Las autoridades panameñas aprehendieron a seis personas durante una investigación por tráfico internacional de drogas vinculada al decomiso de 1.180 paquetes de presuntas sustancias ilícitas en un contenedor que tenía como destino final Israel.

El cargamento, localizado en febrero de 2025 en un puerto del Pacífico, tendría un valor aproximado de $ 70 millones.

Entre los aprehendidos hay funcionarios y exfuncionarios de una terminal portuaria del Pacífico, y las diligencias se realizaron en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón.

La Policía Nacional y el Ministerio Público buscan establecer el grado de participación y la responsabilidad de cada uno de los detenidos en la ruta que siguió el contenedor.

El envío procedía de Chile y pasó por Panamá y Bélgica antes de dirigirse a Israel. Las autoridades indicaron que los seis aprehendidos quedaron a disposición de las instancias competentes para los trámites judiciales.

La investigación se concentra en un decomiso efectuado dentro de una terminal del Pacífico, donde las pesquisas apuntan a posibles vínculos entre los detenidos y el traslado internacional de la carga.

La Policía Nacional realizó los allanamientos y registros junto con el Ministerio Público, y las acciones formaron parte de una causa por delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de tráfico internacional de drogas.

Las autoridades no precisaron la identidad de los funcionarios y exfuncionarios aprehendidos. Tampoco informaron detalles sobre las funciones que habrían desempeñado dentro del puerto.

El caso quedó bajo investigación para definir las responsabilidades penales que correspondan. Los procedimientos judiciales continuarán ante las autoridades competentes.

En una diligencia aparte, las unidades policiales aprehendieron en el corregimiento de Curundú a un ciudadano de 40 años que tenía una condena de 96 meses de prisión por posesión y tráfico de armas de fuego y explosivos.

La captura se produjo durante un allanamiento y registro, donde el hombre fue puesto a órdenes de las autoridades para hacer efectiva la pena que le impusieron las instancias judiciales.

La acción integró las labores operativas y de seguridad destinadas a localizar a personas requeridas por la justicia. El objetivo también incluyó prevenir delitos vinculados con la tenencia y el tráfico ilegal de armas.

Las unidades del Servicio Policial Motorizado Linces aprehendieron en Llano Bonito, distrito de Chitré, a un ciudadano que mantenía vigente un oficio de captura por un delito relacionado con drogas.

Los agentes lo ubicaron durante recorridos de vigilancia y patrullaje preventivo, y tras la identificación, lo pusieron a disposición de las autoridades correspondientes.

En otra intervención, las unidades del Servicio Policial Motorizado Lince detuvieron a un hombre de 24 años en la barriada Santa Librada, distrito de Las Tablas.

Los uniformados verificaron sus datos y comprobaron que tenía una orden de captura vigente. El requerimiento había sido emitido por la Fiscalía Delegada Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Herrera y Los Santos.

La Policía Nacional señaló que mantiene operativos en la provincia de Los Santos junto con el Ministerio Público. Las tareas buscan reforzar la presencia policial en las comunidades y ubicar a personas que infringen la ley.

Una diligencia de allanamiento y registro en el corregimiento de Belisario Frías terminó con la aprehensión de tres personas presuntamente vinculadas con delitos relacionados con sustancias ilícitas.

Durante el procedimiento, las autoridades decomisaron presuntas sustancias ilícitas. Los indicios quedaron bajo custodia para las investigaciones y las diligencias judiciales.

Las tres personas detenidas también quedaron a órdenes de las autoridades competentes. No se informaron las cantidades ni el tipo de sustancia decomisada.

Por otra parte, el Departamento de Psicología de la Zona Policial de Arraiján desarrolló una actividad de sensibilización durante el Mes de la Prevención del Suicidio.

Los participantes prepararon y presentaron mamparas informativas sobre señales de alerta, cambios de comportamiento y formas de apoyar a una persona que atraviesa una dificultad emocional.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó este 3 de septiembre la sanción penal contra quien facilite a personas adolescentes el consumo de alcohol, narcóticos o sustancias tóxicas en el Estado de México.

La SCJN concluyó que esa expresión sí cumple con el principio constitucional de taxatividad y permite proteger de forma reforzada a niñas, niños y adolescentes frente a riesgos para su vida, salud, integridad y desarrollo.

Dicha resolución corresponde al Amparo Directo en Revisión 4776/2025, resuelto por el Pleno en sesión de este miércoles, según el comunicado difundido por la SCJN. El criterio se centró en el párrafo primero del artículo 204 del Código Penal del Estado de México.

Concluye el Pleno que “facilite” describe una conducta penalmente identificable

El Máximo Tribunal determinó que la palabra “facilite”, contenida en esa norma, no es ambigua al grado de volver inconstitucional el tipo penal. La disposición sanciona a quien, por cualquier medio, obligue, procure, induzca o facilite a una persona menor de edad el consumo de bebidas alcohólicas, narcóticos o sustancias tóxicas.

Argumentó el Pleno que el principio de taxatividad exige que las normas penales describan con suficiente claridad las conductas prohibidas. El objetivo es que las personas conozcan qué comportamientos generan responsabilidad penal y que se eviten aplicaciones arbitrarias.

La Corte precisó que esa exigencia no obliga al Poder Legislativo a definir de manera exhaustiva cada palabra usada en un tipo penal. Añadió que el significado de los términos puede obtenerse a partir de su sentido gramatical, de su relación con el resto de la disposición y del contexto en que debe aplicarse la norma.

Con esa base, la SCJN señaló que “facilitar” significa hacer posible, sencillo o accesible que una conducta se realice. En el caso del artículo analizado, esa expresión abarca acciones que hagan posible o más sencillo que una niña, niño o adolescente consuma alcohol, narcóticos o sustancias tóxicas.

Entregar directamente las sustancias es solo una de las formas previstas

El Pleno también aclaró que proporcionar o entregar directamente esas sustancias puede constituir una forma de facilitación. Aun así, indicó que esa conducta no agota todas las modalidades que contempla la disposición penal.

La razón, expuso el tribunal, es que el artículo prevé que la conducta pueda cometerse “por cualquier medio”, siempre que estén presentes los demás elementos necesarios para configurar el delito. Eso amplía el alcance de la norma más allá de la entrega directa de alcohol o de otras sustancias.

Sostuvo la SCJN, además, que la disposición tiene una finalidad de protección reforzada para niñas, niños y adolescentes. Ese objetivo se vincula con el interés superior de la niñez y con la tutela de su vida, su salud, su integridad y su desarrollo.

Gran parte de la población mexicana apoya subir los impuestos a las bebidas alcohólicas

La mayoría de los mexicanos respalda subir impuestos y restringir la venta de alcohol, en un contexto en el que su consumo provoca cerca de 40 mil muertes al año y costos sociales por 552 mil millones de pesos en México, de acuerdo con datos retomados por la Red de Acción Sobre Alcohol.

Según el análisis del Instituto Nacional de Salud Pública y la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones sobre la ENCODAT 2025, 67% de la población apoya aumentar los impuestos a las bebidas alcohólicas. Incluso entre quienes beben con frecuencia, 52.7% está de acuerdo con esa medida.

El mismo ejercicio reporta respaldo amplio a cambios sobre disponibilidad y promoción. 88% de los encuestados avala reducir los horarios de venta, 86.9% está a favor de eliminar el patrocinio de bebidas alcohólicas en equipos o eventos deportivos, 86.8% apoya elevar la edad mínima para comprar alcohol y 79.4% plantea reducir el número de establecimientos de venta.

El apoyo social alcanza precio, horarios, publicidad y puntos de venta

La doctora Iliana Murguia, catedrática de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos e integrante del Comité Técnico Interinstitucional sobre Alcohol, dijo que estos resultados muestran apertura social para modificar políticas públicas orientadas a reducir el consumo y sus consecuencias.

Murguia explicó que el consumo ocurre dentro de un entorno marcado por precio, disponibilidad, publicidad, horarios y puntos de venta. A partir de eso, sostuvo que modificar ese entorno es una herramienta legítima de salud pública.

Por separado, RASA informó sobre un primer estudio elaborado por el INSP y la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Ese trabajo señaló que 95.7% apoya garantizar el derecho al diagnóstico y tratamiento, 95.7% respalda endurecer las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol y 92.8% está de acuerdo con ampliar los puntos de revisión de alcoholimetría.

RASA también difundió una encuesta de DINAMIA levantada en CDMX. En ese sondeo, 94% de la población consideró el alcohol como un problema de salud pública.

La misma encuesta registró a la violencia como principal preocupación en 75% de los casos. Además, 83% expresó preocupación por las agresiones contra las mujeres y 78% por la violencia familiar.

El caso de la red de tráfico de cocaína en las fraternidades de la Universidad Estatal de Pensilvania (Penn State) avanzó esta semana con una nueva decisión judicial.

Agostino Abbatiello, el exmiembro señalado por la fiscalía como el principal proveedor de la operación, obtuvo por primera vez la posibilidad de salir en libertad tras una audiencia ante un magistrado de Pensilvania que fijó su fianza en USD 250.000.

El magistrado Jonathan Grine, del Tribunal de Causas Comunes del condado de Centre, estableció el monto en el palacio de justicia de Bellefonte, a unos 16 kilómetros al norte del campus. Hasta el momento, Abbatiello no había abonado la cifra exigida.

De 24 años, el imputado se presentó vestido con un mameluco rojo y esposado, escoltado por agentes de policía.

Tres coimputados declararon en su contra durante la audiencia

Varios coimputados —entre ellos Thomas Michael Robinson, Mohammed Huraibi y Lars Zeepvat— renunciaron a sus propias audiencias preliminares y prestaron declaración contra Abbatiello, tal como informó el canal afiliado a NBC, WJAC de Johnstown.

Un detective de la policía de State College también testificó durante la jornada y describió, según WJAC, una supuesta operación de preparación de drogas en la que habrían participado los novatos (pledges) de las organizaciones involucradas.

Los fiscales sostienen que Abbatiello fue el proveedor central de la red, con ventas de cocaína a otros miembros que iban desde pequeñas cantidades hasta un kilogramo por transacción.

Según los documentos judiciales, reclutó a otros miembros y novatos para preparar la sustancia y les pagó cientos de dólares para que actuaran como mensajeros y repusieran el suministro.

La red operaba a través de dos fraternidades del campus

La investigación, que se extendió por dos años, tiene como eje a las fraternidades Delta Upsilon y Sigma Chi.

Abbatiello era integrante de Sigma Chi, una organización que, hasta entonces, contaba con reconocimiento oficial de Penn State. Tras los arrestos, la propia fraternidad anunció la suspensión de su actividad en la universidad.

En total, 14 personas fueron detenidas, entre ellas estudiantes en actividad, exestudiantes y el padre de uno de ellos. Hasta la audiencia del miércoles, Abbatiello permaneció detenido en el Centro Correccional del condado de Centre.

El imputado pidió que se le permita vivir con sus padres durante el proceso

La defensa de Abbatiello presentó una moción de emergencia para obtener la fianza. Su abogado, Philip Masorti, calificó la negativa inicial de “absurda” y rechazó que su cliente representara una amenaza para la comunidad.

“Tras dos años de investigación, las fuerzas del orden nunca afirmaron que el imputado hubiera usado violencia, amenazado con ejercerla o sido visto con algún arma”, escribió Masorti en la moción presentada ante el tribunal.

En el mismo escrito, el letrado acusó a los fiscales de manipular la asignación del caso para elegir al juez.

La Fiscalía General de Pensilvania no respondió a las consultas de los medios hasta el momento.

Abbatiello nació y se crió en el condado de Nassau, en Long Island, Nueva York. Antes de ingresar a Penn State, cursó el secundario en la institución católica Chaminade High School, donde integró el equipo de fútbol americano durante dos temporadas.

Se graduó en la primavera de 2024 con un promedio de 3,3 sobre 4. Al momento de su detención residía en Boca Ratón, Florida, donde trabajaba como asesor financiero.

El 18 de agosto regresó a State College y se entregó a las autoridades.

La Fuerza Policial Antinarcotráfico desarticuló una organización que reclutaba personas para ingresar drogas en la cárcel de Cruz del Eje, en una investigación que derivó en seis allanamientos simultáneos en distintos puntos de la provincia y en la detención de cuatro personas mayores de edad.

El procedimiento fue impulsado por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Cruz del Eje y se desarrollaron en los barrios Parque Liceo III Sección y Mafekin, en la ciudad de Córdoba; en Malvinas Argentinas II Sección. Además, los operativos se desplegaron el establecimiento penitenciaron Complejo Carcelario N.° 2 de Cruz del Eje, donde una celda fue registrada.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, los sospechosos integraban una estructura dedicada a captar personas para que introdujeran estupefacientes en la unidad penitenciaria. La hipótesis de los investigadores apunta a un esquema de reclutamiento destinado al ingreso de marihuana y cocaína al penal, una modalidad que vuelve a poner el foco sobre los circuitos de abastecimiento de droga en contextos de encierro.

Como resultado del procedimiento, los efectivos secuestraron: 442 dosis de marihuana y 50 dosis de cocaína, además de $1.087.000 en efectivo, dos balanzas digitales, dos vehículos y otros elementos considerados de interés para la causa.

El volumen del material incautado, sumado al dinero y a los objetos utilizados presuntamente para fraccionamiento y traslado, forma parte de la prueba que ahora quedó incorporada al expediente judicial. La causa quedó bajo la órbita de la fiscalía especializada de esa jurisdicción, que dispuso que los cuatro detenidos permanezcan a disposición de la Justicia por supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.° 23.737.

Uno de los aspectos centrales de la investigación es la presunta existencia de una organización con funciones definidas para sostener el ingreso de sustancias al penal. De acuerdo con la reconstrucción oficial, los involucrados no se limitaban al acopio o traslado de droga, sino que además desarrollaban tareas de captación de terceros para concretar el ingreso al complejo carcelario.

La investigación concluyó con cuatro detenidos tras el avance simultáneo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico en varios puntos de la provincia. Por ahora, la causa de Cruz del Eje seguirá bajo investigación para determinar el grado de participación de cada uno de los acusados y establecer si existían más involucrados en la maniobra.

El narcomenudeo en Córdoba

La investigación por el ingreso de drogas a la cárcel de Cruz del Eje se conoce en un contexto de múltiples procedimientos recientes contra redes de comercialización de estupefacientes en la provincia. En los últimos días, otra causa avanzó sobre una banda que operaba en el departamento Calamuchita y terminó con nueve detenidos y el desmantelamiento de varios puntos de venta.

Esa pesquisa se extendió durante cinco meses y tuvo uno de sus puntos principales sobre la Ruta Nacional 36, a la altura de Almafuerte, donde fueron arrestados dos presuntos proveedores de cocaína. Luego se concretaron allanamientos en Embalse, Villa del Dique y Segunda Usina, en un operativo que permitió avanzar sobre distintos eslabones de la estructura investigada.

En ese expediente, los investigadores secuestraron 1.550 dosis de cocaína en el procedimiento realizado sobre la ruta. Después, en los allanamientos posteriores, incautaron otras 220 dosis de cocaína, 93 de marihuana, ocho plantas de cannabis sativa y $413.100, además de una balanza digital y otros elementos vinculados con el fraccionamiento y la comercialización de sustancias.

De acuerdo con la hipótesis oficial, la organización combinaba entregas bajo modalidad de delivery con ventas desde viviendas particulares, una mecánica que aparece de manera recurrente en distintas causas recientes tramitadas en la provincia. Ese dato permite advertir que las investigaciones no sólo apuntan a puntos de venta fijos, sino también a circuitos de distribución más flexibles, con abastecimiento, traslado y entrega en varios niveles.

Alanis Morissette presentó una demanda contra su antigua directora de gira, Keren Urinov, a quien acusa de orquestar una campaña de chantaje calculada vinculada a una denuncia falsa de tráfico de drogas.

La artista, ganadora del premio Grammy, interpuso la acción legal el martes primero de septiembre en un tribunal federal de California.

En el documento, redactado por el abogado de entretenimiento Howard King, Morissette calificó a Urinov como una empleada “disgustada” y presentó cargos por extorsión civil, fraude y declaraciones negligentes.

La cantante busca un juicio con jurado y una compensación por daños superior a los 75.000 dólares.

Según la demanda, Urinov trabajó como directora de gira europea de Morissette durante el verano de 2025.

El conflicto se originó cuando el equipo viajaba desde el Reino Unido hacia España para un concierto: autoridades aeroportuarias británicas incautaron un bolso que contenía marihuana y xilazina, un tranquilizante animal no opioide.

Durante el interrogatorio, Urinov admitió ante los agentes de la Border Force británica que las sustancias “le pertenecían a ella”, según consta en el documento judicial.

La ex directora de gira mostró entonces una licencia médica israelí de marihuana y fue liberada sin cargos.

Tras concluir la gira, Morissette sostiene que Urinov envió “una serie de cartas cada vez más extorsivas” en las que amenazaba con informar a la policía británica que las drogas incautadas le pertenecían a la cantante, salvo que esta accediera a firmar un contrato de 15 años como directora de gira con “una compensación enorme”.

“Morissette es víctima de una campaña de chantaje calculada orquestada por una ex directora de gira disgustada”, señala la demanda obtenida por Rolling Stone.

Y el mismo documento agrega: “Morissette no aceptará trabajar con una chantajista incompetente durante los próximos 15 años ni pagará un rescate bajo presión”, agrega el documento.

De acuerdo con los documentos judiciales, Urinov exigió además aumentos salariales anuales, bonificaciones y acceso a un abogado estadounidense que le permitiera trabajar en Estados Unidos.

Morissette respondió en su presentación que no tiene interés en emplear a Urinov por ese período, “no solo porque es una chantajista, sino también porque fue una directora de gira terrible en 2025”.

La demanda detalla que un error en la reserva de un hotel atribuido a Urinov le costó a la producción cerca de 70.000 dólares.

Morissette afirmó que no será “coaccionada a entregarle a su chantajista un pago extraordinario” y que la acción legal busca “exponer el esquema de Urinov y hacerla responsable”.

Keren Urinov, quien trabajó nueve años como jefa de operaciones de Live Nation en Israel, presentó a su vez una demanda contra Morissette el 19 de agosto en la División de King’s Bench de Londres, instancia que atiende casos de difamación, uso indebido de información privada y protección de datos.

Los detalles de esa acción no fueron divulgados.

Alanis Morissette junto a Olivia Rodrigo en Daisy Chain Fields

Días antes de la presentación de la demanda, Alanis Morissette participó en el cierre del festival Daisy Chain Fields, organizado por Olivia Rodrigo en Irvine, California.

La cantante sustituyó a la invitada originalmente anunciada, Karen O, y se unió a Rodrigo para interpretar “Ironic”, tema de su álbum Jagged Little Pill.

El festival, con una alineación exclusivamente femenina, fue concebido por Rodrigo como un homenaje al espíritu de Lilith Fair y recaudó más de 20 millones de dólares para organizaciones que apoyan a mujeres y niñas.

Durante el set de 17 canciones, Rodrigo también compartió escenario con Sarah McLachlan, fundadora de Lilith Fair, y con Stevie Nicks, quien cerró la noche con la interpretación de “Landslide”.

La gira de Morissette continuará el 18 de septiembre en Chicago, con una presentación en el festival Riot Fest, y contempla cuatro fechas en noviembre en el YouTube Theater de Los Ángeles.

Joyas que un día estuvieron vinculadas al narcotráfico podrán acabar ahora en manos de particulares o empresas. El Ministerio de Sanidad, a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD), ha puesto en marcha una subasta pública de 158 lotes de joyas de oro y piedras preciosas procedentes de operaciones contra el narcotráfico. Las pujas parten desde apenas 10 euros y los ingresos obtenidos se destinarán a programas de prevención de adicciones, asistencia a drogodependientes e inserción social y laboral.

La subasta, identificada como Subasta Pública Electrónica 6/2026, comenzó el pasado 28 de agosto y permanecerá abierta hasta el 17 de septiembre. El procedimiento, cuyos detalles fueron publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 31 de agosto, se desarrolla íntegramente por vía electrónica a través del portal especializado Escrapalia.

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Según ha informado el Ministerio de Sanidad, los 158 lotes reúnen más de 200 piezas, en su inmensa mayoría confeccionadas en oro de 18 quilates. El catálogo incluye una amplia variedad de artículos, entre ellos pulseras con monedas, anillos tipo sello, cadenas, broches y pendientes. Algunas de las piezas incorporan piedras preciosas como esmeraldas y diamantes.

Los activos proceden del Fondo de Bienes Decomisados, que gestiona este tipo de bienes derivados de actividades relacionadas con el tráfico de drogas. Los precios de salida arrancan en los 10 euros, una circunstancia que, según Sanidad, convierte la convocatoria en “una excelente e inusual ventana de oportunidad” para particulares y empresas vinculadas al sector.

La Administración señala entre los potenciales interesados a empresas de compraventa de oro, joyerías, talleres de manufactura e inversión, así como inversores privados. La institución destaca además las posibilidades de “reempleo directo en el mercado minorista de segunda mano” y de reaprovechamiento del metal precioso al peso.

De los bienes decomisados a la prevención de las adicciones

El objetivo de la operación va más allá de dar salida a los bienes decomisados: los fondos obtenidos se incorporarán al Fondo de Bienes Decomisados y se utilizarán para financiar actuaciones frente a las adicciones. La recaudación, según explica el Ministerio de Sanidad, “se destina a revertir en la sociedad los daños ocasionados a la misma por las drogodependencias y el narcotráfico”.

Entre los principales destinos de estos recursos se encuentran los programas de prevención de toxicomanías y asistencia a personas con problemas de drogodependencia, así como iniciativas orientadas a favorecer su inserción social y laboral. De esta forma, los bienes intervenidos en operaciones contra el narcotráfico se convierten en recursos para reducir el impacto de las drogas.

En los últimos años, aproximadamente el 60% de los ingresos del Fondo se ha destinado a programas de reducción de la demanda, mientras que el 40% restante se ha dirigido a la reducción de la oferta, que incluye la persecución del delito y distintas actuaciones policiales y aduaneras, según los datos facilitados por Sanidad. Solo en 2025, el Fondo de Bienes Decomisados distribuyó 28,65 millones de euros procedentes de estos activos.

Para participar en la subasta, los interesados deberán registrarse previamente en la plataforma Escrapalia y aceptar las condiciones recogidas en el pliego de la convocatoria. Además, será necesario depositar una fianza de garantía de 1.000 euros. La puja permanecerá abierta hasta el 17 de septiembre, fecha en la que finalizará el proceso electrónico.

La Administración tiene sus plazos. El pasado 4 de febrero, la que se bautizó como borrasca Leonardo destrozó la carpa que protegía el escáner de contenedores del principal puerto de España en tráfico de mercancías, el de Algeciras. Debido al mal tiempo, esa carpa se vino abajo y cayó sobre el aparato. El accidente destrozó por completo la cabina del camión que transporta el escáner, dotada de elementos de alta tecnología para analizar las imágenes captadas. Es la principal herramienta que tenía el puerto para detectar drogas y armas.

Han pasado siete meses y Vigilancia Aduanera, dependiente de Hacienda, ha tenido que hacer malabares para poder continuar con el cribado de contenedores sospechosos que llegan al puerto. ¿Cómo? “Estamos escaneando con la ZBV solo determinados días de la semana”, explican fuentes de Aduanas. Un escáner ZBV (por sus siglas en inglés, Z Backscatter Van) es un sistema móvil de inspección por rayos X integrado en una furgoneta que permite revisar el interior de vehículos y contenedores de forma rápida y sin necesidad de abrirlos. Otro tipo de escáner que se conoce como ‘Medusa’. Ahora, por fin, Puertos del Estado (que depende de Transportes) acaba de licitar el contrato para adquirir un nuevo escáner que sustituya al que se averió.

Puertos del Estado lo compra y Vigilancia Aduanera lo usa. Este es el sistema. La licitación ha tenido sus problemas y Puertos del Estado tuvo que rectificar los pliegos del contrato en agosto. Ha aprovechado esta licitación no solo para comprar un nuevo escáner para el puerto de Algeciras, sino también para sumar dos más en los puertos de Vigo y Valencia. El coste es de 11,2 millones de euros. Al principio, Puertos del Estado tuvo problemas para reparar el escáner por desavenencias con la empresa aseguradora de la carpa. El escáner en realidad es un camión, con una cabina que hace las funciones de control y supervisión de las imágenes captadas por el escáner situado sobre el remolque. Se trataba de un camión modelo HCV Mobile 4000, que está dotado de un brazo articulado en forma de U invertida que examina los contenedores. Los datos recogidos, una especie de radiografía tridimensional, son analizados en la cabina por especialistas de Vigilancia Aduanera.

Algeciras tiene un escáner de este tipo desde el año 2002. EEUU, tras los atentados del 11-S, puso en marcha un proyecto bautizado como ‘Container Security lnitiative’ (iniciativa para la protección de contenedores o CSI), para establecer un sistema de análisis del tráfico de contenedores que llegaban a los EEUU desde puertos de otros países. El objetivo inicial era controlar el tráfico de armas. En España se eligió que el puerto con este sistema CSI fuera el de Algeciras. Después, en 2004, Puertos del Estado y la Agencia Tributaria (que gestiona Vigilancia Aduanera) firmaron en marzo de 2004 un convenio de colaboración para establecer sistemas de reconocimiento de contenedores, remolques, cisternas y otras unidades de transporte en los puertos de Barcelona, Bilbao y Valencia.

Hay que renovarlos

Años después, la Agencia Tributaria incorporó sistemas de reconocimiento adicional en Bilbao y otros nuevos en los puertos de Las Palmas, Tenerife y Vigo. Por último, la Autoridad Portuaria de Tarragona adquirió, de forma autónoma, un sistema de reconocimiento no intrusivo para su instalación. Puertos del Estado reconoce que “la vida útil” de todos estos equipos “está próxima a su finalización, por lo que procede realizar una sustitución de todos ellos en un plazo máximo de tres años”. Como muestra de su obsolescencia, el escáner adquirido para la Autoridad Portuaria de Barcelona ya ha sido dado de baja y ha sido sustituido por uno nuevo. Ahora le toca el turno al de Algeciras, Vigo y Valencia.

Ya en 2020 el Puerto de Algeciras intentó comprar un nuevo escáner de rayos X para analizar los contenedores. La inversión prevista alcanzaba los 6,7 millones de euros. Pero hubo un problema, explican fuentes de Vigilancia Aduanera destinados en este puerto: que la licitación la ganó una empresa china. EEUU se negó entonces a financiar parte de la operación, ya que no quería que el control de mercancías que llegaría a EEUU desde Algeciras dependiese de un rival geopolítico, aunque la empresa china solo suministraba el material. “Temas de espionaje y esas cosas”, señalan las mismas fuentes. Algeciras es el primer puerto de España y cuarto de Europa por tráfico de mercancías y personas. Por ejemplo, entre enero y julio de este año, 329.000 camiones han llegado por carretera al Puerto de Algeciras. También han llegado por mar 2,7 millones de contenedores. Las empresas interesadas tienen hasta el 28 de septiembre para presentar sus ofertas para suministrar estos escáneres.

El presidente republicano del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, James Comer, pidió el lunes al fiscal general Todd Blanche documentos sobre una estrategia de la Administración de Control de Drogas (DEA) que permitió seguir cargamentos de fentanilo sin incautarlos de inmediato en Nuevo México. La táctica buscaba llegar a redes de tráfico más amplias, pero, según AP, parte de esas pastillas llegó a las calles durante la crisis de sobredosis por opioides sintéticos.

La revisión legislativa se sumó a dos frentes. Denunciantes de la DEA aseguraron que recibieron órdenes de no interceptar cientos de miles de pastillas en Nuevo México. El fiscal general estatal, Raúl Torrez, demandó al Departamento de Justicia por documentos del caso.

El inspector general del departamento anunció una revisión nacional sobre estas políticas y las investigaciones con escuchas telefónicas.

La investigación del Congreso de Estados Unidos apunta a una práctica de la DEA sobre fentanilo

La estrategia bajo examen consistía en monitorear envíos importantes de fentanilo sin decomisarlos en el momento para reunir pruebas y avanzar sobre organizaciones criminales más grandes. Esa práctica, conocida en inglés como letting drugs “walk” (dejar que las drogas “caminen”), describe la decisión de dejar que la droga continúe su recorrido bajo vigilancia.

Según informó AP, la pesquisa del Congreso se abrió dos meses después de que la agencia revelara que agentes de la DEA siguieron repetidamente cargamentos de fentanilo en Nuevo México entre 2023 y 2025 sin impedir que parte de la droga llegara a la calle.

Comer sostuvo en su carta que una política que ordene no interceptar envíos significativos pudo causar “daños considerables”.

El Departamento de Justicia modificó en 2024 la norma sobre incautación de fentanilo

La política vigente desde 2017 indicaba que los agentes debían incautar o impedir la distribución de fentanilo tan pronto como fuera posible. Esa regla fijaba como prioridad evitar que la sustancia circulara.

De acuerdo con la investigación citada por AP, el Departamento de Justicia reescribió esa norma en 2024 y otorgó mayor discreción a los investigadores para preservar operaciones en curso. Ese cambio quedó bajo análisis porque los republicanos sostienen que pudo facilitar que grandes cantidades de fentanilo no fueran decomisadas de inmediato.

Los denunciantes de la DEA y el caso de Albuquerque reforzaron las objeciones en Nuevo México

Los denunciantes de la DEA indicaron que recibieron órdenes para no interceptar cientos de miles de pastillas en Nuevo México. Entre ellos figura un exsupervisor que trabajó en una de las investigaciones y que luego cuestionó el manejo del caso. Según su testimonio citado por AP, la red investigada podría haberse desarticulado antes.

La investigación periodística también señaló que la práctica continuó durante el segundo mandato de Donald Trump en la etapa previa al mayor decomiso de fentanilo anunciado por la DEA en mayo de 2025. En esa operación, las autoridades secuestraron cerca de tres millones de pastillas, aunque otras cantidades no fueron decomisadas.

En Albuquerque, agentes observaron a correos de droga entrar en hoteles con mochilas que, según la investigación, podían contener hasta 100.000 pastillas de fentanilo.

La demanda de Raúl Torrez y la revisión federal ampliaron la investigación sobre tráfico de drogas

Raúl Torrez, fiscal general de Nuevo México, presentó una demanda contra el Departamento de Justicia para forzar la entrega de documentos sobre estas operaciones. Su reclamo coincide en parte con los registros pedidos por el comité que preside Comer.

El caso también abrió una revisión de alcance nacional. En agosto de 2026, el inspector general del Departamento de Justicia anunció que examinará estas políticas y pesquisas con escuchas telefónicas para determinar si la misma táctica se usó en otras partes de Estados Unidos. El administrador de la DEA, Terry Cole, respaldó esa revisión y dijo, en declaraciones a Fox News que las investigaciones de la agencia son extensas, complejas y se realizan bajo la ley.

Por ahora, siguen abiertas la pesquisa del Congreso, la demanda de Nuevo México y la revisión interna del gobierno federal.

La Policía Nacional detuvo a un ciudadano francés que se encontraba en búsqueda y captura por las autoridades galesas por un presunto delito de secuestro, agresión sexual, extorsión ligada al tráfico de drogas y pertenencia a una organización criminal, el pasado sábado 29 de agosto en el paso fronterizo entre Melilla y Marruecos. Las autoridades españolas interceptaron al acusado en Beni Enzar cuando intentaba entrar en España desde el reino magrebí, tal y como ha podido saber Europa Press.

Durante el control de documentación, los agentes consultaron las bases de datos policiales y detectaron una orden internacional de búsqueda y detención con fines de extradición emitida por Francia. Tras identificar la requisitoria, los policías verificaron su vigencia a través de los mecanismos de cooperación internacional. La confirmación permitió concretar el arresto y activar el procedimiento previsto para este tipo de solicitudes judiciales.

Los hechos ocurrieron en octubre de 2023

Según ha informado hoy la Jefatura Superior de Policía de Melilla, la orden francesa está vinculada a una investigación por hechos ocurridos en octubre de 2023 en la localidad de Dole, en el este de Francia. La causa se refiere a la presunta retención contra su voluntad de dos jóvenes por parte de varios individuos.

La hipótesis de los investigadores sitúa el caso en un contexto de extorsión relacionado con el tráfico de drogas. Durante el tiempo que permanecieron privadas de libertad, las dos víctimas habrían sufrido agresiones físicas. Una de ellas también habría sido víctima de una agresión sexual, de acuerdo con la información trasladada por la Policía Nacional.

Francia busca a otros posibles implicados

Aunque después de tres años han conseguido dar con uno de los implicados en lo sucedido en Dole en 2023, las autoridades francesas siguen manteniendo abierta la investigación para localizar a otros presuntos participantes. Además de este hombre, la policía ya había realizado otras detenciones en varios sospechosos dentro del caso.

Después del arresto, los agentes comunicaron al ciudadano francés los motivos de la detención y los derechos que le corresponden. A continuación, iniciaron las actuaciones para ponerlo a disposición de la autoridad judicial competente. El procedimiento continuará dentro de los trámites de extradición solicitados por Francia, que deberá formalizar su reclamación ante la Justicia española.

Cómo fue la reapertura de Beni Enzar días antes

El paso fronterizo de Beni-Enzar, el único operativo entre España y Marruecos en Melilla, reabrió sus puertas de forma gradual el sábado 1 de agosto a las 10:30 horas tras permanecer clausurado durante un total de 36 horas debido a la fuerte presión migratoria en la ciudad autónoma. El cierre se había iniciado el jueves por la noche, cuando se registraron intentos de entrada ilegal de migrantes en la zona después de la crisis migratoria del 30 de julio en Ceuta.

Durante este periodo de bloqueo, unas 2.000 personas y alrededor de 600 vehículos pertenecientes a la Operación Paso del Estrecho (OPE) quedaron completamente atrapados en las inmediaciones. La reapertura terrestre se llevó a cabo en fases estrictas debido al contexto migratorio en la ciudad autónoma vecina. Bajo este contexto, un mes después los agentes fronterizos han dado con el hombre que se encontraba en busca y captura en Francia.

La investigación, en la que han colaborado agentes de la Policía Nacional y de la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (BKA), comenzó en 2025, cuando se obtuvieron indicios de que el hombre podría encontrarse en España. Se descubrió que la organización criminal que lideraba utilizaba la Península como punto estratégico. Contaba con al menos un almacén para ocultar droga antes de su envío, en camiones, hasta Alemania a través de Francia.

Un líder criminal con amplia preparación y recursos

El prófugo, experto en boxeo y artes marciales mixtas, aplicó durante años un protocolo destinado a impedir su localización. De acuerdo con la Policía Nacional, cambiaba de número de teléfono cada dos semanas y renovaba su identidad cada tres meses. Esas medidas complicaron la tarea de los investigadores. Además, han explicado que cursó formación en ciberseguridad en Turquía. Los agentes creen que esos conocimientos le permitieron reforzar sus métodos de ocultación, reducir su rastro digital y evitar la geolocalización mediante dispositivos electrónicos o redes sociales.

Su rutina estuvo marcada por la movilidad y el uso de identidades falsas. No permanecía demasiado tiempo en un mismo lugar y solo se comunicaba con su entorno mediante canales que variaban con frecuencia. La preparación física, el manejo de recursos tecnológicos y su presunto liderazgo dentro de la organización lo situaron entre los objetivos prioritarios de las autoridades alemanas y españolas.

Los investigadores también detectaron la intervención de su hermano, con quien mantenía contacto directo. Según la Policía, el familiar habría contribuido a su ocultación y a las maniobras para despistar a las autoridades. El seguimiento familiar habría sido la clave para descubrir el paradero del fugitivo y avanzar hacia el arresto

Detenido en Málaga tras varios días de vigilancia

La operación ganó intensidad en las últimas semanas, cuando los investigadores ubicaron al hermano del fugitivo en distintas provincias españolas. Tras varios días de vigilancias y seguimientos, los agentes confirmaron que el narcotraficante estaba en Málaga. Viajaba como copiloto en el vehículo de su hermano. El arresto tuvo lugar el 24 de agosto y no registró incidentes. Ambos circulaban por la ciudad andaluza cuando fueron interceptados por la Policía Nacional.

Tras la detención, el prófugo quedó a disposición judicial de la Audiencia Nacional, que ordenó su ingreso en prisión provisional. El caso permanecía abierto cinco años y exigió coordinación entre ambos países. La organización que presuntamente lideraba está acusada de trasladar grandes cantidades de droga desde España hacia Alemania. La caída del líder, como es evidente, es un duro palo a la red, pero no está confirmado que haya quedado desarticulada.

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han arrestado a dos personas en el distrito de Ciudad Lineal tras descubrir que una mujer había sido drogada y forzada a prostituirse en contra de su voluntad. El operativo se activó a las 6:00 de la mañana del pasado martes, 25 de agosto, cuando un hombre alertó a los agentes en la calle Veinticinco de Septiembre de que una amiga suya estaba retenida en un local de la zona.

La intervención se produjo tres días más tarde de que ella entrase al local, después de que la víctima lograra comunicarse con su amigo por teléfono y le pidiera ayuda, según ha podido saber Europa Press. La joven ha explicado que fue contratada como camarera, pero al llegar al establecimiento fue obligada a mantener relaciones sexuales con desconocidos.

Los agentes que acudieron al local descubrieron que la mujer estaba encerrada en una sala. En ese instante se encontraba recostada sobre una cama matrimonial que habían dispuesto los propietarios y presentaba signos de somnolencia y dificultades para hablar, indicios de que podría estar bajo los efectos de alguna sustancia.

Amenazas constantes durante tres días

Las autoridades han detallado que la joven presentaba un claro estado de pánico. Además, según ha declarado la propia víctima, estuvo privada de libertad y sometida a amenazas constantes. Los responsables de estas acciones son un hombre de 62 años y una mujer de 28.

La víctima fue trasladada de inmediato a un centro hospitalario para recibir atención médica. De este modo, los detenidos, propietarios del local, enfrentan acusaciones de prostitución y trata de personas. Las investigaciones continúan para esclarecer todos los detalles del caso y determinar si existen más víctimas.

Cuáles son las penas por delitos de prostitución y trata de personas

Aunque el caso sigue bajo estudio policial y judicial, la prostitución y trata de personas son delitos tipificados en el sistema penal español. Concretamente, recogidos en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, se observan en el artículo 177 bis y en el 187.

El primero de ellos detalla la trata de seres humanos como la captación, transporte, traslado, retención o recepción de personas en territorio español, desde él, o en tránsito, empleando violencia, intimidación, engaño o abusando de una situación de necesidad o vulnerabilidad. Su fin es la explotación (como la explotación sexual, laboral, mendicidad, extracción de órganos o matrimonios forzados). La pena general es de 5 a 8 años de prisión, imponiéndose la pena superior en grado si se pone en peligro la vida de la víctima, si esta es menor de edad o especialmente vulnerable, o si se actúa dentro de una organización criminal.

Mientras que con el artículo 187 se castiga a quien determine a otra persona a ejercer o mantenerse en la prostitución usando violencia, intimidación, engaño o abuso de superioridad, vulnerabilidad o necesidad, con una pena de 2 a 5 años de prisión y multa de 12 a 24 meses. También se sanciona con 2 a 4 años de prisión y multa de 12 a 24 meses a quien se lucre explotando la prostitución ajena (aun con su consentimiento) si la víctima está en situación de vulnerabilidad o bajo condiciones gravosas o abusivas.

Una mujer de apellido Smith, identificada como esposa del extraditado Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, fue detenida este domingo en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Costa Rica, tras llegar en un vuelo procedente de Suiza, acusada de tráfico internacional de drogas. La captura estuvo a cargo de la Policía Profesional de Migración de Costa Rica, según informaron las autoridades en un comunicado oficial difundido por mensajería instantánea.

La mujer, sobre quien pesaban una orden de captura internacional y una notificación roja, fue interceptada durante el control migratorio al ingresar al país. Las autoridades costarricenses confirmaron que Smith era buscada por su presunta vinculación con delitos de narcotráfico transnacional. El procedimiento se ejecutó conforme a los protocolos establecidos y la detenida fue entregada de inmediato al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), responsable de continuar con el proceso judicial.

El viceministro de Gobernación, Omer Badilla, ofreció detalles sobre el operativo realizado en la principal terminal aérea del país. “Hace escasos minutos, la Policía Profesional de Migración, destacada en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, detuvo a una mujer de apellido Smith, requerida por tráfico internacional de drogas. La misma contaba con una difusión roja y una orden de captura internacional. En el momento que la Policía Profesional de Migración la ubica, es puesta a las órdenes de el Poder Judicial”, declaró Badilla en declaraciones enviadas a Infobae.

La situación judicial de Smith

Smith es señalada como esposa de López Vega, conocido en el ámbito criminal como “Pecho de Rata”, quien fue extraditado previamente por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. La orden de captura se encontraba vigente y fue verificada al momento de su arribo al país, según fuentes oficiales.

Las autoridades no divulgaron detalles adicionales sobre las acciones judiciales que seguirán, aunque se prevé que el OIJ llevará adelante la investigación y los procedimientos legales correspondientes.

La joven Smith, de 29 años, llegó este domingo a Costa Rica tras salir de Zúrich de madrugada y aterrizar cerca de la 13:00, según informó CR Hoy. Al ingresar al país, oficiales de Migración notificaron su llegada al Organismo de Investigación Judicial.

La mujer mantenía una alerta vigente de Interpol desde el 23 de junio, emitida después de allanamientos vinculados al caso Riverside. De acuerdo con el medio, Smith figuraba entre los objetivos de detención del operativo del OIJ en el que participaron más de 1.000 agentes, con apoyo de oficiales de otros cuerpos policiales.

El día de los allanamientos, Smith no se encontraba en su vivienda. Los investigadores pidieron sus registros migratorios y confirmaron que estaba fuera del país. Según esos registros, la esposa de “Pecho de Rata” salió de Costa Rica el 17 de junio, una semana antes de los operativos. Smith y López Vega se casaron el 17 de febrero de este año, cuando el supuesto líder criminal permanecía detenido y enfrentaba un proceso de extradición.

A inicios de agosto, la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial solicitó un año de prisión preventiva para 37 de los imputados en el caso Riverside, entre ellos cuatro hijos de López Vega, señalado como el presunto líder de una organización criminal dedicada al tráfico nacional e internacional de drogas y al lavado de dinero.

De acuerdo con la investigación, la organización criminal habría continuado operando incluso después de que López Vega fuera extraditado a Estados Unidos en marzo de este año, tras permanecer detenido desde mediados de 2025.

La operación comenzó en la madrugada del pasado 20 de agosto. Según fuentes oficiales, la Guardia Civil detectó movimientos sospechosos en un inmueble de la localidad de Ayamonte (Huelva). En ese lugar, los agentes sorprendieron a tres presuntos miembros de la organización y localizaron una importante “guardería” de droga. Allí se incautaron 132 fardos de hachís, con un peso total de 5.280 kilos, además de seis vehículos —cinco de ellos robados y adaptados para transportar droga— y dos armas de fuego listas para ser usadas.

Los tres detenidos en Ayamonte fueron puestos a disposición judicial, imputados por delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, robo de vehículos y falsedad documental. La autoridad judicial ordenó su ingreso en prisión provisional. Dos días después, el 22 de agosto, la operación se trasladó al lado portugués del río Guadiana. La Guardia Civil y la GNR vigilaron otro inmueble considerado punto estratégico de la organización. En esta segunda actuación, los cuerpos policiales localizaron y desmantelaron otra “guardería” de droga. Nuevamente, hallaron un alijo de 133 fardos de hachís, cuyo peso total ascendía a 5.320 kilos. Se incautaron además tres vehículos y una pistola.

Persecución y colaboración con Portugal

Durante la intervención en Portugal, algunos miembros de la organización trataron de escapar en una embarcación, lo que desencadenó una impresionante persecución por “tierra, mar y aire”. Finalmente, gracias a la coordinación de medios aéreos, marítimos y terrestres tanto españoles como portugueses, la embarcación fue interceptada y siete personas resultaron detenidas. Se les acusa de delitos de tráfico de drogas, robo de vehículos y tenencia ilícita de armas.

Los detenidos en Portugal fueron puestos a disposición judicial del país luso el 24 de agosto, y todos ellos ingresaron en prisión provisional. Según afirman en su comunicado, gracias a la colaboración de la Guardia Civil y la GNR portuguesa, las fuerzas de seguridad han conseguido desarticular una potente red de narcotraficantes, especializada en la introducción y almacenamiento de hachís en España y Portugal, con ramificaciones para la distribución de drogas en toda Europa. La operación “Tridente” refuerza la cooperación entre ambos países en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico transfronterizo. En los últimos años, Huelva se ha consolidado como uno de los puntos de entrada de droga en todo el continente, como refleja el informe reciente del Ministerio del Interior de las principales rutas en España.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó este 27 de agosto la facultad de los Consejos de Honor para proponer la baja por mala conducta de personal de tropa y militares de clase auxiliar, al concluir que esa atribución es compatible con los principios de igualdad, no discriminación, progresividad y debido proceso, según un comunicado del Máximo Tribunal.

El caso se originó por la baja de un integrante de la policía militar que dio positivo al consumo de tetrahidrocannabinol (THC), el principal componente psicoactivo de la marihuana.

Con ese resultado, el Consejo de Honor correspondiente calificó la conducta como mala y solicitó su separación del Ejército y la Fuerza Aérea, de acuerdo con la SCJN.

Los Consejos de Honor solo formulan propuestas y no ordenan la baja definitiva

El Pleno rechazó que el artículo 36, fracción III, de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos genere un trato discriminatorio frente a oficiales, jefes y generales, y sostuvo que la facultad de los Consejos de Honor no elimina ni reduce derechos o garantías previamente reconocidas al personal sujeto a un procedimiento disciplinario.

La Corte también determinó que el debido proceso no exige que esos consejos estén integrados solo por profesionales del Derecho, porque no son un órgano jurisdiccional ni pueden decretar por sí mismos la baja definitiva; su función es calificar conductas ligadas a la disciplina castrense y formular propuestas a la autoridad competente, precisó el comunicado sobre el Amparo en Revisión 79/2026, resuelto en sesión de Pleno este 27 de agosto.

Suprema Corte avala que los padres de militares fallecidos reciban pensión si acreditan dependencia económica

La SCJN resolvió el pasado 18 de mayo que madres y padres de militares fallecidos sí pueden recibir pensión por muerte de su hija o hijo, siempre que acrediten dependencia económica, de acuerdo con el tribunal.

