Un operativo de la Policía Federal Argentina y la Aduana permitió secuestrar 52 kilos de MDMA ocultos en una camioneta importada desde Bélgica, con un valor estimado de 2,34 millones de dólares. El hallazgo se produjo en la Terminal de Zárate y derivó en siete allanamientos y la detención de tres sospechosos.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que la investigación comenzó en marzo de este año, cuando la DEA de Estados Unidos alertó sobre maniobras para introducir grandes cantidades de drogas sintéticas en la Argentina. A partir de esa información, los investigadores avanzaron sobre la estructura de la organización y las personas involucradas en la recepción y la logística del cargamento.

Con intervención del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, a cargo de Gustavo Meirovich, la Secretaría Nº 4, a cargo de Gonzalo Acuña, la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nº 3 y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), personal especializado de la PFA y de la Aduana identificó una furgoneta Opel Combo que había ingresado al país por vía marítima desde el puerto de Amberes.

En la Terminal de Zárate, los agentes escanearon el vehículo con rayos X. Las imágenes revelaron densidades anómalas compatibles con materia orgánica en distintos sectores, por lo que realizaron una inspección exhaustiva.

Primero encontraron 20 kilos de una sustancia sólida, granulada y cristalina. Luego, al desmontar otros sectores de la camioneta, hallaron otros 32 kilos. Según las fuentes consultadas, los análisis determinaron que se trataba de MDMA de máxima pureza.

Tras el hallazgo, el juzgado ordenó siete allanamientos: seis en la Ciudad de Buenos Aires y uno en Salta. Durante los procedimientos fueron detenidos tres hombres: un argentino, un venezolano y un mexicano.

Uno de los sospechosos había ingresado al país para intervenir en la recepción del vehículo, mientras que los otros cumplían distintas funciones vinculadas con la operatoria y la logística de la organización, de acuerdo con la información policial.

Los detenidos están acusados de contrabando agravado. En los procedimientos también se secuestraron teléfonos celulares, documentación y otros elementos de interés para la causa, que serán sometidos a peritajes.

Además, la Justicia dispuso una orden de captura internacional contra otro ciudadano mexicano, señalado por su presunta participación en la coordinación del retiro y posterior traslado de la camioneta.

Según indicaron fuentes oficiales, la maniobra coincide con una de las tendencias que la Aduana advierte en el narcotráfico internacional: mientras la cocaína suele salir de Sudamérica con destino a Europa, drogas sintéticas como la MDMA ingresan a la región desde el continente europeo.

Tras el operativo, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, afirmó en sus redes sociales que se trató del “mayor secuestro de drogas sintéticas de la historia argentina”.

“Incautamos 52 kilos de MDMA de máxima pureza. Con eso podían fabricar cerca de un millón de pastillas de éxtasis por un valor de 25 mil millones de pesos”, sostuvo la funcionaria.

En ese contexto, la ministra se refirió al valor potencial de las pastillas que, según su estimación, podían elaborarse con la sustancia incautada, mientras que la valuación de 2,34 millones de dólares corresponde al cargamento secuestrado.

“Así trabajamos: desbaratamos la maniobra, secuestramos la droga y atrapamos a los narcos”, agregó Monteoliva en su cuenta de X. Y cerró: “El que las hace, las paga”.

Un martes por la mañana en San Francisco, Christina Lacourte abrió con un gancho de ropa la puerta cerrada del cuarto de su hijo. Lo encontró con el rostro azulado y fluido negro en la boca y la nariz.

Los dos antídotos de Narcan que guardaba en la cocina no alcanzaron. Dante Paul Lacourte tenía 16 años y su muerte desató una alerta que la ciudad no esperaba.

La autopsia no mencionó el fentanilo. Introdujo, en cambio, una palabra nueva: cychlorphine o cicloorfina en español. Es un opioide sintético que ya circulaba en Europa y la costa este de Estados Unidos, tal como informó el New York Times.

San Francisco viene de atravesar años devastadores por el fentanilo, responsable de más de 4.000 muertes por sobredosis desde 2020. Ahora el reporte forense de Dante es el primer documento oficial de la ciudad que registra la presencia de cicloorfina.

Más potente, más difícil de detener

Las tiras reactivas disponibles en el mercado identifican fentanilo, pero no cicloorfina. Revertir sus efectos requiere múltiples dosis de naloxona, utilizada para tratar una sobredosis, mientras que la mayoría de las personas lleva consigo solo una o dos.

Diecisiete días después de la muerte de Dante, las autoridades sanitarias convocaron una conferencia de prensa para advertir sobre la presencia de esta droga en el mercado ilegal local.

De los laboratorios de los 60 a las cocinas clandestinas

La cicloorfina fue sintetizada en Bélgica en la década de 1960 como parte de la búsqueda de analgésicos potentes para enfermedades como el cáncer óseo.

Nunca recibió aprobación para uso médico por considerarse demasiado peligrosa. Su fórmula, publicada en revistas científicas, hoy circula en la internet profunda.

Keith Humphreys, profesor de psiquiatría en Stanford y ex asesor de política antidrogas de la administración Obama, explicó al New York Times que fabricarla no requiere grandes recursos.

“No hace falta ser una gran farmacéutica”, agregó. A diferencia de la cocaína o la heroína, la cicloorfina no necesita tierras de cultivo ni infraestructura industrial.

Humphreys identificó dos perfiles de consumidor: quienes, con alta tolerancia al fentanilo, buscan activamente una sustancia más potente, y quienes la ingieren sin saberlo en pastillas adulteradas.

También advirtió que la peor forma de detectar una droga nueva en una ciudad es a través de una autopsia.

Como alternativa, recomendó el análisis de aguas residuales. San Francisco abandonó ese monitoreo en 2024 por falta de financiamiento federal y lo retomó en julio; este otoño comenzará a publicar sus hallazgos.

Cómo una red de dealers llegó hasta un chico de 16 años

Dante y su hermano gemelo, Marco Lacourte, nacieron el 1 de octubre de 2009. La familia vivía entre Sausalito, donde residía su padre Ludovic Lacourte, y San Francisco, donde vivía su madre. El divorcio de sus padres en 2017 marcó un quiebre en la vida del adolescente.

Dante fue diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), ansiedad y depresión. A los 13 años comenzó a consumir marihuana. Poco después, adquiría pastillas de Xanax y Percocet a través de Snapchat.

Sus padres lo sometieron a múltiples terapias y tres programas de rehabilitación, ninguno con resultados duraderos.

Leo Wingate, amigo de 19 años, fue la última persona que lo vio con vida. Esa noche hablaron de una posible excursión de pesca. Wingate lo dejó en el apartamento de madrugada y no volvió a saber de él. “Solo era un chico tratando de sentirse mejor”, dijo al New York Times.

Su padre reconoció ante el mismo medio haberse sentido atrapado en una situación sin salida. “Hay que ganar tiempo”, aseguró Ludovic, con la convicción de que la única estrategia posible era mantener a Dante con vida hasta que él mismo encontrara la forma de salir.

Cuatro sospechosos fueron arrestados y se incautaron 20.000 pastillas

La investigación avanzó a partir del teléfono celular de Dante y las pastillas halladas en el apartamento. Los detectives revisaron los mensajes que había intercambiado antes de morir y enviaron agentes encubiertos a comprar sustancias a los sospechosos.

La Policía de San Francisco (SFPD) detuvo a Nicholas Wallace, de 46 años, en el barrio Tenderloin, donde encontró 34 pastillas de oxicodona y cocaína.

En el mismo domicilio arrestó a Sharonee Hyson, de 44 años, que cumplía libertad condicional y tenía cocaína base y un arma cargada.

Días después, Leander Pitts, de 46, y Starr Lamare, de 39, cayeron en Bayview-Hunters Point con 20.000 pastillas —entre ellas, falsificaciones de Xanax y oxicodona—, fentanilo, un rifle semiautomático, una pistola y efectivo.

Los cuatro enfrentan múltiples cargos graves por narcotráfico y tenencia de armas. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) realiza pruebas urgentes sobre las pastillas incautadas para determinar si contienen cicloorfina.

La fiscal del distrito, Brooke Jenkins, adelantó que evaluará acusaciones más graves si la investigación logra establecer quién le vendió la pastilla fatal a Dante.

La SFPD también advirtió que pastillas de operativos anteriores, sin relación con este caso, ya dieron positivo para cicloorfina. El hallazgo indica que la droga circula en la ciudad a través de más de un canal de distribución.

Cada mañana lo enciende, cada noche lo apaga

Christina recibió una llamada del alcalde Daniel Lurie el viernes por la tarde. El funcionario prometió “gritar desde los tejados” sobre el peligro que representan las pastillas falsificadas para los adolescentes, según contó la mujer.

Esa misma jornada, siguió la conferencia de prensa de la fiscal desde un rincón del fondo de la sala.

En el apartamento, Christina deshizo casi todo el mobiliario del cuarto donde murió su hijo. Conservó una sola cosa: el letrero de neón con la palabra “Open” que Dante había pedido como regalo de cumpleaños en sexto grado. Cada mañana lo enciende. Cada noche lo apaga. Con cada movimiento del interruptor, piensa en él.

La operación Poseidón permitió la aprehensión de 12 personas presuntamente vinculadas con una organización criminal de alcance nacional y transnacional, investigada por delitos relacionados con drogas, blanqueo de capitales, homicidio, tentativa de homicidio y posesión ilegal de armas de fuego.

Las autoridades mantienen la búsqueda de otras cinco personas requeridas dentro del mismo expediente. La investigación comenzó en 2021, después de que varios decomisos de cargamentos permitieran obtener información sobre los posibles integrantes y la forma en que operaba la estructura delictiva.

Durante el operativo fueron ejecutadas 48 diligencias de allanamiento en Panamá, Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro. En las acciones participaron las Fiscalías Superiores Especializadas contra la Delincuencia Organizada, junto con unidades de investigación, inteligencia policial y vigilancia aeronaval.

Entre los bienes incautados se encuentran ocho vehículos, siete embarcaciones, dos motores fuera de borda, una finca y sustancias ilícitas. Las autoridades también ubicaron teléfonos celulares y otros dispositivos que serán examinados para identificar comunicaciones y posibles indicios relacionados con los delitos investigados.

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El balance del Servicio Nacional Aeronaval incluye $6,773.91 en efectivo, un arma de fuego y 34 municiones sin detonar. Además, fueron decomisados 41 celulares, cinco tabletas, cuatro computadoras portátiles, un teléfono satelital, tres radios de comunicación y tres dispositivos GPS.

De acuerdo con información obtenida durante la investigación, la organización recibía cargamentos de droga procedentes de Colombia y posteriormente los enviaba hacia Estados Unidos y Europa.

Las autoridades también investigan el movimiento del dinero generado por estas actividades y su posible incorporación al sistema financiero mediante operaciones de blanqueo.

Entre los presuntos integrantes figura Carlos Pitano, detenido en Bocas del Toro y señalado por la Fiscalía como uno de los posibles líderes de la organización. El investigado ya había sido aprehendido durante la operación Fortaleza, que dejó 25 detenidos por una investigación sobre conspiración para introducir drogas.

En aquel proceso, un juez de garantías le concedió una medida cautelar que le impedía salir de la provincia de Los Santos. Sin embargo, las autoridades no lo encontraron en su residencia ni lograron contactarlo, por lo que emitieron una orden de captura y posteriormente se ordenó su detención provisional.

La operación Poseidón fue desarrollada por la Policía Nacional y el Servicio Nacional Aeronaval, bajo la coordinación del Ministerio Público. Las diligencias estuvieron apoyadas por la Dirección de Investigación Judicial y la Dirección de Inteligencia Policial, como parte de las acciones dirigidas a desarticular la presunta estructura y obtener elementos de convicción.

Las 12 personas aprehendidas quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras continúan las diligencias para determinar la participación individual de cada investigado. La Fiscalía deberá presentar ante los tribunales los indicios recopilados y sustentar los delitos atribuidos a los integrantes de la organización.

La operación se desarrolló en medio de otros decomisos efectuados contra el tráfico de sustancias ilícitas en el país. El 6 de septiembre, agentes del Servicio Nacional de Fronteras encontraron 100 paquetes de presunta droga dentro de un doble fondo construido en un vehículo inspeccionado en Chiriquí.

El automóvil fue perfilado en el Puesto de Control Integral de San Isidro por unidades de la Cuarta Brigada Occidental y la Dirección de Antinarcóticos. Un conductor de 43 años fue aprehendido y quedó, junto con los paquetes encontrados, a disposición de las autoridades para los trámites correspondientes.

Los paquetes permanecen bajo custodia mientras se realizan las pruebas destinadas a determinar el tipo y el peso exacto de la sustancia.

Entre enero y julio de 2026, las autoridades panameñas incautaron 60.04 toneladas de drogas en todo el territorio nacional, según el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales. De ese total, 37.81 toneladas correspondieron a cocaína y 22.11 toneladas a marihuana.

Colón encabezó los decomisos durante ese periodo con 16.73 toneladas, seguida por Panamá Oeste con 14.05 toneladas y Panamá con 11.13 toneladas. Chiriquí acumuló 9.62 toneladas, una cifra que la ubicó en la cuarta posición nacional entre las provincias con mayores incautaciones de sustancias ilícitas.

Una denuncia anónima sobre el posible traslado de un cargamento de droga llevó a elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) hasta una camioneta en la delegación de El Centenario, donde localizaron 217 litros 464 mililitros de clorhidrato de metanfetamina distribuidos en 52 bidones.

El conductor, identificado como César “N”, fue detenido y posteriormente vinculado a proceso por su probable participación en un delito contra la salud, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Baja California Sur, presentó los datos de prueba ante el juez de Control, quien determinó que existían elementos suficientes para iniciar el proceso penal.

Como medida cautelar, el juzgador impuso prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Una denuncia llevó a los agentes hasta El Centenario

De acuerdo con la información difundida por la FGR, la investigación comenzó luego de que ciudadanos presentaran una denuncia anónima en la que se advertía que una persona acudiría a una empresa de paquetería para recoger lo que posiblemente sería un narcótico.

A partir de esa información, agentes de la PFM realizaron labores de seguimiento al vehículo relacionado con el reporte. Se trataba de una camioneta plateada, en la que viajaba César “N”.

Los elementos federales siguieron la unidad hasta El Centenario, delegación ubicada aproximadamente a 10 kilómetros de la mancha urbana de La Paz, donde finalmente procedieron a interceptarla.

La revisión del vehículo contó con el apoyo de un binomio canino. Durante la inspección fueron localizados 52 bidones que contenían la sustancia, los cuales se encontraban ocultos entre cajas de fertilizantes, de acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía.

En total, las autoridades aseguraron 217 litros 464 mililitros de clorhidrato de metanfetamina, cantidad que fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal junto con el detenido.

Tras la captura, el MPF realizó las diligencias correspondientes y solicitó los dictámenes periciales para determinar las características y el peso de la sustancia asegurada.

El detenido permanecerá en prisión mientras avanza el caso

Con los elementos recabados durante la investigación, la Fiscalía solicitó que César “N” fuera llevado ante un juez. En la audiencia inicial, el órgano jurisdiccional resolvió vincularlo a proceso y mantenerlo bajo prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

El plazo concedido para el cierre de la investigación complementaria permitirá a la Fiscalía realizar nuevas diligencias y reunir mayores elementos antes de que avance la causa penal.

El caso ocurre mientras la FGR mantiene investigaciones y procedimientos contra integrantes o presuntos integrantes de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en distintos puntos del país.

En Baja California, por ejemplo, recientemente se dio a conocer la sentencia contra Marco Antonio García Simental y/o Mario Alberto Rivera López, alias “El Cris”, identificado por las autoridades como uno de los primeros “pozoleros” del Cártel de los Arellano Félix.

Un juez federal le impuso 41 años de prisión por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de homicidio simple en grado de tentativa.

“El Cris” también es señalado como hermano mayor de Eduardo Teodoro García Pimentel, “El Teo”, quien fue uno de los principales operadores del grupo criminal en Baja California. Las investigaciones relacionaron a “El Cris” con la desaparición de cuerpos mediante el uso de ácido.

En la misma resolución, la FGR informó que José Barraza Benítez, alias “El Chepe”, recibió una condena de 26 años de prisión por delincuencia organizada, portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Mientras ese expediente corresponde a hechos investigados desde años atrás, el caso de César “N” permanece en una etapa inicial. La persona detenida debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra, de acuerdo con el principio de presunción de inocencia.

Las autoridades de República Dominicana interceptaron una embarcación rápida con 595 paquetes de presunta cocaína en aguas ubicadas al sur de Punta Salinas, en el municipio de Baní, provincia de Peravia. Durante el operativo fueron detenidos tres extranjeros —dos colombianos y un venezolano—, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público por una presunta violación de la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

La operación estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Armada de la República Dominicana (ARD) y la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD). Las instituciones actuaron bajo coordinación del Ministerio Público y con apoyo de organismos de inteligencia del Estado, la Fuerza de Tarea Interagencial Sur y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

El cargamento fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), que deberá establecer mediante análisis el tipo de sustancia y el peso exacto de los paquetes ocupados.

El operativo comenzó tras una alerta de inteligencia sobre una embarcación sospechosa

Según el reporte de la DNCD, las fuerzas de seguridad recibieron información sobre una lancha que se acercaba a las costas dominicanas con un posible cargamento de narcóticos procedente de Sudamérica.

A partir de esa alerta, las autoridades desplegaron un dispositivo por aire, mar y tierra. Las aeronaves de la Fuerza Aérea realizaron tareas de vigilancia, seguimiento y localización, mientras que las unidades marítimas de la Armada participaron de la persecución y posterior intercepción.

El coronel piloto Manuel Gómez, director de comunicaciones de la Fuerza Aérea, señaló que la institución brindó apoyo aéreo a la DNCD durante el desarrollo de la operación. El capitán de navío Isaac Rodríguez, director de comunicaciones de la Armada, indicó que los equipos de superficie interceptaron la nave cuando intentaba ingresar a las aguas jurisdiccionales del país.

La embarcación fue detenida tras varias horas de seguimiento

La lancha fue localizada a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas. De acuerdo con la información oficial, se trataba de una nave tipo Go Fast de 32 pies de eslora, unos 9,8 metros, equipada con dos motores de 115 caballos de fuerza cada uno.

Este tipo de embarcaciones suele ser utilizado por organizaciones dedicadas al traslado marítimo de cargamentos ilícitos entre distintos puntos del Caribe. La DNCD sostuvo que las redes investigadas emplean lanchas rápidas para transportar sustancias desde Sudamérica hacia el territorio dominicano.

Tras la intercepción, los agentes abordaron la embarcación y detuvieron a los tres ocupantes. Las autoridades no difundieron las identidades de los arrestados ni precisaron el punto de partida de la lancha.

Hallaron 24 pacas con 595 paquetes envueltos en cinta adhesiva

Durante la inspección de la nave, los agentes encontraron 24 pacas que contenían 595 paquetes de presunta cocaína. Según la DNCD, los envoltorios estaban cubiertos con cinta adhesiva y tenían distintos logotipos, una modalidad que suele ser objeto de análisis en las investigaciones para establecer posibles vínculos entre cargamentos y estructuras criminales.

Carlos Devers, director de comunicaciones de la DNCD, confirmó que el decomiso se produjo durante una intervención conjunta de las fuerzas de seguridad. El organismo aclaró que la identificación definitiva de la sustancia dependerá de los peritajes del INACIF.

Además de los paquetes, las autoridades decomisaron cinco tanques de combustible, un garrafón adicional, un dispositivo GPS, cinco teléfonos celulares, un pasaporte colombiano, una mochila con prendas de vestir y otros elementos que serán incorporados a la investigación.

Los teléfonos, el GPS y la documentación incautada quedaron bajo análisis para determinar la ruta prevista por la embarcación, los contactos de los detenidos y la posible participación de otras personas en la operación.

El Ministerio Público busca identificar a otros integrantes de la red

La DNCD y el Ministerio Público informaron que continúan las investigaciones para ubicar y detener a otras personas que podrían estar vinculadas con el traslado del cargamento. La pesquisa apunta a establecer la estructura logística que habría permitido la salida de la embarcación, su recorrido marítimo y el eventual destino final de la droga.

Los tres detenidos enfrentan una investigación por presuntas infracciones a la legislación dominicana sobre narcóticos y sustancias controladas. La autoridad antidrogas indicó que los procedimientos judiciales avanzarán conforme se incorporen los resultados de los análisis forenses.

En una declaración difundida tras el operativo, la DNCD sostuvo que la coordinación con agencias aliadas permite reforzar la vigilancia de las rutas marítimas empleadas por organizaciones de narcotráfico en el Caribe.

La DNCD señaló que durante 2026 las autoridades dominicanas decomisaron más de 29 toneladas de distintas sustancias ilícitas en operativos ejecutados en puertos, aeropuertos, la frontera, las costas y otros puntos del territorio nacional. El organismo atribuyó esos resultados al despliegue de operaciones de interdicción y a la cooperación con otras instituciones nacionales e internacionales.

El presidente de Colombia Abelardo de la Espriella difundió este domingo 13 de septiembre de 2026 un balance de operaciones de la fuerza pública efectuadas en la jornada del sábado 12 de septiembre de 2026, con 19 capturas, un sometimiento a la justicia y decomisos de droga, armas y municiones en varios departamentos del país.

En una publicación en X, el mandatario colombiano afirmó que las autoridades mantienen una ofensiva contra estructuras armadas y redes de narcotráfico. “La ofensiva de nuestra Fuerza Pública no se detiene”, escribió al inicio de su mensaje.

Uno de los hechos mencionados ocurrió en San Andrés de Cuerquia, Antioquia, donde, según el balance, unidades del Ejército Nacional se enfrentaron a integrantes de la estructura 36 de las disidencias de las Farc. El reporte señala que un presunto miembro de ese grupo murió durante el combate y otro resultó herido y fue capturado.

Reportaron decomisos de marihuana y cocaína en cuatro municipios

De la Espriella también informó de incautaciones de estupefacientes en Sibaté (Cundinamarca), Pereira (Risaralda), La Pintada y La Tebaida (Quindío). El total reportado incluye 1.430 kilogramos de marihuana en el municipio de Cundinamarca y otros 1.786 kilogramos en la capital de Risaralda.

A esas cantidades se sumaron 394 kilogramos de marihuana incautados en La Pintada, Antioquia, y 653 kilogramos de cocaína ubicados en La Tebaida, Quindío. En conjunto, las autoridades contabilizaron más de 4.200 kilogramos de sustancias ilegales en los procedimientos reseñados.

El presidente señaló que los operativos hacen parte de una estrategia contra las economías ilegales. “Seguimos golpeando el narcotráfico”, indicó en la publicación.

Hallaron un depósito atribuido al Clan del Golfo en Zaragoza

El balance incluyó el hallazgo de un depósito ilegal que las autoridades atribuyeron al Clan del Golfo en Zaragoza, Antioquia. Allí habrían encontrado 1.881 municiones, 19 proveedores y 2 ametralladoras.

En Sevilla y Tuluá, Valle del Cauca, fueron detenidos cuatro presuntos integrantes del Frente 57 Yair Bermúdez. Entre los capturados, según el reporte, hay dos personas señaladas como cabecillas de zona.

De la Espriella agregó que desde el 7 de agosto se han registrado 18.750 capturas, 1.940 armas de fuego incautadas y 1.746,5 hectáreas de coca erradicadas. El mensaje cerró con la promesa de mantener las operaciones contra “estructuras, armas, finanzas y economías criminales”.

Abelardo de la Espriella anunció la captura de tres presuntos integrantes de las ACS

Por otra parte, el presidente Abelardo de la Espriella reportó la captura de tres presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACS) en Bosconia, Cesar, durante una operación que, según indicó, buscó afectar las fuentes de financiación de esa estructura.

El mandatario señaló en una publicación en X que el procedimiento estuvo a cargo de la Policía Nacional, con apoyo de la Fiscalía General de la Nación. Entre los detenidos figuran alias El Pony, identificado como responsable financiero de zona, y alias El Niche, señalado como cabecilla en el municipio.

De acuerdo con el mensaje, alias El Pony coordinaba el recaudo de dinero producto de extorsiones en Bosconia. El esquema, aseguró De la Espriella, se apoyaba en créditos informales bajo las modalidades conocidas como “gota a gota” o “cobra diario”.

El presidente afirmó que los dos hombres estarían relacionados con cuatro ataques contra comerciantes. Según la información divulgada, los hechos incluyeron disparos contra viviendas y locales comerciales, con el propósito de intimidar a las víctimas y forzarlas a pagar exigencias económicas.

Durante el operativo, las autoridades incautaron un revólver, 66 municiones, tres proveedores para fusil, cinco panfletos atribuidos a las ACS, dos computadores, un radio de comunicación y tres teléfonos celulares.

“Vamos por los cabecillas, los cobradores, las armas y cada peso”, sostuvo De la Espriella al referirse a la estrategia contra la extorsión. El mandatario calificó esa actividad como una de las principales vías de financiación de los grupos armados ilegales.

El pronunciamiento hizo énfasis en la situación de los comerciantes afectados por las exigencias de organizaciones criminales. “Al comerciante lo protege el Estado”, expresó el presidente.

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra operan en zonas de la región Caribe y han sido señaladas por las autoridades por hechos vinculados con extorsiones, amenazas y control de economías ilícitas.

Una organización que utilizaba vehículos para distribuir y vender sustancias ilícitas como si realizara entregas convencionales fue desarticulada en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, Panamá.

La denominada Operación Apple Delivery terminó con nueve personas condenadas, apenas un día después de las capturas efectuadas en el corregimiento de La Concepción.

La investigación apuntaba a que los integrantes movilizaban la droga en automóviles y coordinaban las entregas bajo una dinámica semejante a la de los servicios de mensajería. Los vehículos permitían trasladar los pedidos hacia distintos puntos, reducir el tiempo de permanencia en cada lugar y dificultar la identificación de una ubicación fija de venta.

La jueza de garantías Ana González validó los acuerdos de pena alcanzados entre la Fiscalía y las defensas y emitió la sentencia condenatoria número 613 del 11 de septiembre. Los nueve procesados, seis hombres y tres mujeres de entre 21 y 60 años, fueron responsabilizados por tres delitos diferentes.

El castigo más elevado recayó sobre un hombre de 21 años, condenado a 96 meses de prisión por venta de sustancias ilícitas. La decisión también ordenó el pago de una multa de 500 dólares con 83 centésimos, dinero que las autoridades vincularon con la actividad por la cual fue procesado.

Otros dos hombres, de 21 y 30 años, recibieron penas de 84 meses de prisión por el mismo delito. Ambos también fueron sancionados con 24 meses de inhabilitación para ejercer funciones públicas, medida que comenzará a aplicarse una vez que hayan cumplido la condena principal impuesta por el tribunal.

La sentencia incluyó a tres hombres de 22, 26 y 31 años, declarados responsables de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas. Las penas fueron fijadas en 62 y 60 meses de prisión, mientras que las sanciones accesorias incluyeron el comiso de cuatro automóviles y periodos de inhabilitación para funciones públicas.

El componente financiero de la operación quedó reflejado en las condenas impuestas a tres mujeres por blanqueo de capitales. Una mujer de 48 años recibió 60 meses de prisión y perdió siete vehículos mediante una orden de decomiso, una cantidad que muestra el peso atribuido a los automóviles dentro de la estructura.

Las otras dos procesadas, de 28 y 60 años, fueron condenadas a 48 meses de prisión, reemplazados por el pago de 400 dólares dentro de un plazo de seis meses. Para una se dispuso el decomiso de un automóvil y para la otra, 12 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La audiencia se extendió durante casi seis horas, desde las 10:09 de la mañana hasta las 3:52 de la tarde. El Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Ninfa González, Edgar Tamayo y Estefanía González, mientras que los sentenciados contaron con defensores públicos y abogados particulares durante el procedimiento.

Las aprehensiones se produjeron el 10 de septiembre durante un despliegue desarrollado en La Concepción, distrito de Bugaba. De acuerdo con el Órgano Judicial, las autoridades incautaron vehículos, equipos tecnológicos y dinero en efectivo, elementos utilizados posteriormente dentro de la causa penal y los acuerdos de pena.

El uso de automóviles como supuesto servicio de entrega muestra la capacidad del microtráfico para adoptar dinámicas comerciales cotidianas. La movilidad reduce la exposición de los vendedores y facilita variar recorridos, horarios y puntos de encuentro, mientras los teléfonos permiten coordinar pedidos sin mantener un puesto permanente fácilmente identificable por las autoridades.

No es la primera estructura detectada este año que intentaba camuflar la venta de droga detrás de una actividad lícita. En agosto, la operación Caballo de Troya descubrió que presuntos microtraficantes utilizaban puestos de buhonería como fachada en varios sectores del distrito populoso de San Miguelito.

Aquella intervención se desarrolló en Los Andes, Paraíso, Santa Marta, San José y La Gran Estación. Según informó la Procuraduria, siete personas fueron aprehendidas y se decomisaron dinero y sustancias ilícitas. En La Gran Estación, algunos investigados se presentaban como vendedores ambulantes cerca de áreas comerciales concurridas.

Apple Delivery y Caballo de Troya revelan dos formas distintas de ocultar operaciones de microtráfico: una basada en entregas móviles realizadas mediante automóviles y otra apoyada en puestos ambulantes. En ambos casos, la estrategia consistía en insertar la actividad ilícita dentro del movimiento cotidiano, aprovechando escenarios donde circular o entregar productos no despierta sospechas inmediatas.

En Apodaca, Nuevo León, una mujer identificada como Aranxa “N” fue asegurada en flagrancia en el Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo con 4 kilogramos de marihuana, además de 400 cigarros, 280 vapeadores de cannabis sativa y 40 vapeadores de THC.

La FGR informa también de un cateo en San Pedro Garza García dentro de la zona metropolitana de Monterrey, como parte de una investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el inmueble cateado se ubica en la avenida Roberto Garza Sada, en la colonia Valle de San Ángel, sector Francés, donde se aseguran vehículos de alta gama.

Dos mujeres escondieron un millón en caja de galletas

Lizzeth María Guadalupe Narváez Pérez y Beatriz Angélica Meraz Rincón fueron detenidas el 8 de septiembre en la carretera Nacional Monterrey-Ciudad Victoria, a la altura de Linares, Nuevo León, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Ambas transportaban más de un millón 56 mil pesos en efectivo ocultos en una mochila y no pudieron acreditar el origen legal del dinero ante las autoridades.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las detenidas serán imputadas por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero. Con ello, las dos mujeres quedaron a disposición de las autoridades federales tras la intervención.

Los agentes federales establecieron un punto de revisión sobre la vía que conecta Monterrey con Ciudad Victoria. Al detener el vehículo en que viajaban las dos mujeres, los elementos de la AIC procedieron a su inspección.

Durante la revisión, los agentes hallaron una mochila con un millón 56 mil pesos en efectivo. El dinero estaba oculto en una caja de galletas dentro de ese equipaje.

Ninguna de las dos mujeres pudo presentar documentación que acreditara la procedencia legal de la cantidad asegurada. Esa incapacidad de justificar el origen del efectivo fue el elemento central que derivó en su detención formal.

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La FGR señaló que la probable responsabilidad de Lizzeth Narváez Pérez y Beatriz Meraz Rincón se enmarca en el tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ese delito contempla penas de prisión para quienes trasladen, oculten o transfieran recursos de origen no comprobado.

Incineraron más de 600 kilos de narcóticos

Con el objetivo de dar cumplimiento al destino legal de narcóticos asegurados en diversas investigaciones, la Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo la incineración de 661 kilos 490 gramos 384 miligramos de narcóticos, cuatro mil 998 unidades de pastillas y 201 litros 748 mililitros de sustancias diversas.

Las sustancias incineradas fueron marihuana, metanfetamina, clorhidrato de cocaína, acetona, fentermina, clonazepam, clobenzorex, entre otras.

El procedimiento se realizó en las instalaciones del Recinto Ferial, en Charo, Michoacán, con el apoyo del Ministerio Público de la Federación (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Michoacán, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y personal pericial especializado en química forense, quienes participaron en la identificación, verificación y documentación del procedimiento.

En la diligencia estuvo presente personal del Órgano Interno de Control de la FGR, quien dio fe del pesaje y tipo de sustancias destruidas, ante la presencia de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Panamá cerró agosto con un promedio aproximado de dos homicidios diarios, una frecuencia que equivale a una muerte cada 15 horas. En los primeros ocho meses de 2026 fueron contabilizados 402 casos, frente a 385 en igual periodo de 2025, lo que representa 17 víctimas adicionales y un incremento del 4%.

El informe del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC), actualizado al 31 de agosto, precisa que 394 homicidios fueron intencionales y ocho no intencionales. La primera categoría aumentó 4%, al sumar 14 casos más que los 380 registrados durante el mismo periodo del año anterior.

Solo en agosto se reportaron 50 homicidios, cinco más que en igual mes de 2025. De ese total, 49 fueron intencionales y uno no intencional. Abril continúa como el mes más violento de 2026, con 62 casos, seguido de mayo con 56, marzo con 54 y julio con 51.

El promedio de las últimas seis semanas fue de 11 homicidios intencionales por semana, mientras que entre las dos más recientes se produjo un aumento del 67%, al pasar de nueve a 15. El SIEC ubicó el comportamiento nacional en una escala “significativamente alta”, condición que también atribuyó a la provincia de Panamá.

Las rencillas delincuenciales permanecieron como la principal causa identificada, con 137 homicidios, aunque disminuyeron 14% respecto de los 160 registrados en 2025. En contraste, los casos asociados con pandillerismo aumentaron 110%, al pasar de 30 a 63, la variación absoluta más pronunciada del periodo.

También crecieron los femicidios, de nueve a 16, un incremento del 78%, mientras que las muertes durante riñas subieron de 19 a 29. Los homicidios vinculados con robos pasaron de 19 a 23 y las rencillas personales aumentaron de 21 a 22, según la clasificación preliminar.

Los casos relacionados con ajustes de cuentas bajaron de 31 a 12; los vinculados con drogas o narcotráfico, de 15 a ocho; y los pasionales, de cinco a uno. Asimismo, 24 víctimas murieron como daño colateral, tres menos que en 2025, mientras 49 expedientes permanecían bajo investigación, nueve más que el año anterior.

Dentro de los homicidios intencionales también aparecen cuatro casos por evasión, cuatro por violencia doméstica, uno por cumplimiento del deber y uno por encargo. Entre los ocho hechos no intencionales, seis correspondieron a acciones policiales y dos a defensa. El informe no registró homicidios accidentales ni infanticidios durante el periodo.

La provincia de Panamá concentró 250 homicidios intencionales, 12 más que en 2025, seguida de Colón con 68, Panamá Oeste con 32 y Chiriquí con 19. Aunque Colón disminuyó 11% y Panamá Oeste 9%, Chiriquí experimentó un aumento del 138%, al pasar de ocho a 19.

Coclé duplicó sus casos, de seis a 12, y Los Santos pasó de uno a tres. Por el contrario, Veraguas registró la mayor reducción porcentual, con una caída del 67%, de seis a dos. Darién disminuyó de tres a dos, mientras Guna Yala y la comarca Emberá no reportaron casos.

Por distritos, Panamá encabezó la lista con 174 homicidios, seguido de San Miguelito con 73, Colón con 63 y Arraiján con 20. David y La Chorrera acumularon ocho casos cada uno, mientras Penonomé registró seis. Antón, Chagres y Chame contabilizaron cuatro homicidios cada uno.

En San Miguelito, los corregimientos con más casos fueron Belisario Frías con 21, Omar Torrijos con 15 y Arnulfo Arias Madrid con 13. En el sector este del distrito de Panamá sobresalieron Pedregal con 15, 24 de Diciembre con 14 y Tocumen con 10; mientras Cristóbal Este lideró en Colón con 15.

La tasa nacional de homicidios intencionales se situó en 8.5 por cada 100,000 habitantes. Panamá, con 15.1, y Colón, con 21.5, fueron las únicas provincias clasificadas con una tasa moderada, asociada con violencia notable que requiere atención. El resto del país quedó dentro del nivel considerado bajo.

El documento señala que 57% de las muertes ocurrió entre personas vinculadas con estructuras delincuenciales, organizadas o comunes, y que 12% de las víctimas relacionadas con esas causas eran inocentes. Las cifras son preliminares y pueden cambiar conforme avancen las investigaciones y se actualice la clasificación de cada expediente.

Nancy Beatriz Ortega Olazagasti era, hasta el 26 de agosto de 2026, una empleada de bajo perfil dentro de la estructura del Ayuntamiento de Tecate, en Baja California. Su nombre no figuraba en ningún encabezado ni en ninguna declaración oficial del municipio hasta que agentes de la CBP encontraron 69.39 kilogramos de presunta metanfetamina ocultos en su Nissan Rogue 2020 cuando intentaba cruzar hacia Estados Unidos.

Ahora, la Fiscalía del Distrito Sur de California la acusó formalmente de importación de sustancias controladas. El caso se hizo público el 28 de agosto, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo incluyó en su reporte semanal sobre procesos fronterizos.

Nancy Ortega: inspectora municipal con cargo en Justicia Cívica

Ortega Olazagasti pertenecía a la Secretaría del Ayuntamiento de Tecate, encabezada por Eduardo Macías Flores. Su adscripción específica era el departamento de Justicia Cívica, cuyo titular es Raúl Alfredo Ferreiro Guillén.

Su cargo oficial era el de inspectora y notificadora. Los registros de transparencia consultados por Infobae indican que percibía 13.652 pesos con 74 centavos por catorcena, mientras que Latinus reportó un salario mensual de 15.554 pesos para el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2023 y el 30 de junio de 2026.

El Ayuntamiento de Tecate, encabezado por el alcalde morenista Román Cota Muñoz, no emitió ninguna declaración pública durante los primeros días posteriores al arresto. La administración guardó silencio por más de una semana sobre el estatus laboral de la trabajadora.

Fue hasta el 2 de septiembre cuando el municipio informó que Ortega Olazagasti dejó de formar parte de la nómina municipal. La baja se produjo siete días después de su detención en suelo estadounidense.

La garita de Tecate, el Nissan Rogue y los 30 paquetes hallados el 26 de agosto

A las 10:43 horas del 26 de agosto, Ortega se formó en la fila 2 de la garita de Tecate con su Nissan Rogue 2020. Un agente de la CBP detectó anomalías en la parte inferior de los asientos delanteros mediante un sistema de inspección por rayos X, según documentos judiciales citados por Latinus.

La trabajadora fue remitida a una segunda revisión. En ese punto negó llevar mercancía, afirmó que nadie le había pedido transportar nada y descartó haber cedido el vehículo a terceros en los días previos.

Los perros entrenados de la CBP alertaron sobre la presencia de narcóticos en el interior del automóvil. La revisión posterior reveló el compartimento no original con los 30 paquetes de metanfetamina.

El arresto se produjo a las 12:26 horas, casi dos horas después del primer contacto con los agentes fronterizos. Ortega reiteró su desconocimiento de la droga y mantuvo que su destino era una tienda Home Depot para adquirir insumos de construcción.

El proceso judicial en San Diego y la baja del Ayuntamiento el 2 de septiembre

El 28 de agosto, Ortega compareció ante el juez Brian White en San Diego. El magistrado le concedió libertad bajo fianza de USD 20.000, con la condición de permanecer en el condado de San Diego, no regresar a México y presentarse ante la corte cada vez que fuera requerida.

El 1 de septiembre, la acusada renunció a su derecho a una audiencia preliminar. Hasta la fecha de publicación de esta nota no se había fijado una fecha para un eventual juicio.

Su caso formó parte de los 71 procesos fronterizos presentados esa semana por la Fiscalía del Distrito Sur de California. Las autoridades estadounidenses no identificaron en sus comunicados a ninguna organización criminal como propietaria del cargamento, ni atribuyeron la droga a algún grupo que opere en Baja California.

El Ayuntamiento de Tecate emitió un comunicado oficial tras la difusión del caso. “El Gobierno de Tecate es completamente ajeno a los hechos y se deslinda de cualquier conducta que la excolaboradora pudiera haber realizado a título personal”, señaló el texto difundido por la administración de Cota Muñoz.

El municipio subrayó que los actos atribuidos a Ortega Olazagasti no guardan relación con sus funciones dentro del gobierno local. También indicó que corresponde a las autoridades competentes realizar las investigaciones, determinar responsabilidades y aplicar la ley.

La información disponible hasta ahora no establece ningún vínculo entre el presunto traslado de metanfetamina y las funciones que Ortega desempeñaba en Justicia Cívica. Tampoco existe elemento público que relacione el caso con otros servidores públicos del Ayuntamiento ni con el alcalde Román Cota.

Un antecedente registrado por Tribuna señala que en 2015 Ortega fue detenida por la Policía Municipal de Tecate bajo la acusación de robo a comercio. No existe información pública que vincule ese hecho previo con el caso actual.

El expediente en su contra constituye una acusación formal que deberá probarse ante un tribunal federal estadounidense. La presunción de inocencia rige mientras el proceso no concluya con una sentencia.

Las autoridades hondureñas intensificaron sus operaciones contra el tráfico de drogas en las rutas marítimas del Caribe con una nueva acción de interdicción que culminó con el aseguramiento de dos embarcaciones y la detención de 11 personas.

De acuerdo con el reporte proporcionado por las Fuerzas Armadas de Honduras, durante la operación fueron localizados 36 fardos de supuesta cocaína. El hallazgo se produjo luego de que las unidades navales detectaran e interceptaran las embarcaciones que se movilizaban en el sector.

Entre los detenidos se encuentran cinco personas de nacionalidad colombiana, mientras que las autoridades continúan con las diligencias para establecer la identidad y posible participación de cada uno de los ocupantes en el traslado de la droga.

Como parte del operativo, las autoridades aseguraron la embarcación pesquera camaronera Miss Celeste, con bandera hondureña, además de una lancha rápida tipo go fast.

La presencia de ambas embarcaciones forma parte de las pruebas que serán incorporadas al procedimiento correspondiente para determinar su vinculación con el cargamento de droga localizado durante la intervención.

Paquetes fueron lanzados al mar

Uno de los elementos que podría ampliar el volumen del decomiso es que, según el informe de las Fuerzas Armadas, los ocupantes de la lancha rápida habrían arrojado varios fardos al mar al percatarse de la presencia de las unidades navales.

Por esa razón, las autoridades no descartan que la cantidad de droga involucrada en el incidente sea superior a los 36 fardos recuperados durante la operación.

El despliegue estuvo bajo responsabilidad de efectivos de la Fuerza Naval de Honduras, con apoyo de agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal y fiscales de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado.

La participación permitirán avanzar con las diligencias investigativas y judiciales relacionadas con el caso, incluido el análisis de la droga incautada, la inspección de las embarcaciones y la recopilación de elementos que puedan establecer responsabilidades penales.

El capitán Mario Rivera dijo que “la operación, en un procedimiento que se suma a las acciones que las autoridades hondureñas mantienen en distintos puntos de la zona marítima del país”.

Traslado a la Base Naval de Caratasca

Tras la detención en alta mar, los 11 imputados y la evidencia decomisada serán trasladados a la Base Naval de Caratasca, donde se desarrollarán las diligencias establecidas por las autoridades competentes.

En ese lugar continuará el procesamiento de los indicios y la documentación del caso, mientras los fiscales y agentes de investigación avanzan en la determinación de la posible estructura detrás del traslado del cargamento.

La droga será sometida a los análisis correspondientes para confirmar oficialmente su naturaleza y establecer el peso total del cargamento recuperado.

El operativo se enmarca en las acciones que ejecutan las instituciones de seguridad hondureñas para frenar el movimiento de drogas por las rutas marítimas del Caribe.

Las operaciones de interdicción buscan detectar embarcaciones sospechosas, interceptar posibles cargamentos ilícitos y evitar que las rutas marítimas sean utilizadas para el traslado de sustancias prohibidas hacia otros puntos de la región.

La ubicación del procedimiento, frente al sector de la Barra Patuca, también muestra la vigilancia que mantienen las autoridades en aguas del Caribe hondureño, particularmente en zonas donde pueden converger rutas utilizadas por embarcaciones pesqueras, comerciales y aquellas vinculadas a actividades ilícitas.

Dos mujeres fueron vinculadas a proceso por su probable participación en delitos contra la salud, luego de que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) las detuvieran tras un supuesto intercambio de droga por dinero en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Las detenidas fueron identificadas como Gabriela “N”, alias “La Gaby de Barbas”, y Maricela “N”. De acuerdo con información de inteligencia incorporada a la investigación, ambas serían posibles integrantes de La Unión Tepito, mientras que Gabriela es señalada además como una presunta generadora de violencia relacionada con ese grupo delictivo.

La detención ocurrió el 29 de agosto, cuando dos policías realizaban labores de vigilancia en la colonia Morelos y observaron a las mujeres mientras presuntamente entregaban una bolsa con droga a otra persona, quien habría dado dinero en efectivo a cambio. Los agentes intervinieron y, según informó la SSC, encontraron en poder de las mujeres 30 bolsas pequeñas con una sustancia presuntamente narcótica, además de otra bolsa con la misma sustancia a granel y 200 pesos en efectivo. Tras su detención, ambas fueron puestas a disposición de las autoridades ministeriales, que iniciaron una investigación por narcomenudeo bajo la hipótesis de posesión de droga con fines de comercio.

“La Gaby de Barbas” sería integrante de La Unión Tepito

Dentro de la investigación, Gabriela “N” fue identificada con el alias de “La Gaby de Barbas” y señalada mediante información de inteligencia como posible integrante de La Unión Tepito.

La organización delictiva tiene presencia principalmente en la zona centro de Ciudad de México y ha sido relacionada por autoridades con actividades como narcomenudeo, extorsión, secuestro, despojo y homicidio.

Permanecerán en prisión preventiva durante el proceso

Durante la audiencia del 4 de septiembre, un juez determinó vincular a proceso a Gabriela “N” y Maricela “N” por su probable participación en delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo y bajo la hipótesis de posesión con fines de comercio.

Como medida cautelar, ambas permanecerán en prisión preventiva mientras continúa el proceso. El juez estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria. El expediente incluye las entrevistas de las policías que participaron en la detención, así como dictámenes periciales en materia de química y fotografía.

La dependencia informó que, hasta que exista una sentencia, Gabriela “N” y Maricela “N” deben ser consideradas inocentes y tratadas como tales durante las distintas etapas del procedimiento.

Operaciones recientes contra La Unión Tepito dejan al menos siete detenidos en los últimos días

En los últimos días fueron detenidas al menos siete personas señaladas como posibles integrantes de La Unión Tepito o relacionadas con actividades atribuidas a la organización. El 4 de septiembre, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, a Brian “N”, alias “El Loco Brian”, de 36 años, y Rafael “N”, “El Macaco”, de 31.

