Una madre de 36 años fue arrestada recientemente en Saint-Louis, en el Alto Rin francés, tras ser descubierta cultivando cannabis en la habitación de su hijo de dos años. La noticia, difundida por los medios franceses La Dépêche e Ici, generó preocupación sobre los riesgos a los que pueden verse expuestos los menores cuando los adultos incumplen sus obligaciones parentales. La denuncia que desencadenó la intervención policial partió de la expareja de la acusada, quien se alarmó al conocer la situación en la que vivía el niño.

Cuando la policía acudió al domicilio, encontró varias plantas de cannabis no solo en la estancia del pequeño, sino distribuidas por todo el apartamento. La mujer, de nacionalidad italiana, reaccionó con hostilidad ante la presencia de los agentes. Según el reporte de La Dépêche, llegó a morder gravemente a una de las agentes en la pantorrilla y el brazo durante el operativo, lo que agravó notablemente su situación legal y evidenció un comportamiento violento y poco colaborador.

Tras la intervención, la madre fue puesta a disposición de la fiscalía de Mulhouse, que ordenó su ingreso en prisión preventiva. Se la acusa de posesión y consumo de estupefacientes, resistencia a la autoridad, agresión a funcionario público y falta de cumplimiento de sus deberes parentales. El menor quedó bajo la custodia de su padre mientras se resolvía la situación judicial de la madre. El caso ha reabierto el debate sobre la protección de la infancia y la responsabilidad penal de los adultos en el entorno familiar.

Consecuencias legales y protección del menor

La madre se enfrenta a cargos que pueden implicar hasta tres años de prisión y una multa de 45.000 euros por la agresión a la agente, además de las penas específicas por posesión y consumo de sustancias prohibidas y resistencia a la autoridad. Los delitos relacionados con el incumplimiento de las obligaciones parentales suelen ser especialmente graves cuando la conducta pone en riesgo directo el bienestar de un menor, como ocurrió en este caso. La decisión de poner al niño bajo la custodia de su padre responde a la necesidad de garantizar su seguridad y estabilidad mientras avanza el proceso judicial.

Para las autoridades francesas, intervenir en situaciones donde los niños quedan expuestos a ambientes peligrosos es prioritario. La actuación rápida tras la denuncia permite evitar daños mayores y proporciona una vía para que los menores puedan recibir la protección adecuada. El caso sirve de recordatorio sobre la importancia de la vigilancia social y la colaboración de familiares y allegados para detectar y denunciar situaciones de riesgo.

Qué hacer ante un caso similar y cómo proteger a los menores

En situaciones donde se sospecha que un niño puede estar en peligro por el comportamiento de sus padres o tutores, lo fundamental es actuar sin demora. La denuncia a las autoridades es el primer paso para activar los protocolos de protección infantil. Organismos sociales y policiales pueden intervenir para evaluar el entorno y tomar medidas que garanticen la seguridad del menor.

Es recomendable que cualquier persona que detecte señales de riesgo, como exposición a sustancias ilegales o conductas violentas en el hogar, no dude en comunicar la situación. El objetivo es siempre priorizar el bienestar de los niños, asegurando que crezcan en un entorno seguro y libre de amenazas. La colaboración ciudadana, junto a la actuación decidida de las fuerzas de seguridad y la justicia, resulta clave para prevenir situaciones similares y proteger a los más vulnerables.

Dos hombres identificados como Benito “N” y Luis “N” fueron detenidos por autoridades de Chiapas este 9 de abril durante un operativo donde aseguraron un mini Draco, droga y motocicletas en el municipio de Jiquipilas.

La información del arresto fue emitida por la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas. Según la dependencia, los detenidos manifestaron pertenecer al Cártel de Chiapas y Guatemala (CCyG).

La intervención, encabezada por la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y la Guardia Estatal Preventiva, se realizó en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Así fue la detención de los dos sujetos vinculados al CCyG

Los elementos estatales detectaron a los sospechosos en recorridos de vigilancia en la colonia Miguel Hidalgo.

Tras su localización, les fue realizada una revisión preventiva, en la cual localizaron un arma tipo mini Draco calibre 7.62x39 mm, tres cargadores, cuarenta y dos bolsitas de nylon con polvo granulado identificado como cristal o metanfetamina, dos teléfonos celulares y dos motocicletas de las marcas Italika y Bajaj Pulsar.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo informó que los detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición de la autoridad ministerial para determinar su situación jurídica.

La dependencia resaltó que el operativo fue resultado de la colaboración entre distintas corporaciones en el estado.

Esto se sabe sobre el Cártel de Chiapas y Guatemala

De acuerdo con reportes previos de Infobae México, el Cártel de Chiapas y Guatemala (CCyG) surgió en la última década en la frontera sur de México, impulsado por la familia Calderón, antiguos agricultores de Huehuetenango que incursionaron en el tráfico de cocaína.

El grupo habría expandido su influencia tras la muerte de su fundador, Baldemar Calderón Carrillo “Tío Balde”, abatido por fuerzas mexicanas en 2024.

Uno de los episodios criminales que habría influido en la actualidad del CCyG sería el asesinato de un sujeto identificado como “El Junior” en 2021, el cual fue señalado como hijo de un operador del Cártel de Sinaloa. Tras los hechos, el corredor fronterizo pasó de estar bajo control sinaloense para pertenecer una alianza entre el CJNG, el CCyG y operadores locales.

Según reportes periodísticos, el CCyG desplazó de manera violenta a la estructura de Cártel de Sinaloa, mediante una alianza con el CJNG, la cual provocó enfrentamientos, muertes y desplazamientos forzados. Esta ola de violencia generó la necesidad de crear la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y el despliegue de soldados kaibiles en Guatemala.

Entre los golpes más recientes a las altas esferas de este grupo criminal está la captura de Hugo “N”, alias “El Espíritu”, realizada el pasado 5 de febrero de 2026.

El Espíritu cayó junto con otros tres integrantes del CCyG durante un operativo coordinado por la Fiscalía General del Estado en Ocozocoautla, Chiapas.

Las autoridades le atribuyen el liderazgo regional en municipios como Jiquipilas, Cintalapa, Berriozábal y Villaflores.

A los cuatro se les vincula con delitos contra la salud, violación a la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como extorsión, privación ilegal de la libertad y homicidios.

Además, “El Espíritu” cuenta con mandamientos judiciales vigentes por homicidio calificado, relacionados con hechos violentos ocurridos en 2024 y 2025.

Durante las últimas semanas, alumnos y profesores de la Universidad de Lleida se han encontrado con una imagen desagradable: una persona ajena a la universidad accedía a los baños del Rectorado para consumir drogas. El sujeto accedía a las instalaciones en horario lectivo, cuando las puertas del edificio permanecen abiertas y sin control de acceso, y aprovechaba la estancia para inyectarse sustancias estupefacientes.

Con el fin de “proteger a la comunidad universitaria”, la Universidad de Lleida ha tomado medidas para disuadir a este usuario. En vez de reforzar la seguridad del centro o controlar el acceso al edificio del Rectorado, se han decantado por una solución un tanto particular: poner luz azul en los baños.

Durante las vacaciones de Semana Santa, la administración aprovechó para cambiar todas las bombillas de los lavabos que se encontraban en la planta baja. Este baño en cuestión es un pequeño habitáculo al que se accede por un pasillo en forma de túnel desde uno de los aparcamientos del edificio, según ha informado el diario El País.

Según ha podido saber el citado medio, se trata de un servicio muy utilizado por personas ajenas a la universidad, pues el campus universitario se encuentra en el centro de la ciudad de Lleida y es fácilmente accesible desde el exterior.

Luz azul para disuadir la drogadicción

La vicerrectora de la Universidad de Lleida, Mariona Farré, ha explicado al citado medio que llevaban un tiempo viendo cómo una persona “externa al rectorado venía a consumir al lavabo”. No era la primera vez que ocurría algo así en el campus universitario: años atrás tuvieron un episodio similar que afectó a la Facultad de Medicina. "Allí se instaló luz azul y funcionó. Por eso, tomamos esa decisión. Colocamos luz azul como herramienta disuasoria inmediata para proteger la comunidad universitaria y el espacio público”, ha asegurado la vicerrectora.

La luz azul es una herramienta que dificulta encontrarse las venas, con lo que esperan disuadir a la persona drogadicta de consumir dentro de la universidad. En la Facultad de Medicina, el cambio de bombillas fue suficiente para solucionar el problema, por lo que se espera que la medida resulte efectiva una vez más.

Efectos de la luz azul en la seguridad

La medida de la Universidad de Lleida no es tan inusual como parece. Ayuntamientos y comercios de todo el mundo han probado instalar luces azules como iniciativa para prevenir el consumo de drogas o incluso el crimen, con resultados diversos. En 2018, algunos establecimientos estadounidenses comenzaron a instalar iluminación azul en sus baños para disuadir a los consumidores de inyectarse drogas ilegales. Algunos de ellos reportaron una “reducción drástica” de este tipo de actividad en sus locales.

Otros países han optado por la luz azul como medida contra el crimen. Fue algo que probó la ciudad de Glasgow en el año 2000. Lo que comenzó como un simple cambio estético del Ayuntamiento pareció provocar una disminución de crímenes y de la tasa de suicidio en algunas regiones.

Esta experiencia hizo que Tokio instalase luces azules en sus estaciones de tren, con el objetivo de frenar los suicidios en estos lugares. Sin embargo, las investigaciones científicas que han tratado los efectos de la luz azul tanto en el crimen como en los intentos autolíticos no han sido concluyentes.

Los arrestos se han realizado en España, Escocia, Indonesia y Emiratos Árabes Unidos, con la colaboración de fuerzas de seguridad y organismos judiciales internacionales. La actuación incluyó la emisión de órdenes europeas de detención y la incautación de bienes, dispositivos electrónicos y sumas de dinero en efectivo.

La investigación ha estado dirigida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en coordinación con Eurojust y la participación de Police Scotland, Europol, la Policía Antinarcóticos de Turquía, la Policía de Dubái, la National Crime Agency del Reino Unido y la DEA estadounidense.

Detenciones y registros en España, Dubái o Turquía

Las autoridades realizaron 18 registros en domicilios y establecimientos de la Costa del Sol y Barcelona, incautando relojes de lujo, carteras de criptomonedas y abundante documentación. Entre los bienes bloqueados también figuran propiedades y activos localizados en Turquía, según la información policial. La pareja de S.L. quedó detenida en el aeropuerto internacional de Dubái, donde se le atribuye un papel relevante dentro del entramado criminal.

La operación permitió descubrir una veintena de personas investigadas en territorio español y la existencia de ramificaciones en varios continentes. El trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad posibilitó el bloqueo de cuentas y bienes en diferentes jurisdicciones, una acción que la Guardia Civil considera clave para dificultar la reconstrucción de la red. “La cooperación internacional es esencial para luchar contra organizaciones de esta magnitud”, señala un portavoz policial.

Historia del clan escocés

El ‘Clan de los Lyons’ nació en los años noventa en barrios de Glasgow, Escocia, como una agrupación familiar que inicialmente cometía delitos menores. Con el paso del tiempo, evolucionó hasta convertirse en una red criminal internacional dedicada al narcotráfico y al blanqueo de capitales. Para ocultar y mover el dinero ilícito, el clan empleaba sociedades pantalla y estructuras empresariales complejas, lo que le permitió operar en distintos países y gestionar grandes sumas de dinero fuera del alcance de las autoridades.

La violencia marcó la trayectoria del grupo, que mantuvo enfrentamientos con organizaciones rivales, especialmente con el “Clan de los Kinahan”. En España, uno de los hechos más relevantes fue el asesinato a tiros del hermano del líder en Fuengirola en 2025, un suceso que evidenció la peligrosidad de sus actividades y el alcance de sus disputas internas. Este episodio se suma a una serie de acciones delictivas que consolidaron la reputación del clan como uno de los más temidos de Escocia.

Gabriel Arturo Castillo, alias “El Pinocho”, se declaró culpable en una corte de Estados Unidos por lavado de dinero en un esquema internacional que permitió a cárteles mexicanos recibir millones de dólares de ganancias del narcotráfico.

La acusación, presentada por el Departamento de Justicia de EEUU (DOJ por sus siglas en Inglés), sostuvo que Castillo utilizó un sistema de cambio en el mercado negro para transferir fondos ilícitos sin mover físicamente el dinero por la frontera.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que “El Pinocho”, de 52 años y residente de Monterrey, Nuevo León, participó en la red criminal durante al menos dos años. Datos de la Fiscalía General de la República (FGR) afirman que fue del año 2011 hasta el 2013.

Según los reportes oficiales, emitidos este 8 de abril, “El Pinocho” enfrenta una pena máxima de hasta 20 años de prisión y su sentencia será dictada el próximo 7 de julio de 2026.

La detención de Gabriel fue realizada por autoridades mexicanas en marzo de 2024 y posteriormente lo extraditaron a EEUU en agosto de 2025.

Los reportes oficiales de autoridades mexicanas y estadounidenses no identificaron a un cártel o grupo criminal específico para el que “El Pinocho” hubiese operado.

El sistema de cambio de pesos ocultaba ganancias del narcotráfico

Estados Unidos afirma que “El Pinocho” operó en diversas ciudades, donde recibía grandes cantidades de dólares provenientes del tráfico de drogas. Los fondos se depositaban en cuentas bancarias o se trasladaban a Laredo, Texas.

En Estados Unidos, “El Pinocho” vendía los dólares a empresarios mexicanos para que ellos compraran productos en tiendas estadounidenses, especialmente perfumerías.

Posteriormente transportaban la mercancía legal desde Laredo hasta México.

Por último, los se vendían los insumos comprados en EEUU y después depositaban en pesos mexicanos las ganancias a los cárteles de la droga, ocultando así el origen ilícito e incorporando los dólares del narco al mercado de EEUU.

En documentos oficiales de el DOJ, Rodrick Benton, agente especial interino del Servicio Interno de Impuestos, en Houston, explicó: “Pudimos seguir el rastro del dinero para descubrir cómo se compraba mercancía a empresas estadounidenses cerca de la frontera y luego se vendía en México a un precio predeterminado.

Asimismo, las autoridades señalaron que no se pueden ocultar las ganancias ilícitas a una agencia de seguridad dedicada a rastrear el dinero.

El Departamento de Justicia consideró la condena un mensaje para las redes criminales

El fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia, afirmó que durante años, Gabriel Castillo acordó blanquear millones de dólares procedentes del narcotráfico mediante un intrincado sistema de lavado de dinero basado en el comercio.

“Los cárteles se mueven por el lucro, y estos facilitadores financieros promueven su letal narcotráfico y ponen en peligro vidas, negocios legítimos y el comercio. Los efectos devastadores de este delito transnacional son vastos y de gran alcance”, señaló Duva.

Además, el fiscal federal interino John GE Marck, del Distrito Sur de Texas, agregó en declaraciones citadas por el DOJ que “Esta declaración de culpabilidad es un paso más que damos para desmantelar las redes financieras que alimentan la violencia y el narcotráfico en nuestra frontera sur”.

Esto dijo el Gabinete de Seguridad de México tras su extradición

La FGR entregó a Gabriel Arturo Castillo al Gobierno de Estados Unidos en cumplimiento del Tratado de Extradición entre ambos países.

Castillo, requerido por la Corte Federal para el Distrito Sur de Texas por delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, fue detenido en marzo de 2024 en Monterrey, Nuevo León.

Según el comunicado oficial, entre 2011 y 2013, Castillo realizó transacciones financieras para organizaciones de narcotráfico con el objetivo de ocultar el origen del dinero.

La extradición se concretó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde agentes estadounidenses recibieron al reclamado para su traslado a Texas.

En una operación desarrollada en el Complexo da Maré, al norte de Río de Janeiro, la Policía Militar de Brasil confiscó 48 toneladas de marihuana, estableciendo un récord en la historia del combate al narcotráfico en el país.

El hallazgo se produjo cuando Hulk, un perro entrenado del Batalhão de Ações com Cães (BAC), detectó drogas bajo una cisterna de concreto en un edificio abandonado de la favela Nova Holanda, la más poblada de las 17 que conforman el complejo.

El cargamento estaba oculto en un búnker bajo concreto y corresponde a la organización criminal Comando Vermelho, según autoridades policiales.

La intervención, que comenzó el martes y continuó hasta la madrugada del miércoles, movilizó a más de 250 agentes, vehículos blindados, helicópteros y equipos de élite. Se trata de la mayor incautación de marihuana registrada en Brasil, superando el récord de 36,5 toneladas decomisadas en Mato Grosso do Sul en 2021.

El cargamento, distribuido en más de 24.000 paquetes de aproximadamente dos kilos cada uno, estaba oculto en un búnker de difícil acceso cuya existencia fue revelada por Hulk tras mostrar signos de inquietud durante el patrullaje.

La droga, atribuida a la organización criminal Comando Vermelho, fue retirada de la comunidad en cuatro camiones, una tarea que demandó más de cinco horas y la participación de decenas de uniformados.

Durante el procedimiento, los agentes fueron atacados a tiros por integrantes de bandas armadas, lo que generó un enfrentamiento. Un hombre, identificado como sospechoso de participar en el tiroteo, fue detenido y permanece hospitalizado bajo custodia policial.

Además del estupefaciente, los policías confiscaron cinco fusiles, cuatro pistolas, aproximadamente 200 litros de insumos para drogas sintéticas y 26 vehículos robados, incluyendo automóviles y motocicletas.

La valoración estimada del decomiso asciende a 50 millones de reales (cerca de USD 10 millones) al por mayor, aunque las autoridades señalaron que el perjuicio económico para las facciones criminales podría alcanzar los 150 millones de reales si la droga fuera fraccionada para la venta minorista.

El comandante general de la Policía Militarizada de Río, coronel Sylvio Guerra, subrayó que la acción se realizó sin víctimas fatales, a pesar del enfrentamiento armado.

La operación se centró en Nova Holanda, pero también incluyó otras áreas del Complexo da Maré, como Parque União. El despliegue buscó frenar la actividad de grupos dedicados al tráfico de drogas y al robo de vehículos y mercancías en la zona, una de las más conflictivas y densamente pobladas de Río de Janeiro.

La participación de Hulk fue crucial: el perro, de raza pastor belga malinois, fue donado a la corporación a los seis meses y ha intervenido en numerosos operativos antidrogas.

(Con información de O Globo, AFP y EFE)

El nitazeno, un potente opioide sintético que circula en el mercado ilegal, ha provocado la primera muerte registrada en España. La víctima fue un joven de 21 años que falleció el 2 de agosto de 2024 en Navarra tras consumir esta peligrosa sustancia, según ha informado El País.

Estos opioides fueron desarrollados en laboratorio durante las décadas de 1950 y 1960 por la farmacéutica suiza CIBA como posibles analgésicos, pero nunca llegaron a comercializarse debido a su alto riesgo de sobredosis y escaso margen de seguridad. Mientras que en la última década han reaparecido en el mercado ilegal como alternativa a los fentanilos.

Estas sustancias son extremadamente potentes, hasta 40 veces más que el fentanilo. Algunas variantes, como el etonitazeno, pueden ser hasta 500 veces más fuertes que la heroína, mientras que otras, como el metonitazeno, isotonitazeno o protonitazeno, también superan ampliamente a los opioides tradicionales.

Asimismo, suelen presentarse en polvo o en comprimidos que imitan medicamentos legales, y pueden consumirse por inhalación, inyección, insuflación, vía oral o sublingual.

Sin embargo, rara vez se venden como sustancias puras; a menudo se utilizan para adulterar heroína, pastillas falsificadas de opioides o benzodiacepinas e incluso MDMA, cocaína, ketamina o cannabinoides sintéticos, lo que incrementa el riesgo de consumo inadvertido y la posible sobredosis.

¿Cómo afectan al organismo?

A corto plazo, producen euforia, relajación, somnolencia, náuseas, vómitos y depresión respiratoria intensa. También pueden provocar pupilas contraídas, bradicardia y, en casos graves, coma o muerte. Los efectos a largo plazo incluyen tolerancia, adicción, estreñimiento crónico y problemas cardíacos o pulmonares.

El riesgo de sobredosis es muy alto, especialmente si se combina con otros depresores del sistema nervioso central como alcohol o benzodiacepinas. La naloxona, antídoto frente a opioides, puede revertir la intoxicación, pero a menudo requiere dosis mayores y repetidas. Además, existe riesgo de recaída en la sobredosis horas después, por lo que se recomienda vigilancia médica prolongada.

Otro factor de peligro es que los nitazenos no suelen detectarse en pruebas rápidas de drogas y requieren test específicos, lo que dificulta tanto la identificación como la atención médica inmediata, según señala el estudio ‘De los fentanilos a los nitazenos: estudio de la amenaza de los nitazenos en España’.

Primer caso en España

En España, un estudiante de 21 años de Navarra se ha convertido en la primera víctima mortal vinculada a los nitazenos. El joven falleció el 2 de agosto de 2024, según ha adelantado El País, tras consumir isotonitazeno, una variante de estos fármacos de riesgo extremo.

El joven ingresó en el Hospital Universitario de Navarra el 28 de julio de 2024 con un bajo nivel de consciencia tras consumir isotonitazeno por vía nasal. Recibió varias dosis de naloxona debido a la intensa depresión respiratoria, pero solicitó el alta voluntaria y abandonó el hospital. Cinco días después fue encontrado muerto en su domicilio, confirmando la extrema peligrosidad de estos opioides.

Aunque los casos en España son todavía escasos, el Plan Nacional sobre Drogas indica un aumento en los últimos años: de uno por año entre 2022 y 2024, a seis en 2025 y otro en lo que va de 2026. La mayoría de los consumos y sobredosis pueden estar infrarrepresentados, ya que los nitazenos suelen pasar desapercibidos en los análisis habituales y a menudo se mezclan con otras drogas.

Situación de los nitazenos en Europa

El primer caso documentado de sobredosis por nitazenos en Europa data de 2021, aunque su irrupción más significativa comenzó en 2023. Su aparición se relaciona con la fiscalización del fentanilo en China en 2019, que impulsó la producción y exportación de nitazenos, principalmente como adulterantes de heroína y pastillas falsificadas de opioides y benzodiacepinas.

Los nitazenos se han detectado en polvos, pastillas de oxicodona falsificada, comprimidos de “Subutex” falsos, MDMA, cocaína, ketamina y productos de cannabis para vapear. Su presencia inadvertida aumenta el riesgo de sobredosis entre los consumidores.

Entre 2023 y 2024, varios países europeos han registrado intoxicaciones y muertes por nitazenos: Reino Unido (179), Irlanda (57), Estonia (56), Letonia (38), Francia (10), Noruega (13), Finlandia (8) y Suecia (1). La mayoría de los afectados eran consumidores de heroína o de fármacos del mercado negro que desconocían la presencia de nitazenos en lo que consumían, lo que explica la elevada frecuencia de sobredosis y fallecimientos.

Las autoridades noruegas buscan desde hace años una vía efectiva para actuar contra los cabecillas del narcotráfico que operan entre Noruega y Marruecos. La presión sobre el Ministerio de Justicia aumenta, ya que el Servicio Noruego de Investigación Criminal (Kripos) insiste en la necesidad de un acuerdo que permita perseguir judicialmente a estos fugitivos. “Observamos el aumento de la delincuencia al mismo tiempo que nos encontramos inmersos en ese proceso, por lo que, empezamos a impacientarnos”, afirma la abogada policial Nora Pedersen en declaraciones a VG.

Kripos ha identificado a cerca de 20 noruegos de origen marroquí vinculados a redes de tráfico de drogas, actualmente refugiados en Marruecos. Desde 2022, la policía ha pedido formalmente al Ministerio de Justicia que avance en las negociaciones con Rabat. La jefa de Kripos, Kristin Kvigne, sostiene que plantearon “la cuestión de un acuerdo formal con Marruecos al Ministerio de Justicia hace ya bastante tiempo” y siguen esperando “una pronta aclaración”.

El último informe noruego de ‘Evaluación nacional de amenazas’ menciona a la Mocro Maffia como uno de los principales peligros del país, y el de mayor relevancia en lo referente al narcotráfico. En este mismo documento señala que la provincia de Málaga “actúa como el punto estratégico que conecta las redes marroquíes y europeas, incluyendo una parte importante de la distribución de cannabis en Europa”.

Cooperación “insuficiente” contra el narcotráfico

En noviembre pasado, se firmó una carta de intenciones para cooperar en materia policial, pero Kripos reclama un marco legal más sólido. “Enviamos solicitudes legales, pero terminamos al final de la lista. Así que ya es demasiado tarde”, señala Pedersen al medio noruego. Señala como ejemplo a seguir que Suecia ha logrado progresos tras establecer acuerdos con Marruecos, permitiendo arrestos de varios líderes criminales suecos en el extranjero.

El impedimento principal es que Marruecos no extradita a sus propios ciudadanos, lo que dificulta la entrega a Noruega de estos sospechosos. “Necesitamos encontrar una manera de atacarlos donde están”, explica Pedersen, sugiriendo alternativas como trasladar los casos judiciales a Marruecos o impulsar la cooperación en investigaciones locales.

Por su parte, el Ministerio de Justicia noruego sostiene que ya existe una “buena cooperación” con Marruecos y que no hay barreras legales para la colaboración. La secretaria de Estado Gunn Karin Gjul asegura que cuentan “con varios acuerdos internacionales, de los que tanto Marruecos como Noruega son parte, que contienen disposiciones sobre cooperación jurídica internacional”. A pesar de las visitas oficiales, la policía noruega considera insuficientes los avances y reclama más implicación política.

El narcotráfico marroquí en Noruega

Las redes marroquíes de narcotráfico constituyen una de las mayores amenazas criminales para Noruega, según la evaluación oficial. Estas organizaciones, con base en Marruecos y conexiones en el Rif y, según Noruega, la provincia española de Málaga, “son actores clave en la importación y distribución de cannabis y cocaína en Europa”, indica el informe de Kripos.

Explican que parte de la logística transcurre a través de Países Bajos, donde la mercancía se redistribuye al norte de Europa. El informe alerta de que “individuos noruegos-marroquíes coordinan desde Marruecos la entrada anual de varias toneladas de droga a Noruega”, y subraya que “la cadena criminal abarca desde la producción hasta la distribución y la violencia para mantener el control del mercado”.

Hay quien no ve problema en consultar las redes sociales durante las horas de trabajo o quien sale a fumar más de lo necesario. Cuestiones que pueden ser mejor o peor vistas, pero que no suelen acarrear despidos. No obstante, hay otros límites infranqueables que mejor no superar. Un claro ejemplo es fumar drogas durante la jornada laboral, algo que remata con la solicitud de una indemnización.

En una empresa de logística, el caso de un trabajador sancionado por consumir cannabis durante su turno ha llamado la atención del ámbito laboral y jurídico, tras derivar en una insólita reclamación de indemnización por supuesta vulneración del honor. Así lo explica Eneko, quien se hace llamar en redes sociales @EnekoMtz. El especialista en derechos laborales, según se lee en su perfil, relata los pormenores de este episodio, que pone en debate los límites de la conducta en el entorno profesional y la protección de los derechos individuales.

Un empleado ironiza cuando le pillan fumando cannabis: “Es chocolate”

El incidente comenzó en la zona de descanso del centro logístico, donde el responsable percibió un fuerte olor a cannabis. Según describe Eneko en su perfil de TikTok, el empleado —identificado en su relato como Genaro— no solo admite el consumo, sino que responde con ironía al ser interpelado por la dirección. “Huele a cannabis”, planteó el responsable, a lo que el trabajador replicó: “Sí, es chocolate”. Ante la confirmación, la empresa aplicó una sanción de quince días de suspensión de empleo y sueldo, en línea con los protocolos internos de seguridad, dado que el puesto implicaba manejo de maquinaria pesada.

La reacción del trabajador no se limitó a aceptar la sanción. Solicitud mediante, Genaro se sometió a un análisis de sangre, prueba que resultó negativa en la detección de sustancias. Frente a este resultado, la dirección de la empresa optó por dejar sin efecto la sanción y trasladar al empleado a un área con menor exposición a riesgos, decisión que, según cuenta Eneko, se consideró un gesto de buena voluntad: “La empresa, en un acto de generosidad, que tampoco se lo merecía, suspende la sanción y le traslada a otro punto más tranquilo”.

Una indemnización de 18.750 euros por acusarle de fumar en el trabajo: su honor “está herido”

Lejos de conformarse, Genaro presentó una reclamación formal exigiendo una indemnización de 18.750 euros, argumentando que la actuación empresarial había dañado su honor. Según la narración de Eneko, “Genaro dice que su honor está herido y pide dieciocho mil setecientos cincuenta euros de indemnización”. La demanda fue examinada por la jurisdicción laboral, que desestimó de forma rotunda la pretensión. El tribunal concluyó que no existía vulneración alguna del derecho al honor, dado que la empresa actuó conforme a los protocolos de prevención y seguridad establecidos para el sector logístico.

“El juzgado lo tenía claro, no había vulneración del honor de ningún tipo”, sentenció Eneko en su análisis, en el que puso el acento en la importancia de mantener la seriedad y la seguridad en el ámbito laboral, especialmente en sectores donde el manejo de maquinaria exige máxima responsabilidad.

De acuerdo con la información difundida por Eneko en sus redes sociales —espacios donde suele abordar conflictos laborales de actualidad—, el empleado continuó desempeñando tareas en la empresa tras el incidente. Fuentes internas mencionaron que, después de un tiempo, Genaro optó por abandonar su puesto, aunque los detalles de su salida no han trascendido.

El decomiso de 80 paquetes de presunta droga con destino a Thessaloniki, Grecia, marcó uno de los resultados más recientes de las operaciones contra el narcotráfico en Panamá, en un contexto en el que las autoridades refuerzan sus estrategias tanto en puertos como en comunidades.

La carga, detectada en la zona portuaria del Caribe, en la provincia de Colón, transitaba en un buque mercante procedente de Posorja, Ecuador, y fue interceptada tras labores de inteligencia que identificaron irregularidades en dos contenedores.

La operación fue ejecutada por unidades de la Sección de Inteligencia Portuaria del Servicio Nacional Aeronaval, que mediante procesos de perfilamiento y verificación detectaron anomalías en los sellos de los paneles de refrigeración, lo que activó los protocolos de inspección.

En coordinación con la Fiscalía de Drogas de Colón, se realizó el allanamiento que permitió ubicar los paquetes de presunta sustancia ilícita ocultos dentro de la estructura del contenedor, evidenciando un método sofisticado de contaminación de carga.

Este decomiso se suma a un volumen acumulado significativo en lo que va del año. Según datos oficiales, la Aeronaval ha incautado 20.6 toneladas de droga en 25 operaciones a nivel nacional, lo que refleja la presión constante sobre las rutas del narcotráfico que utilizan el país como punto de tránsito.

Estas cifras también evidencian que los puertos panameños siguen siendo un objetivo estratégico para organizaciones criminales que buscan movilizar sustancias hacia Europa.

Sin embargo, mientras las grandes incautaciones en rutas internacionales captan la atención, las autoridades mantienen un enfoque paralelo en el combate al microtráfico, una modalidad de delito que ocurre a menor escala pero con impacto directo en las comunidades.

El microtráfico se refiere a la venta, distribución y almacenamiento de drogas en pequeñas cantidades, generalmente dentro de barrios o distritos específicos, y suele estar vinculado a redes locales que abastecen el consumo interno.

En la provincia de Chiriquí, la Operación “Nómada”, desarrollada durante el mes de marzo bajo el Plan Firmeza 2026, permitió avanzar en la identificación y desarticulación de personas dedicadas a esta actividad.

Como resultado, se logró la judicialización de 14 operaciones y la aprehensión de 13 personas, varias de ellas con antecedentes judiciales, lo que evidencia una participación reiterada en delitos relacionados con sustancias ilícitas. Las acciones incluyeron seguimiento, inteligencia y diligencias operativas en distintos distritos.

En otro caso, en la comunidad de La Rueda, en la provincia de Los Santos, unidades de la Policía Nacional y el Ministerio Público desarticularon un centro de venta de drogas mediante un allanamiento.

Durante la intervención se aprehendió a cuatro personas, a quienes se les decomisaron dos bolsas de presunta cocaína, una pesa digital, bolsitas plásticas vacías, un triturador metálico y varios teléfonos celulares, elementos comúnmente asociados a la distribución al detal.

Asimismo, en el marco de la Operación Eco, también en la provincia de Los Santos, se logró la aprehensión de un ciudadano de 33 años, quien mantenía en su poder tres bolsas con presunta marihuana, dinero en efectivo, una pesa digital y un teléfono celular.

En una acción paralela, fue detenido un hombre de 28 años requerido por un juzgado de garantías, lo que refuerza la línea de trabajo coordinado entre unidades operativas y el sistema judicial.

Las autoridades sostienen que este tipo de operativos busca atacar no solo la estructura del narcotráfico a gran escala, sino también su base operativa en comunidades, donde el microtráfico se convierte en un factor que alimenta otros delitos como el hurto, la violencia y la inseguridad local.

Después de más de seis meses de investigación, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) logró desarticular dos puntos de venta de droga en la ciudad de Córdoba. El operativo, dirigido por el Ministerio Público Fiscal, culminó con la detención de dos hombres mayores de edad y la incautación de una considerable cantidad de sustancias prohibidas.

En la madrugada del operativo, los equipos de la FPA irrumpieron en dos viviendas ubicadas en calle Icho Cruz al 50 y Canals al 6200, dentro del barrio Comercial. Las acciones se desarrollaron en simultáneo, con la participación directa de fiscales y personal especializado, bajo estricta coordinación judicial. Los agentes lograron ingresar sin incidentes y neutralizar a los sospechosos en ambos inmuebles.

La investigación se inició tras recibir múltiples denuncias anónimas que apuntaban a la existencia de una red de venta de estupefacientes que operaba en el sector.

De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, durante los allanamientos se decomisaron 520 dosis de marihuana y 183 de cocaína, además de plantas y cigarrillos de cannabis sativa. También se encontró dinero en efectivo por $586.700, un arma de fuego y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento y distribución de sustancias, como balanzas, envoltorios y teléfonos celulares. Todos estos elementos fueron catalogados y puestos a disposición de la justicia para profundizar la investigación.

Uno de los domicilios funcionaba como un auténtico búnker de venta de drogas. Según se informó, el principal investigado continuaba atendiendo el lugar a pesar de tener colocada una tobillera electrónica por una causa previa de violencia familiar.

En el allanamiento participó la perra detectora Hanna, entrenada en la búsqueda de estupefacientes. El animal fue determinante para ubicar marihuana escondida en la parte superior de un ropero, lo que facilitó el secuestro de dosis adicionales y reforzó las pruebas contra los detenidos.

El operativo también permitió identificar la modalidad de comercialización: el búnker mantenía una atención permanente de clientes, principalmente durante horarios nocturnos. Las tareas de inteligencia demostraron que los acusados recurrían a dispositivos electrónicos y vigilancia propia para advertir la presencia de las fuerzas de seguridad, lo que dificultó las tareas previas de recolección de pruebas.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, los dos hombres detenidos fueron trasladados a sede judicial. Ambos fueron imputados por el delito de comercialización de estupefacientes, delito tipificado en la legislación argentina y penado con severidad. La Fiscalía anticipó que solicitará medidas cautelares estrictas, debido a la gravedad de los hechos y los antecedentes de al menos uno de los imputados.

La investigación sigue su curso, con la expectativa de nuevas derivaciones a partir de los elementos secuestrados y las declaraciones de los detenidos. Los dispositivos electrónicos, teléfonos móviles y documentación incautada serán sometidos a peritajes, en busca de información sobre otros posibles integrantes de la red y el alcance real de las operaciones desarticuladas.

La noticia llega luego de que atraparan a un policía de la provincia de Córdoba que vendía droga. Durante el operativo en el que fue descubierto, su pareja intentó ocultar cocaína, la consumió y, como consecuencia, murió horas más tarde en un hospital. El oficial quedó detenido y fue imputado por tenencia de estupefacientes para comercialización.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, durante el ingreso del personal táctico de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) a la vivienda, ubicada en el barrio IPV 360 de la ciudad capital, la principal investigada optó por ingerir varios envoltorios de cocaína en el baño, en un intento desesperado por deshacerse de la sustancia.

Las consecuencias no se hicieron esperar. Poco después, la mujer experimentó vómitos y convulsiones. Ante su estado crítico, los oficiales la trasladaron de inmediato al Hospital de Pronta Atención Cura Brochero, ubicado en el barrio Argüello, donde fue asistida por el equipo médico.

Woods fue liberado bajo fianza ese mismo día, según confirmó ABC News, la cadena estadounidense. De acuerdo con los detalles judiciales a los que accedió el medio, Woods compareció ante la justicia esa semana.

El golfista enunció a la lectura de cargos y presentó una declaración de inocencia.

Los registros incluidos en el expediente de la corte indican que el deportista fue acusado formalmente de manejar bajo la influencia con daños a la propiedad y de negarse a someterse a un examen legal para detectar sustancias.

En las imágenes difundidas por la oficina del sheriff de Martin County, Florida, se observa el inicio de la investigación junto al vehículo accidentado, un vehículo utilitario deportivo (SUV, por sus siglas en inglés) volcado sobre uno de sus laterales, y la interacción inicial entre el agente policial, los testigos y el deportista.

Un testigo identificó rápidamente al golfista, hecho que sorprendió al primer agente que llegó al lugar, según el material entregado al medio.

El accidente se produjo cuando Woods intentó adelantar a un camión que circulaba delante de su automóvil. Como no advirtió que el vehículo de carga había reducido la velocidad, rozó la parte trasera del remolque y, a consecuencia del impacto, el SUV volcó.

En su declaración en el sitio del suceso, Woods explicó a la agente encargada de la prueba de sobriedad que, al momento del siniestro, “miraba su teléfono y estaba a punto de cambiar la estación de radio”, sin notar la frenada del camión.

Detalles de la investigación policial y los medicamentos hallados

Durante la evaluación policial en el lugar, Woods aseguró no haber consumido alcohol y mencionó que tomaba “algunos” medicamentos, cuyos nombres se omitieron parcialmente en las grabaciones difundidas.

Cuando la agente a cargo le advirtió que sus “facultades normales estaban deterioradas” por una “sustancia desconocida” y procedió a esposarlo, el propio Woods preguntó si estaba siendo arrestado y recibió una confirmación inmediata, según ABC News.

El acta de causa probable, también citada por la cadena estadounidense, indicó que en el bolsillo del pantalón de Woods se encontraron dos tabletas de hidrocodona, medicamento destinado al tratamiento del dolor crónico intenso, cuyas contraindicaciones más habituales incluyen somnolencia y vértigo.

El informe describe que Woods presentaba “ojos rojos y vidriosos” y “pupilas extremadamente dilatadas”, además de moverse con lentitud, aunque se mantenía “muy alerta y hablador”.

El resultado del alcoholímetro practicado en el lugar no detectó presencia de bebidas alcohólicas en el organismo del golfista; sin embargo, Woods rechazó realizar un examen de orina para descartar consumo de drogas o fármacos, como requirieron los oficiales, informó el mismo medio.

Tiger Woods inicia tratamiento intensivo tras el siniestro

Tras varios días de silencio, Woods publicó un comunicado el martes en el que declaró: “Soy consciente de la gravedad de la situación en la que estoy hoy. Me alejaré durante un tiempo para buscar tratamiento y enfocarme en mi salud”. “Esto es necesario para priorizar mi bienestar y trabajar por una recuperación duradera”, agregó.

El miércoles, documentos judiciales revisados por la cadena estadounidense confirmaron que un juez de Martin County concedió autorización a Tiger Woods para salir de Estados Unidos y dar inicio a un proceso de “tratamiento intensivo en régimen de internación”.

Por razones de salud y compromiso con su rehabilitación, Woods no participará en el Masters, el principal campeonato del golf mundial que comienza el 9 de abril, según informaron los organizadores a ABC News. La PGA Tour expresó en un comunicado: “Nuestra prioridad es su salud y bienestar. Tiger sigue contando con todo nuestro apoyo mientras toma este paso”.

Everto “N” fue detenido en la capital del estado de Puebla al ser identificado como presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Su arresto se llevó a cabo durante un operativo conjunto donde participaron autoridades federales y estatales, entre ellas la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

Durante la intervención, las autoridades le aseguraron al hombre de 29 años edad diversos objetos ilícitos, entre los que se encontraban:

• Cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas
• Dinero en efectivo
• Envoltorios con sustancias ilícitas

Todos fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial para la continuación de las investigaciones.

Dos presuntos integrantes del CJNG detenidos la semana pasada

El pasado 26 de marzo fueron detenidos dos hombres identificados como “El Caballero” y Osiel “N” cuando se encontraban en el municipio de San Matías Tlalancaleca, Puebla.

Ambos fueron señados como presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación y como generadores de violencia en la región.

Durante el operativo, en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina, el Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Estatal y la Fiscalía General del Estado, se incautaron cartuchos, envoltorios con droga, un vehículo con placas de Michoacán y dinero en efectivo, aunque las autoridades no especificaron las cantidades.

Las investigaciones indican que ambos sujetos operaban en la zona de San Martín Texmelucan. Respecto a los hombres, fueron identificados como "El Caballero", de 28 años, originario de la Ciudad de México, y Osiel “N”, de 49 años, que proviene del Estado de México.

En los últimos meses, Puebla ha sido escenario de otras capturas relevantes vinculadas a organizaciones criminales.

El 20 de marzo, las autoridades anunciaron la detención de 16 personas señaladas como integrantes de la Familia Michoacana, mientras que el 12 de marzo se informó sobre el arresto de Nayeli “N”, alias “La Güera” y/o ”La Blanca”, presuntamente responsable de la distribución de sustancias ilícitas en la región.

Fue el pasado 6 de enero, la titular de la Fiscalía General del Estado, Idamis Pastor Betancourt, comunicó que durante un operativo interinstitucional se aseguró a nueve individuos del grupo criminal denominado "Operativa Barredora", entre los que se encontraba un hombre apodado "El Gordo", apuntado como uno de los líderes.

En esa ocasión fueron decomisadas seis armas largas, equipo táctico y se les imputaron delitos como homicidio en grado de tentativa y portación ilegal de arma de fuego.

Dichas detenciones muestran el amplio panorama criminal con el cuenta el estado de Puebla, ya que visualiza la presencia de dos cárteles internacionales y de una local que ha sido señalada por tener vínculos con el CJNG.

La decisión de Tiger Woods de abandonar temporalmente el golf para iniciar un tratamiento ha sido autorizada por la justicia de Florida, que le permitió viajar fuera de Estados Unidos para preservar su privacidad.

El permiso judicial responde a la recomendación de su médico tratante, quien sostuvo que el golfista requiere un entorno altamente controlado debido a la complejidad de su situación clínica y a la presión mediática que enfrenta en su país.

El pasado viernes 27 de marzo de 2026, Woods fue arrestado en Jupiter Island, Florida, tras un accidente de tránsito en el que volcó su camioneta Range Rover. Las autoridades del condado Martin hallaron dos pastillas de hidrocodona prescritas en su bolsillo. El propio Woods admitió haber tomado esa mañana los medicamentos, según los documentos judiciales citados por PEOPLE y confirmados por el informe policial divulgado el martes.

El informe del arresto relata que el golfista, de 50 años, presentaba movimientos lentos y signos de sudoración, mientras explicaba a la policía que había sufrido 7 cirugías de espalda y más de 20 operaciones en una de sus piernas. Tras el accidente, Woods fue trasladado a un hospital local, donde rechazó atención médica y posteriormente quedó bajo custodia hasta ser liberado tras pagar una fianza.

En una declaración pública difundida en su cuenta de X el martes 31 de marzo, Woods reconoció la gravedad de su situación y comunicó su decisión de “apartarse durante un tiempo” para priorizar su salud. “Sé y entiendo la seriedad de la situación en la que estoy hoy. Este paso es necesario para trabajar en mi recuperación duradera. Agradezco el apoyo y la comprensión, y pido privacidad para mi familia y para mí en este momento”, expresó.

El comunicado fue emitido horas después de que Woods presentara una declaración de inocencia ante la corte del condado Martin y solicitara un juicio con jurado, de acuerdo con ESPN.

Reacciones del ámbito deportivo y mediático

La noticia del arresto de Woods y su situación médica generó respuestas inmediatas en el mundo del deporte. ESPN recuerda que Woods ya había enfrentado episodios similares en el pasado, incluidos arrestos en 2017 por conducir bajo la influencia de fármacos recetados, tras lo cual ingresó en un programa de rehabilitación.

El historial clínico del golfista incluye múltiples operaciones de espalda y una grave lesión en la pierna derecha a raíz de un accidente en 2021, lo que ha condicionado su carrera y su estado físico.

El presidente del Augusta National Golf Club, Fred Ridley, confirmó a PEOPLE que Woods no participará en el Masters de este año. “El Augusta National Golf Club y el Masters están completamente con Tiger Woods mientras se concentra en su bienestar”, declaró Ridley. Agregó que, aunque no esté presente, Woods sigue siendo una figura de referencia en el torneo.

Durante la emisión del 1 de abril de The View, la presentadora Whoopi Goldberg manifestó su apoyo a Woods y criticó la falta de compasión pública hacia el deportista. “Tiger es un amigo mío y solo le deseo lo mejor… No me gusta hacer leña del árbol caído. Eso se lo dejaré a otros”, dijo Goldberg, según el medio citao.

