Las autoridades de Panamá decomisaron 1,208 paquetes de presuntas sustancias ilícitas durante dos operaciones desarrolladas en las últimas 24 horas, una en la provincia de Colón y otra en un puerto del Pacífico.

Los procedimientos permitieron interceptar cargamentos transportados en una embarcación y un contenedor comercial, este último con destino final España.

Uno de los hallazgos se produjo mediante la Operación Dynamo, desarrollada por la Policía Nacional a través de labores de inteligencia, en coordinación con la Autoridad Nacional de Aduanas y el Ministerio Público. Durante la intervención, las autoridades localizaron 510 paquetes de presunta droga dentro de un contenedor inspeccionado en un puerto del Pacífico.

La carga había salido de Chile, realizaba tránsito por Panamá y tenía como destino final España. Según el informe policial, el contenedor declaraba transportar extractos vegetales, pero durante la verificación de la mercancía fueron descubiertos los paquetes con sustancias presuntamente ilícitas, que quedaron bajo investigación de las autoridades competentes.

Este hallazgo constituye el segundo decomiso de droga en contenedores durante la semana, después de una operación que permitió descubrir otro cargamento procedente de Perú y con destino a Bélgica. Ambos casos evidencian el uso de las rutas comerciales internacionales para intentar trasladar sustancias ilícitas hacia mercados europeos.

La otra intervención se desarrolló en Isla Grande, Costa Arriba de la provincia de Colón, donde unidades policiales decomisaron 698 paquetes rectangulares con presuntas sustancias ilícitas. La mercancía estaba distribuida en 28 sacos dentro de una embarcación, cuya ubicación permitió retirar de circulación otro importante cargamento de droga.

El hallazgo en Colón representa la mayor cantidad de paquetes incautados entre las dos operaciones recientes, con 188 unidades más que las encontradas en el contenedor procedente de Chile. Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar la procedencia de las sustancias y establecer posibles responsabilidades relacionadas con su transporte.

Colón figura entre los territorios con mayor incidencia de incautaciones de drogas en Panamá, debido a su actividad marítima y portuaria. Los informes oficiales del primer semestre de 2026 situaron a esta provincia en el primer lugar nacional, seguida de Panamá y Panamá Oeste, dentro de las estadísticas de decomisos.

La dimensión del problema también se refleja en las cifras nacionales. Hasta el 11 de agosto de 2026, Panamá acumulaba 62 toneladas de drogas incautadas, según información del Ministerio de Seguridad Pública. Este balance no incluye necesariamente todas las operaciones posteriores y no constituye una cifra definitiva de octubre.

Por su parte, el Servicio Nacional Aeronaval había contabilizado 60,935 paquetes de sustancias ilícitas incautados durante 2026, mediante 96 operaciones, de acuerdo con su balance del 27 de octubre. La estadística corresponde exclusivamente a esa institución y no debe confundirse con el total nacional registrado por los organismos de seguridad.

En otro caso relacionado con el narcotráfico, la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala obtuvo condenas de 84 meses de prisión para tres ciudadanos panameños por posesión agravada de drogas. Los sentenciados aceptaron su responsabilidad penal y el Tribunal de Garantías también ordenó el comiso de una embarcación y multas de 100 balboas.

El expediente corresponde a hechos registrados el 16 de noviembre de 2025 en Caledonia, comarca Guna Yala, cuando unidades del Servicio Nacional de Fronteras detectaron una lancha sospechosa. Sus tripulantes arrojaron bultos al mar al advertir la presencia policial y, tras una persecución, fueron aprehendidos y se recuperaron 144 paquetes de marihuana.

Mientras tanto, el reporte de la Policía Nacional correspondiente a las últimas 24 horas registró 151 personas aprehendidas y 104 diligencias de allanamiento. Entre los resultados también figuran cuatro armas de fuego, 94 municiones, 14,454.60 dólares en efectivo y tres vehículos recuperados, además de los 1,208 paquetes de droga.

De las personas aprehendidas, 111 mantenían órdenes de captura, 27 fueron detenidas por faltas administrativas, diez en flagrancia y tres por microtráfico. Las acciones forman parte del Plan Firmeza, mediante el cual las autoridades desarrollan operativos contra distintas modalidades delictivas en el territorio nacional.

Los decomisos recientes ponen nuevamente de manifiesto la utilización de contenedores comerciales y embarcaciones para transportar drogas por las rutas marítimas de Panamá. Las investigaciones continúan para identificar a los responsables y establecer las conexiones de los cargamentos con posibles redes de narcotráfico internacional.

Las autoridades panameñas decomisaron 20 paquetes de presunta sustancia ilícita que permanecían ocultos en los paneles de refrigeración de un contenedor localizado en una terminal portuaria de la provincia de Colón.

El cargamento procedía de Paita, Perú, y tenía como destino final Amberes, Bélgica, una ruta comercial que ha sido utilizada reiteradamente para el tráfico internacional de drogas.

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) informó que el hallazgo se produjo mediante operaciones de control portuario, desarrolladas en coordinación con la Procuraduría General de la Nación, dentro del Plan Firmeza y la Operación Escudo Protector.

La institución no precisó el peso de los paquetes ni el tipo de sustancia encontrada, cuya identificación corresponde a las investigaciones correspondientes.

Este decomiso se suma a otros cargamentos interceptados durante 2026 mediante una modalidad que consiste en introducir drogas en contenedores utilizados para transportar mercancías legales.

Los narcotraficantes aprovechan el movimiento internacional de carga y las operaciones de transbordo para intentar trasladar sustancias ilícitas hacia mercados de Europa y otros continentes.

El pasado 26 de octubre, la Aeronaval reportó 51 paquetes ocultos en los paneles de refrigeración de otro contenedor procedente del Callao, Perú, con destino a Barcelona, España.

Una semana antes, el 19 de octubre, las autoridades habían localizado 298 paquetes de presunta droga en un cargamento procedente de Guayaquil, Ecuador, que también se dirigía hacia territorio español.

Los decomisos de mayor volumen incluyen 1,897 paquetes encontrados en abril dentro de dos contenedores que viajaban desde Ecuador hacia Bélgica. En julio fueron interceptados otros 1,130 paquetes procedentes de Perú, mientras que en marzo la Policía Nacional descubrió 525 paquetes en un contenedor cuyo destino final era Málaga, España.

La utilización de contenedores refrigerados constituye una de las técnicas identificadas por las autoridades para introducir sustancias ilícitas en el comercio marítimo.

Los compartimentos técnicos permiten esconder paquetes sin colocarlos directamente entre las mercancías, mientras que la circulación de miles de contenedores plantea importantes desafíos para las inspecciones y los controles de seguridad.

La Aeronaval identificó durante 2025 la carga contenerizada como una modalidad recurrente del narcotráfico internacional. En ese período documentó 42 eventos relacionados con esta práctica, con 12,533 paquetes de cocaína decomisados, equivalentes al 35% de las incautaciones registradas por la institución hasta septiembre de ese año.

Las investigaciones desarrolladas en Panamá también han revelado la presunta infiltración de organizaciones criminales en instalaciones portuarias. En mayo de 2026, la Operación Dársena Cero permitió aprehender a 16 personas, entre trabajadores portuarios, funcionarios y transportistas, vinculadas a una investigación sobre más de cuatro toneladas de drogas detectadas en contenedores con destino europeo.

Según las investigaciones, integrantes de estas redes presuntamente utilizaban información sobre la ubicación de contenedores, espacios con menor vigilancia y mecanismos para sustituir sellos de seguridad.

Posteriormente, en julio, la Operación Alianza permitió la aprehensión de más de 25 personas, investigadas por una estructura que operaba principalmente desde el puerto de Balboa.

El alcance de estas actividades se refleja en las cifras oficiales de incautaciones. Según el balance más reciente del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), hasta el 26 de octubre de 2026 se habían decomisado 60,910 paquetes de sustancias ilícitas, como resultado de 94 operaciones desarrolladas en distintos puntos del país.

Estas cifras evidencian la magnitud de las actividades del narcotráfico y los esfuerzos de las autoridades para combatirlas.

La reiteración de estos hallazgos evidencia la presión del narcotráfico sobre los puertos panameños, utilizados como puntos de conexión entre América y otros mercados internacionales. Las autoridades mantienen operaciones de inteligencia, inspección y vigilancia para detectar cargamentos contaminados y desarticular redes criminales que aprovechan las rutas del comercio marítimo.

La investigación de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional del Perú (PNP) identificó a Edinson Portilla Cáceda y Junior Zeña Calderón como los dos trabajadores que ingresaron con paquetes de droga ocultos en sus casacas hasta la zona restringida conocida como “la Siberia”. En ese sector se organizan las maletas antes de su traslado hacia las aeronaves.

Según la investigación, los estibadores lograron introducir tres ladrillos de cocaína en el equipaje de un pasajero. Una segunda maniobra quedó interrumpida cuando un agente de seguridad detectó el comportamiento inusual de Portilla, quien llevaba una casaca en la mano, una situación que llamó la atención dentro de un área donde los trabajadores suelen movilizarse con las manos libres para manipular las maletas.

El operativo permitió localizar otros tres ladrillos dentro de una segunda casaca. Las pruebas químicas confirmaron la presencia de clorhidrato de cocaína en ambos cargamentos. El procedimiento terminó con cinco trabajadores de Talma detenidos, mientras Portilla y Zeña Calderón lograron abandonar el terminal antes de terminar su turno.

El fiscal antidroga Lincoln Fuentes explicó el acceso que tienen los operadores de equipaje en esa parte del terminal. “Hay una especie de tipo carreta donde las maletas son acondicionadas y eso es llevado a la bodega del avión. Y precisamente son los únicos, los operadores que tienen contacto directo con esa zona”, declaró a Cuarto Poder.

La investigación fiscal sostiene que los trabajadores aprovecharon los puntos donde la vigilancia mediante cámaras resulta limitada para intervenir las maletas. Según la hipótesis de los investigadores, el objetivo consistía en introducir la droga dentro de equipajes que continuarían hacia Europa sin conocimiento de sus propietarios.

Seis ladrillos de cocaína fueron encontrados durante el operativo

La primera acción habría permitido colocar tres ladrillos en una maleta. Después, los trabajadores volvieron a ingresar al área con otra casaca. Un agente de seguridad reparó en el comportamiento de Portilla y procedió a intervenirlo.

El trabajador se dirigió varias veces hacia el baño de “la Siberia”. En uno de esos desplazamientos llevaba nuevamente la prenda. Cuando intentó ingresar, encontró el acceso bloqueado por una persona del área de limpieza. La casaca terminó abandonada.

Los agentes de la Dirandro y la Fiscalía Antidrogas revisaron la prenda y encontraron otros tres ladrillos de cocaína. Las pruebas químicas determinaron que se trataba de clorhidrato de cocaína. El operativo permitió establecer un total de seis ladrillos vinculados con la intervención.

