Un operativo de prevención policial realizado en General Pico, provincia de La Pampa, derivó en una persecución y posterior siniestro vial, con intervención de la división de Toxicomanía, después de que se hallaran estupefacientes en el interior de un vehículo involucrado.

El incidente, ocurrido en el barrio Ranqueles, movilizó a diversas áreas de seguridad y mantiene a las autoridades abocadas a la detención de dos sospechosos que se dieron a la fuga.

El hecho comenzó cuando personal de la Comisaría Segunda intentó identificar a los ocupantes de un automóvil que circulaba por la intersección de las calles 33 y 40, en el mencionado barrio. La rutina de control, parte del despliegue preventivo dispuesto en la zona, tomó un giro inesperado cuando el vehículo objeto de la requisa intentó evadir el procedimiento.

Según informó el subcomisario Diego Natali, segundo jefe de la Comisaría Segunda, los ocupantes del automóvil, al advertir la presencia policial, intentaron fugarse realizando una maniobra en reversa. Esta acción finalizó abruptamente cuando el rodado colisionó, lo que permitió a los sospechosos descender y escapar a pie, eludiendo a los efectivos presentes en el lugar.

La persecución, aunque breve, generó momentos de tensión entre los vecinos, quienes observaron el despliegue de móviles y uniformados en la zona.

Minutos después de la colisión, según informó el portal La Arena, la Policía revisó el vehículo abandonado y detectó la presencia de sustancias estupefacientes. Ante este hallazgo, se convocó al personal de Toxicomanía de la UR II, que arribó al lugar para realizar las tareas de rigor y asegurar las pruebas.

El procedimiento incluyó la recolección y secuestro de la droga hallada dentro del vehículo, mientras que los detalles precisos sobre la cantidad y el tipo de sustancia incautada quedaron bajo reserva. Esta decisión fue adoptada por el área de Toxicomanía con el objetivo de no entorpecer el avance de la investigación judicial.

Los agentes de Toxicomanía aplicaron los protocolos habituales para este tipo de casos, resguardando las evidencias y realizando los peritajes correspondientes in situ.

Respecto a los dos hombres que huyeron del lugar tras la colisión, el subcomisario Natali confirmó que “ya están identificados” y que se aguarda la emisión de órdenes de detención. Las fuerzas de seguridad mantienen activa la búsqueda de los implicados, cuyas identidades se mantienen bajo reserva en esta etapa procesal.

El hecho fue informado a las autoridades judiciales, que coordinarán las próximas medidas investigativas. La policía local continúa recabando testimonios y relevando material de cámaras de seguridad cercanas para reconstruir la secuencia de la persecución y la posterior fuga a pie.

La policía de General Pico mantiene el operativo activo y solicita la colaboración de la comunidad para aportar datos que puedan contribuir a la ubicación de los prófugos. El avance de la causa dependerá de los informes técnicos sobre las sustancias incautadas y de las diligencias judiciales en curso, sin que por ahora se hayan divulgado nuevos detalles sobre la identidad de los implicados ni el destino final de la droga incautada.

La Operación Impacto Escolar, desplegada para combatir la venta de drogas en áreas cercanas a centros educativos de Panamá, concluyó con 20 acuerdos de pena y otras 16 personas bajo detención provisional, según informó la Procuraduría General de la Nación.

La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas participó en 33 audiencias posteriores a las diligencias simultáneas realizadas en Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Colón y Panamá.

Las condenas acordadas oscilan entre 60 y 170 meses de prisión, es decir, entre cinco años y poco más de 14 años. Entre las sanciones validadas por los tribunales aparecen penas de 60, 80, 84, 90, 95, 140, 160 y 170 meses.

Además de los 20 acuerdos, los jueces ordenaron la detención provisional de 16 personas mientras continúan las investigaciones. A otro imputado se le concedió arresto domiciliario, decisión que fue objeto de una apelación.

La operación estuvo dirigida contra personas presuntamente vinculadas con el microtráfico y la comercialización de sustancias ilícitas en las inmediaciones de escuelas. El Ministerio Público explicó que el objetivo es reducir el acceso de niños y adolescentes a las drogas y proteger a las comunidades educativas.

En el área metropolitana se validaron seis condenas. Una persona recibió una pena de 140 meses de prisión, equivalente a 11 años y ocho meses; otras cuatro fueron sentenciadas a 84 meses, o siete años, y un sexto implicado deberá cumplir 80 meses.

En esa misma región, tres personas quedaron bajo detención provisional por el delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de venta de drogas.

En la provincia de Colón, un imputado fue condenado mediante un acuerdo de pena a 84 meses de prisión. Otro permanecerá detenido provisionalmente mientras la Fiscalía desarrolla las diligencias correspondientes.

Panamá Oeste registró cuatro condenas por hechos investigados en los distritos de Chame y San Carlos. Las sanciones fueron de 170, 90, 84 y 60 meses de cárcel. Los tribunales también impusieron tres medidas de detención provisional por presunta venta de drogas.

La pena de 170 meses, equivalente a 14 años y dos meses, figura como la más elevada entre las detalladas por el Ministerio Público tras las audiencias de la operación.

En Veraguas, la Fiscalía de Drogas consiguió que un juez de garantías ordenara la detención provisional de tres ciudadanos. La medida deberá mantenerse durante el desarrollo de las investigaciones, salvo que sea revisada posteriormente por un tribunal.

Para Bocas del Toro se reportó una condena y una detención provisional. En Chiriquí se formularon cargos contra cuatro personas por venta de drogas: una fue condenada, dos quedaron detenidas provisionalmente y a la cuarta se le concedió arresto domiciliario.

En Herrera y Los Santos se validaron cuatro acuerdos de pena. Las condenas fueron de noventa y cinco meses, 90 meses y dos sanciones de 84 meses. También se aplicaron dos medidas cautelares de detención provisional.

Aunque Coclé estuvo entre las provincias intervenidas, la información difundida por la Procuraduría no desglosó los resultados específicos obtenidos en esa jurisdicción. Tampoco identificó a los condenados ni los centros educativos próximos a los puntos investigados.

Otras operaciones contra el narcotráfico

Impacto Escolar formó parte de una serie de intervenciones desarrolladas durante la semana por la Fiscalía de Drogas y los organismos de seguridad. Las autoridades también ejecutaron las operaciones Alianza, Oriente Sin Drogas y Azuero 3, dirigidas contra el narcotráfico, el microtráfico y la conspiración para cometer delitos relacionados con drogas.

En un puerto del Pacífico, agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional decomisaron 186 paquetes de presunta sustancia ilícita escondidos en la parte inferior de un contenedor cuyo destino era Hong Kong.

En otra acción, la Dirección Nacional Antidrogas localizó 151 paquetes dentro de una embarcación que era remolcada por un camión articulado a la altura del kilómetro 18 de la autopista Panamá-Colón.

En el marco de la Operación Alianza, las autoridades también consiguieron el comiso de cuatro vehículos y dinero en efectivo presuntamente vinculados con seis de los investigados. Esa intervención produjo la imputación de 26 personas por conspiración, tráfico internacional de drogas y delitos conexos.

La Procuraduría señaló que las investigaciones continuarán tanto en la capital como en el interior del país. En el caso de Impacto Escolar, las 20 condenas representan el primer resultado judicial de una ofensiva que coloca nuevamente bajo atención el riesgo que supone la venta de sustancias ilícitas alrededor de los centros educativos.

La Unidad Fiscal Corrientes imputó a un hombre por transportar 2 kilos de cocaína ocultos entre la ropa mientras circulaba en moto por la ruta provincial 34, en San Carlos, y el juez federal de Garantías en feria Gustavo del Corazón Fresneda le dictó 60 días de prisión preventiva a pedido del Ministerio Público Fiscal.

El procedimiento se realizó el sábado pasado durante un control vehicular del Escuadrón 47 “Ituzaingó” de Gendarmería Nacional. De acuerdo con la acusación, los dos paquetes incautados llevaban impresa la imagen de un águila, un símbolo que estaría vinculado con el origen y el grado de pureza del estupefaciente.

La formalización de la investigación se realizó el lunes pasado en una audiencia en la que intervinieron el fiscal federal subrogante Juan Martín Mariño Fages y el auxiliar fiscal Nicolás Marquevich, en representación del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la unidad fiscal del distrito. La acusación se centró en el transporte de la droga, que el imputado llevaba disimulada entre sus prendas cuando se dirigía hacia la localidad de Gobernador Virasoro.

Cómo lo descubrieron

El caso comenzó cuando gendarmes detuvieron la marcha de una moto sobre la ruta provincial 34, en el departamento correntino de Ituzaingó. Durante la identificación del conductor, el personal advirtió irregularidades en la vestimenta y detectó de forma visible bultos rectangulares debajo de la ropa.

Frente a esa situación, se solicitó una orden de requisa. El magistrado interviniente autorizó luego la apertura de dos paquetes amorfos y una bolsa de nailon.

Las pruebas de orientación sobre la sustancia secuestrada fueron realizadas por personal del Grupo Criminalística y Estudios Forenses. Esos análisis dieron resultado positivo para cocaína.

El pesaje posterior estableció que los dos paquetes contenían en conjunto 2.013,64 gramos. A partir de ese hallazgo, se dispuso el secuestro de la droga y también la detención e incomunicación del acusado.

En el marco de la causa, la Justicia ordenó prisión preventiva por 60 días para el imputado. La medida cautelar fue resuelta por el juez federal de Garantías en feria Gustavo del Corazón Fresneda después del requerimiento presentado por el Ministerio Público Fiscal.

La prisión de Alhaurín de la Torre se ha convertido en el primer centro penitenciario español en utilizar sistemas antidrones para impedir que cualquier persona introduzca objetos en las cárceles. Concretamente, como anunció la Agrupación de los Cuerpos de las Administrativas de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) el pasado 25 de junio, esta tecnología se ha instalado en Málaga I, uno de los establecimientos “donde más presencia de drones se ha detectado debido al perfil de algunos internos vinculados a la delincuencia organizada”.

Al parecer, en los últimos años, los internos han usado este sistema para introducir teléfonos móviles, drogas y otros objetos prohibidos, gracias a su gran capacidad de discreción. Ante este dilema, Lidia, una funcionaria penitenciaria que pertenece al sindicato mayoritario del sector, ACAIP, y trabaja en el centro de Morón de la Frontera (Sevilla), ha relatado en ‘Ahora me entero’, el pódcast de Juanje Diánez, cómo es este método y las consecuencias de autoridad y de salud que se observan en las prisiones españolas.

“Los presos han llegado a morderse y arrancarse trozos de carne”

El avance tecnológico ha llegado también a las prisiones españolas. Tal y como señala Lidia, la introducción de drogas a través de estos dispositivos es posible por la falta de infraestructuras específicas. “La prisión tiene un techo que no está vallado en el patio y por ahí pueden pasar drones”, explica la funcionaria, quien advierte que los internos aprovechan la rutina diaria de los funcionarios para coordinar los envíos. Así, añade: “El último dron que se cogió entró a las siete de la tarde. Ellos son muy listos. Todos los días tenemos el mismo horario y saben que a esa hora tú estás con la comida, que no vas a estar en el patio”. Gracias a estos huecos, los internos han logrado introducir “pastillas, drogas, móviles”.

Pero lo que más preocupa a los trabajadores es que en algún momento este sistema sirva para introducir armas. “¿Y si un día le lleva una pistola?“, se pregunta. Al final, los funcionarios no cuentan con ningún tipo de arma dentro del centro y, bajo estas condiciones, ya se han detectado desgracias, como la trágica muerte de Nuria López, una cocinera de 48 años de la prisión de Mas d’Enric (Cataluña) que falleció en 2024 tras nueve años de trabajo.

Aunque poco a poco desde el sindicato mayoritario van dando pequeños pasos, como la instalación de sistemas antidrones en Alhaurín de la Torre, lo cierto es que deben estar atentos a diario para evitar que los presos introduzcan, en su gran mayoría, drogas. La nueva modalidad es el “papel impregnado”, una sustancia que también se puede introducir en cartas remitidas por familiares o terceros, y cuya detección resulta casi imposible. “Es la droga más potente que he conocido. Le llaman la droga caníbal porque los presos han llegado a morderse y arrancarse trozos de carne”, afirma la trabajadora.

Además, se han detectado casos en los que “han llegado a morder a funcionarios y a morder a otros internos”. Según la funcionaria, el consumo de esta sustancia ha provocado incluso muertes, aunque en los informes forenses solo figura la causa como “parada cardíaca”, ya que es el efecto que produce y no cuentan con los recursos para detectarla. “No nos han dado nada que nos ayude a detectar esa droga. Hemos pedido, por ejemplo, que nos dejen fotocopiar las cartas y dárselas a los internos para destruir el original. No quieren. No sé por qué, pero no quieren”, explica. Esta carencia de medios técnicos y humanos deja a los funcionarios con pocas herramientas para frenar el flujo de sustancias.

“En una prisión tenemos gente con tuberculosis, sarna, sida y hepatitis”

El consumo de drogas no es el único factor que incide en la vida de los internos. Porque cuando los presos tienen síndrome de abstinencia o sufren las consecuencias de la droga, muchas veces necesitan atención sanitaria. “Eso es otro melón”, avanza Lidia. Al parecer, la falta de personal médico es otra de las grandes preocupaciones de los trabajadores penitenciarios. La funcionaria sevillana detalla que “falta un 70% de médicos en este sector, eso quiere decir que de 10 médicos que deberíamos tener, tenemos 2,5″.

Ante esta situación, Lidia también resalta que la necesidad de este servicio es vital porque, a diferencia de aquellos habitantes de pequeños pueblos que deben desplazarse para poder ser atendidos por un profesional sanitario, “en una prisión tenemos gente con tuberculosis, sarna, sida, hepatitis, etc.”. A este factor se suma que en estos núcleos de población ”no hay una cantidad tan grande de toxicómanos o de enfermos mentales”, lo que hace indispensable contar con más médicos.

A pesar de las dificultades, la funcionaria aclara que “su medicación la paga el Estado, que por cierto es una inversión gordísima porque un centro penitenciario se puede gastar seiscientos mil euros en medicación al año”. No obstante, el reparto de medicamentos, en muchos casos, se convierte en una moneda de cambio dentro de la prisión: “Si una persona no cobra y no se puede comprar tabaco y es fumadora, a lo mejor cambia su Tranquimazín por un paquete de tabaco”. Pero, como afirma la funcionaria, la vigilancia del reparto es constante para evitar el trapicheo y asegurar que cada interno reciba solo su dosis.

Aun así, la falta de medios, ha dejado algunos escenarios graves de los que Lidia ha sido testigo: “Yo he visto un interno que se ha puesto a cortarse y le han tenido que coger ciento cinco puntos” después de cortarse los brazos y las piernas. También hay presos que se tragan pilas o cuchillas porque “a veces es su manera de reivindicar”.

¿Existe la reinserción de presos en España?

La masificación de las cárceles es otro elemento de presión en las cárceles. La ley establece que los presos deben vivir solos, salvo excepciones, pero la realidad es diferente: “Como hay tanta población reclusa y tan pocos medios, hay módulos que no están abiertos”, agrega Lidia. De hecho, “hay módulos que tienen 130 internos cuando lo normal sería no tener más de 80”. Esta situación genera conflictos y dificulta la reinserción, ya que “hay internos conflictivos que, para que las estadísticas estén bonitas, los tienen allí y te están extorsionando, te están robando, te están amenazando”.

Pero, ¿cómo afecta todo esto a la reinserción de los presos? “Hay internos que quieren reinsertarse, pero estás en un módulo con cien personas. Hay gente que consume droga en el módulo. Al final, cuando tú estás mal, caes en esas tentaciones”, explica Lidia. De esta forma, “como no hay una buena clasificación, porque nos estamos centrando más en la estadística que en el módulo bueno, donde esté solamente la gente que lo lleva bien, pues estás corrompiendo al que lo quiere llevar bien”, determina.

Un factor al que hay que sumar la atención del equipo técnico, que debería encargarse de que “cuando entre un interno, lo analice, vea qué ha pasado, qué circunstancias tiene, qué carencias tiene, detecte todo eso, lo solvente y esa persona salga bien a la calle”. Sin embargo, si una psicóloga tiene que llevar a las 150 personas de un solo módulo, “no le da tiempo”, concluye.

Después de más de dos meses de investigación, la Policía Bonaerense desbarató un búnker de drogas en Florencio Varela. El operativo culminó con cinco detenidos y el secuestro de más de 60 gramos de cocaína fraccionada para su comercialización, tres armas de fuego, municiones y dinero en efectivo, entre otros elementos.

Según pudo saber Infobae, el procedimiento fue realizado el martes 14 de julio por personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 6° de Florencio Varela, que desde el 7 de mayo llevaba adelante tareas de vigilancia y seguimiento sobre dos viviendas que, de acuerdo con la investigación, funcionaban como puntos de venta de estupefacientes. Las diligencias incluyeron el uso de drones del Ministerio de Seguridad bonaerense, con los que los investigadores registraron las maniobras de comercialización e incluso interceptaron a compradores que acababan de adquirir droga, lo que permitió fortalecer las pruebas de la causa.

Con las pruebas reunidas, la UFI N°1 de Florencio Varela, a cargo del Leonardo Valli, solicitó al Juzgado de Garantías N°8 la orden de allanamiento, requisa personal y secuestro. El operativo, que contó con apoyo de diversas unidades policiales, dos móviles del Comando de Patrullas de Florencio Varela (CPFV) y grupos especiales como el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y Halcón, se realizó en dos domicilios.

El primero de ellos, ubicado en la calle 1149, entre 1142 y 1140, en Florencio Varela, dio resultado negativo. En cambio, el segundo, sobre la calle 1136, entre 1139 y 1137, del mismo partido bonaerense, fue donde los investigadores hallaron la droga y el resto de los elementos secuestrados.

Allí, los agentes secuestraron 43 envoltorios de cocaína, con un peso total de 61,5 gramos, dinero en efectivo, dos handies con sus bases de recarga, un revólver, dos pistolas, una réplica de arma de fuego, ocho municiones, un teléfono celular y diversos elementos de corte.

Además, se procedió a la aprehensión de cinco personas, identificadas como Axel Quiroga (29), Rodrigo Javier Sarco (25), Damián Jorge Alejandro (41), Elías Ariel Tartalo (23) y Walter Antonio Ojeda (30). Fuentes policiales señalaron que Quiroga es señalado por la investigación como el presunto responsable de la comercialización de los estupefacientes.

El caso quedó en manos de la UFI N°1 de Florencio Varela, que este miércoles ordenó el traslado de los detenidos junto con los elementos secuestrados. Los cinco quedaron a disposición de la Justicia bajo la acusación de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en el marco del artículo 5, inciso C, de la Ley 23.737.

En junio, la Policía Bonaerense realizó un operativo antidrogas en el barrio Güemes, en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno. Los efectivos allanaron un búnker donde detuvieron a tres personas y secuestraron 111,01 gramos de cocaína fraccionada en 242 envoltorios, marihuana, tres armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la venta de estupefacientes. Durante el procedimiento, uno de los sospechosos golpeó a un policía con un revólver y le provocó una lesión en la zona ocular, aunque finalmente fue reducido junto a los otros implicados.

Los arrestados, identificados como Federico Battellini Oyola, Rodolfo Leandro Ahumada y Alexis Daniel Ayala, quedaron a disposición de la Justicia acusados de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, resistencia a la autoridad y tenencia ilegal de arma de uso civil. Dos de los detenidos contaban con antecedentes penales.

El último lunes 13 de julio, agentes de la División de Investigación de Extorsiones sorprendieron a Jorge Aldair Quiñónez Velásquez, conocido como alias ‘Chucho’, en un inmueble del distrito de Comas.

La Policía Nacional del Perú (PNP) lo identifica como presunto brazo armado de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, cabecilla de la organización criminal Los Injertos del Norte. La detención se produjo tras una serie de pesquisas sobre el cobro de cupos a comerciantes y transportistas en la zona norte de Lima.

Durante el operativo, los agentes hallaron evidencias relacionadas con actividades ilícitas atribuidas al detenido. “Tomamos conocimiento a través de canales de inteligencia, especialmente por la División de Inteligencia de nuestra Dirección de Investigación Criminal, que prontuariados delincuentes estarían reorganizándose en esta parte de Lima Norte a efectos de activarse criminalmente vinculados a temas de sicariato, extorsión y secuestro”, explicó el coronel Olger Obando, jefe de la División Antiextorsiones.

Al momento del arresto, Quiñónez Velásquez tenía tres requisitorias vigentes por microcomercialización de drogas. Además, la Policía Nacional incautó nitrato de amonio y otros materiales que serán incorporados a la investigación. El jefe policial remarcó: “Ambos cuentan con antecedentes y han estado internos en penales, pero nuevamente se encuentran en libertad”.

Detenciones y libertades

La historia delictiva de alias ‘Chucho’ incluye múltiples capturas y posteriores liberaciones, generando inquietud entre las autoridades y la comunidad. Según archivos policiales, fue intervenido en octubre de 2024 en otro inmueble de Comas, donde se hallaron municiones y una cacerina. En ese entonces, también fue vinculado con alias ‘Yojairo’, investigado por presunta fabricación y porte ilegal de armas de fuego.

Pese a los hallazgos, volvió a recuperar la libertad. Solo cuatro meses después, agentes de la División de Investigación de Crimen Organizado (Dirincri) lo capturaron nuevamente. En esa ocasión, encontraron cartuchos de dinamita, pero el resultado fue el mismo: excarcelación.

El coronel Cruz Chamba recordó: “Hace cuatro meses atrás, en octubre, fue liberado, luego de que la justicia declarara improcedente la prisión preventiva”.

El historial de Quiñónez Velásquez suma detenciones desde 2019 por robo agravado y tenencia ilegal de armas de fuego. Ninguna de esas veces terminó con prisión preventiva, lo que ha generado cuestionamientos sobre los procesos judiciales. La reciente intervención incluyó a Maryory Nicole Cabezas Teodoro, pareja de ‘Chucho’, quien tiene una sentencia de 20 años por secuestro, y a otro presunto implicado.

Investigación en desarrollo y repercusiones

Las autoridades sostienen que alias ‘Chucho’ habría seguido operando bajo las órdenes de ‘El Monstruo’ tras sus anteriores liberaciones. La hipótesis se apoya en testimonios recogidos por el Ministerio Público, como el de Jordano Edwin Galarza, alias ‘Yodarno’, quien declaró haber sido captado por Quiñónez Velásquez para ejecutar atentados con explosivos contra empresarios en Lima Norte.

Durante la intervención, los agentes incautaron material explosivo y continúan analizando la situación procesal de los detenidos.

“No sabemos cuál es la situación procesal de ambos. Más allá de la intervención con posesión de material explosivo y las requisitorias vigentes, respecto a sus procesos por crimen organizado y secuestro agravado, no sabemos qué hacen en las calles personas tan peligrosas”, afirmó el coronel Obando.

La Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid han desmantelado dos puntos de venta de droga en el distrito de San Blas-Canillejas y han detectado la comercialización de una sustancia poco habitual hasta ahora en España. Se trata del WAX, un extracto altamente concentrado de cannabis que destaca por su elevado contenido en THC y por sus efectos psicoactivos inmediatos. La operación concluyó con cinco detenidos y la incautación de distintas sustancias estupefacientes, además de una importante cantidad de este nuevo producto.

La investigación policial permitió descubrir que uno de los inmuebles funcionaba bajo la apariencia de una asociación de consumidores de cannabis. Sin embargo, las pesquisas revelaron que en realidad se utilizaba como punto de venta y distribución de drogas. Junto al local también se registró una vivienda anexa desde la que se suministraban sustancias a terceras personas.

Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue la presencia del denominado WAX, una sustancia con textura similar a la cera que se comercializa en pequeñas cantidades y que puede alcanzar concentraciones de hasta el 90% de THC, el principal componente psicoactivo del cannabis. Según informó la Policía, sus efectos son prácticamente inmediatos y presentan una intensidad muy superior a la de otras formas habituales de consumo.

Durante la operación fueron intervenidos alrededor de 400 gramos de esta sustancia, cuyo valor en el mercado ilícito podría situarse en torno a los 30.000 euros. Aunque el WAX ya había sido detectado en otros países, su presencia continúa siendo poco frecuente en España, lo que convierte este decomiso en uno de los aspectos más relevantes de la investigación.

Las pesquisas comenzaron el pasado mes de febrero, cuando los agentes detectaron un constante trasiego de personas en torno al establecimiento. Los clientes permanecían apenas unos minutos en el interior antes de abandonar el lugar o desplazarse a una vivienda cercana, un comportamiento que despertó las sospechas de los investigadores.

Se presentaban como un club de fumadores

En una primera fase se comprobó que el establecimiento se presentaba como un club de fumadores de cannabis. No obstante, tras consultar el registro oficial de asociaciones, los agentes confirmaron que no existía ninguna entidad legalmente inscrita con esas características. Además, comprobaron que no se realizaban controles de acceso propios de este tipo de asociaciones, ya que las personas entraban y salían sin ser identificadas y sin acreditar la condición de socios.

A partir de estos indicios, la Policía concluyó que el local era utilizado exclusivamente para la venta de drogas y para permitir su consumo en el interior. Según la investigación, desde ese punto también se abastecía la vivienda anexa, cuyos ocupantes almacenaban parte de las sustancias para distribuirlas posteriormente a otros compradores.

La fase definitiva de la operación se desarrolló el pasado 17 de junio con la entrada y registro simultáneo de ambos inmuebles. Durante el operativo los agentes localizaron aproximadamente dos kilogramos de marihuana, un kilogramo de hachís y los citados 400 gramos de WAX. Además, intervinieron dinero en efectivo fraccionado y diverso material destinado a la dosificación y distribución de las sustancias.

Detenidos cuatro hombres y una mujer

El registro también permitió comprobar cómo estaba organizado el establecimiento. El local disponía de varias habitaciones con funciones diferenciadas. En una de ellas se encontraba la recepción, donde un taquillero almacenaba distintas cantidades de marihuana y hachís preparadas para su venta. Otra estancia funcionaba como dispensario y fue precisamente en una nevera donde los agentes localizaron el WAX.

Junto a esta sustancia también se incautaron ocho recipientes con hachís, once botes de cristal que contenían cogollos de marihuana, 23 cigarrillos ya preparados para su consumo y otros productos relacionados con el cannabis, entre ellos gominolas y artículos de cosmética elaborados con derivados de esta planta.

La investigación permitió determinar que varias personas desempeñaban funciones específicas para garantizar el funcionamiento del negocio. Algunos se encargaban del mantenimiento exterior del inmueble, mientras que otros controlaban la entrada de los clientes o los acompañaban a la salida para evitar sospechas. Esta estructura organizada llevó a los agentes a considerar que no se trataba de una actuación individual.

Como resultado del operativo fueron detenidos cuatro hombres y una mujer, a quienes se atribuyen presuntos delitos contra la salud pública y de pertenencia a grupo criminal. La Policía considera que el grupo mantenía una actividad perfectamente organizada para la distribución de distintas sustancias estupefacientes, utilizando la apariencia de una asociación cannábica como cobertura para desarrollar un negocio ilícito que ahora ha quedado desmantelado.

Dos hombres murieron y otros dos fueron detenidos tras un violento tiroteo ocurrido este lunes en una vivienda de Villa Elisa, partido de La Plata. Según informaron fuentes policiales a Infobae, la casa donde ocurrió el episodio estaba siendo investigada en una causa por presunta comercialización de estupefacientes al menudeo y ya había sido allanada anteriormente en otro expediente judicial.

El hecho comenzó tras un llamado al 911 que alertó sobre detonaciones de arma de fuego en una vivienda ubicada en la calle 413 y 152. Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas Base Norte entrevistaron a la propietaria, quien relató que se encontraba junto a su amigo Joaquín Jeremías Ponzo (39) y sus tres hijos cuando irrumpieron dos hombres, uno de ellos armado.

En ese momento, Ponzo comenzó a forcejear con los intrusos. Asustado, uno de los hijos de la mujer salió a pedir ayuda a Ángel Antonio Alarcón (48), ex pareja de la propietaria, quien vive a una cuadra del lugar y acudió inmediatamente. Al ingresar, también se sumó al enfrentamiento.

Durante la pelea se efectuaron varios disparos. Como consecuencia, Mauro Javier Gil (35), uno de los hombres que había ingresado a la vivienda, recibió un disparo en la cabeza y Ponzo también fue alcanzado por un balazo. Ambos murieron en el lugar.

Mientras personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) preservaba la escena, la propietaria reconoció como uno de los atacantes al acompañante de una motocicleta Honda Storm 150 que pasó por el lugar. Los policías iniciaron una persecución y lograron interceptar a los ocupantes, identificados como Ariel Montoya (35) y Germán Cruze (32), quienes quedaron aprehendidos.

Además, se secuestró la motocicleta en la que circulaban y un Ford Fiesta gris perteneciente a Ponzo, que permanecía estacionado frente a la vivienda.

El caso es investigado por la UFIJ N°17 de La Plata, a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, quien dispuso las primeras diligencias de la investigación y dio intervención al Gabinete de Homicidios para reconstruir la mecánica del hecho.

Antecedentes

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, el domicilio donde ocurrió el tiroteo forma parte de una investigación iniciada el pasado 24 de junio por presunta comercialización de estupefacientes al menudeo, en la que figura como imputado Ángel Antonio Alarcón, ex pareja de la propietaria. Además, la vivienda había sido allanada en diciembre de 2024 en el marco de una causa por robo agravado.

Uno de los detenidos, Ariel Montoya, posee un extenso prontuario que incluye causas por robo agravado, portación ilegal de armas, amenazas agravadas y encubrimiento. Incluso, había recuperado la libertad el 12 de mayo pasado por disposición del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de La Plata.

La otra víctima fatal, Mauro Javier Gil, también registraba antecedentes penales por robo agravado y violación de domicilio. Además, sobre él pesaba una orden de captura vigente desde abril de este año por una causa de robo agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa.

Por su parte, Alarcón registra un antecedente por encubrimiento en una causa tramitada en 2024, aunque actualmente no tenía pedidos de captura vigentes.

El hallazgo se produjo durante una inspección rutinaria en uno de los depósitos de la terminal aérea, donde participaron miembros del Ministerio Público, efectivos del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC) y unidades caninas, de acuerdo con datos oficiales recogidos por la DNCD. La revisión permitió identificar una caja de regalos, en cuyo interior se localizó una prenda de vestir que presentaba doble costura. Dentro de los dobladillos y las costuras, los inspectores extrajeron un total de 83 píldoras de la sustancia que, según las autoridades, corresponde a cocaína.

Según detalló la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el paquete había sido enviado por una mujer, cuya dirección figura en la Avenida San Vicente de Paul, en Santo Domingo Este. El destinatario sería un hombre domiciliado en Wood Avenue, Monticello, en el estado de Nueva York, Estados Unidos. Las autoridades señalaron que la modalidad utilizada en el caso evidencia el intento de las redes del narcotráfico internacional por burlar los controles de seguridad aeroportuaria mediante métodos de ocultamiento cada vez más sofisticados.

La DNCD informó, citando el manifiesto de envío, que las investigaciones abiertas buscan determinar la identidad real tanto del remitente como del destinatario. Las pesquisas se desarrollan en conjunto con el Ministerio Público y organismos de inteligencia, quienes intentan establecer si los datos consignados en los documentos de la paquetería corresponden a personas reales o si se trata de identidades ficticias utilizadas para encubrir la operación.

La DNCD detalló que las pastillas incautadas fueron debidamente embaladas y remitidas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para su análisis y posterior procesamiento. De acuerdo con las declaraciones institucionales, la colaboración entre los distintos organismos de seguridad permitió identificar y neutralizar el método de camuflaje, que consistía en disimular la droga entre las costuras de la prenda destinada al envío internacional.

“El hallazgo se realizó durante las labores de inspección que regularmente ejecutan los oficiales antinarcóticos, el Ministerio Público y la seguridad aeroportuaria”, comunicó la DNCD, según recogió la prensa nacional. La entidad subrayó que las acciones de vigilancia y control en las terminales aéreas forman parte de una estrategia permanente contra el tráfico ilícito de sustancias prohibidas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con este caso, aunque confirmaron que las diligencias investigativas continúan abiertas para identificar posibles implicados y establecer conexiones con otras operaciones similares previas.

El caso se encuentra bajo la jurisdicción del Ministerio Público y la DNCD, que mantienen activa la línea de investigación sobre el uso de métodos de ocultamiento en prendas de vestir para el tráfico internacional de droga.

Además, esta semana, la Procuraduría General de la República y la DNCD, con el apoyo de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), dentro del reforzamiento de los lazos de la cooperación internacional, extraditaron a otros dos dominicanos bajo las acusaciones de narcotráfico a gran escala y otros delitos en tribunales de la ciudad de Nueva York.

Según pudo saber Infobae de fuentes policiales, la investigación comenzó a partir de un llamado anónimo que advertía que una pasajera llegaría a Villa Ángela en un colectivo de media distancia con estupefacientes ocultos. Con esa información, y por disposición de la Fiscalía de Investigación Antidrogas de Presidencia Roque Sáenz Peña, los efectivos montaron un operativo de vigilancia en la Terminal de Ómnibus y en distintas paradas de colectivos de la ciudad para localizar a la sospechosa.

La espera dio resultado. Cuando los agentes identificaron a la joven y realizaron un primer control, encontraron pequeñas dosis de una sustancia blanquecina, un teléfono celular, anotaciones que ahora forman parte de la investigación y los pasajes del viaje que había realizado hasta Villa Ángela.

Sin embargo, los investigadores sospechaban que llevaba una cantidad mayor de estupefacientes oculta en su cuerpo. Como la mujer manifestó que cursaba un embarazo, fue trasladada al Hospital “Salvador Mazza”, donde una médica realizó la revisión correspondiente y constató que ocultaba un envoltorio cilíndrico en la cavidad vaginal, el cual fue extraído durante el examen.

La sustancia fue sometida a una prueba de campo, que arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 51,16 gramos.

Por disposición de la Fiscalía, los efectivos secuestraron la droga, el teléfono celular, las anotaciones y los pasajes de colectivo, elementos que serán incorporados a la investigación para determinar el origen y el destino del cargamento.

La mujer fue notificada formalmente de su aprehensión por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737 y quedó a disposición de la Justicia.

El caso se suma a otros procedimientos antidrogas realizados en la provincia durante los últimos meses. A principios de mayo, la Policía del Chaco detuvo en Resistencia a un hombre que permanecía prófugo desde hacía más de dos meses por una causa vinculada con la comercialización de estupefacientes.

La captura se produjo durante un patrullaje de la División Microtráfico Metropolitana en el barrio La Liguria. El sospechoso tenía un pedido de captura vigente emitido por la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 1.

La investigación se había iniciado tras un allanamiento realizado a fines de febrero, en el que se secuestraron 65 envoltorios de cocaína, dinero en efectivo y un teléfono celular, aunque el principal acusado había logrado escapar en aquella oportunidad.

Siete personas fueron detenidas durante cinco cateos realizados en los municipios de Colón y Querétaro, donde autoridades aseguraron drogas, dinero en efectivo y objetos presuntamente relacionados con la comercialización de sustancias ilícitas.

Las diligencias se realizaron como parte de investigaciones por delitos contra la salud. Durante los operativos fueron decomisadas diversas cantidades de metanfetamina y marihuana, localizadas en bolsas y envoltorios que, de acuerdo con las autoridades, estarían preparados para su posible distribución.

Además del aseguramiento de narcóticos, los agentes encontraron dinero en efectivo, básculas grameras, dispositivos electrónicos y otros indicios que serán analizados como parte de las investigaciones.

Como resultado de las acciones, cuatro inmuebles quedaron bajo resguardo ministerial mientras continúan las indagatorias para determinar la posible responsabilidad de las personas detenidas y establecer su relación con las actividades investigadas.

Los operativos fueron realizados por agentes ministeriales y elementos de investigación, con apoyo de corporaciones estatales, federales y municipales. Las autoridades informaron que los objetos asegurados serán sometidos a análisis periciales para integrarlos a las carpetas de investigación correspondientes.

Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades de las siete personas detenidas ni su situación jurídica.

Autoridades han intensificado los cateos por narcomenudeo en distintos municipios de Querétaro

Los cinco cateos realizados en Colón y Querétaro se suman a otros operativos ejecutados durante 2026 como parte de investigaciones por delitos contra la salud. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, en mayo fueron cumplimentadas 10 órdenes de cateo en la zona metropolitana, acciones en las que reportó la detención de 10 personas y el aseguramiento de metanfetamina, cocaína, marihuana, armas de fuego, cartuchos y dinero en efectivo.

La dependencia también informó que, en abril, otros cuatro cateos realizados en los municipios de Corregidora, Pedro Escobedo, San Joaquín y El Marqués derivaron en la detención de 14 personas y el decomiso de diversas dosis de droga, armas de fuego y equipo presuntamente utilizado para su distribución. Ese mismo mes, autoridades estatales reportaron nuevos operativos en Colón, El Marqués y la capital queretana, donde aseguraron narcóticos, efectivo y otros indicios que fueron incorporados a las investigaciones.

Los operativos se han extendido a varias regiones del estado

Según la Fiscalía de Querétaro, las acciones contra el narcomenudeo se han concentrado en inmuebles identificados mediante investigaciones ministeriales y se han desplegado en municipios como Querétaro, Corregidora, El Marqués, Colón, Pedro Escobedo, San Joaquín y Tequisquiapan. En esos operativos, la autoridad ha informado el aseguramiento de metanfetamina, cocaína, marihuana, armas de fuego, dinero en efectivo y propiedades presuntamente vinculadas con actividades ilícitas.

Aunque Querétaro registra niveles de violencia menores que otras entidades del país, las autoridades estatales han sostenido que durante 2026 reforzaron los cateos y las investigaciones por delitos contra la salud mediante operativos coordinados con fuerzas federales y corporaciones municipales. Las carpetas derivadas de esos aseguramientos continúan en integración para determinar la situación jurídica de las personas detenidas.

La Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la Dirección Antidrogas (Dirandro), ejecutó durante el primer semestre de 2026 una ofensiva que resultó en el decomiso de más de 62 toneladas de droga.

Según los reportes oficiales, entre el 1 de enero y el 10 de julio se realizaron 9.719 operativos en diversas regiones del país, cifra que representa un despliegue sostenido contra las redes vinculadas al narcotráfico.

El jefe de la Dirandro, general Antonio Huamán Deza, explicó que el resultado corresponde exclusivamente a sustancias ya procesadas y listas para ser comercializadas. “Hemos logrado desarticular 65 organizaciones criminales dedicadas a este delito e impedir el tráfico de más de mil millones de dólares o tres mil millones de soles. Las más de 62 toneladas decomisadas es solo droga procesada, es decir, lista para su comercialización y consumo”, afirmó.

Del total incautado, 13,230.2 kilogramos corresponden a droga cocaínica—3,393.4 kg de pasta básica de cocaína y 9,836.7 kg de clorhidrato de cocaína—, mientras que 49,475.6 kilogramos fueron de marihuana.

Las operaciones policiales permitieron la detención de 5,922 personas y la desarticulación de 65 organizaciones criminales y 46 bandas relacionadas con el tráfico ilícito de drogas.

Además, la PNP reportó que se destruyeron 366 laboratorios clandestinos, se inutilizaron 25 pistas de aterrizaje y se incautaron más de 8.4 millones de kilogramos de insumos químicos fiscalizados empleados en la elaboración de sustancias ilícitas.

Impacto económico y estrategia estatal

El Ministerio del Interior (Mininter) indicó que el valor de la droga decomisada supera los 1.000 millones de dólares. Esta cifra representa pérdidas directas para las organizaciones criminales, que ven afectadas sus fuentes de financiamiento y logística.

Como parte de la ofensiva, la PNP incautó 377 bienes ligados al narcotráfico, entre ellos seis inmuebles, 248 vehículos terrestres, acuáticos y aéreos, más de S/ 3 millones en efectivo y 123 armas de fuego.

El titular de la cartera del Interior, José Zapata Morante, subrayó la importancia de estos resultados en la lucha contra el crimen organizado. “Estos resultados confirman el compromiso del Estado peruano con la seguridad ciudadana y con el combate frontal al narcotráfico. Vamos a seguir golpeando las estructuras criminales en todo el territorio nacional”, sostuvo el ministro Zapata.

La Dirandro también resaltó la colaboración con fuerzas internacionales para frenar el flujo de drogas hacia otros continentes. Se citan casos recientes como la incautación de 900 kilos de cocaína en el puerto de Paita y la operación binacional con Colombia, que permitió decomisar 9.229 kilogramos de marihuana en Loreto.

La tendencia de decomisos de droga procesada en 2026 ya supera los registros anuales de varios años anteriores. Por ejemplo, en 2024 se alcanzaron 165 toneladas incautadas en 18,700 operativos, y en 2025 más de 141 toneladas. El fortalecimiento de las labores de inteligencia e interdicción ha sido clave, sobre todo en zonas como el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para denunciar actividades sospechosas y cooperar con la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.

En paralelo, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, publicó un balance de la cooperación bilateral en materia de seguridad: entre enero de 2025 y julio de 2026, la ATF aseguró cerca de 50 mil armas de fuego, decomisó casi 2.9 millones de cartuchos y realizó más de 10 mil arrestos vinculados al tráfico de armamento. El diplomático atribuyó los resultados al trabajo conjunto de los presidentes Donald Trump y Claudia Sheinbaum.

En territorio mexicano, el día dejó varios golpes al crimen organizado. Seis integrantes de la célula CJNG “Delta 4” recibieron sentencias de 60 años de prisión cada uno por secuestro exprés en Toluca, mientras que en Ciudad Juárez las autoridades federales hallaron más de 7 mil cartuchos ocultos en un tractocamión de una empresa de paquetería. También se confirmó el asesinato del exalcalde de Fresnillo Benjamín Medrano Quezada, ocurrido el 7 de julio en Guadalajara.

La jornada cerró con dos noticias desde Sinaloa: la Secretaría de Seguridad Pública estatal reconoció atravesar una etapa de reorganización con respaldo federal, y la Fiscalía aprehendió en Sonora a un presunto asesino de un chofer con apoyo del Consulado estadounidense en Hermosillo. El estado, epicentro de la violencia del último año, sigue bajo la lupa de ambos gobiernos.

A continuación, los hechos relevantes de este sábado, 11 de julio.

Policía habría atropellado y matado a una persona en la colonia Misión del Valle, en Morelia

Un elemento de una corporación policial habría atropellado y matado a una persona en la colonia Misión del Valle, en Morelia, Michoacán, según informó este domingo la Fiscalía General del Estado.

La institución señaló que ya cuenta con líneas sólidas de investigación que permiten establecer, de manera preliminar, la identidad del presunto responsable como integrante de una corporación policial, sin precisar de cuál. Además, indicaron que las investigaciones continúan para el esclarecimiento pleno del hecho y reiteró que el caso no quedará impune.

La dependencia subrayó que actuará con estricto apego a la ley en el seguimiento del caso.

El comunicado no precisó el nombre de la víctima, la corporación policial involucrada ni las circunstancias exactas en que ocurrió el atropellamiento.

Hallan 75 envoltorios de presunta marihuana escondidos en una llanta en Culiacán

Elementos del Grupo Interinstitucional localizaron presunta marihuana oculta dentro de una llanta en la calle Federalismo, al suroeste de Culiacán, Sinaloa. El material fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.

Los Policías Estatales realizaban labores de seguridad y vigilancia en las inmediaciones de una plaza comercial cuando detectaron una bolsa de color negro en el interior de una llanta. Según el reporte, la situación les llamó la atención y se acercaron a revisar.

Dentro de la bolsa de plástico hallaron 75 envoltorios de color azul, con un peso aproximado de 1.53 kilogramos.

Los elementos describieron el contenido como hierba seca con las características propias de la marihuana, aunque la naturaleza exacta de la sustancia quedó pendiente de los peritajes que realicen las autoridades ministeriales.

Ataque armado en velorio deja tres muertos y cuatro heridos en Álvaro Obregón, Michoacán

Un ataque armado durante un velorio dejó tres personas muertas y al menos cuatro heridas en el municipio de Álvaro Obregón, Michoacán, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Luego del crimen, las autoridades revelaron las cifras preliminares y desplegaron un operativo de la Guardia Civil en la zona.

La SSP Michoacán informó que los heridos recibieron atención médica tras la agresión. El comunicado oficial no precisó el número de agresores, las armas utilizadas ni el momento exacto del ataque.

La Guardia Civil inició acciones de búsqueda y localización de los responsables y reforzó la seguridad en el municipio, ubicado a unos 20 kilómetros al oeste de Morelia. La Fiscalía General del estado de Michoacán abrió las diligencias e investigaciones correspondientes.

La SSP señaló que el operativo se mantuvo activo al momento de emitir el comunicado, sin que se reportara la detención de ningún implicado.

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Enfrentamiento en Matamoros deja dos detenidos y nueve armas largas decomisadas

Un enfrentamiento en Matamoros, Tamaulipas, dejó dos presuntos criminales lesionados y detenidos junto con el decomiso de un fusil Barrett calibre .50, luego de que personal del Ejército Mexicano repeliera un en las inmediaciones del Libramiento y la avenida La Gran Puerta de México, a la altura de la colonia Praderas de La Rioja, de acuerdo con la Vocería de Seguridad Tamaulipas en sus redes sociales oficiales.

Además del fusil Barrett, en el lugar fueron aseguradas ocho armas largas, una camioneta de alta gama y diverso equipo táctico. Uno de los vehículos en los que se desplazaban los presuntos agresores perdió el control y se impactó durante el enfrentamiento. No se reportaron elementos militares lesionados.

Las autoridades mantuvieron presencia en la zona y continuaron con las acciones de seguridad correspondientes. La Vocería de Seguridad Tamaulipas precisó que la información era preliminar y que se actualizaría a través de los canales oficiales.

Los hechos ocurrieron durante recorridos de seguridad y vigilancia que realizaba personal de la Secretaría de la Defensa Nacional en la ciudad fronteriza.

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La Fiscalía General de la República (FGR) supervisó el día de ayer, 9 de julio la destrucción de 64,263.14 gramos de droga incautada en distintos operativos realizados en El Salvador, con un valor estimado de 357,502.87 dólares.

El proceso, que se llevó a cabo con el apoyo de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS), abarcó la incineración de marihuana, cocaína y metanfetaminas confiscadas en diversas regiones del país.

Durante la jornada, representantes de la FGR, junto a equipos de la PNC y la SRS, realizaron la verificación del proceso de incineración. Las autoridades incluyeron la prueba de campo, el registro y la clasificación de cada tipo de droga antes de su destrucción. Según informó el Ministerio Público, este procedimiento responde a los lineamientos legales para la disposición final de sustancias ilícitas incautadas en operativos contra el narcotráfico.

Las sustancias destruidas corresponden a:

• 58,620.4 gramos de marihuana
• 4,937.322 gramos de cocaína
• 705.426 gramos de metanfetaminas.

La suma total, según detalló la FGR, asciende a 64,263.14 gramos, con un valor en el mercado ilegal de 357,502.87 dólares. Estas cifras fueron verificadas por personal técnico de la SRS, quienes certificaron cada fase del procedimiento.

Alcances de los decomisos y procesos judiciales

De acuerdo con la información oficial, los estupefacientes eliminados corresponden a 54 procesos de incautación ejecutados en los departamentos de Santa Ana, La Libertad, San Miguel, San Salvador y Sonsonate. Las autoridades confirmaron que los casos ya fueron judicializados, y los responsables cumplen condenas de prisión por delitos vinculados al narcotráfico.

El reporte indica que las incautaciones forman parte de operativos coordinados por el Gabinete de Seguridad, orientados a combatir el narcomenudeo y el tráfico a gran escala. Según la PNC, en lo que va del año se han decomisado múltiples toneladas de drogas y se han desmantelado redes de distribución en ciudades clave como San Miguel y San Salvador.

En El Salvador, los delitos relacionados con estupefacientes se encuentran regidos por la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas (LRARD). Esta normativa establece sanciones que oscilan entre 1 y 15 años de prisión, en función del tipo y cantidad de droga incautada, así como de la finalidad de la posesión.

La ley clasifica los delitos principalmente en tres categorías:

• Posesión y Tenencia (artículo 34): Para cantidades menores a 2 gramos, la pena va de 1 a 3 años de prisión. Si la cantidad es igual o superior a 2 gramos, la sanción es de 3 a 6 años de prisión.
• Tráfico Ilícito (artículo 33): Cuando se demuestra que la droga se posee con fines de comercialización, almacenamiento, exportación o distribución, la pena se fija entre 6 y 10 años de prisión.
• Transacciones y Actividades Derivadas (artículo 46): Las operaciones financieras o comerciales con bienes provenientes del narcotráfico se castigan con penas de 8 a 15 años de prisión.

Estas disposiciones legales buscan sancionar de forma diferenciada la posesión para consumo propio, el tráfico y las operaciones de lavado de activos relacionadas con el narcotráfico.

El combate al tráfico de drogas representa una prioridad para las autoridades salvadoreñas. Según información proporcionada por la PNC, los operativos han permitido interceptar cargamentos significativos y desarticular estructuras criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes.