La coanfitriona Sunny Hostin señaló que, si bien no justificaba la conducción bajo los efectos de medicamentos, era necesario comprender el dolor físico que enfrenta una leyenda deportiva sometida a intervenciones y rehabilitaciones constantes.

El caso de Tiger Woods ha reabierto el debate sobre la empatía social hacia los deportistas de élite con problemas de adicción a medicamentos recetados. En The View, las conductoras subrayaron que otras figuras públicas en situaciones similares suelen recibir mayor sensibilidad por parte del público y los medios.

Detalles judiciales y antecedentes médicos

El juez del condado Martin autorizó a Woods a viajar fuera del país para ingresar en un centro de tratamiento intensivo, tras considerar que la continua exposición mediática en Estados Unidos obstaculiza su recuperación.

Según la defensa de Woods, citada por ESPN, la recomendación médica se basa en la necesidad de un ambiente donde pueda recibir “atención continua y ajustes rápidos en la intervención”, algo que no sería viable en el entorno actual.

Durante el arresto, la policía observó que Woods tenía los ojos enrojecidos y las pupilas dilatadas. El golfista negó haber ingerido alcohol y explicó que consumía varios medicamentos prescritos. La prueba de alcoholemia resultó negativa, pero las autoridades hallaron hidrocodona en su poder, el mismo opioide que ya había estado presente en un caso anterior.

El historial de lesiones del golfista es extenso: múltiples cirugías de espalda, fracturas abiertas en la pierna y operaciones de tobillo y pie, todo producto de accidentes y la exigencia física del deporte. Estas condiciones han llevado a Woods a depender de analgésicos potentes bajo prescripción médica.

Un futuro incierto y la petición de privacidad

En el comunicado oficial, Woods insistió en su compromiso de buscar una recuperación genuina y pedir respeto a la privacidad de su familia. El futuro del golfista en las competencias dependerá del tiempo que dedique a restablecerse, tanto física como emocionalmente, y de la evolución del tratamiento fuera de Estados Unidos.

El respaldo de colegas, directivos y personalidades como Goldberg se suma a la petición de comprensión para un atleta cuya carrera ha estado marcada por logros históricos y desafíos personales recurrentes. La atención pública y mediática ahora se centra en el proceso de recuperación y en las condiciones que permitirán, eventualmente, su regreso al campo de juego.

Vacío y abandonado, así encontraron el acoplado que había ingresado al país junto al camión en el que se descubrió una carga millonaria de ketamina líquida.

El hallazgo se dio el lunes en la zona de Costanera Sur, donde personal policial secuestró el acoplado por orden judicial. No había carga ni personas en el lugar, y el semirremolque quedó bajo custodia a la espera de su traslado, en el marco de una causa que lleva adelante la fiscal Silvia Archilla, de la Unidad de Flagrancia Oeste.

La investigación sigue centrada en reconstruir el recorrido del camión, cuyo conductor, Joel R.A. (40), permanece detenido. El vehículo había entrado a la Argentina desde Paraguay, cruzado por Formosa y, antes de llegar a la Ciudad de Buenos Aires, hizo una parada en la provincia para descargar mercadería legal.

El viaje empezó el miércoles pasado, cuando el camión cruzó el Paso Internacional Clorinda-Puerto José Falcón. Traía dos cargas: harina de trigo y la ketamina oculta en un falso tanque de combustible.

Según pudo saber este medio, la harina fue descargada en un punto de la localidad bonaerense de Monte Grande antes de que el camión continuara su camino.

Luego de dejar la mercadería legal, el vehículo se dirigió a Costanera Sur, donde fue hallado el acoplado vacío. Después, el chofer buscó el momento para entregar la ketamina y terminó detenido en el barrio porteño de Caballito, tras estacionarse en doble fila y mostrar una actitud sospechosa ante la Policía. Nervioso, reconoció que llevaba la sustancia.

Durante la inspección, los efectivos hallaron dos tanques de combustible. Uno tenía gasoil y el otro, sin conexión a la bomba, contenía el líquido transparente.

El análisis químico confirmó que era ketamina líquida: unos 600 litros que podrían transformarse en unas 30.000 dosis, valuadas entre 450 y 600 millones de pesos en el mercado negro.

El camión, que tenía una calcomanía de “El Patrón” y una máscara del Joker, fue secuestrado y quedó a disposición de la Dirección Antidrogas de la Policía de la Ciudad.

Los investigadores esperan ahora los resultados de la pericia sobre el teléfono del chofer y la información de la empresa de transporte para avanzar sobre la organización detrás del envío. Se presume que es una estructura importante y, al mismo tiempo, se sospecha que no era la primera vez que el camionero hacía una entrega.

Un dato relevante es que ese mismo día cruzaron la frontera otros cuatro camiones de la misma empresa transportista. Dos siguieron viaje a Chile y otro fue revisado sin que se encontrara nada fuera de lo común.

Qué es y cómo afecta a la salud la ketamina

La ketamina es una droga que se utiliza como anestésico en medicina humana y veterinaria. En los últimos años, su uso ilegal y recreativo creció en distintos países, sobre todo en fiestas electrónicas y ambientes nocturnos. En el ámbito médico, se emplea bajo control profesional, pero en el circuito ilegal se consigue tanto en polvo como en líquido, y suele mezclarse con otras sustancias o consumirse de distintas maneras.

Al consumir ketamina, las personas pueden experimentar efectos psicoactivos intensos. Cambia la percepción, altera el estado de ánimo y puede provocar una sensación de desconexión de la realidad. Cuando la dosis es alta, puede aparecer lo que se conoce como “agujero k”, un estado de disociación profunda que genera confusión e inmovilidad.

El consumo de ketamina fuera del control médico puede generar varios problemas a corto plazo: dolor de cabeza, mareos, visión borrosa, náuseas, aumento de la presión arterial y del ritmo cardíaco. Los riesgos aumentan mucho si se combina con otras drogas, especialmente opioides o GHB, ya que puede causar depresión respiratoria, un cuadro potencialmente mortal.

El uso prolongado o en grandes cantidades afecta la memoria, puede generar episodios de depresión, ansiedad y hasta psicosis. Además, la ketamina tiene un potencial adictivo y puede provocar dependencia física y psicológica en quienes la consumen seguido.

En el plano físico, la droga también daña el sistema urinario y los riñones. Se han registrado casos de infecciones urinarias, dolores fuertes y lesiones graves en la vejiga en consumidores habituales.

Dos mujeres fueron condenadas a 19 años y 4 meses de prisión cada una, equivalentes a 232 meses, por los delitos de traspaso agravado de drogas y posesión ilícita de armas de fuego, tras comprobarse su participación en el ingreso de sustancias y armamento al Complejo Penitenciario La Joya, en un hecho ocurrido el 28 de marzo de 2026.

La decisión del Tribunal de Garantías se sustentó en las pruebas presentadas por la Fiscalía de Drogas del Ministerio Público, que logró acreditar la responsabilidad penal de ambas implicadas en una operación que evidencia la persistente presión del crimen organizado sobre el sistema penitenciario panameño.

El fallo establece que cada una de las condenadas deberá cumplir 13 años y 4 meses de prisión por el delito de traspaso agravado de drogas, equivalentes a 160 meses, y otros 6 años de prisión por la posesión ilícita de armas, es decir, 72 meses, sumando una pena total de 19 años y 4 meses, o 232 meses.

Además, se les impuso como pena accesoria la prohibición de portar armas de fuego una vez cumplida la condena. Este caso vuelve a poner en evidencia cómo las estructuras criminales continúan intentando introducir drogas y armas en centros penitenciarios, utilizando distintos métodos para evadir los controles de seguridad.

De acuerdo con las investigaciones, las mujeres fueron aprehendidas dentro del perímetro del complejo penitenciario cuando intentaban introducir múltiples kilogramos de marihuana y cocaína, así como 191 pastillas de metanfetamina, además de tres armas de fuego, proveedores y municiones de diversos calibres.

Entre los objetos decomisados también se encontraban teléfonos celulares, encendedores plásticos y otros artículos prohibidos, lo que refleja la magnitud de la operación y la diversidad de elementos que buscan ingresar a estos centros.

El operativo que permitió su captura se desarrolló en el área de El Puente, cerca del Centro Penitenciario La Joyita, donde unidades de la Policía Nacional mantenían vigilancia perimetral.

Durante la intervención, se detectaron bolsas transparentes que contenían armas, municiones y posteriormente una tercera bolsa con 38 paquetes de material vegetal, recipientes con sustancia blanca y cerca de 190 pastillas de colores, presuntamente drogas sintéticas.

Este hallazgo confirma la constante innovación logística de las redes criminales para abastecer a privados de libertad.

Las autoridades también reportaron el decomiso de más de 11,000 hojas de papel tipo “feeling”, equipos para tatuar y otros objetos que forman parte de las economías ilegales dentro de las cárceles.

Estos elementos evidencian que el problema no se limita al tráfico de drogas, sino que incluye una red más amplia de actividades ilícitas internas, que requieren constante vigilancia y operativos coordinados entre distintas instituciones de seguridad.

Este caso se suma a una serie de operativos recientes que han logrado frenar el ingreso de sustancias ilícitas y equipos tecnológicos a centros penitenciarios en Panamá.

En días anteriores, las autoridades habían reportado incautaciones de drogas introducidas mediante drones, así como el decomiso de dispositivos como antenas de internet satelital, lo que evidencia un cambio en las estrategias del crimen organizado, que ahora incorpora herramientas tecnológicas para burlar los controles tradicionales.

El aumento de estos intentos refleja la presión que enfrentan los sistemas penitenciarios en la región, donde las cárceles continúan siendo puntos estratégicos para la operación de redes criminales. En Panamá, las autoridades han reforzado los operativos internos y la vigilancia perimetral, buscando cerrar brechas de seguridad y evitar que estos centros se conviertan en plataformas de coordinación delictiva.

La Procuraduría General de la Nación reiteró que mantendrá una política de tolerancia cero frente al narcotráfico y el tráfico de armas, destacando que este tipo de condenas envía un mensaje claro sobre las consecuencias legales de estas acciones.

Asimismo, subrayó que las investigaciones se desarrollan con base en criterios de objetividad, transparencia y apego a la ley, con el objetivo de desarticular las redes que operan dentro y fuera de los centros penitenciarios.

Por su parte, la Policía Nacional aseguró que continuará fortaleciendo las estrategias de control en los alrededores de los centros penitenciarios, así como los operativos internos, con el fin de evitar el ingreso de sustancias ilícitas, armas y tecnología prohibida. Las autoridades insisten en que la cooperación interinstitucional será clave para enfrentar este fenómeno, que combina narcotráfico, crimen organizado y uso de nuevas tecnologías.

El juez de Instrucción Javier Sánchez Sarmiento indagó a dos de los involucrados en la investigación sobre el robo de propofol en el área del anestesiología del Hospital Italiano. Así lo confirmaron fuentes judiciales a Infobae.

El fiscal de Instrucción Lucio Herrera había impulsado la investigación el 26 de febrero pasado y en ese acto imputó a Hernán Boveri y Delfina Lanusse. El primero era uno de los principales anestesiólogos del Italiano. La segunda es residente en esa institución desde 2023. Se realizaron allanamientos en los domicilios de ambos.

Lanusse fue indagada el 18 de marzo pasado y Boveri el 25. Ambos declararon vía Zoom ante el juez, el fiscal y sus abogados defensores. El hombre negó los hechos y aseguró que iba a presentar un escrito. Algo parecido sucedió con Lanusse, quien también anticipó que presentaría un escrito. El juez Sánchez Sarmiento dictó la prohibición de salir del país para ambos médicos.

El caso se inició mediante una denuncia presentada por el Hospital Italiano el 23 de febrero pasado. La fecha de la denuncia firmada por Juan Alfredo De Domini coincide con el posteo que se publicó en la cuenta de Instagram de los profesionales del Hospital de Niños para recordar una persona que había fallecido: Alejandro Salazar.

Salazar era residente en el Hospital Rivadavia y también trabajaba en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. El 20 de febrero fue hallado el cadáver del médico, quien habría muerto producto de una sobredosis de propofol y fentalino. En el departamento de la calle Juncal al 4600 que alquilaba Salazar, se encontraron frascos de fármacos procedentes del Hospital Italiano.

El propofol es una droga que no se halla en farmacias. Solo tiene uso dentro del sistema de salud. El hecho de que aparecieran frascos de propofol del Italiano en la casa donde Salazar fue hallado muerto, implica que se la habían llevado del hospital. Fuentes judiciales explicaron que el propofol no aparece en el listado de sustancias estupefacientes sujetas a control. Es por eso que el caso no fue enviado al fuero federal. Se investiga en instrucción -por ahora- como una administración fraudulenta que le habría causado un perjuicio patrimonial al Hospital Italiano.

El capítulo IV del Código Penal es el que abarca las estafas y defraudaciones. El artículo 172 señala: “Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño”. En tanto el artículo 173 en tanto habla de los casos especiales de defraudación.

Es el inciso 7 de ese artículo el que puede permitir calificar prematuramente a lo sucedido en el Hospital Italiano. Ese inciso señala: “El que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos”. No hay una investigación abierta específicamente enfocada en la realización de fiestas con cobro de entrada o encuentros sexuales bajo los efectos de los fármacos proveídos por los médicos del Italiano.

El Hospital Italiano informó esta mañana mediante un comunicado que ninguna de esas personas “se encuentra desempeñando funciones en el Hospital” y que existe una investigación en curso. La investigación está avanzada. Y es diferente al caso en el que se trata de determinar cómo murió Alejandro Salazar. Ese es otro capítulo de esta historia.

Era agosto de 2011. Ashley King tenía 18 años, estaba de año sabático y llevaba semanas viajando por Indonesia rumbo a Nueva Zelanda. La última noche en Bali salió con otros mochileros a un club en Kuta, una zona turística conocida por su vida nocturna. El local, recomendado en la guía de viajes, tenía apariencia de discoteca elegante. Nada parecía fuera de lugar.

Los camareros preparaban los cócteles a la vista y los servían en botellas de plástico reutilizables para evitar cristales en la pista de baile. King bebió, bailó y se sintió “borracha, pero no de forma memorable”. Al día siguiente tomó un vuelo hacia Christchurch (Nueva Zelanda). Jamás volvería a ver.

En el aeropuerto de Auckland comenzaron las primeras señales de alarma. King se sentía desorientada, le costaba hablar con claridad y atribuía su estado al cansancio, los nervios y los problemas del viaje. “Recuerdo hablar con los agentes de aduanas y era como si estuviera borracha. No podía articular frases con seguridad”, contó en People.

Ya en su hostal, durmió mal, con pesadillas en las que no podía respirar. Al despertar, pensó que la lámpara de su habitación se había apagado. Intentó encender su iPod, pero la pantalla no respondía. Creyó que no tenía batería. Y que el pasillo estaba mal iluminado.

Cuando salió de la habitación, ya no distinguía colores. En el hospital, fue incapaz de contar los dedos que le mostraban los médicos. “Esa fue la primera vez que pensé: ‘¿Me estoy muriendo?’”, confesó King.

Emborracharse para sobrevivir

Los análisis revelaron la causa: intoxicación por metanol, un alcohol tóxico que puede aparecer en bebidas adulteradas. El metanol no tiene olor ni sabor y, al metabolizarse, genera compuestos altamente dañinos como el formaldehído y el ácido fórmico, que atacan el sistema nervioso. “Tu sangre básicamente te embalsama de adentro hacia afuera”, explicó King.

El tratamiento fue tan extraño como urgente. Para frenar los efectos del metanol, los médicos le administraron etanol: vodka con zumo de naranja. “Fue el juego de beber más absurdo que he jugado en mi vida”, recordó. “Cuanto más borracha estaba, mejor podía respirar, mejor podía ver”.

También fue sometida a hemodiálisis. Los médicos avisaron a su familia ante la posibilidad de un desenlace fatal. Días después, tras una leve mejoría temporal, los médicos confirmaron que sus nervios ópticos estaban muriendo. La ceguera sería permanente. Pero, afortunadamente, King sobrevivió.

“No puedes prepararte para algo que no sabes que existe”

Antes de viajar, King había consultado recomendaciones oficiales. Encontró advertencias sobre terrorismo y robos, pero ninguna mención al metanol. “Nunca se me ocurrió que algo así pudiera ocurrir en un bar”, dijo. “Pensaba que me atacaría un tiburón antes que quedarme ciega”.

De regreso a Canadá, King tuvo que reconstruir su vida desde cero. Conserva apenas un 2% de visión, sin capacidad para percibir detalles o profundidad. “Parece la estática de una televisión… todo en tono sepia”, describe.

Al principio, rechazaba ayuda y trataba de mantener su vida anterior. Llegó a ser atropellada al cruzar la calle. “No quería ser una carga”, confesó. Sin embargo, con el tiempo, logró adaptarse. Estudió periodismo, viajó sola por Sudamérica y retomó su vocación artística. Además, escribió y protagonizó una obra basada en su experiencia, posteriormente convertida en el pódcast Static: A Party Girl’s Memoir. “Las cosas que de verdad me importan, he encontrado la manera de hacerlas realidad”, sentenció.

King ha hecho de su historia una herramienta de concienciación. “Si mi historia salva a una sola persona, habrá valido la pena compartir el mayor trauma de mi vida”, concluyó.

El caso expone la vulnerabilidad del penal federal en un año marcado por episodios de violencia extrema y homicidios, según informó el diario estadounidense New York Daily News.

La intervención judicial tras este incidente llevó a federales a solicitar 33 meses adicionales de prisión para Campbell, quien ya cumple una condena de 35 años por homicidio en el ámbito estatal. Los fiscales federales detallaron ante la Corte que la cuerda utilizada desde el exterior estaba “envuelta en cinta adhesiva, repleta de más de 100 tiras de buprenorfina sintética, 27 bolsas de marihuana, más de 400 cigarrillos, dos encendedores, un bisturí y un cable de carga de teléfonos móviles”.

De acuerdo con documentos judiciales presentados ante la Corte Federal de Brooklyn y citados por New York Daily News, los participantes del operativo —entre internos y colaboradores externos— ya se declararon culpables por los delitos imputados.

Videos, instrucciones y la logística del contrabando

Las grabaciones entregadas al tribunal muestran cómo Jonathan Guerrero, Ian Diez y Abel Mora idearon durante unos 20 minutos distintas maniobras para alcanzar la cuerda lanzada desde la calle hacia la ventana del gimnasio, empleando un carrito de comida, sillas y la estructura de una canasta de baloncesto.

Se observa a Guerrero escalar la improvisada torre y forcejear con la cuerda durante varios minutos, hasta caer y derribar la estructura.

El grupo reconstruyó el andamiaje y retomó el intento, aunque finalmente desistieron tras múltiples caídas y antes de la intervención del personal de custodia.

El liderazgo de Taxstone quedó registrado en mensajes de voz enviados desde un teléfono móvil en la cárcel. En uno de los audios reproducidos por New York Daily News y grabado el 19 de abril de 2024, Campbell da instrucciones: “Vamos a lanzar la cuerda desde esa reja, así que solo tienes que entrar corriendo y enganchar la cuerda porque en la punta ya hemos puesto un gancho. Solo tienes que engancharlo y salir rápido”.

En otra comunicación del mismo día, agrega: “Les avisaré cuándo acercarse en coche. Tendremos la cuerda lista y solo tendrán que bajarse y hacerlo”.

El operativo se activó cerca de las 13:45, cuando Carl Kelly, identificado como contacto externo de Campbell, arrojó la cuerda hacia la ventana del cuarto piso. Poco después, en el gimnasio del penal, los internos manipulaban el carrito, las sillas y la cuerda, mientras Mora simulaba una actividad deportiva a la vez que vigilaba.

Condenas y contexto dentro del penal federal

Tras la fallida tentativa y la llegada de los custodios, las autoridades confirmaron la conexión entre la cuerda manipulada por los internos y el cable que Kelly lanzó desde la vía pública. El paquete contenía “papeles impregnados en cannabis sintético, productos derivados del opioide buprenorfina y elementos electrónicos”, según documentos judiciales a los que accedió New York Daily News.

El MDC Brooklyn fue escenario de incidentes de violencia extrema durante 2024, incluyendo una agresión grabada en video y dos homicidios dentro de sus instalaciones.

El penal acumula desde hace años denuncias por “condiciones deplorables” y “escasez crítica de personal”, situaciones que facilitaron prácticas de contrabando tanto mediante cuerdas como con la implicación ocasional de guardias, de acuerdo con la reconstrucción del propio medio.

En cuanto a las consecuencias penales para los involucrados, Abel Mora recibió una condena superior a 11 años por su participación en el intento de contrabando y por dos tiroteos vinculados a pandillas.

Jonathan Guerrero fue sentenciado a 30 meses federales. Los procesados Kelly, Diez y Rodriguez esperan la determinación final de sus condenas, según información judicial recopilada por New York Daily News.

Campbell, quien admitió en septiembre su culpabilidad por conspiración para la introducción de objetos prohibidos en prisión, tiene su sentencia programada para el 29 de abril.

Según informa este cuero, el narcotúnel era de gran complejidad, camuflado detrás de un refrigerador insonorizado de grandes dimensiones. Ya dentro, tenía tres niveles –pozo de descenso, una cámara intermedia para almacenar los fardos y una línea final hacia Marruecos-, y un sistema de raíles, vagones, poleas y grúas para mover palets de hachís. Este sistema permitía a los narcos importar toneladas de hachís de la forma más segura, avalando así los envíos.

“Su elaborado diseño permitía trasladar los fardos de hachís sin contacto visual directo entre los participantes en el alijo. Para su correcto funcionamiento, la organización había instalado sistemas de bombeo e insonorización que mantenían operativa la infraestructura sin levantar sospechas”, explican.

El “laberinto” de la mina

El proceso era el siguiente: desde la entrada del túnel había que descender por un pozo hasta un nivel intermedio donde se apilaban los fardos de hachís en palets antes de su extracción hasta el exterior, en lo que se conocía como la “narcodespensa”. Allí los fardos eran preparados y almacenados tras subirlos, gracias a un sistema de grúas y poleas diseñado para mover cargas pesadas, desde un nivel inferior.

En este nivel es donde empezaba el “laberinto propio de una mina”. Estaba perfectamente estructurado vagones que se movían a través de un sistema de raíles de compleja construcción y propio de obras de ingeniería perfectamente diseñadas.

Para poder mantener el túnel operativo se precisaban dos potentes bombas de achique para el agua, debido a la existencia de depósitos naturales de agua subterránea. Este sistema estaba permanentemente en funcionamiento sin ser percibido por personas ajenas gracias al perfecto acondicionamiento de insonorización de la nave.

Más de un año de investigación

El camino para llegar a esta conclusión no ha sido sencillo y la Policía Nacional ha tenido que desarrollar la operación en varias fases, empezando en febrero de 2025 tras centrar sus pesquisas en una organización criminal asentada en Ceuta con capacidad para mover grandes cantidades de hachís hacia la península y Europa.

Los dispositivos de vigilancia permitieron identificar la cúpula del entramado: dos personas lideraban la red. Uno desde Marruecos, detenido la noche del día 26 de marzo, considerado el “narcoarquitecto” y “patrón de los túneles”, también presunto responsable del otro túnel descubierto el pasado año. Otro en Ceuta -donde se negociaban los envíos y se cerraban los acuerdos- dueño de toda la droga intervenida.

Un incendio en una vivienda de la barriada del Príncipe Ceuta ocurrido pocos meses más tarde permitió la intervención de 510 kilogramos de hachís y vincular directamente el inmueble con la logística del grupo. Durante los meses de mayo y junio la red demostró su capacidad para realizar transportes masivos mediante camiones de gran tonelaje.

Los agentes interceptaron 432 kilos de hachís en el barrio de Cabrerizas Altas. Pero la mayor aprehensión tuvo lugar en junio, cuando se incautaron en Almería 1.5000 kilos del mismo estupefaciente en un tráiler procedente de Nador.

Haciéndose hincapié en determinar todas las vías de transporte, en verano se descubrió el uso de Embarcaciones de Alta Velocidad (EAV) para introducir droga por las costas andaluzas y el río Guadalquivir. Se detectaron contactos del principal responsable de los narcotraficantes con activos coordinadores de narcolanchas que operan en La Línea de la Concepción, así como con otros individuos afincados en Galicia y comprometidos en el transporte de la droga con pesqueros. En agosto cerraron el acuerdo para importar la droga hasta Galicia, al haber sido atacada la ruta del sur con la caída de las 15 toneladas.

En el último trimestre del año, la investigación reveló la “peligrosidad y la expansión geográfica de la red”. En noviembre, tras una persecución en la zona de Málaga, se intervinieron 480 kilogramos de hachís transportados en una furgoneta de la organización. Un mes más tarde ya barajaban la opción del túnel como método principal para la introducción de la droga en España.

Con todas las evidencias en poder de los investigadores se planificó un amplio operativo en el que más de 250 agentes ejecutaron 29 entradas y registros en domicilios de Ceuta, Málaga (Marbella), Huelva (Villablanca), Cádiz (Los Barrios) y Pontevedra, donde se han aprehendido otros 228 kilos de hachís adicionales y 88 de cocaína en un trastero. La investigación, bajo la tutela del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 y la Fiscalía de Ceuta, se ha saldado con un total de 27 detenciones, más de 17 toneladas de droga intervenida, 1.430.000 euros en efectivo, 66 equipos de comunicación y 15 vehículos de lujo.

Son 37 obras. Y en su día fueron decomisadas a un histórico narco gallego ya fallecido, Juan Carlos González alias ‘el Culebras’. Pinturas que ahora se pueden comprar por precios de salida que oscilan entre los 18 y los 150 euros. La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, dependiente del ministerio de Sanidad, el organismo que intenta sacar algún beneficio económico a los bienes incautados a las redes del narcotráfico, organiza desde el pasado 24 de marzo esta subasta para desprenderse de todas estas obras de arte. Los interesados pueden pujar hasta el 16 de abril en la empresa que ha contratado el ministerio, Escrapalia.

Hay obras de autores desconocidos, que tienen un precio de salida de 18 euros. Y luego hay cuadros de pintores nacionales de renombre, con precios de salida que llegan hasta los 150 euros. Por ejemplo, hay varios bodegones del pintor gallego Manuel Caballero, de Alfredo Souto Gallego (precursor de la Escuela Gallega de pintura), de Lucas Villaamil, del paisajista Eduardo Martínez Vázquez, de José Frau, de Xabier Blanch (destacado componente del postmodernismo), de Pedro Solveira, de Alberto Freire Portas... De momento la subasta no está teniendo mucho interés. Al cierre de esta información solo había 3 pujas en 3 de los 37 lotes.

Juan Carlos González, alias ‘el Culebras’, falleció en mayo de 2018 cuando estaba a punto de cumplir 80 años. Había sido detenido diez años antes, en 2008, acusado de ser uno de los principales narcotraficantes de hachís en Galicia. Junto aél fueron arrestados su mujer y sus tres hijos. La Fiscalía Antidroga le acusó de blanquear más de 30 millones de euros desde principios de los años 90 procedentes de las ganancias que obtuvo con el tráfico de drogas. En un lujoso chalé que tenían en la localidad de Nigrán la Policía Nacional encontró unas 70 obras de arte que fueron valoradas entonces en 120.000 euros. ‘El Culebras’ es un histórico. En 1996 saltó a la fama tras estar implicado en un alijo de 36 toneladas de hachís, el mayor cargamento de esta sustancia incautado hasta la fecha en Europa y que fue apresado en el puerto de Marín, a bordo de un barco. Su clan llegó a acumular 100 propiedades inmobiliarias.

La Fiscalía solicitó para él seis años de prisión y una multa de 56 millones de euros. En marzo de 2015 la Audiencia Provincial de Vigo le condenó a la pena que había solicitado el ministerio público. La sentencia señaló que el capo de la droga llegó a manejar “dinero en efectivo en sociedades y en el Banco Santander Totta de Viana do Castelo (Portugal), en cajas de seguridad, en joyas, cuadros, en préstamos personales y prácticas mercantiles inusuales”, sin figurar “en la titularidad de prácticamente nada”. Nunca llegó a entrar en prisión, ya que su defensa fue alegando motivos de salud en diversos recursos.

Ya subastaron dos chalés

Quienes sí ingresaron en prisión fueron varios de sus testaferros y su familia. Por ejemplo, su mujer y su hija lo hicieron después tras ser arrestadas en febrero de 2017 con una orden de búsqueda y captura cuando tenían el equipaje preparado para supuestamente darse a la fuga. Todos los miembros de su familia fueron condenados a cinco años de prisión. En 2022 el Plan Nacional sobre Drogas empezó a subastar todo su patrimonio, empezando por dos chalés que él y su hija tenían en Pontevedra. Ahora le toca el turno a los cuadros.

En 2024 (últimos datos oficiales), el Fondo de Bienes Decomisados obtuvo 20,1 millones tras subastar vehículos, barcos, viviendas y joyas. Cantidad que fue de 28,3 millones en 2023; unos 31,9 millones en 2022 y 31 millones en 2021, es decir, un total de 111,3 millones de euros en cuatro años. Todo ello gracias a 7.700 sentencias en las que los jueces han autorizado la subasta de estos bienes para que las propiedades que fueron utilizadas por los narcos o adquiridas con los beneficios de las drogas tengan algún retorno a la sociedad. Sanidad utiliza ese dinero para sus planes de prevención y tratamiento del consumo de estupefacientes.

Un ciudadano francés requerido mediante una Notificación Roja de Interpol fue detenido en Panamá, tras ser ubicado en la avenida Balboa durante un operativo de la Policía Nacional, en coordinación con Interpol Panamá y unidades motorizadas Linces, en una acción que forma parte de los esfuerzos por ubicar a prófugos internacionales vinculados a redes criminales.

Durante la verificación de sus datos, las autoridades detectaron que el individuo portaba un carné provisional de migración con información falsa, lo que activó una investigación que permitió confirmar su identidad como Joël Soudron, nacido en Francia, quien figuraba en listas de búsqueda internacional por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

El detenido es requerido por el Tribunal Correccional de Créteil, en Francia, para el cumplimiento de una condena penal por los delitos de importación no autorizada de estupefacientes, transporte ilícito y participación en organización criminal, lo que lo ubica dentro de estructuras vinculadas al narcotráfico internacional.

Investigadores de la Brigada Nacional de Investigación de Fugitivos (BNRF) lo describen como un traficante internacional “muy discreto” y “reflexivo”, con acceso a una capacidad financiera elevada, lo que le habría permitido sostener operaciones dentro de redes de crimen organizado sin levantar alertas durante largos períodos.

El historial del ciudadano incluye su detención en Malí en 2016, donde fue encarcelado para cumplir una pena de seis años de prisión por otro caso en el que había sido condenado en Francia, sin embargo, en septiembre de 2018 logró escapar tras aprovechar un permiso de salida, lo que lo mantuvo en condición de prófugo durante varios años.

Soudron figura además entre los 62 fugitivos más buscados de Europa, según registros de autoridades internacionales, lo que refuerza la relevancia de su captura en Panamá dentro de las acciones de cooperación policial internacional orientadas a combatir el narcotráfico y el crimen transnacional.

Tráfico de personas

Este caso se suma a otras acciones recientes en el país relacionadas con delitos de carácter transnacional, como el operativo desarrollado por la Procuraduría General de la Nación a través de la Fiscalía Regional de Darién, donde se logró la detención provisional de dos ciudadanos panameños vinculados al tráfico ilícito de migrantes.

A estos individuos se les legalizó la aprehensión y se les imputaron cargos por delito contra la humanidad, en perjuicio de 13 personas de origen africano, en un proceso en el que el Ministerio Público sustentó la medida cautelar en la gravedad de los hechos y en las condiciones en las que se encontraban las víctimas.

Las autoridades también realizaron un allanamiento excepcional con el objetivo de salvaguardar la vida de los migrantes, quienes eran de nacionalidades ghanesa y camerunesa, y se encontraban en situación de vulnerabilidad, lo que permitió reforzar la investigación mediante la admisión de un anticipo jurisdiccional de prueba.

Las víctimas fueron rescatadas durante una diligencia realizada el 28 de marzo de 2026, aproximadamente a la 1:30 a.m., en una residencia ubicada en el sector de San Cristóbal, en el corregimiento de Zapallal, distrito de Santa Fe, donde permanecían ocultas y vigiladas bajo condiciones que evidencian la dinámica de estas redes ilegales.

La operación fue ejecutada de manera conjunta con el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), lo que permitió desarticular una estructura que operaba en una de las principales rutas utilizadas para el tránsito irregular de migrantes en el país, un fenómeno que continúa representando un desafío para las autoridades.

Estos casos reflejan la presión que enfrenta Panamá como punto estratégico en la región frente a delitos como el narcotráfico, el tráfico de personas y otras actividades vinculadas al crimen organizado, en un contexto donde la cooperación internacional y la acción coordinada entre instituciones resultan clave para la seguridad regional.

El operativo ocurrió alrededor de las 14 horas en Avenida Alberdi al 500, donde el camión Scania se encontraba estacionado en doble fila.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el vehículo había ingresado al país el miércoles pasado por la ciudad de Clorinda, provincia de Formosa, al límite con Paraguay, y su conductor llamó la atención de los agentes por su actitud sospechosa, mientras estaba acompañado de un hombre.

En ese momento, según explicó Diego Casaló, jefe de la Policía de la Ciudad, “el acompañante del conductor se retira del lugar, esto genera que el personal nuestro consulte al conductor cuál era el motivo de la detención; cuando es entrevistado por el personal policial, la persona se muestra dubitativa, nerviosa, y espontáneamente dice que trasladaba una sustancia desconocida en uno de los tanques de combustible”.

Ante la confesión, el personal de la Dirección Antidrogas inspeccionó el camión y, efectivamente, detectó que uno de los tanques de combustible contenía un líquido transparente que no estaba conectado a la bomba de combustible.

Tras una consulta con la fiscalía correspondiente, se solicitó la intervención de Policía Científica y del Laboratorio Químico de la Policía de la Ciudad, que realizó las pericias con el equipo especial de análisis de narcóticos y determinó, a partir de una muestra extraída del tanque, que el líquido era ketamina líquida.

El comisario José Vera contó que el conductor no pudo justificar el contenido del tanque. “El camión tenía dos tanques: uno con gasoil, el otro con un líquido transparente. A través de equipos especializados detectamos ketamina líquida. Estimamos que el tanque en sí tiene 400 litros, el paso siguiente es determinar cuántos litros había dentro del contenedor”, explicó a TN.

La ketamina líquida se utiliza en fiestas electrónicas, donde suele solidificarse para su consumo. Según Vera, “produce euforia y alteración psicomotriz una vez solidificada”.

El camión -que tiene sobre el parabrisas una calcomanía que dice “El Patron” y, apoyada delante del volante, una máscara del Joker- quedó secuestrado, al igual que el cargamento para el análisis y resguardo pertinente en la División Antidrogas, mientras continúa la investigación para establecer cuál era su destino final.

El conductor, en tanto, permanece bajo arresto a disposición de la fiscal Silvia Archilla, a cargo de la Unidad de Flagrancia Oeste. Se espera que en las próximas horas sea indagado.

Por aire y por tierra, los grupos criminales están utilizando múltiples métodos para introducir objetos prohibidos y sustancias ilícitas en las principales cárceles de Panamá, en un patrón que ha quedado evidenciado en recientes operativos realizados en el complejo penitenciario de La Joya y La Joyita, ubicados en el corregimiento de Pacora, en la provincia de Panamá, considerados dos de los centros penitenciarios más grandes y sensibles del país.

Uno de los casos más recientes involucró el uso de drones para el traslado de paquetes ilegales, una modalidad que continúa ganando terreno.

La Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria confirmó que, tras una ronda de vigilancia, fueron ubicados 15 paquetes lanzados desde el aire dentro del perímetro del Centro Penitenciario La Joya, los cuales fueron recuperados y trasladados para su verificación por las autoridades correspondientes.

Al inspeccionar el contenido, se confirmó que los paquetes contenían sustancias ilícitas, cigarrillos y accesorios electrónicos, incluyendo tres envoltorios de presunta droga, 245 cajetillas de cigarrillos, siete encendedores, cables de audífonos y otros artículos.

Este hallazgo evidencia el uso creciente de tecnología aérea para evadir controles de seguridad, en un entorno donde los intentos de ingreso de contrabando se han vuelto más sofisticados.

A nivel terrestre, otro caso relevante fue la aprehensión de un hombre de 46 años, identificado como “mochilero”, quien fue sorprendido intentando introducir artículos prohibidos en el perímetro del Centro Penitenciario La Joyita, específicamente en el área de la antigua conyugal.

El individuo ya contaba con antecedentes por este mismo tipo de delito, lo que refuerza la recurrencia de estas prácticas.

La captura se dio luego de una alerta generada por personal de monitoreo, que reportó la presencia de personas caminando en zonas cercanas al penal.

Tras un operativo de búsqueda, las unidades policiales lograron ubicar al sujeto oculto entre la maleza, portando tres bolsas con diversos artículos ilícitos, lo que activó de inmediato los protocolos de intervención.

Durante la verificación, se decomisaron celulares, cigarrillos, cables USB, encendedores, bebidas alcohólicas, quemadores eléctricos y presuntas sustancias ilícitas, confirmando que los intentos de ingreso no solo se limitan a drogas, sino también a equipos que facilitan la comunicación y operación de actividades ilegales dentro de los centros penitenciarios.DR

A lo interno de los penales, las autoridades también han intensificado las requisas. En el marco del operativo ARMAGEDÓN XXXVII, desarrollado en el pabellón 8 del Centro Penitenciario La Joya, se logró la incautación de un arma de fuego tipo revólver calibre 38, tres municiones, drogas y múltiples dispositivos electrónicos, incluyendo 17 teléfonos celulares y una antena Starlink con su cargador.

El operativo permitió además decomisar 92 carrizos con polvo blanco, 25 envoltorios de presunta hierba seca y 35 platinas, elementos que evidencian la presencia de redes organizadas dentro del penal, así como la persistencia de métodos para ocultar y distribuir sustancias ilícitas en el interior de las instalaciones.

Estos hallazgos no son aislados. En enero de 2026, en el Centro Penitenciario La Joyita, las autoridades reportaron el decomiso de armas de fuego, municiones, drogas y celulares escondidos en caletos bajo estructuras de cemento, lo que demuestra un nivel de planificación más avanzado para evadir las inspecciones regulares.

En paralelo, en el Centro Penitenciario Nueva Esperanza, en la provincia de Colón, se llevaron a cabo operativos como la Operación Odiseo, orientados a reforzar el control interno y prevenir la circulación de objetos ilícitos dentro del sistema carcelario, en medio de un esfuerzo sostenido por mantener el orden en estos recintos.

En conjunto, los operativos recientes reflejan un escenario en el que las autoridades enfrentan múltiples modalidades de ingreso de contrabando, desde tecnología aérea hasta intentos individuales por tierra, así como estructuras internas que facilitan la circulación de estos artículos.

La respuesta institucional se ha centrado en reforzar las requisas, el monitoreo y la intervención directa, en un intento por contener estas prácticas dentro de los principales centros penitenciarios del país.

La Policía Nacional ha cerrado un importante golpe contra el narcotráfico procedente de Marruecos, movilizando a más de 250 agentes y logrando la detención de un ex guardia civil junto a otros 14 integrantes de una organización criminal. La operación se ha saldado con la incautación de 15.000 kilos de hachís y la desarticulación total de una infraestructura que conectaba el norte de África con España y Francia, según las fuentes policiales.

El dispositivo policial se desplegó de manera simultánea en Andalucía, Galicia y Ceuta, tras más de un año de investigación judicial centrada en la actividad de una red con base en la ciudad autónoma. La Policía llevó a cabo 29 registros en distintas localidades de las dos comunidades y la ciudad autónoma, que era el epicentro del organismo.

Si bien la red se da por finiquitada tras el operativo policial y la detención de sus principales responsables, la investigación judicial se mantiene activa. Las autoridades no descartan nuevas detenciones en el futuro próximo, ya que continúan analizando documentación incautada y rastreando posibles ramificaciones de la organización. El objetivo es identificar a todos los implicados y asegurar la completa desarticulación.

Un despliegue sin precedentes

Entre los elementos intervenidos, la policía incautó cerca de un millón y medio de euros en metálico y 66 equipos de comunicación empleados para coordinar los movimientos de la droga. El mayor alijo se localizó en Almería, donde los agentes interceptaron un cargamento de 15.000 kilogramos de hachís preparado para su distribución hacia el resto de Europa.

La operación pasa a la historia por el enorme despliegue de 250 agentes policiales. La coordinación de tres puntos distintos del país exigió una cuidada preparación durante un año. Según la Policía, la organización ha sido desarticulada, de manera que supone un importante golpe al narcotráfico, ya que movían cantidades gigantescas como las 15 toneladas intervenidas en Almería.

Organización de narcos en Ceuta con un guardia civil

La organización criminal había diseñado una estructura que permitía mover grandes cantidades de hachís desde Marruecos hasta distintos puntos de Europa. Este entramado se apoyaba en una red de vehículos especialmente preparados y en una red de contactos clave, tanto en territorio español como en otros países del continente. Una de las personas relevantes era un antiguo agente de la Guardia Civil, que había dejado el cuerpo un año antes, según confirmó Infobae.

El uso de narcolanchas era fundamental para sortear los controles en el Estrecho de Gibraltar, permitiendo que la droga llegara de forma rápida y discreta hasta la costa española. Una vez en tierra, los cargamentos se distribuían usando rutas seguras y vehículos adaptados para el transporte clandestino. El centro de operaciones se encontraba en Ceuta, donde la red gestionaba la logística de entrada y coordinaba los envíos.

La organización contaba con enlaces en puertos estratégicos y mantenía una relación directa con uno de los principales narcos de La Línea de la Concepción, encargado de operar las narcolanchas. Este vínculo garantizaba el tránsito seguro de la mercancía y la protección de los cargamentos hasta su destino final.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este 27 de marzo de 2026 la detención de Jesús “N”, alias “El Gallo”, presunto líder de una organización criminal conocida como Cárteles Unidos, acusada de enviar droga desde México a Estados Unidos.

Además de “El Gallo”, otros siete presuntos integrantes del grupo criminal fueron capturados, durante una serie de cateos en Michoacán y Puebla.

La acción, según el comunicado oficial, forma parte de una operación coordinada entre la FGR y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, resultado de una investigación de alto impacto contra el tráfico de narcóticos, armas y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La FGR detalló que luego de trabajos de investigación se logró “identificar a los posibles integrantes de la organización delictiva, sus zonas de operación, así como sus vínculos financieros y logísticos, lo que orientó las acciones operativas”.

Esta operación representaría uno de los golpes más relevantes de los últimos meses contra el crimen organizado, al desarticular una red transnacional de drogas que tenía como destino final la ciudad estadounidense de Kansas City.

Actualmente “El Gallo” y los otros 7 presuntos miembros de Cárteles Unidos se encuentran vinculados a proceso.

Investigación y operativos coordinados

La FGR explicó que la investigación se desarrolló en varias fases, con labores de análisis de información, consulta de bases de datos nacionales y extranjeras, y solicitudes de datos a otras instituciones. Esta estrategia permitió identificar a los presuntos integrantes del grupo, sus zonas de influencia y sus vínculos financieros, lo que orientó la planeación de los operativos.

Además, como parte de los trabajos de inteligencia se realizaron monitoreos autorizados en materia de comunicaciones, seguimiento en redes digitales y uso de herramientas de georreferencia. Tales acciones permitieron ubicar rutas, horarios, puntos de reunión y domicilios vinculados al resguardo de droga y armas.

Detenciones y decomisos

Durante la ejecución de los cateos —siete en Tancítaro, Uruapan y Apatzingán, en el estado de Michoacán, y una en Santa María La Alta, Puebla— las autoridades detuvieron a “El Gallo”, junto con Jaime “N”, Flavio “N”, Bulmaro “N”, Joaquín “N”, Agustín “N”, Uziel “N” y José “N”.

Además reportaron el aseguramiento de los siguientes indicios:

• Armas largas
• Armas cortas
• Cargadores
• Cartuchos
• Drogas
• Dinero en efectivo
• Inmuebles

La ejecución de los mandamientos judiciales fue encabezado por la FGR con la participación de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Procesos judiciales y alcance del caso

Según la información proporcionada por la FGR, el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) reunió elementos de prueba que permitieron obtener la vinculación a proceso y la prisión preventiva de los ocho detenidos, sin embargo, no detalló el plazo otorgado por el juez federal para la investigación complementaria.

“El Gallo” y los otros 8 detenidos enfrentan cargos por delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La FGR subrayó que la organización criminal se dedicaba al trasiego de droga hacia Estados Unidos, donde el narcótico era distribuido, y consideró que los resultados obtenidos representan un golpe importante contra la delincuencia organizada.

Un hombre de 46 años fue detenido por la Policía de la Ciudad en el barrio de San Cristóbal tras ser sorprendido mientras simulaba un operativo policial para apropiarse de droga, informaron fuentes policiales a Infobae. La aprehensión se produjo en la calle Estados Unidos al 2700, donde personal de la División Investigaciones Comunales 3 observó a un individuo con uniforme falso y elementos apócrifos, como un porta credencial, un handy y esposas. El sospechoso estaba demorando a una pareja en la vía pública.

Todo comenzó cuando personal policial advirtió que el detenido estaba en la calle exhibiendo credenciales que rápidamente identificaron como no auténticas, por lo que procedieron a interceptarlo. En ese contexto, entrevistaron a la pareja que tenía demorada, que dijo que había acudido al lugar tras acordar una transacción a través de Marketplace.

