación de una excepción contemplada en la Constitución ecuatoriana. Según la información publicada por Ecuavisa y El Universo, el documento dispone que el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo incorpore esta autorización en la formulación presupuestaria de 2027, con base en los informes técnicos que sustentan la medida.

La disposición permite utilizar ingresos de naturaleza no recurrente para cubrir determinados gastos que el Estado debe afrontar de manera continua, entre ellos las remuneraciones y otras obligaciones vinculadas al funcionamiento de los servicios públicos. Sin embargo, la autorización no implica automáticamente un incremento presupuestario para los sectores beneficiados ni establece montos específicos de financiamiento.

El fundamento jurídico se encuentra en el artículo 286 de la Constitución, que establece como regla general que los egresos permanentes deben financiarse con ingresos permanentes. La misma disposición reconoce que los gastos de salud, educación y justicia tienen carácter prioritario y, excepcionalmente, pueden cubrirse con recursos no permanentes.

En las finanzas públicas ecuatorianas, los ingresos permanentes corresponden principalmente a recursos tributarios que el Estado recibe regularmente, mientras que los no permanentes incluyen determinadas rentas petroleras y otros recursos extraordinarios. El endeudamiento, por su parte, constituye una fuente de financiamiento que genera obligaciones futuras y cuya clasificación presupuestaria es distinta de la de los ingresos ordinarios.

El decreto establece que la aplicación de la excepcionalidad deberá verificarse mediante reportes consolidados de la proforma y de la liquidación presupuestaria. También faculta al ministerio responsable de las finanzas públicas para emitir las disposiciones técnicas necesarias para documentar el cumplimiento de esta autorización.

La medida tiene un antecedente inmediato. El 30 de octubre de 2025, Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 199, mediante el cual autorizó la misma excepción para el ejercicio fiscal de 2026. De esta manera, el Ejecutivo ha recurrido a este mecanismo constitucional durante dos años presupuestarios consecutivos.

El análisis de la proforma de 2026 elaborado por el Banco Central del Ecuador identificó una diferencia de USD 1.802 millones entre los ingresos permanentes y los gastos de la misma naturaleza. Para ese ejercicio, el Gobierno había previsto ingresos permanentes por USD 21.680 millones, frente a egresos permanentes de USD 23.482 millones.

Según el documento del organismo monetario, esta diferencia implicaba que una parte de las obligaciones recurrentes del Estado requería fuentes adicionales de financiamiento. El Banco Central también advirtió que cubrir gastos operativos mediante endeudamiento podía incrementar las obligaciones futuras por intereses y representar desafíos para la sostenibilidad fiscal a mediano plazo.

La proforma de 2026 contemplaba, además, un déficit global de USD 5.414 millones, de acuerdo con el análisis del Banco Central. Estas cifras corresponden a las previsiones presupuestarias de ese ejercicio y no constituyen resultados definitivos de su ejecución.

La nueva autorización llega cuando Ecuador enfrenta presiones sobre sus cuentas públicas y debe compatibilizar sus necesidades de gasto con los compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según información publicada por Primicias el 22 de octubre, el programa económico contempla para 2027 una meta de déficit fiscal equivalente aproximadamente al 0,9 % del producto interno bruto.

Entre los factores que condicionan la planificación presupuestaria se encuentran las obligaciones del Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la evolución de los ingresos petroleros y las necesidades de financiamiento de los servicios públicos. A estas variables se suman los posibles efectos económicos del fenómeno de El Niño, que podrían generar demandas adicionales de recursos estatales.

La ejecución del presupuesto vigente también constituye un elemento relevante. De acuerdo con cifras difundidas por Primicias, hasta el 20 de octubre de 2026 se habían ejecutado aproximadamente USD 2.013 millones en salud y USD 3.588 millones en educación, equivalentes al 36 % y al 46 % de los recursos presupuestados para esos sectores, respectivamente. Los porcentajes corresponden a un corte previo al cierre del año fiscal y no representan la ejecución definitiva.

La autorización presidencial tampoco determina qué proporción de los gastos permanentes de 2027 será financiada mediante recursos extraordinarios. Para establecer ese alcance será necesario conocer las proyecciones de ingresos, egresos y fuentes de financiamiento incorporadas en la nueva proforma presupuestaria.

El Ejecutivo debe presentar el proyecto presupuestario ante la Asamblea Nacional, que tiene competencias constitucionales para examinarlo y pronunciarse sobre su contenido. La incorporación de la excepción en la planificación fiscal permitirá identificar las asignaciones previstas para salud, educación y justicia, así como las fuentes destinadas a cubrirlas.

La utilización de ingresos extraordinarios para financiar obligaciones recurrentes plantea una cuestión central para las cuentas públicas: la disponibilidad de recursos suficientes para sostener esos compromisos en los ejercicios posteriores. Mientras los gastos permanentes deben atenderse de manera continua, los ingresos no permanentes pueden variar significativamente de un año a otro.

Con el Decreto 527, el Gobierno habilita una alternativa constitucional de financiamiento para tres áreas prioritarias del gasto público. El monto efectivo de recursos extraordinarios que se destinará a esos sectores, así como su incidencia sobre el déficit y las necesidades de endeudamiento, dependerá de las cifras que finalmente se incorporen al Presupuesto General del Estado de 2027.

La economía de El Salvador sostiene su expansión a través de un crecimiento horizontal y diversificado que abarca a 17 de las 19 ramas productivas, de acuerdo con los registros oficiales correspondientes a la primera mitad de 2026.

Esta distribución sectorial apuntala el desempeño del Producto Interno Bruto, que avanzó un 3.9% al cierre de 2025 y registró una subida del 5.1% en el segundo trimestre del ejercicio corriente.

La ministra de Economía, María Luisa Hayem, explicó esta evolución durante su participación en el espacio de entrevista Punto de Vista, transmitido por la radio YSKL, donde destacó la resistencia de las actividades productivas locales ante la coyuntura internacional.

El comportamiento favorable de la actividad no descansa en un único rubro, sino en el dinamismo simultáneo del sector productivo. Las mediciones oficiales destacan a la construcción y al turismo como las áreas con mayor aceleración, acompañadas por:

• Generación y distribución de energía
• Servicios médicos y de salud.

“El crecimiento es horizontal y el crecimiento es diversificado, y eso para una economía pequeña es muy importante”, señaló la ministra Hayem en la cabina de YSKL para enfatizar la menor vulnerabilidad del mercado interno.

Con base en este despliegue de los rubros evaluados, organismos multilaterales sitúan la proyección de crecimiento salvadoreño para el cierre de 2026 en un 4.5%, registro que colocaría al país en el primer lugar de Centroamérica y en la cuarta posición en América Latina.

Los compromisos de infraestructura portuaria e inmobiliaria refuerzan las ramas clave

La ministra Hayem subrayó que la solidez observada en los distintos sectores productivos cuenta con el respaldo de cuantiosas inversiones conjuntas del Estado y del empresariado para garantizar la continuidad del crecimiento.

En el ámbito logístico, la funcionaria detalló que el gobierno y el sector privado canalizan USD 1,600 millones a la modernización de los puertos, una iniciativa orientada a optimizar el transporte y la salida de mercancías.

En paralelo, destacó que un grupo corporativo proyecta erogaciones superiores a USD 1,000 millones en infraestructura en San Salvador, mientras que un consorcio destina más de USD 1,000 millones a desarrollos en la zona oriental.

A estas colocaciones de capital interno, Hayem sumó una inversión española por más de USD 2,000 millones focalizada en agua y energía, un suministro estratégico para sostener la actividad manufacturera.

Asimismo, la titular de la cartera económica reportó operaciones de corporaciones de Estados Unidos, Alemania y Corea del Sur, a las que se integran una planta textil de procedencia hondureña e inversiones inmobiliarias de Guatemala y Costa Rica.

El comercio exterior diversifica sus destinos y el turismo multiplica la actividad regional

El intercambio mercantil refleja también la diversificación de la producción salvadoreña. Las exportaciones de bienes y servicios acumularon un alza del 4% interanual hasta el mes de septiembre, con un papel protagónico del sector servicios, así como de los envíos de medicamentos, alimentos y bebidas.

Durante el último año, el aparato productivo logró colocar 204 productos en 60 mercados extranjeros donde antes no tenía presencia.

“Nuestras empresas siguen mostrando su resiliencia, su capacidad de salir adelante, de innovar”, afirmó la titular de la cartera económica ante la radioemisora al valorar la incursión fabril en plazas inéditas.

Por su parte, las importaciones experimentaron un incremento del 10% a septiembre debido a compras de insumos para la confección y productos de consumo. El rubro textil, tras una retracción global en 2025, muestra indicios de recuperación y estabilidad hacia el tramo final del ciclo.

El sector turístico, en tanto, creció un 166% en el primer semestre en comparación con igual periodo de 2019. “Cuando crece un sector que es tractor, como es el caso del sector turismo, se benefician muchos otros sectores”, subrayó Hayem.

La promesa de la presidenta encargada Delcy Rodríguez de decretar cuatro aumentos del “ingreso de los trabajadores” en 2027 según el “crecimiento económico” que registre el país de forma trimestral, ha sido cuestionado por economistas que advierten que la medida no toma en cuenta el impacto de la inflación en los bolsillos de los venezolanos.

“Quiero anunciar que en el año 2027 están previstos incrementos del ingreso de los trabajadores del país en cuatro momentos y en ningún caso podrán ser inferiores al crecimiento económico de cada trimestre que lo preceda”, manifestó Rodríguez en un mensaje grabado que difundió minutos antes de que la líder opositora María Corina Machado ofreciera su primera rueda de prensa tras regresar a Venezuela el domingo 25 de octubre.

El economista José Guerra consideró que el planteamiento de la mandataria interina “es un error”. “Si el ajuste se hace con el aumento del Producto Interno Bruto (PIB) real, el incremento del ingreso laboral máximo podría ser 10% debido a que el PIB real excluye la inflación”, explicó el exdiputado opositor.

Guerra considera que “sería mejor aplicar un aumento del salario según el comportamiento de la inflación, así se preserva o pudiese aumentar el poder adquisitivo si se desacelera la inflación”.

“Para gobernar un país no hay que saberlo todo, pero sí vale rodearse de gente competente. ¿Cómo van a anunciar que los aumentos salariales de 2027 serán al menos mayores al crecimiento del PIB real? Eso es solo concebible si la inflación esperada es cero”, cuestionó el economista y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Leonardo Vera.

Imprecisiones

Después de pasar 13 años incumpliendo el artículo 320 de la Constitución, el Ministerio de Economía y el Banco Central de Venezuela (BCV) firmaron el Acuerdo Anual de Políticas Económicas 2027.

“El Acuerdo Anual constituye un pilar fundamental para consolidar el desarrollo y la estabilidad económica, enfocándose en la ejecución de las acciones necesarias para alcanzar la meta de que la economía crezca entre 6% y 10% anual, mantener la tendencia hacia la estabilización de precios en el mediano plazo, y en este proceso alcanzar una tasa de inflación de dos dígitos anuales para el 2027”, resume un boletín de prensa del BCV.

Guerra señala que el texto que establece los objetivos de la política económica nacional está lleno de imprecisiones. Cita el caso de la meta inflacionaria de dos dígitos; es decir, que puede ubicarse entre 10% y 99%. La inflación acumulada hasta septiembre de este año supera 225%.

El documento recoge el compromiso del Ejecutivo de aplicar una política fiscal, “continuando los esfuerzos por el rescate de la consistencia intertemporal de las finanzas públicas”. Guerra alerta que las autoridades “no precisan qué significa eso y no dicen que hay que cortar el financiamiento monetario del déficit fiscal a través de la compra de pagarés del BCV a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que es una forma de crear dinero de la nada”.

Mientras Delcy Rodríguez transmitía su mensaje, gremios y sindicatos protagonizaban una jornada de protesta nacional exigiendo respuestas inmediatas a sus demandas de mejoras salariales.

Imposible

En otro pasaje de su discurso, la presidenta encargada recordó que ha “instruido la valoración de activos no esenciales en manos del Estado que pueden ser ofertados al sector privado o devueltos a sus antiguos propietarios”, y subrayó: “La propiedad privada es un derecho protegido y garantizado por nuestra Constitución”.

La iniciativa de Rodríguez abre el camino a un proceso de privatizaciones y representa toda una enmienda a la política de intervenciones, controles y expropiaciones que ejecutó el régimen chavista durante décadas.

El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice) estima que la política de expropiaciones impulsada por el régimen chavista, provocó hasta 2021 una serie de procedimientos arbitrales que condenan al país a pagar unos 30 mil millones de dólares, equivalentes al 18% de la deuda externa que según sus cálculos alcanzaría los 162 mil millones de dólares.

“Las sistemáticas expropiaciones y nacionalizaciones le dieron una muy negativa señal al mundo de que en Venezuela no se respetaban los derechos de propiedad y ese ‘terrible cóctel’ macroeconómico generó un terrible colapso económico, social humanitario y migratorio”, indicó José Manuel Puente, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.

Puente subrayó que “sin cambio político, no habrá cambio económico”. “Tuviste una economía durante 27 años con controles sobre precios, cambio, tasas de interés y mercado laboral. Los mismos que destruyeron el país, no tienen la credibilidad y competencia para reconstruirlo”, espetó.

La empresa guatemalteca Fogel de Centro América recibió el reconocimiento de Exportador del Año 2026, el máximo galardón entregado por la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) durante la 38.ª edición del Galardón Nacional a la Exportación.

La ceremonia se realizó la noche del jueves 29 de octubre en un hotel de la Ciudad deGuatemala, bajo el lema “Conectando exportaciones, trascendiendo fronteras”.

Fogel, dedicada desde 1981 al desarrollo de refrigeración comercial, exporta sus soluciones a más de 35 países.

La compañía sustenta su expansión internacional en la innovación y la automatización de procesos, además de contar con laboratorios acreditados, el uso de refrigerantes naturales y tecnología de alta eficiencia que incorpora ingeniería desarrollada en el país.

Un jurado integrado por autoridades y representantes de alto nivel del sector privado la eligió entre las tres empresas que obtuvieron galardón en sus respectivas categorías.

Doce finalistas compitieron por el reconocimiento

La edición 2026 del certamen reunió a doce empresas finalistas y contó con la participación de representantes del sector exportador y del pleno del Consejo Nacional de Promoción de Exportaciones (Conapex), presidido por el Ministerio de Economía.

Durante la bienvenida, Francisco Ralda, presidente de la Junta Directiva de Agexport, se refirió a los desafíos que enfrentan las empresas guatemaltecas frente a la situación geopolítica, los aranceles y los cambios tecnológicos.

“El potencial de Guatemala es mucho mayor que la velocidad con la que está creciendo, y no se puede pedir a los exportadores avanzar más rápido mientras el país tenga obstáculos que frenen su competitividad”, afirmó Ralda ante los asistentes.

El directivo señaló además que “ahora viene la parte más importante: convertir las leyes, los anuncios y los proyectos en resultados”.

Tres empresas recibieron galardón por categoría

Además de Fogel, otras dos compañías obtuvieron reconocimiento en sus respectivos rubros. En la categoría de Sector Servicios y Contact Center & BPO, el galardón fue para Sistemas Aplicativos, S. A. (Sisap), empresa guatemalteca con más de cuatro décadas de trayectoria que presta servicios de ciberseguridad en doce países.

Sisap opera tres centros de operaciones de seguridad (SOC) con inteligencia artificial y respuesta las 24 horas, y a través de su instituto IRSI forma de manera gratuita talento especializado en el área tecnológica.

En la categoría de Sector Agrícola y Acuicultura y Pesca, el premio correspondió a Plantaciones Nahualate, compañía con treinta años de trayectoria que exporta banano, mango, limón, yuca, semillas y alimentos procesados hacia Europa, Norteamérica y el Caribe.

La empresa protege más de 80 hectáreas de bosque y transforma residuos en nuevos recursos, además de operar una clínica empresarial del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para sus colaboradores.

El jurado otorgó menciones honoríficas a tres finalistas

A petición del jurado calificador, se entregaron menciones honoríficas a tres empresas que destacaron durante el proceso de selección: El Gigante Coffee, Avícola Kikiriki y Servicios Visualiza.

Estas compañías no obtuvieron el galardón principal de sus categorías, pero el jurado reconoció su desempeño dentro del conjunto de finalistas.

Ingrid Juárez Brenner fue distinguida como Mujer Exportadora

El reconocimiento a Mujer Exportadora 2026 fue para Ingrid Carolina Juárez Brenner, presidenta de Exprogua.

Pionera del sector de plantas ornamentales desde 1987, su trabajo llevó esta producción guatemalteca a más de 25 países en cinco continentes, en un rubro tradicionalmente liderado por hombres.

Su labor se extendió también al ámbito social, con proyectos de educación, salud y vivienda impulsados a través de la Fundación Corazones Libres.

Mascotas de Lana obtuvo el premio a la primera exportación

En la categoría Mi Primera Exportación, el galardón fue para Mascotas de Lana, emprendimiento fundado por Cristina Sánchez, integrante de la Comisión Hecho a Mano de Agexport y distinguida con el Sello Blanco de Guatemala.

La marca produce personajes tejidos a mano con la técnica del crochet y ha colocado su producción en mercados como España y Estados Unidos, con el trabajo de artesanos guatemaltecos, entre ellos madres que generan ingresos desde sus hogares.

El Inguat recibió el reconocimiento a institución de apoyo

La Junta Directiva de Agexport otorgó el reconocimiento especial a institución de apoyo al Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), por su trabajo enfocado en fortalecer la imagen del país para el crecimiento del turismo nacional e internacional.

Agexport plantea una agenda de competitividad

Ralda cerró la ceremonia con un llamado a fortalecer la competitividad del país a través de cuatro prioridades que Agexport impulsa: infraestructura vial crítica, eficiencia en puertos, costos de energía y simplificación de trámites.

“Quienes estamos hoy aquí tenemos responsabilidades distintas, pero compartimos un mismo país”, señaló el directivo, quien instó al sector público y privado a trabajar de manera conjunta para incrementar la capacidad exportadora de Guatemala.

¿Sabes cuál es el costo hoy en día de un café? Este es el dilema que plantea Juan Antonio Martínez Rivera, propietario de la cafetería Aromas de San Román, en un vídeo de su cuenta en redes sociales. Según los cálculos del sevillano, el café medianamente decente cuesta alrededor de 40 céntimos para los propietarios.

En los últimos años los precios de los productos básicos de la cesta de la compra han subido por la inflación y las guerras, la caña no cuesta 1 euro ni el menú del día 8. Mientras tanto, el café de especialidad, con un precio significativamente superior al normal, ha llegado para quedarse.

Este tipo de café se diferencia principalmente en el grano, los agricultores seleccionan cuidadosamente cada uno de ellos para recoger el mejor sabor. También se diferencia en el tueste, mientras que en condiciones normales se llega a los 230 grados centígrados, el de especialidad alcanza una temperatura más moderada. Y por último, el márketing asociado ya que una vez le quitas este componente, el precio no es muy diferente. La dosis de café cuesta unos 68 céntimos, lo que en una bebida de 4,50 euros deja un margen bruto de más del 80%.

Los gastos fijos reducen el margen en ambos modelos

Martínez Rivera remarcó que, además de la materia prima, hay que sumar sueldo, luz, alquiler, personal, Hacienda, IRPF e IVA. “Un café deja cincuenta céntimos”, concluyó, antes de preguntarse cuántas tazas necesita vender al día para que el negocio resulte rentable. Los comentarios en la plataforma no tardaron en llegar. Un usuario apuntaba al margen: “Lo que deja es mucho margen no mucho dinero”. Otro apuntaba a los precios exagerados: “Está bien como meme y para reivindicar que tienes muchos gastos, pero aún haciendo unas cuentas exageradas, demuestras que es lo que más margen te deja”.

Un hostelero consultado por este medio compra botes de tres kilos de café por 61 euros, de los que extrae unos 90 cafés por kilo, lo que deja un costo de materia prima de unos 23 céntimos por dosis. Con un precio de venta de 1,60 euros, el margen bruto sobre el grano llega al 85,88%, una proporción muy cercana a la que se desprende de las cuentas del hostelero sevillano.

Un margen de maniobra limitado pese a la rentabilidad aparente

Las cifras de ambos modelos de negocio muestran que el porcentaje de ganancia sobre el grano no define por sí solo la salud financiera de un bar o una cafetería. El margen bruto, cercano al 85% en los dos casos, se calcula únicamente sobre el costo de la materia prima y deja fuera el resto de las cargas que enfrenta cualquier negocio hostelero. Una vez descontados el alquiler, la luz, el personal y los impuestos, ese margen inicial se reduce de forma considerable y el beneficio neto por taza queda en pocos céntimos, según detalló Martínez Rivera. El precio final de un café, entonces, funciona más como un indicador de volumen que de rentabilidad real, pues el negocio solo se sostiene si la cantidad de tazas vendidas compensa la estrechez del margen que queda tras cubrir los gastos fijos.

Este miércoles, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ofreció nueva información sobre la convocatoria para construir centrales eléctricas en conjunto con la iniciativa privada.

Nueve meses después de que la empresa eléctrica del Estado lanzó la convocatoria en cuestión, reveló que aún está en proceso de análisis de los proyectos para firmar los contratos e iniciar las obras.

CFE analiza proyectos mixtos con la inversión privada para construir centrales eléctricas

Durante un taller sobre energía renovable en la Cámara de Diputados, directivos de CFE informaron que las negociaciones para firmar los contratos con las empresas participantes en la primera convocatoria de generación bajo el esquema de desarrollo mixto continúan abiertas.

En su intervención, José Manuel Calva Merino, director jurídico de la Comisión, comentó que en este periodo se han negociado y ajustado cuatro de cinco contratos que se firmarán con las empresas.

“Son cinco los contratos que intervienen en estos proyectos: el de inversión mixta, fideicomiso, prestación de servicios, administración de operación y cobertura eléctrica.

“Le dan certeza a los proyectos, tanto jurídica como financiera. Se fue consensuando con los socios temas como los porcentajes de las garantías de cumplimiento, que fueran algo viable y dentro del mercado para que los bancos tuvieran la seguridad de que son correctas”, explicó el funcionario.

Prevén instalar instancias para resolver eventuales controversias

Calva Merino también reveló que se acordó con los socios ir implementando, de manera gradual, instancias para resolver posibles controversias, por medio de comités, e ir escalando a niveles directivos las situaciones que no se resuelvan.

Si se llegan a presentar casos donde no haya resolución, el paso será acudir a un experto en la materia y, si la disputa persiste, la última instancia será recurrir a un arbitraje internacional, pero bajo las leyes nacionales, en español y en México.

“Este es el primer acto: terminar de firmar y diseñar los contratos para iniciar la etapa de construcción.

“Confiamos que estos contratos sirvan para que todos los proyectos de este tipo puedan llegar a buen término”, comentó Calva durante su intervención en el foro realizado por el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar.

Funcionario explica el plan de la CFE hasta el 2030

Por su parte, Francisco Maldonado, director de Generación de CFE, insistió en que los proyectos mixtos aún se encuentran en proceso de análisis, por lo que la empresa pública no tiene previsto hablar en particular sobre este concurso.

También expuso que de los 22 mil megawatts (MW) de generación de energía limpia que se adicionarán en 2030, la Comisión aportará 15.6 mil MW a través de alianzas con la iniciativa privada y propios.

“Aún existe oportunidad de inversión en cuatro mil 151 MW de proyectos mixtos por asignar, cinco mil 550 MW en proyectos de almacenamiento, cogeneración eficiente, geotermia, termosolar, hidrógeno verde, hidroeléctricas, autoconsumo y sistemas aislados”, dijo Maldonado.

Comisión prevé invertir más de 500 mil millones de pesos para la generación de energía eléctrica

También participó en el taller Eugenio Amador Quijano, director de Finanzas de CFE, quien afirmó que la inversión estimada en generación de energía eléctrica alcanzará los 509 mil millones de pesos. El monto corresponde a 72 proyectos con una capacidad conjunta de 24 mil 100 MW, programados entre este año y 2030.

En obras de transmisión, la inversión prevista es de 132 mil millones de pesos distribuidos en 175 proyectos. Para distribución, CFE estima un gasto de 52 mil millones de pesos en más de 49 mil obras.

¿Cómo va la segunda convocatoria en esquemas de desarrollo mixto?

Asimismo, Amador Quijano habló sobre los avances de la segunda convocatoria en esquemas de desarrollo mixto, para el cual se recibieron 200 proyectos de generación, de ese universo 64 están en probable etapa de evaluación.

Dichos proyectos corresponden a 32 grupos de interés, que representan 57 razones sociales diferentes. Mientras que la capacidad de esos proyectos es de ocho mil 99 MW distribuidos en seis regiones, enfatizó el directivo.

CFE presentó proyectos de redes eléctricas y centrales a la industria privada

La Comisión Federal de Electricidad presentó 32 proyectos de redes eléctricas y cuatro de generación eléctrica a empresas privadas y actores clave del sector energético nacional.

De acuerdo con Bloomberg, la empresa hizo pública la reunión con la industria en un comunicado emitido cuatro días después del roadshow realizado en la Ciudad de México el viernes 23 de octubre.

Pese a la demora en hacer pública la información, la CFE indicó que los proyectos serán adjudicados en los próximos meses, sin precisar la fecha.

La inversión aproximada de los proyectos es de 35 mil 900 millones de pesos. El monto representa siete mil 180 megawatts y dos mil 152 kilómetros circuito en 245 obras, integradas por 107 líneas de transmisión y 138 subestaciones eléctricas.

Sobre la cartelera de proyectos, ésta se distribuye en tres modalidades de ejecución y financiamiento: Fibra E, obra pública presupuestal y obra pública financiada.

Aunque está lejos de ser una empresa eléctrica altamente óptima en su operación, la CFE ya analiza los proyectos mixtos de inversión para la construcción de centrales eléctricas, así como otros proyectos.

De acuerdo con la agencia calificadora Fitch Ratings, el crecimiento económico sostenido y la consolidación fiscal son dos factores vitales para que México mejore su calificación crediticia.

Todd Martínez, director senior y codirector de la División de Soberanos para las Américas de la calificadora, detalló, durante su participación en Norte Económico, el podcast de Banorte, que un mayor crecimiento económico y una consolidación fiscal compatible con una trayectoria descendente de la deuda como Proporción del Producto Interno Bruto (PIB) serían factores destacados para considerar un incremento en la nota soberana del país.

“Creo que el crecimiento es la piedra angular de este escenario”, dijo.

Fitch Ratings ve complicado que México mejore su calificación crediticia

Martínez fue contundente, al explicar que no bastaría con uno o dos años de crecimiento favorable en la economía de nuestro país.

Lo anterior, porque la agencia calificadora necesitaría confianza en que una expansión económica sostenida se convierta en el escenario habitual de México para mejorar la calificación.

¿Qué calificación crediticia tiene México ante Fitch?

Cabe señalar que, actualmente, Fitch Ratings mantiene la calificación crediticia de México en “BBB-”, con perspectiva estable, es decir, el último escalón del grado de inversión antes de ingresar en la categoría especulativa, conocida como bono basura.

Pese a que la perspectiva se mantiene estable, el director senior aclaró que esto no significa que todos los riesgos estén perfectamente equilibrados o superados. En consecuencia, consideró que el país enfrenta dificultades para mejorar su nota en los próximos años.

“Vemos bastante cuesta arriba que México mejore su calificación en los próximos años”, advirtió.

Ante esta situación, los factores que considera Fitch y podrían favorecer una revisión al alza son:

• Un crecimiento económico más sólido.
• Una consolidación fiscal compatible con una trayectoria descendente de la deuda respecto al PIB.
• Un cambio operativo en Petróleos Mexicanos (Pemex).

Bajo crecimiento económico pone en jaque la consolidación fiscal

Uno de los principales riesgos para la calificación soberana de México, según Fitch Ratings, es que persista el escenario actual de crecimiento económico moderado, sin avances suficientes en el bienestar de la población.

Un crecimiento débil limitaría la capacidad del gobierno para aumentar sus ingresos tributarios y dificultaría el cumplimiento de sus objetivos de consolidación fiscal. Esto podría mantener la deuda pública en una trayectoria ascendente.

Aunque no existe un umbral específico de deuda respecto al PIB a partir del cual México pierda de manera automática el grado de inversión, lo que es un hecho, es que el país cuenta con un margen estrecho frente a su nivel actual, cercano al 55 por ciento del PIB.

“Y si hay mejor crecimiento de lo que estamos proyectando, eso no quita la necesidad de un importante ajuste fiscal, pero sí podría darle más colchón a la calificación y darle más tiempo a México para ese ajuste. Y bueno, si hay menor crecimiento de lo que pensamos, ese colchón simplemente se agotaría más rápidamente”, explicó Todd Martínez.

Se ha debilitado el perfil fiscal de México frente a otros países

Por otro lado, Martínez comentó que el perfil fiscal de México se ubica a “media tabla” entre sus pares con grado de inversión.

Sin embargo, anteriormente –recordó el analista– era más sólido, pero se ha ido debilitando con el paso de los años.

Para Fitch, un factor relevante es el peso que representa el pago de intereses de la deuda dentro de los ingresos públicos. En México, este gasto absorbe 17 por ciento de los ingresos, mientras que la mediana entre los países con calificación “BBB” es de 9 por ciento.

Esta brecha refleja la baja carga tributaria del país. Para Fitch, resulta clave evaluar la deuda en relación con los ingresos del gobierno, no solo compararla con el tamaño de la economía.

Países asiáticos, referencia para la situación económica de México

Dado el presente que vive nuestro país, Martínez puso como referencia a la India, que mantiene niveles elevados de deuda y déficit, pero registra un crecimiento económico cercano al 7 por ciento, lo que ayuda compensar parte de sus presiones fiscales.

Además, puso como ejemplo a Indonesia, nación que tiene una deuda y un déficit menores que México, aunque enfrenta una carga tributaria reducida y cuenta con un mercado de capitales menos profundo.

“No basta una economía grande, un mercado de capitales profundo para asegurar el grado de inversión o tampoco un banco central independiente. Hay que cuidar el tema fiscal”, enfatizó.

El futuro del país está en una incertidumbre total, ya que la agencia Fitch Rating, de plano, consideró que ve complicado que México mejore su calificación crediticia por el crecimiento económico moderado.

El aumento aproximado de 11.2% frente al mismo período de 2025 llevó el total conjunto de inversión extranjera directa y exportaciones de bienes de República Dominicana a USD 17,771.5 millones entre enero y septiembre de 2026, USD 1,784 millones más que los USD 15,987.5 millones registrados un año antes.

Los datos preliminares del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) muestran avances en ambos indicadores. La inversión extranjera directa alcanzó USD 4,525.1 millones y las exportaciones de bienes llegaron a USD 13,246.4 millones durante los primeros nueve meses del año.

República Dominicana registró un aumento de 3.7% en la inversión extranjera directa y de aproximadamente 14% en las exportaciones de bienes entre enero y septiembre de 2026. El resultado reunió mayores ingresos de capital internacional y un incremento de las ventas externas de productos nacionales y de zonas francas.

Las exportaciones de bienes crecieron cerca de 14% hasta septiembre

Las exportaciones de bienes totalizaron USD 13,246.4 millones en el período analizado. En igual tramo de 2025, el valor había sido de USD 11,624.3 millones.

El crecimiento estuvo impulsado por las exportaciones de bienes nacionales, que aumentaron 27.4% hasta USD 6,571.2 millones. Las exportaciones de zonas francas, a su vez, subieron 3.2% y alcanzaron USD 6,675.2 millones.

Ambos componentes explicaron el resultado de las ventas externas de bienes. Las cifras reflejan un aumento de la oferta exportable dominicana en los mercados internacionales.

El desempeño de las exportaciones se produjo junto con acciones públicas y privadas dirigidas a la promoción comercial, la identificación de oportunidades y el acompañamiento a empresas con presencia o interés en mercados externos.

La inversión extranjera directa sumó USD 4,525.1 millones

La inversión extranjera directa ascendió a USD 4,525.1 millones entre enero y septiembre de 2026. El monto fue USD 161.9 millones mayor que los USD 4,363.2 millones captados en el mismo período del año anterior.

El incremento interanual fue de 3.7%, según las cifras preliminares del BCRD. El comportamiento se incorporó a una trayectoria de aumento de los flujos de inversión extranjera recibidos por el país.

Entre 2010 y 2019, República Dominicana recibió un promedio anual de USD 2,538.0 millones en inversión extranjera directa. Durante el período 2021-2025, el promedio anual se ubicó en USD 4,248.4 millones.

La diferencia entre ambos promedios representó un aumento de 67.4%. El dato muestra una mayor captación de capital extranjero respecto de la década anterior.

ProDominicana vinculó los resultados con las políticas de competitividad

El director ejecutivo de ProDominicana, Vladimir Pimentel, sostuvo que la inversión extranjera directa y las exportaciones son componentes vinculados al desarrollo productivo y a la inserción internacional del país.

“Estos resultados reflejan la confianza que continúa generando la República Dominicana entre los inversionistas internacionales y el fortalecimiento de nuestra capacidad exportadora”, expresó Pimentel.

El funcionario señaló que los resultados están asociados a un trabajo entre instituciones públicas y el sector privado. También mencionó políticas dirigidas a mejorar la competitividad, facilitar las inversiones y ampliar las oportunidades de las empresas en el exterior.

ProDominicana desarrolla acciones de promoción internacional, inteligencia de mercados y acompañamiento a empresas e inversionistas. La institución enmarca esas tareas en una estrategia que reúne objetivos de desarrollo productivo, comercio exterior y promoción de inversiones.

La entidad también promueve la diversificación de las exportaciones y la identificación de nuevas oportunidades comerciales. Estas medidas se suman a los esfuerzos para atraer y expandir proyectos de inversión.

La Ventanilla Única de Inversión integró 50 trámites de 26 instituciones

La Ventanilla Única de Inversión (VUI), coordinada por ProDominicana, integra 50 trámites de 26 instituciones. Entre los organismos incluidos figuran diversos ayuntamientos.

Hasta septiembre de 2026, la plataforma realizó 601 actividades de promoción y uso. Además, brindó 922 asistencias a inversionistas y registró 715 usuarios inscritos y activos.

La VUI tiene como objetivo simplificar los procesos vinculados a la inversión en el país. Su funcionamiento forma parte de las acciones de facilitación promovidas por ProDominicana.

La institución desarrolla medidas orientadas a vincular a proveedores locales con las cadenas de valor. También impulsa actividades de mayor valor agregado, incluidos los servicios modernos y los sectores relacionados con la economía digital.

Pimentel indicó que la estrategia contempla la articulación entre la inversión extranjera y las exportaciones. Según explicó, el enfoque busca ampliar las oportunidades comerciales, los encadenamientos productivos y la participación de empresas dominicanas en los mercados internacionales.

México e India dieron este miércoles el primer paso formal hacia un Acuerdo de Comercio Preferencial (ACP) con la firma de los Términos de Referencia, documento que fija el marco, el alcance, las modalidades y la hoja de ruta de las negociaciones, informó la Secretaría de Economía en el comunicado número 102.

La firma marca el inicio formal de las negociaciones para alcanzar un acuerdo equilibrado y de beneficio mutuo. Según la dependencia, el pacto podría ampliar el comercio bilateral, generar oportunidades de negocio, incrementar los flujos de inversión y contribuir a cadenas de suministro más resilientes y diversificadas.

Una reunión que parte de un compromiso de 2025

El arranque de las negociaciones da seguimiento al entendimiento alcanzado entre el primer ministro de India, Narendra Modi, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su reunión al margen de la Cumbre del G7, realizada en Canadá en junio de 2025. En ese encuentro, ambos mandatarios acordaron fortalecer y profundizar la asociación entre los dos países.

La firma se dio durante la visita a México de Rajesh Agrawal, secretario del Departamento de Comercio del Ministerio de Comercio e Industria de India. Se reunió con Luis Rosendo Gutiérrez Romano, subsecretario de Comercio Exterior, quien participó en representación del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon.

Ambas delegaciones analizaron las perspectivas de la relación económica bilateral y las oportunidades para incrementar el comercio y la inversión.

Los temas que abarcará la negociación

Los Términos de Referencia contemplan los siguientes ámbitos:

• Acceso a mercados de bienes
• Reglas de origen
• Procedimientos aduaneros y facilitación del comercio
• Solución de diferencias
• Medidas sanitarias y fitosanitarias
• Obstáculos técnicos al comercio
• Medidas de defensa comercial

Sectores con mayor potencial

De acuerdo con la Secretaría de Economía, la iniciativa busca aprovechar las complementariedades entre ambas economías y abrir oportunidades para los productos y las empresas mexicanas en uno de los mercados más importantes del mundo.

La dependencia añadió que, por sus sólidos vínculos con las cadenas globales de valor, México también es un mercado relevante para exportadores e inversionistas indios.

Los sectores con mayor potencial son:

• Automotriz
• Químico
• Electrónico
• Farmacéutico
• Agroalimentario
• Energético y de minerales críticos
• Dispositivos médicos y manufacturas avanzadas

Misión empresarial en 2027

Durante el encuentro, las delegaciones abordaron otros aspectos de la agenda económica bilateral con el propósito de identificar oportunidades para profundizar las relaciones comerciales y de inversión, y fortalecer la cooperación entre los sectores productivos.

Además, ambas partes analizaron la posibilidad de impulsar una misión empresarial mexicana a India durante el primer trimestre de 2027. Según el comunicado, el objetivo sería facilitar encuentros de negocios entre empresas, identificar oportunidades comerciales y fortalecer los vínculos entre los sectores productivos de ambos países.

El Gobierno de Brasil extendió por 30 días más la subvención al diésel con el propósito de amortiguar las consecuencias que el conflicto en Medio Oriente genera sobre el mercado de los combustibles, según informaron fuentes oficiales.

La administración de Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue reelegido el domingo tras imponerse en segunda vuelta electoral frente al opositor Flávio Bolsonaro, precisó que la ayuda se mantiene en 2,12 reales (0,40 dólares) por cada litro de diésel.

El Ejecutivo indicó en un comunicado que la prórroga busca “reducir el impacto de la volatilidad de los precios internacionales de los combustibles en el mercado brasileño”.

A su vez, señaló que una vez vencido el nuevo plazo, podrá renovar la medida en función de la evolución del mercado internacional de los combustibles.

El gobierno brasileño remarcó que la extensión de la ayuda no implicará costos adicionales para las cuentas públicas, en un contexto marcado por la inquietud de los operadores bursátiles ante el crecimiento del déficit fiscal y la deuda pública durante la gestión de Lula.

El primer paquete de subsidios al sector de los combustibles fue anunciado el pasado 9 de octubre, días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. En aquella oportunidad, además de fijar ayudas para reducir el precio del diésel, el Ejecutivo dispuso asistencia para las empresas importadoras del combustible.

Lula se impuso con el 52% de los votos, frente al 48% que obtuvo el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del ex presidente Jair Bolsonaro y candidato preferido del mercado financiero por sus planes de recorte del gasto público.

Un total de 298,713 familias no tienen ingresos suficientes para solventar sus necesidades básicas en Costa Rica, lo que sitúa la pobreza en el 15.4% de los hogares del país.

La cifra representa a cerca de 919 mil personas que enfrentan severas dificultades cotidianas para financiar gastos elementales como techo, salud, transporte y vestimenta, de acuerdo con los registros oficiales de la Encuesta Nacional de Hogares elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Dentro de este panorama social, la pobreza extrema se mantiene congelada en un 3.8%, una condición que perjudica de manera directa a 73,830 hogares en el territorio nacional.

Esto significa que aproximadamente 243 mil ciudadanos sobreviven con entradas de dinero tan limitadas que ni siquiera alcanzan para costear la cantidad mínima de comida que requiere un ser humano para subsistir cada mes.

La proporción de viviendas que no logran cubrir el costo de vida en el país registró una variación leve de 0.2 puntos porcentuales frente al periodo anterior, cuando el indicador se ubicaba en 15.2% con 286,365 hogares afectados.

Aunque la entidad técnica señala que esta diferencia porcentual refleja estabilidad en el comportamiento general de la población, en términos absolutos la cantidad de núcleos familiares desprovistos de recursos aumentó en 12,348 familias adicionales en apenas un año.

El estancamiento en estos niveles evidencia que el crecimiento económico general no se traslada con fluidez hacia los estratos de menores ingresos en Costa Rica. Quienes integran este segmento enfrentan no solo carencias para adquirir alimentos de primera necesidad, sino también un acceso precario a:

• Servicios públicos indispensables
• Artículos de aseo e higiene personal
• Conectividad básica en sus viviendas.

