La Policía de la Ciudad detuvo en la Villa 31, en el barrio porteño de Retiro, a un hombre de 29 años, de nacionalidad boliviana, que utilizaba una bicicleta para distribuir droga. Durante el operativo, los agentes secuestraron más de 230 dosis de cocaína y marihuana listas para la venta. Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el detenido tenía antecedentes por tenencia y comercialización de estupefacientes.

El procedimiento comenzó cuando personal de la División Táctica de Pacificación del Barrio 31, que patrullaba la calle Aymara al 1000, observó al sospechoso circulando en bicicleta con una actitud sospechosa.

Al notar la presencia de los efectivos, el sujeto se dio a la fuga. Sin embargo, fue alcanzado por los agentes, quienes procedieron a requisarlo en presencia de testigos.

Durante la revisión, los policías hallaron 71 envoltorios de marihuana, con un peso total de 327 gramos, y 165 dosis de cocaína, equivalentes a 85 gramos, todo preparado y fraccionado para su comercialización. Además, le secuestraron el teléfono celular y la bicicleta que utilizaba para realizar las entregas.

Fuentes del caso señalaron que, al verificar los datos personales del aprehendido, comprobaron que contaba con antecedentes por venta y tenencia de drogas en 2020, 2021 y 2026.

La causa quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo de Santiago Almeyda, que dispuso la detención del imputado y el secuestro de la droga, el celular y la bicicleta. Se iniciaron actuaciones judiciales por infracción a la Ley 23.737.

El mes pasado, la Policía de la Ciudad llevó a cabo otros dos operativos contra el narcotráfico. La semana pasada, detuvieron a dos ciudadanos peruanos que transportaban más de un kilo de cocaína en un taxi con irregularidades en avenida Independencia al 1500, barrio de San Cristóbal.

El operativo se activó cuando los agentes detectaron un Volkswagen Suran sin taxímetro, vidrios polarizados y patentes adulteradas. Al inspeccionar el vehículo, los efectivos hallaron un bolso con un paquete compacto de 1,05 kilos de cocaína debajo del asiento del conductor. Los dos ocupantes, de 40 y 28 años, fueron arrestados y el caso quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5.

A comienzos de julio, los oficiales desmantelaron un búnker narco en el Barrio 15 de Villa Lugano tras observar una maniobra de venta de drogas. Tres mujeres —una chilena y otra con antecedentes por comercialización— fueron detenidas tras intentar ocultar droga y dinero en una vivienda. Los agentes secuestraron más de medio millón de pesos, dólares, pasta base, cocaína, marihuana, Tusi, celulares y balanzas de precisión. La Unidad de Flagrancia Sur intervino en la causa y dispuso la consigna policial en el inmueble mientras las sospechosas enfrentan cargos por infracción a la Ley 23.737.

Lo que aparentaba ser un gesto de solidaridad con un privado de libertad terminó convirtiéndose en una investigación judicial por aparente tráfico de drogas dentro del sistema penitenciario costarricense.

Un auxiliar de enfermería de apellido Araya fue detenido luego de que oficiales de la Policía Penitenciaria descubrieran marihuana oculta en una bolsa de frituras que el funcionario intentó entregar a un reo bajo custodia en el Hospital Tony Facio, en Limón.

El privado de libertad, de apellido Gamboa, permanecía en el servicio de Emergencias del centro médico a la espera de recibir atención por una aparente fractura en un dedo del pie izquierdo cuando ocurrieron los hechos.

De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Justicia y Paz, Araya se acercó al recluso con un jugo y una bolsa de frituras. La entrega se realizó sin contar con la autorización de los oficiales penitenciarios encargados de la custodia del interno.

Siguiendo los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de traslados, los policías penitenciarios inspeccionaron los alimentos antes de permitir que llegaran al privado de libertad.

Fue durante esa revisión cuando detectaron un envoltorio sospechoso oculto dentro de la bolsa de frituras.

Con el fin de preservar la evidencia y evitar cualquier alteración del contenido, los oficiales sellaron el paquete y activaron de inmediato los protocolos correspondientes, notificando a las autoridades judiciales sobre el hallazgo.

La alerta fue comunicada a la Fiscalía de Limón, cuya fiscal de turno ordenó la detención inmediata del auxiliar de enfermería mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se desplazaban hasta el Hospital Tony Facio para asumir la investigación.

Una vez en el lugar, los investigadores realizaron la prueba de campo al contenido del paquete, la cual confirmó que la sustancia correspondía a marihuana.

Aunque inicialmente el Ministerio de Justicia informó que el peso aproximado era de 35 gramos, posteriormente trascendió que el decomiso alcanzó los 39 gramos de cannabis, cifra manejada por las autoridades judiciales durante las diligencias preliminares.

Tras confirmar la presencia de la droga, los agentes del OIJ procedieron con la captura del funcionario de salud, quien fue trasladado bajo custodia a las celdas judiciales para quedar a las órdenes del Ministerio Público, donde deberá enfrentar el proceso penal correspondiente.

Recluso también será investigado

Las consecuencias del caso no recaerán únicamente sobre el auxiliar de enfermería.

El Ministerio de Justicia confirmó que el privado de libertad también será sometido a un procedimiento disciplinario dentro del sistema penitenciario por el aparente intento de recibir una sustancia ilícita durante una salida médica y, posteriormente, introducirla al centro penal donde cumple su condena.

Las autoridades deberán determinar si existía una coordinación previa entre el funcionario y el recluso o si hubo participación de otras personas en el supuesto intento de ingresar droga al sistema penitenciario.

El caso permanece ahora bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial y del Ministerio Público, quienes recopilan evidencia, declaraciones y registros que permitan esclarecer las circunstancias en las que se produjo la entrega de los alimentos.

Controles evitaron el ingreso de la droga

El Ministerio de Justicia destacó que el decomiso fue posible gracias a los controles de seguridad aplicados por la Policía Penitenciaria durante las salidas médicas de los privados de libertad.

Cada vez que un recluso es trasladado a un hospital o centro de atención especializado permanece bajo estricta vigilancia de oficiales penitenciarios, quienes tienen la responsabilidad de inspeccionar cualquier objeto, alimento o artículo que terceros pretendan entregarle.

Ese procedimiento permitió detectar la droga antes de que llegara a manos del interno, evitando que la sustancia fuera eventualmente introducida al centro penal.

Las autoridades reiteraron que mantendrán este tipo de controles en todas las diligencias médicas y judiciales que impliquen el traslado de personas privadas de libertad, con el objetivo de impedir el ingreso de drogas, teléfonos celulares u otros objetos prohibidos a los establecimientos penitenciarios del país.

La investigación continuará durante los próximos días para determinar las responsabilidades penales y administrativas derivadas de este caso, mientras el auxiliar de enfermería permanece detenido y el privado de libertad enfrenta un proceso disciplinario por los hechos ocurridos en el Hospital Tony Facio de Limón.

La Policía Nacional de Panamá, a través de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol, concretó la extradición desde Madrid, España, de Jean Carlos Valencia Escobar, alias “El Abogado”, un ciudadano panameño requerido por la justicia por la presunta comisión del delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de asociación ilícita para delinquir (pandillerismo).

Con este traslado, las autoridades completan la segunda extradición internacional realizada durante esta semana, luego del retorno desde Colombia de otro presunto integrante de estructuras criminales vinculadas al narcotráfico.

Según informó la Policía Nacional, Valencia Escobar figura entre los principales requeridos dentro de la Operación Antipandillas Combate, desarrollada el 22 de mayo de 2026, como parte de la ofensiva dirigida a desarticular organizaciones criminales que operan en el país.

Las investigaciones lo identifican como presunto cabecilla de la pandilla Bagdad-Santa Eduviges, una estructura con influencia en el sector de Santa Eduviges, corregimiento de Tocumen, al este de la capital panameña.

Su captura se produjo el 27 de mayo en la Plaza de Santa Ana, en pleno centro de Madrid, gracias a una alerta internacional emitida por Interpol Panamá y ejecutada por la Policía Nacional de España.

Desde entonces permanecía detenido mientras avanzaba el proceso judicial de extradición solicitado por Panamá, trámite que concluyó con su entrega a las autoridades panameñas para enfrentar las investigaciones abiertas en su contra.

Alias “El Abogado” era considerado uno de los objetivos prioritarios dentro de las pesquisas iniciadas por la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Durante la Operación Combate, realizada pocos días antes de su captura en España, fueron aprehendidas siete personas, entre ellas alias “Rungito”, señalado también como uno de los supuestos líderes de la organización.

Las investigaciones sostienen que la pandilla Bagdad-Santa Eduviges mantenía control territorial sobre ese sector de Panamá Este y presuntamente coordinaba actividades relacionadas con microtráfico de drogas, homicidios, robos, privaciones de libertad y posesión ilegal de armas de fuego.

Estas acusaciones forman parte de procesos penales en curso y no constituyen una condena judicial, por lo que rige el principio de presunción de inocencia.

La extradición también revive los antecedentes internacionales de la organización. En 2023, las autoridades españolas capturaron en Pozuelo de Alarcón, Madrid, a otro presunto líder del denominado “Cártel de Bagdad”, considerado por los organismos de seguridad como una de las organizaciones criminales panameñas con mayor proyección internacional.

Esa investigación se desarrolló a partir de información suministrada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que alertó sobre presuntas operaciones de tráfico internacional de cocaína, blanqueo de capitales mediante lingotes de oro y conversión de recursos ilícitos en criptomonedas.

La llegada de Valencia Escobar ocurre apenas dos días después de que Panamá concretara otra importante extradición internacional. El pasado martes fue trasladado desde Colombia Jorge Antonio Zurita, alias “Gordo Pibe”, quien permanecía prófugo desde 2023 y fue capturado en Medellín en mayo de 2025 gracias a una operación coordinada entre la Dijín colombiana, Interpol y las autoridades panameñas.

Alias “Gordo Pibe” es investigado por su presunta participación en delitos relacionados con drogas y señalado como uno de los supuestos operadores de la pandilla Kill the Nasty, considerada por las autoridades como el brazo financiero de la organización criminal Sam 23.

Las investigaciones también mencionan presuntos vínculos con el Clan del Golfo y con las disidencias de las FARC lideradas por alias “Iván Mordisco”, aunque esos señalamientos continúan dentro de procesos judiciales y no representan una condena.

Con ambas extradiciones, las autoridades panameñas destacan el fortalecimiento de la cooperación internacional para localizar y trasladar al país a personas requeridas por la justicia. En los dos casos fue determinante la coordinación entre Interpol Panamá y los organismos de seguridad de España y Colombia, que permitieron ubicar a los investigados fuera del territorio nacional y completar los procedimientos judiciales necesarios para su entrega.

Un troquel de papel de dos centímetros con dibujos de colores puso en alerta a los especialistas en toxicología. Los análisis revelaron que contenía una inédita combinación de nueve sustancias psicoactivas, entre ellas metanfetamina, MDMA, ketamina y un alucinógeno sintético no comercializado legalmente, una mezcla que incrementa el riesgo de intoxicaciones graves.

Todo comenzó con una investigación de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), a cargo de la fiscal Cecilia Amil Martin, en la que se detectó que un hombre utilizaba un pet shop ubicado en el barrio porteño de Boedo como fachada para la venta de estupefacientes. Según la pesquisa, el sospechoso comercializaba las drogas tanto dentro del local como mediante la modalidad conocida como “pasamanos”, entregándolas a conductores que se detenían frente al comercio.

Durante los allanamientos realizados en el negocio y en la vivienda del sospechoso, los investigadores secuestraron 15 troqueles con esa peligrosa mezcla química, además de 57,9 gramos de ketamina, pastillas de MDA y de las conocidas como “micropunto”, troqueles de LSD y 3.600 dólares en efectivo. Tras los hallazgos, la fiscal ordenó la inmediata detención del hombre que quedó imputado por el delito de comercialización de estupefacientes agravada.

El análisis del Laboratorio de Toxicología y Química Forense del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) detectó que los papeles troquelados contenían brolanfetamina, dimetoxianfetamina, metanfetamina, metilendioxianfetamina (MDA) y metilendioximetanfetamina (MDMA), todas sustancias sintéticas con efecto estimulante. También se identificó 25-E-NBOH, un alucinógeno sintético que no se comercializa en el mercado legal; ketamina; aminopirina, un analgésico y antiinflamatorio sintético cuyo uso se encuentra prohibido en la Argentina; y cafeína.

A partir de ese hallazgo, el CIJ emitió una alerta -a cargo de Bárbara Moramarco, secretaria de Investigaciones y Relaciones con las Fuerzas de Seguridad del Ministerio Público Fiscal porteño- por la gran diversidad de sustancias presentes en una misma muestra y por la combinación de acciones toxicológicas diferentes, una situación que aumenta considerablemente el riesgo para quienes las consuman y dificulta el tratamiento frente a una intoxicación.

Especialistas del CIJ advirtieron que la combinación de estas sustancias incrementa la imprevisibilidad de los efectos clínicos, dificulta la estimación de la dosis efectivamente consumida y aumenta el riesgo de toxicidad aguda, pudiendo manifestar eventos cardiovasculares, alteraciones de los estados de conciencia, hipertermia, convulsiones y otras complicaciones potencialmente graves.

Asimismo, remarcaron que la coexistencia de estimulantes, psicodélicos y sustancias disociativas en un mismo soporte (blotter) dificulta además la interpretación clínica de las intoxicaciones y complejiza las estrategias de respuesta sanitaria.

El laboratorio de Toxicología y Química Forense del CIJ cuenta con una amplia trayectoria en la emisión de alertas tempranas y mantiene un firme compromiso con los organismos y sistemas regulatorios responsables de la actualización de las listas de sustancias sujetas a fiscalización en nuestro país, así como con la protección de la población potencialmente expuesta al consumo de estas sustancias.

Una operación de la Marina Nacional de El Salvador permitió la incautación de 1,362 kilogramos de cocaína, valorados en 34 millones de dólares, tras interceptar una embarcación a casi 1,800 kilómetros de la costa.

El operativo, ejecutado por la Fuerza de Tarea Naval Tridente en aguas internacionales del océano Pacífico, derivó además en la captura de dos ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana y la confiscación de equipo tecnológico utilizado para la navegación y comunicación.

Según informó el Gabinete de Seguridad Ampliado, la intervención se realizó el 17 de julio, a 947 millas náuticas (1,764 kilómetros) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el estero de Jaltepeque. Las autoridades identificaron a los detenidos como Jhony Eugenio G. V., de 42 años, y Pedro Leonardo D. P., de 31 años. Ambos transportaban el cargamento ilícito a bordo de una lancha con motor fuera de borda.

Durante la operación, la Marina Nacional incautó también dos dispositivos GPS Garmin GPS 73, dos teléfonos celulares, una antena Starlink y un radio de alta frecuencia (HF), elementos empleados para facilitar la navegación y la comunicación en alta mar.

De acuerdo con un reporte oficial, el valor estimado del cargamento asciende a 34 millones de dólares, cifra que refuerza la magnitud del golpe asestado al narcotráfico internacional.

El Ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, destacó la capacidad operativa de las fuerzas salvadoreñas: “A pesar de que somos un país con recursos limitados, tenemos la capacidad y el profesionalismo para realizar operaciones de gran importancia en alta mar”. Según datos presentados por el funcionario, desde junio de 2019 la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada han incautado 90.1 toneladas de droga, con un valor conjunto de 2,141 millones de dólares.

Por su parte, el Ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, subrayó el aporte de El Salvador en la lucha regional contra el narcotráfico. “Este es un aporte de este pequeño país, que cree firmemente en el combate a la narcoactividad y que, aunque seamos pequeños y nos hagan falta una gran cantidad de recursos, hemos tenido la capacidad de inspirar a las grandes potencias del continente, bajo lo que ahora se denomina El Escudo de Las Américas”, afirmó Villatoro durante la presentación de resultados.

Con esta última incautación, El Salvador acumula 14.61 toneladas de cocaína decomisadas en el presente año, con un valor superior a 365.25 millones de dólares, consolidando uno de los registros más altos en la historia del país en materia de combate al narcotráfico.

El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, aclaró que tras la intercepción de la embarcación y la detención de sus tripulantes, inicia el proceso judicial correspondiente.

“La labor de nuestras instituciones no termina con la intercepción de una embarcación, ni con la captura de sus tripulantes. A partir de este momento inicia el trabajo del Ministerio Público, que es dirigir la investigación penal, robustecer la prueba científica y técnica, establecer las responsabilidades individuales, identificar posibles vínculos con organizaciones criminales internacionales y llevar cada caso hasta obtener las condenas que correspondan conforme a la ley”, expuso Delgado.

El personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través de Aduanas México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró aproximadamente 3 kilogramos de metanfetamina en el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT). La droga estaba oculta al interior de una pieza metálica, y su detección fue posible gracias a controles especializados e inteligencia aduanera.

El aseguramiento ocurrió en las instalaciones del AIT durante una revisión de rutina con tecnología y protocolos de inspección avanzada. El Gabinete de Seguridad del gobierno federal difundió el hallazgo a través de sus redes sociales oficiales.

De acuerdo con las autoridades, el método de ocultamiento elegido para el traslado de la droga fue una pieza metálica. La elección de ese tipo de contenedor buscaba dificultar la detección visual y manual de la sustancia.

La coordinación entre Aduanas México y la SSPC permitió identificar la anomalía durante los controles del aeropuerto. “Con inteligencia aduanera y controles especializados se fortalece el combate al tráfico de drogas y se impide que estas sustancias lleguen a la población”, informó el Gabinete de Seguridad en su comunicado oficial.

Los 3 kilogramos de metanfetamina asegurados representan una cantidad que, de haber llegado a su destino, habría abastecido a redes de distribución en el mercado de consumo. Sin embargo, las autoridades no precisaron el destino del envío ni la identidad de los involucrados en el intento de traslado.

El Aeropuerto Internacional de Toluca como punto de control antinarcóticos

El AIT opera como un nodo de tráfico aéreo en el centro del país y, por esa razón, sus instalaciones son objeto de operativos permanentes de revisión. La presencia de personal de Aduanas México con capacidades de inteligencia convierte al aeropuerto en una barrera activa contra el tráfico de sustancias ilícitas.

La detección en Toluca se suma a una serie de aseguramientos recientes que las autoridades federales han ejecutado en distintos puntos del territorio nacional. El patrón de ocultamiento —drogas escondidas dentro de objetos de apariencia inofensiva— es una táctica recurrente en el tráfico de metanfetamina.

El Gabinete de Seguridad destacó que los controles especializados en puertos, aeropuertos y aduanas forman parte de una estrategia integral contra el narcotráfico. Esa estrategia combina vigilancia tecnológica, análisis de inteligencia y revisiones físicas de mercancía y equipaje.

El aseguramiento en Sonora, antecedente de tres toneladas en carretera

Nueve días antes del decomiso en Toluca, el 21 de julio de 2026, elementos de la SSPC y de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron más de 3 mil 25 kilogramos de metanfetamina en la carretera federal Sonoyta–Puerto Peñasco, a la altura del kilómetro 91+000, en el estado de Sonora.

En ese caso, la droga viajaba oculta entre 60 costales de alimento para ganado a bordo de un tractocamión con destino a Tijuana, Baja California. Los agentes detuvieron al vehículo porque el conductor circulaba a exceso de velocidad e invadía el carril contrario.

El operador de la unidad, un hombre de 49 años, quedó detenido y a disposición del Ministerio Público Federal. La FGR asumió la integración de la carpeta de investigación para determinar la procedencia del cargamento y la posible participación de otras personas.

La metanfetamina, la droga sintética con mayor presencia en los decomisos nacionales

La metanfetamina es un estimulante sintético del sistema nervioso central con alto potencial adictivo. Su producción y tráfico se han convertido en una de las principales actividades de las organizaciones criminales en México, dada la demanda sostenida que mantiene en el mercado estadounidense.

Las autoridades federales han identificado a grupos del crimen organizado como los responsables del traslado de grandes volúmenes de drogas sintéticas hacia la frontera norte. Los decomisos recientes —tanto en aeropuertos como en carreteras— muestran la diversidad de rutas y métodos de ocultamiento que emplean esas redes.

El gobierno federal señaló que los aseguramientos de metanfetamina representan un golpe directo a las cadenas de producción, transporte y distribución de estas sustancias. La coordinación interinstitucional entre Aduanas México, la SSPC y la FGR es el eje operativo de esa respuesta.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México aseguró más de 100 envoltorios de aparente droga y detuvo a cinco hombres en tres operativos distintos en la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con las investigaciones, los efectivos actuaron durante recorridos de seguridad y vigilancia al detectar conductas inusuales en vía pública, lo que derivó en revisiones preventivas que confirmaron la posesión de sustancias con características de marihuana, cocaína y crystal.

Los cinco detenidos —de 22, 23, 23, 30 y 31 años— fueron presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente para que determinara su situación jurídica.

El primer operativo: avenida Centenario, dos detenidos con 63 envoltorios

El primer hecho ocurrió en la avenida Centenario esquina con Azcapotzalco, donde los uniformados observaron a un hombre en actitud inusual que portaba una mochila gris con vivos amarillos. El sujeto intercambiaba envoltorios con otro hombre, lo que llevó a los oficiales a aproximarse y aplicar los protocolos de actuación policial.

La revisión de seguridad arrojó 10 envoltorios con una hierba verde y seca con características de marihuana, 20 bolsitas transparentes con cierre hermético y una sustancia sólida blanca similar a la cocaína, y 33 envoltorios de papel blanco con la misma sustancia en piedra. También se les encontró un dispositivo telefónico y dinero en efectivo.

Los dos detenidos tenían 23 y 30 años de edad. Ambos registraban antecedentes en el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud.

El hombre de 23 años acumulaba dos ingresos al sistema penitenciario por esa causa, en 2025 y 2026, además de tres presentaciones ante el Juez Cívico por inhalar estupefacientes en la vía pública, en 2020, 2021 y 2023. Su acompañante de 30 años también registraba dos ingresos previos por delitos contra la salud, en 2022 y 2026.

Segundo operativo en colonia Barrio Norte: crystal y marihuana en el Andador Díaz Ordaz

El segundo caso se registró en el Andador Díaz Ordaz y Linterna, en la colonia Barrio Norte. Los efectivos observaron a dos sujetos que manipulaban bolsitas de plástico con posible droga y les marcaron el alto para descartar un hecho delictivo.

La revisión preventiva derivó en el hallazgo de cinco bolsitas con aparente marihuana y 16 envoltorios con una sustancia similar al crystal. Los dos hombres fueron detenidos de inmediato y puestos a disposición de la autoridad ministerial.

Tercer operativo en Lomas de Becerra: un hombre con cinco ingresos al sistema penitenciario

El tercer detenido fue un hombre de 23 años localizado en el callejón Belén, en la colonia Lomas de Becerra. Los oficiales lo observaron mientras manipulaba varias bolsitas de plástico del tipo utilizado para la venta de droga.

La revisión le arrojó 19 dosis de aparente marihuana. El cruce de información posterior reveló que el sujeto tenía cinco ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

Dos de esos ingresos fueron por delitos contra la salud, ambos en 2023. Los tres restantes correspondieron a robo en sus distintas modalidades: uno en 2023 y dos en 2024.

Situación jurídica de los cinco detenidos ante el Ministerio Público

Los cinco hombres —de 22, 23, 23, 30 y 31 años— fueron informados de sus derechos de ley al momento de su detención. Junto con todo el material asegurado, fueron presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente.

La autoridad ministerial es la encargada de determinar la situación jurídica de cada uno de los detenidos. También le corresponde iniciar las carpetas de investigación respectivas en cada uno de los tres casos.

Los tres operativos formaron parte de las acciones de la SSC para el combate a los delitos de alto impacto en la demarcación. La institución actuó en todos los casos en apego a los protocolos de actuación policial establecidos.

Las Fuerzas Armadas de Honduras informaron este jueves el aseguramiento de 5.500 arbustos de presunta hoja de coca en el municipio de Iriona, departamento de Colón. El hallazgo ocurrió durante un patrullaje en Quebrada del Diablo, donde participaron la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico y otras instituciones de seguridad.

El informe oficial indicó que la plantación ocupaba una extensión aproximada de una manzana de tierra y que los 5.500 arbustos presentaban características propias de la hoja de coca.

En el operativo participaron efectivos del Comando de Operaciones de Apoyo Institucional C-11, la 115 Brigada de Infantería y el Décimo Quinto Batallón de Fuerzas Especiales, junto con agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, para asegurar el área y continuar con las diligencias.

Tras la localización del cultivo, las autoridades aseguraron el terreno, mientras el Ministerio Público desarrolla las actuaciones legales y las investigaciones para identificar a los responsables de la plantación y determinar si existen vínculos con estructuras del crimen organizado que operan en la región.

El municipio de Iriona es uno de los puntos donde con mayor frecuencia se detectan plantaciones de coca en Honduras. Las condiciones geográficas de sus montañas y la dificultad para acceder a algunos sectores han sido aprovechadas por organizaciones criminales para establecer cultivos clandestinos y, en algunos casos, laboratorios artesanales destinados al procesamiento de alcaloides.

Iriona y los cultivos detectados

El nuevo aseguramiento ocurrió semanas después de que las autoridades localizaran otra plantación de más de 5.500 arbustos en la comunidad de Río Verde, también en Iriona.

En operativos anteriores desarrollados en el mismo municipio también fueron encontrados cultivos con 7.500, 20.800 y 40.000 arbustos de coca, además de instalaciones clandestinas utilizadas para el procesamiento de droga.

Las autoridades explicaron que este tipo de intervenciones busca atacar la cadena de producción del narcotráfico desde su origen, para evitar que los cultivos sean cosechados y luego transformados en cocaína.

Además del aseguramiento de plantaciones, los operativos incluyen la destrucción de laboratorios artesanales, la incautación de precursores químicos y la identificación de rutas utilizadas para trasladar droga hacia otros puntos del país y del extranjero.

Las investigaciones continúan para establecer quiénes financiaban el cultivo localizado en Quebrada del Diablo y si existen conexiones con organizaciones criminales nacionales o internacionales.

Cifras de los aseguramientos

Los hallazgos registrados durante 2026 reflejan la escala del desafío que enfrentan las autoridades en el combate al narcotráfico. De acuerdo con cifras oficiales, en lo que va del año las Fuerzas Armadas han asegurado decenas de plantaciones de coca en distintos departamentos del país, principalmente en Colón, Atlántida, Yoro, Olancho, Santa Bárbara y El Paraíso.

Solo durante el primer semestre de 2026, las autoridades informaron el aseguramiento de más de 35 plantaciones, con más de 570 mil arbustos de coca y la destrucción de 10 instalaciones artesanales utilizadas para procesar la droga. Como resultado de estas acciones, estiman que las estructuras criminales dejaron de producir alrededor de 467 kilogramos de cocaína, cuyo valor en el mercado ilícito superaría los 150 millones de lempiras.

Las estadísticas también muestran que el fenómeno no es nuevo. Durante 2025 fueron aseguradas 51 plantaciones con más de un millón de arbustos de coca, mientras que en años anteriores Honduras registró cifras altas en la detección de cultivos ilícitos en el litoral atlántico.

Las Fuerzas Armadas aseguraron que los patrullajes de largo alcance continuarán en las áreas identificadas con mayor incidencia, con el objetivo de localizar nuevos cultivos, desmantelar centros de procesamiento y reducir la capacidad operativa de las redes criminales.

Las autoridades panameñas decomisaron 1,411 paquetes con presunta droga en dos operativos realizados durante las últimas horas en embarcaciones que se encontraban en aguas nacionales.

Las incautaciones se produjeron durante la revisión de cargas contenerizadas transportadas por buques en tránsito por Panamá, uno de los principales puntos logísticos de la región y una ruta utilizada por organizaciones criminales para enviar sustancias ilícitas hacia otros mercados.

En el primero de los casos, la Procuraduría General de la Nación, por medio de las Fiscalías Superiores Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas, informó sobre el decomiso de 1,130 paquetes rectangulares que presuntamente contenían sustancias ilícitas.

La carga pretendía salir del país a bordo de un buque, aunque las autoridades no precisaron el puerto de origen ni el destino final de la embarcación.

La operación se desarrolló de manera conjunta con unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Durante la inspección, los agentes detectaron alteraciones en el sello de seguridad de uno de los contenedores, lo que motivó una diligencia de allanamiento y registro. En el interior fueron ubicados varios bultos que no correspondían con la carga declarada en los documentos del contenedor.

Los paquetes fueron trasladados a un puerto seguro para realizar su verificación y conteo. En total, las autoridades contabilizaron 51 bultos de color blanco que contenían 1.130 paquetes rectangulares cubiertos con cinta adhesiva.

El Ministerio Público indicó que el material será sometido a pruebas científicas para determinar su composición y establecer el peso exacto de la sustancia decomisada.

En un segundo operativo, las fiscalías antidrogas incautaron otros 281 paquetes rectangulares con presunta sustancia ilícita en un buque que navegaba sobre aguas territoriales panameñas.

La diligencia fue ejecutada con apoyo de la Dirección Nacional Antidrogas y la Unidad Táctica de Operaciones Antidrogas de la Policía Nacional, luego de localizar una carga sospechosa dentro de un contenedor.

La embarcación se encontraba específicamente en la bahía de Panamá, donde las autoridades realizaron una diligencia de allanamiento, registro, verificación y conteo.

Dentro de la carga contenerizada fueron encontrados siete bultos que contenían los 281 paquetes, los cuales también serán analizados por especialistas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para confirmar el tipo de sustancia.

Ambos casos reflejan una modalidad recurrente utilizada por las redes de narcotráfico: la contaminación de contenedores que transportan mercancías legales.

En estos casos, los grupos criminales introducen paquetes de droga en las unidades de carga y posteriormente reemplazan o manipulan los sellos de seguridad, con la intención de que los cargamentos pasen inadvertidos durante las inspecciones portuarias.

Esta forma de tráfico fue nuevamente expuesta durante la Operación Taurus, desarrollada días antes en la provincia de Colón por el Ministerio Público y el Senan. La investigación estaba dirigida contra nueve personas presuntamente vinculadas con delitos relacionados con drogas y tráfico internacional, entre ellas extrabajadores portuarios y transportistas de carga.

La operación surgió después de varios decomisos realizados entre 2022 y 2024, periodo durante el cual el Senan incautó más de 1.5 toneladas de cocaína en dos terminales portuarias de Colón. Según las investigaciones, el grupo utilizaba las plataformas logísticas de los puertos para contaminar contenedores con droga que tenía como destino final el mercado europeo.

Durante Taurus se realizaron nueve allanamientos en Buena Vista, Puerto Pilón, Cativá, Sabanitas y Cristóbal. Las autoridades aprehendieron a siete ciudadanos panameños, mientras otras dos personas quedaron pendientes de ubicación. También decomisaron un arma de fuego, tres proveedores calibre nueve milímetros, 49 municiones, 11 equipos electrónicos y cuatro sellos de la Autoridad Nacional de Aduanas, un elemento que refuerza la hipótesis sobre la manipulación de cargas y contenedores.

Además, durante las diligencias fueron incautados B/.6.447 en efectivo, teléfonos celulares, computadoras portátiles y radios. Los investigadores buscan determinar la participación específica de cada uno de los señalados y establecer si mantenían vínculos con organizaciones internacionales encargadas de recibir la droga en puertos europeos.

Las nuevas incautaciones se suman a las 47,04 toneladas de drogas decomisadas en Panamá entre enero y mayo de 2026, de acuerdo con cifras preliminares del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales.

Del total, 28.47 toneladas correspondieron a cocaína y 18,45 toneladas a marihuana, mientras el resto estuvo compuesto por metanfetaminas, THC, éxtasis y otras sustancias.

Colón encabezó las incautaciones durante los primeros cinco meses del año con 13.38 toneladas, seguido por Panamá, con 9.52 toneladas; Panamá Oeste, con 9,09 toneladas; Chiriquí, con 7.24 toneladas, y Los Santos, con 4.94 toneladas. Mayo fue el mes con mayor volumen decomisado, al registrar 12.49 toneladas, por encima de las 10.50 toneladas reportadas en febrero.

El comportamiento reciente mantiene a Panamá como uno de los países con mayores decomisos de droga en la región. Entre 2021 y 2025, las autoridades incautaron aproximadamente 659.94 toneladas de sustancias ilícitas, con un récord de 145,2 toneladas en 2021.

Los registros anuales fueron de 138.4 toneladas en 2022, 129.9 toneladas en 2023, 124.4 toneladas en 2024 y 122,04 toneladas en 2025.

La ubicación geográfica del país, sus puertos en ambos océanos y el elevado movimiento de contenedores convierten a Panamá en un punto atractivo para las organizaciones criminales.

Las autoridades han reforzado los controles portuarios y las operaciones de inteligencia, aunque los últimos decomisos evidencian que las redes continúan intentando utilizar buques comerciales y cargas legales para transportar droga hacia Europa y otros destinos internacionales.

La cooperación policial entre Panamá y Colombia permitió concretar la extradición de Jorge Antonio Zurita, alias “Gordo Pibe”, un ciudadano panameño requerido por la justicia por su presunta vinculación con delitos relacionados con drogas y señalado por las autoridades como uno de los principales operadores de estructuras criminales transnacionales.

El traslado fue ejecutado por la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Panamá, luego de que Zurita permaneciera prófugo desde 2023 y fuera capturado el 26 de mayo de 2025 en Medellín, Colombia, tras una operación coordinada entre ambos países.

La Policía Nacional informó que el extraditado llegó al Aeropuerto Internacional de Tocumen bajo un estricto dispositivo de seguridad para ser puesto a disposición de las autoridades competentes.

El caso de alias “Gordo Pibe” ha cobrado relevancia por el perfil criminal que le atribuyen las investigaciones panameñas y colombianas.

De acuerdo con información divulgada por autoridades de ambos países, Zurita es señalado como presunto líder de la pandilla “Kill the Nasty”, considerada por los organismos de seguridad como el brazo financiero de la organización criminal Sam 23, una estructura que, según las pesquisas, mantiene vínculos con redes de narcotráfico que operan entre Panamá y Colombia.

Esas acusaciones forman parte de investigaciones en curso y no constituyen una condena judicial, por lo que rige la presunción de inocencia.

Las investigaciones también apuntan a presuntos nexos con organizaciones criminales colombianas. Entre ellas figura el Clan del Golfo, uno de los grupos dedicados al narcotráfico más poderosos de ese país, así como las disidencias de las FARC lideradas por alias “Iván Mordisco”, conexiones que, según la información pública recopilada por las autoridades, habrían permitido fortalecer rutas y operaciones de tráfico de drogas entre ambos territorios.

Los reportes disponibles sostienen que estas relaciones forman parte de las líneas investigativas abiertas y continúan bajo verificación judicial.

La captura de Zurita fue posible gracias a una notificación roja de Interpol emitida por Panamá, luego de que se mantuviera evadiendo a la justicia desde 2023.

El operativo fue desarrollado por la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de ese país, en coordinación con Interpol y las autoridades panameñas.

Tras su detención en Medellín comenzaron los trámites de extradición que culminaron esta semana con su retorno al país.

Además de las investigaciones por narcotráfico, Zurita enfrenta señalamientos por presunto blanqueo de capitales. Entre los elementos divulgados por las autoridades colombianas figura la existencia de una empresa de turismo registrada a nombre de su esposa en el municipio de El Peñol, en Antioquia, que habría sido utilizada como fachada para actividades ilícitas.

Como parte de esa investigación, Colombia inició un proceso de extinción de dominio sobre la compañía, al considerar que existen indicios de que pudo haber servido para ocultar recursos provenientes del narcotráfico. Estas actuaciones forman parte de procedimientos judiciales independientes desarrollados en territorio colombiano.

Las autoridades panameñas sostienen que la extradición representa un nuevo resultado de la cooperación internacional contra el crimen organizado transnacional.

La Policía Nacional destacó que continuará fortaleciendo el intercambio de información y las acciones conjuntas con otros países para localizar y capturar a personas requeridas por la justicia panameña, especialmente aquellas vinculadas con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y al lavado de activos.

Con su llegada a Panamá, alias “Gordo Pibe” deberá enfrentar los procesos judiciales que permanecían pendientes por delitos relacionados con drogas y presunto blanqueo de capitales.

A partir de ahora corresponderá al Ministerio Público y a los tribunales determinar, con base en las pruebas presentadas durante el proceso, la responsabilidad penal del extraditado.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro ejecutó cateos en El Marqués y San Juan del Río como parte de operativos de la estrategia Sinergia. En las diligencias fueron detenidas tres personas y las autoridades aseguraron 18 máquinas tragamonedas, además de presunta droga y otros indicios vinculados con investigaciones por delitos contra la salud.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Querétaro, una de las intervenciones se realizó en un inmueble ubicado sobre la lateral de la carretera federal 57, a la altura de la comunidad El Paraíso, en El Marqués. En ese sitio se aseguraron 13 máquinas tragamonedas, dinero en efectivo, bebidas alcohólicas, un dron, documentación diversa y un sistema de videograbación. En el lugar fue detenida una persona y el inmueble quedó asegurado.

La segunda diligencia se llevó a cabo en la comunidad Loma Linda, en San Juan del Río, donde fueron detenidas dos personas, según la misma institución. En ese inmueble se aseguraron bolsas de golosinas con presunto narcótico, numerario en efectivo, cinco máquinas tragamonedas, botellas de bebidas alcohólicas y un sistema de videovigilancia tipo DVR; el sitio también quedó bajo resguardo.

Las acciones derivaron de carpetas de investigación por delitos contra la salud y fueron encabezadas por personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

Las tres personas detenidas y los indicios asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones correspondientes, según la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

• Cateos en El Marqués y San Juan del Río dejaron tres detenidos.
• Aseguraron 18 máquinas tragamonedas: 13 en El Marqués y cinco en San Juan del Río.
• También decomisaron presunta droga, efectivo, alcohol y sistemas de videovigilancia; ambos inmuebles quedaron asegurados.

Decomisan 143 tragamonedas, droga y cámaras clandestinas en Sonora y Michoacán

Autoridades de Sonora y Michoacán aseguraron 143 máquinas tragamonedas presuntamente vinculadas con grupos delictivos durante una serie de operativos realizados en distintos municipios de ambas entidades.

Las acciones también permitieron retirar cámaras de videovigilancia instaladas de forma clandestina, decomisar narcóticos, equipos de cómputo y teléfonos celulares, además de detener a un hombre durante un cateo en el municipio michoacano de Uruapan.

Los aseguramientos fueron informados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, que señalaron que las investigaciones forman parte de acciones contra estructuras delictivas relacionadas con la extorsión, los delitos contra la salud y otras actividades ilícitas.

Retiran tragamonedas y cámaras clandestinas en Nogales

En Sonora, la Fiscalía estatal informó que, en coordinación con elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Policía Estatal de Seguridad Pública y la Policía Municipal de Nogales, fueron aseguradas 26 máquinas tragamonedas, además de ocho cámaras de videovigilancia tipo “parásito”, ocho monitores y ocho equipos de cómputo instalados en diferentes puntos de esa ciudad fronteriza.

De acuerdo con la dependencia, en un primer despliegue realizado en las colonias Del Valle, Moderna, Buenos Aires y Fondo Legal fueron localizadas cinco cámaras colocadas de manera irregular en postes de telefonía y electricidad, orientadas hacia la vía pública para monitorear los movimientos de autoridades y ciudadanos.

La Fiscalía recordó que previamente, el pasado 21 de julio, durante recorridos de investigación, también fueron retiradas 16 máquinas tragamonedas instaladas al exterior de diversos establecimientos comerciales, ade

Posteriormente, en intervenciones realizadas en las colonias Héroes y El Mirador fueron aseguradas otras 10 máquinas tragamonedas, junto con ocho monitores y ocho CPU que presuntamente eran utilizados para la operación de estos juegos de azar.

Según la FGJES, las investigaciones permitieron establecer que tanto las máquinas como los equipos de videovigilancia fueron colocados “contra la voluntad” de los propietarios de los establecimientos por presuntos integrantes de grupos criminales generadores de violencia en la región. Todos los indicios fueron incorporados a las carpetas de investigación correspondientes.

Las organizaciones dedicadas al narcotráfico continúan recurriendo al uso de caletas subterráneas para ocultar cargamentos de droga, protegerlos de las autoridades y mantenerlos almacenados hasta encontrar el momento adecuado para trasladarlos por mar, tierra o aire hacia mercados internacionales.

Esta modalidad volvió a quedar al descubierto en Panamá luego de que unidades del Servicio Nacional Aeronaval localizaran una caleta clandestina en el sector de Cuango, Costa Arriba, de Colón, donde permanecían enterrados 280 paquetes de presunta sustancia ilícita.

El hallazgo fue resultado de labores de inteligencia y patrullajes terrestres desarrollados por unidades aeronavales desplegadas en el área. Tras varias horas de búsqueda, los agentes encontraron cinco sacos ocultos bajo tierra, una técnica utilizada por las organizaciones criminales para disminuir el riesgo de que la droga sea detectada durante operativos de vigilancia.

Las llamadas caletas constituyen uno de los métodos más utilizados por las redes del narcotráfico internacional en países de tránsito como Panamá.

Estos depósitos clandestinos suelen construirse en áreas boscosas, fincas, playas, manglares o zonas de difícil acceso, donde los cargamentos permanecen ocultos durante días o incluso semanas antes de ser recuperados por otros integrantes.

El objetivo es reducir la exposición de la droga durante los traslados y fragmentar la cadena logística para dificultar las investigaciones.

Tras el hallazgo en Cuango, la Aeronaval coordinó con la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala el traslado de la evidencia hasta la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón, en Sherman. Allí fueron contabilizados 280 paquetes distribuidos en cinco sacos, cuyo contenido será confirmado mediante análisis periciales.

Con esta incautación, el Senan informó que durante 2026 ha decomisado 42.502 paquetes de sustancias ilícitas en 74 operaciones antidrogas, como parte de acciones permanentes para combatir las organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional.

Las cifras oficiales reflejan que Panamá continúa siendo uno de los principales corredores del narcotráfico en la región. De acuerdo con el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC), entre enero y mayo de este año fueron decomisadas 47,04 toneladas, de las cuales 28,47 toneladas correspondieron a cocaína y 18,45 toneladas a marihuana, mientras que el resto se distribuyó entre metanfetaminas, THC, éxtasis.