El fiscal Lincoln Fuentes confirmó que la droga estaba acondicionada dentro de una prenda perteneciente a una empresa con servicios en el aeropuerto. “Y se logró, pues, detectar que estaba acondicionada en una casaca de una empresa que labora dentro o que tiene servicios al interior del aeropuerto”, declaró.

Cinco trabajadores fueron detenidos y dos estibadores escaparon

La operación terminó con cinco trabajadores de Talma detenidos. Entre ellos se encuentra el supervisor Manuel Malásquez, quien brindó su declaración ante el fiscal antidroga Luis Martínez y agentes de la Dirandro.

Según la información difundida en el reportaje de Cuarto Poder, Malásquez reconoció que sus compañeros permanecían durante más tiempo del habitual dentro de los contenedores utilizados para organizar el equipaje. Su participación forma parte de las diligencias destinadas a establecer cómo se coordinó el ingreso de la droga y la posterior manipulación de las maletas.

Portilla y Zeña Calderón lograron abandonar el aeropuerto antes de completar su turno. Desde entonces, no regresaron a sus domicilios ni se presentaron nuevamente en sus puestos de trabajo. El Poder Judicial recibió la solicitud de órdenes de captura contra ambos estibadores.

El jefe de la Dirandro, general PNP Leiby Antonio Huamán, señaló que la investigación busca determinar la estructura completa de la organización. La Policía y el Ministerio Público también indagan posibles conexiones con personas encargadas de recibir la droga fuera del Perú.

La investigación apunta a una posible conexión en Ámsterdam

La hipótesis fiscal incluye la participación de personas ubicadas en Europa. En Ámsterdam, las autoridades neerlandesas detuvieron al peruano Wilmer Ubillús Gamarra, señalado como propietario de la maleta que salió de Lima con la droga. El investigado registra antecedentes por tráfico ilícito de drogas desde 2007.

La investigación busca establecer si Ubillús Gamarra cumplía funciones dentro de una organización que esperaba la llegada del equipaje para retirar el alcaloide antes de su ingreso a la zona de recojo de maletas.

El general Antonio Huamán explicó que el esquema investigado incluía distintas etapas y participantes. “Primero las personas que acopian la droga, luego los que entregan a estos trabajadores de Talma, que han sido detenidos tres de ellos, y posteriormente, cómo van a contaminar maletas de pasajeros”, declaró.

La Dirandro también analiza si los trabajadores involucrados actuaban de forma aislada o recibían instrucciones de una estructura con presencia en otros puntos de la cadena del tráfico internacional de cocaína.

Talma rechaza actos ilícitos y afirma que separó de sus funciones a trabajadores investigados

Ante la información difundida respecto de hechos de naturaleza delictiva en los que se encontrarían involucrados algunos trabajadores de su organización, Talma rechazó cualquier acto contrario a la ley y aseguró que tomó medidas una vez que conoció lo ocurrido.

La compañía indicó que los hechos materia de investigación fueron conocidos con posterioridad a su ocurrencia y que, tras tomar conocimiento, las personas involucradas fueron separadas de sus funciones.

“La compañía rechaza de manera categórica cualquier acto contrario a la ley, así como cualquier conducta que vulnere nuestros principios, normas internas y estándares de integridad”, señaló en su comunicado.

Asimismo, señaló que no tolera ni encubre conductas ilícitas y que mantiene una política de estricto cumplimiento de la legalidad.

Finalmente, Talma afirmó que viene colaborando activamente con las autoridades policiales y fiscales, a quienes pone a disposición toda la información a su alcance para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

La Procuraduría General de la Nación de Panamá desarrolló la operación Panamá Norte Seguro 2, que dejó 19 personas aprehendidas por su presunta vinculación con el microtráfico.

Entre los investigados figuran conductores de transporte selectivo y personas que supuestamente elaboraban dulces con sustancias ilícitas para distribuirlos mediante entregas a domicilio.

Las diligencias fueron ejecutadas por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, en coordinación con la Dirección Nacional Antidrogas y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial.

Los allanamientos se realizaron en Chilibre, Caimitillo, Alcalde Díaz y Las Cumbres, sectores donde las autoridades habían identificado posibles actividades de comercialización y posesión de estupefacientes.

Durante los operativos, los investigadores incautaron presuntas sustancias ilícitas, dinero en efectivo, municiones y teléfonos celulares, elementos que serán incorporados a las investigaciones.

La Fiscalía busca determinar la participación de cada uno de los sospechosos y establecer cómo funcionaban los mecanismos de distribución utilizados en las comunidades intervenidas.

Uno de los aspectos que llamó la atención fue la presunta utilización de dulces como vehículo para comercializar drogas, una modalidad que las autoridades han detectado anteriormente en Panamá. Según la investigación, algunos aprehendidos preparaban estos productos y coordinaban su entrega a domicilio, mientras otros detenidos trabajaban como conductores de transporte selectivo.

La Procuraduría no ha precisado qué sustancia contenían los dulces investigados ni la cantidad decomisada, por lo que todavía no se ha confirmado su composición.

Los 19 sospechosos deberán comparecer ante un Tribunal de Garantías, donde la Fiscalía solicitará la legalización de las aprehensiones, la imputación de cargos y las medidas cautelares correspondientes.

Antecedentes de brownies con marihuana

El nuevo caso se produce menos de un mes después de una investigación similar en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste. El pasado 3 de octubre, un juez ordenó la detención provisional de un joven de 19 años, investigado por presuntamente vender brownies con marihuana en las inmediaciones de un centro educativo.

La investigación se desarrolló mediante la operación Loky, ejecutada el 30 de septiembre, cuando agentes policiales y fiscales realizaron tres diligencias para verificar la comercialización de drogas. El sospechoso fue presentado ante un juez de garantías, que ordenó mantenerlo detenido mientras avanzaba el proceso penal por los hechos investigados.

Otro antecedente ocurrió el 20 de octubre en Condado del Rey, corregimiento de Betania, donde la Policía Nacional aprehendió a dos personas de 20 y 22 años. Durante el allanamiento, las autoridades decomisaron dulces, frascos, sobres, cajas y una pesa digital, objetos presuntamente relacionados con la comercialización de sustancias ilícitas.

La Policía ha advertido que los brownies, las golosinas y otros productos preparados con cannabis pueden confundirse con alimentos convencionales, especialmente entre menores de edad.

Su apariencia dificulta reconocer la presencia de sustancias psicoactivas, mientras que los efectos de los comestibles pueden tardar en manifestarse y prolongarse durante varias horas.

En diciembre de 2024, una mujer fue condenada a 80 meses de prisión por vender brownies con marihuana en estaciones del Metro de Panamá. Los productos eran ofrecidos como “Happy Brownies” y fueron vendidos a un agente encubierto, lo que permitió a la Fiscalía sustentar la investigación por comercialización de drogas.

Condenas por tráfico internacional

En otra actuación judicial, la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas obtuvo una condena de 108 meses de prisión contra un hombre detenido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

El acusado había sido aprehendido el 26 de octubre por el Servicio Nacional Aeronaval, cuando transportaba dos botellas de vidrio con éxtasis ocultas en su equipaje.

Durante la audiencia, el hombre aceptó su responsabilidad por tráfico internacional de drogas, lo que permitió validar la sentencia. Además de los nueve años de prisión, el tribunal le impuso una multa de 200 balboas, que deberá pagar en el plazo de un año, según informó la Procuraduría.

Josué Quintero, conocido como alias “Aris” y señalado como presunto cabecilla de la pandilla Los Galácticos de San Pedro, fue capturado por la Policía Nacional de Panamá durante un allanamiento en una residencia del sector de La Riviera, en Don Bosco.

El hombre figuraba entre los más buscados por el delito de pandillerismo y era requerido por las autoridades desde julio de 2017.

La detención fue ejecutada por unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en coordinación con el Bloque de Búsqueda y el Ministerio Público.

Según los informes policiales, Quintero permanecía oculto para evitar su captura y su localización fue posible mediante labores de investigación y colaboración ciudadana, después de más de nueve años de búsqueda.

El sospechoso era requerido desde el 12 de julio de 2017, cuando las autoridades desarrollaron la operación antipandillas Constelación, una investigación que permitió identificar integrantes de Los Galácticos de San Pedro.

La estructura fue vinculada con LYM de San Pedro, aunque no se han divulgado detalles recientes que permitan atribuir individualmente a Quintero otros delitos específicos.

Alias “Aris” también integraba una lista de 33 personas buscadas por pandillerismo y crimen organizado, dentro de una estrategia gubernamental que contemplaba recompensas de 20.000 dólares.

Su aprehensión representa un avance en la localización de sospechosos que permanecieron prófugos durante varios años, pese a investigaciones y operativos contra estas organizaciones.

La captura ocurre mientras Don Bosco vuelve a aparecer en investigaciones relacionadas con estructuras pandilleriles. El 22 de octubre, la Policía Nacional aprehendió en ese corregimiento a otro hombre presuntamente vinculado con Golfo 81, también conocida como SS Sin Sentimientos, una organización investigada por homicidios y delitos relacionados con drogas.

Esta segunda estructura fue objeto de la operación Porvenir, ejecutada el 29 de abril de 2025 en Panamá y Panamá Oeste. Las autoridades realizaron 34 allanamientos y aprehendieron a 12 personas, entre ellas alias “Willy”, señalado como presunto líder del grupo, localizado durante una diligencia en Concepción La Vieja.

Durante aquellos procedimientos, los investigadores encontraron armas de fuego, municiones, un chaleco antibalas, dinero en efectivo y otros indicios. La Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita relacionó a los investigados con actividades de narcotráfico y hechos violentos, mientras los procesos judiciales continuaron para establecer responsabilidades individuales.

Las investigaciones también derivaron en una condena de 80 meses de prisión contra un hombre vinculado con la operación Porvenir, después de aceptar su responsabilidad por pandillerismo. Este antecedente demuestra que las actuaciones contra Golfo 81 no se limitaron a las capturas iniciales y continuaron mediante procesos penales posteriores.

La investigación contra Los Galácticos también produjo resultados judiciales durante 2026. En enero, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales confirmó condenas contra 33 integrantes de esa organización: tres recibieron penas de 14 años y otros 30, de diez años de prisión, por su participación en actividades de pandillerismo.

Según las investigaciones, Los Galácticos operaban en San Pedro, Juan Díaz, Altos del Hipódromo y sectores cercanos. Sus integrantes fueron relacionados con tráfico de drogas, robos, extorsiones y tentativas de homicidio. Algunos también habrían brindado apoyo logístico a redes del narcotráfico que introducían cargamentos por Chepo y los manglares de Juan Díaz.

El problema supera estas organizaciones. En agosto de 2026, el Ministerio de Seguridad informó que Panamá mantenía 121 pandillas activas, frente a las 180 identificadas al inicio de la actual administración. El ministro Frank Ábrego indicó que 59 estructuras habían sido desactivadas y más de 400 personas encarceladas por su vinculación con estos grupos.

