Nunca ha sido tan fácil estar intoxicado todo el día, todos los días en Estados Unidos.

Consideremos algunas tendencias:

• En 1950, el estadounidense promedio tenía que gastar el 75% de su salario diario (después de impuestos) para comprar una botella de vodka. Hoy, esa cifra es inferior al 5%. La disminución de los impuestos al alcohol y el aumento de los ingresos han reducido el costo a una quinceava parte de lo que era antes.
• La legalización de la marihuana facilitó enormemente su compra. También la ha abaratado. En Oregón, el precio promedio de la marihuana por gramo ha bajado más del 60% desde su legalización.
• Las drogas sintéticas potentes, como el fentanilo y la metanfetamina, han dominado el mercado ilegal de drogas. Estas drogas pasaron de ser baratas a ser aún más baratas; el precio del fentanilo cayó un 50% en cinco años. Además, pueden ser mucho más potentes que las drogas no sintéticas, lo que significa que los consumidores necesitan comprar menos para obtener el mismo efecto.
• Otros costos también han disminuido. El consumo de drogas ya no conlleva la amenaza de encarcelamiento que antes suponía. En algunas ciudades progresistas, es común que la gente consuma drogas en público sin consecuencias legales. El consumo de ciertas drogas también se ha vuelto más aceptable culturalmente, incluyendo el consumo de marihuana y la microdosificación de psicodélicos.

Si bien los estadounidenses pueden tener dificultades para costear alimentos, gasolina y una visita al médico, las drogas y el alcohol son más accesibles que nunca.

El resultado es una sociedad donde es fácil emborracharse y drogarse. Es una sociedad menos saludable: alrededor de 48 millones de estadounidenses son adictos a algún tipo de droga, una estadística que incluye el alcohol. Aproximadamente 70.000 personas mueren cada año por sobredosis. A pesar de una disminución en el consumo de alcohol, alrededor de 178.000 personas mueren anualmente por consumo excesivo. Es una sociedad menos segura, ya que la intoxicación y los mercados ilegales de drogas a menudo desembocan en delincuencia. Y es una sociedad menos racional; la mayoría de las personas no toman las mejores decisiones cuando están bajo los efectos de las drogas o el alcohol. Es una sociedad aún menos libre. Los adictos suelen describir la dependencia a las drogas como una especie de prisión.

Para las sustancias legales, existe una manera sencilla de frenar estas tendencias. No requiere volver a la Ley Seca ni a las formas anteriores de la guerra contra las drogas, ambas fracasadas. Los legisladores pueden simplemente aumentar los precios mediante impuestos. Alabama, Maryland y Utah han implementado medidas similares en los últimos años, demostrando que es políticamente viable.

Estos impuestos funcionan. Según estudios, aumentar el precio del alcohol un 10% reduciría el consumo en un 5% y la tasa de mortalidad por enfermedades relacionadas con el alcohol entre un 9% y un 25%. Los impuestos sobre los productos de marihuana también se asocian con una menor demanda.

Un argumento frecuente de la industria del alcohol es que estos impuestos son regresivos, y es cierto que los precios más altos afectan más a los pobres. Pero con impuestos más altos, esas comunidades también se beneficiarían de una menor incidencia de conducción bajo los efectos del alcohol, violencia y desorden público.

Los impuestos también costarían más a los consumidores problemáticos que a los consumidores ocasionales. Si una copa de ron cuesta 10 centavos más, no lo notarás si solo tomas un par de copas con amigos una o dos veces por semana. Si bebes mucho a diario, el costo adicional se acumulará rápidamente y tal vez te lleve a reconsiderar tu hábito o a dejar de beber tanto.

¿Y qué pasa con las drogas ilegales? Sus consumidores también son sensibles al precio. Un aumento del 10% en el precio de las drogas ilegales conlleva una disminución del 9% en la demanda, según un estudio del Instituto Australiano de Criminología. Uno de los tratamientos más prometedores para la adicción a la metanfetamina y la cocaína es la “gestión de contingencias”, que ofrece a los consumidores dinero en efectivo u otras recompensas económicas para que dejen de consumir drogas. Esto impone un costo monetario al consumo de drogas, lo que lleva incluso a los adictos a reducir su consumo. Otros tipos de costos también pueden funcionar: la amenaza de penas de cárcel cortas pero consistentes ha sido eficaz para frenar el consumo de sustancias entre los consumidores de drogas ilegales y aquellos arrestados o condenados por delitos relacionados con el alcohol.

Por supuesto, los legisladores no pueden simplemente aumentar los impuestos sobre las drogas ilegales. Para estas sustancias, tendrán que imponer costos menos directos. El país acierta al alejarse de las largas penas de prisión por consumo de drogas, pero eso no significa que deba eliminar todos los costos sociales asociados con las sustancias ilegales. En Portugal, las autoridades han utilizado la amenaza de sanciones civiles —multas, servicio comunitario, revocación de licencias profesionales— para impulsar a las personas a recibir tratamiento para la adicción. Los tribunales de drogas estadounidenses siguen un modelo similar con la amenaza de cárcel o prisión, pero sufren de una financiación insuficiente y a menudo derivan a las personas a tratamientos inadecuados. Estos son problemas que se pueden solucionar.

Lo fundamental es que imponer al menos algún costo puede ayudar a alejar a las personas del consumo de drogas. Los responsables políticos también deberían reducir el costo de dejar las drogas haciendo que el tratamiento eficaz para la adicción sea más asequible y accesible. El objetivo debería ser facilitar y abaratar el acceso a la ayuda, en lugar de conseguir drogas.

La fricción es importante. Cuando algo se vuelve más caro o difícil de obtener, la gente lo busca menos. Mientras gran parte del país revierte políticas, como el encarcelamiento masivo, que hemos considerado demasiado punitivas, deberíamos buscar otras maneras de generar fricción con sustancias que, en abundancia, pueden secuestrar nuestra mente y llevarnos al consumo excesivo, la adicción o algo peor.

Nadie quiere ser aguafiestas, pero una nación inundada de drogas baratas es una nación con más problemas de drogas. Es hora de intervenir.

© The New York Times 2026.

Tras un amplio operativo de seguridad las autoridades de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público confirmaron la captura de dos hombres por tráfico de cocaína y otras drogas. La intervención permitió incautar diferentes tipos de sustancias, así como artículos vinculados al microtráfico en una zona identificada como punto de operación de una estructura criminal.

El procedimiento se desarrolló en el municipio de Boca Chica, específicamente en la calle Juan Pablo Duarte, dentro del sector Los Coquitos. Según el reporte oficial, los arrestados, Claudio Ignacio González y Juan Ramón Pérez de Oleo, fueron localizados tras labores de inteligencia e interdicción en el área. Durante el despliegue, los agentes lograron decomisar 348 gramos de un polvo blanco presumiblemente cocaína, 270 gramos de marihuana y más de 150 dosis de crack. También se encontró una balanza, un chaleco antibalas, una radio de comunicación, un teléfono móvil y una cantidad significativa de dinero en efectivo.

La DNCD vincula a los detenidos con la red Los San Juaneros

La DNCD informó que ambos detenidos están vinculados a una estructura conocida como Los San Juaneros, dedicada al microtráfico y sujeta a seguimiento policial. El supuesto líder de esta red, identificado como “Antolín”, permanece prófugo. Las autoridades han solicitado su entrega por las vías correspondientes y mantienen la investigación abierta para desarticular el grupo por completo.

Entre los elementos incautados se encuentran equipos que, según la institución, se utilizan para facilitar y proteger las actividades ilícitas. Los agentes describieron que la balanza y el chaleco antibalas forman parte del equipamiento habitual dentro de las redes de microtráfico. El dinero hallado junto a las sustancias evidencia la operatividad y el flujo comercial de la estructura en distintos sectores de Boca Chica.

Las autoridades subrayaron que la intervención es parte de un plan más amplio para combatir el tráfico y la distribución de drogas en barrios y comunidades del país. El operativo fue resultado de un trabajo conjunto entre la DNCD y el Ministerio Público, quienes han asegurado que reforzarán las acciones en zonas identificadas como vulnerables ante la presencia de organizaciones criminales.

En Bávaro fue detenido un hombre con 18 paquetes de sustancia presumiblemente cocaína

En una acción diferente, miembros de la Policía Nacional adscritos a la División de Friusa-Bávaro detuvieron a un hombre señalado por transportar una cantidad considerable de droga en el sector Los Corales, dentro de la provincia La Altagracia. El arrestado, José Ramón Berroa Carrasco, de 39 años, fue interceptado tras un operativo cerca de una estación de combustible.

De acuerdo con el informe preliminar, Berroa Carrasco se desplazaba a bordo de una jeepeta marca Kia. Durante la inspección del vehículo, los agentes encontraron un bulto negro en la parte trasera, que contenía 18 paquetes de una sustancia blanca, presumiblemente cocaína.

La sustancia incautada será enviada a la DNCD para los análisis de rigor que permitan determinar su composición y peso exactos. Mientras tanto, el detenido quedó bajo control del Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes. Las investigaciones continúan con el objetivo de establecer el origen y destino de la droga y posibles conexiones con otras estructuras de tráfico en la región.

Raheem Sterling, exjugador del Chelsea y del Liverpool, fue arrestado en Inglaterra tras protagonizar un accidente con su Lamborghini en la autopista M3. Los hechos ocurrieron el jueves por la mañana, poco antes de las 9 horas, en los carriles en dirección sur de la mencionada autopista, cerca del cruce de Minley, en el condado de Hampshire. De acuerdo con la información divulgada, el vehículo que conducía Sterling impactó contra las barreras de seguridad sin que resultaran heridos ni hubiera más vehículos involucrados en el siniestro.

La Policía de Hampshire confirmó el accidente a través de un comunicado dirigido a la prensa. En el texto se señala: “Poco antes de las 9 de la mañana del jueves recibimos informes de que un Lamborghini había chocado contra las barreras en la M3 en dirección sur, cerca del cruce de Minley. No hubo otros vehículos involucrados y no se reportaron heridos”. Esta declaración oficial representa hasta ahora la principal fuente de información sobre lo sucedido, ya que ni el club neerlandés ni los representantes del futbolista han emitido comentarios públicos.

Tras el accidente, las autoridades detuvieron a Sterling bajo sospecha de varios delitos. Entre los cargos que enfrenta se encuentran conducir bajo los efectos de las drogas, conducción peligrosa, posesión de una droga de clase C y negarse a proporcionar una muestra para las pruebas toxicológicas correspondientes. En el Reino Unido, las drogas clasificadas como de clase C abarcan una variedad de sustancias, entre ellas ciertos tranquilizantes, algunos somníferos, esteroides anabólicos y compuestos como el óxido nitroso o el GHB. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre el tipo de sustancia hallada ni sobre los resultados de los análisis toxicológicos, y las autoridades insisten en que el caso se encuentra todavía en etapa de investigación.

Sterling quedó en libertad bajo fianza, lo que le permite continuar con su vida habitual, aunque está obligado a comparecer ante las autoridades cuando sea requerido. Esta medida no implica el cierre del caso, sino que el futbolista deberá responder a futuras citaciones policiales o judiciales relacionadas con el proceso en curso.

La carrera de Raheem Sterling

La trayectoria de Raheem Sterling ha estado marcada por su paso por algunos de los clubes más importantes de Inglaterra. Se formó en el Liverpool, donde debutó y empezó a llamar la atención por su velocidad y capacidad de desborde. Posteriormente, se consolidó como una de las figuras de la Premier League en el Manchester City, club con el que consiguió títulos y reconocimientos individuales. Más tarde, defendió los colores del Chelsea y del Arsenal. Desde su llegada al Feyenoord, el delantero buscaba relanzar su carrera y recuperar protagonismo competitivo, lejos de la presión mediática que caracteriza al fútbol inglés.

Con 82 partidos internacionales disputados con la selección de Inglaterra, Sterling es uno de los futbolistas británicos con mayor experiencia en el ámbito internacional. Su historia en la élite del fútbol europeo parecía encaminada a una nueva etapa en los Países Bajos, pero el reciente incidente y la investigación abierta representan un nuevo desafío para su imagen pública y su futuro profesional. El arresto ha tenido un fuerte impacto mediático, afectando la reputación que el jugador construyó a lo largo de los años gracias a sus actuaciones en los principales escenarios del fútbol mundial.

La Fiscalía General del Estado de Puebla detuvo a Miguel Ángel “N”, alias “El Navarro”, identificado como uno de los principales distribuidores de droga en la región norponiente de la zona metropolitana y presunto proveedor de estupefacientes para la organización delictiva “Los Cuijes”.

El operativo interinstitucional incluyó la participación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la misma Fiscalía poblana.

La detención se realizó al ejecutar una orden de cateo en un departamento del fraccionamiento Santa María, en la localidad de Santa María Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla, inmueble que presuntamente operaba como punto de almacenamiento y distribución de narcóticos.

Durante la intervención se aseguraron 106 bolsas tipo ziploc con sustancia con características similares al cristal, 23 envoltorios con hierba verde con características de marihuana, una báscula gramera, 15 cartuchos útiles calibre 9 milímetros y 800 pesos en efectivo.

Labores de inteligencia identificaron al objetivo y el inmueble en Santa María Zacatepec

Autoridades revelaron que la acción fue producto de investigaciones previas que permitieron ubicar tanto al objetivo como el inmueble utilizado presuntamente para la venta y distribución de droga.

Las pesquisas también establecieron que “El Navarro” mantenía actividades de suministro de narcóticos en distintos puntos de la región y presuntos vínculos con integrantes de “Los Cuijes”, grupo delictivo con presencia en la zona metropolitana de Puebla.

El detenido y los indicios fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para la determinación de su situación jurídica.

Otros golpes contra criminales en Puebla

En otros hechos reportados este mismo 30 de mayo, la FGE Puebla detuvo a Alan “N”, alias “El Calibre”, por su probable responsabilidad en el homicidio calificado de una persona en la localidad de San Francisco Terrerillos, municipio de Chignahuapan.

El imputado habría sido localizado en la Ciudad de México, donde autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX apoyaron su detención.

De acuerdo con la investigación, el 7 de diciembre de 2025 la víctima del crimen se encontraba en el exterior de un domicilio cuando presuntamente fue agredida con disparos de arma de fuego por el imputado. A consecuencia de las lesiones sufridas, perdió la vida en el lugar de los hechos.

Las pesquisas estuvieron a cargo de la Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos, que recabó los datos de prueba necesarios para identificar al probable responsable y solicitar el mandamiento judicial correspondiente ante la autoridad competente.

Como resultado de la coordinación interinstitucional entre elementos de la FGE Puebla y autoridades de la Fiscalía capitalina, se dio cumplimiento a la orden de aprehensión en contra “El Calibre”.

Fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario de Huauchinango, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requiere para continuar con el proceso penal.

Un operativo de la Guardia Civil para incautar una plantación de marihuana en Murcia acabó con un agente herido después de que un individuo disparara desde dentro, como adelantó El Español y ha confirmado Infobae. La bala impactó en una puerta y los cristales estallaron, chocando contra el agente. El registro, realizado este jueves en torno a las 7 de la mañana, era parte de una operación más grande que continúa en marcha, de manera que todavía no se conocen muchos detalles.

Fuentes de la Guardia Civil señalan que el agente fue herido de forma leve, de manera que ya ha sido atendido y no se enfrentas a lesiones graves. El individuo que efectuó el disparo ha sido detenido, bajo el posible cargo de tentativa de homicidio. Está previsto que en las próximas horas se ofrezcan más datos sobre el alcance de la operación y los arrestos realizados.

En los últimos años, España ha experimentado un preocupante aumento de la violencia relacionada con el narcotráfico, especialmente en lo que respecta al uso de armas y la peligrosidad de los narcos hacia las fuerzas de seguridad. Este fenómeno se observa de manera más dramática en zonas como el Campo de Gibraltar, la Costa del Sol y otras áreas de entrada y distribución de droga, donde las organizaciones criminales desarrollan cada vez mayores capacidades ofensivas.

Un informe de la Presidencia del Gobierno indica una “mayor agresividad hacia los agentes”, evidenciando que los narcotraficantes ya no dudan en embestir vehículos o embarcaciones policiales y recurren al “uso de armas de guerra” en sus operaciones. Esto se refleja en sucesos recientes, como el asesinato de dos guardias civiles en Barbate en febrero de 2024, cuando una narcolancha pilotada por narcos arrolló su embarcación. Hace un mes, otros dos agentes murieron al chocarse mientras perseguían a una narcolancha.

Las fuerzas de seguridad han reportado un incremento en la incautación de armas entre las redes de narcotráfico, que incluyen pistolas, fusiles y armas automáticas. Los narcos demuestran capacidad para equiparse con armamento de alto calibre e incluso embestir directamente a los agentes durante persecuciones, como se señala en los informes oficiales. El propio Departamento de Seguridad Nacional reconoce la existencia de “más de 600 embarcaciones tipo ‘go-fast’” —las llamadas narcolanchas— operando en aguas españolas en tan solo un año, muchas de ellas armadas y dispuestas a enfrentamientos.

La intensificación del armamento disponible para los narcos y su creciente agresividad representan hoy uno de los mayores desafíos para las fuerzas policiales en España, incrementando exponencialmente el riesgo para los agentes y exigiendo respuestas integrales en materia de seguridad y recursos, tanto humanos como materiales.

Una notificación de las autoridades de Andorra sobre una mujer de Campobello di Mazara que invertía en propiedades de lujo desencadenó una de las mayores operaciones contra el blanqueo de capitales vinculados a la mafia siciliana. La Dirección Antimafia del Distrito de Palermo y la Guardia di Finanza coordinaron un despliegue internacional con más de 150 agentes y la colaboración de cuerpos policiales de Europa y Oriente Medio.

La actuación permitió incautar bienes, empresas y activos financieros por más de 200 millones de euros. La operación, que abarcó Italia, Andorra, Gibraltar, las Islas Caimán, Luxemburgo, Suiza, Líbano, Mónaco y España, rastreó la ruta del dinero procedente del narcotráfico y dirigido a las arcas de Matteo Messina Denaro, el capo fallecido en 2023. España resultó ser uno de los puntos clave de su imperio.

Blanqueo de capitales en España

En España, la operación identificó un punto estratégico de la red. La Costa del Sol, con especial incidencia en Marbella, Málaga, Benahavís y Puerto Banús, vuelve a ocupar los titulares por su facilidad para blanquear dinero. Según la Guardia di Finanza, la red utilizaba empresas offshore y sociedades pantalla para canalizar fondos ilícitos hacia inversiones inmobiliarias y turísticas de alto valor.

En total, fueron incautadas 22 propiedades de lujo, entre ellas complejos turísticos, así como carteras de valores y participaciones accionariales. Además, se identificaron cinco empresas en territorio español, dos en Gibraltar y una en las Islas Caimán, empleadas principalmente para el lavado de dinero y la gestión de activos. La colaboración con la Policía Nacional permitió llevar a cabo registros, interceptaciones y análisis informáticos en busca de criptomonedas y fondos ocultos.

La investigación también reveló la posesión de más de 12 kilos de oro y participaciones en una entidad financiera libanesa, ampliando el alcance del entramado delictivo. El uso de drones y escáneres térmicos permitió localizar cavidades ocultas donde se almacenaban pruebas y bienes de alto valor.

El legado de Messina Denaro

Matteo Messina Denaro, nacido en Castelvetrano, Sicilia, en 1962, fue hijo de un histórico jefe mafioso y asumió el liderazgo del clan local de la Cosa Nostra tras la caída de los grandes capos. Vinculado estrechamente a Salvatore “Toto” Riina, participó en los atentados de 1993 en Florencia, Roma y Milán, responsables de 10 muertes. Considerado uno de los criminales más buscados de Italia y Europa por numerosos asesinatos y su implicación en el narcotráfico internacional, permaneció prófugo durante 30 años hasta su detención en 2023 en Palermo.

Messina Denaro falleció meses después bajo custodia por un cáncer, dejando tras de sí un imperio construido sobre el blanqueo de capitales y la reinversión de fondos ilícitos a escala internacional. Las investigaciones evidencian cómo su red consolidó cientos de millones de euros a través de operaciones en varios continentes y su impacto sigue siendo objeto de nuevas indagaciones. Las autoridades recalcan la importancia de continuar por este camino para desarticular por completo las estructuras financieras de la mafia, con el habitual lema de la lucha contra el narcotráfico: seguir el rastro del dinero.

Una denuncia anónima sobre presunto suministro de drogas a menores y producción de contenido sexual derivó en dos cateos realizados en el municipio de San José Chiapa, Puebla, donde fueron aseguradas dosis de droga, equipo electrónico y material fotográfico pornográfico, además de la detención de dos personas.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Puebla, la investigación comenzó el pasado 26 de mayo luego de un reporte ciudadano que alertó sobre actividades ilícitas en un inmueble del municipio.

El primer operativo se realizó en una propiedad ubicada sobre la carretera federal Teziutlán-Acajete, entre las calles 12 y 14 Oriente, en el Barrio Santa Anita.

En el lugar fueron aseguradas dosis de cristal, marihuana, teléfonos celulares y dos computadoras portátiles. Además, agentes detuvieron a Jesús Alejandro N. y Rocío N., quienes quedaron a disposición del Ministerio Público.

Las autoridades también realizaron un segundo cateo en un domicilio de la colonia Lomas de Guadalupe, presuntamente relacionado con el mismo caso.

En esa vivienda localizaron a una adolescente de 13 años, a un niño de 8 años y a una mujer identificada como Rosa María N., quien dijo ser abuela de los menores.

Durante la intervención también fueron halladas más dosis de droga y material fotográfico de contenido pornográfico, según detalló la Fiscalía poblana.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si los menores recibieron atención especializada ni si existe una línea de investigación relacionada con posibles redes de explotación sexual o distribución de material ilícito.

La Fiscalía de Puebla indicó que los detenidos y los objetos asegurados quedaron bajo resguardo ministerial mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades.

Casos recientes de explotación infantil en Puebla

El caso de San José Chiapa se suma a otras investigaciones documentadas en Puebla por delitos relacionados con pornografía infantil y explotación de menores. En abril de 2026, medios locales reportaron la sentencia contra un hombre acusado de almacenar y compartir material sexual de menores mediante plataformas digitales en la capital poblana.

Además, durante 2025 y 2026 se difundieron casos en municipios como Puebla capital, Tehuacán y San Martín Texmelucan vinculados con corrupción de menores, abuso sexual y aseguramiento de material pornográfico durante cateos y operativos ministeriales, según reportes publicados por medios locales y comunicados de la Fiscalía estatal.

En otro caso documentado en Puebla, autoridades realizaron en 2025 un operativo en Tehuacán donde fueron asegurados dispositivos electrónicos y detenido un hombre investigado por presunto almacenamiento de material sexual de menores. Meses después, en la capital poblana, la Fiscalía informó sobre otra investigación relacionada con intercambio de archivos ilícitos a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Una organización criminal dedicada al tráfico de drogas ha sido desmantelada este miércoles por la Policía Nacional. La organización, asentada en las provincias de Cádiz y Álava, introducía estupefacientes desde Marruecos hasta el sur de España, desde donde posteriormente eran enviados hacia Francia. En el marco de la operación HORUS, las autoridades han detenido hasta el momento a ocho personas, según ha informado la Policía Nacional.

La investigación, iniciada el pasado año, ha permitido a los agentes reconstruir el funcionamiento del grupo. El grupo utilizaba drones de ala fija, aeronaves no tripuladas de gran autonomía, para transportar alijos de hachís y cocaína desde Marruecos, cruzando el estrecho de Gibraltar por vía aérea hasta territorio español.

Una vez en territorio español, la droga era ocultada en vehículos con compartimentos ocultos de gran sofisticación, en muchos casos mediante dobles fondos, diseñados específicamente para evitar su detección en los controles policiales. Desde allí, el cargamento era trasladado hasta el País Vasco, concretamente a Vitoria, donde se distribuía a distintas redes criminales de origen francés dedicadas al tráfico de drogas.

Drones con autonomía suficiente para cruzar el estrecho de Gibraltar

Durante el desarrollo de la operación, los investigadores lograron intervenir uno de los drones empleados por la organización para el transporte de la droga. Se trata de una aeronave de grandes dimensiones, con una envergadura de cuatro metros, equipada con cuatro motores y diseñada para soportar cargas de hasta 20 kilogramos.

Este tipo de aeronaves no tripuladas está concebido para trayectos de media y larga distancia, lo que les permite cubrir el estrecho de Gibraltar y conectar Marruecos con el sur de España en apenas unos minutos. Además, pueden alcanzar velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora, lo que incrementa la rapidez con la que se ejecutaban los envíos de estupefacientes.

La investigación, dirigida por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Algeciras (Plaza número 4), ha culminado con la realización de cinco registros domiciliarios simultáneos en las localidades de Algeciras y Vitoria, que se han saldado con la detención de ocho personas, por el momento.

Durante la operación, los agentes han intervenido 40 kilogramos de hachís, dos kilogramos de cocaína, dos vehículos utilizados para el transporte de la droga, 14.000 euros en efectivo y uno de los drones empleados por la organización criminal, además de diverso material relacionado con la actividad ilícita.

Uso de drones para el narcotráfico

En los últimos años, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil han desarticulado distintas organizaciones criminales que empleaban drones para introducir hachís desde Marruecos hacia España a través del estrecho de Gibraltar. Este método, cada vez más sofisticado, ha sido detectado en varias operaciones policiales que reflejan la evolución tecnológica del narcotráfico.

En una operación desarrollada en noviembre de 2025, los dispositivos utilizados por una de estas redes contaban con capacidad para recorrer distancias superiores a los 200 kilómetros y realizar múltiples viajes en una sola noche, lo que permitió la introducción de más de 200 kilos de hachís en una sola jornada.

Un año antes, en 2024, otra operación policial desmanteló una organización que empleaba los conocidos como “narcodrones”, aeronaves no tripuladas capaces de transportar alrededor de 10 kilos por vuelo y con una autonomía superior a los 50 kilómetros, utilizadas para cruzar el Estrecho y facilitar el transporte de droga entre Marruecos y el sur de España.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el Gobierno de México ha registrado avances en el combate al tráfico de drogas en la frontera con Estados Unidos, con base en información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país (CBP, por sus siglas en inglés). De acuerdo con la mandataria, los resultados incluyen aseguramientos de droga, destrucción de instalaciones clandestinas y una disminución en el paso de fentanilo hacia territorio estadounidense.

Durante ‘La Mañanera’ de este miércoles, Sheinbaum detalló que, hasta el corte presentado, se han desmantelado 2 mil 400 laboratorios destinados a la producción de drogas, lo que ha representado alrededor de 402 toneladas de sustancias aseguradas. La presidenta señaló que estos resultados forman parte de acciones realizadas en distintas regiones del país, vinculadas con operaciones contra la producción y distribución de drogas sintéticas.

En el caso específico del fentanilo, la mandataria indicó que en la frontera sur de Estados Unidos se registró una reducción del 76 por ciento en el paso de esta sustancia. Explicó que los decomisos reportados por autoridades estadounidenses pasaron de 863 kilogramos en octubre de 2024 a 208 kilogramos en abril de 2026, con base en datos de CBP. Agregó que estas variaciones reflejan cambios en los aseguramientos realizados tanto en territorio mexicano como en el lado estadounidense.

“Se han desmantelado 2 mil 400 laboratorios, alrededor de 402 toneladas de droga. Eso es lo que se ha incautado, son datos de CBP, datos reconocidos por EEUU. En la frontera se ha reducido el paso de fentanilo en 76 por ciento. Se pasó de 863 kilos en octubre de 2024. a 208 kilos en abril de 2026”, explicó.

Los datos presentados fueron expuestos como parte del seguimiento a indicadores binacionales sobre tráfico de drogas. La comparación de cifras entre distintos periodos permitió observar diferencias en los volúmenes incautados por autoridades estadounidenses, especialmente en el caso del fentanilo. La información fue presentada en el contexto de las acciones de seguridad y cooperación entre ambos países en materia de combate al narcotráfico.

En una breve intervención sobre el tema, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó la importancia de esas incautaciones, a pesar de que, dijo, parecieran únicamente datos fríos y cifras simples.

El funcionario federal agregó que esas acciones representan, en términos simples, miles de dosis de droga que deja de venderse y que “no llega a las calles para envenenar a los jóvenes”.

Este 17 de noviembre se conoció que la Policía Nacional de Colombia interceptó una motonave en el puerto de Buenaventura con uno de los cargamentos más grandes de droga incautados este año.

Las autoridades aseguran que es más de una tonelada de cocaína que tenía como destino España y provenía de Guayaquil, Ecuador. “Allí es sometida a una inspección física por parte de nuestros hombres antinarcóticos encontrando en uno de los contenedores en la modalidad de tuleo, 34 tulas (bolsas de tela) de color negro, que en su interior contenían 1.111 paquetes rectangulares, envueltos en cinta color café”, detalló la Policía en un comunicado.

Al hacer las pruebas, “se confirmó positivo para clorhidrato cocaína, con un peso de 1.111 kilogramos”, que tienen un valor cercano a los 55 millones de dólares, “lo que representa una afectación importante a las rentas criminales”, subrayó la Policía.

De acuerdo con Ricardo Alarcón, director Nacional de la Policía Antinarcóticos, el envío pertenece a una organización liderada por el ‘papá de una actriz colombiana’

Por ahora se desconoce el nombre de la actriz ligada con el hombre que controlaría parte del narcotráfico que se mueve en el puerto más importante de Colombia.

El balance de las autoridades dice que en lo que va del año se han incautado siete toneladas de cocaína en el puerto de Buenaventura, donde se descarga y se envía buena parte de las mercancías que llegan y salen del país. Buenaventura, con buena parte de la costa Pacífica, es también una zona estratégica para el envío de cocaína y otros estupefacientes a otros países.

Asegurados cuatro hombres que presuntamente almacenaban y comercializaban estupefacientes en la localidad de Mártires

Por solicitud de un fiscal de la URI de Puente Aranda, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de dos ciudadanos extranjeros y dos colombianos señalados de comercializar estupefacientes en la localidad de Mártires.

Por información obtenida por la Fiscalía de fuente no formal, se conoció de la existencia de un lugar en el que se realizaba el almacenamiento y comercialización de estupefacientes en el barrio La Sabana de la localidad de Mártires.

Durante el desarrollo de una diligencia de allanamiento y registro se logró la captura de Jesús Alberto Giraldo Arango, Oscar David Echeverri Garavito y los ciudadanos extranjeros Ismael David González Pedroso y Romer José Hernández, este último tenía orden de captura vigente por sentencia condenatoria y quedo a disposición del Juzgado 6 de Ejecución de Penas. Además, se logró la incautación de dos armas de fuego tipo revólver, varias dosis de marihuana y de cocaína.

En audiencias preliminares se legalizaron las capturas y las incautaciones. La Fiscalía formuló imputación por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Dichos cargos no fueron aceptados por los procesados.

Proceso y fallo

De acuerdo con el proceso, en medio de una diligencia de allanamiento, el señor Jesús Alberto Giraldo Arango entregó a las autoridades un revólver Smith & Wesson calibre 38 largo, para el cual el señor Giraldo Arango tiene un permiso de porte, que sin embargo se encuentra vencido.

Debido a esto los agentes decomisan el arma y detienen al señor Giraldo,

Posteriormente, el 11 de noviembre de 2021, se realiza la audiencia de legalización de captura, en la cual se le imputa al señor Giraldo Arango los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. El ciudadano no se allana a los cargos y el juez decide dejarlo en libertad, pero vinculado al proceso.

En una nueva audiencia, el 22 de febrero de 2022, se le acusa formalmente de los cargos de porte de armas y el 25 de julio de 2023 se realiza el juicio oral en el cual la misma Fiscalía pide la absolución del imputado, pues, aunque portaba un arma con un permiso vencido, el permiso sí existía; además, el arma estaba guardada en un clóset, el señor Giraldo Arango no la portaba.

Durante la audiencia se dejó en claro además, que el señor Giraldo en ningún momento mostró intensión alguna de usar el arma, la tenía guardada y de manera voluntaria se la enseñó y la entregó a los agentes de la Policía, por lo cual.

Bajo estas consideraciones, la juez Novena Penal del circuito de Bogotá, Luz Marina Ramírez Guío, absolvió al señor Jesús Alberto Giradlo Arango de todos los cargos.

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Un operativo de autoridades federales en un motel del Estado de México derivó en la detención de al menos 20 personas presuntamente vinculadas con La Unión Tepito, quienes participaban en una fiesta en la que había armas largas, pistolas y bebidas alcohólicas.

De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez, los detenidos formarían parte de La UJ-40, identificado como uno de los brazos armados ligados a La Unión Tepito.

Durante la intervención, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron 27 armas de fuego, entre ellas rifles de asalto y armas cortas, además de diversos indicios relacionados con actividades delictivas.

Videos compartidos en redes sociales muestran a varios jóvenes armados al interior de habitaciones del motel mientras consumían bebidas alcohólicas y realizaban disparos hacia el techo del inmueble.

Las imágenes también exhiben a los presuntos integrantes del grupo criminal posando con armas largas y apuntando directamente hacia la cámara mientras convivían durante la fiesta.

La UJ-40 y las fiestas con armas

Según los reportes de C4 Jiménez, no sería la primera vez que integrantes de La UJ-40 realizan este tipo de reuniones clandestinas en hoteles y domicilios ubicados principalmente en alcaldías como Venustiano Carranza e Iztapalapa, en la Ciudad de México.

Uno de los primeros videos relacionados con estas fiestas fue difundido en septiembre de 2025, cuando presuntos miembros del grupo criminal aparecieron bailando y consumiendo alcohol mientras portaban armas largas y pistolas.

En aquellas grabaciones se observaba a varios jóvenes, algunos con gorras y lentes oscuros, presumiendo armamento de grueso calibre dentro de una vivienda aparentemente pequeña.

Incluso, uno de los asistentes fue captado sosteniendo una ametralladora larga mientras otros apuntaban directamente a la cámara del celular que grababa la reunión.

En otro momento del video, una persona repartía bebidas alcohólicas en charolas entre los asistentes armados, mientras algunos lanzaban mensajes dirigidos al periodista Carlos Jiménez.

“Un saludo para el C4”, se escucha decir a uno de los presentes mientras las armas eran exhibidas frente a la cámara.

Otro video exhibió a “El Jefecito”

Meses después, en noviembre, surgió otro video relacionado con este mismo grupo criminal, previo a la captura de uno de sus supuestos integrantes identificados como “El Jefecito”.

En esa grabación aparecían al menos cinco jóvenes armados, aunque uno de los que más llamó la atención fue Johan “N”, quien, de acuerdo con las investigaciones periodísticas, sería uno de los fundadores de La UJ-40.

Las autoridades y reportes periodísticos sostienen que este grupo está integrado principalmente por jóvenes de entre 15 y 20 años de edad, quienes presuntamente operan como sicarios y distribuidores de droga para La Unión Tepito.

¿Qué es La UJ-40?

La UJ-40 es identificada como una célula criminal asociada a La Unión Tepito y su nombre proviene de una combinación entre el grupo criminal y el alias de su presunto fundador.

La letra “U” hace referencia a La Unión Tepito, mientras que la “J” corresponde al nombre de Johan Gael “N”, señalado como creador de la célula criminal cuando presuntamente tenía 17 años.

El número 40 hace referencia a la unidad habitacional donde viven algunos integrantes del grupo en la colonia Morelos, ubicada entre las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

Las investigaciones señalan que La UJ-40 ha participado en delitos como narcomenudeo, extorsión, homicidios y actividades de sicariato en distintos puntos de la capital del país.

El operativo realizado en el Estado de México ocurre en medio de los esfuerzos de autoridades federales y capitalinas para frenar las operaciones de grupos criminales ligados a La Unión Tepito, organización señalada como una de las principales generadoras de violencia en la Ciudad de México.

Una movilización de elementos de seguridad se registró este lunes en una escuela primaria de Durango luego de que personal del plantel reportó que un alumno de sexto grado presuntamente portaba un dispositivo con cocaína entre sus pertenencias.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:00 horas en la primaria Netzahualcóyotl, ubicada en el fraccionamiento Huizache I, sobre Circuito Petén, cerca de la intersección con Circuito Lacandón.

De acuerdo con los primeros reportes, una trabajadora del plantel detectó que el estudiante llevaba entre sus objetos personales un dispensador que aparentemente contenía cocaína, por lo que la dirección escolar activó los protocolos de seguridad y solicitó apoyo de las autoridades mediante el sistema de emergencias.

Tras el reporte, elementos de seguridad pública acudieron al plantel para tomar conocimiento de la situación, resguardar el área y garantizar la seguridad de los estudiantes y del personal docente.

Autoridades educativas y agentes del Ministerio Público iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar el origen de la sustancia y establecer cómo llegó el dispositivo a manos del menor.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el contenido asegurado ya fue analizado oficialmente para confirmar que se trata de cocaína.

Qué establecen los protocolos escolares en casos de presuntas drogas dentro de planteles

Los lineamientos de seguridad escolar en México establecen que, cuando un alumno es detectado con una presunta sustancia ilícita dentro de una escuela, el personal debe activar protocolos de protección dirigidos a resguardar al menor y evitar situaciones de exposición pública o criminalización.

Entre las medidas contempladas se encuentran separar al estudiante de manera discreta, resguardar el objeto detectado, notificar de inmediato a madres, padres o tutores y dar aviso a las autoridades correspondientes para el inicio de las investigaciones.

Los protocolos también señalan que menores de edad involucrados en este tipo de situaciones deben ser tratados bajo esquemas de atención psicológica, médica y de protección, especialmente cuando existe la posibilidad de vulnerabilidad familiar, consumo inducido o participación de adultos.

Tom Hardy es uno de los actores más reconocidos de su generación, pero su trayectoria estuvo atravesada durante años por el alcohol, el crack y los problemas con la ley.

Ahora su historia que vuelve a primer plano luego de que fuera despedido de la serie MobLand.

El intérprete británico nació en East Sheen, en el suroeste de Londres, y fue el único hijo de Edward Hardy —escritor de comedia y novelas formado en Cambridge— y de su esposa Anne, artista plástica.

Según sus propias palabras, creció en una casa llena de libros y música, con viajes al exterior y una costosa educación privada.

Sin embargo, ese entorno privilegiado no lo alejó de los problemas. A los 11 años, un policía visitó su escuela para advertir a los alumnos sobre los peligros de inhalar pegamento.

La reacción de Hardy, según reconoció él mismo, fue pensar: “¡Ahora sé dónde encontrar eso!”.

A los 13 años ya había desarrollado una adicción al alcohol y al crack. A los 16, según recogió el Daily Mail, era una persona “destrozada” por el consumo de alcohol y cocaína, con detenciones policiales frecuentes, incluyendo una por conducción sin autorización.

Poco después fue expulsado de su internado, Reed’s, en Surrey, por robo. “Me descarrilé por completo y tuve suerte de no tener algún accidente terrible o terminar en prisión o muerto, porque hacia allí me dirigía”, declaró a la revista Hello! en su momento.

La situación tocó fondo en 2003, cuando Tom Hardy fue hallado tendido en un charco de sangre y vómito en el barrio londinense de Soho, tras colapsar por una sobredosis de crack.

Con ayuda de sus padres, ingresó a rehabilitación y completó un proceso de psicoterapia. “Tuve que perder algo”, dijo al mismo medio. “A veces hay que perder algo que vale más para uno que el alcohol”.

Una vez sobrio, comenzó a construir la carrera que lo llevaría a convertirse en figura del cine internacional. Fundó su propia compañía de repertorio, Shotgun Theatre, y consiguió roles en cine y televisión.

“Quería que mi padre estuviera orgulloso de mí”, declaró al diario The Telegraph. “Caí en la actuación porque no había nada más que pudiera hacer, y en ella encontré una disciplina a la que quiero seguir volviendo”.

Desde su papel en El origen hasta su nominación al Oscar por El renacido, el artista acumuló reconocimientos que incluyen el premio BAFTA Rising Star y su nombramiento como Comandante de la Orden del Imperio Británico (CBE).

No obstante, su conducta fuera de cámara volvió a provocar conflictos. El viernes se informó que el actor de 48 años no regresará para la tercera temporada de MobLand, la serie policial de Paramount+ donde interpreta al fixer Harry Da Souza junto a Pierce Brosnan y Helen Mirren.

El newsletter The Puck, del ex director editorial de The Hollywood Reporter Matthew Belloni, fue el primero en reportar su salida, atribuyéndola a “choques con los productores Jez Butterworth y David Glasser, entre otros, durante la reciente producción de la segunda temporada”.

Según fuentes citadas por el Daily Mail, Tom Hardy llegaba tarde a los rodajes, proponía cambios en los diálogos sin que se lo solicitaran y ofrecía notas sobre el guion por iniciativa propia.

Un informante señaló además que el actor habría manifestado su frustración porque la serie estaba cobrando mayor protagonismo para sus co-estrellas.

Mirren, de 80 años, habría expresado su descontento ante ese comportamiento. “La dama Helen es una alegría, es una profesional total”, dijo un insider al Mail on Sunday.

Y agregó: “Pero está cada vez más frustrada con Tom y su actitud. Puede llegar tarde al rodaje y eso la molesta mucho. Siente que él se pavonea como si fuera el rey. Es muy arrogante”.

No es la primera vez que Hardy protagoniza fricciones en un set. Durante el rodaje de Mad Max: furia en el camino en 2015, tuvo un conflicto abierto con Charlize Theron, quien según el libro Blood, Sweat & Chrome, de Kyle Buchanan, llegó a exigir la presencia permanente de una productora como medida de protección.

En 2022, Hardy reconoció ante Buchanan: “En retrospectiva, estaba desbordado en muchos sentidos. Lo que ella necesitaba era un compañero mejor, quizás más experimentado”.

Un hombre de 82 años quedó arrestado en Miami por vender crack a dos personas en un estacionamiento de Little Havana. Se trata de Tomas Casanova, una ciudadano cubano que ahora enfrenta cargos agravados luego de que la policía lo sorprendiera durante una vigilancia encubierta cerca de una clínica de salud, en una zona cercana a escuelas y espacios religiosos.

La policía de Miami informó que el arresto se produjo cerca de las 16:00, cuando los agentes observaron a Casanova entregar droga a dos hombres: Frank Rodríguez-Diaz, de 65 años, llegó en bicicleta, entregó dinero a Raymond Vega, de 58, quien a su vez lo pasó a Casanova.

El hombre mayor sacó una servilleta blanca de su bolsillo, donde guardaba varias piedras de crack, y entregó una a cada comprador. Los agentes detuvieron a los tres en el acto y encontraron a Casanova 11 piedras de crack y USD 50.

También hallaron otras dos piedras en la zona donde estaban los compradores. Según NBC Miami y CiberCuba, la escena quedó documentada en el informe policial.

Cómo ocurrió la detención

Los agentes realizaban una vigilancia en el estacionamiento de Centrum Health, 434 Southwest 12th Avenue. Un oficial dio la señal de intervención tras confirmar el intercambio de droga y dinero. Los tres involucrados quedaron bajo custodia en ese momento.

Al revisar a Casanova, los policías encontraron la servilleta con once piedras de crack y el dinero en efectivo. Junto a los compradores, hallaron dos piedras más de la misma sustancia.

Las autoridades acusaron a Casanova de vender crack a menos de 300 metros de una iglesia o tienda de conveniencia, además de posesión de crack y otros delitos relacionados. La ley de Florida contempla penas de hasta 30 años de prisión para quienes cometen este tipo de delitos cerca de zonas protegidas.

La portavoz de la policía de Miami, Kenia Fallat, afirmó que el caso resultó grave porque la venta ocurrió a pocos metros de un colegio. Según Fallat: “Esto pudo haber terminado peor si un niño recogía esas piedras de crack”, según NBC Miami.