Si bien no especificaron de qué, los verdaderos agentes terminaron comprobándolo poco después. Es que durante el procedimiento, descubrieron que los supuestos vendedores tenían más de 500 gramos de marihuana en su poder, por lo que las autoridades presumen que el encuentro estaba vinculado a la venta de estupefacientes.

Según reconstruyó el personal policial que intervino, el falso policía habría acordado el encuentro para luego fingir un operativo y llevarse la droga sin pagar, simulando que la estaba incautando. En este contexto, los agentes de la fuerza porteña detuvieron tanto a la pareja como al falso policía, a quien también le secuestraron equipos de comunicación, teléfonos celulares y esposas, todos de origen apócrifo.

La investigación determinó que el hombre ya había sido detenido en julio de 2025, cuando la Policía de la Ciudad lo identificó como responsable de un robo con privación de la libertad cometido durante un falso allanamiento. En esa oportunidad, el detenido ingresó junto a cómplices a una vivienda, vistiendo ropa similar a la de la Policía Federal Argentina (PFA), y sustrajo dinero y cigarrillos electrónicos de marihuana.

Luego de ese hecho, la policía allanó el domicilio del acusado y encontró gorras y credenciales con logos de la PFA, chalecos tácticos, bastones, equipos de comunicación, posnets, dispositivos electrónicos y un automóvil Fiat Punto bordó, según precisaron las fuentes policiales a Infobae.

A pesar de la gravedad del caso anterior, la Justicia Nacional Criminal y Correccional dispuso en aquel momento que el acusado fuera notificado y luego liberado. Tras la nueva detención, la Unidad Fiscal Este ordenó que el falso policía quedara imputado por usurpación de funciones públicas, mientras que la pareja fue detenida por infracción a la Ley de Drogas, detallaron fuentes de la fuerza a Infobae.

Un agente de la Guardia Civil ha sido detenido por la Policía Nacional por una operación antidroga llevada a cabo en Ceuta y en otras ciudades del sur de Andalucía. Así lo han asegurado fuentes policiales a Infobae, después de que El Faro de Ceuta y EFE confirmaran su detención en el marco de la operación.

Según ha podido saber este medio, el agente de la Benemérita “llevaba un año fuera del cuerpo por problemas psíquicos”, y ha sido detenido en Chiclana por Asuntos Internos de la Guardia Civil, pese a que es natural de Ceuta y que la investigación corresponde a la Brigada Central de Estupefacientes (UDYCO) de la Policía Nacional.

La operación tiene que ver con una investigación previa asociada al tráfico de hachís, ambas en secreto de sumario, como ha recogido el medio local.

Una investigación asociada al tráfico de hachís

Como ha recogido EFE, en la ciudad autónoma se han llevado a cabo hasta nueve registros domiciliarios en zonas como la Marina Española -en pleno centro-, el Príncipe, la avenida del Muelle Cañonero Dato, Arcos Quebrados, Benítez o en la avenida del Teniente Coronel Gautier.

De la misma manera, los agentes se han incautado de abundante documentación en viviendas y un garaje registrados desde primera hora de este viernes en Ceuta, donde han sido detenidas al menos tres personas.

La cifra de arrestos podría elevarse hasta la decena si se incluyen los practicados en la península. En el operativo han participado unidades de la Policía Nacional como la UIR, la UPR y la Policía Científica, con apoyo de guías caninos.

Noticia en ampliación

Voceros de la Defensoría del Pueblo informaron que en el Establecimiento Penitenciario Peñas Blancas de Calarcá, Quindío, más de 300 personas privadas de la libertad participaron en una jornada de desarme y entrega voluntaria de estupefacientes y elementos prohibidos.

La actividad estuvo acompañada por delegados de la Defensoría del Pueblo que organizaron el programa en el Patio 6 del centro asistencial, identificado como el sector del penal “con mayor presencia de bandas y conflictos relacionados con sustancias psicoactivas”.

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Allí, centenares de presos acudieron con objetos restringidos en los centros de reclusión y entregaron, voluntariamente, armas, drogas y otros elementos que están prohibidos en las celdas.

Según las imágenes difundidas desde la Defensoría del Pueblo, sobre una mesa los internos ubicaron 35 envoltorios pequeños y transparentes posiblemente usados para el consumo de estupefacientes, tres teléfonos celulares inteligentes, dos celulares de botones, cuatro pares de audífonos con cable, cargadores, un machete oxidado y cerca de 30 objetos cortopunzantes, entre ellos cuchillos de diferentes tamaños, navajas, bisturís, tijeras y destornilladores, todos organizados en filas.

Desde la entidad informaron que la iniciativa recibió respaldo mayoritario de la población reclusa, que adicionalmente accedió a unirse a estrategias para reducir factores de riesgo y violencia interna asociados al porte de armas y consumo de drogas dentro del penal.

De acuerdo con la Defensoría, Peñas Blancas es el principal centro carcelario del departamento, ubicado al sur del municipio de Calarcá sobre la vía que dirige al Valle del Cauca. Este centro penitenciario alberga a cerca de 1.155 personas y se encuentra en proceso de ampliación con la construcción de un pabellón anexo que funcionará como Centro de Reclusión Transitorio, proyecto destinado a aliviar el hacinamiento en estaciones de Policía del departamento.

Crisis sanitaria y hacinamiento en la cárcel Peñas Blancas de Calarcá, Quindío

En 2025, desde la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación se emitió una alerta sobre la situación crítica que por años ha enfrentado la población privada de la libertad en el Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional Peñas Blancas de Calarcá.

Las autoridades realizaron una verificación presencial en el penal y detectaron una marcada ausencia de condiciones mínimas para garantizar, principalmente, el derecho fundamental a la salud.

Por varios meses, el establecimiento no contó con un médico contratado, y se reportaron casos de retrasos y acumulación de procedimientos médicos urgentes, que afectaron a una población considerada de especial protección constitucional.

Esta deficiencia despertó inconformidad entre los internos, que en su momento manifestaron la posibilidad de recurrir a huelgas o amotinamientos debido a la falta de atención médica.

La situación sanitaria se agravó por el hacinamiento en el centro penitenciario, cuya capacidad es de 950 personas, y en mayo de 2025 llegó a albergar 1.194 internos.

El sobrecupo ha intensificado los problemas de salubridad y de acceso al agua potable, especialmente en el Patio 5A, donde se concentra la población más vulnerable que incluye adultos mayores, personas Lgbitq+ y pacientes con enfermedades de alto costo. Allí no se dispone de agua potable y los internos deben extraerla de un pozo antiguo.

El informe identificó casos de VIH, cáncer, diabetes, hipertensión, tuberculosis, infecciones respiratorias agudas y epilepsia entre los reclusos, que no recibieron atención médica regular ni acceso oportuno a tratamientos.

Ante la gravedad de la emergencia, desde la Procuraduría recomendaron al Inpec el cierre parcial del penal y la suspensión temporal de ingresos hasta garantizar la atención médica adecuada. Además, solicitaron al Fondo de Atención en Salud PPL y a Medisalud UT la asignación de personal de salud suficiente, y pidieron a las secretarías de salud departamental y municipal de Calarcá el envío de brigadas integrales de atención.

Nueve presuntos integrantes del grupo delictivo de “Los Malportados” fueron detenidos durante la realización de cinco cateos simultáneos en la Ciudad de México y el Estado de México.

Las acciones se llevaron a cabo en inmuebles ubicados en las alcaldías Gustavo A. Madero y Azcapotzalco, así como en el municipio de Tultitlán, Estado de México. Las personas detenidas son señaladas como integrantes de este grupo criminal identificado por su relación con delitos de narcomenudeo, extorsión, robo, secuestro y delincuencia organizada.

Tras denuncias ciudadanas sobre posibles actividades vinculadas con almacenamiento y distribución de drogas, elementos de las Fuerzas Armadas, estatales y de seguridad federal realizaron labores de vigilancia que les permitieron ejecutar los cateos.

Desde tráileres hasta 300 kilos de marihuana: así fueron detenidos

En el primer cateo, en la calle de los Maestros de Gustavo A. Madero, las autoridades aseguraron diversos objetos ilícitos y detuvieron a dos hombres, uno de 41 y otro de 45 años de edad, así como a una mujer de 19 años.

Los objetos localizados fueron:

• 2 cargadores abastecidos
• 2 teléfonos celulares
• 1 bolsa con cristal
• 26 bolsas con marihuana
• 163 bolsas con cocaína
• 1 kilo de cocaína
• 2 vehículos

En una segunda intervención, en la calle Graciano Sánchez de la misma alcaldía, los agentes decomisaron dinero en efectivo y detuvieron a una mujer de 52 años y a un hombre de 28 años.

Una tercera acción tuvo lugar en la calle Santa Cruz Acayucan, colonia Santa Apolonia de Azcapotzalco, donde los efectivos aseguraron dinero en efectivo, tres bolsas con una sustancia cristalina, una bolsa con marihuana, teléfonos celulares y una motocicleta. En el sitio fueron detenidos dos hombres de 20 y 29 años, así como una mujer de 36 años.

El cuarto allanamiento ocurrió en la avenida Estado de México, colonia Bello Horizonte del municipio de Tultitlán. En este domicilio, las autoridades informaron del aseguramiento de cinco vehículos, una motoneta, una motocicleta, 16 tractocamiones con caja, 10 tractocamiones sin caja, 11 cajas de carga, dosis de droga y diversa mercancía.

Finalmente, en un domicilio de la calle Democracia en Azcapotzalco, se localizaron 300 kilos de marihuana.

Adicionalmente, agentes de seguridad que patrullaban la colonia San Miguel Amantla, también en Azcapotzalco, detuvieron a un hombre que, al notar la presencia policial, intentó huir. Tras inspeccionarlo, se le encontraron 10 bolsas resellables con marihuana, 11 con una sustancia sólida azul, varios teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Las viviendas cateadas permanecen bajo resguardo policial. Todo lo asegurado y las personas detenidas quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones correspondientes y determinará la situación jurídica de los implicados.

“Los Malportados” son identificados como un grupo generador de violencia que opera en la zona y cuya actividad principal es el narcomenudeo, la extorsión, el secuestro, el robo, homicidios y otros delitos asociados a la delincuencia organizada.

En lo que de va de 2026, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) ha decomisado 20.5 toneladas de presuntas sustancias ilícitas en 24 operaciones, una cifra que confirma que Panamá sigue bajo fuerte presión de las redes del narcotráfico.

Panamá cerró 2025 con la incautación de más de 100 toneladas de sustancias ilícitas, lo que ha llevado a las autoridades nacionales ha intensificar los operativos a lo largo del territorio.

Lejos de ceder, las incautaciones se mantienen en marzo con hallazgos en aguas del Pacífico y en puertos del país, donde las autoridades han detectado cargamentos ocultos en embarcaciones y contenedores.

Uno de los casos más recientes se registró al sur de Punta Coco, en el litoral pacífico, donde unidades aeronavales incautaron 680 paquetes de presunta droga, además de aprehender a dos hombres y decomisar una embarcación.

La operación fue posible gracias al uso de medios navales que detectaron movimientos sospechosos en alta mar, lo que permitió interceptar la lancha.

Durante la inspección se encontraron sacos con la sustancia ilícita, confirmando el patrón de transporte marítimo clandestino.

Las autoridades indicaron que la acción se ejecutó bajo coordinación con la Fiscalía de Drogas de Panamá, lo que permitió el traslado de los sospechosos y la evidencia a una base naval para continuar con las investigaciones.

Este tipo de coordinación interinstitucional es clave para judicializar los casos y evitar que las incautaciones queden solo en estadísticas, ya que permite avanzar en estructuras criminales.

En paralelo, otro operativo permitió la incautación de 20 paquetes de presunta droga dentro de un contenedor en una zona portuaria del Pacífico, en Panamá Oeste.

Este caso confirma la creciente utilización de la modalidad de carga contenerizada por parte del narcotráfico, que busca infiltrarse en el comercio internacional.

La droga tenía trazabilidad desde Pisco, Perú, con tránsito por Panamá y destino final en Rotterdam, Países Bajos, lo que demuestra el carácter transnacional de estas redes.

Según el informe operativo, el hallazgo se logró mediante técnicas de perfilamiento y verificación de contenedores, apoyadas en tecnología de inspección.

Las unidades detectaron anomalías en la carga, lo que activó protocolos de revisión más exhaustivos, incluyendo inspección física. Posteriormente, se coordinó con la Fiscalía de Drogas para realizar diligencias de allanamiento y registro, fortaleciendo la cadena de custodia de la evidencia.

Un tercer caso relevante ocurrió en la provincia de Colón, donde se decomisaron 700 paquetes de presunta droga dentro de un contenedor, en lo que se convirtió en el tercer decomiso en menos de siete días.

La operación se desarrolló en el marco del Plan Firmeza y la Operación Escudo Protector, estrategias clave del Estado panameño contra el narcotráfico, con énfasis en puertos.

El contenedor tenía ruta desde Brooklyn, Estados Unidos, con destino final en Kingston, Jamaica, pasando por Panamá, lo que confirma nuevamente el uso del país como hub logístico.

Las autoridades detallaron que la detección se logró gracias a labores de inteligencia portuaria, que incluyeron perfilamiento y verificación de rutas sospechosas. Tras confirmar irregularidades mediante inspección tecnológica, se procedió con una diligencia de allanamiento en coordinación con la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala.

Este tipo de incautaciones evidencia la sofisticación de los métodos de ocultamiento utilizados por las organizaciones criminales.

Como parte de los acuerdos entre bandas criminales internacionales y grupos locales, parte de la droga que pasa por Panamá, se queda en el país.

A nivel interno, las acciones contra el microtráfico también continúan en zonas urbanas como San Miguelito, donde la Policía Nacional ha ejecutado operativos que resultaron en capturas y decomisos. En el corregimiento Belisario Frías se logró la detención de personas vinculadas a delitos de robo y posesión de sustancias ilícitas, incluyendo carrizos con polvo blanco y hierba seca.

Las autoridades han reiterado que la combinación de operativos marítimos, portuarios y urbanos es clave para enfrentar el narcotráfico de manera integral.

Panamá, por su posición geográfica y su infraestructura logística, sigue siendo un punto estratégico para las rutas del narcotráfico internacional, lo que obliga a mantener una vigilancia constante.

El reto no es solo decomisar droga, sino desarticular las redes que operan detrás de cada envío, un objetivo que aún enfrenta importantes desafíos.

El cargamento, oculto entre mercancía legal que transitaba por el puerto valenciano, tenía como destino final diferentes mercados europeos. La droga fue detectada tras una alerta internacional sobre un envío sospechoso, lo que permitió la inspección del contenedor y el hallazgo del alijo. El caso ha sido asumido por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia, que investiga delitos de contrabando y contra la salud pública.

Nuevas rutas transatlánticas

La incautación evidencia el aumento de los flujos de cannabis desde Canadá hacia Europa, así como la consolidación de rutas transatlánticas previamente detectadas por organismos de seguridad. Según la Policía Nacional, posiciona al país norteamericano como uno de los principales exportadores de marihuana. La operación permitió no solo interceptar el cargamento, sino también identificar una nueva modalidad de tráfico en la que se introducen “variantes novedosas” de estas sustancias en el territorio de la Unión Europea (UE).

El valor en el mercado ilícito del hachís canadiense incautado resalta por su escasez y elevada demanda, lo que representa un riesgo emergente para las autoridades europeas. Según fuentes policiales, “la intervención ha evitado la dispersión de grandes cantidades de estupefacientes en múltiples países europeos, donde se habría distribuido bajo una fachada de operaciones comerciales legítimas”.

El impacto de este tipo de cargamentos pone a prueba la capacidad de respuesta de los sistemas aduaneros y de inteligencia criminal en la región, como subraya el informe de la Agencia Tributaria. La droga llega al continente a través de muchas rutas y, cuando las autoridades parecen controlar una, los narcos encuentran una nueva forma de introducir su mercancía.

Estrategia europea y cooperación internacional

Las fuentes policiales señalan que la operación constituye un ejemplo de la aplicación práctica de la Estrategia de Seguridad de la Unión Europea, que prioriza la lucha contra el tráfico de drogas, el fortalecimiento de la cooperación internacional y la protección de los ciudadanos frente a amenazas del crimen organizado. El refuerzo de la vigilancia aduanera y la mejora del flujo de información entre cuerpos policiales de distintos países han sido determinantes para el éxito de la intervención.

El decomiso de marihuana y hachís procedentes de Canadá en el Puerto de Valencia representa un paso relevante en la lucha contra el narcotráfico y refuerza el papel de la cooperación policial y judicial a nivel europeo. Las autoridades siguen investigando las conexiones y ramificaciones del caso en distintos países, y no descartan nuevas actuaciones relacionadas. Por el momento, no han trascendido nombres o número de detenidos, al igual que se desconoce cuál es el grupo involucrado en la trama.

Un clima de mucha tensión se vivió este miércoles por la madrugada en un barrio de la localidad santafecina de Fray Luis Beltrán. Una secuencia de episodios violentos dejó a un hombre internado en grave estado debido a un disparo en la cabeza, y a un adolescente herido tras ser señalado como el presunto autor del ataque.

La escena se desató en la zona de Granaderos y 1º de Mayo, a pocos metros de una propiedad identificada por vecinos como un supuesto punto de venta de droga. Según la reconstrucción preliminar de los investigadores, la víctima de 28 años fue atacada a balazos tras mantener una discusión con dos individuos que no fueron identificados.

El hombre, individualizado como R. D., debió ser trasladado de urgencia al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria donde permanecía internado en terapia intensiva, intubado y bajo pronóstico reservado a causa de una herida de arma de fuego a la altura del ojo derecho.

Cuando la Policía arribó al lugar, encontró al adolescente tirado en el piso y a varias personas que le estaban dando golpes de puño y patadas, en la intersección de Rosario y 1º de Mayo. De acuerdo con lo informado por Rosario 3, hubo testimonios que señalaron al menor como el autor del disparo.

El chico de 16 debió ser trasladado al hospital Granaderos a Caballo, donde recibió atención médica por las heridas cortantes en el cuero cabelludo y lesiones en una mano.

Pero eso no fue todo. Tras el ataque un grupo de personas se dirigió a la casa donde funcionaría el señalado búnker, y la prendió fuego al igual que a una moto que habría sido utilizada en el hecho.

Los efectivos del Comando Radioeléctrico acudieron al lugar y observaron el incendio en el inmueble, mientras algunos vecinos insultaban a los agentes y arrojaban piedras.

La fiscal Virginia Gabenara, a cargo de la investigación por delitos cometidos por menores, dispuso la detención del sospechoso, quien permanece bajo custodia policial mientras avanza la causa.

El expediente quedó a cargo de la fiscalía especializada, que ordenó la recopilación de testimonios y la revisión de cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la secuencia de los hechos.

Ataque a tiros en Rosario

Un joven de 21 años, identificado como R. M., fue atacado a balazos en las afueras de Rosario hace poco más de una semana. El hecho se produjo cuando la víctima regresaba a pie a su domicilio en Zavalla tras finalizar su jornada laboral en un lavadero de camiones ubicado entre la ruta provincial 17s y la ruta 14, sobre la A012.

Según la información recabada, el joven emprendió el regreso caminando y, al acercarse al cruce con la 17s, pasó frente a una estación de servicio abandonada. En ese lugar, fue interceptado y herido por disparos efectuados por personas que residen irregularmente en el predio. La víctima recibió dos heridas de bala en la región dorsal izquierda. A pesar de la gravedad de las lesiones, logró escapar de sus agresores y recorrió a pie el tramo restante hasta su vivienda.

Al llegar a su casa se desvaneció y fue asistido por su patrón, quien lo trasladó primero al Samco local, donde recibió atención médica de urgencia. Posteriormente, fue derivado al sanatorio Mapaci para una atención más especializada.

El predio donde ocurrió la agresión corresponde a una antigua estación de servicio actualmente en estado de deterioro. La Subcomisaría 6ª de Soldini intervino en el caso por razones de jurisdicción. En un operativo realizado en la misma estación de servicio la Policía detuvo a dos hombres de 25 y 31 años y a una adolescente de 17 años, señalados como presuntos responsables del ataque. Uno de los masculinos detenidos posee antecedentes penales por delitos como boquillero y robo de cereal en las afueras de Villa Gobernador Gálvez. El otro hombre, identificado como B. G. C., es oriundo de General Lagos y había presentado una denuncia previa relacionada con un hecho de inseguridad en el mismo predio.

Fuentes policiales señalaron que aún se investigan los motivos del ataque, sin descartar ninguna hipótesis, incluidas disputas previas o intentos de robo.

MIÉRCOLES, 25 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Cuando un padre muere inesperadamente debido a la violencia, autolesiones o adicción, el trauma para un niño que queda atrás es inmenso.

Y un nuevo estudio revela que este desamor lleva más que un peso  emocional: aumenta significativamente el riesgo de morir del niño antes de llegar a la edad adulta.

Investigadores de la Universidad de Michigan analizaron décadas de datos para entender las tasas de supervivencia de los niños en el estado que perdieron a un progenitor biológico por tres causas específicas: homicidio, suicidio o sobredosis de drogas.

Sus hallazgos --publicados en una carta de investigación el 23 de marzo en JAMA Network Open -- sugieren que estas muertes parentales evitables eliminan una capa vital de protección, dejando a los niños expuestos.

El equipo analizó los registros de más de 32.000 niños y descubrió que quienes perdieron a un progenitor por una de estas tres causas tenían muchas más probabilidades de morir antes de los 18 años que la población general.

Aunque la tasa media de mortalidad infantil en Michigan es de unos 5 por cada 10.000, las cifras de los niños en duelo contaban una historia mucho más oscura:

Pérdida por homicidio: Los niños sufrieron la asombrosa cifra de 106 muertes por cada 10.000. Pérdida por suicidio: La tasa superaba las 66 muertes por cada 10.000 habitantes. Pérdida por sobredosis: La tasa fue de casi 37 muertes por cada 10.000 habitantes.

En total, los investigadores relacionaron 150 muertes infantiles en exceso en Michigan durante los 14 años del estudio directamente con la pérdida de un progenitor.

Para realizar el análisis, los investigadores vincularon los registros de nacimientos y defunciones de padres e hijos en Michigan desde 1992 hasta 2023.

Identificaron a 32.262 niños de 17 años o menos que habían perdido a un progenitor biológico por homicidio, suicidio o sobredosis.

El autor principal Sean Esteban McCabe, profesor de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Michigan, señaló que estos niños a menudo sufren en silencio debido al estigma que rodea la muerte de sus padres.

Amigos e incluso profesores suelen evitar el tema, lo que aísla al niño cuando más necesita apoyo.

"Existen intervenciones preventivas tempranas y servicios de duelo infantil que han demostrado mejorar la salud de los niños tras la muerte de un progenitor y que deben estar más disponibles para que ningún niño de Michigan sufra solo", dijo McCabe en un comunicado de prensa.

La investigación también destaca áreas geográficas donde la atención en salud mental y el apoyo al duelo simplemente no existen.

McCabe argumentó que la ubicación de un niño no debería determinar su red de seguridad.

"El código postal de un niño no debería dictar si recibe servicios y tratamientos de duelo basados en la evidencia", afirmó.

También señaló que Michigan tiene tasas de mortalidad parental más altas que la media nacional.

El equipo de investigación está impulsando ahora un esfuerzo colaborativo a nivel estatal para garantizar que cada niño en duelo tenga acceso a atención psiquiátrica y medicina contra la adicción.

Al identificar estos grupos de alto riesgo desde el principio, las comunidades pueden intervenir para proporcionar la protección que se perdió cuando murió el progenitor, según los investigadores.

Más información

La Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental dispone de recursos para niños en duelo y apoyo en salud mental.

FUENTES: Comunicado de prensa de la Universidad de Michigan, 23 de marzo de 2026; Apertura de la Red JAMA, 23 de marzo de 2026

Gracias a un trabajo conjunto entre la Armada de Chile, el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros, la Policía Marítima del puerto de Arica (2.000 kms al norte de Santiago) logró un histórico decomiso de 68 toneladas de carga impregnada con cocaína y ketamina provenientes de Bolivia, la que estaba lista para ser exportada a puertos de México, Italia y Alemania.

Dos de los cargamentos fueron detectados gracias a una investigación de largo aliento que permitió identificar inconsistencias documentales y patrones de riesgo, amén de la labor de perros amaestrados que lograron encontrar la droga escondida de manera sofisticada en artículos de caucho y madera aserrada, mientras que la tercera incautación se logró tras una fiscalización hecha a un camión por parte del OS7 de Carabineros.

En detalle, los tres cargamentos arrojaron un total de 24,5 toneladas de productos contaminados con cocaína y ketamina, y otras 44,2 toneladas solo de ketamina, alcaloides que venían impregnados en madera con destino a los puertos de Manzanillo y Venecia, y en baldosas de caucho hacia Hamburgo.

Incautación histórica

En un punto de prensa, el contraalmirante Sigfrido Ramírez, director de Seguridad y Operaciones Marítimas (Dirsomar), valoró este decomiso “histórico y particularmente relevante, dado que, por la dependencia de nuestro país del comercio marítimo, permite que nuestros puertos sigan operando de manera segura y, junto con ello, impedir el empleo de estas instalaciones y de las cadenas logísticas portuarias y marítimas por parte del crimen organizado transnacional”.

Por su parte, el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, detalló la metodología utilizada para dar con los cargamentos ilícitos.

“Empezamos un trabajo para determinar cuál era el riesgo de ciertas cargas, y fue así como el año pasado seleccionamos dos contenedores para probar la metodología, y uno de estos dio positivo y el otro negativo. O sea, tuvimos certeza de un 50%, que es altísima. Luego, utilizando esa misma metodología hemos seguido trabajando hacia adelante", explicó.

“Esto no es al azar. No es que cualquier contenedor que venga es revisado bajo esta lógica, sino que el trabajo es anterior, porque ninguno de los contenedores que se ha revisado ha sido por mera arbitrariedad, sino que porque nuestros análisis alertan un riesgo“, cerró el persecutor.

Un hombre quedó detenido en el barrio Villa Boedo, de Córdoba, tras evadir un control policial y esconderse en la casa de una vecina. Cuando los agentes polciales lo encontraron vieron que portaba una variedad de drogas y un revólver.

El operativo se desarrolló el lunes por la tarde en la intersección de Pedro Medrano y José Aycardoz, en el marco de un despliegue preventivo de las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con el reporte policial, el sospechoso intentó escapar a pie al advertir la presencia de los uniformados en la zona y se metió intespestivamente a una vivenda del barrio. Los efectivos observaron la maniobra e iniciaron un procedimiento para dar con el hombre, según lo informado por El Doce.

Con el consentimiento de la propietaria, ingresaron a la vivienda y lograron reducirlo. Al revisar sus pertenencias, encontraron un morral que contenía un revólver calibre 22, un ladrillo de marihuana, 35 dosis de cocaína fraccionadas y una suma de dinero en efectivo.

En el operativo, también participó la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que prestó colaboración en el secuestro de los estupefacientes y el arma. Todo lo incautado fue trasladado a la comisaría correspondiente y quedó a disposición de la Justicia, que ahora deberá determinar la calificación legal y el avance de la causa. El sospechoso quedó alojado en sede policial y será indagado en las próximas horas.

Cayeron tres personas por vender drogas en un showroom

Un showroom utilizado para la venta de drogas sintéticas fue desmantelada en Córdoba luego de cuatro meses de investigación por parte de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno, a cargo de Paulina Lingua. El operativo, realizado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), incluyó cuatro allanamientos en distintos puntos de la ciudad, donde se logró detener a dos hombres y una mujer, todos mayores de edad, acusados de comercialización de estupefacientes.

El caso salió a la luz tras detectar que, bajo la fachada de un local de ropa y accesorios en una habitación, funcionaba un centro de venta y consumo de drogas sintéticas para un círculo de clientes cercanos. Además del punto fijo, la organización utilizaba la modalidad de entrega a domicilio en diversas zonas de Córdoba. Los procedimientos se llevaron a cabo en bulevar San Juan al 100, Independencia al 800, Larrañaga al 50 e Ibarbalz al 1300.

Durante los allanamientos realizados a principios de mes, los investigadores incautaron 3.256 pastillas de éxtasis, 1.273 gramos de MDMA, 446 gramos de tussi, 313 gramos de Ketamina, 166 dosis de marihuana, dos dosis de cocaína, 8.900 dólares, 950.000 pesos y un vehículo. El valor total de lo secuestrado fue estimado en más de 173 millones de pesos. Según informaron fuentes del caso, los detenidos actuaban como socios y mantenían la actividad tanto en el local como a través de delivery.

La fiscal Paulina Lingua señaló que el operativo fue resultado de meses de trabajo y de información obtenida en investigaciones previas, y destacó la magnitud del secuestro: “Estamos hablando de casi dos kilos de estas sustancias granuladas en polvo y unas 3.200 pastillas. Es una enorme cantidad y de un importante valor económico para el mercado, cerca de 180 millones de pesos en sustancias”. Lingua resaltó que, en variedad y volumen, se trata de uno de los mayores decomisos en el fuero. La fiscal concluyó con la estimación de que, “en cuanto a cantidad y variedad,es uno de los mayores secuestros” que tuvieron en su fuero.

La causa fue caratulada como presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737. Todos los elementos incautados y los detenidos fueron trasladados a sede judicial para continuar con las actuaciones.

Un nuevo giro judicial ha sacudido este martes la conocida ‘Operación Sombra’, uno de los grandes dispositivos policiales recientes contra el narcotráfico internacional en España. La Audiencia Nacional ha ordenado la puesta en libertad de ‘Zumbi’, uno de los cabecillas de los investigados. El recurso ha desencadenado en la liberación de 24 personas acusadas de pertenecer a una red que ha introducido 57 toneladas de cocaína en Europa.

El abogado Juan Gonzalo Ospina ha explicado a Infobae cómo se ha llegado a esta puesta en libertad. “Era una vulneración de derechos fundamentales”, asegura el representante legal. La decisión de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha aceptado parte de su recurso. Si bien no ha supuesto la absolución de los acusados, supone un cambio importante en el juicio.

La ‘Operación Sombra’ se cerró con la detención de 105 personas acusadas de integrar una importante red criminal que operaba desde Sudamérica hasta Europa. La operación incluyó la incautación de 10.400 kilos de droga, 70 vehículos o 30 embarcaciones. Ahora, aunque los liberados siguen teniendo que afrontar sus acusaciones, el caso vive un importante cambio.

Falta de pruebas y acceso a la defensa

La Audiencia Nacional ha encontrado una serie de vulneraciones a los derechos del acusado, en este caso, el conocido como ‘Zumbi’. El abogado penalista argumentó ante el tribunal que ni él ni su cliente pudieron estar presentes durante declaraciones de otros investigados, lo que limitó el acceso a información relevante y debilitó el derecho a una defensa efectiva. Además según explica Juan Ospina, tras la detención “no se nos entregaron todos los elementos de la defensa”.

En la decisión del tribunal se puede observar que se aceptan motivos expuestos por la defensa. “Se detalla la participación concreta de este investigado, pero no el contenido de los indicios que debieron determinar la adopción posterior de la medida cautela de prisión provisional”, asegura el escrito, dando a entender que no habían pruebas suficientes para mandar al acusado a prisión.

De esta manera, la Sala sí que reconoce que la investigación permite observar “su implicación personal como coordinador de múltiples EAV, impartiendo instrucciones a los tripulantes de las narcolanchas...organizando, entre otros, el aprovisionamiento de combustible entre embarcaciones, así como en la cesión e intercambio de vehículos entre miembros de la organización”. No obstante, también indica que ni las “vigilancias policiales” ni las “conversaciones telefónicas” permiten una conclusión clara, pues no se han indicado “ni los interlocutores ni las fechas” y, a su vez, no se ha ofrecido a la defensa unas grabaciones o transcripciones.

La resolución del Tribunal Constitucional, emitida días antes de la vista, reforzó la posición de la defensa, según el abogado, que sostiene que “venía a avalar todas y cada una de nuestras tesis”, y que la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, en un acto “de valentía y respeto sólido a la independencia judicial”, aplicó la normativa europea sobre información y garantías para los detenidos”. “No se puede luchar contra el crimen vulnerando las reglas que nos hacen una democracia”, concluye el abogado, cuyo recurso a su defendido ha derivado en la liberación de otros 23 acusados.

La desarticulación de la pandilla “Los Cantorales” en el sector de El Hueco, en Torrijos Carter, vuelve a poner en el centro del debate la presión que ejercen estas estructuras en San Miguelito, el segundo distrito más grande del país y, al mismo tiempo, uno de los más golpeados por problemas sociales como el desempleo, la desintegración familiar, el consumo de drogas y la delincuencia.

En este contexto, las autoridades ejecutaron la operación “Territorio”, que dejó cinco personas aprehendidas, incluyendo al presunto cabecilla del grupo, conocido con el alias de “Yanka”.

El operativo fue desarrollado por la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita (Pandillerismo), con el apoyo de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Desde la madrugada del lunes 23 de marzo de 2026 se realizaron 11 diligencias de allanamiento en el área donde operaba esta estructura, considerada de alto impacto por su control territorial y su presunta participación en múltiples delitos.

Según las investigaciones, “Los Cantorales” estarían vinculados a amenazas, intercambios de disparos, robos, venta de drogas, homicidios y lesiones personales, delitos que reflejan la dinámica violenta que persiste en sectores urbanos con alta vulnerabilidad social.

La investigación se remonta a noviembre de 2025, cuando residentes del área denunciaron una serie de hechos delictivos que terminaron activando el seguimiento por parte del Ministerio Público y los estamentos de seguridad.

Como resultado de esta acción operativa, las autoridades lograron la aprehensión de cinco presuntos integrantes del grupo, entre ellos su supuesto líder. Durante las diligencias también fueron decomisados equipos tecnológicos y otros indicios relacionados con actividades delictivas.

El caso vuelve a exponer cómo ciertas pandillas logran afianzarse en comunidades donde las carencias sociales, la falta de oportunidades y la violencia cotidiana terminan abonando terreno para el reclutamiento de jóvenes.

El caso no es aislado. Informes recientes indican que en Panamá existen más de 180 pandillas activas, muchas de ellas funcionando como enlaces del crimen organizado transnacional.

Ese fenómeno ha tenido un impacto directo en la violencia juvenil: hasta noviembre de 2025 se reportaban cerca de 200 jóvenes asesinados, principalmente entre los 18 y 30 años, un grupo etario que suele quedar atrapado en disputas territoriales, ajustes de cuentas y dinámicas ligadas al narcotráfico y otras economías ilegales.

San Miguelito y otras zonas urbanas como Colón han sido señaladas entre los puntos más sensibles en este escenario. Aunque Panamá sigue siendo visto como un país relativamente seguro frente a otros de la región, durante 2025 también aumentó la percepción de inseguridad y la preocupación por los homicidios ligados al crimen organizado.

Las pandillas no solo actúan como grupos barriales, sino que en muchos casos se convierten en brazos operativos para actividades como la extorsión, el microtráfico, los robos y otros delitos violentos.

Desde el punto de vista legal, la legislación panameña castiga con severidad el delito de pandillerismo. El artículo 330 del Código Penal establece que quien constituya, organice o forme parte de una pandilla puede enfrentarse a penas de cuatro a seis años de prisión. La norma también contempla sanciones más altas cuando la agrupación esté orientada a la comisión de delitos graves.

En esos casos, las penas pueden elevarse hasta un rango de siete a catorce años, dependiendo de la finalidad y del nivel de peligrosidad atribuido a la organización.

La legislación parte de que una pandilla existe cuando tres o más personas se asocian de manera permanente con el propósito de cometer delitos, especialmente si existe algún grado de estructura jerárquica, reparto de funciones, control de territorio o uso de violencia para sostener su poder.

En el caso de los capturados durante la operación “Territorio”, se espera que en las próximas horas sean llevados ante un Tribunal de Garantías para la legalización de las aprehensiones, la imputación de cargos y la aplicación de las respectivas medidas cautelares.

Un hombre fue detenido durante un allanamiento en Playa Grande, en el marco de una investigación impulsada por la Fiscalía de Casos Complejos por presunta comercialización de estupefacientes.

El procedimiento tuvo lugar en el departamento 4°C, donde residía el sospechoso en calidad de inquilino, y fue ejecutado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) bajo orden del Juzgado de Garantías N° 2.

La intervención policial se produjo en horas de la mañana y requirió el uso de la fuerza para ingresar al inmueble. Los agentes forzaron la puerta principal a fin de cumplir con la medida judicial, lo que permitió concretar la detención del imputado y asegurar el escenario para el posterior secuestro de elementos probatorios.

Se informó que, en el marco de la investigación por narcotráfico, se hallaron sustancias prohibidas en el interior del departamento.

Como parte de la medida, y por disposición judicial, los efectivos incautaron dos vehículos: una camioneta Ford Maverick y una moto Yamaha N Max. Ambos rodados quedaron bajo custodia y a disposición del Juzgado de Garantías N° 2, que interviene en la causa. Los investigadores sospechan que estos bienes podrían estar relacionados con la presunta actividad delictiva que se investiga.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local La Capital de Mar del Plata, la pesquisa se encuadra en una causa que tramita la Fiscalía de Casos Complejos, que coordina el avance de las diligencias junto a la PSA.

Al tratarse de un departamento alquilado, las autoridades noticiaron a la adminsitración del edificio. Un representante de la misma se hizo presente en el lugar y recibió las llaves del departamento y los controles de la cochera, conforme a la instrucción de la propietaria del inmueble.

El operativo de la PSA concluyó con la detención del inquilino y el aseguramiento de los elementos secuestrados, que serán analizados en el marco de la causa. El hombre detenido quedó a disposición de la Justicia, a la espera de su declaración indagatoria.

En el marco de la investigación, será indagado por su presunta participación en un delito de narcotráfico. El material incautado, tanto las sustancias prohibidas como los vehículos, será sometido a peritajes para determinar su relación con la actividad investigada, según confirmaron fuentes policiales.

Detuvieron al líder de una organización narco en el Partido de la Costa

Hacia fines del mes de enero, el líder de una organización narcocriminal, junto a otras dos personas, fue arrestado en el Partido de La Costa, tras un megaoperativo con diez allanamientos simultáneos en domicilios de Santa Teresita y Mar del Tuyú. La acción se desplegó dentro del marco del Operativo Sol 2026 en la Costa Atlántica, y permitió desbaratar una estructura dedicada a la venta de drogas al menudeo.

Tras finalizar el procedimiento, trascendió que el principal detenido, apodado “El Cuervo”, sería un ex integrante de la barra brava de San Lorenzo y proveedor central en los puntos claves de la zona comercial y la playa, de acuerdo con lo indicado por el portal Costadenoticias.

En simultáneo, la Policía aprehendió a su pareja, encargada de administrar las ventas, cobros y depósitos bancarios de la organización, y a otro miembro señalado como responsable de la venta y recaudación.

La investigación, dirigida por la Delegación de Drogas Ilícitas Dolores, se extendió durante más de un año y fue impulsada por la UFI N° 3 del Departamento Judicial Dolores, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes del Partido de La Costa.

Durante los operativos se incautaron dosis de cocaína fraccionada y listas para la venta -aunque no trascendió la cantidad-, balanzas de precisión, elementos de corte, dos armas de fuego, municiones, sumas de dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos.

Debido al despliegue de las tareas, se sumaron la Sección Canes de la Superintendencia de Drogas, la Dirección de Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), el Grupo de Prevención Motorizada (GPM) y la Jefatura Departamental La Costa, bajo la conducción del Juzgado de Garantías N°6 de Villa Gesell. También estuvo presente la Secretaría de Seguridad del Municipio de La Costa.

España se ha convertido en el centro de operaciones del narcotráfico mundial. Así lo sostiene Víctor Méndez, autor de Paraíso, por qué España es el epicentro del narcotráfico mundial y director de Narcodiario. “Aquí acuden todas las organizaciones criminales de todo el mundo”, asegura, incluyendo cárteles colombianos o mexicanos, las mafias de los Balcanes o los grupos de la Mocro Maffia de Países Bajos o Bélgica. No hay un lugar que reúna tantas características idóneas para un narcotraficante como España.

Es un enclave geográfico perfecto, con África al sur, América al oeste y puerta de Europa, tiene la buena vida y comodidades que atraen a todos los turistas y, por encima de todo, una gran facilidad para mover dinero y sortear problemas judiciales. Al ser preguntado por soluciones, el periodista reconoce que terminar con esta realidad es “prácticamente imposible”. No obstante, sí que se podría “mitigar atacando el dinero”.

El paraíso de los narcos, ¿protege a España?

Sin embargo, los líderes criminales priorizan la estabilidad y evitan la violencia pública. Así, mientras en otros países los ajustes de cuentas o los intercambios de disparos se han convertido en un problema real, a España “nos protege” la condición de lugar de vida y negocios de los narcos. Víctor Méndez explica que los traficantes de drogas “van a hacer todo lo posible por seguir ganando dinero”. En el caso de la península, ganar dinero pasa por no ser un problema visible.

“La violencia no está escalando hacia otros sectores, hacia población civil, periodistas o incluso políticos. No está escalando y no parece que sea su intención”, señala Méndez. No obstante, la presencia de las mafias sigue creciendo, con lo que las cuerdas están cada vez más tensas. Los líderes seguirán peleando por mantener pactos de no agresión, pero existe el riesgo de que “se les vaya de las manos”.

La falta de persecución judicial y monetaria

La falta de persecución judicial y no seguir el rastro del dinero convierte la lucha contra el narco en un callejón sin salida. Víctor Méndez destaca que las fuerzas de seguridad carecen de medios suficientes para investigar el patrimonio de los narcotraficantes y que la justicia, sin especialización en criminalidad organizada, rara vez logra imponer penas ejemplares.

“La justicia en España está totalmente colapsada”, afirma Méndez. Señala ejemplos como el de Marcial Dorado, conocido por su fotografía con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y que, con condenas de por medio, mantuvo durante décadas su patrimonio intacto. “Para reducir este atractivo, sería necesario atacar directamente los beneficios económicos del narcotráfico, persiguiendo el blanqueo de capitales y mejorando la eficacia judicial”, sostiene el periodista.

Jonas Falk, conocido como el “Pablo Escobar sueco”, ejemplifica el perfil del narcotraficante que aprovechó las debilidades del sistema español. Tras enriquecerse con el tráfico de cocaína en Europa, se instaló en Barcelona para blanquear sus beneficios, invirtiendo en inmuebles y negocios como la discoteca Pachá en Barcelona y un restaurante en Mallorca. Aunque fue detenido y juzgado por blanqueo, resultó absuelto en España, mientras su familia sigue disfrutando de su mansión en Sitges, según explica Víctor Méndez.

Cooperación internacional entre mafias

En la actualidad, el crimen organizado en Europa funciona a través de una cooperación internacional muy estructurada y eficaz. Méndez comenta que las grandes organizaciones han dejado atrás las rivalidades y ahora coordinan operaciones conjuntas, compartiendo rutas y recursos para maximizar sus beneficios. Las decisiones importantes se gestionan a distancia, sin necesidad de encuentros presenciales, que se limitan a momentos concretos con el papel esencial de los brokers o intermediarios.

Esta dinámica permite que los capos permanezcan protegidos mientras el negocio sigue creciendo. América Latina, África y Europa están conectados en una red criminal estable, donde la logística y la comunicación juegan un papel fundamental. Dubái se ha convertido en otro lugar de residencia ideal para narcotraficantes, donde rara vez sufren extradiciones o reciben condenas.

En el transcurso de una serie de allanamientos realizados en diferentes puntos del país, las autoridades de Guatemala localizaron drogas en una pastelería, en una operación que forma parte de los esfuerzos oficiales para desarticular redes de narcotráfico. Los procedimientos, conducidos por el Ministerio Público y la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad con apoyo de la Policía, respondieron a investigaciones abiertas sobre actividades ilícitas y buscan fortalecer la capacidad estatal en la identificación y recolección de pruebas para combatir el tráfico de estupefacientes, según la información facilitada por el Ministerio Público de Guatemala.

Hallazgo en una pastelería y operativos simultáneos en áreas urbanas

Como parte de un despliegue en la capital y municipios aledaños, quince diligencias simultáneas de allanamiento, inspección y secuestro de evidencia fueron ejecutadas en inmuebles de la Ciudad de Guatemala, Mixco y Villa Nueva. El Ministerio Público de Guatemala explicó que los operativos, coordinados desde el Centro Interinstitucional contra la Narcoactividad en Guatemala (CICNAG), tenían como objetivo la localización de pruebas para reforzar procesos judiciales en curso.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer detalles sobre detenciones ni el tipo preciso de evidencia hallada en los domicilios inspeccionados. No obstante, la presencia de sustancias ilícitas en una pastelería representa una señal del alcance de las estructuras de narcotráfico incluso en establecimientos comerciales visibles, según el reporte oficial.

El bloque de operaciones está orientado principalmente a fortalecer investigaciones y está diseñado para identificar puntos de almacenamiento, distribución y tránsito de estupefacientes en ambientes urbanos. El trabajo articulado de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad y el fiscal regional metropolitano formó el núcleo de estas acciones.