La pobreza extrema golpea a 73 mil familias que no logran costear la canasta de alimentos

La situación más crítica del país recae sobre las familias en pobreza extrema, en las que los recursos monetarios disponibles por persona son inferiores al valor de la Canasta Básica Alimentaria.

Este grupo se compone de ciudadanos que no logran satisfacer los requerimientos calóricos mínimos para una nutrición adecuada, lo que deteriora la salud física y limita las oportunidades laborales y educativas de sus miembros.

El dato de 243 mil personas sumidas en esta condición extrema confirma una barrera estructural persistente. En la mayoría de estos hogares, las personas dependen de empleos ocasionales, salarios informales o jornadas parciales que no aseguran una remuneración mensual suficiente.

El umbral monetario que calcula el INEC para fijar la línea de indigencia presenta variaciones notorias de acuerdo con la zona de residencia del habitante. En los distritos rurales, el valor mensual por persona de la canasta alimentaria se situó en ₡49.591 colones (aproximadamente USD 95,50) durante setiembre de 2026, tras haber marcado ₡49.751 colones (unos USD 95,80) en agosto.

Una persona en el campo que disponga de menos de esa suma al mes cae de forma inmediata en la categoría de extrema vulnerabilidad alimentaria. Por su parte, los precios de los productos en las ciudades imponen una presión económica todavía más pesada sobre las familias.

En las áreas urbanas, el costo de la canasta básica alimentaria por persona se colocó en ₡58.664 colones (cerca de USD 113) mensuales en agosto de 2026, cifra que aumentó con respecto a los ₡58.052 colones (unos USD 111,80) observados en julio. De este modo, un hogar promedio de cuatro miembros en una zona urbana requiere al menos ₡234.656 colones (alrededor de USD 452) al mes exclusivamente para asegurar su alimentación diaria, sin contar un solo colón para vivienda, electricidad, agua o transporte.

Las micro y pequeñas empresas de El Salvador registraron su nivel histórico más alto de optimismo comercial durante el segundo trimestre de 2026, impulsadas por la aceleración de la economía, aunque este entusiasmo convive con una profunda desigualdad que impide a los negocios más humildes transformar ese buen momento en mayores ingresos.

El estudio presentado el pasado 23 de octubre por el Observatorio MYPE de la Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral (FUSAI) detalló que la confianza de los propietarios trepó a 47.1 puntos y el índice que mide este clima productivo alcanzó 109.1 puntos, los registros más elevados en los últimos 25 trimestres de seguimiento continuo.

Esta percepción favorable coincide con un período de expansión para el país, en el cual la producción nacional creció un 4.8% durante el primer trimestre del año, una cifra que duplica con creces el promedio del 2.2% observado en los primeros trimestres de los últimos 17 años.

La actividad económica recibió el impulso de sectores dinámicos como la construcción, que aumentó un 13.5%, y el rubro de hoteles y restaurantes, que avanzó un 7.1%.

A este dinamismo se sumó el flujo de dinero que envían los compatriotas desde el exterior, con un récord de USD 9,987,9 millones en remesas durante 2025, recursos que sostienen el consumo cotidiano en las comunidades.

La brecha en ventas entre pequeños comercios y negocios de subsistencia supera los 50 puntos

A pesar de este escenario general favorable, el dinero no llega a todos los bolsillos por igual. Si bien el optimismo entre los negocios pequeños y las microempresas de subsistencia presenta una diferencia moderada de 21,2 puntos, la distancia real en el volumen de ventas revela una fractura profunda: la brecha de ventas entre ambos grupos alcanza 52,8 puntos.

Las pequeñas empresas lograron un saldo positivo de 42,4 puntos en sus ventas, mientras que las microempresas de subsistencia cayeron en un terreno negativo de diez puntos por debajo de cero.

El contraste se repite en otras áreas clave para el crecimiento: la distancia entre ambos sectores llega a 43,1 puntos en la contratación de personal y a 39,2 puntos en inversiones destinadas a comprar maquinaria, herramientas o mercadería. De esta manera, aunque los negocios más pequeños perciben un ambiente favorable en el país, carecen de los medios necesarios para aumentar sus ganancias y contratar colaboradores.

La aparición constante de tiendas idénticas satura el consumo en los barrios

El problema central para la base de este sector productivo radica en las dificultades cotidianas del mercado vecinal. El informe de FUSAI señaló que el 42% de los propietarios considera que el exceso de competencia es su mayor obstáculo para salir adelante. Entre quienes sufren esta presión comercial, el 63% afirma que abrieron nuevos puestos con mercadería idéntica en su misma zona.

Esta situación provoca que tiendas de abarrotes, bazares y comedores se disputen un grupo de clientes que no aumenta sus compras al mismo ritmo. Además de la competencia desmedida, casi tres de cada diez negocios enfrentan la caída en la clientela y la falta de efectivo para reponer sus productos, lo que frena cualquier posibilidad de progreso.

El estancamiento de los pequeños establecimientos se vincula estrechamente con una desprotección histórica. En El Salvador, el 74.2% de los micro y pequeños negocios opera en la informalidad absoluta, lo que significa que no declaran impuestos sobre la renta ni inscriben a sus trabajadores en el Seguro Social o en los fondos de jubilación.

En el escalón más bajo, correspondiente a las unidades de subsistencia, la ausencia de registros oficiales se agrava y alcanza al 85.1%. Al operar fuera de los canales formales, los emprendedores no pueden solicitar préstamos bancarios con intereses justos ni participar en compras públicas, lo que perpetúa su fragilidad ante cualquier imprevisto financiero.

El Partido de los Trabajadores (PT) afirmó que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se propone alcanzar el superávit fiscal durante “todos los años” de su próximo mandato, en medio de la turbulencia desatada este lunes tras su reelección en segunda vuelta.

“Lula hará un Gobierno que buscará el superávit y el equilibrio fiscal” con el objetivo de “generar capacidad de inversión”, declaró el líder del PT, Edinho Silva, en una entrevista con CNN Brasil.

El triunfo de Lula sobre el senador Flávio Bolsonaro —con un 52% de los votos frente al 48%— provocó este lunes un desplome en la bolsa de São Paulo y una marcada depreciación del real brasileño.

El Ibovespa, principal índice del mercado bursátil brasileño, cerró con una caída del 13,88%, la mayor desde marzo de 2020, cuando irrumpió el COVID-19.

Por su parte, el real perdió un 8,2% de su valor frente al dólar.

Los mercados financieros apostaban por la victoria del hijo mayor del ex presidente Jair Bolsonaro, quien había prometido un recorte drástico en impuestos, burocracia y gasto público estimado en 200.000 millones de reales (unos 37.000 millones de dólares al cambio actual).

La reelección de Lula reavivó los temores sobre el deterioro de las cuentas públicas bajo su gestión progresista.

En su mandato actual, iniciado en 2023, la deuda pública partió de un 73,5% del PIB y en agosto de este año ya alcanzaba el 82,9%. El déficit fiscal se duplicó, pasando del 4,68% a finales de 2022 al 9,48% del PIB en términos interanuales.

No obstante, Brasil ha registrado un crecimiento superior al 2% en los últimos tres años, con el desempleo en mínimos históricos y una inflación relativamente contenida, ubicada actualmente en el 4,58% interanual.

En esa línea, Edinho Silva aseguró que Lula “perseguirá el superávit fiscal durante todos los años” de su nuevo mandato, el cuarto no consecutivo, que comenzará el 5 de enero de 2027.

“Quiere un cuarto mandato histórico, que enfrente los principales problemas de nuestro país” y “para ponerlo en práctica el Gobierno tiene que tener capacidad de inversión” y “eso solo se tiene cuando se gasta menos de lo que se recauda”, explicó.

Consultado sobre posibles nombres para el Ministerio de Hacienda, Silva indicó que Lula mantuvo hoy despachos internos en Brasilia sobre proyectos parlamentarios y que, por el momento, no ha comenzado a definir la composición de su nuevo gabinete.

El crecimiento económico y la creación de empleo no están llegando con la misma intensidad a todos los hogares españoles. España ha pasado de ocupar una posición intermedia en la Unión Europea a situarse entre los cinco países con mayor tasa de carencia material y social severa, un indicador que mide las dificultades para afrontar gastos básicos y mantener unas condiciones de vida adecuadas. Así lo advierte Funcas en un análisis elaborado con datos de Eurostat, que concluye que la evolución favorable de la economía no se ha traducido en una mejora proporcional para los sectores más vulnerables.

En 2015, España ocupaba el decimoquinto puesto entre los 27 países de la UE, ordenados de mayor a menor tasa de privación. Entonces, el indicador se situaba en el 7,4%, por debajo del promedio comunitario, que alcanzaba el 9,7%. Una década después, el panorama ha cambiado: en 2025, la tasa española llegó al 8,1%, mientras que la media europea descendió hasta el 6,3%.

El deterioro de la posición relativa española refleja una evolución desigual entre los países comunitarios. Aunque la economía nacional ha mantenido el crecimiento y el empleo ha avanzado durante los últimos años, la proporción de personas que acumulan dificultades materiales y sociales no ha registrado una reducción comparable. El problema resulta especialmente relevante porque afecta a quienes tienen menos margen económico para absorber imprevistos o cubrir sus necesidades cotidianas.

Un indicador que mide más que la falta de dinero

Para interpretar correctamente los datos, Funcas recuerda que la metodología europea ha cambiado. Eurostat ha sustituido el indicador de carencia material severa por el de carencia material y social severa como principal referencia. El Instituto Nacional de Estadística (INE) continúa publicando la medida anterior, por lo que el análisis de la fundación tiene en cuenta ambos indicadores para ofrecer una visión más completa de la evolución de la vulnerabilidad.

La antigua medición consideraba que existía una situación severa cuando un hogar acumulaba al menos cuatro carencias de una lista de nueve. El indicador actual exige siete privaciones de un total de trece y amplía el análisis a circunstancias individuales, además de incorporar aspectos relacionados con la participación en la vida social.

Entre los elementos que se tienen en cuenta figuran las dificultades económicas para reunirse con familiares o amigos, disfrutar de actividades de ocio, disponer de una pequeña cantidad de dinero para gastos personales o sustituir la ropa y el calzado deteriorados. En cambio, se han retirado cuestiones como no poder tener teléfono, televisión en color o lavadora, que han perdido capacidad para diferenciar las situaciones de privación debido a su menor incidencia.

Los hogares con niños soportan las mayores dificultades

La situación más desfavorable aparece en las familias con menores de 16 años. En 2025, la carencia material severa alcanzó al 8,5% de estos hogares, frente al 7,6% del conjunto de la población. Si se utiliza la medición más amplia, que incorpora las privaciones sociales, la tasa se eleva al 10,7%, frente a una media nacional del 8,1%.

La brecha también se mantiene cuando se analiza el periodo completo entre 2015 y 2025. Durante esos años, los hogares con niños registraron niveles de privación superiores a los del conjunto de la población: la diferencia media fue de 1,5 puntos porcentuales en el indicador material y de tres puntos en el de carencia material y social severa. Los datos apuntan, por tanto, a una vulnerabilidad persistente que no se limita a un solo ejercicio.

Por el contrario, entre las personas de 30 a 64 años, una franja que concentra buena parte de la población en edad laboral, las tasas se acercan más a la media. En 2025, el 8% se encontraba en situación de carencia material severa y el 8,8% en la categoría que incorpora también las privaciones sociales. La comparación sugiere que la edad y la composición del hogar siguen siendo factores importantes para entender quién afronta mayores dificultades económicas.

Los mayores mejoran su posición relativa

La evolución de las personas de 65 años o más presenta un patrón diferente. Entre 2015 y 2025, su tasa media de carencia material severa se situó 3,3 puntos por debajo de la general. También destaca la trayectoria del indicador de privación material y social: pasó del 3,5% en 2015 al 8,1% en 2018, antes de iniciar una tendencia descendente.

En 2025, esa última tasa había retrocedido hasta el 4,7%, frente al 8,1% registrado para el conjunto de la población. El resultado sitúa a los mayores en una posición comparativamente favorable dentro de España y ayuda a explicar por qué la distribución de las carencias varía tanto entre grupos de edad.

Esta diferencia no significa que todas las personas mayores estén protegidas frente a la pobreza. Los datos muestran una comparación estadística entre grupos, pero no eliminan las dificultades que pueden experimentar quienes afrontan pensiones bajas, gastos elevados o situaciones de dependencia.

España se aleja de la mejora registrada en Europa

La comparación internacional refuerza la preocupación por la trayectoria española. Durante la última década, las mayores reducciones de la carencia material y social severa se han producido principalmente en países de Europa del Este, muchos de ellos con tasas iniciales elevadas, y también en algunos países del sur del continente. En cambio, varias economías con niveles iniciales más bajos han registrado aumentos o una evolución más estable.

En este segundo grupo aparecen países como Alemania, Austria, Francia y Luxemburgo, además de los tres Estados nórdicos. España se suma a los países en los que la tasa no ha experimentado una caída significativa, pese a partir de una situación que no era especialmente favorable. El resultado es un empeoramiento de su posición relativa en el conjunto comunitario.

El patrón de mayor privación entre los menores que entre los mayores también se observa en el resto de la UE. Sin embargo, España ha dejado de destacar tanto por la desventaja relativa de los niños, cuya situación se ha aproximado a la media europea, como por la posición favorable de los mayores, cuyas tasas de carencia continúan entre las más bajas de la Unión en relación con el conjunto de la población.

El desarrollo económico de una nación depende de sus recursos naturales, su capacidad productiva o sus decisiones macroeconómicas. Pero, además, existe un factor determinante: la calidad de sus instituciones jurídicas. La Constitución, las leyes, la protección de la propiedad privada, el cumplimiento de los contratos y el funcionamiento de la Justicia constituyen condiciones esenciales para la inversión, la seguridad, la innovación, el crecimiento sostenible y, en definitiva, la inserción de Argentina en el mundo.

La relación entre el derecho y la economía es mucho más profunda de lo que habitualmente se reconoce: ambos organizan aspectos centrales de la convivencia social. Mientras la economía estudia la asignación de recursos, los incentivos y las decisiones de los individuos, el derecho establece las reglas bajo las cuales esas decisiones se adoptan, se desarrollan y producen consecuencias.

No existe actividad económica completamente ajena al ordenamiento jurídico. Desde la celebración de un contrato hasta la constitución de una empresa, desde la adquisición de una vivienda hasta el desarrollo de tecnología, toda iniciativa necesita un marco de derechos, obligaciones y garantías que permita proyectar sus consecuencias.

Por eso, la calidad de un sistema jurídico debe medirse por su capacidad para resolver conflictos o sancionar conductas ilícitas y, también, por su contribución a la estabilidad institucional, la confianza social y la generación de oportunidades.

El derecho crea las condiciones para que millones de personas produzcan riqueza. Un ordenamiento jurídico imprevisible o incapaz de garantizar los derechos puede convertirse en un obstáculo para el desarrollo, incluso en países que disponen de abundantes recursos naturales y capital humano.

Las instituciones como determinantes del desarrollo

Uno de los principales aportes para comprender este vínculo entre derecho y economía ha sido desarrollado por el economista Douglass North, distinguido con el Premio Nobel de Economía en 1993.

North señala que las instituciones estructuran las relaciones humanas y determinan los incentivos que orientan el comportamiento de los individuos y las organizaciones. Dentro de ellas se encuentran las constituciones, las leyes, los derechos de propiedad y los mecanismos destinados a garantizar su cumplimiento. Su contribución permite comprender que las diferencias en el desempeño económico de los países no pueden explicarse únicamente por la disponibilidad de recursos o la acumulación de capital. También intervienen las reglas institucionales que condicionan su utilización.

En su trabajo Institutions (1991), North explicó cómo las instituciones influyen sobre los costos de transacción, la incertidumbre y los incentivos económicos. Posteriormente, en su conferencia de aceptación del Nobel, profundizó sobre el papel de las instituciones políticas y económicas en el desempeño de las sociedades.

Un empresario que decide invertir, una familia que busca adquirir una vivienda o un emprendedor que desarrolla un producto necesitan poder anticipar, con razonable certeza, cuáles serán las consecuencias jurídicas de sus decisiones. La posibilidad de proyectar esas consecuencias depende de factores concretos: la estabilidad normativa, la protección de los derechos adquiridos, el respeto por los contratos y la actuación de tribunales independientes.

La seguridad jurídica constituye una condición del desarrollo económico porque permite transformar expectativas individuales en proyectos sostenibles.

Gary Becker: el derecho y los incentivos que orientan la conducta humana

Otro aporte relevante corresponde a Gary Becker, premio Nobel de Economía en 1992, cuya obra amplió el análisis económico hacia campos tradicionalmente estudiados por otras disciplinas.

Becker demostró que los incentivos influyen sobre las decisiones humanas en ámbitos tan diversos como la educación, la familia, el trabajo, la discriminación y la criminalidad. Su contribución ofrece herramientas para comprender cómo las personas responden a diferentes beneficios, costos y restricciones.

Esta perspectiva resulta especialmente significativa para el derecho, porque las leyes no solamente establecen prohibiciones, autorizaciones o sanciones: también modifican los incentivos bajo los cuales las personas actúan. La enseñanza que puede extraerse de Becker es que las consecuencias de una norma no se agotan en su formulación jurídica: también deben examinarse los comportamientos que puede incentivar o desalentar.

En este sentido, no puede ignorarse que las decisiones legislativas, administrativas y judiciales tienen efectos sobre la organización de la sociedad y el desenvolvimiento de la actividad económica. Una buena legislación, será, entonces, aquella que permita alcanzar sus objetivos constitucionalmente legítimos mediante reglas claras, proporcionadas y aplicables.

Edmund Phelps: innovación, dinamismo y calidad institucional

La relación entre derecho y desarrollo también puede examinarse a partir de la obra de Edmund Phelps, distinguido con el Premio Nobel de Economía en 2006.

Phelps desarrolló importantes contribuciones sobre las relaciones entre inflación, empleo y expectativas. Asimismo, dedicó parte de sus investigaciones al dinamismo económico, entendido como la capacidad de una sociedad para generar, desarrollar e incorporar nuevas ideas.

En sus trabajos sobre innovación e instituciones, destacó la importancia de factores como el derecho societario, los mecanismos de financiamiento, la gobernanza empresarial, los procedimientos concursales y la formación de capacidades individuales para favorecer el desarrollo de nuevos proyectos.

De este modo, la innovación requiere reglas que permitan convertir una idea en una actividad productiva, proteger los resultados de la investigación, organizar empresas, incorporar inversores y resolver las controversias que inevitablemente surgen en cualquier proceso de transformación. Hoy, la aparición de nuevas tecnologías demuestra la relevancia de esta cuestión. La inteligencia artificial, la economía digital, las plataformas tecnológicas y las nuevas modalidades de contratación presentan desafíos jurídicos que deben abordarse sin desconocer su potencial innovador.

En este contexto, el desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos, la prevención de daños y la preservación de espacios para la innovación. Es allí donde el derecho debe ofrecer respuestas al progreso tecnológico sin convertirse en una barrera para ese progreso.

La Constitución Nacional como fundamento jurídico del desarrollo

En la Argentina, la relación entre libertad, derecho y actividad económica se encuentra presente en el propio diseño constitucional. La Constitución Nacional reconoce un conjunto de derechos y garantías que configuran las bases jurídicas de la actividad económica.

El artículo 14 asegura, entre otros, los derechos de trabajar, ejercer toda industria lícita, comerciar, usar y disponer de la propiedad y asociarse con fines útiles. El artículo 17 consagra la inviolabilidad de la propiedad y establece garantías frente a su privación. El artículo 18 protege el debido proceso y la defensa en juicio, mientras que el artículo 19 delimita el ámbito de actuación de la autoridad estatal frente a las acciones privadas.

Estos principios, entre otros, conforman una estructura de garantías destinada a proteger la libertad individual y limitar el ejercicio arbitrario del poder. Desde esta perspectiva, la Constitución protege un espacio de libertad dentro del cual las personas pueden desarrollar sus proyectos económicos y personales.

Esta concepción encuentra su antecedente en Juan Bautista Alberdi. Alberdi examinó las disposiciones de la Constitución de 1853 desde la perspectiva de la libertad económica, la propiedad, el trabajo, el comercio y las condiciones institucionales necesarias para el progreso nacional. Su pensamiento conserva actualidad por una razón fundamental: reconoció que el desarrollo económico no podía separarse de la organización jurídica del país.

La libertad de emprender, producir, comerciar e invertir requiere garantías institucionales que la hagan efectiva. No basta con reconocer derechos de manera declarativa si su ejercicio puede quedar sometido a decisiones arbitrarias o a obstáculos irrazonables.

Así, el constitucionalismo argentino ofrece fundamentos propios para comprender que la prosperidad no depende solamente de decisiones de política económica, sino también de la vigencia efectiva del Estado de derecho.

La Justicia como garantía de confianza y previsibilidad

La independencia de los jueces y la eficacia de los mecanismos de resolución de controversias constituyen garantías indispensables para la vigencia del Estado de derecho, pero también tienen consecuencias sobre la confianza de quienes desarrollan actividades económicas.

Un contrato es una manifestación de confianza en que las obligaciones asumidas serán cumplidas y, ante un eventual incumplimiento, existirá una instancia institucional capaz de resolver el conflicto mediante reglas previamente establecidas. Así, la posibilidad de recurrir a tribunales independientes reduce la necesidad de depender exclusivamente de relaciones personales, garantías informales o mecanismos privados de protección.

En consecuencia, la existencia de una Justicia imparcial, eficiente, transparente, igualitaria y de fácil acceso para la sociedad, principal usuaria del sistema de administración de justicia, facilita las relaciones económicas entre personas, empresas que operan en distintas jurisdicciones e inversores que deben adoptar decisiones con efectos durante muchos años.

La protección de la propiedad y la libertad contractual

La propiedad privada y la libertad de contratación ocupan un lugar destacado en la arquitectura jurídica de las sociedades modernas. La propiedad permite atribuir derechos sobre bienes materiales e inmateriales, organizar su utilización y establecer las condiciones bajo las cuales pueden ser transmitidos. La libertad contractual, por su parte, posibilita que las personas organicen voluntariamente sus relaciones patrimoniales dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico.

La protección jurídica de la propiedad requiere mecanismos confiables, procedimientos eficaces de tutela, garantías frente a intervenciones arbitrarias y criterios judiciales consistentes.

Con los contratos, la autonomía de la voluntad necesita un marco normativo que determine las condiciones de validez de los acuerdos, las consecuencias del incumplimiento y los remedios jurídicos disponibles para las partes. La existencia de reglas contractuales claras contribuye a reducir controversias y facilita la planificación de actividades futuras. Esta relación entre instituciones jurídicas y actividad económica también puede analizarse a partir de los desarrollos de Ronald Coase, premio Nobel de Economía en 1991.

Desde esa perspectiva, el derecho cumple una función que excede la resolución posterior de conflictos: contribuye a establecer las condiciones bajo las cuales las personas pueden coordinar sus decisiones, celebrar acuerdos y desarrollar iniciativas.

El derecho frente a los desafíos de una nueva economía

La transformación tecnológica de las últimas décadas permite advertir con particular claridad la importancia de contar con un ordenamiento jurídico capaz de acompañar nuevas formas de organización económica. La inteligencia artificial, la automatización, y el desarrollo de nuevos activos y servicios plantean interrogantes sobre responsabilidad civil, propiedad intelectual, privacidad, competencia, protección de datos y relaciones contractuales.

Estos fenómenos demuestran que la evolución económica puede avanzar más rápidamente que las respuestas normativas tradicionales. En efecto, cuanto mayor es la capacidad de transformación de una tecnología, más importante resulta contar con criterios jurídicos que permitan identificar responsabilidades, prevenir daños y solucionar controversias. Pero esa capacidad de innovación también exige confianza en las reglas que gobiernan las relaciones entre sus participantes.

El derecho como condición de la prosperidad

Los aportes de Becker, Phelps y North, desde perspectivas diferentes, permiten comprender que las decisiones humanas, los incentivos, la innovación y la calidad institucional se encuentran profundamente relacionados. El análisis jurídico permite incorporar a esa discusión una dimensión indispensable: las sociedades no organizan sus actividades únicamente mediante decisiones individuales, sino también a través de un sistema de normas, derechos, obligaciones y garantías.

Esas instituciones son las que protegen la libertad, permiten resolver conflictos y ofrecen previsibilidad a las relaciones humanas.

Las remesas familiares continúan siendo uno de los principales soportes de la economía hondureña. Durante los primeros nueve meses de 2026, el país recibió 10.098,8 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente L272.667,6 millones, una cifra superior registrados entre enero y septiembre del año anterior.

De acuerdo con las cifras del Banco Central de Honduras (BCH), para las familias receptoras, estos recursos representan una fuente de ingresos que permite cubrir gastos cotidianos y necesidades básicas.

Sin embargo, el crecimiento de las remesas vuelve a poner en discusión la dependencia de la economía nacional de los recursos generados por los hondureños que residen en el extranjero.

Estados Unidos continúa siendo la principal fuente de estos envíos. El dinero que los compatriotas transfieren a sus familiares tiene un peso importante en el consumo interno y en la disponibilidad de divisas para el funcionamiento de la economía hondureña.

Según el BCH, alrededor del 86% de las remesas se destina al consumo y a cubrir necesidades básicas como alimentación, salud y educación. La mayor parte de los recursos financia los gastos de los hogares, mientras que una proporción menor queda disponible para el ahorro o la inversión.

La importancia de estos ingresos se refleja también en su relación con el producto interno bruto (PIB): representan más del 25% de la economía. En un país donde más del 60% de la población vive en condiciones de pobreza, las transferencias familiares contribuyen a cubrir necesidades que muchos hogares no pueden satisfacer únicamente con sus ingresos laborales.

Proyección al cierre de 2026

Las remesas familiares podrían superar los 12.000 millones de dólares al finalizar 2026, equivalentes a aproximadamente L324.000 millones, según la proyección de Nancy Ochoa, jefa del Departamento de Banca y Finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Ochoa señaló que las remesas representan una fuente fundamental de divisas para Honduras y contribuyen al sostenimiento de miles de hogares. No obstante, cuestionó que estos recursos se hayan convertido en una especie de “salvavidas” de la economía nacional.

A su criterio, aunque las transferencias familiares funcionan como un amortiguador frente a las dificultades económicas, una dependencia excesiva puede restar presión para impulsar políticas públicas dirigidas a fortalecer la producción nacional y ampliar las oportunidades de empleo.

El desafío consiste en aprovechar los recursos que ingresan desde el exterior sin convertirlos en un sustituto del crecimiento de las actividades productivas internas. Para ello, Honduras necesita condiciones que favorezcan la inversión, la expansión de las empresas, el desarrollo de las exportaciones y la creación de puestos de trabajo.

Ochoa también destacó el papel del sistema financiero en el manejo de estos recursos. Alrededor del 95% de las remesas se recibe mediante instituciones financieras, lo que abre oportunidades para ampliar la bancarización y mejorar la educación financiera de las familias.

El economista Mario Sosa señaló que las remesas familiares contribuyen al fortalecimiento de las reservas internacionales del país. Sosa explicó que el comportamiento de las remesas y el nivel de las reservas internacionales forman parte de las condiciones económicas que enfrenta el país, mientras el Gobierno mantiene las políticas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo multilateral de crédito.

La misma preocupación planteó Eduardo Facussé, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), quien sostuvo que Honduras no puede continuar dependiendo de las remesas como uno de los principales pilares de su economía.

El empresario urgió a fortalecer la producción nacional, impulsar las exportaciones y generar empleos para reducir la vulnerabilidad económica del país. Señaló además que los problemas de desempleo, seguridad y dificultades jurídicas, junto con la falta de una estrategia clara de desarrollo, complican las perspectivas económicas y generan incertidumbre entre la población.

El Salvador acumuló USD 7,619,9 millones en concepto de remesas familiares entre enero y septiembre de 2026, lo que representó un incremento del 3.5% en comparación con el mismo período de 2025, según los registros oficiales del Banco Central de Reserva (BCR).

Pese a este balance positivo acumulado en los primeros nueve meses del año, el flujo mensual experimentó una desaceleración durante el noveno mes, cuando ingresaron al país USD 831,64 millones frente a los USD 863,43 millones captados en agosto.

Esta variación mensual significó una reducción de USD 31,79 millones, equivalente a una caída del 3.68%. Sin embargo, al contrastar el dato con el mismo mes del año previo, los ingresos continuaron en terreno positivo: en septiembre de 2025 el monto sumó USD 819,74 millones, lo que marcó un aumento interanual del 1.45% para el ejercicio actual. La cifra muestra una notable moderación si se compara con el dinamismo observado un año antes, cuando el crecimiento interanual de septiembre de 2025 había alcanzado el 20%.

En la distribución territorial entre enero y septiembre de 2026, el departamento de San Salvador lideró la recepción con USD 1,396,6 millones, seguido por San Miguel con USD 846,2 millones y La Libertad con USD 645,4 millones. Otras zonas con fuerte tradición migratoria también recibieron sumas cuantiosas.

Las estadísticas oficiales también contemplan estimaciones del dinero enviado en efectivo a través de viajeros, calculado mediante encuestas continuas en Estados Unidos. Además, para la captación de estos recursos, el sistema financiero local recurre a diversas vías que integran a bancos, empresas remesadoras, federaciones de cooperativas, compañías telefónicas y billeteras digitales.

La estacionalidad laboral y los gastos escolares explican el descenso de septiembre

El retroceso puntual entre agosto y septiembre responde a patrones cíclicos vinculados con la dinámica económica de los migrantes, principalmente en EE.UU., país desde donde parte la gran mayoría de estos recursos.

Durante julio y agosto, los envíos suelen elevarse debido a la mayor disponibilidad de empleos temporales en sectores como:

• La construcción
• Agricultura
• Otros servicios durante el verano boreal.

Al finalizar esa temporada, las horas trabajadas tienden a estabilizarse o disminuir. Además, a este ciclo laboral se suma el impacto del calendario escolar en territorio estadounidense y en la región centroamericana.

Entre finales de julio y agosto, las familias salvadoreñas radicadas en el exterior incrementan sus transferencias para apoyar a sus parientes con la compra de útiles, uniformes y matrículas educativas. Una vez cubiertos esos compromisos extraordinarios, el volumen de transferencias retorna a sus niveles habituales de subsistencia en septiembre.

La alimentación y las necesidades básicas concentran los recursos en los hogares

El dinero que llega desde el exterior representa un sostén indispensable para la economía cotidiana de cientos de miles de hogares en El Salvador. De acuerdo con los estudios de ingresos y condiciones de vida que recopila el BCR, más del 95% de los fondos recibidos se canaliza directamente hacia el consumo inmediato.

La compra de alimentos y productos de la canasta básica familiar constituye el destino primordial de estos recursos, lo cual permite mitigar el costo de la vida en las comunidades receptoras.

El resto de los ingresos familiares se distribuye en el pago de servicios esenciales, como energía eléctrica, agua potable y telefonía, además de gastos imprevistos de salud y tratamientos médicos. Una porción menor cubre cuotas escolares y mejoras progresivas en las viviendas.

Con el cierre del tercer trimestre, los analistas proyectan que las transferencias repunten en el último tramo del año, impulsadas por las festividades de Navidad y fin de año, período en el cual los envíos suelen superar los USD 900 millones mensuales.

“Vivir 15 o 20 años más nos cambia la ecuación totalmente”. Helena habla del retiro, pero la idea atraviesa toda la charla: las decisiones económicas, como las de cualquier operación, necesitan un destino claro, un plan revisable y la disciplina de sostenerlo. Desde esa lógica recorre la previsibilidad, el margen para lo inesperado y por qué la gestión del dinero familiar no debería quedar en una sola persona.

Cuando una decisión falla en una cadena logística, el impacto se siente en distintos puntos. ¿Pasa algo similar con las decisiones financieras que vamos postergando?

Las decisiones financieras son una decisión de logística, en el sentido de que requieren primero saber los objetivos. Si no tenés objetivos en la logística, ni hablar: no sabés a dónde va el camión. Lo mismo en las finanzas: cuáles son tus objetivos de corto, de mediano y de largo plazo.

En segundo lugar, tener un plan para lograrlo, que es súper de logística. Y ese plan tiene que tener la misma flexibilidad que le exigís a la logística: si está lloviendo y estás entregando materiales a la obra, no los vas a poder entregar y tenés que rearmar todo.

En las finanzas, el plan se tiene que poder revisar y adaptar a tu realidad de cada momento. Y finalmente, disciplina: podés tener objetivos y plan, pero si no lo llevás a cabo no llegás. En las finanzas y en la logística es muy evidente: si no, se cae el castillo de naipes en dos minutos.

En logística, la previsibilidad lo es todo. ¿Qué lugar ocupa cuando se habla de independencia económica?

Para mí, más importante que la independencia económica es el bienestar financiero, que tiene que ver con la previsibilidad. Podés tener mucha plata y estar completamente inquieto, porque no sabés dónde está ni qué riesgo estás asumiendo. Y podés tener mucho menos y estar ordenado, con dinero separado para un desajuste, una emergencia o una urgencia.

Es como cepillarse los dientes: no podés hacerlo una vez al mes y con eso sacar todo, es todos los días un poquito. Con las finanzas es igual: tener claro dónde estás, hacia dónde vas y una estrategia. Si no, es la piedra abajo del colchón para siempre, con una incertidumbre que impacta en vos y en tus seres queridos.

Anticipación, planificación y capacidad de respuesta son la base de la logística. ¿Deberían aplicarse también a las finanzas personales?

Totalmente. Vos fijate que Navidad, los cumpleaños o la fiesta de 15 de nuestras hijas son cosas que ya sabemos que van a pasar. Entonces no tenemos por qué sorprendernos todos los diciembres con “uy, tengo que salir a comprar los regalos”. Como no es ninguna sorpresa, se puede planificar desde antes.

Eso trae bienestar, porque ya sabemos con lo que contamos y lo separamos de antes. Mucha gente dice: el aguinaldo que llega en ese momento lo voy a usar para esto. Lo mismo con las vacaciones o con el retiro, porque todos, finalmente, nos vamos a jubilar.

Y con la nueva longevidad esto es un tema. Vivir 15 o 20 años más nos cambia la ecuación totalmente: con el dinero que vamos a producir vamos a tener que seguir viviendo un par de décadas más. Eso requiere anticipación, un reajuste y tomarlo como información.

¿Se puede pensar la vida cotidiana como un sistema logístico, en el que todas las cuentas tienen que cerrar?

A mí me cuesta pensar la vida como un sistema logístico. Quizás es un prejuicio mío, pero lo veo como una cuenta matemática de suma cero: todo tiene que cerrar, el debe y el haber tiene que ser perfecto. Y a nivel vida, afortunadamente, hay algo de esa estructura que sí es importante.

Pero después está el misterio de la vida, el amor, la sorpresa, la aventura, la curiosidad. Sobre todo cuando venimos de profesiones en las que tendemos a pensar en cubos que hay que cubrir, es importante dejar espacio a ese asombro. Si nos abrimos a lo inesperado, podemos pensar mejor también en la parte lógica.

¿Hay diferencias entre hombres y mujeres en la educación financiera en la Argentina? ¿Cómo impactan en el dinero familiar?

En acceso a la salud o a la educación, hombres y mujeres estamos bastante igual, pero en educación financiera las mujeres estamos bastante por detrás de la media latinoamericana. Y creo, aunque no tengo un dato objetivo, que en muchas parejas la gestión del dinero, aun el de los dos, la lleva el marido.

Con toda la buena intención, por comodidad o porque ambos creen que él sabe más, se delega demasiado, y es contraproducente para los dos. Para ella, porque no saber dónde están tus finanzas ni a título de quién están las cosas te deja con una incógnita enorme. Para él, porque la responsabilidad es muy grande para llevarla solo.

Hay muchos varones educados con la idea de que lo honroso era proveer y proteger, y no transmiten sus pesares económicos. Cuando llega la noticia es un baldazo de agua fría. Y si aparece la muerte, el divorcio o la pérdida de un ingreso, se mezcla lo emocional. Así como hablamos de compartir la crianza, hay que compartir esta responsabilidad.

Si ordenar una operación empieza por tener visibilidad de lo que entra y sale, ¿cuál es el primer paso con las finanzas propias?

Hay una frase que vale en la política y en la economía: el que tiene la información tiene el poder. Así que andá a buscar la información: cuánta plata tenés, cuánto te ingresa y cuánto se va todos los meses. Entre tenerlo claro y tenerlo en una nebulosa hay una diferencia enorme. Es un buen primer paso para perderle el miedo al tema y empezar a proyectar.

Previo al paro nacional de transportistas anunciado para el próximo lunes 26 de octubre, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) hizo un llamado a privilegiar el diálogo para evitar afectaciones al tránsito de personas y mercancías.

Cabe señalar que la Confederación reconoció que las demandas del sector transportista son legítimas, principalmente en materia de inseguridad carretera, robo de carga, extorsión y condiciones de operación.

CONCAMIN hace un llamado al diálogo y pide evitar afectaciones por el paro de transportistas

A través de un comunicado, la CONCAMIN dejó en claro que todos los problemas que sufren los transportistas, dentro y fuera de las carreteras mexicanas, requieren atención permanente y soluciones de fondo.

“Desde la CONCAMIN hemos sostenido que las preocupaciones y demandas de los transportistas son fundamentadas, legítimas y merecen respuestas concretas.

“La seguridad en las carreteras, el combate al robo y la extorsión, así como las condiciones en las que opera el autotransporte de carga son asuntos que requieren atención permanente y soluciones de fondo”, expuso la organización.

Recomienda que atiendan el llamado de la Segob

Además, solicitó a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), HAMOTAC, FEMATRAC e INDECO aprovechar la disposición de las Secretarías de Gobernación (Segob) y de Seguridad y Protección Ciudadana para atender sus exigencias.

También detalló que, mediante sus gestiones, ha logrado que el gobierno federal escuche los planteamientos del sector y mantenga comunicación permanente con sus representantes.

Advierte CONCAMIN sobre las consecuencias en la interrupción del transporte

Asimismo, advirtió que una interrupción en el transporte de carga podría impactar distintas actividades económicas, en particular a las industrias floricultora, farmacéutica y alimentaria.

“Las interrupciones en el transporte pueden tener consecuencias importantes para sectores como el floricultor, cuyos productos requieren una distribución rápida; el farmacéutico, que depende de entregas oportunas de medicamentos e insumos médicos; y el alimentario, en el que los retrasos pueden comprometer la conservación y disponibilidad de productos perecederos, entre otros.

“Por ello, cualquier interrupción en la circulación de mercancías tiene consecuencias que van más allá del propio sector, ya que afecta a las empresas, a los trabajadores, a los consumidores, a la movilidad de las personas y a las familias mexicanas”, alertó la organización.

Con el objetivo de evitar que este tipo de medidas se repitan, la CONCAMIN propuso establecer mesas de trabajo con capacidad de resolución entre autoridades y representantes transportistas, a través de una agenda definida, compromisos verificables y mecanismos de seguimiento.

“Desde la CONCAMIN estamos convencidos de que el diálogo es la mejor herramienta para transformar las demandas legítimas en soluciones concretas”, concluyó.

ANTAC se desmarca de las movilizaciones de los transportistas

Por su parte, la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) se desmarcó de las movilizaciones de transportistas. Al tiempo que exhibió la falta de planeación y de propuestas concretas para mejorar las condiciones de los trabajadores.

“La Asociación Nacional Transportista (ANTAC), que preside David Estévez Gamboa, informa a la opinión pública y al sector transportista que, si bien expresamos inicialmente nuestro respaldo a la convocatoria de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), dicho respaldo estaba condicionado a que se tratara de una movilización seria, legítima, formal y fundamentada en propuestas concretas en beneficio del sector”, sostuvo.

No obstante, aseguraron su apoyo a todas las posturas y formas de protesta social, pero criticaron el protagonismo, discursos y convocatorias sin objetivos claros.

“Respetamos el derecho de toda organización a manifestarse; no obstante, consideramos indispensable que cualquier movimiento nacional esté respaldado por objetivos definidos, propuestas viables y un compromiso genuino con quienes verdaderamente sostienen esta actividad”, enfatizó la ANTAC.

Tanto CONCAMIN como ANTAC marcan su raya, previo al paro indefinido de transportistas programado para el próximo lunes 26 de octubre.

De acuerdo con la agencia calificadora HR Ratings, Petróleos Mexicanos (Pemex) debe establecer como meta reducir las importaciones de gasolina hasta representar 30 por ciento del consumo nacional.

Lo anterior, con el objetivo de aliviar la presión sobre las finanzas de la empresa pública del Estado y mejorar su balance primario.

RH Ratings recomienda a Pemex reducir la importación de gasolina

Édgar González, asociado senior de Análisis Económico y Deuda Soberana de HR Ratings, explicó que México importa cerca del 45 por ciento de la gasolina que consume.