La policía ya había recibido varias denuncias de los vecinos por ventas de droga en ese sector.

Quiénes son los implicados

Tomas Casanova tiene 82 años y nacionalidad cubana. No posee la ciudadanía de Estados Unidos, por lo que, además de la fianza fijada en USD 15.000, quedó bajo una retención migratoria. Esta situación podría derivar en un proceso de deportación, según explicaron fuentes judiciales al medio CiberCuba.

Casanova ya contaba con antecedentes. En 2014, lo arrestaron en Miami-Dade por cargos de venta y tenencia de cocaína y oxicodona con intención de distribuir, lo que podría agravar su situación legal por reincidencia.

Frank Rodríguez-Diaz, de 65 años, recibió cargos por posesión de crack y otros delitos. En el caso de Raymond Vega, de 58 años, las autoridades continuaban investigando y no habían divulgado cargos específicos al cierre de la información.

Por qué intervino la policía en Little Havana

La intervención policial respondió a denuncias de vecinos sobre la venta de drogas en la zona. El estacionamiento donde ocurrió el hecho está cerca de escuelas y comercios, lo que motivó la vigilancia policial.

En diciembre de 2025, la policía local realizó la “Operación El Primo”, que desarticuló una red de tráfico de drogas en Little Havana, Flagami y Coral Way. Esa acción permitió detener a 20 personas y confiscar más de 22 kilogramos de cocaína, junto con USD 120.000 en efectivo, según informó CiberCuba.

Las autoridades mantienen la vigilancia en la zona por la frecuencia de estos delitos y el riesgo para la comunidad. El caso de Casanova refuerza la preocupación de los residentes sobre la seguridad en los alrededores de escuelas y lugares frecuentados por familias.

Una funcionaria del Municipio de Morón quedó acusada de integrar una presunta banda narco luego de que la Policía Federal Argentina hallara 509 gramos de cocaína en una vivienda de su propiedad durante allanamientos en Morón y Merlo. Se trata de Luna Suyai Ortigoza, quien fue desvinculada de su cargo y es buscada por la Justicia ya que no fue encontrada en la vivienda.

El operativo incluyó ocho allanamientos en inmuebles usados para acopio y venta de estupefacientes en Castelar y Libertad, partido de Merlo, y fue supervisado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. En uno de los procedimiento que se realizó en un domicilio de la calle Isabel Pardo al 2500, la Policía Federal Argentina secuestró cocaína en una piedra compacta, tipo ladrillo y fragmentos de marihuana, distribuidos entre la cocina y la habitación principal.

Durante los operativos hubo un detenido y se secuestraron 1,7 kilos de cocaína, 241 gramos de marihuana, dos balanzas digitales, $24.800 en efectivo, un revólver calibre 32, un cargador calibre 22, municiones, tres teléfonos celulares y documentación, según Primer Plano Online.

El único arrestado informado fue identificado como Norberto Hernán Aliano de 41 años, acusado por comercio y tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización. Los investigadores también incautaron celulares que serán analizados para sumar prueba a la causa.

Voceros del Municipio señalaron que Ortigoza estaba de vacaciones en la casa de su madre y que manifestó su intención de presentarse ante la justicia “cuanto antes”. También alegó, siempre según esa versión, que había iniciado una relación de pareja y que un joven empezó a dejar pertenencias en su casa.

La investigación de la funcionaria de Morón

La investigación había comenzado en marzo tras una denuncia anónima sobre maniobras de narcotráfico en la localidad de Castelar y hay al menos ocho personas señaladas como integrantes de la organización. Tras el operativo, el intendente Lucas Ghi dispuso apartarla del cargo y dio de baja su contrato mientras avanza la investigación sobre su presunto vínculo con la actividad ilícita.

La causa está a cargo de la Fiscalía N° 9 de Morón, con los fiscales Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani, y los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías N° 1, a cargo de la jueza Laura Mariel Pinto que incluyó requisas en los siguientes domicilios: Pasaje Florit al 3600, Eduardo Cogliatti al 3500, Gabriel Miró al 3000, 14 de Julio al 3300, Presidente Ortiz al 3800 Y Zabaleta al 500.

Los investigadores identificaron una modalidad de venta “delivery”: un integrante almacenaba la droga y otro la distribuía y comercializaba en motocicleta. También detectaron cambios frecuentes de puntos de venta entre distintas viviendas de Castelar para evitar ser descubiertos. Las pruebas recolectadas en los allanamientos reforzaron esta hipótesis del narcomenudeo, de una estructura dedicada a la venta directa de drogas en pequeñas cantidades.

Los investigadores señalaron que la banda utilizaba distintos domicilios para almacenar y preparar las sustancias, y que la distribución se realizaba mediante entregas rápidas, sobre todo a través de motocicletas. Este esquema de comercialización permitió a los sospechosos moverse con agilidad y cambiar frecuentemente los puntos de venta para eludir a las fuerzas de seguridad, replicando una lógica de narcomenudeo extendida en el conurbano bonaerense.

Tras conocerse el resultado del operativo, el Municipio de Morón comunicó la desvinculación inmediata de la funcionaria. En un parte oficial, el gobierno local afirmó que “en el marco de los allanamientos impulsados desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana para combatir el delito en el distrito, fueron hallados estupefacientes en una propiedad perteneciente a una funcionaria municipal del área de Políticas de Género”.

“La gestión municipal ratifica su compromiso con la transparencia institucional, el cumplimiento de la ley y el acompañamiento a todas las acciones destinadas a garantizar la seguridad de los vecinos de Morón”, concluyó el comunicado.

Varios narcotraficantes robaron el pasado martes tres embarcaciones semirrígidas de la Armada mientras realizaban un ejercicio militar en El Retín, Cádiz, según adelantó Diario de Cádiz y ha confirmado Infobae. Mientras estaban siendo utilizadas por los infantes de marina en Flotex-26, aprovechando su ausencia en la playa, los supuestos ladrones habrían conseguido substraer las embarcaciones y lo que había en su interior. Al regresar al punto de desembarco, los militares descubrieron que las lanchas, junto con todo el equipamiento que llevaban a bordo, habían desaparecido.

Fuentes de la Armada han aclarado que ya se interpuso la denuncia el martes, pero desde la Guardia Civil no han dado más detalles. La principal preocupación es el uso que puedan dar a estas embarcaciones los narcotraficantes. Las autoridades llevan años demandando una mejora de sus medios porque no pueden competir en velocidad y capacidad con las narcolanchas que, a pesar de estar prohibidas, siguen actuando de forma recurrente en el sur peninsular.

La indignación por el problema del narcotráfico en Cádiz o Huelva sigue creciendo. La muerte de dos agentes de la Guardia Civil en Huelva hace dos semanas provocó una oleada de críticas al ministro del Interior, Grande-Marlaska. Como ya ocurrió hace más de un año por el asesinato de otros dos guardias en Barbate, las asociaciones de agentes demandan que su profesión sea declarada de alto riesgo y que reciban más inversión y medios.

Ejercicio de la Armada

La Armada Española llevaba a cabo el ejercicio Flotex-26, considerado su principal maniobra anual de adiestramiento avanzado, cuando se dio el robo. El objetivo del despliegue es evaluar y certificar su capacidad para operar en escenarios complejos y proteger los intereses nacionales. Empezó el 11 y terminó el pasado 22 de mayo. Se realizó en el Golfo de Cádiz, el Mar de Alborán y el Estrecho, involucrando a unidades y Estados Mayores de la Flota en operaciones de media y alta intensidad.

El despliegue cuenta con la participación de diversas unidades, entre ellas el Grupo Anfibio y de Proyección, la 41ª Escuadrilla de Escoltas, la Fuerza de Medidas Contraminas, el Tercio de Armada y la Flotilla de Submarinos. Entre los buques destacados se encuentran el Castilla, que actúa como buque de mando, el Juan Carlos I, el Galicia, además de las fragatas Victoria, Reina Sofía y Almirante Juan de Borbón, el submarino Galerna, y otros buques de apoyo y cazaminas.

Flotex-26 permite a la Armada adiestrarse en la gestión de crisis simuladas, coordinando operaciones multidominio como el control del mar, la proyección del poder naval y las operaciones anfibias. Durante la jornada del 13 de mayo, el Almirante de la Flota supervisó el grado de alistamiento de las unidades anfibias y presenció una demostración dinámica de desembarco en la playa del Retín, donde se habría producido el robo por parte de los narcotraficantes. Posteriormente, se realizaron las operaciones a bordo del Castilla y el Juan Carlos I, mientras los ladrones se marchaban con su nuevo equipo.

Una ex cabo de la Policía Federal Argentina (PFA) fue detenida en la localidad de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, luego de haber sido acusada de dedicarse a la venta de drogas al menudeo bajo la modalidad delivery. Según trascendió, la acusada había sido expulsada de la fuerza en 2023 por amenazar con su arma a un inquilino.

La detención se concretó este viernes, cuando la mujer, identificada como K. A. C., de 33 años, fue arrestada junto a su pareja, M. A. F., también de 33. Ambos estaban bajo investigación, lo que derivó en la realización de dos allanamientos y la incautación de cocaína fraccionada para su comercialización.

Todo comenzó con una denuncia radicada por los vecinos, quienes aseguraron haber notado movimientos sospechosos cerca de los domicilios de la ex policía y su novio. A partir de esto, se activó una pesquisa que incluyó seguimientos encubiertos, vigilancias fijas y móviles, así como registros fílmicos aportados por el Laboratorio de Imágenes del Municipio.

De esta manera, la investigación judicial determinó que la pareja combinaba la venta de estupefacientes desde el interior de la vivienda de Curima y el reparto mediante autos de aplicaciones. Así, el viernes a la madrugada, el personal de la DDI de Morón allanó dos viviendas ubicadas en Fernando Fader al 1800, entre El Tordo y Niceto Vega, y la otra en el 2100 de la misma arteria, entre Pinto y Villegas.

Según la información publicada por Primer Plano Online, durante las requisas, se secuestraron 43 envoltorios de nylon con cocaína, una balanza de precisión, tres teléfonos celulares y un handy con frecuencia policial. Estos elementos fueron considerados de interés para la causa que llevan adelante los fiscales Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani, a cargo de la UFI N° 9 de Morón.

A raíz de esto, la pareja quedó a disposición de la justicia bajo cargos de tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización. La causa cuenta con el aval de la jueza de Garantías Laura Mariel Pinto. Se espera que ambos sean indagados en las próximas horas, mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance de la actividad delictiva.

Por otro lado, se conoció que la mujer había sido exonerada de la Policía Federal Argentina en 2024 tras un incidente previo en el que fue señalada por amenazas a un inquilino para que abandonara una vivienda con contrato vencido.

El episodio había ocurrido en 2023, cuando un hombre utilizó el arma reglamentaria de la ex cabo policial para intimidar a la víctima. Luego de que esta denunciara lo ocurrido ante la policía, poco después, se concretó la captura del sospechoso. Fue así que se descubrió que este portaba el arma que estaba registrada bajo el nombre de la ahora acusada por venta de drogas.

A raíz de esto, se ordenó la detención del acusado de haber amenazado al inquilino, como la de la dueña del arma. Finalmente, un año más tarde, las autoridades de la fuerza de seguridad resolvieron que K. A. C. fuera desafectada de manera permanente de su cargo.

Delincuentes simularon ser policías y asaltaron con violencia a una familia en Ituzaingó

Una familia de Ituzaingó fue víctima de un asalto violento el pasado 14 de mayo, cuando un grupo de delincuentes simularon ser policías y emplearon un ariete similar al utilizado por las fuerzas de seguridad para irrumpir en la vivienda.

El episodio ocurrió alrededor de las 20:20 horas, en una casa situada a solo veinte metros de la avenida Intendente Carlos Ratti, en el conurbano bonaerense. Según registraron las cámaras de seguridad, los asaltantes, con rostros y manos cubiertos y calzado protegido con medias para evitar dejar huellas, ingresaron tras violentar la doble puerta de acceso.

El accionar del grupo fue metódico y mostró un despliegue coordinado. En apenas dos minutos y medio, los ladrones lograron entrar, mientras los moradores se refugiaban en una de las habitaciones. Durante el asalto, uno de los integrantes de la familia escapó por el techo para pedir auxilio a los vecinos y activar el cerco eléctrico. La alarma vecinal sonó casi de inmediato, lo que contribuyó a que los delincuentes abandonaran el lugar apresuradamente, aunque sin mostrar señales de pánico.

Según relató Débora, víctima y madre de la familia, a TN, el ataque fue tan meticuloso que “no parecían el clásico ladrón”, lo que generó sospechas sobre un posible vínculo de los autores con las fuerzas de seguridad. Asimismo, remarcó que “alguien les pasó el dato, pero mal”, sugiriendo que los ladrones buscaban un botín mayor.

Durante el robo, los asaltantes exigieron repetidamente dólares y dinero en efectivo. Débora aseguró que “les ofrecí todo lo que teníamos y les di las llaves de los autos, pero solo querían dinero en efectivo”. Ante la falta de la suma esperada, los delincuentes recurrieron a la violencia física, golpeando en la cabeza tanto a la madre como a su hija.

Pese a que la familia activó todos los dispositivos de seguridad instalados: cerco eléctrico, cámaras de vigilancia y puertas metálicas, indicaron que el ingreso fue violento y rápido. En la secuencia registrada por las cámaras, se observó también a un cuarto integrante del grupo maniobrando un vehículo y alineándolo frente a la vivienda.

Los delincuentes huyeron a pie y en auto, sin mostrar urgencia ni temor a ser identificados, reforzando la hipótesis de un grupo experimentado y organizado. Una vecina relató que, al retirarse, “uno de los asaltantes saludó con la mano a uno de los vecinos”, gesto que calificó como una muestra de impunidad.

El resultado del robo fue la sustracción de una consola de videojuegos, una billetera y un celular, por lo que la familia realizó la denuncia policial tras el hecho. Según la víctima, la alarma vecinal “se activa casi cada dos días por intentos de robo o sustracción de vehículos”, lo que evidenciaría una situación de creciente preocupación entre los vecinos de Ituzaingó por la frecuencia y violencia de los delitos cometidos bajo modalidades coordinadas y con apariencia de operativos oficiales.

El rock and roll nació como una promesa de absoluta libertad, pero con el tiempo demostró ser una maquinaria de repetición y desgaste. Pocas mentes comprendieron este proceso con tanta lucidez y sarcasmo como Mick Jagger. A lo largo de las décadas, el cantante de los Rolling Stones vio caer a contemporáneos, sepultados por los excesos de su mitología Sin embargo, lejos de adoptar un tono moralista o redactar un tratado solemne, el músico eligió la ironía para resumir la gran paradoja.

“Empezás tocando rock and roll para poder tener sexo y tomar drogas, y terminás tomando drogas para poder tocar rock and roll y tener sexo”. A diferencia de lo que dictan algunos mitos de internet, la frase no pertenece a un libro de memorias desgarradoras ni a una biografía autorizada de pretensiones literarias. Sucedió la noche del 11 de diciembre de 2012, cuando Mick Jagger subió al escenario del Ed Sullivan Theater de Nueva York para participar del programa Late Show with David Letterman.

El motivo era la celebración del 50 aniversario de la banda. El conductor David Letterman invitó al cantante a presentar su clásica sección humorística del “Top Ten”. El segmento llevó por título “Las 10 cosas que yo, Mick Jagger, he aprendido tras 50 años en el rock and roll”. Entre chistes sobre no aceptar consejos amorosos de Phil Spector y la nula ganancia que le dejaba la canción Moves Like Jagger de Maroon 5, el vocalista coronó la noche revelando el puesto número uno con aquella sentencia.

Aunque se originó en un sketch de comedia, la frase caló hondo en la cultura popular porque describía una verdad incómoda con una precisión matemática. Si bien la cita proviene de la televisión, existe un vínculo ineludible entre el pensamiento de Mick Jagger y el mundo editorial que ayuda a entender el trasfondo de sus palabras. Durante la década de 1980, el músico escribió una esperada autobiografía tras recibir un millonario adelanto financiero. Sin embargo, aquel manuscrito jamás se publicó.

La leyenda urbana afirmaba que el cantante había desistido porque sus recuerdos estaban borrados por los excesos químicos. Décadas más tarde, el editor John Blake tuvo acceso al texto original y desmitificó la historia: el libro era técnicamente impecable, pero carecía del morbo que el mercado editorial le exigía a una estrella de su calibre. Ese manuscrito nunca editado radica demostró que Mick Jagger siempre prefirió resguardar su intimidad antes que vender un estereotipo decadente.

La frase analiza las dos etapas de la vida del artista masivo. Al principio, la música es la llave maestra para acceder a un paraíso hedonista de placeres inmediatos. El rocanrol funciona como la banda sonora del deseo juvenil. El giro trágico y brillante ocurre en la segunda mitad de la premisa. Con el paso del tiempo, el orden de los factores se invierte de manera perversa. Las sustancias ya no son el premio, sino el combustible. Lo que comenzó como rebelión termina como un empleo de alta exigencia física.

Esta idea sintetiza a la perfección la mentalidad que mantuvo a Mick Jagger activo. A diferencia de Keith Richards, cuyo misticismo romántico lo vuelve el alma indomable del grupo, el cantante siempre operó bajo una lógica pragmática. El líder de los Stones entendió que el descontrol absoluto era incompatible con la permanencia en el tiempo. Detrás del performer andrógino de labios gigantes habita un exestudiante de la London School of Economics que transformó a su banda en una corporación multinacional.

Para Mick Jagger, la frase no es una queja de arrepentimiento, sino la constatación de un engranaje biológico y comercial. Es el testimonio de un hombre que decidió bajarse a tiempo de la espiral autodestructiva para convertirse en un atleta de estadios (la forma en que baila, a sus tantos años, lo vuelven un atleta). Con esa ironía tan británica, el músico le recordó al mundo que la rebeldía juvenil tiene fecha de vencimiento, y que en el negocio del rock, el verdadero triunfo no es morir joven, sino sobrevivir al mito.

¿Quién es Mick Jagger?

Nacido el 26 de julio de 1943 en Dartford, Inglaterra, Mick Jagger (bautizado como Michael Philip Jagger) se crio en el seno de una familia de clase media. Su destino cambió para siempre tras un encuentro fortuito en una estación de tren con su amigo de la infancia, Keith Richards, con quien descubrió una pasión compartida por el blues. Aunque llegó a estudiar en la prestigiosa London School of Economics, abandonó las aulas universitarias para fundar la legendaria banda británica en 1962.

Comenzó junto a Richards, Brian Jones, Charlie Watts y Bill Wyman. A lo largo de una carrera de más de seis décadas, se transformó en el arquetipo definitivo de la estrella de rock, célebre por su inconfundible voz, su magnética e hiperactiva presencia escénica y un estilo andrógino que desafió las normas culturales de su tiempo. Como compositor principal de la banda junto a Richards, dio vida a himnos generacionales incluidos en álbumes como Beggars Banquet, Sticky Fingers y Exile on Main St..

Más allá de los estadios, expandió su faceta artística como solista, productor y actor. A pesar de los mitos que rodean la longevidad en una industria plagada de excesos y tragedias personales, se mantiene plenamente activo y con una vitalidad asombrosa. En la actualidad, Jagger sigue desafiando el paso del tiempo sobre los escenarios de todo el mundo, desmintiendo de forma definitiva cualquier rumor sobre su muerte y reescribiendo las reglas de lo que significa envejecer en el universo del rock.

El caso comenzó el miércoles por la noche, cuando agentes de la Policía de la Ciudad realizaban una recorrida por la avenida Iriarte al 3600. En un momento, los oficiales advirtieron una presunta maniobra de pasamanos entre un hombre y una mujer.

Ante esa situación, decidieron acercarse para identificarlos. Sin embargo, al advertir la presencia de los efectivos, ambos ingresaron por una puerta de rejas que estaba abierta hacia un patio interno del inmueble. Los agentes los siguieron y, ya dentro de la propiedad, demoraron a la mujer.

Al inspeccionar la vivienda, encontraron sobre una mesa una bolsa con una gran cantidad de envoltorios y dinero en efectivo. A su vez, dentro de un morral hallaron un revólver calibre .22, diez municiones de ese mismo calibre y 13 balas calibre 9 milímetros.

Además, encontraron otra bolsa con cocaína sin fraccionar, un envoltorio con una sustancia similar al tusi, dos balanzas de precisión y varios envoltorios de cocaína y pasta base. En uno de los cajones de un mueble, los policías también hallaron una bolsa con flores de marihuana y un trozo compacto de ese mismo estupefaciente de 350 gramos.

Fuentes policiales detallaron que en el interior de la vivienda estaban el hijo de la sospechosa, de 26 años; su sobrino, de 20; y cinco nietos menores de edad.

En total, personal de la División Unidad Táctica de Pacificación del Barrio 21-24/Zavaleta de la Policía de la Ciudad secuestró 511 gramos de marihuana, distribuidos en 85 envoltorios y un pan compacto de 350 gramos; 35 gramos de cocaína en 29 envoltorios; 25 dosis de pasta base; y tusi. También incautaron el arma de fuego, 23 balas, 77 mil pesos y dos balanzas de precisión.

El caso quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Sur, que dispuso la detención de la mujer por comercio de droga y tenencia ilegal de arma de fuego, el secuestro de todo lo hallado y la realización de una pericia sobre el arma encontrada.

También se decidió dar intervención al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes por la situación de los menores. Además, el hijo y el sobrino de la detenida fueron notificados en la causa por averiguación de ilícito.

Este procedimiento se suma a otros operativos recientes contra el narcomenudeo en la Ciudad de Buenos Aires. Días antes, tres mujeres fueron detenidas por vender cocaína en la zona de Constitución.

El caso se originó tras tareas de vigilancia en la plaza Garay, donde personal de la División Operaciones Zona Sur detectó movimientos compatibles con la comercialización de estupefacientes. Dos de las detenidas contaban con antecedentes y una de ellas ya había sido expulsada del país en dos oportunidades por causas vinculadas al narcotráfico.

Durante la investigación, los policías observaron cómo las acusadas realizaban pases de droga a distintos compradores. Al momento de la detención, se les secuestraron decenas de envoltorios de cocaína listos para la venta, dinero en efectivo y teléfonos celulares. Tanto las mujeres como los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia.

Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Fiscalía General de la República (FGR), aseguraron un autobús foráneo que transportaba un importante cargamento de droga sintética oculto en el área del camarote, durante una inspección realizada en la carretera Panamericana, en el estado de Chihuahua.

El decomiso ocurrió en el punto de revisión ubicado en el kilómetro 302 de la carretera federal 45, en el tramo Ahumada-Ciudad Juárez, donde agentes federales detuvieron para revisión un autobús Scania Irizar I8 modelo 2022 de la línea Chihuahuenses, identificado con el número económico 9561.

De acuerdo con información proporcionada por autoridades federales, la unidad cubría la ruta de Culiacán, Sinaloa, hacia Ciudad Juárez, Chihuahua.

Nerviosismo del operador levantó sospechas

Durante la inspección de rutina, el conductor identificado como Juan “N” fue interrogado por agentes de la Fiscalía General de la República sobre el trayecto y destino del autobús.

Según detalló un agente del Ministerio Público Federal, el comportamiento nervioso del operador llamó la atención de los elementos de seguridad, quienes decidieron realizar una revisión más minuciosa en distintas áreas de la unidad, particularmente en el camarote utilizado por el chofer.

Fue en ese espacio donde localizaron 40 paquetes envueltos en plástico transparente y cinta negra que contenían fentanilo, con un peso aproximado de 40 kilogramos.

Además, encontraron 13 contenedores de plástico con una sustancia granulada y cristalina con características similares al cristal, con un peso total de 14 kilogramos.

A ello se sumaron dos contenedores más que almacenaban más de 20 mil pastillas de fentanilo, una de las drogas sintéticas de mayor impacto en el mercado ilegal debido a su alta potencia y letalidad.

Tras el hallazgo, las autoridades procedieron al aseguramiento inmediato del conductor, la unidad y la droga.

Trasladan evidencia a instalaciones federales

El operador detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su posible responsabilidad en delitos contra la salud y delincuencia organizada.

Mientras tanto, el autobús y las sustancias aseguradas fueron trasladados a las instalaciones de la delegación de la Fiscalía General de la República en Chihuahua, donde se realizarán las pruebas periciales correspondientes y el pesaje oficial de los narcóticos.

Las investigaciones también buscarán determinar si existen más personas involucradas en el traslado del cargamento y si el decomiso está relacionado con redes criminales que operan entre Sinaloa y la frontera norte del país.

Tercer aseguramiento de la misma empresa

Autoridades federales revelaron que no es la primera ocasión en que unidades de la misma empresa de transporte son relacionadas con el tráfico de drogas.

De acuerdo con los reportes oficiales, este representa el tercer camión de transporte de pasajeros de la misma línea asegurado con narcóticos en el mismo punto carretero por elementos de la Policía Federal Ministerial.

La recurrencia de los decomisos ha encendido alertas entre las autoridades federales, que ya investigan posibles vínculos entre operadores, rutas de traslado y organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas sintéticas hacia la frontera con Estados Unidos.

El corredor carretero entre Sinaloa y Ciudad Juárez es considerado una de las principales rutas para el tráfico de drogas debido a su conexión con cruces fronterizos estratégicos.

Fentanilo, una amenaza creciente

El aseguramiento ocurre en medio de la creciente preocupación nacional e internacional por el tráfico de fentanilo, una droga sintética que ha provocado miles de muertes por sobredosis, principalmente en Estados Unidos.

Las organizaciones criminales utilizan distintos métodos para ocultar cargamentos en vehículos de carga y transporte de pasajeros, aprovechando rutas comerciales y carreteras federales para mover las sustancias hacia el norte del país.

Las autoridades federales mantienen operativos permanentes en puntos carreteros de Chihuahua debido a que el estado es considerado estratégico para el trasiego de drogas, armas y migrantes.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha informado si el conductor detenido pertenece a alguna organización criminal ni si existen órdenes de captura relacionadas con este caso.

Siete ciudadanos peruanos fueron arrestados en el operativo y las autoridades buscan a un empresario nocturno conocido como “Cuchi”, señalado como uno de los principales líderes de la organización.

La estructura criminal producía droga en gran escala y abastecía distintos puntos del Conurbano.

La investigación del caso comenzó en mayo de 2024, cuando una mujer fue detenida con dos kilos de cocaína en Villa Crespo. La sospechosa llevaba consigo dos celulares: los peritajes a los teléfonos revelaron la existencia de una red de proveedores, distribuidores, encargados de entregas bajo la modalidad “pasamanos” y vendedores minoristas.

El grupo tenía roles bien definidos. Una pareja que residía en la mencionada villa de Puerto Madero coordinaba la distribución de grandes cantidades de cocaína y las compras de droga para abastecer bocas de expendio. También detectaron a una mujer que entregaba la sustancia desde Avellaneda.

Otra revelación en la investigación fue que parte del dinero obtenido por la venta de estupefacientes era cambiado en una agencia financiera de Nueva Pompeya. Por eso, el titular del local quedó bajo la lupa, sospechado de saber el origen de los fondos.

Entre los investigados aparece el mencionado “Cuchi”, hombre con antecedentes por narcotráfico que hoy se mueve como empresario nocturno y productor de eventos musicales. Según tareas de inteligencia, seguiría vinculado a la venta ilegal de drogas.

El operativo, que incluyó 20 allanamientos en la Ciudad y el Conurbano, derivó en el descubrimiento del laboratorio que se camuflaba detrás de un restaurante de comida peruana en la Rodrigo Bueno.

El lugar estaba equipado con estufas, compresores hidráulicos y moldes para compactar los panes de cocaína. Un joven peruano, que se encontraba de manera irregular en el país, custodiaba la cocina.

Tras la fachada, la organización procesaba la cocaína y utilizaba ácido bórico para “estirar” la droga antes de venderla. Para referirse a la misma usaban códigos o palabras clave, como “pescado” o “condimento”. Así lo revelaron las escuchas telefónicas.

En total, la PFA secuestró 77 kilos de clorhidrato de cocaína de máxima pureza y casi cinco kilos de marihuana, además de maquinaria para fabricar y compactar la droga, teléfonos celulares, dinero en efectivo y documentación.

Una de las particularidades del caso fue la forma en que los narcos presentaban sus productos. Los panes de cocaína llevaban impresos logos de marcas y símbolos reconocidos en el mundo del narcotráfico, como delfines, caballos, pistolas, coronas, el símbolo de Mercedes y el de Ferrari.

Los investigadores creen que estas estampas servían para dar prestigio a la droga o simular pertenencia a otras bandas, una práctica habitual en el negocio. Por ejemplo, parte de los paquetes incautados tenía stickers con un trébol de tres hojas, y otros llevaban la letra “Z” con una corona alada, aunque ese símbolo no coincide con la iconografía del cartel mexicano Los Zetas.

En los allanamientos, además, se encontraron cuños y moldes listos para estampar los ladrillos.

Según pudo saber este medio, seis de los detenidos tenían documentación argentina. Entre ellos hay un ex beneficiario de la Asignación Universal por Hijo, una mujer de 51 años registrada en ARCA como vendedora de ropa y una comerciante de bijouterie, de 53 años.

También fue identificado un hombre de 35 años con antecedentes por intento de robo y deudas millonarias con bancos y billeteras virtuales.

En principio, ninguno aparece como narco de trayectoria: no figuran, por ejemplo, en condenas de primera o segunda instancia del fuero federal en la última década.

En la causa intervienen el juez federal Julián Ercolini, el fiscal Franco Picardi y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), con el fiscal federal Diego Iglesias.

Las operaciones coordinadas de la Armada de México derivaron en el aseguramiento de aproximadamente 100 toneladas de presunta metanfetamina y el desmantelamiento de 105 laboratorios clandestinos desde el inicio del sexenio. A esos decomisos se sumaron 765 toneladas de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas, evitando así su distribución en el país.

En el mismo periodo, el personal naval aseguró casi 70 toneladas de presunta cocaína en aguas nacionales y detuvo a 244 presuntos infractores. Las autoridades competentes recibieron a los detenidos, a quienes les fueron leídos sus derechos, junto con la droga y los efectos asegurados, para determinar su situación jurídica.

A continuación, el desglose de los hechos.

Operaciones marítimas y terrestres en mayo

Durante el mes de mayo, la Secretaría de Marina registró seis operativos consecutivos de aseguramiento de drogas en aguas del océano Pacífico, frente a las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Estas acciones permitieron decomisar cerca de tres toneladas de presunta cocaína únicamente durante ese mes.

La intensificación de la vigilancia marítima se ejecutó a través de los mandos navales con el objetivo de inhibir actividades ilícitas. El incremento en la eficiencia de intercepción de embarcaciones infractoras fue el resultado directo de esas operaciones permanentes.

En operaciones terrestres del mismo mes, el personal naval desmanteló ocho laboratorios clandestinos dedicados a la producción de drogas sintéticas. De esos recintos se incautaron casi tres toneladas de metanfetamina y aproximadamente ocho toneladas de precursores químicos.

La institución señaló que dichos golpes debilitaron la estructura financiera de los grupos delictivos. Asimismo, los laboratorios desmantelados en mayo se sumaron al total acumulado de 105 desde el arranque de la administración.

Embarcaciones y combustible asegurados

A lo largo del sexenio, la Armada aseguró 76 embarcaciones, tres naves de bajo perfil —conocidas como LPV— y 190 motores. También decomisó aproximadamente 149 mil 171 litros de combustible cuyos poseedores no pudieron acreditar su legal procedencia.

Todos esos bienes quedaron a disposición de las autoridades competentes, en línea con el protocolo institucional aplicado en cada operativo por parte de las dependencias federales y de los tres órdenes de gobierno.

Tras estos hechos, la Secretaría de Marina definió sus acciones como parte de un esquema permanente de vigilancia marítima, aérea y terrestre enfocado en preservar el Estado de derecho. Con ello, agradeció la confianza ciudadana y presentó estos datos como evidencia de su compromiso.

Alcance de las operaciones en los tres ámbitos

Las acciones descritas abarcan los frentes marítimo, aéreo y terrestre en los que opera la Armada de México de forma simultánea. La coordinación interinstitucional con autoridades federales fue el eje que permitió los aseguramientos de laboratorios y el desmantelamiento de redes de tráfico.

La institución reiteró que su única misión es servir a México. Ese principio, afirmó, guía cada operativo desplegado en el mar, el aire y la tierra del país.

Los hechos se dan luego de las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, tras felicitar públicamente a la Secretaría de Marina por los operativos y resultados en el combate al narcotráfico.

“Acciones como esta fortalecen la seguridad y contribuyen a desarticular redes criminales que amenazan a nuestras comunidades. Juntos, logramos resultados que hacen más seguras a nuestras naciones”, se lee en su cuenta de X, antes Twitter.

Sin embargo, las autoridades y funcionarios estadounidenses han reiterado que, si los esfuerzos del Gobierno de México no son suficientes, la Administración de Donald Trump podría intervenir directamente en territorio nacional para combatir a los cárteles, conforme a las declaraciones recientes del embajador y de diversas agencias estadounidenses.

El exjefe de la UDEF en Madrid, Óscar Sánchez Gil, estaba en el centro de una investigación judicial que expone una presunta trama de corrupción policial y filtración de información en favor de una red internacional de narcotráfico. Hace unas semanas, el caso dio un giro clave cuando la Audiencia Nacional decidió retirar el procesamiento sobre el policía mientras terminaba la investigación. Este martes ha acudido a los juzgados de forma voluntaria.

Según señala el auto oficial, Óscar Sánchez habría facilitado la entrada de al menos 73 toneladas de cocaína en España entre 2020 y 2024, recibiendo a cambio pagos millonarios. La investigación detalla que colaboraba estrechamente con Ignacio Torán, considerado líder de la organización, y que accedía de forma fraudulenta a bases de datos de inteligencia criminal para proteger al grupo. No obstante, la justicia ha considerado que, ya que continúan las indagaciones, debía recurrirse la decisión inicial de acusación contra él.

Ahora, el exjefe policial mueve ficha y acude a sala judicial para defender su posición. Lo hace en una causa en la que denuncia que los investigadores han “ocultado pruebas” con el objetivo de conseguir su condena. Óscar Sánchez fue detenido en noviembre de 2024. Durante el arresto se descubrió que tenía ocultos más de 20 millones de euros en paredes de sus casas y en su puesto de trabajo.

A pesar de los indicios, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió revocar recientemente el procesamiento formal de Óscar Sánchez Gil. La decisión responde a un recurso de la Fiscalía Antidroga, que considera prematuro el procesamiento ante la falta de diligencias clave que podrían reforzar las pruebas sobre el blanqueo de capitales. El magistrado ha anunciado que la situación procesal de Sánchez Gil se resolverá en un auto específico, una vez completadas las investigaciones pendientes. Mientras tanto, el exjefe policial comparece ese martes ante el juez por videoconferencia desde prisión, donde sostiene que la causa está viciada y que los investigadores han ocultado pruebas relevantes.

Filtración de información y pagos millonarios

El caso cobró mayor peso tras la incautación de grandes cantidades de droga en el puerto de Algeciras en 2021, con más de 1.000 kilos escondidos en piñas, y la posterior detención del exjefe policial, que permanece en prisión provisional desde entonces. El papel que la investigación judicial le atribuye incluye evitar investigaciones a empresas vinculadas al narcotráfico y alertar sobre posibles pesquisas policiales, lo que, según los jueces, garantizaba la impunidad de la organización.

De acuerdo con el auto, Óscar Sánchez Gil entregó documentos secretos a Ignacio Torán, incluyendo información sobre el origen de filtraciones policiales y detalles de operaciones en curso. Las actuaciones judiciales describen cómo Sánchez Gil utilizaba su posición para impedir la investigación de sociedades empleadas para importar cocaína y fingía indagaciones, mientras recibía alertas internas sobre otros movimientos policiales.

Cuando se detectaba alguna indagación ajena, la organización era avisada para abortar la operación. En palabras del escrito, la gravedad de los hechos quedó reflejada en el hallazgo de más de 20 millones de euros en efectivo ocultos en los domicilios y despacho de Sánchez Gil. El juez estima que el funcionario policial habría recibido en total 32,6 millones de euros en sobornos a cambio de su protección y colaboración con la red criminal.

Tres mujeres, imputadas por venta de drogas en el barrio porteño de Constitución, quedaron con prisión preventiva por orden de la Justicia porteña. Fuentes del caso detallaron que dos de ellas cuentan con antecedentes penales y que una ya había sido expulsada en dos oportunidades del país.

Todo comenzóen la calle Lima al 1400. Durante un recorrido, un efectivo de la Policía de la Ciudad detectó a un grupo de hombres que rodeaba a tres mujeres. En ese momento, una de ellas sacó varios envoltorios del interior de un morral.

Al notar su actitud sospechosa, el agente dio la voz de alto y los hombres se dieron a la fuga. La mujer del morral no logró escapar y fue detenida en el lugar. Las otras dos sospechosas fueron aprehendidas a pocos metros.

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron en poder de la mujer del morral 15 envoltorios con cocaína y $215.000 en efectivo. La UFLA Este intervino en el caso, ordenó la detención de las tres sospechosas y les imputó el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En paralelo, un informe de la Dirección Nacional de Migraciones permitió comprobar la situación de las imputadas. Fuentes del caso indicaron que las tres se encontraban en situación migratoria irregular: una de las detenidas había sido expulsada del país en dos oportunidades, mientras que otra tenía una orden de expulsión con prohibición de reingresar al país.

Esta última, además, registraba antecedentes por los delitos de daños, tenencia de estupefacientes y exhibiciones obscenas. La restante, por su parte, tenía la residencia vencida.

Con toda esta información, la titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°5, María Fernanda Botana, hizo lugar al pedido del auxiliar fiscal Carlos Caputto, de la UFLA Este, y dictó la prisión preventiva para las tres imputadas.

Antecedentes en la zona

Días atrás se produjo otro operativo en el mismo barrio. Una mujer de 40 años con antecedentes penales fue detenida acusada de vender drogas en la calle Salta al 1500, también en Constitución.

El caso se inició a partir de una alerta del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), que detectó una presunta maniobra de comercialización de estupefacientes. Tras el aviso, un efectivo de la Policía de la Ciudad acudió al lugar, interceptó a un hombre que acababa de comprarle droga a la sospechosa y, posteriormente, los agentes identificaron y detuvieron a la mujer.

En esa causa intervino el auxiliar fiscal Carlos Caputto, de la UFLA Este, quien imputó a la detenida por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Desde el Ministerio Público Fiscal porteño confirmaron que la mujer registraba antecedentes penales y no tenía regularizada su situación migratoria.

Además, al momento de ser consultada sobre su domicilio, aportó tres direcciones distintas, situación que para la fiscalía reflejó una “falta de arraigo”. Con estos elementos, la jueza Botana hizo lugar al pedido de prisión preventiva, al considerar la existencia de riesgos procesales.

A casi una semana de que la nena de 12 años que fuera internada en el Hospital Municipal de Bahía Blanca tras sufrir una intoxicación por drogas y alcohol, este viernes confirmaron que recibió el alta clínica. Mientras continúa la investigación de los hechos, la Justicia fijó una orden de restricción contra el padre de la menor.

Pese a que no trascendieron detalles del cuadro que enfrentó la menor de edad, indicaron que se encontraba apta para regresar a su hogar. “En el transcurso del día, tras la aceptación judicial, dejaría las instalaciones”, informó el juez de Garantías N° 2, Guillermo Mércuri.

Con motivo del regreso de la adolescente a su entorno habitual, el magistrado dictó una orden de restricción que impide a su padre acercarse a ella durante cuatro meses. La medida había sido solicitada por la titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3 (UFIJ 3), Agustina Olguín, en la cual se estableció una prohibición de acercamiento a menos de 100 metros.

“La prohibición abarca a los domicilios donde residen los menores, los establecimientos educativos y todos los lugares donde concurren de manera habitual el contacto telefónico, por redes sociales o cualquier otro tipo de comunicación”, indicaron en la resolución judicial.

La restricción contra el hombre también se extenderá hacia el hermano de 7 años de la menor. Sobre todo, desde que el jueves pasado se descubrió que en su mochila había una cuchara con un polvo blanco que correspondería a residuos de cocaína. El hecho fue denunciado por la directora de la escuela a la que asiste, por lo que las autoridades judiciales resolvieron sumar este episodio a la investigación principal.

Según la información publicada por La Nueva, la medida aplicada por el juez Mércuri busca “salvaguardar la integridad física y psíquica de la menor”. Al igual que la de su hermano, debido a que consideraron que ambos se encontrarían en una situación de vulnerabilidad.

Al mismo tiempo, el Servicio Local de Protección de Derechos del municipio intervino formalmente en el caso para coordinar acciones de seguimiento y acompañamiento, en articulación con el Juzgado de Familia, las fiscalías N° 3 y 19 continúan la recolección de elementos probatorios vinculados a la intoxicación y al contexto familiar.

El caso

La madrugada del domingo pasado, la nena fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal de Bahía Blanca tras descompensarse en un departamento céntrico, donde se encontraba con otras dos menores y cuatro adultos, entre ellos su padre. Según informó La Brújula 24, los exámenes toxicológicos confirmaron presencia de cocaína, marihuana y alcohol en el organismo de la adolescente.

El caso, que quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 3, especializada en violencia de género y delitos sexuales, y de la UFI N° 19, dedicada a estupefacientes, se encuentra en investigación. La fiscal Agustina Olguín explicó en conferencia de prensa que la nena no manifestó situaciones de abuso sexual ante médicos ni familiares. Un médico de Policía Científica la examinó y tampoco detectó lesiones compatibles con ese tipo de delito.

De la misma manera, los investigadores confirmaron que la menor no reside en el domicilio donde fue hallada intoxicada. El departamento pertenecería a uno de los adultos presentes y, de acuerdo con el testimonio de la madre, fue la primera vez que la niña visitó ese lugar. También se conoció que los padres de la adolescente están separados y, durante el fin de semana, ella debía permanecer con su padre, quien compartía la velada con el padre de las otras niñas.

No obstante, un dato que llamó la atención de los fiscales fue el hallazgo de dinero en la ropa interior de la menor, motivo por el que se profundizan las diligencias para conocer el origen de ese monto y su posible relación con el contexto en que ocurrieron los hechos. Además, según consignó La Brújula 24, el padre de la niña salió de la cárcel la semana pasada, por lo que la fiscalía solicitó informes sobre sus antecedentes.

Por el momento, las autoridades se encuentran a la espera de los resultados de las pericias médicas, análisis psicológicos y la recolección de testimonios, incluido el de la joven, que será recabado en una Cámara Gesell. Los adultos y menores que estaban presentes la noche del hecho ya están identificados y serán citados por la justicia. Así, las actuaciones avanzan en distintas líneas para determinar responsabilidades y eventuales delitos conexos.

El teléfono de Lautaro N., uno de los detenidos en marzo pasado en el operativo de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (CIOPE) en el que se halló enterrado un arsenal de la presunta banda narco Los Menores en un terreno de la ciudad de Roldán, fue la punta del ovillo para una acusación que se llevó a cabo este viernes en Rosario por venta de droga y lavado narco.

Desde la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Rosario de Santiago Alberdi y Gonzalo Ruggeri se solicitaron 18 allanamientos que se hicieron este jueves por la CIOPE y la Tropa de Operaciones Especiales en distintas zonas de Rosario, entre las que se encuentran propiedades ubicadas en barrios acomodados como Puerto Norte, un condominio de barrio Refinería o en un departamento de barrio Martin, en el centro.

