El Ministerio de Sanidad ha decidido licitar directamente un contrato para que una empresa privada le ayude a subastar los bienes que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado decomisan a los narcos en territorio nacional. Generalmente, estas subastas las realiza Segipsa, una sociedad mercantil dependiente del Ministerio de Hacienda, pero un problema judicial sin resolver (un recurso en el último contrato licitado) ha obligado a Sanidad a tramitar esta adjudicación, ya que el dinero procedente de estos bienes (independientemente de quién los subaste) acaba siempre en el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD).

Este nuevo contrato, por dos años, incluye la subasta electrónica de inmuebles, vehículos, embarcaciones, maquinaria, joyas, relojes, piezas de arte, aeronaves, drones, equipos de informática y comunicaciones, e incluso animales vivos. Sanidad deja claro que el contrato no tendrá ningún coste directo para las arcas públicas, ya que la empresa que se lleve finalmente la licitación obtendrá un 20% como comisión del dinero que ingrese por cada bien subastado. El fondo que gestiona el Plan Nacional sobre Drogas batió en 2025 todos sus récords: 47,7 millones de euros, un 172% más que lo obtenido en 2024. Y se trata solo de dinero localizado en efectivo en operaciones policiales o embargado en cuentas corrientes a condenados por narcotráfico. Desde que hay estadísticas (1996), nunca había habido un ejercicio con tanto “líquido” incautado por las arcas públicas.

A eso hay que sumar lo que se podrá obtener si el Estado finalmente subasta los 1.405 bienes materiales decomisados a estos grupos criminales en 2025. Y ahí entra en juego esta nueva licitación, que tendrá que ayudar a dar salida a estos bienes. Sanidad calcula que el subastador podría llevarse en estos dos años unos 450.000 euros. “Para el cálculo del valor del contrato se han considerado las valoraciones promedio de los encargos que típicamente se podrían realizar anualmente”, explican desde Sanidad. Actualmente, hay una subasta electrónica en marcha que se realizará los días 18 y 19 de noviembre. No la realizará el futuro adjudicatario. Es la última que celebrará Segipsa.

Esta subasta tendrá lugar en Madrid, en el auditorio de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Se trata de 26 lotes, propiedades incautadas a los narcos gallegos ‘Sito Miñanco’, Marcial Dorado y el fallecido Manuel Abal Feijóo ‘Patoco’. La Audiencia Nacional acaba de condenar a 17 años de prisión a José Ramón Prado Bugallo, más conocido por ese alias de ‘Sito Miñanco’, por liderar en 2017 una operación para introducir cerca de cuatro toneladas de cocaína en Europa. Y lo hizo mientras disfrutaba de un tercer grado penitenciario por otra condena anterior, mientras trabajaba en un parking de Algeciras (Cádiz) y aparentaba haberse reinsertado tras una vida dedicada al narcotráfico. Las pesquisas se abrieron en 2016, pero el juicio no comenzó hasta noviembre de 2024 y finalizó en marzo de 2025. La sentencia ha tardado en dictarse un año y medio.

Cuatro casas de ‘Sito Miñanco’

En esta puja salen a la venta cuatro propiedades vinculadas a Miñanco. Se trata de una vivienda unifamiliar en O Rial, en Vilagarcía de Arousa, que sale a la venta por 213.058 euros; una casa en Prado de Pradocelo, en Sanxenxo, por 437.449 euros; y dos pisos en el centro de Pontevedra de 90 y 72 metros cuadrados, que se empiezan a comercializar por 256.907 y 224.872 euros. Aunque el lote más importante es el 24, que pertenece a Marcial Dorado, famoso por aparecer en varias fotos con un joven Alberto Núñez Feijóo. Se trata de una finca rústica en el municipio de O Xufre, en A Illa de Arousa, con un edificio en construcción de cuatro plantas y garajes donde estaba previsto levantar 15 viviendas. La subasta inicial supera el millón de euros. También volverán a salir a la venta diez locales comerciales de Dorado en Santiago, que no encontraron comprador en una subasta anterior. Arrancan en 315.000 euros.

La Delegación de Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas comenzó las subastas electrónicas en 2024, gestionadas, previo contrato administrativo, siempre por una empresa externa. En el año 2025 se llevaron a cabo, por ejemplo, ocho encargos para la gestión de ocho subastas electrónicas diferentes, de embarcaciones, vehículos, maquinaria, joyas y relojes, y objetos. Pero en el caso de bienes inmuebles, es Segipsa la que se encarga de tramitar esta tarea. Segipsa necesita apoyo externo para realizar las tasaciones de las viviendas, obtener los certificados de eficiencia energética, liquidación de impuestos, cambio de cerraduras, gestión de limpiezas y otras necesidades.

El año pasado, Segipsa preparó y convocó una subasta de 13 lotes. Sin embargo, un error en el plazo de publicación de la misma en el Boletín Oficial del Estado motivó la presentación de un recurso contencioso-administrativo que derivó en la suspensión de la subasta. Estos errores técnicos han motivado que SEGIPSA termine las subastas que tiene pendientes (como la de noviembre con otros 26 lotes) y que ya las próximas sean realizadas por el futuro adjudicatario de este nuevo contrato licitado directamente por Sanidad. Desde que hay subastas electrónicas se han conseguido vender 67 inmuebles.

Los detenidos serían integrantes de la presunta organización criminal denominada Los Bravos de la Noche, dedicada a la comercialización de sustancias ilícitas. Entre ellos figura Rodrigo Soria Wong, de 26 años, conocido como ‘El Jeque’, a quien la Policía señala como presunto cabecilla de la red.

De acuerdo con las investigaciones preliminares de la Policía Nacional del Perú (PNP), el departamento intervenido servía para almacenar sustancias y acondicionar productos destinados a la venta. La presunta actividad delictiva incluía la distribución a compradores de distintos sectores de Lima.

La investigación también apunta al uso de plataformas digitales para coordinar los pedidos. Durante el operativo, algunos de los intervenidos habrían intentado arrojar sus teléfonos celulares por las ventanas del inmueble, en un presunto intento de eliminar información que podría servir como evidencia.

Policía incauta ketamina, éxtasis y bolsas de tusi

Durante el registro del departamento, los agentes encontraron 153 botes de ketamina, 1.476 pastillas de éxtasis y 45 bolsas de tusi. También decomisaron diversos elementos que, según las primeras diligencias, se utilizaban para el acondicionamiento y empaquetado de las sustancias.

La cantidad de productos incautados forma parte de las evidencias incorporadas a la investigación sobre las actividades atribuidas a Los Bravos de la Noche. La Policía busca establecer el alcance de la presunta red y la participación de cada uno de los siete detenidos.

Según la información difundida sobre el caso, la organización ofrecía las sustancias a precios diferenciados según el producto y la cantidad. Siete pastillas de éxtasis se comercializarían por S/ 350, mientras que cada frasco de ketamina alcanzaría un precio de S/ 250.

Presunta organización utilizaba WhatsApp y páginas web

Las primeras diligencias policiales señalan que los sospechosos recurrían a WhatsApp y a páginas web para establecer contacto con los compradores y coordinar la venta de drogas. Las plataformas digitales forman parte de las líneas de investigación para identificar posibles clientes y determinar cómo se organizaban los pedidos.

Un representante policial indicó que los implicados se comunicaban mediante WhatsApp y que la Policía también investiga páginas web vinculadas con la presunta comercialización de estas sustancias.

La investigación busca precisar el funcionamiento de esos canales digitales y establecer si existían otros participantes en la distribución. Por el momento, la información proporcionada no detalla la identidad de los responsables de las páginas ni el número de compradores que habrían recurrido a ellas.

Investigación apunta a distribución en Miraflores, Barranco y Surco

Según las primeras indagaciones de la Policía Nacional, las sustancias almacenadas en el inmueble estaban destinadas a jóvenes de distritos como Miraflores, Barranco y Surco.

La hipótesis policial sostiene que Rodrigo Soria Wong, alias ‘El Jeque’, habría asumido la dirección de la presunta organización, mientras que los otros seis detenidos cumplirían funciones relacionadas con la reventa y distribución de los productos.

Las autoridades también investigan la posible vinculación de algunos intervenidos con reconocidas universidades. Sin embargo, la información disponible no precisa los centros de estudios a los que pertenecerían ni permite establecer una relación entre su condición académica y los presuntos delitos.

Detenidos son investigados por tráfico ilícito de drogas

La intervención estuvo a cargo de la Depincri de Santiago de Surco, con el respaldo de la unidad de inteligencia del Ejército. Durante el procedimiento, los agentes también advirtieron que algunos sospechosos habrían lanzado sus celulares por las ventanas del departamento.

Los dispositivos podrían contener comunicaciones, contactos y otros datos relevantes para esclarecer la presunta actividad criminal. La Policía deberá determinar si esos intentos de deshacerse de los teléfonos afectaron la conservación de posibles evidencias.

Los siete detenidos son investigados por presuntos delitos contra la salud pública y tráfico ilícito de drogas. La responsabilidad penal de cada uno deberá establecerse durante el proceso correspondiente.

“Por lo menos 15 años juntos enfrentando las tragedias, los errores, las confusiones, las desavenencias, pero sobre todo con la satisfacción de luchar por el bien”. El 26 de junio de 2024, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, acompañó con esas palabras una felicitación de cumpleaños para César Jáuregui, entonces fiscal general del estado, a quien agradeció por los años compartidos y despidió con un “¡Te quiero, Gordo!”.

Dos años después, la relación entre ambos quedó expuesta en una confrontación pública. Tras el escándalo por la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en un operativo contra laboratorios clandestinos de drogas sintéticas, Campos reprochó a su antiguo colaborador haber actuado sin informarle y sostuvo que esa conducta “no se puede perdonar”.

La ruptura se hizo visible en octubre, cuando Jáuregui buscaba la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de Chihuahua capital, mientras la gobernadora respaldaba al actual presidente municipal, Marco Antonio Bonilla Mendoza. El sábado 17 de octubre, el exfiscal fue detenido por una investigación relacionada con el ejercicio de sus funciones y la actuación de servidores públicos durante el operativo de abril.

La captura provocó acusaciones de traición contra Campos por parte del entorno de Jáuregui, que denunció una maniobra para impedirle competir por la alcaldía. Sin embargo, el conflicto tiene otro antecedente: la salida del exfiscal de la administración estatal después de reconocer omisiones institucionales sobre los contactos con personal extranjero.

La secuencia permite reconstruir cómo una relación política de más de una década llegó a un enfrentamiento público, mientras las investigaciones estatales y federales avanzan por separado y la sucesión de 2027 comienza a dividir al panismo de Chihuahua.

De compartir campañas y cargos a la ruptura pública

La cercanía entre Campos y Jáuregui no se limitaba a su relación como gobernadora y fiscal. Ambos compartieron etapas de su trayectoria dentro del PAN y ocuparon posiciones en el Congreso local. Jáuregui también encabezó las campañas de Campos por la alcaldía de Chihuahua en 2016 y por la gubernatura en 2021.

Durante la actual administración estatal, Jáuregui fue secretario general de Gobierno y después titular de la Fiscalía General del Estado (FGE). Su paso por ambas posiciones lo convirtió en uno de los colaboradores con mayor trayectoria junto a la gobernadora.

El mensaje de cumpleaños publicado en X el 26 de junio de 2024 constituye una muestra pública de esa relación. Campos recordó que habían enfrentado juntos errores y desacuerdos, pero destacó que compartían un mismo ideal. La felicitación terminó con una expresión de afecto que contrasta con los señalamientos que la mandataria formularía después.

El punto de inflexión llegó el 17 de abril de 2026, cuando autoridades estatales desplegaron un operativo contra laboratorios clandestinos de drogas sintéticas en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua.

Las acciones se extendieron hasta el 19 de ese mes y, durante el trayecto de regreso de la Sierra Tarahumara, un accidente vial causó la muerte de cuatro personas: Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Manuel Genaro Méndez Montes, también agente de la AEI, y dos ciudadanos estadounidenses identificados posteriormente como agentes de la CIA.

La revelación de la participación de los estadounidenses abrió un diferendo entre las autoridades estatales y el Gobierno federal, que cuestionó las condiciones en las que los agentes extranjeros habían intervenido en territorio mexicano.

El 27 de abril, Jáuregui presentó su renuncia irrevocable a la Fiscalía. En ese momento reconoció “omisiones tanto en la información como en la gestión institucional” respecto a los puntos de contacto con el personal extranjero.

Su salida puso fin a su responsabilidad al frente de la institución, pero no cerró las preguntas sobre la cadena de mando, las comunicaciones entre autoridades ni los protocolos aplicables al operativo.

“Se actuó por la libre y eso no se puede perdonar”, sentenció Maru Campos

El distanciamiento dejó de ser una interpretación sobre la relación entre ambos cuando Campos se refirió públicamente a la actuación de su exfiscal.

En una entrevista con Latinus difundida el 14 de octubre, la gobernadora afirmó que el caso había destapado problemas al interior de la Fiscalía y cuestionó que se hubieran tomado decisiones sin informarle.

“Desgraciadamente, se actuó por la libre por parte del exfiscal, por parte de otras personas al interior de la Fiscalía General del Estado y eso no se puede perdonar”, declaró Campos al explicar por qué decidió impulsar cambios en la institución.

La mandataria añadió que se había rebasado el límite de no avisarle a la jefa ni informarle qué estaba pasando. También reconoció que el episodio abrió interrogantes sobre el funcionamiento de la Fiscalía y las decisiones que pudieron haberse tomado sin su conocimiento.

Campos sostuvo que la controversia la enfrentó con el Gobierno federal, pese a que, desde su perspectiva, los funcionarios directamente relacionados con el operativo no habían asumido el mismo nivel de exposición pública. La gobernadora afirmó que desconocía la participación de los estadounidenses y defendió la necesidad de investigar las posibles irregularidades.

El señalamiento marcó un cambio respecto al tono personal del mensaje que había dedicado a Jáuregui en 2024. Esta vez, Campos colocó en el centro la falta de información y la responsabilidad institucional de quienes tomaron las decisiones.

El operativo bajo investigación desde abril

La investigación estatal no cuestiona los resultados del operativo contra los laboratorios clandestinos, sino la forma en que se llevó a cabo, la cadena de mando y el cumplimiento de los protocolos aplicables, según explicó Gilberto Loya Chávez, encargado de despacho de la FGE.

Durante la audiencia inicial de Jáuregui, el Ministerio Público expuso entrevistas de decenas de agentes y otros elementos para sostener sus acusaciones. De acuerdo con La Jornada —en su edición del 19 de octubre—, los testimonios recabados por la unidad encargada de esclarecer el operativo ubican la presencia de los estadounidenses en Chihuahua desde octubre de 2025.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía también refieren estancias prolongadas de los extranjeros en instalaciones de seguridad estatal, visitas a la entidad en distintos meses y su participación en otro despliegue policial en marzo de 2026, en los municipios de Nonoava y San Francisco de Borja.

El Ministerio Público sostuvo que los extranjeros acompañaron en distintas ocasiones a funcionarios estatales y que, antes del operativo de El Pinal, recibieron armas largas para llevarlas durante el despliegue. Estos señalamientos forman parte de la investigación y deberán ser valorados en el proceso judicial.

En el fuero estatal, Jáuregui enfrenta acusaciones por ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Por separado, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció una orden de aprehensión en su contra por el presunto delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional. Es decir, dos procesos distintos.

Las investigaciones buscan establecer qué funcionarios autorizaron o conocieron la participación de los agentes extranjeros, qué información se comunicó a las autoridades federales y cuáles fueron las responsabilidades de quienes intervinieron en la operación.

Jáuregui defendió su actuación antes de ser detenido

Días antes de su arresto, el exfiscal publicó un video en el que defendió su gestión y rechazó haber cometido un delito durante el operativo de El Pinal.

Jáuregui afirmó que había asumido la responsabilidad por lo ocurrido al presentar su renuncia y sostuvo que, si tuviera que tomar nuevamente la decisión de combatir los laboratorios clandestinos, lo haría otra vez.

“Lo volvería a hacer”, afirmó, al argumentar que lo imperdonable habría sido actuar con omisión o tibieza frente al crimen organizado.

El mensaje también incluyó referencias a la disputa política en Chihuahua. Jáuregui habló de presiones, defendió su trayectoria dentro del PAN y pidió que la militancia tuviera voz en la definición de las candidaturas.

“Quien no ha podido conquistar el corazón de la gente, es capaz de recurrir a cualquier recurso con tal de alcanzar sus propósitos”, expresó. También sostuvo que nadie lo haría sentir fuera de lugar en su propia casa.

El video fue interpretado como un reclamo político en medio de las diferencias por la sucesión estatal. Su publicación precedió a la detención del 17 de octubre, cuando agentes estatales cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra.

La disputa por la alcaldía añadió presión a la relación

La candidatura a la alcaldía de Chihuahua capital constituye otro elemento para entender el conflicto. Jáuregui buscaba competir por la postulación panista, mientras Campos respaldaba a Marco Bonilla, quien gobierna el municipio.

La gobernadora evitó pronunciarse directamente sobre si Jáuregui era un buen perfil para la candidatura y señaló que había carpetas de investigación abiertas en su contra.

Tras la detención, el abogado Luis Villegas Montes acusó a Campos de traicionar a quien había sido uno de sus colaboradores más cercanos. Angélica Moreno, esposa del exfiscal, también calificó la captura como “una aberración de la Gobernadora”.

Alrededor de un centenar de simpatizantes del PAN se manifestó frente al Poder Judicial de Chihuahua para exigir la liberación de Jáuregui y defender su derecho a competir por la candidatura. Entre los asistentes estuvieron el exalcalde y exdiputado federal Juan Blanco Zaldívar y el senador Mario Vázquez Robles.

Los simpatizantes del exfiscal sostuvieron que el proceso tenía una motivación política y buscaba cerrarle el paso a la candidatura.

La controversia expuso diferencias dentro del panismo en un momento en el que el partido comienza a perfilar sus candidaturas para 2027, cuando Chihuahua también renovará la gubernatura.

El juez descartó la prisión preventiva en la causa estatal

La audiencia inicial de Jáuregui se prolongó por más de 10 horas y concluyó con la decisión de un juez de control de no imponerle prisión preventiva por los delitos estatales.

El juzgador determinó que la Fiscalía debía justificar de manera específica la necesidad de esa medida y que la capacidad económica del exfiscal no bastaba para presumir riesgo de fuga. En su lugar, ordenó que se presente mensualmente ante la autoridad, entregue su pasaporte y visa estadounidense, y se abstenga de comunicarse con los testigos. También descartó el uso de un brazalete electrónico.

La resolución corresponde únicamente a la causa estatal. Sin embargo, la situación jurídica de Jáuregui cambió tras la ejecución de una orden de aprehensión federal por presunta traición a la patria, por lo que quedó bajo custodia de autoridades de nivel federal y fue trasladado al penal del Altiplano, en el Estado de México.

La audiencia para determinar si Jáuregui es vinculado a proceso por ejercicio ilegal del servicio público y coalición quedó programada para el jueves 22 de octubre a las 10:00 horas.

Así, la crisis por el operativo de El Pinal, la renuncia de Jáuregui, las acusaciones judiciales y la disputa por la alcaldía terminaron por convertir a antiguos aliados en protagonistas de una confrontación que ahora se desarrolla dentro y fuera de los tribunales.

Cuando el narcotráfico empezó a expandirse, un grupo de italianos y estadounidenses trató de imponer un orden y dotar al negocio de una estructura. Los grandes capos siempre han sido aquellos capaces de transformar sus actividades ilegales en auténticas empresas, con una organización y un funcionamiento propios de cualquier negocio legal. Hace casi 70 años, nombres como Lucky Luciano, Joseph Bonanno o Frank Carrol se reunieron en un hotel de Palermo para organizar el tráfico de drogas entre Italia y Estados Unidos. Entre el 12 y el 16 de octubre de 1957, el Hotel delle Palme albergó un encuentro entre los principales líderes mafiosos.

Esta historia circuló en medios y entornos del crimen o la policía durante décadas, pero tardaría años en llegar a una cámara oficial. En el año 2000, la Comisión Parlamentaria Antimafia italiana, a través de la pluma del senador Giovanni Russo Spena, reconstruyó aquellos días en su informe sobre el caso Impastato. El documento cuenta lo negociado en aquella reunión clandestina a partir de investigaciones, informes policiales, procedimientos judiciales y declaraciones posteriores de mafiosos colaboradores de la justicia. Siete décadas después sigue sirviendo para entender los pilares del narcotráfico.

Rostros conocidos y una reunión clandestina

Russo Spena recoge a lo largo de sus 125 páginas de informe el análisis del investigador Umberto Santino. Según relató este experto, el hotel recibió a los referentes de la Cosa Nostra siciliana y de la mafia italoamericana. Entre los asistentes llegados desde Estados Unidos figuraban Lucky Luciano, deportado y residente en Italia; Joseph Bonanno, conocido como Joe Bananas; Francesco Garofalo, llamado Frank Carrol en Estados Unidos, y Joseph Palermo, relacionado con la familia Lucchese. La nómina siciliana incluía a Giuseppe Genco Russo, Gaspare Magaddino, los hermanos Greco, Luciano Liggio, los hermanos La Barbera y Gaetano Badalamenti, jefe mafioso de Cinisi.

Para Russo Spena, el encuentro no puede entenderse sin la reunión de Apalachin, celebrada un año antes en Nueva York, en la residencia de Joseph Barbara, otro de las caras principales de la mafia italoamericana, llamado Joe The Barber. Allí se sentaron las bases de lo que luego se llevaría a cabo en Sicilia. El informe atribuye a la cumbre dos asuntos centrales. El primero era la reorganización del tráfico internacional de drogas. El segundo punto era la creación de una estructura de coordinación en Sicilia, inspirada en la comisión mafiosa estadounidense. Hombres como Luciano o Frank Costello ya habían creado en la ‘Gran Manzana’ un núcleo de mafiosos que se reunían para solventar disputas y evitar -cuando lo conseguían- baños de sangre.

Dos objetivos: narcotráfico y orden

La revolución de Fidel Castro cerró la gran base logística que la mafia utilizaba en Cuba y el Caribe. Eso obligaba a rediseñar las rutas de traslado de estupefacientes, especialmente hacia Estados Unidos. En ese nuevo esquema, Sicilia adquiría una posición estratégica por su ubicación en el Mediterráneo y por sus conexiones aéreas y marítimas. En otras palabras: buscaban reemplazar las rutas caribeñas por un circuito en el que Sicilia funcionara como punto de paso, recepción, transformación y envío de droga. Esto implicaba una red importante de proveedores, transportistas y reparto en Estados Unidos. El hotel recibió a los principales mafiosos entre los que habían representantes de los distintos ‘sindicatos’.

El segundo objetivo era superar la fragmentación de las distintas cosche o familias mafiosas de Sicilia. La idea era adoptar un modelo parecido al de la mafia estadounidense: una comisión coordinadora que permitiera resolver conflictos internos, ordenar los negocios comunes y evitar guerras entre grupos. El texto explica que, inicialmente, se formó un organismo provincial palermitano y que después se consolidó una estructura de mando más estable: la futura Comisión de Cosa Nostra, conocida popularmente como la “Cúpula”.

Toda reconstrucción en base a testimonios tiene lagunas. Tommaso Buscetta, antiguo integrante de Cosa Nostra y luego colaborador de justicia, confirmó un encuentro entre mafiosos de ambos lados del Atlántico. Sin embargo, sostuvo que se celebró en el restaurante Spanò, frente al mar, y no en el Hotel delle Palme. También negó que el narcotráfico hubiera sido parte de la agenda y afirmó que Bonanno planteó, sobre todo, la formación de una comisión.

El aumento de los robos cometidos mediante el suministro de escopolamina llevó a las autoridades de Medellín a poner el foco en las redes que estarían detrás de estos hechos. Aunque la Alcaldía reporta una reducción general de los hurtos, las cifras de este delito muestran una tendencia contraria: los casos pasaron de 275 a 556 en menos de un año, un crecimiento cercano al 102%.

La preocupación no se limita al número de víctimas. Para la Administración distrital, algunos episodios podrían estar conectados entre sí y responder a estructuras que identifican, contactan y atacan a sus objetivos. Por eso, las investigaciones buscan establecer cómo funcionan esos grupos y quiénes participan en la coordinación de los robos.

El alcalde encargado de Medellín, Manuel Villa, explicó que las pesquisas en curso apuntan a hechos que podrían tener vínculos entre sí. Según dijo, las autoridades no están tratando todos los reportes como situaciones independientes, pues han encontrado indicios de contactos entre personas presuntamente relacionadas con estos delitos.

“Presentándose algunos casos que ya tenemos en la mira, que hacen parte de algunas investigaciones, que, ojo, son investigaciones estructurales porque no son casos aislados por lo general. Quienes están detrás de estos casos tienen unas redes, y entre ellos se contactan o se conocen, y vamos detrás de todos ellos”, indicó.

Investigaciones para identificar las redes

La Alcaldía señaló que el objetivo es avanzar en investigaciones estructurales que permitan reconocer a los responsables y desarticular las redes involucradas. La hipótesis de trabajo contempla que algunos delincuentes podrían actuar con conexiones y contactos previos, en lugar de operar de manera aislada. Sin embargo, serán las pesquisas las que permitan precisar el alcance de esas relaciones y establecer responsabilidades.

El incremento de estos casos ocurre pese a que las autoridades reportan una reducción de los hurtos en términos generales. La diferencia entre ambas tendencias mantiene en alerta a la Administración, que busca concentrar esfuerzos en los delitos en los que se utilizan sustancias para someter a las víctimas y facilitar el robo de sus pertenencias.

En medio de las acciones contra este tipo de hechos, las autoridades recordaron procedimientos previos contra estructuras presuntamente vinculadas con estos delitos. Entre los casos mencionados figura una red conocida como ‘Las Barbies’, señalada en investigaciones relacionadas con robos mediante escopolamina.

También está el caso de un trabajador de American Airlines que fue asesinado en circunstancias vinculadas al uso de sustancias. Por ese hecho, los responsables fueron capturados, según la información entregada por las autoridades. Estos antecedentes hacen parte de los episodios que se tienen presentes al evaluar la actuación de grupos dedicados a este tipo de ataques.

Cooperación con autoridades estadounidenses

La estrategia de investigación incluye contactos con entidades internacionales. La Alcaldía de Medellín comenzó a trabajar con Homeland Security Investigations, agencia estadounidense, y con representantes de la Embajada de Estados Unidos, con el propósito de fortalecer las pesquisas sobre las redes que podrían estar detrás de los robos.

La cooperación busca apoyar especialmente las investigaciones relacionadas con posibles víctimas extranjeras. La participación de estas entidades se suma a las labores que adelantan las autoridades locales para identificar a quienes contactan a las personas afectadas, establecer posibles vínculos entre los casos y determinar si existe una estructura organizada detrás de los hechos.

El reto para los investigadores es esclarecer cómo se selecciona a las víctimas, qué conexiones existen entre los presuntos responsables y de qué manera se coordinan los ataques. La Alcaldía insiste en que los reportes deben examinarse de forma conjunta cuando existan elementos que permitan relacionarlos, pues esa lectura puede ayudar a identificar patrones y avanzar hacia la desarticulación de las redes.

Cuatro ciudadanos nicaragüenses fueron capturados en la aldea Banco Grande, jurisdicción del municipio de Trojes, en el departamento de El Paraíso, en el oriente de Honduras. El operativo fue ejecutado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) con apoyo de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y las Fuerzas Armadas de Honduras, en el marco de la Operación Escudo de Honduras.

Los cuatro hombres, de entre 18 y 45 años, todos residentes en la aldea donde se realizó la detención, fueron aprehendidos en flagrancia por su presunta vinculación con tráfico de drogas y portación ilegal de armas de fuego. Su responsabilidad penal deberá establecerse en el proceso judicial correspondiente.

Los cuerpos de seguridad indicaron que la operación se enmarca en una estrategia para fortalecer las labores de prevención, investigación y combate del delito en distintos sectores del territorio nacional.

Durante el operativo, los agentes decomisaron varios objetos que serán sometidos a peritajes para determinar su posible relación con los delitos imputados.

Entre los indicios figura un arma de fuego tipo fusil, de color café, que no presenta marca ni número de serie. Las autoridades deberán establecer sus características, su procedencia y las circunstancias en que se hallaba en poder de los detenidos.

También se incautaron tres bolsas plásticas con hierba seca, señalada preliminarmente como supuesta marihuana. La naturaleza de la sustancia deberá verificarse mediante los procedimientos técnicos correspondientes.

Posible vinculación con la estructura “Los Nica”

Uno de los aspectos señalados en el informe policial es la posible relación de los cuatro detenidos con una estructura delictiva conocida como “Los Nica”.

Según información preliminar de las autoridades, los sospechosos presuntamente integrarían ese grupo, por lo que los investigadores buscan establecer si mantienen vínculos con otras personas involucradas en actividades ilícitas en la zona.

Las autoridades también buscan determinar si los cuatro hombres estarían relacionados con distribución, almacenamiento o traslado de sustancias ilícitas, y si existen otros hechos delictivos vinculados con el caso.

Otro señalamiento del reporte policial se relaciona con presuntas amenazas contra pobladores de la aldea Banco Grande y caseríos cercanos.

Según la versión preliminar de las autoridades, los sospechosos habrían intimidado a habitantes de esas comunidades para evitar que denunciaran sus actividades ante los organismos de seguridad.

Por ahora, no se han proporcionado detalles sobre denuncias formales previas, el número de personas presuntamente amenazadas ni las fechas en que habrían ocurrido esos incidentes. Las autoridades deberán corroborar los señalamientos antes de establecer responsabilidades individuales o determinar si existen otros delitos que incorporar a la investigación.

Indagan envió de droga a Nicaragua

Las diligencias también buscan esclarecer una posible conexión de los detenidos con la siembra y el cultivo de supuesta marihuana en sectores de Trojes y sus alrededores, y con su posterior traslado hacia Nicaragua.

El reporte disponible no confirma el hallazgo de plantaciones durante la intervención ni establece las cantidades de droga que presuntamente podrían estar vinculadas con esas actividades.

Hasta que esos extremos sean comprobados, las supuestas actividades de cultivo y traslado se mantienen como hipótesis investigativas.

El municipio de Trojes integra la zona fronteriza entre Honduras y Nicaragua, lo que lo convierte en un punto de interés para las operaciones de vigilancia y prevención de los organismos de seguridad. Las acciones coordinadas entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en el sector incluyen la localización de sospechosos, el decomiso de posibles pruebas y la investigación de actividades presuntamente vinculadas con el crimen.

Tras su detención, los cuatro sospechosos serán remitidos a las autoridades competentes para continuar con el procedimiento legal por los delitos que se les imputan. Las instancias judiciales deberán examinar los elementos presentados por los organismos de investigación y determinar las medidas que correspondan conforme a la legislación hondureña.

El FBI investiga el envío masivo de cartas con polvo blanco a oficinas del Congreso de Estados Unidos y a dependencias electorales de todo el país. La posibilidad de que contengan fentanilo surge de envíos similares de 2023 a esas oficinas, en los que las autoridades detectaron aparentes trazas del opioide.

Los análisis preliminares, sin embargo, no han confirmado la presencia de esa ni de ninguna otra sustancia peligrosa en los sobres examinados hasta ahora. Fuentes policiales citadas por ABC News indicaron que más de 100 cartas sospechosas podrían estar en circulación dentro del sistema postal.

Los envíos se detectaron a solo tres semanas de las elecciones de medio término y han puesto en alerta a legisladores de ambos partidos, secretarías de Estado y comisiones electorales en al menos 15 estados.

Qué se sabe sobre las cartas con polvo blanco enviadas a oficinas del Congreso

Los primeros sobres se detectaron el martes 13 de octubre en oficinas electorales de Luisiana y Oklahoma, que evacuaron sus instalaciones tras recibir correspondencia con una sustancia pulverulenta. Dos días después, el jueves 15, el Sargento de Armas del Senado distribuyó una alerta interna —obtenida por The Associated Press— en la que advirtió que las fuerzas de seguridad trabajaban para interceptar las cartas, pero que “es posible que algunas lleguen a su destino”.

Al menos 36 congresistas informaron que sus oficinas recibieron correspondencia sospechosa, según CNN. Entre los senadores afectados figuran Ted Cruz, Susan Collins, Mike Rounds, Pete Ricketts y Amy Klobuchar, de acuerdo con The New York Times.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, y las senadoras Kirsten Gillibrand y Lisa Blunt Rochester también fueron destinatarios de sobres interceptados antes de su entrega, según ABC News. La representante Gwen Moore precisó que, como consecuencia del incidente, “el correo ya no será clasificado en la oficina” de su distrito en Milwaukee.

¿Era fentanilo la sustancia hallada en los sobres?

Hasta el momento, ningún análisis vinculado a la investigación en curso ha confirmado que los sobres contengan fentanilo u otra sustancia tóxica. La hipótesis se apoya en un antecedente concreto: en 2023, cartas con polvo blanco dirigidas a oficinas electorales de al menos cinco estados aparentemente contenían trazas de ese opioide sintético, lo que llevó a varias dependencias a abastecerse de naloxona, el medicamento capaz de revertir una sobredosis, según informó The New York Times.

Los investigadores no han establecido una conexión formal entre los casos de 2023 y los actuales. El FBI señaló que trabaja para “identificar al individuo o individuos responsables”, sin ofrecer datos sobre sospechosos ni sobre la composición del polvo.

El antecedente de las cartas con ántrax y las amenazas a oficinas electorales

El envío de correspondencia con sustancias sospechosas tiene un precedente grave en la historia reciente del país. En 2001, semanas después de los atentados del 11 de septiembre, un remitente anónimo envió cartas con esporas de ántrax a oficinas de legisladores y medios de comunicación. Aquel ataque causó cinco muertes e infectó a otras 17 personas.

El contexto actual incluye un aumento sostenido de las amenazas contra funcionarios electorales. La Asociación Nacional de Secretarios de Estado y la Asociación Nacional de Directores Electorales Estatales condenaron los envíos en un comunicado conjunto y afirmaron que “quienes administran las elecciones nunca deberían temer por su seguridad mientras cumplen con sus funciones esenciales”.

Ya en 2024, oficinas de 17 estados habían recibido paquetes sospechosos, de acuerdo con la BBC.

La investigación del FBI y las medidas de seguridad en el Congreso de Estados Unidos

La pesquisa está a cargo del FBI, el Servicio de Inspección Postal (USPIS) y la Policía del Capitolio. El inspector postal adjunto Brendan Donahue declaró que “cualquier amenaza o ataque contra funcionarios electorales es inaceptable” y que las agencias trabajan de forma coordinada para dar con los responsables.

En el Congreso, el Sargento de Armas de la Cámara de Representantes informó a los legisladores que podían redirigir la correspondencia de sus oficinas de distrito hacia el complejo del Capitolio para someterla a controles más rigurosos, según ABC News.

La alerta del Sargento de Armas del Senado indicó que las cartas sospechosas presentan múltiples marcas de franqueo, según el aviso descrito por ABC News. Hasta el momento, no se han registrado heridos ni se han identificado sospechosos.

La SSC detuvo a Eloísa Gálvez, alias Doña Mari, una mujer de 52 años señalada como presunta lideresa de una célula dedicada a la venta y distribución de narcóticos en Iztapalapa y al ingreso de drogas a centros penitenciarios de la CDMX. La captura ocurrió durante un cateo en la colonia Santa Cruz Meyehualco.

Entre enero de 2025 y octubre de 2026, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario detuvo a 66 personas que presuntamente intentaron introducir marihuana, cocaína, cristal y alcohol a alguno de los 13 reclusorios capitalinos.

Las indagatorias ubicaron un domicilio del andador número 5 de Santa Cruz Meyehualco que posiblemente era utilizado para almacenar y distribuir narcóticos. Policías realizaron labores de vigilancia en campo y reunieron datos de prueba sobre las actividades que presuntamente se desarrollaban en el inmueble.

Un agente del Ministerio Público presentó esos elementos ante un juez de Control, quien autorizó la orden de cateo. La intervención se realizó como parte de las acciones contra delitos contra la salud en la capital.

De acuerdo con las investigaciones, Gálvez habría coordinado una célula relacionada con la venta de droga en Iztapalapa. Algunos de sus colaboradores, incluidos familiares, presuntamente participaban en el ingreso de sustancias ilícitas a los centros penitenciarios para comercializarlas.

El cateo se realizó en Santa Cruz Meyehualco

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Semar y la Guardia Nacional participaron en el operativo. Las autoridades informaron que el despliegue se efectuó sin uso de la fuerza y bajo protocolos de actuación policial y respeto a los derechos humanos.

Dentro de la vivienda localizaron a la mujer junto con 5 kilos a granel de una hierba verde con características similares a la marihuana. Tras la diligencia, los policías la detuvieron y le informaron sus derechos constitucionales.

La detenida fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público, instancia que determinaría su situación jurídica. Las autoridades buscaban establecer la forma en que habría operado la presunta red de distribución en Iztapalapa y dentro de los reclusorios de la CDMX.

En agosto de 2026, Doña Mari ya había sido detenida por intentar ingresar enervantes a un centro penitenciario ubicado en la zona oriente de la capital.

Catean un punto de venta de drogas en Iztapalapa y capturan a “El Karnal”, miembro de La Unión Tepito

Jorge Guillermo Hernández Martínez, alias “El Karnal”, de 42 años, fue detenido tras el cumplimiento de una orden de cateo en un inmueble de la colonia San Antonio, en la alcaldía Iztapalapa. Las autoridades lo señalan como integrante de “La Unión Tepito”, organización dedicada a la extorsión y el narcomenudeo.

El operativo fue ejecutado por elementos de la Secretaría de Marina (Marina) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México. La acción se derivó de trabajos de investigación e inteligencia enfocados en identificar puntos de almacenamiento de droga en la capital.

Ubicación del cateo y narcóticos asegurados

El inmueble intervenido se localiza en la calle Cerrada Miguel Hidalgo, dentro de la colonia San Antonio, en Iztapalapa. De acuerdo con el comunicado conjunto, el domicilio era utilizado para almacenar narcóticos.

Durante la diligencia, los elementos de seguridad aseguraron 46 bolsas con marihuana y cinco paquetes con cocaína. Ambas sustancias fueron trasladadas junto con el detenido ante la autoridad ministerial correspondiente.

Un cateo en la colonia San Antonio de Iztapalapa terminó con la detención de Jorge Guillermo Hernández Martínez, alias “El Karnal”, señalado como integrante de “La Unión Tepito”. Durante el operativo, encabezado por Marina, SSPC, SSC y la Fiscalía capitalina, se aseguraron 46 bolsas con marihuana y cinco paquetes con cocaína.

El alcance de la crisis se extiende por buena parte del territorio. En el condado de Los Ángeles, se confirmó una muerte, y en San Francisco un adolescente de 16 años falleció en abril tras consumir la droga.

En Luisiana, el Departamento de Salud estatal confirmó al menos dos muertes con presencia de ciclorfina desde diciembre de 2025, según su alerta de octubre de 2026; NBC, por su parte, informó que un médico de Nueva Orleans contabilizó 16 muertes por sobredosis en ese estado en un solo mes, aunque no precisó cuántas fueron atribuidas exclusivamente a este compuesto.

Qué es la ciclorfina y por qué las autoridades sanitarias la consideran una amenaza

La ciclorfina es un opioide sintético fabricado en laboratorios clandestinos. No cuenta con aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para ningún uso médico, según precisó la doctora Jannette Nesheiwat, especialista en medicina familiar y de urgencias, en declaraciones recogidas por CBS News. A diferencia de otros opioides que tienen aplicaciones terapéuticas reguladas, esta sustancia existe exclusivamente en el mercado ilegal.

Su peligrosidad radica en la potencia extrema. Una dosis muy pequeña basta para desencadenar una sobredosis, porque el compuesto deprime el sistema respiratorio con rapidez: la persona pierde la capacidad de respirar por sí misma, puede entrar en coma y morir en cuestión de minutos.

El riesgo se multiplica cuando la ciclorfina se combina con alcohol u otras sustancias, advirtió LeVay a CBS8. Cabe señalar que los informes revisados utilizan variantes del nombre —“cyclofene”, “cyclorphine” o “ciclorfina”—, aunque se refieren a la misma sustancia.

Pastillas falsificadas y la trampa del mercado ilegal de opioides sintéticos

Uno de los factores que agravan la situación es el modo en que la droga llega a los consumidores. La ciclorfina ha sido hallada en metanfetamina, cocaína y en pastillas falsificadas que se comercializan como medicamentos recetados —Xanax, Adderall, OxyContin y Percocet—, lo que significa que personas que no se consideran consumidoras de opioides pueden ingerirla sin saberlo.

Según describió Nesheiwat a CBS News, las pastillas se presentan con un aspecto casi idéntico al de medicamentos legítimos e incluso se comercializan por internet. Quienes creen que compran un ansiolítico o un analgésico recetado reciben, sin saberlo, un producto adulterado con ciclorfina, fentanilo o carfentanilo.

En San Francisco, la muerte del adolescente desató una investigación que derivó en cuatro arrestos y el decomiso de 20.000 pastillas ilegales, informó NBC. “Este trágico caso puso en marcha una investigación amplia para retirar estas pastillas de nuestras calles y arrestar a quienes lucran con ellas”, declaró un funcionario citado por 13WHAM ABC News.

Según esa misma cadena, la DEA sospecha que la droga llega al país a través de la frontera sur, con posible participación de dos cárteles mexicanos, aunque otras fuentes indican que la sustancia se adquiere principalmente en línea a través de proveedores internacionales.

Por qué la naloxona puede no ser suficiente ante una sobredosis de ciclorfina

La naloxona, conocida por su nombre comercial Narcan, es el fármaco de emergencia que revierte los efectos de una sobredosis de opioides. Sin embargo, la potencia de la ciclorfina obliga a administrar múltiples dosis para lograr la reversión, informó NBC.

Nesheiwat explicó a CBS News que algunos pacientes requieren incluso un goteo intravenoso continuo de naloxona. Las dosis que las personas suelen guardar en sus hogares o que los servicios de emergencia llevan consigo podrían resultar insuficientes, advirtió LeVay a CBS8.

A este problema se suma la dificultad para identificar la sustancia. Las tiras reactivas estándar para fentanilo no detectan la ciclorfina, según CBS8, y la droga no forma parte de los paneles de análisis toxicológico de rutina que se emplean en los hospitales, confirmó Nesheiwat a CBS News. Esa limitación implica que el número real de muertes atribuibles al compuesto podría ser superior al registrado oficialmente.

El debate legal y las medidas para clasificar la ciclorfina como narcótico

A nivel federal, la DEA publicó en julio de 2026 su intención de clasificar la ciclorfina como sustancia de la Lista I —la categoría reservada para drogas con alto potencial de abuso y sin uso médico aceptado— y en agosto de 2026 formalizó esa designación, lo que convierte en ilegal su posesión y distribución en todo el país.

En el ámbito estatal, la situación legal varía. CBS8 informó que el fiscal de distrito de San Francisco instó a los legisladores de California a incluir la ciclorfina en la lista estatal de narcóticos, una medida que reforzaría la capacidad de las autoridades locales para presentar cargos por posesión y distribución.

Ante signos como respiración lenta o dificultosa, labios azulados, pérdida de conciencia o sonidos de ahogo, las autoridades sanitarias recomiendan llamar al 911 de inmediato, administrar naloxona si se dispone de ella y permanecer junto a la persona afectada hasta que llegue la asistencia de emergencia.

Las autoridades federales de Estados Unidos detuvieron a un hombre de 26 años acusado de transportar más de 321 kilos de presuntas drogas en una camioneta que circulaba por una carretera de Nevada. El caso comenzó con un control de tránsito por exceso de velocidad y derivó en dos cargos federales por posesión de sustancias controladas con intención de distribución.

La Fiscalía Federal para el Distrito de Nevada identificó al acusado como Francisco Joel Garcia Farias y precisó que el operativo ocurrió el 13 de octubre de 2026, cerca de Ash Springs, en el condado de Lincoln. Los agentes encontraron paquetes que contenían presunta metanfetamina y fentanilo, dos sustancias controladas de alta peligrosidad.

Según la Fiscalía, el cargamento tendría un valor estimado de venta en la calle de aproximadamente USD 2 millones. La denuncia penal, sin embargo, no establece quién habría enviado las sustancias, cuál era su destino ni si otras personas participaron en su traslado.

La detención comenzó con un control por exceso de velocidad

De acuerdo con la denuncia penal citada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, un agente de la oficina del alguacil del condado de Lincoln detuvo una camioneta en la ruta federal 93, cerca de Ash Springs, después de observar que superaba el límite de velocidad establecido.

El conductor fue identificado como Francisco Joel Garcia Farias, de 26 años. Durante el control, un perro entrenado para detectar narcóticos alertó sobre la posible presencia de sustancias controladas en el vehículo. La señal llevó a los agentes a realizar una inspección de la camioneta.

En su interior encontraron trece contenedores grandes de almacenamiento con numerosos paquetes sellados al vacío. El descubrimiento motivó la intervención de las autoridades federales y la investigación por presunta posesión de drogas con intención de distribución.

La Fiscalía también indicó que Garcia Farias carecía de estatus migratorio legal en Estados Unidos. Esa información figura en el comunicado oficial, aunque los cargos federales anunciados se relacionan con la presunta posesión de sustancias controladas con fines de distribución.

La detención fue realizada inicialmente por agentes del condado de Lincoln. Posteriormente, Investigaciones de Seguridad Nacional, conocida por sus siglas en inglés como HSI, participó en la investigación junto con las autoridades locales.

307 kilos de metanfetamina y 14 kilos de fentanilo en 13 contenedores

El registro permitió recuperar dos grupos de paquetes con sustancias distintas. Según la Fiscalía Federal para el Distrito de Nevada, los investigadores hallaron aproximadamente 187 paquetes con una sustancia cristalina blanca, cuyo peso conjunto era de 307,22 kilos (677 libras).

También encontraron otros trece paquetes de forma rectangular que pesaban cerca de 14 kilos (30 libras). Las pruebas de campo realizadas sobre muestras seleccionadas dieron positivo para metanfetamina y fentanilo, respectivamente.

Los resultados corresponden a análisis preliminares. Aunque permiten orientar la identificación de las sustancias, no sustituyen los peritajes de laboratorio ni constituyen por sí mismos una declaración judicial de culpabilidad.

La mayor parte del peso incautado correspondía a la presunta metanfetamina. El fentanilo representaba una proporción menor del total, pero su potencia hace que incluso cantidades reducidas puedan implicar un riesgo considerable.

La Fiscalía estimó que el cargamento tenía un valor de venta en la calle de aproximadamente USD 2 millones.

Las autoridades no identificaron una organización criminal específica como responsable de las sustancias. Tampoco informaron sobre posibles compradores, proveedores o destinatarios del cargamento.

Dos cargos federales con pena mínima de 10 años y máxima de cadena perpetua

Garcia Farias enfrenta dos cargos federales. El primero corresponde a la posesión con intención de distribuir 400 gramos o más de una mezcla que contiene fentanilo. El segundo se refiere a la posesión con intención de distribuir 500 gramos o más de una mezcla que contiene metanfetamina.

Los límites mencionados están contemplados en la legislación federal estadounidense sobre sustancias controladas. Las cantidades descritas en la denuncia superan ampliamente ambos umbrales, aunque la acusación debe demostrar los elementos de los delitos ante un tribunal.

Si resulta condenado, el acusado enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua por cada cargo, según el comunicado de la Fiscalía. La sentencia también podría incluir cinco años de libertad supervisada después del cumplimiento de la pena de prisión.

La libertad supervisada es un período de seguimiento judicial posterior al encarcelamiento, durante el cual la persona condenada debe cumplir las condiciones que establezca el tribunal.

El fiscal asistente Steven J. Rose está a cargo de la acusación. El expediente figura como Estados Unidos contra Francisco Joel Garcia Farias, con el número 2:26-mj-00773-MDC.

La presentación de cargos no equivale a una condena. El Departamento de Justicia de Estados Unidos recuerda que la denuncia penal contiene alegaciones y que el acusado se considera inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal.

Siete millones de dosis potencialmente letales: el cálculo de la Fiscalía

La Fiscalía calculó que los aproximadamente 14 kilos de presunto fentanilo equivaldrían a 7 millones de dosis potencialmente letales, tomando como referencia una cantidad de 2 miligramos por dosis.

La cifra se basa en un parámetro difundido por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). La agencia advierte que 2 miligramos de fentanilo pueden ser suficientes para causar la muerte, aunque el riesgo depende de factores como la concentración de la sustancia, el tamaño corporal, la tolerancia y el consumo previo.

El cálculo no significa que los agentes hayan encontrado 7 millones de dosis preparadas para su consumo. Se trata de una equivalencia teórica basada en el peso total atribuido al material y en la cantidad utilizada como referencia.

El fentanilo tiene usos médicos como analgésico para determinados tipos de dolor intenso. Sin embargo, también circula de manera ilegal y puede mezclarse con otras drogas o incorporarse a pastillas falsificadas. Una persona puede consumirlo sin saberlo, lo que incrementa el riesgo de una sobredosis.

La DEA ha advertido que la fabricación ilegal de esta sustancia no permite garantizar una concentración uniforme. Por eso, dos porciones de apariencia similar pueden contener cantidades diferentes y representar riesgos distintos.

En este caso, la Fiscalía no difundió resultados definitivos sobre la pureza del material ni indicó que los paquetes estuvieran preparados en forma de pastillas. La estimación de 7 millones de dosis describe el riesgo potencial asociado al peso incautado, pero no permite determinar cuántas personas habrían estado expuestas ni relacionar el cargamento con episodios concretos de sobredosis.

HSI y el alguacil del condado de Lincoln, a cargo de la investigación

La investigación está a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional y la oficina del alguacil del condado de Lincoln, como parte de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional de la Región 8.

HSI forma parte del Departamento de Seguridad Nacional y desarrolla investigaciones relacionadas con delitos transnacionales, incluido el tráfico de narcóticos. Su participación en este expediente se realiza en coordinación con las autoridades locales que intervinieron en la carretera.

El director ejecutivo asociado de HSI, John A. Condon, destacó la cooperación entre los organismos federales y locales. Por su parte, el alguacil Derek Foremaster atribuyó el hallazgo a la actuación de sus agentes y a la alerta del perro detector de narcóticos.

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, también se refirió al caso en el comunicado oficial y afirmó que las personas que intenten distribuir fentanilo enfrentarán procesos penales.

No obstante, la información difundida no demuestra que el arresto estuviera precedido por una investigación sobre una red criminal específica ni identifica a otras personas vinculadas con el cargamento.

El expediente continuará bajo jurisdicción federal. Las actuaciones judiciales y las pruebas que presenten las partes determinarán cómo avanza el proceso contra Garcia Farias, quien mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una condena.

Siete de los arrestados han ingresado en prisión provisional por decisión judicial, en el marco de una operación bautizada como ‘Falcone’. La investigación, desarrollada a lo largo de más de cinco meses por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Noia, arrancó tras detectarse un repunte de la criminalidad en la localidad y la existencia de varios puntos de venta de estupefacientes. Las indagaciones revelaron que los tres establecimientos bajo sospecha, que en apariencia funcionaban de manera independiente, estaban en realidad interconectados y operaban de forma coordinada.

El elemento más llamativo era el uso de drones para realizar entregas de dosis a los consumidores. Con este método, los investigados pretendían dificultar la detección de su actividad por parte de los cuerpos policiales y reducir el contacto físico directo entre vendedores y compradores en la vía pública. Los agentes lograron identificar a los integrantes de la red y establecer que el abastecimiento de cocaína procedía de dos personas asentadas en Cambados, en la provincia de Pontevedra, que surtían de forma periódica a los vendedores instalados en Noia.

Operativo con fases para detener a 10 sospechosos

La operación se ejecutó en dos fases diferenciadas, separadas por un intervalo de apenas dos días entre ambas actuaciones. En la primera, la Guardia Civil detuvo a tres personas vinculadas al transporte de droga desde Cambados. En ese episodio se intervinieron alrededor de 200 gramos de cocaína y 1.900 euros en efectivo. Un registro domiciliario posterior permitió localizar cantidades adicionales de la sustancia ya preparadas para su distribución, junto con material relacionado con el tráfico de drogas. Entre las imágenes difundidas por los agentes, un vídeo muestra los drones intervenidos que la red empleaba para repartir las dosis entre los consumidores.

Dos días después tuvo lugar la segunda fase del operativo, que concluyó con la detención de otras siete personas y la realización de tres registros domiciliarios en Noia. En ellos se incautaron diversas sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína, marihuana y hachís, además de material destinado a la manipulación y el fraccionamiento de la droga y numerosos dispositivos electrónicos que ahora son objeto de análisis pericial por parte de los investigadores.