Las autoridades también identifican ocho grandes estructuras criminales que agrupan organizaciones menores, algunas relacionadas con el narcotráfico internacional. Entre ellas figuran Bagdad y Calor Calor, cuya influencia se extiende mediante alianzas y grupos asociados. La fragmentación de estas redes y las disputas territoriales siguen siendo factores de preocupación para la seguridad pública.

Durante 2026, las operaciones contra las pandillas han continuado en distintos puntos del país, especialmente en zonas urbanas y costeras utilizadas para el movimiento de drogas. La captura de alias “Aris” vuelve a colocar bajo atención las investigaciones de larga duración y la persecución de cabecillas vinculados con estructuras criminales.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) informó que los decomisos de narcóticos en los cruces entre Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas, aumentaron entre dos y tres veces en algunas categorías durante el año fiscal 2026, mientras que las incautaciones realizadas por su División Aérea crecieron más de 700%. La corporación atribuyó los resultados a inspecciones reforzadas, tecnología de revisión y operativos dirigidos contra organizaciones criminales transnacionales.

Los datos fueron expuestos durante una conferencia en el Puente de las Américas, también conocido como Puente Libre, donde directivos de la CBP presentaron el saldo de las acciones de seguridad fronteriza al cierre del ejercicio fiscal. Las autoridades también informaron sobre aseguramientos de armas, municiones, dinero en efectivo y vehículos presuntamente vinculados con actividades criminales.

El director de la Oficina de Campo de la CBP en El Paso, Ray Provencio, señaló que los oficiales detectaron cantidades mayores de droga durante las inspecciones a personas y vehículos que ingresaron a Estados Unidos por los puertos internacionales de la región. Según explicó, algunas categorías de narcóticos registraron decomisos dos o tres veces superiores a los del año fiscal anterior.

“Nuetros oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos estuvieron incautando entre dos y tres veces más narcóticos en algunas categorías durante las inspecciones de este año fiscal en comparación con el año pasado”, declaró Provencio. El funcionario relacionó el aumento con la experiencia del personal, los sistemas de inspección no intrusiva, los portales de baja energía y el trabajo de equipos caninos entrenados para localizar sustancias ilícitas.

Las revisiones hacia México buscaron interceptar dinero, armas y municiones

La CBP también reforzó las revisiones de automóviles que circulaban desde Estados Unidos hacia México. El objetivo de estas inspecciones fue interceptar divisas ilícitas procedentes de la venta de drogas, además de armas de fuego y municiones que tendrían como destino a organizaciones criminales mexicanas.

Provencio afirmó que las acciones en dirección sur buscaron afectar las fuentes de ingresos y abastecimiento de los cárteles que operaban en la zona fronteriza. “Nuestros oficiales de la CBP también estuvieron realizando inspecciones en dirección sur para interceptar divisas ilícitas provenientes de la venta de narcóticos, armas de fuego y municiones, con el fin de privar a los cárteles mexicanos de armas e ingresos”, manifestó.

El director advirtió que las organizaciones criminales mexicanas que Estados Unidos designó como organizaciones terroristas extranjeras enfrentaron disposiciones federales más estrictas. Bajo ese marco, las personas que colaboraran con ellas podrían ser procesadas por proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas.

El director de Operaciones Aéreas y Marítimas de la CBP en El Paso, Efrén González, indicó que la División Aérea incrementó sus incautaciones totales de narcóticos en más de 700% durante el año fiscal 2026. El área trabajó con corporaciones federales, estatales, locales e internacionales para localizar redes de narcotráfico, identificar sus rutas y asegurar drogas, recursos económicos, armas y vehículos.

La Patrulla Fronteriza registró menos de 20 mil detenciones de migrantes

Las operaciones aéreas de El Paso derivaron en más de 2 mil detenciones, además de 10 arrestos y nueve rescates humanitarios durante el mismo periodo. La corporación no precisó la cantidad de narcóticos, armas, dinero en efectivo o vehículos asegurados en esas intervenciones.

Mientras los decomisos de droga aumentaron, la Patrulla Fronteriza registró una reducción superior a 95% en las detenciones de migrantes que cruzaron de manera irregular por el Sector El Paso. El jefe de la corporación en esa región, Jesse Muñoz, informó que en el año fiscal 2023 hubo más de 420 mil detenciones, cifra que bajó a menos de 20 mil durante 2026.

Muñoz también indicó que los encuentros diarios con migrantes descendieron de un promedio de 2,700 en 2023 a menos de 50. El funcionario atribuyó esa reducción al reforzamiento de la vigilancia, la instalación de nuevas barreras y el despliegue de personal federal y militar en la frontera.

La estrategia de seguridad fronteriza de la administración del presidente Donald Trump incluyó inspecciones en ambos sentidos de la frontera y operaciones coordinadas entre agencias estadounidenses para combatir el narcotráfico y a las organizaciones criminales transnacionales.

Tres ciudadanos extranjeros, dos nicaragüenses y un colombiano, fueron capturados cuando transportaban 1.098 paquetes de presunta droga en una embarcación artesanal interceptada al sur de Punta Burica, en la provincia panameña de Chiriquí.

Los sospechosos intentaron escapar y arrojaron varios sacos al mar al detectar la presencia de unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

La operación se desarrolló el 15 de octubre de 2026, durante patrullajes de vigilancia en aguas del Pacífico occidental panameño. Los agentes lograron interceptar la lancha y recuperar los bultos, que fueron trasladados junto con los detenidos a la Estación Aeronaval de Quebrada de Piedra para las diligencias correspondientes.

La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Chiriquí participó en la operación coordinada con el Senan, que permitió asegurar la embarcación y contabilizar los paquetes. Las autoridades todavía no han confirmado el tipo de sustancia ni su peso total, información que deberá establecerse mediante los análisis correspondientes.

El decomiso ocurrió en una zona marítima cercana a la frontera entre Panamá y Costa Rica, utilizada para la navegación entre países centroamericanos. Punta Burica se encuentra en el extremo occidental del litoral pacífico panameño, una ubicación relevante para los controles contra el transporte ilícito de mercancías por mar.

Las organizaciones dedicadas al narcotráfico utilizan embarcaciones rápidas y lanchas artesanales para movilizar cargamentos por el Pacífico centroamericano. En estas operaciones pueden realizar trasbordos en el mar o utilizar puntos costeros para descargar mercancías, antes de continuar hacia otros destinos mediante diferentes medios de transporte.

Panamá ocupa una posición estratégica dentro de las rutas internacionales del tráfico de drogas, por su ubicación entre Sudamérica y Centroamérica y sus costas en dos océanos. Parte de los cargamentos puede destinarse al mercado local, mientras otros continúan hacia países de tránsito con destino final en Estados Unidos o Europa.

El operativo forma parte de la denominada Operación Escudo Protector, mediante la cual el Senan mantiene patrullajes para combatir actividades ilícitas en espacios marítimos. La institución destacó que las tareas de seguridad continúan pese a la emergencia provocada por el terremoto del pasado 9 de octubre.

Las cifras del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales muestran que Panamá incautó 69,50 toneladas de drogas entre enero y agosto de 2026. De ese volumen, 46,20 toneladas correspondieron a cocaína y 23,18 toneladas a marihuana, según el informe preliminar elaborado con información del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

El total representa una reducción frente a las aproximadamente 79,6 toneladas decomisadas en igual período de 2025, de acuerdo con los registros mensuales comparativos. No obstante, agosto cerró con 9,46 toneladas incautadas, por encima de las 8,36 toneladas contabilizadas durante ese mes del año anterior.

Por provincias, Colón encabezó las incautaciones con 18,44 toneladas, seguida de Panamá Oeste, con 15,92, y Panamá, con 13,24. En Chiriquí se reportaron 12,91 toneladas durante los primeros ocho meses, una cifra que confirma la importancia de esa provincia dentro de las operaciones antidrogas.

El informe también revela diferencias importantes en la evolución de los decomisos por territorio. Mientras Colón y Panamá Oeste registraron aumentos respecto al año anterior, Panamá y Chiriquí presentaron reducciones, sin que esas variaciones permitan determinar por sí solas cambios en el volumen total del narcotráfico.

En otras actuaciones recientes, la Policía Nacional capturó en Ciudad Radial, corregimiento de Juan Díaz, a un ciudadano requerido por su presunta vinculación con un delito relacionado con drogas. Durante el procedimiento también fue retenida una venezolana con su estadía migratoria vencida, para ponerla a disposición del Servicio Nacional de Migración.

Asimismo, en Koskuna, corregimiento de Veracruz, un hombre de 38 años fue aprehendido durante un recorrido preventivo, luego de que una verificación revelara un requerimiento judicial. El oficio, emitido en noviembre de 2024, estaba relacionado con una medida de libertad vigilada por estudio en un proceso por tráfico internacional de drogas.

Leonardo Javier y Dany Enríquez, dos ciudadanos venezolanos de 47 y 41 años, fueron detenidos por la Policía de Monterrey, Nuevo León luego de que los agentes les aseguraron 35 tarjetas bancarias y siete envoltorios con una hierba verde con características similares a la mariguana. Ambos habrían coincidido con la descripción de dos hombres señalados por distraer a usuarios de cajeros automáticos para quitarles sus tarjetas.

La detención ocurrió en el cruce de Mariano Jiménez y Calzada Madero, en el centro de Monterrey, cuando los hombres circulaban a exceso de velocidad a bordo de un automóvil Mercedes Benz blanco. El vehículo estuvo a punto de chocar con una patrulla municipal.

Los oficiales les marcaron el alto ante el riesgo de colisión. De acuerdo con el reporte, los dos ocupantes reaccionaron de manera agresiva, por lo que los policías realizaron una revisión del automóvil y de sus pertenencias.

Durante la inspección encontraron tarjetas de diferentes instituciones de crédito y los siete envoltorios con la sustancia vegetal. Los agentes aseguraron los objetos como parte de la puesta a disposición de los detenidos.

Las tarjetas coincidían con un posible método de robo en cajeros

Las autoridades establecieron que los dos hombres tenían características similares a las de personas que ofrecían ayuda a clientes para retirar dinero en cajeros automáticos. El posible mecanismo consistía en distraer a los usuarios para después quitarles su tarjeta bancaria.

Al menos uno de esos casos fue confirmado el 4 de octubre en una sucursal bancaria ubicada en el cruce de Benito Juárez y Modesto Arreola, también en el centro de Monterrey. El reporte no precisó la cantidad de personas afectadas ni el monto que habría sido retirado de las cuentas.

Leonardo Javier y Dany Enríquez fueron detenidos tras el hallazgo de las tarjetas y las dosis de droga. La intervención comenzó por la conducción a exceso de velocidad y el intento de evitar que la patrulla los revisara.

Los dos hombres quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinaría su situación jurídica y las posibles investigaciones relacionadas con las tarjetas bancarias aseguradas.