No obstante, dicha proporción ha disminuido desde el 65 por ciento registrado hace ocho años; aún así, las compras al exterior todavía representan una carga importante para las finanzas de la petrolera.

“Nosotros esperaríamos que las importaciones de esas gasolinas llegasen a reducirse a un 30 por ciento, con un 70 por ciento de lo que se produzca a nivel nacional de gasolinas y un 30 por ciento que se importe, Pemex podría mejorar sus finanzas sustancialmente”, dijo el analista.

Pese a todo, producción de gasolina de Pemex va al alza

Información de la Base de Datos Institucional de la petrolera, indica que la producción de gasolina de Pemex pasó de 252 mil 400 a 356 mil 300 barriles diarios entre 2023 y 2025.

Entre enero y agosto de 2026, la producción promedió 39 mil 100 barriles diarios, con incrementos mensuales consecutivos de mayo a agosto. Agosto marcó el nivel más alto del año, con 439 mil 300 barriles diarios.

Las importaciones de gasolina, en cambio, mantienen una tendencia a la baja entre 2022 y 2025: pasando de 422 mil a 337 mil 600 barriles diarios.

Mientras que en los primeros ocho meses de 2026, las compras en el exterior promediaron 322 mil 600 barriles diarios, aunque con fluctuaciones importantes. El menor volumen se registró en enero, con 231 mil 500 barriles diarios, al tiempo que en mayo alcanzaron su máximo del periodo, con 428 900 barriles diarios.

Pemex tiene pendiente aprovechar las mejoras al Sistema Nacional de Refinación

Si Pemex busca avanzar hacia una menor dependencia de las importaciones, desde el punto de vista de González, Pemex puede aprovechar las modernizaciones del Sistema Nacional de Refinación (SNR), particularmente las coquizadoras de Tula, Hidalgo, y Minatitlán, Veracruz.

Dichas instalaciones ayudarían a contribuir en el incremento de la producción de combustibles de mayor valor, como las gasolinas, y, al mismo tiempo, reducir la necesidad de adquirir productos refinados en el exterior, cuyos costos están sujetos a las fluctuaciones del mercado internacional.

Aumento en el precio del petróleo presiona la importación de hidrocarburos

Además, el especialista advirtió que el aumento observado en los precios del petróleo durante el último año ha dado paso a presiones sobre los costos de importación de hidrocarburos y productos refinados.

González recordó que el procesamiento de crudo llegó a un promedio de un millón de barriles diarios en agosto de 2026. Sin embargo, la producción de gasolina rondó apenas los 350 mil barriles diarios, frente a una demanda interna que duplica ese volumen.

Ante esta situación, advirtió que las dificultades para recuperar la producción de petróleo e incrementar el procesamiento de crudo continúan entre los principales riesgos financieros y operativos de Pemex.

“Lo que nosotros estamos viendo es que Pemex está teniendo dificultades en la parte operativa. Básicamente revertir la caída en los niveles de producción y recuperar los niveles de refinación”, enfatizó.

En el papel, la solución se ve sencilla, pero para Pemex será todo un reto poder reducir en un 30 por ciento la importación de gasolina y así poder mejorar sus finanzas, tal y como lo recomienda la calificadora HR Ratings.

Este sábado, la Secretaría de Gobernación (Segob) reconoció las preocupaciones de los transportistas y aseguró que mantiene abiertos los canales de diálogo para atender sus demandas.

Lo anterior, después de que, en la semana, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) advirtió que llevará a cabo un paro indefinido el próximo lunes 26 de octubre.

Segob ofrece diálogo a transportistas ante paro del 26 de octubre

A través de un comunicado, la dependencia a cargo de Rosa Icela Rodríguez informó que ofreció una mesa permanente de trabajo con autoridades para avanzar en la construcción de acuerdos.

“Ante las movilizaciones anunciadas para el próximo lunes, la Secretaría de Gobernación mantiene abiertos los canales de diálogo con las organizaciones transportistas y reitera la disposición para atender sus planteamientos mediante las vías institucionales.

“Desde el primer momento, Segob ofreció formalmente un espacio de interlocución y una mesa permanente de trabajo con las autoridades competentes, a fin de escuchar las demandas del sector y avanzar en la construcción de acuerdos”, expuso la Segob.

Dependencia reconoce preocupaciones del sector

En otra parte de la nota informativa, la Segob reconoce las preocupaciones expresadas por las organizaciones y considera que el entendimiento y la colaboración permiten encontrar soluciones a sus planteamientos.

“En este marco, hace un llamado a privilegiar el diálogo y evitar acciones que generen afectaciones a la ciudadanía, al tránsito y al traslado de mercancías.

“Gobernación continuará abierta a la comunicación con el sector para atender sus demandas y favorecer acuerdos por la vía institucional”, agregó la dependencia federal.

Canacar exige a las autoridades combatir la inseguridad

Previamente, la Canacar anunció un paro a nivel nacional por tiempo indefinido a partir del próximo lunes 26 de octubre, debido a la inseguridad, el mal estado de las carreteras y el costo excesivo de grúas, informó Augusto Ramos, presidente de la Cámara.

También buscan expresar su desacuerdo con la modificación contemplada en la Ley de Ingresos 2027, que contempla reducir de 300 a 250 millones de pesos el límite de ingresos anuales para que las empresas accedan al beneficio fiscal. Este esquema permite acreditar contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR) hasta el 50 por ciento del gasto en casetas.

No basta con exponer los problemas que aquejan a las empresas

Bajo el lema “¡No aguanta más!”, el líder transportista señaló que el autotransporte de carga llegó a un punto en el que ya no basta con exponer los problemas que aquejan a las empresas del ramo.

“¡Necesitamos soluciones, México no aguanta más. Vamos a un paro nacional. El autotransporte de carga no puede seguir siendo ignorado mientras se enfrenta a la inseguridad, extorsiones, cobro de piso, carreteras deficientes, una sobrerregulación, reducción de estímulos fiscales”, expresó Ramos.

Varias organizaciones tienen contemplado sumarse al paro

Ayer, en conferencia de prensa, reveló que al paro tienen contemplado sumarse la Federación Mexicoamericana de Transportistas (Fematrac), la Honorable Alianza Mexicana Organización de Transportistas (HAMOTAC), la Organización Integradora de Derechos Convencionales (Indeco), y otras organizaciones que gusten ser parte.

También comentó que “el autotransporte necesita cambios en la estrategia de seguridad en las carreteras, apertura con las autoridades estatales y municipales derivado de las extorsiones y detenciones sin justificación, el mal estado de las autopistas que no compensan el pago del peaje de las autopistas”, entre otros.

Millones de dólares se movilizan a diario por las carreteras del país

Además, recordó que a diario se realizan 21 mil cruces entre México y Estados Unidos, mil 800 millones de dólares cada día en mercancías están cruzando.

También explicó que en carreteras del país se movilizan diariamente 1.6 millones de toneladas de mercancías de los sectores industrial, agrícola, pecuario, minero y de combustibles, entre otros.

En puertos marítimos, el líder transportista señaló que entran y salen 370 mil toneladas cada día, mientras que en aeropuertos la cifra asciende a mil 600 toneladas diarias.

Paro dejaría afectaciones por más de 21 mil millones de pesos

Por su parte, Carlos García Álvarez, presidente de HAMOTAC, detalló que el paro –en caso de llevarse a cabo– dejaría afectaciones por 21 mil 500 millones de pesos por día que se van a dejar de generar.

“La intención es manifestarnos de manera pacífica y respetuosa. No vamos a bloquear (las carreteras) no queremos afectar a quien no tiene la culpa. Por eso pedimos la comprensión de la sociedad y todos los sectores. El impacto económico sí va a ser muy fuerte”, explicó García Álvarez.

Ante las diversas afectaciones que puede generar el paro programado para el 26 de octubre, sobre todo económicas, la Segob reiteró su apertura al diálogo con los transportistas.

El Observatorio MYPE de la Escuela LID de la Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral (FUSAI) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso El Salvador) presentaron este 23 de octubre el informe anual “El estado de la MYPE 2026: La otra cara de la economía”, en el cual revelaron que las micro y pequeñas empresas alcanzaron un nivel récord de confianza pero afrontan barreras estructurales de crédito, saturación barrial y pérdidas climáticas.

El estudio evalúa el comportamiento de un parque productivo que agrupa a más de 925 mil unidades económicas y genera más de dos tercios del empleo en El Salvador.

Durante el acto de apertura, la presidenta de la junta directiva de la Escuela LID de FUSAI, Ana María Herrarte, ilustró los desafíos del sector con el caso de una confeccionista de Suchitoto que trabaja en la sala de su vivienda:

“Ganas de crecer nos sobran. Lo que nos falta es cómo ampliar el cuarto donde coso sin que el banco me pida imposibles y dónde vender cuando cada vez hay más competencia”.

Herrarte subrayó que el Índice de Confianza Empresarial marcó un récord de 109.1 puntos en el segundo trimestre de 2026, pero remarcó que las pequeñas empresas elevaron sus ventas en 42.4 puntos, mientras las de subsistencia retrocedieron 10.4 puntos.

Los cinco hallazgos centrales del informe sobre la microempresa salvadoreña

A partir de encuestas directas a miles de propietarios en todo el territorio salvadoreño, los investigadores puntualizaron cinco conclusiones determinantes:

• Saturación comercial en los vecindarios: Cuatro de cada 10 propietarios señalaron que la competencia representa su principal problema operativo. De ese grupo, el 63% explicó que la caída en sus ingresos obedece a la apertura constante de locales idénticos en su misma zona geográfica.
• Exclusión bancaria y distorsión crediticia: El 51.5% de los negocios no tiene ninguna relación con instituciones financieras formales y solo el 35.1% se encuentra bancarizado. Asimismo, apenas el 3.5% de las microempresas dispone de una cuenta a nombre de la empresa, lo cual ocasiona que las entidades otorguen créditos personales de consumo con tasas más altas y plazos rígidos.

El director del Observatorio MYPE, Luis Castillo, y el investigador Rafael Pleitez detallaron que el 47% de los beneficiarios de financiamiento afirma que los préstamos poco o nada se adaptan al ritmo operativo de sus ventas.

• Demanda de trabajadores polivalentes y primer empleo: Tres de cada cuatro negocios que prevén contratar colaboradores buscan personas polivalentes, aptas para asumir múltiples tareas cotidianas como atención al cliente, cobranza y manufactura.
• La vivienda como taller productivo desprovisto de crédito: El 43.1% de los propietarios utiliza su propio hogar como centro laboral, una proporción que asciende al 50.4% en las unidades lideradas por mujeres. La mitad de estos comerciantes reconoció que las carencias de infraestructura en su inmueble limitan la capacidad operativa de la empresa. Cerca de 344 mil negocios necesitaron crédito para remodelar su vivienda productiva pero evitaron solicitarlo, debido al temor al rechazo o a los requisitos excesivos del sistema bancario.
• Vulnerabilidad ante el calor extremo y falta de pólizas: El calor excesivo provocó la pérdida de mercancía perecedera y alejó a los clientes. Para subsanar las pérdidas, solo el 1.5% de los afectados utilizó un seguro, por lo que el 38.2% recurrió a deudas de emergencia y el 15.1% liquidó maquinaria de trabajo.

El respaldo internacional busca transformar las expectativas en resultados medibles

La encargada de negocios de la Unión Europea, Francesca Gizzi, expuso durante la ceremonia el compromiso financiero de la cooperación internacional con los emprendedores salvadoreños. La contribución europea al desarrollo empresarial en el país supera los 27 millones de euros, fondos canalizados a través de la Iniciativa Dinámica II junto al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el banco de desarrollo alemán KfW, dentro de la estrategia Global Gateway.

La diplomática remarcó que los programas vigentes han beneficiado a más de 400 negocios locales mediante capital semilla, adopción de herramientas digitales y preparación técnica para ingresar a mercados internacionales.

Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Paul David Steiner, señaló que el 93.5% de los patronos formales inscritos ante el Instituto Salvadoreño del Seguro Social corresponde a este segmento.

Steiner insistió en la necesidad de unir el circuito económico tradicional con los grandes conglomerados: “En todos estos años todavía tenemos dos economías, la de arriba y la de abajo. La única solución para este país es integrar la de abajo con la de arriba”.

Frente a este panorama, Conamype y la Escuela LID de FUSAI habilitaron el centro de atención empresarial número 15 del país, con el propósito de brindar asesoría técnica territorial, formación laboral polivalente y programas de financiamiento adaptados a las condiciones operativas de los comerciantes salvadoreños.

Panamá pidió a los gobiernos de América Latina y el Caribe que articulen sus políticas económicas, sociales y laborales para enfrentar la pobreza y evitar que las crisis reviertan los avances de las familias.

La solicitud fue hecha por la titular del Ministerio de Desarrollo Social de Panamá, Beatriz Carles de Arango, quien sostuvo que el crecimiento económico, por sí solo, no alcanza para garantizar el bienestar.

“El verdadero desarrollo no se mide únicamente por cuánto crece una economía, sino también por la capacidad de un país para proteger a su gente”, afirmó durante la apertura del XVIII Foro Ministerial sobre Desarrollo de América Latina y el Caribe.

El foro reunió durante dos días en la capital panameña a delegaciones de alrededor de 20 países bajo el lema “Conectando políticas para un desarrollo resiliente”, fue organizado por el ente ministerial junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

La nación canalera planteó que la región debe coordinar las políticas que generan empleo y oportunidades con aquellas que amplían la protección social y fortalecen las capacidades de la población.

La propuesta busca reducir las desigualdades, prevenir retrocesos ante emergencias y dar respuestas sostenibles a quienes viven en condiciones de vulnerabilidad.

La funcionaria expuso que superar la pobreza no implica necesariamente dejar atrás la vulnerabilidad.

Una recesión, una emergencia sanitaria o un desastre natural pueden afectar en poco tiempo los logros que una familia consiguió durante años, afirmó.

Para Carles de Arango, los Estados deben anticiparse a esos riesgos mediante instituciones preparadas y estrategias que integren las distintas áreas de gobierno. La coordinación institucional, indicó, permite orientar mejor los recursos y atender las necesidades de la población.

“El verdadero desarrollo no se mide únicamente por cuánto crece una economía”, señaló, a la vez que remarcó que la capacidad de prevenir retrocesos sociales debe formar parte de la evaluación de las políticas públicas.

La exposición incluyó un llamado a conectar las decisiones económicas con las políticas sociales y laborales. La primera área debe abrir posibilidades de progreso, la segunda debe proteger y desarrollar capacidades, mientras que la tercera debe facilitar la inclusión productiva.

El sismo del 9 de octubre en Panamá afectó principalmente las provincias de Los Santos, Veraguas, Herrera y Coclé, lo que en opinión de las autoridades refuerza el planteamiento sobre la preparación estatal, mostrando la necesidad de contar con mecanismos de respuesta y coordinación para asistir a las personas afectadas.

“Las emergencias pueden alterar la vida cotidiana de las familias”, dijo la titular del Ministerio de Desarrollo Social, para quien la preparación de las instituciones y la atención oportuna resultan determinantes ante las consecuencias de un evento adverso.

La funcionaria planteó, además, que las estrategias de desarrollo deben ajustarse a las transformaciones económicas, tecnológicas, ambientales y demográficas. A su juicio, las políticas necesitan continuidad más allá de los períodos gubernamentales para preservar los avances sociales.

Durante el XVIII Foro Ministerial sobre Desarrollo de América Latina y el Caribe los representantes de las naciones participantes intercambiaron experiencias, analizaron problemas compartidos y promovieron medidas para ampliar la protección social y el desarrollo inclusivo.

“Este foro representa una oportunidad para compartir aprendizajes”, manifestó Carles de Arango el día de la inauguración, manifestando que la cooperación regional puede ayudar a responder a desafíos que superan las fronteras nacionales.

La ministra cerró su intervención con un llamado a sostener una visión regional compartida. “El desarrollo resiliente que necesita América Latina y el Caribe se construye conectando políticas, articulando esfuerzos y colocando a las personas en el centro de nuestras decisiones”, concluyó.

Panamá se sumó formalmente a la red global de países que combaten la contaminación por plásticos.

El país firmó un memorando de entendimiento con la Alianza Global de Acción sobre el Plástico (GPAP), la mayor iniciativa multisectorial del mundo dedicada a ese objetivo.

El acuerdo convierte a Panamá en la alianza número 26 de esta red, que ya opera en África, Asia y América Latina con 25 alianzas nacionales activas.

La ceremonia se realizó en el Salón Amarillo del Palacio de Las Garzas y el encuentro se enmarcó en la Reunión Estratégica País que el Foro Económico Mundial desarrolla en el territorio panameño.

El memorando lo firmaron el ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro, y el presidente del Foro Económico Mundial, Alois Zwinggi.

El documento fija un Panamá se adhiere a la Alianza Global de Acción sobre el Plástico del Foro Económico Mundial en el tiempo.

Entre sus objetivos figura promover la implementación de la Hoja de Ruta Nacional de Acción sobre los Plásticos del país e impulsar soluciones de economía circular.

El acuerdo también busca reducir la contaminación por plásticos mediante la coordinación entre distintos actores, el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de capacidades técnicas, tanto a nivel nacional como regional y global.

“Sin naturaleza no hay economía, y es por ello por los que los plásticos tienen que ser parte de la solución y no del problema”, afirmó el ministro Navarro al suscribir el documento.

El funcionario reconoció que la meta planteada en el memorando representa “un reto muy grande” para el país.

El ministro de Ambiente situó este acuerdo dentro de una trayectoria previa del país en materia ambiental.

Según explicó, Panamá ya había mostrado capacidad de liderazgo en biodiversidad y conservación de recursos marinos, y ahora busca replicar ese papel en la gestión de residuos plásticos.

“Panamá asume el liderazgo ahora, no solo a nivel de nuestro país, internamente, con estos excelentes ejemplos de colaboración público-privada, sino también a nivel regional”, acotó Navarro.

El ministro remarcó que esa experiencia previa en colaboración entre el sector público y el privado funciona como base para el nuevo compromiso con la GPAP.

La iniciativa es alojada por el Foro Económico Mundial y reúne a gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil bajo un mismo esquema de trabajo. Su propósito central es poner fin a la contaminación por plásticos a través de la acción coordinada entre países.

Con la incorporación de Panamá, la red amplía su presencia en América Latina, región donde ya cuenta con otras alianzas nacionales activas dentro del mismo esquema de cooperación internacional.

El memorando no establece plazos específicos ni metas numéricas de reducción en el material difundido sobre la firma. El documento se concentra en definir el marco de cooperación y los mecanismos de coordinación entre el Gobierno panameño, el sector privado y los organismos internacionales involucrados en la gestión de residuos plásticos.

El Global Plastic Action Partnership (GPAP) es la principal plataforma multisectorial del Foro Económico Mundial dedicada a convertir los compromisos para acabar con la contaminación por plásticos en acciones concretas a escala nacional y global, mediante la promoción de una economía circular de los plásticos y la creación de alianzas entre gobiernos, empresas, sociedad civil y organismos internacionales.

Surgido en 2018 como respuesta a la crisis global de contaminación plástica en océanos, ríos y ciudades, GPAP ha evolucionado hacia una red de 25 Plataformas Nacionales de Acción sobre los Plásticos (NPAP), que hoy impulsan cambios estructurales para más de 1.500 millones de personas en África, Asia, América Latina y el Caribe, convirtiéndolo en la mayor iniciativa cooperativa del mundo en este ámbito.

Cuando falta prácticamente un año para las elecciones presidenciales, una de las máximas figuras del oficialismo en la actualidad, Patricia Bullrich, continúa dando señales sobre una eventual candidatura propia, aunque en la cúpula de La Libertad Avanza descartan que la senadora vaya a presentarse en 2027 y prefieren no confrontarla públicamente, mientras ratifican que no habrá cambios en el rumbo económico pese a sus reiterados reclamos por una situación “más holgada para la gente”.

La jefa del bloque violeta en la Cámara alta le deseó en su cuenta de X un feliz cumpleaños al presidente Javier Milei y tan solo unas horas después compartió una foto suya de espaldas con la frase “se vienen cositas”, tres puntos suspensivos y el emoji de ojos mirando hacia el costado.

“No tiene que ver con una ruptura ni nada raro, ya se van a enterar de qué se trata”, remarcaron a este medio en el entorno de la ex ministra de Seguridad, que desde hace meses viene planteando sus diferencias con algunas medidas de la administración nacional y la estrategia parlamentaria, entre otros puntos.

En su equipo de trabajo explicaron que “es una forma de decirles que estén listos“ y recuerdan que esa misma frase ya lo usó unos meses atrás, justo antes de expresar públicamente su desacuerdo con la continuidad de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete.

Si bien la razón de la publicación la mantienen en estricto secreto, aclaran que no tiene que ver con su rol legislativo, sino que se está refiriendo a su lado de dirigente. Reconocen que es un nuevo gesto de independencia.

En una reciente entrevista con Infobae en Vivo, Bullrich afirmó que está “preparada para ser Presidente”, cargo por el que ya compitió en el 2023, aunque evitó confirmar una postulación y remarcó que “una tiene que saber esperar su momento”.

Consultada sobre una eventual fórmula junto a Milei, la dirigente aclaró que él no le ofreció la Vicepresidencia y, ante la repregunta sobre si aceptaría esa propuesta, respondió con un escueto “no comments”.

“Ella dijo bien claro que lo va a intentar en el 2031, para mí no está diciendo nada malo”, minimizaron en el círculo más íntimo del líder libertario, que niega la existencia de un conflicto interno e, incluso, destacan que la senadora plantee sus quejas.

Hasta Javier Milei debió referirse al tema en la entrevista que dio este jueves en Radio Rivadavia. El Presidente confirmó la estrategia del Gobierno en este tema: no confrontar. “Es cierto lo que dice. ¿Quiénes fuimos los contendientes del año 2023? Yo, Bullrich, Massa, Schiaretti. No es una persona improvisada”, dijo el mandatario.

Y agregó: “Hacer un punto sobre esto es una tontería, porque ella compitió en las elecciones del 2023, sabe de qué se trata esto y ha sido parte de muchos gobiernos”.

Días atrás, la ex ministra también insistió, en otro tuit, con la necesidad de avanzar con un “acuerdo político y una economía más holgada para la gente” durante este año, que también es un debate que está dando en la mesa política.

Tal como anticipó este medio, en ese grupo “hay divergencias en el timing para los cierres” de los acuerdos con los aliados: mientras algunos piden que se confirmen lo antes posible para garantizar el apoyo de los otros sectores, por ejemplo, en el Congreso, hay quienes consideran que, en cambio, se debe demorar esa definición para que La Libertad Avanza “obtenga el mejor resultado posible“ en las negociaciones de las listas.

En cuanto a Bullrich, en el entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, reconocen que “las ambiciones de presentarse” por parte de la senadora “siempre estuvieron”, pero aseguran que “la realidad es que no mide”.

La diputada Lilia Lemoine, una de las personas más cercanas al mandatario nacional y a su hermana, planteó en una entrevista con Infobae en Vivo que le gustaría una fórmula con Bullrich para las elecciones de 2027.

Por el lado de Bullrich, sin embargo, bajaron el tono a esas versiones y remarcaron que “falta mucho” para tomar una definición, al mismo tiempo que señalaron que existen diferencias puntuales con el Gobierno.

Según explicaron, en el plano internacional la senadora valora el vínculo con el Partido Popular español, en sintonía con el encuentro que Milei mantuvo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su último viaje a España, pero no comparte la cercanía con Vox, el partido de Santiago Abascal.

La ex ministra, en tanto, todavía no tiene previsto comenzar una campaña de manera explícita en el corto plazo, pero su equipo no descarta que sí pueda empezar a recorrer el país más adelante para ver el apoyo real que tiene en cada lugar y analizar entonces los pasos a seguir. “Más adelante algún viaje por las provincias o algo así vamos a hacer”, anticipan.

En paralelo a estos movimientos políticos, y a pesar de los reclamos de la dirigente oficialista, en la Casa Rosada insisten en que no habrá modificaciones en la política económica y defienten el modelo.

“La Argentina era cíclica, pero ya no lo es más. Entiendo que asuste vivir en un lugare normal, pero es lo que va a pasar. Incluso si vuelve el kirchnerismo, las reformas que se hicieron son demasiado profundas, no van a poder cambiar el rumbo”, confían.

La relación entre la administración libertaria y Washington también atraviesa una semana de intensa actividad y en Balcarce 50 esperan con ansias las elecciones de medio término que habrá allí, aunque creen que, independientemente del resultado, seguirán teniendo el respaldo financiero de la gestión republicana.

Este jueves, Milei recibirá en su despacho a Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, que llegó al país junto con el subsecretario adjunto, Juan Pablo Segura, en el marco de una gira regional centrada en inversiones y seguridad.

Un día antes, su hermana se reunió con el embajador norteamericano, Peter Lamelas, con quien analizó “la sólida relación bilateral entre ambos países, los distintos proyectos de desarrollo e inversión que empresas americanas tienen en Argentina y el contexto político y económico que atraviesa el país”.

En los próximos días, el funcionario diplomático ofrecerá una cena en su residencia, a la que fue invitada Bullrich, en otro signo del vínculo que también mantiene de forma independiente con la Casa Blanca.

“Yo no tengo que decir: ‘Estoy con USD 75.000 millones a la espera de que me hagan un golpe económico’, porque no es bueno un golpe económico. Yo tengo que decir ‘yo tengo la gobernabilidad, la tranquilidad, y no voy a necesitar esa plata’”, cuestionó la senadora en Infobae en Vivo.

Mientras tanto, en el oficialismo continúan procesando el impacto de las sucesivas señales y, lejos de responderle públicamente, los dirigentes más cercanos al Presidente reiteran que prefieren no profundizar la tensión y remarcan que la prioridad sigue siendo sostener el esquema económico y avanzar con la agenda legislativa, en momentos en que el Gobierno también negocia la eliminación de las PASO y el Presupuesto 2027.

La llegada de las celebraciones de fin de año suele estar acompañada de compras navideñas, reuniones familiares, viajes, intercambios de regalos y gastos extraordinarios que pueden representar un desafío para las finanzas personales. Aunque muchas personas reciben un aguinaldo, bono o ingreso adicional durante esta temporada, una administración inadecuada puede provocar dificultades económicas durante los primeros meses del año siguiente.

Ante este escenario, especialistas en educación financiera recomiendan planificar los gastos con anticipación, evitar compras impulsivas y establecer prioridades, con el propósito de disfrutar las festividades sin acumular obligaciones que comprometan el presupuesto familiar.

Desde la cooperativa financiera Coopecaja, la especialista Sujeyny Gamboa, jefa de Relaciones Corporativas, señaló que una de las claves para mantener el equilibrio económico consiste en decidir cómo se utilizará el dinero antes de recibirlo.

“Planificar no significa dejar de disfrutar; significa disfrutar sin que la factura nos persiga hasta marzo”, explicó Gamboa.

Estas son cinco recomendaciones que pueden aplicarse en distintos países para aprovechar mejor los ingresos de fin de año.

1. Elaborar un presupuesto antes de realizar las compras

El primer paso consiste en identificar cuánto dinero estará disponible y cuáles serán los principales gastos durante noviembre y diciembre.

Los especialistas recomiendan preparar una lista que incluya regalos, alimentación, ropa, viajes, celebraciones y compromisos familiares, asignando un monto máximo a cada categoría.

Una estrategia para evitar compras impulsivas consiste en esperar al menos 24 horas antes de adquirir un producto no contemplado en el presupuesto.

Este período permite evaluar si la compra es realmente necesaria o si responde únicamente al entusiasmo de las ofertas.

2. Dividir el aguinaldo o bono de fin de año en tres partes

Una alternativa para administrar los ingresos extraordinarios es utilizar la denominada regla de los tercios.

Este método propone destinar un tercio del dinero al pago de deudas, otro tercio al ahorro y las obligaciones futuras y el restante a compras, celebraciones y actividades recreativas.

La distribución puede adaptarse a las necesidades de cada hogar, especialmente cuando existen compromisos económicos importantes.

El objetivo es evitar que la totalidad del ingreso adicional desaparezca durante las festividades.

3. Reservar dinero para los gastos de enero

Uno de los errores frecuentes durante diciembre es concentrar toda la atención en las celebraciones y olvidar los compromisos del siguiente año.

El inicio de enero puede traer pagos escolares, impuestos, seguros, servicios, cuotas de préstamos y gastos cotidianos que deben contemplarse desde semanas antes.

Los especialistas aconsejan separar una cantidad específica para cubrir estas obligaciones y evitar recurrir a tarjetas de crédito o nuevos préstamos.

Esta previsión puede ayudar a reducir el denominado estrés financiero de enero, cuando muchas familias deben reorganizar sus presupuestos después de las festividades.

4. Evitar el uso excesivo de tarjetas de crédito

Las promociones, descuentos y facilidades de financiamiento pueden incentivar compras que superen la capacidad económica de los consumidores.

Antes de pagar con tarjeta o adquirir productos a plazos, resulta fundamental revisar las tasas de interés, comisiones, fechas de pago y costo total del financiamiento.

También es importante analizar si las cuotas podrán pagarse durante febrero o marzo sin afectar gastos esenciales.

Incluso las promociones anunciadas como “sin intereses” requieren revisar sus condiciones para evitar cargos inesperados o compromisos difíciles de cumplir.

5. Establecer una meta financiera para 2027

El cierre del año también representa una oportunidad para definir objetivos económicos.

Entre las alternativas figuran crear un fondo de emergencia, cancelar deudas, ahorrar para una vivienda, financiar estudios o planificar un viaje.

La recomendación es establecer un monto concreto, una fecha límite y un mecanismo de ahorro periódico.

Aunque las cantidades sean pequeñas, mantener aportes constantes puede contribuir al cumplimiento de los objetivos financieros.

Los pequeños gastos también pueden convertirse en un problema

Además de estas recomendaciones, los especialistas aconsejan clasificar las compras en tres categorías: necesarias, importantes y prescindibles.

Los gastos indispensables deben atenderse primero, mientras que aquellos que no sean prioritarios pueden reducirse o posponerse.

También conviene prestar atención a los desembolsos cotidianos, como comidas fuera de casa, entregas a domicilio y compras de último momento, que pueden acumularse sin que las personas lo adviertan.

“El mejor regalo que podemos darnos este fin de año es empezar 2027 sin deudas nuevas”, afirmó Sujeyny Gamboa.

La especialista destacó que organizar las finanzas desde octubre o noviembre permite disfrutar las celebraciones con mayor tranquilidad, sin comprometer los ingresos de los meses siguientes.

En el interior de la Casa Rosada hay una lectura común de que hay indicadores que no están brindando la holgura económica que se esperaba para el cuasi tercer aniversario de la administración de Javier Milei.

El Riesgo País volvió a superar los 700 puntos al comienzo de la rueda bursátil de esta jornada y el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) avanzó un 0,1% en la variación intermensual, con un -1,7% en la interanual. Como contrapeso, en el entorno del Presidente festejaron que hubo una mejora en los salarios, según informó el INDEC.

Este último informe resulta clave en la consideración del Ministerio de Economía, ya que consideran que solo se puede producir si se mantiene una política económica ortodoxa. “El proceso de desinflación es clave”, afirman muy cerca del Presidente, donde agregan que para poder lograrlo se debe insistir con acuerdos paritarios y convenios “que se firmen en la línea”.

No fue menor que desde Presidencia se difundiera que el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, formalizó la homologación de 19 acuerdos colectivos que abarcan múltiples sectores productivos y de servicios. Entre los convenios aprobados figuran los alcanzados en el ámbito agropecuario —con los sindicatos de trabajadores rurales y estibadores—, así como en las industrias aceitera, de biocombustibles, algodonera, lechera, de indumentaria, de pastas alimenticias, del caucho y la actividad cinematográfica, entre otros.

Hacia adelante, quienes dialogan de manera diaria con Milei sobre la economía alegan que hay diferentes drivers sobre los cuales se apalancan para esperar una inercia mayor sobre la economía. “La construcción movida por las concesiones de rutas, créditos en dólares y los préstamos hipotecarios con fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) son clave. También nos sirven los datos de balanza comercial, que va a cerrar con récord este año”, afirman.

Pero para diferentes integrantes de la Mesa Política, esto no resulta suficiente y apelan a que a los fundamentos macroeconómicos hay que acompañarlos con diferentes propuestas. Existe una opinión común entre varios de ellos que cree que Luis Caputo debe bregar por una política monetaria algo más laxa que dinamice la economía.

“Hoy estoy trabajando para que el proyecto llegue con una economía que la gente la sienta”, planteó en diálogo con Infobae en Vivo la senadora nacional Patricia Bullrich, que señaló las dificultades del consumo, la construcción y algunas actividades industriales, y afirmó que la respuesta oficial debe orientarse a la “economía de la gente”.

Aun así, su planteo también apuntó a la relación con los aliados parlamentarios y los gobernadores. La senadora afirmó que los acuerdos políticos reducen la incertidumbre y permiten sostener la gestión, en un Congreso donde LLA necesita construir mayorías con bloques provinciales, el PRO y sectores de la Unión Cívica Radical.

En particular, hizo mención a las recientes declaraciones de Milei —que también realiza el equipo económico— referidas al colchón de dólares de las reservas que tiene el Gobierno para defenderse de una eventual corrida cambiaria el año próximo. Opinó que este tipo de afirmaciones no promueven una mayor seguridad en el mercado y que se puede llegar a esa sensación por la vía política: “Lo mejor es prevenir. Es mejor construir las barreras reales, que no es ‘cuánta plata tengo’, sino qué me va a permitir estabilidad de que eso no va a pasar. Y el componente político es lo que te reemplaza los 75.000 millones que se ahorraron”.

La mesa política del Gobierno reunida el martes en la Casa Rosada estuvo marcada por la presión de Luis Caputo para cerrar los acuerdos políticos con aliados y gobernadores, mientras Patricia Bullrich reprochó a Martín Menem sus declaraciones que generan desconfianza y Karina Milei —quien se quedó en Buenos Aires en lugar de viajar a España— dio el visto bueno a Diego Santilli para avanzar con negociaciones con el PRO, la UCR y los gobernadores, aunque advirtió que estos “se suben el precio y piden demasiado”.

La consultora LCG proyectó que hay un techo de crecimiento de 1,5% para 2026. “En efecto, corregimos nuestra estimación a la zona del 1% anual, bastante menos de la proyección oficial de 3% anual plasmada en el proyecto del Presupuesto 2027 (la que demandaría un crecimiento del 3,7% mensual en los próximos cuatro meses)”, afirman.

Esto genera preocupación en el Gobierno porque deben seguir trabajando fino con la política fiscal en un contexto en el que la recuperación no fue acorde a la esperada. Esto pone tensión dentro de la cúpula de funcionarios políticos, la cual se evidenció nítidamente en el proyecto de discapacidad votado en Diputados con amplio consenso opositor, una iniciativa que tanto Caputo como Santiago Caputo y el ministro de Salud, Mario Lugones, rechazaban por su costo fiscal. El oficialismo terminó cediendo para evitar un desgaste mayor. En la Cámara de Diputados piden estar atentos a la negociación que hubo por esa legislación, afirman que será una muestra de cómo se negociará el Presupuesto 2027.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció 20 nuevos parques industriales en México como parte de su proyecto económico durante su gobierno, lo que representa una inversión de alrededor de 700 millones de dólares y más de 30 mil empleos.

“Es una muy buena noticia”, declaró durante la conferencia de prensa “Mañanera del pueblo” de este 22 de octubre, donde señaló que los proyectos abarcan 4.6 millones de metros cuadrados y se integran a la meta de 100 parques industriales planteada en el Plan México. Con los 20 anuncios, el gobierno federal reportó 40 parques presentados, equivalentes al 40% del objetivo para la administración.

La presidenta también destacó el comportamiento de la actividad económica. De acuerdo con las cifras que atribuyó al INEGI, afirmó que la economía creció 3.7% entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, mientras que el avance mensual de agosto a septiembre fue de 0.1%.

Plan México suma 40 parques industriales para aumentar economía

La presidenta ubicó los nuevos desarrollos en la frontera norte, en Coahuila y Nuevo León; en Ciudad de México y Estado de México, con vinculación al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA); en Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro, dentro del Bajío; además de Baja California.

“Estamos entrando al tercer año de gobierno y ya se cumplió el 40% de la meta o está por cumplirse el 40% de la meta”, sostuvo Sheinbaum al agradecer a los empresarios participantes por la inversión.

La subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Ximena Escobedo Juárez, indicó que los parques anunciados se distribuyen en ocho entidades federativas y 17 municipios. Explicó que el compromiso establecido en el Plan México es concluir el sexenio con 100 nuevos proyectos de este tipo.

Escobedo Juárez recordó que en febrero se presentó un primer bloque de 20 parques industriales. Con la nueva entrega, dijo, el número de desarrollos anunciados asciende a 40.

Prevén inversión y empleo en nuevos parques industriales

El presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), David O’Donnell, afirmó que los nuevos proyectos ya operan y forman parte de una red enfocada en atraer empresas, fortalecer cadenas de suministro y abrir plazas de trabajo.

O’Donnell señaló que la asociación reúne a 143 afiliados en 28 estados, con 493 parques industriales que albergan a 4 mil empresas y generan 3.8 millones de empleos. También mencionó que sus asociados participan en sectores como autopartes, electrónica, dispositivos médicos, industria aeroespacial, maquinaria industrial y equipos electrónicos.

El representante empresarial sostuvo que los parques industriales deben traducirse en oportunidades laborales, capacitación y desarrollo regional. “Cuando México produce, México prospera”, afirmó.

Sheinbaum señaló que, además de los parques integrados a la AMPIP, existen otras inversiones en desarrollo en el país. Añadió que los polos de desarrollo para el bienestar, cuya coordinación corresponde a la subsecretaria Escobedo Juárez, presentan avances y podrían exponerse en otra conferencia.

Los fraudes digitales que utilizan inteligencia artificial pueden generar pérdidas superiores a 20 mil millones de pesos en México, en un contexto donde los delincuentes recurren a voces clonadas, imágenes manipuladas y videos falsos para suplantar identidades y engañar a sus víctimas.

Ante el avance de estas prácticas, Scotiabank México llamó a reforzar las medidas de seguridad y verificar cualquier solicitud de dinero o información personal antes de actuar.

De acuerdo con cifras de Facephi Observatory, durante 2025 el sistema financiero mexicano registró más de 108 mil denuncias por fraude digital, con pérdidas superiores a 11 mil 300 millones de pesos.

Al considerar los casos asistidos por inteligencia artificial y tecnologías deepfake, el monto supera los 20 mil millones de pesos.

Estas cifras reflejan los desafíos que enfrenta la seguridad financiera ante herramientas capaces de generar contenidos cada vez más convincentes. Los estafadores pueden utilizarlas para aparentar que una llamada proviene de un familiar, que un mensaje fue enviado por una persona conocida o que una comunicación corresponde a una institución legítima.

Deepfakes elevan el riesgo de suplantación de identidad

El problema también alcanza los mecanismos de verificación biométrica. El Informe de Fraude de Identidad de Entrust indica que los deepfakes representan uno de cada cinco intentos de fraude biométrico, lo que evidencia los riesgos asociados con la manipulación de imágenes, videos y voces mediante inteligencia artificial.

Los deepfakes son contenidos audiovisuales manipulados o generados con herramientas tecnológicas para reproducir la apariencia o la voz de una persona. Cuando se utilizan con fines delictivos, pueden servir para construir emergencias falsas, solicitar transferencias bancarias o conseguir información confidencial mediante engaños.

Por ello, el banco advirtió que la apariencia de una comunicación no basta para confirmar su autenticidad. Una llamada con la voz de un familiar o un mensaje que parece provenir de alguien de confianza debe verificarse antes de realizar cualquier operación financiera.

Cinco medidas para prevenir fraudes digitales

Ante este escenario, se compartieron cinco recomendaciones para reducir los riesgos de estafa y proteger los recursos de los usuarios.

1. Verificar la identidad de quien contacta. Antes de transferir dinero o atender una solicitud inesperada, es importante confirmar que realmente proviene de la persona que dice enviarla. Para ello, se puede utilizar otro número telefónico o un canal de comunicación previamente conocido.
2. Desconfiar de la urgencia. Las amenazas, las emergencias inventadas y las promesas de resolver un problema de inmediato pueden utilizarse para presionar a las víctimas. Evitar decisiones apresuradas permite revisar la situación antes de comprometer dinero.
3. Proteger las claves bancarias. Las contraseñas, el número de identificación personal (NIP), el código de seguridad de la tarjeta (CVV) y los códigos de autenticación son datos confidenciales que no deben compartirse con terceros.
4. Evitar enlaces sospechosos. Los mensajes de texto y correos electrónicos pueden incluir ligas que dirigen a páginas falsas para obtener datos personales o bancarios. Antes de ingresar información, se debe comprobar la autenticidad del remitente y del sitio.
5. Utilizar canales oficiales. Ante dudas sobre una llamada, una operación o una solicitud de información, la recomendación es contactar directamente a la institución financiera mediante sus canales oficiales, sin utilizar teléfonos o enlaces incluidos en comunicaciones no verificadas.