Las penas por actividades de tráfico de drogas en Guatemala están reguladas por el Decreto 48-92 o Ley contra la Narcoactividad, cuyo artículo 40 establece condenas de entre seis y diez años de prisión, junto con multas que pueden llegar hasta Q 100,000 para quienes promuevan el cultivo, almacenamiento o comercio de drogas. Casos de transporte y comercialización, según sentencias judiciales recientes, han derivado en penas inconmutables de hasta trece años de cárcel.

Intensificación de la política estatal ante el narcotráfico

La renovación del estado de prevención en cuatro departamentos fronterizos refleja la prioridad del Gobierno en la materia. Tras un aumento de hallazgos y capturas en regiones clave, el presidente Bernardo Arévalo y su gabinete ampliaron las operaciones en San Marcos, Huehuetenango, Izabal y Petén, zonas señaladas por su posición estratégica para el tráfico transnacional. El titular de Gobernación, Marco Villeda, detalló en conferencia de prensa que la medida tiene como objetivo “evitar el ingreso de grupos criminales relacionados con el narcotráfico”, según declaraciones publicadas por las autoridades.

El impacto inmediato de las nuevas políticas ha sido palpable en los primeros tres meses del año, con un aumento del 32 % en aprehensiones vinculadas al narcotráfico y más de 5,111 detenciones en flagrancia a nivel nacional, de acuerdo con la vocería oficial. El control del narcomenudeo se ha reforzado mediante inspecciones en cárceles y áreas identificadas como centros de distribución, con participación activa de policía y ejército.

Las acciones de las autoridades abarcaron también delitos aduaneros y extradiciones internacionales. En ese ámbito, se registró un incremento del 119 % en aprehensiones por ilícitos aduaneros, con más de 200 personas detenidas respecto al año anterior. La cifra de extradiciones ascendió a once aprehendidos bajo órdenes vinculadas a narcotráfico, un 735 % superior al mismo periodo del año anterior. Seis extradiciones ya han sido concretadas, el doble que en igual trimestre previo, junto a la destrucción de un laboratorio clandestino, lo que representa el doble de casos similares reportados por las autoridades en 2025.

La respuesta conjunta del aparato estatal busca frenar el avance del crimen organizado y restablecer el control en corredores clave para el trasiego de drogas, destacando un cambio cuantitativo en la intensidad de las intervenciones y el alcance de las redes detectadas en territorios urbanos y de frontera.

La Policía de la Ciudad llevó adelante un operativo en un local bailable del barrio porteño de Belgrano y detuvo a cuatro personas, entre ellas el propietario, un DJ y dos sospechosos, por la presunta venta de drogas dentro del establecimiento. El lugar quedó clausurado tras el procedimiento.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el operativo se realizó el domingo pasado en el boliche Zegre, ubicado en la calle Sucre al 600. En el marco de la investigación, además, las autoridades allanaron el domicilio de dos de los principales investigados, en la localidad de Villa de Mayo, provincia de Buenos Aires.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°13, que dirige la jueza María Lorena Tula Del Moral, por pedido del fiscal Martín Amil, de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados con Estupefacientes (UFEIDE).

Entre los detenidos se encuentran D.E.M., un hombre de 32 años señalado como el principal investigado y que es policía municipal: desde agosto pasado forma parte de la fuerza de Protección Ciudadana del Partido de Malvinas Argentinas. También una mujer de 33 años identificada como M.S.G., quien residía con él en el domicilio allanado de Villa de Mayo.

Además, resultaron detenidos el dueño del boliche, F.M.R., de 47 años, y F.O.M., de 25, quien se desempeñaba como DJ en el local.

De acuerdo a la información oficial, a los cuatro se los acusa de comercializar estupefacientes en el interior del local, durante las fiestas organizadas por la producción del boliche, abasteciendo a las personas que asistían.

Durante el operativo, dentro del boliche la policía porteña secuestró distintas sustancias: 26 pastillas de éxtasis, marihuana fraccionada, envoltorios de tusi y cristal, cigarrillos de marihuana y una suma de $1.299.000 en efectivo.

También se incautaron una pistola marca Glock 40mm, ocho municiones del mismo calibre, celulares, equipos electrónicos, una Ford EcoSport y otros elementos de interés para la causa.

En tanto, en el domicilio de Villa de Mayo, los agentes hallaron 137 pastillas de distintos colores, restos de tusi, una balanza de precisión, dos armas de fuego –una pistola Bersa Thunder 9mm y un pistolón Jaguar–, municiones, chaleco refractario de policía, prendas identificadas con inscripciones policiales y dinero en efectivo.

Además de los cuatro detenidos principales, en el lugar fueron aprehendidos y liberados posteriormente la encargada interina del local y cuatro empleados de seguridad, tres hombres y dos mujeres de entre 24 y 55 años, a quienes se notificó de la causa. Todos quedaron vinculados a la investigación por orden de la Justicia.

De acuerdo al parte policial, la investigación se había iniciado en septiembre del año pasado por la Unidad Investigativa N°5 del Departamento Antidrogas Zona Norte, con la participación de la UFEIDE.

En ese marco, se reunieron pruebas que permitieron identificar al principal sospechoso y su círculo de colaboradores. El modus operandi consistía en la venta de estupefacientes durante las fiestas, con conocimiento de los empleados del boliche.

Durante el allanamiento, la Policía contó con la colaboración de las divisiones Escuadrón Antibombas, Perros, Análisis de Riesgos y Protección, Operaciones Urbanas de Contención y personal de la Agencia Gubernamental de Control.

Esta última dispuso la clausura del local por no contar con el plan de evacuación, carecer de la cantidad exigida de personal de seguridad ni tener los detectores de metales conectados y en funcionamiento.

La versión de uno de los acusados

F.M.R. se contactó con Infobae para desmentir lo comunicado por la Policía de la Ciudad.

En su descargo, primeramente aclaró: “La investigación que dio origen al procedimiento se encontraba dirigida hacia determinadas personas respecto de las cuales no tengo relación alguna. Mi presencia en el lugar no implica ni demuestra participación en los hechos investigados”.

Luego, se refirió al operativo en el local bailable y aseguró que las cantidades de estupefacientes secuestradas fueron “sustancialmente” menores a los informadas por la fuerza porteña: “Fueron 16 las pastillas de MDMA, 0,91 gramos de MDMA en una bolsita y aproximadamente 2,38 gramos de marihuana”, según detalló.

Por último, afirmó que no es dueño del boliche, contradiciendo no solo al reporte policial sino también a la acusación fiscal, donde se lo menciona como “propietario” junto a otros dos hombres.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha estado marcado por múltiples escándalos. Hay señalamientos por corrupción, presuntas irregularidades en la campaña de 2022 que lo llevó a la Presidencia, aparentes malos manejos de los recursos públicos, prácticas clientelistas, “chuzadas” y hasta conductas machistas y misóginas.

Todo esto se suma a las dudas que han surgido sobre la idoneidad del mandatario para gobernar, pero no precisamente por su educación o experticia. Hay rumores y denuncias sobre un presunto consumo excesivo de alcohol por parte del jefe de Estado, que hasta el momento ha negado a toda costa. Las supuestas adicciones del presidente estarían entorpeciendo su trabajo en la dirección del país.

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“Usted está mal. Muy mal. Ya no se mide”

Una de las personas que señaló al primer mandatario de tener un consumo problemático o dependiente de estupefacientes es el exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva. El excanciller pasó de ser un funcionario aliado del Gobierno a convertirse en uno de sus detractores más acérrimos, centrando su atención, sobre todo, en el presidente.

A través de una carta publicada el 19 de abril de 2025, denunció la presunta desaparición de Gustavo Petro en París (Francia), donde se encontraba atendiendo tareas oficiales previstas en su agenda. Según detalló, el jefe de Estado se “desvinculó de la comitiva oficial que lo acompañaba” y nadie supo nada de él durante 48 horas.

Esa repentina y extensa desaparición de Petro habría sido causada por su supuesto consumo de drogas. “Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción. ¿Pero qué podía yo hacer? Seguro fui inferior. Lo he debido aproximar, ayudar, asistir oportunamente. Guardo en mi interior la pena de no haber intentado extenderle la mano. Lo cierto es que nunca se repuso usted. Es así. Su recuperación lastimosamente no ha tenido lugar (…). Es que usted está mal. Muy mal. Ya no se mide. Perdió los estribos. Y lo sabe”, indicó.

Sus declaraciones derivaron en una ola de pronunciamientos por parte de políticos afines al mandatario –que exigieron respeto– y por parte de la oposición, que pidió que el jefe de Estado sea sometido a exámenes toxicológicos.

Petro se defendió. Calificó las acusaciones como “suspicacias atroces” y reveló que su desaparición en París se debió a que estaba pasando tiempo con su familia. Su hija Andrea Petro ratificó su postura.

“En Francia, mi papá encontró algo raro en Colombia: tiempo en familia, privacidad, calma. Su pasatiempo favorito fue estar con mis hijas, ser abuelo sin distracciones. ¿Culpable de desconectarlo un poco? Lo asumo. Solo buscábamos una paz que allá no permiten”, señaló en su cuenta de X.

Momentos en los que Petro parecía estar ebrio

Los señalamientos contra Petro y las peticiones de que se someta a exámenes en los que se evidencie si ha consumido o no algún tipo de alucinógeno se intensificaron debido a la manera como el primer mandatario se ha presentado en eventos públicos. En algunos de ellos, que han quedado grabados, ha mostrado dificultad para articular sus palabras y problemas con su postura, lo que ha desatado todo tipo de especulaciones sobre su sobriedad.

Políticos y ciudadanos han asegurado que el presidente se ha presentado ante las multitudes en estado de embriaguez o bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva. Así lo advirtieron en enero de 2024, cuando el jefe de Estado lideró un evento en Guapi, Cauca.

En febrero de 2024 el tema volvió a surgir. Durante el desarrollo de la inauguración del parque de energía solar más grande del país, ubicado en la planta La Loma, Cesar, Petro fue señalado de haber ingerido alcohol antes del encuentro con la población. Esto, debido a que, nuevamente, parecía arrastrar las palabras y no poder hablar con claridad.

En abril de 2025, Petro se pronunció sobre las acusaciones en su contra relacionadas con el consumo excesivo de alcohol y su posible interferencia con su trabajo como gobernante. En la promulgación presidencial de la Ley Ángel y Ley Lorenzo, el presidente aseguró que por motivos de salud no puede excederse con la bebida, indicó que padece de fuertes dolores que se generan cuando toma bebidas alcohólicas.

Sin embargo, reconoció que hay un tipo de licor que disfruta beber, pero que procura no consumir por sus afecciones de salud. “Todos esos trinos que andan por ahí, y que ando borracho… pues no puedo emborracharme, desgraciadamente, porque a mí me gustaba el aguardiente rojo, tapa roja era lo que decían allá en Tolima. Ahora me ponen esos tragos y ya de una vez me va ardiendo hasta el alma. Así que no es porque no quiera, es que no puedo”, dijo.

Chats revelados por Vicky Dávila: fiestas, licor y “mujeres”

En agosto de 2025, la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila expuso conversaciones de WhatsApp entre Nicolás Petro, hijo mayor del presidente, y Day Vásquez, su exesposa. En los chats, que corresponden a 2021 y 2022, cuando el jefe de Estado era senador y, posteriormente, candidato a la Presidencia, quedaron en evidencia fiestas, posible abuso de alcohol y “mujeres” con las que presuntamente Petro departía.

Las conductas del hoy jefe de Estado habrían interferido con el cumplimiento de su agenda en campaña; su hijo y su exesposa conversaron en varias ocasiones sobre el tema, preguntándose sobre su ubicación y el estado en el que se encontraba:

Nicolás Petro: Qué cagada toda esta vaina.

Day Vásquez: Porque el Coronel deja entrar a todas esas viejas? Por qué (sic).

Nicolás Petro: No sé, yo creo que él se las consigue.

Day Vásquez: Obvio.

La exesposa de Petro Burgos, incluso, hizo críticas sobre las mujeres que al parecer se encontraban con Gustavo Petro en ese entonces: “Buscando alguna enfermedad. Y esas viejas se ve que son de la calle. Solo en la apariencia se les ve”.

El hijo mayor del presidente reaccionó a la divulgación de las conversaciones con una denuncia contra la periodista y precandidata presidencial y contra su exesposa. Aseguró que los chats en cuestión fueron manipulados y expuestos sin su consentimiento, además de que habrían sido mostrados a conveniencia, para sacarlos de contexto.

Indicó que detrás de la publicación del material hay intenciones de “destruir” a su familia. “Lo hago tras advertir un patrón de hostigamiento y exposición pública que ha puesto en riesgo el debido proceso y han sido utilizados por intereses particulares, ajenos a la justicia. El debido proceso significa, entre otras cosas, que la información judicial no sea tergiversada”, aseveró.

Armando Benedetti: adicción y denuncias de maltrato

Además del presidente Gustavo Petro, otro integrante de su Gobierno ha estado envuelto en escándalos vinculados al consumo de drogas y alcohol: el ministro del Interior, Armando Benedetti, que también fue embajador de Colombia en Venezuela, embajador de Colombia ante la FAO y jefe de Despacho de la Presidencia durante la actual administración.

El jefe de la cartera reconoció haber sido dependiente tanto del licor como de sustancias psicoactivas como la cocaína. Indicó de 57 años de su vida, 30 ha logrado evitar por completo este tipo de drogas. En 1995 se sometió a un proceso de rehabilitación que lo ayudó a mantenerse libre de drogas durante 14 años; después, recayó, y tuvo que volver a iniciar otro proceso de rehabilitación.

“Ese proceso te lleva a mirar hacia atrás para saber qué te hace consumir. En mi caso, son inestabilidades emocionales debido a la separación de mis padres. Ahí tú tienes que contar muchas cosas de tu pasado que pueden ser causa de algunas actitudes irracionales, o muy cargadas de sentimiento y emotividad que te llevaron a cometer actos como manejar embriagado”, detalló el ministro en conversación con la revista Cambio.

La bebida lo convertía en una persona irritable y poco tolerante, lo que afectó gravemente su relación con su esposa, Adelina Guerrero. Además, reconoció que fue infiel en muchas oportunidades. “Yo había sido bastante infiel y me arrepentí. Y le pedí perdón a mi esposa y no sé cómo me ha perdonado”, señaló.

Aseguró que esa irritabilidad la experimentó en más de una ocasión, y el resultado fue muy problemático. Como ejemplo, recordó cuando un grupo de mariachis se negó a ofrecer una serenata para su madre; su respuesta fue intimidarlos con un arma.

“Yo estaba con bastantes tragos. Y saqué una pistola, no tuve en cuenta que las pistolas que ellos tenían eran de juguete, pero parecerían de verdad. Entonces les hice poner las pistolas abajo, tal como si estuviéramos en una película de vaqueros”, confesó.

Según la prensa, un hecho similar se habría presentado entre Benedetti y su esposa; es señalado de haberla maltratado, pero el jefe de la cartera lo negó. Guerrero hizo lo propio a través de una publicación en su cuenta de X.

“La historia que llevan meses difundiendo con claros intereses políticos NO corresponde a la realidad. Yo no fui amenazada con un arma blanca, ni me golpearon. La carroñería mediática no ha hecho sino violentar mi intimidad y el bienestar emocional de mi familia”, escribió.

De acuerdo con su relato, solía consumir cocaína cuando notaba que se tornaba irritable por el licor, pero eso también era un problema que no podía controlar del todo. “Me ponía muy pasivo, muy amoroso, muy tranquilo. Entonces, es en esa segunda etapa, el problema era que quería pasar más días rumbeando”, dijo.

El ministro aseguró que hablar abiertamente sobre el tema le genera vergüenza, pero reconoció que el haber dejado el licor y la cocaína cambió su vida para bien.

Más allá del consumo, tanto Gustavo Petro como Benedetti enfrentan situaciones complejas en su vida por cuenta de las drogas. El presidente y el ministro, así como el hijo mayor del mandatario, Nicolás Petro Burgos, y su exesposa Verónica Alcocer, fueron incluidos en la Lista Clinton, oficialmente denominada Clinton List of Specially Designated Nationals (SDN), por orden del Gobierno de Estados Unidos. Esto, por presuntamente contribuir al fortalecimiento del narcotráfico.

JUEVES, 19 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Los consumidores ilícitos de drogas están alimentando un aumento de casos graves de quemaduras en los hospitales, ya que más personas eligen fumar su marihuana en lugar de inyectársela, según un nuevo estudio.

Más de la mitad de los pacientes de Medicaid tratados por quemaduras en hospitales y urgencias de Oregón usaban drogas fumables como fentanilo y metanfetamina, informaron investigadores el 16 de marzo en JAMA Internal Medicine.

En general, las tasas de quemaduras son más de cuatro veces mayores entre las personas que fuman drogas, según el estudio.

Las entrevistas con víctimas de quemaduras destacaron el papel de potentes antorchas de butano en estas lesiones.

"Mi amigo tomó una antorcha... y le quemó la mano... No me lo podía creer... Que no despertó de eso, ¿sabes?" citaron investigadores a un paciente.

"Estamos viendo un número creciente de pacientes con lesiones catastróficas por quemaduras relacionadas con el consumo de drogas", dijo el investigador Dr. Mark Thomas, cirujano del Oregon Burn Center en el Legacy Emanuel Medical Center de Portland.

"Las personas pueden recuperarse de la adicción, pero estas quemaduras a menudo resultan en discapacidad permanente, cirugías repetidas y consecuencias físicas y psicológicas de por vida", dijo en un comunicado de prensa.

Los sopletes de butano están diseñados para cocinar e incluyen mecanismos de bloqueo para mantener una llama constante.

Las personas que quedan sedadas o perden el conocimiento al inhalar fentanilo tienen más probabilidades de quemarse con un soplete de butano fijado que con un mechero desechable, según los investigadores.

En 2022, fumar superó a la inyección como la vía más común de sobredosis mortales en EE. UU., según los investigadores en notas de fondo.

Continuaron con el nuevo estudio después de que médicos del área de Portland observaran un aumento de quemaduras graves en hospitales, urgencias y centros de quemados.

Para el estudio, los investigadores hicieron un seguimiento de los casos de quemaduras entre pacientes de Medicaid tratados en hospitales de Oregón entre abril de 2016 y marzo de 2024.

Los resultados mostraron que, de más de 12.300 casos de quemaduras, casi 6.600 fueron entre personas que consumían drogas fumables.

Las personas que fuman drogas constituyen casi el 54% de los casos de quemaduras tratadas en hospitales, aunque solo constituyen el 15% de la población general, según los investigadores.

"Es un hallazgo llamativo y preocupante", dijo la investigadora principal , la Dra. Honora Englander, que dirige un equipo de atención hospitalaria para adicciones en la Oregon Health and Science University en Portland.

"Las quemaduras graves son un riesgo poco reconocido asociado al consumo de drogas", dijo en un comunicado de prensa. "Esperamos que nuestro estudio aumente la concienciación sobre este problema crítico de salud pública."

El equipo entrevistó a 19 víctimas de quemaduras que fuman drogas y descubrió que todas usaban sopletes de butano.

Los pacientes dijeron que prefieren las linternas porque son más resistentes al viento y queman más calientes que los mecheros, proporcionando un "golpe más fresco y limpio", según el estudio. Dejan las antorchas fijadas para facilitar su paso de persona en persona, para mantener las manos libres o para mayor comodidad.

"Esto representa una vía de lesión diferente a la que tradicionalmente asociamos con el consumo de sustancias", dijo Englander. "Desde hace tiempo reconocemos los riesgos relacionados con el uso de drogas inyectables, pero los peligros asociados al consumo de drogas, especialmente quemaduras graves, no se habían reportado antes."

Englander dijo que los médicos que trabajan con pacientes con trastornos por consumo de sustancias deberían advertirles sobre los riesgos asociados a las sopletes de butano.

"Ahora hablo con cada paciente sobre cómo están fumando", dijo. "Sabiendo el riesgo de quemaduras graves, es muy importante dar a conocer a la comunidad."

Más información

La Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental tiene más información sobre los riesgos asociados al consumo de drogas.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón, 16 de marzo de 2026

El Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) perteneciente a la Policía Estatal, en coordinación con el grupo interinstitucional de seguridad, realizó el aseguramiento de más de 200 kilogramos de drogas, además de artefactos ponchallantas durante un operativo sobre la carretera Rosario-Mazatlán, al sur de Sinaloa.

Según los reportes oficiales, los ilícitos fueron encontrados abandonados en cajas junto a la carretera donde circulaban los elementos policiacos.

El despliegue fue enmarcado en las acciones para reducir los índices de violencia en la entidad, realizadas en coordinación con el Grupo Interinstitucional.

El despliegue fue resultado de patrullajes preventivos y de seguridad en la zona, informaron autoridades este 19 de marzo mediante un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (SSP Sinaloa).

Las imágenes de las autoridades revelan que parte de la droga estaba empaquetada para su distribución.

Patrullajes y hallazgo del cargamento

Según el relato oficial de las autoridades, mientras realizaban patrullajes coordinados, los elementos del GOES, en coordinación con el grupo interinstitucional, avanzaban por la carretera Rosario-Mazatlán cuando se toparon con ponchallantas tirados sobre el asfalto.

Ante esta situación, la caravana decidió frenar su marcha y los agentes descendieron de las unidades para recorrer la zona a pie, especialmente cerca de un puente, con la intención de revisar el área con mayor detalle.

En ese recorrido, descubrieron varias cajas de cartón, bolsas y costales que habían sido abandonados a un costado del camino.

Luego de inspeccionarlos, las autoridades informaron que en su interior había paquetes con sustancias sólidas y hierba seca, las cuales, por su apariencia, coincidían con metanfetamina y marihuana.

No se reportaron personas detenidas tras los hechos. Tras la detención tampoco hubo señalamientos de las autoridades sobre si las drogas estarían relacionadas específicamente con algún grupo criminal con operaciones en la región sur de Sinaloa.

Desglose del aseguramiento: drogas y artefactos

El reporte oficial precisa que el aseguramiento incluyó 175 kilogramos con 300 gramos de probable metanfetamina, la cual se encontraba empaquetada y almacenada de la siguiente forma:

•  119 kilos con 400 gramos, almacenados en tres costales blancos con bolsas plásticas
• 30 kilogramos, en una bolsa negra con envoltorios amarillos
• 7 kilos con 300 gramos, presentes en una caja de cartón con cuatro bolsas y envoltorios verdes
• 5 kilos con 500 gramos, almacenados en una caja de cartón con cinco bolsas y envoltorios verdes, que resultó dando un peso aproximado de 
• 4 kilos de la presunta droga, guardados en una caja de cartón con dos bolsas y envoltorios verdes
• 9 kilos y 100 gramos descubiertos en una bolsa negra con siete bolsas blancas y envoltorios verdes

Además, en el sitio fueron localizados y asegurados 30 kilogramos de probable marihuana, hallada de la siguiente forma:

• 10 kilos en una maleta negra con bolsas transparentes
• 20 kg en una bolsa plástica negra, presuntamente a granel

Además del narcótico, el grupo interinstitucional aseguró ponchallantas de acero, instrumentos regularmente empleados para obstaculizar el paso de unidades policiales.

La SSP Sinaloa informó que todos los indicios quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General de la República con sede en Mazatlán, donde se integrará la carpeta de investigación correspondiente.

Panamá vuelve a posicionarse como un punto clave en la lucha contra el narcotráfico internacional, tras una serie de decomisos recientes que tenían como destino mercados en el extranjero, incluyendo Europa y Oceanía.

Las operaciones, ejecutadas en zonas portuarias del Caribe y el Pacífico, evidencian el uso constante de la ruta panameña como punto de tránsito para el envío de sustancias ilícitas hacia destinos finales como Alemania, Australia y el Reino Unido, lo que mantiene en alerta a las autoridades de seguridad.

Uno de los casos más recientes se registró en la zona portuaria del Caribe, en la provincia de Colón, donde unidades del Servicio Nacional Aeronaval decomisaron 20 paquetes de presunta sustancia ilícita ocultos dentro de los paneles de refrigeración de un contenedor.

La carga provenía de Puerto Bolívar, Ecuador, transitó por Panamá y tenía como destino final la ciudad de Bremerhaven, en Alemania, lo que refuerza el patrón de uso del país como eje logístico para el tráfico internacional.

La operación se desarrolló mediante protocolos de verificación física y tecnológica, que permitieron detectar irregularidades en el contenedor intervenido.

Posteriormente, se iniciaron las diligencias correspondientes en coordinación con la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala, lo que incluyó el allanamiento y registro formal de la carga. Este tipo de acciones forma parte de las estrategias para fortalecer la inteligencia portuaria y anticipar movimientos de redes criminales.

En otro operativo, esta vez en la zona portuaria del Pacífico, unidades aeronavales incautaron 102 paquetes de presunta droga ocultos en dos contenedores a bordo de un buque mercante.

El hallazgo se produjo tras detectar alteraciones en los sellos de seguridad, lo que activó los protocolos de perfilamiento y verificación. La carga provenía de San Vicente, Chile, con tránsito por Panamá y destino final Sídney, Australia, evidenciando nuevamente el carácter global de estas rutas.

Las autoridades coordinaron con la Fiscalía de Drogas de la provincia de Panamá para realizar las diligencias correspondientes, incluyendo el registro de los contenedores y la recopilación de evidencias.

Este tipo de decomisos confirma que las organizaciones criminales continúan utilizando la modalidad de carga contenerizada, aprovechando el alto volumen de comercio que transita por los puertos panameños para ocultar sustancias ilícitas.

A estos casos se suma una operación desarrollada por la Policía Nacional en el sector de Costa del Este, donde se incautaron 30 bolsas selladas con un polvo blanco que se presume es droga.

El hallazgo se realizó dentro de una empresa de envíos, lo que abre nuevas líneas de investigación sobre el uso de servicios logísticos para el tráfico internacional. Según las autoridades, la sustancia tenía como destino final el Reino Unido.

Las investigaciones preliminares apuntan a posibles redes dedicadas al envío de sustancias ilícitas mediante sistemas de paquetería, una modalidad que ha ido en aumento en los últimos años.

Las autoridades mantienen abiertas las diligencias para determinar la responsabilidad de los involucrados y desarticular las estructuras que operan detrás de estos envíos.

En lo que va del año 2026, el Servicio Nacional Aeronaval ha reportado la incautación de 19.1 toneladas de sustancias ilícitas a través de más de 20 operaciones, reflejando la intensidad de las acciones contra el narcotráfico.

Estas cifras muestran la continuidad de una estrategia que combina vigilancia marítima, inteligencia y control portuario para frenar el trasiego de drogas en diferentes modalidades.

El comportamiento de estas incautaciones se da en un contexto donde Panamá ya registró cifras históricas en 2025. Durante ese año, la Fuerza Pública logró decomisar más de 85 toneladas de droga a nivel nacional, consolidando uno de los mayores golpes al crimen organizado en la región. El Servicio Nacional Aeronaval lideró estas acciones con un total de 71.1 toneladas incautadas.

Por su parte, la Policía Nacional reportó el decomiso de más de 44,000 paquetes de droga durante 2025, lo que evidencia la magnitud del problema y la necesidad de mantener operativos constantes.

Entre los hitos más relevantes se encuentra una operación en el Pacífico central en noviembre, donde se incautaron 13.5 toneladas de narcóticos en coordinación con agencias internacionales.

Las autoridades han señalado que la cocaína continúa siendo la principal sustancia incautada, aunque también se han detectado nuevas modalidades de tráfico, incluyendo el uso de derivados como el THC líquido. Este comportamiento refleja la capacidad de adaptación de las organizaciones criminales, que ajustan sus métodos para evadir los controles y maximizar sus ganancias en los mercados internacionales.

El cannabis, los opioides, las setas alucinógenas o el LSD son algunas drogas que en muchas ocasiones se han promovido desde instituciones públicas y sanitarias como una herramienta para luchar contra el dolor crónico, la depresión o enfermedades como el cáncer. Desde el National Institute on Drug Abuse (NIDA), de hecho, se hicieron públicas en 2024 nuevas áreas de investigación: “El uso de las drogas psicodélicas y disociativas como medicamentos” para los trastornos por uso de sustancias y otros trastornos mentales.

Concretamente, la institución sanitaria mencionaba el uso de ketamina como anestésico y de la esketamina como tratamientos “disociativos” que incluso están “actualmente aprobados por la FDA”. Como este, ha habido otros mensajes esperanzadores en los que las drogas podrían abrir paso al dolor o a trastornos mentales. En el caso de las terapias asistidas con psicodélicos, como la psilocibina (el ingrediente activo de algunos “hongos mágicos”) o la ayahuasca, se han señalado por sus supuestos efectos prometedores para tratar la depresión.

Incluso, en ocasiones, se han presentado como sustancias más efectivas a los antidepresivos clásicos, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), usados desde hace décadas. Pero, ¿son realmente más efectivos? Un reciente metaanálisis publicado en JAMA Psychiatry ha puesto a prueba esta idea, ofreciendo una respuesta menos entusiasta de lo esperado.

La importancia del “doble ciego”

Antes de realizar el estudio, un equipo liderado por expertos de la Universidad de California y el Imperial College London revisó de forma sistemática cientos de estudios publicados hasta marzo de 2024. Pero antes de eso, los autores de la investigación llegaron a la conclusión de que debían igualar los parámetros. Y es que normalmente los estudios con psicodélicos generan efectos tan marcados que es imposible llevarlos a cabo con lo que se conoce como “doble ciego”.

Esta técnica permite que tanto los pacientes como los médicos investigadores desconozcan quién recibe el medicamento activo y quién el placebo. Pero este “desenmascaramiento funcional” puede inflar los resultados: es decir, hace que los psicodélicos parezcan más efectivos de lo que realmente son, solo porque los pacientes saben que recibieron la sustancia activa. Por este motivo, los autores decidieron que, para hacer una comparación justa, debían equilibrar las condiciones: los pacientes que consumirían psicodélicos y los que tomarían antidepresivos lo harían “a etiqueta abierta”. Esto permite igualar las expectativas de los pacientes y aislar mejor el efecto real de cada terapia.

Una vez prestablecidos todos los detalles, los investigadores seleccionaron solo ensayos clínicos en adultos con depresión, sin otras enfermedades graves, que compararan o bien terapias psicodélicas (como psilocibina o ayahuasca), o bien antidepresivos tradicionales (ISRS y SNRIs). En total analizaron 8 ensayos con terapia psicodélica con 249 pacientes, 16 ensayos con antidepresivos a etiqueta abierta con 7.921 pacientes y más de 140 ensayos clínicos de antidepresivos ciegos, con más de 31.000 participantes -para controlar cómo afecta la expectativa en la mejoría de los pacientes-.

¿Quién gana?

La conclusión principal fue clara: no hubo diferencias significativas en la mejora de los síntomas de depresión entre quienes recibieron terapia asistida con psicodélicos y quienes tomaron antidepresivos tradicionales en etiqueta abierta. En números aproximados, la reducción media de los síntomas fue casi idéntica -en torno a 12 puntos en la Escala Hamilton de Depresión (HAM-D)-, y la diferencia real fue de apenas 0,3 puntos, lo que no es clínicamente relevante.

Esto contradice el entusiasmo mediático y algunos resultados previos que parecían mostrar que los psicodélicos eran de 3 a 5 veces más efectivos que los antidepresivos clásicos. La clave, según los autores, es justamente el efecto de las expectativas: en los ensayos de psicodélicos, el “control” (placebo) tiende a mejorar mucho menos —o incluso a empeorar— porque quienes participan y no experimentan ningún efecto, lo notan y se decepcionan (“efecto knowcebo”). Esto infló artificialmente la diferencia entre los grupos. De esta manera, cuando ambos tratamientos se comparan en condiciones en que los pacientes saben qué toman, esa ventaja desaparece.

¿Importa el “doble ciego” en los antidepresivos?

El estudio también analizó si saber qué medicamento se toma influye en los resultados con antidepresivos tradicionales. Encontraron que, en general, los pacientes mejoran ligeramente cuando saben que están tomando un antidepresivo (aumentando la expectativa positiva), pero este efecto añadido es pequeño: apenas 1,3 puntos en la escala HAM-D, la mitad de lo que se considera un cambio clínicamente relevante.

Como todo estudio, este también tiene limitaciones. Por ejemplo, no examina directamente los efectos secundarios, la aceptabilidad o el impacto en la calidad de vida de cada terapia. Además, los ensayos con psicodélicos suelen ser más cortos (3-4 semanas) y contar con pacientes más motivados y de mayor nivel socioeconómico, lo que podría influir en los resultados. Asimismo, los autores recuerdan que una mejoría en la escala HAM-D no necesariamente representa una recuperación funcional o una mejora de la vida cotidiana; y que más allá del alivio de los síntomas, hay que comparar cómo afectan las terapias aspectos como el funcionamiento social o el bienestar general.

El mensaje de este trabajo es claro: las terapias psicodélicas no son, a la luz de la evidencia actual, más efectivas que los antidepresivos clásicos cuando se comparan en igualdad de condiciones respecto a las expectativas de los pacientes. Esto no significa que sean inútiles o que no tengan potencial, sino que es necesario un análisis riguroso y comparar “manzanas con manzanas”, evitando el sesgo del efecto placebo y entusiasmo.

De acuerdo con el estudio “Wastewater analysis and drugs – a European multi-city study”, presentado por las entidades mencionadas, el análisis se realizó mediante la recolección de aguas residuales en las zonas de captación de plantas de tratamiento durante una semana comprendida entre marzo y mayo de 2025. El objetivo consistía en analizar la presencia de residuos de cinco tipos de estimulantes —anfetamina, cocaína, metanfetamina, MDMA y ketamina—, así como de cannabis.

El informe de SCORE detalló que la concentración de benzoilecgonina, metabolito principal de la cocaína, aumentó un 22% en las aguas residuales de las ciudades europeas en el periodo analizado. Esta tendencia confirma la prevalencia del consumo de cocaína en el oeste y sur del continente, con los mayores niveles observados en urbes de Bélgica, los Países Bajos y España. Por contraste, la mayoría de las ciudades del este europeo presentaron cifras más bajas, aunque los datos recientes sugieren una tendencia al alza también en esta región.

La disminución del MDMA resultó significativa, pues entre 2024 y 2025 este marcador disminuyó casi un 16% en las ciudades participantes. La mayor concentración de esta droga se identificó en localidades de Bélgica, España y los Países Bajos, según consignó el grupo SCORE en su informe presentado de manera conjunta con la EUDA.

En materia de anfetaminas, el informe transmitió que no se observaron cambios sustanciales en los niveles totales detectados frente al año anterior. Sin embargo, se constató una notable variación geográfica: las ciudades del norte y centro de Europa encabezaron los valores más altos, destacándose Noruega, Suecia, Dinamarca, Bélgica, los Países Bajos y Alemania. En cambio, las regiones del sur tuvieron concentraciones mucho menores, aunque las últimas mediciones revelaron señales de ligera tendencia al alza.

Sobre el consumo de metanfetamina, SCORE señaló en el análisis que, pese a seguir siendo bajo en la mayoría de los núcleos urbanos europeos y especialmente concentrado históricamente en República Checa y Eslovaquia, su detección se amplió a ciudades como Alemania, Lituania, Noruega, Turquía, España, Chipre y los Países Bajos. En estas últimas, las concentraciones permanecieron muy bajas, aunque los datos recientes detectaron incrementos leves en ciudades del centro y norte de Europa.

Referente al cannabis, la carga total de su principal metabolito, el THC-COOH, se mantuvo estable en el conjunto de ciudades estudiadas. Las mayores concentraciones de este residuo se localizaron en los Países Bajos, Alemania y Eslovenia, según reportó el informe de SCORE y la EUDA.

Por último, la tendencia creciente en la presencia de ketamina se concentró, de acuerdo con el estudio, en Bélgica, Alemania y los Países Bajos, que encabezaron la lista de las ciudades con mayor carga de este anestésico disociativo en sus aguas residuales. El análisis sobre la evolución de los patrones de consumo de sustancias permitió a los autores remarcar diferencias notorias por áreas geográficas, atribuyéndolas tanto a factores culturales y a la disponibilidad de las drogas como a cambios en las preferencias de los usuarios, según se describe en los informes presentados por SCORE y la EUDA.

El estudio desarrollado y difundido por SCORE junto con la EUDA incluyó una revisión exhaustiva de los residuos de sustancias psicoactivas con técnicas que permiten obtener estimaciones indirectas, pero representativas, del consumo en grandes poblaciones urbanas. Las conclusiones documentan un panorama dinámico en el consumo de drogas en Europa, caracterizado por el crecimiento en la presencia de ketamina y cocaína, la estabilización de los residuos de anfetamina, un modesto repunte de metanfetamina en nuevas regiones, y la reducción observada en los marcadores de MDMA.

En los últimos años, los cárteles en México han comenzado a adaptar drones para transportar drogas con precisión, alertó recientemente la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El reporte indica que los grupos criminales pasaron de drones comerciales a dispositivos modificados de acuerdo con sus necesidades operativas.

Los primeros casos documentados en México se remontan a 2010, mientras que entre 2012 y 2014 autoridades estadounidenses comenzaron a detectar drones provenientes de territorio mexicano cruzando la frontera. En ese periodo los dispositivos eran de uso comercial, con capacidades limitadas de carga y autonomía. La adaptación tecnológica posterior permitió que algunos cárteles utilizaran drones hechos a medida, con mayor capacidad de transporte y sistemas de navegación que permiten programar rutas y puntos de aterrizaje específicos.

Este tipo de equipos se ha empleado en zonas fronterizas y en centros penitenciarios, donde facilita el traslado de drogas sin requerir contacto directo con los operadores. La JIFE señala que esta modalidad se ha incrementado debido al auge de las drogas sintéticas, como metanfetaminas y fentanilo, cuyo bajo peso permite que los aparatos transporten cantidades relevantes sin necesidad de drones de gran tamaño.

Sedena aseguró 85 drones sólo en 2025

En cuanto a aseguramientos, cifras oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) citados por -El Universal- indican que entre 2019 y 2025 se decomisaron 134 drones vinculados con actividades ilícitas, con un aumento notable en 2025, cuando se registraron 85 aseguramientos. Los años anteriores reportaron cifras menores, lo que evidencia un incremento reciente en la detección de estos dispositivos.

El fenómeno también tuvo repercusiones internacionales. El 11 de febrero de 2026, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos cerró temporalmente el espacio aéreo alrededor del aeropuerto de El Paso, Texas, debido a la presencia de drones presuntamente vinculados con cárteles mexicanos. La medida se revirtió horas después, pero generó atención sobre la expansión de este tipo de dispositivos en zonas fronterizas.

La JIFE reporta que el uso de drones en el tráfico de drogas no es exclusivo de México, sino que también se ha documentado en otras regiones, incluyendo Estados Unidos, Colombia, Europa y Asia, principalmente en cruces fronterizos y para el traslado de drogas sintéticas.

En México, los datos de estos aseguramientos reflejan la evolución de la modalidad y la magnitud del fenómeno en los últimos años, según las cifras oficiales.

El registro histórico de decomisos muestra que el uso de drones por parte de cárteles mexicanos se ha consolidado como una modalidad en expansión, con equipos cada vez más sofisticados y un incremento notable en la detección de estos aparatos.

“Traficantes menores, no cárteles”: exagente de la DEA

En este contexto, el exdirector de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Mike Vigil, detalló —en entrevista con Infobae México— que desde los años 90 algunos narcotraficantes ya empleaban drones en ciertas operaciones, aunque principalmente para tareas de vigilancia. En ese periodo, los dispositivos no se utilizaban para el traslado de drogas, sino que su uso correspondía principalmente a traficantes de menor escala.

“Los cárteles no van a estar utilizando drones para cruzar droga, simplemente porque ellos tienen que cruzar toneladas para satisfacer la demanda y el consumo en Estados Unidos. Los que cruzan son narcotraficantes de muy baja escala que venden uno o dos kilos, pero no son los cárteles”, afirmó.

Vigil señaló que los drones utilizados por narcotraficantes varían en tamaño, pero cada unidad transporta entre uno y medio y dos kilogramos de droga por vuelo, una cantidad insuficiente para cubrir la demanda de mercado en Estados Unidos.

De acuerdo con sus observaciones, los cárteles emplean estos aparatos principalmente para realizar vigilancia en la frontera, monitoreando el paso de migrantes ilegales, otra de las actividades que controlan los grupos criminales.

“El uso de drones por los cárteles se centra en la vigilancia desde el aire. Por ejemplo, sobrevolan para detectar la presencia de la patrulla fronteriza o de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) antes de que los migrantes crucen. No se utilizan para trasladar drogas; estas cruzan por los puntos de control oficiales”, finalizó Vigil.

El Estado hondureño desplegó el 17 de marzo de 2026 una ofensiva simultánea contra redes de narcotráfico, con operaciones en diez departamentos que culminaron en decomisos valuados en cientos de miles de dólares, la destrucción de cultivos ilícitos y la incautación de fentanilo dirigido a la fabricación de drogas sintéticas.

Esta acción, según las autoridades, marca un cambio decisivo en la estrategia nacional para desarticular organizaciones delictivas con alto poder económico y operacional.

Entre los resultados más destacados del operativo, el director de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN), Ramiro Muñoz, detalló la incautación de vehículos valuados entre 200 mil y 250 mil dólares, incluidos todoterrenos blindados, además de 14 automotores de alta gama, motocicletas y un cabezal.

Muñoz aseguró que tal magnitud en el aseguramiento de activos “no tiene precedentes en operativos anteriores”; esto, de acuerdo con el informe recogido por el Ministerio Público de Honduras, expone la capacidad financiera de las redes criminales en el país.

Durante las acciones, fueron capturadas seis mujeres y tres hombres, quienes enfrentarán cargos por su presunta participación en actividades relacionadas con el tráfico ilícito de fármacos y drogas convencionales. Se realizaron 30 allanamientos y 54 inspecciones; las pesquisas continúan abiertas para identificar a otros posibles integrantes de las organizaciones, precisó el Ministerio Público.

El operativo incluyó la erradicación de más de 32 mil arbustos de coca y 24 mil 600 plantas de marihuana en ubicaciones rurales estratégicas, así como el desmantelamiento de un laboratorio clandestino dedicado a la extracción de alcaloides de cocaína.

Muñoz valoró este golpe a la infraestructura de producción como un avance tangible en la reducción de la capacidad de manufactura de estupefacientes dentro de las fronteras nacionales.

De manera paralela, el Ministerio Público intervino diecinueve hospitales y droguerías, detectando irregularidades en el manejo de medicamentos controlados, especialmente fentanilo.

Fuentes oficiales confirmaron que “grupos delictivos aprovecharon fallas en los controles sanitarios para obtener estos fármacos y emplearlos como base para drogas sintéticas”, e incautaron durante los registros cantidades cuya magnitud refuerza las sospechas sobre tráfico ilegal de insumos médicos.

Las autoridades aseguraron 339 mil lempiras en efectivo y confiscaron armas de fuego, municiones, equipo táctico y chalecos antibalas. De acuerdo con la DLCN, estos recursos estaban destinados a sustentar la seguridad de las operaciones delictivas y a evadir la intervención estatal.

El fiscal general, Johel Zelaya, subrayó la determinación institucional de continuar la ofensiva en todo el territorio: “No me voy a esconder ni voy a retroceder. Vamos a seguir actuando contra el crimen y la corrupción”. Reiteró el llamado a entidades públicas y privadas para fortalecer sus mecanismos de supervisión y evitar ser instrumentalizadas por el narcotráfico.

La diversificación criminal se refleja en el uso de productos de apariencia inocua, como blísteres e insumos médicos, hallados en los operativos e identificados como materia prima para nuevas variantes de drogas. El director de la DLCN señaló que “estos hallazgos evidencian una evolución en las operaciones del crimen organizado”, con impacto creciente en la salud pública.

Frente a esta sofisticación delictiva, el fiscal general Zelaya subrayó la necesidad de invertir en recursos, tecnología y personal especializado, enfatizando que el combate a organizaciones “con conexiones internacionales requiere inversión en tecnología, personal capacitado y coordinación interinstitucional”.

El despliegue logístico, apoyado por unidades especializadas y Fuerzas Armadas, permitió una respuesta integral y simultánea en múltiples regiones, reforzando el enfoque del gobierno en atacar estructuras criminales complejas y descentralizada

Las operaciones continuarán en las próximas semanas, con el compromiso institucional de informar avances a la ciudadanía. El Ministerio Público sostiene que este operativo representa un hito en la lucha contra el crimen organizado y enfatiza que no permitirá “que ninguna institución se preste para estas actividades. Vamos a investigarlos, seguir sus rastros y llevarlos ante la justicia”.

El saldo de la movilización incluyó el decomiso de cocaína, crack y marihuana destinadas al microtráfico, la destrucción de plantaciones y el aseguramiento de activos de alto valor. Las entidades intervinientes recalcan que estas acciones buscan restringir tanto la producción como la circulación de drogas en comunidades urbanas y rurales a escala nacional.

El frío era el protagonista en Oslo. Concretamente en la localidad de Holmenkollen, donde los esquiadores iban a disputar los 50 kilómetros de la Copa del Mundo. Entre ellos estaba Gabriel Gledhill, británico de 23 años. No buscaba llevarse alguna medalla ni liderar. Es más, durante la carrera, avanzó entre los aplausos, la música y las manos que se alargaban desde las vallas del circuito con los vasos en alto.

Aceptó el primero... luego otro. “Empecé a beber ya en la tercera vuelta”, ha contado el propio esquiador nada más cruzar la línea de meta ante los medios. “Estoy bastante borracho. Fue una experiencia alucinante”, ha dicho.