Todos los procedimientos fueron por el hallazgo de información en el teléfono de Lautaro N., uno de los imputados de Los Menores, quien fue arrestado a comienzos de marzo en María Teresa al 700 tras la incautación de dos tanques en los que se encontraban dos fusiles –uno de fabricación china, el Tipo 56, y otro estadounidense, marca Colt– calibre 5,56 × 45 milímetros OTAN, dos carabinas (una con apariencia de fusil de asalto), un revólver 357 –Mágnum– y cinco pistolas nueve milímetros. Distintos investigadores atribuyeron dicho poder de fuego al recluso Lisandro “Limón” Contreras, uno de los presuntos cabecillas de Los Menores.

En los operativos de este jueves se incautaron 1,4 kilos de cocaína, tres gramos de marihuana, 141 pastillas de éxtasis, 1,3 gramos de dimetoxianfetamina, 672 mil pesos, una Dodge RAM 1500 blanca, un Volkswagen New Beetle negro, catorce celulares, una notebook, siete balanzas, una prensa hidráulica y un cargador con cartuchos calibre .32 S&W. Allí, fueron detenidos Héctor Daniel P., César Adrián C. y Mauricio Iván V.

En tanto, Tamara F., pareja de “Limón” Contreras, fue allanada en el barrio Martin, donde se le entregó una notificación para la audiencia de acusación de este viernes. No fue detenida debido a que se encuentra al cuidado de un bebé.

Para los fiscales Alberdi y Ruggeri, la adquisición de la Dodge RAM en 66.150.000 pesos fue una maniobra de lavado narco pensada por Lautaro N. en coordinación con otros presuntos miembros de la banda. Fue el ahora detenido César C. quien ofició de testaferro a cambio de unos 300 mil pesos para figurar como titular de la camioneta que estaba abandonada desde febrero pasado, y hasta con un neumático pinchado, en la cochera pública del coqueto barrio de Puerto Norte.

Casualmente, la llave de la Dodge RAM y los papeles fueron incautados en el departamento de Tamara F., novia del presunto cabecilla de Los Menores.

La evidencia y los secuestros en los allanamientos valieron una imputación por tráfico de estupefacientes para Lautaro N. –que suma una segunda causa junto con la provincial por las armas–, Héctor P. y César C. En tanto, a Mauricio V. por tenencia con fines de comercialización.

La operación de lavado de activos, por su parte, fue únicamente atribuida a Lautaro N., César C. y Tamara F.

Salvo la mujer, que quedó con medidas alternativas a la prisión preventiva por estar al cuidado de un bebé, los otros cuatro quedaron presos por resolución del juez de Garantías Román Lanzón.

El ministerio del Interior ha abonado ya 450.000 euros a familiares de guardias civiles que han fallecido o han resultado malheridos en su lucha contra el narcotráfico. Y tendrá que desembolsar otros 300.000 euros más como indemnización a los familiares de los dos agentes que murieron el pasado 8 de mayo tras colisionar dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Comandancia de Huelva cuando perseguían a una narcolancha. Es decir, 750.000 euros. Cantidad que subirá porque este último suceso en Huelva dejó además dos guardias heridos de distinta gravedad.

Estos datos vienen reflejados en los pliegos de condiciones del nuevo contrato que Interior quiere adjudicar para poder contar con una póliza de seguros que cubra los accidentes en actos de servicio de los agentes del Servicio Marítimo de la Benemérita, la punta de lanza de la lucha contra los narcos en alta mar. El seguro también cubrirá la responsabilidad civil de los siniestros que sufran o provoquen las embarcaciones del Cuerpo y el trabajo de los agentes destinados en comisión de servicio en Mauritania y Senegal, en este caso en labores de control de inmigración irregular. Interior está dispuesto a pagar 1.434.000 euros al año por este aseguramiento.

El problema es que las cantidades que recibirán los guardias que resulten malheridos o fallecidos no han mejorado en relación con el anterior contrato, y eso que el último informe elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno, con aportaciones de 17 ministerios y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), deja claro que “los narcotraficantes no dudan en embestir vehículos terrestres y embarcaciones cuando perciben riesgo de interceptación o pérdida de la droga, evidenciando una mayor agresividad hacia los agentes”. El documento subraya “una mayor capacidad ofensiva”, incluido el “uso de armas de guerra”, por parte de los narcos, que son capaces de poner en el mar en un solo año “más de 600 embarcaciones tipo ‘go-fast’ [lanchas rápidas], sospechosas de llevar a cabo operaciones de narcotráfico” en las costas españolas, principalmente en el Estrecho de Gibraltar". Es decir, los narcos son más violentos pero las indemnizaciones que pueden recibir los guardias y sus familias no mejoran.

“Los narcotraficantes no dudan en embestir vehículos terrestres y embarcaciones cuando perciben riesgo de interceptación o pérdida de la droga, evidenciando una mayor agresividad hacia los agentes”, advierte Seguridad Nacional. El informe subraya “una mayor capacidad ofensiva”, incluido el “uso de armas de guerra”, por parte de los narcos y recuerda la muerte el año pasado de un agente de la Gendarmería portuguesa al ser embestida su embarcación por una narcolancha en el río Guadiana. El contrato de la nueva póliza de seguros señala que, desde 2022, se han tenido que abonar tres indemnizaciones de 150.000 euros cada una por “accidentes” sufridos por agentes del Servicio Marítimo.

Los dos compañeros de Barbate

La póliza califica de “accidente” el asesinato de dos guardias civiles en febrero de 2024 en el puerto de Barbate (Cádiz), cuando una lancha pilotada por narcos pasó por encima de la embarcación en la que iban los operativos del Servicio Marítimo. Si un guardia civil muere en acto de servicio, su familia seguirá recibiendo 150.000 euros. Quedar malherido conlleva una indemnización de 150.000 euros por gran invalidez, de 150.000 euros por incapacidad permanente absoluta y de 100.000 euros por incapacidad permanente total.

El seguro protegerá a las 397 embarcaciones que actualmente están operativas en el Servicio Marítimo y a todas sus dotaciones. “Constituirán área de navegación, a los efectos del presente contrato de seguro, las aguas jurisdiccionales de España, restantes países europeos, así como del norte y centro de África, aguas internacionales y cualquier vía autorizada a la navegación (ríos, lagos, estanques, pantanos) o vías inusuales, en casos excepcionales, como desbordamientos de ríos, avenidas u otras zonas que por razón de su actividad en auxilios o rescates sea necesario su utilización.

También se incluirán las aguas jurisdiccionales de terceros países, cuando se presten servicios análogos, y/o de cooperación, en misiones internacionales”, señala el pliego de condiciones. La Guardia Civil recuerda que desde 2022 el seguro contratado ha tenido que pagar también 31.800 euros por daños a 7 embarcaciones ajenas al Cuerpo y 211.000 euros por 12 accidentes sufridos por barcos del Servicio Marítimo del Cuerpo.

En caso de fallecimiento, los beneficiarios serán, por orden preferente, el cónyuge no separado legalmente y cada hijo del asegurado, por partes iguales. Luego siguen los padres y otros herederos legales. Como algunos de los agentes asegurados trabajan en embarcaciones destinadas en países africanos, el pliego deja claro que la póliza no cubrirá “cualquier daño, responsabilidad, reclamación, gasto causado, derivado, resultante, que pueda formar parte o que tenga algún tipo de vinculación, ya sea directa o indirecta, con algún tipo de enfermedad contagiosa o bien el temor o amenaza (real o percibida) de una enfermedad contagiosa”. Tampoco cubre daños causados por contaminación radioactiva, química, biológica, bioquímica y armas electromagnéticas”.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó este 14 de mayo que la definición de “comercio” relacionada con el narcomenudeo en la Ley General de Salud no criminaliza automáticamente la adquisición de narcóticos.

El Pleno de la SCJN resolvió el Amparo en Revisión 994/2023, tras revisar el caso de una persona sancionada por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, quien argumentó que el artículo 473, fracción I, vulnera derechos de consumidores al definir el comercio de narcóticos como venta, compra, adquisición o enajenación.

Al ratificar lo dictado por el juzgado de distrito, la SCJN sostuvo que el artículo impugnado solo especifica el alcance jurídico del término “comercio” dentro del marco legal.

De acuerdo con el comunicado de la SCJN, la disposición: “tiene como finalidad brindar certeza jurídica al definir con claridad el alcance semántico de un concepto utilizado por la propia ley penal, sin que ello implique criminalizar automáticamente cualquier acto de adquisición de narcóticos”.

Esta decisión se tomó ante el recurso de revisión presentado después de que un juzgado de distrito negara el amparo solicitado por la persona sancionada, quien cuestionaba la constitucionalidad de la definición legal.

La SCJN subrayó que la norma no impone sanción ni prohibición autónoma, sino que fija un marco interpretativo para juzgar delitos de narcomenudeo de acuerdo al sentido técnico de las palabras empleadas en la Ley General de Salud.

El Pleno de la Suprema Corte limita amparos contra embargos monetarios

La SCJN fijó un criterio obligatorio: el amparo indirecto no es procedente contra embargos de dinero derivados del cumplimiento de una sentencia definitiva. Así, quienes ya perdieron un juicio y enfrentan el embargo de sus recursos no pueden recurrir a esta vía legal para evitar el retiro de fondos.

Según informó la SCJN en su cuenta oficial de X, esta definición del Pleno, adoptada este 14 de mayo, busca asegurar el respeto a la cosa juzgada y evitar que se reabran litigios concluidos.

La decisión reforzó que el embargo constituye una consecuencia automática de una condena firme, no un acto nuevo susceptible de impugnación. En este caso, la SCJN resolvió la Contradicción de Criterios 23/2026.

SCJN declara inválidos artículos de la Ley de Salud de Morelos por ambigüedad en objeción de conciencia médica

El Pleno de la SCJN declaró inválidas diversas disposiciones de la Ley de Salud de Morelos el pasado 12 de mayo. El tribunal concluyó que la regulación de la objeción de conciencia médica carece de elementos claros y amenaza el derecho de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Esta resolución derivó de la Acción de Inconstitucionalidad 165/2023 y la acumulada 168/2023.

Dicho fallo estableció que la objeción de conciencia solo es válida cuando la ejerce una persona de manera individual, conforme a reglas precisas y siempre garantizando la continuidad de la atención médica. El Congreso de Morelos está obligado a reformar su legislación en un plazo de 90 días, implementando los parámetros definidos por la SCJN.

La investigación sobre la intoxicación de una nena de 12 años en Bahía Blanca sumó un nuevo episodio cuando encontraron restos de cocaína en la mochila de su hermano menor, de 7 años, en una escuela de la ciudad.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, el hallazgo se produjo durante la mañana de este jueves, en medio de la causa que ya venía avanzando por la intoxicación de la adolescente.

La directora de la institución escolar encontró una cuchara con un polvo blanco entre las pertenencias del niño. Una pericia confirmó que se trataba de cocaína y la directora realizó la denuncia ante la comisaría.

El menor fue entregado a su madre y la cuchara quedó bajo resguardo para la Justicia. La causa por este episodio se unificó con la investigación principal.

Todo comenzó el domingo a la madrugada, cuando la nena de 12 años fue internada en el hospital Municipal de Bahía Blanca tras descompensarse en un departamento céntrico, donde estaban también otras dos menores, de 11 y 6 años, y cuatro adultos, entre ellos su padre.

La adolescente presentaba síntomas de haber convulsionado. Por ese motivo, el personal médico resolvió su traslado al hospital. Posteriormente, los exámenes toxicológicos confirmaron que tenía cocaína, marihuana y alcohol en el organismo.

Otro dato que llamó la atención de los investigadores fue que ella tenía dinero en la ropa interior.

En la investigación intervienen dos fiscales: por un lado, Agustina Olguín, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº3 especializada en violencia de género y delitos sexuales; y por el otro Mauricio Del Cero, titular de la UFI N°19 especializada en la temática de estupefacientes.

Esta mañana, Olguín explicó en conferencia de prensa que “la niña hasta ahora ni a los médicos ni a sus familiares les ha manifestado ninguna situación de abuso sexual”. Un médico de Policía Científica la revisó y tampoco detectó ningún signo o lesión compatible con un abuso.

De todos modos, se espera obtener la declaración de la menor en Cámara Gesell, además de otras pericias médicas y psicológicas. La adolescente por lo pronto seguía internada bajo observación y en principio iba a recibir el alta médica este jueves, acompañada por su madre y su abuela.

Más detalles de la causa

La fiscal dio otras precisiones en la investigación. La adolescente no vive en el domicilio donde fue hallada intoxicada. Ese departamento pertenece a uno de los adultos presentes. Según relató la madre, era la primera vez que la nena iba a ese lugar.

Los padres están separados y el fin de semana le tocaba a la víctima estar con su papá. Esa noche compartía una cena con las otras dos menores, amigas suyas.

Todos los adultos y menores presentes están identificados. El padre de las otras chicas es amigo del progenitor de la adolescente intoxicada.

El Servicio Local de Promoción de Derechos del Niño interviene en el caso y la madre de la menor pidió una restricción de acercamiento para el padre hacia la nena.

Hay un dato más que salió a la luz en las últimas horas y se está determinando su interés para el expediente: según contó la fiscal a La Brújula 24, el padre de la nena salió de la cárcel la semana pasada y aún se espera el informe de antecedentes.

Una grave denuncia por presunta intoxicación con drogas y alcohol a una nena de 12 años en Bahía Blanca es investigada por la fiscal Agustina Olguín, responsable de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 3, especializada en violencia de género y delitos sexuales, luego de que fuera atendida en el Hospital Municipal por un cuadro de convulsiones.

Los hechos se habrían producido en la madrugada del domingo anterior y fueron reportados por un médico pediatra de la institución, donde la menor continúa internada. Según confirmaron fuentes de la Fiscalía, el personal sanitario detectó que la paciente habría ingerido cocaína, marihuana y bebidas alcohólicas, lo que habría provocado las convulsiones por las que fue atendida inicialmente.

Tras conocerse los resultados de los estudios que le practicaron, se motivó el inicio inmediato de la investigación judicial y la intervención de la fiscalía especializada. El caso fue calificado como de extrema gravedad debido a la edad de la víctima y las sustancias involucradas.

Al recibir la alerta sanitaria, el personal del 911 acudió al departamento ubicado en el macrocentro, donde rescataron a la menor el día del hecho. Según la información publicada por La Nueva, en el lugar se encontraban cuatro hombres adultos y otras dos niñas, presuntamente también menores de edad. Estos datos elevaron el nivel de preocupación de las autoridades respecto a la situación encontrada en la vivienda.

Hasta el momento, la nena permanecería internada bajo observación y resguardo, mientras se toman testimonios y se buscan determinar las responsabilidades penales de los adultos presentes en el domicilio. Incluso, la Fiscalía evaluaría la posible imputación de delitos graves vinculados a la integridad y el bienestar de menores, a partir de los elementos recolectados en la pesquisa inicial.

De la misma manera, las autoridades se concentraron en esclarecer la secuencia de los hechos, identificar el vínculo entre los presentes y establecer si existieron antecedentes de situaciones similares en el mismo entorno.

La semana pasada, una nena de 12 años fue hospitalizada de urgencia en el Hospital de Niños Zona Norte de Rosario, después de que su hermana la encontrara desmayada en la casa de su abuela, con signos de haber sido víctima de abuso sexual.

Tras abrirse una investigación por el caso, las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que la menor fue devuelta al domicilio en una camioneta blanca por un grupo de cuatro mujeres y un hombre, quienes la acompañaron hasta el patio delantero, mientras el hombre permanecía en el vehículo.

El hecho ocurrió el domingo 3 de mayo por la tarde en el barrio Fisherton. Según el primer parte médico, la niña presentaba lesiones internas graves compatibles con abuso sexual y una hemorragia importante en la zona inguinal, lo que llevó a los profesionales a considerar una transfusión de sangre.

Según relató la madre de la víctima al portal La Capital de Rosario, la menor había salido de su vivienda, ubicada en José Ingenieros al 8400, con la intención de visitar a una amiga, pero en el trayecto se sintió mal y fue asistida por una pareja.

En línea con esto, la madre explicó que la nena habría sido llevada a una capilla por la pareja que la asistió, aunque se desconoce lo que ocurrió en ese lugar. El grupo que la devolvió, según muestran las imágenes de las cámaras de la zona, no ingresó a la vivienda y se retiró poco después de dejarla. Asimismo, la menor aseguró no poder recordar lo sucedido.

La fiscal Mariángeles Lagar está a cargo de la investigación, pero hasta el momento no fue posible esclarecer de manera precisa lo ocurrido durante las horas en las que la menor estuvo ausente. El organismo judicial continúa tomando declaraciones y analizando pruebas para reconstruir los hechos.

Por ahora, no se identificaron a los responsables del presunto abuso ni se pudo determinar el recorrido exacto que realizó la menor desde que fue asistida en la vía pública hasta que fue hallada en estado crítico.

Una mujer de 63 años fue detenida en La República al 7600, a menos de diez cuadras del domicilio donde reside la víctima. Sin embargo, tras las primeras medidas y su identificación por parte de la policía, la Justicia dispuso su liberación al no contar con elementos suficientes para imputarla por el hecho denunciado.

Actualmente, la investigación continúa bajo secreto de sumario y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó que se seguirán tomando testimonios y recolectando pruebas para determinar con precisión cómo sucedieron los hechos y quiénes pueden ser los responsables.

A partir de una denuncia anónima, la Policía Federal dio comienzo a una investigación que terminó con una mujer y su hija detenidas, acusadas de la venta de droga en distintas ciudades de la provincia de Mendoza.

Las autoridades de la Sede Fiscal Descentralizada de San Rafael constataron que la mayor de las imputadas cumplía con una condena desde su casa, desde donde comercializaba la droga que su hija se encargaba de proveerle.

Ambas fueron señaladas por integrar una red de narcomenudeo, según informó el portal Los Andes. Tras la notificación, el fiscal ordenó a la brigada de investigaciones de la Federal en el sur provincial que desplegara tareas de inteligencia para identificar los movimientos de las sospechosas.

A lo largo de los días, los efectivos reunieron elementos que permitieron reconstruir el modus operandi de la organización. La hija, residente en Godoy Cruz, abastecía no solo a su madre en Malargüe, sino también a otros puntos de venta al menudeo.

Los datos aportados que dieron origen a la denuncia indicaban la existencia de una estructura de transporte y comercialización de estupefacientes en la que participaban ambas mujeres. El avance de la investigación ocurrió el fin de semana cuando, a partir de la información recabada, el juez Eduardo Puigdéngolas autorizó la realización de seis allanamientos simultáneos: cinco en Malargüe y uno en Godoy Cruz. El procedimiento contó con la coordinación de la Unidad San Rafael de la Policía Federal y el apoyo de delegaciones de San Luis y San Juan, la División Apoyo Operativo Táctico Cuyo y la intervención de un perro detector.

En el procedimiento se secuestraron casi medio kilo de cocaína, parte en trozos y parte fraccionada, así como marihuana en pequeña cantidad y una suma superior al millón de pesos.

En cuanto a la madre, los investigadores supieron que se encontraba cumpliendo un arresto domiciliario por una causa previa también vinculada a la venta de estupefacientes. Esta situación fue considerada un agravante en el expediente, dado que la mujer habría reincidido en el delito pese a encontrarse bajo una medida restrictiva de la libertad.

En las últimas horas, el magistrado dictó la prisión preventiva para ambas mujeres aunque a la convicta se le revocó el beneficio de la prisión domiciliaria por incumplimiento de las condiciones impuestas en la causa anterior y se dispuso su traslado inmediato a la Unidad 32, el Centro de Detención Judicial de Mendoza. En cambio la hija sí fue beneficiada con la domiciliaria debido a que tiene a su cargo un menor de edad.

Cayó una familia que vendía drogas en las inmediaciones de una escuela y jardín

Una familia dedicada a la venta de drogas en Córdoba, quedó detenida durante un operativo coordinado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). La banda realizaba sus actividades ilícitas a metros de una escuela y de un jardín de infantes, lo que generó alarma en la comunidad y motivó la intervención judicial.

Los procedimientos incluyeron allanamientos en cuatro viviendas ubicadas en Corrientes al 900, Colón s/n, Catamarca al 800 y Defensa s/n. Allí, la FPA detuvo a seis personas, tres hombres y tres mujeres, todos adultos y con antecedentes vinculados al comercio de estupefacientes. Además, se procedió al cierre de los cuatro puntos de venta y al secuestro de un arma de fuego calibre .32, dos vehículos que serían utilizados para el reparto de drogas y otros elementos probatorios relevantes para la causa.

La investigación, que se extendió durante diez meses, permitió a los efectivos identificar la estructura interna de la banda, las rutas de distribución y la modalidad de entrega a domicilio. Según señalaron fuentes policiales, los integrantes de la organización familiar compartían roles tanto en la custodia de la mercancía como en las ventas y la coordinación de las entregas fuera de los domicilios.

El operativo contó con la supervisión de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de Marcos Juárez. Tras las detenciones, los seis aprehendidos fueron trasladados a la sede judicial, donde quedaron imputados por el delito de comercialización de estupefacientes agravada conforme a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Unas 16 condenas que van desde los 64 a los 92 meses de prisión logró la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía de Delitos Relacionados con Drogas de Panamá Oeste.

Este resultado corresponde a las audiencias de las personas aprehendidas mediante la operación “Bloqueo”, realizada en los distritos de Arraiján y La Chorrera, al oeste de la ciudad capital.

Además de las condenas, la entidad de justicia informó que se ejecutaron cinco medidas de detención provisional y la aplicación de una medida cautelar de depósito domiciliario, además de una de reporte periódico, por delitos de venta de drogas y posesión agravada de sustancias ilícitas.

A los sentenciados se les impuso como pena accesoria el comiso de $665, vinculados presuntamente con las actividades ilícitas investigadas y la inhabilitación de funciones públicas.

Durante la operación “Bloqueo” se realizaron 19 operaciones de compra controlada de droga y 11 allanamientos, en lugares como Nuevo Chorrillo, Barriada 2000, Cerro Silvestre, Burunga, 7 de Septiembre, Bella Vista, Vacamonte, calle El Pescado y Playa Chiquita, logrando la aprehensión de estas personas, al igual que la incautación de una gran cantidad de sustancias ilícitas, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos.

La institución también informó que inició las investigaciones por el delito contra la vida e integridad personal, luego de que se iniciara la búsqueda de restos humanos semienterrados en un área boscosa de la provincia de Colón.

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala, después de una intensa búsqueda se localizaron restos humanos en el límite entre el corregimiento de Cativá y el residencial Altos de Los Lagos, en la costa atlántica.

En otro caso, por el delito de violación agravada fue detenido provisionalmente un ciudadano de 47 años de edad estará detenido provisionalmente.

Esto, luego de que la Procuraduría General de la Nación a través de su Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual y Violencia de Género de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala demostrara ante el Juzgado de Garantías la vinculación del individuo a un caso registrado en esa región.

Durante el desarrollo de la audiencia, la Fiscalía solicitó al Tribunal de Garantías la legalización de la aprehensión y formulación de imputación contra este hombre, solicitudes que fueron admitidas.

Este hecho ocurrió este 30 de abril del 2026, en el corregimiento de Barrio Sur, de la ciudad de Colón, cuando el imputado abusó sexualmente de un menor de 5 años de edad. El sujeto fue aprehendido en flagrancia por unidades de la Policía Nacional.

En otro acto delictivo en Panamá Oeste la Fiscalía Regional logró que un hombre de 66 años de edad fuera detenido provisionalmente, acusado del delito de actos libidinosos, en perjuicio de una menor de 4 años de edad.

La Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual de esa región del país presentó los elementos de convicción, logrando que el Juzgado de Garantías considerara los riesgos procesales, de peligro de afectación de medios pruebas, por la naturaleza del hecho y el peligro de atentar contra la víctima y sus familiares, lo que permitió la aplicación de la medida cautelar más severa y proporcional al hecho cometido.

El caso ocurrió este 9 de mayo de 2026, en el distrito de La Chorrera, al oeste de la ciudad capital, cuando el hombre, quien es vecino de la víctima, aprovechándose de la confianza cometió el repudiable hecho punible.

Una mujer de 42 años fue capturada por la Policía Nacional cuando intentaba ingresar marihuana y cocaína ocultas en sus zapatos a la estación de Policía del municipio de La Paz, Cesar. El hecho se registró durante una jornada de visitas a personas privadas de la libertad en las instalaciones ubicadas en el barrio Jorge Eliécer Gaitán.

Durante el procedimiento, una patrullera notó comportamientos sospechosos en la visitante y decidió inspeccionar cuidadosamente su calzado. En su interior, hallaron varias dosis de sustancias ilícitas que, según informaron las autoridades, tenían como destino a un detenido recluido en esa sede policial.

Estrategias de control y procedimientos institucionales

La Policía Metropolitana de Valledupar señaló el miércoles 13 de mayo de 2026 que estos controles forman parte de las estrategias para evitar el ingreso de elementos prohibidos en estaciones y centros de detención, teniendo en cuenta que la presencia de estupefacientes suele generar conflictos, riñas y problemas de convivencia interna.

Ante esta situación se pronunció el comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Germán Alexander Gómez Aranguren, que explicó que los operativos de verificación son permanentes y se desarrollan bajo estrictos protocolos institucionales para garantizar la seguridad y el respeto por los derechos humanos, tanto de las personas privadas de la libertad como de sus familiares.

Consecuencias legales y acciones posteriores

Tras el hallazgo de los estupefacientes, la mujer fue detenida por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los uniformados se encargaron de leerle sus derechos y fue puesta a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación judicial en las próximas horas.

En cuanto a las sustancias incautadas, las autoridades locales informaron que quedaron bajo cadena de custodia como material probatorio para la investigación que se abrió en contra de la mujer involucrada y el interno para verificar el objetivo de este hecho que fue ampliamente rechazado por la institución.

Debido a la gravedad del caso, la Policía Nacional reiteró que continuará reforzando los controles en estaciones y centros de detención en todo el área metropolitana, con el objetivo de prevenir conductas delictivas y preservar la seguridad institucional.

Cabe mencionar que este no es el único avance relacionado con el tráfico de drogas en el norte del país, puesto que los uniformados continúan trabajando para evitar que las organizaciones dedicadas a su elaboración y distribución continúen afectando la salud de los consumidores e incrementando la inseguridad.

En la tarde del 13 de mayo, la Fiscalía General de la Nación confirmó que una fiscal de las Estructuras de Apoyo (EDA) de la Seccional Córdoba logró la judicialización de Sindy María Hurtado Arango por su presunta implicación en tráfico, fabricación o porte de estupefacientes afectando la seguridad en varios municipios de Córdoba.

Desde septiembre de 2024, según determinó la investigación de las EDA, la mujer señalada como responsable por este delito habría coordinado la distribución de marihuana y cocaína en puntos fijos y a domicilio. Del mismo modo, el reporte oficial indica que los hechos ocurrieron en los barrios Juan Carlos y Villa Helia de San Andrés de Sotavento, así como en Belén de Tuchín y Villa Fátima de Chinú.

La información entregada por el ente judicial confirmó que las interceptaciones de comunicaciones, seguimientos a personas y objetos, además de entrevistas y testimonios, fueron algunas de las diligencias de policía judicial que sustentaron la imputación de cargos.

Según el Código Penal, el ingreso, tránsito, transporte, almacenamiento, elaboración, venta, adquisición o suministro de sustancias estupefacientes, sicotrópicas o drogas sintéticas, sin el permiso de la autoridad competente conlleva una pena de prisión de 128 a 360 meses y multa de 1.334 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Gendarmería Nacional allanó en la madrugada de este miércoles seis domicilios de Roldán y Melincué por la investigación llevada a cabo sobre la organización detrás de los 321 kilos de cocaína que aterrizaron en un Cessna 210 este martes en una pista clandestina de Villa Eloísa. Después de los procedimientos, la Justicia federal de Rosario emitió una orden de captura de Santiago Emanuel Borras y Juan Cruz Borras, quienes están investigados por la Procunar por traer cargamentos de droga desde Bolivia.

A Juan Cruz Borras lo buscaron en La Pampa al 600 y a Santiago en Rioja al 700, direcciones que se encuentran en Roldán. Casualmente, Santiago allí cumplía arresto domiciliario por una condena a 4 años de prisión.

Según supo Infobae, el ahora prófugo convivía con su madre y su abuela, de 63 y 88 años de edad, respectivamente, y recibía cotidianamente a sus hijos, de 15 y 10 años de edad. Había sido condenado en agosto de 2019 por transportar 2,1 kilogramos de marihuana en la provincia de Santa Fe.

El planteo central del Ministerio Público Fiscal en ese entonces fue que Santiago Borras junto a una acompañante -que resultó absuelta- trasladaban marihuana en un auto alquilado por la Ruta Nacional 33. Al ser interceptados por un control vehicular, los agentes hallaron en el baúl una caja de zapatos color rosa, con un fuerte olor a marihuana.

La fiscalía señaló que dentro de la caja había cuatro paquetes con 2.105 gramos de marihuana, y que además se secuestró una balanza de mano —con restos de droga—, una cámara fotográfica y un celular LG en el auto. A partir de los mensajes en el teléfono de Borras , la acusación dijo que Borras traficaba no solo para consumo, sino para venta y distribución.

Según los informes de la Justicia al momento de la condena, Santiago Borras había dicho que sus ingresos económicos provenían del lavadero de autos de su familia, que funcionaba al lado de su casa.

Ahora Santiago y su hermano Juan Cruz son buscados como principales sospechosos en el caso del avión que trasladaba 300 ladrillos de cocaína, divididos en diez bultos color rosa y verde. El vehículo tenía una patente apócrifa y la droga, a su vez, tenía el llamativo logo de los New York Yankees.

La investigación sobre la presunta estructura encabezada por los hermanos Borras lleva meses y se conecta con el hallazgo de un Cessna 210 que fue encontrado accidentado el pasado 11 de noviembre en un camino rural en jurisdicción de Arequito, a unos 40 kilómetros de Villa Eloísa. En el avión fue incautado un bulto envuelto de lona verde en el que había unos 60 kilos de cocaína. Se infiere que el grueso de la carga había sido sacado.

En un primer momento, los investigadores creyeron que los 60 kilos de droga eran por una operación hecha por el jefe narco Brian Bilbao, quien fue detenido casualmente en noviembre del año pasado en Exaltación de la Cruz con una gran cantidad de cocaína. Sin embargo, con el avance de las distintas medidas, lograron establecer que el cargamento era de los hermanos Borras.

Un dato llamó la atención del operativo de este martes. Gendarmería no usó helicópteros para la persecución de los narcos porque, según indicaron a Infobae, no cuentan con presupuesto para combustible y mantenimiento. A eso se agrega que uno de los móviles federales que participó en el seguimiento a los prófugos tenía dañado un neumático y la rueda auxiliar estaba pinchada.

Antecedente reciente

Es la segunda semana consecutiva que se detecta una aeronave que baja con estupefacientes en Santa Fe, ya que la semana pasada ocurrió un operativo similar en Vera, en el norte, donde se incautaron 442 kilos de esa sustancia.

Hasta el momento hay dos detenidos. Son dos hombres de nacionalidad boliviana que se cree que eran el piloto y copiloto de la aeronave. Ambos fueron encontrados por la fuerza de seguridad en el operativo cerrojo hecho sobre el sector en el que bajó el avión. Uno de ellos fue identificado como Yamil Silvestre Z. N. (50), mientras que el otro no poseía documentación. Los dos no tenían ingreso registrado al país, por lo que se infiere que lo hicieron en el vuelo irregular.

En tanto, el cabo de Gendarmería que fue embestido por uno de los vehículos de los delincuentes fue trasladado desde un centro de salud de Cañada de Gómez hacia el sanatorio Laprida de Rosario. Tiene una lesión en el cráneo.

Marlaska ha trasladado sus condolencias a las familias de los agentes fallecidos, Germán y Jerónimo, y ha asegurado compartir el dolor provocado por la tragedia. “Comprendo, entiendo vuestro dolor, vuestra rabia. Nada puede compensar la muerte en acto de servicio de Germán y de Jerónimo. Y lo entiendo porque yo también estoy dolido, permitidme, estoy rabioso”, ha afirmado el titular de Interior antes de ser interrumpido por un prolongado abucheo de parte de los asistentes.

Los silbidos y gritos se ha prolongado durante cerca de ocho segundos, según ha podido apreciarse durante el acto, obligando a la organización a intervenir por megafonía para reclamar “respeto y la debida compostura, a las instituciones y a los alumnos en formación”. Los abucheos procedían tanto de la zona reservada para agentes como de la grada ocupada por familiares y asistentes a la ceremonia.

Pese al clima de tensión, el ministro ha continuado con su intervención y ha defendido que la lucha contra el narcotráfico sigue siendo una “prioridad” para el Gobierno. Marlaska ha insistido en que el Ejecutivo mantiene su compromiso frente al crimen organizado y ha sostenido que el Estado dispone de “todos los instrumentos legales” necesarios para combatir tanto el narcotráfico como otras amenazas a la seguridad.

Malestar por el funeral

El acto celebrado en Baeza se ha producido tras la ausencia de miembros del Gobierno en el funeral de los dos guardias civiles fallecidos. Ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni ningún ministro acudieron a las exequias, una circunstancia que provocó críticas desde asociaciones de la Guardia Civil y desde distintos partidos de la oposición.

La representación institucional del Ejecutivo recayó en la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, además de la directora general de la Guardia Civil y del delegado del Gobierno en Andalucía. Sin embargo, la ausencia de Grande-Marlaska alimentó el malestar entre numerosos agentes y familiares, que interpretaron la decisión como una falta de respaldo político en un momento especialmente sensible para el cuerpo.

El propio ministro justificó posteriormente su ausencia alegando que debía permanecer al frente de la coordinación de la respuesta ante una emergencia sanitaria relacionada con el hantavirus. Según explicó ante los periodistas tras el acto en Baeza, la Organización Mundial de la Salud había solicitado su presencia directa para supervisar el dispositivo activado en España.

“Muchas veces se olvida que estuvo la secretaria de Estado de Seguridad, quien es el mando directo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional”, señaló Marlaska, que defendió que el Ministerio del Interior estuvo “representado a las más altas instancias”.

La polémica aumentó todavía más tras las declaraciones realizadas esta semana por la candidata socialista en Andalucía, María Jesús Montero, durante un debate electoral. Montero calificó inicialmente la muerte de los agentes como un “accidente laboral”, unas palabras que desencadenaron una oleada de críticas desde asociaciones profesionales de la Guardia Civil y desde la oposición política.

Horas después, y ante el rechazo generado por sus declaraciones, la dirigente socialista rectificó mediante un mensaje publicado en la red social X. En él trasladó su “respeto y cariño” a las familias y compañeros de los agentes y reconoció que se trataba de “muertes en acto de servicio”.

La tragedia en Huelva

Los hechos ocurrieron el pasado viernes, alrededor de las 11.00 horas, a unas 80 millas náuticas de la costa de Huelva. Dos embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil participaban en un operativo contra organizaciones dedicadas al narcotráfico cuando iniciaron la persecución de una narcolancha en alta mar.

Durante la operación, y por causas que todavía se investigan, las dos patrulleras de la Guardia Civil colisionaron entre sí, provocando un fuerte impacto. Dos agentes fallecieron como consecuencia del choque: uno de ellos murió en el acto y el segundo perdió la vida mientras era trasladado al hospital. Otros dos guardias civiles resultaron heridos de diversa consideración y continúan recibiendo atención médica.

La Guardia Civil activó inmediatamente el protocolo de apoyo a familiares y compañeros de las víctimas, mientras prosiguen las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del accidente.

Durante su intervención en Baeza, Marlaska ha querido subrayar que el Gobierno no se siente “impotente” ante el narcotráfico y ha reinvidicado el trabajo desarrollado durante años contra el crimen organizado. “Durante muchos años hemos hecho frente con los instrumentos legales al terrorismo, al narcotráfico, y lo seguiremos haciendo con todos los mecanismos legales precisos”, ha afirmado.

El ministro también ha destacado la cooperación internacional en la lucha contra estas organizaciones criminales y ha citado operaciones recientes desarrolladas junto a otros países europeos y Estados Unidos. Entre ellas ha mencionado la operación Alfa-Lima y la Abisal, esta última saldada con la incautación de más de treinta toneladas de cocaína en un solo barco.

La promoción que este miércoles ha jurado bandera en Baeza está integrada por 2.882 alumnos, de los cuales 2.188 participaron en la ceremonia. Entre ellos figuran 785 mujeres y 97 alumnos nacidos fuera de España. Según ha destacado el Ministerio del Interior, más de un tercio de los futuros guardias civiles cuenta además con titulación universitaria.

La operación ocurrió en la vivienda familiar, donde el sujeto residía junto a su madre, una mujer de avanzada edad. Los efectivos ingresaron a la casa, tras labores de seguimiento y verificación, y hallaron la droga distribuida en empaques al vacío, lista para su comercialización, de acuerdo con información de Latina.

Las autoridades explicaron que el detenido es considerado el principal abastecedor de estupefacientes de la zona, con conexiones directas a redes de microcomercialización en varios sectores de San Juan de Lurigancho

La intervención comenzó con interrogatorios directos, en los que los agentes buscaron obtener respuestas claras sobre la actividad ilícita en el inmueble. “¿Usted tiene algo ilícito en su casa?”, preguntó uno de los policías, mientras Rivera Paniura negaba el hecho. Sin embargo, la evidencia encontrada en el lugar contrastó con sus declaraciones iniciales. Durante el registro, los uniformados también hallaron a la madre del detenido, quien se mostró sorprendida ante la situación.

En el desarrollo del operativo, Carlos Alcántara, jefe del Escuadrón Verde, brindó detalles sobre el hallazgo. El oficial informó que la marihuana incautada estaba lista para ser distribuida a microcomercializadores del distrito. Según su declaración, el empaque al vacío de la sustancia facilitaba el tráfico y la ocultación del producto en pequeñas cantidades, lo que dificultaba su rastreo por parte de las autoridades.

Rivera Paniura terminó por admitir su responsabilidad. “Me equivoqué”, reconoció ante los agentes, tras verse acorralado por la evidencia, según se escucha en el video. El historial delictivo del sujeto incluye antecedentes por tráfico ilícito de drogas en 2020 y 2023, así como una requisitoria por robo agravado en 2018. Estos datos refuerzan su perfil como un actor recurrente en el circuito ilegal de drogas de Lima Este.

La Policía también expresó preocupación por la implicancia de la madre del detenido en el caso. Durante la intervención, los agentes encontraron a la mujer dentro del inmueble y no descartaron que pudiera verse involucrada en el proceso penal, dado que la actividad ilícita se desarrollaba en su vivienda. Las autoridades subrayaron el impacto negativo que este tipo de delitos tiene no solo en la sociedad, sino también en el entorno familiar de los implicados.

El operativo concluyó con la detención de Rivera Paniura, quien fue trasladado a la División de Investigación Criminal (Depincri) de San Juan de Lurigancho para continuar con las diligencias correspondientes. Los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) incautaron la marihuana y pusieron en marcha una investigación orientada a identificar a otros posibles involucrados en la red de distribución.

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, reconoció este martes lo que llamó “colaboración sin precedentes” del gobierno de México en la lucha contra las drogas, sin embargo, exigió incrementar esfuerzos en la lucha antidrogas para que ellos no tengan que hacerlo.

En una comparecencia en la Cámara de Representantes, Hegseth fue cuestionado sobre la amenaza de los cárteles de la droga, incluyendo el uso de drones, que ha aumentado significativamente.

Ante esto, el secretario de Guerra estadounidense habló de la colaboración entre el Gobierno de México y el de Estados Unidos. “En México hemos tenido una colaboración sin precedentes. Y lo apreciamos. Llamamos a la Defensa y a la Marina a continuar, en la medida de lo posible, a seguir trabajando como socios y hacer más”, señaló.

Destacó que eso era lo que esperaba el gobierno de Estados Unidos del de México, “que den un paso adelante, para que nosotros no tengamos que hacerlo”.

El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, mantiene su presión sobre México para fortalecer la lucha antidrogas.

Apenas la semana pasada, Donald Trump hizo una advertencia, en la que señaló que si México no hacía su trabajo en el tema de seguridad, “nosotros lo haremos”. Días después dijo que en México, los cárteles de la droga gobernaban. “Nadie más lo hace”, insistió.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer acusaciones contra Rubén Rocha Moya, hoy gobernador de Sinaloa con licencia, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de alto nivel de esa entidad, por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas.

Todd Blanche, fiscal general interino, quien también ha reconocido el apoyo del gobierno mexicano, dijo que vendrían más acusaciones contra funcionarios, considerando la posibilidad de que varios de los líderes de los cárteles de las drogas que se encuentran detenidos en Estados Unidos, incluidos los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, Ovidio y Joaquín Guzmán, exlíderes de Los Chapitos, cooperen con la justicia estadounidense y les brinden información relevante.

El fútbol italiano vive uno de sus episodios más delicados de los últimos años. Tras la eliminación por tercera vez consecutiva del Mundial, una investigación policial salpicó a varias decenas de futbolistas de la Serie A exponiendo una red de prostitución con scorts de lujo, fiestas VIP y “gas de la risa”.

El foco de la investigación está en una supuesta agencia de eventos, Ma.De. Milano, que según la Fiscalía italiana funcionaba como tapadera de una red de prostitución de alto nivel con una facturación superior a 1,2 millones de euros. La operación de la Guardia di Finanza ha concluido, por el momento, con cuatro detenidos, entre ellos los responsables de la empresa, Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, que se encuentran bajo arresto domiciliario por delitos de favorecimiento de la prostitución, blanqueo de capitales y asociación ilícita.

La investigación arrancó el 23 de agosto de 2024, cuando una joven decidió declarar ante las autoridades y relatar el funcionamiento interno de la red desde 2019. Según su testimonio, todo comenzaba tras los partidos de la Serie A, con paquetes que incluían cenas en locales exclusivos de Milán como Pineta Milano o Voya Rooftop, y que podían terminar en encuentros privados en instalaciones controladas por la organización. Para evitar controles, los encuentros se realizaban en espacios propios en Cinisello Balsamo, a las afueras de la ciudad, evitando hoteles convencionales.

Sin imputaciones a los jugadores

En este punto, las autoridades italianas han sido claras: los futbolistas mencionados en las filtraciones no están siendo investigados penalmente por el simple hecho de haber asistido a estas reuniones. Se habla de hasta 70 jugadores vinculados en distintos momentos, según la agencia ANSA, pero la Guardia di Finanza insiste en que la asistencia a estas fiestas no constituye delito en sí mismo según la legislación italiana.

Aun así, los nombres han trascendido a la prensa y el impacto reputacional es evidente. La investigación sigue abierta y se sigue revisando la documentación financiera, las comunicaciones y las interceptaciones telefónicas.

Theo Hernández, Ibrahimović, Donnarumma, Brahim Díaz...

Uno de los nombres más repetidos en las informaciones es el de Theo Hernández, exjugador del AC Milan y del Real Madrid, actualmente en el Al-Hilal. Según distintas filtraciones publicadas en los medios italianos, el lateral francés no solo habría asistido a estas fiestas, sino que habría tenido un papel activo en su organización, llegando incluso a gestionar logística de transporte para los invitados.

En las últimas horas, el empresario y expaparazzi Fabrizio Corona ha difundido varios vídeos en los que, según se ve en estas publicaciones, el futbolista está rodeado de mujeres e inhalando óxido nitroso desde un globo negro. El material se ha viralizado rápidamente en redes sociales.

En esos mismos contenidos también aparece el exjugador del Milan Samu Castillejo. Otros nombres recurrentes en las informaciones, aunque sin acusaciones formales, son Gianluigi Donnarumma, Sandro Tonali, Zlatan Ibrahimović, Rafael Leão, Hakan Çalhanoğlu y Brahim Díaz.