El informe también muestra que Colón concentra el mayor volumen de incautaciones del país, con 13,38 toneladas, seguido por Panamá (9,52 toneladas), Panamá Oeste (9,09 toneladas), Chiriquí (7,24 toneladas) y Los Santos (4,94 toneladas).

En el otro extremo aparecen Darién con 1,83 toneladas, Coclé con 0,77 y Guna Yala con 0,25 toneladas, mientras que Veraguas y Herrera no reportaron decomisos durante ese período.

El comportamiento mensual evidencia además que mayo fue el mes con mayor cantidad de droga decomisada, al acumular 12,49 toneladas, por encima de febrero (10,50 toneladas) y enero (9,95.

Las investigaciones por delitos relacionados con drogas también continúan avanzando en distintas provincias. En Chiriquí, la Fiscalía Regional logró una condena de 80 meses de prisión contra un hombre que aceptó su responsabilidad por el delito de comercialización de sustancias ilícitas.

El condenado fue capturado el pasado 23 de julio en David, durante una diligencia de registro e inspección en la que las autoridades encontraron drogas y otros. Además de la pena de prisión, el Tribunal le impuso una inhabilitación.

Mientras tanto, en la provincia de Panamá, la Operación Corsario permitió desarticular una estructura criminal que, según la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, era investigada desde 2024 con apoyo de autoridades del Reino de España.

Las diligencias de allanamiento realizadas en el corregimiento de Betania culminaron con cinco personas imputadas por presuntos delitos de conspiración para el tráfico de.

Como parte de esa investigación, dos de los imputados permanecerán en detención provisional, mientras que otros tres deberán cumplir la medida cautelar de reporte periódico durante el desarrollo de la investigación. Según la Fiscalía, la organización presuntamente utilizaba una estructura destinada a facilitar operaciones de narcotráfico y lavado de, en un caso que evidencia el alcance internacional de redes.

El Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica, con apoyo de una aeronave del gobierno de los Estados Unidos, llevó a cabo este domingo la interceptación de una embarcación que transportaba más de dos toneladas de cocaína en aguas del Pacífico sur costarricense. El operativo, desarrollado a 97 millas náuticas de Cabo Matapalo, permitió la detención de tres ciudadanos de nacionalidad colombiana y la incautación de un cargamento que, según fuentes oficiales, representa uno de los mayores golpes recientes al narcotráfico en la región.

De acuerdo con información confirmada por Juan Carlos Alvarado, director de Guardacostas, la operación se realizó en el marco del Convenio de Patrullaje Conjunto entre Costa Rica y Estados Unidos. La acción fue coordinada por la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de los Estados Unidos, cuyos sistemas de vigilancia marítima detectaron la presencia de una embarcación sospechosa durante un sobrevuelo en espacio aéreo costarricense. Tras el aviso, el Servicio Nacional de Guardacostas activó el protocolo de emergencia y desplegó botes interceptores del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) y una patrullera hacia la ubicación señalada.

“Nuevo golpe al narcotráfico internacional. El Servicio Nacional de Guardacostas, con el apoyo de un avión de los Estados Unidos, interceptó una embarcación que transportaba más de dos toneladas de cocaína. La operación se realizó a 97 millas náuticas de Cabo Matapalo, en el Pacífico Sur. En la lancha viajaban tres colombianos, quienes fueron detenidos por las autoridades”, destacó la Presidencia de la República.

El despliegue operativo se extendió durante aproximadamente doce horas. Las unidades avanzaron hasta el punto de contacto en el océano y, alrededor de las 3:00 de la madrugada, lograron ubicar y detener la lancha.

En la embarcación viajaban tres hombres identificados con los apellidos Murillo, Ruíz y Valencia. Según el reporte oficial, los agentes hallaron 71 bultos con aparente cocaína, junto con varios estañones de combustible, en una lancha sin matrícula ni nombre visible equipada con tres potentes motores fuera de borda.

Posteriormente, la lancha y los detenidos fueron escoltados hasta el muelle de Golfito, donde los agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) realizaron la inspección y el conteo del cargamento. Las autoridades contabilizaron un total de 2.066 paquetes de cocaína, con un peso aproximado de un kilogramo cada uno.

El Servicio Nacional de Guardacostas destacó que la embarcación se encontraba adaptada para el transporte de grandes volúmenes de droga y carecía de cualquier identificación visible, una práctica habitual en las operaciones del narcotráfico internacional que busca evadir controles en el corredor del Pacífico Este.

Según el parte oficial, “estos resultados son producto del trabajo conjunto, la confianza y el trabajo incansable de las personas funcionarias del Servicio Nacional de Guardacostas”. Los tres detenidos quedaron a la orden de las autoridades judiciales para enfrentar los cargos correspondientes en los tribunales de Costa Rica.

El 9 de julio otro operativo se desarrolló frente a la Bahía Ballena de Osa, en la Zona Sur del país, que permitió ubicar y dar seguimiento a una embarcación sospechosa. La embarcación contenía 84 sacos, cada uno contenía aproximadamente 30 paquetes con aparente cocaína.

El vehículo presentaba una chapa delantera triplicada y la original solo en la parte trasera. Al detener la marcha para identificar a los ocupantes, dos hombres de nacionalidad peruana, de 40 y 28 años, los efectivos advirtieron inconsistencias en sus declaraciones.

En el marco del control, el personal de la Comisaría Vecinal 1B inspeccionó el interior del automóvil y halló debajo del asiento del conductor un bolso negro. Dentro del bolso, según detalló la fuerza, se encontró un paquete compacto envuelto en nylon negro, con un peso de 1,05 kilos de clorhidrato de cocaína.

Tras el hallazgo, los agentes procedieron a la detención inmediata de los dos sospechosos y al secuestro de la sustancia, el vehículo y dos teléfonos celulares. El caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, bajo la dirección de María Capuchetti, quien dispuso que ambos imputados permanezcan incomunicados.

A lo largo de este mes, la fuerza de seguridad porteña también implementó otros operativos contra el narcotráfico. A comienzos de julio, La Policía de la Ciudad desmanteló un búnker narco en el Barrio 15 de Villa Lugano tras un operativo de la División Unidad Táctica de Pacificación IV. Tres mujeres quedaron detenidas, una de ellas de nacionalidad chilena y otra con antecedentes por comercialización de estupefacientes.

El procedimiento se activó al observar una maniobra de venta de drogas frente a una vivienda de Villa Lugano. Cuando los agentes intentaron identificar al comprador, el hombre intentó alejarse, pero fue interceptado. Una de las involucradas ingresó rápidamente al domicilio e intentó ocultar la droga y el dinero, acción que fue detectada por los efectivos desde el exterior.

La intervención de la Unidad de Flagrancia Sur permitió el ingreso inmediato a la propiedad y la detención de las sospechosas. Durante la inspección, los agentes secuestraron 504.400 pesos, 100 dólares, 11 envoltorios de pasta base, 22 de cocaína, 37 de marihuana, una bolsa con Tusi, cuatro celulares y tres balanzas de precisión. Parte de estos elementos fue hallada en un pasillo lindero al inmueble, donde las sospechosas intentaron descartarlos antes de la irrupción policial. Según fuentes del caso, entre las detenidas figura una mujer con tres antecedentes por comercialización de estupefacientes.

La causa quedó bajo la órbita de la Unidad de Flagrancia Sur, a cargo de Sebastián Landini, quien dispuso la consigna policial en la propiedad. Las tres detenidas enfrentan cargos por infracción a la Ley 23.737. El comprador, con antecedentes, fue notificado por infracción a la misma normativa.

La Ley 23.737 regula la tenencia, el tráfico y la producción de estupefacientes en Argentina, estableciendo penas para quienes fabriquen, comercialicen, transporten o almacenen sustancias prohibidas. Sancionada en 1989, la norma diferencia entre delitos asociados al narcotráfico y casos de consumo personal, incorporando medidas alternativas a la prisión para quienes sean usuarios, como el acceso a tratamiento médico y programas de rehabilitación.

La legislación prevé el decomiso de bienes vinculados al narcotráfico y otorga facultades a la Justicia para derivar a tratamiento a personas detenidas por consumo propio que acrediten adicción.

Una ciudadana colombiana fue condenada a siete años (84 meses) de prisión tras intentar ingresar a Panamá con 17 kilogramos de cocaína ocultos en prendas de vestir impregnadas con la droga, una modalidad de tráfico internacional utilizada por organizaciones criminales para dificultar la detección del estupefaciente en aeropuertos y otros puntos.

La condena fue obtenida por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de la Procuraduría General de la Nación, luego de que la mujer aceptara los cargos mediante un acuerdo de pena durante una audiencia de garantías.

De acuerdo con el Ministerio Público, la mujer fue capturada el 20 de julio de 2026 por unidades de la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional cuando ingresaba al país por el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Las autoridades informaron que en su equipaje transportaba 5.27 kilogramos y otros 11.73 kilogramos de clorhidrato de cocaína, sustancias que habían sido impregnadas en diferentes piezas de ropa, para un total de 17 kilogramos del alcaloide.

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó la legalización de la aprehensión, formuló cargos por el delito de tráfico internacional de drogas y presentó un acuerdo de pena, que fue admitido tras la aceptación de responsabilidad por parte de la acusada.

¿Cómo funciona esta modalidad?

La impregnación de cocaína en textiles es una técnica utilizada por redes del narcotráfico para reducir la posibilidad de que la droga sea detectada durante las inspecciones convencionales.

En lugar de transportar paquetes compactos, los traficantes someten la cocaína a procesos químicos para convertirla en una solución líquida o una pasta que posteriormente es absorbida por telas, prendas de vestir, papel, cartón, cuero u otros.

Una vez el material llega a su destino, laboratorios clandestinos emplean reactivos químicos para separar nuevamente el alcaloide de las fibras textiles. El proceso permite recuperar la cocaína en estado sólido para su posterior distribución.

Especialistas en investigaciones antidrogas señalan que este método busca dificultar la labor de los controles aeroportuarios, ya que la droga no siempre presenta la apariencia habitual de los narcóticos ocultos en dobles fondos o compartimientos secretos.

Sin embargo, los equipos especializados utilizan análisis químicos, inspecciones técnicas y pruebas de laboratorio que permiten detectar la presencia del alcaloide incluso cuando ha sido mezclado o impregnado en otros materiales.

Aunque esta modalidad requiere una infraestructura más compleja para recuperar la sustancia, continúa siendo utilizada por organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas debido al alto valor comercial que puede alcanzar.

Operación contra el microtráfico

El caso en Tocumen se produjo mientras las autoridades también desarrollaban una ofensiva contra la venta de drogas en las inmediaciones de centros educativos mediante la operación “Impacto Escolar”, coordinada por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

La operación dejó 21 condenas en distintas provincias del país, además de 15 personas detenidas provisionalmente, como parte de investigaciones relacionadas con el delito de venta de drogas.

En el área metropolitana se validaron seis condenas, entre ellas una de 140 meses de prisión, cuatro de 84 meses y otra de 80 meses. Además, tres personas quedaron bajo detención provisional mientras continúan las investigaciones.

En Colón, una persona fue condenada a 84 meses de prisión mediante acuerdo de pena, mientras otro imputado quedó detenido preventivamente.

En Panamá Oeste se dictaron cuatro condenas de 170, 90, 84 y 60 meses de prisión, además de tres detenciones provisionales por casos registrados en los distritos de Chame y San Carlos.

En Veraguas, un juez de garantías ordenó la detención provisional de tres ciudadanos investigados por venta de drogas.

Por su parte, en Bocas del Toro se logró una condena y una detención provisional. En Chiriquí se registraron cuatro imputaciones que derivaron en una condena, dos detenciones provisionales y un arresto domiciliario definitivo.

Finalmente, en las provincias de Herrera y Los Santos se validaron cuatro condenas de 95, 90 y dos de 84 meses de prisión, además de dos medidas cautelares de detención provisional.

Con estos resultados, las autoridades mantienen dos frentes de acción simultáneos: el combate al tráfico internacional de drogas, que utiliza métodos cada vez más sofisticados para mover cargamentos entre países, y la persecución del microtráfico, especialmente en áreas cercanas a centros educativos, donde las investigaciones buscan frenar la distribución local de sustancias ilícitas.

Tres personas —dos hombres y una mujer— fueron detenidas sobre la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez, a la altura del punto conocido como El Navegante, en el tramo entre El Sauz y El Sueco, tras asegurarles 29 kilos de metanfetamina y 12 kilos de cocaína, junto con el automóvil Nissan Versa color arena con placas foráneas en el que viajaban.

De acuerdo con los primeros reportes, el operativo tuvo lugar sobre la carretera federal 45, en el tramo de alto tránsito que une la capital de Chihuahua con Ciudad Juárez, donde opera La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez. Las placas foráneas del Nissan Versa color arena alertaron a los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

La detención recayó sobre dos hombres y una mujer cuyas identidades no fueron divulgadas por las autoridades. Todos los detenidos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público Federal para el seguimiento del caso.

La droga asegurada y el vehículo también fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial. Las investigaciones sobre el origen y destino del cargamento continúan abiertas.

El contexto nacional: operativos del 20 de julio de 2026

El aseguramiento en Chihuahua forma parte del informe del Gabinete de Seguridad sobre los eventos del 20 de julio de 2026, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad. Ese mismo día, fuerzas federales y estatales ejecutaron operativos en al menos seis entidades del país.

En Baja California, los resultados fueron considerables en dos municipios. En Tecate, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Fiscalía y la Policía Estatal catearon un inmueble y aseguraron cuatro armas largas, nueve cargadores, 236 cartuchos, dosis de metanfetamina, dos chalecos tácticos y ponchallantas.

En el fraccionamiento Santa Fe de Tijuana, la FGR y la Policía Municipal catearon otro inmueble y aseguraron 40 kilos de metanfetamina.

Colima, Michoacán y Sinaloa: armas, drogas y químicos

En Manzanillo, Colima, la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Estatal ejecutaron operativos en tres colonias del puerto. En Campo Verde, las corporaciones aseguraron dos armas largas y un vehículo sin reportar detenidos.

En las colonias Jabalí y Burócrata, también en Manzanillo, la misma dupla de fuerzas detuvo a dos personas. El cateo arrojó cuatro armas largas, siete cargadores, 369 cartuchos, 800 dosis de metanfetaminas, una báscula y cuatro paquetes de pipas de cristal.

En Hidalgo, Michoacán, autoridades federales catearon un inmueble y detuvieron a un hombre. Le aseguraron siete armas largas, 56 cargadores, mil 422 cartuchos, dosis de metanfetamina, ocho chalecos tácticos y dos cascos.

El mismo cateo en Hidalgo derivó en el aseguramiento de dos vehículos y una motocicleta. El volumen de armamento y equipo táctico apunta a un objetivo de relevancia dentro de una estructura criminal.

En Escuinapa, Sinaloa, elementos de la Semar detuvieron a una persona y le aseguraron tres armas largas, un arma corta, 44 cartuchos, 22 cargadores, dos chalecos tácticos y dos vehículos.

Tamaulipas y el golpe a la producción de metanfetamina en Sinaloa

En Nuevo Laredo, Tamaulipas, el Ejército Mexicano detuvo a dos hombres que viajaban a bordo de un vehículo. La intervención derivó en el aseguramiento de dos armas cortas, cargadores y cartuchos.

El operativo con mayor alcance del día tuvo lugar en Cosalá, Sinaloa. En diversos poblados del municipio, el Ejército Mexicano localizó e inhabilitó dos áreas de concentración de material vinculado a la producción de drogas.

En esos puntos, las fuerzas federales aseguraron 940 litros y 15 kilos de sustancias químicas destinadas a la elaboración de metanfetamina. También decomisaron un reactor de síntesis orgánica, equipo utilizado en la fabricación del estupefaciente.

El Gabinete de Seguridad calculó que el conjunto de operativos del 20 de julio dejó una afectación económica a la delincuencia organizada de 18 millones de pesos.

El aseguramiento ocurrió sobre la carretera federal Sonoyta–Puerto Peñasco, a la altura del kilómetro 91+000, donde elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR) detectaron la unidad de carga durante labores de vigilancia.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, los agentes marcaron el alto al conductor debido a que circulaba a exceso de velocidad e invadía el carril contrario. Al revisar la documentación del traslado, los elementos identificaron que el tractocamión tenía como destino final la ciudad de Tijuana.

La metanfetamina, escondida entre alimento para ganado

Durante la inspección del vehículo, los agentes localizaron 60 costales que contenían recipientes de plástico con una sustancia con características de metanfetamina, ocultos entre bultos de alimento para ganado.

El cargamento tuvo un peso aproximado de 3 mil 25 kilogramos de droga, según informó el Gabinete de Seguridad.

Las autoridades no informaron el punto de origen del envío ni la organización criminal a la que presuntamente pertenecía la carga, aunque señalaron que la droga no llegó a su destino previsto.

Detienen al conductor del tractocamión

El operador de la unidad, un hombre de 49 años de edad, fue detenido durante el operativo y, junto con la droga asegurada, quedó a disposición del Ministerio Público Federal.

La FGR será la encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar la situación jurídica del detenido, además de realizar las indagatorias para establecer la procedencia del cargamento y la posible participación de otras personas.

El aseguramiento se suma a los operativos realizados por autoridades federales en carreteras de Sonora, una entidad considerada estratégica para el tráfico de drogas debido a su ubicación fronteriza con Estados Unidos y las rutas utilizadas por organizaciones criminales para el traslado de sustancias ilícitas hacia el norte del país.

Hermosillo: aseguran más de 145 kilos de metanfetamina que serían enviados a Tijuana

Recientemente, un cargamento de 145 kilos 454 gramos de metanfetamina fue asegurado por autoridades federales dentro de una empresa de paquetería en Hermosillo, Sonora, antes de que fuera enviado a Tijuana, Baja California.

El aseguramiento ocurrió el 16 de junio de 2026 luego de una denuncia anónima que alertó sobre un posible envío de droga. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) localizaron 184 paquetes con la sustancia durante una inspección en la empresa de mensajería.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), el narcótico tenía como destino Tijuana, una ciudad fronteriza que forma parte de las rutas utilizadas para el traslado de drogas hacia Estados Unidos.

La metanfetamina, una de las drogas sintéticas con mayor presencia en el tráfico internacional

La metanfetamina es una droga sintética estimulante del sistema nervioso central con un alto potencial adictivo. Su producción y tráfico se han convertido en una de las principales actividades de las organizaciones criminales dedicadas al comercio ilícito de sustancias, debido a la demanda que mantiene en mercados como el de Estados Unidos.

En México, autoridades federales han identificado a los grupos del crimen organizado como responsables del traslado de grandes cargamentos de drogas sintéticas hacia la frontera norte, donde buscan introducirlas al mercado estadounidense. Los decomisos de toneladas de metanfetamina representan un golpe a las redes de producción, transporte y distribución de estas sustancias.

La División Antinarcóticos de la Comarca llevó a cabo el allanamiento de dos viviendas en Cutral Co donde hallaron más de 300 dosis de cocaína listas para la venta. El procedimiento en Neuquén, que contó con autorización judicial y se concretó el viernes 18 de julio, concluyó con el secuestro de estupefacientes, una importante suma de dinero en efectivo, un vehículo y diversos elementos de interés para la investigación. Una mujer fue imputada tras el operativo y permanece supeditada al avance de la causa.

Según LM Neuquén, la investigación que derivó en los allanamientos se extendió durante 12 días y permitió identificar dos domicilios conectados con la comercialización de estupefacientes en la localidad. Una de las viviendas habría funcionado como punto de venta directa al menudeo, mientras que la otra era utilizada como depósito y espacio de ocultamiento de la droga. Al irrumpir, los efectivos de la fuerza encontraron clorhidrato de cocaína ya fraccionado, equivalente a unas 350 dosis, preparadas para su distribución inmediata. El hallazgo refuerza la hipótesis de un sistema organizado de distribución local.

Además de la droga, las fuerzas policiales secuestraron: dinero en efectivo, un automóvil y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento y la comercialización de los estupefacientes. Entre los objetos incautados figuran balanzas y otros instrumentos empleados en la preparación de dosis. Durante la intervención, una mujer mayor de edad fue demorada y trasladada para cumplir con las diligencias judiciales correspondientes. Tras ser informada formalmente de la imputación, la acusada recuperó la libertad, aunque continúa bajo investigación y quedó a disposición de la Justicia.

En el operativo participaron efectivos de la División Antinarcóticos El Pehuén de Zapala, el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), el Departamento Comando Radioeléctrico y la División Tránsito de Plaza Huincul. Estas unidades especializadas brindaron apoyo logístico y de seguridad, asegurando la cobertura y la protección de la zona mientras se ejecutaban los procedimientos. La coordinación entre distintas dependencias fue clave para la concreción de los allanamientos sin incidentes.

De manera simultánea, la Policía desplegó un procedimiento contra el narcomenudeo en la ciudad de Neuquén, focalizado en el barrio Villa María, donde se desarticularon dos presuntos puntos de venta de droga. En este caso, la investigación surgió a partir de denuncias presentadas por vecinos, lo que motivó tareas de inteligencia policial. La confirmación de la actividad ilícita permitió solicitar y ejecutar órdenes de allanamiento en ambos domicilios de manera coordinada.

El despliegue policial en la capital resultó en la clausura preventiva de una de las viviendas, la detención de dos personas adultas y el secuestro de más de 73 gramos de cocaína compactada, además de 18 dosis listas para la venta y 125 gramos de cannabis sativa.

También se incautaron dos balanzas digitales con restos de cocaína, creatina utilizada para corte, seis teléfonos celulares y una suma de 234.600 pesos en efectivo. Entre los elementos retenidos figuran 71 cartuchos de diversos calibres, dos réplicas de armas de aire comprimido, una pistola calibre .22 y un arma de fabricación casera, lo que evidencia el nivel de equipamiento y protección con que contaban los involucrados.

Todos los elementos secuestrados durante los procedimientos serán incorporados como pruebas en el expediente judicial, lo que podría derivar en nuevas diligencias o imputaciones adicionales si surgen elementos comprometedores a lo largo del proceso. La seguidilla de operativos refleja una intensificación de las acciones policiales y judiciales contra la venta de estupefacientes en la provincia.

Neuquén ha implementado en los últimos años una política activa de combate al narcomenudeo, apoyada en la desfederalización de la investigación y sanción de delitos vinculados a la venta minorista de drogas. La Ley 3.488, reglamentada en 2026, facultó a la Justicia provincial a intervenir en estos casos, agilizando los procedimientos y permitiendo una respuesta más rápida ante la aparición de nuevos puntos de venta.

La Policía de Nicaragua informó recientemente la incautación de 750 kilos de cocaína en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, en un operativo donde fue presentado un conductor guatemalteco de 66 años como el único detenido.

El caso generó reacciones en distintos sectores y renovó la discusión acerca de la efectividad de las estrategias nacionales contra el narcotráfico y el alcance de las investigaciones sobre redes transnacionales.

Según la información de Nicaragua Investiga, la droga se encontraba oculta en un furgón que viajaba desde Panamá. El cargamento estaba distribuido en 643 paquetes rectangulares, los cuales estaban dentro de 54 cilindros metálicos.

El vehículo, un cabezal Freightliner color lila y plataforma negra, tenía matrícula guatemalteca y era conducido por Roberto Bardales de León. La Policía presentó a Bardales de León como el único sospechoso detenido en el operativo y señaló que el caso representaba un golpe al crimen organizado internacional.

De acuerdo con la cobertura del medio citado, el operativo se diferencia de otros casos recientes porque en esta ocasión sí se reportó la captura de un sospechoso.

En episodios previos, las autoridades habían informado sobre decomisos de drogas o de grandes sumas de dinero supuestamente abandonados por personas que lograron escapar. Esta diferencia ha sido destacada por analistas, quienes advierten que la detención de un conductor de edad avanzada podría no reflejar necesariamente el desmantelamiento de una estructura de narcotráfico más amplia.

Especialistas legales consultados por Nicaragua Investiga han señalado que es frecuente la aparición de furgones abandonados en los reportes oficiales. Según estas valoraciones, este tipo de situaciones podría facilitar la introducción de recursos ilícitos en las arcas estatales, ya que no existirían mecanismos de control independientes que permitan verificar el destino final de esos bienes. No obstante, la publicación no presenta evidencia directa sobre el uso de estos recursos ni sobre la existencia de investigaciones adicionales en estos casos.

El operativo de Peñas Blancas ha sido presentado por las autoridades como parte del plan denominado “Muro de Contención”, orientado a restringir el paso de drogas por el territorio nicaragüense. Sin embargo, para ciertos sectores, la captura de un solo individuo y la modalidad de los procedimientos informados dejan interrogantes sobre la capacidad real del Estado para atacar las redes de mayor alcance en el narcotráfico internacional.

Nicaragua y la cooperación regional antidrogas

En el contexto regional, Nicaragua ha quedado fuera de la iniciativa “Escudo de las Américas”, impulsada por Estados Unidos para fortalecer la cooperación entre países de la región en materia de seguridad y lucha contra el tráfico de drogas. De acuerdo con la información publicada por Nicaragua Investiga, la exclusión se atribuye a la falta de compromiso del gobierno nicaragüense y a sus relaciones con figuras internacionales como Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

La justicia de Estados Unidos mantiene acusaciones contra Maduro por su presunto liderazgo en el denominado “Cártel de los Soles”, una organización señalada por el movimiento de grandes volúmenes de cocaína en Latinoamérica. Según la publicación, la relación con este tipo de actores ha incidido en la decisión de mantener a Nicaragua al margen de los principales proyectos de colaboración antidrogas en la región.

La lucha contra el tráfico ilícito de drogas mantiene operativos en distintas regiones del país con intervenciones dirigidas a interrumpir el traslado de cargamentos ilegales. Estas acciones forman parte de la estrategia de las autoridades para reducir el impacto económico de las organizaciones criminales vinculadas a este delito.

En Ayacucho, una operación policial permitió retirar del circuito de distribución una importante cantidad de alcaloide de cocaína. La intervención también incluyó la incautación de un arma de fuego y municiones, elementos que quedaron bajo las diligencias correspondientes.

Las acciones contra el narcotráfico cuentan con la participación del Ministerio Público durante las investigaciones y la verificación del material incautado. Este procedimiento busca garantizar la cadena de custodia y la documentación de las evidencias obtenidas durante los operativos.

La Policía Nacional del Perú informó que este resultado se enmarca en las operaciones permanentes contra las economías criminales, con intervenciones orientadas a reducir la capacidad operativa de las redes dedicadas al transporte y comercialización de drogas.

Operativo permitió incautar 76 paquetes de cocaína

La Policía Nacional del Perú informó que el operativo se desarrolló en la provincia de La Mar, región Ayacucho. Según la institución, durante la intervención tres personas que transportaban mochilas escaparon al detectar la presencia de los agentes y abandonaron el cargamento entre la vegetación.

Tras las diligencias efectuadas con participación del Ministerio Público, las autoridades confirmaron el decomiso de 76 paquetes tipo ladrillo que contenían alcaloide de cocaína. El peso total del cargamento alcanzó los 79.208 kilogramos.

Además de la droga, los efectivos incautaron un revólver y municiones, materiales que también quedaron a disposición de las investigaciones para determinar su procedencia y posible vínculo con la organización responsable del traslado del cargamento.

Afectación económica para las organizaciones criminales

De acuerdo con la información difundida por la Policía Nacional del Perú, la droga decomisada representa una afectación económica estimada en S/ 317 347 para las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas.

La institución indicó que este tipo de intervenciones busca debilitar la capacidad logística y financiera de las redes criminales que operan en distintas zonas del país. El decomiso impide que el cargamento continúe su ruta de distribución y reduce los recursos disponibles para estas organizaciones.

Operaciones forman parte del plan nacional de seguridad

La Policía Nacional del Perú señaló que este operativo se ejecutó dentro del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026–2028, documento que contempla acciones sostenidas contra el narcotráfico y otras economías ilegales.

Como parte de esta estrategia, la institución mantiene intervenciones en diversas regiones con el propósito de identificar rutas utilizadas para el transporte de drogas y fortalecer las investigaciones relacionadas con estas actividades delictivas.

La Policía Nacional del Perú recordó que la ciudadanía puede proporcionar información vinculada al tráfico ilícito de drogas mediante la línea 105 o a través de la Central Única de Denuncias (CUD), canales habilitados para recibir reportes sobre este tipo de delitos.

El titular de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole, afirmó que existe una “conexión mortífera” entre los cárteles del narcotráfico y funcionarios mexicanos que presuntamente facilitan sus operaciones, y advirtió que la agencia perseguirá a quienes permitan la actividad criminal desde el servicio público.

La declaración ocurrió este lunes durante la cumbre Fentanyl Free America, realizada en Orlando, Florida, en medio de los señalamientos de autoridades estadounidenses contra funcionarios mexicanos presuntamente relacionados con organizaciones criminales. El pronunciamiento se dio dos meses y medio después de que fiscales de Estados Unidos presentaran cargos penales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos, dentro de un proceso judicial que permanece abierto.

Durante su intervención, Cole sostuvo que la estrategia de la agencia no se limitará a los integrantes de los grupos criminales, sino también a las personas que, desde posiciones de poder, presuntamente permitan su funcionamiento.

“Hay una conexión mortífera entre los cárteles y quienes, desde el servicio público, facilitan sus operaciones”, afirmó el funcionario estadounidense.

Cole sostuvo que la DEA enfocará sus acciones contra las estructuras criminales dedicadas al tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas, pero también contra quienes presuntamente faciliten sus operaciones desde cargos públicos.

Sus declaraciones ocurrieron dos meses y medio después de que fiscales estadounidenses presentaran cargos penales contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos. Las acusaciones forman parte de un proceso judicial en curso y, hasta ahora, no existe una resolución que determine la culpabilidad de los señalados ni que establezca vínculos entre el Gobierno de México, como institución, y organizaciones criminales.

Estos son los nueve funcionarios acusados por EEUU de presunta protección al Cártel de Sinaloa

La acusación incluye a servidores públicos y exfuncionarios de Sinaloa señalados por presuntos sobornos, filtración de operativos y uso de sus cargos para favorecer las actividades del grupo criminal

Los señalamientos, presentados el 29 de abril de 2026, incluyen delitos relacionados con narcotráfico, protección a una organización criminal y posesión ilegal de armas de fuego. De acuerdo con la acusación, los implicados habrían facilitado el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.

Entre los acusados se encuentran:

• Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, señalado de presuntamente permitir operaciones del cártel a cambio de apoyo político y electoral, así como de colocar funcionarios afines a los intereses de la organización.
• Enrique Inzunza Cázares, senador y exsecretario general de Gobierno estatal, acusado de presuntamente servir como enlace entre la administración estatal y la facción de “Los Chapitos”.
• Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, señalado de presuntamente colaborar como intermediario entre funcionarios y líderes criminales, además de proporcionar información sobre rivales políticos.
• Dámaso Castro, vicefiscal general de Sinaloa, acusado de recibir pagos para alertar sobre operativos contra laboratorios y miembros del grupo criminal.
• Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez “Cholo”, exjefes de la Policía de Investigación de Sinaloa, señalados de presuntamente recibir sobornos para permitir operaciones del cártel y favorecer la liberación de integrantes detenidos.
• Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal, acusado de proporcionar información anticipada sobre operativos para permitir el movimiento de drogas y equipo.
• José Antonio Dionisio Hipólito “Tornado”, subdirector y luego comandante de la Policía Estatal, recibió pagos mensuales de hasta seis mil dólares, permitiendo la operación de los “Chapitos”, ubicando agentes leales en posiciones clave, vendiendo munición a la organización y alertando sobre operativos.
• Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán, habría recibido más de 10 mil dólares mensuales en efectivo, asegurando la protección del grupo criminal y permitiéndoles operar sin interferencia gubernamental.
• Juan Valenzuela Millán (“Juanito”), comandante de la Policía Municipal de Culiacán, está acusado de colaborar en secuestros y homicidios por orden del cártel, incluyendo la entrega de víctimas a sicarios y la vigilancia de objetivos marcados por el grupo.

Los cargos forman parte de un proceso penal abierto en Estados Unidos. Hasta ahora, las acusaciones corresponden a señalamientos de fiscales estadounidenses y no existe una resolución judicial que determine la culpabilidad de los involucrados.

Durante las últimas semanas, la Policía Nacional intensificó diversas investigaciones contra organizaciones vinculadas al tráfico ilícito de drogas que operan desde inmuebles alquilados en distintos distritos de Lima. Estas acciones buscan identificar nuevos métodos utilizados para almacenar, acondicionar y sacar cargamentos de cocaína con destino al extranjero.

Como parte de ese trabajo, agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro) ejecutaron un operativo contra un ciudadano colombiano investigado por integrar una red internacional dedicada al envío de droga hacia Europa. La intervención permitió descubrir un departamento utilizado como centro de acopio y acondicionamiento de cocaína.

De acuerdo con la información difundida por la Dirandro, la droga provenía del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), desde donde era trasladada hasta Lima para su posterior preparación antes del traslado internacional. Las pesquisas también apuntan a la participación de otros integrantes que aún permanecen bajo investigación.

Las autoridades sostienen que la organización recurría a distintas modalidades para sacar la cocaína del país y utilizaba viviendas aparentemente comunes para reducir el riesgo de despertar sospechas entre los vecinos y los sistemas de vigilancia.

Dirandro intervino departamento utilizado para almacenar cocaína

Luego de varias semanas de labores de inteligencia, agentes de la Dirección Antidrogas capturaron a Jimmy Moreno Romero, conocido con el alias de “El Colombiano”. Según la investigación policial, el ciudadano extranjero alquiló un departamento ubicado en la avenida Costanera, frente al litoral limeño, para convertirlo en un centro de operaciones destinado al almacenamiento y acondicionamiento de cocaína.

Durante la intervención, los efectivos revisaron cada ambiente del inmueble y localizaron diversas cajas que contenían droga lista para su procesamiento. En el registro policial, uno de los agentes consultó al detenido: “¿Hay cocaína en este inmueble?”. Moreno Romero respondió: “Sí”. Ante la siguiente pregunta sobre la ubicación, señaló: “En su caja”.

La inspección continuó dentro del departamento y permitió identificar varias cajas con compartimentos ocultos. En uno de los procedimientos registrados por la policía se indicó: “En estos momentos se puede ver en esta caja de cartón unas pequeñas láminas negras. En su interior hay una sustancia blanquecina”.

La Dirandro informó que el investigado llegó al Perú en mayo de este año y, tras su ingreso al país, fue sometido a vigilancia por parte de los equipos de inteligencia hasta identificar el inmueble donde desarrollaba sus actividades.

Investigación apunta a una red con conexiones internacionales

Las autoridades sostienen que Moreno Romero no actuaba de manera individual. Según la Dirandro, formaría parte de una organización dedicada al tráfico internacional de drogas, cuyo objetivo consistía en abastecer mercados europeos.

Un representante policial explicó que “este personaje es un ciudadano de nacionalidad colombiana que en el mes de mayo llegó a nuestro país y a través de nuestra actividad de inteligencia hemos podido detectar su presencia en la capital”.

La investigación también busca establecer cuántos envíos logró realizar la organización y cuáles fueron los países de destino. Durante el operativo, un efectivo indicó que “las investigaciones continúan para establecer la cantidad de veces que no solamente envió a España, sino a otros lugares para poder comercializarlo”.

Los agentes analizan la documentación, los materiales encontrados y otros elementos incautados durante el allanamiento para determinar la dimensión de las operaciones y la participación de posibles colaboradores.

Modalidades utilizadas para sacar la droga del país

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirandro, la organización utilizaba distintas estrategias para transportar la cocaína fuera del Perú. Una de ellas consistía en ocultar el alcaloide dentro de zapatillas destinadas a envíos internacionales.

Otra modalidad identificada por los investigadores incluía la captación de jóvenes para convertirlos en burriers. Según la investigación, Moreno Romero aparentaba ser un turista para acercarse a personas interesadas en obtener dinero a cambio del traslado de droga.

Posteriormente, la cocaína era adherida al cuerpo mediante el método conocido como “la momia”, antes de abordar vuelos internacionales con destino a Europa.

La policía también informó que parte del acondicionamiento del estupefaciente se realizaba dentro del departamento intervenido, donde se preparaban los paquetes antes de su distribución.

Materiales incautados reforzaron las investigaciones

Durante la diligencia, los agentes encontraron láminas negras, cartones corrugados y otros materiales utilizados para ocultar la droga. En uno de los procedimientos de verificación, personal policial explicó que las láminas servían para dificultar la detección mediante equipos de inspección.

Asimismo, los especialistas realizaron pruebas químicas sobre las sustancias encontradas. Durante el procedimiento se informó: “Lo cual arroja una coloración azul turquesa, indicativo de positivo para alcaloide de cocaína”.

La Dirandro indicó que la droga intervenida tendría origen en laboratorios clandestinos ubicados en el Vraem, desde donde era enviada hasta Lima para completar el proceso previo a su salida del país.

Según la propia unidad policial, en los últimos años las organizaciones criminales optan por alquilar inmuebles en distritos como San Isidro, Miraflores y San Miguel para instalar centros de acondicionamiento de droga. Las investigaciones continúan con el objetivo de identificar otros departamentos utilizados por la misma red criminal y establecer la participación de más personas vinculadas al caso.

La Policía de Ecuador incautó 1,7 toneladas de cocaína ocultas en un contenedor de fruta destinado a Dinamarca y detuvo a cuatro personas durante un operativo en el municipio de Pasaje, provincia de El Oro, al sur del país. El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó el hallazgo el sábado y detalló que la droga fue localizada cuando los agentes interceptaron un camión que transportaba un contenedor contaminado desde Guayaquil hacia Puerto Bolívar, en Machala, punto de embarque hacia Europa.

Tras trasladar el vehículo al puerto para una revisión, los policías encontraron 1.800 bloques de cocaína, con un peso total de 1,7 toneladas. Según la policía, este cargamento representa alrededor de 17,9 millones de dosis y tendría un valor aproximado de 54 millones de dólares en el mercado nacional.

Durante el operativo resultaron detenidos Luis Andrés Villacís Espinoza, José Manuel Arias Briones, José Gustavo Lemos Castillo y Dilson Ángelo Sosa Ortega, presuntamente vinculados al transporte de la droga. También se incautaron tres vehículos y seis teléfonos celulares.

En una operación distinta, la Policía de Ecuador decomisó el viernes 119,76 kilos de cocaína ocultos en otro contenedor de fruta de exportación que iba a salir hacia Alemania desde el puerto de Machala. Los agentes seleccionaron el contenedor para inspección y, con apoyo de perros entrenados, detectaron 120 bloques rectangulares con cocaína ocultos en el piso del depósito. La droga fue valorada en aproximadamente USD 5,59 millones en el mercado europeo y una persona, Ángel Geovanny Jacinto Calderón, quedó detenida.

Además, la Policía Nacional de Ecuador incautó más de media tonelada de marihuana en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, y arrestó a una persona vinculada al delito. El Ministerio del Interior informó que el operativo ‘Cero Impunidad-22374’ permitió decomisar 502,29 kilogramos de marihuana, así como un vehículo y un teléfono celular.

Ecuador y Alemania firmaron el jueves una declaración de intenciones para fortalecer la cooperación en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico, basada en el intercambio de información y el desarrollo de estrategias conjuntas. El documento fue suscrito por el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, y el embajador de Alemania en el país andino, Jens Peter Lütkenherm.

Durante el acto, Lütkenherm subrayó la relevancia del acuerdo frente a la amenaza creciente de la delincuencia organizada, y afirmó: “El objetivo de esta declaración es profundizar la cooperación entre Alemania y Ecuador en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y los delitos conexos, en particular mediante la colaboración entre las autoridades policiales y los ministerios del Interior de nuestros respectivos países”.

Por su parte, Reimberg destacó que la firma del instrumento “marca un nuevo capítulo en la relación” bilateral y refleja una “voluntad compartida para enfrentar amenazas comunes mediante acciones coordinadas, intercambio de información, desarrollo de capacidades y cooperación permanente”.

En un mensaje posterior en la red social X, John Reimberg expresó: “Agradecemos el respaldo permanente del Gobierno alemán para fortalecer la seguridad, proteger a nuestra niñez y consolidar un Estado más fuerte frente a las amenazas criminales. Juntos demostramos que la democracia, la libertad y la fuerza de la ley siempre serán más poderosas que el crimen organizado”.

Ecuador se consolidó como el tercer país con mayor cantidad de drogas decomisadas en el mundo, después de Colombia y Estados Unidos, con registros de 200 toneladas anuales desde 2021 y un récord cercano a 300 toneladas en 2024. El país, situado entre los dos mayores productores mundiales de cocaína y con varios puertos clave en sus costas, cumple un rol central como punto de tránsito para el tráfico de drogas hacia Europa y Norteamérica. Hasta finales de mayo, las autoridades ecuatorianas habían decomisado más de 70 toneladas de droga, según cifras oficiales.

(Con información de EFE)

Pablo Vázquez Camacho informó que un operativo de la SSC en Cuauhtémoc y Venustiano Carranza dejó cuatro detenidos por presunta generación de violencia. Yahir “N”, Rafael “N”, Lucio Enrique “N” y Ramsés “N” quedaron en posesión de dos armas cortas, cartuchos útiles y dosis de presunta droga.

Los arrestos ocurrieron en las colonias Morelos y Zona Centro, donde los jóvenes con antecedentes delictivos posiblemente realizaban actividades para un grupo que mantenía una disputa con otra célula delictiva en la zona centro de la capital.

“No daremos ni un paso atrás en el combate a los delitos de alto impacto y la detención de quienes los cometen, para cumplir con nuestra encomienda de construir una ciudad más segura, justa y en paz”, afirmó el secretario.

Capturaron a Emiliano, de 19 años, de La Unión Tepito

Emiliano P. , de 19 años, es acusado de pertenecer a una banda de presuntos extorsionadores y matones que pelean contra la Anti Unión.

Lo señalan por participar en el asesinato de un hombre que vendía aguas en el centro histórico, lo acusó de ser también narcomenudista.

Detienen a mujer de 37 años con droga, 3 veces pisó la cárcel

Una mujer de 37 años fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México durante un operativo de vigilancia en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, tras ser sorprendida en posesión de dosis de aparente marihuana y cocaína.