El recorrido se convirtió en una cadena. Alguien ofrecía y él tomaba. Cerveza tras cerveza. Más tarde pasó a los chupitos. Según su propio cálculo, entre diez y doce cervezas y quizás “cinco chupitos de Jägermeister”. “Me ofrecieron bastante alcohol durante el recorrido y acabé bastante borracho, pero fue muy divertido”, dirá después, bastante exhausto, todavía con la voz arrastrada por el esfuerzo y el alcohol.

Enjuague bucal

Tal era el descontrol durante la carrera que, en un punto del circuito, una mano le acercó un vaso distinto. Parecía una bebida más, pero no lo era. Se trataba de un enjuague bucal.

El cuerpo de Gledhill reaccionó pronto. Náuseas, arcadas, vómitos... Durante varios tramos, la carrera se convirtió en una lucha por aguantar. Pero el esquiador no se detuvo y siguió avanzando. Incluso le llegaron a ofrecer snus, el tabaco húmedo más habitual en Noruega. Pero lo rechazó.

De los 75 esquiadores que se apuntaron a la carrera, seis no llegaron a la meta. Sin embargo, Gledhill sí lo consiguió, logrando el puesto 67. “Estoy bastante borracho”, ha insistido nada más terminar. Pero acabó sonriendo. No había llegado el último.

La última carrera

Gledhill llevaba cinco años viviendo en Noruega, instalado en Lillehammer (centro del país), donde entrenaba. Para poder mantenerse, trabaja como camarero. El esquí de fondo en el Reino Unido no ofrece la infraestructura ni las condiciones para competir al mismo nivel.

Su situación, sin embargo, se ha complicado. Las autoridades noruegas han rechazado su solicitud de residencia permanente por no alcanzar el mínimo de ingresos exigido tras el Brexit, y tiene de plazo hasta finales de marzo para abandonar el país. “Esta podría ser mi última carrera aquí”, ha explicado. “Así que tuve que aceptar todas las ofertas”, ha sentenciado.

Si se marcha, su entorno de entrenamiento desaparece. También su carrera. “Si tengo que irme del país ahora, tendría que retirarme”, ha admitido.

Entre las críticas y “el humor y visibilidad”

La imagen de Gledhill bebiendo no ha tardado en dar la vuelta al mundo. No obstante, se ha encontrado con reacciones de todo tipo. Algunos comentaristas noruegos, como Magnus Drivenes y Petter Soleng Skinstad, hablan de falta de respeto hacia la tradición de Holmenkollen. El esquiador Harald Østberg Amundsen va más allá: sugiere que todo responde a una búsqueda de atención.

Sin embargo, desde la organización el tono es distinto. La Federación Internacional de Esquí publica un vídeo de Gledhill con una cerveza en la mano y le agradece “el humor, el aura y la visibilidad” aportados al deporte. Por su parte, Gledhill ha defendido que “no perjudicó a nadie” y que tampoco “alteró la carrera de ningún otro competidor”.

Un joven de 27 años se presentó ante las autoridades en la comisaría 19ª y quedó detenido como presunto responsable del homicidio de Pedro Miguel Pérez, de 58 años.

El crimen ocurrió en una vivienda de barrio Godoy, en la zona oeste de Rosario, donde la víctima residía con su pareja y el hijo de esta, identificado como Brian Fabián M.. La violencia del hecho y la posterior entrega del sospechoso causaron conmoción en la comunidad local.

Según los datos recabados, el episodio se registró el pasado 6 de marzo, cuando Pérez fue atacado mientras dormía en su domicilio de Larralde al 3200. El hombre sufrió múltiples puñaladas y golpes severos, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Luego de una semana de agonía, falleció en el centro de salud, según se informó oficialmente.

La investigación policial apunta a una disputa familiar como principal móvil del hecho. De acuerdo con testimonios recogidos, el agresor habría solicitado dinero a la víctima para la compra de estupefacientes, lo que derivó en un ataque que terminó con la vida de Pérez.

La hija del hombre relató, a través de su cuenta de Facebook, que el acusado le pidió a su padre 15 mil pesos para comprar droga. Ante la negativa de Pérez, el joven lo habría agredido mientras dormía. De acuerdo con ese testimonio, Pérez recibió 15 puñaladas, un golpe con una maza y una perforación en el cráneo. La mujer definió a su padre como un “hombre decente” y recordó que tenía un puesto de venta de torta y pollo asado sobre la avenida Rivarola.

En línea con lo publicado por el portal Rosario3, la secuencia del ataque quedó registrada en la causa como uno de los hechos de violencia familiar más graves reportados en la zona oeste en los últimos meses. Según fuentes policiales, la víctima fue hallada en estado crítico y presentaba lesiones compatibles con un arma blanca y traumatismos provocados por un objeto contundente.

Tras el fallecimiento de Pedro Miguel Pérez en el Heca, la Policía de Investigaciones avanzó con la identificación del presunto autor material.

El sábado, Brian Fabián M. se presentó voluntariamente en la comisaría 19ª, ubicada en el mismo barrio donde ocurrió el crimen. De inmediato, quedó detenido y puesto a disposición de la fiscalía interviniente.

La principal línea de investigación apunta a que el ataque fue premeditado y ejecutado mientras la víctima se encontraba indefensa. El informe preliminar de la autopsia indica que Pérez presentaba heridas punzocortantes y fracturas en el cráneo, compatibles con los mecanismos de agresión descritos por la familia.

En cuanto al agresor, se sabe que no contaba con antecedentes penales previos, pero sí existían reportes informales de conflictos domésticos previos en la vivienda compartida.

La Fiscalía a cargo del caso dispuso la imputación formal de Brian Fabián M. por el delito de homicidio agravado y en las próximas horas, se espera la toma de declaración indagatoria y la incorporación de nuevos elementos de prueba. Mientras tanto, el acusado permanece detenido en la comisaría 19ª, a disposición de la Justicia.

El medio detalló que el juicio comenzó a las 10 de la mañana y que ambos encausados enfrentan cargos relacionados con abuso sexual agravado. Los hechos habrían ocurrido cuando la joven, que se encontraba en un estado de semiinconsciencia tras haber consumido alcohol y drogas, fue presuntamente agredida por los acusados en la zona costera de la isla balear. Según el escrito de acusación citado por el medio, uno de los hombres arrojó primero a la víctima al suelo y trató de penetrarla vaginalmente, aunque no logró consumar el acto.

El segundo imputado, según publicó el medio, se acercó a la joven mientras el primero la sujetaba y, en ese momento, introdujo su pene en la boca de la víctima mientras ella permanecía semiinconsciente. Testigos que se encontraban en la playa intervinieron al percatarse de la situación y lograron auxiliar a la joven, frustrando así la continuación de la agresión sexual, consignó el medio. La asistencia prestada por estas personas permitió interrumpir la acción de los acusados antes de que culminara, según se expuso en la vista oral.

En cuanto a las penas solicitadas, el Ministerio Público reclama nueve años de prisión para el primero de los acusados por abuso sexual con penetración en concepto de cooperador necesario, además de tres años más por tentativa de abuso sexual con penetración. Para el segundo procesado, la Fiscalía solicita nueve años por abuso sexual con penetración. A ambos se les reclaman estas penas debido a la gravedad de los hechos y a la condición vulnerable de la víctima al momento de los supuestos abusos, tal como reportó el medio.

El escrito presentado ante la Audiencia Provincial también exige que, en caso de condena, los acusados indemnicen económicamente a la joven como reparación por los daños sufridos. Esta petición se fija en 8.000 euros, una cifra que, según publicó el medio, busca compensar las consecuencias físicas y psicológicas derivadas del ataque sexual. El juicio continuará en los próximos días, con la comparecencia de las partes y la previsión de que tanto testigos presenciales como peritos médicos aporten su testimonio sobre el estado de la víctima al momento de los hechos y la secuencia de la intervención ciudadana que permitió frenar la agresión.

Además de la exposición de los hechos, el proceso judicial incluye el análisis de pruebas médicas y forenses, así como declaraciones de los implicados, conforme ha informado el medio que cubre el caso. Las circunstancias en las que se produjo la presunta agresión, el tiempo transcurrido desde 2015, y la actuación de los testigos representan elementos clave en el juicio para aclarar la autoría y la responsabilidad penal de los acusados.

Según publicó el medio, tanto la Fiscalía como la acusación particular mantuvieron que la gravedad del episodio residió en que la víctima no se encontraba en condiciones de oponerse ni de prestar un consentimiento válido debido a su estado alterado por las sustancias ingeridas. La acusación argumenta que esto configura los delitos imputados y justifica la solicitud de penas elevadas, subordinadas a la reparación del daño causado. El proceso avanza hacia la presentación de nuevas pruebas y declaraciones, con la expectativa de que la sentencia se conocerá en las próximas semanas tras la evaluación de los elementos recogidos durante la vista oral.

La Guardia Nacional y el Ejército Mexicano decomisaron un cargamento que contenía 325 paquetes de metanfetamina oculta en paquetes de cuerda industrial durante una inspección en el puesto de seguridad Estación Doctor, ubicado en San Luis Río Colorado, Sonora, el pasado 14 de marzo.

De acuerdo con información presente en comunicados oficiales y reportes de medios locales, la sustancia, con características propias del cristal, fue detectada gracias a una revisión detallada de las fuerzas federales en el tractocamión que transportaba el ilícito.

Inspección revela cargamento ilícito

El operativo se realizó cuando un tractocamión, con ruta presuntamente de Hermosillo, Sonora hacia Mexicali, Baja California, ingresó al área de revisión del puesto de seguridad.

Personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano detectó inconsistencias al analizar la carga. Según reportes de medios locales, la droga fue encontrada mediante rayos gama, lo que habría motivado una inspección minuciosa en el compartimento principal.

Ocultos entre rollos de cuerda, los agentes localizaron 325 bolsas transparentes que contenían una sustancia identificada como metanfetamina por las autoridades federales.

El peso total del decomiso habría superado los 150 kilogramos, según reportes extraoficiales.

Tanto el operador, como la droga y el vehículo quedaron a disposición del Ministerio Público federal de la Fiscalía General de la República, quien abrió una carpeta de investigación para determinar el origen, destino y posibles vínculos del detenido con redes dedicadas al tráfico de sustancias ilícitas.

El aseguramiento se enmarca en los esfuerzos coordinados para reforzar la seguridad en puntos clave de Sonora, entidad que registra un alto flujo de mercancías hacia la frontera con Estados Unidos.

Hasta el momento no se ha revelado con qué cártel estaría relacionado este cargamento.

En las imágenes reveladas por autoridades se observa una caja perteneciente a la empresa Transportes Potosinos Especializados S.A. de C.V, en el cual pudo haber estado escondida la droga.

Otros decomisos de droga en carreteras de Sonora

En los últimos meses, los operativos en las carreteras de Sonora han derivado en varios decomisos relevantes de droga.

Uno de los casos más recientes ocurrió a finales de diciembre de 2025, cuando autoridades federales detuvieron a un hombre que transportaba casi 400 kilogramos de cocaína oculta en cajas de filete congelado sobre la carretera federal número 2, en el tramo Caborca-Sonoyta.

El imputado fue identificado como Jared “N” y permanece bajo prisión preventiva, mientras la Fiscalía General de la República avanza en las investigaciones para esclarecer la red de tráfico implicada en el traslado de la droga.

La detención se logró tras un operativo coordinado entre la FGR, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades estatales.

El caso generó discrepancias en las cifras oficiales, ya que inicialmente la SSPC informó el aseguramiento de 172 kilos, aunque posteriormente el gobernador Alfonso Durazo confirmó que el total incautado ascendía a 400 kilos. Finalmente, la FGR precisó que el cargamento asegurado fue cercano a la cifra revelada por el gobernador, aclarando la diferencia en los reportes.

Este domingo 15 de marzo autoridades de Sonora confirmaron la desarticulación de una célula dedicada al abastecimiento y distribución de drogas en Hermosillo, dejando como saldo el aseguramiento de 5 personas, miles de dosis listas para su venta y armamento.

La acción, encabezada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) junto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), se concretó tras una serie de labores de inteligencia que tenían como objetivo una residencia de la calle Fernando Pesqueira, en el fraccionamiento Buena Vista.

La labor principal de la célula inhabilitada presuntamente era surtir de dosis a diversos sitios de narcomenudeo.

Hasta el momento no se ha reportado oficialmente si los cinco detenidos -cuatro hombres y una mujer- tendría relación con alguno de los grupos delictivos que operan en la región.

Los trabajos contaron con dos acciones principales, la primera el pasado 10 de marzo y una posterior el día 12 del mismo mes.

Investigación y primera detención tras labores de inteligencia

La FGJES informó que el caso se abrió con el rastreo de un inmueble en el Fraccionamiento Buena Vista, identificado como centro de operaciones para la distribución de droga.

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) mantuvieron vigilancia en la zona, logrando interceptar el pasado 10 de marzo un vehículo Audi A3, año 2020, en la intersección de los bulevares Quiroga y Juan Navarrete.

En la unidad viajaban Martín Antonio “N” e Irvin Alejandro “N”, quienes fueron detenidos debido a que, tras una revisión, se les encontró en posesión de 40 envoltorios de marihuana y dos pistolas calibre 9 milímetros.

Además, la FGJES informó que tras consultar la base de datos, el automóvil contaba con un reporte de robo vigente en Nogales, Sonora.

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía de Sonora, esta detención fue clave para avanzar hacia la siguiente fase del operativo.

Cateo y aseguramiento de drogas, armas y vehículos

Tras la captura inicial, las autoridades señalaron que “encapsularon” el inmueble ubicado en el Fraccionamiento Buena Vista.

Durante el reforzamiento en la zona, una camioneta Honda CR-V, año 2012, ingresó al domicilio investigado. Según autoridades, los tripulantes de la camioneta no notaron el cerco de seguridad.

Según autoridades, luego de cumplir con las gestiones judiciales necesarias, la madrugada del 12 de marzo se ejecutó una orden de cateo en la vivienda.

En el lugar, los elementos de la AMIC aseguraron mil 915 envoltorios de marihuana, 2 mil envoltorios con sustancia granulada y 15 envoltorios con un polvo blanco.

Además, decomisaron tres armas de fuego calibre 9 milímetros, cuatro cargadores para arma larga y 55 cartuchos útiles (52 para arma larga y 3 para arma corta). Asimismo, la FGJES reportó el decomiso de 49 casquillos percutidos, dinero en efectivo y la camioneta Honda CR-V.

En el sitio fueron detenidos José Luis “N”, Ericka Vanesa “N” y Santiago “N”.

Las autoridades subrayaron que la operación permitió retirar de circulación una cantidad significativa de sustancias ilícitas y desarmar a un grupo delictivo activo en la región.

La investigación sigue abierta y las personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para definir su situación jurídica.

Impacto del operativo y compromiso institucional

La Fiscalía de Sonora recalcó que estas acciones forman parte de una estrategia para desarticular redes de criminalidad vinculadas al narcomenudeo, evitando la llegada de drogas a zonas residenciales y puntos de venta en la capital.

El despliegue coordinado entre FGJES, AMIC y Defensa permitió, según el comunicado, la detención de las cinco personas -cuatro hombres y una mujer-, la incautación de dos vehículos, armamento de alto calibre y miles de dosis de droga.

Los hechos ocurrieron la noche del 9 de marzo cuando la víctima se encontraba en un bar de la zona junto con unos amigos y entraron cuatro personas obligándole a salir del establecimiento tras darle un golpe en la cara y varios empujones. Una vez en la calle, el joven trató de huir logrando los autores darle alcance e introducirlo en el vehículo en contra de su voluntad.

Tras el aviso de varios testigos que observaron como un grupo de personas introducía por la fuerza a una persona en un vehículo y abandonaban la localidad a gran velocidad, la Guardia Civil activó un dispositivo de búsqueda. Tres horas después, los agentes localizaron a los sospechosos junto a la víctima en una zona de monte de la localidad de Borja, procediendo a la detención de las tres personas y a la liberación del joven, el cual presentaba lesiones a consecuencia de los golpes recibidos.

Un taser, una llave de pugilato y diferentes tipos de drogas

En la inspección del vehículo se localizó, bajo una de las ruedas traseras, un arma prohibida tipo taser, una llave de pugilato bajo el asiento trasero y, dentro del maletero, unos alicates y un bote de disolvente. La víctima, fue trasladada a un centro de salud para asistirle de las lesiones que presentaba.

Horas después se efectuó un registro en el domicilio de uno de los detenidos, donde se localizaron diferentes cantidades de sustancias estupefacientes (speed, cocaína, marihuana, hachís y resina de hachís), sustancia de corte y elementos para la preparación y distribución de las dosis. También se intervino en esta actuación 2000 euros en efectivo, un machete de grandes dimensiones, una bayoneta y un arma corta de balines metálicos.

De la investigación realizada por los agentes, se determinó que el motivo del secuestro se debió a una deuda económica que la víctima tenía desde enero con los detenidos. Ante el impago de la misma, el joven sufrió amenazas de muerte desde entonces.

Durante el secuestro, la victima recibió golpes continuos y descargas eléctricas para obligarle a pagar la deuda pendiente. Además, los agresores utilizaron su teléfono móvil para hacerse pasar por él y contactar con personas de su entorno, a las que solicitaban dinero alegando una deuda urgente y advirtiendo de que su vida corría peligro si no se realizaba el pago.

El delito de secuestro

A los detenidos se les imputan los supuestos delitos de secuestro, lesiones, tenencia ilícita de armas y delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

El delito de secuestro está tipificado en el Código Penal español dentro de los delitos contra la libertad. Se produce cuando una persona detiene o retiene a otra privándola de su libertad y, además, exige alguna condición para ponerla en libertad. Esa condición puede consistir en el pago de una cantidad de dinero, la realización de un acto concreto o cualquier otra exigencia dirigida a la propia víctima o a terceras personas. La diferencia fundamental con el delito de detención ilegal es precisamente esa exigencia de condición para liberar a la persona retenida.

En términos generales, el secuestro se castiga con penas de prisión que pueden oscilar entre seis y diez años, dependiendo de las circunstancias del caso. Estas penas pueden agravarse si el secuestro se prolonga durante más de quince días, si la víctima es menor de edad o especialmente vulnerable, o si durante el cautiverio se emplea violencia o se producen lesiones. También se contemplan agravantes cuando el delito se comete con armas o por varias personas actuando conjuntamente.

La segunda denunciante en la causa contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual ha tomado la decisión de no ratificar ante la jueza del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 12 de Madrid los hechos señalados en su denuncia inicial. Así lo informó el despacho de abogados 'Paredes y Asociados', encargado de la representación legal de la mujer, y anticipó que este paso podría conducir al archivo de la causa ante la ausencia de confirmación judicial de los hechos, aunque la defensa de la denunciante anunció que busca alternativas para que el procedimiento judicial pueda seguir abierto en los tribunales de Madrid, según consignó la agencia de noticias.

De acuerdo con el despacho legal, la ausencia de ratificación se traduce en que no se cumple uno de los requisitos indispensables para la continuación del proceso penal. El medio que reportó el caso agregó que, pese a este desarrollo, la parte acusadora no descarta intentar otras vías para mantener el proceso abierto, aunque reconocen que este paso resulta fundamental en el procedimiento judicial de estas características.

Según publicó el medio, la denuncia presentada por la mujer contra el exdirigente de Sumar fue admitida a trámite la semana pasada y describe una serie de hechos que habrían ocurrido en octubre de 2021 en el domicilio de Íñigo Errejón. El relato detalla que la denunciante y el exdiputado establecieron contacto a través de la red social Instagram en 2021, manteniendo comunicaciones frecuentes y continuadas. Posteriormente, ambos coincidieron en una fiesta, donde, bajo un ambiente que implicaba presión y consumo de drogas, Errejón habría instado a la mujer a practicarle una felación, solicitud a la que ella accedió bajo resistencia, según reza el escrito presentado ante el juzgado.

El documento, citado por la agencia, explica que la interacción no se limitó a aquel lugar: la pareja se desplazó luego hasta el domicilio de Íñigo Errejón. Allí, el documento sostiene que el exparlamentario introdujo sus dedos en la vagina de la denunciante pese a la negativa expresa por parte de la mujer. Durante este episodio, de acuerdo con la declaración apuntada en la denuncia, Errejón se inclinó hacia el oído de la mujer y pronunció las frases "si gritas será peor" y "si te resistes será peor", lo que para el despacho denunciante constituyó una "intimidación directa y eficaz".

La secuencia de los hechos prosigue en el relato, como reportó la agencia, describiendo que la denunciante habría experimentado un "bloqueo" por la situación previa, según la documentación judicial. En el trayecto por el portal y el ascensor del inmueble, Errejón, siempre según la denuncia, solicitó nuevamente que le practicara sexo oral, accediendo la denunciante nuevamente bajo presión.

En el interior de la vivienda, el documento judicial recogido en la crónica señala que tras la continuación de los contactos físicos, Errejón habría expresado su deseo de mantener relaciones sexuales con penetración vaginal, a lo cual la mujer manifestó que solo estaría dispuesta si utilizaban preservativo. Inicialmente, el exparlamentario aseguró que no habría penetración según el escrito presentado en el juzgado.

El relato judicial afirma, siempre de acuerdo con la denuncia, que lo que ocurrió a continuación fue, en palabras del texto: "de manera sorpresiva y violenta", Errejón "la sujetó por el cuello, la colocó de espaldas y la penetró vaginalmente por la fuerza, sin su consentimiento", mientras la denunciante "gritó reiteradamente que cesara". Según el expediente, la relación sexual forzada continuó durante varios minutos hasta que el exdiputado detuvo el acto.

El desarrollo del procedimiento judicial dependerá ahora de si la representación legal de la denunciante logra alguna maniobra que permita seguir adelante con la causa, a pesar de la ausencia de ratificación ante la jueza, informó el despacho 'Paredes y Asociados' en declaraciones recogidas por la agencia. Mientras tanto, las fuentes jurídicas señalan que, sin este requerimiento procesal, la causa tendería a archivarse en las condiciones actuales.

Tres procesos judiciales relacionados con delitos de drogas concluyeron en las últimas horas con sentencias condenatorias en tribunales panameños, en casos que involucran tráfico internacional, venta directa a agentes encubiertos y posesión de sustancias ilícitas.

Las decisiones fueron emitidas tras acuerdos de pena validados por jueces de garantías, luego de que los acusados admitieran su responsabilidad en los hechos investigados por el Ministerio Público.

Uno de los casos más recientes involucra a dos ciudadanos colombianos, quienes fueron condenados a 13 años de prisión tras ser declarados responsables por los delitos de tráfico internacional de sustancias ilícitas y alteración de estructura vehicular para el transporte de droga.

La Fiscalía de Drogas de Chiriquí presentó los elementos de convicción durante una audiencia de control, donde el juzgado de garantías legalizó la aprehensión, admitió la imputación de cargos y posteriormente validó el acuerdo de pena alcanzado por las partes.

La investigación se originó por un hecho ocurrido el 12 de marzo de 2026 en alta mar, al sur de Punta Burica, en la zona fronteriza entre Panamá y Costa Rica.

Durante una diligencia de patrullaje marítimo, unidades de seguridad interceptaron una embarcación en la que viajaban los dos extranjeros y donde se ubicaron 5,400 gramos de marihuana y 621 gramos de cocaína.

La droga fue decomisada como parte de las acciones operativas que buscan frenar el tráfico de sustancias ilícitas en las rutas marítimas del Pacífico panameño.

Otro proceso judicial se registró en la provincia de Herrera, donde un hombre de 36 años fue condenado a 96 meses de prisión por el delito de venta de drogas.

La sentencia fue emitida luego de que la Fiscalía Especializada de Delitos Relacionados con Drogas de Herrera y Los Santos presentara un acuerdo de pena durante una audiencia intermedia, el cual fue admitido por el Juzgado de Garantías.

De acuerdo con la investigación, el condenado realizó ventas de cocaína a un agente encubierto en varias ocasiones durante 2025.

Las diligencias documentaron transacciones realizadas los días 26 de junio, 25 de julio y 29 de julio, en distintos puntos del distrito de Chitré. Las operaciones fueron ejecutadas de manera ambulante, lo que permitió a las autoridades recopilar pruebas suficientes para sustentar la acusación penal.

En un tercer caso, la Fiscalía de Drogas de Chiriquí logró condenas de 88 y 86 meses de prisión para tres personas implicadas en el delito de posesión de sustancias ilícitas.

El hecho ocurrió el 10 de marzo de 2026 en Paso Canoas, distrito de Barú, donde durante un allanamiento y registro las autoridades ubicaron 16 kilos de droga dentro del vehículo en el que se transportaban los acusados.

Durante el operativo también se decomisaron 1,579 dólares en efectivo, dinero que, según las autoridades, estaría vinculado con la actividad ilícita. Tras la presentación de los elementos probatorios, el tribunal legalizó la aprehensión, formuló cargos y posteriormente validó el acuerdo de pena, emitiendo la sentencia N.° 156 del 11 de marzo de 2026.gente

Estos casos se producen en un contexto en el que Panamá continúa siendo un punto estratégico en las rutas internacionales del narcotráfico, debido a su posición geográfica entre Sudamérica, Centroamérica y los mercados de consumo del norte del continente.

Las autoridades panameñas han reforzado en los últimos años las operaciones de vigilancia, especialmente en puertos, fronteras y zonas marítimas utilizadas para el traslado de cargamentos ilícitos.

Según reportes oficiales de seguridad, durante 2025 las autoridades panameñas lograron incautar más de 129 toneladas de drogas, y 47,8 toneladas de precursores químicos, en su mayoría cocaína, en diferentes operativos realizados por la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras. Estas incautaciones reflejan la intensidad de las acciones contra el narcotráfico en el país.

El Ministerio Público ha señalado que, además de las incautaciones, los procesos judiciales y las condenas forman parte de la estrategia para combatir las estructuras criminales vinculadas con el tráfico de drogas.

Las autoridades destacan que los acuerdos de pena permiten agilizar los procesos judiciales, garantizar sentencias condenatorias y evitar prolongadas etapas de juicio.

Un jurado del condado de Parker dictó la máxima pena de 20 años de prisión a Jesús Briceño Carrillo, un hombre de Mineral Wells, Texas tras considerarlo responsable de una persecución a alta velocidad y de la posesión de drogas. El caso se remonta a agosto, cuando los agentes lo siguieron a más de 190 km/h luego de acudir a un llamado por violencia doméstica. El veredicto, emitido el miércoles, refleja tanto la gravedad de los hechos como la acumulación de delitos previos en el historial del acusado.

La detención de Carrillo tuvo lugar tras una jornada cargada de riesgos para la comunidad. De acuerdo con los agentes, el sospechoso fue identificado por un vehículo que coincidía con la descripción proporcionada en la llamada por violencia doméstica. Al advertir la presencia policial, optó por huir, iniciando una persecución que se extendió durante 10 minutos y que puso en peligro la vida no solo de los involucrados, sino también de conductores y peatones.

Durante la persecución, Carrillo zigzagueó entre el tráfico que venía de frente, adelantó vehículos por el arcén y cruzó a toda velocidad frente a tres escuelas en plena hora de salida. Según los investigadores, el trayecto se desarrolló por la carretera FM 730, desde Weatherford hacia el norte, alcanzando velocidades que superaron los 193 km/h, en medio de un tráfico denso. Las maniobras peligrosas incluyeron la invasión del carril contrario y adelantamientos que por momentos estuvieron a punto de provocar colisiones graves.

La persecución culminó en una calle sin salida cerca de Azle. Allí, Carrillo abandonó el vehículo y trató de escapar a pie, logrando avanzar unos 200 metros antes de ser alcanzado. Los agentes utilizaron una pistola Taser para detenerlo. En la revisión posterior, las autoridades encontraron una pipa con metanfetamina en su bolsillo, lo que sumó el cargo de posesión de una sustancia controlada al proceso judicial.

El fiscal de distrito del condado de Parker, Jeff Swain, subrayó el peligro que representó la conducta de Carrillo para el público. En un comunicado de prensa, Swain enfatizó que la situación fue especialmente grave debido a la cercanía de las escuelas y a la presencia de niños y padres durante la persecución. Swain declaró que Carrillo “merecía cada día” de la pena máxima, destacando que la totalidad del episodio, desde la huida hasta la detención, estuvo marcada por riesgos constantes para terceros.

En palabras de Swain: “En el momento en que el Sr. Carrillo recibió la descarga eléctrica, se estaba llevando la mano a la cintura“. El fiscal detalló que toda la secuencia estuvo cargada de amenazas para la seguridad pública, en especial para quienes salían de las escuelas ese primer día de clases. Esta evaluación fue determinante en la solicitud de la máxima pena ante el jurado.

Por parte de la defensa, Carrillo manifestó sentir remordimiento, especialmente tras el nacimiento de su quinto hijo, acontecimiento que ocurrió mientras permanecía en prisión. Sin embargo, la fiscal adjunta Mallory Vincent cuestionó la sinceridad del acusado, señalando que su testimonio presentaba inconsistencias, especialmente en relación con actos violentos previos. Vincent sostuvo ante el jurado que Carrillo no asumía plenamente la responsabilidad de sus acciones, ejemplificando con la falta de honestidad sobre el tipo de arma utilizada en un incidente anterior con su exesposa.

Los antecedentes penales de Carrillo también influyeron en la severidad de la condena. Las autoridades detallaron un historial que incluye acusaciones de agresión con agravantes, posesión de un arma de fuego por parte de un delincuente, posesión de una sustancia controlada, dos cargos de robo de un arma de fuego y otros dos por agresión en el ámbito familiar. Este historial fue considerado por los fiscales como un agravante clave para solicitar penas elevadas.

El jurado decidió condenar a Carrillo a 20 años de prisión por el delito de evadir el arresto con un vehículo y a 10 años por posesión de una sustancia controlada. Según los fiscales, las penas se agravaron debido a la existencia de antecedentes penales y se cumplirán de manera simultánea, no consecutiva.

Carrillo, quien optó por declararse culpable y dejar en manos del jurado la determinación de la pena, ha notificado su intención de apelar la sentencia impuesta. La Fiscalía del Condado de Parker informó sobre este proceso y anticipó que el caso podría prolongarse en las instancias superiores. Mientras tanto, CBS News Texas anunció que continuará actualizando la información a medida que se desarrollen nuevas etapas del caso.

Este viernes, la Justicia de Rosario activó un operativo para dar con el paradero de Brian Fabián M., el principal sospechoso de la muerte de su padrastro, Pedro Miguel Pérez (58). Según la hipótesis inicial, lo habría apuñalado en reiteradas ocasiones tras negarse a darle dinero para comprar drogas.

El caso comenzó a ser investigado la semana pasada, apenas la víctima fue ingresada al área de terapia intensiva del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). De acuerdo con el parte médico oficial, el hombre había ingresado con 25 puñaladas, tras haber sido atacado en su domicilio del barrio Godoy durante la madrugada del 6 de marzo.

La causa quedó en manos de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (Uval), desde donde confirmaron que el principal sospechoso continúa prófugo. Se trataría de Brian Fabián M., hijo de la concubina de Pérez, quien habría solicitado a la víctima 15 mil pesos para comprar droga.

De acuerdo con la información publicada por Rosario3, la víctima se habría negado a entregarle la suma pedida, por lo que el acusado lo habría atacado mientras dormía. De hecho, familiares de Pérez indicaron que también había sufrido un golpe en la cabeza que le habría provocado una perforación en el cráneo.

En la madrugada del hecho, el traslado del hombre fue realizado por un móvil del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), acompañado por Beatriz, madre del presunto agresor. No obstante, la figura de la mujer también generó sospechas entre sus familiares, ya que una de las hijas de la víctima identificó a su propia madrastra como posible cómplice.

En una publicación que realizó en redes sociales, la hija de la víctima lo describió públicamente a su padre como un “hombre decente” con un puesto de venta de torta y pollo asado sobre avenida Rivarola. “No sé por qué estas personas te hicieron esto, porque les diste todo”, lamentó.

Un joven fue asesinado a tiros en Rosario luego de que le otorgaran la libertad

Un hombre de 21 años fue hallado muerto con múltiples heridas de arma de fuego la noche del sábado 9 de marzo en la zona noroeste de Rosario, en el barrio Empalme Graneros. Según confirmaron fuentes policiales, la víctima fue identificada como Franco David Beltrán.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de turno, que encabeza la investigación para esclarecer el homicidio y determinar si existe relación con antecedentes delictivos o conflictos personales. De acuerdo con el portal Rosario3, en la escena del crimen, el gabinete criminalístico levantó tres vainas servidas, realizó pericias fotográficas y recolectó imágenes de cámaras de la zona.

El hallazgo ocurrió cerca de las 22:30 horas de ese sábado, en la calle Campbell al 1500 bis, cuando varios vecinos llamaron a la línea del 911 para denunciar que habían visto un cuerpo tendido en la vía pública.

Luego de que el personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) analizara el estado de la víctima, confirmaron que estaba muerto y notificaron a la comisaría 20°. Posteriormente, se dio intervención a la Fiscalía correspondiente.

De acuerdo a lo informado por las fuentes oficiales de la causa, Beltrán había sido detenido el 14 de febrero en San Cayetano al 1500 con un arma de fuego en su poder. Además, sus familiares reportaron que la víctima tenía un historial de consumo problemático de estupefacientes. Estos antecedentes ya habrían sido incorporados como parte de las pesquisas iniciales.

En paralelo, las autoridades se encargaron de tomar los testimonios de los vecinos y de asegurar la recolección de los rastros y/o indicios que serían relevantes para determinar en qué circunstancias se dio el ataque. Además, los elementos serán evaluados por la Fiscalía de turno con la intención de identificar a los posibles autores.

Se trata de una modalidad delictiva especialmente difícil de investigar porque pocas veces hay denuncia de los hechos, ya que todas las partes salen favorecidas si el caso no llega a las comisarías y juzgados. La Guardia Civil ha definido este suceso como un “vuelco de película”, con un sorprendente vídeo donde se observa la actuación.

Un tiroteo en plena autovía y un coche abandonado

La noche del 6 de julio de 2025, un Audi con matrícula falsa circulaba por la autovía A-381, transportando una carga indeterminada de hachís y escoltado por un vehículo lanzadera. Ambos estaban ocupados por cinco individuos, la mayoría afincados entre España y Francia. De repente, un grupo de tres coches más los alcanzó a toda velocidad en dirección Jerez, usando luces similares a las policiales e intentando interceptarles en plena carretera.

La tensión creció hasta desembocar en un tiroteo a la altura del kilómetro 62,5, cuando los perseguidores abrieron fuego contra el Audi. Los disparos, un total de 11 según la posterior inspección de la Guardia Civil, alertaron a los conductores que circulaban por la zona y generaron llamadas de emergencia. Al llegar los agentes, encontraron el coche del hachís abandonado, con los asientos traseros abatidos, manchas de sangre y restos que confirmaban la huida precipitada de sus ocupantes.

A poco más de dos kilómetros, bajo un puente de ocho metros de altura, los guardias encontraron a uno de los heridos, un ciudadano francés, que tuvo que ser hospitalizado de urgencia en Puerto Real. Sin embargo, en cuanto pudo recuperarse, este hombre abandonó el hospital y desapareció del país, dificultando aún más las investigaciones.

Una organización criminal muy estructurada

La investigación, bautizada como operación “MK ULTRA”, ha exigido muchos recursos y discreción, ya que los miembros de este tipo de grupos rara vez colaboran con la policía, pues denunciar un asalto supondría reconocer su actividad ilegal. Sin embargo, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Cádiz logró identificar y localizar a varios implicados.

Tras meses de seguimiento, la operación culminó el 25 de febrero de 2026 con cinco registros domiciliarios en la Costa del Sol, Dos Hermanas y Sevilla, y la detención de tres personas. Durante los registros, se encontraron numerosos indicios y material que refuerzan la hipótesis de una organización criminal estructurada, jerarquizada y bien armada.

La operación, coordinada por el Juzgado Mixto 1 de Chiclana, sigue abierta, ya que los investigadores creen que algunos de los implicados pudieron huir de España. El caso demuestra la dificultad de combatir un fenómeno delictivo tan complejo como los “vuelcos” entre narcos, en los que la violencia y el silencio son las principales reglas del juego.

La Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutaron en horas de la madrugada de este día viernes 13 de marzo, un operativo que culminó en la desarticulación de una estructura dedicada al tráfico de drogas desde Guatemala hacia diferentes zonas de El Salvador.

Las autoridades informaron que la organización movilizaban:

• Marihuana
• Cocaína 
• Cristal 

Mediante lanchas y vehículos, distribuyendo los estupefacientes en áreas como San Francisco Menéndez, Ahuachapán y Sonsonate. Durante la operación, la FGR y la PNC realizaron nueve registros en distintos puntos del occidente del país, donde incautaron evidencia clave para fortalecer el caso judicial.

Entre lo decomisado figuran documentos, dispositivos electrónicos y sustancias ilegales vinculadas al esquema de distribución. Las investigaciones establecen que la estructura habría utilizado lanchas para el cruce fronterizo fluvial y automóviles para el transporte terrestre, buscando evadir los controles policiales.

Según la Fiscalía General de la República, la droga ingresaba por pasos no habilitados y era distribuida en redes locales que operaban en los municipios mencionados. Las autoridades afirman que esta operación representa un golpe significativo a las rutas empleadas por organizaciones transnacionales para el tráfico de estupefacientes.

En el marco del operativo, fueron capturados cinco implicados identificados como:

• Miguel Ángel Soriano Olla
• Verónica del Carmen Ramos García
• Damián Rafael Menjivar Ramírez
• Marlon Osmaro Olivo Purquir 
• Juan Carlos Urquilla Cortéz.

Según la información proporcionada por el Ministerio Público, los detenidos serán procesados por agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito de drogas y posesión y tenencia ilegal de drogas.

Caso reciente de narcotráfico

Hace un mes, el 13 de febrero de 2026, la FGR, también ejecutó un operativo que desarticuló una estructura dedicada al narcotráfico internacional. De acuerdo con el reporte de la institución, la investigación identificó que la red operaba en distintos países y contaba con la participación de Luis Alfredo Zuleta, ciudadano guatemalteco asesinado en octubre de 2024 en Guatemala.

Las autoridades informaron que Zuleta coordinaba el ingreso de droga a El Salvador junto a William Leiva Hernández, quien permanece en prisión por tráfico ilícito. Las investigaciones determinaron que ambos encabezaban una organización que utilizaba rutas entre Guatemala y El Salvador para trasladar sustancias ilícitas.

Dentro de la estructura, un médico y una enfermera suministraban medicamentos destinados a adulterar la droga antes de su distribución.

Delitos y sanciones aplicados a los implicados, según la legislación salvadoreña

De acuerdo con la legislación salvadoreña, el delito de agrupaciones ilícitas se encuentra tipificado en el artículo 345 del Código Penal, que sanciona con penas de tres a cinco años de prisión a quienes participen en organizaciones criminales, y con penas de nueve a catorce años en el caso de líderes, organizadores o cabecillas.

El tráfico ilícito de drogas está regulado en el artículo 33 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, que prevé penas de diez a quince años de prisión y multas económicas para quienes realicen actividades como importación, transporte, almacenamiento y distribución de estupefacientes sin autorización.

La posesión y tenencia ilegal de drogas se sanciona en el artículo 34 de la misma ley, con penas de tres a seis años de prisión, aumentándose hasta diez años si se comprueba la intención de comercialización.

La Fiscalía General de la República destacó que la evidencia reunida permitirá robustecer las investigaciones y avanzar en el desmantelamiento de otros eslabones de la red.

La Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas coordinó este jueves 34 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles de Villa Nueva, Villa Canales, San Miguel Petapa y Amatitlán, con el apoyo del fiscal regional metropolitano y de la Policía Nacional Civil (PNC). Según reportó la fiscalía, el operativo busca recolectar pruebas en el marco de investigaciones abiertas por hechos de violencia en la región.

Durante las primeras horas de los procedimientos, las autoridades informaron sobre la incautación de armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y estupefacientes. Estas diligencias forman parte de una estrategia para debilitar estructuras criminales asociadas a delitos contra la vida.

Las acciones se concentran en inmuebles ubicados en Villa Nueva, Villa Canales, San Miguel Petapa y Amatitlán, municipios del departamento de Guatemala identificados como áreas de interés para las investigaciones de la fiscalía. Entre los objetos asegurados destacan diversas armas largas y cortas, cartuchos de distintos calibres, sumas de dinero no especificadas y paquetes de droga.

El Ministerio Público informó que los allanamientos siguen en marcha y que los hallazgos preliminares se irán actualizando a medida que avance la recolección de evidencia. Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre las investigaciones que motivaron las diligencias ni sobre las organizaciones criminales presuntamente implicadas.

con la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas, el despliegue policial y fiscal responde a la necesidad de fortalecer la respuesta del Estado ante los delitos graves registrados en el área metropolitana de Guatemala.

La Fiscalía indicó que el procedimiento se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y con la presencia de representantes del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil (PNC). El Ministerio Público dijo que la persona detenida fue puesta a disposición de un juez competente, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas. El Ministerio Público reitera su compromiso con la investigación de delitos que afectan la integridad de las personas y anunció que continuará con las diligencias pertinentes en este caso.

Otro caso de allanamiento

Se llevó a cabo un allanamiento que permitió la incautación de 132 bultos con cerca de 392.700 envases de aluminio y 367.500 tapaderas de aluminio, ambos con impresión de la marca de un producto medicinal. Esta acción se realizó en seguimiento a una denuncia recibida el 3 de febrero tras detectarse una importación sospechosa proveniente de Honduras, según informó el MP.

El procedimiento incluyó inspección, registro y secuestro de evidencia en bodegas relacionadas con la denuncia, detalló el Ministerio Público. Las autoridades sospechan que la mercancía incautada corresponde a material falsificado, ya que presentaba características distintivas de un producto medicinal que cuenta con registro de propiedad intelectual en el país. De acuerdo con datos facilitados por la Fiscalía, la investigación busca determinar el destino final y los responsables de la importación, así como el impacto potencial en el mercado de productos farmacéuticos.

El hallazgo de estos envases y tapaderas representa un golpe a las redes de falsificación que operan en la región. Entre los elementos asegurados se encuentran insumos listos para ser utilizados en la fabricación y comercialización de medicamentos que podrían poner en riesgo la salud pública.

Diez personas quedaron imputadas ayer jueves en el Centro de Justicia Penal de Rosario como presuntos miembros de una organización dedicada a la venta de drogas en barrio Plata, ubicado en la zona sudoeste de la ciudad. Entre los acusados figura Silvina Dantur, señalada como una de las cabecillas del grupo y conocida por haber sido pareja de Ariel Máximo “Guille” Cantero, sindicado líder de la banda Los Monos.

La investigación, que desembocó en la audiencia, se desarrolló durante varios meses y puso el foco en el funcionamiento de una estructura que, según la fiscalía, operaba de forma metódica y sostenida en el tiempo.

El grupo es acusado de haber comercializado cocaína y marihuana en dosis destinadas al consumidor final desde comienzos de 2025 —o incluso antes— hasta el 5 de marzo de este año, fecha en la que se realizaron los allanamientos que permitieron desarticular parte de la red.

La fiscal Alejandra Raigal, de la Unidad Especializada en Microtráfico, expuso ante la jueza Luciana Vallarella cómo la organización mantenía varios puntos de venta en distintos sectores de barrio Plata.

La estructura interna incluía roles diferenciados para la adquisición, el fraccionamiento, la distribución y la venta final de la droga. Durante la imputación, se detalló que Dantur ejercía un control territorial estricto, decidiendo quién podía vender en la zona y fijando los precios de los estupefacientes, además de coordinar el uso de viviendas usurpadas como búnkeres y cobrar un cánon a quienes participaban del negocio ilícito.

La audiencia imputativa tuvo como protagonistas a diez personas. Dantur fue acusada como coautora del delito de comercio organizado de estupefacientes, junto con Miguel Ángel Núñez —actualmente detenido por homicidio—, Joel Núñez y Tamara Acuña. Por su parte, Rosa N. fue imputada como partícipe necesaria, en un caso agravado por haberse servido de menores o haber actuado en perjuicio de ellos.

Según informó el portal Rosario3, otros nombres señalados en la causa son Débora N., Norma R., Maira A., Diego N. y Horacio R., quienes fueron acusados como partícipes secundarios.

La jueza Vallarella consideró que la acusación reunía los elementos suficientes para formalizar las imputaciones y procedió a dictar prisión preventiva para la mayoría de los implicados: Dantur quedó detenida por 90 días, con posibilidad de prisión domiciliaria, mientras que Miguel Ángel Núñez, Joel Núñez, Tamara Acuña y Rosa Núñez recibieron prisión preventiva por un año. Norma R. también enfrentará ese plazo, aunque con opción a cumplirlo bajo arresto domiciliario. Para los restantes, se dispusieron medidas alternativas a la prisión preventiva.

Uno de los aspectos destacados por la fiscal Raigal fue el rol de Núñez, quien, aun encontrándose detenido en la cárcel de Piñero cumpliendo una condena perpetua por homicidio, habría continuado impartiendo instrucciones desde prisión. Núñez está sindicado como el nexo para la obtención de droga, supervisando el fraccionamiento, solicitando recaudaciones, disponiendo pagos y sanciones, y fijando condiciones de venta para los demás miembros.