El marco legal vigente y los operativos permanentes reflejan el enfoque del Estado salvadoreño en la reducción del tráfico y consumo de drogas, así como en la persecución penal de quienes incurren en estos delitos.

Un joven de 25 años denunció en Santiago del Estero que su sobrino lo llevó a un monte, lo golpeó y lo dejó atado a un árbol durante cinco horas. La Justicia investiga el caso como lesiones leves y amenazas y, según los primeros indicios incorporados al expediente, podría estar vinculado a un conflicto por drogas.

La denuncia fue presentada el miércoles por la noche en la Comisaría Nº 63, aunque el hecho, según el relato de la presunta víctima, había ocurrido el lunes al mediodía en el paraje Puestito de San Antonio. Según El Liberal, el joven afirmó que permaneció inmovilizado durante unas cinco horas antes de lograr desatarse por sus propios medios y regresar a su casa.

El denunciante, de apellido Arce, declaró que su sobrino, identificado como Yonathan, llegó a su vivienda y lo convenció de acompañarlo hasta una zona montuosa ubicada a unos 600 metros. Según su testimonio, le dijo que otras personas querían hablar con él.

Cómo describió el ataque y qué investiga la fiscalía

Al llegar al lugar, sostuvo que se encontró con dos amigos de su sobrino, a quienes identificó como “Coni” y “Pato”. De acuerdo con la denuncia, los tres lo atacaron a golpes de puño y con rebenques, luego lo maniataron y lo ataron a un árbol.

Antes de irse, los atacantes lo habrían amenazado para impedir que saliera a la calle. La denuncia cita dos frases textuales: “No salgas a la calle si no ya vas a ver lo que te va a pasar” y “Te vamos a violar”.

El joven aseguró que quedó retenido en ese lugar hasta que logró soltarse sin ayuda. Después volvió a su domicilio y más tarde resolvió radicar la denuncia en la seccional.

En un primer momento, señaló que mantenía “problemas de vieja data” con el acusado, sin dar más precisiones sobre el origen del conflicto. La publicación santiagueña indicó que, con el avance de las averiguaciones, surgieron elementos que llevaron a los investigadores a presumir que el episodio podría estar ligado a las drogas.

La causa quedó a cargo del fiscal de turno Martín Silva, quien dispuso que la víctima fuera examinada por personal médico de Sanidad. También ordenó que las actuaciones fueran remitidas al Ministerio Público Fiscal para continuar con la investigación.

De acuerdo con lo informado por Diario Panorama y El Liberal, el expediente fue caratulado de manera provisoria como lesiones leves y amenazas. La investigación seguía abierta para determinar el trasfondo del ataque y la participación de los otros dos hombres mencionados en la denuncia.

Una operación coordinada entre autoridades de Costa Rica, Estados Unidos, Colombia y Panamá permitió la captura de dos lanchas en el Pacífico Sur y el decomiso de 5,4 toneladas de drogas, además de la detención de seis sospechosos, en menos de 24 horas. El Ministerio de Seguridad Pública confirmó que se trata del segundo golpe consecutivo al narcotráfico en la zona marítima, lo que refuerza el trabajo conjunto regional en la lucha contra el crimen organizado.

El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos Valverde, informó que la acción más reciente se ejecutó cuando oficiales del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) del Servicio Nacional de Guardacostas interceptaron una lancha rápida a 145 millas náuticas (270 kilómetros) al suroeste de Golfito. La embarcación, identificada como “ANGEL DEL PACíFICO”, no portaba matrícula ni bandera y estaba equipada con tres motores fuera de borda de 200 caballos de fuerza cada uno.

Según el ministro Campos, la operación fue posible gracias al intercambio de información de inteligencia con la Armada de Colombia y autoridades panameñas, así como el apoyo aéreo de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de Estados Unidos (JIATFS). Las autoridades resaltaron la importancia de la cooperación internacional para rastrear y ubicar este tipo de embarcaciones en aguas internacionales.

A bordo de la lancha viajaban tres ciudadanos colombianos identificados por sus apellidos: Hidalgo (23 años, capitán), Gálvez (50) y Pertuz (31), quienes fueron aprehendidos cuando intentaban escapar. El traslado a Golfito se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y, una vez en tierra, agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) contabilizaron el cargamento: 150 paquetes con aproximadamente un kilo de cocaína cada uno y cerca de 2,750 kilos de marihuana, lo que suma un total de 2,900 kilos (2,9 toneladas) de droga.

El decomiso refuerza el saldo logrado en la madrugada del mismo miércoles, cuando otra lancha fue interceptada en el Pacífico Sur. Tras el conteo final de la carga, la PCD determinó que 2,526 paquetes de cocaína, con un peso estimado de un kilo cada uno, componían un total de 2,5 toneladas.

Las dos operaciones elevaron el número de personas aprehendidas a seis, de las cuales cuatro son de nacionalidad colombiana y dos ecuatoriana. La rápida respuesta de los equipos de seguridad evitó la fuga de los sospechosos y permitió asegurar la totalidad de las sustancias ilícitas que pretendían ingresar por la ruta del Pacífico.

El propio Campos enfatizó que la cooperación regional y el uso de tecnología de punta han sido determinantes para frenar el avance de las organizaciones criminales en el corredor marítimo centroamericano, donde la ruta del Pacífico Sur se ha consolidado como una de las principales vías para el tráfico de drogas hacia Norteamérica.

La PCD aclaró que los paquetes de droga incautados serán sometidos a análisis y se mantendrán bajo resguardo judicial, como parte de los procedimientos legales correspondientes. Los seis detenidos enfrentarán cargos por tráfico internacional de drogas, y las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar posibles nexos con redes transnacionales.

El decomiso conjunto representa el mayor golpe reciente al narcotráfico en aguas del Pacífico Sur costarricense, con un total de 5,426 kilos de estupefacientes incautados en apenas 24 horas, según el balance oficial difundido por el Ministerio de Seguridad Pública.

El ingreso de drogas y armas a los centros penitenciarios en Panamá no es nada nuevo. Las requisas realizadas en las cárceles dan cuenta de ello: drogas, celulares, armas blancas, e incluso de fuego, son encontradas con regularidad.

Además, las autoridades han declarado que desde las prisiones se dan las órdenes para fuera de esas estructuras cometer ilícitos e incluso atentar contra la vida de personas.

Ante esta realidad, el presidente José Raúl Mulino denunció el ingreso de drogas y armas a los centros penitenciarios, señalando que estos elementos entran por complicidad interna o mediante drones.

“Estamos implementando un sistema de bloqueo del espacio aéreo para que por encima de la cárcel ya no puedan volar drones”, afirmó.

El objetivo, según dijo, es impedir que desde áreas cercanas se utilicen drones para transportar o arrojar droga en las cárceles. Sobre la telefonía, explicó que se trabaja en un sistema técnico para bloquear señales en un radio determinado.

“Toda esa droga, todas esas armas, que entran a las cárceles, pasan por una puerta y ahí hay alguien, sea custodia o sea Policía Nacional, alguien permite que eso entre, y la que cae por dron, pero también hemos elaborado y estamos implementando un sistema de bloqueo del espacio aéreo para que por encima de la cárcel ya no puedan volar drones”, reiteró.

Sobre el nombramiento de Chanan Singh, como nuevo director del Sistema Penitenciario, dijo que este cuenta con experiencia para enfrentar la crisis de organización y corrupción que hay en las cárceles.

Singh se ha desempeñado como jefe nacional de seguridad del Banco Nacional de Panamá, asesor de inteligencia de la Presidencia de la República durante la administración del presidente Ricardo de la Espriella (1982-1984) y director encargado de la creación del cuerpo de seguridad de la Universidad de Panamá.

“Espero que limpie eso. Ese es un sistema que colapsó no solo por organización, sino también por corrupción”, afirmó el mandatario.

Recientemente, 195 privados de libertad protagonizaron la primera fuga masiva en el país, al evadirse del centro penitenciario La Joyita. “Alguien también dejó la puerta abierta”, apuntó Mulino.

Las declaraciones del presidente se dieron durante una visita a la atlántica provincia de Bocas del Toro donde también recorrió las instalaciones de la empresa bananera Chiquita, que de acuerdo a la nota divulgada por la Presidencia de la República se apresta a exportar unos 11 millones de cajas del producto para los próximos meses y aproximadamente 15 millones de cajas para el siguiente año.

Durante la recorrido, se dijo que el mandatario constató la actividad productiva de la Finca 12, plantación de 200 hectáreas, una de las 20 zonas que se trabajan en la actualidad.

Mulino también inauguró una instalación deportiva que en esta primera fase cuenta con una Arena Multipropósito, con el edificio del Centro de Alto Rendimiento para deportes de combate, gimnasia artística y un gimnasio de pesas, así como con una piscina olímpica techada con especificaciones internacionales y capacidad para 500 personas, también cuenta con estacionamientos y obras complementarias, de acuerdo con una nota de prensa oficial.

El plan maestro, según la información, proyecta también un estadio de fútbol con capacidad para 3,000 aficionados, un estadio de béisbol de pequeñas ligas, auditorio, plazas públicas, áreas recreativas, ciclovías, fondas y otros espacios destinados al desarrollo integral del deporte y la convivencia comunitaria.

De igual manera, Mulino también entregó unos 125 títulos de propiedad de tierras, que benefician a 500 personas, además de 80 soluciones habitacionales.

Madres, padres, profesores y alumnado de un colegio público en San Juan de Lurigancho (SJL) atraviesan horas de tensión tras la denuncia sobre un menor que, según los informes de su familia, habría sido dopado por una compañera durante el horario escolar.

La madre del estudiante relató a ATV Noticias que su hijo recibió una sustancia tóxica, aparentemente clonazepam, de parte de una alumna de segundo año, lo que provocó que el menor se desvaneciera dentro del aula.

“Mi hijo está internado desde el día antes de ayer por el caso de que una niña de segundo F le ha dado sustancias tóxicas, droga, dentro del colegio, en hora de clases. Mi hijo se ha desvanecido, prácticamente sin poder caminar, inconsciente, sin hablar”, expresó.

Según su testimonio, la respuesta de las autoridades escolares fue insuficiente. “La directora, los profesores, los docentes no han hecho nada al respecto. No han llamado ni al hospital ni a nada, he tenido que venir yo, saliendo de mi trabajo, a llevarlo inconsciente”, continuó la madre.

El estudiante permanece bajo observación médica en un hospital local. “Está todavía con dolor de cabeza, mareos, inconsciente, pero ya le han desintoxicado y está un poco más estable”, detalló la mujer, confirmando que los médicos realizaron un lavado gástrico para contrarrestar los efectos de la sustancia. Se prevé que el menor permanezca internado al menos tres días más mientras continúa el monitoreo de su evolución.

Denuncian falta de control escolar

El episodio reavivó la preocupación de las familias por la seguridad de los estudiantes en el colegio Santa María. La madre del afectado afirmó que este incidente no sería un hecho aislado.

“No es primera vez que esta niña está haciendo esto, ya viene haciendo estas cosas y tienen conocimiento los profesores, la directora, tienen conocimiento de que la niña ya viene así en ese estado”. Según su relato, la principal medida adoptada por las autoridades ha sido la expulsión de los implicados, sin mayor investigación ni comunicación con los padres.

“Solo la niña me indica que la han expulsado y, en anteriores casos, también ha habido niños ofreciendo o dando drogas y lo que han hecho es expulsarlos”, explicó la madre. Este testimonio fue reforzado por otras madres de familia, quienes expresaron su indignación ante la falta de acción y transparencia.

“Yo me siento indignada, de verdad. Estos casos que pasan en un centro educativo y es lamentable que la directora no puede hacer nada. Y es indignante los casos que está pasando”, declaró una de ellas.

En el ambiente escolar persiste la inquietud ante la posible venta de drogas dentro del plantel. Una madre advirtió que “hay dos niños que venden droga adentro. ¿Cómo va a permitir eso la directora de turno tarde, cuando nuestros pequeños pueden encontrar eso y lo pueden absorber sin saber qué es lo que están cogiendo?”.

Las acusaciones también incluyen el presunto encubrimiento de los hechos por parte de las autoridades escolares. “Encima tapa cosas y dice una cosa, a mí incluso me dijo: ‘He llamado a la policía por el caso de tu hijo’. Y cuando no ha sido así, simplemente la policía ha estado afuera porque ha estado su guardia, no sé... Siempre se dirige a mi hijo de una manera horrible, que no debería de una docente hacer eso”, relató la madre del escolar.

Iban a ser utilizadas por mercerarios libios. Ahora formarán parte de la flota de Vigilancia Aduanera, la unidad de élite de la Agencia Tributaria que combate el narcotráfico y el contrabando. El objetivo es que estén operativas “el último trimestre del año”, señala un portavoz de la Agencia. Se trata de dos patrulleras de 38 metros de escola construidas con casco de aluminio que están en el puerto de Algeciras, en Cádiz. Fueron incautadas en agosto de 2025 cuando iban a bordo de un carguero de bandera de Liberia, el ‘Lila Mumbai’, con destino a Libia. Guardia Civil y Vigilancia Aduanera decidieron interceptar el barco en Ceuta, ya que sospechaban de que llevaba material militar al país africano, que tiene una orden de embargo por parte de Naciones Unidas.

La sospecha era cierta. El carguero llevaba estas dos patrulleras, dos lanchas de desembarco de tropas y seis lanchas más pequeñas. Todas con las siglas de TBZ, la milicia Tariq Bin Ziyad. Este grupo de mercenarios está vinculado a la trata de seres humanos, los crímenes de guerra y el contrabando, y actúan bajo la protección de Jalifa Hafter, el señor de la guerra del este de Libia, que controla ese territorio y con el que algunos Estados de la UE quieren colaborar para frenar la inmigración irregular. Esta región es de riesgo extremo, con presencia de grupos armados, altas tasas de delincuencia, secuestros y la amenaza constante de artefactos explosivos sin detonar. Exteriores recomienda no viajar allí. El Gobierno reconocido por la comunidad internacional está en el oeste, con Trípoli como capital.

Tras un año depositadas en Algeciras, la Agencia Tributaria ha decidido, por fin, incorporar las dos patrulleras, las más grandes, a sus propios medios operativos. “Ya están adscritas provisionalmente a la Agencia. La adscripción definitiva está pendiente de decisión judicial y este no será un trámite rápido, así que toda la planificación es provisional hasta la decisión definitiva que está vinculada al proceso judicial del carguero ‘Lila Mumbai’“, explica a Infobae un portavoz de la Agencia. ”Una se destinará a Galicia, con Vigo como base de referencia, y la otra a Canarias. No hay fechas aún para el inicio de servicio, pero después de la necesaria puesta a punto se prevé el inicio de actividad en el último trimestre del año", matiza el mismo portavoz.

El sindicato SIAT pidió desde un primero momento que la Agencia estudiara la incorporación de estas embarcaciones con destino a Libia a la flota de la Hacienda española. “Las características de estas embarcaciones permiten que se puedan usar en la persecución y represión del narco-contrabando. Desde hace tiempo venimos reclamando a la Agencia que se soliciten en custodia las embarcaciones o vehículos aprehendidos, o bien se decomisen dichos medios tras una sentencia judicial, en lugar de sacarlos a subasta pública, para potenciar y satisfacer las necesidades organizativas de Vigilancia Aduanera por todo el territorio y costas nacionales. Estas actuaciones supondrían un ahorro al erario público y, sin lugar a dudas, redundaría en una mayor operatividad”, explica un portavoz de SIAT.

Déficit de maquinistas

Agentes destinados en embarcaciones similares, como el ‘Cóndor’, explican a este diario que de momento no tienen mucha información sobre el funcionamiento de estos barcos con destino a Libia. “Estos barcos iban a ser utilizados en el Mediterráneo y ahora van a prestar servicio en el Atlántico, son aguas muy distintas. Además, los barcos de más de 35 metros como es este caso requieren tripulaciones de 12 personas. Y hay déficit de maquinistas”, explican. “No sé si estarán disponibles para finales de año. Hace falta probarlas y un tiempo de entrenamiento”, señala el mismo agente. El plan es bautizar a estas dos naves como Tordo I y Tordo II (Aduanas siempre nombra a sus barcos con nombres de aves).

Todas las embarcaciones decomisadas en el ‘Lila Mumbai’ han sido fabricadas en los astilleros de Grandweld Shipyards, en Dubái, un centro industrial especializado en embarcaciones de alta velocidad. Su destino era Bengasi, en Libia. De momento Vigilancia Aduanera solo va a utilizar los dos patrulleros. En el carguero también iban dos lanchas de desembarco de tropas y seis lanchas interceptoras más pequeñas. “A corto plazo no se prevé incorporar otras embarcaciones de las interceptadas en el ‘Lila Mumbai’”, señalan desde la Agencia Tributaria.

Durante labores de inteligencia y verificación, los agentes, junto a unidades caninas y personal militar, localizaron una maleta de color negro que, según información de los tickets, había sido abandonada por un pasajero procedente de Nueva York, Estados Unidos. Tras identificar el equipaje sospechoso, el fiscal autorizó la apertura y aplicación del protocolo correspondiente. En el interior de la maleta se encontraron dos pacas de presunta marihuana camufladas entre prendas de vestir, con un peso total de 28.98 libras, cifra determinada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

La DNCD informó que el equipaje fue detectado durante una inspección rutinaria en la zona de llegadas y que las autoridades activaron los procedimientos de seguridad habituales. La droga incautada fue sometida a pruebas de laboratorio para confirmar su composición y peso exacto. El decomiso se realizó bajo estricta supervisión del Ministerio Público, que mantiene abierta la investigación para ubicar y arrestar al pasajero responsable del envío.

Refuerzan controles en aeropuertos y puntos de entrada

Autoridades indicaron que el sospechoso ya fue identificado de manera preliminar y que se encuentra en curso el proceso para ponerlo a disposición de la justicia. “El Ministerio Público y la DNCD desarrollan las investigaciones de lugar para ubicar, arrestar y poner a disposición de la justicia al pasajero, que de manera preliminar, ha sido identificado por las autoridades”, comunicó la DNCD en su reporte oficial.

La DNCD y el CESAC mantienen una política de vigilancia permanente en las terminales aéreas del país, en coordinación con otras agencias estatales, para fortalecer la capacidad de interdicción. Los operativos de control se extienden a puertos, fronteras, costas y zonas estratégicas del territorio nacional. Las autoridades recalcaron que el refuerzo de estos controles responde al incremento de intentos de introducir drogas desde el extranjero, principalmente desde Estados Unidos y Europa.

En lo que va del año, la DNCD ha reportado varias incautaciones de drogas en aeropuertos y otros puntos de entrada, reflejando el aumento en los decomisos de sustancias ilegales. La colaboración interinstitucional, sumada al uso de tecnología avanzada y sistemas de perfilamiento de pasajeros, ha permitido optimizar la detección y respuesta ante casos de tráfico.

La DNCD destacó que la cooperación con autoridades internacionales y la capacitación constante del personal son claves para enfrentar las nuevas modalidades del tráfico de drogas. Según la entidad, el compromiso del Estado dominicano es mantener y ampliar la capacidad operativa frente a este delito.

El Ministerio Público reiteró que las investigaciones para identificar y procesar a los responsables continuarán, al tiempo que invitó a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa vinculada al tráfico de estupefacientes. Las autoridades consideran fundamental la persecución de estos delitos para preservar la seguridad y la legalidad en los principales puntos de entrada al país.

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Panamá mantiene una intensa ofensiva contra el narcotráfico. Durante el primer semestre de 2026, las autoridades lograron decomisar 47,04 toneladas de sustancias ilícitas, una cifra que confirma al país como uno de los principales frentes de combate contra las organizaciones criminales que utilizan el istmo como ruta para el tráfico internacional de drogas.

Las estadísticas divulgadas por la Procuraduría General de la Nación muestran que, entre el 1 de enero y el 30 de junio, las Fiscalías Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas, en coordinación con los estamentos de seguridad, ejecutaron múltiples operaciones que derivaron en importantes incautaciones, miles de aprehensiones y un elevado número de condenas.

El dato que más llama la atención es la concentración de las incautaciones en la red portuaria panameña. En los puertos ubicados tanto en el litoral Pacífico como en el Atlántico fueron decomisados 15.925,25 kilogramos de clorhidrato de cocaína, equivalentes a 15,92 toneladas.

Aunque esa cantidad representa cerca del 34% del total decomisado durante el semestre, las autoridades precisan que las zonas portuarias concentran aproximadamente el 69% de las operaciones de incautación, lo que evidencia que los puertos continúan siendo el principal objetivo de las organizaciones criminales para contaminar contenedores con destino a mercados internacionales, especialmente Norteamérica y Europa.

Panamá posee uno de los sistemas portuarios más importantes de América Latina y su posición geográfica, junto con la conectividad marítima que ofrece el Canal de Panamá, la convierten en un punto estratégico para el comercio mundial, pero también en un territorio permanentemente vigilado por las redes dedicadas al narcotráfico.

Las cifras del Ministerio Público también reflejan la dimensión de la actividad investigativa desarrollada durante los primeros seis meses del año.

En ese periodo fueron aprehendidas 2.246 personas por delitos relacionados con drogas. De ellas, 2.042 son hombres, equivalentes al 90,9%, mientras que 204 corresponden a mujeres, es decir, el 9,1% del total.

El comportamiento mensual mostró variaciones moderadas. Febrero registró el mayor número de capturas con 445 personas aprehendidas, mientras que junio cerró con 294, lo que representa una disminución respecto a los primeros meses del año.

Esa reducción puede responder tanto a cambios en la dinámica de las organizaciones criminales como a la planificación operativa de las investigaciones desarrolladas por las autoridades.

Otro indicador relevante corresponde a la respuesta judicial. Durante el semestre se emitieron 1.652 sentencias condenatorias, un volumen que refleja el avance de los procesos penales iniciados por las fiscalías especializadas y el nivel de judicialización alcanzado en este tipo de delitos.

Las autoridades consideran que la relación entre personas aprehendidas y condenas evidencia una capacidad sostenida para llevar las investigaciones hasta etapas de decisión judicial, fortaleciendo la persecución penal contra las estructuras dedicadas al tráfico de drogas y delitos conexos.

En cuanto a la distribución territorial de las incautaciones, Colón continúa encabezando la lista de provincias con mayor cantidad de droga decomisada, seguida por Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Los Santos, Veraguas, Coclé, Darién, Guna Yala, Herrera y Bocas del Toro.

Los resultados publicados por el Laboratorio de Sustancias Controladas de la Subdirección de Criminalística muestran además que la cocaína sigue siendo la droga predominante en los decomisos realizados en el país.

De las más de 47 toneladas incautadas, alrededor de 28,47 toneladas corresponden a cocaína, equivalente a poco más del 60% del total, mientras que la marihuana representa cerca del 39%, con aproximadamente 18,45 toneladas decomisadas.

En menores cantidades también fueron detectadas otras sustancias ilícitas, entre ellas metanfetaminas, THC, MDMA o éxtasis y otros compuestos sintéticos, lo que confirma que las organizaciones criminales diversifican cada vez más los tipos de drogas que movilizan por el territorio panameño.

La ubicación geográfica de Panamá continúa siendo uno de los principales desafíos para las autoridades. El país se encuentra entre las zonas productoras de cocaína de Suramérica y los grandes mercados consumidores del hemisferio norte, condición que obliga a mantener operaciones permanentes en costas, puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.

La Procuraduría General de la Nación destacó que estos resultados son producto del trabajo conjunto entre las Fiscalías Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas y los distintos estamentos de la Fuerza Pública, reafirmando el compromiso institucional de fortalecer las investigaciones, judicializar a las organizaciones criminales y combatir el narcotráfico conforme a las atribuciones establecidas en la Constitución y la legislación panameña.

Una requisa extraordinaria realizada por el Grupo de Operaciones Especiales del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en el penal de Chachapoyas permitió incautar drogas, bebidas alcohólicas y artículos prohibidos en varias áreas del establecimiento penitenciario.

El INPE, a través de su Grupo de Operaciones Especiales (GOES), desplegó una operación especial en el penal de Chachapoyas con la finalidad de detectar e incautar sustancias y objetos prohibidos.

Según informó el INPE, la intervención contó con la participación de 57 servidores penitenciarios, entre ellos 43 agentes del GOES, 14 efectivos de la Dirección de Seguridad Penitenciaria y personal de seguridad del propio establecimiento.

La revisión abarcó los pabellones de máxima, mediana y mínima seguridad, además del Régimen Cerrado Especial en sus etapas A, B y C. Durante la inspección, los agentes examinaron celdas, camas, servicios higiénicos, pertenencias de los internos, pasadizos, áreas comunes, techos, ventanas, barrotes, puertas y rejas.

Objetos y sustancias

El resultado de este operativo fue el decomiso de 16 bolsas de marihuana, dos envoltorios circulares con una sustancia pulverulenta con características similares a pasta básica de cocaína, un objeto punzocortante de fabricación artesanal, un cincel, cinco pipas artesanales, una botella de plástico de 1,5 litros con bebida fermentada, seis botellas de 600 mililitros con bebida fermentada, seis botellas de 500 mililitros con bebida destilada, cinco tabletas de sildenafil, diez tabletas sin identificación y cinco resistencias eléctricas artesanales.

El INPE detalló que todas las sustancias y objetos incautados quedaron a disposición de la autoridad competente para las diligencias e investigaciones correspondientes. Estas acciones buscan fortalecer la seguridad interna y contribuir a la lucha contra la inseguridad ciudadana, según la información oficial entregada por el instituto.

Seguridad y protocolos

Durante el desarrollo del operativo, el INPE aseguró el control permanente del establecimiento penitenciario, siguiendo de manera estricta los protocolos institucionales vigentes. De acuerdo con el reporte de la institución, el operativo se ejecutó sin incidentes y permitió identificar los puntos vulnerables en los que los internos intentaban ocultar objetos y sustancias prohibidas.

El Grupo de Operaciones Especiales es una unidad especializada que responde a situaciones de alto riesgo dentro de los penales peruanos. Según el comunicado del INPE, su intervención en el penal de Chachapoyas se inscribe en una estrategia nacional para intensificar las requisas y prevenir la proliferación de actividades ilícitas en los centros penitenciarios del país.

El INPE reafirmó que continuará intensificando las requisas en los diferentes establecimientos penitenciarios, en el marco de las acciones orientadas a garantizar la seguridad interna. Estas intervenciones buscan reducir la incidencia de delitos cometidos desde el interior de los penales y evitar que sustancias ilícitas y objetos peligrosos circulen entre la población penitenciaria.

De acuerdo con la información difundida por el propio INPE, las requisas extraordinarias forman parte de un plan de acción que involucra la revisión periódica de los ambientes y la coordinación entre diversas áreas de seguridad penitenciaria. El operativo realizado en el penal de Chachapoyas se suma a otras acciones similares ejecutadas en diferentes regiones del país.

Autoridades y procedimientos

El destino final de las sustancias y objetos decomisados será determinado por las autoridades judiciales y policiales, quienes realizarán las investigaciones correspondientes para identificar responsabilidades y establecer posibles vínculos con redes de tráfico ilícito al interior del penal.

Por su parte, la Dirección de Seguridad Penitenciaria y el personal de seguridad del establecimiento mantuvieron la vigilancia y el orden durante toda la intervención, cumpliendo con los protocolos establecidos para este tipo de operativos.

El INPE reiteró su compromiso con la seguridad penitenciaria y la legalidad, señalando que las intervenciones extraordinarias continuarán ejecutándose en diferentes establecimientos penitenciarios del país como parte de la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado.

La Audiencia Nacional ha condenado a nueve años de prisión a Joakim Broberg, ciudadano sueco e hijastro de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, por delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. La sentencia, hecha pública este lunes, señala que Broberg participó en una red internacional dedicada al tráfico de marihuana y hachís entre España y Suecia, con suministro procedente de Marruecos durante los años 2019 y 2020. Según ha podido saber este medio, la fiscal ha exigido su entrada en prisión o, de lo contrario, la retirada de su pasaporte y prohibición de salir del país.

Lars Gunnar Sune Broberg, padre de Joakim y esposo de la alcaldesa, también fue investigado en el caso por presunto blanqueo de 6,3 millones de euros. El proceso contra él quedó archivado debido a su delicado estado de salud y falleció antes de celebrarse el juicio. El fallo afecta a 21 de los 24 acusados en el proceso, quienes recibieron penas de entre dos y 16 años de cárcel. Entre los condenados figuran 11 ciudadanos suecos, seis polacos, tres españoles, dos alemanes, un holandés y un macedonio. Según la resolución judicial, todos ellos formaban parte de una estructura orientada al transporte y distribución de estupefacientes y al blanqueo de los beneficios.

Su abogada, Sylvia Córdoba, confirma a Infobae que recurrirán la sentencia. Para la letrada, la decisión del juez es muy inestable. Considera que el tráfico de drogas “está metido con calzador” y que las pruebas aportadas no son suficiente para demostrar un vínculo de su cliente con la supuesta mafia. De hecho, celebra que no haya sido declarado culpable del delito de pertenencia a organización criminal, lo que ve como un indicio de su inocencia.

“La fiscal no preguntó a Joakim”, cuenta la abogada, explicando que su cliente se mostró, desde el principio, dispuesto a declarar y que no es nada habitual que desde la acusación opten por no hacer preguntas. “Le condenan por unos hechos que han sido juzgados en Francia y que tienen un detenido”, relata Sylvia Córdoba. Defiende la inocencia de Broberg, al que considera que han condenado por narcotráfico sin pruebas con peso suficiente.

Broberg señala “motivaciones políticas”

Broberg ha roto su silencio tras la sentencia de la Audiencia Nacional en una entrevista con Sydkusten. Insiste en que el proceso ha tenido “motivaciones políticas” y niega cualquier participación en una red criminal. “Ya estamos preparando una apelación que estoy seguro de que ganaremos”, señala, mientras critica que la fiscalía solicitara inicialmente 18 años de prisión y una multa de 30 millones de euros. El tribunal finalmente rebajó la pena a nueve años y 4,9 millones de euros de multa al no acreditar su pertenencia a una organización criminal.

El empresario relata que fue arrestado en Brasil, donde asegura que residía por la pandemia, y denuncia irregularidades en el proceso de extradición. La sentencia aún no es firme y Broberg se mantiene en libertad condicional. Insiste en su inocencia y en que su situación “se ha utilizado para intentar perjudicar políticamente a Ángeles Muñoz”. Su defensa prepara la apelación, y sostiene que no tiene miedo de ir al Supremo si hiciese falta.

El Ministerio de Seguridad Pública de Panamá anunció la creación de la Compañía de Operaciones Aéreas No Tripuladas (Coant), una nueva unidad especializada del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) que utilizará drones para fortalecer la vigilancia en las zonas fronterizas, ampliar la capacidad de inteligencia aérea en tiempo real y apoyar las operaciones contra el crimen organizado y el narcotráfico.

La nueva unidad forma parte del Plan Firmeza, la estrategia con la que el Gobierno busca reforzar el control territorial en áreas consideradas vulnerables por su ubicación geográfica, difícil acceso y uso por parte de redes criminales transnacionales.

De acuerdo con la información oficial, la Coant incorporará aeronaves no tripuladas para mejorar el monitoreo de rutas, detectar movimientos ilícitos con mayor rapidez y apoyar la toma de decisiones en operaciones de seguridad.

El Minseg no informó cuántos drones integrarán la nueva compañía, qué modelos serán utilizados ni el monto de la inversión. Tampoco detalló si las aeronaves estarán equipadas con sensores térmicos, cámaras de visión nocturna u otros sistemas especializados.

Por ahora, la comunicación oficial se ha centrado en el objetivo operativo de la unidad: ampliar la vigilancia estratégica y apoyar las acciones de Senafront en zonas fronterizas.

La Coant estará adscrita al Servicio Nacional de Fronteras, institución encargada de la seguridad terrestre en áreas limítrofes, especialmente en la frontera con Colombia, donde confluyen desafíos vinculados al narcotráfico, la migración irregular, el tráfico de armas, la trata de personas y otras economías ilícitas.

El uso de drones permitiría cubrir áreas selváticas, fluviales o de difícil acceso donde el despliegue terrestre suele ser más lento, costoso y riesgoso para los agentes.

El ministro de Seguridad Pública, Frank Abrego, señaló que la incorporación de estas herramientas busca dotar a las fuerzas de seguridad de tecnología de vanguardia para proteger la soberanía nacional, consolidar el control territorial y mantener una respuesta firme frente a las amenazas del crimen organizado.

La creación de esta unidad se da pocos días después de que el presidente José Raúl Mulino colocara la seguridad como uno de los temas centrales de su informe a la Nación ante la Asamblea Nacional, el pasado 1 de julio.

En su discurso, el mandatario aseguró que el narcotráfico sigue siendo “el principal factor que alimenta la inseguridad” en el país y advirtió que el objetivo del Estado no debe limitarse a incautar más droga, sino a impedir que el territorio panameño sea utilizado como ruta de tránsito.

“Hoy tenemos muchas más incautaciones, es decir, el tráfico aumentó. Aquí el tema no es incautar más, es que no pase droga por nuestro país”, afirmó Mulino durante su intervención.

El mandatario también anunció que el Gobierno aumentará la cantidad de efectivos en las calles e incorporará cámaras corporales, drones y mayor presencia en los barrios. Además, adelantó que Panamá convocará a países de la región para impulsar un plan integral de lucha contra el narcotráfico, al considerar que se trata de un problema que no puede enfrentarse de manera aislada.

La apuesta por aeronaves no tripuladas responde a una tendencia creciente en materia de seguridad. Los drones permiten obtener imágenes aéreas, dar seguimiento a movimientos sospechosos, ubicar posibles rutas clandestinas y reducir la exposición del personal en zonas de riesgo.

En territorios como Darién, donde la selva, los ríos y la ausencia de infraestructura vial dificultan los patrullajes tradicionales, estas herramientas pueden convertirse en un multiplicador de fuerza para las unidades en campo.

Sin embargo, el uso de drones en tareas de seguridad también abre interrogantes sobre protocolos, resguardo de información, límites de vigilancia y mecanismos de rendición de cuentas. La información pública disponible aún no detalla cómo se almacenarán las imágenes captadas, qué criterios regirán los sobrevuelos ni qué controles existirán para evitar usos indebidos en comunidades fronterizas o zonas habitadas.

El contexto regional aumenta la relevancia de esta decisión. Panamá es un punto estratégico para el tránsito de mercancías, personas y también para redes criminales que utilizan corredores terrestres, marítimos y portuarios.

Mulino ha insistido en que parte de la droga que llega a Europa sale desde puertos panameños, con complicidad de distintos actores, por lo que anunció más controles junto con la Autoridad Nacional de Aduanas.

Con la Coant, el Gobierno suma un componente tecnológico al Plan Firmeza y refuerza el papel de Senafront en la vigilancia de las fronteras. El desafío será demostrar que la nueva unidad no solo mejora la capacidad de observación del Estado, sino que también produce resultados verificables en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla detuvo a Diego “N”, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a quien vinculó con el incendio de un automóvil en el que se hallaron restos humanos en la entidad. La corporación informó que el arresto se realizó en la capital poblana y que el hombre tenía 30 años.

De acuerdo con la SSP, el detenido viajaba en un vehículo presuntamente relacionado con los hechos ocurridos el lunes 22 de junio de 2026 en el Periférico Ecológico, donde un auto fue incendiado y en su interior se localizaron restos humanos.

La SSP detalló que, durante la intervención, las fuerzas de seguridad aseguraron al detenido un arma de fuego corta, cartuchos útiles, dinero en efectivo y envoltorios con presunta droga: marihuana, cristal y piedra. La dependencia no precisó cantidades ni el tipo de arma.

En las labores operativas y de inteligencia participaron la Secretaría de Marina (Semar), la SSP y la Fiscalía General del Estado (FGE), según la autoridad estatal. La corporación señaló que la detención formó parte de acciones coordinadas para ubicar a posibles responsables relacionados con hechos de violencia en Puebla.

Tras el arresto, el probable responsable quedó a disposición del Agente del Ministerio Público para profundizar en las investigaciones y definir su situación jurídica. La SSP no informó si la detención derivó en cateos, órdenes de aprehensión adicionales o el aseguramiento de más personas.

Sobre el caso al que se le asoció, la autoridad reportó que el 22 de junio de 2026 se localizó un vehículo incendiado con restos humanos calcinados en la lateral del Periférico Ecológico, a la altura de la 14 Sur, frente al Parque Centenario Chapulco, en Puebla. El reporte incluyó que se trató de un hecho registrado por la mañana.

Cuerpos de emergencia acudieron para sofocar el incendio de un automóvil SEAT Ibiza. Después de apagar las llamas, se descubrieron los restos humanos al interior de la unidad, según la información oficial.

La SSP agregó que, junto al vehículo abandonado, se localizó una cartulina con un mensaje de amenazas firmado por el grupo criminal identificado como el CJNG. La autoridad no difundió el contenido del mensaje ni informó si fue incorporado como indicio en la carpeta de investigación.

La dependencia estatal sostuvo que, con acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, las instituciones de seguridad y procuración de justicia reafirmaron su compromiso de combatir a los grupos generadores de violencia y garantizar la tranquilidad de la población en Puebla.

• Detuvieron a Diego “N”, presunto integrante del CJNG, ligado al incendio de un auto con restos humanos en Puebla.
• La SSP aseguró un arma corta, cartuchos, efectivo y presunta droga; el detenido tenía 30 años.
• El hecho asociado ocurrió el 22 de junio de 2026 en el Periférico Ecológico, donde hallaron un SEAT Ibiza incendiado y una cartulina con amenazas firmadas por el CJNG.

El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) opera en Puebla principalmente a través de su brazo armado autodenominado “Operativa Barredora”.

Su presencia se centra en delitos como el narcomenudeo, el cobro de piso, la extorsión y la violencia de alto impacto, como ejecuciones y abandono de restos humanos.La presencia del grupo y las recientes acciones de seguridad incluyen:

Zonas de Operación: Sus actividades se concentran en la capital del estado (Área Metropolitana) y municipios de la región conocida como el Triángulo Rojo, como Tecamachalco.

Actos de Violencia: El grupo ha sido vinculado a hechos violentos recientes en la zona metropolitana, incluyendo el hallazgo de vehículos calcinados con restos humanos en el Periférico Ecológico y atentados con explosivos.

Golpes de la Autoridad: En operativos recientes de fuerzas federales y estatales, autoridades de la Secretaría de Marina (SEMAR), la SSP y la Fiscalía General del Estado (FGE) han logrado capturar a presuntos operadores de alto nivel y sicarios vinculados a esta célula.

Ocho venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua enfrentan cargos federales en Illinois y Texas por secuestros con resultado de muerte, asesinato y crimen organizado. El Departamento de Justicia realizó el anuncio el 2 de julio de 2026 tras investigaciones paralelas en Chicago y Dallas que documentaron dos episodios de violencia extrema.

Los casos incluyen el asesinato de un hombre en el sur de Chicago cuyo cuerpo fue hallado en un edificio abandonado, y el homicidio de un padre frente a su hija de 13 años y su sobrino de 12 años en el área de Dallas.

Todos los acusados son ciudadanos venezolanos que, según la acusación, ingresaron al país de forma ilegal entre diciembre de 2021 y abril de 2024.

Chicago: el cuerpo hallado en un edificio abandonado

El 18 de mayo de 2026, una víctima caminaba cerca del Parque Meyering, en el sur de Chicago, cuando fue forzada a subir a un vehículo. Los acusados la trasladaron a un apartamento y luego a un edificio abandonado con las muñecas atadas a la espalda.

La noche siguiente, la madre de la víctima llamó a la policía tras recibir instrucciones por WhatsApp sobre la ubicación del lugar. Los agentes encontraron al hombre muerto dentro de un baño: boca abajo, con múltiples disparos y heridas por golpes en la cabeza, el cuello y el torso.

La denuncia penal, presentada el 29 de junio, imputó a Josue Pacheco Torres (26 años), Julian Pachano (19) y Kleiver Monasterio Briceno, alias “Goofy” (20), por conspiración para secuestrar y comisión de un secuestro con resultado de muerte. Al momento del crimen, Torres llevaba un brazalete de monitoreo electrónico como condición de su libertad provisional en una causa pendiente en el Condado de Cook.

Dallas: un padre asesinado frente a sus hijos

El 24 de agosto de 2024, tres personas fueron secuestradas en Farmers Branch, Texas. Durante el episodio, uno de los acusados mató a uno de los secuestrados frente a una menor de 13 años y otro de 12.

Un gran jurado devolvió cargos el 30 de junio de 2026 contra cinco acusados: Hector Asdrubal Garcia Zuniga, alias “Murry” (36 años); Carlos Luis Zambrano Bolivar (27); Jhonny Jesus Martinez Serrano (31); Jhonatan Nahin Toro Gonzalez (23); y Ehiker Alexander Morales Mendoza, alias “El Ingeniero” (39).

Los cinco enfrentan cargos de conspiración de crimen organizado, secuestro y asesinato en beneficio de la organización. A Zambrano Bolivar se le imputa además el uso de un arma de fuego con resultado de muerte. Uno de los acusados se encuentra detenido en Colombia por cargos no relacionados.

Qué es el Tren de Aragua

El Tren de Aragua surgió como banda carcelaria en Venezuela a mediados de los años 2000 y extendió sus operaciones por el hemisferio occidental hasta establecer presencia en Estados Unidos. Sus actividades incluyen:

• Tráfico de drogas y armas
• Trata de personas, secuestros y extorsión
• Fraude financiero y robos
• Asesinatos para hacer cumplir las órdenes internas

En Estados Unidos opera a través de células regionales cuyos líderes responden a una cúpula con presencia en México, Centroamérica y Sudamérica. El 20 de enero de 2025, la administración Trump la designó organización terrorista extranjera.

El operativo y las cifras

Desde esa designación, el Departamento de Justicia acumuló cargos contra más de 300 miembros en 28 distritos. El director del FBI, Kash Patel, informó un aumento del 519% en arrestos de integrantes de la banda respecto a 2024, junto al desmantelamiento de más de 2.700 grupos violentos, un incremento del 365%.

Los ocho casos anunciados forman parte del Homeland Security Task Force y del Joint Task Force Vulcan, unidades interagenciales que coordinan la persecución de organizaciones criminales transnacionales en todo el país.

Las declaraciones de los fiscales

El fiscal general en funciones Todd Blanche sostuvo que “cientos de terroristas sospechosos y condenados del Tren de Aragua entraron a este país” durante la administración anterior, y cifró en casi 350 los miembros imputados desde enero de 2025.

El fiscal para el Distrito Norte de Illinois, Andrew Boutros, fue directo sobre el alcance de la persecución: “Nuestra meta es clara: desarticular y desmantelar al Tren de Aragua y no permitir que gane terreno en Chicago”.

Su par en Texas, Ryan Raybould, lanzó una advertencia a la organización: “No ganarán terreno en el Distrito Norte de Texas”.

Las penas posibles

Todos los imputados en ambos distritos pueden recibir cadena perpetua. Torres, Monasterio Briceno, Garcia Zuniga, Zambrano Bolivar y Martinez Serrano quedan expuestos además a la pena de muerte.

La denuncia y la acusación formal son alegaciones. Todos los acusados son presuntos inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable.

España es la puerta de entrada a Europa de la cocaína que se cultiva el Bolivia, Perú y Colombia y del hachís que se produce en Marruecos. La mayoría de los cargamentos entran por mar (oculto en contenedores que llegan a los puertos españoles o en veleros y lanchas rápidas). Los poderes públicas buscan todo tipo de fómurlas para combatir al narco. La Fiscalía Especial Antidroga ha activado una nueva vía para proteger a los agentes cada día se juegan la vida en el mar. El órgano especializado del Ministerio Público ha dictado una orden dirigida a la Policía Nacional, la Guardia Civil y a Vigilancia Aduanera (DAVA) para que detallen en todos sus atestados los ataques de las narcolanchas para poder perseguir también esos hechos como un delito de piratería.

Además, según ha publicado este jueves el diario ‘El Mundo’, altos mandos de la Guardia Civil han reclamado a la Dirección General de la Benemérita el uso de lanzagranadas para hacer frente a las grandes organizaciones del narcotráfico que operan en el Estrecho, la zona más conflictiva. La petición se produce en un contexto marcado por el aumento de la violencia, el uso de armas de guerra por parte de algunas redes criminales y la muerte de cuatro agentes en operaciones marítimas durante los dos últimos años. Un grupo de generales ha elevado varios escritos internos para pedir que se permita el uso de lanzagranadas MOD. GL-06 calibre 40 mm. Los mandos sostienen que hay 50 unidades disponibles, junto con su munición, y que podrían utilizarse para tratar de inmovilizar o inutilizar los motores de las narcolanchas durante las persecuciones.

“Los actos de violencia y acometimiento que cada vez con mayor intensidad se están produciendo en aguas internacionales y nacionales contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o miembros de Vigilancia Aduanera utilizando EAV [alta velocidad] u otras embarcaciones se vienen incrementando en los últimos años sin que se haya dado una respuesta punitiva suficiente para enfrentar el reto que estas activades violentas suponen contra la seguridad de la navegación marítima y contra la vida y la integridad física de los afectados”, señala la Fiscalía Antidroga, que recuerda que el artículo 616 del Código Penal castiga a “al que con violencia, intimidación o engaño, se apodere, dañe o destruya una aeronave, buque u otro tipo de embarcación o plataforma en el mar, o bien atente contra las personas, cargamento o bienes que se hallaren a bordo de las mismas, será castigado como reo del delito de piratería con la pena de prisión de diez a quince años”.

Aunque el delito de piratería suele perseguirse en hechos ocurridos en aguas internacionales, competencia de la Audiencia Nacional, la orden de Antidroga recoge la necesidad de ampliar estas directrices a episodios registrados en aguas de soberanía española, ya que el delito de piratería protege la seguridad de la navegación en el mar sin distinguir aguas internacionales o territoriales. De este modo, la orden firmada por la fiscal jefa Antidroga considera necesario que en todos los atestados, oficios o informes dirigidos a dicho departamento (ya sea en el ámbito de la Audiencia Nacional o en el territorial a través de las delegaciones) referidos a actuaciones en las que participen embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas, se informe de cualquier ataque directo o indirecto contra las embarcaciones oficiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de vigilancia aduanera.

Ayuda de la Armada

La Fiscalía Antidroga ya pidió en 2024 al Ministerio de Defensa la colaboración directa de la Armada en los abordajes a las embarcaciones de los narcotraficantes en alta mar cuando su presencia sea requerida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “El Estado se tiene que dotar de todos los medios, no puede estar en inferioridad de condiciones con los narcos”, señaló entonces la fiscal jefa antidroga, Rosa Ana Morán, en una entrevista concedida a Efe. La nueva petición de la Fiscalía coincide en el tiempo con la petición de estos generales, que no se plantea como una medida ofensiva convencional, sino como una herramienta de intervención frente a embarcaciones que, según los mandos citados por ‘El Mundo’, actúan con una capacidad de maniobra y una agresividad muy superiores a los medios disponibles por las patrullas.

Los sindicatos de la Guardia Civil y la Policía Nacional llevan tiempo reclamando el endurecimiento de las penas y el reconocimiento de su labor como profesión de riesgo. Los profesionales denuncian la falta de medios materiales y humanos y de compromiso por parte del Gobierno para liderar medidas que los protejan. Muchos narcos usan ya en Andalucía fusiles de asalto para enfrentarse a los agentes. A este clima de tensión se suma la muerte de cuatro guardias civiles en apenas dos años. La tragedia más reciente ocurrió el pasado mes de mayo en Huelva. Una colisión entre dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado causó la muerte de dos agentes en acto de servicio. En febrero de 2024, otros dos guardias murieron en Barbate (Cádiz) tras ser embestidos de manera deliberada por una narcolancha.

Los mandos que impulsan la solicitud de los lanzagranadas consideran que el uso de estas armas podría dar una respuesta más eficaz a las persecuciones contra narcolanchas de alta potencia. Su planteamiento se apoya en que el material ya existe, está almacenado y podría emplearse por personal formado a una distancia aproximada de 100 metros. También alertan de que los narcos conocen las limitaciones legales y operativas de los agentes, lo que, a su juicio, aumenta la sensación de desprotección durante las intervenciones.

La madrugada del miércoles, como detalló The New York Times, evidenció la dimensión del tráfico sexual de menores en Los Ángeles. Una operación conjunta de agencias federales y locales resultó en la detención de nueve personas vinculadas a la explotación de niñas de hasta 14 años en un tramo de 5,6 kilómetros de la calle Figueroa, conocido como “the Blade”.

La acción, denominada Operation Broken Blade, permitió desmantelar una organización ligada a la Hoover Criminal Gang, que durante años reclutó y sometió a decenas de menores mediante métodos de violencia, drogas y amenazas. El caso fue elevado a la justicia federal bajo la ley RICO, con más de 50 víctimas identificadas.

En ese mismo corredor, historias como la de Ana —quien fue reclutada por una red de trata a los 13 años y cuya experiencia fue documentada en profundidad por The New York Times Magazine— ilustran el drama diario de cientos de adolescentes atrapadas en un ciclo de explotación y abandono.