El uso del “gas de la risa”

Uno de los elementos más llamativos del caso es el uso del óxido nitroso, conocido como “gas de la risa”. Según los investigadores, su atractivo en estos entornos residía en su efecto psicoactivo y, sobre todo, en que no es detectable mediante los controles antidopaje habituales.

En las escuchas intervenidas durante la investigación aparece de forma recurrente la referencia a “globos”, término utilizado de forma coloquial para pedir la sustancia. “Necesitamos globos… estamos en el Duca, en Me Milan”, recogen algunos de los registros.

Un fenómeno que traspasa fronteras

La presunta red no se limitaba a Milán. En verano, según la investigación, las actividades se trasladaban a destinos como Mykonos, donde las fiestas se habrían celebrado de forma continuada. Incluso durante el confinamiento por la pandemia, en abril de 2021, se habrían detectado reuniones pese a las restricciones sanitarias.

Las escuchas también han destapado referencias a otros ámbitos del deporte, incluyendo la supuesta presencia de un piloto de Fórmula 1 como cliente, aunque su identidad no ha sido revelada y no figura como investigado.

Reacciones y situación abierta

En paralelo, algunos futbolistas han comenzado a desvincularse públicamente del caso. El entorno de Dusan Vlahovic, delantero de la Juventus, calificó de “totalmente inapropiada” su vinculación con la investigación, mientras que el defensa del Arsenal Riccardo Calafiori negó cualquier relación.

Por el momento, la investigación continúa su curso sin que haya imputaciones a jugadores. Sin embargo, el caso sigue creciendo, con nuevas filtraciones y vídeos que mantienen a los futbolistas de la Serie A bajo la lupa.

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, afirmó este martes que la nueva estrategia del gobierno de Estados Unidos contra las drogas reconoció el consumo de sustancias ilícitas como un problema de salud pública y admitió el fracaso de los modelos basados únicamente en medidas punitivas.

Durante ‘La Mañanera’ de este martes, la funcionaria sostuvo que cualquier estrategia para atender el fenómeno de las drogas debe enfocarse en las causas y en el consumo.

“Para poder tener una estrategia de atención de drogas hay que atender las causas, hay que atender el consumo de drogas”, declaró durante la Mañanera.

Luisa María Alcalde explicó que dentro de la estrategia estadounidense se reconoció públicamente la magnitud del problema de adicciones en ese país y leyó fragmentos de una carta atribuida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Una cosa adicional importante a destacar es que por primera vez se reconoce el fracaso del modelo exclusivamente punitivo y la importancia de la prevención”, señaló.

La funcionaria añadió que el documento estadounidense plantea combatir el consumo de drogas mediante prevención temprana, tratamientos oportunos y acompañamiento a personas en recuperación.

“Debemos acabar con el flagelo de la drogadicción previniendo el consumo de drogas antes de que comience, brindando tratamiento lo antes posible y apoyando a quienes se encuentran en recuperación”, leyó durante su participación.

Consumo de sustancias: EEUU frente a México

Luisa María Alcalde presentó cifras oficiales sobre consumo de drogas y trastornos por uso de sustancias en Estados Unidos. De acuerdo con los datos citados, 73.6 millones de personas, equivalentes al 25.5% de la población, consumieron drogas ilícitas de manera indebida durante el último año.

Además, indicó que 48.4 millones de personas, correspondientes al 16.8% de la población, padecieron algún trastorno relacionado con el uso de sustancias, mientras que 23.5 millones se encontraban en proceso de recuperación.

En contraste, la consejera jurídica presentó cifras de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 correspondientes a México. Según esos datos, 3.8 millones de personas, equivalentes al 2.7% de la población, consumieron drogas ilícitas durante el último año.

“En nuestro país, el impacto sobre el consumo es significativamente menor”, sostuvo la funcionaria federal al comparar los indicadores entre ambas naciones.

Entre las acciones incluidas en la estrategia estadounidense, Luisa María Alcalde mencionó campañas nacionales en televisión, radio, redes sociales y plataformas de streaming para promover la salud y el deporte, especialmente entre jóvenes.

También destacó programas escolares y comunitarios de prevención basados en evidencia científica, así como un enfoque que entiende la adicción como una enfermedad y prioriza la intervención temprana.

La estrategia contempla además ampliar el acceso a tratamientos de recuperación, fortalecer la atención psicológica e integrar el tratamiento de adicciones al sistema general de salud, con énfasis en la rehabilitación y la reintegración social, familiar y laboral de las personas afectadas.

Una mujer de 40 años con antecedentes penales fue detenida acusada de vender drogas en el barrio de Constitución. Luego de su arresto, la justicia porteña le dictó la prisión preventiva. Además, según fuentes del caso, no tenía regularizada su situación migratoria.

Todo comenzó a partir de una alerta emitida por el Centro de Monitoreo Urbano (CMU), que advirtió una presunta maniobra de comercialización de estupefacientes sobre la calle Salta al 1500.

Tras el aviso, un efectivo de la Policía de la Ciudad se dirigió al lugar y logró interceptar a un hombre que acababa de comprarle droga a la sospechosa. Luego, los agentes identificaron y detuvieron a la mujer.

En el caso intervino el auxiliar fiscal Carlos Caputto de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Este del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, quien imputó a la aprehendida por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Desde el Ministerio Público Fiscal porteño confirmaron que la mujer cuenta con antecedentes penales y no registra ingreso regular al país. Además, al momento de ser consultada sobre su domicilio, aportó tres direcciones distintas, situación que para la fiscalía evidenció una “falta de arraigo”.

Con esos elementos, la titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°5, María Fernanda Botana, hizo lugar al pedido de prisión preventiva por considerar que existían riesgos procesales.

En otro operativo reciente en el barrio de Constitución, la Justicia expulsó del país a un hombre de nacionalidad peruana tras comprobar que vendía drogas en un hotel de la calle Luis Sáenz Peña al 1700.

La causa se había iniciado en mayo de 2024 tras denuncias anónimas de vecinos que alertaban sobre la comercialización de estupefacientes dentro del hotel, tanto en habitaciones como en espacios comunes.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), encabezada por la fiscal Cecilia Amil Martín, que ordenó tareas de inteligencia a la División Antidrogas Norte de la Policía de la Ciudad.

A partir de esas tareas, los investigadores identificaron a al menos cinco personas vinculadas a la venta de droga, entre ellas el principal sospechoso, un hombre peruano de edad avanzada.

En febrero pasado se realizaron allanamientos en distintas habitaciones del hotel y cuatro personas fueron imputadas. La pesquisa continuó y, en abril, la fiscalía solicitó una nueva orden de allanamiento y la detención del acusado principal, medida que fue autorizada por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 14, a cargo de la jueza Laura De Marinis.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron cocaína fraccionada en envoltorios de nailon, además de elementos utilizados para el corte y la distribución de la droga.

Sobre el imputado ya pesaba una orden de expulsión dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 9. Tras ser detenido, la medida fue ejecutada en el marco de la Ley Nacional de Migraciones, que además prohíbe su reingreso permanente a la Argentina.

La Armada Española ha reforzado su presencia en la lucha contra el narcotráfico y ha liderado un amplio operativo de vigilancia marítima junto a las fuerzas de seguridad. El despliegue movilizó fragatas, buques, aeronaves y unidades de Infantería de Marina para patrullar rutas habituales del tráfico ilícito. Según informó la propia institución, la operación consiste en incrementar la seguridad de los espacios marítimos españoles y anticipar movimientos de organizaciones criminales.

El éxito de la operación depende de la coordinación entre el Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa y el Mando de Operaciones de la Guardia Civil. El intercambio de información en tiempo real entre los distintos mandos y agencias permite ganar agilidad en la toma de decisiones y en la ejecución de acciones preventivas contra el narco.

Papel militar en el despliegue contra las drogas

La Armada ha empleado recursos avanzados de vigilancia y patrulla, integrando capacidades navales y aéreas para cubrir el mayor número posible de rutas empleadas por el narcotráfico. El refuerzo de la vigilancia no solo contribuye a disuadir posibles intentos de tráfico, sino que incrementa la capacidad de anticipación frente a nuevas amenazas.

Ha asumido el mando de las tareas en el mar desde su cuartel general en Cartagena. El esfuerzo principal lo ha asumido una fragata equipada con un helicóptero y un equipo operativo de seguridad de Infantería de Marina. También se ha desplegado un Buque de Acción Marítima con un dron Scan Eagle y un Buque Multipropósito con otra unidad de Infantería de Marina especializada.

La coordinación entre los distintos componentes ha permitido mejorar la vigilancia en áreas clave del litoral y las islas, empleadas habitualmente para el ingreso de sustancias ilegales. El Mando Operativo Aéreo (MOA) contribuyó con la gestión de una aeronave D-4, desplegada desde la Base Aérea de Gando, mientras que en tierra se sumaron helicópteros de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET), preparados para actuar en puntos sensibles de las Islas Canarias.

Operaciones contra el narcotráfico recientes

En las últimas semanas, España ha protagonizado algunas de las operaciones antidroga más relevantes de su historia. Destacan especialmente dos grandes intervenciones conocidas como “Alfa-Lima” y “Abisal”. En estas acciones, las fuerzas de seguridad, en colaboración internacional, lograron incautar un total de más de 40.000 kilos de cocaína y detuvieron a cerca de 80 personas. La operación ‘Abisal’ supuso el mayor alijo de cocaína jamás requisado en un barco en España, con más de 30.000 kilos hallados en un buque en Canarias. Esta nave tenía vínculos con la famosa Mocro Mafia, una organización criminal de origen holandés.

La operación Alfa Lima, realizada entre el 13 y el 26 de abril en el Atlántico, involucró a fuerzas de España, Portugal, Italia, Europol y la DEA. Se desplegaron 10 medios navales, cuatro aéreos y vehículos no tripulados. El balance fue de 54 detenidos y la incautación de 10.906 kilos de cocaína, 8.499 de hachís y 21 de marihuana, además de embarcaciones, vehículos, gasolina y un arma de fuego. Entre los implicados en la operación estaba la Armada Española.

El caso fue confirmado por las autoridades provinciales lo que generó un refuerzo en las medidas de control en el ingreso de alimentos ante nuevas sospechas de microtráfico en establecimientos penitenciarios.

Las pruebas realizadas por la Policía de Investigaciones (PDI) establecieron que la droga incautada, fraccionada en seis empaques, tenía un peso total de 37 gramos, lo que, según la secretaria de Asuntos Penales de Santa Fe, Lucía Masneri, “excede el consumo personal, dadas la cantidad y el fraccionamiento”, declaró a la radio LT8.

Masneri agregó al medio radial santafesino que el hallazgo constituyó un caso de microtráfico debido a que “eran varias bochitas pequeñas distribuidas en varios bifes”. Este patrón de ocultamiento fue determinante para que la Fiscalía Provincial, a cargo de la fiscal Yanina Tolosa, continuara la investigación en el fuero local en vez de derivarla a la Justicia Federal.

Su detención

La mujer detenida, identificada como M. J. R., se presentó el miércoles en el penal para visitar a un recluso. Personal del Servicio Penitenciario Provincial advirtió una actitud sospechosa y procedió a revisar de forma manual los alimentos que traía, ya que los trozos de carne no habían pasado por el escáner.

Los agentes descubrieron que los bifes presentaban cortes internos con forma de bolsa, dentro de los cuales localizaron los envoltorios encintados y con una sustancia blanquecina. “Se establecen varios anillos antes de que ingrese la visita, el primero es el atravesar el escáner, tanto corporal como el de paquetes y, luego, se realiza una nueva requisa visual y manual por parte de los agentes penitenciarios”, explicó Masneri.

“Vieron que se trataba de carne precocida de una manera extraña, con cortes transversales transformados en bolsitas”, agregó.

La fiscal Tolosa dispuso la detención de la mujer bajo la carátula de suministro gratuito de estupefacientes y ordenó el secuestro de su teléfono móvil para verificar posibles vínculos. El destinatario de la droga, un interno del Pabellón 7, fue trasladado de inmediato a un sector de aislamiento preventivo mientras avanzan las actuaciones judiciales y administrativas.

La secretaria de Asuntos Penales agregó que la normativa que rige en contextos penitenciarios habilita el ingreso de ciertos alimentos precocidos únicamente para unidades de alta -pero no máxima- seguridad. Tras este episodio, expresó que “este último hallazgo hace que se restrinjan más las posibilidades”.

Además, comentó que el escáner, si bien resulta útil para detectar metales, presenta limitaciones ante sustancias orgánicas como la cocaína, por lo que la participación de personal experimentado resulta fundamental.

La funcionaria añadió que la calificación que finalmente se asigne a los hechos dependerá del avance de la investigación, ya que la fiscal puede determinar si existió una tentativa de suministro para consumo personal o si hay elementos para tipificar microtráfico o asociación ilícita interna.

Dos agentes de la Guardia Civil que perseguían a una narcolancha en Huelva fallecieron este viernes cuando impactaron dos embarcaciones del cuerpo. Las naves que colisionaron fueron la patrullera Río Antas y una embarcación semirrígida, a unas 80 millas de la costa, según señalan fuentes cercanas.

La tragedia se ha producido pocos días después de que el Ministerio del Interior reanudase conversaciones con las asociaciones para reconocer a la Policía Nacional y al Instituto Armado como profesiones de alto riesgo. Este nuevo episodio que ha causado la muerte de dos agentes eleva la presión para alcanzar un acuerdo en esta dirección. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha explicado a Infobae que esperan que “a principios de 2027 esté completada” la inclusión de estos trabajos en esa consideración. Jucil, la organización más crítica con la gestión ministerial, aseguró este viernes que “que esto iba a ocurrir, lo sabíamos todos... Marlaska no puede estar ni un minuto más al frente de Interior”.

Desde hace meses, agentes se han manifestado exigiendo la equiparación respecto a otros cuerpos como la Policía Local o la Ertzaintza, que bajo el “alto riesgo” tienen una ventaja a la hora de la jubilación, pues optan a ella de forma anticipada sin pérdida de poder adquisitivo como reconocimiento de su trabajo. Legalmente, no existe este concepto de ‘peligrosidad’, pero se tiende a transformar en ventajas en la jubilación.

El Tribunal Supremo ordenó en 2025 iniciar la regulación de la jubilación anticipada para agentes que ingresaron a partir de 2011 y están encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social. La sentencia exige que se equipare su acceso a esta condición con el de otros cuerpos policiales autonómicos y locales, corrigiendo así lo que considera una situación de desigualdad. Un año después se han reactivado los procesos.

Demandas de asociaciones para el “alto riesgo”

“Detrás de cada operativo hay guardias civiles que salen a jugarse la vida para proteger nuestras costas y combatir el narcotráfico”, señalaron desde AUGC minutos después de conocer la noticia del viernes. La portavoz, Olaya Salardón, añadió que “esta tragedia vuelve a poner sobre la mesa la dureza que asumen muchas unidades de la Guardia Civil en su trabajo diario”, y expresó su respeto y apoyo a las familias y compañeros afectados.

AUGC ha contado a Infobae que la consideración de profesión de riesgo para los guardias civiles se encuentra en proceso de negociación en la Secretaría de Estado de Seguridad, con reuniones mensuales previstas. “Esperamos que el Ministerio del Interior cumpla con su compromiso para lograr una jubilación sin pérdida de poder adquisitivo”, ha subrayado la asociación, que calcula que el acuerdo podría completarse a principios de 2027.

Esta no es la única tragedia reciente de este tipo. En febrero de 2024, dos guardias civiles fallecieron en Barbate. Más de un año después, el juicio sigue abierto. Aquel caso provocó una oleada de críticas contra el ministro Marlaska, entre otras cosas por la no inclusión de los agentes en la lista de jubilación anticipada. Desde entonces, las protestas se han ido incrementando, hasta que hace 10 días comenzaron las rondas de conversaciones.

Personal de la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP) de la Secretaría de Marina y elementos de la Aduana de Manzanillo localizaron cinco paquetes con una sustancia granulada cristalina de color blanco con características similares a la metanfetamina, ocultos dentro de un contenedor que los declaraba como compactadoras de cartón.

Según la información oficial, la sustancia fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República, quedando pendiente la determinación del peso.

El contenedor fue detectado durante una inspección de rutina en el recinto portuario de Manzanillo, Colima, a cargo de la Sexta Región Naval de la Secretaría de Marina.

El cargamento, localizado al interior de un contenedor naval, viajaba a bordo de un buque de bandera de Singapur con destino a Nueva Zelanda.

Hasta el momento no se ha vinculado el cargamento ilícito con algún cártel que opere en la zona.

La droga viajaba declarada como compactadoras de cartón

Según reportes de autoridades, la detección ocurrió en el marco de las operaciones permanentes de vigilancia, inspección y control que la Secretaría de Marina realiza en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno. El objetivo de esas acciones es prevenir el trasiego de sustancias ilícitas en los recintos portuarios del país.

La UNAPROP y la Aduana de Manzanillo actuaron de forma conjunta durante la inspección al contenedor. Fue en ese procedimiento donde se identificaron los cinco bultos con la sustancia de apariencia cristalina, cuyas características corresponden a la metanfetamina.

La FGR recibió la sustancia; el peso ministerial está pendiente de determinar

Una vez asegurados los paquetes, la Marina los puso a disposición de la Fiscalía General de la República.

Las autoridades no informaron sobre detenidos en relación con el cargamento. El peso oficial de la sustancia quedó pendiente de ser determinado por las autoridades ministeriales competentes.

La Secretaría de Marina señaló que estas acciones reafirman su compromiso con la seguridad de la ciudadanía y con el combate a la delincuencia organizada, en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

Manzanillo, escenario recurrente de operativos contra el narcotráfico

En febrero de 2026, la Secretaría de Marina interceptó en Manzanillo un semisumergible que transportaba 179 bultos con aproximadamente cuatro toneladas de cocaína. En el operativo fueron detenidas tres personas, que posteriormente fueron vinculadas a proceso por transporte de clorhidrato de cocaína con agravante de pandilla.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó que en las semanas previas a ese decomiso las operaciones marítimas habían permitido asegurar cerca de 10 toneladas de cocaína en total.

El puerto de Manzanillo se ha consolidado como uno de los principales puntos de vigilancia de la Armada de México frente al trasiego de drogas hacia el extranjero.

Algunas operaciones en la zona se realizan en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno y, en algunos casos, con la Guardia Costera de Estados Unidos y la Fuerza Interagencial Conjunta del Comando Sur (JIATF-South).

El aseguramiento de los cinco bultos con metanfetamina en el recinto portuario de Manzanillo se suma a una serie de golpes contra el narcotráfico en la zona.

Un cartel que prohibía el ingreso de mascotas en el parque María Reiche de Miraflores generó una ola de reacciones en redes sociales y cuestionamientos hacia la gestión municipal. El aviso, que también restringía bicicletas, scooters y el consumo de alcohol o drogas, fue retirado tras la polémica y la aclaración oficial de la Municipalidad de Miraflores.

La imagen del cartel comenzó a circular ampliamente después de que Paco Flores, periodista, publicara la fotografía en X.com y responsabilizara directamente a Carlos Canales, alcalde del distrito. “Una más del alcalde de Miraflores: Prohibe las mascotas en el parque María Reiche. (Y los pone al mismo nivel que las drogas (?))”, escribió Flores, generando una cascada de respuestas y críticas.

Al debate público se sumó Beto Ortiz, quien mencionó a Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Nacional y líder del partido de Canales, cuestionando la medida: “Oye @rlopezaliaga1 con todo cariño: ¿Sabías que tu alcalde Carlos Canales @MuniMiraflores está prohibiendo los perros? No drogas. OK. Pero... ¿no perros? RT si prefieres mil veces a tu perro que a Canales”.

El episodio escaló cuando usuarios propusieron acciones colectivas, como una marcha con perros en el parque María Reiche. “Vamos 500 a ver si nos sacan”, publicó un usuario, reflejando el grado de descontento entre los vecinos y visitantes de Miraflores.

La comuna del distrito respondió mediante un breve pronunciamiento señaló: “La Municipalidad de Miraflores informa que debido a un error operativo involuntario se colocó el referido cartel en el parque María Reiche. Apenas se detectó el hecho se procedió a su retiro, porque la comuna miraflorina siempre ha promovido la recreación de las familias y visitantes, en especial a los niños y mascotas, en esta emblemática zona del distrito”.

Cabe recordar a los ciudadanos la importancia de mantener normas mínimas de convivencia. En los parques, los perros deben portar correa para evitar el ingreso a áreas restringidas, como las zonas de riego tecnificado. Además, los dueños están obligados a recoger las excretas de sus mascotas para evitar sanciones. Debemos tener presente que estos espacios son de uso público y común.

El incidente evidenció la sensibilidad de las normas que afectan la vida diaria en Lima y la rápida reacción ciudadana ante medidas percibidas como restrictivas. La gestión de espacios públicos y el respeto por los animales continúan como temas de debate en la agenda local.

Mantenimiento de vías en el distrito

La Municipalidad de Miraflores ejecuta un plan de mantenimiento vial en las zonas 8 y 11 del distrito, interviniendo calles clave como Lord Cochrane, Elías Aguirre y Enrique Palacios. Los trabajos consisten en el fresado de la capa asfáltica dañada y la colocación de una nueva mezcla en caliente para mejorar la fluidez del tránsito y la seguridad de los residentes.

Estas labores forman parte de una recuperación integral del espacio público que incluye la señalización horizontal de cruceros peatonales y líneas de división de carril. Con estas intervenciones, la gestión municipal busca optimizar la transitabilidad en sectores de alto flujo vehicular y elevar la calidad de vida de los vecinos mediante una infraestructura urbana renovada.

Dos agentes de la Guardia Civil han fallecido al chocar dos embarcaciones persiguiendo una narcolancha en Huelva, según ha confirmado la institución. Otro estaría herido de forma leve. Las naves que colisionaron habrían sido la patrullera Río Antas con una embarcación semirrígida del propio cuerpo, a unas 80 millas de la costa, según señalan fuentes del cuerpo.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha comunicado su pésame a los familiares y ha lamentado que otro agente fallezca mientras realiza su trabajo. “Detrás de cada servicio hay guardias civiles jugándose la vida”, recuerdan en su mensaje en X. Desde hace tiempo, AUGC y otras asociaciones reivindican que se reconozca a los agentes como “profesión de riesgo”. El narcotráfico vuelve a dejar una víctima mortal en el Instituto Armado, después del suceso de Barbate de hace más de un año donde dos agentes fallecieron y cuyo juicio sigue abierto. Por el momento, no se conocen más detalles de este caso.

Precisamente este viernes por la mañana, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha realizado una rueda de prensa para comunicar el “éxito” de dos operaciones contra el narcotráfico donde se han incautado más de 40.000 kilos de cocaína, una cantidad histórica que sienta un precedente.

Denuncia de las asociaciones y políticos

Las asociaciones de agentes han mostrado su tristeza y preocupación. Olaya Salardón, portavoz de la AUGC, expresó “más profundo pesar” y transmitió apoyo a los dos agentes heridos graves, sus familias y el Servicio Marítimo, “completamente golpeados por esta tragedia”. Salardón destacó que “estamos hablando de compañeros que estaban cumpliendo con su deber, luchando contra organizaciones criminales muy peligrosas y en condiciones operativas extremadamente complejas”.

La AUGC reclama el reconocimiento al riesgo diario que asumen muchas unidades de la Guardia Civil. “Consternados por lo ocurrido. Nuestro más profundo pésame a familiares, amigos y compañeros, y toda la fuerza para la pronta recuperación de los agentes heridos. Que esto iba a ocurrir, lo sabíamos todos... Marlaska no puede estar ni un minuto más al frente de Interior”, ha comunicado JUCIL en su perfil de X, apuntando al ministro.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha transmitido sus condolencias por la pérdida de un agente y por los heridos, y ha expresado su apoyo a las familias, compañeros y a toda la Guardia Civil. Feijóo ha subrayado además su compromiso, pidiendo “más medios, más respaldo y más autoridad para quienes defienden el Estado y la ley cada día”, al tiempo que ha destacado la importancia de reforzar el reconocimiento hacia estos profesionales.

En las primeras horas de ayer jueves, efectivos de la División Microtráfico Metropolitana detuvieron en Chaco a un hombre con un pedido de captura activo en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de calle Brown y avenida Firpo, en el barrio La Liguria, de Resistencia, durante una de las habituales recorridas preventivas de la fuerza policial.

La detención se dio cuando los agentes identificaron a un individuo cuyas características físicas coincidían con las de un sospechoso investigado desde hacía semanas por comercialización de drogas.

Según informaron fuentes policiales, el hombre intentó escapar al notar la presencia de los uniformados, pero fue rápidamente interceptado y reducido por los efectivos, quienes actuaron en coordinación y siguiendo los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de operativos.

Al ser demorado, el personal policial procedió a consultar los datos personales del sospechoso en el sistema SiGeBi. El resultado confirmó que el hombre, domiciliado en Villa Itatí, tenía un pedido de detención vigente desde el pasado 11 de marzo. La orden había sido emitida por disposición de la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 1, a cargo de la fiscal Andrea Natalia Lovey Pessano. De acuerdo con la información oficial, la investigación contra el ahora detenido se remonta a fines de febrero, cuando se realizó un procedimiento en una vivienda de la zona.

De acuerdo con lo informado por el portal Diario Chaco, el origen del caso se sitúa el 28 de febrero, cuando personal policial llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en Pasaje Humaitá, domicilio del hombre ahora detenido. Durante ese procedimiento, los agentes secuestraron 65 envoltorios de cocaína con un peso total de 18,2 gramos, además de 65 mil pesos en efectivo y un teléfono celular iPhone. En ese momento, otro ciudadano fue aprehendido en el lugar, pero el principal investigado logró escapar y permaneció prófugo durante más de un mes.

El pedido de captura se formalizó a los pocos días del allanamiento, tras constatar la identidad del sospechoso y reunir pruebas suficientes para solicitar su detención ante la fiscalía competente.

El procedimiento, según fuentes policiales, se desarrolló sin que se registraran incidentes de gravedad. Una vez confirmada la identidad del sospechoso y constatada la vigencia del pedido de captura, los uniformados dieron intervención a la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 1. La fiscal Andrea Natalia Lovey Pessano ratificó la detención y ordenó los pasos procesales subsiguientes: el traslado del detenido a Medicina Legal y, posteriormente, a la División Antecedentes Personales para las diligencias de rigor.

Luego de completar las diligencias administrativas, el hombre quedó alojado en una dependencia policial a disposición de la fiscalía interviniente. De acuerdo con la información proporcionada por los investigadores, su situación procesal será evaluada en las próximas horas por la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 1, mientras continúan las actuaciones judiciales y policiales tendientes a esclarecer posibles vínculos con otras personas o hechos relacionados.

El avance de la investigación dependerá del análisis de los elementos secuestrados en el primer allanamiento y de los resultados de las pericias sobre la droga y el dinero incautados. Las autoridades reiteraron que la lucha contra el microtráfico requiere la cooperación entre distintas áreas policiales y judiciales, así como la continuidad de las tareas de inteligencia y patrullaje preventivo en zonas identificadas como de riesgo.

Por el momento, el hombre permanecerá detenido y a disposición de la justicia, en tanto la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 1 define los pasos a seguir en el proceso penal.

Una máquina de rayos X en la Terminal de Autobuses de Oriente (TAPO), ubicada en la calzada General Ignacio Zaragoza, colonia 7 de Julio, alcaldía Venustiano Carranza, fue la clave para que personal de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detectara a Juan Santiago “N”, de 19 años, quien intentaba abordar un autobús rumbo a la ciudad de Xalapa, Veracruz, con tres maletas que ocultaban 22 paquetes de aparente marihuana.

El operativo se desencadenó cuando la encargada de seguridad privada en una de las salas de abordaje alertó a los uniformados de la terminal. La trabajadora reportó que, al pasar el equipaje del joven por la máquina de rayos X, el equipo arrojó formas cuadradas y redondas en el interior de las maletas, además de una densidad superior al peso habitual de un equipaje normal.

La inspección reveló 22 paquetes con un peso aproximado de 47 kilogramos

Ante el aviso de los guardias privados, los agentes solicitaron a Juan Santiago “N” una inspección de sus tres maletas conforme a los protocolos de actuación policial.

Según los reportes oficiales, la inspección de las tres maletas descubrió nueve paquetes en la primera, once en la segunda y dos en la tercera, para sumar un total de 22 envoltorios elaborados con plástico transparente y cinta adhesiva de tipo playo.

Cada uno de ellos contenía una hierba verde y seca similar a la marihuana, cuyo peso conjunto alcanzó un aproximado de 47 kilogramos.

Junto con la sustancia descubierta, los agentes de la Policía Auxiliar aseguraron también un teléfono celular que el joven llevaba entre su equipaje.

La SSC precisó que los envoltorios presentaban formas cuadradas y redondas, características que habían sido detectadas previamente por la máquina de rayos X y que alertaron al personal de seguridad privada sobre la densidad inusual del equipaje, superior a la de un equipaje normal.

El detenido fue presentado ante la FGR y el titular de la SSC destacó el trabajo coordinado

Tras ser informado de sus derechos, Juan Santiago “N” fue presentado junto con todo lo asegurado ante un agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que determinará su situación jurídica e iniciará la carpeta de investigación correspondiente.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez, destacó en su cuenta de la red social X que la detención se logró “en coordinación con los trabajadores de una de las líneas de abordaje”, y subrayó que la dependencia a su cargo mantiene operativos permanentes tanto en las 16 alcaldías de la Ciudad de México como en las terminales de transporte privado, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y prevenir la comisión de delitos.

El titular del juzgado número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha decretado el ingreso en prisión sin fianza para los 23 tripulantes del carguero ‘Arconian’, interceptado el pasado 1 de mayo en alta mar por la Guardia en Civil con 30.215 kilos de cocaína en sus bodegas, el mayor alijo incautado por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en una sola operación, una mercancía que hubiera alcanzado en el mercado un valor de 812 millones de euros. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska dará este viernes detalles de la operación, pero fuentes antidroga de la Benemérita adelantan a Infobae que el barco fue fletado por uno de los grandes narcos del momento, el holandés Joseph Johannes Leijdekkers, integrante destacado de la Mocro Mafia y que actualmente se esconde en el Estado africano de Sierra Leona.

La Guardia Civil desarrolló este operativo en colaboración con la DEA (Drug Enforcement Administración) estadounidense y la Unidad del Equipo de Inteligencia e Intervenciones de la Policía holandesa. El carguero tenía 17 tripulantes, pero la mercancía estaba protegida por otras seis personas, todas de nacionalidad de Países Bajos, que portaban diversas armas de fuego. En concreto, se han incautado tres fusiles con dos cargadores, una pistola con tres cargadores y diez cajas de munición sin abrir. A bordo del barco también había 2.108 garrafas de combustible de 20 litros cada una, ya que el objetivo de los narcos era que la droga llegase luego a las costas españolas a través de lanchas rápidas.

El ‘Arconian’ partió el 22 de abril del puerto de Freetown, la capital de Sierra Leona, el país donde se refugia desde hace tiempo Leijdekkers, que según varios medios holandeses es pareja de la hija del actual presidente de Sierra Leona. A sus 34 años se ha convertido en uno de los principales narcos europeos. Europol ofrece una recompensa de 200.000 euros por información que lleve a su dentención. La web de ‘Los más buscados’ de Europol señala que Jos Leijdekkers es “una de las figuras clave del tráfico internacional de cocaína” y que está involucrado en el blanqueo de decenas de millones de euros y cientos de kilos de oro. Los tribunales de Países Bajos le reclaman para que cumpla una condena de 24 años de prisión por tráfico de droga, robo, tortura y asesinato.

El barco navegaba bajo bandera de Comoras, un archipiélago africano situado frente a las costas de Mozambique que ofrece una legislación laxa de la que se benefician muchos armadores. Fue interceptado frente a la costa de Dajla, una ciudad del Sáhara Occidental. Los investigadores creen que parte de la droga iba a España y parte a Libia. Jos Leijdekkers estaría prometido con la hija del presidente de Sierra Leona y se cree que controla el aparato estatal y los servicios antidroga de ese Estado africano, envuelto en una grave crisis política y económica. Sierra Leona está presidido por Julius Maada Wonie Bio, que a finales de 2023 tuvo que lidiar con una insurrección militar.

La Policía holandesa cree que Jos Leijdekkers se oculta en Sierra Leona después de que la mujer del presidente de ese país subiera un video a sus redes sociales en la que se ve al importante narcotraficante asistiendo a un servicio religioso con la familia presidencial. La agencia Reuters, que verificó las imágenes mediante tecnología de reconocimiento facial, asegura que Leijdekkers goza de protección de alto nivel en Sierra Leona, uno de los puntos de tránsito en África utilizados para el tráfico de cocaína desde Sudamérica a Europa. Varios medios extranjeros señalan que Leijdekkers mantiene una relación sentimental con Agnes Bio, hija del presidente. El ministerio de Justicia de los Países Bajos ha enviado una solicitud de extradición a las autoridades de Sierra Leona, sin éxito.

Yuba, 7 may (EFE).- Cerca del 30 % de la población de Sudán del Sur es consumidora de drogas, según estimaciones del Gobierno sursudanés, un fenómeno que afecta en especial a los jóvenes y refleja las secuelas de años de conflicto, pobreza y debilidad estatal en el país más joven del mundo, independizado de Sudán en 2011.

El Ministerio de Salud de Sudán del Sur apuntó en sus últimas estadísticas que cerca del 7 % de su población consume opio, un 6 % tabaco, un 5 % alcohol y un 3 % sedantes, mientras que el Ministerio de Interior añadió que el consumo irregular de tramadol (un analgésico opioide) y alucinógenos alcanzó al 30 % de la población.

"Los estupefacientes se han expandido ampliamente en el país, y afectan directamente al modo de vida de las familias" advirtió a EFE el subinspector general de policía, Andro Nyoun Koul, que incidió en que los jóvenes sursudaneses se ven afectados por la creciente presencia de drogas, con 61 estudiantes y 25 menores detenidos por tráfico o posesión en lo que va de 2026, frente a los 33 estudiantes y 42 menores detenidos en todo 2025.

Esos 86 jóvenes constituyen el 18,6 % de los 460 casos de detenidos por tráfico o posesión de drogas en Sudán del Sur en lo que va de año.

El encargado de la Dirección Antidrogas del Ministerio de Interior, David Malek, explicó además a EFE que 185 de los detenidos son extranjeros y 49 miembros de las fuerzas armadas sursudanesas.

Desde inicios de año, Sudán del Sur vive un repunte de violencia entre el Ejército y las distintas facciones armadas de la oposición que está profundizando en las limitaciones que ya adolecía antes el Estado sursudanés.

Según las autoridades del país, la droga entra en su mayoría por la frontera con Uganda, aunque también registraron casos de contrabando a través del aeropuerto Yuba y en la frontera con Sudán bajo control de los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), en guerra con el Ejército sudanés desde hace 3 años.

Nyoun señaló a EFE que, por ello, el Ministerio de Interior sursudanés firmó un memorando de entendimiento con la Comunidad de África Oriental (CAO) "para reforzar la colaboración contra los crímenes transfronterizos, incluido el contrabando de drogas" y denunció que el limitado presupuesto dedicado a este área limita la capacidad del Estado para "contener el flujo de drogas".

"Los centros de atención psicológica reciben a diario entre tres y cinco casos relacionados con el consumo de píldoras alucinógenas y drogas, en su mayoría jóvenes y menores, además de algunos efectivos de las fuerzas regulares", advirtió a EFE la psicóloga del hospital Educativo de Yuba, Madina Rafael.

Si bien los delitos de posesión o consumo de drogas pueden ser penados con hasta 5 años de cárcel, aquellos acusados a los que se les certifique una adicción pueden ser transferidos a tratamientos como que ofrece esta trabajadora.

"Normalmente llegan después de su implicación en actos de violencia, robos u otros crímenes”, destacó, y "varios tienen una situación psicológica extrema como ansiedad, trastornos en el comportamiento y a veces ataques psicóticos" frutos en parte del duro contexto nacional.

Algunos de sus pacientes "son transferidos de parte de la policía o servicios sanitarios", pero también de parte de las mismas familias "que mantienen discreción sobre los casos de sus hijos por temor al estigma social, lo que a veces ralentiza la intervención y agrava la situación sanitaria", recordó Rafael. EFE

Un hombre de nacionalidad peruana fue expulsado de la Argentina luego de que la Justicia comprobara que vendía droga en un hotel ubicado en el barrio porteño de Constitución. La medida prohíbe de manera permanente su reingreso al país.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, la investigación empezó en mayo de 2024 por denuncias anónimas de vecinos que hablaban de venta de estupefacientes en los alrededores de un hotel de la calle Luis Sáenz Peña al 1700. Las sospechas apuntaban a que la comercialización se daba tanto en habitaciones como en espacios comunes del lugar.

En ese contexto, la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), a cargo de Cecilia Amil Martín, ordenó que la División Antidrogas Norte de la Policía de la Ciudad avanzara con tareas de campo. Así se identificó a al menos cinco personas dedicadas a vender drogas, entre ellas un hombre de edad avanzada, de nacionalidad peruana.

En febrero, la fiscalía pidió allanar varias habitaciones del hotel. Ese procedimiento terminó con la imputación de cuatro personas.

Pero la investigación no terminó allí y, a mediados de abril, la UFEIDE volvió a solicitar un allanamiento en el hotel y la detención del principal sospechoso. El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°14, subrogado por la jueza Laura De Marinis, autorizó ambos pedidos.

Durante el operativo, los efectivos encontraron clorhidrato de cocaína fraccionado en envoltorios de nailon, junto a elementos para cortar y fraccionar las sustancias.

Sobre el principal imputado ya pesaba una orden de expulsión dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°9.

La decisión de expulsarlo se apoyó en la Ley Nacional de Migraciones, que impide su reingreso de manera definitiva.

Los casos de narcomenudeo en esa zona de Constitución no son nuevos. También en febrero, en la misma cuadra de Luis Sáenz Peña al 1700 se realizó otro operativo en un hotel que ya había sido clausurado previamente.

Aquella vez, la Policía de la Ciudad, junto a la UFEIDE, llegó al lugar después de meses de tareas de investigación e intervenciones en la zona. Los oficiales detectaron que desde ese hotel se proveía droga a distintos puntos de Constitución y también a los bosques de Palermo.

El movimiento de bolsas de supermercado llamó la atención de los investigadores, que después secuestraron bolsas cortadas y preparadas para fraccionar la droga.

Durante el allanamiento, la División Perros de la fuerza porteña encontró cocaína en cuatro habitaciones: 527 envoltorios y dos bolsas con piedras de la misma sustancia, que totalizaban 240 gramos.

También incautaron una balanza de precisión, dinero en efectivo y elementos para el corte. Y en un espacio común del hotel, los policías hallaron un revólver Smith & Wesson calibre 357 con seis balas en el cargador, listo para ser disparado.

Ese operativo terminó con cinco personas detenidas. Entre ellos, el recepcionista del hotel, que también vivía en el lugar, y dos mujeres, una argentina y una dominicana. El lugar quedó nuevamente clausurado por la Agencia Gubernamental de Control.

La incautación de 1,672 paquetes de presunta droga, el decomiso de tres embarcaciones y la aprehensión de cuatro hombres marcaron el resultado de cuatro operaciones antidrogas ejecutadas por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) en distintas zonas del país, en un contexto de refuerzo de los controles marítimos en el Pacífico Central y el Caribe panameño.

Las acciones se desarrollaron en Panamá Oeste, Colón y Coclé, como parte de una estrategia orientada a interrumpir rutas del narcotráfico y reducir el flujo de sustancias ilícitas que transitan por el territorio nacional.

La primera operación se realizó al sur de Playa La Ermita, en el distrito de San Carlos, donde unidades aeronavales detectaron una lancha artesanal con dos ocupantes en actitud sospechosa. Durante la inspección se ubicó un bulto con presunta droga, además de un paquete adicional y un envoltorio plástico, lo que motivó la retención inmediata de la embarcación.

Los tripulantes, junto con los indicios recabados, fueron trasladados a la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez Justavino, bajo coordinación de la Fiscalía de Drogas de Panamá Oeste, que asumió las investigaciones correspondientes.

En una segunda intervención, desarrollada al norte de Portobelo, provincia de Colón, las autoridades lograron la incautación de 700 paquetes de presunta sustancia ilícita y el aseguramiento de otra embarcación sospechosa con dos tripulantes.

Tras un seguimiento marítimo y posterior interdicción, se confirmó la presencia del cargamento ilegal y se procedió con la aprehensión de los ocupantes, quienes quedaron a órdenes del Ministerio Público.

El caso fue trasladado a la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón, en Sherman, en coordinación con la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala, reforzando la articulación institucional en este tipo de operativos.

La tercera operación se concentró en la playa de Juan Hombrón, en la provincia de Coclé, donde unidades en tierra ubicaron 621 paquetes de presunta droga dispersos a orilla de playa, lo que evidencia el uso de métodos de abandono de carga para evadir a las autoridades.

La sustancia fue asegurada en el lugar y posteriormente trasladada a la Base Aeronaval de Aguadulce, bajo la supervisión de la Fiscalía de Drogas de Coclé, donde se realizó el conteo oficial del decomiso como parte del proceso investigativo.

En una cuarta acción, desarrollada en el sector de El Salado de Aguadulce, unidades aeronavales detectaron una embarcación que intentaba ingresar a un río, cuyos ocupantes huyeron hacia un manglar cercano al notar la presencia de las autoridades.

La nave fue abandonada y posteriormente asegurada, encontrándose en su interior 350 paquetes de presunta sustancia ilícita, que fueron trasladados igualmente a la Base Aeronaval de Aguadulce por instrucción de la Fiscalía de Drogas, consolidando así uno de los decomisos más relevantes de la jornada.

A estos resultados se suma un operativo paralelo ejecutado por la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, denominado Operación Mustang, desarrollado en el corregimiento de Ancón, en la ciudad de Panamá.

Durante un control rutinario, los agentes realizaron un registro exhaustivo a un vehículo tipo mula, donde detectaron varias maletas camufladas en la parte inferior del chasis, que contenían un total de 125 paquetes con presunta droga. El conductor fue aprehendido y puesto a disposición de las autoridades judiciales, junto con la evidencia incautada.

Detenidos por microtráfico

En paralelo, las autoridades también reportaron avances en la lucha contra el microtráfico, un fenómeno que impacta directamente la seguridad ciudadana. En lo que va de 2026, un total de 108 personas han sido condenadas por este delito, mientras que 20 individuos permanecen en detención preventiva por un período de seis meses.

Estas acciones han permitido el decomiso de 7,888 carrizos de cocaína, 1,883 bolsitas de marihuana, 338 pastillas de éxtasis, 274 bolsitas de crispí y 613 fragmentos de piedra, evidenciando la magnitud del mercado local de drogas.

Además de las sustancias ilícitas, las autoridades han incautado balanzas digitales, materiales de embalaje y otros indicios vinculados a la distribución de drogas al menudeo, lo que apunta a la desarticulación de redes locales dedicadas a este tipo de actividad.

La Policía Nacional que continuará con estos operativos, en conjunto con el Ministerio Público, como parte de una estrategia integral para combatir el narcotráfico en todas sus escalas, desde el tráfico internacional hasta la venta en comunidades.

Durante el primer cateo, los agentes localizaron 17 teléfonos celulares, una computadora portátil y diversos envoltorios con astillas cristalinas similares a un enervante. Detuvieron a dos hombres que estaban en posesión de una arma de fuego calibre 9 mm y las sustancias aseguradas. En esa misma intervención, se identificó a un grupo que intentó huir: cuatro hombres y una mujer, quienes fueron interceptados en flagrancia con paquetes de presunta droga y otra arma de fuego de 9 mm.