El criterio surgió de la revisión del Amparo 398/2025, con el que la Corte confirmó la constitucionalidad de la norma que reconoce a los progenitores como beneficiarios en un nivel equiparable al de viuda, viudo, concubina e hijos.

Sostuvo el Máximo Tribunal que exigir la prueba de dependencia económica es compatible con el derecho a la igualdad, porque “no niega el beneficio, sino que condiciona su acceso a una dependencia real”.

En una publicación en redes sociales, la SCJN señaló que este criterio permite que los padres accedan a la pensión militar cuando demuestren la relación de dependencia, sin afectar el acceso que ya tienen familiares directos como cónyuge, concubina o hijos.

Sedena envía mil soldados más a Sinaloa y eleva a 1 mil 300 el refuerzo

Defensa envió el pasado 25 de agosto mil soldados más a Sinaloa y elevó a 1 mil 300 efectivos el refuerzo desplegado este martes 25 de agosto, con arribo por Mazatlán, para ampliar la cobertura operativa, contener delitos y fortalecer la presencia institucional en un estado que concentra el mayor despliegue militar del país por la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, la entidad ya había recibido horas antes otros 300 militares. Con ambos movimientos, el refuerzo del día quedó en 1 mil 300 efectivos armados integrados a tareas preventivas junto con autoridades federales, estatales y municipales.

El nuevo contingente llegó a la ciudad y puerto de Mazatlán y se incorporó de inmediato a las operaciones que ya desarrollan los tres órdenes de gobierno. El objetivo declarado es triple: fortalecer la presencia institucional, contener la incidencia delictiva y generar mejores condiciones de tranquilidad para la población.

El envío se insertó en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, que define las líneas de acción del Gobierno Federal en esta materia. Bajo ese esquema, el despliegue en territorio sinaloense busca ampliar la capacidad de respuesta ante la situación de seguridad en el estado.

Cada vez más salvadoreños residentes en Estados Unidos están optando por regresar a su país de origen para recibir tratamiento en el Centro Terapéutico y de Adicciones El Salvador, según confirman sus directores, invitados al programa Corre Corre de Diana Verónica y Tony.

La tendencia responde a la dificultad de acceder a servicios de salud mental y atención especializada en adicciones en territorio estadounidense, según información recopilada por expertos.

“Tenemos muchos salvadoreños en el exterior, en Estados Unidos, con consumos de fentanilo u otras drogas, que no cuentan con acceso a tratamiento allá. Cada vez es más la cantidad de personas que estamos apoyando con este tipo de sustancias”, advierte Eduardo Loyola Argüello, director terapeuta del centro Centro Terapéutico y de Adicciones El Salvador.

El especialista sostiene que se ha identifica un crecimiento sostenido en el número de consultas relacionadas con consumo problemático de sustancias.

El alcoholismo sigue siendo la causa principal de consulta, aunque también hay aumento en casos vinculados a marihuana, cocaína y en los últimos años, drogas sintéticas.

Adriana Hill de Loyola, directora administrativa y encargada de acogida, explicó: “El alcoholismo es el motivo más frecuente de consulta, ya sea por mensajes, llamadas o visitas. También estamos atendiendo a muchas personas que viven en Estados Unidos, que están consumiendo fentanilo y vienen aquí a ser atendidos”.

El fenómeno no se limita a adultos. El centro ha documentado casos de menores de edad que introducen alcohol en el entorno escolar y jóvenes que manifiestan consumo temprano de sustancias.

El acceso a drogas y la visibilidad de las adicciones en redes sociales han hecho que estos problemas se reconozcan más abiertamente en la sociedad salvadoreña.

Nuevas sustancias y riesgos emergentes

La aparición de drogas sintéticas y combinaciones peligrosas representa un reto para la atención clínica. Eduardo Loyola señala que el centro atiende a jóvenes que consumen metanfetaminas, anfetaminas y tusi, una mezcla sintética conocida popularmente como “cocaína rosada” y que puede contener ketamina y otros compuestos de alto riesgo.

“El problema de estas sustancias es que las personas no saben lo que están consumiendo. Creen que están usando cocaína rosada y lo que consumen realmente es ketamina u otras mezclas”, explica el director terapeuta que pueden involucrar sedantes para animales.

Respecto al cannabis, el centro observa cambios importantes en la potencia de las sustancias actuales. Loyola detalla: “El cannabis que se comercializa hoy puede tener hasta 40% o 50% de THC, mientras que las generaciones anteriores consumían un producto con apenas 3% o 4%. Además, los dispositivos de vaporización pueden contener concentraciones de hasta 90%”.

Estas características están vinculadas a un incremento de trastornos psiquiátricos asociados al consumo, según la experiencia clínica del centro.

Adictos funcionales y nuevos perfiles de consumo

El equipo resalta la aparición de perfiles de consumo cada vez más diversos, en los que destacan los llamados “adictos funcionales”. Se trata de personas que mantienen empleo, familia y vida social, pero presentan dependencia a sustancias o conductas compulsivas.

“Muchas personas logran cumplir con sus responsabilidades, pero tarde o temprano el consumo empieza a afectar diversos ámbitos de su vida. Empiezan a aparecer pequeños errores, aislamiento familiar o problemas de rendimiento en el trabajo”, señala Adriana Hill de Loyola.

El centro trabaja con una modalidad ambulatoria que permite a los pacientes continuar con sus rutinas diarias mientras reciben tratamiento. “No necesariamente todo consumo necesita un tratamiento residencial. Atendemos a personas que todavía tienen vínculos familiares y laborales, pero ya reconocen que tienen un problema”, sostiene Eduardo Loyola.

Factores emocionales y sociales detrás de las adicciones

De acuerdo con los directores del centro, la mayoría de los casos tiene origen en experiencias emocionales no resueltas, traumas, duelos o presiones sociales.

“La base de toda persona que llega a tener una dependencia es la misma: están buscando escapar de una realidad que no pueden enfrentar emocionalmente”, explica Adriana Hill de Loyola. El desarrollo de las adicciones responde a una combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales, incluidas influencias familiares, presión de grupo y cultura del consumo.

El Centro Terapéutico y de Adicciones El Salvador ofrece atención presencial y virtual, lo que facilita el acceso a salvadoreños dentro y fuera del país. “Nos convertimos en una alternativa mucho más accesible para quienes viven en el extranjero. Podemos atenderlos de forma cien por ciento virtual si lo requieren”, puntualiza Hill de Loyola.

El Concejo Municipal de Los Ángeles votó por unanimidad avanzar con una regulación del fenibut (phenibut), una sustancia no regulada a nivel federal que se vende en tiendas y estaciones de servicio como “potenciador cerebral” o “smart drug”.

La propuesta contempla prohibir la venta a menores de 21 años, restringir los puntos de venta cerca de escuelas y guarderías, y exigir etiquetas con advertencias. El proyecto debe atravesar una nueva votación antes de convertirse en ley.

La iniciativa ganó impulso por la presencia de este producto en comercios comunes y por su llegada al público joven. La concejal Heather Hutt, autora de la moción, sostuvo que la sustancia se ofreció durante años con advertencias insuficientes sobre sus efectos, de acuerdo con declaraciones recogidas por Los Angeles Times.

Qué es el phenibut y por qué preocupa

El phenibut es un depresor del sistema nervioso central desarrollado durante la era soviética. En Rusia se utiliza bajo receta para tratar ansiedad, insomnio, depresión y estrés postraumático, detalló Los Angeles Times.

En Estados Unidos, en cambio, no cuenta con una regulación federal específica y tampoco puede comercializarse de forma legal como suplemento dietario. A pesar de ese vacío, Hutt aseguró que el producto permanece disponible en tiendas de la ciudad.

La alarma oficial también creció por su difusión en redes sociales. Nina Paquette, estudiante del último año en Marlborough High School, advirtió que estas pastillas suelen presentarse como smart drugs o brain boosters.

La joven señaló que muchos adolescentes las compran sin dimensionar sus consecuencias, recogió Los Angeles Times.

El papel de la presión política y social

La ofensiva municipal comenzó después de que Paquette llevara el tema al despacho de Hutt. A partir de ese contacto, la concejal impulsó la moción con el argumento de que los jóvenes enfrentan un alto riesgo de dependencia ante una sustancia que se consigue con facilidad en comercios cotidianos.

“Eso se termina ahora”, afirmó Hutt en declaraciones recogidas por Los Angeles Times. La funcionaria defendió la necesidad de imponer límites concretos sobre un producto que hasta ahora se ofrecía con pocas barreras.

El caso también arrastra un trasfondo histórico. La droga fue desarrollada en la Unión Soviética y quedó asociada con usos médicos e incluso con programas espaciales. En la discusión abierta en California, ese origen funciona como contexto, aunque el eje político pasa hoy por su circulación comercial en barrios de la ciudad.

Un nuevo frente contra las “gas station drugs”

La avanzada sobre el phenibut se suma a otras controversias recientes por las llamadas gas station drugs, una etiqueta utilizada en Estados Unidos para describir sustancias que se ofrecen en estaciones de servicio, tiendas de conveniencia y comercios similares.

Entre los antecedentes más cercanos aparece el kratom y su alcaloide sintético 7-OH. Los Angeles Times recordó que ese producto fue vinculado con seis muertes por sobredosis en el condado de Los Ángeles durante el año pasado.

El gobernador de California, Gavin Newsom, aseguró que el kratom fue retirado de las góndolas en todo el estado después de medidas adoptadas por las autoridades sanitarias.

Ese antecedente fortaleció la posición de quienes ahora reclaman nuevas restricciones para otras sustancias no reguladas.

El próximo paso será la redacción formal de la ordenanza y su regreso al Concejo para una segunda votación.

Si el texto recibe luz verde, la ciudad sumará una nueva herramienta legal para limitar la venta local de este compuesto.

La Policía Nacional desarticuló a mediados de agosto una compleja red de laboratorios clandestinos instalados en varios pisos de Madrid donde el Cártel de Cali producía cocaína. El entramado criminal recibía la materia prima (clorhidrato de cocaína) oculta entre contenedores que transportaban madera, chatarra, fruta o cemento enviados desde Suramérica al puerto belga de Amberes, donde tenían a funcionarios a sueldo que permitían que la droga entrase. Desde allí traían el clorhidrato en coches ocultos a España y la ‘cocinaban’ en estos laboratorios improvisados, donde se producía la adulteración y el corte de este estupefaciente.

Uno de los adulterantes más utilizados por los narcos en los últimos diez años es el levamisol, un medicamento que se suele usar para eliminar parásitos intestinales en humanos, pero, sobre todo, en animales. Es una de las conclusiones del último informe publicado este verano por ‘Energy Control’, un programa pionero de la Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD), un organismo sin ánimo de lucro que se fundó en Barcelona y que alerta sobre los riesgos del consumo de drogas. En este último informe, titulado ‘Sustancias ocultas: clasificación, prevalencia y riesgos de los adulterantes de las drogas consumidas con fines recreativos’, se han analizado 29.865 muestras de 213 tipos de drogas entregadas voluntariamente por consumidores entre los años 2016 y 2025. En esas casi 30.000 muestras se detectaron 257 sustancias distintas usadas como adulterantes.

De esas 30.000 muestras analizadas, 6.028 eran de cocaína. Y de estas 6.000, el 42% estaban adulteradas. El levamisol estaba presente en el 97,7% de las muestras adulteradas. En segundo lugar aparece la fenatecina (un analgésico que potencia ligeramente los efectos estimulantes de la coca, pero que puede provocar daños renales), que también está presente en el 92% de las muestras de cocaína adulteradas. “Los adulterantes clásicos como el levamisol y la fenacetina muestran una asociación muy marcada con el mercado de la cocaína, especialmente en el caso del levamisol, cuya presencia es prácticamente exclusiva”, explican desde ‘Energy Control’.

El levamisol es un fármaco sintético desarrollado en la década de 1960. Inicialmente, se utilizó como antiparasitario tanto en medicina humana como veterinaria, y posteriormente también como agente inmunomodulador en tratamientos médicos. Pero debido a sus efectos adversos severos como la agranulocitosis (una destrucción grave de los glóbulos blancos que puede ser mortal), su uso clínico en humanos ha sido retirado o restringido en muchos países, aunque persiste su disponibilidad en medicina veterinaria. También puede provocar vasculitis cutánea con necrosis de la piel, especialmente en las orejas, cara y extremidades. Su uso también se ha relacionado con una forma atípica de penfigoide de mucosas que afecta a los ojos, produciendo una inflamación intensa de la conjuntiva y la córnea.

“Se mezcla con la cocaína porque imita algunos de sus efectos y porque los perros antidroga no lo detectan fácilmente. Es un producto muy barato y aumenta el volumen de la cocaína que se comercializa. Calculamos que entre el 70 y el 80% de la cocaína que circula en el mercado contiene levamisol”, explican fuentes antidroga de la Policía Nacional. “La literatura señala varias razones para su uso como adulterante. En primer lugar, el levamisol es relativamente económico, accesible en mercados veterinarios y fácil de incorporar a la cocaína sin alterar de forma evidente su apariencia, lo que lo hace atractivo desde el punto de vista económico”, confirman desde Energy Central.

Estimula como la anfetamina

Los análisis realizados también revelan que el levamisol puede transformarse en el organismo humano en aminorex, un compuesto con efectos estimulantes similares a las anfetaminas. Dado que el aminorex tiene una vida media más larga que la cocaína, su presencia podría prolongar los efectos estimulantes tras el consumo de cocaína adulterada con levamisol. “En el caso del levamisol, su elevada prevalencia en decomisos sugiere que su uso está ampliamente consolidado en determinados circuitos del tráfico de cocaína”, señala el informe de Energy Control.

La fenacetina, por su parte, es un analgésico que dejó de utilizarse en medicina en numerosos países debido a sus riesgos para la salud, especialmente por su relación con el cáncer del tracto urinario. Por este motivo, numerosos organismos internacionales como la ‘Agency for Research on Cancer’ la clasifican como carcinógena para las personas. A pesar de esto, sigue apareciendo en el mercado de la droga como adulterante, es decir, como una sustancia añadida sin conocimiento por parte de las personas que las usan. La fenacetina aparece como una sustancia añadida deliberadamente, sobre todo, en muestras de cocaína.

El mercado de la cocaína se ha resentido. En 2025 (últimos datos oficiales), España aprehendió 77 toneladas, un 37% menos que el año anterior. La mayoría de esta droga sigue entrando por vía marítima a través de los puertos españoles (Valencia, Algeciras y Barcelona, en este orden). Más de la mitad de la cocaína decomisada en España lo es en contenedores de barcos. Desde ‘Energy Control’, no obstante, dan un dato esperanzador: el porcentaje de muestras adulteradas ha ido disminuyendo de manera importante con el tiempo, pasando del 40,7 % en 2016 a solo el 21,4 % en 2025. “Este cambio está relacionado, en su mayor parte, con transformaciones recientes en los mercados de la cocaína y la MDMA, donde se han observado aumentos de pureza”.

La Operación “Última Llamada” resultó en la detención de 44 personas vinculadas al comercio ilícito de armas y estupefacientes en Nashville. Este despliegue masivo, ejecutado durante cinco días entre el 19 y el 23 de agosto de 2026, desarticuló redes de tráfico mediante compras encubiertas para reducir la violencia armada en la ciudad, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos a través de sus canales oficiales.

El operativo permitió el decomiso de un volumen significativo de armamento y sustancias ilegales en diversos puntos críticos de la urbe. Las autoridades federales y locales coordinaron esfuerzos para identificar a responsables de la venta de estos productos, enfocándose en incidentes reales de violencia que victimizaron a ciudadanos inocentes.

Planificación y ejecución táctica

La iniciativa combinó el trabajo de la Fiscalía Federal para el Distrito Medio de Tennessee, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville. Agentes federales encubiertos efectuaron compras controladas de armas y narcóticos para documentar los ilícitos en múltiples sectores.

La selección de las áreas de acción ocurrió tras una revisión de tres años sobre llamadas de disparos, crímenes armados y análisis de la Red Nacional Integrada de Información Balística. Una agencia externa procesó los datos para definir los puntos de intervención sin considerar factores socioeconómicos o demográficos, lo cual garantizó que el operativo se basara exclusivamente en incidentes de violencia.

Armamento y sustancias incautadas

Las fuerzas de seguridad retiraron de las calles un inventario compuesto por los siguientes elementos:

• Más de 160 armas de fuego, entre las cuales destacan rifles de estilo asalto equipados con cargadores de alta capacidad.
• Múltiples accesorios ilegales conocidos como interruptores, los cuales transforman pistolas convencionales en ametralladoras.
• Más de 2 kilogramos de metanfetamina.
• Más de 1 kilogramo de fentanilo.
• Cantidades superiores al medio kilogramo de cocaína en polvo y crack.

Antecedentes de los detenidos

27 de los 44 individuos poseen condenas previas por delitos graves. Entre los antecedentes figuran agresiones agravadas, robos, posesión ilícita de armas y tráfico de estupefacientes.

Además, 10 de los capturados cumplían periodos de libertad condicional, libertad supervisada o fianza al momento de cometer los nuevos actos señalados, lo cual subraya la reincidencia como un factor presente en el caso.

Foco geográfico del operativo

El análisis de datos orientó la presencia policial hacia corredores donde los incidentes de disparos y delitos violentos afectaron a la población. Las autoridades priorizaron el corredor de Harding Place e Interestatal 24 y el área de Bell Road-Murfreesboro Pike, zonas identificadas por el alto volumen de actividad criminal.

El despliegue abarcó también el corredor de Brick Church Pike-Trinity Lane y el barrio de Napier-Sudekum. El jefe de policía, John Drake, subrayó que estas acciones buscan garantizar entornos pacíficos para los residentes, al evitar que el armamento decomisado participe en homicidios o robos futuros, permitiendo así una recuperación de la seguridad en comunidades vulnerables.

Cargos y perfiles legales

Las imputaciones ante la justicia federal abarcan delitos que van desde el tráfico de sustancias hasta la venta de armamento sin licencia. A continuación, se clasifican los perfiles según la naturaleza predominante de sus cargos:

Tráfico de estupefacientes y armas

• KeDarious Bell (21): Distribución de metanfetamina, armas en delitos de narcotráfico, posesión de ametralladora, transferencia ilegal y venta de armas sin licencia.
• Corian Bowling (26): Conspiración para distribuir metanfetamina y posesión de armas en delitos de narcotráfico.
• Lewis Dawson (26): Posesión de armas por delincuente convicto, distribución de metanfetamina y crack, y posesión de armas en delitos de narcotráfico.
• Peter McKinnie (46): Distribución de fentanilo y posesión de armas en delitos de narcotráfico.
• James Oliver (39): Posesión de armas por delincuente convicto, intento de distribución de fentanilo y posesión de armas en delitos de narcotráfico.
• Lilburn Reynolds (56): Distribución de crack, uso de armas en delitos de narcotráfico y posesión de armas por delincuente convicto.
• Courtney Skinner (41): Distribución de fentanilo y metanfetamina, posesión de armas en delitos de narcotráfico y posesión de armas por delincuente convicto.
• Corey Wilson (43): Distribución de metanfetamina y fentanilo, posesión de armas en delitos de narcotráfico y posesión de armas por delincuente convicto.
• Tyrone Hudson (41): Distribución de metanfetamina y uso de armas en delitos de narcotráfico.

Distribución de narcóticos

• Aron Capps (27), Alexi Contreras (39), Danny DeMoss (38), Shomari Milliken (40): Distribución de fentanilo.
• Cory Cotton (45): Distribución de fentanilo y crack.
• Ulises Cruz (26), Terry Fields (42), Jerron Huey (40), Aiden Johnson (20), Timothy Schields (35), Tyler Sloan (30), Cameron Thompson (26): Distribución de metanfetamina.
• William Henderson (37), Ronnie Wellington (47): Distribución de metanfetamina y fentanilo.
• Latherio Fizer (42), Andre Vaughn (37): Distribución de cocaína y crack.
• William Givens (67), Tiffany Givens (42): Distribución de crack.
• Taurus Booker (51), Brandon Dardy (39): Distribución de cocaína y posesión de armas por delincuente convicto.
• James Braden (47), Gregory Brooks (30), Jeremy Mimms (38): Posesión de armas por delincuente convicto y distribución de metanfetamina.
• Frank Newsom (38): Posesión de armas por delincuente convicto y distribución de fentanilo.
• Ladon Robertson (40): Distribución de crack, fentanilo y metanfetamina.
• Jermaine Morgan (27): Posesión de dispositivo de conversión a ametralladora, distribución de cocaína y posesión de armas por delincuente convicto.

Tráfico de armas y accesorios

• Kenyon Blackman (21), Imari Calloway (20): Transferencia ilegal y venta de armas sin licencia.
• Miguel De La Rosa (24): Distribución de metanfetamina y transferencia ilegal de armas.
• Easan Harris (19): Posesión de dispositivo de conversión a ametralladora.
• Brian Ging (28): Posesión de arma con número de serie borrado.
• Waldorf Coleman (42), Barry Robertson (40): Posesión de armas por delincuente convicto.
• Joshua Selmon (36): Posesión ilegal de armas tras condena por violencia doméstica y venta sin licencia.

Valoraciones de las autoridades

El fiscal federal Braden H. Boucek destacó el impacto positivo de la colaboración entre las agencias policiales. Según el funcionario, la operación se centró en incidentes reales de violencia que victimizaron a ciudadanos, demostrando que el trabajo conjunto entre niveles de gobierno resulta eficaz en la lucha contra el tráfico ilegal.

El agente especial de la oficina de alcohol y armas, Jamey VanVliet, señaló que cada arma y narcótico retirado de manos de personas prohibidas ayuda a salvar vidas. A su vez, el alguacil Denny King enfatizó la disposición de su agencia para asegurar que los acusados rindan cuentas ante un tribunal, reafirmando el compromiso con la seguridad de la comunidad.

Los casos avanzan bajo la responsabilidad de un equipo de fiscales federales. Todas las acusaciones en las actas de procesamiento constituyen alegaciones. El sistema judicial mantiene la presunción de inocencia para cada involucrado hasta que un tribunal determine su culpabilidad, para garantizar el debido proceso en todas las etapas legales.

La Policía Bonaerense detuvo a un concejal de La Libertad Avanza de 52 años, identificado como Germán Díaz, en el marco de una causa por venta de drogas. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron restos de cocaína, elementos de corte y una balanza.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el operativo —ordenado por el Juzgado de Garantías Nº3 del Departamento Judicial de Mercedes— fue llevado a cabo este sábado en la casa de Díaz, ubicada en Rivadavia 400, en la localidad bonaerense de O’Brien, partido de Bragado.

Tras el allanamiento, Díaz fue aprehendido y quedó a disposición de la UFI Nº7 de Mercedes, a cargo de María Laura Cordiviola, que interviene en la investigación por presunta comercialización de estupefacientes.

De acerdo con el medio local Bragado Informa fueron los propios vecinos del concejal de LLA quienes en una reunión en la que también participó el intendente local, Sergio Barenghi, manifestaron su preocupación por la venta de drogas en la localidad de O’Brien y apuntaron contra el acusado.

En estos momentos, Díaz se encuentra detenido a disposición de la Justicia. Se espera que el lunes sea trasladado a la sede del Poder Judicial para prestar declaración en la primera audiencia de indagatoria.

El concejal de 52 años asumió su banca en el Concejo Deliberante de Bragado en diciembre de 2023, siendo electo además como vicepresidente segundo del cuerpo legislativo local. Díaz es uno de los referentes del espacio libertario que conduce Sebastián Pareja en la provincia de Buenos Aires.

En medio del escándalo, el Bloque de Concejales de La Libertad Avanza de Bragado se pronunció en redes sociales. En un comunicado que compartió en su cuenta de Instagram la presidenta del bloque, Daniela Monzón, los ediles subrayaron que “cualquier cuestión vinculada a dicha investigación y a la situación personal del concejal debe ser resuelta exclusivamente ante la Justicia, ámbito del cual este bloque es absolutamente ajeno y en el que no corresponde que emitamos ningún tipo de valoración sobre su eventual responsabilidad”.

Los concejales señalaron que el caso, por sus características, “debe ser abordado institucionalmente por el Honorable Concejo Deliberante, respetando las normas que regulan el funcionamiento del Cuerpo”. En ese sentido, remarcaron su “predisposición a reunirnos para trabajar con el Cuerpo en analizar la situación y determinar los pasos a seguir que correspondan, de acuerdo con las disposiciones del Reglamento Interno y de la Ley Orgánica de las Municipalidades”.

El bloque sostuvo que “corresponde actuar con responsabilidad institucional, respetando los procedimientos establecidos, las competencias del Cuerpo y las garantías que corresponden a todas las partes, priorizando el normal funcionamiento de la institución y el respeto por las normas que rigen al Cuerpo”.

Por último, los ediles expresaron su “enérgico repudio a cualquier hecho, acción u omisión que esté relacionada a la venta y comercialización de estupefacientes, una actividad que constituye un grave flagelo para nuestra sociedad, la cual genera consecuencias profundamente perjudiciales para las familias y para toda la comunidad”.

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo a seis integrantes de una familia en Alta Gracia por presunta venta agravada de drogas. El operativo, realizado tras una investigación iniciada en 2022, tuvo lugar en una vivienda de barrio Villa Oviedo, donde los agentes secuestraron varias dosis de cocaína, plantas de cannabis sativa, dinero y otros elementos vinculados a la causa, según informó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba.

De acuerdo con la información publicada por el organismo, el procedimiento se llevó a cabo en un domicilio sobre calle San Lucas al 1400. Los investigadores confirmaron que la comercialización de estupefacientes se realizaba principalmente desde esa vivienda, donde residía la familia implicada. El grupo estaba compuesto por una pareja de adultos, sus tres hijas y uno de sus nietos, todos mayores de edad.

Durante el allanamiento, los efectivos detectaron un intento de ocultar parte la droga. Finalmente, lograron secuestrar los envoltorios preparados para su venta junto con otras evidencias que refuerzan la acusación de comercialización agravada de estupefacientes.

Los seis sospechosos fueron trasladados a sede judicial por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno. La calificación legal que se les imputa es la de “comercialización agravada de estupefacientes por la intervención de tres o más personas”.

El Ministerio Público Fiscal de Córdoba detalló que la acción coordinada permitió desarticular una presunta red familiar dedicada al tráfico de drogas en la zona. La investigación se inició en 2022 y contó con diversas tareas de inteligencia y vigilancia sobre el domicilio allanado.

La causa continúa en manos de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, que determinará las próximas medidas judiciales y procesales respecto a los detenidos y al material incautado durante el procedimiento.

Sin embargo, no fue el único operativo realizado por dicha fuerza y que involucra a un núcleo familiar. En las últimas horas, la Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvo a cinco personas, entre ellas tres integrantes de una familia, por venta de cocaína y marihuana en barrio cordobés de Las Violetas. Entre los detenidos figuran una mujer, su hijo y su padrastro. Además, dos de los aprehendidos tenían antecedentes por narcotráfico.

La investigación, que se extendió durante tres meses, permitió desarticular tres puntos de venta de estupefacientes y secuestrar 285 dosis de cocaína, 237 de marihuana, $305.000 y diversos elementos para el fraccionamiento y comercialización de drogas.

Los procedimientos se realizaron en domicilios ubicados en calle Aviador Mira y Aviador Silvio Pettirossi, cerca de una plaza y un hospital, según detalló el Ministerio Público Fiscal. Los investigados utilizaban la modalidad de kiosco y, en uno de los inmuebles, la venta de estupefacientes se efectuaba desde una galería.

La información oficial del Ministerio Público Fiscal indica que los operativos permitieron desarticular una red familiar con colaboradores externos dedicada a la distribución de sustancias ilegales en el sector. Los elementos secuestrados refuerzan la hipótesis de una estructura organizada para la venta al menudeo de drogas.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Tercer Turno, los cinco detenidos fueron trasladados a sede judicial e imputados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737. El Ministerio Público Fiscal de Córdoba subrayó que las acciones se realizaron en el marco de una tarea coordinada para combatir el tráfico de drogas en la ciudad.

El análisis de las incautaciones de droga en España durante 2025 dibuja un escenario de contrastes territoriales y variaciones en las rutas de entrada, según el último informe del Ministerio del Interior. La cantidad total encontrada por las autoridades el año pasado suma 370 toneladas, lo que supone una clara caída respecto a años anteriores. También ha disminuido el número de detenidos. El hachís, las plantaciones de cannabis, la cocaína, el éxtasis y las metanfetaminas lideran el tráfico de drogas en los distintos puntos del país que sirven, en muchos casos, como puertas de entrada a Europa.

El informe revela un descenso generalizado de la cocaína intervenida, un auge del hachís y un crecimiento notable de las sustancias sintéticas respecto a 2024, con algunas variaciones geográficas que redefinen el mapa del narcotráfico en el país. El Campo de Gibraltar es la zona más afectada en los últimos años. La entrada de hachís por las localidades gaditanas es una constante que comienza a extenderse a la cocaína. La Comunidad Valenciana, con el puerto de Valencia como uno de los puntos calientes de toda Europa, es otro de los principales enclaves, mientras que Galicia, Cataluña, la Comunidad de Madrid y los dos archipiélagos completan los primeros puestos.

Cae la cocaína, sube la marihuana

El hachís sigue encontrando en el sur peninsular su principal vía y en 2025 ha vivido un fuerte repunte. Las aprehensiones alcanzaron los 257.283 kilos, con un aumento del 29,14%. Andalucía acaparó el 77% del total nacional, consolidando el Estrecho de Gibraltar y la frontera sur como la principal puerta a todo el continente. Ceuta multiplicó por siete las incautaciones, llegando a 12.688 kilos, colocándose en la segunda posición de todo el país.

Por otro lado, se incautaron 77.010 kilos de cocaína, lo que supone una caída del 37,82% respecto al año anterior. Andalucía mantiene el liderazgo como punto de llegada, aunque su volumen se redujo a 25.610 kilos, la mitad que en 2024. Canarias, Cataluña y la Comunidad Valenciana también experimentaron descensos, situándose en torno a los 12.000. Galicia dejó de ser el gran importador desde Latinoamérica, pero ha vuelto a sufrir un crecimiento hasta los 9.338 kilos.

El auge sintético del arco mediterráneo

El tráfico de sustancias sintéticas, especialmente MDMA (éxtasis), mostró un gran crecimiento durante el año, aunque en 2023 y 2022 ya se experimentaron cifras similares. Las autoridades requisaron 658.443 unidades, un 40,78% más que el año anterior. El epicentro de esta explosión fue la Comunidad Valenciana, con 375.474 unidades incautadas. Murcia y Baleares protagonizaron saltos exponenciales. La Comunidad de Madrid, tradicionalmente central en el tráfico de éxtasis, vio reducidas sus cifras a menos de la tercera parte. El arco mediterráneo —Valencia, Murcia y Baleares— aglutinó cerca del 89%.

En 2025, España registró la entrada de 340.698 unidades de metanfetaminas, lo que representa un aumento del 178,79% respecto a 2024. Madrid (133.183), Cataluña (73.763 unidades) y Comunidad Valenciana (79.107) protagonizan la explosión de esta droga en España. Los datos de 2025 confirman que el narcotráfico en España adapta sus rutas y estrategias según la presión policial y los cambios en el consumo.

Dos ciudadanos mexicanos se encuentran entre los cinco detenidos por las fuerzas de seguridad de Sudáfrica durante una redada en un laboratorio de metanfetamina en cristal en el que se incautaron drogas y equipamiento por valor de 600 millones de rands (unos 32 millones de euros-631 millones de pesos mexicanos-), informó este viernes la Policía sudafricana.

Según un comunicado de la Policía, la operación se llevó a cabo a última hora del jueves, después de dos meses de investigaciones, y llevó al descubrimiento de un “presunto laboratorio clandestino” en una granja de Musina, en la frontera con el vecino Zimbabue.

“Cinco sospechosos fueron detenidos y se incautaron drogas y equipos de laboratorio con un valor estimado en el mercado negro de 600 millones de rands, así como una cantidad de dinero en efectivo no revelada”, indicó el comunicado.

Se trata del tercer laboratorio de drogas desmantelado en la provincia de Limpopo (norte), aunque la Policía no indica el periodo de tiempo.

Además del Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS, en inglés) participaron en el operativo la Agencia Antidrogas (DEA) y agentes de la Dirección de Investigación de Delitos Prioritarios (DPCI), unidad de élite policial también conocida como “Hawks”, entre otros organismos.

“El descubrimiento ha puesto al descubierto una presunta operación sofisticada y a escala industrial que, según se cree, fue establecida para fabricar peligrosas sustancias ilícitas destinadas a su distribución”, señalaron las fuerzas de seguridad.

En este sentido, el jefe provincial de los Hawks en Limpopo, el mayor general y abogado Gopz Govender, afirmó que “esta incautación (...) no es simplemente una cantidad de drogas retirada de las calles, representa la desarticulación de toda una empresa criminal”.

“Seguiremos la pista del dinero, las redes y cada persona relacionada con esta operación”, aseveró.

Por su lado, el comisario provincial del SAPS, el teniente general Jan Scheepers, afirmó: “No permitiremos que nuestras comunidades se conviertan en mercados para organizaciones criminales”.

Junto a los dos mexicanos, fueron arrestados un ciudadanos malauí y dos zimbabuenses, todos ellos de entre 20 y 47 años.

Se espera que comparezcan los cinco el próximo lunes ante el Tribunal de Primera Instancia de Musina, acusados de cargos relacionados con “fabricación y posesión de drogas ilícitas”, a los que podrían añadirse también acusaciones adicionales conforme avance la investigación. (Con información de EFE)

Pero su historia no es solo la de una transformación física: también muestra hasta qué punto esa búsqueda de control puede rozar la obsesión.

En el momento más crítico de su consumo, Eminem llegó a superar los 100 kilos. Según contó en declaraciones recogidas por Men’s Journal, los fármacos que tomaba desde hacía años le provocaban molestias estomacales que intentaba aliviar comiendo de manera constante y desordenada.

“El recubrimiento de la Vicodina y el Valium que llevaba tomando años deja un agujero en el estómago, así que para evitar el dolor de estómago, comía constantemente, y comía mal”, explicó.

La rutina como salvación

La recuperación no implicó solo dejar las drogas. También supuso reconstruir por completo sus hábitos diarios. En ese proceso, según reconstruyó Men’s Health, el ejercicio pasó a ocupar un lugar central.

Eminem empezó a correr en cinta y llevó esa práctica a un nivel extremo: llegó a hacer hasta 27 kilómetros por día. Para él, ese esfuerzo no solo servía para bajar de peso. También era una forma de ordenar el día, dormir mejor y canalizar la energía que antes quedaba atrapada en el consumo.

El propio rapero describió esa etapa en términos que revelan la intensidad del cambio. “Tengo la mente de un adicto, y cuando se trataba de correr, creo que me dejé llevar un poco. Me convertí en un maldito hámster”, dijo al recordar cómo el entrenamiento se volvió una rutina absorbente.

Esa frase resume buena parte de su recorrido posterior: el ejercicio fue una herramienta para salir a flote, pero también una práctica atravesada por la misma lógica de exigencia extrema que él reconoce en sí mismo.

El límite de la disciplina

Con el tiempo, Eminem logró perder peso y recuperar la forma física. Pero el punto más interesante de su historia no está solo en el resultado visible, sino en la disciplina que construyó alrededor de ese cambio.

El entrenamiento dejó de ser una actividad secundaria y se volvió el eje de una vida reordenada después del consumo. En su relato, correr no aparece como un pasatiempo ni como una simple decisión de bienestar, sino como una estructura diaria para sostenerse.

Esa misma estructura, sin embargo, también mostró sus límites. Eminem reconoció más de una vez que su vínculo con el ejercicio podía volverse obsesivo y que necesitó moderarlo para no trasladar a otra conducta la intensidad con la que antes vivía el consumo.

Más adelante buscó formas más equilibradas de entrenar, en un intento por conservar los beneficios físicos y mentales sin empujarse a un desgaste excesivo.

Más que una transformación física

Sus propias palabras muestran que esa tensión sigue presente. “Supongo que soy bastante obsesivo con el ejercicio. Siento que si lo dejo por mucho tiempo, si tengo una semana muy ajetreada y me tomo un descanso de cinco días, será como empezar de cero. Me da miedo que si se prolonga más, pierda la motivación”, relató.

La frase no solo habla de constancia: también deja ver el temor a perder el control sobre una rutina que, en su caso, funcionó como sostén después de años de adicción.

Por eso, la historia de Eminem conserva interés más allá del costado aspiracional de su cambio físico. Su recorrido muestra cómo una figura mundialmente conocida atravesó la recuperación no como un momento aislado, sino como una reorganización completa de la vida cotidiana. La pérdida de peso fue la consecuencia visible.

Lo central fue otra cosa: convertir el ejercicio en una herramienta para mantenerse en pie, aun cuando esa misma herramienta exigiera nuevos límites para no transformarse en otra forma de dependencia.

Panamá ha dado un paso pionero en la región al capacitar a sus especialistas aduaneros para fortalecer la detección y el bloqueo de actividades criminales vinculadas al tráfico de armas nucleares o radiológicas.

Este esfuerzo responde a la amenaza de que organizaciones delictivas o grupos terroristas utilicen el país como ruta para trasladar materiales peligrosos con fines destructivos, tanto en territorio panameño como en naciones aliadas.

El país participa en un programa de formación integral que actualiza los conocimientos de sus funcionarios aduaneros.

El objetivo es perfeccionar los sistemas de control en áreas como comercio exterior, logística y regulación internacional, priorizando la lucha contra delitos como el contrabando, la falsificación y el narcotráfico.

Dentro de este marco, la prevención del tráfico de materiales nucleares y radiactivos figura entre las prioridades estratégicas.

El taller especializado fue impartido por instructores del Departamento de Energía de Estados Unidos y la Oficina de Detección y Disuasión del Contrabando Nuclear, quienes aportaron herramientas y simulaciones de última generación.

Mark Greer, responsable técnico del Proyecto Megapuertos Panamá y líder de la delegación estadounidense, subrayó que “Panamá está a la vanguardia en la región en la aplicación de nuevas técnicas y procedimientos para enfrentar más eficientemente el trasiego de materiales nucleares y radioactivos”.

Por su parte, Carmen Tapia, directora encargada de la Autoridad Nacional de Aduanas, remarcó uno de los ejes de la actual gestión: “dotar de tecnologías avanzadas a la institución”.

Esta estrategia, dijo, busca optimizar la capacidad de respuesta ante amenazas complejas y proteger tanto la seguridad nacional como el flujo legítimo del comercio.

En paralelo al programa formativo, la Autoridad Nacional de Aduanas reportó la retención de dos contenedores con mercancía bajo sospecha de infringir derechos de propiedad intelectual.

La operación, que tuvo lugar en un puerto de la costa atlántica, derivó de acciones conjuntas de inteligencia y control físico, y se calcula que el valor preliminar de los productos retenidos asciende a $807.500.

Los inspectores, tras la verificación física de los cargamentos, hallaron cigarrillos de marcas reconocidas.

El análisis inicial sugirió indicios de presunto fraude marcario, por lo que la Dirección de Propiedad Intelectual ordenó la retención y custodia inmediata de los contenedores.

Actualmente, los especialistas elaboran un inventario detallado para determinar la cantidad exacta y el valor definitivo de la mercancía.

De acuerdo con los procedimientos, una vez finalizadas las verificaciones, se aplicará el régimen administrativo correspondiente a la legislación de propiedad intelectual. Si se confirma la existencia de delito, el caso será remitido al Ministerio Público para su investigación formal.

Durante una diligencia de allanamiento en un local dedicado al transporte y recepción de paquetes internacionales, las autoridades detectaron una encomienda que contenía posibles sustancias prohibidas.

Agentes de la Policía Nacional, al llegar al establecimiento, fueron recibidos por el propietario, quien colaboró voluntariamente con la inspección y facilitó el acceso al área de almacenamiento para ubicar la caja señalada.

Como parte de su labor, los funcionarios continúan aplicando controles estrictos en puertos y centros logísticos, tanto para combatir el comercio ilícito como para garantizar la seguridad y la legalidad en el mercado nacional.

Con estas acciones las autoridades aduaneras sostienen que Panamá refuerza sus capacidades aduaneras mediante alianzas internacionales, incorporación de tecnología avanzada y una política de fiscalización permanente, en respuesta a los desafíos del crimen organizado y las nuevas amenazas globales.

Funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) aseguraron 760 kilogramos de presunta metanfetamina, con un valor estimado en 14 millones 978 mil dólares, que eran transportados en un camión procedente de Reynosa, Tamaulipas, y ocultos en un cargamento declarado como apio fresco.

El aseguramiento ocurrió el pasado 15 de agosto en la terminal de carga del Puente Internacional de Pharr, uno de los cruces fronterizos utilizados para el tránsito comercial entre México y Estados Unidos.

De acuerdo con la información proporcionada por la CBP, los agentes seleccionaron el tractocamión para una inspección secundaria, debido a irregularidades detectadas durante el proceso de revisión.

El vehículo fue sometido inicialmente a una inspección con equipo de inspección no intrusivo, tecnología utilizada por las autoridades fronterizas para revisar vehículos y mercancías sin necesidad de realizar de inmediato una revisión física completa.

El procedimiento permitió detectar anomalías en el cargamento, por lo que los agentes procedieron a inspeccionar físicamente el remolque.

Hallan 721 paquetes de presunta droga

Durante la revisión, los oficiales localizaron y extrajeron 721 paquetes de presunta metanfetamina, cuyo peso conjunto fue estimado en 760 kilogramos, equivalentes a aproximadamente mil 675 libras.

Los paquetes se encontraban ocultos entre la mercancía que había sido declarada como apio fresco, con lo que los responsables del envío aparentemente intentaron utilizar una carga de productos agrícolas para ocultar el narcótico durante su ingreso a territorio estadounidense.

La CBP informó que tanto la droga como el vehículo fueron asegurados como parte del procedimiento.

Después del hallazgo, agentes especiales de la División de Investigación de Seguridad Nacional iniciaron una investigación criminal para determinar el origen y destino de la droga, así como identificar a las personas involucradas en el traslado del cargamento.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no informaron sobre personas detenidas por este aseguramiento ni proporcionaron detalles sobre quién estaría detrás del envío.

Carlos Rodríguez, director del puerto de entrada de Hidalgo/Pharr/Anzalduas, atribuyó el decomiso a la combinación entre la experiencia de los oficiales y las herramientas tecnológicas utilizadas durante las inspecciones fronterizas.

El funcionario destacó que los agentes están capacitados para identificar irregularidades que podrían pasar inadvertidas durante una revisión superficial y que los sistemas de escaneo permiten reforzar la detección de posibles cargamentos de narcóticos.

Operativo ocurre en medio de mayor vigilancia fronteriza

El decomiso se produce en un contexto de reforzamiento de las medidas de seguridad en la frontera entre México y Estados Unidos, particularmente en los cruces utilizados para el comercio internacional.

La administración estadounidense ha colocado entre sus prioridades la intercepción de narcóticos que buscan ingresar al país, mientras que las autoridades fronterizas han incrementado el uso de tecnología de inspección para revisar vehículos comerciales y particulares.

La CBP señaló que el aseguramiento forma parte de sus labores para impedir el ingreso de drogas ilícitas, armas y otros productos considerados una amenaza para la seguridad nacional.

El cargamento asegurado en Pharr representa una de las incautaciones recientes de metanfetamina realizadas mediante la revisión de mercancías comerciales procedentes de México.

El caso quedó bajo investigación de las autoridades estadounidenses, que deberán establecer cómo fue preparado el cargamento, quiénes participaron en su traslado y cuál era su destino final.

Por ahora, la CBP mantiene bajo resguardo los 721 paquetes de presunta metanfetamina y el vehículo utilizado para transportarlos, mientras continúa la investigación criminal derivada del aseguramiento.

El trabajo coordinado de la Policía de Control de Drogas (PCD), la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) del Ministerio de Seguridad Pública y la Dirección de la Fuerza Pública permitió la detección y desarticulación de un laboratorio de marihuana hidropónica en El Cacao, Alajuela, el 19 de agosto.

En la operación, las autoridades lograron el decomiso de 321 plantas de marihuana, 3,080 gramos de la droga ya procesada y diversos implementos para el cultivo hidropónico. Según informaron fuentes oficiales, el hallazgo representa un golpe contra las estructuras dedicadas a la producción y distribución de marihuana.

De acuerdo con la información compartida por la Fuerza Pública, la intervención se originó a partir de una denuncia sobre actividades sospechosas en una propiedad ubicada en Tuetal Norte, Alajuela.

Tras labores de verificación, los cuerpos policiales confirmaron la existencia de una plantación de marihuana y coordinaron el allanamiento con la PCD.

El decomiso también incluyó 321 matas de marihuana en distintos estados de crecimiento y cerca de 3 kilos de marihuana lista para su comercialización, así como equipos especializados para el cultivo bajo condiciones controladas. Los agentes participantes en el operativo detallaron que, además de la droga, se incautaron sistemas automatizados de riego y dispositivos para regular la temperatura y humedad del ambiente.

Según las autoridades, en la vivienda se localizó un laboratorio completamente equipado con sistemas de iluminación, ventilación, fertilizantes y otros elementos utilizados para la producción de marihuana hidropónica. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar la identidad de los responsables y establecer las conexiones con posibles redes de distribución.

¿Qué es el cultivo hidropónico de marihuana?

El cultivo hidropónico de marihuana consiste en el desarrollo de plantas utilizando soluciones acuosas ricas en nutrientes, sin la necesidad de emplear suelo agrícola. Este método permite un mayor control sobre los factores ambientales, como la iluminación, la humedad y la temperatura, potenciando el crecimiento acelerado y la calidad de la cosecha. Los sistemas hidropónicos pueden incluir medios inertes como perlita, fibra de coco o lana de roca, donde las raíces de las plantas absorben directamente los nutrientes disueltos en el agua.

La marihuana hidropónica se ha popularizado en los últimos años debido a los altos rendimientos y la calidad que ofrece en comparación con el cultivo tradicional. Las autoridades de Costa Rica han señalado que este tipo de producción representa un desafío adicional, ya que puede desarrollarse en espacios cerrados y pasar desapercibida en zonas residenciales.

De acuerdo con especialistas de la DIAC, el cultivo hidropónico facilita la producción continua durante todo el año y reduce los riesgos asociados a plagas y enfermedades propias del suelo, incrementando así el atractivo para quienes buscan dedicarse a esta actividad ilícita.