En el dispositivo participaron efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) y del Servicio Cinológico de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, junto con personal de seguridad ciudadana e investigación de la Compañía de Noia, que coordinó sobre el terreno las labores de registro y detención. La causa ha sido dirigida por el Tribunal de Instancia de Noia, Sección Civil y de Instrucción, Plaza número 1, que decretó el ingreso en prisión provisional de siete de los diez arrestados a la espera de nuevas diligencias.

Entre los envoltorios incautados había paquetes identificados con la imagen de un delfín, un sello que en la historia criminal alguna vez caracterizó, por ejemplo, a la banda que dirigía el capo narco salteño Delfín Reinaldo Castedo, más conocido como el “Patrón del Norte”.

Esta causa en particular apunta a una organización con base en Mar del Plata que, de acuerdo con la acusación, tenía una estructura destinada al transporte, acopio, distribución y comercialización de estupefacientes. Los investigadores identificaron distintos niveles dentro del grupo, desde quienes se ocupaban de la logística y la administración hasta distribuidores y vendedores al menudeo.

Los procedimientos se realizaron entre ayer y hoy en Mar del Plata y también en Ezeiza y General Pico, La Pampa. Además, hubo una interceptación vehicular sobre la Ruta Nacional 33, a la altura de Trenque Lauquen. En la ciudad balnearia, los operativos alcanzaron 11 barrios, entre ellos Chauvin, San José, Loma de Stella Maris, Las Dalias, Microcentro, Santa Elena, Parque Independencia y San Jorge.

Según fuentes policiales, los investigadores detectaron que algunos de los sospechosos vivían en edificios cercanos al circuito comercial de Güemes y participaban como pilotos en competencias automovilísticas, una actividad a la que, de acuerdo con las actuaciones, destinaban sumas importantes de dinero.

Durante las dos etapas del operativo fueron detenidos tres hombres de 24, 28 y 28 años, señalados por su participación en tareas de conducción, coordinación, acopio y distribución. También fue arrestada una mujer de 45 años, acusada de actuar como distribuidora e intermediaria. En tanto, un hombre de 35 años quedó imputado en el marco de la investigación.

En los procedimientos se secuestraron $26.551.500, USD 50.013 y 855 euros, además de 22 celulares, cinco computadoras portátiles, balanzas, documentación y dos vehículos que habrían sido utilizados para trasladar droga: un Volkswagen Polo y un Ford Fiesta.

También se incautaron ketamina, tusi y marihuana. El detalle preliminar incluyó tres kilos de cocaína en los allanamientos iniciales y otros siete kilos en una vivienda de Las Dalias, donde intervino Prefectura Naval Argentina por orden judicial. Las autoridades mantuvieron ambos registros diferenciados hasta consolidar las actas y los pesajes.

En ese domicilio, la Policía Bonaerense informó que uno de los investigados abrió fuego durante el ingreso de los efectivos y luego se atrincheró en el baño. El hombre, identificado como Raúl A., de 30 años, sufrió una herida de arma de fuego y murió más tarde en un centro asistencial.

La mecánica del hecho quedó bajo análisis judicial y la intervención posterior en la vivienda estuvo a cargo de Prefectura, con peritajes de la Policía Federal Argentina.

Allí fueron hallados una pistola Taurus calibre 9 milímetros, municiones, balanzas, teléfonos y envoltorios vacíos. Catorce de los 22 envoltorios secuestrados en el operativo tenían estampado un delfín, una marca que también apareció en lotes de cocaína.

En la causa por infracción a la Ley 23.737 intervienen la Unidad Fiscal Federal de Mar del Plata, a cargo del fiscal Santiago Eyherabide, y el Juzgado Federal de Garantías encabezado por Santiago Inchausti.

En una conferencia de prensa posterior a los allanamientos, el subsecretario de Planificación e Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad bonaerense, Sebastián Fernández Ciatti, remarcó que se hicieron seguimientos de vehículos, se analizaron recorridos y se realizaron tareas de inteligencia para reconstruir el circuito de abastecimiento, con el objetivo fue identificar a quienes se encontraban por encima de los puntos de venta y cortaban el ingreso de drogas a distintos barrios marplatenses.

“Si uno no ataca la línea de abastecimiento, se vuelve a regenerar la misma situación”, sostuvo.

La exfuncionaria Eva Ferrer acusó a Verónica Alcocer de encabezar una presunta organización ilegal dedicada al tráfico de dinero, drogas y armas. Conforme a sus declaraciones en diálogo con Semana, ella decidió hablar por protección personal y profesional después de recibir una advertencia que interpretó como una amenaza.

Ferrer aseguró que la difusión de unos audios publicados el 1 de agosto de 2026, desencadenó una llamada en la que le preguntaron si estaba consciente de que estaba colocando en riesgo su vida. “Una de las primeras llamadas que recibo es de una persona que me dice que si estoy loca, que si quiero que me peguen un tiro”, relató, y agregó que lleva dos meses escondida.

Entre sus señalamientos, sostuvo que Alcocer trasladó USD 2,5 millones desde Venezuela a Colombia y que era la figura que ordenaba las decisiones dentro de la estructura denunciada. “Ella se ha dedicado a organizarse, siendo ella la cabeza, pero una cabeza no visible, teniendo muchas piezas y haciendo que todo sirva”, dijo.

Consultada sobre si la ex primera dama era la “jefe” de una mafia, Ferrer respondió: “A día de hoy digo que sí”. También ubicó al expresidente Gustavo Petro dentro de una estrategia dirigida por Alcocer: “Pues una pieza de esa estrategia”, contestó, y dijo que, para ella, existía una supuesta complicidad.

Las acusaciones de la exconsejera catalana llegaron a la Casa Blanca, el corresponsal de la Casa Blanca de Noticias Caracol, Juan Esteban Silva, afirmó en sus redes sociales que fuentes del Gobierno de Donald Trump le explicaron que Estados Unidos tiene conocimiento de los indicios sobre el uso de aviones oficiales de Colombia por parte de Alcocer para transportar estupefacientes, armas y dólares desde Venezuela.

“Atención: Gobierno Trump me confirma directamente que Estados Unidos está “al tanto”, por primera vez de manera oficial, “de los reportes que señalan que Verónica Alcocer usó un avión oficial para transportar narcóticos a Venezuela y regresó con 2,5 millones de dólares””, escribió en su cuenta de X.

Conforme a su versión, “no es un hecho aislado lo que ha publicado @VickyDavilaH en @RevistaSemana, sino algo que ya revisa Washington y merece la atención. Alcocer es la ex esposa del expresidente colombiano Gustavo Petro (también incluido en la OFAC list de @USTreasury). 🚨”.

Departamento del Tesoro de Estados Unidos se pronunció sobre la presunta implicación de Verónica Alcocer en una red de tráfico de droga y armas desde Venezuela

Un comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre Verónica Alcocer situó nuevamente bajo escrutinio internacional a la exesposa del expresidente Gustavo Petro, en medio de denuncias que son materia de una indagación en Colombia. Según lo divulgado por NTN24, la dependencia estadounidense confirmó que Alcocer permanece incluida en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

La posición se refiere a una designación sustentada, conforme a lo expuesto por el Tesoro, en la Orden Ejecutiva 14-059. El organismo indicó que Alcocer habría proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material, tecnológico, bienes o servicios en favor de Petro. La mención no constituye, por sí sola, una decisión de autoridades judiciales colombianas sobre las acusaciones recientes, pero añade un elemento internacional a la controversia.

“Verónica del Socorro Alcocer García fue incluida en la lista OFAC en virtud de la Orden Ejecutiva 14-059 por haber proporcionado o intentado proporcionar apoyo financiero, material tecnológico o bienes y servicios en apoyo de Gustavo Petro”, puntualiza el documento oficial.

El Departamento del Tesoro sostuvo que Petro ha concedido beneficios a organizaciones que calificó como narcoterroristas dentro de la política de Paz Total, entre otras medidas. La dependencia estadounidense afirmó que esas decisiones se han dado en un contexto de aumento de los cultivos de coca, de acuerdo con la misiva a la que accedió el canal.

“Ha concedido beneficios a las organizaciones narcoterroristas bajo los auspicios de su Plan de Paz Total, entre otras políticas, lo que ha dado lugar a niveles récord de cultivos de coca”, señala la comunicación.

A propósito, recordó el antecedente del nombramiento de Alcocer como embajadora en misión especial. Ese encargo fue anulado por la justicia colombiana, que concluyó que contravenía el artículo 126 de la Constitución Política, referido a la prohibición de que el presidente designe a su cónyuge o pareja en determinados cargos públicos.

La exconsejera presidencial durante la administración Petro, Eva Ferrer destapó una red de narcotráfico, armas y dolarés que involcuraba aviones oficiales del Estado.

En entrevista con Semana, la exfuncionaria de origen español señaló que Verónica Alcocer, ex primera dama habría sido la encargada de liderar el entramado de corrupción en el que ingresaron al país cerca de USD2,5 millones.

“Ahí hay un movimiento de dineros. Lo primero que conozco, y que me hacen saber, es que se van a Venezuela. Digo: ‘Esto se tiene que hacer público’. Hablando luego con Manel, me dice que de ese viaje se traen 2,5 millones de dólares”, contó.

Y agregó: “Incluso dijo que ‘parece que hay fotos de Verónica descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga y había movimiento de capital de allá a aquí y de aquí a allá’”.

Frente a las revelaciones, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ordenó una investigación en la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) por denuncias sobre presuntos vuelos con droga hacia Venezuela en aeronaves oficiales. Las indagaciones buscarán establecer si integrantes actuales o antiguos del Comando Aéreo de Transporte Militar participaron en hechos atribuidos al entorno de Verónica Alcocer, acusaciones que aún no han sido probadas judicialmente.

“He ordenado al comandante de la Fuerza Aérea una investigación exhaustiva sobre los graves hechos denunciados por la revista SEMANA. Se debe esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades. La Inspección General y los organismos de contrainteligencia de la Fuerza Aérea adelantarán las investigaciones correspondientes sobre el personal actual y anterior de los equipos involucrados en CATAM”, señaló en su cuenta de X.

El general Adilson Bueno Pineda, inspector de la Fuerza Aérea, liderará la investigación ordenada por el líder de movimiento político Defensores de la Patria para determinar si en aeronaves asignadas a la ex primera dama Verónica Alcocer se cometieron delitos, informó el medio citado.

Durante la investigación el alto funcionario deberá verificar las aeronaves utilizadas, los registros de vuelo y las respectivas consultas con los miembros de las tripulaciones que acompañaron a la expareja de Petro en sus viajes. Además, tendrá como objetivo reconstruir los desplazamientos y establecer si hubo irregularidades en los procedimientos.

Gustavo Petro salió en defensa de su exesposa Verónica Alcocer y anunció demandas

El expresidente Gustavo Petro defendió a su exesposa Verónica Alcocer y anunció demandas contra el propietario de la revista Semana, después de que la española Eva Ferrer la acusara de integrar una presunta red de tráfico de dinero, drogas y armas. En ese sentido, sostuvo el 12 de octubre de 2026 que las denuncias afectan a sus hijas, Sofía y Antonella, y las vinculó con una supuesta persecución contra su entorno.

Petro afirmó que los señalamientos contra Alcocer formarían parte de una ofensiva contra integrantes de su círculo familiar y contra oficiales que trabajaron en su esquema de seguridad. “Así empiezan a perseguir a capitanes, coronales y generales que solo cumplieron con el deber y la orden que les asignaron sus superiores: cuidar a la familia presidencial”, manifestó.

El líder de la oposiión apuntó después contra su sucesor, Abelardo de la Espriella, a quien responsabilizó de impulsar ese supuesto plan. También lo acusó de haber tenido vínculos con personas relacionadas con actividades ilegales, sin aportar pruebas en su publicación.

“Abelardo puede echar a los miembros de la fuerza publica que me cuidaron, hasta los ponen en sitios de alta probabilidad de muerte, con la felonía que solo lo hacen para que no exista quien le cuente a la tripa, por que les dije que no hay que ser asesina y si defender los derechos de la gente mas débil. Relaciones con el narcotráfico ha tenido Abelardo y muchas. Viene a limpiarse sus uñas con mi honradez (sic)”, escribió Petro.

El sabado 10 de octubre de 2026, Eva Ferrer acusó a Verónica Alcocer de encabezar una presunta red de tráfico de dinero, drogas y armas, y sostuvo que la ex primera dama habría trasladado USD 2,5 millones desde Venezuela a Colombia. La exconsejera presidencial para la Niñez y la Adolescencia del anterior gobierno también vinculó al expresidente Gustavo Petro con esa supuesta estructura, aunque sus afirmaciones no fueron respaldadas con documentos, fotografías ni versiones de los señalados.

La catalana describió a Alcocer como la persona que impartía órdenes dentro de la organización que denuncia, aunque aseguró que no tenía una exposición pública directa. “Ella se ha dedicado a organizarse, siendo ella la cabeza, pero una cabeza no visible, teniendo muchas piezas y haciendo que todo sirva”, afirmó en entrevista con Semana.

Al ser consultada sobre si consideraba que Alcocer era la jefa de una mafia, respondió: “A día de hoy digo que sí”. Ferrer explicó que inicialmente pensaba que terceros podían estar utilizando a la entonces primera dama, pero dijo haber llegado a la conclusión de que ella tenía intereses económicos propios.

También involucró a Gustavo Petro en lo que definió como una estrategia encabezada por Alcocer. Cuando le preguntaron qué papel habría tenido el entonces mandatario, la exasesora respondió: “Pues una pieza de esa estrategia”, y ante la consulta sobre una posible complicidad añadió: “Para mí, a día de hoy, sí”.

Petro rechazó las afirmaciones de Eva Ferrer sobre él y Verónica Alcocer

El expresidente de la República Gustavo Petro rechazó en sus redes sociales las acusaciones formuladas por Eva Ferrer contra la madre de sus hijas menores y aseguró que los aviones oficiales de su administración “jamás viajaron con armas clandestinas ni drogas”. También afirmó que apartó de sus cargos a funcionarios sospechosos de esas prácticas antes de su llegada al gobierno.

El dirigente sostuvo que la denuncia contra su familia carece de pruebas y cuestionó que se basara en un testimonio indirecto. “He solicitado a todas las personas afectadas por un infundio tan enorme y que cuenta como prueba con el dicho de Eva de que: ‘una persona me dijo’”, expresó en su cuenta de X.

Petro vinculó el conflicto con solicitudes de contratación que, según afirmó, no aceptó. “La acusación de Eva contra la madre de mis hijas menores, sin ninguna prueba, es de una maledicencia total”, dijo.

En esa misma línea, defendió a la familia de Alcocer y mencionó al abogado y periodista Jorge Emilio Alcocer, a quien atribuyó apoyo en su lucha contra el narcoparamilitarismo en Sucre. Aseguró que esa familia se apartó del poder y la codicia durante el período de violencia y masacres contra campesinos en la región.

“Se de que lugar inmundo y sanquinario proviene el ataque a mi familia mostrándola como narcotraficante de drogas y armas, cuando conozco de la ayuda que me dio el señor, abogado y periodista Jorge Emilio Alcocer en la lucha contra el narcoparamilitarismo de Sucre y del apoyo que recibe de Emilio Alcocer uno de los fundadores del departamento de Sucre, abuelo y bisabuelo de mis hijas, sin una mancha de corrupción en sus vidas públicas y profesionales (sic)”, expuso.

Petro afirmó que hace 37 años firmó un acuerdo de paz mediante el cual abandonó personalmente el uso de armas en la política. “He cumplido letra por letra”, sostuvo al negar que hubiera participado en negocios de armas, drogas o dinero mediante aeronaves estatales.

El líder de la oposición pidió que los afectados presenten denuncias ante los tribunales contra Eva, la directora y el dueño de la revista que difundió las acusaciones, en caso de que no exista una retractación pública con la misma difusión de la denuncia.

El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se encuentran entre las organizaciones criminales latinoamericanas que han extendido sus actividades hacia Europa, donde mantienen vínculos con mafias locales y participan en negocios relacionados con el tráfico de drogas, de acuerdo con una investigación del diario británico The Guardian.

El reportaje, elaborado por el periodista Andrei Netto, identificó la presencia de organizaciones criminales de México, Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela y Estados Unidos en al menos 12 países europeos, en un contexto marcado por el crecimiento de las incautaciones de cocaína y de la producción de esta droga en América Latina.

Según la investigación, entre 2014 y 2024 las incautaciones de cocaína en Europa aumentaron 471 por ciento, mientras las autoridades también detectaron y desmantelaron un mayor número de laboratorios utilizados para procesar derivados de drogas.

Entre los grupos identificados aparecen el Cártel de Sinaloa y el CJNG, así como el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC de Colombia; el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho de Brasil; el Tren de Aragua de Venezuela, además de las pandillas Barrio 18 y MS-13.

Los cárteles mexicanos avanzan hacia nuevos territorios

The Guardian ubica una presencia especialmente destacada de estas organizaciones en España, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Francia, aunque también documentó actividades en Alemania, Rumania, Croacia y Eslovaquia. La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC) también ha identificado actividades relacionadas con estos grupos en Bulgaria.

Daniel Brombacher, director del Observatorio de Europa de la GI-TOC, explicó al diario británico que el fenómeno está llegando a territorios que anteriormente no contaban con infraestructura criminal latinoamericana.

El especialista señaló que la expansión “ya no se limita a los países puerta de entrada tradicionales” y destacó que operaciones policiales recientes descubrieron laboratorios de metanfetamina gestionados por mexicanos en el sur de Francia, el noreste de Polonia y Brandeburgo, al sur de Berlín.

También se han detectado organizaciones latinoamericanas en Rumania y Bulgaria, países ubicados en la ruta de los Balcanes.

La investigación advierte que el número de países involucrados podría ser todavía mayor. Un informe inédito de la Fiscalía de São Paulo, elaborado parcialmente con información de la agencia de inteligencia brasileña (Abin) y revisado por The Guardian, señala que el PCC opera en 16 países europeos.

La lista incluye Reino Unido, Irlanda, Islandia, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía, además de países donde ya se había identificado la presencia de organizaciones criminales latinoamericanas.

El recuento realizado por el diario británico contempla únicamente aquellos casos en los que la presencia física de los grupos fue identificada oficialmente mediante operaciones policiales, investigaciones transnacionales o procesos judiciales.

Europa ofrece mayores ganancias para las redes criminales

De acuerdo con The Guardian, el alcance real de estas organizaciones podría ser todavía mayor debido a que algunas mantienen “empresas conjuntas” con grupos criminales europeos, sin establecer necesariamente una presencia física permanente en el continente.

La expansión tampoco es completamente nueva. El diario recuerda que desde la década de 1980 organizaciones colombianas, entre ellas los cárteles de Cali y Medellín, mantenían presencia en Galicia, España. Europol también había advertido desde 2013 sobre el crecimiento de estas estructuras.

Sin embargo, las autoridades europeas consideran que actualmente se trata de un fenómeno de mayor escala. Un informe de Europol señala que algunas de las redes criminales más amenazantes de América Latina “también se han establecido en la UE” y desde territorio europeo dirigen operaciones que afectan al bloque.

El crecimiento coincide con el incremento de la producción de cocaína en América Latina. Según la investigación, la producción regional se multiplicó aproximadamente por cuatro durante la última década y alcanzó unas 4 mil 100 toneladas en 2024. Colombia produjo ese año más cocaína que durante la época de Pablo Escobar, de acuerdo con los datos citados.

Víctor Manuel Sánchez Valdés, académico de la Universidad Autónoma de Coahuila especializado en crimen organizado, dijo a The Guardian que la presencia de los grupos mexicanos podría ser mayor de lo que generalmente se reconoce.

El especialista afirmó que Sinaloa y el CJNG tendrían presencia en más de 20 países europeos, aunque aclaró que esto no implica que tengan grandes células o control territorial. Su participación estaría relacionada principalmente con emisarios y operaciones de negocios.

Los datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) también muestran el crecimiento de la producción mundial. Su Informe Mundial sobre Drogas y Delitos 2026 estima que en 2024 se produjeron entre 3 mil 800 y 4 mil 700 toneladas de cocaína, más de cuatro veces el volumen registrado en 2014.

Mientras Sudamérica continúa como el principal centro de producción, el cultivo de coca alcanzó un récord de 385 mil hectáreas durante la última década.

Para The Guardian, el crecimiento de la demanda y los precios ha convertido a Europa en un mercado particularmente atractivo para las organizaciones latinoamericanas, debido a que ofrece márgenes de ganancia superiores a los de Estados Unidos.

Los datos citados por el diario indican que Europa representa actualmente alrededor de una cuarta parte del consumo mundial de cocaína.

Europol informó recientemente que, de las 731 redes criminales más amenazantes identificadas como activas en Europa, 149 tienen vínculos con organizaciones latinoamericanas. De ellas, 67 cuentan con integrantes latinoamericanos y 22 son organizaciones principalmente latinoamericanas.

Judith Ventura tiene 25 años y es una drogadicta en recuperación. A principios de año subió el primer vídeo a sus redes sociales (@myselfandheize) en el que confesaba que llevaba tres años siendo “adicta a la hierba” y que había decidido “cambiar para ser persona”. Desde entonces, la joven se ha sincerado con sus seguidores, que ascienden ya a más de 135.000, sobre la realidad que experimenta una persona adicta a las drogas y cómo es el proceso de abstinencia.

“Al comienzo (como cualquier adicto) lo hacemos como modo de escape; nadie se levanta un día y decide que va a ser drogadicto”, sostiene Judith en una entrevista con Infobae. En su caso, empezó a consumir drogas como heroína hace seis años “a modo de escape”. No obstante, poco después “eso se convirtió en rutina y finalmente en necesidad”. Todos los días, como describe, se despertaba “con dolores por todo el cuerpo, como si alguien te estuviera agarrando de los huesos de las rodillas mientras estás sintiendo tu cuerpo con rachas de frío y de calor que te hacen temblar sin control”.

Bajo la necesidad de poder ir a trabajar, “me hacía 1 hora en transporte público hasta mi dealer (camello) para comprar lo necesario para aguantar el día”. Seguidamente, “cerca de ese mismo sitio (ya que el dolor empieza a ser insoportable), te sientas en un lugar escondido y comienzas a consumir”, explica. Eso le permitía dejar de sentir dolor: “No existe la tristeza, ves tu entorno colorido y vuelves a ser humano funcional”, afirma.

Y es que ese chute le permitía dejar de lado la dolencia y empezar su rutina: “Trabajar, cocinar, socializar, etc., hasta que te vas a dormir. Y así, lo repites durante seis años”, relata. Esta vía de escape, que comienza como una evasión emocional y acaba convirtiéndose en una necesidad física, se acaba convirtiendo en “un infierno en vida”. Por eso mismo es firme cuando asegura que “mi rutina en esa época era algo que no le desearía ni a mi peor enemigo”.

“La adicción solo lleva a dos lados, a la cárcel o al cementerio”

Aunque cada caso tiene sus particularidades, la mayoría de las personas que toman la decisión de dejar las drogas suele ser por la ayuda de familiares o un hecho que les hace caer en la realidad. Judith explica que “ha habido varios momentos que me hicieron ‘click’ en la cabeza” y la impulsaron. Uno de ellos, que ha explicado en otras ocasiones, tuvo un impacto emocional muy fuerte al ver la “cara de horror” de su padre al ser testigo de cómo se inyectaba droga con su expareja.

El otro fue un aviso a su vida; mientras estaba en Lisboa, empezó a consumir cocaína inyectada. Esta sustancia es especialmente peligrosa por diferentes motivos, pero uno de los más alarmantes radica precisamente en la forma en la que se consume. “Si no aciertas en la vena, te puede crear problemas muy graves”, subraya la joven. En su caso, recuerda que “mis venas estaban destrozadas por el consumo diario y un día estaba caminando con las manos totalmente hinchadas, sin poder ser capaz de mover tan siquiera los dedos”, confiesa.

Ante esta situación, “una persona normal dejaría de hacer eso por lo menos por dos días para poder recuperarse”. Pero Judith, nada más despertarse al día siguiente, decidió ir hasta el centro de venopunción más cercano, donde los profesionales inyectan los estupefacientes en condiciones sanitarias adecuadas. Los enfermeros “se quedaron en shock al ver mi estado físico”, afirma. Como narra, “tuvieron que usar una máquina para poder encontrarme una vena”. Y fue en ese instante cuando su cabeza hizo ‘click’. “Al verme así, me dije a mí misma: ‘O paramos ahora o mañana me muero’”. Y es que Judith sostiene que “la adicción solo lleva a dos lados, a la cárcel o al cementerio”.

De esta manera, “me alejé de todo aquel que consumiera cualquier sustancia y también me mudé a una zona bastante aislada”, explica. Judith tiene el privilegio de “hablar varios idiomas”, algo que le facilitó encontrar trabajo y una casa en Países Bajos. “Es ahí donde todo comenzó”.

Cuando das el paso… hay demasiados obstáculos

Actualmente, hay 19.463 personas atendidas en centros y programas de Proyecto Hombre, la mayor institución a nivel nacional que ayuda a la recuperación de drogodependientes y el apoyo a sus familiares, que viven una realidad muy similar a la de Judith. De ese total, 4.396 de ellas recurrieron a la organización en 2025, según sus últimos datos.

Cada persona llega a la organización por diferentes motivos. En el caso de la joven de 25 años, fue justo después de ese ‘click’. Y es que en ese momento se dio cuenta de que esta situación la había aislado “por días en casa para seguir consumiendo”, algo que “afectó gravemente a mi salud mental al hacer que mis amigos perdieran completamente el contacto conmigo”.

La culpabilidad provocó que Judith se sumergiera “en un agujero donde estaba sola con el consumo para olvidar mis errores”. La adicción hizo que durante el periodo de abstinencia presentara síntomas como “dolor intenso en los huesos, sudores fríos, temblores, ojos llorosos y una apatía que me impedía hacer una vida normal, ya que no tenía energía/motivación para hacer nada”, explica.

Pero el “infierno” que describe Judith no solo se vive hasta unas pocas semanas después de la última dosis. Y es que los seis años de abuso de sustancias han dejado una huella en su salud: “Me han hospitalizado varias veces por problemas circulatorios y con varios problemas respiratorios”, con los que se despierta muchas veces “sin poder respirar correctamente. Además, ha tenido dos principios de infarto por las consecuencias cardiacas. “Un día me podrían dar una sorpresa y me podría levantar muerta a causa de ellos”, sentencia.

Para ayudar a “no sufrir los síntomas de la abstinencia”, tiene recetada metadona. Este es un opiáceo analgésico que “no me crea ningún colocón, simplemente me deja sin dolores”. A pesar de que es un proceso muy complicado, Judith aboga firmemente, en aquellos casos en los que una persona consume diferentes drogas a la vez, por “dejarlo todo de golpe, con la excepción del tabaco”.

Y es que, “créeme que fumar es un buen escape (y esto me lo dijeron en Proyecto Hombre)”, sostiene. Los expertos le explicaron que “no puedes tomar ninguna sustancia que te dé un ‘colocón’, no solo las fuertes, sino también el alcohol, ya que en algunos casos el adicto acaba cambiando un vicio por otro”, afirma. Aun así, la joven considera que “cualquier adicto va a tener una recaída”. Ante esta situación, “lo importante es que el entorno ayude al adicto a salir del bucle y que no caiga en el consumo que no puede parar”, aconseja. Esto también “es parte del proceso y no podemos culparle por cometer un error; tenemos que animarlo a que siga su recuperación y ver qué patrones le han llevado a consumir de nuevo”.

“Intento actuar como una persona normal, pero he perdido muchísima capacidad para socializar”

Su experiencia también le ha enseñado que hay un problema en la sociedad con “normalizar” o banalizar algunas drogas. Bajo su opinión, si esto se afianza, “tendremos más adictos en nuestra sociedad y en la época actual en la que vivimos, donde mi generación se encuentra deprimida (problemas de vivienda, escasez de profesionales de la salud mental, trabajos mal pagados); le estamos dando un escape rápido que a la larga puede ser mortal”, afirma.

Al final, no se trata de saber si la heroína o fumar es malo, sino de estar informados: “¿Cuántos jóvenes saben que el alcohol es la única sustancia que es altamente adictiva y que te puede matar al dejarla? ¿Cuántos jóvenes saben lo que realmente tienen esas sustancias que consumen en raves?”, se pregunta.

Por este motivo, Judith decidió empezar a publicar contenido en redes sociales. Aunque en su biografía asegura que no da consejos, tenía claro que quería mostrar la realidad de las drogas. Un deseo que le ha ayudado a ella en su proceso: “Aún sigo sin creerme que haya logrado todo lo que he logrado hasta ahora y es una bendición leer mensajes de gente diciendo que gracias a mi contenido han buscado ayuda profesional”, confiesa a Infobae.

Hoy, Judith sigue con la lucha. “Intento actuar como una persona normal, pero sinceramente, a raíz de dejar el consumo, sí que es cierto que he perdido muchísima capacidad para socializar”, se sincera. Por este motivo, cree conveniente que el sistema debería otorgar “una atención más empática con el adicto”. En su opinión, “no hay que centrarse en que deje la sustancia”, sino en “por qué el adicto consume, qué problemas personales tiene que le hayan llevado a ese punto de autodestrucción…”. Al final, “uno no decide consumir por gusto; en su mayoría acaban siendo adictos para poder cerrar algún trauma del pasado”.

Alexander Alsani, médico de cirugía estética de 57 años, ha muerto tras ser disparado en su propia clínica en Marbella. La noticia, adelantada por 101tv y confirmada por Infobae, suma un nuevo caso a la lista de tiroteos en la provincia en las últimas semanas. Por el momento, la Policía Nacional no ha podido desvelar el motivo y se encuentra en plena investigación, de manera que no se puede descartar ninguna hipótesis, aunque ha detenido este jueves a un joven de 18 años como presunto autor del asesinato, según han informado a EFE fuentes de la investigación.

Era uno de los profesionales más prestigiosos de su sector. Alsani sufrió varios disparos en su cabeza, según recoge EFE, que apunta también que el sospechoso llegó conduciendo una moto, la aparcó a pocos metros de la clínica y, tras entrar y vaciar el cargador contra el médico, huyó rápidamente.

Este caso, a la espera de saber si también está relacionado con el crimen organizado o no cuenta con ninguna relación, se suma a varios asesinatos e incidentes con armas de fuego en los últimos meses en Marbella, donde el 24 de agosto un hombre de 33 años y origen senegalés fue asesinado de madrugada en la vía pública tras recibir dos impactos de bala en el abdomen. Poco después, el 8 de septiembre se desató un tiroteo por un presunto ajuste de cuentas que dejó a un ciudadano holandés herido de bala en la pierna.

Pero no se limita a esa ciudad. En toda la provincia se han producido más incidentes graves de manera continuada. En Málaga capital, el 19 de septiembre tres sicarios asesinaron por error a un joven de 20 años, iniciándose un despliegue que concluyó cuando la policía localizó y detuvo al sospechoso principal en Fuengirola. Tres días después, dos individuos dispararon en la cara a un miembro de la mafia turca de 47 años mientras cenaba en la terraza de un concurrido restaurante. A estos se suma un asalto violento con dos heridos de bala en Alhaurín el Grande el 24 de septiembre y una riña con disparos de escopeta al aire en Málaga el 7 de octubre.

Uno de los principales especialistas

Alsani ha muerto en la clínica Cirumed de Marbella, el centro que fundó en 2018 y desde el que consolidó una carrera especializada. Inició su formación en Sudáfrica, donde realizó la residencia de cirugía plástica en el King Edward Hospital de Durban y completó una especialización en cirugía craneofacial. Más tarde continuó su trayectoria profesional en Austria, Alemania y Reino Unido, con experiencia en centros europeos y británicos.

Entre 2008 y 2018 dirigió los departamentos de Cirugía Plástica de los hospitales Quirón Málaga y Quirón Marbella. Ese período precedió a la apertura de Cirumed Clinic, orientada a la lipoescultura, la transferencia de grasa y las intervenciones combinadas con implantes. El médico se había convertido en una figura conocida en el sector de la cirugía estética, en especial por sus técnicas de aumento de glúteos y remodelación corporal. Según explica en su web, entre sus aportes figura la técnica Supercharged BBL, que combina implantes glúteos y transferencia de grasa.

En 2021, 13.887 personas mayores de 15 años murieron por causas relacionadas con el consumo de alcohol, según un informe de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III publicado este lunes. El documento, titulado “Mortalidad atribuible al consumo de alcohol en España, 2001-2021”, reconstruye por primera vez una serie homogénea de datos para dos décadas completas, algo que antes resultaba imposible por las discrepancias metodológicas entre estudios. Con esa base, el equipo calcula que entre 2001 y 2021 el país sumó más de 307.000 muertes relacionadas con la bebida.

El trabajo está firmado por Marta Donat, María José Belza, Gregorio Barrio, Luis Sordo y Juan Miguel Guerras, entre otros investigadores del propio instituto y de la Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos, dentro del Centro de Investigación Biomédica en Red.

“La carga continúa siendo alta” pese a la tendencia a la baja

La financiación corrió a cargo de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, y para elaborar las estimaciones se cruzaron datos de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística, encuestas nacionales de salud y registros de ventas de la Agencia Tributaria, estos últimos empleados para corregir la subestimación habitual del consumo que aparece en las encuestas, que recogen apenas entre el 30% y el 40% del consumo real.

La tasa de mortalidad atribuible al alcohol, ajustada por edad, bajó un 34,7% entre 2001 y 2021. Ese descenso, sin embargo, no fue igual en todos los grupos de edad: entre los 35 y los 44 años la caída relativa alcanzó el 64,6%, mientras que entre los mayores de 85 años apenas llegó al 3%. Los autores del informe sostienen que, “pese a esta disminución, la carga continúa siendo alta, lo que pone de manifiesto la importancia de mantener las estrategias de prevención y reducción de los daños relacionados con el consumo de alcohol”.

Dos de cada tres fueron muertes prematuras y tres de cada cuatro fueron hombres

El peso del alcohol en la mortalidad general cambia mucho según la edad analizada. Si se mira a toda la población mayor de 15 años, el alcohol estuvo relacionado con el 3,3% de las muertes de 2021. Entre los adultos de edad intermedia esa proporción se triplica: en el grupo de 35 a 54 años, el alcohol pudo estar detrás del 9,7% de los fallecimientos.

Los hombres concentraron el 78,3% de las muertes atribuibles al alcohol en 2021, lo que sitúa su riesgo cuatro veces y media por encima del de las mujeres. La brecha se amplía todavía más al mirar los accidentes, los suicidios y las agresiones relacionados con el alcohol, donde los hombres murieron siete veces más que las mujeres. Casi dos de cada tres fallecidos, un 64,9%, tenían menos de 75 años, lo que se considera muerte prematura.

El cáncer encabezó las causas de muerte vinculadas al alcohol en 2021, con 5.805 fallecimientos, seguido de las enfermedades digestivas, con 5.303 casos —dominados por la cirrosis hepática—, y de las causas externas, como accidentes o agresiones, que sumaron 2.605. Entre las tres categorías reunieron el 98,8% del total. “El impacto va mucho más allá de las enfermedades hepáticas, con una importante contribución a las muertes por otras patologías”, explican los investigadores en sus conclusiones.

Por comunidades, Asturias, Galicia y Ceuta y Melilla registraron entre 2010 y 2021 las tasas más altas, mientras que Madrid, Extremadura y Navarra se situaron en el extremo opuesto. Madrid fue además la región que más redujo su tasa en el periodo analizado.

Los propios autores reconocen que sus cifras podrían quedarse cortas, ya que no incorporan el riesgo del consumo intensivo episódico ni enfermedades como el alzhéimer o determinados tipos de cáncer por falta de evidencia suficientemente validada. En sus propias palabras, “teniendo en cuenta el peso de las muertes prematuras y que las estimaciones realizadas son bastante conservadoras, el consumo de alcohol sigue representando una carga importante de enfermedad y muerte en España”.

Un control sobre un camión de encomiendas que salía de Posadas, Misiones, dejó al descubierto 489,615 kilogramos de marihuana ocultos en 30 cajas de madera. Por el traslado de ese cargamento hacia la provincia de Buenos Aires, la Justicia federal de Misiones formalizó la investigación contra dos hombres y una mujer, que cumplirán arresto domiciliario con monitoreo electrónico durante 171 días.

La medida fue dispuesta por la jueza federal de Garantías María Verónica Skanata, a pedido del Ministerio Público Fiscal. Los imputados fueron identificados por sus iniciales como R.E.A., de 27 años; A.Y.A., de 35; y S.J.K., de 27 años. En esta etapa inicial, se les atribuyó la coautoría del delito de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de transporte, con el agravante de la participación de tres o más personas.

El caso comenzó el 24 de septiembre, durante un control efectuado por efectivos de la Sección San José del Escuadrón 8 “Alto Uruguay” de Gendarmería Nacional. Los agentes revisaron un camión de transporte de encomiendas perteneciente a la empresa Central Argentino, con destino a la provincia de Buenos Aires.

Durante la inspección, el personal utilizó un escáner móvil sobre el semirremolque. Las imágenes obtenidas mostraron indicios compatibles con la existencia de material orgánico dentro de la carga. También se sumó la reacción de un perro detector de narcóticos.

Frente a esos elementos, los efectivos se comunicaron con la auxiliar fiscal Gabriela Acasuso, de la Unidad Fiscal Posadas. Con autorización judicial, se levantaron los precintos del vehículo y se procedió a la apertura de las encomiendas que habían despertado sospechas durante el operativo.

El registro permitió encontrar 30 cajas de madera con 584 paquetes rectangulares envueltos en cinta de color ocre. Una prueba de orientación determinó que la sustancia era marihuana. El pesaje posterior estableció que el cargamento tenía un peso total de 489,615 kilogramos, una cantidad que la fiscalía consideró compatible con una maniobra de tráfico de gran escala.

La documentación adherida a las cajas consignaba datos de remitentes y destinatarios que, según las primeras medidas de la fiscalía, no se correspondían con quiénes habrían intervenido realmente en el envío y la recepción de la carga. Por eso, la investigación busca determinar quiénes prepararon las encomiendas, las despacharon y debían recibirlas.

A partir de los datos obtenidos, se realizaron procedimientos en Puerto Rico, Misiones. En esos operativos se incautaron teléfonos celulares, otros dispositivos electrónicos, documentación y distintos elementos que podrían aportar información sobre la logística del traslado y las comunicaciones entre las personas investigadas.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, el volumen de marihuana secuestrado, el modo en que los paquetes fueron acondicionados y su traslado dentro de un sistema de encomiendas permiten sostener provisoriamente que existió una organización coordinada para llevar la sustancia fuera de Misiones.

Al fundamentar el pedido de coerción, la fiscal sostuvo que los imputados poseen arraigo, aunque advirtió la existencia de riesgos concretos de entorpecimiento. Según planteó, la causa atraviesa una fase temprana y todavía requiere diligencias que podrían verse afectadas por la relación atribuida entre los acusados y por una eventual actuación conjunta.

La representante del MPF agregó como factores relevantes la gravedad de la imputación y la pena en expectativa, de acuerdo con la cantidad de droga decomisada. No obstante, pidió que los acusados no fueran alojados en un establecimiento penitenciario, sino que cumplieran una medida alternativa bajo supervisión.

La jueza aceptó esa solicitud y ordenó el arresto domiciliario. Los tres acusados continuarán sometidos a la investigación mientras se producen las pruebas solicitadas. La imputación formalizada no implica una condena y su situación procesal deberá definirse a partir de la evidencia que reúna la fiscalía durante el plazo de investigación establecido.

Michael Douglas reconoció en sus memorias haber traficado marihuana entre California y Nueva York para financiar sus estudios universitarios y haber consumido LSD más de un centenar de veces a lo largo de tres años.

Los relatos forman parte de One Helluva Ride, su autobiografía publicada este martes 6 de octubre.

El actor de 82 años estudió en la Universidad de California en Santa Bárbara, donde su padre, el también actor Kirk Douglas, le entregó un fondo de 10 mil dólares y le aclaró que a partir de entonces debía valerse por sí mismo.

Sin respaldo económico familiar para afrontar los gastos universitarios, Michael ideó una solución tan rentable como ilegal.

Según relata en el libro, su padre le había regalado “dos hermosas y suaves maletas de cuero italiano” en Navidad, y él pronto descubrió su capacidad: cada una podía cargar 22 kilos de marihuana.

“Llenaba esas maletas con 44 kilos de hierba, que podía comprar por 75 dólares el kilo en California y vender a 500 en Nueva York”, escribió.

“Podía sentir culpa por mi parte en la distribución de drogas, pero era el paso de los sesenta a los setenta. Nadie necesitaba mi ayuda para encontrar el camino hacia las drogas”, justificó en el texto.

Cabe destacar que realizó el trayecto solo en dos ocasiones y se graduó sin deudas ni préstamos estudiantiles.

Michael Douglas tomó LSD más de cien veces

La relación de Douglas con las drogas no se limitó a transportar marihuana. En esos mismos años universitarios vivió en una comuna y tuvo un contacto intenso y prolongado con el LSD.

“Diría que a lo largo de tres años tomé LSD más de cien veces, pero nunca más de una vez por semana”, escribió. Añadió con ironía: “Porque era un hombre de moderación”.

Esa cultura del consumo se extendió más adelante a los rodajes de Hollywood. En el libro, el protagonista de Wall Street describe con naturalidad cómo se conseguían sustancias en los sets de filmación.

“Siempre había un miembro del equipo que era el contacto. Te podía conseguir lo que quisieras... Solo ibas al director de utilería o al coordinador de especialistas, quien fuera en la película que estabas rodando, y te lo conseguían”, escribió.

Su relación con la cocaína alcanzó su mayor intensidad. En una escena que incluye en sus memorias, describe con detalle las veladas que compartía con el entonces director de la revista Rolling Stone, Jann Wenner.

“No era inusual que consumiéramos un poco mientras nos preparábamos para salir, otro antes de cenar, otro en mitad de la cena y otro más después de cenar”, relató. En 1992, Douglas ingresó a rehabilitación.

Su ruptura con Catherine Zeta-Jones

Al margen de las adicciones, el libro también aborda la crisis matrimonial que Douglas atravesó junto a su esposa, la actriz Catherine Zeta-Jones, en 2013.

En una entrevista con The Sunday Times publicada en el marco del lanzamiento de la autobiografía, el actor rechazó la idea de que tuvo que “reconquistar” a su mujer tras la separación.

“¿Qué, la reconquisté? Fue mutuo”, respondió. “Tuvimos nuestros problemas, pero la amo profundamente y, 25 años, ya sabes”.

Y agregó: “No sé cuál sea tu estado civil, pero el matrimonio requiere mucho esfuerzo. Estamos bien. Estamos en buena forma”.

La pareja, que se casó en el Hotel Plaza de Nueva York en 2000 tras conocerse en el Festival de Cine de Deauville en 1998, atravesó un período de distanciamiento que Zeta-Jones confirmó públicamente en agosto de 2013.

El cáncer de lengua que Douglas enfrentó en 2010 y el tratamiento de la actriz por su trastorno bipolar tipo II habían pasado factura al matrimonio. La reconciliación llegó tres meses después del anuncio.

En sus memorias, escribe: “Desde el segundo en que nos separamos, nunca perdí la esperanza de que nos reconciliáramos”.

En ese sentido, indicó en esas mismas declaraciones: “Amo a Catherine de una manera en que nunca amé a ninguna otra mujer. Es mi esposa, mi mejor amiga y mi compañera de vida. Nunca podría perderla”.

El matrimonio, que comparte hijo Dylan, de 26 años, y la hija Carys, de 23, celebró en noviembre pasado sus 25 años de casados.

Antes de convertirse en una amistad sostenida por el afecto y la confianza, la relación entre ambos tuvo un comienzo conflictivo. Ortega contó que todo surgió a partir de unas declaraciones públicas de García que lo dejaron expuesto y derivaron en la intervención de un abogado suyo.

“Con Charly empezamos peleando”, dijo entre risas el intérprete. que es la forma que hay que empezar con Charly”, agregó, antes de explicar que el músico había hecho comentarios sobre él en la prensa y que su representante legal decidió presentar una demanda.

El propio Ortega aclaró que no había buscado esa salida. “Le digo: ‘No, ¿para qué? No puede ser’”, recordó. La causa avanzó hasta una audiencia de conciliación, donde ocurrió la escena que cambió el tono de la relación entre los dos artistas.

Según el relato de Palito, al llegar a la audiencia judicial se encontró con Charly y el juez a cargo del expediente. El músico entró al lugar, se acercó y le hizo una propuesta directa: “Che, no nos peleemos más”.

Ortega respondió con sorpresa. “Yo no me peleo nunca”, le contestó. García insistió con la idea de dejar atrás el conflicto y, según contó el cantante, terminó por darle un abrazo. “Eso me quedó”, señaló al recordar aquel primer gesto de cercanía.

La disputa había concluido como suelen hacerlo este tipo de procesos, según describió: con una retractación de menor visibilidad que las críticas previas. “Le dedican cuatro páginas para criticarte y después ponen una cosa chiquita así que dice: ‘Pido disculpas’”, ironizó Ortega.

Con el tiempo, aquella tensión quedó atrás. El vínculo se profundizó cuando García atravesó un período delicado y fue internado en un centro médico. Ortega decidió visitarlo y recibió un pedido que lo marcó: “Por favor, sacame de aquí, sacame de aquí, sacame de aquí”.

Ortega interpretó que García necesitaba un ámbito distinto para continuar su recuperación. Le propuso que, cuando recibiera el alta, se instalara con él en Luján, donde tenía un espacio que podía ofrecerle tranquilidad y también un estudio de grabación.

La decisión requirió una autorización judicial. El cantante contó que una jueza le preguntó si estaba dispuesto a asumir la responsabilidad. “¿Usted se va a hacer responsable?”, fue la consulta que recordó. Ortega respondió que sí y firmó un documento que, según explicó, lo comprometía formalmente por la vida del músico.

“Me hicieron firmar un documento de responsabilidad, que yo me hacía responsable de la vida”, relató. Alfredo Leuco, quien participaba de la entrevista, definió el compromiso como “una mochila pesada”. Ortega coincidió en que se trataba de una situación compleja, aunque sostuvo que García tenía “semejante talento y todo por dar todavía”.

El músico se instaló en la propiedad de Ortega y permaneció allí durante cerca de un año. La convivencia exigía atención constante, sobre todo en los primeros meses. “Yo estuve un año permanentemente ahí”, contó el cantante.

Durante las noches, García podía despertarse cada dos o tres horas y pedir distintas cosas. Ortega explicó que, en algunos momentos, el artista perdía la noción del lugar donde se encontraba y gritaba. En ese contexto, su voz tenía un efecto inmediato.

“Él reconocía mi voz dentro de todo. Yo decía: ‘Charly, Charly’, y ahí paraba”, recordó. Entonces se acercaba, intentaba tranquilizarlo y lo acompañaba hasta que volviera a descansar. Esa dinámica se prolongó durante tres o cuatro meses, hasta que comenzó a advertir una recuperación.

El estudio de grabación que Ortega tenía en Luján se convirtió en una parte central de esa rutina. Cuando García se despertaba de madrugada, a las dos o las tres, quería ir a tocar. Ortega encendía los equipos y lo acompañaba.

“Decía: ‘Vamos al estudio, vamos al estudio’. Bueno, vamos al estudio”, relató. Allí descubrió una faceta de García que lo sorprendió: su conexión con el repertorio clásico y su capacidad para interpretar obras de ese universo musical.

“Nunca había escuchado tanta música clásica como en esa oportunidad”, afirmó Ortega. El cantante destacó la formación que tenía García desde niño y recordó que, a los 12 años, ya existía la posibilidad de que viajara a Europa para ofrecer conciertos de música clásica.

En las largas sesiones nocturnas, García tocaba melodías clásicas e improvisaba letras. Ortega permanecía en la consola durante una hora o una hora y media. Cuando advertía que el músico empezaba a cansarse, lo acompañaba de regreso para que retomara el descanso.

Lejos de definir aquella etapa únicamente desde la dificultad, Ortega la describió como una experiencia valiosa. “Fue un año de una experiencia casi maravillosa”, expresó, sin dejar de señalar las exigencias que implicó cuidar a García durante la recuperación.

Uno de los recuerdos que conserva de aquel tiempo ocurrió durante una salida a la ciudad. Ortega y García pasaron frente a la Basílica de Luján y el cantante le planteó una idea para cuando estuviera completamente recuperado.

“El primer concierto tuyo, yo te voy a armar un escenario en la puerta de la Basílica y vas a cantar”, le prometió. Su plan era que no hubiera convocatoria previa y que la ciudad despertara con la música de García a las siete y media de la mañana.

La propuesta dejó al músico sorprendido. García lo miró y respondió con una pregunta que, según Ortega, sintetizaba su humor: “¿Y por qué no a las siete y media de la tarde?”.

La secuencia de operativos dejó más de 800 porciones de presuntas drogas, armas de fuego y otros objetos ilícitos incautados en dos zonas de República Dominicana, en medio de los refuerzos policiales desplegados ante la preocupación por hechos de violencia registrados en los últimos meses.

El primer operativo tuvo lugar en Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata, donde agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) y de la Policía Preventiva detuvieron a dos hombres y les decomisaron más de 600 porciones de sustancias que serán sometidas a análisis.

En una intervención en la calle Proyecto, en el sector Tarana, fue arrestado Inocencio de Jesús Javier Peña, de 33 años. Según el informe policial, los agentes le ocuparon más de 400 porciones de presuntas drogas, entre ellas un material rocoso que se presume era crack.

Durante ese procedimiento, la Policía también incautó una pistola Glock sin documentación, un cargador y 30 cápsulas. De forma inmediata las autoridades no informaron si el arma había sido utilizada en algún hecho delictivo previo.

De forma parelela en el mismo municipio, los agentes apresaron a Miguel Starly Peña Rivera, de 24 años, a quien atribuyen la posesión de 256 porciones de presuntas sustancias ilícitas. En ese caso fue ocupada una pistola Taurus sin documentos y un teléfono celular.

Cinco detenidos en dos intervenciones policiales

Con los dos arrestos en Monte Plata y las tres capturas posteriores en Sabana Perdida, los operativos dejaron al menos cinco detenidos. Todos quedaron bajo control de las autoridades competentes para los procedimientos legales correspondientes.

Las intervenciones forman parte de la respuesta policial ante los episodios de violencia que han generado preocupación en distintos puntos del país. Durante septiembre se reportó un aumento de los homicidios, mientras las autoridades reforzaron los patrullajes, las investigaciones y las acciones contra el microtráfico.

La Policía ha sostenido que los operativos buscan retirar armas ilegales y sustancias controladas de circulación, además de identificar a personas que podrían estar vinculadas con actividades delictivas.

En Sabana Perdida ocuparon 211 porciones y un arma ilegal

El segundo caso ocurrió en Sabana Perdida, municipio Santo Domingo Norte, donde miembros de la Subdirección de Inteligencia (DINTEL) arrestaron a tres personas durante varios operativos focalizados contra el microtráfico.

Los agentes informaron el decomiso de 211 porciones de presuntas drogas, entre ellas polvo blanco que se presume era cocaína, material rocoso presuntamente crack y vegetal verde que sería marihuana.

Además, ocuparon un arma de fuego de procedencia ilegal, armas blancas, un cargador, seis cápsulas, balanzas, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Las balanzas y los teléfonos celulares serán incorporados a la investigación, que busca establecer el origen de las sustancias y determinar si los detenidos integraban una estructura de distribución local.

La suma de los decomisos en Monte Plata y Sabana Perdida supera las 800 porciones de presuntas sustancias narcóticas. Las autoridades indicaron que las evidencias serán remitidas a los departamentos correspondientes para su análisis y para ampliar las pesquisas sobre los casos.

Durante las últimas semanas las autoridades no solo han reportado un incremento en la detección de drogas, sino también en ilícitos como chalecos antibalas que simulan uniformes policiales que podrían ser utilizados por las estructuras criminales para pasar desapercibidas en las calles.

“Mi versión de los hechos no son los hechos”, advierte Natza Farré en las primeras páginas de La última vez que te digo adiós (Sexto Piso, publicado también en catalán en Angle Editorial). En esta novela, la periodista de programas como La competència (RAC1) o Ja t’ho faràs (TV3) reconstruye una historia que llevaba “muchos años” en su mente: la de cómo le afectó a su familia la adicción a la heroína de su hermano mayor, quien acabó falleciendo por su consumo.