En otra acción realizada dentro del mismo asentamiento irregular, las autoridades detuvieron a otros dos hombres por el delito de resistencia de particulares. Durante esa diligencia, hallaron ocho máquinas tragamonedas, dos puestos de cigarros sueltos y un teléfono celular adicional, los cuales quedaron bajo resguardo.

Las personas detenidas fueron trasladadas de inmediato y puestas a disposición del Ministerio Público. Se iniciarán las carpetas de investigación correspondientes por los delitos y objetos hallados.

La zona conocida como “Pueblo Quieto” es identificada por la presencia de actividades ilícitas y el aseguramiento de bienes relacionados con delitos contra la salud y la posesión de armas. El operativo incluyó acciones coordinadas para intervenir en varios puntos del asentamiento, aprovechando recursos tecnológicos y humanos como los binomios del escuadrón canino.

La Fiscalía del Estado informa que mantiene operativos para buscar la paz y la legalidad en la región, asegurando el respeto a los derechos humanos en cada procedimiento. El despliegue de las distintas áreas especializadas responde a la estrategia de combate y reducción de delitos en asentamientos irregulares, con énfasis en la prevención y sanción del delito de tortura.

Los 17 celulares asegurados constituyen una parte relevante de la investigación, dado que pueden contener información sobre actividades delictivas de la zona. Los bienes incautados, incluidas las sustancias y las armas, serán sometidos a peritajes y análisis para determinar el tipo y cantidad precisa de droga, así como el origen de las armas.

Las diligencias se desarrollaron de forma simultánea, permitiendo la detección inmediata tanto de personas en posesión de droga como de intentos de fuga, lo que facilitó la detención en flagrancia y el aseguramiento del material ilícito. La presencia de máquinas tragamonedas y expendios de productos ilegales refuerza la línea de investigación sobre actividades complementarias a la venta de drogas.

Hasta ahora, las autoridades identifican a los detenidos como posibles integrantes de grupos que operan en la zona con distintos grados de participación en delitos contra la salud, portación de armas y resistencia a la autoridad.

Las acciones en “Pueblo Quieto” forman parte de un esquema de seguimiento dirigido a erradicar puntos identificados como generadores de violencia, mediante la intervención directa de fiscales especializados, trabajo social y unidades de apoyo técnico de la policía estatal.

El despliegue es resultado de un proceso de análisis previo realizado por áreas de inteligencia de la Fiscalía del Estado, lo que permitió la localización estratégica de puntos críticos dentro del asentamiento.

La Vicefiscalía en Derechos Humanos y la Vicefiscalía en Investigación para Prevenir y Sancionar el Delito de Tortura supervisan el procedimiento para garantizar que no se vulneren garantías básicas en el trato a los detenidos, así como en la recolección y resguardo de indicios.

Con la puesta a disposición de los presuntos responsables, la Fiscalía remarca su objetivo de mantener la vigilancia y la intervención en zonas de riesgo, priorizando el combate a redes delictivas y el respeto a la legalidad.

• Nueve personas detenidas en “Pueblo Quieto” por posesión de droga y armas de fuego.
• Se aseguraron dos armas, 17 celulares, una laptop, ocho máquinas tragamonedas y sustancias con características de droga.
• Todas las personas quedaron a disposición del Ministerio Público y se abrieron investigaciones por delitos federales y del fuero común.

La Guardia Civil ha interceptado en el océano Atlántico al carguero Arconian, de bandera de Comores, que transportaba una gran cantidad de cocaína. Según fuentes de la investigación citadas por la Agencia EFE, la operación, dirigida por la Audiencia Nacional, se encuentra bajo secreto de sumario. Las mismas fuentes estiman que la droga incautada podría superar las 10 toneladas (con 9.994 kilos), la mayor cifra que se habría recuperado hasta el momento en España.

El Arconian ha sido escoltado al puerto de Las Palmas de Gran Canaria en la tarde de este domingo pasado, junto a su tripulación, bajo custodia de la Guardia Civil. El carguero partió de Freetown, Sierra Leona, el 22 de abril y según su plan, se dirigía al puerto de Bengasi, en Libia. Esto suponía recorrer una distancia de entre 7.000 y 8.000 kilómetros bordeando todo el continente africano.

Fuentes de la Audiencia Nacional apuntan al mayor alijo incautado en alta mar por España: 9.994 kilos de cocaína

La cantidad de cocaína incautada, esos 9.994 kilos, superarían con creces la cifra registrada en enero de este año durante el abordaje del United S, por parte de la Policía Nacional. La incautación tuvo lugar a 545 kilómetros al oeste de El Hierro (Canarias) y marcó, hasta ese momento, el mayor decomiso de cocaína realizado en alta mar en Europa. Según aseguran desde la Agencia EFE, el Instituto Armado no ha ofrecido detalles adicionales debido al secreto del procedimiento judicial en curso.

El resultado positivo por THC en un control de tráfico con test salival conlleva, de forma inmediata, una sanción administrativa. Sin embargo, diversos estudios independientes apuntan a la existencia de márgenes de error en los dispositivos utilizados, lo que podría permitir la impugnación de algunas multas en función de cómo se realizó la prueba.

En los controles rutinarios, los agentes emplean analizadores portátiles de saliva que detectan la presencia de drogas en el organismo. Uno de los modelos más extendidos es el Abbott Sotoxa, un equipo homologado y utilizado en numerosos operativos. El procedimiento habitual consiste en una primera prueba in situ cuyo resultado, si es positivo, da lugar a una sanción administrativa sin necesidad de confirmación inmediata.

No obstante, el funcionamiento de estos dispositivos ha sido objeto de debate. Según investigaciones independientes, la tasa de falsos positivos podría alcanzar hasta el 10%. Otros análisis elevan ese porcentaje en determinados contextos, señalando que hasta un 24% de los positivos iniciales registrados en carretera no coincidirían posteriormente con los resultados de pruebas de laboratorio más precisas, como los análisis de sangre.

Dudas sobre la fiabilidad en carretera

El principal cuestionamiento se centra en la diferencia entre la prueba preliminar y la confirmatoria. Mientras que el test salival ofrece un resultado rápido, su precisión depende de múltiples factores: el estado del dispositivo, su calibración, el modo en que se realiza la recogida de la muestra o incluso las condiciones ambientales durante el control.

A pesar de estos condicionantes, el resultado del test en carretera suele considerarse válido a efectos sancionadores. En la práctica, esto implica que el margen de error detectado en estudios no se evalúa de forma individualizada en cada caso. Es decir, el conductor sancionado no recibe, en el momento del control, una verificación inmediata que descarte un posible falso positivo.

El procedimiento contempla, eso sí, la posibilidad de solicitar una prueba confirmatoria mediante análisis de sangre en un centro sanitario. Esta segunda prueba, más precisa, puede servir para contrastar el resultado inicial. Sin embargo, implica costes y un proceso adicional que no todos los conductores deciden asumir en el momento.

Posibilidades de recurso

Especialistas en derecho administrativo señalan que, más allá del consumo en sí, el foco de un eventual recurso puede situarse en las condiciones en las que se realizó la prueba.

La normativa vigente establece la validez de los dispositivos homologados, pero no elimina la posibilidad de error. En este contexto, los estudios independientes adquieren relevancia como base para cuestionar la fiabilidad absoluta de los resultados obtenidos en carretera.

Algunos expertos recomiendan revisar detenidamente el expediente sancionador antes de proceder al pago de la multa. La información recogida en el atestado, los detalles del dispositivo utilizado y las condiciones del control pueden ofrecer elementos para fundamentar un recurso.

Mientras tanto, las autoridades mantienen que los controles de drogas son una herramienta clave para la seguridad vial y subrayan que los dispositivos empleados cumplen con los estándares exigidos. El debate sobre su margen de error, no obstante, continúa presente en el ámbito jurídico y científico, especialmente en lo que respecta a la proporcionalidad de las sanciones basadas exclusivamente en pruebas preliminares.

En un país como Sri Lanka donde el cannabis es la droga que más se consume, según el Centro Internacional de Investigación y Análisis Contra Narcotráfico Marítimo en Latinoamérica, la ingesta de esta está prohibida ante la ley. Por ello, son varios los casos de detenciones de los que se ha hecho eco la prensa internacional. En 2024, fue arrestado un español de 38 años, mientras que ahora han sido 22 monjes budistas los acusados de posesión de cannbis.

Los religiosos fueron arrestados en la isla por transportar más de 110 kilogramos de cannabis en el Aeropuerto Internacional Bandaranaike de Colombo, en lo que representa la mayor incautación de drogas ocurrida en esa terminal, según información de las autoridades recogida por la CNN. El valor de la droga incautada, según la cadena de televisión, está estimado en 3,45 millones dólares estadounidenses (lo que equivale a 1.100 millones de rupias, la moneda local), de acuerdo con el portal de noticias oficial del Gobierno.

Un caso mediático cuyos ingredientes son monjes budistas y cannabis

Este caso supone la primera vez que monjes budistas son detenidos en un aeropuerto del país con sustancias ilegales, según el periódico estatal Daily News. Los jóvenes arrestados, originarios de diversas zonas de Sri Lanka, habían regresado de Tailandia tras viajar el 22 de abril de este año con boletos facilitados por un patrocinador, conforme a lo informado por los investigadores policiales al diario esrilanqués.

La policía local ha indicado que la operación se realizó a partir de un aviso confidencial y que la marihuana se encontraba oculta en dobles fondos modificados dentro del equipaje. En total, cada pasajero transportaba más de 5 kilogramos de cannabis, según informaron desde Daily News.

En Sri Lanka, el cannabis está prohibido y las leyes nacionales contemplan penas severas por delitos vinculados a estupefacientes, incluso permitiendo detenciones indefinidas y largas condenas a prisión, según advierten desde el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, a través de CNN.

En relación con el siguiente paso para los acusados, fuentes oficiales han detallado que los detenidos comparecerán ante el Tribunal de Magistrados de Negombo, localidad al este de la isla asiática, para los procedimientos judiciales y la continuación de las pesquisas. Por su parte, la Oficina de Narcóticos de la Policía de Sri Lanka investiga posibles vínculos del grupo con redes locales de tráfico de drogas, según informaciones estatales.

Un monje fue quien orquestó la operación

El suceso se produjo el lunes pasado, a finales de abril, cuando las autoridades de Sri Lanka detuvieron a un monje acusado de dirigir una operación de contrabando de 112 kilogramos de droga, tras el regreso de 22 religiosos desde Tailandia a Colombo.

A continuación, el Tribunal de Primera Instancia de Negombo, localidad donde comparecerán los 22 acusados, dispuso una orden de prisión preventiva por 7 días contra el sospechoso, quien habría gestionado el viaje colectivo y coordinado las comunicaciones de la operación mediante un grupo de WhatsApp.

El acusado fue arrestado el domingo en Miriswatta, municipio situado a 25 kilómetros al este de Colombo, después de ocultarse, según las autoridades, tras la detención de los 22 monjes, interceptados en la víspera en el Aeropuerto Internacional de Bandaranaike al norte de la capital. En esa acción, la Policía pudo incautar cannabis y hachís en la mayor parte del cargamento.

El decomiso de 194 paquetes de presunta droga dentro de un contenedor procedente de Jamaica y con destino final a Irlanda marca un nuevo golpe de las autoridades panameñas contra las redes del narcotráfico internacional que utilizan los puertos del país como punto de tránsito.

La operación fue ejecutada por la Dirección Nacional Antidrogas y la Unidad Táctica Antidrogas de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, tras ubicar la carga ilícita en un puerto del Atlántico, reforzando las alertas sobre el uso de rutas marítimas comerciales para el traslado de sustancias ilegales.

Este tipo de incautaciones no es aislado. En lo que va de 2026, los estamentos de seguridad han reportado el decomiso de 3,307 paquetes con sustancias ilícitas en distintos puertos panameños, en operaciones dirigidas contra estructuras criminales transnacionales.

Las investigaciones han evidenciado que Panamá sigue siendo un punto estratégico para el trasiego internacional de drogas, especialmente en contenedores que salen de países del Caribe o Suramérica con destino a Europa, donde el valor de la mercancía ilícita se multiplica.

Las autoridades han detectado en los últimos meses múltiples casos en los que organizaciones criminales utilizan el método de contaminación de contenedores, introduciendo droga en cargas legales sin conocimiento de las empresas exportadoras.

Este patrón se repite en rutas que conectan con destinos como Bélgica, Países Bajos y España, además de Irlanda, consolidando a los puertos del Atlántico panameño como un punto de interés para las mafias internacionales. La articulación entre inteligencia policial, controles portuarios y cooperación internacional ha permitido interceptar cargamentos antes de que salgan del país.

Condena por microtráfico

En paralelo al combate del tráfico internacional, las autoridades han intensificado las acciones contra el microtráfico, entendido como la venta, distribución y comercialización de drogas en pequeñas cantidades dentro de comunidades locales.

Este fenómeno, aunque de menor escala que el narcotráfico internacional, tiene un impacto directo en la seguridad ciudadana, al estar vinculado a delitos como robos, homicidios y violencia comunitaria.

Un ejemplo reciente es la Operación Panamá Este Seguro, desarrollada en sectores como Pacora y otros corregimientos, donde fueron aprehendidas 21 personas vinculadas al microtráfico.

De estas, 14 recibieron condenas mediante acuerdos de pena de entre 80 y 90 meses de prisión, mientras que 6 permanecen en detención provisional y una persona fue capturada por mantener una condena pendiente de 120 meses. Estos resultados reflejan una estrategia enfocada en desarticular puntos de venta y redes locales de distribución.

Las cifras operativas refuerzan esta tendencia. Solo en los últimos 15 días de abril, se reportó la aprehensión de 54 personas por microtráfico, en el marco de la Operación Intervención Control Territorial Focalizada, que se ejecuta en zonas previamente identificadas por su incidencia delictiva.

Esta estrategia busca concentrar recursos policiales en áreas críticas, aumentando la presencia y la capacidad de respuesta frente a actividades ilícitas.

Durante el mes de marzo, la Policía Nacional realizó 252 operativos contra el microtráfico, logrando la incautación de dinero en efectivo por un total de 136,142.16 dólares, además de sustancias ilícitas y otros indicios vinculados a estas actividades.

Estos operativos forman parte de un enfoque sostenido que combina acciones de inteligencia, allanamientos y compras controladas, con el objetivo de debilitar las estructuras que operan a nivel comunitario.

En la fase más reciente de la Operación Intervención Control Territorial Focalizada, las autoridades informaron la aprehensión de 84 personas en las primeras horas de despliegue, incluyendo capturas por oficios judiciales, flagrancia, faltas administrativas y delitos de microtráfico.

Asimismo, se realizaron ocho allanamientos, se decomisaron cuatro armas de fuego, 21 municiones y se recuperó un vehículo con reporte de robo, evidenciando la conexión entre el microtráfico y otras actividades delictivas.

En el ámbito judicial, los casos recientes reflejan la aplicación de mecanismos como acuerdos de pena dentro del Sistema Penal Acusatorio. El juez de garantías Erick González validó la sentencia N°756 del 29 de abril de 2026, mediante la cual se condenó a dos hombres de 27 y 33 años a 80 meses de prisión por el delito de comercialización de sustancias ilícitas.

Además, se impusieron penas accesorias, incluyendo multas y comisos de dinero, como parte de las sanciones establecidas.

En esa misma audiencia, un tercer implicado de 24 años fue imputado por posesión simple de droga, pero recibió una suspensión del proceso sujeta a condiciones, entre ellas mantener un domicilio fijo, abstenerse del consumo de sustancias, someterse a tratamiento y conservar un empleo durante un año.

Este tipo de medidas busca diferenciar entre perfiles delictivos, aplicando sanciones más severas a quienes participan en la comercialización y alternativas en casos de menor gravedad.

Las autoridades han reiterado que la combinación de operaciones internacionales, intervenciones comunitarias y decisiones judiciales es clave para enfrentar el problema de las drogas en Panamá. Mientras los decomisos en puertos reflejan la magnitud del narcotráfico global, las acciones contra el microtráfico evidencian el impacto local de estas redes, consolidando un enfoque integral que abarca desde la interdicción hasta la sanción penal.

La intervención se produjo durante un dispositivo de prevención contra el tráfico de drogas. Los agentes localizaron una embarcación semirrígida, sin sistemas de navegación, y equipada con cuatro motores, una tipología frecuentemente utilizada para el transporte ilícito de sustancias estupefacientes. Al aproximarse, los ocupantes de la lancha detectaron la presencia policial y emprendieron la huida, desoyendo las señales de alto de los agentes.

Persecución a los narcotraficantes

Durante la persecución en alta mar, la narcolancha realizó bruscos cambios de rumbo y aceleraciones repentinas para tratar de esquivar a la patrullera de la Guardia Civil. Los agentes, con apoyo de medios aéreos del Servicio Marítimo. En medio de la huida, los ocupantes de la embarcación comenzaron a arrojar fardos de hachís y garrafas de combustible, con la intención de aligerar peso y dificultar la navegación de los agentes, además de intentar destruir pruebas.

Tras varios minutos de tensión, la patrullera logró acercarse y bloquear el paso de la narcolancha, forzando su detención. En la inspección posterior al abordaje, los agentes localizaron 100 fardos de hachís, distribuidos por toda la eslora de la embarcación y cubiertos con lonas impermeables. El recuento arrojó un peso total de 4.000 kilos de droga, destinada presuntamente a su distribución en el litoral andaluz y en otros puntos del territorio nacional.

Los cuatro detenidos han sido trasladados a dependencias policiales para su identificación y toma de declaración. Posteriormente, han quedado a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, que ha ordenado su ingreso en prisión provisional mientras continúa la investigación para determinar el origen y el destino final de la droga incautada.

Un operativo extraordinario de control y registro, encabezado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP), permitió la incautación de sustancias ilícitas y objetos no autorizados en los penales de Piura y Chimbote.

En el primero de ellos, las autoridades ingresaron al pabellón 5 para revisar 50 celdas. El despliegue incluyó a 15 agentes de seguridad interna del INPE, 160 efectivos de la Policía y 3 fiscales del Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Castilla.

Durante el operativo, el interno Jeison Puente Fernández, de nacionalidad venezolana, fue sorprendido con bolsas transparentes que contenían 32 envoltorios con marihuana, 64 ketes de la misma droga y 97 bolsitas con pasta básica de cocaína.

Además, en las celdas 7, 10, 13 y 18, se incautaron armas punzocortantes, balanzas grameras con pantalla digital y pipas artesanales, junto a otros artículos prohibidos en el recinto. Las autoridades procedieron a registrar y retirar todos los objetos hallados, con el objetivo de prevenir su uso en actividades ilícitas o en la alteración del orden interno.

En paralelo, en el penal de Chimbote, el operativo se centró en el pabellón 6. Para esta intervención, participaron 40 agentes del INPE, 32 miembros de la PNP y 3 fiscales de prevención del delito. Allí, la revisión permitió confiscar sogas hechizas, radios parlantes y desinstalar conexiones eléctricas irregulares que podrían facilitar actos prohibidos dentro del establecimiento carcelario.

Ambos operativos forman parte de un plan integral de fiscalización y control que busca reducir los riesgos dentro de los establecimientos penitenciarios y garantizar la seguridad tanto de internos como del personal.

Incautación en el penal de Arequipa

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) realizó una operación de requisa en el pabellón 3 del penal de mediana seguridad de Arequipa, donde logró incautar droga y equipos de comunicación móvil escondidos en estructuras poco habituales.

Más de 30 agentes participaron en la intervención, que permitió detectar celulares, cargadores, cables USB, audífonos y tres bolsas con sustancias ilícitas, ocultos dentro de paredes, muebles de madera y almohadas de uso cotidiano. La acción abarcó celdas, zonas comunes, servicios higiénicos y la cocina del establecimiento.

El operativo incluyó la inspección corporal de los internos y la revisión de todas sus pertenencias, con el objetivo de evitar el ingreso y uso de objetos prohibidos que puedan facilitar actividades delictivas dentro del centro penitenciario.

Los objetos incautados fueron entregados a la alcaldía del penal y puestos a disposición del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, entidades encargadas de investigar la procedencia y posibles responsables del ingreso de estos materiales.

El INPE ha intensificado este tipo de intervenciones como parte de su estrategia para combatir la criminalidad y las extorsiones desde los penales, buscando cerrar los espacios que permiten la circulación de artículos ilegales. Las autoridades destacan la necesidad de mantener estas acciones para anticipar y neutralizar formas cada vez más sofisticadas de ocultamiento utilizadas por los internos.

En un esfuerzo continuo por desarticular las finanzas de las estructuras criminales y limpiar las calles de sustancias ilícitas, la Fiscalía General de la República (FGR), en estrecha coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ha ejecutado recientemente importantes operativos de destrucción de estupefacientes.

Estos procedimientos, que forman parte de la estrategia nacional de seguridad, no solo buscan la eliminación física de la droga, sino también enviar un mensaje contundente sobre la cero tolerancia al tráfico ilícito en el territorio salvadoreño.

En uno de los procedimientos más significativos reportados, las autoridades procedieron a la quema y destrucción de un total de 85,224.93 gramos de droga.

Según las estimaciones de los peritos financieros de la FGR, esta mercancía poseía un valor económico en el mercado negro de $333,786.85 dólares.

Esta cifra representa una pérdida patrimonial considerable para las bandas de narcotráfico que operan en la región.

El cargamento destruido es el resultado de diversas intervenciones y decomisos realizados en puntos estratégicos del país, específicamente en los departamentos de Santa Ana, San Miguel y San Salvador. Estas zonas han sido foco de patrullajes intensivos y labores de inteligencia que permitieron interceptar la droga antes de que llegara a sus destinos de distribución final.

La transparencia en estos procesos es fundamental para la certificación legal. En esta ocasión, los peritos clasificaron las sustancias de la siguiente manera:

• Marihuana: 83,712.07 gramos.
• Plantas de marihuana: 13 unidades.
• Cocaína: 1,487.51 gramos.
• Metanfetamina: 25.35 gramos.

Es importante destacar que las personas vinculadas a estos cargamentos ya están enfrentando las consecuencias legales. Mientras algunos ya se encuentran cumpliendo condenas en centros penitenciarios, otros están siendo procesados bajo el cargo de tráfico ilícito, un delito que en la legislación salvadoreña conlleva penas severas de prisión.

Operativos recientes en el mes de febrero

Sumado a las acciones anteriores, la FGR confirmó que durante el transcurso del mes de febrero se llevó a cabo otra supervisión de destrucción de narcóticos. En colaboración con agentes de la PNC, se eliminaron sustancias que habían sido incautadas en operativos recientes a lo largo y ancho del país.

Tras realizar las correspondientes pruebas de campo (pruebas con reactivos químicos para confirmar la pureza y tipo de droga) y el pesaje oficial, las autoridades confirmaron la eliminación de:

1. 2,658.90 gramos de marihuana.
2. 3,675.91 gramos de cocaína.
3. 32,113 gramos de metanfetaminas.

En este caso particular, la FGR detalló que el valor económico de estas sustancias ascendía a $96,572.67 dólares. Al sumar ambos procedimientos, el monto total retirado de la economía criminal supera con creces los 400 mil dólares en un corto periodo de tiempo.

La eliminación de estas sustancias no es un proceso fortuito. La FGR ha enfatizado que cada gramo destruido pasa por un riguroso control. La quema se realiza en instalaciones controladas, alejadas de zonas residenciales para evitar afectaciones a la salud pública, y bajo la estricta vigilancia de fiscales especializados y delegados de la PNC.

Estos delegados son los encargados de certificar que el producto que entra al horno o a la fosa de incineración sea exactamente el mismo que fue decomisado y resguardado en las bodegas de evidencias. Este protocolo garantiza que no existan fugas de evidencia y que el proceso se cumpla conforme a los estándares legales establecidos en el Código Procesal Penal.

La lucha contra el narcotráfico es un pilar fundamental, ya que el comercio de drogas suele ser la principal fuente de financiamiento para las pandillas y otras estructuras transnacionales.

Arturo Zedillo Pulido, alias “El Pelucas”, de 34 años de edad, fue detenido por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana el pasado miércoles 29 de abril, en el fraccionamiento Natura sección Bosques, en Tijuana.

La detención se dio sobre la calle Mirador Calles, donde el individuo, originario de Tijuana, fue interceptado cuando se encontraba a bordo de un vehículo Wolksvagen, Golf GTI, color negro, placas C56NTT9.

El reporte oficial señaló que se le investiga por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Durante la intervención, los agentes aseguraron un arma tipo fusil color negro con características de AK-47; un arma tipo fusil color negro calibre .223; un arma tipo revólver color negro con empuñadura café, calibre .22; un arma corta tipo pistola calibre .40, abastecida con un cargador metálico con siete cartuchos útiles y 30 bolsas de plástico transparente, cada una con 30 envoltorios azules sellados, que contenían una sustancia granulada con características similares a la metanfetamina.

El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su aituación jurídica.

De acuerdo con información dada a conocer por el semanario Zeta, de Tijuana, Arturo Zedillo Pulido está vinculado a una célula del Cártel de Sinaloa y sería quien controla el narcomenudeo y ajuste de cuentas en el área de Natura. Mantiene, en la actualidad, una disputa por la zona con otro delincuente apodado como El Pájaro, aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Detienen a tres presuntos sicarios con más de mil dosis de metanfetamina en Tijuana

Hace un par de semanas, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California confirmó la detención de tres presuntos sicarios luego de un operativo coordinado con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional en la colonia Colinas de la Cruz, municipio de Tijuana.

Según los indicios de las autoridades, los sujetos son integrantes de una célula delictiva. Se trata de Jaime “N”, alias “El Negro”, de 24 años; Julio César “N”, apodado “El Pollo”, de 48 años; y Miguel Eduardo “N”, conocido como “El Cocho”, de 36 años.

El aseguramiento ocurrió la noche del pasado viernes 10 de abril, cuando agentes detectaron a los tres sujetos adoptando una actitud evasiva sobre la calle De la Luz, lo que motivó la intervención policial. De acuerdo con la información compartida por autoridades, los detenidos portaban armas de fuego y más de mil dosis de metanfetamina.

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional acaba de confirmar las condenas de prisión para nueve miembros de la primera célula de la Mocro Mafia asentada en España. El tribunal ha rechazado los recursos de los narcos y ha confirmado la investigación de la Guardia Civil, la instrucción judicial y la primera sentencia. La Mocro Mafia es una de las organizaciones criminales más peligrosas de Europa. Originaria de Países Bajos, se trata de un complejo ecosistema de bandas y clanes de sicarios y narcotraficantes que tienen algo en común: estar formados en su mayoría por descendientes de inmigrantes marroquíes. Este grupo en concreto fue desmantelado en octubre de 2020 por el Equipo contra el Crimen Organizado de la Guardia Civil en Galicia (UCO-ECO Galicia).

Entre noviembre de 2019 y octubre de 2020, este grupo introdujo 2.292 kilos de cocaína en seis envío distintos ocultos en contenedores a través de dos puertos; el de Marín en Galicia y el de Valencia: 663 kilos en noviembre de 2019, 170 kilos en diciembre de 2019, 156 kilos en marzo de 2020, 601 kilos también en marzo, 223 kilos en mato de 2020 y 479 kilos en octubre de 2020. La droga tenía una pureza del 78% y habría alcanzado en el mercado unos 61 millones de euros. Aunque la Guardia Civil detuvo a la gran parte de este grupo, su líder sigue en búsqueda y captura, un importante narcotraficante con conexiones en Colombia, Ecuador, Brasil, República Dominicana, Chile, Panamá y Costa Rica. Tenía capacidad para importar la droga desde todos estos territorios.

En España, la red criminal la dirigía Brian V. D. B., apodado el ‘ojo’, responsable de auditar la droga una vez que llegaba a los puertos españoles. Bajo sus órdenes había otras ocho personas, todos sin antecedentes penales, quienes se ocupaban de distintas labores de acompañamiento y vigilancia de los envíos y quienes captaron a guardias civiles destinados en el puerto de Marín para sobornarles y facilitar la llegada de la droga. Agentes que realmente estaban encubiertos y ayudaron a desmantelar la célula de la Mocro Mafia.

La red actuaba con cierta impunidad. Por ejemplo, para cerra el primer envío de droga que llegó en noviembre de 2019, cerraron una cita con dos guardias civiles a los que creían que estaban comprando para que no hubiera problemas en una remesa de 663 kilos de cocaína que iba a llegar en un barco procedente de Colombia. La droga estaba oculta en un palé de bananas. A cambio de su colaboración para la extracción del contenedor y la droga, así como su traslado al punto de entrega, los agentes recibirían un 15% del valor de la droga. Los narcos entregaron a los guardias teléfonos móviles que estaban encriptados. El envío no tuvo éxito. La Guardia Civil decomisó la droga. Los agentes encubiertos argumentaron ante los narcos que no pudieron hacer nada por salvar este envío porque otros compañeros del las unidades antidroga habían detectado el cargamento oculto.

12.000 euros por captar agentes

Pero los decomisos de cocaína por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad son riesgos asumibles por los grupos criminales, “que saben que por cada envío que les cogen, consiguen meter otros tres”, explican fuentes de la Guardia Civil. Esta célula de la Mocro Mafia, en lugar de sospechar, pidió a los agentes encubiertos de Marín que les presentaran otros compañeros de la Benemérita susceptibles de ser sobornados para meter más contenedores de droga en los puertos de Barcelona y Valencia. Por estas labores de captación, los narcos pagaron 12.000 euros a los agentes encubiertos. Los narcos eran ambiciosos, ya que trasladaron a los guardias que tenían capacidad de meter en España un envío de coca a la semana.

Tras Marín, esta célula intentó introducir más cargamentos desde el puerto de Valencia, que también fueron decomisados. Entonces empezaron las sospechas de los narcos, que para probar la “lealtad” de estos agentes les encargaron intentar recuperar un cargamento de 223 kilos de coca incautados en el puerto levantino. Si lo conseguían, la Mocro Mafia estaba dispuesta a pagar un millón de euros porque la droga tenía un valor en el mercado de 7,7 millones de euros. No fue posible. Los narcos, no obstante, intentaron ampliar el negocio y plantearon a los guardias la posibilidad de transportar hachís desde Casablanca a Valencia. La verdad es que los narcos demostraron perseverancia y paciencia, ya que en los siguientes meses también sufrieron las pérdidas de varios envíos en el puerto de Valencia. Hasta que todo estalló por los aires en octubre de 2020.

Cuando la célula preparaba la recepción de otro envío de cocaína a través del puerto de Valencia, los narcos recibieron un aviso de que los cuatro guardias civiles con los que estaban colaborando les habían traicionado y en realidad eran agentes encubiertos. Intentaron huir. Algunos fueron detenidos en Valencia y Málaga. Otros miembros del grupo fueron arrestados en los Países Bajos. Los nueve miembros que fueron capturados fueron condenados en septiembre de 2025 por la Audiencia Nacional a diez años de prisión y una multa de 70 millones de euros. Pero sus abogados recurrieron alegando que se habían vulnerado sus derechos fundamentales, como la “falta de autorización judicial en la actuación de agentes encubiertos” y que las intervenciones telefónicas debían ser anuladas.

Ahora, la Sala de Apelaciones ha rechazado sus recursos y ratificado las condenas. En una sentencia fechada el pasado 16 de marzo, el tribunal dictamina que la organización criminal ya estaba activa antes de entrar en contacto con los agentes encubiertos, “quienes actuaron conforme a autorización judicial y bajo control”. También que la valoración probatoria se consideró “lógica, coherente y corroborada” por múltiples indicios objetivos, incluidos incautaciones de droga coincidentes con la información suministrada por la propia célula. Tras esta operación, Policía Nacional y Guardia Civil han desarticulado en España otros grupos integrados en la Mocro Mafia, que incluso ya ha cometido crímenes en nuestro país.

El resurgimiento de carfentanilo, un opioide sintético de extrema potencia, provocó un fuerte aumento en las muertes por sobredosis en Estados Unidos, con impacto en al menos 37 estados y con la atención inmediata de las principales agencias de salud y seguridad. La situación se agravó en la primera mitad de 2024, periodo sobre el que las autoridades federales reportaron un salto sustancial en la detección de la sustancia y su vínculo con fallecimientos, de acuerdo con los datos más recientes.

Según el informe más reciente y actualizado del CDC, los decesos relacionados con carfentanilo se multiplicaron por siete entre enero y junio de 2024 respecto al año anterior, mientras la DEA confirma un incremento en incautaciones y alerta sobre la expansión del opioide en el mercado ilícito. Ambas agencias subrayan que estos datos constituyen la información oficial más reciente disponible, y consideran que la presencia de carfentanilo —capaz de ser letal en dosis mínimas— introduce nuevos riesgos en la crisis de opioides que atraviesa el país.

Los antecedentes inmediatos muestran que el carfentanilo había disminuido su circulación tras la regulación internacional de 2017, cuando China lo incorporó a su lista de sustancias controladas. No obstante, la tendencia se revirtió en 2023 y 2024, con advertencias renovadas de las autoridades sobre el potencial disruptivo de este opioide en la salud pública estadounidense.

¿Qué es el carfentanilo y cuál es su nivel de peligrosidad?

El carfentanilo es un análogo sintético del fentanilo, desarrollado para uso veterinario exclusivo en animales de gran tamaño, como elefantes. No existen aplicaciones médicas aprobadas para humanos, según la DEA. Esta sustancia es cien veces más potente que el fentanilo y diez mil veces más que la morfina, lo que la convierte en un compuesto de altísimo riesgo.

El CDC indica que una dosis de apenas 0,2 miligramos puede resultar mortal en humanos. El peligro radica en su capacidad para mezclarse con otras drogas, dificultando la identificación y dosificación correcta. La DEA subraya que la reaparición de carfentanilo “es un recordatorio de cómo la epidemia de opioides evoluciona e introduce amenazas de manera acelerada”.

¿Cómo circula el carfentanilo en el mercado ilícito?

De acuerdo con la DEA, el carfentanilo se encuentra en el mercado negro principalmente en forma de polvo, pero también aparece mezclado con heroína u otros opioides, y en tabletas falsas que imitan medicamentos recetados. Esta modalidad incrementa el riesgo de sobredosis accidentales, ya que los consumidores pueden ingerir carfentanilo sin saberlo.

Las autoridades federales advierten que “el suministro de drogas es impredecible y puede cambiar rápidamente”, dificultando la prevención de intoxicaciones. El CDC señala que el carfentanilo no puede distinguirse visualmente ni por sabor, incluso para usuarios con experiencia en opioides.

¿Cuáles son los datos recientes sobre muertes y distribución de carfentanilo?

Según el informe más reciente y actualizado del CDC, los decesos relacionados con carfentanilo se multiplicaron por siete entre enero y junio de 2024 respecto al año anterior. Se registraron 238 muertes asociadas a carfentanilo en ese periodo, frente a 29 en el mismo periodo de 2023. La sustancia fue detectada en 37 estados hasta mayo de 2025, reflejando una expansión geográfica relevante. La DEA informó que las incautaciones de carfentanilo durante 2024 superaron la suma de los tres años anteriores.

El CDC atribuye los picos de mortalidad a la incorporación del carfentanilo en mezclas ilícitas y a la dificultad para revertir sus efectos con tratamientos habituales. Las muertes se concentraron especialmente en estados como Ohio, Florida, Pensilvania, Kentucky y Michigan, donde ya se habían registrado brotes previos.

¿Por qué representa un desafío sanitario y clínico el carfentanilo?

El carfentanilo actúa sobre el sistema nervioso central en cuestión de minutos. Los síntomas incluyen paro respiratorio, somnolencia, desorientación, sedación, pupilas contraídas y piel fría o húmeda, según el CDC. La velocidad de acción complica la intervención médica de emergencia.

La naloxona, principal antídoto para sobredosis de opioides, puede no ser suficiente ante intoxicaciones con carfentanilo. El CDC y la DEA han documentado que “la reversión efectiva de una sobredosis no está garantizada con dosis habituales” y que, en muchos casos, se requieren varias aplicaciones, sin certeza de éxito.

¿Qué factores explican el resurgimiento del carfentanilo?

Especialistas y agencias federales atribuyen el resurgimiento del carfentanilo a cambios en el mercado ilícito de drogas, donde los traficantes buscan compuestos más potentes y de bajo volumen. El profesor Hawre Jalal de la Universidad de Ottawa señaló en declaraciones recogidas por Newsweek que la disponibilidad de carfentanilo está influida por regulaciones internacionales y la adaptación de las redes criminales a las presiones regulatorias.

China había restringido el carfentanilo en 2017, lo que coincidió con una caída en muertes y decomisos en Estados Unidos entre 2018 y 2022. El repunte a partir de 2023, según la DEA, evidencia la capacidad del mercado ilícito para reintroducir sustancias peligrosas en respuesta a la demanda y las brechas en el control internacional.

¿Cómo se presentan y consumen las dosis de carfentanilo?

El carfentanilo no se produce comercialmente en forma de pastillas legales ni tiene presentación farmacéutica aprobada para humanos. Sin embargo, en el mercado ilegal puede encontrarse:

• Como polvo, mezclado con otras drogas como heroína o fentanilo.
• En pastillas o tabletas falsas que simulan ser medicamentos recetados, según la DEA.
• En presentaciones líquidas, menos frecuentes, destinadas originalmente a uso veterinario.

La DEA advierte que la presencia de carfentanilo en pastillas falsas incrementa el riesgo de sobredosis inadvertidas, ya que una sola tableta puede contener una cantidad letal sin que el usuario lo sepa.

¿Qué medidas adoptan las autoridades frente a la amenaza del carfentanilo?

Las agencias federales han reforzado las advertencias sobre el carfentanilo. El CDC insiste en la importancia de ampliar el acceso a naloxona, promover pruebas de detección de drogas y facilitar el acceso a tratamientos para el trastorno por consumo de opioides. Además, recomienda no consumir drogas en soledad y buscar atención médica inmediata ante cualquier sospecha de intoxicación.

La DEA aconseja abstenerse de consumir drogas ilícitas y no tomar ninguna pastilla que no haya sido prescrita y dispensada legalmente. En caso de exposición o sobredosis, la recomendación es contactar de inmediato a los servicios de emergencia y administrar naloxona si está disponible.

¿Qué impacto tiene el carfentanilo en los sistemas de salud y seguridad?

El resurgimiento de carfentanilo genera presión sobre hospitales, servicios de emergencia y autoridades sanitarias. La rápida aparición de síntomas y la dificultad para revertir sus efectos complican la atención de los casos de sobredosis. Según el CDC y la DEA, la expansión del carfentanilo podría revertir los avances alcanzados en la reducción de muertes por opioides sintéticos.

Los organismos oficiales mantienen la vigilancia y la actualización de estrategias de respuesta, ante la posibilidad de que nuevas variantes u opioides de alta potencia se incorporen al mercado ilícito en los próximos meses.

En Puebla, en una semana comprendida entre el 20 y el 26 de abril, fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno detienen a 80 personas en el marco de 231 acciones operativas desplegadas en distintos puntos de la entidad. Entre los detenidos se encuentra el principal operador de la organización delictiva “Los Pericos”, identificada por su participación en actividades de extorsión, robo de hidrocarburo y acopio de armamento tanto en Puebla como en Veracruz.

Durante las intervenciones se logra el aseguramiento de 222 dosis de posible droga y la recuperación de mil 125 litros de hidrocarburo. Además, se retiran de circulación 63 vehículos con reporte de robo y se aseguran 28 unidades asociadas a distintos delitos. Estas acciones incluyen la inhabilitación de dos tomas clandestinas, reforzando la vigilancia contra el robo de combustible en la región.

En el operativo más destacado, la Policía Estatal Preventiva trabaja en conjunto con las fuerzas municipales de Tecamachalco, San Salvador Huixcolotla, Palmar de Bravo, Los Reyes de Juárez y Tochtepec. El despliegue se realiza por aire y tierra sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, localizando y capturando a personas relacionadas con actividades ilícitas. Uno de los detenidos portaba más de 106 envoltorios que contenían marihuana y cristal.

La coordinación entre corporaciones federales, estatales y municipales es clave para estas acciones. El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, mantiene la participación activa de la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN) y los cuerpos de policía municipales. El objetivo, según las autoridades, es “refrendar el compromiso para combatir la delincuencia en la región oriente y el corredor de ductos”.

Las 231 acciones corresponden a un esfuerzo sistemático contra delitos de alto impacto. El retiro de drogas y la recuperación de hidrocarburos son puntos centrales para debilitar las finanzas criminales de grupos asentados en el centro y sur del estado. Se reporta que la presencia de “Los Pericos” abarca distintas zonas, con particular énfasis en rutas de distribución de combustible robado.

En este periodo, la vigilancia en carreteras federales intensifica la localización de vehículos robados. Además de los 63 autos recuperados, se asegura un volumen adicional de 28 unidades ligadas a hechos delictivos aún bajo investigación. La recuperación y aseguramiento de vehículos opera en coordinación con plataformas estatales y federales de reporte de robo.

La incautación de 222 dosis presumiblemente destinadas al narcomenudeo, así como la detención de individuos armados y la desactivación de tomas clandestinas, forman parte de una estrategia integral que involucra patrullajes combinados y operativos especiales. Los cuerpos de seguridad afirman que mantendrán estos despliegues en áreas identificadas como prioritarias, enfocándose en ataques directos contra células de extorsionadores y huachicoleros.

Las autoridades atribuyen este saldo al trabajo conjunto entre instancias federales, estatales y municipales. La mayor parte de las detenciones y aseguramientos ocurre en el corredor que conecta Puebla con la zona limítrofe de Veracruz, tradicionalmente identificado como ruta de trasiego de hidrocarburos sustraídos ilegalmente.

La Secretaría de Seguridad Pública informa que continuará reforzando la colaboración con SEMAR, DEFENSA y GN para mantener la vigilancia permanente sobre áreas de alta incidencia y priorizar la persecución de cabecillas de organizaciones criminales que operan en el centro–sur del país.

• Detención de 80 personas en operativos realizados entre el 20 y el 26 de abril en Puebla, incluido el principal operador de “Los Pericos”.
• Recuperación de mil 125 litros de hidrocarburo, 63 vehículos robados, 28 unidades asociadas a delitos y 222 dosis de posible droga.
• Coordinación entre instancias federales, estatales y municipales fue determinante para el desmantelamiento de estructuras criminales en la región.

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas(DNCD) incautaron 1,163 paquetes de presunta marihuana sintética ocultos en electrodomésticos en el puerto de Puerto Plata, al norte de República Dominicana, en el marco de una operación conjunta para frenar el tráfico internacional de estupefacientes. La droga llegó en un contenedor procedente de Miami, Estados Unidos, y fue descubierta durante inspecciones intensificadas que apuntan a fortalecer la seguridad en los principales puntos de entrada del país.

La operación, desarrollada junto con la Dirección General de Aduanas(DGA) y el Ministerio Público, responde a una estrategia del Estado dominicano orientada a reforzar los mecanismos de interceptación de cargamentos ilícitos y combatir el crimen organizado transnacional. El operativo detectó los paquetes dentro de una carga consolidada compuesta por televisores, neveras y muebles, evidencia de las nuevas tácticas empleadas por las redes de narcotráfico para eludir los controles portuarios, según informó la DNCD.

El hallazgo fue posible gracias al análisis previo de inteligencia, que permitió identificar irregularidades en el contenedor que había partido desde Miami. El contenido fue sometido a una inspección minuciosa una vez en República Dominicana, confirmando la presencia de las drogas entre los electrodomésticos. El organismo antidrogas destacó el nivel de coordinación interinstitucional y la cooperación internacional como factores fundamentales en este resultado operativo, detalló la DNCD.