El origen de las víctimas y el entramado de captación

Según reveló The New York Times, la mayoría de las víctimas provenía del sistema de acogida del condado de Los Ángeles.

Otras habían huido de sus hogares y enfrentaban precariedad económica y emocional cuando fueron contactadas por los traficantes, quienes utilizaban redes sociales para atraerlas con promesas de lujos y protección.

La acusación sostiene que, una vez reclutadas, las menores eran marcadas con tatuajes en el rostro, cuello y glúteos con los apodos y símbolos de los explotadores, consolidando así la sumisión y el control. Los acusados también suministraban anfetaminas y oxicodona para inducir adicciones y asegurar la dependencia total de las víctimas.

Bill Essayli, fiscal federal, afirmó que “el número real de víctimas podría ser mucho mayor”. Detalló que cada nuevo arresto permite acceder a celulares y pruebas que amplían el alcance de la investigación, permitiendo descubrir más casos de explotación.

La estructura criminal y la respuesta policial

Las autoridades identificaron a seis de los detenidos como miembros de la Hoover Criminal Gang, organización que controla parte del sur de Los Ángeles y el corredor Figueroa.

El grupo, surgido en los años sesenta, no solo gestionaba la captación y explotación de menores, sino que dominaba moteles y puntos clave para operar con impunidad.

Uno de los detenidos es Mukeshkumar Rambhai Ahir, gerente del motel Stadium Inn & Spas, señalado por reservar habitaciones para el uso de los traficantes y beneficiarse económicamente. La detención de Ahir se realizó junto con la de otros miembros clave, y fue confirmada por ABC7.

El operativo contó con la participación de Homeland Security Investigations, la división de investigaciones criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

El uso de la ley RICO permitió a los fiscales imputar cargos de crimen organizado, tráfico sexual de menores y lavado de dinero, lo que incrementa las penas para los acusados.

Datos clave de la operación:

• “The Blade” es uno de los principales focos nacionales de trata de memores.
• Los acusados enfrentan una pena mínima de 15 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.
• La acción se suma a operativos anteriores, como el que en agosto llevó a la imputación de 11 miembros de la pandilla Hoover.
• El expediente incluye testimonios sobre explotación sistemática, cuotas nocturnas y castigos físicos severos ante incumplimientos.

El ciclo de la trata contado desde dentro: la historia de Ana

Ana es una joven cuya historia fue reconstruida por The New York Times Magazine y que se convirtió en un símbolo de las víctimas de explotación sexual infantil en el corredor de Figueroa. Su testimonio permite comprender el funcionamiento real de las redes de trata y la dificultad para romper ese ciclo.

Ana fue reclutada a los 13 años, junto a su hermana de 11, después de escapar del sistema de acogida del condado de Los Ángeles. Una supuesta amiga contactada por Instagram las llevó a un motel, donde la primera noche ya debían entregar USD 800 cada una, obtenidos a través de la prostitución. Ana recuerda cómo, desde el principio, la rutina se volvió mecánica y la calle una trampa de la que no podía salir.

Con el tiempo, Ana aprendió a sobrevivir en “the Blade”: debía acercarse a los autos por el lado del pasajero, cobrar antes de subir y regresar cada media hora para cumplir con la cuota, que llegó a superar los USD 1.200 diarios. Según relató la propia Ana, fue explotada por al menos 17 personas distintas y trasladada por varias ciudades, aunque siempre volvía a Figueroa.

La violencia era cotidiana. Las menores eran vigiladas de cerca y, en ocasiones, otras chicas las robaban o agredían para alcanzar sus propias cuotas. Ana sufrió lesiones físicas graves, adicciones inducidas y el abandono de su familia y de las instituciones. Incluso cuando intentó reconstruir su vida con ayuda de la organización Run 2 Rescue, que ofrece un entorno seguro y terapéutico, las secuelas emocionales y la falta de contención la llevaron a recaer en el circuito de la trata.

En palabras de la periodista Emily Baumgaertner Nunn, “la mayoría de las menores rescatadas termina regresando con sus traficantes, ya sea por miedo, dependencia emocional o falta de alternativas reales”. El caso de Ana muestra cómo, para muchas víctimas, “the Blade” termina siendo el único lugar donde se sienten parte de algo, aunque esa pertenencia esté marcada por el abuso y la explotación.

Violencia extrema y métodos de sometimiento

La acusación federal describe episodios de violencia física y psicológica. Cameron Lockett, de 23 años, fue acusado de golpear a una víctima en la espalda, arrancarle un trozo de la mejilla de una mordida y presionarla para mentir al personal médico.

Caleed Mouton, de 26 años, obligó a una menor a abortar y la forzó a retomar la explotación sexual pocas horas después. Otro de los implicados, Jorge Melendez, de 23 años, golpeó y arrastró a una niña de 14 años por no alcanzar la cuota impuesta.

El fiscal Essayli calificó el sistema de “absolutamente repugnante y horroroso”. El jefe de LAPD, Jim McDonnell, aseguró que la prioridad es “proteger a las víctimas, responsabilizar a los traficantes y restaurar la dignidad y seguridad en el corredor”.

Impacto institucional y nuevas medidas

La operación se produjo nueve meses después de una investigación de The New York Times que expuso la magnitud de la trata en la ciudad.

Tras la publicación, autoridades locales y del condado lanzaron nuevas iniciativas para endurecer penas y reforzar la protección de víctimas. Solo en el último año, la policía rescató a más de 50 menores del corredor Figueroa; la cifra de niñas identificadas en 2026 ya supera las 70.

El caso sigue abierto y se esperan nuevas revelaciones a medida que avance la revisión de pruebas y testimonios. La magnitud de la estructura desarticulada y el perfil de las víctimas reactivaron el debate sobre la eficacia del sistema de acogida y la necesidad de políticas más estrictas contra la trata de menores en Estados Unidos.

Esa es la lectura que hizo la médica psiquiatra e investigadora especializada en adicciones Geraldine Peronace durante su participación en Infobae a la Tarde. Para la especialista, la evolución del mercado ilegal responde, en buena medida, a una transformación de la demanda: el narcocomercio, sostuvo, “está muy atento a las necesidades de un mercado que, tristemente, pide sustancias cada vez más potentes”.

A partir de ese diagnóstico, planteó un interrogante que, a su juicio, debería ocupar un lugar central en el debate: “¿Qué nos pasa como sociedad para buscar ese tipo de experiencias?”.

Por qué aparecen drogas cada vez más potentes

Peronace recordó que hace una década, durante un congreso internacional sobre drogas sintéticas, ya se advertía que la potencia de estas sustancias crecería de manera sostenida. Con el paso de los años, dijo, aquellas proyecciones terminaron por confirmarse. En ese contexto, interpretó que la proliferación de nuevas moléculas refleja la capacidad de los laboratorios clandestinos para adaptar permanentemente su oferta y responder a las preferencias de los consumidores.

“Si el mercado libera cientos de nuevas sustancias es porque hay un público que las consume. Esto funciona por oferta y demanda”, resumió la psiquiatra, quien consideró que ese mecanismo explica la velocidad con la que aparecen compuestos desconocidos para los sistemas sanitarios y los organismos encargados de combatir el narcotráfico.

A su entender, el desafío ya no pasa únicamente por identificar las drogas que circulan, sino por comprender un mercado ilegal que modifica constantemente las fórmulas químicas para mantenerse un paso adelante de los controles y ofrecer sustancias cada vez más potentes.

El nuevo perfil de los consumidores

Ese cambio también se refleja en los consultorios. Lejos de la imagen tradicional asociada a las adicciones, Peronace describió un perfil integrado por personas que durante la semana mantienen una rutina laboral, académica o deportiva, pero concentran el consumo durante los espacios de ocio. “Trabajan, estudian y entrenan como cualquier otra persona. El problema aparece entre el viernes y el domingo, cuando comienza el policonsumo”, explicó.

A partir de esa experiencia clínica, sostuvo que cada vez identifica con mayor frecuencia lo que define como un “adicto de fin de semana”. Según planteó, una persona que consume únicamente los fines de semana durante varios años desarrolla igualmente una adicción, aunque no utilice sustancias de manera cotidiana. “No es el perfil que describen los libros, pero es el que vemos cada vez más seguido en la práctica clínica”, afirmó.

La especialista señaló que las llamadas drogas recreativas se integran hoy a determinados espacios de socialización, como fiestas, salidas nocturnas o encuentros que se prolongan durante horas e incluso días. En ese escenario, también ubicó el crecimiento del chemsex, una práctica que combina el consumo de sustancias con relaciones sexuales durante períodos prolongados.

Según explicó, comenzó a expandirse en Europa, inicialmente dentro de algunos sectores de la comunidad gay, y con el tiempo empezó a observarse también en otros grupos y en la Argentina.

Las adicciones, más allá del consumo

Para Peronace, estos cambios no pueden analizarse de manera aislada del contexto de salud mental. A su juicio, el aumento de los cuadros de ansiedad y depresión ayuda a comprender por qué muchas personas recurren a las drogas como una forma de aliviar el malestar cotidiano.

“La enfermedad del siglo es el trastorno depresivo mayor y una parte importante de esos cuadros está asociada al consumo de sustancias”, explicó, antes de señalar que, en muchos casos, las personas “terminan automedicando sus dolencias psíquicas”.

Desde esa perspectiva, sostuvo que detrás de los consumos problemáticos suele haber conflictos mucho más profundos que el uso de una sustancia en sí. “Muchas veces alguien no está pudiendo con algo en su vida y utiliza esas sustancias como una muleta química”, afirmó. Sin embargo, aclaró que las adicciones no responden a una única causa, sino a la interacción de factores personales, familiares, sociales y psicológicos.

Por ese motivo, definió a las adicciones como una enfermedad “multicausal y compleja”, que requiere abordajes integrales y, en muchos casos, también el acompañamiento del entorno familiar.

Más allá de las cifras que aporta el informe de la ONU, la especialista consideró que el principal desafío pasa por comprender que el fenómeno cambió. Hoy conviven consumidores con perfiles muy distintos a los de décadas anteriores, sustancias cuya composición se modifica de manera permanente y un mercado ilegal que evoluciona con rapidez para responder a nuevas formas de demanda.

Ese escenario, concluyó, obliga a repensar tanto las estrategias de prevención como las políticas de tratamiento frente a un problema que se vuelve cada vez más complejo.

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Un bebé de dos meses murió en Ituzaingó y la Justicia intenta establecer el contexto en el que todo sucedió. En simultáneo, al avanzar sobre la situación de sus padres, las autoridades encontraron drogas en su poder y fueron detenidos. Ahora, intentan determinar si existe alguna relación entre el consumo y el desenlace fatal.

El drama se desencadenó en una vivienda de la calle Belgrano al 23.200, en el tramo comprendido entre Haití y República del Salvador.

Según informó el portal Primer Plano Online, el pequeño Horacio Tadeo La Giglia dormía en la cama matrimonial junto a su padre y su madre, cuando fue hallado sin signos vitales. La reacción inmediata de los adultos fue llamar a una ambulancia y aplicar maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Los intentos lograron que el bebé recuperara momentáneamente la conciencia, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital del Bicentenario. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el niño falleció en el centro de salud.

La noticia del deceso activó la actuación de la fiscal María Alejandra Bonini, de la UFI Descentralizada N° 2 de Ituzaingó, quien inició una causa bajo la carátula de averiguación de causales de muerte. El procedimiento judicial busca esclarecer si hubo alguna acción u omisión imprudente o dolosa por parte de los padres.

Por el momento, no se atribuyó responsabilidad penal directa a los progenitores en la muerte del bebé. La autopsia ordenada por la fiscal Bonini será determinante para establecer si existieron factores externos o negligencia que hayan influido en el desenlace, o si se trató de una tragedia sin intervención humana. A simple vista, el cuerpo del niño no presentaba signos de maltrato.

Mientras los equipos médicos auxiliaban al menor, personal policial realizó una inspección en la vivienda en busca de indicios de maltrato o negligencia. El operativo derivó en el hallazgo de una gran cantidad de marihuana: se contabilizaron plantas, plantines y 925 cogollos de cannabis, además de balanzas de precisión, bolsas de embalaje y una termoselladora, elementos asociados al fraccionamiento y comercialización de sustancias ilícitas.

El hallazgo complicó la situación legal de los adultos. De esta manera, el padre del bebé, de 54 años, y su madre, de 32, fueron aprehendidos y puestos a disposición de los fiscales Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani, de la UFI N° 9 de Morón. Ambos enfrentan cargos por tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización, una figura penal de alta gravedad que prevé severas penas de prisión.

La semana pasada, se conoció la noticia de la muerte de un nene de 2 años en Salta. En esa oportunidad, su madre y su pareja fueron detenidos. Ahora, quedaron detenidos bajo prisión preventiva por homicidio agravado por el vínculo, en el caso de la mujer, y agravado por alevosía, que recae sobre el hombre.

Thiago fue llevado al Hospital Papa Francisco junto a la madre, pero su estado era delicado por lo que lo derivaron en código rojo a otro nosocomio. La joven manifestó a las autoridades policiales que su hijo se había caído de una cama de manera accidental, pero los profesionales de la salud advirtieron la gravedad de las lesiones que presentaba. De inmediato, se ordenaron las tareas del rigor y la Justicia comenzó a barajar otra hipótesis.

Según la hipótesis informada por el MPF, el padrastro habría provocado la muerte del niño mediante maniobras de asfixia y sofocación, mientras que a la mujer se le atribuye una conducta omisiva ante lo ocurrido.

Un reciente informe de la ONU alertó sobre el auge de drogas sintéticas más potentes en Argentina y el mundo, con laboratorios clandestinos que modifican compuestos y diversifican fórmulas químicas.

El nuevo Informe Mundial sobre las Drogas 2026, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés), advirtió sobre un "aumento sin precedentes" de sustancias más potentes y peligrosas en un mercado mundial donde 331 millones de personas consumieron drogas en 2024.

El informe difundido el viernes señala que el consumo mundial de drogas ilícitas aumentó 34% en una década y alcanzó al 6,2% de la población de entre 15 y 64 años.

En ese marco, según el reporte, Argentina se ubica dentro de un circuito que excede el rol de país de tránsito: crece el consumo y muestra señales de diversificación, aparecen nuevos compuestos químicos y se consolida un mercado de mezclas de sustancias.

La directora ejecutiva de la UNODC Monica Juma resumió la advertencia: “Hemos observado un aumento sin precedentes de nuevos tipos de drogas en el mercado y, lo que es preocupante, algunas son más potentes o peligrosas que antes”.

Según UNODC, en 2024 circularon 755 nuevas sustancias psicoactivas y 118 se informaron por primera vez.

El cannabis se mantiene como la droga más consumida, con 256 millones de consumidores, por delante de los opioides, las anfetaminas, la cocaína y el éxtasis.

América del Sur, especialmente Colombia, Bolivia, Perú, continúa siendo el principal centro de producción de cocaína, según detalla el documento. El 64% de las incautaciones de cocaína globales se realizan en Sudamérica, y Colombia representa cerca del 40% del total mundial.

La expansión del mercado también arrastra daños sanitarios y sociales: el consumo de drogas causa casi medio millón de muertes al año y solo 1 de cada 12 personas con problemas graves de adicción recibe tratamiento.

Este fin de semana, el médico psiquiatra, legista y neurólogo Enrique De Rosa Alabaster reflexionó en Infobae sobre el avance de la adicción múltiple: “El cambio de paradigma es que el problema ya no radica en una sustancia específica, sino en un contexto de poliadicción en el que se mezclan sedantes, residuos de todo tipo, drogas veterinarias, anestésicos y estimulantes.”

Argentina en el mapa de las nuevas amenazas químicas

El informe destacó que Argentina es, junto con Colombia y Chile, uno de los puntos claves en América del Sur para la circulación de la denominada “cocaína rosa” o “tusi”. Un producto que rara vez contiene cocaína. En realidad, el compuesto suele mezclar ketamina, metanfetamina y MDMA (éxtasis) y, en algunos casos, suma opioides sintéticos potentes como fentanilo o nitacenos.

Estas mezclas reflejan una nueva tendencia de uso polidrogas en Sudamérica, indica el documento. La combinación de compuestos aumenta la toxicidad y los riesgos para la salud, incluso en consumos recreativos o esporádicos.

“El mercado ilícito impuso las mezclas como respuesta a una sociedad que medicaliza su sufrimiento, en la cual el rendimiento es el eje existencial absoluto", resume De Rosa Alabaster.

“UNODC identifica a la Argentina y Chile (junto con Canadá) como las principales ubicaciones de laboratorios desmantelados de éxtasis (MDMA) fuera de sus focos históricos tradicionales (Europa Occidental, Oceanía y el Sudeste Asiático) entre los años 2020 y 2024. Los datos de interdicción policial ratifican esta realidad, registrándose el decomiso de más de 125 kilogramos de sustancias tipo MDMA en el último año”, señaló el Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires y responsable del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos bonaerense, Walter Martello.

Martello también advirtió sobre la popularidad creciente del “tusi” o “cocaína rosa” y detalló: “Este cóctel —surgido en Sudamérica y propagado velozmente a Europa— suele engañar por completo al consumidor joven al expenderse en entornos de ocio nocturno y fiestas electrónicas como si fuera cocaína de alta pureza, cuando en realidad contiene mezclas totalmente impredecibles y altamente letales de ketamina, MDMA, metanfetamina o adulterantes nocivos".

Mezclas adulteradas, nitazenos y urgencias difíciles de tratar

La ONU alertó sobre el avance de las drogas sintéticas porque el mercado ilegal se expande con rapidez, incorpora compuestos cada vez más potentes y favorece mezclas adulteradas y formas de consumo que elevan los riesgos sanitarios. El informe también advirtió sobre un desplazamiento desde opioides de origen vegetal hacia alternativas sintéticas como el fentanilo, los nitacenos y las orfinas.

La preocupación más inmediata está en las mezclas adulteradas que se venden con nombres engañosos y combinan estimulantes, depresores y alucinógenos. La llamada “agua de la felicidad”, detectada en Asia oriental y suroriental como un líquido con combinaciones de ketamina, metanfetamina, cafeína y benzodiazepinas.

La autora principal del informe, Chloe Carpentier, advirtió en declaraciones sobre la dificultad de atender estas intoxicaciones: “Los consumidores no saben qué han tomado, pero tampoco el personal sanitario que los atiende en caso de una urgencia”.

De Rosa Alabaster también remarca la falta de respuesta sanitaria y social frente a un consumo cada vez más complejo: “La falta de protocolos, de sistemas de triaje, la ausencia de estructura para la respuesta inmediata y, en casos urgentes, la imposibilidad fáctica (no teórica) de las internaciones, deriva en un eje del problema: hacer creer que aquel que se encuentra en una situación de necesidad de asistencia es el único culpable de su malestar.”

El uso no médico de la ketamina

La ketamina es un fármaco de uso extendido en medicina humana y veterinaria —principalmente como anestésico y analgésico— que la Organización Mundial de la Salud incluye como medicamento esencial y que no está sometido a control internacional. Sin embargo, el informe advierte que su uso no médico se reporta cada vez más en mercados de drogas de distintas regiones.

La ONU subraya que la ketamina cumple un rol clave en anestesia y atención de emergencias, incluso en sistemas sanitarios con pocos recursos y en zonas afectadas por conflictos. En paralelo, en las últimas dos décadas se amplió su estudio en psiquiatría y, en varios países, se autorizó su isómero S (esketamina) como tratamiento coadyuvante para la depresión resistente.

En términos históricos, el documento señala que el consumo no médico empezó a registrarse pocos años después de su síntesis (1962) y se consolidó en ciertos circuitos recreativos nocturnos n Estados Unidos y Europa occidental durante las décadas de 1980 y 1990. Tras un descenso al inicio del siglo XXI, volvió a repuntar con fuerza en ciertas regiones de Asia y Sudamérica, donde se convirtió en un componente de las mezclas circulantes.

La UNODC explicó que los fabricantes modifican fórmulas químicas para eludir regulaciones y evitar la detección. Según el organismo, en los decomisos de 2024 aparecieron cinco veces más tipos de drogas que antes del año 2000.

El número de nuevas sustancias psicoactivas en circulación llegó a 755 en 2024 y 118 se identificaron ese año por primera vez, de acuerdo con la oficina de la ONU. Los datos son contundentes y reflejan la velocidad con la que operan los laboratorios clandestinos.

Cannabis y nuevas rutas de consumo

En cuanto al cannabis, en Argentina se mantiene un prototipo de consumo similar al global, con cigarrillos de marihuana con mayor potencia del THC. El informe indicó que en regiones como América del Norte y Europa el contenido de THC creció mientras que el de CBD disminuyó.

El avance de estas sustancias no se limitó a polvos o pastillas. La ONU detectó cartuchos para cigarrillos electrónicos con cocaína, heroína y cannabinoides sintéticos y, en otras regiones, con opioides como los nitacenos.

La agencia también mencionó los llamados K-pods en Asia, con ketamina mezclada con etomidato, un anestésico hospitalario que puede provocar una pérdida rápida de conciencia al inhalarse. En espacios de ocio nocturno de Asia también circulan “piruletas de fiesta” con distintas combinaciones de drogas sintéticas.

La metanfetamina también amplió su alcance global. La UNODC indicó que nuevas rutas de tráfico y la expansión de la producción abrieron mercados en Oriente Próximo y Medio, África y partes de Europa, mientras Asia oriental y sudoriental mantiene un peso central en los decomisos.

El crecimiento del mercado, añadió la oficina de la ONU, también fortalece redes criminales, alimenta la violencia y complica la respuesta sanitaria. En muchas urgencias, la sustancia consumida no puede identificarse con rapidez, lo que vuelve más difícil decidir el tratamiento adecuado.

La operación arrancó gracias a la investigación sobre un hombre que, presuntamente, era el encargado de la logística en la introducción de droga en la isla. Los agentes detectaron que el sospechoso realizaba frecuentes viajes desde diferentes aeropuertos de Países Bajos hacia Ibiza, regresando al poco tiempo. Este patrón de viajes hizo saltar las alarmas de los investigadores, que sospecharon que podría estar vinculado a una red internacional dedicada al tráfico de drogas sintéticas.

Tras establecer un dispositivo de vigilancia en torno al sospechoso, los agentes pudieron localizar la vivienda que utilizaba temporalmente en Ibiza. Allí observaron cómo introducía varias maletas en el domicilio. Finalmente, la policía lo interceptó cuando portaba una de las maletas, que en su interior ocultaba aproximadamente 50 kilos de ketamina, una sustancia utilizada tanto en medicina como para el consumo ilegal.

Posteriormente, y tras recibir la correspondiente autorización judicial, los agentes practicaron un registro en el domicilio, donde hallaron otra maleta con unos 22 kilos de comprimidos de éxtasis, junto con 1.500 euros en efectivo. Ante el hallazgo de estas sustancias y las evidencias recabadas durante la investigación, el detenido fue puesto a disposición judicial, decretándose su ingreso inmediato en prisión.

Colaboración con Países Bajos

Paralelamente a las actuaciones en Ibiza, y en colaboración con las autoridades neerlandesas, se llevó a cabo otro operativo en la ciudad de Róterdam. Allí, la policía registró un almacén vinculado al mismo grupo criminal y a la persona arrestada en Ibiza. El resultado fue la intervención de 100 kilos de MDMA —la sustancia principal utilizada para fabricar éxtasis— y de 1.100 kilos de precursores químicos, suficientes para producir al menos 600 kilos adicionales de esta droga.

En el marco de esta operación, las fuerzas policiales neerlandesas detuvieron a otro de los principales responsables de la red criminal, quien también fue enviado a prisión. Se calcula que, con los precursores incautados, la organización habría podido fabricar enormes cantidades de drogas sintéticas destinadas principalmente al mercado nocturno, especialmente durante la temporada alta en Ibiza, conocida por la celebración de grandes fiestas y eventos internacionales.

La investigación, que continúa abierta, supone un importante golpe al tráfico internacional de drogas, cortando una de las vías de suministro de sustancias ilegales a la isla balear. No se descartan nuevas detenciones relacionadas con la organización criminal, considerada una de las más activas en la ruta de drogas sintéticas entre Países Bajos e Ibiza. La isla vive el problema de las drogas desde hace muchos años.

Miguel “N”, de 35 años, fue ingresado al Centro de Prevención y Reinserción Social de Ecatepec tras privar de la libertad a seis integrantes de su familia, entre ellos tres adultos y tres menores de edad en su domicilio del fraccionamiento Los Héroes, en el municipio de Tecámac, Estado de México.

El atrincheramiento duró más de 22 horas y movilizó a 150 elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno, según informó la Fiscalía.

Los hechos comenzaron la tarde del 25 de junio, cuando la madre del imputado alertó vía telefónica a elementos de la Policía Municipal de Tecámac: su hijo se había encerrado con su familia para evitar ser llevado a una clínica de rehabilitación para adicciones. Al llegar al lugar, los uniformados lo encontraron armado con un arma de fuego larga. Miguel “N” exigía que lo dejaran huir a cambio de liberar a sus familiares; de lo contrario, amenazaba con privarlos de la vida.

Prisión preventiva y situación jurídica pendiente

Miguel “N” fue trasladado e ingresado al Centro de Prevención y Reinserción Social de Ecatepec, a disposición de la autoridad judicial. En la Audiencia Inicial, el juez decretó la legalidad de la detención y fijó como medida cautelar la prisión preventiva.

La defensa del imputado solicitó duplicidad del término constitucional, por lo que la resolución definitiva de su situación jurídica quedó fijada para el 3 de julio de 2026. La FGJEM lo investiga por su posible participación en el delito de secuestro en agravio de seis integrantes de su familia.

Operativo de 150 elementos y evacuación de tres escuelas

El domicilio, ubicado en la calle Jesús García, casi esquina con Abraham González, en la Sexta Sección del fraccionamiento, quedó rodeado por efectivos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Civil de Tecámac y el Ejército Mexicano. La Fiscalía informó que 150 elementos acordonaron tres cuadras a la redonda.

La cercanía del inmueble con centros educativos obligó a las autoridades a evacuar a estudiantes de tres planteles: una secundaria, un jardín de niños y una guardería ubicados frente a la vivienda.

Personal especializado en negociación de secuestros de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició comunicación con Miguel “N” desde esa misma tarde, con el objetivo de lograr la liberación de las víctimas sin que se registraran heridos.

A lo largo del 26 de junio, la FGJEM continuó los trabajos de negociación. En un momento crítico, Miguel “N” volvió a amenazar con dispararle a su familia, lo que llevó a los agentes a tomar una decisión: ante el riesgo inminente, elementos de la policía ingresaron al domicilio, por lo que el imputado soltó el arma y fue detenido en ese instante por agentes de la Policía de Investigación.

La pena que enfrentaría Miguel “N”

La Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro fija en su artículo 9 una pena base de 40 a 80 años de prisión para quien detenga a una persona como rehén y la amenace con privarla de la vida. Esa es la acusación que actualmente pesa sobre Miguel “N”.

En su caso concurren al menos dos agravantes del artículo 10 que operan de forma independiente. La presencia de menores de 18 años entre los rehenes —tres de los seis integrantes retenidos eran niños— activa la Fracción I, que eleva el rango a 50 a 90 años. El vínculo familiar con las víctimas activa la Fracción II, que lo lleva de 50 a 100 años.

Atenuante por liberación sin daño

La misma ley contempla una reducción si las víctimas son liberadas sin que se concrete ninguno de los propósitos del artículo 9. Dado que la familia quedó libre el 26 de junio, es decir, dentro de los primeros diez días y sin lesiones reportadas, el artículo 12 establece una pena de 16 a 30 años, siempre que el juez determine que no hubo agravantes.

Si la defensa logra demostrar además que la liberación fue espontánea dentro de los primeros tres días y que no se logró ninguno de los propósitos del delito, el rango bajaría aún más: de 4 a 12 años de prisión. No obstante, esa vía es compleja: el propósito de Miguel “N” era evitar ser internado en una clínica, lo que podría encuadrar en el inciso b) del artículo 9, que sanciona obligar a los familiares a dejar de realizar un acto.

La Agencia Tributaria se gastará 2,6 millones en modernizar la capacidad operativa de la ‘joya de la corona’ de la flota de su unidad de élite, Vigilancia Aduanera. El Ministerio de Hacienda adjudicó el pasado 19 de junio el contrato para que el buque Fulmar, conocido dentro del cuerpo como el “terror de los narcos”, cuente con dos lanchas de asalto y dos nuevos pescantes con los que seguir interceptando los barcos que traen cocaína a través del Atlántico, generalmente veleros. Los trabajos correrán a cargo de la empresa gallega Gauzón Ibérica, que también suministra a la Armada Española.

Vigilancia Aduanera tiene dos buques de operaciones especiales, que son auténticos depredadores en el mar. Uno de ellos es el ya veterano Petrel I, fabricado en 1993 como barco oceanográfico. Y el otro es el Fulmar (ambos fueron bautizados con nombres de aves marinas de la misma familia), un patrullero de altura de 61 metros de eslora fletado en 2006, especializado en labores de lucha contra el narcotráfico y el contrabando gracias a su alta velocidad y su gran maniobrabilidad. Construido para navegar tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo, está dotado de un helipuerto para operaciones de evacuación de heridos o transporte rápido de personal, dos lanchas de asalto para ocho tripulantes y una autonomía de hasta 4.000 millas sin repostar.

Pero aunque Vigilancia Aduanera está muy orgulloso de su “terror”, reconoce que tiene “carencias”. En concreto, en las embarcaciones auxiliares, que son el medio usado por el buque para “interceptar, asaltar, perseguir y abordar sus objetivos”. Ya en el año 2015 se sustituyó la embarcación de estribor tras gastarse 314.721 euros. Esta lancha sufrió un accidente en marzo de 2023 en el curso de una operación, fruto de la cual se tuvieron que sustituir los equipos de comunicaciones y reparar y renovar los sistemas de izado de la misma.

Además, dada la antigüedad de la embarcación de babor (que es la original del buque) y los daños sufridos por la de estribor, la Agencia Tributaria “considera necesario sustituir ambas embarcaciones por otras de mayor manga, puntal y eslora y, en consecuencia, más pesadas. Hay que indicar, además, que estas embarcaciones cumplen una doble función: la indicada de abordaje de objetivos y la de rescate rápido de personal propio o ajeno, función que es exigible a buques del porte del Fulmar por los convenios internacionales de seguridad en la mar, manifestada en la obligatoriedad de disponer a bordo de este tipo de botes”.

También los pescantes para izar

Es decir, la Agencia quiere lanchas más grandes, por lo que también necesita sustituir los pescantes que las lanzan y las recogen del agua, “dado que los actuales no tienen ni la capacidad de carga ni el tamaño adecuado para las embarcaciones nuevas”, señala la memoria del contrato. “Por todo ello es necesario proceder a la renovación de los equipos indicados, sustituyéndolos por otros nuevos, más eficientes y más adecuados para las funciones auxiliares de asalto y abordaje imprescindibles para seguir llevando a cabo con éxito las funciones de vigilancia y represión del contrabando y otros delitos”.

Hacienda pensaba gastarse hasta 3,3 millones de euros en esta importante renovación: 1,15 millones en los pescantes, 1,25 millones en las dos lanchas y 900.000 euros en mano de obra e instalación. Pero al final solo invertirá 2,6 millones tras aprobar la oferta recibida por Gauzón Ibérica, que tuvo que realizar un informe para justificar esa oferta calificada como “baja desproporcionada”. Esta firma argumentó que sus materiales son más económicos por diversos acuerdos que mantiene con proveedores y que dispone de una estructura operativa con equipo técnico y medios propios distribuidos estratégicamente (Ferrol, Cádiz y Las Palmas), “lo que le permite reducir tiempos de respuesta y desplazamiento, disminuir costes logísticos y operativos, mejorar la coordinación de equipos y garantizar disponibilidad inmediata de personal y medios”.

¿Y cómo serán las dos nuevas lanchas de asalto? Estarán construidas con casco rígido de aluminio marino. “El casco de planeo estará construido en V profunda, adecuado para alcanzar altas velocidades en condiciones ambientales adversas”, explica la Agencia Tributaria. La eslora será de 9,10 metros y la manga de tres metros. Su desplazamiento a plena carga (hasta 15 tripulantes, pertrechos y 100% combustible) es de 4.800 kilos. Su velocidad máxima con solo tres tripulantes es de 43 nudos (unos 80 kilómetros por hora). Podrá tener hasta ocho asientos, todos ellos con una suspensión adecuada para las aceleraciones verticales que deberán soportar los tripulantes.

La imagen de un guardia civil acompañado por un perro detector de drogas es una de las más reconocibles de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Estos agentes trabajan en puertos, aeropuertos, estaciones o grandes dispositivos de seguridad buscando sustancias estupefacientes ocultas en equipajes, vehículos o mercancías. También forman parte de la lucha contra el narcotráfico otras unidades especializadas dedicadas a la investigación de organizaciones criminales. Pero, más allá de la labor que desempeñan, hay una pregunta que se repite con frecuencia: ¿Cuánto cobra un guardia civil especializado en detección de drogas?

La respuesta no es tan sencilla como dar una cifra concreta. A diferencia de lo que muchas personas creen, la Guardia Civil no establece un salario fijo para esta especialidad. La nómina depende del empleo del agente, de los años de servicio acumulados, del destino en el que esté destinado y de los complementos asociados al puesto que ocupa. Es decir, la especialidad influye, pero no es el único elemento que determina cuánto dinero llega a final de mes.

En el caso de los agentes dedicados a la detección de drogas, la horquilla más habitual se sitúa entre 2.000 y 2.400 euros brutos al mes, lo que equivale aproximadamente a entre 1.750 y 2.100 euros netos, dependiendo de las retenciones fiscales y de la situación personal de cada funcionario.

Qué conceptos forman el sueldo de estos agentes

La nómina de un guardia civil está formada por varios conceptos. El primero es el sueldo base correspondiente al grupo C1 de funcionarios, al que pertenece la Escala de Cabos y Guardias. Sin embargo, esta cantidad representa solo una parte del salario total.

A partir de ahí entran en juego los distintos complementos. El complemento de destino varía según el puesto ocupado, mientras que el complemento específico retribuye aspectos como la responsabilidad, la peligrosidad, la dificultad técnica o la disponibilidad que exige cada servicio. A ello se suman los trienios, que incrementan el sueldo por cada tres años de servicio, y la productividad, un concepto variable que depende de la actividad desarrollada y de las funciones desempeñadas.

Precisamente estos complementos son los que explican que no exista un “plus por detectar drogas” idéntico para todos los agentes. Aunque algunas publicaciones hablan de un complemento específico para los guías caninos, en la práctica la diferencia salarial responde al conjunto del puesto de trabajo y no únicamente a la especialidad.

En el caso del Servicio Cinológico, donde prestan servicio los agentes que trabajan con perros especializados en la detección de drogas, explosivos o personas, las estimaciones sitúan el salario habitual entre 2.000 y 2.300 euros mensuales, siempre con diferencias en función del destino y de la experiencia acumulada.

Las unidades contra el narcotráfico pueden percibir salarios más elevados

La detección de drogas no se limita al trabajo de los guías caninos. La Guardia Civil cuenta con otras unidades especializadas que centran su actividad en la investigación del narcotráfico y del crimen organizado. Entre ellas destacan los Equipos de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA), que investigan redes criminales relacionadas con el tráfico de estupefacientes, el contrabando y otros delitos económicos vinculados a estas actividades. Según algunas estimaciones, los agentes destinados en estas unidades pueden superar los 2.500 euros mensuales, especialmente cuando se suman la antigüedad, la productividad y los complementos específicos del puesto.

Algo parecido sucede con los guardias civiles destinados en Fiscal y Fronteras, una especialidad que desarrolla su labor en puertos, aeropuertos y otros puntos de entrada al país. En estos casos, las retribuciones suelen moverse entre 2.000 y 2.400 euros al mes, aunque la cifra puede variar según el destino concreto y las funciones asignadas.

Otras especialidades, como Criminalística o Intervención de Armas, también presentan salarios similares, mientras que unidades operativas como los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) pueden situarse en una horquilla aproximada de entre 2.300 y 2.800 euros mensuales, gracias a la naturaleza de sus cometidos y a los complementos asociados.

Dos presuntos integrantes de Unión Tepito fueron detenidos por la SSC en la alcaldía Venustiano Carranza con 140 dosis de aparente droga, un arma de fuego y un vehículo, en un caso que además expuso que uno de los capturados portaba un brazalete de seguridad y tenía un antecedente de ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado.

El aseguramiento ocurrió después de trabajos de investigación de gabinete y campo para prevenir delitos de alto impacto. La revisión derivó en el decomiso de 99 bolsitas con posible marihuana, 45 bolsitas con una sustancia sólida en piedra, 31 gramos de aparente crystal, tres teléfonos celulares de alta gama, dinero en efectivo, la llave del auto y una pistola corta con cargador y seis cartuchos útiles.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que los detenidos habrían estado vinculados a un grupo delictivo generador de violencia dedicado a homicidio, extorsión, venta de armas y venta de narcótico en la zona centro de la Ciudad de México.

La detención ocurrió en la colonia Jardín Balbuena tras denuncias por narcomenudeo y extorsión

Los hechos sucedieron en calles de la colonia Jardín Balbuena, donde policías capitalinos realizaban labores de inteligencia, vigilancia e investigación para atender denuncias ciudadanas por narcomenudeo y extorsiones.

Al circular por el cruce de Fernando Iglesias Calderón y Luis de la Rosa, los uniformados observaron a un hombre y una mujer dentro de un vehículo azul de alta gama. De acuerdo con el reporte oficial, ambos manipulaban envoltorios como los usados para la venta y distribución de narcótico.

Los agentes se acercaron para verificar la situación y descartar la posible comisión de un delito. Conforme al protocolo de actuación policial, realizaron una revisión preventiva.

Fue en esa inspección donde encontraron el arma de fuego corta, el cargador y los seis cartuchos útiles. También aseguraron las bolsas con aparente marihuana, la sustancia sólida en piedra y el crystal, además de los celulares, el efectivo, la llave de encendido y el automóvil.

Uno de los detenidos llevaba brazalete y tenía un antecedente penal de 2015

La policía detuvo a un hombre de 30 años y a una mujer de 29 años. Durante la intervención, los agentes detectaron que el hombre llevaba un brazalete de seguridad en el pie.

Según la SSC, el sujeto intentó persuadir a los policías para que desistieran de la detención. A pesar de ello, los elementos continuaron con el procedimiento y concretaron el aseguramiento.

Después, ambos fueron informados de sus derechos constitucionales. Junto con el vehículo y los objetos decomisados, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, que quedó a cargo de las indagatorias y de integrar la carpeta de investigación para definir su situación jurídica.

Un cruce de información permitió establecer que el hombre de 30 años registró un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 2015 por homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado.

La autoridad capitalina sostuvo además que, de acuerdo con las indagatorias, los dos detenidos al parecer pertenecían a Unión Tepito, organización delictiva señalada por actividades de homicidio, extorsión, venta de armas y narcotráfico en la zona centro de la capital.

La captura se sumó a los operativos desplegados en esa parte de la ciudad para contener delitos de alto impacto y atender reportes vecinales relacionados con cobro de extorsiones y venta de droga al menudeo.

• La SSC detuvo a un hombre y una mujer en Venustiano Carranza con más de 140 dosis de aparente droga, un arma y un vehículo.

• El hombre capturado portaba un brazalete de seguridad y tenía un antecedente de ingreso al sistema penitenciario en 2015 por homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado.

• Las autoridades señalaron que ambos al parecer pertenecían a Unión Tepito y que operaban en actividades de homicidio, extorsión, venta de armas y narcotráfico en la zona centro de la CDMX.

Una nueva controversia sacude a las agencias de seguridad de Estados Unidos luego de que el administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance C. Cole, solicitara una investigación independiente sobre una operación que presuntamente permitió la distribución masiva de fentanilo en el estado de Nuevo México durante dos años para rastrear a organizaciones criminales.

Aunque las circunstancias y los delitos investigados son distintos, el caso ha sido comparado con el polémico operativo “Rápido y Furioso”, desarrollado entre 2009 y 2011, cuando autoridades estadounidenses permitieron que miles de armas cruzaran ilegalmente hacia México con la intención de identificar a los líderes de los cárteles que las adquirían.

En ambos casos, el elemento que ha generado mayor polémica es la presunta decisión de permitir que actividades ilícitas continuaran temporalmente como parte de una estrategia de inteligencia, con el propósito de seguir la ruta de los responsables hasta niveles superiores de las organizaciones criminales.

La estrategia que marcó el caso Rápido y Furioso

El operativo “Rápido y Furioso” comenzó a gestarse el 26 de octubre de 2009, cuando altos funcionarios del gobierno estadounidense, entre ellos el entonces director de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), Kenneth Melson; la administradora de la DEA, Michele Leonhart; y el director del FBI, Robert Mueller, acordaron implementar una estrategia para combatir el tráfico de armas hacia México.

El plan consistía en no detener inmediatamente a los compradores sospechosos de adquirir armamento de alto poder. En cambio, los agentes debían seguir el recorrido de las armas hasta identificar a los integrantes de los cárteles mexicanos que finalmente las recibían.

La operación arrancó pocos días después, cuando una tienda de armas alertó a la ATF sobre un hombre que había comprado varios rifles AK-47. Conforme avanzó la investigación, las compras crecieron hasta sumar cientos de armas, mientras los agentes recibían instrucciones de limitarse a observar su traslado sin intervenir.

De acuerdo con investigaciones posteriores, alrededor de 2 mil 500 armas terminaron cruzando ilegalmente la frontera hacia México.

Sin embargo, la estrategia fue duramente cuestionada desde sus primeras etapas por agentes que consideraban insuficiente el marco legal para evitar que ese armamento terminara siendo utilizado en hechos violentos.

Las críticas se intensificaron en diciembre de 2010, cuando el agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry fue asesinado y, durante la investigación, se determinó que una de las armas recuperadas estaba vinculada con el operativo.

La existencia de “Rápido y Furioso” se hizo pública en 2011 tras diversas filtraciones, lo que provocó una crisis política entre ambos países y abrió investigaciones tanto en Estados Unidos como en México.

Mientras el gobierno mexicano aseguró inicialmente desconocer la operación, posteriormente surgieron versiones encontradas sobre el grado de conocimiento que tuvieron autoridades nacionales. Años después, la Fiscalía General de la República reabrió el caso y obtuvo órdenes de aprehensión contra exfuncionarios mexicanos presuntamente relacionados con la estrategia.

La nueva investigación por el presunto libre tránsito de fentanilo

Quince años después de aquella polémica, una nueva denuncia vuelve a colocar bajo escrutinio las tácticas empleadas por agencias estadounidenses.

El administrador de la DEA, Terrance C. Cole, solicitó que la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia realice una investigación independiente sobre las acusaciones hechas por el agente especial David M. Howell.

Según el denunciante, entre 2023 y 2025 se permitió deliberadamente la venta y distribución de grandes cantidades de fentanilo en Nuevo México con el objetivo de seguir las cadenas de distribución y fabricación de esta droga sintética.

Las acusaciones, difundidas por medios estadounidenses, sostienen que la estrategia buscaba identificar a integrantes de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de narcóticos, aun cuando el fentanilo ya representaba una grave crisis de salud pública en Estados Unidos.

Ante ello, Cole señaló que las decisiones operativas adoptadas por agentes que enfrentan diariamente a organizaciones criminales deben ser revisadas mediante una evaluación independiente y objetiva para determinar si existieron irregularidades.

Hasta el momento, la DEA no ha confirmado que dicha operación haya ocurrido en los términos denunciados, por lo que el caso permanece bajo investigación.

Similitudes y diferencias entre ambos casos

Aunque uno involucra armas de fuego y el otro presuntamente drogas sintéticas, ambos expedientes comparten un principio operativo similar: permitir que una actividad ilícita continúe bajo vigilancia con la intención de identificar a los responsables de mayor jerarquía dentro de organizaciones criminales.

No obstante, existen diferencias importantes.

En el caso de “Rápido y Furioso”, la operación fue confirmada oficialmente tras las investigaciones realizadas por el Congreso estadounidense y derivó en consecuencias políticas, judiciales y diplomáticas entre México y Estados Unidos.

En contraste, la presunta operación relacionada con el fentanilo aún se encuentra bajo revisión y su existencia depende de las conclusiones que arroje la investigación solicitada por la propia dirección de la DEA.

Pese a ello, el paralelismo ha reavivado el debate sobre los límites de las operaciones encubiertas y los riesgos de permitir que armas o drogas permanezcan en circulación como parte de estrategias de inteligencia. Para especialistas en seguridad, ambos casos ilustran el delicado equilibrio entre la obtención de información para desmantelar redes criminales y las posibles consecuencias de dejar que productos altamente peligrosos lleguen a manos de organizaciones delictivas.

La conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, cada 26 de junio, invita a revisar las acciones orientadas a evitar el inicio y la escalada del consumo en jóvenes y adolescentes.

Organismos como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) promueven la prevención basada en evidencia, con programas que priorizan el desarrollo de habilidades personales y familiares.

Modelos de prevención familiar enseñan a padres técnicas de crianza positiva y comunicación asertiva, lo que ayuda a reducir el riesgo de consumo temprano. En el entorno escolar, currículos de habilidades para la vida trabajan el manejo de emociones y la resistencia a la presión de grupo.

Paralelamente, los programas comunitarios ofrecen alternativas culturales y deportivas en zonas de alta vulnerabilidad social, abordando factores como la deserción escolar y la violencia familiar. “Las estrategias más eficientes ya no se basan en el miedo o la intimidación, sino en el fortalecimiento de habilidades”, señala la UNODC.

El impacto del tráfico ilícito de drogas en la seguridad nacional y la economía

El tráfico ilícito de drogas representa una amenaza directa para la seguridad nacional y la economía de los países afectados. El financiamiento de organizaciones criminales y bandas urbanas a través del narcotráfico incrementa los índices de homicidios, extorsión y sicariato. Además, el poder económico de estas redes corrompe instituciones públicas y debilita el Estado de derecho, en particular en zonas de frontera o difícil acceso.

En el plano económico, el flujo masivo de dinero ilícito distorsiona la economía formal y facilita el lavado de activos mediante negocios fachada. El Estado debe redirigir recursos para fortalecer la defensa, la seguridad policial y el control de fronteras, con altos costos para el presupuesto público.

A esto se suma la pérdida de productividad laboral asociada al consumo de drogas y la criminalidad, generando ausentismo, accidentes y gastos médicos. “El narcotráfico financia directamente a organizaciones criminales complejas”, indica la UNODC en sus reportes anuales.

Programas de rehabilitación y reinserción social para personas con adicciones

Las políticas actuales reconocen la adicción como una enfermedad crónica y no como un delito, según la perspectiva de la ONU. El acceso a programas de rehabilitación se sustenta en un enfoque de derechos humanos, priorizando la atención voluntaria, confidencial y libre de estigmas. Los tratamientos exitosos incluyen tres etapas: desintoxicación médica y psicológica, terapia ambulatoria o residencial, y la reinserción social.

La reinserción es clave para reducir la recaída, combinando nivelación educativa, capacitación técnica y acceso a empleo. Comunidades terapéuticas reguladas por el sector salud, junto a programas de apoyo educativo y laboral, buscan devolver la autonomía económica a las personas recuperadas. “El tratamiento de las adicciones debe ser voluntario, confidencial y libre de estigmas”, subraya la ONU en sus directrices para los Estados miembros.

El rol de Devida

En el Perú, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) lidera la Política Nacional Contra las Drogas al 2030, orientada a romper la cadena de suministro de la cocaína mediante el desarrollo alternativo integral y sostenible.

Devida impulsa la sustitución voluntaria de cultivos de coca por productos agrícolas rentables como el cacao y el café, aliada con comunidades nativas y campesinas.

El organismo brinda asistencia técnica y comercial a los agricultores, fomenta la formación de cooperativas y facilita el acceso a mercados sin intermediarios. Además, financia infraestructura comunal, como caminos vecinales y plantas agroindustriales, para dinamizar la economía en valles amazónicos.

1. El consumo y tráfico de drogas representa uno de los retos más complejos para la seguridad, la salud pública y la gobernanza a nivel global. En 2024, se estimaba que 331 millones de personas en el mundo usaban drogas, cifra que muestra un crecimiento de 34% respecto a hace una década. En paralelo, los mercados de drogas, como lo señala el World Drug Report 2026 de la UNODC, se vuelven cada vez más complejos, adaptándose a tendencias tecnológicas, cambios geopolíticos, y demandas de consumo diversificadas.

México es protagonista central en este panorama. El país, tradicionalmente productor y exportador de sustancias como la marihuana y la amapola, se ha transformado en un nodo esencial de producción, transformación y tráfico de drogas hacia Estados Unidos, Europa, Asia y otras regiones; esta posición estratégica le otorga influencia internacional a sus organizaciones criminales.