De acuerdo con la corporación, la detenida estaría presuntamente relacionada con un grupo delictivo generador de violencia que opera en la zona centro de la capital y que es investigado por actividades de narcomenudeo, extorsión y homicidio.

La mujer fue puesta a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Matamoros y Jesús Carranza, en la colonia Morelos, donde policías realizaban recorridos preventivos para combatir la incidencia delictiva.

Los uniformados observaron a una mujer manipulando varias bolsas de plástico similares a las utilizadas para la venta de narcóticos.

Al notar la presencia de los agentes, la sospechosa intentó escapar, pero fue interceptada metros adelante.

Tras una revisión preventiva, realizada conforme a los protocolos de actuación policial, los oficiales aseguraron:

20 envoltorios con una hierba verde con características similares a la marihuana.

Cinco dosis de una sustancia sólida con apariencia de cocaína en piedra.

La posible droga fue asegurada y entregada al Ministerio Público junto con la detenida para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Como parte de las investigaciones, la SSC informó que, tras un cruce de información, se estableció que la mujer cuenta con tres ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

Dos de ellos ocurrieron en 2024 por delitos contra la salud, mientras que el tercero se registró en 2025 por delitos contra la salud, portación de arma de fuego y cohecho.

Cae El Gregory, presunto integrante de La Unión Tepito, en Coyoacán

El Gregory, presunto integrante de La Unión Tepito, fue detenido durante un cateo en la alcaldía Coyoacán.

Derivado de una investigación por delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo, elementos de la Fiscalía de Justicia capitalina ejecutaron un cateo en un inmueble ubicado al sur de la demarcación.

Durante la intervención, agentes de la Policía de Investigación (PDI) detuvieron a Gregory “N”, alias “El Gregory” o “El J”, identificado como objetivo prioritario de autoridades y probable integrante de la célula delictiva.

Además, en el inmueble fueron asegurados dos vehículos de alta gama, así como diversos objetos e indicios para su posterior análisis pericial y ministerial.

De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía CDMX, el imputado estaría relacionado con:

• Homicidios
• Lesiones por disparo de arma de fuego
• Extorsión
• Narcomenudeo

Y otros ilícitos cometidos principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

Detienen a hombre de 74 años con marihuana en Tlalpan

Personal de la Policía Auxiliar (PA), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvo a un sujeto en posesión de varias bolsitas con probable marihuana y un cargador de arma de fuego abastecido, en calle de la alcaldía Tlalpan.

La acción policial se registró cuando los uniformados de la PA realizaban sus patrullajes de seguridad y vigilancia y al circular por el cruce de la avenida 5 de Mayo y la calle Cerrada 5 de Mayo, en la colonia San Pedro Mártir, y observaron a un hombre que en actitud nerviosa y evasiva comenzó a acelerar el paso.

Para descartar un probable hecho delictivo le dieron alcance y en apego a los protocolos de actuación policial le realizaron una revisión preventiva, tras la cual le aseguraron una mochila en la que llevaba un cargador para arma de fuego corta con seis cartuchos útiles y seis bolsitas de plástico transparente con aparente marihuana.

Por lo anterior, el hombre de 74 años de edad, quien no pudo comprobar la legal portación del cargador fue detenido, enterado de sus derechos de ley y junto con lo asegurado, presentado ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal e iniciará la carpeta de investigación correspondiente.

El fentanilo irrumpió en Bulgaria y, en apenas dos años, dejó más de un centenar de muertos, lo que marcó un antes y un después en el mapa de las drogas en ese país. La sustancia, cuyo poder letal se mide en miligramos, protagonizó un aumento exponencial de las sobredosis fatales: las cifras oficiales sumaron 118 fallecimientos entre 2024 y 2025, frente a los cinco casos del año anterior.

Autoridades, expertos en crimen organizado y organizaciones sociales coincidieron en que el impacto real podría superar los registros, por la dificultad de identificar siempre la presencia del opioide en las víctimas.

La expansión se dio, principalmente, por la circulación de la sustancia en mezclas con otras drogas y por las limitaciones para detectarla con precisión en autopsias, lo que elevó el riesgo de consumo involuntario y complicó la dimensión real del fenómeno.

Las calles de Sofía y otras ciudades búlgaras sintieron el impacto de este estupefaciente, que con frecuencia apareció mezclado con otras drogas, como la heroína o la cocaína. Las autopsias, en muchos casos, consignaron paros cardíacos o insuficiencias respiratorias, sin precisar el componente químico detrás del desenlace.

Tihomir Bezlov, especialista en crimen organizado, explicó que basta con una docena de cristales, apenas 15 granos de sal, para que el fentanilo cause la muerte. Georgi Momekov, decano de Farmacia en la Universidad Médica de Sofía, advirtió que un kilogramo de la sustancia podría matar a medio millón de personas si se distribuyera en dosis letales.

El fentanilo, desarrollado en la década del 60 para tratar dolores extremos en pacientes con enfermedades graves, migró desde hospitales y laboratorios controlados hacia el circuito delictivo. En su versión ilegal, se fabrica en laboratorios clandestinos y circula como polvo o como mezcla con otras sustancias, lo que dificulta calcular la dosis y dispara el riesgo de sobredosis.

El precio, según datos de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado, ronda los 12.000 euros por kilogramo, una cifra que permite a los traficantes producir hasta 100.000 dosis, por encima de lo que rinde la heroína. La dinámica del mercado, con alto rendimiento por unidad y márgenes de dosificación mínimos, elevó la rentabilidad del tráfico y amplificó el riesgo de letalidad.

El origen de la sustancia que circula en Bulgaria sigue sin esclarecerse. Bezlov señaló que algunas partidas podrían derivar de productos médicos, mientras otras llegarían en cargamentos desde China o México. También existe la posibilidad de que químicos locales fabriquen el opioide con precursores importados, principalmente de China.

Bulgaria, históricamente ubicada en la ruta de la heroína desde Asia Central a Europa, experimentó una transformación del mercado tras el regreso de los talibanes al poder en Afganistán y la prohibición del cultivo de opio. La escasez de heroína llevó a los traficantes a recurrir al fentanilo para compensar la caída de calidad y cantidad de los estupefacientes tradicionales.

El impacto sanitario y social resultó inmediato. Yulia Georgieva, directora de un centro de apoyo a personas con adicciones, alertó sobre la facilidad de acceso al fentanilo y la falta de recursos para enfrentar la emergencia.

Entre las demandas de las organizaciones sociales sobresalieron la prevención entre adolescentes, la financiación de programas de reducción de daños, como el reparto de jeringuillas limpias y análisis de sustancias y la necesidad de mejorar la disponibilidad de naloxona, el único antídoto capaz de revertir una sobredosis si se aplica a tiempo.

El fentanilo y sus derivados, de acuerdo con la Agencia Europea de Drogas, poseen una potencia entre 80 y 100 veces mayor que la morfina. La sustancia, cuyo nombre químico es N-(1-(2-fenetil)-4-piperidinil-N-fenil-propanamida, actúa sobre los receptores opioides del sistema nervioso central. Sus efectos secundarios incluyen somnolencia, náuseas, vómitos, mareos y un rápido desarrollo de tolerancia y dependencia.

La mezcla con otras drogas, como heroína o benzodiacepinas, potencia el riesgo de muerte súbita por depresión respiratoria. La dosis letal estimada es de 2 mg, una cantidad que puede encontrarse en la punta de un lápiz.

El fenómeno del fentanilo no es exclusivo de Bulgaria. La Unión Europea y Estados Unidos reportaron miles de muertes por consumo de variantes ilícitas o de diseño, muchas veces mezcladas con heroína y vendidas sin que los consumidores identifiquen el peligro. Los datos de la Agencia Europea de Drogas indicaron que la forma ilegal del fentanilo y sus análogos, como el carfentanilo, presentan potencias incluso superiores, con márgenes de seguridad muy estrechos y un altísimo potencial de sobredosis.

(Con información de EFE)

La Policía de Entre Ríos detuvo a dos hombres y secuestró cocaína, marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares y elementos utilizados para el fraccionamiento de drogas, durante dos allanamientos realizados en el barrio Fátima I de Concordia. Fuentes policiales indicaron a Infobae que uno de los aprehendidos cumplía prisión domiciliaria por una causa federal vinculada al narcotráfico.

Los procedimientos, a cargo de la Comisaría Séptima y personal de distintas áreas de la Jefatura Departamental Concordia, se realizaron en el marco de una causa por “búsqueda y secuestro de armas de fuego”, iniciada tras la difusión en redes sociales de una publicación en la que se exhibía un arma.

El primer allanamiento tuvo lugar en la intersección de Aristóbulo del Valle y Humberto Primo. Allí, los efectivos sorprendieron a un joven de 18 años, identificado como Roberto Benjamín De Los Santos. Según pudo saber este medio, intentó escapar y arrojó la droga al advertir la llegada de los uniformados.

En el lugar se secuestraron dos teléfonos celulares, 1,6 gramos de marihuana, 97,4 gramos de cocaína, una balanza de precisión, recortes de nylon, un cuchillo con restos de cocaína y $95.000 en efectivo. De acuerdo con el portal local El Once, durante el procedimiento, también fue identificado un adolescente de 17 años, quien quedó supeditado a la causa.

Durante el segundo allanamiento, realizado en la calle Córdoba, entre las calles 56 y 57, los agentes incautaron cinco celulares, 85 envoltorios de cocaína (18,2 gramos) y $494.700 en efectivo. Allí fue detenido Marcos Antonio Delgado, de 27 años, quien cumplía arresto domiciliario por una causa federal vinculada a la venta de drogas y aún tenía 11 meses de condena por cumplir.

La causa quedó en manos del fiscal José Arias, de la Unidad Fiscal de Concordia, quien dispuso la detención de ambos acusados de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En el caso de De Los Santos, la imputación fue agravada por la participación de un menor.

Ambos operativos forman parte de las acciones coordinadas por la Policía de Entre Ríos para combatir el narcomenudeo en la provincia y reforzar la prevención de delitos vinculados a la comercialización de drogas.

A comienzos de junio, un operativo policial en el norte de Entre Ríos permitió el secuestro de más de 250 kilos de cocaína, valuados en más de diez millones de euros en el mercado europeo. La droga estaba distribuida en 250 paquetes y fue interceptada durante un control vehicular, tras una persecución que culminó con la detención de tres sospechosos, entre ellos Carlos Manuel Fiordelino, señalado por las autoridades como uno de los narcotraficantes más reconocidos del país.

El operativo se destacó no solo por el volumen de la droga incautada —equivalente a más de 800.000 dosis—, sino también por el secuestro de más de dos millones de dólares y la articulación entre la fuerza policial y el Poder Judicial. Las autoridades provinciales calificaron el caso como un hito en la lucha contra el narcotráfico en Entre Ríos.

A finales de junio de este año, el Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación de Rusia y las misiones diplomáticas bajo su control en la región de América Latina y el Caribe, en particular la Embajada de la Federación de Rusia en Colombia, dieron a luz a otra campaña de desinformación a gran escala.

La Moscú oficial acusó cínicamente a Ucrania de que sus puertos del Mar Negro y sus estructuras de seguridad supuestamente se han convertido en un “centro de tránsito para el narcotráfico latinoamericano hacia Europa” y una “fuente de armas occidentales para los carteles”.

Este absurdo, disfrazado del envoltorio propagandístico habitual del Kremlin, no habría provocado más que ironía si no fuera por el momento (timing) claramente calculado y el contexto geopolítico de esta operación de información y guerra psicológica.

Moscú aplica la táctica clásica de la “acusación en espejo”: inundar el espacio informativo con ficciones con el fin de ocultar los vínculos criminales propios, legalmente documentados, de las estructuras estatales rusas con los sindicatos de la droga más peligrosos de la región. La verdadera razón de la histeria actual de los servicios secretos rusos es la inevitable filtración a gran escala de información a la prensa internacional, provocada por los recientes arrestos de altos funcionarios involucrados en los esquemas transcontinentales de armas del Kremlin.

A los diplomáticos rusos que intentan modelar “centros de narcóticos ucranianos” míticos, les convendría profundizarse más detenidamente en los sótanos de sus sedes diplomáticas y estudiar los archivos de sus propias misiones diplomáticas. La comunidad internacional sabe muy bien qué sedes diplomáticas funcionaron realmente como almacenes de tránsito de drogas duras. El mundo entero recuerda el ruidoso escándalo internacional con el hallazgo de unos 400 kilogramos de cocaína pura directamente en la escuela de la Embajada de la Federación de Rusia en la Argentina.

Este cargamento, valorado en más de 60 millones de dólares, fue empacado por “representantes” rusos en valijas diplomáticas con el propósito de enviarlo a Moscú en aviones gubernamentales del Escuadrón de Vuelo Especial “Rusia”, que sirve a los altos funcionarios del Kremlin. También es indicativo el destino posterior del entonces embajador ruso en Buenos Aires, Víktor Koronelli. En lugar de un tribunal o un despido vergonzoso por el almacén de cocaína bajo sus propias narices, el Kremlin lo nombró sucesivamente como el jefe de misiones diplomáticas en puntos estratégicos para la región: primero como embajador en México y actualmente en Cuba. Parece que, en el sistema del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, el ascenso diplomático se correlaciona directamente con el éxito en la logística criminal del Sur Global.

Mientras Moscú produce informes falsos, las agencias de aplicación de la ley de los EEUU, España y Bulgaria, con la participación de los investigadores del proyecto NarcoFiles, han expuesto por completo una red real y funcional de suministro de armamento militar pesado para uno de los carteles de la droga más violentos “Jalisco Nueva Generación” (CJNG).

Los materiales del Departamento de Justicia de los EEUU y del Tribunal Federal de Virginia demuestran que se intentó vender al cartel mexicano un colosal arsenal militar valorado en 58 millones de dólares, que incluía lanzagranadas antitanque, rifles de francotirador, minas y sistemas de defensa aérea portátiles. El arquitecto principal del esquema resultó ser el traficante de armas búlgaro Petar Mirchev, socio comercial de muchos años del conocido “mercader de la muerte” ruso Víktor Bout, a quien el Kremlin liberó tan ardientemente de una prisión estadounidense y posteriormente integró en su sistema político.

Durante los registros, las fuerzas del orden europeas descubrieron que las mismas empresas clandestinas que preparaban las armas para los militantes mexicanos eran utilizadas paralelamente por Rusia para la compra de componentes militares escasos, eludiendo las sanciones internacionales. Es decir, se trata de una red única de agentes criminales del Kremlin.

El principal detonante que obligó a la inteligencia rusa a actuar en modo de emergencia a finales de junio de 2026 fue el colapso final del brazo logístico africano de este esquema. Las armas para el cartel CJNG estaban marcadas bajo certificados falsos de usuario final para los Ministerios de Defensa de Tanzania y Uganda.

El 27 de junio del corriente, los servicios secretos detuvieron en Uganda a un actor clave de este eslabón: el ex oficial de las Fuerzas de Defensa locales, Michael Katungi Mpeirwe. Ya el 29 de junio, un tribunal de Kampala satisfizo por completo la solicitud de los EEUU para su extradición. La entrega de Katungi a la justicia estadounidense significa la revelación completa de las transferencias financieras y de agentes que conducen directamente a Moscú. Es por eso que Rusia activó urgentemente la operación “Matrioshka”, intentando llenar el espacio informativo con ficciones sobre Ucrania antes de que aparezcan las primeras actas de los testimonios de Katungi en los principales medios de comunicación.

Durante mucho tiempo, el argumento de que “las armas para Ucrania pueden caer en manos del crimen” fue apoyado artificialmente por los agentes rusos para justificar la neutralidad de ciertas capitales latinoamericanas. Hoy en día, los procesos judiciales internacionales en los EEUU y España disipan este humo ruso: los hechos reales demuestran que el único proveedor sistemático de tecnologías militares para el narcoterrorismo en América Latina fue y sigue siendo la Federación de Rusia.

Ucrania, por su parte, al defender su propia libertad, sigue siendo un socio confiable para todos los Estados que respetan el derecho internacional y la seguridad de sus ciudadanos.

Cuando en Panamá ocurre una muerte por atropello provocada por un conductor en estado de ebriedad o bajo efectos de algún alucinógeno se aplica la detención del infractor, mientras que los familiares de las víctimas quedan desamparados.

Esta situación podría cambiar con el anteproyecto presentado por el diputado José Pérez Barboni, que plantea la necesidad de castigar de manera rigurosa la irresponsabilidad del conductor cuando atropelle a padres de familia.

El proyecto de ley busca exigir que los conductores que causen accidentes fatales asuman el pago de pensiones alimenticia para los hijos de las víctimas.

La propuesta promueve en sus articulados que el juez penal o civil competente esté obligado a imponer, como medida de reparación integral, el pago de una pensión alimentaria a favor del menor de edad que haya quedado en estado de desprotección, luego de ser declarado por un juez como responsable del accidente por estar bajo efectos de bebidas alcohólicas u otras sustancias estupefacientes.

También establece en su articulado que el juez determinará una cantidad a pagarse mensualmente al menor por, cuyo padre o madre o ambos hayan fallecido a causa del accidente, hasta cumplir 19 o 25 años de edad, si está en carrera universitaria, debidamente comprobado.

Pérez Barboni explicó a EcoTV que el problema se agrava cuando por esta situación un menor de edad pierde a uno o ambos padres de familia, lo que conlleva la pérdida de los medios de subsistencia, dejándolo en situación de vulnerabilidad económica, desmejora su calidad de vida, quedando al cuidado de abuelos, tíos u otros familiares, lo que representa una carga injusta.

La iniciativa, de acuerdo con el diputado, busca que estos responsables puedan hacerse cargo de los gastos que quedan sin cubrir tras la pérdida de uno de los progenitores, quien lamentablemente ya no podrá brindar ese apoyo económico y familiar.

El diputado detalló que la propuesta surge tras evaluar una legislación similar vigente desde 2022 en el estado de Tennessee, Estados Unidos, la cual ha mostrado resultados positivos en la reducción de siniestros viales causados por el consumo de alcohol o drogas.

En 2022, Tennessee promulgó una ley que obliga a los conductores condenados por homicidio vehicular bajo los efectos del alcohol a pagar una pensión alimenticia a los hijos menores de las víctimas.

Esta legislación es conocida como “Ethan’s, Hailey’s, and Bentley’s Law”, en honor a los hijos de un oficial de policía local que falleció tras ser atropellado por un conductor ebrio.

El texto de esa norma establece que la persona condenada debe pagar manutención a cada hijo menor de la víctima hasta que cumpla 18 años y termine la educación secundaria.

El monto de la pensión se determina considerando las necesidades económicas del menor y las posibilidades tanto del tutor sobreviviente como del propio condenado. Si el responsable se encuentra en prisión, dispone de un año tras su liberación para iniciar los pagos.

Según Barboni, el texto de Tennessee fue analizado y adaptado a la realidad nacional para ser presentado ante la Asamblea Nacional, con el objetivo de prevenir conductas irresponsables y generar mayor conciencia al volante.

“Espero que esta ley pueda tomar el impulso necesario para que todo el país conozca sus alcances y genere conciencia“, aseguró el diputado en una entrevista en el programa Radiografía de Eco TV.

De acuerdo con el parlamentario, la normativa no afectará a quienes sufran accidentes en condiciones de sobriedad, ya que se reconoce que los siniestros viales pueden ocurrir por otros factores no negligentes.

La Policía Nacional Civil (PNC) en coordinación con el Ministerio Público (MP) informaron sobre la localización y posterior erradicación de más de 47 mil matas de marihuana que fueron localizadas durante patrullajes de seguridad.

De acuerdo con la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la PNC, las plantaciones fueron localizadas en áreas montañosas del caserío Ixmucané, del municipio de Las Cruces, en el departamento de Petén.

Luego de la localización, se logró contabilizar 47,568 plantaciones de marihuana, las cuales están valoradas en 23 millones 784 mil quetzales, unos 3 millones de dólares.

Las matas fueron sembradas en dos campos que estaban encubiertos dentro del área boscosa del lugar con el propósito de evitar su localización, informaron las autoridades de SGAIA de la PNC.

Hasta el momento no se reportan capturas. Sin embargo, las autoridades indicaron que las matas fueron retiradas y, posteriormente, incineradas.

Reincidentes

Esta no es la primera vez que se localizan plantaciones de marihuana en el lugar. En septiembre de 2025 se informó sobre la destrucción de 27,048 matas valoradas en 10 millones de quetzales.

Las plantaciones fueron ubicadas después de una denuncia anónima que los llevó a la aldea Ixmucané, en donde funciona una cooperativa agrícola.

Mientras que en 2018 la Brigada Especial de Operaciones de Selva del Ejército de Guatemala localizó un total de 95,670 plantas de marihuana, que también fueron erradicadas y destruidas.

Operativos de erradicación

De acuerdo con cifras de la SGAIA y del Ministerio de Gobernación (Mingob), en los primeros meses de 2026 los operativos interinstitucionales junto al Ejército de Guatemala se han concentrado fuertemente en áreas montañosas y fronterizas.

Hasta el momento se han efectuado operativos escalonados donde las valoraciones totales por fases de destrucción han superado los 39 millones de quetzales, 57 millones de quetzales e incluso fases consolidadas de más de 126 millones de quetzales en el mercado ilegal.

Las regiones recurrentes donde se concentran los operativos de localización y destrucción debido a sus condiciones geográficas y climáticas son: Petén, especialmente en municipios fronterizos como Las Cruces y Melchor de Mencos.

De igual manera en Huehuetenango y San Marcos, éste último especialmente en regiones montañosas como Sipacapa; y finalmente Totonicapán, donde históricamente se han localizado plantaciones en las áreas de Malacatancito y sus límites locales.

Consumo local

Estadísticas del Observatorio Nacional sobre Drogas (OND) de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (SECCATID), así como de encuestas en entornos escolares y clínicos refieren que la marihuana es la droga ilícita de mayor consumo en Guatemala.

El uso de esta droga es sólo superado por el consumo de sustancias legales como el alcohol y el tabaco, situándose significativamente por encima de los inhalables y la cocaína.

Las encuestas nacionales en el nivel de educación media revelan que el rango crítico de inicio y experimentación de consumo de cannabis se concentra entre los 15 y 19 años.

El consumo reportado sigue siendo mayoritariamente masculino. En los registros de personas que ingresan a programas de tratamiento ambulatorio o consejería por adicciones, los hombres representan más del 70% de los casos específicos por marihuana.

El 95% de los registros de atención especializada provienen y se concentran en el departamento de Guatemala, lo que evidencia una centralización de los servicios de salud y de las capturas por consumo a nivel urbano.

Un dato clave del sistema guatemalteco es que el 64% de los usuarios que asisten a centros de tratamiento de SECCATID no llegan de forma voluntaria, sino que son remitidos por Jueces y Juzgados tras haber sido procesados por el delito de posesión para el consumo.

Sin embargo, las autoridades afirman que la mayoría de la droga erradicada es enviada a países fronterizos con Guatemala como México y El Salvador.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron en la calle de Matamoros, en Tepito, a cuatro adolescentes presuntamente ligados a La Anti-Unión, a quienes ubicaron mientras buscaban presuntamente a un líder rival para asesinarlo.

De acuerdo con el reporte, a los jóvenes les fueron aseguradas bolsas de droga y un arma de fuego de alto calibre, una pistola 5.7, que sería capaz de perforar chalecos antibalas.

Los detenidos son identificados como Dylan ‘N’, Yandel ‘N’, Enner ‘N’ y Dylan ‘N’. Los uniformados del sector Morelos los desarman y los ponen a disposición tras ubicarlos en la zona.

Según la información, dentro del grupo delictivo presuntamente realizaban tareas como extorsión, secuestro y cobro de piso, además de atacar a líderes rivales.

Policías de la SSC detienen a cuatro jóvenes en colonia Morelos con 42 dosis de aparente marihuana y un arma de fuego, tras una denuncia al 911 por un hombre que portaba una pistola en la calle Matamoros, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la SSC, al llegar al sitio los uniformados vieron a cuatro sujetos que manipulaban bolsitas de plástico similares a las usadas para vender narcóticos, por lo que se aproximaron y les hicieron una revisión preventiva.

Según la SSC, en la inspección aseguraron un arma corta con cuatro cartuchos útiles, las bolsitas con el vegetal verde y seco, y tres teléfonos celulares. Los jóvenes, de 15, 16, 17 y 19 años, quedaron a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación legal.

La SSC agrega que, con información obtenida, los detenidos posiblemente pertenecen a un grupo delictivo generador de violencia que opera en la zona centro y mantiene una disputa por la venta de droga con otra célula criminal.

Capturaron a dos adolescentes con metralletas de la anti Unión Tepito

La SSC-CdMx detuvo este lunes 30 de junio a dos menores de 16 años señalados como presuntos integrantes de La Antiunión Tepito en la colonia Morelos de la alcaldía Cuauhtémoc, donde les aseguraron armas largas, droga, equipo táctico y solventes después de que intentaron ocultarse en una vecindad al detectar la presencia policiaca.

La captura ocurrió en la calle Caridad, a la altura de Florida, durante recorridos de seguridad. Los agentes observaron a los adolescentes mientras manipulaban armas de fuego y, cuando los jóvenes corrieron para evadir a la autoridad, entraron al inmueble para interceptarlos.

Dentro de la vecindad, los oficiales aseguraron dos armas largas, alrededor de dos kilogramos de aparente marihuana, una báscula gramera, dos radios transmisores, 10 frascos con solventes y un chaleco azul con paneles balísticos. La corporación capitalina también indicó que los detenidos forman parte de una célula delictiva que mantenía una disputa con otro grupo en la zona centro.

El titular de la corporación, Pablo Vázquez Camacho, informó que los dos adolescentes fueron ubicados en la colonia Morelos y que, además de las armas y la droga, portaban un chaleco balístico. Tras la detención, ambos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, que definiría su situación jurídica.

La policía capitalina precisó que los dos implicados eran menores de edad. En versiones periodísticas sobre el caso también fueron identificados como Dilan “N” y Osmar “N”, y se indicó que declararon pertenecer a La Antiunión.

Un adolescente fue detenido por un homicidio en avenida Tláhuac

Un adolescente de 16 años fue detenido en la alcaldía Iztapalapa por su presunta participación en una agresión con arma de fuego en avenida Tláhuac y calzada Ignacio Zaragoza, en la colonia Año de Juárez, ataque en el que un hombre murió y una mujer resultó lesionada.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el joven fue localizado después de un seguimiento en tiempo real realizado por operadores del C2 Oriente. El monitoreo permitió ubicarlo cuando viajaba a bordo de una motocicleta gris, lo que derivó en una alerta para los policías en campo.

El adolescente dispararó a un hombre en la cabeza y pecho ocasionándole la muerte en la alcaldía Iztapalapa, informó Nmas.

La intercepción ocurrió en la calle Begonia, entre Benito Juárez y avenida Del Árbol, en la colonia Lomas de San Lorenzo. Ahí, los uniformados le realizaron una revisión preventiva y le aseguraron un arma de fuego corta con cuatro cartuchos útiles, una cangurera, un casco de motociclista, ropa y dinero en efectivo.

Dentro de la cangurera también llevaba 16 envoltorios de cocaína en piedra. La SSC añadió que el detenido fue presentado ante la autoridad ministerial correspondiente junto con la droga, el arma y la motocicleta.

Sobre la agresión previa, la policía indicó que un joven fue asesinado y una mujer sufrió lesiones. Reportes periodísticos señalaron que la víctima mortal recibió un disparo en el pecho, mientras que la mujer fue alcanzada por una bala perdida en el muslo izquierdo.

La coordinación entre fuerzas de seguridad de Perú y Colombia permitió una nueva intervención contra el tráfico ilícito de drogas en la Amazonía, una zona donde las organizaciones criminales aprovechan la geografía fronteriza para movilizar cargamentos y sostener sus actividades ilegales. La acción se desarrolló en territorio de la región Loreto y reunió a instituciones militares y policiales de ambos países.

La operación se concentró en un punto estratégico de la provincia de Mariscal Ramón Castilla, considerada una de las áreas con presencia de redes vinculadas al narcotráfico. El despliegue incluyó recursos fluviales y la participación simultánea de diversas unidades especializadas, con el objetivo de interceptar un importante cargamento de presunta droga.

Las Fuerzas Armadas del Perú y Colombia ejecutaron una operación conjunta de interdicción en el sector Bellavista de Callarú, distrito de Ramón Castilla, en la región Loreto. Como resultado, las autoridades incautaron 9 229.100 kilogramos de presunto cannabis sativa.

Según la información oficial, la intervención formó parte de las acciones destinadas a combatir el tráfico ilícito de drogas en la frontera amazónica. El operativo reunió capacidades militares y policiales de ambos países para intervenir en una zona considerada de alta influencia para las organizaciones criminales transnacionales.

Participación de instituciones de Perú y Colombia

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, la operación contó con la articulación del Comando Operacional de la Amazonía mediante el Comando Unificado PUMA. También participaron la Armada Nacional de Colombia, el Ejército del Perú, la Marina de Guerra del Perú, la Fuerza Aérea del Perú, la Dirección Antidrogas (DIRANDRO) y la Dirección de Fronteras de la Policía Nacional del Perú.

La intervención requirió un amplio despliegue fluvial, debido a las características geográficas del área fronteriza. La coordinación entre las instituciones permitió ejecutar la acción de manera conjunta dentro de la estrategia binacional orientada a limitar las actividades relacionadas con el narcotráfico.

Zona intervenida concentra cultivos de hoja de coca

El Ministerio de Defensa informó que el operativo se desarrolló en una de las zonas con mayor influencia de las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas dentro de la provincia de Mariscal Ramón Castilla.

La entidad precisó que los cultivos de hoja de coca en ese sector alcanzan cerca de 19 000 hectáreas, una cifra que refleja la importancia estratégica de esta área para las economías ilegales vinculadas al narcotráfico. En ese contexto, las operaciones de vigilancia e interdicción forman parte de las acciones permanentes desplegadas en la frontera nororiental.

Tras el decomiso, el cargamento fue puesto a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las diligencias previstas por la normativa vigente.

Según la información oficial, el material permanecerá bajo cadena de custodia mientras se realizan los peritajes forenses que permitirán establecer con precisión su composición y procedencia. Estos procedimientos también buscan garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en este tipo de investigaciones.

Vigilancia continuará en la frontera amazónica

El Ministerio de Defensa informó que en la frontera nororiental permanecen activos los operativos de vigilancia y control mediante patrullajes terrestres y fluviales. Estas acciones buscan impedir el desplazamiento de organizaciones criminales transnacionales y reforzar la seguridad en las comunidades ubicadas en esta zona fronteriza.

La institución también señaló que las operaciones de dominio, control territorial e interdicción continuarán como parte de la estrategia nacional contra el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, indicó que el sector mantendrá la coordinación con las instituciones nacionales y con los países vecinos para fortalecer las acciones destinadas a enfrentar las actividades de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y otros delitos relacionados.

Un operativo ejecutado por la Policía de Control de Drogas (PCD) permitió desarticular una presunta estructura dedicada al narcomenudeo que operaba en la comunidad de María Reina, en Hatillo, San José. Como resultado de la intervención fueron detenidas ocho personas y se decomisaron más de 5,000 dosis de distintas drogas, además de dinero en efectivo, municiones y otros productos presuntamente relacionados con la actividad ilícita.

La acción policial comprendió 11 allanamientos realizados de forma simultánea en viviendas ubicadas en este sector del sur de la capital costarricense, considerado por las autoridades como uno de los principales focos de venta y distribución de drogas en la Gran Área Metropolitana.

El operativo fue coordinado con la Fiscalía de Narcotráfico y forma parte de las acciones que desarrolla la PCD para combatir el narcomenudeo en comunidades donde la presencia de organizaciones criminales ha generado problemas de seguridad, enfrentamientos armados y homicidios relacionados con disputas por el control del territorio.

Durante las diligencias fueron capturados ocho hombres que, según la investigación policial, estarían vinculados con la venta, distribución y abastecimiento de drogas en la zona.

Entre los detenidos figura un sujeto de apellido Robles, quien registra informes policiales en 25 ocasiones por tenencia de drogas. También fue arrestado un hombre de apellido Vargas, con 28 informes por ese mismo delito.

Otro de los capturados es un hombre de apellido Durán, quien posee antecedentes por amenazas agravadas, venta de drogas y 16 informes policiales relacionados con tenencia de estupefacientes.

Asimismo, fueron detenidos dos sospechosos de apellidos Viloria y Cortés, quienes, de acuerdo con las autoridades, no registran antecedentes judiciales.

La lista de capturados también incluye a un hombre de apellido Zamora, con expedientes por incumplimiento de medidas de protección, robo simple y receptación, además de 18 informes policiales por tenencia de drogas.

Igualmente fue arrestado un sospechoso de apellido Torres, quien posee antecedentes por portación ilegal de arma de fuego y acumula 26 partes policiales relacionados con tenencia de drogas.

El octavo detenido corresponde a un hombre de apellido Delgado, quien registra expedientes por agresión psicológica, amenazas contra la autoridad y perturbación del sosiego público, además de nueve informes policiales por tenencia de estupefacientes.

Como parte de los allanamientos, los agentes decomisaron 2,534 dosis de crack, 1,056 dosis de cocaína, 1,269 dosis de marihuana distribuidas entre cigarrillos y envoltorios, así como 14 gramos adicionales de marihuana.

Además, la PCD incautó 22 dosis de aparente metanfetamina, 21 dosis de aparente tusi, 76 dosis de aparente éxtasis, cuatro dosis de aparente ketamina, una dosis de aparente LSD y 43 envoltorios con sustancias pendientes de identificación.

Durante el operativo también fueron decomisadas 288 unidades de cigarrillos electrónicos con nicotina de distintas marcas, cinco cajas de licor, ₡636,800 (USD 1,200) en efectivo y 28 municiones calibre 40, elementos que ahora forman parte de la investigación.

Las autoridades recordaron que esta no es la primera intervención realizada en María Reina. Durante el año pasado la PCD ejecutó al menos dos operativos en distintos momentos que también dejaron una importante cantidad de personas detenidas y el decomiso de miles de dosis de drogas listas para su comercialización.

Según la Policía de Control de Drogas, la comunidad continúa siendo uno de los principales puntos de distribución de estupefacientes en el área metropolitana, situación que ha favorecido el surgimiento de conflictos entre grupos dedicados al narcotráfico y el aumento de hechos violentos en el sector.

Con este nuevo operativo, la PCD aseguró que mantiene su estrategia para combatir el narcomenudeo en distintas comunidades del país, con el objetivo de reducir la disponibilidad de drogas, debilitar las estructuras criminales y mejorar las condiciones de seguridad para los habitantes de zonas afectadas por esta actividad ilícita.

El titular del Ministerio del Interior (Mininter), José Zapata, encabezó la ceremonia por el 35.° aniversario de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (Dirandro - PNP), ocasión en la que destacó la magnitud de los resultados obtenidos en lo que va de 2026.

Según cifras oficiales, la Dirandro incautó 50 toneladas de droga y retiró de circulación más de 1.5 millones de dosis de MDMA (éxtasis), además de 8 millones de insumos químicos fiscalizados. Esta unidad especializada se ha consolidado como uno de los ejes principales en la respuesta estatal frente al narcotráfico en el país.

“El narcotráfico cambia permanentemente sus rutas y formas de operar. Por eso la respuesta del Estado también debe evolucionar, fortaleciendo sus capacidades operativas, su inteligencia y su marco legal”, enfatizó Zapata durante la ceramonia.  

El ministro adelantó la creación del Programa de Reducción de Cultivos Ilegales en el Perú (PRECIP), que reemplazará al Proyecto Especial Corah, como parte de una nueva etapa en la política antidrogas.

En este contexto, la Dirandro ha realizado tres procesos de incineración este año, destruyendo más de 22 toneladas de drogas, principalmente cocaína y marihuana. El objetivo es impedir que estos estupefacientes regresen al mercado ilegal, cerrando el ciclo de decomiso y custodia de evidencias.

Estrategias renovadas y cooperación internacional

El general Antonio Huamán Daza, director de la Dirandro, presentó el balance operativo del año y subrayó el impacto de la incautación de más de 1.5 millones de dosis de éxtasis.

Según el jefe antidrogas, esta intervención evitó que organizaciones criminales obtuvieran ganancias superiores a mil millones de soles. 

“Cada gramo decomisado, laboratorio destruido y joven alejado del consumo representa una victoria. La delincuencia cambia sus métodos, pero nuestra voluntad de servir y combatir con firmeza jamás cambiará”, expresó durante el evento.

Las operaciones incluyeron la destrucción de avionetas utilizadas por redes de narcotraficantes, la inhabilitación de pistas clandestinas y la desarticulación de organizaciones criminales.

La aprobación reciente de la Lista de Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP) dota a la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial de nuevas herramientas para enfrentar las variantes del tráfico ilícito de drogas.

“En este 35.° aniversario reafirmamos que enfrentaremos al narcotráfico con firmeza, inteligencia y unidad. Esa es la decisión del Gobierno y esa seguirá siendo nuestra prioridad“, remarcó el ministro José Zapata. 

La cooperación internacional se mantuvo como un pilar de la estrategia antidrogas peruana. Durante la ceremonia, ambas autoridades reconocieron la labor de DEVIDA, la DEA y la Unión Europea en el apoyo a operativos y programas de formación.

El evento contó con la presencia de funcionarios nacionales, exministros y representantes policiales, subrayando la dimensión multisectorial de la lucha contra el narcotráfico.

El balance anual presentado por la Dirandro refleja la presión constante de las organizaciones criminales y la necesidad de respuestas coordinadas y modernas.

El Ministerio del Interior reiteró que la destrucción de la droga decomisada busca impedir su reinserción en el mercado ilegal, garantizando el cierre del ciclo de custodia y evidenciando los resultados de las acciones desplegadas durante el año frente a uno de los delitos más persistentes en el país.

La FGR obtuvo la vinculación a proceso de cinco hombres detenidos frente a las costas de Chiapas por transportar 1.5 toneladas de clorhidrato de cocaína, un caso que además dejó a los imputados en prisión preventiva oficiosa mientras corría un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

El aseguramiento incluyó 50 costales con 1,600 paquetes tipo ladrillo y un peso total de 1 tonelada 588 kilos 450 gramos de la droga. En la misma embarcación también fueron hallados 31 bidones con capacidad de 50 litros cada uno, todos vacíos.

Los imputados fueron identificados como César “N”, Héctor “N”, Ricardo “N”, Jhonny “N” y Erick “N”. Un juez federal los vinculó a proceso por su probable participación en delitos contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de cocaína, con la agravante de pandilla.

La detención ocurrió frente a la playa El Fortín en Pijijiapan

La detención ocurrió en la playa El Fortín, en el municipio de Pijijiapan, donde elementos de Semar interceptaron una embarcación sin matrícula. La nave llevaba tres motores fuera de borda y navegaba a alta velocidad con diversos bultos.

Durante la inspección, las autoridades localizaron la carga de droga distribuida en costales. El peso asegurado superó una tonelada y media, por lo que el caso quedó bajo investigación federal por tratarse de transporte de cocaína.

La acción fue realizada por la Secretaría de Marina como parte de los trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. El operativo se enfocó en el combate al trasiego de drogas en aguas nacionales.

Los cinco imputados quedaron internados en Tapachula

Con los datos de prueba presentados por el Ministerio Público Federal, adscrito a la FEMDO, el juez también impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Los cinco hombres quedaron internados en el Centro Estatal No. 3, varonil, en Tapachula.

Ese encierro cautelar se mantuvo mientras avanzaba la investigación complementaria. Para esa etapa, la autoridad judicial fijó un plazo de dos meses.

La acusación formulada en su contra no solo se centró en la posesión y traslado del cargamento, sino en la probable participación conjunta de los cinco detenidos. Por esa razón, el delito fue procesado con la agravante de pandilla.

El caso se originó después de que personal naval detectó la embarcación cuando se desplazaba con rapidez frente a la costa chiapaneca. La falta de matrícula y la presencia de múltiples bultos motivaron la revisión que derivó en el decomiso.

La droga asegurada consistió en clorhidrato de cocaína empacado en bloques tipo ladrillo. Los bidones vacíos encontrados junto con la carga también quedaron a disposición de la autoridad ministerial dentro de la carpeta abierta por estos hechos.

La resolución judicial significó que el juez encontró elementos iniciales suficientes para iniciar el proceso penal contra los cinco detenidos. Eso no implicó una sentencia, sino la continuación formal del caso bajo resguardo de las autoridades federales.

• La FGR obtuvo la vinculación a proceso de César “N”, Héctor “N”, Ricardo “N”, Jhonny “N” y Erick “N” por transporte de clorhidrato de cocaína con agravante de pandilla.
• En la embarcación asegurada en la playa El Fortín, en Pijijiapan, fueron hallados 50 costales con 1,600 paquetes tipo ladrillo que sumaron 1 tonelada 588 kilos 450 gramos de cocaína.
• Los cinco imputados quedaron en prisión preventiva oficiosa en el Centro Estatal No. 3 de Tapachula y el juez fijó dos meses para la investigación complementaria.

El detenido ex presidente de ARSAT Facundo Leal pidió el arresto domiciliario para tratar su adicción a las drogas. La defensa hizo el planteo en los tribunales de Comodoro Py donde se lleva adelante la causa por los estupefacientes encontrados durante un allanamiento, en su departamento del barrio porteño de Palermo.

Desde entonces el ex funcionario está detenido y fue procesado con prisión preventiva por presunta tenencia para la comercialización. Argumentó que era para consumo personal y presentó certificados médicos dando cuenta de su adicción, pero por el momento la Justicia no le cree. Pidió al juez federal Daniel Rafecas que le conceda la prisión domiciliaria por su condición, algo que aún no tuvo respuesta.

Leal fue procesado y enviado a la cárcel por el primer juez que intervino en el caso, el federal de San Isidro Lino Mirabelli, quien luego se declaró incompetente y envió la causa por droga a Comodoro Py.

En San Isidro se investiga una megacausa por presunta corrupción durante la gestión del ex funcionario en ARSAT. En ese marco y a pedido del fiscal de ese partido Fernando Domínguez se ordenaron una serie de allanamientos que incluyeron la vivienda de Leal. Durante el procedimiento se encontró la droga y el acusado quedó detenido de inmediato por este hallazgo.