Tras el decomiso, los 1,163 paquetes fueron trasladados con estricta cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde se determinará el peso exacto y el tipo de sustancia transportada. Las autoridades han iniciado una investigación exhaustiva para identificar y localizar a todos los involucrados en la maniobra ilícita, con la intención de ponerlos a disposición de la justicia dominicana bajo la política de “cero tolerancia” frente al narcotráfico.

El operativo fue respaldado por las Fuerzas Armadas, la Procuraduría General de la República y otros órganos de inteligencia estatales. Con ello, República Dominicana subraya su compromiso activo en la defensa de sus puertos y fronteras, consolidándose como un actor regional en la lucha contra el tráfico de drogas.

Cuatro venezolanos detenidos tras incautación de 450 paquetes de presunta cocaína en el Mar Caribe

Previamente se realizo otro despliegue de seguridad, agentes de la DNCD y efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD) junto con la Fuerza Aérea (FARD), bajo la coordinación del Ministerio Público y con apoyo de la Administración de Drogas de Estados Unidos (DEA), interceptaron una narcolancha que transportaba 450 paquetes de una sustancia que se presume es cocaína.

La embarcación, identificada por su perfil sospechoso, fue localizada tras una operación de vigilancia que se extendió durante más de 12 horas. Al sur de Punta Salinas, unidades aéreas, navales y terrestres lograron interceptar a varias millas náuticas la lancha rápida, cuyos ocupantes intentaron deshacerse del cargamento arrojando pacas al mar y ejecutando maniobras evasivas. La acción culminó con la detención de cuatro ciudadanos venezolanos y la recuperación de 15 pacas conteniendo los 450 paquetes en fundas plásticas con distintos logotipos.

La DNCD y el Ministerio Público han abierto una investigación sobre este intento de tráfico internacional. Los detenidos se encuentran bajo custodia y serán procesados conforme a la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas. Los paquetes fueron enviados al INACIF para su análisis forense y confirmación de tipo y cantidad de droga.

Este resultado refuerza el liderazgo operativo de las fuerzas dominicanas en el combate al tráfico de drogas en la región del Caribe. Según las cifras aportadas por la DNCD, durante 2026 se han confiscado más de 11 toneladas de drogas diversas como parte de las acciones conjuntas ejecutadas.

La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con el personal de la Octava Región Naval en Acapulco, de la Secretaría de Marina (Marina), llevó a cabo la incineración de más de cuatro toneladas de clorhidrato de cocaína, la cual fue asegurada en diversas acciones coordinadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

El evento se desarrolló en el Paso Texca, en el estado de Guerrero, bajo estrictas medidas de control. De acuerdo con los reporte, el total incinerado alcanzó cuatro toneladas 241 kilos 300 gramos de droga.

El acto fue coordinado por el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), el cual realizó las diligencias de identificación, conteo, pesaje e incineración de narcóticos, con apoyo de los peritos especializados en química, fotografía, audio y video forense de esta Institución, en presencia del personal del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR, para dar certeza del tipo y peso del narcótico destruido.

A raíz de los hechos, la incineración de la cocaína representó un golpe para las organizaciones delictivas que operan en la región, por lo que el Gobierno de México reiteró su compromiso con la seguridad y el combate al narcotráfico a través de estas acciones.

Hasta el momento, la FGR y la Secretaría de Marina mantienen la vigilancia sobre las rutas utilizadas por el crimen organizado para el transporte de estupefacientes, a fin de debilitar sus estructuras.

Nuevos aseguramientos de drogas en Acapulco

Hace unos días, autoridades mexicanas localizaron más de media tonelada de aparente marihuana en la zona rural de Acapulco. El hallazgo ocurrió en un operativo realizado en la localidad de El Arenal, durante recorridos de vigilancia en una zona rural del puerto.

Según los reportes, los agentes localizaron cerca de 141 paquetes con un peso aproximado de 591 kilogramos de hierba seca con características similares a la marihuana. Estos fueron localizados ocultos en distintos puntos de un predio, lo que reveló las técnicas utilizadas por grupos criminales para evitar su aseguramiento.

Ante los hechos, la marihuana fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes.

No obstante, las autoridades no informaron si el cargamento estaba listo para su distribución ni si existen líneas de investigación sobre posibles responsables del traslado o resguardo de los paquetes localizados.

En Acapulco, tanto en áreas urbanas como rurales, los despliegues de seguridad continúan intensificándose debido a la frecuencia de delitos vinculados al tráfico de drogas y la disputa territorial entre organizaciones delictivas, informan reportes oficiales.

Las investigaciones iniciales han permitido establecer que el túnel fue diseñado para la introducción de importantes cantidades de resina de hachís procedente de Marruecos hacia territorio español, lo que evidencia el nivel de inversión y conocimientos técnicos empleados por la organización criminal. La cabeza pensante que está detrás de esta obra es Mustaphá Chairi, que reconoce en las grabaciones policiales a las que Infobae tiene acceso que era el dueño del túnel.

En la nave industrial intervenida, la Policía Nacional mantiene presencia permanente para asegurar la custodia de la instalación y evitar cualquier intento de acceso no autorizado. También se encuentra precintada la nave colindante, que se investiga como posible punto de apoyo logístico de la organización. La operación policial ha contado con la colaboración de la Policía Local de Ceuta y la implicación directa de varias unidades especializadas.

Investigación del narcotúnel

El hallazgo se produjo tras una operación coordinada contra el narcotráfico que involucró acciones simultáneas en Ceuta, Andalucía y Galicia. La existencia del túnel, que conecta una nave industrial en el Polígono del Tarajal con el subsuelo fronterizo, llevó a la intervención de especialistas de la Unidad de Subsuelo y del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), junto a bomberos y personal del Regimiento de Ingenieros número 7 de Ceuta.

Estos equipos verificaron la magnitud y características técnicas de la estructura subterránea, cuyo acceso presentaba condiciones de seguridad complejas y requería experiencia en infraestructuras de este tipo. El narcotúnel mide 19 metros de profundidad, con una altura de 1,20 metros y un ancho de 80 centímetros. La estructura permanece parcialmente inundada, lo que ha dificultado el acceso completo y la recopilación de pruebas materiales.

El operativo que permitió descubrir el túnel forma parte de una investigación más amplia contra una red dedicada al blanqueo de capitales y al tráfico internacional de drogas. Varios agentes de la Guardia Civil han resultado implicados en la trama, entre ellos A.A., detenido semanas atrás tras una investigación interna que desveló su relación con la organización. Según fuentes próximas al caso, A.A. reconoció su implicación ante los investigadores y llegó a definirse ante sus compañeros como “narcotraficante”, rechazando ser considerado únicamente un “guardia corrupto”.

La complicidad de funcionarios facilitaba el movimiento de hachís y proporcionaba apoyo logístico clave para las operaciones de la red. El caso ha generado un fuerte impacto en los cuerpos de seguridad y ha motivado la revisión de protocolos internos para detectar posibles infiltraciones en unidades sensibles. Las autoridades trabajan para delimitar el grado de participación de los implicados y esclarecer el alcance de la colaboración entre la organización criminal y miembros de las fuerzas de seguridad.

Una operación contra el tráfico de drogas en Pontevedra, denominada ‘Helo/Kalidas’, culminó con la detención de 11 personas en la comarca de O Salnés. Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil intervinieron alrededor de 40 kilos de sustancias estupefacientes, 19.000 euros en efectivo y diferentes tipos de armas, además de embarcaciones de alta velocidad. Tras dos años, la operación permitió desarticular una organización criminal que distribuía droga en Galicia y otras zonas de España.

Durante la fase final del operativo, desarrollada este miércoles, la Policía Nacional y la Guardia Civil realizaron de forma simultánea 12 registros en distintas localidades de León, Bilbao, Caldas de Reis, Vigo, Vilanova de Arousa y Vilagarcía de Arousa. En estas actuaciones, los agentes se incautaron de 9,5 kilos de cocaína, medio kilo de heroína, 19.000 euros en efectivo, dos pistolas, un revólver, 11 escopetas y abundante munición.

En Bilbao, las fuerzas de seguridad localizaron además dos lanchas de alta velocidad de entre 10 y 14 metros de eslora, una de ellas equipada con tres motores fueraborda. Este tipo de embarcaciones está prohibido en España. También fueron intervenidos cuatro vehículos, 18 teléfonos móviles, diversos dispositivos electrónicos, un inhibidor de frecuencia y material destinado al pesaje y distribución de drogas.

Dos años de operación contra el narcotráfico

La investigación comenzó en mayo de 2024 y permitió a los agentes identificar a los principales implicados. Un punto de inflexión se produjo el 3 de octubre de 2025, con la detención del conductor de un vehículo interceptado en Ribadeo, que transportaba en un doble fondo cinco kilos de cocaína y otros tantos de hachís.

Posteriormente, el registro de su domicilio permitió intervenir 3,7 kilos de heroína, 5,4 kilos de cocaína, 10 kilos de hachís, dos kilos de sustancia de corte y dos teléfonos satelitales. El principal sospechoso ingresó en prisión preventiva por orden judicial.

Durante el avance de la investigación, los agentes localizaron además un punto de almacenamiento de drogas vinculado al mismo detenido, donde se incautaron 1,3 kilos de heroína, 600 gramos de cocaína y 100 gramos de hachís.

Desmantelada una organización criminal

Según los investigadores, la red criminal desmantelada estaba formada por once hombres de entre 41 y 52 años, residentes en distintas localidades de Galicia y Bilbao, entre ellas Caldas de Reis, A Illa de Arousa, Vilanova de Arousa, Vilagarcía de Arousa, Pontevedra, Porto do Son y Bilbao.

El operativo se salda con la incautación de 5,5 kilos de heroína, 20 kilos de cocaína, 15 kilos de hachís y dos kilos de sustancias de corte, además de armas de fuego, dinero en efectivo y embarcaciones de alta velocidad. La operación permitió desmantelar una red con capacidad de distribución a gran escala, activa entre Galicia y otros puntos del territorio nacional.

En el dispositivo han participado distintas unidades especializadas de la Guardia Civil, entre ellas la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Vizcaya, el Grupo de Reserva número 7 de Pontevedra, las USECIC de Pontevedra y Bilbao, el Servicio Cinológico de ambas provincias y el Servicio Aéreo de la Guardia Civil, cuya coordinación ha sido clave para el desarrollo de la operación y la ejecución simultánea de los registros y detenciones.

Un vendedor de drogas y su acompañante fueron condenados a prisión perpetua por el homicidio de Gonzalo Darío Cucit, un hombre de 36 años de Correa, provincia de Santa Fe, durante un intento de robo de su automóvil. La decisión judicial representa el cierre de un proceso penal que involucró pruebas periciales, análisis de comunicaciones y registros audiovisuales para reconstruir los hechos y determinar la autoría del crimen.

Cucit tenía problema de adicciones a las drogas y acumulaba una importante deuda económica, por eso decidió vender su Ford Fiesta para intentar saldar parte de esas deudas. El fallo, dictado este jueves por el tribunal integrado por las juezas Marisol Usandizaga, Brenda Coassolo y Griselda Strologo en los Tribunales de San Lorenzo, marcó el fin de una investigación que reveló que la presunta compraventa del vehículo fue en realidad una emboscada de los imputados: Ramón Alberto Rojas de 59 años e Iván Castillo de 36 años.

La victima fue vista por última vez cuando salió de su hogar en Correa a las 19.20 del martes 30 de julio de 2024. Se dirigió por la Ruta 9 hasta encontrarse con Ramón Alberto Rojas, domiciliado en las cabañas del Parque Sarmiento de Carcarañá y señalado como vendedor de drogas, quien estaba acompañado por Iván Castillo, oriundo de Buenos Aires. El camino que tomaron quedó documentado gracias a filmaciones de las cámaras de seguridad, que registraron los vehículos circulando por Ruta 9.

A las 20 horas, tras una breve conversación, ambos vehículos se dirigieron hacia Luis Palacios y media hora después, se oyeron los disparos. Cerca de la entrada de la estancia Santa Eulogia, los homicidas despojaron a Cucit de su auto y su teléfono y lo asesinaron disparando cinco tiros. A las 22 horas, la Policía notificó el hallazgo del cuerpo.

El fallo judicial, impuso la pena de prisión perpetua a los responsables. La justicia determinó que el asesinato de Gonzalo Cucit respondió a un robo planificado y ejecutado con extrema violencia, en el marco de una transacción que involucraba a personas vinculadas al narcotráfico regional.

La investigación

La investigación del fiscal Aquiles Balbis reunió testimonios, peritajes y análisis de los teléfonos móviles implicados. El seguimiento de las líneas telefónicas coincidió con los desplazamientos de la víctima y los acusados desde Correa hasta el sitio del asesinato. A esto se sumó la prueba registrada en cámaras, que mostró tanto el encuentro entre los vehículos como los trayectos clave.

En el juicio no se logró establecer cuál de los acusados efectuó los disparos, por lo que ambos fueron sentenciados como partícipes necesarios del delito de homicidio criminis causa, figura que implica asesinar para garantizar la impunidad de otro delito, en este caso el robo del vehículo.

Iván Castillo fue vinculado de forma directa al hallar en su poder la tarjeta de memoria que pertenecía al celular de Cucit. La prueba estaba oculta en la cabaña de Rojas y, pese a que el dispositivo había sido formateado, un análisis forense permitió recuperar imágenes tomadas por la víctima, donde se lo veía tocando la batería o junto a sus mascotas.

Por otro lado, también analizaron a quien conectó a Cucit y Rojas para simular la compra del vehículo, Claudio “Mono” Martin. Fue imputado como partícipe del crimen tras hallarse en su domicilio un cuaderno con anotaciones que confirmaban la deuda de la víctima con él. Las cámaras constataron que Rojas visitó su casa antes y después del asesinato. Martin terminó quitándose la vida en prisión durante el proceso, declarando su inocencia en una de las audiencias.

Durante el cierre del juicio, una hermana de Gonzalo Cucit expresó: “Siento un gran alivio: se hizo justicia por mi hermano. Ahora va a estar tranquilo. Los tipos van a estar presos por mucho tiempo. Se lo merecían, porque la verdad es que mi hermano no se merecía que le hicieran lo que le hicieron”.

La lucha contra el narcotráfico en el Perú ha dado un nuevo paso tras la reciente ceremonia de certificación de 16 efectivos de la Dirección de Aviación Policial (Diravpol) en el manejo de helicópteros UH-60 Black Hawk.

El evento, realizado en la base de Pucallpa, contó con la presencia del titular del Ministerio del Interior (Mininter), José Zapata, y el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro. Ambos destacaron el impacto de la cooperación internacional para fortalecer la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Como parte de un convenio bilateral antidrogas, el gobierno estadounidense donó nueve helicópteros Black Hawk, seis de los cuales ya se encuentran operativos y asignados a la Diravpol.

Estas aeronaves se suman a los recursos utilizados en operaciones tácticas diurnas y nocturnas en zonas de difícil acceso, especialmente en regiones donde el tráfico ilícito de drogas representa una amenaza persistente.

El entrenamiento recibido por los efectivos incluyó maniobras con visores nocturnos, protocolos de seguridad y mantenimiento especializado, siguiendo estándares internacionales.

La formación abarcó pilotos, mecánicos y tripulantes, quienes ahora cuentan con herramientas para afrontar misiones en entornos complejos.

El fortalecimiento de la relación entre Perú y Estados Unidos en el ámbito de la seguridad y el combate al narcotráfico representa un avance en la estrategia regional para enfrentar a las organizaciones criminales.

“La culminación de este curso no solo representa un logro personal y profesional para cada uno de ustedes. Representa, sobre todo, un paso decisivo en el fortalecimiento de la capacidad aérea de nuestra Policía Nacional y de un Estado con mayor fuerza y eficacia”, enfatizó el titular del sector Interior.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos destacó que este evento demuestra el compromiso bilateral. “Perú es un socio clave y su estabilidad, una prioridad. La entrega de helicópteros y la capacitación especializada convierten ese compromiso en acciones concretas”, manifestó.

Finalizada la ceremonia, el ministro Zapata supervisó las aeronaves y participó en un sobrevuelo para constatar su funcionamiento en campo

Aliado principal

Hace unos días, el gobierno de Estados Unidos anunció la propuesta de designar a Perú como “aliado principal no perteneciente a la OTAN” (Organización del Tratado del Atlántico Norte), estatus que ampliaría los beneficios en el marco de la cooperación en defensa y seguridad.

Esta designación, comunicada formalmente al Senado estadounidense, reconoce la prioridad compartida entre ambos países en materia de seguridad regional, lucha contra organizaciones criminales y fortalecimiento de los lazos económicos.

El estatus de aliado principal no OTAN no implica un tratado de defensa colectiva, pero otorga ventajas como acceso preferente a equipos militares, ejercicios conjuntos y mayor participación en contratos de defensa.

En América Latina, países como Argentina, Colombia y Brasil cuentan con esta misma consideración, lo que ha facilitado el desarrollo de estrategias conjuntas en la región.

La iniciativa se produce en un contexto de intensificación de la campaña estadounidense contra el tráfico de drogas y grupos vinculados al narcotráfico transnacional. La cooperación entre Lima y Washington busca mejorar la eficacia de las operaciones conjuntas y reforzar la capacidad de respuesta ante amenazas que afectan tanto a la seguridad local como internacional.

El gobierno de Donald Trump reclasificó el jueves al cannabis dentro de una categoría menos restrictiva, lo que facilita su uso con fines médicos en Estados Unidos, según el fiscal general.

La marihuana fue reclasificada como una droga con un potencial moderado o bajo de dependencia física y psicológica, lo que “amplía el acceso de los pacientes a tratamientos y da a los médicos más herramientas para tomar decisiones de salud mejor fundamentadas”, afirmó el fiscal general interino, Todd Blanche, en X.

La orden firmada por Blanche no legaliza el consumo de marihuana con fines médicos o recreativos según la ley federal. Pero sí cambia la forma en que se regula, trasladando la marihuana medicinal autorizada de la Lista I —reservada para drogas sin uso médico y con alto potencial de abuso— a la Lista III, menos estrictamente regulada. También otorga a los operadores de marihuana medicinal autorizados una importante exención fiscal y elimina algunas barreras para la investigación del cannabis.

La administración Trump también dijo que estaba impulsando el proceso para reclasificar la marihuana de manera más amplia, fijando una audiencia que comenzará a finales de junio.

Trump ordenó a su administración en diciembre que trabajara lo más rápido posible para reclasificar la marihuana. El sábado, mientras el presidente republicano firmaba una orden ejecutiva no relacionada sobre sustancias psicodélicas, pareció expresar su frustración por lo mucho que estaba tardando el proceso.

Blanche dijo el jueves que el Departamento de Justicia estaba “cumpliendo la promesa del presidente Trump” de ampliar el acceso de los estadounidenses a opciones de tratamiento médico. “Esta medida de reclasificación permite investigar la seguridad y la eficacia de esta sustancia, lo que en última instancia proporcionará a los pacientes una mejor atención y a los médicos información más confiable”, dijo en un comunicado.

Qué hace la orden de reclasificación de la marihuana

La medida de Blanche legitima en gran medida los programas de marihuana medicinal en los 40 estados que los han adoptado. Establece un sistema acelerado para que los productores y distribuidores de marihuana medicinal con licencia estatal se registren ante la Administración para el Control de Drogas de EE. UU.

Deja claro que los investigadores del cannabis no serán sancionados por obtener marihuana con licencia estatal o productos derivados de la marihuana para su uso en su trabajo, y otorga a las empresas de marihuana medicinal con licencia estatal un beneficio inesperado al permitirles, por primera vez, deducir los gastos comerciales de sus impuestos federales.

Cualquier medicamento derivado de la marihuana aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) figura de manera similar en la Lista III, señaló.

La orden representa un cambio de política importante para el gobierno de EE. UU., que ha mantenido su prohibición de larga data de la marihuana —que se remonta a la Ley del Impuesto sobre la Marihuana de 1937— incluso cuando casi todos los estados han aprobado el uso del cannabis de alguna forma. Dos docenas de estados, además de Washington, D.C., han autorizado el consumo recreativo de marihuana para adultos; 40 cuentan con sistemas de marihuana medicinal, y otros ocho permiten el cannabis con bajo contenido de THC o el aceite de CBD para uso médico. Solo Idaho y Kansas prohíben la marihuana por completo.

La regulación de la marihuana medicinal ha avanzado mucho desde que California se convirtió en el primer estado en adoptarla en 1996, escribió Blanche.

“Hoy en día, la gran mayoría de los estados mantiene marcos de licencias integrales que regulan el cultivo, el procesamiento, la distribución y la dispensación de marihuana con fines médicos”, escribió Blanche. “En su conjunto, demuestran una capacidad sostenida para alcanzar los objetivos de interés público... incluyendo la protección de la salud y la seguridad públicas y la prevención del desvío de sustancias controladas hacia canales ilícitos”.

El presidente de la Asociación Comercial Estadounidense del Cannabis y el Cáñamo, Michael Bronstein, lo calificó como “el avance federal más significativo en la política del cannabis en más de 50 años”.

“Esta medida reconoce lo que los estadounidenses saben desde hace tiempo: el cannabis es medicina”, afirmó en una declaración escrita.

Los críticos califican la orden de “desgravación fiscal para las grandes empresas del cannabis”

La decisión de la administración Trump provocó las burlas de Kevin Sabet, opositor a la legalización de la marihuana y director ejecutivo de Smart Approaches to Marijuana. Sabet señaló que, si bien la investigación sobre la marihuana es necesaria, “hay muchas formas de aumentar nuestro conocimiento sin conceder una desgravación fiscal a las grandes empresas del cannabis y enviar un mensaje confuso sobre los daños de la marihuana al público estadounidense”.

“Con esta medida, nos enfrentamos ahora a la administración más a favor de las drogas de nuestra historia”, dijo Sabet en un mensaje de texto. “La política ahora la dictan los directores ejecutivos de empresas de marihuana, los inversionistas en psicodélicos y los podcasters con adicción activa”.

La marihuana o los productos derivados de la marihuana que no se distribuyan a través de un programa estatal de marihuana medicinal seguirán clasificados en la Lista I.

Las drogas de la Lista III se definen como aquellas con un potencial de dependencia física y psicológica de moderado a bajo. Algunos críticos de la industria han sugerido que la legalización en los estados ha dado lugar a productos de cannabis cada vez más potentes, que deben investigarse en lugar de clasificarse de forma menos estricta que antes.

Muchos republicanos se oponen a la flexibilización de las restricciones sobre la marihuana. Más de 20 senadores republicanos, varios de ellos aliados acérrimos de Trump, firmaron el año pasado una carta instando al presidente a mantener las normas actuales.

Trump ha hecho de su cruzada contra otras drogas, especialmente el fentanilo, un elemento destacado de su segundo mandato, ordenando ataques militares de EE. UU. contra embarcaciones venezolanas y de otros países que, según insiste la administración, transportan drogas. Firmó otra orden ejecutiva en la que declaraba el fentanilo como arma de destrucción masiva.

(Con información de AP y AFP)

Esta semana, un estudio internacional liderado por la Universidad de Griffith (Australia) comprobó que la cocaína y sus metabolitos provocan alteraciones en el comportamiento de los salmones atlántico (Salmo salar): los ejemplares expuestos a la benzoilecgonina (el principal metabolito de la cocaína) aumentaron sus tasas de movimiento semanales en aproximadamente 1,9 veces, lo que supuso una dispersión de 12,3 kilómetros más que los individuos de control.

Para llevar a cabo el experimento —en el que también participaron la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas, la Sociedad Zoológica de Londres y el Instituto Max Planck de Comportamiento Animal—, los autores utilizaron implantes químicos de liberación lenta y seguimiento mediante telemetría acústica para reconstruir su trayectoria y sus patrones espaciales. Los ejemplares monitorizados fueron 105 salmones atlánticos juveniles en el lago Vättern, en Suecia.

Esta no es la primera vez que se analiza cómo la contaminación por drogas afecta a la fauna silvestre, aunque, según destacan los autores, estas investigaciones hasta el momento se habían realizado exclusivamente en condiciones artificiales.

El estudio de la Universidad de Griffith se centra en el hábitat natural de la especie, que cada vez se enfrenta con mayor incidencia a la contaminación de drogas provenientes de vertidos de aguas residuales, lo que supone una grave amenaza para los ecosistemas acuáticos.

La exposición a drogas ilícitas, según demuestra la creciente literatura científica que hay con respecto a este asunto, provoca alteraciones fisiológicas, neuroquímicas y de comportamiento en múltiples especies, tanto en crustáceos y peces como en invertebrados.

La cocaína aumenta el comportamiento arriesgado del cangrejo rojo americano

“La cocaína es una de las drogas ilícitas más consumidas a nivel mundial. Tras su consumo humano, la cocaína ingresa a los ecosistemas acuáticos”, explican los autores de un estudio de 2019 publicado en la revista Science of The Total Environment, realizado por la Universidad de Milán y el Istituto di Richerche Farmacologiche Mario Negri.

La investigación se centró en concreto en el pequeño crustáceo Daphnia magna. La exposición a la cocaína, en concentraciones similares a las medidas en ecosistemas acuáticos de todo el mundo, provocó que nadasen aproximadamente un 20 % más rápido que los ejemplares de control. Esta contaminación también alteró el estado oxidativo y afectó al comportamiento reproductivo de la especie.

En el caso del cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii), la exposición a 500 ng/L de cocaína incrementa su comportamiento arriesgado y reduce la actividad alimentaria. Este fue el resultado de un experimento llevado a cabo en 2022 por investigadores de la Universidad de Milán y cuyos resultados fueron publicados en Science of The Total Environment.

Disruptor endocrino en las anguilas europeas

Investigadores de la Universidad de Federico II publicaron en 2012 en Water, Air & Soil Pollut un estudio sobre los efectos que la exposición a 20 ng/L de cocaína durante 30 días provocó en anguilas europeas. Para llevar a cabo el experimento utilizaron anguilas plateadas, una etapa del ciclo de vida de la especie en la que el pez se prepara para la migración reproductiva oceánica.

Como consecuencia de esta exposición, los científicos descubrieron que la droga se acumuló en el cerebro, los músculos y el hígado de las anguilas. Además, observaron que actuaba como disruptor endocrino, ya que alteró sus niveles de dopamina cerebral; de catecolaminas plasmáticas, que son hormonas como la adrenalina y la noradrenalina, que se encargan de la respuesta al estrés, y la actividad de los ejes que regulan el cortisol, el metabolismo y la energía.

“Dado que el sistema endocrino desempeña un papel clave en los procesos metabólicos y reproductivos de la anguila, nuestros resultados sugieren que la cocaína ambiental podría considerarse otra causa del declive de la anguila europea”, explican los autores, ya que la especie se encuentra actualmente catalogada como en peligro crítico de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

La metanfetamina causa adicción a la trucha marrón

La cocaína no es la única droga presente en ecosistemas acuáticos ni la única que ha sido objeto de estudios científicos. Otras como la ketamina y la metanfetamina también han sido analizadas con respecto a sus efectos sobre la fauna.

La Universidad Nacional de Taiwán y el Museo Nacional de Biología Marina y Acuario de Pingtung (Taiwán) observaron que estas drogas, en niveles ambientales, alteran el desarrollo fisiológico y el movimiento en larvas del pez medaka (Oryzias latipes). Los resultados, publicados en Aquatic Toxicology, indicaron que la ketamina les provocaba hiperactividad y una trayectoria de natación menos irregular, mientras que la metanfetamina generó hipoactividad y una dirección de natación en sentido horario.

La metanfetamina también puede provocar adicción en los peces silvestres, como demostró en 2021 una investigación de dos universidades de República Checa. El estudio, publicado en Journal of Experimental Biology, concluyó que “la metanfetamina, considerada una de las amenazas más importantes para la salud mundial, causa adicción y alteración del comportamiento de la trucha marrón (Salmo trutta) en concentraciones ambientalmente relevantes”. Esto “modifica las preferencias de hábitat con consecuencias adversas inesperadas de relevancia a nivel individual y poblacional”.

El narcotráfico mueve miles de millones de euros. En España, según los últimos datos del INE de 2022, la cifra alcanza los 8.222 millones. Nuestro país es punto de entrada de la cocaína que llega del otro lado del Atlántico y del hachís que procede de Marruecos. También se ha convertido en una de las mayores plantaciones de marihuana en Europa. El dinero que mueve la droga también se utiliza para combatirla. Desde mayo de 2013, el Estado utiliza los bienes decomisados a los narcotraficantes para perseguirlos (el control de la oferta) y para poner en marcha programas de prevención de toxicomanías y la inserción sociolaboral de los drogodependientes (la reducción de la demanda).

2025 fue un buen año para estos propósitos. Según el último informe de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, dependiente del ministerio de Sanidad, el fondo que gestiona los bienes decomisados a los narcos obtuvo unos ingresos récord el año pasado: 47,7 millones de euros, un 172% más que lo obtenido en 2024. Se trata de dinero localizado en efectivo en operaciones policiales o embargado en cuentas corrientes a condenados por narcotráfico. Desde que hay estadísticas (1996) nunca había habido un ejercicio con tanto “líquido” incautado por las arcas públicas. Y eso que desde 1996 a 2025 la cantidad ingresada suma ya 473,9 millones de euros. A eso habrá que sumar lo que se podrá obtener si el Estado finalmente subasta los 1.405 bienes materiales decomisados a estos grupos criminales en 2025.

Por Comunidades Autónomas, Andalucía sigue liderando el número de bienes decomisados. Es lógico. Sus costas y puertos constituyen la principal puerta de entrada de la cocaína y el hachís en España. De hecho, Andalucía es la única región que tiene en marcha un plan especial de seguridad contra el narcotráfico, que comenzó en el verano de 2018 y que ya va por su quinta edición. Desde entonces se han realizado 47.800 operaciones policiales. De los 51.000 bienes incautados desde que hay estadísticas en 1996, el 38% (19.424 bienes) proceden de Andalucía. Le siguen Madrid (el 14,8%) y Comunidad Valenciana (el 6,4%).

Los bienes que forman parte de este Fondo especial se clasifican, para su gestión, en varios tipos: vehículos (automóviles, camiones, furgonetas, motocicletas); inmuebles (pisos, chalés, locales comerciales, naves industriales, plazas de aparcamiento, trasteros, fincas rústicas...); embarcaciones (barcos de pesca o deportivos, lanchas, veleros, motores); aeronaves (aviones, helicópteros, drones); joyas (relojes de pulsera, adornos de oro, plata o piedras preciosas, monedas, etc.) y objetos (donde se incluyen todos aquellos decomisos no clasificados en alguno de los anteriores, como baratijas, quincalla, pequeños electrodomésticos, ropa, material audiovisual, teléfonos móviles, muebles, enseres...). En 2025 el Fondo gestionó 576 vehículos y 82 embarcaciones.

Menos inmuebles

Aunque el dinero obtenido ha batido todos los récords, lo que sí ha bajado notablemente es número de inmuebles decomisados. En 2025 solo fueron 31, cuand la cifra fue de 55 en 2024 y de 123 en 2023. Desde la Delegación del Gobierno del Plan sobre Drogas reconocen que gestionar este tipo de bien es “complejo”. En primer lugar, porque se trata de bienes de diverso tipo ubicados por todo el territorio nacional, siendo necesario el desplazamiento para realizar determinados trabajos y, en segundo lugar, porque, una vez decomisados, hay que llevar a cabo múltiples gestiones necesarias antes de proceder a la tasación y venta de los mismos: “la depuración física y jurídica; su inscripción registral a nombre del Estado; la preparación y presentación de la documentación tributaria que les sean de aplicación; el contacto con los administradores y pesidentes de las comunidades de propietarios informando del nuevo titular del bien; la apertura y el cambio de cerraduras de las viviendas; la investigación y, en su caso, depuración de las cargas que pesaran sobre los mismos...”

El Estado intenta sacar el mayor rédito económico de estos bienes. Por eso, ha mejorado las estadístcias de subastas que llegan a buen puerto. Si en 2023 solo consiguió colocar en el mercado el 8,4% de los bienes decomisados, en 2025 subió el ratio al 28,3%. “Esto se explica por la mejora en la eficiencia introducida con la realización de las subastas electrónicas”, explican desde el ministerio de Sanidad. Un sistema que comenzó en 2024. Aunque no es perfecto. En 2025 se preparó y convocó una subasta de 13 lotes de inmuebles. Sin embargo, un error en el plazo de publicación de la misma en el BOE motivó la presentación de un recurso contencioso administrativo que derivó en la suspensión de la subasta, que se espera poder repetir este año.

Desde esta Delegación del Gobierno recalcan “el incremento de los casos de ocupación ilegal de inmuebles decomisados. Estas ocupaciones son de forma muy habitual realizadas por los propios condenados en los procesos penales que supusieron el decomiso de las viviendas o por sus familias. Los procesos judiciales de desalojo son extremadamente largos, privando al Estado del producto de la venta de estos inmuebles, suponiendo un aumento de los gastos derivados de la propiedad estatal de los inmuebles y frustrando la ejecución de las sentencias en lo relativo a los decomisos”.

A pesar de este inconveniente, los pisos son los que más ingresos dan, por encima obviamente que embaraciones, joyas y vehículos. En 2025 se ingresaron 3,4 millones de euros tras subastar todo tipo de inmuebles, cuando los coches solo dejaron 1,5 millones y los barcos, otros 270.000 euros. Desde que hay estadísticas en 1996, el Estado ha ingresado 125,7 millones de euros tras subastar bienes de los narcos (5.205.932 euros en 2025). Por ejemplo, de los 18.924 vehículos decomisados en el periodo 1996-2025, un total de 4.784 fueron subastados. En el caso de las 2.830 embarcaciones incautadas, lo fueron 1.033. Aunque no todos los bienes se intenta vender. Algunos vehículos y embarcaciones pasan a formar parte de los equipos de Policía Nacional, Vigilancia Aduanera y Guardia Civil para perseguir a los narcos. En 2025, en concreto, un barco y 87 vehículos. Su valor es de 437.000 euros.

La cárcel de Piñero, ubicada en el sur de la provincia de Santa Fe, volvió a ser escenario del accionar delictivo de uno de sus reclusos más notorios. Sergio “Checho” Bareiro, de 33 años, sumó una nueva condena. Esta vez, por coordinar búnkeres de drogas y extorsiones desde su celda.

Puntualmente, se fue encontrado responsable de gestionar la venta de estupefacientes en el interior del penal, así como liderar la organización de tres búnkeres en el barrio Ludueña.

Bareiro, conocido por su implicancia en la violencia territorial que afectó a Ludueña en el año 2022, fue nuevamente apuntado por los investigadores a partir de 2025, en el contexto de una pesquisa por la venta minorista de drogas en ese sector del noroeste rosarino.

Según los informes de la investigación, logró montar un verdadero quiosco de drogas dentro de su celda en Piñero. La investigación derivó en una serie de allanamientos realizados por la Policía de Investigaciones el pasado 23 de mayo, que permitieron desbaratar parte de la estructura criminal que seguía operando desde el penal.

Los procedimientos recientes no solo permitieron incautar droga lista para su comercialización sino que además llevaron a la detención de varios presuntos colaboradores fuera de la cárcel. Esta situación pone en evidencia la capacidad de ciertas bandas para mantener redes de distribución y extorsión más allá de las rejas, según informaron fuentes judiciales.

Según informó el portal Rosario3, durante los operativos desplegados el 23 de mayo, los efectivos policiales irrumpieron en la cárcel de Piñero y en diversos domicilios situados en Junín al 5100 (ex 2200), Patagones entre Minetti y Casilda, y en Minetti al 5000 (ex 2100). En estos lugares, la Policía de Investigaciones secuestró marihuana, tanto prensada como en cogollos, y dosis de cocaína ya preparadas para la venta al menudeo. Además, fueron detenidos Vanesa y Joana C.; Kevin C., Máximo R. y Romelia S., quienes permanecen ligados a la causa.

Entre los elementos incautados también figuraban un pote de creatina y bicarbonato de sodio. Aunque ambas sustancias son legales y de uso común, la Fiscalía las consideró relevantes en tanto constituyen herramientas habituales en la comercialización de estupefacientes. La creatina, suplemento popular entre deportistas, es utilizada para “estirar” la cocaína, lo que permite multiplicar las ganancias en detrimento de su pureza. El bicarbonato de sodio, en tanto, es empleado para transformar la cocaína en crack, droga fumable que se consume principalmente en los sectores más vulnerables de la ciudad.

La conexión entre el penal y el barrio Ludueña ilustra cómo las organizaciones criminales logran sortear las barreras físicas para mantener su influencia en la calle, según la información recabada en la causa.

Bareiro, apodado “Checho”, estuvo prófugo casi dos años hasta ser detenido el 20 de mayo de 2024 en Minetti y Felipe Moré durante un procedimiento del Comando Radioeléctrico. Previamente, había logrado eludir diversos operativos policiales dirigidos a desarticular la violenta banda de la que formaba parte, una agrupación subsidiaria de Los Monos, organización señalada por su papel en el narcotráfico y la violencia urbana de Rosario.

En junio de 2025, el juez Pablo Pinto condenó a Bareiro a ocho años de prisión tras validar un acuerdo entre el fiscal Pablo Socca y la defensa. Se lo declaró miembro de una asociación ilícita —delito agravado por la participación de un menor de edad—, encubrimiento y responsable de siete casos de extorsión a comerciantes. Estas acciones se produjeron bajo la órbita de la banda liderada por Mauro Gerez, Andy Benítez, Julián Aguirre y Matías “Pino” César, quienes ya recibieron penas de entre nueve y veinte años de prisión.

La reincidencia de Bareiro en delitos cometidos desde el penal llevó a un nuevo acuerdo entre la fiscal Mercedes Banchio y la defensa, por el cual aceptó una pena de cuatro años de prisión en calidad de coautor por la venta de drogas. La sentencia, homologada por el juez Rodrigo Santana, fijó una pena única de doce años, sumando las distintas condenas.

La investigación judicial sostiene que Bareiro no actuaba solo. Su rol dentro de la organización incluía la coordinación de búnkeres y la gestión de recursos humanos y materiales para el funcionamiento de los puntos de venta de droga. Los procedimientos realizados permitieron confirmar que, incluso desde la cárcel, mantenía contacto con operadores externos encargados de la logística y la recaudación.

La adolescencia es una etapa de transformación profunda. Durante estos años, el cerebro atraviesa un intenso proceso de maduración, similar a una gran obra de construcción cuando se sientan las bases de las habilidades para el resto de la vida adulta. De esta forma, cualquier alteración puede marcar consecuencias significativas en el futuro. Así lo ha confirmado un nuevo estudio publicado en revista Neuropsychopharmacology. El informe, liderado por Natasha E. Wade y su equipo del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de California, ha revelado que el consumo de cannabis durante este período crítico puede actuar como un freno, limitando significativamente el desarrollo de las habilidades cognitivas de los jóvenes.

Para llevar a cabo este ambicioso análisis, los científicos utilizaron los datos del exhaustivo Estudio sobre el Desarrollo Cognitivo y Cerebral del Adolescente (ABCD), evaluando a una gran cohorte diversa de más de 11.000 jóvenes estadounidenses de entre 9 y 17 años a lo largo del tiempo. Pero lo que hace que este estudio sea tan revelador no es solo la confirmación de que el cannabis afecta al cerebro, sino cómo lo hace exactamente. El equipo ha descubierto un patrón fascinante y a la vez preocupante. Inicialmente, los niños que más tarde iniciaron el consumo de cannabis mostraban una ligera ventaja cognitiva durante la infancia tardía, antes de probar la sustancia. No obstante, a medida que crecían y comenzaban a consumir regularmente, sus trayectorias de desarrollo cambiaron drásticamente.

Así, en lugar de experimentar rápidas mejoras mentales típicas que ocurren naturalmente en la adolescencia, estos jóvenes mostraron un progreso reducido o trayectorias “aplanadas” a lo largo del tiempo. Es decir, mientras sus compañeros que no consumían cannabis veían cómo sus mentes se volvían cada vez más rápidas y agudas con la edad, los consumidores frenaban su ritmo de mejora. Además, las áreas cognitivas afectadas abarcan casi todo el espectro del pensamiento diario: la memoria inmediata y a largo plazo, la velocidad de procesamiento de información, el control inhibitorio (la capacidad de frenar impulsos), el procesamiento visuoespacial, el lenguaje y la memoria de trabajo.

La verdad en el cabello apunta al culpable

Una de las grandes fortalezas de este estudio es cómo los científicos resolvieron un problema clásico en la medicina. Y es que, a menudo, los adolescentes ocultan la información o no recuerdan con precisión cuánto consumen. Por eso los investigadores tenían claro que depender únicamente del relato verbal de los jóvenes en las encuestas podría subestimar el consumo real en un 60%.

Para obtener una verdad indiscutible, el equipo combinó las encuestas tradicionales con pruebas toxicológicas objetivas, incluyendo análisis de orina, fluidos orales, aliento y, de manera muy curiosa, mechones de cabello. Al precer, el cabello es una herramienta poderosa porque puede proporcionar una “ventana” de hasta tres meses sobre el consumo de sustancias de una persona.

Una vez establecidos los parámetros de medición hay que tener en cuenta que la planta del cannabis también es compleja y contiene más de 120 cannabinoides diferentes. Al analizar específicamente los rastros en el cabello de un subgrupo de adolescentes, los investigadores aislaron a los principales protagonistas: el THC (el compuesto psicoactivo que “coloca”) y el CBD (un compuesto promocionado por otros fines). Con esto descubrieron que la exposición reciente al THC estaba directamente relacionada con un peor rendimiento en la memoria episódica con el paso del tiempo, en comparación con aquellos jóvenes que no consumían nada.

Por el contrario, los jóvenes que solo tenían rastros de CBD en su sistema no mostraron diferencias frente a los controles. Esto sugiere que el THC es el principal responsable detrás de este freno en la memoria. De este modo, los investigadores han confirmado que el cerebro en desarrollo es particularmente vulnerable al THC porque interfiere con el sistema endocannabinoide, una red neurológica clave para crear nuevas células cerebrales y moldear la arquitectura mental durante la juventud.

Las consecuencias de este estancamiento cognitivo no son simples estadísticas. Como advierten los investigadores, estas alteraciones del desarrollo pueden traducirse en problemas tangibles para el futuro de los jóvenes. Un rendimiento inferior en la memoria y el aprendizaje rápido puede afectar directamente las calificaciones escolares, reducir las oportunidades universitarias y comprometer habilidades vitales como la conducción de vehículos, un área donde los adolescentes ya de por sí asumen más riesgos.

La Guardia di Finanza ha desmantelado una red de prostitución de lujo y organización de fiestas exclusivas en Milán a través de la agencia Ma.De. Milano. Un caso que ha vuelto a salpicar al mundo del fútbol italiano por la aparición de decenas de nombres en las escuchas y documentos de la investigación.

El caso se activó tras la denuncia de una joven de Europa del Este que residía en el mismo edificio donde operaba la agencia. Según su testimonio, allí funcionaba un club clandestino donde se organizaban fiestas y donde las mujeres eran presionadas para atender a clientes a cambio de dinero.

Cuatro personas han sido puestas bajo arresto domiciliario, mientras la Fiscalía sigue analizando dispositivos, conversaciones y movimientos económicos, según recogen desde diversos medios italianos.

“Palabras clave”, no acusaciones

En el sumario aparecen más de 60 futbolistas mencionados como “palabras clave” utilizadas por la organización para identificar contactos, clientes o asistentes a eventos. Pero también se nombra a un piloto de Fórmula 1 y jugadores de hockey.

La Fiscalía de Milán insiste en un punto esencial que atraviesa todo el caso: aparecer en esa lista no implica haber cometido ningún delito. Cabe destacar que en Italia, el pago por servicios sexuales entre adultos no está tipificado como infracción penal, por lo que los futbolistas citados no están siendo investigados ni imputados.