Cuatro integrantes de la pandilla La Favela, entre ellos su cabecilla, fueron declarados culpables por pandillerismo en la provincia panameña de Chiriquí, tras un juicio oral que examinó sus actividades delictivas. El fallo se suma a otras 15 condenas obtenidas mediante acuerdos de pena contra miembros de la misma organización.

El Tribunal de Juicio de Chiriquí adoptó la decisión por mayoría, con el voto disidente de uno de sus tres jueces, después de analizar más de 40 pruebas. Los acusados tienen entre 29 y 56 años. Las penas se conocerán el próximo 13 de noviembre, durante la audiencia de lectura de sentencia.

La agrupación operaba en el corregimiento de Pedregal, distrito de David, principalmente en Villa Galo, El Pelusero y La Favela. Las investigaciones la relacionaron con distribución de drogas, robos, hurtos, sicariato y enfrentamientos con organizaciones rivales. También se le atribuyeron delitos vinculados con armas de fuego, homicidios y lesiones personales.

El expediente comenzó en diciembre de 2021, cuando inteligencia policial identificó la presencia de la estructura en diferentes barriadas de Pedregal. Las autoridades desarrollaron un operativo de captura el 25 de enero de 2023. El proceso culminó con un juicio celebrado entre el 7 y el 25 de septiembre de 2026.

La pandilla La Favela surgió en 2016 tras el desmantelamiento de Los Aponte, otra organización criminal que operaba en la región, según la Procuraduría.

Las investigaciones también atribuyeron a sus integrantes presuntos hechos de extorsión e incendiarismo, además de los delitos relacionados con drogas y violencia. En marzo de 2023, las autoridades capturaron a alias “Magú”, requerido por su presunta vinculación con esta estructura.

Mientras avanzaba ese caso, la Procuraduría General de la Nación desarrolló la Operación Equilibrio contra otra presunta pandilla en San Miguelito. Las diligencias se concentraron en Cocobolo y sectores cercanos, donde las autoridades investigan hechos violentos y actividades que habrían alterado la seguridad y convivencia de los residentes.

La intervención dejó cinco aprehendidos, incluido un presunto cabecilla, según información periodística sobre la operación policial. La agrupación fue identificada como Niños de la Vereda, conocida como NDV. Durante los allanamientos se decomisaron teléfonos celulares, material de intendencia y réplicas de armas de fuego.

Los investigadores también examinan publicaciones en Instagram y TikTok presuntamente utilizadas para promover actividades relacionadas con la pandilla. Reportes locales señalan posibles vínculos de NDV con Los HP o Manzana Cero. Estas conexiones permanecen bajo investigación y no constituyen hechos judicialmente probados.

El problema del pandillerismo mantiene una dimensión nacional. Según la Policía, Panamá registra 121 agrupaciones activas, vinculadas con ocho grandes corrientes criminales. La cifra representa 59 organizaciones menos que las 180 identificadas en 2024, aunque las autoridades advierten sobre la fragmentación y especialización de estas estructuras.

Entre las principales corrientes identificadas figuran Bagdad, Calor Calor, Roca, RG 4Life, Killa, Mafia Filipina y HP o Manzana Cero. Sus redes mantienen presencia en diferentes zonas del país y están asociadas con actividades como narcotráfico, microtráfico, extorsión y sicariato, además de disputas territoriales entre organizaciones rivales.

En septiembre, la Fiscalía obtuvo nueve condenas de entre 72 y 100 meses de prisión mediante la Operación Custodia, desarrollada en San Miguelito. Los sentenciados pertenecían a una estructura denominada Los Jota o JDM, investigada por homicidios, lesiones, drogas, armas y ataques contra residentes.

La investigación de Custodia también documentó presuntos hurtos, desalojos e incendios en los sectores de Santa Marta y Las Colinas. Entre los capturados figuraban dos señalados como cabecillas, conocidos como Pollito y Bebito. El procedimiento incluyó allanamientos y la incautación de equipos tecnológicos utilizados como indicios.

Otra actuación judicial permitió condenar a cuatro integrantes de una pandilla de Tocumen a penas de 162, 168 y 224 meses de prisión. Los fallos corresponden a la Operación Corintios, iniciada en febrero de 2022. Otros 21 miembros de esa organización ya cumplían condenas en centros penitenciarios.

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, informó que más de 400 personas han sido encarceladas por su vinculación con estructuras pandilleriles desarticuladas. También señaló el traslado de 32 líderes a Coiba y otros 78 a una prisión de máxima seguridad en Chiriquí, como parte de las medidas para limitar sus operaciones desde las cárceles.

El 13 de octubre, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que Miguel “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en un delito contra la salud, en la modalidad de introducción de cocaína al país. Un juez le impuso prisión preventiva oficiosa en el Centro de Reinserción Social número 1 Norte, en Apodaca, y concedió tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La detención ocurrió diez días antes, el sábado 3 de octubre, en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, Nuevo León. Miguel “N” llegó de Colombia con cuatro maletas que contenían 189 botellas con un total de 94.5 litros de cocaína líquida. Los envases estaban dentro de cajas de cartón y, de acuerdo con la FGR, aparentaban ser un suplemento vitamínico.

La alerta surgió durante una inspección aduanera. Al pasar las maletas por los equipos de rayos X, el personal detectó un líquido cuya consistencia parecía más densa de lo habitual. El pasajero aseguró que transportaba medicamento, pero no presentó la documentación correspondiente. Un binomio canino también marcó el posible contenido ilícito y los análisis de química forense confirmaron que se trataba de cocaína líquida.

El caso llama la atención por la cantidad y por la forma de transportar la sustancia, distribuida en casi dos centenares de botellas. Pero no es la única modalidad detectada en los aeropuertos mexicanos: durante 2026, las autoridades han reportado cocaína oculta en artesanías, lienzos, productos de cuidado personal, sillas de ruedas y equipaje con etiquetas manipuladas.

De botellas a artesanías: los objetos que esconden cocaína

El 30 de septiembre, autoridades federales aseguraron 8.64 kilogramos de cocaína en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La sustancia estaba oculta en 20 piezas de artesanía elaboradas con fibra de vidrio, que formaban parte del equipaje documentado de un pasajero procedente de Lima, Perú.

Personal de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) detectó irregularidades durante la inspección de las piezas. Al revisarlas, encontró bolsas de plástico con un polvo blanco que dio positivo a cocaína base libre.

La variedad de objetos utilizados para ocultar la droga también quedó expuesta el 30 de abril, cuando autoridades federales detuvieron a una persona extranjera en el AICM que transportaba lienzos con narcóticos mezclados en la pintura. La información pública no especificó su nacionalidad ni el peso de la sustancia asegurada.

En ambos expedientes, los objetos transportados no tenían la apariencia habitual de un paquete con droga. Las artesanías y las obras de arte plantearon un reto distinto al de revisar botellas o paquetes, pues la sustancia estaba oculta dentro de piezas que podían pasar por artículos ordinarios de equipaje.

Un ciudadano alemán detenido con 10 kilos en Cancún

La nacionalidad de algunos pasajeros detenidos también destaca entre los casos recientes. El 25 de junio, un ciudadano alemán fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, con aproximadamente 10 kilogramos de cocaína.

La Guardia Nacional detectó la posible droga cuando un binomio canino alertó sobre su equipaje en el área de documentación. Durante la inspección de la maleta, los agentes encontraron varios paquetes rectangulares con la sustancia.

El hombre quedó a disposición del Ministerio Público. Las autoridades no difundieron su identidad ni precisaron el origen y destino del cargamento.

La presencia de un ciudadano alemán y de personas extranjeras en el caso de los lienzos y las artesanías, aporta una dimensión internacional a la revisión de estos expedientes. Sin embargo, no todos los comunicados identifican la nacionalidad de los detenidos y la procedencia de un vuelo no equivale a la nacionalidad de quien viaja en él.

Champú con cocaína en el aeropuerto capitalino

El 11 de abril, la FGR informó que María “N” fue vinculada a proceso después de ser detenida en la Terminal 2 del AICM. En su equipaje, las autoridades encontraron 14 botellas de champú cuyo contenido dio positivo a cocaína, con un volumen total de 2 litros y 398 mililitros.

La detección ocurrió durante una revisión con equipos de rayos X. Personal de la Secretaría de Marina inspeccionó la maleta y localizó los envases con la sustancia.

Un juez impuso prisión preventiva oficiosa y concedió dos meses para el cierre de la investigación complementaria. El caso guarda similitudes con el de Monterrey por el uso de botellas comerciales para transportar cocaína líquida, aunque el volumen asegurado fue menor.

Cocaína oculta en sillas de ruedas

Las sillas de ruedas también aparecen en distintos expedientes de 2026. El 9 de julio, la FGR informó que José “N” fue vinculado a proceso tras ser detenido en el Aeropuerto Internacional de Cancún con 9 kilos 892 gramos de cocaína ocultos en una silla de ruedas eléctrica. El pasajero había llegado de Medellín, Colombia.

Una semana antes, el 2 de julio, personal de la Aduana de Cancún y de la Secretaría de la Defensa Nacional localizó 12.38 kilogramos de presunta cocaína en el asiento y el respaldo de otra silla de ruedas que formaba parte del equipaje de un pasajero procedente de Medellín. El comunicado correspondiente informó que la persona y la mercancía fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, sin detallar una vinculación a proceso.

El 14 de mayo, un operativo en el AICM permitió localizar aproximadamente 8.8 kilogramos de presunta cocaína distribuidos en ocho paquetes ocultos en una silla de ruedas. La alerta de un binomio canino llevó a los agentes a inspeccionar el objeto mediante equipos de rayos X. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, esta acción representó una afectación económica cercana a 1.9 millones de pesos para grupos delictivos.

Los casos muestran distintas formas de ocultamiento en las estructuras de estos objetos. No obstante, la información pública no permite establecer que los tres aseguramientos estén relacionados entre sí.

Una maleta con etiqueta cambiada y paquetes adheridos al cuerpo

El 17 de septiembre, la FGR informó que Víctor “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en el transporte de 24 kilos 907 gramos de cocaína en la Terminal 4 del aeropuerto de Cancún.

Un binomio canino alertó sobre una maleta durante las inspecciones de vigilancia. Cuando las autoridades localizaron al pasajero, este negó que el equipaje fuera suyo, aunque reconoció la etiqueta que llevaba adherida.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad permitieron a los investigadores establecer que el hombre había llegado con otra maleta. Según la Fiscalía, la etiqueta fue retirada de un equipaje y colocada manualmente en el que contenía la droga. El juez impuso prisión preventiva justificada y concedió tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Otro método quedó documentado el 30 de abril en Cancún, donde la Guardia Nacional detuvo a José “N” con 2 kilos 485 gramos de clorhidrato de cocaína distribuidos en paquetes adheridos al torso y al tobillo. La FGR obtuvo su vinculación a proceso por un delito contra la salud, en la modalidad de transporte.