En el lugar había también US$650.000 en efectivo, monedas extranjeras, ketamina, drogas sintéticas y cocaína. Además, en una propiedad ubicada en Mendoza se le secuestraron US$1,7 millones.

La indagatoria por ARSAT

Leal tiene una próxima cita judicial el 13 de julio, cuando será indagado por el juez Mirabelli en la investigación por supuesta corrupción en la empresa estatal de comunicaciones. Las audiencias arrancarán el lunes 6 de julio y se extenderán hasta el 15. El lunes 13 declararán Leal y Gerardo Boschin, ambos ex directivos de ARSAT, y en los días siguientes comparecerán Pablo Pagani, Juan Navarro y Juan Álvarez, conocidos como la “banda de los mendocinos” por su origen provincial.

La investigación en ARSAT incluye acusaciones por presuntos incumplimientos de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles, fraude a la administración y cohecho. También fueron citados empresarios de ALS (Argentina Logistic Service), beneficiarios de un contrato bajo sospecha por el alquiler de un predio donde la empresa estatal almacenó equipos valiosos. Los investigadores sostienen que los funcionarios “se interesaron en las contrataciones sobre fletes, transportes y alquiler de grúa”, lo que habría derivado en un presunto direccionamiento sin cumplir condiciones esenciales.

Tres directivos de ALS serán indagados el lunes 6 de julio: Diego Padilla, Fernando Paredes y Gastón Padilla. Un día más tarde será el turno de una empleada de esa empresa. Esa misma semana el juez y el fiscal escucharán a un acusado de intermediar en la operación de alquiler del predio. Finalmente desde el 13 de julio se iniciará la ronda de indagatorias de los ex funcionarios de ARSAT: Leal, Boschín, Pablo Pagani, Juan Andrés Navarro y Juan Antonio Álvarez.

El robo

La causa penal se inició con una denuncia por el robo de materiales en ese predio de San Fernando. Se calcula que la pérdida para la empresa estatal fue de 151.000 dólares en bienes sustraídos o dañados que se guardaban en 17 shelters —contenedores tecnológicos utilizados para la conectividad de la Red Federal de Fibra Óptica— y que estaban por contrato bajo custodia en ese predio de la firma ALS. El robo se detectó el 4 de enero de 2024 durante una recorrida por el lugar, ubicado en Ex Combatiente Sánchez 1982, en San Fernando.

Cuando los investigadores comenzaron a tomar testimonios de trabajadores de ARSAT todos coincidieron en advertir las deficiencias del mantenimiento y la seguridad del lugar: hablaron de ratas que se comían cables, humedad, falta de iluminación y cámaras. Ante ello se puso la mira en el contratista del predio y la causa derivó en una presunta licitación direccionada. En la investigación que lleva el fiscal Domínguez se documentaron al menos 14 órdenes de compra por un valor total de USD 1.930.861,30 y $40.300.000.

También se sospecha que Leal, Boschin y Pagani “aceptaron y cobraron promesas de dádivas y beneficios económicos directos e indirectos por parte de los representantes de Argentina Logistic Service“, según la imputación fiscal.

La aparición y rápida propagación de los nitazenos, una familia de opioides sintéticos de una potencia extraordinaria, ha puesto en alerta máxima a las autoridades sanitarias, laboratorios forenses y servicios de urgencias de todo el mundo. La gravedad de esta nueva amenaza fue mencionada durante la reciente presentación regional del Informe Mundial sobre las Drogas 2026 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Bryce Pardo, destacado investigador de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), fue categórico al señalar que los nitazenos son sustancias más potentes que el fentanilo.

El origen: un experimento farmacéutico descartado por su letalidad

Para comprender la magnitud de la amenaza, es necesario revisar qué son los nitazenos. Se trata de una clase de opioides sintéticos que pertenecen a la compleja familia química de los benzimidazoles. A diferencia de los opioides tradicionales o naturales, que se extraen y refinan a partir de la planta de la amapola (opio), los nitazenos son creados en su totalidad en laboratorios clandestinos mediante procesos químicos sumamente sofisticados.

Paradójicamente, su historia no es reciente, sino que se remonta a la década de 1950. Fueron desarrollados originalmente por la compañía farmacéutica suiza CIBA (empresa que hoy forma parte del conglomerado Novartis), se acuerdo con el sitio guadalsalus. El objetivo de aquella investigación era encontrar nuevos y eficaces analgésicos potentes que pudieran sustituir a la morfina en el ámbito médico.

Sin embargo, los ensayos clínicos arrojaron resultados alarmantes debido a su extrema potencia y a un margen de seguridad casi inexistente. La diferencia biológica entre una dosis con fines terapéuticos y una dosis mortal era mínima, por lo que nunca recibieron la aprobación de las autoridades sanitarias para su uso clínico en seres humanos ni en animales veterinarios. Durante más de medio siglo, estas sustancias quedaron relegadas al olvido, existiendo únicamente en la literatura científica. Hoy, los cárteles han rescatado esas fórmulas para inundar el mercado negro.

Una potencia que eclipsa al fentanilo

La preocupación expuesta por Bryce Pardo se centra en la letalidad de la sustancia. Para ponerlo en perspectiva clínica: el fentanilo es aproximadamente 50 veces más potente que la heroína y hasta 100 veces más fuerte que la morfina. Sin embargo, algunos compuestos específicos de la familia de los nitazenos, como el isotonitazeno o el etonitazeno, superan con creces estos parámetros, siendo más potentes que el propio fentanilo.

En términos prácticos, esto significa que una cantidad de polvo equivalente a unos pocos granos de sal de mesa es suficiente para provocar una depresión respiratoria mortal en un adulto, especialmente en aquellos individuos sin una tolerancia previa al consumo de opioides. Esta potencia extrema hace que la dosificación en el mercado ilícito, donde operan sin controles de calidad ni medidas de bioseguridad, sea una ruleta rusa, derivando inevitablemente en un aumento exponencial de muertes accidentales.

El engaño criminal: adulteración y pastillas falsificadas

El peligro de los nitazenos se multiplica por la forma en que se distribuyen. Estas sustancias rara vez se venden bajo su propio nombre en las calles. En la gran mayoría de los casos documentados, las redes criminales los utilizan como adulterantes baratos para reforzar los efectos de otras drogas.

Los informes forenses han detectado nitazenos mezclados con heroína, pero la verdadera alarma suena al encontrarlos en sustancias no opioides como la cocaína, la metanfetamina o la MDMA (éxtasis). Aún más preocupante es su proliferación en el mercado de pastillas falsificadas. Los traficantes utilizan prensas industriales para crear comprimidos que imitan a la perfección fármacos legítimos como la oxicodona, el alprazolam (Xanax) o el diazepam. Una persona que cree estar consumiendo un ansiolítico para calmar la ansiedad puede, en realidad, estar ingiriendo una dosis fulminante de nitazeno, eliminando cualquier posibilidad de tomar decisiones informadas sobre su propio consumo.

Efectos biológicos y el reto del diagnóstico médico

Cuando una persona ingiere, inhala o se inyecta un nitazeno, la sustancia actúa uniéndose violentamente a los receptores opioides mu en el cerebro y el sistema nervioso central. Esto produce una analgesia extrema y una euforia intensa, seguida de una sedación profunda y miosis (contracción severa de las pupilas, conocidas como pupilas puntiformes).

No obstante, el riesgo físico es inmediato. La complicación más crítica de una sobredosis es la depresión respiratoria: el cerebro simplemente deja de enviar la señal para que los pulmones respiren. Esto genera hipoxia (falta de oxígeno en la sangre), bradicardia (ritmo cardíaco peligrosamente lento) e hipotensión. Si no se administra naloxona de manera urgente, el cuadro desemboca en daño cerebral permanente, coma y la muerte.

A este cuadro clínico se suma la dificultad diagnóstica. En los primeros estadios de su propagación global, muchos nitazenos no aparecían en los análisis de orina rápidos realizados en las urgencias hospitalarias. Aunque la tecnología diagnóstica avanza, la rapidez con la que los laboratorios clandestinos alteran la química para crear nuevos derivados (análogos) obliga a los sistemas de salud a vivir en una constante carrera contrarreloj para actualizar sus protocolos de detección y salvar vidas.

La detección de un presunto caso de comercialización de drogas dentro de una institución educativa volvió a colocar en el centro del debate la seguridad en los colegios de la región La Libertad. La intervención de un estudiante en el distrito de La Esperanza motivó la participación de la Policía Nacional, autoridades educativas y el Ministerio Público, además de nuevas acciones de prevención dirigidas a la comunidad escolar.

El episodio ocurrió en un contexto en el que las autoridades regionales mantienen vigilancia sobre el consumo y la venta de sustancias ilícitas en planteles educativos. Los antecedentes registrados durante los últimos meses reflejan una preocupación creciente por la presencia de este tipo de situaciones en espacios destinados a la formación de menores de edad.

La respuesta institucional incluyó la intervención inmediata de los organismos competentes y el pronunciamiento de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (GRELL), entidad que informó sobre las medidas preventivas que desarrolla junto con otras instituciones para reducir los factores de riesgo entre los estudiantes.

Intervención policial dentro del colegio

Un estudiante de 16 años del colegio Santa María, ubicado en el distrito de La Esperanza, en Trujillo, fue intervenido dentro del plantel tras una alerta sobre la presunta comercialización de sustancias ilícitas entre escolares.

De acuerdo con la información difundida, agentes de la comisaría Jerusalén/Wichanzao acudieron a la institución educativa después de recibir una denuncia formulada por padres de familia, quienes advirtieron que un alumno distribuía droga entre sus compañeros.

Durante la intervención, los efectivos encontraron entre las pertenencias del adolescente dos bolsas transparentes con polvo rosado. Después de las primeras diligencias, las autoridades informaron que la sustancia correspondería a la droga conocida como Tusi, cuyo destino sería la venta dentro del centro educativo.

Investigación con participación de varias autoridades

Las diligencias contaron con la supervisión de la dirección del colegio, la Subprefectura de La Esperanza y la madre del estudiante intervenido. Tras el hallazgo de la presunta sustancia ilícita, el menor fue trasladado a la dependencia policial para continuar con las investigaciones correspondientes.

El caso también fue comunicado a la Fiscalía de Familia, entidad responsable de desarrollar las actuaciones previstas por la ley debido a la condición de menor de edad del investigado.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las responsabilidades y establecer las circunstancias relacionadas con la presunta comercialización de droga dentro del plantel.

Tres casos registrados en instituciones educativas

El gerente regional de Educación de La Libertad, Rufino Rodríguez, confirmó que este constituye el tercer caso relacionado con drogas detectado en instituciones educativas de la región.

Según explicó, durante abril se registraron intervenciones en la institución educativa Zoila Hora de Robles, ubicada en Chepén, así como en la institución educativa Cartavio, en la provincia de Ascope, donde se detectó consumo de sustancias tóxicas entre estudiantes.

En referencia al nuevo episodio registrado en La Esperanza, el funcionario señaló: “Es lamentable que esto venga ocurriendo, porque ahora (en La Esperanza) ya no es consumo sino venta”.

Rodríguez también informó que las autoridades regionales establecieron equipos de respuesta para este tipo de situaciones mediante coordinación con la Policía Comunitaria, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, con el propósito de brindar apoyo a los escolares involucrados en estos casos.

Pronunciamiento de la Gerencia Regional de Educación

La Gerencia Regional de Educación de La Libertad expresó su preocupación por el reciente hallazgo de presuntas sustancias prohibidas dentro de una institución educativa de La Esperanza. Mediante un pronunciamiento, la entidad indicó que el caso permanece bajo investigación por parte de las autoridades competentes.

Asimismo, manifestó su rechazo frente a cualquier conducta que comprometa la seguridad de los estudiantes y señaló: “ratificamos nuestro compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de prevención y protección en las instituciones educativas de la región”.

La GRELL también informó que desarrolla el programa de intervención psicosocial y vivencial “Decido Mi Futuro”, iniciativa que ejecuta junto con la Policía Comunitaria de la Policía Nacional del Perú y especialistas de DEVIDA.

Según la entidad, este programa incluye talleres, jornadas de sensibilización, orientación y acompañamiento dirigidos a estudiantes, docentes y familias con el propósito de prevenir el consumo y la comercialización de drogas dentro de las instituciones educativas.

Dentro del mismo pronunciamiento, la Gerencia Regional de Educación exhortó a los padres y madres de familia a mantener una comunicación permanente con sus hijos e involucrarse en su proceso formativo.

La institución también pidió a la comunidad educativa reportar de manera oportuna cualquier situación que represente un riesgo para los estudiantes, con el objetivo de fortalecer las acciones preventivas y mantener los centros educativos libres de drogas mientras continúan las investigaciones sobre el caso registrado en el colegio Santa María del distrito de La Esperanza.

Un ciudadano de origen alemán fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, luego de que autoridades federales localizaran 10 kilogramos de presunta cocaína ocultos en su equipaje durante una inspección de rutina.

El aseguramiento ocurrió cuando elementos de la Guardia Nacional realizaban recorridos de vigilancia y acciones preventivas en el área de documentación de la terminal aérea. Durante las revisiones, un binomio canino especializado en detección de narcóticos mostró una alerta sobre el equipaje de un pasajero extranjero, lo que derivó en una inspección más detallada.

Al revisar la maleta, los agentes encontraron varios paquetes rectangulares que contenían una sustancia con características similares a las de la cocaína.

Tras el hallazgo, el ciudadano alemán fue detenido en el lugar y quedó bajo custodia de las autoridades federales. La droga también fue asegurada como parte de la investigación correspondiente.

Posteriormente, el detenido y el narcótico fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, instancia encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar la situación jurídica del extranjero.

El Aeropuerto Internacional de Cancún es uno de los principales puntos de entrada y salida del país debido a su intensa actividad turística y comercial. Por ello, las autoridades mantienen operativos permanentes de vigilancia y revisión para detectar posibles actividades relacionadas con el tráfico de drogas y otros delitos federales.

Hasta el momento no se han dado a conocer la identidad del detenido ni mayores detalles sobre el origen o destino del cargamento asegurado. Las investigaciones continúan para establecer si el caso está relacionado con alguna red de narcotráfico con operaciones nacionales o internacionales.

Otros pasajeros han sido sorprendidos con cocaína en el aeropuerto de Cancún

Esta terminal aérea de Cancún es una de las que tienen mayor movimiento de pasajeros en México y es uno de los principales puntos de conexión entre América, Europa y el Caribe.

Debido al alto flujo de viajeros nacionales e internacionales, las autoridades federales mantienen operativos permanentes de inspección de equipaje, pasajeros y mercancías con apoyo de equipos de rayos X, personal especializado y binomios caninos.

El caso del ciudadano alemán detenido con 10 kilogramos de cocaína se suma a otros aseguramientos registrados recientemente en el Aeropuerto Internacional de Cancún, una de las terminales con mayor flujo de pasajeros del país y donde las autoridades mantienen operativos permanentes de inspección.

Febrero de 2026. Elementos de la Guardia Nacional y personal de Aduanas localizaron una maleta que contenía 25 paquetes de presunta cocaína durante una revisión preventiva con equipos de rayos X. El propietario del equipaje fue detenido y puesto a disposición de las autoridades federales para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Octubre de 2025. Un pasajero que pretendía abordar un vuelo con destino a La Habana, Cuba, fue detenido después de que personal de seguridad detectó irregularidades en su equipaje. Con apoyo de un binomio canino, los agentes localizaron un doble fondo en la maleta donde se ocultaba cocaína. El viajero fue arrestado y entregado al Ministerio Público Federal.

Los antecedentes muestran que los métodos más recurrentes para intentar trasladar narcóticos a través de la terminal aérea han sido el ocultamiento en equipaje documentado, compartimentos modificados y dobles fondos en maletas. En la mayoría de los casos, los cargamentos fueron detectados mediante equipos de rayos X y binomios caninos especializados en la detección de drogas.

La presencia de organizaciones criminales dentro de espacios vinculados al Estado vuelve a generar preocupación en el Callao. Una investigación fiscal y policial reveló cómo una presunta red delictiva logró obtener reconocimiento formal ante una entidad pública y acceder posteriormente a instalaciones relacionadas con servicios esenciales, mientras mantenía actividades ilegales paralelas.

El caso expone mecanismos utilizados por grupos criminales para obtener apariencia de legalidad mediante asociaciones reconocidas oficialmente y contratos laborales gestionados a través de empresas tercerizadoras. Las pesquisas también identificaron presuntas irregularidades en la documentación presentada por algunos integrantes para acceder a puestos de trabajo.

La investigación, difundida por el programa Cuarto Poder, recoge información obtenida tras dos años de seguimiento por parte de agentes especializados y representantes del Ministerio Público. Según las autoridades, la organización conocida como Los Bemos de Puerto Nuevo extendió sus operaciones más allá de las actividades ilícitas que desarrollaba en las calles del Callao.

Una estructura criminal con presencia en entidades públicas

De acuerdo con los investigadores, Los “Bemos de Puerto Nuevo” consolidaron influencia en sectores del Callao mediante actividades relacionadas con extorsiones y tráfico de drogas. Sin embargo, las pesquisas determinaron que parte de su estrategia consistió en buscar acceso a espacios estatales.

Un representante de la investigación explicó que el grupo utilizó una vía formal para constituir una organización reconocida por el Gobierno Regional del Callao. Según indicó, “había seguido un mecanismo legal, por decirlo así, conformando un sindicato de trabajadores ante el Gobierno Regional”.

La investigación sostiene que ese reconocimiento permitió a integrantes de la organización acceder a puestos laborales mediante una empresa de servicios que mantenía contratos vinculados a Sedapal. Para los agentes, dicha estructura funcionaba como una fachada que facilitaba el ingreso de presuntos delincuentes a instalaciones públicas.

El reconocimiento otorgado por el Gobierno Regional del Callao

Las pesquisas identificaron que en octubre de 2023 fue reconocida formalmente la organización social Fuerza Comunal Puerto Nuevo mediante una resolución emitida por el Gobierno Regional del Callao durante la gestión de Ciro Castillo.

Según la documentación revisada por las autoridades, la directiva de dicha organización estaba encabezada por Humberto Cosme Rodríguez, conocido como “Toro”, acompañado por su hermano Diego Cosme Rodríguez, alias “Murris”, y Michael Torres Amésquita.

Uno de los investigadores señaló que varios integrantes de esa directiva terminaron involucrados en el proceso penal. “Lo hemos agarrado al presidente, a un vocal y al secretario”, afirmó, al referirse a miembros de la organización que fueron identificados como presuntos integrantes de la red criminal.

Instalaciones utilizadas como centro de operaciones

Las diligencias realizadas por la policía y la fiscalía permitieron intervenir un espacio vinculado a Sedapal en Puerto Nuevo. Según la descripción de los agentes, el lugar presentaba condiciones incompatibles con una actividad laboral regular.

Durante la intervención fueron encontrados cerca de tres kilos de marihuana y municiones. Un investigador calificó el inmueble como “un búnker”, debido a los elementos hallados y al presunto uso que se le daba.

Las autoridades sostienen que el espacio servía para almacenar droga, armamento y municiones. Además, la investigación plantea que desde ese lugar se coordinaban actividades ilícitas vinculadas a la organización.

Imágenes obtenidas durante el seguimiento policial mostraron el ingreso frecuente de integrantes de la red a las instalaciones. De acuerdo con la investigación, los accesos se realizaban sin restricciones aparentes.

Otro aspecto relevante del caso involucra la documentación presentada por algunos miembros de la organización para obtener empleo.

La fiscalía revisó certificados utilizados durante los procesos de contratación y concluyó que al menos uno de ellos carecía de autenticidad. Un representante del Ministerio Público afirmó: “Por lo tanto, se concluye que la documentación presentada para acceder a este puesto de trabajo era falsa”.

Las pesquisas identificaron a Michael Steven Torres Amézquita como una de las personas que presentó documentación observada por las autoridades. Según la investigación, estos documentos permitieron acreditar estudios y experiencia laboral exigidos para determinadas funciones.

Contratos mediante empresas tercerizadoras

La investigación también reconstruyó la trayectoria laboral de varios integrantes de la organización dentro de empresas contratistas.

Según la información recogida por la fiscalía, algunos de ellos trabajaron inicialmente para una empresa privada. Posteriormente, tras la finalización de ese vínculo contractual, pasaron a formar parte del consorcio Global Micha.

Un representante de la investigación sostuvo que, pese a figurar en planillas y recibir remuneraciones, los involucrados no realizaban funciones efectivas. Las boletas de pago y contratos revisados por las autoridades forman parte del material incorporado al expediente fiscal.

Respecto al uso de estos espacios, un fiscal señaló: “Son delincuentes que accedieron a un lugar que utilizaron como caleta para guardar armamento, para guardar droga, para guardar armas o municiones”.

Detenidos y personas aún buscadas

El operativo ejecutado contra la organización permitió la captura de nueve personas. Todos permanecen con mandato de prisión preventiva por 36 meses mientras continúan las investigaciones.

Las autoridades además mantienen la búsqueda de Lesly Llerena Navarro y de Jesús del Piero Berríos Llerena. Según la hipótesis fiscal, este último tendría participación en el asesinato de dos adolescentes de 16 años en el contexto de una disputa vinculada al control de la venta de drogas en el Callao.

Tras más de dos años de seguimiento, vigilancia y análisis de información, la policía y la fiscalía continúan con las diligencias para determinar el alcance completo de las actividades atribuidas a Los Bemos de Puerto Nuevo y los mecanismos que permitieron su presencia dentro de espacios relacionados con el Estado.

El fiscal regional de Antofagasta (1.330 kms al norte de Santiago), Juan Castro Bekios, confirmó que en los últimos días 2.840 kilos de distintas drogas fueron decomisados en cuatro operativos llevados a cabo en conjunto por el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros, los que dejaron además cinco personas detenidas.

Flanqueado por el jefe de Zona Antofagasta de Carabineros, general Cristian Montre Soto, y el jefe de la Región Policial de la PDI, prefecto inspector Freddy Castro Crespo, el persecutor que encabeza el ranking de incautaciones de droga en el país con 112 toneladas desde que asumió en octubre de 2023, recordó que “esto no es algo azaroso, este es el resultado de la acción conjunta de todas las instituciones que conforman el Estado”.

El primer operativo

Según informó Castro Bekios, la diligencia más grande se llevó a cabo en la turística comuna de San Pedro de Atacama, donde detectives de la PDI sorprendieron en una fiscalización a los conductores de un furgón transportando más de mil paquetes de marihuana, a saber, 1.179 kilos.

Tras el interrogatorio de rigor, los policías apresaron también a los pasajeros de otro vehículo que apoyaba el traslado de la droga, para luego allanar una vivienda en la ciudad de Calama, donde hallaron otro vehículo con 1.089 kilos de cannabis.

Amén de los 2.269 kilos de droga, la policía civil decomisó los dos dos furgones, un automóvil y unos $7,7 millones de pesos (USD 8.400), en dinero contante y sonante.

Los otros tres

Por su parte, Carabineros de Chile llevó a cabo otros tres operativos que terminaron con el decomiso de 571 kilos de droga, todos ellos en la provincia de El Loa.

El primero tuvo lugar en un camino de tierra en las afueras de Calama, donde los uniformados dieron con una camioneta que tenía encargo por robo y en cuyo interior hallaron 318 kilos de cannabis.

En el segundo, fue apresado el conductor de un automóvil que transitaba por la ruta B-75 con 32,5 kilos de marihuana.

Y en el tercero, dos individuos fueron apresados en el sector de Tocorpuri transportando en dos vehículos 115 kilos de cocaína, 95 kilos de pasta base de cocaína y 11 kilos de ketamina.

De acuerdo al fiscal Castro Bekios, con estos operativos los decomisos de drogas se elevan a 46 toneladas en lo que va del año en la región de Antofagasta, siete toneladas mas que todo lo incautado en el año pasado.

El Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica incautó un importante cargamento de marihuana y detuvo a dos personas de nacionalidad nicaragüense en una operación conjunta que contó con la colaboración de agencias de Estados Unidos, Colombia y Panamá. La embarcación interceptada transportaba 70 bultos de droga y fue localizada a 120 millas mar adentro de playa Matapalo, ubicada en el cantón de Quepos, Puntarenas, en el pacífico sur del país.

La operación comenzó cuando un avión de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de Estados Unidos detectó una lancha sospechosa a 92 millas de la costa costarricense. Tras la alerta emitida por las autoridades estadounidenses, el Servicio Nacional de Guardacostas activó de inmediato su protocolo de búsqueda, desplegando recursos marítimos y coordinando con las agencias internacionales aliadas. La persecución y la estrategia de rastreo se extendieron por más de ocho horas, en las que se analizaron variables como velocidad, distancia y trayectorias probables de la embarcación.

El director del Servicio Nacional de Guardacostas, Juan Carlos Alvarado, explicó que fue fundamental la información proporcionada por la Armada de Colombia y el Servicio Aeronaval de Panamá para ubicar con precisión la lancha rápida, que contaba con dos motores fuera de borda. “Gracias a información proveniente de la Armada de Colombia, del Servicio Aeronaval de Panamá y al apoyo aéreo de la aeronave de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de los Estados Unidos, esta madrugada el Servicio Nacional de Guardacostas logró interceptar una embarcación rápida a ciento veinte millas de Matapalo en el Pacífico Sur”, detalló Alvarado.

En el abordaje, los oficiales costarricenses comprobaron que viajaban dos ciudadanos nicaragüenses junto a los 70 bultos de marihuana. De acuerdo con las primeras estimaciones, cada uno de estos bultos contiene cerca de veinte paquetes individuales, aunque las autoridades iniciaron un conteo exhaustivo para determinar la cantidad exacta de droga incautada. La embarcación, los tripulantes y el cargamento fueron trasladados al puerto más cercano en Puntarenas, donde quedaron bajo custodia de las autoridades judiciales y policiales.

El Servicio Nacional de Guardacostas subrayó el valor de la cooperación internacional y la importancia de los sistemas de vigilancia aérea y marítima para combatir el narcotráfico en la región. “Con estas acciones reiteramos el compromiso y el trabajo conjunto con países aliados en la lucha contra el narcotráfico”, manifestó Alvarado tras la exitosa intervención.

La operación evidencia la capacidad de respuesta de Costa Rica ante las amenazas del crimen organizado transnacional y la efectividad de las alianzas estratégicas con potencias regionales. En los últimos años, el pacífico sur costarricense ha sido identificado como una de las rutas más utilizadas para el tráfico marítimo de estupefacientes, lo que ha impulsado una vigilancia reforzada y el incremento de patrullajes en aguas jurisdiccionales.

El decomiso de los 70 bultos de marihuana representa un golpe económico para las estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas y refuerza el mensaje de tolerancia cero que las autoridades costarricenses mantienen frente a este delito. Las investigaciones policiales continúan para determinar el destino final de la droga y posibles vínculos con otras organizaciones delictivas.

Paralelamente, las autoridades judiciales abrirán un proceso penal contra los dos detenidos, quienes enfrentarán cargos por tráfico internacional de drogas. El Ministerio Público coordina con instancias internacionales para ampliar la investigación y rastrear el origen y los nexos transnacionales del cargamento incautado.

Las autoridades de seguridad reiteraron que este tipo de operativos forman parte de una estrategia continua para desarticular redes de narcotráfico y proteger la soberanía nacional. El Gobierno de Costa Rica ha sostenido que la lucha contra el crimen organizado seguirá siendo una prioridad y que se mantendrán vigentes los acuerdos de intercambio de información y patrullaje conjunto con países aliados.

La Cámara Federal de San Martín resolvió que la causa por drogas en la que se encuentra detenido el ex titular de Arsat, Facundo Leal, siga su curso en los tribunales federales de Comodoro Py, al definir una disputa de competencia entre juzgados de San Isidro y de la Ciudad de Buenos Aires.

De esta manera, la causa por presunta tenencia de estupefacientes para su comercialización quedará radicada en el Juzgado Federal 6 porteño y será la Cámara Federal de Comodoro Py la que intervenga como Tribunal revisor de las decisiones tomadas, según supo Infobae en fuentes judiciales. Mientras tanto, la investigación donde Leal está acusado por supuesta corrupción en Arsat sigue su trámite en San Isidro.

La decisión fue adoptada por la Sala I de la Cámara Federal de San Martín, que sostuvo que el expediente por el hallazgo de la droga debe tramitar en la ciudad de Buenos Aires porque los estupefacientes se encontraron en el departamento del ex funcionario en el barrio porteño de Palermo. Si bien el allanamiento se realizó vía exhorto del juzgado federal de San Isidro a cargo de Lino Mirabelli en busca de pruebas en otra causa por corrupción en ARSAT, cuando se encontró la droga se abrió una nueva investigación y se dispuso detener de inmediato a Leal, quien presidió la empresa estatal durante el gobierno de Alberto Fernández.

Mirabelli procesó a Leal con prisión preventiva por tenencia de droga con fines de comercialización y luego se declaró incompetente para seguir con esa investigación por un tema de territorio, decisión que ahora confirmó el tribunal superior. “La sustancia estupefaciente, objeto de imputación, fue secuestrada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, concluyó el camarista Marcelo Fernández. La Cámara entendió que el presunto delito vinculado al narcotráfico constituye un hecho autónomo y consideró razonable que ambas pesquisas continúen por separado.

Durante su declaración indagatoria, Leal sostuvo que las sustancias estaban destinadas a consumo personal y presentó un informe médico para acreditar un cuadro de adicción. Sin embargo, el juez consideró que la cantidad de droga hallada excedía ese supuesto y resolvió avanzar con el procesamiento y dictar su prisión preventiva.

En el departamento de Palermo se encontraron US$650.000 en efectivo junto a monedas de otros seis países, pero además había ketamina, drogas sintéticas en distintas presentaciones y cocaína. Por esto último el ex funcionario quedó preso de inmediato. En otro de sus domicilios, en Mendoza, se le secuestraron u$S 1,7 millones.

La causa ARSAT

En la causa que se lleva en su juzgado, el juez de San Isidro Mirabelli citó a declaración indagatoria a Leal y otros imputados por supuestos hechos de corrupción en la empresa estatal de comunicaciones.

Además de Leal están citados Gerardo Boschin, Pablo Pagani, Juan Navarro y Juan Álvarez, ex directivos de ARSAT conocidos como la “banda de los mendocinos” por ser todos oriundos de esa provincia. Se investigan presuntos incumplimientos de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública, fraude a la administración pública y sobornos.

También serán indagados los empresarios de ALS (Argentina Logistic Service) Diego Padilla, Fernando Paredes y Gastón Padilla, entre otros. Estos últimos resultaron beneficiarios de un contrato que está en la mira judicial para el alquiler de un predio en el cual ARSAT almacenó equipos de alto valor comercial y estratégico.

La hipótesis de los investigadores es que los entonces funcionarios “se interesaron en las contrataciones que ARSAT realizó sobre el servicio de fletes, transportes, alquiler de grúa, espacio de guardado asignado a ALS”, y todo derivó en un presunto direccionamiento de la contratación sin que el lugar cumpliera con condiciones mínimas.

La causa penal se inició con una denuncia por el robo de materiales en ese predio de San Fernando. En la investigación que lleva el fiscal federal de San Isidro Fernando Dominguez se documentaron al menos 14 órdenes de compra por un valor total de USD 1.930.861,30 y $40.300.000.

El tercero de los hechos se encuadra en la hipótesis de que Facundo Leal, Gerardo Boschin y Pablo Pagani “aceptaron y cobraron promesas de dádivas y beneficios económicos directos e indirectos por parte de los representantes de Argentina Logistic Service“.

Por otra parte, el juez Mirabelli impuso una serie de medidas cautelares sobre los bienes de los 10 imputados y dispuso el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil.

Rosa Chávez fue detenida en Merlo acusada de dirigir una banda que acopiaba y distribuía droga desde su casa mientras cumplía arresto domiciliario con pulsera electrónica por una causa anterior por venta de estupefacientes, en una investigación federal que se activó por denuncias vecinales y derivó en el secuestro de 10 kilos de marihuana, medio kilo de cocaína y varias armas de fuego.

Según Primer Plano Online, la causa avanzó cuando los investigadores determinaron que el volumen de sustancia en circulación superaba ampliamente el narcomenudeo. En los 7 allanamientos simultáneos realizados en el barrio Cambacita, en Pontevedra, fueron arrestadas cinco personas: Chávez, otra mujer y tres hombres señalados como parte de la organización.

La acusación central sostiene que Chávez recibía la droga en su vivienda y la entregaba para su distribución en distintos puntos del barrio, donde otros vendedores la comercializaban. Tras el operativo quedó incomunicada y a disposición de la Justicia mientras se intenta establecer la ruta de ingreso de la sustancia.

La indagatoria de los acusados fue fijada para el lunes ante el fiscal Santiago Marquevich, a cargo de la Fiscalía Federal de Hurlingham, junto con su secretario Eduardo Suárez. La investigación judicial está bajo la órbita federal porque, de acuerdo con el expediente, las cantidades detectadas excedían el esquema de venta al menudeo.

La investigación

La pesquisa se inició a partir de una denuncia vecinal anónima que alertó sobre movimientos “extraños” en distintos inmuebles. Los domicilios señalados fueron Peña al 4400 (donde vivía Chávez), París al 700; Nahuel Huapi al 700, esquina Alvarado; y Montiel al 500, entre Arce y Bella Vista. Los cinco detenidos quedaron imputados por tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización, tenencia ilegal de armas de fuego y encubrimiento.

El trabajo estuvo a cargo de agentes de la Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas de Morón y de la Secretaría de Seguridad de Merlo. Según lo que establecieron los detectives, la droga llegaba a la casa de Chávez, donde era acopiada antes de ser entregada a vendedores que operaban en esquinas del barrio.

Uno de los voceros consultados describió el movimiento en la zona con una frase que los investigadores incorporaron como parte del contexto del caso: “Durante todo el día llegaba gente de cualquier edad en motos, autos y caminando en busca de su envoltorio. La molestia irrumpía en la tranquilidad de la zona”.

Ese flujo de compradores, era “permanente” y estaba acompañado por disturbios frecuentes alrededor de los puntos de venta. Esa dinámica fue uno de los elementos que reforzó la sospecha sobre una estructura de distribución instalada en el barrio.

Con las pruebas reunidas, el juez Juan Manuel Culotta autorizó los allanamientos solicitados por Marquevich, con supervisión de la Secretaría N° 11 a cargo de Leonardo Cano. En esos procedimientos la Policía secuestró un total de 1.000 dosis de cocaína -equivalentes a medio kilo- además de 10 kilos de marihuana fraccionada en trozos compactos, flores y plantas.

También fueron incautados dinero en efectivo, teléfonos celulares y balanzas de precisión. A eso se sumó un arsenal compuesto por un revólver calibre 32 corto, una escopeta calibre 12/70, dos pistolas semiautomáticas calibre 22 largo y una carabina calibre 22, todas aptas para el uso y con municiones.

En los procedimientos también fue hallado un Volkswagen Fox negro con pedido de secuestro por robo desde el mes pasado en San Antonio de Padua. Según la investigación, el vehículo era utilizado por la banda.

Durante el allanamiento a Chávez, la acusada tenía el celular encendido. El aparato quedó secuestrado para ser peritado por especialistas de la Policía Federal, con la expectativa de obtener información sobre el funcionamiento interno de la organización.

La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas informó la detención de un hombre identificado como Alejandro “N”, de 33 años, durante un operativo realizado la madrugada de este jueves en la colonia Las Huertas.

De acuerdo con la autoridad ministerial, la intervención se originó a partir de una denuncia previa por conductas violentas e inusuales reportadas en la zona, lo que derivó en la apertura de una carpeta de investigación y la solicitud de una orden de cateo para ingresar a un domicilio señalado.

Durante el despliegue también se cumplimentó una orden de aprehensión contra el señalado, en el marco de las diligencias relacionadas con los hechos denunciados, según informó la Fiscalía estatal.

El operativo fue ejecutado por agentes ministeriales en coordinación con corporaciones de seguridad, quienes ingresaron al inmueble durante la madrugada como parte de las acciones de investigación en curso.

En el lugar, las autoridades aseguraron un arma de fuego, equipo táctico, prendas de uso militar y siete plantas de marihuana, además de otros indicios que quedaron bajo resguardo del Ministerio Público.

Todo lo decomisado fue integrado a la carpeta de investigación abierta por presuntos delitos federales y amenazas, mientras que el detenido fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica.

La Fiscalía estatal indicó que las indagatorias continúan con el objetivo de establecer si el detenido podría estar relacionado con otros hechos delictivos en la zona, sin que hasta el momento se hayan informado más personas involucradas.

Armas, droga y equipo táctico: el contexto de los recientes operativos en Zacatecas

El aseguramiento de un arma de fuego, equipo táctico, prendas de uso militar y plantas de marihuana en la colonia Las Huertas ocurre en un contexto de operativos permanentes desplegados por autoridades estatales y federales en distintos puntos de Zacatecas durante los últimos meses.

Tan sólo en junio, fuerzas de seguridad reportaron la detención de cinco personas en la capital del estado, a quienes les aseguraron armas de fuego, dosis de droga, equipo táctico y artefactos ponchallantas durante un operativo realizado en la zona centro de la ciudad. Las autoridades señalaron que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Días antes, corporaciones estatales informaron sobre la captura de dos hombres en posesión de un arma larga, cargadores, explosivos artesanales y presunta droga durante recorridos de vigilancia en el municipio de Zacatecas. El caso derivó en una investigación por posibles delitos relacionados con la posesión de armamento y sustancias ilícitas.

Los aseguramientos también se han extendido a otros municipios de la entidad. En mayo, fuerzas federales localizaron un inmueble presuntamente utilizado por integrantes de grupos delictivos, donde decomisaron armas, cartuchos, explosivos, vehículos y equipo táctico, además de diversas cantidades de droga.

Las autoridades han sostenido que este tipo de operativos buscan reducir la capacidad operativa de grupos generadores de violencia, así como retirar de circulación armas, narcóticos y otros objetos utilizados en actividades ilícitas.

En ese contexto, el cateo realizado en la colonia Las Huertas se suma a una serie de intervenciones que durante 2026 han derivado en el aseguramiento de armamento, droga y equipo táctico en distintos puntos de Zacatecas, mientras la Fiscalía estatal mantiene abiertas diversas investigaciones relacionadas con hechos de violencia y posibles delitos del orden federal.

El caso involucra a una ciudadana peruana de 38 años que pretendía abordar un vuelo con destino final a Roma, en Italia, con una escala previa en París, Francia. Según información de la Policía Nacional del Perú (PNP), la sustancia ilícita se encontraba oculta en cajas que aparentaban contener chocolates, una estrategia utilizada para intentar evadir los controles de seguridad.

La intervención se produjo antes de que la pasajera ingresara a la sala de embarque. Los agentes especializados observaron comportamientos que consideraron inusuales y decidieron realizar una inspección más detallada de su equipaje. La revisión permitió descubrir una carga cuyo valor supera el millón de soles, de acuerdo con estimaciones policiales.

Inspección permitió descubrir la droga oculta

La operación estuvo a cargo de agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro), quienes interceptaron a la pasajera dentro de las instalaciones aeroportuarias. De acuerdo con el reporte oficial, la mujer trasladaba una maleta y un bolso de mano cuando fue conducida al área de inspección para una revisión exhaustiva.

Durante el procedimiento, los efectivos examinaron una de las cajas transportadas en el equipaje. Para verificar el contenido utilizaron reactivos químicos de identificación preliminar. En ese momento, uno de los especialistas explicó el resultado obtenido.

“Si pinta la coloración azul turquesa, es presunto indicativo positivo para alcaloide de cocaína. Como puede apreciar, es un indicativo para alcaloide de cocaína”, señaló un agente durante la diligencia.

Tras el resultado positivo, la pasajera quedó detenida de manera inmediata. Posteriormente, el personal policial amplió la revisión al resto de los paquetes hallados en la maleta.

Catorce cajas simulaban contener chocolates

La investigación preliminar determinó que la sustancia ilícita estaba distribuida en un conjunto de cajas que aparentaban ser productos comerciales. Según la información difundida por la Policía Nacional, se encontraron 14 cajas utilizadas para ocultar el cargamento.

Luego de la primera detección, los especialistas realizaron pruebas de campo sobre las demás unidades. El procedimiento confirmó la presencia de clorhidrato de cocaína en los envases inspeccionados.

Durante la diligencia, otro representante policial explicó el mecanismo utilizado para la identificación de la sustancia. “Utilizaremos el reactivo Searchi, la cual arroja la coloración azul turquesa. Como puede apreciar, la coloración es inmediata. Es un indicativo positivo para el alcaloide de cocaína”, indicó.

La totalidad del material incautado fue reunida y trasladada para su respectivo análisis y pesaje, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de intervenciones.

Peso de la sustancia superó los ocho kilogramos

Una vez concluida la recolección del contenido encontrado en las cajas, las autoridades efectuaron el pesaje oficial de la droga. El resultado confirmó la magnitud del cargamento.

“El peso total del clorhidrato de cocaína es de ocho kilos con treinta y cinco gramos”, informó uno de los especialistas que participó en la diligencia.

La Policía precisó que la cantidad decomisada alcanzó los 8,35 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Según las estimaciones de las autoridades, el valor de la droga supera el millón de soles en el mercado ilegal.

Además del estupefaciente, los agentes incautaron tres teléfonos celulares y 1.600 euros en efectivo que estaban en poder de la detenida al momento de la intervención.

La información proporcionada por la División Portuaria Antidrogas de la PNP señala que Europa forma parte de los destinos más frecuentes en los intentos de traslado internacional de sustancias ilícitas. Asia también aparece entre las rutas identificadas por los investigadores.

Según datos difundidos por la Policía Nacional, más de treinta personas fueron detenidas durante el año en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez por intentar sacar droga del país mediante diversas modalidades de ocultamiento.

Las autoridades indicaron que los controles en el terminal aéreo permanecen activos de forma permanente, con participación de personal especializado y unidades caninas dedicadas a la detección de estupefacientes.

Investigación continúa bajo custodia policial

Tras la intervención, la ciudadana peruana quedó a disposición de las autoridades competentes para las diligencias correspondientes. La investigación busca determinar el origen de la droga y establecer posibles vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de estupefacientes.

