La propuesta alcanzaría a más de ocho millones de estudiantes de escuelas estatales en Perú. Aunque las instituciones privadas no estarían obligadas a aplicar el reglamento, podrían tomar sus criterios como referencia para actualizar sus propios códigos de convivencia y medidas correctivas.

El documento prevé incorporar una nota de conducta y establecer una escala para distinguir faltas leves, graves y muy graves. Cada categoría tendría respuestas disciplinarias específicas, que incluirían llamados de atención, reparación del daño, restricciones temporales, separación del aula, suspensiones, matrícula condicional y expulsión.

Las faltas leves podrían derivar en llamados de atención y restricciones temporales

Las faltas leves abarcarían situaciones reiteradas que afectan el desarrollo de la clase, como distraerse de forma constante o interrumpir a otros alumnos. Ante esos casos, las autoridades escolares podrían imponer una amonestación verbal o escrita, según la recurrencia de la conducta y sus efectos sobre la convivencia.

En un segundo nivel de medidas, el estudiante podría tener que ofrecer disculpas, reparar un daño material o compensar una afectación causada a otro integrante de la comunidad educativa. El esquema también contempla la restricción temporal de los espacios de recreación, una sanción que implicaría permanecer en actividades asignadas mientras el resto de los alumnos dispone de ese momento de descanso.

La separación temporal del aula sería otra alternativa cuando un alumno altere la convivencia o hostigue a un compañero. La suspensión tendría un límite de tres días hábiles y no podría aplicarse más de cuatro veces en un mismo año escolar. La intención es que la intervención disciplinaria mantenga una proporción con la falta y permita acciones de corrección antes de medidas más severas.

El uso indebido del celular y las tardanzas figuran entre las faltas graves

La categoría de faltas graves incorporaría el uso indebido de teléfonos celulares durante las clases, la acumulación de tres tardanzas injustificadas en un bimestre, la violencia psicológica y la posesión o consumo de sustancias prohibidas. Estas conductas podrían llevar a una matrícula condicional, una medida que deja al estudiante bajo advertencia formal.

La matrícula condicional supondría que el alumno continúe sus estudios en el establecimiento, pero con la obligación de no repetir comportamientos que vulneren las normas. Si reincide en hechos sancionables, el colegio podría avanzar hacia una separación definitiva. El reglamento busca establecer una secuencia de respuestas claras para estudiantes, docentes y familias.

El debate sobre los lineamientos parte de una preocupación por la pérdida de autoridad docente y el aumento de conflictos dentro de las escuelas durante los últimos años. Entre los problemas mencionados aparecen la indisciplina, las agresiones entre alumnos y el acoso escolar, situaciones que requieren protocolos para intervenir sin dejar librada cada decisión a criterios aislados de las instituciones.

El acoso, la violencia sexual y la tenencia de armas podrán tener expulsión definitiva

Las faltas muy graves incluirían el acoso escolar, el bullying, la violencia sexual, el cobro de cupos y la tenencia de armas. Frente a estas conductas, la sanción podría llegar a la separación definitiva del estudiante. Los casos que involucren delitos o situaciones de riesgo para menores también exigirían la actuación de las autoridades competentes, de acuerdo con los procedimientos aplicables.

El uso de celulares aparece como uno de los puntos que podría abrir discusión entre las familias y las comunidades educativas. La regulación busca limitar conductas que interrumpen las clases o afectan la relación entre alumnos, aunque el debate también contempla el vínculo entre el uso excesivo de dispositivos, la exposición en redes sociales y la salud mental de los adolescentes.

Los lineamientos añadirían disposiciones sobre la presentación personal, con restricciones para el maquillaje, el esmalte de uñas, el cabello excesivamente largo o teñido y el largo de la falda del uniforme. Algunos sectores cuestionan que esas prohibiciones resuelvan los problemas de convivencia. La Coordinadora Nacional de Padres de Familia Yappafas del Perú respaldó la discusión, aunque reclamó medidas complementarias, como la presencia de psicólogos en cada institución educativa estatal.

La prepublicación del proyecto permitiría que madres, padres y otros integrantes de la comunidad escolar presenten observaciones antes de la aprobación de las reglas definitivas. Ese proceso definirá el alcance final de las sanciones y las obligaciones que deberán aplicar los colegios públicos del país.