Los narcotraficantes mexicanos lideran la producción de metanfetamina en Norteamérica, el informe señala que, aunque las incautaciones en la región disminuyeron entre 2021 y 2024, la producción se trasladó de Estados Unidos a México durante las últimas dos décadas. Ingresan principalmente por California y Texas.

Pese a los mayores controles en Asia Oriental sobre los precursores químicos, la pureza de la droga se mantiene en un 95% debido a innovaciones en laboratorios clandestinos mexicanos que reciclan residuos.

La ONU alerta sobre un aumento considerable en Estados Unidos de pastillas falsas de Adderall y MDMA que contienen esta sustancia.

2. Organizaciones criminales mexicanas en el escenario global

Los cárteles mexicanos se han consolidado como algunos de los actores más dinámicos y plenamente integrados al mercado global de drogas. Entre los más notorios figuran el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo, Los Zetas y otros grupos fragmentados. Su poder económico, logístico y militar iguala o excede el de muchas organizaciones delictivas extranjeras.

Estas organizaciones se distinguen por su capacidad de dominar toda la cadena de valor del narcotráfico: producción, tráfico internacional, distribución local y reciclaje de ganancias ilícitas a través de complejos esquemas de lavado de dinero. Por ejemplo, la influencia de estos cárteles se ha documentado en la presencia activa de redes mexicanas en decenas de países de América, Europa, Asia-Pacífico y África Occidental, empleando rutas novedosas y sofisticadas.

Un dato relevante es la diversificación criminal: los cárteles mexicanos no sólo trafican drogas ilegales, sino que también se involucran en delitos como trata de personas, extorsión, robo de combustibles, secuestro y más recientemente tráfico de precursores químicos, partes de la economía criminal global.

3. Sustancias: evolución, producción y tráfico

Históricamente, México fue conocido por la producción de amapola (para heroína), marihuana, y como país de tránsito de cocaína sudamericana rumbo a EE.UU. No obstante, la última década muestra tendencias más complejas:

• Sustancias sintéticas: México se ha posicionado como principal centro de producción y exportación de metanfetaminas y fentanilo hacia Estados Unidos y Canadá. Estos opiáceos sintéticos han cambiado dramáticamente el escenario de la salud pública, ya que el fentanilo (altamente potente y letal) es responsable de decenas de miles de muertes por sobredosis en Norteamérica.
• Polvo blanco (cocaína): Los cárteles mexicanos ya no sólo facilitan el paso de cocaína colombiana y peruana, ahora gestionan también operaciones directas en Sudamérica, dominan rutas marítimas y aéreas alternativas, y participan en el incremento de la producción y exportación global hacia Europa, África y Asia.
• Precursores químicos: Aprovechando la debilidad de los sistemas regulatorios en algunos puntos del mundo (por ejemplo, Asia), México importa grandes volúmenes de precursores químicos esenciales para la manufactura local de drogas sintéticas.

Este protagonismo en la cadena global de las drogas significa que las decisiones o reacciones de los cárteles en México pueden modificar rápidamente los equilibrios regionales e internacionales del mercado ilícito.

4. Impacto en la seguridad, la violencia y la sociedad

La actividad de los cárteles mexicanos acarrea consecuencias multidimensionales. Según la UNODC, la relación entre drogas y violencia puede analizarse a través de tres vías principales:

• Psicofarmacológica: Los efectos directos del consumo de drogas están vinculados al aumento de conductas agresivas, violencia interpersonal, accidentes e incluso alteración de la percepción de riesgo tanto en México como en los países consumidores.
• Económico-compulsiva: El consumo problemático genera delitos patrimoniales para financiar la adicción (robos, asaltos, extorsión). En México, esto se refleja también en el “reclutamiento” de jóvenes y poblaciones vulnerables en actividades delictivas por la falta de alternativas y elevada exposición a contextos de pobreza y marginación.
• Sistémica: Es la vía más identificada con los cárteles mexicanos. La violencia generada por disputas territoriales, control de rutas, cobro de “derecho de piso”, ejecuciones, desapariciones, enfrentamientos con fuerzas de seguridad y la corrupción sistémica que debilita el Estado de derecho. La batalla constante por el control de plazas y el mercado internacional coloca a México entre los países con mayores tasas de homicidio vinculadas al crimen organizado en el mundo.

A nivel comunitario, la presencia y control de los cárteles generan entornos inseguros. Los “narco-menudeos” erosionan el tejido social, los mercados laborales legales y provocan desplazamientos internos, estigmatización y orfandad social y económica. Las comunidades suelen desarrollar sistemas de “autodefensa” o quedan atrapadas en la cooptación criminal.

Un área de impacto particular es la feminización de la violencia. Las mujeres son empleadas cada vez en mayor número para actividades delictivas de bajo perfil, pero también sufren violencia sexual, trata y victimización múltiple derivada del control territorial de las bandas.

5. México como epicentro de crisis y respuestas internacionales

México representa un caso emblemático de la convergencia entre demanda global y oferta criminal. Su ubicación lo convierte en punto neurálgico para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, el mayor mercado consumidor. Las rutas mexicanas se adaptan ágilmente a las acciones de control, migrando a nuevos corredores (marítimos, aéreos, terrestres) y diversificando métodos como narco-túneles, drones y submarinos.

El impacto internacional es evidente: las organizaciones mexicanas han establecido alianzas con mafias de Europa (Italia, Balcanes, España) y Asia (China, por los precursores químicos) exportando modelos de operación “franquiciados”.

A nivel interno, México enfrenta un doble desafío: la presión internacional para controlar el flujo de drogas, armas y precursores, y la necesidad de reconstruir instituciones, fortalecer el Estado de derecho y mitigar la inequidad socioeconómica que alimenta la base social del narcotráfico.

6. Reflexión final

El informe de la UNODC subraya la urgencia de respuestas multidimensionales: es indispensable articular salud pública, justicia penal y desarrollo social para contener las consecuencias del narcotráfico mexicano en el mundo. México, por su posición en el mercado de drogas y la capacidad de sus organizaciones criminales, es hoy un epicentro de la crisis global de drogas, donde las soluciones sólo podrán surgir de la cooperación internacional y la acción integral del Estado junto con la sociedad civil

La ONU alerta sobre aumento en consumo de drogas y la proliferación de cócteles adulterados entre los jóvenes

La UNODC advirtió este 26 de junio que los mercados mundiales de drogas se transformaron con rapidez por el uso de tecnología, la aparición de sustancias nuevas y la inestabilidad internacional, un cambio que amplió rutas, métodos de comercio y mercados para el narcotráfico, y que además habría empujado un viraje duradero en el mercado de opioides desde drogas de origen vegetal hacia compuestos sintéticos más potentes y peligrosos.

El informe estimó que 331 millones de personas consumieron alguna droga en 2024, equivalente a 6.2% de la población mundial de 15 a 64 años. La cifra estuvo por encima del 5.2% registrado en 2014 y mostró una expansión sostenida del consumo en una década.

La droga más consumida siguió siendo el cannabis, con 256 millones de usuarios en 2024. Le siguieron los opioides, con 63 millones; las anfetaminas, con 32 millones; la cocaína, con 25 millones, y el éxtasis, con 21 millones.

Monica Juma, directora ejecutiva de la UNODC, sostuvo que el mercado mostró un aumento sin precedente de nuevos tipos de drogas y alertó que varias de ellas resultaron más potentes o más peligrosas que las anteriores. Añadió que las consecuencias ya se reflejaron en millones de muertes prematuras, años de vida saludables perdidos, economías afectadas por redes de narcotráfico y un aumento de la violencia y la inseguridad.

Juma afirmó que la respuesta debía concentrarse en desarticular a los grupos del crimen organizado. Planteó reforzar la disuasión, ampliar el intercambio de inteligencia, coordinar operaciones conjuntas e invertir más en prevención y tratamiento.

En 2024 circularon 755 nuevas sustancias psicoactivas

Los fabricantes de drogas ilícitas continuaron modificando fórmulas para eludir regulaciones y evitar la detección. En 2024 se encontraron en decomisos cinco veces más tipos de drogas que las producidas antes del año 2000.

El número de nuevas sustancias psicoactivas que se sabía que circularon en los mercados alcanzó 755 en 2024. De ese total, 118 fueron reportadas por primera vez.

El informe ubicó un punto de quiebre en el mercado mundial de opioides a partir de la prohibición de drogas impuesta en Afganistán en 2022. Esa medida siguió limitando de forma severa la producción ilícita de opio y heroína.

Aunque Myanmar elevó su producción de 420 toneladas en 2021 a más de 1,000 toneladas en 2025, ese aumento no compensó la caída afgana. Afganistán produjo más de 6,000 toneladas de opio en 2022, una escala que mantuvo su peso decisivo en el abasto global.

La disponibilidad creciente de opioides sintéticos como el fentanilo, sus análogos, los nitazenos y las orfinas sugirió que los traficantes buscaron alternativas a la heroína. Ese desplazamiento habría modificado no solo la oferta, sino también la forma de consumo y los daños asociados a estas sustancias.

La metanfetamina abrió mercados en Medio Oriente, África y Europa

La expansión de nuevas rutas y de la producción de metanfetamina convirtió a esa droga en un mercado global. Los nuevos espacios de consumo se localizaron sobre todo en Oriente Próximo y Medio, África y partes de Europa.

Los decomisos crecieron 13% anual en promedio, impulsados principalmente por las cantidades registradas en Asia Oriental y Sudoriental. Myanmar se mantuvo como principal país de origen, pero la demanda atrajo también a proveedores de América del Norte, África Occidental y Meridional, y Asia Sudoccidental.

La metanfetamina procedente de América del Norte también cruzó el Océano Pacífico hacia países de la ribera occidental del Pacífico. Ese flujo elevó el tráfico y el consumo en las islas del Pacífico.

En Oriente Medio, las alteraciones del mercado del captagón tras la caída del régimen de Assad en Siria y la posterior duplicación del precio de una tableta en algunos lugares habrían empujado a parte de los usuarios hacia la metanfetamina. El documento señaló que su consumo aumentó en esa región.

El cannabis y la cocaína ampliaron su huella fuera de sus circuitos tradicionales

La producción, el tráfico y el consumo de cannabis cambiaron al mismo tiempo que se modificó la percepción sobre la droga en varias jurisdicciones, en especial en América del Norte, donde avanzaron políticas de legalización o despenalización. El número de consumidores creció 40% en la última década.

La prevalencia de consumo de cannabis pasó de 3.8% de la población de 15 a 64 años en 2014 a 4.8% en 2024. Los decomisos también alcanzaron niveles históricamente altos ese último año.

Aunque el tráfico de cannabis había sido principalmente intrarregional por la facilidad de cultivo en distintas zonas, el comercio interregional con suministro desde América del Norte aumentó con fuerza. Entre 2015 y 2024, 57 países o territorios fuera de esa región la identificaron como origen en decomisos de cannabis, frente a 11 en la década anterior.

La producción de cocaína también siguió al alza en 2024. En diez años se multiplicó por más de cuatro hasta superar las 4,000 toneladas en estado puro, impulsada por aumentos en productividad y superficie cultivada.

Los grupos del crimen organizado canalizaron volúmenes cada vez mayores hacia mercados consolidados y emergentes para maximizar ganancias y ampliar su base de clientes más allá de Europa Occidental y Central, América del Norte y Oceanía. África y Asia registraron algunas de las mayores tasas de crecimiento en decomisos de cocaína a nivel mundial entre 2020 y 2024, aun con cantidades absolutas relativamente bajas.

El documento añadió que el consumo de drogas pudo asociarse con delitos patrimoniales, violencia dentro de familias y grupos sociales, y la victimización de quienes consumen. También precisó que esos resultados estuvieron influidos por pobreza, falta de vivienda, problemas de salud mental y carencias en acceso a tratamiento y servicios sociales.

• La UNODC estimó que 331 millones de personas consumieron drogas en 2024 y que el mercado global cambió por tecnología, nuevas sustancias e inestabilidad internacional.
• El informe detectó 755 nuevas sustancias psicoactivas en circulación y advirtió un viraje del mercado de opioides hacia compuestos sintéticos como fentanilo y nitazenos.
• La metanfetamina, el cannabis y la cocaína expandieron rutas y mercados, con aumentos en decomisos, producción y consumo fuera de sus zonas tradicionales.

La orden llegó en mayo de 2023 y no admitía réplica: los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ordenaron el cese inmediato de toda producción de fentanilo en el estado. Para un operador independiente como Mario —nombre ficticio—, eso significó el fin de cinco años de trabajo en Culiacán.

“Nos dijeron: ‘Quémalo todo, el negocio se acabó’”, relató Mario a InSight Crime en un restaurante de mariscos de la capital sinaloense, en septiembre de 2023. Desde entonces, permanece sin trabajo.

El contexto detrás de la prohibición

La orden no surgió en el vacío. Los precios mayoristas del fentanilo puro en México casi se habían reducido a la mitad entre 2022 y 2023: de alrededor de siete mil dólares por kilogramo a unos tres mil dólares en Culiacán, y de siete mil a 15 mil dólares en la frontera, según varios productores entrevistados por InSight Crime.

A esa caída de precios se sumaban la presión creciente de las autoridades sobre la cadena de suministro y las restricciones que China había endurecido sobre algunos precursores químicos clave. Para muchos productores, detener las operaciones era la decisión más racional.

“Ahora mismo no merece la pena. Las cosas son demasiado complicadas”, dijo otro productor entrevistado en marzo de 2024.

La señal en las cifras de incautación

Los datos oficiales reflejan ese cambio. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos incautó 9.928 kilogramos de fentanilo durante el año fiscal 2024, frente a los 12.257 kilogramos del año fiscal 2023. El ejército mexicano, por su parte, pasó de reportar mil 500 kilogramos de polvo y 1.,6 millones de pastillas en 2023 a solo 160 kilogramos y 1.3 millones de pastillas hasta julio de 2024.

Por primera vez en más de una década, las muertes por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos bajaron aproximadamente un 17 por ciento en 2024 respecto al año anterior. La entonces administradora de la DEA, Anne Milgram, atribuyó parte de ese descenso a la presión ejercida sobre los cárteles: “Los cárteles han reducido la cantidad de fentanilo que incluyen en las pastillas debido a la presión que estamos ejerciendo sobre ellos”, declaró en noviembre de 2024.

Sin embargo, la investigación de InSight Crime —tres años de seguimiento en Sinaloa, Baja California, Sonora, Chihuahua, Jalisco, Colima y Michoacán, con entrevistas a cerca de una docena de productores y actores clave en México y China— apunta a una conclusión distinta: el mercado no está en declive, sino en proceso de maduración.

Cómo se concentró el control en Sinaloa

Antes de la prohibición, montar un laboratorio de fentanilo en Culiacán era relativamente accesible. La inversión inicial rondaba los 60 mil dólares, los precursores químicos llegaban a través de redes de intermediarios locales conectados con proveedores chinos, y las recetas podían comprarse directamente o aprenderse de otros operadores.

“Aquí puedes encontrar los materiales en cualquier esquina”, dijo Mario a InSight Crime.

La prohibición elevó esas barreras de forma drástica. Para continuar operando, los productores necesitaban permiso no solo de los Chapitos, sino también de otras facciones del Cártel de Sinaloa: La Mayiza, liderada por Ismael “Mayito Flaco” Zambada Sicairos, y el grupo dirigido por Aureliano “El Guano” Guzmán, hermano de El Chapo.

Obtener ese permiso exige confianza construida durante años, respaldada por vínculos familiares o referencias personales dentro de la organización. También requiere demostrar capacidad para mantener un perfil bajo y asumir costos operativos mucho más altos.

“Conseguir los ingredientes es fácil. Lo más difícil es obtener los permisos”, señaló un productor entrevistado desde su domicilio en una comunidad rural a una hora del centro de Culiacán.

El efecto sobre precios y pureza

El control más estricto produjo efectos medibles. En agosto de 2024, el precio mayorista por kilogramo de fentanilo en Culiacán había subido de tres mil a seis mil dólares, según dos fuentes consultadas por InSight Crime ese mes. La concentración de la producción en menos manos redujo la competencia y estabilizó el mercado.

Los niveles de pureza también mostraron cambios. Según los últimos análisis de la DEA, cinco de cada 10 pastillas incautadas en 2024 contenían una dosis letal, frente a 7 de cada 10 en 2023, lo que sugiere mayor uniformidad en los métodos de producción.

“Es un grupo muy selectivo. Están siendo más cautelosos”, afirmó a InSight Crime un coordinador de varios laboratorios de drogas sintéticas que asegura haber trabajado para distintas facciones del Cártel de Sinaloa.

La migración hacia la frontera norte

Ante la imposibilidad de operar en Sinaloa, varios productores independientes aceptaron ofertas de grupos criminales en Sonora y Baja California. Al menos siete personas vinculadas al tráfico de fentanilo en Sinaloa confirmaron a InSight Crime que esas propuestas provenían principalmente de facciones semiindependientes del Cártel de Sinaloa activas cerca de la frontera con Estados Unidos.

Las condiciones económicas resultaban atractivas. Un productor independiente entrevistado en Culiacán relató que le ofrecieron mil 200 dólares por kilogramo producido en Mexicali, suma que antes debía dividirse entre seis asociados. Según su testimonio, la mayoría de los productores que conocía aceptaron.

Sin embargo, operar en territorios volátiles tenía un costo. Los productores debían alinearse con uno de los grupos en pugna, vender solo a compradores autorizados, cumplir cuotas de producción e invertir más en seguridad frente a organizaciones rivales.

“Simplemente sigo órdenes. No me puedo permitir el lujo de hacer preguntas”, dijo un cocinero entrevistado por InSight Crime en Tijuana.

La separación entre producción y prensado

Otra adaptación documentada por InSight Crime fue la separación entre la síntesis del fentanilo y la fabricación de pastillas. Algunos productores activos en Sinaloa, con permiso del cártel, limitaron sus operaciones a producir pasta de fentanilo en alta concentración. Esa pasta se enviaba luego a células en otros estados —Sonora y Estado de México, entre ellos—, donde se diluía y prensaba en tabletas.

El coordinador del laboratorio entrevistado en Culiacán afirmó supervisar una red con esa lógica operativa. Explicó que para funcionar en esos territorios siempre se requería “el permiso de facciones del Cártel de Sinaloa”, negociado previamente con actores locales.

Un caso público ilustra esa dinámica. A finales de octubre de 2024, las autoridades desmantelaron un centro de fabricación en San Luis Río Colorado, Sonora, a menos de una hora de Mexicali. Francisco Sergio Méndez, delegado regional de la FGR en Sonora, confirmó en conferencia de prensa que la pasta procesada en esa planta provenía de Culiacán.

Nuevos precursores ante las restricciones chinas

En agosto de 2024, China impuso controles más estrictos sobre el 1-BOC-4-AP y el 4-AP, dos sustancias ampliamente utilizadas como precursores del fentanilo por los productores en Sinaloa. Las fuentes consultadas por InSight Crime ese mes reportaron escasez ocasional de producción como consecuencia directa.

La respuesta fue inmediata. Algunos productores comenzaron a mezclar fentanilo con xilazina, un sedante de uso veterinario, para compensar la menor disponibilidad del opioide. El coordinador del laboratorio de Culiacán explicó que su célula obtenía xilazina a través de contactos en rodeos de la zona rural de Sinaloa, quienes compraban cantidades excesivas bajo el pretexto de tratar caballos y vendían el excedente.

Las organizaciones de reducción de daños Prevencasa AC y Verter AC, en Tijuana y Mexicali respectivamente, comenzaron a detectar xilazina en muestras de fentanilo ya en octubre de 2023. Un estudio de abril de 2024 con investigadores del Instituto Nacional de Psiquiatría de México reveló que el 20 por ciento de las muestras analizadas en ambas ciudades contenían la sustancia.

El rastro de los proveedores chinos

InSight Crime retomó el contacto con proveedores chinos identificados en una investigación previa de 2023 y 2024. Muchos seguían operativos bajo los mismos nombres, aunque respondían con menos rapidez y mayor cautela.

Uno de ellos, Wanjiang Biotechnology, tardó cuatro meses en responder. Confirmó que seguía vendiendo los precursores escasos —codificados como “222” y “79”— y ofreció alternativas: la 1-Boc-4-hidroxipiperidina (CAS 109384-19-2) a 190 dólares por kilogramo, y el (2-bromoetil)benceno (CAS 103-69-9) desde USD 65 por litro. Ninguna de las dos sustancias figuraba en las listas de sustancias controladas en China, México ni Estados Unidos a diciembre de 2024.

El 20 de noviembre de 2024, la Guardia Nacional y la Agencia Nacional de Aduanas de México incautaron 27.4 kilogramos de (2-bromoetil)benceno procedentes de Hong Kong en una empresa de mensajería en Toluca, Estado de México. Fue la primera incautación registrada de esa sustancia en el país.

La diversificación hacia nuevas drogas sintéticas

Dos fuentes en Culiacán revelaron a InSight Crime que habían comenzado a producir “tusi”, una mezcla que en esa ciudad combina fentanilo, metanfetamina, benzodiazepinas, cafeína y paracetamol. Una dosis puede costar más de USD 100 en el mercado local de alto poder adquisitivo.

“Ahora mismo es un negocio pequeño, pero creo que crecerá. Las ganancias son muy buenas”, dijo uno de esos productores.

En paralelo, el personal de varios centros de tratamiento en Baja California, Sonora y Chihuahua reportó a InSight Crime un aumento de mezclas de metanfetamina y fentanilo en el mercado local, frecuentemente sin conocimiento de los consumidores. “Cada vez veo más pacientes adictos al fentanilo que pensaban que solo consumían metanfetamina cristalina”, dijo José Luis Haro Méndez, director del centro de tratamiento CIAAR en Nogales, Sonora.

El horizonte de los nitazenos

Una preocupación adicional detectada por InSight Crime es la posible incorporación de nitazenos, una clase de opioides sintéticos cuyos análogos más potentes superan al fentanilo hasta 43 veces. En el Reino Unido se registraron 284 muertes relacionadas con estas sustancias entre junio de 2023 y agosto de 2024. La DEA, por su parte, reportó 4.300 informes sobre nitazenos en su laboratorio forense desde 2019.

En Sinaloa y Baja California, InSight Crime constató que algunos productores conocían los nombres de estas sustancias e incluso afirmaban haberlas adquirido en China. No obstante, su comprensión era superficial: tres de ellos las describían como “precursores” del fentanilo, no como opioides independientes.

“Todo forma parte de lo mismo. Es parte del componente de fentanilo”, dijo el coordinador del laboratorio en Culiacán a InSight Crime.

Las autoridades mexicanas no han reportado incautaciones de nitazenos ni emitido alertas sobre su presencia en el mercado. Aun así, los vendedores chinos identificados por InSight Crime en la web convencional y la web oscura ya los comercializan activamente como “los opioides más nuevos y potentes”, con precios desde 50 dólares por pocos gramos y promesas de envío internacional sin restricciones.

El consumo de drogas se ha convertido en un problema generalizado extendido a lo largo del planeta. La gran variedad existente de estupefacientes hace que el perfil del consumidor, así como la droga predilecta, sea distinto entre los Estados. Así, la marihuana, la cocaína, metanfetamina y el MDMA tienen distinta presencia en el globo, destacando en la Unión Europea el consumo de estas sustancias en los Veintisiete.

Las diferencias más notables se aprecian en el consumo de MDMA -conocido coloquialmente como éxtasis, cristal o M-, donde Países Bajos lidera con un 10,2% de jóvenes de entre 15 y 34 años que han reconocido haber utilizado esta sustancia durante el último año, según datos del Parlamento Europeo, basados en el Informe Mundial sobre las Drogas 2026 elaborado por la Oficina de Drogas y Delitos de las Naciones Unidas.

Muy por debajo de Países Bajos aparece la República Checa, con un 6,6%, seguida de Estonia (4,4%) y Francia (3,8%). España, por su parte, tiene un ratio de 1,4, mientras que los países con menor uso de esta sustancia dentro de la Unión Europea son Malta (0,1), Portugal (0,3), Polonia (0,4) y Grecia (0,4).

Según datos de la ONU, Europa concentra más del 40 % de las incautaciones mundiales de éxtasis y casi la mitad de los laboratorios desmantelados entre 2020 y 2023, especialmente en Países Bajos y Bélgica. En cuanto al consumo, Europa Occidental y Central constituye uno de los mayores mercados ilegales del mundo, con cerca de cuatro millones de personas que habrían consumido la sustancia en el último año, frente a unas 650.000 en Europa Oriental y Sudoriental.

El análisis de aguas residuales indica que, tras un crecimiento sostenido del consumo y la pureza del éxtasis entre 2011 y 2019, se produjo una caída durante la pandemia de la COVID-19, pero desde 2022 la tendencia ha vuelto a ser claramente ascendente. Además, la evidencia muestra que el consumo de esta droga se concentra en los fines de semana, lo que sugiere un patrón asociado al ocio y no al uso diario.

España, segundo en consumo de marihuana

Según los datos facilitados por el parlamento Europeo, la droga más común entre los jóvenes es, con diferencia, el cannabis (marihuana), con Italia como el mayor consumidor, con un 21,5% de jóvenes que reconocen haber consumido esta droga en el último año. La segunda en la lista es España, con un ratio de 19,4, seguida de Francia (18,9), República Checa (18,1), Alemania (17,7) y Croacia (16,6). Los países con menos consumo de marihuana de la UE son Malta (1,2), Rumanía (3,8) y Grecia (4,5).

En Europa Occidental y Central, el cannabis se ha vuelto más accesible y potente durante las dos últimas décadas, especialmente entre 2000 y 2020, cuando aumentaron tanto su consumo como su frecuencia de uso y su daño asociado. Además, existen diferencias notables entre hombres y mujeres en su uso. Más del 80% de las personas en tratamiento por su consumo son hombres, siendo las mayores proporciones de hombres en tratamiento de Europa Oriental y Sudoriental.

El consumo de cocaína, aunque más bajo, tiene una prevalencia similar entre todos los Estados de la UE. El país que más consume es Países Bajos, con un ratio de 5,3, seguido de Irlanda (5), Estonia (4,6), Francia (4,4) y Dinamarca (4,2). España cuenta con un ratio de 3,1, mientras que los países que registran un menor consumo entre sus jóvenes son Malta (0,1), Hungría (0,2) y Grecia (0,6).

Según Naciones Unidas, el uso de cocaína en el último año ocupa el tercer lugar a nivel mundial en Europa Occidental y Central, y también es elevado en algunos países del sureste europeo. Desde 2015, la tendencia al alza en el consumo y la disponibilidad se mantiene en los países de la Unión Europea, salvo una caída durante la pandemia de la COVID-19.

Por último, el tráfico de metanfetamina, dominada principalmente por la anfetamina, es heterogéneo en Europa, pero su consumo es mayoritario en Estonia, donde el 5,1% de los jóvenes .reconoce haber usado esta droga. Seguida de Estonia, destacan Bulgaria (4,3%), Finlandia (4%) y Países Bajos (3%), mientras que en España el número de jóvenes que ha reconocido haber consumido este tipo de estupefaciente es del 0,8%, siendo nulo el consumo en Hungría y Portugal y casi nulo (0,1%) en Malta y Eslovaquia.

El procedimiento se llevó a cabo este miércoles, luego de una investigación por narcomenudeo encabezada por personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de las comisarías de San Fernando.

A partir del análisis de cámaras de seguridad, testimonios y tareas de inteligencia encubiertas, los investigadores lograron identificar a los cuatro integrantes de la organización, quienes presuntamente se dedicaban a la comercialización de estupefacientes en la zona.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron un revólver calibre .22 marca Galand, que registraba un pedido de secuestro por robo, además de dos municiones calibre .22, cuatro calibre .32 largo, dos de 9 milímetros y una calibre .380.

También incautaron una remera y una gorra con insignias de la Policía Bonaerense, 170 envoltorios con cocaína, con un peso total de 195 gramos, y 213 envoltorios con marihuana, que totalizaron 865 gramos. Además, secuestraron cinco teléfonos celulares, una balanza de precisión y distintos elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de la droga.

Los detenidos fueron identificados como Luis Alberto Chávez, de 19 años; Pablo David Farías, de 43; Nicolás Ariel Saavedra, de 32; y Guillermo Adrián Saavedra, de 34.

La causa se encuentra a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Investigaciones de Drogas Ilícitas de San Fernando, encabezada por el fiscal Federico González.

Quizás llevamos años discutiendo la respuesta equivocada para un problema que ya cambió de naturaleza. En un nuevo Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, vale la pena formular una pregunta incómoda: ¿seguimos haciéndonos las preguntas correctas?

Durante décadas, el debate internacional sobre la problemática estuvo atravesado por una tensión permanente entre dos grandes enfoques: prohibición o legalización. De un lado, quienes defendían la prohibición desde un enfoque abstencionista. Del otro, quienes promovían distintas formas de modificación de los tratados internacionales, enfocándose en la legalización o la despenalización. Las posiciones eran intensas, muchas veces irreconciliables, pero compartían un supuesto básico: qué hacer con sustancias cuyos efectos, riesgos y patrones de consumo eran razonablemente conocidos.

Sin embargo, mientras las posiciones se endurecían y las discusiones se volvían cada vez más endogámicas, a veces hasta estériles, algo estaba ocurriendo por debajo del radar. El mercado ilícito comenzó a transformarse a una velocidad que ninguna de esas categorías antagónicas, construidas en el siglo pasado, alcanzaba a explicar. Según el Sistema de Alerta Temprana de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), hasta la fecha se han identificado cerca de 1.400 nuevas sustancias psicoactivas en distintas partes del mundo. Cada año aparecen nuevas variantes químicas, análogos, mezclas y compuestos diseñados para producir efectos similares a los de sustancias ya conocidas, pero evitando controles regulatorios, restricciones legales o mecanismos tradicionales de detección.

Existe una expresión del idioma inglés utilizada frecuentemente para describir este tipo de fenómenos: “whack-a-mole”, el popular juego de golpear topos que aparecen y desaparecen constantemente. Esta metáfora resulta cada vez más adecuada para describir lo que ocurre con algunas estrategias centradas en el control y la interdicción. Se identifica una sustancia. Se la prohíbe. Se restringe un precursor químico. Se fortalece un mecanismo de vigilancia. Y poco después aparece una nueva variante. Luego otra. Y después otra más. No importa cuántas veces golpeemos. Cada vez que creemos haber identificado el problema, el narcotráfico se mueve ligeramente de eje para producir la siguiente versión.

Si esa dinámica se vuelve permanente, el problema deja de ser una droga determinada y pasa a ser la capacidad del mercado ilícito para generar continuamente nuevas sustancias. Y cuando el problema cambia de esa manera, también empiezan a tambalear algunas de las categorías con las que intentamos abordarlo.

Prohibición o legalización. Penalización o despenalización. Control de la oferta o reducción de daños. Mientras seguíamos discutiendo respuestas, las preguntas comenzaron a cambiar. ¿Qué significa prohibir una sustancia cuando puede ser reemplazada por otra ligeramente modificada? ¿Qué significa regular una molécula cuando existen cientos de variantes potenciales esperando ocupar su lugar? ¿Qué significa reducir daños cuando ni siquiera conocemos con precisión cuál es el impacto de esas nuevas sustancias en el organismo? ¿Qué drogas vamos a legalizar?

La aparición constante de nuevas sustancias no es el único fenómeno que está poniendo en jaque algunas de las respuestas tradicionales. Buena parte de las estrategias internacionales de control se construyeron sobre una premisa básica: los precursores químicos constituían uno de los principales puntos vulnerables de las organizaciones criminales. Sin acceso a determinados insumos, la producción de drogas se tornaba casi imposible. Por eso numerosos países invirtieron enormes esfuerzos en controlar cadenas de suministro, importaciones, exportaciones y movimientos de estas sustancias químicas esenciales, para evitar su desvío hacia la elaboración ilegal de estupefacientes y drogas sintéticas. Pero incluso esa lógica empieza a mostrar limitaciones.

Uno de los fenómenos más inquietantes que comienzan a observarse en distintos mercados criminales es la búsqueda de autonomía química. ¿Qué significa? Organizaciones que ya no se conforman con producir drogas, sino que buscan producir también los insumos necesarios para fabricarlas. Afganistán ofrece, quizás, el ejemplo más contundente de esta transformación.

Las incautaciones de metanfetamina en este país pasaron de menos de 100 kilos en 2019 a casi 2.700 kilos en 2021, un crecimiento que la propia ONU considera indicativo de una expansión muy significativa de la producción. Lejos de tratarse de una hipótesis teórica, los datos muestran que esta transformación ya está en marcha. Y lo más relevante es que el aumento de la producción vino acompañado de innovaciones en la obtención de precursores químicos. Porque cuando los productores locales descubrieron cómo extraer efedrina de la planta ephedra, que crece de forma silvestre en distintas regiones de Afganistán, la ecuación cambió por completo.

Si esa tendencia se consolida, estaríamos frente a la materialización de una de las peores hipótesis imaginables: organizaciones criminales cada vez más cerca de controlar toda la cadena de producción, desde los insumos básicos hasta la sustancia final. Lo que durante años fue una advertencia teórica comienza a parecerse cada vez más a una realidad concreta.

La pregunta ya no es únicamente qué hacemos con una determinada droga. El verdadero interrogante es qué hacemos cuando la capacidad de innovación química del mercado ilícito se vuelve potencialmente ilimitada. Allí radica, quizás, la principal diferencia entre el escenario actual y el de décadas anteriores. Porque cuando el fenómeno cambia de naturaleza, también comienzan a perder sentido algunas de las categorías con las que intentamos comprenderlo. El problema ya no parece ser una sustancia específica. El problema es la capacidad prácticamente ilimitada de crear nuevas sustancias.

Paradójicamente, cuanto más complejo se vuelve el mercado de drogas, más valor recupera una herramienta que durante años fue subestimada: la prevención. No porque el control de la oferta deje de ser importante. No porque la persecución penal, la asistencia o el tratamiento dejen de cumplir una función indispensable. Sino porque la prevención conserva una ventaja difícil de igualar: la posibilidad de actuar antes. Y otra quizás aún más importante: no depende de seguir el ritmo frenético de un mercado que se reinventa permanentemente.

Las sustancias cambian. Los precursores cambian. Los mecanismos de producción cambian. La prevención, en cambio, trabaja sobre aquello que cambia mucho más lentamente: las personas, los vínculos y los contextos comunitarios.

Allí aparece una de las lecciones más importantes de esta nueva era. Mientras el fenómeno se vuelve cada vez más complejo, buena parte de nuestras discusiones continúa organizada alrededor de categorías heredadas de otro tiempo. La prevención recupera centralidad precisamente porque no necesita perseguir cada innovación del mercado para seguir siendo relevante. Y porque, frente a una realidad en permanente transformación, el desafío ya no consiste únicamente en decidir qué hacer con una droga determinada. El desafío es desarrollar respuestas capaces de adaptarse a un mundo que cambia más rápido que nuestras propias categorías para entenderlo

Cada 26 de junio se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. A medida que pasan los años, vemos la evolución de una problemática, que ya no se trata simplemente de “drogas”.

El cambio de paradigma es que el problema ya no radica en una sustancia específica, sino en un contexto de poliadicción en el que se mezclan sedantes, residuos de todo tipo, drogas veterinarias, anestésicos y estimulantes.

El colapso del sistema de salud y cómo la propia sociedad fomenta el consumo para poder tolerar el “modo supervivencia” superan ampliamente a las medidas exclusivas del sistema de salud y nos imponen la necesidad urgente de cambios socioculturales estructurales.

Ya no se trata de preguntarse exclusivamente por los efectos de la cocaína o el fentanilo de forma aislada. El mercado ilícito impuso las mezclas como respuesta a una sociedad que medicaliza su sufrimiento, en la cual el rendimiento es el eje existencial absoluto. Esa respuesta estimula, realimenta y así perpetúa el círculo.

Durante mucho tiempo hemos mirado el árbol y no el bosque que representa el problema de las adicciones, hoy llamados consumos problemáticos. Abordar a la “droga de moda”, como el fentanilo en tiempos recientes, como si fuera un enemigo con existencia física al que se podría derrotar nos llevó al fracaso.

Así, los médicos y el personal de salud “aprendíamos” nuevos nombres y moléculas, pero siempre corríamos por detrás de un mercado que se adelanta a nuestra capacidad de comprenderlo. El usuario ya no sabe qué consume; solo busca el cierre de su conciencia que le permita sostener la existencia cotidiana. El opio, la “adormidera”, ya no se usa para provocar un sueño reparador, sino para aturdirnos, para provocarnos estupor; de allí el término estupefacientes.

Vivimos inmersos en un contexto social que muta a tal velocidad que la posibilidad de adaptarse y subsistir se vuelve, por momentos, caótica e insostenible para el psiquismo; habitamos un entorno patógeno y, quizás, hasta deshumanizado.

Para ciertos grupos sociales más frágiles, apagar la mente y aturdirse termina siendo la única opción imaginable. Todo esto deja como única opción vivir en un constante “modo supervivencia” en el cual las alertas no dejan de sonar.

Cómo opera el aislamiento y el sufrimiento psíquico

En ese caos, para que los estímulos y las alarmas se alejen, el individuo se aísla. Al profundizar ese encierro con las sustancias, cae en un profundo vacío existencial y en un sufrimiento psíquico intolerable.

El síntoma, es decir, la adicción, la violencia y la depresión, son en realidad la claudicación de una unidad psico-física que ya no puede tolerar una vida que se ha vuelto insoportable en las demandas que plantea para el individuo.

El factor central es la búsqueda incesante de una sustancia que modifique la percepción de lo cotidiano, ya sea para escapar, buscar placer o forzar el rendimiento; pero ya no para expandir la mente, sino, por el contrario, para lograr el estrechamiento de la conciencia.

El papel de la dopamina

A la vez, en una sociedad que promueve la retribución inmediata y la intolerancia a la frustración, entra en juego una trampa biológica: la dopamina. Contrario a lo que popularmente se cree, esta molécula no nos da la retribución por algo logrado, sino que rige la anticipación y la expectativa de esa recompensa. La droga secuestra este sistema y empuja al individuo a buscar un atajo que promete evitar el esfuerzo, la carga y el dolor inherente a la existencia.

Otra característica y que es muy evidente en las áreas que incluso hacen a lo criminológico-forense, es que este contexto social ya no toca solo a las clases desfavorecidas o marginales, sino que es transversal a toda la sociedad. La necesidad de éxito, de placer y bienestar, la huida de las emociones y la intolerancia a la incertidumbre de todo tipo, toma de rehenes a las clases medias, profesionales, estudiantes y políticos por igual.

La sociedad del cansancio y de la violencia tiene como correlato la búsqueda de una solución mágica, inmediata y artificial. Esto debe ser un factor ineludible en cualquier política de salud que intente abordar el tema con los imperativos actuales.

En este contexto, los sistemas de salud —que son los receptores del emergente de esta crisis— no están preparados para comprender y abordar la totalidad del tema.

El colapso de las guardias médicas y las emergencias ambulatorias es un testigo constante de esto. La falta de protocolos, de sistemas de triaje, la ausencia de estructura para la respuesta inmediata y, en casos urgentes, la imposibilidad fáctica (no teórica) de las internaciones, deriva en un eje del problema: hacer creer que aquel que se encuentra en una situación de necesidad de asistencia es el único culpable de su malestar. La idea de que la “falta de voluntad” es el aspecto condicionante central sigue imperando.

Qué cambios requiere el abordaje

En este sentido, trabajar intensamente en reducir la estigmatización y en la comprensión de la problemática en un sentido amplio (que excede únicamente a la salud física) es fundamental.

La capacitación en todos los niveles y, especialmente, entender que una persona en una situación de este tipo es un otro que demanda comprensión y ayuda, y no estigmatización ni abandono, debe ser el comienzo de la elaboración de un paradigma médico y social adecuado a los tiempos actuales.

* El doctor Enrique De Rosa Alabaster se especializa en temas de salud mental. Es médico psiquiatra, neurólogo, sexólogo y médico legista

Un mega operativo, llevado a cabo por la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, permitió desarticular en el conurbano bonaerense a una importante organización narcocriminal.

Se trata de “La banda de Aldo”, dedicada al acopio, fraccionamiento y comercialización de estupefacientes, integrada por ciudadanos peruanos y argentinos. De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, se realizaron 43 allanamientos simultáneos en los partidos de La Matanza, Moreno, General Rodríguez y Lomas de Zamora.

De los procedimientos realizados, 23 tuvieron lugar en el asentamiento Puerta de Hierro, donde la organización concentraba su red de puntos de venta. Además, hubo 16 detenidos y aprehendidos (en total 30), demolieron 13 búnkeres y secuestraron droga, armas, vehículos, dinero en efectivo y equipamiento para el procesamiento de sustancias. La acción contó con la intervención del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.° 2 de Morón.

Los detenidos, de nacionalidad peruana, fueron identificados como C.A.N.S. (38), E.A.C.J. (27) y B.S.V.P. (35). En cuanto a los argentinos, figuran J.H.V. y M.B.A., ambos de 21 años; J.M.G. (20); P.R.B. (34); G.D.J. (29); M.B.M.M. y G.E.C., los dos de 27; A.A.C. (22); J.N.M. (32); S.M.K. (33); J.F. (31) y J.R.D. (56). Entre los aprehendidos había jóvenes de 18 años hasta los 60.

En particular, los procedimientos realizados en Puerta de Hierro revelaron otros puntos de venta. Funcionaban como centros de comercialización de estupefacientes, una medida que permitirá avanzar con las tareas de urbanización impulsadas en el sector por el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU).

Entre los elementos secuestrados se contabilizaron más de 1.000 dosis de cocaína fraccionadas para la venta, aproximadamente 500 gramos de cocaína sin fraccionar, cerca de 2 kilogramos de marihuana, más de 700 envoltorios para fraccionamiento, armas de fuego, equipos de comunicación tipo handy, balanzas de precisión, una prensa, sustancias de corte y más de un millón de pesos en efectivo. También se llevaron a cabo detenciones.

Los allanamientos

Entre la droga secuestrada se contabilizaron 1.476,68 gramos de cocaína fraccionados en 1.401 dosis y en presentaciones sueltas, 4.360,47 gramos de marihuana en distintas formas y 25,6 gramos de tussi distribuidos en 15 envoltorios. A eso se sumaron 281 gramos de sustancia de corte, 27 bolsas de ziploc para fraccionamiento y 4 cucharas con vestigios de sustancia.

En materia de armas y municiones, se secuestraron 5 armas de fuego: un revólver calibre 22, un pistolón doble caño calibre 14.5, una pistola Bersa TPR 380, otro revólver calibre 22 con marca y serie suprimidas y una pistola sin identificación posible. También se incautaron 35 municiones de distintos calibres, entre ellos 380, 14.5, 9 mm y 22.

El secuestro de bienes incluyó además 4 motovehículos —una Honda Wave con pedido de secuestro activo por robo, una Motomel 110 cc, una Honda XR 250 y una Honda XR 150L—, 35 teléfonos celulares, 3 handies con base de carga, 7 balanzas de precisión, una prensa hidráulica con su estructura, 4 planchuelas de hierro, un horno eléctrico, un secarropa con vestigios de sustancia polvorienta, 2 botellas con líquido tipo solvente y $778.150 en pesos argentinos.

La investigación, a cargo de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado, permitió identificar la estructura completa de la banda, que incluía responsables, coordinadores logísticos, distribuidores y vendedores. La causa continúa abierta para determinar la totalidad de las responsabilidades penales.

Otro golpe a la droga

Un operativo antidrogas de la Policía Bonaerense desmanteló a “Los Paisas“, una banda narco con estructura militarizada que operaba en predios del sur del conurbano bonaerense. Los allanamientos se ejecutaron en Campo La Vasca y El Basural, ubicados en El Pato (partido de Berazategui) e Ingeniero Allan (Florencio Varela), y arrojaron siete detenidos y un voluminoso secuestro de droga y armas.

La organización desplegaba cada noche, desde las 19:00 hasta las 23:00 horas, un esquema de seguridad con roles asignados: soldados encargados del relevamiento del predio, el control de acceso de compradores, la vigilancia perimetral y la comunicación por handy. En el núcleo de la operación actuaban los líderes, dos hombres de nacionalidad paraguaya apodados “KP” o “El Patrón”, que alternaban semanalmente entre funciones de recaudador y custodio armado.

Entre lo secuestrado se contabilizaron 1.495 dosis de pasta base con un peso total de 126,01 gramos, siete armas de fuego —entre ellas una ametralladora Halcón ML63—, siete equipos de radiocomunicación handy, municiones, cargadores y teléfonos celulares. Los siete detenidos quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.° 20 de Berazategui.

Fuentes policiales precisaron a Infobae que el operativo se llevó a cabo el pasado viernes, alrededor de las 9:30, cuando agentes de la Comisaría Vecinal 4 B, que realizaban tareas de despliegue territorial por la zona, divisaron a un hombre en actitud sospechosa y que, al notar la presencia de los uniformados, escapó corriendo y descartó un arma de fuego.

Ante ese escenario, los oficiales comenzaron una persecución a pie por el terraplén del Ferrocarril Belgrano Sur y, tras recorrer unos metros, observaron que el hombre ingresó a una propiedad en la calle Crespo al 2800, luego de saltar el tapial lindero a las vías.

Tras ingresar a la propiedad detrás del prófugo, que fue reducido, la Policía se encontró con un segundo hombre armado, que fue neutralizado de inmediato.

Al realizar una recorrida por el interior de la finca, los investigadores corroboraron que el lugar estaba equipado para el cultivo de marihuana: se hallaron 297 macetas con plantas de cannabis sativa, tres pastillas de LSD con un peso de 3 gramos cada una, tres dosis de tussi, cuatro envoltorios de cocaína, un revólver calibre .38 color plateado, dos pistolas -una de ellas con 10 cartuchos intactos-, dos teléfonos celulares, dos balanzas de precisión y cuadernos con anotaciones, entre otras pruebas de interés para la causa.

Los registros policiales de ambos detenidos, identificados como Oscar Damián Cosme Melean (39) y Víctor Manuel González (50), arrojaron que los dos contaban con importantes prontuarios penales.

Melean posee antecedentes por robo, mientras que González registra causas por lesiones culposas, tenencia de estupefacientes y una contravención por reventa de entradas.

Según pudo corroborar este medio, González está casado, se dedica al transporte de pasajeros y en la Central de Deudores del Banco Central aparece en la categoría 4, lo cual indica un alto riesgo de insolvencia.

La Unidad Fiscal Sur, a cargo de Jonathan Patti, ordenó la detención de los implicados, quienes fueron imputados por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y tenencia de estupefacientes para comercialización.

La familia de Whitney Houston rechazó públicamente las declaraciones de Oprah Winfrey sobre una supuesta caída de la cantante del escenario durante una actuación en The Oprah Winfrey Show, en las que la conductora afirmó que Houston había recaído en el consumo de drogas.

El estate de la artista desmintió que la cantante estuviera bajo los efectos de sustancias en ese momento.

Pat Houston, cuñada de la fallecida intérprete y directora de su estate, salió al paso a través de un comunicado publicado en Instagram.

“Whitney absolutamente se cayó del escenario, pero fue durante una prueba de sonido, y se debió a la oscuridad del área y a su falta de familiaridad con el escenario. No estaba drogada en absoluto”, escribió, según recogió el Daily Mail.

Pat Houston reconoció la larga batalla de la cantante contra las adicciones, pero rechazó que ese historial justifique vincular cada episodio de su vida a las drogas.

“Como muchas personas, enfrentó batallas personales, pero es inexacto e injusto asociar esa lucha a cada actuación o a cada capítulo de su vida”, sostuvo en el mismo comunicado, citado por el Daily Mail.

La dirigente del estate fue más lejos al defender la memoria artística de Houston.

“Lo que el público del estudio presenció en el escenario fue el resultado de disciplina, talento y compromiso, no de las suposiciones que otros proyectan”, afirmó.

Y añadió: “La humanidad de Whitney incluyó triunfos y luchas, pero ese día se presentó como la artista profesional y dotada que siempre se esforzó por ser. Le debemos la dignidad de decir la verdad, no de repetir mitos”.

Las declaraciones del estate llegaron en respuesta a unas afirmaciones que Oprah Winfrey hizo en el festival Cannes Lions, donde recibió el premio LionHeart.

La conductora, de 72 años, habló sobre el poder de influencia que tuvo The Oprah Winfrey Show y relató el episodio con Houston como un ejemplo de esa capacidad de persuasión sobre su audiencia.

“La primera entrevista que hice con ella... estaba limpia, pero el día que vino a actuar frente al público no lo estaba, y se cayó del escenario”, afirmó Winfrey en Cannes, según informó Deadline.

La conductora aseguró que sabía que Houston quedaría “destruida” si la historia llegaba a hacerse pública.

“Aunque el público tenía cámaras, les supliqué que no publicaran esas imágenes porque arruinaría su vida, y no lo hicieron. Eso no pasaría hoy”, agregó.

The Oprah Winfrey Show se emitió durante 25 temporadas, entre septiembre de 1986 y mayo de 2011, con un total de 4.561 episodios. Sigue siendo el programa de entrevistas diurno con mayor audiencia en la historia de la televisión estadounidense.