De acuerdo con la Policía Nacional del Perú, la mujer podría enfrentar una condena de entre ocho y quince años de prisión por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas. Las actuaciones posteriores quedaron bajo responsabilidad de las instancias encargadas del proceso penal y de la investigación especializada.

Las autoridades del sur del Bronx desmantelaron cinco redes de narcotráfico que durante años operaron a plena luz del día en el distrito comercial conocido como “The Hub”. El lunes 15 de junio, la fiscal del Bronx Darcel Clark y la comisionada del NYPD, Jessica Tisch, anunciaron la acusación formal de 32 personas vinculadas a esas organizaciones, en un operativo que incluyó la incautación de drogas, armas y miles de dólares en efectivo.

Las cinco bandas vendían fentanilo, metanfetamina y cocaína sin ningún intento de ocultamiento, frente a comercios, escuelas y vecinos. Los acusados acumulan un historial conjunto de 550 arrestos previos por delitos que van desde homicidio hasta agresión, según informó CBS New York.

Qué se incautó y qué cargos enfrentan los acusados

Los detectives confiscaron 13,6 kilogramos de fentanilo (30 libras), 5,4 kilogramos de metanfetamina (12 libras), un kilo de cocaína, cinco armas de fuego y más de USD 100.000 en efectivo.

Cuatro de los 32 acusados enfrentan cargos como grandes narcotraficantes. Si los declaran culpables, pueden recibir cadena perpetua.

Los cargos incluyen venta y posesión de sustancias controladas en distintos grados, además de conspiración. Al menos 20 acusados no enfrentaron cargos con derecho a fianza y quedaron en libertad. Cuatro sospechosos más aún están prófugos, según confirmó el NYPD.

Cómo operaban las cinco organizaciones

Las redes criminales se identificaban con nombres propios: Ghost, Prada, TikTok, Brook y Bugatti. Cada una tenía su propio proveedor, un líder, gerentes, vendedores callejeros y mensajeros.

Las escuchas telefónicas captaron conversaciones en las que los propios distribuidores alardeaban de la potencia de sus productos. “Los acusados y sus proveedores aparecen en grabaciones hablando de sus marcas como demasiado fuertes y que hacían caer a la gente”, declaró Clark a ABC7 NY.

La fiscal fue directa al describir la actitud de los implicados: “Simplemente no les importa la vida, pero a nosotros sí”, dijo a CBS New York.

Dónde ocurría todo: “The Hub”

“The Hub” es el punto donde convergen la Tercera Avenida, la calle 149 Este y la Avenida Melrose, en el barrio Mott Haven. Fue durante décadas un distrito comercial activo del sur del Bronx.

En los últimos años, la venta y el consumo de drogas en ese espacio público ahuyentaron a compradores y negocios. “El tránsito peatonal en el distrito comercial bajó y las tasas de locales vacíos subieron”, explicó Tisch en conferencia de prensa, según recogió ABC7 NY.

Las personas se inyectaban drogas y sufrían sobredosis en plena calle, a metros de una escuela primaria, de acuerdo con Fox 5 NY.

Por qué la investigación tardó más de un año

La investigación arrancó en febrero de 2025, tras años de reclamos de vecinos y legisladores que exigían una respuesta concreta. La Unidad de Casos Mayores de Narcóticos del Bronx y la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fiscalía llevaron adelante el trabajo.

Entre el 9 y el 12 de junio de 2026, las autoridades ejecutaron 12 órdenes de registro y concretaron los arrestos. Otros nueve detenidos, que no figuraban en las acusaciones formales, también enfrentaron cargos por posesión.

Qué viene ahora para el barrio

La comisionada Tisch adelantó que el operativo es solo la primera parte de un plan más amplio. “Ahora verán una presencia policial reforzada del NYPD para asegurarnos de que esto no vuelva a arraigarse”, dijo, según CBS New York.

Pedro Suarez, director ejecutivo del Distrito de Mejora Comercial de la Tercera Avenida, reconoció que aún queda trabajo por hacer. “Asegurémonos de seguir prestando mucha atención a las personas que luchan con la adicción a las sustancias”, señaló al mismo medio.

La residente del sur del Bronx Amelia Moore resumió el sentir de muchos vecinos al caminar por el lugar el mismo lunes del anuncio: el área, indicó a ABC7 NY, solía ser muy difícil. Ese día, según sus palabras, se sentía distinta.

Cuatro presuntos integrantes de una célula delictiva identificada como “Los Patos”, vinculada al grupo criminal “Los Bubus”, fueron vinculados a proceso tras un operativo realizado en la alcaldía Iztapalapa, donde autoridades aseguraron 139 de dosis de droga y metanfetamina a granel.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el caso comenzó a partir de una denuncia ciudadana presentada el pasado 9 de junio, mediante la cual se reportó la presunta venta de narcóticos en un inmueble ubicado en la colonia Ejército de Oriente Zona Peñón.

A partir de los indicios recabados, autoridades obtuvieron una orden de cateo que fue ejecutada el 11 de junio con apoyo de elementos de la Policía de Investigación y la Guardia Nacional.

Durante la intervención fueron detenidos Ehtan “N”, Elvira “N”, Iván “N” y Jaqueline “N”. En el inmueble también fueron asegurados 139 envoltorios con droga, una bolsa con metanfetamina a granel y dos teléfonos celulares.

Permanecerán en prisión mientras continúan las investigaciones

En una audiencia realizada el 13 de junio, un juez determinó vincular a proceso a los cuatro detenidos e imponerles la medida cautelar de prisión preventiva.

Ehtan “N” y Elvira “N” enfrentarán el proceso por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo. Además, la autoridad judicial fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Por su parte, Iván “N” y Jaqueline “N” fueron vinculados a proceso por delitos contra la salud en la modalidad de narcotráfico. Durante las diligencias se expuso que ambos presuntamente se encontraban en posesión de una cantidad de narcóticos superior a los 700 gramos.

Debido a que este último delito corresponde al ámbito federal, las investigaciones y actuaciones posteriores quedarán a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).

Relacionan a los detenidos con actividades delictivas en Iztapalapa

Las autoridades identifican a los cuatro imputados como presuntos integrantes de “Los Patos”, una célula relacionada con “Los Bubus”, grupo al que se atribuyen actividades de narcomenudeo y robos con violencia en distintos puntos de la alcaldía Iztapalapa.

Las investigaciones sobre las operaciones de esta estructura delictiva continúan abiertas, mientras los cuatro detenidos permanecen sujetos a proceso penal.

La investigación se desarrolló durante los primeros meses de 2026 en el marco de actuaciones por presunta infracción a la Ley 23.737 en el barrio Güemes de la localidad de Francisco Álvarez. La Ayudantía Especializada en Estupefacientes, a cargo del fiscal Ezequiel Freydier y con intervención del Juzgado de Garantías N°1, dirigido por la jueza Alicia Adriana Julián, ordenó tareas de inteligencia para identificar el punto de comercialización y a los responsables.

En ese contexto, la articulación entre los investigadores y la Secretaría de Seguridad de General Rodríguez, encabezada por Nicolás Rappazzo, resultó clave para reunir información y avanzar con las medidas judiciales.

Según pudo saber Infobae, de fuentes policiales, los principales responsables, apodados “Omar” o “Pachichi” y “Claudia”, alternaban días y horarios para desarrollar la actividad ilícita y dificultar su detección. De acuerdo con la investigación, ambos modificaban constantemente sus rutinas para evitar los controles policiales.

Una vez reunida la prueba suficiente, la fiscalía solicitó la orden de allanamiento.

Así las cosas, el 9 de junio, cerca de las 18.40, los efectivos se presentaron en el domicilio señalado. Al irrumpir en la vivienda, sorprendieron a tres hombres mientras manipulaban envoltorios de nylon compatibles con tareas de fraccionamiento de droga. Cuando los agentes se identificaron y exhibieron la orden judicial, uno de los sospechosos intentó huir y agredió físicamente al personal, siendo reducido tras oponer resistencia.

En ese mismo momento, otro sospechoso extrajo un revólver de entre sus prendas e ignoró las órdenes de los efectivos. Por lo tanto, un oficial efectuó un disparo con su arma reglamentaria, el cual no impactó en ninguna persona.

La situación escaló segundos después, cuando el sospechoso golpeó al efectivo con el arma y le provocó una lesión en la zona ocular. Inmediatamente, se inició un forcejeo que culminó con la detención del individuo. En paralelo, el tercer sospechoso intentó resistirse exhibiendo un arma de fuego, pero fue rápidamente neutralizado y reducido.

Al inspeccionar el inmueble, los agentes hallaron y secuestraron cocaína fraccionada en envoltorios listos para su comercialización, marihuana, armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la venta de drogas.

En total, incautaron 111,01 gramos de cocaína distribuidos en 242 envoltorios, 39,63 gramos de marihuana en seis envoltorios, tres armas de fuego —dos revólveres calibre .32 largo y otro con numeración ilegible—, 30 municiones calibre .32, ocho calibre .22, 196.400 pesos en efectivo, tres teléfonos celulares y dos balanzas de precisión.

Por otro lado, Federico Battellini Oyola, de 30 años; Rodolfo Leandro Ahumada, de 23; y Alexis Daniel Ayala, de 26 —todos señalados por los investigadores como vendedores de droga— fueron detenidos en el procedimiento.

De acuerdo con registros policiales, Ahumada tenía una causa por encubrimiento agravado iniciada en 2024 y había recuperado la libertad en agosto de 2025. Ayala, por su parte, registraba un antecedente por el mismo delito, también de 2024.

Los tres aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, atentado y resistencia a la autoridad y tenencia ilegal de arma de uso civil.

La Policía de la provincia de Neuquén desplegó un nuevo operativo en la ciudad de Centenario, que culminó con resultados contundentes: el secuestro de casi 2 kilogramos de marihuana, un arma de fuego, municiones y la demora de dos hombres mayores de edad. Todo comenzó a raíz de una denuncia por robo de ganado.

La acción policial se desarrolló en el barrio Villa Obrera. De acuerdo a lo informado por el portal LM Neuquén, el operativo involucró a personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II, la Comisaría 52°, la Comisaría 5°, la UESPO y la Metropolitana.

Según se informó, la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos lideró la investigación, recolectando pruebas suficientes para solicitar las órdenes de allanamiento.

Durante los procedimientos, los investigadores identificaron a todos los ocupantes de las viviendas allanadas, demorando a dos hombres que quedaron vinculados a la causa. Entre los elementos hallados, se destaca la incautación de una planta de cannabis sativa y 1,968 kilogramos de cogollos, picadura y semillas de marihuana. También se secuestró un revólver calibre 32 largo con ocho cartuchos y diversos objetos cuya procedencia está bajo análisis.

Ante la presencia de estupefacientes, intervino personal especializado de Antinarcóticos, que procedió al secuestro de las sustancias y puso en marcha actuaciones por infracción a la ley de drogas. Este procedimiento se enmarca en la reciente estrategia provincial de abordaje del microtráfico, que busca desarticular redes locales a partir de acciones policiales y judiciales conjuntas.

Además de la droga y el arma de fuego, los investigadores secuestraron elementos que podrían estar relacionados con otros hechos delictivos ocurridos en la zona. Entre los objetos incautados figuran cuatro bicicletas tipo MTB, un recado completo para caballo y un generador a combustión marca Honda modelo 600. Todos estos bienes fueron retenidos de manera preventiva mientras se investiga su procedencia y posible vinculación con denuncias previas de robo en la región.

Los dos hombres detenidos permanecen a disposición de la Justicia, que trabaja para determinar su grado de responsabilidad tanto en el robo de ganado como en los delitos vinculados a drogas y armas. La investigación continúa activa, con la expectativa de esclarecer la procedencia de los elementos recuperados y fortalecer las pruebas en torno a los hechos denunciados.

El Gobierno de la provincia de Neuquén subrayó que el operativo en Centenario es parte de una política de seguridad más amplia, impulsada tras la desfederalización de los delitos vinculados al microtráfico de drogas.

Entre las acciones implementadas, la Provincia realizó una inversión superior a 18.000 millones de pesos destinada a la adquisición de más de 300 móviles incorporados a la fuerza, 353 vehículos en proceso de compra, más de 1.500 cámaras de monitoreo, drones, tecnología de investigación, detectores de drogas, pistolas menos letales, cámaras corporales, chalecos balísticos y mejoras en infraestructura policial y penitenciaria.

El gobierno provincial sostiene que la combinación de recursos tecnológicos, refuerzo del personal y articulación interinstitucional ha permitido mejorar la respuesta ante delitos complejos como el abigeato, el microtráfico y la tenencia de armas. Las autoridades remarcaron que la continuidad de estas políticas es clave para brindar mayor seguridad a los habitantes de Neuquén y reducir los índices delictivos en toda la provincia.

El procedimiento fue el resultado de un seguimiento previo en el que los efectivos relevaron los movimientos de los sospechosos, identificaron los vehículos que utilizaban y mapearon los lugares que frecuentaban. Con esa información, interceptaron a los implicados cuando una camioneta ingresó a una estación de servicio sobre la avenida Las Américas, en el área céntrica de la ciudad de Aristóbulo del Valle, a 140 kilómetros de Posadas.

Al verificar la documentación del vehículo, los agentes constataron que registraba un pedido de secuestro por robo emitido desde Tupanciretã, municipio del estado brasileño de Río Grande do Sul. Los ocupantes fueron detenidos en el momento en que descendieron a cargar combustible. Un análisis posterior del rodado reveló irregularidades registrales y una chapa patente presuntamente falsa, por lo que el vehículo fue secuestrado.

Con las detenciones y las pruebas acumuladas, la Justicia autorizó una serie de allanamientos en inmuebles vinculados a los imputados. En una vivienda del barrio Bancario de Aristóbulo del Valle, los investigadores hallaron una camioneta Toyota SW4 que también tenía pedido de secuestro por robo en territorio brasileño, dato que consolidó la hipótesis de que la organización operaba con automotores sustraídos para llevar adelante sus actividades.

Fuentes policiales detallaron que, durante la inspección del domicilio, el perro detector de narcóticos K9 “Capitán” marcó la presencia de estupefacientes en el interior del inmueble. Este procedimiento fue en una vivienda ubicada en las inmediaciones de la ruta provincial 7. Allí, los efectivos secuestraron 27 bultos que contenían un total de 517 kilogramos de marihuana. La droga, acondicionada y lista para su traslado, se encontraba distribuida en paquetes ocultos en distintos sectores de la vivienda.

Además de los paquetes con marhuana y de los vehículos, los investigadores incautaron elementos utilizados para el acondicionamiento, embalaje, ocultamiento y traslado de sustancias ilegales, entre ellos una balanza, una computadora, uniformes militares, accesorios tácticos y otros objetos que fueron considerados de interés para la causa.

De acuerdo a la información oficial, la droga secuestrada tiene un valor aproximado que supera los 1.700 millones de pesos.

Entre los detenidos se encuentran Nahuel Esteban T., de 23 años, y Emiliano José C., de 30, quienes permanecen a disposición de la Justicia.

Según pudo saber este medio, uno de los detenidos posee formación militar previa, lo cual es analizado por los investigadores como un posible factor que podría haber facilitado la logística y el funcionamiento de la red criminal.

La causa judicial abierta a partir de las detenciones y el secuestro de media tonelada de marihuana apunta ahora a determinar la magnitud de la estructura y establecer conexiones con el narcotráfico en Misiones.

Aristóbulo del Valle es una ciudad del centro de Misiones que se ubica en el departamento Cainguás y es conocida como la “Capital de los Altos y Cascadas” por la cantidad de caídas de agua en sus alrededores. Está a unos 150 kilómetros de Posadas, con acceso por la Ruta Nacional 14.

El principal atractivo es el Parque Provincial Salto Encantado, ubicado a pocos kilómetros del centro urbano, con una caída de agua de 74 metros rodeada por selva misionera. Las tarifas de ingreso varían según la residencia de los visitantes.

Entre las propuestas de naturaleza, el Valle Encantado funciona como un corredor turístico que conecta la localidad con el municipio de Salto Encantado y combina selva, arroyos, cabañas ecológicas y gastronomía local.

Armas de fuego, droga, dinero en efectivo y vehículos fueron asegurados por autoridades estatales y federales durante un amplio operativo realizado la madrugada de este miércoles en distintos puntos de Ciudad Juárez, Chihuahua, como parte de una investigación dirigida contra presuntos integrantes del grupo delictivo conocido como La Empresa.

De acuerdo con información proporcionada por mandos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), los hallazgos se realizaron durante la ejecución de más de 20 órdenes de cateo autorizadas por un juez de control, en inmuebles que presuntamente eran utilizados por personas vinculadas con dicha organización criminal.

Las autoridades informaron que varios de los domicilios intervenidos quedaron bajo aseguramiento luego de que en su interior se localizaran objetos constitutivos de posibles delitos. Como parte del procedimiento legal, los inmuebles fueron sellados y quedaron bajo vigilancia discreta para garantizar la preservación de evidencias.

Entre las propiedades inspeccionadas se encuentra el lote de autos Los Carnalitos, ubicado en el cruce del bulevar Juan Pablo II y Calzada del Río, así como diversos domicilios localizados en distintos sectores de la ciudad.

Las diligencias también incluyeron una vivienda situada en la calle Villa del Río número 54, en el fraccionamiento Villa Real; un inmueble en la calle Azcapotzalco de la colonia Gustavo Díaz Ordaz; una casa en la calle Valentín Gómez Farías, de la colonia Nuevo México; además de varias propiedades ubicadas en los fraccionamientos Quintas del Valle y Pradera Dorada.

Inmuebles quedaron asegurados por las autoridades

Según los primeros reportes, algunas de las viviendas revisadas eran presuntamente utilizadas por integrantes o colaboradores de La Empresa, una organización criminal que ha sido vinculada por las autoridades con diversos hechos de violencia registrados en Ciudad Juárez.

Debido a los indicios encontrados durante los cateos, varios inmuebles fueron asegurados formalmente por el Ministerio Público como parte de las investigaciones en curso.

Las autoridades colocaron sellos oficiales en las propiedades intervenidas y establecieron mecanismos de vigilancia para evitar alteraciones en los sitios donde fueron localizadas evidencias.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el volumen exacto de droga, dinero o armamento asegurado; sin embargo, las corporaciones participantes continúan con el procesamiento de los indicios y la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

Más de 700 agentes participaron en la operación

Los cateos forman parte de un megaoperativo desarrollado de manera coordinada por la Agencia Estatal de Investigación, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Policía Federal Ministerial.

En total participaron más de 700 elementos desplegados en distintos puntos de Ciudad Juárez desde aproximadamente las 02:00 horas.

Las acciones fueron resultado de una investigación que se prolongó durante más de dos meses y que incluyó labores de inteligencia, vigilancia física, seguimiento de vehículos, identificación de personas consideradas objetivos prioritarios y análisis de información obtenida mediante la Plataforma Centinela y áreas de inteligencia militar.

Las revisiones se realizaron en colonias como Rancho Anapra, Felipe Ángeles, Pradera Dorada, Infonavit Tecnológico, Mariano Escobedo, Melchor Ocampo, Infonavit Aeropuerto y otros sectores de la ciudad.

De acuerdo con las autoridades, el objetivo de la operación es desmantelar estructuras criminales relacionadas con homicidios, secuestros, extorsiones y otros delitos de alto impacto que han afectado la seguridad de la frontera.

Las investigaciones continúan y no se descarta que en las próximas horas las autoridades informen sobre nuevas detenciones o aseguramientos derivados de las evidencias encontradas durante los cateos.

Un trágico episodio tuvo lugar el fin de semana en la provincia de Tucumán, donde una camioneta Ford Ranger que huía de un control de Gendarmería Nacional chocó contra otro vehículo en el que viajaban cinco personas. Producto del impacto, dos personas que iban a bordo de la Chevrolet S10 fallecieron. Fuentes del caso indicaron que, tras el siniestro, en la Ranger secuestraron más de 457 kilos de hojas de coca en estado natural.

El hecho ocurrió este sábado, entre las 15 y las 15.30, sobre la ruta nacional 40, en la localidad de Colalao del Valle. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a Infobae que todo comenzó cuando la camioneta Ranger evadió un control de Gendarmería y se ocultó detrás de un galpón.

De inmediato, los efectivos localizaron el vehículo y un gendarme se acercó a pie para identificar a sus ocupantes. En ese momento, el conductor se reincorporó bruscamente a la ruta y chocó contra la Chevrolet S10 que circulaba en sentido contrario.

En la imagen que encabeza esta nota se observa que, producto del siniestro, la camioneta blanca quedó dada vuelta sobre el asfalto. De acuerdo con lo informado por La Gaceta, en dicho vehículo viajaban cinco hombres de la localidad salteña de Cafayate, quienes iban a disputar un partido de fútbol.

Como consecuencia del choque, dos hombres, identificados como Chauqui Vidal y Jesús Horacio “Cuty” Cancino, murieron a raíz de las heridas sufridas, mientras que el resto de los pasajeros resultaron heridos y fueron trasladados de urgencia al hospital de Cafayate.

A través de sus redes sociales, familiares y amigos de las víctimas compartieron mensajes de despedida. “Un amigo que siempre esperaba con una sonrisa y con un abrazo de bienvenida. Años recibiendo a todos los estudiantes. Un dolor inmenso para toda la institución y quienes tuvieron su paso por ella. Descanse en paz don Cuti. Gracias por tanto cariño y amabilidad”, publicó una amiga de Cancino.

A su vez, desde el Club Rivadavia despidieron a Vidal, otra de las víctimas fatales del choque. “La Comisión Directiva del Club Rivadavia lamenta profundamente el sensible fallecimiento de un simpatizante, amigo, jugador”, comienza la publicación. Y agregaron: “Vidal Chauqui, que en paz descanse. Extendemos nuestras condolencias a su familia y nos unimos a la pena por su partida inesperada”.

El Club Unión Calchaquí también publicó en su cuenta de Facebook un mensaje dedicado a las dos víctimas fatales, quienes se desempeñaban en la categoría Senior de la institución. “Un profundo dolor embarga a todo el club por la irreparable pérdida. Enviamos toda nuestra fuerza, contención y el más sincero pésame a sus familias en este doloroso momento. Vivirán por siempre en el corazón del club”, expresaron.

Por otro lado, los ocupantes de la Ranger fueron derivados al hospital de Tafí del Valle y, una vez dados de alta, quedaron detenidos. Luego de que finalizaran las pericias accidentológicas y de seguridad vial, el Juzgado Federal Nº 1 de Tucumán autorizó la requisa de la Ford Ranger.

Fuentes del caso señalaron que en el sector de los asientos traseros y en la caja de la camioneta, los gendarmes hallaron 457 kilos de hojas de coca en estado natural, 28 bolsas de bicarbonato de sodio, una máquina de contar billetes y documentación de interés para la investigación.

El magistrado federal interviniente dispuso el secuestro de la mercadería, del material informático y de la documentación hallada, y ordenó notificar a los dos involucrados de la apertura de una causa por presunto contrabando de importación.

Además, la Fiscalía del Centro Judicial Monteros ordenó la aprehensión de ambos sospechosos bajo la imputación de doble homicidio culposo seguido de lesiones graves. Las actuaciones vinculadas al siniestro y los peritajes complementarios quedaron a cargo de la Policía de Tucumán, mientras que los vehículos involucrados permanecen secuestrados en sede policial.

Bryan “El Tiquito” Vásquez, reconocido exboxeador costarricense, fue detenido la madrugada de este domingo por la Fuerza Pública en las cercanías del peaje de la ruta 32, en San Isidro de Heredia, tras ser encontrado con marihuana y más de un millón de colones (unos USD 2 mil) en efectivo en su vehículo. La intervención policial ocurrió alrededor de la 1:00 a. m., momento en el que Vásquez viajaba junto a otro hombre identificado con los apellidos Cascante Lobo.

Según el reporte oficial, durante la inspección del vehículo las autoridades incautaron 72.9 gramos de marihuana y ₡1,301,000 en efectivo (USD 2,8 mil). El caso quedó registrado bajo la causa 26-000527-1094-PE y será tramitado mediante el proceso de flagrancia. El delito por el que se le acusa es transporte de droga, de acuerdo con la información confirmada por las autoridades policiales y judiciales.

Tras la detención, la Fiscalía Adjunta de Heredia solicitó la imposición de prisión preventiva para los dos involucrados. No obstante, el Juzgado Penal de Heredia resolvió en las últimas horas las medidas cautelares que deberán cumplir mientras avanza la investigación bajo la supervisión de la Fiscalía de Narcotráfico y Delitos Conexos. Las disposiciones incluyen la prohibición de salir del país, la obligación de mantener un domicilio fijo y la firma cada 15 días en la sede judicial correspondiente.

La noticia sorprendió al ámbito deportivo y al público nacional, ya que Bryan Vásquez es una figura emblemática del boxeo costarricense. A lo largo de su carrera, el “Tiquito” se consolidó como uno de los boxeadores más exitosos del país en las últimas décadas. Entre sus logros destaca el título mundial interino de su categoría y la participación en algunos de los escenarios más prestigiosos del boxeo internacional.

En el año 2014, Vásquez se presentó en el MGM Grand de Las Vegas, donde logró una victoria significativa ante el mexicano José Félix. Otro de los momentos memorables de su trayectoria fue su combate en el histórico Madison Square Garden de Nueva York frente al puertorriqueño Félix Verdejo. A sus 38 años y ya retirado de la actividad profesional, el exdeportista ostenta un récord de 38 victorias, con 21 de ellas por nocaut, y apenas cuatro derrotas.

El caso de Vásquez ha generado debate sobre la situación de exdeportistas de alto rendimiento y su reinserción tras el retiro. Su detención se suma a una serie de incidentes similares que han involucrado a figuras públicas en Costa Rica y que han encendido las alarmas sobre los retos que enfrentan muchos atletas una vez concluyen sus carreras deportivas.

El proceso judicial que enfrenta ahora se aleja por completo del entorno deportivo y lo coloca ante un nuevo desafío, esta vez en el ámbito legal. El Juzgado Penal de Heredia estipuló que tanto Vásquez como Cascante Lobo deberán cumplir estrictamente las medidas cautelares impuestas hasta que se determine su responsabilidad penal. La investigación continuará bajo la dirección de la Fiscalía de Narcotráfico y Delitos Conexos, que deberá presentar las pruebas recabadas durante la intervención policial y el análisis de los elementos decomisados.

Más de 800 kilogramos de cocaína fueron asegurados frente a las costas de Guerrero durante un operativo que también dejó cinco personas detenidas, informó el Gabinete de Seguridad de México.

De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades interceptaron una embarcación que transportaba el cargamento de droga en aguas nacionales. Durante la intervención fueron detenidos los cinco tripulantes, quienes quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.

El Gabinete de Seguridad señaló que el aseguramiento representa una afectación a las capacidades operativas y financieras de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, además de evitar que el cargamento llegara a los canales de distribución ilegal.

Según las estimaciones oficiales, la droga decomisada equivale a aproximadamente 1.6 millones de dosis que no llegarán al mercado ilícito.

La operación fue realizada de manera coordinada por personal de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República como parte de las acciones de vigilancia y combate al narcotráfico en aguas nacionales.

Las autoridades no detallaron la ruta de la embarcación ni el destino previsto para el cargamento, aunque señalaron que continúan las investigaciones relacionadas con el caso.

El Gobierno federal informó que, durante la actual administración, las fuerzas de seguridad han asegurado más de 72 toneladas de cocaína en operaciones marítimas realizadas en distintas regiones del país.

El Gabinete de Seguridad reiteró que las acciones coordinadas entre instituciones federales continuarán con el objetivo de inhibir actividades ilícitas en el espacio marítimo mexicano y reforzar las estrategias de combate al narcotráfico.

Guerrero acumula una serie de decomisos marítimos de cocaína durante 2026

El aseguramiento de más de 800 kilogramos de cocaína frente a las costas de Guerrero se suma a una cadena de operativos realizados por fuerzas federales en el Pacífico mexicano durante los últimos meses, una de las principales rutas utilizadas para el traslado de droga procedente de Sudamérica.

El caso más reciente ocurrió el 7 de junio, cuando personal de la Secretaría de Marina localizó 29 bultos flotando en el mar frente a la comunidad de Boca Chica, en el municipio de Tecpan de Galeana. Las autoridades aseguraron aproximadamente 1.36 toneladas de cocaína y estimaron una afectación económica de 283 millones de pesos para las organizaciones criminales. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, la acción evitó que alrededor de 2.6 millones de dosis llegaran al mercado ilegal.

Meses antes, en marzo de 2026, fuerzas federales interceptaron una embarcación en aguas cercanas a Acapulco y decomisaron cerca de dos toneladas de cocaína. En aquella operación participaron la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República. El aseguramiento fue considerado entonces uno de los más relevantes del año en el litoral guerrerense.

Ese decomiso formó parte de una serie de acciones consecutivas contra el tráfico marítimo de drogas. De acuerdo con reportes oficiales, en febrero fueron aseguradas alrededor de media tonelada de cocaína en Oaxaca tras la detección de vuelos clandestinos, mientras que un día después autoridades federales decomisaron aproximadamente cuatro toneladas transportadas en una embarcación semisumergible frente a las costas de Colima.

Además, durante mayo se reportaron nuevos aseguramientos de cocaína en operaciones desarrolladas en el Pacífico, incluidas acciones frente a las costas de Guerrero que derivaron en la localización de decenas de bultos con droga y la detención de personas vinculadas con su transporte marítimo.

Con el decomiso realizado esta semana en Guerrero, el Gobierno federal informó que los aseguramientos de cocaína en el mar durante la actual administración ya superan las 72 toneladas, una cifra que refleja la intensidad de las operaciones de vigilancia desplegadas en el Pacífico mexicano.

La Policía Nacional decomisó 172 kilogramos de cocaína y 60 kilogramos de marihuana en Pimienta, Cortés, durante un operativo en el que los ocupantes de un vehículo huyeron hacia una zona de cañaverales. Según la institución, el cargamento tendría un valor aproximado de 40 millones de lempiras en el mercado ilícito.

El operativo se ejecutó después de que agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) recibieran información de inteligencia sobre el traslado de un cargamento de estupefacientes por esa zona del norte del país.

Tras verificar la alerta, los equipos especializados iniciaron labores de vigilancia y seguimiento a un vehículo sospechoso. Al detectar la presencia policial, los ocupantes intentaron evadir a las autoridades y generaron una persecución por varios sectores del municipio.

Cómo ocurrió el decomiso

De acuerdo con el director de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional, Wilber Mayes Ríos, los sospechosos se desviaron hacia una zona de cañaverales para dificultar las labores de captura.

“Los transportistas abandonaron el vehículo y huyeron hacia el interior de las cañeras, logrando escapar momentáneamente de la acción policial”, explicó Mayes Ríos.

Al inspeccionar el automotor, los agentes encontraron los paquetes que contenían la cocaína y la marihuana y los aseguraron como parte de la prueba del caso.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas, pero las autoridades mantienen operativos en la zona para identificar a los responsables y determinar el origen y destino final del cargamento.

La incautación ocurre mientras Honduras continúa siendo utilizada como punto de tránsito por organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de drogas.

Las autoridades consideran que Cortés, Colón, Atlántida, Gracias a Dios y Olancho siguen entre los corredores de mayor interés para estas estructuras por su ubicación geográfica y sus conexiones terrestres y marítimas.

De acuerdo con datos oficiales de la DNPA, durante el primer trimestre de 2026 fueron decomisados 432 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 524 libras de marihuana en distintas operaciones desarrolladas a nivel nacional. También se reportó la captura de 95 personas vinculadas a delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Las autoridades estiman que esas acciones evitaron que más de cuatro millones de dosis de sustancias ilícitas llegaran a las calles y representaron pérdidas superiores a 100 millones de lempiras para las organizaciones criminales.

Investigación abierta

Los resultados operativos reflejan una ofensiva sostenida de los cuerpos antidrogas. Solo entre finales de abril y mediados de mayo, la DNPA informó sobre múltiples operaciones que incluyeron el decomiso de 70 kilos de supuesta cocaína en Olancho, así como capturas y aseguramiento de vehículos utilizados para actividades ilícitas.

La Policía Nacional también reportó a inicios de 2026 el aseguramiento de cerca de 895 kilos de cocaína en distintos operativos ejecutados bajo el Plan Alcázar, una estrategia orientada a combatir el crimen organizado y la delincuencia común en zonas de alta incidencia delictiva.

Tras el decomiso realizado en Pimienta, equipos de investigación trabajan en la recolección de indicios para establecer quiénes integraban la estructura responsable del traslado de la droga.

Los peritos analizarán el vehículo abandonado y otros elementos encontrados en la escena con el propósito de obtener información que permita identificar a los implicados y fortalecer las acciones judiciales correspondientes.

El cargamento decomisado fue trasladado bajo medidas de seguridad para los procedimientos legales y periciales correspondientes, mientras las investigaciones permanecen abiertas.

Laura “N”, de 54 años, enfrenta su quinto proceso penal en la Ciudad de México tras ser detenida la tarde de ayer durante dos cateos en las alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero. Su historial en el sistema penitenciario capitalino arranca desde 1995 con cuatro ingresos previos por tentativa de fraude, portación de arma de fuego, uso de documentos falsos y delitos contra la salud.

La operación fue coordinada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), la Fiscalía General de Justicia (FGJ), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN). Los cateos se ejecutaron sin uso de violencia y los dos inmuebles intervenidos quedaron sellados bajo resguardo policial al término de las diligencias.

Denuncias vecinales detrás de los cateos

Las autoridades actuaron en respuesta a denuncias ciudadanas que alertaban sobre puntos de venta de narcóticos en ambas alcaldías. Esas alertas derivaron en trabajos de inteligencia y vigilancia que culminaron con las dos órdenes de cateo.

De acuerdo con los primeros reportes, el primer operativo se ejecutó en la calle Doctor Federico Gómez Santos, en la colonia Doctores, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc. Ahí fue detenida Laura “N” y los efectivos aseguraron 110 bolsitas de aparente marihuana, 1.9 kilogramos de la misma hierba a granel, 80 dosis de posible cocaína, 11 cilindros de plástico con cigarros elaborados con esa hierba y 60 bolsitas con una sustancia similar a la metanfetamina.

También se encontraron en ese inmueble un arma de fuego corta, dos cargadores, siete cartuchos útiles y un teléfono celular. La suma de objetos asegurados en ese primer cateo configuró el cuadro principal del caso.

El segundo inmueble, en Lindavista

El segundo cateo se llevó a cabo en la calle Mollendo, en la colonia Lindavista, dentro de la alcaldía Gustavo A. Madero. Allí los uniformados hallaron 1.8 kilogramos de un vegetal verde y seco similar a la marihuana a granel, 100 bolsitas de tela color negro con el mismo vegetal y 107 bolsitas de plástico traslúcido con una sustancia similar a la cocaína en piedra.

Según datos preliminares, ambos cateos en conjunto arrojaron más de 350 dosis de presuntos narcóticos y cerca de 4 kilogramos de marihuana. El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, confirmó los operativos y los detalles del aseguramiento a través de su cuenta en la red social X.

Un historial delictivo de más de tres décadas

Medios locales destacan que Laura “N” acumula cuatro ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México entre 1995 y 2021. Sus antecedentes incluyen tentativa de fraude y uso de documentos falsos en 1995, y posteriormente portación de arma de fuego, delitos contra la salud y fabricación e importación de objetos aptos para agredir en 2006, 2016 y 2021.

Ese expediente representa más de 30 años de actividad delictiva documentada ante las autoridades capitalinas. Ninguna de las condenas anteriores interrumpió de forma definitiva su presunta participación en el narcomenudeo, de acuerdo con medos locales.

Situación jurídica en manos del Ministerio Público

Tras concluir los operativos, la detenida y todos los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público. Dicha instancia es la encargada de definir la situación jurídica de Laura “N” en las próximas horas e integrar la carpeta de investigación.

Con esta detención, el Poder Judicial de la Ciudad de México iniciará el quinto proceso penal contra la imputada. El historial acumulado desde 1995 constituye el elemento central que los agentes ministeriales incorporarán al expediente, según medios locales.

La SSC-CDMX precisó que Laura “N” es considerada inocente en esta etapa del procedimiento. Así permanecerá hasta que un órgano jurisdiccional emita sentencia conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales.

Dos agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) quedaron presos en Reconquista acusados de filtrar información sobre 18 allanamientos antidrogas realizados el 29 de mayo en Avellaneda. Esta maniobra frustró gran parte del operativo justo cuando la investigación empezó a detectar avisos previos dentro de los entornos familiares de los sospechosos, lo que permitió ocultar droga.

Los imputados son Estefanía Oviedo y Ariel Sena, integrantes de la Policía de Investigaciones, acusados de encubrimiento agravado por su condición de miembros de una fuerza de seguridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, según Rosario3. La prisión preventiva sin plazo fue dispuesta por el juez Mauricio Martelossi, a pedido de los fiscales.

Según el fiscal Sebastián Galleano “el resultado de estos allanamientos se vio frustrado” y de los 18 objetivos allanados solo hubo resultados incriminantes en dos. Ese rendimiento activó las sospechas sobre una filtración y abrió una pesquisa con análisis de líneas telefónicas, capturas de pantalla, testimonios y cruces de información.

Uno de los elementos que incorporó la Fiscalía surgió en una escuela primaria de Avellaneda. Según Carbone, una vicedirectora informó que una alumna de sexto grado le contó que llevaba marihuana y una balanza de precisión entre sus útiles porque su madre le había ordenado esconderlos al saber que “iba a haber allanamientos” en su casa.

“El colmo fue una niña de sexto grado que llegó a la escuela con una balanza y con papelillos y bolsitas de droga donde la madre le había dicho que se lleve todo eso porque iban a haber allanamientos y ya estaba avisada”, declaró Carbone ante el juez. Ese episodio se sumó a llamados al 911 y a denuncias hechas en el Centro Territorial de Denuncias.

La causa empezó precisamente con una denuncia presentada en ese centro. Desde allí, fiscales y personal de Asuntos Internos reconstruyeron la secuencia que terminó por vincular a Oviedo y Sena con la maniobra. “Con el grado de probabilidad requerido en esta instancia del proceso, pudimos vincularlos a los hechos investigados”, sostuvo Galleano.

El jefe de Microtráfico sostuvo además que la Fiscalía acreditó que el bajo resultado de los procedimientos fue consecuencia directa de la filtración atribuida a los dos agentes, de acuerdo con Rosario3. En esa misma exposición remarcó que en el operativo participaron más de 100 efectivos.

Carbone expresó: “Después de filtrar todo esto quisieron inculpar a un montón de otras personas, jefes de Policía de Investigaciones, compañeros de ellos. Nos quisieron hacer creer que esto era de una determinada manera”. El fiscal agregó que la información falsa incorporada por los sospechosos puso a la propia Fiscalía al borde de decisiones equivocadas. “Estuvimos a punto de cometer errores judiciales en cabeza de la Fiscalía por culpa de estas dos personas”, declaró.

La pesquisa avanzó con rapidez y según contó Carbone a Rosario3, el nombre de Oviedo apareció en las primeras informaciones recibidas durante los procedimientos, y para el viernes siguiente ya había elementos para detenerla; después, el análisis de los teléfonos durante varios días permitió establecer su vínculo con Ariel Sena.

La investigación también apunta a un intento de desviar responsabilidades y el expediente podría no terminar en los dos arrestados. Diego Vigo señaló: “Entendemos que esto es la punta del iceberg”, al tiempo que destacó la coordinación entre distintas áreas del Ministerio Público de la Acusación para detectar la filtración mientras los allanamientos todavía estaban en marcha.

Por su parte, Galleano mantuvo cautela sobre nuevas detenciones, aunque reconoció que ya existen indicios sobre otras personas. “Hay terceras personas que estarían involucradas y hay que desplegar una investigación que nos permita reunir elementos de convicción para traerlas al proceso”, afirmó.

Oficiales de la SSC detienen a un hombre de 45 años en la alcaldía Venustiano Carranza tras identificarlo como el sujeto que aparece en un video donde presuntamente agrede a un adulto mayor. La corporación lo asegura en posesión de 20 bolsitas con aparente marihuana y dinero en efectivo, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

La detención se da luego de que el pasado 29 de mayo de 2026 se difunde en redes sociales un video en el que se observa a un hombre golpear a un ciudadano mientras caminaba por calles de la colonia La Michoacana, en Venustiano Carranza, según la SSC. A partir de esa denuncia, la dependencia activa labores de investigación e inteligencia en la zona para ubicar al posible responsable.

Como parte del seguimiento, los uniformados realizan entrevistas con vecinos, montan vigilancia y revisan registros de cámaras de videovigilancia para establecer la ruta de escape y el área de movilidad del individuo, además de obtener su media filiación, de acuerdo con la SSC. Con esa información, intensifican los recorridos en calles cercanas para localizar a alguien con las mismas características.

La SSC informa que durante los patrullajes en la colonia Janitzio, los policías detectan a un hombre que coincide con el perfil buscado. La dependencia señala que el sujeto muestra una conducta inusual mientras manipula bolsitas de plástico similares a las que suelen usarse para la venta de narcóticos.

El aseguramiento ocurre en la avenida Congreso de la Unión y la calle Diagonal, donde los agentes le marcan el alto ante el probable hecho delictivo, según la SSC. En apego a los protocolos de actuación policial, le practican una revisión precautoria.

En esa inspección, la SSC reporta el aseguramiento de una mochila tipo cangurera que contenía 20 bolsitas transparentes con aparente marihuana y dinero en efectivo. Con esos indicios, los policías concretan la detención y resguardan la presunta droga.

La corporación señala que al detenido se le comunican sus derechos de ley y es trasladado ante el agente del Ministerio Público, junto con lo asegurado. La autoridad ministerial determinará su situación legal y dará continuidad a la carpeta de investigación correspondiente, de acuerdo con la SSC.

• La SSC detiene a un hombre de 45 años ligado a un video de presunta agresión a un adulto mayor en Venustiano Carranza.
• El aseguramiento ocurre en Congreso de la Unión y Diagonal; le hallan 20 bolsitas con aparente marihuana y dinero en efectivo.
• El detenido queda a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación legal y la investigación.