También hay decomisos en vuelos nacionales

Los casos no se limitan a pasajeros que llegan del extranjero. El 10 de julio, autoridades federales detuvieron a 11 personas y aseguraron 165 kilogramos de presunta cocaína en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California. La droga estaba distribuida en 11 mochilas que transportaban los pasajeros de un vuelo procedente de Guadalajara, Jalisco.

Un antecedente ocurrió el 4 de junio, cuando dos hombres fueron detenidos en la misma terminal en un caso relacionado con aproximadamente 52 kilogramos de cocaína.

La procedencia nacional de esos vuelos no permite determinar por sí sola dónde se obtuvo la droga ni cuál era su destino. Los expedientes muestran, sin embargo, que las inspecciones aeroportuarias también han derivado en detenciones y decomisos en operaciones entre ciudades mexicanas.

A estos casos se suma el aseguramiento reportado el 15 de septiembre en el AICM, donde la Marina y la ANAM detectaron un cargamento declarado como café tostado y molido que estaba contaminado con presunta cocaína base. El embarque, compuesto por más de 3 mil bolsas, se encontraba en tránsito internacional.

Las autoridades reportaron aproximadamente mil 77 kilogramos de producto contaminado, esto significa que no era cocaína “pura”. El comunicado no confirmó detenciones relacionadas con el cargamento, por lo que el expediente corresponde a un aseguramiento de mercancía y no a capturas acreditadas.

Botellas con cocaína líquida, artesanías, lienzos, sillas de ruedas, paquetes adheridos al cuerpo y equipaje con etiquetas manipuladas forman parte de los métodos documentados en estos expedientes. Algunos involucran a personas extranjeras, aunque la información disponible no permite afirmar que predominen entre quienes intentan transportar cocaína por los aeropuertos mexicanos ni establecer una conexión entre los distintos casos.

Las redes latinoamericanas vinculadas al narcotráfico ya tienen conexiones con 149 de las 731 redes criminales consideradas de mayor amenaza que operan en Europa, según datos de Europol recogidos por una investigación del diario británico The Guardian. De ese grupo, 67 cuentan con integrantes latinoamericanos y 22 están formadas mayoritariamente por personas de esa región.

La recopilación de información durante cuatro meses por parte de los periodistas del medio llevó a indicar que el crecimiento del tráfico de cocaína hacia Europa coincidió con la instalación de grupos de Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela, México y Estados Unidos en al menos 12 países del continente. Esas estructuras establecieron alianzas con organizaciones mafiosas locales y ampliaron sus actividades más allá de los puertos tradicionales de ingreso. La investigación reunió bases de datos, información de organismos policiales y de inteligencia, además de entrevistas con jueces, fiscales y especialistas de ocho países. El relevamiento identificó un aumento de 471% en las incautaciones de cocaína entre 2014 y 2024.

El diario también detectó un incremento de laboratorios europeos dedicados a procesar derivados de la cocaína. La dimensión real podría ser mayor, ya que el recuento solo contempla a las organizaciones identificadas oficialmente a través de operativos, causas judiciales e investigaciones transnacionales. Quedaron fuera de esa lista las bandas que no disponen de una estructura física en territorio europeo, aunque mantienen acuerdos operativos con grupos criminales del continente.

Entre las organizaciones señaladas aparecen el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de México; el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El relevamiento también incluyó al Primer Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho, de Brasil; al Tren de Aragua, de Venezuela, y a las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), originadas en Estados Unidos y con presencia en varios países de Centroamérica. Las redes identificadas consolidaron actividades en España, Portugal, los Países Bajos, Bélgica y Francia. Las autoridades también detectaron operaciones en Alemania, Rumania, Croacia y Eslovaquia.

La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (Gi-Toc) agregó a Bulgaria entre los países donde se ha registrado presencia de estas estructuras. “Está ocurriendo algo nuevo con la presencia de grupos latinoamericanos en geografías donde no existe una infraestructura preexistente”, afirmó Daniel Brombacher, politólogo y director del Observatorio Europeo de Gi-Toc, en declaraciones recogidas por The Guardian.

Brombacher sostuvo que el fenómeno dejó de estar limitado a los países que suelen recibir los primeros cargamentos. “Recientes operaciones policiales han descubierto laboratorios de metanfetamina dirigidos por mexicanos en el sur de Francia, el noreste de Polonia y Brandeburgo, al sur de Berlín”, afirmó. El especialista añadió que también surgieron grupos latinoamericanos en Rumania y Bulgaria, sobre la ruta de los Balcanes.

Un informe inédito de la fiscalía de São Paulo, basado en parte en datos de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) y revisado por la publicación, concluyó que el PCC opera en 16 países europeos. El documento incluyó al Reino Unido, Irlanda, Islandia, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía entre los lugares donde actúa el grupo criminal brasileño.

La sospecha sobre la búsqueda de una base estable en Europa no es nueva. Desde la década de 1980, organizaciones colombianas como los cárteles de Cali y Medellín tuvieron presencia en zonas españolas, entre ellas Galicia. Europol ya había alertado sobre ese crecimiento en 2013. La diferencia actual está en la escala de las operaciones y en el número de países alcanzados.

Un informe reciente de la agencia policial europea indicó que las redes móviles latinoamericanas más peligrosas se asentaron en la Unión Europea y desde allí dirigen actividades que afectan al bloque. El texto puso el foco en organizaciones involucradas en delitos organizados contra la propiedad.

El avance de estas redes ocurre mientras la producción de drogas en América Latina se cuadruplicó de forma aproximada y llegó a unas 4.100 toneladas en 2024, de acuerdo con los datos citados en la investigación. El Informe Mundial sobre las Drogas de 2026 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ubicó la producción mundial de cocaína de 2024 entre 3.800 y 4.700 toneladas. Esa cifra superó cuatro veces el nivel registrado una década antes. Sudamérica mantuvo su condición de principal centro de producción. El cultivo de coca alcanzó 385.000 hectáreas durante la última década, una superficie que triplicó la de 2014.

Víctor Manuel Sánchez Valdés, académico de la Universidad Autónoma de Coahuila y especialista mexicano en crimen organizado, enumeró a los grupos que considera centrales en esta expansión: “Los principales son el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco en México; el Comando Vermelho y el PCC de Brasil; el Clan del Golfo y diferentes facciones de las FARC colombianas; Los Lobos y Los Choneros de Ecuador; y el Tren de Aragua de Venezuela”.

El investigador sostuvo que la presencia en Europa podría exceder las estimaciones conocidas. “El cártel de Sinaloa y el CJNG tienen presencia en más de 20 países europeos”, remarcó. Sánchez Valdés aclaró que esa extensión no supone necesariamente el control territorial ni la existencia de grandes células. “Más bien, son emisarios comerciales”, señaló.

Europa se consolidó como un mercado prioritario porque ofrece márgenes de ganancia superiores a los de Estados Unidos, según la investigación. Los registros también muestran que las policías europeas incautan más drogas que las fuerzas estadounidenses desde el inicio de la década. El continente representa actualmente cerca de una cuarta parte del consumo mundial de cocaína.

La expansión de emisarios, intermediarios y células operativas permite a los grupos latinoamericanos negociar cargamentos, abrir rutas y coordinar tareas con mafias locales sin trasladar toda su estructura a Europa. Ese modelo ayuda a explicar por qué las autoridades europeas detectan organizaciones de América Latina en un número creciente de países, incluso en zonas alejadas de los puertos que históricamente concentraron el ingreso de cocaína.

La localización de pistas clandestinas utilizadas para el trasiego de drogas disminuyó debido a la reducción de vuelos ilegales en el espacio aéreo mexicano y al aumento de aseguramientos de droga en altamar por parte de la Secretaría de Marina (Semar), afirmó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo.

Durante ‘La Mañanera’ de este martes, el general atribuyó esta tendencia a la aplicación de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, que integra las capacidades de distintas dependencias federales para detectar y contrarrestar operaciones aéreas ilícitas.

“Tenemos que recordar que ya se aplica una ley de protección del espacio aéreo nacional, en esa ley se integraron las capacidades de diversas dependencias que tienen que ver con esa protección y ha funcionado bastante bien, han disminuido mucho los vuelos clandestinos y tal vez por eso se han incrementado mucho los aseguramientos que ha tenido Marina en altamar. Yo creo que ese es el principal motivo por el cual ha disminuido la cantidad de pistas clandestinas”, declaró.

Los hallazgos de pistas clandestinas en México

La explicación del secretario se dio después de que El Sol de México publicara cifras de la Defensa sobre la localización de pistas clandestinas durante las últimas tres administraciones federales.

De acuerdo con esos registros, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2018, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, las autoridades localizaron mil 580 pistas clandestinas.

La cifra descendió a 126 entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de septiembre de 2024, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. En el gobierno de Claudia Sheinbaum, del 1 de octubre de 2024 a septiembre de 2026, se reportaron 37 hallazgos.

La disminución de los registros no significa necesariamente que exista una reducción equivalente en la cantidad de pistas clandestinas en operación. Las cifras corresponden a los espacios identificados por las autoridades y, por sí solas, no permiten establecer cuántas instalaciones de este tipo siguen activas ni dimensionar el uso que las organizaciones criminales hacen de ellas.

Especialistas citados por El Sol de México advirtieron que la caída también podría estar relacionada con limitaciones en las labores de vigilancia o con cambios en los medios utilizados para transportar drogas.

¿Qué establece la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano?

La Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de marzo de 2023. Su objetivo es establecer y coordinar acciones para proteger el espacio aéreo nacional y contrarrestar operaciones aéreas ilícitas que representen una amenaza para la seguridad del país.

El marco legal contempla la coordinación entre dependencias federales para detectar, identificar y dar seguimiento a vuelos irregulares, así como establecer procedimientos de actuación ante aeronaves que representen una amenaza o realicen actividades ilícitas.

Trevilla sostuvo que la aplicación de esta legislación ha contribuido a disminuir los vuelos clandestinos y planteó que esa reducción ayudaría a explicar la menor cantidad de pistas localizadas.

Sin embargo, durante su intervención no presentó cifras para cuantificar la disminución de vuelos clandestinos ni detalló el aumento de decomisos marítimos, por lo que su explicación no permite medir por sí sola la relación entre ambos fenómenos.

De Sinaloa a Chihuahua: pistas clandestinas localizadas e inhabilitadas en 2025 y 2026

En febrero de 2025, autoridades federales inhabilitaron una pista clandestina en Ahome, Sinaloa, donde aseguraron tres avionetas fumigadoras y tres vehículos. En septiembre de ese año, fuerzas estatales y federales localizaron y destruyeron otra pista y un campamento improvisado en Ciénega de Norogachi, municipio de Guachochi, Chihuahua, donde encontraron piezas de una aeronave.