De acuerdo con los reportes, los policías los observaron mientras manipulaban un arma de fuego y, tras una revisión, les aseguraron una pistola, 98 bolsas con posible metanfetamina, 95 envoltorios con posible cocaína en piedra, dinero en efectivo y un teléfono celular.

Al día siguiente fueron reportadas las detenciones de Karla “N”, Harmuni “N”, Diego “N” y Donovan “N” durante operativos y cateos realizados en las alcaldías Cuauhtémoc y Coyoacán, como parte de una investigación por delitos contra la salud.

Las autoridades los señalaron como presuntos integrantes de La Unión Tepito y durante las acciones aseguraron dosis de posible cocaína, marihuana y metanfetamina, además de aproximadamente cuatro kilogramos de marihuana y un arma de fuego.

A estos casos se suma Hugo Alexis “N”, alias “El Moño”, detenido el 27 de agosto durante un recorrido de vigilancia en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc. Los policías observaron que llevaba una mano sobre un objeto con características de arma a la altura de la cintura y, durante la revisión, le aseguraron una pistola abastecida y envoltorios con posible marihuana, cocaína y metanfetamina. Información de inteligencia incorporada a la investigación lo señala como posible integrante de La Unión Tepito y presunto generador de violencia en la zona centro; posteriormente fue vinculado a proceso y permanecerá bajo prisión preventiva.

Una avioneta arrojó más de 400 kilos de droga en un predio de Artigas –el departamento más al norte de Uruguay– y la acción desató un operativo policial que derivó en ocho personas detenidas y al menos seis enviadas a prisión, mientras avanza la investigación. Fue, para el Ministerio del Interior, un “duro golpe contra el narcotráfico”.

La droga equivale a dos millones de dosis valuadas en USD 14 millones en el mercado europeo y USD 3 millones en el mercado uruguayo. También se incautaron seis vehículos, un arma de fuego, nueve celulares, una moto de agua, 23 tarrinas de combustible de aviación y equipos de comunicación.

La denominada Operación Polux permitió identificar a una banda criminal que se vinculaba al ingreso de “importantes cantidades” –según definió el ministerio– de droga al país por vía aérea. Durante meses, los agentes aplicaron tareas de inteligencia para conocer cuál era la operativa de la organización y qué rol tenía cada uno de sus miembros.

Fue así que se identificó un predio rural en Baltasar Brum, una pequeña localidad de Artigas, como el posible escenario para la ejecución de este hecho.

Varios de los investigados fueron el jueves 3 hacia ese lugar y esto motivó un despliegue de la Policía en puntos estratégicos cercanos. Horas más tarde, los agentes vieron que una aeronave sobrevolaba la zona y, en determinado momento, comenzó a arrojar varios bultos. En tierra, los integrantes de esta banda criminal esperaban recoger el cargamento que caía desde el aire.

Los policías que estaban en la zona procedieron a interceptar a tres vehículos y a detener a cuatro hombres. Allí se incautaron 12 bultos, algunos que ya estaban cargados en una camioneta prontos para ser trasladados. Otros, permanecían esparcidos en el campo.

Luego, los agentes miraron qué había dentro de los bultos. Sumaron 300 envoltorios en formas de ladrillos de cocaína que pesaron 305 kilos. Además, había otros 100 ladrillos de pasta base que totalizaban 103 kilos.

Parte de los ladrillos tenían una forma de delfín.

La principal hipótesis de los investigadores es que la droga es de origen peruana y que la avioneta tiene matrícula de Bolivia.

La banda delictiva había puesto dos sábanas de color blanco en el lugar, que tenían el objetivo de señalizar el “bombardeo de la sustancia”, describió la comunicación oficial del Ministerio del Interior. Esto “refleja una clara organización de los involucrados para realizar la actividad ilícita”, agrega.

En Salto, un departamento vecino, se detuvo a otros dos hombres involucrados en la investigación. Uno de ellos es el líder de la banda criminal. Además, hubo 11 allanamientos en la capital de ese departamento y se incautaron más drogas, seis vehículos, motos de agua, celulares, 23 tarrinas con combustible, handys y un DVR.

El viernes se llevó adelante una audiencia de formalización en la que fueron imputadas cinco personas y enviadas a prisión. Los delitos de los que son acusados son asociación para delinquir y tráfico ilícito de drogas. Un hombre de 33 años, en tanto, fue imputado también por organización de actividades de narcotráfico. A un joven de 19 años, en tanto, también lo acusan por porte de armas.

Este domingo, en tanto, se imputó a una sexta persona y se determinó el cese de detención de otras dos, informó el Ministerio del Interior.

El Ministerio del Interior informó que esta investigación comenzó a principios de 2026 y fue llevada adelante por la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, a través de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas. El operativo fue coordinado con las jefaturas de Policía de Artigas y Salto, y tuvo el apoyo de la Armada Nacional, la Dirección Nacional de Aviación de la Policía, la Dirección General de Operaciones Especiales, la Guardia Republicana y la Fuerza Aérea.

Dos presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos en el municipio de Chalco, Estado de México, luego de que una denuncia ciudadana alertara sobre la presencia de personas que presuntamente manipulaban bolsas con sustancias ilícitas en calles de la colonia Covadonga.

Los detenidos fueron identificados como Valentín “N”, de 41 años, y Francisco “N”, de 26, quienes, de acuerdo con autoridades estatales, podrían estar relacionados con un grupo criminal originario de Jalisco. Durante la intervención se les aseguraron diversas dosis de sustancias con características similares a la mariguana, cocaína y cristal.

La captura fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, adscritos al Agrupamiento Fuerza de Acción y Reacción (FAR), mientras efectuaban patrullajes de vigilancia en la zona.

Denuncia ciudadana deriva en operativo

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los agentes recibieron una denuncia que advertía sobre la presencia de dos individuos aparentemente involucrados en actividades relacionadas con la venta o distribución de drogas.

Los policías se trasladaron al sitio señalado y, al llegar, observaron a dos hombres que manipulaban varias bolsas de plástico. Al percatarse de la presencia de los uniformados, los sujetos presuntamente intentaron ocultar los objetos y escapar del lugar.

Los elementos de seguridad implementaron un cerco para impedir su huida y, mediante comandos verbales, les marcaron el alto. Posteriormente realizaron una revisión preventiva, durante la cual localizaron los envoltorios que contenían distintas sustancias.

En total fueron aseguradas 61 bolsas de plástico con hierba verde y seca, cuyas características correspondían presuntamente a la mariguana; 65 empaques de papel con una sustancia sólida blanquecina, similar a la cocaína en piedra; además de nueve envoltorios con presunta cocaína en polvo.

También fueron encontrados siete envoltorios herméticos con una sustancia cristalina, con características similares a la droga conocida como cristal.

Investigan posible vínculo con el CJNG

Tras el aseguramiento de las sustancias, Valentín “N” y Francisco “N” fueron detenidos y trasladados ante el Ministerio Público con sede en Chalco, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente.

Las autoridades deberán determinar ahora su situación jurídica y establecer si existe un vínculo formal entre ambos hombres y alguna célula del CJNG que opere en la región.

La captura ocurre en un municipio donde autoridades mexiquenses han reportado anteriormente operaciones relacionadas con este grupo criminal. De acuerdo con investigaciones y reportes periodísticos, el cártel originario de Jalisco ha sido relacionado con actividades como narcomenudeo, extorsión, secuestro y despojo de tierras en Chalco y otros municipios del oriente del Estado de México.

Uno de los antecedentes más recientes ocurrió en abril de 2026, cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que Marlon Jesús “N”, identificado como integrante del CJNG, recibió una sentencia de 120 años de prisión por un triple homicidio cometido en Chalco en noviembre de 2024.

Según las investigaciones de la Fiscalía mexiquense, el hombre y otro sujeto interceptaron a las víctimas cuando circulaban en dos vehículos sobre avenida Nacional, en el poblado de San Pablo Atlazalpan. El sentenciado habría obligado a los afectados a descender de sus automóviles para después dispararles.

Uno de los hombres logró sobrevivir inicialmente e intentó escapar, pero fue alcanzado metros adelante y privado de la vida.

La sentencia contra Marlon Jesús “N” incluyó además una multa de 227 mil 997 pesos y el pago de 713 mil 334 pesos por concepto de reparación del daño.

Ese mismo mes, autoridades estatales también reportaron la detención de Cristofer Kevin “N”, alias “El Fresa”, señalado como presunto líder de una célula del CJNG que operaba en Chalco, Tlalmanalco y Juchitepec. Junto con él fueron detenidas otras seis personas.

Con la nueva captura de Valentín “N” y Francisco “N”, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar si ambos forman parte de una estructura criminal con presencia en la zona.

Las autoridades panameñas decomisaron 290 paquetes rectangulares con presunta sustancia ilícita dentro de un contenedor transportado por un buque en la bahía de Panamá.

La carga había salido de Ecuador y tenía como supuesto destino Barcelona, España, según la trazabilidad establecida durante las investigaciones preliminares realizadas por la Fiscalía de Drogas y la Policía Nacional.

El hallazgo se produjo durante una diligencia de perfilamiento y control ejecutada por la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía de Drogas, con apoyo de la Dirección Nacional Antidrogas y la Unidad Táctica de Operaciones Antidrogas.

Los paquetes fueron remitidos para las pruebas científicas que determinarán el tipo y peso de la sustancia, como exige el procedimiento penal.

El caso vuelve a colocar la atención sobre el uso de las rutas marítimas panameñas para transportar cargamentos procedentes principalmente de países productores de Suramérica.

La conectividad de los puertos y el volumen de contenedores que atraviesa el país son aprovechados por organizaciones criminales para ocultar sustancias ilícitas entre mercancías destinadas a mercados internacionales.

España figura entre los destinos recurrentes de las cargas detectadas en contenedores procedentes de Ecuador o movilizados a través de Panamá. Bélgica y Países Bajos también aparecen como puntos principales de entrada de cocaína a Europa, especialmente mediante los puertos de Amberes y Róterdam.

Estados Unidos continúa siendo otro de los mercados finales de las rutas que atraviesan Centroamérica y el Caribe.

Las organizaciones criminales suelen introducir los paquetes dentro de contenedores que transportan productos legales, algunas veces sin conocimiento de las empresas exportadoras o propietarias de la mercancía.

En otros casos, recurren a redes que incluyen transportistas, trabajadores portuarios y operadores logísticos para abrir, contaminar y posteriormente recuperar las cargas en los puertos utilizados como puntos de salida, tránsito o destino.

Los datos oficiales muestran la dimensión del movimiento de drogas por el territorio panameño. Entre enero y junio de 2026, las fiscalías especializadas, junto con los organismos de seguridad, reportaron la incautación de 47.04 toneladas de sustancias ilícitas.

Durante ese mismo período fueron aprehendidas 2,246 personas y se registraron 1,652 sentencias condenatorias relacionadas con estos delitos, según la Procuraduría General de la Nación.

Los puertos concentraron una parte importante de los decomisos. En las terminales del Pacífico y el Atlántico fueron incautadas 15.92 toneladas de clorhidrato de cocaína durante el primer semestre.

La Procuraduría señaló que aproximadamente 69% de las sustancias decomisadas en el país estuvo relacionado con zonas portuarias caracterizadas por un elevado movimiento de mercancías y contenedores.

Colón encabezó la lista de provincias con mayor incidencia de incautaciones, seguida de Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí. También se reportaron decomisos en Los Santos, Veraguas, Coclé, Darién, Guna Yala, Herrera y Bocas del Toro.

La distribución confirma que el fenómeno no se limita a los grandes puertos, sino que utiliza costas, carreteras y comunidades como parte de su estructura logística.

Mientras los grandes cargamentos tienen como objetivo el tráfico internacional, las autoridades mantienen operaciones contra la venta y distribución de drogas dentro de las comunidades.

En Coclé, la Operación Llano Sur dejó 13 personas aprehendidas durante múltiples allanamientos realizados por la Fiscalía Regional y la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional.

De acuerdo con las investigaciones iniciales, algunos de los aprehendidos presuntamente utilizaban plazas comerciales, parques recreativos y sitios con alta concurrencia de personas para vender sustancias ilícitas.

Los detenidos deberán comparecer ante los tribunales para la legalización de las diligencias, la imputación de cargos y la aplicación de las medidas cautelares que correspondan en cada caso.

La respuesta penal también produjo condenas recientes. Un hombre recibió una sentencia de 72 meses de prisión por posesión agravada de drogas, luego de un allanamiento efectuado en un inmueble de la ciudad de Panamá.

El acuerdo de pena incluyó el decomiso de $1,190 en efectivo, presuntamente relacionado con la actividad ilícita investigada por la Fiscalía de Drogas.

Los resultados reflejan dos dimensiones distintas del problema: Panamá funciona como corredor para cargamentos destinados principalmente a Europa y Estados Unidos, pero también enfrenta redes dedicadas al abastecimiento del mercado interno.

El decomiso en la bahía interrumpió una operación internacional, mientras los allanamientos en Coclé muestran cómo parte del negocio llega a espacios públicos y zonas residenciales.

Panamá impidió el tránsito por el Aeropuerto Internacional de Tocumen de un ciudadano venezolano presuntamente vinculado con la organización criminal Tren de Aragua.

El extranjero también mantenía antecedentes penales en Estados Unidos por posesión y distribución de narcóticos, de acuerdo con las verificaciones efectuadas por el Servicio Nacional de Migración.

El hombre llegó en un vuelo procedente de Valencia, Venezuela, y pretendía continuar su recorrido hacia Medellín, Colombia. Las alertas surgieron durante los controles migratorios realizados en la terminal aérea.

Tras confirmar la información, las autoridades panameñas impidieron su tránsito y ordenaron devolverlo a su país de origen.

Migración señaló que mantiene activos sus filtros en los puertos de entrada y tránsito para prevenir el desplazamiento de personas relacionadas con actividades delictivas.

La entidad no reveló la identidad del pasajero ni detalló los antecedentes que permitieron asociarlo con el Tren de Aragua, más allá de las alertas internacionales y su historial por narcotráfico.

El Tren de Aragua es una organización criminal transnacional surgida en la cárcel de Tocorón, ubicada en el estado venezolano de Aragua. Bajo el liderazgo de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, el grupo extendió progresivamente sus operaciones fuera de Venezuela hacia distintos países de América.

Sus células han sido relacionadas con homicidios, secuestros, extorsiones, tráfico de drogas, trata de personas y explotación sexual. La estructura también ha aprovechado los movimientos migratorios para captar víctimas, controlar rutas clandestinas y establecer redes criminales en comunidades venezolanas, aunque su presencia y capacidad operativa varían entre los países.

Estados Unidos incluyó al Tren de Aragua en su lista de organizaciones terroristas extranjeras el 20 de febrero de 2025. La decisión fue adoptada después de una orden ejecutiva que abrió el proceso para clasificar como terroristas a determinados carteles y grupos criminales transnacionales considerados una amenaza para la seguridad nacional y regional.

La designación estadounidense se sustentó en la violencia atribuida al grupo y su participación en asesinatos, secuestros, extorsiones y tráfico de personas, armas y drogas. La medida permite bloquear bienes, perseguir fuentes de financiamiento y sancionar a quienes proporcionen apoyo material a la organización dentro de la jurisdicción de Estados Unidos.

En Panamá, al menos cinco personas señaladas por presuntos vínculos con el Tren de Aragua han sido detectadas, inadmitidas o expulsadas durante 2026.

El recuento incluye a dos venezolanos localizados inicialmente en un puesto de control en Divisa, quienes posteriormente fueron expulsados del territorio panameño hacia Venezuela.

Ambos extranjeros habían sido retenidos en abril durante una inspección realizada por unidades migratorias y del Servicio Nacional de Fronteras.

El 2 de junio, luego de completar los procedimientos legales establecidos en materia de migración, seguridad y orden público, abandonaron Panamá bajo custodia de funcionarios a través del aeropuerto de Tocumen.

Otro caso ocurrió el 12 de agosto, cuando un ciudadano colombiano fue rechazado al intentar ingresar como turista. Durante la entrevista migratoria manifestó pertenecer al Tren de Aragua y afirmó estar amenazado por La Inmaculada, otra estructura delictiva. Las autoridades consideraron que representaba un riesgo para la seguridad pública y lo devolvieron a Colombia.

El 21 de agosto, los supervisores migratorios identificaron en Tocumen a otro venezolano presuntamente relacionado con la organización transnacional. Había llegado desde Guatemala y viajaba hacia Venezuela.

Los funcionarios observaron tatuajes asociados con la banda y comprobaron que había sido deportado previamente desde Denver, Colorado.

Debido a sus antecedentes y a las alertas obtenidas durante las verificaciones, Panamá le negó el tránsito y dispuso su devolución a Guatemala, lugar de procedencia del vuelo.

Este caso y el registrado el 1 de septiembre muestran la utilización de Tocumen como conexión internacional y el reforzamiento de los controles sobre pasajeros en tránsito.

La actuación migratoria no implica que todos los extranjeros detectados sean procesados penalmente en Panamá. Cuando una persona no ha cometido un delito dentro del territorio nacional, pero existen alertas o motivos legales para impedir su entrada, las autoridades pueden inadmitirla, rechazarla o devolverla conforme a los procedimientos contemplados en la normativa migratoria.

Migración también informó sobre otras retenciones no relacionadas con el Tren de Aragua. Durante el Operativo Perseus, desarrollado en Guararé, provincia de Los Santos, un ciudadano colombiano con la estadía vencida fue detectado y remitido a la Secretaría Judicial, encargada de continuar el procedimiento administrativo correspondiente.

En otro control efectuado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, los supervisores retuvieron a un colombiano que mantenía una orden de conducción por un presunto delito contra el orden económico. El extranjero fue puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación judicial y cumplir la solicitud registrada en su contra.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la detención de 207 objetivos prioritarios de todos los grupos de la delincuencia organizada y atribuyó la disminución de los delitos durante su administración al cambio en el Poder Judicial.

Durante su mensaje por el Segundo Informe de Gobierno, la mandataria señaló que entre octubre de 2024 y julio de 2026 fueron detenidas 63 mil personas relacionadas con algún delito. Dentro de ese universo, dijo, se encuentran los 207 objetivos prioritarios de las organizaciones criminales.

El balance de seguridad presentado por Sheinbaum incluyó una reducción de 51 por ciento en los homicidios dolosos durante los casi dos años de su administración. De acuerdo con la presidenta, esto representa 44 asesinatos menos cada día en el país.

Sheinbaum señaló además que julio de 2026 registró el promedio diario más bajo de homicidios desde hace 11 años.

La mandataria también afirmó que en lo que va de 2026 el promedio diario de delitos de alto impacto disminuyó 54 por ciento respecto de 2018. Entre los ilícitos que reportó con una tendencia descendente se encuentran el robo a transportistas con violencia, el robo de vehículos con violencia y las lesiones dolosas por impacto de arma de fuego.

Las cifras presentadas forman parte de los resultados que el Gabinete de Seguridad había dado a conocer previamente como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. En su balance de agosto, el gobierno federal había reportado más de 63 mil detenciones, además de los aseguramientos de armas, drogas y la destrucción de laboratorios clandestinos que la presidenta retomó durante su informe.

Sheinbaum informó que durante su administración fueron decomisadas 32 mil 824 armas de fuego y 519 toneladas de droga. También señaló que fueron desarticulados y desmantelados 2 mil 725 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas.

La estrategia de seguridad, explicó, mantiene una atención especial en territorios considerados prioritarios. Entre ellos mencionó 10 municipios de Michoacán, Cuautla, Morelos; Culiacán, Sinaloa; la Montaña de Guerrero y otros 40 municipios.

En esas zonas, señaló, el gobierno federal lleva programas para jóvenes, además de acciones para la construcción de preparatorias y centros deportivos.

El balance presentado por la presidenta también incluyó un componente territorial y social, con el que el gobierno busca acompañar las acciones de seguridad en municipios considerados prioritarios.

Al referirse al trabajo realizado durante los primeros dos años de su administración, Sheinbaum agradeció a los integrantes del gabinete de seguridad por las acciones emprendidas para reducir los delitos y combatir a las organizaciones criminales.

Sin embargo, el elemento político que acompañó el balance fue la referencia al Poder Judicial. La presidenta sostuvo que los resultados en seguridad están relacionados con la justicia y atribuyó al cambio en ese poder parte de la diferencia que, según afirmó, existe entre el escenario actual y el del pasado.

Harfuch coloca a los objetivos prioritarios en el centro de la estrategia de inteligencia

El 18 de agosto de 2026, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló durante la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), en Buenos Aires, Argentina, que el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación permitió a México ubicar objetivos prioritarios de organizaciones criminales y avanzar en operaciones contra sus estructuras.

García Harfuch explicó que el intercambio de inteligencia estratégica y operativa con autoridades de otros países se había acelerado, lo que permitió contar con información para localizar a personas requeridas por investigaciones nacionales e internacionales. Entre los resultados expuestos, mencionó que México tenía 155 órdenes de captura pendientes relacionadas con solicitudes de extradición de autoridades estadounidenses.

Harfuch también destacó el traslado de 92 personas consideradas de alto impacto a Estados Unidos, además de investigaciones coordinadas para afectar las estructuras financieras y logísticas de organizaciones criminales.

El planteamiento del secretario mostró que la estrategia contra el crimen organizado no se concentraba únicamente en detenciones masivas, sino en identificar y perseguir a operadores considerados prioritarios mediante inteligencia, investigación y coordinación con otras autoridades.

Una investigación de cinco meses terminó con nueve detenidos y el desmantelamiento de nueve puntos de venta de droga en Córdoba, en un operativo que tuvo uno de sus tramos centrales sobre la Ruta Nacional 36, a la altura de Almafuerte, donde quedaron arrestados dos presuntos proveedores de cocaína. La pesquisa se concentró en localidades del departamento Calamuchita y derivó en allanamientos simultáneos en Embalse, Villa del Dique y Segunda Usina.

De acuerdo con ElDoce.tv, los dos hombres detenidos en la ruta son de nacionalidad peruana y, para los investigadores, cumplían el rol de abastecedores para la estructura bajo seguimiento. En ese procedimiento, los efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) secuestraron 1.550 dosis de cocaína, dinero, una balanza digital, elementos de fraccionamiento y un automóvil. La hipótesis oficial sostiene que, a partir de ese circuito de provisión, el resto de los acusados distribuía estupefacientes bajo la modalidad de delivery y también desde viviendas particulares.

Tras la captura de los presuntos proveedores, la causa avanzó con siete allanamientos en Embalse, uno en Villa del Dique y otro en Segunda Usina. En esos procedimientos quedaron detenidos otros siete investigados, seis hombres y una mujer. Además, se incautaron 220 dosis de cocaína, 93 dosis de marihuana, ocho plantas de cannabis sativa y $413.100, junto con otra balanza digital y más elementos vinculados al fraccionamiento de la droga.

El expediente quedó en manos de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Río Tercero, que ordenó el traslado de los detenidos y el secuestro de todos los elementos incorporados a la causa. La imputación preliminar recayó sobre una presunta infracción a la Ley 23.737, la norma que regula los delitos vinculados con estupefacientes en la Argentina. A partir de ahora, la investigación deberá determinar el grado de responsabilidad de cada acusado dentro de la estructura detectada.

La secuencia del operativo permitió a los investigadores reconstruir un esquema con distintos niveles de participación. Según la hipótesis oficial, la modalidad combinaba entregas coordinadas con ventas desde inmuebles particulares, una dinámica que la pesquisa logró seguir durante varios meses antes de avanzar con los allanamientos.

Otro operativo desarticuló búnkers en Córdoba

En paralelo, otro procedimiento contra el narcomenudeo en la ciudad de Córdoba terminó con dos detenidos, 12 allanamientos y siete búnkers de droga desarticulados en los barrios Villa La Maternidad y San Vicente. La investigación, realizada por la FPA bajo directivas del Ministerio Público Fiscal, permitió detectar nueve puntos de venta de estupefacientes, de los cuales siete funcionaban de manera exclusiva para la comercialización de droga.

Durante esos allanamientos se secuestraron 292 dosis de cocaína y 25 de marihuana, además de $855.700 en efectivo, un revólver calibre .22 con nueve cartuchos, un automóvil, una motocicleta y otros elementos de interés para la causa.

Uno de los datos que surgió de ese expediente apunta a una mujer que cumplía prisión domiciliaria en Villa La Maternidad y que, según informó la FPA, habría tenido un lugar de referencia dentro de la estructura investigada. La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, que deberá avanzar sobre la organización y definir las responsabilidades de cada involucrado.

El avance de causas por narcotráfico en la provincia también quedó expuesto en un megaoperativo reciente. A mediados de agosto, la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó 18 allanamientos en la capital provincial y en Bialet Massé. En el procedimiento se detuvieron a seis personas y secuestró 18.891 gramos de cocaína y 1.066 gramos de marihuana, además de armas, vehículos, dinero y otros elementos incorporados a la investigación, de acuerdo con información oficial del Ministerio Público Fiscal.

Personal de la Policía Caminera de la Provincia de Córdoba interceptó un micro de larga distancia y detuvo a dos hombres, acusados de transportar droga. El descubrimiento se hizo gracias al aviso de una pasajera que alertó sobre los dos sospechosos, a quienes acusó de que presuntamente transportaban estupefacientes dentro de la unidad.

Según comunicó oficialmente la fuerza de Seguridad, el procedimiento ocurrió durante la noche del miércoles. Fue sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 759, en inmediaciones de Sinsacate. Fue después de que la informante avisara al sistema Ojos en Alerta tras sospechar de que los otros dos pasajeros podrían estar transportando estupefacientes.

Allí fueron aprehendidos dos hombres de 30 y 34 años, quienes se dirigían hacia la provincia de Jujuy. “Tras una denuncia a Ojos en Alerta, Policía Caminera interceptó en Ruta Nac. 9 km 759 a un colectivo que viajaba hacia el norte del país”, precisó la fuerza de seguridad en sus redes sociales.

“Durante el control, dos hombres quedaron a disposición de la Justicia, junto al secuestro de varias dosis de estupefacientes que ambos habrían intentado ocultar en el baño y entre los asientos”, añadió la Policía Caminera en su comunicación oficial.

Ante la sospecha de que los hombres trasladaban sustancias ilícitas, las autoridades solicitaron la intervención de efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). El procedimiento confirmó el secuestro de estupefacientes, aunque no se precisó oficialmente el tipo ni la cantidad de droga incautada.

Los dos detenidos y los elementos secuestrados fueron trasladados a sede policial. Ambos quedaron a disposición del magistrado interviniente mientras continúa la investigación.

La intervención se produjo luego de que los efectivos detectaran características que llamaron su atención durante los controles aeroportuarios. Su equipaje de bodega aparentaba contener únicamente ropa; sin embargo, una inspección permitió descubrir que varias prendas habían sido acondicionadas para esconder sustancias ilícitas.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía, dentro de la maleta se encontraron cuatro chalecos y cuatro pantalones. En estas prendas habían sido ocultos 32 paquetes rectangulares que contenían una sustancia blanquecina. Una muestra fue sometida al reactivo de tiocianato de cobalto y presentó una coloración azul turquesa, resultado preliminar compatible con alcaloide de cocaína.

El coronel PNP Marco Percy Godenzi, jefe de la División Portuaria Antidrogas, informó que el pesaje de la sustancia arrojó 12 kilos con 40 gramos. La cantidad incautada, según la estimación policial, tendría un valor superior a 485 mil dólares en el mercado de destino, por lo que la afectación económica a las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas superaría el millón y medio de soles.

Además del cargamento, durante la revisión del equipaje de mano se halló un teléfono celular, 500 libras esterlinas y 110 soles en efectivo. El intervenido colaboró con las diligencias preliminares, en las que participaron agentes policiales, personal de Aduanas y representantes del Ministerio Público.

La Policía sospecha que el detenido podría haber sido captado por una organización criminal dedicada al envío de estupefacientes hacia Europa. Godenzi explicó que una operación de estas características requiere la participación de varias personas encargadas de obtener la sustancia, acondicionarla, financiar el traslado y brindar apoyo en los lugares de destino. No obstante, precisó que las investigaciones deberán determinar los posibles vínculos del pasajero con una estructura delictiva.

El caso se suma a otras intervenciones realizadas durante 2026 en el principal terminal aéreo del país. Según el jefe policial, en lo que va del año se han efectuado 44 operativos que permitieron detener a 55 personas, entre ellas 35 hombres y 20 mujeres. Del total, 44 son peruanos, mientras que los demás corresponden a ciudadanos de Brasil, Estados Unidos, Argentina, España y Lituania.

Las autoridades también identificaron diversos destinos utilizados por los llamados correos humanos. Italia concentra 14 casos, seguida de España con 13 y Francia con 10. Brasil aparece como otro punto recurrente debido a su condición de escala hacia otros continentes. Panamá, Chile, Japón y Malta también figuran entre las rutas detectadas.

El jefe policial advirtió que las organizaciones criminales modifican constantemente sus métodos para dificultar la detección de los cargamentos. “No hay un único patrón que nos indique las características esenciales que debe reunir un pasajero para presumir que está trasladando droga”, afirmó.

En esta ocasión, el alcaloide no fue colocado en la estructura de la maleta, sino camuflado dentro de prendas aparentemente convencionales. Esta modalidad buscaba aprovechar la apariencia de un equipaje compuesto únicamente por ropa para evitar sospechas durante los controles.

El ciudadano quedó a disposición de la unidad especializada para continuar con las investigaciones y determinar sus responsabilidades. Según explicó Godenzi, una persona que traslada o intenta trasladar al extranjero una cantidad de esta magnitud podría afrontar una pena privativa de libertad de entre ocho y quince años, de acuerdo con la legislación peruana.

Esta frase de la ponencia de monseñor Eduardo García, obispo de San Justo (provincia de Buenos Aires) y asesor de la Pastoral Latinoamericana de Acompañamiento y Prevención de las Adicciones (PLAPA), no es solo una fórmula de fuerte impacto psicosocial: es una realidad muy concreta que dolorosamente se repite en todo el mundo.

En Roma, del 25 al 27 de agosto, se está hablando del consumo problemático de sustancias, las situaciones de vulnerabilidad y el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado.

Este encuentro, que reúne a importantes referentes en la temática provenientes de América Latina, Asia, África y Europa, tiene como objetivo la construcción de estrategias comunes que permitan afrontar con respuestas basadas en la fe, humanas y eficientes, los enormes desafíos que se abren ante el consumo de drogas.

“Con esta ronda de conversaciones buscamos comenzar un proceso, que distintas tradiciones religiosas y organizaciones que trabajan en los territorios puedan reconocerse en la prevención, el cuidado y la reconstrucción de los vínculos comunitarios —ya aprendimos que sin comunidad no se puede salir de la oscuridad del consumo— y avanzar hacia estrategias compartidas frente a nuestras problemáticas comunes”, sostuvo con enorme expertise el sacerdote católico Carlos “Charly” Olivero, factótum y referente para América Latina y el Caribe en PLAPA.

“Los rotos no nacen rotos. Alguien los rompió. Algo los fue quebrando. Muchas veces, antes de que aparezca la droga, ya existían el abandono, la violencia, el abuso, la pobreza, la falta de trabajo, la deserción escolar y la ausencia de un horizonte. La droga llega después y ocupa un vacío que ya estaba preparado”, sostuvo ante los expertos asistentes monseñor García, titular de una diócesis situada en el corazón del conurbano bonaerense.

La droga, “primero seduce, después utiliza, finalmente, descarta”, dijo García, “convierte a los cuerpos en mercancía (…), el cuerpo deja de ser reconocido como lugar de dignidad y se convierte en moneda de cambio. Se roba para consumir. Se prostituye para sobrevivir. Se soportan abusos por miedo, necesidad o dependencia. La persona pierde progresivamente la libertad hasta convencerse de que no merece otra vida. Ese es uno de los triunfos más crueles del narcotráfico”, describió con crudo realismo.

El obispo García habló de personas-mercancía y ante eso sostuvo que “nuestra misión es reconstruirlas para que vuelvan a reconocerse como seres humanos, hijos de Dios y miembros valiosos de un pueblo. Porque una persona puede estar rota, pero nunca deja de tener valor. Y mientras exista alguien dispuesto a acercarse, sostenerla y creer en ella, ninguna vida estará definitivamente perdida”.

La Iglesia, los credos en general, están llamados por carisma intrínseco a acompañar esas vidas, a “no mirar desde lejos, sino acercarse”, afirmó el prelado argentino, a “no preguntar primero qué hizo una persona, sino qué le sucedió; a no limitarse a denunciar la oscuridad, sino encender una luz en medio de ella. El gran desafío de nuestro tiempo es pasar de una sociedad que produce y descarta personas rotas a una comunidad que acompaña, repara y reconstruye”.

El 27 de agosto, con el Papa León

Este encuentro tendrá un esperado cierre el jueves 27 de agosto en la audiencia con el Papa León XIV, en la que la delegación de PLAPA entregará un ejemplar del Manual de la Pastoral Latinoamericana de Acompañamiento y prevención de las Adicciones, fruto del trabajo dialogal de más de 300 referentes territoriales de 18 países de Latinoamérica y el Caribe.

Varias organizaciones que comprenden que el trabajo en conjunto, en el que se comparten saberes, experiencias y oportunidades, confluyen en esta reunión cuya consigna busca dar una “Respuesta basada en la fe a las drogas y al reclutamiento criminal de jóvenes: un diálogo desde América Latina y el Caribe hacia el mundo”: PLAPA del CELAM, Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), además del importante acompañamiento de la Pontificia Comisión para América Latina (PCAL) y la Pontificia Academia para la Vida (PAV) de la Santa Sede junto con el apoyo de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos e Implementación de la Ley (INL) de Estados Unidos.

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó en Carabayllo a Luis Eduardo Vera Sansoni, de 68 años, alias ‘Maestro Rochi’, señalado como presunto cabecilla de la organización criminal ‘Los Fantasmas del Norte’. El operativo estuvo a cargo de agentes del Escuadrón Verde y permitió intervenir una vivienda ubicada en la urbanización El Sol de Carabayllo.

De acuerdo con la información policial, el grupo se dedicaba al tráfico ilícito de drogas y utilizaba el inmueble para almacenar sustancias que luego eran distribuidas en distintos puntos de la zona norte de Lima. Durante la intervención, los agentes encontraron diferentes tipos de droga, además de un arma de fuego y otros elementos vinculados a esta actividad.

La investigación policial también atribuye a Vera Sansoni un papel central en la distribución de los estupefacientes. Según los agentes, el detenido contaba con antecedentes por tráfico ilícito de drogas y registraba ingresos previos al penal de Lurigancho por este delito.

El operativo también permitió intervenir a otros dos presuntos integrantes de la organización: un hombre de 30 años y una adolescente de 16. El primero fue señalado por la PNP como encargado de realizar entregas de droga, aunque durante la intervención negó formar parte de la banda.

Policía interviene a presunto cabecilla en Carabayllo

Los agentes del Escuadrón Verde ingresaron a una vivienda de la urbanización El Sol de Carabayllo como parte del operativo contra ‘Los Fantasmas del Norte’. En el lugar fue detenido Vera Sansoni, a quien la Policía identifica como presunto líder de la organización.

El coronel PNP Carlos Alcántara Obregón, jefe del Escuadrón Verde, señaló que el detenido cuenta con antecedentes relacionados con el tráfico ilícito de drogas y registros de reclusión en el penal de Lurigancho.

“Alias ‘Roshi’ tendría una actividad criminal recurrente en lo que es tráfico ilícito de drogas, ya que había estado recluido en el penal Lurigancho desde el 2016 en varias oportunidades. Él era el encargado de almacenar la droga y designar a dónde se iba a distribuir”, refirió el oficial.

La versión policial ubica a Vera Sansoni como la persona que recibía los estupefacientes y determinaba los puntos donde debían ser entregados. Esta función lo habría colocado en una posición de mando dentro de la estructura investigada.

Incautan cocaína, pasta básica y marihuana

Durante el allanamiento, los policías encontraron siete ladrillos que contenían pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína. Además, se reportó la incautación de más de un kilo y medio de marihuana.

Entre los objetos encontrados también figuraron 10 000 ketes de droga, presentaciones pequeñas destinadas a la distribución. La cantidad decomisada fue incorporada como parte de las evidencias recogidas durante la intervención policial.

El operativo incluyó además el decomiso de un arma de fuego, municiones, dos cacerinas y una balanza. Este último objeto es considerado por los agentes como un elemento presuntamente utilizado para pesar los estupefacientes antes de su distribución.

Detienen a presunto encargado de las entregas

Además de alias ‘Maestro Rochi’, los agentes intervinieron a un hombre de 30 años identificado como Marlon Mendoza Salinas, alias ‘Gil’. La Policía lo señala como presunto encargado de trasladar y entregar los paquetes de droga.

Durante la intervención, el detenido negó formar parte de ‘Los Fantasmas del Norte’. Según la información policial, sostuvo que su actividad consistía en llevar pedidos de Temu y rechazó la acusación relacionada con la organización criminal.

En el operativo también fue intervenida una adolescente de 16 años. Su participación quedó dentro de las diligencias efectuadas por las autoridades tras la intervención del inmueble.

Seguimiento policial permitió ubicar a la organización

Según la investigación de la PNP, el operativo se produjo después de labores de seguimiento realizadas por el Escuadrón Verde. Los agentes ubicaron el inmueble de Carabayllo como uno de los puntos vinculados con las actividades atribuidas a ‘Los Fantasmas del Norte’.

La Policía sostiene que Vera Sansoni retomó sus actividades relacionadas con el tráfico de drogas después de sus anteriores periodos de reclusión. El coronel Carlos Alcántara Obregón precisó que el detenido registraba antecedentes por este delito y que su función dentro de la organización estaba relacionada con el almacenamiento y distribución de los estupefacientes.

El caso quedó bajo conocimiento de la Dirandro de San Isidro, donde se realizan las diligencias para determinar la responsabilidad de cada uno de los intervenidos y establecer el alcance de la organización investigada.

Cinco personas vinculadas a la Operación Jericó fueron declaradas penalmente responsables luego de que una jueza validara acuerdos de pena alcanzados entre el Ministerio Público y sus defensas.

Las condenas corresponden a delitos contra la seguridad colectiva, en la modalidad de reunión y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, dentro de una de las investigaciones contra el narcotráfico de mayor alcance desarrolladas en Panamá.

La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Kerine Jaén, emitió la Sentencia n.° 1505 del 21 de agosto de 2026.

Uno de los condenados, recluido en el centro penitenciario La Joya, recibió 68 meses de prisión, mientras otro, detenido en un centro penitenciario de Chiriquí, fue sentenciado a 62 meses. Ambos deberán pagar además una multa de $250 al Tesoro Nacional en un plazo de 12 meses.

La defensa del condenado a 68 meses, ejercida por el abogado Antony Cantos, solicitó sustituir la prisión por detención domiciliaria debido a razones de salud. La jueza rechazó la petición porque no se presentó oficialmente un informe médico que la sustentara. La defensa apeló la decisión y la audiencia fue fijada para el 8 de septiembre de 2026, a las 8:30 a.m., en la Sala 3 del edificio Fortuna.

Para los otros tres implicados, los acuerdos establecieron penas principales de 60 meses de prisión y multas de $500, pagaderas al Tesoro Nacional en un año.

Sin embargo, el tribunal sustituyó las condenas de cárcel por trabajo comunitario no remunerado en juntas comunales, que deberán cumplir un día por semana, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., además de reportarse los días 15 y 30 de cada mes.

Con estos cinco acuerdos, el expediente continúa para otros 17 imputados que deberán enfrentar la etapa intermedia, entre ellos Abraham Rico Pineda, hijo del diputado Raúl Pineda, del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD).

La audiencia intermedia del caso fue reprogramada para febrero de 2027, etapa en la que deberá discutirse la acusación y las pruebas que eventualmente serían llevadas a juicio.

Rico Pineda es una de las figuras de mayor exposición pública dentro de Jericó. La Fiscalía lo vinculó al presunto delito de blanqueo de capitales mediante estructuras empresariales, mientras las investigaciones identificaron sociedades que presuntamente habrían permitido movilizar y estratificar dinero procedente de actividades ilícitas.

Actualmente mantiene una medida cautelar de arresto domiciliario, después de haber permanecido en detención provisional.

Entre las sociedades investigadas aparece Servicios Múltiples Rama S.A., vinculada a Rico Pineda y que había mantenido contratos con entidades públicas.

Durante las investigaciones, fiscales expusieron que el hijo del diputado contaba con varias empresas y que una de las sociedades habría sido utilizada para estratificar dinero presuntamente procedente del narcotráfico, uno de los componentes financieros que las autoridades intentan probar dentro del expediente.

La investigación de la Operación Jericó comenzó formalmente el 30 de junio de 2023, cuando las autoridades identificaron una organización presuntamente dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales.

Las diligencias posteriores incluyeron interceptaciones telefónicas, seguimientos, análisis de rutas y pesquisas sobre empresas y bienes, hasta desembocar en allanamientos y capturas en diferentes puntos del territorio nacional.

Los operativos alcanzaron las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón, Chiriquí, Darién, Coclé y Los Santos, con más de 50 allanamientos.

Las autoridades reportaron la aprehensión de al menos 31 personas y el decomiso de más de una tonelada de sustancias ilícitas y más de $300.000 en efectivo, además de vehículos, armas de fuego y otros bienes relacionados con la investigación.

La estructura investigada habría recibido droga procedente de Colombia mediante lanchas rápidas y embarcaciones de pesca artesanal, principalmente por sectores de Guna Yala y Darién.

Posteriormente, cargamentos eran movilizados mediante mochileros hasta puntos de acopio y trasladados en vehículos hacia San Miguelito y Juan Díaz, donde se habrían utilizado automóviles modificados con dobles fondos para continuar el recorrido hacia Chiriquí, Costa Rica y finalmente México.

Otro movimiento reciente dentro del expediente fue la extradición desde Colombia de Néstor Sánchez, señalado como uno de los presuntos cabecillas de la organización.

Tras su llegada a Panamá quedó detenido provisionalmente después de que se le imputaran cargos por conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y blanqueo de capitales, reforzando la dimensión internacional de una investigación que ha requerido cooperación con autoridades de otros países.

En la audiencia en la que se validaron los cinco acuerdos participó el fiscal Julio Campines en representación del Ministerio Público, mientras las defensas particulares estuvieron a cargo de Cecilia Ramos, Agustín Martínez, Antony Cantos y Jean Carlos Cerrud.

Con las primeras condenas ya dictadas, el proceso continuará ahora respecto de los restantes acusados, mientras avanzan las actuaciones judiciales derivadas de la investigación iniciada hace más de tres años.

El cargamento destruido incluyó cocaína sólida y líquida, MDMA, éxtasis y ketamina, sustancias que habían sido incautadas en el marco de múltiples causas por narcotráfico. La mayor concentración de casos tuvo origen en la terminal aérea internacional de Ezeiza, donde los agentes aduaneros detectaron intentos de ingreso y egreso de estupefacientes del país a través de valijas con doble fondo, sustancias disimuladas dentro del equipaje y cocaína líquida impregnada en prendas de vestir. El aeropuerto se consolidó así como el principal escenario de las detecciones que dieron lugar a esta jornada.

La operación fue organizada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo del que depende la DGA, y puso de manifiesto la articulación entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad en el combate al narcotráfico. Durante la apertura del evento, los funcionarios presentes subrayaron el valor de esa coordinación interinstitucional como eje de la estrategia contra el crimen organizado.

Entre los métodos de ocultamiento más frecuentes relevados por la DGA figuraron suelas de zapatillas, botellas de vino con MDMA en su interior y, en un caso de mayor complejidad logística, cargas de pescado congelado en las que se hallaron estupefacientes dentro de un depósito fiscal ubicado en el barrio porteño de Retiro. Cada uno de estos hallazgos formó parte de las causas judiciales cuyo cierre se concretó con la incineración de este viernes.

Uno de los esquemas desarticulados con mayor proyección internacional fue una red de exportación de drogas a Francia mediante envíos postales —también denominados courier—. La maniobra utilizaba una máquina compresora de aire y falsos paquetes de azúcar para ocultar las sustancias. La causa ya acumula tres detenidos entre Argentina y Europa, y continúa bajo investigación judicial.

El director de Narcotráfico y Delitos Conexos de la DGA, Diego Pérez Escobar, encabezó la apertura de la jornada y celebró el cierre de las investigaciones vinculadas al material destruido. “Estamos muy felices porque de esta manera finalizan varias causas de narcotráfico”, declaró el funcionario.

Pérez Escobar también destacó el rol de las fuerzas de seguridad en las operaciones: “Con la colaboración de las fuerzas de seguridad, hacemos lo imposible para que no entre ni salga droga de nuestro país”, y añadió que el control aduanero argentino “se ha tecnificado muchísimo con implementación de escáneres”.

La incorporación de tecnología de escaneo en los puntos de control figura entre los factores que la DGA atribuye al aumento en la detección de cargamentos ilícitos. La jornada del viernes en El Talar representó el cierre formal de varias de las causas abiertas a partir de esos operativos, con la destrucción total del material secuestrado bajo supervisión judicial.

En medio de la operación multinacional ZEUS ARCANO III, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, celebró la incautación de droga tras la intercepción de una lancha rápida en aguas al sur de República Dominicana y afirmó que “la droga es el peor cáncer de Colombia y la vamos a erradicar”.

Según el relato difundido por De la Espriella en sus redes sociales, el operativo fue liderado por la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y se apoyó en la coordinación con Estados Unidos y República Dominicana para “detectar, seguir e interceptar” la embarcación usada para el narcotráfico.

El resultado reportado fue la incautación de 1.360 kilos de clorhidrato de cocaína y 30 kilos de TCH, además de tres capturados y una lancha rápida fuera de circulación.

En su mensaje, el abogado vinculó el narcotráfico con la seguridad interna y sostuvo que “la droga es el combustible del terrorismo, la violencia y la criminalidad que durante décadas han desangrado a nuestra Patria”.

También anticipó una ofensiva contra las redes criminales y sus corredores de tráfico: “Vamos a perseguir a los narcotraficantes, destruir sus estructuras y cerrarles las rutas dentro y fuera de nuestras fronteras”, escribió en su cuenta de X.

Ejército Nacional desarticuló un laboratorio de coca del ELN en Cauca; hallaron 1.836 kilos de droga

El 15 de agosto de 2026, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y el Ejército Nacional informaron vía redes sociales que se ubicó y destruyó en el municipio de Mercaderes, en el departamento del Cauca, un laboratorio atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN) para el procesamiento de cocaína. Durante el operativo, los uniformados hallaron 1.836 kilos de droga, además de insumos y equipos usados en esa actividad.

“Nuestro Ejército Nacional ubicó y destruyó en Mercaderes un laboratorio del ELN para el procesamiento de cocaína”, señaló el jefe de Estado en su cuenta de X al reportar el operativo.

En el mismo mensaje, De la Espriella precisó que en el lugar “fueron encontrados 1.836 kilos de droga, además de insumos y equipos utilizados para esta actividad criminal”. Según dijo, el procedimiento hace parte de acciones contra las finanzas de los grupos armados.