Legislación costarricense sobre el cultivo de marihuana

La legislación costarricense prohíbe el cultivo, producción y tráfico de marihuana, sea cual sea el método utilizado. Según la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado y Actividades Conexas (Ley N° 8204), el artículo 58 establece sanciones para quienes “siembren, cultiven o cosechen plantas de las que se pueda extraer alguna droga”. Las penas pueden oscilar entre los 8 y 15 años de prisión, dependiendo de la cantidad y las circunstancias agravantes.

Las autoridades insisten en que el cultivo de marihuana, incluso bajo sistemas hidropónicos, constituye un delito grave contemplado por la ley costarricense.

La causa que investiga el hallazgo de 71 envoltorios de cocaína en un jardín de infantes de Córdoba, sumó un nuevo capítulo. En las últimas horas, el papá del nene de dos años que entró a un centro de cuidado infantil con un monedero que tenía droga, fue detenido por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). Con esta nueva captura, tanto el padre como la madre del menor quedaron a disposición de la Justicia.

Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que este miércoles a la madrugada se llevó a cabo un allanamiento en un domicilio ubicado sobre la Manzana 34 del barrio Ampliación Cabildo, de la capital cordobesa. Durante el operativo, los agentes de la PFA incautaron varias dosis de marihuana y elementos vinculados a la causa.

A su vez, lograron la detención de un joven de 22 años. Fuentes del caso indicaron que se trata del papá del chico que había llevado más de 70 dosis de cocaína al Centro de Cuidado Infantil del barrio mencionado.

Las autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno dispusieron la remisión de los elementos incautados y el traslado del aprehendido a sede judicial. El joven de 22 años fue imputado por el delito de tenencia con fines de comercialización agravada, por servirse de un menor de edad.

El ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, destacó la rápida intervención de la docente que detectó la droga, la Policía local y la FPA.

“Desde el Ministerio de Seguridad lo decimos sin vueltas y sin medias tintas, hay límites que no se negocian, y uno de ellos es la infancia. El narcomenudeo metiéndose en un centro de cuidado infantil excede largamente un problema de seguridad, es una alarma social gravísima, y la vamos a atender con toda la firmeza del Estado”, compartió Quinteros en su cuenta de X.

“Orden en la calle. Presencia en el territorio. Y tolerancia cero con quien convierte a un chico en parte del negocio”, agregó el ministro. Y concluyó: “El que exponga a un menor al narcotráfico, va preso”.

El caso se conoció el martes pasado, cuando una mujer dejó a sus dos hijos en un jardín de infantes en el barrio Ampliación Cabildo. Una de las maestras divisó que el nene de dos años tenía un monedero rosa en su mano. Al revisarlo, encontró una serie de envoltorios transparentes con una sustancia blanca.

Por lo tanto, personal del establecimiento activó el protocolo y dio aviso inmediato a las autoridades mediante el servicio de emergencias 911, además de notificar a la Secretaría de Salud y Desarrollo Social.

Minutos más tarde, la mujer volvió al establecimiento para reclamar el objeto que había perdido, alegando que era “con lo que sustentaba a sus hijos menores”. Las docentes se negaron a devolvérselo y esperaron la llegada de la FPA, que confirmó que se trataba de cocaína.

La mujer fue detenida y la causa quedó en manos de la Unidad Judicial de Lucha Contra el Narcotráfico. Tanto el niño de dos años como su hermana de tres quedaron al cuidado de su abuela, mientras la investigación judicial continúa para determinar el origen y el destino de la droga.

El accidente con una cebra que condicionó los últimos veinte años de vida de Hayden Panettiere fue mucho más que un incidente de rodaje.

Según reveló la propia actriz en su libro de memorias, ese episodio disparó una cadena de dolor físico que sostuvo su dependencia a los opioides hasta el final de sus días.

La actriz murió el domingo en Greenville, Carolina del Sur, a los 36 años, en circunstancias que las autoridades investigan como un posible caso de sobredosis.

Panettiere tenía 14 años cuando viajó a Sudáfrica para filmar Rayas: una cebra veloz, una película sobre una cebra que sueña con competir en el Derby de Kentucky.

Con apenas uno o dos paseos previos a caballo, pasó seis semanas aprendiendo a montar como jockey y ejecutó ella misma todas las escenas de acción, incluidas carreras a alta velocidad junto a pura sangres, según declaró en entrevistas de la época.

En un momento del rodaje, el animal la lanzó al suelo. El resultado: una conmoción cerebral, un severo latigazo cervical y lesiones en dos vértebras del cuello.

La artista no lo contó públicamente hasta este año, en sus memorias This Is Me: A Reckoning, publicadas en mayo de este año.

“Mantuve la boca cerrada y aguanté el dolor en mi espalda y cuello”, escribió. “Más de 20 años después, estas lesiones todavía me molestan”.

El libro también reveló que, cada vez que la lesión se reagudizaba, la actriz recurría a los opioides.

Una fuente cercana a su entorno señaló que “el accidente se convirtió en algo mucho más que algo que le ocurrió a Hayden en un set de filmación cuando era adolescente”.

Otra persona próxima a la actriz precisó que “la adicción de Hayden tenía muchos elementos complicados y nadie debería reducirla a un solo evento. Pero el dolor físico era real”.

En ese sentido, la fuente aseguró que “ella relacionaba el mayor consumo de opioides con la recaída de su lesión en el cuello, y era algo con lo que seguía lidiando décadas después del accidente”.

Y concluyó: “Fue lo que realmente impulsó su espiral descendente hacia las drogas y la depresión”.

La dependencia a las sustancias no comenzó, sin embargo, con ese accidente. Hayden Panettiere había reconocido en distintas ocasiones que empezó a consumir lo que llamaba “pastillas de la felicidad” a los 15 años para mostrarse más animada en entrevistas.

Años después, la situación se agravó con una depresión posparto que siguió al nacimiento de su hija Kaya en 2014.

“Me volqué en el vino, lo que en última instancia me llevó a una dependencia del alcohol. Era la forma en que sobrevivía cada día”, declaró la actriz.

Aunque recibió tratamiento, señaló que la “causa raíz” de su alcoholismo —la depresión— nunca fue atendida de forma suficiente.

En sus memorias, que llegaron a la lista de los más vendidos del New York Times, describió ese período como el momento en que dejó de “huir de mí misma”.

“Cuando estás sentada con tus sentimientos, completamente sobria, hay poco espacio para la negación. Pero en esos largos espacios vacíos, empiezas a crecer”, escribió.

En una entrevista de 2022, reconoció que mantenerse sobria era “una batalla de cada día”.

El severo dolor de espalda previo a su muerte

Meses antes de morir, Hayden Panettiere arrastraba un deterioro físico que sus allegados describieron como alarmante.

Su peluquero y amigo de larga data, Erick Orellana, reveló en una entrevista publicada el 17 de agosto que la actriz “sufrió mucho a principios de este año con su espalda. En un momento, incluso le costaba mover las piernas”.

En marzo, Panettiere fue fotografiada en el aeropuerto LAX con muletas. En mayo, en una entrevista con la revista Women’s Health, describió un episodio que la dejó sin poder caminar: “Me desperté y sentí solo hormigueos desde la cintura hacia abajo. No podía doblar los dedos de los pies ni levantar el pie en absoluto”.

La actriz contó que ningún médico fue capaz de darle “una respuesta sólida” sobre el origen del problema.

“Fue así durante tanto tiempo que me quedé pensando: ‘¿Voy a estar paralizada el resto de mi vida? Es lo más aterrador que me ha pasado físicamente, sin duda’”, afirmó en esa entrevista.

Orellana indicó que, según su conocimiento, Panettiere “estaba empezando a recuperarse” de sus problemas de espalda cuando murió.

La estrella fue encontrada inconsciente en un apartamento de Airbnb en Greenville a las 13:51 del domingo. Una operadora del número de emergencias describió una paro cardiorrespiratorio; minutos después, otro operador mencionó una posible sobredosis.

Hayden Panettiere fue declarada muerta a las 14:32. La autopsia practicada por la Oficina del Médico Forense del Condado de Greenville no encontró “signos de trauma que pudieran haber contribuido a la muerte”, según informó el propio médico forense. La investigación permanece abierta.

Siete personas fueron detenidas durante una serie de cateos simultáneos realizados en seis municipios de Querétaro, donde también fueron aseguradas sustancias con características de cristal, metanfetamina y cocaína en piedra, así como armas y cartuchos útiles, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

La dependencia señaló que las diligencias se realizaron en Querétaro, El Marqués, San Juan del Río, Tequisquiapan, Pedro Escobedo y Amealco.

De acuerdo con la información, entre las personas detenidas se encuentran individuos a quienes se les imputan posibles delitos contra la salud, violencia familiar y otros ilícitos que son investigados por las autoridades.

Aseguran armas durante los cateos

Además de los narcóticos, los agentes localizaron un arma de fuego, una escopeta y un rifle, así como una réplica de arma tipo revólver y cartuchos útiles.

La Fiscalía señaló que todos los objetos asegurados fueron incorporados a las investigaciones para establecer su posible relación con los hechos que dieron origen a las diligencias.

Los cateos se realizaron bajo la estrategia Sinergia Por Querétaro, mediante la cual participaron distintas corporaciones de seguridad para llevar a cabo las intervenciones de manera coordinada.

En el operativo participaron elementos de la Policía de Investigación del Delito, Policía Estatal, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y policías municipales.

Operativo se extendió por seis municipios

Las acciones abarcaron municipios de la zona metropolitana y distintas regiones de Querétaro, con diligencias simultáneas en inmuebles relacionados con las carpetas de investigación.

La Fiscalía estatal informó que las siete personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

Sinergia acumula otros operativos contra el narcomenudeo

Los cateos forman parte de una serie de acciones recientes realizadas en Querétaro mediante la estrategia Sinergia, particularmente durante agosto, con intervenciones en distintos municipios y aseguramientos de narcóticos, armas y otros indicios.

El 7 de agosto, seis cateos derivados de investigaciones por delitos contra la salud dejaron cuatro personas detenidas. En esas diligencias fueron aseguradas metanfetamina, cocaína en piedra, cocaína en polvo y marihuana, con un estimado de mil 60 dosis individuales. También fueron recuperados un vehículo con reporte de robo y tres inmuebles quedaron asegurados.

Cinco días después, el 12 de agosto, la Fiscalía informó de otro despliegue con 10 cateos simultáneos en los municipios de Querétaro, Amealco de Bonfil y Pedro Escobedo. El operativo terminó con 10 personas detenidas: siete adultos y tres adolescentes.

En esas diligencias se localizaron sustancias con características de narcóticos, dinero en efectivo y básculas digitales. En Pedro Escobedo fueron aseguradas armas de fabricación artesanal, cartuchos útiles y metanfetamina durante una intervención relacionada con una investigación por armas prohibidas y lesiones dolosas.

El 17 de agosto, las autoridades reportaron además cinco cateos que derivaron en cinco detenciones. En ese caso fueron aseguradas más de 110 dosis de sustancias con características de metanfetamina, cocaína en piedra y cocaína en polvo, además de plantas con características de marihuana, teléfonos, computadoras y otros indicios. Dos inmuebles quedaron asegurados.

Ese mismo día, una acción operativa en San Juan del Río derivó en la detención de cuatro personas y el aseguramiento de tres armas de fuego, cinco cargadores y 150 cartuchos útiles. También fueron decomisadas sustancias que, de acuerdo con la Fiscalía, equivalían aproximadamente a 8 mil 748 dosis de narcóticos, entre metanfetamina, cocaína en piedra, cocaína en polvo y tussi.

La sucesión de operativos muestra que Sinergia mantiene acciones simultáneas en distintos municipios de Querétaro, con investigaciones que abarcan principalmente delitos contra la salud, además de otros hechos delictivos.

En el caso más reciente, los indicios asegurados y las personas detenidas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, mientras continúan las investigaciones para determinar su posible relación con otros delitos.

Un circuito de compra, fraccionamiento y venta de cocaína en el entorno de Penn State derivó en cargos contra 14 personas y dejó bajo la lupa a dos fraternidades de la universidad.

La fiscalía de Pensilvania difundió este lunes los alcances de la pesquisa, que sitúa los hechos entre 2023 y 2024 y describe un esquema con base en residencias vinculadas a esas agrupaciones, de acuerdo con AP News.

La causa también alcanzó de lleno a la Universidad Estatal de Pensilvania por el perfil de los acusados. La fiscalía indicó, en declaraciones recogidas por AP News, que 13 de los 14 imputados tenían vínculo estudiantil con la institución al momento de los hechos o en un período cercano.

El expediente incluye además al padre de uno de los señalados. La misma fuente agregó que al menos cuatro de los acusados continúan cursando actualmente.

En el centro del caso aparecen Delta Upsilon y Sigma Chi. La acusación sostiene que en inmuebles ligados a esas agrupaciones se cortaba, embolsaba y redistribuía la droga. La casa de estudios aclaró que ambas operaban fuera del campus.

Cómo funcionaba el circuito

Los investigadores identificaron a Agostino Abbatiello y Thomas Robinson como los principales proveedores. ABC News señaló que ambos habrían viajado con frecuencia a Filadelfia y Nueva York para conseguir grandes cantidades de cocaína.

Después de esas compras, la sustancia pasaba por un proceso de fraccionamiento en las residencias bajo sospecha, afirmó la fiscalía en un comunicado citado por ABC7 New York. Ese material tenía como destino principal a estudiantes de Penn State.

El fiscal general de Pensilvania, Dave Sunday, definió la estructura como “un grupo de tráfico de drogas coordinado y muy rentable”, tal y como reprodujo ABC News. También aseguró que la trama incluía a miembros veteranos, otros integrantes y aspirantes.

Sunday sostuvo además que algunos postulantes intervenían en el acondicionamiento de la droga como parte de su ingreso a esas agrupaciones. El funcionario calificó esa práctica como “una forma de adoctrinamiento dentro de las fraternidades”, tal y como retomó ABC7 New York.

AP News precisó que los investigadores no encontraron pruebas de manipulación de narcóticos dentro del campus universitario. Ese dato dejó el foco en propiedades ajenas a la supervisión directa de la institución.

Qué cargos enfrenta cada grupo

La fiscalía dividió las imputaciones en varios niveles. Cuatro acusados enfrentan cargos graves por organización corrupta, conspiración y manejo de ganancias de actividad ilegal, detalló AP News.

Un quinto imputado, Robert Zanolla, responde por conspiración agravada, uso criminal de un medio de comunicación y otras infracciones.

Los otros ocho acusados, todos en edad universitaria, afrontan cargos menores por posesión de drogas y utensilios para su consumo, informó ABC7 New York.

La causa distingue así entre quienes, para la fiscalía, ocupaban puestos centrales y quienes quedaron alcanzados por delitos de menor escala.

Otro tramo del expediente alcanza a Paul Robinson, padre de uno de los estudiantes. ABC News indicó que está acusado de manipulación de pruebas y de obstaculizar la investigación. La fiscalía le atribuye haber ocultado evidencia, entre ella una caja fuerte con droga y dinero en efectivo.

La mayoría de los imputados por delitos graves compareció el lunes para la lectura formal de cargos, reportó AP. La pesquisa contó con la cooperación de la policía de State College y de un gran jurado investigador estatal.

La reacción de Penn State y de las fraternidades

La Universidad Estatal de Pensilvania adoptó medidas internas poco después del anuncio judicial. AP News informó que Delta Upsilon quedó suspendida de forma provisoria mientras avanza una investigación administrativa.

La institución también aclaró que Sigma Chi no cuenta con reconocimiento oficial. Esa precisión, citada por varios medios estadounidenses, dejó a esa fraternidad fuera de la estructura formal de control universitario.

Andrea Dowhower, vicepresidenta de Asuntos Estudiantiles de Penn State, fijó la postura institucional. “Estamos horrorizados por estas graves acusaciones contra estudiantes actuales y antiguos”, afirmó en declaraciones recogidas por ABC News.

También aseguró que la universidad cooperará con las fuerzas de seguridad y reforzará sus acciones de prevención de novatadas y de protección estudiantil.

El director ejecutivo de Delta Upsilon, Justin Kirk, aseguró que la organización internacional ya conocía las denuncias. AP News reprodujo su versión, en la que sostuvo que los vinculados con la fraternidad fueron expulsados o suspendidos si no presentaban su renuncia.

La sede nacional de Sigma Chi, ubicada en Illinois, no respondió de inmediato a los pedidos de comentarios, informó AP News.

Con la causa ya formalizada, el expediente seguirá su curso en la justicia mientras la universidad mantiene abiertas sus actuaciones internas.

Barato, de fácil adquisición y consumo, el óxido nitroso, más conocido como “gas de la risa”, recorre las calles de España, especialmente aquellas donde el ocio nocturno y la fiesta son el principal atractivo turístico. Es a través de las redes sociales e Internet donde los whippers, como se conoce a los consumidores de esta droga, incitan a su consumo y banalizan sus riesgos. Las autoridades europeas y españolas han empezado a vigilar su consumo y distribución ilegal, aunque no se trata de una sustancia prohibida porque es un producto legal de uso médico, industrial y de hostelería. Sin embargo, su venta ambulante sin autorización, su distribución para ocio y su consumo en la vía pública son ilegales. Pero al calor de la demanda, la oferta prolifera.

La semana pasada, la Guardia Civil desarticulaba una organización criminal dedicada a la importación, almacenamiento y distribución ilegal de “gas de la risa” en el sur de Tenerife. Conforme detallan en un comunicado, la operación “Centro” se saldó con seis detenidos, seis investigados y 10.394 recipientes de óxido nitroso requisados con un peso de casi 13 toneladas. Se trata de la segunda mayor incautación en Europa de óxido nitroso.

La investigación se inició cuando el instituto armado tuvo conocimiento del consumo de este gas en diferentes zonas de ocio del sur de la isla. Entonces, descubrieron la existencia de “una estructura criminal jerarquizada, integrada por un núcleo directivo de carácter familiar, con una rama dedicada a la logística y recepción de la mercancía procedente del extranjero, y otra de distribución final en la isla”.

Como resultado de las actuaciones, y tras cuatro registros simultáneos en Arona, Adeje y Granadilla de Abona, los agentes también hallaron 63.500 euros y 1.000 libras esterlinas en efectivo; aproximadamente 213 gramos de cocaína; 599 gramos de hachís; 1,4 kg de marihuana y 46 gramos de “Tusi”, además de otras sustancias también de naturaleza estupefaciente: pastillas, hongos, cápsulas y preparados comestibles con cannabinoides.

La droga de la risa preocupa a las autoridades

La alerta ante la expansión de este gas como droga recreativa no llega solo desde Canarias. La semana pasada, ​​el Consell de Govern de Baleares aprobaba un Decreto Ley que prohibía la venta de bebidas energéticas a menores de 18 años y reforzaba la prohibición de dispensarles óxido nitroso. La norma actúa exclusivamente sobre su comercialización con fines de inhalación recreativa, “un fenómeno emergente cuya presencia ha aumentado en determinados entornos de ocio”, apunta la norma.

Por otro lado, el Instituto de Adicciones de Madrid Salud del Ayuntamiento de la capital ya avisaba hace meses que el gas de la risa ya “se cuela en el ocio juvenil sin hacer ruido”. “No estamos ante una nueva sustancia. Tampoco ante un fenómeno completamente desconocido. Pero sí ante algo distinto: una forma de consumo que encaja con precisión en los cambios que están definiendo el actual ecosistema de las adicciones juveniles. Más accesible, más normalizado, menos identificado como riesgo. Y, por tanto, más difícil de detectar a tiempo”, advertían en un artículo de su página web.

Una droga que no es legal, pero tampoco ilegal

La edición de marzo de 2025 de la Revista Policía, editada por la Policía Nacional, subraya que en España, igual que en buena parte de Europa, el óxido nitroso no está catalogado como droga y su mera tenencia no conlleva sanción administrativa, salvo que una norma autonómica disponga lo contrario. La publicación añade que sí está prohibida su venta a menores o para fines no autorizados, un vacío que facilita su adquisición a pequeña escala bajo el pretexto de su uso en hostelería.

El Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías publicó en 2023 un informe en el que concluía que el 8,7 % de los jóvenes europeos de entre 16 y 24 años había consumido óxido nitroso en los doce meses anteriores, lo que equivale a más de medio millón de personas. El mismo organismo ha alertado también de un aumento paralelo de las intoxicaciones asociadas a esta sustancia.

Los estudios comparativos citados por la agencia europea sitúan en 134 casos las intoxicaciones graves notificadas en Francia en 2020, frente a 46 en 2019 y 10 en 2017. En los Países Bajos, los casos pasaron de 13 en 2015 a 128 en 2019, 144 en 2020 y 98 en 2021.

El estudio El uso recreativo del óxido nitroso: una preocupación creciente para Europa, de la Agencia de la Unión Europea sobre Drogas, sitúa el momento actual como el tercer gran ciclo de popularidad recreativa del gas tras su descubrimiento en 1772 y el repunte de finales de la década de 1960. La diferencia, según el documento, es que ahora está ampliamente disponible gracias a cartuchos pequeños y baratos usados para fabricar nata montada, fáciles de comprar en supermercados, tiendas de conveniencia y proveedores en internet.

La agencia europea sostiene que esa accesibilidad, unida a la percepción de seguridad, ha impulsado el consumo entre más jóvenes, incluidos adolescentes sin experiencia previa con otras drogas. También atribuye parte de la expansión a cadenas de suministro rentables, a la venta en línea y al papel de las redes sociales en la promoción y comercialización del producto.

Para la Policía Nacional, el principal peligro inmediato es la asfixia por inhalación prolongada, ya que el N2O extraído de cargas para repostería no está mezclado con oxígeno, a diferencia del que se usa como anestesia. El riesgo aumenta cuando se combina con otras sustancias depresoras, como benzodiacepinas, GHB u opioides, porque puede derivar en insuficiencia respiratoria, coma o muerte.

La agencia europea estima que la mayoría de los consumidores lo usa de forma ocasional, entre uno y tres globos en una sesión y algunas veces al año, un patrón que no está libre de riesgos, pero que plantea daños más limitados que los consumos intensivos. El problema, según el organismo, se concentra en un grupo menor aunque creciente que consume cantidades mayores con más frecuencia y durante periodos prolongados, un patrón que aparece en la mayoría de los casos de intoxicación tras varios meses de uso regular o intenso.

Los resultados de un reciente estudio arrojan que la mitad de las mujeres privadas de libertad en Panamá presenta capacidades emocionales que requieren refuerzo, mientras que la otra mitad cuenta con un nivel competente en este aspecto.

Esta diferencia en la inteligencia emocional y en la socialización tiene un impacto directo en la posibilidad de reinserción social de las internas.

Según los resultados, el 50% de las privadas evaluadas mostró un nivel adecuado de inteligencia emocional, mientras la otra mitad experimentó dificultades que requieren atención.

Además, el 44% de las mujeres presentó dificultades promedio en socialización.

Estos factores son clave para entender la forma en que las mujeres privadas de libertad enfrentan la vida dentro de los centros penitenciarios y su adaptación futura fuera de ellos.

La investigación fue desarrollada por Amara Fairuz Sanad Henríquez y Raúl Quevedo-Blasco, de la Universidad de Granada, junto con Marita Mojica Delgado, de la Universidad de Panamá.

El equipo se enfocó en analizar cómo influyen la inteligencia emocional y las dificultades de socialización en mujeres condenadas por delitos contra la seguridad colectiva.

Las conclusiones fueron publicadas en la revista REDEPSIC, una publicación académica semestral especializada en temas psicológicos y sociales, impulsada por la Facultad de Psicología de la Universidad de Panamá.

En respuesta a la pregunta sobre el impacto de la inteligencia emocional en la reinserción social, el estudio señala que las capacidades emocionales y sociales son esenciales para enfrentar los desafíos de la convivencia en prisión y para la readaptación tras recuperar la libertad.

La investigación destaca la necesidad de fortalecer las intervenciones psicológicas y los programas de educación emocional en el sistema penitenciario para facilitar la rehabilitación y reducir la reincidencia.

Los autores subrayan que el análisis se realizó en un contexto donde la delincuencia y los problemas de salud mental en las cárceles de Panamá se han vuelto cada vez más relevantes.

Factores como la impulsividad, ciertos rasgos de personalidad y la conducta antisocial pueden dificultar la adaptación de las personas privadas de libertad.

La publicación también señala que existe un creciente interés internacional en la relación entre inteligencia emocional, comportamiento antisocial y procesos de reinserción social.

Los investigadores afirman que los hallazgos de este estudio pueden servir como base para futuras investigaciones y para la creación de políticas públicas que busquen mejorar el bienestar psicológico y la integración social de las mujeres privadas de libertad en el país.

Al referirse al término delincuencia, como sociedad, los investigadores señalan que nos posicionamos ante la concepción de que este acto pudo involucrar la participación de ambos sexos, tanto al hombre como a la mujer.

Sin embargo, es la delincuencia femenina una de las situaciones más criticadas y comentadas, pero a su vez muy poco estudiada en Panamá. Es posible que esto se deba en parte al bajo porcentaje de incidencia de la delincuencia femenina en comparación con la delincuencia masculina.

Esta discrepancia en cuanto al sexo en los índices delictivos ha sido objeto de estudio en diversas investigaciones, que han destacado la influencia de factores como el sexo en el comportamiento prosocial o en las tendencias prosociales.

El 75% de las mujeres privadas de libertad condenadas, está involucrada con delitos de drogas, siendo estas de distintos estratos sociales, nacionalidad, con estudios escolares, de bachillerato o incluso universitarios

La población inicial participante del estudio estuvo conformada por 262 mujeres privadas de libertad condenadas por el delito relacionado con drogas. encontrándose la mayoría (el 84% de la muestra) en el rango de 21 a 42 años.

En cuanto a la ocupación previa de las participantes antes de ser privadas de libertad es muy variada (61%): ayudante en construcción, administradoras y trabajadoras en farmacia, negocios propios, modista, supervisoras de hotel y trabajadoras domésticas externas. El mayor porcentaje se encuentra en trabajadoras del hogar (22%).

Los nitazenos, una familia de opioides sintéticos que incluye compuestos más potentes que el fentanilo, se han extendido a nuevos mercados y ya fueron detectados en al menos 37 países, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

La advertencia internacional fue emitida el 25 de febrero de 2026, cuando la UNODC informó que había recibido reportes sobre 34 análogos de nitazenos identificados en muestras de drogas incautadas y casos toxicológicos en al menos 37 países.

El fenómeno representa una nueva preocupación para las autoridades sanitarias y de seguridad debido a que algunos de estos compuestos pueden tener una potencia superior a la del fentanilo y provocar intoxicaciones graves cuando los consumidores desconocen su presencia.

Una familia de opioides sintéticos

Los nitazenos no corresponden a una sola sustancia, sino a una familia de compuestos químicos. El primero de este grupo reportado al sistema de alerta temprana de la UNODC fue el isotonitazeno, identificado en 2019.

Desde entonces, Naciones Unidas ha recibido notificaciones sobre 34 análogos. Entre ellos se encuentran sustancias como el protonitazeno y otros compuestos que han aparecido en muestras de drogas ilícitas.

La diversidad de estas moléculas representa un desafío adicional para su detección. La UNODC advirtió que algunas pruebas rápidas diseñadas para identificar determinados nitazenos no necesariamente detectan todos los compuestos de la familia. Por ello, un resultado negativo en una prueba específica no permite descartar la presencia de otro análogo.

La preocupación también está relacionada con la manera en que estas sustancias pueden llegar al mercado. Los nitazenos han sido encontrados en distintas presentaciones y pueden aparecer mezclados con otras drogas, lo que aumenta el riesgo de que una persona consuma un opioide sintético sin saberlo.

Los nitazenos avanzan mientras el fentanilo sigue presente

El crecimiento de estos compuestos no significa que el fentanilo haya desaparecido del mercado de opioides sintéticos. La relevancia de los nitazenos está en que representan una alternativa cada vez más presente para los mercados ilícitos y algunos pueden producir efectos considerablemente más intensos.

La expansión geográfica registrada por Naciones Unidas muestra la velocidad con la que estas sustancias pueden aparecer en distintos países. La UNODC ha advertido que los mercados de drogas sintéticas pueden adaptarse rápidamente mediante la incorporación de nuevas moléculas.

En ese escenario, la aparición de nitazenos plantea el riesgo de que estos opioides ocupen espacios dentro de los mercados donde otras sustancias comienzan a ser controladas o presentan mayores dificultades para su producción y distribución.

México ya los contempla como estupefacientes

Mientras Naciones Unidas documenta la expansión internacional de los nitazenos, México ya incorporó el nitazeno a su marco jurídico como sustancia controlada.

El Diario Oficial de la Federación publicó el 15 de enero de 2026 una actualización del listado correspondiente de la Ley General de Salud, en el que aparece expresamente “NITAZENO” dentro del capítulo de estupefacientes.

La disposición permite que las autoridades mexicanas cuenten con un marco legal para controlar esta sustancia, independientemente de que exista o no una expansión comprobada de los nitazenos en el mercado nacional.

La inclusión también debe distinguirse de la familia completa de nitazenos. La UNODC identifica decenas de análogos diferentes, mientras que la legislación mexicana señala expresamente al nitazeno dentro de su listado.

México no ha reportado públicamente un decomiso en 2026

La expansión internacional documentada por Naciones Unidas no significa que los nitazenos ya estén presentes de manera comprobada en el mercado mexicano.

Hasta ahora, con la información pública emitida por autoridades federales mexicanas, no aparece un reporte de decomiso de nitazenos en territorio nacional durante 2026 que permita confirmar su circulación en el mercado ilícito del país.

Sin embargo, esta ausencia de un aseguramiento reportado no permite concluir que las sustancias no estén presentes en México. Tampoco descarta que puedan existir casos no identificados o que alguna muestra haya sido analizada sin que sus resultados hayan sido difundidos públicamente. Lo que sí puede establecerse es que México ya cuenta con una disposición legal para controlar el nitazeno.

La alerta sobre una nueva generación de opioides

El avance de los nitazenos ocurre dentro de una transformación más amplia del mercado de drogas sintéticas. La aparición constante de nuevas moléculas permite a los grupos que producen estas sustancias modificar sus fórmulas y buscar alternativas frente a los controles existentes.

Para las autoridades, uno de los principales desafíos consiste en identificar rápidamente los nuevos compuestos y determinar si están presentes en sustancias que circulan bajo otros nombres.

La propia UNODC advirtió que las pruebas de detección disponibles tienen limitaciones debido a la diversidad química de los nitazenos. Algunos análogos pueden no ser detectados por pruebas diseñadas para otros integrantes de la misma familia.

Según informó la Dirección General de Aduanas, el hallazgo se produjo durante un control de rutina a una camioneta Fiat Strada con patente brasileña, en la que viajaban dos personas. Los agentes aduaneros, al notar irregularidades en el panel de instrumentos, realizaron una inspección exhaustiva y, en presencia de testigos, localizaron un compartimiento oculto donde se almacenaba una importante cantidad de mercadería de origen extranjero.

Entre los productos incautados figuraron anabólicos esteroides, medicamentos utilizados para el tratamiento de la diabetes y la pérdida de peso, así como productos que carecen de autorización sanitaria en la Argentina. De acuerdo con el reporte oficial, se encontraron ampollas de tirzepatida, frascos de retatrutide—un compuesto experimental no aprobado en ningún país—, aceite de cannabis y otros insumos médicos.

La Aduana detalló que el procedimiento también permitió secuestrar perfumes, suplementos deportivos como proteínas en polvo y creatina, cubiertas para motocicletas, un estéreo para automóvil, un contador de billetes y tres triciclos eléctricos, entre otros elementos. La totalidad de la mercadería y el vehículo quedaron bajo custodia por orden de la Fiscalía y el Juzgado Federal de Puerto Iguazú.

De acuerdo con la información difundida por la Dirección General de Aduanas, el valor estimado de los bienes retenidos supera los $40 millones. Fuentes del organismo subrayaron que ninguno de los medicamentos secuestrados contaba con habilitación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), lo que implica un riesgo sanitario.

El operativo se enmarca en las acciones de control fronterizo que buscan frenar el ingreso irregular de sustancias prohibidas y productos sin registro sanitario. La causa judicial continúa en trámite bajo la intervención de la Justicia Federal de Puerto Iguazú.

Hace dos días, en la misma provincia de Misiones, la Prefectura Naval Argentina incautó más de 400 kilogramos de marihuana y detuvo al conductor de una camioneta que trasladaba la droga. El operativo, realizado en la zona de Puerto Carolina, se apoyó en tareas de inteligencia y el uso de cámaras térmicas que permitieron detectar el cruce de un bote desde Paraguay al territorio argentino.

La embarcación descargó los paquetes en la costa argentina antes de regresar al país vecino. Los efectivos identificaron una camioneta que transportaba 13 bultos de grandes dimensiones. Al interceptar el vehículo en el acceso a Colonia Wanda, hallaron 535 panes de cannabis sativa con un peso total de 404 kilogramos, cuyo valor de mercado supera los 1.400 millones de pesos.

La causa quedó a disposición del Juzgado Federal de Puerto Iguazú, a cargo de Marcelo Alejandro Cardozo, con intervención del fiscal Marcelo José Bernachea. Días antes en Posadas la Prefectura había secuestrado otra tonelada de marihuana en circunstancias similares, lo que evidencia el uso recurrente del río Paraná para el tráfico de estupefacientes entre Paraguay y Argentina.

Un hombre de 22 años que dijo ser ciudadano estadounidense fue detenido en el Centro Histórico de la Ciudad de México después de que presuntamente amenazó con una pistola al encargado de una tienda de ropa que rechazó comprarle unos envoltorios con posible droga. El sospechoso fue localizado metros adelante del establecimiento con 20 bolsitas de una hierba verde similar a la marihuana, un arma de fuego corta y 16 cartuchos útiles.

El hecho ocurrió la tarde de este domingo en la calle República de Chile, en la colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, donde policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaban recorridos de prevención y vigilancia.

De acuerdo con la dependencia, el encargado del establecimiento pidió apoyo a los agentes y relató que momentos antes un hombre había ingresado al negocio para ofrecerle envoltorios con droga.

El comerciante rechazó la compra y, según su denuncia, el sujeto sacó de entre sus ropas una pistola con la que lo amenazó. Antes de abandonar el establecimiento, dijo, también le dirigió palabras altisonantes.

Los policías recibieron la alerta a través del número telefónico del cuadrante y comenzaron la búsqueda del sospechoso. Lo localizaron metros adelante del establecimiento, donde le realizaron una revisión preventiva conforme a los protocolos de actuación policial.

Durante la inspección encontraron 20 bolsitas de plástico que contenían una hierba verde con características similares a la marihuana. También localizaron un arma de fuego corta de color verde, abastecida con 16 cartuchos útiles.

El hombre, quien dijo ser ciudadano estadounidense, fue detenido y trasladado ante el agente del Ministerio Público correspondiente. Los policías le informaron sus derechos constitucionales antes de ponerlo a disposición de la autoridad ministerial.

La SSC señaló que será el Ministerio Público el encargado de integrar la carpeta de investigación y determinar la situación jurídica del detenido.

Otros extranjeros detenidos en la alcaldía Cuauhtémoc en 2026

El caso del estadounidense se suma a otros registrados por la SSC durante 2026 en la alcaldía Cuauhtémoc, donde también han sido detenidos ciudadanos extranjeros en posesión de drogas y, en uno de los casos, cartuchos de arma de fuego y con un posible vínculo con otro delito.

Uno de los antecedentes más relevantes ocurrió el 21 de mayo, cuando policías detuvieron a un hombre de 34 años que dijo ser ciudadano colombiano. De acuerdo con la SSC, el sospechoso llevaba 85 bolsitas con aparente marihuana, dos envoltorios con aproximadamente un kilogramo de marihuana a granel cada uno, 19 bolsitas con probable cocaína en piedra y tres bolsitas con una sustancia con características similares al cristal.

En ese mismo operativo fueron asegurados cinco cartuchos útiles, dinero en efectivo y un teléfono celular. La SSC señaló además que el hombre posiblemente estaba dedicado al narcomenudeo y que tanto él como la camioneta en la que viajaba podrían estar relacionados con un robo a casa habitación ocurrido el 7 de marzo en la alcaldía Benito Juárez.

Otro expediente ocurrió el 30 de abril, cuando la SSC informó sobre la detención de un ciudadano extranjero en Cuauhtémoc que llevaba 300 dosis de aparente droga.

La dependencia también documentó el 9 de mayo la detención de un ciudadano extranjero en la misma alcaldía en posesión de aparente droga.

A estos casos se suma otro registrado el 19 de marzo, cuando policías capitalinos también detuvieron a un ciudadano extranjero en Cuauhtémoc por la posesión de aparente droga.

Los expedientes muestran que durante 2026 la SSC ha reportado en Cuauhtémoc distintos casos que involucran a ciudadanos extranjeros y delitos relacionados principalmente con la posesión o probable comercialización de drogas.

Sin embargo, los comunicados oficiales no establecen que los detenidos formen parte de una misma organización criminal ni que exista una relación entre los diferentes casos.

En el expediente más reciente, la investigación se concentrará en determinar la responsabilidad del ciudadano estadounidense por la amenaza denunciada por el comerciante, así como la situación legal del arma y los cartuchos que le fueron asegurados. También deberá establecerse mediante los peritajes correspondientes la naturaleza de la sustancia encontrada entre sus pertenencias.

En la ciudad de Córdoba, una operación de varios meses culminó con la detención de tres personas, el decomiso de más de 500 dosis de droga y la intervención de dos viviendas señaladas como puntos clave en la distribución de estupefacientes.

La investigación, que se extendió a lo largo de cuatro meses, expuso la operatoria de un grupo que, según los investigadores, había logrado establecer una red de venta.

El despliegue policial se concentró en el asentamiento Villa El Milagro, sobre un pasaje público sin número, donde efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) ejecutaron dos allanamientos simultáneos. El ingreso a los domicilios fue el resultado de una pesquisa que, desde sus inicios, estuvo enfocada en identificar y desarticular focos de comercialización en barrios periféricos.

El punto de quiebre en la investigación se alcanzó al constatar que la venta de drogas no se limitaba a los interiores de las viviendas, sino que también se extendía a las vías del tren. Según informó El Doce, la modalidad de expendio variaba según el horario y la presencia de terceros, lo que dificultó la tarea de los agentes encubiertos.

El operativo llevado a cabo este fin de semana permitió la detención de dos hombres de 26 años y una mujer de 22, todos residentes de la zona. Durante los allanamientos, los uniformados incautaron 575 dosis de cocaína, una suma de $1.061.800, una balanza digital, una motocicleta y diversos elementos de interés para la causa, como envoltorios y teléfonos celulares.

Voceros de la FPA confirmaron que, al momento de irrumpir en los domicilios, dos de los sospechosos intentaron escapar, pero fueron interceptados en la vía pública por personal apostado en el perímetro del operativo.

La modalidad empleada combinaba la atención directa en los domicilios y la entrega en lugares públicos, lo que exigió un seguimiento discreto durante varias semanas para documentar el flujo de clientes y la periodicidad de las transacciones. El éxito del operativo, señalaron fuentes de la investigación, radicó en la capacidad de la fuerza para identificar los momentos de mayor actividad y actuar en consecuencia.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, los detenidos y la totalidad de los elementos secuestrados fueron trasladados a sede judicial. La causa fue caratulada como infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, que regula y sanciona la tenencia y comercialización de drogas en todo el territorio nacional.

Antecedentes

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo a una mujer de 35 años acusada de vender drogas desde su domicilio en el barrio Villa El Libertador, en el sur de la ciudad de Córdoba. El operativo incluyó dos allanamientos en viviendas ubicadas en Villa María al 5600 y Francisco de Mauro sin número, bajo la supervisión de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno. La sospechosa fue trasladada a sede judicial, donde el proceso continúa bajo el fuero especializado.

Según informó el portal El Doce.tv, los procedimientos formaron parte de una investigación más amplia coordinada por el Ministerio Público Fiscal y se vinculó con otro allanamiento realizado en la misma zona la semana anterior, que resultó en la detención de un hombre de 42 años también acusado de narcomenudeo y el desmantelamiento de un punto de venta.

En el marco de la misma ofensiva contra el narcotráfico en Córdoba, la FPA también desarticuló días atrás una banda que trasladaba droga desde la capital provincial hasta Deán Funes en colectivos. Cuatro allanamientos en el barrio Kilómetro 2 derivaron en la detención de tres personas.

Entre los elementos secuestrados figuraron cocaína fraccionada, 13 plantas de cannabis, dos balanzas digitales, dinero en efectivo y dos motocicletas. Los investigadores determinaron además que la organización empleaba menores de edad para la comercialización de estupefacientes.

Cinco personas fueron detenidas durante un operativo ejecutado por el Escuadrón Verde - Grupo Terna de la Policía Nacional en un inmueble del Cercado de Tacna. La intervención ocurrió durante la madrugada en una vivienda ubicada en la calle Coronel Vidal N.° 256, donde los agentes detectaron a tres mujeres y dos varones en actitud sospechosa.

De acuerdo con el reporte policial, el grupo ingresó rápidamente al domicilio luego de advertir la presencia de los efectivos y cerró la puerta de acceso. Ante esta situación, los agentes solicitaron autorización al encargado del inmueble para ingresar y efectuar las diligencias correspondientes.

La operación permitió ubicar una habitación del segundo piso, alquilada por una persona identificada como “Muriel”. En ese espacio se encontró a Enzo Cruzado Rosas, de 20 años, quien tenía un envoltorio tipo ziploc con presuntas adherencias de ketamina. También se halló un teléfono celular iPhone 15 Pro Max, cuyo valor fue establecido en S/ 3,800.

El registro personal y domiciliario permitió localizar además frascos vacíos de ketamina, una balanza digital y diversos utensilios con rastros visibles de una sustancia blanca. Las diligencias contaron con participación de la fiscal Valeri Guerra Luque, de la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas, y de un defensor público.

Cinco personas quedaron bajo investigación

Durante la intervención fueron detenidos Stefano Andagua Jardina, de 23 años; Muriel Liendo Chávez, de 18; Sheyla Quispe Virrueta, de 19; Katherine Guillermo Medina, de 22; y Enzo Cruzado Rosas, de 20.

Según el reporte policial, Andagua Jardina tenía un teléfono Motorola G24 de color negro, valorizado en S/ 900. Liendo Chávez portaba un iPhone 13 Pro Max dorado, cuyo valor fue estimado en S/ 2,600.

En el caso de Quispe Virrueta, los agentes encontraron una cartera de color blanco y negro con diseño tipo ajedrez. Dentro del bolso fueron ubicadas 24 bolsas ziploc con cierre hermético, todas vacías, además de un envase plástico translúcido con tapa roja que contenía 90 cc de un líquido verde identificado como aditivo alimentario, esencia y colorante sabor a menta, de la marca Frandori.

La intervenida también tenía un iPhone 11 de color lila, valorizado en S/ 2,500. Por su parte, Katherine Guillermo Medina portaba un iPhone 11 Pro Max de color gris oscuro, cuyo valor fue establecido en S/ 2,500.

Registro encontró frascos y utensilios

El registro del inmueble permitió encontrar cinco frascos vacíos de ketamina al 10 %, de la marca Halatal KT, con capacidad de 100 mililitros cada uno.

Entre los objetos incautados también figuraron una cocina eléctrica de color blanco sin marca, dos cucharones de madera, una balanza digital de bolsillo marca Lelong de color gris metálico, un sartén beige y un plato de loza negro.

La superficie de la balanza presentó rastros visibles de una sustancia blanca pulverulenta. El mismo tipo de vestigio fue observado en el sartén y el plato localizados dentro del domicilio.

Prueba dio resultado positivo para ketamina

El personal de Areandro-Tacna realizó la prueba de campo y el pesaje de las adherencias encontradas. Para el procedimiento se utilizó el reactivo Konatec, cuyo resultado fue positivo para ketamina.

El reporte policial precisó que el peso de las adherencias resultó no cuantificable. Las diligencias se realizaron con participación de la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas.

De acuerdo con la información policial, los cinco detenidos son investigados por su presunta vinculación con la banda denominada “Los Químicos del Centro”, relacionada con el presunto tráfico ilícito de drogas.

Las personas intervenidas quedaron a disposición de las autoridades competentes mientras continúan las diligencias destinadas a determinar las responsabilidades correspondientes.

En el marco de la operación, la Guardia Civil ha detenido a seis personas y ha investigado a otras seis más por delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Se trata de la segunda mayor incautación de óxido nitroso en Europa, según ha informado este domingo el instituto armado.

La operación se centró en diversas zonas de ocio de Tenerife, donde la presencia del óxido nitroso como droga recreativa había aumentado de forma considerable. Las investigaciones revelaron la existencia de una estructura jerarquizada, con un núcleo directivo de carácter familiar.

Registros en tres municipios

Según detalló la Guardia Civil, la organización contaba con una rama encargada de la logística y la recepción del producto desde el extranjero, así como otra dedicada a la distribución final en diferentes puntos de la isla. Durante los registros simultáneos realizados en los municipios de Arona, Adeje y Granadilla de Abona, los agentes incautaron 10.394 recipientes de óxido nitroso, con un peso cercano a 13.000 kilogramos, además de 63.500 euros y 1.000 libras esterlinas en efectivo.

Entre los materiales intervenidos, los agentes también hallaron 213 gramos de cocaína, 599 gramos de hachís, 1,4 kilogramos de marihuana y 46 gramos de tusi, una droga sintética que ha ganado popularidad en este último tiempo. La Guardia Civil también encontró otras drogas como pastillas, hongos, cápsulas y preparados comestibles con cannabinoides. El arsenal incluía cinco armas de fuego simuladas, ocho armas blancas —entre ellas varias hachas—, dispositivos electrónicos y documentación relevante para la causa.

La investigación, desarrollada por el Área de Investigación del Puesto Principal de Playa de las Américas bajo la supervisión del Tribunal de Instancia de Arona y la Fiscalía Delegada Antidroga de Arona, permanece abierta. Las autoridades no descartan nuevas detenciones en el marco de esta operación.

Puede causar convulsiones y pérdida de conciencia

Según advierten las autoridades sanitarias, los efectos del óxido nitroso aparecen en segundos y suelen durar entre uno y dos minutos. Esta sustancia provoca euforia, risa involuntaria, desconexión, mareos y distorsión sensorial, lo que lleva a que muchos jóvenes la consideren de bajo riesgo. El principal peligro inmediato es la hipoxia, ya que el gas desplaza el oxígeno en los pulmones y puede causar desmayos, convulsiones, pérdida de conciencia, paro respiratorio y daño cerebral.