Verificar antes de actuar, la principal defensa

Scotiabank México destacó que la prevención comienza con una actitud crítica frente a solicitudes inesperadas, incluso cuando parecen legítimas. Confirmar la identidad del interlocutor y revisar la información antes de autorizar movimientos financieros puede ayudar a evitar pérdidas económicas.

En un entorno donde la inteligencia artificial facilita la creación de engaños más sofisticados, proteger las claves bancarias, evitar decisiones bajo presión y comprobar cualquier petición por una vía independiente son medidas fundamentales para reducir el riesgo de fraude digital.

Tras la fuerte caída de julio, la actividad económica experimentó un leve incremento de 0,1% en agosto y, según estimaciones privadas, se necesitaría un aumento superior al 8% en septiembre para evitar un escenario de recesión técnica.

En el octavo mes del año, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) evidenció una caída interanual de 1,7% y acumuló un avance de 1,2% en lo que va del año.

De acuerdo al reporte oficial, cinco sectores registraron subas frente al mismo mes de 2025. Los mayores incrementos correspondieron a Explotación de minas y canteras, con un alza de 11,1% interanual, y Electricidad, gas y agua, que creció 4,3 por ciento.

Ambas actividades también tuvieron la mayor incidencia positiva sobre la variación interanual del EMAE, seguidas por Hoteles y restaurantes, que avanzó 3,1%. En conjunto, los tres sectores aportaron 0,6 puntos porcentuales al resultado general.

En contraste, diez sectores mostraron caídas interanuales. Pesca fue el rubro con el descenso más pronunciado, con una baja de 15,7 por ciento.

Industria manufacturera, que retrocedió 3,2%, y Comercio mayorista, minorista y reparaciones, con una caída de 3,5%, fueron las actividades con mayor incidencia negativa. Entre ambas restaron 0,9 puntos porcentuales a la variación interanual del indicador del Indec.

¿Recesión en puerta?

El dato mensual desestacionalizado cristaliza un virtual estancamiento en agosto y fue menor a lo esperado por los analistas. La consultora Equilibra había anticipado un aumento de 1,5% y una caída interanual de 0,5 por ciento. En tanto, el Índice General de Actividad (IGA) de Orlando Ferreres proyectaba un avance mensual de 1,7% e interanual de 0,6 por ciento.

En paralelo, el consenso entre los expertos apunta a que la economía podría entrar en “recesión técnica” durante el tercer trimestre tras la caída desestacionalizada de 2,8% en julio. Según estimaciones privadas, para que el período no cierre con una nueva contracción, el dato de septiembre debería exhibir una recuperación superior a 8% para compensar ese retroceso.

“La economía no rebotó en agosto (+0,1%) y está 3,8% por debajo del cierre de 2025. Además, el arrastre estadístico quedó en -1,5% y debería haber crecido 8,5% en septiembre para zafar de la recesión técnica”, destacaron desde Estudios Económicos del Banco Provincia.

“El rebote de agosto fue marginal. Todo encaminado hacia confirmar recesión técnica. Hay un evidente problema de demanda, como también mostraron las importaciones esta semana. El desafío es revertir sin generar otros desequilibrios”, sumó Claudio Caprarulo, director de Analytica.

La definición es conocida, pero sus efectos trascienden lo estadístico. Una economía cae en recesión técnica si el Producto Bruto Interno (PBI) desestacionalizado registra descensos durante dos trimestres seguidos.

La inquietud no se limita al cálculo trimestral. Comercio, industria y construcción, actividades con fuerte peso en la generación de empleo, acumulan varios meses por debajo del desempeño general. En contraste, el crecimiento se concentra en el agro, la minería y la producción petrolera. Esta tendencia de una economía “a dos velocidades” se acentuó a lo largo de 2026.

“Hacia adelante, los indicadores de actividad que monitoreamos para septiembre continúan mostrando una dinámica mixta, aunque con un sesgo levemente positivo. En este contexto, estimamos que el EMAE podría registrar una variación mensual positiva durante septiembre, aunque sin señales de una aceleración significativa en el ritmo de crecimiento de la actividad”, indicó Ammiel Pardo, economista senior de Aldazabal y Cía.

La mirada del Gobierno

Frente a la dinámica en “serrucho” que evidenció la economía en los últimos meses, alternando subas y bajas, el presidente Javier Milei definió el escenario como una pérdida de ritmo de expansión y afirmó: “Lo que hay es una desaceleración del ritmo de expansión”.

También cuestionó la utilidad del dato desestacionalizado ante las transformaciones de la economía: “Cuando usted construye un indicador desestacionalizado, se arma en función de la historia. Si su economía está teniendo muchos cambios estructurales, los desestacionalizados miden mal”.

En su lugar, el oficialismo priorizó la serie de tendencia-ciclo, que busca aislar movimientos excepcionales y observar la trayectoria general de la actividad. Milei sostuvo: “Por eso nosotros nos enfocamos en el indicador tendencia a ciclo porque la economía está teniendo muchos cambios estructurales. Por eso están arrojando cualquier cosa. Nosotros vamos a lograr cuatro años seguidos de crecimiento. Estamos en niveles máximos de consumo, exportaciones y PBI”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, compartió esa interpretación y describió al EMAE desestacionalizado como una medición afectada por una volatilidad que no representa la dinámica subyacente. “Si se mira el EMAE desestacionalizado, claramente está dando un nivel de volatilidad que no refleja la realidad. Están habiendo cambios estructurales en la economía y muestra un mes que sube y otro que baja”, afirmó.

Sin embargo, el informe del Indec correspondiente a agosto mostró que el índice tendencia-ciclo no registró crecimiento alguno ni en abril, ni en mayo, ni en junio, ni en julio, ni en el octavo mes. Es decir, en todos esos meses arrojó un estancamiento.

El jefe de Research de Adcap Grupo Financiero, Federico Filippini, definió a esta medición como “una estimación que busca separar los movimientos persistentes de la actividad de las oscilaciones transitorias o estacionales, ofreciendo una lectura más ‘suavizada’ de la economía”.

“El problema es que la tendencia-ciclo tiene una limitación importante: los últimos datos son particularmente sensibles a revisiones. Como el filtro necesita información futura para estimar correctamente la tendencia, en el extremo de la muestra esa información todavía no existe”, explicó Filippini.

El antecedente de CABA

Como antecedente, la actividad económica de la Ciudad de Buenos Aires atravesó una recesión técnica durante la primera mitad de 2026, tras registrar dos retrocesos trimestrales seguidos en términos desestacionalizados. El Producto Geográfico Bruto (PGB) cayó 0,9% entre enero y marzo y volvió a disminuir 0,2% en el período abril-junio, según datos del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba).

El desempeño de la economía porteña cobró relevancia en un contexto de debate sobre la evolución de la actividad a nivel nacional y la posibilidad de que también se acumularan dos trimestres negativos. Aunque la Ciudad mostró una leve mejora de 0,3% frente al segundo trimestre de 2025, la variación interanual confirmó una desaceleración marcada.

La pérdida de ritmo se había iniciado durante 2025. La expansión interanual pasó de 4,4% en el tercer trimestre de ese año a 2,9% en el último, mientras que entre enero y marzo de 2026 se redujo a 0,8%. La serie de tendencia-ciclo también reflejó la debilidad de la actividad.

Pese a las caídas consecutivas al inicio de 2026, el PGB acumuló un alza de 0,6% en el primer semestre respecto del mismo período del año anterior. El resultado quedó lejos del crecimiento de 4,4% que la economía de la Ciudad había registrado en los primeros seis meses de 2025.

El dato de actividad económica de agosto que publicó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) deja poco terreno para el entusiasmo entre los funcionarios del gobierno de Javier Milei. El indicador que más siguen los especialistas, la variación mensual desestacionalizada de la actividad, mostró una casi nula expansión del 0,1% en el octavo mes del año respecto del mes anterior, lo que obliga al dato de septiembre a saltar más del 8% para que la economía no caiga en una recesión técnica, dos meses consecutivos de caída del producto. Pero también el indicador favorito del Gobierno dio malas noticias, tras una corrección de la serie histórica: la serie tendencia-ciclo muestra que la economía está frenada desde marzo, pese al fuerte aporte de los sectores de hidrocarburos, minería y hoteles y restaurantes.

La modificación de datos del pasado es muy habitual. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) es una aproximación temprana al desempeño de la economía y anticipa, con información parcial, la evolución que luego reflejan las cuentas nacionales. Por esa característica, cada informe del Indec incorpora datos que no estaban disponibles al cierre anterior y puede modificar los valores ya publicados. Las revisiones de la serie histórica son, por eso, normales y no implican por sí mismas una alteración de la metodología.

La actualización difundida con el dato de agosto dejó casi sin cambios la lectura de la serie desestacionalizada. La caída de julio pasó del 2,9% informado inicialmente a 2,8%, mientras que el retroceso de febrero se corrigió de 2,2% a 2%.

El cambio de mayor alcance ocurrió en la serie tendencia-ciclo, la serie que el Gobierno insiste en resaltar como la más relevante ante los análisis de especialistas que, en los últimos meses, marcan que la actividad está dando señales de alarma.

El cuestionamiento de Milei a los datos de actividad

El presidente Javier Milei ya explicó varias veces su posición al sostener que los indicadores desestacionalizados ya no reflejan la realidad de la actividad económica, dado que la Argentina está en un proceso de transformación estructural. “Cuando usted construye un indicador desestacionalizado, se arma en función de la historia. Si su economía está teniendo muchos cambios estructurales, los desestacionalizados miden mal”, afirmó.

El mandatario planteó que, en un período de estabilización y reformas, las pautas del pasado pueden perder capacidad para describir las variaciones estacionales las decisiones de consumo, producción e inversión. Sobre esa base, defendió el uso de otro indicador: “Por eso nosotros nos enfocamos en el indicador tendencia a ciclo, porque la economía está teniendo muchos cambios estructurales”.

La discusión se volvió relevante durante 2026 por las fuertes alternancias del EMAE desestacionalizado. En febrero cayó 2%, en marzo avanzó 2,7%, en abril retrocedió 1,4%, en mayo bajó 0,6%, en junio subió 0,3%, en julio descendió 2,8% y en agosto apenas recuperó 0,1%. La sucesión dificulta inferir una dirección a partir de un solo mes y de ahí la queja de Milei.

Pero con la publicación del EMAE de agosto, ni siquiera el indicador favorito del Gobierno da buenas noticias.

Daza había picado en punta

El viceministro de Economía, José Luis Daza, había sido el primero en desarrollar la visión del Gobierno sobre lo poco representativo que es el dato desestacionalizado de actividad. En julio, el funcionario había dado la fundamentación técnica de la postura oficial en una publicación en X. Según sus cálculos, la dispersión de los datos mensuales se había elevado: la desviación estándar habia pasado de 0,9 en 2024 y 1,2 en 2025 a 2,2 en lo transcurrido de 2026.

En ese entonces, Daza había señalado que movimientos cercanos a 3% en sentidos opuestos exigirían interpretar que la economía pasa, en apenas 30 días, de una contracción anualizada muy pronunciada a una expansión también extrema. “Eso no pasa en ninguna economía real”, escribió. Su conclusión fue que “el EMAE mensual está capturando mucho ‘ruido’” en una economía que, según su interpretación, se transforma con rapidez por el programa de estabilización y las reformas. Los análisis de Daza son la base de la argumentación de Milei.

“La solución es usar la serie de tendencia-ciclo, que filtra ese ruido”, había dicho Daza. “Pueden usarse otros promedios móviles para cancelar el ruido, pero la tendencia-ciclo es la medida más útil: además de la estacionalidad, elimina los componentes irregulares como huelgas y otros”, había agregado.

Malas noticias del indicador favorito del Gobierno

Hasta la publicación anterior, la tendencia-ciclo exhibía aumentos mensuales de 0,2% desde noviembre de 2025 hasta julio de 2026, aún cuando los datos desestacionalizados mostraban contracciones fuertes. Pero con la nueva estimación, esos avances quedaron reducidos a 0,1% entre noviembre y marzo. Y desde abril hasta agosto, en cambio, la variación fue de 0,0% en cada mes. En cada uno de los cuatro meses. Es decir, un freno total.

En términos simples, la tendencia-ciclo busca separar tres componentes de una serie. El primero es la tendencia, que procura mostrar el rumbo de largo plazo. El segundo es la estacionalidad, es decir, movimientos que se repiten en meses determinados por vacaciones, cosechas, feriados u otras pautas previsibles. El tercero reúne los hechos irregulares o transitorios, como paros, una menor cantidad de días hábiles o episodios climáticos.

Al filtrar las oscilaciones mensuales, esta herramienta busca ofrecer una imagen más estable de la tendencia de la actividad. Esa es la razón por la que el Gobierno la contrapuso a la serie desestacionalizada, que elimina los efectos estacionales pero conserva otros movimientos de corto plazo. Sin embargo, la nueva revisión muestra que el filtro tampoco produce un dato positivo: el crecimiento es menor al esperado e, incluso, ya van cuatro meses de estancamiento.

Para Gabriel Caamaño, economista de Outlier, la serie de tendencia-ciclo no debe leerse como un indicador de la evolución inmediata de la actividad. “El tendencia-ciclo no es un indicador que servía para ver la marcha mes a mes de la economía”, sostuvo. Según explicó, por su propia naturaleza busca estimar una trayectoria de más largo plazo y detectar cambios de dirección. Para hacerlo, incorpora los datos de los meses posteriores y recalcula la serie histórica, por lo que su diagnóstico sobre una aceleración o una desaceleración puede modificarse una vez que ya transcurrió el período analizado.

El economista comparó ese funcionamiento con una herramienta retrospectiva: “Funciona como un espejo retrovisor, digamos, que te dice cuándo se pinchó o cuándo se arregló, se reinfló”. Caamaño remarcó que la detección de los puntos de inflexión ocurre “ex post”, es decir, después de que suceden y cuando se suma nueva información a la estimación. Por eso cuestionó el uso oficial de esa serie para afirmar que la economía mantenía una expansión mensual: “Nunca lo deberían haber utilizado para lo que lo utilizaban, que era decir que la economía estaba creciendo, porque sabían que podía reestimar para atrás mucho, en relativamente poco tiempo, y terminó pasando”.

Martín Polo, economista de Polomics, señaló que el EMAE es una medición de la actividad por el lado de la oferta. “No analizamos consumo, no analizamos inversión, sino solamente se ve qué sectores están aportando”, explicó. Según su lectura, la expansión quedó concentrada en pocos rubros, con tres sectores que crecían cerca de 10% mientras el resto retrocedía alrededor de 2%. Esa composición, advirtió, vuelve más vulnerable al nivel general de actividad cuando los motores puntuales pierden fuerza.

“Cuando afloja el agro, aflojó la pesca, más allá de que minería siga volando, bueno, no te alcanza”, afirmó Polo, al describir la debilidad del ciclo. El economista sostuvo que la economía ya ingresó en recesión y que el tercer trimestre habría profundizado la caída en lugar de mostrar la recuperación esperada. Para evitar una contracción trimestral, añadió, septiembre debería registrar una expansión mensual de entre 5% y 6%, un incremento que consideró difícil de lograr.

La Fórmula 1 dejará a la Ciudad de México una derrama estimada de 22,228 millones de pesos durante el Gran Premio programado del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, de acuerdo con Canaco CDMX.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México calcula que la cifra será 6.5% mayor a la proyección registrada para la edición de 2025. El encuentro reunirá a visitantes y aficionados durante tres días en la alcaldía Iztacalco.

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de Canaco CDMX, sostiene que la competencia impulsará las operaciones de empresas de distintos tamaños. La organización empresarial plantea que la permanencia de la carrera confirma la capacidad de la capital para recibir espectáculos internacionales.

El Gran Premio concentra una previsión de 22,228 millones de pesos

La estimación de 22 mil 228 millones de pesos incluye la actividad económica que se genera alrededor de la carrera. La Cámara de Comercio de la Ciudad de México prevé que el gasto de asistentes y visitantes se distribuya en diversos establecimientos y servicios de la capital.

El monto anunciado coloca a la edición de 2026 por encima de la expectativa planteada un año antes. Canaco CDMX señala que el cálculo supera en 6.5%.

El evento se realizará entre el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre. El Autódromo Hermanos Rodríguez será la sede de las actividades de la Fórmula 1, que volverá a convocar a equipos, aficionados y visitantes en la Ciudad de México.

Gutiérrez Camposeco expone que la competencia genera movimiento comercial en distintas zonas de la ciudad. Para Canaco CDMX, la realización del Gran Premio favorece las ventas y los servicios asociados con el turismo deportivo.

Hoteles, restaurantes y transporte prevén mayor actividad

Los hoteles y las plataformas de alojamiento figuran entre los giros que tendrían una mayor operación durante los días de la carrera. La llegada de asistentes también representa una demanda adicional para restaurantes, cafeterías y bares.

Canaco CDMX incluye a los recintos turísticos, museos y espacios recreativos entre los establecimientos que recibirían visitantes por la celebración automovilística. Las tiendas de artesanías también forman parte de los negocios considerados en la estimación.

Los servicios de taxi y las plataformas de movilidad aparecen dentro de los rubros que podrían registrar una mayor demanda. El traslado de personas hacia el Autódromo Hermanos Rodríguez y otros puntos de la capital forma parte de la actividad prevista para el fin de semana.

El presidente de la Cámara afirma que la continuidad de la Fórmula 1 muestra la infraestructura logística, hotelera y comercial disponible en la Ciudad de México. La organización sostiene que el encuentro internacional genera condiciones para elevar la competitividad de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.

La proyección de Canaco CDMX contempla una dinámica comercial relacionada con los visitantes que acudirán al Gran Premio. La actividad se concentrará entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre de 2026, cuando el Autódromo Hermanos Rodríguez reciba la competencia.

Comprar un auto nuevo implica asumir gastos que continúan después de salir de la agencia. Con ese argumento, El Poder del Consumidor solicitó a la Secretaría de Economía establecer un etiquetado obligatorio de eficiencia energética y emisiones, que permita comparar cuánto combustible utiliza cada vehículo y qué contaminantes genera.

La organización retomó su exigencia el 20 de octubre, frente a la dependencia federal, donde planteó que las personas necesitan información comprensible para evaluar el costo de utilizar un automóvil antes de comprometer su presupuesto. La propuesta busca que estos datos estén disponibles durante la decisión de compra.

De acuerdo con Milenio, el planteamiento contempla etiquetas visibles en las agencias y en la publicidad de los modelos. Estas incluirían indicadores para contrastar el desempeño energético de vehículos de un mismo segmento, así como sus emisiones.

¿Qué información tendría la etiqueta para autos nuevos?

El esquema propuesto permitiría conocer el rendimiento de combustible en distintas condiciones de circulación. Para los vehículos que utilizan gasolina, se presentarían datos expresados en kilómetros por litro, con resultados para ciudad, carretera, recorrido combinado y rendimiento ajustado.

En el caso de las unidades híbridas y eléctricas, la propuesta considera indicadores de consumo energético expresados en kilovatios hora por cada 100 kilómetros o kilómetros por kilovatio hora, según corresponda.

Además, se plantea incorporar un comparativo del costo o ahorro previsto durante cinco años frente al promedio de la categoría, junto con indicadores diferenciados sobre gases de efecto invernadero y contaminantes que afectan la calidad del aire.

La ubicación también forma parte de la solicitud: la información se colocaría en el parabrisas y la ventanilla del conductor, además de integrarse a los materiales publicitarios de cada modelo. El propósito es facilitar su consulta antes de concretar la compra.

¿Por qué cuestionan los rendimientos de las fichas técnicas?

Uno de los argumentos de El Poder del Consumidor es que las cifras obtenidas en laboratorio pueden diferir de lo que experimentan las personas al conducir diariamente.

Según reportó La Jornada, la organización advirtió que el rendimiento real puede ser 25% menor o incluso presentar una diferencia mayor respecto de los valores anunciados. Por ello, pidió información que vaya más allá de las fichas técnicas utilizadas para presentar las características de los vehículos.

Durante el pronunciamiento, Stephan Brodziak, coordinador de la campaña de Calidad del Aire de la organización, señaló que las diferencias de consumo entre automóviles de una misma categoría pueden representar más de 40 mil pesos anuales en gasolina, según la comparación expuesta.

La agrupación también citó datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024, del Inegi, conforme a los cuales los combustibles vehiculares representan 6.4% del gasto corriente trimestral de los hogares. Estas cifras fueron utilizadas para explicar la relevancia económica de conocer el consumo antes de elegir un modelo.

Solicitan incluir el cambio en el programa de normalización de 2027

La petición concreta consiste en incorporar la actualización de la NOM-160-SCFI-2014, relacionada con las prácticas comerciales para vender vehículos nuevos, al Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2027.

Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, cuestionó que los automóviles carezcan de una etiqueta visible comparable con la que se exige a otros productos que consumen energía, como los refrigeradores.

El planteamiento corresponde a una solicitud de la organización civil. Su presentación no significa que el etiquetado descrito ya haya sido aprobado ni que exista una fecha anunciada para exigirlo en las agencias. La incorporación de la propuesta al programa de 2027 forma parte de lo que la agrupación está demandando a las autoridades.

Una plataforma permite consultar rendimiento, gasto y emisiones

Como antecedente, el 6 de octubre, El Poder del Consumidor presentó una nueva versión del portal Qué tan rendidor es tu auto, con información sobre vehículos de los años modelo 2022 a 2025 comercializados en México.

La herramienta permite consultar estimaciones de rendimiento, gasto en combustible y emisiones. También presenta una etiqueta virtual para acercar estos datos a quienes buscan comparar opciones antes de comprar.

De acuerdo con la organización, dentro de un mismo segmento el gasto energético puede superar el doble del correspondiente al automóvil más rendidor. Por ello, considera que hacer accesibles estas comparaciones puede ayudar a las personas a identificar diferencias que repercutirán en su presupuesto durante los años de uso.

El portal funciona como una referencia de consulta mientras la agrupación mantiene su exigencia de contar con información comparable, visible en los puntos de venta y sujeta a supervisión gubernamental.

Tras comparecer por casi tres horas a puerta cerrada con integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y con las comisiones de Economía y de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC en el Senado de la República, el político mantuvo un encuentro con medios de comunicación, con quienes volvió a destacar el tema de la candidatura presidencial para 2030.

¿Ebrard podría volver al Senado de la República?

En 2024, Marcelo Ebrard pidió licencia en la Cámara Alta para poder ejercer el encargo de la presidenta, tras ser la candidata electa de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), ante esa decisión, uno de los periodistas cuestionó su regresó al Senado.

“Siempre será un privilegio y un honor. Imagínate, yo fui electo senador de la República, pues es uno de los más altos cargos que puede haber para cualquier ciudadano mexicano. Es un privilegio, un honor, una responsabilidad”, respondió el funcionario.

Reiteró que en este momento se encuentra concentrado en la negociación del T-MEC, sin embargo, más adelante podría haber un regreso del secretario: “Ya después veremos”.

El secretario de Economía podría estar entre los candidatos a la presidencia en 2030

Durante el encuentro con medios de comunicación, se recordó el momento en que Andrés Manuel López Obrador descartó volver a participar en la candidatura a la presidencia debido a dos derrotas previas, una situación similar a la del secretario de Economía.

Tras haberle dejado el camino libre al fundador de Morena en 2012 y perder la encuesta interna de Morena en 2024, donde ganó la presidenta Sheinbaum, Marcelo Ebrard recalcó: “No me maten, nada más que me borren”.

Respuesta que se traduce a una posible participación del también excanciller en el proceso electoral donde se elegirá a quien suceda a Claudia Sheinbaum, pese a que hoy, la principal encomienda la tiene al frente de Economía y el cierre del acuerdo comercial con Estados Unidos:

“Yo estoy trabajando en lo que estoy trabajando. Nada más. Mi concentración hoy es sacar esto adelante”.

García Harfuch podría ser el contrincante de Marcelo Ebrard en las internas de Morena

Entre los nombres que suenan para disputarle la candidatura a Marcelo Ebrard está Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, quien el pasado 8 de octubre descartó competir por la presidencia en 2030, pese a que las encuestas lo ubican como el aspirante “más aventajado”.

Tras comparecer ante la Jucopo en la Cámara de Diputados, el funcionario fue cuestionado luego de que el coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, lo calificara como “el Pedro Infante de la política mexicana”, y respondió: “La tarea y la oportunidad que me dio la presidenta Claudia Sheinbaum de servir como secretario de Seguridad no permite una agenda paralela”.

García Harfuch agregó que mantenerse pendiente de una posible candidatura equivaldría a una “falta de respeto” hacia las víctimas y hacia sus compañeros que atienden delitos como las desapariciones y la extorsión.

La propia Sheinbaum salió al paso de las versiones sobre la ambición presidencial de su secretario de Seguridad y las calificó de “grilla política” derivada del arranque del Proceso Electoral 2026-2027.

Durante una conferencia de prensa en el Senado de la República, este 20 de octubre de 2026, el funcionario también identificó las investigaciones comerciales en curso bajo la Sección 301 -mecanismo legal del país del norte par imponer aranceles- como otro factor pendiente en la relación bilateral.

Aunque destacó los avances de México frente a otros países, reconoció que todavía hay asuntos por resolver para mejorar las condiciones de acceso al mercado estadounidense.

México busca reducir los aranceles de la Sección 232

El objetivo central de México es conseguir mejores condiciones comerciales para las industrias afectadas por la Sección 232. Ebrard explicó que el gobierno lleva tiempo insistiendo en la reducción de estos aranceles y celebró el reciente anuncio del presidente estadounidense Donald Trump, que podría estar relacionado con los planteamientos mexicanos.

“Lo que México está buscando es la reducción de aranceles derivados de la Sección 232, específicamente para la industria automotriz, acero y aluminio”, afirmó el secretario.

Ebrard añadió que las gestiones ya llevan tiempo, por lo que México insiste en dicha medida, “me dio mucho gusto conocer ese anuncio del señor presidente Trump y seguramente el día de mañana yo tendré contacto con mis contrapartes para ver qué avances hay”, adelantó.

El anuncio del mandatario estadounidense generó expectativas en el gobierno mexicano, aunque todavía falta conocer los detalles del posible entendimiento y determinar qué avances concretos existen en materia arancelaria.

¿Qué pasará con la revisión del T-MEC antes de que termine 2026?

Otro de los objetivos de México es concluir la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) antes de que termine el año:

“Nosotros quisiéramos tener ya cerrado nuestra revisión del tratado de este año, pues en estos días, antes de que termine el año, porque eso va a dar certidumbre a los inversionistas”.

El funcionario recordó que el tratado seguirá vigente durante los próximos años y que el proceso contempla revisiones anuales. Desde su perspectiva, la revisión de 2026 podría ser la más amplia, mientras que las posteriores tenderían a concentrarse en menos asuntos conforme se resuelvan los temas pendientes.

Ebrard defendió los resultados de la estrategia comercial mexicana al señalar que el país mantiene una posición favorable frente a otros socios comerciales de Estados Unidos.

“México tiene hoy el mejor trato, objetivamente, porque paga el arancel más bajo y es el exportador más grande de Estados Unidos”, sostuvo.

Como referencia, indicó que México paga un arancel efectivo de alrededor de 3.2%, frente al 22% que mencionó para China. También destacó que las exportaciones mexicanas hacia el mercado estadounidense continúan creciendo.

En la negociación “no todo es arancel”, afirma Ebrard

El secretario también sostuvo que la relación comercial con Estados Unidos ofrece oportunidades de crecimiento e inversión, más allá de las diferencias arancelarias, entre las áreas con potencial destacó la industria de semiconductores, ante las inversiones previstas en Arizona y otras regiones estadounidenses durante los próximos años.

“Hay oportunidades, no todo es aranceles. También hay posibilidades de crecimiento, de inversión para México, que estamos y vamos a aprovechar”, afirmó.

Según explicó, las inversiones relacionadas con la industria de semiconductores en Arizona y otras regiones de Estados Unidos podrían superar los 150 mil millones de dólares hasta 2030, lo que abre posibilidades para la participación de México.

Asimismo, mencionó los esfuerzos para diversificar las relaciones económicas del país mediante el diálogo con otras regiones y socios comerciales, entre ellos la Unión Europea, China y países de América Latina.

Mientras avanzan estas iniciativas, el reto inmediato para México será obtener resultados concretos en las negociaciones con Estados Unidos. La atención permanece en los aranceles de la Sección 232, las investigaciones pendientes y la posibilidad de cerrar la revisión del T-MEC antes de finalizar 2026, tres elementos que serán determinantes para la certidumbre de las empresas y las inversiones.

¿Qué es lo que se sabe de la comparecencia?

De acuerdo con la agenda difundida por la Coordinación de Comunicación Social el Senado, la reunión está programada a las 10:00 horas en el Sótano 1.

• Formato: privado, sin acceso para medios.
• Participantes: la Jucopo y las comisiones de Economía y del T-MEC.
• Marco: análisis del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Parte de la glosa del Segundo Informe

El presidente de la Jucopo, Ignacio Mier Velazco, informó que las comparecencias del gabinete iniciarían el 5 de octubre y que la de Ebrard estaba prevista para el 20 de octubre. El calendario contempla participaciones ante el pleno, comisiones y la Jucopo, algunas a puerta cerrada, lo que generó cuestionamientos de legisladores de oposición.

El contexto: negociaciones con Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el lunes 19 de octubre, durante un mitin en Kansas, que ambos países están “muy cerca de cerrar un gran acuerdo” para reducir el déficit comercial de su país con México, según reportes de medios nacionales. Los reportes indican que ese déficit superó los 196 mil millones de dólares en 2025. Trump mencionó una cifra de 150 mil millones y planteó que podría bajar hasta cero. El mandatario no detalló el contenido del acuerdo ni si se vincula con el T-MEC. Ese mismo lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que habló con Trump sobre una posible mayor compra de gas natural estadounidense.

Lo que dijo Sheinbaum: “muy cerca”, pero con temas pendientes

Este martes, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum afirmó que México y Estados Unidos están “muy cerca” de un acuerdo comercial, aunque aclaró que aún hay temas sin resolver y que el pacto final no se ha concretado. Explicó que su objetivo es reducir al máximo los aranceles a vehículos, acero y aluminio, y evitar nuevos gravámenes. Detalló que Estados Unidos plantea bajar el arancel a cambio de solicitudes concretas a México. La presidenta indicó que no se negociará nada fuera de la Constitución y las leyes, ni algo que afecte la economía o el empleo. También dijo percibir buena actitud del Gobierno estadounidense, en la Secretaría de Comercio y en el área de tratados comerciales. Al pedirle un porcentaje de avance, respondió que es difícil asignarlo, aunque sostuvo que “se ha avanzado bastante”.

El economista Gabriel Caamaño analizó en Infobae en Vivo las razones detrás de este comportamiento y señaló cuatro factores centrales: las expectativas electorales, una recuperación económica más débil de lo esperado, los vencimientos de deuda y la continuidad del apoyo financiero estadounidense.

“En términos generales, todos, los locales y los externos están reduciendo posición en activos argentinos”, afirmó. Según explicó, la caída no se limita a los bonos: el Merval medido en dólares se encuentra en niveles similares a los registrados antes de las elecciones del año pasado.

Las dudas sobre las elecciones de 2027

Uno de los principales factores que mencionó Caamaño es la incertidumbre sobre la competitividad electoral del oficialismo. El economista sostuvo que los inversores comenzaron a revisar sus expectativas sobre las posibilidades del Gobierno de conseguir una victoria en 2027.

“Yo creo que hay dudas respecto de qué tan competitivo es el oficialismo. Ya no se lo ve como un triunfo tan fácil”, explicó. Aclaró que el escenario dependerá también de quién se presente como alternativa electoral, pero señaló que las perspectivas son menos claras que a principios de año.

En ese contexto, mencionó la discusión sobre las PASO como otro elemento que contribuyó a anticipar el debate político. Según su análisis, el Gobierno buscó postergar la discusión electoral, pero el intento de eliminar las primarias y las posteriores dificultades para conseguir su suspensión produjeron el efecto contrario.

“Al hacerlo y meter la discusión de las PASO, instaló antes la discusión política este año”, sostuvo.

Caamaño consideró que las dificultades del oficialismo para alcanzar acuerdos con los gobernadores también constituyen señales que los inversores incorporan a sus evaluaciones. Además, planteó que algunos operadores podrían estar reduciendo sus posiciones en activos argentinos para aumentar su exposición a Brasil, ante las expectativas electorales en ese país.

Una economía que crece menos de lo esperado

El segundo factor está relacionado con el desempeño de la actividad económica. Caamaño reconoció que la situación macroeconómica mejoró significativamente, pero advirtió que la recuperación avanza a un ritmo inferior al que esperaba el Gobierno.

El economista recordó que la actividad registró una fuerte caída en julio y anticipó que agosto mostraría un rebote considerablemente menor. En septiembre, la recuperación parecía continuar, aunque sin compensar completamente el retroceso anterior.

En ese escenario, estimó que el crecimiento económico del año sería muy parecido al arrastre estadístico del período anterior. También planteó la posibilidad de una recesión técnica breve, mientras que la inflación se mantendría alrededor del 2% mensual, con registros algo inferiores hacia fin de año.

“Los indicadores económicos te hablan de una situación macro que se estabilizó y mejoró significativamente y eso es innegable”, afirmó. Sin embargo, sostuvo que esa mejora no alcanza la velocidad ni la magnitud que esperaban el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. “Probablemente vas a tener una recesión técnica, no una recesión larga, sino cortita. Pero no vas a tener una economía volando como en algún momento dijo Milei”, sostuvo el economista.

Los vencimientos de deuda y las reservas

El tercer factor está vinculado con las necesidades financieras del Tesoro. Caamaño advirtió que el Gobierno dejó de colocar deuda en dólares en el mercado local hace más de un mes, mientras que los depósitos del Tesoro en moneda extranjera cayeron por debajo de los USD 1.000 millones.

Al mismo tiempo, enfrenta vencimientos por aproximadamente USD 4.500 millones en enero de 2027, correspondientes a bonos Bonares y Globales, y otros USD 4.500 millones en julio.

La principal preocupación del mercado es de dónde saldrán los dólares para cumplir con esos compromisos si el Gobierno no consigue refinanciar la deuda. Según explicó, una alternativa sería recurrir a las reservas del Banco Central, pero eso reduciría los recursos disponibles para afrontar eventuales tensiones financieras.

Caamaño destacó que el Gobierno compró una importante cantidad de dólares durante el año y consideró positiva esa decisión. Sin embargo, recordó que en 2025 se utilizaron reservas acumuladas previamente para pagar vencimientos y atender la demanda privada de divisas.

El economista advirtió que, si el Tesoro no recupera el acceso al financiamiento, podría repetirse una situación similar. “No tenés tanta munición como dijiste que tenías”, señaló al explicar las consecuencias de utilizar los dólares del Banco Central para cancelar deuda.

El futuro del respaldo de Estados Unidos

El cuarto factor es la incertidumbre sobre la continuidad del apoyo financiero estadounidense, especialmente por el papel del secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Caamaño vinculó esa preocupación con las elecciones legislativas de medio término de Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre, y con las posibles consecuencias de un resultado adverso para Donald Trump.

El economista sostuvo que Bessent desempeña un papel determinante en el respaldo a la Argentina y que una eventual pérdida de influencia dentro de la administración estadounidense podría modificar el escenario financiero. “El blindaje es Bessent”, afirmó.

Según explicó, el secretario del Tesoro se convirtió en una figura de gran peso dentro del Gobierno estadounidense y cuenta con un amplio margen de acción. Incluso consideró que su apoyo a la Argentina responde, en numerosas oportunidades, más a su propia iniciativa que a instrucciones directas de Trump.

La preocupación no pasa únicamente por una eventual salida del funcionario, sino también por la posibilidad de que pierda atribuciones o influencia política después de las elecciones.

“Si Bessent no está, no hay blindaje y tenemos lo que tenemos”, advirtió.

Caamaño señaló que un cambio en el equilibrio político estadounidense podría coincidir con las dificultades de la Argentina para refinanciar sus vencimientos, lo que aumentaría la presión sobre las reservas.

De todas maneras, aclaró que ese escenario no implica necesariamente una crisis financiera durante 2027. “No significa que va a explotar todo el año que viene”, sostuvo.

El economista consideró que el balance de riesgos podría modificarse significativamente durante las próximas semanas, en función de los resultados electorales estadounidenses y de cómo quede conformado el equipo de Trump.

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Mirá la entrevista completa a Gabriel Caamaño

Honduras inicia este lunes la sexta y última revisión del programa económico vigente con el FMI, un proceso que determinará si el país cumple las condiciones para acceder a nuevos recursos financieros.

La misión, encabezada por Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, se reunirá con autoridades de la Secretaría de Finanzas, el Banco Central de Honduras (BCH), la Presidencia de la República, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y representantes del sector privado.

El coordinador del Gabinete Económico y secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, expresó su confianza en que Honduras cumpla las metas pendientes y obtenga una evaluación favorable. Los fondos previstos se incorporarían al Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República de 2026, aunque su desembolso dependerá de la aprobación correspondiente.

La ENEE, uno de los principales desafíos

Entre los temas relevantes de la evaluación figura la situación financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), especialmente las obligaciones pendientes con los generadores y las reformas estructurales del sector.

Hernández Hércules reconoció que existen dificultades para avanzar en esta área, donde el Gobierno debe poner en marcha la Ley de Justicia Energética, aprobada por el Congreso Nacional.

En revisiones anteriores, el FMI identificó retrasos en algunos compromisos relacionados con el sector eléctrico, aunque también reconoció medidas correctivas adoptadas por Honduras. La evaluación actual deberá determinar si los avances permiten cumplir las metas pendientes y cerrar satisfactoriamente el programa.

Por su parte, el presidente del BCH, Roberto Lagos, afirmó que al inicio de la actual administración había compromisos estructurales pendientes que ponían en riesgo la continuidad del acuerdo. Según el funcionario, los avances posteriores permitieron completar la quinta revisión.

Lagos también destacó las medidas sobre el pago de atrasos a los generadores eléctricos y las decisiones de política monetaria, cambiaria y crediticia. Estas políticas buscan preservar la estabilidad económica frente a las presiones inflacionarias y las variaciones internacionales en los precios de los combustibles.

En junio de 2026, el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó la conclusión de las cuartas y quintas revisiones del programa hondureño, lo que habilitó un desembolso aproximado de USD 242 millones.

Con esa operación, los desembolsos acumulados alcanzaron unos USD 725 millones, dentro de un programa que contempla financiamiento total equivalente a aproximadamente USD 847 millones.

El plazo del programa fue extendido hasta el 31 de diciembre de 2026 para facilitar la conclusión de las evaluaciones y los compromisos restantes.

COHEP respalda crecimiento

En paralelo, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) considera razonable la proyección del FMI de un crecimiento del producto interno bruto (PIB) del 3,3 % para Honduras en 2026.

Santiago Herrera, gerente de Política Económica del Cohep, estimó que la economía podría crecer entre un 3 % y un 3,5 % al cierre del año.

El representante empresarial advirtió que las perspectivas de menor crecimiento en Estados Unidos y Europa, los efectos del cambio climático, las limitaciones energéticas, el costo de los combustibles y la inflación importada podrían limitar el desempeño económico.

Estos factores inciden en los costos de producción, el consumo y las decisiones de inversión, además de afectar potencialmente la demanda de exportaciones hondureñas.

La sexta revisión del FMI será clave para determinar si Honduras cumple las condiciones para acceder al financiamiento pendiente y cerrar el programa vigente.

El resultado también marcará el punto de partida para negociar un nuevo acuerdo, en un contexto de crecimiento moderado y reformas económicas todavía pendientes.

La actividad productiva de Colombia interrumpió en agosto de 2026 la tendencia positiva que había mostrado durante los meses anteriores.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que la economía colombiana se contrajo 0,04% durante ese mes, un resultado que marca el primer retroceso desde abril de 2025, después de que el índice se ubicara en 127,27 puntos.

En agosto del año anterior, la medición había alcanzado 127,31 puntos, una diferencia mínima que llevó el resultado anual a terreno negativo.