Y agregó: “Seguimos golpeando las economías ilegales que financian el terrorismo y la violencia”, señalando que “el narcotráfico es enemigo de Colombia y lo vamos a combatir sin tregua”.

En otra publicación, el Ejército confirmó la destrucción de otro laboratorio en el departamento de Nariño.

“Golpe a las economías ilícitas en #Nariño. En Olaya Herrera, tropas de la Fuerza de Tarea Hércules de Tercera División del Ejército Nacional ubicaron y destruyeron un laboratorio utilizado para el procesamiento de pasta base de coca, perteneciente al GAO-r Estructura 30”, indicó.

A renglón seguido explicó que destruyeron 500 kg de cocaína, además de incautar más de $10.000.000 y otros elementos utilizados para la producción de sustancias psicoactivas.

“La operación permitió afectar esta estructura en más de 11,2 millones de pesos, además de destruir 500 kg de hoja de coca procesada, gasolina, cal, una picadora y otros elementos empleados para la producción de esta sustancia”.

Por otro lado, el líder del movimiento Defensores de la Patria confirmó que el Ejército Nacional dio de baja a alias Momo, señalado como presunto cabecilla del Clan del Golfo, en la vereda El Tigre del municipio El Bagre, Antioquia.

En el mismo mensaje, indicó que la Armada Nacional incautó 2,3 toneladas de cocaína y capturó a tres personas. En la operación, dijo, también fueron capturados alias Mónica, señalada como responsable de la logística del grupo armado ilegal, y alias Chuzo, otro presunto líder de la organización criminal en la estructura Jorge Iván Arboleda.

“Se recuperaron tres fusiles, seis pistolas, 28 proveedores, más de 1.350 cartuchos de diferentes calibres (...). Esta operación fue liderada al lado del Ejército por inteligencia de la Policía Nacional”, expuso el mandatario en su cuenta de X.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer este viernes que en cinco operativos llevados a cabo en el estado de Chiapas por la Secretaría de Defensa (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN), encabezados por la Policía Estatal de Chiapas (FRIP) y la FGJ De Chiapas, en Tapachula, Puerto Madero y Huixtla, fueron detenidas ocho personas vinculadas a grupos delictivos.

Entre los detenidos se encuentra Cristian Emmanuel , “Cadenudo” o “Coca”, con orden de extradición a Guatemala y ligado al trasiego de cocaína y generador de violencia en Guatemala y México, así como Roberto Jeremías Pérez Monzón, quien también cuenta con orden de aprehensión en Guatemala.

Además, se detuvo a integrantes de Los Cuatetes, identificados como generadores de violencia relacionados con homicidios en la región. Se aseguraron armas, cartuchos, droga y vehículos en los operativos.

García Harfuch agradeció al gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, y al Gobierno de Guatemala por su apoyo.

“En Chiapas, en cinco operativos encabezados por @Defensamx1 @SEMAR_mx @FGRMexico @SSPCMexico y @GN_MEXICO_, encabezados por la Policía Estatal de Chiapas (FRIP) y la FGJ De Chiapas en Tapachula, Puerto Madero y Huixtla, fueron detenidas ocho personas vinculadas a grupos delictivos.Entre ellas, Cristian Emmanuel , “Cadenudo” o “Coca”, con orden de extradición a Guatemala y ligado al trasiego de cocaína y generador de violencia en Guatemala y México, y Roberto Jeremías Pérez Monzón, con orden de aprehensión también en Guatemala .También se detuvo a integrantes de “Los Cuatetes”, generadores de violencia relacionados con homicidios en la región.Se aseguraron armas, cartuchos, droga y vehículos. Agradecemos al Gobernador @ramirezlalo_ y al Gobierno de Guatemala por su invaluable apoyo”, posteó Harfuch.

Por su parte, en un comunicado conjunto de autoridades federales referente al mismo hecho, se señaló que en Puerto Madero, los agentes de seguridad detuvieron a cuatro hombres de 34, 35, 37 y 44 años de edad, uno de ellos de nacionalidad extranjera, a quienes se les aseguraron tres armas largas, cinco cargadores, 184 cartuchos útiles, 30 dosis de marihuana y un vehículo.

Se explicó que esos sujetos están relacionados con el trasiego de cocaína en lanchas por alta mar y captación en la zona de Puerto Madero, Chiapas para su distribución a nivel nacional y trasnacional.

Se expuso que los detenidos de 34 y 35 años, cuentan con orden de extradición y aprehensión, respectivamente, por el gobierno de Guatemala, por delitos contra la salud, obstrucción extorsiva de tránsito y asociación ilícita.

Además, en Tapachula de Córdova y Ordóñez, se detuvo a dos personas, una de ellas menor de edad, les aseguraron 11 dosis de cristal, siete dosis de marihuana y una motocicleta.

En Huixtla, se detuvo a un menor de edad, identificado como objetivo prioritario, generador de violencia en la zona, se le aseguró un arma de fuego corta, cinco cartuchos y 22 dosis de cristal.

En la localidad de Buenos Aires, en Tapachula de Córdova y Ordóñez, se detuvo a un hombre de 45 años, al que le aseguraron un arma de fuego, 40 cartuchos, 25 dosis de droga y un vehículo.

En el mismo municipio, se detuvo a un menor de edad que portaba un arma de fuego corta, 10 cartuchos útiles, 15 dosis de cristal y 12 de marihuana, el cual está vinculado a diferentes delitos en la localidad.

“Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades locales para detener a generadores de violencia y fortalecer la seguridad en el país, en estricto apego a los derechos humanos”, concluyó el comunicado mencionado.

Las autoridades panameñas detectaron un segundo contenedor procedente de Estados Unidos y con destino a Australia con presunta droga en menos de tres semanas.

La nueva incautación ocurrió en un puerto de la costa del Pacífico, donde fueron encontrados 41 paquetes rectangulares, en una ruta que ya había sido identificada a comienzos de agosto con otro cargamento mucho mayor.

La Fiscalía Superior Especializada en Delitos Relacionados con Drogas informó que el contenedor se encontraba en tránsito por Panamá cuando fue sometido a una diligencia de registro y allanamiento.

La operación se realizó conjuntamente con la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional y permitió localizar la carga irregular dentro de la unidad que posteriormente continuaría su recorrido hacia Australia.

Junto con los paquetes, los investigadores encontraron un dispositivo localizador GPS, una batería portátil y dos sellos de diferentes colores, elementos que quedaron incorporados a las pesquisas.

Las sustancias todavía deberán ser sometidas a las pruebas científicas correspondientes para determinar su composición, por lo que oficialmente las autoridades las mantienen identificadas como presunta sustancia ilícita.

El hallazgo llama la atención porque repite la procedencia y el destino internacional de otro contenedor interceptado a principios de agosto. En aquella ocasión, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) encontró 320 paquetes de presunta droga en una unidad procedente del puerto de Savannah, Estados Unidos, que transitaba por Panamá antes de continuar hacia Sídney, Australia.

En el primer caso, unidades especializadas detectaron anomalías en los sellos de seguridad durante labores de inteligencia, perfilamiento e inspección portuaria. La revisión posterior permitió encontrar los 320 paquetes ocultos dentro del contenedor.

Aquella operación elevó entonces a 44.197 la cantidad de paquetes decomisados por el Senan en 77 operaciones desarrolladas durante 2026.

Sin embargo, existe una diferencia importante entre ambos episodios. Las autoridades confirmaron que el primer contenedor había partido específicamente del puerto de Savannah y tenía como destino Sídney, mientras que en el nuevo procedimiento la Procuraduría únicamente informó que la carga procedía de Estados Unidos y se dirigía hacia Australia.

No se ha precisado públicamente la ciudad o terminal estadounidense de origen ni el puerto australiano de destino.

Sumados ambos procedimientos de agosto, las autoridades han encontrado 361 paquetes de presuntas sustancias ilícitas en contenedores con la misma combinación de países de procedencia y destino: Estados Unidos-Australia, con tránsito por Panamá.

La coincidencia coloca nuevamente bajo atención el uso de la plataforma portuaria panameña dentro de rutas marítimas de largo alcance hacia Oceanía.

Panamá ocupa una posición especialmente sensible frente a este fenómeno debido a su conectividad marítima y al volumen de contenedores que atraviesa sus terminales portuarias.

Esa infraestructura facilita el comercio internacional, pero también obliga a las autoridades a mantener controles basados en inteligencia y perfiles de riesgo para identificar cargas contaminadas dentro de enormes flujos de mercancías legítimas.

Las estadísticas oficiales permiten dimensionar el volumen de droga interceptado antes de estos casos. Entre enero y junio de 2026, Panamá había decomisado 54,66 toneladas de distintas sustancias ilícitas, de las cuales 32,68 toneladas correspondían a cocaína y 21,86 toneladas a marihuana.

En conjunto, ambas sustancias representaban prácticamente la totalidad de las incautaciones registradas durante el primer semestre.

Colón encabezó las incautaciones durante ese periodo con 15,24 toneladas, seguida por Panamá Oeste con 11,65 toneladas. Panamá registró 9,65 toneladas y Chiriquí 9,62, mientras Los Santos alcanzó 5,08 toneladas.

El comportamiento territorial evidencia que los mayores volúmenes se concentraron en provincias vinculadas directamente con corredores marítimos, portuarios o logísticos del país.

El comportamiento mensual también muestra variaciones importantes. Mayo fue el mes con mayor cantidad decomisada durante el primer semestre, con 12,49 toneladas, seguido por febrero con 10,50 toneladas y enero con 9,95. Junio cerró con 7,61 toneladas, mientras el acumulado de 54,66 toneladas permanecía por debajo de los niveles observados en varios años recientes.

Los dos contenedores interceptados en agosto agregan ahora un elemento particular a las rutas identificadas por las autoridades panameñas: cargamentos que llegan desde Estados Unidos y continúan hacia Australia.

Mientras avanzan las investigaciones sobre el nuevo hallazgo, queda por determinar si existe alguna relación entre ambos procedimientos o si la coincidencia de origen y destino responde a operaciones independientes de organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas.

Agentes antidrogas de la Policía Nacional de Paraguay decomisaron en Asunción casi dos kilos de cocaína ocultos en envases de productos capilares, que iban a ser enviados a Madrid a través de un servicio local de encomiendas. Según la prensa local, el operativo permitió incautar 1,97 kilos de polvo blanco en dos botellas etiquetadas como tratamientos para el cabello, cuya prueba determinó presencia de cocaína.

La incautación se logró tras un periodo de inteligencia de varias semanas, que levantó sospechas sobre el envío de pequeñas cantidades de estupefacientes hacia Europa por medio de servicios de paquetería. El diario ABC Color reportó que la investigación apunta a una gran estructura criminal detrás de estos despachos, y que los agentes trabajan para identificar a los responsables de solicitar el envío.

Fuentes policiales citadas por el medio confirmaron que la modalidad consiste en aprovechar servicios de envío tradicionales para el tráfico de drogas en cantidades reducidas, con destino a distintos países europeos. La investigación sigue abierta para desarticular la red implicada.

Paraguay decomisó 450 kilos de cocaína boliviana cerca de la frontera con Argentina

La Policía Nacional de Paraguay incautó cerca de media tonelada de cocaína en el departamento de Presidente Hayes, fronterizo con la provincia argentina de Formosa, durante un operativo, el 29 de julio pasado, en el que resultaron detenidas dos personas. El cargamento, procedente de Bolivia, se encontraba oculto en un doble fondo de un camión.

El director de la División Contra el Crimen Organizado, comisario Rolando Benítez, explicó en declaraciones a la radio 780 AM que el decomiso corresponde a “aproximadamente 450 kilos de cocaína, distribuidos en igual cantidad de paquetes o panelas”. Benítez indicó que la pérdida estimada para la organización criminal asciende a “un millón de dólares”, y agregó: “Pero cruzando la frontera, eso se triplica”.

El jefe de la Dirección General de Investigación Criminal, comisario Marcelino Espinoza, detalló que el operativo fue el resultado de “meses” de trabajo de inteligencia y vigilancia sobre una ruta sospechada de tráfico de armas. Espinoza señaló a la prensa que “se tenía información de la ruta que tenía esta gente dedicada al tráfico de armas y drogas (...) se montó vigilancia hace unos cuantos meses” y calificó de “sorpresa” el hallazgo de cocaína, ya que la hipótesis inicial apuntaba al tráfico de armas.

El jefe del Departamento Especializado Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, comisario Mario Vallejos, informó que los detenidos son hermanos oriundos de Pedro Juan Caballero, ciudad de la frontera con Brasil considerada una de las más violentas de Paraguay.

El operativo se produjo días después del hallazgo de 311 kilos de marihuana ocultos en dos vehículos importados desde Miami (Estados Unidos) y llegados a un puerto de la ciudad de Villeta, próxima a Asunción, según reportó la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

(Con información de EFE)

El hallazgo de 71 envoltorios de cocaína en un jardín de infantes de Córdoba activó un operativo policial y judicial que terminó con la aprehensión de la madre de un nene de dos años. El hecho ocurrió en un centro de cuidado infantil de barrio Ampliación Cabildo.

Una mujer llevó a sus dos hijos pequeños al centro de cuidado y los dejó allí bajo el resguardo de los responsables del lugar. Su hijo menor entró en la Sala Naranja, mientras que su hija mayor, de tres años, permaneció en la Sala Verde. Una de las maestras notó que el niño más chico tenía en sus manos un monedero de color rosa.

La docente tomó el objeto para revisar qué contenía y encontró en su interior una serie de envoltorios transparentes con una sustancia blanca. A partir de esto, el personal del establecimiento activó el resguardo del objeto y dio aviso a las autoridades. De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.TV, el jardín se comunicó de inmediato con el servicio de emergencias 911 y también notificó a la Secretaría de Salud y Desarrollo ante la sospecha de que se tratara de estupefacientes. Minutos más tarde, la mujer volvió al establecimiento para reclamar el objeto que había perdido.

Durante ese intercambio la mujer exigió que le devolvieran el monedero y habría dicho que se trataba de algo “con lo que sustentaba a sus hijos menores”. En ese momento, las docentes se negaron a entregarle el objeto y aguardaron la llegada de los agentes.

Poco después, la mujer se retiró del sitio junto con el nene de dos años. Más tarde, volvió acompañada por su madre, abuela de los chicos, para retirar a la niña de tres años que permanecía en otra sala. Para entonces, el personal policial ya se encontraba en el centro infantil.

La verificación de la sustancia quedó a cargo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que realizó pruebas de campo sobre los paquetes secuestrados. El resultado confirmó que se trataba de cocaína y tras el conteo oficial, se hallaron 71 envoltorios.

Con esta información, intervino la Unidad Judicial de Lucha Contra el Narcotráfico, que ordenó el secuestro formal de la droga y del monedero. La causa quedó encuadrada en presuntas infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737. La madre fue aprehendida y trasladada a sede judicial, donde quedó a disposición de las autoridades encargadas de la investigación.

Ahora, la investigación intenta determinar el origen y el destino de la sustancia hallada. Hasta el momento, la información difundida por los medios no menciona otras detenciones ni allanamientos vinculados con el caso, aunque la pesquisa sigue abierta bajo supervisión judicial.

Por otro lado, se activaron los protocolos correspondientes para la protección de los dos niños involucrados. En ese marco, las autoridades priorizaron su cuidado inmediato y su permanencia en un entorno familiar. Tras el procimiento, tanto el pequeño de dos años como su hermana de tres quedaron al cuidado de su abuela.

Las Fuerzas Armadas de Honduras informaron el aseguramiento de una plantación de hoja de coca en una zona montañosa de la Sierra del Río Tinto, en el municipio de Iriona, departamento de Colón.

Según el reporte oficial, en el terreno había unos 16.500 arbustos distribuidos en una superficie estimada de tres manzanas de tierra.

El hallazgo se produjo durante patrullajes de largo alcance realizados por unidades militares en esa zona del país. Tras asegurar el área, las autoridades indicaron que prevén avanzar con la erradicación de la plantación.

Según cifras de la institución, en lo que va del año han sido aseguradas 43 plantaciones de hoja de coca, que en conjunto abarcan más de 100 manzanas de tierra. Las autoridades calculan que en esos terrenos había aproximadamente 650,000 arbustos de coca.

Los aseguramientos se han registrado en distintos departamentos del país, entre ellos Colón, Atlántida, Yoro, Olancho, Santa Bárbara y El Paraíso.

Las Fuerzas Armadas informaron que durante los operativos realizados en 2026 también fueron destruidas 10 instalaciones artesanales relacionadas con el procesamiento de drogas.

Operaciones en marcha

En esos lugares, según el reporte oficial, fueron encontrados precursores químicos utilizados en procesos vinculados con la elaboración de sustancias ilícitas.

Las FFAA sostienen que este tipo de acciones busca afectar distintas etapas de las actividades asociadas al narcotráfico dentro del territorio hondureño. Como resultado de las operaciones desarrolladas durante el año, las Fuerzas Armadas estiman que se ha impedido el procesamiento de 540 kilogramos de cocaína.

La institución calcula que el valor de esa cantidad de droga supera los 170 millones de lempiras, equivalentes a aproximadamente 6,4 millones de dólares Las FFAA presentan esta cifra como una estimación del impacto económico de las operaciones realizadas contra estructuras vinculadas al narcotráfico.

El departamento de Colón, donde fue localizada la plantación de Iriona, figura entre las zonas en las que las autoridades han desarrollado operaciones contra cultivos de coca. Por ello, la unidad castrense han recurrido a patrullajes de largo alcance para localizar plantaciones que pueden encontrarse alejadas de los principales centros poblacionales.

En el caso reportado en la Sierra del Río Tinto, los efectivos localizaron un terreno de aproximadamente tres manzanas con 16.500 arbustos de coca.

Las Fuerzas Armadas señalaron que las operaciones continuarán con acciones de reconocimiento, aseguramiento y posterior erradicación de los cultivos localizados, mientras mantienen los operativos destinados a desarticular instalaciones utilizadas para el procesamiento de drogas.

Prevención y decomisos

Como parte de estas acciones, las autoridades hondureñas prevén mantener los patrullajes en áreas consideradas de difícil acceso y con antecedentes de presencia de cultivos ilícitos. El objetivo es detectar nuevas zonas de producción, evitar la expansión de las plantaciones y reducir las posibilidades de que la hoja de coca llegue a etapas posteriores de procesamiento.

La institución sostiene que la combinación de erradicación de cultivos, destrucción de instalaciones y decomiso de insumos busca generar un impacto directo sobre las estructuras que operan en la cadena de producción de drogas en Honduras.

El hallazgo también pone de relieve el desafío que representa para las autoridades la vigilancia de extensas zonas rurales y montañosas del país, donde las condiciones geográficas pueden dificultar la detección temprana de actividades vinculadas al narcotráfico.

Un hombre llegó armado con una ametralladora a una vivienda ubicada en la ciudad de Zapala, Neuquén, y abrió fuego contra las personas que se encontraban en el inmueble. Producto del ataque, Cristian Montesino, de 37 años, murió, y un amigo de la víctima resultó gravemente herido, por lo que debió ser trasladado a un hospital local. Ahora, la Justicia investiga si el hecho está vinculado con la venta de estupefacientes.

Todo tuvo lugar el pasado jueves 13 de agosto por la noche, cuando en el barrio Don Bosco, alrededor de las 21, un hombre, identificado como J.A.E., llegó en moto al domicilio de Montesino y le exigió el pago de una deuda, que oscilaba entre los 40.000 y los 100.000 pesos.

Tras una discusión con la víctima y sus familiares, J.A.E. se retiró del lugar y lanzó una amenaza antes de abandonar la vivienda: “Si no me pagan, la casa va a terminar quemada”. Seguido a este, de acuerdo a la reconstrucción hecha por la fiscalía, una hora después, aproximadamente a las 22, regresó en una camioneta, acompañado por una mujer y otro hombre, quienes aún no fueron identificados. El agresor bajó del vehículo portando un arma tipo ametralladora, se dirigió hacia la parte delantera de la casa y comenzó a efectuar varios disparos contra las personas que estaban en el lugar.

Como consecuencia del ataque, Montesino recibió múltiples impactos de arma de fuego y murió en el lugar producto de un shock hemorrágico. A su vez, un amigo de la víctima resultó gravemente herido y fue trasladado al hospital local, donde fue operado y ahora permanece internado. A todo esto, tras el brutal episodio, el atacante se dio a la fuga.

La causa quedó en manos de la fiscal Laura Pizzipaulo, del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, quien ordenó una serie de allanamientos para dar con el autor de los disparos. Finalmente, el agresor en cuestión fue detenido este domingo al mediodía.

El medio local LMNeuquén indicó que en los procedimientos participaron efectivos de Antinarcóticos de Zapala, personal de la Comisaría 22 y de la División Brigada de Investigaciones de Zapala, de Cutral Co y de San Martín de los Andes. A su vez, colaboraron agentes de Gendarmería de Las Lajas y de Aluminé.

Durante la audiencia de esta tarde, la fiscal Pizzipaulo, junto al asistente letrado Guillermo Rodríguez, imputó al aprehendido por el delito de homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el empleo de un arma de fuego; y por homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa.

Asimismo, solicitaron que el imputado permanezca detenido con prisión preventiva por un plazo de cuatro meses. El juez de garantías Ignacio Pombo avaló la formulación de cargos y estableció un plazo de investigación de cuatro meses, aunque concedió la prisión preventiva por un mes.

En estos momentos, las autoridades continúan con la búsqueda de los otros dos sospechosos, quienes tras el ataque se dieron a la fuga.

La madrugada del 16 de agosto, las autoridades de Costa Rica ejecutaron uno de los mayores decomisos de cocaína del año, asestando un golpe significativo al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El operativo, desarrollado por el Ministerio de Seguridad Pública en coordinación con la DEA de Estados Unidos, permitió incautar aproximadamente una tonelada de droga y desarticular una estructura que operaba en el país con conexiones internacionales.

El despliegue policial se centró en La Guácima de Alajuela, donde, tras una labor de inteligencia y seguimiento que inició a principios de agosto, agentes de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIIC), la Unidad Especial de Apoyo (UEA) y la Policía de Control de Drogas (PCD) lograron identificar y vigilar a un grupo señalado por la DEA como responsable del tráfico de cocaína desde y hacia territorio costarricense.

Durante la madrugada, los equipos de elite interceptaron un vehículo ocupado por un ciudadano nicaragüense y un venezolano, ambos presuntamente vinculados a la red criminal. En la inspección del automóvil, los oficiales hallaron 66 kilos de cocaína ocultos en un compartimiento secreto bajo el piso. Posteriormente, los agentes allanaron la vivienda de los detenidos en el sector de Altamira, en Agüacima de Alajuela, donde localizaron otros 925 paquetes de cocaína, cada uno con un peso aproximado de un kilo.

¿Cómo se gestó la operación?

De acuerdo con la información divulgada por la Presidencia de la República, la operación se gestó a partir de una alerta internacional enviada por la DEA, que advertía sobre movimientos sospechosos de droga en la región. “Esta información la recibimos a inicios del mes de agosto, que involucraba a un grupo que estaba trasegando drogas, trayéndolas al país y sacándolas del país. Empezamos la labor de vigilancia, de seguimientos, de análisis, de inteligencia y el día de ayer se procede con la detención de un sujeto nicaragüense y otro sujeto de nacionalidad venezolana”, explicó un miembro del equipo de inteligencia en el video institucional publicado por la Presidencia de la República.

La magnitud del decomiso pone en evidencia la operatividad y alcance del Cártel Jalisco Nueva Generación en Costa Rica, así como el nivel de coordinación requerido entre autoridades locales e internacionales para combatir estas estructuras. El ministro de Seguridad Pública subrayó la importancia del trabajo conjunto: “No vamos a parar de día ni de noche. Seguimos trabajando por Costa Rica”, manifestó al referirse al esfuerzo de los equipos especiales.

La droga incautada fue trasladada bajo resguardo policial para su análisis y conteo final, en tanto la Fiscalía coordina la presentación de cargos contra los detenidos, quienes se exponen a penas elevadas por tráfico internacional de estupefacientes. El operativo ha sido calificado por las autoridades como un ejemplo de la efectividad de la cooperación bilateral entre Costa Rica y Estados Unidos.

Las investigaciones continuarán para identificar a otros posibles integrantes de la red y determinar si existen conexiones adicionales en otras regiones del país. El Ministerio de Seguridad Pública reiteró su compromiso de mantener la ofensiva contra el crimen organizado y proteger la seguridad de la población.

La Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la Dirección Antidrogas (Dirandro), ejecutó un operativo de control e inspección en los envíos postales del área de importación de la empresa Serpost S.A., ubicada en la avenida Tomás Valle, en el distrito de Los Olivos. Durante la intervención, el personal especializado detectó cinco cajas procedentes de Francia y Reino Unido.

Los paquetes habían sido enviados mediante la modalidad de courier y contenían un total de 155 botellas pequeñas de vidrio. Ante el hallazgo, los agentes antidrogas realizaron las diligencias correspondientes para determinar la naturaleza de la sustancia contenida en los recipientes.

Análisis confirmaron presencia de “poppers”

De acuerdo con los análisis de laboratorio efectuados por la unidad especializada, el contenido de las botellas dio positivo para la droga denominada “poppers”, correspondiente a cuatro variantes sintéticas de nitrito. El peso total de la sustancia incautada alcanzó los 9.190 kilogramos.

Según la información proporcionada por la Policía, el cargamento tenía como destino el mercado peruano. La intervención permitió retirar de circulación las sustancias antes de que llegaran a su destino final.

Golpe al tráfico de drogas

La operación policial generó una afectación económica estimada en S/ 73.520 para las organizaciones criminales vinculadas al tráfico ilícito de drogas. La Dirandro destacó que este resultado forma parte de las acciones de control desarrolladas para combatir el ingreso de sustancias ilícitas al país.

La Policía Nacional y el Ministerio del Interior reafirmaron, mediante este operativo, su compromiso con la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y el control de los envíos postales que ingresan al territorio nacional.

¿Qué es el popper?

Los poppers son sustancias químicas inhalables que contienen nitritos de alquilo y suelen comercializarse en forma de líquidos almacenados en pequeños frascos. Al inhalarse, provocan una dilatación temporal de los vasos sanguíneos, lo que puede generar sensación de calor, mareos y aumento de la frecuencia cardiaca.

El efecto de los poppers se produce rápidamente y suele ser de corta duración. Entre sus efectos se encuentran la disminución temporal de la presión arterial, el enrojecimiento de la piel, dolor de cabeza y sensación de mareo. Por su composición y forma de consumo, su uso puede implicar riesgos para la salud, especialmente cuando se combina con determinadas sustancias o medicamentos.

Venta de popper se extiende en redes sociales

La venta de poppers en Lima se extiende por redes sociales y plataformas digitales como Facebook Marketplace sin ningún tipo de control ni verificación de identidad, según reveló una investigación del programa Panorama. Los frascos —reconocibles por marcas importadas como Rush— se ofrecen entre 130 y 160 soles, y también se encuentran físicamente en galerías del jirón de La Unión y sex shops de Miraflores. Una empleada de uno de estos establecimientos confirmó ante las cámaras que el producto “también se oferta por Marketplace”, lo que amplía su alcance a cualquier interesado con acceso a internet.

La ausencia de regulación en el Perú contrasta con la prohibición vigente en varios otros países y convierte al mercado local en terreno libre para vendedores y consumidores. Los propios comerciantes, captados con cámara oculta, aseguraron que “nadie ha venido a quejarse hasta el momento”. Expertos consultados por el reportaje advirtieron que la sustancia —creada originalmente para tratar dolores de pecho y adoptada luego en fiestas electrónicas— puede causar la muerte al combinarse con alcohol, éxtasis o cocaína, un riesgo que los vendedores omiten al promover sus efectos euforizantes para incentivar la compra.

El Ejército Mexicano asestó un golpe a la infraestructura de producción de drogas sintéticas del crimen organizado en Culiacán, Sinaloa, con una afectación estimada en mil 935 millones de pesos. El operativo, reportado el 13 de agosto de 2026 por el Gabinete de Seguridad federal, neutralizó un laboratorio clandestino y tres áreas de almacenamiento de insumos para fabricar metanfetamina en distintos poblados del municipio.

Durante el despliegue, los militares aseguraron seis mil 415 litros y mil 465 kilogramos de sustancias químicas, así como maquinaria especializada para la síntesis de drogas sintéticas. Entre el material confiscado se encontraron cinco reactores, cuatro condensadores, cuatro quemadores, cuatro tanques de gas LP y una mezcladora, todos ellos fundamentales para la producción industrial de metanfetamina.

Las operaciones se realizaron en varios poblados del municipio, donde se identificaron y neutralizaron espacios clave para la elaboración y almacenamiento de precursores químicos. El objetivo, según autoridades federales, es debilitar la capacidad industrial del narcotráfico en la región, considerada uno de los principales focos de producción de drogas sintéticas del país.

Este golpe se suma a una serie de intervenciones militares efectuadas a lo largo de 2026 en Sinaloa, estado que concentra la mayor cantidad de laboratorios clandestinos detectados por las fuerzas armadas. La estrategia nacional busca no solo detener a integrantes de organizaciones delictivas, sino también destruir la infraestructura que permite su operación.

El balance presentado por el Ejército Mexicano y el Gabinete de Seguridad federal subraya la continuidad de los esfuerzos para frenar la producción de estupefacientes en la entidad. Con cada operativo, las autoridades apuntan a reducir el impacto del narcotráfico y a debilitar sus finanzas mediante el aseguramiento de insumos y equipos esenciales.

El material asegurado y su valor estimado

Los 6 mil 415 litros y los 1 465 kilogramos de sustancias químicas confiscados representan la materia prima directa para la producción de drogas sintéticas. La cifra de 1 935 millones de pesos corresponde a la valuación oficial del daño económico infligido a las organizaciones criminales.

La estrategia federal no se limita a la detención de personas, sino que apunta directamente a destruir la capacidad de producción de los cárteles. Ese enfoque explica el énfasis en la localización y la inhabilitación de laboratorios y sitios de almacenamiento de precursores químicos.

Sinaloa concentra la mayor cantidad de laboratorios clandestinos del país

El secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla, presentó un balance el 27 de mayo en el que precisó que solo la Defensa había localizado 2 mil 214 laboratorios y áreas de concentración en Sinaloa durante la administración actual. Esa cifra posiciona al estado como el principal frente de la guerra contra la producción de sintéticos en México.

Al 30 de junio, el Gobierno federal contabilizaba dos mil 600 laboratorios clandestinos y áreas de concentración inhabilitados en todo el país por el Ejército y la Marina. La mayor parte de esos registros corresponde a operativos realizados en territorio sinaloense.

Los golpes anteriores en junio y julio de 2026

El 15 de junio, militares ubicaron 11 áreas en Culiacán y Cosalá, con ocho mil 832 litros y 370 kilogramos de químicos, dos reactores y dos condensadores. Dos días después, el 17 de junio, una operación en Mocorito, Culiacán y Cosalá arrojó el aseguramiento de 29 mil 485 litros y 3 mil 535 kilogramos de sustancias químicas, además de nueve reactores y 18 condensadores.

Esa acción del 17 de junio fue valuada oficialmente en 3 mil 859 millones de pesos de afectación al crimen organizado. El 13 de julio, en Santa Anita, La Ilama y Pueblo de Alayá, municipio de Cosalá, el Ejército destruyó tres sitios de concentración y aseguró otros 2 mil 350 litros de sustancias para fabricar metanfetamina.

Una semana antes del golpe en Culiacán, el Ejército Mexicano realizó otro operativo en la comunidad de La Urraca, al sur del puerto de Mazatlán. Los soldados aseguraron 124 mil litros de gasolina presuntamente robada, almacenada en cuatro tanques dentro de un inmueble ubicado entre los poblados El Vainillo y El Pozole.

Junto con el combustible, los militares localizaron dos armas largas, nueve cargadores, 270 cartuchos útiles, tres chalecos tácticos, un tractocamión, un vehículo y dos motocicletas. Tres personas fueron detenidas durante el operativo y puestas a disposición de las autoridades ministeriales.

El despliegue federal en Sinaloa y el contexto del Cártel de Sinaloa

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó en julio que 16 mil 440 elementos federales permanecían desplegados en Sinaloa. Entre octubre de 2024 y junio de 2026, esos efectivos detuvieron a 2 mil 540 personas por delitos de alto impacto y aseguraron más de 94.5 toneladas de droga y 5 mil 900 armas de fuego.

La disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa es el factor que obliga a mantener ese nivel de despliegue en la entidad. La fractura interna del cártel ha convertido a Culiacán y otros municipios sinaloenses en el escenario de uno de los mayores operativos federales del país.

Las autoridades ministeriales tienen pendiente determinar el origen de los 124 mil litros de gasolina asegurados en La Urraca y su posible destino. Los objetos decomisados en ese operativo serán sometidos a peritajes para establecer la responsabilidad de los tres detenidos y la procedencia de las armas y los vehículos.

La investigación también busca establecer si el inmueble se utilizaba de forma habitual para almacenar, transportar o distribuir el combustible de procedencia ilícita. Los resultados de esos peritajes determinarán la situación jurídica de los sospechosos.

La Policía Nacional del Perú interceptó un vehículo con 72.929 kilogramos de alcaloide de cocaína ocultos en una estructura acondicionada de la carrocería, durante una intervención ejecutada el 12 de agosto en el centro poblado Santa Cruz Machente, distrito de Ayna, provincia de La Mar, Ayacucho. La operación permitió detener a seis personas que viajaban en la unidad.

El operativo se realizó en el marco de acciones de inteligencia e investigación contra el tráfico ilícito de drogas. Según la información proporcionada por la PNP, los intervenidos serían presuntos integrantes de la organización criminal denominada “Los Caleteros de Kimbiri”, vinculada de forma preliminar al traslado de sustancias ilícitas.

La camioneta cubría la ruta Pichari, en Cusco, hacia Huamanga. Durante el registro, los agentes detectaron modificaciones en la tolva y en la zona posterior del vehículo. La inspección permitió ubicar un compartimiento oculto en la parte anterior de la carrocería, donde se encontraban los paquetes con la sustancia.

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Ayna inició una investigación preliminar contra los seis ocupantes. La diligencia estuvo bajo la conducción del fiscal provincial Wilber Wilfredo Pacco Colque, mientras que el fiscal adjunto Jhon Miller Cherrepano Consuelo participó en las diligencias de deslacrado, pesaje y prueba de orientación química.

Droga estaba distribuida en 70 paquetes

Los agentes encontraron 70 paquetes compactos con forma de ladrillo, cubiertos con cinta amarilla. De acuerdo con la información fiscal, los envoltorios presentaban una marca distintiva de un delfín en bajo relieve.

La apertura del compartimiento permitió retirar los paquetes y someter la sustancia a las pruebas correspondientes. El resultado de la prueba de orientación química dio positivo para alcaloide de cocaína.

El peso total registrado fue de 72.929 kilogramos. La droga fue decomisada y lacrada conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de intervenciones.

Seis ocupantes quedaron detenidos

La intervención terminó con la detención en flagrancia de W.C.P., de 38 años, señalado como conductor de la camioneta; R.C.P., de 30; J.E.C.P., de 29; C.C.P., de 32; F.C.C., de 70; y R.S.C.O., de 21.

Además del vehículo, las autoridades reportaron la incautación de siete teléfonos celulares y S/ 470 000 en efectivo. La información proporcionada por la Fiscalía señala que la droga tendría un valor aproximado de S/ 415 000.

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Ayna quedó a cargo de las diligencias correspondientes para determinar la participación de cada uno de los intervenidos y establecer las circunstancias del traslado de la sustancia.

Investigación apunta a una modalidad de ocultamiento

La estructura acondicionada dentro de la carrocería fue uno de los elementos detectados durante el registro de la camioneta. Este mecanismo permitió ocultar los paquetes fuera de la vista durante el desplazamiento por la ruta Pichari-Huamanga.

La Policía Nacional indicó que sus acciones de inteligencia buscan identificar las rutas utilizadas para el traslado de droga y detectar mecanismos empleados para ocultar cargamentos ilícitos. La intervención en Machente se produjo dentro de esas labores de control e investigación contra el tráfico ilícito de drogas en Ayacucho.

Otro decomiso ocurrió días antes en Machente

El 7 de agosto de 2026, agentes de la División de Investigación contra el Desvío de Insumos Químicos realizaron otra intervención en el frontis del puesto de control de Machente, en el distrito de Ayna.

En esa operación, los efectivos revisaron un vehículo que se dirigía hacia Huamanga y detectaron alteraciones en los pernos y conectores ubicados en la parte inferior del tanque de combustible. Una inspección posterior permitió encontrar una sustancia que dio resultado positivo para alcaloide de cocaína.

En ese caso, la Policía reportó el decomiso de 41.532 kilogramos de cocaína, la detención de dos personas y una afectación económica estimada en S/ 267 560. La intervención también estuvo relacionada con las acciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas en Machente.

La justicia confirmó una condena de 15 años de prisión efectiva contra José Rolando Aponte Mananita por el delito de tráfico ilícito de drogas, en la modalidad agravada de favorecimiento mediante actos de tráfico, en agravio del Estado. La decisión corresponde a la Segunda Sala Penal de Apelaciones en Adición Liquidadora.

El tribunal estuvo integrado por los magistrados Federik Randolp Rivera Berrospi, Marco Antonio Santacruz Urbina y Jaime Fajardo Mesías. Los jueces revisaron el recurso presentado por la defensa del sentenciado contra la condena impuesta en primera instancia.

La resolución mantiene la ejecución de la pena privativa de libertad y ordena que una copia certificada de la decisión sea enviada al director del Establecimiento Penal de Pucallpa. El documento establece que dicha comunicación permitirá el cumplimiento de la condena correspondiente.

El caso se relaciona con el intento de ingreso de pasta básica de cocaína al recinto penitenciario, sustancia que fue localizada dentro de pescados destinados al establecimiento. El caso fue sustentado por la Fiscalía durante la investigación y posteriormente evaluado por los órganos jurisdiccionales.

Sala Penal confirma la condena

La Segunda Sala Penal de Apelaciones declaró infundado el recurso de apelación presentado por la defensa de Aponte Mananita. Según la resolución, los argumentos planteados no lograron cuestionar los elementos que sustentaron la responsabilidad penal del sentenciado.

Entre las pruebas valoradas por el Colegiado figura el acta de intervención realizada en la esclusa principal del penal. También se tomó en cuenta la declaración de un servidor del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y diversos documentos vinculados con el ingreso de productos al establecimiento.

El tribunal consideró además documentos suscritos por el propio Aponte Mananita. Entre ellos figura una solicitud de ingreso de productos e insumos y la nota de pedido correspondiente al Economato N.° 13, área a la cual estaban destinados los víveres con los que se intentó introducir la sustancia ilícita.

La Sala determinó que estos elementos permitieron desvirtuar la presunción de inocencia mediante una estructura indiciaria que, según la resolución, sustentó la condena impuesta.

Según la tesis fiscal, el agente del INPE César Díaz Quispe entregó a la Policía una bolsa con 30 pescados y otros alimentos destinados a ingresar al penal de Pucallpa. Los productos serían entregados por Lucía Ahuanari Pacaya al interno José Rolando Aponte Mananita.

Durante el registro de los alimentos, las autoridades localizaron en cada pescado una bolsa plástica con una sustancia de apariencia parduzca. La prueba inicial dio positivo para alcaloide de cocaína.

El pesaje estableció un peso bruto de 282 gramos. Posteriormente, el peritaje forense determinó que la sustancia correspondía a pasta básica de cocaína y estableció un peso neto de 253 gramos.

Fiscalía atribuyó funciones a los involucrados

Durante la investigación preparatoria, la Fiscalía recogió la declaración de Lucía Ahuanari Pacaya. Según el Ministerio Público, ella sostuvo que los productos estaban destinados al interno Luis Alberto Pisco Mendoza, quien le habría solicitado el ingreso de los alimentos a nombre de José Rolando Aponte Mananita.

De acuerdo con la acusación fiscal, Ahuanari Pacaya adquirió, acondicionó y transportó la droga oculta dentro de los pescados hasta el establecimiento penitenciario.

La Fiscalía atribuyó a Aponte Mananita la función de recibir la sustancia y facilitar su posterior distribución para su comercialización dentro del penal. Estos hechos formaron parte de la imputación por tráfico ilícito de drogas en modalidad agravada.

Con la decisión de la Segunda Sala Penal de Apelaciones en Adición Liquidadora, la condena de 15 años de prisión efectiva quedó confirmada en esta instancia judicial.

La justicia panameña impuso penas que alcanzan hasta los 12 años de prisión en tres procesos relacionados con tráfico y posesión de drogas registrados en Chiriquí, Veraguas y Darién. Los casos dejaron siete personas condenadas, entre ellas ciudadanos colombianos y nicaragüenses, además del decomiso de dinero y bienes vinculados a las investigaciones.

El mayor cargamento fue localizado en aguas del Pacífico panameño, al sur de Punta Burica, en la provincia de Chiriquí, donde las autoridades interceptaron una embarcación que transportaba 107 sacos. Dentro de ellos fueron encontrados 2,313 paquetes de sustancias ilícitas, según información divulgada por el Ministerio Público.

Por este caso fueron condenados dos ciudadanos colombianos y un nicaragüense a 144 meses de prisión, equivalentes a 12 años para cada uno, por el delito contra la seguridad colectiva en la modalidad de tráfico internacional de sustancias ilícitas. La sentencia también estableció el comiso de los bienes pertenecientes a los tres extranjeros como pena accesoria.

La decisión fue adoptada por la jueza de garantías del Sistema Penal Acusatorio de Chiriquí, Rita Williams, quien validó un acuerdo de pena consensuado entre las partes y emitió la sentencia condenatoria número 548. Los tres procesados habían admitido previamente su responsabilidad en los hechos investigados por la Fiscalía Especializada de Drogas.

De acuerdo con el Ministerio Público, la embarcación fue ubicada al sur de Punta Burica, en el distrito de Barú, durante una operación realizada conjuntamente con unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan). La información oficial presenta una diferencia sobre la fecha: el Órgano Judicial señala el 9 de agosto, mientras la Procuraduría ubica el procedimiento el 10 de agosto.

Durante la audiencia, la Fiscalía estuvo representada por Stephanía González, mientras los defensores públicos Rocío De Roux, Nathanael Guerra y Milenis Caballero asistieron a los tres sancionados. Los elementos presentados permitieron acreditar, según la Procuraduría, la comisión del delito y la participación de los ocupantes de la embarcación.

Drogas frente a una sede policial

Un segundo caso tuvo un escenario poco habitual. Tres personas fueron aprehendidas frente a las instalaciones de la Zona de Policía de Veraguas, en el distrito de Santiago, donde las autoridades aseguraron haberlas encontrado en flagrancia. Los investigados mantenían 1.12 kilogramos de marihuana, de acuerdo con la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

El procedimiento ocurrió el 10 de agosto y terminó con dos hombres y una mujer condenados por posesión agravada de sustancias ilícitas. Para uno de los hombres y la mujer se establecieron penas de 84 meses de prisión, equivalentes a siete años, mientras el tercer procesado recibió una sanción de 72 meses, es decir, seis años.

Además de las penas de cárcel, el tribunal dispuso el comiso de $7,596.50 encontrados en poder de uno de los condenados al momento de la aprehensión. La suma quedó incorporada al proceso como parte de las evidencias relacionadas con el caso, mientras la Fiscalía sustentó los elementos que permitieron alcanzar las condenas.

La ubicación de la aprehensión llamó particularmente la atención debido a que los tres fueron sorprendidos frente a una instalación de la propia Policía Nacional. El Ministerio Público no detalló qué hacían en el lugar ni estableció en la información divulgada si el dinero decomisado estaba directamente relacionado con alguna transacción de drogas.

Un tercer expediente terminó con una condena de nueve años de prisión contra un ciudadano panameño por posesión agravada de drogas. A diferencia de los otros dos procesos, los hechos no ocurrieron en agosto de 2026, sino el 16 de mayo de 2025, en las proximidades de una terminal de transporte en Darién.

El hombre fue aprehendido cerca de la terminal ubicada en el corregimiento de Santa Fe con dos paquetes de Cannabis sativa L., identificada como marihuana. Uno registró un peso de 2.55 kilogramos y el segundo de 2.58 kilogramos, por lo que entre ambos sumaban aproximadamente 5.13 kilogramos de la sustancia.

El proceso llegó a juicio oral y la Fiscalía Regional de Darién presentó pruebas testimoniales, documentales y evidencia ilustrativa para acreditar la responsabilidad penal del acusado. A diferencia de los expedientes de Chiriquí y Veraguas, que avanzaron mediante acuerdos de pena, este caso terminó con una decisión después de celebrarse el juicio.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llegó este miércoles a Panamá con un mensaje centrado en la lucha contra los cárteles y la seguridad del Canal, en su segunda visita al país.

Antes y después de reunirse con el presidente José Raúl Mulino, el funcionario utilizó sus redes sociales para destacar la cooperación bilateral y anticipar las prioridades de su agenda.

“Espero con interés fortalecer nuestra asociación para mantener seguro el Canal de Panamá e interrumpir las operaciones de los cárteles en toda la región”, escribió Hegseth, quien agradeció a Mulino por su liderazgo en la organización del ejercicio PANAMAX 2026.

La declaración marcó desde su llegada el tono de una visita enfocada en seguridad regional.

Hegseth también sostuvo un encuentro con el embajador estadounidense en Panamá, Kevin Marino Cabrera, tras el cual aseguró que Estados Unidos es más fuerte cuando permanece “hombro con hombro” con socios de confianza.

En su mensaje destacó el fortalecimiento de las alianzas para mantener seguro el vecindario compartido y reforzar al hemisferio occidental.

Posteriormente, Hegseth se reunió con Mulino en el marco de la Coalición de las Américas contra los Cárteles, iniciativa impulsada por Washington para coordinar acciones regionales frente al narcotráfico y otras organizaciones criminales.

Durante el encuentro, ambos destacaron la cooperación entre Panamá y Estados Unidos en materia de seguridad y combate al tráfico de drogas.

El secretario estadounidense calificó a Panamá como un “importante aliado” y socio con intereses comunes, y resaltó el papel desempeñado por el país en las estrategias regionales contra los cárteles.

También mencionó la colaboración panameña frente a la migración irregular, otro de los asuntos que durante los últimos años ha ocupado la agenda bilateral.

Mulino, por su parte, repasó las iniciativas de seguridad desarrolladas por Panamá junto con Colombia y otros países de la región.

El mandatario manifestó una valoración positiva de la cooperación estadounidense, pero volvió a introducir un elemento que Panamá ha considerado fundamental: el respeto a la soberanía de cada una de las naciones participantes.