Whitney Houston apareció en el programa en varias ocasiones: en 1998, 1999 y 2009. En esa última visita, en lo que sería una de sus últimas entrevistas, la cantante le confesó a Winfrey que el consumo de drogas había sido algo cotidiano para ella desde mediados de la década de 1990.

“Mezclábamos nuestra marihuana con base. No éramos adictos al crack... Comprábamos kilos y onzas y onzas. Teníamos nuestro alijo”, dijo Houston en aquella ocasión.

La artista describió su adicción como “dolorosa”: “Cuando llega al punto en que estás sentada en tu casa y solo intentas ocultar lo que no quieres que la gente sepa... es doloroso”.

La cantante acudió a rehabilitación al menos tres veces —en 2004, 2005 y 2011— sin lograr mantenerse sobria de forma permanente.

En 2002, admitió ante la periodista Diane Sawyer haber consumido alcohol, marihuana, cocaína y pastillas, aunque insistió en que esos problemas quedaban atrás.

La legendaria artista falleció el 11 de febrero de 2012, a los 48 años, por ahogamiento accidental en la bañera de su habitación en el hotel The Beverly Hilton, en Los Ángeles.

El fentanilo ha ocupado un lugar central en la conversación global sobre drogas debido a su enorme potencia y letalidad. Esta sustancia, perteneciente a la familia de los opioides, destaca por provocar una activación mucho más intensa del circuito de recompensa cerebral en comparación con otros narcóticos.

De acuerdo con el doctor Óscar Prospero García, especialista en neurociencias y exprofesor de la UNAM, la diferencia de dosis entre este compuestos y la morfina es abismal: mientras que esta última se administra en miligramos, el primero se dosifica en microgramos, una milésima parte de un miligramo.

“Si tomamos un grano de arroz y lo dividimos en tres partes, una de ellas sería suficiente para matar a una persona”, advirtió el experto. Desde 2016, en Estados Unidos se han registrado entre 50 mil y 80 mil muertes anuales por sobredosis de fentanilo, según cifras oficiales, lo que evidencia su peligrosidad. Esta capacidad de generar placer extremo y, al mismo tiempo, riesgo mortal, ha disparado las alarmas sanitarias a nivel internacional.

A escala global, el consumo ilícito de fentanilo ha provocado numerosas muertes desde 2011, de acuerdo con un informe del gobierno mexicano y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que reportan más de 150 decesos diarios por sobreingesta. El académico señaló que los efectos en el cerebro pueden ser “equivalentes a 12 veces el placer de un orgasmo”, lo que explica la rapidez con la que se desarrolla la adicción.

Mecanismos de acción y riesgos del fentanilo

La potencia de la droga está vinculada a su capacidad para influir directamente en el sistema nervioso central. Sus moléculas afectan principalmente el sistema mesolímbico, responsable de regular la motivación y el placer. Este circuito es esencial para actividades cotidianas, como despertar con energía o mantener la iniciativa para realizar labores diarias. Las sustancias psicoactivas, estimulan este sistema de forma mucho más intensa que drogas como la marihuana o la cocaína, generando una euforia inusitada desde el primer consumo.

El riesgo se multiplica cuando el fentanilo se mezcla con otras sustancias con el fin de potenciar sus efectos. Su combinación con marihuana, por ejemplo, incrementa notablemente la sensación de bienestar, pero también eleva el peligro de un paro cardiorrespiratorio. Incluso en dosis diminutas, puede deprimir severamente la función respiratoria y cardiaca, provocando la muerte de manera casi inmediata. Este peligro es mayor cuando se consume de manera involuntaria, por desconocimiento de su presencia en mezclas ilegales.

En el mercado clandestino, se encuentra en gotas, tabletas de distintos colores que simulan medicamentos legales, papel secante o en polvo mezclado con heroína, metanfetaminas y MDMA. Estas presentaciones carecen de control de calidad y suelen estar contaminadas con otras sustancias, incrementando la probabilidad de sobredosis y efectos tóxicos impredecibles.

Origen, usos médicos y efectos sobre el cerebro

Este compuesto fue desarrollado dentro del contexto médico como respuesta a la necesidad de tratar dolores intensos que no respondían a los analgésicos convencionales. En casos de cáncer avanzado o enfermedades terminales, este opioide sintético ofrece un alivio considerable y mejora la calidad de vida. Su eficacia es tal que puede ser hasta cien veces más potente que la morfina, convirtiéndose en una herramienta indispensable en la medicina paliativa.

El especialista explicó que los opioides pueden originarse de tres maneras: por producción natural del organismo (endorfinas), extracción vegetal (opio de la amapola) o síntesis química en laboratorio. Tanto la morfina como el fentanilo son empleados en hospitales para tratar el dolor crónico, pero el segundo requiere un control estricto debido a su alta potencia.

Cuando se utiliza bajo supervisión médica y en formas farmacéuticas controladas, los riesgos se minimizan. Sin embargo, la exposición a variantes ilegales, producidas sin estándares de calidad, eleva la posibilidad de desarrollar tolerancia y dependencia, obligando a las personas a aumentar la dosis para sentir los mismos efectos.

El impacto del fentanilo en el cerebro sigue un recorrido claro: primero, estimula el ganglio basal, generando placer e incentivando la repetición del consumo. Luego, la amígdala extendida y el hipotálamo empiezan a regular el estrés y las emociones, derivando en ansiedad e irritabilidad si se interrumpe el consumo. Finalmente, la corteza prefrontal, encargada del juicio y la toma de decisiones, se ve afectada, lo que lleva a una pérdida de control y a consumir la droga solo para evitar el malestar, más que por placer.

Andrew Wilkinson, un delincuente sexual registrado de 36 años residente en El Bronx, enfrenta una acusación federal de 10 cargos por atraer a tres adolescentes a su apartamento con promesas de tatuajes gratis, drogarlas y agredirlas sexualmente. El instrumento que usó para captarlas fue una cuenta de Instagram con el nombre @tattzbysteppa, donde promocionaba un servicio de tatuajes sin licencia.

La acusación formal, presentada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, lo señala como un “depredador en serie” que usó las redes sociales para identificar y manipular a niñas vulnerables entre diciembre de 2024 y julio de 2025.

Caso por caso: cómo actuó con cada víctima

Wilkinson operaba un negocio de tatuajes clandestino y sin habilitación desde su apartamento en El Bronx. A través de Instagram y otras plataformas, contactaba a menores y les ofrecía tatuajes sin costo para atraerlas a ese espacio.

La primera víctima tenía 14 años cuando él se comunicó con ella por primera vez. Durante meses, entre diciembre de 2024 y enero de 2025, le envió más de 800 mensajes para convencerla de visitarlo.

El 27 de enero de 2025, cuando la joven ya había cumplido 15 años, Wilkinson la convenció de ir a su apartamento y grabó un video sexualmente explícito de ella con su teléfono celular, según el pliego de cargos del Departamento de Justicia.

Con la segunda víctima, de 17 años, el esquema fue el mismo: la convenció de viajar desde Long Island hasta El Bronx para obtener un tatuaje gratis. Una vez allí, la drogó y la agredió sexualmente, según los fiscales federales.

El tercer caso, ocurrido el 23 de julio de 2025, incluyó un elemento adicional. Wilkinson le dijo a la víctima, de 16 años, que le haría el tatuaje gratis si ganaba tres partidas de cartas. Luego le suministró hongos alucinógenos con psilocina, metanfetamina y una bebida no identificada.

La joven perdió el conocimiento y Wilkinson la violó mientras estaba inconsciente, de acuerdo con la acusación formal.

Los 10 cargos y las penas que enfrenta

La acusación federal contra Wilkinson suma 10 cargos en total. Estos son:

• 1 cargo por explotación sexual de un menor — pena mínima obligatoria de 15 años de prisión.
• 3 cargos por coerción y captación de menores para actividad sexual ilegal — mínimo de 10 años por cada uno.
• 3 cargos por cometer delitos graves contra menores en calidad de delincuente sexual registrado — mínimo de 10 años cada uno, a cumplir de forma consecutiva a las otras condenas.
• 1 cargo por distribución de sustancias controladas — pena máxima de 20 años.
• 1 cargo por distribución de sustancias controladas con intención de cometer violación — pena máxima de 20 años.
• 1 cargo por distribución de sustancias controladas a un menor — pena máxima de 40 años.

El caso quedó asignado a la jueza federal Colleen McMahon, del Distrito Sur de Nueva York. Wilkinson fue presentado ante la magistrada Ona T. Wang para su lectura de cargos.

Antecedentes: ya tenía condena por delitos similares

Este no es el primer proceso penal que enfrenta Wilkinson, conocido por el apodo “Steppa”. Ya acumulaba una condena estatal previa por violación y abuso sexual de una menor, lo que lo colocaba en el registro de delincuentes sexuales al momento de los nuevos ataques.

Esa condición agrava su situación legal: los tres cargos por delinquir como agresor sexual registrado implican penas mínimas adicionales que corren en paralelo a las del resto de los delitos.

Las reacciones de la Fiscalía y el NYPD

“Andrew Wilkinson, un delincuente sexual registrado y depredador en serie, usó las redes sociales para atacar a niñas vulnerables, drogarlas, agredirlas sexualmente y filmar el abuso”, declaró el fiscal federal Jay Clayton, según el comunicado del Departamento de Justicia.

La comisionada del NYPD, Jessica Tisch, fue directa: “Este acusado, que ya era un delincuente sexual registrado, presuntamente usó las redes sociales para atraer a menores a un negocio sin licencia con la promesa de tatuajes gratis, y luego las drogó, violó y filmó”.

El abogado defensor federal de Wilkinson, Mark Gombiner, declinó hacer comentarios cuando NBC New York lo contactó por correo electrónico.

El llamado a posibles víctimas

Las autoridades publicaron la foto del acusado ante la preocupación de que existan más víctimas que aún no se presentaron a denunciar. La Fiscalía Federal habilitó un canal de contacto directo para este caso.

Quienes hayan tenido contacto con Wilkinson a través de la cuenta @tattzbysteppa u otras cuentas similares pueden comunicarse al (212) 637-0076 o escribir a usanys.wilkinson-case@usdoj.gov, con referencia al caso.

Durante una entrevista con Exitosa, el especialista de Cedro, Milton Rojas, explicó que, aunque la ketamina es un medicamento utilizado en medicina humana y veterinaria, su uso fuera del ámbito médico puede provocar graves consecuencias físicas y psicológicas. Además, advirtió que la facilidad para conseguir este fármaco y la curiosidad propia de la adolescencia están favoreciendo su expansión en diferentes regiones del país.

Ketamina en escolares: especialistas alertan sobre adicción, alucinaciones y afectación de la memoria

Milton Rojas señaló que la ketamina es una sustancia psicoactiva cuyo consumo suele concentrarse en población joven y adolescente. Según explicó, los datos recogidos por DeVIDA reflejan que miles de escolares ya han tenido contacto con este fármaco, una cifra que evidencia una problemática que va más allá de Lima Metropolitana.

"La ketamina genera con mucha facilidad tolerancia y finalmente dependencia o adicción“, advirtió el especialista durante la entrevista. Asimismo, indicó que sus efectos pueden variar según la cantidad consumida, pero incluyen una aceleración marcada de las funciones del organismo, dificultad para reconocer lo que sucede alrededor y episodios de alucinaciones visuales.

Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas es el denominado efecto disociativo, una sensación de separación entre la mente y el cuerpo que puede resultar especialmente peligrosa para personas con vulnerabilidad a desarrollar trastornos de salud mental.

Rojas explicó que esta alteración podría precipitar cuadros severos, incluso una psicosis, además de afectar funciones cognitivas fundamentales.

"Uno de los efectos centrales desde un punto de vista psicológico es el daño en el cerebro, en la zona que tiene que ver con las funciones cognoscitivas, principalmente la memoria. Eso está más o menos ya documentado en estudios que se han hecho en adictos a ketamina“, afirmó.

Una sustancia accesible

El especialista también recordó que la accesibilidad representa uno de los principales factores de riesgo. Indicó que en el país existen mercados informales donde se comercializan medicamentos vencidos, adulterados o desviados de hospitales, lo que facilitaría el acceso a este tipo de sustancias.

Además de Lima, el estudio identifica la presencia de consumo en ciudades como Chiclayo, Trujillo, Arequipa y Piura, aunque Rojas precisó que esto no significa que localidades más pequeñas estén libres del problema.

Según explicó, las redes sociales, la búsqueda de nuevas experiencias y la curiosidad propia de la adolescencia contribuyen a que muchos jóvenes experimenten con drogas sintéticas.

En ese contexto, también mencionó el crecimiento del tusi, una sustancia cuyo principal insumo es precisamente la ketamina y que ha ganado presencia en distintos países de Latinoamérica, Europa y parte de Asia.

Durante la entrevista también se abordó el riesgo del fentanilo, otro medicamento de uso estrictamente médico que puede resultar letal cuando es utilizado fuera de ese contexto.

Rojas recordó que una investigación realizada por CEDRO detectó que este fármaco era vendido en algunas farmacias sin la receta especial correspondiente y advirtió sobre el peligro de su consumo ilegal.

"Una dosis ínfima, imagínense ustedes un grano de arroz dividido en cuatro o en cinco, solamente una muestra de ella puede generar hasta sobredosis“, señaló.

El especialista agregó que el uso informal de opioides como morfina, heroína o fentanilo representa un alto riesgo para la salud y puede provocar una muerte súbita, por lo que insistió en que estos medicamentos solo deben emplearse bajo estricta supervisión médica.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el decomiso de 43 mil cartuchos de munición realizado recientemente en Arizona representa una muestra de la coordinación que existe entre las autoridades mexicanas y estadounidenses para combatir actividades vinculadas con la delincuencia organizada.

Durante ‘La Mañanera’ de este martes, la mandataria señaló que el aseguramiento refleja una mayor atención de las instituciones estadounidenses al tráfico de armas y municiones que terminan en territorio mexicano.

Sheinbaum consideró que este tipo de acciones responden a los planteamientos que su administración ha realizado de manera constante en los encuentros bilaterales con autoridades de Estados Unidos, donde México ha insistido en la necesidad de que ambos países asuman responsabilidades compartidas en materia de seguridad.

La mandataria sostuvo que, así como las autoridades mexicanas trabajan para impedir el traslado de drogas hacia Estados Unidos, el gobierno estadounidense debe reforzar las medidas para evitar que armas y municiones crucen ilegalmente la frontera sur de ese país.

La presidenta indicó que el decomiso registrado en Arizona constituye un ejemplo de los resultados que pueden obtenerse cuando existe comunicación y coordinación entre ambos gobiernos. Asimismo, destacó que en los últimos meses se han registrado acciones por parte de distintas instituciones estadounidenses para impedir el tráfico de armamento con destino a México.

“Es un buen ejemplo de cómo hay comunicación (entre México y EEUU). Nosotros hemos insistido mucho en que así como nosotros ayudamos a que no llegue droga a los Estados Unidos, ellos tienen que trabajar para que no pasen armas a México. Y ya ha habido acciones importantes. Una de ellas, es esta de Arizona”, afirmó.

Durante su intervención, Sheinbaum subrayó que las autoridades mexicanas mantienen una estrategia permanente de combate a la delincuencia que incluye programas de atención a las causas de la violencia, tareas de inteligencia y operativos coordinados para detener a presuntos integrantes de grupos criminales.

En ese contexto, afirmó que el esfuerzo debe ser compartido y que Estados Unidos también enfrenta retos internos relacionados con la operación de organizaciones delictivas dentro de su territorio.

La mandataria señaló que una parte importante de las armas utilizadas por grupos criminales en México proviene de establecimientos ubicados en Estados Unidos y posteriormente ingresa al país de manera ilegal. Por ello, insistió en que las autoridades estadounidenses deben fortalecer las acciones de vigilancia, investigación y aseguramiento de armamento.

“Nosotros en México hacemos nuestro trabajo todos los días. Desde la atención a las causas hasta la coordinación permanente para poder detener a presuntos delincuentes y generadores de violencia. Estados Unidos tiene que hacer su parte porque allá, hay armas que se compran en Estados Unidos y que pasan a México de manera ilegal”, aseguró Sheinbaum.

Además, sostuvo que el combate a las redes criminales no debe limitarse al tráfico de drogas hacia el exterior, sino que también debe contemplar medidas contra las organizaciones encargadas de distribuir narcóticos dentro de Estados Unidos.

“Hay organizaciones criminales en Estados Unidos, pues no se podría pensar en la cantidad de droga que se vende en EEUU de manera ilegal si no existieran organizaciones delictivas en Estados Unidos”, dijo.

Sheinbaum agregó que otro aspecto relevante es el combate a las estructuras financieras que permiten el funcionamiento de grupos delictivos, por lo que consideró necesario reforzar las investigaciones relacionadas con operaciones de lavado de dinero realizadas en territorio estadounidense.

“Ellos en EEUU tienen que hacer su trabajo en detener armas que vienen a México, pero también en hacer detenciones de las organizaciones delictivas que distribuyen la droga en EEUU y de lavado de dinero en Estados Unidos porque no todo es hacia afuera, ellos tienen que trabajar también hacia adentro, eso es algo que comentamos permanentemente en las reuniones bilaterales y, por lo menos en el caso de armas, ha habido incautaciones por parte de distintas instituciones de EEUU para evitar que pasen a México”, comentó la presidenta.

La presidenta explicó que estos planteamientos forman parte de los temas abordados de manera recurrente en las reuniones entre funcionarios de ambos países, donde México ha insistido en la necesidad de fortalecer la corresponsabilidad en materia de seguridad.

Las declaraciones ocurrieron después de que autoridades estadounidenses informaran sobre el decomiso de 43 mil cartuchos de munición en Arizona, un aseguramiento que, de acuerdo con Sheinbaum, muestra avances en la cooperación binacional para frenar el flujo de armas y municiones hacia México.

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido a un presunto integrante de una red de narcologística durante una operación desarrollada esta madrugada en Chiclana, según ha confirmado el Instituto Armado. El sospechoso intentó huir arrollando a un agente y embistiendo varios vehículos policiales, causando heridas a dos guardias civiles y atropellando a otro. Se le atribuyen delitos de atentado a la autoridad, seguridad vial y apoyo logístico al narcotráfico.

Se trataba de un operativo iniciado contra los sospechosos de llevar a cabo un abastecimiento de embarcaciones vinculadas al narcotráfico, lo que se conoce como ‘petaqueo’. Desde la aprobación de la ley contra las ‘narcogasolineras’, se ha tratado de endurecer la lucha contra el narcotráfico a través de seguir el combustible. Esta ley permite juzgar de la misma forma el tráfico de gasolina aunque no se demuestre la conexión directa con el transporte de drogas.

Los hechos ocurrieron en la playa de la Barrosa, donde agentes del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) detectaron la aproximación de una Embarcación de Alta Velocidad (EAV), los vehículos usados como narcolanchas. De inmediato, la Guardia Civil organizó un dispositivo para frenar su abastecimiento, lo que acabó desembocando en la acción contra los agentes.

Intento de huida con atropellos

Al notar la presencia policial, la embarcación sospechosa puso rumbo a mar abierto, interrumpiendo el abastecimiento de víveres e intentando huir del lugar junto al resto de los implicados en la logística. Fue entonces cuando uno de los guardias civiles inició la persecución a la carrera de uno de los presuntos implicados, quien subió rápidamente a su vehículo para escapar.

El sospechoso arrancó el coche y, en su intento de huida, se dirigió directamente contra el guardia civil que le perseguía, atropellándolo y causándole contusiones y magulladuras. A pesar de las heridas, el agente pudo indicar a sus compañeros la dirección del vehículo y sus características antes de ser atendido por los servicios médicos. Posteriormente, dos patrullas localizaron al vehículo sospechoso en una calle sin salida. Sin mostrar intención de rendirse, el detenido embistió reiteradamente los coches policiales que bloqueaban su paso, lesionando a otros dos agentes en el proceso. Finalmente, fue reducido y arrestado.

El detenido ha sido trasladado a dependencias policiales y está acusado de dos delitos de atentado contra agentes de la autoridad, dos delitos contra la seguridad del tráfico y uno por actividades de narcologística. La Guardia Civil mantiene abiertas las investigaciones y no descarta que se produzcan nuevas detenciones en los próximos días, continuando así la lucha contra el suministro logístico a las redes de narcotráfico en la costa gaditana.

El decomiso de 6.68 toneladas de cocaína realizado por la Marina Nacional marca un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico en El Salvador.

El presidente Nayib Bukele anunció a través de su cuenta de X que este operativo establece un nuevo récord nacional en incautaciones, superando cifras previas y consolidando una tendencia de golpes cada vez más severos a las redes criminales internacionales.

Según detalla el propio mandatario en sus redes sociales, el 18 de junio de 2026, personal de la Marina interceptó una embarcación tipo LPV (Low Profile Vessel) a 1,074 km al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque.

En la nave viajaban tres personas: dos de nacionalidad colombiana y un ecuatoriano, todos identificados como presuntos narcotraficantes. Transportaban 3,425 toneladas de cocaína.

Seis horas más tarde, en la misma área marítima, las autoridades ubicaron una segunda embarcación con características similares. A bordo se encontraban otros tres individuos —dos colombianos y un ecuatoriano— que trasladaban 3,255 toneladas del mismo estupefaciente.

Ambos decomisos, concentrados en menos de un día, suman 6,68 toneladas de cocaína con un valor estimado de USD 167 millones. Las autoridades salvadoreñas consideran que este resultado representa el mayor golpe al narcotráfico en la historia del país.

Contexto de los operativos antidrogas recientes

El Salvador ha incrementado de forma notoria la capacidad de sus fuerzas de seguridad para detectar y neutralizar embarcaciones dedicadas al transporte internacional de droga.

El presidente Bukele subrayó que la cifra total de incautaciones en 2026 ya asciende a 13,286 toneladas de cocaína, valoradas en más de USD 332,15 millones.

Esta tendencia al alza refleja una estrategia sostenida que comenzó a mostrar resultados visibles desde el año anterior. El 13 de febrero de 2026, la Marina Nacional logró decomisar 6,606 toneladas de cocaína en una sola acción, registro que hasta ahora era considerado el mayor golpe a los traficantes. El nuevo operativo del 18 de junio supera tal antecedente y marca un hito en la historia reciente del país.

Respuesta del gobierno y persistencia del fenómeno

Las autoridades de El Salvador han centrado sus esfuerzos en combatir las rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales para el tráfico de drogas hacia mercados internacionales.

La Marina Nacional ha intensificado la vigilancia en aguas jurisdiccionales y zonas de alta incidencia, logrando interceptar embarcaciones de última tecnología, como las LPV, diseñadas para eludir radares y patrullas.

El propio presidente Bukele afirmó que la guerra contra el narcotráfico se libra en escenarios donde antes los grupos delictivos actuaban con total impunidad.

Los constantes decomisos de grandes volúmenes de cocaína demuestran una política de cerco activo y permanente sobre las operaciones de estas redes.

En lo que va de 2026, El Salvador ha registrado la mayor cantidad de droga incautada en su historia, resultado de acciones coordinadas entre la Marina, la Policía Nacional Civil y organismos internacionales.

Con cada nuevo decomiso, las autoridades insisten en que la estrategia continuará para evitar que el país vuelva a ser utilizado como ruta segura para el tránsito de narcóticos.

Los decomisos recientes no solo han golpeado las finanzas de los cárteles, sino que también han reforzado la imagen del país en el combate regional al tráfico de drogas.

Una alianza de delincuentes españoles y albaneses había ‘tomado’ la población de Cabra del Camp, en Tarragona, de poco más de 1.000 habitantes. Una operación conjunta de la Policía Nacional y Mossos d’Esquadra (que movilizó a unos 300 agentes), desmanteló a principios de junio un total de 11 plantaciones de marihuana en varias viviendas de la localidad. Hubo 14 detenidos, que habían conseguido cultivar 5.000 plantas. Un par de semanas antes, también en Tarragona, era la Guardia Civil (en colaboración también con los Mossos) quien desarticulaba una organización criminal que suministraba de forma coordinada todo el material necesario para instalar y mantener plantaciones de marihuana a gran escala. Esta red ofrecía un servicio integral, con todos los elementos necesarios para que estos cultivos ilegales fueran una realidad: iluminación, ventilación, sistemas de riego, fertilización y control ambiental.

Dos noticias recientes que revelan que España lleva siendo, desde hace años, la mayor plantación de marihuana de Europa. De hecho, nuestro país concentró el 75% del número total de plantas de cannabis incautadas en la Unión Europea en el año 2024, según el último Informe Europeo sobre Drogas presentado este mismo mes de junio. “Siempre ha sido una droga fácil y barata de producir, fácil de vender y con un rápido retorno económico. Y encima tiene la percepción de droga blanda, que no es nociva, con buena prensa”, coinciden en señalar fuentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional destinadas a la lucha antidroga. Sin embargo, algo ha empezado a cambiar. Aunque el Ministerio del Interior no ha hecho públicos los datos de 2025, “las cifras provisionales disponibles de 2025 apuntan a un importante descenso en las aprehensiones, dado que se ha incautado prácticamente la mitad de la cantidad intervenida en 2024″, señalan las mismas fuentes.

Las cifras hablan por sí solas. En 2015, por ejemplo, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado decomisaron 377.458 plantas (una media de 1.034 cada día) en todo el país. En 2021 se incautaron 3.335.167 plantas (9.100 al día), lo que supone un incremento del 783%. La tendencia se mantuvo en 2022 (3.350.969). Pero en 2023 empezó a cambiar la tendencia: 1.704.294 plantas incautadas ese año y 1.601.532 en 2024. Los datos de 2025 estarán en torno a las 800.000, un descenso de 76% en cuatro años. Los narcos ya no apuestan por las grandes plantaciones de exteriores, pero “sí continúa la prevalencia de las llamadas plantaciones ‘indoor’, dentro de viviendas, más pequeñas”, explican las fuentes antes señaladas.

¿Por qué este descenso? Desde el ministerio del Interior reconocen que el cultivo y tráfico de marihuana “estaba consolidándose como una de las principales actividades delictivas de los grupos organizados en España”. Por eso, la Secretaría de Estado de Seguridad puso en marcha en 2021 el ‘Plan de Actuación contra la Criminalidad Organizada asociada a la producción y tráfico de marihuana’, que ha empezado a dar sus frutos. “El objetivo era incrementar la detección y desarticulación de los grupos organizados dedicados al cultivo y tráfico de marihuana, así como disminuir los canales de distribución y favorecer la destrucción de las plantaciones detectadas y los utensilios utilizados para el cultivo”, explican desde Interior.

Primer productor desde 2018

España era desde 2018 el productor número uno de Europa. Algo había que hacer. “La implantación del plan ha arrojado excelentes resultados, produciéndose una tendencia descendente importante en las incautaciones desde el año 2021, tanto de marihuana como de plantas. El desarrollo de planes operativos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en sus respectivos ámbitos de actuación está contribuyendo a frenar el asentamiento de grupos de crimen organizado dedicados al cultivo y tráfico de cannabis en nuestro país”, concluyen desde Interior. El plan es sencillo: aumentar la desarticulación de redes de crimen organizado que controlan estas plantaciones (se estaban implantando en España grupos chinos, suecos, polacos y de origen balcánico como albaneses, rumanos, búlgaros y serbios) y destruir con mayor rapidez los cultivos, que cada vez eran más grandes y contienen más niveles de THC (el componente psicoactivo de la planta).

Las grandes plantaciones de exterior van desapareciendo y se consolidan las de menor porte en interior de viviendas. Sobre todo en Cataluña, Granada, Murcia y Almería, siendo ahora las nacionalidades principales de los detenidos la española, albanesa y colombiana. Las pequeñas plantaciones ‘indoor’ (en pisos, garajes, cobertizos, pequeñas naves industriales…) son más fáciles de ocultar y, por tanto, complicadas de localizar. Además, no necesitan grandes inversiones económicas. “Las plantaciones en interior son más eficientes. Ahora las semillas vienen modificadas y pueden dar incluso cinco cosechas anuales”, confirman desde la Guardia Civil. “La gente se dedica ahora más a las plantaciones ‘indoor’, que son más difíciles de detectar y producen todo el año. Las que son al aire libre solo producen una cosecha al año, son más fáciles de detectar y más fácil que te las levanten”.

Además, en la mayoría de las ocasiones, las plantaciones conllevan otro tipo de delito, el fraude eléctrico. Las grandes operadoras energéticas colaboran ya con las Fuerzas de Seguridad del Estado para ayudar a detectar estas plantaciones, que necesitan mucho consumo de luz. Solo en 2025, Endesa detectó y desmanteló, en colaboración con Policía y Guardia Civil, 1.850 instalaciones ‘indoor’ de producción de marihuana. En los últimos cinco años, esta compañía ha llevado a cabo el desmantelamiento de 10.600 plantaciones de este tipo. Estas prácticas delictivas representan el 26% del total de ‘enganches’ fraudulentos a la red eléctrica; es decir, una quinta parte del ‘robo’ de electricidad que se practica en España. Naturgy colaboró en el desmantelamiento de 144 plantaciones en 2025. Una plantación indoor promedio consume lo mismo que 80 viviendas. Iberdrola no facilita esos datos.

La encuesta EDADES del Plan Nacional sobre Drogas de 2024 revela que el 2,5% de personas de 15 a 64 años consume a diario en España esta droga (unas 825.000). Además, el 42% de los consumidores la ha conseguido gracias a un traficante y un 8,2% porque tiene una plantación propia. España prohibió el cultivo, la producción y venta de cannabis en 1967. Pero según el Ministerio de Agricultura no se considera estupefaciente si tiene menos del 0,2% de THC (abreviación del componente psicoactivo tetrahidrocannabinol) y el cultivo en cuestión tiene fines industriales. Pero ese cultivo pasaría a ser ilegal si los cogollos resultantes se usan para fines recreativos, para el tráfico. En España solo se permite tener hasta 100 gramos de marihuana para consumo personal y únicamente privado. Todo lo que pase de esa cantidad es tráfico de drogas.

La FGEO ejecutó el cateo de un inmueble en Pinotepa Nacional el 17 de junio de 2026. La intervención dejó siete detenidos y el aseguramiento de armas, presuntas drogas y vehículos, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

La diligencia se realizó en el barrio La Posta, como parte de trabajos de inteligencia criminal y acciones coordinadas para atender el fenómeno delictivo en la región Costa, según la propia fiscalía.

El operativo interinstitucional fue encabezado por la Vicefiscalía Regional de la Costa. En el despliegue participaron la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Policía Municipal, la Secretaría de Marina y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), precisó la FGEO.

Durante la acción, las autoridades detuvieron a dos mujeres identificadas como M.A.L. y L.D., además de cinco hombres identificados como B.L.V., E.J.C.M., F.J.H.G., V.R.S.M. y C.A.N.B., detalló la fiscalía estatal.

La FGEO informó que todas las personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad competente, con el fin de que se determinara su situación jurídica conforme a derecho.

En el inmueble cateado, la fiscalía estatal aseguró un arma larga tipo AR-15, además de cargadores y cartuchos útiles. También decomisó una pistola calibre .380, así como cargadores abastecidos con cartuchos calibre 9 milímetros, según el reporte oficial.

En el mismo lugar se localizaron bolsas con sustancia con características similares a la droga conocida como cristal, una báscula gramera y teléfonos celulares, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

Como parte del aseguramiento, las autoridades también incautaron cuatro motocicletas y otras dos unidades que se encontraban semidesmanteladas, indicó la FGEO al detallar el resultado del cateo.

La fiscalía estatal vinculó la intervención a una estrategia de investigación y coordinación institucional orientada a fortalecer la persecución del delito en las distintas regiones de Oaxaca y a llevar ante la justicia a quienes presuntamente participan en actividades ilícitas, según su comunicado.

Lo asegurado tras el cateo

• 1 arma larga tipo AR-15.
• 1 pistola calibre .380.
• Cargadores abastecidos con cartuchos calibre 9 milímetros.
• Bolsas con sustancia con características similares a la droga conocida como cristal.
• 1 báscula gramera.
• Teléfonos celulares.
• 6 motocicletas .

• Siete personas fueron detenidas tras un cateo en Pinotepa Nacional el 17 de junio de 2026
• La FGEO aseguró un arma tipo AR-15, una pistola .380 y presuntas drogas
• También decomisaron cuatro motocicletas y dos unidades semidesmanteladas

En marzo detuvieron a otros siete con metralletas

El pasado 30 de marzo como resultado de una intensa persecución en la ciudad de Pinotepa Nacional, elementos de la Policía Estatal en coordinación con elementos del Grupo Especial de Reacción Inmediata (FERI) detuvieron a siete presuntos integrantes de un grupo delictivo que opera en la región de la Costa.

A los imputados se les aseguró un arma de fuego larga AR-15 calibre .223, con un cargador de disco, un arma de fuego, Marca Smith&Wesson, calibre 9mm, dos vehículos; uno de la Marca Nissan, tipo Sentra, color blanco y una Camioneta de la Marca Dodge Ram, color blanco.

7 personas fueron aseguradas, de las cuales cuatro fueron identificados con las iniciales: C.A.C, de 27 años de edad, F.G.D, de 38 años de edad, I.R.E, de 38 años de edad y E.M.H de 33 años de edad, tres de ellos resultaron lesionados.

Dos ciudadanos mexicanos comparecieron este martes ante la justicia australiana después de que las autoridades interceptaron en Sídney un cargamento de más de 200 kilogramos de metanfetamina oculto en pintura industrial, valuado en 185 millones de dólares australianos —unos 120 millones de dólares estadounidenses—.

El caso se remonta a inicios de junio, cuando agentes de la Fuerza Fronteriza Australiana detectaron un contenedor procedente de México que presentaba indicios de contener sustancias ilícitas. Tras una inspección especializada, las autoridades determinaron que la droga había sido impregnada en la pintura transportada dentro del cargamento, un método utilizado para dificultar su detección durante los controles aduaneros.

De acuerdo con la Policía Federal Australiana (AFP), el decomiso representó aproximadamente dos millones de dosis de metanfetamina que habrían llegado al mercado ilegal australiano. Después del hallazgo, los investigadores realizaron diversas diligencias para identificar a las personas vinculadas con el envío.

Las pesquisas condujeron a una vivienda ubicada en Box Hill, un suburbio de Sídney, donde fueron detenidos tres ciudadanos mexicanos: un hombre de 49 años, su hijo de 25 años y una mujer de 25 años.

Posteriormente, los dos hombres comparecieron ante las autoridades judiciales australianas en el marco de la investigación. La mujer quedó en libertad mientras continúan las indagatorias.

Durante el cateo realizado en el inmueble, los agentes aseguraron dispositivos electrónicos y equipo industrial que presuntamente habría sido utilizado para procesar la sustancia contenida en la pintura.

Flujo de metanfetamina y grupos criminales mexicanos

La investigación ocurre en un contexto de creciente preocupación de las autoridades australianas y neozelandesas por el aumento de cargamentos de metanfetamina procedentes de México detectados en los últimos años.

Diversas investigaciones internacionales y reportes de inteligencia han vinculado parte de ese flujo con organizaciones criminales mexicanas como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), señalados por autoridades de distintos países como actores relevantes en el tráfico global de drogas sintéticas.

Sin embargo, las autoridades australianas no han informado públicamente que los mexicanos detenidos en este caso mantengan vínculos con alguna organización criminal específica, por lo que la investigación permanece centrada en las circunstancias del cargamento interceptado en Sídney.

Capacidad de producción de metanfetamina y mercados cada vez más atractivos

La capacidad de producción detrás de la metanfetamina mexicana ha sido un factor clave en su expansión internacional, de acuerdo con especialistas citados por InSight Crime, quienes señalan una transformación en los métodos utilizados por organizaciones criminales en México.

Durante años, estos grupos dependieron de precursores químicos importados para fabricar drogas sintéticas. Sin embargo, investigaciones recientes indican que han desarrollado la capacidad de producir parte de esos insumos a partir de sustancias de uso industrial y comercial disponibles en el mercado legal.

Este cambio ha reducido su dependencia de proveedores extranjeros, principalmente de Asia, y les ha permitido mantener altos niveles de producción incluso ante el endurecimiento de controles internacionales sobre químicos clave.

El ajuste en los métodos también ha impactado en la calidad del producto. Análisis retomados por InSight Crime señalan que operadores criminales han logrado sintetizar compuestos esenciales para la metanfetamina, lo que ha contribuido a la producción de droga de alta pureza.

En distintos decomisos internacionales se han registrado cargamentos con pureza superior al 90 por ciento, una característica que ha incrementado su competitividad frente a otras regiones productoras.

Esta combinación de producción constante, mayor sofisticación técnica y acceso parcial a insumos ha facilitado la llegada de cargamentos mexicanos a mercados de alto valor como Australia y Nueva Zelanda.

En esos países, la metanfetamina alcanza precios mucho más altos que en América del Norte, lo que ha incrementado el interés de organizaciones criminales por abastecer la demanda en la región.

Las investigaciones han documentado un aumento de decomisos vinculados a cargamentos procedentes de México desde al menos 2018. En varios casos, la droga ha sido hallada oculta en mercancías comerciales o transportada mediante rutas marítimas internacionales complejas.

Puertos y centros logísticos en Asia y Norteamérica como puntos de tránsito

Los reportes también indican el uso de puertos y centros logísticos en Asia y Norteamérica como puntos de tránsito antes de llegar a Oceanía, una estrategia diseñada para dificultar el rastreo del origen de los envíos.

En este contexto, especialistas en seguridad consideran que la capacidad de producción de metanfetamina de alta pureza ha favorecido la expansión de estos flujos hacia mercados cada vez más lejanos.

La detención de estos ciudadanos mexicanos en Sídney se suma a una serie de operativos y decomisos que han llevado a Australia y Nueva Zelanda a reforzar la vigilancia sobre cargamentos vinculados al tráfico internacional de drogas sintéticas.

Dos ciudadanos mexicanos comparecerán este 16 de junio ante un tribunal de Nueva Gales del Sur, Australia, señalados por su presunta participación en una operación para introducir más de 200 kilogramos de metanfetamina al país oceánico.

De acuerdo con las autoridades australianas, el cargamento tendría un valor estimado de 185 millones de dólares en el mercado ilícito y equivaldría a cerca de dos millones de dosis de la droga.

El caso salió a la luz después de que agentes de la Fuerza Fronteriza Australiana detectaran irregularidades en un envío procedente de México. Durante la inspección, los funcionarios localizaron metanfetamina presuntamente oculta en una capa de pintura aplicada dentro de la carga.

A partir de ese hallazgo, las autoridades iniciaron una investigación que condujo a un operativo en una vivienda de Sídney, donde fueron asegurados diversos dispositivos electrónicos y equipo que, según las pesquisas, habría sido utilizado para recuperar el narcótico oculto en el cargamento.

Padre e hijo enfrentan cargos

Durante las diligencias fueron detenidos tres ciudadanos mexicanos. Sin embargo, únicamente dos hombres, de 49 y 25 años de edad, fueron acusados formalmente por las autoridades australianas.

Según la información difundida por la Policía Federal Australiana, ambos tienen una relación de parentesco y enfrentarán el proceso judicial por delitos vinculados con la importación de drogas ilícitas.

Una mujer mexicana de 25 años también fue arrestada durante el operativo, aunque posteriormente recuperó su libertad mientras continúan las investigaciones sobre su posible participación en los hechos.

La droga habría llegado desde México

Las autoridades señalaron que la metanfetamina fue localizada en un contenedor enviado desde territorio mexicano, uno de los elementos que forman parte de la investigación para reconstruir la ruta utilizada por la organización detrás del cargamento.

Los investigadores también analizan los materiales asegurados durante el cateo para determinar el alcance de la presunta red involucrada en el traslado y recepción de la droga en Australia.

Podrían enfrentar cadena perpetua

La legislación australiana contempla severas sanciones para los delitos relacionados con la importación de sustancias prohibidas.

Por ello, los dos mexicanos acusados enfrentarán un proceso judicial que podría derivar en penas de hasta cadena perpetua en caso de que sean declarados culpables.

Mientras avanza el caso, las autoridades australianas sostienen que el decomiso representa una afectación significativa para las organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de drogas, debido al volumen de la sustancia asegurada y al valor económico que habría alcanzado en el mercado ilegal.

A casi dos años de iniciada la actual administración, el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal presentó un balance integral del combate frontal a las organizaciones criminales, revelando cifras que ilustran la magnitud del despliegue logístico y operativo del Estado mexicano. El reporte, que abarca desde el 1 de octubre de 2024 hasta el 31 de mayo de 2026, expone el aseguramiento de un arsenal que supera las 30 mil armas de fuego y el decomiso de casi 420 toneladas de diversos narcóticos a lo largo del país.

Durante la conferencia “Las mañaneras del pueblo”, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, en representación de las instituciones de seguridad federales, detalló que estos resultados son producto de una estrecha coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y las fiscalías.

Golpe frontal a la producción de fentanilo y drogas sintéticas

Uno de los ejes principales de la Estrategia Nacional de Seguridad ha sido la asfixia a la infraestructura química del narcotráfico. El informe destaca el aseguramiento histórico de más de 5 millones de pastillas de fentanilo, un opioide sintético que representa el núcleo de las operaciones transnacionales hacia el norte del continente.

A la par de estos decomisos, las Fuerzas Armadas han desplegado operaciones de rastreo e inteligencia que culminaron con el desmantelamiento de 2,407 laboratorios clandestinos y áreas de concentración dedicadas a la elaboración de metanfetamina, con presencia en 22 estados de la República. Un ejemplo de la capacidad de fuego encontrada en estas áreas se evidenció recientemente en Guasave, Sinaloa, donde además de inhabilitar seis puntos de producción química, se incautó armamento de grado militar, incluyendo un fusil Barrett, explosivos y más de 6 mil cartuchos útiles.

El cerco marítimo y el desarme masivo de células delictivas

Por su parte, el control de las aguas territoriales ha fungido como un muro de contención esencial. La Secretaría de Marina reportó que, en este periodo, ha asegurado más de 71 toneladas de cocaína en operaciones de altamar. Apenas en acciones de vigilancia recientes en las costas de Chiapas y Guerrero, los marinos interceptaron dos embarcaciones cargadas con más de tres toneladas y media de cocaína, deteniendo a 10 tripulantes vinculados al trasiego internacional.

Estas incautaciones de droga han ido de la mano con una intensa campaña de desarme. En menos de dos años, las autoridades lograron retirar de las calles cerca de 30 mil armas de fuego y ejecutaron la detención de más de 56 mil personas por delitos de alto impacto. Entre los detenidos figuran jefes de plaza, operadores financieros y generadores de violencia de cárteles como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los Beltrán Leyva.

García Harfuch subrayó que estos decomisos masivos no solo evitan que millones de dosis de estupefacientes lleguen a los consumidores, sino que vulneran severamente las estructuras financieras de las organizaciones criminales, lo que a su vez ha sido un factor clave para lograr la reducción del 46 por ciento en el promedio diario de homicidios en todo el país.

Un hombre de 31 años ha muerto este martes tras un tiroteo con agentes de la Policía durante un operativo contra el narcotráfico en la comarca de O Salnés, en Pontevedra, según adelanta Diario de Pontevedra y ha confirmado Infobae. El fallecido sería un supuesto narcotraficante. Las fuentes policiales confirman también que no hay ningún agente herido tras el intercambio de disparos.

El suceso tuvo lugar sobre las 7 de la mañana en las proximidades de una vivienda situada en Cambados, capital de la comarca. Según apunta EFE, el herido fue trasladado al Hospital do Salnés con una herida de bala. Sin embargo, no llegó a tiempo y murió en el hospital poco después de ser atendido por el equipo sanitario.

Investigación de lo sucedido

Este martes, un hombre ha fallecido tras recibir un disparo presuntamente efectuado por un agente de la Policía Nacional. El Hospital do Salnés confirmó que el hombre ingresó herido de bala sobre las 7:30 y murió poco después. El paciente falleció durante las primeras atenciones de emergencia, tras agravarse de forma crítica su estado de salud. Europa Press ha señalado que el abogado de la familia, Guillermo Presa, ha declarado que “no se produjo ningún tiroteo, sino un único disparo de la policía”.

Según su versión, “estaba desnudo en cama, la Policía reventó la puerta, se asomó para ver qué pasaba y recibió un disparo”, añadiendo que en la vivienda “no encontraron ningún arma”. La Guardia Civil ha abierto una investigación por homicidio, según la agencia. El operativo antidroga incluyó registros en Vilanova, Vilagarcía, Cambados y Ribadumia, y permanece bajo secreto de sumario, coordinado por el juzgado de instrucción número 4 de Cambados.

Una semana después de otro tiroteo

La semana pasada, la Guardia Civil incautó más de 1.100 kilos de hachís en una operación llevada a cabo en Punta Umbría, Huelva, donde los agentes fueron atacados a tiros por un grupo de narcotraficantes. El operativo se activó tras detectar una narcolancha a unas ocho millas de la costa y desplegar un dispositivo por mar y tierra. La embarcación fue localizada en la ría, donde varias personas intentaban cargar la droga en una furgoneta. En ese momento, los implicados abrieron fuego con armas largas contra los agentes, quienes respondieron a los disparos.

No hubo heridos, aunque los narcotraficantes escaparon a pie y solo uno fue detenido; el resto sigue siendo buscado. En la intervención se incautaron 56 fardos de hachís, una pistola y diversos casquillos, que están siendo analizados. El dispositivo de cierre incluyó varias unidades especializadas de la Guardia Civil y la colaboración de otros cuerpos policiales. El Ministerio del Interior ha resaltado la relevancia de esta operación, que pone de manifiesto el aumento de la violencia y el riesgo creciente al que se enfrentan los agentes en la lucha contra el narcotráfico en el sur del país.

La detención de Facundo Leal, el ex titular de ARSAT durante el gobierno de Alberto Fernández, puso al descubierto una trama delictiva que involucra a un grupo de ex funcionarios oriundos de la provincia de Mendoza, que habrían desviado contratos para beneficiarse con los fondos del Estado.

De acuerdo a lo que expresa el expediente, al que tuvo acceso Infobae, la causa tiene su origen en la denuncia efectuada por los apoderados de la empresa estatal.

Esa presentación dio cuenta de que durante un recorrido de rutina, realizado el 4 de enero de 2024 en los depósitos de Argentina Logistic Services S.A. (ALS) ubicados en San Fernando, “se advirtió la sustracción y el daño de numerosos elementos almacenados en el interior de 17 contenedores o ‘shelters’ propiedad de ARSAT, lo que produjo significativas pérdidas a la empresa estatal por un valor total de USD 151.126,29”.

La causa

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, impulsó la investigación realizando una serie de relevamientos y testimonios, que lo llevaron a sospechar que el origen de las faltantes podría estar relacionado con las irregularidades en la contratación de la empresa de logística.

Con esa hipótesis, avanzó con un requerimiento que paulatinamente fue concedido por el juez Lino Mirabelli. Se trata de la ejecución de 15 allanamientos, el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil, y una serie de medidas cautelares sobre los bienes de los imputados.

Finalmente, el magistrado dispuso la citación a declaración indagatoria de todos los involucrados, quienes deberán responder por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en concurso ideal con fraude a la administración y cohecho.

La convocatoria es para la denominada “banda de los mendocinos”, los ex directivos de ARSAT, Gerardo Boschin, Pablo Gastón Pagani, Facundo Leal, Juan Navarro, Juan Álvarez; y por ALS, Diego Padilla, Fernando Paredes, Gastón Padilla, Sofía Varela Vizgarra y Santiago Pando.

Los testigos

La causa se inició con una denuncia por robo de mercadería en el predio ubicado en Ramal Tigre de la Panamericana Acceso Norte, a la altura de San Fernando. Los empleados de ARSAT, de ALS y de la compañía de seguridad describieron una serie de irregularidades que pusieron en evidencia el incumplimiento de las exigencias del contrato.

Los investigadores describieron que, desde que se tomó conocimiento del faltante de materiales en los shelters de ARSAT, la empresa ALS no realizó ningún requerimiento a la cooperativa de seguridad para optimizar o modificar el plan de servicio.

Incluso un miembro del equipo de Infraestructura reveló que el robo debió hacerse durante el día porque los equipos no tienen luz, y se necesitó para hacerlo varios días y en varias horas.

El deterioro del depósito

En el predio de San Fernando se guardaban los contenedores o “shelters” que formaban parte del Proyecto Shelter-2 de ARSAT, que tenía como finalidad garantizar la conexión a la Red Federal de Fibra Óptica en todo el territorio nacional.

Sobre el estado del lugar, declararon que “los pastos crecen por debajo de shelters y los llenan de humedad, a veces se meten ratas por la acometida de los cables y entran bichos”.

Explicaron que entre los contenedores “hay algunos que cierran y otros que no, porque el suelo está desnivelado y la cerradura no encastra bien”.

Sobre el plan de seguridad elegido para el depósito de ALS, los vigiladores señalaron que en alguna oportunidad le sugerimos al cliente aumentar el personal nocturno, porque carece de personal de seguridad suficiente para custodiarlo.