Aumenta el número de ancianos, aumenta el abuso

Entre 2015 y 2030 se espera que en todos los países aumente sustancialmente el número ancianos, y en algunos casos, tristemente también aumentan los abusos de los que esta población es víctima.

A pesar de que sigue siendo uno de los tipos de violencia menos tratados en los estudios que se llevan a cabo y menos abordados en los planes de acción, el maltrato a los ancianos ha comenzado a ganar visibilidad. Es un problema social que merece la atención de la comunidad internacional ya que afecta la salud y los derechos humanos de millones de personas mayores en todo el mundo.

Por esta razón, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 15 de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, con el fin de expresar de manera global la oposición a los abusos y los sufrimientos infligidos a algunas de nuestras generaciones mayores. (Fuente: ONU)

El maltrato hacia este sector daña también a la familia, a la sociedad y a las instituciones, pues el impacto negativo en su salud física y emocional es inmediato y su atención integral representa un costo económico considerable.

Las estadísticas sobre el maltrato en la vejez son datos alejados de la realidad, debido a que la mayoría de los adultos mayores que lo viven no lo denuncian. Esta situación tiene su origen en distintas razones:

• no aceptan que están siendo maltratados,
• tienen temor a las represalias; pues es el único familiar con el que cuentan,
• creen que es temporal,
• no quieren que su familiar o cuidador vaya a la cárcel,
• desconocen con qué autoridad deben dirigirse,
• o su condición física o cognitiva no les permiten realizar una denuncia.

La conjunción de estos aspectos hace de este tema un asunto complejo. Por fortuna las perspectivas de derechos humanos y de género se han sumado al estudio de este fenómeno favoreciendo su conocimiento y atención. Sumado a ello, el interés de las asociaciones civiles, las instituciones públicas y privadas que trabajan violencia (desde la teoría y la atención directa), han favorecido la generación de nuevas políticas públicas orientadas a combatirlo.

Una vivienda en Florida funcionaba como depósito de drogas, donde la policía halló sustancias listas para el tráfico, varias armas de fuego y detuvo a cuatro personas. El dato del caso: la propiedad se encuentra justo al lado de la cárcel del condado de Lake, en la ciudad de Tavares.

La operación se ejecutó en la madrugada del martes en una vivienda situada junto a la cárcel del condado de Lake, en Tavares, Florida. La Oficina del Sheriff del condado de Lake confirmó el allanamiento y el jueves difundió el video del operativo, en el que se ve a agentes del equipo SWAT, unidad táctica de respuesta rápida, rodear la propiedad, romper una ventana e ingresar al inmueble.

Los sospechosos salieron con las manos en alto.

Qué encontraron las autoridades en la vivienda

Durante la intervención, los detectives informaron que hallaron 40 gramos de fentanilo y 40 gramos de cocaína, ambos en cantidades que permiten formular cargos por tráfico. Además, encontraron pequeñas cantidades de metanfetamina, gomitas de THC fabricadas artesanalmente, parafernalia para el consumo de drogas y tres armas de fuego.

Según la Oficina del Sheriff del condado de Lake, uno de los detenidos también tenía municiones y antecedentes penales.

La Oficina del Sheriff del condado de Lake señaló que la presencia de drogas y armas en una vivienda contigua a la cárcel representa un riesgo para la seguridad local.

Quiénes fueron arrestados y qué cargos enfrentan

El operativo resultó en la detención de cuatro personas. Dos hombres fueron acusados por tráfico de fentanilo y cocaína, así como por tenencia de parafernalia para el consumo de drogas.

Uno de ellos, además, recibió cargos por posesión de arma y municiones siendo un delincuente convicto, y por posesión de metanfetamina. Los otros dos detenidos fueron acusados de tenencia de metanfetamina.

La Oficina del Sheriff no brindó detalles adicionales sobre las identidades de los implicados ni antecedentes de incidentes similares junto a la cárcel. El caso se mantiene bajo investigación.

Cómo se realizó la intervención

El video difundido por las autoridades muestra a los agentes del equipo SWAT rodeando la vivienda, irrumpiendo por una ventana y ordenando a los ocupantes salir con las manos levantadas. La intervención respondió a una orden judicial obtenida tras detectar presunta actividad de narcotráfico en la casa.

El despliegue tuvo lugar en la madrugada del martes, concluyó con la incautación de drogas y armas y con la detención de cuatro sospechosos; el video oficial fue difundido el jueves. Según la Oficina del Sheriff del condado de Lake, operativos de este tipo en zonas próximas a instituciones penitenciarias no se registraban en la localidad al menos desde 2022.

Otro operativo en Nueva York: incautan 41 kilos de fentanilo en El Bronx

En Nueva York, una operación conjunta de la DEA y la fiscalía local permitió incautar 41 kilogramos de fentanilo en El Bronx. El operativo, realizado el miércoles, desmanteló tres centros de empaque ubicados en edificios residenciales de Mount Eden, Belmont y Washington Heights, todos próximos a escuelas y zonas familiares.

Durante la intervención, las autoridades arrestaron a ocho personas y decomisaron más de USD 30.000 en efectivo, dos armas de fuego cargadas y cientos de miles de sobres preparados para la venta inmediata. La droga estaba lista para ser distribuida en distintos formatos y su valor estimado asciende a USD 7,5 millones, según la DEA.

La fiscalía del Bronx detalló que los detenidos enfrentan cargos federales por posesión y distribución de fentanilo a gran escala. Las agencias involucradas señalaron que la cercanía de los laboratorios a hogares y escuelas expuso a residentes y menores al riesgo constante del tráfico de drogas, y que la vigilancia sobre estos puntos seguirá activa para prevenir la expansión de estas redes.

La Policía de Misiones capturó a un narcotraficante, identificado como Kevin Miguel D. L., de 25 años, que era buscado por un ataque armado que dejó dos heridos. Durante el procedimiento, los agentes secuestraron más de 12 kilos de droga valuados en casi 100 mil dólares, armas de fuego, ocho teléfonos celulares, balanzas de precisión y otros elementos vinculados al narcomenudeo.

El operativo, realizado este jueves por distintas divisiones de la Unidad Regional V en el barrio Altos del Paraná de Puerto Iguazú, permitió desarticular una importante estructura dedicada al narcomenudeo.

La investigación comenzó el miércoles, cuando dos jóvenes, Javier A. (27) y Marcelo P. (21), ingresaron al Hospital Samic de Iguazú con heridas de arma de fuego. Fuentes policiales indicaron que ambos se encontraban frente a un comercio en avenida 9 de Julio y calle Caña Fístola, cuando un motociclista llegó al lugar y disparó varias veces sin mediar palabra.

Por un lado, el hombre de 27 años sufrió heridas en el abdomen y la espalda, y debió ser operado de urgencia, mientras que el joven de 21 sufrió heridas en una de sus piernas. En estos momentos, se encuentra fuera de peligro.

A partir del análisis de cámaras de seguridad, testimonios y tareas de inteligencia, la Policía identificó al presunto autor del ataque, lo que permitió solicitar la orden de allanamiento que derivó en su detención y el secuestro del cargamento de drogas y armas.

En tanto, le incautaron un revólver calibre .32 con municiones, ocho teléfonos celulares, chapas patentes de motos y autos, una balanza de gran porte, tres balanzas de precisión, cientos de bolsas tipo ziploc, bandas elásticas y dinero en efectivo. A su vez, secuestraron objetos utilizados para el estiramiento, fraccionamiento y distribución de drogas.

Entre las sustancias incautadas se contabilizaron 5,1 kilos de clorhidrato de cocaína, 7,1 kilos de cannabis sativa, 605 gramos de hachís y bolsas con tusi, una droga sintética cuya circulación viene en aumento en el mercado ilegal argentino.

Parte de la droga ya estaba fraccionada en más de 300 dosis listas para ser comercializadas. De acuerdo a estimaciones oficiales, el valor de la cocaína incautada supera los 60 mil dólares, mientras que la marihuana y el hachís rondan los 35 mil dólares, lo que representa un golpe económico de casi 100 mil dólares para el narcotráfico.

El detenido quedó a disposición de la Justicia Penal por el ataque armado y de la Justicia Federal por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes. Las investigaciones continúan para determinar posibles conexiones con otras actividades delictivas.

Este caso se suma a otro operativo antidroga realizado en la provincia. El pasado 30 de abril, un narco brasileño fue detenido en la zona norte de Misiones con más de 110 kilos de marihuana. El hombre, de 28 años, intentó huir de un control policial en el paraje Kilómetro 9 de Comandante Andresito, pero fue capturado tras una persecución y un operativo de rastrillaje en la zona rural.

La droga que estaba oculta en el baúl de un Fiat Uno con patente brasileña fue descubierta luego de que el conductor abandonara el vehículo al despistar y quedar atrapado en una alcantarilla. El cargamento fue secuestrado y el detenido quedó a disposición de la Justicia Federal de Puerto Iguazú.

Efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina descubrieron en Córdoba un cargamento de 1.100 litros de éxtasis líquido oculto en los tanques de combustible de un camión. El procedimiento fue el resultado de una investigación por presunto tráfico internacional de estupefacientes y contó con cooperación de autoridades paraguayas.

La pesquisa comenzó a partir de información aportada por la Unidad de Inteligencia Criminal “Chaco”, que alertó sobre un transporte de cargas sospechoso procedente de Paraguay. Según las fuentes oficiales, el vehículo había ingresado al país por el Paso Internacional San Ignacio de Loyola, en Formosa, y tenía como destino final el Paso Internacional Cristo Redentor, en Mendoza.

Con esos datos, investigadores de la Unidad de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “San Francisco” montaron un operativo para localizar el rodado. Finalmente fue encontrado sin ocupantes en una estación de servicio de la ciudad cordobesa de Villa Nueva.

Con apoyo de personal de los Escuadrones de Seguridad Vial Villa María y Santa Catalina, y por disposición de la Fiscalía Federal y el Juzgado Federal de Villa María, los efectivos inspeccionaron el camión.

Durante la requisa detectaron que uno de los tanques no estaba conectado al sistema de alimentación del motor y contenía un líquido de coloración incompatible con combustible.

Los análisis preliminares revelaron que se trataba de una sustancia compatible con MDMA (éxtasis). Luego, los gendarmes comprobaron que el segundo tanque también contenía el mismo líquido, por lo que concluyeron que ambos compartimientos habían sido acondicionados para ocultar y transportar la droga.

A su vez, especialistas de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) de Villa María realizaron los test químicos correspondientes, que arrojaron resultado positivo para éxtasis. El volumen total secuestrado fue estimado en 1.100 litros.

Por orden judicial, los investigadores secuestraron el camión, la sustancia hallada, los 27.990 kilos de harina de girasol que transportaba como carga legal y documentación de interés para la causa.

Del procedimiento también participó la División Análisis y Requerimientos Judiciales de la Dirección Antidrogas de Gendarmería, que obtuvo información complementaria mediante mecanismos de cooperación con la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay.

Este hallazgo se suma a otros golpes al narcotráfico registrados recientemente en Córdoba. Semanas atrás, la Policía Federal Argentina desarticuló una organización que transportaba cocaína desde el norte del país hacia esa provincia oculta entre materiales de construcción. La investigación se inició luego de que uno de los integrantes de la banda aportara información clave sobre la maniobra.

En aquel operativo se secuestraron cerca de 158 kilos de cocaína y 37 kilos de marihuana, además de armas, vehículos, dinero en efectivo y teléfonos celulares. Los estupefacientes estaban escondidos en compartimientos especialmente acondicionados dentro de camiones que simulaban trasladar piedras y cascotes. La causa, a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, derivó en la detención de tres sospechosos y allanamientos en Jujuy y Córdoba.

El gobierno de Costa Rica anunció una prohibición total al ingreso diario de alimentos a los centros penitenciarios, junto con nuevas restricciones para la entrada de ropa y otros artículos, en un intento por reforzar la seguridad y reducir la circulación de drogas y mercancía ilegal en las cárceles.

La medida fue comunicada por el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, quien aseguró que la decisión apunta a “poner orden” y cerrar los canales que facilitan actividades ilícitas dentro de la población penitenciaria.

La declaración surge en un contexto marcado por el aumento de decomisos y el sobreesfuerzo operativo requerido para revisar las encomiendas que, hasta ahora, ingresaban diariamente en los distintos centros penales de Costa Rica.

Según datos oficiales, entre enero y mayo de este año se contabilizaron 158,000 paquetes enviados por familiares y allegados a los reclusos. Aguilar precisó que la inspección de estos envíos demanda la asignación diaria de hasta 200 oficiales penitenciarios, función que, según su perspectiva, desvía recursos clave de la vigilancia y la seguridad interna.

“Eso se acabó. Se acabaron las quince tazas de comida por día”, advirtió el ministro en un mensaje dirigido a la ciudadanía. Aguilar explicó que, a partir de ahora, solo se permitirá un máximo de dos tazas y exclusivamente en el día de visita, bajo rigurosos controles de seguridad. El funcionario justificó la medida con el argumento de que el flujo masivo de comida y artículos personales se convirtió en “una autopista directa para el ingreso de droga a nuestros centros penales” y en una vía para el negocio ilegal dentro de las cárceles.

La nueva política extenderá también la restricción al ingreso de ropa y otros objetos, que según Aguilar, han contribuido al hacinamiento y problemas de insalubridad en el sistema penitenciario. “Aquí paramos la fiesta ya. No es posible que se desperdicie alimentación que ya está pagada por el Estado con los recursos de todos ustedes los costarricenses”, enfatizó el titular de Justicia y Paz.

El ministro sostuvo que quienes permanecen en una celda deben cumplir su condena bajo las condiciones establecidas por las autoridades, y no disfrutar de beneficios que, en su opinión, desvirtúan el carácter de la pena privativa de libertad. Aguilar subrayó que el Estado garantiza la alimentación de la población penitenciaria y que no resulta justificable que el ingreso de comida extra se utilice como mecanismo para actividades ilícitas.

Diversos reportes de medios nacionales han documentado el incremento de incautaciones de droga y objetos prohibidos dentro de los penales costarricenses en los últimos años. El Ministerio de Justicia y Paz sostiene que la revisión minuciosa de cada encomienda implica “miles de horas” dedicadas por la policía penitenciaria, tiempo que —según Aguilar— debería destinarse a tareas de custodia y prevención.

El funcionario fue enfático al afirmar que la administración actual busca “terminar con alcahueterías y cerrar portillos que por años aprovecharon los delincuentes para delinquir desde prisión”. En su mensaje, insistió en que la seguridad de los centros penales constituye una prioridad y que la nueva normativa será aplicada de manera estricta, con controles reforzados y mecanismos de supervisión adicionales.

En su intervención, Gabriel Aguilar reafirmó que el Estado costarricense destina recursos suficientes para la manutención de los internos y que no se tolerarán prácticas que atenten contra la disciplina y el orden institucional. “Quien permanece en una celda no debe vivir como si fuera un hotel, sino que debe cumplir con su pena”, dijo el ministro al concluir su declaración pública.

Las autoridades prevén una etapa de supervisión intensiva en los próximos días para asegurar la correcta ejecución de la nueva normativa. El Ministerio de Justicia y Paz reiteró que toda la población penitenciaria recibirá la alimentación y atención que establece la ley, mientras se refuerzan los controles para impedir el uso de las cárceles como plataforma para actividades ilícitas.

El ex presidente de ARSAT y ex titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Facundo Leal, fue detenido este viernes luego de que la Policía Federal encontrara drogas, documentación y más de 2,5 millones de dólares durante una serie de allanamientos ordenados en el marco de una investigación judicial que se inició por el presunto robo de equipamiento tecnológico de la empresa estatal de telecomunicaciones.

La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, con intervención de la Fiscalía Federal N° 2 de esa jurisdicción, a partir de una causa identificada como “NN s/ Robo”, originada tras una denuncia presentada por ARSAT.

Según pudo saber Infobae, los investigadores ejecutaron quince órdenes de allanamiento en distintos puntos del país con el objetivo de reunir pruebas vinculadas al expediente.

Durante los procedimientos fueron secuestrados teléfonos celulares, computadoras, pendrives, documentación y distintos elementos considerados de interés para la pesquisa. Sin embargo, uno de los allanamientos terminó abriendo un nuevo capítulo dentro de la investigación.

El operativo más relevante se realizó en un departamento ubicado en la calle Ortiz de Ocampo, en el barrio porteño de Palermo, domicilio vinculado a Leal. Allí los efectivos encontraron una importante cantidad de estupefacientes: 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis, quince cucharas presuntamente utilizadas para consumo y quince bolsas tipo ziploc.

Además de las drogas, los investigadores secuestraron cuatro pasaportes, dos notebooks, un iPad, cuatro pendrives, cinco teléfonos celulares, un reloj inteligente, un inhibidor de señal, una valija con cámaras, grabadoras y anteojos, además de documentación considerada relevante para la causa.

En ese mismo inmueble también fue hallada una importante cantidad de dinero en efectivo distribuida en distintas monedas. El detalle incluye 803.754 dólares estadounidenses, 2.486.200 pesos argentinos, 69.100 pesos uruguayos, 6.258 reales brasileños, 3.040 pesos mexicanos, 302.000 pesos colombianos, 165 euros y 2.000 chelines tanzanos.

A partir del hallazgo de los estupefacientes y del dinero, la Secretaría actuante dispuso la detención de Leal en calidad de incomunicado. Posteriormente fue trasladado a la alcaldía de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires.

Horas más tarde, la Justicia ordenó un nuevo allanamiento en otro domicilio atribuido al ex funcionario, ubicado sobre la avenida Boulogne Sur Mer al 600, en la ciudad de Mendoza.

El procedimiento fue ejecutado por la Delegación Unidad Operativa Federal (DUOF) Mendoza. En ese inmueble los agentes secuestraron otros 1.787.600 dólares estadounidenses en efectivo, además de documentación y un teléfono celular. También se incautó un cuaderno con anotaciones.

De esta manera, entre ambos domicilios, los investigadores contabilizaron 2.591.354 dólares, además de las restantes divisas extranjeras y los pesos argentinos encontrados durante los procedimientos.

Además de los procedimientos mencionados, se realizaron tres allanamientos adicionales en la provincia de Mendoza, bajo órdenes del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2 de San Isidro. Los operativos incluyeron intervenciones en un inmueble de la calle Cerro Las Damas 636, en la localidad de Las Heras, 4 kilómetros al norte de la capital provincial, y en Casa 20, Manzana J, Almirante Brown 1151-1157, en Chacras de Coria, 13 kilómetros al sur de la ciudad.

En el domicilio de Las Heras, los agentes incautaron un CD que fue puesto a resguardo en la sede policial. En la vivienda de Chacras de Coria, el personal policial secuestró dos discos externos, un pendrive y documentación variada, elementos que serán peritados en el marco de la causa.

Todos los objetos quedaron bajo custodia de las autoridades federales, de acuerdo con la información incorporada en el expediente judicial. Las diligencias se ejecutaron en colaboración con la División Operaciones Federales y la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico.

La causa que derivó en la detención de Leal no estaba enfocada inicialmente en él ni tenía como eje el hallazgo de drogas o dinero. El expediente se originó a partir de una denuncia por el presunto robo de equipamiento tecnológico de alto valor perteneciente a ARSAT, presentada al inicio de la gestión de Javier Milei.

Con el avance de las medidas de prueba, los investigadores comenzaron a analizar otras operaciones vinculadas al funcionamiento de la empresa estatal. Según fuentes vinculadas al caso, esas líneas de investigación pusieron bajo análisis distintos contratos y movimientos que actualmente forman parte de la pesquisa judicial.

Fue en ese contexto que se dispusieron los quince allanamientos realizados en el marco de la causa, entre ellos los procedimientos efectuados en propiedades vinculadas a Leal.

La detención del ex funcionario también generó repercusión por la trayectoria que desarrolló dentro de la administración pública nacional.

Con paso por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Leal construyó gran parte de su carrera en ARSAT, donde ocupó diversos cargos hasta llegar a la presidencia de la compañía estatal durante el gobierno de Alberto Fernández.

Permaneció al frente de la empresa entre agosto de 2022 y febrero de 2024. Tras el cambio de administración, continuó ligado al Estado nacional y fue designado presidente ad honorem del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), el ente encargado de supervisar y controlar el sistema aeroportuario argentino.

Su nombramiento quedó formalizado mediante el Decreto 390, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Su salida del organismo se formalizó a fines de febrero de 2026, cuando presentó la renuncia. De acuerdo con la información incorporada al expediente, al momento de los allanamientos continuaba vinculado a ARSAT como empleado de planta permanente.

Tania Danae “N”, presunta integrante de la Unión Tepito y pareja de El Daza, fue detenida en la alcaldía Iztacalco con 168 dosis de droga, un arma de fuego, un celular y dinero en efectivo que las autoridades relacionan con cobros de extorsión en el Centro Histórico y Tepito. La captura ocurre dos días después de que Renat Dassae “N”, alias “El Daza”, fue procesado por su probable participación en asociación delictuosa agravada, tras ser aprehendido el 19 de mayo de 2026 en Tlaxcala.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que la mujer tiene 35 años y fue ubicada en inmediaciones del Hotel Hollywood, en la colonia Agrícola Pantitlán. En el mismo aseguramiento, la SSC señaló que le halló marihuana y metanfetaminas, además de efectivo que presuntamente provenía de extorsiones cometidas a nombre de su pareja.

Tras la detención, Tania Danae “N” fue puesta a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica. La captura se realizó en coordinación con agentes de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la SSC.

La aprehensión se da tras el procesamiento de El Daza por asociación delictuosa agravada

Renat Dassae “N”, alias “El Daza”, fue detenido en el municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala, el pasado 19 de mayo de 2026. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lo identifica como presunto líder de la célula delictiva “UJ40”, vinculada con la Unión Tepito.

La indagatoria en su contra lo relaciona con la coordinación de extorsiones contra comerciantes del Centro Histórico y Tepito. Según la Fiscalía CDMX, el Ministerio Público integró entrevistas, análisis de información, prueba digital, seguimiento técnico y otros datos de prueba para sostener su probable participación en asociación delictuosa agravada.

La Fiscalía CDMX también indicó que personas ligadas a esa célula entregaban tarjetas con números telefónicos y referencias a “El Dazza” o “El Dazza de la U” para intimidar y exigir pagos a comerciantes. Con esos elementos, la autoridad solicitó y obtuvo de un juez de control la orden de aprehensión correspondiente.

Agentes de la Policía de Investigación lo localizaron en Yauhquemehcan, donde presuntamente se resguardaba y mantenía su centro de operaciones. Después fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

El Daza acumula detenciones y registros penitenciarios desde 2009

La SSC ha detenido a “El Daza” en al menos cinco ocasiones previas y, de acuerdo con la información oficial, en todas logró recuperar su libertad. La autoridad capitalina también sostiene que ha utilizado distintas identidades, entre ellas la de José Arturo Vázquez Morales.

A finales de julio de 2025, la SSC informó otra captura en la colonia Valle Gómez, en la alcaldía Venustiano Carranza, como parte de un operativo contra delitos de alto impacto en la zona centro. La acción se originó tras una alerta del C2 Norte, cuyos operadores detectaron a un hombre dentro de un automóvil gris mientras manipulaba lo que parecía ser un arma de fuego en el cruce de Mapimí y Platino.

En esa ocasión, los policías le aseguraron un arma corta con cargador y siete cartuchos útiles, así como 19 dosis de aparente cristal, 83 envoltorios con probable cocaína y una bolsa con cerca de medio kilogramo de marihuana. La SSC agregó entonces que había ingresado al sistema penitenciario de la Ciudad de México en 2022 por delitos contra la salud.

Otros registros oficiales lo ubican con 12 ingresos a prisión en los años 2009, 2010, 2011, 2019 y 2021. Pese a esos antecedentes y a que está relacionado con dos carpetas de investigación, una por delitos contra la salud, volvió a la estructura de la Unión Tepito después de obtener su libertad en diciembre de 2022, según las investigaciones referidas en el expediente.

El 18 de agosto de 2021 fue aprehendido junto con José Mauricio “H”, alias “El Tomate”, e Israel “C”, alias “El Cros”. Policías de inteligencia de la SSC los detuvieron con tres armas de fuego, cartuchos útiles, una granada de fragmentación, entre 195 y 200 dosis de cocaína y 100 de marihuana.

La Fiscalía también investiga el asesinato de su hijo en la colonia Morelos

El 10 de agosto de 2023, Alexis Ariel, de 15 años, hijo de “El Daza”, fue asesinado a balazos mientras viajaba en una motocicleta KTM 390 modelo 2023 en la colonia Morelos, en la alcaldía Venustiano Carranza. La Fiscalía de la Ciudad de México abrió la carpeta CI-FIEDH/2/UI-1CD/00297/08-2023 por homicidio por arma de fuego.

La agresión ocurrió en la esquina de Rivero y Eje Uno Oriente. La investigación apunta a que dos sujetos en motocicleta lo habrían seguido y le dispararon en la parte posterior del cuello.

La Fiscalía capitalina indaga si el crimen pudo ser una venganza ordenada por un grupo antagónico a su padre. La madre del adolescente, Blanca Guadalupe, de 33 años, identificó el cuerpo y declaró que su hijo no se dedicaba a actividades ilícitas, no había sido extorsionado y tampoco estaba amenazado.

• Tania Danae “N” fue detenida en Iztacalco con 168 dosis de droga, un arma, un celular y efectivo ligado por autoridades a extorsiones.
• La captura ocurrió dos días después del procesamiento de Renat Dassae “N”, alias “El Daza”, presunto líder de la UJ40 vinculada con la Unión Tepito.
• “El Daza” acumula al menos cinco detenciones previas y 12 ingresos al sistema penitenciario, además de investigaciones por extorsión y delitos contra la salud.

Este miércoles la Subsecretaría de Seguridad, la Fiscalía Nacional y Carabineros de Chile entregaron los resultados del Plan Cannabis, trabajo conjunto gracias al cual han logrado requisar en lo que va del año más de 45 toneladas de drogas -entre marihuana, cocaína y pasta base-, número que representa un 75% del total de estupefacientes confiscados en todo el año 2025, a saber, 60 toneladas.

De acuerdo con las autoridades policiales, dichas 45 toneladas corresponden a más de 136 millones de dosis, avaluadas en un estimado de $522 mil millones de pesos, es decir, alrededor de USD 586 millones.

En tanto, se han incautado 2.867 kilos de marihuana elaborada y erradicado 403.491 plantas de cannabis, lo que representa un aumento del 153% respecto al periodo 2024-2025.

Cifras históricas

El fiscal nacional, Ángel Valencia calificó las cifras como “históricas” y aseguró que la droga decomisada y la cantidad de plantaciones destruidas durante el primer semestre, dan cuenta del trabajo de las policías a lo largo del territorio nacional.

“No queremos más droga en nuestro país”, señaló por su parte el director general de Carabineros, Marcelo Araya, quien valoró la coordinación con la Policía de Investigaciones (PDI), Aduanas, la Policía Marítima (PM) y el Ministerio Público para lograr la histórica cifra.

“Aquí hay un trabajo donde, en definitiva, el Estado funciona. Y en el caso nuestro, (haremos) todo lo que esté de nuestra parte y poner los recursos para fortalecer a Carabineros y la institucionalidad”, agregó el subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet.

Finalmente, la directora ejecutiva de Volpe Consulting, Pilar Lizana, especialista en crimen organizado, recalcó que los operativos exitosos “tienen mucho que ver con un trabajo de largo aliento que están realizando las policías y la Fiscalía, y que está teniendo como consecuencia estos decomisos, porque ya se han identificado las rutas utilizadas, los horarios y las organizaciones”, poniendo como ejemplo lo que sucede en la región de Antofagasta, puerta de entrada al país de la mayor parte de la droga proveniente de Bolivia.

El procedimiento ocurrió a la altura del kilómetro 896 de la Ruta Nacional N° 34, cuando efectivos del Grupo “Burruyacú”, dependiente del Escuadrón 55 “Tucumán”, detuvieron la marcha de un ómnibus de larga distancia que realizaba el recorrido entre San Salvador de Jujuy y Liniers, en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la inspección del equipaje de los pasajeros, los gendarmes detectaron que una mujer trasladaba tres recipientes de productos lácteos, dos envases de shampoo y uno de toallas húmedas. La sospecha surgió luego de que los uniformados utilizaran un escáner portátil y observaran anomalías en el interior de los recipientes, incompatibles con los productos que debían contener.

Eso derivó en la apertura de los envases y en el hallazgo de 140 cápsulas embutidas dentro del contenido de cada recipiente plástico.

A su vez, la sospechosa les confesó a los agentes que había ingerido más cápsulas de similares características, lo que representaba un riesgo inmediato para su salud. Ante la emergencia médica, personal de la fuerza coordinó su traslado en ambulancia al Hospital “Zenón Santillán” de San Miguel de Tucumán.

Allí, los estudios radiográficos arrojaron resultado positivo para cuerpos extraños y los médicos iniciaron una evacuación controlada de otras 37 cápsulas.

Posteriormente, los efectivos realizaron la prueba de campo Narcotest sobre las 177 dosis secuestradas, que dio positivo para cocaína con un peso total de 2 kilos y 36 gramos.

Por último, el magistrado interviniente ordenó la detención de la mujer y el secuestro de la droga, además de otros elementos de interés para la causa.

El pasado miércoles 20 de mayo, Gendarmería Nacional llevó adelante otro operativo de alto impacto en la provincia de Mendoza. El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional N° 7, a la altura de Punta de Vacas, cuando un ciudadano peruano que manejaba un Ford Focus proveniente de Chile y circulaba con las luces apagadas intentó evadir un control vehicular.

Al recibir la orden de detención, el conductor aceleró, embistió el dispositivo policial y escapó. La persecución se extendió durante varios kilómetros hasta que el vehículo perdió el control y volcó sobre la banquina.

Cuando los gendarmes llegaron al lugar, asistieron al conductor, que se encontraba atrapado dentro del auto y en estado de ebriedad. Durante la inspección del vehículo, los efectivos encontraron un cargamento de álbumes y figuritas del Mundial 2026 distribuidos en cajas que ocupaban gran parte del baúl y de los asientos traseros.

Según fuentes del caso, el valor estimado de la mercadería secuestrada supera los 17 millones de pesos y estaba siendo ingresada al país sin la documentación respaldatoria correspondiente.

El operativo concluyó con la intervención de la Fiscalía Federal de Mendoza, que dispuso el secuestro del vehículo y de los productos, además de poner las actuaciones a disposición de la Aduana.

Además, la fiscalía solicitó verificar el domicilio del conductor, consultar sus antecedentes penales y migratorios y establecer una alerta migratoria. El ciudadano peruano fue trasladado a la Comisaría N° 23 de Mendoza, donde quedó detenido mientras avanza la investigación por presunto contrabando.

La causa comenzó en abril de 2019, cuando el juzgado interviniente ordenó a la PSA realizar tareas investigativas sobre materiales secuestrados en un procedimiento de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en el que había sido capturado un hombre que intentó exportar estupefacientes.

Como resultado de esas pesquisas, en agosto de ese mismo año detuvieron a un sospechoso y secuestraron 25,317 kilos de cocaína. Con el avance de la investigación, los agentes determinaron la existencia de una organización dedicada a adquirir clorhidrato de cocaína en Buenos Aires y trasladarlo oculto en vehículos hacia Río Negro para su comercialización.

Además, los investigadores lograron identificar a los integrantes de la banda y sus domicilios, incluido el lugar donde modificaban los vehículos para ocultar la droga.

En paralelo, los agentes individualizaron a un proveedor en la provincia de Salta. El sospechoso fue detenido mientras trasladaba en un vehículo cuatro paquetes de cocaína con la imagen de “Nemo”. Durante ese operativo se secuestraron 4,370 kilos de droga.

A partir de estos hallazgos, la PSA realizó 19 procedimientos en Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y Salta. Como resultado, fueron detenidas ocho personas y se secuestraron 36,788 kilos de cocaína, además de otros elementos de interés para la causa.

La investigación continuó en junio de 2025 con la captura de otras dos personas y el secuestro de más de 10 kilos de droga.

Finalmente, a principios de mayo de este año, la PSA llevó adelante cuatro allanamientos en la provincia de Buenos Aires que terminaron con la detención de dos hombres y una mujer. Durante los operativos, los efectivos secuestraron 26,184 kilos de clorhidrato de cocaína acondicionados en 25 “ladrillos”, dinero en efectivo, armas de fuego y otros elementos de interés.

Como parte de otras líneas investigativas vinculadas al tráfico de cocaína, agentes de la División Narcotráfico Metropolitana de la DGA-ARCA y efectivos de la PSA allanaron un departamento en Palermo en el marco de la causa contra los franceses Ahmed Adda Belkocir e Isaac Ben Daoude, detenidos en Uruguay tras el hallazgo de dos encomiendas contaminadas con droga en Ezeiza.

Según confiaron fuentes del caso a Infobae, la investigación llegó hasta un inmueble ubicado sobre la calle Mansilla luego de la presentación de la dueña del departamento, una ciudadana francesa que declaró que los sospechosos habían alquilado la propiedad en abril y que, al retirarse, dejaron una caja en el lugar.

Dentro de esa caja, los agentes encontraron 11 panes de cocaína marcados con el logo de un escorpión, con un peso total superior a los 12 kilos.

Se espera que la próxima semana Belkocir y Ben Daoude sean trasladados al país por una comisión de Interpol para ser indagados por el juez federal Marcelo Aguinsky.

Las tres embarcaciones neumáticas de la Brigada de Infantería de Marina del Tercio de la Armada, sustraídas durante unas maniobras militares en la playa de El Retín, en Barbate (Cádiz) hace unos días, han sido localizadas este domingo a las 15:40 horas por efectivos de la Guardia Civil en las inmediaciones del polideportivo municipal de la localidad gaditana. Las investigaciones del robo, ocurrido el pasado lunes, se centran en la posible implicación de redes vinculadas al narcotráfico, según han confirmado fuentes cercanas a las pesquisas consultadas por EFE.

Los militares realizaban ejercicios de adiestramiento en la zona restringida de El Retín cuando dejaron las lanchas estacionadas en un espacio habilitado dentro del recinto militar al término de las maniobras. Al regresar para recogerlas, comprobaron que las tres embarcaciones habían desaparecido.

Después de la desaparición, la Armada presentó de inmediato una denuncia ante la Guardia Civil, que abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del robo e identificar a los autores. Los ladrones no se llevaron únicamente las embarcaciones, sino que en su interior había once trajes secos destinados a operaciones especiales y varios equipos de rastreo. El valor total del material sustraído ronda los 20.000 euros.

El narcotráfico, en el punto de mira

Las primeras hipótesis de los investigadores apuntan a que los responsables podrían pertenecer a grupos relacionados con el narcotráfico que operan habitualmente en el entorno de Barbate, una zona con una larga trayectoria como corredor de entrada de droga al continente europeo a través del Estrecho de Gibraltar.

Con la recuperación de las lanchas, la Guardia Civil continúa con las investigaciones pertinentes para determinar quiénes pudieron acceder al recinto militar, cómo burlaron la seguridad del área restringida y qué uso se ha dado a las embarcaciones durante los seis días que han permanecido en paradero desconocido. En cuanto al resto del material sustraído, continúa en paradero desconocido.

*Noticia elaborada con información de agencias.

Del otro lado, lo que los contrabandistas ignoraban era que efectivos de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura Naval Argentina ya los aguardaban ocultos en puestos de observación estratégicos. Tenían información vinculada a un posible cruce ilegal de estupefacientes.

La embarcación clandestina descargó varios bultos, que fueron trasladados hacia distintos vehículos que esperaban sobre la costa.

Al detectar la presencia policial, una de las camionetas emprendió la fuga y se internó en el monte. Los uniformados realizaron un seguimiento controlado que en la zona, a través de los caminos de tierra. Sin embargo, los ocupantes abandonaron el vehículo y desaparecieron entre la maleza.

Las imágenes capturadas en medio de la espesura del monte ilustran el desenlace de esta persecución. Una camioneta blanca abandonada entre la vegetación, con las puertas abiertas de par en par. En su caja, y esparcidos por el suelo de tierra húmeda, se apilaban caóticamente decenas de enormes bultos rectangulares envueltos en plástico.

El video del operativo, con tomas aéreas nocturnas con drones, mostraron cómo los efectivos fuertemente armados comenzaron a alinear los bultos incautados en un playón. Fue un impactante despliegue de cargamento de droga: una cuadrícula gigante conformada por cientos de paquetes rectangulares, ordenados meticulosamente en filas que cubrían casi toda la superficie del muelle.

En el interior de la camioneta, los agentes hallaron 132 bultos de marihuana. El recuento final arrojó 3.184 kilos, distribuidos en distintos formatos, con una carga valuada en más de once mil millones de pesos. El despliegue incluyó además el secuestro de dos camionetas y una moto utilizadas para el traslado.

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía y el Juzgado Federal de Eldorado, encabezados por los doctores Pablo Kulchar y Miguel Ángel Guerrero. Los funcionarios judiciales ordenaron el traslado de la mercadería para su conteo y pesaje oficial.

Desmantelan un laboratorio de cocaína en Puerto Madero oculto tras un restaurante peruano,

El de Misiones, no fue el único operativo contra el narcotráfico en la última semana. En el corazón de Puerto Madero, la Policía Federal Argentina encontró un laboratorio de cocaína oculto en la villa Rodrigo Bueno. Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, era la primera vez que aparece una cocina de este tipo en la Ciudad de Buenos Aires.

Oculto tras un precario restaurante de comida típica peruana que ofrecía platos como anticuchos, se encontró una cocina de cocaína completa, equipada con un curioso horno de secado para los ladrillos de droga compuesto de dos estufas hogareñas, compresores hidráulicos y dos moldes de compactación. La cocina era custodiada por un joven de nacionalidad peruana que se encontraba de manera ilegal en el país.

En el procedimiento fueron detenidos siete sospechosos fueron detenidos, con 70 kilos incautados, en el marco de una causa que quedó a cargo del juez Julián Ercolini y el fiscal Franco Picardi junto a la intervención de la PROCUNAR con el fiscal Federal Diego Iglesias. Se encontraron, también, 25 litros de ácido bórico, utilizado como diluyente para estirar la droga.

La causa comenzó a ser investigada en mayo de 2024, cuando una mujer fue detenida en Villa Crespo con dos kilos de cocaína y dos teléfonos en su poder. Esos aparatos luego fueron peritados, lo que permitió llegar al resto de la organización.

El coronel Marco Antonio Godenzi precisó ante las cámaras de 24 horas de Panamericana TV que el detenido pretendía trasladar la sustancia dentro de una maleta destinada al compartimento de carga. Según la autoridad policial, el peso exacto del alcaloide incautado fue de 5 kilos 390 gramos, cifra que quedó registrada tras las diligencias realizadas en el terminal aéreo.

La droga no estaba escondida en un solo lugar. De acuerdo con la información difundida por la unidad especializada, la sustancia blanquecina fue hallada dentro de un chaleco, pero también apareció camuflada en un producto deshidratado utilizado para preparar pisco sour y en artesanías con motivos del Perú. Además, se conoció que parte del alcaloide estaba mezclada con otras bebidas, una estrategia usada para intentar confundir los controles.

Consultado por el impacto económico, Godenzi indicó que la afectación a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas supera los USD 80.000. La cifra corresponde, según el reporte policial, al perjuicio estimado en el mercado por la incautación y la frustración del envío que tenía como destino Brasil.

El caso se suma a una serie de operativos ejecutados durante 2026 en el aeropuerto. En lo que va del año se realizaron 17 intervenciones antidrogas en el terminal, con un saldo de 24 detenidos: 12 mujeres y 12 varones, de acuerdo con el balance presentado por la División Aeroportuaria Antidrogas.

En esas acciones, las autoridades decomisaron 98,525 kilogramos de alcaloide de cocaína. Godenzi detalló que el total corresponde al resultado acumulado de las 17 intervenciones realizadas en 2026, en una estrategia que combina control de equipajes, inspecciones y verificación de perfiles de riesgo en zonas de embarque.

La ingesta de droga dejó de ser la modalidad más utilizada por el alto riesgo que implica. En su lugar, los traficantes suelen adherir la sustancia al cuerpo o acondicionarla en objetos de uso cotidiano, con métodos de ocultamiento cada vez más elaborados, de acuerdo con el medio de comunicación.

Cae clan familiar en el aeropuerto Jorge Chávez

Hace algunas semanas, un presunto clan familiar dedicado al narcotráfico internacional fue desarticulado en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cuando seis mujeres y un hombre intentaban abordar un vuelo con destino a Barcelona, España, con cocaína oculta entre sus prendas. Según la investigación policial, el grupo simuló un viaje familiar para evitar sospechas y utilizó a un bebé y un cochecito como parte de la estrategia.

Entre las intervenidas figuró Rosemary Huaraca Arosquipa, quien cargaba al menor durante los controles. Agentes de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional detectaron movimientos sospechosos y registraron una huida hacia los servicios higiénicos, donde luego hallaron dos paquetes escondidos en tachos de basura. La Policía informó que parte del cargamento estaba acondicionada en la zona del busto con estructuras similares a prótesis y estimó que la incautación alcanzó cerca de cuatro kilos, de acuerdo con información de ATV.

Elementos federales localizaron este martes alrededor de 57 kilos de droga ocultos en el doble fondo de una camioneta de transporte especial sobre la carretera federal 45, en el tramo que une Chihuahua con Ahumada. El vehículo había sido modificado para simular una unidad escolar y ocultar el cargamento en su estructura, motivo por el cual los agentes detuvieron al conductor en el lugar.

De acuerdo con los primero reportes, la unidad fue interceptada durante recorridos de vigilancia coordinados por personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes marcaron el alto al conductor para practicarle una revisión de rutina.

Al inspeccionar el vehículo, los elementos de seguridad detectaron una cavidad oculta en su estructura. Dentro de ese compartimento encontraron 32 kilos de metanfetamina y 25 kilos de hierba verde, características similares a la marihuana. Los narcóticos estaban cuidadosamente envueltos en cinta canela y bolsas transparentes, lo que dificultaba su detección a simple vista.

Las autoridades también aseguraron al conductor una arma corta, un cargador, 36 cartuchos y un teléfono móvil. Todo el material fue confiscado durante la inspección como pruebas del caso.