La entidad publicó las cifras el 19 de octubre y aclaró que se trata de datos preliminares. El boletín también incluye ajustes de resultados difundidos entre enero y julio, debido a la incorporación de nueva información de las fuentes y a actualizaciones de los parámetros estadísticos.

El resultado de agosto contrasta con el desempeño observado durante buena parte de 2026. En julio, la variación anual revisada había sido de 1,06%; en junio, de 3,43%; y en mayo, de 4,28%. La desaceleración se trasladó al cierre del tercer trimestre, con caídas en las actividades vinculadas al campo, la extracción, la manufactura y la construcción.

El indicador ajustado bajó 3,11% frente a julio

El Dane también presentó la serie corregida por efecto estacional y calendario, una medición que elimina la incidencia de elementos como festivos y número de días hábiles. Bajo ese cálculo, el ISE se situó en 125,65 puntos durante agosto.

La diferencia respecto de julio fue de 3,11%, luego de que el registro mensual anterior alcanzara 129,69 puntos. Frente a agosto de 2025, esa misma serie mostró una baja de 0,11%.

El ajuste permite comparar periodos consecutivos en condiciones similares. En este caso, la disminución mensual fue más pronunciada que la observada en la medición original interanual, lo que refleja un menor ritmo de producción al terminar agosto.

El organismo estadístico explicó que aplica un mecanismo de “ajuste concurrente” a las series desestacionalizadas. Ese procedimiento modifica los modelos y parámetros cada vez que se incorporan datos recientes o revisados, por lo que los indicadores mensuales pueden cambiar en publicaciones posteriores.

Las actividades primarias tuvieron una caída de 3,19%

El mayor retroceso anual dentro de las tres grandes agrupaciones se presentó en las actividades primarias. Este grupo reúne agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y explotación de minas y canteras.

La serie original de ese bloque cayó 3,19% frente a agosto de 2025. El índice bajó a 106,94 puntos, desde los 110,47 puntos registrados un año antes. La medición ajustada por calendario también retrocedió 3,10% en la comparación anual.

En la comparación con julio, la actividad primaria disminuyó 2,06%. El indicador corregido descendió de 102,60 a 100,49 puntos. La evolución de estos sectores tuvo una incidencia negativa de 0,45 puntos porcentuales sobre la variación total del ISE.

La cifra incorpora renglones ligados a materias primas y producción agropecuaria. Su comportamiento incidió en el resultado agregado, debido a su peso dentro de la estructura productiva nacional.

Industria y construcción profundizaron la reducción mensual

Las actividades secundarias, que agrupan las industrias manufactureras y la construcción, también cerraron agosto en negativo. Su índice original se ubicó en 98,53 puntos, con una variación anual de -3,03%.

La serie ajustada por efecto estacional y calendario marcó un descenso de 3,02% frente al mismo mes de 2025. En términos mensuales, la disminución fue de 4,17%, la más alta entre las tres agrupaciones principales.

El resultado muestra que el índice pasó de 98,25 puntos en julio a 94,15 puntos en agosto. La manufactura y la construcción aportaron una reducción de 0,39 puntos porcentuales a la tasa general de la economía.

La debilidad de estas actividades coincidió con el retroceso del bloque primario. Ambos grupos explicaron buena parte del resultado negativo del ISE, pese a que varias ramas de servicios conservaron variaciones positivas en la comparación anual.

Los servicios crecieron frente a 2025, pero retrocedieron en el mes

Las actividades terciarias evitaron una caída mayor del indicador anual. En su serie original, este conjunto creció 1,10% y alcanzó 140,32 puntos, frente a los 138,80 puntos de agosto de 2025.

En la medición desestacionalizada, el avance anual fue de 1,35%. Aun así, el bloque presentó una reducción de 1,39% respecto de julio, cuando había llegado a 144,14 puntos.

Entre las ramas con alzas se destacaron el suministro de electricidad, gas, agua y saneamiento, con un crecimiento de 4,74%. La administración pública, educación, salud, actividades artísticas y otros servicios subieron 2,25%, mientras que las inmobiliarias avanzaron 1,87%.

Las actividades financieras aumentaron 0,82% y las profesionales, científicas y técnicas lo hicieron 1,02%. En sentido contrario, comercio, transporte, alojamiento y restaurantes bajaron 0,95%, al tiempo que información y comunicaciones registraron una disminución de 1,87%.

El Dane precisó que el ISE tiene cobertura nacional y toma como referencia el año 2015 igual a 100. El indicador se publica cada mes y ofrece resultados para tres, nueve y doce agrupaciones de actividad económica.

El sismo de magnitud 7,5 que sacudió la región central de Panamá el 9 de octubre dejó un país que ahora combina el auxilio a las zonas devastadas con la decisión del sector privado de mantener la actividad productiva en marcha.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y la Specialty Coffee Association of Panama (SCAP) anunciaron que destinarán un porcentaje de las ganancias de su próximo evento internacional a la Cruz Roja Panameña.

El gesto busca convertir la actividad económica de la capital, donde los daños fueron menores, en un canal directo de ayuda para las comunidades del interior.

La SCAP y la CCIAP aportarán parte de lo recaudado en World of Coffee Panama 2026 a la Cruz Roja Panameña, para reforzar los esfuerzos dirigidos a las zonas afectadas por el terremoto.

El encuentro, que reunirá del 23 al 25 de octubre a la industria internacional del café de especialidad en el Panama Convention Center, también habilitará espacios para donaciones directas de visitantes y participantes.

La SCAP eligió a la Cámara como socio organizador por su experiencia en eventos internacionales, indica una nota de prensa empresarial.

Ese dato, señala la CCIAP, refleja un país con infraestructura, conectividad y capacidad para recibir al mundo, condición que ahora adquiere un propósito adicional frente a la emergencia.

El epicentro del terremoto se ubicó cerca de Tonosí, en la provincia de Los Santos, con una magnitud de 7,7 según el Servicio Geológico de Estados Unidos, reducida a 7,5 por el Instituto de Geociencias de Panamá.

El movimiento provocó más de un centenar de réplicas y afectó a nueve provincias del país.

Naciones Unidas, a través de Unicef, estima que 38 mil personas necesitan asistencia humanitaria, entre ellas 8.300 niños, niñas y adolescentes.

El organismo reportó además 419 centros educativos con daños y comunidades rurales que permanecen sin agua ni electricidad.

En Penonomé, una de las dos torres de la catedral de San Juan Bautista colapsó durante el sismo, justo cuando el obispo Edgardo Cedeño sostenía una reunión con sacerdotes en el lugar, según relató el propio prelado a EFE.

El Ejecutivo panameño decretó estado de emergencia para gestionar $100 millones en ayuda humanitaria.

“Lo importante es que no hay víctimas, lo material lo vamos a resolver”, afirmó en un primer momento el presidente José Raúl Mulino durante un recorrido por una de las regiones damnificadas, registraron los medios de comunicación. No obstante, hasta el momento se cuenta una mujer de 68 años fallecida.

Estados Unidos sumó apoyo a la respuesta. “Nuestro gobierno ha puesto a disposición cinco millones de dólares” para la ayuda, dijo el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, a los medios de prensa.

Por su parte, la CCIAP sostiene que la ciudad de Panamá, con infraestructura operativa y menor afectación, debe seguir funcionando como motor económico del país.

Empresas abiertas, empleos activos e inversiones en marcha generan recursos que circulan hacia el resto de la economía nacional, según el planteamiento de la institución.

El turismo, el comercio, la gastronomía y el transporte crean oportunidades que, según la Cámara, amplían la capacidad del país para responder a las comunidades más golpeadas. Bajo esa lógica, mantener la actividad productiva no compite con la asistencia humanitaria: la complementa.

El evento, que marca la primera edición de World of Coffee en América Latina, espera reunir a más de 13 mil visitantes y 370 expositores internacionales, según la organización. Compradores, productores y profesionales del café llegarán al Panama Convention Center y ocuparán hoteles, restaurantes y servicios de transporte en la capital.

Para la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, esa actividad confirma a Panamá como anfitrión de encuentros internacionales.

El régimen de Nicaragua destinó en el proyecto de Presupuesto General de la República 2027 una partida económica superior para infraestructura deportiva que para la construcción y reparación de centros educativos. La iniciativa entregada por el presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes, ante la Asamblea Nacional de Nicaragua otorga mayores fondos públicos a la edificación de estadios que a las obras físicas en el sistema de enseñanza escolar del país.

De acuerdo con las cifras oficiales expuestas en el parlamento y divulgadas por medios de comunicación locales, el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) dispondrá de 1,700,3 millones de córdobas ($46.4 millones de dólares) para ejecutar obras públicas a lo largo de 2027.

En cambio, el presupuesto de capital reservado para la infraestructura a cargo del Ministerio de Educación (MINED) asciende a 1,618,8 millones de córdobas ($44,2 millones de dólares). Esta asignación deja un saldo favorable de más de 81 millones de córdobas a las instalaciones deportivas por encima de las obras escolares.

Por lo que, el desglose del programa de inversión pública contempla recursos específicos para la construcción, sustitución y expansión de al menos cinco estadios en diferentes departamentos de Nicaragua.

A estos recintos se añaden los estadios de fútbol proyectados en las localidades de Ocotal y Jalapa, cada uno con un presupuesto asignado de 201,4 millones de córdobas. En conjunto, la inversión directa en estas cinco instalaciones deportivas alcanza los 1.273,3 millones de córdobas (casi 35 millones de dólares).

El plan estatal incluye además intervenciones adicionales en el estadio Cacique Diriangén, ubicado en Diriamba, y en un recinto futbolístico en Catarina, cuyos costos específicos no quedaron detallados en la exposición inicial ante los legisladores.

Escasa asignación directa para la infraestructura de las escuelas públicas

En contraste con las sumas destinadas a los escenarios atléticos, la presentación pública del proyecto presupuestario solo mencionó obras concretas para tres centros de enseñanza escolar en todo el territorio nicaragüense. Las reparaciones y el equipamiento previstos abarcan únicamente:

• El Colegio República de Venezuela
• El Centro Educativo Gaspar García Laviana
• Instituto Primero de Mayo, ubicados en Managua, con un fondo total de 337 millones de córdobas.

Ese monto destinado a los tres colegios representa poco más del 26% del dinero reservado de manera exclusiva para los cinco estadios principales del plan. Respecto a la educación superior y técnica, las universidades y centros de formación tecnológica estatales recibirán 1,036 millones de córdobas (unos 28,3 millones de dólares) en materia de inversión de capital, una cifra que también queda por debajo de las partidas asignadas al desarrollo de estadios y recintos deportivos.

Aunque el MINED cuenta con un presupuesto general asignado de 20.248,4 millones de córdobas, el segundo monto más alto dentro de la estructura del Estado detrás del Ministerio de Salud, la inmensa mayoría de este dinero no se traduce en nuevas escuelas ni en mejoras de infraestructura física.

La partida presupuestaria de la entidad educativa se destina de forma prioritaria a gastos corrientes, como el pago de salarios de los maestros, la nómina administrativa y el funcionamiento operativo diario.

Esta distribución contuvo los recursos para obras escolares directas en un contexto de crecimiento de las recaudaciones estatales. El proyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional de Nicaragua proyecta que los ingresos fiscales del Estado aumentarán en 23.435 millones de córdobas (unos 640 millones de dólares), mientras que el gasto público total solo se elevará en 1.459 millones de córdobas (alrededor de 39,8 millones de dólares).

El colapso de las represas más deterioradas de California podría causar daños económicos por más de USD 265.000 millones, según una auditoría estatal difundida este lunes.

El informe, publicado por CalMatters en asociación con The Associated Press, puso cifras concretas a un problema que el estado arrastra desde hace décadas: una infraestructura hídrica envejecida, con dueños sin recursos para repararla y un aparato de control que no logra hacer cumplir sus propias reglas.

El documento identificó 57 represas en condición deficiente o insatisfactoria hasta mayo de 2026, una cifra superior a la de conteos anteriores que, según los auditores, seguirá en ascenso a medida que los ingenieros reevalúen las estructuras más antiguas.

De las 40 clasificadas como de riesgo alto o extremadamente alto, la mayoría se ubica cerca de áreas metropolitanas de San Francisco, San Diego y Los Ángeles.

Un problema estructural sin financiamiento a la vista

El problema de fondo es estructural. Muchas de estas represas fueron construidas en décadas en las que los estándares de seguridad eran menos exigentes, tal como señaló la auditoría.

La legislación estatal nunca obligó a los propietarios a reservar fondos para mantenimiento, de modo que cuando el concreto se deteriora, los sedimentos se acumulan y los vertederos corren riesgo de erosión bajo crecidas, la mayoría de los dueños carece de recursos para costear las reparaciones.

La auditoría citó estimaciones según las cuales restaurar todas las represas en condición inferior a la satisfactoria podría costar alrededor de USD 28.000 millones.

Una proposición electoral aprobada en 2024 aportó USD 464 millones a un programa de subvenciones, y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) otorgó USD 629.198 en septiembre de 2026, tal como confirmó Jason Ince, vocero del Departamento de Recursos Hídricos de California (DWR).

Herramientas legales que nunca se pusieron en práctica

Tras la crisis de la represa de Oroville en 2017, que forzó la evacuación de casi 200.000 personas por una falla en su vertedero, los legisladores reforzaron la autoridad del DWR para imponer sanciones como restricciones de embalse, gravámenes sobre propiedades y multas a propietarios que incumplieran las normas vigentes. Los reglamentos de aplicación se finalizaron en 2022.

Hasta abril de 2026, ingenieros estatales habían referido a los dueños de 44 represas para procesos de cumplimiento, pero ninguno de esos casos derivó en sanciones concretas, de acuerdo con el informe.

Los funcionarios del DWR reconocieron ante el auditor que no lograron dotar de personal suficiente a una oficina de cumplimiento y que no confían en contar con los recursos necesarios para defender sus acciones en una audiencia legal.

Incluso con personal y presupuesto, concluyó el auditor, si un propietario se mantuviera en incumplimiento, el estado “no puede actuar antes de que la represa represente un peligro de nivel de emergencia”, lo que deja “un vacío en la ley estatal que pone en riesgo la seguridad pública”.

El informe destacó un caso emblemático: una represa con un agujero de 14 metros de ancho en su vertedero que lleva más de 30 años sin reparación.

Esa falla podría provocar inundaciones que afectarían a casi 300 personas y causarían daños por más de USD 88 millones. La auditoría no reveló el nombre de la estructura por razones de seguridad.

Lo que falta resolver antes de que lleguen las lluvias

Las deficiencias no se limitan al mantenimiento físico. La Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador aún no aprobó planes de emergencia para 245 represas, documentos que describen las medidas que tomarían sus propietarios para proteger a la población en caso de falla.

Los funcionarios indicaron que los dueños no completaron las revisiones exigidas y que la ley estatal no establece plazos para hacerlo.

Entre las recomendaciones, el informe instó a los legisladores a fijar plazos para que los propietarios de represas de alto y extremadamente alto riesgo presenten planes de mantenimiento y reparación.

También propuso ampliar la autoridad del departamento y, como último recurso, facultar al estado para “ordenar la condena y el desmantelamiento de una represa cuando los otros medios de cumplimiento resulten infructuosos”.

Laura Hollender, subdirectora de gestión de inundaciones y seguridad del DWR, señaló que el departamento trabajó de cerca con el auditor, aunque discrepa con algunas conclusiones del informe.

Aun así, declaró en un comunicado que se están revisando las recomendaciones y que se preparan para lo que traiga El Niño. “Proteger la seguridad pública es la máxima prioridad del DWR, y reconocemos el papel crítico que las represas y el mantenimiento de los diques desempeñan en la reducción del riesgo de inundaciones para las comunidades de California”, sostuvo la funcionaria.

El gobernador Gavin Newsom había promovido la reparación de represas hace cuatro años como parte de su estrategia de abastecimiento hídrico durante la sequía. Dos años después, en 2024, el propio Newsom y los legisladores recortaron los fondos del programa de subvenciones destinado a esas reparaciones.

Desde un mitin de campaña en Highland Heights, Kentucky, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que México ha pagado “muchas veces” el costo del muro fronterizo tras la imposición de aranceles al país vecino.

“México sí pagó por ese muro -para que quede claro-, porque les impuse aranceles y les cobré costos como nunca antes habían pagado en toda su historia”, destacó el mandatario, al referirse a la construcción que se ha llevado a cabo durante sus dos gestiones presidenciales.

Trump defiende política comercial para impulsar construcción del muro fronterizo

Frente a los simpatizantes, Trump defendió la política comercial aplicada durante su administración, la cual ha llevado a una mesa de negociación por separado con México y Canadá tras negarse a firmar la continuidad del T-MEC.

También aseguró que los ingresos obtenidos por las medidas arancelarias que mantiene Estados Unidos contra México superan de manera amplia el costo de la obra que impide el paso de personas migrantes al país del norte.

Ante las criticas generadas en su primera campaña en la que prometió que el país vecino pagaría por la obra fronteriza: “México ha pagado por ese muro muchas, muchas veces”.

Avance de la construcción de EEUU

El pasado 17 de febrero de 2026, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos concluyó los primeros 8 kilómetros (5 millas) de un nuevo muro fronterizo de acero previsto para cubrir 43,5 kilómetros (27 millas) en el valle de San Rafael.

La obra transformó el paisaje y bloqueó un corredor de vida silvestre. Como medida disuasoria adicional, la estructura fue pintada de negro para que alcance una mayor temperatura al tacto.

El Mapa del Muro Inteligente actualizado en el sitio web de la agencia prevé completar el muro en Arizona, sumar boyas al río Colorado e instalar más barreras dobles en algunos sectores de la frontera.

Gobierno estadounidense refuerza seguridad en la frontera con México

Estados Unidos refuerza la vigilancia en su frontera con México al prohibir el vuelo de drones no autorizados a partir del 19 de octubre, con una restricción que se extenderá durante un año.

La medida, impulsada en conjunto por los departamentos de Transporte, Guerra y Seguridad Nacional, impide el tránsito de aeronaves no tripuladas hasta los 400 pies de altura en una franja de 1.85 kilómetros al norte de la línea divisoria. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, advirtió que las fuerzas estadounidenses derribarán con armas de energía dirigida cualquier dron vinculado a cárteles.

Según Fox News, el Ejército estadounidense derribó cerca de 100 drones sospechosos de pertenecer a cárteles mexicanos solo en agosto. El 27 del mismo mes, el Comando Norte confirmó el primer uso documentado del sistema AMP-HEL, un láser de alta energía que neutralizó tres aeronaves durante una sola noche de operativos.

La Administración Federal de Aviación habilitó, sin embargo, un mecanismo de excepción para operadores autorizados, que deberán tramitar permisos con 48 horas de anticipación ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, presentó la restricción como continuidad del “progreso histórico” logrado en el control de la frontera sur.

Administración de Sheinbaum no está de acuerdo con decisión de Trump

En julio de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que su gobierno participara en la construcción de la nueva fase del muro fronterizo con Estados Unidos. Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria señaló que México no estaba de acuerdo con el muro y que no aportó recursos para la obra: “Lo están haciendo ellos, nosotros no estamos de acuerdo con el muro”.

Sheinbaum sostuvo que la frontera entre ambos países se había mantenido segura sin necesidad de una barrera física, gracias a la coordinación y colaboración bilateral. La presidenta argumentó que el muro no era necesario, aunque reconoció que su construcción respondía a una decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Confirmó además que todo el costo de la obra corrió a cargo del gobierno estadounidense.

La postura de la administración mantuvo la línea del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que también rechazó financiar el proyecto. En ese momento, la nueva fase del muro avanzaba entre el desierto de Santa Teresa, en Nuevo México, y Ciudad Juárez, Chihuahua, con fondos federales de Estados Unidos.

El iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple, agotó sus turnos de entrega apenas treinta minutos después de que arrancaran las reservas, el viernes 16 de octubre de 2026. Las fechas estimadas de envío saltaron de esta semana a fines de enero de 2027, según el propio sitio de la empresa.

Apple abrió las reservas a las 5 de la mañana, hora del Pacífico, con un precio de partida de USD 1.999. El teléfono fue anunciado el 9 de septiembre junto al iPhone 18 Pro y al iPhone 18 Pro Max.

El modelo sale a la venta el 23 de octubre de 2026, en más de 70 países y llegará a otros 28 mercados el 30 de octubre del mismo año, de acuerdo con Apple.

La demanda superó a la producción de Apple

A las 8:30 de la mañana, hora del Este, todas las combinaciones de color y almacenamiento ya mostraban una fecha de envío estimada para el 25 de enero de 2027, y algunos compradores vieron directamente el 29 de enero, según 9to5Mac. Apenas media hora antes, el mismo pedido todavía prometía entrega para diciembre.

El sitio Macworld siguió el proceso en vivo y registró cómo las fechas se corrieron en cuestión de minutos: primero a comienzos de diciembre, después a mediados de ese mes y finalmente a enero del año próximo. En el Reino Unido las entregas se postergaron hasta el 14 y el 21 de diciembre, y en Alemania a mediados de diciembre.

En India, compradores de Bombay, Bengaluru y Nueva Delhi reportaron que no encontraron unidades para retirar en las tiendas físicas de Apple. La entrega a domicilio recién se ofrecía para el 23 de enero.

Muchos usuarios atribuyen el desfase a una combinación de demanda alta y oferta limitada, aunque aclaró que no es posible saber cuánto pesa cada factor. Un mes antes del lanzamiento, el medio Nikkei Asia había informado que Apple fabricaba apenas unos cientos de unidades por día, muy por debajo del ritmo habitual de arranque de un iPhone nuevo.

El plegable venía precedido por años de rumores y marchas atrás; y de hecho, se hablaba que existía el riesgo de que el lanzamiento se corriera de 2026 a 2027 por demoras en la fabricación de piezas clave.

Apple llegó al segmento de los plegables casi una década después que Samsung, cuando lanzó su primer teléfono con este tipo de pantalla en 2019. Hasta ahora, la compañía de Cupertino nunca había confirmado de manera oficial un proyecto de este tipo.

Un diseño plegable pensadpor Apple para durar

El iPhone Duo mide 5,2 milímetros de espesor abierto, lo que lo convierte en el iPhone más delgado hasta ahora, aunque también el más pesado con 254 gramos. Cerrado, alcanza los 11,3 milímetros.

La pantalla interior, de 7,6 pulgadas, es la más grande que haya tenido un iPhone, mientras que la exterior, de 5,4 pulgadas, retoma el tamaño del iPhone mini. Ambas pantallas comparten la misma proporción, de manera que el contenido se adapta sin deformarse al pasar de una a otra.

Apple construyó el cuerpo con un marco de titanio grado 5 pulido a espejo y una bisagra de más de cien componentes, pensada para sostener la pantalla abierta y cerrar con un clic magnético. El equipo tiene certificación de resistencia al agua y al polvo IP68.

El teléfono funciona con el chip A20 Pro y 12 gigabytes de memoria RAM, incorpora Touch ID en lugar de reconocimiento facial y llega con iOS 27, el sistema operativo que Apple adaptó para aprovechar las dos pantallas. También, integra Siri con inteligencia artificial basada en la plataforma Apple Intelligence.

Reventa inmediata del iPhone Duo y un segundo modelo en camino

La escasez abrió de inmediato un mercado paralelo. Una revisión de publicaciones en eBay mostró decenas de unidades de iPhone Duo ofrecidas por revendedores a precios de hasta USD 5.200, más del doble del valor de lista.

Unido a esto, fuentes de Apple indican que se está preparando desde ya una segunda generación del iPhone Duo para 2027, año en el que iPhone cumple dos décadas desde su lanzamiento original.

Apple no difundió cifras de ventas ni de unidades reservadas durante el primer día, una práctica habitual de la empresa en sus lanzamientos recientes. La compañía solo confirmó, a través de su comunicado, que el modelo llegaría a los primeros compradores a partir del 23 de octubre de 2026 y que esperaba una demanda alta.

El próximo punto de control para medir el verdadero alcance de la escasez llegará el 30 de octubre, cuando el iPhone Duo se ponga a la venta en los 28 países adicionales que todavía esperan su primer lote.

Las exportaciones chilenas atraviesan uno de sus momentos de mayor expansión. Entre enero y septiembre de 2026, las ventas de bienes al extranjero alcanzaron los USD 93.837 millones, una cifra inédita para los primeros nueve meses de un año y que representa un salto de 18,5% respecto del mismo período de 2025. El resultado vino acompañado de otro hito: un superávit comercial de USD25.721 millones, el más alto desde 2007.

Los números, contenidos en el avance del Informe Mensual de Comercio Exterior de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), elaborado sobre la base de antecedentes del Banco Central y el Servicio Nacional de Aduanas, dan cuenta de un intercambio comercial que llegó a USD 166.985 millones. En comparación con los primeros nueve meses del año anterior, el monto creció 12,9%.

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, destacó que “el récord de nuestras exportaciones y el mayor superávit histórico son señales positivas para Chile”.

La minería concentró USD 58.873 millones en exportaciones durante los primeros nueve meses del año, con un incremento interanual de 25,7%. En simple, casi dos de cada tres dólares obtenidos por Chile mediante la venta de bienes al exterior provinieron de esta actividad.

El cobre mantuvo su posición central. Los embarques del metal rojo generaron ingresos por USD 49.247 millones, un 18,7% más que en igual período de 2025. De ese total, US$31.565 millones correspondieron a concentrados y US$14.839 millones a cátodos.

China siguió encabezando la lista de compradores, seguida por Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Más atrás apareció una de las novedades del año: India avanzó hasta el quinto puesto, desplazando a Brasil después de incrementar sus compras de cobre chileno en 101,3%.

Pero el repunte de los minerales no se limitó al principal producto de exportación del país. Los envíos de litio prácticamente se triplicaron y totalizaron USD 4.745 millones. El oro, por su parte, alcanzó ventas externas por USD 3.401 millones, su mayor resultado para un período enero-septiembre.

India duplica sus compras

Una parte importante del crecimiento se explica por la apertura de mercados más allá de China y Estados Unidos. De los USD 14.673 millones adicionales que Chile exportó en comparación con enero-septiembre de 2025, el 63,4% tuvo como destino otros países.

India sobresale en esa expansión. Las exportaciones chilenas hacia ese mercado llegaron a USD 5.096 millones, prácticamente el doble de lo registrado un año antes. Entre los productos que explican el avance figuran el cobre, el oro, el yodo, las manzanas frescas, la pasta de madera y el litio.

Japón, Corea del Sur y Suiza también aumentaron sus compras y de acuerdo a la subsecretaria Estévez, la diversificación forma parte del camino para ampliar el alcance de las exportaciones nacionales.

Envíos de alimentos

El resto de la oferta exportadora también mostró avances. Las ventas de bienes no mineros sumaron USD 34.963 millones, el mayor monto para los primeros nueve meses de un año y un 8,2% por encima del resultado de 2025.

La industria alimentaria alcanzó exportaciones por USD 10.712 millones, estableciendo igualmente un máximo histórico para el período. El salmón aportó USD 4.770 millones, equivalente al 45% del total, con un incremento anual de 8%.

Estados Unidos se mantuvo como el principal comprador de este producto, con adquisiciones por USD 1.975 millones -un 3% más que en los primeros nueve meses del año pasado-, a pesar del contexto arancelario. Brasil y Japón completaron los tres principales destinos.

La pesca y la acuicultura también superaron una barrera relevante. Considerando productos como jurel, mejillones congelados, merluza, trucha y bacalao de profundidad, las exportaciones del sector llegaron a USD 7.453 millones, siendo la primera vez que los envíos de esta categoría sobrepasan los USD 7.000 millones en un período enero-septiembre.

A ese desempeño se sumó otro registro destacado: las frutas congeladas generaron USD 617 millones, su mayor cifra para los primeros nueve meses del año.

El crecimiento del comercio internacional no solo se vio reflejado en los embarques, pues también aumentó la cantidad de compañías chilenas que participan en los mercados externos.

Entre enero y septiembre de 2026, un total de 8.029 empresas exportaron bienes, un 3% más que en el mismo lapso del año anterior. Son 232 compañías adicionales y la mayor cantidad registrada para este período.La manufactura, los servicios, la minería y la industria forestal destacaron entre las actividades que sumaron nuevos participantes a la actividad exportadora.

Servicios digitales

Por otro lado, las exportaciones de servicios alcanzaron USD 2.718 millones, con un aumento de 17,3% y un nuevo máximo histórico.

Dentro de este segmento, los servicios digitales sumaron USD 960 millones, impulsados principalmente por las tecnologías de la información y las asesorías profesionales.

Estados Unidos concentró el 53,6% de las ventas chilenas de estos servicios. México, Perú, España y Brasil también registraron avances, ampliando la presencia de los proveedores nacionales en mercados internacionales.

Este resultado añade una dimensión distinta al balance comercial de 2026: junto con el peso estructural de la minería y el avance de los alimentos, las prestaciones digitales comienzan a ocupar un espacio cada vez más visible dentro de la oferta que Chile puede vender al mundo.

Las reacciones convirtieron la demostración de Tesla en material para el humor digital. Algunos usuarios imaginaron cómo aprovecharían el vehículo para evitar los atascos de tráfico, mientras que otros se preguntaron qué ocurriría con las actividades más cotidianas, como llevar un café en el portavasos o viajar como pasajero durante una maniobra aérea.

La presentación del automóvil, que incorpora propulsores desarrollados con tecnología de SpaceX, también dio lugar a comparaciones con personajes animados y bromas sobre la espera de Grand Theft Auto VI (GTA 6). A esto se sumaron videos creados con IA que imaginan situaciones absurdas y posibles accidentes si estas capacidades llegaran a utilizarse en la vida diaria.

Del tráfico a los viajes en el aire: así imaginaron el uso del Tesla

Una de las ideas que más se prestó a las bromas fue la posibilidad de utilizar el Roadster para evitar las congestiones vehiculares. En lugar de permanecer detenido en una avenida llena de automóviles, los memes imaginaron a los conductores activando los propulsores para sobrevolar a los demás vehículos y llegar más rápido a su destino.

Otros llevaron la situación al terreno de las normas de tránsito. Si un automóvil puede elevarse y realizar maniobras en el aire, ¿cómo deberían actuar los agentes de tránsito? ¿Serían necesarias nuevas señales para regular los movimientos de estos vehículos? Las publicaciones humorísticas plantearon escenarios en los que las reglas de circulación tendrían que adaptarse a una tecnología que hasta ahora parecía propia de la ciencia ficción.

También surgieron bromas sobre las aseguradoras. Los usuarios imaginaron las dificultades de explicar un accidente en el que un vehículo hubiera realizado una pirueta antes de aterrizar sobre otro automóvil.

El café derramado y los pasajeros mareados

Los videos creados con inteligencia artificial llevaron las bromas a situaciones más cotidianas. Algunas recreaciones imaginan lo que podría suceder si el conductor llevara un café mientras el vehículo realiza una maniobra brusca: la bebida saldría disparada y terminaría sobre la ropa, el tablero o los asientos.

Otros escenarios exploran cómo reaccionarían los pasajeros ante los movimientos del automóvil. Una pirueta inesperada podría provocar mareos, mientras que un aterrizaje repentino convertiría un viaje aparentemente normal en una experiencia incómoda.

Estas escenas deben entenderse como recreaciones humorísticas y no como pruebas de fallas reales del Roadster. La demostración presentada por Tesla no permite concluir cómo se comportaría el vehículo en todas esas circunstancias, especialmente durante un uso cotidiano.

La diferencia entre una maniobra controlada y la circulación habitual es precisamente uno de los elementos que alimenta los chistes: los usuarios trasladan una demostración tecnológica a situaciones que cualquier conductor puede reconocer.

Las comparaciones con Cars y la espera de GTA 6

El diseño y las capacidades del deportivo también motivaron comparaciones con el universo de Cars, la película animada de Pixar protagonizada por automóviles que tienen personalidad propia. Algunos usuarios imaginaron cómo encajaría un Tesla capaz de volar en ese mundo, mientras que otros recurrieron al humor para representar cómo se vería conducirlo por las calles.

Otra broma relacionó la presentación con la prolongada espera de GTA 6. La idea, expresada en publicaciones humorísticas, es que los automóviles voladores ya parecen acercarse a la realidad mientras el esperado videojuego de Rockstar Games todavía no llega a las manos de los jugadores.

Las reacciones muestran cómo una presentación tecnológica puede trascender las especificaciones del producto y convertirse en un fenómeno de cultura digital. En X, Instagram y Facebook, el Roadster pasó de ser un vehículo que ejecuta maniobras aéreas a protagonizar escenarios imaginarios sobre el tráfico, los accidentes, los viajes cotidianos y las expectativas de los aficionados a los videojuegos.

Por ahora, muchas de esas situaciones pertenecen al terreno de los memes y los videos generados con IA. Sin embargo, reflejan una pregunta que acompaña a las nuevas tecnologías: qué ocurriría si una capacidad que hoy sorprende durante una demostración tuviera que integrarse en la vida diaria.

Salir de la deuda de tarjeta de crédito sin descuidar los gastos esenciales requiere un diagnóstico claro de las cuentas, un método de pago sostenido y una protección estricta del presupuesto básico. Especialistas en finanzas personales de Experian, GreenPath Financial Wellness y Consolidated Credit coinciden en que el orden de los pasos determina el éxito del plan.

Es posible pagar la deuda de la tarjeta sin dejar de cubrir lo esencial si se hace un inventario completo de lo que se debe, se elige un método de pago (avalancha o bola de nieve), se recortan solo los gastos variables y se negocia con los acreedores antes de caer en atrasos. La clave, según los expertos consultados, es nunca sacrificar vivienda, alimentación, salud o transporte.

Primero: hacer un inventario completo de la deuda

Antes de cualquier recorte, los expertos de Experian recomiendan listar cada tarjeta con cuatro datos: saldo total, tasa de interés anual (APR), pago mínimo y fecha de vencimiento.

• Revisar el reporte crediticio gratuito en las tres agencias de crédito para confirmar que no haya cuentas olvidadas o en cobranza.
• Sumar todos los pagos mínimos mensuales para saber el piso que hay que cubrir sí o sí cada mes.
• Registrar los gastos durante 30 días, ya sea en papel o cuaderno, para identificar patrones de consumo que estén drenando dinero sin generar valor, según recomienda GreenPath Financial Wellness.
• Comparar los gastos mensuales fijos (renta, servicios, alimentación) contra el ingreso neto para calcular cuánto queda disponible real para destinar a la deuda.

Elegir un método de pago y sostenerlo

Existen dos estrategias principales, y los expertos de Experian y Consolidated Credit coinciden en que lo importante es elegir una y mantenerla:

• Método avalancha: se destina el dinero extra a la tarjeta con la tasa de interés más alta, mientras se pagan los mínimos en las demás. Es el que más ahorra en intereses a largo plazo.
• Método bola de nieve: se prioriza el saldo más pequeño, sin importar la tasa. Genera resultados visibles más rápido y ayuda a mantener la motivación.
• En ambos casos, se debe seguir pagando el mínimo en todas las cuentas para evitar recargos por atraso y el deterioro del puntaje crediticio.
• Usar una calculadora de deuda en línea permite estimar cuánto tiempo tomará liquidar el saldo según el monto que se destine cada mes.

Proteger los gastos básicos al recortar

El recorte de gastos debe concentrarse en lo prescindible, nunca en lo esencial. GreenPath Financial Wellness es explícito: los cambios no deben poner en riesgo la vivienda, la alimentación, la salud ni el transporte.

Los expertos recomiendan aplicar la regla 50/30/20: 50% del ingreso para necesidades básicas, 30% para gastos discrecionales y 20% para ahorro y pago de deuda combinados, según detalla Experian.

Para liberar dinero sin afectar lo básico, se sugiere:

• Pausar suscripciones de streaming que no se usan con frecuencia.
• Comparar precios de seguros o planes telefónicos antes de renovarlos.
• Reducir las salidas a comer y preparar más comidas en casa.
• Posponer compras no esenciales y evitar compras impulsivas.
• Establecer un límite semanal para gastos personales.

Negociar con los acreedores y evaluar consolidación

Antes de caer en un atraso, los especialistas de Consolidated Credit recomiendan llamar directamente a la entidad emisora de la tarjeta para pedir una tasa de interés más baja, mencionando ofertas de la competencia o la intención de transferir el saldo como argumento de negociación.

Si el acreedor acepta una modificación, es importante confirmar la nueva tasa y las condiciones por escrito.

Otras alternativas de consolidación incluyen:

• Transferencia de saldo a una tarjeta con tasa promocional baja, generalmente 0% durante un período inicial, aunque suele implicar una comisión por la transferencia.
• Préstamo de consolidación a tasa fija, recomendado solo para quienes tengan buen crédito y no corran el riesgo de volver a usar las tarjetas transferidas.
• Calcular con cuidado el monto a transferir, de forma que pueda saldarse antes de que termine el período promocional, ya que después la tasa suele subir de forma pronunciada.

Ahorrar mientras se paga la deuda

Contrario a la idea de que hay que elegir entre ahorrar o pagar deuda, los expertos consultados por NPR aseguran que ambas cosas pueden hacerse al mismo tiempo.

La recomendación es crear un fondo de emergencia inicial de entre 9 mil y 18 mil pesos mexicanos (500 a 1,000 dólares) para cubrir imprevistos como reparaciones del auto o gastos médicos, sin recurrir nuevamente a la tarjeta.

Una vez saldada la deuda, el objetivo pasa a ser acumular entre tres y seis meses de gastos básicos en ese fondo, según indica Experian. Se sugiere automatizar un pequeño depósito desde cada sueldo hacia una cuenta separada para no depender de la disciplina diaria.

Buscar ingresos extra o ayuda profesional

Si los recortes de gastos no alcanzan para liberar fondos suficientes, los especialistas de GreenPath Financial Wellness y Experian plantean opciones para generar ingresos adicionales:

• Tomar horas extra o turnos adicionales si el empleo lo permite.
• Realizar trabajo freelance o por proyecto usando una habilidad ya existente.
• Vender artículos sin uso, prestando atención a comisiones y costos de envío.
• Pedir un aumento salarial cuando el momento sea oportuno.

Cuando la deuda resulta inmanejable con estas medidas, la recomendación es acudir a un asesor de crédito sin fines de lucro, que puede ayudar a construir un presupuesto y, de ser necesario, implementar un plan de manejo de deuda estructurado con los acreedores.

La alerta se concentra en el efecto que tendría el agua sobre los árboles de limón. Este cítrico requiere condiciones determinadas para completar sus etapas de floración y desarrollo del fruto. Las temperaturas elevadas, la humedad persistente y las precipitaciones intensas pueden alterar ese proceso, reducir los rendimientos y limitar la oferta que llega a los centros de abasto.

Pennano sostuvo que las proyecciones conocidas hasta ahora plantean un escenario de precios superiores a los registrados en anteriores episodios de El Niño. Según explicó, algunos especialistas anticipan que el kilogramo podría ubicarse por encima de los S/ 20 en los meses de mayor impacto, aunque el resultado final dependerá de la evolución del clima, la intensidad de las lluvias y el estado de los cultivos.

El exceso de agua puede afectar la cosecha y reducir la oferta

El limón se produce en varias zonas del país, aunque Piura concentra una parte central de la oferta nacional. Por ese motivo, cualquier alteración climática en la costa norte puede tener consecuencias sobre el abastecimiento interno. Si la producción cae o existen dificultades para trasladar la fruta hacia otras regiones, los precios minoristas suelen reflejar esa menor disponibilidad.

Las lluvias asociadas a El Niño pueden afectar las plantaciones de distintas maneras. La humedad excesiva puede perjudicar la floración, favorecer enfermedades en los árboles y deteriorar la calidad comercial de los frutos. A ello se suman los posibles problemas en caminos y rutas de distribución, que complicarían el traslado de la cosecha desde las zonas agrícolas hacia los mercados.

El eventual encarecimiento no responde solo a una menor cantidad de limón disponible. También intervienen los costos logísticos, las pérdidas durante el transporte y la incertidumbre de los comerciantes ante una oferta irregular. La combinación de daños en el campo y dificultades para distribuir la producción podría presionar los valores al alza en un producto de consumo cotidiano para los hogares y los negocios gastronómicos.

El antecedente de los S/ 18 por kilo elevó la preocupación

Pennano recordó que, durante un episodio previo del fenómeno climático, el precio del limón llegó a S/ 18 por kilo. Aquella suba afectó el presupuesto de los consumidores y obligó a muchas familias a reducir la compra de un ingrediente habitual en la cocina peruana. El incremento también tuvo impacto en restaurantes, puestos de comida y comercios que utilizan grandes cantidades del cítrico.