Inter de Milán: el equipo más citado

El club más recurrente en las escuchas es el Inter de Milán, donde aparecen varios jugadores actuales o recientes de su plantilla o de su entorno: Alessandro Bastoni, Raoul Bellanova (hoy en el Atalanta), Yann Bisseck, Milan Škriniar (actualmente en el PSG), Carlos Augusto, Achraf Hakimi (también en el PSG) y Philippe Coutinho (agente libre).

AC Milán: nombres del presente y leyendas

En el entorno del AC Milan aparecen nombres de futbolistas en activo y exjugadores que pasaron por la Serie A o por la cantera rossonera. Entre ellos figuran Rafael Leão, Olivier Giroud (actualmente en el Lille), Jérémy Ménez (Canton United), Daniel Maldini (hoy en la Lazio) y Mattia De Sciglio (actualmente en el Empoli).

Juventus y demás equipos de la Serie A

La Juventus también está presente en los documentos con referencias a Dušan Vlahović y Arthur Melo (actualmente cedido en Grêmio de Porto Alegre), además de una mención genérica a “Álvaro”, que la prensa italiana vincula de forma no confirmada con Morata (hoy en el Como).

El resto de la Serie A también aparece representado con nombres como Gianluca Scamacca (Atalanta) y Matteo Ruggeri (Atlético de Madrid), Andrea Pinamonti (Sassuolo), Samuele Ricci (AC Milán) o Nuno Tavares (Lazio, cedido desde el Arsenal). También se menciona a Riccardo Calafiori, actualmente en el Arsenal tras su paso por la Roma y el fútbol italiano.

Entre los nombres que aparecen en el material de la investigación figura también Dejan Stanković, exjugador del Inter y la Lazio y actual entrenador del Estrella Roja Según el sumario, habría mantenido hasta ocho contactos telefónicos con uno de los investigados, sin que ello implique imputación o sospecha formal.

“Estoy embarazada”

Uno de los fragmentos más sensibles del sumario recoge una conversación entre una escort y un miembro de la red. La mujer afirma: “Me acabo de hacer una prueba y estoy embarazada, de más de tres semanas”, y señala a continuación al futbolista con el que habría estado esa noche. La investigación sitúa al jugador en un equipo de la parte baja de la Serie A.

Por el momento, el objetivo ahora es diferenciar entre asistentes a eventos sociales y quienes habrían contratado servicios adicionales. En cualquier caso, el procedimiento judicial es claro: ninguno de los futbolistas mencionados está imputado ni investigado.

La Municipalidad de San Felipe (90 kms al norte de Santiago) confirmó este martes la presentación de una querella en contra del concejal Ronald Olivares, quien en febrero del año pasado se apersonó en una comisaría de Viña del Mar para denunciar un secuestro a fin de justificar su inasistencia al trabajo, pero hace pocos días cambió su declaración admitiendo había ido a comprar “falopa” y terminó en un “ruco” consumiendo drogas junto a desconocidos.

“Efectivamente, estamos efectuando una querella ante la situación de unas declaraciones del concejal Ronald Olivares, que ameritan que los tribunales en el área penal sean los que tienen que revisar”, confirmó la alcaldesa de esa comuna, Carmen Castillo

“Esto, por tratarse de nosotros ser funcionarios públicos que nos obliga a hacer denuncias cuando se detectan posibles irregularidades. Esta querella está recién ingresada y si es admitida por los tribunales, podremos dar mayores antecedentes", complementó la edil.

La declaración del concejal

El medio Radio Aconcagua tuvo acceso a una reciente declaración hecha a Carabineros por Olivares, en la que reconoce que se gastó el dinero del viático entregado por el Estado para asistir a una capacitación en Viña del Mar -$350 mil, unos USD 390-, en drogas.

En dicho testimonio, aseguró que se encontraba en casa de unos familiares cuando decidió salir con “la finalidad de comprar cigarros y falopa”. A los pocos pasos conoció a cuatro individuos, quienes lo subieron a un auto y lo llevaron hasta un “ruco”, donde había otros sujetos con cuchillos y pistolas consumiendo alcohol y diversas drogas.

Intimidado por estos individuos, “durante la estadía en ese lugar realicé varias transferencias de dinero, a cuentas bancarias que los sujetos me daban, para seguir comprando droga".

Sin embargo, finalmente sus compañeros de juerga abandonaron el “ruco” y lo dejaron solo, siendo rescatado por una familia que pasaba por el lugar quienes lo trasladaron hasta la casa donde sus preocupados familiares lo estaban hospedando.

El concejal reconoció que tiempo atrás tuvo serios problemas con las drogas, que en dicho viaje a Viña del Mar tuvo una recaída y que inventó el secuestro para justificar su inasistencia a la capacitación y ante sus familiares, aunque insistió en que se había quedado en el “ruco” debido al temor que sus nuevos conocidos le habían inspirado.

La Audiencia Provincial de A Coruña ha confirmado la condena a un año de prisión, que será sustituida por la expulsión de España durante siete años, a un hombre marroquí sorprendido con hachís cuando circulaba en patinete por la ciudad. El tribunal considera acreditado que la droga no era para consumo propio, sino destinada al tráfico, pese a que no existía una prueba directa de venta.

La resolución, dictada en apelación, revisa parcialmente el fallo de instancia, pero solo para ajustar la pena al tipo básico del delito. El núcleo de la condena permanece intacto: la existencia de un delito contra la salud pública sustentado en un conjunto de indicios que, a juicio de la Sala, permiten afirmar sin fisuras la finalidad de tráfico.

Los hechos se remontan a la tarde del 25 de abril de 2024, en una zona de A Coruña donde la Policía Nacional realizaba controles específicos contra el menudeo de drogas. Los agentes repararon en un hombre que circulaba en patinete mientras manipulaba un bulto entre la ropa. Ese gesto, aparentemente menor, desencadenó toda la secuencia posterior.

Al advertir la presencia policial, el acusado reaccionó de forma inmediata: abandonó el patinete y emprendió la huida. La persecución apenas duró unos instantes. Al verse acorralado, arrojó bajo un vehículo un paquete que contenía resina de cannabis. La sustancia, posteriormente analizada, arrojó un peso de 43,67 gramos y un valor cercano a los 300 euros en el mercado ilícito .

La huida, el intento de deshacerse de la droga y la forma en que esta era transportada constituyen el eje sobre el que pivota la condena. No hay una transacción acreditada, ni compradores identificados. Pero tampoco los necesita la Sala para sostener su conclusión.

La lógica de los indicios

El recurso del acusado se construía precisamente sobre esa ausencia: no se le había visto vender, ni existía prueba directa de que la sustancia estuviera destinada a terceros. La Audiencia responde con un planteamiento clásico en esta materia: la prueba indiciaria, cuando es sólida y coherente, basta para desvirtuar la presunción de inocencia.

La sentencia articula ese razonamiento con precisión. Parte de hechos acreditados y enlaza esos elementos mediante una inferencia lógica que conduce a la finalidad de tráfico. No se trata de suposiciones, sino de una construcción basada en la experiencia común y en la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo.

A ello se suma un elemento que termina de cerrar el círculo: el propio acusado negó en el juicio ser consumidor de cannabis o de cualquier otra sustancia. Esa afirmación, lejos de favorecer su defensa, refuerza la tesis acusatoria. Si no hay consumo, difícilmente puede sostenerse que la droga estuviera destinada al uso personal.

La Sala descarta, además, la explicación alternativa ofrecida por la defensa, que atribuía la huida a la situación irregular del acusado en España. Para los magistrados, ese argumento no resiste el contraste con los hechos: la reacción no fue solo escapar, sino desprenderse de la sustancia de forma inmediata, un comportamiento difícilmente compatible con una mera evasión administrativa.

Donde sí aprecia el tribunal margen de corrección es en la calificación jurídica de la pena. La sentencia de instancia había aplicado el artículo 368.2 del Código Penal, pero la Audiencia entiende que concurren los requisitos del tipo básico. La rectificación no altera la condena, pero sí su alcance. En consecuencia, fija la pena en un año de prisión —el mínimo legal— y una multa de 296,51 euros, con responsabilidad subsidiaria en caso de impago. Se mantiene, en cambio, el resto de pronunciamientos, incluida la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

La expulsión como desenlace

El elemento decisivo en la ejecución de la pena no es tanto su duración como la situación administrativa del condenado. Al encontrarse en situación irregular en España, la pena privativa de libertad se sustituye por su expulsión del territorio nacional, con la prohibición de regresar durante siete años.

La Audiencia no impone las costas de la apelación, al haber estimado parcialmente el recurso, pero confirma en lo esencial el fallo recurrido.

Prácticamente un mes después de que la eliminación para el Mundial 2026 frente a Bosnia y Herzegovina pusiera patas arriba el entramado de la Federación Italiana de Fútbol, una investigación señala directamente a numerosos futbolistas de la Serie A como clientes de prostitutas y drogas durante las fiestas que organizaba una compañía que ofrecía sus servicios por redes sociales.

El 23 de agosto de 2024, una joven decidió declarar ante las autoridades y relatar lo que había vivido desde 2019 en un edificio de Cinisello Balsamo, a las afueras de Milán.

El caso, adelantado por La Gazzetta dello Sport, apunta a una organización que actuaba bajo la tapadera de empresa de eventos llamada Ma.De Milano, especializada en ocio nocturno. Sin embargo, en la práctica, según la Fiscalía, era el eje de una red de prostitución con una facturación superior a 1,2 millones de euros.

Fiestas “todo incluido” tras los partidos

Tras los encuentros de la Serie A, los clientes (principalmente futbolistas) accedían a paquetes exclusivos que arrancaban en locales de moda y podían terminar en habitaciones privadas con escorts. Espacios como Pineta Milano, Langosteria Bistrot o Voya Rooftop formaban parte del circuito habitual.

“Durante esas noches, las jóvenes eran invitadas a tener relaciones sexuales a cambio de dinero con los huéspedes, seleccionados principalmente entre futbolistas profesionales”, recogen documentos de la Fiscalía difundidos por Tg1.

Para garantizar la discreción, la organización evitaba hoteles convencionales y utilizaba sus propias estancias en Cinisello Balsamo. El servicio se promocionaba incluso en redes sociales, dirigido a clientes dispuestos a pagar “sumas significativas”.

El gas de la risa

Uno de los elementos más llamativos es el uso del óxido nitroso, conocido como “gas de la risa”. Según los investigadores, “se utiliza como sustancia psicoactiva, pero al mismo tiempo es indetectable mediante las pruebas antidopaje estándar”, lo que lo hacía especialmente atractivo para deportistas de élite.

En las escuchas telefónicas se refleja un uso intensivo del gas: “Necesitamos globos... Estamos en el Duca, en Me Milan”, se repetía, según recogen los diversos medios italianos.

Pero la red no se limitaba solo a Milán. En verano se trasladaba a Mykonos (Grecia) y, según la testigo principal, se organizaban fiestas casi a diario.

Es más, ni el confinamiento por la pandemia frenó la actividad. En abril de 2021, en plena emergencia sanitaria, se identificó a 17 personas reunidas en la sede, cuando este tipo de encuentros estaban prohibidos.

Un piloto de Fórmula 1

Además de los futbolistas, también hay grandes nombres fuera de otras disciplinas deportivas. En las escuchas telefónicas aparece la referencia: "Hay un amigo mío, piloto de Fórmula 1, que viene a Milán esta noche y quiere una chica”.

Ni su identidad ni la de otros clientes ha sido revelada, y ninguno está siendo investigado.

Cuatro detenidos y más de un millón incautado

La operación de la Guardia Civil di Finanza se ha saldado con cuatro detenidos, considerados el núcleo de la organización. Entre ellos están Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, principales responsables, quienes han sido puestos en libertad bajo arresto domiciliario.

Se enfrentan a delitos de favorecimiento de la prostitución, blanqueo de capitales y asociación ilícita.

Por otra parte, están los clientes, alrededor de 70 futbolistas, según ANSA, quienes no serán investigados: “No es un delito, no está tipificado como tal. Las chicas eran totalmente complacientes”, explicaron fuentes de la Guardia di Finanza.

Entre los equipos mencionados en el contexto del caso aparecen clubes como Inter, Milan o Juventus, aunque sin nombres concretos.

La contaminación por ciertas drogas ilícitas en el medio natural no es una cuestión anecdótica. En múltiples países se está detectando la presencia de cocaína y sus metabolitos en masas de agua como ríos, lagos y estuarios. Sus consecuencias sobre los ecosistemas y la fauna silvestre todavía son desconocidas, aunque cada vez más estudios analizan los cambios alimenticios, reproductivos o comportamentales, así como otros efectos, que esta contaminación tiene sobre las especies de estos hábitats.

Estas investigaciones, que han demostrado que estas sustancias pueden afectar la función cerebral y el comportamiento en la fauna silvestre, se han realizado siempre en condiciones de laboratorio artificiales. Hasta ahora.

Un nuevo estudio internacional liderado por la Universidad de Griffith y en el que han participado la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas, la Sociedad Zoológica de Londres y el Instituto Max Planck de Comportamiento Animal ha realizado por primera vez un experimento sobre las alteraciones que la cocaína provoca en los animales en su hábitat natural. En concreto se han centrado en los salmones atlánticos (Salmo salar).

Los salmones afectados por la cocaína nadan casi el doble de lejos

Para llevar a cabo la investigación, cuyos resultados se han publicado en la revista Current Biology, se monitorizaron 105 salmones atlánticos juveniles en el lago Vättern, en Suecia. Los ejemplares se distribuyeron en tres grupos: uno de control, uno expuesto a cocaína y el último al principal metabolito de esta droga, la benzoilecgonina.

Los investigadores combinaron implantes químicos de liberación lenta y seguimiento mediante telemetría acústica para reconstruir su trayectoria y sus patrones espaciales dentro del lago natural.

Los resultados demostraron que estos metabolitos alteran los patrones de dispersión y el comportamiento espacial de los peces. La exposición a la benzoilecgonina aumentó las tasas de movimiento semanales en aproximadamente 1,9 veces; así, se dispersaron cerca de 12,3 kilómetros más lejos que los ejemplares de control.

“Estos resultados indican que los contaminantes derivados de la cocaína pueden alterar la ecología espacial de los peces, influyendo potencialmente en el uso del hábitat, las interacciones tróficas y los patrones de dispersión a nivel poblacional en los ecosistemas naturales”, señalan los autores. Estos son elementos fundamentales para la supervivencia y dinámica de las poblaciones de peces.

Además, observaron que la benzoilecgonina produjo unos efectos más intensos que la cocaína. “Esto es especialmente preocupante porque los posibles peligros para distintas especies de contaminantes ambientales —como fármacos y drogas de abuso— suelen evaluarse según los compuestos originales en lugar de sus metabolitos, pese a que estos últimos aparecen frecuentemente a concentraciones más elevadas en las aguas superficiales", señalan los autores del estudio publicado en Current Biology.

De esta manera, es importante y urgente incorporar estos contaminantes en las estrategias de monitoreo y gestión para la conservación de las especies acuáticas vulnerables, ya que pueden perturbar su ecología espacial y su comportamiento locomotor.

“Nuestros hallazgos demuestran que concentraciones ambientalmente relevantes de cocaína y su metabolito mayor, la benzoilecgonina, pueden acumularse en los cerebros de salmones atlánticos expuestos —una especie de gran importancia ecológica y económica— y alterar su movimiento y uso del espacio en la naturaleza".

Aunque las implicaciones de esta contaminación todavía deben investigarse más en profundidad, los investigadores destacan la relevancia tanto económica como ecosistémica de esta especie; su alteración o degradación por este u otro tipo de contaminación, por tanto, tendría consecuencias para los hábitats en los que vive y para nosotros mismos.

Las autoridades de Florida refuerzan la vigilancia sobre la carretera estatal 710, identificada como una de las rutas más utilizadas para el tráfico de drogas entre Palm Beach y Okeechobee. Solo en el último año, la zona registró 20 muertes por accidentes, una estadística que llevó a incrementar los operativos policiales y endurecer los controles vehiculares, según la Oficina del Alguacil del condado Martin y reportes de medios locales.

Las autoridades señalaron que los sospechosos eligieron esta vía rural para trasladar drogas como fentanilo, metanfetaminas y cocaína, con el objetivo de evitar las rutas principales donde la vigilancia policial es más intensa. El mayor Rubén Romero declaró a Telemundo 51 que existe la creencia entre el público de que utilizar ese tramo facilita el tráfico de drogas y otros delitos al esquivar caminos más controlados.

Por qué la carretera 710 preocupa a las autoridades

La carretera estatal 710, que bordea el lago Okeechobee y conecta Palm Beach con el condado Okeechobee, se ha convertido en foco de investigaciones y operativos tras su uso como corredor para el narcotráfico. Las autoridades detectaron que los traficantes buscaban carreteras menos vigiladas para mover sustancias ilegales y evitar controles policiales, según datos recogidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la DEA.

Romero, representante de la Oficina del Alguacil de Martin, afirmó que en las últimas semanas intensificaron los operativos, lo que llevó a la detención de varios sospechosos, así como al decomiso de drogas y parafernalia. El funcionario señaló: “Estamos aplicando la ley de forma firme: realizamos paradas de tráfico, emitimos multas y buscamos a personas que cometieron delitos”, en declaraciones al canal local Telemundo 51.

Qué drogas transportan y cómo lo hicieron

De acuerdo con la DEA y reportes del canal local CBS News Miami, las organizaciones criminales emplearon tanto vehículos particulares como camiones comerciales para trasladar fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas. Estas sustancias ingresaron a Florida por vía terrestre, aérea o marítima, y luego fueron distribuidas a través de rutas estatales y locales, como la 710, para llegar a otros estados o ciudades.

El sur de Florida se consolidó como un importante corredor para el tráfico de drogas en la región. Un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos detalló que grupos de origen mexicano y colombiano recurrieron a rutas alternativas para esquivar la vigilancia federal y estatal, utilizando carreteras rurales y servicios de paquetería para el transporte de narcóticos.

Dónde y cuándo ocurrieron los operativos

Las acciones policiales se enfocaron en el oeste del condado Martin, especialmente en los alrededores de Indiantown, donde se encuentra el tramo más vulnerable de la ruta 710. Los operativos se realizan de manera intensiva desde hace varias semanas y, según las autoridades, continuará la vigilancia en los próximos meses mientras persista el riesgo de tráfico de drogas y accidentes fatales.

Romero resaltó que el objetivo principal consistió en impedir que el crimen llegara a zonas residenciales o escolares: “No estamos esperando que el crimen llegue a nuestros vecindarios o escuelas. Sabemos que esta ruta puede ser utilizada para llegar a ciudades como Stuart o Jensen Beach, y lo que estamos haciendo es detenerlos en el camino”, explicó al canal local Telemundo 51.

Quiénes están detrás y cómo respondió la policía

Las investigaciones federales y estatales identificaron a organizaciones criminales con vínculos en México y Colombia como responsables del trasiego de drogas por estas rutas. Según el medio estadounidense Fox News, la reciente captura de 11 personas y el decomiso de varios kilos de fentanilo y cocaína confirmaron la participación de carteles internacionales en la distribución de sustancias ilegales a través de Florida.

La Oficina del Alguacil y la DEA trabajaron de manera coordinada, incrementaron los patrullajes, instalaron retenes y emplearon tecnología de vigilancia para identificar vehículos sospechosos. Las fuerzas del orden advirtieron que quienes utilizaran la carretera 710 para transportar drogas o armas tenían altas probabilidades de ser detenidos.

Perspectivas y próximos pasos

Las autoridades de Florida aseguraron que los operativos continuarán de forma permanente mientras persista el riesgo de tráfico de drogas y accidentes en la ruta 710. La cooperación entre agencias locales, estatales y federales se centró en frenar la actividad delictiva antes de que afectara a las comunidades cercanas y reducir la cifra de víctimas en la vía.

La presencia de carteles internacionales y el uso de rutas secundarias para el traslado de drogas obligaron a un monitoreo constante y a la adaptación de estrategias policiales, según informes de la DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los residentes y conductores que transiten por la zona pueden esperar una vigilancia reforzada y controles frecuentes en los próximos meses.

Los países europeos han acordado una nueva estrategia para combatir el narcotráfico entre 2026 y 2030. En la reunión, España, uno de los países más golpeados por el crimen organizado y el tráfico de drogas, ha solicitado reforzar la persecución de las narcolanchas y de las embarcaciones semisumergibles, utilizadas cada vez más por redes criminales para el transporte de drogas hacia el continente europeo.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistido en “actuar con más firmeza” contra los llamados “facilitadores logísticos” que sostienen la actividad de estas mafias. El nuevo plan y la visión del Gobierno se han desarrollado durante la sexta reunión de la Coalición de Países Europeos contra el Crimen Organizado, celebrada en París este lunes 20 de abril.

España reclama mano dura contra las narcolanchas

Durante su intervención en la cumbre, Grande-Marlaska advirtió de la creciente sofisticación y peligrosidad del narcotráfico en Europa. “Debemos actuar con más firmeza contra los facilitadores logísticos que sostienen la actividad de estas redes”, reclamó. El ministro ha señalado como urgente “intensificar la respuesta” frente a las embarcaciones rápidas, conocidas como narcolanchas, y los semisumergibles, que permiten a las mafias sortear los controles marítimos.

Grande-Marlaska ha defendido que la nueva Estrategia de Drogas de la Unión Europea debe basarse en una respuesta “coordinada, multidisciplinar y europea”. En su opinión, la lucha contra este fenómeno violento “exige actuar no solo dentro de la Unión Europea, sino también en origen, en tránsito y en cooperación con otras regiones afectadas”. Además, ha destacado la necesidad de mantener el foco en América Latina y el Caribe, regiones prioritarias por su papel en la producción y tránsito de drogas hacia Europa.

Por otro lado, el ministro ha defendido la incorporación de Portugal en la coalición, señalando su “posición geoestratégica clave”. Según Grande-Marlaska, la cooperación policial y judicial con Portugal y sus lazos históricos y culturales con África y Brasil ayudarán a mejorar la coordinación y el intercambio de información operativa. Grande-También puso en valor el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico (MAOC-N), en Lisboa, como “modelo avanzado de integración de inteligencia marítima y aérea” y de “coordinación operativa en tiempo real”.

Cooperación para frenar el crimen organizado

En la reunión, los siete países integrantes de la Coalición (Francia, Alemania, Países Bajos, España, Italia, Bélgica y Suecia) han aprobado una declaración conjunta y un plan de acción para los próximos tres años, que cuenta con un total de cinco prioridades. Estos objetivos a combatir son desmantelar redes criminales, asegurar la integridad de los nodos logísticos y la seguridad marítima, atacar flujos financieros ilícitos, reforzar la prevención y fortalecer la cooperación internacional.

La Coalición de Países Europeos contra el Crimen Organizado nació en 2021 y desde entonces ha celebrado ya seis reuniones, consolidando un espacio de trabajo conjunto en la lucha contra las redes de narcotráfico que operan en Europa y más allá de sus fronteras. “Es fundamental ofrecer una respuesta conjunta y sostenida ante un fenómeno cada vez más flexible y transnacional”, concluyó Grande-Marlaska.

En pleno centro de la capital, en el Madrid de los Austrias. Muy cerca de la plaza de la Cruz Verde. Allí se ocultaba en un piso de alquiler uno de los sicarios más peligrosos de Francia, Walid Bara, a punto de cumplir los 40 años, apodado ‘Fondu’ y ‘Le Relai’ y uno de los líderes de la emergente DZ Mafia, que controla el narcotráfico y el tráfico de armas en Marsella, la segunda ciudad más poblada de Francia. La DZ (en alusión a la palabra Argelia en lenguas bereberes) se ha convertido en todo un quebradero de cabeza para el Gobierno galo, que se ve incapacitado para frenar que Marsella se consolide como punto neurálgico europeo del tráfico de drogas. Nuevas bandas criminales, como la DZ, importan sus métodos de los carteles sudamericanos.

“DZ Mafia es la organización criminal más relevante para la policía francesa debido a su implicación en delitos graves, especialmente tráfico de drogas, armas y episodios de violencia urbana. Originaria de varias periferias de París y Lyon, e implantada en barrios de Marsella, la organización ha sido vinculada con una serie de enfrentamientos armados y asesinatos por encargo que han generado gran alarma en la opinión pública”, señaló la semana pasada el ministerio del Interior en el comunicado que anunciaba la caída de Bara en Madrid. El prófugo tenía en vigor cuatro órdenes de detención europeas emitidas por Francia. Fue arrestado el jueves, precisamente el mismo día que se conoció que era condenado en ausencia en un tribunal francés a 25 años de prisión por ordenar dos asesinatos.

El cabecilla estaba en busca y captura desde mayo de 2024, cuando huyó tras salir de prisión pese a estar imputado por varios asesinatos. En la capital llevaba una vida muy discreta, portaba documentación falsa y no iba armado. No colaboró mucho con los agentes, señalan fuentes cercanas a la investigación consultadas por Infobae. Aseguró que no recordaba cuanto tiempo llevaba en España, que no trabaja y que estuvo un tiempo residiendo en Málaga con unos familiares. El sicario había evitado desde que huyó en 2024 mantener todo tipo de contactos con amigos y miembros de su grupo para evitar, precisamente, que la Policía u otros rivales dieran con su paradero.

El nombre de Bara empezó a ser conocido en investigaciones policiales en el año 2018 cuando formaba parte de una red de narcotráfico que suministraba cannabis y cocaína en el norte de Marsella. La Policía gala detuvo entonces a 18 personas que formaban parte de esta banda (la DZ aún no había nacido oficialmente), que se movía para sus operaciones con fusiles de asalto. Walid Bara figuraba como líder de esta red, dirigiendo los puntos de venta en Marsella. Obtenían la droga organizando convoyes desde España. El control de sus comunicaciones permitió conocer que incluso preparaban asesinatos.

Por ejemplo, en diciembre de 2018, un narcotraficante fue asesinado a tiros por el propio Bara cuando salía de un bar de París. El entonces sicario recibía órdenes de su jefe, un franco argelino que se refugiaba en Emiratos Árabes. Bara no solo acumulaba delitos de narcotráfico y robos a mano armada, pronto sumó los de tráfico de armas y delitos de sangre.

Ejecutados en un hotel

El 30 de agosto de 2019, en Cabriès, dos hombres fueron asesinados a tiros en la habitación de un hotel donde dormían, en una zona comercial de Marsella. La investigación reveló que el crimen había sido preparado y organizado por Bara. En agosto de 2020, la banda de Walid asaltó a otros dos miembros de otra banda rival en la autopista A7 a su paso por Marsella. Fueron atacados a tiros por los ocupantes de un vehículo que circulaba a su izquierda. Los investigadores colocaron a Bara como uno de los cerebros del crimen. Finalmente, fue arrestado en diciembre de 2021. Pero salió en libertad en febrero de 2022 bajo supervisión judicial. Cuando se produjeron todos estos crímenes (por el de agosto de 2019 ha sido condenado ahora en abril de 2026 a 25 años de cárcel), la DZ no estaba organizada ni recibía el nombre por el que se le conoce en la actualidad. Pero empezó entonces una guerra sangrienta por el control del tráfico de drogas por el entonces clan dominante, los Yoda, y la nueva DZ Mafia.

El sicario acabó huyendo en mayo de 2024, después de que sus abogados consiguieran que saliera de prisión a la espera de juicio. Meses antes, en enero de ese año, la policía francesa y los Mossos d’Esquadra detenían a 13 miembros de la DZ por presuntamente matar a dos hombres delante de un hotel en Salou (Tarragona) en mayo de 2023. “La operación se ha producido en el marco de una guerra entre bandas ligadas al narcotráfico en Marsella”, una guerra que ha cruzado fronteras. La DZ crece y amplía territorios como una organización horizontal, más parecida a los carteles mexicanos.

Se promocionan en redes sociales y sus distintos grupos actúan como franquicias, porque la DZ pone el nombre, la marca y las drogas, pero grupos independientes hacen sus propias operaciones. Es decir, “la DZ opera como una especie de red descentralizada, con grupos autónomos que actúan bajo una misma marca criminal, llegando incluso a contratar asesinatos a través de las redes sociales y a emplear plataformas como Snapchat o Telegram para amenazar a sus rivales”, señalan fuentes policiales.

Un paquete de piezas decorativas de cráneos y manzanas derivó en el hallazgo de metanfetamina oculta que se pretendía enviar por una empresa en Jalisco.

El hallazgo se efectuó por parte de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en colaboración con el Gabinete de Seguridad- en una empresa de paquetería de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Durante una revisión de seguridad en el sitio, los agentes lograron ubicar una caja que contenía siete figuras y una esfera, en las que se ocultó cerca de 5 kilos 766 gramos de metanfetamina.

La acción de las autoridades se originó tras una denuncia anónima, que alertó sobre la posible presencia de sustancias ilícitas en el sitio. Una vez confirmada la existencia del narcótico, el Ministerio Público Federal en Jalisco inició la integración formal de la carpeta de investigación, bajo la supervisión de la Fiscalía Especializada de Control Regional.

En este caso, la Fiscalía General de la República (FGR) ha comunicado que la indagatoria busca identificar a quienes participaron en el traslado y resguardo de la droga, así como determinar el destino final del cargamento.

La investigación permanece abierta y se espera que, conforme avance el análisis de las pruebas, se identifique a los responsables directos del envío.

Procesan a sujeto detenido con 700 mil pastillas de fentanilo en Baja California

José “N” fue vinculado a proceso el pasado 18 de abril luego de que fue detenido en Mexicali, Baja California, con 700 mil pastillas de fentanilo y 10 kilos 945 gramos de la misma droga en polvo.

Su arresto se llevó a cabo en el Boulevard Gómez Morin y Boulevard Lázaro Cárdenas, cuando el sujeto pretendía abordar una camioneta que tenía un compartimiento oculto.

Durante una inspección realizada por elementos de la Policía Municipal de Mexicali, la Fiscalía General de la República tuvo conocimiento del hallazgo de la droga sintética en un sitio oculto dentro del vehículo, la cual se encontraba en cinco costales de tela oscura.

Las imágenes compartidas por las autoridades muestran que los cinco costales en los que era transportada la droga eran de gran tamaño, ya que dentro ocultaron más de 60 bolsas de plástico con los estupefacientes.

En este caso, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó los elementos probatorios ante la autoridad judicial, logrando la vinculación a proceso por posesión de fentanilo con fines de comercio, en la modalidad de venta.

Como medida cautelar, se dictó prisión preventiva oficiosa contra el acusado y se fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

La persona mencionada permanece bajo la presunción de inocencia, de acuerdo con la legislación vigente, hasta que exista una sentencia firme emitida por el tribunal competente.

La Policía Nacional ha cerrado un importante golpe contra el narcotráfico procedente de Marruecos, movilizando a más de 250 agentes y logrando la detención de un ex guardia civil junto a otros 14 integrantes de una organización criminal. La operación, comenzada hace un año, se ha saldado con la incautación de hasta 15.000 kilos de hachís en junio de 2025 y, ahora, la desarticulación total de una infraestructura que conectaba el norte de África con España y Francia, según las fuentes policiales.

El dispositivo policial se desplegó de manera simultánea en Andalucía, Galicia y Ceuta, tras más de un año de investigación judicial centrada en la actividad de una red con base en la ciudad autónoma. La Policía llevó a cabo 29 registros en distintas localidades de las dos comunidades y la ciudad autónoma, que era el epicentro del organismo.

Si bien la red se da por finiquitada tras el operativo policial y la detención de sus principales responsables, la investigación judicial se mantiene activa. Las autoridades no descartan nuevas detenciones en el futuro próximo, ya que continúan analizando documentación incautada y rastreando posibles ramificaciones de la organización. El objetivo es identificar a todos los implicados y asegurar la completa desarticulación.

Un despliegue sin precedentes

Entre los elementos intervenidos, la policía incautó cerca de un millón y medio de euros en metálico y 66 equipos de comunicación empleados para coordinar los movimientos de la droga. El mayor alijo se localizó en Almería, donde los agentes interceptaron un cargamento de 15.000 kilogramos de hachís preparado para su distribución hacia el resto de Europa.

La operación pasa a la historia por el enorme despliegue de 250 agentes policiales. La coordinación de tres puntos distintos del país exigió una cuidada preparación durante un año. Según la Policía, la organización ha sido desarticulada, de manera que supone un importante golpe al narcotráfico, ya que movían cantidades gigantescas como las 15 toneladas intervenidas en Almería.

Organización de narcos en Ceuta con un guardia civil

La organización criminal había diseñado una estructura que permitía mover grandes cantidades de hachís desde Marruecos hasta distintos puntos de Europa. Este entramado se apoyaba en una red de vehículos especialmente preparados y en una red de contactos clave, tanto en territorio español como en otros países del continente. Una de las personas relevantes era un antiguo agente de la Guardia Civil, que había dejado el cuerpo un año antes, según confirmó Infobae.

El uso de narcolanchas era fundamental para sortear los controles en el Estrecho de Gibraltar, permitiendo que la droga llegara de forma rápida y discreta hasta la costa española. Una vez en tierra, los cargamentos se distribuían usando rutas seguras y vehículos adaptados para el transporte clandestino. El centro de operaciones se encontraba en Ceuta, donde la red gestionaba la logística de entrada y coordinaba los envíos.

La organización contaba con enlaces en puertos estratégicos y mantenía una relación directa con uno de los principales narcos de La Línea de la Concepción, encargado de operar las narcolanchas. Este vínculo garantizaba el tránsito seguro de la mercancía y la protección de los cargamentos hasta su destino final.

Raye, famosa por el hit “Where Is My Husband!”, reveló que dejó de usar Instagram y lo reemplazó por una aplicación bíblica, una decisión que, según explicó en una entrevista con The Times, está vinculada directamente a su fe cristiana y a los momentos más oscuros que vivió durante su etapa de consumo de drogas y alcohol.

La cantante británica señaló que alejarse de las redes sociales le ha traído tranquilidad. “Desde que me fui de las redes, ha sido mucho mejor. La ignorancia es una bendición”, dijo al medio británico.

Y agregó: “Si alguien dijera que me veo horrible con un vestido, me pondría triste. Si no sé que alguien dijo que me veo horrible con un vestido… así que soy muy partidaria de estar desconectada”.

En lugar de Instagram, la artista de 28 años recurre a una aplicación bíblica para encontrar respuestas.

Explicó que el principal motivo de su distancia con las redes es el temor a la exposición. “Me aterra que la gente me analice y me destroce”, reconoció en la misma entrevista con The Times.

Sin embargo, Raye aclaró que su vida privada en internet no se traslada a su comportamiento en persona.

“Me ha llevado tanto tiempo llegar hasta aquí que me aterraría poner en riesgo todo eso dándole a alguien una mala impresión de mí. Así que siempre voy a saludar”, afirmó.

La estrella musical, cuyo nombre real es Rachel Agatha Keen, había hablado abiertamente sobre su consumo de sustancias durante su etapa en el sello discográfico Polydor Records.

En la edición de febrero de 2026 de la revista ELLE, se refirió al período más difícil de su vida con un balance positivo sobre su evolución personal.

“Estoy muy orgullosa del crecimiento que he logrado, porque hubo una etapa en mi vida en la que no me interesaba seguir adelante. Y sé que mucha gente pasa por eso. Hoy nunca se me ocurriría rendirme”, declaró al medio.

La cantante admitió haber consumido codeína y MDMA, además de alcohol, como una forma de anestesiar el dolor.

Fue el apoyo de su familia, en especial el de su hermana Lauren Keen, lo que le permitió atravesar esa etapa.

“He encontrado disciplina y abstinencia en mi vida, y es algo hermoso. De vez en cuando tomo una buena copa de vino, pero ya no bebo para arreglar, enterrar, anestesiar ni escapar”, sostuvo a la revista.

Raye explicó que volcar esas experiencias en sus canciones funciona como una forma de procesar el trauma.

“Solo quiero ser una mujer que hable de temas incómodos que no solemos tratar. Son todas cosas con las que luché en la oscuridad y en silencio”, señaló. “Es muy parecido a una medicina. Le das un sentimiento diferente a una emoción bastante dolorosa”.

Raye no escribirá más canciones hasta encontrar el amor

En paralelo a su alejamiento de las redes, Raye atraviesa otro momento importante en su carrera. Su segundo álbum, This Music May Contain Hope, y su sencillo “Where Is My Husband!” encabezaron las listas del Reino Unido el mes pasado.

Pero la artista ya anunció que no escribirá ni una sola canción para su tercer disco hasta que encuentre pareja.

“Mi tercer álbum, creo que ya le puse nombre. Se va a llamar And Then She Fell in Love. Y no voy a escribir ni una sola canción —ya sea en un año, cinco años o diez años— hasta que ese capítulo de mi vida comience“, declaró en una entrevista con The Sunday Times, donde integra la lista Young Power List.

Ella describió esta decisión como “una protesta silenciosa”. En 2025, había adelantado a BBC News su planificación con cierta precisión:

“Tengo un plan de cinco años. Me gustaría conocer a mi marido alrededor de 2027, después casarnos y tener un bebé”.

“Estas charlas me hacen bien, es como una terapia. Hacer terapia con un profesional por supuesto que también es muy importante, porque la adicción siempre es algo que está latente. Pero yo me siento totalmente recuperado, antes de volver a consumir me mato. No hay posibilidad de que vuelva a consumir. No tuve recaídas en 18 años y soy el tipo más feliz de la vida”, definió ante un auditorio de cerca de 400 personas.

García compartió los momentos más críticos de su vida relacionados con el consumo problemático. En ese marco, narró que la adicción le impidió acceder a empleos y lo llevó a buscar nuevas oportunidades en Venado Tuerto y Paranacito, donde el apoyo de su familia y profesionales hizo posible el inicio de su recuperación.

“Hoy llevo limpio 18 años y la verdad que estoy muy feliz. Durante el tiempo que estaba en consumo me perdí muchas cosas, como enseñarles a mis hijos a patear una pelota, que lo terminó haciendo su abuelo, que en su vida jugó al fútbol. Pero después de la recuperación gané mucho y gracias a eso ahora puedo ayudar a otras personas”, manifestó García, frente a un auditorio colmado.

El evento reunió a figuras de diversos ámbitos, entre ellas el abogado Mauricio D’Alessandro, el psicólogo especialista en consumos problemáticos Guido Revale y el médico toxicólogo Carlos Damin, director del Hospital Fernández y profesor titular en la UBA. Junto a García, analizaron el incremento del consumo de sustancias y la falta de medidas estatales.

“Cada vez se consume más, no puede ser que los dirigentes no hagan nada para prevenir y concientizar sobre un tema tan importante como este. La droga mata a chicos en la Ciudad y en todo el país, y pareciera que no está en la agenda de nadie”, sostuvo el conductor del ciclo de streaming "Lo del Turco", producido por La Canchita TV.

El rol de la familia y los clubes

En la jornada, se abordó el impacto de la crisis económica y social en el aumento del consumo en distintos barrios, tanto en las zonas más relegadas como en sectores acomodados. García advirtió que la problemática atraviesa todas las clases sociales y reclamó un mayor apoyo estatal, especialmente para fortalecer los clubes de barrio y promover espacios de socialización y deporte.

“Un chico en el club es un chico menos en la calle, y por lo tanto, un chico que está alejado de las tentaciones. El deporte es el mejor enemigo de la droga”, dijo el ex delantero de Racing. “Los clubes, principalmente los del sur de la Ciudad, también cumplen un rol fundamental. Con Daniel Amoroso, el presidente del Partido Integrar, los venimos recorriendo hace más de un año porque están en una situación económica muy complicada y nadie del Gobierno porteño los ayuda”, expresó.

Ante las preguntas del público, García relacionó el crecimiento del consumo con el deterioro social y la falta de respaldo institucional. Además, se refirió a la importancia del entorno familiar en la prevención de adicciones: “Veo mucho celular y poca comunicación. No hay que echarle la culpa a los padres porque están mucho tiempo trabajando, pero tienen que estar más encima, preguntarles cómo les fue en el colegio, charlar sus problemas, estar más al tanto de lo que hacen”.

El exjugador de la Selección Argentina durante los años noventa se refirió a la percepción social respecto a ciertas sustancias, en particular la marihuana. “En mis charlas, muchos chicos dicen que la marihuana es sana. Antes el que fumaba marihuana era visto como alguien marginal, pero como hoy alguien que está de traje todo el día fuma está más naturalizado. Pero lo cierto es que la marihuana es la puerta a consumir drogas más pesadas, es algo que los chicos tienen que entender”, indicó.

Para García, la prevención requiere campañas sostenidas con participación activa de familias, instituciones educativas y clubes deportivos, reclamando que el tema del consumo se incluya con urgencia en la agenda pública y política.

“Noto que se consume más en las zonas más relegadas, como las comunas 8 y 4, pero también en los barrios más acomodados. Hay que estar atento y ayudar. Y, de nuevo, acompañar a los clubes de barrio que cumplen un rol fundamental en la socialización, la educación y el deporte”, insistió.

La actividad tuvo como condimento una señal de acercamiento a actores de peso en la política porteña. La Facultad de Medicina de la UBA cuenta con una activa presencia de la agrupación Nuevo Espacio, que convocó a la charla. La organización estudiantil forma parte del sector político del exdiputado de la UCR y actual vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti. Y la vicedecana de la facultad, Claudia Negri, está vinculada al dirigente del Partido Justicialista, Juan Manuel Olmos, que asumió el año pasado como legislador porteña por la lista liderada por Leandro Santoro (Fuerza Patria).

El Tribunal Supremo ha rechazado admitir el recurso de casación presentado por un ciudadano extranjero condenado por un delito contra la salud pública tras ser descubierto con más de doce kilos de MDMA en el aeropuerto de Madrid-Barajas. La sentencia inicial, confirmada en las sucesivas instancias, le ha impuesto siete años y seis meses de prisión, una multa de 1.553.090 euros y la inhabilitación especial para el ejercicio del sufragio pasivo durante la condena.

Además, el tribunal ha decidido que será expulsado del territorio español con una prohibición de reingreso durante diez años, una medida que se haría efectiva una vez cumplidas las tres cuartas partes de la condena o si accedía antes al tercer grado o a la libertad condicional.

La defensa de Jenaro había sostenido que la condena era desproporcionada, reclamando que no se había justificado suficientemente el motivo para imponer una pena superior al mínimo legal. También alegó un intenso arraigo familiar en el país, argumentando que la expulsión debía considerarse desproporcionada porque no se había valorado correctamente su integración social y familiar.

El Tribunal Supremo, sin embargo, ha descartado estos argumentos, señalando que la pena se había impuesto valorando tanto la gravedad del hecho como las circunstancias personales del acusado. Sobre la expulsión, el fallo destacó que no se acreditó la existencia de arraigo en España, ya que el hombre no estaba empadronado, carecía de permiso de residencia y no desarrollaba ninguna actividad laboral en el país.

El ciudadano fue interceptado en el control de equipajes del aeropuerto de Madrid-Barajas cuando intentaba embarcar en un vuelo con destino a Santiago de Chile. En cuatro maletas de su propiedad, la policía halló 12.772,14 gramos netos de MDMA en polvo piedra beige, con un índice de pureza del 78,1%, según ha relatado el auto. La sustancia estaba oculta en dobles fondos y planchas especialmente diseñadas, y su valor en el mercado ilícito superaba los 600.000 euros. Los jueces consideraron probado que Jenaro transportaba la droga para su distribución a terceros, sin contar con permiso de residencia ni vínculo laboral ni familiar acreditado en España.

Alegó que era una pena desproporcionada

La sentencia de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, dictada el 5 de junio de 2025, le condenó como autor penalmente responsable de un delito contra la salud pública por posesión de sustancias que causan grave daño y en cantidad de notoria importancia.