Cámaras sin vigilancia

Una testigo declaró que “el monitoreo de las cámaras no lo hacía nadie, yo tuve en mi computadora las cámaras después del hecho, pero nunca las controlé”.

Por otra parte, no existen registros fílmicos de las cámaras privadas instaladas en el interior y exterior del predio. Según informó la propia empresa, no funcionaron durante más de un año, antes de que se descubrieran las faltantes.

Con posterioridad a los hechos buscaron instalar un nuevo sistema de visualización de las cámaras en una PC, en una garita en el portón de ingreso principal. Sin embargo, no fue aceptado por los directivos de ARSAT y terminaron despidiendo a la compañía de seguridad.

Contratación irregular

De acuerdo a la teoría del caso, de las órdenes de compra emitidas por ARSAT a favor de la firma ALS, y de la evidencia digital “se desprende con meridiana claridad que, tras dichas contrataciones públicas, existía un entramado de corrupción público-privada, estructurado con el propósito de obtener un beneficio económico en perjuicio de la empresa estatal”.

Detectaron al menos “14 órdenes de compra emitidas entre 2021 y 2024 a favor de Argentina Logistic Services S.A., que fueron autorizadas por Gerardo Boschin, por un total de USD 1.930.861,30 y $40.300.000 bajo contratación directa".

Boschin fue subgerente de Compras y Contrataciones de ARSAT hasta 2024 y, tras la asunción de Javier Milei, pasó a ser director de Trenes Argentinos Operaciones hasta enero de este año.

Chats, reuniones y pasajes

La fiscalía atribuyó el armado de la maniobra a una serie de chats extraídos del teléfono de Diego Padilla. Entre los mensajes citados aparecen frases como “tenemos que hacer un par de cosas para que quede algo para los muchachos”, “que nos mande guita para llevarle a ARSAT” y “el jueves vamos a ARSAT para darle 6 mil dólares a Gerardo”, que el dictamen del Ministerio Público Fiscal interpreta como referencias a retornos y sobornos.

Además, se registraron “reuniones deliberadamente realizadas fuera del ámbito institucional, como restaurantes y cafeterías alejadas de las oficinas de la firma estatal”.

En esos encuentros “se habrían acordado los términos de la futura contratación, incluyendo el mecanismo para direccionarla, el monto del sobreprecio y la forma en que se distribuirían los beneficios ilícitos”.

Los funcionarios involucrados serían Facundo Leal, Gerardo Boschin y Pablo Gastón Pagani, quienes habrían aceptado dinero en efectivo, incluso en moneda extranjera, pasajes aéreos y otros favores.

Drogas y espionaje

El juez ordenó 15 allanamientos que alcanzaron los domicilios de todos los imputados y de las empresas mencionadas, donde secuestraron documentación, celulares, dispositivos de almacenamiento digital, dinero en efectivo, claves de acceso a monedas digitales y documentación contable.

Lo inédito fue el hallazgo de US$650.000 en efectivo, ketamina, drogas sintéticas y cocaína en el departamento de Facundo Leal en CABA, por lo que permanece detenido y procesado en una nueva causa que desde la semana pasada tramita en Comodoro Py.

Además, localizaron un bolso con 19 dispositivos profesionales de inteligencia militar, entre los que había micrófonos ocultos en anteojos, lapiceras y mouses. También inhibidores de señales, localizadores satelitales y un teléfono satelital Iridium.

Método repetido

La semana pasada el fiscal Ramiro González impulsó una causa contra Facundo Leal y otros funcionarios, con quienes trabajó cuando fue presidente del ORSNA, que también son oriundos de Mendoza.

Se trata de Noelia Florencia Ruiz, actual presidenta del Directorio del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos; Lucila Belén Pagani, actual Vicepresidenta; Facundo Gaitán, incorporado al organismo como “controller”.

En la denuncia que abrió este expediente se sostiene en que el supuesto “esquema de poder que rodeó a Leal no se habría disuelto con su salida, sino que se habría reconfigurado y profundizado bajo la nueva conducción”.

Panamá decomisó en los últimos días casi 2,800 paquetes de presunta droga decomisados, varias personas aprehendidas, una nueva condena por narcotráfico y procesos judiciales que continúan avanzando contra estructuras criminales dedicadas al tráfico internacional de sustancias ilícitas.

Los resultados forman parte de una serie de operaciones desarrolladas por la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, en coordinación con los estamentos de seguridad, tanto en tierra firme como en aguas del Pacífico panameño.

El mayor decomiso se registró al sur de Punta Coco, en el Archipiélago de Las Perlas. Durante labores de patrullaje y control de tráfico marítimo ilícito, unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) detectaron una embarcación en actitud sospechosa cuyos ocupantes intentaron escapar al percatarse de la presencia de las autoridades.

Según el Ministerio Público, durante la persecución los tripulantes comenzaron a lanzar bultos al mar en un aparente intento por deshacerse de la carga ilegal. Sin embargo, la embarcación fue interceptada y sus dos ocupantes, ambos ciudadanos colombianos, fueron aprehendidos.

Tras las diligencias de verificación y conteo realizadas por la Fiscalía de Drogas, se determinó que los 57 bultos recuperados contenían 2,427 paquetes rectangulares de presunta sustancia ilícita.

Las autoridades consideran que esta ruta marítima continúa siendo una de las más utilizadas por organizaciones criminales para movilizar cargamentos procedentes de Suramérica con destino a mercados de Centroamérica, Norteamérica y Europa.

Mientras tanto, en la provincia de Coclé también se desarrolló un operativo que permitió la incautación de otros 365 paquetes de presunta droga.

La diligencia se realizó en Río Hato, donde unidades de la Policía Nacional y la Fiscalía de Drogas ejecutaron un allanamiento autorizado por un juez de garantías a una camioneta que transportaba ocho bultos con la sustancia ilícita. Durante la operación fue aprehendido un hombre de 32 años.

El caso avanzó rápidamente en los tribunales. La juez de garantías de Coclé, Ilsis Samaniego Robles, validó un acuerdo de pena suscrito entre las partes y condenó al acusado a 96 meses de prisión por el delito de posesión agravada de drogas.

La sentencia también incluyó una multa de 200 dólares a favor del Tesoro Nacional, la cual deberá ser cancelada en el plazo de un año.

Otro de los operativos se desarrolló en Panamá Este. La Fiscalía de Drogas realizó un allanamiento en una residencia ubicada en el sector de Los Cántaros No. 1, en el corregimiento de 24 de Diciembre, donde fueron aprehendidas dos personas presuntamente vinculadas a actividades de microtráfico.

Durante la diligencia se decomisaron múltiples envoltorios y carrizos plásticos con polvo blanco, hierba seca, un cigarrillo artesanal, una pesa digital con residuos de sustancias ilícitas y otros elementos que forman parte de las investigaciones.

Las autoridades continúan analizando las evidencias para determinar el alcance de las operaciones que presuntamente se realizaban desde el inmueble. Mientras avanzan los decomisos y capturas, los tribunales también mantienen abiertos procesos contra organizaciones criminales de mayor alcance.

Esta semana fue reprogramada para el próximo 16 de noviembre la audiencia intermedia del denominado caso Escorpión, una investigación iniciada en 2022 contra grupos criminales presuntamente dedicados a la recepción, almacenamiento y transporte de drogas a través de las costas del Pacífico panameño.

La audiencia fue aplazada por la inasistencia de uno de los imputados y la ausencia de varios abogados defensores. El proceso involucra a 41 personas acusadas de delitos contra la seguridad colectiva, en la modalidad de reunión y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas.

De acuerdo con información judicial, 18 de los imputados permanecen bajo detención provisional, mientras otros 17 mantienen medidas cautelares de reporte periódico y seis cumplen detención domiciliaria.

Las autoridades sostienen que estas organizaciones forman parte de las estructuras logísticas utilizadas por redes internacionales de narcotráfico para recibir cargamentos procedentes del sur del continente y trasladarlos hacia otros mercados.

Los resultados obtenidos durante la semana reflejan las distintas fases de la lucha antidrogas que desarrollan las autoridades panameñas.

Por un lado continúan los operativos marítimos y terrestres para interceptar cargamentos ilícitos; por otro, avanzan las investigaciones que buscan desarticular organizaciones criminales completas; y paralelamente los tribunales continúan emitiendo condenas contra personas vinculadas al tráfico de drogas.

La ubicación geográfica de Panamá, sus extensas costas en el Pacífico y el Caribe, así como su condición de centro logístico regional, continúan convirtiendo al país en un punto estratégico para las organizaciones dedicadas al narcotráfico internacional.

Frente a este escenario, fiscales y estamentos de seguridad mantienen operaciones permanentes de vigilancia, patrullaje e inteligencia con el objetivo de afectar las estructuras criminales que utilizan el territorio panameño como ruta para el traslado de sustancias ilícitas.

Seis años después de la peor masacre registrada en una cárcel panameña, la justicia impuso la pena máxima permitida por la legislación nacional a los responsables del ataque que dejó 13 muertos y 11 heridos dentro del Centro Penitenciario La Joyita.

El Tribunal de Juicio integrado por los jueces Fernando Basurto, Luis Huffington y Johany Dutary condenó a 12 privados de libertad a 50 años de prisión cada uno por los delitos de homicidio doloso agravado y homicidio doloso agravado en grado de tentativa, tras ser declarados culpables previamente por un Jurado de Conciencia.

La sentencia fue leída este jueves en la sede de Juicio Oral y Cumplimiento del Órgano Judicial, en Balboa, corregimiento de Ancón. Los condenados siguieron la audiencia de manera telemática desde el centro penitenciario donde permanecen recluidos.

El tribunal impuso primero una pena de 30 años de prisión por los 13 homicidios dolosos agravados y posteriormente agregó 20 años por las 11 tentativas de homicidio, para una condena total de 50 años para cada uno de los sentenciados.

La cifra coincide con el límite máximo de cumplimiento efectivo de prisión contemplado por la legislación panameña. Aunque recientemente los tribunales han dictado condenas acumulativas superiores —incluyendo una de 80 años por un doble homicidio— la ley establece que ninguna persona puede permanecer privada de libertad por más de 50 años.

La decisión judicial pone fin a una de las investigaciones criminales más complejas desarrolladas en los últimos años por el Ministerio Público y acerca al cierre uno de los episodios más violentos en la historia del sistema penitenciario panameño.

Los hechos ocurrieron el 17 de diciembre de 2019 dentro del pabellón 14 de La Joyita, una de las cárceles que forman parte del complejo penitenciario La Joya-La Joyita-Nueva Joya.

Aquella tarde se desató una sangrienta reyerta entre grupos rivales de privados de libertad. Lo que inicialmente parecía una pelea entre internos rápidamente escaló hasta convertirse en una matanza de grandes proporciones.

Según las investigaciones, los atacantes utilizaron armas de fuego y armas punzocortantes para agredir a otros reclusos que se encontraban en el mismo pabellón.

El resultado fue devastador: 13 personas murieron y otras 11 sufrieron heridas de gravedad.

La magnitud de la violencia conmocionó al país y expuso graves fallas dentro del sistema penitenciario. Las imágenes difundidas tras la masacre mostraron un escenario de destrucción y evidenciaron la presencia de armamento de alto poder dentro del penal.

Durante las requisas posteriores, las autoridades encontraron fusiles AK-47, pistolas de distintos calibres, municiones y armas artesanales, hallazgos que generaron cuestionamientos sobre los mecanismos de seguridad existentes y la forma en que ese arsenal ingresó al centro penitenciario.

Las investigaciones del Ministerio Público concluyeron que la masacre estaba relacionada con una disputa interna entre integrantes de la pandilla Bagdad y miembros de una facción disidente conocida como Matar o Morir (MOM).

De acuerdo con la Fiscalía, el conflicto tenía como trasfondo el control de actividades vinculadas al narcotráfico y al liderazgo de estructuras criminales que operaban tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios.

Las pesquisas incluyeron análisis balísticos, peritajes forenses, inspecciones técnicas y testimonios protegidos que permitieron reconstruir los hechos y establecer la participación de los acusados.

El proceso judicial se extendió durante varias semanas y culminó el pasado 30 de mayo, cuando un Jurado de Conciencia declaró culpables a los 12 procesados como autores de los homicidios y de las tentativas de homicidio.

Durante la audiencia de lectura de sentencia también surgió un nuevo elemento dentro del caso.

El Tribunal ordenó compulsar copias de la decisión al Ministerio Público para que continúe investigando la posible participación de una persona que fue señalada durante el juicio como presunto autor intelectual de los hechos.

Sin embargo, la fiscal especializada en Homicidios y Femicidios del Área Metropolitana, Jennifer Román, aclaró que el Ministerio Público ya mantiene abierta una investigación relacionada con esa línea del caso bajo una carpeta específica que continúa en desarrollo.

La condena no pone fin definitivo al proceso judicial. Los abogados defensores particulares y representantes del Instituto de la Defensa Pública anunciaron recursos de apelación contra la sentencia. Aquellos defensores que no estuvieron presentes durante la audiencia disponen de dos días hábiles para formalizar la impugnación por escrito.

A pesar de ello, la decisión representa uno de los fallos más severos emitidos por los tribunales panameños en los últimos años y marca un nuevo capítulo en un caso que evidenció los problemas de hacinamiento, la presencia de pandillas y las deficiencias de seguridad que durante años han afectado al sistema penitenciario del país.

Para las autoridades, la condena constituye una respuesta judicial a una tragedia que dejó 24 víctimas directas entre fallecidos y heridos y que sigue siendo recordada como la peor masacre carcelaria ocurrida en Panamá.

Tras una intensa persecución y varias acciones evasivas de los narcotraficantes, las fuerzas policiales lograron recuperar 121 fardos de droga que intentaban ser introducidos por mar. Las autoridades han aportado un vídeo de cómo se llevó a cabo el operativo, mostrando a la narcolancha y a la embarcación del Instituto Armado en plena carrera.

Persecución a toda velocidad a una narcolancha

La operación se puso en marcha tras detectarse el desplazamiento de una embarcación semirrígida, conocida en el argot policial como “go fast”, a gran velocidad y en actitud sospechosa por las aguas del Estrecho. Tras analizar el rumbo y maniobras de la nave, la Guardia Civil activó sus medios marítimos y aéreos, desplegando patrulleras y un helicóptero para seguir a la embarcación.

Los tripulantes, conscientes del seguimiento, iniciaron maniobras evasivas e incluso comenzaron a arrojar parte de la carga al mar en un intento por aligerar peso y aumentar su velocidad. Esta táctica, habitual en estos dispositivos, busca dificultar la aprehensión tanto de la embarcación como de la droga. Sin embargo, los agentes del Servicio Marítimo y del Servicio Aéreo de la Guardia Civil lograron mantener la presión constante y localizar los fardos lanzados, muchos recuperados durante la persecución.

Al mismo tiempo, unidades terrestres de la Guardia Civil permanecieron activas en la costa para anticiparse a una posible llegada a tierra de la narcolancha y la huida de sus tripulantes. De esta forma, la Benemérita llevó a cabo un despliegue por toda la costa española del Estrecho de Gibraltar, empujando a los narcos hacia Marruecos.

Colaboración con autoridades marroquíes

La persecución continuó hasta las cercanías de la costa marroquí, donde la Gendarmería Real entró en acción mediante una rápida movilización de sus medios marítimos. Una vez en conocimiento de la situación, las autoridades marroquíes salieron al encuentro de la embarcación, cerrando cualquier ruta de escape posible.

La presión combinada de ambos cuerpos obligó a los narcotraficantes a desprenderse del resto de la carga, frustrando definitivamente su plan de introducir la droga al continente europeo. Finalmente, las autoridades marítimas marroquíes consiguieron recuperar 89 fardos de hachís, que sumados a los 32 rescatados por la Guardia Civil, arrojan un total de 121 fardos con un peso total aproximado de 4.777 kilos.

Este resultado se considera un golpe importante para las organizaciones criminales que operan entre ambos lados del Estrecho. La operación se enmarca dentro de los dispositivos permanentes de la Guardia Civil en el Campo de Gibraltar y destaca también por la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico. Tanto la rápida coordinación como el intercambio de información han sido claves para impedir que esta remesa de droga llegara a su destino.

Maximiliano “N” fue detenido en Naucalpan después de un ataque con cuchillo dentro de su casa en la colonia Independencia, donde una adolescente de entre 14 y 15 años murió y su madre resultó herida; la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya investiga el caso para establecer el móvil y definir la situación jurídica del hombre de 27 años.

El ataque ocurrió en el domicilio familiar y derivó en la apertura de una carpeta por homicidio y homicidio en grado de tentativa. Tras la agresión, la mujer adulta, identificada con una edad de 50 y 51 años en distintas versiones del caso, fue llevada de urgencia a un hospital de la zona; en uno de los reportes se precisa que quedó internada en el Hospital de Lomas Verdes.

Paramédicos y personal de Protección Civil confirmaron en el sitio que la menor ya no tenía signos vitales por la gravedad de las lesiones. La madre presentaba una herida por arma blanca en el abdomen cuando fue auxiliada por cuerpos de emergencia.

De acuerdo con el relato integrado en la denuncia inicial, la hermana de la madre del agresor escuchó gritos que salían del dormitorio de su familiar. Cuando entró, encontró a su hermana en el piso con una lesión en el abdomen y a su sobrina menor de edad también tirada dentro de la vivienda.

El detenido intentó escapar y fue localizado en una azotea

Elementos de la SSEM y de la Policía Municipal de Naucalpan acudieron al domicilio tras la alerta. Al llegar, encontraron a las dos mujeres con lesiones de consideración y al presunto responsable todavía en el lugar, identificado como Maximiliano “N”.

Otra versión de los hechos señala que el hombre intentó huir brincando entre azoteas de casas cercanas. Después de un operativo de búsqueda y del cerco aplicado en la zona, fue localizado oculto en una azotea aledaña, donde presuntamente trataba de evadir a los policías.

Las autoridades le aseguraron un cuchillo y le informaron sus derechos constitucionales al momento de la detención. Después fue trasladado ante el Ministerio Público por su posible participación en los delitos que se investigan.

El caso quedó a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México con sede en Naucalpan de Juárez. Esa instancia será la encargada de determinar su situación jurídica con base en los peritajes, los testimonios y el avance de la carpeta de investigación.

Vecinos señalaron consumo habitual de sustancias tóxicas

Entre los primeros testimonios recabados por las autoridades, vecinos indicaron que el detenido presuntamente era consumidor habitual de sustancias tóxicas. Otras referencias del caso también sostienen que el ataque habría ocurrido cuando el joven estaba bajo los efectos de drogas.

Las versiones disponibles coinciden en que la agresión se produjo en medio de conflictos familiares dentro de la vivienda. Hasta ahora, la autoridad ministerial no ha establecido públicamente un móvil definitivo.

La víctima mortal fue descrita en distintos reportes como una adolescente menor de edad, con una edad señalada de 14 años en una versión y de 15 años en otra. La madre del detenido aparece identificada con 51 años en varios pasajes y con 50 en otro recuento del mismo caso.

La respuesta central del caso es esta: Maximiliano “N”, de 27 años, fue detenido como presunto responsable de apuñalar a su madre y a su hermana menor dentro de su domicilio en la colonia Independencia de Naucalpan. La adolescente murió en el lugar y la mujer adulta sobrevivió al ataque, aunque quedó hospitalizada por una lesión en el abdomen.

Los hechos movilizaron a corporaciones estatales y municipales de seguridad, además de personal de emergencia. La investigación sigue abierta para esclarecer por qué ocurrió la agresión familiar y para definir los cargos que enfrentará el detenido ante el Ministerio Público.

• Una adolescente menor de edad murió y su madre quedó herida tras un ataque con cuchillo dentro de una casa en la colonia Independencia de Naucalpan.
• Maximiliano “N”, de 27 años, fue detenido como presunto agresor y quedó a disposición del Ministerio Público junto con el arma asegurada.
• La Fiscalía mexiquense investiga el móvil; vecinos señalaron que el detenido presuntamente consumía sustancias tóxicas.

El problema del consumo de drogas en el país ha sido grave ya que en las últimas semanas han sucedido diversos casos.

Un multihomicidio estremeció el pasado 25 de abril a la alcaldía Gustavo A. Madero en Ciudad de México, cuando una mujer de 52 añosidentificada como Patricia Ivon Martínez Juárez y su nieto de 6 meses murieron dentro de su domicilio, localizado en el cruce de las calles Martín Carrera y Vicente Guerrero, en la colonia Martín Carrera. Las primeras indagatorias indican que ambas víctimas murieron por heridas producidas con arma blanca por parte del hijo de Patricia, Jonathan, quien también hirió a su hermana y madre del bebé, quien fue trasladada a un hospital.

Yael mató a su mamá y la escondió en maleta

Restos humanos desmembrados fueron hallados este miércoles 10 de junio dentro de una maleta en una vivienda de la colonia La Perla, municipio de Nezahualcóyotl, como parte de la investigación por la desaparición de Teresa Guadalupe Molina Hernández, de 55 años.

La mujer fue vista por última vez el pasado 25 de abril, según su ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

El inmueble donde encontraron los restos, ubicado en la calle Pavias número 35, presuntamente pertenecía a la víctima. Según reportes, el cuerpo estaba dentro de una maleta negra con ruedas que fue escondida en el clóset de una de las habitaciones.

El cadáver fue localizado en avanzado estado de descomposición, por lo que serán realizados estudios periciales para confirmar la identidad.

El único detenido en el caso es Fernando Yael “N”, de 22 años, hijo de Teresa Guadalupe, quien permanece en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte desde el mes de mayo. Un juez de control lo vinculó a proceso por desaparición cometida por particulares agravada y le ratificó prisión preventiva oficiosa, con un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

El juez federal 2 de San Isidro, Lino Mirabelli, se declaró incompetente para continuar interviniendo en la causa por infracción a la Ley de Estupefacientes, por la que se investiga al ex titular de ARSAT y de ORSNA, Facundo Leal, quien a su vez está imputado por presuntos delitos de corrupción en ambos organismos.

La investigación por drogas se inició en el marco de los allanamientos que el magistrado había ordenado realizar en el departamento de Leal que está ubicado en el barrio de Palermo, CABA. “En ese procedimiento, la policía encontró US$650.000 en efectivo junto a monedas de otros seis países, ketamina, drogas sintéticas en distintas presentaciones y cocaína.”

Durante las primeras semanas, este expediente tramitó en jurisdicción de la Cámara Federal de San Martín, pero el magistrado resolvió que por razones de jurisdicción territorial debía radicarse en Capital Federal. Por sorteo, recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 6 en Comodoro Py.

Facundo Leal permanece detenido desde el día del operativo, acusado de poseer una cantidad de sustancias ilícitas superior a la considerada para consumo personal, con presunto destino de comercialización. Este delito contempla una pena prevista de entre 4 y 15 años, una cifra que excede el límite legal que habilita a una persona a permanecer en libertad durante el proceso judicial.

Antecedentes

La causa que tramita en los tribunales federales de San Isidro, en el juzgado de Lino Mirabelli junto con el fiscal Fernando Domínguez, se enfoca en el presunto incumplimiento de deberes, negociaciones incompatibles en concurso ideal con fraude a la administración pública y coimas, que involucra a ex funcionarios de ARSAT.

Mientras tanto, en Comodoro Py, el fiscal Ramiro González acaba de impulsar una investigación por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito de directivos del ORSNA, por lo que requirió una serie de medidas de prueba ante el Juzgado Federal 8.

En ambos expedientes está imputado Facundo Leal, quien fue titular de la Argentina de Soluciones Satelitales durante el gobierno de Alberto Fernández, y desde que asumió Javier Milei fue presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, hasta febrero pasado.

El caso ORSNA acaba de comenzar, con el requerimiento del fiscal a la Oficina Anticorrupción, a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a la SIGEN y a la Auditoría General de la Nación para que informen si registran denuncias relativas a adjudicaciones del ORSNA desde enero de 2025 a las empresas investigadas.

La causa de ARSAT avanzó con diversos allanamientos realizados en Mendoza, provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde encontraron las drogas.

En este contexto, se secuestraron documentación, celulares, computadoras personales, dispositivos de almacenamiento digital, agendas personales, dinero en efectivo, claves de acceso a monedas digitales y documentación contable.

No obstante, uno de los hallazgos que más llamó la atención fue un bolso con 19 dispositivos profesionales de inteligencia militar, entre los que había micrófonos ocultos en objetos cotidianos (anteojos, lapiceras, mouses), inhibidores de señales (GPS, WiFi y celular), localizadores satelitales y un teléfono satelital Iridium.

Por otra parte, el juez Mirabelli dispuso el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de los diez exfuncionarios de ARSAT y directivos de la empresa ALS (Argentina Logistic Service) que habrían resultado beneficiados con los contratos que quedaron bajo la lupa.

La Guardia Civil ha confirmado que un grupo de narcotraficantes ha abierto fuego contra los agentes mientras realizaban una intervención que ha terminado con una tonelada de hachís incautada. Ha ocurrido en Punta Umbría, Huelva, durante la pasada madrugada. Los guardias civiles avistaron una narcolancha y fueron en su captura, iniciando el tiroteo.

En el operativo se han incautado unos 1.100 kilos de droga y, aunque no ha habido heridos, los delincuentes trataron de huir disparando contra los efectivos. Hay un detenido y continúa la búsqueda del resto de implicados. Desde hace meses, asociaciones de agentes advierten del crecimiento en violencia y armamento de las organizaciones que introducen estupefacientes por el sur de la península.

Hace un mes, la Guardia Civil de Huelva ya vivió uno de los episodios más duros en muchos años con la muerte de dos agentes mientras perseguían una narcolancha. Las exigencias de más medios para la lucha antidroga es ya una constante de las protestas de las autoridades. Este jueves, un nuevo caso evidencia el aumento del riesgo de enfrentarse a los narcotraficantes.

Intercepción del alijo y enfrentamiento a tiros

Los hechos ocurrieron la pasada madrugada, cuando los radares detectaron una embarcación semirrígida aproximándose a unas ocho millas náuticas de Punta Umbría. Ante la sospecha de un alijo de droga, se puso en marcha un amplio dispositivo con agentes especializados por mar y tierra. La embarcación fue localizada en la ría, donde varias personas esperaban con una furgoneta y un turismo para cargar la droga.

Cuando los narcotraficantes ya habían depositado la mercancía en la furgoneta, los agentes les sorprendieron y fue entonces cuando comenzó la situación de mayor peligrosidad. Los ocupantes abrieron fuego con armas largas contra los guardias civiles. Los agentes respondieron a los disparos, pero afortunadamente no se produjeron heridos entre las fuerzas de seguridad. Los autores del alijo escaparon a pie, aunque se logró detener a una persona en el operativo.

Más de una tonelada de hachís incautada

En la operación, la Guardia Civil ha intervenido 56 fardos de hachís con un peso aproximado de 1.120 kilos, además de un arma corta hallada en el interior de uno de los vehículos empleados en la descarga. En la zona se recogieron varios casquillos y proyectiles que serán analizados por el departamento de Criminalística.

Para localizar al resto de los implicados, la Guardia Civil ha establecido un dispositivo de cierre en el que participan diferentes unidades, como Servicio Marítimo, Seguridad Ciudadana, Destacamento de Tráfico, Servicio Aéreo, Equipo Pegaso, Grupo Cinológico, Compañía Fiscal, USECIC y Policía Judicial, además de contar con la colaboración de otros cuerpos policiales.

Las investigaciones siguen abiertas para esclarecer todas las dudas de la operación y dar con las personas que lograron huir tras el enfrentamiento. La intervención ha evitado la entrada de una gran cantidad de droga a la provincia y pone de manifiesto el riesgo al que se enfrentan los agentes en la lucha contra el narcotráfico, algo cada vez más habitual en los últimos meses.

Los sistemas tradicionales de revisión y vigilancia utilizados durante décadas para impedir el ingreso de objetos prohibidos a las cárceles han comenzado a mostrar signos de obsolescencia frente al avance de la tecnología.

Lo que antes dependía principalmente de visitas, encomiendas o corrupción interna, ahora incorpora herramientas cada vez más sofisticadas que permiten a las organizaciones criminales burlar controles y mantener operaciones ilícitas desde el interior de los centros penitenciarios.

Uno de los principales desafíos para las autoridades panameñas es el uso de drones para introducir celulares, drogas, armas, cargadores, dispositivos electrónicos y otros artículos prohibidos en las prisiones del país.

Las cifras reflejan la magnitud del fenómeno. En lo que va de 2026, la Policía Nacional ha decomisado más de 1,349 drones en distintos centros penitenciarios como resultado de operativos desarrollados en coordinación con las autoridades penitenciarias.

Las investigaciones han permitido además detectar una amplia red logística detrás de estas operaciones. Como resultado de las incautaciones asociadas a estas maniobras, las autoridades han recuperado 55 armas de fuego, 715 municiones, 56 proveedores para armas, 1,855 teléfonos celulares, cargadores y más de 2,000 dosis de sustancias ilícitas.

Según los organismos de seguridad, muchos de estos aparatos son drones comerciales modificados para transportar cargas de mayor peso, realizar vuelos nocturnos y operar a distancias que dificultan su detección por parte de los custodios penitenciarios.

El fenómeno quedó nuevamente en evidencia hace apenas unos días durante un operativo realizado en el Centro Penitenciario La Joyita, donde las autoridades decomisaron 451 teléfonos celulares, 61 routers, seis antenas de comunicación, una antena wifi, 35 cargadores, diez armas de fuego, 82 municiones y otros artículos prohibidos.

El hallazgo adquiere especial relevancia porque se produjo en el mismo complejo penitenciario donde la semana pasada se registró la evasión de 195 privados de libertad, de los cuales cerca de una veintena permanece prófuga.

La presencia de routers, antenas y equipos de comunicación refuerza las preocupaciones de las autoridades sobre la capacidad que mantienen algunos grupos criminales para coordinar actividades desde el interior de los centros penitenciarios.

La utilización de drones no es un fenómeno nuevo en Panamá, pero sí se ha intensificado durante los últimos años.

En marzo de este año, la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria informó sobre el hallazgo de 15 paquetes lanzados desde el aire dentro del perímetro del Centro Penitenciario La Joya.

Tras la inspección se determinó que contenían sustancias ilícitas, 245 cajetillas de cigarrillos, encendedores, cables de audífonos y otros accesorios electrónicos.

Para los investigadores, este caso evidenció cómo los grupos criminales han comenzado a reemplazar métodos tradicionales de contrabando por sistemas tecnológicos que reducen los riesgos para quienes participan en las entregas.

Los drones permiten realizar operaciones rápidas durante la noche, evitan el contacto directo con los reclusos y pueden ser programados para liberar la carga en puntos específicos previamente coordinados.

Las autoridades penitenciarias reconocen que algunos centros se han convertido en objetivos recurrentes para estas operaciones.

Uno de los casos más notorios ha sido la cárcel Nueva Esperanza, en la provincia de Colón. A finales del año pasado, funcionarios del sistema penitenciario revelaron que en algunas jornadas llegaron a registrarse más de 60 incursiones de drones en una sola noche.

La cifra ilustra el nivel de presión que enfrentan los sistemas de vigilancia tradicionales frente a una tecnología cada vez más accesible y económica.

Especialistas en seguridad consultados en distintos foros internacionales han advertido que los drones representan una de las amenazas emergentes más complejas para los sistemas penitenciarios de América Latina.

A diferencia de otros métodos de contrabando, estos dispositivos pueden operar desde zonas alejadas de los perímetros de seguridad, transportar múltiples artículos en un solo vuelo y ser reemplazados rápidamente cuando son decomisados.

Frente a este escenario, la Policía Nacional y las autoridades penitenciarias han fortalecido sus capacidades de detección y respuesta. Sin embargo, los decomisos recientes reflejan que la batalla está lejos de terminar.

La combinación de drones, redes de comunicación clandestinas y dispositivos electrónicos dentro de las cárceles plantea un desafío creciente para el Estado. Más allá del ingreso de objetos prohibidos, las autoridades temen que estas herramientas faciliten la coordinación de actividades delictivas, extorsiones, tráfico de drogas y otras operaciones criminales desde el interior de los centros penitenciarios.

Las cifras acumuladas durante este año muestran que la lucha contra el contrabando carcelario ya no se libra únicamente en los accesos o en las requisas. Cada vez más, se desarrolla en el espacio aéreo que rodea las prisiones, donde la tecnología se ha convertido en un nuevo campo de batalla para la seguridad pública.

La imagen de personas durmiendo en aceras, parques, puentes peatonales y espacios públicos se ha vuelto cada vez más frecuente en distintos puntos de la ciudad de Panamá. Lo que durante años fue un fenómeno concentrado en áreas específicas del centro de la capital se ha extendido hacia corregimientos y zonas comerciales donde la presencia de personas en situación de calle es hoy parte del paisaje urbano cotidiano.

Frente a esta realidad, la Asamblea Nacional inició un proceso de consultas para discutir una propuesta legislativa que busca crear, por primera vez, una política pública nacional enfocada en la rehabilitación y reinserción social de esta población.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, y el diputado Manuel Cheng instalaron formalmente una mesa técnica para analizar el proyecto de ley 17, que crea el Plan Nacional Integral de Rehabilitación y Resocialización para Personas en Situación de Calle.

La iniciativa se encuentra pendiente de primer debate y busca incorporar propuestas de instituciones públicas, municipios, organizaciones sociales y especialistas antes de iniciar su discusión legislativa.

La necesidad de una intervención estatal más amplia quedó reflejada durante la primera sesión de consultas. Lizbeth Cunningham, directora de Gestión Social del Municipio de Panamá, informó que actualmente existe un promedio de 1,059 personas en situación de calle dentro del distrito capital.

De acuerdo con los registros municipales, el 92% presenta adicciones a sustancias ilícitas o alcohol, mientras que otro 7% enfrenta trastornos mentales, dos factores que suelen estar estrechamente vinculados a la permanencia en las calles.

El propio proyecto de ley reconoce que Panamá carece de una cifra nacional oficial sobre las personas sin hogar. En la exposición de motivos se advierte que esta población ha sido históricamente invisibilizada y que ni siquiera existe una medición estatal que permita conocer la verdadera dimensión del problema.

Los promotores de la iniciativa sostienen que esta ausencia de información dificulta la formulación de políticas públicas efectivas y limita la capacidad de las instituciones para atender a quienes viven en condiciones de extrema vulnerabilidad.

La propuesta plantea que el Ministerio de Desarrollo Social lidere un plan nacional acompañado por un Consejo Técnico integrado por entidades como los ministerios de Salud, Seguridad, Gobierno, Vivienda y Desarrollo Agropecuario, además del Banco Hipotecario Nacional y representantes de los municipios.

Entre sus primeras tareas estaría la elaboración de un estudio demográfico y socioeconómico que permita identificar cuántas personas viven en las calles y cuáles son las principales causas que las llevaron a esa condición.

Uno de los componentes centrales del proyecto es la creación de centros de atención para personas en situación de calle. La iniciativa establece que deberá existir al menos un centro de este tipo para atender a la población vulnerable, con capacidad para ofrecer alimentación, alojamiento temporal, atención médica, apoyo psicológico y psiquiátrico, asesoría legal, capacitación laboral y programas de rehabilitación para personas con problemas de adicción.

El modelo propuesto contempla varias etapas. La primera estaría enfocada en la recuperación física y emocional de la persona mediante tratamientos médicos y programas de desintoxicación. Posteriormente se desarrollarían programas de capacitación en oficios y fortalecimiento de habilidades laborales, mientras que una tercera fase buscaría facilitar la reinserción social y el acceso a oportunidades de empleo.

El Ministerio de Trabajo tendría la responsabilidad de coordinar con empresas privadas e instituciones públicas la incorporación laboral de quienes culminen satisfactoriamente el proceso.

Durante la instalación de la mesa técnica, el presidente de la Asamblea sostuvo que la iniciativa no pretende limitarse a brindar refugio temporal o asistencia básica. Según explicó, el objetivo es construir una ruta integral que incluya tratamiento de adicciones, atención de salud mental, formación para el trabajo y acompañamiento continuo hasta que la persona pueda recuperar su autonomía económica y social.

El diputado Manuel Cheng afirmó que la consulta pública permitirá enriquecer el contenido del proyecto con aportes técnicos y experiencias institucionales. Entre las propuestas presentadas durante la primera reunión figura una mayor participación de municipios y juntas comunales en la implementación de las políticas destinadas a esta población, al considerar que son las autoridades que mantienen un contacto más cercano con la realidad de las comunidades.

La iniciativa surge en un contexto en el que diversos sectores coinciden en que la presencia de personas viviendo en las calles se ha vuelto más visible durante los últimos años, especialmente después de la pandemia.

Los impulsores del proyecto sostienen que el país necesita pasar de acciones aisladas de asistencia social a una estrategia nacional permanente que combine rehabilitación, salud, vivienda, empleo y seguimiento institucional.

La mesa técnica continuará recibiendo propuestas antes de que el proyecto de ley sea sometido a discusión en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional.

El Ministerio de Sanidad, a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, ha sacado a subasta pública un lujoso velero de 29 metros de eslora que actualmente está amarrado y custodiado en la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra). El barco se llama Tambo, aunque se hizo famoso cuando tenía otro registro, el ‘WK London’. El velero fue apresado por Vigilancia Aduanera e septiembre de 2022 en una operación de narcotráfico internacional que pretendía introducir en España 1.275 kilos de cocaína. El alijo fue intervenido en aguas del Atlántico a bordo de un velero procedente de Brasil. El precio de salida es de 180.000 euros y las pujas se pueden realizar hasta el 16 de julio.

El activo sale a subasta a través del portal especializado ‘Escrapalia’ y, según Sanidad, se trata de “una excelente e inusual ventana de oportunidad para inversores privados, astilleros especializados en reformas integrales y empresas dedicadas al chárter náutico de alto nivel”. El buque es una embarcación singular de tipo ketch custom, es decir, con dos mástiles y que fue construido a medida para un cliente específico, que cuenta con casco de acero naval de alta resistencia y superestructura de aluminio por los reconocidos astilleros Liman JSC.

Con unas dimensiones de 28,9 metros de eslora, 8 metros de manga y 3,60 metros de calado, el barco “está plenamente capacitado para navegaciones de altura”, de ahí su alto precio de subasta. Tiene una planta propulsora basada en un motor diésel Caterpillar 3196 de 490 HP, dos grupos electrógenos Cummins Onan y equipamiento avanzado de maniobra hidráulica de la firma Harken. “Su interior destaca por unos acabados de gran calidad y una versátil habitabilidad que integra un amplio salón principal, puente de mando protegido, zona de descanso con bar y un total de 8 sollados adaptados con baño independiente”, señala la web que lo vende. Los interesados pueden ir a Pontevedra a examinar el velero el 2 de julio.

El presunto cabecilla de la red de narcos que fletó este velero, Eduardo Alfonso Amato Ruiz de Gauna, alias ‘Jóker’, está actualmente prófugo de la justicia y con una orden internacional de búsqueda. El resto de su grupo criminal, hasta 11 personas, fueron condenadas en mayo de 2025 por la Audiencia Provincial de Las Palmas a penas de entre dos años y 14 años de prisión. El velero, antes de ser apresado, partió de Brasil con destino a Canarias. Desde allí, la intención era llevar la droga hasta Alicante. Los agentes encontraron 52 fardos grandes y uno pequeño que contenían 1.275 kilos brutos de cocaína, con una riqueza del 78,56%, valorados en 64,8 millones de euros.

Dinero para luchar contra el narco

El dinero recaudado por el Fondo de Bienes Decomisados se destina a revertir en la sociedad los daños ocasionados a la misma por las drogodependencias y el narcotráfico. Así, se financian programas de prevención de toxicomanías, asistencia de drogodependientes e inserción social y laboral de éstos. En 2024 (últimos datos oficiales), el Fondo de Bienes Decomisados obtuvo 20,1 millones tras subastar vehículos, barcos, viviendas y joyas. Cantidad que fue de 28,3 millones en 2023; unos 31,9 millones en 2022 y 31 millones en 2021, es decir, un total de 111,3 millones de euros en cuatro años. Todo ello gracias a 7.700 sentencias en las que los jueces han autorizado la subasta de estos bienes para que las propiedades que fueron utilizadas por los narcos o adquiridas con los beneficios de las drogas tengan algún retorno a la sociedad.

La actuación ha tenido como objetivo principal minimizar el impacto ambiental y mejorar la imagen de la costa gaditana, especialmente de cara a la temporada estival. Las recientes muertes de dos agentes de la Guardia Civil en Huelva mientras perseguían a una narcolancha ha vuelto a colocar el problema del narcotráfico en el sur peninsular en el foco mediático, lo que empuja a las autoridades ha tomar medidas más efectivas.

Las autoridades consideran fundamental este tipo de acciones para proteger tanto el entorno natural como la seguridad de los usuarios de la playa y prevenir posibles incidentes relacionados con la exposición a materiales peligrosos. “Evitar que estos residuos peligrosos permanezcan en zonas públicas es parte de nuestro compromiso con la ciudadanía”, afirma un portavoz de la Guardia Civil.

Operativo para trasladar la narcolancha

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, la embarcación trató de eludir la persecución de las patrulleras de Cádiz, realizando maniobras evasivas que terminaron con la lancha varada violentamente sobre la arena. “La retirada por mar resultaba imposible, y la presencia de la narcolancha suponía un riesgo tanto para el medio marino como para la imagen de la provincia”, señalaron responsables del operativo.

Una vez constatada la dificultad para mover la narcolancha por mar, la Guardia Civil de Cádiz se puso en contacto con los responsables de la Demarcación de Costas de Andalucía Atlántico, quienes en ese momento llevaban a cabo labores de regeneración de la playa de Camposoto con maquinaria pesada. “Gracias a la rápida respuesta y a la disposición de recursos, fue posible acceder con el equipo necesario para retirar la embarcación varada,” explicó un portavoz de la Demarcación de Costas. La lancha fue trasladada hasta una zona especialmente habilitada para su destrucción.

Defensa de la labor de la Guardia Civil

Durante la operación, se realizaron tomas aéreas que documentan, paso a paso, las actuaciones realizadas para la retirada de la narcolancha. Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz recalcan la importancia de estas intervenciones conjuntas. “Trabajamos coordinadamente para garantizar la tranquilidad, la seguridad y la buena imagen de nuestras costas.

La colaboración entre instituciones es clave en la lucha contra el narcotráfico y en la protección ambiental”, indicaron responsables del cuerpo. El cuerpo quiere transmitir que este tipo de actuaciones ponen de relieve la labor diaria de los servidores públicos y el esfuerzo común por mantener las playas gaditanas libres de restos de actividades ilícitas y en las mejores condiciones posibles para el disfrute de vecinos y visitantes.

Miles de sustancias ilegales recorren la Unión Europea en contenedores de toneladas y blísteres de miligramos, pese a los intentos de las autoridades por frenar su avance. El Informe Europeo sobre Drogas 2026 publicado este martes muestra cómo el solapamiento de los mercados europeos de drogas ya existentes y nuevas sigue evolucionando y se complica aún más por la integración de productos farmacéuticos desviados y falsos, “lo que da lugar a una gama más amplia de riesgos y desafía los modelos de respuesta existentes como nunca antes”. De hecho, en 2025 se notificaron 50 nuevas sustancias psicoactivas lo que eleva el número total de sustancias monitorizadas por la EUDA a 1050.

La Unión Europea encara además un contexto más inestable por factores externos. El informe señala que los conflictos, la desestabilización de Estados próximos a la Unión Europea y de otras regiones, y sus efectos sobre el comercio y la economía tienen por ahora un impacto todavía poco claro sobre el mercado y los patrones de consumo. A esa incertidumbre se añaden avances tecnológicos, cambios en rutas y métodos de tráfico e integración creciente entre mercados de drogas ilegales y nuevas sustancias psicoactivas.

Cadenas globales de suministro

El tráfico también se ha vuelto más fragmentado y exigente en recursos. El informe describe cadenas de suministro globales ágiles, grandes incautaciones en puertos europeos y una diversificación de rutas tras el refuerzo policial y aduanero en instalaciones principales y la creación de la Alianza de Puertos Europeos. Las redes recurren a traslados en el mar, semisumergibles, drones y ocultaciones en aguas profundas, además del uso de drones para introducir drogas en centros penitenciarios.

La violencia asociada al negocio alcanza además a menores y jóvenes vulnerables. La EUDA recoge indicios en varios países de reclutamiento activo en comunidades desfavorecidas y alerta de acuerdos de “violencia como servicio”, en los que jóvenes cometen intimidaciones, agresiones u homicidios bajo órdenes de delincuentes que planifican, financian y suministran armas y transporte.

Nuevas formas de consumir cannabis y cocaína

La EUDA calcula que 15,4 millones de personas adultas jóvenes europeas consumieron cannabis en el último año y señala que este mercado supone un tercio de los ingresos por tratamiento de la drogodependencia en Europa. A la oferta ilícita tradicional se suman productos con bajo THC, derivados como el CBD, cannabinoides semisintéticos y artículos adulterados con cannabinoides sintéticos.

La agencia vincula la disponibilidad de extractos y comestibles de alta potencia con intoxicaciones agudas atendidas en urgencias hospitalarias. También identifica cambios en el suministro: en 2025 las autoridades belgas y neerlandesas notificaron incautaciones de unas 21 toneladas en Amberes y otras 21 toneladas en Róterdam, principalmente procedentes de Canadá, mientras en noviembre de 2025 la EUDA emitió su primera alerta del Sistema Europeo de Alerta sobre Drogas por riesgos del cannabis de América del Norte debido a su alta potencia y a la contaminación con pesticidas potencialmente peligrosos.

El informe dedica otro foco al vapeo. El estudio ESPAD 2024, citado por la EUDA, indica que el 44 % de los estudiantes de quince y dieciséis años de los países participantes había usado cigarrillos electrónicos al menos una vez en la vida. La edad de inicio aparece además como un factor de preocupación, porque una proporción relevante declaró haber empezado a los 13 años o antes. Ese auge coincide con incautaciones de líquidos para vapear con cannabinoides sintéticos y semisintéticos en muchos Estados miembros. La agencia advierte de riesgos por uso involuntario, diferencias entre lotes y adaptación de esta tecnología a otras sustancias psicoactivas, incluidos nuevos opioides sintéticos potentes.

La entrada y consumo de cocaína sigue creciendo. El informe indica que la producción en Sudamérica ha alcanzado su máximo histórico y que las aguas residuales confirman un aumento del uso en muchas ciudades europeas. En 2024 los Estados miembros notificaron más incautaciones, aunque con un volumen total menor que en 2023 y todavía por encima de 2022, una combinación que la EUDA interpreta con cautela pero que puede apuntar a envíos más pequeños o fragmentados y a métodos más variados.

Su impacto sanitario es directo: la cocaína figura entre las principales causas de urgencias por intoxicación aguda en hospitales de referencia y aparece en aproximadamente una cuarta parte de las muertes por intoxicación según los datos más recientes de 20 países. El crack, además, gana presencia en algunas ciudades, con aumento de inicios de tratamiento y una presión creciente sobre los servicios de reducción de daños.

Opioides, infecciones y drogas sintéticas, las más letales

Los opioides siguen siendo el núcleo de la mortalidad. La EUDA subraya que, además de la heroína, metadona, buprenorfina, opioides sintéticos muy potentes y analgésicos con opioides representan una parte sustancial de las sobredosis en algunos países. Los nitazenos se han relacionado con brotes de intoxicaciones fatales y no fatales, mientras en los últimos cinco años tres cuartas partes de los Estados miembros han notificado la presencia de algún nitazeno y más de un tercio la de alguna orfina.

El informe añade una señal concreta sobre el fentanilo. Entre 2024 y 2025 esta sustancia estuvo relacionada con más de 100 muertes por uso de drogas en Bulgaria, al tiempo que se incautaron varios kilogramos de material que lo contenía. En 2024, España y Países Bajos notificaron además cuatro incautaciones de N--boc-4-piperidona, precursor del fentanilo, por un total de 30 kilogramos.

La respuesta sanitaria pasa, según la EUDA, por sostener el tratamiento con agonistas opioides y ampliar la naloxona. Alrededor del 36 % de los pacientes en tratamiento con agonistas opioides reciben formulaciones basadas en buprenorfina, cuya disponibilidad reciente ha suscitado inquietud en algunos Estados miembros. En 2025 había programas de naloxona para uso doméstico en 19 países europeos, aunque con una cobertura muy desigual.

La agencia liga también el problema de las drogas a las enfermedades infecciosas. Las personas que usan drogas por vía parenteral siguen expuestas a VIH y hepatitis C, B y A. En 2025, un brote de hepatitis A con transmisión de persona a persona afectó a Chequia, Hungría, Austria y Eslovaquia y dejó 39 fallecimientos, con un número considerable de infecciones entre personas sin hogar y consumidoras de drogas.

En drogas sintéticas, la producción y los precursores de diseño marcan otro frente. En 2024 se incautaron grandes cantidades de derivados glicídicos del BMK y el PMK para fabricar anfetaminas y MDMA, y los datos preliminares de 2025 apuntan a nuevas alternativas al BMK que la EUDA evaluará en 2026. La agencia también recoge un aumento de importaciones y producción de catinonas sintéticas, especialmente en Polonia, y señala la expansión de compuestos más potentes como la alfa-PVP.