Los hallazgos continuaron en 2026. En enero, la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua informó de la inhabilitación de una pista en las inmediaciones de Los Tuceros, en Guachochi, localizada mediante reconocimiento aéreo. En el lugar también se aseguró una mochila con más de un kilogramo de un polvo químico considerado preliminarmente un posible precursor para fabricar fentanilo.

En junio, agentes estatales, militares y de la Guardia Nacional localizaron e inhabilitaron otra pista en las afueras de Carichí, Chihuahua. La instalación medía aproximadamente 750 metros de largo por 12 de ancho y fue detectada con apoyo de drones; las autoridades reportaron indicios de uso reciente.

En agosto de 2026, autoridades de Chihuahua también informaron de la localización e inhabilitación de una pista de unos 400 metros de largo por 50 de ancho en la región de Ciénega Prieta, municipio de Guadalupe y Calvo.

Los casos documentan que las autoridades continuaron localizando e inhabilitando pistas clandestinas durante 2025 y 2026 mediante operativos terrestres, reconocimiento aéreo y el uso de drones. Sin embargo, estos hallazgos individuales no permiten determinar cuántas pistas permanecen activas en el país ni explicar por sí solos la variación de las cifras nacionales reportadas por Defensa.

Panamá acumuló 457 homicidios hasta el 4 de octubre de 2026, siete más que los 450 registrados durante el mismo período de 2025. Según el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC), 448 muertes fueron intencionales y nueve no intencionales, mientras que el incremento de los asesinatos deliberados fue del 1%, equivalente a tres casos adicionales.

El informe revela que las rencillas delincuenciales encabezaron las causas identificadas, con 155 víctimas, aunque registraron una disminución del 13% frente a las 178 del año anterior. En contraste, los homicidios relacionados con pandillerismo aumentaron 64%, al pasar de 42 a 69, una diferencia de 27 casos.

También se contabilizaron 31 homicidios por riñas y 26 por daño colateral, mientras que los casos asociados con robos alcanzaron 26 y las rencillas personales sumaron 25. Los femicidios pasaron de 12 a 19 víctimas, mientras que los hechos clasificados como ajustes de cuentas disminuyeron de 34 a 15.

El desglose incluye 10 homicidios relacionados con drogas o narcotráfico, cuatro por violencia doméstica, cuatro durante evasiones y uno por encargo. Otros 61 casos permanecían bajo investigación, siete más que en 2025, mientras que las muertes no intencionales aumentaron de cinco a nueve.

Por provincias, Panamá concentró 281 homicidios intencionales, ocho más que el año anterior, y mantuvo la mayor cantidad de víctimas del país. Colón registró 75 casos, una reducción del 18%, mientras que Panamá Oeste acumuló 38, tres menos que durante el mismo período de 2025.

El incremento proporcional más significativo ocurrió en Chiriquí, donde los homicidios aumentaron 178%, al pasar de nueve a 25 casos. Coclé también presentó un aumento, de ocho a 15, mientras que Veraguas redujo sus registros de seis a tres y Darién pasó de cuatro a dos.

La tasa nacional de homicidios intencionales se situó en 9,6 por cada 100.000 habitantes, clasificada por el SIEC como baja. Sin embargo, Colón alcanzó una tasa de 23,7 y Panamá de 16,9, niveles considerados moderados y que, según la metodología oficial, requieren atención.

A escala distrital, Panamá encabezó las estadísticas con 193 homicidios, seguido de San Miguelito, con 83, y Colón, con 70. También figuraron Arraiján, con 22 casos; La Chorrera, con 12; y David, con 10, entre las jurisdicciones con mayor incidencia.

En San Miguelito, Belisario Frías acumuló 24 homicidios, Omar Torrijos registró 16 y Arnulfo Arias Madrid contabilizó 15. En el sector este de la capital, Pedregal y 24 de Diciembre sumaron 18 casos cada uno, mientras que Tocumen reportó 10.

En el distrito de Colón, Cristóbal Este registró 15 víctimas y Cativá otras 14, seguidos de Barrio Norte, con nueve. En el sector norte de Panamá destacaron Chilibre, con 18 homicidios, y Ernesto Córdoba Campos, con 17, mientras que Ancón acumuló 15 en el sector oeste.

El comportamiento mensual mostró 61 homicidios intencionales en abril, la cifra más elevada del año, seguida de mayo, con 56, y marzo, con 54. Septiembre cerró con 45 víctimas, una disminución del 27% respecto de las 62 contabilizadas durante el mismo mes de 2025.

Durante la semana comprendida entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre, se registraron ocho homicidios intencionales, cuatro menos que la semana anterior. El SIEC calculó un promedio de 11 casos semanales durante las últimas seis semanas y situó el comportamiento reciente por debajo de ese promedio.

El organismo estima que octubre podría cerrar con aproximadamente 39 homicidios, siempre que se mantenga la tendencia observada. Además, señaló que el 57% de las muertes responde a violencia delincuencial, organizada o común, y advirtió sobre la necesidad de mantener las acciones de contención.

Las estadísticas muestran que 383 homicidios fueron cometidos con armas de fuego, mientras que 31 involucraron armas blancas y 34 otros métodos. El domingo fue el día con mayor cantidad de casos, con 86, seguido del viernes, con 73, y el sábado, con 70, según el balance preliminar.

Las operaciones contra el narcotráfico en Honduras han permitido localizar decenas de cultivos de hoja de coca y destruir instalaciones utilizadas para procesar drogas durante 2026.

Las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) reportaron el aseguramiento de 62 plantaciones con más de 950.000 arbustos de coca, en un balance que sitúa al departamento de Colón como el principal foco de estos hallazgos.

El portavoz de la institución castrense, Mario Rivera, informó este jueves que los resultados corresponden a las operaciones de seguridad desarrolladas en diferentes regiones del territorio nacional, como parte de las acciones para combatir las estructuras vinculadas al narcotráfico.

“Las Fuerzas Armadas se está intensificando operaciones de seguridad en el combate al narcotráfico, para ello se ha fortalecido el escudo terrestre, aéreo y marítimo. Esto ha permitido que en lo que va de este año se han asegurado 62 plantaciones con más de 950 mil arbustos de hoja de coca”, declaró.

Según el portavoz, las acciones se mantienen en distintos puntos del país mediante el fortalecimiento de las capacidades de vigilancia y despliegue militar por tierra, aire y mar.

Rivera detalló que más del 80% de los aseguramientos de plantaciones de coca registrados durante este año se concentran en el departamento de Colón, lo que convierte a esta región en la de mayor incidencia de estos cultivos dentro de los resultados reportados por las FFAA.

Sin embargo, las operaciones también se han extendido a otros departamentos donde las autoridades mantienen acciones orientadas a detectar plantaciones y combatir las actividades relacionadas con la producción y distribución de drogas.

Entre las zonas mencionadas por la institución figuran Atlántida, Yoro, Olancho, Santa Bárbara y El Paraíso, además de Colón, donde se han desarrollado intervenciones para localizar estructuras vinculadas con el narcotráfico.

La presencia de cultivos en distintas regiones mantiene a las fuerzas de seguridad desplegadas en labores de reconocimiento y operaciones terrestres, con el propósito de identificar nuevas plantaciones y otros espacios utilizados para actividades ilícitas.

Como parte de los resultados presentados, el portavoz militar informó que durante 2026 también se han destruido 13 instalaciones artesanales utilizadas para el procesamiento de drogas.

En estos lugares, según Rivera, se encontraron precursores químicos empleados en la elaboración de sustancias ilícitas, lo que evidencia que las operaciones no se han limitado a la localización de cultivos, sino que también han incluido intervenciones contra espacios destinados a procesar drogas.

El funcionario agregó que las acciones de seguridad han dejado varias personas detenidas en diferentes sectores del país por su presunta vinculación con este tipo de actividades.

No obstante, el portavoz no precisó la cantidad total de detenidos ni detalló las fechas de las operaciones relacionadas con cada uno de los hallazgos reportados.

Las FFAA mantienen el despliegue de sus efectivos en las zonas identificadas como prioritarias, mientras continúan las acciones contra las estructuras criminales relacionadas con el narcotráfico.

Rivera también aseguró que las operaciones militares han impedido el procesamiento de aproximadamente 780 kilogramos de cocaína, una cantidad que, según la estimación presentada por la institución, tendría un valor superior a 250 millones de lempiras.

“Hay varias personas detenidas en diferentes sectores del país por la comisión de este ilícito, también podemos agregar que producto de las constantes operaciones de seguridad que realizan las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico, los miembros de estas estructuras criminales vinculados a esta ilícita actividad han dejado de procesar alrededor de 780 kilos de cocaína que estarían valorados en más de 250 millones de lempiras”, subrayó.

La cifra corresponde a la valoración económica atribuida por las autoridades a la droga cuyo procesamiento aseguran haber evitado mediante estas intervenciones.

Los resultados forman parte de la estrategia militar de combate al narcotráfico, que incluye el aseguramiento de cultivos, la destrucción de instalaciones artesanales y la identificación de personas presuntamente relacionadas con estas actividades.

Con 62 plantaciones aseguradas y más de 950.000 arbustos localizados, las FFAA mantienen a Colón como su principal zona de intervención contra los cultivos de coca durante 2026, mientras las operaciones continúan en otros departamentos del territorio hondureño.

Las mamás de dos adolescentes en conflicto con la ley, fueron capturadas en Guatemala cuando intentaron ingresar marihuana oculta en accesorios personales al Centro Especializado de Reinserción Juvenil Las Gaviotas.

La Policía Nacional Civil (PNC) identificó a las detenidas como Zulmy Judith Méndez Díaz, de 32 años, y Sandra Patricia Barillas del Cid, de 31 años, quienes pretendían entregar la sustancia a sus hijos privados de libertad.

Al ser interrogadas por los agentes, las madres argumentaron que la droga ayudaría a sus hijos a sobrellevar el encierro.

El hallazgo de la sustancia ilícita estuvo a cargo del personal de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), que realizaba las revisiones de rutina en el área de acceso para las visitas del centro ubicado en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala.

Las monitoras detectaron 12 envoltorios de marihuana ocultos en una almohada para el cuello y otros tres paquetes escondidos en una cola para sujetar el cabello.

Ante la irregularidad, las autoridades del recinto coordinaron con efectivos de la comisaría 13 de la PNC para proceder con la consignación de ambas mujeres ante los tribunales correspondientes.

Los adolescentes a quienes iba dirigida la sustancia tienen 13 y 16 años y cumplen una pena de cuatro años de prisión por el delito de asesinato.

Según los informes oficiales de los cuerpos de seguridad, los dos menores pertenecen a la pandilla Mara Salvatrucha.

Homicidio y extorsión concentran las causas de detención de adolescentes en Guatemala

En Guatemala, la SBS administra seis centros de privación de libertad para menores de edad, entre los que figuran las instalaciones de Las Gaviotas y el Centro Especializado de Reinserción.