Además, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios advierte que la inhalación directa desde los cartuchos puede producir quemaduras por frío extremo y aumentar el riesgo de asfixia. Por otro lado, el consumo repetido del gas de la risa se asocia también a un déficit de vitamina B12, esencial para el sistema nervioso. Esta carencia puede provocar entumecimiento de las extremidades, pérdida de la sensibilidad, problemas de coordinación, alteraciones de la memoria y neuropatías que, en algunos casos, pueden ser irreversibles.

El análisis de esos teléfonos llevó a los investigadores descubrir que detrás de las dealers existía una organización narco estructurada. La investigación derivó en una serie de allanamientos realizados en las últimas horas, con el saldo de nueve sospechosos detenidos, entre ellos el presunto líder. Además, se secuestraron más de 5.300 dosis de cocaína, marihuana compactada y varias armas de fuego.

El caso está en manos del fiscal Ezequiel Freydier, de la Unidad Funcional de Instrucción N°12 de Moreno-General Rodríguez. Según fuentes policiales, a partir de los datos extraídos en los aparatos, se identificaron los integrantes de la banda. Con dicha información, lo siguiente fue realizar tareas de seguimiento -con el uso de drones incluido- hasta que establecieron los puntos de acopio y venta de la red.

El Juzgado de Garantías N°3, a cargo de la jueza Celina Ardohain, ordenó los allanamientos a esos domicilios y a los de los sospechosos identificados. Los operativos se llevaron a cabo en la madrugada del viernes.

Uno tuvo lugar en una casa de Moreno ubicada en la esquina de Corvalán y Leonardo Da Vinci. Allí encontraron al hombre señalado como jefe de la banda: Gustavo Alejandro Bellido, de 41 años.

Se trata de un viejo conocido de la Justicia que alguna vez, allá por mediados de 2014, protagonizó un escape de película en un hospital porteño, a través de una ventana y utilizando una soga, mientras estaba bajo arresto por una causa por tentativa de homicidio.

Bellido tenía puesta una tobillera electrónica al ser allanado. En la misma casa los efectivos también detuvieron a un adolescente de 17 años que tenía pedido de captura activo y a una joven de 22 acusada de encubrimiento. Y secuestraron ocho celulares, una balanza de precisión, bolsas de nylon, dinero en efectivo en dólares y pesos.

Otro operativo fue en José C. Paz, en un domicilio localizado en Adolfo Alsina y Corbeta Uruguay, donde se incautaron 176 tubos con cocaína (122 gramos), dos panes compactos de marihuana (2,33 kilos), un revólver calibre 22 y $292 mil. También en la misma localidad, se allanó un búnker situado en Manzana 31, en el barrio Saavedra Lamas. En ese lugar se encontraron otros 239 tubos con cocaína.

Otro búnker en José C. Paz se estableció en el interior de un pasillo sin nombre con acceso por Avenida Crucero La Argentina y Caracas. Allí fue arrestada una mujer de 27 años apuntada como vendedora, junto con 546 tubos de cocaína y otros elementos de interés para la investigación.

Durante los procedimientos, además, la Policía confiscó una escopeta calibre 12/70, un revólver calibre 22, 290 municiones de diferentes calibres, una balanza de precisión, elementos de fraccionamiento y empaque, y una camioneta Toyota RAV.

En total, fueron nueve los detenidos: siete hombres y dos mujeres de entre 17 y 68 años. Este fin de semana iban a ser indagados por el fiscal Freydier. El expediente está caratulado como comercialización y distribución de estupefacientes agravada por la pluralidad de intervinientes.

Según fuentes policiales, la investigación comenzó en abril tras detectarse un posible punto de venta de estupefacientes en la calle José María Martínez al 2420. Los agentes realizaron tareas de vigilancia e identificaron a un sospechoso: Miguel Nicolás Franco, de 35 años, y apodado “Oreja”.

No fue el único, ya que con el avance de las averiguaciones surgió también otro punto de venta, ubicado a menos de 300 metros, en Martínez al 2627. Se trata de un domicilio con tejido perimetral al frente, una construcción de material sin revocar, una puerta y una ventana de dos hojas.

Los investigadores relacionaron a ese lugar con Brian Daniel Olivera, un joven de 26 años, conocido en su entorno simplemente como “Brian”.

En el marco de una causa que lleva adelante la Unidad Funcional de Instrucción N° 14 de Esteban Echeverría, a cargo del fiscal Fernando Semisa, y con una orden firmada por el juez Javier Maffucci Moore, del Juzgado de Garantías N° 2 de Esteban Echeverría, los policías de la Comisaría Primera de la jurisdicción fueron por ellos.

Durante el procedimiento realizado este jueves, agentes encubiertos se movilizaron en motos de baja cilindrada para acercarse a los domicilios investigados, ubicados a poca distancia uno del otro en la misma calle. La maniobra evitó la fuga de los sospechosos por el arroyo Martínez, zona señalada como posible vía de escape.

En los allanamientos simultáneos, la Policía detuvo a los dos principales acusados y secuestró 144 dosis de pasta base (paco), con un peso total de 31 gramos, una réplica de arma de fuego tipo pistola, dos balanzas electrónicas y 75.800 pesos en efectivo en billetes de baja denominación, presuntamente producto de la venta.

Franco y Olivera serán indagados en las próximas horas. El expediente está caratulado como tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de su comercialización, delito que contempla penas que van desde los 4 hasta los 15 años de prisión.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron en la alcaldía Iztapalapa a Toshiro Tadeo Segura Hernández, de 26 años, identificado como primo de Irving Jonathan Herrera Sánchez, alias “El Irving”, uno de los últimos líderes de la Unión de Tepito.

El hombre fue arrestado con 145 dosis de posible droga, un arma de fuego corta, cartuchos útiles, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo, de acuerdo con datos oficiales.

Una fuente consultada por Infobae México reveló que Segura Hernández habría formado parte de una célula de la Unión de Tepito dedicada al narcomenudeo, la extorsión y el robo, que operaba en las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza e Iztapalapa. Esta detención se suma a una serie de golpes que las autoridades capitalinas han realizado contra el entorno familiar y operativo de “El Irving” en los últimos meses.

La detención ocurrió en la colonia Sinatel tras una persecución a pie

Según reportes, los hechos ocurrieron mientras uniformados de la SSC realizaban trabajos de investigación de gabinete y campo en la colonia Sinatel, en la alcaldía Iztapalapa. En la esquina de las avenidas Río Churubusco y Andrés Molina Enríquez, los oficiales detectaron a un hombre en actitud inusual que, al notar su presencia, echó a correr.

Los policías lo interceptaron metros adelante. En la revisión preventiva que le practicaron, le aseguraron un arma de fuego corta con cargador, 10 cartuchos útiles y un cilindro metálico color gris, que pareciera ser un silenciador de arma corta.

También le hallaron 96 bolitas de plástico transparente con una hierba verde y seca similar a la marihuana, una bolsa del mismo vegetal a granel y 50 envoltorios color amarillo con una sustancia cristalina. Además, le retiraron dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Los Herrera Segura, la familia que opera el primer cuadro de la ciudad para La Unión Tepito

La detención de Toshiro Tadeo Segura Hernández se inscribe en un patrón documentado por las autoridades capitalinas: el círculo cercano a “El Irving” está compuesto en gran medida por familiares directos que sostienen la operación del grupo delictivo en la zona central de la capital.

Entre los parientes con antecedentes delictivos figura Hugo Alexis Herrera, alias “El Moño”, primo de El Irving, detenido en enero de 2025 en las calles de Donceles y República de Chile, en la colonia Centro. También aparece en los registros Édgar Herrera, alias “El Pollo”, capturado en abril de 2021 en la colonia Morelos.

Irving Jonathan Herrera Sánchez fue detenido el 15 de septiembre de 2025 por agentes de inteligencia de la SSC en la colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc, tras un operativo que rastreó sus movimientos mediante cámaras de seguridad de la Ciudad de México. Tenía en su poder un arma corta, drogas y una camioneta de lujo, en la que se movía por la capital.

Uno de los último crímenes relacionados con esa familia ocurrió el pasado 27 de julio de 2026, Edgar Iván Herrera Segura, de 42 años, alias “El Valentín” —tío de El Irving e identificado como operador de la célula familiar Los Herrera Segura dentro de La Unión Tepito—, fue ejecutado a balazos en el cruce de República de Brasil y Belisario Domínguez, en el Centro Histórico. El cuerpo quedó cerca de la entrada a los negocios de imprentas que se localizan en la plaza de Santo Domingo.

La estructura financiera de “El Irving” también recibió un golpe en marzo de 2026

El desmantelamiento del entorno de El Irving no se ha limitado a sus parientes consanguíneos. En marzo de 2026, las autoridades detuvieron a Angélica García, alias “La Guasona”, en la colonia Buenavista de la alcaldía Cuauhtémoc, señalada como operadora financiera de la facción de El Irving dentro de La Unión Tepito.

Una fuente de seguridad consultada por Infobae México reveló que “La Guasona” se encargaba de recolectar y resguardar el efectivo generado por el narcomenudeo en la zona, para que el dinero circulara de forma segura hasta los mandos superiores de la organización.

Al momento de su detención, las autoridades le aseguraron mil dosis de una sustancia similar a la cocaína, 132 envoltorios de presunta metanfetamina, siete bolsas con marihuana, dos básculas, un arma de fuego corta, cartuchos útiles y tres teléfonos celulares.

Junto con “La Guasona” fue detenido Romel Campuzano, alias “El Rommi”, señalado como cuñado de “El Betito”, exlíder de La Unión Tepito capturado el 9 de agosto de 2018. Cateos posteriores a dos domicilios vinculados a “La Guasona” arrojaron más de 800 dosis de drogas listas para su venta y dos operadores detenidos.

Un micro con el escudo del San Pablo en sus laterales fue interceptado este martes 11 de agosto en Bolivia con 86,5 kilogramos de marihuana ocultos en su interior, según informaron el sitio boliviano Red Uno y los portales brasileños UOL y ge.globo.com. El vehículo pertenecía a la empresa Buses Cosmos, contratada por el club paulista para gestionar la logística del plantel durante su estadía en territorio boliviano, adonde se trasladó para disputar el choque ante Bolívar por la Copa Sudamericana.

La operación fue ejecutada por la Unidad Móvil Policial para Áreas Rurales (UMOPAR), que interceptó el micro en la zona de Cochabamba. Dentro del vehículo, los agentes hallaron cuatro bolsas con la droga. Tres personas fueron detenidas en el acto: los conductores responsables del transporte. El micro, que ya llevaba el escudo del club pegado en su carrocería, se dirigía desde Cochabamba hacia Santa Cruz de la Sierra, ciudad donde el plantel del San Pablo se encontraba hospedado.

El club brasileño, sin embargo, no llegó a utilizar ese vehículo ni fue notificado de manera oficial sobre el episodio. Según confirmaron representantes del São Paulo a UOL, el equipo se enteró del incidente únicamente a través del noticiero local. La delegación había sido trasladada la noche del lunes 10 de agosto desde el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra hasta el hotel en otro micro de la misma empresa, sin inconvenientes.

Tras la detención, Buses Cosmos emitió un comunicado en el que rechazó cualquier responsabilidad institucional. La firma sostuvo que “toda la responsabilidad fue de los motoristas” y aclaró que “el asunto ya fue esclarecido por la policía y los responsables fueron presos”. La empresa también precisó que el San Pablo no utilizó el micro incautado, sino otro vehículo puesto a disposición del club en el horario acordado.

La logística del plantel en Bolivia respondía a una estrategia puntual del cuerpo técnico encabezado por el entrenador Dorival Júnior —ex orientador de la selección de Brasil— para minimizar los efectos de la altura. El Tricolor optó por concentrarse en Santa Cruz de la Sierra, ubicada a unos 400 metros sobre el nivel del mar, y viajar a La Paz —a más de 3.650 metros de altitud— apenas unas horas antes del partido. Esa decisión implicó aceptar una advertencia de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por no cumplir con la antelación reglamentaria exigida.

Este martes por la tarde, el plantel voló desde Santa Cruz de la Sierra hacia La Paz, con llegada prevista alrededor de las 18:20 hora local, para dirigirse directamente al estadio. El São Paulo enfrentará al Club Bolívar a las 21:30 (hora de Argentina) por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Según informó ge.globo.com, la programación del club no sufrió ninguna alteración a raíz del incidente con el micro.

Cuando se habla de consumo de sustancias se suele recurrir a la imagen de un sujeto solo, aislado, apartado de vínculos sociales, un acto oculto e individual. La realidad hoy es frecuentemente la del consumo en marcos sociales, que incluso lo validan.

Un reflejo de esto, por ejemplo, es la expresión “drogas recreacionales”, que le quita peso a la real gravedad donde el eje no es el goce. En este contexto de lo social, lo compartido, está el consumo de drogas que involucra a una pareja.

En este escenario, la búsqueda de reduccionismos, de simplificaciones, la primera reacción suele ser buscar un responsable, un culpable. Es así que las palabras “facilitador,” “proveedor”, parecen encapsular y cerrar la dinámica del consumo en pareja.

Sin embargo, décadas de investigación muestran que la influencia mutua es mucho más compleja: las parejas pueden iniciar, mantener, potenciarse o incluso, en un aspecto mucho más positivo, superar juntas una adicción. Los casos que adquieren notoriedad, aún más, mediáticos, muestran de manera amplificada y, en algunos casos, distorsionada, una cuestión central, y es que casi siempre existe desde el inicio la misma pregunta: ¿Quién llevó a quién?

Esta pregunta parece lógica e inocente. Si alguien indujo, inició a otro, tenemos una explicación sencilla para un fenómeno mucho más complejo. Tranquiliza e incluso permite eventuales derivas legales, y aquí una de las claves es decidir si pensar en comprender para asistir o etiquetar culpables y víctimas. Esto será concerniente a otra área, la legal y la aplicación o no de penas.

El consumo compartido no suele responder a explicaciones lineales

Lamentablemente, aún hoy el tema de las adicciones está atravesado de forma profunda por un sesgo jurídico y de seguridad, existentes por cierto, pero que no permiten abordar los comportamientos en su totalidad y buscar alternativas de salida.

Frente a este paradigma cerrado, la investigación sobre adicciones y relaciones de pareja muestra un panorama muy diferente.

El consumo compartido rara vez responde a explicaciones lineales, a una historia de un único “inductor” y una única “víctima”, donde hay quien somete y quien es sometido y con eso se cierra el tema.

Si existen esos casos, con mucha más frecuencia se construye un proceso diádico, donde confluyen vulnerabilidades individuales, influencia recíproca, contagio emocional y necesidades emocionales compartidas.

Una pareja no comparte solo una casa o un proyecto de vida. También terminan compartiendo hábitos, horarios, formas de divertirse, estrategias para enfrentar el estrés e incluso maneras de enfermar.

En ese intercambio de hábitos, comportamientos, pensamientos o por el contrario, en el conflicto de estos, es que se establece la dinámica de una pareja, aun sea esta de corta existencia.

Este fenómeno es conocido como convergencia conductual, y nos muestra cómo con el paso del tiempo, quienes conviven y/o comparten experiencias, tienden a parecerse cada vez más en numerosos hábitos y estilos de vida. Las conductas se aprenden, modifican y construyen dentro de las relaciones. Esto nos explica, en parte, los puntos de convergencia y especialmente de disenso o conflicto.

Estudios amplios y sistemáticos en cuanto a la población tomada, han demostrado que quienes conviven tienden a parecerse cada vez más en aspectos tan distintos como el consumo de alcohol, tabaco, cannabis, la actividad física, el sueño, la alimentación e incluso el peso corporal.

Las conductas se aprenden, se normalizan, racionalizan, y en ese contexto, comportamientos nocivos, como por ejemplo el consumo de tóxicos, puede ingresar a la relación de diversas maneras.

Algunas veces uno de los integrantes consumía previamente, conducta que podía ser conocida o incluso, muchas veces, ocultada. En otros casos, ambos llegan con experiencias previas o aun un consumo establecido.

También el consumo puede comenzar dentro de la relación como parte de una actividad recreativa aparentemente ocasional, esto puede ser por iniciativa de una de las partes o un acuerdo.

Las formas son diversas, pero es importante entender que a los fines clínicos la pregunta no es averiguar quién empezó u ofreció el primer paso, sino qué función cumple ese comportamiento, y no necesariamente la sustancia, dentro del vínculo. Para ayudar a alguien en un situación de riesgo como son los consumos, no hay que pensar en la droga, sino los comportamientos relacionados en primer lugar.

Ese consumo puede ser parte de un ritual de diversión, las famosas drogas recreativas, o el consumo de alcohol por pertenencia social o grupal. Puede ser una especie de secreto compartido que hace a la intimidad, al permitirse en ámbitos privados espacios de cierta transgresión.

También, muy habitualmente es un regulador emocional, por ejemplo, una forma de escapar del estrés o ahogar una disfuncionalidad de la pareja o la violencia o frustración de uno de sus miembros. También puede ser una forma no demasiado consciente pero sabida de evitar conflictos que la pareja no consigue resolver. Puede ser una forma de establecer vínculos de poder y jerarquía dentro de la pareja, o “pruebas de amor”, etc.

Las posibilidades son varias, lo concreto es que el problema no es lineal y deja de ser exclusivamente individual, para pasar a ser la sustancia parte del funcionamiento de la relación o quizás la prótesis que le permite seguir avanzando, en realidad postergando y tapando el desenlace. Desde los estudios del comportamiento, la pareja no se entiende únicamente como dos personas, sino el ámbito relacional que ambas construyen. Esa construcción, ese sistema desarrolla reglas, hábitos, silencios y modos particulares de afrontar la existencia, en el bienestar y el malestar. Es en este punto donde se diferencia con la búsqueda de culpables, como objetivo primario.

Otro error frecuente consiste en pensar que toda conducta problemática observada durante un episodio de consumo fue provocada exclusivamente por la droga. Aquí también la realidad es mucho más amplia y compleja. Desde ya, en algunos casos la sustancia actúa como causa inmediata, favoreciendo impulsividad, desinhibición o alteraciones del juicio.

Pero en otros, aparece como consecuencia de conflictos previos, ansiedad, depresión o dificultades para regular emociones, que por momentos se hacen incontrolables. Aquí es donde vemos la escalada de consumos distintos que se inicia con alcohol, psicofármacos etc. y de allí una espiral en la cual la angustia, ya de naturaleza casi psicótica por la alteración en la percepción de la realidad, está instalada.

Y por último, tenemos un tercer escenario que recibe mucha menos atención y es cuando la droga actúa como amplificador, no crea el problema, sino que lo intensifica. Y este peligroso factor, es el que vemos en las situaciones forenses o las que se mediatizan, en las que los antecedentes potencian la alteración de los mecanismos de autocontrol y convierten una discusión manejable en una situación explosiva.

La poliadicción, un fenómeno que marca el consumo de esta época

En este contexto es básico entender que las adicciones ya son por lo general poliadicciones y de allí que imaginar que los efectos son por la droga A o B, no reflejan la realidad de ese organismo comprometido de manera múltiple.

Existen algunos casos, por otro lado, en que intentando proteger a la persona terminan protegiendo el consumo. A veces, no por maldad o por intencionalidad, una pareja minimiza, relativiza o justifica conductas, los oculta o busca resolverlos a su manera, sin medir las consecuencias y riesgos y así sostener involuntariamente una adicción.

Las indicaciones de intervención profesional médica o aun legal son desestimadas como exageradas. Ese fenómeno es conocido como facilitación (enabling) y no porque faciliten la drogas sino porque perpetúan la conducta. Esta situación que se ve en algunas parejas, las vemos también en familiares como padres o hermanos.

En conclusión, las preguntas ¿qué efecto hace tal droga? o ¿quién llevó a quién?, parten de un mismo desconocimiento de la realidad. Y

a no se trata de monodrogas, sino de poliadicciones y ya no de una intervención de un culpable designado sino la necesidad de preguntarse ¿cuál es el lugar que los comportamientos adictivos juegan en esa relación o grupo?

Quizás la pregunta sea qué necesidad o qué vacío vino a cubrir ese comportamiento, “esa droga” dentro de esa relación, y eso nos permita entender más, ya que la conductas no dependen de un solo factor, sino que se construyen, sostienen, o incluso cambian en función de muchas variables.

Si evitamos caer en la tentación de señalar culpables o revictimizar a víctimas, podemos empezar a avanzar en la compresión que nos permita asistir compasivamente.

* El doctor Enrique De Rosa Alabaster se especializa en temas de salud mental. Es médico psiquiatra, neurólogo, sexólogo y médico legista

El presidente Bernardo Arévalo advirtió que la narcopolítica y el populismo amenazan a la democracia de Guatemala y pueden ganar peso hacia las elecciones de 2027.

Además, reclamó investigar el financiamiento electoral ilícito para impedir que fondos del narcotráfico o la corrupción influyan en los partidos y en los resultados.

El proceso electoral en Guatemala iniciará en enero del próximo año con la convocatoria a Elecciones Generales por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde los diferentes partidos políticos tendrán poco más de un mes para darse a conocer entre la población, pese a que varios ya realizan actividades que están siendo denunciadas como proselitismo ilegal poniendo en duda la obtención de fondos para efectuar campaña anticipada.

Por su parte, observadores internacionales, analistas políticos y organizaciones de la sociedad civil, han denunciado la posibilidad de la presencia del crimen organizado dentro de algunos partidos políticos que competirán en la contienda electoral

Al respecto, el presidente guatemalteco sostuvo que la penetración del narcotráfico en la política guatemalteca no es un fenómeno nuevo y que suele ganar peso en los períodos electorales, cuando partidos y candidatos buscan recursos para propaganda bajo la idea de que una mayor inversión mejora sus posibilidades en las urnas. Dinámica, que a su criterio, abre la puerta a fondos de origen ilícito.

La advertencia del Presidente guatemalteco apuntó de manera directa al mecanismo que, a su juicio, vuelve más vulnerable al sistema político: la búsqueda de financiamiento para campañas y afirmó que algunos partidos están dispuestos a recibir recursos “del que venga” si creen que ese dinero puede asegurar visibilidad electoral.

En ese punto, señaló que esos aportes suelen provenir de actividades ilegales. Dijo que pueden llegar tanto desde redes de corrupción como desde estructuras del narcotráfico, y planteó que ese es uno de los problemas centrales de los procesos electorales.

Políticos guatemaltecos procesados por narcotráfico en Estados Unidos

El jefe de Estado también sostuvo que la relación entre narcotráfico y política quedó reflejada en casos concretos y, aunque no precisó nombres, mencionó que hubo alcaldes vinculados con estas redes, algunos de los cuales confesaron hechos en Estados Unidos, mientras otros esperan juicio.

Además, afirmó que esos nexos alcanzaron a políticos del Congreso de la República. Como ejemplo, recordó el caso de un exdiputado de la legislatura anterior que aceptó haber cometido delitos relacionados con narcotráfico y actualmente cumple una condena en Estados Unidos.

Arévalo planteó que la respuesta frente a estos vínculos debe combinar control ciudadano, cobertura periodística e investigación institucional. “Lo que se necesita es, en un primer lugar, que efectivamente se ejerza la auditoría social, que la sociedad hable claramente alrededor de los casos que conoce y que se vayan exponiendo estos lazos”, afirmó.

En paralelo, reclamó al Ministerio Público cumplir con su tarea de investigar cuando existan conexiones entre actores políticos y estructuras asociadas al narcotráfico.

Arévalo sumó al populismo como amenaza democrática

En su exposición, el mandatario colocó al populismo en el mismo plano de amenaza para la calidad democrática en Guatemala y en otros países de América Latina. Lo definió como un conjunto de políticas orientadas a agendas electorales y polarizantes, pensadas para el corto plazo y no para resolver los problemas estructurales que requieren desarrollo de mediano y largo plazo.

Arévalo agregó que esas ofertas pueden presentarse desde la izquierda o desde la derecha, pero comparten una misma lógica: buscar apoyo inmediato sin una intención real de atender los problemas de fondo. También afirmó que la región atraviesa un momento en el que los populismos tienen mucha fuerza en el escenario electoral.

Sobre ese punto, sostuvo que la población debe poder distinguir entre propuestas reales y promesas concebidas solo para ganar adhesión. Dijo que esos discursos buscan “vender espejitos” a los votantes y llegar al gobierno para usarlo como “caja chica”, una práctica que, según afirmó, quedó expuesta durante gobiernos recientes.

Dos procedimientos realizados en Villa El Libertador, en el sur de la ciudad de Córdoba, culminó con la detención de una mujer de 35 años acusada de vender drogas desde su domicilio.

El operativo, llevado adelante por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), forma parte de una investigación más amplia coordinada por el Ministerio Público Fiscal.

En el marco de esta causa, la Policía ejecutó dos allanamientos en viviendas situadas sobre Villa María al 5600 y Francisco de Mauro sin número. Los efectivos irrumpieron en los domicilios bajo la supervisión de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, logrando la detención de la principal sospechosa por presunto narcomenudeo. La mujer fue trasladada a sede judicial, donde continúa el proceso bajo la órbita del fuero especializado.

De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, el despliegue policial en Villa El Libertador responde a una estrategia para desarticular redes de venta de estupefacientes en barrios identificados por la reiteración de este tipo de delitos. Según se informó desde la FPA, la investigación que motivó los recientes allanamientos está conectada de manera directa con otro procedimiento realizado en la misma zona durante la semana anterior.

Esa intervención policial resultó en la detención de un hombre de 42 años, también acusado de narcomenudeo, y en el desmantelamiento de un punto de venta de drogas. Los voceros de la FPA indicaron que los domicilios allanados en esta nueva etapa de la causa tendrían vínculos con la misma estructura criminal.

Entre los elementos secuestrados en los procedimientos, los investigadores hallaron indicios que serán incorporados como prueba en la causa, aunque no se precisaron detalles sobre la cantidad ni el tipo de sustancias incautadas. El Ministerio Público Fiscal, a través de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, supervisó en todo momento el desarrollo de las actuaciones y dispuso la continuidad de las tareas investigativas.

En el marco de la lucha contra el narcotráfico en Córdoba, también la semana pasada, la FPA desarticuló una banda que compraba droga en la Ciudad de Córdoba y la trasladaba en colectivos hasta Deán Funes. Con las pruebas reunidas, los agentes realizaron cuatro allanamientos en viviendas ubicadas sobre la calle Pedro Goyena, en el barrio Kilómetro 2, en la localidad del norte provincial.

Durante uno de los procedimientos, los efectivos sorprendieron a una de las investigadas mientras fraccionaba cocaína para su comercialización. Como resultado de los operativos, fueron detenidos tres sospechosos: dos hombres y una mujer.

Además, los investigadores secuestraron varios envoltorios de cocaína, 13 plantas de cannabis sativa, dinero en efectivo, dos balanzas digitales, dos motocicletas y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

Fuentes del caso detallaron a este medio que la presunta líder de la banda trasladaba la droga desde la ciudad de Córdoba utilizando colectivos y luego la distribuía desde los domicilios bajo su control en Deán Funes. Además, los investigadores establecieron que la organización empleaba a menores de edad para comercializar las sustancias ilícitas.

En Neuquén, un fallo del Tribunal de Impugnación dejó firme la primera condena por microtráfico de drogas dictada en la provincia tras incestigaciones locales de narcomenudeo. La resolución confirmó la pena de 6 años y 4 meses de prisión efectiva contra David Caleb Arriagada, acusado de comercialización de estupefacientes agravada por la intervención de tres o más personas organizadas.

De acuerdo con LM Neuquén, la decisión reviste un valor institucional porque ratifica la primera sentencia obtenida en un juicio oral por este tipo de delito desde que la Justicia provincial comenzó a investigar el microtráfico. Respaldaron el planteo de la fiscal del caso, Silvia Moreira, y del asistente letrado Pablo Jávega, quienes habían pedido sostener el fallo que se dictó en marzo de este año.

La causa se centró en una vivienda ubicada en el sector Peumayén, dentro del barrio Cuenca XV de la capital neuquina. Allí, la investigación judicial ubicó un punto de venta de droga desde el cual se comercializaban cocaína y marihuana. Para la acusación, Arriagada no actuaba solo sino que dirigía una estructura con reparto de tareas y distintas personas a cargo del funcionamiento cotidiano del lugar.

El recurso de la defensa apuntó a modificar la calificación legal para que el hecho encuadrara como comercio simple de estupefacientes, una figura con una escala penal menor. Sin embargo, la Justicia rechazó esos agravios y sostuvo que, durante el debate oral, quedó acreditada la existencia de una organización destinada a la venta de sustancias ilícitas.

Los jueces entendieron que la estructura delictiva tenía un funcionamiento articulado y estable. Esa valoración resultó central para confirmar la agravante aplicada en la sentencia original. El tribunal no solo mantuvo la declaración de responsabilidad penal, sino que además ratificó la sanción impuesta al considerar probada la extensión del daño provocado por la actividad ilícita.

La fiscalía realizó labores de vigilancia, efectuaron intervenciones telefónicas, llevaron a cabo un análisis económico-financiero y un allanamiento. En ese procedimiento se secuestraron estupefacientes, dinero en efectivo y otros elementos vinculados con la comercialización de drogas. Esa base probatoria permitió sostener que Arriagada organizaba la actividad del punto de venta, recibía la recaudación y transmitía instrucciones a quienes concretaban las operaciones.

Las evidencias expuestas en el juicio mostraron que el acusado coordinaba la logística del comercio ilegal. La acusación sostuvo que su rol excedía el de un vendedor y que ocupaba una posición de conducción dentro de la organización. Ese punto fue decisivo para sostener la figura agravada y para descartar el pedido defensivo de encuadrar el hecho en una modalidad simple.

En ese contexto, la confirmación de la condena no solo dejó firme la primera sentencia por microtráfico dictada en un juicio oral en la provincia, sino que además respaldó el criterio judicial aplicado para este tipo de causas, en especial cuando la fiscalía sostiene que existió una organización con reparto de tareas. La sentencia original ya había sido presentada como un hecho inédito y la intervención del Tribunal de Impugnación reforzó ahora ese carácter al ratificarla.

La investigación probó que en una vivienda del oeste de la ciudad funcionaba un punto de venta de drogas. A partir de las pruebas reunidas durante la causa, los jueces de Impugnación concluyeron que Arriagada cumplía un rol de organización dentro de la estructura y, con ese criterio, confirmó la condena y la pena impuesta en el juicio oral.

De este modo, el tribunal de segunda instancia ratificó en todos sus términos la sentencia dictada en marzo y dejó firme la pena de 6 años y 4 meses de prisión efectiva contra David Caleb Arriagada por comercio de estupefacientes agravado en la provincia de Neuquén.

Las salas de emergencia de hospitales en todo Estados Unidos registraron un aumento del 16% en diagnósticos del síndrome de hiperemesis por cannabis entre octubre del año pasado y mayo de este año, según un informe publicado este jueves por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

El síndrome provoca náuseas recurrentes, vómitos incontrolables y dolor abdominal severo en personas que consumen marihuana con frecuencia, sobre todo fumadores. Se estima que afecta a 2,75 millones de estadounidenses al año.

Qué es el síndrome de hiperemesis y por qué ahora aparecen más casos

El alza en los diagnósticos no responde necesariamente a un aumento repentino de enfermos. Los autores del informe señalan que “la brusquedad y la magnitud sostenida del aumento” se deben en gran medida a que el síndrome recibió su propio código de diagnóstico en octubre pasado.

Antes de ese cambio, los médicos debían combinar dos códigos distintos —uno para náuseas y vómitos, otro para consumo de cannabis— para identificar el cuadro. Esa dificultad técnica, sumada a que algunos médicos desconocían el historial de consumo de sus pacientes o atribuían los síntomas a otras enfermedades, mantuvo el problema fuera del radar clínico durante años.

El nuevo código unificó el proceso y permitió, por primera vez, una medición más precisa de un problema que ya existía pero que los registros médicos no reflejaban con claridad.

Los datos detrás del informe

El estudio fue elaborado por investigadores del Centro Nacional para la Prevención y el Control de Lesiones de los CDC. El equipo analizó datos de emergencias de aproximadamente 7.500 centros de salud en todo el país hasta mayo de este año.

Entre enero de 2023 y el verano de 2025, las salas de emergencia registraron casi 200.000 visitas relacionadas con el síndrome. La carga sobre esas salas se mantuvo relativamente estable durante la mayor parte de ese período, hasta que el nuevo código entró en vigor en octubre y los números subieron de forma sostenida.

Quiénes son los más afectados

El grupo con los mayores aumentos en diagnósticos comprende a personas de entre 15 y 24 años, con una presencia notable de adolescentes y mujeres jóvenes. Las comunidades afroamericana, nativa americana y nativa de Alaska también registraron incrementos por encima del promedio.

Para Alana Vivolo-Kantor, autora principal del estudio, el dato sobre los jóvenes fue inesperado. “El aumento en los diagnósticos entre jóvenes fue una de las sorpresas para nosotros”, dijo a The Associated Press. “Porque la suposición inicial era: ‘¿cómo pueden tener un consumo crónico?’ ¿Qué tan temprano empezaron a consumir cannabis?”, agregó.

La pregunta no es menor: el síndrome se asocia al uso frecuente y prolongado, lo que implica que una parte de esos jóvenes inició el consumo a una edad considerablemente temprana.

El papel de los nuevos productos de cannabis

El informe también abre una línea de preguntas sobre los productos de cannabis de nueva generación. Los investigadores señalan la necesidad de estudiar cómo los derivados del cáñamo con alto contenido de THC —disponibles en forma de vapes, bebidas y gomitas— afectan a los consumidores más jóvenes.

Estos productos han ganado presencia en el mercado en los últimos años y su potencia es, en muchos casos, mayor que la del cannabis tradicional. Los CDC no establecen una relación de causalidad directa en este informe, pero sí identifican esa área como una prioridad para la investigación futura.

Lo que piden los expertos

Los autores del informe llaman a elevar la conciencia sobre el síndrome, en particular entre adolescentes y adultos jóvenes. La lógica es doble: por un lado, que los pacientes reconozcan sus propios síntomas; por otro, que los médicos consideren el consumo de cannabis como una causa posible cuando se presentan cuadros de náuseas y vómitos sin explicación aparente.

El subdiagnóstico histórico del síndrome sugiere que la cifra de 2,75 millones de afectados anuales podría ser, en realidad, una subestimación del problema real.

El decomiso de 785 paquetes de sustancias ilícitas en el corregimiento 24 de Diciembre, en el sector Este de la provincia de Panamá, fue el desenlace de una serie de operativos realizados por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas y la Policía Nacional.

Tras la operación ‘Centauro’, tres personas resultaron aprehendidas y enfrentan cargos por delitos vinculados al tráfico de drogas.

El Tribunal de Garantías avaló la legalidad de las detenciones y formalizó la imputación de cargos.

Dos de las personas aceptaron acuerdos de pena que implican 96 meses de prisión y una multa accesoria de $200, a pagar en un plazo de doce meses una vez cumplida la condena principal.

Para el tercer imputado, la jueza consideró probados los riesgos procesales y decretó detención provisional durante la investigación.

Las autoridades realizaron un operativo que permitió incautar una importante cantidad de droga, detener a tres implicados y lograr sentencias condenatorias inmediatas mediante acuerdos de pena.

La investigación se mantiene abierta para uno de los detenidos, quien permanece bajo detención provisional.

De manera paralela, la Fiscalía llevó adelante la operación “Caballo de Troya” en varios sectores del distrito de San Miguelito.

En esta intervención, agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia y la Fiscalía de Drogas identificaron a supuestos microtraficantes que operaban en áreas de alta concurrencia comercial.

El modus operandi, según informaron las autoridades, consistía en utilizar la apariencia de vendedores ambulantes para encubrir la venta de drogas en zonas públicas. El operativo culminó con la aprehensión de siete personas y el decomiso de dinero y sustancias ilícitas presuntamente destinadas al microtráfico.

Las personas detenidas en esta acción serán presentadas ante el Tribunal de Garantías para continuar con el proceso judicial. Todo el material incautado será sometido a pruebas científicas para determinar su composición y origen, conforme al procedimiento legal.

En otra intervención, la Fiscalía logró una condena de 88 meses de prisión para una mujer extranjera detenida en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

La pasajera, que tenía como destino final la ciudad de París, transportaba 4.15 kilos de cocaína en su equipaje.

Durante la audiencia, el Tribunal de Garantías validó la aprehensión y formalizó la imputación de cargos. El acuerdo de pena incluyó, además de la prisión, el comiso de 1,185 euros, que serán convertidos a moneda nacional.

La detención se produjo durante una inspección de rutina en la zona internacional del aeropuerto, realizada por la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional junto a la Fiscalía. Según el procedimiento, la sustancia incautada será sometida a los análisis correspondientes.

Las autoridades destacaron que estos resultados responden a una estrategia coordinada para combatir tanto el tráfico internacional como el microtráfico de drogas, reforzando los controles en puntos críticos del país y persiguiendo distintas modalidades del delito.

También se lograron sentencias condenatorias para tres ciudadanos, por la comisión del delito de venta de drogas. En una primera audiencia de solicitudes múltiples se dictó una sentencia mediante la cual se condenó a un ciudadano a la pena principal de 90 meses de prisión.

Los hechos que motivaron esta condena ocurrieron en el distrito de Parita, donde el sentenciado realizó ventas de sustancias ilícitas en tres fechas distintas: el 24 y 29 de julio, y el 3 de agosto del presente año.

Posteriormente, se condenó otros dos ciudadanos a la pena de 92 meses de prisión cada uno. Estas personas fueron encontradas responsables de la venta de estupefacientes en el sector de Parita Cabecera los días 25 y 29 de julio, así como el 3 de agosto del presente año.

Durante la operatividad, también se logró la ubicación de sustancias ilícitas adicionales en la residencia de uno de los involucrados.

Seis semanas es lo que tardaron las tropas nazis en ocupar Francia. En solo 46 días, los alemanes acabarían con la III República, forzarían el exilio del general Charles de Gaulle a Gran Bretaña y fragmentarían el país galo en dos. Tal había sido la eficacia de esta guerra relámpago que los nazis consiguieron ocupar más territorio en cien horas que en los cuatro años que había durado la Primera Guerra Mundial.

El 23 de junio de 1940, un día después de la firma del armisticio, Adolf Hitler se paseaba por las calles de París acompañado por su séquito. Las fotografías del Führer visitando los lugares más emblemáticos de la ciudad dieron la vuelta al mundo: eran la imagen de la caída de Francia y el auge imparable del nazismo.

La táctica Blitzkrieg, como se conoció a esta guerra relámpago, permitió a Alemania ocupar Europa a una velocidad de vértigo: Polonia (septiembre de 1939), Dinamarca y Noruega (abril de 1940), Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Francia (mayo de 1940), Yugoslavia y Grecia (abril de 1941). Gran Bretaña pudo librarse del ataque terrestre, pero no fue el caso de la Unión Soviética: en junio de 1941, la Operación Barbarroja —la invasión militar más grande de la historia— movilizó a tres millones de soldados de las potencias del Eje que invadieron la URSS a lo largo de un frente de más de 2900 kilómetros.

Los historiadores han analizado en profundidad las claves que explicaron el éxito inicial de la campaña nazi: combinaba ataques sorpresa coordinados de tanques, aviación e infantería, sumada a la lenta reacción de los aliados y a la falta de preparación militar. Sin embargo, uno de los motivos principales que están detrás del vertiginoso avance de las tropas alemanas suele pasar desapercibido: el consumo de metanfetamina.

El Tercer Reich prohibía el consumo de drogas recreativas y castigaba duramente a quienes hacían uso de ellas, porque mancillaban la “pureza del pueblo alemán”. En la práctica, lo oficial se diluía. El ejército alemán administraba sistemáticamente metanfetamina cristalina a sus soldados como un elemento más de la ración diaria. A veces en pastillas bajo la marca de Pervitin, pero también incrustadas en tabletas de chocolate.

Unos soldados “sobrehumanos” que no necesitaban dormir

El consumo de metanfetamina entre soldados no era un secreto. De hecho, se entendía como una herramienta indispensable para el desarrollo de la Blitzkrieg. Las drogas sintéticas eliminaban en los nazis el cansancio, el dolor, el hambre e, incluso, el miedo. “Con metanfetamina, sus soldados eran más fuertes y más rápidos, estaban superatentos y no necesitaban comer ni dormir”, escribe Sam Kelly, historiador por la Universidad de Stanford y autor del libro Human History on Drugs.

Más que soldados, lo que Hitler buscaba en sus hombres era, precisamente, que dejaran de serlo: quería criaturas sobrehumanas que no palidecieran ante las debilidades naturales de las personas. “El objetivo de los nazis era crear supersoldados mejorados químicamente”, cuenta Kelly. “Gracias al Pervitin, los soldados no necesitaban dormir” y pudieron mantenerse despiertos y en movimiento durante tres días y tres noches. En total, entre 1939 y 1945, los soldados alemanes consumieron más de 200 millones de pastillas de metanfetamina.

Hitler, adicto a la cocaína

Desde el soldado raso de infantería hasta el conductor de tanques o el piloto de bombarderos de la Luftwaffe, el ejército alemán se drogaba metódicamente. Una realidad que no solo no era desconocida para Hitler, sino que también la practicaba. Pese a que la propaganda del Tercer Reich intentó vender la figura del Führer como un hombre abstemio y libre de vicios, la realidad es que Hitler contaba con un médico personal, Theodor Morell, que le suministraba diariamente su dosis de cocaína.

La adicción de Hitler comenzó en la Gran Guerra, cuando el gobierno alemán también abogó por drogar a sus tropas para que encararan con valentía la batalla fuera de las trincheras. “A Hitler le encantaba. El subidón que le proporcionaba la cocaína lo hacía sentirse lleno de energía e invulnerable. Se ponía a tono con la droga y corría de cabeza hacia el frente. Le disparaban constantemente, sin duda, se exponía a ataques con gas venenoso y estuvo a punto de morir decenas de veces, pero el miedo y el dolor no significaban nada para él cuando se había metido cocaína”, recoge el historiador en el libro, traducido al español como Ramsés II era un fumeta y Hitler se pasó con las anfetas.

No obstante, la metanfetamina había relegado a la cocaína en la Segunda Guerra Mundial, algo que no supuso un problema para Hitler. Según el médico nazi Ernst-Günther Schenck, el dictador “era muy aficionado al Pervitin” y a toda una serie de cócteles sintéticos que le preparaba el doctor Morell: “Sus dosis contenían mucho más que vitaminas; en ocasiones también añadía esteroides, testosterona, estimulantes veterinarios, hormonas sexuales y sustancias derivadas de testículos, próstatas y glándulas productoras de semen de toro”.

El síndrome de abstinencia del Führer y el fin de la guerra

La brutal adicción a estas “inyecciones de vitaminas” (que gustaba de tomar antes de sus enérgicos discursos), a la cocaína, la oxicodona y la metanfetamina no permitió a Hitler ser consciente de que Alemania estaba empezando a perder la guerra. Corría el año 1943 y el Führer “había perdido la capacidad de entender lo que estaba pasando en realidad”.

A finales de 1944, la Real Fuerza Aérea británica (RAF) bombardeó las fábricas que producían las drogas del dictador y el doctor Morell se quedó sin suministros para las inyecciones de metanfetamina, oxicodona y cocaína. El síndrome de abstinencia no tardó en llegar. “Divagaba, decía cosas incoherentes, a menudo deliraba y no dejaba de temblar”.

Los síntomas físicos y mentales llegaron acompañados de una realidad aún más dura para Hitler: iban a perder la guerra. La abstinencia le había arrancado la venda de los ojos y la caída del Tercer Reich era inminente. Cercado por el Ejército Rojo, Adolf Hitler y Eva Braun se refugiaron en un búnker a ocho metros bajo tierra en Berlín, donde se suicidaron: ella, tomando cianuro; él, sin poder recurrir a una sobredosis, con un disparo.

Detuvieron a un jefe de la Policía Federal Argentina en Córdoba por el presunto robo de perros pitbull y dinero, hechos ocurridos durante procedimientos antinarcóticos. El caso tiene como principal acusado al comisario Alejandro Falcón, quien estaba al frente de la división de Drogas Peligrosas de la delegación local y quedó bajo investigación por una serie de hechos que incluyen hurto calificado, falsedad ideológica, peculado y dádivas.

Según informó ElDoce.tv, la detención se concretó la semana pasada y la causa quedó a cargo del fiscal federal Maximiliano Hairabedian, con intervención del juez federal Carlos Ochoa, subrogante del Juzgado Federal N° 1 de Córdoba. Además de Falcón, hay otros tres policías imputados en el expediente, aunque hasta ahora permanecen en libertad mientras avanza la pesquisa sobre el grado de participación que habrían tenido en algunos de los episodios investigados.

Uno de los hechos que más impacto generó en el expediente es la sospecha de que, durante un operativo antidroga, se sustrajeron dos cachorros pitbull. La acusación se incorporó a una investigación más amplia que también analiza el faltante de dinero en distintos procedimientos oficiales. La Justicia Federal intenta establecer si existió un patrón de irregularidades en actuaciones que debían desarrollarse bajo control judicial y con resguardo de bienes secuestrados.

Por otro lado, Falcón quedó imputado por presunto peculado, delito que castiga el uso indebido de bienes del Estado. En la causa, los investigadores también analizan un viaje personal a Rosario que, según la hipótesis judicial, se habría realizado con un móvil oficial y combustible de la fuerza. La sospecha incluye el eventual empleo indebido de bienes estatales para una actividad ajena al servicio, que habría tenido como objetivo visitar a una pareja.

El avance del expediente se apoyó en dos denuncias, según explicó Hairabedian en diálogo con Telenoche: una de las presentaciones provino de un particular que aseguró que le habían sustraído dinero durante un procedimiento. La otra denuncia fue realizada por una policia miembro de la propia repartición. Ese dato coloca a la causa en un terreno especialmente delicado, porque no sólo involucra la posible comisión de delitos en el marco de operativos oficiales, sino también cuestionamientos surgidos desde el interior de la estructura policial.

Falcón quedó alojado en el pabellón para policías de la cárcel de Bouwer y negó las acusaciones al declarar. En los próximos días el juzgado deberá resolver si corresponde que el comisario continúe privado de la libertad. El fiscal Hairabedian solicitó la prisión domiciliaria preventiva ya que los empleados no querían declarar por miedo a represalias.