La reunión de este miércoles tuvo además un componente regional relevante con la incorporación de Colombia a la coalición anticárteles. Hegseth dio la bienvenida al país sudamericano al mecanismo después de la reciente llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia colombiana, fortaleciendo una estrategia estadounidense que busca aumentar las operaciones conjuntas contra narcotraficantes y redes criminales.

La ofensiva contra estas organizaciones no es un planteamiento nuevo de Hegseth. En mayo, durante una reunión del gabinete de Donald Trump, el funcionario aseguró que Estados Unidos iría “a la guerra contra los cárteles” mediante la Coalición de las Américas.

Washington ha colocado desde entonces el combate al narcotráfico entre sus principales prioridades para el hemisferio occidental.

La visita también coincide con PANAMAX 2026, el ejercicio multinacional enfocado en la protección del Canal de Panamá y la coordinación de fuerzas de distintos países frente a eventuales amenazas.

Ya durante su primera visita, Hegseth había adelantado que Panamá albergaría este año el ejercicio, destinado a entrenar capacidades para garantizar el flujo del comercio por la vía interoceánica.

Dentro de la agenda conocida para esta visita también está el contacto con las actividades militares y de entrenamiento desarrolladas en territorio panameño, incluida la cooperación en operaciones de selva.

Estados Unidos y Panamá habían acordado previamente incrementar los ejercicios conjuntos, el intercambio de información y la interoperabilidad entre sus fuerzas de seguridad.

El tono de esta segunda visita presenta, hasta ahora, una diferencia evidente frente a la realizada por Hegseth en abril de 2025. En aquella ocasión, China ocupó un lugar central en prácticamente todo el discurso estadounidense sobre el Canal.

El secretario sostuvo entonces que Washington y Panamá trabajarían juntos para contrarrestar lo que calificó como influencia china sobre infraestructura estratégica.

Hegseth llegó incluso a declarar en aquella visita que Estados Unidos no permitiría que China pusiera en peligro la operación o integridad del Canal y afirmó que ambos países recuperarían la vía de la influencia china.

Sus declaraciones provocaron una dura respuesta de Beijing, que acusó a Washington de interferencia y rechazó los señalamientos estadounidenses.

Esta vez, al menos durante las primeras actividades y declaraciones públicas conocidas este miércoles, China no ha ocupado ese protagonismo. El discurso se ha concentrado en los cárteles, el narcotráfico, PANAMAX y la seguridad regional, aunque la protección del Canal continúa formando parte explícita de la agenda estratégica estadounidense.

La relación bilateral en materia de seguridad se profundizó precisamente después de aquella primera visita. Panamá y Estados Unidos suscribieron un memorando para ampliar actividades de cooperación y entrenamiento conjunto, mientras Washington planteó reforzar su presencia rotativa para ejercicios en instalaciones utilizadas anteriormente por fuerzas estadounidenses.

El Gobierno panameño ha insistido en que esos acuerdos no implican bases militares permanentes.

La agenda de Hegseth continuará alrededor de PANAMAX y las capacidades de seguridad necesarias para proteger la vía interoceánica, además del componente regional contra las organizaciones criminales.

Su segunda visita muestra así un desplazamiento del énfasis público: de la confrontación con China que marcó 2025 hacia una ofensiva hemisférica contra los cárteles en 2026.

Una estructura criminal que habría conseguido infiltrar trabajadores en las operaciones de la terminal portuaria de Balboa para introducir droga en contenedores continuará con 22 de sus presuntos integrantes bajo detención provisional en Panamá.

El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la medida cautelar impuesta tras la Operación Alianza, una investigación que comenzó en agosto de 2024 y siguió al menos 19 eventos relacionados con narcotráfico internacional.

La decisión se produjo después de que la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas sustentara los riesgos procesales existentes durante una audiencia de apelación.

Los magistrados concluyeron que mantener privados de libertad a los 22 imputados constituye una medida proporcional, idónea y necesaria mientras continúa la investigación por una organización con conexiones internacionales.

La Operación Alianza permitió descubrir un esquema que utilizaba el puerto de Balboa como plataforma para enviar cargamentos de droga al extranjero. Las investigaciones determinaron que la estructura contaba con trabajadores en diferentes áreas de la terminal, quienes aprovechaban su acceso y conocimiento de las operaciones portuarias para contaminar contenedores que posteriormente salían de Panamá.

La droga, según las pesquisas, procedía de Colombia y era trasladada hasta Panamá para incorporarla posteriormente a la cadena logística internacional. Dentro de la organización figuraban trabajadores portuarios, conductores de plataformas de transporte y particulares que cumplían diferentes funciones.

El objetivo era introducir los cargamentos ilícitos dentro de contenedores legítimos antes de que estos abandonaran el país.

Para movilizar la mercancía hasta la terminal, la organización habría utilizado vehículos articulados y automóviles particulares que transportaban grandes cantidades de droga.

Una vez dentro del recinto portuario entraba en acción el componente interno de la estructura, cuyos integrantes facilitaban la contaminación de los contenedores aprovechando su acceso a zonas restringidas y su conocimiento de la logística.

Los cargamentos tenían como principales destinos Australia, Nueva Zelanda y Bélgica, mercados ubicados en Oceanía y Europa, según la Policía Nacional. La elección de esos destinos evidencia el alcance transnacional de la estructura investigada, que utilizaba la conectividad marítima de Panamá para colocar droga en rutas comerciales internacionales.

La investigación comenzó específicamente el 8 de agosto de 2024 y permitió seguir 19 eventos vinculados a las actividades de la organización.

Mediante técnicas especializadas de investigación, las autoridades lograron decomisar más de una tonelada de sustancias ilícitas. La Policía precisó posteriormente que durante las pesquisas fueron incautados 1,450 paquetes de droga.

La fase operativa desarrollada en julio alcanzó Panamá, Panamá Oeste, San Miguelito y Colón mediante múltiples diligencias simultáneas. Además de las aprehensiones, las autoridades decomisaron cuatro vehículos y más de $14 mil en efectivo. Los indicios recopilados permitieron reconstruir funciones y vínculos dentro de la presunta estructura.

Las primeras audiencias fueron particularmente extensas. La jueza de garantías Hiroko Tinoco Naranjo ordenó inicialmente la detención provisional de 22 personas después de una audiencia de solicitudes múltiples que se prolongó durante cinco días.

La juzgadora consideró la gravedad de los hechos, el peligro para la comunidad y el riesgo de afectar pruebas para justificar la medida.

La Fiscalía formuló imputaciones diferenciadas según la presunta participación de cada investigado. Dieciocho personas fueron imputadas por conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, mientras otras seis enfrentaron cargos por conspiración y tráfico internacional. A otra persona se le atribuyeron conspiración y blanqueo de capitales, de acuerdo con lo planteado durante las audiencias.

El expediente tuvo además un giro internacional cuando un panameño señalado como presunto líder de la estructura fue localizado y detenido en Colombia. El hombre era requerido mediante una notificación roja de Interpol y trabajaba en un puerto de Ciudad de Panamá. Las autoridades consideran que su conocimiento de la logística portuaria resultaba clave para coordinar los envíos.

Según la investigación, el supuesto cabecilla utilizaba su experiencia dentro de las operaciones portuarias para organizar la contaminación de los contenedores.

Tras su ubicación en territorio colombiano quedó sujeto a un proceso para responder en Panamá por conspiración, tráfico internacional de drogas, blanqueo de capitales y delitos contra la seguridad colectiva.

El proceso también produjo condenas anticipadas. Durante las primeras audiencias, varios investigados alcanzaron acuerdos de pena con el Ministerio Público, mientras los otros 22 quedaron sometidos a detención provisional. Las penas acordadas llegaron hasta 120 meses de prisión para algunos de los implicados que aceptaron responsabilidad por los hechos investigados.

La confirmación de las detenciones permite ahora a la Fiscalía continuar reconstruyendo los movimientos de la organización y determinando si existen otros participantes vinculados a las operaciones portuarias.

El expediente busca establecer además la responsabilidad individual en cada uno de los 19 eventos y la dimensión de una estructura que habría convertido contenedores comerciales en vehículos para transportar droga desde Panamá hacia otros continentes.

Una embarcación pesquera que navegaba por aguas del Pacífico panameño escondía 53 sacos dentro de una estructura de doble fondo. Al revisar la carga, las autoridades encontraron 1,567 paquetes rectangulares con presunta sustancia ilícita y aprehendieron a los seis tripulantes que viajaban a bordo, en una nueva operación antidrogas desarrollada cerca del Archipiélago de Las Perlas.

El procedimiento se produjo al sur de Punta Coco, en las inmediaciones del Archipiélago de Las Perlas, después de labores de patrullaje y control del tráfico marítimo ilícito.

La Fiscalía Superior Especializada en Delitos Relacionados con Drogas coordinó la acción con unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) que localizaron e inspeccionaron la embarcación.

Punta Coco está situada en el extremo sur de Isla del Rey, la mayor isla del Archipiélago de Las Perlas, en el golfo de Panamá y sobre la vertiente del Pacífico.

Se encuentra aproximadamente a 110 kilómetros de Ciudad de Panamá y solo es accesible por vía marítima o aérea. En el área funciona además una base del Senan.

El Archipiélago de Las Perlas pertenece administrativamente al distrito de Balboa, provincia de Panamá, y se extiende en medio del golfo de Panamá, frente a las costas del Pacífico.

Su posición geográfica resulta particularmente relevante para las autoridades encargadas de combatir el narcotráfico, debido a las rutas marítimas que atraviesan esta zona del país.

Durante la inspección de la embarcación, los agentes detectaron una estructura modificada que funcionaba como doble fondo, mecanismo utilizado para mantener la carga fuera de la vista durante una revisión superficial. En ese compartimiento fueron encontrados los 53 sacos que contenían los 1,567 paquetes, según informó la Procuraduría General de la Nación.

No es la primera incautación registrada este año en esta zona. En marzo, el Senan decomisó otros 680 paquetes de cocaína cerca de Punta Coco después de interceptar una embarcación que se desplazaba hacia la costa.

Para entonces, las operaciones aeronavales también habían detectado cargamentos en Playa Bongo, otro punto de Isla del Rey, además de sectores del Pacífico central.

El Pacífico panameño constituye una zona estratégica para las operaciones contra el tráfico marítimo de drogas por la posición del país entre Sudamérica y Centroamérica y su extensa fachada oceánica.

Las embarcaciones utilizadas para trasladar cargamentos desde zonas productoras de cocaína pueden emplear rutas marítimas alejadas de la costa antes de aproximarse a puntos de transferencia o continuar hacia otros mercados.

Las estadísticas oficiales reflejan la magnitud del fenómeno. Entre enero y junio de 2026, Panamá decomisó 54.66 toneladas de diferentes tipos de drogas, de acuerdo con cifras preliminares del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC).

Del total incautado, 32.68 toneladas fueron cocaína y otras 21.86 toneladas correspondieron a marihuana.

Aunque Colón encabezó los decomisos provinciales con 15.24 toneladas, varias provincias sobre el litoral Pacífico acumularon cantidades importantes durante el semestre. Panamá Oeste registró 11.65 toneladas; Panamá, 9.65 toneladas; Chiriquí, 9.62 toneladas; Los Santos, 5.08 toneladas, y Darién, otras 1.83 toneladas. La distribución muestra que las incautaciones abarcan buena parte de ambas costas panameñas.

Las cifras también muestran fuertes variaciones mensuales. Mayo fue el mes con mayores decomisos del primer semestre, al alcanzar 12.49 toneladas, seguido de febrero con 10.50 toneladas y enero con 9.95 toneladas. Junio cerró con 7.61 toneladas, mientras marzo y abril registraron 7.05 toneladas cada uno.

El nuevo cargamento localizado frente a Punta Coco equivale a más de 1,500 paquetes adicionales que todavía deberán ser sometidos a pruebas científicas.

La Fiscalía precisó que los análisis determinarán la composición exacta de la sustancia, por lo que oficialmente todavía no se ha establecido qué tipo de droga contenían los envoltorios.

Los investigadores también deberán determinar la procedencia de la embarcación, el origen del cargamento y cuál era su destino final, además de establecer la participación individual de los seis tripulantes. Los aprehendidos serán presentados ante un Tribunal de Garantías para las respectivas audiencias del proceso penal.

El hallazgo vuelve a colocar al Archipiélago de Las Perlas dentro del mapa de las operaciones antidrogas de 2026. La combinación de extensas áreas marítimas, numerosas islas y rutas de navegación en el Pacífico obliga a mantener patrullajes permanentes, mientras las organizaciones criminales recurren a embarcaciones y compartimentos ocultos para intentar trasladar grandes cargamentos sin ser detectados.

El operativo ocurrió el domingo 9 de agosto en el distrito de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, en Ayacucho. Según la información proporcionada por las autoridades, el cargamento superaría los 70 kilogramos de droga y los paquetes estaban marcados con un logotipo de delfín.

La Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Huamanga asumió la investigación preliminar tras la intervención y dispuso la detención en flagrancia de los dos tripulantes de la ambulancia.

Así fue la intervención

La unidad, con placa EQE-944, pertenece al Hospital de Kimbiri y forma parte de la Red de Servicios de Salud Cusco VRAEM. De acuerdo con la información policial, salió de Kimbiri trasladando a un menor que había sufrido un accidente de tránsito y debía ser atendido en el Hospital Regional de Ayacucho.

Durante el recorrido, de más de 260 kilómetros, la ambulancia habría logrado avanzar sin ser sometida a controles debido a que se trataba de un traslado de emergencia y circulaba con la sirena encendida.

Por motivos de seguridad, los agentes esperaron a que el menor fuera internado en el hospital antes de intervenir la unidad. Una vez que el paciente estuvo a salvo, los efectivos procedieron con la inspección del vehículo.

Fue entonces cuando descubrieron una “caleta” acondicionada en la zona del aire acondicionado, a la altura de la camilla. En el compartimiento se encontraron 13 paquetes negros que contenían 69 envoltorios tipo ladrillo con una sustancia que dio positivo para clorhidrato de cocaína.

Los paquetes tenían como distintivo un logotipo de delfín. La información preliminar de las autoridades señala que el cargamento tendría un peso superior a los 70 kilogramos.

Conductor y enfermero fueron detenidos

Los intervenidos fueron identificados como Rubén Sáenz Vega, conductor de la ambulancia, y Jonas León Gutiérrez, quien se desempeñaba como enfermero. Ambos fueron detenidos en flagrancia y quedaron a disposición de las autoridades mientras continúan las diligencias.

La representante del Ministerio Público dispuso la realización del peritaje químico, el pesaje oficial de la droga y una inspección integral de la ambulancia.

Estas diligencias permitirán establecer con precisión el peso del cargamento, así como determinar cómo fue acondicionada la caleta y quiénes participaron en el traslado.

La investigación busca establecer dónde fue acopiada la sustancia ilícita y cuál era su destino final. Tampoco se descarta que el cargamento haya sido trasladado desde una zona del VRAEM hacia Ayacucho para posteriormente continuar su recorrido hacia otros puntos del país o mercados internacionales.

La Policía y el Ministerio Público también buscan determinar quiénes acondicionaron el compartimiento oculto, quién entregó la droga y si los dos intervenidos actuaban por cuenta propia o formarían parte de una estructura criminal dedicada al acopio, transporte y comercialización de cocaína.

La información policial vincula el operativo con la desarticulación de la presunta banda criminal “La Cruz Blanca”. Sin embargo, la responsabilidad individual de los detenidos y su eventual pertenencia a dicha organización deberán ser determinadas durante la investigación fiscal.

Un operativo de la Fuerza Pública y la Policía de Control de Drogas (PCD) de Costa Rica permitió decomisar más de 250 kilos de marihuana durante un control de carretera realizado en la localidad de Macho Gaff, en San Isidro de El Guarco, Cartago.

El hallazgo ocurrió cuando oficiales de la Fuerza Pública mantenían un control preventivo en carretera y decidieron intervenir dos vehículos que circulaban por la zona.

Durante la inspección inicial, los policías observaron desde la parte exterior de uno de los automotores varios bultos, una situación que despertó sospechas de que podrían contener algún tipo de sustancia ilícita.

Ante la posibilidad de que se tratara de droga, los oficiales coordinaron con la Fiscalía de Cartago, que solicitó la presencia de agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) para realizar una revisión más exhaustiva de los vehículos.

Los agentes localizaron en uno de los automotores 524 paquetes de marihuana, cada uno con un peso aproximado de 500 gramos.

En total, el cargamento superaba los 250 kilogramos de marihuana.

El segundo vehículo revisado no tenía droga en su interior. Sin embargo, las autoridades determinaron que aparentemente tendría relación con el traslado del cargamento, por lo que ambos automotores fueron decomisados por la PCD como parte de las diligencias de investigación.

Además de la droga y los vehículos, los agentes incautaron ₡127,000 (USD 282) y USD 217.

Uno de los detalles que llamó la atención de los investigadores fue la apariencia de los paquetes.

Los envoltorios de marihuana tenían imágenes relacionadas con figuras conocidas del narcotráfico mexicano, entre ellas Rafael Caro Quintero y Pedro Avilés Pérez.

También aparecía la imagen de Jesús Malverde, personaje conocido popularmente como el llamado “santo de los narcos mexicanos”.

La presencia de estas imágenes quedó registrada durante la inspección del cargamento y forma parte de los elementos incorporados a la investigación sobre el origen y destino de la droga.

Las autoridades deberán determinar ahora de dónde procedía el cargamento, hacia dónde sería trasladado y cuál era la participación específica de las personas detenidas.

Dos detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía

Durante el operativo fueron detenidos dos hombres, quienes figuran como sospechosos de transportar la droga.

Uno de ellos es de apellido Thomson, quien cuenta con antecedentes judiciales por portación ilegal de arma de fuego, robo de vehículo, tenencia de droga y robo agravado.

El segundo detenido es de apellido Torres, quien registra un expediente relacionado con receptación, infracción a la Ley Fiscal, contrabando de mercancías varias y conducción temeraria.

Ambos fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público, que deberá definir las medidas cautelares que correspondan mientras avanza la investigación.

Las autoridades judiciales deberán establecer si los sospechosos mantenían algún vínculo previo con el cargamento o si formaban parte de una estructura dedicada al transporte y distribución de drogas.

Un cargamento descubierto durante un control

El decomiso se produjo como resultado de una labor preventiva de la Fuerza Pública en carretera.

Los oficiales que realizaban el control en Macho Gaff detectaron los bultos desde el exterior de uno de los vehículos, lo que permitió activar el protocolo correspondiente y solicitar la intervención de la PCD.

La coordinación entre la Fuerza Pública, la Fiscalía y la Policía de Control de Drogas permitió realizar la inspección de los automotores y confirmar que uno de ellos transportaba un importante cargamento de marihuana.

La incautación de 524 paquetes, que en conjunto superan los 250 kilos, representa un golpe a la logística de transporte de drogas que utiliza las carreteras nacionales para movilizar cargamentos entre diferentes puntos del país.

Por ahora, la investigación continúa abierta y las autoridades buscan determinar el origen de la marihuana, su posible destino y la estructura criminal detrás del traslado.

Los dos vehículos permanecerán bajo custodia como parte de las diligencias relacionadas con el caso, mientras que los dos detenidos deberán enfrentar el proceso judicial correspondiente.

El caso quedó en manos del Ministerio Público, que deberá solicitar las medidas cautelares que considere necesarias ante el juzgado competente.

La noche de este lunes Carabineros de Chile confirmó la desvinculación de uno de sus funcionarios, quien fue detenido y será formalizado esta jornada junto a un ciudadano mexicano y otro colombiano, acusados de pertenecer a una banda narco vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación.

Desde el Departamento de Comunicaciones de dicha institución emitieron un comunicado señalando que el actuar del ahora exuniformado “no representa los valores ni principios de los miles de hombres y mujeres que diariamente trabajan por el bienestar y seguridad de la ciudadanía”, reiterando que no tolerarán “conductas que vulneren la ley ni la confianza pública”.

La investigación, liderada por la Fiscalía de Alta Complejidad de San Antonio (115 kms al oeste de Santiago), permitió además incautar 400 kilos de cocaína, la que según un reportaje de Mega Investiga sería enviada vía marítima desde ese puerto a Europa.

De acuerdo a la nota, la organización fue desarticulada luego de que uno de sus “dealers” fuera detenido en la frontera con el Perú y diera información sobre el resto de los miembros de la banda.

Por ahora, la investigación apunta a establecer el rol del carabinero acusado y el de sus compinches extranjeros dentro de la estructura criminal, amén de “mapear” sus conexiones con el cártel de drogas más peligroso de México y la ruta de la droga tanto hacia Chile como fuera del país.

Desde San Antonio al mundo

Sin embargo, las autoridades están preocupados por el ingente decomiso de drogas en el Puerto de San Antonio, considerado por la Oficina de la Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito como “uno de los principales puntos para trasladar droga a nivel internacional”, tal como lo advirtió Ainhoa Vásquez, académica de la Universidad Técnica Federico Santa María y autora del libro Narcocultura.

“No es extraño que un cártel tan importante como Jalisco Nueva Generación, que además sabemos sigue operativo y tiene muchas redes internacionales a pesar del asesinato del Mencho, utilice o busque utilizar esta ruta”, señaló a BioBíoChile.

De paso, sostuvo que Chile desde hace varios años se ha ido convirtiendo en un paso estratégico para la droga proveniente sobre todo de Bolivia y Colombia debido a su larga frontera potencialmente vulnerable, un mercado interno cada día más grande y la serie de puertos que conectan al país con el resto del mundo, ya sea hacia Europa como hacia Oceanía y Asia.

Por ahora, resta saber cuáles serán los cargos por los que el Ministerio Público imputará a los tres acusados.

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) interceptó este lunes 100 cigarrillos electrónicos tipo vaper con un líquido que se presume es marihuana en el Muelle de Haina Oriental, donde los dispositivos estaban camuflados en un cargamento de alimentos y ropa usada.

De acuerdo con la DNCD, el paquete fue enviado desde Brooklyn, Nueva York, y tenía como destino a un hombre con supuesta residencia en Piedra Blanca, municipio de Jarabacoa, provincia La Vega. La institución identificó que la remitente sería una mujer residente en un edificio de apartamentos en Brooklyn.

La detección se produjo en el área de consolidación de carga tras aplicar perfiles de riesgo e inspeccionar un contenedor que transportaba tanques con cajas de alimentos y ropa. La caja intervenida declaraba contener solo ropa usada y comida enlatada.

¿Qué encontraron en el paquete?

Según el organismo, al abrir el paquete por instrucciones del fiscal, las autoridades hallaron un doble fondo con los 100 vapers, de distintas marcas comerciales, junto con múltiples rollos de papel. Los dispositivos fueron sellados en fundas de seguridad y trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes.

“La totalidad de los dispositivos electrónicos fue sellada en fundas de seguridad y trasladada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes”, enfatiza el reporte de las autoridades.

Frecuentemente buscan esconder droga en otros objetos

Este domingo las desmantelaron un centro de acopio, mezcla y distribución de presuntos narcóticos que operaba en apartamento de un residencial del sector Renacimiento, en el Distrito Nacional.

Los agentes y fiscales, incautaron 397 gramos de tusi, 390 de cocaína, 340 dosis de ketamina, 42 gramos de marihuana, 4.7 gramos de crack, para un total consolidado de 1, 174 gramos. A esto se suma el decomiso de unas 404 pastillas presumiblemente de éxtasis de color rojo, naranja y verde. En la residencia se confiscaron equipos presuntamente utilizados para la dosificación, mezcla, procesamiento y empaque de los narcóticos, incluyendo, una trituradora, una selladora al vacío y cuatro balanzas digitales.

En julio, autoridades de la DNCD interceptaron en el Aeropuerto Internacional de Las Américas un envío con 83 pastillas de presunta cocaína ocultas en la costura de una blusa, según un comunicado oficial. De acuerdo con la institución, el paquete iba dirigido a un destinatario en Nueva York, Estados Unidos, y las autoridades mantienen abiertas las pesquisas para determinar la identidad real del remitente y del receptor.

El hallazgo ocurrió durante una inspección rutinaria en un depósito de la terminal, con participación del Ministerio Público, el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC) y unidades caninas. Los inspectores detectaron una caja de regalos que contenía una prenda con doble costura, de cuyos dobladillos extrajeron las píldoras.

La institución precisó que el envío habría sido despachado por una mujer con dirección en la Avenida San Vicente de Paul, en Santo Domingo Este, y que el destinatario sería un hombre domiciliado en Wood Avenue, Monticello, en el estado de Nueva York. Las autoridades investigan si los datos consignados corresponden a personas reales o a identidades ficticias.

Las pastillas incautadas fueron embaladas y remitidas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para su análisis. Hasta el momento, no se informó sobre personas detenidas. En la misma semana, la Procuraduría General de la República y la DNCD, con apoyo de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), extraditaron a otros dos dominicanos a Nueva York bajo acusaciones de narcotráfico a gran escala y otros delitos.

Dos policías recibieron una condena de cinco años y seis meses de prisión efectiva por exigir dinero a un comerciante de Lambayeque tras ingresar a su barbería, apoderarse de sus pertenencias y colocar un paquete que, según los propios agentes, contenía cocaína.

La sentencia fue obtenida por el Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Lambayeque, que atribuyó a los efectivos la autoría del delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.

Además de la pena privativa de libertad, el órgano jurisdiccional impuso a los dos sentenciados cuatro años de inhabilitación para ejercer funciones públicas. La resolución también fijó una reparación civil de S/ 16.000, con un monto de S/ 8.000 para cada policía.

Los hechos investigados por el fiscal adjunto provincial Julio César Pilco Goñas ocurrieron el 7 de marzo de 2025, cuando los agentes ingresaron a una barbería de Lambayeque y sometieron al encargado del establecimiento a una serie de acciones que terminaron con una exigencia de dinero a cambio de evitar una supuesta denuncia por drogas.

Ingreso a la barbería y sustracción de dinero

Según la investigación fiscal, los dos efectivos ingresaron al establecimiento durante la tarde del 7 de marzo de 2025. Dentro del local se dirigieron hacia el encargado, identificado como Manuel Namuche, y registraron los bolsillos de su ropa.

Los policías se apoderaron del dinero que llevaba consigo el comerciante. Después, cerraron las puertas de la barbería y desconectaron el suministro eléctrico mediante la llave general del establecimiento.

La Fiscalía de Lambayeque señaló que los agentes también desconectaron la cámara de seguridad del local. Esta acción ocurrió antes de que los efectivos ingresaran a otro ambiente del negocio.

De acuerdo con el expediente fiscal, los policías ingresaron al baño de la barbería y retiraron un paquete que, según afirmaron, contenía cocaína. Luego procedieron a pesar la sustancia frente al agraviado.

Los efectivos utilizaron la supuesta presencia de droga para amenazar al comerciante con una condena de hasta 20 años de prisión. También le dijeron que perdería su carrera y que no volvería a ver a su hija.

La acusación fiscal sostiene que estas amenazas fueron parte de la presión ejercida contra Namuche para obtener dinero. La situación dentro del local derivó en una exigencia económica por parte de los policías.

Exigencia de S/ 5.000 y entrega de parte del dinero

Los dos agentes exigieron al comerciante el pago de S/ 5.000 a cambio de solucionar el supuesto problema relacionado con la droga encontrada en la barbería.

Ante la exigencia, los efectivos permitieron que el agraviado se comunicara con su madre. La mujer consiguió reunir una parte del monto solicitado y entregó S/ 2.000.

La investigación fiscal precisa que los policías no dieron por concluida la exigencia con ese primer pago. Los agentes indicaron que regresarían posteriormente para cobrar el saldo restante.

Después de recibir los S/ 2.000, los efectivos obligaron al agraviado y a su madre a descender del vehículo.

La investigación estuvo a cargo del fiscal adjunto provincial, quien presentó los elementos relacionados con el ingreso de los efectivos a la barbería, la sustracción del dinero, la desconexión de la cámara de seguridad, la supuesta droga y la posterior exigencia económica.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el procedimiento se realizó este domingo en la calle Cachimayo al 1900, en el Barrio Illia, donde los efectivos frenaron la marcha de un Fiat Siena gris en el que viajaban el ciudadano argentino de 25 años con antecedentes penales y una mujer de 23.

Al revisar el vehículo, los policías detectaron en los asientos traseros un ladrillo compacto envuelto en papel amarillo. Tras la inspección, confirmaron que el bulto contenía 1.062 gramos de cocaína.

La droga presentaba en la parte superior el logo bajo relieve de un delfín, una marca que habitualmente aparece en operativos contra células narco sudamericanas y que se asocia al clan liderado por Reynaldo Delfín Castedo, alias “Patrón del Norte”, actualmente detenido y conocido por controlar rutas de tráfico en la frontera con Bolivia.

El caso quedó a cargo de la fiscal Catalina Neme, de la Unidad de Flagrancia Oeste, quien dispuso la detención de ambos sospechosos y el secuestro tanto de la droga como de dos teléfonos celulares y del vehículo en el que circulaban.

Fuentes del caso detallaron a este medio que el joven de 25 años contaba por contravenciones, con fecha de 2024, por ejercer como “trapito” en eventos masivos y por intentar ingresar a los estadios sin entrada.

Días atrás, agentes de la Policía de la Ciudad llevaron a cabo varios operativos en distintos barrios porteños que permitieron desarticular una organización narco familiar dedicada a la venta de drogas en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El procedimiento incluyó siete allanamientos en la Villa 1-11-14, Parque Chacabuco, La Boca e Isidro Casanova, y terminó con ocho personas detenidas: cinco mujeres y tres hombres, dos de ellos con antecedentes penales.

A su vez, los efectivos incautaron más de 8 kilos de marihuana, más de medio kilo de cocaína, pasta base, dinero en efectivo, cámaras de seguridad, balanzas de precisión y dispositivos de comunicación.

La organización operaba tanto al menudeo como a gran escala, utilizando diversos inmuebles para almacenar la droga y empleando “alertadores” que advertían sobre la presencia policial, lo que dificultaba la intervención directa de las fuerzas de seguridad.

Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas Número 7, que dispuso además el secuestro de todos los estupefacientes y elementos vinculados a la comercialización. Según las fuentes consultadas por este medio, con este operativo la organización quedó completamente desarticulada y fuera de circulación.

La Xunta de Galicia ha frenado la iniciativa y ha abierto un expediente sancionador a la empresa que la comercializaba, al considerar que estaba organizando una actividad turística sin contar con la habilitación necesaria. La infracción puede acarrear una multa de entre 901 y 9.000 euros. La Administración autonómica también ha puesto sobre la mesa el posible perjuicio para la imagen turística de Galicia que, a su juicio, puede provocar una propuesta que convierte el narcotráfico en reclamo.

La ruta, que Oubiña presentó en redes sociales como “la ruta del contrabando y del narcotráfico de hachís desde el año 70 al año 2000″, estaba prevista a bordo de “La Nécora”, un nombre elegido en referencia a la Operación Nécora, el histórico operativo policial de 1990 contra las redes de narcotráfico gallegas. Según explicó el propio Oubiña en el vídeo con el que anunció la iniciativa, el recorrido comenzaría en Baiona y terminaría en O Grove, atravesando las rías de Vigo, Pontevedra y Arousa, además de un tramo de la costa de Baiona.

El recorrido incluía alrededor de quince enclaves. La embarcación tenía previsto pasar por San Vicente do Mar, el muelle de Meloxo, la isla de Cortegada, Carril, la desembocadura del Ulla, Rianxo, A Pobra do Caramiñal, Ribeira, Aguiño, Sálvora y Ons. En esta última estaba prevista una parada para comer antes de emprender el regreso a O Grove.

No se trataba, por tanto, únicamente de una excursión marítima. El precio de 189 euros incluía el trayecto, desayuno, aperitivos y bebidas durante la navegación y una comida en la isla de Ons. La organización había previsto además que Oubiña firmase libros y comercializase productos vinculados a su marca durante el viaje. El barco elegido tiene capacidad para unas 250 personas, aunque la experiencia se había planteado para unos 150 pasajeros.

Oubiña quería contar cómo funcionaban sus operaciones

El atractivo de la ruta estaba precisamente en que quien ejercería de guía era el protagonista de buena parte de la historia que se pretendía contar. Oubiña quería explicar a los pasajeros cómo se preparaban las descargas de tabaco y hachís, en qué lugares se producían y cómo intentaban esquivar la vigilancia de la Guardia Civil.

El exnarcotraficante, de 80 años, ha relatado en distintas ocasiones su trayectoria en el contrabando y el narcotráfico y ha convertido ese pasado en parte de su actividad comercial. Ha publicado libros sobre su vida y vende productos vinculados a su figura a través de Pejurito S.L.U., la sociedad que también estaba detrás de la organización de la ruta.

Oubiña explicó en numerosas ocasiones algunos detalles de aquellas operaciones y habló de cargamentos de hachís de hasta 15 toneladas y de descargas de unas 1.200 cajas de tabaco. Esas cifras forman parte de su propio relato sobre los años en los que se dedicó al contrabando y al narcotráfico. La ruta pretendía precisamente llevar ese relato al terreno en el que ocurrieron los hechos. La ría de Arousa, que durante décadas fue uno de los principales escenarios del contrabando en Galicia, se convertía así en el escenario de una excursión en la que Oubiña reconstruiría su pasado mientras navegaba por algunos de los puntos que, según su versión, estuvieron vinculados a sus operaciones.

La iniciativa no estaba pensada como una experiencia aislada. Si la primera salida tenía éxito, Oubiña había planteado organizar nuevas rutas por otros puntos de Galicia, entre ellos Muros, la Costa da Morte y Lugo, además de Portugal. También había contemplado dedicar una excursión a su huida a Grecia y a su posterior detención por Interpol.

La propuesta había comenzado a comercializarse antes de la intervención de la Xunta y la organización aseguraba que había vendido una parte importante de las plazas. El precio y las condiciones estaban publicados en la oferta de la excursión, que también establecía un número mínimo de pasajeros para garantizar la viabilidad económica de la salida.

Turismo considera que la empresa no podía organizar la excursión

La intervención de la Xunta no se produce formalmente por el contenido de la ruta, sino por la manera en la que estaba siendo comercializada. La Inspección de Turismo actuó de oficio tras conocer la iniciativa y abrió un expediente sancionador a Pejurito S.L.U., la empresa vinculada a Oubiña que estaba detrás de la venta de la experiencia.

El problema, según la Administración autonómica, es que la sociedad no está habilitada como agencia de viajes y no figura inscrita como tal en el Registro de Empresas e Actividades Turísticas de Galicia. La Xunta entiende que la actividad que se estaba ofreciendo iba más allá de un simple paseo en barco y constituía un paquete turístico.

La excursión reunía bajo una misma oferta varios servicios: transporte marítimo, una actividad guiada, restauración y otros servicios complementarios. Todo ello se comercializaba conjuntamente y por un precio único. Para Turismo, esa fórmula exige una habilitación que la empresa de Oubiña no tiene. El expediente puede terminar con una sanción de entre 901 y 9.000 euros. La tramitación administrativa, no obstante, todavía no ha concluido, por lo que la multa no es firme.

Además de la cuestión administrativa, la Xunta ha señalado el impacto que una iniciativa de este tipo puede tener sobre la imagen turística de Galicia. La normativa contempla la posibilidad de actuar cuando una actividad turística ocasiona un perjuicio notorio a esa imagen, y la Inspección considera que utilizar el narcotráfico como reclamo turístico puede encajar en ese supuesto.

La decisión de Turismo se produce después de que la ruta provocase también el rechazo de organizaciones que llevan décadas trabajando contra el narcotráfico en Galicia. Érguete criticó que se utilizase con fines comerciales el sufrimiento provocado por la droga entre las víctimas y sus familias. La Fundación Galega contra o Narcotráfico calificó la iniciativa de “inaceptable” y cuestionó que se presentase como atractivo turístico una parte de la historia de las Rías Baixas marcada por el tráfico de drogas.

La salida estaba prevista para el 29 de agosto. Oubiña pretendía entonces subir a “La Nécora” para recorrer las rías de Vigo, Pontevedra y Arousa y contar, desde su propia perspectiva, cómo se desarrollaba el contrabando en aquellos mismos lugares. La actuación de la Xunta deja ahora la ruta en suspenso mientras se tramita el expediente abierto a la empresa que la organizaba.

La operación “Caballo de Troya” permitió desarticular una presunta modalidad de microtráfico que utilizaba puestos de vendedores ambulantes como fachada para comercializar drogas en áreas de alta concurrencia de San Miguelito.

La acción terminó con siete personas aprehendidas y se suma a varios casos registrados durante los primeros días de agosto en Panamá, con métodos que van desde compartimentos ocultos en embarcaciones hasta el tráfico a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas desarrolló la operación en Los Andes, Paraíso, Santa Marta, San José y La Gran Estación, en coordinación con la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional.

Precisamente en La Gran Estación, según la Procuraduría, los investigados se presentaban como buhoneros mientras presuntamente comercializaban sustancias ilícitas cerca de establecimientos y espacios con elevado movimiento de personas.

El mecanismo permitía mezclar la presunta actividad ilícita con el movimiento cotidiano de vendedores y compradores, reduciendo las posibilidades de despertar sospechas entre quienes transitaban por el área.

Durante los procedimientos fueron aprehendidas siete personas y las autoridades decomisaron dinero presuntamente relacionado con las ventas y sustancias que serán sometidas a pruebas científicas para determinar su composición.

Los detenidos deberán comparecer ante un Tribunal de Garantías para continuar el proceso judicial. El caso pone nuevamente el foco sobre el microtráfico en espacios urbanos de intensa actividad comercial, pero no es el único expediente reciente en el que las autoridades panameñas han encontrado mecanismos utilizados presuntamente para ocultar o transportar sustancias ilícitas sin ser detectadas.

Otro caso terminó con una condena de 88 meses de prisión contra una pasajera extranjera que transitaba por la zona internacional del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

La mujer tenía como destino final París, Francia, cuando fue sometida a una inspección de rutina realizada por las autoridades panameñas en coordinación con la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional.

El Tribunal de Garantías declaró legal su aprehensión y admitió la imputación por delitos relacionados con drogas, antes de que el proceso concluyera mediante un acuerdo de pena. Además de los 88 meses de cárcel, se ordenó el decomiso de 1,185 euros que llevaba la condenada, monto que deberá ser convertido a moneda nacional, unos $1,369.

Las acciones contra el tráfico de drogas también alcanzaron durante los últimos días la provincia de Los Santos. La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas consiguió tres condenas por venta de sustancias ilícitas en el distrito de Parita, después de investigaciones que documentaron transacciones realizadas en diferentes fechas entre finales de julio y comienzos de agosto.

En el primer expediente, un ciudadano fue condenado a 90 meses de prisión mediante la Sentencia N.° 290, después de comprobarse ventas efectuadas el 24 y 29 de julio y el 3 de agosto. En otra audiencia, dos personas recibieron penas de 92 meses de cárcel cada una por hechos ocurridos en Parita Cabecera.

Las investigaciones determinaron que estos últimos realizaron ventas el 25 y 29 de julio y nuevamente el 3 de agosto. Durante las diligencias, las autoridades también localizaron sustancias ilícitas adicionales dentro de la residencia de uno de los involucrados, ampliando los indicios incorporados por la Fiscalía al proceso penal.

Uno de los decomisos de mayor volumen ocurrió en la costa Caribe. Dos panameños quedaron bajo detención provisional por posesión agravada de drogas y alteración de la estructura de un medio de transporte, luego de que las autoridades descubrieran un compartimento diseñado para esconder cientos de paquetes dentro de una embarcación.

Los hombres fueron aprehendidos la noche del 3 de agosto en Playa Chiquita, Costa Arriba de Colón, después de que unidades del Servicio Nacional Aeronaval retuvieran la nave. Durante el posterior allanamiento, la Fiscalía de Drogas encontró una estructura de doble fondo en cuyo interior permanecían ocultos 530 paquetes.

Los análisis realizados por el Laboratorio de Sustancias Controladas determinaron que los paquetes contenían 587 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Un Tribunal de Garantías legalizó las aprehensiones, permitió la formulación de cargos y ordenó que ambos ciudadanos permanezcan detenidos mientras continúan las investigaciones sobre el cargamento y su destino.

La Secretaría de Marina aseguró 1,170 kilogramos de presunta cocaína y detuvo a seis personas durante una operación de vigilancia marítima realizada a 460 millas náuticas (851 kilómetros) al sur de Acapulco, en el estado de Guerrero, de acuerdo con información oficial fechada este 07 de agosto de 2026.

Las personas detenidas viajaron en una embarcación menor equipada con tres motores fuera de borda. Del total, tres tripulantes fueron de nacionalidad mexicana y tres de nacionalidad ecuatoriana, según la autoridad naval.

La localización ocurrió durante recorridos de patrullaje en alta mar. El personal naval ubicó la embarcación y realizó una inspección que derivó en el aseguramiento del cargamento y de diversos materiales relacionados con la travesía.

Como parte de la revisión, la Marina aseguró 39 bultos con paquetes que contenían aproximadamente 1,170 kilogramos de presunta cocaína. También quedó asegurada la embarcación menor con sus tres motores fuera de borda.

En el mismo operativo se decomisaron 49 bidones con aproximadamente 2,450 litros de combustible, además de tres equipos de comunicación satelital y dos radiobalizas, conforme al reporte oficial.

Tras el aseguramiento, la autoridad informó que las seis personas fueron detenidas en el lugar y se les notificaron sus derechos de ley. El caso se integró dentro de acciones vinculadas con la Estrategia Nacional de Seguridad.

La Marina señaló que la operación se realizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la FGR. Los detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público Federal para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

La autoridad precisó que el Ministerio Público Federal determinó el trámite legal subsecuente y que la situación jurídica de las personas detenidas se resolvería conforme avanzaran las investigaciones, de acuerdo con el procedimiento aplicable.

La Secretaría de Marina indicó que este tipo de acciones formaron parte de labores de vigilancia marítima orientadas a inhibir actividades de la delincuencia organizada y a combatir el tráfico ilícito de drogas. También sostuvo que los operativos se enfocaron en contribuir al mantenimiento del Estado de derecho y a la seguridad en el país.

• Aseguraron 1,170 kilogramos de presunta cocaína en el Pacífico, a 460 millas náuticas (851 kilómetros) al sur de Acapulco, Guerrero.
• Detuvieron a seis personas: tres mexicanas y tres ecuatorianas, a bordo de una embarcación menor con tres motores fuera de borda.
• Decomisaron 2,450 litros de combustible, equipos satelitales y radiobalizas; el caso quedó a disposición del Ministerio Público Federal.

El aseguramiento ocurrió menos de 24 horas después de otro operativo marítimo frente a Guerrero, en el que la Marina detuvo a cinco personas y aseguró 829 kilos de presunta cocaína.

Segundo decomiso frente a Guerrero

En ese operativo anterior, elementos navales localizaron una embarcación menor con tres motores fuera de borda y 13 bultos. La unidad navegaba aproximadamente a 195 millas náuticas al sur de Guerrero, de acuerdo con información de la Secretaría de Marina.

Los 13 bultos registraron un peso aproximado de 829 kilos, incluido el embalaje. La Marina trasladó el cargamento y a las cinco personas detenidas al puerto de Acapulco para su puesta a disposición de las autoridades federales.

En ese caso, la Semar estimó el valor del aseguramiento en 180 millones de pesos y señaló que la cantidad correspondía a aproximadamente 1.6 millones de dosis. La dependencia también informó que en junio sumaban más de 72 toneladas de cocaína aseguradas en el mar durante la administración federal.

Los aseguramientos frente a Guerrero se sumaron a operaciones marítimas recientes realizadas por la Armada de México en el Pacífico. El 28 de julio, personal naval aseguró una embarcación frente a Chiapas con aproximadamente 1.14 toneladas de presunta cocaína, 840 litros de combustible y equipo de navegación. Tres personas quedaron detenidas.

En ese operativo, la embarcación contaba con cuatro motores fuera de borda y transportaba 38 bultos con la presunta droga. La unidad fue localizada a unas 385 millas náuticas, equivalentes a aproximadamente 713 kilómetros, al suroeste de Chiapas.

La Marina mantiene recorridos de vigilancia marítima en el Pacífico como parte de sus operaciones en funciones de Guardia Costera. En los distintos aseguramientos, las personas detenidas y los objetos localizados quedan a disposición de las autoridades ministeriales para las investigaciones correspondientes.

El caso movilizó a personal especializado luego de una intervención realizada en el sector Morro Solar. La diligencia permitió el decomiso de sustancias ilícitas y otros objetos que, según la Policía Nacional, guardarían relación con la venta de estupefacientes. El Ministerio Público participa en las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.

Las primeras acciones policiales también incluyeron medidas de protección para una menor de edad ubicada dentro del inmueble. De acuerdo con la información oficial, la Fiscalía dispuso su entrega a un familiar mientras continúan las diligencias vinculadas al caso.

La intervención dejó como resultado la detención de una joven de 18 años, quien permanece bajo investigación por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas. Las autoridades mantienen abiertas las pesquisas para esclarecer la totalidad de los hechos y determinar la participación de otras personas.

Operativo permitió descubrir droga oculta en un coche de bebé

Según fuentes de la Policía Nacional del Perú, los agentes del Grupo Terna realizaron la intervención luego de observar a una joven entregar una bolsa con envoltorios a un hombre a cambio de dinero. Esa situación motivó la acción inmediata de los efectivos.

De acuerdo con la PNP, al notar la presencia policial, la sospechosa ingresó a una vivienda ubicada en el sector Morro Solar, mientras el presunto comprador escapó con dirección a la quebrada Amojú. Ante esa circunstancia, los agentes ingresaron al inmueble para efectuar el registro correspondiente.

Durante la inspección, los policías localizaron un coche de bebé que ocultaba un total de 558 envoltorios tipo “kete” con pasta básica de cocaína. El hallazgo constituyó uno de los principales resultados de la diligencia desarrollada en la ciudad de Jaén.

Incautación incluyó droga, dinero y materiales utilizados para la venta

La revisión del inmueble permitió además la incautación de varias bolsas con pasta básica de cocaína. Según la información preliminar de la Policía Nacional, el peso aproximado del estupefaciente asciende a 506 gramos.

Los efectivos también decomisaron S/ 230 en efectivo, recortes de papel y otros elementos que, de acuerdo con la PNP, serían utilizados para la comercialización de la droga. Todo el material quedó bajo custodia para las pericias e investigaciones correspondientes.

Las sustancias y las especies incautadas fueron trasladadas junto con la detenida a la unidad especializada de la Policía Nacional, donde continúan las diligencias previstas dentro del proceso de investigación.

Menor fue puesta bajo protección por disposición fiscal

Durante el registro de la vivienda, los agentes encontraron a una menor de 11 años. Conforme a la disposición del Ministerio Público, la niña fue entregada a un familiar para garantizar su protección mientras avanzan las investigaciones.

La medida respondió al protocolo aplicado en intervenciones donde existen menores de edad presentes durante diligencias relacionadas con presuntos delitos. Las autoridades no informaron sobre alguna condición de investigada respecto de la menor.

El Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú mantienen las investigaciones para establecer las circunstancias del caso, identificar a los posibles involucrados y determinar el destino de la droga y de los demás elementos incautados durante el operativo realizado en Jaén, región Cajamarca.

El repunte de los decomisos de drogas en la República Dominicana durante los primeros seis meses de 2026 ya representa más de las tres cuartas partes del total incautado en todo el año anterior. De acuerdo con cifras de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), entre enero y junio se confiscaron 24,139.53 kilogramos de sustancias controladas, lo que equivale a un incremento de 33.76% respecto al mismo periodo de 2025. El volumen registrado supera en 6,091.92 kilogramos lo ocupado en el primer semestre del año pasado, cuando los decomisos sumaron 18,047.61 kilogramos.

Las estadísticas reflejan que más del 99% de las sustancias retiradas de circulación corresponden a marihuana y cocaína, que continúan siendo las drogas predominantes en los operativos del organismo antidrogas. La marihuana fue la droga más incautada en el semestre, con 12,101.94 kilogramos, apenas 171.10 kilogramos por encima de la cocaína, que alcanzó 11,930.84 kilogramos. Un dato relevante es que las incautaciones de marihuana durante el primer semestre ya rebasaron el total de todo 2025, cuando se decomisaron 11,660.08 kilogramos, según detalló Diario Libre.

La distribución trimestral de los decomisos muestra un cambio marcado en el ritmo de las operaciones. Entre enero y marzo, la DNCD registró la ocupación de 1,036.93 kilos de marihuana. Sin embargo, entre abril y junio, la cifra saltó a 11,065.01 kilogramos, lo que significa que más del 90% de toda la marihuana incautada en el semestre se concentró en el segundo trimestre. En el mismo periodo de 2025, las autoridades habían ocupado 9,164.87 kilos de esa sustancia.

Evolución de la cocaína y balance semestral

En el caso de la cocaína, el crecimiento interanual fue el más alto en términos absolutos. Los decomisos aumentaron en 3,120.65 kilogramos, lo que equivale a un 35.4% más que el año anterior. El incremento de la marihuana fue de 2,937.07 kilogramos, equivalente a 32%. La distribución de la cocaína entre los dos trimestres fue más equilibrada: entre enero y marzo se incautaron 6,388.37 kilogramos y entre abril y junio, 5,542.47 kilogramos. En el primer semestre de 2025, el total de cocaína confiscada había sido de 8,810.19 kilogramos.

Otras sustancias también presentaron incrementos, aunque en volúmenes menores respecto a las dos principales. Los decomisos de crack pasaron de 68.77 a 79.68 kilogramos de un año a otro. El hachís aumentó de 1.22 a 17.34 kilogramos, el opio de 1.31 a 7.18 kilogramos y el éxtasis de 1.26 a 2.55 kilogramos.

En paralelo a los decomisos, las acciones contra el narcotráfico derivaron en la detención de 24,076 personas entre enero y junio, cifra que representa 127 más que en el mismo periodo del año anterior. Además, las autoridades ocuparon 984 vehículos y 212 armas de fuego en el marco de los operativos realizados en diferentes puntos del país, de acuerdo con los datos recopilados por Diario Libre.

Las cifras reflejan una variación en el ritmo de los operativos y un aumento en la cantidad de drogas retiradas de circulación durante 2026. La marihuana y la cocaína fueron las sustancias con mayor presencia en el balance semestral.

Un operativo ejecutado por la Policía Nacional del Perú (PNP) permitió frustrar el traslado de un millonario cargamento de droga que era movilizado por una ruta fluvial en la provincia de Satipo, región Junín. La intervención fue realizada por agentes especializados de la Dirección Antidrogas, quienes descubrieron que una pequeña embarcación había sido modificada con un compartimento oculto para transportar la sustancia ilícita sin levantar sospechas durante su recorrido.

De acuerdo con las autoridades, el cargamento estaba conformado por 220 paquetes de clorhidrato de cocaína y formaba parte de una cadena de distribución internacional que buscaba sacar la mercancía del país para enviarla hacia Europa, donde su valor habría alcanzado aproximadamente 2 millones de dólares. La intervención evitó que la droga continuara su recorrido por una compleja ruta que incluía el transporte fluvial, terrestre y aéreo antes de salir al extranjero.

Operativo en Satipo permitió decomisar 220 paquetes de cocaína que tenían como destino Europa

La intervención se desarrolló en la provincia de Satipo, en la región Junín, como parte de las acciones permanentes que ejecuta la Dirección Antidrogas (Dirandro) para combatir el tráfico ilícito de drogas en la selva central. El operativo estuvo a cargo de la unidad Los Sinchis de Mazamari, especializada en operaciones de alto riesgo contra organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

El coronel Luis Enrique Cabrera Lozano, jefe de la División de Maniobras contra el Tráfico Ilícito de Drogas, explicó que el hallazgo fue posible gracias al trabajo de inteligencia desarrollado por los agentes antidrogas, quienes detectaron movimientos sospechosos relacionados con una organización criminal que operaba en la zona.

Durante la inspección de la embarcación, los efectivos descubrieron un doble fondo construido especialmente para ocultar la mercancía ilegal. Este compartimiento había sido acondicionado para evitar que la carga fuera detectada durante controles rutinarios en los ríos de la Amazonía.

“(La droga) estaba acondicionada en un bote pequeño con doble fondo para intentar pasar desapercibida. Sin embargo, el trabajo de inteligencia y las acciones propias de la función permitieron detectar a una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas”, declaró el oficial durante una entrevista con TVPerú.

Las investigaciones preliminares indican que la embarcación tenía previsto desplazarse hasta Atalaya, donde el cargamento sería desembarcado para continuar su trayecto por vía terrestre. Según detalló el coronel Cabrera, la droga iba a ser trasladada en una camioneta hasta una pista de aterrizaje clandestina, desde donde sería enviada hacia Brasil y Bolivia antes de continuar con destino al mercado europeo.

La droga incautada estaba destinada al comercio internacional: habría costado más de 2 millones de dólares

El oficial precisó que el valor económico del cargamento aumenta de manera considerable conforme avanza en la cadena de distribución internacional. En un laboratorio clandestino, un kilogramo de clorhidrato de cocaína puede alcanzar un precio cercano a los 3.000 soles. Durante el transporte fluvial, debido a los costos logísticos y al riesgo de movilización, ese mismo kilogramo puede cotizarse en alrededor de 1.200 dólares.

No obstante, la mayor valorización se produce cuando la mercancía logra llegar a mercados internacionales. De acuerdo con la información proporcionada por la PNP, el lote decomisado habría alcanzado un valor aproximado de 2 millones de dólares si hubiera ingresado a Europa, destino final previsto por la organización criminal.

La incautación representa un nuevo golpe contra las redes dedicadas al narcotráfico que utilizan los ríos de la selva peruana para movilizar cargamentos de droga hacia rutas internacionales. Las diligencias continúan a cargo de las autoridades competentes para identificar a los responsables del traslado, determinar el origen de la sustancia ilícita y establecer los vínculos de la organización criminal involucrada en esta operación desarrollada en Satipo, región Junín.

Un campamento presuntamente utilizado por integrantes de un grupo delictivo fue desmantelado en el municipio de Chalchihuites, Zacatecas, donde autoridades federales y estatales aseguraron una camioneta, cartuchos útiles y dosis de una sustancia con características similares a la cocaína.

El hallazgo ocurrió en la comunidad El Durazno durante un recorrido de vigilancia realizado por elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), como parte de los operativos de seguridad desplegados en la región.

De acuerdo con el reporte oficial, en el sitio localizaron un campamento que, por los indicios encontrados, habría sido utilizado por integrantes de la delincuencia organizada para desarrollar actividades ilícitas.

Durante la inspección, los agentes encontraron una camioneta RAM 2500 Heavy Duty de doble cabina, cartuchos útiles de distintos calibres y dos bolsas con polvo blanco con características similares a la cocaína.

Además, en el campamento fueron halladas prendas de vestir, cobijas y víveres, objetos que fueron destruidos en el lugar para impedir que volvieran a ser utilizados.

Los cartuchos, la presunta droga y el vehículo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público, que llevará a cabo las investigaciones para determinar su origen y posible relación con actividades delictivas.

Operación Tornado mantiene despliegue en el estado

El aseguramiento se realizó en el marco de la Operación Tornado, estrategia mediante la cual fuerzas federales y estatales mantienen patrullajes y operativos en distintos municipios de Zacatecas con el objetivo de localizar campamentos, armamento, vehículos y otros recursos utilizados por grupos criminales.

Chalchihuites, ubicado al noroeste del estado, forma parte de una de las zonas donde las autoridades han reforzado la presencia de fuerzas de seguridad debido a la actividad de organizaciones delictivas que disputan el control de la región.

Zacatecas reforzó su seguridad tras la jornada violenta de julio

La Operación Tornado forma parte del despliegue extraordinario de seguridad implementado en Zacatecas tras la ola de violencia registrada el 19 de julio, cuando fueron localizados 10 cuerpos en los municipios de Morelos, Pánuco y Fresnillo.

A raíz de esos hechos, más de 400 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional fueron enviados a la entidad para reforzar las labores de patrullaje, inteligencia y búsqueda de células criminales en coordinación con corporaciones estatales.

El despliegue incorporó tres aeronaves para labores de vigilancia aérea, reconocimiento y respuesta rápida, dos pertenecientes a la Fuerza Aérea Mexicana y una de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que amplía la capacidad de reacción y de cobertura en las rutas de mayor incidencia.

Desde entonces, las fuerzas federales y estatales han concentrado sus operaciones en municipios considerados estratégicos por la presencia de grupos delictivos, como Chalchihuites, Fresnillo, Villanueva y Valparaíso.

Panamá volvió a convertirse en escenario de una serie de golpes al narcotráfico internacional durante los primeros días de agosto, con el decomiso de 2,379 paquetes de presuntas sustancias ilícitas en cinco operaciones desarrolladas por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y el Ministerio Público.

La cifra equivale aproximadamente a 2.3 toneladas de droga, tomando como referencia el peso habitual de un kilogramo por paquete utilizado en este tipo de investigaciones.

Entre los casos sobresale la incautación de un cargamento que había salido del puerto de Savannah, en Estados Unidos, con destino final a Sídney, Australia, una ruta poco frecuente para los decomisos reportados en Panamá.

Las autoridades panameñas detectaron el cargamento durante un operativo de inteligencia y perfilamiento portuario, cuando especialistas del Senan identificaron irregularidades en los sellos de seguridad de un contenedor que transitaba por el país.

Tras coordinar con la Fiscalía de Drogas, se efectuó el allanamiento correspondiente y fueron encontrados 320 paquetes de presunta sustancia ilícita ocultos en el interior del contenedor.

La operación elevó a 44,197 paquetes decomisados en 77 operaciones realizadas por la Aeronaval en lo que va de 2026, de acuerdo con cifras oficiales de la institución.

Aunque Estados Unidos es conocido principalmente como uno de los mayores mercados consumidores de cocaína, especialistas en seguridad han advertido que las organizaciones criminales también aprovechan su extensa infraestructura portuaria para reexportar cargamentos hacia otros continentes, mezclándolos con el enorme volumen de comercio legal.

Australia, por su parte, representa uno de los mercados más lucrativos del mundo para la cocaína debido a su alto precio en las calles, que puede multiplicar varias veces el valor que alcanza en América Latina o Europa.

Esa rentabilidad ha impulsado a las redes criminales a diversificar sus rutas marítimas y utilizar puertos de tránsito como los de Panamá para dificultar la trazabilidad de los envíos.

Las investigaciones internacionales de los últimos años muestran que Oceanía se ha convertido en un destino cada vez más atractivo para los carteles latinoamericanos.

Organismos como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) han documentado un incremento en los intentos de introducir cocaína mediante contenedores comerciales, aprovechando cadenas logísticas globales que conectan puertos de América con Asia y Australia.

En ese contexto, Panamá, por su posición geográfica y su plataforma marítima, continúa siendo un punto de interés para las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas, aunque también mantiene una intensa actividad de vigilancia en sus terminales portuarias.

El segundo decomiso reportado por el Senan se produjo en isla Casaya, en el Archipiélago de las Perlas, donde unidades aeronavales localizaron una caleta subterránea que ocultaba 245 paquetes de presunta droga.

La ubicación fue posible gracias a labores de inteligencia y patrullajes, que permitieron identificar varios sacos enterrados. Posteriormente, en coordinación con la Fiscalía de Drogas de Panamá, el cargamento fue trasladado a la Base Naval Capitán de Fragata D.E.M. Noel Antonio Rodríguez Justavino, donde se confirmó el conteo oficial de los paquetes.

Los otros tres casos fueron informados por el Ministerio Público en coordinación con distintos estamentos de seguridad. En Costa Arriba de Colón, la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala, junto al Senan, decomisó 530 paquetes de presunta sustancia ilícita ocultos en una embarcación con doble fondo, además de aprehender a dos personas.

En otro operativo, desarrollado en el corregimiento de 24 de Diciembre, la Fiscalía de Drogas y la Dirección de Investigación Judicial capturaron a tres ciudadanos panameños e incautaron 785 paquetes de presunta droga.

Finalmente, en el puesto de control integral de Guabalá, en el distrito de Tolé, provincia de Chiriquí, fue detenido un conductor panameño que transportaba 499 paquetes escondidos dentro de 14 sacos cargados en un camión.

Las cinco operaciones reflejan la diversidad de métodos utilizados por las organizaciones criminales para mover cargamentos ilícitos a través del territorio panameño.

Mientras unas recurren a contenedores comerciales que forman parte del comercio internacional, otras utilizan embarcaciones modificadas, caletas clandestinas o vehículos de carga para intentar evadir los controles.

Esa variedad obliga a las autoridades a combinar inteligencia, perfilamiento de riesgo, inspecciones físicas y cooperación interinstitucional, tanto dentro del país como con agencias extranjeras.

Panamá mantiene desde hace años una posición estratégica en la lucha regional contra el narcotráfico debido a su Canal, sus puertos, sus conexiones marítimas y su ubicación entre Sudamérica y Centroamérica.

Esa misma ventaja logística que impulsa el comercio mundial también es aprovechada por redes criminales que buscan introducir cargamentos en mercados de alto valor como Europa y, cada vez con mayor frecuencia, Oceanía.

Los decomisos registrados durante los primeros días de agosto, equivalentes a unas 2.3 toneladas de presunta droga, evidencian que las organizaciones continúan diversificando sus rutas, mientras las autoridades intentan anticiparse mediante operaciones de inteligencia en distintos puntos del país.

La Policía de la Ciudad detuvo en la Villa 31, en el barrio porteño de Retiro, a un hombre de 29 años, de nacionalidad boliviana, que utilizaba una bicicleta para distribuir droga. Durante el operativo, los agentes secuestraron más de 230 dosis de cocaína y marihuana listas para la venta. Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el detenido tenía antecedentes por tenencia y comercialización de estupefacientes.

El procedimiento comenzó cuando personal de la División Táctica de Pacificación del Barrio 31, que patrullaba la calle Aymara al 1000, observó al sospechoso circulando en bicicleta con una actitud sospechosa.

Al notar la presencia de los efectivos, el sujeto se dio a la fuga. Sin embargo, fue alcanzado por los agentes, quienes procedieron a requisarlo en presencia de testigos.

Durante la revisión, los policías hallaron 71 envoltorios de marihuana, con un peso total de 327 gramos, y 165 dosis de cocaína, equivalentes a 85 gramos, todo preparado y fraccionado para su comercialización. Además, le secuestraron el teléfono celular y la bicicleta que utilizaba para realizar las entregas.

Fuentes del caso señalaron que, al verificar los datos personales del aprehendido, comprobaron que contaba con antecedentes por venta y tenencia de drogas en 2020, 2021 y 2026.

La causa quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo de Santiago Almeyda, que dispuso la detención del imputado y el secuestro de la droga, el celular y la bicicleta. Se iniciaron actuaciones judiciales por infracción a la Ley 23.737.

El mes pasado, la Policía de la Ciudad llevó a cabo otros dos operativos contra el narcotráfico. La semana pasada, detuvieron a dos ciudadanos peruanos que transportaban más de un kilo de cocaína en un taxi con irregularidades en avenida Independencia al 1500, barrio de San Cristóbal.

El operativo se activó cuando los agentes detectaron un Volkswagen Suran sin taxímetro, vidrios polarizados y patentes adulteradas. Al inspeccionar el vehículo, los efectivos hallaron un bolso con un paquete compacto de 1,05 kilos de cocaína debajo del asiento del conductor. Los dos ocupantes, de 40 y 28 años, fueron arrestados y el caso quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5.

A comienzos de julio, los oficiales desmantelaron un búnker narco en el Barrio 15 de Villa Lugano tras observar una maniobra de venta de drogas. Tres mujeres —una chilena y otra con antecedentes por comercialización— fueron detenidas tras intentar ocultar droga y dinero en una vivienda. Los agentes secuestraron más de medio millón de pesos, dólares, pasta base, cocaína, marihuana, Tusi, celulares y balanzas de precisión. La Unidad de Flagrancia Sur intervino en la causa y dispuso la consigna policial en el inmueble mientras las sospechosas enfrentan cargos por infracción a la Ley 23.737.

Lo que aparentaba ser un gesto de solidaridad con un privado de libertad terminó convirtiéndose en una investigación judicial por aparente tráfico de drogas dentro del sistema penitenciario costarricense.

Un auxiliar de enfermería de apellido Araya fue detenido luego de que oficiales de la Policía Penitenciaria descubrieran marihuana oculta en una bolsa de frituras que el funcionario intentó entregar a un reo bajo custodia en el Hospital Tony Facio, en Limón.

El privado de libertad, de apellido Gamboa, permanecía en el servicio de Emergencias del centro médico a la espera de recibir atención por una aparente fractura en un dedo del pie izquierdo cuando ocurrieron los hechos.

De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Justicia y Paz, Araya se acercó al recluso con un jugo y una bolsa de frituras. La entrega se realizó sin contar con la autorización de los oficiales penitenciarios encargados de la custodia del interno.

Siguiendo los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de traslados, los policías penitenciarios inspeccionaron los alimentos antes de permitir que llegaran al privado de libertad.

Fue durante esa revisión cuando detectaron un envoltorio sospechoso oculto dentro de la bolsa de frituras.

Con el fin de preservar la evidencia y evitar cualquier alteración del contenido, los oficiales sellaron el paquete y activaron de inmediato los protocolos correspondientes, notificando a las autoridades judiciales sobre el hallazgo.

La alerta fue comunicada a la Fiscalía de Limón, cuya fiscal de turno ordenó la detención inmediata del auxiliar de enfermería mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se desplazaban hasta el Hospital Tony Facio para asumir la investigación.

Una vez en el lugar, los investigadores realizaron la prueba de campo al contenido del paquete, la cual confirmó que la sustancia correspondía a marihuana.

Aunque inicialmente el Ministerio de Justicia informó que el peso aproximado era de 35 gramos, posteriormente trascendió que el decomiso alcanzó los 39 gramos de cannabis, cifra manejada por las autoridades judiciales durante las diligencias preliminares.

Tras confirmar la presencia de la droga, los agentes del OIJ procedieron con la captura del funcionario de salud, quien fue trasladado bajo custodia a las celdas judiciales para quedar a las órdenes del Ministerio Público, donde deberá enfrentar el proceso penal correspondiente.

Recluso también será investigado

Las consecuencias del caso no recaerán únicamente sobre el auxiliar de enfermería.

El Ministerio de Justicia confirmó que el privado de libertad también será sometido a un procedimiento disciplinario dentro del sistema penitenciario por el aparente intento de recibir una sustancia ilícita durante una salida médica y, posteriormente, introducirla al centro penal donde cumple su condena.

Las autoridades deberán determinar si existía una coordinación previa entre el funcionario y el recluso o si hubo participación de otras personas en el supuesto intento de ingresar droga al sistema penitenciario.

El caso permanece ahora bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial y del Ministerio Público, quienes recopilan evidencia, declaraciones y registros que permitan esclarecer las circunstancias en las que se produjo la entrega de los alimentos.

Controles evitaron el ingreso de la droga

El Ministerio de Justicia destacó que el decomiso fue posible gracias a los controles de seguridad aplicados por la Policía Penitenciaria durante las salidas médicas de los privados de libertad.

Cada vez que un recluso es trasladado a un hospital o centro de atención especializado permanece bajo estricta vigilancia de oficiales penitenciarios, quienes tienen la responsabilidad de inspeccionar cualquier objeto, alimento o artículo que terceros pretendan entregarle.

Ese procedimiento permitió detectar la droga antes de que llegara a manos del interno, evitando que la sustancia fuera eventualmente introducida al centro penal.

Las autoridades reiteraron que mantendrán este tipo de controles en todas las diligencias médicas y judiciales que impliquen el traslado de personas privadas de libertad, con el objetivo de impedir el ingreso de drogas, teléfonos celulares u otros objetos prohibidos a los establecimientos penitenciarios del país.

La investigación continuará durante los próximos días para determinar las responsabilidades penales y administrativas derivadas de este caso, mientras el auxiliar de enfermería permanece detenido y el privado de libertad enfrenta un proceso disciplinario por los hechos ocurridos en el Hospital Tony Facio de Limón.

La Policía Nacional de Panamá, a través de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol, concretó la extradición desde Madrid, España, de Jean Carlos Valencia Escobar, alias “El Abogado”, un ciudadano panameño requerido por la justicia por la presunta comisión del delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de asociación ilícita para delinquir (pandillerismo).

Con este traslado, las autoridades completan la segunda extradición internacional realizada durante esta semana, luego del retorno desde Colombia de otro presunto integrante de estructuras criminales vinculadas al narcotráfico.

Según informó la Policía Nacional, Valencia Escobar figura entre los principales requeridos dentro de la Operación Antipandillas Combate, desarrollada el 22 de mayo de 2026, como parte de la ofensiva dirigida a desarticular organizaciones criminales que operan en el país.

Las investigaciones lo identifican como presunto cabecilla de la pandilla Bagdad-Santa Eduviges, una estructura con influencia en el sector de Santa Eduviges, corregimiento de Tocumen, al este de la capital panameña.

Su captura se produjo el 27 de mayo en la Plaza de Santa Ana, en pleno centro de Madrid, gracias a una alerta internacional emitida por Interpol Panamá y ejecutada por la Policía Nacional de España.

Desde entonces permanecía detenido mientras avanzaba el proceso judicial de extradición solicitado por Panamá, trámite que concluyó con su entrega a las autoridades panameñas para enfrentar las investigaciones abiertas en su contra.

Alias “El Abogado” era considerado uno de los objetivos prioritarios dentro de las pesquisas iniciadas por la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Durante la Operación Combate, realizada pocos días antes de su captura en España, fueron aprehendidas siete personas, entre ellas alias “Rungito”, señalado también como uno de los supuestos líderes de la organización.

Las investigaciones sostienen que la pandilla Bagdad-Santa Eduviges mantenía control territorial sobre ese sector de Panamá Este y presuntamente coordinaba actividades relacionadas con microtráfico de drogas, homicidios, robos, privaciones de libertad y posesión ilegal de armas de fuego.

Estas acusaciones forman parte de procesos penales en curso y no constituyen una condena judicial, por lo que rige el principio de presunción de inocencia.

La extradición también revive los antecedentes internacionales de la organización. En 2023, las autoridades españolas capturaron en Pozuelo de Alarcón, Madrid, a otro presunto líder del denominado “Cártel de Bagdad”, considerado por los organismos de seguridad como una de las organizaciones criminales panameñas con mayor proyección internacional.

Esa investigación se desarrolló a partir de información suministrada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que alertó sobre presuntas operaciones de tráfico internacional de cocaína, blanqueo de capitales mediante lingotes de oro y conversión de recursos ilícitos en criptomonedas.

La llegada de Valencia Escobar ocurre apenas dos días después de que Panamá concretara otra importante extradición internacional. El pasado martes fue trasladado desde Colombia Jorge Antonio Zurita, alias “Gordo Pibe”, quien permanecía prófugo desde 2023 y fue capturado en Medellín en mayo de 2025 gracias a una operación coordinada entre la Dijín colombiana, Interpol y las autoridades panameñas.

Alias “Gordo Pibe” es investigado por su presunta participación en delitos relacionados con drogas y señalado como uno de los supuestos operadores de la pandilla Kill the Nasty, considerada por las autoridades como el brazo financiero de la organización criminal Sam 23.

Las investigaciones también mencionan presuntos vínculos con el Clan del Golfo y con las disidencias de las FARC lideradas por alias “Iván Mordisco”, aunque esos señalamientos continúan dentro de procesos judiciales y no representan una condena.

Con ambas extradiciones, las autoridades panameñas destacan el fortalecimiento de la cooperación internacional para localizar y trasladar al país a personas requeridas por la justicia. En los dos casos fue determinante la coordinación entre Interpol Panamá y los organismos de seguridad de España y Colombia, que permitieron ubicar a los investigados fuera del territorio nacional y completar los procedimientos judiciales necesarios para su entrega.

Un troquel de papel de dos centímetros con dibujos de colores puso en alerta a los especialistas en toxicología. Los análisis revelaron que contenía una inédita combinación de nueve sustancias psicoactivas, entre ellas metanfetamina, MDMA, ketamina y un alucinógeno sintético no comercializado legalmente, una mezcla que incrementa el riesgo de intoxicaciones graves.

Todo comenzó con una investigación de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), a cargo de la fiscal Cecilia Amil Martin, en la que se detectó que un hombre utilizaba un pet shop ubicado en el barrio porteño de Boedo como fachada para la venta de estupefacientes. Según la pesquisa, el sospechoso comercializaba las drogas tanto dentro del local como mediante la modalidad conocida como “pasamanos”, entregándolas a conductores que se detenían frente al comercio.

Durante los allanamientos realizados en el negocio y en la vivienda del sospechoso, los investigadores secuestraron 15 troqueles con esa peligrosa mezcla química, además de 57,9 gramos de ketamina, pastillas de MDA y de las conocidas como “micropunto”, troqueles de LSD y 3.600 dólares en efectivo. Tras los hallazgos, la fiscal ordenó la inmediata detención del hombre que quedó imputado por el delito de comercialización de estupefacientes agravada.

El análisis del Laboratorio de Toxicología y Química Forense del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) detectó que los papeles troquelados contenían brolanfetamina, dimetoxianfetamina, metanfetamina, metilendioxianfetamina (MDA) y metilendioximetanfetamina (MDMA), todas sustancias sintéticas con efecto estimulante. También se identificó 25-E-NBOH, un alucinógeno sintético que no se comercializa en el mercado legal; ketamina; aminopirina, un analgésico y antiinflamatorio sintético cuyo uso se encuentra prohibido en la Argentina; y cafeína.

A partir de ese hallazgo, el CIJ emitió una alerta -a cargo de Bárbara Moramarco, secretaria de Investigaciones y Relaciones con las Fuerzas de Seguridad del Ministerio Público Fiscal porteño- por la gran diversidad de sustancias presentes en una misma muestra y por la combinación de acciones toxicológicas diferentes, una situación que aumenta considerablemente el riesgo para quienes las consuman y dificulta el tratamiento frente a una intoxicación.

Especialistas del CIJ advirtieron que la combinación de estas sustancias incrementa la imprevisibilidad de los efectos clínicos, dificulta la estimación de la dosis efectivamente consumida y aumenta el riesgo de toxicidad aguda, pudiendo manifestar eventos cardiovasculares, alteraciones de los estados de conciencia, hipertermia, convulsiones y otras complicaciones potencialmente graves.

Asimismo, remarcaron que la coexistencia de estimulantes, psicodélicos y sustancias disociativas en un mismo soporte (blotter) dificulta además la interpretación clínica de las intoxicaciones y complejiza las estrategias de respuesta sanitaria.

El laboratorio de Toxicología y Química Forense del CIJ cuenta con una amplia trayectoria en la emisión de alertas tempranas y mantiene un firme compromiso con los organismos y sistemas regulatorios responsables de la actualización de las listas de sustancias sujetas a fiscalización en nuestro país, así como con la protección de la población potencialmente expuesta al consumo de estas sustancias.

Una operación de la Marina Nacional de El Salvador permitió la incautación de 1,362 kilogramos de cocaína, valorados en 34 millones de dólares, tras interceptar una embarcación a casi 1,800 kilómetros de la costa.

El operativo, ejecutado por la Fuerza de Tarea Naval Tridente en aguas internacionales del océano Pacífico, derivó además en la captura de dos ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana y la confiscación de equipo tecnológico utilizado para la navegación y comunicación.

Según informó el Gabinete de Seguridad Ampliado, la intervención se realizó el 17 de julio, a 947 millas náuticas (1,764 kilómetros) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el estero de Jaltepeque. Las autoridades identificaron a los detenidos como Jhony Eugenio G. V., de 42 años, y Pedro Leonardo D. P., de 31 años. Ambos transportaban el cargamento ilícito a bordo de una lancha con motor fuera de borda.

Durante la operación, la Marina Nacional incautó también dos dispositivos GPS Garmin GPS 73, dos teléfonos celulares, una antena Starlink y un radio de alta frecuencia (HF), elementos empleados para facilitar la navegación y la comunicación en alta mar.

De acuerdo con un reporte oficial, el valor estimado del cargamento asciende a 34 millones de dólares, cifra que refuerza la magnitud del golpe asestado al narcotráfico internacional.

El Ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, destacó la capacidad operativa de las fuerzas salvadoreñas: “A pesar de que somos un país con recursos limitados, tenemos la capacidad y el profesionalismo para realizar operaciones de gran importancia en alta mar”. Según datos presentados por el funcionario, desde junio de 2019 la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada han incautado 90.1 toneladas de droga, con un valor conjunto de 2,141 millones de dólares.

Por su parte, el Ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, subrayó el aporte de El Salvador en la lucha regional contra el narcotráfico. “Este es un aporte de este pequeño país, que cree firmemente en el combate a la narcoactividad y que, aunque seamos pequeños y nos hagan falta una gran cantidad de recursos, hemos tenido la capacidad de inspirar a las grandes potencias del continente, bajo lo que ahora se denomina El Escudo de Las Américas”, afirmó Villatoro durante la presentación de resultados.

Con esta última incautación, El Salvador acumula 14.61 toneladas de cocaína decomisadas en el presente año, con un valor superior a 365.25 millones de dólares, consolidando uno de los registros más altos en la historia del país en materia de combate al narcotráfico.

El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, aclaró que tras la intercepción de la embarcación y la detención de sus tripulantes, inicia el proceso judicial correspondiente.

“La labor de nuestras instituciones no termina con la intercepción de una embarcación, ni con la captura de sus tripulantes. A partir de este momento inicia el trabajo del Ministerio Público, que es dirigir la investigación penal, robustecer la prueba científica y técnica, establecer las responsabilidades individuales, identificar posibles vínculos con organizaciones criminales internacionales y llevar cada caso hasta obtener las condenas que correspondan conforme a la ley”, expuso Delgado.

El personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través de Aduanas México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró aproximadamente 3 kilogramos de metanfetamina en el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT). La droga estaba oculta al interior de una pieza metálica, y su detección fue posible gracias a controles especializados e inteligencia aduanera.

El aseguramiento ocurrió en las instalaciones del AIT durante una revisión de rutina con tecnología y protocolos de inspección avanzada. El Gabinete de Seguridad del gobierno federal difundió el hallazgo a través de sus redes sociales oficiales.

De acuerdo con las autoridades, el método de ocultamiento elegido para el traslado de la droga fue una pieza metálica. La elección de ese tipo de contenedor buscaba dificultar la detección visual y manual de la sustancia.

La coordinación entre Aduanas México y la SSPC permitió identificar la anomalía durante los controles del aeropuerto. “Con inteligencia aduanera y controles especializados se fortalece el combate al tráfico de drogas y se impide que estas sustancias lleguen a la población”, informó el Gabinete de Seguridad en su comunicado oficial.

Los 3 kilogramos de metanfetamina asegurados representan una cantidad que, de haber llegado a su destino, habría abastecido a redes de distribución en el mercado de consumo. Sin embargo, las autoridades no precisaron el destino del envío ni la identidad de los involucrados en el intento de traslado.

El Aeropuerto Internacional de Toluca como punto de control antinarcóticos

El AIT opera como un nodo de tráfico aéreo en el centro del país y, por esa razón, sus instalaciones son objeto de operativos permanentes de revisión. La presencia de personal de Aduanas México con capacidades de inteligencia convierte al aeropuerto en una barrera activa contra el tráfico de sustancias ilícitas.

La detección en Toluca se suma a una serie de aseguramientos recientes que las autoridades federales han ejecutado en distintos puntos del territorio nacional. El patrón de ocultamiento —drogas escondidas dentro de objetos de apariencia inofensiva— es una táctica recurrente en el tráfico de metanfetamina.

El Gabinete de Seguridad destacó que los controles especializados en puertos, aeropuertos y aduanas forman parte de una estrategia integral contra el narcotráfico. Esa estrategia combina vigilancia tecnológica, análisis de inteligencia y revisiones físicas de mercancía y equipaje.

El aseguramiento en Sonora, antecedente de tres toneladas en carretera

Nueve días antes del decomiso en Toluca, el 21 de julio de 2026, elementos de la SSPC y de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron más de 3 mil 25 kilogramos de metanfetamina en la carretera federal Sonoyta–Puerto Peñasco, a la altura del kilómetro 91+000, en el estado de Sonora.

En ese caso, la droga viajaba oculta entre 60 costales de alimento para ganado a bordo de un tractocamión con destino a Tijuana, Baja California. Los agentes detuvieron al vehículo porque el conductor circulaba a exceso de velocidad e invadía el carril contrario.

El operador de la unidad, un hombre de 49 años, quedó detenido y a disposición del Ministerio Público Federal. La FGR asumió la integración de la carpeta de investigación para determinar la procedencia del cargamento y la posible participación de otras personas.

La metanfetamina, la droga sintética con mayor presencia en los decomisos nacionales

La metanfetamina es un estimulante sintético del sistema nervioso central con alto potencial adictivo. Su producción y tráfico se han convertido en una de las principales actividades de las organizaciones criminales en México, dada la demanda sostenida que mantiene en el mercado estadounidense.

Las autoridades federales han identificado a grupos del crimen organizado como los responsables del traslado de grandes volúmenes de drogas sintéticas hacia la frontera norte. Los decomisos recientes —tanto en aeropuertos como en carreteras— muestran la diversidad de rutas y métodos de ocultamiento que emplean esas redes.

El gobierno federal señaló que los aseguramientos de metanfetamina representan un golpe directo a las cadenas de producción, transporte y distribución de estas sustancias. La coordinación interinstitucional entre Aduanas México, la SSPC y la FGR es el eje operativo de esa respuesta.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México aseguró más de 100 envoltorios de aparente droga y detuvo a cinco hombres en tres operativos distintos en la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con las investigaciones, los efectivos actuaron durante recorridos de seguridad y vigilancia al detectar conductas inusuales en vía pública, lo que derivó en revisiones preventivas que confirmaron la posesión de sustancias con características de marihuana, cocaína y crystal.

Los cinco detenidos —de 22, 23, 23, 30 y 31 años— fueron presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente para que determinara su situación jurídica.

El primer operativo: avenida Centenario, dos detenidos con 63 envoltorios

El primer hecho ocurrió en la avenida Centenario esquina con Azcapotzalco, donde los uniformados observaron a un hombre en actitud inusual que portaba una mochila gris con vivos amarillos. El sujeto intercambiaba envoltorios con otro hombre, lo que llevó a los oficiales a aproximarse y aplicar los protocolos de actuación policial.

La revisión de seguridad arrojó 10 envoltorios con una hierba verde y seca con características de marihuana, 20 bolsitas transparentes con cierre hermético y una sustancia sólida blanca similar a la cocaína, y 33 envoltorios de papel blanco con la misma sustancia en piedra. También se les encontró un dispositivo telefónico y dinero en efectivo.

Los dos detenidos tenían 23 y 30 años de edad. Ambos registraban antecedentes en el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud.

El hombre de 23 años acumulaba dos ingresos al sistema penitenciario por esa causa, en 2025 y 2026, además de tres presentaciones ante el Juez Cívico por inhalar estupefacientes en la vía pública, en 2020, 2021 y 2023. Su acompañante de 30 años también registraba dos ingresos previos por delitos contra la salud, en 2022 y 2026.

Segundo operativo en colonia Barrio Norte: crystal y marihuana en el Andador Díaz Ordaz

El segundo caso se registró en el Andador Díaz Ordaz y Linterna, en la colonia Barrio Norte. Los efectivos observaron a dos sujetos que manipulaban bolsitas de plástico con posible droga y les marcaron el alto para descartar un hecho delictivo.

La revisión preventiva derivó en el hallazgo de cinco bolsitas con aparente marihuana y 16 envoltorios con una sustancia similar al crystal. Los dos hombres fueron detenidos de inmediato y puestos a disposición de la autoridad ministerial.

Tercer operativo en Lomas de Becerra: un hombre con cinco ingresos al sistema penitenciario

El tercer detenido fue un hombre de 23 años localizado en el callejón Belén, en la colonia Lomas de Becerra. Los oficiales lo observaron mientras manipulaba varias bolsitas de plástico del tipo utilizado para la venta de droga.

La revisión le arrojó 19 dosis de aparente marihuana. El cruce de información posterior reveló que el sujeto tenía cinco ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

Dos de esos ingresos fueron por delitos contra la salud, ambos en 2023. Los tres restantes correspondieron a robo en sus distintas modalidades: uno en 2023 y dos en 2024.

Situación jurídica de los cinco detenidos ante el Ministerio Público

Los cinco hombres —de 22, 23, 23, 30 y 31 años— fueron informados de sus derechos de ley al momento de su detención. Junto con todo el material asegurado, fueron presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente.

La autoridad ministerial es la encargada de determinar la situación jurídica de cada uno de los detenidos. También le corresponde iniciar las carpetas de investigación respectivas en cada uno de los tres casos.

Los tres operativos formaron parte de las acciones de la SSC para el combate a los delitos de alto impacto en la demarcación. La institución actuó en todos los casos en apego a los protocolos de actuación policial establecidos.

Las Fuerzas Armadas de Honduras informaron este jueves el aseguramiento de 5.500 arbustos de presunta hoja de coca en el municipio de Iriona, departamento de Colón. El hallazgo ocurrió durante un patrullaje en Quebrada del Diablo, donde participaron la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico y otras instituciones de seguridad.

El informe oficial indicó que la plantación ocupaba una extensión aproximada de una manzana de tierra y que los 5.500 arbustos presentaban características propias de la hoja de coca.

En el operativo participaron efectivos del Comando de Operaciones de Apoyo Institucional C-11, la 115 Brigada de Infantería y el Décimo Quinto Batallón de Fuerzas Especiales, junto con agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, para asegurar el área y continuar con las diligencias.

Tras la localización del cultivo, las autoridades aseguraron el terreno, mientras el Ministerio Público desarrolla las actuaciones legales y las investigaciones para identificar a los responsables de la plantación y determinar si existen vínculos con estructuras del crimen organizado que operan en la región.

El municipio de Iriona es uno de los puntos donde con mayor frecuencia se detectan plantaciones de coca en Honduras. Las condiciones geográficas de sus montañas y la dificultad para acceder a algunos sectores han sido aprovechadas por organizaciones criminales para establecer cultivos clandestinos y, en algunos casos, laboratorios artesanales destinados al procesamiento de alcaloides.

Iriona y los cultivos detectados

El nuevo aseguramiento ocurrió semanas después de que las autoridades localizaran otra plantación de más de 5.500 arbustos en la comunidad de Río Verde, también en Iriona.

En operativos anteriores desarrollados en el mismo municipio también fueron encontrados cultivos con 7.500, 20.800 y 40.000 arbustos de coca, además de instalaciones clandestinas utilizadas para el procesamiento de droga.

Las autoridades explicaron que este tipo de intervenciones busca atacar la cadena de producción del narcotráfico desde su origen, para evitar que los cultivos sean cosechados y luego transformados en cocaína.

Además del aseguramiento de plantaciones, los operativos incluyen la destrucción de laboratorios artesanales, la incautación de precursores químicos y la identificación de rutas utilizadas para trasladar droga hacia otros puntos del país y del extranjero.

Las investigaciones continúan para establecer quiénes financiaban el cultivo localizado en Quebrada del Diablo y si existen conexiones con organizaciones criminales nacionales o internacionales.

Cifras de los aseguramientos

Los hallazgos registrados durante 2026 reflejan la escala del desafío que enfrentan las autoridades en el combate al narcotráfico. De acuerdo con cifras oficiales, en lo que va del año las Fuerzas Armadas han asegurado decenas de plantaciones de coca en distintos departamentos del país, principalmente en Colón, Atlántida, Yoro, Olancho, Santa Bárbara y El Paraíso.

Solo durante el primer semestre de 2026, las autoridades informaron el aseguramiento de más de 35 plantaciones, con más de 570 mil arbustos de coca y la destrucción de 10 instalaciones artesanales utilizadas para procesar la droga. Como resultado de estas acciones, estiman que las estructuras criminales dejaron de producir alrededor de 467 kilogramos de cocaína, cuyo valor en el mercado ilícito superaría los 150 millones de lempiras.

Las estadísticas también muestran que el fenómeno no es nuevo. Durante 2025 fueron aseguradas 51 plantaciones con más de un millón de arbustos de coca, mientras que en años anteriores Honduras registró cifras altas en la detección de cultivos ilícitos en el litoral atlántico.

Las Fuerzas Armadas aseguraron que los patrullajes de largo alcance continuarán en las áreas identificadas con mayor incidencia, con el objetivo de localizar nuevos cultivos, desmantelar centros de procesamiento y reducir la capacidad operativa de las redes criminales.

Las autoridades panameñas decomisaron 1,411 paquetes con presunta droga en dos operativos realizados durante las últimas horas en embarcaciones que se encontraban en aguas nacionales.

Las incautaciones se produjeron durante la revisión de cargas contenerizadas transportadas por buques en tránsito por Panamá, uno de los principales puntos logísticos de la región y una ruta utilizada por organizaciones criminales para enviar sustancias ilícitas hacia otros mercados.

En el primero de los casos, la Procuraduría General de la Nación, por medio de las Fiscalías Superiores Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas, informó sobre el decomiso de 1,130 paquetes rectangulares que presuntamente contenían sustancias ilícitas.

La carga pretendía salir del país a bordo de un buque, aunque las autoridades no precisaron el puerto de origen ni el destino final de la embarcación.

La operación se desarrolló de manera conjunta con unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Durante la inspección, los agentes detectaron alteraciones en el sello de seguridad de uno de los contenedores, lo que motivó una diligencia de allanamiento y registro. En el interior fueron ubicados varios bultos que no correspondían con la carga declarada en los documentos del contenedor.

Los paquetes fueron trasladados a un puerto seguro para realizar su verificación y conteo. En total, las autoridades contabilizaron 51 bultos de color blanco que contenían 1.130 paquetes rectangulares cubiertos con cinta adhesiva.

El Ministerio Público indicó que el material será sometido a pruebas científicas para determinar su composición y establecer el peso exacto de la sustancia decomisada.

En un segundo operativo, las fiscalías antidrogas incautaron otros 281 paquetes rectangulares con presunta sustancia ilícita en un buque que navegaba sobre aguas territoriales panameñas.

La diligencia fue ejecutada con apoyo de la Dirección Nacional Antidrogas y la Unidad Táctica de Operaciones Antidrogas de la Policía Nacional, luego de localizar una carga sospechosa dentro de un contenedor.

La embarcación se encontraba específicamente en la bahía de Panamá, donde las autoridades realizaron una diligencia de allanamiento, registro, verificación y conteo.

Dentro de la carga contenerizada fueron encontrados siete bultos que contenían los 281 paquetes, los cuales también serán analizados por especialistas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para confirmar el tipo de sustancia.

Ambos casos reflejan una modalidad recurrente utilizada por las redes de narcotráfico: la contaminación de contenedores que transportan mercancías legales.

En estos casos, los grupos criminales introducen paquetes de droga en las unidades de carga y posteriormente reemplazan o manipulan los sellos de seguridad, con la intención de que los cargamentos pasen inadvertidos durante las inspecciones portuarias.

Esta forma de tráfico fue nuevamente expuesta durante la Operación Taurus, desarrollada días antes en la provincia de Colón por el Ministerio Público y el Senan. La investigación estaba dirigida contra nueve personas presuntamente vinculadas con delitos relacionados con drogas y tráfico internacional, entre ellas extrabajadores portuarios y transportistas de carga.

La operación surgió después de varios decomisos realizados entre 2022 y 2024, periodo durante el cual el Senan incautó más de 1.5 toneladas de cocaína en dos terminales portuarias de Colón. Según las investigaciones, el grupo utilizaba las plataformas logísticas de los puertos para contaminar contenedores con droga que tenía como destino final el mercado europeo.

Durante Taurus se realizaron nueve allanamientos en Buena Vista, Puerto Pilón, Cativá, Sabanitas y Cristóbal. Las autoridades aprehendieron a siete ciudadanos panameños, mientras otras dos personas quedaron pendientes de ubicación. También decomisaron un arma de fuego, tres proveedores calibre nueve milímetros, 49 municiones, 11 equipos electrónicos y cuatro sellos de la Autoridad Nacional de Aduanas, un elemento que refuerza la hipótesis sobre la manipulación de cargas y contenedores.

Además, durante las diligencias fueron incautados B/.6.447 en efectivo, teléfonos celulares, computadoras portátiles y radios. Los investigadores buscan determinar la participación específica de cada uno de los señalados y establecer si mantenían vínculos con organizaciones internacionales encargadas de recibir la droga en puertos europeos.

Las nuevas incautaciones se suman a las 47,04 toneladas de drogas decomisadas en Panamá entre enero y mayo de 2026, de acuerdo con cifras preliminares del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales.

Del total, 28.47 toneladas correspondieron a cocaína y 18,45 toneladas a marihuana, mientras el resto estuvo compuesto por metanfetaminas, THC, éxtasis y otras sustancias.

Colón encabezó las incautaciones durante los primeros cinco meses del año con 13.38 toneladas, seguido por Panamá, con 9.52 toneladas; Panamá Oeste, con 9,09 toneladas; Chiriquí, con 7.24 toneladas, y Los Santos, con 4.94 toneladas. Mayo fue el mes con mayor volumen decomisado, al registrar 12.49 toneladas, por encima de las 10.50 toneladas reportadas en febrero.

El comportamiento reciente mantiene a Panamá como uno de los países con mayores decomisos de droga en la región. Entre 2021 y 2025, las autoridades incautaron aproximadamente 659.94 toneladas de sustancias ilícitas, con un récord de 145,2 toneladas en 2021.

Los registros anuales fueron de 138.4 toneladas en 2022, 129.9 toneladas en 2023, 124.4 toneladas en 2024 y 122,04 toneladas en 2025.