El limón tiene una presencia constante en preparaciones como el ceviche, las ensaladas, las marinadas, las bebidas y numerosos platos caseros. Por eso, una variación pronunciada en su precio tiene un efecto inmediato sobre el gasto de los hogares. En especial, el alza suele sentirse en los meses de verano, cuando aumenta la demanda de alimentos frescos y comidas que requieren jugo de limón.

La previsión para 2027 plantea una preocupación mayor porque las condiciones de humedad podrían extenderse sobre una etapa sensible del ciclo agrícola. El valor de S/ 20 por kilo aparece como una estimación, no como un precio confirmado, y dependerá de la magnitud de las lluvias y del nivel de daños que registren las plantaciones. La producción, el transporte y la comercialización definirán cuánto de ese riesgo llega finalmente al consumidor.

Congelar jugo aparece como una opción para anticipar una subida de precios

Ante la posibilidad de que el limón se encarezca, Pennano recomendó aprovechar los períodos de mayor disponibilidad para exprimir la fruta y conservar el jugo. La propuesta consiste en colocar el líquido en bolsas o recipientes adecuados para congelarlo y utilizarlo más adelante, cuando el precio del producto fresco sea más alto o exista menor oferta en los mercados.

El método busca que las familias cuenten con una reserva para preparaciones que requieren jugo de limón. Para este fin, resulta conveniente dividirlo en porciones pequeñas, con el objetivo de descongelar solo la cantidad necesaria. También es importante utilizar recipientes limpios y cerrados, además de mantenerlos en frío constante para evitar alteraciones durante el almacenamiento.

De acuerdo con la explicación difundida por el economista, el jugo puede mantenerse congelado para emplearlo después en recetas como el ceviche. La recomendación apunta a reducir el impacto de una eventual suba de precios, aunque no reemplaza por completo las características del limón recién exprimido. A medida que se acerque el verano de 2027, la evolución de las lluvias y las condiciones de las cosechas permitirá determinar si la advertencia se traduce en un nuevo aumento del cítrico en los mercados.

Para el economista Eduardo Recoba, estos indicadores expresan con mayor fuerza la situación de los hogares de ingresos bajos y medios, donde cualquier variación de precios, empleo o ingresos impacta sobre el consumo diario. “Muchas familias llegan con las justas a fin de mes”, afirmó al describir un escenario de incertidumbre sobre la capacidad de cubrir gastos básicos y enfrentar imprevistos.

Casi la mitad de los consultados prevé un deterioro de la economía peruana

Recoba sostuvo que existe una distancia entre las proyecciones macroeconómicas y la realidad que enfrentan las familias y los negocios de menor escala. A su juicio, las mediciones habituales sobre las expectativas empresariales no siempre recogen las dificultades de las micro y pequeñas empresas, que concentran una parte amplia de la actividad económica y el empleo.

“El Banco Central de Reserva del Perú te encuesta al 1% de la gran corporación en Perú, y no al 98% o 99%, que es la mype, que es la que mueve el país”, señaló. El especialista cuestionó que las evaluaciones centradas en grandes compañías puedan trasladarse de forma directa a los comercios, emprendimientos y unidades productivas con menor respaldo financiero.

Las micro y pequeñas empresas operan con márgenes más ajustados y disponen de menos capacidad para resistir una caída de ingresos, un aumento de costos o una reducción de la demanda. Esa situación, según Recoba, se traslada a los hogares mediante empleos informales, ingresos variables y una menor posibilidad de reservar dinero para contingencias.

El economista vinculó la vulnerabilidad de las familias con la falta de inversión privada, la precariedad laboral y la falta de señales claras sobre el rumbo de las políticas públicas. En ese escenario, recomendó ordenar los gastos, elaborar presupuestos familiares y evitar compromisos crediticios que no puedan sostenerse en el tiempo.

También planteó que la educación financiera debe incorporarse desde los primeros años de la formación escolar. “Ya tiene que ser parte de una materia más seria en el colegio”, afirmó al referirse a la necesidad de enseñar herramientas vinculadas con el ahorro, el endeudamiento y la administración de los ingresos.

Las micro y pequeñas empresas enfrentan menor margen para absorber una caída de ingresos

La encuesta fue realizada en septiembre, por lo que Recoba consideró que será necesario observar el comportamiento de las expectativas en los meses siguientes. Para el analista, la evolución de la confianza dependerá de las decisiones que adopten las autoridades y de la capacidad de ofrecer previsibilidad a los hogares y al sector privado.

“La confianza es la que determina la reacción de la economía ante una gestión pública”, sostuvo. “El mercado no premia mucho las expectativas. Lo que te premia el mercado, la economía, el entorno económico, es la confianza”. En su diagnóstico, las previsiones favorables requieren reglas claras, cumplimiento de contratos y mensajes consistentes desde el Estado.

Recoba planteó que la inversión privada necesita una estrategia que articule el diálogo nacional con las necesidades de cada región. Esa política, indicó, debe asociarse a la generación de empleo formal y sostenible, con medidas que permitan reducir la incertidumbre de las empresas y de quienes dependen de ingresos diarios.

El economista identificó tres frentes que inciden sobre las expectativas de la población: la inseguridad ciudadana, el desempeño económico y la preparación ante el fenómeno de El Niño. Advirtió que las consecuencias de eventos climáticos de esa magnitud no se limitan al periodo de lluvias, ya que pueden afectar infraestructura, actividad productiva y condiciones fiscales durante varios años.

Como antecedente, mencionó los efectos que dejaron los episodios de 1997-1998 y 2017. Según Recoba, la planificación pública debe contemplar acciones de prevención, obras de infraestructura y mecanismos de respuesta que reduzcan los costos para las familias, los negocios y las regiones más expuestas.

La inseguridad y El Niño aparecen entre los riesgos que presionan sobre la confianza

En materia fiscal, Recoba cuestionó la idea de que el país tenga un margen amplio solo por las cotizaciones de los metales. Señaló que el oro pasó de superar los USD 5.000 por onza troy un año antes a cotizar por debajo de USD 4.100, mientras que el cobre se mantuvo cerca de USD 6 por libra.

El analista remarcó que los ingresos de la minería formal no dependen de forma exclusiva de los precios internacionales. Las compañías también deben afrontar costos de operación, transporte, energía y logística, además de condiciones regulatorias y sociales que pueden afectar sus planes. “No es que seamos inmunes”, sostuvo sobre la exposición de la economía peruana a esos factores.

Recoba afirmó que el Ministerio de Economía y Finanzas debe evitar subsidios y bonos sin una evaluación previa de costos, beneficios, precios y población alcanzada. Para el economista, las políticas públicas requieren objetivos medibles y mecanismos que permitan conocer si los recursos llegan a los sectores previstos.

También sostuvo que los gobiernos regionales y locales necesitan acompañamiento técnico para utilizar fondos como el canon en proyectos de salud, educación e infraestructura. Según explicó, varias autoridades subnacionales reclaman capacitación para ejecutar sus presupuestos y manejar los procedimientos del Sistema Integrado de Administración Financiera de los Recursos Públicos.

La falta de asistencia desde el Gobierno central, añadió, limita la puesta en marcha de hospitales, colegios de alto rendimiento y otras obras que las regiones buscan impulsar. La evolución de las expectativas económicas y políticas dependerá, en parte, de la capacidad estatal para convertir esos recursos en proyectos concretos y servicios para la población.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, recibirá este viernes en La Paz a su homólogo de Chile, José Antonio Kast, en una visita de Estado que será la primera de un mandatario chileno al país andino en siete décadas y que buscará abrir una etapa de “confianza mutua” y cooperación bilateral.

Kast llegará a la sede del Ejecutivo y del Parlamento bolivianos con una agenda de alrededor de diez asuntos vinculados con economía, comercio, fronteras y seguridad, según adelantaron autoridades en Bolivia.

El encuentro tendrá lugar pese a que ambos países carecen de relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962, con la excepción del período comprendido entre 1975 y 1978. La ausencia de vínculos plenos responde a la falta de un acuerdo sobre la histórica demanda boliviana de una salida soberana al mar, aunque ambos Estados mantienen consulados generales en La Paz y Santiago.

La anterior visita de Estado de un presidente chileno a Bolivia ocurrió en 1955, cuando Carlos Ibáñez del Campo asistió por invitación de Víctor Paz Estenssoro. En las décadas posteriores, otros jefes de Estado chilenos viajaron al país vecino para investiduras presidenciales o compromisos multilaterales.

Bajo las administraciones de Paz y Kast, los dos gobiernos retomaron contactos en los últimos meses. Bolivia reiteró, de todos modos, que su reivindicación marítima forma parte de este “nuevo ciclo” de la relación bilateral.

El acercamiento tomó impulso en abril, cuando el entonces canciller boliviano, Fernando Aramayo, y el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Francisco Pérez Mackenna, se reunieron en el paso fronterizo que une Chungará, en Chile, con Tambo Quemado, en Bolivia. Luego mantuvieron encuentros en La Paz sobre seguridad, migración, agricultura, tecnología, uso de puertos, conectividad vial y una eventual reposición de embajadores.

La Cancillería chilena afirmó entonces que, desde la llegada de Kast al Gobierno en marzo, la relación bilateral “ha evolucionado hacia una agenda positiva, contribuyendo a la reconstrucción de las confianzas”.

La visita presidencial estaba prevista para el primer semestre del año, pero quedó aplazada por las protestas contra el Gobierno de Paz entre mayo y junio. Los contactos continuaron después con la primera Reunión de Altos Mandos Policiales y Unidades Especializadas, celebrada en agosto en La Paz, para reforzar la coordinación contra el crimen organizado.

En septiembre, una delegación del Parlamento chileno viajó a Bolivia para discutir con legisladores locales asuntos de migración, comercio y seguridad. Ese mismo mes, el canciller boliviano, Néstor Huanca, propuso a Chile “elegir qué clase de vecinos” desean ser y sostuvo que las diferencias históricas no deben impedir el trabajo conjunto en los temas de interés común.

Bolivia y Chile atravesaron etapas de diálogo y conflictos judiciales por la demanda marítima y las aguas del Silala durante las últimas décadas. Uno de los períodos de mayor acercamiento ocurrió bajo los gobiernos del entonces presidente boliviano Evo Morales y la ex mandataria chilena Michelle Bachelet. En 2006, ambos países acordaron una agenda de diálogo de 13 puntos que incluyó, por primera vez, el reclamo boliviano de una salida soberana al océano Pacífico.

Ese entendimiento perdió fuerza durante el primer mandato de Sebastián Piñera en Chile. La relación bilateral se tensó aún más en 2013, cuando Morales presentó una demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya.

Bolivia buscaba que el tribunal estableciera la obligación de Chile de negociar de forma efectiva su reclamo marítimo. En 2018, la Corte resolvió que Chile no tiene una obligación legal de negociar con Bolivia por ese asunto.

Los dos países también llevaron a la CIJ su controversia sobre las aguas del Silala, un curso que nace en territorio boliviano y continúa hacia Chile. La disputa giró en torno a su naturaleza y al uso de ese caudal. En 2022, el tribunal cerró el caso después de que ambas partes coincidieran en que el Silala es un río internacional, por lo que no correspondía emitir un fallo sobre el fondo de la controversia.

(Con información de EFE)

En la última década, las horas trabajadas aumentaron 11% y los servicios de capital crecieron 14%, pero la producción avanzó apenas 3 por ciento. Esta brecha se tradujo en una caída de la productividad laboral, que mide cuánto se produce por cada hora de trabajo.

Según un informe del IERAL, el centro de estudios de la Fundación Mediterránea, el indicador se encuentra 6% por debajo del nivel de hace 10 años.

En otras palabras, la economía destinó más trabajo y capital a la producción, pero no consiguió un aumento equivalente en los bienes y servicios generados. Aunque cada hora trabajada dispone de 3% más de capital que en 2016, el rendimiento del conjunto de los recursos disminuyó.

Uno de los factores que explica este resultado es la evolución de la productividad total de los factores (PTF), que retrocedió 7% durante el período.

Este indicador representa la parte del crecimiento de la producción que no se explica directamente por la cantidad de trabajo y capital utilizados, y está vinculada con aspectos como el progreso tecnológico, la innovación, la calidad de la gestión y la organización de los procesos productivos.

La tendencia descendente de la PTF se observa desde 2016. La evolución refleja que la incorporación de recursos, por sí sola, no garantiza una mayor producción: también resulta determinante la eficiencia con la que se combinan y aprovechan.

Qué sectores perdieron más productividad

La caída promedio de 6% en la productividad laboral entre 2016 y 2025 oculta diferencias significativas entre las actividades económicas. Hoteles y restaurantes encabezaron los retrocesos, con una baja de 16%, seguidos por comercio, con 15%, y construcción, con 11%.

También registraron descensos electricidad, gas y agua (-10%), industria (-9%) y pesca (-8%). En contraste, minería e intermediación financiera lograron mejoras de 21% y 14%, respectivamente.

Desde 2023, la productividad por hora trabajada mostró una recuperación moderada y se ubicó 2% por encima del nivel de ese año. Sin embargo, la mejora se concentró en un grupo reducido de actividades.

El agro encabezó los avances, con un incremento de 41%, aunque una parte importante responde al rebote posterior a la sequía de 2023. Le siguieron intermediación financiera, con 24%, y minería, con 23%.

En el otro extremo, construcción acumuló una caída de 8% desde 2023, mientras que comercio retrocedió 6% e industria, 4,5%. De esta manera, varias actividades continúan profundizando las pérdidas de productividad que arrastran desde 2016.

“La recuperación, por lo tanto, sigue siendo acotada. Los avances de algunos sectores no alcanzan para compensar las pérdidas acumuladas y contrastan con la evolución de las actividades que concentran la mayor parte del empleo”, remarcó el IERAL.

El informe advirtió que los sectores cuya productividad laboral disminuyó entre 2023 y el último año concentraron el 71% de las horas trabajadas en el primer trimestre de 2026. Es decir, la mayor parte del tiempo destinado a la actividad económica corresponde a rubros que todavía no recuperaron los niveles de productividad de 2023.

Por el contrario, las actividades que más avanzaron desde ese año —agro, minería e intermediación financiera— representaron apenas el 8% de las horas trabajadas. Esta diferencia evidencia las dificultades para que las mejoras de un conjunto acotado de sectores impulsen una recuperación generalizada.

El impacto sobre la competitividad

La evolución de la productividad laboral también tiene consecuencias sobre los ingresos y la competitividad de la economía. Sin mejoras sostenidas en la cantidad producida por hora trabajada, resulta más difícil sostener aumentos salariales sin elevar los costos por unidad de producto.

“Revertir esta dinámica requiere mejorar la productividad total de los factores (PTF). Las empresas son centrales en este proceso, porque allí se incorporan tecnologías, se innova y se definen las formas de organizar la producción. Pero su capacidad para mejorar la eficiencia no depende solo de decisiones individuales, también requiere instituciones sólidas y un marco regulatorio que acompañe la inversión, la innovación y la competencia”, indicó.

El informe también vinculó este desafío con la posibilidad de que Argentina avance hacia un tipo de cambio real más bajo, impulsado por el ingreso de divisas provenientes de las exportaciones de recursos naturales.

En ese escenario, ganar productividad cobraría mayor relevancia para sostener la competitividad sin depender de una reducción de los costos laborales.

“El objetivo debe ser crear las condiciones para que las empresas aprovechen mejor sus recursos y que esas mejoras se traduzcan en mayores salarios y una economía más competitiva”, concluyó el IERAL.

La transformación digital se ha convertido en uno de los desafíos centrales para las empresas hondureñas que buscan mantener su competitividad frente a mercados que incorporan cada vez más herramientas tecnológicas en sus operaciones.

Gallardo sostuvo que la digitalización y la inteligencia artificial pueden contribuir a mejorar la productividad, generar valor agregado y facilitar la creación de empleos de calidad. Sin embargo, señaló que su adopción no debe limitarse a las grandes corporaciones, sino extenderse también a los pequeños negocios.

La presidenta del Cohep, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, advirtió que el principal riesgo para el empleo no es la tecnología en sí, sino que otros países y empresas la incorporen primero y logren captar clientes, inversiones y oportunidades comerciales que podrían beneficiar a Honduras.

“Pero debemos entender algo fundamental, el mayor riesgo para el empleo en Honduras no es la tecnología. El mayor riesgo es que otros países, otras empresas y otros mercados la adopten antes que nosotros y se queden con los clientes, con las inversiones y los puestos de trabajo que podrían generarse en nuestro país”, expresó.

Gallardo destacó que las micro, pequeñas y medianas empresas pueden aprovechar la inteligencia artificial para mejorar sus procesos administrativos y comerciales, sin que su uso esté reservado exclusivamente a compañías de gran tamaño.

Inteligencia artificial y MiPymes

Como ejemplo, explicó que estas herramientas pueden ayudar a los negocios a conocer mejor a sus clientes, organizar inventarios, evaluar proveedores y tomar decisiones de venta con mayor información.

La digitalización también puede agilizar tareas como la facturación, los cobros, el control de cuentas y la gestión de trámites, lo que permitiría reducir procesos manuales y mejorar la administración de los negocios.

No obstante, para aprovechar estas herramientas, las empresas necesitan incorporar tecnología de acuerdo con sus capacidades y necesidades, además de contar con conocimientos y recursos para utilizarla de manera efectiva.

Digitalización y acceso al financiamiento

Otro de los aspectos señalados por la dirigente empresarial es la posibilidad de que la transformación digital facilite el acceso al crédito para las empresas hondureñas.

Según Gallardo, contar con información financiera y administrativa más ordenada permite a los negocios demostrar mejor su viabilidad ante las instituciones financieras y presentar datos que respalden sus solicitudes de financiamiento.

Este aspecto resulta determinante para las MiPymes, que necesitan recursos para invertir, ampliar sus operaciones y mejorar su capacidad productiva. La digitalización puede contribuir a organizar la información requerida para esos procesos, aunque el acceso al crédito también depende de las condiciones financieras y los requisitos establecidos por cada institución.

La presidenta del Cohep insistió en que incorporar herramientas digitales representa una oportunidad para fortalecer la competitividad empresarial y ampliar las posibilidades de crecimiento.

El reto de convertir la tecnología en empleos

El llamado del Cohep plantea el desafío de extender la transformación digital a más empresas del país, especialmente a aquellas que tienen menos recursos para invertir en tecnología.

Aunque la inteligencia artificial puede mejorar procesos y facilitar decisiones comerciales, su impacto dependerá de la capacidad de las empresas para incorporarla, formar a sus trabajadores y adaptar sus operaciones a las nuevas herramientas.

Para Honduras, la clave consiste en evitar que la brecha tecnológica limite la participación de sus empresas en mercados más competitivos y reduzca las oportunidades de atraer inversiones.

Gallardo considera que acelerar la digitalización puede contribuir al crecimiento económico y a la generación de empleos de calidad. Sin embargo, el alcance de esos beneficios dependerá de la adopción efectiva de la tecnología y de las condiciones que permitan a las empresas, particularmente las MiPymes, acceder a ella.

La inflación interanual en el mercado formal de Cuba alcanzó el 28,44% en septiembre, mientras que la variación mensual fue del 3,37%, según informó este miércoles la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

El indicador prolongó la tendencia ascendente que se registró durante varios meses de este año. Este comportamiento refleja el impacto económico del cerco petrolero de Estados Unidos sobre la isla, que impulsó un aumento generalizado de los precios.

Las estadísticas oficiales no incluyen la evolución de los valores en el mercado informal, que concentra una mayor oferta de productos. De acuerdo con expertos independientes, la inflación en ese circuito podría ubicarse en niveles de tres dígitos.

Los datos también difieren de la percepción de la población, que advierte aumentos asociados al bloqueo petrolero y a las sanciones secundarias que Washington aplica desde mayo. Estas medidas, según el texto, desalientan la llegada de inversores extranjeros.

Por rubros, el mayor incremento interanual correspondió a Bebidas Alcohólicas y Tabaco, con el 46,71%. Le siguieron Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, con el 42,66%; Restaurantes y Hoteles, con el 39,11%; y Transporte, con el 24,80%.

El área de Muebles y Artículos para el Hogar registró una suba de dos puntos porcentuales frente a agosto y llegó al 23,44%.

También se observaron alzas en Servicios de la Vivienda (21,62%), Bienes y Servicios Diversos (21,04%), Educación (20,24%) y Prendas de Vestir y Calzado (12,85%).

La Salud se mantuvo como la categoría con menor inflación, con el 0,29%. Las Comunicaciones presentaron una variación limitada, del 0,74%.

Cuba atraviesa una crisis económica y energética asociada a factores internos y externos. La pandemia del COVID-19, el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos y las políticas económicas y monetarias nacionales agravaron los problemas estructurales de la economía.

La población enfrenta apagones de hasta 20 horas diarias y un aumento marcado de los precios, en especial de alimentos y medicamentos en los mercados informales.

Entre 2020 y 2025, la economía cubana acumuló una contracción superior al 15%. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyecta que en 2026 la isla registrará la mayor caída económica de la región, con una baja estimada del 10,3% en el producto interno bruto (PIB).

México y Estados Unidos podrían alcanzar acuerdos sobre los aranceles que afectan a sectores estratégicos de la industria mexicana hasta después de las elecciones en el país vecino, estimó Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), quien confió en que las diferencias comerciales no impedirán avanzar en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El dirigente empresarial reconoció que las negociaciones podrían prolongarse más de lo esperado debido a la agenda política interna de Estados Unidos y al proceso electoral. No obstante, sostuvo que la posibilidad de alcanzar acuerdos comerciales permanece abierta, pese a la incertidumbre que enfrentan las empresas mexicanas por las medidas arancelarias impuestas por Washington.

En entrevista con medios de comunicación, después de participar en el 58 Foro Nacional de la Industria Química, Malagón Barragán señaló que la cuarta ronda bilateral de la revisión del T-MEC no ha sido cancelada, aunque todavía no existe una fecha definida para el encuentro entre los equipos negociadores de ambos países en Washington.

La falta de un calendario concreto mantiene la expectativa entre los sectores productivos, que buscan certidumbre sobre las condiciones en las que podrán exportar sus mercancías al mercado estadounidense.

Aranceles al acero, aluminio y automóviles, prioridad para la industria

Malagón Barragán destacó que uno de los principales asuntos que deben atender México y Estados Unidos son los aranceles contemplados en la Sección 232 de la legislación comercial estadounidense, que permite imponer medidas a las importaciones cuando se consideran una amenaza para la seguridad nacional.

Esta disposición ha sido utilizada para aplicar gravámenes a productos como el acero, el aluminio y los automóviles, lo que representa un desafío para las empresas mexicanas que mantienen vínculos comerciales con Estados Unidos.

Por ello, el presidente de Concamin consideró que la atención debe concentrarse en encontrar alternativas que permitan resolver las diferencias y evitar que las barreras comerciales continúen afectando a las cadenas productivas de América del Norte.

La industria automotriz tiene especial relevancia en esta discusión debido a la integración de sus procesos de fabricación entre México, Estados Unidos y Canadá. Las plantas, los proveedores de autopartes y los fabricantes de componentes dependen de una red regional de producción en la que los bienes cruzan las fronteras durante distintas etapas de elaboración.

En consecuencia, los cambios en las condiciones arancelarias pueden elevar los costos de producción, modificar las decisiones de inversión y generar presiones adicionales para las compañías que participan en estas cadenas.

En los sectores del acero y el aluminio, las medidas comerciales también representan un factor de incertidumbre para las empresas que abastecen al mercado estadounidense, por lo que un acuerdo bilateral podría contribuir a establecer condiciones más previsibles para sus operaciones.

Revisión del T-MEC, en medio de la incertidumbre comercial

La revisión del T-MEC constituye otro elemento central para las perspectivas económicas de México, debido a la importancia del acuerdo para el intercambio comercial y la atracción de inversiones en la región.

Aunque la cuarta ronda bilateral continúa sin una fecha confirmada, la expectativa de Concamin es que las conversaciones permitan avanzar hacia soluciones que favorezcan a la industria mexicana y reduzcan las tensiones con su principal socio comercial.

Sin embargo, el calendario político estadounidense podría influir en el ritmo de las negociaciones. De acuerdo con Malagón Barragán, las elecciones y los asuntos internos de ese país podrían retrasar la posibilidad de concretar acuerdos, por lo que el sector industrial deberá mantener la cautela mientras se definen las siguientes etapas del diálogo.

El dirigente no descartó un entendimiento, pero reconoció que los resultados podrían tardar más de lo que espera el sector empresarial. Su postura refleja la expectativa de que las diferencias comerciales puedan resolverse mediante la negociación, aunque sin anticipar una fecha precisa para alcanzar resultados.

Para la industria mexicana, el objetivo inmediato es obtener mayor certidumbre sobre los aranceles que afectan sus exportaciones y sobre las condiciones que regirán el comercio regional.

Mientras se define la fecha de la próxima ronda de conversaciones, el sector empresarial seguirá atento a las decisiones de Washington y a la evolución de las negociaciones con el Gobierno mexicano.

La prioridad, de acuerdo con el presidente de Concamin, será avanzar en los temas relacionados con el acero, el aluminio y los automóviles ligeros, sectores que enfrentan los efectos de las medidas comerciales estadounidenses y que serán determinantes para el futuro de la relación económica bilateral.

La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027, que prevé una recaudación total de 10 billones 636 mil 488 millones 100 mil pesos, y eliminó el límite de 300 millones de pesos para acceder al Programa de Regularización Fiscal, una modificación que abre la puerta a que grandes contribuyentes reciban estímulos sobre multas, recargos y gastos de ejecución.

El dictamen, que forma parte del Paquete Económico enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue avalado en lo particular con 340 votos a favor, 109 en contra y ninguna abstención. Tras su aprobación, el documento fue remitido al Senado de la República para continuar con el proceso legislativo correspondiente.

Uno de los cambios más relevantes fue la aceptación de una reserva presentada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, al artículo Vigésimo Primero Transitorio, con la que se amplía el alcance del programa de regularización fiscal previsto para 2027.

La modificación elimina el tope de 300 millones de pesos que restringía el acceso a estos beneficios, con el argumento de facilitar el pago de créditos fiscales, reducir controversias entre contribuyentes y autoridades y fortalecer los ingresos públicos.

¿En qué consiste el cambio al Programa de Regularización Fiscal?

Durante la discusión, Monreal sostuvo que la medida no representa una condonación de impuestos ni una exención de obligaciones tributarias, sino un mecanismo para incentivar el pago de adeudos mediante la reducción de sanciones y otros conceptos asociados a los créditos fiscales.

Explicó que los contribuyentes interesados deberán cubrir primero el impuesto pendiente para acceder a los beneficios relacionados con multas, recargos y gastos de ejecución.

“Quien se acoge a este beneficio, primero tiene que pagar el impuesto que debe para que le puedan reducir multas, cargos, recargos y gastos de ejecución”, afirmó el legislador.

El coordinador de Morena defendió que el esquema busca recuperar recursos que, de otra manera, podrían permanecer sujetos a controversias o procesos de cobro prolongados. También argumentó que una mayor flexibilidad puede brindar certidumbre jurídica a las empresas y favorecer la inversión y el crecimiento económico.

Monreal mencionó que el programa podría beneficiar a cerca de 30 millones de contribuyentes, entre ellos personas físicas y morales. Asimismo, señaló que alrededor de 2.5 millones de personas morales podrían encontrar una oportunidad para regularizar su situación fiscal, mientras que unos 16 mil grandes contribuyentes podrían acceder a los estímulos. Estos últimos, indicó, aportan al erario aproximadamente 2.3 billones de pesos.

Morena secunda los estímulos

El diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, también de Morena, respaldó la reserva al señalar que busca ofrecer facilidades a medianos y grandes contribuyentes para liquidar sus créditos fiscales.

Afirmó que el mecanismo no implica perdonar impuestos, sino establecer incentivos que permitan a las empresas ponerse al corriente con sus obligaciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Por su parte, el diputado Jorge Luis Sánchez Reyes sostuvo que retirar el límite permitirá ampliar las posibilidades de regularización para empresarios y contribuyentes que antes quedaban fuera del esquema.

La diputada Sandra Anaya Villegas aseguró que la modificación da continuidad a un mecanismo que ya opera y que, desde su perspectiva, ha generado resultados en materia de recaudación. Añadió que la eliminación del tope permitirá incorporar a grandes contribuyentes que no podían acceder a los beneficios.

PAN y PRI cuestionan la constitucionalidad de la medida

La modificación generó críticas de legisladores de oposición, quienes advirtieron posibles riesgos jurídicos y cuestionaron que los estímulos puedan terminar favoreciendo a empresas con grandes adeudos fiscales.

El diputado del PAN Federico Döring Casar sostuvo que la redacción de la reserva presenta problemas y consideró que el beneficio no está dirigido a trabajadores o empleados, sino a créditos fiscales de montos elevados.

El legislador calificó la propuesta como un posible “borrón y cuenta nueva” y cuestionó su constitucionalidad, al considerar que el concepto de créditos fiscales podría abarcar obligaciones más amplias que las multas y los recargos.

En la misma línea, el diputado del PRI Emilio Suárez Licona afirmó que la propuesta es inconstitucional y técnicamente incorrecta. A su juicio, el mecanismo podría utilizarse para reducir créditos fiscales previamente determinados por impuestos omitidos, bajo la figura de estímulos fiscales.

La Ley de Ingresos pasa al Senado

Con la aprobación de la Cámara de Diputados, la Ley de Ingresos de la Federación para 2027 continuará su trámite en el Senado, donde los legisladores deberán analizar el documento y la modificación incorporada durante la discusión.

El monto de recaudación proyectado asciende a más de 10.6 billones de pesos y constituye una de las bases para financiar el gasto público del próximo ejercicio fiscal.

La ampliación del Programa de Regularización Fiscal será uno de los puntos centrales del debate, debido a sus posibles efectos en la recuperación de adeudos, el trato a grandes contribuyentes y la certeza jurídica del sistema tributario.

Las acciones de Grupo Televisa subieron 4.8 por ciento en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), luego de que la compañía anunció un acuerdo con Fintech Holdings para adquirir el negocio de telecomunicaciones móviles de AT&T en México por dos mil millones de dólares. La operación impulsó la cotización de la empresa y amplió sus perspectivas de participación en el mercado de telefonía móvil.

Poco después de la apertura bursátil, los títulos de Televisa se negociaban en 8.49 pesos, con lo que registraron el mejor desempeño de la jornada en el mercado local. Las acciones subían 6.17% durante las operaciones de este miércoles.

De acuerdo con cálculos de Reuters, el repunte agregó alrededor de mil 500 millones de pesos a la capitalización bursátil de la compañía, que se situó en aproximadamente 26 mil 200 millones de pesos.

El acuerdo permitirá a Televisa ampliar su presencia en el sector de las telecomunicaciones, que domina América Móvil, mediante una empresa conjunta con Fintech Holdings, firma vinculada al empresario mexicano David Martínez. La transacción contempla la adquisición de AT&T México, considerado el segundo mayor operador de telefonía móvil del país, aunque todavía requiere las autorizaciones regulatorias correspondientes.

Televisa y Fintech tendrán participación de 50% en la operación

La compra se realizará mediante una empresa conjunta en la que Televisa y Fintech Holdings tendrán participaciones iguales, de 50 por ciento cada una. El precio acordado asciende aproximadamente dos mil millones de dólares, monto que se cubrirá con una combinación de capital y financiamiento mediante deuda.

De acuerdo con los términos financieros de la operación, 40 por ciento del precio se cubrirá con capital y el 60 por ciento restante con deuda. Televisa y Fintech aportarán alrededor de 400 millones de dólares cada una, mientras que el paquete de financiamiento contempla mil 200 millones de dólares en préstamos y una línea de crédito revolvente por 200 millones.

Televisa no prevé contratar deuda adicional para financiar su aportación, según la información difundida sobre la transacción. La empresa ya había preparado recursos para este propósito mediante la emisión de seis mil 900 millones de pesos en obligaciones convertibles obligatorias sin cupón, realizada el 3 de junio de 2026.

La operación representa una oportunidad para que la compañía incremente indirectamente su exposición al negocio de telefonía móvil, además de sus actividades en televisión, televisión satelital, internet y servicios de cable.

Fitch Ratings no prevé cambios relevantes en el perfil crediticio

La calificadora Fitch Ratings consideró que la adquisición no afectará de manera significativa el perfil crediticio de Grupo Televisa, cuya calificación se encuentra en BB+ con perspectiva estable.

La agencia destacó que Televisa no garantizará la deuda contratada para financiar la compra ni consolidará los resultados financieros de AT&T México en sus estados financieros. En cambio, registrará su participación en la empresa conjunta mediante el método de participación patrimonial.

Este esquema limita el impacto directo de la deuda de adquisición sobre las obligaciones financieras de Televisa, aunque la calificadora mantendrá bajo observación la evolución de la inversión y las posibles necesidades adicionales de financiamiento de la sociedad conjunta.

Fitch tampoco espera que la nueva empresa distribuya dividendos a Televisa en el corto plazo, debido a que AT&T México deberá concentrar sus recursos en mejorar su rentabilidad y continuar con las inversiones necesarias para fortalecer su red.

Liquidez y riesgos de la adquisición

La calificadora señaló que Televisa contaba, al cierre del segundo trimestre de 2026, con mil 600 millones de dólares en efectivo y equivalentes, además de 600 millones de dólares en inversiones de corto plazo, sin deuda de corto plazo.

Con estos recursos, Fitch considera que la liquidez de la compañía se mantiene en niveles suficientes para afrontar su aportación de 400 millones de dólares a la adquisición. Asimismo, prevé que el apalancamiento bruto de Televisa permanezca sin cambios significativos después de concretarse la transacción.

No obstante, la expansión también implica riesgos. Fitch advirtió que el mercado mexicano de telefonía móvil enfrenta una competencia intensa, por lo que la rentabilidad de la inversión dependerá de la capacidad de AT&T México para mejorar sus resultados y ejecutar sus planes de negocio.

La Bolsa Mexicana de Valores destacó que AT&T México es el segundo más grande operador móvil en México, con aproximadamente 24.7 millones de suscriptores móviles al 31 de diciembre de 2025, y provee servicios integrados de telecomunicaciones incluyendo telefonía móvil, internet, y servicios de valor agregado bajo títulos de concesión otorgados por la SICT.

Al 31 de diciembre de 2025, AT&T México reportó ingresos consolidados por $85.4 mil millones de pesos y utilidad de operación por $1.4 mil millones de pesos.

La adquisición representa un movimiento estratégico para ampliar la participación indirecta de Televisa en las telecomunicaciones móviles. Sin embargo, su impacto definitivo dependerá del desempeño de AT&T México y de la capacidad de la nueva sociedad para generar rentabilidad a mediano y largo plazo.

La nueva composición poblacional de México podría modificar la distribución de las participaciones federales que reciben los gobiernos estatales, advirtió la calificadora Fitch Ratings, al señalar que la actualización de los datos demográficos cambiaría el peso relativo de cada entidad en el cálculo de los recursos provenientes del Fondo General de Participaciones (FGP).

El ajuste derivaría de la incorporación de los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 (EIC 2025), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el 22 de septiembre de 2026. El ejercicio estima una población nacional de 130.9 millones de habitantes y presenta una distribución territorial actualizada entre las 32 entidades federativas.

De acuerdo con Fitch, las diferencias entre estas cifras y las estimaciones de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del tercer trimestre de 2025, utilizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para calcular las participaciones de 2026, podrían generar efectos diferenciados en los ingresos estatales.

La calificadora precisó que las variaciones poblacionales no representan, por sí mismas, el impacto definitivo sobre los recursos que recibirá cada gobierno, pues la distribución también depende de otras variables económicas y fiscales.

Guerrero y Tlaxcala, entre las entidades con mayores revisiones negativas

Las diferencias entre las estimaciones de población muestran contrastes importantes entre las entidades federativas. Frente a los datos de la ENOE empleados para el cálculo de las participaciones de 2026, Guerrero presenta una revisión negativa de 5.2%, seguido de Tlaxcala, con 3.9%; Veracruz, con 2.4%; Chiapas, con 1.9%; Chihuahua, con 1.8%, y Oaxaca, con 1.5%.

En contraste, Quintana Roo registra el mayor incremento relativo, con 10.3%, seguido de Baja California Sur, con 9.1%; Baja California, con 6.1%, y Yucatán, con 4.3%.

Estas cifras corresponden a las revisiones de las estimaciones poblacionales y no a reducciones o aumentos confirmados en las participaciones federales. El efecto financiero dependerá de la forma en que Hacienda incorpore la nueva información y de los resultados del resto de los componentes de la fórmula de distribución.

¿Cómo influye la población en las participaciones federales?

El Fondo General de Participaciones constituye el componente más importante del Ramo 28 y una de las principales fuentes de ingresos de libre disposición para los gobiernos estatales y municipales. Se integra con 20% de la Recaudación Federal Participable, por lo que su distribución tiene relevancia para las finanzas públicas subnacionales.

La fórmula del FGP contempla tres coeficientes que consideran el crecimiento del producto interno bruto (PIB) estatal nominal, así como la evolución y el nivel de la recaudación de impuestos y derechos locales. La población interviene en los tres componentes, por lo que sus cambios pueden influir de manera transversal en el cálculo.

Sin embargo, el mecanismo compara el desempeño de las entidades en relación con el conjunto nacional. Esto significa que un aumento de habitantes no garantiza automáticamente mayores recursos, especialmente si otras entidades registran un crecimiento proporcionalmente superior.

De la misma manera, una reducción en el peso demográfico relativo de una entidad con una población considerable podría traducirse en una afectación relevante en términos absolutos, aunque la variación porcentual sea moderada.

Ajustes podrían reflejarse de manera gradual

Fitch señaló que la actualización de los datos del INEGI no modificaría por sí sola el monto total del Fondo General de Participaciones, sino que podría alterar la proporción que corresponde a cada entidad.

La redistribución tampoco sería necesariamente inmediata, debido a que dependerá de la actualización de las estimaciones de población y de la revisión de los coeficientes que utiliza la SHCP para determinar los recursos.

Las entidades que pierdan peso dentro de la población nacional podrían enfrentar presiones en sus ingresos por participaciones, particularmente si también presentan un crecimiento económico o un desempeño recaudatorio menos favorable que el de otras jurisdicciones.

Por el contrario, los estados que aumenten su participación demográfica podrían beneficiarse, siempre que las demás variables de la fórmula no contrarresten ese efecto.

La calificadora dará seguimiento a la incorporación de los resultados de la EIC 2025 en los cálculos oficiales, debido a la importancia del FGP para la estabilidad financiera de los gobiernos subnacionales.

Además de financiar parte de sus operaciones y servicios públicos, estas participaciones representan un activo utilizado con frecuencia por los gobiernos estatales para respaldar el servicio de su deuda. Por ello, los cambios en su distribución podrían tener implicaciones para la planeación presupuestaria y la capacidad financiera de las entidades federativas.

El dictamen avanzó en la Cámara de Diputados, donde Morena y sus aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) aprobaron una reserva durante la dictaminación de la Ley de Ingresos de la Federación para el próximo año.

El anuncio se produjo el martes 13 de octubre, durante un encuentro con empresarios, cuando Sheinbaum adelantó que propondría a la Secretaría de Hacienda eliminar el tope para quienes busquen regularizar sus deudas fiscales.

“El próximo año se puede pagar a cualquier monto”, declaró la mandataria, al explicar que la intención era permitir el pago de adeudos sin multas ni recargos, mediante un mecanismo que posteriormente tendría que ser aprobado por el Congreso.

La modificación fue presentada por el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, quien explicó que el acuerdo busca ampliar el número de beneficiarios, facilitar la recuperación de créditos fiscales y brindar mayor certidumbre jurídica a empresas y personas contribuyentes.

¿Qué aprobaron los diputados y cómo surgió el acuerdo con Sheinbaum?

La reserva aprobada ante el Pleno de la Cámara de Diputados modifica el artículo Vigésimo Primero Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027, el cambio consiste en retirar el límite de ingresos anuales de 300 millones de pesos que condicionaba el acceso al Programa de Regularización Fiscal.

El legislador sostuvo que la mayoría parlamentaria debía dar congruencia al planteamiento acordado entre el Ejecutivo y el sector empresarial, ya que con la reserva, el beneficio podría extenderse a contribuyentes que antes quedaban fuera por superar el límite de ingresos, incluidos grandes contribuyentes.

El objetivo es que el programa no se concentre únicamente en personas físicas y empresas de menor tamaño, sino que también contemple a quienes registran adeudos fiscales de mayor cuantía, siempre que cumplan con las condiciones establecidas en la legislación.

¿Cómo funcionará la regularización fiscal y qué deudas contempla?

El programa está dirigido a personas físicas y morales que tengan créditos fiscales firmes o consentidos cuya administración y recaudación corresponda al Servicio de Administración Tributaria (SAT) o a la Agencia Nacional de Aduanas de México.