La ketamina completa ese mapa de expansión. En la Encuesta europea en línea sobre drogas de 2024, el 14 % de quienes habían usado drogas en los últimos doce meses declaró haber consumido ketamina, habitualmente junto a otras sustancias y alcohol. La mayoría de las ciudades europeas con datos suficientes registró un aumento de residuos de esta droga entre 2024 y 2025, mientras los tratamientos especializados por problemas asociados a su uso se han cuadruplicado en los últimos cinco años de notificación, según la EUDA.

Un joven de 17 años quedó aprehendido en las primeras horas de este domingo en Guaymallén, Mendoza, tras ser sorprendido durante un operativo policial. Llevaba encima cocaína fraccionada, presuntamente lista para ser vendida, y una importante suma de dinero.

El procedimiento se desarrolló alrededor de las 8.30 en la intersección de las calles Virgen de las Nieves y San Ramón, a partir de un llamado telefónico al 911 que señaló que el adolescente se desplazaba por la zona en actitud sospechosa.

De acuerdo a la información constatada por Mendozatoday, los efectivos de la Comisaría 31 se trasladaron hacia el lugar donde identificaron a un joven cuyas características físicas coincidían con la descripción aportada en el aviso. Ante la presencia policial, el adolescente intentó escapar a pie, pero enseguida lo atraparon.

Durante la inspección detectaron que en el morral que llevaba había 24 envoltorios tipo glasé de distintos colores con cocaína en su interior, otros 11 gramos de la misma sustancia y $431.000 en efectivo. Por la presentación en la que el joven trasladaba la droga los investigadores se inclinaron por una presunta comercialización de la droga en la zona.

Dado que el aprehendido es menor de edad, en el hecho tomaron intervención el Juzgado Contravencional y el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), organismos con competencia específica para actuar en situaciones que involucran a adolescentes en conflicto con la ley.

Circulaba por Tucumán con casi media tonelada de cocaína

Un conductor de 60 años quedó detenido sobre una ruta de Tucumán, durante un operativo de control de la Gendarmería Nacional. Los efectivos descubrieron que llevaba en la caja de su camioneta 470 kilos y 470 gramos de clorhidrato de cocaína, distribuidos en 449 paquetes.

El procedimiento comenzó como una verificación de rutina de la Sección “Monteros” del Escuadrón 71, sobre la ruta nacional 157, a la altura de Río Seco. El hombre declaró que circulaba entre las localidades tucumanas de Famaillá y Atahona, pero sus respuestas sobre la carga que transportaba resultaron contradictorias y despertaron la atención de los gendarmes.

Ante las inconsistencias se dirigieron hacia la parte de atrás del vehículo y encontraron en la caja bidones con combustible y, detrás de ellos, bolsas de arpillera verde. Las sospechas crecieron rápidamente ante la presencia de un método frecuente utilizado para enmascarar olores. Al abrirlas vieron que contenían paquetes con una sustancia blancuzca. Por orden del Juzgado Federal N°1 de Tucumán, el vehículo fue trasladado al escuadrón “Aguilares” para completar la inspección y allí, en presencia de testigos, se pesó el cargamento y se determinó que se trataba de cocaína.

El juzgado dispuso el secuestro de la droga, la camioneta y todos los elementos vinculados a la causa, mientras que el conductor quedó detenido en infracción a la Ley 23.737.

Al relevar sus antecedentes, las fuerzas federales detectaron numerosos movimientos migratorios a países limítrofes, dato que sumó una línea de investigación sobre el origen del cargamento. Una de las hipótesis apunta a que la droga pudo haber sido descargada desde una aeronave en otra provincia para continuar su traslado por vía terrestre.

Además, en los paquetes encontraron impreso el sello del delfín, asociado históricamente a Reinaldo Delfín Castedo, conocido como “El Patrón del Norte”, quien cumple prisión perpetua en el penal de Ezeiza. No obstante, fuentes judiciales advirtieron que los paquetes probablemente no pertenezcan al narco salteño, ya que habría cedido parte del negocio a terceros, una especie de franquicia del narcotráfico.

La banda narco del “Patrón del Norte” es una estructura criminal integrada, además, por personas de nacionalidad colombiana y peruana, acusada de suministrar y distribuir cocaína de alta pureza.

Fuerzas Especiales de Seguridad de Baja California localizan un hangar, aseguran una avioneta y reportan decomisos y detenciones durante el “Operativo Valle”, desplegado por 24 horas en distintos puntos de la zona rural de Mexicali, tras una denuncia ciudadana por presuntos actos delictivos.

El hallazgo principal ocurre en el Ejido Estación Coahuila, donde alrededor de las 14:00 horas las autoridades ubican un hangar sin permisos de operación. En el sitio localizan un avión ultraligero con alteraciones en su serie, el cual se presume era usado para actividades ilícitas.

En ese mismo lugar, las corporaciones capturan a un hombre de 52 años, quien queda a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR). El operativo se extiende durante todo el día y parte de la noche del viernes pasado.

De acuerdo con la información disponible, la aeronave presuntamente pertenece a Los Rusos, una facción afín a Los Mayos Zambada del Cártel de Sinaloa. Las acciones se enfocan en ubicar a posibles integrantes de un grupo delictivo originario de Sinaloa.

Minutos antes del hallazgo del hangar, cerca del mediodía, agentes municipales informan el aseguramiento de 20 kilos de cocaína en el mismo poblado. En esa intervención participan también agentes estatales y personal de la Defensa.

En paralelo, oficiales de la Fuerza Estatal localizan dos vehículos presuntamente vinculados con la operación: un pick up rojo de modelo reciente con reporte de robo en Estados Unidos y una panel blanca robada minutos antes. Esta última, según el reporte, habría sido utilizada por delincuentes armados para escapar al notar la presencia de distintas corporaciones en la zona.

Las unidades se ubican en puntos distintos del Valle de Mexicali: el pick up aparece en la zona del ejido Oviedo Mota, mientras que la panel se localiza sobre la carretera al ejido Estación Coahuila, considerado un punto prioritario para el despliegue.

Más tarde, a unos minutos de las 20:00 horas del viernes, las autoridades detienen en la misma región a Raúl “N”, de 19 años, originario de San Luis Río Colorado, Sonora. El joven era buscado por la justicia al contar con una orden de aprehensión por homicidio.

El dispositivo se mantiene activo durante altas horas de la noche, con presencia operativa en varios puntos de la zona rural, como parte de una estrategia de vigilancia y contención delictiva en el Valle de Mexicali.

• Localizan un hangar sin permisos y aseguran una avioneta en el Ejido Estación Coahuila.
• Decomisan 20 kilos de cocaína y localizan dos vehículos con reporte de robo.
• Detienen a un hombre de 52 años y a Raúl “N” de 19 años, este último con orden de aprehensión por homicidio.

¿Quiénes son Los Rusos y cómo se convirtieron en el brazo armado de La Mayiza?

En mayo de 2021 un operativo a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Mexicali, Baja California, terminó con la detención de 13 personas y el aseguramiento de varios vehículos; en uno de ellos se encontraban dos documentos oficiales a nombre de Juan José Ponce Félix, líder del brazo armado del Cártel de Sinaloa denominado “Los Rusos”, rival -en los últimos años- de “Los Chapitos”.

Para entender la relación violenta entre “Los Chapitos” y “Los Rusos” debemos ubicarnos en la punta del organigrama del Cártel de Sinaloa; pues mientras los primeros son un grupo bajo el mando de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, los segundos son una facción armada bajo el mando directo de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Teniendo en cuenta lo anterior debemos retroceder a octubre de 2019, cuando ocurrió el primer “Culiacanazo”; en ese entonces se dio la ruptura más grande hasta entonces entre “Los Rusos y Los Chapitos”, pues para echar atrás la detención de Ovidio Guzmán, las células armadas al mando de sus hermanos iniciaron una serie de disturbios en la ciudad; mientras los comandados por Ponce Félix no hicieron nada.

Un mes más tarde -según documentos revelados por Guacamaya Leaks- se intensificaron las molestías de “Los Chapitos” contra “Los Rusos”, presuntamente por que los segundos dieron de “tablazos” a policías municipales que protegían a los hijos del Chapo Guzmán.

Separados por una frontera

Trascendió que a raíz de la disputa con “Los Chapitos”, el Mayo Zambada envió a Ponce Félix, alias “El Ruso”, a Baja California; la intensión era evitar una escalada en la confrontación contra el grupo de los hijos de Guzmán Loera.

Sin embargo la decisión del Mayo Zambada poco ayudó a evitar el conflicto, pues desde Baja California “El Ruso” comenzó a disputar con “Los Chapitos” el control del tráfico de drogas a través de Mexicali.

Separados por las vías del tren y por la frontera entre Baja California y Sonora, ambas células criminales bajo el mando del Cártel de Sinaloa escalaron en la confrontación, principalmente en las comunidades de Agua Caliente, Tepuche, el Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado.

Los españoles beben cada vez menos alcohol. En concreto, han tomado 173 millones de litros menos, según el Informe Socioeconómico del Sector de Bebidas Espirituosas 2025. El estudio, presentado este viernes en el Congreso Nacional de Bebidas Espirituosas en Alicante, evidencia una caída del 3,8% de las ventas de bebidas espirituosas, que se compensa con un incremento de sus variantes sin alcohol y los productos ready to drink.

El cambio en las ventas no sorprende demasiado al sector. El alcohol sigue siendo la sustancia psicoactiva más consumida en España y casi la totalidad de la población mayor de 15 años (92,9%) la ha probado alguna vez en su vida, según la última encuesta EDADES. El consumo diario creció 1,5 puntos entre 2022 y 2024, pero las borracheras van en descenso desde el año 2020.

“La caída del 3,8% en volumen debe leerse dentro de una transformación más amplia de los hábitos sociales, del ocio y de la propia relación del consumidor con las bebidas con contenido alcohólico”, ha señalado el director de Espirituosos España, Bosco Torremocha. “Hoy, el consumidor bebe menos veces, pero elige mejor, y eso abre una oportunidad clara para seguir generando valor a través de la innovación, la calidad, la hostelería, la internacionalización y nuevas opciones de consumo más ligadas a la experiencia de consumo", ha valorado.

Según el informe de Espirituosos España, el consumidor bebe ahora menos veces y tiende a hacerlo durante el día, en eventos como el aperitivo, el brunch o el afterwork, que ganan popularidad frente al ocio nocturno. A ello se une el efecto de la inflación: en los últimos cinco años, los precios han subido entre un 20 y un 30%, lo que ha condicionado tanto la fabricación como las decisiones de consumo.

Bebidas 0,0 y ‘ready to drink’, la alternativa

El sustituto de las bebidas espirituosas lo han encontrado en sus variantes sin alcohol: ron, whisky o ginebra se consumen ahora en versiones de baja o nula graduación. Al mismo tiempo, los productos ready to drink (listos para consumir), como cócteles, combinados o aperitivos con o sin alcohol, han experimentado un crecimiento del 21,1% en un solo año, por encima de la evolución general del mercado. Para la patronal, ese repunte refleja una demanda de formatos más flexibles, convenientes y adaptados a nuevos estilos de vida.

El documento sitúa además a la hostelería como el principal canal de venta con el 58,6% del volumen comercializado, frente al 41,4% del canal de alimentación. En este sector, los españoles gastan de media 52 euros anuales fuera del hogar, frente a los nueve euros del consumo doméstico.

La fotografía industrial del sector muestra una producción superior al volumen vendido en el mercado interno. De los 322 millones de litros de bebidas espirituosas elaboradas por el sector en 2025, 149 millones de litros se han destinado a la exportación. Ese volumen ha situado a España como el sexto productor de bebidas espirituosas de la Unión Europea. El dato completa el retrato de un sector que combina contracción en las ventas nacionales con un peso exportador relevante.

Cara Delevingne reveló que comenzó a vender drogas a los 14 años para poder consumirlas sin costo, en el marco de una etapa que describió como una espiral de dependencia que se prolongó hasta su entrada a un programa de 12 pasos en 2022.

La modelo y actriz británica, hoy de 33 años, habló sin filtros sobre su historia con las sustancias durante una reciente aparición en el programa Call Her Daddy, conducido por Alex Cooper.

En esa entrevista, detalló cómo inició su relación con las drogas desde la adolescencia, motivada, según ella misma explicó, por la búsqueda de conexión y el deseo de escapar de la presión emocional que cargaba en aquel entonces.

“Porque no tenía dinero en ese momento, empecé a comprar drogas para venderlas y para consumirlas”, relató al programa. “Cuando compraba las drogas para vender, las consumía todas yo sola. No todas. Vendía la mitad, consumía el resto. Básicamente tenía las drogas gratis. No era una gran narcotraficante”.

Delevingne explicó que uno de los signos que le indicó que tenía un problema fue la forma en que consumía: “Supe que era malo cuando empecé a consumirlas sola y cuánto me gustaba eso. Y cuánto sabía que la gente no me juzgaba por ello y que yo podía juzgarme a mí misma, y que podía desaparecer”.

La artista, reconocida por su trabajo en Paper Towns y Suicide Squad, señaló que el consumo respondía también a una necesidad de alivio emocional.

“Amaba lo que me hacían sentir las drogas. Amaba no tener que pensar en mi madre. Amaba no tener que sentir la presión de no ser buena en la escuela, de no sentirme suficiente ni de amarme a mí misma. Todo eso desaparecía”, declaró al mismo programa.

La escalada del consumo llegó a un punto crítico cuando empezó a consumir ácido “todos los días” y sufrió alucinaciones perturbadoras.

“Pensé que mi padre era Dios y mi madre era el diablo y que tenía que matarla para salvar el fin del mundo. O sea, perdí la cabeza”, recordó en la entrevista.

Cara Delevingne ingresó al programa de 12 pasos en 2022, luego de que circularan fotografías que la mostraban visiblemente desorientada en el aeropuerto de Van Nuys, en California.

Según indicó Call Her Daddy, fue durante el festival Burning Man ese mismo año cuando tomó la decisión definitiva de dejar las drogas.

Estando sola en una habitación de hotel, sonó de forma aleatoria una canción que habían puesto en el funeral de un amigo fallecido por sobredosis.

“En ese momento fui como: ‘¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo?’. Y tiré todas las drogas por el inodoro”, relató.

En declaraciones recogidas previamente por Vogue, la también cantante había explicado su elección de ese tipo de programa: “Antes siempre buscaba la solución rápida, ir a un retiro de una semana o a un curso sobre trauma, y eso ayudaba un momento, pero nunca llegaba al fondo, a lo más profundo”.

Actualmente, Cara Delevingne lleva cuatro años sin consumir.

Cara Delevingne reveló que estuvo cerca de quitarse la vida

En la misma conversación con Call Her Daddy, Delevingne abordó otro capítulo de ese período: la ideación suicida que la acompañó en plena cima de su carrera.

“La ideación suicida volvió cuando estaba en mi punto más alto de fama. Cuando se supone que debía ser la más feliz, y me sentía más culpable, y sentía que no merecía nada de eso, y estuve muy cerca de quitarme la vida”, confesó.

La modelo indicó que la música fue lo que en ese instante le devolvió la claridad. “La música en ese momento realmente me salvó”, señaló. La canción que sonó al azar en aquel cuarto de hotel fue también el detonante de su decisión de buscar ayuda.

Otro factor central en su recuperación fue el reencuentro con quien hoy es su pareja desde hace cuatro años, identificada como Minke.

“Fuimos al colegio juntas y desde el momento en que nos reencontramos fui como: ‘Por favor, me haces sentir segura’. Y eso es algo que no había sentido y que me aterra mucho más que el amor, porque en ese momento me di cuenta de lo grave que estaba”, contó al programa de Cooper.

Delevingne agregó que la honestidad fue una pieza central de ese proceso. “Fui honesta con ella desde el principio. Le dije: ‘Tengo un problema’”, concluyó.

La operación, denominada “Sarcina-Orange”, ha concluido con la detención de 14 personas. Con estas actuaciones, los investigadores dan por completamente desmantelada a una de las redes de tráfico de hachís más activas en el litoral mediterráneo y la zona de Melilla, cortando una importante vía de entrada de droga hacia la península y otros países europeos.

Detenciones, registros y material incautado

La investigación comenzó en marzo de 2025, cuando la Policía Nacional detectó la existencia de una red perfectamente organizada y jerarquizada, asentada en Melilla, que se dedicaba al envío de grandes cantidades de hachís hacia la península y diferentes puntos de Europa. Según las investigaciones, la droga procedía de Marruecos y era introducida en Melilla en vehículos equipados con dobles fondos, especialmente diseñados para ocultar la mercancía y dificultar su localización en los controles fronterizos y aduaneros.

Una vez en la ciudad, la organización almacenaba el hachís en distintos inmuebles, utilizados como “guarderías”, donde permanecía a la espera de su distribución posterior. Durante la operación, además de las detenciones, se realizaron siete registros en diferentes viviendas, procediéndose a la incautación de cuatro vehículos adaptados para el transporte de droga, múltiples teléfonos móviles, numerosa documentación relevante para la investigación y un inhibidor de frecuencias, herramienta utilizada para dificultar la labor de vigilancia y rastreo policial.

Todos los detenidos tenían un amplio historial de antecedentes policiales previos. Paralelamente, se efectuaron investigaciones patrimoniales conjuntas entre la Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, el Grupo de Patrimonio de la Guardia Civil y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, con el objetivo de rastrear los beneficios obtenidos de manera ilícita y bloquear cualquier intento de blanqueo de capitales por parte de la organización.

Un alijo de 3.000 kilos de hachís destapó la trama

Uno de los golpes clave en la investigación tuvo lugar el 16 de octubre, cuando se tuvo conocimiento de un envío de droga oculto entre cartones prensados con destino a la península. El Servicio de Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil establecieron entonces un dispositivo especial, que permitió interceptar la carga y detener a dos personas en la provincia de Granada. En aquel momento se incautaron alrededor de 3.000 kilos de hachís, confirmando la magnitud de la organización.

A raíz de esa intervención, se pudo relacionar ese envío con la organización previamente investigada y se constituyó un equipo conjunto entre los distintos cuerpos policiales, lo que facilitó la desarticulación definitiva de la red. Las fases finales de la operación contaron con la colaboración de unidades especiales y del soporte de un escáner móvil de Vigilancia Aduanera, fundamental para la detección de dobles fondos en vehículos.

Nunca ha sido tan fácil estar intoxicado todo el día, todos los días en Estados Unidos.

Consideremos algunas tendencias:

• En 1950, el estadounidense promedio tenía que gastar el 75% de su salario diario (después de impuestos) para comprar una botella de vodka. Hoy, esa cifra es inferior al 5%. La disminución de los impuestos al alcohol y el aumento de los ingresos han reducido el costo a una quinceava parte de lo que era antes.
• La legalización de la marihuana facilitó enormemente su compra. También la ha abaratado. En Oregón, el precio promedio de la marihuana por gramo ha bajado más del 60% desde su legalización.
• Las drogas sintéticas potentes, como el fentanilo y la metanfetamina, han dominado el mercado ilegal de drogas. Estas drogas pasaron de ser baratas a ser aún más baratas; el precio del fentanilo cayó un 50% en cinco años. Además, pueden ser mucho más potentes que las drogas no sintéticas, lo que significa que los consumidores necesitan comprar menos para obtener el mismo efecto.
• Otros costos también han disminuido. El consumo de drogas ya no conlleva la amenaza de encarcelamiento que antes suponía. En algunas ciudades progresistas, es común que la gente consuma drogas en público sin consecuencias legales. El consumo de ciertas drogas también se ha vuelto más aceptable culturalmente, incluyendo el consumo de marihuana y la microdosificación de psicodélicos.

Si bien los estadounidenses pueden tener dificultades para costear alimentos, gasolina y una visita al médico, las drogas y el alcohol son más accesibles que nunca.

El resultado es una sociedad donde es fácil emborracharse y drogarse. Es una sociedad menos saludable: alrededor de 48 millones de estadounidenses son adictos a algún tipo de droga, una estadística que incluye el alcohol. Aproximadamente 70.000 personas mueren cada año por sobredosis. A pesar de una disminución en el consumo de alcohol, alrededor de 178.000 personas mueren anualmente por consumo excesivo. Es una sociedad menos segura, ya que la intoxicación y los mercados ilegales de drogas a menudo desembocan en delincuencia. Y es una sociedad menos racional; la mayoría de las personas no toman las mejores decisiones cuando están bajo los efectos de las drogas o el alcohol. Es una sociedad aún menos libre. Los adictos suelen describir la dependencia a las drogas como una especie de prisión.

Para las sustancias legales, existe una manera sencilla de frenar estas tendencias. No requiere volver a la Ley Seca ni a las formas anteriores de la guerra contra las drogas, ambas fracasadas. Los legisladores pueden simplemente aumentar los precios mediante impuestos. Alabama, Maryland y Utah han implementado medidas similares en los últimos años, demostrando que es políticamente viable.

Estos impuestos funcionan. Según estudios, aumentar el precio del alcohol un 10% reduciría el consumo en un 5% y la tasa de mortalidad por enfermedades relacionadas con el alcohol entre un 9% y un 25%. Los impuestos sobre los productos de marihuana también se asocian con una menor demanda.

Un argumento frecuente de la industria del alcohol es que estos impuestos son regresivos, y es cierto que los precios más altos afectan más a los pobres. Pero con impuestos más altos, esas comunidades también se beneficiarían de una menor incidencia de conducción bajo los efectos del alcohol, violencia y desorden público.

Los impuestos también costarían más a los consumidores problemáticos que a los consumidores ocasionales. Si una copa de ron cuesta 10 centavos más, no lo notarás si solo tomas un par de copas con amigos una o dos veces por semana. Si bebes mucho a diario, el costo adicional se acumulará rápidamente y tal vez te lleve a reconsiderar tu hábito o a dejar de beber tanto.

¿Y qué pasa con las drogas ilegales? Sus consumidores también son sensibles al precio. Un aumento del 10% en el precio de las drogas ilegales conlleva una disminución del 9% en la demanda, según un estudio del Instituto Australiano de Criminología. Uno de los tratamientos más prometedores para la adicción a la metanfetamina y la cocaína es la “gestión de contingencias”, que ofrece a los consumidores dinero en efectivo u otras recompensas económicas para que dejen de consumir drogas. Esto impone un costo monetario al consumo de drogas, lo que lleva incluso a los adictos a reducir su consumo. Otros tipos de costos también pueden funcionar: la amenaza de penas de cárcel cortas pero consistentes ha sido eficaz para frenar el consumo de sustancias entre los consumidores de drogas ilegales y aquellos arrestados o condenados por delitos relacionados con el alcohol.

Por supuesto, los legisladores no pueden simplemente aumentar los impuestos sobre las drogas ilegales. Para estas sustancias, tendrán que imponer costos menos directos. El país acierta al alejarse de las largas penas de prisión por consumo de drogas, pero eso no significa que deba eliminar todos los costos sociales asociados con las sustancias ilegales. En Portugal, las autoridades han utilizado la amenaza de sanciones civiles —multas, servicio comunitario, revocación de licencias profesionales— para impulsar a las personas a recibir tratamiento para la adicción. Los tribunales de drogas estadounidenses siguen un modelo similar con la amenaza de cárcel o prisión, pero sufren de una financiación insuficiente y a menudo derivan a las personas a tratamientos inadecuados. Estos son problemas que se pueden solucionar.

Lo fundamental es que imponer al menos algún costo puede ayudar a alejar a las personas del consumo de drogas. Los responsables políticos también deberían reducir el costo de dejar las drogas haciendo que el tratamiento eficaz para la adicción sea más asequible y accesible. El objetivo debería ser facilitar y abaratar el acceso a la ayuda, en lugar de conseguir drogas.

La fricción es importante. Cuando algo se vuelve más caro o difícil de obtener, la gente lo busca menos. Mientras gran parte del país revierte políticas, como el encarcelamiento masivo, que hemos considerado demasiado punitivas, deberíamos buscar otras maneras de generar fricción con sustancias que, en abundancia, pueden secuestrar nuestra mente y llevarnos al consumo excesivo, la adicción o algo peor.

Nadie quiere ser aguafiestas, pero una nación inundada de drogas baratas es una nación con más problemas de drogas. Es hora de intervenir.

© The New York Times 2026.

Tras un amplio operativo de seguridad las autoridades de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público confirmaron la captura de dos hombres por tráfico de cocaína y otras drogas. La intervención permitió incautar diferentes tipos de sustancias, así como artículos vinculados al microtráfico en una zona identificada como punto de operación de una estructura criminal.

El procedimiento se desarrolló en el municipio de Boca Chica, específicamente en la calle Juan Pablo Duarte, dentro del sector Los Coquitos. Según el reporte oficial, los arrestados, Claudio Ignacio González y Juan Ramón Pérez de Oleo, fueron localizados tras labores de inteligencia e interdicción en el área. Durante el despliegue, los agentes lograron decomisar 348 gramos de un polvo blanco presumiblemente cocaína, 270 gramos de marihuana y más de 150 dosis de crack. También se encontró una balanza, un chaleco antibalas, una radio de comunicación, un teléfono móvil y una cantidad significativa de dinero en efectivo.

La DNCD vincula a los detenidos con la red Los San Juaneros

La DNCD informó que ambos detenidos están vinculados a una estructura conocida como Los San Juaneros, dedicada al microtráfico y sujeta a seguimiento policial. El supuesto líder de esta red, identificado como “Antolín”, permanece prófugo. Las autoridades han solicitado su entrega por las vías correspondientes y mantienen la investigación abierta para desarticular el grupo por completo.

Entre los elementos incautados se encuentran equipos que, según la institución, se utilizan para facilitar y proteger las actividades ilícitas. Los agentes describieron que la balanza y el chaleco antibalas forman parte del equipamiento habitual dentro de las redes de microtráfico. El dinero hallado junto a las sustancias evidencia la operatividad y el flujo comercial de la estructura en distintos sectores de Boca Chica.

Las autoridades subrayaron que la intervención es parte de un plan más amplio para combatir el tráfico y la distribución de drogas en barrios y comunidades del país. El operativo fue resultado de un trabajo conjunto entre la DNCD y el Ministerio Público, quienes han asegurado que reforzarán las acciones en zonas identificadas como vulnerables ante la presencia de organizaciones criminales.

En Bávaro fue detenido un hombre con 18 paquetes de sustancia presumiblemente cocaína

En una acción diferente, miembros de la Policía Nacional adscritos a la División de Friusa-Bávaro detuvieron a un hombre señalado por transportar una cantidad considerable de droga en el sector Los Corales, dentro de la provincia La Altagracia. El arrestado, José Ramón Berroa Carrasco, de 39 años, fue interceptado tras un operativo cerca de una estación de combustible.

De acuerdo con el informe preliminar, Berroa Carrasco se desplazaba a bordo de una jeepeta marca Kia. Durante la inspección del vehículo, los agentes encontraron un bulto negro en la parte trasera, que contenía 18 paquetes de una sustancia blanca, presumiblemente cocaína.

La sustancia incautada será enviada a la DNCD para los análisis de rigor que permitan determinar su composición y peso exactos. Mientras tanto, el detenido quedó bajo control del Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes. Las investigaciones continúan con el objetivo de establecer el origen y destino de la droga y posibles conexiones con otras estructuras de tráfico en la región.

Raheem Sterling, exjugador del Chelsea y del Liverpool, fue arrestado en Inglaterra tras protagonizar un accidente con su Lamborghini en la autopista M3. Los hechos ocurrieron el jueves por la mañana, poco antes de las 9 horas, en los carriles en dirección sur de la mencionada autopista, cerca del cruce de Minley, en el condado de Hampshire. De acuerdo con la información divulgada, el vehículo que conducía Sterling impactó contra las barreras de seguridad sin que resultaran heridos ni hubiera más vehículos involucrados en el siniestro.

La Policía de Hampshire confirmó el accidente a través de un comunicado dirigido a la prensa. En el texto se señala: “Poco antes de las 9 de la mañana del jueves recibimos informes de que un Lamborghini había chocado contra las barreras en la M3 en dirección sur, cerca del cruce de Minley. No hubo otros vehículos involucrados y no se reportaron heridos”. Esta declaración oficial representa hasta ahora la principal fuente de información sobre lo sucedido, ya que ni el club neerlandés ni los representantes del futbolista han emitido comentarios públicos.

Tras el accidente, las autoridades detuvieron a Sterling bajo sospecha de varios delitos. Entre los cargos que enfrenta se encuentran conducir bajo los efectos de las drogas, conducción peligrosa, posesión de una droga de clase C y negarse a proporcionar una muestra para las pruebas toxicológicas correspondientes. En el Reino Unido, las drogas clasificadas como de clase C abarcan una variedad de sustancias, entre ellas ciertos tranquilizantes, algunos somníferos, esteroides anabólicos y compuestos como el óxido nitroso o el GHB. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre el tipo de sustancia hallada ni sobre los resultados de los análisis toxicológicos, y las autoridades insisten en que el caso se encuentra todavía en etapa de investigación.

Sterling quedó en libertad bajo fianza, lo que le permite continuar con su vida habitual, aunque está obligado a comparecer ante las autoridades cuando sea requerido. Esta medida no implica el cierre del caso, sino que el futbolista deberá responder a futuras citaciones policiales o judiciales relacionadas con el proceso en curso.

La carrera de Raheem Sterling

La trayectoria de Raheem Sterling ha estado marcada por su paso por algunos de los clubes más importantes de Inglaterra. Se formó en el Liverpool, donde debutó y empezó a llamar la atención por su velocidad y capacidad de desborde. Posteriormente, se consolidó como una de las figuras de la Premier League en el Manchester City, club con el que consiguió títulos y reconocimientos individuales. Más tarde, defendió los colores del Chelsea y del Arsenal. Desde su llegada al Feyenoord, el delantero buscaba relanzar su carrera y recuperar protagonismo competitivo, lejos de la presión mediática que caracteriza al fútbol inglés.

Con 82 partidos internacionales disputados con la selección de Inglaterra, Sterling es uno de los futbolistas británicos con mayor experiencia en el ámbito internacional. Su historia en la élite del fútbol europeo parecía encaminada a una nueva etapa en los Países Bajos, pero el reciente incidente y la investigación abierta representan un nuevo desafío para su imagen pública y su futuro profesional. El arresto ha tenido un fuerte impacto mediático, afectando la reputación que el jugador construyó a lo largo de los años gracias a sus actuaciones en los principales escenarios del fútbol mundial.

La Fiscalía General del Estado de Puebla detuvo a Miguel Ángel “N”, alias “El Navarro”, identificado como uno de los principales distribuidores de droga en la región norponiente de la zona metropolitana y presunto proveedor de estupefacientes para la organización delictiva “Los Cuijes”.

El operativo interinstitucional incluyó la participación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la misma Fiscalía poblana.

La detención se realizó al ejecutar una orden de cateo en un departamento del fraccionamiento Santa María, en la localidad de Santa María Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla, inmueble que presuntamente operaba como punto de almacenamiento y distribución de narcóticos.

Durante la intervención se aseguraron 106 bolsas tipo ziploc con sustancia con características similares al cristal, 23 envoltorios con hierba verde con características de marihuana, una báscula gramera, 15 cartuchos útiles calibre 9 milímetros y 800 pesos en efectivo.

Labores de inteligencia identificaron al objetivo y el inmueble en Santa María Zacatepec

Autoridades revelaron que la acción fue producto de investigaciones previas que permitieron ubicar tanto al objetivo como el inmueble utilizado presuntamente para la venta y distribución de droga.

Las pesquisas también establecieron que “El Navarro” mantenía actividades de suministro de narcóticos en distintos puntos de la región y presuntos vínculos con integrantes de “Los Cuijes”, grupo delictivo con presencia en la zona metropolitana de Puebla.

El detenido y los indicios fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para la determinación de su situación jurídica.

Otros golpes contra criminales en Puebla

En otros hechos reportados este mismo 30 de mayo, la FGE Puebla detuvo a Alan “N”, alias “El Calibre”, por su probable responsabilidad en el homicidio calificado de una persona en la localidad de San Francisco Terrerillos, municipio de Chignahuapan.

El imputado habría sido localizado en la Ciudad de México, donde autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX apoyaron su detención.

De acuerdo con la investigación, el 7 de diciembre de 2025 la víctima del crimen se encontraba en el exterior de un domicilio cuando presuntamente fue agredida con disparos de arma de fuego por el imputado. A consecuencia de las lesiones sufridas, perdió la vida en el lugar de los hechos.

Las pesquisas estuvieron a cargo de la Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos, que recabó los datos de prueba necesarios para identificar al probable responsable y solicitar el mandamiento judicial correspondiente ante la autoridad competente.

Como resultado de la coordinación interinstitucional entre elementos de la FGE Puebla y autoridades de la Fiscalía capitalina, se dio cumplimiento a la orden de aprehensión en contra “El Calibre”.

Fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario de Huauchinango, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requiere para continuar con el proceso penal.

Un operativo de la Guardia Civil para incautar una plantación de marihuana en Murcia acabó con un agente herido después de que un individuo disparara desde dentro, como adelantó El Español y ha confirmado Infobae. La bala impactó en una puerta y los cristales estallaron, chocando contra el agente. El registro, realizado este jueves en torno a las 7 de la mañana, era parte de una operación más grande que continúa en marcha, de manera que todavía no se conocen muchos detalles.

Fuentes de la Guardia Civil señalan que el agente fue herido de forma leve, de manera que ya ha sido atendido y no se enfrentas a lesiones graves. El individuo que efectuó el disparo ha sido detenido, bajo el posible cargo de tentativa de homicidio. Está previsto que en las próximas horas se ofrezcan más datos sobre el alcance de la operación y los arrestos realizados.

En los últimos años, España ha experimentado un preocupante aumento de la violencia relacionada con el narcotráfico, especialmente en lo que respecta al uso de armas y la peligrosidad de los narcos hacia las fuerzas de seguridad. Este fenómeno se observa de manera más dramática en zonas como el Campo de Gibraltar, la Costa del Sol y otras áreas de entrada y distribución de droga, donde las organizaciones criminales desarrollan cada vez mayores capacidades ofensivas.

Un informe de la Presidencia del Gobierno indica una “mayor agresividad hacia los agentes”, evidenciando que los narcotraficantes ya no dudan en embestir vehículos o embarcaciones policiales y recurren al “uso de armas de guerra” en sus operaciones. Esto se refleja en sucesos recientes, como el asesinato de dos guardias civiles en Barbate en febrero de 2024, cuando una narcolancha pilotada por narcos arrolló su embarcación. Hace un mes, otros dos agentes murieron al chocarse mientras perseguían a una narcolancha.

Las fuerzas de seguridad han reportado un incremento en la incautación de armas entre las redes de narcotráfico, que incluyen pistolas, fusiles y armas automáticas. Los narcos demuestran capacidad para equiparse con armamento de alto calibre e incluso embestir directamente a los agentes durante persecuciones, como se señala en los informes oficiales. El propio Departamento de Seguridad Nacional reconoce la existencia de “más de 600 embarcaciones tipo ‘go-fast’” —las llamadas narcolanchas— operando en aguas españolas en tan solo un año, muchas de ellas armadas y dispuestas a enfrentamientos.

La intensificación del armamento disponible para los narcos y su creciente agresividad representan hoy uno de los mayores desafíos para las fuerzas policiales en España, incrementando exponencialmente el riesgo para los agentes y exigiendo respuestas integrales en materia de seguridad y recursos, tanto humanos como materiales.

Una notificación de las autoridades de Andorra sobre una mujer de Campobello di Mazara que invertía en propiedades de lujo desencadenó una de las mayores operaciones contra el blanqueo de capitales vinculados a la mafia siciliana. La Dirección Antimafia del Distrito de Palermo y la Guardia di Finanza coordinaron un despliegue internacional con más de 150 agentes y la colaboración de cuerpos policiales de Europa y Oriente Medio.

La actuación permitió incautar bienes, empresas y activos financieros por más de 200 millones de euros. La operación, que abarcó Italia, Andorra, Gibraltar, las Islas Caimán, Luxemburgo, Suiza, Líbano, Mónaco y España, rastreó la ruta del dinero procedente del narcotráfico y dirigido a las arcas de Matteo Messina Denaro, el capo fallecido en 2023. España resultó ser uno de los puntos clave de su imperio.

Blanqueo de capitales en España

En España, la operación identificó un punto estratégico de la red. La Costa del Sol, con especial incidencia en Marbella, Málaga, Benahavís y Puerto Banús, vuelve a ocupar los titulares por su facilidad para blanquear dinero. Según la Guardia di Finanza, la red utilizaba empresas offshore y sociedades pantalla para canalizar fondos ilícitos hacia inversiones inmobiliarias y turísticas de alto valor.

En total, fueron incautadas 22 propiedades de lujo, entre ellas complejos turísticos, así como carteras de valores y participaciones accionariales. Además, se identificaron cinco empresas en territorio español, dos en Gibraltar y una en las Islas Caimán, empleadas principalmente para el lavado de dinero y la gestión de activos. La colaboración con la Policía Nacional permitió llevar a cabo registros, interceptaciones y análisis informáticos en busca de criptomonedas y fondos ocultos.

La investigación también reveló la posesión de más de 12 kilos de oro y participaciones en una entidad financiera libanesa, ampliando el alcance del entramado delictivo. El uso de drones y escáneres térmicos permitió localizar cavidades ocultas donde se almacenaban pruebas y bienes de alto valor.

El legado de Messina Denaro

Matteo Messina Denaro, nacido en Castelvetrano, Sicilia, en 1962, fue hijo de un histórico jefe mafioso y asumió el liderazgo del clan local de la Cosa Nostra tras la caída de los grandes capos. Vinculado estrechamente a Salvatore “Toto” Riina, participó en los atentados de 1993 en Florencia, Roma y Milán, responsables de 10 muertes. Considerado uno de los criminales más buscados de Italia y Europa por numerosos asesinatos y su implicación en el narcotráfico internacional, permaneció prófugo durante 30 años hasta su detención en 2023 en Palermo.

Messina Denaro falleció meses después bajo custodia por un cáncer, dejando tras de sí un imperio construido sobre el blanqueo de capitales y la reinversión de fondos ilícitos a escala internacional. Las investigaciones evidencian cómo su red consolidó cientos de millones de euros a través de operaciones en varios continentes y su impacto sigue siendo objeto de nuevas indagaciones. Las autoridades recalcan la importancia de continuar por este camino para desarticular por completo las estructuras financieras de la mafia, con el habitual lema de la lucha contra el narcotráfico: seguir el rastro del dinero.

Una denuncia anónima sobre presunto suministro de drogas a menores y producción de contenido sexual derivó en dos cateos realizados en el municipio de San José Chiapa, Puebla, donde fueron aseguradas dosis de droga, equipo electrónico y material fotográfico pornográfico, además de la detención de dos personas.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Puebla, la investigación comenzó el pasado 26 de mayo luego de un reporte ciudadano que alertó sobre actividades ilícitas en un inmueble del municipio.

El primer operativo se realizó en una propiedad ubicada sobre la carretera federal Teziutlán-Acajete, entre las calles 12 y 14 Oriente, en el Barrio Santa Anita.

En el lugar fueron aseguradas dosis de cristal, marihuana, teléfonos celulares y dos computadoras portátiles. Además, agentes detuvieron a Jesús Alejandro N. y Rocío N., quienes quedaron a disposición del Ministerio Público.

Las autoridades también realizaron un segundo cateo en un domicilio de la colonia Lomas de Guadalupe, presuntamente relacionado con el mismo caso.

En esa vivienda localizaron a una adolescente de 13 años, a un niño de 8 años y a una mujer identificada como Rosa María N., quien dijo ser abuela de los menores.

Durante la intervención también fueron halladas más dosis de droga y material fotográfico de contenido pornográfico, según detalló la Fiscalía poblana.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si los menores recibieron atención especializada ni si existe una línea de investigación relacionada con posibles redes de explotación sexual o distribución de material ilícito.

La Fiscalía de Puebla indicó que los detenidos y los objetos asegurados quedaron bajo resguardo ministerial mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades.

Casos recientes de explotación infantil en Puebla

El caso de San José Chiapa se suma a otras investigaciones documentadas en Puebla por delitos relacionados con pornografía infantil y explotación de menores. En abril de 2026, medios locales reportaron la sentencia contra un hombre acusado de almacenar y compartir material sexual de menores mediante plataformas digitales en la capital poblana.

Además, durante 2025 y 2026 se difundieron casos en municipios como Puebla capital, Tehuacán y San Martín Texmelucan vinculados con corrupción de menores, abuso sexual y aseguramiento de material pornográfico durante cateos y operativos ministeriales, según reportes publicados por medios locales y comunicados de la Fiscalía estatal.

En otro caso documentado en Puebla, autoridades realizaron en 2025 un operativo en Tehuacán donde fueron asegurados dispositivos electrónicos y detenido un hombre investigado por presunto almacenamiento de material sexual de menores. Meses después, en la capital poblana, la Fiscalía informó sobre otra investigación relacionada con intercambio de archivos ilícitos a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Una organización criminal dedicada al tráfico de drogas ha sido desmantelada este miércoles por la Policía Nacional. La organización, asentada en las provincias de Cádiz y Álava, introducía estupefacientes desde Marruecos hasta el sur de España, desde donde posteriormente eran enviados hacia Francia. En el marco de la operación HORUS, las autoridades han detenido hasta el momento a ocho personas, según ha informado la Policía Nacional.

La investigación, iniciada el pasado año, ha permitido a los agentes reconstruir el funcionamiento del grupo. El grupo utilizaba drones de ala fija, aeronaves no tripuladas de gran autonomía, para transportar alijos de hachís y cocaína desde Marruecos, cruzando el estrecho de Gibraltar por vía aérea hasta territorio español.

Una vez en territorio español, la droga era ocultada en vehículos con compartimentos ocultos de gran sofisticación, en muchos casos mediante dobles fondos, diseñados específicamente para evitar su detección en los controles policiales. Desde allí, el cargamento era trasladado hasta el País Vasco, concretamente a Vitoria, donde se distribuía a distintas redes criminales de origen francés dedicadas al tráfico de drogas.

Drones con autonomía suficiente para cruzar el estrecho de Gibraltar

Durante el desarrollo de la operación, los investigadores lograron intervenir uno de los drones empleados por la organización para el transporte de la droga. Se trata de una aeronave de grandes dimensiones, con una envergadura de cuatro metros, equipada con cuatro motores y diseñada para soportar cargas de hasta 20 kilogramos.

Este tipo de aeronaves no tripuladas está concebido para trayectos de media y larga distancia, lo que les permite cubrir el estrecho de Gibraltar y conectar Marruecos con el sur de España en apenas unos minutos. Además, pueden alcanzar velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora, lo que incrementa la rapidez con la que se ejecutaban los envíos de estupefacientes.

La investigación, dirigida por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Algeciras (Plaza número 4), ha culminado con la realización de cinco registros domiciliarios simultáneos en las localidades de Algeciras y Vitoria, que se han saldado con la detención de ocho personas, por el momento.

Durante la operación, los agentes han intervenido 40 kilogramos de hachís, dos kilogramos de cocaína, dos vehículos utilizados para el transporte de la droga, 14.000 euros en efectivo y uno de los drones empleados por la organización criminal, además de diverso material relacionado con la actividad ilícita.

Uso de drones para el narcotráfico

En los últimos años, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil han desarticulado distintas organizaciones criminales que empleaban drones para introducir hachís desde Marruecos hacia España a través del estrecho de Gibraltar. Este método, cada vez más sofisticado, ha sido detectado en varias operaciones policiales que reflejan la evolución tecnológica del narcotráfico.

En una operación desarrollada en noviembre de 2025, los dispositivos utilizados por una de estas redes contaban con capacidad para recorrer distancias superiores a los 200 kilómetros y realizar múltiples viajes en una sola noche, lo que permitió la introducción de más de 200 kilos de hachís en una sola jornada.

Un año antes, en 2024, otra operación policial desmanteló una organización que empleaba los conocidos como “narcodrones”, aeronaves no tripuladas capaces de transportar alrededor de 10 kilos por vuelo y con una autonomía superior a los 50 kilómetros, utilizadas para cruzar el Estrecho y facilitar el transporte de droga entre Marruecos y el sur de España.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el Gobierno de México ha registrado avances en el combate al tráfico de drogas en la frontera con Estados Unidos, con base en información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país (CBP, por sus siglas en inglés). De acuerdo con la mandataria, los resultados incluyen aseguramientos de droga, destrucción de instalaciones clandestinas y una disminución en el paso de fentanilo hacia territorio estadounidense.

Durante ‘La Mañanera’ de este miércoles, Sheinbaum detalló que, hasta el corte presentado, se han desmantelado 2 mil 400 laboratorios destinados a la producción de drogas, lo que ha representado alrededor de 402 toneladas de sustancias aseguradas. La presidenta señaló que estos resultados forman parte de acciones realizadas en distintas regiones del país, vinculadas con operaciones contra la producción y distribución de drogas sintéticas.

En el caso específico del fentanilo, la mandataria indicó que en la frontera sur de Estados Unidos se registró una reducción del 76 por ciento en el paso de esta sustancia. Explicó que los decomisos reportados por autoridades estadounidenses pasaron de 863 kilogramos en octubre de 2024 a 208 kilogramos en abril de 2026, con base en datos de CBP. Agregó que estas variaciones reflejan cambios en los aseguramientos realizados tanto en territorio mexicano como en el lado estadounidense.

“Se han desmantelado 2 mil 400 laboratorios, alrededor de 402 toneladas de droga. Eso es lo que se ha incautado, son datos de CBP, datos reconocidos por EEUU. En la frontera se ha reducido el paso de fentanilo en 76 por ciento. Se pasó de 863 kilos en octubre de 2024. a 208 kilos en abril de 2026”, explicó.

Los datos presentados fueron expuestos como parte del seguimiento a indicadores binacionales sobre tráfico de drogas. La comparación de cifras entre distintos periodos permitió observar diferencias en los volúmenes incautados por autoridades estadounidenses, especialmente en el caso del fentanilo. La información fue presentada en el contexto de las acciones de seguridad y cooperación entre ambos países en materia de combate al narcotráfico.

En una breve intervención sobre el tema, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó la importancia de esas incautaciones, a pesar de que, dijo, parecieran únicamente datos fríos y cifras simples.

El funcionario federal agregó que esas acciones representan, en términos simples, miles de dosis de droga que deja de venderse y que “no llega a las calles para envenenar a los jóvenes”.

Este 17 de noviembre se conoció que la Policía Nacional de Colombia interceptó una motonave en el puerto de Buenaventura con uno de los cargamentos más grandes de droga incautados este año.

Las autoridades aseguran que es más de una tonelada de cocaína que tenía como destino España y provenía de Guayaquil, Ecuador. “Allí es sometida a una inspección física por parte de nuestros hombres antinarcóticos encontrando en uno de los contenedores en la modalidad de tuleo, 34 tulas (bolsas de tela) de color negro, que en su interior contenían 1.111 paquetes rectangulares, envueltos en cinta color café”, detalló la Policía en un comunicado.

Al hacer las pruebas, “se confirmó positivo para clorhidrato cocaína, con un peso de 1.111 kilogramos”, que tienen un valor cercano a los 55 millones de dólares, “lo que representa una afectación importante a las rentas criminales”, subrayó la Policía.

De acuerdo con Ricardo Alarcón, director Nacional de la Policía Antinarcóticos, el envío pertenece a una organización liderada por el ‘papá de una actriz colombiana’

Por ahora se desconoce el nombre de la actriz ligada con el hombre que controlaría parte del narcotráfico que se mueve en el puerto más importante de Colombia.

El balance de las autoridades dice que en lo que va del año se han incautado siete toneladas de cocaína en el puerto de Buenaventura, donde se descarga y se envía buena parte de las mercancías que llegan y salen del país. Buenaventura, con buena parte de la costa Pacífica, es también una zona estratégica para el envío de cocaína y otros estupefacientes a otros países.

Asegurados cuatro hombres que presuntamente almacenaban y comercializaban estupefacientes en la localidad de Mártires

Por solicitud de un fiscal de la URI de Puente Aranda, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de dos ciudadanos extranjeros y dos colombianos señalados de comercializar estupefacientes en la localidad de Mártires.

Por información obtenida por la Fiscalía de fuente no formal, se conoció de la existencia de un lugar en el que se realizaba el almacenamiento y comercialización de estupefacientes en el barrio La Sabana de la localidad de Mártires.

Durante el desarrollo de una diligencia de allanamiento y registro se logró la captura de Jesús Alberto Giraldo Arango, Oscar David Echeverri Garavito y los ciudadanos extranjeros Ismael David González Pedroso y Romer José Hernández, este último tenía orden de captura vigente por sentencia condenatoria y quedo a disposición del Juzgado 6 de Ejecución de Penas. Además, se logró la incautación de dos armas de fuego tipo revólver, varias dosis de marihuana y de cocaína.

En audiencias preliminares se legalizaron las capturas y las incautaciones. La Fiscalía formuló imputación por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Dichos cargos no fueron aceptados por los procesados.