“La causa está en una etapa inicial y la imputación no implica una condena ni una prueba definitiva de los hechos. Por ahora, se trata de una sospecha que justifica el avance de la investigación”, explicó Hairabedian en Telenoche. Falcón había asumido al frente de Drogas Peligrosas a fines de diciembre de 2023.

Mientras tanto, la investigación busca determinar el alcance de cada episodio, la eventual responsabilidad de los otros tres imputados y si los hechos atribuidos formaron parte de conductas aisladas o de una práctica repetida dentro de la delegación cordobesa. La causa se concentra en reunir pruebas documentales, testimoniales y peritajes que permitan reconstruir qué ocurrió en cada procedimiento bajo sospecha.

La gravedad institucional del caso no pasa sólo por los delitos atribuidos, sino por el área en la que se habrían producido. La división antidrogas ocupa un lugar central en investigaciones complejas, allanamientos, secuestro de bienes y recolección de pruebas. Cualquier sospecha sobre manipulación de evidencias, dinero o elementos incautados impacta de forma directa en la credibilidad de los procedimientos y en la validez de las causas penales asociadas.

Tras varios meses de investigación, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarató un punto de venta de drogas que funcionaba en un ex hotel usurpado en Río Ceballos, provincia de Córdoba. Durante el operativo, detuvieron a un hombre y el secuestro de cocaína, marihuana, dinero en efectivo y elementos para el fraccionamiento de estupefacientes.

Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba, los procedimientos se realizaron en dos inmuebles de barrio Centro, uno ubicado sobre calle Colombres s/n y el otro en Lestache al 100. El operativo estuvo dirigido a desarticular una presunta maniobra de comercialización de drogas al menudeo y detuvieron a un hombre mayor de edad por presunta Comercialización de Estupeficientes.

El dato que concentró la atención de la investigación fue el lugar donde funcionaba el punto de expendio. De acuerdo con el reporte oficial, el sitio desbaratado era un ex hotel usurpado por el investigado, una situación que sumó un componente extra al expediente por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737. La ubicación del inmueble también apareció como un elemento relevante para la causa, ya que se encontraba a una cuadra de la terminal de ómnibus de la ciudad y a poca distancia de una institución educativa.

Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron varias dosis de cocaína y marihuana, además de efectivo y objetos de interés para la pesquisa. El Ministerio Público Fiscal de Córdoba indicó que las autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno dispusieron el traslado del aprehendido y la remisión de los secuestros a sede judicial, en el marco del avance de la causa.

El expediente avanzará ahora en sede judicial, con foco en establecer el alcance de la presunta maniobra de venta de estupefacientes y en incorporar como prueba el material secuestrado durante los allanamientos.

El caso volvió a instalar una escena que se repite en distintos expedientes por narcomenudeo en la provincia: puntos de venta montados en inmuebles precarios, viviendas tomadas o domicilios usados como fachada para la comercialización de estupefacientes. En este tipo de causas, los inmuebles suelen cumplir un papel clave dentro de la maniobra investigada, como lugares de resguardo, fraccionamiento y venta.

En ese marco, los investigadores suelen apuntar a desarmar esquemas de venta de escala barrial, con domicilios o inmuebles adaptados para el acopio, el fraccionamiento y la distribución de sustancias. La información oficial sobre el procedimiento en Río Ceballos ubicó el foco en esa lógica, con dos puntos allanados dentro del radio céntrico de la ciudad y un sospechoso detenido.

Otro operativo en Córdoba

Durante otro operativo realizado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico, se llevó adelante un allanamiento sobre calle José Superi s/n, en barrio Los Paraísos, tras varios meses de investigación. Un hombre mayor de edad fue detenido y se lograron secuestrar 110 dosis de cocaína, dos motocicletas y otros elementos relacionados con la causa.

El parte oficial indicó que el sospechoso comercializaba estupefacientes mediante venta directa desde su domicilio y utilizaba como fachada un expendio de bebidas. Además, efectuaba entregas bajo la modalidad de delivery. Según informó el MPS, el aprehendido preparaba las dosis en el momento de cada transacción. La causa quedó bajo supervisión de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno.

Tanto el operativo de Río Ceballos como el de Los Paraísos avanzaron sobre puntos de venta al menudeo detectados tras una pesquisa realizada durante varios meses y permitió reunir los elementos necesarios para avanzar con los allanamientos. A partir de esas tareas, las autoridades lograron identificar los inmuebles bajo sospecha y desarticular el punto de venta que operaba en la ciudad.

Un operativo de vigilancia en el Mercado 28 de Cancún culminó con la detención de tres ciudadanos cubanos, a quienes policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo aseguraron 139 dosis de sustancias con características similares a marihuana y cristal.

De acuerdo con la dependencia, los hechos ocurrieron sobre la avenida Xel-Há, en la Supermanzana 28 del municipio de Benito Juárez, donde los agentes realizaban recorridos de prevención y vigilancia cuando detectaron un aparente intercambio de pequeñas bolsitas entre los tres hombres, por lo que procedieron a realizar una inspección.

Los detenidos fueron identificados como Yamir Jesús “N”, Luis David “N” y Carlos Alejandro “N”, quienes quedaron bajo resguardo de las autoridades mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Esto fue lo que aseguraron las autoridades

Durante la revisión, los policías localizaron diversas bolsitas con sustancias que presentaban características similares a marihuana y cristal, además de un teléfono celular.

A Yamir Jesús “N” le aseguraron 39 bolsitas con hierba verde, 31 con fragmentos cristalinos y un teléfono celular.

En tanto, Luis David “N” tenía 37 bolsitas con hierba verde y 26 con una sustancia cristalina.

Por su parte, Carlos Alejandro “N” llevaba tres bolsitas con hierba verde, tres con fragmentos cristalinos y tres bolsas ecológicas de distintos colores, las cuales también fueron aseguradas durante el operativo.

En total, las autoridades decomisaron 139 dosis de presuntas drogas, entre sustancias con características similares a marihuana y cristal.

Los detenidos, a disposición de la Fiscalía

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que los tres hombres y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, que integrará la carpeta de investigación y determinará su situación jurídica.

Hasta el momento, la dependencia no ha informado si los detenidos son investigados por su posible relación con alguna organización delictiva que opere en Quintana Roo o si cuentan con antecedentes penales. Conforme al debido proceso, será la autoridad ministerial la encargada de definir su situación legal con base en las investigaciones.

Cancún, una plaza estratégica para grupos criminales que disputan el narcomenudeo y otras actividades ilícitas en Quintana Roo

Cancún se ha convertido en una de las zonas estratégicas para distintos grupos delictivos debido a su actividad turística, su conectividad aérea y marítima, así como su ubicación dentro de rutas utilizadas para el traslado de drogas y otros mercados ilícitos.

Reportes de seguridad y análisis sobre la violencia en Quintana Roo han identificado la presencia de organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, además de células locales como Los Pelones y Los Independientes, grupos que han sido relacionados con disputas por el control territorial, principalmente en actividades como el narcomenudeo, extorsión y cobro de piso.

La disputa entre estas organizaciones ha provocado distintos episodios de violencia en municipios como Benito Juárez, donde se encuentra Cancún, así como en otros puntos turísticos de la entidad. Las autoridades estatales y federales han señalado que una parte importante de los conflictos está relacionada con el control de puntos de venta y distribución de drogas al menudeo.

A pesar de este contexto, hasta el momento las autoridades no han informado que los tres hombres detenidos en el estacionamiento del Mercado 28 tengan alguna relación con una organización criminal específica. La Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo será la encargada de determinar su situación jurídica y establecer si existen otros elementos dentro de la investigación.

Honduras promovió la primera Conferencia Internacional sobre Drogas Sintéticas, un encuentro con representantes de Colombia, México, Guatemala y República Dominicana para coordinar respuestas ante el avance de estas sustancias en América Latina y el Caribe y su impacto en la seguridad regional.

El auge de las drogas sintéticas modifica el mapa del narcotráfico en América Latina y el Caribe. A diferencia de los cultivos de cocaína o marihuana, estas sustancias pueden producirse en laboratorios clandestinos con precursores químicos que ingresan desde distintos países, lo que plantea un desafío para las autoridades de seguridad.

Durante la conferencia, expertos y autoridades coincidieron en que las organizaciones criminales encontraron en las drogas sintéticas un modelo de negocio más rentable, flexible y difícil de combatir que el narcotráfico tradicional, porque la producción ya no depende de plantaciones ilícitas.

Lo planteado por las autoridades

Uno de los principales planteamientos del encuentro fue que las estructuras criminales utilizan el tráfico de drogas sintéticas no solo para obtener ganancias millonarias, sino también para fortalecer su capacidad operativa, ampliar su influencia territorial y generar escenarios de inestabilidad que afectan la seguridad y las instituciones de los Estados.

El secretario de Defensa de Honduras Enrique Rodríguez Burchard dijo que el encuentro fue una oportunidad para fortalecer la cooperación regional, compartir experiencias e identificar prácticas que permitan responder de forma coordinada al crecimiento de este fenómeno.

Según el funcionario, el combate contra las drogas sintéticas exige una acción conjunta entre las instituciones de seguridad, los sistemas de justicia, las autoridades sanitarias, los organismos de control, la academia y la sociedad civil.

“Debemos actuar con determinación, pero también con inteligencia. El combate a las drogas sintéticas exige coordinación internacional, fortalecimiento institucional, intercambio de información y adaptación constante frente a las modalidades utilizadas por las organizaciones criminales”, señaló durante la conferencia.

Cómo cambió el negocio del narcotráfico

A diferencia del tráfico de cocaína, cuya producción depende de cultivos ilícitos y cadenas logísticas extensas, las drogas sintéticas pueden elaborarse en laboratorios clandestinos con sustancias químicas adquiridas legalmente para usos industriales o farmacéuticos.

Esta característica permitió que las organizaciones criminales reduzcan costos, aumenten la producción y diversifiquen sus operaciones en distintos países.

Las autoridades participantes advirtieron que el problema ya no se limita al transporte de drogas terminadas, sino que ahora involucra el comercio internacional de precursores químicos, equipos especializados y tecnología utilizada para fabricar sustancias como metanfetaminas y fentanilo.

El papel del entorno digital

Otro de los temas centrales abordados durante la conferencia fue el papel del entorno digital en la evolución del narcotráfico.

Los presentes señalaron que las redes criminales utilizan plataformas digitales para adquirir precursores químicos, establecer contactos con proveedores internacionales, coordinar envíos y realizar pagos mediante criptomonedas, lo que dificulta el rastreo de las operaciones financieras.

Además, aplicaciones de mensajería cifrada se convirtieron en herramientas utilizadas para coordinar la producción, distribución y comercialización de drogas sintéticas sin necesidad de mantener contacto físico entre los integrantes de las organizaciones.

Esta transformación tecnológica obligó a los Estados a replantear sus estrategias de investigación criminal y fortalecer las capacidades de inteligencia digital para anticiparse a nuevas modalidades delictivas.

Durante las jornadas de trabajo también se analizaron mecanismos para fortalecer el intercambio de información de inteligencia, mejorar los controles fronterizos, detectar laboratorios clandestinos y reforzar la vigilancia sobre el comercio internacional de sustancias químicas utilizadas para fabricar drogas sintéticas.

Delegaciones de Colombia, México, Guatemala y República Dominicana compartieron experiencias sobre investigaciones, operaciones de desmantelamiento y modelos de prevención implementados en sus países.

El alcance regional del problema

El consenso alcanzado durante la conferencia refleja que las drogas sintéticas dejaron de ser un problema aislado para convertirse en un desafío de seguridad en América Latina.

Para Honduras, la realización de este encuentro marca el inicio de una agenda regional enfocada en enfrentar una modalidad criminal que evoluciona con rapidez y que, según las autoridades, requiere respuestas coordinadas para evitar que las organizaciones del narcotráfico continúen ampliando su capacidad operativa y poniendo en riesgo la seguridad de los países del hemisferio.

En el marco de la causa del crimen de Luis Fernando Duarte Vázquez, un joven albañil de origen paraguayo en la ciudad de Candelaria, ubicada en Misiones, la investigación comenzó la etapa de alegatos en el juicio oral. Roberto “el Negro” Silvero se encuentra acusado de apuñalar a su compañero por una deuda de drogas.

Después de dos días donde reconstuyeron el crimen con testigos y pruebas y dieron, el fiscal Vladimir Glinka solicitó 18 años de prisión para el imputado. De esa manera, se descartó la hipótesis de legítima defensa que sostenía el acusado, enfatizando que: “Lo atacó de espaldas. Fue cobarde y traicionero”.

El proceso judicial centró la atención en el barrio Niño Perdido, donde ambos jóvenes compartían tareas como albañiles y ocasionalmente consumían alcohol y estupefacientes. El hecho ocurrió en noviembre de 2021 y se originó a partir de una discusión por una deuda de 500 pesos vinculada al consumo de drogas. De acuerdo con la investigación, Silvero abordó a Duarte Vázquez reclamando el pago.

Tras la negativa de la víctima, la situación escaló hasta derivar en un ataque con arma blanca. De acuerdo con los testimonios recogidos por el Tribunal Penal Uno de Posadas, la víctima recibió al menos 8 puñaladas, la mayoría en la espalda, lo que descartó la posibilidad de un enfrentamiento cuerpo a cuerpo.

“Decir que fue en legítima defensa es lo más fácil, siendo que encontramos a la víctima prácticamente como un colador por la cantidad de puñaladas que recibió”, argumentó Glinka. La prueba testimonial fue clave: el vecino Oscar Esteche, quien mantenía una relación con la madre de Silvero, identificó al acusado como el portador del cuchillo y contradijo la versión presentada por la defensa.

La ex pareja de Silvero, madre de su hijo, modificó su versión y afirmó: “Al fin pude decir la verdad, que era Silvero el que tenía el cuchillo”. La nueva declaración derribó uno de los principales argumentos de la defensa y reforzó la hipótesis de la acusación sobre la autoría del ataque. Además, los informes forenses indicaron que no se hallaron lesiones compatibles con una defensa por parte del acusado.

La reconstrucción de los hechos sugiere que el crimen ocurrió poco después de las 13 horas del 21 de noviembre de 2021. Tras el ataque, Silvero huyó y fue localizado por la policía horas más tarde, oculto entre malezas. La defensa, a cargo de Miguel Ángel Varela, planteó que el acusado actuó bajo amenaza y en defensa propia.

El letrado también se apoyó en los resultados de los análisis toxicológicos, afirmando que la victima se encontraba bajo efectos de drogas y en en estado alterado o agresivo. Sin embargo, las peritos bioquímicas convocadas por la fiscalía explicaron que la presencia de los metabolitos de cocaína hallados postmortem indica un consumo previo y no en el instante del ataque.

El caso llegó a juicio oral tras el rechazo de Silvero a un acuerdo abreviado. El Tribunal Penal Uno de Posadas, integrado por los jueces Viviana Cukla, Gustavo Bernie y Carla Freitag, escuchó a más de una decena de testigos, entre ellos peritos y policías que participaron de la investigación. La acusación formal es por homicidio agravado por alevosía. Además, la fiscalía requirió que el acusado sea sometido a un tratamiento por consumos problematicos.

La fiscalía recalcó la conducta del acusado en el barrio, describiéndolo como una persona que solía cobrar deudas vinculadas a la venta de drogas. “Dejó de ser abstracta la inseguridad del barrio: él era la inseguridad del barrio. Les pido, jueces, que hagan justicia y piensen en eso”, añadió el fiscal Glinka, según El Territorio.

Este jueves, expondrán sus alegatos la defensa del sospechoso. Luego, la sentencia sería comunicada. Solicitaron 18 años de prisión pero por considerarse un homicidio agravado, la pena podria aumentar hasta los 25 años de prisión.

Las autoridades intervinieron dos inmuebles en Loreto que, presuntamente, eran utilizados para el acopio y procesamiento de sustancias ilícitas en una zona de frontera. Durante el operativo se halló un laboratorio clandestino, grandes cantidades de pasta básica de cocaína (PBC), clorhidrato de cocaína, armamento de largo alcance e insumos químicos empleados para la elaboración de drogas.

La operación, denominada “Rayo”, fue ejecutada en las inmediaciones de la comunidad nativa San José de Yanayacu, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, con la participación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas (FETID), el Comando Unificado del Putumayo y Mariscal Ramón Castilla (CU-PUMA), la Marina de Guerra del Perú y la Policía Nacional del Perú (PNP). Según las autoridades, la intervención generó pérdidas estimadas en S/ 1,8 millones para la organización criminal que operaría en la zona.

Laboratorio clandestino, más de 180 kilos de cocaína y armas de largo alcance fueron decomisados en Loreto

Las diligencias permitieron identificar dos predios que, de acuerdo con las investigaciones fiscales, eran utilizados por una presunta organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas. Uno de los inmuebles funcionaba como un laboratorio clandestino donde se realizaban actividades de procesamiento de estupefacientes antes de su traslado hacia otros puntos del país o del extranjero.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público, los ocupantes abandonaron ambos inmuebles al detectar la llegada de las fuerzas del orden. Esta situación permitió que fiscales y agentes especializados aseguraran la escena y ejecutaran las diligencias correspondientes para la recolección de evidencias sin registrarse enfrentamientos.

Como resultado del operativo, las autoridades incautaron aproximadamente 180 kilogramos de pasta básica de cocaína (PBC) y seis kilogramos de clorhidrato de cocaína, además de diversos insumos químicos empleados en el procesamiento de las sustancias ilegales.

El despliegue también permitió decomisar un importante arsenal que permanecía dentro de los inmuebles intervenidos. Entre el material incautado figuran fusiles, pistolas, escopetas y municiones de distintos calibres, elementos que, según las autoridades, formaban parte de la logística utilizada por la organización criminal para resguardar sus operaciones.

A ello se suman motores fuera de borda, balanzas y equipos utilizados para el almacenamiento, pesaje y transporte de la droga. Todo este material fue puesto bajo custodia como parte de las investigaciones que desarrolla la Fiscalía para identificar a los responsables de estas actividades ilícitas.

Las autoridades estiman que la incautación de la droga, el armamento y los equipos representa un perjuicio económico cercano a S/ 1,8 millones para la estructura criminal que operaba en esta zona de Loreto, una región considerada estratégica debido a su ubicación fronteriza y a las rutas empleadas por organizaciones vinculadas al narcotráfico.

Minería ilegal y narcotráfico operan como una sola red criminal en la Amazonía peruana

Un informe elaborado por Amazon Watch advierte que la minería ilegal y el narcotráfico han dejado de actuar como actividades independientes para conformar una estructura criminal integrada. La investigación señala que, entre 2014 y 2024, estas economías ilícitas movilizaron alrededor de US$ 13.341 millones en el país, de los cuales US$ 7.810 millones corresponderían a la extracción ilegal de oro, superando incluso las ganancias atribuidas al tráfico de drogas.

El estudio explica que ambas actividades se complementan financieramente: el dinero generado por el narcotráfico serviría para financiar operaciones mineras ilegales en zonas remotas, mientras que el oro extraído de manera ilícita sería utilizado para lavar activos. Además, identifica como corredores estratégicos para estas organizaciones a la Triple Frontera entre Perú, Brasil y Colombia, el eje Ucayali-Huánuco, la Cordillera del Cóndor y distintas áreas de Madre de Dios.

La investigación también alerta sobre el impacto de estas redes en los territorios indígenas. Solo en 2024 se registraron 12.274 hectáreas de cultivos de coca dentro de comunidades nativas tituladas, una superficie que representa un incremento del 147% respecto a 2018. A ello se suma la superposición de 3,3 millones de hectáreas de territorios indígenas con zonas vinculadas a la actividad cocalera y más de 13.000 derechos mineros ubicados en áreas donde habitan comunidades amazónicas.

Durante las primeras horas de este jueves, la Policía Nacional Civil (PNC) interceptó a un individuo con más de 200 porciones de cocaína listas para su distribución.

El operativo se realizó en la colonia San Benito, una zona de San Salvador reconocida por su alto movimiento nocturno, donde agentes lograron detener al sospechoso mientras circulaba en un vehículo particular.

El detenido fue identificado como José Rodolfo Quintanilla Hernández, de 41 años, fue interceptado por agentes de la PNC tras un trabajo de inteligencia desarrollado en la intersección del bulevar El Hipódromo y la avenida Los Almendros.

Durante la inspección, los policías hallaron 215 porciones de cocaína, tres teléfonos celulares y una suma de dinero en efectivo, elementos que, según la institución, se consideran indicios claves para la investigación por tráfico ilícito de drogas.

La PNC detalló que el vehículo utilizado por Quintanilla Hernández será sometido a análisis, mientras que el dinero incautado formará parte de las pruebas que acompañarán el proceso judicial.

La remisión del caso se realizará bajo la acusación formal de tráfico ilícito de drogas, conforme a la legislación vigente en el país.

Capturado con dos paquetes grandes de marihuana en hostal de playa

De forma paralela, las autoridades ejecutaron un operativo en la zona costera del departamento de La Libertad, donde fue arrestado Arcángel Ernesto Zamora Castañeda, de 54 años. El procedimiento se realizó en un hostal ubicado en la localidad de Conchalío, como parte de una acción coordinada mediante orden de allanamiento.

Durante la intervención, la PNC confiscó dos paquetes y medio de marihuana, además de dinero en efectivo, una báscula digital y un teléfono celular.

Todos estos elementos serán incorporados a la investigación que desarrolla la institución, con el objetivo de determinar la magnitud de la operación y el destino de la sustancia incautada.

Zamora Castañeda quedó bajo custodia policial y será presentado ante las autoridades judiciales competentes para enfrentar el proceso correspondiente por el delito de tráfico ilícito de drogas. La evidencia recabada durante el allanamiento constituye un soporte esencial en la imputación que presentará la Fiscalía.

Sanciones por tráfico de drogas en El Salvador

La legislación salvadoreña establece penas severas para quienes incurren en tráfico ilícito de drogas. Según el marco penal vigente, la condena por este delito puede oscilar entre 10 y 15 años de prisión, dependiendo de la cantidad y el tipo de sustancia decomisada, así como de la reincidencia o agravantes que puedan establecerse durante el proceso judicial.

El endurecimiento de las medidas responde a la política del Estado para reducir el impacto del narcotráfico en comunidades urbanas y rurales. Las autoridades subrayan que la tenencia, transporte, distribución o comercialización de cualquier tipo de droga se encuentra penada, y que las investigaciones buscan identificar posibles conexiones con redes de distribución más amplias.

El Salvador mantiene una estrategia de persecución penal activa contra el tráfico de estupefacientes, con la participación conjunta de la Policía Nacional Civil y otras entidades vinculadas a la seguridad pública y la justicia. Las recientes capturas forman parte de este esfuerzo permanente para combatir el delito y reforzar la presencia institucional en territorios considerados de riesgo.

Una adolescente de 17 años había sido reportada como desaparecida el viernes pasado en Paraguay. Tras un operativo coordinado en ambos países, logró ser rescatada este lunes. El episodio derivó en la detención de un ciudadano argentino y, ya en la etapa judicial, la fiscalía formalizó cargos.

El comisario Humberto Aquino, del Departamento contra la Trata de Personas de Paraguay, confirmó a Infobae: “El ciudadano argentino fue imputado por la fiscalía por coacción grave a menor de edad y posesión de drogas. Está preso”. La causa quedó a cargo de la fiscal especializada en trata de personas Isabel Arnold. La fiscalía solicitó su prisión preventiva, argumentando riesgo de fuga.

Según ABC Paraguay, la adolescente, oriunda de San Pedro, llegó a la capital paraguaya para visitar la Expo de Mariano Roque Alonso. Allí habría sido abordada por el argentino, Ariel Morán, de 56 años. El comisario Pedro Lesme, del Departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional, explicó que la menor logró enviar su ubicación desde un teléfono. Esto permitió a los agentes localizarla en un vehículo y rescatarla en la Costanera Norte de Asunción.

Según la policía, la menor declaró que estuvo retenida, con los ojos vendados y bajo amenazas. En el automóvil Toyota Hilux con patente argentina, los agentes policiales incautaron: medicamentos, bebidas alcohólicas, ropa de mujer, una cámara filmadora, teléfonos celulares y varios envoltorios con un total de 20 gramos de cocaína. Estos hallazgos fueron reportados tanto por las autoridades policiales como por el Ministerio Público y constituyen parte de la prueba incorporada a la investigación.

Posteriormente, se realizó un allanamiento en una vivienda alquilada por Morán en San Bernardino que permitió secuestrar equipos electrónicos, ropa de adolescentes y más drogas. En ese marco, la investigación descartó, de momento, la hipótesis inicial de trata de personas y abuso sexual, aunque la causa podría ampliarse en función del avance de las pericias.

Según la reconstrucción, ambos habrían permanecido en una vivienda alquilada por el argentino en San Bernardino, localidad ubicada detrás del anfiteatro José Asunción Flores y con vista al lago Ypacaraí, desde el viernes hasta el lunes.

Según explicó el comisario Juan Pereira a ABC Paraguay, en la casa también encontraron una cama grande con artefactos para realizar filmaciones. Pereira señaló que, debido al tipo de evidencias reunidas, la policía no descarta la posibilidad de que se trate de un caso de trata de personas.

“Estas filmaciones posteriormente son comercializadas por un alto valor en grandes ciudades, en Europa especialmente, que son vendidos en clandestinidad. Eso es una presunción, eso se tiene que comprobar aún, pero por toda la evidencia que se está incautando, ya podemos apuntar a un caso de trata de personas”, describió el comisario.

En conversación con la prensa, el acusado negó todas las acusaciones. Morán afirmó que el contacto inicial no fue directo sino que habría conoció a una mujer llamada Andrea en Tinder. Ella le comentó que una amiga suya había visto su foto y quería conocerlo, por lo que acordaron un encuentro en la Expo.

Según su relato, tanto la adolescente como la amiga en común aseguraron que tenía 19 años y que estudiaba Ingeniería Comercial. El hombre sostuvo: “Me tomaron de boludo”.

Por otro lado, rechazó haberla mantenido privada de su libertad y afirmó que ella tenía acceso libre a su teléfono celular en todo momento. También negó haber enviado amenazas a la familia de la adolescente y aseguró tener cámaras de seguridad y conversaciones que, según él, demostrarían que la joven se presentó siempre como mayor de edad.

“Le compré un oso de peluche de un metro veinte y fuimos a comprar una milanesa a un puestito. Después fuimos al parque de diversiones a andar en una rueda”, detalló el argentino de 56 años detenido por coerción.

La Guardia di Finanza de Italia ha ejecutado una de las mayores incautaciones de cocaína de los últimos años en aguas del Atlántico, tras interceptar una lancha neumática ultrarrápida cerca de las costas de Lisboa, con más de 2,6 toneladas. El valor de la droga intervenida, según la Guardia, se estima que puede ir desde los 78 millones de euros en el mercado mayorista a alcanzar los 500 millones de euros.

La operación fue coordinada por la Fiscalía Antimafia del Distrito de Brescia (DDA) y desarrollada en colaboración con la policía financiera local o el Comando de Operaciones Aéreas y Navales, en el caso de Italia. En la acción participaron activamente autoridades de España y Portugal, junto al Centro de Análisis y Operaciones Marítimas - Narcóticos (MAOC-N) de Lisboa y la Dirección Central de Servicios Antidrogas (DCSA).

Durante la intervención, las fuerzas desplegadas detuvieron a cuatro personas que viajaban a bordo de la embarcación: dos españoles, un gibraltareño y un albanés. La Policía Marítima portuguesa efectuó la detención tras un seguimiento constante del “go-fast”, apoyada por aeronaves equipadas con tecnología de vigilancia marítima avanzada y gracias a una intensa cooperación policial internacional.

Cooperación internacional liderada por Italia

El trabajo en red permitió monitorizar en tiempo real una lancha neumática ultrarrápida que navegaba cerca de Lisboa. Aeronaves de vigilancia, integradas en las unidades de control de fronteras exteriores de la Unión Europea, siguieron la embarcación hasta su interceptación. Las organizaciones criminales utilizan este tipo de lanchas, de entre 10 y 16 metros de eslora y motores de alta potencia, capaces de superar los 70 nudos, lo que motivó el seguimiento. Estas embarcaciones funcionan como “taxis marítimos” que recogen alijos de drogas lanzados al mar por buques nodriza procedentes de Sudamérica y los trasladan a Europa.

En el operativo participaron más de una decena de agentes de diferentes países. La actuación culminó con la incautación de 2,6 toneladas de cocaína y la detención de las cuatro personas. La operación se desarrolló sin incidentes y puso de manifiesto la importancia de la cooperación internacional y la tecnología en la lucha contra el tráfico de drogas. No obstante, todavía queda por desvelar las conexiones de este grupo con organizaciones más grandes con la capacidad económica para afrontar un envío de tanta cantidad.

Dimensión económica y proceso judicial

La droga incautada tiene un valor estimado de 78 millones de euros en el mercado mayorista. Si hubiese llegado a su destino final y se hubiese distribuido en pequeñas cantidades, la cifra podría haber alcanzado los 500 millones de euros, según estimaciones de la Guardia di Finanza. El operativo revela el enorme impacto económico que tiene el narcotráfico en Europa y la magnitud de los riesgos asumidos por las redes delictivas.

Las autoridades recordaron que los detenidos permanecen bajo la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme. Las organizaciones recurren a métodos cada vez más sofisticados para eludir los controles y asegurar el éxito de sus operaciones. Además, para las autoridades resulta muy complejo seguir el nivel tecnológico que consiguen las mafias.

Una multitud se congregó en la noche del sábado en una fiesta electrónica sobre la calle Mauricio Yadarola de la ciudad de Córdoba. El evento se vio interrumpido cuando la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desplegó un amplio operativo seguridad y prevención.

La intervención, planificada como parte del Plan Estratégico de Lucha contra el Narcotráfico, buscó reforzar los controles en eventos masivos y proteger la salud pública frente al consumo de sustancias ilícitas.

Equipos tácticos e investigativos de la FPA participaron en la operación, que se extendió durante toda la jornada y resultó en 74 procedimientos positivos. Los agentes, distribuidos estratégicamente en los accesos, zonas comunes y áreas de mayor circulación, inspeccionaron a asistentes y recintos internos de la fiesta. La acción coordinada incluyó la colaboración de la División K-9, cuyos perros adiestrados recorrieron baños y barras para intensificar la detección de estupefacientes.

Según lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Córdoba, el resultado fue el secuestro de diversas dosis de cocaína, tussi, ketamina, MDMA, éxtasis, popper y marihuana. La incautación de estas sustancias confirma la presencia de diferentes drogas sintéticas y tradicionales en el circuito nocturno cordobés, así como la variedad de estupefacientes que circulan en este tipo de eventos. El operativo fue supervisado bajo la coordinación del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, que mantiene vigente un protocolo de actuación intensiva en fiestas electrónicas.

Durante el operativo, la División K-9 tuvo un rol central. Los perros rastreadores, entrenados especialmente para la detección de narcóticos, realizaron búsquedas minuciosas en baños, barras y sectores de descanso.

El despliegue de recursos logísticos y humanos respondió a la preocupación de las autoridades por el aumento en el uso de drogas sintéticas en fiestas electrónicas. La FPA indicó que parte de la estrategia consiste en la irrupción sorpresiva y coordinada, con el fin de desalentar tanto el consumo como la distribución de estupefacientes en estos encuentros.

El operativo se inscribe dentro de una política provincial que prioriza la prevención y represión del tráfico de drogas en eventos masivos. El Plan Estratégico de Lucha contra el Narcotráfico, impulsado por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, establece controles periódicos en fiestas electrónicas, recitales y otros acontecimientos con gran afluencia de público joven.

Este plan contempla la cooperación entre diferentes áreas de seguridad, la utilización de tecnología y la capacitación constante de los efectivos. Según el comunicado oficial, la FPA ha reforzado sus tareas preventivas en Córdoba capital y otras localidades, con el objetivo de “proteger la integridad de la comunidad y reducir la circulación de sustancias ilegales”.

Según la información oficial, la operación fue realizada sin incidentes graves ni enfrentamientos. Los asistentes colaboraron con los controles y no se registraron situaciones de violencia o resistencia. Las personas en posesión de sustancias quedaron identificadas para su evaluación judicial, en tanto que la droga incautada fue remitida para su peritaje y destrucción según los protocolos vigentes.

El mismo fin de semana, la FPA realizó también 9 allanamientos simultáneos que permitieron desarticular una banda narco que operaba en Villa Dolores.

La investigación, encabezada por el Ministerio Público Fiscal, permitió la detención de ocho integrantes del grupo —seis hombres y dos mujeres— y la incautación de distintas sustancias ilegales, dinero en efectivo y elementos vinculados a la venta y almacenamiento de drogas.

De acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Córdoba, el operativo se desplegó en los barrios Ardiles, Brochero, Santa Rita y Los Olivos, donde los agentes lograron clausurar seis puntos de venta y tres puntos de guardado de estupefacientes.

Según la información proporcionada, los procedimientos se realizaron bajo la supervisión de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de Villa Dolores, que dispuso el secuestro de los elementos hallados y el traslado de los detenidos a sede judicial.

Hace varias semanas, Fernando Grande-Marlaska tuvo que responder en el Congreso sobre la labor de su Ministerio contra el narcotráfico. En su defensa incluyó varios anuncios. Uno de ellos fue una inversión de ocho millones de euros que se destinarán, entre otras cosas, para elevar tres barreras fluviales en el Guadalquivir y Sanlúcar de Barrameda. Se trata de unas construcciones de hormigón que tienen como único objetivo cerrar el paso a las narcolanchas que penetran en la península a través del río.

No es una completa novedad. Hace 10 años, el Ministerio del Interior, entonces bajo el Gobierno del PP de Mariano Rajoy, impulsó una ‘barrera antinarcos’ en el río Guadarranque, en San Roque, Cádiz, que costó en torno a 280.000 euros. Desde entonces, la eficacia del invento se ha puesto en duda en muchas ocasiones, aunque sí permitió reducir la presencia de embarcaciones que transportan hachís.

En esta ocasión, el objetivo es que estén disponibles en 2027. Interior no ha querido dar más detalles del proyecto, limitándose a lo que adelantó Marlaska en el Congreso. Por tanto, se puede intuir que será similar a la creada hace una década, pues tendrá la misma función, pero no se pueden abordar sus características con certeza. Desde asociaciones como AUGC, no han rechazado la medida, pero la ven “insuficiente” ante el problema del narcotráfico.

Fernando Grande-Marlaska destacó especialmente las inversiones dirigidas a reforzar la seguridad en este enclave narco. Aquí fue cuando dio la noticia de las barreras: declaró la contratación de emergencia, junto a su suministro e instalación, de un sistema de tres barreras fluviales flotantes de alta resistencia. Esta categoría de proyecto debería acelerar su construcción, lo que le hizo asegurar que estará listo el año que viene. Las barreras estarán ubicadas en el estuario del Guadalquivir y en dos caños de Sanlúcar de Barrameda. Se prevé que estén operativas en la primera mitad de 2027.

Beneficios frente a los sabotajes de la barrera

En mayo de 2017, menos de un año después de su construcción, la Agencia Aduanera denunció los sabotajes que sufría la barrera ‘antinarcos’ instalada en la desembocadura del río Guadarranque. Según explicaron las autoridades, la estructura había sido objeto de tres ataques desde su instalación en noviembre del año anterior. Francisco Mena, presidente de la coordinadora antidroga Alternativas, advertía entonces que los narcotraficantes aprovechaban la “menor resistencia de las piezas provisionales”, y reclamaba a Interior la mejora de la construcción.

El delegado del Gobierno en Andalucía en ese momento, Antonio Sanz, consideró que la reiteración de los sabotajes sufridos evidenciaba la “eficacia” de la barrera. “Si los narcotraficantes se empeñan en sabotearlo es porque hemos dado en el clavo”. El Gobierno anunció entonces la instalación de cámaras de seguridad para reforzar el control en la zona. Aquella barrera limitó, en parte, la presencia de narcolanchas, pero evidenció que necesita ser acompañada de patrullaje constante y que los traficantes siempre buscan y encuentran otra vía de acceso.

Además, en 2021, la organización Ecologistas en Acción denunció que la barrera ‘antinarcos’ instalada en el río provocaba inundaciones en la zona. “La lucha contra el narcotráfico no puede perjudicar a la sociedad civil o a sus bienes”. Los ecologistas aseguraron que la acumulación de escombros y restos de obra agravaba el riesgo cuando llueve. “Esta barrera no respeta la dinámica hídrica. Los ríos están diseñados naturalmente para que salga el agua sin obstáculo; aquí la acumulación de cañizo y ramas provoca el efecto presa castor”, señalaron, añadiendo que también había impedido la navegación de un río que se usaba para otras actividades totalmente lícitas.

El juez Sergio Ramos, como subrogante del Juzgado Federal 6, le concedió el arresto domiciliario a Facundo Leal, el ex titular de ARSAT y ORSNA procesado por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes, tras haber hallado en su casa cocaína y drogas sintéticas. El fiscal federal Guillermo Marijuan había dictaminado a favor de otorgarle el beneficio.

Según consta en la resolución a la que tuvo acceso Infobae, Leal seguirá sometido a proceso, con monitoreo a cargo de la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica. El traslado se concretó a su domicilio en la ciudad de Buenos Aires, tras permanecer dos meses detenido en dependencias de la Policía Federal.

La defensa del ex funcionario había solicitado la excarcelación y, en forma subsidiaria, el “arresto domiciliario con sujeción a un tratamiento interdisciplinario en salud y adicciones”. Por su lado, un informe del Cuerpo Médico Forense constató un cuadro de dependencia y recomendó asistencia específica.

El magistrado hizo lugar al arresto domiciliario constituyéndose como garante su pareja, Julieta Griffa Berro, e imponiendo “la prohibición de ausentarse del domicilio indicado, quedando sólo autorizado su egreso, en forma excepcional, por razones de urgencia médica”.

En este sentido, cada vez que deba salir de su casa por una emergencia o un turno médico deberá ser notificado al tribunal a fin de contar con la autorización pertinente.

La causa por drogas se inició después de un allanamiento en su departamento de Palermo, donde se encontraron USD 650.000 en efectivo, monedas de seis países, 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis y 15 cucharas.

La investigación se radicó primero en los tribunales federales de San Isidro, donde el juez Lino Mirabelli también lo indagó por presunta corrupción en ARSAT. Finalmente, se declaró incompetente en el caso de las drogas por una cuestión de jurisdicción territorial, y el expediente pasó por sorteo al Juzgado Federal 6 de Comodoro Py.

La defensa de Leal había presentado certificados médicos para sostener que las sustancias eran para consumo personal, al tiempo que rechazó la imputación por tenencia de material estupefaciente con fines de comercialización.

La opinión del fiscal

El fiscal Guillermo Marijuan dictaminó que debía hacerse lugar al pedido de arresto domiciliario porque entendió que la calificación por la que está procesado “luce endeble”.

Asimismo, consideró que “nos encontramos frente a una persona que tiene una adicción a los estupefacientes y no se lo ha investigado por la figura escogida de tráfico de drogas. Como tampoco nos encontramos frente a una cantidad significativa de material psicotrópico”.

Marijuan agregó que “se desprende que nadie ha referido sobre actos ilícitos de esta naturaleza -y otros argumentos que no vienen al caso- en el análisis que estoy efectuando, pero que indefectiblemente deberán en lo inmediato tener que reforzarse inevitablemente, si no tendrá que escogerse una figura penal más benigna, que contempla precisamente los casos”.

Finalmente indicó que “nos encontramos en la encrucijada con una persona adicta con síntomas y manifestaciones de ansiedad y abstinencia a quien el Servicio Penitenciario Federal no puede brindar la asistencia médica y psicológica según los `criterios de exclusión` detallados en el `Reglamento Único de Funcionamiento de los Centros de Rehabilitación de Drogadependientes`”.

Tres causas

Facundo Leal quedó involucrado en tres causas judiciales: la primera vinculada a su paso por ARSAT; la segunda investigación surgió de un allanamiento donde encontraron drogas en su casa; y el tercer expediente se basa en una denuncia por supuestas irregularidades en la administración del ORSNA.

El caso de ARSAT evalúa presuntos hechos de corrupción en contrataciones, que fueron descubiertos luego de un robo detectado en un predio de San Fernando, donde se guardaban materiales tecnológicos de la empresa estatal. Leal fue indagado la semana pasada y rechazó con un escrito las imputaciones.

En la denuncia por su gestión en el ORSNA, se analiza un supuesto esquema delictivo para llevar adelante en contrataciones, con desplazamientos de personal de carrera y concentración de obras.

La expansión sin precedentes del mercado mundial de la cocaína ha reforzado el papel de Ecuador como una de las principales plataformas logísticas utilizadas por las organizaciones criminales para abastecer a consumidores de Europa, Norteamérica y Oceanía. Así lo concluye el Informe Mundial sobre las Drogas 2026 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que sitúa al país como una ruta marítima clave dentro de una cadena de tráfico transnacional que continúa creciendo pese al aumento de las incautaciones.

El organismo de Naciones Unidas estima que durante 2024 la producción potencial de cocaína pura alcanzó aproximadamente 4.100 toneladas, la cifra más alta registrada hasta ahora. El volumen representa un crecimiento sostenido durante la última década y responde principalmente al incremento de los cultivos ilícitos y de la capacidad de producción en Colombia, además de la actividad en Perú y Bolivia, los tres países andinos donde se concentra la fabricación de la droga.

En ese escenario, Ecuador aparece como un territorio estratégico no por su producción de cocaína, sino por su ubicación geográfica y por la magnitud de su comercio marítimo. El informe sostiene que una parte importante de la droga producida en Colombia utiliza infraestructura logística ecuatoriana antes de emprender viaje hacia mercados internacionales de alto consumo.

La UNODC explica que las organizaciones criminales aprovechan la intensa actividad de los puertos ecuatorianos y el elevado movimiento de contenedores para insertar cargamentos ilícitos dentro del comercio legal. La combinación entre una amplia red exportadora, una extensa costa sobre el océano Pacífico y conexiones regulares con distintos continentes ha convertido al país en un corredor de especial interés para las redes de narcotráfico.

Entre las modalidades identificadas por el organismo figura la contaminación de exportaciones de banano, uno de los principales productos ecuatorianos vendidos al exterior. Según el informe, los grupos criminales han desarrollado mecanismos para introducir cocaína en cargamentos legítimos durante el trayecto terrestre hacia los puertos, alterando parcialmente la mercancía sin modificar la documentación oficial del envío.

La práctica consiste en sustituir parte de la carga previamente empacada por paquetes de cocaína antes de que el contenedor ingrese a la terminal portuaria. Para la UNODC, este procedimiento representa una modalidad híbrida que combina técnicas tradicionales de ocultamiento con el denominado sistema “rip-on/rip-off”, mediante el cual la droga es incorporada y posteriormente retirada del contenedor por integrantes de la organización criminal, incluso sin conocimiento del exportador.

El organismo aclara que este mecanismo no implica, de manera general, la participación de las empresas exportadoras. Por el contrario, señala que las organizaciones buscan infiltrarse en distintos eslabones de la cadena logística mediante la colaboración de operadores de transporte, trabajadores portuarios u otros actores que facilitan la introducción y posterior recuperación de los cargamentos ilícitos.

Además del uso de exportaciones legales, el informe describe otras estrategias utilizadas para mover cocaína por vía marítima. Entre ellas menciona la construcción de compartimentos ocultos dentro de contenedores, modificaciones en las paredes de unidades refrigeradas, paquetes adheridos al casco de embarcaciones y operaciones ejecutadas por buzos para colocar o retirar la droga una vez que los barcos han zarpado o alcanzado el puerto de destino.

La dimensión internacional del fenómeno también se refleja en los mercados de consumo. Si bien Europa y Norteamérica continúan siendo los principales destinos de la cocaína producida en Sudamérica, la UNODC advierte un creciente interés de las organizaciones criminales por Oceanía. Australia y Nueva Zelanda presentan algunos de los niveles de consumo y de precios más elevados del mundo, lo que incrementa la rentabilidad de los cargamentos que logran superar los controles internacionales.

El crecimiento del tráfico ocurre en paralelo a un aumento histórico de las incautaciones. De acuerdo con el informe, América del Sur concentró el 64% de todos los decomisos mundiales de cocaína registrados durante 2024, la mayor proporción desde que existen estadísticas comparables. Colombia encabezó ese listado con aproximadamente 966 toneladas incautadas, equivalentes a cerca del 40% del total mundial.

Los efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) allanaron una vivienda en el barrio Observatorio de la ciudad de Córdoba y secuestraron dosis de cocaína y marihuana destinadas al narcomenudeo.

El procedimiento, llevado a cabo en la calle Domingo Funes al 100, fue ordenado por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes en la zona, de acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal provincial.

Durante el registro del inmueble, ubicado al oeste del centro de la ciudad, los investigadores de la FPA recorrieron el lugar de manera manual y con la asistencia de canes detectores especializados, herramienta que permitió localizar las sustancias ocultas en el interior de la vivienda. Las drogas halladas fueron puestas a disposición de la Justicia para su remisión a sede judicial y posterior peritaje.

El operativo forma parte de las acciones que la FPA lleva adelante en respuesta a denuncias de vecinos del barrio en donde se encuentra el histórico Observatorio Astronómico de Córdoba. Las sustancias secuestradas quedan a disposición de la Fiscalía interviniente para el avance de la causa.

A fines de junio, un operativo en un asentamiento cerca de la zona donde las autoridades actuaron en las últimas horas terminó con la detención de seis personas a través del accionar de la misma fuerza.

La FPA desarticuló una banda dedicada al narcomenudeo en el barrio Primero de Mayo. Entre los detenidos había un menor de 16 años que intentó escapar al ver llegar a los efectivos. El operativo fue coordinado por las Fiscalías de Lucha contra el Narcotráfico del Primer y Tercer Turno de la provincia, el 25 de junio, a partir de una serie de denuncias anónimas recibidas de manera telefónica.

Los allanamientos se concentraron en dos inmuebles ubicados en la Manzana 9 del barrio, ambos a pocos metros de las canchas de fútbol de Villa Las Tablitas y del Polideportivo IPV, espacios frecuentados por jóvenes de la zona. El registro de los domicilios arrojó el secuestro de 1.891 dosis de marihuana, 302 dosis de cocaína y cuatro balanzas digitales, además de otros elementos vinculados a la causa.