De acuerdo con la explicación de Monreal, el mecanismo permite reducir o eliminar determinados conceptos asociados a los adeudos, pero no libera al contribuyente de cubrir los impuestos que debe.

Entre los conceptos contemplados por el estímulo se encuentran:

• Multas fiscales: sanciones relacionadas con el incumplimiento de obligaciones tributarias.
• Recargos: cantidades adicionales que se generan por el pago tardío de contribuciones.
• Gastos de ejecución: costos derivados de las acciones de cobro de un crédito fiscal.
• Adeudos contemplados en la disposición: créditos relacionados con contribuciones federales propias, retenidas o trasladadas, aprovechamientos, determinadas multas y cuotas compensatorias.

La condición central es que primero se pague el impuesto adeudado para poder acceder al beneficio correspondiente sobre multas, recargos y gastos de ejecución.

“No hay condonación de impuestos, no hay exención de impuestos”, enfatizó Monreal al defender la modificación.

El legislador insistió en que el programa no representa una eliminación de las obligaciones fiscales, sino una facilidad para regularizar adeudos y disminuir los costos adicionales que enfrentan los contribuyentes.

Por ello, aunque el cambio amplía el universo potencial de beneficiarios, no significa que cualquier deuda desaparezca automáticamente ni que todos los conceptos asociados a un crédito fiscal queden eliminados sin condiciones.

¿Qué cambia al eliminar el límite de 300 millones de pesos?

La modificación retira del texto legal el requisito de que los ingresos totales del contribuyente durante el ejercicio fiscal 2025 no hayan excedido los 300 millones de pesos, conforme a las disposiciones del Impuesto sobre la Renta.

También elimina la referencia que restringía el beneficio a créditos fiscales fuera de la competencia de la Administración General de Grandes Contribuyentes, de acuerdo con el Reglamento Interior del SAT y otras disposiciones aplicables.

En términos prácticos, el cambio busca que el estímulo pueda alcanzar a contribuyentes de diferentes tamaños, incluidas empresas con ingresos superiores al límite anterior y grandes contribuyentes.

La ampliación representa un cambio importante respecto al programa aplicado el año pasado, cuando el tope de ingresos dejó fuera a numerosos posibles beneficiarios.

Para 2027, Monreal planteó que el programa podría beneficiar hipotéticamente a cerca de 30 millones de contribuyentes. En su explicación también mencionó alrededor de 2.5 millones de personas morales y cerca de 16 mil grandes contribuyentes, estos últimos con una aportación conjunta al erario de aproximadamente 2.3 billones de pesos.

Claro Colombia emitió un manifiesto el mismo día en que Movistar dejó de existir como marca comercial en el país para integrarse de manera definitiva a Tigo, propiedad de Millicom, la cual anunció también un plan de inversión de 8,5 billones de pesos para los próximos cuatro años, con el que busca consolidar el liderazgo del mercado móvil colombiano.

El comunicado de Claro no menciona de manera directa a Tigo ni a Movistar, pero coincide en fecha con el cambio de marca que comenzó este miércoles 14 de octubre en todo el territorio nacional. La compañía, filial de América Móvil, destacó su trayectoria en infraestructura y su transformación hacia un modelo de “empresa de tecnología” que trasciende la conectividad tradicional.

“Colombia está entrando en una etapa en la que conectar ya no es suficiente”, señaló la compañía en su manifiesto. Según el texto, el país necesita capacidad para transportar, alojar, procesar y proteger la información, además de mantener disponibles los servicios esenciales y convertir la tecnología en productividad.

Claro detalló que su red llega con 4G al 100% de las cabeceras municipales y con 5G en más de 100 ciudades y municipios, además de contar con más de 150.000 kilómetros de fibra óptica. A esa infraestructura se suman centros de datos, nube, inteligencia artificial y ciberseguridad, capacidades que, según la empresa, forman un ecosistema integrado y no servicios aislados.

“Nuestra escala es, ante todo, una responsabilidad”, afirmó la compañía en el documento, en el que vinculó su despliegue de red con la obligación de llegar a más territorios y sostener el servicio “cuando el país más la necesita”.

El comunicado también hizo referencia a cambios en la operación de Claro. La compañía indicó que está “simplificando procesos, fortaleciendo la atención y utilizando tecnología y datos para resolver con mayor agilidad”. Con esa descripción, la empresa buscó posicionarse como un actor que evolucionó “de una compañía de telecomunicaciones a una empresa de tecnología que acompaña todo el ciclo de la información”.

El mensaje se dirigió tanto a los clientes como al país en general. “A nuestros clientes se lo demostramos con una red que responde, una experiencia que mejora y una compañía que nunca deja de avanzar; al país, con compromiso”, indicó el texto, que cerró con el anuncio de que la empresa continuará “invirtiendo, innovando y elevando la calidad” de sus servicios.

Tigo avanza en el mercado de telecomunicaciones colombiano

Tigo formalizó el reemplazo de los letreros de Movistar en sus tiendas principales y dio inicio oficial a la unificación de marca. También se prevé que su nombre aparezca pronto en los teléfonos en vez de Movistar.

El cambio responde a la compra que Millicom realizó este año para quedarse con el control total de Movistar, transacción que, según el CEO de Millicom, Marcelo Benítez, representó un desembolso de 4,5 billones de pesos.

A esa cifra se suma el plan de inversión de 8,5 billones de pesos anunciado recientemente, con el que la empresa proyecta elevar su apuesta total en Colombia a 13 billones de pesos en cuatro años. Según Benítez, en entrevista con Infobae, los recursos se destinarán a ampliar la capacidad de las antenas ante un incremento del tráfico de datos cercano al 15% interanual, además de duplicar la cobertura de 5G hasta alcanzar 324 municipios y sumar más de mil nuevos sitios de conectividad.

Qué implica esta unificación para los clientes?

Los contratos firmados con Colombia Telecomunicaciones (Coltel), la sociedad que operaba Movistar, se mantienen vigentes, y los clientes continuarán con los mismos planes y canales de pago. El único cambio visible para los usuarios será el logotipo en la factura, de acuerdo con lo informado por la compañía.

La economía de Costa Rica continúa creciendo, pero a un ritmo considerablemente menor que el registrado un año atrás. El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) alcanzó una variación interanual del 2.2% en agosto de 2026, lo que representa una desaceleración de 3.4 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025, según los datos publicados por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

El informe evidencia un comportamiento desigual entre los distintos sectores productivos del país. Mientras actividades como la construcción, el comercio y los servicios financieros mantuvieron resultados positivos, la manufactura registró cifras negativas y las empresas que operan bajo regímenes especiales experimentaron una marcada pérdida de dinamismo.

De acuerdo con el Banco Central, la producción nacional acumuló un crecimiento medio interanual del 3,4% hasta agosto, aunque el resultado del último mes analizado se ubicó por debajo de ese promedio.

La principal explicación de la desaceleración se encuentra en el comportamiento de los regímenes especiales, que incluyen empresas beneficiarias de incentivos y condiciones particulares de operación, entre ellas las ubicadas en zonas francas.

Estas compañías registraron un crecimiento interanual de apenas 0.7%, frente a resultados considerablemente superiores durante 2025.

En contraste, las empresas pertenecientes al régimen definitivo, que agrupa buena parte de las actividades productivas orientadas al mercado interno, crecieron un 3.2%.

Esta diferencia refleja el contraste entre el debilitamiento de determinadas actividades manufactureras vinculadas al comercio exterior y el mayor dinamismo de sectores como la construcción, el comercio y los servicios nacionales.

Zonas francas y regímenes especiales pierden dinamismo

Uno de los datos más significativos del informe corresponde al comportamiento de las empresas que operan bajo los regímenes especiales (RE).

Su producción registró un incremento interanual de solamente 0.7% en agosto, lo que representa una desaceleración de 15.3 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes de 2025.

Según el Banco Central, este comportamiento se explica principalmente por una reducción en la actividad manufacturera, particularmente en la producción de implementos médicos y componentes electrónicos.

Durante 2025, la industria de dispositivos médicos había experimentado un crecimiento excepcional en sus exportaciones, lo que generó una base de comparación elevada para las cifras de este año.

A ese efecto se sumó el cese de operaciones de empresas dedicadas a la fabricación de componentes y tableros electrónicos, cuyos efectos comenzaron a reflejarse en el indicador económico desde el último trimestre de 2025.

El resultado provocó que los regímenes especiales aportaran únicamente el 4.7% del crecimiento total de la producción nacional registrado en agosto.

Construcción crece un 11% y se convierte en uno de los principales motores económicos

En medio de la desaceleración general, la industria de la construcción sobresalió como una de las actividades con mejor desempeño.

El sector registró un crecimiento interanual del 11%, impulsado principalmente por proyectos privados y, en menor medida, por obras de infraestructura pública.

La construcción con destino privado aumentó un 11.7%, favorecida especialmente por proyectos no residenciales, entre ellos naves industriales, plazas comerciales y edificios de oficinas.

También se registró un comportamiento positivo en la construcción de viviendas de interés social, aunque el resultado fue parcialmente moderado por una disminución en la ejecución de edificios residenciales.

Por su parte, la infraestructura pública creció un 9%, gracias al avance de obras relacionadas con energía eléctrica, proyectos de transporte y mejoras en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Manufactura entra en terreno negativo y cae un 1,1%

Mientras la construcción registró cifras positivas, la industria manufacturera enfrentó un escenario menos favorable.

La producción del sector disminuyó un 1.1% interanual, lo que representa una desaceleración de 10 puntos porcentuales respecto a agosto de 2025.

En los regímenes especiales, la actividad manufacturera se contrajo un 0.8%, afectada por la reducción del 0.7% en la fabricación de implementos médicos.

Este resultado contrasta con el crecimiento del 38.1% que había registrado esa misma actividad durante agosto del año anterior.

Otro de los indicadores más llamativos fue la caída del 45.5% en la fabricación de productos metálicos dentro de los regímenes especiales, particularmente componentes y tableros electrónicos.

En el régimen definitivo, la manufactura presentó una disminución todavía mayor, del 1,4%.

Comercio y servicios sostienen parte de la actividad económica

El informe también muestra que el comercio mantuvo un crecimiento interanual del 2.8%, impulsado principalmente por la venta de productos alimenticios, artículos de ferretería y equipos eléctricos.

Entre los productos que contribuyeron al resultado figuran materiales básicos de hierro y acero, artículos plásticos destinados a la construcción y electrodomésticos.

Por su parte, el conjunto de actividades de servicios creció un 2.9%, aunque también mostró una moderación frente al desempeño observado un año antes.

Dentro de este grupo, los servicios financieros y de seguros aumentaron un 4.1%, principalmente por mayores ingresos por comisiones relacionadas con tarjetas de crédito y el crecimiento de los depósitos a la vista de hogares y empresas.

Los servicios de información y comunicación registraron una expansión del 3.8%, favorecida por actividades de conectividad, transmisión de datos, telecomunicaciones y servicios digitales.

La actividad de electricidad y agua creció un 5.7%, impulsada por un mayor consumo eléctrico en comercios, hoteles, instituciones educativas, establecimientos de salud y hogares.

Asimismo, hoteles y restaurantes registraron un crecimiento del 2.6%, explicado principalmente por la demanda de servicios de alimentación y, en menor medida, por las actividades de alojamiento.

En conjunto, la construcción, los servicios profesionales y administrativos, el comercio y los servicios financieros y de seguros explicaron el 63.3% del crecimiento total de la producción nacional durante agosto.

Agricultura muestra un crecimiento mínimo y las lluvias afectan al banano

La actividad agropecuaria registró un crecimiento interanual del 0.4%, un resultado positivo, aunque considerablemente inferior al observado en otras actividades.

El Banco Central explicó que el desempeño estuvo impulsado por una mayor producción de piña, relacionada con el incremento de la demanda externa, y por el inicio de la cosecha cafetalera 2026-2027.

En el caso del café, el informe señaló que el cultivo atraviesa una etapa de mayor productividad asociada con el ciclo bienal de la planta.

De acuerdo con las estimaciones del Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) citadas por el Banco Central, se anticipa un aumento del 16.7% en la recolección de café durante el nuevo ciclo productivo.

Sin embargo, estos resultados fueron parcialmente contrarrestados por una reducción en la producción de banano, afectada por las intensas lluvias registradas durante julio y agosto.

Según el informe, las precipitaciones superaron la capacidad de absorción de los suelos cultivados en varios cantones de la vertiente caribeña.

Esta situación afectó la calidad de la fruta, favoreció la proliferación de plagas y aumentó los costos logísticos y de transporte.

¿Qué significa la desaceleración para la economía costarricense?

El resultado de agosto evidencia que Costa Rica continúa aumentando su producción, pero a un ritmo menor que el registrado durante 2025.

La variación interanual del 2,2% representa una expansión económica, no una contracción generalizada. Sin embargo, muestra una pérdida de dinamismo que resulta especialmente visible en la industria manufacturera y los regímenes especiales.

El comportamiento de estas actividades contrasta con el desempeño de sectores más vinculados al mercado interno, como la construcción, el comercio y los servicios financieros.

De hecho, las empresas del régimen definitivo aportaron el 95,3% del crecimiento del IMAE, una proporción que refleja su importancia en el resultado económico del mes.

El Banco Central también identificó señales preliminares de recuperación en los regímenes especiales, aunque será necesario observar los próximos meses para determinar si esa mejoría se consolida.

Este miércoles, se dio a conocer que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la economía de México deberá afrontar una carga de deuda bruta superior al 64 por ciento medida como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre de la presente década.

De acuerdo con el FMI, la deuda bruta considera en su medición el conjunto total de las obligaciones insolutas (pendientes de pago) que contrae el sector público, ya sea de forma directa o a través de sus agentes financieros, sin descontar ningún activo.

FMI pronostica que México cerrará su deuda bruta por arriba del 64 por ciento del PIB

La última actualización del Monitor Fiscal del FMI proyecta que para 2030, la deuda bruta de México se ubique 64.29 por ciento del PIB, mientras que para 2031 aumentaría 64.49 por ciento.

Un dato a destacar es que la lectura de la deuda bruta del país para el 2031 se coloca como su máxima proporción respecto al PIB desde el inicio de la serie histórica del FMI, que data desde 1996.

Deuda heredada por AMLO también repercutirá

Además, el organismo internacional estimó que esta carga de la deuda continúe subiendo por octavo año consecutivo desde 2024, año en el que el endeudamiento se disparó en 6.26 puntos porcentuales por la necesidad del gobierno del expresidente, Andrés Manuel López Obrador, de concluir las obras insignia.

La proyección del FMI difiere de las estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En los Criterios Generales de Política Económica 2027, la dependencia prevé que el saldo histórico de la deuda bruta del sector público se mantenga estable en 58.6 por ciento del PIB hasta 2032.

Deuda mexicana superaría a la de algunos países de América Latina

Cabe señalar que al cierre de 2030, último año de la actual administración de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, el coeficiente de la deuda bruta de México respecto al PIB superaría a diferentes países de América Latina; incluso podría ser mayor respecto a otras naciones con las que comparte la misma nota soberana por parte de agencias crediticias.

Con ese 64.29 por ciento, la deuda mexicana se ubicaría por encima del 56.58 por ciento que el FMI proyecta para Argentina y del 48.13 por ciento estimado para Chile en 2030. Brasil, en cambio, mantendría el nivel de endeudamiento más alto de la región: el organismo calcula que su deuda bruta pasaría de 97.01 por ciento en 2026 a 104.51 por ciento al cierre de la década, por encima de México.

Con la 4T, la deuda bruta no dejó de crecer

Mientras que al comparar las proyecciones de la deuda de México respecto a Perú e Indonesia en 2030 –dos soberanos con los que nuestro país comparte actualmente la misma calificación crediticia de BBB–, la economía mexicana se ubica por encima del 41.61 por ciento estimado para el país asíatico y del 30.06 por ciento de la nación sudamericana.

Llama la atención que durante los últimos ocho años en México, desde que la autodenominada Cuarta Transformación llegó al poder, el saldo de la deuda bruta medido como proporción del PIB se incrementó en 10 puntos porcentuales, al pasar desde 51.87 por ciento en 2019 al 62.09 por ciento estimado por el FMI para el cierre de 2026.

FMI ve complicado un mayor dinamismo y responsabilidad en el gasto público

Las actualizaciones del Monitor Fiscal del FMI cuestionan los planes del gobierno para lograr mayor dinamismo y responsabilidad en el gasto público, con el objetivo de reducir el déficit fiscal medido a través de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP).

El organismo proyectó que los ingresos del gobierno federal se mantendrán estancados en torno al 24 por ciento del PIB hasta el cierre de la década. Para 2026 calcula una disponibilidad de recursos equivalente a 24.89 por ciento del PIB, cifra que bajaría a 24.48 por ciento para 2030.

De acuerdo con el FMI, hay un contraste, porque estima que la necesidad de recursos para solventar los gastos de la administración pública sean de 29.12 por ciento como coeficiente del PIB al cierre de 2026, proporción mayor respecto a los ingresos, con lo que el déficit fiscal cerrará el año en 4.2 por ciento.

México no logra el superávit fiscal desde 1992

Para el cierre de la década, el FMI estimó que el gasto público en México rondaría el 27.80 por ciento del PIB, con lo que el balance fiscal se mantendría deficitario en 3.3 por ciento en 2030. La última vez que la economía mexicana registró un superávit en su balance fiscal ampliado fue en 1992.

El subsecretario de Ingresos, Carlos Lerma, sostuvo una postura distinta. La semana pasada, durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, aseguró que México cuenta con los recursos suficientes para consolidar la estabilidad de la economía.

Mucho contraste entre lo que proyectan las autoridades mexicanas y lo que estima el FMI, ya que adelantó que nuestro país cerrará la década con una deuda bruta por encima del 64 por ciento del PIB.

“Es la apuesta más grande que hemos hecho en la historia de más de 35 años del grupo”, afirmó Marcelo Benítez, CEO de Millicom, sobre el plan de inversión de 8,5 billones de pesos colombianos que la compañía destinará a Colombia en los próximos cuatro años.

Los recursos se suman a los $4,5 billones ya invertidos en la adquisición de Movistar, lo que eleva la apuesta total del grupo en el país a 13 billones de pesos. El anuncio llega hoy, día en que la compañía lanza oficialmente el cambio de marca: Movistar ahora es Tigo.

El plan de inversión histórico: 8,5 billones de pesos en cuatro años

—¿Cuánto invertirán en Colombia y cómo se desglosa entre red móvil, fibra óptica y 5G?

—Lo que estamos haciendo en Colombia es una apuesta sin precedentes para el grupo. Es la apuesta más grande que hemos hecho en la historia de más de 35 años de Millicom, con 8,5 billones de pesos en infraestructura en los próximos cuatro años. Esos recursos van para, uno, ampliar la capacidad de nuestras antenas, porque vemos un incremento del tráfico de aproximadamente el 15% interanual.

Lo segundo es que vamos a duplicar nuestra cobertura de 5G: vamos a cubrir el 80% de las poblaciones que están en las principales ciudades. Vamos a implementar más de mil nuevos sitios donde los clientes solo tienen una opción o no tienen hoy conectividad. Y por último, vamos a reforzar nuestra fibra óptica, porque por ahí pasan todos los datos. Vamos a ampliar nuestra red de fibra y también invertir en mayor redundancia para garantizar la continuidad del servicio.

—¿Esta cifra incluye lo invertido en la adquisición de Movistar?

—Yo le añadiría los 4,5 billones de pesos que ya invertimos en la adquisición de Movistar. Es muy importante comunicar y reafirmar nuestro compromiso con Colombia: son 13 billones de pesos en total, entre lo invertido en la adquisición y el refuerzo de las redes en los próximos años.

Municipios y regiones priorizadas: dónde llegará primero la conectividad

—¿En qué regiones o municipios se verán primero estas inversiones?

—En lo que tiene que ver con nueva conectividad, tenemos a Carmen del Darién, Riosucio y Medio Baudó, en Chocó; Providencia y Santa Catalina, en el archipiélago de San Andrés; San Andrés de Tumaco, en Nariño y Paratebueno, en Cundinamarca. En estos seis municipios hay más de 360.000 habitantes que hoy no tienen conectividad y que a partir de ahora van a tener acceso a la red móvil.

—¿Tienen alguna meta concreta adicional, incluso pensando en zonas afectadas por el terremoto que tuvo Colombia?

—De los 11.500 sitios que vamos a tener, en 5.000 vamos a hacer ampliaciones. ¿Qué son ampliaciones? Son antenas que tienen mucho tráfico y lo que hacemos es ampliar la capacidad para que la experiencia de navegación sea la mejor. Además, vamos a implementar 1.100 nuevos sitios. Con eso vamos a alcanzar un total de 11.500 sitios para 2028.

—¿Y en materia de 5G, cuál es la meta de cobertura?

—Vamos a ampliar a 4.000 sitios de 5G. Hoy cubrimos 128 municipios y vamos a ir a 324 municipios con 5G.

—Eso es casi el doble de la cobertura actual.

—Exactamente, el doble.

La unificación de marcas: de Movistar a Tigo

—¿Cuál es el calendario de esta unificación? ¿La marca Movistar desaparecerá en Colombia o seguirá presente en algunos servicios?

—Hemos trabajado en el último año para que este cambio de marca sea un cambio con sustancia, que venga con mejor calidad de servicio. Hoy ya tenemos una mucho mejor de la que teníamos hace un año. Lo segundo, es que este cambio de marca no implique ningún tipo de fricción con el usuario, quien no va a sentir un cambio más que el logo de Movistar pasando a Tigo. El servicio y planes no tendrán cambios.

—¿Y el lanzamiento comienza hoy mismo en todo el país?

—El plan de lanzamiento comienza hoy, pero sabemos que Colombia es grande. Vamos a hacer otros eventos en Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla.

Garantías para los clientes actuales durante la transición

—¿Cambiarán los contratos, canales de atención o cobertura para los clientes? ¿Qué garantías tienen de que no van a perder las condiciones que adquirieron con la marca anterior?

—Los clientes no pierden ninguna condición de lo que tenían antes. Más bien tienen un mejor servicio con el mismo plan, tienen mayor cobertura con el mismo plan y de 5G con el mismo plan.

Mejoras esperadas en velocidad y continuidad del servicio

—¿Cómo se va a traducir esta integración en una mejora concreta para el usuario, sobre todo en materia de interrupciones del servicio?

—La inversión que estamos comunicando es muy grande en la red móvil y en la red fija. ¿Cómo se va a sentir eso? Primero, con el acceso: hay lugares de mucha concurrencia donde uno quiere navegar y está lento. Esto ya no va a estar lento, debería incrementar la velocidad de navegación por cliente.

—¿Y en cuanto a los huecos de cobertura?

—Hay veces que el servicio no es continuo, entonces hay huecos de cobertura o espacios que no cubrimos. Para eso están los nuevos sitios: dan continuidad del servicio para que no haya interrupciones. Y después están los clientes que tienen 5G, pero están en antenas que solo son 4G: tienen un teléfono con muchas prestaciones, pero la antena no les da. Ahora, como el doble de municipios va a tener cobertura 5G, ese cliente que tenía el teléfono 5G sentirá la diferencia en la velocidad de navegación.

Qué pasa con las empresas: nube, ciberseguridad e IoT

—¿Tienen algo pensado para las empresas, algo diferente del servicio para clientes particulares?

—Tenemos una marca que es Tigo Business, que tiene mucho foco en apoyar a las empresas, en construir sus capacidades digitales. Creemos que las empresas no solo se tienen que conectar, sino que también, tienen que trabajar de manera digital. Por eso tenemos un portafolio de productos de empresa bien definido, que empieza con la nube: tenemos servicios de nube privada en nuestros data centers y servicios de nube pública con productos como AWS de Amazon, si es que el cliente prefiere tenerla en nubes públicas.

—¿Qué más incluye ese portafolio?

— Tenemos una solución muy robusta y completa en ciberseguridad, porque cada vez más tenemos que tener conciencia de que los ataques son reales, el riesgo es real y necesitamos proteger a nuestras empresas.

Otra área es el internet de las cosas. Eso hace que industrias y fábricas puedan automatizar procesos industriales a través de conectar distintos puntos dentro de una cadena de producción y hacerlo más eficiente. Además, hay productos de inteligencia artificial, transformación digital y comunicaciones unificadas: por ejemplo, que una empresa pueda no solamente hablar por teléfono, sino tener todo integrado en un chat, email y teléfono desde el computador.

Integración del talento y la fuerza laboral

—En esta integración, ¿va a haber cambios en los equipos de trabajo, especialmente en atención al cliente? ¿Cómo se va a garantizar que la transición no se traduzca en más trámites o dificultades para resolver reclamos?

—Tenemos una metodología de integración. Ya hemos hecho integraciones de dos compañías en Panamá, lo hemos hecho aquí con UNE, lo hemos hecho en Nicaragua, conocemos la operación de Telefónica.

Lo que hacemos es un concurso en las posiciones de liderazgo, donde participan personas de Movistar y de Tigo. El mejor talento se define por sus méritos y sus capacidades. Tenemos equipos que tienen más colaboradores que eran de Movistar, otros que son más de Tigo, pero eso tiene que ver con las decisiones que hemos tomado después de estas entrevistas: no solamente el jefe decide, sino que también, lo decide el líder del área y personas del área regional.

—¿Y ya se ven resultados de esta integración?

—Hoy el equipo se siente cada vez más unificado. Una muestra de eso es lo que ya hemos logrado en tan solo un año. Teníamos un montón de productos, era como un restaurante con un menú de 30 hojas. Hoy tenemos cinco productos en pospago y cinco productos en prepago, hacemos que la interacción con el cliente sea cada vez más simple.

Ampliamos tiendas: tenemos 100 tiendas nuevas desde hace un año, porque donde ocurre la magia hoy es en las tiendas. capilaridad de tiendas. ¿Estoy contento con el servicio que estamos dando? Nunca voy a estar contento, porque el cliente siempre demanda más y nosotros tenemos que anticiparnos y estar al ritmo de esa demanda.

Cumplimiento regulatorio ante la SIC

—¿Cómo han manejado el respeto a la competencia y el marco legal que se les ha exigido en esta integración?

—Aceptamos todas las condiciones de la integración. Somos muy respetuosos de las reglas: para nosotros, o jugamos con las reglas o no jugamos, y no hemos tenido ni un inconveniente en cumplirlas. Estamos en constante comunicación con la SIC, con todos los reguladores, con la CRC, así que no tenemos ningún problema en el cumplimiento. Es una de las prioridades que tenemos en la forma de hacer esta integración y esta transformación, cumpliendo los requisitos que nos han pedido.

El cambio de marca ya es oficial

—¿Desde cuándo pueden ver los usuarios la marca Tigo en reemplazo de Movistar? ¿Ya es así o falta un tiempo para esto?

—Ya comienza desde hoy. Eso va transicionando a lo largo de unos meses.

La transición será progresiva, con información y acompañamiento a los clientes de Movistar y Tigo a través de los canales oficiales de la compañía. A partir de este momento, Movistar deja de existir como marca comercial en Colombia: solo permanecerá Tigo.

La Defensoría del Consumidor de El Salvador logró la recuperación de 19 millones de dólares a favor de 11,700 consumidores en lo que va de 2026, producto de una gestión operativa que acumuló alrededor de 80 mil atenciones ciudadanas a nivel nacional.

Durante una entrevista concedida al programa radial Punto de Vista de la corporación YSKL, el presidente de la institución, Ricardo Salazar, presentó el balance de las actuaciones realizadas durante los primeros nueve meses y medio del año y expuso las proyecciones de supervisión comercial con miras a las festividades de fin de año.

Del total de las gestiones brindadas por la entidad gubernamental, aproximadamente 65 mil correspondieron a asesorías directas a la ciudadanía, mientras que cerca de 15 mil consistieron en denuncias tramitadas de manera formal.

En cuanto a la distribución por sectores económicos, el rubro financiero acumuló la mayor carga de reclamaciones con una cifra superior al 40% de los casos. Las telecomunicaciones ocuparon la segunda posición con casi el 12%, seguidas por la comercialización de electrodomésticos y artículos para el hogar, que sobrepasaron el 8% de los expedientes recibidos.

Entre los factores principales que originaron los reclamos figuraron el cobro de cargos o comisiones no autorizadas, los incumplimientos en las condiciones de contratos y promociones, la entrega de productos con deficiencias de calidad y los escenarios de sobreendeudamiento.

Durante la emisión del espacio informativo de YSKL, Ricardo Salazar destacó el papel que desempeñan las intervenciones de oficio en casos colectivos, las cuales han permitido la devolución masiva de dinero a grupos de usuarios afectados sin que cada persona haya tenido que promover un reclamo individual.

“Se pueden sorprender porque nunca fueron a la Defensoría ni habían advertido que había un problema y simplemente les llega de parte del proveedor que se les va a devolver determinado monto por un proceso que inició la Defensoría”, afirmó el funcionario al referirse al impacto de los procesos colectivos instruidos por el organismo estatal.

En vísperas de la temporada comercial de cierre de año, el funcionario abogó que la Defensoría alista dispositivos especiales de fiscalización en los principales centros de comercio y plataformas digitales de El Salvador.

Las inspecciones intensivas comenzarán en noviembre con motivo del Carnaval de San Miguel y se extenderán durante las jornadas de descuentos masivos conocidas como “Viernes Negro”, así como en el periodo de compras navideñas. El propósito de estos despliegues territoriales radica en auditar la veracidad de los descuentos, verificar el cumplimiento de ofertas y evitar la publicidad engañosa.

“Esta denominación de Viernes Negro puede ser de amplia utilización para cualquier tipo de comercio, ya no tiene esa exclusividad que en su momento tuvo”, sostuvo Salazar durante la entrevista radial.

El Salvador asume la presidencia del Foro Iberoamericano de Protección al Consumidor

En el ámbito internacional, El Salvador asumió la presidencia del Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor (FIAG) para el ejercicio 2026-2027.

La representación salvadoreña recibió la conducción del bloque tras el periodo ejercido por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) de Chile, en tanto que la gestión para el bienio 2027-2028 corresponderá a España.

Este foro, que funciona articulado con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), arribará a sus 25 años de trayectoria orientada a la cooperación técnica entre agencias estatales.

Durante el mandato salvadoreño, las delegaciones de la región impulsarán la adopción de estándares comunes para la protección de los usuarios en entornos digitales.

La agenda multilateral prevé la incorporación de herramientas de inteligencia artificial tanto para optimizar las labores operativas de supervisión dentro de los organismos públicos como para prevenir fraudes cibernéticos.

“Buscamos poner las bases de una acción que permita darle solución a los consumidores con lo que se tiene en la normativa nacional para convertirnos en una región segura para el consumidor”, explicó Salazar al detallar el alcance de los acuerdos multilaterales.

Como parte de la agenda de trabajo internacional desplegada en el país, El Salvador es sede de la decimoquinta edición del Foro Internacional sobre Protección del Consumidor de las Américas.

La actividad cuenta con la coorganización de la Oficina de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) y la Red de Consumo Seguro y Salud (RCSS) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El evento contempla la difusión de una guía práctica diseñada para aplicar principios globales enfocados en la seguridad de los bienes que se comercializan en el mercado.

El monitoreo técnico busca prevenir el ingreso de productos que generen riesgos a la salud o integridad de las personas, tales como juguetes con piezas desprendibles que puedan ocasionar asfixia en menores, neumáticos defectuosos o componentes automotrices que incumplan normas técnicas.

La inflación en Estados Unidos se aceleró al 3,7% interanual en septiembre, frente al 3,4% de agosto, impulsada por el aumento de los precios de la gasolina, la ropa y los pasajes aéreos, informó el Departamento de Trabajo.

El índice de precios al consumidor (IPC) avanzó un 0,6% mensual, luego del 0,4% registrado en agosto. El dato coincidió con las previsiones de los analistas y se conoció a pocas semanas de las elecciones legislativas de mitad de mandato, en las que el costo de vida se perfila como uno de los temas centrales.

La gasolina y los pasajes aéreos elevaron la presión sobre los precios

El encarecimiento de la gasolina explicó buena parte de la suba mensual. Sus precios aumentaron cerca de un 9% entre agosto y septiembre, mientras que los pasajes aéreos fueron aproximadamente un 23% más caros que un año antes.

La guerra en Irán, que comenzó a fines de febrero, alteró el suministro de petróleo y gas y presionó al alza los costos de los combustibles. El promedio nacional de la gasolina se ubicó el martes en USD 4,34 por galón, unos centavos por encima del nivel de un mes atrás, aunque descendió durante las últimas semanas.

El aumento del combustible también eleva los gastos de transporte y distribución de las empresas. PepsiCo anunció la semana pasada que ajustará los precios de algunos de sus alimentos y bebidas para compensar los mayores costos de combustible, aluminio e ingredientes.

La inflación subyacente subió al 2,6% interanual

Sin contar los rubros volátiles de alimentos y energía, la inflación subyacente aumentó un 2,6% interanual en septiembre, por encima del 2,4% de agosto. En la comparación mensual, el indicador avanzó un 0,3%, igual que el mes previo.

La tasa general se mantiene lejos del máximo de 9,1% alcanzado en 2022, pero retomó una trayectoria ascendente este año. El repunte plantea un desafío para la Reserva Federal (FED), cuyo mandato incluye procurar la estabilidad de precios.

El presidente de la FED, Kevin Warsh, afirmó el mes pasado que la inflación sigue demasiado elevada y que los datos del verano no reflejan una mejora suficiente de la tendencia subyacente. El banco central elevó las tasas de interés por primera vez en tres años, hasta cerca del 3,9%.

La Fed celebrará su próxima reunión de política monetaria el 27 y 28 de octubre. La mayoría de los inversores de Wall Street prevé que mantenga las tasas sin cambios en ese encuentro, aunque contempla otra suba en diciembre.

Caen los futuros de Wall Street y sube el precio del barril del petróleo de Texas

Tras conocerse el dato de la inflación, comenzaron a caer los futuros de Wall Street. Hacia las 13:00 GMT, el Dow Futures cede un 0,16%; el Nasdaq Futures pierde un 0,57%; el S&P Futures un 0,27% y el Russell 2000 Futures un 1,10%.

En tanto, el precio del barril del petróleo de Texas sube en torno al 1,50%: se ubica en 95,53 dólares el barril.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que la economía de Bolivia se contraerá un 3% en 2026 y un 1,5% en 2027, lo que la convertiría en la única de Sudamérica que registrará tasas negativas de crecimiento durante ambos años, según su último informe de perspectivas económicas.

Las previsiones, publicadas el 12 de octubre, anticipan que el país acumulará tres años consecutivos de contracción, después de que su producto interno bruto (PIB) cayera casi un 1,6% en 2025. En contraste con el resto de las economías sudamericanas que crecerá tanto en 2026 como en 2027, aunque a ritmos diferentes.

La economía boliviana atraviesa un periodo de deterioro marcado por la caída de las exportaciones de hidrocarburos y el agotamiento de sus reservas internacionales. A estos factores se suman la escasez de dólares y las dificultades de abastecimiento de combustibles, lo que ha agravado la situación financiera en el país. En 2025, la economía boliviana se contrajo un 1,58% según datos del Instituto Nacional de Estadística y la inflación superó el 20%.

En ese contexto, el Gobierno de Rodrigo Paz, que asumió funciones hace poco menos de un año, está implementando medidas para enfrentar el deterioro económico, como la búsqueda de nuevos créditos internacionales -entre ellos uno del 1.900 millones de dólares FMI-, el levantamiento del subsidio a los combustibles y reformas en la política cambiaria. Estas acciones buscan reducir la presión sobre las finanzas públicas y mejorar el acceso a dólares, pero también han generado preocupación por su impacto en los precios y el costo de vida.

En su reciente informe, Perspectivas de la Economía Mundial, el FMI también redujo las previsiones para América Latina y el Caribe, en un contexto regional marcado por una moderación del crecimiento y mayores riesgos para la actividad económica. El organismo espera que la región crezca un 2,3% en 2026, frente al 2,4% estimado en julio, y un 2,5% en 2027, dos décimas menos que en su proyección anterior.

Entre las economías regionales con mejores perspectivas figura Venezuela, para la que el organismo prevé un crecimiento del 5% en 2026 y del 7% en 2027. Paraguay crecería un 4,5% este año y un 4% el próximo, mientras que Perú avanzaría un 3% y un 2,9%, respectivamente.

Para Brasil, la mayor economía sudamericana, el FMI calcula una expansión del 2,2% en 2026 y del 1,9% en 2027. Argentina crecería un 2,1% este año y un 3,5% el próximo, mientras que Chile registraría un avance del 0,6% en 2026 y del 2,6% en 2027.

La revisión de las perspectivas regionales responde, entre otros factores, al impacto del conflicto en Oriente Medio, que ha elevado los precios de la energía y aumentado los riesgos inflacionarios. Según el FMI, las consecuencias varían entre los países exportadores de materias primas, que pueden beneficiarse de mayores ingresos, y aquellos que dependen de las importaciones energéticas, que afrontan costes más elevados, como es el caso de Bolivia.

El organismo también advirtió de que los posibles efectos climáticos del fenómeno de El Niño, incluidas inundaciones y sequías, podrían alterar los precios de las materias primas e impactar en el costo de los alimentos.

A escala mundial, el FMI proyecta un crecimiento del 3,1% en 2026, una décima más de lo previsto anteriormente, pero inferior al 3,5% registrado en 2025.

El plan contempla proyectos estratégicos en carreteras, trenes, energía, petróleo, agua, puertos y vivienda, con el objetivo de impulsar la economía, facilitar la inversión privada y fortalecer el desarrollo del país.

La mandataria destacó que se trata de una inversión sin precedentes en un sexenio y subrayó la importancia de la colaboración entre el Gobierno de México y el sector empresarial.

Sheinbaum presenta inversión histórica de 8.4 billones de pesos

Durante su participación ante representantes del sector empresarial, Sheinbaum explicó que su administración decidió apostar por la infraestructura para enfrentar un entorno económico internacional complejo y estimular el crecimiento de México.

La mandataria mexicana detalló que el monto anunciado combina recursos públicos y esquemas de inversión mixta, desarrollados en coordinación con la iniciativa privada, la banca de desarrollo y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP):

“Una inversión total de ocho billones cuatrocientos mil millones de pesos. No es por nada, pero nunca antes visto en un sexenio”.

La mandataria precisó que esta cifra corresponde a los principales proyectos previstos para los próximos cuatro años y que no incluye la totalidad de las inversiones privadas que se busca impulsar mediante incentivos, facilidades administrativas y mecanismos para agilizar permisos.

Estos son los sectores que recibirán la mayor inversión

El plan de infraestructura contempla recursos para proyectos que buscan fortalecer la conectividad, ampliar la capacidad energética, recuperar instalaciones industriales y atender las necesidades de vivienda y abastecimiento de agua.

Entre los montos presentados por Sheinbaum destacan los siguientes:

• Plan estratégico de Pemex: 2 billones de pesos.
• Vivienda para el Bienestar y desarrollo habitacional privado: alrededor de 3 billones de pesos.
• Trenes de pasajeros, Tren Maya de Carga y fortalecimiento del Tren Interoceánico: 886 mil millones de pesos.
• Red carretera: cerca de 700 mil millones de pesos.
• Generación eléctrica: 794 mil 109 millones de pesos.
• Inversión en puertos: 816 mil millones de pesos, distribuidos en distintos proyectos.
• Proyectos estratégicos de agua: 180 mil millones de pesos.
• Plan de gasoductos: 140 mil 905 millones de pesos.

La presidenta también mencionó la recuperación de la industria petroquímica, con proyectos en Coatzacoalcos, Morelos, Cangrejera, Cosoleacaque y Escolín, además del desarrollo de instalaciones para producir fertilizantes.

A esta estrategia se suma el proyecto Coatlicue, una iniciativa para desarrollar en México una supercomputadora de gran capacidad, que, según lo expuesto por la mandataria, sería la más potente de América Latina.

Gobierno busca acelerar inversiones y reducir trámites

Sheinbaum sostuvo que el impulso a la infraestructura debe ir acompañado de condiciones que permitan a las empresas invertir con mayor rapidez y certidumbre.

Como parte de esta estrategia, recordó que la ventanilla única de inversiones establece un plazo de 60 días para aprobar los proyectos que ingresan por este mecanismo. De acuerdo con su exposición, ya se han autorizado más de 20 proyectos de montos significativos.

La presidenta también destacó los incentivos contemplados en el Plan México y los nuevos mecanismos de inversión pública y privada, así como las medidas de simplificación administrativa que se desarrollan con autoridades estatales y municipales.