La ubicación geográfica del país, sus puertos en ambos océanos y el elevado movimiento de contenedores convierten a Panamá en un punto atractivo para las organizaciones criminales.

Las autoridades han reforzado los controles portuarios y las operaciones de inteligencia, aunque los últimos decomisos evidencian que las redes continúan intentando utilizar buques comerciales y cargas legales para transportar droga hacia Europa y otros destinos internacionales.

La cooperación policial entre Panamá y Colombia permitió concretar la extradición de Jorge Antonio Zurita, alias “Gordo Pibe”, un ciudadano panameño requerido por la justicia por su presunta vinculación con delitos relacionados con drogas y señalado por las autoridades como uno de los principales operadores de estructuras criminales transnacionales.

El traslado fue ejecutado por la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Panamá, luego de que Zurita permaneciera prófugo desde 2023 y fuera capturado el 26 de mayo de 2025 en Medellín, Colombia, tras una operación coordinada entre ambos países.

La Policía Nacional informó que el extraditado llegó al Aeropuerto Internacional de Tocumen bajo un estricto dispositivo de seguridad para ser puesto a disposición de las autoridades competentes.

El caso de alias “Gordo Pibe” ha cobrado relevancia por el perfil criminal que le atribuyen las investigaciones panameñas y colombianas.

De acuerdo con información divulgada por autoridades de ambos países, Zurita es señalado como presunto líder de la pandilla “Kill the Nasty”, considerada por los organismos de seguridad como el brazo financiero de la organización criminal Sam 23, una estructura que, según las pesquisas, mantiene vínculos con redes de narcotráfico que operan entre Panamá y Colombia.

Esas acusaciones forman parte de investigaciones en curso y no constituyen una condena judicial, por lo que rige la presunción de inocencia.

Las investigaciones también apuntan a presuntos nexos con organizaciones criminales colombianas. Entre ellas figura el Clan del Golfo, uno de los grupos dedicados al narcotráfico más poderosos de ese país, así como las disidencias de las FARC lideradas por alias “Iván Mordisco”, conexiones que, según la información pública recopilada por las autoridades, habrían permitido fortalecer rutas y operaciones de tráfico de drogas entre ambos territorios.

Los reportes disponibles sostienen que estas relaciones forman parte de las líneas investigativas abiertas y continúan bajo verificación judicial.

La captura de Zurita fue posible gracias a una notificación roja de Interpol emitida por Panamá, luego de que se mantuviera evadiendo a la justicia desde 2023.

El operativo fue desarrollado por la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de ese país, en coordinación con Interpol y las autoridades panameñas.

Tras su detención en Medellín comenzaron los trámites de extradición que culminaron esta semana con su retorno al país.

Además de las investigaciones por narcotráfico, Zurita enfrenta señalamientos por presunto blanqueo de capitales. Entre los elementos divulgados por las autoridades colombianas figura la existencia de una empresa de turismo registrada a nombre de su esposa en el municipio de El Peñol, en Antioquia, que habría sido utilizada como fachada para actividades ilícitas.

Como parte de esa investigación, Colombia inició un proceso de extinción de dominio sobre la compañía, al considerar que existen indicios de que pudo haber servido para ocultar recursos provenientes del narcotráfico. Estas actuaciones forman parte de procedimientos judiciales independientes desarrollados en territorio colombiano.

Las autoridades panameñas sostienen que la extradición representa un nuevo resultado de la cooperación internacional contra el crimen organizado transnacional.

La Policía Nacional destacó que continuará fortaleciendo el intercambio de información y las acciones conjuntas con otros países para localizar y capturar a personas requeridas por la justicia panameña, especialmente aquellas vinculadas con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y al lavado de activos.

Con su llegada a Panamá, alias “Gordo Pibe” deberá enfrentar los procesos judiciales que permanecían pendientes por delitos relacionados con drogas y presunto blanqueo de capitales.

A partir de ahora corresponderá al Ministerio Público y a los tribunales determinar, con base en las pruebas presentadas durante el proceso, la responsabilidad penal del extraditado.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro ejecutó cateos en El Marqués y San Juan del Río como parte de operativos de la estrategia Sinergia. En las diligencias fueron detenidas tres personas y las autoridades aseguraron 18 máquinas tragamonedas, además de presunta droga y otros indicios vinculados con investigaciones por delitos contra la salud.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Querétaro, una de las intervenciones se realizó en un inmueble ubicado sobre la lateral de la carretera federal 57, a la altura de la comunidad El Paraíso, en El Marqués. En ese sitio se aseguraron 13 máquinas tragamonedas, dinero en efectivo, bebidas alcohólicas, un dron, documentación diversa y un sistema de videograbación. En el lugar fue detenida una persona y el inmueble quedó asegurado.

La segunda diligencia se llevó a cabo en la comunidad Loma Linda, en San Juan del Río, donde fueron detenidas dos personas, según la misma institución. En ese inmueble se aseguraron bolsas de golosinas con presunto narcótico, numerario en efectivo, cinco máquinas tragamonedas, botellas de bebidas alcohólicas y un sistema de videovigilancia tipo DVR; el sitio también quedó bajo resguardo.

Las acciones derivaron de carpetas de investigación por delitos contra la salud y fueron encabezadas por personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

Las tres personas detenidas y los indicios asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones correspondientes, según la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

• Cateos en El Marqués y San Juan del Río dejaron tres detenidos.
• Aseguraron 18 máquinas tragamonedas: 13 en El Marqués y cinco en San Juan del Río.
• También decomisaron presunta droga, efectivo, alcohol y sistemas de videovigilancia; ambos inmuebles quedaron asegurados.

Decomisan 143 tragamonedas, droga y cámaras clandestinas en Sonora y Michoacán

Autoridades de Sonora y Michoacán aseguraron 143 máquinas tragamonedas presuntamente vinculadas con grupos delictivos durante una serie de operativos realizados en distintos municipios de ambas entidades.

Las acciones también permitieron retirar cámaras de videovigilancia instaladas de forma clandestina, decomisar narcóticos, equipos de cómputo y teléfonos celulares, además de detener a un hombre durante un cateo en el municipio michoacano de Uruapan.

Los aseguramientos fueron informados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, que señalaron que las investigaciones forman parte de acciones contra estructuras delictivas relacionadas con la extorsión, los delitos contra la salud y otras actividades ilícitas.

Retiran tragamonedas y cámaras clandestinas en Nogales

En Sonora, la Fiscalía estatal informó que, en coordinación con elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Policía Estatal de Seguridad Pública y la Policía Municipal de Nogales, fueron aseguradas 26 máquinas tragamonedas, además de ocho cámaras de videovigilancia tipo “parásito”, ocho monitores y ocho equipos de cómputo instalados en diferentes puntos de esa ciudad fronteriza.

De acuerdo con la dependencia, en un primer despliegue realizado en las colonias Del Valle, Moderna, Buenos Aires y Fondo Legal fueron localizadas cinco cámaras colocadas de manera irregular en postes de telefonía y electricidad, orientadas hacia la vía pública para monitorear los movimientos de autoridades y ciudadanos.

La Fiscalía recordó que previamente, el pasado 21 de julio, durante recorridos de investigación, también fueron retiradas 16 máquinas tragamonedas instaladas al exterior de diversos establecimientos comerciales, ade

Posteriormente, en intervenciones realizadas en las colonias Héroes y El Mirador fueron aseguradas otras 10 máquinas tragamonedas, junto con ocho monitores y ocho CPU que presuntamente eran utilizados para la operación de estos juegos de azar.

Según la FGJES, las investigaciones permitieron establecer que tanto las máquinas como los equipos de videovigilancia fueron colocados “contra la voluntad” de los propietarios de los establecimientos por presuntos integrantes de grupos criminales generadores de violencia en la región. Todos los indicios fueron incorporados a las carpetas de investigación correspondientes.

Las organizaciones dedicadas al narcotráfico continúan recurriendo al uso de caletas subterráneas para ocultar cargamentos de droga, protegerlos de las autoridades y mantenerlos almacenados hasta encontrar el momento adecuado para trasladarlos por mar, tierra o aire hacia mercados internacionales.

Esta modalidad volvió a quedar al descubierto en Panamá luego de que unidades del Servicio Nacional Aeronaval localizaran una caleta clandestina en el sector de Cuango, Costa Arriba, de Colón, donde permanecían enterrados 280 paquetes de presunta sustancia ilícita.

El hallazgo fue resultado de labores de inteligencia y patrullajes terrestres desarrollados por unidades aeronavales desplegadas en el área. Tras varias horas de búsqueda, los agentes encontraron cinco sacos ocultos bajo tierra, una técnica utilizada por las organizaciones criminales para disminuir el riesgo de que la droga sea detectada durante operativos de vigilancia.

Las llamadas caletas constituyen uno de los métodos más utilizados por las redes del narcotráfico internacional en países de tránsito como Panamá.

Estos depósitos clandestinos suelen construirse en áreas boscosas, fincas, playas, manglares o zonas de difícil acceso, donde los cargamentos permanecen ocultos durante días o incluso semanas antes de ser recuperados por otros integrantes.

El objetivo es reducir la exposición de la droga durante los traslados y fragmentar la cadena logística para dificultar las investigaciones.

Tras el hallazgo en Cuango, la Aeronaval coordinó con la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala el traslado de la evidencia hasta la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón, en Sherman. Allí fueron contabilizados 280 paquetes distribuidos en cinco sacos, cuyo contenido será confirmado mediante análisis periciales.

Con esta incautación, el Senan informó que durante 2026 ha decomisado 42.502 paquetes de sustancias ilícitas en 74 operaciones antidrogas, como parte de acciones permanentes para combatir las organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional.

Las cifras oficiales reflejan que Panamá continúa siendo uno de los principales corredores del narcotráfico en la región. De acuerdo con el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC), entre enero y mayo de este año fueron decomisadas 47,04 toneladas, de las cuales 28,47 toneladas correspondieron a cocaína y 18,45 toneladas a marihuana, mientras que el resto se distribuyó entre metanfetaminas, THC, éxtasis.

El informe también muestra que Colón concentra el mayor volumen de incautaciones del país, con 13,38 toneladas, seguido por Panamá (9,52 toneladas), Panamá Oeste (9,09 toneladas), Chiriquí (7,24 toneladas) y Los Santos (4,94 toneladas).

En el otro extremo aparecen Darién con 1,83 toneladas, Coclé con 0,77 y Guna Yala con 0,25 toneladas, mientras que Veraguas y Herrera no reportaron decomisos durante ese período.

El comportamiento mensual evidencia además que mayo fue el mes con mayor cantidad de droga decomisada, al acumular 12,49 toneladas, por encima de febrero (10,50 toneladas) y enero (9,95.

Las investigaciones por delitos relacionados con drogas también continúan avanzando en distintas provincias. En Chiriquí, la Fiscalía Regional logró una condena de 80 meses de prisión contra un hombre que aceptó su responsabilidad por el delito de comercialización de sustancias ilícitas.

El condenado fue capturado el pasado 23 de julio en David, durante una diligencia de registro e inspección en la que las autoridades encontraron drogas y otros. Además de la pena de prisión, el Tribunal le impuso una inhabilitación.

Mientras tanto, en la provincia de Panamá, la Operación Corsario permitió desarticular una estructura criminal que, según la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, era investigada desde 2024 con apoyo de autoridades del Reino de España.

Las diligencias de allanamiento realizadas en el corregimiento de Betania culminaron con cinco personas imputadas por presuntos delitos de conspiración para el tráfico de.

Como parte de esa investigación, dos de los imputados permanecerán en detención provisional, mientras que otros tres deberán cumplir la medida cautelar de reporte periódico durante el desarrollo de la investigación. Según la Fiscalía, la organización presuntamente utilizaba una estructura destinada a facilitar operaciones de narcotráfico y lavado de, en un caso que evidencia el alcance internacional de redes.

El Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica, con apoyo de una aeronave del gobierno de los Estados Unidos, llevó a cabo este domingo la interceptación de una embarcación que transportaba más de dos toneladas de cocaína en aguas del Pacífico sur costarricense. El operativo, desarrollado a 97 millas náuticas de Cabo Matapalo, permitió la detención de tres ciudadanos de nacionalidad colombiana y la incautación de un cargamento que, según fuentes oficiales, representa uno de los mayores golpes recientes al narcotráfico en la región.

De acuerdo con información confirmada por Juan Carlos Alvarado, director de Guardacostas, la operación se realizó en el marco del Convenio de Patrullaje Conjunto entre Costa Rica y Estados Unidos. La acción fue coordinada por la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de los Estados Unidos, cuyos sistemas de vigilancia marítima detectaron la presencia de una embarcación sospechosa durante un sobrevuelo en espacio aéreo costarricense. Tras el aviso, el Servicio Nacional de Guardacostas activó el protocolo de emergencia y desplegó botes interceptores del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) y una patrullera hacia la ubicación señalada.

“Nuevo golpe al narcotráfico internacional. El Servicio Nacional de Guardacostas, con el apoyo de un avión de los Estados Unidos, interceptó una embarcación que transportaba más de dos toneladas de cocaína. La operación se realizó a 97 millas náuticas de Cabo Matapalo, en el Pacífico Sur. En la lancha viajaban tres colombianos, quienes fueron detenidos por las autoridades”, destacó la Presidencia de la República.

El despliegue operativo se extendió durante aproximadamente doce horas. Las unidades avanzaron hasta el punto de contacto en el océano y, alrededor de las 3:00 de la madrugada, lograron ubicar y detener la lancha.

En la embarcación viajaban tres hombres identificados con los apellidos Murillo, Ruíz y Valencia. Según el reporte oficial, los agentes hallaron 71 bultos con aparente cocaína, junto con varios estañones de combustible, en una lancha sin matrícula ni nombre visible equipada con tres potentes motores fuera de borda.

Posteriormente, la lancha y los detenidos fueron escoltados hasta el muelle de Golfito, donde los agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) realizaron la inspección y el conteo del cargamento. Las autoridades contabilizaron un total de 2.066 paquetes de cocaína, con un peso aproximado de un kilogramo cada uno.

El Servicio Nacional de Guardacostas destacó que la embarcación se encontraba adaptada para el transporte de grandes volúmenes de droga y carecía de cualquier identificación visible, una práctica habitual en las operaciones del narcotráfico internacional que busca evadir controles en el corredor del Pacífico Este.

Según el parte oficial, “estos resultados son producto del trabajo conjunto, la confianza y el trabajo incansable de las personas funcionarias del Servicio Nacional de Guardacostas”. Los tres detenidos quedaron a la orden de las autoridades judiciales para enfrentar los cargos correspondientes en los tribunales de Costa Rica.

El 9 de julio otro operativo se desarrolló frente a la Bahía Ballena de Osa, en la Zona Sur del país, que permitió ubicar y dar seguimiento a una embarcación sospechosa. La embarcación contenía 84 sacos, cada uno contenía aproximadamente 30 paquetes con aparente cocaína.

El vehículo presentaba una chapa delantera triplicada y la original solo en la parte trasera. Al detener la marcha para identificar a los ocupantes, dos hombres de nacionalidad peruana, de 40 y 28 años, los efectivos advirtieron inconsistencias en sus declaraciones.

En el marco del control, el personal de la Comisaría Vecinal 1B inspeccionó el interior del automóvil y halló debajo del asiento del conductor un bolso negro. Dentro del bolso, según detalló la fuerza, se encontró un paquete compacto envuelto en nylon negro, con un peso de 1,05 kilos de clorhidrato de cocaína.

Tras el hallazgo, los agentes procedieron a la detención inmediata de los dos sospechosos y al secuestro de la sustancia, el vehículo y dos teléfonos celulares. El caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, bajo la dirección de María Capuchetti, quien dispuso que ambos imputados permanezcan incomunicados.

A lo largo de este mes, la fuerza de seguridad porteña también implementó otros operativos contra el narcotráfico. A comienzos de julio, La Policía de la Ciudad desmanteló un búnker narco en el Barrio 15 de Villa Lugano tras un operativo de la División Unidad Táctica de Pacificación IV. Tres mujeres quedaron detenidas, una de ellas de nacionalidad chilena y otra con antecedentes por comercialización de estupefacientes.

El procedimiento se activó al observar una maniobra de venta de drogas frente a una vivienda de Villa Lugano. Cuando los agentes intentaron identificar al comprador, el hombre intentó alejarse, pero fue interceptado. Una de las involucradas ingresó rápidamente al domicilio e intentó ocultar la droga y el dinero, acción que fue detectada por los efectivos desde el exterior.

La intervención de la Unidad de Flagrancia Sur permitió el ingreso inmediato a la propiedad y la detención de las sospechosas. Durante la inspección, los agentes secuestraron 504.400 pesos, 100 dólares, 11 envoltorios de pasta base, 22 de cocaína, 37 de marihuana, una bolsa con Tusi, cuatro celulares y tres balanzas de precisión. Parte de estos elementos fue hallada en un pasillo lindero al inmueble, donde las sospechosas intentaron descartarlos antes de la irrupción policial. Según fuentes del caso, entre las detenidas figura una mujer con tres antecedentes por comercialización de estupefacientes.

La causa quedó bajo la órbita de la Unidad de Flagrancia Sur, a cargo de Sebastián Landini, quien dispuso la consigna policial en la propiedad. Las tres detenidas enfrentan cargos por infracción a la Ley 23.737. El comprador, con antecedentes, fue notificado por infracción a la misma normativa.

La Ley 23.737 regula la tenencia, el tráfico y la producción de estupefacientes en Argentina, estableciendo penas para quienes fabriquen, comercialicen, transporten o almacenen sustancias prohibidas. Sancionada en 1989, la norma diferencia entre delitos asociados al narcotráfico y casos de consumo personal, incorporando medidas alternativas a la prisión para quienes sean usuarios, como el acceso a tratamiento médico y programas de rehabilitación.

La legislación prevé el decomiso de bienes vinculados al narcotráfico y otorga facultades a la Justicia para derivar a tratamiento a personas detenidas por consumo propio que acrediten adicción.

Una ciudadana colombiana fue condenada a siete años (84 meses) de prisión tras intentar ingresar a Panamá con 17 kilogramos de cocaína ocultos en prendas de vestir impregnadas con la droga, una modalidad de tráfico internacional utilizada por organizaciones criminales para dificultar la detección del estupefaciente en aeropuertos y otros puntos.

La condena fue obtenida por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de la Procuraduría General de la Nación, luego de que la mujer aceptara los cargos mediante un acuerdo de pena durante una audiencia de garantías.

De acuerdo con el Ministerio Público, la mujer fue capturada el 20 de julio de 2026 por unidades de la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional cuando ingresaba al país por el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Las autoridades informaron que en su equipaje transportaba 5.27 kilogramos y otros 11.73 kilogramos de clorhidrato de cocaína, sustancias que habían sido impregnadas en diferentes piezas de ropa, para un total de 17 kilogramos del alcaloide.

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó la legalización de la aprehensión, formuló cargos por el delito de tráfico internacional de drogas y presentó un acuerdo de pena, que fue admitido tras la aceptación de responsabilidad por parte de la acusada.

¿Cómo funciona esta modalidad?

La impregnación de cocaína en textiles es una técnica utilizada por redes del narcotráfico para reducir la posibilidad de que la droga sea detectada durante las inspecciones convencionales.

En lugar de transportar paquetes compactos, los traficantes someten la cocaína a procesos químicos para convertirla en una solución líquida o una pasta que posteriormente es absorbida por telas, prendas de vestir, papel, cartón, cuero u otros.

Una vez el material llega a su destino, laboratorios clandestinos emplean reactivos químicos para separar nuevamente el alcaloide de las fibras textiles. El proceso permite recuperar la cocaína en estado sólido para su posterior distribución.

Especialistas en investigaciones antidrogas señalan que este método busca dificultar la labor de los controles aeroportuarios, ya que la droga no siempre presenta la apariencia habitual de los narcóticos ocultos en dobles fondos o compartimientos secretos.

Sin embargo, los equipos especializados utilizan análisis químicos, inspecciones técnicas y pruebas de laboratorio que permiten detectar la presencia del alcaloide incluso cuando ha sido mezclado o impregnado en otros materiales.

Aunque esta modalidad requiere una infraestructura más compleja para recuperar la sustancia, continúa siendo utilizada por organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas debido al alto valor comercial que puede alcanzar.

Operación contra el microtráfico

El caso en Tocumen se produjo mientras las autoridades también desarrollaban una ofensiva contra la venta de drogas en las inmediaciones de centros educativos mediante la operación “Impacto Escolar”, coordinada por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

La operación dejó 21 condenas en distintas provincias del país, además de 15 personas detenidas provisionalmente, como parte de investigaciones relacionadas con el delito de venta de drogas.

En el área metropolitana se validaron seis condenas, entre ellas una de 140 meses de prisión, cuatro de 84 meses y otra de 80 meses. Además, tres personas quedaron bajo detención provisional mientras continúan las investigaciones.

En Colón, una persona fue condenada a 84 meses de prisión mediante acuerdo de pena, mientras otro imputado quedó detenido preventivamente.

En Panamá Oeste se dictaron cuatro condenas de 170, 90, 84 y 60 meses de prisión, además de tres detenciones provisionales por casos registrados en los distritos de Chame y San Carlos.

En Veraguas, un juez de garantías ordenó la detención provisional de tres ciudadanos investigados por venta de drogas.

Por su parte, en Bocas del Toro se logró una condena y una detención provisional. En Chiriquí se registraron cuatro imputaciones que derivaron en una condena, dos detenciones provisionales y un arresto domiciliario definitivo.

Finalmente, en las provincias de Herrera y Los Santos se validaron cuatro condenas de 95, 90 y dos de 84 meses de prisión, además de dos medidas cautelares de detención provisional.

Con estos resultados, las autoridades mantienen dos frentes de acción simultáneos: el combate al tráfico internacional de drogas, que utiliza métodos cada vez más sofisticados para mover cargamentos entre países, y la persecución del microtráfico, especialmente en áreas cercanas a centros educativos, donde las investigaciones buscan frenar la distribución local de sustancias ilícitas.

Tres personas —dos hombres y una mujer— fueron detenidas sobre la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez, a la altura del punto conocido como El Navegante, en el tramo entre El Sauz y El Sueco, tras asegurarles 29 kilos de metanfetamina y 12 kilos de cocaína, junto con el automóvil Nissan Versa color arena con placas foráneas en el que viajaban.

De acuerdo con los primeros reportes, el operativo tuvo lugar sobre la carretera federal 45, en el tramo de alto tránsito que une la capital de Chihuahua con Ciudad Juárez, donde opera La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez. Las placas foráneas del Nissan Versa color arena alertaron a los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

La detención recayó sobre dos hombres y una mujer cuyas identidades no fueron divulgadas por las autoridades. Todos los detenidos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público Federal para el seguimiento del caso.

La droga asegurada y el vehículo también fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial. Las investigaciones sobre el origen y destino del cargamento continúan abiertas.

El contexto nacional: operativos del 20 de julio de 2026

El aseguramiento en Chihuahua forma parte del informe del Gabinete de Seguridad sobre los eventos del 20 de julio de 2026, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad. Ese mismo día, fuerzas federales y estatales ejecutaron operativos en al menos seis entidades del país.

En Baja California, los resultados fueron considerables en dos municipios. En Tecate, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Fiscalía y la Policía Estatal catearon un inmueble y aseguraron cuatro armas largas, nueve cargadores, 236 cartuchos, dosis de metanfetamina, dos chalecos tácticos y ponchallantas.

En el fraccionamiento Santa Fe de Tijuana, la FGR y la Policía Municipal catearon otro inmueble y aseguraron 40 kilos de metanfetamina.

Colima, Michoacán y Sinaloa: armas, drogas y químicos

En Manzanillo, Colima, la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Estatal ejecutaron operativos en tres colonias del puerto. En Campo Verde, las corporaciones aseguraron dos armas largas y un vehículo sin reportar detenidos.

En las colonias Jabalí y Burócrata, también en Manzanillo, la misma dupla de fuerzas detuvo a dos personas. El cateo arrojó cuatro armas largas, siete cargadores, 369 cartuchos, 800 dosis de metanfetaminas, una báscula y cuatro paquetes de pipas de cristal.

En Hidalgo, Michoacán, autoridades federales catearon un inmueble y detuvieron a un hombre. Le aseguraron siete armas largas, 56 cargadores, mil 422 cartuchos, dosis de metanfetamina, ocho chalecos tácticos y dos cascos.

El mismo cateo en Hidalgo derivó en el aseguramiento de dos vehículos y una motocicleta. El volumen de armamento y equipo táctico apunta a un objetivo de relevancia dentro de una estructura criminal.

En Escuinapa, Sinaloa, elementos de la Semar detuvieron a una persona y le aseguraron tres armas largas, un arma corta, 44 cartuchos, 22 cargadores, dos chalecos tácticos y dos vehículos.

Tamaulipas y el golpe a la producción de metanfetamina en Sinaloa

En Nuevo Laredo, Tamaulipas, el Ejército Mexicano detuvo a dos hombres que viajaban a bordo de un vehículo. La intervención derivó en el aseguramiento de dos armas cortas, cargadores y cartuchos.

El operativo con mayor alcance del día tuvo lugar en Cosalá, Sinaloa. En diversos poblados del municipio, el Ejército Mexicano localizó e inhabilitó dos áreas de concentración de material vinculado a la producción de drogas.

En esos puntos, las fuerzas federales aseguraron 940 litros y 15 kilos de sustancias químicas destinadas a la elaboración de metanfetamina. También decomisaron un reactor de síntesis orgánica, equipo utilizado en la fabricación del estupefaciente.

El Gabinete de Seguridad calculó que el conjunto de operativos del 20 de julio dejó una afectación económica a la delincuencia organizada de 18 millones de pesos.

El aseguramiento ocurrió sobre la carretera federal Sonoyta–Puerto Peñasco, a la altura del kilómetro 91+000, donde elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR) detectaron la unidad de carga durante labores de vigilancia.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, los agentes marcaron el alto al conductor debido a que circulaba a exceso de velocidad e invadía el carril contrario. Al revisar la documentación del traslado, los elementos identificaron que el tractocamión tenía como destino final la ciudad de Tijuana.

La metanfetamina, escondida entre alimento para ganado

Durante la inspección del vehículo, los agentes localizaron 60 costales que contenían recipientes de plástico con una sustancia con características de metanfetamina, ocultos entre bultos de alimento para ganado.

El cargamento tuvo un peso aproximado de 3 mil 25 kilogramos de droga, según informó el Gabinete de Seguridad.

Las autoridades no informaron el punto de origen del envío ni la organización criminal a la que presuntamente pertenecía la carga, aunque señalaron que la droga no llegó a su destino previsto.

Detienen al conductor del tractocamión

El operador de la unidad, un hombre de 49 años de edad, fue detenido durante el operativo y, junto con la droga asegurada, quedó a disposición del Ministerio Público Federal.

La FGR será la encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar la situación jurídica del detenido, además de realizar las indagatorias para establecer la procedencia del cargamento y la posible participación de otras personas.

El aseguramiento se suma a los operativos realizados por autoridades federales en carreteras de Sonora, una entidad considerada estratégica para el tráfico de drogas debido a su ubicación fronteriza con Estados Unidos y las rutas utilizadas por organizaciones criminales para el traslado de sustancias ilícitas hacia el norte del país.

Hermosillo: aseguran más de 145 kilos de metanfetamina que serían enviados a Tijuana

Recientemente, un cargamento de 145 kilos 454 gramos de metanfetamina fue asegurado por autoridades federales dentro de una empresa de paquetería en Hermosillo, Sonora, antes de que fuera enviado a Tijuana, Baja California.

El aseguramiento ocurrió el 16 de junio de 2026 luego de una denuncia anónima que alertó sobre un posible envío de droga. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) localizaron 184 paquetes con la sustancia durante una inspección en la empresa de mensajería.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), el narcótico tenía como destino Tijuana, una ciudad fronteriza que forma parte de las rutas utilizadas para el traslado de drogas hacia Estados Unidos.

La metanfetamina, una de las drogas sintéticas con mayor presencia en el tráfico internacional

La metanfetamina es una droga sintética estimulante del sistema nervioso central con un alto potencial adictivo. Su producción y tráfico se han convertido en una de las principales actividades de las organizaciones criminales dedicadas al comercio ilícito de sustancias, debido a la demanda que mantiene en mercados como el de Estados Unidos.

En México, autoridades federales han identificado a los grupos del crimen organizado como responsables del traslado de grandes cargamentos de drogas sintéticas hacia la frontera norte, donde buscan introducirlas al mercado estadounidense. Los decomisos de toneladas de metanfetamina representan un golpe a las redes de producción, transporte y distribución de estas sustancias.

La División Antinarcóticos de la Comarca llevó a cabo el allanamiento de dos viviendas en Cutral Co donde hallaron más de 300 dosis de cocaína listas para la venta. El procedimiento en Neuquén, que contó con autorización judicial y se concretó el viernes 18 de julio, concluyó con el secuestro de estupefacientes, una importante suma de dinero en efectivo, un vehículo y diversos elementos de interés para la investigación. Una mujer fue imputada tras el operativo y permanece supeditada al avance de la causa.

Según LM Neuquén, la investigación que derivó en los allanamientos se extendió durante 12 días y permitió identificar dos domicilios conectados con la comercialización de estupefacientes en la localidad. Una de las viviendas habría funcionado como punto de venta directa al menudeo, mientras que la otra era utilizada como depósito y espacio de ocultamiento de la droga. Al irrumpir, los efectivos de la fuerza encontraron clorhidrato de cocaína ya fraccionado, equivalente a unas 350 dosis, preparadas para su distribución inmediata. El hallazgo refuerza la hipótesis de un sistema organizado de distribución local.

Además de la droga, las fuerzas policiales secuestraron: dinero en efectivo, un automóvil y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento y la comercialización de los estupefacientes. Entre los objetos incautados figuran balanzas y otros instrumentos empleados en la preparación de dosis. Durante la intervención, una mujer mayor de edad fue demorada y trasladada para cumplir con las diligencias judiciales correspondientes. Tras ser informada formalmente de la imputación, la acusada recuperó la libertad, aunque continúa bajo investigación y quedó a disposición de la Justicia.

En el operativo participaron efectivos de la División Antinarcóticos El Pehuén de Zapala, el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), el Departamento Comando Radioeléctrico y la División Tránsito de Plaza Huincul. Estas unidades especializadas brindaron apoyo logístico y de seguridad, asegurando la cobertura y la protección de la zona mientras se ejecutaban los procedimientos. La coordinación entre distintas dependencias fue clave para la concreción de los allanamientos sin incidentes.

De manera simultánea, la Policía desplegó un procedimiento contra el narcomenudeo en la ciudad de Neuquén, focalizado en el barrio Villa María, donde se desarticularon dos presuntos puntos de venta de droga. En este caso, la investigación surgió a partir de denuncias presentadas por vecinos, lo que motivó tareas de inteligencia policial. La confirmación de la actividad ilícita permitió solicitar y ejecutar órdenes de allanamiento en ambos domicilios de manera coordinada.

El despliegue policial en la capital resultó en la clausura preventiva de una de las viviendas, la detención de dos personas adultas y el secuestro de más de 73 gramos de cocaína compactada, además de 18 dosis listas para la venta y 125 gramos de cannabis sativa.

También se incautaron dos balanzas digitales con restos de cocaína, creatina utilizada para corte, seis teléfonos celulares y una suma de 234.600 pesos en efectivo. Entre los elementos retenidos figuran 71 cartuchos de diversos calibres, dos réplicas de armas de aire comprimido, una pistola calibre .22 y un arma de fabricación casera, lo que evidencia el nivel de equipamiento y protección con que contaban los involucrados.

Todos los elementos secuestrados durante los procedimientos serán incorporados como pruebas en el expediente judicial, lo que podría derivar en nuevas diligencias o imputaciones adicionales si surgen elementos comprometedores a lo largo del proceso. La seguidilla de operativos refleja una intensificación de las acciones policiales y judiciales contra la venta de estupefacientes en la provincia.

Neuquén ha implementado en los últimos años una política activa de combate al narcomenudeo, apoyada en la desfederalización de la investigación y sanción de delitos vinculados a la venta minorista de drogas. La Ley 3.488, reglamentada en 2026, facultó a la Justicia provincial a intervenir en estos casos, agilizando los procedimientos y permitiendo una respuesta más rápida ante la aparición de nuevos puntos de venta.

La Policía de Nicaragua informó recientemente la incautación de 750 kilos de cocaína en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, en un operativo donde fue presentado un conductor guatemalteco de 66 años como el único detenido.

El caso generó reacciones en distintos sectores y renovó la discusión acerca de la efectividad de las estrategias nacionales contra el narcotráfico y el alcance de las investigaciones sobre redes transnacionales.

Según la información de Nicaragua Investiga, la droga se encontraba oculta en un furgón que viajaba desde Panamá. El cargamento estaba distribuido en 643 paquetes rectangulares, los cuales estaban dentro de 54 cilindros metálicos.

El vehículo, un cabezal Freightliner color lila y plataforma negra, tenía matrícula guatemalteca y era conducido por Roberto Bardales de León. La Policía presentó a Bardales de León como el único sospechoso detenido en el operativo y señaló que el caso representaba un golpe al crimen organizado internacional.

De acuerdo con la cobertura del medio citado, el operativo se diferencia de otros casos recientes porque en esta ocasión sí se reportó la captura de un sospechoso.

En episodios previos, las autoridades habían informado sobre decomisos de drogas o de grandes sumas de dinero supuestamente abandonados por personas que lograron escapar. Esta diferencia ha sido destacada por analistas, quienes advierten que la detención de un conductor de edad avanzada podría no reflejar necesariamente el desmantelamiento de una estructura de narcotráfico más amplia.

Especialistas legales consultados por Nicaragua Investiga han señalado que es frecuente la aparición de furgones abandonados en los reportes oficiales. Según estas valoraciones, este tipo de situaciones podría facilitar la introducción de recursos ilícitos en las arcas estatales, ya que no existirían mecanismos de control independientes que permitan verificar el destino final de esos bienes. No obstante, la publicación no presenta evidencia directa sobre el uso de estos recursos ni sobre la existencia de investigaciones adicionales en estos casos.

El operativo de Peñas Blancas ha sido presentado por las autoridades como parte del plan denominado “Muro de Contención”, orientado a restringir el paso de drogas por el territorio nicaragüense. Sin embargo, para ciertos sectores, la captura de un solo individuo y la modalidad de los procedimientos informados dejan interrogantes sobre la capacidad real del Estado para atacar las redes de mayor alcance en el narcotráfico internacional.

Nicaragua y la cooperación regional antidrogas

En el contexto regional, Nicaragua ha quedado fuera de la iniciativa “Escudo de las Américas”, impulsada por Estados Unidos para fortalecer la cooperación entre países de la región en materia de seguridad y lucha contra el tráfico de drogas. De acuerdo con la información publicada por Nicaragua Investiga, la exclusión se atribuye a la falta de compromiso del gobierno nicaragüense y a sus relaciones con figuras internacionales como Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

La justicia de Estados Unidos mantiene acusaciones contra Maduro por su presunto liderazgo en el denominado “Cártel de los Soles”, una organización señalada por el movimiento de grandes volúmenes de cocaína en Latinoamérica. Según la publicación, la relación con este tipo de actores ha incidido en la decisión de mantener a Nicaragua al margen de los principales proyectos de colaboración antidrogas en la región.

La lucha contra el tráfico ilícito de drogas mantiene operativos en distintas regiones del país con intervenciones dirigidas a interrumpir el traslado de cargamentos ilegales. Estas acciones forman parte de la estrategia de las autoridades para reducir el impacto económico de las organizaciones criminales vinculadas a este delito.

En Ayacucho, una operación policial permitió retirar del circuito de distribución una importante cantidad de alcaloide de cocaína. La intervención también incluyó la incautación de un arma de fuego y municiones, elementos que quedaron bajo las diligencias correspondientes.

Las acciones contra el narcotráfico cuentan con la participación del Ministerio Público durante las investigaciones y la verificación del material incautado. Este procedimiento busca garantizar la cadena de custodia y la documentación de las evidencias obtenidas durante los operativos.

La Policía Nacional del Perú informó que este resultado se enmarca en las operaciones permanentes contra las economías criminales, con intervenciones orientadas a reducir la capacidad operativa de las redes dedicadas al transporte y comercialización de drogas.

Operativo permitió incautar 76 paquetes de cocaína

La Policía Nacional del Perú informó que el operativo se desarrolló en la provincia de La Mar, región Ayacucho. Según la institución, durante la intervención tres personas que transportaban mochilas escaparon al detectar la presencia de los agentes y abandonaron el cargamento entre la vegetación.

Tras las diligencias efectuadas con participación del Ministerio Público, las autoridades confirmaron el decomiso de 76 paquetes tipo ladrillo que contenían alcaloide de cocaína. El peso total del cargamento alcanzó los 79.208 kilogramos.

Además de la droga, los efectivos incautaron un revólver y municiones, materiales que también quedaron a disposición de las investigaciones para determinar su procedencia y posible vínculo con la organización responsable del traslado del cargamento.

Afectación económica para las organizaciones criminales

De acuerdo con la información difundida por la Policía Nacional del Perú, la droga decomisada representa una afectación económica estimada en S/ 317 347 para las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas.

La institución indicó que este tipo de intervenciones busca debilitar la capacidad logística y financiera de las redes criminales que operan en distintas zonas del país. El decomiso impide que el cargamento continúe su ruta de distribución y reduce los recursos disponibles para estas organizaciones.

Operaciones forman parte del plan nacional de seguridad

La Policía Nacional del Perú señaló que este operativo se ejecutó dentro del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026–2028, documento que contempla acciones sostenidas contra el narcotráfico y otras economías ilegales.

Como parte de esta estrategia, la institución mantiene intervenciones en diversas regiones con el propósito de identificar rutas utilizadas para el transporte de drogas y fortalecer las investigaciones relacionadas con estas actividades delictivas.

La Policía Nacional del Perú recordó que la ciudadanía puede proporcionar información vinculada al tráfico ilícito de drogas mediante la línea 105 o a través de la Central Única de Denuncias (CUD), canales habilitados para recibir reportes sobre este tipo de delitos.

El titular de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole, afirmó que existe una “conexión mortífera” entre los cárteles del narcotráfico y funcionarios mexicanos que presuntamente facilitan sus operaciones, y advirtió que la agencia perseguirá a quienes permitan la actividad criminal desde el servicio público.

La declaración ocurrió este lunes durante la cumbre Fentanyl Free America, realizada en Orlando, Florida, en medio de los señalamientos de autoridades estadounidenses contra funcionarios mexicanos presuntamente relacionados con organizaciones criminales. El pronunciamiento se dio dos meses y medio después de que fiscales de Estados Unidos presentaran cargos penales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos, dentro de un proceso judicial que permanece abierto.

Durante su intervención, Cole sostuvo que la estrategia de la agencia no se limitará a los integrantes de los grupos criminales, sino también a las personas que, desde posiciones de poder, presuntamente permitan su funcionamiento.

“Hay una conexión mortífera entre los cárteles y quienes, desde el servicio público, facilitan sus operaciones”, afirmó el funcionario estadounidense.

Cole sostuvo que la DEA enfocará sus acciones contra las estructuras criminales dedicadas al tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas, pero también contra quienes presuntamente faciliten sus operaciones desde cargos públicos.

Sus declaraciones ocurrieron dos meses y medio después de que fiscales estadounidenses presentaran cargos penales contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos. Las acusaciones forman parte de un proceso judicial en curso y, hasta ahora, no existe una resolución que determine la culpabilidad de los señalados ni que establezca vínculos entre el Gobierno de México, como institución, y organizaciones criminales.

Estos son los nueve funcionarios acusados por EEUU de presunta protección al Cártel de Sinaloa

La acusación incluye a servidores públicos y exfuncionarios de Sinaloa señalados por presuntos sobornos, filtración de operativos y uso de sus cargos para favorecer las actividades del grupo criminal

Los señalamientos, presentados el 29 de abril de 2026, incluyen delitos relacionados con narcotráfico, protección a una organización criminal y posesión ilegal de armas de fuego. De acuerdo con la acusación, los implicados habrían facilitado el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.

Entre los acusados se encuentran:

• Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, señalado de presuntamente permitir operaciones del cártel a cambio de apoyo político y electoral, así como de colocar funcionarios afines a los intereses de la organización.
• Enrique Inzunza Cázares, senador y exsecretario general de Gobierno estatal, acusado de presuntamente servir como enlace entre la administración estatal y la facción de “Los Chapitos”.
• Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, señalado de presuntamente colaborar como intermediario entre funcionarios y líderes criminales, además de proporcionar información sobre rivales políticos.
• Dámaso Castro, vicefiscal general de Sinaloa, acusado de recibir pagos para alertar sobre operativos contra laboratorios y miembros del grupo criminal.
• Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez “Cholo”, exjefes de la Policía de Investigación de Sinaloa, señalados de presuntamente recibir sobornos para permitir operaciones del cártel y favorecer la liberación de integrantes detenidos.
• Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal, acusado de proporcionar información anticipada sobre operativos para permitir el movimiento de drogas y equipo.
• José Antonio Dionisio Hipólito “Tornado”, subdirector y luego comandante de la Policía Estatal, recibió pagos mensuales de hasta seis mil dólares, permitiendo la operación de los “Chapitos”, ubicando agentes leales en posiciones clave, vendiendo munición a la organización y alertando sobre operativos.
• Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán, habría recibido más de 10 mil dólares mensuales en efectivo, asegurando la protección del grupo criminal y permitiéndoles operar sin interferencia gubernamental.
• Juan Valenzuela Millán (“Juanito”), comandante de la Policía Municipal de Culiacán, está acusado de colaborar en secuestros y homicidios por orden del cártel, incluyendo la entrega de víctimas a sicarios y la vigilancia de objetivos marcados por el grupo.

Los cargos forman parte de un proceso penal abierto en Estados Unidos. Hasta ahora, las acusaciones corresponden a señalamientos de fiscales estadounidenses y no existe una resolución judicial que determine la culpabilidad de los involucrados.

Durante las últimas semanas, la Policía Nacional intensificó diversas investigaciones contra organizaciones vinculadas al tráfico ilícito de drogas que operan desde inmuebles alquilados en distintos distritos de Lima. Estas acciones buscan identificar nuevos métodos utilizados para almacenar, acondicionar y sacar cargamentos de cocaína con destino al extranjero.

Como parte de ese trabajo, agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro) ejecutaron un operativo contra un ciudadano colombiano investigado por integrar una red internacional dedicada al envío de droga hacia Europa. La intervención permitió descubrir un departamento utilizado como centro de acopio y acondicionamiento de cocaína.

De acuerdo con la información difundida por la Dirandro, la droga provenía del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), desde donde era trasladada hasta Lima para su posterior preparación antes del traslado internacional. Las pesquisas también apuntan a la participación de otros integrantes que aún permanecen bajo investigación.

Las autoridades sostienen que la organización recurría a distintas modalidades para sacar la cocaína del país y utilizaba viviendas aparentemente comunes para reducir el riesgo de despertar sospechas entre los vecinos y los sistemas de vigilancia.

Dirandro intervino departamento utilizado para almacenar cocaína

Luego de varias semanas de labores de inteligencia, agentes de la Dirección Antidrogas capturaron a Jimmy Moreno Romero, conocido con el alias de “El Colombiano”. Según la investigación policial, el ciudadano extranjero alquiló un departamento ubicado en la avenida Costanera, frente al litoral limeño, para convertirlo en un centro de operaciones destinado al almacenamiento y acondicionamiento de cocaína.

Durante la intervención, los efectivos revisaron cada ambiente del inmueble y localizaron diversas cajas que contenían droga lista para su procesamiento. En el registro policial, uno de los agentes consultó al detenido: “¿Hay cocaína en este inmueble?”. Moreno Romero respondió: “Sí”. Ante la siguiente pregunta sobre la ubicación, señaló: “En su caja”.

La inspección continuó dentro del departamento y permitió identificar varias cajas con compartimentos ocultos. En uno de los procedimientos registrados por la policía se indicó: “En estos momentos se puede ver en esta caja de cartón unas pequeñas láminas negras. En su interior hay una sustancia blanquecina”.

La Dirandro informó que el investigado llegó al Perú en mayo de este año y, tras su ingreso al país, fue sometido a vigilancia por parte de los equipos de inteligencia hasta identificar el inmueble donde desarrollaba sus actividades.

Investigación apunta a una red con conexiones internacionales

Las autoridades sostienen que Moreno Romero no actuaba de manera individual. Según la Dirandro, formaría parte de una organización dedicada al tráfico internacional de drogas, cuyo objetivo consistía en abastecer mercados europeos.

Un representante policial explicó que “este personaje es un ciudadano de nacionalidad colombiana que en el mes de mayo llegó a nuestro país y a través de nuestra actividad de inteligencia hemos podido detectar su presencia en la capital”.

La investigación también busca establecer cuántos envíos logró realizar la organización y cuáles fueron los países de destino. Durante el operativo, un efectivo indicó que “las investigaciones continúan para establecer la cantidad de veces que no solamente envió a España, sino a otros lugares para poder comercializarlo”.

Los agentes analizan la documentación, los materiales encontrados y otros elementos incautados durante el allanamiento para determinar la dimensión de las operaciones y la participación de posibles colaboradores.

Modalidades utilizadas para sacar la droga del país

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirandro, la organización utilizaba distintas estrategias para transportar la cocaína fuera del Perú. Una de ellas consistía en ocultar el alcaloide dentro de zapatillas destinadas a envíos internacionales.

Otra modalidad identificada por los investigadores incluía la captación de jóvenes para convertirlos en burriers. Según la investigación, Moreno Romero aparentaba ser un turista para acercarse a personas interesadas en obtener dinero a cambio del traslado de droga.

Posteriormente, la cocaína era adherida al cuerpo mediante el método conocido como “la momia”, antes de abordar vuelos internacionales con destino a Europa.

La policía también informó que parte del acondicionamiento del estupefaciente se realizaba dentro del departamento intervenido, donde se preparaban los paquetes antes de su distribución.

Materiales incautados reforzaron las investigaciones

Durante la diligencia, los agentes encontraron láminas negras, cartones corrugados y otros materiales utilizados para ocultar la droga. En uno de los procedimientos de verificación, personal policial explicó que las láminas servían para dificultar la detección mediante equipos de inspección.

Asimismo, los especialistas realizaron pruebas químicas sobre las sustancias encontradas. Durante el procedimiento se informó: “Lo cual arroja una coloración azul turquesa, indicativo de positivo para alcaloide de cocaína”.

La Dirandro indicó que la droga intervenida tendría origen en laboratorios clandestinos ubicados en el Vraem, desde donde era enviada hasta Lima para completar el proceso previo a su salida del país.

Según la propia unidad policial, en los últimos años las organizaciones criminales optan por alquilar inmuebles en distritos como San Isidro, Miraflores y San Miguel para instalar centros de acondicionamiento de droga. Las investigaciones continúan con el objetivo de identificar otros departamentos utilizados por la misma red criminal y establecer la participación de más personas vinculadas al caso.