Uno de los episodios más tensos del operativo se produjo cuando el adolescente intentó fugarse al advertir la presencia policial. Tras una breve persecución, fue interceptado y, durante la requisa, los agentes le encontraron varias dosis de cocaína, un arma de fuego calibre 9 milímetros, un cargador metálico, trece cartuchos y la motocicleta en la que circulaba. El joven quedó imputado por tenencia de arma de fuego, además de los cargos vinculados al narcomenudeo. El resto de los detenidos fue trasladado a sede judicial y quedaron a disposición de la Justicia por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

Apenas unos días antes, los agentes habían desarmado otra banda en la localidad de San Francisco, también en la provincia de Córdoba. En ese caso, los allanamientos se realizaron en tres domicilios y permitieron secuestrar 223 dosis de cocaína, 24 de marihuana y $354.700 en efectivo. Las investigaciones determinaron que la organización operaba bajo una estructura familiar: los dos hombres detenidos eran primos y la mujer arrestada tenía vínculo de parentesco con otro de los investigados. Además, se constató la participación de una menor de edad en maniobras de narcomenudeo, lo que llevó a la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco a imputar a los tres adultos por comercialización de estupefacientes agravada por la utilización de un menor. La Justicia ordenó la remisión de todas las evidencias para profundizar la investigación.

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Aseguran más de 156 toneladas de mercancía ilícita en operativos realizados en el AICM

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar), informó que durante 2025 y 2026 se han asegurado más de 156 toneladas de cigarros ilícitos en operaciones realizadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

De acuerdo con las autoridades, los resultados forman parte del fortalecimiento de las estrategias de inteligencia aduanera, gestión de riesgos, revisión documental, inspecciones físicas y uso de tecnología no intrusiva para detectar mercancías ilegales que pretendían ingresar o salir del país.

Además de los cigarros de contrabando, en instalaciones de carga, mensajería y paquetería internacional fueron detectadas más de 200 guías aéreas que transportaban diversas sustancias ilícitas, con un peso acumulado superior a 400 kilogramos.

Las autoridades señalaron que la detección fue posible mediante perfiles de riesgo y revisiones especializadas a envíos que presentaban inconsistencias en su documentación, descripción comercial o destino declarado.

También aseguran armas, drogas y sustancias peligrosas

Los operativos coordinados entre la ANAM, la SSPC y la Marina también permitieron detectar armas de fuego, cargadores, partes, componentes y accesorios para armamento que pretendían ingresar o salir de México a través de operaciones de mensajería internacional.

Asimismo, durante las inspecciones se realizó el aseguramiento precautorio de aproximadamente 2 mil 300 kilogramos de posible raíz de tepezcohuite, luego de que los procedimientos de revisión documental y física generaran elementos para realizar una inspección especializada.

A estos resultados se sumó el aseguramiento de aproximadamente 600 kilogramos de mercurio líquido, considerado una sustancia altamente tóxica y peligrosa para la salud, que era transportada oculta dentro de maletas.

Los trabajos de vigilancia también se extendieron a las Terminales 1 y 2 del AICM, donde las autoridades detectaron intentos de tráfico de narcóticos y mercancías prohibidas mediante equipaje documentado, equipaje de mano y distintos métodos de ocultamiento.

La ANAM destacó que estos resultados representan un golpe a las organizaciones dedicadas al contrabando, falsificación de mercancías, evasión fiscal y otras actividades relacionadas con la delincuencia organizada transnacional.

Además, las autoridades señalaron que el fortalecimiento de los controles aduaneros contribuye a mejorar la recaudación federal mediante una correcta clasificación y valoración de mercancías, así como a detectar irregularidades en las operaciones de comercio exterior.

Según la información oficial, la coordinación entre las instituciones busca evitar que drogas, armas y otros productos ilícitos ingresen al país o sean utilizados para fortalecer las capacidades operativas de grupos criminales.

Las autoridades federales consideraron que los resultados obtenidos durante 2025 y 2026 consolidan al AICM como uno de los principales puntos de vigilancia y control fronterizo del país, al tiempo que refuerzan las acciones contra el crimen organizado, protegen la salud pública y contribuyen a la seguridad nacional.

Vinculan a proceso a presunto integrante del CJNG tras enfrentamiento en Jalisco

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Salvador Gómez Manzo, a quien se relaciona presuntamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de ser detenido tras un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en Jilotlán de los Dolores, Jalisco.

El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Jalisco, presentó los datos de prueba que permitieron obtener la vinculación a proceso por su probable responsabilidad en el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Como medida cautelar, el juez determinó prisión preventiva oficiosa para Salvador “N”, quien fue trasladado al Complejo Penitenciario de Puente Grande. Además, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

El presunto integrante del CJNG fue detenido en las inmediaciones de la localidad de Rancho Nuevo, en Jilotlán de los Dolores, tras el enfrentamiento con elementos de la Defensa.

En el operativo, las autoridades aseguraron 18 armas largas y una corta, más de 120 cargadores de diversos calibres, más de 4 mil 800 cartuchos, siete vehículos, 12 chalecos, 20 artefactos explosivos, un casco y 19 cintas eslabonadas.

La FGR recordó que Salvador “N” se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

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Un operativo de prevención policial realizado en General Pico, provincia de La Pampa, derivó en una persecución y posterior siniestro vial, con intervención de la división de Toxicomanía, después de que se hallaran estupefacientes en el interior de un vehículo involucrado.

El incidente, ocurrido en el barrio Ranqueles, movilizó a diversas áreas de seguridad y mantiene a las autoridades abocadas a la detención de dos sospechosos que se dieron a la fuga.

El hecho comenzó cuando personal de la Comisaría Segunda intentó identificar a los ocupantes de un automóvil que circulaba por la intersección de las calles 33 y 40, en el mencionado barrio. La rutina de control, parte del despliegue preventivo dispuesto en la zona, tomó un giro inesperado cuando el vehículo objeto de la requisa intentó evadir el procedimiento.

Según informó el subcomisario Diego Natali, segundo jefe de la Comisaría Segunda, los ocupantes del automóvil, al advertir la presencia policial, intentaron fugarse realizando una maniobra en reversa. Esta acción finalizó abruptamente cuando el rodado colisionó, lo que permitió a los sospechosos descender y escapar a pie, eludiendo a los efectivos presentes en el lugar.

La persecución, aunque breve, generó momentos de tensión entre los vecinos, quienes observaron el despliegue de móviles y uniformados en la zona.

Minutos después de la colisión, según informó el portal La Arena, la Policía revisó el vehículo abandonado y detectó la presencia de sustancias estupefacientes. Ante este hallazgo, se convocó al personal de Toxicomanía de la UR II, que arribó al lugar para realizar las tareas de rigor y asegurar las pruebas.

El procedimiento incluyó la recolección y secuestro de la droga hallada dentro del vehículo, mientras que los detalles precisos sobre la cantidad y el tipo de sustancia incautada quedaron bajo reserva. Esta decisión fue adoptada por el área de Toxicomanía con el objetivo de no entorpecer el avance de la investigación judicial.

Los agentes de Toxicomanía aplicaron los protocolos habituales para este tipo de casos, resguardando las evidencias y realizando los peritajes correspondientes in situ.

Respecto a los dos hombres que huyeron del lugar tras la colisión, el subcomisario Natali confirmó que “ya están identificados” y que se aguarda la emisión de órdenes de detención. Las fuerzas de seguridad mantienen activa la búsqueda de los implicados, cuyas identidades se mantienen bajo reserva en esta etapa procesal.

El hecho fue informado a las autoridades judiciales, que coordinarán las próximas medidas investigativas. La policía local continúa recabando testimonios y relevando material de cámaras de seguridad cercanas para reconstruir la secuencia de la persecución y la posterior fuga a pie.

La policía de General Pico mantiene el operativo activo y solicita la colaboración de la comunidad para aportar datos que puedan contribuir a la ubicación de los prófugos. El avance de la causa dependerá de los informes técnicos sobre las sustancias incautadas y de las diligencias judiciales en curso, sin que por ahora se hayan divulgado nuevos detalles sobre la identidad de los implicados ni el destino final de la droga incautada.

La Operación Impacto Escolar, desplegada para combatir la venta de drogas en áreas cercanas a centros educativos de Panamá, concluyó con 20 acuerdos de pena y otras 16 personas bajo detención provisional, según informó la Procuraduría General de la Nación.

La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas participó en 33 audiencias posteriores a las diligencias simultáneas realizadas en Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Colón y Panamá.

Las condenas acordadas oscilan entre 60 y 170 meses de prisión, es decir, entre cinco años y poco más de 14 años. Entre las sanciones validadas por los tribunales aparecen penas de 60, 80, 84, 90, 95, 140, 160 y 170 meses.

Además de los 20 acuerdos, los jueces ordenaron la detención provisional de 16 personas mientras continúan las investigaciones. A otro imputado se le concedió arresto domiciliario, decisión que fue objeto de una apelación.

La operación estuvo dirigida contra personas presuntamente vinculadas con el microtráfico y la comercialización de sustancias ilícitas en las inmediaciones de escuelas. El Ministerio Público explicó que el objetivo es reducir el acceso de niños y adolescentes a las drogas y proteger a las comunidades educativas.

En el área metropolitana se validaron seis condenas. Una persona recibió una pena de 140 meses de prisión, equivalente a 11 años y ocho meses; otras cuatro fueron sentenciadas a 84 meses, o siete años, y un sexto implicado deberá cumplir 80 meses.

En esa misma región, tres personas quedaron bajo detención provisional por el delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de venta de drogas.

En la provincia de Colón, un imputado fue condenado mediante un acuerdo de pena a 84 meses de prisión. Otro permanecerá detenido provisionalmente mientras la Fiscalía desarrolla las diligencias correspondientes.

Panamá Oeste registró cuatro condenas por hechos investigados en los distritos de Chame y San Carlos. Las sanciones fueron de 170, 90, 84 y 60 meses de cárcel. Los tribunales también impusieron tres medidas de detención provisional por presunta venta de drogas.

La pena de 170 meses, equivalente a 14 años y dos meses, figura como la más elevada entre las detalladas por el Ministerio Público tras las audiencias de la operación.

En Veraguas, la Fiscalía de Drogas consiguió que un juez de garantías ordenara la detención provisional de tres ciudadanos. La medida deberá mantenerse durante el desarrollo de las investigaciones, salvo que sea revisada posteriormente por un tribunal.

Para Bocas del Toro se reportó una condena y una detención provisional. En Chiriquí se formularon cargos contra cuatro personas por venta de drogas: una fue condenada, dos quedaron detenidas provisionalmente y a la cuarta se le concedió arresto domiciliario.

En Herrera y Los Santos se validaron cuatro acuerdos de pena. Las condenas fueron de noventa y cinco meses, 90 meses y dos sanciones de 84 meses. También se aplicaron dos medidas cautelares de detención provisional.

Aunque Coclé estuvo entre las provincias intervenidas, la información difundida por la Procuraduría no desglosó los resultados específicos obtenidos en esa jurisdicción. Tampoco identificó a los condenados ni los centros educativos próximos a los puntos investigados.

Otras operaciones contra el narcotráfico

Impacto Escolar formó parte de una serie de intervenciones desarrolladas durante la semana por la Fiscalía de Drogas y los organismos de seguridad. Las autoridades también ejecutaron las operaciones Alianza, Oriente Sin Drogas y Azuero 3, dirigidas contra el narcotráfico, el microtráfico y la conspiración para cometer delitos relacionados con drogas.

En un puerto del Pacífico, agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional decomisaron 186 paquetes de presunta sustancia ilícita escondidos en la parte inferior de un contenedor cuyo destino era Hong Kong.

En otra acción, la Dirección Nacional Antidrogas localizó 151 paquetes dentro de una embarcación que era remolcada por un camión articulado a la altura del kilómetro 18 de la autopista Panamá-Colón.

En el marco de la Operación Alianza, las autoridades también consiguieron el comiso de cuatro vehículos y dinero en efectivo presuntamente vinculados con seis de los investigados. Esa intervención produjo la imputación de 26 personas por conspiración, tráfico internacional de drogas y delitos conexos.

La Procuraduría señaló que las investigaciones continuarán tanto en la capital como en el interior del país. En el caso de Impacto Escolar, las 20 condenas representan el primer resultado judicial de una ofensiva que coloca nuevamente bajo atención el riesgo que supone la venta de sustancias ilícitas alrededor de los centros educativos.

La Unidad Fiscal Corrientes imputó a un hombre por transportar 2 kilos de cocaína ocultos entre la ropa mientras circulaba en moto por la ruta provincial 34, en San Carlos, y el juez federal de Garantías en feria Gustavo del Corazón Fresneda le dictó 60 días de prisión preventiva a pedido del Ministerio Público Fiscal.

El procedimiento se realizó el sábado pasado durante un control vehicular del Escuadrón 47 “Ituzaingó” de Gendarmería Nacional. De acuerdo con la acusación, los dos paquetes incautados llevaban impresa la imagen de un águila, un símbolo que estaría vinculado con el origen y el grado de pureza del estupefaciente.

La formalización de la investigación se realizó el lunes pasado en una audiencia en la que intervinieron el fiscal federal subrogante Juan Martín Mariño Fages y el auxiliar fiscal Nicolás Marquevich, en representación del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la unidad fiscal del distrito. La acusación se centró en el transporte de la droga, que el imputado llevaba disimulada entre sus prendas cuando se dirigía hacia la localidad de Gobernador Virasoro.

Cómo lo descubrieron

El caso comenzó cuando gendarmes detuvieron la marcha de una moto sobre la ruta provincial 34, en el departamento correntino de Ituzaingó. Durante la identificación del conductor, el personal advirtió irregularidades en la vestimenta y detectó de forma visible bultos rectangulares debajo de la ropa.

Frente a esa situación, se solicitó una orden de requisa. El magistrado interviniente autorizó luego la apertura de dos paquetes amorfos y una bolsa de nailon.

Las pruebas de orientación sobre la sustancia secuestrada fueron realizadas por personal del Grupo Criminalística y Estudios Forenses. Esos análisis dieron resultado positivo para cocaína.

El pesaje posterior estableció que los dos paquetes contenían en conjunto 2.013,64 gramos. A partir de ese hallazgo, se dispuso el secuestro de la droga y también la detención e incomunicación del acusado.

En el marco de la causa, la Justicia ordenó prisión preventiva por 60 días para el imputado. La medida cautelar fue resuelta por el juez federal de Garantías en feria Gustavo del Corazón Fresneda después del requerimiento presentado por el Ministerio Público Fiscal.

La prisión de Alhaurín de la Torre se ha convertido en el primer centro penitenciario español en utilizar sistemas antidrones para impedir que cualquier persona introduzca objetos en las cárceles. Concretamente, como anunció la Agrupación de los Cuerpos de las Administrativas de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) el pasado 25 de junio, esta tecnología se ha instalado en Málaga I, uno de los establecimientos “donde más presencia de drones se ha detectado debido al perfil de algunos internos vinculados a la delincuencia organizada”.

Al parecer, en los últimos años, los internos han usado este sistema para introducir teléfonos móviles, drogas y otros objetos prohibidos, gracias a su gran capacidad de discreción. Ante este dilema, Lidia, una funcionaria penitenciaria que pertenece al sindicato mayoritario del sector, ACAIP, y trabaja en el centro de Morón de la Frontera (Sevilla), ha relatado en ‘Ahora me entero’, el pódcast de Juanje Diánez, cómo es este método y las consecuencias de autoridad y de salud que se observan en las prisiones españolas.

“Los presos han llegado a morderse y arrancarse trozos de carne”

El avance tecnológico ha llegado también a las prisiones españolas. Tal y como señala Lidia, la introducción de drogas a través de estos dispositivos es posible por la falta de infraestructuras específicas. “La prisión tiene un techo que no está vallado en el patio y por ahí pueden pasar drones”, explica la funcionaria, quien advierte que los internos aprovechan la rutina diaria de los funcionarios para coordinar los envíos. Así, añade: “El último dron que se cogió entró a las siete de la tarde. Ellos son muy listos. Todos los días tenemos el mismo horario y saben que a esa hora tú estás con la comida, que no vas a estar en el patio”. Gracias a estos huecos, los internos han logrado introducir “pastillas, drogas, móviles”.

Pero lo que más preocupa a los trabajadores es que en algún momento este sistema sirva para introducir armas. “¿Y si un día le lleva una pistola?“, se pregunta. Al final, los funcionarios no cuentan con ningún tipo de arma dentro del centro y, bajo estas condiciones, ya se han detectado desgracias, como la trágica muerte de Nuria López, una cocinera de 48 años de la prisión de Mas d’Enric (Cataluña) que falleció en 2024 tras nueve años de trabajo.

Aunque poco a poco desde el sindicato mayoritario van dando pequeños pasos, como la instalación de sistemas antidrones en Alhaurín de la Torre, lo cierto es que deben estar atentos a diario para evitar que los presos introduzcan, en su gran mayoría, drogas. La nueva modalidad es el “papel impregnado”, una sustancia que también se puede introducir en cartas remitidas por familiares o terceros, y cuya detección resulta casi imposible. “Es la droga más potente que he conocido. Le llaman la droga caníbal porque los presos han llegado a morderse y arrancarse trozos de carne”, afirma la trabajadora.

Además, se han detectado casos en los que “han llegado a morder a funcionarios y a morder a otros internos”. Según la funcionaria, el consumo de esta sustancia ha provocado incluso muertes, aunque en los informes forenses solo figura la causa como “parada cardíaca”, ya que es el efecto que produce y no cuentan con los recursos para detectarla. “No nos han dado nada que nos ayude a detectar esa droga. Hemos pedido, por ejemplo, que nos dejen fotocopiar las cartas y dárselas a los internos para destruir el original. No quieren. No sé por qué, pero no quieren”, explica. Esta carencia de medios técnicos y humanos deja a los funcionarios con pocas herramientas para frenar el flujo de sustancias.

“En una prisión tenemos gente con tuberculosis, sarna, sida y hepatitis”

El consumo de drogas no es el único factor que incide en la vida de los internos. Porque cuando los presos tienen síndrome de abstinencia o sufren las consecuencias de la droga, muchas veces necesitan atención sanitaria. “Eso es otro melón”, avanza Lidia. Al parecer, la falta de personal médico es otra de las grandes preocupaciones de los trabajadores penitenciarios. La funcionaria sevillana detalla que “falta un 70% de médicos en este sector, eso quiere decir que de 10 médicos que deberíamos tener, tenemos 2,5″.

Ante esta situación, Lidia también resalta que la necesidad de este servicio es vital porque, a diferencia de aquellos habitantes de pequeños pueblos que deben desplazarse para poder ser atendidos por un profesional sanitario, “en una prisión tenemos gente con tuberculosis, sarna, sida, hepatitis, etc.”. A este factor se suma que en estos núcleos de población ”no hay una cantidad tan grande de toxicómanos o de enfermos mentales”, lo que hace indispensable contar con más médicos.

A pesar de las dificultades, la funcionaria aclara que “su medicación la paga el Estado, que por cierto es una inversión gordísima porque un centro penitenciario se puede gastar seiscientos mil euros en medicación al año”. No obstante, el reparto de medicamentos, en muchos casos, se convierte en una moneda de cambio dentro de la prisión: “Si una persona no cobra y no se puede comprar tabaco y es fumadora, a lo mejor cambia su Tranquimazín por un paquete de tabaco”. Pero, como afirma la funcionaria, la vigilancia del reparto es constante para evitar el trapicheo y asegurar que cada interno reciba solo su dosis.

Aun así, la falta de medios, ha dejado algunos escenarios graves de los que Lidia ha sido testigo: “Yo he visto un interno que se ha puesto a cortarse y le han tenido que coger ciento cinco puntos” después de cortarse los brazos y las piernas. También hay presos que se tragan pilas o cuchillas porque “a veces es su manera de reivindicar”.

¿Existe la reinserción de presos en España?

La masificación de las cárceles es otro elemento de presión en las cárceles. La ley establece que los presos deben vivir solos, salvo excepciones, pero la realidad es diferente: “Como hay tanta población reclusa y tan pocos medios, hay módulos que no están abiertos”, agrega Lidia. De hecho, “hay módulos que tienen 130 internos cuando lo normal sería no tener más de 80”. Esta situación genera conflictos y dificulta la reinserción, ya que “hay internos conflictivos que, para que las estadísticas estén bonitas, los tienen allí y te están extorsionando, te están robando, te están amenazando”.

Pero, ¿cómo afecta todo esto a la reinserción de los presos? “Hay internos que quieren reinsertarse, pero estás en un módulo con cien personas. Hay gente que consume droga en el módulo. Al final, cuando tú estás mal, caes en esas tentaciones”, explica Lidia. De esta forma, “como no hay una buena clasificación, porque nos estamos centrando más en la estadística que en el módulo bueno, donde esté solamente la gente que lo lleva bien, pues estás corrompiendo al que lo quiere llevar bien”, determina.

Un factor al que hay que sumar la atención del equipo técnico, que debería encargarse de que “cuando entre un interno, lo analice, vea qué ha pasado, qué circunstancias tiene, qué carencias tiene, detecte todo eso, lo solvente y esa persona salga bien a la calle”. Sin embargo, si una psicóloga tiene que llevar a las 150 personas de un solo módulo, “no le da tiempo”, concluye.

Después de más de dos meses de investigación, la Policía Bonaerense desbarató un búnker de drogas en Florencio Varela. El operativo culminó con cinco detenidos y el secuestro de más de 60 gramos de cocaína fraccionada para su comercialización, tres armas de fuego, municiones y dinero en efectivo, entre otros elementos.

Según pudo saber Infobae, el procedimiento fue realizado el martes 14 de julio por personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 6° de Florencio Varela, que desde el 7 de mayo llevaba adelante tareas de vigilancia y seguimiento sobre dos viviendas que, de acuerdo con la investigación, funcionaban como puntos de venta de estupefacientes. Las diligencias incluyeron el uso de drones del Ministerio de Seguridad bonaerense, con los que los investigadores registraron las maniobras de comercialización e incluso interceptaron a compradores que acababan de adquirir droga, lo que permitió fortalecer las pruebas de la causa.

Con las pruebas reunidas, la UFI N°1 de Florencio Varela, a cargo del Leonardo Valli, solicitó al Juzgado de Garantías N°8 la orden de allanamiento, requisa personal y secuestro. El operativo, que contó con apoyo de diversas unidades policiales, dos móviles del Comando de Patrullas de Florencio Varela (CPFV) y grupos especiales como el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y Halcón, se realizó en dos domicilios.

El primero de ellos, ubicado en la calle 1149, entre 1142 y 1140, en Florencio Varela, dio resultado negativo. En cambio, el segundo, sobre la calle 1136, entre 1139 y 1137, del mismo partido bonaerense, fue donde los investigadores hallaron la droga y el resto de los elementos secuestrados.

Allí, los agentes secuestraron 43 envoltorios de cocaína, con un peso total de 61,5 gramos, dinero en efectivo, dos handies con sus bases de recarga, un revólver, dos pistolas, una réplica de arma de fuego, ocho municiones, un teléfono celular y diversos elementos de corte.

Además, se procedió a la aprehensión de cinco personas, identificadas como Axel Quiroga (29), Rodrigo Javier Sarco (25), Damián Jorge Alejandro (41), Elías Ariel Tartalo (23) y Walter Antonio Ojeda (30). Fuentes policiales señalaron que Quiroga es señalado por la investigación como el presunto responsable de la comercialización de los estupefacientes.

El caso quedó en manos de la UFI N°1 de Florencio Varela, que este miércoles ordenó el traslado de los detenidos junto con los elementos secuestrados. Los cinco quedaron a disposición de la Justicia bajo la acusación de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en el marco del artículo 5, inciso C, de la Ley 23.737.

En junio, la Policía Bonaerense realizó un operativo antidrogas en el barrio Güemes, en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno. Los efectivos allanaron un búnker donde detuvieron a tres personas y secuestraron 111,01 gramos de cocaína fraccionada en 242 envoltorios, marihuana, tres armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la venta de estupefacientes. Durante el procedimiento, uno de los sospechosos golpeó a un policía con un revólver y le provocó una lesión en la zona ocular, aunque finalmente fue reducido junto a los otros implicados.

Los arrestados, identificados como Federico Battellini Oyola, Rodolfo Leandro Ahumada y Alexis Daniel Ayala, quedaron a disposición de la Justicia acusados de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, resistencia a la autoridad y tenencia ilegal de arma de uso civil. Dos de los detenidos contaban con antecedentes penales.

El último lunes 13 de julio, agentes de la División de Investigación de Extorsiones sorprendieron a Jorge Aldair Quiñónez Velásquez, conocido como alias ‘Chucho’, en un inmueble del distrito de Comas.

La Policía Nacional del Perú (PNP) lo identifica como presunto brazo armado de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, cabecilla de la organización criminal Los Injertos del Norte. La detención se produjo tras una serie de pesquisas sobre el cobro de cupos a comerciantes y transportistas en la zona norte de Lima.

Durante el operativo, los agentes hallaron evidencias relacionadas con actividades ilícitas atribuidas al detenido. “Tomamos conocimiento a través de canales de inteligencia, especialmente por la División de Inteligencia de nuestra Dirección de Investigación Criminal, que prontuariados delincuentes estarían reorganizándose en esta parte de Lima Norte a efectos de activarse criminalmente vinculados a temas de sicariato, extorsión y secuestro”, explicó el coronel Olger Obando, jefe de la División Antiextorsiones.

Al momento del arresto, Quiñónez Velásquez tenía tres requisitorias vigentes por microcomercialización de drogas. Además, la Policía Nacional incautó nitrato de amonio y otros materiales que serán incorporados a la investigación. El jefe policial remarcó: “Ambos cuentan con antecedentes y han estado internos en penales, pero nuevamente se encuentran en libertad”.

Detenciones y libertades

La historia delictiva de alias ‘Chucho’ incluye múltiples capturas y posteriores liberaciones, generando inquietud entre las autoridades y la comunidad. Según archivos policiales, fue intervenido en octubre de 2024 en otro inmueble de Comas, donde se hallaron municiones y una cacerina. En ese entonces, también fue vinculado con alias ‘Yojairo’, investigado por presunta fabricación y porte ilegal de armas de fuego.

Pese a los hallazgos, volvió a recuperar la libertad. Solo cuatro meses después, agentes de la División de Investigación de Crimen Organizado (Dirincri) lo capturaron nuevamente. En esa ocasión, encontraron cartuchos de dinamita, pero el resultado fue el mismo: excarcelación.

El coronel Cruz Chamba recordó: “Hace cuatro meses atrás, en octubre, fue liberado, luego de que la justicia declarara improcedente la prisión preventiva”.

El historial de Quiñónez Velásquez suma detenciones desde 2019 por robo agravado y tenencia ilegal de armas de fuego. Ninguna de esas veces terminó con prisión preventiva, lo que ha generado cuestionamientos sobre los procesos judiciales. La reciente intervención incluyó a Maryory Nicole Cabezas Teodoro, pareja de ‘Chucho’, quien tiene una sentencia de 20 años por secuestro, y a otro presunto implicado.

Investigación en desarrollo y repercusiones

Las autoridades sostienen que alias ‘Chucho’ habría seguido operando bajo las órdenes de ‘El Monstruo’ tras sus anteriores liberaciones. La hipótesis se apoya en testimonios recogidos por el Ministerio Público, como el de Jordano Edwin Galarza, alias ‘Yodarno’, quien declaró haber sido captado por Quiñónez Velásquez para ejecutar atentados con explosivos contra empresarios en Lima Norte.

Durante la intervención, los agentes incautaron material explosivo y continúan analizando la situación procesal de los detenidos.

“No sabemos cuál es la situación procesal de ambos. Más allá de la intervención con posesión de material explosivo y las requisitorias vigentes, respecto a sus procesos por crimen organizado y secuestro agravado, no sabemos qué hacen en las calles personas tan peligrosas”, afirmó el coronel Obando.

La Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid han desmantelado dos puntos de venta de droga en el distrito de San Blas-Canillejas y han detectado la comercialización de una sustancia poco habitual hasta ahora en España. Se trata del WAX, un extracto altamente concentrado de cannabis que destaca por su elevado contenido en THC y por sus efectos psicoactivos inmediatos. La operación concluyó con cinco detenidos y la incautación de distintas sustancias estupefacientes, además de una importante cantidad de este nuevo producto.

La investigación policial permitió descubrir que uno de los inmuebles funcionaba bajo la apariencia de una asociación de consumidores de cannabis. Sin embargo, las pesquisas revelaron que en realidad se utilizaba como punto de venta y distribución de drogas. Junto al local también se registró una vivienda anexa desde la que se suministraban sustancias a terceras personas.

Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue la presencia del denominado WAX, una sustancia con textura similar a la cera que se comercializa en pequeñas cantidades y que puede alcanzar concentraciones de hasta el 90% de THC, el principal componente psicoactivo del cannabis. Según informó la Policía, sus efectos son prácticamente inmediatos y presentan una intensidad muy superior a la de otras formas habituales de consumo.

Durante la operación fueron intervenidos alrededor de 400 gramos de esta sustancia, cuyo valor en el mercado ilícito podría situarse en torno a los 30.000 euros. Aunque el WAX ya había sido detectado en otros países, su presencia continúa siendo poco frecuente en España, lo que convierte este decomiso en uno de los aspectos más relevantes de la investigación.

Las pesquisas comenzaron el pasado mes de febrero, cuando los agentes detectaron un constante trasiego de personas en torno al establecimiento. Los clientes permanecían apenas unos minutos en el interior antes de abandonar el lugar o desplazarse a una vivienda cercana, un comportamiento que despertó las sospechas de los investigadores.

Se presentaban como un club de fumadores

En una primera fase se comprobó que el establecimiento se presentaba como un club de fumadores de cannabis. No obstante, tras consultar el registro oficial de asociaciones, los agentes confirmaron que no existía ninguna entidad legalmente inscrita con esas características. Además, comprobaron que no se realizaban controles de acceso propios de este tipo de asociaciones, ya que las personas entraban y salían sin ser identificadas y sin acreditar la condición de socios.

A partir de estos indicios, la Policía concluyó que el local era utilizado exclusivamente para la venta de drogas y para permitir su consumo en el interior. Según la investigación, desde ese punto también se abastecía la vivienda anexa, cuyos ocupantes almacenaban parte de las sustancias para distribuirlas posteriormente a otros compradores.

La fase definitiva de la operación se desarrolló el pasado 17 de junio con la entrada y registro simultáneo de ambos inmuebles. Durante el operativo los agentes localizaron aproximadamente dos kilogramos de marihuana, un kilogramo de hachís y los citados 400 gramos de WAX. Además, intervinieron dinero en efectivo fraccionado y diverso material destinado a la dosificación y distribución de las sustancias.

Detenidos cuatro hombres y una mujer

El registro también permitió comprobar cómo estaba organizado el establecimiento. El local disponía de varias habitaciones con funciones diferenciadas. En una de ellas se encontraba la recepción, donde un taquillero almacenaba distintas cantidades de marihuana y hachís preparadas para su venta. Otra estancia funcionaba como dispensario y fue precisamente en una nevera donde los agentes localizaron el WAX.

Junto a esta sustancia también se incautaron ocho recipientes con hachís, once botes de cristal que contenían cogollos de marihuana, 23 cigarrillos ya preparados para su consumo y otros productos relacionados con el cannabis, entre ellos gominolas y artículos de cosmética elaborados con derivados de esta planta.

La investigación permitió determinar que varias personas desempeñaban funciones específicas para garantizar el funcionamiento del negocio. Algunos se encargaban del mantenimiento exterior del inmueble, mientras que otros controlaban la entrada de los clientes o los acompañaban a la salida para evitar sospechas. Esta estructura organizada llevó a los agentes a considerar que no se trataba de una actuación individual.

Como resultado del operativo fueron detenidos cuatro hombres y una mujer, a quienes se atribuyen presuntos delitos contra la salud pública y de pertenencia a grupo criminal. La Policía considera que el grupo mantenía una actividad perfectamente organizada para la distribución de distintas sustancias estupefacientes, utilizando la apariencia de una asociación cannábica como cobertura para desarrollar un negocio ilícito que ahora ha quedado desmantelado.

Dos hombres murieron y otros dos fueron detenidos tras un violento tiroteo ocurrido este lunes en una vivienda de Villa Elisa, partido de La Plata. Según informaron fuentes policiales a Infobae, la casa donde ocurrió el episodio estaba siendo investigada en una causa por presunta comercialización de estupefacientes al menudeo y ya había sido allanada anteriormente en otro expediente judicial.

El hecho comenzó tras un llamado al 911 que alertó sobre detonaciones de arma de fuego en una vivienda ubicada en la calle 413 y 152. Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas Base Norte entrevistaron a la propietaria, quien relató que se encontraba junto a su amigo Joaquín Jeremías Ponzo (39) y sus tres hijos cuando irrumpieron dos hombres, uno de ellos armado.

En ese momento, Ponzo comenzó a forcejear con los intrusos. Asustado, uno de los hijos de la mujer salió a pedir ayuda a Ángel Antonio Alarcón (48), ex pareja de la propietaria, quien vive a una cuadra del lugar y acudió inmediatamente. Al ingresar, también se sumó al enfrentamiento.

Durante la pelea se efectuaron varios disparos. Como consecuencia, Mauro Javier Gil (35), uno de los hombres que había ingresado a la vivienda, recibió un disparo en la cabeza y Ponzo también fue alcanzado por un balazo. Ambos murieron en el lugar.

Mientras personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) preservaba la escena, la propietaria reconoció como uno de los atacantes al acompañante de una motocicleta Honda Storm 150 que pasó por el lugar. Los policías iniciaron una persecución y lograron interceptar a los ocupantes, identificados como Ariel Montoya (35) y Germán Cruze (32), quienes quedaron aprehendidos.

Además, se secuestró la motocicleta en la que circulaban y un Ford Fiesta gris perteneciente a Ponzo, que permanecía estacionado frente a la vivienda.

El caso es investigado por la UFIJ N°17 de La Plata, a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, quien dispuso las primeras diligencias de la investigación y dio intervención al Gabinete de Homicidios para reconstruir la mecánica del hecho.

Antecedentes

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, el domicilio donde ocurrió el tiroteo forma parte de una investigación iniciada el pasado 24 de junio por presunta comercialización de estupefacientes al menudeo, en la que figura como imputado Ángel Antonio Alarcón, ex pareja de la propietaria. Además, la vivienda había sido allanada en diciembre de 2024 en el marco de una causa por robo agravado.

Uno de los detenidos, Ariel Montoya, posee un extenso prontuario que incluye causas por robo agravado, portación ilegal de armas, amenazas agravadas y encubrimiento. Incluso, había recuperado la libertad el 12 de mayo pasado por disposición del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de La Plata.

La otra víctima fatal, Mauro Javier Gil, también registraba antecedentes penales por robo agravado y violación de domicilio. Además, sobre él pesaba una orden de captura vigente desde abril de este año por una causa de robo agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa.

Por su parte, Alarcón registra un antecedente por encubrimiento en una causa tramitada en 2024, aunque actualmente no tenía pedidos de captura vigentes.

El hallazgo se produjo durante una inspección rutinaria en uno de los depósitos de la terminal aérea, donde participaron miembros del Ministerio Público, efectivos del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC) y unidades caninas, de acuerdo con datos oficiales recogidos por la DNCD. La revisión permitió identificar una caja de regalos, en cuyo interior se localizó una prenda de vestir que presentaba doble costura. Dentro de los dobladillos y las costuras, los inspectores extrajeron un total de 83 píldoras de la sustancia que, según las autoridades, corresponde a cocaína.

Según detalló la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el paquete había sido enviado por una mujer, cuya dirección figura en la Avenida San Vicente de Paul, en Santo Domingo Este. El destinatario sería un hombre domiciliado en Wood Avenue, Monticello, en el estado de Nueva York, Estados Unidos. Las autoridades señalaron que la modalidad utilizada en el caso evidencia el intento de las redes del narcotráfico internacional por burlar los controles de seguridad aeroportuaria mediante métodos de ocultamiento cada vez más sofisticados.

La DNCD informó, citando el manifiesto de envío, que las investigaciones abiertas buscan determinar la identidad real tanto del remitente como del destinatario. Las pesquisas se desarrollan en conjunto con el Ministerio Público y organismos de inteligencia, quienes intentan establecer si los datos consignados en los documentos de la paquetería corresponden a personas reales o si se trata de identidades ficticias utilizadas para encubrir la operación.

La DNCD detalló que las pastillas incautadas fueron debidamente embaladas y remitidas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para su análisis y posterior procesamiento. De acuerdo con las declaraciones institucionales, la colaboración entre los distintos organismos de seguridad permitió identificar y neutralizar el método de camuflaje, que consistía en disimular la droga entre las costuras de la prenda destinada al envío internacional.

“El hallazgo se realizó durante las labores de inspección que regularmente ejecutan los oficiales antinarcóticos, el Ministerio Público y la seguridad aeroportuaria”, comunicó la DNCD, según recogió la prensa nacional. La entidad subrayó que las acciones de vigilancia y control en las terminales aéreas forman parte de una estrategia permanente contra el tráfico ilícito de sustancias prohibidas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con este caso, aunque confirmaron que las diligencias investigativas continúan abiertas para identificar posibles implicados y establecer conexiones con otras operaciones similares previas.

El caso se encuentra bajo la jurisdicción del Ministerio Público y la DNCD, que mantienen activa la línea de investigación sobre el uso de métodos de ocultamiento en prendas de vestir para el tráfico internacional de droga.

Además, esta semana, la Procuraduría General de la República y la DNCD, con el apoyo de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), dentro del reforzamiento de los lazos de la cooperación internacional, extraditaron a otros dos dominicanos bajo las acusaciones de narcotráfico a gran escala y otros delitos en tribunales de la ciudad de Nueva York.

Según pudo saber Infobae de fuentes policiales, la investigación comenzó a partir de un llamado anónimo que advertía que una pasajera llegaría a Villa Ángela en un colectivo de media distancia con estupefacientes ocultos. Con esa información, y por disposición de la Fiscalía de Investigación Antidrogas de Presidencia Roque Sáenz Peña, los efectivos montaron un operativo de vigilancia en la Terminal de Ómnibus y en distintas paradas de colectivos de la ciudad para localizar a la sospechosa.

La espera dio resultado. Cuando los agentes identificaron a la joven y realizaron un primer control, encontraron pequeñas dosis de una sustancia blanquecina, un teléfono celular, anotaciones que ahora forman parte de la investigación y los pasajes del viaje que había realizado hasta Villa Ángela.

Sin embargo, los investigadores sospechaban que llevaba una cantidad mayor de estupefacientes oculta en su cuerpo. Como la mujer manifestó que cursaba un embarazo, fue trasladada al Hospital “Salvador Mazza”, donde una médica realizó la revisión correspondiente y constató que ocultaba un envoltorio cilíndrico en la cavidad vaginal, el cual fue extraído durante el examen.

La sustancia fue sometida a una prueba de campo, que arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 51,16 gramos.

Por disposición de la Fiscalía, los efectivos secuestraron la droga, el teléfono celular, las anotaciones y los pasajes de colectivo, elementos que serán incorporados a la investigación para determinar el origen y el destino del cargamento.

La mujer fue notificada formalmente de su aprehensión por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737 y quedó a disposición de la Justicia.

El caso se suma a otros procedimientos antidrogas realizados en la provincia durante los últimos meses. A principios de mayo, la Policía del Chaco detuvo en Resistencia a un hombre que permanecía prófugo desde hacía más de dos meses por una causa vinculada con la comercialización de estupefacientes.

La captura se produjo durante un patrullaje de la División Microtráfico Metropolitana en el barrio La Liguria. El sospechoso tenía un pedido de captura vigente emitido por la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 1.

La investigación se había iniciado tras un allanamiento realizado a fines de febrero, en el que se secuestraron 65 envoltorios de cocaína, dinero en efectivo y un teléfono celular, aunque el principal acusado había logrado escapar en aquella oportunidad.

Siete personas fueron detenidas durante cinco cateos realizados en los municipios de Colón y Querétaro, donde autoridades aseguraron drogas, dinero en efectivo y objetos presuntamente relacionados con la comercialización de sustancias ilícitas.

Las diligencias se realizaron como parte de investigaciones por delitos contra la salud. Durante los operativos fueron decomisadas diversas cantidades de metanfetamina y marihuana, localizadas en bolsas y envoltorios que, de acuerdo con las autoridades, estarían preparados para su posible distribución.

Además del aseguramiento de narcóticos, los agentes encontraron dinero en efectivo, básculas grameras, dispositivos electrónicos y otros indicios que serán analizados como parte de las investigaciones.

Como resultado de las acciones, cuatro inmuebles quedaron bajo resguardo ministerial mientras continúan las indagatorias para determinar la posible responsabilidad de las personas detenidas y establecer su relación con las actividades investigadas.

Los operativos fueron realizados por agentes ministeriales y elementos de investigación, con apoyo de corporaciones estatales, federales y municipales. Las autoridades informaron que los objetos asegurados serán sometidos a análisis periciales para integrarlos a las carpetas de investigación correspondientes.

Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades de las siete personas detenidas ni su situación jurídica.

Autoridades han intensificado los cateos por narcomenudeo en distintos municipios de Querétaro

Los cinco cateos realizados en Colón y Querétaro se suman a otros operativos ejecutados durante 2026 como parte de investigaciones por delitos contra la salud. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, en mayo fueron cumplimentadas 10 órdenes de cateo en la zona metropolitana, acciones en las que reportó la detención de 10 personas y el aseguramiento de metanfetamina, cocaína, marihuana, armas de fuego, cartuchos y dinero en efectivo.

La dependencia también informó que, en abril, otros cuatro cateos realizados en los municipios de Corregidora, Pedro Escobedo, San Joaquín y El Marqués derivaron en la detención de 14 personas y el decomiso de diversas dosis de droga, armas de fuego y equipo presuntamente utilizado para su distribución. Ese mismo mes, autoridades estatales reportaron nuevos operativos en Colón, El Marqués y la capital queretana, donde aseguraron narcóticos, efectivo y otros indicios que fueron incorporados a las investigaciones.

Los operativos se han extendido a varias regiones del estado

Según la Fiscalía de Querétaro, las acciones contra el narcomenudeo se han concentrado en inmuebles identificados mediante investigaciones ministeriales y se han desplegado en municipios como Querétaro, Corregidora, El Marqués, Colón, Pedro Escobedo, San Joaquín y Tequisquiapan. En esos operativos, la autoridad ha informado el aseguramiento de metanfetamina, cocaína, marihuana, armas de fuego, dinero en efectivo y propiedades presuntamente vinculadas con actividades ilícitas.

Aunque Querétaro registra niveles de violencia menores que otras entidades del país, las autoridades estatales han sostenido que durante 2026 reforzaron los cateos y las investigaciones por delitos contra la salud mediante operativos coordinados con fuerzas federales y corporaciones municipales. Las carpetas derivadas de esos aseguramientos continúan en integración para determinar la situación jurídica de las personas detenidas.

La Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la Dirección Antidrogas (Dirandro), ejecutó durante el primer semestre de 2026 una ofensiva que resultó en el decomiso de más de 62 toneladas de droga.

Según los reportes oficiales, entre el 1 de enero y el 10 de julio se realizaron 9.719 operativos en diversas regiones del país, cifra que representa un despliegue sostenido contra las redes vinculadas al narcotráfico.

El jefe de la Dirandro, general Antonio Huamán Deza, explicó que el resultado corresponde exclusivamente a sustancias ya procesadas y listas para ser comercializadas. “Hemos logrado desarticular 65 organizaciones criminales dedicadas a este delito e impedir el tráfico de más de mil millones de dólares o tres mil millones de soles. Las más de 62 toneladas decomisadas es solo droga procesada, es decir, lista para su comercialización y consumo”, afirmó.

Del total incautado, 13,230.2 kilogramos corresponden a droga cocaínica—3,393.4 kg de pasta básica de cocaína y 9,836.7 kg de clorhidrato de cocaína—, mientras que 49,475.6 kilogramos fueron de marihuana.

Las operaciones policiales permitieron la detención de 5,922 personas y la desarticulación de 65 organizaciones criminales y 46 bandas relacionadas con el tráfico ilícito de drogas.

Además, la PNP reportó que se destruyeron 366 laboratorios clandestinos, se inutilizaron 25 pistas de aterrizaje y se incautaron más de 8.4 millones de kilogramos de insumos químicos fiscalizados empleados en la elaboración de sustancias ilícitas.

Impacto económico y estrategia estatal

El Ministerio del Interior (Mininter) indicó que el valor de la droga decomisada supera los 1.000 millones de dólares. Esta cifra representa pérdidas directas para las organizaciones criminales, que ven afectadas sus fuentes de financiamiento y logística.

Como parte de la ofensiva, la PNP incautó 377 bienes ligados al narcotráfico, entre ellos seis inmuebles, 248 vehículos terrestres, acuáticos y aéreos, más de S/ 3 millones en efectivo y 123 armas de fuego.

El titular de la cartera del Interior, José Zapata Morante, subrayó la importancia de estos resultados en la lucha contra el crimen organizado. “Estos resultados confirman el compromiso del Estado peruano con la seguridad ciudadana y con el combate frontal al narcotráfico. Vamos a seguir golpeando las estructuras criminales en todo el territorio nacional”, sostuvo el ministro Zapata.

La Dirandro también resaltó la colaboración con fuerzas internacionales para frenar el flujo de drogas hacia otros continentes. Se citan casos recientes como la incautación de 900 kilos de cocaína en el puerto de Paita y la operación binacional con Colombia, que permitió decomisar 9.229 kilogramos de marihuana en Loreto.

La tendencia de decomisos de droga procesada en 2026 ya supera los registros anuales de varios años anteriores. Por ejemplo, en 2024 se alcanzaron 165 toneladas incautadas en 18,700 operativos, y en 2025 más de 141 toneladas. El fortalecimiento de las labores de inteligencia e interdicción ha sido clave, sobre todo en zonas como el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para denunciar actividades sospechosas y cooperar con la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.

En paralelo, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, publicó un balance de la cooperación bilateral en materia de seguridad: entre enero de 2025 y julio de 2026, la ATF aseguró cerca de 50 mil armas de fuego, decomisó casi 2.9 millones de cartuchos y realizó más de 10 mil arrestos vinculados al tráfico de armamento. El diplomático atribuyó los resultados al trabajo conjunto de los presidentes Donald Trump y Claudia Sheinbaum.