“Tenía un tapón en la cabeza, y al final esta historia me estaba presionando tanto que tuve que sacarla para poder tener espacio en el cerebro”, explica Farré en su entrevista con Infobae. Fue ella misma la que contactó con la editorial para publicar el libro y la que, en pocos meses, tuvo compuesto un libro en el que, a través de distintos recuerdos separados, presenta un diorama del dolor de una familia y de sus propias vivencias, marcadas por la ira, la pena y la impotencia.

De todo ese ejercicio de escritura, donde destacan el humor y la crudeza con la que la autora aborda todo lo ocurrido, queda una obra con tintes autobiográficos en la que, advierte ella misma, no todo es verdad. “Para mí los recuerdos tienen un punto ficcional, la memoria es muy traicionera y recordamos lo que recordamos”. Esto no es un obstáculo, sino el centro mismo del relato. “Te estás moviendo siempre en u espacio que es ficción y no ficción a la vez. Como periodista, me interesaba mucho eso: qué es verdad y qué no, cómo se construye la verdad”.

“Todos hemos recibido un trauma”

En las décadas de los 80 y los 90, murieron decenas de miles de personas a causa de la adicción a la heroína. El Observatorio Español de la Droga y las Adicciones (OEDA) cifra las muertes estimadas en casi 20.000, aunque probablemente la cifra sea mucho mayor. La heroína no solo mataba por sobredosis o reacción aguda, sino que también provocaba enfermedades como el VIH o la hepatitis C.

Además, también están todas las familias que decidieron ocultar lo que les ocurría a sus hijos. La propia Natza, que vio cómo en su familia se mantenía aquel silencio, descubrió años más tarde cómo personas cercanas también habían pasado por experiencias similares sin que ella lo supiera. “Era algo muy propio de la época, no contarlo era un pacto no escrito, pero es algo que también sigue pasando: con este tipo de enfermedad (desde los años 50, las adicciones se consideran una patología susceptible de tratamiento) o con la salud mental. El silencio y la vergüenza siguen pesando”.

Pero si al no nombrar algo se pretende que deje de existir, nada impide los efectos devastadores que pueda provocar por el camino. Para Farré, el daño no alcanza solo a quien consume: “Se lleva por delante a toda una familia”. “Nadie sale indemne de esta situación y todos hemos recibido un trauma”, continúa en relación con sus hermanos. Al dolor de ver que uno de los suyos no podía superar su enfermedad se suma el abandono involuntario que sufrieron cuando el dolor de uno de ellos desplazó a los demás “a un segundo plano”. “Esto afecta al crecimiento de cualquier persona”.

Una “epidemia” de la que muchos se aprovechan

En La última vez que te digo adiós también se recomponen algunas de las fases por las que pasó el hermano de Natza Farré, de quien se incluyen incluso cartas escritas por él mismo. Uno de los momentos más sorprendentes se produce cuando entra en una organización para desintoxicarse que, sin embargo, acaba transformándose en una secta. “Muchos de los chicos y chicas que entraron en este tipo de organizaciones lograron salir de la heroína en un momento dado”, reconoce, si bien señala que, en muchos casos, las familias no tenían otra alternativa: “Allí es donde iba a parar mucha gente”.

Este y otros casos muestran cómo, a pesar del dolor que provocan la heroína y otras drogas, “todo el mundo se aprovecha de la miseria humana”. Además, para Farré no parece que se haya aprendido la lección respecto a cómo actuar frente a lo que define como “una epidemia”: “Cambia la droga, pero se repite el mismo patrón”.

“Yo entiendo las adicciones, puedo entender que alguien se drogue, puedo entender que alguien busque una manera de estar mejor en este mundo, aunque sea una manera con tantas consecuencias”, continúa Farré, que sin embargo pone el foco en el mercado de las drogas, la corrupción y quienes negocian con el sufrimiento de los adictos. “Lo que más rabia da es todo lo que implica el mercado, quién se aprovecha y quién está ganando mucho dinero a costa de esto”.

Empatizar con los demás para sobrevivir

La novela de Natza Farré le ha quitado el “tapón” a su autora, pero al mismo tiempo la ha puesto en contacto con las historias de muchas personas que, leyéndola, se han sentido identificadas. Que sus recuerdos hayan podido servir a otros es una de las mayores alegrías de la escritora. “Mi objetivo era contar mi historia, pero también contar la historia de una época, de una generación y de mucha gente”.

Si su apuesta ha funcionado, es gracias a ese curioso milagro que tienen las historias, que nos vinculan a otros y nos hacen reconocernos, desde fuera y desde dentro, en lo que leemos. “Necesitas generar empatía con lo que estás leyendo. Cuando la historia es personal y cuando la historia, además, te puede llevar a ti, como lector, a tantos sitios (no hace falta que hayas tenido un hermano yonqui, sencillamente hace falta tener una familia o sentir las emociones que describo), conectas muy rápidamente. La empatía es un mecanismo de supervivencia”.

En eso, bien seguro, tiene mucho que ver ese humor que mencionábamos con el que la escritora nos lo cuenta todo. “Creo que el humor es una buena manera de vivir y de soportarlo todo, pero también una muy buena manera de comunicar; más aún en una historia tan dura que necesitaba también un poco de equilibrio. El humor es muy eficaz y muy menospreciado en la literatura, sobre todo a la hora de poder contar las cosas y poder conectar con ellas”.

Desde hace pocos meses, la idea de recuperar las penas de muerte en Argelia ha cobrado peso en los discursos de su presidente, Abdelmadjid Tebboune. Nunca dejaron de existir legalmente, pero las condenas en los últimos años acabaron suspendidas y hay que retroceder hasta 1993 para encontrar las últimas ejecuciones. Dos de los principales problemas del país, los incendios forestales y el narcotráfico, han sido los causantes de este nuevo giro de guion que ahora se materializa con nueve personas destinadas a morir.

Hasta hace un año, el tráfico de drogas no era un delito que contase con la pena de muerte como una posibilidad. Tebboune busca dar un paso adelante en la seguridad del país y, a pesar de las críticas internacionales de asociaciones como Amnistía Internacional, no le ha temblado el pulso en recuperar la opción de que un juez decida sobre la vida o muerte de una persona. No es la única medida drástica que ha tomado. Este verano también anunció la creación de una cárcel de alta seguridad en medio del desierto del Sáhara destinada a recibir narcotraficantes.

Nueve condenas a muerte

El Tribunal Penal de Argel dictó este lunes nueve condenas a muerte por tráfico de drogas, las primeras aplicadas en virtud de la Ley 25-03, aprobada el 1 de julio de 2025. Las penas alcanzaron a tres acusados presentes en la audiencia y a otros seis juzgados en ausencia. El caso incluye el tráfico de 113 kilogramos de cocaína y 225.030 comprimidos de pregabalina, según informó el Consejo Judicial de Argel.

Los procesados enfrentaron cargos por “importación, transporte, envío y almacenamiento con fines de venta de drogas duras y sustancias psicotrópicas”, dentro de “una organización criminal” que, de acuerdo con la acusación, buscaba “atentar contra la seguridad nacional y perturbar el orden y la seguridad públicos”. La causa también incluyó imputaciones por “contrabando, usurpación de identidad, inmigración ilegal, estancia irregular y blanqueo de dinero”.

Amnistía pidió al Senado frenar la pena de muerte

Amnistía Internacional pidió al Consejo de la Nación de Argelia días antes de esta sentencia que rechazara una reforma del Código Penal que ampliaba los delitos castigados con pena de muerte, tras más de 30 años sin ejecuciones en el país. La organización cuestionó la aprobación de las enmiendas en la Asamblea Nacional Popular, la cámara baja del Parlamento. Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, afirmó que la medida supone “un tremendo revés para los derechos humanos” y vulnera las obligaciones internacionales de Argelia.

La iniciativa llegó un mes después de los incendios forestales que afectaron el noreste del país entre el 26 y el 30 de agosto. Tras esos siniestros, el presidente Tebboune ordenó reformar el Código Penal para “restaurar” la pena capital en casos de incendio provocado. Según Amnistía, las enmiendas prevén esa sanción para conductas de definición amplia, como “instigar, promover o facilitar” incendios, incluso a través de redes sociales. También contemplan la pena de muerte por secuestro, tortura y agresión sexual contra menores, junto al narcotráfico. “La trágica pérdida de vidas que causaron [los incendios] no puede servir para justificar más pérdida de vidas”, sostuvo Eltahawy.

Siete personas fueron detenidas en la Ciudad de México durante una serie de cateos y una acción paralela contra una célula delictiva identificada como “El Güero Fresa” que, de acuerdo con las investigaciones, tiene presencia en el oriente de la capital, así como en municipios del Estado de México e Hidalgo.

Cinco de las capturas ocurrieron durante siete cateos simultáneos realizados en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, mientras que otras dos personas fueron detenidas en flagrancia en una acción desarrollada en Iztapalapa. Las autoridades aseguraron diversas dosis de narcóticos, dos réplicas de armas de fuego, teléfonos celulares y vehículos.

Entre los detenidos durante los cateos se encuentran Ignacio “N”, de 48 años; Hugo Enrique “N”, de 42; César “N”, de 37; Verónica Esmeralda “N”, de 35; y Javier “N”, de 22.

En una acción paralela realizada en la colonia San Antonio, Iztapalapa, fueron detenidos Damián Ulises “N”, de 30 años, y Karen Guadalupe “N, de 29, quienes llevaban 139 dosis de narcóticos.

Las autoridades identificaron a los siete como presuntos integrantes de una célula denominada “El Güero Fresa”, a la que atribuyen actividades relacionadas con la venta, distribución y almacenamiento de drogas en la zona oriente de la Ciudad de México y con presencia en el Estado de México e Hidalgo.

Los cateos se concentraron en Iztapalapa y Tláhuac

Uno de los operativos se realizó en un inmueble de la calle 2, en la colonia José López Portillo, Iztapalapa, donde fueron localizados 22 paquetes con una sustancia con características de cocaína, siete bolsas con una sustancia similar a la piedra, cinco envoltorios con una sustancia sólida y dos teléfonos celulares. En el lugar fueron detenidos Verónica Esmeralda “N” e Ignacio “N”.

En otro inmueble de la calle 14, también en la colonia José López Portillo, fue detenido Hugo Enrique “N”. En ese sitio fueron aseguradas dos réplicas de armas de fuego, 18 bolsas con marihuana, 48 envoltorios con una sustancia con características de cristal y cuatro teléfonos celulares.

El tercer cateo con información detallada se realizó en la calle 4 de la misma colonia, donde fueron encontrados 25 envoltorios con marihuana, una bolsa con la misma sustancia a granel, 24 bolsas con narcóticos y 17 envoltorios con una sustancia con características de cocaína. Ahí fueron detenidos César “N” y Javier “N”.

Los otros cuatro cateos se realizaron en inmuebles ubicados en las colonias José López Portillo, Valle de San Lorenzo y Área Rural, en Iztapalapa y Tláhuac. La información difundida por las autoridades no detalló los objetos asegurados en cada uno de esos domicilios.

Dos detenidos en flagrancia llevaban 139 dosis de narcóticos

Mientras se desarrollaban los cateos, agentes realizaron una acción paralela en la colonia San Antonio, Iztapalapa, donde detuvieron a Damián Ulises “N” y Karen Guadalupe “N”.

A ambos les fueron aseguradas 139 dosis de narcóticos, además de una motocicleta y un vehículo tipo motoneta, de acuerdo con la información oficial.

Después de las capturas, las siete personas fueron trasladadas ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica. Los inmuebles cateados quedaron asegurados y bajo resguardo policial mientras continúan las investigaciones. En las acciones participaron elementos de SSPC, FGR, Defensa y GN, en coordinación con la SSC y la Fiscalía CDMX.

El Güero Fresa: origen, antecedentes y cómo opera la organización en el oriente de CDMX

El nombre de “El Güero Fresa” comenzó a aparecer en investigaciones de autoridades capitalinas al menos desde 2020, cuando comerciantes y transportistas de Iztapalapa y Tláhuac denunciaron amenazas y extorsiones atribuidas a un hombre que se identificaba con ese alias. En ese momento, las autoridades todavía no habían establecido públicamente la identidad de quien encabezaba la estructura.

Posteriormente, investigaciones revelaron que bajo ese apodo se encontraba Pedro Contreras Galindo, señalado como líder de un grupo dedicado al narcomenudeo y la extorsión, con actividad principalmente en el oriente de la capital. Para octubre de 2020 ya existían denuncias de comerciantes que colocaron mantas para señalarlo como responsable de exigir dinero a cambio de permitirles continuar con sus actividades.

Una de las investigaciones documentó amenazas contra transportistas. De acuerdo con la carpeta de investigación CI-FIIZP/IZP-6/UI-1 C/D/01302/08-2020 —consultada por Infobae México—, integrantes del grupo exigían cuatro mil pesos por cada unidad de una ruta y una cuota semanal de 400 pesos por vehículo, bajo amenazas de incendiar los autobuses si no realizaban los pagos. En otro caso incluido en la misma carpeta, un chofer reportó que uno de sus autobuses fue incendiado después de recibir amenazas relacionadas con el cobro de cuotas.

La actividad atribuida a la estructura no se limitaba a la extorsión. Las investigaciones de la Fiscalía capitalina también la relacionaron con la venta y distribución de drogas y con el despojo de inmuebles en Iztapalapa y Tláhuac. En 2021, además, autoridades identificaron a integrantes del grupo en puntos de narcomenudeo de la colonia José López Portillo, donde fueron aseguradas cantidades de marihuana y cocaína, así como armas y cartuchos.

Pedro Contreras fue detenido en diciembre de 2021 en la colonia Bondojito, en Gustavo A. Madero. Durante el operativo le aseguraron un fusil tipo AR, una pistola y marihuana. La Fiscalía lo identificó entonces como posible líder de un grupo que operaba en Iztapalapa y Tláhuac y lo puso a disposición de un juez por delitos contra la salud, portación de arma de fuego y cohecho.

La estructura también fue relacionada con una disputa territorial con remanentes del Cártel de Tláhuac. Las investigaciones ubicaron su actividad en colonias como Barrio San Antonio, El Rosario, José López Portillo, Jardines de San Lorenzo, Barrio Guadalupe y Villa del Mar, además de distintas zonas de Tláhuac.

La detención de Pedro Contreras no significó que desaparecieran las células asociadas con el nombre. En julio de 2021, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó la captura de 10 presuntos integrantes del grupo en Tláhuac e Iztapalapa, a quienes aseguró cocaína, piedra, marihuana y dinero en efectivo.

En años posteriores, las autoridades continuaron identificando operadores relacionados con esta estructura. En abril de 2025 fue asesinado Rafael Contreras Galindo, conocido como “El Fantasma” y hermano de Pedro Contreras, en Valle de San Lorenzo, Iztapalapa. Las investigaciones lo señalaban como integrante de la estructura y lo relacionaban con extorsión y narcotráfico en el oriente de la capital.

Los reportes sobre el grupo también muestran una operación mediante células y operadores en distintos puntos del oriente capitalino. En 2025 fue detenido en Valle de Chalco un presunto operador identificado como Williams Jesús “N”, señalado de pertenecer a la estructura y relacionado con narcomenudeo, extorsión, despojo, robo y homicidio de integrantes de grupos rivales.

La actividad atribuida a la organización continuó apareciendo en investigaciones durante 2026. En julio, un juez vinculó a proceso a Israel “N”, identificado como presunto integrante de una célula de “El Güero Fresa”, por un caso de homicidio calificado en grado de tentativa ocurrido durante un enfrentamiento en Iztapalapa. Las autoridades lo relacionaron con una estructura dedicada, entre otros delitos, a extorsión, narcomenudeo y homicidio.

El operativo de octubre de 2026 vuelve a ubicar a la estructura en Iztapalapa y Tláhuac. Los antecedentes documentados muestran una estructura que ha sido vinculada a narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, amenazas, despojo y hechos violentos.

La Policía Nacional incautó 500 ampollas de fentanilo mientras eran transportadas como encomienda en un vehículo de servicio público que cubría la ruta entre Barranquilla y Santa Marta, lo que generó preocupación entre las autoridades locales.

El cargamento, de acuerdo con información revelada por las autoridades, tenía un valor aproximado de $300 millones, desatando una alerta por las graves consecuencias que tiene esta droga sintética en el organismo.

El procedimiento estuvo a cargo de la Seccional de Tránsito y Transporte, cuyos uniformados inspeccionaron el automotor durante los controles que se mantienen en los corredores viales del área metropolitana de la capital de Magdalena.

La caja estaba en la bodega del vehículo de servicio público

Durante la revisión de la bodega del bus, los policías ubicaron una caja enviada bajo la modalidad de encomienda. En su interior encontraron las 500 ampollas de fentanilo de 10 mililitros cada una, según la información publicada por los medios locales El Informador de Santa Marta y Zona Cero.

La sustancia fue incautada de inmediato y quedó a disposición de las autoridades, que tendrán que establecer su procedencia, el destino previsto y las circunstancias en las que era transportada.

La Policía mantendrá la atención sobre las encomiendas

Ante la gravedad de lo ocurrido, el comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Jeyson Haird López Puerto, indicó que los operativos se fortalecerán en las vías de la ciudad y su área metropolitana, con énfasis en el transporte de paquetes y encomiendas.

“La Policía Nacional continuará desplegando controles operativos y de prevención en los diferentes corredores viales del área metropolitana, con especial atención al transporte de encomiendas”, señaló el oficial.

Del mismo modo, la institución pidió a ciudadanos y empresas transportadoras suministrar información que permita prevenir el traslado ilegal de sustancias controladas. Los reportes pueden realizarse mediante la línea 123.

Qué sucede al consumir fentanilo

De acuerdo con el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos, el fentanilo es un opioide sintético. En medicina se usa para el dolor intenso bajo control profesional, pero su consumo como droga puede causar una sobredosis con rapidez, sobre todo cuando la dosis o la composición son desconocidas.

Las autoridades médicas indican que este actúa sobre receptores opioides del cerebro y la médula espinal. Puede generar analgesia, sedación y euforia, pero también reduce la actividad de las áreas que regulan la respiración. Entre las consecuencias inmediatas se destacan:

• Somnolencia, confusión y dificultad para concentrarse.
• Sensación de bienestar o euforia.
• Náuseas, vómitos y estreñimiento.
• Pupilas muy contraídas.
• Mareos, baja presión arterial y ritmo cardíaco lento.
• Respiración lenta, superficial o detenida.

El riesgo central es la depresión respiratoria: la persona deja de recibir suficiente oxígeno, puede perder el conocimiento, entrar en coma y morir.

Consecuencias del consumo repetido

• Tolerancia: se necesitan cantidades mayores para sentir el mismo efecto.
• Dependencia física: el organismo se adapta a la sustancia.
• Trastorno por consumo de opioides o adicción: deseo intenso de consumir, pérdida de control y continuidad del uso pese a los daños.
• Abstinencia al suspenderlo: dolor muscular y óseo, escalofríos, ansiedad, inquietud, calambres, diarrea y vómitos.
• Mayor riesgo de sobredosis tras un período sin consumo, porque disminuye la tolerancia.

El peligro aumenta si se mezcla con alcohol u otros sedantes. Esa combinación puede profundizar la sedación y detener la respiración.

Señales de sobredosis

• No responde o no se puede despertar.
• Respira muy despacio, de forma irregular o no respira.
• Hace sonidos de ronquido, gorgoteo o ahogo.
• Tiene labios, uñas o piel azulados, grises o violáceos.
• Presenta pupilas puntiformes y piel fría o húmeda.

Ante una sospecha de sobredosis, hay que llamar a la línea de emergencias 123 de inmediato. Los especialistas recomiendan que la persona afectada debe estar acompañada por alguien que se encargue de vigilar su respiración.

Tras la muerte de Ken Urker, Gypsy Rose Blanchard lanzó una petición para combatir el acoso en redes sociales y aseguró que su expareja sufrió hostigamiento sistemático en plataformas digitales antes de fallecer, el 1 de octubre, en su domicilio de Raceland, Luisiana, el día que cumplía 34 años.

“Solo tengo a mi hija y mi voz”, escribió Blanchard, de 35 años, en Instagram el domingo 4 de octubre, refiriéndose a Aurora, de 16 meses. “En honor a Ken, les pido su apoyo para la Ley Kenan”.

La campaña, lanzada a través de Change.org, apunta a modificar la manera en que las plataformas de redes sociales gestionan denuncias reiteradas de acoso. La petición reunía 382 firmas al momento de la publicación.

“Antes de su fallecimiento, Ken experimentó una cantidad abrumadora de escrutinio en línea y lo que creímos que cruzaba la línea hacia el acoso dirigido y el ciberacoso”, afirmó Blanchard.

Y agregó: “Se realizaron denuncias en múltiples plataformas y, con demasiada frecuencia, la respuesta fue simplemente: ‘No hay violación’”.

La Ley Kenan, tal como la describe su impulsora, contempla la creación de procedimientos más estrictos para el tratamiento de denuncias graves y reiteradas.

Entre los requisitos que pide a los legisladores considerar figuran la revisión humana de casos, apelaciones con valor real, preservación de pruebas, transparencia y evaluación basada en patrones.

“Una publicación vista de forma aislada puede no contar la historia completa, pero cientos de publicaciones, videos y comentarios dirigidos a una persona pueden revelar un patrón que merece una revisión seria”, escribió Blanchard en Instagram.

La protagonista de Gypsy Rose: Life After Lock Up aclaró que la iniciativa no busca restringir la libertad de expresión.

“Esto no se trata de silenciar las críticas ni de quitarle la libertad de expresión a nadie. Las figuras públicas pueden y deben ser criticadas. Pero las figuras públicas siguen siendo seres humanos, y la fama nunca debería borrar la humanidad de alguien”, señaló en sus redes.

En esa misma línea, sostuvo: “La muerte de Ken me ha hecho estar decidida a convertir el dolor en propósito. No puedo cambiar lo que ocurrió, pero sí puedo abogar por un sistema mejor para la próxima persona que sienta que nadie la escucha”.

Ken Urker fue hallado muerto en su cama el 1 de octubre por un familiar. Previamente, un registro del despacho al 911 reveló que había amenazado con suicidarse poco antes de ser encontrado.

El cuerpo fue descubierto junto a drogas, parafernalia relacionada y un arma de fuego. La causa oficial de muerte no ha sido divulgada mientras continúa la investigación.

Gypsy Rose Blanchard declaró a People que sospecha que se trató de una sobredosis, aunque no pudo precisar si fue intencional.

La hermana de Urker cuestiona las declaraciones públicas de Gypsy Rose Blanchard

Autumn Urker, hermana de 31 años del fallecido, cuestionó la versión que Blanchard dio sobre las circunstancias previas al hallazgo del cuerpo.

La mujer aseguró que su hermano no fue encontrado a raíz de un mensaje de texto de cumpleaños enviado por su expareja, versión que había circulado previamente en medios.

“Gypsy no tenía derecho a mentir y decir que fue porque ella le envió un texto”, afirmó Autumn en declaraciones a The US Sun. Además, señaló que fue Dylan, hermano de Blanchard, junto a su esposa y otra persona, quienes hallaron a Urker.

Asimismo, negó que la pareja estuviera comprometida o planificara un segundo hijo, como supuestamente habría comentado Blanchard en su círculo cercano.

Según Autumn, la relación había terminado más de un mes antes de la muerte de Ken, y fue él quien tomó la decisión de separarse.

“Cuando dijo ‘se acabó’, ella hacía algo, y siempre terminaba en una pelea cada vez que se separaban”, señaló al mismo medio.

Una fuente cercana a ambos confirmó que la ruptura había ocurrido aproximadamente un mes antes del fallecimiento, aunque llevaban unos dos meses viviendo separados.

“Fue un acuerdo mutuo. No hubo nada turbio... Solo se dijeron: ‘dejémoslo aquí, tengamos nuestro espacio y veamos qué pasa’. Estaban criando a su hija juntos”, indicó la fuente.

En una transmisión en vivo de TikTok, Autumn también reveló que las últimas palabras que su hermano le dirigió fueron “te quiero”. Recordó que, en su última conversación, él le dijo que iba a casa a dormir porque al día siguiente tenía trabajo.

El exesposo de Blanchard, Ryan Anderson, de 40 años, también se pronunció sobre el deceso durante una aparición en The Sarah Fraser Show el viernes.

“No lo creía al principio. Mi primer pensamiento fue: ‘¿Cómo pasó esto?’. Y de inmediato pensé: ‘¿Cómo está Gypsy? ¿Cómo está la niña?’”, expresó Anderson en el programa.

En 2016, Gypsy Rose Blanchard se declaró culpable de asesinato en segundo grado por haber conspirado con su entonces novio, Nicholas Godejohn, para matar a su madre, Clauddine “Dee Dee” Blanchard, quien fue hallada apuñalada en su domicilio de Springfield, Misuri, en junio de 2015.

Fue condenada a 10 años de prisión y quedó en libertad condicional en diciembre de 2023, tras cumplir siete años de condena. Godejohn, quien ejecutó el ataque, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

La Policía Nacional reportó 48,407 capturas en Panamá en lo que va de 2026, como resultado de operativos, acciones preventivas y labores de inteligencia desarrolladas en todo el país.

La institución presentó las cifras como parte de su estrategia de seguridad ciudadana, mientras nuevos episodios de violencia armada continúan registrándose en distintos sectores, entre ellos Villa Lucre, en San Miguelito.

Del total informado, 31,538 personas fueron aprehendidas por requerimientos mediante oficio, mientras otras 13,985 capturas estuvieron relacionadas con faltas administrativas.

La estadística incluye 2,272 aprehendidos por microtráfico, 310 por narcotráfico y 302 por homicidio, según el balance divulgado este viernes por la institución.

La Policía también informó la incautación de 19,390 paquetes de presuntas sustancias ilícitas durante las operaciones realizadas este año. En materia de armas, sin embargo, dos comunicados oficiales consecutivos presentan cifras diferentes: el publicado el jueves reportó 2,293 armas decomisadas, mientras que el balance divulgado este viernes contabilizó 2,191.

En el reporte específico sobre armamento, la institución detalló que 967 de las armas incautadas son pistolas y 546 corresponden a fusiles. El inventario incluye además 316 revólveres, 155 escopetas y 102 rifles, junto con 99 armas tipo pellet, tres mini Uzi, dos subametralladoras y un arma tipo niple.

En los delitos vinculados con sustancias ilícitas, las capturas por microtráfico superan ampliamente las asociadas al narcotráfico. Ambas categorías acumulan 2,582 aprehensiones durante 2026, mientras los casos de venta de menor escala representan cerca del 88% de ese grupo registrado por la Policía Nacional.

El balance específico de armamento muestra además una fuerte concentración de pistolas y fusiles entre las piezas retiradas de circulación. Ambas categorías suman 1,513 unidades y representan cerca de dos tercios de las 2,293 armas detalladas por la institución en ese reporte.

Las estadísticas divulgadas también dejan una diferencia de 102 armas entre los dos balances oficiales difundidos por la Policía. Mientras un reporte contabiliza 2,191 decomisos, el informe específico sobre armamento eleva la cantidad a 2,293, sin que en la información suministrada se explique la razón de esa variación.

Mientras la Policía divulga los resultados de sus operativos, la violencia armada continúa dejando episodios en las calles de Panamá. Uno de los más recientes ocurrió en Villa Lucre, donde un hombre fue atacado a tiros cuando se desplazaba en su vehículo y los agresores, de acuerdo con reportes preliminares, viajaban en una motocicleta.

Pese a resultar herido, la víctima logró conducir hasta el Hospital Dra. Susana Jones Cano, donde recibió atención médica. El ataque ocurrió en las inmediaciones de una plaza comercial de Villa Lucre, muy cerca de la estación del Metro, un sector de San Miguelito que ya había sido escenario de otro ataque armado semanas atrás.

El antecedente ocurrió el 25 de agosto en una plaza comercial de la misma zona, cuando dos hombres que se desplazaban en una motocicleta llegaron hasta un automóvil y dispararon contra sus ocupantes. Luis Enrique Bonilla Santo, de 32 años, murió dentro del vehículo, mientras Julissa Esther Guerra Lorenzo, quien estaba embarazada, quedó gravemente herida.

Guerra fue trasladada de urgencia al Hospital Dra. Susana Jones Cano, pero falleció posteriormente debido a las heridas. La muerte de la mujer también significó la pérdida de su embarazo. Más de un mes después del doble homicidio, no se ha informado públicamente sobre capturas relacionadas con aquel ataque.

La Policía había señalado posteriormente que mantenía abiertas distintas líneas de investigación por el doble crimen de Villa Lucre, entre ellas posibles vínculos con el crimen organizado y con préstamos informales conocidos como “gota a gota”. Los investigadores analizaron cámaras de videovigilancia y otros indicios para intentar identificar a los responsables.

El nuevo ataque vuelve a colocar a Villa Lucre bajo atención por hechos cometidos por agresores que utilizan motocicletas para movilizarse y escapar. Al mismo tiempo, las cifras oficiales muestran la magnitud de las operaciones policiales: más de 48 mil capturas y más de 2 mil armas retiradas de circulación durante los primeros nueve meses de 2026.

Un hombre fue condenado a cinco años de prisión efectiva tras admitir que vendía drogas desde una vivienda en Neuquén y que tenía armas de fuego sin autorización. La sentencia también incluyó una multa de 45 unidades fijas, estimada en cerca de $5 millones, y el decomiso de los elementos secuestrados.

El condenado es David Hernán Enríquez Romero, quien aceptó su responsabilidad mediante un acuerdo pleno presentado por el asistente letrado Luciano Vidal. El juez de garantías Juan Guaita homologó el entendimiento entre las partes y dispuso que la pena comience a ejecutarse de inmediato.

La investigación reunió dos hechos ocurridos durante 2026. El primero se centró en una vivienda del sector Atahualpa, donde, según la acusación, Enríquez Romero comercializó estupefacientes a lo largo de enero con la colaboración de una mujer que facilitaba el domicilio y atendía a quienes llegaban a comprar.

Las tareas de vigilancia permitieron registrar la dinámica de ingresos y egresos de personas en la propiedad. A ese trabajo se sumó el análisis de transferencias y operaciones en billeteras virtuales, que documentó al menos 14 movimientos compatibles con la comercialización de estupefacientes.

El 30 de enero, la Policía realizó un allanamiento en la vivienda de Gran Neuquén Sur. Durante el procedimiento se incautaron 53,6 gramos de cocaína y 8,1 gramos de cannabis, además de dinero en efectivo, teléfonos celulares, balanzas digitales y otros elementos que formaron parte de la pesquisa.

En el mismo domicilio fueron hallados dos revólveres aptos para el disparo: uno calibre 22 y otro calibre 38. Ninguna de las armas contaba con la autorización legal correspondiente, de acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía durante la audiencia.

La mujer que intervino en ese primer hecho recibió una condena condicional por su participación. La resolución respecto de Enríquez Romero contempló que el acusado tenía a su cargo la venta de droga y que la otra imputada facilitaba la casa y asistía en la atención de los compradores.

El segundo episodio ocurrió el 31 de mayo en el oeste de Neuquén, cuando Enríquez Romero circulaba en una motocicleta sin patente. Personal policial lo interceptó y, según detalló Vidal, el hombre brindó datos falsos sobre su identidad antes de intentar escapar a pie.

Durante esa secuencia, el acusado golpeó a los efectivos, conducta por la que también fue responsabilizado por resistencia a la autoridad. La moto, a su vez, presentaba irregularidades en las numeraciones del motor y del chasis, junto con daños en el tambor de arranque.

La requisa posterior permitió hallar 97 gramos de cocaína, dinero en efectivo, moneda extranjera, dos celulares y una balanza. Por el estado de identificación del vehículo, la Fiscalía incorporó la calificación de encubrimiento simple.

A partir de ambos hechos, Enríquez Romero fue declarado responsable de comercio de estupefacientes, tenencia ilegal de armas de fuego, resistencia a la autoridad, encubrimiento simple y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Al fundamentar la pena, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró la reiteración de las maniobras de venta, las cantidades de droga incautadas, la existencia de armas de fuego y el impacto de la actividad en la tranquilidad de los vecinos del sector.

Como atenuantes, se valoró que el imputado reconociera los hechos y que no registrara antecedentes condenatorios. Con esos elementos, las partes acordaron una pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo, además de la multa fijada en 45 unidades fijas.

Guaita también ordenó el decomiso de los bienes incautados, con la excepción de la vivienda familiar. La resolución autorizó, además, la destrucción de las sustancias estupefacientes secuestradas durante los procedimientos.

Debido a que la Fiscalía, la defensa y el condenado renunciaron a los plazos para impugnar el fallo, la ejecución de la pena quedó habilitada de forma inmediata.

La Cámara Federal de Casación Penal revocó una decisión que había impedido a un fiscal interino sostener una acusación en una causa por drogas en Comodoro Rivadavia y declaró válida su intervención. El fallo, dictado este jueves por Mariano Hernán Borinsky, respaldó las facultades del Procurador General de la Nación para cubrir transitoriamente cargos vacantes y ordenó que continúe la audiencia de control de acusación.

La controversia se produjo durante la aplicación del Código Procesal Penal Federal (CPPF), que asigna al Ministerio Público Fiscal la investigación y el ejercicio de la acusación y reserva a los jueces funciones de control. La discusión giró sobre quién está habilitado para representar al organismo acusador y sostener una acusación cuando el cargo es ocupado de manera interina.

La causa se inició en octubre de 2025 contra Luis Funes, investigado por presunta comercialización de estupefacientes. El expediente comenzó a partir de una denuncia anónima que indicaba que vendía drogas desde su domicilio de Comodoro Rivadavia.

A partir de esa información, la fiscalía encomendó tareas a la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales. Según el fallo, los investigadores observaron una concurrencia frecuente de personas a la vivienda y maniobras que interpretaron como entregas de droga mediante “pasamanos”. También siguieron el vehículo utilizado por Funes y detectaron encuentros breves en distintos puntos de la ciudad que, para la acusación, eran compatibles con una modalidad de venta tipo “delivery”.

El 21 de octubre de 2025 fueron allanados dos domicilios vinculados con el acusado. En la vivienda principal se secuestraron 294,2 gramos de clorhidrato de cocaína, en su mayoría enterrados en el patio, además de 22,02 gramos de cannabis, una balanza de precisión, recortes de nylon, dinero, teléfonos celulares y municiones. En el segundo inmueble se encontraron dinero, cartuchos y siete plantines de marihuana.

El peritaje sobre el teléfono de Funes detectó mensajes que, según el Ministerio Público Fiscal, aludían mediante lenguaje encriptado a pedidos de droga, deudas y operaciones de compraventa, junto con comprobantes de transferencias vinculados con la actividad investigada.

Concluida la investigación preparatoria, el fiscal Mariano Ignacio Sánchez, a cargo interinamente del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de Comodoro Rivadavia, acusó a Funes como presunto autor del delito de comercio de estupefacientes.

El conflicto surgió el 7 de agosto de 2026, durante la audiencia de control de acusación. Antes de comenzar, el juez de revisión Javier Leal de Ibarra preguntó a Sánchez si participaría algún otro fiscal con “acuerdo constitucional”. Ante la respuesta negativa, declaró de oficio inválida su intervención y ordenó que la acusación fuera ratificada dentro de los diez días por otro representante del Ministerio Público.

Sánchez pidió la revocatoria. Explicó que desde el 1° de abril de 2025 ya no actuaba como auxiliar fiscal, sino como fiscal interino, y que su designación había sido dispuesta mediante las resoluciones MP 57/25 y 71/25.

Leal de Ibarra mantuvo su criterio. Aclaró que no cuestionaba las facultades del procurador Eduardo Casal para organizar el Ministerio Público ni para cubrir vacantes, pero sostuvo que debía determinarse si esas decisiones administrativas bastaban para conferir las potestades procesales que el CPPF reserva al fiscal para formular y sostener una acusación.

También señaló que el control sobre la competencia, legitimación e investidura de quienes intervienen en el proceso forma parte de las atribuciones judiciales.

La cuestión llegó a Casación, máxima instancia penal del país. En la audiencia realizada este jueves intervinieron el fiscal general Raúl Omar Pleé, en representación del Ministerio Público Fiscal, y el abogado Guillermo Iglesias Faisca, defensor de Funes.

Borinsky revocó la decisión.

El camarista recordó que el artículo 120 de la Constitución Nacional reconoce al Ministerio Público como un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, y que la legislación orgánica faculta al Procurador General a administrar sus recursos humanos y cubrir interinamente cargos vacantes.

En el caso de Sánchez, señaló que había sido designado interinamente a partir del 1° de abril de 2025, luego de la renuncia del fiscal federal Norberto José Bellver, y que desde esa misma fecha había cesado formalmente su condición de auxiliar fiscal.

“La circunstancia de que la designación del fiscal Mariano Sánchez sea interina no es suficiente para afirmar que se encuentra privado de ejercer las funciones inherentes al cargo que transitoriamente ocupa”, planteó Borinsky.

El juez también fijó un límite al alcance del control jurisdiccional. “La potestad jurisdiccional de controlar la validez de los actos procesales y de resguardar las garantías del debido proceso no autoriza a sustituir al Procurador General en la selección del funcionario que ejercerá transitoriamente una función cuando la designación ha sido realizada de conformidad con las normas que regulan la materia”, afirmó.

Borinsky agregó que en la causa no se había demostrado un perjuicio concreto para Funes ni una afectación de sus garantías constitucionales.

También descartó que la prolongación de las interinidades bastara para invalidar una designación. “La eventual prolongación de una situación transitoria no transforma en ilegítimo el acto de designación ni autoriza a desconocer sus efectos mientras permanezca vigente”, escribió.

El fallo recordó que la misma cuestión ya había sido resuelta en julio en el precedente “Jaramillo”, también respecto de Sánchez, y que en agosto el juez de Casación Daniel Petrone adoptó el mismo criterio en el caso “Cáceres”.

La cuestión fue analizada además por sus posibles efectos sobre el funcionamiento del sistema acusatorio. En ese modelo, la invalidez de la intervención de un fiscal puede proyectarse sobre actos realizados durante la investigación y sobre etapas posteriores del proceso.

Borinsky advirtió que invalidar la actuación de fiscales interinos puede “comprometer la continuidad de los procesos y poner en cuestión acusaciones, acuerdos y otras decisiones adoptadas en la jurisdicción, con impacto sobre la celeridad, eficacia y normal funcionamiento del modelo acusatorio”.

Bajo esos términos, Casación declaró válida la intervención de Mariano Ignacio Sánchez y remitió el expediente a la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia para que se reanude y continúe la audiencia de control de acusación contra Luis Darío Funes.

El Ministerio Público (MP) desplegó este jueves 1 de octubre la Operación “Taranis”, un operativo con 15 allanamientos en distintos puntos de Honduras como parte de una investigación contra estructuras señaladas por su presunta participación en actividades de crimen organizado.

Las diligencias se concentran principalmente en el municipio de Guayape, departamento de Olancho, donde se ejecutan 12 allanamientos. Los otros tres registros se desarrollan en colonias del Distrito Central.

De acuerdo con la información divulgada por el organismo judicial, las acciones están dirigidas contra los grupos identificados como “Los Escoto” y “Mito Padilla”, a los que las investigaciones atribuyen presuntos vínculos delictivos con integrantes de la Pandilla 18.

La mayor parte del operativo se desarrolla en Guayape, departamento de Olancho, donde los equipos de investigación ingresan a 12 viviendas previamente identificadas.

Los otros tres allanamientos fueron programados en sectores del Distrito Central, como parte de una investigación que, tendría conexiones entre actividades desarrolladas en distintas zonas del país y la capital.

Las autoridades buscan localizar indicios que permitan documentar las actividades investigadas y fortalecer los expedientes relacionados con los presuntos integrantes de estas estructuras.

Los delitos investigados

Según el MP, las pesquisas relacionan a las estructuras investigadas con tráfico de drogas, almacenamiento de armas, asesinatos, secuestros y asociación para delinquir.

El MP sostiene que las actividades atribuidas a estos grupos tendrían presencia en zonas de Guayape y Orica, Francisco Morazán, y que algunas de sus conexiones se extenderían hacia sectores del Distrito Central.

Esos señalamientos forman parte de una investigación en curso y deberán sustentarse mediante los elementos obtenidos durante los allanamientos, que luego serán presentados ante las autoridades judiciales.

Uno de los objetivos de los allanamientos es localizar armas que, de acuerdo con las investigaciones estarían en poder de integrantes de estas organizaciones. Entre el armamento mencionado por las autoridades figuran fusiles AK-47, AR-15 y M-16.

Los agentes realizan registros en los inmuebles incluidos en las órdenes judiciales con el propósito de localizar y asegurar armas, municiones y otros elementos relacionados con las investigaciones. Además del armamento, los equipos buscan pruebas vinculadas con el tráfico de drogas y el almacenamiento de sustancias ilícitas.

Estructura de los grupos

Las diligencias no se limitan a la búsqueda de armas o drogas. Los investigadores también pretenden obtener elementos que permitan establecer cómo estarían organizadas las estructuras bajo investigación.

Los allanamientos pueden aportar información sobre posibles integrantes, comunicaciones, documentos, bienes u otros indicios que contribuyan a determinar las actividades atribuidas a los grupos.

El Ministerio Público explico que uno de los objetivos de la operación es afectar la capacidad operativa de las organizaciones investigadas y avanzar en la judicialización de los casos.

Qué se sabe de “Los Escoto” y “Mito Padilla”

Según el comunicado “Los Escoto” y “Mito Padilla” tendrían presuntos nexos con la Pandilla 18 y estarían vinculadas a actividades delictivas investigadas en Olancho, Francisco Morazán y el Distrito Central.

Las autoridades también sostienen que estos grupos habrían generado temor entre habitantes de las zonas donde presuntamente operan.

Los 15 allanamientos forman parte de una operación que permanece activa durante este jueves. A medida que avancen los registros, las autoridades podrían informar sobre posibles capturas, decomisos de armas, drogas u otros indicios encontrados en los inmuebles intervenidos.

Los resultados de la Operación Taranis dependerán de los hallazgos obtenidos durante las diligencias y de las acciones judiciales que puedan derivarse de ellos.

La operación es coordinada por el Equipo Fiscal Contra el Microtráfico de Drogas y Asociaciones para Delinquir y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

El Operativo Otomí ha dejado un saldo de 775 detenidos, 30 armas aseguradas y más de nueve kilogramos de droga en siete días de despliegue en el Estado de México, según informó la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad a través de un comunicado oficial.

La estrategia cuenta con más de 6 mil elementos de distintas corporaciones de seguridad, entre las que se encuentra el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría del Estado de México, policías municipales y las fiscalías General de la República y General de Justicia estatal. El operativo reforzó labores de vigilancia, patrullajes, inspección y acciones focalizadas en las zonas con mayor incidencia delictiva del Edomex.

Esta coordinación entre los tres órdenes de gobierno mantuvo el despliegue constante durante la primera semana de implementación, con un enfoque territorial concentrado en el oriente del estado, una de las regiones con mayor concentración de delitos de alto impacto en la entidad mexiquense.

Cuatrocientos detenidos corresponden a delitos contra la salud

De los 775 detenidos, 400 fueron aprehendidos por delitos contra la salud, la cifra más alta entre las categorías reportadas por las autoridades. Le siguieron 56 personas detenidas por portación de arma prohibida y 50 por robo, además de 46 casos vinculados a encubrimiento por receptación.

El reporte también documentó delitos de mayor gravedad: cinco personas fueron detenidas por privación de la libertad, cuatro por homicidio, tres por homicidio en grado de tentativa y dos por extorsión. La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) precisó que estas cifras representan solo una parte de los delitos atendidos durante la semana de operativo.

El predominio de detenciones vinculadas a delitos contra la salud coincide con el tipo de sustancias aseguradas durante los operativos, lo que sugiere que buena parte de las acciones se concentraron en el combate al narcomenudeo dentro de la zona mexiquense.

La diversidad de delitos atendidos, que va desde la portación de armas hasta el homicidio, refleja la amplitud del despliegue, que no se limitó a un solo tipo de ilícito sino que abarcó distintas modalidades delictivas detectadas durante los patrullajes.

Se aseguraron 21 armas cortas y nueve largas

Entre los aseguramientos reportados, las autoridades retiraron de circulación 30 armas de fuego: 21 cortas y nueve largas. El decomiso se suma a los 9.4 kilogramos de sustancias ilícitas confiscadas durante los patrullajes y revisiones realizadas en la región.

Del total de droga asegurada, mil 915 gramos corresponden a cristal, mil 974 gramos a cocaína y 5 mil 560 gramos a marihuana. Las sustancias fueron detectadas en operaciones focalizadas dentro de zonas identificadas previamente como prioritarias por las corporaciones de seguridad participantes.

La marihuana representó el mayor volumen entre las sustancias confiscadas, seguida por la cocaína y el cristal, de acuerdo con el desglose proporcionado por la dependencia estatal en su reporte oficial sobre los resultados del operativo.

El aseguramiento de armas largas y cortas en proporción similar sugiere que las revisiones alcanzaron tanto a portadores individuales como a estructuras con mayor capacidad de fuego, aunque el comunicado no detalló circunstancias específicas de cada decomiso.

El helicóptero Black Hawk y drones reforzaron la vigilancia

Para sostener la vigilancia en la región, las corporaciones participantes recurrieron a herramientas tecnológicas como un helicóptero Black Hawk, que realizó sobrevuelos preventivos durante los siete días del operativo en el Edomex.

También se utilizaron las cámaras del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad, conocido como C5, además de drones para monitorear las zonas con mayor actividad delictiva identificadas por las autoridades estatales.

Las acciones en campo incluyeron patrullajes, rondines, revisiones e inspecciones, así como barridos a pie y en vehículo en los puntos señalados como de mayor incidencia dentro del territorio mexiquense.

El uso combinado de vigilancia aérea, tecnología de videomonitoreo y presencia física en calles formó parte de una estrategia que buscó cubrir distintos frentes de manera simultánea durante la primera semana de aplicación del operativo.

La SSEM sostuvo que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno fortaleció tanto el trabajo operativo como el de investigación durante la semana de implementación del Operativo Otomí, con el propósito declarado de atender las zonas con mayor incidencia delictiva en la entidad. El comunicado oficial no estableció una fecha de conclusión para el despliegue.

Tres alumnas de la Secundaria Número 7 Fray Servando Teresa de Mier, ubicada en la colonia Martínez de Monterrey, Nuevo León, consumieron una sustancia identificada preliminarmente como cristal dentro de las instalaciones del plantel, confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJNL).

El caso se dio a conocer el 29 de septiembre, luego de que varias estudiantes ingresaran durante el receso a uno de los baños de la escuela y posteriormente se detectara que algunas presentaban síntomas de intoxicación.

De acuerdo con las autoridades, fueron tres alumnas las que consumieron la droga. Dos de ellas comenzaron a presentar malestares que requirieron atención médica y fueron trasladadas a diferentes hospitales del Área Metropolitana de Monterrey. Una de las menores fue reportada inicialmente en condición delicada y permaneció bajo observación médica. Reportes locales ubicaron el hecho en el cruce de las calles Luis G. Urbina y Pípila.

Una estudiante habría llevado la droga desde su casa

La principal línea de investigación establece que una de las menores habría obtenido la sustancia en su domicilio y posteriormente la llevó a la escuela para compartirla con sus compañeras.

Las primeras versiones señalaron que la estudiante habría tomado el presunto cristal de la habitación de sus padres. Sin embargo, este dato forma parte de las indagatorias y no se ha establecido públicamente cómo llegó exactamente la sustancia al domicilio ni quién era su propietario.

La Fiscalía estatal informó que la vivienda de la alumna está siendo investigada ante la posibilidad de que exista un vínculo con actividades de narcomenudeo. La revisión del domicilio forma parte de las diligencias para establecer el origen de la droga y determinar las circunstancias en las que la menor tuvo acceso a ella.

El caso ya había generado una movilización de elementos de la Policía de Monterrey, quienes acudieron al plantel después de que se reportara la intoxicación de una de las estudiantes. La FGJNL recibió posteriormente el reporte policial para continuar con las investigaciones.

Las autoridades mantienen bajo reserva las identidades y edades de las menores debido a que son adolescentes.

Dos estudiantes ya fueron dadas de alta

Después de permanecer bajo atención médica, las dos alumnas que fueron hospitalizadas ya fueron dadas de alta durante la mañana del miércoles 30 de septiembre, de acuerdo con la información difundida por autoridades educativas.

La Secretaría de Educación de Nuevo León informó que ambas se encuentran fuera de peligro y bajo el resguardo de sus familias.

El alta médica ocurrió un día después de que se reportara el caso y de que una de las menores fuera descrita inicialmente como delicada. Los primeros informes señalaban que las estudiantes habían sido trasladadas a hospitales distintos para recibir atención luego de presentar síntomas asociados al consumo de la sustancia.

El caso provocó preocupación entre madres y padres de familia de la Secundaria Número 7, quienes pidieron mayores medidas de vigilancia dentro del plantel.

Entre las solicitudes planteadas se encuentra la implementación de un operativo mochila para revisar las pertenencias de los alumnos e impedir el ingreso de sustancias u objetos prohibidos. Hasta la actualización del miércoles, esta petición no había sido atendida por las autoridades educativas ni por la Secretaría de Seguridad, de acuerdo con los reportes disponibles.

La investigación también involucra al DIF, debido a que se trata de menores de edad y las autoridades buscan determinar las circunstancias familiares y escolares que rodearon el consumo.

El episodio de Monterrey ocurrió prácticamente al mismo tiempo que otro caso de intoxicación registrado en una secundaria de Montemorelos, donde una alumna fue atendida después de consumir presuntamente una gomita con marihuana. Ese hecho ocurrió en la Secundaria Número 2 “Antonio de la Garza García” y también es investigado por autoridades educativas.

La Fiscalía de Nuevo León busca ahora establecer cómo llegó la droga a la Secundaria Número 7, de dónde provino y si existe alguna actividad de distribución de sustancias alrededor del domicilio de la estudiante investigada. Hasta ahora no se ha informado de personas detenidas por este caso.

Las Fuerzas Armadas de Honduras localizaron una plantación de aproximadamente 16.500 arbustos de supuesta hoja de coca en una zona montañosa de la comunidad de Los Portones, en el municipio de Limón, departamento de Colón.

El hallazgo se produjo durante operaciones contra estructuras vinculadas al narcotráfico y el crimen organizado, en coordinación con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO).

Además del cultivo, las autoridades encontraron una estructura de construcción artesanal que presuntamente se utilizaba para la extracción de alcaloides, junto con insumos relacionados con el procesamiento de drogas.

No se informó sobre personas detenidas durante el operativo ni sobre la cantidad de sustancias procesadas halladas en el sitio.

La estructura localizada deberá ser analizada por las autoridades para determinar su función y establecer si estaba destinada al procesamiento de sustancias derivadas de las plantas encontradas en el lugar.

Las características del terreno montañoso de Los Portones dificultan el acceso y la vigilancia de la zona, por lo que las operaciones requieren desplazamientos terrestres y labores de reconocimiento para ubicar posibles cultivos o instalaciones vinculadas a actividades ilícitas.

Investigaciónes en marcha

La participación de la FESCCO forma parte del proceso de investigación de los posibles vínculos entre el cultivo localizado y el narcotráfico.

La información divulgada corresponde al reporte inicial de las Fuerzas Armadas; las circunstancias específicas del funcionamiento de la estructura y la eventual participación de personas en estas actividades se determinarán mediante las investigaciones en curso.

Las Fuerzas Armadas señalaron que las operaciones contra estructuras relacionadas con el narcotráfico continuarán en diferentes puntos del territorio nacional, con el objetivo de localizar áreas de cultivo e instalaciones de procesamiento.

En septiembre, las Fuerzas Armadas reportaron el aseguramiento de 8.250 arbustos de supuesta hoja de coca en Iriona, Colón. Días después informaron sobre la localización y erradicación de 22.000 plantas en Dulce Nombre de Culmí, Olancho, donde también se encontró una estructura rústica presuntamente destinada al procesamiento de pasta base.

En estas acciones también se han identificado estructuras rústicas que, según los reportes oficiales, podrían haber sido utilizadas para procesar derivados de la hoja de coca. La presencia de estos sitios es uno de los elementos que las autoridades investigan para determinar si las zonas de cultivo forman parte de redes dedicadas al procesamiento y posterior distribución de sustancias ilícitas.

Decomisos registrados

Las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público mantienen este tipo de operativos como parte de las acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado. En el caso de la plantación localizada las investigaciones deberán establecer las características del cultivo, el propósito de la estructura encontrada y cualquier eventual vínculo con personas o grupos dedicados a actividades ilícitas.

Con el hallazgo de los 16,500 arbustos de supuesta hoja de coca en Limón, los cuatro operativos recientes mencionados acumulan 116,750 arbustos asegurados en distintos puntos del país.