El detenido, junto con la droga, el arma, el cargador, los cartuchos, el celular y la unidad, quedó a disposición del Ministerio Público quien determinará la situación jurídica del implicado en las siguientes semanas.

Acciones federales y contexto del operativo

La detención en Ahumada se integró a las acciones coordinadas por parte del Gabinete de Seguridad del 18 de mayo de 2026, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad. Ese día se realizaron detenciones, cateos y aseguramientos de armas y droga en 10 estados del país: Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Tabasco.

Bajo este esque4ma, tanto las autoridades estatales como federales afirmaron que mantendrán los patrullajes y revisiones para frenar el trasiego de droga y armas en el territorio nacional.

La investigación sobre la procedencia y posible destino de la droga quedó a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR). Hasta el momento, el detenido enfrenta cargos por delitos contra la salud y portación ilegal de arma de fuego.

Finalmente, el operativo representó un golpe a las redes de narcotráfico que operan en la región norte del país. Los resultados del aseguramiento fueron difundidos en informes oficiales por las dependencias federales responsables de la seguridad y procuración de justicia.

El Ejército Mexicano localizó doce drones inhabilitados en la zona serrana de Badiraguato, Sinaloa, y Tamazula, Durango, durante un megaoperativo realizado entre el 15 y el 18 de mayo. Junto a los drones, los militares aseguraron cinco vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal, así como 43 artefactos explosivos improvisados y equipo táctico.

En el mismo punto, las fuerzas federales incautaron cinco kilos de marihuana, 16 chalecos tácticos, 37 placas balísticas, nueve cascos y ponchallantas. El área donde se efectuó el decomiso fue señalada por autoridades como una región de difícil acceso para los grupos delictivos.

Durante esos días, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México reportó el decomiso de armas largas, cartuchos, explosivos, vehículos robados y grandes cantidades de metanfetamina en distintos municipios de Sinaloa. Las acciones tuvieron lugar en Culiacán, Elota, Badiraguato y la zona limítrofe con Durango.

En Culiacán, elementos del Ejército detuvieron a tres personas, dos de ellas menores de edad, y les decomisaron tres armas largas, 14 cargadores, mil 227 cartuchos y 36 kilos de metanfetamina, además de dos vehículos con reporte de robo.

En un segundo operativo en el mismo municipio, fuerzas conjuntas localizaron un vehículo blindado robado y aseguraron cuatro armas largas, 46 cargadores, dos 495 cartuchos, cuatro chalecos tácticos, ocho placas balísticas, cuatro cascos y ponchallantas.

Un tercer operativo en Culiacán dejó una persona detenida, cuatro armas largas, 10 cargadores, 508 cartuchos y diversas dosis de droga. Mientras que en Elota, en el poblado Paredón Colorado, elementos de la Secretaría de Marina localizaron tres artefactos explosivos improvisados, 56 cartuchos y equipo de radiocomunicación.

El golpe a los laboratorios de droga sintética

En el poblado Corral Viejo, dentro del municipio de Culiacán, elementos de la Marina y la Fiscalía General de la República desmantelaron un laboratorio clandestino de drogas sintéticas. El lugar contenía 350 kilos de metanfetaminas y 450 litros de sustancias químicas.

En cuatro poblados más de Culiacán —Limón de Tellaeche, El Cedrito, El Palmar y Canamaca—, el Ejército Mexicano inhabilitó seis áreas de acopio con 1,225 litros de precursores químicos presuntamente destinados a la producción de metanfetamina.

El operativo del 18 de mayo: Badiraguato y Concordia

El 18 de mayo, en Badiraguato, el Ejército detuvo a una persona y le decomisó cuatro armas largas, 33 cargadores, mil 121 cartuchos, cuatro artefactos explosivos improvisados, seis chalecos tácticos, cinco placas balísticas y 11 prendas tácticas.

En Concordia, fuerzas de la Guardia Nacional y el Ejército detuvieron a otra persona y aseguraron tres armas largas, cuatro cargadores, 450 cartuchos y dos chalecos tácticos.

Ametralladoras y armas cortas en Culiacán

En la colonia Obrero Campesino de Culiacán, elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal detuvieron a dos personas a bordo de una motocicleta. Les decomisaron dos armas cortas, dos cargadores y diversas dosis de droga.

En un recorrido de vigilancia posterior en el mismo municipio, el Ejército aseguró dos ametralladoras, tres cargadores, 309 cartuchos y dosis de marihuana. Las personas detenidas y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Las acciones coordinadas entre las fuerzas federales y estatales permitieron la incautación de tecnología, armas y drogas en Sinaloa. Esto a fin de debilitar la estructura logística de los grupos delictivos en la región.

Más de mil dosis de presunta marihuana fueron aseguradas dentro de un autobús de pasajeros que circulaba sobre la carretera federal 45D, en Guanajuato, luego de una inspección preventiva realizada por autoridades estatales.

El hallazgo ocurrió a la altura de la caseta de Cerro Gordo, donde elementos de la Policía Estatal de Caminos realizaban labores de vigilancia. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Paz del estado, el operativo se activó después de que el conductor del autobús realizó un cambio intempestivo de carril, lo que llamó la atención de los agentes.

Tras detener la unidad para una revisión, los elementos localizaron la droga oculta entre el equipaje de uno de los pasajeros, quien transportaba más de mil dosis de la sustancia.

La persona fue detenida en el lugar y puesta a disposición de la autoridad correspondiente, que continuará con las investigaciones para determinar su situación legal y su posible vínculo con redes de distribución.

Transporte público, una vía detectada para el traslado de droga en carreteras

La Secretaría de Seguridad y Paz señaló que este tipo de hallazgos refleja las distintas modalidades utilizadas para el traslado de drogas en el estado, incluyendo el uso de transporte público de pasajeros, lo que también implica riesgos para usuarios que no necesariamente tienen conocimiento de estas actividades.

La dependencia estatal informó además que, desde el inicio de la actual administración, en Guanajuato se han asegurado más de 2.3 millones de dosis de droga, con un valor superior a los 277 millones de pesos, lo que ha generado una afectación económica estimada en más de 712 millones de pesos a grupos delictivos.

Finalmente, las autoridades reiteraron que los operativos en carreteras buscan reforzar la vigilancia, reducir el trasiego de sustancias ilícitas y fortalecer la seguridad de quienes transitan por las vías del estado.

Una operación de inteligencia policial derivó este jueves en la detención de tres personas y el decomiso de aproximadamente kilo y medio de droga en un inmueble de la colonia Renovación, en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México.

La acción fue producto de semanas de trabajos de campo y gabinete por parte de oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital, quienes recopilaron denuncias vecinales sobre la venta y distribución de narcóticos en distintas colonias de la demarcación.

Con base en esa información, las autoridades identificaron un predio en la avenida Cuatro de la colonia Renovación como posible punto de almacenamiento de droga. Los datos recabados se entregaron al Ministerio Público, que los presentó ante un juez de control para obtener la orden de cateo correspondiente.

De acuerdo con los reportes, la diligencia se ejecutó de forma coordinada entre la SSC y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, con el apoyo de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina Armada de México, lo cual permitió intervenir el inmueble con respaldo de las cuatro instituciones de seguridad.

Al interior del predio, los uniformados aseguraron 300 gramos de posible metanfetamina, 670 gramos de una sustancia con características de cocaína y 500 gramos de una hierba seca compatible con marihuana. El total acumulado de las tres sustancias superó el kilo y medio referido por el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez Camacho, en un comunicado.

Además de la droga, los policías encontraron dos armas largas, una corta, dos cargadores y dos teléfonos celulares. Todo el material quedó a disposición de la Fiscalía para las investigaciones del caso.

Las tres personas detenidas

En el lugar, los agentes detuvieron a dos hombres —de 28 y 31 años— y a una mujer de 26 años, identificados en el tuit del secretario como Víctor Hugo “N”, José Rafael “N” y Guadalupe Ivón “N”. A los tres se les informaron sus derechos constitucionales de inmediato.

Los detenidos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica. Las autoridades precisaron que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, las tres personas son consideradas inocentes hasta que un órgano jurisdiccional declare su responsabilidad mediante sentencia.

Al concluir la diligencia, el predio fue sellado y quedó bajo resguardo policial para dar continuidad a las investigaciones. La medida busca preservar posibles indicios adicionales que puedan surgir del análisis del lugar.

La SSC y la FGJ subrayaron que toda la operación se desarrolló en apego estricto a los protocolos de actuación policial, uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos. Ambas instituciones reafirmaron su compromiso de continuar con investigaciones conjuntas para identificar a otros generadores de violencia en la ciudad.

La investigación comenzó el 18 de septiembre del año pasado, cuando un miembro arrepentido de la propia banda denunció que uno de los choferes de la estructura trasladaba grandes cantidades de droga desde San Ramón de la Nueva Orán, en Salta, hacia Córdoba. Para ocultar los estupefacientes, la organización simulaba transportar piedras y cascotes para la construcción en camiones.

En el caso intervino la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, a cargo del Juzgado Federal N° 1 de San Isidro, con la Secretaría N°1 de Melanie Bauer. La clave para avanzar en la investigación fue el número de celular del conductor, aportado por el denunciante.

A partir de la intervención de esa línea y del análisis de escuchas telefónicas, los investigadores reconstruyeron el modus operandi de la organización: un camión cargado con droga circulaba detrás de una camioneta que hacía de “puntero” y avisaba sobre eventuales controles policiales en la ruta.

Con esa información, los federales detectaron que se estaba organizando un nuevo viaje desde Orán hacia Córdoba. Entonces, con autorización judicial, una comitiva de la PFA fue enviada al norte del país y montó un operativo sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de la intersección con la avenida Güemes, en Pichanal, Salta.

Allí, los agentes detuvieron primero a la camioneta que funcionaba como puntero. Detrás venía el camión sospechoso. Durante la requisa, los detectives advirtieron que varios tornillos de la batea tenían signos de haber sido removidos. Al revisar ese sector, encontraron un compartimiento oculto.

Adentro había 150 envoltorios tipo “ladrillo” con clorhidrato de cocaína, envueltos en nylon amarillo e identificados con la marca del Delfín. El pesaje final arrojó 157,90 kilos.

Tras el hallazgo, Arroyo Salgado dispuso el traslado del procedimiento a las instalaciones de la División Antidrogas San Pedro Jujuy para completar la extracción de la sustancia y avanzar con nuevas medidas. Luego ordenó cinco allanamientos en domicilios vinculados a los detenidos: cuatro en la localidad jujeña de Yuto —sobre las calles Rivadavia, San Juan, Mariano Moreno y en el barrio Jardín— y el restante en la calle Oscar Cabalén, en Córdoba capital.

Durante esos procedimientos, los efectivos detuvieron a la esposa de uno de los conductores. Además, secuestraron 73 panes de marihuana, con un peso aproximado de 37 kilos; otros 7 kilos de cogollos de la misma sustancia; 7 plantas de cannabis sativa; una escopeta calibre 12/70; dos pistolas calibre 9 milímetros; una pistola calibre .22; un revólver calibre .38 y otro calibre .22; municiones de distintos calibres; $3.280.000 y 11.500 dólares.

También fueron decomisados dos camiones, un acoplado, una camioneta, dos autos, tres motos, un tractor y dos tráileres para vehículos. A eso se sumaron siete teléfonos celulares, dos tablets y tres balanzas de precisión.

El operativo fue denominado “Cascote Blanco” y estuvo a cargo del Departamento Federal de Investigaciones de la PFA, a través de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico. También participaron las divisiones antidrogas de San Pedro Jujuy, San Ramón de la Nueva Orán y Córdoba.

Los detenidos, todos argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición del Juzgado Federal N° 1 de San Isidro por infracción a la Ley 23.737. Fuentes del caso indicaron que la investigación continúa en curso y que no se descartan nuevas medidas.

Tres presuntos militares de nacionalidad peruana quedaron en prisión preventiva este martes, luego de ser sorprendidos el fin de semana arriba de un bus de pasajeros que iba desde Arica a Iquique (1.760 kms al norte de Santiago), con casi 5 kilos de ketamina adosada en paquetes al cuerpo y dentro de sus estómagos en forma de ovoides.

Todos fueron formalizados por el delito de tráfico de drogas por la Fiscalía Local del Tamarugal y de acuerdo al Ministerio Público, la labor de un perro detector de drogas fue vital para dar con el cargamento.

Según la fiscal Karem Gómez, los hechos ocurrieron el sábado 9 de mayo pasado, poco antes del mediodía, mientras Carabineros realizaba un control vehicular de rutina en el kilómetro 1.839 de la Ruta 5 Norte.

Al fiscalizar un bus que iba de camino a la ciudad de Iquique, los uniformados notaron que el can “North” apuntaba a tres individuos vestidos de civil, quienes fueron de inmediato conminados a descender del vehículo y llevados hasta la comisaría de Huara.

Tras revisar sus pertenencias, la policía constató que los tres sujetos llevaban adosada la ketamina en paquetes al cuerpo, y una revisión más exhaustiva reveló que también habían tragado ovoides con la droga.

Luego de los análisis de rigor, los carabineros contabilizaron un total de 340 ovoides, con un peso total de 4 kilos 758 gramos de ketamina pura.

Los ciudadanos fueron identificados con las iniciales H.R.A.C., C.A.O.C. y J.A.Q.Q, gracias a que los tres portaban tarjetas de identificación del Ejército peruano. Todos ellos, sin embargo, se encontraban en el país de manera irregular. Debido a esto, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la prisión preventiva de los tres imputados, fijando un plazo de 150 días para el desarrollo de la investigación.

“Escudo en ruta”

En tanto, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, celebró la noticia y señaló que la detención de los tres presuntos militares se da en el contexto de un nuevo plan del gobierno destinado a “controlar el territorio”.

“Hay una línea específica que se llama “Escudo en Ruta”, donde Carabineros, junto a la Policía de Investigaciones —a veces también con la Policía Marítima— lo que hacemos es, y en atención al análisis de inteligencia, realizar determinados controles en ciertas partes del territorio”, indicó.

“En este caso, en Huara, se controla a personas que se encontraban al interior de un bus y efectivamente se sorprende a estos tres hombres del ejército peruano manteniendo en su poder, adosado a su cuerpo y además en el interior también del cuerpo —lo habían ingerido— ovoides, todos con más de cuatro kilos de ketamina”, cerró la autoridad.

Más de 60 kilos de droga ocultos dentro de un micro de larga distancia fueron descubiertos por efectivos de Gendarmería Nacional durante un control vial en Santa Fe. El procedimiento terminó con una mujer detenida y la intervención de Migraciones por la presencia de tres ciudadanos extranjeros sin papeles.

El operativo tuvo lugar en la intersección de las rutas provinciales 2 y 17, donde integrantes de la Sección de Seguridad Vial “Ceres”, dependiente del Escuadrón Seguridad Vial “Rafaela”, detuvieron la marcha de un colectivo proveniente de Orán, Salta, con destino a la Ciudad de Buenos Aires.

Al inspeccionar la bodega del micro, los gendarmes detectaron tres cajas de cartón que desprendían un fuerte olor a pintura. Además, advirtieron que no tenían remitente ni destinatario.

Cuando abrieron los bultos, encontraron 20 asaderas negras de chapa enlozada. Sin embargo, al revisar en detalle, descubrieron que debajo del embalaje original había placas de aluminio ocultas, aplastadas y disimuladas, que contenían una sustancia amarillenta.

Según informaron fuentes del caso, el Narcotest arrojó resultado positivo para cocaína en forma de “pasta base”, con un peso de 20 kilos 15 gramos.

Tras ese hallazgo, los efectivos continuaron con la inspección dentro del mismo micro. En ese contexto, detectaron el notorio estado de nerviosismo de una pasajera de nacionalidad boliviana.

Al revisar la mercadería que transportaba, hallaron 44 paquetes rectangulares envueltos en cinta verde, ocultos entre mantas y otros objetos.

En este caso el Narcotest confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 47 kilos con 120 gramos.

Asimismo, los gendarmes constataron que en el micro viajaban tres ciudadanos de nacionalidad china que no contaban con la documentación que acreditara su ingreso legal al país, por lo que se dio intervención a la Dirección Nacional de Migraciones.

Por disposición del Juzgado Federal de Rafaela, se ordenó la detención de la mujer involucrada, el secuestro de la droga incautada y de la encomienda que contenía la pasta base, cuyo propietario no pudo ser identificado.

En otro operativo reciente, dos mujeres fueron detenidas tras intentar enviar una encomienda de Salta a Tucumán con 48 kilos de marihuana. La investigación comenzó cuando el personal policial advirtió irregularidades en un paquete durante un control en la Ruta Nacional 34, a la altura del acceso a la localidad de San José de Metán. Al inspeccionar el contenido, los efectivos hallaron 59 panes de marihuana ocultos en dos cajas, disimulados entre artículos de bazar.

Tras detectar el envío, los investigadores coordinaron un seguimiento controlado y montaron un operativo en la terminal de ómnibus de Tucumán. Las dos mujeres, identificadas como las destinatarias de la encomienda, fueron arrestadas en el momento en que se presentaron a retirarla. Según fuentes del caso, ambas tienen domicilio en la provincia de Salta y quedaron imputadas por infracción a la ley de drogas.

El procedimiento permitió incautar la totalidad de la carga antes de que llegara a destino y detener a las responsables del intento de tráfico. La droga secuestrada quedó a disposición del Juzgado Federal interviniente, que también dispuso el análisis de las comunicaciones entre las involucradas para establecer si existen otros integrantes en la maniobra. Las mujeres permanecen detenidas mientras avanza la investigación para determinar el origen y el destino final de la marihuana.

El procedimiento comenzó cuando personal de la División Unidad Táctica Pacificación I recorría el Barrio Padre Carlos Mugica y detectó una presunta maniobra de comercialización de estupefacientes entre dos hombres.

Al advertir la presencia policial, uno de los sospechosos escapó e ingresó a una vivienda ubicada sobre la calle Espadaña al 2000. A partir de ese momento, se inició una persecución por los techos de las casas del barrio.

Finalmente, el hombre fue detenido en las inmediaciones del Destacamento N°5, en la intersección de Machu Pichu y 11 de Mayo. Según detallaron fuentes del caso, se trata de un ciudadano peruano de 58 años con antecedentes por amenazas y violencia de género.

Además, informaron que el hombre había salido del país en diciembre de 2023 rumbo a Chile y que volvió a ingresar a la Argentina en 2024 por el paso fronterizo de La Quiaca.

El segundo detenido es un ciudadano chileno de 31 años que registra antecedentes por robo, lesiones leves y robo en grado de tentativa. En el domicilio donde fue capturado, la Policía encontró una réplica de pistola calibre .45, 305 gramos de marihuana, 75 gramos de cocaína, 480 gramos de pasta base, siete teléfonos celulares, una balanza de precisión y 4.510.000 pesos.

La causa quedó en manos de la Unidad Flagrancia Este, a cargo del Dr. De Mercurian, que ordenó el secuestro de la droga y la custodia del búnker allanado.

Tras el operativo, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, celebró el resultado del procedimiento y aseguró que solicitarán la expulsión de ambos detenidos del país. “Que les quede claro: en la Ciudad no hay un solo metro cuadrado donde se puedan esconder. Ley y orden”, escribió en su cuenta de X.

En paralelo, la Policía de la Ciudad llevó adelante otro procedimiento antidrogas en un hotel ubicado sobre la calle Santiago del Estero al 1300, en el barrio de Constitución, luego de que vecinos denunciaran movimientos sospechosos y ruidos en los techos del edificio.

Cuando los agentes ingresaron al lugar encontraron a dos hombres que mantenían amenazado con un cuchillo de carnicero a uno de los huéspedes dentro de una habitación. Ambos fueron reducidos y detenidos.

Durante la inspección del hotel, los efectivos recuperaron distintos elementos que habían sido arrojados desde los techos: envoltorios con cocaína, marihuana y un cuchillo tipo carnicero. Luego, en la habitación señalada por los vecinos, encontraron materiales para fraccionar droga, dispositivos de cobro electrónico, sustancias de corte y un walkie talkie.

Para los investigadores, el lugar funcionaba como un punto de venta de droga bajo la modalidad de narcomenudeo.

La causa quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Este, con intervención del auxiliar fiscal Pablo Vidal Alemán. Los detenidos fueron imputados por comercialización de estupefacientes, privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio y resistencia a la autoridad. En tanto, la jueza María Julia Correa dictó la prisión preventiva por la gravedad de los hechos y el riesgo procesal.

Durante la revisión en los pabellones del penal, agentes penitenciarios encontraron un balde blanco con una bolsa de panes. Una inspección minuciosa reveló microbolsas de pasta básica de cocaína (PBC) ocultas en el interior de los alimentos. Además, en la misma celda se incautó un paquete compacto sellado con cinta de embalaje que contenía marihuana. La intervención se extendió a varias áreas del establecimiento, detectando diferentes formas de ocultar sustancias ilegales.

Las autoridades penitenciarias precisaron que, junto a la droga, se identificaron objetos prohibidos en espacios comunes y celdas, lo que evidencia intentos recurrentes de vulnerar la seguridad interna. Entre los elementos incautados figuran cables eléctricos, focos, pipas artesanales y una balanza gramera, que, de acuerdo con el INPE, podría haber sido usada para el microcomercio de estupefacientes dentro del penal.

Dispositivos electrónicos ilícitos

El operativo también permitió la intervención del interno Eligio Nessvit Blanco Velásquez, de nacionalidad venezolana y 25 años de edad, quien cumple una condena de 35 años por el delito de violación sexual. Durante un control de rutina en el patio del penal, agentes de seguridad hallaron en su poder un adaptador de memoria micro SD y una tarjeta de 32 GB, dispositivos cuya posesión está prohibida en los establecimientos penitenciarios. De acuerdo con el citado medio, estos objetos representan un riesgo para la seguridad por su potencial uso en comunicaciones ilegales o almacenamiento de información vinculada a actividades delictivas.

La inspección no se limitó a las celdas. En los tachos de basura de distintas áreas, los agentes del INPE localizaron botellas plásticas con sustancias tóxicas, como laca y terokal, además de otros materiales no permitidos. Las autoridades señalaron que estos hallazgos refuerzan la necesidad de mantener controles estrictos para evitar el ingreso y la circulación de bienes que puedan favorecer la comisión de delitos desde el interior del penal.

La intervención fue supervisada por representantes del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, quienes participaron en el levantamiento de las evidencias y en el registro de los hallazgos. En ese sentido, la institución penitenciaria destacó que estos operativos de control buscan garantizar la transparencia y legalidad de las diligencias.

Investigaciones y refuerzo de controles

Tras la incautación de droga y objetos ilícitos, el INPE notificó a la Fiscalía de turno de Castilla y a la Comisaría de Tacalá para dar inicio a las investigaciones correspondientes. El fiscal César Colchado Farfán supervisó las actuaciones realizadas en el penal, en coordinación con la policía y el personal penitenciario. De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades buscan determinar las responsabilidades penales adicionales y establecer las vías de ingreso de las sustancias y artículos prohibidos al establecimiento.

El Ministerio Público dispuso el levantamiento de las evidencias y continuará con las diligencias para identificar posibles vínculos con redes internas de microcomercialización. Estos procedimientos forman parte de una estrategia integral para combatir el delito y fortalecer el principio de autoridad dentro de los centros penitenciarios peruanos.

El INPE anunció que intensificará las requisas y reforzará los controles de seguridad no solo en el penal de Piura, sino en todos los establecimientos penitenciarios del país. Según la entidad, estas acciones buscan impedir la comisión de delitos desde las cárceles, desarticular posibles redes internas y garantizar el orden en el sistema penitenciario.

Un nuevo cateo efectuado en la colonia Guadalupe Insurgentes, en la alcaldía Gustavo A. Madero, permitió a las autoridades capitalinas asegurar cinco toneladas de autopartes, más de 300 dosis de posible droga y un arma de fuego, las cuales se encontraban almacenadas en dos predios sin permisos para operar. La intervención se realizó como parte de trabajos de investigación y en atención a varias denuncias por robo de autopartes y vehículos en la zona.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) presentó los datos recabados ante un agente del Ministerio Público, quien solicitó y obtuvo de un Juez de Control los mandamientos judiciales para intervenir en los domicilios en los que se desplegaron dispositivos de seguridad simultáneos.

“Una vez que se tomó conocimiento de todo lo hallado en los inmuebles y que se concluyeron con las diligencias, los predios quedaron sellados y bajo resguardo policial para continuar con las investigaciones que deriven del caso”, indicó la dependencia en un comunicado.

El primer cateo se realizó en un inmueble sobre avenida Insurgentes Norte. Ahí, los efectivos detuvieron a un hombre de 54 años y a una mujer de 53.

En ese mismo domicilio se aseguraron 95 dosis de posible metanfetamina, 118 de aparente cocaína y 100 envoltorios de una hierba verde y seca similar a la marihuana. También se hallaron un arma de fuego corta, cuatro cajas de cartuchos útiles y una tarjeta de circulación con reporte de robo activo.

El segundo inmueble, ubicado en la calle Aurelio Leyva, no registró detenidos, pero concentró el mayor volumen de material asegurado. El personal operativo encontró distintas piezas automotrices con un peso aproximado de cinco toneladas, más dos faros de diferentes vehículos con reporte de robo.

Al concluir las diligencias en ambos predios, las autoridades los sellaron y los dejaron bajo resguardo policial. La medida permite continuar con las investigaciones que se deriven del caso.

Los dos detenidos recibieron información sobre sus derechos y quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

En tanto, la SSC precisó que las personas mencionadas en el comunicado son consideradas inocentes. Así seguirán siendo tratadas en todas las etapas del procedimiento, hasta que un órgano jurisdiccional emita sentencia en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Finalmente, la SSC y la FGJ reiteraron su compromiso de realizar acciones coordinadas para la prevención e investigación de delitos. El objetivo declarado es detener a quienes generan violencia y afectan a la población de la Ciudad de México.

Panamá intensificó sus acciones contra el narcotráfico tras el decomiso de 1,320 paquetes de presunta droga en Chiriquí, en un operativo que dejó cuatro personas aprehendidas y que forma parte de la ofensiva de las autoridades para frenar el traslado de sustancias ilícitas hacia la frontera con Costa Rica.

La diligencia fue coordinada por la Procuraduría General de la Nación, a través de su Fiscalía de Drogas, en conjunto con la Policía Nacional, en el marco de la Operación Horizonte.

De acuerdo con las autoridades, la droga era transportada en varios vehículos interceptados en el oriente chiricano, lo que permitió no solo el decomiso de los paquetes, sino también la incautación de cinco automóviles utilizados para el traslado del cargamento ilícito.

Durante la operación, los agentes también lograron decomisar un arma de fuego calibre 9 milímetros sin permiso, municiones, proveedores y dos antenas de comunicación satelital tipo Starlink.

Los cuatro detenidos, todos de nacionalidad panameña, fueron remitidos ante un juez de garantías, donde enfrentarán cargos relacionados con delitos de drogas.

Según las investigaciones preliminares, el cargamento tenía como destino la zona fronteriza entre Panamá y Costa Rica, lo que refuerza la hipótesis de que el país continúa siendo utilizado como corredor para el tráfico internacional de sustancias ilícitas.

Este operativo en Chiriquí se produce en paralelo a otras acciones recientes de las autoridades, como la Operación Courier, que permitió desarticular una estructura criminal dedicada al envío de drogas mediante servicios de mensajería.

En ese caso, se realizaron más de 17 allanamientos en Panamá Este y Bocas del Toro, con un saldo de al menos 14 personas aprehendidas y la incautación de equipos tecnológicos y documentos vinculados a las operaciones ilegales.

Las investigaciones sobre la red desmantelada en la Operación Courier apuntan a un grupo que utilizaba empresas de envíos comerciales para trasladar drogas hacia Norteamérica y Europa, ocultando las sustancias ilícitas entre paquetes regulares.

Entre los detenidos figuran tanto ciudadanos panameños como extranjeros, incluyendo personas de nacionalidad jamaiquina, lo que evidencia el carácter transnacional de estas organizaciones.

Las autoridades han señalado que esta estructura venía siendo investigada desde 2024, lo que permitió recopilar evidencia suficiente para ejecutar los operativos simultáneos y desarticular la red.

Los implicados, junto con los indicios recabados, fueron puestos a órdenes del Ministerio Público, que continuará con el proceso judicial correspondiente.

El decomiso en Chiriquí y la Operación Courier se suman a una tendencia al alza en las incautaciones de drogas en el país. Según cifras oficiales,

Panamá ha decomisado más de 25.5 toneladas de sustancias ilícitas hasta finales de abril de 2026, como resultado de acciones conjuntas entre la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

El comportamiento mensual muestra un incremento significativo en comparación con el año anterior. Solo en enero de 2026 se reportaron más de 11 toneladas de droga incautadas, superando ampliamente las cifras del mismo mes en 2025. Para marzo, el acumulado ya alcanzaba 20.5 toneladas, tras la ejecución de al menos 24 operaciones estratégicas en distintos puntos del país.

Las incautaciones continuaron durante abril y mayo con operativos de gran magnitud, incluyendo uno cercano a una tonelada en un puerto del Pacífico y otro decomiso de más de 1,300 paquetes de droga a inicios de mayo, lo que confirma la persistencia de las rutas del narcotráfico que utilizan territorio panameño para el tránsito de sustancias ilícitas.

Las autoridades han reiterado que estos resultados responden a una estrategia de control territorial focalizado, que combina inteligencia, vigilancia y cooperación interinstitucional para identificar y desarticular estructuras criminales. No obstante, el volumen de droga incautada también refleja la presión constante de organizaciones dedicadas al narcotráfico en la región.

Con estos operativos, el Ministerio Público y los estamentos de seguridad buscan frenar el avance de estas redes, reforzando la vigilancia en puntos estratégicos del país y consolidando las acciones contra el crimen organizado, en un contexto donde Panamá sigue siendo un punto clave en las rutas del narcotráfico internacional.

En la región amazónica entre Perú y Brasil, específicamente en el área del río Yavarí, autoridades de ambos países realizaron la “Operación Espejo Mayo 2026”. El despliegue, coordinado por organismos de seguridad de ambas naciones, permitió la incautación de cerca de nueve toneladas de sustancias ilegales y la captura de armamento vinculado al tráfico de drogas.

Durante dos jornadas, el operativo abarcó puntos estratégicos de Mariscal Ramón Castilla, en Loreto, zona fronteriza con Brasil y Colombia. El Comando Operacional de la Amazonía, junto con el Comando Unificado PUMA y la Policía Nacional, dirigieron las acciones principales. Participaron, además, la Fuerza de Tarea Unificada “Mariscal Ramón Castilla”, la Dirección Antidrogas, la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra del Perú, así como el Ejército brasileño.

El 5 de mayo, la intervención permitió decomisar 985 kilogramos de estupefacientes, destruir un laboratorio precario y retirar químicos, armas y materiales empleados por organizaciones ilegales.

El 6 de mayo, la operación avanzó hacia la incautación de aproximadamente ocho toneladas de marihuana, armas de uso militar, municiones, equipos tácticos y la destrucción de un laboratorio de gran capacidad y campamentos clandestinos. Estos resultados impactaron directamente en la logística y las operaciones de las redes delictivas en la zona.

El General de Ejército César Briceño Valdivia, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, evaluó el operativo como un paso relevante en la política de respuesta coordinada frente al crimen transnacional. Briceño Valdivia resaltó que el país mantiene una estrategia de articulación de recursos terrestres, fluviales y aéreos para enfrentar desafíos que afectan la seguridad de la región y el desarrollo de los Estados involucrados.

En la segunda jornada se logró desarticular infraestructura destinada a la producción y almacenamiento de drogas. El desmantelamiento de laboratorios y campamentos ilegales, así como la incautación de equipos tácticos y armas de guerra, representa un golpe para la operatividad de las redes ilegales que operan en la triple frontera.

Según lineamientos del Ministerio de Defensa, la operación se diseñó para ejercer control estatal en territorios de difícil acceso y neutralizar economías ilícitas a través de inteligencia, movilidad y cooperación internacional. Esta intervención se suma a otros esfuerzos orientados a consolidar la presencia de las fuerzas del orden y limitar los espacios de acción de grupos vinculados al tráfico de estupefacientes.

Las autoridades confirmaron que las acciones de interdicción y control en la Amazonía continuarán, con prioridad en los puntos más vulnerables de la frontera compartida entre Perú, Brasil y Colombia. El Comando Unificado PUMA y la Fuerza de Tarea Unificada “Mariscal Ramón Castilla” mantienen el despliegue de recursos para vigilancia y respuesta rápida ante nuevas amenazas en la zona.

La coordinación binacional demostró la capacidad de respuesta y la integración de información de inteligencia para acceder a áreas dominadas por redes delictivas. Las fuerzas participantes, tanto peruanas como brasileñas, aseguraron que mantendrán la cooperación para enfrentar nuevas modalidades delictivas en la región.

Fuentes policiales detallaron que todo comenzó cuando vecinos de barrio Samoré alertaron sobre una carpa, ubicada en un terreno baldío ubicado en Avenida Argentina entre Garmendia y Lacroze, desde donde comercializaban estupefacientes. Según señalaron, se trataba de una banda organizada que contaba con varias personas armadas y roles definidos: “sátelite”, “campana” y “soldadito”.

De acuerdo con la reconstrucción efectuada, el grupo utilizaba handys para coordinar la operatoria y alertar sobre la llegada de compradores o la posible presencia policial.

Tras recolectar esta información, agentes de la Policía Bonaerense montaron un operativo en el lugar. Al advertir la presencia de los efectivos, varios sospechosos se dieron a la fuga, aunque finalmente lograron detener a dos de ellos: Luis Fernando Galarza (28) y O.D.R. (17).

Durante el procedimiento, los policías secuestraron una importante cantidad de droga fraccionada y lista para la venta: 242 envoltorios de papel glacé con pasta base; 113 envoltorios de cocaína; y 27 gramos de marihuana. También incautaron 7.100 pesos en efectivo, cinco handys y un cuaderno con anotaciones.

Además, hallaron varias armas de fuego, lo que refuerza la hipótesis de una estructura organizada: una escopeta calibre 12/70 —que tenía pedido de secuestro por un robo ocurrido el 5 de mayo de 2013— con siete cartuchos; una pistola tipo Beretta calibre 9 milímetros con un cargador y municiones; y una pistola Bersa calibre .22 con su respectivo cargador.

Los sospechosos quedaron detenidos e imputados por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, “encubrimiento” y “resistencia a la autoridad”. En paralelo, los investigadores buscan determinar si hay otros integrantes de la banda que lograron escapar durante el procedimiento.

¿Cómo ocurrió la detención de un miembro de la FAP?

El hallazgo se produjo cuando agentes de la PNP observaron un camión de carga pesada y un automóvil estacionados en actitud sospechosa en plena vía. Al inspeccionar los vehículos, los efectivos hallaron dos bolsas de rafia que contenían 53 kilogramos de marihuana, con un valor estimado de 70 mil soles (aproximadamente 18.500 dólares). El cargamento, según las investigaciones preliminares, tenía como destino diferentes puntos de la ciudad de Lima.

Entre los detenidos figura Efraín Conde Quispe, suboficial de segunda de la FAP en servicio activo, quien viajaba junto a Walter Arturo Vásquez, licenciado del Ejército del Perú, y Rolando Quispe Olarte, quien se desempeñaba como chofer del camión involucrado. Las autoridades señalan que la droga habría salido desde la región Ayacucho y su destino final era la capital peruana.

Respuesta de la FAP ante esta captura

La noticia generó una respuesta inmediata de la Fuerza Aérea del Perú, que a través de un comunicado oficial manifestó haber tomado conocimiento de los hechos y aseguró su plena disposición para colaborar en la investigación. “La FAP se ratifica en la decisión institucional de colaborar con la justicia, asegurar la transparencia del proceso y proteger la confianza de la ciudadanía en sus Fuerzas Armadas”, señaló la institución en un documento leído en Canal N.

El comunicado remarcó que la entidad castrense se encuentra brindando toda la información requerida tanto a la Policía Nacional del Perú como al Ministerio Público, a fin de facilitar el esclarecimiento de los hechos. “Las medidas disciplinarias y administrativas serán adoptadas conforme a los resultados que determinen las autoridades competentes”, subrayó la FAP, en referencia al proceso que actualmente permanece bajo investigación de la Dirección Antidrogas de la PNP.

En su documento oficial, la FAP enfatizó que “la transparencia y la colaboración con las autoridades civiles constituyen pilares inquebrantables de la institución”. El mensaje institucional buscó transmitir confianza a la ciudadanía y garantizar que la investigación seguirá su curso sin interferencias.

El caso ha puesto bajo la lupa la política de control interno de las Fuerzas Armadas peruanas. La FAP reiteró en su mensaje que mantiene una política de “tolerancia cero” frente a conductas ilícitas dentro de sus filas. “Cada caso es evaluado con rigor, y se reconoce el profesionalismo del resto del personal”, indicó la Fuerza Aérea, en un intento por delimitar responsabilidades individuales y preservar la imagen institucional.

Operativo y pistas para incautar el cargamento de droga

El operativo en la Panamericana Sur se enmarca en los esfuerzos de seguridad para combatir el tráfico de drogas en rutas estratégicas que conectan zonas de producción en el interior del país con los principales centros urbanos. De acuerdo a fuentes policiales, la intervención en Lurín se produjo tras un trabajo de seguimiento a movimientos sospechosos de vehículos de carga en la zona.

Las diligencias sobre el caso continúan en etapa preliminar. Los tres detenidos permanecen bajo custodia policial mientras la Dirección Antidrogas de la PNP recopila pruebas y testimonios para esclarecer la ruta y el destino final de la marihuana confiscada. El Ministerio Público, por su parte, evalúa la apertura de un proceso penal por tráfico ilícito de drogas contra los involucrados.

Controversia por detención de militares en actividad

La detención de un integrante activo de la FAP ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer los controles y la supervisión interna en las instituciones armadas peruanas. Voceros de la Fuerza Aérea insisten en que casos como este constituyen hechos aislados, sin embargo, el incidente ha generado inquietud en la opinión pública.

Mientras tanto, la Policía Nacional y la Fiscalía continúan las pesquisas para determinar posibles conexiones del cargamento con redes de microcomercialización en la capital. El valor de la droga incautada, según estimaciones de las autoridades, subraya la magnitud de la operación frustrada.

El caso permanece abierto y bajo estricta supervisión de las autoridades judiciales y policiales. La FAP reiteró su compromiso de actuar conforme a la ley y aplicar sanciones ejemplares en caso de confirmarse la responsabilidad de su personal.

Dos hombres, señalados como posibles integrantes de una célula delictiva dedicada al narcomenudeo, fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) en la Alcaldía Cuauhtémoc. Los oficiales aseguraron más de 90 dosis de aparente narcótico durante la intervención.

Los hechos ocurrieron tras una persecución iniciada por parte de los agentes capitalino al descubrir que los sujetos manipulaban bolsas asociadas al tráfico de drogas.

De acuerdo con los reportes, los implicados circulaban en un automóvil blanco por la colonia Doctores, donde se realizaban trabajos de vigilancia e inteligencia.

El vehículo, identificado con placas del Estado de México, fue interceptado en la esquina de las calles Luis Moya y Delicias, en la colonia Centro.

Durante la revisión preventiva, los efectivos de seguridad localizaron alrededor de 98 dosis de vegetal verde, con características de marihuana,y una bolsa con aparente crystal. El procedimiento se realizó conforme a los protocolos establecidos por la autoridad policial.

Ambos tripulantes, de 36 y 21 años de edad, recibieron información sobre sus derechos antes de ser trasladados junto con la probable droga y el automóvil asegurado, al agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

En tanto, la SSC-CDMX dio a conocer que, tras el cruce de información, se presume que los dos hombres forman parte de un grupo delictivo dedicado al narcomenudeo en el centro de la capital.

El mayor de los detenidos cuenta con tres ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por robo, cometidos en los años 2009, 2011 y 2025. Además, fue presentado ante un Juez cívico en 2025 por vejar o maltratar.

El segundo detenido, de 21 años, ya había ingresado por delitos contra la salud en 2025. También enfrentó tres presentaciones ante el Ministerio Público, dos por robo (en 2021 y 2024) y una más por delitos contra la salud en 2024.

A raíz de los hechos, la intervención policial no solo permitió el aseguramiento de drogas, sino también la detención de personas con antecedentes penales.

Con este tipo de acciones, la SSC busca responder a denuncias sobre venta de drogas y reforzar la seguridad en la alcaldía Cuauhtémoc. La zona se mantiene bajo monitoreo constante para prevenir actividades ilícitas.

El caso evidencia la reincidencia entre integrantes de células delictivas y la importancia de la coordinación entre inteligencia y patrullaje. Las autoridades reiteran su compromiso con la seguridad y la legalidad en la capital del país.

De acuerdo a la información difundida por Panamericana Televisión, los agentes ingresaron hasta el segundo piso de la vivienda y encontraron diversos implementos que, según la investigación policial, eran utilizados para la preparación de esta droga sintética. Entre los objetos hallados destacó una olla arrocera que habría servido para el procesamiento de los insumos químicos empleados en la elaboración del ‘tusi’.

En imágenes difundidas durante la cobertura televisiva del caso, se observó parte del material incautado por la Policía. Además de la olla arrocera, los efectivos encontraron una caja de ketamina de uso veterinario, una balanza y pastillas de éxtasis, productos que serían utilizados tanto para la preparación como para la distribución de las sustancias ilícitas.

Presunta venta de droga

Según informó Panamericana Televisión, el detenido habría confesado ante la Policía que vendía cada paquete de droga entre 25 y 50 soles. Según la investigación preliminar, la comercialización se realizaba mediante redes sociales y también en fiestas electrónicas.

De acuerdo con el reporte policial, el joven admitió que inicialmente consumía drogas y que posteriormente comenzó a vender pequeñas cantidades a personas cercanas. “Primero fue por una ex que me enganché con el consumo y después con el tiempo mis amigos mismos me decían: ‘Véndeme uno, véndeme otro’, y ahí comenzó todo”, declaró durante el interrogatorio policial.

Las autoridades también investigan si la distribución de la droga se realizaba mediante servicios de motorizados. Según lo informado durante la intervención, la Policía busca determinar si otras personas estarían involucradas en la red de comercialización y si el inmueble era utilizado exclusivamente para la elaboración del ‘tusi’.