Las estadísticas institucionales revelan que actualmente existen aproximadamente 474 jóvenes en conflicto con la ley penal bajo el resguardo del Estado.

De ese total, 235 son menores de 18 años, mientras que 239 corresponden a jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad mientras cumplían sus respectivas sanciones.

Las investigaciones y registros policiales señalan que los principales delitos por los que son remitidos los adolescentes al sistema de justicia juvenil son homicidio, extorsión, robo agravado, violación y lesiones graves.

Frente a este escenario, las autoridades estatales implementan programas de capacitación técnica y nivelación académica dentro de los centros con el propósito de ofrecer herramientas de reinserción social a la población juvenil reclusa al término de sus condenas.

Teléfonos celulares, drogas y armas blancas destacan entre los objetos decomisados en requisas

El intento de ingreso de narcóticos a los centros correccionales ocurre en medio de un intensificado plan de seguridad en los recintos carcelarios del país.

Durante los operativos e inspecciones periódicas que ejecutan las fuerzas combinadas de la PNC y el Sistema Penitenciario, los agentes incautan con frecuencia diversos artículos prohibidos dentro de los módulos.

De acuerdo con los registros del Ministerio de Gobernación, los objetos más decomisados son teléfonos celulares, tarjetas SIM, cargadores y routers para señal de internet, herramientas utilizadas para coordinar extorsiones y otros crímenes desde el interior de los penales.

Asimismo, las inspecciones en los centros penitenciarios guatemaltecos permiten la incautación de armas blancas punzocortantes, envoltorios de cocaína, crack y marihuana, así como bebidas alcohólicas, electrodomésticos no autorizados y dinero en efectivo.

Las autoridades han incrementado la vigilancia en las entradas a las prisiones para evitar que familiares y visitantes introduzcan estos ilícitos durante las jornadas de visita.

Una nueva incautación de drogas en un puerto del Caribe panameño puso de manifiesto la utilización del país como punto de tránsito para cargamentos ilícitos destinados a Europa.

Agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y del Ministerio Público decomisaron 46 paquetes de presuntas sustancias ilícitas ocultos en un contenedor procedente de Guayaquil, Ecuador, cuyo destino final era Amberes, Bélgica.

El hallazgo se produjo en una terminal portuaria de la provincia de Colón, durante una inspección realizada como parte de la Operación Escudo Protector.

El contenedor se encontraba en tránsito por Panamá cuando las autoridades detectaron los paquetes sospechosos. La mercancía tenía previsto continuar hacia el puerto belga, uno de los principales centros de distribución marítima de Europa.

La ruta identificada corresponde a uno de los corredores utilizados para trasladar drogas desde Sudamérica hacia los mercados europeos. Los puertos panameños reciben contenedores procedentes de Ecuador, Colombia y otros países, que posteriormente son movilizados mediante conexiones marítimas internacionales.

La magnitud del movimiento comercial facilita las operaciones logísticas, pero también plantea desafíos para detectar cargamentos contaminados por organizaciones criminales.

Bélgica constituye uno de los destinos relevantes del tráfico de cocaína hacia Europa, especialmente por la importancia comercial del puerto de Amberes. Desde allí, las mercancías pueden continuar hacia otros mercados europeos mediante redes de transporte terrestre.

Las autoridades panameñas mantienen controles sobre contenedores en tránsito, aunque en este caso todavía no se ha precisado el tipo de sustancia incautada ni su peso.

En otra operación desarrollada en el Pacífico, el Servicio Nacional Aeronaval decomisó 1,513 paquetes de presunta droga al sur de Punta Burica, provincia de Chiriquí.

La intervención, realizada conjuntamente con el Ministerio Público, permitió aprehender a tres tripulantes y asegurar una embarcación, como parte de las acciones destinadas a interceptar cargamentos transportados por vía marítima.

El Pacífico panameño representa otro corredor estratégico para las organizaciones dedicadas al narcotráfico, debido a su conexión con las costas de Colombia y Ecuador. Las embarcaciones pueden desplazarse hacia Centroamérica utilizando rutas alejadas de los principales puertos comerciales.

Los cargamentos interceptados en estas aguas suelen estar relacionados con redes internacionales, aunque las autoridades no han confirmado el destino específico de la droga decomisada cerca de Punta Burica.

Mientras se desarrollaban estos operativos marítimos, un despliegue conjunto entre Panamá y Colombia permitió detectar a 13 ciudadanos colombianos en el sector de Loma Bandera, ubicado en el cordón fronterizo de Darién.

La intervención fue ejecutada por unidades de las Fuerzas Especiales del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), como parte del Plan Firmeza y la operación Escudo de Acero.

Los agentes realizaban patrullajes de vigilancia y control en Los agentes realizaban patrullajes de vigilancia y control en territorio panameño cuando observaron al grupo y procedieron a darle la voz de alto.

Posteriormente, verificaron la identidad de los ciudadanos, presuntamente vinculados con actividades de minería ilegal, una práctica que puede constituir una fuente de financiamiento para organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico.

Los 13 extranjeros quedaron a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación y las posibles responsabilidades correspondientes.

La operación contó con información de inteligencia proporcionada por el Ejército Nacional de Colombia, mediante su Séptima División, dentro de los mecanismos de cooperación bilateral.

Esta coordinación busca prevenir el ingreso de estructuras criminales y combatir actividades ilícitas en la frontera. La zona del Darién presenta dificultades de vigilancia debido a su extensión territorial, vegetación y limitada conectividad terrestre.

A estos procedimientos se suma el hallazgo de 22 paquetes rectangulares con presuntas drogas dentro de una caleta enterrada en el sector de Rialengo, en un área boscosa del corregimiento de Pedregal.

Durante la intervención también fue localizado un proveedor de arma de fuego, mientras que los indicios fueron remitidos a las instancias judiciales para continuar las investigaciones.

Las cuatro intervenciones reflejan la diversidad de modalidades utilizadas para movilizar y ocultar sustancias ilícitas en Panamá, desde contenedores comerciales y embarcaciones hasta escondites en áreas boscosas.

Los procedimientos dejaron 1,581 paquetes de presunta droga incautados, además de tres aprehendidos en el operativo marítimo y 13 ciudadanos colombianos puestos a disposición de las autoridades por el caso fronterizo.

Las investigaciones deberán establecer la composición y el peso de las sustancias decomisadas, así como los posibles vínculos entre los involucrados y organizaciones criminales.

Aunque los operativos se desarrollaron en distintos puntos del país, las autoridades no han informado que formen parte de una misma estructura delictiva ni han precisado el valor comercial de los cargamentos intervenidos.

La justicia panameña condenó a 12 personas a penas de entre cinco y 24 años de prisión por su participación en una organización criminal vinculada al Clan del Golfo, investigada mediante la Operación Fisher.

La sentencia, dictada por el Tribunal Especializado contra la Delincuencia Organizada, estableció responsabilidades por blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir, después de un proceso judicial que se extendió durante más de un año.

La pena más elevada, de 24 años de prisión, fue impuesta al identificado como líder de la organización, declarado responsable de ambos delitos. Otros dos integrantes recibieron condenas de 20 años cada uno, mientras que tres personas fueron sentenciadas a 13 años, también por blanqueo de capitales y asociación ilícita.

Las sanciones corresponden a la fase de individualización de penas posterior al fallo condenatorio anunciado en septiembre.

El tribunal también impuso una condena de 10 años de prisión a una persona por asociación ilícita para delinquir. Otras dos recibieron penas de seis años y tres fueron sentenciadas a cinco años, todas estas últimas por blanqueo de capitales.

En conjunto, las 12 condenas representan 140 años de prisión, aunque las penas deberán cumplirse individualmente y estarán sujetas a los recursos judiciales que correspondan.

La decisión incluye el comiso de bienes vinculados con las actividades criminales, entre ellos propiedades, fondos depositados en cuentas bancarias, dinero en efectivo y vehículos de alta gama.

Estas medidas buscan retirar del patrimonio de los condenados los recursos relacionados con los delitos investigados. El decomiso constituye una parte relevante del proceso, debido al volumen de dinero y activos identificados durante las investigaciones.

La sentencia llega después de que el tribunal comunicara el sentido condenatorio del fallo el 9 de septiembre de 2026, cuando se establecieron responsabilidades penales por los delitos investigados.

El juicio oral había comenzado el 23 de julio de 2025, con la participación de fiscales, defensores y procesados, algunos de los cuales intervinieron virtualmente. La audiencia permitió examinar las pruebas recopiladas desde el inicio de la investigación

El proceso judicial estuvo a cargo de un tribunal integrado por los jueces Anabel Varela Lara, Dieter Targanski Gómez y Baloisa Marquínez Morán. Durante el debate se analizaron las operaciones atribuidas a una estructura que presuntamente utilizaba empresas, propiedades y otros bienes para incorporar al circuito económico recursos procedentes del tráfico internacional de drogas.

La Operación Fisher fue ejecutada en diciembre de 2021, después de investigaciones desarrolladas por las fiscalías especializadas en delitos relacionados con drogas. Su objetivo era desarticular una organización relacionada con el Clan del Golfo, grupo criminal originario de Colombia, que había establecido operaciones en las costas de la provincia de Colón para facilitar el movimiento de cargamentos hacia otros países.

Según las investigaciones, la organización recibía droga procedente de Colombia mediante embarcaciones que llegaban a sectores de Costa Arriba y Costa Abajo de Colón.

Posteriormente, los cargamentos eran almacenados y trasladados por carretera en vehículos acondicionados con compartimentos ocultos. El destino final de las sustancias era Centroamérica y Estados Unidos, utilizando distintas rutas marítimas y terrestres.

Los investigadores determinaron que los vehículos contaban con estructuras de doble fondo, diseñadas para ocultar las sustancias durante su traslado. También se identificaron mecanismos de almacenamiento en cilindros de gas, llantas y otros compartimentos clandestinos.

Estas modalidades permitían movilizar cargamentos sin que fueran detectados fácilmente, mientras la organización coordinaba las operaciones logísticas y financieras.

Como resultado de las acciones desarrolladas, las autoridades incautaron 1.5 toneladas de drogas y $9,979,648.75 en efectivo. También identificaron bienes y otros activos relacionados con la investigación, entre ellos propiedades inmobiliarias, armas de fuego y 38 vehículos de alta gama. El valor de los activos vinculados al expediente fue estimado anteriormente en aproximadamente $20 millones.

El expediente también revela la magnitud de la investigación iniciada el 6 de febrero de 2020, cuando las autoridades identificaron una estructura integrada por panameños y extranjeros.

Durante las distintas etapas del proceso se llegó a imputar a 76 personas naturales, mientras que seis sociedades fueron señaladas como posibles empresas fachada para operaciones de blanqueo de capitales.

Antes de la celebración del juicio, el Ministerio Público consiguió numerosos acuerdos de pena con personas vinculadas a la investigación.