La cifra incluye los 70,000 arbustos localizados en Tela, Atlántida; 8,250 en Iriona, Colón; 22,000 en Dulce Nombre de Culmí, Olancho; y los 16,500 encontrados en Limón, Colón. Este acumulado corresponde exclusivamente a esos operativos y no constituye un balance general de todos los decomisos realizados en Honduras durante 2026.

Panamá registró 1.520 armas recuperadas entre enero y agosto de 2026, una cifra que representa una caída de 49,6% frente a las 3.015 contabilizadas durante el mismo período del año pasado.

Sin embargo, detrás de esa reducción aparece un comportamiento contrario: la recuperación de rifles aumentó 167% y pasó a encabezar las categorías reportadas.

Durante los primeros ocho meses del año, las autoridades recuperaron 564 rifles, frente a los 211 registrados entre enero y agosto de 2025. La diferencia representa 353 unidades adicionales en apenas un año, pese a que el volumen general de armas recuperadas se redujo prácticamente a la mitad en la comparación interanual.

El cambio también alteró la composición de las armas encontradas por las autoridades. En 2025, los rifles representaban apenas 7% de las recuperaciones, mientras que este año concentran aproximadamente 37% del total. De esa manera, desplazaron a las pistolas como la categoría con mayor número de unidades registradas hasta agosto.

Las pistolas siguieron una trayectoria completamente diferente. Su número cayó de 1.174 a 511 unidades, equivalente a una reducción de 56,5%. El descenso fue todavía mayor entre los revólveres, que pasaron de 782 a 146, lo que supone una disminución de 81,3% respecto al mismo período de 2025.

También disminuyeron las escopetas y los fusiles recuperados. Las primeras pasaron de 265 a 94 unidades, una reducción de 64,5%, mientras los fusiles descendieron de 121 a solamente 15, equivalente a una caída de 87,6%. La categoría denominada “otros” bajó de 462 a 190 armas.

El comportamiento adquiere relevancia después de que el Gobierno decidiera suspender durante un año la importación de determinados rifles semiautomáticos de uso particular.

La medida comenzó a regir el 22 de septiembre y busca evaluar su circulación y reforzar los controles, incluyendo aspectos relacionados con la trazabilidad, el destino final y posibles desvíos hacia el mercado ilícito.

La evolución mensual presenta además un comportamiento atípico durante junio, cuando fueron recuperadas 654 armas. La cifra contrasta con las 158 de enero, 120 de febrero, 118 de marzo, 114 de abril y 134 de mayo. Después del repunte, el registro volvió a bajar a 169 en julio y 53 en agosto.

Solo junio concentró 43% de todas las armas recuperadas durante los primeros ocho meses de 2026. Frente a las 189 contabilizadas durante ese mes en 2025, el resultado supone un incremento de aproximadamente 246%, equivalente a 465 unidades adicionales. Fue, además, el único salto extraordinario dentro de la serie mensual.

La comparación con 2025 muestra una diferencia especialmente marcada al inicio del período. En enero del año pasado fueron recuperadas 1.274 armas, frente a 158 este año, mientras febrero pasó de 566 a 120. En agosto también hubo una reducción importante, de 183 a apenas 53 unidades.

La distribución territorial muestra una concentración todavía mayor. La provincia de Panamá acumuló 1.004 armas recuperadas, aproximadamente 66% del total nacional. Muy por detrás aparecen Colón con 114, Panamá Oeste con 107 y Chiriquí con 91. Veraguas registró 56 y Herrera otras 46, según las cifras acumuladas hasta agosto.

En el resto del país, Coclé contabilizó 25 armas y Bocas del Toro 21, mientras que la comarca Ngäbe Buglé registró 18 y Los Santos 14. Darién acumuló ocho y Guna Yala solamente tres, lo que refleja una fuerte concentración de las recuperaciones en la provincia de Panamá y áreas urbanas cercanas.

Las estadísticas también muestran un cambio en la forma en que las armas quedaron bajo control de las autoridades. Durante 2026, el 81% aparece clasificado como decomisado, mientras que los indicios representan otro 14%. Las categorías de incautado y recuperado representan 1% cada una, con una participación mucho menor dentro del registro total.

El balance hasta agosto deja así dos movimientos que avanzan en direcciones opuestas. Panamá registra casi la mitad de armas recuperadas que hace un año, pero al mismo tiempo los rifles aumentaron de 211 a 564 unidades. Ese crecimiento ocurre mientras el país comienza a aplicar nuevas restricciones sobre la importación de determinados rifles semiautomáticos.

Como parte de la estrategia de seguridad que lidera el gobernador Andrés Julián Rendón, que acompañó la intervención, se trata de eliminar los rastros de la operación criminal. De acuerdo con el mandatario departamental, las construcciones eran utilizadas para la venta de drogas y la comisión de otros delitos.

“Continuamos demoliendo las madrigueras de los bandidos. En La Estrella derribamos ocho inmuebles, focos de inseguridad, que habían sido tomados por grupos delincuenciales, desde donde se cometían toda suerte de vejámenes. Se vendía droga, pólvora. Estamos quitando esta pesadilla a los vecinos”, expresó.

De acuerdo con la Gobernación, las edificaciones quedaron en manos de una estructura delincuencial luego de una emergencia invernal ocurrida en el sector en los 2000. Desde entonces, habrían sido usadas para actividades que financiaban sus operaciones criminales.

De hecho, la administración departamental señaló que un operativo de la Policía Nacional realizado en 2024 en El Hoyo permitió la incautación de 45 kilogramos de marihuana. Esa investigación derivó en la captura de 13 personas por los delitos de extorsión, desplazamiento forzado y concierto para delinquir.

El informe de la Policía también registró 175 procedimientos relacionados con la Ley 1801 de 2016 entre 2022 y 2025 en esa zona. Los casos incluyeron riñas, porte de armas de fuego y elementos cortopunzantes, perturbaciones por ruido e irrespeto a la autoridad.

Antioquia llegó a 76 inmuebles demolidos durante el cuatrienio

Con los ocho predios intervenidos en La Estrella, la estrategia de demolición de focos de inseguridad llegó a 76 inmuebles derribados en 17 municipios de Antioquia durante el actual cuatrienio.

“Ya nos acercamos a 80 focos de inseguridad destruidos en todo el departamento. Esta es una de las acciones más disuasivas y efectivas para erradicar el microtráfico”, dijo el gobernador Rendón al referirse a la demolición de las estructuras.

Amagá encabeza el listado con 18 demoliciones, seguido por La Estrella, con ocho; Turbo, con siete; y Guarne, Sonsón y Rionegro, con seis cada uno. También hubo intervenciones en Yarumal, Copacabana, Abejorral, Ciudad Bolívar, Amalfi, La Ceja del Tambo, San Luis, Bello, Cocorná, La Unión y El Peñol.

Antioquia entregó microbuses y 46 dispositivos de control eléctrico a la Policía

Por otro lado, la Gobernación de Antioquia entregó dos microbuses y 46 dispositivos de control eléctrico a la Policía Nacional en el departamento, como parte de una inversión de $2.204 millones financiada con recursos del Fondo de Seguridad Territorial (Fonset) y la Tasa de Seguridad y Convivencia.

Los vehículos serán asignados al Grupo de Movilidad del Departamento de Policía Antioquia y tendrán capacidad para transportar a 15 pasajeros. La dotación busca ampliar las capacidades operativas de los uniformados en los municipios del departamento.

José Edilberto Lesmes Beltrán, director operativo de la Seguridad de la Gobernación, indicó que los elementos estarán disponibles para distintas unidades policiales.

“Estos elementos fueron adquiridos con recursos de la Tasa de Seguridad y del Fonset, que todas las personas están aportando para hacer efectivo el trinomio de la seguridad: población, fuerza pública y administración”, afirmó.

Los 46 dispositivos de control eléctrico están destinados a intervenciones en las que una persona represente una amenaza para los uniformados, terceros o la seguridad pública. Según la Gobernación, estos equipos aplican una descarga controlada que reduce de manera temporal la capacidad de reacción de una persona, bajo los protocolos definidos para su uso.

Los dos microbuses entregados incluyen matrícula, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) y mantenimiento. Además, cuentan con película de seguridad en los vidrios, cintas reflectivas, rieles de aluminio, bodega de doble nivel, iluminación LED, escalón de ingreso, escotilla de emergencia y un dispositivo satelital para el control de velocidad.

La Policía de Control de Drogas (PCD) de Costa Rica detuvo este martes a 13 personas, entre ellas dos menores de edad, durante una serie de allanamientos realizados en el cantón de Liberia, Guanacaste, como parte de una ofensiva contra estructuras dedicadas al narcomenudeo.

La intervención incluyó 10 allanamientos en el barrio El Capulín y uno adicional en el barrio Corazón de Jesús, zonas que, según las autoridades, habían sido identificadas por la presencia de ventas de droga y por incidentes asociados como robos, balaceras, agresiones con arma y disturbios.

El operativo se desarrolló en horas de la madrugada y permitió decomisar más de 250 dosis de droga, además de marihuana y cocaína en cantidades adicionales, dinero en efectivo, un arma de fabricación artesanal y utensilios presuntamente utilizados para preparar y dosificar estupefacientes.

De acuerdo con el reporte policial, los puntos investigados operaban las 24 horas del día, los siete días de la semana, y distribuían principalmente crack, cocaína y marihuana.

La acción se enmarca en el denominado Plan Escudo, mediante el cual las autoridades buscan intervenir y desarticular ventas de droga ubicadas en comunidades previamente identificadas como de interés policial por su impacto sobre la seguridad local.

Más de 250 dosis y dinero en efectivo

Durante los registros efectuados en las viviendas, los agentes decomisaron 130 dosis de crack, 116 envoltorios y 80 gramos de marihuana, así como 10 dosis y 15 gramos de cocaína.

También fueron ubicados ₡135,000 (USD 294) y USD 60 en efectivo, además de un arma de fabricación artesanal.

Los agentes encontraron además utensilios que, según la Policía, eran utilizados para la preparación y dosificación de las drogas antes de su comercialización.

El despliegue contó con el apoyo de la Fuerza Pública y del Servicio de Vigilancia Aérea, que participaron en la seguridad y coordinación de los allanamientos.

La PCD sostiene que este tipo de intervenciones busca afectar directamente las redes de narcomenudeo que operan a pequeña escala pero que tienen un impacto inmediato sobre las comunidades debido a las disputas territoriales y otros delitos asociados.

En este caso, las autoridades vinculan la actividad de venta de drogas con episodios de violencia armada, robos y alteraciones del orden público en los sectores intervenidos.

La mayoría de detenidos tiene antecedentes

Según la información oficial, gran parte de las personas detenidas cuenta con antecedentes judiciales o policiales por distintos hechos.

Entre los aprehendidos se encuentra un hombre de apellido Mora, con antecedentes por hurto simple, portación de armas, tentativa de agresión y tenencia de drogas.

Otro de los detenidos, de apellido Espinoza, registra antecedentes por resistencia, agresión con arma y agresión física, además de 18 reportes por tenencia de drogas.

También fue detenido un hombre de apellido Reyes, quien figura en expedientes por maltrato y violencia contra la mujer, amenazas y agresión psicológica.

A ellos se suma Alemán, con antecedentes por robo agravado, sustracción de menor, evasión de cárcel y venta de drogas.

Otro de los aprehendidos, de apellido Gutiérrez, había sido remitido previamente a tribunales por robo y hurto.

La PCD también detuvo a Zambrana, quien cuenta con expediente por introducción de drogas a un centro penal, agresión psicológica, violencia física y tenencia de drogas.

Por su parte, Abarca registra informes policiales por tenencia de estupefacientes.

Entre las personas detenidas figura además una mujer de apellido Ruiz, quien actualmente mantiene tobillera electrónica debido a un beneficio carcelario relacionado con una causa por venta de drogas investigada por la PCD en 2023.

Otros tres aprehendidos, identificados por los apellidos Cañas, Mora y López, no registran causas judiciales, según el informe divulgado por las autoridades.

La lista se completa con dos menores de edad, cuya identidad no fue revelada.

Los 13 detenidos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica, mientras los indicios decomisados serán incorporados a las investigaciones abiertas por la PCD.

Costa Rica trasladó 45 toneladas de droga decomisada hacia Estados Unidos para su destrucción, mediante una operación coordinada por el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con la colaboración de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

El cargamento salió del país a bordo de un avión de transporte militar C-17 de la Fuerza Aérea estadounidense, que llegó a territorio costarricense específicamente para efectuar el traslado.

Una de las particularidades del procedimiento es que la droga será destruida en Estados Unidos debido a las limitaciones presupuestarias que enfrentan las autoridades costarricenses para realizar ese proceso en el territorio nacional, según explicó Carlo Diaz, fiscal general.

“El día de hoy estamos llevando a cabo esta operación, patrocinada por el Gobierno de los Estados Unidos, la Embajada y la DEA, en la cual ellos nos facilitan este avión para poder transportar hacia los Estados Unidos”, indicó.

La autoridad explicó que los estupefacientes corresponden a decomisos realizados mediante el trabajo de diferentes instituciones costarricenses.

“Esta droga ha sido incautada gracias al trabajo de las diferentes autoridades, el Ministerio Público, el OIJ y, por las limitaciones presupuestarias, no podíamos hacer la destrucción en nuestro país”, señaló.

El proceso estará sujeto a control judicial. Un juez de la República acompañó el cargamento hacia Estados Unidos con el objetivo de formalizar la entrega y supervisar posteriormente la destrucción de los estupefacientes.

El traslado ocurre en momentos en que Costa Rica continúa enfrentando una fuerte presión de las rutas internacionales del narcotráfico. Estados Unidos mantuvo al país para el año fiscal 2027 dentro de la lista de 23 territorios considerados importantes para el tránsito o producción de drogas ilícitas, una clasificación que toma en consideración factores geográficos, comerciales y económicos.

La posición geográfica costarricense, entre zonas productoras de cocaína en Sudamérica y mercados de consumo en Norteamérica y Europa, ha convertido tanto sus aguas como sus puertos y territorio terrestre en puntos utilizados por organizaciones transnacionales.

Solo durante 2026, la Embajada de Estados Unidos señaló que aproximadamente 44 toneladas métricas de drogas ilícitas habían sido interceptadas con apoyo estadounidense al Servicio Nacional de Guardacostas, cifra divulgada días antes de conocerse este nuevo traslado.

Las investigaciones recientes también han mostrado una evolución de las estructuras criminales que operan en el territorio. En septiembre, una operación internacional denominada ATLAS NEXUS reportó en Costa Rica 375 detenciones y el decomiso de más de 27,8 toneladas de drogas y 181 armas de fuego.

Asimismo, autoridades costarricenses han desarrollado durante los últimos meses investigaciones conjuntamente con la DEA contra organizaciones vinculadas con el tráfico internacional. En junio, el denominado caso Riverside generó 97 allanamientos en cinco provincias y permitió detener a decenas de personas investigadas por presunto tráfico de drogas, armas, legitimación de capitales y otros delitos.

La cooperación con Estados Unidos también se ha concentrado en las rutas marítimas. En febrero, una operación conjunta realizada cerca de la Isla del Coco permitió el decomiso de más de una tonelada de drogas ilícitas después de tres días de trabajos entre autoridades costarricenses y estadounidenses.

En el caso de las 45 toneladas trasladadas ahora, las autoridades destacaron que la operación permite completar el ciclo posterior al decomiso de las sustancias.

El Ministerio Público y el OIJ señalaron que la eliminación de los cargamentos forma parte del esfuerzo institucional para impedir que los estupefacientes incautados puedan regresar al mercado ilegal, mientras Costa Rica continúa reforzando la cooperación con Estados Unidos frente al crecimiento de las operaciones del narcotráfico transnacional.

El jefe del Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil en Segovia, Miguel Ángel Barbero, ha ingresado en prisión provisional y sin fianza por orden del Tribunal de Instancia de la provincia. El mando policial está siendo investigado por tráfico de drogas, cohecho, revelación de secretos y pertenencia a grupo criminal, aunque no es la primera vez que pisa la cárcel por este motivo, ya que hace nueve años fue detenido por delitos similares de los que terminó siendo exonerado.

La decisión ha sido adoptada por la Sección de Instrucción (Plaza 5) del juzgado segoviano, que coordina las pesquisas judiciales iniciadas el pasado mes de abril. Junto al brigada, la magistrada ha decretado el ingreso en el penal de otras tres personas arrestadas en la misma operación, a quienes se imputan los delitos de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

Asimismo, fuentes de la Subdelegación del Gobierno han precisado que ninguno de estos tres presuntos cómplices pertenece a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que no se prevén nuevos arrestos en la causa.

Seis meses de investigación de Asuntos Internos

La detención de Barbero se ejecutó durante este pasado fin de semana en su propio domicilio, ubicado en el interior de la Comandancia Provincial de la Guardia Civil en Segovia, en la zona de la Puerta de Madrid. El arresto del responsable antidroga no ha sido fruto del azar, sino del trabajo del Servicio de Asuntos Internos del Instituto Armado, cuyos agentes llevaban desde el mes de abril de 2026 tras sus pasos al detectar conductas e informaciones sospechosas.

La investigación ha estado dirigida desde las oficinas centrales de la Guardia Civil en Madrid en estrecha coordinación con el órgano judicial segoviano. El caso ha sacudido de lleno a la comandancia castellano-leonesa, que suma un convulso balance de tres guardias civiles detenidos por distintas causas irregulares en un margen de tan solo once meses.

Antes del arresto de Barbero, el servicio de Asuntos Internos ya había intervenido contra un agente investigado por revelación de secretos al filtrar información operativa, así como contra un segundo efectivo salpicado por falsedad documental e irregularidades en la custodia de pruebas.

Sus antecedentes se remontan a 2017

El historial judicial del brigada arrastra un precedente casi idéntico. Según detalla la hemeroteca de medios locales, Miguel Ángel Barbero, considerado durante años un elemento clave en el desmantelamiento de redes de tráfico de estupefacientes en la provincia, ya sufrió un primer ‘golpe’ en mayo de 2017.

En aquella ocasión, cuando ostentaba el grado de sargento primero, Asuntos Internos y la Unidad Central Operativa (UCO) irrumpieron de igual modo en su vivienda del cuartel segoviano a raíz de una trama de narcotráfico instruida inicialmente por un juzgado de Sagunto (Valencia). Tras su arresto, Barbero fue enviado a prisión preventiva por orden judicial y pasó por varios centros penitenciarios mientras se le investigaba por tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, cohecho, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos.

Aquel procedimiento, sin embargo, dio un giro decisivo en los tribunales. En julio de 2018, tras inhibirse la causa en los juzgados locales, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Segovia acordó el sobreseimiento definitivo de las actuaciones al no considerar acreditados los delitos. Al quedar totalmente libre de cargos y ser exonerado, Barbero solicitó su reingreso en la Guardia Civil.

El Instituto Armado terminó restituyéndole en la misma responsabilidad que venía ocupando como jefe del EDOA en Segovia, puesto en el que posteriormente ascendió a brigada. Nueve años después de aquel primer arresto y ocho tras recuperar la placa, las pesquisas del servicio de control interno han vuelto a situarle en el centro de una red de narcotráfico que lo ha conducido de nuevo tras los barrotes.

Cinco personas fueron detenidas durante un cateo en un inmueble de San José del Peñasco, en la región de la Sierra Sur de Oaxaca, donde fueron aseguradas armas de alto poder, cartuchos, marihuana y metanfetamina.

El operativo se realizó en un predio ubicado en el Camino al cerro Galavillina, en el municipio de San José del Peñasco, Miahuatlán. La intervención derivó de una investigación de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), que ubicó el inmueble como un punto utilizado para el almacenamiento y empaquetado de drogas.

De acuerdo con la investigación, desde ese sitio presuntamente se preparaban y distribuían narcóticos hacia distintos puntos del estado. La ruta identificada por las autoridades atravesaba Miahuatlán y Ejutla, continuaba por el corredor de Ocotlán y comunidades cercanas y llegaba hasta los Valles Centrales y Oaxaca de Juárez.

La Fiscalía también señaló que el inmueble mantenía conexión con una ruta hacia la región de la Costa de Oaxaca, aunque el comunicado no precisa qué localidades eran abastecidas ni la cantidad de droga que habría sido movilizada.

El inmueble, un centro de almacenamiento y distribución

En el inmueble fueron detenidas cinco personas, entre ellas una mujer. La Fiscalía las identificó mediante las iniciales T. J. G. S., J. C. L. M., C. G. S., C. G. R. y B. G. S.

Las autoridades señalaron que los detenidos presuntamente operaban el inmueble utilizado como centro de almacenamiento y distribución. Su situación jurídica deberá ser determinada por el Ministerio Público conforme avance la investigación.

El cateo fue realizado con la participación de agentes de la Fiscalía estatal, Policía Estatal, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina.

El arsenal asegurado en San José del Peñasco

Durante la inspección fueron localizadas dos armas largas: una calibre .223 y otra 7.62x39. También se aseguró una escopeta calibre 12 y dos armas cortas calibre 9 milímetros.

A ese armamento se sumaron seis cargadores, tres para armas largas y tres para armas cortas, así como una mira holográfica y una chamarra equipada con placas balísticas.

El personal que participó en el operativo también encontró cartuchos útiles de distintos calibres, entre ellos .223, 7.62, 5.56, 9 milímetros y .22, además de municiones para escopeta.

La presencia de este armamento formó parte de los objetos asegurados dentro del inmueble, aunque la Fiscalía no informó en el comunicado si alguna de las armas estaba relacionada con investigaciones previas o si serán sometidas a pruebas periciales para determinar su posible utilización en otros delitos.

Marihuana, cristal y material para empaquetar las dosis

Además de las armas y municiones, en el predio fueron encontrados envoltorios con hierba con características de la marihuana y diversas dosis de una sustancia con características de metanfetamina, conocida como cristal.

También fueron aseguradas básculas y bolsas que, de acuerdo con la Fiscalía, eran utilizadas para el empaquetado de las sustancias.

El comunicado no detalla el peso total de la marihuana ni la cantidad exacta de metanfetamina localizada durante el cateo.

Las cinco personas detenidas, junto con las armas, cartuchos, drogas y demás objetos asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente. Será esa instancia la que determine la situación jurídica de los detenidos y defina las siguientes diligencias de la investigación.

Seguridad en la Sierra Sur de Oaxaca: un corredor disputado por células vinculadas al Cártel de Sinaloa

El cateo realizado en San José del Peñasco ocurre en una zona que durante 2026 ha sido señalada por las autoridades estatales como parte de un corredor utilizado para el traslado y distribución de drogas entre la Costa de Oaxaca y los Valles Centrales. Miahuatlán, Ejutla y Ocotlán aparecen en investigaciones recientes como puntos conectados dentro de esa ruta.

Uno de los principales antecedentes ocurrió en julio, cuando la Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó la detención de J.M.G.G., alias “El Miky” o “El 086”. De acuerdo con la investigación de la dependencia, era presunto segundo al mando de una célula vinculada con el Cártel de Sinaloa y encabezada por un hombre identificado como “El Bogar”.

La FGEO ubicó la zona de influencia atribuida a esa estructura en un corredor que incluía Miahuatlán y Ejutla, en la Sierra Sur, además de Ocotlán de Morelos, Zimatlán, Lachigoló y Mitla. Según el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla, la célula vigilaba la distribución de distintas drogas y contaba con grupos armados para enfrentar a organizaciones rivales.

La detención de “El Miky” también permitió a las autoridades describir la importancia logística de ese corredor: conecta zonas de la Costa y el Istmo de Tehuantepec con los Valles Centrales y la ciudad de Oaxaca.

La Fiscalía señaló entonces que la estructura investigada tenía actividades relacionadas con la distribución de narcóticos y que algunas líneas de investigación la vinculaban con homicidios de líderes de grupos rivales. Estas últimas son imputaciones de la investigación ministerial, no hechos judicialmente acreditados.

Miahuatlán ya había sido escenario de operativos contra el narcomenudeo

El antecedente más directo del cateo de San José del Peñasco se encuentra en Miahuatlán de Porfirio Díaz. En abril de 2026, la Fiscalía ejecutó tres órdenes de cateo en ese municipio por investigaciones relacionadas con narcomenudeo y aseguró metanfetamina, cannabis y armas de fuego; tres personas fueron detenidas.

Meses antes, en enero, la Fiscalía había desplegado junto con Marina, Defensa y Guardia Nacional un operativo permanente en el corredor Ejutla-Ocotlán-Miahuatlán. El despliegue incluyó más de 150 elementos, cateos y filtros de seguridad, con el objetivo de ubicar a personas consideradas objetivos prioritarios por las autoridades.

Ese antecedente resulta relevante para el cateo de San José del Peñasco porque muestra que la intervención de septiembre no ocurre de manera aislada: durante 2026 las autoridades han concentrado investigaciones y operativos contra el narcomenudeo y estructuras dedicadas a la distribución de drogas en este corredor.

La disputa criminal alcanza las rutas que conectan la Costa con los Valles Centrales

La información disponible apunta a una estructura criminal fragmentada, más que a un solo grupo con control uniforme sobre toda la Sierra Sur. La propia Fiscalía ha descrito células con vínculos con organizaciones nacionales y ha identificado corredores específicos de operación.

En el caso de la estructura atribuida a “El Bogar”, la Fiscalía la vinculó con el eje Cártel de Sinaloa-Beltrán Leyva y situó su actividad en la conexión entre la Costa, la Sierra Sur y los Valles Centrales. La dependencia también informó que “El Miky” habría recibido instrucciones para establecer una estructura local y controlar plazas para garantizar la distribución de narcóticos.

La situación no significa que todo el territorio de la Sierra Sur esté bajo control de esa organización. Las investigaciones oficiales describen zonas de influencia y corredores concretos, mientras que otros reportes periodísticos y análisis recientes identifican la presencia de diferentes células en distintas regiones de Oaxaca.

Por ello, para el caso de San José del Peñasco, el dato más sólido es la conexión territorial que la Fiscalía establece entre el inmueble cateado y una ruta de distribución que atraviesa Miahuatlán y Ejutla, pasa por Ocotlán y llega a los Valles Centrales. La dependencia no atribuyó en el comunicado del 29 de septiembre el inmueble asegurado a una organización criminal específica.

En la noche del 19 de octubre de 2024, una estudiante de 20 años llegó a la casa de la fraternidad Chi Phi en el campus de Cornell, en Ithaca, Nueva York.

Lo que ocurrió entre esa noche y la madrugada del día siguiente —según su relato— fue una agresión sexual en grupo que se prolongó hasta las 5:45 de la mañana.

Durante dos años, ninguno de los siete hombres señalados enfrentó cargos penales. Ahora, la fiscalía del condado de Tompkins reabrió la investigación y prevé presentar el caso ante un gran jurado, según informó ABC News.

La fiscalía reactivó el expediente tras dos años sin cargos penales

El detonante fue una demanda civil de 101 páginas presentada el 14 de septiembre de 2026 ante la Corte Suprema del estado de Nueva York por la víctima, identificada como Jane Doe, contra la Universidad de Cornell, siete miembros de una fraternidad y otros codemandados, entre ellos un local nocturno de Ithaca, Moonies Bar & Nightclub, al que la demanda responsabiliza por haber servido alcohol a Doe antes del presunto ataque.

El escándalo que generó el escrito forzó al fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, a reconocer públicamente que su oficina nunca realizó una investigación independiente: se había apoyado exclusivamente en las actuaciones de la Policía de Cornell.

“Queremos reexaminar si existe prueba que no conocíamos en noviembre de 2024 y que podría cambiar nuestra valoración del caso”, dijo el fiscal en declaraciones a ABC News.

Doe dice que fue drogada sin saberlo; la fiscalía sostiene que no lo declaró así en 2024

La brecha entre el expediente policial original y lo alegado en la demanda abre una de las tensiones centrales del caso.

El fiscal sostuvo que, en su declaración inicial, Doe admitió haber consumido drogas y alcohol de manera voluntaria y con conocimiento previo. También señaló que ella no afirmó haber sido forzada a realizar ningún acto ni indicó en ningún momento que estuviera inconsciente o incapacitada. Con base en esa declaración, la fiscalía concluyó que no había elementos suficientes para avanzar penalmente.

Thomas Giuffra, abogado de Doe, rechazó esa caracterización y apuntó directamente a las deficiencias del procedimiento.

Doe presentó su denuncia ante la policía universitaria el 8 de noviembre de 2024, casi tres semanas después del presunto ataque.

La investigación interna bajo el Título IX comenzó en enero de 2025. Según Giuffra, Doe nunca fue contactada por un detective especializado ni por la fiscalía tras realizar la denuncia: “Hablar con una sobreviviente de abuso requiere delicadeza, comprensión y formación especializada. Un oficial universitario promedio no tiene esas habilidades”, sostuvo.

El chat de Snapchat, una prueba que la fiscalía dice no haber recibido

Un elemento de peso en el escrito judicial es una captura de pantalla de un chat grupal de Snapchat en el que, según Doe, miembros de la fraternidad discutían los hechos de esa noche. Van Houten afirmó que ese material nunca llegó a su oficina.

Giuffra rebatió que fue entregado a las autoridades en 2024: “Mi cliente fue a la Policía de Cornell porque se cometió un crimen. Les entregaron el chat grupal que invitaba a los miembros de la fraternidad a violar a mi cliente. Era una prueba crítica. Aun así, no hubo seguimiento”.

La demanda identifica a los siete acusados por su nombre: Matthew Ingalls, Johnathan Newell, Winston Lee, Gillio Lopes, Diego Sarabia, Scott Norris y Scott Kretzschmar.

Norris reconoció haber enviado un mensaje incluido en el escrito judicial, aunque negó haber participado en actividad sexual ni en el consumo de drogas y aseguró que Cornell no lo encontró responsable de las acusaciones de mayor gravedad.

Kretzschmar, por su parte, negó los hechos a través de su abogado, Jeremy Saland: “Scott jamás agredió sexualmente ni tocó a la demandante en ninguna forma. Esperamos confrontarla ante un tribunal”.

Cornell impuso sanciones pero la víctima dejó sus estudios

Tras una investigación que incluyó al menos 12 audiencias internas, según informó CBS News, Cornell determinó que dos de los siete acusados serían expulsados, mientras que otros recibieron suspensiones y medidas disciplinarias adicionales. La universidad también clausuró la sede de Chi Phi en Cornell y le prohibió seguir funcionando en el campus.

Sin embargo, la magnitud de las consecuencias institucionales contrasta con la situación de Doe, que abandonó la institución sin completar su carrera y, según Giuffra, “apenas logra sostenerse a raíz de lo que estos hombres le hicieron”.

La sede nacional de la organización emitió un comunicado en el que rechazó “inequívocamente” la violencia sexual y afirmó que sus principios fundacionales son incompatibles con ese tipo de conductas, aunque aclaró que no podía referirse a las acusaciones específicas durante el litigio civil en curso.

La universidad respaldó al fiscal y cuestionó la narrativa sobre sus sanciones

Cornell reaccionó al movimiento de la fiscalía con una declaración en la que respaldó la decisión de Van Houten de llevar el caso al gran jurado. Al mismo tiempo, rechazó las versiones que describían las consecuencias internas como menores.

“Cualquier insinuación de que la universidad no impuso castigos significativos es falsa”, señaló el comunicado, que también cuestionó que se haya afirmado públicamente que algunos de los acusados solo tuvieron que escribir ensayos como única consecuencia.

Trae Banuelos-Rovaris, representante de la Alianza Contra la Violencia Sexual, recordó que en Nueva York existen alrededor de 54 centros de atención a víctimas de agresión sexual orientados a trabajar con estudiantes universitarios.

El Partido Autenticidad y Modernidad (PAM) ha sido esta semana el ganador de las elecciones de Marruecos y, cuando Mohamed VI anuncie la figura elegida, será por ello la formación de la que forme parte el jefe de Gobierno. Pero hace tres años, ocupaba titulares por un motivo muy distinto: dos políticos de su cúpula fueron detenidos por su vínculo con el caso de narcotráfico del ‘Escobar del Sáhara’. Otros partidos lo han empleado como arma política, llegando incluso a reprochar a Fouzi Lekjaa, el principal favorito a primer ministro, que se uniese a la formación.

El Tribunal de Apelación de Casablanca dictó el pasado mes de junio condenas de 12 y 10 años de prisión contra los exdiputados marroquíes Abdenbi Bioui y Said Naciri, respectivamente, según informaron EFE y medios locales. Ambos pertenecían al PAM. Naciri fue integrante de la coalición de Gobierno y presidió el club Wydad de Casablanca. Bioui, también exparlamentario del PAM, desarrolló actividades en el sector de la construcción y ocupó la presidencia del Consejo de la Región Oriental de Marruecos.

En 2019, Marruecos detuvo a un ciudadano de Mali por narcotráfico. Haj Ahmed Ben Brahim, apodado “el Pablo Escobar del Sáhara”, consolidó una red de tráfico de drogas. Como explican Raquel Barras y David García en un estudio de la Universidad Complutense, en las últimas dos décadas las rutas de entrada de droga a Europa han cambiado. El conocido como ‘Paralelo 10′ se ha convertido en una puerta fundamental. Se trata del recorrido que hacen las mafias de estupefacientes desde países latinoamericanos, como Colombia o Brasil, hacia el Sahel. Organismos africanos de esta región, en ocasiones relacionados con la financiación del terrorismo, transportan la mercancía hacia el norte del continente para hacerla llegar a Europa. Aquí es donde entra Ben Brahim, uno de los nombres principales de este método.

La investigación policial acorraló al “Pablo Escobar” en 2019. Según relatan medios como The New Arab, pasó por una cárcel de Mauritania por asuntos de drogas y, al obtener la libertad, voló a Casablanca, donde no esperaba ser detenido al aterrizar por una orden internacional de arresto de la Interpol. Desde entonces, cumple una pena de 10 años en Marruecos. Estando en prisión, quiso vengarse de los que veía como traidores que no frenaron la operación contra él ni le ayudaron. Por ello, como informó el semanario marroquí TelQuel, presentó en 2021 varias denuncias contra personalidades marroquíes, a quienes acusó de apropiarse de bienes de su propiedad y de mantener vínculos con actividades de narcotráfico. Entre ellas se encontraban Abdenbi Bioui y Said Naciri.

Según señalaron agencias como EFE, citando fuentes judiciales, los exdiputados fueron piezas clave en la red de narcotráfico. El tribunal de Casablanca determinó que Bioui, expresidente de la región Oriental, utilizó su empresa constructora para facilitar la logística. Por su parte, Naciri, expresidente del club Wydad, aprovechó sus conexiones institucionales para el blanqueo de dinero, la protección de bienes ilícitos y la falsificación de documentos. Su silencio tras la detención del cerebro de la operación les costó la venganza posterior.

Tras la investigación, el PAM informó que suspendía el papel de ambos dentro de la formación. En un comunicado, la directiva reiteró “la gran confianza del partido en la independencia del poder judicial y su compromiso de brindar todas las garantías legales”. A su vez, la organización rechazó el uso del caso para perjudicar a sus integrantes y anunció “procedimientos legales y judiciales contra quienes intenten dañar la reputación del partido” mediante campañas de difamación, asegurando que esto no frenaría la defensa de sus valores ni su labor política. Dos años después, este 2026, la Justicia los condenó a penas de cárcel. Su partido, con ellos ya fuera de escena, ha ganado las elecciones.

Acusación de un rival político contra el PAM

Abdelilah Benkirane, líder del Partido Justicia y Desarrollo (PJD) de Marruecos y primer ministro hace una década, lanzó duras acusaciones contra el PAM hace un mes, cuando arrancaba la campaña para estas elecciones. Lo calificó de “partido corrupto” durante una intervención en la que cuestionó la trayectoria de esa fuerza política y de algunos de sus dirigentes. “Sea quien sea el jefe de Gobierno, quien quiera que sea, el problema es Autenticidad y Modernidad”, afirmó Benkirane. “Basta con ver quién está en la cárcel, quién está acusado de narcotráfico”, dijo el ex primer ministro.

El ex jefe de Gobierno también apuntó contra los cambios en la conducción del PAM. “Vean también cuántos secretarios generales ha tenido Autenticidad y Modernidad. Yo ni siquiera puedo enumerarlos a todos”, dijo. Para Benkirane, esa situación refleja un problema estructural dentro del partido: “Eso significa que es ingobernable, que no se puede gestionar”. Después, añadió que los líderes de la formación persiguen intereses personales, “porque todos los que están allí quieren beneficiarse, quieren enriquecerse, quieren acumular”. Durante sus mítines, Benkirane arremetió contra Fouzi Lekjaa, ministro de Presupuesto antes de ser la cara visible del partido, reprochándole haberse unido a un partido “que reúne a corruptos”.

En Sinaloa, la Fiscalía General de la República decomisó más de 49 toneladas de sustancias sólidas y 45.490 litros de químicos en una bodega de Culiacán, tras un operativo conjunto entre la Policía Estatal Preventiva y la Secretaría de la Defensa Nacional.

El exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel logró que una jueza de control le concediera cumplir la prisión preventiva en su domicilio de Ensenada, tras una audiencia solicitada por su defensa. El abogado Arturo Germán Rangel explicó los argumentos que permitieron revertir la medida cautelar impuesta desde julio por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

En paralelo, la FGR debió salir a desmentir un reportaje de Latinus que denunció la existencia de una bodega con restos humanos sin protocolos adecuados en el Centro Federal Pericial Forense de la Ciudad de México.

En Oaxaca, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana retiró el armamento de la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza, el mismo día en que un juez dictó prisión preventiva contra el alcalde Miguel Sánchez Altamirano, detenido por presuntos vínculos con Los Cromos del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En Jalisco, un peritaje vial confirmó que la presentadora del clima de N+ Guadalajara, Michelle Zepeda, se pasó un semáforo en rojo antes de atropellar y matar al motociclista Jostin Santamaría, de 19 años. La Fiscalía descartó las versiones de que hubiera consumido alcohol o escapado del lugar.

Desde Nueva York, el canciller Roberto Velasco presentó ante la Asamblea General de la ONU una caída de 51% en los homicidios dolosos en México, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum durante el debate general del organismo.

A continuación, las noticias de este sábado.

/mexico/2026/09/27/defensa-replantea-donde-construira-su-museo-militar-tras-senalamientos-de-afectaciones-ambientales-en-el-bosque-de-chapultepec/

/mexico/2026/09/27/esposa-de-ruben-curiel-funcionario-de-la-secretaria-anticorrupcion-de-puebla-confirma-que-si-se-suicido/

/mexico/2026/09/27/quien-es-freddy-chacon-alias-el-mexicano-presunto-enlace-del-cjng-detenido-en-colombia-y-requerido-por-eeuu/

/mexico/2026/09/27/marina-intercepta-yates-con-45-migrantes-entre-ellos-tres-menores-que-buscaban-cruzar-de-forma-ilegal-a-eeuu/

/mexico/2026/09/26/ernesto-ruffo-deja-el-penal-de-maxima-seguridad-del-altiplano-para-cumplir-prision-domiciliaria-en-ensenada/

/mexico/2026/09/26/guardia-civil-abate-en-morelia-a-el-mansito-objetivo-prioritario-buscado-por-homicidio-extorsion-y-secuestro/

/mexico/2026/09/26/procesan-a-un-hombre-senalado-de-extorsionar-golpear-y-atropellar-a-familia-de-un-mudancero-en-tlalpan/

/mexico/2026/09/26/penal-de-barrientos-reos-pagan-hasta-20-mil-pesos-para-dejar-de-dormir-en-los-pasillos/

/mexico/2026/09/26/irving-es-senalado-por-decapitar-a-un-hombre-y-pertenecer-al-cjng-en-ecatepec-ya-fue-capturado/

/mexico/2026/09/26/el-flaco-operaba-en-cdmx-con-proteccion-oficial-acusa-anabel-hernandez/

/mexico/2026/09/26/oaxaca-denuncian-despojo-de-terrenos-y-extorsion-institucionalizada-en-santo-domingo-teojomulco/

/mexico/2026/09/26/durante-misa-sicarios-acribillaron-a-una-mujer-danzante-en-una-iglesia-en-guanajuato/

/mexico/2026/09/26/anabel-hernandez-senala-al-gobierno-de-sheinbaum-por-detener-alcaldes-y-no-tocar-a-rocha-moya/

/mexico/2026/09/26/la-dea-vuelve-a-publicar-ficha-de-busqueda-de-el-mayito-flaco-hijo-de-el-mayo-zambada-y-lider-de-una-faccion-del-cartel-de-sinaloa/

/mexico/2026/09/26/elementos-federales-aseguran-249-kilos-de-cocaina-y-fentanilo-en-tijuana-estaban-ocultos-en-un-doble-fondo-de-la-caja-de-un-tractocamion/

/mexico/2026/09/26/john-kenny-n-quien-es-el-excomisionado-de-juchitan-detenido-por-presuntamente-proteger-al-cjng-en-oaxaca/

/mexico/2026/09/26/el-mayo-zambada-y-el-chapo-guzman-querian-jubilarse-del-narco-y-abrir-el-paso-a-nuevas-generaciones-revela-la-chapodiputada/

/mexico/2026/09/26/localizan-con-vida-a-scarlet-virginia-la-estudiante-de-13-anos-que-desaparecio-rumbo-a-la-secundaria-en-cdmx/

/mexico/2026/09/26/condenan-a-98-anos-de-carcel-a-hombre-que-abuso-y-grabo-a-tres-menores-en-monterrey/

/mexico/2026/09/26/fiscalia-de-michoacan-niega-nexo-entre-supuesto-trafico-de-menores-en-zamora-y-hallazgo-de-1600-dientes-de-leche-en-zacapu/

/mexico/2026/09/26/operativo-otomi-deja-89-detenidos-en-34-municipios-del-edomex/

Agentes de la Policía de Federal Argentina (PFA) detuvieron en el barrio porteño de Constitución a una carco de nacionalidad brasileña, acusado de comercializar -entre varias drogas- pastillas de éxtasis con la cara de Mickey Mouse.

Según comunicó el Ministerio de Seguridad de la Nación, se trata de un hombre conocido con el alias de “Leo”, quien fue arrestado en el marco de un operativo denominado con el nombre del personaje de Disney con el que marcada las pastillas que vendía.

De acuerdo con lo que informó el organismo, la investigación permitió desbaratar el circuito de venta de drogas que había ideado el narco extranjero. Fue así que mediante diversas tareas de campo, seguimientos y vigilancias, los detectives identificaron al sospechoso.

De esta manera, establecieron que se dedicaba al narcomenudeo en inmediaciones de su domicilio, ubicado en en ese barrio. Asimismo, los efectivos constataron que el individuo comercializaba drogas de diseño a través diferentes redes sociales.

En el allanamiento realizado en el barrio del sur de la Ciudad de Buenos Aires, los efectivos secuestraron un variado menú de estupefacientes, entre ellos las pastillas de éxtasis con la imagen Mickey Mouse, además de tusi, ketamina y numerosas dosis de cocaína y marihuana.

El procedimiento se desprendió de una investigación coordinada por el Ministerio de Seguridad Nacional y ejecutada por la División Precursores Químicos y Drogas Emergentes de la PFA. La causa contó con la intervención del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez.

Cómo se desarrolló la investigación

La investigación comenzó a principios de este año, cuando la división especializada de la PFA buscaba determinar si “Leo” comercializaba drogas de diseño a través de plataformas digitales. A partir de esa hipótesis, se desplegaron tareas de campo, seguimientos y vigilancias sobre su domicilio.

Tras meses de seguimiento, la Policía Federal Argentina lo detuvo y allanó el domicilio, donde secuestró éxtasis, tusi, ketamina, cocaína, marihuana, GHB y un arma de fogueo, además de insumos para el fraccionamiento de las dosis.

Mediante ese trabajo de campo, los detectives comprobaron la actividad del hombre en las inmediaciones de su vivienda. También constataron que el sospechoso ofrecía distintas sustancias a través de redes sociales, lo que permitió avanzar sobre el circuito de comercialización.

La investigación determinó la existencia de un esquema destinado al fraccionamiento y la venta de diversas drogas de diseño y estupefacientes tradicionales. Con esos elementos, los agentes federales solicitaron y obtuvieron la orden judicial para allanar la propiedad. Los efectivos detuvieron al sospechoso y secuestraron 106 dosis de éxtasis, 52 de cocaína, 24 de metanfetamina y 20 de tusi.

El material secuestrado quedó a disposición del Juzgado de Morón, que continúa con la investigación del circuito de comercialización identificado.

Fuentes oficiales precisaron que el transporte, de bandera brasileña, fue interceptado cerca de las 23.30 sobre la Ruta Provincial 1, a la altura del kilómetro 1. El chofer había declarado que trasladaba muebles procedentes del país vecino.

Sin embargo, durante el control, el perro antinarcóticos “León” marcó el semirremolque. Ante esta situación, los agentes utilizaron luego un escáner móvil, que detectó objetos que no coincidían con la carga declarada.

Los gendarmes entonces revisaron el sector superior de la mercadería y hallaron paquetes de gran tamaño envueltos en papel madera. En el interior había 2.035 panes de cannabis sativa, con formas rectangulares y amorfas.

El pesaje posterior estableció que la droga tenía un total de 1.544 kilos y 54 gramos. La Unidad Fiscal de Posadas intervino en el caso y, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes, ordenó la detención del conductor, además del secuestro de la sustancia, el camión, dos teléfonos celulares y dinero.

Otros 800 kilos de marihuana en la costa del Paraná

En otro procedimiento en Misiones, Gendarmería incautó poco más de 800 kilos de marihuana que estaban acopiados en la costa del río Paraná.

Esta vez, fueron integrantes de la Sección Núcleo del Escuadrón 10 Eldorado los que realizaron el hallazgo. Sucedió en medio de una recorrida por un sector de vegetación. Allí advirtieron que varias personas descargaban bolsones desde una embarcación pequeña, una maniobra narco típica de la zona.

Al detectar la presencia de los efectivos, los ocupantes de la canoa escaparon hacia Paraguay, dejando abandonada la droga en el lugar.

Los agentes encontraron 22 bultos. Del total, 19 contenían 847 paquetes rectangulares de color violeta y los otros tres tenían cogollos de marihuana.

El análisis Narcotest confirmó que se trataba de cannabis sativa: 755 kilos y 400 gramos correspondían a los paquetes y 45 kilos y 400 gramos, a los cogollos.

La Sede Fiscal Descentralizada de Eldorado dispuso el secuestro de la droga y ordenó continuar con las medidas para identificar a los responsables.

Los datos son positivos. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cada vez decomisan menos kilos de marihuana ya tratada lista para vender y menos plantaciones. En 2025 (últimos datos) se incautaron 35,4 toneladas de marihuana (un 16% menos que el año anterior) y 875.000 plantas (un 17,7% menos), una tendencia descendente en los últimos ejercicios en ambas estadísticas. Pero aunque se coge menos, hay que seguir destruyendo la droga que se coge a los narcos. Por eso, el Ministerio del Interior acaba de licitar un nuevo contrato para la “eliminación de marihuana y otros productos contaminados en investigaciones por tráfico de drogas en vertedero o planta de compostaje”.

Interior destina el mismo dinero que en el anterior contrato de 2024: 132.000 euros para que la empresa o empresas adjudicatarias puedan hacer este trabajo, dividido en dos lotes por razones geográficas: el lote 1 que incluye Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana (donde se decomisa el 50% de la droga) y el lote 2 para Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid (que suman otros 17% del total de droga). El contrato deja fuera Cataluña, en cuyo territorio se incauta otro 25% de marihuana. ¿Por qué el mismo precio si han pasado dos años?

Porque la droga a destruir es menos y porque el Ministerio del Interior sigue aplicando para este trabajo el precio por hora que el convenio colectivo aprobado del sector de saneamiento público, limpieza viaria, riegos, recogida, tratamiento y eliminación de residuos, limpieza y conservación de alcantarillado, paga para los empleos de peones o mozos. La Secretaría de Estado de Seguridad considera que el coste máximo que se pretende seguir pagando (27,5 euros por empleado y hora) es “adecuado” porque supera a lo que marca el convenio, ya que los trabajadores están en contacto “con material estupefaciente” y se trata de un producto insalubre en cuanto a la emanación de gases y olores. Con todos los costes añadidos de transportes y material, destruir una tonelada de marihuana cuesta 155 euros.

En 2024, por ejemplo, los dos lotes fueron asumidos por la firma PreZero España, división medioambiental del Grupo Schwarz que integra también, por ejemplo, a los supermercados Lidl. La misma compañía se ha presentado ahora a la licitación de este año. Interior quiere recalcar que “con el fin de reducir la oferta de drogas en el mercado ilegal, la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones ha destinado para el ejercicio 2026 la cantidad de 1.450.000 euros para sufragar gastos de apoyo logístico y material para el transporte y destrucción de drogas, precursores, plantaciones de marihuana y embarcaciones”.

Destrucción de plantaciones

El desmantelamiento de plantaciones de marihuana es uno de los principales problemas logísticos a los que se enfrentan en la actualidad los agentes. “Este tipo de cultivos ilegales ha crecido de forma exponencial en los últimos años, tanto en plantaciones de exterior como indoor”, reconoce Interior, aunque los datos demuestran que cada vez se decomisan menos plantas. Hasta el año 2017, todas estas plantas incautadas se eliminaban en hornos, igual que otras drogas como el hachís o la cocaína, pero a partir de esa fecha las autoridades judiciales permiten, en ocasiones, el tratamiento en vertederos y, desde 2021, también la destrucción de plantaciones in situ. De hecho, el último gran contrato para destruir plantaciones se adjudicó en junio de 2024 por 395.000 euros.

El objeto de este nuevo contrato de 132.000 euros no se centra principalmente en las plantaciones, sino en los kilos de marihuana ya tratados (el resultado final que se vende en la calle), que hay que eliminar en vertederos o plantas de compostaje. También están incluidas plantaciones. “La finalidad del presente contrato es evitar que este tipo de estupefaciente se deposite en instalaciones oficiales, de tipo policial o dependiente de otros organismos, dados los problemas de índole contaminante que genera su almacenamiento, así como de seguridad durante su custodia”, señala la memoria justificativa del contrato.

No se establecen cantidades mínimas ni máximas para eliminar. A título orientativo, en el contrato anterior de 2024 se realizaron unos 50 servicios con un peso medio de 1.100 kilos, (siendo el mínimo peso de 60 kilos y el máximo de 15.000 kilos) para el lote 1. En el lote 2 se realizaron unos 10 servicios, con un precio medio de 2.200 kg (siendo el mínimo peso de 220 kilos y el máximo de 10.700 kilos). Salvo excepciones derivadas del estado de las mercancías, los transportes irán acompañados de una escolta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o Vigilancia Aduanera. La duración de este contrato es de un año.

En el departamento también arrestaron a Mirta Soledad C., de 27 años. Allí, además, secuestraron 507 gramos de cocaína, 76 envoltorios preparados para la venta, tres balanzas de precisión, dos máquinas selladoras, bolsas para el armado de dosis, tres teléfonos celulares y una camioneta Chevrolet S10.

Los elementos confirmaron las sospechas de los investigadores del caso, que consideraban ese inmueble como el principal punto de preparación y distribución de estupefacientes de una red que se descubrió tras varios meses de vigilancia, seguimientos y monitoreo virtual.

El allanamiento a “El Gordo” fue uno de los siete que se realizaron anoche en domicilios de Oberá y General Alvear.

Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de la Unidad Regional II, Drogas Peligrosas, Infantería y grupos tácticos que llegaron desde Posadas, en el marco de la llamada Operación Dominó, y con autorización del Juzgado Federal de Primera Instancia de Oberá, a cargo del juez Marcos Alejandro Gallandat Luzuriaga.

El resultado fue de nueve detenidos, más de medio kilo de cocaína incautado y $2.287.000 en efectivo, además de vehículos, una lancha deportiva, un rifle, municiones y dispositivos electrónicos.

El despliegue fue grande. Antes de las irrupciones, la Policía comenzó a monitorear desde el aire los sectores donde se encontraban los domicilios investigados. Mediante drones vigilaron accesos y posibles rutas de fuga mientras los equipos avanzaban sobre los objetivos.

Uno de los allanamientos se realizó en una propiedad rural de General Alvear, donde detuvieron a Milagro D., de 32 años. En la vivienda encontraron dinero, una máquina contadora de billetes, un cuaderno con anotaciones y nombres, dos celulares, un Volkswagen Up y un rifle calibre 22 con mira telescópica y municiones. Tres menores que estaban en el lugar recibieron asistencia.

En Villa Gunther, un barrio residencial obereño, fueron detenidos Juan José R., de 66 años, padre de “El Gordo”, y Rosa G., de 67. En ese domicilio también se incautaron cinco envoltorios con cocaína, $438.000, un celular y un Renault Captur.