En territorio mexicano, el día dejó varios golpes al crimen organizado. Seis integrantes de la célula CJNG “Delta 4” recibieron sentencias de 60 años de prisión cada uno por secuestro exprés en Toluca, mientras que en Ciudad Juárez las autoridades federales hallaron más de 7 mil cartuchos ocultos en un tractocamión de una empresa de paquetería. También se confirmó el asesinato del exalcalde de Fresnillo Benjamín Medrano Quezada, ocurrido el 7 de julio en Guadalajara.

La jornada cerró con dos noticias desde Sinaloa: la Secretaría de Seguridad Pública estatal reconoció atravesar una etapa de reorganización con respaldo federal, y la Fiscalía aprehendió en Sonora a un presunto asesino de un chofer con apoyo del Consulado estadounidense en Hermosillo. El estado, epicentro de la violencia del último año, sigue bajo la lupa de ambos gobiernos.

A continuación, los hechos relevantes de este sábado, 11 de julio.

Policía habría atropellado y matado a una persona en la colonia Misión del Valle, en Morelia

Un elemento de una corporación policial habría atropellado y matado a una persona en la colonia Misión del Valle, en Morelia, Michoacán, según informó este domingo la Fiscalía General del Estado.

La institución señaló que ya cuenta con líneas sólidas de investigación que permiten establecer, de manera preliminar, la identidad del presunto responsable como integrante de una corporación policial, sin precisar de cuál. Además, indicaron que las investigaciones continúan para el esclarecimiento pleno del hecho y reiteró que el caso no quedará impune.

La dependencia subrayó que actuará con estricto apego a la ley en el seguimiento del caso.

El comunicado no precisó el nombre de la víctima, la corporación policial involucrada ni las circunstancias exactas en que ocurrió el atropellamiento.

Hallan 75 envoltorios de presunta marihuana escondidos en una llanta en Culiacán

Elementos del Grupo Interinstitucional localizaron presunta marihuana oculta dentro de una llanta en la calle Federalismo, al suroeste de Culiacán, Sinaloa. El material fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.

Los Policías Estatales realizaban labores de seguridad y vigilancia en las inmediaciones de una plaza comercial cuando detectaron una bolsa de color negro en el interior de una llanta. Según el reporte, la situación les llamó la atención y se acercaron a revisar.

Dentro de la bolsa de plástico hallaron 75 envoltorios de color azul, con un peso aproximado de 1.53 kilogramos.

Los elementos describieron el contenido como hierba seca con las características propias de la marihuana, aunque la naturaleza exacta de la sustancia quedó pendiente de los peritajes que realicen las autoridades ministeriales.

Ataque armado en velorio deja tres muertos y cuatro heridos en Álvaro Obregón, Michoacán

Un ataque armado durante un velorio dejó tres personas muertas y al menos cuatro heridas en el municipio de Álvaro Obregón, Michoacán, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Luego del crimen, las autoridades revelaron las cifras preliminares y desplegaron un operativo de la Guardia Civil en la zona.

La SSP Michoacán informó que los heridos recibieron atención médica tras la agresión. El comunicado oficial no precisó el número de agresores, las armas utilizadas ni el momento exacto del ataque.

La Guardia Civil inició acciones de búsqueda y localización de los responsables y reforzó la seguridad en el municipio, ubicado a unos 20 kilómetros al oeste de Morelia. La Fiscalía General del estado de Michoacán abrió las diligencias e investigaciones correspondientes.

La SSP señaló que el operativo se mantuvo activo al momento de emitir el comunicado, sin que se reportara la detención de ningún implicado.

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Enfrentamiento en Matamoros deja dos detenidos y nueve armas largas decomisadas

Un enfrentamiento en Matamoros, Tamaulipas, dejó dos presuntos criminales lesionados y detenidos junto con el decomiso de un fusil Barrett calibre .50, luego de que personal del Ejército Mexicano repeliera un en las inmediaciones del Libramiento y la avenida La Gran Puerta de México, a la altura de la colonia Praderas de La Rioja, de acuerdo con la Vocería de Seguridad Tamaulipas en sus redes sociales oficiales.

Además del fusil Barrett, en el lugar fueron aseguradas ocho armas largas, una camioneta de alta gama y diverso equipo táctico. Uno de los vehículos en los que se desplazaban los presuntos agresores perdió el control y se impactó durante el enfrentamiento. No se reportaron elementos militares lesionados.

Las autoridades mantuvieron presencia en la zona y continuaron con las acciones de seguridad correspondientes. La Vocería de Seguridad Tamaulipas precisó que la información era preliminar y que se actualizaría a través de los canales oficiales.

Los hechos ocurrieron durante recorridos de seguridad y vigilancia que realizaba personal de la Secretaría de la Defensa Nacional en la ciudad fronteriza.

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La Fiscalía General de la República (FGR) supervisó el día de ayer, 9 de julio la destrucción de 64,263.14 gramos de droga incautada en distintos operativos realizados en El Salvador, con un valor estimado de 357,502.87 dólares.

El proceso, que se llevó a cabo con el apoyo de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS), abarcó la incineración de marihuana, cocaína y metanfetaminas confiscadas en diversas regiones del país.

Durante la jornada, representantes de la FGR, junto a equipos de la PNC y la SRS, realizaron la verificación del proceso de incineración. Las autoridades incluyeron la prueba de campo, el registro y la clasificación de cada tipo de droga antes de su destrucción. Según informó el Ministerio Público, este procedimiento responde a los lineamientos legales para la disposición final de sustancias ilícitas incautadas en operativos contra el narcotráfico.

Las sustancias destruidas corresponden a:

• 58,620.4 gramos de marihuana
• 4,937.322 gramos de cocaína
• 705.426 gramos de metanfetaminas.

La suma total, según detalló la FGR, asciende a 64,263.14 gramos, con un valor en el mercado ilegal de 357,502.87 dólares. Estas cifras fueron verificadas por personal técnico de la SRS, quienes certificaron cada fase del procedimiento.

Alcances de los decomisos y procesos judiciales

De acuerdo con la información oficial, los estupefacientes eliminados corresponden a 54 procesos de incautación ejecutados en los departamentos de Santa Ana, La Libertad, San Miguel, San Salvador y Sonsonate. Las autoridades confirmaron que los casos ya fueron judicializados, y los responsables cumplen condenas de prisión por delitos vinculados al narcotráfico.

El reporte indica que las incautaciones forman parte de operativos coordinados por el Gabinete de Seguridad, orientados a combatir el narcomenudeo y el tráfico a gran escala. Según la PNC, en lo que va del año se han decomisado múltiples toneladas de drogas y se han desmantelado redes de distribución en ciudades clave como San Miguel y San Salvador.

En El Salvador, los delitos relacionados con estupefacientes se encuentran regidos por la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas (LRARD). Esta normativa establece sanciones que oscilan entre 1 y 15 años de prisión, en función del tipo y cantidad de droga incautada, así como de la finalidad de la posesión.

La ley clasifica los delitos principalmente en tres categorías:

• Posesión y Tenencia (artículo 34): Para cantidades menores a 2 gramos, la pena va de 1 a 3 años de prisión. Si la cantidad es igual o superior a 2 gramos, la sanción es de 3 a 6 años de prisión.
• Tráfico Ilícito (artículo 33): Cuando se demuestra que la droga se posee con fines de comercialización, almacenamiento, exportación o distribución, la pena se fija entre 6 y 10 años de prisión.
• Transacciones y Actividades Derivadas (artículo 46): Las operaciones financieras o comerciales con bienes provenientes del narcotráfico se castigan con penas de 8 a 15 años de prisión.

Estas disposiciones legales buscan sancionar de forma diferenciada la posesión para consumo propio, el tráfico y las operaciones de lavado de activos relacionadas con el narcotráfico.

El combate al tráfico de drogas representa una prioridad para las autoridades salvadoreñas. Según información proporcionada por la PNC, los operativos han permitido interceptar cargamentos significativos y desarticular estructuras criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes.

El marco legal vigente y los operativos permanentes reflejan el enfoque del Estado salvadoreño en la reducción del tráfico y consumo de drogas, así como en la persecución penal de quienes incurren en estos delitos.

Un joven de 25 años denunció en Santiago del Estero que su sobrino lo llevó a un monte, lo golpeó y lo dejó atado a un árbol durante cinco horas. La Justicia investiga el caso como lesiones leves y amenazas y, según los primeros indicios incorporados al expediente, podría estar vinculado a un conflicto por drogas.

La denuncia fue presentada el miércoles por la noche en la Comisaría Nº 63, aunque el hecho, según el relato de la presunta víctima, había ocurrido el lunes al mediodía en el paraje Puestito de San Antonio. Según El Liberal, el joven afirmó que permaneció inmovilizado durante unas cinco horas antes de lograr desatarse por sus propios medios y regresar a su casa.

El denunciante, de apellido Arce, declaró que su sobrino, identificado como Yonathan, llegó a su vivienda y lo convenció de acompañarlo hasta una zona montuosa ubicada a unos 600 metros. Según su testimonio, le dijo que otras personas querían hablar con él.

Cómo describió el ataque y qué investiga la fiscalía

Al llegar al lugar, sostuvo que se encontró con dos amigos de su sobrino, a quienes identificó como “Coni” y “Pato”. De acuerdo con la denuncia, los tres lo atacaron a golpes de puño y con rebenques, luego lo maniataron y lo ataron a un árbol.

Antes de irse, los atacantes lo habrían amenazado para impedir que saliera a la calle. La denuncia cita dos frases textuales: “No salgas a la calle si no ya vas a ver lo que te va a pasar” y “Te vamos a violar”.

El joven aseguró que quedó retenido en ese lugar hasta que logró soltarse sin ayuda. Después volvió a su domicilio y más tarde resolvió radicar la denuncia en la seccional.

En un primer momento, señaló que mantenía “problemas de vieja data” con el acusado, sin dar más precisiones sobre el origen del conflicto. La publicación santiagueña indicó que, con el avance de las averiguaciones, surgieron elementos que llevaron a los investigadores a presumir que el episodio podría estar ligado a las drogas.

La causa quedó a cargo del fiscal de turno Martín Silva, quien dispuso que la víctima fuera examinada por personal médico de Sanidad. También ordenó que las actuaciones fueran remitidas al Ministerio Público Fiscal para continuar con la investigación.

De acuerdo con lo informado por Diario Panorama y El Liberal, el expediente fue caratulado de manera provisoria como lesiones leves y amenazas. La investigación seguía abierta para determinar el trasfondo del ataque y la participación de los otros dos hombres mencionados en la denuncia.

Una operación coordinada entre autoridades de Costa Rica, Estados Unidos, Colombia y Panamá permitió la captura de dos lanchas en el Pacífico Sur y el decomiso de 5,4 toneladas de drogas, además de la detención de seis sospechosos, en menos de 24 horas. El Ministerio de Seguridad Pública confirmó que se trata del segundo golpe consecutivo al narcotráfico en la zona marítima, lo que refuerza el trabajo conjunto regional en la lucha contra el crimen organizado.

El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos Valverde, informó que la acción más reciente se ejecutó cuando oficiales del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) del Servicio Nacional de Guardacostas interceptaron una lancha rápida a 145 millas náuticas (270 kilómetros) al suroeste de Golfito. La embarcación, identificada como “ANGEL DEL PACíFICO”, no portaba matrícula ni bandera y estaba equipada con tres motores fuera de borda de 200 caballos de fuerza cada uno.

Según el ministro Campos, la operación fue posible gracias al intercambio de información de inteligencia con la Armada de Colombia y autoridades panameñas, así como el apoyo aéreo de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de Estados Unidos (JIATFS). Las autoridades resaltaron la importancia de la cooperación internacional para rastrear y ubicar este tipo de embarcaciones en aguas internacionales.

A bordo de la lancha viajaban tres ciudadanos colombianos identificados por sus apellidos: Hidalgo (23 años, capitán), Gálvez (50) y Pertuz (31), quienes fueron aprehendidos cuando intentaban escapar. El traslado a Golfito se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y, una vez en tierra, agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) contabilizaron el cargamento: 150 paquetes con aproximadamente un kilo de cocaína cada uno y cerca de 2,750 kilos de marihuana, lo que suma un total de 2,900 kilos (2,9 toneladas) de droga.

El decomiso refuerza el saldo logrado en la madrugada del mismo miércoles, cuando otra lancha fue interceptada en el Pacífico Sur. Tras el conteo final de la carga, la PCD determinó que 2,526 paquetes de cocaína, con un peso estimado de un kilo cada uno, componían un total de 2,5 toneladas.

Las dos operaciones elevaron el número de personas aprehendidas a seis, de las cuales cuatro son de nacionalidad colombiana y dos ecuatoriana. La rápida respuesta de los equipos de seguridad evitó la fuga de los sospechosos y permitió asegurar la totalidad de las sustancias ilícitas que pretendían ingresar por la ruta del Pacífico.

El propio Campos enfatizó que la cooperación regional y el uso de tecnología de punta han sido determinantes para frenar el avance de las organizaciones criminales en el corredor marítimo centroamericano, donde la ruta del Pacífico Sur se ha consolidado como una de las principales vías para el tráfico de drogas hacia Norteamérica.

La PCD aclaró que los paquetes de droga incautados serán sometidos a análisis y se mantendrán bajo resguardo judicial, como parte de los procedimientos legales correspondientes. Los seis detenidos enfrentarán cargos por tráfico internacional de drogas, y las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar posibles nexos con redes transnacionales.

El decomiso conjunto representa el mayor golpe reciente al narcotráfico en aguas del Pacífico Sur costarricense, con un total de 5,426 kilos de estupefacientes incautados en apenas 24 horas, según el balance oficial difundido por el Ministerio de Seguridad Pública.

El ingreso de drogas y armas a los centros penitenciarios en Panamá no es nada nuevo. Las requisas realizadas en las cárceles dan cuenta de ello: drogas, celulares, armas blancas, e incluso de fuego, son encontradas con regularidad.

Además, las autoridades han declarado que desde las prisiones se dan las órdenes para fuera de esas estructuras cometer ilícitos e incluso atentar contra la vida de personas.

Ante esta realidad, el presidente José Raúl Mulino denunció el ingreso de drogas y armas a los centros penitenciarios, señalando que estos elementos entran por complicidad interna o mediante drones.

“Estamos implementando un sistema de bloqueo del espacio aéreo para que por encima de la cárcel ya no puedan volar drones”, afirmó.

El objetivo, según dijo, es impedir que desde áreas cercanas se utilicen drones para transportar o arrojar droga en las cárceles. Sobre la telefonía, explicó que se trabaja en un sistema técnico para bloquear señales en un radio determinado.

“Toda esa droga, todas esas armas, que entran a las cárceles, pasan por una puerta y ahí hay alguien, sea custodia o sea Policía Nacional, alguien permite que eso entre, y la que cae por dron, pero también hemos elaborado y estamos implementando un sistema de bloqueo del espacio aéreo para que por encima de la cárcel ya no puedan volar drones”, reiteró.

Sobre el nombramiento de Chanan Singh, como nuevo director del Sistema Penitenciario, dijo que este cuenta con experiencia para enfrentar la crisis de organización y corrupción que hay en las cárceles.

Singh se ha desempeñado como jefe nacional de seguridad del Banco Nacional de Panamá, asesor de inteligencia de la Presidencia de la República durante la administración del presidente Ricardo de la Espriella (1982-1984) y director encargado de la creación del cuerpo de seguridad de la Universidad de Panamá.

“Espero que limpie eso. Ese es un sistema que colapsó no solo por organización, sino también por corrupción”, afirmó el mandatario.

Recientemente, 195 privados de libertad protagonizaron la primera fuga masiva en el país, al evadirse del centro penitenciario La Joyita. “Alguien también dejó la puerta abierta”, apuntó Mulino.

Las declaraciones del presidente se dieron durante una visita a la atlántica provincia de Bocas del Toro donde también recorrió las instalaciones de la empresa bananera Chiquita, que de acuerdo a la nota divulgada por la Presidencia de la República se apresta a exportar unos 11 millones de cajas del producto para los próximos meses y aproximadamente 15 millones de cajas para el siguiente año.

Durante la recorrido, se dijo que el mandatario constató la actividad productiva de la Finca 12, plantación de 200 hectáreas, una de las 20 zonas que se trabajan en la actualidad.

Mulino también inauguró una instalación deportiva que en esta primera fase cuenta con una Arena Multipropósito, con el edificio del Centro de Alto Rendimiento para deportes de combate, gimnasia artística y un gimnasio de pesas, así como con una piscina olímpica techada con especificaciones internacionales y capacidad para 500 personas, también cuenta con estacionamientos y obras complementarias, de acuerdo con una nota de prensa oficial.

El plan maestro, según la información, proyecta también un estadio de fútbol con capacidad para 3,000 aficionados, un estadio de béisbol de pequeñas ligas, auditorio, plazas públicas, áreas recreativas, ciclovías, fondas y otros espacios destinados al desarrollo integral del deporte y la convivencia comunitaria.

De igual manera, Mulino también entregó unos 125 títulos de propiedad de tierras, que benefician a 500 personas, además de 80 soluciones habitacionales.

Madres, padres, profesores y alumnado de un colegio público en San Juan de Lurigancho (SJL) atraviesan horas de tensión tras la denuncia sobre un menor que, según los informes de su familia, habría sido dopado por una compañera durante el horario escolar.

La madre del estudiante relató a ATV Noticias que su hijo recibió una sustancia tóxica, aparentemente clonazepam, de parte de una alumna de segundo año, lo que provocó que el menor se desvaneciera dentro del aula.

“Mi hijo está internado desde el día antes de ayer por el caso de que una niña de segundo F le ha dado sustancias tóxicas, droga, dentro del colegio, en hora de clases. Mi hijo se ha desvanecido, prácticamente sin poder caminar, inconsciente, sin hablar”, expresó.

Según su testimonio, la respuesta de las autoridades escolares fue insuficiente. “La directora, los profesores, los docentes no han hecho nada al respecto. No han llamado ni al hospital ni a nada, he tenido que venir yo, saliendo de mi trabajo, a llevarlo inconsciente”, continuó la madre.

El estudiante permanece bajo observación médica en un hospital local. “Está todavía con dolor de cabeza, mareos, inconsciente, pero ya le han desintoxicado y está un poco más estable”, detalló la mujer, confirmando que los médicos realizaron un lavado gástrico para contrarrestar los efectos de la sustancia. Se prevé que el menor permanezca internado al menos tres días más mientras continúa el monitoreo de su evolución.

Denuncian falta de control escolar

El episodio reavivó la preocupación de las familias por la seguridad de los estudiantes en el colegio Santa María. La madre del afectado afirmó que este incidente no sería un hecho aislado.

“No es primera vez que esta niña está haciendo esto, ya viene haciendo estas cosas y tienen conocimiento los profesores, la directora, tienen conocimiento de que la niña ya viene así en ese estado”. Según su relato, la principal medida adoptada por las autoridades ha sido la expulsión de los implicados, sin mayor investigación ni comunicación con los padres.

“Solo la niña me indica que la han expulsado y, en anteriores casos, también ha habido niños ofreciendo o dando drogas y lo que han hecho es expulsarlos”, explicó la madre. Este testimonio fue reforzado por otras madres de familia, quienes expresaron su indignación ante la falta de acción y transparencia.

“Yo me siento indignada, de verdad. Estos casos que pasan en un centro educativo y es lamentable que la directora no puede hacer nada. Y es indignante los casos que está pasando”, declaró una de ellas.

En el ambiente escolar persiste la inquietud ante la posible venta de drogas dentro del plantel. Una madre advirtió que “hay dos niños que venden droga adentro. ¿Cómo va a permitir eso la directora de turno tarde, cuando nuestros pequeños pueden encontrar eso y lo pueden absorber sin saber qué es lo que están cogiendo?”.

Las acusaciones también incluyen el presunto encubrimiento de los hechos por parte de las autoridades escolares. “Encima tapa cosas y dice una cosa, a mí incluso me dijo: ‘He llamado a la policía por el caso de tu hijo’. Y cuando no ha sido así, simplemente la policía ha estado afuera porque ha estado su guardia, no sé... Siempre se dirige a mi hijo de una manera horrible, que no debería de una docente hacer eso”, relató la madre del escolar.

Iban a ser utilizadas por mercerarios libios. Ahora formarán parte de la flota de Vigilancia Aduanera, la unidad de élite de la Agencia Tributaria que combate el narcotráfico y el contrabando. El objetivo es que estén operativas “el último trimestre del año”, señala un portavoz de la Agencia. Se trata de dos patrulleras de 38 metros de escola construidas con casco de aluminio que están en el puerto de Algeciras, en Cádiz. Fueron incautadas en agosto de 2025 cuando iban a bordo de un carguero de bandera de Liberia, el ‘Lila Mumbai’, con destino a Libia. Guardia Civil y Vigilancia Aduanera decidieron interceptar el barco en Ceuta, ya que sospechaban de que llevaba material militar al país africano, que tiene una orden de embargo por parte de Naciones Unidas.

La sospecha era cierta. El carguero llevaba estas dos patrulleras, dos lanchas de desembarco de tropas y seis lanchas más pequeñas. Todas con las siglas de TBZ, la milicia Tariq Bin Ziyad. Este grupo de mercenarios está vinculado a la trata de seres humanos, los crímenes de guerra y el contrabando, y actúan bajo la protección de Jalifa Hafter, el señor de la guerra del este de Libia, que controla ese territorio y con el que algunos Estados de la UE quieren colaborar para frenar la inmigración irregular. Esta región es de riesgo extremo, con presencia de grupos armados, altas tasas de delincuencia, secuestros y la amenaza constante de artefactos explosivos sin detonar. Exteriores recomienda no viajar allí. El Gobierno reconocido por la comunidad internacional está en el oeste, con Trípoli como capital.

Tras un año depositadas en Algeciras, la Agencia Tributaria ha decidido, por fin, incorporar las dos patrulleras, las más grandes, a sus propios medios operativos. “Ya están adscritas provisionalmente a la Agencia. La adscripción definitiva está pendiente de decisión judicial y este no será un trámite rápido, así que toda la planificación es provisional hasta la decisión definitiva que está vinculada al proceso judicial del carguero ‘Lila Mumbai’“, explica a Infobae un portavoz de la Agencia. ”Una se destinará a Galicia, con Vigo como base de referencia, y la otra a Canarias. No hay fechas aún para el inicio de servicio, pero después de la necesaria puesta a punto se prevé el inicio de actividad en el último trimestre del año", matiza el mismo portavoz.

El sindicato SIAT pidió desde un primero momento que la Agencia estudiara la incorporación de estas embarcaciones con destino a Libia a la flota de la Hacienda española. “Las características de estas embarcaciones permiten que se puedan usar en la persecución y represión del narco-contrabando. Desde hace tiempo venimos reclamando a la Agencia que se soliciten en custodia las embarcaciones o vehículos aprehendidos, o bien se decomisen dichos medios tras una sentencia judicial, en lugar de sacarlos a subasta pública, para potenciar y satisfacer las necesidades organizativas de Vigilancia Aduanera por todo el territorio y costas nacionales. Estas actuaciones supondrían un ahorro al erario público y, sin lugar a dudas, redundaría en una mayor operatividad”, explica un portavoz de SIAT.

Déficit de maquinistas

Agentes destinados en embarcaciones similares, como el ‘Cóndor’, explican a este diario que de momento no tienen mucha información sobre el funcionamiento de estos barcos con destino a Libia. “Estos barcos iban a ser utilizados en el Mediterráneo y ahora van a prestar servicio en el Atlántico, son aguas muy distintas. Además, los barcos de más de 35 metros como es este caso requieren tripulaciones de 12 personas. Y hay déficit de maquinistas”, explican. “No sé si estarán disponibles para finales de año. Hace falta probarlas y un tiempo de entrenamiento”, señala el mismo agente. El plan es bautizar a estas dos naves como Tordo I y Tordo II (Aduanas siempre nombra a sus barcos con nombres de aves).

Todas las embarcaciones decomisadas en el ‘Lila Mumbai’ han sido fabricadas en los astilleros de Grandweld Shipyards, en Dubái, un centro industrial especializado en embarcaciones de alta velocidad. Su destino era Bengasi, en Libia. De momento Vigilancia Aduanera solo va a utilizar los dos patrulleros. En el carguero también iban dos lanchas de desembarco de tropas y seis lanchas interceptoras más pequeñas. “A corto plazo no se prevé incorporar otras embarcaciones de las interceptadas en el ‘Lila Mumbai’”, señalan desde la Agencia Tributaria.

Durante labores de inteligencia y verificación, los agentes, junto a unidades caninas y personal militar, localizaron una maleta de color negro que, según información de los tickets, había sido abandonada por un pasajero procedente de Nueva York, Estados Unidos. Tras identificar el equipaje sospechoso, el fiscal autorizó la apertura y aplicación del protocolo correspondiente. En el interior de la maleta se encontraron dos pacas de presunta marihuana camufladas entre prendas de vestir, con un peso total de 28.98 libras, cifra determinada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

La DNCD informó que el equipaje fue detectado durante una inspección rutinaria en la zona de llegadas y que las autoridades activaron los procedimientos de seguridad habituales. La droga incautada fue sometida a pruebas de laboratorio para confirmar su composición y peso exacto. El decomiso se realizó bajo estricta supervisión del Ministerio Público, que mantiene abierta la investigación para ubicar y arrestar al pasajero responsable del envío.

Refuerzan controles en aeropuertos y puntos de entrada

Autoridades indicaron que el sospechoso ya fue identificado de manera preliminar y que se encuentra en curso el proceso para ponerlo a disposición de la justicia. “El Ministerio Público y la DNCD desarrollan las investigaciones de lugar para ubicar, arrestar y poner a disposición de la justicia al pasajero, que de manera preliminar, ha sido identificado por las autoridades”, comunicó la DNCD en su reporte oficial.

La DNCD y el CESAC mantienen una política de vigilancia permanente en las terminales aéreas del país, en coordinación con otras agencias estatales, para fortalecer la capacidad de interdicción. Los operativos de control se extienden a puertos, fronteras, costas y zonas estratégicas del territorio nacional. Las autoridades recalcaron que el refuerzo de estos controles responde al incremento de intentos de introducir drogas desde el extranjero, principalmente desde Estados Unidos y Europa.

En lo que va del año, la DNCD ha reportado varias incautaciones de drogas en aeropuertos y otros puntos de entrada, reflejando el aumento en los decomisos de sustancias ilegales. La colaboración interinstitucional, sumada al uso de tecnología avanzada y sistemas de perfilamiento de pasajeros, ha permitido optimizar la detección y respuesta ante casos de tráfico.

La DNCD destacó que la cooperación con autoridades internacionales y la capacitación constante del personal son claves para enfrentar las nuevas modalidades del tráfico de drogas. Según la entidad, el compromiso del Estado dominicano es mantener y ampliar la capacidad operativa frente a este delito.

El Ministerio Público reiteró que las investigaciones para identificar y procesar a los responsables continuarán, al tiempo que invitó a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa vinculada al tráfico de estupefacientes. Las autoridades consideran fundamental la persecución de estos delitos para preservar la seguridad y la legalidad en los principales puntos de entrada al país.

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Panamá mantiene una intensa ofensiva contra el narcotráfico. Durante el primer semestre de 2026, las autoridades lograron decomisar 47,04 toneladas de sustancias ilícitas, una cifra que confirma al país como uno de los principales frentes de combate contra las organizaciones criminales que utilizan el istmo como ruta para el tráfico internacional de drogas.

Las estadísticas divulgadas por la Procuraduría General de la Nación muestran que, entre el 1 de enero y el 30 de junio, las Fiscalías Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas, en coordinación con los estamentos de seguridad, ejecutaron múltiples operaciones que derivaron en importantes incautaciones, miles de aprehensiones y un elevado número de condenas.

El dato que más llama la atención es la concentración de las incautaciones en la red portuaria panameña. En los puertos ubicados tanto en el litoral Pacífico como en el Atlántico fueron decomisados 15.925,25 kilogramos de clorhidrato de cocaína, equivalentes a 15,92 toneladas.

Aunque esa cantidad representa cerca del 34% del total decomisado durante el semestre, las autoridades precisan que las zonas portuarias concentran aproximadamente el 69% de las operaciones de incautación, lo que evidencia que los puertos continúan siendo el principal objetivo de las organizaciones criminales para contaminar contenedores con destino a mercados internacionales, especialmente Norteamérica y Europa.

Panamá posee uno de los sistemas portuarios más importantes de América Latina y su posición geográfica, junto con la conectividad marítima que ofrece el Canal de Panamá, la convierten en un punto estratégico para el comercio mundial, pero también en un territorio permanentemente vigilado por las redes dedicadas al narcotráfico.

Las cifras del Ministerio Público también reflejan la dimensión de la actividad investigativa desarrollada durante los primeros seis meses del año.

En ese periodo fueron aprehendidas 2.246 personas por delitos relacionados con drogas. De ellas, 2.042 son hombres, equivalentes al 90,9%, mientras que 204 corresponden a mujeres, es decir, el 9,1% del total.

El comportamiento mensual mostró variaciones moderadas. Febrero registró el mayor número de capturas con 445 personas aprehendidas, mientras que junio cerró con 294, lo que representa una disminución respecto a los primeros meses del año.

Esa reducción puede responder tanto a cambios en la dinámica de las organizaciones criminales como a la planificación operativa de las investigaciones desarrolladas por las autoridades.

Otro indicador relevante corresponde a la respuesta judicial. Durante el semestre se emitieron 1.652 sentencias condenatorias, un volumen que refleja el avance de los procesos penales iniciados por las fiscalías especializadas y el nivel de judicialización alcanzado en este tipo de delitos.

Las autoridades consideran que la relación entre personas aprehendidas y condenas evidencia una capacidad sostenida para llevar las investigaciones hasta etapas de decisión judicial, fortaleciendo la persecución penal contra las estructuras dedicadas al tráfico de drogas y delitos conexos.

En cuanto a la distribución territorial de las incautaciones, Colón continúa encabezando la lista de provincias con mayor cantidad de droga decomisada, seguida por Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Los Santos, Veraguas, Coclé, Darién, Guna Yala, Herrera y Bocas del Toro.

Los resultados publicados por el Laboratorio de Sustancias Controladas de la Subdirección de Criminalística muestran además que la cocaína sigue siendo la droga predominante en los decomisos realizados en el país.

De las más de 47 toneladas incautadas, alrededor de 28,47 toneladas corresponden a cocaína, equivalente a poco más del 60% del total, mientras que la marihuana representa cerca del 39%, con aproximadamente 18,45 toneladas decomisadas.

En menores cantidades también fueron detectadas otras sustancias ilícitas, entre ellas metanfetaminas, THC, MDMA o éxtasis y otros compuestos sintéticos, lo que confirma que las organizaciones criminales diversifican cada vez más los tipos de drogas que movilizan por el territorio panameño.

La ubicación geográfica de Panamá continúa siendo uno de los principales desafíos para las autoridades. El país se encuentra entre las zonas productoras de cocaína de Suramérica y los grandes mercados consumidores del hemisferio norte, condición que obliga a mantener operaciones permanentes en costas, puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.

La Procuraduría General de la Nación destacó que estos resultados son producto del trabajo conjunto entre las Fiscalías Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas y los distintos estamentos de la Fuerza Pública, reafirmando el compromiso institucional de fortalecer las investigaciones, judicializar a las organizaciones criminales y combatir el narcotráfico conforme a las atribuciones establecidas en la Constitución y la legislación panameña.

Una requisa extraordinaria realizada por el Grupo de Operaciones Especiales del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en el penal de Chachapoyas permitió incautar drogas, bebidas alcohólicas y artículos prohibidos en varias áreas del establecimiento penitenciario.

El INPE, a través de su Grupo de Operaciones Especiales (GOES), desplegó una operación especial en el penal de Chachapoyas con la finalidad de detectar e incautar sustancias y objetos prohibidos.

Según informó el INPE, la intervención contó con la participación de 57 servidores penitenciarios, entre ellos 43 agentes del GOES, 14 efectivos de la Dirección de Seguridad Penitenciaria y personal de seguridad del propio establecimiento.

La revisión abarcó los pabellones de máxima, mediana y mínima seguridad, además del Régimen Cerrado Especial en sus etapas A, B y C. Durante la inspección, los agentes examinaron celdas, camas, servicios higiénicos, pertenencias de los internos, pasadizos, áreas comunes, techos, ventanas, barrotes, puertas y rejas.

Objetos y sustancias

El resultado de este operativo fue el decomiso de 16 bolsas de marihuana, dos envoltorios circulares con una sustancia pulverulenta con características similares a pasta básica de cocaína, un objeto punzocortante de fabricación artesanal, un cincel, cinco pipas artesanales, una botella de plástico de 1,5 litros con bebida fermentada, seis botellas de 600 mililitros con bebida fermentada, seis botellas de 500 mililitros con bebida destilada, cinco tabletas de sildenafil, diez tabletas sin identificación y cinco resistencias eléctricas artesanales.

El INPE detalló que todas las sustancias y objetos incautados quedaron a disposición de la autoridad competente para las diligencias e investigaciones correspondientes. Estas acciones buscan fortalecer la seguridad interna y contribuir a la lucha contra la inseguridad ciudadana, según la información oficial entregada por el instituto.

Seguridad y protocolos

Durante el desarrollo del operativo, el INPE aseguró el control permanente del establecimiento penitenciario, siguiendo de manera estricta los protocolos institucionales vigentes. De acuerdo con el reporte de la institución, el operativo se ejecutó sin incidentes y permitió identificar los puntos vulnerables en los que los internos intentaban ocultar objetos y sustancias prohibidas.

El Grupo de Operaciones Especiales es una unidad especializada que responde a situaciones de alto riesgo dentro de los penales peruanos. Según el comunicado del INPE, su intervención en el penal de Chachapoyas se inscribe en una estrategia nacional para intensificar las requisas y prevenir la proliferación de actividades ilícitas en los centros penitenciarios del país.

El INPE reafirmó que continuará intensificando las requisas en los diferentes establecimientos penitenciarios, en el marco de las acciones orientadas a garantizar la seguridad interna. Estas intervenciones buscan reducir la incidencia de delitos cometidos desde el interior de los penales y evitar que sustancias ilícitas y objetos peligrosos circulen entre la población penitenciaria.

De acuerdo con la información difundida por el propio INPE, las requisas extraordinarias forman parte de un plan de acción que involucra la revisión periódica de los ambientes y la coordinación entre diversas áreas de seguridad penitenciaria. El operativo realizado en el penal de Chachapoyas se suma a otras acciones similares ejecutadas en diferentes regiones del país.

Autoridades y procedimientos

El destino final de las sustancias y objetos decomisados será determinado por las autoridades judiciales y policiales, quienes realizarán las investigaciones correspondientes para identificar responsabilidades y establecer posibles vínculos con redes de tráfico ilícito al interior del penal.

Por su parte, la Dirección de Seguridad Penitenciaria y el personal de seguridad del establecimiento mantuvieron la vigilancia y el orden durante toda la intervención, cumpliendo con los protocolos establecidos para este tipo de operativos.

El INPE reiteró su compromiso con la seguridad penitenciaria y la legalidad, señalando que las intervenciones extraordinarias continuarán ejecutándose en diferentes establecimientos penitenciarios del país como parte de la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado.

La Audiencia Nacional ha condenado a nueve años de prisión a Joakim Broberg, ciudadano sueco e hijastro de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, por delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. La sentencia, hecha pública este lunes, señala que Broberg participó en una red internacional dedicada al tráfico de marihuana y hachís entre España y Suecia, con suministro procedente de Marruecos durante los años 2019 y 2020. Según ha podido saber este medio, la fiscal ha exigido su entrada en prisión o, de lo contrario, la retirada de su pasaporte y prohibición de salir del país.

Lars Gunnar Sune Broberg, padre de Joakim y esposo de la alcaldesa, también fue investigado en el caso por presunto blanqueo de 6,3 millones de euros. El proceso contra él quedó archivado debido a su delicado estado de salud y falleció antes de celebrarse el juicio. El fallo afecta a 21 de los 24 acusados en el proceso, quienes recibieron penas de entre dos y 16 años de cárcel. Entre los condenados figuran 11 ciudadanos suecos, seis polacos, tres españoles, dos alemanes, un holandés y un macedonio. Según la resolución judicial, todos ellos formaban parte de una estructura orientada al transporte y distribución de estupefacientes y al blanqueo de los beneficios.

Su abogada, Sylvia Córdoba, confirma a Infobae que recurrirán la sentencia. Para la letrada, la decisión del juez es muy inestable. Considera que el tráfico de drogas “está metido con calzador” y que las pruebas aportadas no son suficiente para demostrar un vínculo de su cliente con la supuesta mafia. De hecho, celebra que no haya sido declarado culpable del delito de pertenencia a organización criminal, lo que ve como un indicio de su inocencia.

“La fiscal no preguntó a Joakim”, cuenta la abogada, explicando que su cliente se mostró, desde el principio, dispuesto a declarar y que no es nada habitual que desde la acusación opten por no hacer preguntas. “Le condenan por unos hechos que han sido juzgados en Francia y que tienen un detenido”, relata Sylvia Córdoba. Defiende la inocencia de Broberg, al que considera que han condenado por narcotráfico sin pruebas con peso suficiente.

Broberg señala “motivaciones políticas”

Broberg ha roto su silencio tras la sentencia de la Audiencia Nacional en una entrevista con Sydkusten. Insiste en que el proceso ha tenido “motivaciones políticas” y niega cualquier participación en una red criminal. “Ya estamos preparando una apelación que estoy seguro de que ganaremos”, señala, mientras critica que la fiscalía solicitara inicialmente 18 años de prisión y una multa de 30 millones de euros. El tribunal finalmente rebajó la pena a nueve años y 4,9 millones de euros de multa al no acreditar su pertenencia a una organización criminal.

El empresario relata que fue arrestado en Brasil, donde asegura que residía por la pandemia, y denuncia irregularidades en el proceso de extradición. La sentencia aún no es firme y Broberg se mantiene en libertad condicional. Insiste en su inocencia y en que su situación “se ha utilizado para intentar perjudicar políticamente a Ángeles Muñoz”. Su defensa prepara la apelación, y sostiene que no tiene miedo de ir al Supremo si hiciese falta.

El Ministerio de Seguridad Pública de Panamá anunció la creación de la Compañía de Operaciones Aéreas No Tripuladas (Coant), una nueva unidad especializada del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) que utilizará drones para fortalecer la vigilancia en las zonas fronterizas, ampliar la capacidad de inteligencia aérea en tiempo real y apoyar las operaciones contra el crimen organizado y el narcotráfico.

La nueva unidad forma parte del Plan Firmeza, la estrategia con la que el Gobierno busca reforzar el control territorial en áreas consideradas vulnerables por su ubicación geográfica, difícil acceso y uso por parte de redes criminales transnacionales.

De acuerdo con la información oficial, la Coant incorporará aeronaves no tripuladas para mejorar el monitoreo de rutas, detectar movimientos ilícitos con mayor rapidez y apoyar la toma de decisiones en operaciones de seguridad.

El Minseg no informó cuántos drones integrarán la nueva compañía, qué modelos serán utilizados ni el monto de la inversión. Tampoco detalló si las aeronaves estarán equipadas con sensores térmicos, cámaras de visión nocturna u otros sistemas especializados.

Por ahora, la comunicación oficial se ha centrado en el objetivo operativo de la unidad: ampliar la vigilancia estratégica y apoyar las acciones de Senafront en zonas fronterizas.

La Coant estará adscrita al Servicio Nacional de Fronteras, institución encargada de la seguridad terrestre en áreas limítrofes, especialmente en la frontera con Colombia, donde confluyen desafíos vinculados al narcotráfico, la migración irregular, el tráfico de armas, la trata de personas y otras economías ilícitas.

El uso de drones permitiría cubrir áreas selváticas, fluviales o de difícil acceso donde el despliegue terrestre suele ser más lento, costoso y riesgoso para los agentes.

El ministro de Seguridad Pública, Frank Abrego, señaló que la incorporación de estas herramientas busca dotar a las fuerzas de seguridad de tecnología de vanguardia para proteger la soberanía nacional, consolidar el control territorial y mantener una respuesta firme frente a las amenazas del crimen organizado.

La creación de esta unidad se da pocos días después de que el presidente José Raúl Mulino colocara la seguridad como uno de los temas centrales de su informe a la Nación ante la Asamblea Nacional, el pasado 1 de julio.

En su discurso, el mandatario aseguró que el narcotráfico sigue siendo “el principal factor que alimenta la inseguridad” en el país y advirtió que el objetivo del Estado no debe limitarse a incautar más droga, sino a impedir que el territorio panameño sea utilizado como ruta de tránsito.

“Hoy tenemos muchas más incautaciones, es decir, el tráfico aumentó. Aquí el tema no es incautar más, es que no pase droga por nuestro país”, afirmó Mulino durante su intervención.

El mandatario también anunció que el Gobierno aumentará la cantidad de efectivos en las calles e incorporará cámaras corporales, drones y mayor presencia en los barrios. Además, adelantó que Panamá convocará a países de la región para impulsar un plan integral de lucha contra el narcotráfico, al considerar que se trata de un problema que no puede enfrentarse de manera aislada.

La apuesta por aeronaves no tripuladas responde a una tendencia creciente en materia de seguridad. Los drones permiten obtener imágenes aéreas, dar seguimiento a movimientos sospechosos, ubicar posibles rutas clandestinas y reducir la exposición del personal en zonas de riesgo.

En territorios como Darién, donde la selva, los ríos y la ausencia de infraestructura vial dificultan los patrullajes tradicionales, estas herramientas pueden convertirse en un multiplicador de fuerza para las unidades en campo.

Sin embargo, el uso de drones en tareas de seguridad también abre interrogantes sobre protocolos, resguardo de información, límites de vigilancia y mecanismos de rendición de cuentas. La información pública disponible aún no detalla cómo se almacenarán las imágenes captadas, qué criterios regirán los sobrevuelos ni qué controles existirán para evitar usos indebidos en comunidades fronterizas o zonas habitadas.

El contexto regional aumenta la relevancia de esta decisión. Panamá es un punto estratégico para el tránsito de mercancías, personas y también para redes criminales que utilizan corredores terrestres, marítimos y portuarios.

Mulino ha insistido en que parte de la droga que llega a Europa sale desde puertos panameños, con complicidad de distintos actores, por lo que anunció más controles junto con la Autoridad Nacional de Aduanas.

Con la Coant, el Gobierno suma un componente tecnológico al Plan Firmeza y refuerza el papel de Senafront en la vigilancia de las fronteras. El desafío será demostrar que la nueva unidad no solo mejora la capacidad de observación del Estado, sino que también produce resultados verificables en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla detuvo a Diego “N”, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a quien vinculó con el incendio de un automóvil en el que se hallaron restos humanos en la entidad. La corporación informó que el arresto se realizó en la capital poblana y que el hombre tenía 30 años.

De acuerdo con la SSP, el detenido viajaba en un vehículo presuntamente relacionado con los hechos ocurridos el lunes 22 de junio de 2026 en el Periférico Ecológico, donde un auto fue incendiado y en su interior se localizaron restos humanos.

La SSP detalló que, durante la intervención, las fuerzas de seguridad aseguraron al detenido un arma de fuego corta, cartuchos útiles, dinero en efectivo y envoltorios con presunta droga: marihuana, cristal y piedra. La dependencia no precisó cantidades ni el tipo de arma.

En las labores operativas y de inteligencia participaron la Secretaría de Marina (Semar), la SSP y la Fiscalía General del Estado (FGE), según la autoridad estatal. La corporación señaló que la detención formó parte de acciones coordinadas para ubicar a posibles responsables relacionados con hechos de violencia en Puebla.

Tras el arresto, el probable responsable quedó a disposición del Agente del Ministerio Público para profundizar en las investigaciones y definir su situación jurídica. La SSP no informó si la detención derivó en cateos, órdenes de aprehensión adicionales o el aseguramiento de más personas.

Sobre el caso al que se le asoció, la autoridad reportó que el 22 de junio de 2026 se localizó un vehículo incendiado con restos humanos calcinados en la lateral del Periférico Ecológico, a la altura de la 14 Sur, frente al Parque Centenario Chapulco, en Puebla. El reporte incluyó que se trató de un hecho registrado por la mañana.

Cuerpos de emergencia acudieron para sofocar el incendio de un automóvil SEAT Ibiza. Después de apagar las llamas, se descubrieron los restos humanos al interior de la unidad, según la información oficial.

La SSP agregó que, junto al vehículo abandonado, se localizó una cartulina con un mensaje de amenazas firmado por el grupo criminal identificado como el CJNG. La autoridad no difundió el contenido del mensaje ni informó si fue incorporado como indicio en la carpeta de investigación.

La dependencia estatal sostuvo que, con acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, las instituciones de seguridad y procuración de justicia reafirmaron su compromiso de combatir a los grupos generadores de violencia y garantizar la tranquilidad de la población en Puebla.

• Detuvieron a Diego “N”, presunto integrante del CJNG, ligado al incendio de un auto con restos humanos en Puebla.
• La SSP aseguró un arma corta, cartuchos, efectivo y presunta droga; el detenido tenía 30 años.
• El hecho asociado ocurrió el 22 de junio de 2026 en el Periférico Ecológico, donde hallaron un SEAT Ibiza incendiado y una cartulina con amenazas firmadas por el CJNG.

El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) opera en Puebla principalmente a través de su brazo armado autodenominado “Operativa Barredora”.

Su presencia se centra en delitos como el narcomenudeo, el cobro de piso, la extorsión y la violencia de alto impacto, como ejecuciones y abandono de restos humanos.La presencia del grupo y las recientes acciones de seguridad incluyen:

Zonas de Operación: Sus actividades se concentran en la capital del estado (Área Metropolitana) y municipios de la región conocida como el Triángulo Rojo, como Tecamachalco.

Actos de Violencia: El grupo ha sido vinculado a hechos violentos recientes en la zona metropolitana, incluyendo el hallazgo de vehículos calcinados con restos humanos en el Periférico Ecológico y atentados con explosivos.

Golpes de la Autoridad: En operativos recientes de fuerzas federales y estatales, autoridades de la Secretaría de Marina (SEMAR), la SSP y la Fiscalía General del Estado (FGE) han logrado capturar a presuntos operadores de alto nivel y sicarios vinculados a esta célula.

Ocho venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua enfrentan cargos federales en Illinois y Texas por secuestros con resultado de muerte, asesinato y crimen organizado. El Departamento de Justicia realizó el anuncio el 2 de julio de 2026 tras investigaciones paralelas en Chicago y Dallas que documentaron dos episodios de violencia extrema.