Según la reconstrucción fiscal, Joel Núñez y su pareja Tamara Acuña tenían a su cargo la obtención de la droga y el fraccionamiento en dosis. Posteriormente trasladaban el material hasta el domicilio de Norma R., donde se almacenaba parte de la mercadería y se realizaban ventas esporádicas. La mayor parte de las dosis era entregada a Rosa N., encargada de la comercialización y del pago del dinero a Dantur.

En los escalones inferiores de la estructura, Débora N., Horacio R., Diego N. y Maira A. participaban en la venta al menudeo, alternándose en turnos a lo largo del día. Estas personas, conocidas como “soldaditos”, recibían una parte de las ganancias en función de la cantidad de ventas realizadas y cumplían tareas de vigilancia y distribución en los distintos puntos del barrio.

Según la información oficial, durante los allanamientos se secuestraron cocaína y marihuana, aunque no se precisó la cantidad. Además, los agentes incautaron cerca de dos millones de pesos en efectivo, balanzas de precisión, 26 teléfonos celulares, alhajas de oro y diversos elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de la droga.

El nombre de Silvina Dantur no es nuevo para las crónicas judiciales de Rosario. En julio de 2021 fue imputada por organizar una balacera destinada a desalojar a una mujer y sus tres hijos pequeños de una vivienda en la calle Francia al 5300. También enfrentó cargos en la Justicia Federal por la tenencia de ladrillos de marihuana prensada.

La causa actual la ubica nuevamente como figura central en una estructura de venta de drogas, esta vez en el sudoeste rosarino y vinculada, según la acusación, a la red de influencia de Ariel Máximo “Guille” Cantero y la banda Los Monos.

El mercado ilegal de vapers ha adquirido una dimensión “incalculable para la salud” de los consumidores europeos. Así lo advierte un nuevo estudio elaborado por el Fraunhofer Institute for Integrated Circuits IIS, que alerta de la proliferación de cigarrillos electrónicos falsos y del crecimiento de un comercio irregular favorecido por las diferencias en la aduanas entre países.

El informe sostiene que la expansión del mercado negro y gris está relacionada tanto con las importaciones ilegales desde fuera de la Unión Europea como las disparidades fiscales y normativas dentro del continente. “Las medidas nacionales unilaterales y la mera estrategia prohibicionista se ha demostrado inefectiva”, señala el estudio.

El análisis estima que el 48% del total anual de vapers vendidos en Europa procede de canales ilícitos, lo que equivale a un negocio valorado en más de 6.600 millones de euros en 2024. Las previsiones apuntan además a que esta cifra podría haber superado ya los 7.200 millones de euros en 2025.

Un mercado ilegal alimentado por china

En el caso de España, el porcentaje de mercado irregular se sitúa en el 39%, por debajo de la media europea, aunque sigue siendo elevado. La cifra es superior a la de Portugal (30%), pero inferior a la de Francia (58%) y ligeramente por debajo de Italia (44%).

El estudio, realizado en colaboración con MRU GmbH y la consultora SKR Consulting, atribuye la magnitud del fenómeno a las “diferencias en los impuestos y la legislación nacional”, que generan importantes variaciones de precios entre países y “alimentan los incentivos para el comercio irregular”.

Además, el informe destaca que el 90% de los cigarrillos electrónicos que llegan a Europa proceden de China, donde una “gran parte” de la producción se realiza de manera irregular.

Un mercado al alza de más de 10.000 millones

Además, los investigadores advierten de que el problema no solo persiste, sino que podría identificarse en los próximos años. Según sus estimaciones, el mercado ilícito de vapeadores está creciendo a un ritmo anual del 8,6%. Si esta tendencia continúa, el valor del comercio ilegal podría alcanzar los 10.830 millones de euros en 2030.

Y la expansión del “mercado irregular causa pérdidas en recaudación fiscal” directa en los Estados. Por ejemplo, en Alemania, las pérdidas fiscales asociadas a este comercio alcanzan unos 119 millones de euros anuales en impuestos no recaudados.

Riesgos sanitarios: “envenenamiento y efectos adversos a largo plazo”

Más allá del impacto económico, los autores del estudio alertan de las consecuencias para la salud pública. El mercado gris y el negro pueden representar un riesgo importante para los consumidores. “Cigarrillos electrónicos irregulares pueden contener sustancias no testadas con efectos no probados. Este riesgo se puede manifestar en envenenamiento e efectos adversos para la salud a largo plazo”, advierten los investigadores.

El informe también subraya que los canales ilegales eluden los controles de edad, lo que facilita el acceso de los menores a estos dispositivos.

El consumo juvenil preocupa a los médicos

En este sentido, la preocupación por el consumo entre jóvenes ha sido destacada por la sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, que alerta que el vapeo podría estar normalizándose como el nuevo consumo de tabaco. “Volvemos a normalizar otra vez el consumo de tabaco”, ha advertido la médica de familia Sara Cascón, quien considera que los sabores disponibles en estos dispositivos son el comienzo.

“La variedad de sabores que ofrecen estos dispositivos están influyendo en que nuestros jóvenes empiecen a consumir”, ha explicado. “Parece que cuando saben a eso, la percepción es que son menos malos, y son igual de malos. Tienen nicotina y un montón de sustancias tóxicas, pero saben a algo que parece un caramelo o un refresco”. Además, el 93% de los jóvenes que vapean también consumen cigarrillos tradicionales, según los datos del grupo de trabajo sobre tabaquismo de la organización.

Ante este escenario, los expertos insisten en que la solución pasa por una estrategia coordinada a escala europea, con regulación armonizada, mayor control de importaciones y mecanismos de transparencia que eviten que el mercado ilícito continúe expandiéndose.

Una vez el vehículo estaba asegurado, los agentes procedieron a la inspección del mismo, en la que observaron que en el asiento trasero transportaban una maleta que se encontraba oculta bajo un montón de cajas. Decidieron inspeccionar el interior de la maleta y, entre la ropa, localizaron una bolsa de plástico que contenía unos 75.000 euros divididos en fajos de billetes de distinto valor.

Ante este descubrimiento, comenzaron un reconocimiento más exhaustivo del vehículo y localizaron una mochila oculta en el interior del maletero, entre un montón de diversa carga superpuesta para dificultar la visión a simple vista, En su interior hallaron una bolsa de plástico que contenía otros 75.000 euros dispuestos de la misma forma que la anterior.

Tras realizar varias comprobaciones con los ocupantes del vehículo, no obtuvieron elementos que certificaran la procedencia y su legítima pertenencia. Por esta razón, procedieron a la detención de los dos ocupantes del vehículo por un delito de blanqueo de capitales y se intervinieron los 150.000 euros en billetes de distinto valor y el vehículo en el que viajaban.

El delito de blanqueo de capitales

El delito de blanqueo de capitales está regulado en el Código Penal español, principalmente en el artículo 301, y castiga las conductas dirigidas a introducir en el circuito económico legal bienes o dinero que proceden de una actividad delictiva. En términos generales, se considera blanqueo cuando una persona adquiere, posee, utiliza, convierte o transmite bienes sabiendo que tienen origen en un delito, o cuando realiza cualquier operación destinada a ocultar o encubrir su procedencia ilícita o a ayudar a los responsables del delito previo a evitar las consecuencias legales de sus actos.

La finalidad de estas acciones es dar apariencia de legalidad a fondos obtenidos ilícitamente, por ejemplo, de actividades como el narcotráfico, la corrupción o el fraude, para que puedan integrarse en el tráfico económico normal sin levantar sospechas. El proceso suele implicar movimientos de dinero, conversiones en otros bienes o transferencias que dificultan rastrear su origen, de modo que el capital “lavado” pueda ser utilizado posteriormente como si fuera legítimo.

El Código Penal establece para este delito penas que pueden ir desde seis meses hasta seis años de prisión, además de multas que pueden alcanzar hasta el triple del valor de los bienes implicados. Asimismo, la normativa prevé el decomiso de las ganancias obtenidas y contempla agravantes cuando el blanqueo se realiza dentro de organizaciones criminales o con estructuras destinadas específicamente a ocultar el origen del dinero.

En investigaciones policiales, como la desarrollada en esta intervención en carretera, la posesión de grandes cantidades de dinero en efectivo sin justificación sobre su procedencia puede constituir uno de los indicios que llevan a los agentes a sospechar de este tipo de delitos.

La intervención se produjo tras una investigación coordinada entre las autoridades españolas y brasileñas, que logró desmantelar una red criminal con conexiones internacionales. Durante el registro en una nave industrial de Marbella, los agentes localizaron la sustancia estupefaciente dividida en paquetes y oculta en el interior de 1.000 sacos de cemento.

Cada saco estaba marcado para facilitar tanto la identificación como la extracción de la droga por parte de los miembros de la organización. La operación es una de las mayores intervenciones de cocaína en la región en lo que va del año. El cargamento retenido tenía como objetivo abastecer el mercado europeo, aprovechando rutas logísticas internacionales y empresas pantalla para dificultar la detección.

Conexión internacional desde Marbella

La investigación ha permitido identificar que la organización criminal empleaba una empresa pantalla con sede en Bremen (Alemania) para legitimar el transporte del cargamento. El entramado estaría liderado por un individuo con vínculos con la llamada mocromafia, asentado entre Países Bajos y Dubái.

Estos grupos criminales se caracterizan por su estructura descentralizada y su capacidad para mover grandes volúmenes de droga a través de Europa, ha sido objeto de seguimiento por parte de agencias internacionales. Para recuperar la sustancia en territorio español, la red criminal desplazó hasta la Costa del Sol a tres hombres residentes en Alemania, quienes se encargaron de supervisar la descarga y el almacenamiento de la cocaína.

Operativo coordinado y la investigación

Tras el registro, las autoridades procedieron a la detención de cinco personas, la incautación de un vehículo, un teléfono móvil de alta gama y 2.240 euros en efectivo. Además, se han emitido órdenes internacionales de detención para localizar a otros dos implicados que permanecen en paradero desconocido. Entre los detenidos figuran ciudadanos de diferentes nacionalidades, lo que evidencia el carácter internacional de la red y la colaboración de individuos asentados en varios países europeos.

La operación, resultado de la cooperación entre las fuerzas de seguridad de España y Brasil, se inscribe en una estrategia más amplia para combatir el tráfico internacional de drogas a través del puerto de Algeciras. El puerto se ha consolidado como uno de los principales puntos de entrada de estupefacientes en Europa, lo que ha motivado un refuerzo de los controles, la inversión en nuevas tecnologías de inspección y el fortalecimiento de la colaboración transnacional con agencias extranjeras.

La investigación, que sigue abierta, busca esclarecer las dimensiones completas del entramado criminal y determinar el destino final de la sustancia incautada. Los responsables policiales no descartan nuevas detenciones dentro de esta operación, que ha puesto de relieve la sofisticación, alcance y capacidad logística de las grandes redes dedicadas al narcotráfico internacional, con España como punto fundamental.

La operación conjunta de fuerzas federales en el municipio de Tamazula, Durango, derivó en la destrucción de dos plantíos de marihuana. Según fuentes de seguridad consultadas por Infobae México, las cosechas ilícitas pertenecerían a “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa comandada por Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

Según información oficial, los trabajos fueron realizador por la Secretaría de Marina (Marina), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), en el marco de las estrategias para debilitar la producción y distribución de drogas en la región.

De acuerdo con un reporte oficial, difundido por la Marina este 10 de marzo, el personal localizó los sembradíos en las inmediaciones del poblado de Chapotán, zona reconocida por su actividad ligada al narcotráfico, donde la autoridad presume el control del grupo dirigido por los dos hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán que aún se encuentran libres.

La incineración de los plantíos fue supervisada por representantes de las dependencias federales, quienes integraron la carpeta de investigación correspondiente.

Localización y destrucción de los plantíos

La operación permitió ubicar dos sembradíos de marihuana con dimensiones significativas.

El primero de ellos abarcaba 3 mil 920 metros cuadrados, donde se encontraron 23 mil 520 plantas con un peso totoal estimado en 7 mil 056 kilogramos.

El segundo tenía una extensión cercana a mil metros cuadrados y albergaba 10 mil plantas, cuyo peso en conjunto alcanzó los 3 mil kilogramos.

Según los reportes oficiales, autoridades procedieron a la erradicación e incineración inmediata de toda la droga, acción realizada bajo la observación de agentes del Ministerio Público Federal, pertenecientes a la Fiscalía General de la República (FGR).

Esta estrategia, según la dependencia, forma parte de los esfuerzos del gobierno federal para atacar los eslabones productivos de las organizaciones criminales que operan en el denominado Triángulo Dorado, región fronteriza entre Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Fuentes oficiales destacaron que este tipo de operativos responde a la prioridad de mantener el Estado de derecho y reducir la capacidad productiva de los grupos criminales, siguiendo los lineamientos del plan nacional de seguridad.

Antecedentes y contexto regional

Tamazula, Durango se ubica dentro del área conocida como Triángulo Dorado, donde principalmente las diversas facciones del Cártel de Sinaloa mantienen presencia histórica en la producción y plantío de drogas.

Las autoridades federales han incrementado la presión sobre estos territorios, ejecutando operativos que incluyeron la localización y destrucción de plantíos ilegales, así como la detención de operadores logísticos.

Según el comunicado de la Secretaría de Marina, las acciones recientes reafirman el compromiso institucional para combatir el cultivo ilícito de enervantes y el tráfico de drogas, además de fortalecer la colaboración entre los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad en las tres entidades.

Un amplio operativo policial desplegado en distintas zonas de Costa Rica puso en la mira a dos presuntas estructuras vinculadas con legitimación de capitales y tráfico internacional de drogas.

Desde la madrugada de este martes, agentes de la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial realizaron 20 allanamientos simultáneos con el objetivo de detener al menos a 15 sospechosos y recolectar evidencia clave para las investigaciones.

Las intervenciones se desarrollaron en múltiples puntos del país, incluyendo los cantones de Curridabat, Desamparados y Santa Ana, en la provincia de San José; además de La Guácima y San Rafael en Alajuela; La Unión; San Pablo; así como en Liberia y Santa Cruz. También se realizaron diligencias en Osa, Barranca, El Roble y Golfito.

El operativo responde a una investigación que se remonta a agosto de 2023, cuando el OIJ recibió información a través de su línea confidencial sobre un grupo de personas que presuntamente estaría involucrado en lavado de dinero proveniente de actividades relacionadas con el narcotráfico.

A partir de esa alerta inicial, los investigadores iniciaron un proceso de seguimiento que permitió detectar un crecimiento significativo en los bienes y activos de los sospechosos, lo que despertó sospechas sobre la procedencia de los recursos económicos.

Dos investigaciones paralelas: “Venus 2.0” y “Estrategia”

De acuerdo con el director a.i del OIJ, Michael Soto, el operativo responde a dos investigaciones paralelas denominadas “Venus 2.0” y “Estrategia”, ambas vinculadas a presuntas redes dedicadas a legitimar dinero obtenido del tráfico internacional de drogas.

Soto explicó que el caso Venus 2.0 es una continuación de una operación realizada el año anterior, cuando las autoridades ejecutaron más de 21 allanamientos y detuvieron a cerca de 13 o 14 personas en una investigación relacionada con lavado de dinero.

En esta nueva fase, la intención de las autoridades es detener a seis personas adicionales que habrían participado en la estructura financiera de la organización.

Entre los sospechosos se encuentra una mujer de apellido Álvarez, de 24 años, quien según las autoridades sería hija de una persona que anteriormente figuró como extraditable en investigaciones vinculadas al narcotráfico.

También figuran dos contadores y otras personas que habrían colaborado con la logística financiera del grupo, presuntamente facilitando la movilización y ocultamiento de recursos económicos provenientes de actividades ilícitas.

Según explicó Soto, parte de la investigación se relaciona con el decomiso de cocaína oculta dentro de piezas de madera, específicamente en tucos exportados hacia Hamburgo, en Alemania, y hacia los Países Bajos.

Las autoridades también intentan esclarecer posibles conexiones con un decomiso reciente realizado en Hong Kong, lo que sugiere la existencia de una red de tráfico internacional con alcance intercontinental.

Una estructura familiar y millones bajo investigación

El segundo expediente, conocido como caso Estrategia, gira en torno a un presunto líder identificado con los apellidos Rojas Barquero, señalado por los investigadores como el cabecilla de la organización.

Según el OIJ, la estructura tendría una fuerte participación familiar, ya que dentro de la investigación aparecen la madre del sospechoso, sus hermanos y también algunos de sus hijos, además de otras personas vinculadas a las operaciones del grupo.

Las autoridades estiman que el dinero legitimado por esta organización podría alcanzar aproximadamente 4,500 millones de colones, unos USD 9,000,000, una cifra que evidencia la magnitud de las operaciones financieras investigadas.

Durante los allanamientos, los agentes también procedieron al decomiso de vehículos de lujo y a la anotación de varias propiedades, algunas de ellas ubicadas en condominios exclusivos.

Además, los investigadores detectaron la existencia de un hotel en el sector de Golfito, una empresa de maquinaria pesada y una compañía dedicada al transporte de turismo internacional, negocios que presuntamente habrían sido utilizados para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas.

La lucha contra el lavado de dinero

Soto enfatizó que las autoridades han intensificado sus esfuerzos para combatir el delito de legitimación de capitales, debido a su impacto en la economía nacional.

“Este tipo de delitos puede afectar incluso la economía del país”, señaló el jerarca policial, al explicar que el lavado de dinero permite que recursos provenientes de actividades criminales ingresen al sistema financiero formal.

Hasta el momento del informe preliminar, las autoridades indicaron que 13 personas ya habían sido detenidas, mientras continuaban las diligencias para ubicar al resto de los sospechosos.

El operativo se mantiene en desarrollo bajo la dirección funcional del Ministerio Público, mientras los investigadores recopilan evidencia y analizan documentos financieros, bienes y activos relacionados con los casos.

El mandatario colombiano habló desde Viena, en Austria, donde participó en la Comisión de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas. Fue en este escenario en el que lanzó su crítica hacia la alianza y habló sobre su lucha contra el narcotráfico y la restitución de tierras.

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Durante su intervención, Petro cuestionó la decisión de Estados Unidos de convocar una alianza antinarcóticos llamada “Escudo de las Américas” sin incluir a Colombia y otros países. La iniciativa se presentó en Miami y plantea una coordinación regional para enfrentar a los carteles, fortalecer la cooperación militar y limitar la influencia de China en el hemisferio.

El jefe de Estado colombiano expresó inconformidad con la exclusión y defendió los resultados de su gobierno en la lucha contra el tráfico de drogas: “Nos han desertificado cuando estamos demostrando eficacia”.

Petro planteó interrogantes sobre la decisión de apartar a Colombia de la estrategia: “¿Por qué, si hemos incautado 3.300 toneladas que nunca antes en la historia ningún país del mundo ha hecho?”. El presidente sostuvo que el país cuenta con una capacidad de inteligencia clave en operaciones internacionales contra el narcotráfico.

“Colombia, a pesar de sus errores y problemas, tiene la inteligencia más sofisticada para, en alianza con setenta y cinco naciones, incautar sin matar a nadie, 3.300 toneladas”, señaló. A su juicio, ese nivel de coordinación evidencia la experiencia del país en operaciones contra la cocaína.

Las críticas también incluyeron una referencia directa a la alianza realizada en Estados Unidos, por lo que el presidente Petro afirmó que se organizaron encuentros regionales sin la participación de uno de los países con mayor conocimiento en la materia.

“Entonces, se hacen reuniones de alianza excluyendo a Colombia, cuando en el caso de la cocaína, Colombia es esencial por su experiencia para erradicar, para irradiarla al conjunto del planeta”, señaló frente a todo el auditorio.

El presidente aclaró que no cuestiona la posibilidad de crear coaliciones internacionales. No obstante, expresó dudas sobre la eficacia del bloque convocado por Washington: “No fuimos a Miami, no critico que se hagan coaliciones políticas, eso es del libre entender de la política, pero sí me parece que con 17 países pequeños, débiles y sin experiencia para enfrentar la cocaína, no se puede hacer un escudo del sur, lo van a agujerear”.

“Yo creo que con la experiencia que tenemos, y aquí se ha construido una alianza con setenta y cinco inteligencias policiales en Europa, en Asia y en todo el mundo, con los Estados Unidos incluido, tenemos una mayor capacidad de escudo contra la cocaína“, señaló el presidente Petro en su discurso.

Esta es la alianza de los países del continente que molestó al presidente Petro

Y es que la cumbre “Escudo de las Américas” reunió a varios mandatarios del continente, entre los asistentes figuraron Rodrigo Paz, de Bolivia; José Antonio Kast, presidente electo de Chile; Rodrigo Chaves, de Costa Rica; y Luis Abinader, de República Dominicana.

También participaron Daniel Noboa, de Ecuador; Nayib Bukele, de El Salvador; Mohamed Irfaan Ali, de Guyana; Nasry Asfura, de Honduras; José Raúl Mulino, de Panamá; Santiago Peña, de Paraguay; y la primera ministra Kamla Persad-Bissessar, de Trinidad y Tobago.

El Gobierno de Argentina, liderado por Javier Milei, respaldó la convocatoria y sostuvo que el encuentro busca promover estrategias contra el crimen organizado, el narcotráfico y la inmigración ilegal, además de frenar interferencias externas en la región.

La decisión de Estados Unidos causó sorpresa en el presidente Gustavo Petro y en otros gobiernos de la región, debido a que la propuesta dejó por fuera a varios países de América Latina, como Colombia, México, Brasil, Nicaragua, Venezuela y Cuba.

Desde Viena, Petro defendió el modelo colombiano de sustitución de cultivos ilícitos y resaltó las cifras de incautaciones registradas durante su administración.

Para el presidente colombiano, cualquier estrategia regional que ignore ese conocimiento enfrenta debilidades desde su origen: “Colombia es esencial por su experiencia”.

LUNES, 9 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Fumar marihuana, tomar una calada de cocaína o tomar algunas anfetaminas puede aumentar el riesgo de un ictus , incluso si es un adulto joven.

La Coca-Cola y las anfetaminas pueden duplicar o triplicar el riesgo de ictus en cualquier adulto, según informaron los investigadores en el International Journal of Stroke.

La marihuana también aumenta el riesgo de ictus, pero en menor medida, según investigadores británicos.

"Este es el análisis más completo jamás realizado sobre el consumo recreativo de drogas y el riesgo de ictus, y aporta pruebas contundentes de que drogas como la cocaína, las anfetaminas y el cannabis son factores de riesgo causales para el ictus", dijo la investigadora principal Megan Ritson en un comunicado de prensa. Es investigadora postdoctoral asociada en la Universidad de Cambridge.

Para el nuevo estudio, los investigadores agruparon datos de 32 estudios previos que involucraron a más de 100 millones de personas, comparando el consumo ilícito de drogas con el riesgo de ictus.

Los resultados mostraron que, para todos los participantes, las anfetaminas y la cocaína duplicaron el riesgo de ictus: un 122% mayor de riesgo de anfetaminas y un 96% de cocaína. La marihuana aumentó el riesgo alrededor del 37%.

El equipo limitó entonces su análisis a adultos menores de 55 años y descubrió que los jóvenes no protegían a los usuarios del aumento del riesgo de ictus.

En este grupo más joven, el consumo de anfetaminas casi triplicó el riesgo de ictus (aumento del 174%) y la cocaína duplicó el riesgo (97%). La marihuana aumentó el riesgo de ictus entre adultos jóvenes en un 14%.

Los investigadores encontraron que el consumo problemático de alcohol y el alcoholismo también se relacionaron con un mayor riesgo de ictus.

Los investigadores teorizaron que las drogas ilícitas podrían estar relacionadas con un mayor riesgo de ictus porque provocan picos repentinos de presión arterial, espasmos en los vasos sanguíneos, problemas de ritmo cardíaco, aumento de la coagulación sanguínea o inflamación.

"Nuestro análisis sugiere que son estos fármacos los que aumentan el riesgo de ictus, no solo otros factores de estilo de vida entre los usuarios", dijo en un comunicado de prensa el investigador senior Eric Harshfield, investigador en la Universidad de Cambridge.

"En conjunto, nuestros hallazgos subrayan la importancia de las medidas de salud pública para reducir el abuso de sustancias como forma de ayudar también a disminuir el riesgo de ictus", dijo Harshfield.

Más información

La Asociación Americana del Corazón tiene más información sobre drogas ilegales y enfermedades cardíacas.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Cambridge, 8 de marzo de 2026

Los madrileños consumen más cocaína que los barceloneses, pero tres veces menos cannabis. Es una de las conclusiones del último análisis de muestras de aguas residuales urbanas que ha presentado este lunes el Ayuntamiento de Madrid, muestras recogidas en siete campañas entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. “Los niveles de consumo estimados en la capital son compatibles a los de otras ciudades españolas y europeas”, ha indicado Inma Sanz, vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias. En el caso del cannabis, en las aguas madrileñas se detectaron 77,2 miligramos al día por cada 1.000 habitantes, una tasa muy por debajo a la de Lisboa (150,8), Barcelona (220,7) o Ámsterdam (319), pero por encima de lo registrado en Santiago de Compostela (54,3) o París (53,9).

En cuanto a la cocaína, Madrid (369) supera a Barcelona (349), pero los resultados son más positivos comparados con otras grandes ciudades europeas, donde se consume mucho más ‘polvo blanco’, como Lisboa (625), Roma (478), Oporto (415) y Milán (402). Una tasa que sí se dispara en otras localidades españolas analizadas como Castellón (752), Lérida (623), Santiago de Compostela (609) y Tarragona (1.482). Los datos analizados en la capital han sido elaborados por los laboratorios del ente público Madrid Salud, en colaboración con la Universidad Complutense. En este trabajo concreto se recogieron casi 400 muestras representativas de 24 horas, a la entrada de las ocho estaciones depuradoras (EDAR) de la ciudad de Madrid: La China, Madrid Sur, Viveros de la Villa, Las Rejas, Butarque, Sur Oriental, Valdebebas y La Gavia, que recogen las aguas de los 21 distritos y de varias poblaciones limítrofes (Pozuelo, Leganés y Rivas-Vaciamadrid).

Madrid Salud ha estudiado 20 sustancias de interés, incluyendo drogas ilegales, algunos medicamentos con potencial de abuso y benzodiacepinas, aunque el análisis presentado se centra en seis compuestos (cocaína, cannabis, anfetamina, metanfetamina, MDMA y ketamina), que reflejan de manera representativa el consumo en la ciudad y permiten analizar patrones temporales y espaciales. Algunas sustancias presentan un consumo relativamente estable a lo largo de la semana, como el cannabis, mientras que otras, como el MDMA, se consumen principalmente durante el fin de semana. Los restos de MDMA suben significativamente en las muestras tomadas en sábado y domingo.

En cuanto a los medicamentos con potencial de abuso (los consumidos de forma indebida), la ketamina mostró los niveles más altos de consumo. Entre las benzodiacepinas, las más consumidas son el lorazepam y el lormetazepam, que corresponden al ansiolítico y al sedante más consumidos en España con receta médica. Dentro de los programas que se desarrollan en el Laboratorio de Madrid Salud, desde el año 2013 también se analizan estupefacientes y sustancias psicotrópicas en dos tipos de muestras: decomisadas por Policía Municipal y de fluido oral en controles de tráfico y atestados. Durante 2025 y enero de 2026, se han analizado un total de 7.933 muestras. Junto a este análisis de sustancias, en el laboratorio se realizan muchos más controles de distintos tipos como, por ejemplo, microbiológicos, de alérgenos y contaminantes de los alimentos; se analizan las aguas de consumo y las continentales y se investigan los orígenes de los brotes alimentarios, entre otros.

Ayudas a las adicciones

Madrid Salud también tiene un Instituto de Adicciones, que en 2025 atendió a 11.895 pacientes (23,5% mujeres y 76,5% hombres), un 7,6 % más que en el año 2024. De las personas atendidas, 4.399 presentaban patología dual (una adicción y un trastorno mental), un 18% más que en 2024. La sustancia principal por la que acudieron nuevas personas al instituto en 2025 fue el alcohol (40%), seguido de la cocaína (24%) y el cannabis (15%). Además, un 4% de los que pidieron ayuda lo hicieron por consumo de opiáceos, mismo porcentaje que el de quienes acudieron para solucionar su adicción al juego. En la red de servicios de atención de proximidad de reducción del daño en los distritos se atendió a 642 personas con consumo de sustancias en la vía pública

El alcohol es la droga más consumida y normalizada en España. La última Encuesta sobre Alcohol y otras Drogas en España (EDADES), del año 2024, muestra que el 92,9% de la población de 15 a 64 años ha bebido alguna vez en su vida. Su consumo es bastante habitual: el 76,5% de los encuestados había bebido en el último año, el 63,5% lo había hecho en el último mes y el 10,5% lo hace a diario.

Ninguna ingesta de alcohol es segura ni saludable, pero la conducta que más preocupa son los atracones de alcohol o binge drinking. Se trata del patrón de ingesta de riesgo más frecuente en España: el 16% de la población reconoce haber bebido de este modo en el último año, un método que se concentra entre los jóvenes de 20 a 29 años.

Este tipo de conductas de riesgo puede generar un trastorno por consumo de alcohol, un patrón que surge cuando una persona tiene problemas para controlar lo que bebe. Quienes lo padecen se muestran preocupados por el alcohol y, pese a que les cause problemas, continúan bebiendo.

Cómo saber si sufres el trastorno por consumo de alcohol

Según la Clínica Mayo, las personas que sufren este trastorno son incapaces de limitar la cantidad de alcohol que toman y dedican mucho tiempo a beber, conseguir alcohol o recuperarse de la resaca. Las ansias o antojos de beber se vuelven insoportables y la bebida termina por interferir en sus obligaciones laborales, académicas o personales.

Pese a ello, continúa bebiendo, aun conociendo los riesgos y los problemas que provoca. Eso les lleva a abandonar o limitar las actividades sociales y laborales con tal de consumir alcohol. Muchos intentan dejarlo o reducir la cantidad de alcohol que consumen sin éxito.

Las personas con un trastorno por consumo de alcohol suelen desarrollar una alta tolerancia a esta droga, lo que hace que necesiten más bebida para sentirse ebrios. Además, es frecuente que sufran síntomas de abstinencia, como náuseas, sudoración y temblores.

No hay una causa clara, pero los factores genéticos, psicológicos, sociales y ambientales pueden influir sobre la forma de ver el alcohol y la manera en que afecta al organismo y la conducta. El consumo excesivo de bebidas alcohólicas tiene consecuencias inmediatas como la disminución de habilidades para el razonamiento, la reducción de inhibiciones y el impulso de tomar decisiones arriesgadas. A largo plazo, el abuso continuado puede alterar el funcionamiento de áreas cerebrales ligadas al placer, el autocontrol y el razonamiento, reforzando así la dependencia y el deseo compulsivo de ingerir alcohol para recuperar sensaciones positivas o paliar las negativas.

El consumo de altas cantidades de alcohol llega a deprimir el sistema nervioso central, generando primero sensación de euforia o energía y, posteriormente, somnolencia y pérdida de control sobre los actos. Cuando se consume de manera excesiva, el alcohol afecta el habla, la coordinación muscular y otras funciones cerebrales vitales, presentándose el riesgo de coma y hasta de muerte, especialmente si se combina con medicamentos que potencian el efecto depresor.

Cómo actuar

Según la Clínica Mayo, la intervención temprana es clave para prevenir estos problemas, especialmente durante la adolescencia. Sus expertos recomiendan estar alerta a señales que podrían indicar problemas con el alcohol (ojos rojos, cambios o dificultades en relaciones con amigos, actitud defensiva...).

Dar un buen ejemplo con el consumo de alcohol propio, hablar abiertamente de la situación o una atención temprana por especialistas pueden ser factores decisivos.

Este fin de semana, una organización narco familiar fue desarticulada tras un extenso operativo en la ciudad de Corral de Bustos, ubicada al sudeste de la provincia de Córdoba.

La intervención estuvo a cargo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y culminó con la detención de seis personas, el cierre de cuatro puntos de venta de droga y el secuestro de distintos elementos vinculados a la actividad ilícita. El despliegue, resultado de diez meses de investigación, sorprendió a los vecinos por la simultaneidad de los procedimientos y la magnitud de la estructura desbaratada.

Durante la madrugada del operativo, los habitantes de Corral de Bustos presenciaron una movilización inusual de efectivos y vehículos oficiales. Las órdenes de allanamiento alcanzaron inmuebles ubicados en Corrientes al 900, Colón s/n, Catamarca al 800 y Defensa s/n, en diferentes barrios de la ciudad. En esos domicilios, la FPA logró capturar a tres hombres y tres mujeres, todos adultos, quienes según los registros policiales ya poseían antecedentes por comercialización de estupefacientes.

La investigación reveló que la banda no solo operaba desde las viviendas allanadas, sino que también realizaba entregas a domicilio, lo que permitió a los responsables ampliar su red y dificultar el rastreo policial.

Según informó el portal El Doce.tv, los agentes secuestraron un arma de fuego calibre .32, dos vehículos supuestamente utilizados para el delivery de drogas y diversos elementos probatorios.

Durante los procedimientos, llamó la atención de los investigadores que tres de los puntos de venta funcionaban a escasos metros de un colegio y un jardín de infantes. Esta proximidad con instituciones educativas alertó a las autoridades sobre el riesgo potencial para los menores y la comunidad, motivo por el cual se priorizó la clausura inmediata de esos sitios.

Según información suministrada por la Fuerza Policial Antinarcotráfico, el operativo fue el resultado de meses de tareas encubiertas, seguimientos y análisis de movimientos sospechosos. Los investigadores lograron identificar la dinámica interna de la banda, las rutas de distribución y la relación familiar entre sus integrantes, quienes compartían roles operativos y decisiones en la cadena de comercialización. La estructura contaba con personas encargadas de custodiar la mercadería, gestionar las ventas y coordinar las entregas fuera de los domicilios.

El procedimiento se llevó a cabo bajo la supervisión de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico, con sede en la ciudad de Marcos Juárez.

Tras las detenciones, los seis aprehendidos fueron trasladados a sede judicial, donde quedaron imputados por el delito de comercialización de estupefacientes agravada, conforme a lo dispuesto por la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737. La causa judicial investiga posibles ramificaciones y el origen de la sustancia incautada.

La investigación continuará en las próximas semanas, con la declaración de los imputados y el análisis de los teléfonos móviles y dispositivos electrónicos secuestrados durante los allanamientos. Se prevé que los peritajes permitan determinar si existían vínculos con proveedores de otras ciudades o conexiones con organizaciones criminales de mayor alcance. La hipótesis principal de la fiscalía es que la organización operaba de manera autónoma, aunque no se descarta la existencia de nexos con grupos similares de la región.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) logró la vinculación a proceso de dos hombres identificados como Antonio “N” y Hugo “N”, detenidos con droga y un arma de fuego el pasado mes de febrero y posteriormente relacionados con el homicidio de un padre y su hijo menor de edad en el Barrio San Miguel de Iztacalco, debido a la concordancia en las huellas balísticas.

Las autoridades reportaron que ambos sujetos permanecen bajo prisión preventiva y enfrentan cargos por homicidio calificado y narcomenudeo.

Según reportes de la fiscalía capitalina, la investigación comenzó tras el hallazgo sin vida de las víctimas en una camioneta, hecho que generó el despliegue de peritos y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Según el reporte oficial, Hugo “N” era quien portaba el arma asegurada, la cual era exclusiva de las fuerzas armadas, por lo que también se dio parte a la Fiscalía General de la República (FGR).

Autoridades precisaron que ambos sujetos permanecen internos en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde agentes de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron las órdenes de aprehensión el 25 de febrero.

Detención en avenida Tláhuac

El 22 de febrero de 2026, elementos de la Secretaría de Sehuridad Ciudadana de la CDMX (SSC) detuvieron a Antonio “N” y Hugo “N” en la avenida Tláhuac.

Los oficiales informaron que los implicados portaban diversas dosis de narcóticos y un arma de fuego de uso exclusivo del ejército, lo que motivó su traslado inmediato ante el Ministerio Público. De acuerdo con la fiscalía capitalina, la posesión de este armamento resultó fundamental para el desarrollo de la investigación.

Personal pericial de la Fiscalía CDMX realizó estudios balísticos sobre el arma asegurada tras la detención. Los resultados arrojaron coincidencias con los elementos balísticos localizados en el interior de una camioneta, donde se hallaron los cuerpos del adulto y el menor. Este dato permitió a la fiscalía solicitar órdenes de aprehensión por homicidio calificado, las cuales fueron concedidas y ejecutadas en el reclusorio norte.

Las autoridades señalaron que el doble homicidio en el Barrio San Miguel, Iztacalco, ocurrió días antes de la detención.

En el informe oficial no fue detallado si se trata de un arma larga o corta.

Procesos penales

El 26 de febrero, un juez de control determinó la vinculación a proceso de Antonio “N” y Hugo “N” por homicidio calificado, imponiendo prisión preventiva y un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Un día después, ambos fueron vinculados a proceso por delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, con un plazo adicional de un mes para la investigación.

La FGJCDMX reiteró que la investigación se realiza conforme al principio de presunción de inocencia y en apego a lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales y reafirmó su compromiso con el combate a los delitos de alto impacto, especialmente aquellos que afectan a menores de edad, e informó que las investigaciones continuarán hasta esclarecer el caso y garantizar justicia a las víctimas y sus familias.

Cinco personas identificadas como integrantes de una célula delictiva con orígenes en Jalisco, la cual presuntamente sería el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fueron detenidas en Ixtapaluca, Estado de México, durante un operativo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) en coordinación con la policía local.

Según el informe oficial, a los detenidos se les incautaron más de 140 dosis de aparente marihuana, cocaína y metanfetamina, ocultas en bolsas simuladas de frituras y otros envoltorios de comida chatarra, además de vehículos y básculas digitales.

Detalles del operativo y objetos asegurados

La versión oficial señala que los agentes detectaron a cuatro hombres y una mujer que mostraron actitud evasiva cuando patrullaban calles de la colonia Geovillas Ayotla.

Al advertir la presencia de los elementos de seguridad, las personas intentaron abordar una camioneta de alta gama y tres motocicletas para abandonar el sitio, por lo que los agentes los alcanzaron para realizar una inspección.

Durante la revisión, los policías encontraron más de 140 bolsas de plástico de diferentes tamaños y colores, con aparente marihuana, cocaína, tachas y cristal.

Parte de la droga estaba oculta en bolsas que imitaban envoltorios de frituras, estrategia que, de acuerdo con la SSEM, busca dificultar la detección de estupefacientes.

Además, se aseguraron dos básculas grameras y cuatro vehículos: una camioneta de alta gama de color gris y tres motocicletas, una roja, otra roja con franjas azules y una amarilla.

Las personas detenidas fueron identificadas por las autoridades como Dilan “N”, de 29 años; Oscar “N”, de 30; Abraham “N”, de 27; Edgar “N”, de 30, y Janeth “N”, de 29.

Todas fueron puestas a disposición de la autoridad competente, instancia que definirá su situación jurídica.

Droga oculta o mezclada con comida chatarra

En las imágenes difundidas por la Secretaría de Seguridad del Estado de México se observa que entre lo decomisado hay pequeñas bolsas con sello hermético, comúnmente utilizadas por grupos delictivos para guardar drogas como metanfetamina o cocaína.

También fueron localizados empaques de mayor tamaño en los que podría haber marihuana.

Sin embargo, entre todas las dosis estaca la presencia de envoltorios de frituras, chocolates, galletas, pequeños botes de dulce de tamarindo y gomitas, los cuales fueron utilizados presuntamente para ocultar droga en su interior y pasar desapercibidos, mientras que en otros casos el producto original habría sido combinado con extractos de alguna sustancia ilegal.

Indagatoria sobre homicidio previo

Tras su detención, las primeras investigaciones señalan que los detenidos podrían estar vinculados con un homicidio ocurrido en Ixtapaluca el pasado 15 de febrero, sin embargo, no ofrecieron más detalles.

La SSEM precisó que la indagatoria sigue en curso y que se ampliará el proceso de investigación para deslindar responsabilidades.

El caso ha cobrado notoriedad en la región oriente del Estado de México, donde se han intensificado los operativos para combatir delitos de alto impacto.

La zona donde se realizó la detención forma parte de las áreas prioritarias para la estrategia de seguridad, dada la identificación de actividades ilícitas vinculadas con grupos criminales que operan en diferentes entidades del país.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado el despido de un operario de mantenimiento de autopistas que fue pillado trabajando bajo los efectos de las drogas. El fallo sostiene que la empresa actuó conforme a derecho al aplicar una sanción por “falta muy grave” vinculada a la seguridad vial y la confianza depositada en el trabajador.

El origen del litigio se encuentra en la relación laboral mantenida durante más de dos décadas entre un trabajador y la empresa concesionaria de autopistas Castellana de Autopistas S.A.C.E.. El empleado prestaba servicios desde el 1 de diciembre de 1998 como operario de vialidad y mantenimiento, con contrato indefinido a jornada completa y un salario mensual de 3.150 euros con prorrata de pagas extraordinarias.

Su trabajo consistía en realizar tareas esenciales para la seguridad y conservación de la infraestructura viaria, incluyendo intervenciones de emergencia, retirada de obstáculos o animales de la calzada, señalización del tráfico, labores de mantenimiento, limpieza y reparaciones en distintos elementos de la autopista y sus instalaciones.

La autopista AP-6 y A-6

La empresa para la que trabajaba es concesionaria del servicio de mantenimiento y explotación de varios tramos de la autopista AP-6 y de la A-6, así como de sus túneles, por lo que el desempeño de estas funciones implicaba la conducción de vehículos de servicio y la intervención en situaciones potencialmente peligrosas para la seguridad vial. Dentro de sus cometidos habituales también figuraban actuaciones de vialidad invernal, como la conducción de máquinas quitanieves, la manipulación de productos químicos para el tratamiento de carreteras y la realización de tareas en condiciones meteorológicas adversas.

Los hechos que desencadenaron el conflicto se produjeron en la madrugada del 1 de marzo de 2025. Mientras realizaba tareas de vialidad y limpieza durante su turno nocturno, el trabajador fue interceptado por una patrulla de la Guardia Civil cuando circulaba con una furgoneta de la empresa por la rotonda de la estación de autobuses de San Rafael, en la provincia de Segovia. Los agentes le practicaron una prueba salival de detección de drogas que arrojó un resultado positivo en THC. Como consecuencia de ello, el vehículo quedó inmovilizado y fue necesario que otros dos operarios de la empresa se desplazaran al lugar para retirarlo y continuar el servicio, mientras otro compañero asumía las tareas que el trabajador estaba desempeñando en ese momento.

La Guardia Civil levantó el correspondiente acta de infracción por conducir con presencia de drogas en el organismo y tomó una segunda muestra para su análisis en laboratorio. Según consta en la resolución judicial, el trabajador manifestó que no había consumido ninguna sustancia y expresó su deseo de contrastar el resultado mediante una prueba de sangre en un hospital, aunque finalmente no se realizó ese análisis. Posteriormente presentó una queja ante la Guardia Civil por este motivo. Meses después, en mayo de 2025, un análisis de orina realizado por un laboratorio privado dio resultado negativo en cannabis, aunque un informe toxicológico remitido a la Dirección General de Tráfico sobre la muestra tomada el día de los hechos concluyó con resultado positivo en cannabis y cocaína.

Transgresión de la buena fe contractual

En aquel momento, además, la empresa se encontraba activando todos sus recursos de vialidad invernal debido a una alerta por nieve emitida por la Agencia Estatal de Meteorología para los días 28 de febrero y 1 de marzo de 2025, circunstancia que requería la disponibilidad de los operarios para conducir maquinaria y vehículos de mantenimiento. Tras conocerse el resultado del control de drogas, la empresa inició el 4 de marzo de 2025 un expediente sancionador contra el trabajador, concediéndole un plazo de cuatro días para presentar alegaciones. El empleado no formuló alegaciones por escrito, aunque el comité de empresa sí presentó un escrito en el procedimiento interno.

Finalmente, el 18 de marzo de 2025 la empresa notificó al trabajador su despido disciplinario con efectos del día siguiente. En la carta de despido se le imputaba la comisión de una falta muy grave por transgresión de la buena fe contractual y por conducir un vehículo de la empresa con presencia de drogas en el organismo, conducta tipificada tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en el convenio colectivo aplicable a las empresas integradas en las unidades de negocio de Abertis Autopistas España. El trabajador impugnó el despido ante la jurisdicción social, pero el Juzgado de lo Social nº 1 de Segovia desestimó su demanda el 29 de octubre de 2025, declarando procedente la decisión empresarial.

Tras esa resolución, el trabajador interpuso recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ha acabado admitiendo todos los argumentos del fallo de instrucción, confirmando la procedencia del despido.

En un operativo reciente en el estado de Guerrero, autoridades federales lograron el desmantelamiento de un laboratorio clandestino utilizado para la producción de metanfetamina. El despliegue, coordinado por la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, permitió el aseguramiento de aproximadamente 300 kilogramos de metanfetamina, así como una considerable cantidad de insumos químicos empleados para la elaboración de drogas sintéticas.

Durante las acciones en la zona rural del municipio de Petatlán, elementos de las fuerzas federales localizaron el inmueble donde se procesaban sustancias ilícitas. En el lugar se decomisaron 24 mil litros de precursores químicos y 20 mil kilogramos de sustancias sólidas, materiales esenciales para la producción de metanfetamina. Además, los agentes confiscaron más de 2 mil dosis de droga listas para su distribución.