La Policía de Ecuador incautó 1,7 toneladas de cocaína ocultas en un contenedor de fruta destinado a Dinamarca y detuvo a cuatro personas durante un operativo en el municipio de Pasaje, provincia de El Oro, al sur del país. El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó el hallazgo el sábado y detalló que la droga fue localizada cuando los agentes interceptaron un camión que transportaba un contenedor contaminado desde Guayaquil hacia Puerto Bolívar, en Machala, punto de embarque hacia Europa.

Tras trasladar el vehículo al puerto para una revisión, los policías encontraron 1.800 bloques de cocaína, con un peso total de 1,7 toneladas. Según la policía, este cargamento representa alrededor de 17,9 millones de dosis y tendría un valor aproximado de 54 millones de dólares en el mercado nacional.

Durante el operativo resultaron detenidos Luis Andrés Villacís Espinoza, José Manuel Arias Briones, José Gustavo Lemos Castillo y Dilson Ángelo Sosa Ortega, presuntamente vinculados al transporte de la droga. También se incautaron tres vehículos y seis teléfonos celulares.

En una operación distinta, la Policía de Ecuador decomisó el viernes 119,76 kilos de cocaína ocultos en otro contenedor de fruta de exportación que iba a salir hacia Alemania desde el puerto de Machala. Los agentes seleccionaron el contenedor para inspección y, con apoyo de perros entrenados, detectaron 120 bloques rectangulares con cocaína ocultos en el piso del depósito. La droga fue valorada en aproximadamente USD 5,59 millones en el mercado europeo y una persona, Ángel Geovanny Jacinto Calderón, quedó detenida.

Además, la Policía Nacional de Ecuador incautó más de media tonelada de marihuana en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, y arrestó a una persona vinculada al delito. El Ministerio del Interior informó que el operativo ‘Cero Impunidad-22374’ permitió decomisar 502,29 kilogramos de marihuana, así como un vehículo y un teléfono celular.

Ecuador y Alemania firmaron el jueves una declaración de intenciones para fortalecer la cooperación en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico, basada en el intercambio de información y el desarrollo de estrategias conjuntas. El documento fue suscrito por el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, y el embajador de Alemania en el país andino, Jens Peter Lütkenherm.

Durante el acto, Lütkenherm subrayó la relevancia del acuerdo frente a la amenaza creciente de la delincuencia organizada, y afirmó: “El objetivo de esta declaración es profundizar la cooperación entre Alemania y Ecuador en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y los delitos conexos, en particular mediante la colaboración entre las autoridades policiales y los ministerios del Interior de nuestros respectivos países”.

Por su parte, Reimberg destacó que la firma del instrumento “marca un nuevo capítulo en la relación” bilateral y refleja una “voluntad compartida para enfrentar amenazas comunes mediante acciones coordinadas, intercambio de información, desarrollo de capacidades y cooperación permanente”.

En un mensaje posterior en la red social X, John Reimberg expresó: “Agradecemos el respaldo permanente del Gobierno alemán para fortalecer la seguridad, proteger a nuestra niñez y consolidar un Estado más fuerte frente a las amenazas criminales. Juntos demostramos que la democracia, la libertad y la fuerza de la ley siempre serán más poderosas que el crimen organizado”.

Ecuador se consolidó como el tercer país con mayor cantidad de drogas decomisadas en el mundo, después de Colombia y Estados Unidos, con registros de 200 toneladas anuales desde 2021 y un récord cercano a 300 toneladas en 2024. El país, situado entre los dos mayores productores mundiales de cocaína y con varios puertos clave en sus costas, cumple un rol central como punto de tránsito para el tráfico de drogas hacia Europa y Norteamérica. Hasta finales de mayo, las autoridades ecuatorianas habían decomisado más de 70 toneladas de droga, según cifras oficiales.

(Con información de EFE)

Pablo Vázquez Camacho informó que un operativo de la SSC en Cuauhtémoc y Venustiano Carranza dejó cuatro detenidos por presunta generación de violencia. Yahir “N”, Rafael “N”, Lucio Enrique “N” y Ramsés “N” quedaron en posesión de dos armas cortas, cartuchos útiles y dosis de presunta droga.

Los arrestos ocurrieron en las colonias Morelos y Zona Centro, donde los jóvenes con antecedentes delictivos posiblemente realizaban actividades para un grupo que mantenía una disputa con otra célula delictiva en la zona centro de la capital.

“No daremos ni un paso atrás en el combate a los delitos de alto impacto y la detención de quienes los cometen, para cumplir con nuestra encomienda de construir una ciudad más segura, justa y en paz”, afirmó el secretario.

Capturaron a Emiliano, de 19 años, de La Unión Tepito

Emiliano P. , de 19 años, es acusado de pertenecer a una banda de presuntos extorsionadores y matones que pelean contra la Anti Unión.

Lo señalan por participar en el asesinato de un hombre que vendía aguas en el centro histórico, lo acusó de ser también narcomenudista.

Detienen a mujer de 37 años con droga, 3 veces pisó la cárcel

Una mujer de 37 años fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México durante un operativo de vigilancia en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, tras ser sorprendida en posesión de dosis de aparente marihuana y cocaína.

De acuerdo con la corporación, la detenida estaría presuntamente relacionada con un grupo delictivo generador de violencia que opera en la zona centro de la capital y que es investigado por actividades de narcomenudeo, extorsión y homicidio.

La mujer fue puesta a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Matamoros y Jesús Carranza, en la colonia Morelos, donde policías realizaban recorridos preventivos para combatir la incidencia delictiva.

Los uniformados observaron a una mujer manipulando varias bolsas de plástico similares a las utilizadas para la venta de narcóticos.

Al notar la presencia de los agentes, la sospechosa intentó escapar, pero fue interceptada metros adelante.

Tras una revisión preventiva, realizada conforme a los protocolos de actuación policial, los oficiales aseguraron:

20 envoltorios con una hierba verde con características similares a la marihuana.

Cinco dosis de una sustancia sólida con apariencia de cocaína en piedra.

La posible droga fue asegurada y entregada al Ministerio Público junto con la detenida para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Como parte de las investigaciones, la SSC informó que, tras un cruce de información, se estableció que la mujer cuenta con tres ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

Dos de ellos ocurrieron en 2024 por delitos contra la salud, mientras que el tercero se registró en 2025 por delitos contra la salud, portación de arma de fuego y cohecho.

Cae El Gregory, presunto integrante de La Unión Tepito, en Coyoacán

El Gregory, presunto integrante de La Unión Tepito, fue detenido durante un cateo en la alcaldía Coyoacán.

Derivado de una investigación por delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo, elementos de la Fiscalía de Justicia capitalina ejecutaron un cateo en un inmueble ubicado al sur de la demarcación.

Durante la intervención, agentes de la Policía de Investigación (PDI) detuvieron a Gregory “N”, alias “El Gregory” o “El J”, identificado como objetivo prioritario de autoridades y probable integrante de la célula delictiva.

Además, en el inmueble fueron asegurados dos vehículos de alta gama, así como diversos objetos e indicios para su posterior análisis pericial y ministerial.

De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía CDMX, el imputado estaría relacionado con:

• Homicidios
• Lesiones por disparo de arma de fuego
• Extorsión
• Narcomenudeo

Y otros ilícitos cometidos principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

Detienen a hombre de 74 años con marihuana en Tlalpan

Personal de la Policía Auxiliar (PA), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvo a un sujeto en posesión de varias bolsitas con probable marihuana y un cargador de arma de fuego abastecido, en calle de la alcaldía Tlalpan.

La acción policial se registró cuando los uniformados de la PA realizaban sus patrullajes de seguridad y vigilancia y al circular por el cruce de la avenida 5 de Mayo y la calle Cerrada 5 de Mayo, en la colonia San Pedro Mártir, y observaron a un hombre que en actitud nerviosa y evasiva comenzó a acelerar el paso.

Para descartar un probable hecho delictivo le dieron alcance y en apego a los protocolos de actuación policial le realizaron una revisión preventiva, tras la cual le aseguraron una mochila en la que llevaba un cargador para arma de fuego corta con seis cartuchos útiles y seis bolsitas de plástico transparente con aparente marihuana.

Por lo anterior, el hombre de 74 años de edad, quien no pudo comprobar la legal portación del cargador fue detenido, enterado de sus derechos de ley y junto con lo asegurado, presentado ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal e iniciará la carpeta de investigación correspondiente.

El fentanilo irrumpió en Bulgaria y, en apenas dos años, dejó más de un centenar de muertos, lo que marcó un antes y un después en el mapa de las drogas en ese país. La sustancia, cuyo poder letal se mide en miligramos, protagonizó un aumento exponencial de las sobredosis fatales: las cifras oficiales sumaron 118 fallecimientos entre 2024 y 2025, frente a los cinco casos del año anterior.

Autoridades, expertos en crimen organizado y organizaciones sociales coincidieron en que el impacto real podría superar los registros, por la dificultad de identificar siempre la presencia del opioide en las víctimas.

La expansión se dio, principalmente, por la circulación de la sustancia en mezclas con otras drogas y por las limitaciones para detectarla con precisión en autopsias, lo que elevó el riesgo de consumo involuntario y complicó la dimensión real del fenómeno.

Las calles de Sofía y otras ciudades búlgaras sintieron el impacto de este estupefaciente, que con frecuencia apareció mezclado con otras drogas, como la heroína o la cocaína. Las autopsias, en muchos casos, consignaron paros cardíacos o insuficiencias respiratorias, sin precisar el componente químico detrás del desenlace.

Tihomir Bezlov, especialista en crimen organizado, explicó que basta con una docena de cristales, apenas 15 granos de sal, para que el fentanilo cause la muerte. Georgi Momekov, decano de Farmacia en la Universidad Médica de Sofía, advirtió que un kilogramo de la sustancia podría matar a medio millón de personas si se distribuyera en dosis letales.

El fentanilo, desarrollado en la década del 60 para tratar dolores extremos en pacientes con enfermedades graves, migró desde hospitales y laboratorios controlados hacia el circuito delictivo. En su versión ilegal, se fabrica en laboratorios clandestinos y circula como polvo o como mezcla con otras sustancias, lo que dificulta calcular la dosis y dispara el riesgo de sobredosis.

El precio, según datos de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado, ronda los 12.000 euros por kilogramo, una cifra que permite a los traficantes producir hasta 100.000 dosis, por encima de lo que rinde la heroína. La dinámica del mercado, con alto rendimiento por unidad y márgenes de dosificación mínimos, elevó la rentabilidad del tráfico y amplificó el riesgo de letalidad.

El origen de la sustancia que circula en Bulgaria sigue sin esclarecerse. Bezlov señaló que algunas partidas podrían derivar de productos médicos, mientras otras llegarían en cargamentos desde China o México. También existe la posibilidad de que químicos locales fabriquen el opioide con precursores importados, principalmente de China.

Bulgaria, históricamente ubicada en la ruta de la heroína desde Asia Central a Europa, experimentó una transformación del mercado tras el regreso de los talibanes al poder en Afganistán y la prohibición del cultivo de opio. La escasez de heroína llevó a los traficantes a recurrir al fentanilo para compensar la caída de calidad y cantidad de los estupefacientes tradicionales.

El impacto sanitario y social resultó inmediato. Yulia Georgieva, directora de un centro de apoyo a personas con adicciones, alertó sobre la facilidad de acceso al fentanilo y la falta de recursos para enfrentar la emergencia.

Entre las demandas de las organizaciones sociales sobresalieron la prevención entre adolescentes, la financiación de programas de reducción de daños, como el reparto de jeringuillas limpias y análisis de sustancias y la necesidad de mejorar la disponibilidad de naloxona, el único antídoto capaz de revertir una sobredosis si se aplica a tiempo.

El fentanilo y sus derivados, de acuerdo con la Agencia Europea de Drogas, poseen una potencia entre 80 y 100 veces mayor que la morfina. La sustancia, cuyo nombre químico es N-(1-(2-fenetil)-4-piperidinil-N-fenil-propanamida, actúa sobre los receptores opioides del sistema nervioso central. Sus efectos secundarios incluyen somnolencia, náuseas, vómitos, mareos y un rápido desarrollo de tolerancia y dependencia.

La mezcla con otras drogas, como heroína o benzodiacepinas, potencia el riesgo de muerte súbita por depresión respiratoria. La dosis letal estimada es de 2 mg, una cantidad que puede encontrarse en la punta de un lápiz.

El fenómeno del fentanilo no es exclusivo de Bulgaria. La Unión Europea y Estados Unidos reportaron miles de muertes por consumo de variantes ilícitas o de diseño, muchas veces mezcladas con heroína y vendidas sin que los consumidores identifiquen el peligro. Los datos de la Agencia Europea de Drogas indicaron que la forma ilegal del fentanilo y sus análogos, como el carfentanilo, presentan potencias incluso superiores, con márgenes de seguridad muy estrechos y un altísimo potencial de sobredosis.

(Con información de EFE)

La Policía de Entre Ríos detuvo a dos hombres y secuestró cocaína, marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares y elementos utilizados para el fraccionamiento de drogas, durante dos allanamientos realizados en el barrio Fátima I de Concordia. Fuentes policiales indicaron a Infobae que uno de los aprehendidos cumplía prisión domiciliaria por una causa federal vinculada al narcotráfico.

Los procedimientos, a cargo de la Comisaría Séptima y personal de distintas áreas de la Jefatura Departamental Concordia, se realizaron en el marco de una causa por “búsqueda y secuestro de armas de fuego”, iniciada tras la difusión en redes sociales de una publicación en la que se exhibía un arma.

El primer allanamiento tuvo lugar en la intersección de Aristóbulo del Valle y Humberto Primo. Allí, los efectivos sorprendieron a un joven de 18 años, identificado como Roberto Benjamín De Los Santos. Según pudo saber este medio, intentó escapar y arrojó la droga al advertir la llegada de los uniformados.

En el lugar se secuestraron dos teléfonos celulares, 1,6 gramos de marihuana, 97,4 gramos de cocaína, una balanza de precisión, recortes de nylon, un cuchillo con restos de cocaína y $95.000 en efectivo. De acuerdo con el portal local El Once, durante el procedimiento, también fue identificado un adolescente de 17 años, quien quedó supeditado a la causa.

Durante el segundo allanamiento, realizado en la calle Córdoba, entre las calles 56 y 57, los agentes incautaron cinco celulares, 85 envoltorios de cocaína (18,2 gramos) y $494.700 en efectivo. Allí fue detenido Marcos Antonio Delgado, de 27 años, quien cumplía arresto domiciliario por una causa federal vinculada a la venta de drogas y aún tenía 11 meses de condena por cumplir.

La causa quedó en manos del fiscal José Arias, de la Unidad Fiscal de Concordia, quien dispuso la detención de ambos acusados de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En el caso de De Los Santos, la imputación fue agravada por la participación de un menor.

Ambos operativos forman parte de las acciones coordinadas por la Policía de Entre Ríos para combatir el narcomenudeo en la provincia y reforzar la prevención de delitos vinculados a la comercialización de drogas.

A comienzos de junio, un operativo policial en el norte de Entre Ríos permitió el secuestro de más de 250 kilos de cocaína, valuados en más de diez millones de euros en el mercado europeo. La droga estaba distribuida en 250 paquetes y fue interceptada durante un control vehicular, tras una persecución que culminó con la detención de tres sospechosos, entre ellos Carlos Manuel Fiordelino, señalado por las autoridades como uno de los narcotraficantes más reconocidos del país.

El operativo se destacó no solo por el volumen de la droga incautada —equivalente a más de 800.000 dosis—, sino también por el secuestro de más de dos millones de dólares y la articulación entre la fuerza policial y el Poder Judicial. Las autoridades provinciales calificaron el caso como un hito en la lucha contra el narcotráfico en Entre Ríos.

A finales de junio de este año, el Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación de Rusia y las misiones diplomáticas bajo su control en la región de América Latina y el Caribe, en particular la Embajada de la Federación de Rusia en Colombia, dieron a luz a otra campaña de desinformación a gran escala.

La Moscú oficial acusó cínicamente a Ucrania de que sus puertos del Mar Negro y sus estructuras de seguridad supuestamente se han convertido en un “centro de tránsito para el narcotráfico latinoamericano hacia Europa” y una “fuente de armas occidentales para los carteles”.

Este absurdo, disfrazado del envoltorio propagandístico habitual del Kremlin, no habría provocado más que ironía si no fuera por el momento (timing) claramente calculado y el contexto geopolítico de esta operación de información y guerra psicológica.

Moscú aplica la táctica clásica de la “acusación en espejo”: inundar el espacio informativo con ficciones con el fin de ocultar los vínculos criminales propios, legalmente documentados, de las estructuras estatales rusas con los sindicatos de la droga más peligrosos de la región. La verdadera razón de la histeria actual de los servicios secretos rusos es la inevitable filtración a gran escala de información a la prensa internacional, provocada por los recientes arrestos de altos funcionarios involucrados en los esquemas transcontinentales de armas del Kremlin.

A los diplomáticos rusos que intentan modelar “centros de narcóticos ucranianos” míticos, les convendría profundizarse más detenidamente en los sótanos de sus sedes diplomáticas y estudiar los archivos de sus propias misiones diplomáticas. La comunidad internacional sabe muy bien qué sedes diplomáticas funcionaron realmente como almacenes de tránsito de drogas duras. El mundo entero recuerda el ruidoso escándalo internacional con el hallazgo de unos 400 kilogramos de cocaína pura directamente en la escuela de la Embajada de la Federación de Rusia en la Argentina.

Este cargamento, valorado en más de 60 millones de dólares, fue empacado por “representantes” rusos en valijas diplomáticas con el propósito de enviarlo a Moscú en aviones gubernamentales del Escuadrón de Vuelo Especial “Rusia”, que sirve a los altos funcionarios del Kremlin. También es indicativo el destino posterior del entonces embajador ruso en Buenos Aires, Víktor Koronelli. En lugar de un tribunal o un despido vergonzoso por el almacén de cocaína bajo sus propias narices, el Kremlin lo nombró sucesivamente como el jefe de misiones diplomáticas en puntos estratégicos para la región: primero como embajador en México y actualmente en Cuba. Parece que, en el sistema del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, el ascenso diplomático se correlaciona directamente con el éxito en la logística criminal del Sur Global.

Mientras Moscú produce informes falsos, las agencias de aplicación de la ley de los EEUU, España y Bulgaria, con la participación de los investigadores del proyecto NarcoFiles, han expuesto por completo una red real y funcional de suministro de armamento militar pesado para uno de los carteles de la droga más violentos “Jalisco Nueva Generación” (CJNG).

Los materiales del Departamento de Justicia de los EEUU y del Tribunal Federal de Virginia demuestran que se intentó vender al cartel mexicano un colosal arsenal militar valorado en 58 millones de dólares, que incluía lanzagranadas antitanque, rifles de francotirador, minas y sistemas de defensa aérea portátiles. El arquitecto principal del esquema resultó ser el traficante de armas búlgaro Petar Mirchev, socio comercial de muchos años del conocido “mercader de la muerte” ruso Víktor Bout, a quien el Kremlin liberó tan ardientemente de una prisión estadounidense y posteriormente integró en su sistema político.

Durante los registros, las fuerzas del orden europeas descubrieron que las mismas empresas clandestinas que preparaban las armas para los militantes mexicanos eran utilizadas paralelamente por Rusia para la compra de componentes militares escasos, eludiendo las sanciones internacionales. Es decir, se trata de una red única de agentes criminales del Kremlin.

El principal detonante que obligó a la inteligencia rusa a actuar en modo de emergencia a finales de junio de 2026 fue el colapso final del brazo logístico africano de este esquema. Las armas para el cartel CJNG estaban marcadas bajo certificados falsos de usuario final para los Ministerios de Defensa de Tanzania y Uganda.

El 27 de junio del corriente, los servicios secretos detuvieron en Uganda a un actor clave de este eslabón: el ex oficial de las Fuerzas de Defensa locales, Michael Katungi Mpeirwe. Ya el 29 de junio, un tribunal de Kampala satisfizo por completo la solicitud de los EEUU para su extradición. La entrega de Katungi a la justicia estadounidense significa la revelación completa de las transferencias financieras y de agentes que conducen directamente a Moscú. Es por eso que Rusia activó urgentemente la operación “Matrioshka”, intentando llenar el espacio informativo con ficciones sobre Ucrania antes de que aparezcan las primeras actas de los testimonios de Katungi en los principales medios de comunicación.

Durante mucho tiempo, el argumento de que “las armas para Ucrania pueden caer en manos del crimen” fue apoyado artificialmente por los agentes rusos para justificar la neutralidad de ciertas capitales latinoamericanas. Hoy en día, los procesos judiciales internacionales en los EEUU y España disipan este humo ruso: los hechos reales demuestran que el único proveedor sistemático de tecnologías militares para el narcoterrorismo en América Latina fue y sigue siendo la Federación de Rusia.

Ucrania, por su parte, al defender su propia libertad, sigue siendo un socio confiable para todos los Estados que respetan el derecho internacional y la seguridad de sus ciudadanos.

Cuando en Panamá ocurre una muerte por atropello provocada por un conductor en estado de ebriedad o bajo efectos de algún alucinógeno se aplica la detención del infractor, mientras que los familiares de las víctimas quedan desamparados.

Esta situación podría cambiar con el anteproyecto presentado por el diputado José Pérez Barboni, que plantea la necesidad de castigar de manera rigurosa la irresponsabilidad del conductor cuando atropelle a padres de familia.

El proyecto de ley busca exigir que los conductores que causen accidentes fatales asuman el pago de pensiones alimenticia para los hijos de las víctimas.

La propuesta promueve en sus articulados que el juez penal o civil competente esté obligado a imponer, como medida de reparación integral, el pago de una pensión alimentaria a favor del menor de edad que haya quedado en estado de desprotección, luego de ser declarado por un juez como responsable del accidente por estar bajo efectos de bebidas alcohólicas u otras sustancias estupefacientes.

También establece en su articulado que el juez determinará una cantidad a pagarse mensualmente al menor por, cuyo padre o madre o ambos hayan fallecido a causa del accidente, hasta cumplir 19 o 25 años de edad, si está en carrera universitaria, debidamente comprobado.

Pérez Barboni explicó a EcoTV que el problema se agrava cuando por esta situación un menor de edad pierde a uno o ambos padres de familia, lo que conlleva la pérdida de los medios de subsistencia, dejándolo en situación de vulnerabilidad económica, desmejora su calidad de vida, quedando al cuidado de abuelos, tíos u otros familiares, lo que representa una carga injusta.

La iniciativa, de acuerdo con el diputado, busca que estos responsables puedan hacerse cargo de los gastos que quedan sin cubrir tras la pérdida de uno de los progenitores, quien lamentablemente ya no podrá brindar ese apoyo económico y familiar.

El diputado detalló que la propuesta surge tras evaluar una legislación similar vigente desde 2022 en el estado de Tennessee, Estados Unidos, la cual ha mostrado resultados positivos en la reducción de siniestros viales causados por el consumo de alcohol o drogas.

En 2022, Tennessee promulgó una ley que obliga a los conductores condenados por homicidio vehicular bajo los efectos del alcohol a pagar una pensión alimenticia a los hijos menores de las víctimas.

Esta legislación es conocida como “Ethan’s, Hailey’s, and Bentley’s Law”, en honor a los hijos de un oficial de policía local que falleció tras ser atropellado por un conductor ebrio.

El texto de esa norma establece que la persona condenada debe pagar manutención a cada hijo menor de la víctima hasta que cumpla 18 años y termine la educación secundaria.

El monto de la pensión se determina considerando las necesidades económicas del menor y las posibilidades tanto del tutor sobreviviente como del propio condenado. Si el responsable se encuentra en prisión, dispone de un año tras su liberación para iniciar los pagos.

Según Barboni, el texto de Tennessee fue analizado y adaptado a la realidad nacional para ser presentado ante la Asamblea Nacional, con el objetivo de prevenir conductas irresponsables y generar mayor conciencia al volante.

“Espero que esta ley pueda tomar el impulso necesario para que todo el país conozca sus alcances y genere conciencia“, aseguró el diputado en una entrevista en el programa Radiografía de Eco TV.

De acuerdo con el parlamentario, la normativa no afectará a quienes sufran accidentes en condiciones de sobriedad, ya que se reconoce que los siniestros viales pueden ocurrir por otros factores no negligentes.

La Policía Nacional Civil (PNC) en coordinación con el Ministerio Público (MP) informaron sobre la localización y posterior erradicación de más de 47 mil matas de marihuana que fueron localizadas durante patrullajes de seguridad.

De acuerdo con la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la PNC, las plantaciones fueron localizadas en áreas montañosas del caserío Ixmucané, del municipio de Las Cruces, en el departamento de Petén.

Luego de la localización, se logró contabilizar 47,568 plantaciones de marihuana, las cuales están valoradas en 23 millones 784 mil quetzales, unos 3 millones de dólares.

Las matas fueron sembradas en dos campos que estaban encubiertos dentro del área boscosa del lugar con el propósito de evitar su localización, informaron las autoridades de SGAIA de la PNC.

Hasta el momento no se reportan capturas. Sin embargo, las autoridades indicaron que las matas fueron retiradas y, posteriormente, incineradas.

Reincidentes

Esta no es la primera vez que se localizan plantaciones de marihuana en el lugar. En septiembre de 2025 se informó sobre la destrucción de 27,048 matas valoradas en 10 millones de quetzales.

Las plantaciones fueron ubicadas después de una denuncia anónima que los llevó a la aldea Ixmucané, en donde funciona una cooperativa agrícola.

Mientras que en 2018 la Brigada Especial de Operaciones de Selva del Ejército de Guatemala localizó un total de 95,670 plantas de marihuana, que también fueron erradicadas y destruidas.

Operativos de erradicación

De acuerdo con cifras de la SGAIA y del Ministerio de Gobernación (Mingob), en los primeros meses de 2026 los operativos interinstitucionales junto al Ejército de Guatemala se han concentrado fuertemente en áreas montañosas y fronterizas.

Hasta el momento se han efectuado operativos escalonados donde las valoraciones totales por fases de destrucción han superado los 39 millones de quetzales, 57 millones de quetzales e incluso fases consolidadas de más de 126 millones de quetzales en el mercado ilegal.

Las regiones recurrentes donde se concentran los operativos de localización y destrucción debido a sus condiciones geográficas y climáticas son: Petén, especialmente en municipios fronterizos como Las Cruces y Melchor de Mencos.

De igual manera en Huehuetenango y San Marcos, éste último especialmente en regiones montañosas como Sipacapa; y finalmente Totonicapán, donde históricamente se han localizado plantaciones en las áreas de Malacatancito y sus límites locales.

Consumo local

Estadísticas del Observatorio Nacional sobre Drogas (OND) de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (SECCATID), así como de encuestas en entornos escolares y clínicos refieren que la marihuana es la droga ilícita de mayor consumo en Guatemala.

El uso de esta droga es sólo superado por el consumo de sustancias legales como el alcohol y el tabaco, situándose significativamente por encima de los inhalables y la cocaína.

Las encuestas nacionales en el nivel de educación media revelan que el rango crítico de inicio y experimentación de consumo de cannabis se concentra entre los 15 y 19 años.

El consumo reportado sigue siendo mayoritariamente masculino. En los registros de personas que ingresan a programas de tratamiento ambulatorio o consejería por adicciones, los hombres representan más del 70% de los casos específicos por marihuana.

El 95% de los registros de atención especializada provienen y se concentran en el departamento de Guatemala, lo que evidencia una centralización de los servicios de salud y de las capturas por consumo a nivel urbano.

Un dato clave del sistema guatemalteco es que el 64% de los usuarios que asisten a centros de tratamiento de SECCATID no llegan de forma voluntaria, sino que son remitidos por Jueces y Juzgados tras haber sido procesados por el delito de posesión para el consumo.

Sin embargo, las autoridades afirman que la mayoría de la droga erradicada es enviada a países fronterizos con Guatemala como México y El Salvador.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron en la calle de Matamoros, en Tepito, a cuatro adolescentes presuntamente ligados a La Anti-Unión, a quienes ubicaron mientras buscaban presuntamente a un líder rival para asesinarlo.

De acuerdo con el reporte, a los jóvenes les fueron aseguradas bolsas de droga y un arma de fuego de alto calibre, una pistola 5.7, que sería capaz de perforar chalecos antibalas.

Los detenidos son identificados como Dylan ‘N’, Yandel ‘N’, Enner ‘N’ y Dylan ‘N’. Los uniformados del sector Morelos los desarman y los ponen a disposición tras ubicarlos en la zona.

Según la información, dentro del grupo delictivo presuntamente realizaban tareas como extorsión, secuestro y cobro de piso, además de atacar a líderes rivales.

Policías de la SSC detienen a cuatro jóvenes en colonia Morelos con 42 dosis de aparente marihuana y un arma de fuego, tras una denuncia al 911 por un hombre que portaba una pistola en la calle Matamoros, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la SSC, al llegar al sitio los uniformados vieron a cuatro sujetos que manipulaban bolsitas de plástico similares a las usadas para vender narcóticos, por lo que se aproximaron y les hicieron una revisión preventiva.

Según la SSC, en la inspección aseguraron un arma corta con cuatro cartuchos útiles, las bolsitas con el vegetal verde y seco, y tres teléfonos celulares. Los jóvenes, de 15, 16, 17 y 19 años, quedaron a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación legal.

La SSC agrega que, con información obtenida, los detenidos posiblemente pertenecen a un grupo delictivo generador de violencia que opera en la zona centro y mantiene una disputa por la venta de droga con otra célula criminal.

Capturaron a dos adolescentes con metralletas de la anti Unión Tepito

La SSC-CdMx detuvo este lunes 30 de junio a dos menores de 16 años señalados como presuntos integrantes de La Antiunión Tepito en la colonia Morelos de la alcaldía Cuauhtémoc, donde les aseguraron armas largas, droga, equipo táctico y solventes después de que intentaron ocultarse en una vecindad al detectar la presencia policiaca.

La captura ocurrió en la calle Caridad, a la altura de Florida, durante recorridos de seguridad. Los agentes observaron a los adolescentes mientras manipulaban armas de fuego y, cuando los jóvenes corrieron para evadir a la autoridad, entraron al inmueble para interceptarlos.

Dentro de la vecindad, los oficiales aseguraron dos armas largas, alrededor de dos kilogramos de aparente marihuana, una báscula gramera, dos radios transmisores, 10 frascos con solventes y un chaleco azul con paneles balísticos. La corporación capitalina también indicó que los detenidos forman parte de una célula delictiva que mantenía una disputa con otro grupo en la zona centro.

El titular de la corporación, Pablo Vázquez Camacho, informó que los dos adolescentes fueron ubicados en la colonia Morelos y que, además de las armas y la droga, portaban un chaleco balístico. Tras la detención, ambos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, que definiría su situación jurídica.

La policía capitalina precisó que los dos implicados eran menores de edad. En versiones periodísticas sobre el caso también fueron identificados como Dilan “N” y Osmar “N”, y se indicó que declararon pertenecer a La Antiunión.

Un adolescente fue detenido por un homicidio en avenida Tláhuac

Un adolescente de 16 años fue detenido en la alcaldía Iztapalapa por su presunta participación en una agresión con arma de fuego en avenida Tláhuac y calzada Ignacio Zaragoza, en la colonia Año de Juárez, ataque en el que un hombre murió y una mujer resultó lesionada.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el joven fue localizado después de un seguimiento en tiempo real realizado por operadores del C2 Oriente. El monitoreo permitió ubicarlo cuando viajaba a bordo de una motocicleta gris, lo que derivó en una alerta para los policías en campo.

El adolescente dispararó a un hombre en la cabeza y pecho ocasionándole la muerte en la alcaldía Iztapalapa, informó Nmas.

La intercepción ocurrió en la calle Begonia, entre Benito Juárez y avenida Del Árbol, en la colonia Lomas de San Lorenzo. Ahí, los uniformados le realizaron una revisión preventiva y le aseguraron un arma de fuego corta con cuatro cartuchos útiles, una cangurera, un casco de motociclista, ropa y dinero en efectivo.

Dentro de la cangurera también llevaba 16 envoltorios de cocaína en piedra. La SSC añadió que el detenido fue presentado ante la autoridad ministerial correspondiente junto con la droga, el arma y la motocicleta.

Sobre la agresión previa, la policía indicó que un joven fue asesinado y una mujer sufrió lesiones. Reportes periodísticos señalaron que la víctima mortal recibió un disparo en el pecho, mientras que la mujer fue alcanzada por una bala perdida en el muslo izquierdo.

La coordinación entre fuerzas de seguridad de Perú y Colombia permitió una nueva intervención contra el tráfico ilícito de drogas en la Amazonía, una zona donde las organizaciones criminales aprovechan la geografía fronteriza para movilizar cargamentos y sostener sus actividades ilegales. La acción se desarrolló en territorio de la región Loreto y reunió a instituciones militares y policiales de ambos países.

La operación se concentró en un punto estratégico de la provincia de Mariscal Ramón Castilla, considerada una de las áreas con presencia de redes vinculadas al narcotráfico. El despliegue incluyó recursos fluviales y la participación simultánea de diversas unidades especializadas, con el objetivo de interceptar un importante cargamento de presunta droga.

Las Fuerzas Armadas del Perú y Colombia ejecutaron una operación conjunta de interdicción en el sector Bellavista de Callarú, distrito de Ramón Castilla, en la región Loreto. Como resultado, las autoridades incautaron 9 229.100 kilogramos de presunto cannabis sativa.

Según la información oficial, la intervención formó parte de las acciones destinadas a combatir el tráfico ilícito de drogas en la frontera amazónica. El operativo reunió capacidades militares y policiales de ambos países para intervenir en una zona considerada de alta influencia para las organizaciones criminales transnacionales.

Participación de instituciones de Perú y Colombia

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, la operación contó con la articulación del Comando Operacional de la Amazonía mediante el Comando Unificado PUMA. También participaron la Armada Nacional de Colombia, el Ejército del Perú, la Marina de Guerra del Perú, la Fuerza Aérea del Perú, la Dirección Antidrogas (DIRANDRO) y la Dirección de Fronteras de la Policía Nacional del Perú.

La intervención requirió un amplio despliegue fluvial, debido a las características geográficas del área fronteriza. La coordinación entre las instituciones permitió ejecutar la acción de manera conjunta dentro de la estrategia binacional orientada a limitar las actividades relacionadas con el narcotráfico.

Zona intervenida concentra cultivos de hoja de coca

El Ministerio de Defensa informó que el operativo se desarrolló en una de las zonas con mayor influencia de las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas dentro de la provincia de Mariscal Ramón Castilla.

La entidad precisó que los cultivos de hoja de coca en ese sector alcanzan cerca de 19 000 hectáreas, una cifra que refleja la importancia estratégica de esta área para las economías ilegales vinculadas al narcotráfico. En ese contexto, las operaciones de vigilancia e interdicción forman parte de las acciones permanentes desplegadas en la frontera nororiental.

Tras el decomiso, el cargamento fue puesto a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las diligencias previstas por la normativa vigente.

Según la información oficial, el material permanecerá bajo cadena de custodia mientras se realizan los peritajes forenses que permitirán establecer con precisión su composición y procedencia. Estos procedimientos también buscan garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en este tipo de investigaciones.

Vigilancia continuará en la frontera amazónica

El Ministerio de Defensa informó que en la frontera nororiental permanecen activos los operativos de vigilancia y control mediante patrullajes terrestres y fluviales. Estas acciones buscan impedir el desplazamiento de organizaciones criminales transnacionales y reforzar la seguridad en las comunidades ubicadas en esta zona fronteriza.

La institución también señaló que las operaciones de dominio, control territorial e interdicción continuarán como parte de la estrategia nacional contra el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, indicó que el sector mantendrá la coordinación con las instituciones nacionales y con los países vecinos para fortalecer las acciones destinadas a enfrentar las actividades de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y otros delitos relacionados.

Un operativo ejecutado por la Policía de Control de Drogas (PCD) permitió desarticular una presunta estructura dedicada al narcomenudeo que operaba en la comunidad de María Reina, en Hatillo, San José. Como resultado de la intervención fueron detenidas ocho personas y se decomisaron más de 5,000 dosis de distintas drogas, además de dinero en efectivo, municiones y otros productos presuntamente relacionados con la actividad ilícita.

La acción policial comprendió 11 allanamientos realizados de forma simultánea en viviendas ubicadas en este sector del sur de la capital costarricense, considerado por las autoridades como uno de los principales focos de venta y distribución de drogas en la Gran Área Metropolitana.

El operativo fue coordinado con la Fiscalía de Narcotráfico y forma parte de las acciones que desarrolla la PCD para combatir el narcomenudeo en comunidades donde la presencia de organizaciones criminales ha generado problemas de seguridad, enfrentamientos armados y homicidios relacionados con disputas por el control del territorio.

Durante las diligencias fueron capturados ocho hombres que, según la investigación policial, estarían vinculados con la venta, distribución y abastecimiento de drogas en la zona.

Entre los detenidos figura un sujeto de apellido Robles, quien registra informes policiales en 25 ocasiones por tenencia de drogas. También fue arrestado un hombre de apellido Vargas, con 28 informes por ese mismo delito.

Otro de los capturados es un hombre de apellido Durán, quien posee antecedentes por amenazas agravadas, venta de drogas y 16 informes policiales relacionados con tenencia de estupefacientes.

Asimismo, fueron detenidos dos sospechosos de apellidos Viloria y Cortés, quienes, de acuerdo con las autoridades, no registran antecedentes judiciales.

La lista de capturados también incluye a un hombre de apellido Zamora, con expedientes por incumplimiento de medidas de protección, robo simple y receptación, además de 18 informes policiales por tenencia de drogas.

Igualmente fue arrestado un sospechoso de apellido Torres, quien posee antecedentes por portación ilegal de arma de fuego y acumula 26 partes policiales relacionados con tenencia de drogas.

El octavo detenido corresponde a un hombre de apellido Delgado, quien registra expedientes por agresión psicológica, amenazas contra la autoridad y perturbación del sosiego público, además de nueve informes policiales por tenencia de estupefacientes.

Como parte de los allanamientos, los agentes decomisaron 2,534 dosis de crack, 1,056 dosis de cocaína, 1,269 dosis de marihuana distribuidas entre cigarrillos y envoltorios, así como 14 gramos adicionales de marihuana.

Además, la PCD incautó 22 dosis de aparente metanfetamina, 21 dosis de aparente tusi, 76 dosis de aparente éxtasis, cuatro dosis de aparente ketamina, una dosis de aparente LSD y 43 envoltorios con sustancias pendientes de identificación.

Durante el operativo también fueron decomisadas 288 unidades de cigarrillos electrónicos con nicotina de distintas marcas, cinco cajas de licor, ₡636,800 (USD 1,200) en efectivo y 28 municiones calibre 40, elementos que ahora forman parte de la investigación.

Las autoridades recordaron que esta no es la primera intervención realizada en María Reina. Durante el año pasado la PCD ejecutó al menos dos operativos en distintos momentos que también dejaron una importante cantidad de personas detenidas y el decomiso de miles de dosis de drogas listas para su comercialización.

Según la Policía de Control de Drogas, la comunidad continúa siendo uno de los principales puntos de distribución de estupefacientes en el área metropolitana, situación que ha favorecido el surgimiento de conflictos entre grupos dedicados al narcotráfico y el aumento de hechos violentos en el sector.

Con este nuevo operativo, la PCD aseguró que mantiene su estrategia para combatir el narcomenudeo en distintas comunidades del país, con el objetivo de reducir la disponibilidad de drogas, debilitar las estructuras criminales y mejorar las condiciones de seguridad para los habitantes de zonas afectadas por esta actividad ilícita.

El titular del Ministerio del Interior (Mininter), José Zapata, encabezó la ceremonia por el 35.° aniversario de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (Dirandro - PNP), ocasión en la que destacó la magnitud de los resultados obtenidos en lo que va de 2026.

Según cifras oficiales, la Dirandro incautó 50 toneladas de droga y retiró de circulación más de 1.5 millones de dosis de MDMA (éxtasis), además de 8 millones de insumos químicos fiscalizados. Esta unidad especializada se ha consolidado como uno de los ejes principales en la respuesta estatal frente al narcotráfico en el país.

“El narcotráfico cambia permanentemente sus rutas y formas de operar. Por eso la respuesta del Estado también debe evolucionar, fortaleciendo sus capacidades operativas, su inteligencia y su marco legal”, enfatizó Zapata durante la ceramonia.  

El ministro adelantó la creación del Programa de Reducción de Cultivos Ilegales en el Perú (PRECIP), que reemplazará al Proyecto Especial Corah, como parte de una nueva etapa en la política antidrogas.

En este contexto, la Dirandro ha realizado tres procesos de incineración este año, destruyendo más de 22 toneladas de drogas, principalmente cocaína y marihuana. El objetivo es impedir que estos estupefacientes regresen al mercado ilegal, cerrando el ciclo de decomiso y custodia de evidencias.

Estrategias renovadas y cooperación internacional

El general Antonio Huamán Daza, director de la Dirandro, presentó el balance operativo del año y subrayó el impacto de la incautación de más de 1.5 millones de dosis de éxtasis.

Según el jefe antidrogas, esta intervención evitó que organizaciones criminales obtuvieran ganancias superiores a mil millones de soles. 

“Cada gramo decomisado, laboratorio destruido y joven alejado del consumo representa una victoria. La delincuencia cambia sus métodos, pero nuestra voluntad de servir y combatir con firmeza jamás cambiará”, expresó durante el evento.

Las operaciones incluyeron la destrucción de avionetas utilizadas por redes de narcotraficantes, la inhabilitación de pistas clandestinas y la desarticulación de organizaciones criminales.

La aprobación reciente de la Lista de Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP) dota a la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial de nuevas herramientas para enfrentar las variantes del tráfico ilícito de drogas.

“En este 35.° aniversario reafirmamos que enfrentaremos al narcotráfico con firmeza, inteligencia y unidad. Esa es la decisión del Gobierno y esa seguirá siendo nuestra prioridad“, remarcó el ministro José Zapata. 

La cooperación internacional se mantuvo como un pilar de la estrategia antidrogas peruana. Durante la ceremonia, ambas autoridades reconocieron la labor de DEVIDA, la DEA y la Unión Europea en el apoyo a operativos y programas de formación.

El evento contó con la presencia de funcionarios nacionales, exministros y representantes policiales, subrayando la dimensión multisectorial de la lucha contra el narcotráfico.

El balance anual presentado por la Dirandro refleja la presión constante de las organizaciones criminales y la necesidad de respuestas coordinadas y modernas.

El Ministerio del Interior reiteró que la destrucción de la droga decomisada busca impedir su reinserción en el mercado ilegal, garantizando el cierre del ciclo de custodia y evidenciando los resultados de las acciones desplegadas durante el año frente a uno de los delitos más persistentes en el país.

La FGR obtuvo la vinculación a proceso de cinco hombres detenidos frente a las costas de Chiapas por transportar 1.5 toneladas de clorhidrato de cocaína, un caso que además dejó a los imputados en prisión preventiva oficiosa mientras corría un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

El aseguramiento incluyó 50 costales con 1,600 paquetes tipo ladrillo y un peso total de 1 tonelada 588 kilos 450 gramos de la droga. En la misma embarcación también fueron hallados 31 bidones con capacidad de 50 litros cada uno, todos vacíos.

Los imputados fueron identificados como César “N”, Héctor “N”, Ricardo “N”, Jhonny “N” y Erick “N”. Un juez federal los vinculó a proceso por su probable participación en delitos contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de cocaína, con la agravante de pandilla.

La detención ocurrió frente a la playa El Fortín en Pijijiapan

La detención ocurrió en la playa El Fortín, en el municipio de Pijijiapan, donde elementos de Semar interceptaron una embarcación sin matrícula. La nave llevaba tres motores fuera de borda y navegaba a alta velocidad con diversos bultos.

Durante la inspección, las autoridades localizaron la carga de droga distribuida en costales. El peso asegurado superó una tonelada y media, por lo que el caso quedó bajo investigación federal por tratarse de transporte de cocaína.

La acción fue realizada por la Secretaría de Marina como parte de los trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. El operativo se enfocó en el combate al trasiego de drogas en aguas nacionales.

Los cinco imputados quedaron internados en Tapachula

Con los datos de prueba presentados por el Ministerio Público Federal, adscrito a la FEMDO, el juez también impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Los cinco hombres quedaron internados en el Centro Estatal No. 3, varonil, en Tapachula.

Ese encierro cautelar se mantuvo mientras avanzaba la investigación complementaria. Para esa etapa, la autoridad judicial fijó un plazo de dos meses.

La acusación formulada en su contra no solo se centró en la posesión y traslado del cargamento, sino en la probable participación conjunta de los cinco detenidos. Por esa razón, el delito fue procesado con la agravante de pandilla.

El caso se originó después de que personal naval detectó la embarcación cuando se desplazaba con rapidez frente a la costa chiapaneca. La falta de matrícula y la presencia de múltiples bultos motivaron la revisión que derivó en el decomiso.

La droga asegurada consistió en clorhidrato de cocaína empacado en bloques tipo ladrillo. Los bidones vacíos encontrados junto con la carga también quedaron a disposición de la autoridad ministerial dentro de la carpeta abierta por estos hechos.

La resolución judicial significó que el juez encontró elementos iniciales suficientes para iniciar el proceso penal contra los cinco detenidos. Eso no implicó una sentencia, sino la continuación formal del caso bajo resguardo de las autoridades federales.

• La FGR obtuvo la vinculación a proceso de César “N”, Héctor “N”, Ricardo “N”, Jhonny “N” y Erick “N” por transporte de clorhidrato de cocaína con agravante de pandilla.
• En la embarcación asegurada en la playa El Fortín, en Pijijiapan, fueron hallados 50 costales con 1,600 paquetes tipo ladrillo que sumaron 1 tonelada 588 kilos 450 gramos de cocaína.
• Los cinco imputados quedaron en prisión preventiva oficiosa en el Centro Estatal No. 3 de Tapachula y el juez fijó dos meses para la investigación complementaria.

El detenido ex presidente de ARSAT Facundo Leal pidió el arresto domiciliario para tratar su adicción a las drogas. La defensa hizo el planteo en los tribunales de Comodoro Py donde se lleva adelante la causa por los estupefacientes encontrados durante un allanamiento, en su departamento del barrio porteño de Palermo.

Desde entonces el ex funcionario está detenido y fue procesado con prisión preventiva por presunta tenencia para la comercialización. Argumentó que era para consumo personal y presentó certificados médicos dando cuenta de su adicción, pero por el momento la Justicia no le cree. Pidió al juez federal Daniel Rafecas que le conceda la prisión domiciliaria por su condición, algo que aún no tuvo respuesta.