En otro operativo en Oberá, más precisamente en el barrio Villa Stemberg, las autoridades arrestaron a Sandra O. y Héctor V., ambos de 49 años. Además, en una casa sobre la avenida Picada Vieja fue detenida Aide L., de 26 años. Allí, los agentes secuestraron dos celulares, tres tarjetas bancarias, cerca de $2 millones y una lancha deportiva.

El último detenido fue Luis S., de 72 años, capturado también en Villa Gunther. En su vivienda había una balanza, bolsas de polietileno que serían utilizadas para fraccionar droga y tres teléfonos celulares. En tanto, en otra de las propiedades alcanzadas por la orden judicial también secuestraron un celular.

Los nueve detenidos quedaron a disposición de la Justicia federal. La causa continúa ahora con peritajes sobre los teléfonos, el cuaderno de anotaciones, la documentación y los movimientos financieros para establecer el alcance de la banda y la función que habría tenido cada acusado.

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Fiscalía General de Justicia (FGJ), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN) cumplieron dos órdenes de cateo en las alcaldías Miguel Hidalgo e Iztapalapa. Las corporaciones detuvieron a siete personas y aseguraron motocicletas robadas, un arma de fuego y dosis de presuntas drogas.

Los cateos se ejecutaron de forma simultánea en inmuebles de las colonias América y Culhuacán, tras labores previas de inteligencia policial. La acción forma parte de la Estrategia Integral Contra el Robo de Vehículos y Autopartes, instruida por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Clara Brugada Molina ordenó la Estrategia Integral Contra el Robo de Vehículos

Mediante labores de inteligencia, los oficiales de la SSC ubicaron dos viviendas que, según las indagatorias, funcionaban como bodegas de motocicletas con reporte de robo. Las autoridades implementaron vigilancia fija y móvil sobre ambos domicilios antes de la intervención.

Un agente del Ministerio Público integró los datos de prueba obtenidos durante la investigación y los presentó ante un juez de control. El juzgador autorizó las órdenes de cateo para ambos inmuebles, ubicados en las alcaldías Miguel Hidalgo e Iztapalapa.

Los efectivos de la SSC, la FGJ, la SEMAR y la GN desplegaron un operativo simultáneo para cumplir el mandamiento judicial. La corporación actuó sin uso de violencia y en apego a los protocolos de actuación policial.

El despliegue conjunto respetó los derechos humanos de los ocupantes de ambos inmuebles, según reportó la SSC. La coordinación entre corporaciones buscó garantizar la legalidad del procedimiento durante todo el operativo.

El cateo en la calle Sur 130, colonia América, alcaldía Miguel Hidalgo

Los efectivos ingresaron al primer inmueble, ubicado en la calle Sur 130, colonia América, alcaldía Miguel Hidalgo. En el domicilio, los agentes detectaron indicios del posible almacenamiento de vehículos robados y sustancias ilícitas.

Los uniformados aseguraron tres placas de motocicleta con reporte de robo. También decomisaron un arma de fuego tipo pluma en el interior de la vivienda.

Los policías localizaron ocho cartuchos útiles de diversos calibres durante la revisión del inmueble. Además, hallaron 20 dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina y 20 dosis con apariencia de cocaína en piedra.

En el cateo de la calle Sur 130, colonia América, alcaldía Miguel Hidalgo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a cinco hombres y aseguró motocicletas robadas, un arma de fuego y dosis de presuntas drogas. Un juez de control había autorizado la intervención tras detectar indicios de almacenamiento de vehículos con reporte de robo en el inmueble.

En el lugar, los oficiales detuvieron a cinco hombres de 50, 39, 29 y dos de 46 años de edad. Cuatro de los detenidos son de nacionalidad venezolana, según confirmó la corporación.

Los uniformados informaron a los detenidos sus derechos constitucionales antes de trasladarlos. Los cinco hombres quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

El aseguramiento en la calle Morelos, colonia Culhuacán, alcaldía Iztapalapa

En un segundo operativo, los efectivos ingresaron a un inmueble ubicado en la calle Morelos, colonia Culhuacán, alcaldía Iztapalapa. El domicilio presuntamente era utilizado para el desmantelamiento de motocicletas y motonetas robadas.

Los policías aseguraron tres motocicletas con reporte de robo dentro de la propiedad. También decomisaron una báscula gramera empleada, según las indagatorias, para el fraccionamiento de droga.

Los uniformados localizaron 20 dosis de una sustancia blanca con características similares a la cocaína en piedra. Asimismo, hallaron 20 dosis de una sustancia con apariencia de metanfetamina en el lugar.

Las autoridades detuvieron a dos hombres de 40 y 44 años de edad en el inmueble de Culhuacán. Los agentes les informaron sus derechos constitucionales antes de trasladarlos ante la autoridad ministerial.

Según las indagatorias, el inmueble era utilizado por los implicados para desmantelar motocicletas y motonetas sustraídas en la Ciudad de México y el Estado de México. Las autopartes obtenidas del desmantelamiento presuntamente se comercializaban en distintos puntos de la capital.

Las autoridades judiciales determinarán la situación legal de los siete detenidos en las próximas horas. Todos los procedimientos se realizaron en apego a los protocolos de actuación policial y con respeto a los derechos humanos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que continuará las labores de inteligencia contra el robo de vehículos y autopartes en la capital. La corporación trabaja de forma coordinada con la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

Con estas acciones, las autoridades capitalinas buscan reducir el mercado ilegal de motocicletas y sustancias ilícitas en la Ciudad de México. Las instituciones participantes reiteraron su compromiso con la Estrategia Integral Contra el Robo de Vehículos y Autopartes.

La presencia de un presunto integrante de La Unión Tepito entre aficionados de La Rebel, la barra del equipo Pumas de la UNAM, puso bajo la lupa los posibles vínculos entre grupos delictivos y espacios de animación futbolística.

El periodista Antonio Nieto señaló que Daniel “N”, alias “El Pinky”, detenido hace unos días por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, formaría parte de La Unión Tepito y tendría presencia dentro de La Rebel.

De acuerdo con lo expuesto por Nieto, “El Pinky” era conocido como “Polilla” dentro de la barra y presuntamente se encargaba de distribuir droga para integrantes de La Unión Tepito. El periodista afirmó que el señalado habría surtido estupefacientes a “El Gacela” y a su sucesor para posteriormente comercializarlos en el Estado de México.

Las imágenes difundidas muestran a Daniel “N” junto con aficionados de Pumas durante actividades relacionadas con La Rebel. La información sobre su presunto papel dentro de la barra corresponde a los señalamientos difundidos por el periodista y no implica, por sí misma, que La Rebel o sus integrantes como colectivo tengan vínculos con el grupo criminal.

“El Pinky”, detenido con droga en La Merced

La detención de Daniel “N” ocurrió el 20 de septiembre, cuando elementos de la SSC realizaban labores de vigilancia en la zona de La Merced, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Según la información proporcionada por la dependencia, los agentes observaron a una mujer a bordo de una motocicleta que intercambiaba envoltorios con dos hombres que se encontraban dentro de un automóvil blanco, en la zona del puente de General Anaya.

Al notar la presencia policial, los dos hombres intentaron escapar a bordo del vehículo, pero fueron interceptados por los uniformados, quienes realizaron una revisión preventiva.

Durante el operativo fueron aseguradas 133 bolsitas con una hierba verde con características de mariguana y 64 bolsitas con una sustancia sólida similar a la piedra.

Además, los policías encontraron 35 gramos de aparente cristal, un kilogramo de hierba seca y verde a granel, dos armas de fuego, 15 cartuchos útiles, un cargador metálico, tres teléfonos celulares y dos mochilas.

Junto con “El Pinky” fueron detenidos José “N”, alias “El Colin”, de 42 años, e Isabel “N”, “La Chabela”, de 28 años. Los tres fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinaría su situación jurídica.

Antecedentes de los tres detenidos

Después de la detención, un cruce de información permitió establecer que los dos hombres cuentan con antecedentes de ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

El hombre de 42 años registra dos ingresos: uno por robo agravado calificado en pandilla, en 2019, y otro por robo agravado en pandilla, en 2018.

El hombre de 33 años cuenta con un ingreso registrado en 2021 por delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, hipótesis de comercio-venta, además de cohecho.

En el caso de “La Chabela”, las autoridades señalaron que cuenta con una carpeta de investigación por robo a transeúnte con violencia.

La SSC agregó que, de acuerdo con las indagatorias policiales, los tres detenidos son señalados por su posible pertenencia a un grupo delictivo dedicado a la extorsión y cobro de piso, secuestro, tráfico de armas y venta de drogas en la zona.

El caso vuelve a colocar a “El Pinky” en el centro de una investigación por presuntos vínculos con La Unión Tepito, mientras que las fotografías difundidas por Antonio Nieto muestran su presencia entre integrantes de La Rebel.

Hasta ahora, los señalamientos sobre su presunta función dentro de la barra corresponden a información difundida públicamente y deberán ser establecidos por las autoridades competentes dentro de las investigaciones correspondientes.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México catearon un inmueble que funcionaba como punto de venta de droga en la alcaldía Tlalpan. La acción ocurrió en la calle Bienestar, colonia San Miguel Ajusco, cuando oficiales realizaban recorridos de vigilancia y detectaron a dos hombres armados dentro de un vehículo.

Los uniformados detuvieron a Ricardo “N”, de 26 años, y Luis “N”, de 37, tras hallarles armas de fuego y 253 dosis de posibles narcóticos. Según el programa C4 en Alerta, el sitio operaba bajo el control del grupo criminal Los Mojarras, cuyos integrantes obtenían ganancias diarias superiores a los 400 mil pesos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana detalla el operativo en San Miguel Ajusco

La dependencia capitalina informó que los policías patrullaban la zona como parte de acciones de inteligencia contra delitos de alto impacto. Los oficiales observaron un vehículo con dos tripulantes: uno portaba un arma de fuego y el otro llevaba bolsas similares a las que se usan para comercializar droga.

Los agentes se aproximaron a los sospechosos y se identificaron antes de realizar una revisión preventiva. El protocolo permitió confirmar la posesión de armamento y de sustancias con características de narcóticos.

La revisión arrojó un arma larga con diez cartuchos y un arma corta con once cartuchos útiles. Los oficiales también aseguraron dos teléfonos móviles, una libreta y dinero en efectivo dentro del vehículo.

Entre las dosis aseguradas, la SSC contabilizó 89 bolsitas con características de marihuana y 64 bolsitas con una sustancia sólida similar a la metanfetamina. La corporación sumó además 100 dosis de probable cocaína, para un total de 253 dosis.

Los detenidos recibieron la lectura de sus derechos constitucionales conforme al protocolo policial. Después, los oficiales trasladaron a ambos hombres, junto con lo asegurado, ante el agente del Ministerio Público correspondiente.

La autoridad capitalina precisó que el Ministerio Público determinará la situación jurídica de Ricardo “N” y Luis “N”. Un cruce de información policial vinculó a los detenidos con un grupo criminal dedicado a extorsión, secuestro, cobro de piso y narcomenudeo.

C4 en Alerta revela el papel de Los Mojarras en el inmueble asegurado

El periodista Carlos Jiménez, conductor de C4 en Alerta, identificó al grupo criminal vinculado con el inmueble como Los Mojarras. La organización usaba la propiedad no solo para vender droga, sino también para cocinar estupefacientes y dar refugio a personas con adicciones.

Jiménez explicó ante su programa que el punto de venta generaba ingresos diarios que superaban los 400 mil pesos. El comunicador precisó que esa cifra podía variar según la demanda registrada en la zona de San Miguel Ajusco.

Las autoridades capitalinas bloquearon todos los accesos y salidas del inmueble antes de ingresar al domicilio. La maniobra buscó evitar que los presuntos narcomenudistas escaparan durante el cateo.

De acuerdo con la información recabada por C4 en Alerta, Ricardo “N” y Luis “N” operaban bajo las órdenes de un líder de Los Mojarras. Ese líder continuaría al mando del grupo desde el interior del Reclusorio Norte, según la misma fuente.

El programa también señaló la participación de un hombre identificado como Emanuel dentro de la estructura criminal. Las autoridades no han emitido un pronunciamiento adicional sobre la identidad completa de este presunto operador.

Este caso confirma un patrón que las autoridades capitalinas han documentado en distintos puntos de la Ciudad de México. Los grupos dedicados al narcomenudeo suelen combinar la venta de droga con extorsión y cobro de piso, lo que multiplica el impacto económico de cada punto de venta desmantelado.

El grupo criminal opera en Tlalpan y otros puntos de la capital

La SSC detalló que Los Mojarras mantienen operaciones activas en distintas colonias de la alcaldía Tlalpan. La corporación agregó que el grupo también extiende su actividad hacia otros puntos de la Ciudad de México.

Las autoridades capitalinas atribuyen a esta organización delitos como extorsión y secuestro, además del narcomenudeo confirmado en San Miguel Ajusco. El cobro de piso a comerciantes de la zona figura entre las prácticas documentadas por la corporación.

El caso de Tlalpan se suma a otros operativos recientes de la SSC contra estructuras criminales en la capital. Días antes, la corporación había detenido a un presunto líder de otro grupo delictivo en la alcaldía Benito Juárez.

Las autoridades no precisaron si existe una relación directa entre ambos operativos ni entre las organizaciones involucradas. La SSC sostuvo que continuará con las labores de inteligencia e investigación para ubicar otros puntos de venta activos.

El Ministerio Público mantiene abierta la carpeta de investigación derivada del cateo en la calle Bienestar. Las autoridades capitalinas no han informado plazos para la resolución de la situación jurídica de los detenidos.

Presley Gerber, único hijo de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, atravesaba un severo deterioro físico y anímico en los meses previos a su muerte, ocurrida el 20 de septiembre por una posible sobredosis, de acuerdo con una fuente cercana a su madre.

El joven de 27 años, exmodelo de Calvin Klein, había hablado públicamente este año sobre su recuperación de la adicción a las drogas y aseguró en videos en redes sociales que había “empezado a encontrar el camino de vuelta” hacia sí mismo. Sin embargo, esa mejoría se revirtió en los últimos tres meses.

La misma fuente describió a Gerber como “realmente delgado”, “pálido” y “demacrado” en las semanas anteriores a su fallecimiento.

También señaló que el joven mostraba señales de nerviosismo y en ocasiones no lograba articular ideas con coherencia.

Gerber ingresó el sábado al centro Resolutions Living, una instalación de rehabilitación valuada en 7,7 millones de dólares ubicada en Santa Mónica, California. Murió pocas horas después.

“Presley estaba consumiendo drogas antes de ir a rehabilitación. Por eso fue, porque no podía dejar el hábito”, relató la fuente.

Según ese mismo testimonio, “se veía terrible antes de internarse, estaba muy delgado y pálido, su rostro estaba demacrado, y estaba deprimido en las semanas previas a su muerte”.

Y agregó: “Parecía estar consumiendo metanfetamina, tenía esa apariencia, pero nadie sabía con certeza qué estaba tomando”, agregó la fuente, quien remarcó que “los adictos no suelen decir la verdad”.

Gerber había admitido previamente el consumo de una variedad de sustancias, entre ellas Xanax, Valium, Oxycodona y ketamina.

El joven había pasado por múltiples internaciones a lo largo de los años, pero se mostraba escéptico frente a su eficacia.

“Había estado en rehabilitación muchas veces y no le gustaba. Era muy vocal al decir que la rehabilitación no funciona. Incluso dijo en su programa que tiene una tasa de fracaso del 98%”, indicó la fuente.

Pese a ese rechazo, sus padres insistieron en buscar ayuda profesional. “Ambos padres lo hicieron ir a rehabilitación porque sabían que estaba consumiendo”, sostuvo la fuente, que calificó a Cindy Crawford y Rande Gerber como “padres helicóptero” muy involucrados en la vida de su hijo.

“No iban a rendirse con él, así que probaron con otro centro de rehabilitación, tenían mucha esperanza. Entraba y salía de rehabilitación todo el tiempo, gastaron una fortuna para intentar que se enderezara”, relató la fuente.

Según la fuente consultada, el mayor temor de la familia era que Gerber consumiera una combinación peligrosa de sustancias. “Su peor temor era que consumiera un mal cóctel de drogas y muriera”, señaló.

“Les preocupaba el fentanilo y tuvieron muchas conversaciones sobre eso. Esto absolutamente era un problema para ellos, y estaban luchando para mantenerlo con vida”.

De acuerdo con datos del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles, el 70% de las sobredosis en la región son provocadas por fentanilo.

La causa de muerte de Presley Gerber aún no ha sido confirmada oficialmente.

En marzo, Crawford había llamado públicamente a su hijo “guerrero” en Instagram, luego de que este revelara que se había sometido a un tratamiento experimental con dosis de ibogaína en México para combatir su adicción.

Aunque la supermodelo estadounidense no solía hablar abiertamente sobre la lucha de su hijo contra las drogas, publicaba con frecuencia mensajes de apoyo en las redes sociales de Gerber.

“Todos quieren saber cómo murió en rehabilitación, un lugar que se supone debía salvarlo”, indicó la fuente. “Presley pudo haber ingresado drogas a escondidas, nadie lo sabe por ahora”.

La fuente también mencionó que el joven mantenía amistades con personas ajenas a su círculo habitual de figuras públicas, entre ellas Brooklyn Beckham, Sofia Richie, Brandon Thomas Lee y Paris Hilton. “Tenía amigos en Los Ángeles que eran algo extraños, pero quién no los tiene”, dijo.

El Departamento de Policía de Santa Mónica investiga la muerte como una presunta sobredosis y no encontró indicios de intervención de terceros.

Ya se realizó una autopsia, según confirmó la Oficina del Médico Forense del condado de Los Ángeles, aunque la causa oficial de muerte quedó pendiente de resultados adicionales, un proceso que podría tardar varios meses en completarse debido a los análisis toxicológicos.

Hayden Panettiere fue encontrada “de color púrpura”, sentada boca abajo e inconsciente en un sofá cama de un apartamento en Greenville, Carolina del Sur, según el informe forense de la Oficina del Forense del Condado de Greenville.

El documento, difundido en versión censurada, detalla las circunstancias que rodearon la muerte de la actriz de 36 años, ocurrida el 16 de agosto.

La Oficina del Forense del Condado de Greenville había señalado un día antes que Panettiere murió por los “efectos tóxicos” del fentanilo y otras tres sustancias.

El informe completo, ahora conocido, agrega precisiones sobre el hallazgo del cuerpo y el entorno en el que se produjo el deceso.

¿Quién encontró el cuerpo?

El documento no incluye los nombres de Brian Hickerson, pareja intermitente de la actriz, ni de su hermano Zach Hickerson, aunque un reporte del Departamento de Policía de la ciudad de Greenville, fechado el 18 de agosto, confirmó que ambos estaban presentes cuando se declaró la muerte de Panettiere.

En el informe forense se los identifica únicamente como “el novio de la fallecida” y su hermano.

Según consta en el documento, Hickerson relató a la policía que fue a despertar a Panettiere para ir a almorzar y la encontró sin signos de vida.

Le administró Narcan en dos ocasiones y afirmó que “desconocía” que hubiera consumido drogas ese día o el anterior. Los hermanos llamaron al 911 y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los paramédicos.

“Era muy buena para ocultarlas”, dijo Hickerson en referencia a las drogas, según el informe. Agregó que en una ocasión anterior también había tenido que aplicarle Narcan a la artista.

Hayden Panettiere había salido de rehabilitación

De acuerdo con el documento, Hickerson señaló que Hayden Panettiere había permanecido en un centro de rehabilitación de drogas en Malibú, California, hasta “unas semanas antes” de su muerte.

El padre de la estrella confirmó ese dato a la policía luego de ser informado del fallecimiento.

Según el mismo relato, la pareja había viajado la noche anterior desde Los Ángeles hasta Carolina del Sur, donde alquilaron un Airbnb.

Hickerson indicó que Panettiere había ido a Greenville para celebrar su cumpleaños número 37, previsto para el 21 de agosto, y que luego planeaba viajar a Ucrania.

La intérprete mantuvo una relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko, con quien tiene una hija de 11 años, Kaya. La pareja estuvo comprometida hasta su separación en 2018, año en el que la actriz cedió la custodia total de la niña a Klitschko.

En su libro de memorias de 2026, This Is Me, Panettiere calificó la vida separada de su hija como “la experiencia más desgarradora de mi vida” y se refirió abiertamente a sus problemas de adicción y depresión posparto.

¿Qué sustancias encontró la policía en el lugar?

Un oficial de la policía de Greenville localizó una “bolsa de plástico transparente con una sustancia blanca en polvo” dentro de la maleta de Panettiere, un “popote cortado con residuos” en un neceser de maquillaje y un frasco de medicamentos etiquetado como Adderall que contenía “tabletas de color azul que parecían ser pastillas prensadas” junto con otro popote cortado, según el informe.

Tanto las pastillas como el polvo dieron positivo para fentanilo. La Oficina del Forense indicó en su comunicado del 22 de septiembre que la actriz murió por los “efectos tóxicos del fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina”, y calificó el deceso como accidental.

El informe también menciona el hallazgo de una “lonchera pequeña de color azul verdoso con viales de vidrio, jeringas prellenadas y vacías” dentro del refrigerador del apartamento, sin precisar el contenido de los viales.

Además, se encontraron frascos de medicamentos recetados sobre una mesa de la cocina.

La Administración para el Control de Drogas (DEA) investiga si el fentanilo provino de Carolina del Sur o si la actriz lo llevó consigo desde California.

La madre de Panettiere, Lesley Vogel, afirmó en declaraciones recogidas por ABC News que el hecho de que la muerte haya sido calificada como sobredosis accidental “no exonera al proveedor de esta dosis letal”.

“La pérdida de Hayden es palpable, el duelo permea el alma y vivirá con quienes la amaron para siempre”, agregó Vogel.

Con pasillos estrechos, rejas, tendederos y objetos acumulados en las áreas comunes forman parte del interior de la vecindad ubicada en la calle Caridad número 13, en Tepito, señalada como refugio de presuntos integrantes de La Anti Unión Tepito El inmueble se encuentra en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, a pocas calles del Mercado 14.

Las imágenes difundidas también por Carlos Jiménez, conductor de C4 en Alerta, exhiben ropa, bolsas de basura, electrodomésticos y otros artículos dentro del predio. El periodista señaló que Ángel Ramsés “N”, alias El Fideos, residía en ese lugar antes de su detención por agentes de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

La Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes cateó el domicilio el 19 de septiembre con respaldo de seguridad perimetral de la Secretaría de Marina. Las autoridades aseguraron 107 dosis de metanfetamina, marihuana a granel y el inmueble, mientras la investigación analiza su posible vínculo con el homicidio de Odette Rosas y Abigail Herrera.

El material mostró también electrodomésticos, cajas de tenis y mangueras dispersas en los pasillos comunes. Según el reporte de Jiménez, el lugar funcionaba como punto de resguardo para varios presuntos miembros del grupo criminal.

El periodista señaló que en uno de los departamentos de esa vecindad permanecieron privadas de su libertad dos mujeres antes de ser asesinadas. De acuerdo con su información, ambas fueron agredidas dentro del inmueble antes del homicidio ocurrido en calles cercanas.

La zona donde se ubica la vecindad ha registrado históricamente disputas entre organizaciones dedicadas al narcomenudeo y la extorsión. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ha señalado en reportes previos la presencia de células de La Unión Tepito y La Anti Unión en ese perímetro.

Fiscalía y Marina aseguraron metanfetamina y 33 kilogramos de marihuana en la vecindad de la calle Caridad

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informó en el comunicado de prensa número 265 que personal naval brindó seguridad perimetral durante la diligencia. La corporación precisó que el acompañamiento se realizó en apoyo a la Fiscalía de Investigación de la Fiscalía General de la República.

El expediente de la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes detalla que el cateo se ejecutó el 19 de septiembre, entre las 22:15 y las 22:55 horas. En la diligencia participaron también personal del Ministerio Público, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y peritos criminólogos.

Como resultado del cateo, las autoridades aseguraron 107 dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina. El expediente ministerial reportó además 33 kilogramos de marihuana a granel localizados en el domicilio.

El comunicado de la Marina precisó, por su parte, que también se decomisaron 22 dosis de hierba verde seca con características similares a la marihuana. La Armada de México informó que el propio inmueble quedó asegurado junto con los indicios recolectados.

Los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para su análisis. La Secretaría de Marina reiteró que este tipo de acciones responde a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad.

Esta pregunta resume el hallazgo central de la diligencia: ¿qué encontraron las autoridades en la vecindad de Tepito? La Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes y la Marina confirmaron el aseguramiento de 107 dosis de metanfetamina, 33 kilogramos de marihuana a granel y el propio inmueble de la calle Caridad 13, ligado a un integrante de La Anti Unión Tepito señalado en el homicidio de dos mujeres.

El cateo en la vecindad se realizó tres días después de que agentes de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieran a tres presuntos integrantes de La Anti Unión Tepito. Esa primera captura ocurrió el 17 de septiembre en el cruce de las calles Claridad y González Ortega, en la misma colonia Morelos.

El Fideos y los detenidos vinculados al doble homicidio de Odette Rosas y Abigail Herrera

La Secretaría de Seguridad Ciudadana identificó a uno de los tres detenidos como Ángel Ramsés “N”, alias El Fideos. La corporación lo señaló como presunto sicario de una célula que opera en la zona Centro bajo el mando de un sujeto identificado como El Felipe.

Según la información oficial de la SSC, los agentes observaron a los tres sujetos cuando manipulaban un arma de fuego y bolsas con posible droga. Tras una revisión preventiva, les aseguraron un arma larga, un arma corta y nueve cartuchos útiles.

Las autoridades capitalinas reportaron además el decomiso de 98 bolsitas con aparente marihuana, 95 con posible metanfetamina y 99 con características de cocaína. Los agentes también encontraron una báscula gramera, dinero en efectivo y un teléfono celular en poder de los detenidos.

De acuerdo con Carlos Jiménez, El Fideos declaró tener 17 años de edad al momento de su detención. El periodista indicó que junto a él fueron capturados otro menor de edad y un hombre de 38 años.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que los tres detenidos serían integrantes de una célula generadora de violencia vinculada al doble homicidio ocurrido el 16 de septiembre en la colonia Morelos. El Ministerio Público determinará la situación jurídica de los tres hombres puestos a su disposición.

Las víctimas del ataque fueron identificadas como Odette Rosas, de 18 años, y Abigail Herrera, de 19. Ambas fueron atacadas a balazos durante la madrugada del 16 de septiembre, cerca del cruce de Rinconada y Toltecas, en Tepito.

Según reportes difundidos por el periodista Carlos Jiménez, ambas jóvenes salieron de una fiesta de festejos patrios alrededor de las tres de la madrugada. De acuerdo con su información, dos hombres a bordo de una motocicleta les dispararon en ese momento.

Jiménez señaló que Odette Rosas era identificada como pareja sentimental de un integrante de La Anti Unión Tepito. El periodista añadió que la organización acusaba a la joven de intentar vincularlos con el grupo rival La Unión Tepito.

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han confirmado públicamente que las víctimas pertenecieran a alguna organización criminal. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó en su momento que sus elementos realizaban el monitoreo de cámaras de videovigilancia para ubicar a los responsables del ataque.

El periodista Carlos Jiménez también relacionó a El Fideos con el asesinato de un presunto líder de Los Fortis. Ese grupo mantiene una disputa territorial con La Anti Unión Tepito por el control de la venta de droga y las extorsiones en la zona.

La investigación sobre el doble homicidio de Odette Rosas y Abigail Herrera continúa abierta en la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes. Las autoridades deberán determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los detenidos y esclarecer el móvil completo del crimen.

Braden Peters, conocido como Clavicular, enfrenta en Massachusetts cargos por violación, por presuntamente drogar a una persona con fines sexuales y por proporcionar alcohol a una menor de edad. El caso, denunciado públicamente el pasado martes 22 de septiembre de 2026, genera indignación entre usuarios mexicanos porque involucra a un creador de contenido de 20 años que acumula millones de seguidores y cuya fama habría influido en el entorno de las presuntas víctimas.

Peters debe comparecer ante un tribunal el próximo 14 de octubre de 2026. Los cargos fueron presentados el 8 de septiembre ante la Corte de Distrito de Orleans, en Massachusetts, por hechos que presuntamente ocurrieron el 23 de mayo de 2025 en Chatham, una localidad de Cape Cod.

El caso se extendió en redes sociales mexicanas pese a que Clavicular no contaba con una presencia masiva en el país. Comentarios de repudio y exigencias de justicia se concentran en las acusaciones contra el streamer y en la relación de poder que habría tenido frente a adolescentes y seguidoras.

Braden Peters enfrenta tres cargos en Massachusetts

Braden Eric Peters es un influencer estadounidense conocido en TikTok, Instagram, X y transmisiones en vivo. Bajo el nombre de Clavicular promueve el “looksmaxxing”, una corriente digital enfocada en modificar y maximizar la apariencia física masculina mediante rutinas, tratamientos estéticos y prácticas que pueden resultar riesgosas.

De acuerdo con registros judiciales citados por USA Today, “Streamer Clavicular faces rape and drugging charges”, Peters enfrenta un cargo por violación, otro por drogar a una persona para mantener relaciones sexuales y uno más por proporcionar alcohol a una persona menor de 21 años.

La acusación se relaciona con una adolescente que tenía 17 años al momento de los hechos denunciados. El expediente sostiene que el creador de contenido la habría citado en la casa de su familia en Chatham, Massachusetts, para participar en una transmisión.

Según NPR, “Social media influencer ‘Clavicular’ accused of rape”, la joven declaró que Peters le pidió decir frente a la cámara que tenía 18 años y presentar el vodka como si fuera agua. La adolescente aseguró que se sintió presionada para beber y que comenzó a intoxicarse después de consumir alcohol.

La denuncia señala que, tras terminar la transmisión, ambos tuvieron contacto físico y posteriormente una relación sexual que, según la presunta víctima, ocurrió sin su consentimiento. La representación de Peters niega las acusaciones.

El caso ocurre tras una denuncia de Alorah Ziva

La investigación penal aparece meses después de una demanda civil presentada por Aleksandra Vasilevna Mendoza, creadora de contenido conocida como Alorah Ziva. La joven, ahora de 18 años, acusa a Peters de agresión física y sexual, fraude y de haberle provocado daños emocionales.

Mendoza sostiene que conoció a Clavicular en 2025, cuando él le habría ofrecido 1,000 dólares por grabar videos juntos. Ella esperaba que colaborar con una figura de mayor alcance le ayudara a ganar seguidores en internet.

La demanda refiere que, al llegar a la vivienda de Peters, encontró grandes cantidades de alcohol. La joven afirma que él le dio vodka durante una transmisión y que después la habría obligado a tener relaciones sexuales. Peters ha rechazado públicamente esa versión.

Los documentos judiciales citados por NPR indican que la víctima del proceso penal habría sido pagada para aparecer en transmisiones y que el contacto entre ambos comenzó por Instagram. Las autoridades no han divulgado su identidad.

La coincidencia de fechas, lugar y señalamientos ha colocado el nombre de Alorah Ziva en el centro de las conversaciones sobre el caso. Aun así, la acusación penal debe resolverse en tribunales y Peters mantiene el derecho a la presunción de inocencia.

Clavicular construye su fama con el “looksmaxxing”

Clavicular reúne alrededor de 1.2 millones de seguidores en TikTok, un millón en Instagram y cerca de 185,000 en X, de acuerdo con datos recogidos por USA Today. Su contenido gira alrededor de la imagen corporal, el entrenamiento, el uso de sustancias y procedimientos para modificar el rostro y el cuerpo.

El influencer presenta el “looksmaxxing” como una estrategia para mejorar la apariencia y obtener aceptación social, éxito económico o relaciones afectivas. El concepto tiene presencia en comunidades de la manosfera y la incelosfera, espacios digitales donde circulan discursos sobre masculinidad, jerarquías físicas y relaciones entre hombres y mujeres.

Peters también ha participado en desfiles, podcasts y transmisiones junto a otros creadores. Esa exposición le permitió convertir sus consejos estéticos en una marca personal y formar una comunidad de seguidores que reproduce sus códigos, lenguaje y modelos de apariencia.

El alcance de esa audiencia es uno de los factores que provocan reacciones de rechazo. Para usuarias mexicanas y colectivos de mujeres, las acusaciones no se limitan a la conducta de un influencer: también abren una discusión sobre la fama digital, el acceso a adolescentes y el riesgo de que figuras con seguidores presenten prácticas violentas como entretenimiento.

Usuarios mexicanos cuestionan la fama y el poder de los influencers

La indignación en México se alimenta de dos elementos. El primero son las acusaciones de violación y de suministrar alcohol a una menor de edad. El segundo es el presunto uso de la popularidad de Peters para acercarse a jóvenes que buscaban visibilidad en redes.

En publicaciones y comentarios, usuarios mexicanos cuestionan que un creador de contenido con millones de seguidores haya mantenido presencia pública mientras enfrenta señalamientos de esta gravedad. También piden que la investigación en Massachusetts avance sin que la fama, los negocios o el respaldo de su comunidad digital interfieran en el proceso.

Las publicaciones señalan que Peters no aparece detenido por estos cargos y que su audiencia judicial está programada para octubre.

Tres mujeres quedaron detenidas provisionalmente luego de que las autoridades hallaran 104 paquetes de presunta droga ocultos en un compartimiento modificado de un automóvil en Las Lomas, distrito de David, provincia de Chiriquí.

El caso corresponde a una diligencia de allanamiento y registro realizada esta semana.

Las sospechosas, de 33, 30 y 32 años, viajaban en el vehículo cuando las autoridades ubicaron las sustancias dentro de un doble fondo en la parte interna del auto.

La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Chiriquí presentó los elementos reunidos junto con la Policía Nacional ante el Tribunal de Garantías. La instancia judicial legalizó la aprehensión, admitió la formulación de cargos y ordenó la detención provisional de las tres investigadas.

Las mujeres son investigadas por la presunta comisiónde los delitos de posesión agravada de drogas y alteración de la estructura vehicular para el transporte de sustancias ilícitas.

Los paquetes decomisados y los demás indicios quedaron a órdenes del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones relacionadas con el hallazgo dentro del vehículo.

Se informó que la medida cautelar se aplicará durante el plazo establecido para la investigación. La Fiscalía sostuvo que acreditó tanto la existencia del hecho como la supuesta vinculación de las tres mujeres con el transporte de la sustancia.

En otro proceso registrado en el distrito de David, una mujer recibió una condena de 90 meses de prisión por su responsabilidad en el delito de comercialización de sustancias ilícitas.

La Fiscalía presentó elementos de convicción sobre ese caso y la acusada aceptó su culpa antes de que se emitiera la sentencia, según la información difundida por la Procuraduría General de la Nación.

De acuerdo a las autoridades, los hechos que derivaron en esa condena ocurrieron el 19 de septiembre de 2026 en un área comercial del distrito. Una diligencia judicial, realizada junto con la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional, permitió detectar la actividad de comercialización atribuida a la condenada.

La Fiscalía Regional de Chiriquí consiguió la detención provisional de otra persona por su presunta responsabilidad en la comercialización de sustancias ilícitas en David.

El Tribunal de Garantías validó la aprehensión, formalizó el cargo penal y ordenó la medida cautelar. La decisión tuvo en cuenta los riesgos señalados por la Fiscalía, entre ellos el peligro para la comunidad y una posible falta de comparecencia durante el proceso.

La investigación se vincula con un procedimiento efectuado el 17 de septiembre de 2026. Durante una diligencia judicial, las autoridades ubicaron sustancias ilícitas y dinero mencionado en el reporte oficial en poder de un ciudadano que trabajaba en el transporte selectivo.

Fiscalía atribuyó al investigado una presunta actividad de comercialización. El proceso seguirá bajo control de las autoridades judiciales mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

En la ciudad de Panamá, las Fiscalías Superiores Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas incautaron 30 paquetes rectangulares con presunta sustancia ilícita durante un allanamiento en un inmueble del corregimiento de El Chorrillo.

La acción se desarrolló en el sector de Calle 25, con intervención de la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía de Drogas y de unidades de la Policía Nacional.

Durante el registro, los funcionarios encontraron dos bolsas que contenían una presunta hierba seca. Luego, contabilizaron los 30 paquetes y recolectaron otros elementos vinculados con la investigación.

Entre los indicios hallados figuraban pesas digitales y material de embalaje. Las autoridades aprehendieron a cinco ciudadanos, quienes serán presentados ante las instancias judiciales para los trámites establecidos por la ley.

Las sustancias decomisadas pasarán por pruebas científicas y periciales para establecer su composición. Ese análisis permitirá determinar con precisión la naturaleza del material incautado durante el operativo.

Un hombre de 34 años fue con su hijo de 5 a visitar a un preso en una dependencia policial de la ciudad de Río Gallegos y entregarle una bolsa de alimentos. Al menos eso fue lo que trató de hacer porque su verdadera intención resultó ser otra: el personal de control detectó cocaína y marihuana ocultas dentro de 11 empanadas.

El hallazgo se produjo durante la revisión de la paquetería destinada al detenido en la Comisaría Segunda de la capital santacruceña. Los agentes advirtieron una anomalía en una de las empanadas y profundizaron la inspección sobre el resto de los alimentos.

Según confiaron fuentes policiales a Infobae, al abrir las empanadas se encontraron pequeños paquetes, un par envueltos con cinta negra y otros nueve que contenían una sustancia blanca. En consecuencia, intervino la División Narcocriminalidad, que efectuó pruebas orientativas: el resultado fue positivo para cannabis sativa y cocaína.

Al hombre le hicieron un palpado preventivo, aunque no le encontraron otros objetos relacionados con el hecho. No quedó detenido, pero la fiscalía dispuso que establezca domicilio y permanezca a disposición judicial mientras continúa la investigación.

La Justicia, además, dispuso el secuestro de su celular, como así también de los envoltorios con droga para avanzar con las pericias correspondientes.

En tanto, el niño que lo acompañaba quedó bajo el cuidado de su madre, quien fue contactada y notificada de lo sucedido a través del área de Niñez, Adolescencia y Familia.

Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber, murió el domingo a los 27 años en un centro de rehabilitación de Santa Mónica, California, valuado en 7,7 millones de dólares.

El modelo se encontraba internado en la propiedad de Resolutions Living, una vivienda de tres pisos que ofrece programas de tratamiento contra adicciones y salud mental.

Según el sitio web de la institución, la casa incluye habitaciones amplias, un cine, un gimnasio, vistas a la ciudad y a las montañas cercanas, además de una cocina con menús preparados por chefs.

El programa asegura brindar a sus residentes paz y tranquilidad, junto con la posibilidad de salir y experimentar la vida sobria en la zona.

El personal de Resolutions Living está conformado por consejeros certificados, médicos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, instructores de yoga, un acupunturista y un hipnoterapeuta.

El tratamiento se organiza en un programa de recuperación de tres fases, adaptado a las necesidades de cada residente, que contempla actividades para fijar objetivos, trabajo voluntario y ejercicios de desarrollo personal.

Richard Taite, fundador y presidente de Carrara Treatment —firma sin vínculo con Resolutions Living—, señaló que un caso como el de Gerber demuestra que recibir atención profesional “no vuelve a alguien médicamente invencible”.

“La adicción puede implicar un riesgo médico serio: abstinencia, condiciones de salud subyacentes, interacciones medicamentosas, riesgo de sobredosis y complicaciones por el consumo de múltiples sustancias”, explicó.

Taite agregó que “cruzar la puerta de entrada no borra las consecuencias fisiológicas de la adicción” y que las personas pueden sufrir complicaciones de abstinencia, reacciones a medicamentos, emergencias psiquiátricas y otros problemas médicos mientras están en tratamiento.

“El objetivo no es fingir que el riesgo desaparece. Es manejar ese riesgo con inteligencia”, sostuvo.

Personal policial, de bomberos y paramédicos acudió al lugar tras una llamada realizada alrededor de las 9:30 de la mañana del domingo.

El reporte del despacho de emergencias correspondía a un caso de “paro cardíaco” y “sobredosis”. Gerber fue declarado muerto en el lugar.

La causa y la forma de su muerte permanecen pendientes de determinación por parte del Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles. Resolutions Living no se pronunció sobre el fallecimiento.

En las semanas previas a su muerte, Gerber atravesaba dificultades personales que llamaron la atención de su entorno.

Una fuente cercana señaló que el modelo “sabía que necesitaba ayuda” y que deseaba liberarse de sus adicciones.

“Siempre ha sufrido una gran falta de autoestima y le costaba aceptarse a sí mismo y sentirse plenamente seguro de quién era como persona”, agregó la fuente.

Según ese testimonio, Gerber sentía que le faltaba un propósito en la vida y no sabía qué rumbo quería tomar.

Presley había desarrollado una carrera en el modelaje, en parte siguiendo los pasos de su madre y de su hermana menor, Kaia Gerber.

En los últimos meses, no obstante, también enfrentaba problemas relacionados con el consumo de sustancias, de acuerdo con la misma fuente.

El modelo ingresó al centro de tratamiento durante el fin de semana previo a su fallecimiento.

Días antes había pasado tiempo con sus padres y su hermana, particularmente junto a su padre, Rande Gerber.

Una fuente describió el entorno en el que creció Gerber como parte de la explicación de sus dificultades: “Creció en ese extraño mundo de Malibú donde es muy fácil caer en las drogas y el alcohol durante la adolescencia. Puede ser muy duro ahí fuera”.

Y añadió: “Es un estilo de vida estupendo, pero también es muy aislado, y eso puede ser difícil y hacer que recurrir a las drogas sea una tentación fácil”.

Gerber había hablado en el pasado sobre su consumo de sustancias. En distintos momentos reconoció haber usado alcohol, opioides, analgésicos, ansiolíticos, benzodiacepinas y ketamina.

Los paramédicos declararon muerto a Gerber a las 9:45 de la mañana del domingo, aproximadamente diez minutos después de que agentes del Departamento de Policía de Santa Mónica llegaran al lugar.

La familia Gerber-Crawford pidió privacidad tras el fallecimiento. Un representante declaró que sus integrantes atraviesan “un momento muy difícil y doloroso”.

La determinación oficial de la causa de muerte dependerá de los estudios adicionales solicitados por las autoridades forenses.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ofrece una recompensa de hasta USD 1.000.000 por información que conduzca directamente al arresto de Trung Duc Lu, ciudadano vietnamita de 46 años acusado de participar en el secuestro, la tortura y el asesinato de dos hermanos en Filadelfia, Pensilvania, en agosto de 2014. La agencia incorporó a Lu en su lista de Los diez fugitivos más buscados el 11 de marzo de 2026, casi siete años después de que un tribunal federal de Pensilvania emitiera una orden de arresto en su contra.

Según la ficha oficial del FBI, Lu es la última persona prófuga vinculada a esos crímenes y debe ser considerado armado, peligroso y con alto riesgo de fuga internacional. Las autoridades creen que huyó a Vietnam poco después de los hechos y que permanece allí desde entonces.

Quién es Trung Duc Lu, el técnico de uñas en la lista de los más buscados del FBI

Trung Duc Lu nació en Vietnam y emigró a Estados Unidos en su adolescencia. Se estableció en el barrio de Queens, Nueva York, donde trabajaba como técnico de uñas.

El FBI lo identifica como presunto integrante de la banda callejera Born to Kill, conocida también como BTK o Canal Boys. Habla inglés y vietnamita, y las autoridades registran los siguientes alias:

• Trung D. Lu
• Tuan Hoang
• Phong Le / Phong Van Le
• Brendan Lu / Calvin Lu
• Duc Trung / Duc L. Trung / Lu Trung
• “B”

Las autoridades sostienen que Lu fue enviado a Filadelfia por esa organización para cobrar una deuda de USD 100.000 relacionada con el tráfico de drogas, según informó 6abc Philadelphia.

Qué delitos se le atribuyen por los hechos de agosto de 2014 en Filadelfia

Según la investigación federal, Lu participó en la tortura, el secuestro y el asesinato de dos hermanos vietnamitas. Sus cuerpos fueron hallados atados, apuñalados y sumergidos en un río con bloques de cemento. Una tercera víctima sobrevivió al ataque y colaboró con las autoridades.

La orden de arresto federal fue emitida el 10 de julio de 2019 en el Tribunal del Distrito Este de Pensilvania. Los cargos en su contra son:

• Conspiración para cometer secuestro.
• Secuestro (tres cargos).
• Viaje interestatal para facilitar actividades ilícitas.
• Conspiración para cobrar una deuda por medios extorsivos.
• Cobro de una deuda por medios extorsivos.
• Conspiración para distribuir marihuana.
• Complicidad.

“Agregar a Trung Lu a la lista de los diez más buscados del FBI refleja la gravedad de sus presuntos crímenes y nuestro compromiso inquebrantable de llevarlo ante la justicia”, afirmó Wayne A. Jacobs, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Filadelfia, en una conferencia de prensa.

Las señas particulares que identifican al fugitivo

Lu mide aproximadamente 1,70 metros (5 pies 7 pulgadas), pesa cerca de 64 kilogramos (140 libras), tiene cabello negro y ojos marrones. Su rasgo más distintivo es un conjunto de tatuajes: un dragón en el centro de la espalda con la inscripción “Asian Pride” en letras grandes, otro tatuaje sobre el pectoral izquierdo, y ambos brazos cubiertos con diseños de dragones, garras y un tigre.

El FBI confirmó que Lu fue visto por última vez en Vietnam, aunque mantiene vínculos en Estados Unidos, incluidos hijos que residen en el país. Lu es residente permanente estadounidense y nunca solicitó la ciudadanía.

Cómo aportar información al FBI para dar con el paradero del prófugo

La recompensa anunciada por el FBI busca incentivar la colaboración ciudadana a escala global y aplica exclusivamente para información que conduzca de forma directa a la captura de Lu. Quien disponga de datos sobre su paradero o sus actividades puede comunicarse por estos canales:

• Línea gratuita: 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324).
• Formulario en línea: tips.fbi.gov.
• Oficina local del FBI más cercana.
• Embajada o Consulado estadounidense en cualquier país.

Ahora, Braden Peters —su nombre real— enfrenta algo más grave que la controversia: una imputación penal en Massachusetts por hechos que, según los registros judiciales, ocurrieron el 23 de mayo de 2025 en Cape Cod.

Los cargos, presentados el 8 de septiembre y revelados por The Bulwark a partir de expedientes judiciales, fueron confirmados por NBC News: Peters habría abusado sexualmente de una menor a la que previamente había suministrado alcohol y sustancias.

La causa tiene su correlato en una demanda civil que Aleksandra Vasilevna Mendoza —conocida como Alorah Ziva— presentó meses antes en el condado de Miami-Dade, Florida, y que describe con detalle lo que habría ocurrido esa noche.

Una demanda civil describe lo que habría ocurrido en Cape Cod

Según el escrito judicial de la demanda civil, Peters le pagó USD 1.000 a Mendoza —quien tenía 16 años en ese momento— con la promesa de grabar contenido que impulsara su carrera como creadora de contenido, y organizó su traslado hasta la residencia familiar en Cape Cod.

Una vez en la propiedad, Peters le habría suministrado “cantidades excesivas de alcohol” hasta dejarla en un estado de intoxicación que le impedía dar su consentimiento.

Esa misma noche mantuvo relaciones sexuales con ella mientras estaba en ese estado y, a la mañana siguiente, la agredió sexualmente por segunda vez mientras dormía, también sin su consentimiento, según informó el New York Post en base a los documentos judiciales. Según la demanda, Peters no volvió a verla durante seis meses.

La demanda civil incluye además una acusación separada: Peters le habría inyectado Aqualyx —una sustancia para disolver grasa no aprobada en Estados Unidos, que según el expediente estaba mezclada con metanfetamina— en el rostro sin su consentimiento y durante un livestream, mientras Mendoza era aún menor de edad.

La defensa sostiene que Peters no fue notificado formalmente

El representante de Peters, Mitchell Jackson, afirmó que fue la propia Mendoza quien, junto a su abogado, acudió a la policía tras la presentación de la demanda civil, lo que derivó en la imputación penal.

“Braden Peters no fue notificado físicamente. Como siempre, The Bulwark está exagerando el estado de un caso para generar tráfico”, aseguró en declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter.

Peters no se refirió directamente a la imputación penal, pero sí reaccionó en X a la demanda civil de Mendoza. “Intentar llamar mi atención de cualquier manera, ¿una demanda? En serio... qué mezquino”, escribió en la plataforma.

El abogado del streamer presentó en julio una moción para desestimar varios puntos de la demanda civil. Jackson indicó que Peters estaba en condiciones de refutar las acusaciones.

Un año marcado por conflictos legales y episodios de riesgo

Los cargos penales se suman a una serie de incidentes que Peters protagonizó a lo largo de 2025. En abril, fue imputado en Florida junto a otras dos personas por disparar contra un caimán.

Él y uno de los coacusados se declararon culpables por descarga ilegal de arma de fuego en un lugar público; el tribunal los condenó a seis meses de libertad condicional y 20 horas de servicio comunitario, tal como informó NBC South Florida.

Ese mismo mes, Peters fue hospitalizado en Miami tras un aparente episodio de sobredosis. Al ser dado de alta, declaró en un livestream: “No voy a consumir más sustancias por un buen tiempo, con suerte para siempre”.

Quién es Clavicular y qué es el looksmaxxing

Peters construyó su notoriedad en internet alrededor del looksmaxxing, una tendencia entre hombres jóvenes centrada en maximizar el atractivo físico a través de distintas técnicas.

El diccionario Merriam-Webster la definió recientemente como “la práctica de adoptar una o más medidas, en ocasiones extremas o peligrosas, con el objetivo de aumentar el atractivo físico propio”.

Una de las prácticas que Peters popularizó es el bone smashing: golpear deliberadamente los huesos del rostro con un martillo bajo la creencia de que, al regenerarse, adoptarían una forma más estética. Especialistas en salud advirtieron que la técnica puede ser peligrosa y causar daños permanentes.

Peters aguarda la definición de la causa penal ante la justicia de Massachusetts, con una audiencia programada para el 14 de octubre.

La Operación Aulas Seguras, desarrollada en siete provincias panameñas, derivó en medidas cautelares y condenas contra seis menores de edad investigados por delitos relacionados con drogas.

Tres adolescentes recibieron detención provisional y otros tres aceptaron culpabilidad, con penas de entre 12 y 18 meses de prisión.

La iniciativa estuvo a cargo de las cinco Fiscalías Superiores de Adolescentes y las Fiscalías de Circuito de la Procuraduría.

También participaron la Unidad Especializada en Adolescentes, la Unidad de Niñez y Adolescencia, la Dirección Nacional Antidrogas y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional.

Las diligencias se realizaron en las provincias de Bocas del Toro, Coclé, Herrera, Panamá, Darién, Chiriquí y Veraguas. La operación incluyó 33 allanamientos y nueve puntos de compras controladas de drogas.

Las autoridades atendieron denuncias ciudadanas sobre presuntas ventas de sustancias ilícitas en los sectores intervenidos.

De acuerdo con la información proporcionada por el ente de seguridad pública, los adolescentes investigados afrontan señalamientos por venta de drogas y asociación ilícita para delinquir.

Durante las audiencias, los fiscales solicitaron la legalización de las aprehensiones y la formulación de imputaciones ante los Juzgados Penales de Adolescentes. Las peticiones fueron admitidas.

La institución informó que tres de los adolescentes permanecen bajo detención provisional, mientras que los restantes otros tres recibieron condenas después de reconocer su responsabilidad penal.

Por otro lado, cuatro personas fueron detenidas provisionalmente por un robo agravado en una estación de combustible de San Carlos, entre ellas un adolescente de 16 años.

El caso ocurrió en una gasolinera del corregimiento de La Ermita, y los implicados quedaron bajo medida cautelar después de las audiencias ante los Juzgados de Garantías correspondientes.

La Fiscalía Regional de Panamá Oeste y la Fiscalía Superior de Adolescentes sostuvieron que cuatro personas encapuchadas sometieron al despachador con una réplica de arma de fuego. El grupo se apoderó de cerca de $488 y de dos teléfonos celulares pertenecientes a clientes que estaban en el lugar.

Tras el asalto, los sospechosos huyeron en un Hyundai gris. Las unidades de la Policía Nacional los ubicaron y aprehendieron posteriormente.

Mientras, la Fiscalía Superior de Adolescentes de Panamá Oeste obtuvo la detención provisional de un adolescente de 17 años por su presunta participación en una tentativa de homicidio agravado contra un hombre en Arraiján.

El hecho investigado ocurrió en el sector de Altos de las Acacias, en el corregimiento de Arraiján Cabecera. De acuerdo con la información oficial, el adolescente estaba acompañado por otro sujeto mayor de edad.