Las autoridades informaron que el aseguramiento de estos insumos y la droga terminada representa un golpe directo a la estructura operativa de los grupos delictivos dedicados al tráfico de estupefacientes en la región. Esta intervención forma parte de una estrategia federal orientada a debilitar la capacidad de producción y distribución de drogas sintéticas, así como a evitar que estos productos lleguen a los mercados nacionales e internacionales.

El Gabinete de Seguridad destacó la colaboración entre distintas instancias federales para la ejecución de este tipo de operativos. Las acciones conjuntas buscan reducir la disponibilidad de sustancias ilícitas y limitar el acceso de los grupos delictivos a los recursos necesarios para la fabricación de metanfetamina.

El despliegue de fuerzas en Guerrero se suma a los esfuerzos continuos por parte del gobierno federal para combatir la producción y el tráfico de drogas sintéticas. La intervención en Petatlán permitió retirar del mercado una cantidad significativa de droga y precursores, elementos que, de haber sido procesados y distribuidos, habrían representado un riesgo para la salud pública y la seguridad en distintas regiones del país.

Las autoridades federales reiteraron su compromiso con la lucha contra el crimen organizado y subrayaron la importancia de la cooperación interinstitucional para lograr resultados efectivos en la contención de la producción de drogas sintéticas.

• Se desmanteló un laboratorio con 300 kilos de metanfetamina, 24 mil litros de precursores y 20 mil kilos de químicos sólidos en Guerrero.
• Más de 2 mil dosis de droga fueron aseguradas en patrullajes en Petatlán.
• El operativo, coordinado por fuerzas federales, representa un golpe a las capacidades de producción de grupos delictivos en la región.

El 3 de febrero también hubo otro golpe

La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo un evento de incineración de precursores químicos y sustancias que fueron asegurados durante cateos ejecutados en tres domicilios en el estado de Guerrero, uno de ellos en un probable laboratorio clandestino.

Los aseguramientos fueron posibles con base en las labores entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, específicamente la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), y Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la FGR, así como autoridades estatales.

El acto fue coordinado por el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en dicha entidad.

Los estupefacientes y sustancias químicas inhabilitadas fueron cuatro toneladas 202 kilos 867 gramos 500 miligramos de acetato de plomo, ácido tartárico, ácido fenilacético, hidróxido de sodio y peróxido de dicumilo.

Asimismo, cinco mil 733 litros 310 mililitros de acetona, ácido clorhídrico, ácido mercaptoacético, etanol, fenil-2-propanona, metilamina, mezcla de acetona con metanfetamina, mezcla de tolueno con metanfetamina, n-metilformamida y tolueno, entre otras.Además, se destruyeron mil 124 litros 990 mililitros de metanfetamina líquida y siete kilos 600 gramos de metanfetamina sólida.

La inhabilitación de los precursores se realizó en una empresa especializada y autorizada para tales efectos en el Estado de México, previa práctica de las diligencias realizadas por el MPF, peritos especializados en química y fotografía forense de la AIC, en presencia del Órgano Interno de Control (OIC) de esta institución para dar certeza del tipo y peso del narcótico y precursores químicos destruidos.

La Policía Federal Argentina (PFA) realizó la extradición de un ciudadano dominicano acusado de participar en una organización internacional de tráfico de drogas, tras un proceso coordinado con las autoridades de la Confederación Suiza.

El hombre, de 40 años y nacionalidad dominicana, fue identificado como presunto responsable de captar personas en Argentina dispuestas a transportar cápsulas de cocaína en su aparato digestivo, con destino a distintos países de Europa, principalmente desde Brasil.

La investigación señala que el acusado proporcionaba apoyo logístico y financiero a la estructura criminal desde el exterior, además de coordinar los viajes que posibilitaban el traslado de los estupefacientes. Según el expediente, la acusación sostiene que estas maniobras formaban parte de una red de contrabando de drogas con alcance internacional.

El caso quedó bajo la jurisdicción del Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N° 8, encabezado por Gustavo Darío Meirovich, con la Secretaría N° 15 a cargo interino de Milagros Stoddart. El juzgado requirió la colaboración de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), que activó una notificación roja para dar con el paradero del imputado.

Fuentes oficiales explicaron que la búsqueda incluyó múltiples consultas a bases de datos nacionales e internacionales y el trabajo conjunto con diversas oficinas centrales nacionales de Interpol.

La Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) reportó que, tras el análisis de información compartida entre agencias, surgió la pista de que el buscado tenía un domicilio registrado en Ámsterdam, Países Bajos. Este dato resultó clave para orientar la localización en territorio europeo. Más tarde, autoridades de la Confederación Suiza comunicaron que el ciudadano dominicano había sido retenido en julio de 2025 en ese país, donde permanecía bajo detención preventiva a la espera de resolución judicial.

A partir de la confirmación de la identidad y la imputación, Interpol Suiza notificó formalmente a la justicia argentina, dando lugar al inicio del proceso de extradición. El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informó que la solicitud de extradición fue concedida en febrero de este año. A raíz de esta decisión, la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA organizó el operativo para concretar el traslado.

Una comisión de la Dirección General de Cooperación Policial Internacional viajó a la ciudad de Zúrich para asumir la custodia del detenido. El viaje de regreso a Buenos Aires se llevó a cabo en un vuelo comercial, bajo estrictos protocolos de seguridad y en cumplimiento de los acuerdos bilaterales de cooperación policial. El traslado fue coordinado con las autoridades suizas e intermediado por la red de Interpol, de acuerdo con la información brindada por el Gobierno argentino.

Una vez en Argentina, el ciudadano dominicano fue puesto a disposición del juzgado interviniente, donde continuará el proceso judicial correspondiente a los cargos de tráfico internacional de estupefacientes y contrabando agravado.

Santiago Lara, conocido públicamente como el falso hijo de Diego Maradona, fue detenido en las últimas horas acusado por la presunta comercialización de estupefacientes en la ciudad de La Plata. De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por Infobae, la causa involucra a su padre biológico, Marcelo Fabián Lara, y a una mujer, identificada como María José Boren, que es integrante del Servicio Penitenciario Bonaerense.

La investigación que derivó en los arrestos estuvo a cargo del fiscal Hugo Tesón de la Unidad Funcional de Instrucción N° 18. Comenzó en 2024 tras una denuncia anónima que alertó sobre la venta de drogas en la zona céntrica de la capital bonaerense. Según reconstruyeron fuentes del caso, el grupo operaba desde un domicilio en calle 56 entre 20 y 21, desde donde fraccionaban las sustancias en dosis individuales para distribuirla y venderla en diferentes puntos sectores de la ciudad y la localidad de City Bell.

A partir de las pruebas recolectadas en el expediente, se ordenaron diversas tareas de inteligencia, desarrolladas por la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la Provincia de Buenos Aires, que incluyeron observaciones encubiertas y procedimientos de “comprador previo”, que permitieron registrar maniobras compatibles con comercialización de estupefacientes.

Así se identificó a Marcelo Fabián Lara como líder de la organización, rol en el que coordinaba las operaciones junto a su hijo Santiago Lara. Boren, por su parte, quedó señalada como vendedora y presunta proveedora de las drogas dentro del sistema penitenciario.

El procedimiento policial culminó con tres allanamientos realizados en simultáneo: dos en el centro de La Plata y uno en City Bell. Los operativos resultaron en el secuestro de 178 gramos de cocaína, 212 gramos de marihuana, 52 gramos de cristal y 11 pastillas de éxtasis, además de siete teléfonos celulares, dos balanzas, material para el fraccionamiento y 116.890 pesos en efectivo.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, en la organización también participaban otros familiares, entre ellos Pablo Hugo Lara e Ian Matías Lara Aldunate, quienes fueron aprehendidos y luego liberados. Solo Santiago Lara, Marcelo Fabián Lara y María José Boren permanecen detenidos y a disposición de la Justicia.

El esquema de distribución del que participaba el falso hijo de Maradona, siempre de acuerdo al expediente, incluía la utilización de jóvenes de entre 15 y 20 años, quienes recibían drogas como compensación por tareas de apoyo logístico y entrega.

En el caso de María José Boren, fuentes de la investigación confirmaron que se desempeña como cabo primero en la Unidad Penitenciaria N° 33 de Los Hornos, lo que abrió una línea paralela por posible circulación de drogas dentro del sistema carcelario. El expediente, bajo la órbita del juez de Garantías Juan Pablo Masi, avanza bajo secreto de sumario.

Durante las próximas horas, la fiscalía avanzará con el análisis de las pruebas recolectadas y el examen de las comunicaciones secuestradas, mientras define la situación procesal de los imputados, según indicaron al respecto. Cuatro personas más quedaron notificadas por infracción a la Ley 23.737 y fueron liberadas tras el procedimiento, aunque su situación judicial sigue sujeta al desarrollo de la investigación.

Quién es Santiago Lara

El joven era hijo de Natalia Garat, una modelo que habría tenido una relación amorosa con Diego. A los 23 años ella enfermó de un cáncer de pulmón y, en su agonía, según el relato de él, le contó a su pareja, Marcelo Lara, que el chico era hijo del ex futbolista. En ese momento, Santiago tenía tan solo tres años.

En 2016, Santiago apareció por primera vez en los medios para contar su historia. Luego llevó adelante una demanda por filiación a Diego Armando Maradona en el Juzgado de Familia N° 7 de La Plata.

En 2019 reapareció en los medios de comunicación para reclamar el reconocimiento del Diez. Cuando murió, el 25 de noviembre de 2020, pidió a través de sus abogados la exhumación del cuerpo para determinar si era o no su padre biológico. Ocho meses de la partida de Maradona se conoció el resultado del ADN: dio negativo.

Según ha explicado la Benemérita en un comunicado, los agentes intervinieron en tres naves industriales repartidas entre el polígono de Hontoria (Segovia), San Martín de la Vega (Madrid) e Illescas (Toledo). A su vez, registraron tres domicilios, considerados la residencia de los cabecillas de la organización criminal, en los que hallaron documentación pendiente de analizar, miles de euros en metálico y varios kilos de cogollos de marihuana envasados al vacío y preparados para su venta a terceros.

La organización intervenida se dedicaba principalmente al cultivo, elaboración y distribución de marihuana, así como al contrabando de tabaco. La Benemérita cree que tres de los detenidos, en situación irregular en España, podrían haber sido explotados laboralmente para trabajar como “jardineros” o cuidadores de las plantaciones de marihuana. Estas personas eran obligadas a pasar largas temporadas en el interior de las naves industriales, en condiciones precarias que atentaban a su dignidad personal.

Extensas plantaciones y cientos de kilos de marihuana

Los guardias civiles registraron una primera nave en Segovia y una tercera en Madrid, donde encontraron dos extensas y sofisticadas plantaciones de cannabis sativa en interior, dotadas con un complejo sistema de iluminación, ventilación, climatización y control ambiental. Entre las dos, contabilizaron 10.378 plantas de marihuana en diferentes estadios de floración.

En la nave toledana de Illescas se localizaron 136.000 cajetillas de tabaco. Los paquetes, destinados al contrabando, estaban listos para ser distribuidos. Asimismo, se han desmantelado las instalaciones destinadas a la defraudación masiva de fluido eléctrico.

Por otro lado, en los domicilios registrados, dieron con más de 26.000 euros en efectivo y 321,5 kilos de cogollos de marihuana. La mercancía estaba repartida en diferentes paquetes, envasados al vacío y preparados para su venta a terceras personas.

La operación ha sido llevada a cabo por la Policía Judicial de la Guardia Civil en Segovia con el apoyo de las USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia) de Segovia y Madrid y del Servicio Cinológico de Madrid. Ha sido dirigida y coordinada por el Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción, Plaza n.º 6 de Segovia.

En total, el operativo se ha saldado con seis detenciones, cuatro hombres y dos mujeres. Se les acusa de pertenencia a una organización criminal, tráfico de drogas y contrabando. Además, tres de ellos serán investigados por un posible delito de explotación laboral.

La muerte de un bebé por fentanilo en una guardería del Bronx terminó con la condena a 25 años a cadena perpetua para los propietarios. En el tribunal, la madre del niño aseguró que la vida de su hijo fue arrebatada por quienes debían proteger a los menores y afirmó que nada devolverá lo perdido.

Los condenados además enfrentan 45 años de prisión previos por delitos federales de narcotráfico, según informó el diario local New York Daily News.

Los propietarios recibieron las condenas máximas tras el veredicto del jurado

El miércoles, el tribunal del Bronx dictó sentencia para Grei Mendez y Felix Herrera-Garcia, propietarios de la guardería Divino Niño Day Care, ubicada en Morris Ave. cerca de E. 196th St., tras ser declarados culpables del asesinato del pequeño Nicholas Dominici en septiembre de 2023.

El jurado ya los había encontrado responsables de asesinato y agresión en noviembre de 2023, según la cobertura de New York Daily News. Ambos recibieron 25 años a cadena perpetua por la muerte provocada por el fentanilo, un veredicto que se suma a una condena previa de 45 años de prisión recibida en 2024, tras admitir culpabilidad en cargos federales de posesión y distribución de drogas en el centro infantil.

La juez del tribunal superior del Bronx, Margaret Clancy, subrayó la gravedad del hecho al pronunciar su fallo: “Resulta incomprensible que estos acusados, padres ellos mismos, comenzaran y mantuvieran operaciones de tráfico de fentanilo mientras pedían la licencia municipal para cuidar niños pequeños”, señaló durante la audiencia.

La operación de fentanilo se desarrollaba junto a los espacios infantiles

Las pruebas expuestas durante el proceso judicial mostraron que Mendez y Herrera-Garcia almacenaban fentanilo y otras sustancias letales en la sala de siestas de la guardería. Habitualmente, familias como la de Dominici llevaban a sus hijos hasta el lugar, ignorando el tráfico de opioides dentro del establecimiento destinado al cuidado infantil.

En septiembre de 2023, Nicholas y otros tres niños pequeños fueron expuestos accidentalmente al fentanilo. Fiscales sostuvieron que mientras los otros menores lograron recuperarse, Nicholas falleció días después en el hospital. La situación cambió por completo la vida de la familia Dominici.

La reacción inmediata de los dueños agravó el desastre. Tras enfermar los niños, en vez de contactar a los servicios de emergencia, Mendez intentó encubrir la evidencia y primero avisó a Herrera-Garcia, quien llegó al lugar, recopiló pruebas en bolsas y se fugó con ellas. Luego, escapó a México, donde finalmente fue capturado.

Sobre los momentos posteriores al incidente, la juez Clancy precisó: “Fue escalofriante escuchar la llamada al 911 que finalmente hizo la señora Mendez, mientras gritaba que los bebés no respiraban, pero, al mismo tiempo, daba instrucciones a su esposo para salir por la puerta trasera”.

El sufrimiento de los familiares: voces en primera persona durante la sentencia

Durante la audiencia, Zoila Dominici, madre de Nicholas, dirigió palabras centradas en su dolor y su indignación hacia los responsables: “La justicia que Nicholas merece es que esta mujer, cuyo nombre me resulta difícil pronunciar, nunca salga de la cárcel, que nunca vea crecer a sus hijos, porque ella me arrebató al mío”.

Dominici explicó en español que nada compensará la pérdida: “Absolutamente nada hará que vuelva a mis brazos”.

Relató los últimos instantes junto a Nicholas en el hospital y cómo ese trauma define desde entonces la cotidianidad familiar:

“Casi nunca duermo bien porque no puedo cerrar los ojos sin ver a mi hijo en esa cama del hospital con sangre en la boca, sin responder. Le hablé, le llamé, le besé, le rogué que despertara. No lo hizo. Mi hijo seguía tibio. Le abrí sus hermosos ojos con mis dedos y no despertó. Toqué sus pequeñas manos y nada. Desde ese día, nuestra vida no ha sido igual”.

Dominici señaló que Nicholas había sido el primero de sus hijos en asistir a una guardería. Sus otros hijos, nacidos en Santo Domingo, fueron directamente a la escuela. La ausencia de Nicholas, dijo, la privó de presenciar los hitos de la infancia que esperaba compartir, como verlo aprender a montar bicicleta o asistir a clases.

La reacción de los acusados y el cierre de la guardería

Previo a conocer la sentencia, tanto Mendez como Herrera-Garcia se dirigieron a las familias de las víctimas y a sus allegados. Herrera-Garcia pidió perdón y reconoció el daño causado: “Sé que para ellos, decir que lo siento puede no significar nada. Sé que quizás no puedan perdonarme todavía. Pero les pido que, con el tiempo, nos perdonen. Lo lamento de una manera que no pueden imaginar.” También se disculpó con su esposa: “Por mi culpa, ella está aquí”.

Mendez, entre lágrimas, pidió disculpas: “Solo quiero disculparme con la familia de los niños a los que estaba cuidando. Dijeron que nunca me disculpé, pero sí lo he hecho, y también con mi familia”.

La guardería Divino Niño Day Care permanece clausurada desde la muerte de Nicholas. Los registros judiciales confirman que ambos acusados recibieron 45 años de prisión en un proceso federal en 2024, al admitir la tenencia y distribución de drogas en el establecimiento.

Durante el juicio, la juez Clancy concluyó: “Continuaron almacenando y empacando fentanilo y otras drogas peligrosas en el mismo lugar donde los niños gateaban, jugaban, dormían y comían. Nadie puede vivir en nuestra comunidad y desconocer los peligros del fentanilo”.

El Ministerio Público de Panamá informó que durante febrero de 2026 la Fiscalía Especializada en Delitos relacionados con Drogas, en conjunto con la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional, ejecutó una serie de operativos contra el microtráfico que permitieron judicializar múltiples casos vinculados a la venta de sustancias ilícitas en distintos sectores del país.

Las diligencias incluyeron técnicas especializadas de investigación, entre ellas compras controladas y operativos encubiertos, que derivaron en detenciones, decomisos de drogas y condenas judiciales contra personas involucradas en la comercialización ilegal de estupefacientes.

Las acciones se concentraron principalmente en zonas del distrito de San Miguelito, donde se realizaron diligencias estratégicas en comunidades como Villa Lucre, Los Andes, Torrijos Carter, San Isidro, Samaria y Brisas del Golf.

Según el reporte oficial, estas operaciones permitieron abrir 14 carpetas judiciales por delitos relacionados con drogas en la modalidad de venta de sustancias ilícitas, las cuales posteriormente fueron judicializadas ante los tribunales competentes.

Como resultado, las autoridades lograron decomisar diversas sustancias ilícitas, entre ellas cannabis sativa (marihuana), cocaína, pastillas de éxtasis y derivados de THC.

El balance operativo del Ministerio Público indica que tres de las causas permanecen abiertas en fase de investigación, mientras que cuatro casos se mantienen con término de investigación por seis meses y con cuatro personas detenidas bajo medida cautelar.

Además, el proceso judicial permitió alcanzar diez condenas mediante acuerdos de pena, con sentencias que alcanzan hasta 84 meses de prisión. En total, las diligencias realizadas durante febrero dejaron 14 personas detenidas, entre ellas un ciudadano extranjero, vinculadas a la presunta comercialización y distribución de sustancias ilícitas en áreas urbanas del país.

Las autoridades indicaron que estas acciones operativas también fueron replicadas en otras regiones, particularmente en la región de Azuero, donde se desarrollaron 18 diligencias relacionadas con la presunta comisión del delito de microtráfico.

Como resultado de estas intervenciones se logró la aprehensión de 20 personas, de las cuales 18 son panameños y dos extranjeros, además del decomiso de sustancias ilícitas, teléfonos celulares y dinero en efectivo que presuntamente eran utilizados en actividades vinculadas al tráfico de drogas.

Marzo

Mientras tanto, en marzo las autoridades de seguridad han continuado con los operativos contra el narcotráfico y el microtráfico, como parte de las estrategias de vigilancia y control en el territorio nacional.

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) informó que durante un operativo desarrollado al sur de Punta Burica, en el marco de la Operación Escudo Protector, unidades aeronavales lograron incautar 467 paquetes de presunta sustancia ilícita que se encontraban flotando en sacos a la deriva en aguas territoriales panameñas.

El hallazgo se produjo durante labores de patrullaje marítimo, cuando las unidades detectaron varios sacos sospechosos flotando en el mar.

Tras asegurar el área y realizar las maniobras de verificación correspondientes, las autoridades lograron recuperar 17 sacos debidamente embalados, los cuales fueron trasladados en coordinación con la Fiscalía de Drogas de Chiriquí hacia la Estación Aeronaval de Quebrada de Piedra, donde se realizó el conteo oficial que confirmó la presencia de 467 paquetes de presunta droga

En otro operativo reciente, unidades aeronavales ubicaron cuatro paquetes de presunta sustancia ilícita en el sector de Panamá Viejo, en la provincia de Panamá. Durante la operación también fue daprehendido un ciudadano, luego de que las autoridades detectaran la supuesta droga oculta entre manglares en una zona costera.

El sospechoso fue trasladado a la Base del Comando General Capitán Lloyd Núñez, en Cocolí, para continuar con los trámites judiciales correspondientes en coordinación con la Fiscalía de Drogas.

Las acciones contra el narcotráfico también se han reforzado mediante operativos de seguridad ciudadana ejecutados por la Policía Nacional, que en el marco del Plan Firmeza reportó la aprehensión de 210 personas en las últimas 24 horas.

Del total, 126 fueron capturadas mediante oficios judiciales, 47 por faltas administrativas, 11 en flagrancia, 25 por microtráfico y una por narcotráfico.

Además, durante los operativos se realizaron 81 allanamientos en distintos puntos del país, lo que permitió decomisar 433 paquetes de droga, tres armas de fuego con 51 municiones y diversas sustancias ilícitas distribuidas en carrizos, bolsitas y sobres.

Las estadísticas oficiales también indican que en estas acciones se incautaron 339 carrizos con polvo blanco, 20 bolsitas con hierba seca, 54 bolsitas con metanfetamina y 54 sobres con sustancias ilícitas, además de recuperar dos vehículos y un semoviente.

En materia de tránsito, las autoridades colocaron 883 boletas por diversas infracciones, entre ellas 106 por exceso de velocidad, 40 por luces no adecuadas, una por embriaguez comprobada, 18 por licencia vencida, siete por uso del celular al conducir y cuatro por aliento alcohólico.

Los operativos contra el narcotráfico se mantienen como una de las principales prioridades de los estamentos de seguridad panameños, especialmente debido a la posición estratégica del país en las rutas internacionales del tráfico de drogas.

Durante 2025, el Servicio Nacional Aeronaval decomisó 71.1 toneladas de sustancias ilícitas, además de 40 embarcaciones, 37 armas de fuego y 6,618 municiones, como parte de operaciones desarrolladas en ambos litorales del país.

Del total de droga incautada el año pasado, 43 toneladas correspondieron a clorhidrato de cocaína y 22.5 toneladas a marihuana, además del decomiso de paquetes de metanfetaminas y éxtasis.

Las autoridades también reportaron 142 personas aprehendidas durante estas operaciones, entre ellas 74 panameños y ciudadanos de diversas nacionalidades, incluidos colombianos, nicaragüenses, ecuatorianos, costarricenses, estadounidenses, peruanos y venezolanos.

La mayor parte de los decomisos se registró en el litoral Pacífico, con 48.7 toneladas incautadas, mientras que 16.8 toneladas fueron decomisadas en el mar Caribe, reflejando la intensidad de las operaciones contra el tráfico marítimo de drogas en Panamá

Un intento de introducir drogas y dispositivos prohibidos al Establecimiento de Ejecución Penal de Cipolletti fue frustrado por el personal del Servicio Penitenciario de Río Negro.

El operativo se desencadenó tras una inspección rutinaria al sector de carpintería, donde el hallazgo de sustancias ilícitas y tecnología de comunicación puso en evidencia la sofisticación de las maniobras para vulnerar los controles internos de la institución.

La revisión, efectuada en el marco de los protocolos de control habituales, se centró en un envío de materiales destinados al Taller 8 del penal. Lo que en apariencia eran simples palets de madera destinados a tareas de carpintería, ocultaba un mecanismo adaptado para eludir la vigilancia penitenciaria. El personal penitenciario detectó irregularidades en los tacos, lo que motivó una inspección más detallada y permitió descubrir el ardid.

Según informó el portal del diario Río Negro, el procedimiento reveló que la madera había sido modificada con huecos ocultos y rellenos con globos de colores, además de un recipiente con tinta utilizado como camuflaje. Al desmontar la estructura, los agentes encontraron dos envoltorios con cocaína —con un peso total de 19,3 gramos— y quince envoltorios con marihuana, que sumaban 36 gramos. También se hallaron dos chips de telefonía móvil y un auricular, elementos considerados de alto riesgo en el contexto carcelario por su uso potencial para mantener comunicaciones no autorizadas desde el interior del penal.

La intervención fue supervisada por la Fiscalía Federal de General Roca, a cargo de la fiscal Ivana Mesina.

Según indicaron fuentes del Servicio Penitenciario, el operativo fue registrado en video y fotografía, y se labraron actas conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de actuaciones. Posteriormente, la Fiscalía inició las investigaciones para determinar la procedencia del envío y la posible existencia de connivencia con personas privadas de la libertad.

Intentaron ingresar cocaína en una comisaría de Chaco

Días atrás, el intento de ingreso de cocaína a una dependencia policial terminó con un joven de 22 años aprehendido en la Comisaría Séptima de Resistencia. La sustancia, que estaba oculta dentro de facturas destinadas a un detenido, dio positivo para cocaína tras la prueba de campo realizada por personal especializado.

El episodio ocurrió cuando el joven se presentó en la guardia de la seccional con la intención de entregar alimentos a un interno alojado en esa dependencia. Como parte del protocolo habitual de seguridad, el personal policial procedió a inspeccionar los paquetes antes de autorizar su ingreso.

Durante la revisión de los panificados, los efectivos detectaron irregularidades en la textura y el peso de los cañoncitos con dulce de leche. Al examinarlas con mayor detenimiento, encontraron cinco pequeños envoltorios de polietileno —comúnmente conocidos como “bochitas”— que contenían una sustancia blanquecina compacta, cuidadosamente escondida en el interior de los alimentos.

De inmediato, se dio intervención al Departamento Consumos Problemáticos, cuyos agentes se trasladaron hasta la dependencia para realizar las pruebas correspondientes.

Mediante el reactivo químico de campo, se confirmó que la sustancia incautada era cocaína, con un peso total de 2,7 gramos. Tras la constatación, se procedió al secuestro formal de la droga y a la notificación de las autoridades judiciales competentes.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Antidrogas N° 1, a cargo de la doctora Andrea Lovey Pessano, quien dispuso la aprehensión inmediata del joven por presunta infracción a la Ley Nacional N° 23.737.

Además del secuestro de la sustancia, la fiscalía ordenó la apertura de actuaciones judiciales para determinar las circunstancias del hecho y establecer si el detenido actuó por cuenta propia o si formaba parte de una maniobra más amplia de suministro de drogas dentro de lugares de detención.

El joven aprehendido quedó alojado en carácter de comunicado y a disposición de la Justicia, mientras avanzan las diligencias para esclarecer completamente el hecho.

Dan y John estaban una tarde charlando en la playa y surgió el tema de sus muertes. Era una de esas conversaciones que a veces tienen los amigos de verdad. Estaban escuchando una canción de The Ventures llamada The 2000 Pound Bee. La canción estaba repleta de acordes duros de guitarra y era el tipo de música popular de los 60, con un toque de punk. Dan le pidió un favor a John: “Tienes que prometerme algo -dijo Dan-. Si muero antes que vos tenés que poner esta canción en mi funeral... ¡Sería genial poner esta canción ruidosa y pesada en una iglesia llena de gente!“. “Claro -respondió John-. Vos tenés que hacer lo por mí”. Hablaba en serio. “Por supuesto”, prometió Dan. John era John Belushi y Dan, su amigo Dan Aykroyd. Uno de los dos cumplió su promesa.

John Adam Belushi nació el 24 de enero de 1949 en el vecindario de Humboldt Park, situado en la ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos. Fue hijo de Adam Anastos Belushi, un inmigrante que arribó a Estados Unidos desde Albania en el año 1934, y de Agnes Demetri, descendiente de segunda generación de inmigrantes albaneses.

John creció junto a sus tres hermanos, Marian, Jim y Billy. Su padre era dueño y operador de dos restaurantes y tenía la intención de que su hijo heredara el negocio familiar, pero John no quiso. Tenía otros planes.

Durante su juventud, estudió en la escuela secundaria Wheaton Central High School en Illinois, donde se graduó en 1967. En su etapa escolar, Belushi se destacaba por ser uno de los alumnos más populares; de hecho, fue nombrado como Rey del Baile de Bienvenida y recibió el título del estudiante “más gracioso” de su clase.

Su destreza no se limitaba al humor: con una estatura de 1,75 metros y un peso de 77 kilos, jugaba al fútbol americano y además era co-capitán del equipo. Sus propios compañeros lo apodaban “Killer Belushi” (el asesino Belushi) debido la intensidad con la que jugaba.

Además de las actividades deportivas —y de practicar artes marciales como el judo y el karate a lo largo de su vida— participaba en un espectáculo de variedades de la escuela, donde captó la atención de Judith Jacklin, quien se convertiría en su novia de la secundaria y, posteriormente, en su esposa en 1976. Por aquellos años, también formaba parte de una banda de rock desempeñándose como baterista, lo que complementaba su habilidad para tocar otros instrumentos, incluida la armónica.

Al concluir la escuela secundaria, rechazó una beca deportiva para continuar jugando al fútbol americano en Western Illinois y decidió intentar ingresar a la universidad Illinois Wesleyan. Al no ser aceptado, terminó matriculándose en la Universidad de Wisconsin-Whitewater, donde cursó durante un año antes de regresar a Wheaton en el verano de 1968. En el otoño de ese mismo año, se inscribió en el College of DuPage, una universidad comunitaria de dos años. Allí, el 5 de enero de 1970, obtuvo un título de grado en artes con especialización en estudios generales.

En febrero de 1971, con tan solo 22 años, viajó a Chicago para realizar una audición en The Second City, una prestigiosa compañía de comedia cuyos espectáculos combinaban rutinas ensayadas y segmentos de improvisación. Belushi obtuvo el puesto y se convirtió en el miembro más joven en la historia de la agrupación.

Sus compañeros pronto notaron su extraordinaria capacidad para adueñarse de las escenas, interpretando un amplio rango de personajes, desde el alcalde de Chicago hasta Hamlet. Sobre este último rol, solía bromear en el escenario parafraseando la clásica obra: “Ser o ser. Sin duda es mucho mejor que la mierdad de no ser”.

Para el otoño de 1971, su figura ascendía velozmente gracias a su impecable imitación del cantante Joe Cocker. Belushi se consolidó como la estrella principal de The Second City, actuando seis días a la semana. Cuando un ex actor de la compañía le preguntó cómo lograba estar tan relajado frente al público, Belushi respondió con contundencia: “Porque ese es el único lugar donde sé lo que estoy haciendo”. Luego de catorce meses de trabajo ininterrumpido, en la primavera de 1972, dio por finalizada esa etapa.

En octubre de 1972, Tony Hendra, un representante de la revista National Lampoon, viajó a Chicago para observar su imitación de Joe Cocker. Hendra buscaba sumar talentos para Lemmings, un espectáculo paródico centrado en músicos populares y el festival de Woodstock. Impresionado por la actuación, le ofreció un contrato para trasladarse a Nueva York. Belushi aceptó de inmediato.

Mientras protagonizaba el show con localidades agotadas, en 1973 también comenzó a escribir, dirigir y actuar en el programa radial The National Lampoon Radio Hour. Fue durante una visita a la sede de The Second City en Toronto que conoció al comediante Dan Aykroyd. Fueron amigos inseparables.

El gran salto televisivo ocurrió en 1975. El 11 de febrero, la cadena NBC le encargó al productor Lorne Michaels la creación de un programa para la franja de 11:30 PM a 1:00 AM de los sábados, dirigido a un público joven. A pesar de las firmes recomendaciones para sumar a Belushi al elenco de transmisiones en vivo, Michaels se mostraba renuente, porque lo consideraba un rebelde con opiniones demasiado fuertes.

Durante su única entrevista, Belushi le advirtió a Michaels que detestaba la televisión. Sin embargo, consiguió una audición en la que presentó a un personaje inédito: el Samurái Futuba. Con el cabello recogido, vestido con una bata vieja y blandiendo un palo de armario a modo de espada, Belushi improvisó tareas cotidianas comunicándose únicamente con gruñidos y en un falso idioma japonés. Su actuación, que incluyó amenazas de hacerse el harakiri ante ofensas mínimas, provocó el llanto de risa en los presentes, obligando a Michaels a contratarlo.

El 11 de octubre de 1975, quince minutos antes de salir al aire, Belushi firmó su contrato con NBC para Saturday Night Live. Desde el estudio 8H del Rockefeller Plaza, fue el único miembro estable del elenco en aparecer en la primera escena del programa. Pese a ese hito histórico, su frustración creció rápidamente por la falta de protagonismo.

En el segundo episodio, conducido por Paul Simon, el elenco quedó relegado frente a múltiples músicos invitados y videos pregrabados; la única participación de Belushi consistió en salir al escenario vistiendo un ridículo disfraz de abeja, algo que consideró denigrante para su capacidad actoral.

Esa tensión interna estalló de forma brillante en el tercer episodio, conducido por el director Rob Reiner. Ante una nueva y forzada aparición de las abejas, Reiner detuvo la escena argumentando que estaban arruinando su actuación.

Belushi dio un paso al frente y, en tono de confrontación, le recriminó a Reiner las deficiencias del equipo de guionistas, agitando agresivamente las antenas de su disfraz de manera absurda. La abrumadora reacción del público convirtió a las abejas en el primer éxito del ciclo.

En ese mismo episodio, Belushi estrenó en la televisión nacional su imitación de Joe Cocker, retorciéndose en el suelo y escupiendo cerveza hacia el techo.

El 13 de diciembre de 1975 debutó oficialmente el segmento del samurái en un duelo de espadas junto al comediante Richard Pryor. En los años siguientes, aportaría a la pantalla personajes de culto como Pete, el empleado de la cafetería Olympia que solo vendía hamburguesas con queso y Pepsi, una versión sorda y cocainómana de Beethoven con el estilo de Ray Charles y un extraterrestre bautizado como Kuldroth. Su labor como guionista le valió un premio Primetime Emmy en el año 1977.

A la par de su consagración televisiva, su vínculo creativo con Dan Aykroyd dio origen a un fenómeno musical. El 17 de enero de 1976, ambos volvieron a enfundarse en los trajes de abeja, pero esa vez con anteojos oscuros de aviador y un sombrero para cantar blues satírico. Más de dos años después, el 22 de abril de 1978, la transformación se completó cuando fueron presentados por el músico Paul Shaffer bajo las identidades ficticias de los hermanos “Joliet” Jake Blues y Elwood Blues. Tras esa aparición, firmaron un contrato con el sello musical Atlantic Records y publicaron el disco Briefcase Full of Blues, alcanzando un éxito masivo en ventas.

El desembarco protagónico en el cine ocurrió bajo la dirección de John Landis en la película National Lampoon’s Animal House, estrenada el 28 de julio de 1978. Los estudios Universal condicionaron la realización del filme a la contratación de Belushi, quien cobró 35.000 dólares por interpretar al conflictivo universitario John “Bluto” Blutarsky.

Landis suprimió líneas de diálogo de su personaje para forzarlo a exprimir al máximo sus célebres expresiones faciales. La película, rodada a contrarreloj en Oregón, rompió récords de recaudación. Durante aquel año, Belushi todo lo que tocó lo convirtió en suceso. La película, el programa de televisión y el disco más exitosos de los Estados Unidos lo tuvieron como protagonista.

Previamente, también en 1978, había participado como el temible promotor musical Ron Decline en el falso documental The Rutles: All You Need is Cash, y completaría el año con pequeñas apariciones en películas que no tuvieron tanto éxito como Goin’ South.

Tras abandonar definitivamente Saturday Night Live en septiembre de 1979, coprotagonizó junto a Aykroyd el drama fallido Old Boyfriends y la ambiciosa comedia militar 1941, dirigida por Steven Spielberg, que fracasó de manera rotunda ante la prensa especializada y el público.

Buscando revertir ese revés, en 1980 el dúo trasladó a sus personajes musicales a la gran pantalla con la superproducción The Blues Brothers, un largometraje repleto de persecuciones automovilísticas ambientadas en Chicago, que incluyó la participación de estrellas como Ray Charles, Aretha Franklin, Cab Calloway y James Brown.

En 1981, Belushi se propuso cambiar de registro: primero, en la comedia romántica Continental Divide, donde encarnó al sutil periodista de Chicago Ernie Souchak, y luego en la comedia negra Neighbors. En esa última película intercambió sus roles habituales con Aykroyd, interpretando a Earl Keese, un vecino tranquilo y circunspecto.

Sin embargo, detrás de las cámaras se ocultaba una severa adicción a las drogas. Los reportes periodísticos señalaban que Belushi gastaba cerca de 2.500 dólares por semana para sostener su consumo, mientras viajaba constantemente entre Nueva York y California trabajando en el guion de un proyecto denominado Noble Rot. En simultáneo, Aykroyd concebía el rol protagónico del doctor Peter Venkmann en la futura película Ghostbusters específicamente para que lo interpretara su gran amigo.

Durante la primera semana de marzo de 1982, el actor alquiló el bungalow número tres del célebre hotel Chateau Marmont de Hollywood, en Los Ángeles. La noche del 4 de marzo participó de una fiesta junto al actor Robin Williams y otros amigos. En las horas posteriores, una mujer identificada como Cathy Smith le inyectó una dosis de heroína y cocaína, mezcla conocida como “speedball”. La letal combinación deprime el sistema nervioso de manera progresiva, provocando un fallo respiratorio fulminante. El 5 de marzo de 1982, con apenas 33 años de edad, John Adam Belushi fue hallado sin vida en la habitación a causa de una intoxicación combinada de drogas.

Por la muerte de Belushi hubo un proceso judicial. Cathy Smith confesó haber suministrado la inyección letal. Tras ser acusada formalmente, se declaró culpable de homicidio involuntario y fue sentenciada a quince meses de prisión.

Aquel 5 de marzo de hace 44 años, cuando se enteró de la triste noticia del fallecimiento de su amigo, Dan Aykroyd supo que tenía que cumplir aquel pacto que ambos habían hecho.

El martes 9 de marzo de 1982, bajo la nieve de Massachusetts, los restos de Belushi fueron sepultados en el cementerio Abel’s Hill en Chilmark, Martha’s Vineyard. Aykroyd, vestido completamente con cuero negro, lideró la procesión fúnebre a bordo de su motocicleta, mientras el cantautor James Taylor interpretaba el tema That Lonesome Road.

Dos días más tarde, el 11 de marzo, tuvo lugar un servicio conmemorativo en la Catedral de San Juan el Divino de Nueva York, ante unas mil personas. Fue entonces que Aykroyd acercó un reproductor de casetes al micrófono de la iglesia y reprodujo a todo volumen los acordes de The 2000 Pound Bee. Al principio los asistentes se sorprendieron pero luego rieron. La promesa fue cumplida.

Un operativo de la Policía Municipal de Mexicali resultó en el aseguramiento de 69 kilogramos de fentanilo luego de una revisión a un vehículo en la capital de Baja California.

La información fue dada a conocer este 3 de marzo de 2026 por la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien destacó la magnitud del decomiso como parte de los esfuerzos coordinados para combatir el tráfico de estupefacientes en la región.

Hallazgo durante la inspección vehicular

Según el breve reporte de la gobernadora, compartido en sus redes sociales, la detención se produjo cuando agentes municipales interceptaron una camioneta de modelo reciente, color blanco, y localizaron inicialmente 11 paquetes de fentanilo.

Posteriormente, durante una inspección más exhaustiva, las autoridades descubrieron un paquete adicional oculto que contenía aproximadamente 700 mil pastillas de la sustancia, sumando un total de 69 kilogramos entre todo lo asegurado.

Según autoridades, la persona detenida quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

El decomiso representa una acción relevante en el contexto de la estrategia estatal para reducir la circulación de drogas sintéticas en Mexicali, ciudad relevante en el mundo del crimen organizado por su frontera con Estados Unidos.

El resultado del operativo fue calificado por la administración estatal como parte de los avances en la colaboración entre las fuerzas de seguridad en el estado, orientada a retirar narcóticos de las calles y fortalecer la seguridad en la entidad.

Estos fueron los paquetes asgurados

Una fotografía compartida por la gobernadora del estado reveló la presentación de los ilícitos tras el decomiso.

En la imagen se observa una mesa cubierta con papel que lleva el logotipo y el nombre de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali.

Sobre el papel se encuentran 11 paquetes rectangulares envueltos con lo que pareciera ser cinta de precaución, la cual estaría desgastada pero aun conservando las características marcas amarillas y negras.

Junto a ellos hay una bolsa transparente con numerosos comprimidos de color azul claro, lo que revela la presencia de las pastillas de fentanilo.

Al fondo, un panel con el emblema de la policía municipal y la sigla DSPM refuerza el contexto institucional.

Hasta el momento no se sabe si este decomiso estaría relacionado con alguno de los cárteles de la droga que operan en el estado, entre los que destacan el Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Mexicali y su importancia para el trasiego de drogas

Mexicali, capital de Baja California, ocupa un lugar relevante en el mapa del trasiego de drogas por su proximidad con la frontera de Estados Unidos y su acceso a rutas que conectan con distintos puntos del país.

Según análisis previos, su ubicación geográfica facilita el movimiento de cargamentos ilícitos, convirtiéndola en un objetivo prioritario para organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes.

Por este motivo, las fuerzas de seguridad habrían intensificado los operativos en la región, buscando detectar y bloquear el transporte de sustancias ilegales, como el fentanilo, que tiene alta demanda en el mercado estadounidense.

El reciente decomiso en Mexicali evidencia la relevancia de la ciudad en las estrategias de los grupos delictivos, así como la necesidad de mantener y reforzar la coordinación entre las instituciones encargadas de combatir este delito.

Aunque han pasado años desde que se emitiera por primera vez Los Serrano o Física o Química, son muchos los que siguen recordando las tramas de estas dos ficciones, dos de las más icónicas de la historia de la televisión española. Pero también a aquellos actores que dieron vida a los personajes, cuyo recuerdo sigue presente. Uno de esos intérpretes es Adrián Rodríguez, que apareció en ambas ficciones y demostró tener un gran talento.

En ese momento, primeros años de los 2000, todo hacía apuntar a que el barcelonés tendría una carrera marcada por el éxito. Sin embargo, no terminó siendo así. Adrián ha pasado largas épocas marcadas por las adicciones, un tema que todavía le pasa factura. No solo no ha podido hacerse un verdadero hueco en la industria, sino que además tuvo que dejarlo todo para mudarse a Chiclana de la Frontera, en Cádiz, donde el año pasado comenzó un tratamiento de desintoxicación.

Tras sufrir una recaída el pasado mes de noviembre, cuando volvió a entrar en el centro, Rodríguez parece haber encontrado el equilibrio, tal y como ha demostrado en su última aparición pública. Para hablar de este proceso de sanación, el actor se ha sentado en el plató de Y ahora Sonsoles, donde ha charlado con Sonsoles Ónega sobre sus adicciones y el proceso de recuperación que lleva meses siguiendo.

Según ha contado, lleva unos tres años volcado en su desintoxicación, pues es un proceso que dura “dos o tres años” y que en su caso se ha alargado debido a que “he tenido estas pequeñas recaídas que ha habido entre medias”.

Una de las partes del trabajo de los terapeutas es que los internos se conozcan y se quieran, algo que él ha empezado a hacer, pues antes, según ha explicado, “cuando me drogaba huía de mí mismo. Lo hacía porque no me gustaba quién era y lo que veía. Pierdes el amor por ti”.

El aprendizaje que ha sacado de esta época es que “me estoy dando cuenta de que las recaídas me están enseñando cada vez más a dónde no quiero volver”. Además, ha llegado a una conclusión muy dura: “es complicado porque pienso que fallo y decepciono a los demás, pero realmente me he dado cuenta de que solo me decepciono a mí mismo”.

No está siendo fácil, pero los profesionales del centro le está ayudando a “saber a dónde no quiero volver”. “Al final, sí que es verdad que es complicado de cara a mí mismo decir, ‘ostras, otra vez me he fallado, otra vez he fallado a los demás, otra vez he decepcionado...”, contaba, añadiendo que ahora, “me he dado cuenta de que al único al que fallo es a mí mismo”.

Fue gracias a un “click que te da”, cuando se dio cuenta que no podía seguir así, que necesitaba ayuda para mejorar. Tras cinco meses, ha considerado que ya está mejor y que puede retomar su vida, una decisión que ha confesado no comparten sus terapeutas, que le insistieron en que no era el momento para que recibiera el alta. “Pero todo lo que es un tratamiento al final es mucha teoría”, ha añadido él.

Una sorpresa en directo para Adrián

El momento más emocionante de la tarde llegó cuando entró en directo Antonio Rodríguez, el padre de Adrián. Como sus terapeutas, él también ha opinado que cree que es pronto para esta salida de la clínica: “por las experiencias que hemos tenido en el pasado, me parece que es muy pronto”, ha dicho, dejando a pesar de todo la decisión en manos de su hijo.

La situación entre ambos ha pasado momentos complicados, pues la drogadicción del actor les ha llegado a separar, tal y como ha contado el de Los Serrano en alguna ocasión. Pero esa unión nunca se ha llegado a romper y es que Adrián Rodríguez sabe que tiene en su familia el mejor apoyo. “El amor que nos tenemos no lo va a cambiar ni la droga”, ha dicho el actor, que no va a dejar “de luchar” para recuperar su vida y mantenerse sano.