Aprendió por TikTok

Uno de los aspectos que llamó la atención de las autoridades fue la declaración del detenido sobre la forma en que habría aprendido a preparar la droga. Durante el interrogatorio, el joven aseguró que obtuvo información observando contenido difundido en redes sociales. “Por TikTok lo vi. En TikTok sale ahí, puede buscar y salen las ollas con los platos”, manifestó el intervenido ante los agentes policiales.

Según informó el citado medio, las sospechas de los vecinos fueron determinantes para el inicio de las investigaciones. Residentes de la zona alertaron a las autoridades sobre movimientos extraños y la presencia frecuente de personas de dudosa procedencia en el inmueble intervenido.

La Policía continúa con las diligencias para identificar a posibles cómplices y determinar quién es el propietario de la vivienda donde funcionaba el presunto laboratorio clandestino. Asimismo, las autoridades evalúan los delitos que podrían imputarse al detenido, entre ellos tráfico ilícito de drogas, delito que contempla penas privativas de libertad.

El histórico decomiso se gestó a través de una investigación dirigida por el Ministerio Público y ejecutada por OS7 El Loa, la cual permitió establecer la presencia de la droga en un predio en el sector oriente de Calama (1.530 kms al norte de Santiago) y, a partir de ello, ejecutar un allanamiento al lugar, donde se detuvo in fraganti a tres imputados de nacionalidad colombiana, justo cuando cargaban el depósito del camión.

En diligencias paralelas se detuvo también a un ciudadano boliviano relacionado con los hechos, elevando así a cuatro los detenidos, y todos ellos fueron formalizados esta jornada por el delito de tráfico de drogas, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva por representar un serio peligro para la seguridad de la sociedad.

Estrategia conjunta

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó la relevancia de este procedimiento conjunto, el cual marca un hito en la historia del combate al crimen organizado en Chile.

“Esto no es menor, es un hito para nuestra Fiscalía, pero también para el Ministerio Público en su conjunto. En 25 años de Reforma Procesal Penal, ninguna investigación había puesto fuera de circulación tanta droga en una sola operación, como lo hicimos hoy, en una demostración tangible de que, cuando el Estado chileno opera articulado, el crimen organizado retrocede”, señaló.

Castro Bekios subrayó que esta incautación no es un accidente, sino que nace de una investigación profesionalmente llevada adelante por OS7, enmarcada además en una estrategia coordinada que busca el estrangulamiento de toda la logística de las organizaciones criminales.

“Este año hemos detectado acopios en el desierto, droga en dobles fondos de camionetas y camiones, droga al interior de cilindros de gas, en encomiendas, en repuestos, en vehículos que son trasladados en camiones cigüeña, y ahora tenemos un camión cisterna completamente cerrado, es decir, un amplio repertorio de modalidades que han fracasado y seguirán fracasando”, agregó.

Cifras históricas

El persecutor recordó que la cantidad de droga incautada en los primeros cuatro meses del año ya supera las 30 toneladas, y si se considera desde octubre de 2023, fecha en que inició su administración como fiscal regional, el total alcanza las 95,6 toneladas.

“Eso significa que en esta región se incautan 100 kilos de drogas al día, 700 kilos a la semana, 3 toneladas al mes. Eso es lo que están haciendo las policías y el Ministerio Público en la Región de Antofagasta, y eso es lo que vamos a procurar seguir haciendo en el futuro”, complementó Castro Bekios.

De acuerdo al fiscal, la investigación recién comienza, pues “aquí estamos en presencia de una logística muy grande, que tiene el sello del crimen organizado transnacional”, aseguró.

Para el fiscal, esto es concordante con la posición del norte de Chile como pasadizo de la droga desde la zona andina al resto del continente, pero al mismo tiempo como tapón estratégico para el narcotráfico.

“A las organizaciones criminales transnacionales que evalúan rutas hacia el Pacífico, este caso comunica una sola cosa: Antofagasta tiene capacidad institucional para detectarlas, perseguirlas y condenarlas”, remató el fiscal que ostenta los mejores números del país.

Durante la operación, agentes del escuadrón de emergencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) ingresaron al domicilio y subieron al segundo piso, donde hallaron la olla arrocera que funcionaba como equipo principal para procesar los insumos de la droga sintética. En la misma habitación encontraron una caja de ketamina de uso veterinario, una balanza y pastillas de éxtasis, elementos que confirmaron la fabricación y posible comercialización de estupefacientes desde ese lugar, según informó Buenos días Perú de Panamericana TV.

La Policía informó que el detenido confesó vender cada dosis de ‘tusi’ a precios que oscilaban entre 25 y 50 soles, utilizando redes sociales y eventos electrónicos como canales de distribución. Según sus declaraciones, al principio preparaba la droga para consumo personal, pero amigos y conocidos comenzaron a solicitarle pequeñas cantidades, lo que lo llevó a iniciar la venta.

El detenido explicó a los agentes que aprendió a elaborar la sustancia por medio de videos encontrados en la plataforma TikTok, donde observó tutoriales sobre el procedimiento y el uso de ollas arroceras para la mezcla de los componentes. “Lo vi en TikTok, ahí enseñan cómo se hace y qué se necesita. No era complicado”, afirmó ante la policía.

Vecinos del sector señalaron que las constantes visitas de personas desconocidas y actitudes sospechosas alertaron sobre actividades ilícitas en la vivienda. Las denuncias realizadas por los residentes permitieron que las autoridades iniciaran la investigación, logrando intervenir el domicilio y detener al joven cuando se encontraba solo en el inmueble.

Actualmente, la Policía investiga si hay otros involucrados en la operación. También se presume que el detenido utilizaba servicios de motorizados para enviar la droga a diferentes puntos del distrito, aunque aún se desconoce el alcance total de la red.

¿Cómo funcionaba el laboratorio clandestino en el Callao?

El operativo permitió identificar el método utilizado para la producción de tusi: la olla arrocera servía como recipiente principal para mezclar ketamina, pastillas de éxtasis y otros insumos. La utilización de electrodomésticos comunes dificultó la detección del laboratorio, ya que evitaba llamar la atención sobre la presencia de equipos industriales.

Las autoridades recopilaron pruebas que serán fundamentales para el proceso judicial, incluyendo los dispositivos electrónicos empleados para la comercialización y los productos químicos hallados en la vivienda. El joven permanece bajo custodia mientras continúan las diligencias para esclarecer si existían cómplices o una red más amplia dedicada al tráfico de droga en la región Callao.

Un nuevo hallazgo de droga dentro de una cárcel vuelve a encender las alertas sobre los mecanismos de ingreso de sustancias prohibidas. Esta vez, agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) detectaron envoltorios de pasta básica de cocaína escondidos dentro de un juguete de Hello Kitty en el penal de Chiclayo.

La intervención se realizó durante una requisa en las cuadras 5 y 6 del pabellón 3 del Régimen Cerrado Ordinario. Durante la inspección, los agentes revisaron distintos ambientes del recinto, incluidos los servicios higiénicos, donde se produjo el hallazgo.

Según la información oficial, el peluche se encontraba dentro de un balde y ocultaba pequeños paquetes con droga, lo que evidencia nuevas formas de ingreso de sustancias ilegales al interior de los penales.

Además del jueguete, se decomisaron otros objetos prohibidos como encendedores, tijeras, motores de ventilador, cables y una polea artesanal. Todos estos elementos representan un riesgo para la seguridad dentro de la cárcel, donde los internos pueden utilizarlos para actividades ilícitas o para vulnerar el control penitenciario.

Tras el hallazgo, las autoridades penitenciarias comunicaron el hecho a la comisaría de Pícsi para iniciar las diligencias correspondientes.

Un antecedente reciente en el mismo penal

Este caso no es aislado. Apenas un mes antes, el 30 de marzo, en el mismo penal de Chiclayo, se realizó otra requisa que también terminó con la incautación de droga y objetos peligrosos.

En ese operativo, desarrollado durante la noche, participaron 35 agentes penitenciarios y 188 efectivos de la Policía Nacional, incluyendo unidades especializadas antidrogas y caninas.

Durante la intervención en el pabellón 3, se hallaron dos bolsas con 50 envoltorios de una sustancia con características de pasta básica de cocaína, así como 30 envoltorios tipo “ketes” con restos de vegetal molido.

Además, los agentes encontraron armas punzocortantes, cuchillos hechizos, pipas artesanales y herramientas, lo que evidenció el nivel de riesgo dentro del recinto.

En el pabellón 1, también se descubrió una memoria USB escondida dentro de una zapatilla, lo que muestra que los intentos de ocultamiento no se limitan solo a la droga, sino también a otros objetos prohibidos.

Estos antecedentes reflejan una constante: el ingreso y ocultamiento de artículos ilegales dentro de la cárcel, pese a los operativos de control.

Cambio en el INPE en medio de crisis penitenciaria

En paralelo a estos operativos, el sistema penitenciario atraviesa una etapa de cambios. Jorge Cotos Ochoa asumió la jefatura del INPE el pasado 8 de marzo de 2026, en un contexto marcado por cuestionamientos al control de los penales.

A pocos días de su designación, encabezó su primer operativo en el penal de Trujillo, donde agentes realizaron una requisa en un pabellón con más de 200 internos. Durante esa intervención se incautaron armas punzocortantes y se detectaron conexiones eléctricas clandestinas.

Posteriormente, el funcionario recorrió otros establecimientos, incluyendo el penal de Chiclayo, donde supervisó pabellones y evaluó las condiciones de seguridad.

Cotos cuenta con más de 35 años de trayectoria en el sistema penitenciario y ha ocupado diversos cargos en regiones como Lima, Arequipa y el norte del país.

Su llegada se produce en un momento en que el funcionamiento del INPE está bajo cuestionamiento, debido a fugas de internos, fallas en los registros y problemas de coordinación entre penales.

Críticas al sistema penitenciario desde el propio INPE

Las recientes intervenciones también coinciden con cuestionamientos desde dentro del propio sistema. Iván Paredes, exjefe del INPE, ha advertido sobre problemas estructurales que afectan la seguridad en las cárceles.

El exfuncionario señaló que el sistema enfrenta una “crisis moral”, marcada por la corrupción y el tráfico de influencias, situaciones que dificultan el control de los internos y la gestión de los penales.

Paredes también explicó que decisiones como el traslado de reclusos pueden verse limitadas por órdenes judiciales, lo que reduce la capacidad de acción de las autoridades penitenciarias.

En ese contexto, casos como el hallazgo de droga en un peluche dentro de una cárcel no solo evidencian fallas en los controles, sino también los desafíos que enfrenta el sistema para evitar el ingreso de objetos prohibidos.

Mientras continúan las requisas y operativos, el debate sobre la seguridad en los penales sigue abierto, en un escenario donde los hechos recientes muestran que el problema persiste.

La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con el personal de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), llevó a cabo la incineración de más de 400 kilos de narcóticos, los cuales fueron asegurados en diversas acciones coordinadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

La incineración tuvo lugar en las inmediaciones del Campo Militar 37, en el Estado de México, bajo estrictas medidas supervisadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como de la FECOR en la Ciudad de México.

Durante la jornada, las autoridades eliminaron alrededor 441 kilos 393.5 gramos de sustancias ilícitas. Entre los narcóticos destruidos se encuentran marihuana, clorhidrato de cocaína, clorhidrato de metanfetamina, delta 9 THC, entre otros.

Hasta el momento, la FGR mantiene la vigilancia sobre las rutas utilizadas por el crimen organizado para el transporte de estupefacientes, a fin de debilitar sus estructuras.

Detención en Naucalpan por transporte de metanfetamina

En marzo, elementos de seguridad detuvieron a un hombre en Naucalpan, Estado de México, mientras transportaba 15 kilos de metanfetamina. El aseguramiento ocurrió tras labores de inteligencia y vigilancia en la zona metropolitana.

El presunto sujeto fue interceptado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes junto con la droga incautada. Este hecho se incorporó a las investigaciones que alimentan la labor de la FGR contra el narcotráfico dentro de la entidad.

Según reportes oficiales, la intervención se efectuó como parte de los despliegues estratégicos instruidos en las Mesas de Paz, mecanismo de coordinación interinstitucional en la entidad.

La presencia de patrullas sobre el Circuito Exterior Mexiquense (CEM) resultó determinante para que los agentes detectaran un automóvil sin placas ni permiso provisional visible, cuyo conductor adoptó una actitud evasiva al notar la cercanía de los oficiales.

Esta reacción motivó a los uniformados a realizar una inspección a la persona y a la unidad motriz, encontrando en el interior del vehículo un costal con una sustancia blanca que presentaba características similares a la metanfetamina.

Con estas acciones, la FGR busca fortalecer la seguridad pública y enviar un mensaje claro sobre el destino de los narcóticos asegurados. Cada incineración valida la cadena de custodia y el destino legal de las evidencias.

Las autoridades reiteraron su compromiso de combatir el tráfico de drogas y proteger a la sociedad mexicana de los efectos nocivos del narcotráfico. La vigilancia y la transparencia continúan siendo ejes fundamentales en cada etapa del proceso.

El conductor de un tractocamión fue detenido en Sonora luego de que autoridades localizaran un cargamento de cocaína, cristal y goma de opio oculto en un doble fondo de la caja refrigerada de la unidad que transportaba cajas con verdura.

El aseguramiento ocurrió en el puesto de seguridad de Querobabi, ubicado en el municipio de Opodepe, durante una revisión de rutina a cargo de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

Anomalías en la estructura de la caja

De acuerdo con la información oficial, durante la inspección inicial los agentes detectaron anomalías en la estructura del remolque mediante equipo de revisión no intrusiva, lo que derivó en una inspección física más detallada del tractocamión.

Al revisar la caja de carga, el personal encontró un doble fondo acondicionado detrás de la mercancía transportada, espacio que presuntamente era utilizado para ocultar el narcótico y evitar su detección en retenes carreteros.

Fueron hallados 33 paquetes con droga

Dentro de ese compartimento fueron hallados 33 paquetes con aproximadamente 34 kilogramos de cocaína, 26 paquetes con 14 kilogramos de cristal y dos recipientes con un kilogramo de goma de opio.

Tras el hallazgo, el operador fue detenido en el lugar y quedó a disposición del Ministerio Público Federal junto con la droga asegurada y el tractocamión utilizado para el traslado.

Las autoridades deberán determinar el origen del cargamento, su posible destino y si el detenido tiene vínculos con alguna organización criminal dedicada al trasiego de drogas.

El decomiso se realizó en uno de los principales puntos de revisión de seguridad instalados en Sonora, entidad considerada estratégica dentro de las rutas utilizadas para el traslado de narcóticos hacia la frontera con Estados Unidos.

Dos jóvenes de Córdoba capital fueron detenidos tras una investigación que reveló una red de venta y distribución de estupefacientes en diferentes puntos de la provincia. El operativo, a cargo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), permitió secuestrar cocaína, marihuana, dinero en efectivo y un vehículo que era utilizado para el traslado y ocultamiento de parte de la droga.

En procedimientos realizados de manera simultánea, los agentes intervinieron en dos puntos estratégicos: la intersección de Ruta Nacional 9 y Ruta Provincial 16 en la localidad de San José de la Dormida y un domicilio ubicado en la calle Rafael de Palencia al 3.400 en barrio Yofre Norte.

Como resultado de estas acciones, fueron detenidos un hombre de 23 años y una mujer, quienes, según la investigación, gestionaban un punto de venta en la capital provincial y ofrecían un sistema de entrega a domicilio durante los fines de semana en localidades del norte.

De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, la intervención de la FPA comenzó tras detectarse movimientos irregulares en la zona, lo que llevó a la apertura de una investigación coordinada junto a la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Deán Funes. La causa fue caratulada por supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes, según se informó oficialmente.

Durante los allanamientos, se incautaron 105 dosis de cocaína, 38 de marihuana, una balanza digital y dinero en efectivo. Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores fue el modo en que los acusados intentaban eludir los controles: parte de la droga y la balanza estaban ocultas en el cielo raso de un Chevrolet Corsa, lo que evidenció una estrategia para dificultar la detección policial.

El procedimiento, realizado bajo la supervisión de la fiscalía, incluyó la requisa exhaustiva del vehículo, donde se encontraron los elementos disimulados en compartimientos especialmente adaptados. Esta maniobra, señalaron fuentes policiales, era utilizada en los desplazamientos hacia las localidades de San José de la Dormida y Villa de María del Río Seco, donde los fines de semana los detenidos ofrecían servicio de entrega directa de estupefacientes.

La FPA detalló que las operaciones de delivery se realizaban principalmente los fines de semana, aprovechando la movilidad que les proporcionaba el automóvil ahora secuestrado.

Las autoridades informaron que todo el material incautado, junto con los dos detenidos, fue trasladado para quedar a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, que continúa con las diligencias de la causa. El operativo coordinado buscó cortar tanto la provisión local como la distribución hacia localidades más pequeñas, donde la modalidad delivery representaba un desafío adicional para las fuerzas policiales.

En la investigación se estableció que los acusados mantenían un punto de venta fijo en Córdoba capital, desde donde abastecían la demanda local, y que los envíos a localidades del norte provincial eran planificados y ejecutados los fines de semana, con el objetivo de aprovechar la menor presencia policial y la movilidad propia del vehículo.

El caso continúa bajo análisis judicial, mientras los elementos secuestrados permanecen como prueba principal en la causa. Las autoridades no descartan nuevas detenciones vinculadas a la misma red investigada, en función de los datos surgidos del material incautado y los registros de comunicación que acompañan el expediente.

Una investigación judicial en Salta permitió desmantelar una organización narcocriminal que alquilaba fincas agrícolas para ocultar grandes cargamentos de cocaína, utilizando plantaciones de hortalizas como pantalla. El caso cobró notoriedad tras el hallazgo de más de 170 kilos de cocaína enterrados en una plantación de tomates en Colonia Santa Rosa. En las últimas horas, imputaron a los líderes y un integrante de la banda, quienes quedaron detenidos con prisión preventiva por el término de 90 días.

La investigación comenzó en enero pasado, cuando una denuncia anónima llevó a Gendarmería Nacional a realizar un operativo en una estación de servicio de Pichanal. Allí, un camión que transportaba cajones de berenjenas fue requisado con la ayuda del perro antinarcóticos “Orfeo”, que detectó 30 kilos de cocaína camuflados entre la carga. En esa oportunidad, cinco personas fueron detenidas —incluidos el conductor del camión y ocupantes de un automóvil que oficiaba de apoyo logístico— y se inició una investigación más amplia bajo la dirección del fiscal federal de Orán, Marcos Romero.

El análisis de los teléfonos celulares secuestrados y el testimonio de tres arrepentidos permitió a la fiscalía identificar a dos hermanos, A.R. y J.R., como jefes de la organización, y al ciudadano venezolano J.B. como parte del grupo. El trabajo de los investigadores estableció que la banda arrendaba fincas en Colonia Santa Rosa, donde cultivaban tomates y otras verduras, pero el verdadero objetivo era utilizar estos predios como depósitos de droga, que ingresaba desde Bolivia y era almacenada de manera clandestina.

Durante la pesquisa, se detectó que los líderes de la banda alquilaron al menos tres terrenos agrícolas y utilizaban vehículos para desplazarse entre las distintas fincas, simulando tareas rurales. En uno de los inmuebles funcionaba el pool “El Bunker”, donde coordinaban el acopio y movimiento de la droga, y también se identificó la utilización de un local bailable y viviendas particulares para actividades conexas.

La investigación se profundizó con la intervención telefónica de los celulares de los hermanos y de J.B., lo que permitió a la fiscalía obtener evidencia sobre el inminente movimiento de un gran cargamento de estupefacientes. A partir de estas pruebas, el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, ordenó ocho allanamientos simultáneos con intervención de Gendarmería Nacional. En una de las fincas, los agentes hallaron una zanja cubierta de yuyos donde había ocho bolsas con 171,45 kilos de cocaína distribuidos en 170 paquetes. Además, se secuestraron un tractor con acoplado, tres camionetas, dos automóviles, teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento.

El juez Montoya declaró la legalidad de la detención de los tres principales acusados, admitió la imputación fiscal y dispuso la prisión preventiva por 90 días, además de autorizar peritajes sobre los teléfonos y dispositivos secuestrados. Los hermanos y el ciudadano venezolano fueron imputados como coautores del delito de almacenamiento de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, y los dos primeros también por transporte de estupefacientes agravado.

La defensa de los imputados solicitó el arresto domiciliario, pero la fiscalía rechazó el planteo y advirtió que el ciudadano venezolano tenía un pedido de captura nacional e internacional por otra causa en Salta, y uno de los hermanos había sido declarado en rebeldía en un juzgado de Lanús. El juez finalmente rechazó los pedidos de la defensa y confirmó la prisión preventiva, fundamentando su decisión en la gravedad y logística de la organización, los riesgos de fuga y la posible obstrucción de la investigación.

La causa, a cargo del fiscal Marcos Romero, sigue abierta con la expectativa de nuevos avances. La fiscalía solicitó el peritaje de los dispositivos electrónicos para identificar a otros posibles involucrados y reconstruir el circuito completo de la organización, que mostraba un poderío económico y logístico significativo, con conexiones en diferentes puntos del país y vínculos con el tráfico internacional.

El impacto en la salud de los jóvenes de la inhalación del llamado “gas de la risa” genera cada vez más preocupación en Francia, donde incluso uno de los chefs más galardonados lanzó una acción judicial entre llamados a tomar medidas.

Yannick Alléno, ganador de 18 estrellas Michelin, prometió trabajar por una mayor protección de los jóvenes, después de que en 2022 un conductor ebrio atropellara mortalmente a su hijo Antoine, de 24 años, en París.

Y, este miércoles, arremetió contra los productores de óxido nitroso, cuyo mal uso provocó, según la asociación 40 Millones de Automovilistas, más de 450 accidentes de tráfico graves en Francia en 2025, cuarenta veces más que hace seis años.

El también llamado “gas de la risa” es un producto con fines médicos o alimentarios, pero muchos pervierten su uso con fines recreativos, inhalándolo con ayuda de globos tras perforar los cartuchos que lo contienen.

“Esto tiene efectos importantes en la salud pública. Hay jóvenes que pierden movilidad, sufren quemaduras, accidentes. Creo que es hora de tomar medidas de fondo”, dijo a AFP Yannick Alléno.

Este producto puede provocar daños en el sistema nervioso, una alteración de las facultades cognitivas, así como trastornos del equilibrio y de los reflejos, creando un riesgo mayor en caso de conducción.

“Remordimiento eterno”

Según cifras oficiales, los casos registrados de intoxicaciones con óxido nitroso se triplicaron entre 2022 y 2023, y los más graves se cuadruplicaron en el mismo período.

El 10% corresponde a menores, pese a que una ley de 2021 prohíbe su venta a estos últimos. El complejo hospitalario Hospices Civiles de Lyon, en el este de Francia, lanzó en noviembre de 2024 un servicio de información y de tratamiento de los efectos del “gas de la risa”, que atiende a decenas de pacientes, sobre todo jóvenes. Julien (pseudónimo) es uno de ellos.

Este joven de 21 años estuvo “enganchado” durante cuatro años hasta finales de 2025 y ahora teme “secuelas de por vida”: “Un placer efímero por un remordimiento eterno”.

“Todo se vuelve muy complicado, incluso conducir. Cuando me da ese hormigueo, me duele muchísimo”, asegura por su parte Sarah (pseudónimo), a quien le tiemblan las piernas cuando se levanta. Para esta joven de 23 años se trata de “la peor droga”, porque “está por todas partes”. “Me habría gustado decirles a los jóvenes que no hicieran eso. Pero el problema es que lo saben”, suspira.

Publicidad “engañosa”

El mal uso de este gas por jóvenes preocupa al gobierno. A inicios de abril lanzó una campaña de sensibilización con mensajes como: “Detrás de unos segundos de euforia, puede haber una parálisis de por vida, o peor aún, la muerte”.

El Senado debe debatir en mayo un proyecto de ley para castigar la inhalación del “gas de la risa” con hasta un año de prisión y 3.750 euros (4.400 dólares) de multa, pena que aumentaría a 3 años y 9.000 euros si se conduce bajo sus efectos.

El chef Alléno también pide al gobierno que publique un decreto que incluya este producto en el delito de homicidio vial, pero va más allá.

Este miércoles, su Asociación Antoine Alléno, que fundó en homenaje a su hijo, anunció a AFP una acción judicial. La asociación demandó a dos empresas, el fabricante chino Zhuzhou Xingye Chemical y la distribuidora polaca IVM Firma Handlowa, que con “formas engañosas de comunicación” incitarían a los jóvenes a un mal uso del “gas de la risa”.

En el punto de mira estarían los coloridos cartuchos de óxido nitroso comercializados bajo la marca Cream Deluxe para “crear bebidas y cócteles”, aunque el chef no los ha visto “nunca” en cocina.

IVM Firma Handlowa negó a AFP ser la “distribuidora de Cream Deluxe” y aseguró que ya no lo venden en Francia. En este caso por supuestas prácticas comerciales desleales, la asociación solicita a un tribunal de París que prohíba a ambas empresas operar en Francia, así como el pago de las costas judiciales.

(AFP)

El hallazgo se produjo en un puerto del Pacífico panameño, punto clave en la conexión logística entre distintos continentes. La intervención incluyó la participación de unidades especializadas y el apoyo de un perro entrenado en detección de sustancias ilícitas, lo que permitió ubicar la carga sospechosa dentro de la mercancía.

El operativo forma parte de una serie de acciones que las autoridades panameñas ejecutan para reforzar controles en terminales portuarios. La ubicación estratégica del país lo convierte en una zona de tránsito frecuente para cargamentos ilegales, lo que obliga a intensificar la vigilancia sobre contenedores en tránsito.

Hallazgo en un contenedor con ruta internacional

Según informó el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá, la inspección se centró en un contenedor que partió del puerto de Charleston, en Carolina del Sur, con destino final el puerto del Callao, en Perú, y con escala en territorio panameño. Durante la revisión, los agentes identificaron anomalías en el sello de seguridad, lo que activó los protocolos de verificación.

Al abrir el contenedor, las autoridades encontraron veinte maletines negros ocultos entre la carga legal. En su interior se contabilizaron 999 paquetes de una sustancia que será sometida a análisis para confirmar su naturaleza. La diligencia se realizó en coordinación con el Ministerio Público, entidad encargada de las investigaciones posteriores.

El Servicio Nacional Aeronaval indicó que la intervención se sustentó en labores de inteligencia y perfilamiento de cargas. Estos procedimientos permiten identificar patrones de riesgo en rutas comerciales y seleccionar contenedores para inspección detallada.

El apoyo de un perro especializado resultó determinante para confirmar la presencia de sustancias ilícitas. Este tipo de recursos se integra de manera habitual en operativos portuarios, donde el volumen de carga dificulta una revisión exhaustiva de todos los envíos.

La entidad también precisó que la revisión incluyó técnicas de verificación física y documental, con el objetivo de contrastar la información declarada con el contenido real del contenedor.

Investigación sobre el punto de contaminación

Tras la incautación, las autoridades iniciaron una investigación para establecer en qué tramo del recorrido se introdujo la carga ilícita. El contenedor atravesó varias etapas logísticas, lo que abre distintas hipótesis sobre el origen de la contaminación.

El análisis incluye la revisión de registros de embarque, controles portuarios y posibles intervenciones en puntos intermedios. La trazabilidad del contenedor constituye un elemento clave para determinar responsabilidades y detectar posibles fallas en los sistemas de control.

El Servicio Nacional Aeronaval no descartó la participación de redes organizadas que operan en distintos países, aprovechando la complejidad de las rutas comerciales internacionales.

Incautaciones y rutas bajo vigilancia

Las cifras oficiales reflejan la magnitud del problema. En lo que va del año 2026, el Servicio Nacional Aeronaval reporta la incautación de más de 25 mil paquetes de sustancias ilícitas en 31 operaciones realizadas en distintas regiones del país.

Panamá ocupa un lugar estratégico en el tráfico internacional de drogas, debido a su posición geográfica y a la concentración de infraestructura logística. Las autoridades identifican al país como un punto de tránsito para cargamentos provenientes de Suramérica con destino a mercados como Estados Unidos y Europa.

El refuerzo de controles en puertos responde a esta dinámica, con énfasis en la cooperación entre agencias y el uso de herramientas de inteligencia. Las operaciones buscan detectar irregularidades en contenedores que, en apariencia, forman parte del comercio regular, pero que pueden ser utilizados para ocultar cargamentos ilícitos.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) aseguró aproximadamente 40 kilogramos de metanfetamina durante un operativo interinstitucional en la colonia La Huerta, en Morelia. El valor estimado de la droga ronda el medio millón de pesos en el mercado ilícito, según autoridades estatales.

El operativo fue resultado de labores de inteligencia e investigación realizadas por la Fiscalía de Asuntos Especiales y contó con la participación coordinada de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Guardia Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN). Durante la intervención, también se aseguró un vehículo con alteraciones en sus medios de identificación, lo que refuerza las líneas de investigación sobre su posible vinculación con actividades delictivas.

Golpe a las finanzas criminales en Michoacán

La FGE informó que el aseguramiento constituye una afectación directa a las finanzas de grupos criminales que operan en la región. El decomiso de la droga se realizó en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia que busca debilitar estructuras delictivas y garantizar condiciones de tranquilidad en la entidad.

Las autoridades señalaron que continuarán con operativos conjuntos y acciones de inteligencia para combatir frontalmente los delitos relacionados con el narcotráfico y la delincuencia organizada en Michoacán.

Refuerzan coordinación institucional

La Fiscalía de Michoacán reiteró su compromiso de actuar con firmeza, inteligencia y coordinación con otras instituciones de seguridad para salvaguardar el bienestar de la sociedad. El aseguramiento de los 40 kilogramos de metanfetamina representa uno de los golpes más relevantes contra el narcotráfico en la capital michoacana en lo que va de 2026.

La droga y el vehículo asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, que continúa con las investigaciones para identificar a los posibles responsables y determinar la red de operación detrás de este cargamento.

La Policía de la Ciudad secuestró este sábado más de un kilo de cocaína en un hotel del barrio de Constitución, pero la Justicia porteña no autorizó allanar las habitaciones donde se sospechaba que había más droga.

El episodio ocurrió en la madrugada de hoy en la zona de Santiago del Estero al 1400, donde efectivos de la Policía de la Ciudad advirtieron movimientos sospechosos de cuatro mujeres trans que caminaban por el lugar. Al intentar identificarlas, las mujeres escaparon e ingresaron a un hotel de la cuadra. Cerraron la puerta y evitaron el contacto con los agentes.

En ese momento, una de ellas dejó caer una bolsa de nailon negra en el acceso del hotel. El encargado del lugar se acercó y permitió el acceso de los oficiales, entregando la bolsa caída en el piso. El personal policial realizó el test reactivo, que confirmó que los 13 envoltorios encontrados contenían cocaína.

A poco de llegar el propietario del establecimiento, señaló que desde el interior del hotel, al pulmón del edificio, alguien había tirado una bolsa de tela. Los efectivos la recuperaron y comprobaron que dentro había una balanza de precisión y 91 envoltorios con un peso total de un kilo de cocaína.

Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, tanto el encargado como el dueño del hotel informaron a la policía sobre su temor de que en habitaciones vinculadas a una de las sospechosas hubiera más droga almacenada.

Por ese motivo, el auxiliar fiscal Federico Ghisio, de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Este, dispuso custodiar las habitaciones señaladas y también las que ocupaban el resto de las mujeres trans. En paralelo, el funcionario solicitó un allanamiento de urgencia al Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°15, a cargo de la jueza Karina Andrade.

Sin embargo, la magistrada rechazó el pedido.

Frente a esta decisión, la policía entonces levantó la custodia en las habitaciones y realizó las actuaciones para continuar la investigación por infracción a la Ley 23.737.

En los últimos días se registró otro caso vinculado con el tráfico de cocaína en la Ciudad de Buenos Aires. El Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina detuvo a un ciudadano boliviano de 40 años que estaba prófugo por una causa de contrabando internacional de droga.

Según la investigación, el hombre estaba acusado de intentar enviar cocaína a Australia en encomiendas despachadas desde una sucursal logística en el barrio porteño de Belgrano. Un perro antinarcóticos detectó el cargamento y, al abrir los paquetes, los agentes hallaron casi dos kilos de cocaína ocultos en prendas deportivas, un redoblante con la inscripción “AFA” y objetos decorativos con la imagen de Lionel Messi.

El operativo de captura se concentró en distintos puntos del conurbano bonaerense y en la terminal de ómnibus de Liniers, hasta que finalmente el sospechoso fue interceptado en la avenida General Paz. En ese procedimiento la policía también secuestró teléfonos celulares, valijas y varios instrumentos musicales tipo charango, elementos que serían relevantes para la causa.

El detenido quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°6 bajo cargos por infracción al Código Aduanero y la Ley 22.415. La causa sigue abierta con el objetivo de establecer posibles conexiones internacionales y la ruta completa del tráfico de estupefacientes.

Seis policías municipales de Coscomatepec fueron detenidos tras un operativo en el que encontraron presunta droga en su poder y la comandancia local quedó bajo resguardo de autoridades estatales. El inmueble habría sido tomado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, según información difundida en medios de comunicación.

La Fiscalía General del Estado identificó a los elementos capturados como Anselmo “N”, Jesús “N”, Diego “N”, Lauro Arturo “N”, Dana Natalia “N” y Bonifacio “N”. Las autoridades señalaron que fueron detenidos en flagrancia y enfrentan acusaciones por delitos contra la salud y por incumplimiento del deber legal.

La intervención ocurrió en la colonia Centro de Coscomatepec de Bravo, municipio ubicado en la zona de las Altas Montañas. El operativo fue autorizado por un juez y en él participaron fiscales, peritos y policías ministeriales adscritos a la Fiscalía Regional Córdoba, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Durante el cateo, la fiscalía aseguró que se incautaron bolsas con hierba verde seca con características parecidas a la marihuana, además de celulares y equipo táctico. Estos objetos quedaron integrados en la carpeta de investigación abierta contra los seis policías.

El alcalde de Coscomatepec, Armando Reyes Muñoz, militante de Movimiento Ciudadano, no hizo comentarios públicos tras el operativo ni sobre la detención de los elementos de la policía municipal. El silencio del edil se mantuvo pese a la presencia de fuerzas estatales en la comandancia y la investigación sobre sus subordinados.

La detención de los policías y la intervención de la comandancia se da en un contexto de acciones recientes contra autoridades de Veracruz. También se reportó la detención del alcalde de Xalapa junto a personas armadas y el asesinato de un líder sindical y un empresario en Ixhuatlán del Sureste.

La Fiscalía General del Estado confirmó que el cateo en Coscomatepec fue parte de una estrategia conjunta con fuerzas federales y estatales para combatir delitos relacionados con drogas y corrupción de servidores públicos. El operativo fue ejecutado con base en una orden judicial obtenida por la fiscalía regional.

Las investigaciones continúan mientras los seis policías se mantienen a disposición de las autoridades ministeriales. Los objetos asegurados, entre ellos la presunta marihuana y el equipo táctico, serán analizados como evidencia en la carpeta de investigación.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz mantiene resguardada la comandancia municipal de Coscomatepec. El caso permanece abierto y la fiscalía no ha informado si se prevén nuevas detenciones o sanciones administrativas para otros elementos de la corporación.

El episodio se produce en un contexto de creciente vigilancia en terminales aéreos, donde la articulación entre entidades nacionales e internacionales busca reducir el flujo de sustancias ilícitas. La importancia estratégica del aeropuerto limeño dentro de las rutas del narcotráfico obliga a reforzar los mecanismos de control, inteligencia e investigación.

El caso también coincide con iniciativas institucionales orientadas a fortalecer la cooperación entre organismos especializados. Estas acciones apuntan a mejorar la capacidad de respuesta frente a modalidades delictivas cada vez más sofisticadas.

Intervención en el aeropuerto Jorge Chávez

Un pasajero identificado como Alonso Diego Villajuan Arroyo fue detenido cuando intentaba trasladar un cargamento de clorhidrato de cocaína con destino a Europa. Según la información difundida por fuentes oficiales, el individuo, de 33 años, transportaba once kilos con novecientos noventa y cinco gramos de droga.

El método empleado consistía en ocultar la sustancia en chalecos acondicionados dentro de una maleta enviada a bodega. Cada chaleco contenía varios paquetes distribuidos en bolsitas, lo que permitía fragmentar el cargamento. “Esto estaba siendo trasladado en chalecos. Cada chaleco, cuatro chalecos, en cada chaleco estaban yendo aproximadamente tres kilos, tres kilos y medio”, se detalla en el reporte difundido por las autoridades.

El itinerario del pasajero incluía escalas en Lima, San Paulo y Londres, con destino final en Inglaterra. “Esta persona tenía el itinerario de Lima, San Paulo, San Paulo, Londres, Londres, New Castle. O sea, el destino final era Inglaterra”, se precisa en la misma fuente.

Modalidades de ocultamiento y rutas internacionales

El caso evidencia el uso de técnicas diseñadas para evitar la detección por equipos de seguridad. Los chalecos se encontraban envueltos en papel aluminio, un recurso que busca interferir en los controles de rayos X. Además, la distribución en múltiples paquetes dificulta la identificación inmediata del cargamento.

Las rutas hacia Europa, en particular hacia ciudades del Reino Unido, se mantienen como uno de los principales destinos del tráfico de cocaína procedente de Sudamérica. La conexión aérea entre Lima y otros puntos de tránsito en Brasil y Europa facilita el movimiento de personas y mercancías, lo que representa un desafío para las autoridades.

El aeropuerto internacional Jorge Chávez concentra operaciones de 32 aerolíneas con destinos globales. Según datos oficiales, registra un movimiento aproximado de 17.1 millones de pasajeros, lo que lo convierte en un punto clave dentro de las rutas utilizadas por organizaciones criminales.

Refuerzo de la cooperación internacional

En paralelo a este tipo de intervenciones, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) preparan nuevas acciones conjuntas. Ambas instituciones suscribirán un memorando de entendimiento con el objetivo de fortalecer la investigación, la inteligencia y los controles en el aeropuerto.

El acuerdo contará con la participación de la presidenta ejecutiva de Devida, Carmen Masías Claux, y del representante de UNODC para Perú y Ecuador, Kristian Hölge. También asistirán Irene Horejs, embajadora de la Unión Europea en Perú, y Sergio Naranjo, coordinador del Proyecto AIRCOP para América Latina y el Caribe.

Estas iniciativas buscan optimizar el intercambio de información y la coordinación entre agencias, con énfasis en la detección de redes de tráfico internacional. El Proyecto AIRCOP, en particular, promueve la creación de unidades conjuntas de control aeroportuario para enfrentar el transporte ilícito de drogas y otros delitos transnacionales.

El caso también refleja la captación de personas por parte de organizaciones criminales, que utilizan la modalidad de “burrier” para trasladar cargamentos de menor volumen en vuelos comerciales. Según la información difundida, el detenido enfrenta una posible pena superior a quince años de prisión.

Un operativo conjunto de la División de Inteligencia de Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones permitió la detención de Abraham Alan “N”, alias “El Amaro”, señalado como presunto líder de una célula criminal independiente en el área metropolitana de Monterrey.

El arresto se produjo en el cruce de Zapopan y Chopo, colonia Valle de los Cedros, donde los agentes interceptaron un Chrysler Stratus verde con placas visibles y, tras una maniobra táctica, aseguraron al sospechoso, que portaba un chaleco balístico sin insignias oficiales. Al momento de su captura, “El Amaro”, de 33 años, estaba acompañado por Linda Jaquelinne “N”, de 21.

La incautación tras la detención incluyó un arsenal compuesto por tres armas de fuego cortas, cargadores con cartuchos útiles, dos básculas digitales y 5,000 pesos en efectivo, además de sustancias ilícitas: 21 dosis de “criko”, marihuana y piedra presuntamente cocaína. Este paquete de pruebas será integrado a la carpeta de investigación vinculada con homicidios recientes en Monterrey y San Nicolás, según testimonios y videos en poder de las autoridades.

El historial delictivo atribuido a Abraham Alan “N” incluye su presunta participación como generador de violencia en la zona metropolitana. La Fiscalía afirma que el detenido era un objetivo prioritario debido a una orden de aprehensión vigente y a su vinculación con casos recientes de homicidio. Los hechos permanecen en análisis, mientras se revisan registros y evidencias recabadas durante su captura.

La caída de esta célula independiente representa un golpe de relevancia contra el panorama criminal de la región, aunque las autoridades reconocen que la violencia ligada a estos grupos persiste como desafío constante para la seguridad pública. Los objetos incautados refuerzan la línea de investigación sobre la posible distribución de drogas y armas, así como la operación sostenida de células criminales en Monterrey y áreas conurbadas.

Durante el operativo de detención, las autoridades observaron que el sujeto portaba un chaleco balístico y fue necesario utilizar maniobras tácticas para lograr la captura sin registrar enfrentamientos armados. Según información oficial, en el vehículo donde viajaban los detenidos se hallaron armas cortas, cargadores, cartuchos y sustancias señaladas como estupefacientes.

El vehículo, las armas y demás objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará la situación jurídica tanto de Abraham Alan “N” como de Linda Jaquelinne “N”, cuya relación en los hechos ahora forma parte de la carpeta de investigación. La orden de aprehensión vigente sobre el líder detenido y su supuesto control de una célula independiente lo ubicaban como pieza central en la estructura criminal de la zona.

No se reportaron heridos durante el operativo, ni resistencia armada significativa. Todo lo asegurado quedó bajo resguardo para su análisis y, en su caso, presentación ante la autoridad ministerial competente. La captura se enmarca dentro de las acciones de inteligencia focalizadas en combatir la violencia y neutralizar células delictivas que actúan en la metrópoli de Monterrey y municipios aledaños.

• Abraham Alan “N”, alias “El Amaro”, considerado líder criminal independiente, fue detenido en Monterrey con armas, drogas y dinero en efectivo.
• El operativo conjunto se realizó en Valle de los Cedros, donde el arrestado tenía una orden de aprehensión vigente y era vinculado a homicidios recientes.
• La captura representa un golpe a grupos delictivos en el área metropolitana, aunque la violencia criminal sigue representando un desafío para las autoridades.