La víctima sufrió heridas con un objeto punzocortante. La Fiscalía presentó los elementos de convicción durante la audiencia y el juez admitió la formulación de cargos antes de ordenar la medida cautelar.

La Procuraduría indicó que el proceso continuará bajo las normas que rigen la jurisdicción penal de adolescentes.

En tanto, la Fiscalía de Adolescentes en Chiriquí consiguió la detención provisional de un adolescente de 17 años imputado por la presunta comercialización de drogas y asociación ilícita para delinquir.

El expediente está vinculado con diligencias judiciales realizadas el 14 y el 15 de septiembre en el distrito de Bugaba. En ese procedimiento, las autoridades ubicaron sustancias ilícitas y dinero autorizado en poder del investigado.

La Fiscalía presentó ante el Juzgado Penal de Adolescentes los elementos que, según su planteamiento, respaldaban la presunta vinculación del menor con los hechos.

El tribunal de justicia admitió la legalización de la aprehensión, la imputación y la aplicación de la medida cautelar por el término legal.

La Procuraduría General de la Nación señaló en un informe que mantendrá el ejercicio de la acción penal ante los tribunales, con respeto por los derechos ciudadanos y apego a la Constitución y la ley.

Costa Rica continúa figurando entre los principales territorios utilizados por las redes internacionales del narcotráfico, una condición que, según advirtió la Universidad Estatal a Distancia (UNED), refleja un problema de seguridad que ya no se limita al traslado de cargamentos de droga hacia otros mercados.

Estados Unidos mantuvo al país dentro de una clasificación de 23 naciones consideradas principales territorios de tránsito o producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027, según una determinación presidencial firmada el 11 de septiembre de 2026 y publicada el 18 de septiembre en el Registro Federal estadounidense.

La inclusión responde a factores geográficos, comerciales y económicos que facilitan el movimiento de estupefacientes y precursores químicos, pero no implica automáticamente sanciones ni constituye una declaración de incumplimiento de las obligaciones internacionales contra el narcotráfico.

De hecho, Costa Rica no aparece entre Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia, los cuatro países que Washington identificó por haber incumplido de manera demostrable sus compromisos internacionales en esta materia durante los 12 meses anteriores.

Sin embargo, para Karen Jiménez Morales, encargada de la Carrera de Ciencias Policiales de la UNED, la permanencia del país en esta clasificación evidencia la necesidad de analizar cómo las organizaciones criminales han ampliado sus operaciones dentro del territorio nacional.

“Que Costa Rica esté en esta lista que emite Estados Unidos no significa que nuestro país sea sancionado ni que se esté considerando que está fracasando en la lucha contra el narcotráfico, lo que evidencia es que sí seguimos siendo un territorio relevante dentro de las rutas internacionales de drogas”, explicó Jiménez.

La académica advirtió que el fenómeno ha evolucionado y que el territorio costarricense dejó de funcionar únicamente como un punto de conexión entre los países productores y los mercados internacionales.

“Se han establecido estructuras logísticas, personas que facilitan sus operaciones y redes locales que permiten almacenar, custodiar, distribuir y vender drogas tanto en el territorio nacional como a nivel internacional”, señaló.

Como ejemplo de la dimensión internacional de estas operaciones, la UNED recordó que durante septiembre trascendió una investigación de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) sobre una célula que presuntamente utilizaba pistas clandestinas en Guanacaste para recibir cocaína y trasladarla posteriormente hacia México y Estados Unidos.

Para Jiménez, el establecimiento de estas redes permite que las organizaciones criminales amplíen sus actividades más allá del transporte de estupefacientes, lo que genera consecuencias directas para las comunidades costarricenses.

“Cuando estas organizaciones se consolidan dentro del país amplían ese catálogo de servicios del crimen organizado, generando además corrupción, lavado de dinero, reclutamiento de jóvenes y disputas territoriales que nos tienen con este problema de violencia homicida tan grave”, afirmó.

La especialista sostuvo que la respuesta institucional no puede concentrarse exclusivamente en los resultados operativos de las autoridades policiales.

“Estamos ante un problema bastante complejo que requiere respuestas igualmente complejas, no basta con limitarnos al decomiso de drogas y a la detención de personas”, manifestó.

Desde su perspectiva, el abordaje debe incorporar simultáneamente el fortalecimiento de la seguridad portuaria, la inteligencia criminal, la investigación financiera y la cooperación internacional, junto con estrategias que permitan reducir las condiciones sociales aprovechadas por las organizaciones criminales para captar nuevos integrantes.

Jiménez destacó especialmente la situación de las personas jóvenes, quienes pueden encontrarse expuestas a procesos de reclutamiento en comunidades afectadas por la desigualdad y la violencia.

“Ni que hablar del tema de las desigualdades sociales, que convierten a nuestras comunidades en caldos de cultivo para la generación de criminalidad y violencia, esto es fundamental para evitar el reclutamiento criminal, sobre todo de las personas jóvenes, quienes prácticamente están asumiendo esos nuevos liderazgos”, agregó.

Ante este panorama, la Carrera de Ciencias Policiales de la UNED anunció que desarrollará jornadas de trabajo con diputaciones de la Asamblea Legislativa para aportar conocimiento académico y técnico al análisis de iniciativas relacionadas con seguridad.

Los encuentros abordarán temas como prevención social de la violencia, crimen organizado, seguridad ciudadana y fortalecimiento institucional, además de las posibles implicaciones de los proyectos legislativos en estas materias.

La intención es facilitar que las personas legisladoras cuenten con insumos especializados para discutir propuestas y formular políticas públicas a partir de evidencia.

“Para la Carrera de Ciencias Policiales, enfrentar el crecimiento y transformación de las estructuras criminales requiere complementar la acción policial y judicial con prevención social, investigación, cooperación interinstitucional y políticas públicas construidas a partir de evidencia”, señaló Jiménez.

La académica concluyó que el desafío para Costa Rica no consiste únicamente en impedir el paso de cargamentos de droga, sino también en evitar que las organizaciones que facilitan ese tránsito consoliden sus operaciones dentro del país y continúen alimentando otras manifestaciones del crimen organizado.

Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, murió el domingo 20 de septiembre a los 27 años en un centro de rehabilitación de Los Ángeles.

Meses antes, en marzo, se sometió a una “dosis de inundación” de ibogaína en una clínica de Cancún, un tratamiento experimental contra la adicción a los opioides que en México no está clasificado como sustancia controlada.

La causa de muerte no se ha confirmado y la autopsia está pendiente, según registros de la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles citados por The Independent. La familia pidió privacidad “durante este momento muy difícil y doloroso”.

La ibogaína bloquea canales cardíacos y puede provocar arritmias mortales

La ibogaína es una sustancia química de origen vegetal (alcaloide psicoactivo) que altera la actividad del cerebro y el estado de conciencia.

Se extrae de la raíz de un arbusto africano llamado Tabernanthe iboga. En Gabón, el pueblo Bwiti la usa desde hace generaciones en rituales espirituales de iniciación.

En dosis altas produce un estado disociativo prolongado, con visiones intensas que pueden durar entre 12 y 24 horas.

El riesgo de la ibogaína tiene una causa concreta: interfiere con la actividad eléctrica del corazón y puede retrasar el tiempo que tarda en recargarse entre un latido y otro.

Cuando ese retraso es muy grande, el ritmo cardíaco se vuelve inestable y puede provocar un paro cardíaco, incluso en personas jóvenes y sin enfermedades previas.

Así lo señala un estudio publicado en PubMed, el repositorio digital de literatura biomédica que administra la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, dependiente de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de ese país.

Gerber documentó públicamente el momento previo a su tratamiento

En marzo, Presley Gerber publicó un video grabado en la clínica Beond Ibogaine, en Cancún, donde describió el proceso como “Pre Ibogaine Flood Dose: un momento de quietud antes de que todo cambiara”.

Escribió que estaba “absolutamente aterrorizado” y que sus mantras eran “ámate a ti mismo” y que esa debía ser “la última vez”.

Cindy Crawford comentó la publicación: “Eres un guerrero. Caminaste a través del fuego para encontrarte a ti mismo. Estoy tan orgullosa”. Su hermana, Kaia Gerber, escribió: “Ese es mi hermano, estoy tan orgullosa”, según The Independent.

Gerber había revelado de manera abierta que atravesaba por un proceso complejo de salud mental, ansiedad severa y adicciones.

El modelo compartió públicamente sus esfuerzos por mantenerse sobrio de alcohol y encontrar estabilidad emocional, a través de sus redes sociales.

En diciembre de 2025, detalló que se encontraba bajo un esquema médico prescrito que incluía buprenorfina, Xanax y Valium para controlar sus intensas crisis de pánico, antes de tomar la decisión de viajar a Cancún, México, en marzo de 2026 para someterse al tratamiento con ibogaína.

En México, la ibogaína no está prohibida ni clasificada como droga controlada

A diferencia de Estados Unidos, donde la sustancia figura en la Lista I de la Ley de Sustancias Controladas —la misma categoría que la heroína— y su posesión o administración fuera de protocolos de investigación aprobados por la FDA es delito federal, en México la ibogaína no aparece en el listado de sustancias controladas de la Ley General de Salud.

Esa ausencia de clasificación es lo que ha permitido que el país concentre la mayor cantidad de clínicas de tratamiento con ibogaína del mundo, agrupadas principalmente en Cancún, Tijuana, Playa del Carmen y Rosarito.

Aunque la sustancia en sí no está regulada, los centros que la administran deben operar como establecimientos médicos con licencia sanitaria vigente de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), el equivalente mexicano a la FDA estadounidense.

México no cuenta, sin embargo, con un marco regulatorio médico específico para el tratamiento con ibogaína como tal.

Cualquier clínica que cumpla con la licencia médica general puede ofrecerlo, sin que exista una norma oficial que exija protocolos cardíacos particulares.

Esto ha generado advertencias de especialistas sobre la disparidad de estándares de seguridad entre centros “de zona gris” y los que sí aplican electrocardiograma previo, telemetría continua y personal capacitado en soporte vital avanzado.

Con el tipo de cambio de 17.23 pesos por dólar registrado este 21 de septiembre por el Banco de México, los programas considerados de mayor riesgo, con costos de entre 34 mil y 86 mil pesos, suelen omitir el electrocardiograma previo y la supervisión médica continua.

Los protocolos completos, con panel de laboratorio, cardiólogo de guardia y desfibrilador disponible, oscilan entre 137 mil y 603 mil pesos, de acuerdo con el sitio Mind Medicine Law.

La OMS reconoce el potencial terapéutico de la ibogaína, pero advierte sobre el riesgo letal

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), el organismo independiente encargado de vigilar el cumplimiento de los tratados internacionales sobre drogas en coordinación con la Organización Mundial de la Salud (OMS), señaló en su informe anual que la ibogaína y su metabolito, la noribogaína, “parecen ser prometedores para el tratamiento del trastorno por consumo de opioides” y reducen los síntomas de abstinencia.

La misma junta advirtió que, debido a que el tratamiento “podría tener consecuencias letales”, es recomendable administrarlo únicamente bajo supervisión médica estricta.

La JIFE precisó que ninguna de las dos sustancias está sometida a fiscalización internacional, lo que ha permitido el establecimiento de clínicas de tratamiento sobre todo en países latinoamericanos.

Por separado, la OMS actualizó este año sus directrices sobre dependencia a opioides, en las que reafirma como tratamiento de referencia el uso de metadona y buprenorfina bajo supervisión médica acreditada, sin incluir a la ibogaína entre las recomendaciones firmes de su guía principal.

Los riesgos de la ibogaína están documentados desde hace más de tres décadas

Un análisis forense publicado en 2012 en el Journal of Forensic Sciences documentó 19 muertes asociadas a la ibogaína entre 1990 y 2008, ocurridas entre 1.5 y 76 horas después de haber tomado la sustancia. Una revisión posterior elevó esa cifra a 33 casos.

Especialistas citados por el sitio Mind Medicine Law calculan que la mortalidad sin protocolo cardíaco adecuado alcanza un caso por cada 300 a 400 administraciones.

Con electrocardiograma previo, corrección de electrolitos y monitoreo continuo durante 24 horas, ese riesgo se reduce a niveles considerablemente más bajos.

Un estudio con datos de la FDA encontró señales de riesgo cardíaco seis veces mayores que otros fármacos

La ibogaína está vinculada a un riesgo de arritmia ventricular seis veces mayor que la dofetilida, un medicamento ya reconocido por su peligro para el corazón.

El dato surge de un análisis de reportes de reacciones adversas registrados en Estados Unidos entre 2000 y 2024.

La información proviene de la base de datos que usa la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para recibir reportes voluntarios de efectos secundarios de médicos, pacientes y fabricantes de medicamentos.

El hallazgo fue publicado en 2026 y reportado por el sitio especializado Mind Medicine Law.

La Organización Mundial de Aduanas (OMA) llevó adelante un encuentro internacional para revisar y actualizar los programas de detección canina que utilizan las aduanas de distintos países. El encuentro se dio en un momento de crecimiento de las redes de tráfico ilícito y de aparición de nuevas drogas sintéticas.

El 7° Foro Mundial Canino de la OMA se desarrolló en Tashkent, Uzbekistán, entre el 7 y el 9 de septiembre, organizado junto al Comité de Aduanas de ese país. El encuentro convocó a más de 150 participantes de 50 países y a expertos de más de 15 organismos internacionales, consolidándose como el principal espacio de intercambio técnico en materia de detección canina aplicada al control fronterizo.

Nuevos estándares para unificar criterios operativos

Durante las jornadas se presentaron dos instrumentos aprobados por el Consejo de la OMA en junio de este año, pensados para dar un marco común a la gestión de las unidades caninas en todo el mundo. Se trata del Compendio de Buenas Prácticas para Programas Caninos y de los Estándares de Acreditación para los Centros Regionales de Adiestramiento Canino (RDTC, por sus siglas en inglés).

Ambos documentos buscan que los distintos servicios aduaneros trabajen con criterios homogéneos de entrenamiento, bienestar animal y despliegue operativo, reduciendo así las brechas técnicas entre administraciones con distinto nivel de desarrollo. La estandarización cobra relevancia en un escenario donde las rutas de tráfico ilícito atraviesan múltiples jurisdicciones y requieren respuestas coordinadas.

El desafío de las drogas sintéticas

Uno de los ejes centrales del foro fue el Proyecto de Detección de Drogas Sintéticas (SDDP), una iniciativa que busca fortalecer las capacidades de detección frente al avance de sustancias como el fentanilo y otros compuestos de fabricación clandestina. Según explicaron los expertos de la OMA durante las sesiones, este tipo de drogas gana terreno en los mercados ilícitos y exige adaptar tanto el entrenamiento de los canes como los protocolos de intervención.

El proyecto se estructura en dos frentes complementarios. Por un lado, misiones de evaluación de necesidades, capacitaciones nacionales y talleres regionales orientados a fortalecer la capacidad operativa de los equipos caninos. Por otro, la promoción de buenas prácticas mediante el intercambio de conocimiento entre países miembros y el fortalecimiento de vínculos multilaterales entre administraciones aduaneras.

Un hito para Asia Central

El foro tuvo un valor simbólico adicional ya que fue el primer evento de esta escala organizado por la OMA en Asia Central. La cita coincidió además con el 30° aniversario del Centro Nacional Canino (K-9) de Uzbekistán, reconocido como Centro Regional de Adiestramiento desde 2008.

Durante la visita a esa instalación, los participantes recorrieron el equipamiento veterinario y las instalaciones destinadas tanto a cachorros como a perros de trabajo adultos. Las demostraciones operativas incluyeron detección de drogas, explosivos, armas y personas ocultas, además de ejercicios de aprehensión con perros de protección.

En la apertura, el secretario general de la OMA, Ian Saunders, agradeció al presidente del Comité de Aduanas uzbeko, Akmalhuja Mavlonov, por la organización del encuentro. Saunders remarcó que enfrentar el tráfico ilícito requiere acción coordinada entre fronteras y el aprovechamiento de todas las herramientas disponibles para las aduanas, incluidas las capacidades especializadas de los binomios canino-guía.

Cooperación bilateral y próximos pasos

El encuentro también sirvió como plataforma para acuerdos puntuales entre administraciones. En paralelo a las sesiones plenarias, los servicios aduaneros de Uzbekistán y Rusia firmaron un memorando de cooperación bilateral para definir líneas de trabajo conjunto en materia canina, tanto en el corto como en el mediano plazo.

El secretario general de la OMA instó a los países miembros a mantener el intercambio de conocimiento y experiencia operativa como vía para sostener la efectividad de los programas caninos frente a amenazas cambiantes. La consigna que atravesó el foro fue clara, el fortalecimiento de las alianzas internacionales resulta tan determinante como el entrenamiento técnico de los animales.

Con la adopción de los nuevos estándares y la puesta en marcha del proyecto sobre drogas sintéticas, la OMA proyecta una agenda de trabajo que se extenderá en los próximos meses a través de talleres regionales y nuevas misiones de evaluación. El objetivo declarado es que las administraciones aduaneras, sin importar su tamaño o nivel de recursos, cuenten con capacidades comparables para detectar cargamentos ilícitos y proteger la integridad de las cadenas de comercio exterior en un contexto de creciente sofisticación del crimen organizado.

Una ofensiva simultánea contra el microtráfico de drogas en cuatro provincias del noroeste de República Dominicana dejó 31 personas detenidas y más de dos kilogramos de narcóticos incautados durante operativos desarrollados en las últimas horas.

Las acciones estuvieron a cargo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con apoyo del Ministerio Público y la Policía Nacional. El despliegue abarcó barrios y sectores de Valverde, Montecristi, Dajabón y Santiago Rodríguez, donde las autoridades concentraron intervenciones en zonas identificadas como puntos de venta y distribución de sustancias ilícitas.

El operativo incluyó más de 300 intervenciones y cinco allanamientos. Según el balance oficial, los agentes decomisaron 2,046.20 gramos de sustancias controladas: 1,609.90 gramos de presunta cocaína, 429.30 gramos de marihuana y siete dosis de crack.

Valverde concentró la mayor cantidad de droga ocupada

En Valverde, las autoridades reportaron el mayor volumen de sustancias incautadas. Allí fueron incautados 855.10 gramos de droga, de los cuales 823.20 gramos correspondían a presunta cocaína y 31.90 gramos a marihuana.

En esa provincia se realizaron 62 operativos y dos allanamientos, con un saldo de ocho detenidos. Durante las actuaciones también fueron ocupados un teléfono celular y 3,020 pesos dominicanos en efectivo.

Las intervenciones alcanzaron sectores de Mao, Jaibón, Guatapanal, Amina, Boruco, Villa Olímpica, María Auxiliadora, Los Restauradores, La Mina y otros puntos de la provincia.

Montecristi registró 121 operativos y seis arrestos

La mayor cantidad de intervenciones se produjo en Montecristi, donde la DNCD y las demás instituciones participantes realizaron 121 operativos y un allanamiento. El resultado fue la detención de seis personas y la ocupación de 552.90 gramos de sustancias.

Del total decomisado en esa demarcación, 357.20 gramos eran de presunta cocaína y 195.70 gramos de marihuana. Los agentes también ocuparon cuatro teléfonos móviles, una balanza de pesaje y 7,900 pesos dominicanos en efectivo.

Los procedimientos se concentraron en sectores como Los Barrancones, Judea Nueva, Las Colinas, Salomón Jorge, La Cebolla, Los Maestros, El Bolsillo y Francisco Javier.

Dajabón y Santiago Rodríguez completaron el despliegue

En Dajabón, las autoridades arrestaron a ocho personas y ocuparon 334.10 gramos de drogas. El reporte oficial indicó que fueron incautados 224.90 gramos de presunta cocaína y 109.20 gramos de marihuana.

Además, se decomisaron 1,900 pesos dominicanos, dos celulares, una balanza, una motocicleta y un chaleco antibalas. Los operativos se desarrollaron en localidades y sectores como La Vigía, Cañongo, Colonia Japonesa, Barrio Sur, Loma de Cabrera, Partido, El Pino y Restauración.

En Santiago Rodríguez, la fuerza conjunta realizó 135 intervenciones y dos allanamientos. Nueve personas fueron detenidas con 304.10 gramos de sustancias, entre ellas 204.60 gramos de presunta cocaína, 92.50 gramos de marihuana y siete dosis de crack.

En esta provincia fueron ocupados 5.270 pesos dominicanos, tres motocicletas y dos teléfonos móviles. Las acciones incluyeron sectores de Villa Polín, Mejoramiento Social, Los Tomines, La Joya, Mata del Jobo, Villa Los Almácigos y Monción.

En total, las autoridades ocuparon 18,090 pesos dominicanos en efectivo, nueve teléfonos, tres motocicletas, dos balanzas y un chaleco antibalas. Los detenidos y los objetos incautados quedaron a disposición del Ministerio Público, que deberá avanzar con los procedimientos judiciales y las solicitudes de medidas de coerción que correspondan.

Eugene Horsch, de 44 años, llegó al radar de las autoridades en junio de 2026 cuando un guardaparques federal lo detuvo en Independence Mall por un vehículo mal estacionado.

La mujer que lo acompañaba portaba el documento de identidad de Blair Tonzelli, desaparecida en 2023.

Raymond “R.C.” Horsch, el padre de Eugene, murió en 2025 con un largo historial en la industria pornográfica y antecedentes penales. Su figura es hoy central en el caso.

La investigación vincula la vivienda con siete mujeres desaparecidas, al menos cinco de las cuales se presumen muertas.

Entre las identificadas figuran Gabrielle Amarando, desaparecida en 2012; Maribel Fresses y Nicole Fusaro, ambas desaparecidas en 2018; y Amy McHale, exesposa de R.C. Horsch. Ningún cuerpo fue recuperado hasta el momento.

Los allanamientos posteriores a su arresto convirtieron la casa familiar en el centro de una investigación que hoy involucra a siete mujeres desaparecidas, más de un millón de piezas de prueba digital y la presencia del FBI, tal como informó Fox News.

La sombra del padre: pornografía, drogas y un libro que describía lo que ahora investigan

Raymond “R.C.” Horsch, murió el año pasado a los 82 años. Tenía antecedentes penales por producción de metanfetaminas y había publicado libros de contenido sexual y violento.

Uno de ellos, Empathy (2014), incluye un capítulo sobre cómo disolver el cuerpo de una mujer asesinada con químicos en ebullición.

Tras trascender el dato, Amazon y Goodreads retiraron el volumen de sus plataformas el pasado viernes.

El vínculo del padre con la industria pornográfica es central para la hipótesis que manejan algunos expertos.

Fox News consultó al Dr. Kris Mohandie, psicólogo forense certificado, quien fue el primero en plantear públicamente esa línea.

Los videos alertaron a los investigadores: podrían haber circulado en redes clandestinas

“Esto puede ser, además de todos los presuntos crímenes atroces que parecen ser parte de esto —secuestro, violación, tortura y demás, cosas que los agresores sádicos hacen a sus víctimas— una participación en la distribución de los llamados snuff films a redes clandestinas de personas que consumen ese material”, afirmó Mohandie a Fox News. “Es aterrador, y espero que los investigadores puedan resolver esas preguntas”.

La policía tiene además un video que presuntamente muestra a R.C. Horsch estrangulando a Nicole Fusaro, desaparecida en 2018, con un precinto.

Hasta el pasado viernes, los investigadores habían revisado menos de un tercio del material digital incautado.

En ese fragmento identificaron a cuatro de las mujeres desaparecidas —dos públicamente: Gabrielle Amarando y Maribel Fresses— y contabilizaron un total de 58 personas en los archivos.

De ellas, cuatro aparecen sin vida y otras 10 fallecieron por sobredosis en otros domicilios de la ciudad, lo que sugiere que la actividad de la vivienda se extendía más allá de sus paredes.

Eugene Horsch no enfrenta cargos por homicidio, pero la investigación avanza

Hasta el momento, no se presentaron cargos por homicidio contra Horsch. Los equipos de excavación continúan las tareas en el exterior de la vivienda y bajo la estructura, incluidas las alcantarillas.

Entre las pruebas halladas figura una nota manuscrita con referencias al asesino serial Ted Bundy y métodos para deshacerse de cuerpos.

El FBI también retiró de la vivienda un autoclave, un equipo de esterilización capaz de destruir materia orgánica, que los investigadores evalúan en relación con los químicos encontrados.

Un laboratorio forense especializado en Chicago procesa los químicos incautados para identificar su composición, mientras otras muestras se analizan en busca de ADN.

Las autoridades planean ejecutar una nueva orden de allanamiento sobre la vivienda a fines de septiembre. La investigación permanece abierta.

El director general de la Policía Nacional de República Dominicana, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, realizó este domingo una visita a Santiago, donde supervisó las labores operativas de la institución y advirtió que habrá consecuencias para los agentes que actúen al margen de la ley.

La inspección se llevó a cabo en la Dirección Regional Cibao Central, una de las estructuras policiales con jurisdicción en Santiago. Rodríguez García se reunió con el director regional, general Jesús Rafael Tejada Tejada, y con oficiales responsables de las distintas dependencias de esa sede.

El jefe policial afirmó que los miembros de la fuerza deben respetar los lineamientos institucionales durante el cumplimiento de sus tareas. Según informó Diario Libre, diario dominicano, el mayor general sostuvo que quienes se aparten de esas normas deberán responder por sus actos.

La visita fue sorpresiva, según indica Diario Libre. El recorrido incluyó una revisión de las labores que desarrolla la Policía en la ciudad y contactos con los responsables de las áreas que integran la dirección regional.

Cambios previstos en las áreas operativa, investigativa y administrativa

La visita a Santiago también sirvió para comunicar que la jefatura de la Policía prevé cambios en los ámbitos operativos, investigativos y administrativos de la institución. No se difundieron detalles sobre el alcance, las fechas ni los funcionarios que podrían quedar incluidos en esas modificaciones.

Los ajustes forman parte de las decisiones de la actual conducción policial. El anuncio se vinculó con el llamado a los agentes para que cumplan sus responsabilidades dentro del marco legal y de los procedimientos internos.

Rodríguez García destacó ante periodistas que la situación de Santiago se encuentra bajo control y valoró el trabajo que, según dijo, realiza la Policía en esa demarcación. “Santiago está bien”, afirmó el director general al ser consultado sobre las operaciones en la zona.

El mando policial felicitó al general Tejada y al personal bajo su responsabilidad por las tareas desarrolladas hasta el momento. A la vez, los exhortó a mantener las acciones destinadas a la protección de la población y a la prevención de hechos delictivos, indica la publicación del medio local.

Uso proporcional de la fuerza y protección de los agentes

Uno de los puntos planteados por Rodríguez García fue la necesidad de preservar la vida y la integridad física de los agentes que participan en operativos. El director general señaló que esa protección debe garantizarse sin apartarse de los principios que regulan el uso proporcional de la fuerza.

La referencia al empleo de la fuerza estuvo acompañada por el pedido de que las intervenciones policiales se ajusten a los protocolos institucionales. En ese sentido, la advertencia incluyó tanto la protección de los integrantes de la fuerza como la obligación de que sus actuaciones respeten la ley.

La supervisión en la Dirección Regional Cibao Central reunió a los responsables de varios departamentos policiales. Diario Libre no precisó si durante el encuentro se evaluaron casos concretos, operativos recientes o denuncias vinculadas con actuaciones de agentes.

Tampoco se informaron medidas disciplinarias específicas ni investigaciones abiertas contra integrantes de la Policía en Santiago. La comunicación pública se concentró en el mensaje del director general sobre el cumplimiento de las normas y en el anuncio de cambios para distintas áreas de la institución.

La visita concluyó con el respaldo de Rodríguez García a la labor del equipo regional y con el pedido de sostener las acciones de seguridad en la ciudad. La Policía no detalló cuándo entrarán en vigor los cambios anunciados ni cuáles serán sus primeras medidas en las áreas operativas, investigativas y administrativas.

La reciente operación con objetivo en Emiratos Árabes ha provocado la caída de una era una red financiera clandestina, que actuaba como “narcobanco” para grandes organizaciones de cocaína. Mediante brókeres internacionales, entregaba efectivo, movía criptomonedas y blanqueaba ganancias, a cambio de comisiones del 5% al 15%. Su presunto responsable, Perikles David Daremas, alias Spartan, fue detenido junto a otras 20 personas, mientras que se localizaron activos por unos 20 millones de euros. La investigación nació tras el abordaje del buque Nehir en 2021, que transportaba cientos de toneladas de cocaína y se hundió en Gijón para ocultar otra partida. Falk era uno de los asociados, pero el ‘Escobar sueco’ ha sido trasladado por su relación con otras entradas de droga, que implica a narcos gallegos, como apunta el medio especializado.

Trayectoria en España del narco sueco

Jonas Sture Falk se trasladó a España en 2019 y fijó su residencia en Barcelona, ciudad que, según las investigaciones, habría utilizado como centro de operaciones financieras. Su llegada coincidió con las investigaciones policiales sobre una estructura dedicada a mover y ocultar dinero procedente del narcotráfico mediante inversiones en distintos sectores, que después se traduciría en el caso de Dubái.

El 25 de septiembre de ese año, la Policía Nacional lo detuvo durante una macrooperación contra el blanqueo de capitales. La causa apuntaba a una red que habría canalizado fondos ilícitos hacia la compra de propiedades, discotecas y vehículos de lujo. La capital catalana figuraba como una de las bases desde las que se organizaban esas operaciones económicas. Las autoridades sostenían que Falk, conocido en algunos ámbitos europeos como el “Pablo Escobar sueco”, ocupaba una posición relevante dentro de esa trama. La investigación no se centraba únicamente en el origen de los recursos, sino también en el mecanismo que permitía incorporarlos al circuito legal a través de negocios y bienes de alto valor.

En 2021, el sueco comenzó a enfrentarse a la justicia española por delitos vinculados con el lavado de dinero y la inversión de capitales de procedencia ilícita, que le vinculaba a narcos gallegos que también comparecerán. La Fiscalía llegó a solicitar una pena de hasta 20 años de prisión. Falk rechazó las acusaciones y aseguró que sufría una persecución policial relacionada con su pasado y con anteriores investigaciones en su contra. En 2010 tuvo su primera detención por narcotráfico en Países Bajos, pero fue absuelto.

Su nombre volvió a aparecer en 2024, cuando las autoridades identificaron presuntos contactos con estructuras narcotraficantes de Colombia. En particular, fue relacionado con “Gonzalito”, señalado como uno de los cabecillas del Clan del Golfo. Ese vínculo amplió el alcance de las investigaciones sobre Falk y situó nuevamente el foco en las rutas de cocaína entre Sudamérica y Europa. Tras una serie de operativos coordinados y ante reclamaciones internacionales vigentes, Falk fue detenido otra vez y enviado a Suecia. Allí debía responder por los procesos judiciales que permanecían abiertos en su país de origen. Sin embargo, el caso del Clan de Dubái lo ha devuelto a territorio peninsular.

Honduras vuelve a figurar entre los países incluidos por Estados Unidos en su denominada “Majors List”, una determinación presidencial que identifica a las naciones consideradas principales puntos de tránsito o de producción de drogas ilícitas que pueden afectar al territorio estadounidense.

La determinación correspondiente al año fiscal 2026 fue presentada por el presidente Donald Trump ante el Congreso estadounidense el 15 de septiembre de 2025 y contempla un total de 23 países.

Honduras ya había sido incluida en determinaciones anteriores, entre ellas la correspondiente al año fiscal 2024, por lo que su presencia en el listado no representa una incorporación reciente.

El Gobierno estadounidense establece una diferencia entre figurar en la lista y ser señalado por incumplir sus obligaciones en materia de combate al narcotráfico.

La propia Casa Blanca aclara que la inclusión de un país no refleja necesariamente los esfuerzos actuales de su gobierno contra las drogas ni su nivel de cooperación con Estados Unidos. Según la explicación oficial, la designación puede obedecer a una combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que facilitan el tránsito o la producción de drogas, incluso cuando un gobierno desarrolla medidas de control de narcóticos y aplicación de la ley.

Por ello, la aparición de Honduras en el documento debe distinguirse de una declaración específica de que el Gobierno hondureño haya “fallado” en sus políticas antidrogas.

Honduras junto a otros países de América

La lista correspondiente al año fiscal 2026 incluye países de distintas regiones que, según la determinación estadounidense, reúnen las condiciones contempladas por la legislación de ese país.

En el continente americano aparecen Bahamas, Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela.

El listado también contempla países de Asia: Afganistán, Birmania (Myanmar), China, India, Laos y Pakistán.

El Departamento de Estado, agencia federal encargada de las relaciones exteriores de Estados Unidos, ya incluía al país en la determinación correspondiente a 2023 y explicaba entonces que la presencia en la lista no constituía necesariamente una valoración negativa sobre las políticas antidrogas de cada gobierno.

La documentación oficial muestra que Honduras también había aparecido en determinaciones de años anteriores, lo que indica que su inclusión no está vinculada exclusivamente con la administración Trump.

El anuncio debe analizarse, por tanto, como parte de un mecanismo que Estados Unidos utiliza anualmente para identificar países considerados relevantes dentro de las rutas internacionales de producción y tráfico de drogas.

Cinco países señalados por “fallas demostrables”

La Casa Blanca informó que Afganistán, Bolivia, Birmania, Colombia y Venezuela fueron señalados por haber “fallado demostrablemente” en realizar esfuerzos sustanciales durante el período evaluado para cumplir con sus compromisos internacionales de lucha contra las drogas. Esta clasificación no fue aplicada a Honduras.

La diferencia resulta relevante porque no todos los países que aparecen en la “Majors List” reciben el mismo señalamiento: una cosa es formar parte de la relación de países considerados importantes para el tránsito o producción de drogas, y otra distinta es recibir la determinación adicional relacionada con un supuesto incumplimiento de obligaciones antidrogas.

En la explicación de la determinación, Trump hizo señalamientos particulares sobre varios países incluidos en la lista. Entre ellos se encuentran Colombia, Venezuela y Bolivia, respecto de los cuales el mandatario vinculó sus políticas gubernamentales con lo que su administración considera resultados deficientes en materia de combate al narcotráfico.

Cooperación destacada

Al mismo tiempo, la Casa Blanca resaltó los esfuerzos de Argentina, Ecuador y El Salvador, países que la administración Trump presentó como gobiernos que han mostrado liderazgo y determinación en las acciones contra el narcoterrorismo.

En el caso hondureño, la determinación no desarrolla una explicación específica comparable a las observaciones formuladas sobre otros países. Su presencia en la lista debe entenderse dentro del criterio general establecido por la legislación estadounidense para identificar a los principales países de tránsito o producción de drogas, criterio que contempla elementos como la ubicación geográfica, las rutas comerciales y las condiciones económicas que pueden favorecer el movimiento de sustancias ilícitas.

La administración Trump ha colocado el combate al tráfico de estupefacientes entre sus prioridades de seguridad y ha planteado reforzar las acciones de interdicción en fronteras terrestres, marítimas y aéreas.

Para Honduras, la nueva inclusión mantiene vigente la atención sobre su posición geográfica dentro de las rutas regionales del narcotráfico, aunque el documento estadounidense no establece que la sola inclusión constituya una acusación de incumplimiento por parte del Gobierno hondureño.

Según ha informado la Benemérita en un comunicado, los hechos ocurrieron durante un dispositivo preventivo de seguridad ciudadana desarrollado en la autopista navarra. En el control participaban agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana en Navarra, junto con un agente del Servicio Cinológico de la Guardia Civil y el propio Álex, acompañado de su adiestrador.

Sobre las 20:30 horas del viernes, los agentes le dieron el alto a un camión que circulaba aparentemente sin mercancía. Al interactuar con la Guardia Civil, el conductor mostró “una actitud nerviosa, esquiva y evasiva”, describen en el comunicado. Este comportamiento llevó a los agentes a realizar una inspección más exhaustiva del vehículo.

478 kilos de hachís ocultos bajo el semirremolque

Mientras los guardias civiles procedían al registro, Álex marcó a sus compañeros la posible presencia de sustancias estupefacientes. En concreto, el pastor alemán señaló la parte inferior del semirremolque.

Los agentes comprobaron que, bajo el volquete y aprovechando el espacio entre este y la estructura inferior de los ejes, se encontraban ocultas varias bolsas de gran capacidad. Así, solicitaron al camionero que elevara el volquete para poder inspeccionarlas de cerca.

En total, los agentes sacaron 15 bolsas de este espacio, en cuyo interior encontraron diferentes variedades de hachís. En concreto, intervinieron 478 kilogramos de hachís, de los cuales 113 kilos correspondían a hachís tipo Ice-O-Lator.

Álex había dado la señal correcta y lo había conseguido pese a las estratagemas de los transportistas. La mercancía se encontraba resguardada bajo diferentes capas de material aislante y plástico e impregnada con sustancias de fuerte olor. Para camuflar aún más la fragancia del hachís, se había empleado una importante cantidad de una sustancia de base alcohólica. Pero nada de ello consiguió confundir el entrenado olfato del pastor alemán.

El conductor fue detenido por un presunto delito contra la salud pública por tráfico de drogas y la Guardia Civil intervino tanto la mercancía ilegal como el camión para la futura investigación. El arrestado quedó a disposición judicial por un delito contra la salud pública. Será ahora la Policía Judicial de la Guardia Civil en Navarra, mediante el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga, la que se hará cargo de la instrucción. Tanto el vehículo como la droga fueron entregados en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Aoiz/Agoitz, Plaza nº 1, en funciones de guardia.

Así es Álex, el perro guardia civil

Álex nació el 6 de mayo de 2020 y entró al cuerpo armado poco después, según cuenta la Guardia Civil a Infobae. Comenzó su carrera en Huelva hasta la jubilación de su adiestrador, cuando fue trasladado a Navarra en 2024. Desde entonces ha participado en numerosos dispositivos con su compañero; una de las más recientes, el pasado mes de junio en Castejón, donde se encontraron 11 kilos de speed en la oficina de un detenido.

La Guardia Civil calcula que cada año quedan fuera de servicio unos 90 perros por motivos de salud. El cuerpo también debe preparar a 30 alumnos que ingresan en la especialidad de guía canino, mientras que el adiestramiento de cada animal requiere entre seis y 10 meses antes de que pueda ser considerado operativo.

El mensaje surge después de su salida de La Casa de los Famosos México, su diferendo con la conductora Joanna Vega-Biestro y la suspensión indefinida de su participación en Malinche, El Musical.

Durante el video, la actriz aparece mientras se maquilla y muestra el corte de cabello que estrenó días antes. En ese espacio dirige mensajes contra usuarios y figuras relacionadas con el medio del espectáculo, entre ellos Tristan, hijo del cantante Yahir, y el exhabitante del reality Aldo de Nigris.

Montes sostiene que existe una campaña para desacreditarla. “Esta gente es culera. Entonces, se están uniendo para denigrarme”, expresa frente a la cámara, antes de responder a quienes han cuestionado su estabilidad emocional.

La actriz también afirma: “Yo estoy bien”. Después reconoce que atraviesa un episodio de depresión, aunque descarta que se encuentre en riesgo: “Sí estoy deprimida, sí, sí estoy, pero normal, ya he estado. O sea, no me voy a morir”.

Gala Montes rechaza las versiones sobre consumo de drogas

En el mismo mensaje, Gala Montes niega las versiones que circulan en redes sociales sobre un presunto consumo de sustancias. “Nuevamente, no me meto cricos”, dice la actriz, quien asegura que su situación económica desmiente esos señalamientos.

El video no aporta elementos que permitan confirmar o descartar las especulaciones difundidas por algunos usuarios sobre su salud mental o física. Las expresiones, los cambios de apariencia o las publicaciones en redes sociales no constituyen por sí mismos un diagnóstico médico.

Montes también utiliza la palabra “cricosa” para describirse de manera irónica y lanza acusaciones contra Tristan y otras personas. En el fragmento compartido no presenta pruebas de los señalamientos que formula, entre ellos los relacionados con presunto consumo de drogas y actividades en plataformas de contenido para adultos.

La actriz responde a quienes le escriben mensajes de preocupación con una frase en tono de confrontación: “Si están preocupados, dónenme”. También cuestiona a integrantes de su familia y a los medios de comunicación por la atención que han dado a sus conflictos públicos.

El video menciona un posible brote psicótico

Una de las frases que más reacciones provoca es cuando Montes habla sobre un posible brote psicótico. “Yo estoy... difícil de tener un brote psicótico. Ojalá, güey, ojalá”, expresa en medio de su respuesta a los comentarios que recibe.

La declaración ocurre mientras la actriz discute con sus detractores y alterna bromas, insultos y referencias a su estado de ánimo. El material ha generado mensajes de preocupación entre seguidores, aunque también reavivó las críticas que enfrenta desde su salida del reality de Televisa.

Montes había dicho previamente que se encontraba “rehabilitada”, sin fumar, con entrenamiento de box y una rutina de sueño estable. Esas afirmaciones surgieron después de que la producción de La Casa de los Famosos México informara que la actriz decidió abandonar el programa de forma voluntaria.

La actriz contradijo aquella versión y sostuvo que la sacaron del foro después de pedir un tampón al personal. De acuerdo con su relato, salió hacia una zona restringida para solicitar ayuda directamente a “La Jefa” y después fue separada de la competencia.

La salida de La Casa de los Famosos México abre otra disputa

Gala Montes ingresó a La Casa de los Famosos México como habitante sorpresa el domingo 6 de septiembre de 2026. Su participación terminó cerca de 48 horas después, un periodo menor al de su paso por la segunda temporada del programa, donde llegó a la final y obtuvo el tercer lugar.

La producción señaló en un comunicado que la actriz “decidió voluntariamente” concluir su participación. Montes respondió que no quería abandonar la casa y negó versiones sobre una agresión a una psicóloga o a integrantes de la producción.

La periodista Joanna Vega-Biestro citó una versión de una fuente cercana al programa, según la cual la actriz se habría alterado tras no recibir de inmediato el producto de higiene que solicitaba. Montes rechazó esa información y dirigió amenazas verbales contra la conductora.

El conflicto escaló cuando la actriz mencionó a la hija menor de edad de Vega-Biestro. La conductora respondió en Sale el Sol que la menor es ajena a la disputa y señaló que ya cuenta con asesoría legal para evaluar las acciones que podrían corresponder.

Malinche, El Musical pospone la participación de la actriz

La polémica alrededor de Gala Montes también coincide con la suspensión indefinida de su participación en Malinche, El Musical, producción encabezada por Nacho Cano. El proyecto agradeció el tiempo y profesionalismo de la actriz, sin precisar las razones de la decisión.

Montes respondió que enfrentó condiciones laborales que consideró injustas y cuestionó el pago que habría recibido por su trabajo. También explicó que aceptó entrar al reality porque necesitaba ingresos y buscaba priorizar su estabilidad económica.

La actriz aseguró que propuso estrenar la obra entre el 8 y el 11 de octubre sin cobrar, con el objetivo de encontrar una salida para mantener el proyecto. “Mi trabajo tiene un valor y no voy a volver a regalarlo cuando otros sí se benefician de él”, escribió.

En el video más reciente, Montes también retoma el conflicto con su madre, Crista Montes, quien fue su mánager durante 18 años. La actriz afirma que su familia no ha mostrado interés por su estado, mientras las diferencias entre ambas continúan expuestas de forma pública.

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvieron en la ciudad de Córdoba a una mujer de 58 años y a su nieto de 16, acusados de estar vinculados con la comercialización de cocaína y marihuana.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, la investigación comenzó la semana pasada a partir de una denuncia telefónica anónima. Con la información recibida, los agentes realizaron cuatro allanamientos en el barrio Las Flores II, en inmuebles ubicados sobre las calles Filiberto de Mena, Puente Hurtado y Juan José de Iraiman.

De acuerdo con la investigación, dos de las viviendas eran utilizadas como puntos de venta de estupefacientes, mientras que las otras dos funcionaban como lugares de almacenamiento.

Durante el procedimiento realizado en una casa de la calle Filiberto de Mena, un adolescente de 16 años intentó escapar al advertir la presencia de los agentes, aunque finalmente fue aprehendido. También fue detenida su abuela, una mujer de 58 años que se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria por una causa previa vinculada con una infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

En los cuatro allanamientos, los agentes de la FPA secuestraron 137 dosis de cocaína, 42 dosis de marihuana y $289.000 en efectivo, además de otros elementos relacionados con la actividad investigada.

El operativo fue supervisado por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno, que dispuso que los dos detenidos y los elementos incautados quedaran a disposición de la Justicia.

Semanas atrás, también en Córdoba, la FPA desarticuló una banda familiar acusada de vender cocaína en barrio Norte, de Laboulaye. La investigación, que también comenzó a partir de denuncias anónimas, avanzó sobre dos domicilios señalados como puntos de comercialización de estupefacientes: uno ubicado en Córdoba al 100 y otro en Rodríguez Peña al 100.

Durante los procedimientos fueron detenidas cuatro personas mayores de edad, integrantes de una misma estructura familiar compuesta por una pareja y dos primos.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, la banda utilizaba la modalidad de delivery para distribuir la droga. En los allanamientos, los efectivos secuestraron 309 dosis de cocaína, dinero en efectivo, semillas de cannabis, una balanza de precisión, motocicletas y otros elementos de interés para la causa.

Tras los procedimientos, la Fiscalía de Instrucción de Laboulaye, a través de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, dispuso el traslado de los cuatro detenidos a sede judicial. Todos quedaron imputados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

Una gasolinera en San Petersburgo, Florida, fue el escenario de un ataque que las autoridades locales calificaron como uno de los más inusuales en la historia reciente del condado.

El jueves a las 20:00, una mujer que cargaba combustible en su camioneta fue rociada con fuego por una desconocida tras una discusión que duró apenas segundos. El surtidor, el vehículo y la víctima quedaron envueltos en llamas.

La mujer atacada, identificada en registros judiciales como Christine Sherbuk, de 41 años, estaba en la estación Mobil del 101 de la avenida 40 Norte cuando Eleanor Crawford, también de 41, se le acercó. Crawford le pidió el teléfono prestado. Sherbuk se lo dio. Luego le pidió dinero. Sherbuk se negó.

Crawford sacó un encendedor y convirtió la manguera del surtidor en un arma

Fue en ese momento cuando Crawford recurrió al encendedor. El ataque fue registrado por las cámaras del lugar y presenciado por varios testigos, de acuerdo con el acta de arresto, tal y como informó Fox News.

Un testigo que estaba en las cercanías, Scotty Gamling, vio el ataque y actuó de inmediato. Tomó a la víctima entre llamas, la subió a su camioneta y llamó al servicio de emergencias.

Gamling describió lo que presenció como “una bola de fuego”, tal y como recogió Fox 13 Tampa Bay.

Gamling ya había alertado a la policía sobre Crawford minutos antes del ataque

Lo que convierte al testigo en una figura central del caso es que, antes del incendio, ya había llamado a las autoridades para alertar sobre Crawford.

La había visto involucrada en una pelea al otro lado de la calle. Los agentes estaban en camino cuando el ataque en la estación de servicio se produjo.

La policía detuvo a Crawford a pocas cuadras del lugar en menos de 20 minutos. Las autoridades confirmaron que ambas mujeres no tenían ninguna relación previa al incidente.

La atacante tiene un extenso historial penal vinculado a drogas y alcohol

Las autoridades indicaron que Crawford acumula múltiples antecedentes en el condado de Pinellas por cargos de agresión, robo menor, intoxicación en la vía pública y posesión de drogas, de acuerdo con The Tampa Bay Times. Su último arresto fue en julio, por agresión a un agente policial y resistencia a la autoridad.

El subcomisario de policía Mike Kovacsev se refirió al historial de la detenida para tratar de encontrar una explicación al ataque.

“No sé si había alcohol o drogas de por medio, pero, dado su historial, es posible que algo haya afectado su capacidad de razonar”, afirmó en rueda de prensa. “¿Por qué haría algo así?”, agregó.

Sherbuk fue trasladada de urgencia al Tampa General Hospital con quemaduras de segundo grado en los brazos y la espalda. Ingresó en estado grave, aunque los médicos lograron estabilizarla y no prevén riesgo para su vida, confirmó Fox News.

El móvil permanece sin determinar. Crawford enfrenta dos cargos de incendio provocado y uno de tentativa de homicidio en primer grado. Está detenida en la cárcel del condado de Pinellas con una fianza de USD 350.000.

Un juez ordenó además que le coloquen un monitor GPS antes de cualquier posible liberación. La investigación permanece abierta.

La Policía Nacional de República Dominicana informó este sábado que detuvo a dos mujeres y un hombre colombianos acusados de integrar una estructura dedicada a drogar y robar a hombres, una modalidad delictiva conocida de forma popular como “Las Dormilonas”. El operativo se realizó en el residencial Arrecifes del Sol, en Santo Domingo Este.

Según publicó la Policía Nacional de República Dominicana en su cuenta oficial de X, los arrestos estuvieron a cargo de agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), adscritos al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Propiedad.

Los detenidos fueron identificados como Natali Valeria Castillo González, Laura Valentina Villegas Villafaña y Diego Armando González. Las autoridades los vinculan con una organización que presuntamente contactaba a hombres, los seducía y luego les suministraba una sustancia química para dejarlos en estado de sedación.

De acuerdo con la versión oficial, las víctimas quedaban sin posibilidades de reaccionar y los sospechosos aprovechaban esa situación para quitarles pertenencias. Entre los objetos que buscaban sustraer figuraban dinero en efectivo, prendas de valor, tarjetas de crédito y débito, teléfonos celulares y otros artículos personales.

La intervención se concretó tras una orden judicial de allanamiento en un apartamento del residencial Arrecifes del Sol. Durante el procedimiento, los investigadores recuperaron una serie de efectos que habían sido denunciados como robados por distintas víctimas.

El listado incluye celulares, computadoras portátiles, tabletas, relojes inteligentes, prendas de oro y artículos de marcas reconocidas. La Policía señaló que los objetos serán incorporados a la investigación para establecer su procedencia y determinar si pertenecen a personas afectadas por la presunta banda.

Los agentes también ocuparon RD$197,000 en efectivo, además de dinero en dólares canadienses y pesos colombianos. La información difundida por la institución no precisó el monto de las divisas extranjeras halladas durante el allanamiento.

Entre los elementos secuestrados figura una sustancia química que será examinada por técnicos de la Policía Científica. El análisis buscará establecer su composición y definir si guarda relación con los hechos que se investigan.

Las autoridades no detallaron qué tipo de sustancia habría sido utilizada contra las víctimas ni cuántas denuncias dieron origen a la pesquisa. Tampoco informaron si los detenidos poseen antecedentes penales en República Dominicana o en Colombia.

A Diego Armando González le fue incautado, además, un documento de identidad que presentaría indicios de falsificación, según indicó la Policía Nacional. Ese hallazgo podría ampliar las líneas de investigación sobre la actividad de la estructura y los mecanismos que habría empleado para evitar controles de las autoridades.

La investigación busca identificar a otras posibles víctimas

La Policía explicó que el caso permanece bajo coordinación del Ministerio Público, que tiene bajo su control a los detenidos y las pruebas ocupadas durante el procedimiento. La investigación procura identificar a otras personas que puedan haber sido afectadas por este método.

Los investigadores también intentarán establecer si existen más integrantes de la organización, cuál era el alcance de sus operaciones y si los objetos recuperados permiten vincular a los arrestados con denuncias concretas.

La modalidad atribuida al grupo consiste, según la información oficial, en generar un vínculo previo con las víctimas antes de suministrarles una sustancia en sus bebidas. Una vez que las personas quedaban sedadas, los sospechosos presuntamente se apoderaban de sus bienes.

El caso pone el foco en una práctica que las autoridades dominicanas denominan “Las Dormilonas”, en referencia a robos cometidos contra personas que son inducidas a un estado de inconsciencia o somnolencia. La Policía no informó si alguno de los afectados requirió atención médica ni si hubo víctimas que resultaron heridas.

Las pesquisas continuarán para determinar las responsabilidades individuales de los tres colombianos detenidos y la eventual participación de otros implicados. El Ministerio Público deberá definir las medidas judiciales que solicitará en las próximas horas.

Ha caído uno de los rostros principales del narcotráfico europeo. Las autoridades turcas han detenido en Estambul a Islam Yakut, señalado como líder de una organización dedicada al tráfico de drogas, que coordinaba envíos de heroína desde Irán y Afganistán hacia Europa. Yakut permanecía fugado desde 2017 y era uno de los principales objetivos del estado turco. La operación, confirmada este viernes el ministro de Justicia, Akın Gürlek, estuvo bajo coordinación de la Fiscalía General de Estambul y contó con la participación de la Policía local, la Organización Nacional de Inteligencia (MIT) y las unidades antidrogas de la Dirección General de Seguridad.