Los casos incluyen el asesinato de un hombre en el sur de Chicago cuyo cuerpo fue hallado en un edificio abandonado, y el homicidio de un padre frente a su hija de 13 años y su sobrino de 12 años en el área de Dallas.

Todos los acusados son ciudadanos venezolanos que, según la acusación, ingresaron al país de forma ilegal entre diciembre de 2021 y abril de 2024.

Chicago: el cuerpo hallado en un edificio abandonado

El 18 de mayo de 2026, una víctima caminaba cerca del Parque Meyering, en el sur de Chicago, cuando fue forzada a subir a un vehículo. Los acusados la trasladaron a un apartamento y luego a un edificio abandonado con las muñecas atadas a la espalda.

La noche siguiente, la madre de la víctima llamó a la policía tras recibir instrucciones por WhatsApp sobre la ubicación del lugar. Los agentes encontraron al hombre muerto dentro de un baño: boca abajo, con múltiples disparos y heridas por golpes en la cabeza, el cuello y el torso.

La denuncia penal, presentada el 29 de junio, imputó a Josue Pacheco Torres (26 años), Julian Pachano (19) y Kleiver Monasterio Briceno, alias “Goofy” (20), por conspiración para secuestrar y comisión de un secuestro con resultado de muerte. Al momento del crimen, Torres llevaba un brazalete de monitoreo electrónico como condición de su libertad provisional en una causa pendiente en el Condado de Cook.

Dallas: un padre asesinado frente a sus hijos

El 24 de agosto de 2024, tres personas fueron secuestradas en Farmers Branch, Texas. Durante el episodio, uno de los acusados mató a uno de los secuestrados frente a una menor de 13 años y otro de 12.

Un gran jurado devolvió cargos el 30 de junio de 2026 contra cinco acusados: Hector Asdrubal Garcia Zuniga, alias “Murry” (36 años); Carlos Luis Zambrano Bolivar (27); Jhonny Jesus Martinez Serrano (31); Jhonatan Nahin Toro Gonzalez (23); y Ehiker Alexander Morales Mendoza, alias “El Ingeniero” (39).

Los cinco enfrentan cargos de conspiración de crimen organizado, secuestro y asesinato en beneficio de la organización. A Zambrano Bolivar se le imputa además el uso de un arma de fuego con resultado de muerte. Uno de los acusados se encuentra detenido en Colombia por cargos no relacionados.

Qué es el Tren de Aragua

El Tren de Aragua surgió como banda carcelaria en Venezuela a mediados de los años 2000 y extendió sus operaciones por el hemisferio occidental hasta establecer presencia en Estados Unidos. Sus actividades incluyen:

• Tráfico de drogas y armas
• Trata de personas, secuestros y extorsión
• Fraude financiero y robos
• Asesinatos para hacer cumplir las órdenes internas

En Estados Unidos opera a través de células regionales cuyos líderes responden a una cúpula con presencia en México, Centroamérica y Sudamérica. El 20 de enero de 2025, la administración Trump la designó organización terrorista extranjera.

El operativo y las cifras

Desde esa designación, el Departamento de Justicia acumuló cargos contra más de 300 miembros en 28 distritos. El director del FBI, Kash Patel, informó un aumento del 519% en arrestos de integrantes de la banda respecto a 2024, junto al desmantelamiento de más de 2.700 grupos violentos, un incremento del 365%.

Los ocho casos anunciados forman parte del Homeland Security Task Force y del Joint Task Force Vulcan, unidades interagenciales que coordinan la persecución de organizaciones criminales transnacionales en todo el país.

Las declaraciones de los fiscales

El fiscal general en funciones Todd Blanche sostuvo que “cientos de terroristas sospechosos y condenados del Tren de Aragua entraron a este país” durante la administración anterior, y cifró en casi 350 los miembros imputados desde enero de 2025.

El fiscal para el Distrito Norte de Illinois, Andrew Boutros, fue directo sobre el alcance de la persecución: “Nuestra meta es clara: desarticular y desmantelar al Tren de Aragua y no permitir que gane terreno en Chicago”.

Su par en Texas, Ryan Raybould, lanzó una advertencia a la organización: “No ganarán terreno en el Distrito Norte de Texas”.

Las penas posibles

Todos los imputados en ambos distritos pueden recibir cadena perpetua. Torres, Monasterio Briceno, Garcia Zuniga, Zambrano Bolivar y Martinez Serrano quedan expuestos además a la pena de muerte.

La denuncia y la acusación formal son alegaciones. Todos los acusados son presuntos inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable.

España es la puerta de entrada a Europa de la cocaína que se cultiva el Bolivia, Perú y Colombia y del hachís que se produce en Marruecos. La mayoría de los cargamentos entran por mar (oculto en contenedores que llegan a los puertos españoles o en veleros y lanchas rápidas). Los poderes públicas buscan todo tipo de fómurlas para combatir al narco. La Fiscalía Especial Antidroga ha activado una nueva vía para proteger a los agentes cada día se juegan la vida en el mar. El órgano especializado del Ministerio Público ha dictado una orden dirigida a la Policía Nacional, la Guardia Civil y a Vigilancia Aduanera (DAVA) para que detallen en todos sus atestados los ataques de las narcolanchas para poder perseguir también esos hechos como un delito de piratería.

Además, según ha publicado este jueves el diario ‘El Mundo’, altos mandos de la Guardia Civil han reclamado a la Dirección General de la Benemérita el uso de lanzagranadas para hacer frente a las grandes organizaciones del narcotráfico que operan en el Estrecho, la zona más conflictiva. La petición se produce en un contexto marcado por el aumento de la violencia, el uso de armas de guerra por parte de algunas redes criminales y la muerte de cuatro agentes en operaciones marítimas durante los dos últimos años. Un grupo de generales ha elevado varios escritos internos para pedir que se permita el uso de lanzagranadas MOD. GL-06 calibre 40 mm. Los mandos sostienen que hay 50 unidades disponibles, junto con su munición, y que podrían utilizarse para tratar de inmovilizar o inutilizar los motores de las narcolanchas durante las persecuciones.

“Los actos de violencia y acometimiento que cada vez con mayor intensidad se están produciendo en aguas internacionales y nacionales contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o miembros de Vigilancia Aduanera utilizando EAV [alta velocidad] u otras embarcaciones se vienen incrementando en los últimos años sin que se haya dado una respuesta punitiva suficiente para enfrentar el reto que estas activades violentas suponen contra la seguridad de la navegación marítima y contra la vida y la integridad física de los afectados”, señala la Fiscalía Antidroga, que recuerda que el artículo 616 del Código Penal castiga a “al que con violencia, intimidación o engaño, se apodere, dañe o destruya una aeronave, buque u otro tipo de embarcación o plataforma en el mar, o bien atente contra las personas, cargamento o bienes que se hallaren a bordo de las mismas, será castigado como reo del delito de piratería con la pena de prisión de diez a quince años”.

Aunque el delito de piratería suele perseguirse en hechos ocurridos en aguas internacionales, competencia de la Audiencia Nacional, la orden de Antidroga recoge la necesidad de ampliar estas directrices a episodios registrados en aguas de soberanía española, ya que el delito de piratería protege la seguridad de la navegación en el mar sin distinguir aguas internacionales o territoriales. De este modo, la orden firmada por la fiscal jefa Antidroga considera necesario que en todos los atestados, oficios o informes dirigidos a dicho departamento (ya sea en el ámbito de la Audiencia Nacional o en el territorial a través de las delegaciones) referidos a actuaciones en las que participen embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas, se informe de cualquier ataque directo o indirecto contra las embarcaciones oficiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de vigilancia aduanera.

Ayuda de la Armada

La Fiscalía Antidroga ya pidió en 2024 al Ministerio de Defensa la colaboración directa de la Armada en los abordajes a las embarcaciones de los narcotraficantes en alta mar cuando su presencia sea requerida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “El Estado se tiene que dotar de todos los medios, no puede estar en inferioridad de condiciones con los narcos”, señaló entonces la fiscal jefa antidroga, Rosa Ana Morán, en una entrevista concedida a Efe. La nueva petición de la Fiscalía coincide en el tiempo con la petición de estos generales, que no se plantea como una medida ofensiva convencional, sino como una herramienta de intervención frente a embarcaciones que, según los mandos citados por ‘El Mundo’, actúan con una capacidad de maniobra y una agresividad muy superiores a los medios disponibles por las patrullas.

Los sindicatos de la Guardia Civil y la Policía Nacional llevan tiempo reclamando el endurecimiento de las penas y el reconocimiento de su labor como profesión de riesgo. Los profesionales denuncian la falta de medios materiales y humanos y de compromiso por parte del Gobierno para liderar medidas que los protejan. Muchos narcos usan ya en Andalucía fusiles de asalto para enfrentarse a los agentes. A este clima de tensión se suma la muerte de cuatro guardias civiles en apenas dos años. La tragedia más reciente ocurrió el pasado mes de mayo en Huelva. Una colisión entre dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado causó la muerte de dos agentes en acto de servicio. En febrero de 2024, otros dos guardias murieron en Barbate (Cádiz) tras ser embestidos de manera deliberada por una narcolancha.

Los mandos que impulsan la solicitud de los lanzagranadas consideran que el uso de estas armas podría dar una respuesta más eficaz a las persecuciones contra narcolanchas de alta potencia. Su planteamiento se apoya en que el material ya existe, está almacenado y podría emplearse por personal formado a una distancia aproximada de 100 metros. También alertan de que los narcos conocen las limitaciones legales y operativas de los agentes, lo que, a su juicio, aumenta la sensación de desprotección durante las intervenciones.

La madrugada del miércoles, como detalló The New York Times, evidenció la dimensión del tráfico sexual de menores en Los Ángeles. Una operación conjunta de agencias federales y locales resultó en la detención de nueve personas vinculadas a la explotación de niñas de hasta 14 años en un tramo de 5,6 kilómetros de la calle Figueroa, conocido como “the Blade”.

La acción, denominada Operation Broken Blade, permitió desmantelar una organización ligada a la Hoover Criminal Gang, que durante años reclutó y sometió a decenas de menores mediante métodos de violencia, drogas y amenazas. El caso fue elevado a la justicia federal bajo la ley RICO, con más de 50 víctimas identificadas.

En ese mismo corredor, historias como la de Ana —quien fue reclutada por una red de trata a los 13 años y cuya experiencia fue documentada en profundidad por The New York Times Magazine— ilustran el drama diario de cientos de adolescentes atrapadas en un ciclo de explotación y abandono.

El origen de las víctimas y el entramado de captación

Según reveló The New York Times, la mayoría de las víctimas provenía del sistema de acogida del condado de Los Ángeles.

Otras habían huido de sus hogares y enfrentaban precariedad económica y emocional cuando fueron contactadas por los traficantes, quienes utilizaban redes sociales para atraerlas con promesas de lujos y protección.

La acusación sostiene que, una vez reclutadas, las menores eran marcadas con tatuajes en el rostro, cuello y glúteos con los apodos y símbolos de los explotadores, consolidando así la sumisión y el control. Los acusados también suministraban anfetaminas y oxicodona para inducir adicciones y asegurar la dependencia total de las víctimas.

Bill Essayli, fiscal federal, afirmó que “el número real de víctimas podría ser mucho mayor”. Detalló que cada nuevo arresto permite acceder a celulares y pruebas que amplían el alcance de la investigación, permitiendo descubrir más casos de explotación.

La estructura criminal y la respuesta policial

Las autoridades identificaron a seis de los detenidos como miembros de la Hoover Criminal Gang, organización que controla parte del sur de Los Ángeles y el corredor Figueroa.

El grupo, surgido en los años sesenta, no solo gestionaba la captación y explotación de menores, sino que dominaba moteles y puntos clave para operar con impunidad.

Uno de los detenidos es Mukeshkumar Rambhai Ahir, gerente del motel Stadium Inn & Spas, señalado por reservar habitaciones para el uso de los traficantes y beneficiarse económicamente. La detención de Ahir se realizó junto con la de otros miembros clave, y fue confirmada por ABC7.

El operativo contó con la participación de Homeland Security Investigations, la división de investigaciones criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

El uso de la ley RICO permitió a los fiscales imputar cargos de crimen organizado, tráfico sexual de menores y lavado de dinero, lo que incrementa las penas para los acusados.

Datos clave de la operación:

• “The Blade” es uno de los principales focos nacionales de trata de memores.
• Los acusados enfrentan una pena mínima de 15 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.
• La acción se suma a operativos anteriores, como el que en agosto llevó a la imputación de 11 miembros de la pandilla Hoover.
• El expediente incluye testimonios sobre explotación sistemática, cuotas nocturnas y castigos físicos severos ante incumplimientos.

El ciclo de la trata contado desde dentro: la historia de Ana

Ana es una joven cuya historia fue reconstruida por The New York Times Magazine y que se convirtió en un símbolo de las víctimas de explotación sexual infantil en el corredor de Figueroa. Su testimonio permite comprender el funcionamiento real de las redes de trata y la dificultad para romper ese ciclo.

Ana fue reclutada a los 13 años, junto a su hermana de 11, después de escapar del sistema de acogida del condado de Los Ángeles. Una supuesta amiga contactada por Instagram las llevó a un motel, donde la primera noche ya debían entregar USD 800 cada una, obtenidos a través de la prostitución. Ana recuerda cómo, desde el principio, la rutina se volvió mecánica y la calle una trampa de la que no podía salir.

Con el tiempo, Ana aprendió a sobrevivir en “the Blade”: debía acercarse a los autos por el lado del pasajero, cobrar antes de subir y regresar cada media hora para cumplir con la cuota, que llegó a superar los USD 1.200 diarios. Según relató la propia Ana, fue explotada por al menos 17 personas distintas y trasladada por varias ciudades, aunque siempre volvía a Figueroa.

La violencia era cotidiana. Las menores eran vigiladas de cerca y, en ocasiones, otras chicas las robaban o agredían para alcanzar sus propias cuotas. Ana sufrió lesiones físicas graves, adicciones inducidas y el abandono de su familia y de las instituciones. Incluso cuando intentó reconstruir su vida con ayuda de la organización Run 2 Rescue, que ofrece un entorno seguro y terapéutico, las secuelas emocionales y la falta de contención la llevaron a recaer en el circuito de la trata.

En palabras de la periodista Emily Baumgaertner Nunn, “la mayoría de las menores rescatadas termina regresando con sus traficantes, ya sea por miedo, dependencia emocional o falta de alternativas reales”. El caso de Ana muestra cómo, para muchas víctimas, “the Blade” termina siendo el único lugar donde se sienten parte de algo, aunque esa pertenencia esté marcada por el abuso y la explotación.

Violencia extrema y métodos de sometimiento

La acusación federal describe episodios de violencia física y psicológica. Cameron Lockett, de 23 años, fue acusado de golpear a una víctima en la espalda, arrancarle un trozo de la mejilla de una mordida y presionarla para mentir al personal médico.

Caleed Mouton, de 26 años, obligó a una menor a abortar y la forzó a retomar la explotación sexual pocas horas después. Otro de los implicados, Jorge Melendez, de 23 años, golpeó y arrastró a una niña de 14 años por no alcanzar la cuota impuesta.

El fiscal Essayli calificó el sistema de “absolutamente repugnante y horroroso”. El jefe de LAPD, Jim McDonnell, aseguró que la prioridad es “proteger a las víctimas, responsabilizar a los traficantes y restaurar la dignidad y seguridad en el corredor”.

Impacto institucional y nuevas medidas

La operación se produjo nueve meses después de una investigación de The New York Times que expuso la magnitud de la trata en la ciudad.

Tras la publicación, autoridades locales y del condado lanzaron nuevas iniciativas para endurecer penas y reforzar la protección de víctimas. Solo en el último año, la policía rescató a más de 50 menores del corredor Figueroa; la cifra de niñas identificadas en 2026 ya supera las 70.

El caso sigue abierto y se esperan nuevas revelaciones a medida que avance la revisión de pruebas y testimonios. La magnitud de la estructura desarticulada y el perfil de las víctimas reactivaron el debate sobre la eficacia del sistema de acogida y la necesidad de políticas más estrictas contra la trata de menores en Estados Unidos.

Esa es la lectura que hizo la médica psiquiatra e investigadora especializada en adicciones Geraldine Peronace durante su participación en Infobae a la Tarde. Para la especialista, la evolución del mercado ilegal responde, en buena medida, a una transformación de la demanda: el narcocomercio, sostuvo, “está muy atento a las necesidades de un mercado que, tristemente, pide sustancias cada vez más potentes”.

A partir de ese diagnóstico, planteó un interrogante que, a su juicio, debería ocupar un lugar central en el debate: “¿Qué nos pasa como sociedad para buscar ese tipo de experiencias?”.

Por qué aparecen drogas cada vez más potentes

Peronace recordó que hace una década, durante un congreso internacional sobre drogas sintéticas, ya se advertía que la potencia de estas sustancias crecería de manera sostenida. Con el paso de los años, dijo, aquellas proyecciones terminaron por confirmarse. En ese contexto, interpretó que la proliferación de nuevas moléculas refleja la capacidad de los laboratorios clandestinos para adaptar permanentemente su oferta y responder a las preferencias de los consumidores.

“Si el mercado libera cientos de nuevas sustancias es porque hay un público que las consume. Esto funciona por oferta y demanda”, resumió la psiquiatra, quien consideró que ese mecanismo explica la velocidad con la que aparecen compuestos desconocidos para los sistemas sanitarios y los organismos encargados de combatir el narcotráfico.

A su entender, el desafío ya no pasa únicamente por identificar las drogas que circulan, sino por comprender un mercado ilegal que modifica constantemente las fórmulas químicas para mantenerse un paso adelante de los controles y ofrecer sustancias cada vez más potentes.

El nuevo perfil de los consumidores

Ese cambio también se refleja en los consultorios. Lejos de la imagen tradicional asociada a las adicciones, Peronace describió un perfil integrado por personas que durante la semana mantienen una rutina laboral, académica o deportiva, pero concentran el consumo durante los espacios de ocio. “Trabajan, estudian y entrenan como cualquier otra persona. El problema aparece entre el viernes y el domingo, cuando comienza el policonsumo”, explicó.

A partir de esa experiencia clínica, sostuvo que cada vez identifica con mayor frecuencia lo que define como un “adicto de fin de semana”. Según planteó, una persona que consume únicamente los fines de semana durante varios años desarrolla igualmente una adicción, aunque no utilice sustancias de manera cotidiana. “No es el perfil que describen los libros, pero es el que vemos cada vez más seguido en la práctica clínica”, afirmó.

La especialista señaló que las llamadas drogas recreativas se integran hoy a determinados espacios de socialización, como fiestas, salidas nocturnas o encuentros que se prolongan durante horas e incluso días. En ese escenario, también ubicó el crecimiento del chemsex, una práctica que combina el consumo de sustancias con relaciones sexuales durante períodos prolongados.

Según explicó, comenzó a expandirse en Europa, inicialmente dentro de algunos sectores de la comunidad gay, y con el tiempo empezó a observarse también en otros grupos y en la Argentina.

Las adicciones, más allá del consumo

Para Peronace, estos cambios no pueden analizarse de manera aislada del contexto de salud mental. A su juicio, el aumento de los cuadros de ansiedad y depresión ayuda a comprender por qué muchas personas recurren a las drogas como una forma de aliviar el malestar cotidiano.

“La enfermedad del siglo es el trastorno depresivo mayor y una parte importante de esos cuadros está asociada al consumo de sustancias”, explicó, antes de señalar que, en muchos casos, las personas “terminan automedicando sus dolencias psíquicas”.

Desde esa perspectiva, sostuvo que detrás de los consumos problemáticos suele haber conflictos mucho más profundos que el uso de una sustancia en sí. “Muchas veces alguien no está pudiendo con algo en su vida y utiliza esas sustancias como una muleta química”, afirmó. Sin embargo, aclaró que las adicciones no responden a una única causa, sino a la interacción de factores personales, familiares, sociales y psicológicos.

Por ese motivo, definió a las adicciones como una enfermedad “multicausal y compleja”, que requiere abordajes integrales y, en muchos casos, también el acompañamiento del entorno familiar.

Más allá de las cifras que aporta el informe de la ONU, la especialista consideró que el principal desafío pasa por comprender que el fenómeno cambió. Hoy conviven consumidores con perfiles muy distintos a los de décadas anteriores, sustancias cuya composición se modifica de manera permanente y un mercado ilegal que evoluciona con rapidez para responder a nuevas formas de demanda.

Ese escenario, concluyó, obliga a repensar tanto las estrategias de prevención como las políticas de tratamiento frente a un problema que se vuelve cada vez más complejo.

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Un bebé de dos meses murió en Ituzaingó y la Justicia intenta establecer el contexto en el que todo sucedió. En simultáneo, al avanzar sobre la situación de sus padres, las autoridades encontraron drogas en su poder y fueron detenidos. Ahora, intentan determinar si existe alguna relación entre el consumo y el desenlace fatal.

El drama se desencadenó en una vivienda de la calle Belgrano al 23.200, en el tramo comprendido entre Haití y República del Salvador.

Según informó el portal Primer Plano Online, el pequeño Horacio Tadeo La Giglia dormía en la cama matrimonial junto a su padre y su madre, cuando fue hallado sin signos vitales. La reacción inmediata de los adultos fue llamar a una ambulancia y aplicar maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Los intentos lograron que el bebé recuperara momentáneamente la conciencia, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital del Bicentenario. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el niño falleció en el centro de salud.

La noticia del deceso activó la actuación de la fiscal María Alejandra Bonini, de la UFI Descentralizada N° 2 de Ituzaingó, quien inició una causa bajo la carátula de averiguación de causales de muerte. El procedimiento judicial busca esclarecer si hubo alguna acción u omisión imprudente o dolosa por parte de los padres.

Por el momento, no se atribuyó responsabilidad penal directa a los progenitores en la muerte del bebé. La autopsia ordenada por la fiscal Bonini será determinante para establecer si existieron factores externos o negligencia que hayan influido en el desenlace, o si se trató de una tragedia sin intervención humana. A simple vista, el cuerpo del niño no presentaba signos de maltrato.

Mientras los equipos médicos auxiliaban al menor, personal policial realizó una inspección en la vivienda en busca de indicios de maltrato o negligencia. El operativo derivó en el hallazgo de una gran cantidad de marihuana: se contabilizaron plantas, plantines y 925 cogollos de cannabis, además de balanzas de precisión, bolsas de embalaje y una termoselladora, elementos asociados al fraccionamiento y comercialización de sustancias ilícitas.

El hallazgo complicó la situación legal de los adultos. De esta manera, el padre del bebé, de 54 años, y su madre, de 32, fueron aprehendidos y puestos a disposición de los fiscales Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani, de la UFI N° 9 de Morón. Ambos enfrentan cargos por tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización, una figura penal de alta gravedad que prevé severas penas de prisión.

La semana pasada, se conoció la noticia de la muerte de un nene de 2 años en Salta. En esa oportunidad, su madre y su pareja fueron detenidos. Ahora, quedaron detenidos bajo prisión preventiva por homicidio agravado por el vínculo, en el caso de la mujer, y agravado por alevosía, que recae sobre el hombre.

Thiago fue llevado al Hospital Papa Francisco junto a la madre, pero su estado era delicado por lo que lo derivaron en código rojo a otro nosocomio. La joven manifestó a las autoridades policiales que su hijo se había caído de una cama de manera accidental, pero los profesionales de la salud advirtieron la gravedad de las lesiones que presentaba. De inmediato, se ordenaron las tareas del rigor y la Justicia comenzó a barajar otra hipótesis.

Según la hipótesis informada por el MPF, el padrastro habría provocado la muerte del niño mediante maniobras de asfixia y sofocación, mientras que a la mujer se le atribuye una conducta omisiva ante lo ocurrido.

Un reciente informe de la ONU alertó sobre el auge de drogas sintéticas más potentes en Argentina y el mundo, con laboratorios clandestinos que modifican compuestos y diversifican fórmulas químicas.

El nuevo Informe Mundial sobre las Drogas 2026, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés), advirtió sobre un "aumento sin precedentes" de sustancias más potentes y peligrosas en un mercado mundial donde 331 millones de personas consumieron drogas en 2024.

El informe difundido el viernes señala que el consumo mundial de drogas ilícitas aumentó 34% en una década y alcanzó al 6,2% de la población de entre 15 y 64 años.

En ese marco, según el reporte, Argentina se ubica dentro de un circuito que excede el rol de país de tránsito: crece el consumo y muestra señales de diversificación, aparecen nuevos compuestos químicos y se consolida un mercado de mezclas de sustancias.

La directora ejecutiva de la UNODC Monica Juma resumió la advertencia: “Hemos observado un aumento sin precedentes de nuevos tipos de drogas en el mercado y, lo que es preocupante, algunas son más potentes o peligrosas que antes”.

Según UNODC, en 2024 circularon 755 nuevas sustancias psicoactivas y 118 se informaron por primera vez.

El cannabis se mantiene como la droga más consumida, con 256 millones de consumidores, por delante de los opioides, las anfetaminas, la cocaína y el éxtasis.

América del Sur, especialmente Colombia, Bolivia, Perú, continúa siendo el principal centro de producción de cocaína, según detalla el documento. El 64% de las incautaciones de cocaína globales se realizan en Sudamérica, y Colombia representa cerca del 40% del total mundial.

La expansión del mercado también arrastra daños sanitarios y sociales: el consumo de drogas causa casi medio millón de muertes al año y solo 1 de cada 12 personas con problemas graves de adicción recibe tratamiento.

Este fin de semana, el médico psiquiatra, legista y neurólogo Enrique De Rosa Alabaster reflexionó en Infobae sobre el avance de la adicción múltiple: “El cambio de paradigma es que el problema ya no radica en una sustancia específica, sino en un contexto de poliadicción en el que se mezclan sedantes, residuos de todo tipo, drogas veterinarias, anestésicos y estimulantes.”

Argentina en el mapa de las nuevas amenazas químicas

El informe destacó que Argentina es, junto con Colombia y Chile, uno de los puntos claves en América del Sur para la circulación de la denominada “cocaína rosa” o “tusi”. Un producto que rara vez contiene cocaína. En realidad, el compuesto suele mezclar ketamina, metanfetamina y MDMA (éxtasis) y, en algunos casos, suma opioides sintéticos potentes como fentanilo o nitacenos.

Estas mezclas reflejan una nueva tendencia de uso polidrogas en Sudamérica, indica el documento. La combinación de compuestos aumenta la toxicidad y los riesgos para la salud, incluso en consumos recreativos o esporádicos.

“El mercado ilícito impuso las mezclas como respuesta a una sociedad que medicaliza su sufrimiento, en la cual el rendimiento es el eje existencial absoluto", resume De Rosa Alabaster.

“UNODC identifica a la Argentina y Chile (junto con Canadá) como las principales ubicaciones de laboratorios desmantelados de éxtasis (MDMA) fuera de sus focos históricos tradicionales (Europa Occidental, Oceanía y el Sudeste Asiático) entre los años 2020 y 2024. Los datos de interdicción policial ratifican esta realidad, registrándose el decomiso de más de 125 kilogramos de sustancias tipo MDMA en el último año”, señaló el Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires y responsable del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos bonaerense, Walter Martello.

Martello también advirtió sobre la popularidad creciente del “tusi” o “cocaína rosa” y detalló: “Este cóctel —surgido en Sudamérica y propagado velozmente a Europa— suele engañar por completo al consumidor joven al expenderse en entornos de ocio nocturno y fiestas electrónicas como si fuera cocaína de alta pureza, cuando en realidad contiene mezclas totalmente impredecibles y altamente letales de ketamina, MDMA, metanfetamina o adulterantes nocivos".

Mezclas adulteradas, nitazenos y urgencias difíciles de tratar

La ONU alertó sobre el avance de las drogas sintéticas porque el mercado ilegal se expande con rapidez, incorpora compuestos cada vez más potentes y favorece mezclas adulteradas y formas de consumo que elevan los riesgos sanitarios. El informe también advirtió sobre un desplazamiento desde opioides de origen vegetal hacia alternativas sintéticas como el fentanilo, los nitacenos y las orfinas.

La preocupación más inmediata está en las mezclas adulteradas que se venden con nombres engañosos y combinan estimulantes, depresores y alucinógenos. La llamada “agua de la felicidad”, detectada en Asia oriental y suroriental como un líquido con combinaciones de ketamina, metanfetamina, cafeína y benzodiazepinas.

La autora principal del informe, Chloe Carpentier, advirtió en declaraciones sobre la dificultad de atender estas intoxicaciones: “Los consumidores no saben qué han tomado, pero tampoco el personal sanitario que los atiende en caso de una urgencia”.

De Rosa Alabaster también remarca la falta de respuesta sanitaria y social frente a un consumo cada vez más complejo: “La falta de protocolos, de sistemas de triaje, la ausencia de estructura para la respuesta inmediata y, en casos urgentes, la imposibilidad fáctica (no teórica) de las internaciones, deriva en un eje del problema: hacer creer que aquel que se encuentra en una situación de necesidad de asistencia es el único culpable de su malestar.”

El uso no médico de la ketamina

La ketamina es un fármaco de uso extendido en medicina humana y veterinaria —principalmente como anestésico y analgésico— que la Organización Mundial de la Salud incluye como medicamento esencial y que no está sometido a control internacional. Sin embargo, el informe advierte que su uso no médico se reporta cada vez más en mercados de drogas de distintas regiones.

La ONU subraya que la ketamina cumple un rol clave en anestesia y atención de emergencias, incluso en sistemas sanitarios con pocos recursos y en zonas afectadas por conflictos. En paralelo, en las últimas dos décadas se amplió su estudio en psiquiatría y, en varios países, se autorizó su isómero S (esketamina) como tratamiento coadyuvante para la depresión resistente.

En términos históricos, el documento señala que el consumo no médico empezó a registrarse pocos años después de su síntesis (1962) y se consolidó en ciertos circuitos recreativos nocturnos n Estados Unidos y Europa occidental durante las décadas de 1980 y 1990. Tras un descenso al inicio del siglo XXI, volvió a repuntar con fuerza en ciertas regiones de Asia y Sudamérica, donde se convirtió en un componente de las mezclas circulantes.

La UNODC explicó que los fabricantes modifican fórmulas químicas para eludir regulaciones y evitar la detección. Según el organismo, en los decomisos de 2024 aparecieron cinco veces más tipos de drogas que antes del año 2000.

El número de nuevas sustancias psicoactivas en circulación llegó a 755 en 2024 y 118 se identificaron ese año por primera vez, de acuerdo con la oficina de la ONU. Los datos son contundentes y reflejan la velocidad con la que operan los laboratorios clandestinos.

Cannabis y nuevas rutas de consumo

En cuanto al cannabis, en Argentina se mantiene un prototipo de consumo similar al global, con cigarrillos de marihuana con mayor potencia del THC. El informe indicó que en regiones como América del Norte y Europa el contenido de THC creció mientras que el de CBD disminuyó.

El avance de estas sustancias no se limitó a polvos o pastillas. La ONU detectó cartuchos para cigarrillos electrónicos con cocaína, heroína y cannabinoides sintéticos y, en otras regiones, con opioides como los nitacenos.

La agencia también mencionó los llamados K-pods en Asia, con ketamina mezclada con etomidato, un anestésico hospitalario que puede provocar una pérdida rápida de conciencia al inhalarse. En espacios de ocio nocturno de Asia también circulan “piruletas de fiesta” con distintas combinaciones de drogas sintéticas.

La metanfetamina también amplió su alcance global. La UNODC indicó que nuevas rutas de tráfico y la expansión de la producción abrieron mercados en Oriente Próximo y Medio, África y partes de Europa, mientras Asia oriental y sudoriental mantiene un peso central en los decomisos.

El crecimiento del mercado, añadió la oficina de la ONU, también fortalece redes criminales, alimenta la violencia y complica la respuesta sanitaria. En muchas urgencias, la sustancia consumida no puede identificarse con rapidez, lo que vuelve más difícil decidir el tratamiento adecuado.

La operación arrancó gracias a la investigación sobre un hombre que, presuntamente, era el encargado de la logística en la introducción de droga en la isla. Los agentes detectaron que el sospechoso realizaba frecuentes viajes desde diferentes aeropuertos de Países Bajos hacia Ibiza, regresando al poco tiempo. Este patrón de viajes hizo saltar las alarmas de los investigadores, que sospecharon que podría estar vinculado a una red internacional dedicada al tráfico de drogas sintéticas.

Tras establecer un dispositivo de vigilancia en torno al sospechoso, los agentes pudieron localizar la vivienda que utilizaba temporalmente en Ibiza. Allí observaron cómo introducía varias maletas en el domicilio. Finalmente, la policía lo interceptó cuando portaba una de las maletas, que en su interior ocultaba aproximadamente 50 kilos de ketamina, una sustancia utilizada tanto en medicina como para el consumo ilegal.

Posteriormente, y tras recibir la correspondiente autorización judicial, los agentes practicaron un registro en el domicilio, donde hallaron otra maleta con unos 22 kilos de comprimidos de éxtasis, junto con 1.500 euros en efectivo. Ante el hallazgo de estas sustancias y las evidencias recabadas durante la investigación, el detenido fue puesto a disposición judicial, decretándose su ingreso inmediato en prisión.

Colaboración con Países Bajos

Paralelamente a las actuaciones en Ibiza, y en colaboración con las autoridades neerlandesas, se llevó a cabo otro operativo en la ciudad de Róterdam. Allí, la policía registró un almacén vinculado al mismo grupo criminal y a la persona arrestada en Ibiza. El resultado fue la intervención de 100 kilos de MDMA —la sustancia principal utilizada para fabricar éxtasis— y de 1.100 kilos de precursores químicos, suficientes para producir al menos 600 kilos adicionales de esta droga.

En el marco de esta operación, las fuerzas policiales neerlandesas detuvieron a otro de los principales responsables de la red criminal, quien también fue enviado a prisión. Se calcula que, con los precursores incautados, la organización habría podido fabricar enormes cantidades de drogas sintéticas destinadas principalmente al mercado nocturno, especialmente durante la temporada alta en Ibiza, conocida por la celebración de grandes fiestas y eventos internacionales.

La investigación, que continúa abierta, supone un importante golpe al tráfico internacional de drogas, cortando una de las vías de suministro de sustancias ilegales a la isla balear. No se descartan nuevas detenciones relacionadas con la organización criminal, considerada una de las más activas en la ruta de drogas sintéticas entre Países Bajos e Ibiza. La isla vive el problema de las drogas desde hace muchos años.

Miguel “N”, de 35 años, fue ingresado al Centro de Prevención y Reinserción Social de Ecatepec tras privar de la libertad a seis integrantes de su familia, entre ellos tres adultos y tres menores de edad en su domicilio del fraccionamiento Los Héroes, en el municipio de Tecámac, Estado de México.

El atrincheramiento duró más de 22 horas y movilizó a 150 elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno, según informó la Fiscalía.

Los hechos comenzaron la tarde del 25 de junio, cuando la madre del imputado alertó vía telefónica a elementos de la Policía Municipal de Tecámac: su hijo se había encerrado con su familia para evitar ser llevado a una clínica de rehabilitación para adicciones. Al llegar al lugar, los uniformados lo encontraron armado con un arma de fuego larga. Miguel “N” exigía que lo dejaran huir a cambio de liberar a sus familiares; de lo contrario, amenazaba con privarlos de la vida.

Prisión preventiva y situación jurídica pendiente

Miguel “N” fue trasladado e ingresado al Centro de Prevención y Reinserción Social de Ecatepec, a disposición de la autoridad judicial. En la Audiencia Inicial, el juez decretó la legalidad de la detención y fijó como medida cautelar la prisión preventiva.

La defensa del imputado solicitó duplicidad del término constitucional, por lo que la resolución definitiva de su situación jurídica quedó fijada para el 3 de julio de 2026. La FGJEM lo investiga por su posible participación en el delito de secuestro en agravio de seis integrantes de su familia.

Operativo de 150 elementos y evacuación de tres escuelas

El domicilio, ubicado en la calle Jesús García, casi esquina con Abraham González, en la Sexta Sección del fraccionamiento, quedó rodeado por efectivos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Civil de Tecámac y el Ejército Mexicano. La Fiscalía informó que 150 elementos acordonaron tres cuadras a la redonda.

La cercanía del inmueble con centros educativos obligó a las autoridades a evacuar a estudiantes de tres planteles: una secundaria, un jardín de niños y una guardería ubicados frente a la vivienda.

Personal especializado en negociación de secuestros de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició comunicación con Miguel “N” desde esa misma tarde, con el objetivo de lograr la liberación de las víctimas sin que se registraran heridos.

A lo largo del 26 de junio, la FGJEM continuó los trabajos de negociación. En un momento crítico, Miguel “N” volvió a amenazar con dispararle a su familia, lo que llevó a los agentes a tomar una decisión: ante el riesgo inminente, elementos de la policía ingresaron al domicilio, por lo que el imputado soltó el arma y fue detenido en ese instante por agentes de la Policía de Investigación.

La pena que enfrentaría Miguel “N”

La Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro fija en su artículo 9 una pena base de 40 a 80 años de prisión para quien detenga a una persona como rehén y la amenace con privarla de la vida. Esa es la acusación que actualmente pesa sobre Miguel “N”.

En su caso concurren al menos dos agravantes del artículo 10 que operan de forma independiente. La presencia de menores de 18 años entre los rehenes —tres de los seis integrantes retenidos eran niños— activa la Fracción I, que eleva el rango a 50 a 90 años. El vínculo familiar con las víctimas activa la Fracción II, que lo lleva de 50 a 100 años.

Atenuante por liberación sin daño

La misma ley contempla una reducción si las víctimas son liberadas sin que se concrete ninguno de los propósitos del artículo 9. Dado que la familia quedó libre el 26 de junio, es decir, dentro de los primeros diez días y sin lesiones reportadas, el artículo 12 establece una pena de 16 a 30 años, siempre que el juez determine que no hubo agravantes.

Si la defensa logra demostrar además que la liberación fue espontánea dentro de los primeros tres días y que no se logró ninguno de los propósitos del delito, el rango bajaría aún más: de 4 a 12 años de prisión. No obstante, esa vía es compleja: el propósito de Miguel “N” era evitar ser internado en una clínica, lo que podría encuadrar en el inciso b) del artículo 9, que sanciona obligar a los familiares a dejar de realizar un acto.

La Agencia Tributaria se gastará 2,6 millones en modernizar la capacidad operativa de la ‘joya de la corona’ de la flota de su unidad de élite, Vigilancia Aduanera. El Ministerio de Hacienda adjudicó el pasado 19 de junio el contrato para que el buque Fulmar, conocido dentro del cuerpo como el “terror de los narcos”, cuente con dos lanchas de asalto y dos nuevos pescantes con los que seguir interceptando los barcos que traen cocaína a través del Atlántico, generalmente veleros. Los trabajos correrán a cargo de la empresa gallega Gauzón Ibérica, que también suministra a la Armada Española.

Vigilancia Aduanera tiene dos buques de operaciones especiales, que son auténticos depredadores en el mar. Uno de ellos es el ya veterano Petrel I, fabricado en 1993 como barco oceanográfico. Y el otro es el Fulmar (ambos fueron bautizados con nombres de aves marinas de la misma familia), un patrullero de altura de 61 metros de eslora fletado en 2006, especializado en labores de lucha contra el narcotráfico y el contrabando gracias a su alta velocidad y su gran maniobrabilidad. Construido para navegar tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo, está dotado de un helipuerto para operaciones de evacuación de heridos o transporte rápido de personal, dos lanchas de asalto para ocho tripulantes y una autonomía de hasta 4.000 millas sin repostar.

Pero aunque Vigilancia Aduanera está muy orgulloso de su “terror”, reconoce que tiene “carencias”. En concreto, en las embarcaciones auxiliares, que son el medio usado por el buque para “interceptar, asaltar, perseguir y abordar sus objetivos”. Ya en el año 2015 se sustituyó la embarcación de estribor tras gastarse 314.721 euros. Esta lancha sufrió un accidente en marzo de 2023 en el curso de una operación, fruto de la cual se tuvieron que sustituir los equipos de comunicaciones y reparar y renovar los sistemas de izado de la misma.

Además, dada la antigüedad de la embarcación de babor (que es la original del buque) y los daños sufridos por la de estribor, la Agencia Tributaria “considera necesario sustituir ambas embarcaciones por otras de mayor manga, puntal y eslora y, en consecuencia, más pesadas. Hay que indicar, además, que estas embarcaciones cumplen una doble función: la indicada de abordaje de objetivos y la de rescate rápido de personal propio o ajeno, función que es exigible a buques del porte del Fulmar por los convenios internacionales de seguridad en la mar, manifestada en la obligatoriedad de disponer a bordo de este tipo de botes”.

También los pescantes para izar

Es decir, la Agencia quiere lanchas más grandes, por lo que también necesita sustituir los pescantes que las lanzan y las recogen del agua, “dado que los actuales no tienen ni la capacidad de carga ni el tamaño adecuado para las embarcaciones nuevas”, señala la memoria del contrato. “Por todo ello es necesario proceder a la renovación de los equipos indicados, sustituyéndolos por otros nuevos, más eficientes y más adecuados para las funciones auxiliares de asalto y abordaje imprescindibles para seguir llevando a cabo con éxito las funciones de vigilancia y represión del contrabando y otros delitos”.

Hacienda pensaba gastarse hasta 3,3 millones de euros en esta importante renovación: 1,15 millones en los pescantes, 1,25 millones en las dos lanchas y 900.000 euros en mano de obra e instalación. Pero al final solo invertirá 2,6 millones tras aprobar la oferta recibida por Gauzón Ibérica, que tuvo que realizar un informe para justificar esa oferta calificada como “baja desproporcionada”. Esta firma argumentó que sus materiales son más económicos por diversos acuerdos que mantiene con proveedores y que dispone de una estructura operativa con equipo técnico y medios propios distribuidos estratégicamente (Ferrol, Cádiz y Las Palmas), “lo que le permite reducir tiempos de respuesta y desplazamiento, disminuir costes logísticos y operativos, mejorar la coordinación de equipos y garantizar disponibilidad inmediata de personal y medios”.

¿Y cómo serán las dos nuevas lanchas de asalto? Estarán construidas con casco rígido de aluminio marino. “El casco de planeo estará construido en V profunda, adecuado para alcanzar altas velocidades en condiciones ambientales adversas”, explica la Agencia Tributaria. La eslora será de 9,10 metros y la manga de tres metros. Su desplazamiento a plena carga (hasta 15 tripulantes, pertrechos y 100% combustible) es de 4.800 kilos. Su velocidad máxima con solo tres tripulantes es de 43 nudos (unos 80 kilómetros por hora). Podrá tener hasta ocho asientos, todos ellos con una suspensión adecuada para las aceleraciones verticales que deberán soportar los tripulantes.

La imagen de un guardia civil acompañado por un perro detector de drogas es una de las más reconocibles de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Estos agentes trabajan en puertos, aeropuertos, estaciones o grandes dispositivos de seguridad buscando sustancias estupefacientes ocultas en equipajes, vehículos o mercancías. También forman parte de la lucha contra el narcotráfico otras unidades especializadas dedicadas a la investigación de organizaciones criminales. Pero, más allá de la labor que desempeñan, hay una pregunta que se repite con frecuencia: ¿Cuánto cobra un guardia civil especializado en detección de drogas?

La respuesta no es tan sencilla como dar una cifra concreta. A diferencia de lo que muchas personas creen, la Guardia Civil no establece un salario fijo para esta especialidad. La nómina depende del empleo del agente, de los años de servicio acumulados, del destino en el que esté destinado y de los complementos asociados al puesto que ocupa. Es decir, la especialidad influye, pero no es el único elemento que determina cuánto dinero llega a final de mes.

En el caso de los agentes dedicados a la detección de drogas, la horquilla más habitual se sitúa entre 2.000 y 2.400 euros brutos al mes, lo que equivale aproximadamente a entre 1.750 y 2.100 euros netos, dependiendo de las retenciones fiscales y de la situación personal de cada funcionario.

Qué conceptos forman el sueldo de estos agentes

La nómina de un guardia civil está formada por varios conceptos. El primero es el sueldo base correspondiente al grupo C1 de funcionarios, al que pertenece la Escala de Cabos y Guardias. Sin embargo, esta cantidad representa solo una parte del salario total.

A partir de ahí entran en juego los distintos complementos. El complemento de destino varía según el puesto ocupado, mientras que el complemento específico retribuye aspectos como la responsabilidad, la peligrosidad, la dificultad técnica o la disponibilidad que exige cada servicio. A ello se suman los trienios, que incrementan el sueldo por cada tres años de servicio, y la productividad, un concepto variable que depende de la actividad desarrollada y de las funciones desempeñadas.

Precisamente estos complementos son los que explican que no exista un “plus por detectar drogas” idéntico para todos los agentes. Aunque algunas publicaciones hablan de un complemento específico para los guías caninos, en la práctica la diferencia salarial responde al conjunto del puesto de trabajo y no únicamente a la especialidad.

En el caso del Servicio Cinológico, donde prestan servicio los agentes que trabajan con perros especializados en la detección de drogas, explosivos o personas, las estimaciones sitúan el salario habitual entre 2.000 y 2.300 euros mensuales, siempre con diferencias en función del destino y de la experiencia acumulada.

Las unidades contra el narcotráfico pueden percibir salarios más elevados

La detección de drogas no se limita al trabajo de los guías caninos. La Guardia Civil cuenta con otras unidades especializadas que centran su actividad en la investigación del narcotráfico y del crimen organizado. Entre ellas destacan los Equipos de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA), que investigan redes criminales relacionadas con el tráfico de estupefacientes, el contrabando y otros delitos económicos vinculados a estas actividades. Según algunas estimaciones, los agentes destinados en estas unidades pueden superar los 2.500 euros mensuales, especialmente cuando se suman la antigüedad, la productividad y los complementos específicos del puesto.

Algo parecido sucede con los guardias civiles destinados en Fiscal y Fronteras, una especialidad que desarrolla su labor en puertos, aeropuertos y otros puntos de entrada al país. En estos casos, las retribuciones suelen moverse entre 2.000 y 2.400 euros al mes, aunque la cifra puede variar según el destino concreto y las funciones asignadas.

Otras especialidades, como Criminalística o Intervención de Armas, también presentan salarios similares, mientras que unidades operativas como los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) pueden situarse en una horquilla aproximada de entre 2.300 y 2.800 euros mensuales, gracias a la naturaleza de sus cometidos y a los complementos asociados.