Jenaro recurrió la sentencia ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que confirmó el fallo en noviembre de 2025. Posteriormente, la defensa planteó recurso de casación ante el Tribunal Supremo, invocando una supuesta desproporción en la pena y argumentando que no se había valorado correctamente su situación personal y familiar en España. El Tribunal Supremo, en el auto dictado el 26 de marzo de 2026, ha considerado que ni la pena ni la expulsión resultaban arbitrarias o desproporcionadas, y descartó la existencia de arraigo social, familiar o económico en el país.

Un hombre de 40 años denunció haber sido drogado y abuso sexualmente por una persona en La Plata.

Según relató la víctima, el encuentro comenzó cuando conoció a este desconocido en el espacio verde de El Bosque. Ambos decidieron permanecer juntos y, tras mantener una charla, decidieron mantener relaciones sexuales en un sector del parque cercano a las vías del Tren Universitario.

Sin embargo, lo que comenzó siendo una relación consentida cambió rotundamente en cuestión de segundos. El denunciante describió que, durante el acto, el preservativo que utilizaban se rompió y el agresor intentó forzarlo a continuar, pese a la negativa del denunciante.

Ambos habían consumido cocaína. En este contexto de violencia y consumo de estupefacientes, el agresor le ofreció una botella de agua, de la que la víctima tomó sin desconfiar, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0221.

En ese momento, la situación se agravó. Pocos minutos después, el hombre comenzó a sentir un fuerte mareo y perdió el conocimiento. “Desperté horas después, completamente desnudo y con dolor en la zona genital”, relató ante los efectivos de la Policía Bonaerense.

Un hecho similar ocurrió meses atrás, cuando un hombre de 27 años fue víctima de un violento episodio en el tradicional Paseo del Bosque. Fue interceptado por dos delincuentes que abusaron sexualmente de él y luego le robaron.

La causa, que quedó en manos de la fiscal Cecilia Corfield de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 15, activó un fuerte despliegue de los organismos de investigación.

El hecho se produjo en la zona ubicada detrás del Colegio Albert Thomas, precisamente en la intersección de las calles 57 y 115, a metros del estadio de Estudiantes de La Plata, y está siendo investigado con medidas urgentes.

La víctima, tras lograr escapar de sus agresores, pidió auxilio en la Dirección de Caballería de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, donde recibió contención y atención primaria antes de radicar la denuncia formal.

De acuerdo con la denuncia, el hombre relató que regresaba de un cumpleaños cuando, aproximadamente a las dos de la madrugada, percibió la presencia de dos hombres que lo seguían a corta distancia. Al notar esta actitud inusual, optó por apurar el paso, aunque los sospechosos replicaron la maniobra y, finalmente, lo interceptaron.

Los agresores lo amenazaron y forzaron a ingresar en una parte más retirada del Paseo del Bosque. Intentó resistirse y no tuvo éxito. Según la denuncia presentada, ambos lo golpearon y uno de ellos lo derribó y arrastró para arrebatarle una riñonera. Durante el asalto, uno de los atacantes abusó sexualmente de él.

La víctima manifestó que, mientras sufría el ataque, alcanzó a pedir que le permitieran levantarse unos segundos para poder respirar. Esa maniobra le permitió separarse brevemente y, con un impulso, logró empujar al agresor y escapar. El joven corrió descalzo hasta la avenida 60, donde finalmente recibió la ayuda de personal policial.

Bajo instrucciones de la fiscal Corfield, los peritos de la Policía Científica inspeccionaron la zona del ataque, con el objetivo de obtener rastros y recolectar pruebas materiales que ayuden a esclarecer el hecho. El relevamiento incluyó exámenes en busca de huellas y registros de elementos personales, así como la búsqueda de imágenes de cámaras que podrían haber registrado movimientos de los sospechosos en las inmediaciones.

El hombre constató al recobrar la conciencia que le faltaban $350 mil que llevaba consigo al momento del encuentro. Además, en el lugar apareció un bolso que no le pertenecía, en cuyo interior había ropa y una serie de números telefónicos. Estos datos podrían resultar determinantes para el avance de la investigación policial, que ya trabaja en el análisis de las pruebas halladas.

El denunciante aportó otro dato relevante al identificar el rostro del presunto abusador en un registro oficial. Las autoridades han iniciado la revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores del Bosque de La Plata con el objetivo de dar con el paradero del implicado.

Según Europol, la investigación se centró en una organización criminal con ramificaciones en Alemania, Austria, Montenegro y España, dedicada al envío sistemático de grandes cargamentos de droga hacia el mercado europeo. El operativo concluyó con la detención de 12 sospechosos, entre los que se encuentra el ‘pez gordo’ capturado en Montenegro.

La red criminal investigada mantenía una estructura compleja, con encargados de funciones que iban desde la financiación hasta la logística y la coordinación de los envíos ilícitos. Los investigadores atribuyen a la organización el uso de rutas marítimas y aéreas y la utilización de contenedores a través de métodos clandestinos para introducir droga en la Unión Europea.

Investigación internacional con 100 agentes

La operación requirió la participación de cerca de 100 agentes de policía en varios países. Según explica Europol, el dispositivo incluyó registros domiciliarios y la incautación de drogas en una docena de intervenciones previas, que permitieron interceptar los cargamentos antes de su distribución. Las autoridades judiciales de Montenegro presentaron cargos contra varios de los detenidos por tráfico de más de cuatro toneladas de estupefacientes entre octubre de 2024 y abril de 2026.

La Guardia Civil colaboró en la identificación y persecución de los implicados. Se sospecha que la organización también introdujo cannabis en la Unión Europea desde países como Albania, Tailandia y Estados Unidos, consolidando una red de tráfico con presencia en varios continentes. Un portavoz de la agencia europea señala que la estructura del cártel, bien oculta y adaptada a la actuación transnacional, requería una respuesta conjunta de los cuerpos policiales de los países implicados.

Coordinación y apoyo de Europol

La coordinación constante y el intercambio de información fueron claves para desmantelar el entramado y localizar a los principales responsables. Durante toda la investigación, Europol facilitó recursos analíticos y financieros, contribuyendo tanto al seguimiento de los movimientos de la red como a la adquisición de equipos técnicos empleados en la operación.

Entre los organismos participantes figuraron el Servicio Federal de Inteligencia Criminal de Austria, la Oficina Federal de Policía Criminal y la Oficina Estatal de Policía Criminal de Hesse en Alemania, el Departamento antidrogas de Montenegro y la Guardia Civil. La operación permitió evidenciar la capacidad de acción coordinada de las fuerzas policiales europeas contra las redes de tráfico de drogas a gran escala, según defiende Europol.

Las investigaciones continúan abiertas, ya que las autoridades buscan identificar posibles ramificaciones de la organización y rastrear los movimientos financieros vinculados al cártel. se prevé que la información obtenida en los registros facilite nuevas operaciones en los próximos meses, reforzando la cooperación internacional en la lucha contra el tráfico de estupefacientes que se dirige a Europa.

Un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas permitió la detención de un hombre identificado como Julio “N”, quien manifestó pertenecer al Cártel Chiapas y Guatemala. El arresto ocurrió en el municipio de Tapachula, donde agentes estatales localizaron diversas dosis de piedra, metanfetamina y marihuana entre sus pertenencias.

Las acciones fueron resultado de patrullajes realizados por la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Guardia Estatal Preventiva (GEP), la Guardia Estatal Fronteriza (GEF) y la Agencia de Inteligencia e Investigación Ministerial (AIIM).

Actitud sospechosa derivó en el arresto

Durante el operativo realizado en la calle Cabildo, los elementos estatales detectaron actitud evasiva de parte de Julio “N” hacia el convoy, lo que dio pie a una inspección corporal.

Entre sus pertenencias, hallaron lo siguiente:

• 63 bolsas con una sustancia similar a la piedra o crack
• 11 con producto cristalino, similar a la metanfetamina
• 60 bolsas con hierba seca que similar a la marihuana

El aseguramiento incluyó bolsas de diferentes tamaños y presentaciones, todas con características propias de drogas sintéticas y hierba seca.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo reportó que la persona detenida y los indicios asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

La dependencia sostuvo que la aprehensión forma parte de las acciones coordinadas con los tres órdenes de gobierno para mantener la seguridad en la entidad.

En el comunicado institucional donde fue reportada la detención, la SSP Chiapas refrendó el compromiso de mantener la colaboración entre dependencias para combatir los delitos contra la salud y asegurar la paz para la población de Chiapas.

Otras detenciones recientes de miembros del CCyG en la entidad

El pasado 9 de abril, autoridades estatales detuvieron a dos hombres identificados como Benito “N” y Luis “N” en el municipio de Jiquipilas, Chiapas.

En esa ocasión, los elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal aseguraron un arma tipo mini Draco calibre 7.62x39 mm, tres cargadores, 42 bolsitas con cristal, dos teléfonos celulares y dos motocicletas.

Los detenidos manifestaron pertenecer al Cártel de Chiapas y Guatemala.

Cómo nacieron los Pakales, grupo de seguridad del estado

La reciente detención en Tapachula, encabezada por la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, pone de relieve el papel de este grupo especial en los operativos contra integrantes de organizaciones criminales en Chiapas.

Los Pakales, responsables del aseguramiento de Julio “N” y varias dosis de droga, surgieron como respuesta institucional ante el crecimiento de la violencia y la presencia de cárteles en la entidad.

Esta unidad fue creada por la Secretaría de Seguridad del Pueblo con el objetivo de reforzar la capacidad de reacción ante delitos de alto impacto y garantizar la seguridad en municipios clave y en la región fronteriza.

Integrados por agentes con entrenamiento especializado, los Pakales participan en labores de inteligencia, patrullaje y aseguramientos de alto riesgo, como el realizado contra presuntos miembros del Cártel de Chiapas y Guatemala.

Sin embargo, este grupo de seguridad ha estado acompañado de señalamientos por presuntas violaciones a derechos humanos, particularmente durante intervenciones en zonas rurales y urbanas del estado.

Varios testimonios de figuras conocidas como Andrea Levy, Rafa Sánchez, David Seijas o Pablo Ojeda han revelado en el programa ‘Ex. La vida después’ emitido en Cuatro cómo las adicciones han marcado profundamente sus vidas, detallando tanto el origen de ese vínculo como el arduo proceso de recuperación que han afrontado.

El espacio, presentado por Ana Milán, profundiza en las consecuencias personales y en la huella emocional de diferentes tipos de dependencia, con relatos directos que describen desde la pérdida de control hasta la repercusión en el entorno familiar.

Las historias compartidas evidencian diversos inicios y evoluciones de las adicciones: Rafa Sánchez, exvocalista de La Unión, ha relatado que comenzó a consumir heroína en un contexto de ocio, acompañado de un amigo llamado Roberto, quien terminó falleciendo. El cantante ha llegado a confesar en el programa que “me iba a una finca que tenía mi padre a pasar el mono y era horrible, escalofríos, no dormir…”.

Andrea Levy ha explicado que su consumo de benzodiacepinas comenzó como un intento de soportar el dolor provocado por la fibromialgia y la presión profesional, aludiendo a la normalización social de estos fármacos.

Adicciones y recuperación

Pablo Ojeda ha contado que su primer contacto con el juego se produjo al bajar un día aburrido a un bar cercano, donde con “cinco euros, los eché y me tocaron 80”, una experiencia que ha calificado como “una sensación peligrosamente agradable”. Estos testimonios muestran la diversidad de condicionantes personales y sociales involucrados en el origen y desarrollo de la adicción.

El sumiller David Seijas, premiado con la Nariz de Oro en 2009 y exintegrante de elBulli, ha compartido su proceso para superar una adicción al alcohol y la cocaína sin abandonar su profesión. Tras dos años lejos del mundo del vino, Seijas optó por retomar su actividad apoyándose en terapias convencionales y alternativas, como la grafoterapia, y adoptando el método de escupir durante las catas como símbolo de autocontrol. Su experiencia plantea la posibilidad de reconstruir una relación saludable con la vocación profesional, incluso frente a una dependencia.

La perspectiva del programa se centra en el punto de inflexión que supone advertir la adicción y buscar ayuda, así como en el impacto en quienes acompañan al adicto en ese proceso. Los protagonistas coinciden en señalar que la adicción, aunque inicialmente asociada al ocio o la evasión, deriva en una espiral que exige una toma de decisiones difícil y valiente para iniciar la recuperación.

Según declaró Rafa Sánchez, “A diferencia de otros tipos de adicciones, la heroína tiene lo que se llama el mono, algo realmente duro”, matizando que la droga entra como una aparente aliada y se convierte pronto en “el puro demonio”. Su relato se completa con la descripción de un síndrome de abstinencia devastador que, en su caso, trató de superar sin ayuda profesional.

Rutinas y entorno en la adicción

En su intervención, Andrea Levy ha subrayado cómo el consumo de benzodiacepinas terminó por instaurarse en su rutina como respuesta al dolor crónico y la ansiedad generada por el estrés laboral: “Tenía que ir al cajón y tener ese momento de seguridad de saber que tenía un Lexatin”. La política ha confesado que nunca pensó estar realizando “nada mal”, resaltando la naturalización del uso de estos medicamentos y señalando que “más de seis meses tomándolos eres adicto. No es algo para normalizar ni para que te acompañe toda la vida”.

Levy también ha recordado el papel fundamental de los cuidadores y el desgaste emocional que experimenta el entorno: “A ellos también les pesa, porque es muy difícil”. Ha relatado que, durante su proceso de recuperación, fue una persona cercana –a su vez adicta en otro momento– quien le ofreció la ayuda que necesitaba para volver a controlar su vida.

Pablo Ojeda, nutricionista y divulgador, ha expuesto cómo las inseguridades de su infancia y la ausencia de aspiraciones marcaron su acercamiento al juego, una conducta inicialmente circunstancial que derivó en compulsión.

El recuerdo de burlas tras pasar diez meses en silla de ruedas acentuó sus dificultades psicológicas. Sobre su evolución, Ojeda explicaba: “Lo malo se olvida de manera inmediata. Me gastaba 100 euros y me tocaban 10, no me acordaba de los 90 perdidos, solo de los 10 ganados”, poniendo especial énfasis en que el objetivo nunca fue el dinero, sino “la sensación de haber ganado”.

El impacto familiar

Alejandra Prat ha descrito cómo la dependencia de su hermano a la cocaína impactó intensamente al núcleo familiar. En su conversación Prat recordó que la adicción de su hermano se desencadenó cuando, tras pasar largas temporadas trabajando en barcos, “su jefe le dijo: ‘prueba esto porque te vas a sentir mejor y vas a poder seguir adelante’”.

La periodista señalaba que la negación de la adicción retrasó la intervención familiar, hasta que una prueba corroboró el problema y su hermano pudo reconocerlo. Prat no ha evitado detallar la dimensión del sufrimiento familiar: “Mi madre ha sufrido muchísimo. Desde tener que ir a pagar a gente y a distintos sitios, hasta pensar a qué lugares tendría que acudir para saldar lo que mi hermano había consumido y le habían fiado. Que te desvalije la casa, que venda tus recuerdos… ha ocurrido de todo”.

También ha manifestado el dolor y la impotencia por la situación: “Duele muchísimo. Mis hijos este verano, viéndole, también me vieron romperme. Nunca me he roto delante de mi hermano porque no quiero que sufra quiero que sienta que estamos ahí y que él decida cuándo, porque no le puedes obligar”.

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Adolescente intenta fugarse del tutelar de Culiacán

Un adolescente que se encontraba internado en el Centro de Internamiento para Adolescentes de Culiacán, ubicado en la sindicatura de Aguaruto, intentó fugarse este 14 de abril al escalar y saltar una de las bardas del recinto.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que el intento fue frustrado por la intervención inmediata del personal de seguridad externa.

De acuerdo con el comunicado de la SSP de Sinaloa, la reacción operativa permitió la captura inmediata del joven, quien fue valorado por personal médico y se reporta en buen estado de salud bajo resguardo de la autoridad.

La dependencia estatal aseguró que mantiene su compromiso con la reinserción social de las y los adolescentes infractores, reforzando los protocolos de seguridad en el centro tras el incidente.

En marzo de este año un menor se fugó del mismo centro de internamiento, sin embargo, fue entregado por sus propios padres a las autoridades.

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Omar García Harfuch se reúne con autoridades de Puebla para fortalecer coordinación

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch, se reunió con el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, para fortalecer la coordinación en materia de seguridad.

El encuentro formó parte de la estrategia conjunta entre los gobiernos estatal y federal para consolidar la paz en la entidad y proteger a las familias poblanas.

El secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, acompañó a Armenta durante la reunión con el titular de la SSPC. De acuerdo con un comunicado del Gobierno de Puebla, quienes hicieron pública la reunión, la colaboración institucional permite avanzar con acciones firmes en favor de la tranquilidad de la población.

La administración estatal indicó que continuar la coordinación con el Gobierno de México es una prioridad para consolidar resultados en temas de seguridad y bienestar en el territorio poblano.

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Presunta amenaza de bomba en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León provoca desalojo

Una amenaza de bomba provocó el desalojo de personal y visitantes en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León este martes 14 de abril. El reporte movilizó a elementos de Protección Civil estatal, quienes se encontrarían en las instalaciones ubicadas en la colonia Centro del municipio de Monterrey.

De acuerdo con información de medios locales como Telediario, una persona inconforme habría realizado la amenaza en el sitio.

La circulación en calles cercanas permanece restringida por la inspección. Policía estatal y cuerpos de emergencia mantienen resguardada la zona hasta descartar cualquier riesgo.

Hasta el momento las instituciones involucradas no han realizado algún pronunciamiento al respecto.

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Las autoridades panameñas continúan intensificando su lucha contra el narcotráfico, con una serie de operaciones recientes que dejaron como resultado la incautación de más de mil paquetes de presunta droga, además de aprehensiones y decomisos de embarcaciones.

Estos hechos reflejan el aumento sostenido de las acciones operativas en puntos estratégicos del país, tanto en zonas marítimas como en terminales portuarias.

En una de las intervenciones más relevantes, unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) incautaron 1,048 paquetes de presunta sustancia ilícita y aprehendieron a tres personas, durante una operación desarrollada al sureste de Punta Coco, en el Archipiélago de Las Perlas.

La acción se activó tras la detección de una embarcación en actitud sospechosa, lo que permitió ubicar sacos con presunta droga en su interior y proceder de inmediato con la retención de la tripulación.

La operación incluyó la coordinación directa con la Fiscalía de Drogas de Panamá, que instruyó el traslado de los aprehendidos y la lancha artesanal hacia la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez Justavino.

En ese punto se contabilizaron 21 sacos con un total de 1,048 paquetes, cuyo contenido permanece bajo verificación pericial para determinar el tipo exacto de sustancia incautada.

Este operativo se suma a otro decomiso reciente realizado en la zona portuaria del Pacífico, donde unidades aeronavales de la sección de Inteligencia Portuaria detectaron cuatro paquetes de sustancia ilícita ocultos en los paneles de refrigeración de un contenedor.

La carga tenía como origen el puerto de Valparaíso, Chile, con trasbordo en Panamá y destino final en Melbourne, Australia, lo que evidencia la utilización del país como punto logístico dentro de rutas internacionales del narcotráfico.

Las autoridades indicaron que esta incautación fue posible gracias a la aplicación de protocolos de verificación física y tecnológica, lo que permitió identificar la alteración estructural del contenedor.

Posteriormente, se activaron los procedimientos legales correspondientes, en coordinación con la Fiscalía de Drogas de la provincia de Panamá, para ejecutar las diligencias de allanamiento y registro.

Los resultados acumulados en lo que va de 2026 reflejan un incremento significativo en las incautaciones. Según cifras oficiales, las autoridades han decomisado alrededor de 20.5 toneladas de drogas hasta marzo, superando ampliamente los registros del mismo periodo de 2025.

De hecho, a inicios de febrero de este año, el SENAN ya había alcanzado más de 10.2 toneladas incautadas, en contraste con las cerca de cuatro toneladas reportadas en ese mismo lapso del año anterior.

Solo en enero de 2026, se contabilizaron 11,387 paquetes de droga, lo que representa una variación positiva superior a 3.8 toneladas en comparación con enero de 2025.

Estas cifras evidencian no solo el aumento en la actividad delictiva, sino también la mayor capacidad operativa y de respuesta de los estamentos de seguridad.

Las incautaciones recientes también confirman que las rutas marítimas y el transporte en contenedores continúan siendo los principales mecanismos utilizados por las organizaciones criminales internacionales.

Operativos en zonas como Playa Bongo (Isla del Rey), Santa Isabel, Turtle Cay, Miramar (Costa Arriba de Colón) y el Puerto de Balboa han sido clave para interceptar cargamentos ilícitos y desarticular estructuras vinculadas al tráfico de drogas.

El comportamiento de estos delitos mantiene una tendencia al alza si se compara con el cierre de 2025, cuando Panamá registró un decomiso total de 129 toneladas de drogas y 47.8 toneladas de precursores químicos.

Este contexto ha llevado a las autoridades a reforzar los patrullajes, la vigilancia y las estrategias de inteligencia, con énfasis en la interdicción marítima y el control portuario.

Los decomisos de droga en Coahuila registraron un repunte de 120 por ciento durante marzo de 2026 y se documentaron 44 aseguramientos en ese mes, frente a los 20 reportados en febrero, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante marzo se aseguraron 499 kilos 507 gramos de mariguana, cifra que contrasta con los 25 kilogramos decomisados el mes anterior, lo que representa un incremento considerable en esta sustancia, informó la FGR.

En el mismo periodo, la metanfetamina se ubicó como la segunda droga con mayor volumen incautado. La autoridad reportó 32 kilos 853 gramos asegurados, mientras que en febrero la cifra había sido de 558 gramos, lo que refleja un aumento significativo en este tipo de narcótico.

En cuanto a la cocaína, la FGR notificó el aseguramiento de un kilo 189 gramos durante marzo. Esta droga no había sido reportada en decomisos recientes desde diciembre, cuando se registraron dos kilos 221 gramos.

Además, el informe incluye la incautación de sustancias que no habían sido detectadas en meses recientes. Entre ellas destacan 11 kilos 950 gramos de heroína y cuatro kilos 292 gramos de morfina, lo que amplía el registro de narcóticos asegurados en la entidad.

Vehículos vinculados a delitos

El reporte también da cuenta de un incremento en el aseguramiento de vehículos presuntamente vinculados a actividades ilícitas. En febrero se decomisaron siete unidades, mientras que en marzo la cifra ascendió a 69, de acuerdo con la autoridad federal.

Como parte de las acciones realizadas durante ese mes, la FGR informó la destrucción de diversas sustancias aseguradas en operativos previos. Entre ellas se encuentran cuatro unidades de clobenzorex, 15 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 87 kilogramos de metanfetamina y 910 kilogramos de mariguana, además de cantidades menores de LSD, MDMA y THC.

Los datos forman parte de los reportes mensuales de la Fiscalía, que permiten observar la evolución de los aseguramientos en Coahuila y los cambios en los volúmenes y tipos de droga detectados por las autoridades federales.

Una operación policial en la ciudad de Jesús María en la provincia de Córdoba concluyó con la detención de una pareja acusada de comercializar droga tanto en espacios públicos como a través del servicio de delivery.

El procedimiento, ejecutado en las últimas horas por efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), se desarrolló tras una investigación que permitió identificar la modalidad ilícita utilizada por los sospechosos, quienes habrían extendido su actividad a distintos puntos de la ciudad y sus inmediaciones.

La intervención policial se concretó en una vivienda ubicada sobre la calle Chubut al 1500, escenario donde los agentes irrumpieron para proceder a la detención de los dos implicados, ambos mayores de edad.

Según se informó, el operativo formó parte de un despliegue más amplio orientado a combatir el narcomenudeo en la región, una problemática que ha generado preocupación entre las autoridades locales y los vecinos de Jesús María.

Durante el allanamiento, los uniformados secuestraron 100 dosis de cocaína, una suma de $168.450 en efectivo, una balanza de precisión y otros elementos considerados de interés para la investigación. El resultado del procedimiento fue comunicado oficialmente por la FPA, que destacó la importancia de desarticular circuitos de venta minorista en zonas urbanas y espacios públicos frecuentados por jóvenes y familias.

De acuerdo con los datos proporcionados por la investigación, la principal sospechosa contaba con antecedentes por narcotráfico y empleaba una modalidad dual para la comercialización de la droga. Por un lado, realizaba ventas directas en una plaza cercana a su domicilio, considerada un punto habitual de encuentro para consumidores. Por otro, aprovechaba la colaboración de su pareja, quien se encargaba de la distribución a domicilio bajo la modalidad de delivery, lo que permitía ampliar el alcance de la red y minimizar la exposición directa de la mercancía ilegal.

El esquema de funcionamiento quedó al descubierto luego de un seguimiento realizado por personal de la FPA, que documentó movimientos y contactos en diferentes franjas horarias. Se informó que la pareja coordinaba las entregas mediante comunicaciones telefónicas y que la logística permitía evadir controles rutinarios en la vía pública. El hallazgo de la balanza y el dinero en efectivo en el domicilio refuerza la hipótesis de una actividad sostenida en el tiempo.

De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, la detención se produjo en el marco de un allanamiento autorizado por la Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico de Jesús María, que dispuso el traslado de los imputados a sede judicial junto a los elementos incautados. Las investigaciones continúan para determinar si existen otros involucrados o conexiones con redes de distribución a mayor escala.

Allanaron dos búnkeres narco en Córdoba

Una semana atrás y después de más de seis meses de investigación, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) logró desarticular dos puntos de venta de droga en la ciudad de Córdoba. El operativo, dirigido por el Ministerio Público Fiscal, culminó con la detención de dos hombres mayores de edad y la incautación de una considerable cantidad de sustancias prohibidas.

En la madrugada del operativo, los equipos de la FPA irrumpieron en dos viviendas ubicadas en calle Icho Cruz al 50 y Canals al 6200, dentro del barrio Comercial. Las acciones se desarrollaron en simultáneo, con la participación directa de fiscales y personal especializado, bajo estricta coordinación judicial. Los agentes lograron ingresar sin incidentes y neutralizar a los sospechosos en ambos inmuebles.

La investigación se inició tras recibir múltiples denuncias anónimas que apuntaban a la existencia de una red de venta de estupefacientes que operaba en el sector.

Durante los allanamientos, se decomisaron 520 dosis de marihuana y 183 de cocaína, además de plantas y cigarrillos de cannabis sativa. También se encontró dinero en efectivo por $586.700, un arma de fuego y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento y distribución de sustancias, como balanzas, envoltorios y teléfonos celulares. Todos estos elementos fueron catalogados y puestos a disposición de la justicia para profundizar la investigación.

Uno de los domicilios funcionaba como un auténtico búnker de venta de drogas. Según se informó, el principal investigado continuaba atendiendo el lugar a pesar de tener colocada una tobillera electrónica por una causa previa de violencia familiar.

En el allanamiento participó la perra detectora Hanna, entrenada en la búsqueda de estupefacientes. El animal fue determinante para ubicar marihuana escondida en la parte superior de un ropero, lo que facilitó el secuestro de dosis adicionales y reforzó las pruebas contra los detenidos.

El operativo también permitió identificar la modalidad de comercialización: el búnker mantenía una atención permanente de clientes, principalmente durante horarios nocturnos. Las tareas de inteligencia demostraron que los acusados recurrían a dispositivos electrónicos y vigilancia propia para advertir la presencia de las fuerzas de seguridad, lo que dificultó las tareas previas de recolección de pruebas.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, los dos hombres detenidos fueron trasladados a sede judicial. Ambos fueron imputados por el delito de comercialización de estupefacientes, delito tipificado en la legislación argentina y penado con severidad. La Fiscalía anticipó que solicitará medidas cautelares estrictas, debido a la gravedad de los hechos y los antecedentes de al menos uno de los imputados.

El servicio de encomiendas a nivel nacional en Panamá parece haber emergido como una de las modalidades de trasegar droga localmente. Los Correos Nacionales tienen enlistadas a unas 39 empresas prestadoras de este servicio en el país.

Para ser consideradas como tal, a estas empresas se les reconoce la cobertura, tiempo de entrega, tipos de envío, seguimiento y seguridad, y servicios adicionales que preste, como mudanzas, casillero internacional, transporte multimodal y logística para e-commerce.

Esta semana en el puesto de control de San Isidro, en la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, un vehículo tipo panel de una empresa de encomiendas llevaba 19 bolsas con presunta droga.

Días atrás, un astuto perro se mostró inquieto ante un equipaje que viajaba como encomienda en un bus de la ruta Panamá- Darién, provincia fronteriza con Colombia.

Al ser verificado por la policía del puesto de Agua Fría, detectaron 114.72 paquetes con presunta cocaína, que estaban ocultos entre cinco sacos de harina de pan y paquetes de café, entre otros productos.

El vehículo fue retenido como parte de las acciones de la Operación “Escudo de Acero Fase 3” que adelanta la Policía Nacional y luego de la coordinación de los fronterizos con personal de la Fiscalía de Drogas de Darién.

Este caso vuelve a poner en evidencia las estrategias de las estructuras criminales para evadir la vigilancia, incorporando métodos cada vez más ingeniosos para el traslado de sustancias prohibidas.

Todos los indicios fueron puestos a órdenes de la Fiscalía de Drogas de Chiriquí, entidad encargada de continuar con las investigaciones. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre el origen o destino de la sustancia.

La droga más incautada en Panamá es la cocaína, y los paquetes de sustancias ilícitas suelen pesar alrededor de un kilogramo cada uno, de acuerdo con las autoridades de Policía.

El país continúa siendo utilizado como ruta de tránsito para la droga producida en Suramérica con destino a Estados Unidos y Europa.

Igualmente, alguna de las pandillas que operan localmente, unas 180 identificadas por las autoridades, son utilizadas para mover los estupefacientes, por los cuales en muchas ocasiones reciben drogas en pago a sus servicios, alegan las autoridades.

Han advertido que la aparición de drogas sintéticas y nuevos narcóticos también pasan por Panamá.

Las estadísticas de la Policía Nacional registran que en 2025 decomisaron 44,795 paquetes con droga, cerca de 44 toneladas, en diferentes operativos realizados a nivel nacional.

La mayoría de los decomisos de sustancias ilícitas se dieron en vehículos con doble fondo y contenedores en puertos ubicados en el Atlántico y el Pacífico panameño.

Hasta marzo de este 2026, el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) indicó que ha decomisado 20.5 toneladas de presuntas sustancias ilícitas en 24 operaciones, una cifra que confirma que Panamá sigue bajo fuerte presión de las redes del narcotráfico.

Jaime Fernández, director de la Policía Nacional, aseguró que actualmente se ha decomisado un 80% más de droga, al compararlo con igual periodo de la administración anterior.

“Somos altamente eficientes en la lucha contra el narcotráfico internacional, pero no lo somos en la misma medida en la criminalidad que golpea a la población”, dijo el exprocurador de la Administración, Rigoberto González, según reportes de prensa.

La diferencia, en su opinión, radica en la falta de continuidad y coherencia en la política criminal.

Aunque reconoce que Panamá cuenta con una estrategia formal contra el delito, advirtió que su aplicación depende demasiado de los cambios de mando.

“En los estamentos de policía hay oficiales altamente preparados, con planes claros para ser más eficientes, pero muchas veces su voz no se escucha cuando llegan nuevas autoridades con otra visión”, aportó González.

Encontré a “Chemical Analyst”, un consumidor y traficante de drogas ultrapotentes, en un foro en línea para “psiconautas”, personas que experimentan con nuevas sustancias psicoactivas.

Destacaba entre el grupo por ser un explorador especialmente ávido de la nueva frontera de las drogas. (Aceptó hablar conmigo con la condición de que no lo identificara por su nombre real, así que me referiré a él por su apodo, “Chemical Analyst”). Me contó que consumía regularmente, y a veces vendía, drogas alucinógenas que incluso él mismo reconocía que podían ser letales.

Escribir sobre actividades ilegales requiere una reflexión cuidadosa. El desafío se agrava cuando esa actividad puede ser mortal.

Durante 18 meses, he estado informando para una serie del New York Times sobre el auge de las drogas sintéticas. Las sustancias químicas fabricadas en laboratorio han convertido el suministro de drogas ilícitas en el más peligroso, contaminado e impredecible que jamás haya existido. Esta transformación ayuda a explicar por qué se han disparado las muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos: en 1971, cuando comenzó la guerra contra las drogas, 6.771 estadounidenses murieron por sobredosis. En 2024, esa cifra fue de 80.000.

El papel de las nuevas drogas en ese aumento es una historia sobre salud pública, aplicación de la ley y políticas. También es difícil de investigar. Esto se debe a que el mundo de las drogas está cambiando rápidamente y pocos expertos tienen un conocimiento completo del tema.

¿De dónde vienen estas drogas? ¿Por qué los proveedores están fabricando sustancias químicas tan potentes —y potencialmente letales—? ¿Y quién decide qué nuevas drogas se introducirán en el mercado a continuación?

Responder a esas preguntas significaba ir más allá de las fuentes habituales o buscar expertos en LinkedIn. Para obtener las respuestas más claras y actualizadas que reflejen toda la verdad, tuve que hablar con personas del otro lado de la ley, incluyendo químicos clandestinos, proveedores, traficantes callejeros y reclusos. La esperanza es que, al proporcionar información oportuna y precisa a los responsables políticos, a las fuerzas del orden y al público en general, la sociedad pueda tomar decisiones sobre cómo abordar estos problemas.

Mis interacciones con el Analista Químico comenzaron hace aproximadamente un año en Signal, una plataforma de comunicación encriptada donde él solicitó que interactuáramos. Como delincuente en libertad condicional por hurto, pidió permanecer en el anonimato porque no quería arriesgarse a ser procesado nuevamente. También es alguien que, desde el principio, parecía ansioso por compartir su historia.

Hablamos durante varias horas. Parecía reflexivo, informado, emotivo y agotado. Dijo que había probado más de 100 sustancias. Fue franco. Bastó con un poco de curiosidad genuina y preguntas bien fundamentadas para establecer la confianza; creo que eso se debe a que él, como mucha gente, quiere ser escuchado sin ser juzgado.

“Realmente aprecio que te intereses”, me dijo. Añadió que sentía que la gente no entendía lo que estaba pasando en el frente de las drogas, y que quería contribuir a la explicación real.

Le pedí hablar con su madre, a quien había mencionado varias veces. Lo hice para verificar lo que estaba escuchando, para entender sus antecedentes y asegurarme de que no me estaba aprovechando de él de alguna manera que yo no comprendiera. Al terminar mi conversación con ella, me quedé con la certeza de que estaba ante alguien inmerso en este mundo.

Luego lo conocí en persona. Pasamos varias horas caminando por un ruidoso distrito comercial de la costa este, y él habló con gran conocimiento sobre las nuevas drogas, sonando como un químico de sillón y un sumiller de narcóticos. Dijo que había aprendido mucho a base de prueba y error y estudiando química, lo cual le fascinaba. Mencionó subclases específicas de drogas que tuve que pedirle que me deletreara para poder buscarlas, y habló de un opioide sintético que tiene variantes mucho más potentes que el fentanilo.

Debo admitir que estas conversaciones a veces me dejaban con dudas sobre sus motivaciones. Nunca sentí que mintiera, pero sí me preguntaba si su supuesto interés por la química no era más que una forma de racionalizar su consumo de sustancias.

A finales del verano, el Analista Químico me informó de que había empezado a vender nuevas drogas sintéticas desde su apartamento, lo que implicaba pedir drogas desde China y empaquetarlas y redistribuirlas a nivel nacional. Había oído especulaciones de las autoridades sobre cómo funcionaba el negocio. Ahora, lo estaba escuchando de primera mano.

Un día de noviembre, hice una videollamada con el Analista Químico y un colega mío, Jonathan Corum, quien colaboró en la serie. Durante la llamada, nos dieron un recorrido por el apartamento del Analista Químico, que también servía como su laboratorio y parecía tanto una farmacia como una oficina de correos. Su escritorio estaba cubierto de sustancias en recipientes, una balanza digital, una selladora térmica, guantes de goma y sobres grandes para envíos postales.

Era una operación de poca monta, pero que ponía de manifiesto un aspecto fundamental para nuestro reportaje: una sola persona, sin el respaldo de ningún cártel, puede encargar y redistribuir sustancias químicas potentes.

Quería verificar su relato con otras personas. Pero también tenía que cumplir mi compromiso de no revelar su identidad. Así que comparé la información que me daba con el reportaje que había hecho con docenas de expertos y funcionarios de las fuerzas del orden que me contaron lo que sabían sobre este mercado. También hablé con personas de su círculo de amigos y socios.

En todo momento, fui muy consciente de que las drogas que vendía el Analista Químico pueden ser mortales. Le pregunté sobre esto —como le había preguntado a otros traficantes y proveedores— y él se declaró aquí libertario. Como ser humano, me aterra que las drogas que vende puedan matar a personas. Era doloroso verlo consumir drogas él mismo, y a menudo temía por su seguridad. Pero como reportero, tengo la responsabilidad de explicarle al público lo que realmente está sucediendo en la frontera de las drogas.

Consultaba casi a diario con mi editor, Alan Burdick, sobre mi enfoque y mis fuentes. También consulté con los abogados de The Times sobre el reportaje.

A través de Chemical Analyst conocí a otras fuentes, incluida una persona que trabajaba en una empresa en China que fabrica estas drogas. Les pregunto a sus compañeros psiconautas sobre los cambios en los precios de las drogas, un tema que sigo investigando. (Nuestra serie también incluirá artículos de Azam Ahmed.)

A medida que continúa mi reportaje sobre este tema, me he mantenido en contacto con Chemical Analyst, asegurándome de actualizar con precisión nuestros datos y de estar al tanto de los últimos acontecimientos.

Recientemente, lo llamé y apenas podía oírlo. Al principio, pensé que era una mala conexión. Luego me di cuenta de que parecía estar fuera de sí; tardaba mucho en responder y arrastraba las palabras. Le pregunté si necesitaba ayuda médica. No respondió.

“Sí o no”, le pregunté.

“No”.

“¿Debo llamar al 9-1-1?"

“No”.

“¿Debo llamar a tu madre?"

“No”.

Se volvió más lúcido. Pasamos a una videollamada. Me dijo que había estado en un viaje muy intenso. Para cuando colgamos, parecía estar bien.

Copyright 2026 - The New York Times

Francisca Belis, de 55 años, fue localizada sin vida al interior de su domicilio en la colonia Hidalgo, Zona Centro de Tijuana, la tarde del jueves 9 de abril. La mujer, originaria de California, presentaba golpes contusos en la cabeza y fue encontrada sobre la cama, con manchas de sangre, sin responder a los intentos por reanimarla. La alerta se generó después de que vecinos notaran que Belis no abría la puerta, aunque la televisión permanecía a alto volumen.

Según los datos recopilados, el suceso fue notificado a las 18:40 horas en la calle Benítez y el cañón Johnson Sur. Elementos de la Policía Municipal arribaron al domicilio tras recibir la llamada de emergencia al 911. El esposo de la víctima relató que descubrió a Belis tirada sobre la cama, luego de que vecinos le advirtieron sobre la situación. Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El reporte oficial detalló que en la misma vivienda vivía un hermano del reportante, quien presuntamente consumía drogas y habría intentado quitarse la vida horas antes del hallazgo. La residencia quedó bajo resguardo de autoridades, en espera de agentes de la Fiscalía para el inicio de las investigaciones formales.

En un caso separado y sin relación aparente, durante la mañana del lunes 14 de abril de 2025, otra mujer de aproximadamente 50 años fue encontrada muerta en el interior de una vivienda ubicada sobre la calle Junta de Zitácuaro, colonia Mariano Matamoros, en Tijuana. De acuerdo con una tarjeta informativa de la Policía Municipal, el hallazgo ocurrió alrededor de las 9:39, después de que familiares reportaran la situación a emergencias.

Al llegar al domicilio, las autoridades encontraron a la mujer inconsciente y solicitaron el apoyo de equipos médicos. Fueron paramédicos de la Cruz Roja quienes verificaron que ya no tenía signos vitales. Según el informe preliminar, la víctima de este segundo caso presentaba un golpe contuso en la cabeza. No se ha revelado su identidad, ni se tiene información sobre responsables por este hecho.

El lugar fue asegurado por elementos de la Policía Municipal, fuerzas federales y personal de la unidad de homicidios dolosos, quienes abrieron carpetas de investigación para buscar esclarecer ambas muertes violentas. Se mantiene la expectativa de que en las próximas horas las autoridades proporcionen datos adicionales sobre ambos casos.

—• Dos mujeres fueron halladas muertas en Tijuana, ambas con lesiones contusas en la cabeza y circunstancias aún sin aclarar.

• Francisca Belis, de 55 años, fue encontrada en su cama con señales de violencia, tras la alerta inicial de vecinos y la intervención de familiares.• Las autoridades municipales y estatales continúan las investigaciones para esclarecer ambos homicidios registrados en la colonia Hidalgo y colonia Mariano Matamoros.

El Congreso ha aprobado una reforma legal que permite condenar con hasta cinco años de prisión a quienes transporten gasolina de forma ilegal. La medida, que modifica el artículo 568 del Código Penal, responde al fenómeno conocido como “petaqueo”, una práctica recurrente en entornos vinculados al narcotráfico, que consiste en el transporte y suministro clandestino de gasolina en garrafas realizado por embarcaciones pequeñas para abastecer a narcolanchas en alta mar

La regulación busca cortar una de las vías de suministro logístico clave para las redes criminales, especialmente en regiones del sur de España. La nueva redacción legal introduce un apartado específico que tipifica el transporte de combustibles líquidos inflamables como un delito autónomo, endureciendo las sanciones previstas. La pena para el “petaqueo” será de tres a cinco años de cárcel, según recoge el texto aprobado.

Los tribunales podrán imponer penas inferiores si la conducta se considera de menor entidad, en función de las circunstancias individuales del caso y del autor. Esta modificación refuerza la capacidad de la Justicia para actuar contra quienes abastecen, almacenan o distribuyen gasolina fuera del circuito legal. Las condenas pueden imponerse sin la necesidad de probar su vínculo con el tráfico de drogas.

El petaqueo en la diana judicial

La reforma del Código Penal elimina la obligación de que la Fiscalía o la Policía acrediten que el combustible transportado está destinado al tráfico de drogas. Basta con demostrar que se posee o traslada gasolina de manera ilegal para que se apliquen las nuevas penas, según la interpretación jurídica de la reforma. El texto subraya que “cuando la sustancia inflamable sea un combustible líquido, la pena será de tres a cinco años de prisión”, lo que supone un cambio relevante frente a la normativa anterior.

El endurecimiento de las penas obedece a la preocupación creciente por la logística que alimenta las redes de narcotráfico, donde el transporte ilegal de gasolina ha sido una constante en los últimos años. El fenómeno del “petaqueo” afecta especialmente a zonas fronterizas y a núcleos costeros del sur peninsular, donde se han detectado operativos de suministro de grandes cantidades de combustible para embarcaciones empleadas en actividades ilícitas.

Multirreincidencia y flexibilidad judicial

La reforma se enmarca en el paquete más amplio de medidas contra la multirreincidencia. Además de la modificación relativa al “petaqueo”, el legislador ha introducido mecanismos para que los jueces valoren la gravedad de cada caso y apliquen, cuando proceda, penas atenuadas. Estas novedades legales refuerzan la respuesta penal frente a los delitos menores que, por su reiteración, alimentan economías ilícitas y dificultan la labor policial.

La inclusión del “petaqueo” en el Código Penal como delito independiente supone un avance en la persecución de las actividades de apoyo logístico al narcotráfico. Con la entrada en vigor de la reforma, la justicia contará con nuevas herramientas para frenar el suministro ilegal de combustible, dificultando así el funcionamiento de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas y otras formas de delincuencia organizada.