Panamá detuvo en el distrito de Chepo a alias “Pantera”, señalado como presunto integrante del Clan del Golfo, junto a otras dos personas, en un operativo desarrollado en el sector de Las Margaritas, al este de la capital.

La captura se produjo durante la inspección de un vehículo tipo taxi, donde unidades de la Dirección Antinarcóticos, el Senafront y la Policía Nacional ubicaron dos paquetes rectangulares con presunta sustancia ilícita, tres teléfonos celulares, dinero en efectivo y el automóvil utilizado para el traslado.

Con esta acción, las autoridades aprehendieron a tres ciudadanos panameños, quienes fueron puestos a órdenes del Ministerio Público para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

El caso ha generado atención debido a la presunta vinculación del detenido con el Clan del Golfo, organización criminal de origen colombiano señalada por actividades de narcotráfico y redes logísticas en varios países de la región.

La captura ocurre en medio de una intensificación de operativos bajo el denominado Plan Firmeza, que durante los últimos días de febrero y el primero de marzo dejó un acumulado de 526 personas aprehendidas en todo el país, según los reportes oficiales divulgados por la Policía Nacional.

El recuento consolidado refleja que en ese período fueron detenidas personas por distintos motivos: capturas por oficios judiciales pendientes, casos en flagrancia, faltas administrativas y hechos relacionados con microtráfico.

Además de las aprehensiones, se realizaron decenas de diligencias de allanamiento y se decomisaron armas de fuego, municiones y sustancias ilícitas.

Durante las jornadas operativas también se recuperaron varios vehículos vinculados a investigaciones y se reforzaron los controles de tránsito.

En ese mismo período se colocaron más de 3,000 boletas por infracciones, destacando sanciones por exceso de velocidad, conducción bajo efectos del alcohol, licencias vencidas y uso del celular mientras se manejaba. Decenas de vehículos fueron removidos mediante grúas por diversas causas.

El volumen de aprehensiones en apenas tres días refleja un despliegue sostenido de unidades policiales en distintos puntos del territorio nacional, incluyendo sectores considerados estratégicos por su cercanía a rutas utilizadas para el traslado de sustancias ilícitas.

En el caso específico de Chepo, la operación que culminó con la captura de alias “Pantera” se enmarca dentro de inspecciones focalizadas en el área este del país, donde las autoridades han señalado que buscan frenar la movilidad de estructuras criminales y redes de distribución.

Aunque el proceso judicial apenas inicia, la detención del presunto integrante del Clan del Golfo adquiere relevancia en el contexto regional, donde Panamá es identificado como un punto de tránsito para organizaciones dedicadas al narcotráfico debido a su posición geográfica y conectividad logística.

Las autoridades han reiterado que los operativos continuarán en los próximos días y que el Plan Firmeza se mantendrá activo con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana, desarticular redes delictivas y ejecutar órdenes judiciales pendientes.

El Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), es considerado una de las organizaciones criminales más poderosas de ese país y ha sido señalado por autoridades internacionales por su participación en el tráfico de cocaína hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

Su estructura opera mediante redes flexibles que tercerizan transporte, almacenamiento y custodia de cargamentos, lo que le permite mantener presencia indirecta en países utilizados como corredores logísticos.

En Panamá, las autoridades han advertido en distintos informes sobre intentos de estructuras vinculadas al narcotráfico de establecer enlaces para facilitar el tránsito de sustancias ilícitas, aprovechando la conectividad marítima, aérea y terrestre del país.

Aunque no siempre se confirma la instalación permanente de estas organizaciones, sí se han documentado capturas de individuos señalados como enlaces logísticos o coordinadores operativos.

Especialistas en seguridad sostienen que este tipo de detenciones cobra relevancia no solo por el perfil del sospechoso, sino por el mensaje institucional de control territorial.

La estrategia, explican, apunta a evitar que Panamá se consolide como punto fijo de operaciones para grupos transnacionales, reforzando la vigilancia en distritos estratégicos como Chepo, que conecta con rutas hacia el interior del país y zonas costeras.

En un operativo efectuado en el municipio de Naucalpan, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) lograron el aseguramiento de un vehículo que llevaba 15 kilogramos de posible metanfetamina y la detención de su conductor, identificado como José “N”.

Según reportes oficiales, la intervención se efectuó como parte de los despliegues estratégicos instruidos en las Mesas de Paz, mecanismo de coordinación interinstitucional en la entidad.

La presencia de patrullas sobre el Circuito Exterior Mexiquense (CEM) resultó determinante para que los agentes detectaran un automóvil sin placas ni permiso provisional visible, cuyo conductor adoptó una actitud evasiva al notar la cercanía de los oficiales.

Esta reacción motivó a los uniformados a realizar una inspección a la persona y a la unidad motriz, encontrando en el interior del vehículo un costal con una sustancia blanca que presentaba características similares a la metanfetamina.

Hasta el momento no se sabe si el detenido está relacionado con algún grupo delictivo que opere en la región.

Hallazgo y aseguramiento de la droga

Durante la revisión física efectuada por los agentes de la SSEM, se localizó en el interior del vehículo de la marca Ford, modelo focus, un costal que contenía una sustancia blanca.

El peso aproximado de esta sustancia fue calculado en 15 kilogramos.

De acuerdo con la información oficial, el material presentaba características similares a la metanfetamina, una droga sintética de alto impacto en el mercado ilegal.

La sustancia fue asegurada como parte de la evidencia recabada en el lugar del operativo.

Al identificar la sustancia y confirmar que su posesión constituía un delito, los oficiales procedieron a la detención de José “N”, de 51 años de edad.

El reporte oficial de la detención señala que durante el proceso, los agentes informaron al detenido sobre los derechos que le otorga la ley.

Posteriormente, tanto la persona como la probable droga asegurada fueron trasladadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), donde se inició la carpeta de investigación correspondiente por delitos federales.

Estrategias de seguridad y despliegues coordinados

La acción se inscribe dentro de los despliegues estratégicos implementados por la Secretaría de Seguridad del Estado de México en distintos puntos de la entidad.

El Circuito Exterior Mexiquense ha sido identificado en diversas ocasiones como una de las rutas prioritarias para el patrullaje y vigilancia, debido a su alta afluencia vehicular y su relevancia para el tránsito interurbano.

Las Mesas de Paz han instruido labores coordinadas entre autoridades estatales y federales para fortalecer la seguridad y combatir delitos relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.

Presentación ante la FGR y seguimiento legal

Tras la detención y el aseguramiento de la droga, la Fiscalía General de la República recibió al detenido y al material incautado.

La autoridad inició una carpeta de investigación que permitirá establecer la situación legal de José “N” y determinar las acciones legales conducentes.

El proceso judicial se encuentra en etapa inicial, con la integración de pruebas y la evaluación de los elementos recabados durante el operativo.

El viernes por la tarde, dos personas fueron detenidas tras realizarse varios allanamientos antidroga en el barrio Alvear de Rosario. La Policía Federal Argentina confirmó que uno de ellos se trataba de una joven de 23 años, identificada como la hija de Nelson “Chivo” Saravia, el ex líder de la barra brava de Newell’s Old Boys, que fue asesinado en octubre de 2021.

Según los procedimientos realizados por la División Unidad Operativa Federal, los blancos fueron cuatro viviendas de la calle 24 de Septiembre al 3700 y una quinta en San Nicolás al 3700, un área vinculada históricamente a Saravia.

Al concretarse los operativos, las autoridades decomisaron 170 gramos de cocaína, varios teléfonos celulares, herramientas de pesaje y vehículos. Además, se incautaron dos motocicletas Honda (modelos Navi y Wave) y un Peugeot 307.

De acuerdo con la información publicada por Rosario3, la hija del “Chivo” quedó detenida a disposición del Ministerio Público de la Acusación por presunta tenencia de cocaína con fines de comercialización. En el caso de su cómplice, identificado como Marcelo A., de 22 años, también fue arrestado y ambos serán imputados la próxima semana por el fiscal de Microtráfico, César Cabrera.

Cuatro barrabravas fueron condenados a prisión perpetua por haber ejecutado a Nelson “Chivo” Saravia

Cuatro referentes de la barrabrava de Newell’s Old Boys fueron condenados a prisión perpetua en Rosario por el asesinato a tiros de Nelson “Chivo” Saravia el 23 de octubre de 2021, en un caso que la Fiscalía vinculó a una lucha por el control de la tribuna y a la influencia de la banda narco Los Monos.

La sentencia fue dictada el 1 de julio de 2025 por el tribunal integrado por Nicolás Vico Gimena, Pablo Pinto e Ismael Manfrin, quienes condenaron a Guillermo Manuel “Chupa” Sosa, identificado como instigador del crimen, Esteban Salvador Alegre y Brian Alexis Dittler, señalados como coautores materiales, y Alejandro Nicolás “Rengo” Ficcadenti, considerado partícipe necesario.

Según la Fiscalía, la organización y ejecución del asesinato respondieron a una lógica interna de la barra brava, pero tuvieron respaldo de líderes del narcotráfico. El fiscal Luis Schiappa Pietra sostuvo que la barrabrava de Newell’s actuó siguiendo órdenes transmitidas desde prisión por Ariel Máximo “Guille” Cantero, jefe de Los Monos, junto con Carlos “Toro” Escobar y Leandro “Pollo” Vinardi.

En su alegato, el investigador sostuvo que los tres integrantes de la organización criminal utilizaron a sus contactos en el club para consolidar el liderazgo tras los recambios en la dirigencia luego de la victoria electoral de Ignacio Astore en 2021.

De hecho, mencionó que la influencia de Los Monos sobre la barra quedó reflejada públicamente en junio de 2023, cuando durante un partido homenaje a Maximiliano “La Fiera” Rodríguez en el Coloso Marcelo Bielsa, se desplegó una bandera que aludía directamente al control narco sobre la hinchada.

Pero para asegurarse el dominio de la tribuna, Schiappa Pietra indicó que fue necesario asesinar a Saravia. El crimen se concretó en la madrugada del 23 de octubre de 2021, cuando un grupo armado irrumpió en la vivienda del ex líder barrabrava, ubicada en San Nicolás al 3700, barrio Alvear.

Los sicarios rompieron la puerta a patadas, se dirigieron al dormitorio y dispararon con una ametralladora frente al hijo de ocho años y el sobrino de trece años de la víctima. Saravia logró apartar a los menores antes de ser acribillado, por lo que estos no resultaron heridos.

Asimismo, el fiscal Schiappa Pietra detalló que el ataque fue motivado por una represalia: “El móvil del homicidio está directamente relacionado con Sosa porque tres horas antes del crimen de Saravia habían matado a uno de sus familiares. Entendió el tribunal que existió relación”, declaró tras la sentencia.

Incluso, las fotos recopiladas durante la investigación permitieron reconstruir la planificación del atentado en la casa de Sosa, donde se reunieron 22 personas antes de dirigirse al domicilio de Saravia. Tras consumar el asesinato, el grupo regresó al mismo lugar para cambiarse de ropa, dejar las armas y comentar detalles del ataque.

Durante el juicio oral también se presentaron audios en los que Cantero, Escobar y Vinardi manifestaban la necesidad de que Ficcadenti y Sosa asumieran roles de liderazgo en la barra, para mantener el control durante el período electoral en el club.

La Fiscalía consideró que Ficcadenti —histórico cabecilla y ex líder de una facción disidente— no solo instigó el crimen, sino que también proveyó uno de los elementos clave: un cargador de treinta balas utilizado en el ataque.

Saravia, apodado “Chivo”, había dejado la conducción de la barra en 2015 luego de comandar desde 2012 el paraavalanchas de Newell’s. Tras su retiro, intentó regresar, pero fue objeto de amenazas, incluido un episodio en 2019 cuando una corona de flores apareció en la puerta de su casa. Desde entonces, optó por dedicarse a negocios ilegales fuera del ámbito futbolístico.

La resolución se leyó en la sala 10 del Centro de Justicia Penal de Rosario tras un proceso iniciado el 3 de junio del mismo año. Tras confirmarse la sentencia, Schiappa Pietra resaltó la importancia de las pruebas audiovisuales y los mensajes interceptados para probar la cadena de mando desde Los Monos y la coordinación del grupo ejecutor.

El medio consignó además que, pese a esta absolución parcial, el tribunal impuso al procesado una condena de tres años y medio de prisión por delitos relacionados con el suministro ilícito de sustancias estupefacientes a menores de edad. La sentencia recoge que, según los hechos probados, el hombre vendía hachís a menores, con pleno conocimiento de la edad de los destinatarios de esa droga. En el proceso judicial, se presentaron diversas pruebas que permitieron acreditar la venta de hachís a adolescentes, cuestión que el tribunal consideró debidamente demostrada.

Tal como publicó la Audiencia Provincial, las pruebas presentadas durante el juicio confirmaron la implicación del acusado en el tráfico de estupefacientes dirigido específicamente a menores, lo que agravó su situación procesal. El tribunal precisó que la plena consciencia del acusado respecto a la edad de los jóvenes resultó determinante en el delito, subrayando la gravedad de este tipo de conductas dentro del entorno social y judicial.

Según detalló la Audiencia, el caso llegó a juicio con varias acusaciones. Por un lado, la Fiscalía y las partes acusadoras centraron parte de sus argumentos en supuestos episodios de agresión sexual y en la exhibición de material pornográfico ante menores por parte del procesado. Sin embargo, en lo tocante a estos delitos, la sala concluyó que no existían elementos objetivos que corroborasen el testimonio de la denunciante, apreciando la falta de pruebas adicionales.

El medio reportó que el análisis judicial puso de relieve la importancia de contar con testigos presenciales o documentación objetiva en casos de mayor gravedad penal, como los delitos de índole sexual. La sentencia considera que, ante la falta de corroboraciones de los hechos narrados por la supuesta víctima, prevalece la presunción de inocencia del procesado respecto de los cargos más graves.

En relación con el delito de tráfico de drogas, la Audiencia expuso que los elementos de prueba fueron suficientes para demostrar la culpabilidad del acusado. Según especificó la resolución judicial, la actividad ilícita incluía la facilitación de hachís a menores en varias ocasiones, hecho que generó suficientes indicios para fundamentar la condena impuesta.

De acuerdo con los detalles proporcionados por el tribunal, la pena de tres años y medio de prisión responde a la gravedad del delito de suministro de estupefacientes a menores de edad, una conducta que la legislación penal sanciona con especial dureza cuando se comprueba la intencionalidad y el destino de la sustancia. Además, la resolución destaca la relevancia de los hechos en tanto constituyen una amenaza directa a la salud y el desarrollo de menores de edad, circunstancias por las cuales la sanción privativa de libertad adquiere carácter ejemplarizante.

Durante el relato de hechos, la Audiencia enfatizó que la condena quedó circunscrita únicamente al delito de tráfico de estupefacientes, desligando formalmente al acusado de los delitos sexuales y de exhibición de material prohibido al no existir más elementos que el testimonio de la parte denunciante. Según indicó el tribunal, la investigación policial permitió reunir suficiente material probatorio sobre la venta de droga, pero no arrojó datos concluyentes acerca de las otras acusaciones.

El medio precisó que este caso pone en evidencia la complejidad de la valoración probatoria en los procesos penales, especialmente cuando existen cargos de diversa naturaleza y gravedad. Para los jueces, el análisis de la credibilidad de los testimonios y la necesidad de corroboración independiente resultaron determinantes a la hora de dictar sentencia.

Por otra parte, la Audiencia explicó con detalle en su resolución que, en ausencia de pruebas objetivas sobre los supuestos delitos sexuales, la sentencia tiene que respetar la presunción de inocencia como principio esencial del derecho penal. Cada uno de los delitos imputados al acusado recibió una valoración propia acorde al nivel de evidencia disponible, y solo el correspondiente al tráfico de sustancias resultó probado en los términos requeridos por la ley.

En consecuencia, la condena a tres años y medio de prisión refleja exclusivamente el delito relacionado con la venta de hachís a menores de edad, mientras que la absolución de los otros cargos obedece a los estándares probatorios exigidos por la jurisdicción penal española. Según publicó el medio, este fallo sienta un precedente sobre la necesidad de pruebas contundentes para sostener acusaciones de especial gravedad, en contraste con la suficiencia de indicios y testimonios verificables para fundamentar determinados delitos.

La Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló este miércoles varios puntos de acopio y distribución de drogas en la localidad de González Catán, tras un operativo simultaneo que culminó con la detención de ocho personas, la incautación de diversas sustancias ilegales y el decomiso de armas, dinero y material tecnológico.

Del procedimiento participó la División Operaciones Área Metropolitana Norte, mientras que la investigación fue supervisada por el Juzgado de Garantías N° 3 Departamental de La Matanza y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 14 Temática de Estupefacientes bajo.

Según pudo saber Infobae de fuentes relacionadas al caso, los resultados permitieron identificar una organización que empleaba dichos domicilios como centros de acopio, fraccionamiento y venta de estupefacientes. Los documentos judiciales revelaron que el grupo operaba bajo las órdenes de un masculino que ya se encontraba detenido por infracción.

De acuerdo con el parte oficial, los domicilios donde se ejecutaron las órdenes de allanamiento se ubican sobre la calle Riglos, Céspedes, Pje. Aranda, calle Lanza, y un local con fachada de rotisería sobre la calle Armonía. También se intervino una celda dentro de la Unidad N° 43 del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Durante la operación, el personal policial detuvo a cinco mujeres, identificados como B. C. M., N. V. A., M. E. V., C. A. J., y S. M. A.; y tres hombres: M. A. A., A. S. V. y B. E. Q. Además, incautaron 282 gramos de tusi, 220 gramos de cocaína, 810 gramos de pasta base, 848 gramos de marihuana y tres plantas de marihuana.

Secuestraron una pistola Glock modelo 19 calibre 9 mm con numeración suprimida, varios cargadores y 128 municiones calibre 9 mm, un rifle de aire comprimido, dos balanzas digitales de precisión, quince teléfonos celulares, y una suma de dinero compuesta por 142.400 pesos argentinos, cinco dólares estadounidenses, diez euros y veinte mil guaraníes.

El operativo también permitió el retiro del circuito ilegal de bolsas tipo ziploc y recortes de nylon negro destinados al fraccionamiento y empaque de las sustancias.

La Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico destacó la importancia de la labor de inteligencia criminal, que incluyó tareas de campo y recolección de pruebas durante varias semanas.

El procedimiento recibió el respaldo de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico, que subrayó la relevancia de desarticular eslabones claves dentro de la cadena de distribución minorista.

Las investigaciones continúan abiertas, mientras que las pruebas recolectadas serán evaluadas por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 14 Temática de Estupefacientes. Las autoridades no descartan nuevas medidas vinculadas a la misma estructura criminal.

Dos detenidos en un búnker en Merlo

El lunes de esta semana se llevó a cabo un operativo policial que permitió la desarticulación de un búnker narco en Merlo, donde se detuvo a dos personas y se incautaron envoltorios de cocaína listos para la venta.

Los agentes, tras identificar el método de comercialización, lograron reunir pruebas audiovisuales de las transacciones que determinaron la autorización del allanamiento por parte del Juzgado de Garantías N° 2 de Morón. El registro, realizado en la esquina de Manuel Alvarado y Doblas, derivó en el secuestro de dinero en efectivo y teléfonos celulares, elementos que serán peritados para avanzar en la causa.

La investigación comenzó luego de que vecinos del barrio presentaran reiteradas denuncias por peleas entre vendedores y compradores de droga. Estas quejas, canalizadas a través de la Secretaría de Seguridad local, llevaron a la intervención de la Fiscalía N° 9 de Morón, bajo la dirección de la fiscal Marisa Monti, y al despliegue de tareas encubiertas por parte de la Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas de la Policía.

El domicilio funcionaba como un punto de venta permanente, lo que generaba un flujo sostenido de personas y vehículos en el barrio. Las dos personas detenidas fueron identificadas como los principales responsables de la organización que operaba allí. La cocaína secuestrada será sometida a análisis para determinar su pureza.

La aprobación de una moción para la realización voluntaria de pruebas antidoping a los diputados por parte del Congreso Nacional expone un debate de fondo sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la función pública. El episodio, protagonizado por el congresista liberal Mario Segura y el diputado libre Sergio Castellanos, terminó de manera inesperada cuando ambos legisladores, tras un cruce de acusaciones, salieron juntos del recinto y se sometieron a los análisis en un laboratorio.

El ambiente se intensificó cuando Segura se refirió sobre el comportamiento de su colega del Partido Libertad y Refundación (Libre) y expresó: “Muchos dicen que Sergio camina cruzado porque siempre está alegre”, aludiendo en tono mordaz a Castellanos, quien manifestó su descontento y replicó señalando que, en su departamento de El Paraíso, circulaban rumores persistentes sobre supuestos consumos indebidos de Segura: “Solo repito lo que es un secreto a voces”, aclaró Castellanos, aunque reconoció que no tenía pruebas personales.

En medio del intercambio de palabras, Castellanos desafió a su compañero y propuso iniciar la aplicación de las pruebas en ese mismo momento, comenzando por los miembros de la junta directiva. Segura aceptó el reto: “Sáqueme el número de diputados de Libre que yo les pago la prueba a todos”, aseveró.

Ambos diputados abandonaron el pleno y, escoltados por periodistas, acudieron a un laboratorio privado, donde formalizaron la documentación y se sometieron a la prueba antidoping. Castellanos insistió durante el trámite en que la iniciativa debía extenderse a los “254 clientes más”, aludiendo a la suma de los 128 diputados propietarios y los suplentes. Segura, quien cubrió el costo de 750 lempiras por examen, remarcó la accesibilidad de la prueba y se comprometió a pagar por sus colegas del partido opositor.

Al salir del laboratorio, los dos legisladores anunciaron que harían públicos sus resultados y Castellanos agregó que solicitaría la aplicación de un panel ampliado de 12 sustancias. Solicitó también a la Junta Directiva y a las distintas bancadas, incluida la nacionalista, que se sumaran al procedimiento: “A partir del martes con la prueba en mano veremos quién se atreve”.

La iniciativa de Segura fue aprobada por mayoría, aunque se estableció como un mecanismo estrictamente voluntario. La moción, que plantea que los diputados, tanto propietarios como suplentes, puedan someterse a exámenes de laboratorio, busca, en palabras del propio legislador, que los representantes “actúen con integridad, ética y sobriedad” en momentos de deterioro de la confianza social en las instituciones. La parte esencial de la moción señala: “Se propone la presente iniciativa para que, de manera voluntaria y ejemplar, los honorables diputados, se sometan a pruebas de laboratorio (anti-doping)”.

Castellanos subrayó su disposición a “someterse a un panel ampliado de 12 drogas” y prometió “invitar formalmente a la Junta Directiva del Congreso y a las diferentes bancadas, incluida la nacionalista, a practicarse la prueba”. Explicó además: “la prueba tiene un valor de 750 lempiras, por lo que todos pueden hacérsela sin ningún problema”.

De acuerdo a los términos aprobados, la moción queda activa desde ahora, pero será el comportamiento concreto de los legisladores y la publicación efectiva de los resultados, lo que determine si esta experiencia inaugura un proceso de transparencia o se limita a un gesto simbólico en medio de un debate.

El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo este 16 de febrero un encuentro con Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, para fortalecer la cooperación bilateral en salud pública y combate a las drogas, con énfasis en el respeto a la soberanía, la responsabilidad compartida y la colaboración sin subordinación.

De acuerdo con las redes sociales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, este diálogo permitió impulsar el intercambio de buenas prácticas enfocadas en campañas de prevención y concientización, además de avanzar en el combate al tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas, así como en los esfuerzos conjuntos para desarticular cadenas de suministro ilícitas y frenar el tráfico de armas.

Durante la reunión, Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte, acompañó al canciller De la Fuente, mientras que Estados Unidos estuvo representado por el embajador Ronald Johnson.

Según lo informado, la estrategia conjunta ha logrado salvar vidas, debilitar a las organizaciones criminales transnacionales y proteger a las comunidades en ambos lados de la frontera.

Embajador estadounidense se reúne con el Gabinete de Seguridad

El Gabinete de Seguridad sostuvo el pasado 25 de febrero una reunión con Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, y Sara Carter, zar antidrogas estadounidense, para tratar la colaboración bilateral en materia de seguridad.

Este encuentro, celebrado poco después del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes (“El Mencho”), centró el diálogo en la cooperación y la confianza entre ambas naciones bajo el principio de respeto a la soberanía.

El reconocimiento al trabajo de las autoridades mexicanas llegó desde Estados Unidos, que había mantenido una recompensa de 15 millones de dólares a quien facilitara información para capturar a Oseguera Cervantes.

Ronald Johnson elogió la “pronta actuación de las autoridades mexicanas antes, durante y después de la operación” y describió el resultado como “un golpe significativo contra una de las organizaciones criminales más violentas que afectan a ambos países”.

Junto a los representantes estadounidenses, asistieron altos funcionarios mexicanos como Ricardo Trevilla (Secretaría de la Defensa Nacional), Raymundo Pedro Morales Ángeles (Secretaría de Marina), Ernestina Godoy Ramos (Fiscalía General de la República), Rosa Icela Rodríguez Velázquez (Secretaría de Gobernación), Omar García Harfuch (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana) y Roberto Velasco Álvarez (subsecretario de Relaciones Exteriores).

Canciller se reúne con secretario general de la OCDE

Poco antes de su reunión con Sara Carter y Ronald Johnson este 26 de febrero, Juan Ramón de la Fuente sostuvo un encuentro con el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, en la CDMX, para revisar avances de México en reducción de la desigualdad y combate a la pobreza.

Durante la reunión, se informó sobre la salida de 13.5 millones de personas de la pobreza y un incremento de más de 250 % en el salario mínimo en el país. Además, se destacó la mayor presencia de mujeres en los sectores financiero, político y social, así como la solidez de la economía mexicana.

El diálogo permitió resaltar la creación de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones como parte de las iniciativas de la administración actual. Estas entidades buscan fortalecer la ciencia y tecnología nacional, mientras que la colaboración internacional se mantiene como un eje central de la agenda.

El 26 de febrero, el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, alertó sobre un nuevo accionar que están teniendo las bandas delincuenciales para entregar narcóticos a los menores de edad en la región.

El mandatario local informó que, luego de un operativo adelantado por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, incautaron más de media tonelada de marihuana que iba a ser distribuida en los entornos escolares; de la misma forma, descubrieron otros narcóticos escondidos en dulces que iban a ser vendidos a menores de edad.

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Gutiérrez informó que el material era del grupo criminal La Terraza, que se ha visto afectado con la captura de 28 de sus integrantes en los últimos meses.

De acuerdo con las autoridades, la marihuana está avaluada en más de 500 millones de pesos e iba a ser comercializada en barrios como Aranjuez y Manrique, en donde la banda delincuencial tendría corredores y puntos estratégicos para almacenar la droga.

El enfoque principal de la rueda de prensa que protagonizó el alcalde de Medellín fue la droga saborizada que iba a ser vendida a menores en la región.

“Quiero alertar a la comunidad y, especialmente, a nuestros niños y jóvenes, a las comunidades educativas, pero sobre todo a los padres: este tipo de droga que se le incautó a esta estructura criminal es cocaína, pero el 90% de la cocaína que distribuyen le mezclan otro tipo de sustancias que son todavía más peligrosas para la salud y para la vida de las personas. Estas estructuras criminales, que muchas veces posan dizque de voceros de paz, son las que se dedican a volver adictos a nuestros niños y a nuestros jóvenes. En cada uno de estos recipientes ustedes encuentran cocaína saborizada; tienen loguitos, hay de fresa, de maracuyá. Estos sinvergüenzas están envenenando a nuestros niños y jóvenes”, declaró el alcalde Gutiérrez.

En los operativos se registró la captura de varios integrantes de La Terraza, todos con antecedentes por tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir, que podían llegar a generar ganancias de manera ilícita por hasta 80 millones de pesos.

Las sustancias incautadas y los elementos probatorios quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan las investigaciones para identificar a otros posibles integrantes de la red y sus rutas de financiación, puesto que no es la primera vez que se identifican este tipo de acciones con las que las estructuras criminales buscan acercar a los menores en la región a las drogas.

La Policía Nacional confirmó que se mantendrán los operativos de control para impedir que las bandas delincuenciales puedan vender los elementos mencionados en zonas escolares; además, se anunció un refuerzo de personal en los centros educativos de la ciudad.

Por su parte, el alcalde de Medellín sostuvo que se avanza en otro gran operativo sobre el que se entregarán detalles más adelante y que esta lucha se da en todas las comunas y corregimientos de la ciudad, con el fin de proteger a niñas, niños y jóvenes de las garras de estas estructuras criminales.

“Me duele, como ciudadano, como padre de familia, como alcalde. Les vamos a dar duro a las estructuras criminales, pero también quiero hacerle un llamado a los papás y a las mamás: tienen que estar pendientes de sus hijos y sus hijas, tiene que haber autoridad dentro del hogar, valores, discutir los temas con los hijos; hablen de los riesgos, de la droga en las calles. A esos criminales que están envenenando a nuestros niños y jóvenes los vamos a perseguir sin descanso”, puntualizó el mandatario local.

Un empleado de la Municipalidad de Hurlingham y una mujer fueron imputados acusados de transporte de drogas luego de haber sido detenidos el sábado pasado en un control de Gendarmería Nacional en Rosario de la Frontera, Salta, con 34 kilos de cocaína ocultos en el auto en el que viajaban. Además, la jueza federal Mariela Giménez ordenó la prisión preventiva para ambos, fundamentado en la magnitud del cargamento y el riesgo de fuga.

El pedido de preventiva realizado por la Fiscalía de Distrito Salta, a cargo del fiscal general Eduardo Villalba y con la intervención de la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, se apoyó en las pruebas ya recolectadas y en la existencia de riesgos de entorpecimiento de la investigación.

Según expuso la fiscalía, “no puede descartarse la posible vinculación de los imputados con una organización criminal de mayor envergadura”. También subrayó que restan analizar peritajes de los teléfonos celulares secuestrados y los informes de geolocalización, considerados clave para determinar si hubo más implicados.

Los imputados declararon antes de la decisión de la jueza. El hombre manifestó que había sido contratado para hacer el viaje y buscó desligar a su acompañante. Expresamente afirmó: “Fui contratado y ella no tiene nada que ver”, en alusión a la mujer, que también aseguró ser inocente y negó conocer la droga escondida en el auto.

La defensa pidió que, al menos en el caso de la mujer, se considere una medida menos dura como arresto domiciliario. Argumentó que la acusada “no tiene antecedentes penales” y que está “arraigada” en la provincia de Buenos Aires. Reclamó que debe presumirse inocente hasta que se demuestre lo contrario.

Pese a estos planteos, la auxiliar fiscal Altamirano se opuso y confirmó la necesidad de mantener a ambos detenidos por el volumen de droga incautada y las medidas de prueba pendientes.

La jueza Mariela Giménez compartió el criterio del Ministerio Público Fiscal. Confirmó la prisión preventiva para los dos detenidos, rechazó el arresto domiciliario y dispuso que los peritajes de los teléfonos celulares sean prioritarios, ya que permitirán precisar la participación real de cada acusado.

La magistrada explicó que estos estudios resultarán claves para evaluar la existencia de vínculos con posibles organizaciones criminales más grandes y para entender si la pareja fue realmente contratada o si participaba activamente del tráfico de estupefacientes.

Además, Giménez habilitó otros peritajes sobre el automóvil y elementos secuestrados.

El hecho

El operativo que derivó en las detenciones ocurrió el 21 de febrero pasado, en el puesto de control de Gendarmería Nacional en El Naranjo, Rosario de la Frontera. La pareja, ambos habitantes de la provincia de Buenos Aires, circulaba en un Chevrolet Onix registrado a nombre de R.E.C.

La documentación, el relato poco claro sobre el viaje y la ausencia de equipaje acorde con un itinerario turístico encendieron las alarmas de los gendarmes. Durante la inspección, los efectivos advirtieron que el torpedo del auto había sido removido recientemente.

Frente a esas inconsistencias y ya con una orden judicial, revisaron a fondo el vehículo y hallaron 44 paquetes de cocaína, dispuestos en el compartimiento irregular. El peso total, según la pericia, llegó a 34,121 kilos, lo que representa una cifra poco habitual en operativos de ruta en la provincia.

Tras el hallazgo, se secuestró el automóvil y los teléfonos celulares de ambos ocupantes para su análisis posterior.

La causa sigue a cargo de la Fiscalía de Distrito Salta, que espera recibir los resultados de los peritajes tecnológicos solicitados. Estos informes servirán para reconstruir los contactos y movimientos de los dos detenidos y dar con eventuales responsables en la entrega o recepción de la carga.

La primera hipótesis de la fiscalía es que los implicados podrían formar parte de una red mayor de tráfico de drogas o, al menos, cumplir el papel de transportistas contratados por una estructura ajena.

Por el momento, ambos acusados seguirán bajo detención preventiva en Salta, mientras la investigación intenta dilucidar su verdadero nivel de responsabilidad.

La investigación tiene su origen en un caso totalmente diferente, en el que los agentes fueron requeridos por una presunta agresión de unos perros en el interior de una finca agrícola donde resultaron fallecidos un elevado número de ejemplares avícolas.

Como consecuencia de estos hechos, los investigadores durante la inspección de la finca evidenciando el estado y procedencia de los daños causados así como de los animales causante de los daños que se encontraban en el interior de la finca, observaron la existencia de un almacén de considerable envergadura con un excesivo cableado eléctrico y diversos sistemas de aire acondicionado, levantando entre los guardias civiles las sospechas que pudiera haber sido transformado dicho almacén en un centro de producción de cannabis.

54 kilos de plantas de marihuana

Los propietarios de la finca manifestaron en ese momento que la referida finca se trataba de una antigua sala de ordeño sin uso en la actualidad. A los agentes esto no les cuadró y procedieron a realizar la entrada y registro del almacén, hallando dos estancias con sistemas de iluminación, ventilación y secado de alto valor económico, además de conexiones fraudulentas a la red eléctrica diseñadas para ocultar el consumo a la compañía suministradora.

Durante la intervención llevada a cabo por unidades de la Guardia Civil de la Compañía de Cazalla de la Sierra, se ha procedido a la aprehensión de 636 plantas de marihuana en un estado de floración avanzada dispuestas para su inmediata recolección y con un peso total de 54 kilogramos.

“Fruto de dicha intervención se ha procedido a la puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente de dos detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública en su modalidad de cultivo de elaboración y cultivo de sustancias ilícitas”, informan desde el cuerpo.

Delito contra la salud pública

El delito contra la salud pública relacionado con drogas está regulado en los artículos 368 y siguientes del Código Penal español. Castiga a quienes cultiven, elaboren, trafiquen o, de otro modo, promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, así como a quienes las posean con esos fines. En el caso del cannabis, cuando queda acreditado que el cultivo no está destinado al autoconsumo sino a su distribución a terceros, la conducta encaja en este tipo penal.

Las penas varían en función de la sustancia y de la gravedad de los hechos. Para drogas que no causan grave daño a la salud, como el cannabis, el tipo básico prevé penas de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo del valor de la droga intervenida. Si concurren circunstancias agravantes, como la notoria importancia de la cantidad intervenida, la pertenencia a organización criminal o la utilización de menores, las penas pueden incrementarse de forma considerable. Además, el fraude eléctrico asociado a este tipo de plantaciones puede constituir un delito adicional tipificado en el artículo 255 del Código Penal.

Un ex militar retirado de 63 años fue detenido en la zona de Traslasierras, en Córdoba, acusado de comercializar estupefacientes. El arresto estuvo a cargo de efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que llevaron adelante un operativo en la localidad de Nono, departamento San Alberto, en el marco de una investigación por venta de droga.

El procedimiento, ordenado por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Villa Dolores, se realizó en una vivienda ubicada en calle Recalde, donde el sospechoso fue aprehendido y trasladado a sede judicial, según informaron fuentes judiciales.

Durante el operativo, los investigadores secuestraron 10.040.550 pesos argentinos, 1.500 dólares estadounidenses, 70 cartuchos de calibres .22 y .38, una balanza digital y diversos elementos considerados de interés para la causa.

El hallazgo de cartuchos y dinero en efectivo refuerza la hipótesis de una estructura dedicada al comercio de sustancias ilícitas, con recursos logísticos y capacidad de movilización de fondos, cuyo integrante más relevante era el ex militar.

La detención del hombre de 63 años está relacionada con una investigación previa realizada el 5 de diciembre de 2025 en la misma localidad. En esa ocasión, la fuerza antidrogas detuvo a seis hombres y una mujer, además de secuestrar varias dosis de estupefacientes, 35 plantas y 122 semillas de cannabis sativa, sustancia de corte, dinero en efectivo, una balanza digital y dos automóviles.

Según las autoridades, ambos procedimientos evidencian la existencia de una organización dedicada al tráfico de drogas en la región, con ramificaciones en distintas localidades del departamento San Alberto.

La causa avanza en la identificación de los roles de los distintos integrantes y en el análisis de los elementos secuestrados, que serán peritados para determinar su relación con la comercialización de drogas. El dinero incautado y los cartuchos hallados en el último operativo serán incorporados al expediente, junto con los antecedentes de los detenidos y el material recolectado en los allanamientos previos.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico dispuso el traslado del detenido y de todo lo secuestrado a la sede judicial, donde se formalizó la imputación por el delito de Comercialización de Estupefacientes, contemplado en la ley nacional de drogas. Las fuentes judiciales confirmaron que el ex militar permanecerá detenido mientras avanza la investigación, que busca desarticular el circuito de distribución y venta de sustancias prohibidas en la zona.

Los procedimientos realizados por la Fuerza Policial Antinarcotráfico en Nono forman parte de una serie de operativos que apuntan a combatir el narcotráfico en el interior de la provincia de Córdoba. Las autoridades continúan con la recolección de pruebas y no descartan nuevas detenciones vinculadas a la causa. La investigación se encuentra bajo reserva para preservar el curso de las actuaciones y garantizar el éxito de las medidas judiciales en marcha.

Córdoba incorporó 244 oficiales de las Fuerzas Armadas a su fuerza de elite antinarcóticos

Este mes, la provincia de Córdoba incorporó 244 oficiales que provienen de las Fuerzas Armadas a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), un cuerpo de elite especializado en combatir el narcotráfico en el territorio provincial.

Estos oficiales llegaron desde el Ejército Argentino, la Fuerza Aérea Argentina y la Armada Argentina, y pasaron a integrar la FPA luego de completar una formación específica enfocada en la lucha contra este delito en la Universidad Provincial de Córdoba (UPC). A finales de 2025 se les tomó juramento.

De acuerdo con información oficial del Gobierno de Córdoba, los flamantes integrantes ya están desplegados en tareas operativas e investigativas dentro de la fuerza, que funciona bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal y el Fuero Antinarcotráfico de la provincia, y depende administrativamente del Ministerio de Justicia.

Autoridades lograron la captura de Efraín “N”, de 26 años, señalado como presunto responsable del homicidio de tres integrantes de su familia en la comunidad de Plateros, crimen que ha generado conmoción en Fresnillo, Zacatecas. El operativo de localización y arresto concluyó poco después del mediodía del 23 de febrero, cuando fuerzas de seguridad lograron interceptar al sospechoso sobre la carretera a San José de Lourdes, tras casi dos días de búsqueda ininterrumpida.

Los hechos que motivaron la movilización policial ocurrieron la tarde del sábado 21 de febrero, cuando, según el reporte de las autoridades locales, Efraín “N” habría atacado a sus padres y dos hermanos con un arma punzocortante dentro de su domicilio. El ataque dejó sin vida a su padre, su madre y su hermana, mientras que los dos hermanos sobrevivientes fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica, uno de ellos en estado grave. El otro se reporta actualmente fuera de peligro.

La comunidad de Plateros despidió a las víctimas, cuya muerte ha impactado a los habitantes de la zona y reavivado la preocupación por la violencia familiar y el consumo de drogas. De acuerdo con la investigación inicial, el agresor se encontraba bajo los efectos de sustancias ilícitas durante el ataque. Las autoridades han señalado la existencia de antecedentes de violencia familiar en el núcleo afectado.

El despliegue para la captura de Efraín “N”, conocido como “El Chikis”, involucró a elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ). El trabajo coordinado permitió establecer las rutas de desplazamiento y características físicas del presunto responsable, quien fue localizado en las inmediaciones de la comunidad La Manga.

Una vez detenido, el sospechoso fue puesto a disposición de la autoridad competente, quedando en manos de la FGJEZ para que se definiera su situación jurídica. Fuentes oficiales informaron que sobre “El Chikis” pesan acusaciones de feminicidio en contra de su madre y hermana, parricidio por la muerte de su padre y homicidio calificado en grado de tentativa por el ataque contra uno de sus hermanos.

El Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, confirmó que el imputado había sido objeto de una orden de aprehensión y detalló que la cuarta víctima, quien resultó con lesiones graves, evoluciona favorablemente. El fiscal también resaltó que la constante de violencia familiar y consumo de drogas figura en diversos delitos de alto impacto registrados en la entidad, por lo que insistió en la necesidad de atender estas problemáticas como asuntos de salud pública.

El caso de Plateros se suma a una serie de feminicidios reportados en el municipio durante el año. Las autoridades han informado que, en días recientes, fue localizada sin vida una mujer cuya desaparición se había denunciado previamente, lo que elevó el número de feminicidios en Fresnillo a tres en lo que va del año.

La investigación en curso busca esclarecer los detalles del ataque y determinar las responsabilidades legales de Efraín “N”. El proceso jurídico definirá los delitos que se le imputarán formalmente, mientras persiste la alerta en la comunidad por este tipo de hechos.

El caso ha reavivado el debate sobre la atención a la violencia intrafamiliar y el impacto del consumo de drogas en la comisión de delitos graves en Zacatecas. Las autoridades han reiterado el llamado a la sociedad para identificar y denunciar situaciones de riesgo en los hogares y han subrayado la importancia de la colaboración interinstitucional para prevenir tragedias similares.

Puntos clave:

• Efraín “N” fue detenido como presunto responsable del homicidio de tres familiares en Plateros, Zacatecas, y es acusado de feminicidio, parricidio y homicidio en grado de tentativa.
• El operativo de captura involucró a fuerzas estatales y federales, tras casi dos días de búsqueda.
• Las autoridades destacan antecedentes de violencia familiar y consumo de drogas, e insisten en abordar estos problemas como una prioridad de salud pública.

El alcohol no solamente se puede ingerir a través de la bebida. Tampoco es una actividad exclusiva de los seres humanos. Así lo han demostrado recientemente diversos estudios que asocian a la figura de los chimpancés con el consumo diario de alcohol, ya que tenían tendencia a ingerir fruta madura con alta concentración de etanol. Sin embargo, esos estudios no habían podido demostrar que los chimpancés tenían alcohol en su organismo a diario. Hasta que durante las noches del 15 al 21 de agosto, Aleksey Maro, primatólogo de la Universidad de California, recogió los restos de orina de los chimpancés del parque nacional de Kibale (Uganda). Su objetivo era someterles a “un control de alcoholemia” para demostrar que la especie, Pan troglodytes, más comúnmente conocidos como chimpancés, contenían alcohol en su organismo.

Los resultados de su última investigación están recogidos en la revista científica Biology Letters. En un primer filtro, de los 20 chimpancés a los que recogió 20 muestras de orina, 17 dieron positivo. Es decir, superaron los 300 nanogramos por mililitro, por encima del umbral establecido.

Después Maro, les sometió a un segundo filtro más exigente; diez de las muestras superaron los 500. Es decir, estableciendo un paralelismo con el ser humano, sería la cantidad de alcohol que tendría una persona en su organismo tras consumir una o dos copas durante las 24 horas previas.

¿Por qué los chimpancés tienen alcohol en su organismo?

El alcohol llega al organismo de los chimpancés después de que estos consuman fruta madura. A lo largo del día, estos animales pueden llegar a comer 4,5 kilos, cifra el estudio de la propia universidad. La concentración media de etanol en este tipo de frutas es de un 0,31%, según la investigación del año anterior de la universidad.

Refuerza la hipótesis del mono borracho

En el año 2.000, el “profesor” de Maro, Robert Dudley, y coautor en varios estudios relacionados con el consumo de alcohol de los primates, propuso la hipótesis del mono borracho. Consiste en que la atracción y el gusto del ser humano por el alcohol es una herencia de nuestros ancestros primates. Al contrario del planteamiento popular en el que se piensa que el alcohol es un elemento de encuentro social entre personas, Dudley asegura que es una herencia evolutiva de nuestros ancestros primates.

Todo se remonta a hace 10 millones de años, cuando un cambio de dieta alteró el rumbo de nuestra especie. Al bajar de los árboles, nuestros ancestros descubrieron en el suelo frutas fermentadas por levaduras que se convirtieron en una fuente de energía vital. Según la hipótesis del biólogo Robert Dudley, detallada en su obra de 2014, The Drunken Monkey, el aroma del etanol funcionaba como una especie de “GPS” biológico, es decir, una guía olfativa que señalaba piezas maduras y ricas en azúcares, otorgando una ventaja de supervivencia calórica crucial.

Para aprovechar este recurso sin sucumbir a la embriaguez, la evolución forjó una adaptación genética sin precedentes. Los homínidos desarrollaron una mutación en la enzima ADH4, multiplicando por 40 su capacidad para metabolizar el alcohol.