Proceso y fallo

De acuerdo con el proceso, en medio de una diligencia de allanamiento, el señor Jesús Alberto Giraldo Arango entregó a las autoridades un revólver Smith & Wesson calibre 38 largo, para el cual el señor Giraldo Arango tiene un permiso de porte, que sin embargo se encuentra vencido.

Debido a esto los agentes decomisan el arma y detienen al señor Giraldo,

Posteriormente, el 11 de noviembre de 2021, se realiza la audiencia de legalización de captura, en la cual se le imputa al señor Giraldo Arango los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. El ciudadano no se allana a los cargos y el juez decide dejarlo en libertad, pero vinculado al proceso.

En una nueva audiencia, el 22 de febrero de 2022, se le acusa formalmente de los cargos de porte de armas y el 25 de julio de 2023 se realiza el juicio oral en el cual la misma Fiscalía pide la absolución del imputado, pues, aunque portaba un arma con un permiso vencido, el permiso sí existía; además, el arma estaba guardada en un clóset, el señor Giraldo Arango no la portaba.

Durante la audiencia se dejó en claro además, que el señor Giraldo en ningún momento mostró intensión alguna de usar el arma, la tenía guardada y de manera voluntaria se la enseñó y la entregó a los agentes de la Policía, por lo cual.

Bajo estas consideraciones, la juez Novena Penal del circuito de Bogotá, Luz Marina Ramírez Guío, absolvió al señor Jesús Alberto Giradlo Arango de todos los cargos.

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Un operativo de autoridades federales en un motel del Estado de México derivó en la detención de al menos 20 personas presuntamente vinculadas con La Unión Tepito, quienes participaban en una fiesta en la que había armas largas, pistolas y bebidas alcohólicas.

De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez, los detenidos formarían parte de La UJ-40, identificado como uno de los brazos armados ligados a La Unión Tepito.

Durante la intervención, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron 27 armas de fuego, entre ellas rifles de asalto y armas cortas, además de diversos indicios relacionados con actividades delictivas.

Videos compartidos en redes sociales muestran a varios jóvenes armados al interior de habitaciones del motel mientras consumían bebidas alcohólicas y realizaban disparos hacia el techo del inmueble.

Las imágenes también exhiben a los presuntos integrantes del grupo criminal posando con armas largas y apuntando directamente hacia la cámara mientras convivían durante la fiesta.

La UJ-40 y las fiestas con armas

Según los reportes de C4 Jiménez, no sería la primera vez que integrantes de La UJ-40 realizan este tipo de reuniones clandestinas en hoteles y domicilios ubicados principalmente en alcaldías como Venustiano Carranza e Iztapalapa, en la Ciudad de México.

Uno de los primeros videos relacionados con estas fiestas fue difundido en septiembre de 2025, cuando presuntos miembros del grupo criminal aparecieron bailando y consumiendo alcohol mientras portaban armas largas y pistolas.

En aquellas grabaciones se observaba a varios jóvenes, algunos con gorras y lentes oscuros, presumiendo armamento de grueso calibre dentro de una vivienda aparentemente pequeña.

Incluso, uno de los asistentes fue captado sosteniendo una ametralladora larga mientras otros apuntaban directamente a la cámara del celular que grababa la reunión.

En otro momento del video, una persona repartía bebidas alcohólicas en charolas entre los asistentes armados, mientras algunos lanzaban mensajes dirigidos al periodista Carlos Jiménez.

“Un saludo para el C4”, se escucha decir a uno de los presentes mientras las armas eran exhibidas frente a la cámara.

Otro video exhibió a “El Jefecito”

Meses después, en noviembre, surgió otro video relacionado con este mismo grupo criminal, previo a la captura de uno de sus supuestos integrantes identificados como “El Jefecito”.

En esa grabación aparecían al menos cinco jóvenes armados, aunque uno de los que más llamó la atención fue Johan “N”, quien, de acuerdo con las investigaciones periodísticas, sería uno de los fundadores de La UJ-40.

Las autoridades y reportes periodísticos sostienen que este grupo está integrado principalmente por jóvenes de entre 15 y 20 años de edad, quienes presuntamente operan como sicarios y distribuidores de droga para La Unión Tepito.

¿Qué es La UJ-40?

La UJ-40 es identificada como una célula criminal asociada a La Unión Tepito y su nombre proviene de una combinación entre el grupo criminal y el alias de su presunto fundador.

La letra “U” hace referencia a La Unión Tepito, mientras que la “J” corresponde al nombre de Johan Gael “N”, señalado como creador de la célula criminal cuando presuntamente tenía 17 años.

El número 40 hace referencia a la unidad habitacional donde viven algunos integrantes del grupo en la colonia Morelos, ubicada entre las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

Las investigaciones señalan que La UJ-40 ha participado en delitos como narcomenudeo, extorsión, homicidios y actividades de sicariato en distintos puntos de la capital del país.

El operativo realizado en el Estado de México ocurre en medio de los esfuerzos de autoridades federales y capitalinas para frenar las operaciones de grupos criminales ligados a La Unión Tepito, organización señalada como una de las principales generadoras de violencia en la Ciudad de México.

Una movilización de elementos de seguridad se registró este lunes en una escuela primaria de Durango luego de que personal del plantel reportó que un alumno de sexto grado presuntamente portaba un dispositivo con cocaína entre sus pertenencias.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:00 horas en la primaria Netzahualcóyotl, ubicada en el fraccionamiento Huizache I, sobre Circuito Petén, cerca de la intersección con Circuito Lacandón.

De acuerdo con los primeros reportes, una trabajadora del plantel detectó que el estudiante llevaba entre sus objetos personales un dispensador que aparentemente contenía cocaína, por lo que la dirección escolar activó los protocolos de seguridad y solicitó apoyo de las autoridades mediante el sistema de emergencias.

Tras el reporte, elementos de seguridad pública acudieron al plantel para tomar conocimiento de la situación, resguardar el área y garantizar la seguridad de los estudiantes y del personal docente.

Autoridades educativas y agentes del Ministerio Público iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar el origen de la sustancia y establecer cómo llegó el dispositivo a manos del menor.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el contenido asegurado ya fue analizado oficialmente para confirmar que se trata de cocaína.

Qué establecen los protocolos escolares en casos de presuntas drogas dentro de planteles

Los lineamientos de seguridad escolar en México establecen que, cuando un alumno es detectado con una presunta sustancia ilícita dentro de una escuela, el personal debe activar protocolos de protección dirigidos a resguardar al menor y evitar situaciones de exposición pública o criminalización.

Entre las medidas contempladas se encuentran separar al estudiante de manera discreta, resguardar el objeto detectado, notificar de inmediato a madres, padres o tutores y dar aviso a las autoridades correspondientes para el inicio de las investigaciones.

Los protocolos también señalan que menores de edad involucrados en este tipo de situaciones deben ser tratados bajo esquemas de atención psicológica, médica y de protección, especialmente cuando existe la posibilidad de vulnerabilidad familiar, consumo inducido o participación de adultos.

Tom Hardy es uno de los actores más reconocidos de su generación, pero su trayectoria estuvo atravesada durante años por el alcohol, el crack y los problemas con la ley.

Ahora su historia que vuelve a primer plano luego de que fuera despedido de la serie MobLand.

El intérprete británico nació en East Sheen, en el suroeste de Londres, y fue el único hijo de Edward Hardy —escritor de comedia y novelas formado en Cambridge— y de su esposa Anne, artista plástica.

Según sus propias palabras, creció en una casa llena de libros y música, con viajes al exterior y una costosa educación privada.

Sin embargo, ese entorno privilegiado no lo alejó de los problemas. A los 11 años, un policía visitó su escuela para advertir a los alumnos sobre los peligros de inhalar pegamento.

La reacción de Hardy, según reconoció él mismo, fue pensar: “¡Ahora sé dónde encontrar eso!”.

A los 13 años ya había desarrollado una adicción al alcohol y al crack. A los 16, según recogió el Daily Mail, era una persona “destrozada” por el consumo de alcohol y cocaína, con detenciones policiales frecuentes, incluyendo una por conducción sin autorización.

Poco después fue expulsado de su internado, Reed’s, en Surrey, por robo. “Me descarrilé por completo y tuve suerte de no tener algún accidente terrible o terminar en prisión o muerto, porque hacia allí me dirigía”, declaró a la revista Hello! en su momento.

La situación tocó fondo en 2003, cuando Tom Hardy fue hallado tendido en un charco de sangre y vómito en el barrio londinense de Soho, tras colapsar por una sobredosis de crack.

Con ayuda de sus padres, ingresó a rehabilitación y completó un proceso de psicoterapia. “Tuve que perder algo”, dijo al mismo medio. “A veces hay que perder algo que vale más para uno que el alcohol”.

Una vez sobrio, comenzó a construir la carrera que lo llevaría a convertirse en figura del cine internacional. Fundó su propia compañía de repertorio, Shotgun Theatre, y consiguió roles en cine y televisión.

“Quería que mi padre estuviera orgulloso de mí”, declaró al diario The Telegraph. “Caí en la actuación porque no había nada más que pudiera hacer, y en ella encontré una disciplina a la que quiero seguir volviendo”.

Desde su papel en El origen hasta su nominación al Oscar por El renacido, el artista acumuló reconocimientos que incluyen el premio BAFTA Rising Star y su nombramiento como Comandante de la Orden del Imperio Británico (CBE).

No obstante, su conducta fuera de cámara volvió a provocar conflictos. El viernes se informó que el actor de 48 años no regresará para la tercera temporada de MobLand, la serie policial de Paramount+ donde interpreta al fixer Harry Da Souza junto a Pierce Brosnan y Helen Mirren.

El newsletter The Puck, del ex director editorial de The Hollywood Reporter Matthew Belloni, fue el primero en reportar su salida, atribuyéndola a “choques con los productores Jez Butterworth y David Glasser, entre otros, durante la reciente producción de la segunda temporada”.

Según fuentes citadas por el Daily Mail, Tom Hardy llegaba tarde a los rodajes, proponía cambios en los diálogos sin que se lo solicitaran y ofrecía notas sobre el guion por iniciativa propia.

Un informante señaló además que el actor habría manifestado su frustración porque la serie estaba cobrando mayor protagonismo para sus co-estrellas.

Mirren, de 80 años, habría expresado su descontento ante ese comportamiento. “La dama Helen es una alegría, es una profesional total”, dijo un insider al Mail on Sunday.

Y agregó: “Pero está cada vez más frustrada con Tom y su actitud. Puede llegar tarde al rodaje y eso la molesta mucho. Siente que él se pavonea como si fuera el rey. Es muy arrogante”.

No es la primera vez que Hardy protagoniza fricciones en un set. Durante el rodaje de Mad Max: furia en el camino en 2015, tuvo un conflicto abierto con Charlize Theron, quien según el libro Blood, Sweat & Chrome, de Kyle Buchanan, llegó a exigir la presencia permanente de una productora como medida de protección.

En 2022, Hardy reconoció ante Buchanan: “En retrospectiva, estaba desbordado en muchos sentidos. Lo que ella necesitaba era un compañero mejor, quizás más experimentado”.

Un hombre de 82 años quedó arrestado en Miami por vender crack a dos personas en un estacionamiento de Little Havana. Se trata de Tomas Casanova, una ciudadano cubano que ahora enfrenta cargos agravados luego de que la policía lo sorprendiera durante una vigilancia encubierta cerca de una clínica de salud, en una zona cercana a escuelas y espacios religiosos.

La policía de Miami informó que el arresto se produjo cerca de las 16:00, cuando los agentes observaron a Casanova entregar droga a dos hombres: Frank Rodríguez-Diaz, de 65 años, llegó en bicicleta, entregó dinero a Raymond Vega, de 58, quien a su vez lo pasó a Casanova.

El hombre mayor sacó una servilleta blanca de su bolsillo, donde guardaba varias piedras de crack, y entregó una a cada comprador. Los agentes detuvieron a los tres en el acto y encontraron a Casanova 11 piedras de crack y USD 50.

También hallaron otras dos piedras en la zona donde estaban los compradores. Según NBC Miami y CiberCuba, la escena quedó documentada en el informe policial.

Cómo ocurrió la detención

Los agentes realizaban una vigilancia en el estacionamiento de Centrum Health, 434 Southwest 12th Avenue. Un oficial dio la señal de intervención tras confirmar el intercambio de droga y dinero. Los tres involucrados quedaron bajo custodia en ese momento.

Al revisar a Casanova, los policías encontraron la servilleta con once piedras de crack y el dinero en efectivo. Junto a los compradores, hallaron dos piedras más de la misma sustancia.

Las autoridades acusaron a Casanova de vender crack a menos de 300 metros de una iglesia o tienda de conveniencia, además de posesión de crack y otros delitos relacionados. La ley de Florida contempla penas de hasta 30 años de prisión para quienes cometen este tipo de delitos cerca de zonas protegidas.

La portavoz de la policía de Miami, Kenia Fallat, afirmó que el caso resultó grave porque la venta ocurrió a pocos metros de un colegio. Según Fallat: “Esto pudo haber terminado peor si un niño recogía esas piedras de crack”, según NBC Miami.

La policía ya había recibido varias denuncias de los vecinos por ventas de droga en ese sector.

Quiénes son los implicados

Tomas Casanova tiene 82 años y nacionalidad cubana. No posee la ciudadanía de Estados Unidos, por lo que, además de la fianza fijada en USD 15.000, quedó bajo una retención migratoria. Esta situación podría derivar en un proceso de deportación, según explicaron fuentes judiciales al medio CiberCuba.

Casanova ya contaba con antecedentes. En 2014, lo arrestaron en Miami-Dade por cargos de venta y tenencia de cocaína y oxicodona con intención de distribuir, lo que podría agravar su situación legal por reincidencia.

Frank Rodríguez-Diaz, de 65 años, recibió cargos por posesión de crack y otros delitos. En el caso de Raymond Vega, de 58 años, las autoridades continuaban investigando y no habían divulgado cargos específicos al cierre de la información.

Por qué intervino la policía en Little Havana

La intervención policial respondió a denuncias de vecinos sobre la venta de drogas en la zona. El estacionamiento donde ocurrió el hecho está cerca de escuelas y comercios, lo que motivó la vigilancia policial.

En diciembre de 2025, la policía local realizó la “Operación El Primo”, que desarticuló una red de tráfico de drogas en Little Havana, Flagami y Coral Way. Esa acción permitió detener a 20 personas y confiscar más de 22 kilogramos de cocaína, junto con USD 120.000 en efectivo, según informó CiberCuba.

Las autoridades mantienen la vigilancia en la zona por la frecuencia de estos delitos y el riesgo para la comunidad. El caso de Casanova refuerza la preocupación de los residentes sobre la seguridad en los alrededores de escuelas y lugares frecuentados por familias.

Una funcionaria del Municipio de Morón quedó acusada de integrar una presunta banda narco luego de que la Policía Federal Argentina hallara 509 gramos de cocaína en una vivienda de su propiedad durante allanamientos en Morón y Merlo. Se trata de Luna Suyai Ortigoza, quien fue desvinculada de su cargo y es buscada por la Justicia ya que no fue encontrada en la vivienda.

El operativo incluyó ocho allanamientos en inmuebles usados para acopio y venta de estupefacientes en Castelar y Libertad, partido de Merlo, y fue supervisado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. En uno de los procedimiento que se realizó en un domicilio de la calle Isabel Pardo al 2500, la Policía Federal Argentina secuestró cocaína en una piedra compacta, tipo ladrillo y fragmentos de marihuana, distribuidos entre la cocina y la habitación principal.

Durante los operativos hubo un detenido y se secuestraron 1,7 kilos de cocaína, 241 gramos de marihuana, dos balanzas digitales, $24.800 en efectivo, un revólver calibre 32, un cargador calibre 22, municiones, tres teléfonos celulares y documentación, según Primer Plano Online.

El único arrestado informado fue identificado como Norberto Hernán Aliano de 41 años, acusado por comercio y tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización. Los investigadores también incautaron celulares que serán analizados para sumar prueba a la causa.

Voceros del Municipio señalaron que Ortigoza estaba de vacaciones en la casa de su madre y que manifestó su intención de presentarse ante la justicia “cuanto antes”. También alegó, siempre según esa versión, que había iniciado una relación de pareja y que un joven empezó a dejar pertenencias en su casa.

La investigación de la funcionaria de Morón

La investigación había comenzado en marzo tras una denuncia anónima sobre maniobras de narcotráfico en la localidad de Castelar y hay al menos ocho personas señaladas como integrantes de la organización. Tras el operativo, el intendente Lucas Ghi dispuso apartarla del cargo y dio de baja su contrato mientras avanza la investigación sobre su presunto vínculo con la actividad ilícita.

La causa está a cargo de la Fiscalía N° 9 de Morón, con los fiscales Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani, y los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías N° 1, a cargo de la jueza Laura Mariel Pinto que incluyó requisas en los siguientes domicilios: Pasaje Florit al 3600, Eduardo Cogliatti al 3500, Gabriel Miró al 3000, 14 de Julio al 3300, Presidente Ortiz al 3800 Y Zabaleta al 500.

Los investigadores identificaron una modalidad de venta “delivery”: un integrante almacenaba la droga y otro la distribuía y comercializaba en motocicleta. También detectaron cambios frecuentes de puntos de venta entre distintas viviendas de Castelar para evitar ser descubiertos. Las pruebas recolectadas en los allanamientos reforzaron esta hipótesis del narcomenudeo, de una estructura dedicada a la venta directa de drogas en pequeñas cantidades.

Los investigadores señalaron que la banda utilizaba distintos domicilios para almacenar y preparar las sustancias, y que la distribución se realizaba mediante entregas rápidas, sobre todo a través de motocicletas. Este esquema de comercialización permitió a los sospechosos moverse con agilidad y cambiar frecuentemente los puntos de venta para eludir a las fuerzas de seguridad, replicando una lógica de narcomenudeo extendida en el conurbano bonaerense.

Tras conocerse el resultado del operativo, el Municipio de Morón comunicó la desvinculación inmediata de la funcionaria. En un parte oficial, el gobierno local afirmó que “en el marco de los allanamientos impulsados desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana para combatir el delito en el distrito, fueron hallados estupefacientes en una propiedad perteneciente a una funcionaria municipal del área de Políticas de Género”.

“La gestión municipal ratifica su compromiso con la transparencia institucional, el cumplimiento de la ley y el acompañamiento a todas las acciones destinadas a garantizar la seguridad de los vecinos de Morón”, concluyó el comunicado.

Varios narcotraficantes robaron el pasado martes tres embarcaciones semirrígidas de la Armada mientras realizaban un ejercicio militar en El Retín, Cádiz, según adelantó Diario de Cádiz y ha confirmado Infobae. Mientras estaban siendo utilizadas por los infantes de marina en Flotex-26, aprovechando su ausencia en la playa, los supuestos ladrones habrían conseguido substraer las embarcaciones y lo que había en su interior. Al regresar al punto de desembarco, los militares descubrieron que las lanchas, junto con todo el equipamiento que llevaban a bordo, habían desaparecido.

Fuentes de la Armada han aclarado que ya se interpuso la denuncia el martes, pero desde la Guardia Civil no han dado más detalles. La principal preocupación es el uso que puedan dar a estas embarcaciones los narcotraficantes. Las autoridades llevan años demandando una mejora de sus medios porque no pueden competir en velocidad y capacidad con las narcolanchas que, a pesar de estar prohibidas, siguen actuando de forma recurrente en el sur peninsular.

La indignación por el problema del narcotráfico en Cádiz o Huelva sigue creciendo. La muerte de dos agentes de la Guardia Civil en Huelva hace dos semanas provocó una oleada de críticas al ministro del Interior, Grande-Marlaska. Como ya ocurrió hace más de un año por el asesinato de otros dos guardias en Barbate, las asociaciones de agentes demandan que su profesión sea declarada de alto riesgo y que reciban más inversión y medios.

Ejercicio de la Armada

La Armada Española llevaba a cabo el ejercicio Flotex-26, considerado su principal maniobra anual de adiestramiento avanzado, cuando se dio el robo. El objetivo del despliegue es evaluar y certificar su capacidad para operar en escenarios complejos y proteger los intereses nacionales. Empezó el 11 y terminó el pasado 22 de mayo. Se realizó en el Golfo de Cádiz, el Mar de Alborán y el Estrecho, involucrando a unidades y Estados Mayores de la Flota en operaciones de media y alta intensidad.

El despliegue cuenta con la participación de diversas unidades, entre ellas el Grupo Anfibio y de Proyección, la 41ª Escuadrilla de Escoltas, la Fuerza de Medidas Contraminas, el Tercio de Armada y la Flotilla de Submarinos. Entre los buques destacados se encuentran el Castilla, que actúa como buque de mando, el Juan Carlos I, el Galicia, además de las fragatas Victoria, Reina Sofía y Almirante Juan de Borbón, el submarino Galerna, y otros buques de apoyo y cazaminas.

Flotex-26 permite a la Armada adiestrarse en la gestión de crisis simuladas, coordinando operaciones multidominio como el control del mar, la proyección del poder naval y las operaciones anfibias. Durante la jornada del 13 de mayo, el Almirante de la Flota supervisó el grado de alistamiento de las unidades anfibias y presenció una demostración dinámica de desembarco en la playa del Retín, donde se habría producido el robo por parte de los narcotraficantes. Posteriormente, se realizaron las operaciones a bordo del Castilla y el Juan Carlos I, mientras los ladrones se marchaban con su nuevo equipo.

Una ex cabo de la Policía Federal Argentina (PFA) fue detenida en la localidad de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, luego de haber sido acusada de dedicarse a la venta de drogas al menudeo bajo la modalidad delivery. Según trascendió, la acusada había sido expulsada de la fuerza en 2023 por amenazar con su arma a un inquilino.

La detención se concretó este viernes, cuando la mujer, identificada como K. A. C., de 33 años, fue arrestada junto a su pareja, M. A. F., también de 33. Ambos estaban bajo investigación, lo que derivó en la realización de dos allanamientos y la incautación de cocaína fraccionada para su comercialización.

Todo comenzó con una denuncia radicada por los vecinos, quienes aseguraron haber notado movimientos sospechosos cerca de los domicilios de la ex policía y su novio. A partir de esto, se activó una pesquisa que incluyó seguimientos encubiertos, vigilancias fijas y móviles, así como registros fílmicos aportados por el Laboratorio de Imágenes del Municipio.

De esta manera, la investigación judicial determinó que la pareja combinaba la venta de estupefacientes desde el interior de la vivienda de Curima y el reparto mediante autos de aplicaciones. Así, el viernes a la madrugada, el personal de la DDI de Morón allanó dos viviendas ubicadas en Fernando Fader al 1800, entre El Tordo y Niceto Vega, y la otra en el 2100 de la misma arteria, entre Pinto y Villegas.

Según la información publicada por Primer Plano Online, durante las requisas, se secuestraron 43 envoltorios de nylon con cocaína, una balanza de precisión, tres teléfonos celulares y un handy con frecuencia policial. Estos elementos fueron considerados de interés para la causa que llevan adelante los fiscales Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani, a cargo de la UFI N° 9 de Morón.

A raíz de esto, la pareja quedó a disposición de la justicia bajo cargos de tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización. La causa cuenta con el aval de la jueza de Garantías Laura Mariel Pinto. Se espera que ambos sean indagados en las próximas horas, mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance de la actividad delictiva.

Por otro lado, se conoció que la mujer había sido exonerada de la Policía Federal Argentina en 2024 tras un incidente previo en el que fue señalada por amenazas a un inquilino para que abandonara una vivienda con contrato vencido.

El episodio había ocurrido en 2023, cuando un hombre utilizó el arma reglamentaria de la ex cabo policial para intimidar a la víctima. Luego de que esta denunciara lo ocurrido ante la policía, poco después, se concretó la captura del sospechoso. Fue así que se descubrió que este portaba el arma que estaba registrada bajo el nombre de la ahora acusada por venta de drogas.

A raíz de esto, se ordenó la detención del acusado de haber amenazado al inquilino, como la de la dueña del arma. Finalmente, un año más tarde, las autoridades de la fuerza de seguridad resolvieron que K. A. C. fuera desafectada de manera permanente de su cargo.

Delincuentes simularon ser policías y asaltaron con violencia a una familia en Ituzaingó

Una familia de Ituzaingó fue víctima de un asalto violento el pasado 14 de mayo, cuando un grupo de delincuentes simularon ser policías y emplearon un ariete similar al utilizado por las fuerzas de seguridad para irrumpir en la vivienda.

El episodio ocurrió alrededor de las 20:20 horas, en una casa situada a solo veinte metros de la avenida Intendente Carlos Ratti, en el conurbano bonaerense. Según registraron las cámaras de seguridad, los asaltantes, con rostros y manos cubiertos y calzado protegido con medias para evitar dejar huellas, ingresaron tras violentar la doble puerta de acceso.

El accionar del grupo fue metódico y mostró un despliegue coordinado. En apenas dos minutos y medio, los ladrones lograron entrar, mientras los moradores se refugiaban en una de las habitaciones. Durante el asalto, uno de los integrantes de la familia escapó por el techo para pedir auxilio a los vecinos y activar el cerco eléctrico. La alarma vecinal sonó casi de inmediato, lo que contribuyó a que los delincuentes abandonaran el lugar apresuradamente, aunque sin mostrar señales de pánico.

Según relató Débora, víctima y madre de la familia, a TN, el ataque fue tan meticuloso que “no parecían el clásico ladrón”, lo que generó sospechas sobre un posible vínculo de los autores con las fuerzas de seguridad. Asimismo, remarcó que “alguien les pasó el dato, pero mal”, sugiriendo que los ladrones buscaban un botín mayor.

Durante el robo, los asaltantes exigieron repetidamente dólares y dinero en efectivo. Débora aseguró que “les ofrecí todo lo que teníamos y les di las llaves de los autos, pero solo querían dinero en efectivo”. Ante la falta de la suma esperada, los delincuentes recurrieron a la violencia física, golpeando en la cabeza tanto a la madre como a su hija.

Pese a que la familia activó todos los dispositivos de seguridad instalados: cerco eléctrico, cámaras de vigilancia y puertas metálicas, indicaron que el ingreso fue violento y rápido. En la secuencia registrada por las cámaras, se observó también a un cuarto integrante del grupo maniobrando un vehículo y alineándolo frente a la vivienda.

Los delincuentes huyeron a pie y en auto, sin mostrar urgencia ni temor a ser identificados, reforzando la hipótesis de un grupo experimentado y organizado. Una vecina relató que, al retirarse, “uno de los asaltantes saludó con la mano a uno de los vecinos”, gesto que calificó como una muestra de impunidad.

El resultado del robo fue la sustracción de una consola de videojuegos, una billetera y un celular, por lo que la familia realizó la denuncia policial tras el hecho. Según la víctima, la alarma vecinal “se activa casi cada dos días por intentos de robo o sustracción de vehículos”, lo que evidenciaría una situación de creciente preocupación entre los vecinos de Ituzaingó por la frecuencia y violencia de los delitos cometidos bajo modalidades coordinadas y con apariencia de operativos oficiales.

El rock and roll nació como una promesa de absoluta libertad, pero con el tiempo demostró ser una maquinaria de repetición y desgaste. Pocas mentes comprendieron este proceso con tanta lucidez y sarcasmo como Mick Jagger. A lo largo de las décadas, el cantante de los Rolling Stones vio caer a contemporáneos, sepultados por los excesos de su mitología Sin embargo, lejos de adoptar un tono moralista o redactar un tratado solemne, el músico eligió la ironía para resumir la gran paradoja.

“Empezás tocando rock and roll para poder tener sexo y tomar drogas, y terminás tomando drogas para poder tocar rock and roll y tener sexo”. A diferencia de lo que dictan algunos mitos de internet, la frase no pertenece a un libro de memorias desgarradoras ni a una biografía autorizada de pretensiones literarias. Sucedió la noche del 11 de diciembre de 2012, cuando Mick Jagger subió al escenario del Ed Sullivan Theater de Nueva York para participar del programa Late Show with David Letterman.

El motivo era la celebración del 50 aniversario de la banda. El conductor David Letterman invitó al cantante a presentar su clásica sección humorística del “Top Ten”. El segmento llevó por título “Las 10 cosas que yo, Mick Jagger, he aprendido tras 50 años en el rock and roll”. Entre chistes sobre no aceptar consejos amorosos de Phil Spector y la nula ganancia que le dejaba la canción Moves Like Jagger de Maroon 5, el vocalista coronó la noche revelando el puesto número uno con aquella sentencia.

Aunque se originó en un sketch de comedia, la frase caló hondo en la cultura popular porque describía una verdad incómoda con una precisión matemática. Si bien la cita proviene de la televisión, existe un vínculo ineludible entre el pensamiento de Mick Jagger y el mundo editorial que ayuda a entender el trasfondo de sus palabras. Durante la década de 1980, el músico escribió una esperada autobiografía tras recibir un millonario adelanto financiero. Sin embargo, aquel manuscrito jamás se publicó.

La leyenda urbana afirmaba que el cantante había desistido porque sus recuerdos estaban borrados por los excesos químicos. Décadas más tarde, el editor John Blake tuvo acceso al texto original y desmitificó la historia: el libro era técnicamente impecable, pero carecía del morbo que el mercado editorial le exigía a una estrella de su calibre. Ese manuscrito nunca editado radica demostró que Mick Jagger siempre prefirió resguardar su intimidad antes que vender un estereotipo decadente.

La frase analiza las dos etapas de la vida del artista masivo. Al principio, la música es la llave maestra para acceder a un paraíso hedonista de placeres inmediatos. El rocanrol funciona como la banda sonora del deseo juvenil. El giro trágico y brillante ocurre en la segunda mitad de la premisa. Con el paso del tiempo, el orden de los factores se invierte de manera perversa. Las sustancias ya no son el premio, sino el combustible. Lo que comenzó como rebelión termina como un empleo de alta exigencia física.

Esta idea sintetiza a la perfección la mentalidad que mantuvo a Mick Jagger activo. A diferencia de Keith Richards, cuyo misticismo romántico lo vuelve el alma indomable del grupo, el cantante siempre operó bajo una lógica pragmática. El líder de los Stones entendió que el descontrol absoluto era incompatible con la permanencia en el tiempo. Detrás del performer andrógino de labios gigantes habita un exestudiante de la London School of Economics que transformó a su banda en una corporación multinacional.

Para Mick Jagger, la frase no es una queja de arrepentimiento, sino la constatación de un engranaje biológico y comercial. Es el testimonio de un hombre que decidió bajarse a tiempo de la espiral autodestructiva para convertirse en un atleta de estadios (la forma en que baila, a sus tantos años, lo vuelven un atleta). Con esa ironía tan británica, el músico le recordó al mundo que la rebeldía juvenil tiene fecha de vencimiento, y que en el negocio del rock, el verdadero triunfo no es morir joven, sino sobrevivir al mito.

¿Quién es Mick Jagger?

Nacido el 26 de julio de 1943 en Dartford, Inglaterra, Mick Jagger (bautizado como Michael Philip Jagger) se crio en el seno de una familia de clase media. Su destino cambió para siempre tras un encuentro fortuito en una estación de tren con su amigo de la infancia, Keith Richards, con quien descubrió una pasión compartida por el blues. Aunque llegó a estudiar en la prestigiosa London School of Economics, abandonó las aulas universitarias para fundar la legendaria banda británica en 1962.

Comenzó junto a Richards, Brian Jones, Charlie Watts y Bill Wyman. A lo largo de una carrera de más de seis décadas, se transformó en el arquetipo definitivo de la estrella de rock, célebre por su inconfundible voz, su magnética e hiperactiva presencia escénica y un estilo andrógino que desafió las normas culturales de su tiempo. Como compositor principal de la banda junto a Richards, dio vida a himnos generacionales incluidos en álbumes como Beggars Banquet, Sticky Fingers y Exile on Main St..

Más allá de los estadios, expandió su faceta artística como solista, productor y actor. A pesar de los mitos que rodean la longevidad en una industria plagada de excesos y tragedias personales, se mantiene plenamente activo y con una vitalidad asombrosa. En la actualidad, Jagger sigue desafiando el paso del tiempo sobre los escenarios de todo el mundo, desmintiendo de forma definitiva cualquier rumor sobre su muerte y reescribiendo las reglas de lo que significa envejecer en el universo del rock.

El caso comenzó el miércoles por la noche, cuando agentes de la Policía de la Ciudad realizaban una recorrida por la avenida Iriarte al 3600. En un momento, los oficiales advirtieron una presunta maniobra de pasamanos entre un hombre y una mujer.

Ante esa situación, decidieron acercarse para identificarlos. Sin embargo, al advertir la presencia de los efectivos, ambos ingresaron por una puerta de rejas que estaba abierta hacia un patio interno del inmueble. Los agentes los siguieron y, ya dentro de la propiedad, demoraron a la mujer.

Al inspeccionar la vivienda, encontraron sobre una mesa una bolsa con una gran cantidad de envoltorios y dinero en efectivo. A su vez, dentro de un morral hallaron un revólver calibre .22, diez municiones de ese mismo calibre y 13 balas calibre 9 milímetros.

Además, encontraron otra bolsa con cocaína sin fraccionar, un envoltorio con una sustancia similar al tusi, dos balanzas de precisión y varios envoltorios de cocaína y pasta base. En uno de los cajones de un mueble, los policías también hallaron una bolsa con flores de marihuana y un trozo compacto de ese mismo estupefaciente de 350 gramos.

Fuentes policiales detallaron que en el interior de la vivienda estaban el hijo de la sospechosa, de 26 años; su sobrino, de 20; y cinco nietos menores de edad.

En total, personal de la División Unidad Táctica de Pacificación del Barrio 21-24/Zavaleta de la Policía de la Ciudad secuestró 511 gramos de marihuana, distribuidos en 85 envoltorios y un pan compacto de 350 gramos; 35 gramos de cocaína en 29 envoltorios; 25 dosis de pasta base; y tusi. También incautaron el arma de fuego, 23 balas, 77 mil pesos y dos balanzas de precisión.

El caso quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Sur, que dispuso la detención de la mujer por comercio de droga y tenencia ilegal de arma de fuego, el secuestro de todo lo hallado y la realización de una pericia sobre el arma encontrada.

También se decidió dar intervención al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes por la situación de los menores. Además, el hijo y el sobrino de la detenida fueron notificados en la causa por averiguación de ilícito.

Este procedimiento se suma a otros operativos recientes contra el narcomenudeo en la Ciudad de Buenos Aires. Días antes, tres mujeres fueron detenidas por vender cocaína en la zona de Constitución.

El caso se originó tras tareas de vigilancia en la plaza Garay, donde personal de la División Operaciones Zona Sur detectó movimientos compatibles con la comercialización de estupefacientes. Dos de las detenidas contaban con antecedentes y una de ellas ya había sido expulsada del país en dos oportunidades por causas vinculadas al narcotráfico.

Durante la investigación, los policías observaron cómo las acusadas realizaban pases de droga a distintos compradores. Al momento de la detención, se les secuestraron decenas de envoltorios de cocaína listos para la venta, dinero en efectivo y teléfonos celulares. Tanto las mujeres como los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia.

Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Fiscalía General de la República (FGR), aseguraron un autobús foráneo que transportaba un importante cargamento de droga sintética oculto en el área del camarote, durante una inspección realizada en la carretera Panamericana, en el estado de Chihuahua.

El decomiso ocurrió en el punto de revisión ubicado en el kilómetro 302 de la carretera federal 45, en el tramo Ahumada-Ciudad Juárez, donde agentes federales detuvieron para revisión un autobús Scania Irizar I8 modelo 2022 de la línea Chihuahuenses, identificado con el número económico 9561.

De acuerdo con información proporcionada por autoridades federales, la unidad cubría la ruta de Culiacán, Sinaloa, hacia Ciudad Juárez, Chihuahua.

Nerviosismo del operador levantó sospechas

Durante la inspección de rutina, el conductor identificado como Juan “N” fue interrogado por agentes de la Fiscalía General de la República sobre el trayecto y destino del autobús.

Según detalló un agente del Ministerio Público Federal, el comportamiento nervioso del operador llamó la atención de los elementos de seguridad, quienes decidieron realizar una revisión más minuciosa en distintas áreas de la unidad, particularmente en el camarote utilizado por el chofer.

Fue en ese espacio donde localizaron 40 paquetes envueltos en plástico transparente y cinta negra que contenían fentanilo, con un peso aproximado de 40 kilogramos.

Además, encontraron 13 contenedores de plástico con una sustancia granulada y cristalina con características similares al cristal, con un peso total de 14 kilogramos.

A ello se sumaron dos contenedores más que almacenaban más de 20 mil pastillas de fentanilo, una de las drogas sintéticas de mayor impacto en el mercado ilegal debido a su alta potencia y letalidad.

Tras el hallazgo, las autoridades procedieron al aseguramiento inmediato del conductor, la unidad y la droga.

Trasladan evidencia a instalaciones federales

El operador detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su posible responsabilidad en delitos contra la salud y delincuencia organizada.

Mientras tanto, el autobús y las sustancias aseguradas fueron trasladados a las instalaciones de la delegación de la Fiscalía General de la República en Chihuahua, donde se realizarán las pruebas periciales correspondientes y el pesaje oficial de los narcóticos.

Las investigaciones también buscarán determinar si existen más personas involucradas en el traslado del cargamento y si el decomiso está relacionado con redes criminales que operan entre Sinaloa y la frontera norte del país.

Tercer aseguramiento de la misma empresa

Autoridades federales revelaron que no es la primera ocasión en que unidades de la misma empresa de transporte son relacionadas con el tráfico de drogas.

De acuerdo con los reportes oficiales, este representa el tercer camión de transporte de pasajeros de la misma línea asegurado con narcóticos en el mismo punto carretero por elementos de la Policía Federal Ministerial.

La recurrencia de los decomisos ha encendido alertas entre las autoridades federales, que ya investigan posibles vínculos entre operadores, rutas de traslado y organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas sintéticas hacia la frontera con Estados Unidos.

El corredor carretero entre Sinaloa y Ciudad Juárez es considerado una de las principales rutas para el tráfico de drogas debido a su conexión con cruces fronterizos estratégicos.

Fentanilo, una amenaza creciente

El aseguramiento ocurre en medio de la creciente preocupación nacional e internacional por el tráfico de fentanilo, una droga sintética que ha provocado miles de muertes por sobredosis, principalmente en Estados Unidos.

Las organizaciones criminales utilizan distintos métodos para ocultar cargamentos en vehículos de carga y transporte de pasajeros, aprovechando rutas comerciales y carreteras federales para mover las sustancias hacia el norte del país.

Las autoridades federales mantienen operativos permanentes en puntos carreteros de Chihuahua debido a que el estado es considerado estratégico para el trasiego de drogas, armas y migrantes.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha informado si el conductor detenido pertenece a alguna organización criminal ni si existen órdenes de captura relacionadas con este caso.

Siete ciudadanos peruanos fueron arrestados en el operativo y las autoridades buscan a un empresario nocturno conocido como “Cuchi”, señalado como uno de los principales líderes de la organización.

La estructura criminal producía droga en gran escala y abastecía distintos puntos del Conurbano.

La investigación del caso comenzó en mayo de 2024, cuando una mujer fue detenida con dos kilos de cocaína en Villa Crespo. La sospechosa llevaba consigo dos celulares: los peritajes a los teléfonos revelaron la existencia de una red de proveedores, distribuidores, encargados de entregas bajo la modalidad “pasamanos” y vendedores minoristas.

El grupo tenía roles bien definidos. Una pareja que residía en la mencionada villa de Puerto Madero coordinaba la distribución de grandes cantidades de cocaína y las compras de droga para abastecer bocas de expendio. También detectaron a una mujer que entregaba la sustancia desde Avellaneda.

Otra revelación en la investigación fue que parte del dinero obtenido por la venta de estupefacientes era cambiado en una agencia financiera de Nueva Pompeya. Por eso, el titular del local quedó bajo la lupa, sospechado de saber el origen de los fondos.

Entre los investigados aparece el mencionado “Cuchi”, hombre con antecedentes por narcotráfico que hoy se mueve como empresario nocturno y productor de eventos musicales. Según tareas de inteligencia, seguiría vinculado a la venta ilegal de drogas.

El operativo, que incluyó 20 allanamientos en la Ciudad y el Conurbano, derivó en el descubrimiento del laboratorio que se camuflaba detrás de un restaurante de comida peruana en la Rodrigo Bueno.

El lugar estaba equipado con estufas, compresores hidráulicos y moldes para compactar los panes de cocaína. Un joven peruano, que se encontraba de manera irregular en el país, custodiaba la cocina.

Tras la fachada, la organización procesaba la cocaína y utilizaba ácido bórico para “estirar” la droga antes de venderla. Para referirse a la misma usaban códigos o palabras clave, como “pescado” o “condimento”. Así lo revelaron las escuchas telefónicas.

En total, la PFA secuestró 77 kilos de clorhidrato de cocaína de máxima pureza y casi cinco kilos de marihuana, además de maquinaria para fabricar y compactar la droga, teléfonos celulares, dinero en efectivo y documentación.

Una de las particularidades del caso fue la forma en que los narcos presentaban sus productos. Los panes de cocaína llevaban impresos logos de marcas y símbolos reconocidos en el mundo del narcotráfico, como delfines, caballos, pistolas, coronas, el símbolo de Mercedes y el de Ferrari.

Los investigadores creen que estas estampas servían para dar prestigio a la droga o simular pertenencia a otras bandas, una práctica habitual en el negocio. Por ejemplo, parte de los paquetes incautados tenía stickers con un trébol de tres hojas, y otros llevaban la letra “Z” con una corona alada, aunque ese símbolo no coincide con la iconografía del cartel mexicano Los Zetas.

En los allanamientos, además, se encontraron cuños y moldes listos para estampar los ladrillos.

Según pudo saber este medio, seis de los detenidos tenían documentación argentina. Entre ellos hay un ex beneficiario de la Asignación Universal por Hijo, una mujer de 51 años registrada en ARCA como vendedora de ropa y una comerciante de bijouterie, de 53 años.

También fue identificado un hombre de 35 años con antecedentes por intento de robo y deudas millonarias con bancos y billeteras virtuales.

En principio, ninguno aparece como narco de trayectoria: no figuran, por ejemplo, en condenas de primera o segunda instancia del fuero federal en la última década.

En la causa intervienen el juez federal Julián Ercolini, el fiscal Franco Picardi y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), con el fiscal federal Diego Iglesias.

Las operaciones coordinadas de la Armada de México derivaron en el aseguramiento de aproximadamente 100 toneladas de presunta metanfetamina y el desmantelamiento de 105 laboratorios clandestinos desde el inicio del sexenio. A esos decomisos se sumaron 765 toneladas de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas, evitando así su distribución en el país.

En el mismo periodo, el personal naval aseguró casi 70 toneladas de presunta cocaína en aguas nacionales y detuvo a 244 presuntos infractores. Las autoridades competentes recibieron a los detenidos, a quienes les fueron leídos sus derechos, junto con la droga y los efectos asegurados, para determinar su situación jurídica.

A continuación, el desglose de los hechos.

Operaciones marítimas y terrestres en mayo

Durante el mes de mayo, la Secretaría de Marina registró seis operativos consecutivos de aseguramiento de drogas en aguas del océano Pacífico, frente a las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Estas acciones permitieron decomisar cerca de tres toneladas de presunta cocaína únicamente durante ese mes.

La intensificación de la vigilancia marítima se ejecutó a través de los mandos navales con el objetivo de inhibir actividades ilícitas. El incremento en la eficiencia de intercepción de embarcaciones infractoras fue el resultado directo de esas operaciones permanentes.

En operaciones terrestres del mismo mes, el personal naval desmanteló ocho laboratorios clandestinos dedicados a la producción de drogas sintéticas. De esos recintos se incautaron casi tres toneladas de metanfetamina y aproximadamente ocho toneladas de precursores químicos.

La institución señaló que dichos golpes debilitaron la estructura financiera de los grupos delictivos. Asimismo, los laboratorios desmantelados en mayo se sumaron al total acumulado de 105 desde el arranque de la administración.

Embarcaciones y combustible asegurados

A lo largo del sexenio, la Armada aseguró 76 embarcaciones, tres naves de bajo perfil —conocidas como LPV— y 190 motores. También decomisó aproximadamente 149 mil 171 litros de combustible cuyos poseedores no pudieron acreditar su legal procedencia.

Todos esos bienes quedaron a disposición de las autoridades competentes, en línea con el protocolo institucional aplicado en cada operativo por parte de las dependencias federales y de los tres órdenes de gobierno.

Tras estos hechos, la Secretaría de Marina definió sus acciones como parte de un esquema permanente de vigilancia marítima, aérea y terrestre enfocado en preservar el Estado de derecho. Con ello, agradeció la confianza ciudadana y presentó estos datos como evidencia de su compromiso.

Alcance de las operaciones en los tres ámbitos

Las acciones descritas abarcan los frentes marítimo, aéreo y terrestre en los que opera la Armada de México de forma simultánea. La coordinación interinstitucional con autoridades federales fue el eje que permitió los aseguramientos de laboratorios y el desmantelamiento de redes de tráfico.

La institución reiteró que su única misión es servir a México. Ese principio, afirmó, guía cada operativo desplegado en el mar, el aire y la tierra del país.

Los hechos se dan luego de las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, tras felicitar públicamente a la Secretaría de Marina por los operativos y resultados en el combate al narcotráfico.

“Acciones como esta fortalecen la seguridad y contribuyen a desarticular redes criminales que amenazan a nuestras comunidades. Juntos, logramos resultados que hacen más seguras a nuestras naciones”, se lee en su cuenta de X, antes Twitter.

Sin embargo, las autoridades y funcionarios estadounidenses han reiterado que, si los esfuerzos del Gobierno de México no son suficientes, la Administración de Donald Trump podría intervenir directamente en territorio nacional para combatir a los cárteles, conforme a las declaraciones recientes del embajador y de diversas agencias estadounidenses.

El exjefe de la UDEF en Madrid, Óscar Sánchez Gil, estaba en el centro de una investigación judicial que expone una presunta trama de corrupción policial y filtración de información en favor de una red internacional de narcotráfico. Hace unas semanas, el caso dio un giro clave cuando la Audiencia Nacional decidió retirar el procesamiento sobre el policía mientras terminaba la investigación. Este martes ha acudido a los juzgados de forma voluntaria.

Según señala el auto oficial, Óscar Sánchez habría facilitado la entrada de al menos 73 toneladas de cocaína en España entre 2020 y 2024, recibiendo a cambio pagos millonarios. La investigación detalla que colaboraba estrechamente con Ignacio Torán, considerado líder de la organización, y que accedía de forma fraudulenta a bases de datos de inteligencia criminal para proteger al grupo. No obstante, la justicia ha considerado que, ya que continúan las indagaciones, debía recurrirse la decisión inicial de acusación contra él.

Ahora, el exjefe policial mueve ficha y acude a sala judicial para defender su posición. Lo hace en una causa en la que denuncia que los investigadores han “ocultado pruebas” con el objetivo de conseguir su condena. Óscar Sánchez fue detenido en noviembre de 2024. Durante el arresto se descubrió que tenía ocultos más de 20 millones de euros en paredes de sus casas y en su puesto de trabajo.

A pesar de los indicios, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió revocar recientemente el procesamiento formal de Óscar Sánchez Gil. La decisión responde a un recurso de la Fiscalía Antidroga, que considera prematuro el procesamiento ante la falta de diligencias clave que podrían reforzar las pruebas sobre el blanqueo de capitales. El magistrado ha anunciado que la situación procesal de Sánchez Gil se resolverá en un auto específico, una vez completadas las investigaciones pendientes. Mientras tanto, el exjefe policial comparece ese martes ante el juez por videoconferencia desde prisión, donde sostiene que la causa está viciada y que los investigadores han ocultado pruebas relevantes.

Filtración de información y pagos millonarios

El caso cobró mayor peso tras la incautación de grandes cantidades de droga en el puerto de Algeciras en 2021, con más de 1.000 kilos escondidos en piñas, y la posterior detención del exjefe policial, que permanece en prisión provisional desde entonces. El papel que la investigación judicial le atribuye incluye evitar investigaciones a empresas vinculadas al narcotráfico y alertar sobre posibles pesquisas policiales, lo que, según los jueces, garantizaba la impunidad de la organización.

De acuerdo con el auto, Óscar Sánchez Gil entregó documentos secretos a Ignacio Torán, incluyendo información sobre el origen de filtraciones policiales y detalles de operaciones en curso. Las actuaciones judiciales describen cómo Sánchez Gil utilizaba su posición para impedir la investigación de sociedades empleadas para importar cocaína y fingía indagaciones, mientras recibía alertas internas sobre otros movimientos policiales.

Cuando se detectaba alguna indagación ajena, la organización era avisada para abortar la operación. En palabras del escrito, la gravedad de los hechos quedó reflejada en el hallazgo de más de 20 millones de euros en efectivo ocultos en los domicilios y despacho de Sánchez Gil. El juez estima que el funcionario policial habría recibido en total 32,6 millones de euros en sobornos a cambio de su protección y colaboración con la red criminal.