Leal fue procesado y enviado a la cárcel por el primer juez que intervino en el caso, el federal de San Isidro Lino Mirabelli, quien luego se declaró incompetente y envió la causa por droga a Comodoro Py.

En San Isidro se investiga una megacausa por presunta corrupción durante la gestión del ex funcionario en ARSAT. En ese marco y a pedido del fiscal de ese partido Fernando Domínguez se ordenaron una serie de allanamientos que incluyeron la vivienda de Leal. Durante el procedimiento se encontró la droga y el acusado quedó detenido de inmediato por este hallazgo.

En el lugar había también US$650.000 en efectivo, monedas extranjeras, ketamina, drogas sintéticas y cocaína. Además, en una propiedad ubicada en Mendoza se le secuestraron US$1,7 millones.

La indagatoria por ARSAT

Leal tiene una próxima cita judicial el 13 de julio, cuando será indagado por el juez Mirabelli en la investigación por supuesta corrupción en la empresa estatal de comunicaciones. Las audiencias arrancarán el lunes 6 de julio y se extenderán hasta el 15. El lunes 13 declararán Leal y Gerardo Boschin, ambos ex directivos de ARSAT, y en los días siguientes comparecerán Pablo Pagani, Juan Navarro y Juan Álvarez, conocidos como la “banda de los mendocinos” por su origen provincial.

La investigación en ARSAT incluye acusaciones por presuntos incumplimientos de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles, fraude a la administración y cohecho. También fueron citados empresarios de ALS (Argentina Logistic Service), beneficiarios de un contrato bajo sospecha por el alquiler de un predio donde la empresa estatal almacenó equipos valiosos. Los investigadores sostienen que los funcionarios “se interesaron en las contrataciones sobre fletes, transportes y alquiler de grúa”, lo que habría derivado en un presunto direccionamiento sin cumplir condiciones esenciales.

Tres directivos de ALS serán indagados el lunes 6 de julio: Diego Padilla, Fernando Paredes y Gastón Padilla. Un día más tarde será el turno de una empleada de esa empresa. Esa misma semana el juez y el fiscal escucharán a un acusado de intermediar en la operación de alquiler del predio. Finalmente desde el 13 de julio se iniciará la ronda de indagatorias de los ex funcionarios de ARSAT: Leal, Boschín, Pablo Pagani, Juan Andrés Navarro y Juan Antonio Álvarez.

El robo

La causa penal se inició con una denuncia por el robo de materiales en ese predio de San Fernando. Se calcula que la pérdida para la empresa estatal fue de 151.000 dólares en bienes sustraídos o dañados que se guardaban en 17 shelters —contenedores tecnológicos utilizados para la conectividad de la Red Federal de Fibra Óptica— y que estaban por contrato bajo custodia en ese predio de la firma ALS. El robo se detectó el 4 de enero de 2024 durante una recorrida por el lugar, ubicado en Ex Combatiente Sánchez 1982, en San Fernando.

Cuando los investigadores comenzaron a tomar testimonios de trabajadores de ARSAT todos coincidieron en advertir las deficiencias del mantenimiento y la seguridad del lugar: hablaron de ratas que se comían cables, humedad, falta de iluminación y cámaras. Ante ello se puso la mira en el contratista del predio y la causa derivó en una presunta licitación direccionada. En la investigación que lleva el fiscal Domínguez se documentaron al menos 14 órdenes de compra por un valor total de USD 1.930.861,30 y $40.300.000.

También se sospecha que Leal, Boschin y Pagani “aceptaron y cobraron promesas de dádivas y beneficios económicos directos e indirectos por parte de los representantes de Argentina Logistic Service“, según la imputación fiscal.

La aparición y rápida propagación de los nitazenos, una familia de opioides sintéticos de una potencia extraordinaria, ha puesto en alerta máxima a las autoridades sanitarias, laboratorios forenses y servicios de urgencias de todo el mundo. La gravedad de esta nueva amenaza fue mencionada durante la reciente presentación regional del Informe Mundial sobre las Drogas 2026 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Bryce Pardo, destacado investigador de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), fue categórico al señalar que los nitazenos son sustancias más potentes que el fentanilo.

El origen: un experimento farmacéutico descartado por su letalidad

Para comprender la magnitud de la amenaza, es necesario revisar qué son los nitazenos. Se trata de una clase de opioides sintéticos que pertenecen a la compleja familia química de los benzimidazoles. A diferencia de los opioides tradicionales o naturales, que se extraen y refinan a partir de la planta de la amapola (opio), los nitazenos son creados en su totalidad en laboratorios clandestinos mediante procesos químicos sumamente sofisticados.

Paradójicamente, su historia no es reciente, sino que se remonta a la década de 1950. Fueron desarrollados originalmente por la compañía farmacéutica suiza CIBA (empresa que hoy forma parte del conglomerado Novartis), se acuerdo con el sitio guadalsalus. El objetivo de aquella investigación era encontrar nuevos y eficaces analgésicos potentes que pudieran sustituir a la morfina en el ámbito médico.

Sin embargo, los ensayos clínicos arrojaron resultados alarmantes debido a su extrema potencia y a un margen de seguridad casi inexistente. La diferencia biológica entre una dosis con fines terapéuticos y una dosis mortal era mínima, por lo que nunca recibieron la aprobación de las autoridades sanitarias para su uso clínico en seres humanos ni en animales veterinarios. Durante más de medio siglo, estas sustancias quedaron relegadas al olvido, existiendo únicamente en la literatura científica. Hoy, los cárteles han rescatado esas fórmulas para inundar el mercado negro.

Una potencia que eclipsa al fentanilo

La preocupación expuesta por Bryce Pardo se centra en la letalidad de la sustancia. Para ponerlo en perspectiva clínica: el fentanilo es aproximadamente 50 veces más potente que la heroína y hasta 100 veces más fuerte que la morfina. Sin embargo, algunos compuestos específicos de la familia de los nitazenos, como el isotonitazeno o el etonitazeno, superan con creces estos parámetros, siendo más potentes que el propio fentanilo.

En términos prácticos, esto significa que una cantidad de polvo equivalente a unos pocos granos de sal de mesa es suficiente para provocar una depresión respiratoria mortal en un adulto, especialmente en aquellos individuos sin una tolerancia previa al consumo de opioides. Esta potencia extrema hace que la dosificación en el mercado ilícito, donde operan sin controles de calidad ni medidas de bioseguridad, sea una ruleta rusa, derivando inevitablemente en un aumento exponencial de muertes accidentales.

El engaño criminal: adulteración y pastillas falsificadas

El peligro de los nitazenos se multiplica por la forma en que se distribuyen. Estas sustancias rara vez se venden bajo su propio nombre en las calles. En la gran mayoría de los casos documentados, las redes criminales los utilizan como adulterantes baratos para reforzar los efectos de otras drogas.

Los informes forenses han detectado nitazenos mezclados con heroína, pero la verdadera alarma suena al encontrarlos en sustancias no opioides como la cocaína, la metanfetamina o la MDMA (éxtasis). Aún más preocupante es su proliferación en el mercado de pastillas falsificadas. Los traficantes utilizan prensas industriales para crear comprimidos que imitan a la perfección fármacos legítimos como la oxicodona, el alprazolam (Xanax) o el diazepam. Una persona que cree estar consumiendo un ansiolítico para calmar la ansiedad puede, en realidad, estar ingiriendo una dosis fulminante de nitazeno, eliminando cualquier posibilidad de tomar decisiones informadas sobre su propio consumo.

Efectos biológicos y el reto del diagnóstico médico

Cuando una persona ingiere, inhala o se inyecta un nitazeno, la sustancia actúa uniéndose violentamente a los receptores opioides mu en el cerebro y el sistema nervioso central. Esto produce una analgesia extrema y una euforia intensa, seguida de una sedación profunda y miosis (contracción severa de las pupilas, conocidas como pupilas puntiformes).

No obstante, el riesgo físico es inmediato. La complicación más crítica de una sobredosis es la depresión respiratoria: el cerebro simplemente deja de enviar la señal para que los pulmones respiren. Esto genera hipoxia (falta de oxígeno en la sangre), bradicardia (ritmo cardíaco peligrosamente lento) e hipotensión. Si no se administra naloxona de manera urgente, el cuadro desemboca en daño cerebral permanente, coma y la muerte.

A este cuadro clínico se suma la dificultad diagnóstica. En los primeros estadios de su propagación global, muchos nitazenos no aparecían en los análisis de orina rápidos realizados en las urgencias hospitalarias. Aunque la tecnología diagnóstica avanza, la rapidez con la que los laboratorios clandestinos alteran la química para crear nuevos derivados (análogos) obliga a los sistemas de salud a vivir en una constante carrera contrarreloj para actualizar sus protocolos de detección y salvar vidas.

La detección de un presunto caso de comercialización de drogas dentro de una institución educativa volvió a colocar en el centro del debate la seguridad en los colegios de la región La Libertad. La intervención de un estudiante en el distrito de La Esperanza motivó la participación de la Policía Nacional, autoridades educativas y el Ministerio Público, además de nuevas acciones de prevención dirigidas a la comunidad escolar.

El episodio ocurrió en un contexto en el que las autoridades regionales mantienen vigilancia sobre el consumo y la venta de sustancias ilícitas en planteles educativos. Los antecedentes registrados durante los últimos meses reflejan una preocupación creciente por la presencia de este tipo de situaciones en espacios destinados a la formación de menores de edad.

La respuesta institucional incluyó la intervención inmediata de los organismos competentes y el pronunciamiento de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (GRELL), entidad que informó sobre las medidas preventivas que desarrolla junto con otras instituciones para reducir los factores de riesgo entre los estudiantes.

Intervención policial dentro del colegio

Un estudiante de 16 años del colegio Santa María, ubicado en el distrito de La Esperanza, en Trujillo, fue intervenido dentro del plantel tras una alerta sobre la presunta comercialización de sustancias ilícitas entre escolares.

De acuerdo con la información difundida, agentes de la comisaría Jerusalén/Wichanzao acudieron a la institución educativa después de recibir una denuncia formulada por padres de familia, quienes advirtieron que un alumno distribuía droga entre sus compañeros.

Durante la intervención, los efectivos encontraron entre las pertenencias del adolescente dos bolsas transparentes con polvo rosado. Después de las primeras diligencias, las autoridades informaron que la sustancia correspondería a la droga conocida como Tusi, cuyo destino sería la venta dentro del centro educativo.

Investigación con participación de varias autoridades

Las diligencias contaron con la supervisión de la dirección del colegio, la Subprefectura de La Esperanza y la madre del estudiante intervenido. Tras el hallazgo de la presunta sustancia ilícita, el menor fue trasladado a la dependencia policial para continuar con las investigaciones correspondientes.

El caso también fue comunicado a la Fiscalía de Familia, entidad responsable de desarrollar las actuaciones previstas por la ley debido a la condición de menor de edad del investigado.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las responsabilidades y establecer las circunstancias relacionadas con la presunta comercialización de droga dentro del plantel.

Tres casos registrados en instituciones educativas

El gerente regional de Educación de La Libertad, Rufino Rodríguez, confirmó que este constituye el tercer caso relacionado con drogas detectado en instituciones educativas de la región.

Según explicó, durante abril se registraron intervenciones en la institución educativa Zoila Hora de Robles, ubicada en Chepén, así como en la institución educativa Cartavio, en la provincia de Ascope, donde se detectó consumo de sustancias tóxicas entre estudiantes.

En referencia al nuevo episodio registrado en La Esperanza, el funcionario señaló: “Es lamentable que esto venga ocurriendo, porque ahora (en La Esperanza) ya no es consumo sino venta”.

Rodríguez también informó que las autoridades regionales establecieron equipos de respuesta para este tipo de situaciones mediante coordinación con la Policía Comunitaria, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, con el propósito de brindar apoyo a los escolares involucrados en estos casos.

Pronunciamiento de la Gerencia Regional de Educación

La Gerencia Regional de Educación de La Libertad expresó su preocupación por el reciente hallazgo de presuntas sustancias prohibidas dentro de una institución educativa de La Esperanza. Mediante un pronunciamiento, la entidad indicó que el caso permanece bajo investigación por parte de las autoridades competentes.

Asimismo, manifestó su rechazo frente a cualquier conducta que comprometa la seguridad de los estudiantes y señaló: “ratificamos nuestro compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de prevención y protección en las instituciones educativas de la región”.

La GRELL también informó que desarrolla el programa de intervención psicosocial y vivencial “Decido Mi Futuro”, iniciativa que ejecuta junto con la Policía Comunitaria de la Policía Nacional del Perú y especialistas de DEVIDA.

Según la entidad, este programa incluye talleres, jornadas de sensibilización, orientación y acompañamiento dirigidos a estudiantes, docentes y familias con el propósito de prevenir el consumo y la comercialización de drogas dentro de las instituciones educativas.

Dentro del mismo pronunciamiento, la Gerencia Regional de Educación exhortó a los padres y madres de familia a mantener una comunicación permanente con sus hijos e involucrarse en su proceso formativo.

La institución también pidió a la comunidad educativa reportar de manera oportuna cualquier situación que represente un riesgo para los estudiantes, con el objetivo de fortalecer las acciones preventivas y mantener los centros educativos libres de drogas mientras continúan las investigaciones sobre el caso registrado en el colegio Santa María del distrito de La Esperanza.

Un ciudadano de origen alemán fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, luego de que autoridades federales localizaran 10 kilogramos de presunta cocaína ocultos en su equipaje durante una inspección de rutina.

El aseguramiento ocurrió cuando elementos de la Guardia Nacional realizaban recorridos de vigilancia y acciones preventivas en el área de documentación de la terminal aérea. Durante las revisiones, un binomio canino especializado en detección de narcóticos mostró una alerta sobre el equipaje de un pasajero extranjero, lo que derivó en una inspección más detallada.

Al revisar la maleta, los agentes encontraron varios paquetes rectangulares que contenían una sustancia con características similares a las de la cocaína.

Tras el hallazgo, el ciudadano alemán fue detenido en el lugar y quedó bajo custodia de las autoridades federales. La droga también fue asegurada como parte de la investigación correspondiente.

Posteriormente, el detenido y el narcótico fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, instancia encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar la situación jurídica del extranjero.

El Aeropuerto Internacional de Cancún es uno de los principales puntos de entrada y salida del país debido a su intensa actividad turística y comercial. Por ello, las autoridades mantienen operativos permanentes de vigilancia y revisión para detectar posibles actividades relacionadas con el tráfico de drogas y otros delitos federales.

Hasta el momento no se han dado a conocer la identidad del detenido ni mayores detalles sobre el origen o destino del cargamento asegurado. Las investigaciones continúan para establecer si el caso está relacionado con alguna red de narcotráfico con operaciones nacionales o internacionales.

Otros pasajeros han sido sorprendidos con cocaína en el aeropuerto de Cancún

Esta terminal aérea de Cancún es una de las que tienen mayor movimiento de pasajeros en México y es uno de los principales puntos de conexión entre América, Europa y el Caribe.

Debido al alto flujo de viajeros nacionales e internacionales, las autoridades federales mantienen operativos permanentes de inspección de equipaje, pasajeros y mercancías con apoyo de equipos de rayos X, personal especializado y binomios caninos.

El caso del ciudadano alemán detenido con 10 kilogramos de cocaína se suma a otros aseguramientos registrados recientemente en el Aeropuerto Internacional de Cancún, una de las terminales con mayor flujo de pasajeros del país y donde las autoridades mantienen operativos permanentes de inspección.

Febrero de 2026. Elementos de la Guardia Nacional y personal de Aduanas localizaron una maleta que contenía 25 paquetes de presunta cocaína durante una revisión preventiva con equipos de rayos X. El propietario del equipaje fue detenido y puesto a disposición de las autoridades federales para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Octubre de 2025. Un pasajero que pretendía abordar un vuelo con destino a La Habana, Cuba, fue detenido después de que personal de seguridad detectó irregularidades en su equipaje. Con apoyo de un binomio canino, los agentes localizaron un doble fondo en la maleta donde se ocultaba cocaína. El viajero fue arrestado y entregado al Ministerio Público Federal.

Los antecedentes muestran que los métodos más recurrentes para intentar trasladar narcóticos a través de la terminal aérea han sido el ocultamiento en equipaje documentado, compartimentos modificados y dobles fondos en maletas. En la mayoría de los casos, los cargamentos fueron detectados mediante equipos de rayos X y binomios caninos especializados en la detección de drogas.

La presencia de organizaciones criminales dentro de espacios vinculados al Estado vuelve a generar preocupación en el Callao. Una investigación fiscal y policial reveló cómo una presunta red delictiva logró obtener reconocimiento formal ante una entidad pública y acceder posteriormente a instalaciones relacionadas con servicios esenciales, mientras mantenía actividades ilegales paralelas.

El caso expone mecanismos utilizados por grupos criminales para obtener apariencia de legalidad mediante asociaciones reconocidas oficialmente y contratos laborales gestionados a través de empresas tercerizadoras. Las pesquisas también identificaron presuntas irregularidades en la documentación presentada por algunos integrantes para acceder a puestos de trabajo.

La investigación, difundida por el programa Cuarto Poder, recoge información obtenida tras dos años de seguimiento por parte de agentes especializados y representantes del Ministerio Público. Según las autoridades, la organización conocida como Los Bemos de Puerto Nuevo extendió sus operaciones más allá de las actividades ilícitas que desarrollaba en las calles del Callao.

Una estructura criminal con presencia en entidades públicas

De acuerdo con los investigadores, Los “Bemos de Puerto Nuevo” consolidaron influencia en sectores del Callao mediante actividades relacionadas con extorsiones y tráfico de drogas. Sin embargo, las pesquisas determinaron que parte de su estrategia consistió en buscar acceso a espacios estatales.

Un representante de la investigación explicó que el grupo utilizó una vía formal para constituir una organización reconocida por el Gobierno Regional del Callao. Según indicó, “había seguido un mecanismo legal, por decirlo así, conformando un sindicato de trabajadores ante el Gobierno Regional”.

La investigación sostiene que ese reconocimiento permitió a integrantes de la organización acceder a puestos laborales mediante una empresa de servicios que mantenía contratos vinculados a Sedapal. Para los agentes, dicha estructura funcionaba como una fachada que facilitaba el ingreso de presuntos delincuentes a instalaciones públicas.

El reconocimiento otorgado por el Gobierno Regional del Callao

Las pesquisas identificaron que en octubre de 2023 fue reconocida formalmente la organización social Fuerza Comunal Puerto Nuevo mediante una resolución emitida por el Gobierno Regional del Callao durante la gestión de Ciro Castillo.

Según la documentación revisada por las autoridades, la directiva de dicha organización estaba encabezada por Humberto Cosme Rodríguez, conocido como “Toro”, acompañado por su hermano Diego Cosme Rodríguez, alias “Murris”, y Michael Torres Amésquita.

Uno de los investigadores señaló que varios integrantes de esa directiva terminaron involucrados en el proceso penal. “Lo hemos agarrado al presidente, a un vocal y al secretario”, afirmó, al referirse a miembros de la organización que fueron identificados como presuntos integrantes de la red criminal.

Instalaciones utilizadas como centro de operaciones

Las diligencias realizadas por la policía y la fiscalía permitieron intervenir un espacio vinculado a Sedapal en Puerto Nuevo. Según la descripción de los agentes, el lugar presentaba condiciones incompatibles con una actividad laboral regular.

Durante la intervención fueron encontrados cerca de tres kilos de marihuana y municiones. Un investigador calificó el inmueble como “un búnker”, debido a los elementos hallados y al presunto uso que se le daba.

Las autoridades sostienen que el espacio servía para almacenar droga, armamento y municiones. Además, la investigación plantea que desde ese lugar se coordinaban actividades ilícitas vinculadas a la organización.

Imágenes obtenidas durante el seguimiento policial mostraron el ingreso frecuente de integrantes de la red a las instalaciones. De acuerdo con la investigación, los accesos se realizaban sin restricciones aparentes.

Otro aspecto relevante del caso involucra la documentación presentada por algunos miembros de la organización para obtener empleo.

La fiscalía revisó certificados utilizados durante los procesos de contratación y concluyó que al menos uno de ellos carecía de autenticidad. Un representante del Ministerio Público afirmó: “Por lo tanto, se concluye que la documentación presentada para acceder a este puesto de trabajo era falsa”.

Las pesquisas identificaron a Michael Steven Torres Amézquita como una de las personas que presentó documentación observada por las autoridades. Según la investigación, estos documentos permitieron acreditar estudios y experiencia laboral exigidos para determinadas funciones.

Contratos mediante empresas tercerizadoras

La investigación también reconstruyó la trayectoria laboral de varios integrantes de la organización dentro de empresas contratistas.

Según la información recogida por la fiscalía, algunos de ellos trabajaron inicialmente para una empresa privada. Posteriormente, tras la finalización de ese vínculo contractual, pasaron a formar parte del consorcio Global Micha.

Un representante de la investigación sostuvo que, pese a figurar en planillas y recibir remuneraciones, los involucrados no realizaban funciones efectivas. Las boletas de pago y contratos revisados por las autoridades forman parte del material incorporado al expediente fiscal.

Respecto al uso de estos espacios, un fiscal señaló: “Son delincuentes que accedieron a un lugar que utilizaron como caleta para guardar armamento, para guardar droga, para guardar armas o municiones”.

Detenidos y personas aún buscadas

El operativo ejecutado contra la organización permitió la captura de nueve personas. Todos permanecen con mandato de prisión preventiva por 36 meses mientras continúan las investigaciones.

Las autoridades además mantienen la búsqueda de Lesly Llerena Navarro y de Jesús del Piero Berríos Llerena. Según la hipótesis fiscal, este último tendría participación en el asesinato de dos adolescentes de 16 años en el contexto de una disputa vinculada al control de la venta de drogas en el Callao.

Tras más de dos años de seguimiento, vigilancia y análisis de información, la policía y la fiscalía continúan con las diligencias para determinar el alcance completo de las actividades atribuidas a Los Bemos de Puerto Nuevo y los mecanismos que permitieron su presencia dentro de espacios relacionados con el Estado.

El fiscal regional de Antofagasta (1.330 kms al norte de Santiago), Juan Castro Bekios, confirmó que en los últimos días 2.840 kilos de distintas drogas fueron decomisados en cuatro operativos llevados a cabo en conjunto por el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros, los que dejaron además cinco personas detenidas.

Flanqueado por el jefe de Zona Antofagasta de Carabineros, general Cristian Montre Soto, y el jefe de la Región Policial de la PDI, prefecto inspector Freddy Castro Crespo, el persecutor que encabeza el ranking de incautaciones de droga en el país con 112 toneladas desde que asumió en octubre de 2023, recordó que “esto no es algo azaroso, este es el resultado de la acción conjunta de todas las instituciones que conforman el Estado”.

El primer operativo

Según informó Castro Bekios, la diligencia más grande se llevó a cabo en la turística comuna de San Pedro de Atacama, donde detectives de la PDI sorprendieron en una fiscalización a los conductores de un furgón transportando más de mil paquetes de marihuana, a saber, 1.179 kilos.

Tras el interrogatorio de rigor, los policías apresaron también a los pasajeros de otro vehículo que apoyaba el traslado de la droga, para luego allanar una vivienda en la ciudad de Calama, donde hallaron otro vehículo con 1.089 kilos de cannabis.

Amén de los 2.269 kilos de droga, la policía civil decomisó los dos dos furgones, un automóvil y unos $7,7 millones de pesos (USD 8.400), en dinero contante y sonante.

Los otros tres

Por su parte, Carabineros de Chile llevó a cabo otros tres operativos que terminaron con el decomiso de 571 kilos de droga, todos ellos en la provincia de El Loa.

El primero tuvo lugar en un camino de tierra en las afueras de Calama, donde los uniformados dieron con una camioneta que tenía encargo por robo y en cuyo interior hallaron 318 kilos de cannabis.

En el segundo, fue apresado el conductor de un automóvil que transitaba por la ruta B-75 con 32,5 kilos de marihuana.

Y en el tercero, dos individuos fueron apresados en el sector de Tocorpuri transportando en dos vehículos 115 kilos de cocaína, 95 kilos de pasta base de cocaína y 11 kilos de ketamina.

De acuerdo al fiscal Castro Bekios, con estos operativos los decomisos de drogas se elevan a 46 toneladas en lo que va del año en la región de Antofagasta, siete toneladas mas que todo lo incautado en el año pasado.

El Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica incautó un importante cargamento de marihuana y detuvo a dos personas de nacionalidad nicaragüense en una operación conjunta que contó con la colaboración de agencias de Estados Unidos, Colombia y Panamá. La embarcación interceptada transportaba 70 bultos de droga y fue localizada a 120 millas mar adentro de playa Matapalo, ubicada en el cantón de Quepos, Puntarenas, en el pacífico sur del país.

La operación comenzó cuando un avión de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de Estados Unidos detectó una lancha sospechosa a 92 millas de la costa costarricense. Tras la alerta emitida por las autoridades estadounidenses, el Servicio Nacional de Guardacostas activó de inmediato su protocolo de búsqueda, desplegando recursos marítimos y coordinando con las agencias internacionales aliadas. La persecución y la estrategia de rastreo se extendieron por más de ocho horas, en las que se analizaron variables como velocidad, distancia y trayectorias probables de la embarcación.

El director del Servicio Nacional de Guardacostas, Juan Carlos Alvarado, explicó que fue fundamental la información proporcionada por la Armada de Colombia y el Servicio Aeronaval de Panamá para ubicar con precisión la lancha rápida, que contaba con dos motores fuera de borda. “Gracias a información proveniente de la Armada de Colombia, del Servicio Aeronaval de Panamá y al apoyo aéreo de la aeronave de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de los Estados Unidos, esta madrugada el Servicio Nacional de Guardacostas logró interceptar una embarcación rápida a ciento veinte millas de Matapalo en el Pacífico Sur”, detalló Alvarado.

En el abordaje, los oficiales costarricenses comprobaron que viajaban dos ciudadanos nicaragüenses junto a los 70 bultos de marihuana. De acuerdo con las primeras estimaciones, cada uno de estos bultos contiene cerca de veinte paquetes individuales, aunque las autoridades iniciaron un conteo exhaustivo para determinar la cantidad exacta de droga incautada. La embarcación, los tripulantes y el cargamento fueron trasladados al puerto más cercano en Puntarenas, donde quedaron bajo custodia de las autoridades judiciales y policiales.

El Servicio Nacional de Guardacostas subrayó el valor de la cooperación internacional y la importancia de los sistemas de vigilancia aérea y marítima para combatir el narcotráfico en la región. “Con estas acciones reiteramos el compromiso y el trabajo conjunto con países aliados en la lucha contra el narcotráfico”, manifestó Alvarado tras la exitosa intervención.

La operación evidencia la capacidad de respuesta de Costa Rica ante las amenazas del crimen organizado transnacional y la efectividad de las alianzas estratégicas con potencias regionales. En los últimos años, el pacífico sur costarricense ha sido identificado como una de las rutas más utilizadas para el tráfico marítimo de estupefacientes, lo que ha impulsado una vigilancia reforzada y el incremento de patrullajes en aguas jurisdiccionales.

El decomiso de los 70 bultos de marihuana representa un golpe económico para las estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas y refuerza el mensaje de tolerancia cero que las autoridades costarricenses mantienen frente a este delito. Las investigaciones policiales continúan para determinar el destino final de la droga y posibles vínculos con otras organizaciones delictivas.

Paralelamente, las autoridades judiciales abrirán un proceso penal contra los dos detenidos, quienes enfrentarán cargos por tráfico internacional de drogas. El Ministerio Público coordina con instancias internacionales para ampliar la investigación y rastrear el origen y los nexos transnacionales del cargamento incautado.

Las autoridades de seguridad reiteraron que este tipo de operativos forman parte de una estrategia continua para desarticular redes de narcotráfico y proteger la soberanía nacional. El Gobierno de Costa Rica ha sostenido que la lucha contra el crimen organizado seguirá siendo una prioridad y que se mantendrán vigentes los acuerdos de intercambio de información y patrullaje conjunto con países aliados.

La Cámara Federal de San Martín resolvió que la causa por drogas en la que se encuentra detenido el ex titular de Arsat, Facundo Leal, siga su curso en los tribunales federales de Comodoro Py, al definir una disputa de competencia entre juzgados de San Isidro y de la Ciudad de Buenos Aires.

De esta manera, la causa por presunta tenencia de estupefacientes para su comercialización quedará radicada en el Juzgado Federal 6 porteño y será la Cámara Federal de Comodoro Py la que intervenga como Tribunal revisor de las decisiones tomadas, según supo Infobae en fuentes judiciales. Mientras tanto, la investigación donde Leal está acusado por supuesta corrupción en Arsat sigue su trámite en San Isidro.

La decisión fue adoptada por la Sala I de la Cámara Federal de San Martín, que sostuvo que el expediente por el hallazgo de la droga debe tramitar en la ciudad de Buenos Aires porque los estupefacientes se encontraron en el departamento del ex funcionario en el barrio porteño de Palermo. Si bien el allanamiento se realizó vía exhorto del juzgado federal de San Isidro a cargo de Lino Mirabelli en busca de pruebas en otra causa por corrupción en ARSAT, cuando se encontró la droga se abrió una nueva investigación y se dispuso detener de inmediato a Leal, quien presidió la empresa estatal durante el gobierno de Alberto Fernández.

Mirabelli procesó a Leal con prisión preventiva por tenencia de droga con fines de comercialización y luego se declaró incompetente para seguir con esa investigación por un tema de territorio, decisión que ahora confirmó el tribunal superior. “La sustancia estupefaciente, objeto de imputación, fue secuestrada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, concluyó el camarista Marcelo Fernández. La Cámara entendió que el presunto delito vinculado al narcotráfico constituye un hecho autónomo y consideró razonable que ambas pesquisas continúen por separado.

Durante su declaración indagatoria, Leal sostuvo que las sustancias estaban destinadas a consumo personal y presentó un informe médico para acreditar un cuadro de adicción. Sin embargo, el juez consideró que la cantidad de droga hallada excedía ese supuesto y resolvió avanzar con el procesamiento y dictar su prisión preventiva.

En el departamento de Palermo se encontraron US$650.000 en efectivo junto a monedas de otros seis países, pero además había ketamina, drogas sintéticas en distintas presentaciones y cocaína. Por esto último el ex funcionario quedó preso de inmediato. En otro de sus domicilios, en Mendoza, se le secuestraron u$S 1,7 millones.

La causa ARSAT

En la causa que se lleva en su juzgado, el juez de San Isidro Mirabelli citó a declaración indagatoria a Leal y otros imputados por supuestos hechos de corrupción en la empresa estatal de comunicaciones.

Además de Leal están citados Gerardo Boschin, Pablo Pagani, Juan Navarro y Juan Álvarez, ex directivos de ARSAT conocidos como la “banda de los mendocinos” por ser todos oriundos de esa provincia. Se investigan presuntos incumplimientos de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública, fraude a la administración pública y sobornos.

También serán indagados los empresarios de ALS (Argentina Logistic Service) Diego Padilla, Fernando Paredes y Gastón Padilla, entre otros. Estos últimos resultaron beneficiarios de un contrato que está en la mira judicial para el alquiler de un predio en el cual ARSAT almacenó equipos de alto valor comercial y estratégico.

La hipótesis de los investigadores es que los entonces funcionarios “se interesaron en las contrataciones que ARSAT realizó sobre el servicio de fletes, transportes, alquiler de grúa, espacio de guardado asignado a ALS”, y todo derivó en un presunto direccionamiento de la contratación sin que el lugar cumpliera con condiciones mínimas.

La causa penal se inició con una denuncia por el robo de materiales en ese predio de San Fernando. En la investigación que lleva el fiscal federal de San Isidro Fernando Dominguez se documentaron al menos 14 órdenes de compra por un valor total de USD 1.930.861,30 y $40.300.000.

El tercero de los hechos se encuadra en la hipótesis de que Facundo Leal, Gerardo Boschin y Pablo Pagani “aceptaron y cobraron promesas de dádivas y beneficios económicos directos e indirectos por parte de los representantes de Argentina Logistic Service“.

Por otra parte, el juez Mirabelli impuso una serie de medidas cautelares sobre los bienes de los 10 imputados y dispuso el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil.

Rosa Chávez fue detenida en Merlo acusada de dirigir una banda que acopiaba y distribuía droga desde su casa mientras cumplía arresto domiciliario con pulsera electrónica por una causa anterior por venta de estupefacientes, en una investigación federal que se activó por denuncias vecinales y derivó en el secuestro de 10 kilos de marihuana, medio kilo de cocaína y varias armas de fuego.

Según Primer Plano Online, la causa avanzó cuando los investigadores determinaron que el volumen de sustancia en circulación superaba ampliamente el narcomenudeo. En los 7 allanamientos simultáneos realizados en el barrio Cambacita, en Pontevedra, fueron arrestadas cinco personas: Chávez, otra mujer y tres hombres señalados como parte de la organización.

La acusación central sostiene que Chávez recibía la droga en su vivienda y la entregaba para su distribución en distintos puntos del barrio, donde otros vendedores la comercializaban. Tras el operativo quedó incomunicada y a disposición de la Justicia mientras se intenta establecer la ruta de ingreso de la sustancia.

La indagatoria de los acusados fue fijada para el lunes ante el fiscal Santiago Marquevich, a cargo de la Fiscalía Federal de Hurlingham, junto con su secretario Eduardo Suárez. La investigación judicial está bajo la órbita federal porque, de acuerdo con el expediente, las cantidades detectadas excedían el esquema de venta al menudeo.

La investigación

La pesquisa se inició a partir de una denuncia vecinal anónima que alertó sobre movimientos “extraños” en distintos inmuebles. Los domicilios señalados fueron Peña al 4400 (donde vivía Chávez), París al 700; Nahuel Huapi al 700, esquina Alvarado; y Montiel al 500, entre Arce y Bella Vista. Los cinco detenidos quedaron imputados por tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización, tenencia ilegal de armas de fuego y encubrimiento.

El trabajo estuvo a cargo de agentes de la Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas de Morón y de la Secretaría de Seguridad de Merlo. Según lo que establecieron los detectives, la droga llegaba a la casa de Chávez, donde era acopiada antes de ser entregada a vendedores que operaban en esquinas del barrio.

Uno de los voceros consultados describió el movimiento en la zona con una frase que los investigadores incorporaron como parte del contexto del caso: “Durante todo el día llegaba gente de cualquier edad en motos, autos y caminando en busca de su envoltorio. La molestia irrumpía en la tranquilidad de la zona”.

Ese flujo de compradores, era “permanente” y estaba acompañado por disturbios frecuentes alrededor de los puntos de venta. Esa dinámica fue uno de los elementos que reforzó la sospecha sobre una estructura de distribución instalada en el barrio.

Con las pruebas reunidas, el juez Juan Manuel Culotta autorizó los allanamientos solicitados por Marquevich, con supervisión de la Secretaría N° 11 a cargo de Leonardo Cano. En esos procedimientos la Policía secuestró un total de 1.000 dosis de cocaína -equivalentes a medio kilo- además de 10 kilos de marihuana fraccionada en trozos compactos, flores y plantas.

También fueron incautados dinero en efectivo, teléfonos celulares y balanzas de precisión. A eso se sumó un arsenal compuesto por un revólver calibre 32 corto, una escopeta calibre 12/70, dos pistolas semiautomáticas calibre 22 largo y una carabina calibre 22, todas aptas para el uso y con municiones.

En los procedimientos también fue hallado un Volkswagen Fox negro con pedido de secuestro por robo desde el mes pasado en San Antonio de Padua. Según la investigación, el vehículo era utilizado por la banda.

Durante el allanamiento a Chávez, la acusada tenía el celular encendido. El aparato quedó secuestrado para ser peritado por especialistas de la Policía Federal, con la expectativa de obtener información sobre el funcionamiento interno de la organización.

La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas informó la detención de un hombre identificado como Alejandro “N”, de 33 años, durante un operativo realizado la madrugada de este jueves en la colonia Las Huertas.

De acuerdo con la autoridad ministerial, la intervención se originó a partir de una denuncia previa por conductas violentas e inusuales reportadas en la zona, lo que derivó en la apertura de una carpeta de investigación y la solicitud de una orden de cateo para ingresar a un domicilio señalado.

Durante el despliegue también se cumplimentó una orden de aprehensión contra el señalado, en el marco de las diligencias relacionadas con los hechos denunciados, según informó la Fiscalía estatal.

El operativo fue ejecutado por agentes ministeriales en coordinación con corporaciones de seguridad, quienes ingresaron al inmueble durante la madrugada como parte de las acciones de investigación en curso.

En el lugar, las autoridades aseguraron un arma de fuego, equipo táctico, prendas de uso militar y siete plantas de marihuana, además de otros indicios que quedaron bajo resguardo del Ministerio Público.

Todo lo decomisado fue integrado a la carpeta de investigación abierta por presuntos delitos federales y amenazas, mientras que el detenido fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica.

La Fiscalía estatal indicó que las indagatorias continúan con el objetivo de establecer si el detenido podría estar relacionado con otros hechos delictivos en la zona, sin que hasta el momento se hayan informado más personas involucradas.

Armas, droga y equipo táctico: el contexto de los recientes operativos en Zacatecas

El aseguramiento de un arma de fuego, equipo táctico, prendas de uso militar y plantas de marihuana en la colonia Las Huertas ocurre en un contexto de operativos permanentes desplegados por autoridades estatales y federales en distintos puntos de Zacatecas durante los últimos meses.

Tan sólo en junio, fuerzas de seguridad reportaron la detención de cinco personas en la capital del estado, a quienes les aseguraron armas de fuego, dosis de droga, equipo táctico y artefactos ponchallantas durante un operativo realizado en la zona centro de la ciudad. Las autoridades señalaron que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Días antes, corporaciones estatales informaron sobre la captura de dos hombres en posesión de un arma larga, cargadores, explosivos artesanales y presunta droga durante recorridos de vigilancia en el municipio de Zacatecas. El caso derivó en una investigación por posibles delitos relacionados con la posesión de armamento y sustancias ilícitas.

Los aseguramientos también se han extendido a otros municipios de la entidad. En mayo, fuerzas federales localizaron un inmueble presuntamente utilizado por integrantes de grupos delictivos, donde decomisaron armas, cartuchos, explosivos, vehículos y equipo táctico, además de diversas cantidades de droga.

Las autoridades han sostenido que este tipo de operativos buscan reducir la capacidad operativa de grupos generadores de violencia, así como retirar de circulación armas, narcóticos y otros objetos utilizados en actividades ilícitas.

En ese contexto, el cateo realizado en la colonia Las Huertas se suma a una serie de intervenciones que durante 2026 han derivado en el aseguramiento de armamento, droga y equipo táctico en distintos puntos de Zacatecas, mientras la Fiscalía estatal mantiene abiertas diversas investigaciones relacionadas con hechos de violencia y posibles delitos del orden federal.

El caso involucra a una ciudadana peruana de 38 años que pretendía abordar un vuelo con destino final a Roma, en Italia, con una escala previa en París, Francia. Según información de la Policía Nacional del Perú (PNP), la sustancia ilícita se encontraba oculta en cajas que aparentaban contener chocolates, una estrategia utilizada para intentar evadir los controles de seguridad.

La intervención se produjo antes de que la pasajera ingresara a la sala de embarque. Los agentes especializados observaron comportamientos que consideraron inusuales y decidieron realizar una inspección más detallada de su equipaje. La revisión permitió descubrir una carga cuyo valor supera el millón de soles, de acuerdo con estimaciones policiales.

Inspección permitió descubrir la droga oculta

La operación estuvo a cargo de agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro), quienes interceptaron a la pasajera dentro de las instalaciones aeroportuarias. De acuerdo con el reporte oficial, la mujer trasladaba una maleta y un bolso de mano cuando fue conducida al área de inspección para una revisión exhaustiva.

Durante el procedimiento, los efectivos examinaron una de las cajas transportadas en el equipaje. Para verificar el contenido utilizaron reactivos químicos de identificación preliminar. En ese momento, uno de los especialistas explicó el resultado obtenido.

“Si pinta la coloración azul turquesa, es presunto indicativo positivo para alcaloide de cocaína. Como puede apreciar, es un indicativo para alcaloide de cocaína”, señaló un agente durante la diligencia.

Tras el resultado positivo, la pasajera quedó detenida de manera inmediata. Posteriormente, el personal policial amplió la revisión al resto de los paquetes hallados en la maleta.

Catorce cajas simulaban contener chocolates

La investigación preliminar determinó que la sustancia ilícita estaba distribuida en un conjunto de cajas que aparentaban ser productos comerciales. Según la información difundida por la Policía Nacional, se encontraron 14 cajas utilizadas para ocultar el cargamento.

Luego de la primera detección, los especialistas realizaron pruebas de campo sobre las demás unidades. El procedimiento confirmó la presencia de clorhidrato de cocaína en los envases inspeccionados.

Durante la diligencia, otro representante policial explicó el mecanismo utilizado para la identificación de la sustancia. “Utilizaremos el reactivo Searchi, la cual arroja la coloración azul turquesa. Como puede apreciar, la coloración es inmediata. Es un indicativo positivo para el alcaloide de cocaína”, indicó.

La totalidad del material incautado fue reunida y trasladada para su respectivo análisis y pesaje, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de intervenciones.

Peso de la sustancia superó los ocho kilogramos

Una vez concluida la recolección del contenido encontrado en las cajas, las autoridades efectuaron el pesaje oficial de la droga. El resultado confirmó la magnitud del cargamento.

“El peso total del clorhidrato de cocaína es de ocho kilos con treinta y cinco gramos”, informó uno de los especialistas que participó en la diligencia.

La Policía precisó que la cantidad decomisada alcanzó los 8,35 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Según las estimaciones de las autoridades, el valor de la droga supera el millón de soles en el mercado ilegal.

Además del estupefaciente, los agentes incautaron tres teléfonos celulares y 1.600 euros en efectivo que estaban en poder de la detenida al momento de la intervención.

La información proporcionada por la División Portuaria Antidrogas de la PNP señala que Europa forma parte de los destinos más frecuentes en los intentos de traslado internacional de sustancias ilícitas. Asia también aparece entre las rutas identificadas por los investigadores.

Según datos difundidos por la Policía Nacional, más de treinta personas fueron detenidas durante el año en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez por intentar sacar droga del país mediante diversas modalidades de ocultamiento.

Las autoridades indicaron que los controles en el terminal aéreo permanecen activos de forma permanente, con participación de personal especializado y unidades caninas dedicadas a la detección de estupefacientes.

Investigación continúa bajo custodia policial

Tras la intervención, la ciudadana peruana quedó a disposición de las autoridades competentes para las diligencias correspondientes. La investigación busca determinar el origen de la droga y establecer posibles vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de estupefacientes.

De acuerdo con la Policía Nacional del Perú, la mujer podría enfrentar una condena de entre ocho y quince años de prisión por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas. Las actuaciones posteriores quedaron bajo responsabilidad de las instancias encargadas del proceso penal y de la investigación especializada.

Las autoridades del sur del Bronx desmantelaron cinco redes de narcotráfico que durante años operaron a plena luz del día en el distrito comercial conocido como “The Hub”. El lunes 15 de junio, la fiscal del Bronx Darcel Clark y la comisionada del NYPD, Jessica Tisch, anunciaron la acusación formal de 32 personas vinculadas a esas organizaciones, en un operativo que incluyó la incautación de drogas, armas y miles de dólares en efectivo.

Las cinco bandas vendían fentanilo, metanfetamina y cocaína sin ningún intento de ocultamiento, frente a comercios, escuelas y vecinos. Los acusados acumulan un historial conjunto de 550 arrestos previos por delitos que van desde homicidio hasta agresión, según informó CBS New York.

Qué se incautó y qué cargos enfrentan los acusados

Los detectives confiscaron 13,6 kilogramos de fentanilo (30 libras), 5,4 kilogramos de metanfetamina (12 libras), un kilo de cocaína, cinco armas de fuego y más de USD 100.000 en efectivo.

Cuatro de los 32 acusados enfrentan cargos como grandes narcotraficantes. Si los declaran culpables, pueden recibir cadena perpetua.

Los cargos incluyen venta y posesión de sustancias controladas en distintos grados, además de conspiración. Al menos 20 acusados no enfrentaron cargos con derecho a fianza y quedaron en libertad. Cuatro sospechosos más aún están prófugos, según confirmó el NYPD.

Cómo operaban las cinco organizaciones

Las redes criminales se identificaban con nombres propios: Ghost, Prada, TikTok, Brook y Bugatti. Cada una tenía su propio proveedor, un líder, gerentes, vendedores callejeros y mensajeros.

Las escuchas telefónicas captaron conversaciones en las que los propios distribuidores alardeaban de la potencia de sus productos. “Los acusados y sus proveedores aparecen en grabaciones hablando de sus marcas como demasiado fuertes y que hacían caer a la gente”, declaró Clark a ABC7 NY.

La fiscal fue directa al describir la actitud de los implicados: “Simplemente no les importa la vida, pero a nosotros sí”, dijo a CBS New York.

Dónde ocurría todo: “The Hub”

“The Hub” es el punto donde convergen la Tercera Avenida, la calle 149 Este y la Avenida Melrose, en el barrio Mott Haven. Fue durante décadas un distrito comercial activo del sur del Bronx.

En los últimos años, la venta y el consumo de drogas en ese espacio público ahuyentaron a compradores y negocios. “El tránsito peatonal en el distrito comercial bajó y las tasas de locales vacíos subieron”, explicó Tisch en conferencia de prensa, según recogió ABC7 NY.

Las personas se inyectaban drogas y sufrían sobredosis en plena calle, a metros de una escuela primaria, de acuerdo con Fox 5 NY.

Por qué la investigación tardó más de un año

La investigación arrancó en febrero de 2025, tras años de reclamos de vecinos y legisladores que exigían una respuesta concreta. La Unidad de Casos Mayores de Narcóticos del Bronx y la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fiscalía llevaron adelante el trabajo.

Entre el 9 y el 12 de junio de 2026, las autoridades ejecutaron 12 órdenes de registro y concretaron los arrestos. Otros nueve detenidos, que no figuraban en las acusaciones formales, también enfrentaron cargos por posesión.

Qué viene ahora para el barrio

La comisionada Tisch adelantó que el operativo es solo la primera parte de un plan más amplio. “Ahora verán una presencia policial reforzada del NYPD para asegurarnos de que esto no vuelva a arraigarse”, dijo, según CBS New York.

Pedro Suarez, director ejecutivo del Distrito de Mejora Comercial de la Tercera Avenida, reconoció que aún queda trabajo por hacer. “Asegurémonos de seguir prestando mucha atención a las personas que luchan con la adicción a las sustancias”, señaló al mismo medio.

La residente del sur del Bronx Amelia Moore resumió el sentir de muchos vecinos al caminar por el lugar el mismo lunes del anuncio: el área, indicó a ABC7 NY, solía ser muy difícil. Ese día, según sus palabras, se sentía distinta.