Entre las acciones mencionadas durante su discurso se encuentran:

• La homologación de trámites mediante un catálogo único.
• Los decretos para facilitar y agilizar las autorizaciones de inversión.
• La digitalización de trámites para micro y pequeñas empresas.
• La ampliación del acceso a cuentas bancarias que no requieren Registro Federal de Contribuyentes, bajo el esquema acordado con la banca.
• El impulso a los pagos digitales para reducir el uso de efectivo.
• La continuidad del programa de regularización fiscal, con una propuesta para que durante 2027 los contribuyentes puedan liquidar adeudos sin multas ni recargos, conforme a lo anunciado por la mandataria.

La titular del Ejecutivo Federal también adelantó que está por presentar el IMEX 4.0 y reiteró que la simplificación de trámites será fundamental para facilitar nuevas inversiones en el país.

En el encuentro, la mandataria reconoció los acuerdos alcanzados con el sector empresarial en materia de salarios, reducción de la inflación, precios de los combustibles, digitalización y condiciones para invertir.

Asimismo, afirmó que su gobierno busca reducir el déficit fiscal de manera responsable, sin comprometer objetivos que no puedan cumplirse.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) subió su estimación de crecimiento para México en 2026 a 1.5%, desde el 1.2% que proyectaba en julio. Lo hizo en un informe que recortó las previsiones para América Latina y el Caribe, según su reporte Perspectivas de la Economía Mundial (WEO), presentado este martes en Bangkok, Tailandia.

Para el organismo, la región crecerá 2.3% este año y 2.5% en 2027, frente a 2.4% y 2.7% en julio. Reuters informó que la mayoría de los países recibe poco impulso del auge de la inteligencia artificial (IA), que ayudó a otras economías a absorber el golpe energético derivado de la guerra en Medio Oriente.

¿Qué dijo el FMI sobre México?

El Fondo atribuyó la mejora a las exportaciones, incluidas las ligadas a las cadenas de suministro de IA, y a una inversión que se estabiliza. En julio, el organismo vinculaba la recuperación a políticas internas menos restrictivas.

Para 2027, sin embargo, recortó ligeramente su cálculo: 1.8%, frente al 1.9% anterior. Advirtió que la incertidumbre comercial y otros factores seguirán frenando la actividad.

Los datos más relevantes para México:

• PIB 2026: 1.5% (antes 1.2%).
• PIB 2027: 1.8% (antes 1.9%).
• Inflación: 3.8% al cierre de 2026 y 3.6% en 2027, según medios mexicanos que revisaron el informe.
• PIB per cápita: cayó 0.3% en 2025, porque la economía creció menos que la población. El FMI prevé una recuperación de 0.7% en 2026 y de 1.0% en 2027.

Este último punto matiza el avance: la mejora en el PIB aún es pequeña frente al tamaño de la población.

El contexto: una guerra que encarece la energía

El informe describe una economía mundial “dividida”. El FMI subió su proyección de crecimiento global a 3.1% para 2026, desde 3.0% en julio, y señaló que las rutas alternativas de suministro de energía y la inversión impulsada por la IA sostienen esa resiliencia.

El conflicto en Medio Oriente, no obstante, convirtió la energía en un choque inflacionario global. El crudo Brent cotiza cerca de 45% por encima de su nivel previo a la guerra. Los combustibles y la electricidad más caros afectan a hogares y empresas, y el temor a una inflación persistente empujó los costos de endeudamiento a máximos de varias décadas.

El FMI explicó que el efecto en América Latina depende de dos factores:

• Si las ganancias de los países exportadores de materias primas superan las pérdidas de los importadores de energía.
• Qué tan creíbles son las metas de inflación de los bancos centrales.

Argentina y Brasil, entre los más afectados

Argentina recibió el recorte más fuerte entre las economías que el FMI detalla por separado. Su crecimiento se ubicaría en 2.1% en 2026, muy por debajo del 3.5% previsto en julio y del 4.5% de 2025. Para 2027, el Fondo bajó su estimación a 3.5%, desde 4.0%. La inflación argentina caería a 32.5%, frente a 41.9% del año pasado.

Brasil pasaría a crecer 2.2% este año y 1.9% en 2027, frente a 2.4% y 2.2% en julio. El organismo citó una política monetaria aún restrictiva, el retiro del apoyo fiscal del gobierno y la incertidumbre global. La diferencia con México se reduce: en 2027, Brasil y México quedarían separados por apenas una décima (1.9% contra 1.8%).

Las tablas del informe muestran también:

• Chile: crecimiento de 0.6% este año, frente a 2.5% anterior.
• Bolivia: contracción de 3.0%, tras una caída de 1.6% en 2025.
• Venezuela: inflación de 467.9%, desde 252.0%.

Riesgos: volatilidad y financiamiento más caro

El FMI aseguró que los riesgos siguen inclinados a la baja. Advirtió que la turbulencia en los mercados podría afectar a las economías emergentes por tres vías: mayores costos de financiamiento público, presión sobre sus monedas y condiciones financieras locales más estrictas.

Un respaldo reciente al panorama fiscal

El pronóstico llega días después de que el FMI concluyera su consulta del Artículo IV 2026 con México. Según la Secretaría de Hacienda, el organismo reconoció avances en consolidación fiscal, estabilidad financiera e infraestructura, y consideró que los riesgos para la actividad están balanceados. También hizo recomendaciones para fortalecer la posición fiscal en el mediano plazo.

Lo que sigue

La economía mexicana mejorará más de lo previsto en 2026, pero a un ritmo moderado y dependiente de las exportaciones y del entorno externo. El FMI mantiene su advertencia sobre la incertidumbre comercial, un factor que sigue pendiente para México.

El Congreso expone una agenda intensa para esta semana, pero el foco político estará puesto casi exclusivamente sobre un tema, de arrastre: la ley de Tierras y, más precisamente, la disputa por el manejo del temario que disparó su último capítulo judicial. Se verá si el oficialismo logra celebrar su movida para frenar la convocatoria opositora o si aún así, como dicen los pronósticos, queda instalada la lectura sobre una marcha atrás libertaria en este terreno. Esa disputa está planteada en Diputados. En el Senado, los movimientos son menos visibles y, por supuesto, el mayor deseo del Gobierno está centrado en la negociación para bajar las PASO. Camino largo, cruzado por desconfianzas, que se extienden a tratativas electorales más amplias con gobernadores y remiten a las expectativas sobre la marcha de la economía.

El único dato a contracorriente, aislado y excepcional, lo constituye la posibilidad cierta de que la Cámara baja avance con la iniciativa sobre trazabilidad de medicamentos de alto riesgo. El proyecto tiene consenso general y nació de la confluencia de propuestas de diversos espacios -desde el bloque violeta hasta representantes de la oposición dura-, a partir de las reacciones iniciales producidas por la tragedia del fentanilo contaminado. Tuvo dictamen hace veinte días y llegaría al recinto la semana que viene, aunque como parte de la jugada oficialista. Otro tema será su aplicación, cuando se convierta en ley.

Por supuesto, el principal punto de la agenda impulsada por LLA y conversada con sus socios y aliados no es ese, sino la intención de cerrar el tema de la ley de Tierras, que le provocó costos en el Senado, fue repuesto por la Corte Suprema de Justicia con dos fallos sucesivos en pocos días -para rechazar un amparo y luego para dejar en pie un planteo similar- y finalmente reabrió la discusión en Diputados. La primera ficha fue movida por la oposición, que puso en la mira el DNU 70/2023 íntegramente y no sólo el artículo que habilita la venta de tierras a extranjeros sin las limitaciones de la referida ley.

Legisladores de diferentes bloques opositores motorizaron una sesión especial para el jueves de esta semana. Y agregaron otros temas desgastantes para el Gobierno: emergencia en discapacidad y morosidad en materia de endeudamiento familiar. Lo hicieron apenas conocido el fallo de la Corte Suprema que, al rechazar un amparo de ex combatientes de Malvinas, dejaba en pie el artículo del DNU que anula la ley de Tierras. Eso descolocó al oficialismo. Pero una segunda decisión de la Corte, que dejó en suspenso de manera provisoria la aplicación de ese punto del decreto, fue vivida por la LLA como oxígeno político.

La decisión judicial restó dramatismo inmediato, aunque no lo suficiente como para bajar el tema de la agenda. Tampoco alcanzó para que diputados de buena sintonía con Olivos -en particular los socios y los que responden a gobernadores- aceptaran exponerse para dejar sin quórum a la sesión opositora sin alguna salida presentable en un asunto tan sensible. Los negociadores libertarios, encabezados en este frente por Martín Menem, registraron entonces que debían dar una respuesta sin demora y finalmente optaron por una alternativa al menos llamativa: tratar lo que quedó de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y agregarle un capítulo sobre la ley de Tierras. Ahora, en lugar de anular esa norma -como planteaba el texto del Ejecutivo, podado en el Senado por falta de respaldo- sería incluida una limitación a la venta de tierras a personas y empresas extranjeras.

El alcance de la nueva propuesta será definido en el plenario de comisiones promovido para el miércoles por el oficialismo. Se verá entonces hasta qué punto cede el Gobierno y tendrá impacto un día después en el recinto. Salvo alguna sorpresa con el contenido del dictamen, en las filas opositoras dan por seguro que el jueves no lograrían quórum. Sería en ese caso, una sesión en minoría para exponer posiciones. La cuestión, de todos modos, no quedaría agotada.

El miércoles de la semana que viene, el oficialismo buscará coronar en sesión especial un paquete de proyectos que revierta los títulos impuestos por la oposición en distintos momentos. Además de tierras, figuran morosidad y emergencia en el área de discapacidad. Eso, fuera del apuntado proyecto de consenso: la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo. En paralelo, pero en comisiones, caminarían Presupuesto y el proyecto sobre Malvinas. Son dos asuntos que demandan negociaciones diferentes y sumarían modificaciones antes de llegar al Senado.

En la Cámara alta, sigue pendiente, y como principal prueba, la reforma electoral, aunque las negociaciones no pasan centralmente por los despachos de la bancada oficialista, que encabeza Patricia Bullrich. En ese tablero, las fichas son movidas bajo la mirada de Karina Milei y el principal operador es Diego Santilli. Son visibles los síntomas de desconfianzas cruzadas, expuestas en reclamos de reaseguros por parte de socios -PRO, bloque oficial de la UCR- y jefes provinciales de trato fluido con el Gobierno.

Resultan curiosas las versiones que adjudican ahora posiciones más negociadoras a la secretaria General de la Presidencia y mayor dureza a operadores directos, como Eduardo “Lule” Menem -también, Martín Menem-, que se mueven en su órbita. Vistos en conjunto, exhiben más bien el juego con la mirada puesta en el 2027, que combina gestos de acercamiento y presiones en continuado.

Las conversaciones con los jefes provinciales -en grupo y, sobre todo, con cada uno por separado- incluyen naturalmente las necesidades financieras de los distritos. Además, de manera creciente, añaden el ingrediente de las garantías de contraprestación política. No se limita a una votación en el Congreso, más fácil de resolver con la atención a algún pedido específico. Se trata de allanar el camino al plan reeleccionista de Milei y, a la vez, acordar que la LLA no juegue en contra de la ambición de continuidad de cada gobernador en su distrito.

Allí, afloran los recelos sobre cómo asegurar los compromisos. Y en qué momento. Es algo que trasciende la cuestión de las fechas, es decir, el pedido de la Cámara Electoral para no estirar las definiciones nacionales y los pasos de gobernadores para adelantar sus comicios. Lo que juega de manera cada vez más evidente es la economía. El Gobierno necesitaría tiempo para ver si revierte o mejora el clima de estos meses y algunos jefes provinciales -además de sectores aliados- preferirían darse espacio para evaluar cómo evoluciona el cuadro. En otras palabras, especulaciones sobre el desgaste o la fortaleza de los interlocutores a la hora de cerrar trato político. Alimento para las desconfianzas.

El precio que aparece en las gasolineras se ha convertido en una señal de presión para hogares y comercios: la gasolina especial en El Salvador alcanzó los $ 5.14 por galón tras una cadena de alzas vinculadas con factores externos. El encarecimiento impacta sobre el transporte, la distribución de productos y el presupuesto de las familias, en una economía que depende de los precios internacionales para abastecerse de combustibles.

Desde la primera semana de marzo, cuando el galón de gasolina especial costaba $ 3.80, el valor acumuló al menos nueve incrementos. El aumento total fue de $1.34 por galón. La escalada ocurre en medio de conflictos internacionales, entre ellos los de Medio Oriente y Ucrania, que han añadido volatilidad al mercado energético.

Para Oscar Avalle, gerente regional del Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), para Centroamérica y República Dominicana, El Salvador enfrenta una situación condicionada por su posición dentro del mercado global de combustibles.

“El Salvador es tomador de precios”, afirmó Avalle en declaraciones a Infobae. Con esa expresión, el representante de CAF señaló que el país no puede definir el valor internacional del petróleo ni de sus derivados, por lo que queda expuesto a las variaciones que se producen fuera de sus fronteras.

El combustible eleva costos en transporte y distribución

El incremento de precios en los carburantes incide en los costos de movilización de personas y mercancías. Este escenario afecta una extensa cadena de sectores entre transporte público, los servicios de reparto, las actividades agrícolas y las empresas que trasladan bienes dependen, en distinta medida del diésel y las gasolinas. Cuando esos insumos aumentan, la presión puede trasladarse a los precios finales de productos y servicios.

Avalle diferenció las medidas inmediatas de las decisiones de largo alcance. Según explicó, la tarea de las autoridades en la coyuntura pasa por reducir el impacto del incremento sobre la economía local, aunque reconoció que el fenómeno no se limita a El Salvador.

“Está pasando en toda la región y en todo el mundo”, sostuvo. La declaración sitúa el aumento de los combustibles dentro de un escenario internacional que afecta a países importadores de energía, con márgenes limitados para evitar que la volatilidad externa llegue a los mercados internos.

El efecto sobre la economía salvadoreña depende también de cuánto tiempo se mantengan los precios elevados. Un incremento puntual puede ser absorbido por algunos sectores; una secuencia prolongada de incrementos eleva los costos operativos y reduce el margen de los salvadoreños para destinar recursos a consumo, inversión o ahorro.

CAF plantea una menor dependencia de los combustibles fósiles

Avalle planteó que la respuesta estructural requiere modificar la matriz energética y ampliar el uso de tecnologías que reduzcan la dependencia del combustible fósil. Mencionó la incorporación progresiva de autos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, junto con una mayor generación de electricidad a partir de fuentes renovables.

“Este es un momento de gran oportunidad para generar ese cambio en la matriz energética de los países”, afirmó el gerente regional de CAF. A su juicio, la electrificación del transporte puede disminuir la exposición de la economía a las oscilaciones del petróleo, siempre que la energía eléctrica provenga de fuentes alternativas.

El Salvador cuenta con generación geotérmica, un recurso que Avalle citó como parte de esa transición. También destacó la integración energética centroamericana como una vía para responder a la demanda regional y fortalecer el intercambio de electricidad entre países.

El avance, señaló, requiere tiempo. La expansión de vehículos con nuevas tecnologías demanda infraestructura, acceso a financiamiento, capacitación técnica y una oferta energética capaz de sostener el crecimiento del consumo eléctrico. Mientras esa transformación avanza, el precio internacional del petróleo seguirá como uno de los factores que condicionan el costo de vida y la actividad económica salvadoreña.

La edición de México Digital Summit 2026, que tuvo lugar el pasado 6 y 7 de octubre en Alboa de Plaza Artz, en la Ciudad de México, reunió a autoridades, líderes de tecnología e iniciativa privada para analizar los desafíos de la nueva economía digital. Bajo el lema “Infraestructura e IA: el motor de la economía”, el encuentro puso en agenda la conectividad, los centros de datos, el cómputo, el espectro radioeléctrico, la ciberseguridad y el talento.

El evento llegó a su sexta edición consolidado como uno de los espacios de referencia para el diálogo entre el sector público, la industria de telecomunicaciones, empresas tecnológicas, organizaciones empresariales y gobiernos locales. Su continuidad responde a la necesidad de sostener una conversación permanente sobre decisiones de inversión, marcos regulatorios, formación de talento e innovación, en un contexto donde la velocidad de adopción tecnológica exige actualizaciones constantes de política pública y estrategia empresarial.

La jornada de dos día arrancó con el mensaje de Jorge Fernando Negrete, presidente de DPL Group, quien subrayó la necesidad de adoptar una visión de largo plazo para que las oportunidades que trae la transformación tecnológica se conviertan en condiciones reales de prosperidad para las economías y las sociedades, y no queden limitadas a ganancias de eficiencia de corto plazo.

Infraestructura, espectro y capacidad de cómputo

Uno de los principales ejes temáticos del encuentro abordó las condiciones físicas y regulatorias que sostienen la expansión digital, pues es lo que determina, en gran medida, qué tan rápido un país puede incorporar Inteligencia Artificial a sus procesos productivos. Según explicaron los distintos expositores, sin estos elementos la adopción de tecnologías avanzadas queda limitada a proyectos acotados y sin escala.

Daniel Hajj, CEO de América Móvil, destacó el efecto de la inversión en telecomunicaciones sobre la actividad económica.

“La manera de aumentar la recaudación pública en forma sostenida es mediante el impacto positivo de las inversiones en infraestructura”, afirmó Hajj.

El ejecutivo señaló que las redes generan efectos sobre el producto interno bruto, la productividad y la competitividad, en una relación que se retroalimenta entre despliegue de infraestructura y crecimiento económico.Indicó que, este año, uno de cada cuatro dólares recibidos por exportaciones correspondió a equipos de procesamiento de datos, un dato que refleja el peso creciente de las tecnologías asociadas al cómputo y a la automatización en la estructura exportadora de México.

El tráfico de datos se multiplicó 40 veces en una década, mientras los operadores mantienen y financian las redes sobre las que circula ese tráfico. Ante ese escenario, Hajj sostuvo que el principio de neutralidad de red debe actualizarse para responder a la evolución tecnológica y a la economía de Internet, con reglas que contemplen el concepto de fair share entre quienes generan tráfico y quienes sostienen la infraestructura.

La economía digital ya no se discute como un fenómeno aislado, sino como una red de factores interdependientes: infraestructura de redes, disponibilidad energética, seguridad de la información y proyectos productivos que permiten que la tecnología se traduzca en resultados concretos para sectores de distinta escala, desde grandes operadores hasta micro y pequeñas empresas.

En ese sentido, la sostenibilidad financiera de las telecomunicaciones también fue uno de los ejes de la agenda. Mónica Aspe, CEO de AT&T México, afirmó que la infraestructura digital funciona como habilitador para múltiples industrias y vinculó la capacidad de inversión con la competencia, la innovación y la expansión de la conectividad. Según explicó, cuando la rentabilidad del despliegue de redes se ve comprometida, el efecto no se limita al sector de telecomunicaciones, sino que repercute en todas las actividades económicas que dependen de la conectividad.

Aspe se refirió al desbalance entre una economía tecnológica valuada en 38 billones de dólares y una industria de telecomunicaciones de 3,2 billones. “La distancia entre la red y lo que circula sobre ella” representa uno de los desafíos del sector, señaló. En ese marco, remarcó que el costo del espectro incide de manera directa en los recursos disponibles para ampliar cobertura: “Cada peso que se va a pagar en los derechos es un peso que no se va a pagar en una antena”.

Desde la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), la comisionada Ledenika Méndez González presentó cuatro líneas de acción para acompañar el despliegue de infraestructura, orientadas a reducir costos y simplificar procesos para los operadores. La primera contempla una reducción del 12% en el precio del espectro, una medida que busca liberar recursos para inversión en redes. La segunda busca habilitar redes industriales inteligentes, radioenlaces de microondas y 5G, tecnologías que amplían las posibilidades de conectividad en sectores productivos específicos.

La tercera línea plantea la operación de la Ventanilla Nacional de Telecomunicaciones y Radiodifusión, orientada a homologar gestiones administrativas y reducir los trámites de 20 a seis, una simplificación que apunta a acelerar los tiempos de despliegue de infraestructura. La cuarta propone situar los derechos, la seguridad y las personas en el centro de la regulación. La CRT también informó avances en el registro de líneas móviles y anticipó lineamientos antispam para combatir llamadas y mensajes fraudulentos, en un esfuerzo por fortalecer la confianza de los usuarios en los servicios digitales.

Empleo, pymes y soberanía tecnológica

La infraestructura y la Inteligencia Artificial son piezas de una misma estrategia de desarrollo, por lo que otro de los ejes de discusión son los efectos de estas piezas sobre el empleo, la actividad productiva local y la capacidad del país de generar tecnología propia. Esta dimensión resulta relevante porque la transformación digital no solo se mide en despliegue de redes o adopción de IA, sino en su capacidad de traducirse en oportunidades laborales concretas y en el fortalecimiento de las empresas de menor escala, que constituyen la mayoría del tejido productivo mexicano.

En entrevista con Infobae, Manola Zabalza Aldama, secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, sostuvo que la tecnología puede contribuir a generar mejores oportunidades de empleo y a fortalecer la actividad de pequeñas empresas.

“La mejor política social es el empleo y la tecnología nos ayuda a tener mejores empleos en la ciudad”, afirmó Zabalza Aldama. La funcionaria distinguió dos vías complementarias: la contratación directa dentro de las compañías tecnológicas, que genera empleos formales y bien remunerados, y la incorporación de herramientas digitales en actividades tradicionales, que mejora la productividad de negocios ya existentes.

Según explicó, el objetivo del Gobierno capitalino incluye acercar soluciones tecnológicas a micro y pequeñas empresas para mejorar procesos de contabilidad, ventas y acceso a crédito. También destacó la posibilidad de que los comercios de barrio incorporen herramientas que faciliten su operación diaria, refuercen su resiliencia y eleven sus condiciones de seguridad. “La tecnología es un pilar para el bienestar económico de la ciudad”, afirmó Zabalza Aldama.

La secretaria señaló que el reto no pasa únicamente por consumir desarrollos provenientes de otros mercados, sino por crear capacidades productivas locales. “Queremos ser productores de tecnología, queremos tener una soberanía tecnológica para el país y nacida en la Ciudad de México”, explicó. En esa línea, mencionó el trabajo con empresas, emprendedoras y emprendedores mexicanos que desarrollan soluciones desde lo local para lo local, en lugar de limitarse a importar tecnologías extranjeras.

El planteo de Zabalza Aldama se conectó con la intervención de Diego Flores, titular del Sector de Industria Digital y Electrónica de la Secretaría de Economía, quien propuso avanzar desde una agenda de adopción hacia una política industrial digital.

“La nueva economía se construye sobre infraestructura, silicio e inteligencia. Si estas capas trabajan por separado, México consume tecnología; si se articulan, México produce capacidad”, afirmó Flores. Su propuesta incluyó cuatro ejes: infraestructura para competir, capacidades industriales, talento e innovación en IA, y gobernanza e integración.

Para Sofía Pérez Gasque, directora general de la Asociación Mexicana de Tecnologías de la Información (Amiti), infraestructura, protección de datos y talento constituyen condiciones necesarias para el desarrollo digital. La organización presentó Pymes Ciberseguras, una iniciativa con expectativa de llegar a 500.000 empresas, un número que da cuenta de la magnitud del desafío de seguridad digital entre negocios de menor tamaño.

La agenda también abordó el potencial regional. Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador de Chiapas, propuso posicionar al estado como una plataforma para la economía digital de la región y destacó que la conectividad local pasó de 23% a 50% entre 2020 y 2025, un avance que atribuyó a políticas orientadas a atraer inversiones y fortalecer la certeza jurídica.

Por su parte, Ángel García Castillejo, vicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España (CNMC), planteó que la digitalización debe entenderse como una herramienta para alcanzar objetivos económicos y sociales, y no como un fin en sí mismo. El funcionario advirtió que la velocidad de la innovación supera a la regulatoria y señaló que las obligaciones deben evitar convertirse en barreras para el desarrollo del ecosistema digital.

México Digital Summit 2026 reunió estas perspectivas para ampliar la conversación sobre innovación, Inteligencia Artificial, infraestructura digital y las capacidades que el país requiere para participar en la nueva economía. La cobertura del encuentro permite seguir de cerca los debates, las propuestas regulatorias y los proyectos que marcarán la evolución tecnológica de México en los próximos años.

Para quienes buscan comprar su primera propiedad en Estados Unidos, el acceso a una vivienda de entrada se redujo desde antes de la pandemia: este segmento pasó de representar el 38,1% del inventario activo en agosto de 2019 al 36,2% en agosto de 2026, mientras su precio de referencia avanzó 30,8%, de cerca de USD 260.000 a USD 340.000.

El retroceso equivale a más de 21.000 viviendas que hoy tendrían precios de entrada si la proporción de 2019 se hubiera mantenido. Sin embargo, el panorama varía considerablemente entre áreas metropolitanas.

Para los compradores primerizos que pueden elegir dónde vivir, varias ciudades del Medio Oeste conservan una oferta amplia y distribuida en distintos vecindarios.

Los datos proceden del informe Where Starter Homes Still Exist: A Metro-by-Metro Look, elaborado por la economista sénior Hannah Jones para Realtor.com.

El estudio examinó los 100 mercados metropolitanos más grandes del país a partir de avisos activos de venta de agosto de 2019, 2022 y 2026.

Toledo, San Luis y Detroit, con la mayor proporción de viviendas de entrada

Según el informe de Realtor.com, el área metropolitana de Toledo, en Ohio, tuvo la mayor proporción de viviendas de entrada entre los mercados analizados: 42,1 % del inventario activo en agosto de 2026. Le siguieron San Luis, en Misuri, con 40,7 %, y Detroit, en Míchigan, con 39,8 %.

Estas tres áreas metropolitanas combinaron una proporción superior al promedio nacional con aumentos de precios inferiores a la media desde 2019, según Realtor.com.

La métrica no fija un valor idéntico para todo el país: considera de entrada a una propiedad anunciada por un precio igual o inferior a aproximadamente el 80 % del valor mediano de publicación de cada mercado metropolitano.

Por eso, una ciudad con más viviendas de entrada no siempre es la de menor precio absoluto. El indicador mide qué parte de la oferta local se ubica en el tramo más accesible de su propio mercado, generalmente compuesto por unidades más pequeñas y orientadas a compradores primerizos o a hogares con ingresos iguales o inferiores a la mediana local.

Kansas City, San Luis, Toledo y Akron: alternativas en más de un vecindario

La oferta tampoco se reparte de la misma manera dentro de cada ciudad. El análisis de Realtor.com clasificó unos 8.300 códigos postales de los 100 mercados estudiados y halló que el 61,4% tenía una oferta mixta, sin predominio marcado de viviendas de entrada ni de propiedades de precio superior.

Kansas City, en Misuri, y San Luis se destacaron porque combinan una participación de viviendas de entrada por encima del promedio nacional —37,7% y 40,7%, respectivamente— con una cantidad superior a la media de códigos postales donde predominan esas unidades. Para los compradores, esto supone más alternativas en distintas zonas del área metropolitana.

Toledo y Akron, también en Ohio, registraron las cuotas más altas de este segmento, con 42,1% y 39,3%.

En ambos casos, la oferta está concentrada en menos códigos postales: ocho en Toledo y diez en Akron. El volumen disponible es amplio, aunque el margen geográfico para elegir barrio es más acotado.

Boise, Portland y otras cinco áreas con mayor participación desde 2019

Además de las ciudades del Medio Oeste que mantienen las mayores participaciones, otros mercados ampliaron la presencia de viviendas de entrada entre agosto de 2019 y agosto de 2026. Boise, en Idaho, encabezó ese grupo con un aumento de 4,7 puntos porcentuales.

Le siguieron Portland, en Oregón, con 4 puntos; Des Moines, en Iowa, con 3,7; San José, en California, con 2,9; y Denver, en Colorado, con 2,5.

Estas mejoras reflejan un mayor peso de las propiedades de precio inicial dentro de cada mercado, pero no implican por sí mismas que sean más baratas en términos absolutos.

Los condominios, opción central para compradores primerizos

La composición de la oferta también cambió. De acuerdo con el informe de Realtor.com, los condominios y casas adosadas representaban el 18,0 % del inventario nacional de viviendas de entrada en agosto de 2019.

Esa proporción ascendió a 20,0 % en 2022 y a 27,1 % en agosto de 2026; el resto del segmento correspondió a viviendas unifamiliares.

El aumento de este tipo de unidades dentro del segmento se produjo mientras muchas casas unifamiliares dejaron de encajar en el umbral de precio inicial en numerosos mercados.

En el conjunto de la oferta inmobiliaria, los condominios, casas adosadas y viviendas en hilera también ganaron espacio, aunque a un ritmo menor: pasaron del 16,5 % de los avisos en 2019 al 20,8 % en 2026.

Mayor caída del inventario de entrada en mercados del sur

En contraste, varias áreas del Cinturón del Sol perdieron participación de viviendas de entrada sin recuperar el nivel previo a la pandemia.

Columbia, en Carolina del Sur, tuvo la mayor caída: 8,3 puntos porcentuales desde 2019. Luego se ubicaron Winston-Salem, en Carolina del Norte, con una baja de 7,5 puntos; Cape Coral-Fort Myers, en Florida, con 6,9; y Augusta, en Georgia, con 6,5.

En Columbia, Cape Coral y Augusta los precios se moderaron desde 2022, pero la oferta de entrada no se recuperó en la misma proporción, de acuerdo con Realtor.com. Fresno, en California, y Greensboro-High Point, en Carolina del Norte, también registraron descensos de 6 puntos porcentuales.

La escasez nacional se concentró principalmente antes de 2022, cuando la participación de viviendas de entrada cayó al 36,3 %.

Desde entonces permaneció prácticamente estable, aunque el inventario total de propiedades en venta todavía se ubicaba cerca de 10% por debajo del nivel anterior a la pandemia en agosto de 2026.

En Palm Beach, una red de corredores comercializa de manera reservada mansiones valuadas entre USD 17 millones y USD 300 millones, un universo de viviendas que no aparece en los listados inmobiliarios de acceso habitual.

El mecanismo, conocido como mercado fuera de mercado, cobra relevancia ante la limitada oferta publicada en la isla de Florida, según Gary Pohrer, director ejecutivo de ventas de lujo de SERHANT.

La discreción no significa que las operaciones queden necesariamente fuera de los registros oficiales de propiedad una vez concretadas.

La diferencia es que estas residencias no se publican en el sistema de listados múltiples (MLS), una base de datos compartida por agentes y agencias inmobiliarias para difundir propiedades en venta.

Que una casa esté fuera del MLS no implica que la compraventa quede fuera de los registros oficiales de propiedad cuando se concreta.

En estos casos, los dueños no colocan un cartel ni lanzan una campaña de venta: aceptan evaluar una oferta si alcanza el precio y las condiciones que pretenden.

“El 99 % de los agentes no sabe que esas propiedades están realmente disponibles”, afirmó Pohrer en declaraciones a Fox News Digital.

El ejecutivo prevé que la disponibilidad pública se mantenga acotada o disminuya durante 2027, mientras que la reserva de propiedades ofrecidas de forma privada también podría reducirse.

Solo 58 casas unifamiliares figuraban en el mercado abierto

La isla de Palm Beach tiene una superficie de 9,8 kilómetros cuadrados (3,8 millas cuadradas), unas 2.500 viviendas unifamiliares y una cifra similar de condominios.

Sin embargo, el MLS registraba alrededor de 58 casas unifamiliares activas cuando Pohrer describió el mercado al medio estadounidense.

Esa diferencia entre el inventario visible y las alternativas que se negocian de manera reservada explica el peso de los contactos personales entre corredores.

Las opciones se achican con rapidez para los compradores que buscan frente al océano, una casa contemporánea lista para ocupar o una calle específica.

“Pasas de 10 opciones a cinco, a una y a ninguna; entonces depende de nosotros encontrar propiedades que puedan estar fuera del mercado”, sostuvo el directivo.

El circuito incluye inmuebles próximos a Mar-a-Lago y a Worth Avenue. Según Pohrer, sus propietarios suelen conservarlos fuera de las plataformas de difusión porque no tienen una decisión definitiva de vender.

El esquema les permite medir el interés y rechazar ofertas sin exponer públicamente la vivienda ni fijar un proceso formal de comercialización.

Los corredores negocian propiedades sin anuncios ni carteles de venta

La información sobre las casas circula mediante agendas de agentes, llamadas y conversaciones entre profesionales del sector.

Pohrer dijo tener referencias de viviendas ofrecidas por USD 175 millones, USD 97 millones, USD 75 millones, USD 52 millones y USD 17 millones, además de otra cuyo precio se situaría en USD 195 millones. El rango más alto de la red privada, de acuerdo con la información difundida, alcanza los USD 300 millones.

También mencionó acuerdos cerrados fuera del MLS por USD 97,5 millones, USD 75 millones y USD 58 millones. Para el comprador, el acceso depende de contar con un representante que conozca qué propietarios considerarían una propuesta y a partir de qué valor. Para el vendedor, la negociación puede mantenerse limitada a un grupo reducido de potenciales interesados.

Este modelo incrementa la competencia entre los intermediarios cuando se conoce que un dueño podría desprenderse de una residencia.

Pohrer señaló que los agentes procuran obtener la representación de esos vendedores, ya que una sola transacción puede involucrar valores muy elevados.

Las tratativas, añadió, pueden prolongarse durante meses porque los propietarios no siempre están comprometidos con una venta inmediata.

Las ventas de agosto subieron de dos a diez en un año

El movimiento de la isla aumentó incluso durante los meses de menor actividad. En agosto de 2026 se cerraron 10 ventas de casas unifamiliares, frente a dos en agosto de 2025, de acuerdo con las cifras facilitadas por Pohrer. Agosto y septiembre suelen registrar menor presencia de propietarios estacionales, que se trasladan a destinos más frescos.

Pohrer indicó que su equipo concretó cinco ventas que no habían ingresado al MLS; habitualmente, afirmó, septiembre registra cerca de una operación de esas características.

La percepción de escasez se profundizó porque durante el verano ingresaron pocas propiedades nuevas al mercado abierto.

En un segmento donde la ubicación y el estado de cada casa son determinantes, la falta de publicaciones amplía el valor estratégico de las ofertas privadas.

La carga fiscal desalienta a propietarios antiguos a vender

Para una parte de los compradores y vendedores de altos patrimonios, los movimientos de las tasas de interés de la Reserva Federal tienen una incidencia limitada. En cambio, la tributación inmobiliaria de Florida puede influir en la decisión de conservar una vivienda.

Los propietarios de larga data que califican para la exención de vivienda principal tienen límites a los aumentos anuales de la valuación fiscal.

Esa protección, en general, no se traslada al nuevo titular: tras una venta, el inmueble se revalúa con base en el precio de mercado.

Pohrer ilustró el efecto con una casa valuada en USD 70 millones. Según explicó, el comprador podría afrontar más de USD 1 millón anuales en impuestos a la propiedad, mientras que el dueño anterior pagaría USD 225.000. “Si sales, no puedes volver a entrar”, dijo al referirse a la pérdida de la protección fiscal.

El directivo considera que la oferta visible seguirá cerca de los niveles actuales o bajará en 2027. A la vez, advirtió que el inventario privado puede agotarse si los propietarios dispuestos a escuchar ofertas no encuentran otra vivienda en la isla a la que mudarse.

Cumplir el sueño americano —comprar una casa, criar a dos hijos, pagar su universidad, mantener dos autos y llegar al retiro— demandaría USD 5,3 millones a lo largo de una vida en Estados Unidos, según una estimación de Investopedia publicada el 7 de octubre.

El cálculo para 2026 creció 4,1 % frente a la referencia equivalente de 2025, por encima del aumento nominal de 3,1 % de los salarios del sector privado.

La cifra reúne ocho metas asociadas a un hogar tradicional y no equivale a una suma que todas las familias deban tener disponible ni a una definición única de bienestar económico.

Se trata de una proyección basada en promedios nacionales, con gastos que pueden cambiar de forma marcada según el estado, la ciudad, el tamaño del hogar, los ingresos y las decisiones de consumo.

La estimación contempla una vivienda, dos vehículos nuevos, la crianza y educación universitaria de dos hijos, 20 años de jubilación, atención médica, vacaciones anuales, mascotas y una boda.

El monto responde así al interrogante central del cálculo: la vivienda, los automóviles y el retiro concentran cerca del 70 % de los USD 5,3 millones.

Una casa durante 30 años es el gasto individual más alto

Comprar una vivienda representa USD 1,28 millones, el componente más costoso de la proyección.

La proyección incorpora los costos de adquirir y sostener una vivienda durante un período de 30 años. No obstante, los parámetros detallados del financiamiento —como el valor de la propiedad, el anticipo, la tasa hipotecaria y su desglose— deben leerse como referencias del modelo y no como valores verificables para cada hogar.

Además del financiamiento, la estimación considera gastos recurrentes asociados a la propiedad, entre ellos impuestos, seguros, mantenimiento y servicios públicos. No incluye expensas de asociaciones de propietarios ni seguro hipotecario privado.

Por eso, el valor de publicación de una casa explica solo una parte del desembolso total. Los promedios nacionales empleados por Investopedia tampoco reflejan las diferencias entre mercados: vivienda, impuestos, cuidado infantil y educación pueden resultar más caros en zonas como Nueva York o Nueva Jersey que en otras partes de Estados Unidos.

Dos autos nuevos y 20 años de retiro agregan más de USD 2,4 millones

Mantener dos vehículos nuevos, reemplazados cada diez años entre los 22 y los 75 años, supondría USD 1.205.627.

El cálculo incluye financiación, combustible, mantenimiento, seguro con cobertura total, registro e impuestos, aunque no resta el precio de reventa de los vehículos usados.

El retiro aparece casi al mismo nivel, con USD 1.205.119 para un matrimonio que ya terminó de pagar su vivienda y pasa 20 años jubilado.

Esta partida excluye ganancias de inversiones, beneficios del Seguro Social e impuestos aplicables a los retiros, variables que pueden alterar el resultado para cada familia.

La metodología muestra que las decisiones sobre vivienda y transporte tienen un peso decisivo en el costo final. Adquirir una propiedad de menor valor, conservar los autos durante más tiempo, optar por vehículos usados o reducir la cantidad de automóviles cambia de manera considerable la proyección del hogar.

Criar y formar a dos hijos requiere casi USD 954.000

La crianza de dos hijos hasta los 17 años y cuatro años de universidad pública estatal para cada uno totalizan USD 953.763, frente a los USD 876.092 de la estimación comparable de 2025. Fue el rubro que más aumentó en un año, impulsado por el encarecimiento del cuidado infantil y la educación superior.

La crianza concentra USD 707.343, mientras que la universidad añade USD 246.420 antes de becas, ayudas financieras u otros descuentos.

El análisis citó datos de Child Care Aware of America, según los cuales la atención en centros de cuidado infantil superó los USD 13.000 anuales por niño en 2025.

La asistencia universitaria utilizada en el modelo corresponde a instituciones públicas estatales. La elección de una universidad privada, el acceso a becas o el hecho de que los hijos estudien cerca de su hogar pueden modificar de manera sustancial el gasto educativo incluido en el sueño americano.

Salud, vacaciones, mascotas y boda completan el cálculo

Los otros cuatro rubros suman poco menos de USD 680.000. La atención médica a lo largo de la vida adulta representa USD 413.271; las vacaciones anuales, USD 186.999; mantener un perro y un gato, USD 40.772; y una boda junto con el anillo, USD 38.800.

Emily Hartman, gerente general de Allianz Partners USA, afirmó que los viajes figuran entre las prioridades de los estadounidenses al elaborar sus presupuestos y planes financieros.

Esther Lee, directora editorial de The Knot, señaló que las parejas mantienen la prioridad de celebrar sus bodas aun en contextos económicos adversos.

El cálculo supera los ingresos proyectados de un trabajador con título universitario

Para contrastar estos gastos, Investopedia estimó que un trabajador de tiempo completo con licenciatura percibiría una mediana cercana a USD 3,6 millones entre los 25 y los 64 años, antes de impuestos.

Si se agregan 20 años del beneficio mensual promedio del Seguro Social usado en el modelo, el total asciende a alrededor de USD 4,1 millones.

La diferencia frente a los USD 5,3 millones asciende a cerca de USD 1,2 millones. La comparación tiene un límite importante: enfrenta los ingresos laborales de una persona con una canasta de gastos que, en varios apartados, corresponde a una pareja o a un hogar con dos hijos.

El Buró de Estadísticas Laborales informó que los salarios privados aumentaron 3,1 % en términos nominales en los 12 meses terminados en junio, aunque cayeron 0,4 % una vez descontada la inflación.

En ese contexto, una encuesta de Gallup realizada a más de 6.300 adultos indicó que el 69 % cree que alcanzará personalmente el sueño americano, cuatro puntos porcentuales menos que en 2024.