“Nuestro objetivo son los capos de la droga”, afirmó Gürlek al comunicar la captura. El ministro sostuvo que Yakut dirigió la organización desde escondites ubicados dentro y fuera de Turquía durante los años en que permaneció prófugo. La estructura atribuida a Islam Yakut, además de los cargamentos de heroína hacia el mercado europeo, la relacionan, según palabras del ministro, con el traslado de drogas sintéticas desde Europa a Turquía.

Aseguró que las operaciones vinculadas a la red derivaron en la incautación de dos toneladas de estupefacientes en Turquía y otros países europeos. No detalló las fechas de los decomisos, los puntos de destino ni la composición de las sustancias confiscadas. Las autoridades turcas indicaron que Yakut transmitía instrucciones a miembros de la organización a través de ANOM y SKY ECC, plataformas de comunicación cifrada empleadas por grupos criminales y objeto de investigaciones policiales en varios países.

La búsqueda se prolongó hasta su detención este 11 de septiembre en Estambul. Por el momento, no se han desvelado más detalles. Yakut puede tener causas judiciales en otros países, al haber introducido la droga en el corazón de Europa desde Oriente Medio. El comunicado oficial no aclaró el número de presuntos integrantes de la red ni señaló si, tras el arresto, se realizaron allanamientos o nuevas detenciones vinculadas con la investigación según comunicado difundido.

Yakut se fugó en 2017

Islam Yakut, a sus 60 años, llevaba prófugo durante nueve años después de no regresar a prisión tras un permiso especial concedido en junio de 2017. El acusado había sido detenido el 21 de junio de 2009 en Estambul por un delito relacionado con drogas y recibió una condena de 17 años y seis meses de cárcel. Yakut pasó cerca de seis años en la prisión cerrada de Silivri antes de su traslado a un establecimiento de régimen semiabierto. Durante ese período, rindió exámenes de educación abierta e ingresó a la carrera de Administración Pública de una universidad privada.

Según la agencia Bianet, el detenido acudía a las evaluaciones bajo custodia de la gendarmería. Tras ser admitido en la universidad, obtuvo autorización para asistir a clases durante los días hábiles, una posibilidad prevista para algunos presos bajo regímenes penitenciarios menos restrictivos. En 2017, Yakut recibió cuatro permisos especiales y el último, concedido en junio de ese año, derivó en su fuga. No volvió al penal y la justicia lo declaró prófugo.

Lilly Téllez cuestionó las actitudes de la presidenta Claudia Sheinbaum tras la información publicada por la periodista Anabel Hernández, en la que se señala a la mandataria por un presunto consumo de marihuana.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de X, la senadora del PAN afirmó que a pesar de no saber si estas declaraciones son ciertas, “lo que sí es real, es que la presidenta muestra una expresión aletargada, mirada fija, sin parpadear, ojos vidriosos, risas nerviosas y una forma de actuar errática que ya ha provocado comentarios sobre su estado de ánimo. No se le ve bien a la presidente, esa es la verdad”.

Por ello, agregó que si la mandataria no estuviera al frente de México, este tema sería un problema personal, pero al ser la jefa de Estado su estado de salud físico y mental es un asunto de interés público.

“No es posible verificar si Sheinbaum consume marihuana. Ella lo negará, pero, pues, ¿cómo creerle a una persona tan mentirosa como ella?“, precisó comparando a los políticos con los pilotos, asegurando que deberían estar sujetos a controles más estrictos sobre ingesta de drogas.

Lilly Téllez propone exámenes toxicológicos para servidores públicos

La funcionaria recordó que el año pasado presentó una iniciativa para modificar el artículo 134 de la Constitución, con el objetivo de obligar a todos los servidores públicos de elección popular a hacerse exámenes toxicológicos periódicos y aleatorios durante el tiempo que permanezcan en el cargo, pagados por ellos mismos y donde los resultados sean públicos.

“Con esta iniciativa busco que la ciudadanía tenga certeza de que quienes gobiernan lo hacen sin consumo de drogas. Y también propongo que el incumplimiento de esas pruebas se sancione con la pérdida del cargo”, señaló en la grabación en redes sociales.

En el clip también mencionó que Morena rechazó esta propuesta, por lo que hizo un llamado a la población mexicana para que exijan a los legisladores de la bancada guinda votar a favor del proyecto.

SCJN aprueba la preparación de pastelitos, gomitas y paletas con cannabis para consumo personal

La SCJN determinó el pasado 10 de septiembre que los permisos para el autoconsumo recreativo de cannabis pueden incluir la preparación de alimentos con THC, como pastelitos, gomitas o paletas, siempre que sean para la ingesta personal y no se comercialicen, distribuyan, suministren a terceros ni se vendan al público.

El Pleno también resolvió el 4 de febrero que portar más de cinco gramos de marihuana no configura de forma automática un delito cuando existan pruebas de que la sustancia estaba destinada al consumo personal. Ese criterio no elimina el límite previsto en la ley ni despenaliza por completo la posesión de cannabis.

Se considera que cocinar cannabis o incorporarlo a platillos preparados o semipreparados para uso propio constituye una actividad culinaria ordinaria. Por ello, no equivale a fabricar productos que requieran un régimen sanitario especializado.

La resolución deriva del Recurso de Inconformidad previsto en la fracción IV del artículo 201 de la Ley de Amparo 13/2025. La decisión no crea una nueva vía para obtener permisos recreativos ni modifica las condiciones para solicitarlos.

Alimentos no pueden venderse ni distribuirse

El criterio del máximo tribunal permite que las personas con autorización sanitaria preparen alimentos con cannabis o THC para autoconsumo. La autorización no ampara el expendio, la distribución, el suministro a terceros ni cualquier forma de comercialización de esos productos.

La COFEPRIS mantiene restricciones para elaborar droga en artículos sometidos a controles sanitarios específicos. Entre ellos están medicamentos, remedios herbolarios, dispositivos médicos, suplementos alimenticios, cosméticos, vapeadores y aparatos análogos.

El asunto comenzó con la solicitud de nueve personas ante la dependencia para realizar actividades vinculadas con el consumo recreativo: siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte de cannabis. La autoridad sanitaria rechazó inicialmente la petición al argumentar que la Ley General de Salud no le daba facultades para emitir esas autorizaciones.

Las promoventes presentaron una denuncia por incumplimiento. Una autoridad jurisdiccional ordenó a la dependencia expedir el permiso correspondiente.

Gabriel Gil Castañeda, ciudadano peruano de 41 años, fue arrestado recientemente en el barrio porteño de Flores junto a otros dos compatriotas, acusado de comercializar cocaína desde un edificio de la calle Lafuente, a metros de la avenida Rivadavia.

Además de las detenciones de los sospechosos, el operativo terminó con el secuestro de 1,635 kilo de cocaína, dos balanzas de precisión, elementos para fraccionar la droga, cinco teléfonos celulares, dinero en efectivo y un Ford Focus que utilizaban los involucrados, según informaron fuentes policiales a Infobae.

La investigación del caso estuvo a cargo de la División Investigaciones Antidrogas Sur de la Policía de la Ciudad, luego de denuncias de vecinos que alertaron sobre presuntas maniobras de narcomenudeo en la zona. Mediante las tareas de campo se confirmaron los movimientos de estupefacientes y derivaron en dos allanamientos en departamentos del mismo edificio.

Los procedimientos fueron solicitados por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Vinculados a Estupefacientes (UFEIDE), a cargo de Cecilia Amil Martín, y autorizados por el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°19, que conduce el juez Agustín Eduardo Riggi.

En uno de los departamentos, los efectivos encontraron un ladrillo de cocaína de poco más de un kilo. También incautaron cerca de medio kilo de la misma sustancia distribuido en cinco bolsas con piedras de la droga y otras 22 dosis fraccionadas.

Uno de las viviendas era ocupada por Gil Castañeda, quien había sido detenido el 1 de julio de 2024 en el cruce de Francisco Bilbao y la avenida Olivera, en el barrio de Parque Avellaneda.

En aquella oportunidad, personal de la misma división de la fuerza porteña lo interceptó en la calle mientras transportaba un ladrillo de cocaína y 12 envoltorios de cinco gramos cada uno.

Por ese hecho intervino la Unidad de Flagrancia Sur, que abrió actuaciones por infracción a la Ley 23.737. Luego, la Justicia decidió dejar al acusado en libertad bajo la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

Las fuentes consultadas indicaron que el hombre tenía ocho antecedentes por los delitos de robo, tenencia de drogas para comercialización y resistencia a la autoridad. Ahora, vuelve a enfrentar cargos por infracción a la Ley 23.737.

Además de Gil Castañeda, los oficiales detuvieron a un hombre de 34 años y a una mujer de 24.

Un nene de 5 años ingresó el pasado martes al Hospital de Niños Víctor J. Vilela de Rosario con convulsiones. Después de la realización de varios análisis, los médicos detectaron que tenía cocaína en la sangre, por lo que se dio aviso al Ministerio Público de la Acusación, que dispuso la detención del padre y de la madre del menor, que sigue internado.

La brigada de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de la Policía de Investigaciones detuvo este jueves a Pablo Ariel B. (47) en el domicilio familiar de San Martín al 7500, en la zona sur de Rosario, mientras que su pareja Valeria Anahí C. (47) fue arrestada en la vía pública, en Italia al 2800, en la puerta del hospital donde está su hijo.

Los procedimientos se hicieron por pedido de la fiscal Andrea Vega, quien ordenó una serie de medidas desde el pasado martes para intentar establecer cómo el niño tuvo contacto con la droga. Se secuestró un celular en la propiedad de la familia, que será enviado a peritar.

Los dos aprehendidos serán llevados a audiencia imputativa, se estima, dentro de dos semanas. La imputación que sobrevuela en estos momentos en la causa que tiene a su cargo la fiscal Andrea Vega es por tentativa de homicidio agravado por el vínculo en concurso ideal con suministro de material estupefaciente a título gratuito agravada por ser en perjuicio de un menor de edad.

En el caso también tomó intervención la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Fe, que determinó que el nene de 5 años que está internado y su hermano de 8 años no queden al cuidado de nadie de su familia. Actualmente, permanecen bajo seguimiento de un equipo interdisciplinario del Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

La nuez de betel o de areca es una droga vegetal ancestral utilizada en gran parte de la región de Asia-Pacífico.

La investigación, liderada por la Universidad Griffith, en Australia, combinó pruebas bioquímicas y arqueológicas para rastrear las raíces prehistóricas de uno de los estimulantes adictivos más consumidos del mundo. El trabajo, titulado “La succión de la nuez de betel es la evidencia registrada más antigua del uso habitual de una planta neuroactiva”, fue publicado en la revista Science Advances.

Según el equipo, el hallazgo obliga a revisar las teorías más difundidas sobre el inicio del consumo de drogas.

Los autores no interpretan necesariamente esta práctica como una forma de consumo recreativo en el sentido actual. Dado que los antiguos recolectores de Sulawesi presentaban problemas dentales crónicos, el equipo sostiene que una de las razones pudo haber sido con efectos analgésicos: chupar nuez de betel pudo haber sido el alivio del dolor de muelas.

Hasta ahora, las primeras tradiciones de uso de sustancias psicoactivas solían ubicarse después del surgimiento de la agricultura, con bebidas fermentadas como la cerveza de cebada hace unos 13.000 años en el actual Israel.

Pero en el caso de la nuez de betel, las nuevas pruebas la sitúan mucho antes incluso de las fechas propuestas para el Neolítico o la Edad de Bronce, hace unos 3.500 años.

“Sin embargo, esta teoría no tiene en cuenta la posibilidad de que el consumo de drogas desde tiempos muy antiguos sea la raíz de las sustancias psicoactivas que más utilizamos”, dijo el profesor de arqueología Adam Brumm, del Centro Australiano de Investigación para la Evolución Humana (ARCHE) de la Universidad Griffith, quien dirigió la investigación.

Dos cazadores-recolectores dejaron una marca inédita en sus dientes

La investigación se basó en restos óseos de dos antiguos cazadores-recolectores de la isla de Sulawesi: uno datado entre 25.000 y 16.000 años atrás y otro entre 7.600 y 6.300 años. Aunque vivieron con más de 10.000 años de diferencia, ambos presentaban un mismo patrón de desgaste dental, con surcos profundos y redondeados que los investigadores describen como un nuevo marcador bioarqueológico.

“Todo comenzó con esto: una antigua mandíbula humana con unos surcos misteriosos en los dientes”, explicó Brumm en un video difundido por la universidad. “Nunca habíamos visto marcas dentales como estas”.

Los autores señalaron que esas huellas no se parecían a ninguna forma de desgaste dental prehistórico documentada hasta ahora y apuntaban a una actividad repetida durante un largo período. Con el tiempo, concluyeron que esos cazadores-recolectores habían mantenido de forma habitual un objeto duro y aproximadamente esférico entre los dientes mientras lo chupaban durante períodos prolongados.

Ese objeto, sostienen, era la semilla de la palmera Areca catechu, conocida como nuez de betel o de areca.

La nuez de betel es una de las sustancias psicoactivas más consumidas en el mundo

El hallazgo arqueológico adquiere otra dimensión por la vigencia actual de esa sustancia. El equipo de la Universidad Griffith señaló que el consumo de nuez de betel es una tradición extendida entre cientos de millones de personas desde la India hasta el Pacífico Sur, lo que equivale a aproximadamente una de cada diez personas de la población mundial actual.

“Aunque es poco conocida en las sociedades occidentales, la nuez de betel es la cuarta sustancia psicoactiva más consumida en el mundo, después del alcohol, la cafeína y la nicotina”, señaló Brumm.

Su consumo induce una leve euforia y un aumento del estado de alerta, entre otros efectos. En la actualidad, los consumidores suelen preparar la droga mezclando una semilla procesada de Areca catechu con cal apagada y otros ingredientes para formar una masa o bolo que luego se mastica.

“La cal apagada es un ingrediente esencial porque provoca una reacción química que libera los compuestos psicoactivos del fruto seco en el torrente sanguíneo con mayor rapidez”, explicó Brumm en el comunicado de la universidad.

Los experimentos mostraron que chupar la semilla también libera arecolina

Uno de los problemas para rastrear los orígenes de esta práctica es que las semillas de areca rara vez se conservan en los yacimientos arqueológicos. Por eso, el equipo recurrió a una combinación de evidencia dental, análisis biomoleculares y pruebas experimentales.

Hasta ahora, los trabajos previos sugerían que la arecolina, el principal alcaloide neuroactivo de la nuez de betel, se liberaba al masticar la semilla procesada junto con cal apagada, que aumentaba su biodisponibilidad. Pero los investigadores quisieron saber si una forma de consumo más simple también podía producir un efecto fisiológico.

“Pero nuestro equipo realizó experimentos en los que remojamos nueces de betel en saliva artificial y probamos los caldos resultantes contra un panel de receptores humanos clonados expresados en óvulos de rana”, describió Brumm.

El resultado según el científico, fue concluyente: “Esto demostró que con solo chupar nueces de betel intactas se libera arecolina en cantidades suficientes para tener un efecto fisiológico, alterando la función cerebral”.

A esa evidencia se sumó otro dato central. Los análisis bioquímicos realizados por el profesor asociado Carney Matheson detectaron la presencia de arecolina en los tejidos dentales de los recolectores, lo que, según el equipo de investigadores, aporta una sólida evidencia de la ingestión de nuez de betel.

El hábito pudo aliviar el dolor, pero agravó la enfermedad dental

Los autores no interpretan necesariamente esta práctica como una forma de consumo recreativo en el sentido actual. Los investigadores creen que los antiguos recolectores de Sulawesi presentaban problemas dentales crónicos y que la arecolina tiene propiedades analgésicas.

Esa combinación llevó al equipo a plantear que una de las razones para chupar la nuez de betel pudo haber sido el alivio del dolor de muelas.

“Sospechamos que este hábito estaba motivado por el interés en las propiedades analgésicas de las nueces de areca”, dijo Brumm.

Sin embargo, el remedio habría empeorado el problema. Según el arqueólogo, “con el tiempo, la succión de estas semillas duras y abrasivas desgastó tanto los dientes de los recolectores que, en algunos casos, la cámara pulpar interna quedó completamente expuesta, esto habría sido extremadamente doloroso, habría causado dificultades para comer y habría aumentado considerablemente la tasa de infecciones dentales crónicas”.

Brumm resumió esa dinámica en otra frase del comunicado: “Si bien este hábito pudo haber sido un remedio para el dolor de muelas, años de succión prolongada de nueces terminaron causando problemas de salud dental mucho peores, creando un ciclo de uso habitual continuado”.

El estudio lleva la historia del consumo de drogas hasta el Pleistoceno tardío

Más allá del caso puntual de la nuez de betel, los hallazgos proponen una revisión más amplia de la cronología del uso de plantas psicoactivas por parte de los seres humanos. En lugar de ubicar esos comportamientos recién con la agricultura, los empujan hacia el Pleistoceno tardío.

“El consumo de nuez de betel, que surgió hace hasta 25.000 años en Sulawesi, mucho antes del inicio de la agricultura, podría ser la evidencia más antigua del uso de drogas en cualquier parte del mundo”, afirmó Brumm.

Los autores añadieron que el estudio también sugiere que la práctica moderna de mascar betel evolucionó a partir de una forma más antigua y simple de consumo. “Al identificar la práctica ancestral que subyace al consumo de nuez de betel tal como lo conocemos, el estudio sugiere que algunos comportamientos modernos de consumo de drogas están profundamente arraigados en las tradiciones de los cazadores-recolectores”, señaló el comunicado.

Los hallazgos indican además que el consumo habitual de sustancias psicoactivas y sus costos sanitarios asociados ya existían entre los cazadores-recolectores decenas de miles de años antes del desarrollo de la agricultura.

La Fiscalía General del Estado es contundente. El narcotrafico “representa la mayor amenaza proveniente del entorno del crimen organizado y la delincuencia grave”. España es un lugar estratégico, un país “clave en las rutas marítimas globales”. Por las costas andaluzas entra el hachís que se cultiva en Marruecos y por los puertos entra la mayor parte de la cocaína suramericana que luego inunda los mercados europeos. Pero faltan medios. Así lo denuncia la última memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2025, presentada este jueves tras la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo.

La Fiscalía propone adaptar la estructura judicial y sus capacidades para la lucha especializada contra la actual delincuencia organizada relacionada con el tráfico de drogas. “El desarrollo de esta línea de acción debe partir de la consciencia de que una acción eficaz contra el narcotráfico no se logra con el incremento de las incautaciones y detenciones, sino que es necesaria una decidida y adecuada acción judicial para acabar con la condena de los culpables”, destaca la Fiscalía Especial Antidroga dirigida por Rosa Ana Morán. No basta siquiera con conformarse “con el enjuiciamiento de los detenidos, que suelen ser los responsables de los escalones más bajos del narcotráfico”.

Esta Fiscalía especial destaca que una “investigación adecuada” no debe centrarse únicamente en la explotación de operaciones con entradas y registros simultáneas, ni termina con las noticias de la incautación de kilogramos de sustancia ilícita y un número alto de detenidos, “sino que requiere de capacidades de inteligencia, tiempo de investigación, uso de técnicas especiales, medidas de investigación tecnológica y complejas investigaciones de operaciones financieras y grandes patrimonios que requieren especialización”. Y todo esto se consigue con más medios. Y con los que hay ahora no es suficiente.

Esta especialización es imprescindible ante la creciente complejidad de los procedimientos judiciales. “La única especialización en esta materia, sin embargo, se centra en la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga, lo que es notoriamente insuficiente. Incluso la Fiscalía Especial Antidroga tiene un despliegue territorial incompleto, ya que solo cuenta con 31 delegados, frente a cualquier otra unidad especializada de la Fiscalía General, que tiene delegados en todas las fiscalías provinciales”, denuncian desde Antidroga. Y eso que en 2025 ese número de delegados creció de 28 a 31, al nombrarse nuevos puestos en Zaragoza, Toledo y Badajoz.

No basta con la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional sigue instruyendo los casos más graves y complejos (los que tienen grandes conexiones internacionales) o aquellos que son imposibles de investigar en el partido judicial competente (corrupción de funcionarios en el territorio a investigar). Además, “la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia como la Sala de lo Penal están sobrecargadas”, lo que provoca que sus instrucciones y enjuiciamiento se alarguen durante años. “El resultado directo es la absoluta ineficacia, la pérdida de sentido en el enjuiciamiento de hechos de una década anterior y la automática reducción de las penas por la aplicación directa de la atenuación de dilaciones indebidas”.

Pero más allá de la Audiencia Nacional no hay especialización alguna en los órganos judiciales territoriales y su sobrecarga permite observar, no solo en poblaciones pequeñas, sino también en las grandes capitales, “reticencias reiteradas a asumir la investigación de organizaciones criminales, sabido que normalmente son largas, con muchos implicados y precisan medidas de investigación especiales o tecnológicas que requieren un control estrecho por parte del órgano judicial”, señala la memoria.

La situación de sobrecarga de los juzgados no garantiza la respuesta en tiempo eficaz para este tipo de investigaciones, recalcan desde Antidroga. “En resumen, una buena parte de las posibles investigaciones de organizaciones criminales dedicas al narcotráfico se frustran por la inadecuada o tardía respuesta de los órganos judiciales”. Esta llamada de atención sobre la lentitud de las investigaciones afecta también a la insuficiencia de los recursos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, “tanto desde el punto de vista de la dotación de aquellos instrumentos técnicos e informáticos avanzados para que puedan ser utilizados en las investigaciones, como humanos, ya que se detectan retrasos notables en el volcado de los dispositivos incautados, fuente imprescindible para el conocimiento de los hechos y la prueba en juicio oral de los delitos imputados”.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado decomisaron 370 toneladas de cocaína, hachís, marihuana y heroína en 2025, según la Estadística Anual sobre Drogas elaborada por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), organismo dependiente del Ministerio del Interior. Fue presentada hace unas semanas y revela que las incautaciones de hachís son las únicas que subieron (un 29%). La Fiscalía, por su parte, asegura que la inadecuada respuesta judicial “se produce por la sobrecarga de las Audiencias Provinciales y el alargamiento de la fase intermedia hasta llegar al enjuiciamiento”.

Escasez de funcionarios

Varios delegados provinciales (de Barcelona, de Islas Baleares y de Galicia) han alertado del estancamiento de las causas en las Audiencias Provinciales. “Sufren la mayoría de estos órganos un exceso de causas para señalamiento, escasez de funcionarios, falta de fechas y salas para las vistas de forma que los señalamientos se alargan indefinidamente”, señala la memoria. Para dejar constancia más clara, la delegada de Antidroga en las Islas Baleares estima que las causas sin preso (imputados en libertad) serán enjuiciadas en la Audiencia Provincial en 2030, mientras que las que tienen preso esperan un periodo de unos dos años.

La Fiscalía aporta posibles soluciones: la urgente necesidad de un cambio de la organización judicial en dos ámbitos. El primero dirigido a reforzar la Audiencia Nacional ante su situación de sobrecarga y redefinir sus competencias para acoger en este órgano centralizado y especializado los delitos realmente más complejos y con relevante dimensión internacional. “Se trata también de evitar el traslado tardío a la Audiencia Nacional de investigaciones realizadas en el territorio que se remiten cuando la investigación se complica y finalmente se comprueba o sugiere alguna conexión con el territorio de una provincia limítrofe”.

El segundo cambio, que Antidroga lleva proponiendo desde 2022, pasa por la especialización de órganos jurisdiccionales territoriales en materia de delincuencia organizada. Esto permitiría la creación de secciones de instrucción especializadas en zonas afectadas en materia de delincuencia organizada vinculada al tráfico de drogas. Algo que todavía no se ha implementado. Por último, es necesaria una nueva regulación de los agentes encubiertos y una definición legal completa de las operaciones encubiertas. “Esta normativa debe permitir actuaciones de los agentes con la suficiente cobertura y su debida protección, garantizando el derecho de la defensa, pero sin poner en riesgo la identidad y seguridad de quienes se prestan a estas funciones no exentas de peligros y que requieren el reconocimiento y la debida protección por el Estado para el que trabajan”.

En 2025 hubo menos procedimientos judiciales por droga que en 2024, sobre todo en las provincias que cuentan con delegado de la Fiscalía Antidroga, salvo en las provincias de Guipúzcoa y Castellón, donde el incremento (76,39% y 65,56% respectivamente) es grande y se aleja del resto de esta situación. El resto de los porcentajes de incremento de causas por tráfico de drogas se da en provincias sin delegado, como el llamativo crecimiento de Segovia, en el que el aumento es del 54,17%, en Cuenca del 48,15%, en Córdoba del 45,35%, en León del 34,29%, en Soria del 30,77%, en Lugo del 21,31% y en más del 10% en otras provincias sin delegación como Ourense, Salamanca, Valladolid, Jaén o La Rioja, “lo que abunda en la idea de la necesidad de seguir aumentando el número de delegados”, concluye la Fiscalía Antidroga.

El hecho ocurrió el domingo pasado. De acuerdo a la reconstrucción judicial, todo comenzó cuando el agresor le preguntó a la víctima dónde podía comprar estupefacientes. Sin embargo, el hombre no le contestó. Fue la falta de respuestas lo que desató la furia del atacante.

Según se observa en el video que encabeza la nota, el condenado, quien vestía un pantalón y un buzo celeste, se acercó a un árbol y habría agarrado un elemento, el cual no se llega a distinguir en las imágenes. Luego, se cruzó de vereda, persiguió a la víctima, que llevaba un pantalón y un buzo de color negro, y lo atacó.

Producto de la agresión, comenzó un enfrentamiento entre ambos en la vereda que posteriormente continuó en plena calle. En un momento, la víctima logró zafarse, pero segundos después el agresor comenzó a correrlo y lo agarró del buzo.

Tras el forcejeó, ambos terminaron en el piso. Pero esto no frenó la locura del atacante, quien ante la mirada de testigos volvió a golpear al damnificado.

La pelea fue advertida por las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU). Minutos después, efectivos de la Policía de la Ciudad se hicieron presentes en el lugar y aprehendieron al sospechoso.

La causa quedó en manos de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Este del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a cargo del auxiliar fiscal Pablo Vidal Alemán, que ordenó la detención del sujeto y lo imputó por el delito de lesiones leves. Fuentes judiciales detallaron que el aprehendido contaba con antecedentes por robo.

Este martes, tan solo 72 horas después del incidente, la titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°31, Susana Parada, mediante un juicio abreviado, logró condenarlo a prisión de cumplimiento efectivo.

El fin de semana pasado, otro episodio de violencia tuvo lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El domingo por la noche ,alrededor de las 20.13, un hombre de 36 años fue detenido acusado de apuñalar a un padre y a su hijo en una estación de servicio de Recoleta, luego de una discusión con un playero porque tenía vencida la oblea de GNC de su auto. Las víctimas, de 61 y 28 años, habían llegado al lugar a bordo de un Chevrolet Agile para cargar combustible. Mientras esperaban, observaron un conflicto entre el empleado y otro cliente, un ciudadano venezolano que circulaba en un Volkswagen Voyage.

La discusión escaló a una pelea a golpes de puño entre el playero y el conductor. Padre e hijo intervinieron para separarlos, pero el hombre de 36 años sacó un cuchillo y los atacó. El joven sufrió una herida cortopunzante en el cuello, mientras que su papá recibió otra en el muslo izquierdo. Tras la agresión, el acusado intentó descartar el arma en un cesto de residuos de la isla de surtidores. La Policía de la Ciudad encontró allí un cuchillo tipo tramontina y lo detuvo. El SAME trasladó a los heridos al Hospital Fernández. Ambos se encuentran fuera de peligro. El sospechoso tenía antecedentes por daños, de mayo de 2026, y por una riña registrada en noviembre de 2024.

Un equipo internacional de investigadores ha hallado en la isla de Sulawesi (Indonesia) las pruebas más antiguas jamás registradas del uso habitual de una droga vegetal neuroactiva. El hallazgo, publicado en la revista Science Advances, revela que los cazadores-recolectores de la región mantenían y chupaban nueces enteras de betel en la boca para liberar sus principios activos miles de años antes del desarrollo de la agricultura.

Hoy en día, la nuez de betel (semilla de la palmera Areca) es considerada la cuarta sustancia psicoactiva más consumida del mundo, por detrás del alcohol, la cafeína y la nicotina. Tradicionalmente, se consume masticando un preparado (quid) que combina la nuez troceada, pasta de cal apagada y hojas de la trepadora Piper betle. Sin embargo, los orígenes de este hábito milenario eran hasta ahora desconocidos.

Un desgaste de muelas en fósiles con más de 10.000 años de diferencia

La investigación, liderada por el arqueólogo Adam Brumm junto a un amplio equipo multidisciplinar, ha analizado los escasos restos óseos de dos cazadores-recolectores preagrícolas encontrados en cuevas del sur de Sulawesi. El primer individuo, denominado Maros-LBB-1a y hallado en el yacimiento de Leang Bulu Bettue, vivió en el Pleistoceno tardío, entre hace 25.000 y 16.000 años. El segundo, identificado como CPL-R2a en la cueva de Leang Cappalombo 1, pertenecía a la cultura cazadora-recolectora Toaleana del Holoceno medio, con una antigüedad de entre 7.600 y 6.300 años.

Ambos esqueletos mostraron una patología dental nunca antes descrita en la literatura arqueológica: un desgaste circundante extremo, con surcos redondeados y ahuecados alrededor de muelas, premolares y caninos. Los análisis determinaron que este patrón no provenía de la masticación normal de alimentos ni del uso de los dientes como herramientas, sino de sostener, apretar y chupar repetidamente un objeto duro y esférico de entre 10 y 20 milímetros de diámetro en distintas partes de la boca durante años.

Para comprobar si chupar la nuez entera podía liberar sus sustancias neuroactivas sin necesidad de triturarla o añadir cal, los científicos realizaron experimentos en laboratorio sumergiendo nueces intactas de palmeras Areca en solución salina. Los resultados demostraron que mantener la nuez entera en la cavidad oral libera cantidades suficientes de arecolina —el principal alcaloide neuroactivo de la planta— para activar los receptores colinérgicos muscarínicos del cerebro y estimular una salivación abundante.

Asimismo, mediante espectrometría de masas (LC-MS) aplicada a los dientes antiguos, el equipo confirmó la presencia directa de residuos químicos de arecolina en la dentadura de ambos cazadores-recolectores. También detectaron compuestos aromáticos característicos de las hojas de Piper betle, lo que sugiere que estas plantas se consumían por separado como saborizantes o por sus propiedades medicinales.

Una medicina que terminó en adicción

Los investigadores del estudio señalan que la arecolina posee propiedades analgésicas demostradas. Dado que los restos dentales de ambos individuos reflejaban una salud bucal muy deteriorada por enfermedad periodontal y la exposición de la pulpa dental, los científicos plantean que los forrajeros comenzaron a chupar las nueces para aliviar el dolor de muelas.

Los autores explican que los cazadores cayeron en un círculo vicioso en el que chupar nueces de betel para aliviar el dolor terminó convirtiéndose en una adicción compulsiva a medida que el daño dental empeoraba por la abrasión continua del objeto en la boca.

Este descubrimiento cambia la cronología del consumo de drogas en la historia humana. Y es que la investigación demuestra que la succión de nuez de betel ya estaba asentada entre grupos forrajeros hace entre 25.000 y 16.000 años, mucho antes de la aparición de la agricultura. Un dato que demuestra que la búsqueda de sustancias psicoactivas y la gestión de sus consecuencias físicas acompañan a nuestra especie desde el Pleistoceno tardío.

La Policía Nacional ha asestado un golpe a las finanzas del narcotráfico con la operación Drahab, que desarticuló una red clandestina de blanqueo conocida como la “Banca de Dubái”. La investigación, vinculada a la incautación de cocaína en el buque Nehir, hundido por narcos en 2021 cuando estaba incautado, dejó 21 detenidos en varios países e identificó bienes y activos por unos 20 millones de euros. Entre los arrestados figura Perikles David Daremas, alias “Peri” o “Spartan”, señalado como el responsable de la red financiera y considerado por Europol un objetivo de alto valor.

Su estructura funcionaba como un “narcobanco” para organizaciones dedicadas al tráfico de grandes cargamentos de cocaína hacia Europa. Sus brókeres facilitaban dinero en efectivo, operaciones con criptomonedas y mecanismos para introducir en el circuito legal beneficios procedentes de la droga. Así, conectaba el circuito económico con algunos de los principales narcos. Uno de ellos es El Tigre, Alejandro Salgado Vega, que Europol ha colocado en la lista de más buscados y cuyo nombre salpica a un antiguo alto cargo policial, de sobra conocido en el mundo de la investigación del narcotráfico.

Se trata de Óscar Sánchez Gil, exjefe de la UDEF (Unidad de Delitos Económicos), que permanece detenido mientras espera su sentencia tras ser acusado de colaborar con una red de narcotráfico liderada por Ignacio Toral, que habría introducido hasta 73 toneladas de cocaína en España. El expolicía habría almacenado hasta 20 millones de euros en su casa. Sánchez habría recibido pagos por facilitar “la sistemática utilización fraudulenta de las bases de datos de inteligencia criminal” en favor de la organización.

El texto sostiene que esos avisos permitían a Torán “abortar la operación o protegerse de la investigación”. La Audiencia Nacional decidió en mayo retirar el procesamiento sobre el policía mientras terminaba la investigación, pero la operación de la Udyco (Unidad de Droga y Crimen Organizado) anunciada este martes introduce posibles testimonios o datos que podrían destaponar este caso.

Vínculo exjefe de la UDEF con ‘El Tigre’ y ‘Spartan’

El último escrito de los magistrados, del 13 de febrero, al que accedió Infobae, muestra que dos de los protagonistas de la operación Drahab aparecen como integrantes de la supuesta organización criminal por la que se juzga a Óscar Sánchez. ‘El Tigre’ es señalado “por su presunta participación en los hechos objeto de investigación por delitos graves de Tráfico de Drogas de Grave Daño...con previsión de penas de hasta 18 años y multas”. Desde hace años, la Udyco sitúa a Salgado Vega como el principal objetivo del narcotráfico. Lo relacionan con el caso por el que precisamente el exjefe de la UDEF acabó detenido: las 14 toneladas de cocaína incautadas en Algeciras. Desde entonces, permanece fugado, con la sospecha puesta sobre Dubái.

Por otro lado, el auto también afirma que Óscar Sánchez recibió información confidencial sobre la incautación en Algeciras de un contenedor con 13.600 kilos de cocaína, que habría remitido a Toral. Entonces, según el informe, el narcotraficante contactó con Perikles Daremas para justificar que la interceptación no obedecía a un “fallo interno” de su organización. Los jueces apuntan que Daremas, que vivía en una propiedad atribuida a Torán en Emiratos Árabes, figura como miembro del organismo criminal, encargándose del blanqueo de capitales.

Las imágenes, difundidas en historias de Instagram y retomadas por usuarios en redes sociales, generan cuestionamientos porque la botella habría circulado entre los ocupantes antes del ingreso de la actriz a La Casa de los Famosos México 2026.

En el clip se observan tres personas dentro del automóvil. Montes aparece en el asiento del copiloto y, de acuerdo con las publicaciones que circulan en redes, usaría el mismo peinado, maquillaje y ropa con los que llegó a las instalaciones donde se graba el reality.

La grabación no permite identificar con certeza el contenido de la botella ni establecer si las personas consumieron alcohol. Tampoco permite determinar qué fuman los ocupantes del vehículo, pues en las imágenes se aprecia un objeto que podría ser un cigarro o un vapeador.

Gala Montes ingresó a La Casa de los Famosos México 4

La difusión del video coincide con el regreso de Gala Montes a La Casa de los Famosos México. La actriz entró a la competencia este 6 de septiembre, durante la cuarta edición del programa, después de la salida de Flor Vigna y de la baja de Aldo Rendón por motivos de salud.

Montes conoce el formato desde 2024, cuando participó en la segunda temporada del reality. En aquella ocasión permaneció 71 días y llegó a la final como tercera finalista, tras formar parte del Team Mar.

Durante su primera estancia en el programa, la actriz sostuvo conflictos con otros habitantes, entre ellos Adrián Marcelo. La producción expulsó al conductor durante esa edición.

El material difundido en redes provocó una cadena de comentarios sobre las condiciones en las que habría llegado Montes a la gala de ingreso. Algunos usuarios sostienen que la actriz parecía estar bajo los efectos del alcohol, aunque esa apreciación no ha sido confirmada por la producción ni por la propia participante.

Otras publicaciones también plantean supuestos consumos de sustancias. No hay elementos en el video que permitan confirmar esa versión, por lo que las acusaciones se mantienen en el terreno de la especulación en redes sociales.

Crista Montes cuestiona a la producción por el ingreso de su hija

La entrada de Gala al reality también reavivó la postura de su madre, Crista Montes de Oca, quien manifestó en redes sociales su preocupación por el estado emocional de la actriz y por la decisión de integrarla nuevamente al programa.

“Como madre, quiero expresar que no estoy de acuerdo con la manera en que están exponiendo a Gala”, escribió Crista Montes. La madre de la actriz reconoció que su hija es mayor de edad y señaló que respeta su decisión de no recibir ayuda o mantener un acercamiento con ella.

En el mismo mensaje, Crista sostuvo que una producción tiene la obligación de cuidar a los artistas que participan en sus contenidos. “Antes que el rating debe estar la humanidad”, añadió.

La relación entre madre e hija se rompió hace dos años, luego de que Gala decidió terminar el vínculo profesional que mantenían. Crista fue mánager de la actriz durante 18 años.

Tras la separación, ambas intercambiaron señalamientos públicos relacionados con temas personales y económicos. Crista declaró en entrevistas que no recibió un pago por su trabajo como representante. Gala acusó a su madre de manipulación y habló de agresiones durante su infancia.

Rosa María Noguerón reconoce que el regreso de Gala implica un riesgo

Al término de la gala del domingo, la productora Rosa María Noguerón confirmó que el ingreso de Gala Montes respondió a una decisión de la producción para modificar la dinámica dentro de la casa.

“Ya sabemos su juego, teníamos que hacer algo porque se fue un habitante muy querido y odiado por muchos, alguien que dio mucho contenido, entonces teníamos que mover eso”, declaró Noguerón.

La productora reconoció que la reincorporación de Montes representa “un riesgo”, aunque la justificó ante la salida de Aldo Rendón. También habló del regreso de otros exparticipantes durante la misma emisión.

La producción de La Casa de los Famosos México no ha emitido un comunicado sobre el video atribuido a Gala Montes ni ha informado si revisará las imágenes que se volvieron tema de conversación entre los seguidores del programa.

Gala Montes también enfrenta un distanciamiento con su hermana

Al conflicto con su madre se suma un distanciamiento con Krista “Beba” Montes, hermana mayor de la actriz. La disputa habría comenzado por desacuerdos sobre la celebración de cumpleaños de Alabama, sobrina de Gala.

La confrontación derivó en el bloqueo de Beba hacia la actriz y afectó el contacto de Gala con la menor. A inicios de septiembre, Montes publicó un mensaje dirigido a su sobrina en el que lamentó la distancia entre ambas.

Antes de ingresar al reality, la actriz compartió mensajes en redes con frases como “necesito salvarme” y “necesito pedir ayuda”. El conductor Poncho de Nigris también expresó preocupación por su estado emocional en publicaciones digitales.

Un tribunal de Egipto condenó a la pena de muerte por ahorcamiento a la presentadora de televisión Sarah Khalifa y a otras 11 personas, tras hallarlos culpables de integrar una red dedicada a la fabricación y el tráfico de narcóticos sintéticos.

El fallo se conoció el sábado y contempla además el hallazgo de más de 750 kilogramos de drogas y materiales para su elaboración.

Khalifa, de 39 años, es reconocida por conducir el programa Mission Impossible, dedicado a temas de seguridad y crimen.

También es propietaria de una clínica de cirugía estética y de una productora especializada en la organización de eventos.

La comunicadora cuenta con más de 2,5 millones de seguidores en Instagram y fue detenida en El Cairo en abril de 2025.

Los acusados formaron una organización criminal dedicada a importar desde el exterior los insumos necesarios para producir drogas sintéticas, con el propósito de comercializarlas. El grupo también poseía armas de fuego y municiones sin licencia.

El fallo judicial detalló que se condenó a “Khalifa y otros 11 acusados a la muerte por ahorcamiento por cargos de formar una banda criminal organizada especializada en la obtención de materiales usados para fabricar narcóticos, con la intención de traficarlos, y por poseer y portar armas de fuego y municiones sin licencia”.

El veredicto se dio a conocer tras consultar al Grand Mufti de Egipto, un procedimiento que la legislación local exige en los casos que implican pena capital.

La sentencia había sido anunciada un mes antes de su confirmación definitiva.

Un total de 28 personas enfrentaron el proceso judicial. De ellas, 12 recibieron la pena de muerte, nueve fueron condenadas a cadena perpetua y siete resultaron absueltas de todos los cargos.

Los acusados enfrentaron cargos por “fabricar drogas sintéticas con la intención de traficarlas, mediante la importación desde el exterior de los materiales usados en su fabricación”.

La fiscalía basó su acusación en las declaraciones de 20 testigos, además de pruebas digitales que incluyeron conversaciones, fotografías y videos que documentaban la actividad delictiva.

Las autoridades hallaron dos apartamentos que funcionaban como laboratorios clandestinos.

El esquema operaba con roles diferenciados entre sus integrantes: unos se encargaban de importar las materias primas, mientras otros fabricaban y distribuían las sustancias.

Las autoridades ordenaron también el congelamiento de bienes y cuentas bancarias de los procesados, y dispusieron que quienes ya se encontraban detenidos permanecieran en custodia.

Cabe destacar que Sarah Khalifa negó las acusaciones en su contra.

Durante una comparecencia judicial, la presentadora sostuvo que nunca había visto drogas hasta que fue fotografiada junto a ellas en las oficinas de la autoridad antinarcóticos.

Además de la sentencia por narcotráfico, el tribunal impuso a Khalifa y a otros implicados cinco años de prisión en una causa separada por el secuestro y agresión de un joven.

La abogada de la presentadora anunció que apelará la sentencia de muerte. El fallo aún está sujeto a revisión judicial.

Egipto aplica la pena capital en delitos de narcotráfico

La legislación egipcia contempla la pena de muerte para el homicidio premeditado, el terrorismo, algunos delitos de violación y el tráfico de drogas.

Según la Comisión Egipcia de Derechos y Libertades, 541 sentencias de muerte se dictaron en el país durante 2025.

Un informe de Amnistía Internacional correspondiente a ese mismo año registró 492 condenas a muerte en Egipto, de las cuales 23 se ejecutaron.

La organización sostuvo que los acusados fueron hallados culpables de “tráfico de drogas y violación, delitos que no equivalen a ‘homicidio intencional’, categoría a la que debe restringirse el uso de la pena de muerte según el derecho y los estándares internacionales”.

La investigación ha permitido detener a 21 personas en distintos países e identificar bienes y activos por unos 20 millones de euros. Entre los arrestados figura el supuesto responsable principal de la red financiera, un bróker de alto valor para Europol que ofrecía financiación y servicios de blanqueo a organizaciones dedicadas a introducir grandes cargamentos de cocaína en Europa. Su nombre es Perikles David Daremas, conocido como ‘Peri’ o ‘Spartan’.

La organización enlazaba grandes cantidades de droga con dinero en efectivo o a través de criptomonedas y con estrategias para canalizar estos ingresos y hacerlos pasar por patrimonio legal. El protagonista de este sistema es el bróker detenido, pero, ¿quién ponía la droga en este negocio? Según han explicado las autoridades habían tres de los principales narcos involucrados en esta red: Burger King, Jonas Falk y El Tigre.

La red que une Dubái con los principales narcos

Según la investigación, la ‘Banca de Dubái’ funcionaba como un “narcobanco” para grandes grupos criminales. Operaba mediante brókeres repartidos por distintos países, que facilitaban dinero a las organizaciones y cobraban comisiones de entre el 5% y el 15%, entre los que se encontraba ellos se encontraba ‘Spartan’. Uno de los tres principales narcotraficantes que la Policía ha señalado es Alejandro Salgado Vega, el Tigre, uno de los fugitivos más buscados de la Unión Europea. Los investigadores lo consideran el principal objetivo de la Udyco (Unidad de Droga y Crimen Organizado). Lo sitúan fugado en Dubái y explican que creció en el entorno del crimen madrileño.

Las otras dos caras visibles de la organización son Jonas Falk, llamado el ‘Pablo Escobar’ sueco, y Carlos Humberto Arago Castaño, alias ‘Burger King’. Falk se encuentra actualmente cumpliendo condena en una prisión en Suecia. Un tribunal de Estocolmo lo sentenció a nueve años y dos meses de cárcel por narcotráfico, a pesar de haber sido absuelto de blanqueo de capitales por la justicia española. Carlos Humberto es considerado uno de los mayores capos del narcotráfico internacional. Tras liderar sofisticadas redes de envío de cocaína aliadas con agrupaciones como el Clan del Golfo, fue capturado por la DEA y autoridades internacionales en el aeropuerto de Dubái mientras intentaba viajar a Bali.

El hundimiento del buque en 2021

El origen de la causa se sitúa a finales de enero de 2021, cuando el buque Nehir realizó dos cargas de cocaína en Sudamérica y puso rumbo a Europa. El plan, según la Policía, consistía en trasladar la droga en alta mar a embarcaciones rápidas para que lancheros gallegos y asturianos la introdujeran en territorio español. A principios de febrero de aquel año, agentes del Grupo Especial de Operaciones abordaron el barco cerca de la costa y localizaron 1.835 kilos de cocaína.

Los nueve tripulantes fueron detenidos. Tras la intervención, el buque fue remolcado al puerto de Gijón. Ya estaba listo para ser revisado a fondo y, a priori, en terreno seguro. Sin embargo, el buque se hundió por una entrada de agua que, como han explicado los investigadores, habría provocado su capitán para ocultar el resto del cargamento. Más tarde se descubrió que dentro de la embarcación había otra partida de 1.650 kilos. La organización logró recuperar esa droga después de que varios de sus miembros accedieran al barco hundido en el puerto gijonés.

La Fiscalía General de la República (FGR) incineró más de 900 kilos y 700 litros de narcóticos, además de destruir más de 200 máquinas tragamonedas y decenas de objetos del delito. La acción se enmarca en las actividades permanentes que la dependencia realiza contra los delitos federales.

La diligencia se llevó a cabo en instalaciones acondicionadas en Culiacán, Sinaloa. El operativo se ejecutó en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, sobre bienes asegurados en diversas investigaciones.

Detalle de las sustancias incineradas

Entre los narcóticos destruidos se contabilizaron 411 kilos 836 gramos 320 miligramos y 39 litros 990 mililitros de clorhidrato de metanfetamina. Esta sustancia representó una de las cantidades más altas de todo el procedimiento.

También se incineraron 145 kilos 940 gramos 570 miligramos de clorhidrato de cocaína. A esta cifra se sumaron 348 kilos 956 gramos 900 miligramos de marihuana, asegurada en distintas carpetas de investigación.

La FGR destruyó, además, 174 litros 980 mililitros de una sustancia que contiene metanfetamina. En un formato distinto de presentación, esta cantidad se sumó al total general de líquidos incinerados durante la diligencia.

Se incineraron también 459 litros 945 mililitros de una sustancia que contiene diacetilmorfina. Esta cifra corresponde al mayor volumen líquido destruido en el evento, superando incluso al de metanfetamina.

El procedimiento incluyó, además, la destrucción de cuatro kilos 52 gramos 640 miligramos de plantas de marihuana. A esta cantidad se sumó otro lote de 16 kilos 947 gramos 200 miligramos de la misma planta, asegurado en un operativo distinto.

En conjunto, la suma de las sustancias sólidas y líquidas incineradas superó los 900 kilos y los 700 litros de narcóticos, según el reporte de la diligencia.

Supervisión y participación institucional

La diligencia contó con la presencia de autoridades estatales y federales. También participó personal de la propia FGR, encargado de documentar el procedimiento de incineración.

El Órgano Interno de Control (OIC) de la institución supervisó el proceso. Su función fue dar certeza sobre el tipo y el peso exacto de cada uno de los narcóticos incinerados durante el evento.

Esta supervisión forma parte de los protocolos que la FGR aplica en este tipo de diligencias. El objetivo es garantizar la transparencia sobre las cantidades reportadas de sustancias destruidas.

Objetos del delito destruidos

Junto con los narcóticos, la FGR eliminó 170 objetos del delito asegurados en distintas investigaciones. Entre estos elementos se incluyeron máquinas, chalecos tácticos, ponchallantas e inhibidores de señal.

Estos objetos suelen quedar vinculados a carpetas de investigación derivadas de operativos previos. Su destrucción se realizó de forma simultánea a la incineración de los narcóticos, en la misma diligencia.

También se destruyeron 55 unidades de sustancia negativa. Esta categoría se sumó al conjunto de bienes eliminados durante el procedimiento realizado en Culiacán.

Acción adicional en Mazatlán

En un operativo distinto, realizado en Mazatlán, la FGR destruyó 223 máquinas tragamonedas. Esta acción se suma a la diligencia efectuada en Culiacán, aunque corresponde a un procedimiento separado.

La destrucción de estas máquinas en Mazatlán se enmarca en el mismo tipo de acciones que la FGR realiza de manera periódica en distintos puntos de Sinaloa. Con este segundo evento, el número total de máquinas tragamonedas destruidas superó las 200 unidades reportadas inicialmente en Culiacán.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este lunes sobre la captura de un hombre de 25 años señalado de transportar marihuana en un vehículo que estuvo involucrado en un accidente de tránsito sobre el kilómetro 193 de la carretera Panamericana, en Pasaquina, La Unión Norte.

El detenido fue identificado como Freddy Azael Amaya Zúñiga, quien será remitido por el delito de tráfico ilícito de drogas, según la información difundida por la corporación policial en sus canales oficiales.

El procedimiento ocurrió luego de que agentes policiales acudieron al lugar donde se registró el percance vial. Durante la atención del hecho, el conductor mostró una conducta que despertó sospechas entre el personal que se encontraba en la zona.

La actitud del conductor llevó a una revisión del automotor

La PNC indicó que los agentes realizaron una inspección de rutina en el vehículo ante la actitud de Amaya Zúñiga durante las diligencias relacionadas con el accidente.

La revisión permitió localizar un paquete de gran tamaño que, de acuerdo con la versión oficial, contenía marihuana.

Las autoridades no detallaron el peso de la droga encontrada ni el tipo de vehículo en el que era trasladada. Tampoco informaron si en el accidente hubo otras personas involucradas, lesionados o daños materiales.

Tras el hallazgo, los policías procedieron con la detención del conductor. El paquete fue incautado como parte de las pruebas que serán presentadas en el proceso judicial correspondiente.

La intervención se desarrolló en una zona de paso de la carretera Panamericana, una de las principales vías de conexión terrestre del país. El tramo donde ocurrió el procedimiento pertenece al distrito de Pasaquina, en el departamento de La Unión Norte, cerca de la frontera oriental de El Salvador.

Será procesado por tráfico ilícito de drogas

Según la PNC, Freddy Azael Amaya Zúñiga enfrentará una acusación por tráfico ilícito de drogas. El caso pasará a disposición de las autoridades judiciales, que deberán determinar la situación legal del detenido conforme al procedimiento penal.

La legislación salvadoreña contempla sanciones para quienes posean, transporten, distribuyan o comercialicen sustancias ilícitas, según la cantidad y las circunstancias en las que se produzca el decomiso rondan los 10 a 15 años de prisión. La Policía sostuvo que el paquete estaba oculto dentro del automotor.

El reporte oficial no detalló si el detenido actuaba solo o si existen otras personas vinculadas con el traslado del paquete.

El accidente derivó en un procedimiento por drogas

El hecho de tránsito fue el punto de partida de la intervención policial. La presencia de los agentes en el lugar permitió que la situación pasara de una inspección relacionada con el accidente a una revisión del vehículo por la conducta sospechosa atribuida al conductor.

La PNC señaló que la detención se concretó después de confirmar la presencia de una porción grande de marihuana dentro del automotor. El material quedó bajo resguardo de las autoridades para las diligencias de investigación.

Amaya Zúñiga permanecerá a la orden de las instancias correspondientes mientras avanza el proceso por el delito que le atribuye la Policía Nacional Civil.

La presidenta Claudia Sheinbaum y su secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, han abierto una nueva etapa en la relación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), después de las restricciones y el deterioro que marcaron el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

El principal vínculo de esta nueva etapa ha sido García Harfuch, quien este año sostuvo reuniones con Terrance Cole, administrador de la DEA, en Washington y participó junto a él en la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), celebrada en Buenos Aires, Argentina.

Ambos funcionarios han destacado públicamente el intercambio de información y la cooperación contra el crimen organizado. Sin embargo, el acercamiento también ha generado nuevos roces: Sheinbaum acusó a Estados Unidos de utilizar los elogios de Cole hacia García Harfuch para intentar generar divisiones dentro del Gabinete de Seguridad, mientras que la DEA ha realizado señalamientos contra funcionarios mexicanos y reivindicó su participación en recientes operaciones contra laboratorios de drogas sintéticas.

La relación, por lo tanto, ha pasado de la ruptura política de los últimos años del gobierno anterior a una colaboración más visible, aunque todavía marcada por desacuerdos sobre soberanía, injerencia y la presencia de agentes estadounidenses en México.

García Harfuch y Terry Cole, los principales interlocutores

El nuevo acercamiento entre México y la DEA ha tenido a Omar García Harfuch y Terrance Cole como sus principales interlocutores.

El secretario de Seguridad mexicano sostuvo este año dos reuniones en Washington con el titular de la agencia estadounidense. Además, Cole viajó a la Ciudad de México para reunirse con García Harfuch en un encuentro que no fue anunciado públicamente.

El 18 de agosto, ambos volvieron a coincidir durante la Conferencia Internacional para el Control de Drogas en Buenos Aires, Argentina. Ante funcionarios de distintos países, García Harfuch habló sobre los resultados de la estrategia mexicana contra el crimen organizado y destacó la rapidez con la que, según dijo, ahora circula la información entre las autoridades de ambos países.

El secretario afirmó que desde la llegada de Cole a la DEA el intercambio se había vuelto mucho más ágil y que esa rapidez había permitido actuar oportunamente contra organizaciones criminales, incluso evitando protocolos que anteriormente retrasaban la comunicación.

Cole respondió con elogios hacia García Harfuch y lo describió como un “socio de confianza y buen amigo de Estados Unidos”.

Días después, el director de la DEA reveló en una entrevista conjunta que también había visitado a García Harfuch en la Ciudad de México y agradeció la hospitalidad que, según dijo, el secretario mexicano y su equipo habían brindado a agentes estadounidenses que trabajan en el país.

La ruptura que comenzó con el caso Cienfuegos

El actual acercamiento contrasta con el deterioro que sufrió la relación entre México y la DEA durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Uno de los primeros episodios de tensión ocurrió en 2020, tras la detención en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos, quien había sido secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y fue arrestado por presuntos nexos con el narcotráfico.

Aunque Cienfuegos no formaba parte del gobierno de López Obrador, el entonces presidente cuestionó las consecuencias que el caso tendría para la imagen del Ejército, una de las instituciones centrales de su administración.

Meses después, López Obrador ordenó el cierre de una unidad de inteligencia de la DEA que había operado durante dos décadas en México y que estaba especializada en el intercambio de información confidencial para combatir al narcotráfico.

El expresidente acusó a esa unidad de haber sido infiltrada por la delincuencia y de fabricar delitos, en referencia a la investigación contra Cienfuegos.

Su administración también promovió una reforma para restringir las actividades de los agentes extranjeros en territorio mexicano.

La distancia aumentó durante la segunda mitad del sexenio, mientras la DEA publicaba investigaciones sobre la expansión y fortalecimiento del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), afirmaciones rechazadas por López Obrador.

La ruptura se profundizó en 2024, después de la publicación de reportajes sobre un presunto financiamiento del narcotráfico a la primera campaña presidencial de López Obrador, en 2006. Las investigaciones se basaban en un informe de la DEA que nunca derivó en una acusación formal.

La cooperación volvió a ser parte de la estrategia de seguridad

Con el gobierno de Claudia Sheinbaum, la relación con las autoridades estadounidenses comenzó a recuperar terreno en la estrategia contra el crimen organizado.

García Harfuch ha reconocido que los resultados no dependen únicamente de la DEA y que existe colaboración con otras dependencias de Estados Unidos. Durante casi dos años de gobierno, las autoridades mexicanas han reportado la detención de 63 mil presuntos criminales, el aseguramiento de 33 mil armas, la destrucción de 2 mil 700 narcolaboratorios y la incautación de 518 toneladas de drogas.

México también ha entregado a Washington a 92 grandes criminales mediante una excepción legal distinta al proceso ordinario de extradición.

Entre los golpes contra el crimen organizado mencionados durante este periodo se encuentra la muerte de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del CJNG, en un operativo del Ejército que contó con colaboración de inteligencia de Estados Unidos, según la información incluida en el material de contexto.

La administración de Sheinbaum también ha reportado una reducción a la mitad en el tráfico de fentanilo desde México y una disminución de 96% en el flujo de migrantes provenientes de Sudamérica por las fronteras mexicanas.

El choque más reciente: los laboratorios de metanfetamina en Sinaloa

La cooperación bilateral volvió a quedar en el centro de la discusión el pasado 4 de septiembre, después de que la DEA asegurara que el desmantelamiento de ocho laboratorios destinados a la producción de metanfetamina en México no habría sido posible sin su trabajo de investigación e inteligencia.

El mensaje fue publicado en respuesta a una publicación de Omar García Harfuch sobre el hallazgo de un complejo de 5 mil 700 metros cuadrados en Corralejo, Sinaloa, donde fueron aseguradas más de 16 toneladas de metanfetamina.

La DEA etiquetó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al Departamento de Justicia de Estados Unidos y a la Casa Blanca, y presentó la operación como resultado de la cooperación bilateral.

Sin embargo, ni García Harfuch ni el comunicado conjunto de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la SSPC mencionaron expresamente a la DEA como participante en las operaciones.

El secretario mexicano atribuyó el resultado al trabajo de la Unidad de Inteligencia Naval, fortalecido con intercambio de información con agencias estadounidenses, y calculó una afectación de 347 millones de dólares para las organizaciones criminales.

Por su parte, las autoridades federales informaron que tres laboratorios fueron inhabilitados el 2 y 3 de septiembre en Corralejo y Corral Viejo, con el aseguramiento de 16 mil 800 kilogramos de aparente metanfetamina y más de 7 mil 600 kilogramos de precursores químicos.

Con esas instalaciones, la Marina acumuló cinco laboratorios inhabilitados en semanas recientes, con un total de 18.2 toneladas de metanfetamina retiradas y una afectación económica superior a 400 millones de dólares, de acuerdo con el comunicado oficial.

La DEA no detalló en qué consistió concretamente su participación en las ocho operaciones que mencionó ni especificó las fechas o ubicaciones de todos los laboratorios.

Sheinbaum cuestiona los elogios de la DEA a Harfuch

El acercamiento entre García Harfuch y Cole también provocó cuestionamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El 2 de septiembre, la mandataria fue cuestionada sobre los elogios que el administrador de la DEA había dirigido al secretario de Seguridad y sobre si podían representar un respaldo político o electoral.

Sheinbaum respondió que Estados Unidos busca, desde su perspectiva, generar divisiones dentro de los gobiernos mediante ese tipo de reconocimientos y aseguró que su Gabinete de Seguridad mantiene coordinación y entendimiento entre las instituciones que lo integran.

La presidenta también afirmó que los comentarios favorables hacia algunos funcionarios y las críticas hacia otros forman parte de tácticas de injerencia y sostuvo que no han provocado fracturas dentro de su administración.

Además, vinculó las declaraciones de funcionarios estadounidenses con una posible intención de influir en los procesos electorales de México.

El contraste se volvió más evidente porque, mientras Cole reconocía públicamente a García Harfuch y destacaba su comunicación con él, también realizó señalamientos sobre funcionarios mexicanos de alto nivel que, según afirmó en una entrevista, trabajaban directamente con organizaciones criminales.

El director de la DEA no identificó a los funcionarios ni precisó a cuál acusación del Departamento de Justicia hacía referencia.

En esa misma entrevista aseguró que mantenía comunicación diaria con García Harfuch en materia de seguridad, pero tampoco descartó la posibilidad de una operación estadounidense en México si así lo ordenaba el presidente Donald Trump.

Una relación más cercana, pero todavía con límites

México y la DEA han dejado atrás la distancia que caracterizó los últimos años del gobierno de López Obrador, pero el restablecimiento de la cooperación no ha eliminado las diferencias entre ambas partes.

García Harfuch ha convertido la comunicación con Terrance Cole en uno de los canales más visibles de esta nueva etapa y ha destacado la utilidad del intercambio de información para actuar contra organizaciones criminales.

La DEA, por su parte, ha reconocido públicamente esa relación y ha buscado destacar su participación en operaciones contra el narcotráfico realizadas en México.

Al mismo tiempo, Claudia Sheinbaum ha mantenido un discurso de cautela frente a Washington y ha insistido en que la cooperación en materia de seguridad debe respetar la soberanía mexicana y no convertirse en una vía de injerencia política.

Los elogios de Cole a García Harfuch, los señalamientos contra funcionarios mexicanos y la disputa pública sobre el papel de la DEA en los recientes aseguramientos de metanfetamina muestran que la relación ha recuperado fluidez, pero todavía arrastra las tensiones acumuladas durante los últimos años.

México volvió a abrir la puerta a la DEA bajo el gobierno de Sheinbaum. La cooperación es ahora más visible y ambas partes destacan sus resultados, aunque el equilibrio entre el intercambio de inteligencia y los límites que México exige a la actuación estadounidense continúa siendo uno de los principales puntos de tensión.

Una franquicia de Round Table Pizza en Dinuba, en el corazón del Valle Central de California, se convirtió en la fachada de una operación de narcotráfico.

El caso expuso, además, la presencia de una red más amplia de crimen organizado con raíces en comunidades de camioneros de origen indio en el estado, según la Fiscalía Federal del Distrito Este de California.

Kawal Preet Singh, ciudadano indio de 50 años sin residencia legal en el país, era el operador del local. Un gran jurado federal lo imputó con cargos de tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas tras un operativo que incautó más de 18 kilogramos (40 libras) de metanfetamina y tres armas de fuego.

La investigación que derivó en su detención no empezó por la pizzería, sino por una denuncia anónima sobre un traficante apodado “Camy”, un nombre que las autoridades tardarían meses en vincular con Singh.

La investigación comenzó con una denuncia y un apodo

A partir de esa pista, los investigadores comenzaron a trazar un perfil. La descripción apuntaba a alguien con acceso a rutas de larga distancia y conexiones dentro de una comunidad cerrada, lo que orientó la búsqueda hacia el sector del transporte de carga.

“La información identificaba al narcotraficante como ‘Camy’ y lo describía como un hombre Sikh involucrado en el transporte de larga distancia”, precisó una declaración jurada del FBI, reproducida por The Fresno Bee. El documento añadió que el sospechoso trabajaba con una red de otros camioneros Sikh para trasladar narcóticos.

El Central Valley High Intensity Drug Trafficking Area Task Force (CVC HIDTA) identificó a Singh como objetivo de la pesquisa.

Los fiscales federales informaron que las órdenes de allanamiento, firmadas el 13 de agosto, abarcaban al imputado, su vivienda y el restaurante.

El operativo que dejó al descubierto el arsenal

El 18 de agosto, agentes federales siguieron a Singh desde el restaurante hasta su domicilio y luego realizaron registros simultáneos en ambos lugares. En la vivienda, los investigadores hallaron aproximadamente 13,8 kilogramos (más de 30 libras) de metanfetamina, tal como informó The Fresno Bee.

Otros 4,9 kilogramos (casi 11 libras) de la misma sustancia fueron encontrados en el interior del Hyundai Sonata de Singh, estacionado frente al local. La droga estaba distribuida en cinco bolsas plásticas transparentes. Además, se incautó una pistola semiautomática.

El Departamento de Justicia difundió fotografías del operativo que muestran dos armas de mano —una de ellas con marco de color verde azulado— y bolsas con una sustancia cristalina identificada como metanfetamina.

Ante los investigadores, Singh declaró que no había vendido metanfetamina durante aproximadamente dos meses y sostuvo que guardaba la droga a pedido de un amigo, de acuerdo con lo consignado por The Fresno Bee.

La cadena de pizzerías deslindó responsabilidades

La empresa matriz de Round Table Pizza, FAT Brands, se desvinculó rápidamente del caso. Erin Mandzik, directora sénior de comunicaciones corporativas, aseguró ante The Fresno Bee que el local era de propiedad y operación independiente.

Mandzik también señaló que los dueños locales no tenían conocimiento de las actividades ilegales y que cooperaban de manera plena con las autoridades.

El restaurante de Dinuba figura actualmente como cerrado de forma permanente en Google Maps.

La investigación también detectó vínculos con una red más amplia. Los fiscales determinaron que un grupo de camioneros transportaba cientos de kilogramos de cocaína desde México hacia territorio estadounidense para un cartel mexicano no identificado. Singh, sin embargo, no enfrenta cargos relacionados con cocaína.

Cargos y próximos pasos en el proceso judicial

El gran jurado federal imputó a Singh por distribución de metanfetamina, posesión con intención de distribuir y tenencia de un arma de fuego en el marco de un delito de narcotráfico. En su comparecencia, se declaró no culpable.

La Fiscalía aclaró que los cargos son acusaciones y que el imputado goza de presunción de inocencia.

De ser hallado culpable, Singh enfrentaría una pena mínima de 10 años de prisión por los cargos de drogas, a los que se sumarían al menos 5 años adicionales por el cargo relacionado con armas de fuego.

Actualmente está en libertad, según precisó el diario. Su próxima audiencia en el tribunal federal está fijada para el 4 de noviembre.

Edward Furlong relató las dificultades que atravesó tras convertirse en estrella infantil por su papel en Terminator 2: el juicio final, la película que lo catapultó a la fama con solo 13 años.

El actor, hoy de 49 años, compartió sus recuerdos en diálogo con People con motivo del 35 aniversario del filme dirigido por James Cameron.

La ex estrella infantil obtuvo el papel de John Connor en 1991, con lo que dio inicio a su carrera y quedó en el centro de una de las franquicias más importantes de Hollywood.

En ese sentido, reconoció que trabajar junto a Cameron en su primera película representó una ventaja poco habitual para un debutante.

“Fui mimado en exceso al poder trabajar con Jim Cameron como mi primer director porque… él realmente sabe lo que hace”, declaró Furlong a la revista. “Es como si te sintieras seguro con Jim Cameron, sabes que va a salir bien”.

El artista también recordó la influencia de Arnold Schwarzenegger durante el rodaje.

Aunque el intérprete ya era una de las mayores estrellas del cine mundial, Furlong destacó su profesionalismo por sobre cualquier otra cualidad.

“Él era la definición de profesional… nunca, jamás vi a Arnold quejarse”, admitió el actor a People. “Siempre elevaba el ánimo en el set”.

Sobre su trabajo junto a Linda Hamilton, Furlong consideró que actuar con una intérprete de su experiencia mejoró su propio desempeño.

“Creo que ella me hizo mucho mejor al poder actuar a su lado”, compartió el actor. “Aprendí muchísimo de todos ellos”.

Los años de adicciones marcaron su carrera posterior

Tras Terminator 2, Furlong protagonizó Pet Sematary II en 1992 y American History X junto a Edward Norton en 1998.

Sin embargo, el actor reconoció que la exposición pública a tan corta edad tuvo un costo personal considerable.

“Crecer bajo los reflectores es realmente difícil”, afirmó. “Ya es bastante difícil como adulto poder navegar… simplemente ser un ser humano y cometer errores, y lo que sea, cuando tienes un reflector encima… es duro”.

En los años posteriores, la vida personal del actor se vio afectada por el abuso de drogas y alcohol.

Furlong enfrentó dos cargos por violencia doméstica durante la década de 2010, tras una serie de arrestos por acusaciones similares.

En 2016 fue detenido por estar bajo la influencia de una sustancia ilícita y luego ingresó a un programa de recuperación. Más adelante, en febrero de 2025, aseguró que llevaba siete años de sobriedad.

Las adicciones tuvieron un impacto directo en su trayectoria profesional: el consumo de drogas le costó el regreso al papel de John Connor en Terminator 3: La rebelión de las máquinas.

Pese a ello, Edward Furlong se mostró abierto sobre ese período de su vida en lugar de evitar el tema.

“Cometí… errores en el camino, muchos de ellos relacionados con drogas y fiestas y todo eso. Pero, no sé… en este punto lo acepté como algo que me hizo quien soy hoy”, expresó a People.

En agosto, se reencontró con Hamilton, Michael Biehn y Robert Patrick en una convención dedicada a Terminator 2, en el marco del aniversario del filme.

Furlong aseguró que todavía le sorprende la vigencia de la película entre el público. “Sabía que la película iba a ser grande… pero no tenía idea de que todavía estaría hablando de esto casi a los 50 años”, señaló.

Edward Furlong busca un regreso a la saga “Terminator”

Anteriormente, el célebre intérprete manifestó su deseo de participar en la próxima entrega de Terminator, que James Cameron prepara sin detalles confirmados sobre la trama.

Furlong habló al respecto durante una entrevista realizada en el marco de la convención For the Love of Fantasy & Sci-Fi, celebrada en Londres.

“¡Quiero estar en ella! Quiero ganar algo de dinero, viejo. Pero sí, estoy seguro de que si Jim la hace, va a ser buenísima”, declaró Furlong, citado por CBR.

El actor encarnó a John Connor únicamente en Terminator 2, papel que luego fue interpretado por distintos actores en las secuelas posteriores.

Nick Stahl tomó el rol en Terminator 3: La rebelión de las máquinas (2003), Christian Bale en Terminator: La salvación (2009) y Jason Clarke en Terminator Génesis (2015).

En 2019, tuvo un breve regreso a la franquicia a través de una escena retrospectiva en Terminator: destino oculto, donde su rostro fue recreado mediante efectos digitales.

Sobre la nueva película, Cameron adelantó que buscará apartarse de elementos específicos de las últimas cuatro décadas de la saga, aunque mantendrá sus principios centrales.

“Este es el momento en que descartas todo lo específico de los últimos 40 años de Terminator, pero sigues esos principios”, declaró el director a Empire.

“Te metes demasiado adentro, y entonces pierdes a la nueva audiencia porque le importa mucho menos esa historia de lo que uno cree”, agregó.

El Centro de Integración Juvenil (CIJ) de Culiacán atendió a 670 pacientes en los primeros siete meses de 2026, una cifra que casi iguala el total de los 700 casos registrados durante todo 2025. El aumento se explica, según Manuel Velázquez Ceballos, director del organismo, por la exposición prolongada de adolescentes y adultos jóvenes sinaloenses a un entorno de alta tensión derivado del conflicto armado entre grupos del crimen organizado que estalló en septiembre de 2024.

La crisis de salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas golpean a la juventud de Sinaloa de forma simultánea y entrelazada desde que se recrudeció la disputa entre facciones del narcotráfico hace casi dos años. Los trastornos de ansiedad, depresión y ataques de pánico se dispararon en paralelo al uso de mariguana, metanfetamina y vapeadores no regulados, de acuerdo con el diagnóstico publicado el 3 de septiembre de 2026 por Río Doce.

El CIJ Culiacán casi duplica en siete meses los casos de todo 2025

La mitad de los pacientes que llegan al CIJ Culiacán combina un problema de salud mental con un consumo activo de sustancias psicoactivas, informó Velázquez Ceballos. Ese dato revela que la ansiedad y las adicciones no son fenómenos paralelos en el estado, sino condiciones que con frecuencia se presentan en el mismo individuo.

La mariguana encabeza el mapa epidemiológico de sustancias en Sinaloa, seguida de cerca por las metanfetaminas, cuyo consumo supera la media nacional, según el director del CIJ. El fentanilo, en cambio, no ha generado un brote masivo de consumo directo: la contención familiar y el miedo a sus efectos han operado como frenos, aunque la alerta sigue activa.

Los pacientes del CIJ Culiacán abarcan desde menores de 10 años hasta adultos mayores con problemas severos de adicción al tabaco. El caso más joven registrado en la estadística actual tiene menos de 10 años, un dato que el propio Velázquez Ceballos calificó como una señal de que la edad de inicio en el consumo de sustancias retrocede.

Los vapeadores, primera puerta de entrada en Los Mochis desde los 12 años

En Los Mochis, el Centro de Integración Juvenil local atendió a más de 300 menores de edad entre enero y junio de 2026. El 50% de esos casos tuvo como motivo principal el consumo de vapeadores, informó Nancy Lerma, directora del organismo.

La franja más afectada se concentra en estudiantes de secundaria de entre 12 y 15 años, según los registros del CIJ Los Mochis. Lerma advirtió que el uso de estos dispositivos preocupa porque puede abrir paso al consumo de otras drogas más potentes.

La ansiedad, la depresión, los cambios de conducta y el rechazo escolar son señales que con frecuencia acompañan al consumo en esa franja etaria, según la directora del CIJ Los Mochis. Lerma instó a los padres a escuchar y validar las emociones de sus hijos antes de recurrir a críticas o castigos.

La tasa de depresión en Sinaloa subió de 135 a 172 casos entre 2023 y 2024

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) documentó que la tasa de nuevos casos de depresión en Sinaloa pasó de 135,51 por cada 100.000 habitantes en 2023 a 172,66 en 2024, un periodo que coincidió con el agravamiento de la crisis de seguridad. El incremento afectó a ambos sexos: las mujeres subieron de 203,45 a 247,26 y los hombres de 66,61 a 96,59.

La ideación suicida y las crisis agudas se concentran en hombres jóvenes de entre 17 y 35 años, el mismo grupo demográfico con mayor mortalidad por ejecuciones o reclutamiento forzado en el estado, según reportes de salud citados por Paralelo 23. Los casos en ese segmento aumentaron 75% desde el inicio del conflicto armado en septiembre de 2024.

La Secretaría de Salud de Sinaloa recibió alrededor de 700 llamadas relacionadas con salud mental durante 2026, de las cuales 170 correspondieron a personas con ideación suicida y 70 requirieron una intervención de mayor nivel, informó el portal Debate. Las mayores incidencias se concentran entre los 17 y 29 años, con una mayor proporción de hombres.

Las autoridades estatales fortalecieron las 16 Unidades Especializadas en el Tratamiento de Adicciones (UNEME-CAPA) que operan en distintos municipios del estado. Además, la unidad de paidopsiquiatría del Hospital Psiquiátrico de Sinaloa atiende casos de menores provenientes de municipios como Ahome y Guasave que llegan tras intentos de suicidio.

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025, publicada en diciembre de 2025, reveló que el consumo experimental de drogas ilegales en adolescentes de 12 a 17 años bajó de 6,2% en 2016 a 4,1% en 2025 a nivel nacional. El cannabis descendió de 5,3% a 3,7% en ese grupo, aunque en la población adulta general el consumo ilegal aumentó de 10,6% a 14,6% en el mismo lapso.

La ENCODAT 2025 también encendió una alerta específica para Sinaloa: la crisis de inseguridad impidió que las brigadas de campo de la encuesta recopilaran datos actualizados en el estado durante 2025. Esa ausencia de información impide conocer con precisión el impacto diferenciado de la violencia sobre el consumo de sustancias según edad, nivel educativo y contexto social en la entidad.

Los servicios de urgencias de Sinaloa atendieron al menos cuatro menores de edad por intoxicación relacionada con drogas ilícitas en los primeros cinco meses de 2026, según datos preliminares del Cubo Dinámico de Urgencias de la Secretaría de Salud federal, publicados por Ovelanalista. En 2025, el total de casos de envenenamiento por narcóticos y psicodislépticos en el estado fue de 43, cinco de los cuales involucraron a menores de edad.

El Hospital Pediátrico de Sinaloa registró entre cuatro y cinco casos de intoxicación por drogas en 2025, y uno o dos en lo que va de 2026, según su director, Carlos Mijail Suárez Arredondo. El funcionario indicó que la tendencia muestra una disminución en comparación con el año anterior, aunque el subregistro sigue siendo una preocupación entre los especialistas.

El primer centro de atención en salud mental infanto-juvenil del noroeste de México, uno de solo cuatro en todo el país, opera en Sinaloa desde el inicio de la crisis, según Paralelo 23. La instalación brinda atención especializada para cuadros de ansiedad grave y riesgo suicida en menores de edad.

En el CIJ Culiacán, las mujeres acuden con mayor frecuencia por problemas de salud mental —ansiedad, depresión y sobrecarga emocional—, mientras que los hombres predominan en los casos relacionados con el consumo de sustancias, explicó Velázquez Ceballos a Revista Espejo en julio de 2026. Esa diferencia de género en el perfil de los pacientes orienta las estrategias de atención diferenciada del organismo.

El director del CIJ Culiacán advirtió que el elevado uso de metanfetaminas y la ausencia de un sistema de seguimiento continuo representan un riesgo constante para la salud pública en Sinaloa. El panorama, concluyó, demuestra que la crisis de seguridad actúa como un factor determinante en el desarrollo psicosocial de los jóvenes del estado.

Se trata de un grupo denominado “La banda de los colores” y que fue desbaratado tras ocho allanamientos realizados en las últimas horas. Los operativos tuvieron como resultado seis detenidos y el secuestro de estupefacientes, más de $1,7 millones y varias armas.

De acuerdo con fuentes policiales, la banda abastecía distintos lugares de venta al menudeo dentro del partido del Gran Buenos Aires. La identificación de los paquetes con cintas de varios tonos correspondía, según la investigación, a las zonas donde se distribuían las sustancias.

Mediante vigilancias discretas, seguimientos, relevamientos de campo, análisis de información y el uso de drones para ampliar el radio de búsqueda durante la noche, los detectives de la Dirección de Investigaciones de Delitos Federales de la Policía Bonaerense señalaron ocho domicilios como lugares de acopio, distribución y comercialización.

También identificaron al supuesto cabecilla de la banda, un hombre llamado Carlos Antonio Salinas y conocido en su entorno como “El Napo” o “El Patrón del mal”. Asimismo, se estableció que tres personas apodadas “Pato”, “Mecha” y “Fede” eran los principales vendedores, operando cada uno en una localidad diferente.

Las tareas de inteligencia desembocaron en los allanamientos. Uno fue en una casa de la calle Leopoldo Lugones al 4900, la vivienda de Salinas. El sospechoso no estaba allí pero sí su pareja, quien les dio a los policías una versión a verificar en la causa: les aseguró que “El Napo” había muerto tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

En los procedimientos se secuestraron 584 gramos de cocaína, repartidos en 1.319 dosis y un trozo compacto; 189 gramos de marihuana en 110 envoltorios y un fragmento compacto; y 11,6 gramos de pasta base, distribuidos en 40 dosis. También 10 teléfonos celulares, tres balanzas de precisión, un cuaderno con anotaciones y documentación considerada de interés para el expediente.

Además, se incautaron una pistola calibre 9 milímetros que tenía pedido de secuestro activo por robo, un fusil automático calibre 22 con pedido de secuestro en una causa tramitada en San Martín, revólveres, una escopeta y municiones de distintos calibres.

Tres hombres y tres mujeres de entre 26 y 66 años fueron arrestados y quedaron a disposición de la Justicia. La causa está caratulada como infracción a la Ley 23.737, en relación con la comercialización de estupefacientes.

La investigación por el ataque con ácido contra Agustina Soledad Rodríguez, la joven de 25 años de Tres de Febrero, tuvo nuevos avances este viernes, luego de que se ordenara la detención de cuatro sospechosos. Además, surgieron nuevas sospechas en torno al caso producto de las contradicciones de los acusados y los elementos secuestrados.

Todo ocurrió el pasado 27 de agosto en la casa de la víctima, ubicada sobre la calle Benito Pérez Galdós al 9100, en la localidad de Pablo Podestá. Según reconstruyeron los investigadores, un hombre había golpeado la ventana con la excusa de que tenía algo para entregarle. Por esto, la joven se asomó y le tiraron el líquido en el rostro.

Segundos después, el agresor escapó en un Ford Fiesta Kinetic. Esa secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad de la zona y fue incorporada a la causa por lesiones graves que lleva a cabo la fiscal Diana Mayko, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 de San Martín.

A partir de estos registros, se ordenó el arresto de la ex pareja de Agustina, identificado como F. H. R., de 21 años. Según trascendió, el joven fue la persona que la trasladó al hospital para que pudieran asistirla por las quemaduras sufridas, pero las sospechas se incrementaron porque su relato presentó contradicciones con distintas evidencias incorporadas al expediente.

El segundo arrestado sería un hombre de 37 años, de iniciales J. S., quien fue señalado por ser el dueño del automóvil en el que huyó el agresor. Asimismo, este tendría un nexo con el ex novio de la víctima, debido a que informaron que este solía utilizar el vehículo con frecuencia.

Los otros dos detenidos fueron identificados como F. I. R., de 38 años, y D. M. G., de 43, quienes serían los dueños de un pet shop en el que habían trabajado Rodríguez y F. H. R.

Aunque todavía persisten numerosas incógnitas alrededor del caso, entre ellas el móvil del ataque, la Fiscalía ordenó las detenciones al detectar una serie de incongruencias en los testimonios de los sospechosos. “Los cuatro dieron versiones totalmente contradictorias entre sí y no cierra lo que dijeron”, señalaron.

De acuerdo con la información publicada por Primer Plano Online, los investigadores descartarían que se tratara de un hecho vinculado con violencia de género. Sin embargo, existen elementos que conectan a todos los sospechosos, entre ellos la ex pareja de la víctima, con quien, según contó su hermana, mantenía una relación de “idas y vueltas”.

Uno de los datos que aparece como relevante en el expediente es una amenaza que había recibido el ex novio en los días previos al ataque. “Vamos a hacer cagar a tu familia”, decía el mensaje intimidatorio. En ese contexto se produjo la agresión que dejó a la joven internada en grave estado y en coma farmacológico en el Hospital Bocalandro, de Loma Hermosa.

No obstante, los resultados de los allanamientos permitieron a los investigadores evaluar nuevas hipótesis sobre lo ocurrido. Esto se debe a que la Policía informó el secuestro de 15 frascos con marihuana y 31 envoltorios con cocaína.

También fueron incautados nueve teléfonos celulares, que ahora serán peritados; 2.495 dólares; 851.400 pesos; una pistola; 3.000 pequeñas bolsas de nylon para fraccionamiento; dos aerosoles de pintura; y el auto utilizado por el atacante.

A pesar de que tampoco hubo una explicación considerada verosímil sobre la droga secuestrada, las autoridades abrieron un expediente paralelo por presunta infracción a la Ley 23.737 de drogas. De este modo, el móvil del ataque sigue sin establecerse. Sin embargo, la investigación encontró nuevas líneas para comprender las razones detrás de la agresión.

Las autoridades panameñas aprehendieron a seis personas durante una investigación por tráfico internacional de drogas vinculada al decomiso de 1.180 paquetes de presuntas sustancias ilícitas en un contenedor que tenía como destino final Israel.

El cargamento, localizado en febrero de 2025 en un puerto del Pacífico, tendría un valor aproximado de $ 70 millones.

Entre los aprehendidos hay funcionarios y exfuncionarios de una terminal portuaria del Pacífico, y las diligencias se realizaron en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón.

La Policía Nacional y el Ministerio Público buscan establecer el grado de participación y la responsabilidad de cada uno de los detenidos en la ruta que siguió el contenedor.

El envío procedía de Chile y pasó por Panamá y Bélgica antes de dirigirse a Israel. Las autoridades indicaron que los seis aprehendidos quedaron a disposición de las instancias competentes para los trámites judiciales.

La investigación se concentra en un decomiso efectuado dentro de una terminal del Pacífico, donde las pesquisas apuntan a posibles vínculos entre los detenidos y el traslado internacional de la carga.

La Policía Nacional realizó los allanamientos y registros junto con el Ministerio Público, y las acciones formaron parte de una causa por delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de tráfico internacional de drogas.

Las autoridades no precisaron la identidad de los funcionarios y exfuncionarios aprehendidos. Tampoco informaron detalles sobre las funciones que habrían desempeñado dentro del puerto.

El caso quedó bajo investigación para definir las responsabilidades penales que correspondan. Los procedimientos judiciales continuarán ante las autoridades competentes.

En una diligencia aparte, las unidades policiales aprehendieron en el corregimiento de Curundú a un ciudadano de 40 años que tenía una condena de 96 meses de prisión por posesión y tráfico de armas de fuego y explosivos.

La captura se produjo durante un allanamiento y registro, donde el hombre fue puesto a órdenes de las autoridades para hacer efectiva la pena que le impusieron las instancias judiciales.

La acción integró las labores operativas y de seguridad destinadas a localizar a personas requeridas por la justicia. El objetivo también incluyó prevenir delitos vinculados con la tenencia y el tráfico ilegal de armas.

Las unidades del Servicio Policial Motorizado Linces aprehendieron en Llano Bonito, distrito de Chitré, a un ciudadano que mantenía vigente un oficio de captura por un delito relacionado con drogas.

Los agentes lo ubicaron durante recorridos de vigilancia y patrullaje preventivo, y tras la identificación, lo pusieron a disposición de las autoridades correspondientes.

En otra intervención, las unidades del Servicio Policial Motorizado Lince detuvieron a un hombre de 24 años en la barriada Santa Librada, distrito de Las Tablas.

Los uniformados verificaron sus datos y comprobaron que tenía una orden de captura vigente. El requerimiento había sido emitido por la Fiscalía Delegada Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Herrera y Los Santos.

La Policía Nacional señaló que mantiene operativos en la provincia de Los Santos junto con el Ministerio Público. Las tareas buscan reforzar la presencia policial en las comunidades y ubicar a personas que infringen la ley.

Una diligencia de allanamiento y registro en el corregimiento de Belisario Frías terminó con la aprehensión de tres personas presuntamente vinculadas con delitos relacionados con sustancias ilícitas.

Durante el procedimiento, las autoridades decomisaron presuntas sustancias ilícitas. Los indicios quedaron bajo custodia para las investigaciones y las diligencias judiciales.

Las tres personas detenidas también quedaron a órdenes de las autoridades competentes. No se informaron las cantidades ni el tipo de sustancia decomisada.

Por otra parte, el Departamento de Psicología de la Zona Policial de Arraiján desarrolló una actividad de sensibilización durante el Mes de la Prevención del Suicidio.

Los participantes prepararon y presentaron mamparas informativas sobre señales de alerta, cambios de comportamiento y formas de apoyar a una persona que atraviesa una dificultad emocional.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó este 3 de septiembre la sanción penal contra quien facilite a personas adolescentes el consumo de alcohol, narcóticos o sustancias tóxicas en el Estado de México.

La SCJN concluyó que esa expresión sí cumple con el principio constitucional de taxatividad y permite proteger de forma reforzada a niñas, niños y adolescentes frente a riesgos para su vida, salud, integridad y desarrollo.

Dicha resolución corresponde al Amparo Directo en Revisión 4776/2025, resuelto por el Pleno en sesión de este miércoles, según el comunicado difundido por la SCJN. El criterio se centró en el párrafo primero del artículo 204 del Código Penal del Estado de México.

Concluye el Pleno que “facilite” describe una conducta penalmente identificable

El Máximo Tribunal determinó que la palabra “facilite”, contenida en esa norma, no es ambigua al grado de volver inconstitucional el tipo penal. La disposición sanciona a quien, por cualquier medio, obligue, procure, induzca o facilite a una persona menor de edad el consumo de bebidas alcohólicas, narcóticos o sustancias tóxicas.

Argumentó el Pleno que el principio de taxatividad exige que las normas penales describan con suficiente claridad las conductas prohibidas. El objetivo es que las personas conozcan qué comportamientos generan responsabilidad penal y que se eviten aplicaciones arbitrarias.

La Corte precisó que esa exigencia no obliga al Poder Legislativo a definir de manera exhaustiva cada palabra usada en un tipo penal. Añadió que el significado de los términos puede obtenerse a partir de su sentido gramatical, de su relación con el resto de la disposición y del contexto en que debe aplicarse la norma.

Con esa base, la SCJN señaló que “facilitar” significa hacer posible, sencillo o accesible que una conducta se realice. En el caso del artículo analizado, esa expresión abarca acciones que hagan posible o más sencillo que una niña, niño o adolescente consuma alcohol, narcóticos o sustancias tóxicas.

Entregar directamente las sustancias es solo una de las formas previstas

El Pleno también aclaró que proporcionar o entregar directamente esas sustancias puede constituir una forma de facilitación. Aun así, indicó que esa conducta no agota todas las modalidades que contempla la disposición penal.

La razón, expuso el tribunal, es que el artículo prevé que la conducta pueda cometerse “por cualquier medio”, siempre que estén presentes los demás elementos necesarios para configurar el delito. Eso amplía el alcance de la norma más allá de la entrega directa de alcohol o de otras sustancias.

Sostuvo la SCJN, además, que la disposición tiene una finalidad de protección reforzada para niñas, niños y adolescentes. Ese objetivo se vincula con el interés superior de la niñez y con la tutela de su vida, su salud, su integridad y su desarrollo.

Gran parte de la población mexicana apoya subir los impuestos a las bebidas alcohólicas

La mayoría de los mexicanos respalda subir impuestos y restringir la venta de alcohol, en un contexto en el que su consumo provoca cerca de 40 mil muertes al año y costos sociales por 552 mil millones de pesos en México, de acuerdo con datos retomados por la Red de Acción Sobre Alcohol.

Según el análisis del Instituto Nacional de Salud Pública y la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones sobre la ENCODAT 2025, 67% de la población apoya aumentar los impuestos a las bebidas alcohólicas. Incluso entre quienes beben con frecuencia, 52.7% está de acuerdo con esa medida.

El mismo ejercicio reporta respaldo amplio a cambios sobre disponibilidad y promoción. 88% de los encuestados avala reducir los horarios de venta, 86.9% está a favor de eliminar el patrocinio de bebidas alcohólicas en equipos o eventos deportivos, 86.8% apoya elevar la edad mínima para comprar alcohol y 79.4% plantea reducir el número de establecimientos de venta.

El apoyo social alcanza precio, horarios, publicidad y puntos de venta

La doctora Iliana Murguia, catedrática de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos e integrante del Comité Técnico Interinstitucional sobre Alcohol, dijo que estos resultados muestran apertura social para modificar políticas públicas orientadas a reducir el consumo y sus consecuencias.

Murguia explicó que el consumo ocurre dentro de un entorno marcado por precio, disponibilidad, publicidad, horarios y puntos de venta. A partir de eso, sostuvo que modificar ese entorno es una herramienta legítima de salud pública.

Por separado, RASA informó sobre un primer estudio elaborado por el INSP y la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Ese trabajo señaló que 95.7% apoya garantizar el derecho al diagnóstico y tratamiento, 95.7% respalda endurecer las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol y 92.8% está de acuerdo con ampliar los puntos de revisión de alcoholimetría.

RASA también difundió una encuesta de DINAMIA levantada en CDMX. En ese sondeo, 94% de la población consideró el alcohol como un problema de salud pública.

La misma encuesta registró a la violencia como principal preocupación en 75% de los casos. Además, 83% expresó preocupación por las agresiones contra las mujeres y 78% por la violencia familiar.

El caso de la red de tráfico de cocaína en las fraternidades de la Universidad Estatal de Pensilvania (Penn State) avanzó esta semana con una nueva decisión judicial.

Agostino Abbatiello, el exmiembro señalado por la fiscalía como el principal proveedor de la operación, obtuvo por primera vez la posibilidad de salir en libertad tras una audiencia ante un magistrado de Pensilvania que fijó su fianza en USD 250.000.

El magistrado Jonathan Grine, del Tribunal de Causas Comunes del condado de Centre, estableció el monto en el palacio de justicia de Bellefonte, a unos 16 kilómetros al norte del campus. Hasta el momento, Abbatiello no había abonado la cifra exigida.

De 24 años, el imputado se presentó vestido con un mameluco rojo y esposado, escoltado por agentes de policía.

Tres coimputados declararon en su contra durante la audiencia

Varios coimputados —entre ellos Thomas Michael Robinson, Mohammed Huraibi y Lars Zeepvat— renunciaron a sus propias audiencias preliminares y prestaron declaración contra Abbatiello, tal como informó el canal afiliado a NBC, WJAC de Johnstown.

Un detective de la policía de State College también testificó durante la jornada y describió, según WJAC, una supuesta operación de preparación de drogas en la que habrían participado los novatos (pledges) de las organizaciones involucradas.

Los fiscales sostienen que Abbatiello fue el proveedor central de la red, con ventas de cocaína a otros miembros que iban desde pequeñas cantidades hasta un kilogramo por transacción.

Según los documentos judiciales, reclutó a otros miembros y novatos para preparar la sustancia y les pagó cientos de dólares para que actuaran como mensajeros y repusieran el suministro.

La red operaba a través de dos fraternidades del campus

La investigación, que se extendió por dos años, tiene como eje a las fraternidades Delta Upsilon y Sigma Chi.

Abbatiello era integrante de Sigma Chi, una organización que, hasta entonces, contaba con reconocimiento oficial de Penn State. Tras los arrestos, la propia fraternidad anunció la suspensión de su actividad en la universidad.

En total, 14 personas fueron detenidas, entre ellas estudiantes en actividad, exestudiantes y el padre de uno de ellos. Hasta la audiencia del miércoles, Abbatiello permaneció detenido en el Centro Correccional del condado de Centre.

El imputado pidió que se le permita vivir con sus padres durante el proceso

La defensa de Abbatiello presentó una moción de emergencia para obtener la fianza. Su abogado, Philip Masorti, calificó la negativa inicial de “absurda” y rechazó que su cliente representara una amenaza para la comunidad.

“Tras dos años de investigación, las fuerzas del orden nunca afirmaron que el imputado hubiera usado violencia, amenazado con ejercerla o sido visto con algún arma”, escribió Masorti en la moción presentada ante el tribunal.

En el mismo escrito, el letrado acusó a los fiscales de manipular la asignación del caso para elegir al juez.

La Fiscalía General de Pensilvania no respondió a las consultas de los medios hasta el momento.

Abbatiello nació y se crió en el condado de Nassau, en Long Island, Nueva York. Antes de ingresar a Penn State, cursó el secundario en la institución católica Chaminade High School, donde integró el equipo de fútbol americano durante dos temporadas.

Se graduó en la primavera de 2024 con un promedio de 3,3 sobre 4. Al momento de su detención residía en Boca Ratón, Florida, donde trabajaba como asesor financiero.

El 18 de agosto regresó a State College y se entregó a las autoridades.

La Fuerza Policial Antinarcotráfico desarticuló una organización que reclutaba personas para ingresar drogas en la cárcel de Cruz del Eje, en una investigación que derivó en seis allanamientos simultáneos en distintos puntos de la provincia y en la detención de cuatro personas mayores de edad.

El procedimiento fue impulsado por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Cruz del Eje y se desarrollaron en los barrios Parque Liceo III Sección y Mafekin, en la ciudad de Córdoba; en Malvinas Argentinas II Sección. Además, los operativos se desplegaron el establecimiento penitenciaron Complejo Carcelario N.° 2 de Cruz del Eje, donde una celda fue registrada.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, los sospechosos integraban una estructura dedicada a captar personas para que introdujeran estupefacientes en la unidad penitenciaria. La hipótesis de los investigadores apunta a un esquema de reclutamiento destinado al ingreso de marihuana y cocaína al penal, una modalidad que vuelve a poner el foco sobre los circuitos de abastecimiento de droga en contextos de encierro.

Como resultado del procedimiento, los efectivos secuestraron: 442 dosis de marihuana y 50 dosis de cocaína, además de $1.087.000 en efectivo, dos balanzas digitales, dos vehículos y otros elementos considerados de interés para la causa.

El volumen del material incautado, sumado al dinero y a los objetos utilizados presuntamente para fraccionamiento y traslado, forma parte de la prueba que ahora quedó incorporada al expediente judicial. La causa quedó bajo la órbita de la fiscalía especializada de esa jurisdicción, que dispuso que los cuatro detenidos permanezcan a disposición de la Justicia por supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.° 23.737.

Uno de los aspectos centrales de la investigación es la presunta existencia de una organización con funciones definidas para sostener el ingreso de sustancias al penal. De acuerdo con la reconstrucción oficial, los involucrados no se limitaban al acopio o traslado de droga, sino que además desarrollaban tareas de captación de terceros para concretar el ingreso al complejo carcelario.

La investigación concluyó con cuatro detenidos tras el avance simultáneo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico en varios puntos de la provincia. Por ahora, la causa de Cruz del Eje seguirá bajo investigación para determinar el grado de participación de cada uno de los acusados y establecer si existían más involucrados en la maniobra.

El narcomenudeo en Córdoba

La investigación por el ingreso de drogas a la cárcel de Cruz del Eje se conoce en un contexto de múltiples procedimientos recientes contra redes de comercialización de estupefacientes en la provincia. En los últimos días, otra causa avanzó sobre una banda que operaba en el departamento Calamuchita y terminó con nueve detenidos y el desmantelamiento de varios puntos de venta.

Esa pesquisa se extendió durante cinco meses y tuvo uno de sus puntos principales sobre la Ruta Nacional 36, a la altura de Almafuerte, donde fueron arrestados dos presuntos proveedores de cocaína. Luego se concretaron allanamientos en Embalse, Villa del Dique y Segunda Usina, en un operativo que permitió avanzar sobre distintos eslabones de la estructura investigada.

En ese expediente, los investigadores secuestraron 1.550 dosis de cocaína en el procedimiento realizado sobre la ruta. Después, en los allanamientos posteriores, incautaron otras 220 dosis de cocaína, 93 de marihuana, ocho plantas de cannabis sativa y $413.100, además de una balanza digital y otros elementos vinculados con el fraccionamiento y la comercialización de sustancias.

De acuerdo con la hipótesis oficial, la organización combinaba entregas bajo modalidad de delivery con ventas desde viviendas particulares, una mecánica que aparece de manera recurrente en distintas causas recientes tramitadas en la provincia. Ese dato permite advertir que las investigaciones no sólo apuntan a puntos de venta fijos, sino también a circuitos de distribución más flexibles, con abastecimiento, traslado y entrega en varios niveles.

Alanis Morissette presentó una demanda contra su antigua directora de gira, Keren Urinov, a quien acusa de orquestar una campaña de chantaje calculada vinculada a una denuncia falsa de tráfico de drogas.

La artista, ganadora del premio Grammy, interpuso la acción legal el martes primero de septiembre en un tribunal federal de California.

En el documento, redactado por el abogado de entretenimiento Howard King, Morissette calificó a Urinov como una empleada “disgustada” y presentó cargos por extorsión civil, fraude y declaraciones negligentes.

La cantante busca un juicio con jurado y una compensación por daños superior a los 75.000 dólares.

Según la demanda, Urinov trabajó como directora de gira europea de Morissette durante el verano de 2025.

El conflicto se originó cuando el equipo viajaba desde el Reino Unido hacia España para un concierto: autoridades aeroportuarias británicas incautaron un bolso que contenía marihuana y xilazina, un tranquilizante animal no opioide.

Durante el interrogatorio, Urinov admitió ante los agentes de la Border Force británica que las sustancias “le pertenecían a ella”, según consta en el documento judicial.

La ex directora de gira mostró entonces una licencia médica israelí de marihuana y fue liberada sin cargos.

Tras concluir la gira, Morissette sostiene que Urinov envió “una serie de cartas cada vez más extorsivas” en las que amenazaba con informar a la policía británica que las drogas incautadas le pertenecían a la cantante, salvo que esta accediera a firmar un contrato de 15 años como directora de gira con “una compensación enorme”.

“Morissette es víctima de una campaña de chantaje calculada orquestada por una ex directora de gira disgustada”, señala la demanda obtenida por Rolling Stone.

Y el mismo documento agrega: “Morissette no aceptará trabajar con una chantajista incompetente durante los próximos 15 años ni pagará un rescate bajo presión”, agrega el documento.

De acuerdo con los documentos judiciales, Urinov exigió además aumentos salariales anuales, bonificaciones y acceso a un abogado estadounidense que le permitiera trabajar en Estados Unidos.

Morissette respondió en su presentación que no tiene interés en emplear a Urinov por ese período, “no solo porque es una chantajista, sino también porque fue una directora de gira terrible en 2025”.

La demanda detalla que un error en la reserva de un hotel atribuido a Urinov le costó a la producción cerca de 70.000 dólares.

Morissette afirmó que no será “coaccionada a entregarle a su chantajista un pago extraordinario” y que la acción legal busca “exponer el esquema de Urinov y hacerla responsable”.

Keren Urinov, quien trabajó nueve años como jefa de operaciones de Live Nation en Israel, presentó a su vez una demanda contra Morissette el 19 de agosto en la División de King’s Bench de Londres, instancia que atiende casos de difamación, uso indebido de información privada y protección de datos.

Los detalles de esa acción no fueron divulgados.

Alanis Morissette junto a Olivia Rodrigo en Daisy Chain Fields

Días antes de la presentación de la demanda, Alanis Morissette participó en el cierre del festival Daisy Chain Fields, organizado por Olivia Rodrigo en Irvine, California.

La cantante sustituyó a la invitada originalmente anunciada, Karen O, y se unió a Rodrigo para interpretar “Ironic”, tema de su álbum Jagged Little Pill.

El festival, con una alineación exclusivamente femenina, fue concebido por Rodrigo como un homenaje al espíritu de Lilith Fair y recaudó más de 20 millones de dólares para organizaciones que apoyan a mujeres y niñas.

Durante el set de 17 canciones, Rodrigo también compartió escenario con Sarah McLachlan, fundadora de Lilith Fair, y con Stevie Nicks, quien cerró la noche con la interpretación de “Landslide”.

La gira de Morissette continuará el 18 de septiembre en Chicago, con una presentación en el festival Riot Fest, y contempla cuatro fechas en noviembre en el YouTube Theater de Los Ángeles.

Joyas que un día estuvieron vinculadas al narcotráfico podrán acabar ahora en manos de particulares o empresas. El Ministerio de Sanidad, a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD), ha puesto en marcha una subasta pública de 158 lotes de joyas de oro y piedras preciosas procedentes de operaciones contra el narcotráfico. Las pujas parten desde apenas 10 euros y los ingresos obtenidos se destinarán a programas de prevención de adicciones, asistencia a drogodependientes e inserción social y laboral.

La subasta, identificada como Subasta Pública Electrónica 6/2026, comenzó el pasado 28 de agosto y permanecerá abierta hasta el 17 de septiembre. El procedimiento, cuyos detalles fueron publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 31 de agosto, se desarrolla íntegramente por vía electrónica a través del portal especializado Escrapalia.

También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp, en Facebook y en Instagram

Según ha informado el Ministerio de Sanidad, los 158 lotes reúnen más de 200 piezas, en su inmensa mayoría confeccionadas en oro de 18 quilates. El catálogo incluye una amplia variedad de artículos, entre ellos pulseras con monedas, anillos tipo sello, cadenas, broches y pendientes. Algunas de las piezas incorporan piedras preciosas como esmeraldas y diamantes.

Los activos proceden del Fondo de Bienes Decomisados, que gestiona este tipo de bienes derivados de actividades relacionadas con el tráfico de drogas. Los precios de salida arrancan en los 10 euros, una circunstancia que, según Sanidad, convierte la convocatoria en “una excelente e inusual ventana de oportunidad” para particulares y empresas vinculadas al sector.

La Administración señala entre los potenciales interesados a empresas de compraventa de oro, joyerías, talleres de manufactura e inversión, así como inversores privados. La institución destaca además las posibilidades de “reempleo directo en el mercado minorista de segunda mano” y de reaprovechamiento del metal precioso al peso.

De los bienes decomisados a la prevención de las adicciones

El objetivo de la operación va más allá de dar salida a los bienes decomisados: los fondos obtenidos se incorporarán al Fondo de Bienes Decomisados y se utilizarán para financiar actuaciones frente a las adicciones. La recaudación, según explica el Ministerio de Sanidad, “se destina a revertir en la sociedad los daños ocasionados a la misma por las drogodependencias y el narcotráfico”.

Entre los principales destinos de estos recursos se encuentran los programas de prevención de toxicomanías y asistencia a personas con problemas de drogodependencia, así como iniciativas orientadas a favorecer su inserción social y laboral. De esta forma, los bienes intervenidos en operaciones contra el narcotráfico se convierten en recursos para reducir el impacto de las drogas.

En los últimos años, aproximadamente el 60% de los ingresos del Fondo se ha destinado a programas de reducción de la demanda, mientras que el 40% restante se ha dirigido a la reducción de la oferta, que incluye la persecución del delito y distintas actuaciones policiales y aduaneras, según los datos facilitados por Sanidad. Solo en 2025, el Fondo de Bienes Decomisados distribuyó 28,65 millones de euros procedentes de estos activos.

Para participar en la subasta, los interesados deberán registrarse previamente en la plataforma Escrapalia y aceptar las condiciones recogidas en el pliego de la convocatoria. Además, será necesario depositar una fianza de garantía de 1.000 euros. La puja permanecerá abierta hasta el 17 de septiembre, fecha en la que finalizará el proceso electrónico.