Estos procedimientos permitieron obtener condenas sin necesidad de llevar todos los casos a debate oral. La causa que llegó al tribunal especializado incluyó a 14 acusados, entre ellos dos sociedades jurídicas, sobre quienes se discutieron las responsabilidades correspondientes.

El alcance de Fisher también puede observarse dentro del contexto nacional del narcotráfico. Entre enero y agosto de 2026, Panamá registró la incautación de 69.5 toneladas de drogas, de las cuales 46.2 toneladas correspondieron a cocaína y 23.18 toneladas a marihuana. Estas cifras reflejan la persistencia de las operaciones contra el tráfico de sustancias ilícitas en el territorio panameño.

Durante ese período, Colón encabezó las incautaciones con 18.44 toneladas, equivalentes a aproximadamente el 26.5% del total nacional. Le siguieron Panamá Oeste, con 15.92 toneladas; Panamá, con 13.24 toneladas; y Chiriquí, con 12.91 toneladas. Estas cuatro provincias concentraron cerca del 87% de las drogas decomisadas, aunque los registros corresponden a operaciones distintas de Fisher.

El comportamiento mensual muestra que mayo registró la mayor cantidad de decomisos, con 12.49 toneladas, seguido de febrero, con 10.50 toneladas. En agosto se incautaron 9.46 toneladas, frente a las 8.36 toneladas del mismo mes de 2025. El incremento interanual fue de aproximadamente 13.2%, según los datos preliminares del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales.

La resolución judicial de Fisher cierra una etapa importante de un expediente iniciado hace más de seis años, que permitió investigar tanto el traslado internacional de drogas como los mecanismos financieros utilizados por la organización.

Las condenas y los comisos ordenados constituyen los resultados más recientes de una causa compleja, sin perjuicio de las impugnaciones que puedan presentar las partes.

Costa Rica y Países Bajos avanzan en el fortalecimiento de su cooperación policial para combatir el narcotráfico internacional, particularmente las operaciones de organizaciones criminales que utilizan las rutas comerciales para transportar drogas desde territorio costarricense hacia Europa.

Como parte de este esfuerzo, el ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Gerald Campos Valverde, realizó una visita oficial a territorio neerlandés, donde sostuvo reuniones con autoridades de seguridad y conoció las operaciones del puerto de Rotterdam, una de las principales infraestructuras logísticas para el comercio internacional en el continente europeo.

El encuentro tuvo como objetivo establecer mecanismos de coordinación más estrechos entre los cuerpos policiales de ambos países, con especial participación de la Policía de Control de Drogas (PCD), encargada de investigar estructuras vinculadas con el tráfico de sustancias ilícitas en Costa Rica.

La visita también permitió abordar los desafíos que representa la utilización de rutas comerciales internacionales por parte de organizaciones dedicadas al narcotráfico, especialmente aquellas que buscan aprovechar el movimiento de mercancías entre América Latina y Europa.

Según informó el Ministerio de Seguridad Pública, las reuniones permitieron avanzar en el establecimiento de enlaces entre las autoridades policiales costarricenses y neerlandesas, con el propósito de facilitar el trabajo conjunto frente a organizaciones criminales que operan en distintos territorios.

El puerto de Rotterdam, uno de los puntos estratégicos de la cooperación

Uno de los principales componentes de la agenda del ministro Gerald Campos fue su visita al puerto de Rotterdam, una infraestructura considerada estratégica para el comercio marítimo europeo por su capacidad para movilizar mercancías provenientes de diferentes regiones del mundo.

La importancia de este puerto dentro del intercambio comercial internacional también plantea desafíos para las autoridades encargadas de prevenir el ingreso de sustancias ilícitas ocultas en cargamentos que circulan por las rutas marítimas.

Las redes de narcotráfico transnacional pueden intentar aprovechar operaciones comerciales legítimas para movilizar drogas entre países productores, territorios de tránsito y mercados de destino.

En ese contexto, la coordinación entre los organismos policiales resulta relevante para intercambiar información sobre estructuras investigadas, identificar posibles riesgos y mejorar la detección de actividades ilícitas vinculadas con el transporte de mercancías.

Durante su recorrido por las instalaciones portuarias, el jerarca costarricense conoció aspectos relacionados con los desafíos de seguridad que enfrentan las autoridades neerlandesas.

Además, la visita permitió establecer contactos para reforzar las investigaciones relacionadas con el envío de drogas desde Costa Rica hacia el mercado europeo.

El ministro explicó que el objetivo de este acercamiento no fue únicamente conocer el funcionamiento de la infraestructura, sino construir relaciones de trabajo que permitan identificar a quienes participan en estas actividades.

“No solamente conocimos el puerto de Rotterdam, sino establecimos los enlaces. ¿Para qué? Para seguir identificando a esta gente que quiere cometer ilícitos, que quiere enviar droga desde Costa Rica a Europa”, afirmó Campos Valverde.

Reunión con autoridades neerlandesas para fortalecer las investigaciones

Durante su visita oficial, Gerald Campos también sostuvo un encuentro con David van Weel, ministro de Justicia y Seguridad de Países Bajos.

La reunión permitió analizar oportunidades para ampliar la colaboración bilateral y fortalecer los mecanismos de coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad pública y la lucha contra el crimen organizado.

Entre los principales temas abordados figuró la necesidad de mantener una comunicación efectiva entre los organismos policiales de ambos países, especialmente en investigaciones relacionadas con estructuras dedicadas al narcotráfico.

El encuentro también sirvió para reforzar las relaciones de trabajo entre las autoridades neerlandesas y la Policía de Control de Drogas de Costa Rica, con el objetivo de facilitar acciones conjuntas frente a delitos que trascienden las fronteras nacionales.

Costa Rica busca identificar a las organizaciones que envían droga a Europa

El titular de Seguridad Pública explicó que la cooperación internacional forma parte de la estrategia gubernamental para enfrentar a las organizaciones criminales que desarrollan operaciones dentro y fuera del territorio costarricense.

Según Campos Valverde, el fortalecimiento de los vínculos policiales con Países Bajos permitirá coordinar esfuerzos para identificar a personas que pretendan utilizar Costa Rica como punto de salida de cargamentos de droga hacia Europa.

“Eso no lo vamos a permitir. Tenemos un modelo de trabajo fuerte orientado a esa lucha frontal contra la criminalidad”, manifestó el ministro.

El funcionario insistió en que las actividades del crimen organizado no se limitan a un solo territorio, por lo que requieren mecanismos de cooperación entre las autoridades de los países involucrados.

En el caso del narcotráfico internacional, las investigaciones pueden abarcar distintas etapas de una operación criminal, desde el almacenamiento y traslado de sustancias hasta su ingreso en cadenas logísticas y posterior distribución.

Por esa razón, la coordinación entre las autoridades de los países de origen, tránsito y destino constituye uno de los mecanismos utilizados para investigar estas estructuras y establecer sus conexiones.

Las autoridades costarricenses buscan fortalecer particularmente la capacidad para identificar a los responsables de utilizar rutas comerciales con fines ilícitos, así como mejorar los canales de comunicación que permitan dar seguimiento a investigaciones desarrolladas en ambos territorios.

Gobierno costarricense apuesta por la cooperación para enfrentar el crimen organizado

El ministro Gerald Campos Valverde sostuvo que la estrategia del Gobierno costarricense contempla el fortalecimiento de las capacidades policiales y la ampliación de las alianzas internacionales para enfrentar a organizaciones criminales.

En sus declaraciones, el jerarca señaló que la cooperación con las autoridades neerlandesas permitirá desarrollar un trabajo conjunto para identificar y llevar ante la justicia a personas vinculadas con actividades delictivas.

“Esto lo estamos haciendo porque queremos una Costa Rica más segura, queremos a los delincuentes debidamente detenidos y condenados, pero sobre todo queremos esta alianza que nos va a permitir trabajar de manera unida y enfrentar la criminalidad que hay aquí en Costa Rica, como también la que hay en Europa”, expresó.

El funcionario destacó que las reuniones sostenidas durante la visita fueron fructíferas y reiteró la importancia de mantener canales permanentes de coordinación entre las instituciones policiales.

El fortalecimiento de estas relaciones también se enmarca en la necesidad de enfrentar delitos que requieren investigaciones más allá de las fronteras, particularmente cuando las organizaciones criminales utilizan diferentes países para ejecutar sus operaciones.

En este sentido, la Policía de Control de Drogas tendrá un papel relevante en la continuidad de los contactos establecidos con las autoridades neerlandesas.

La intervención, según el anuncio oficial emitido este martes, se extendió por poco más de 12 horas e involucró a unidades marítimas, aéreas y terrestres. Las autoridades señalaron que la operación se activó tras recibir información de inteligencia sobre una lancha que se dirigía hacia territorio dominicano.

El procedimiento contó con la participación de la DNCD, la Armada de República Dominicana (ARD) y la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), bajo coordinación del Ministerio Público. También colaboraron el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos, la Fuerza de Tarea Interagencial Sur, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y el Servicio de Guardacostas de los Países Bajos.

La embarcación fue ubicada al sur de Punta Salinas

Las unidades desplegadas localizaron la lancha a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas, en el municipio de Baní. Se trataba de una embarcación tipo “go fast” de 23 pies de eslora, unos siete metros, equipada con dos motores fuera de borda.

De acuerdo con la DNCD, los equipos de seguridad mantuvieron labores de seguimiento y coordinación en tiempo real antes de interceptar la nave. El organismo indicó que la información aportada por los componentes aéreos permitió monitorear el desplazamiento de la embarcación y facilitó la respuesta de las patrullas marítimas.

El coronel piloto Manuel Gómez Portorreal, vocero de la Fuerza Aérea, afirmó que el seguimiento desde el aire contribuyó a ubicar e interceptar la lancha. Según explicó, la actuación formó parte de un esquema de apoyo entre las unidades aéreas, marítimas y terrestres para la vigilancia de los espacios nacionales.

Dos dominicanos detenidos durante la inspección

Al abordar la embarcación, los agentes detuvieron a dos hombres de nacionalidad dominicana que, según las autoridades, operaban la lancha. La DNCD no difundió las identidades de los sospechosos.

En el interior de la nave, los equipos operativos hallaron 15 pacas con 389 paquetes embalados con cinta transparente. Los envoltorios tenían distintos logotipos, una modalidad que las autoridades vinculan con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Además del cargamento, las fuerzas participantes incautaron un dispositivo GPS, siete garrafones, dos tanques para combustible y un paquete de pastillas de color naranja. Las autoridades deberán determinar el tipo de esas pastillas y su posible relación con la investigación.

La institución antidrogas sostuvo que los objetos ocupados serán incorporados a las pesquisas para establecer la ruta de la embarcación, el origen del cargamento y las eventuales conexiones de los detenidos con redes de narcotráfico transnacional.

El Inacif establecerá el peso y la composición de la droga

Los 389 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) bajo cadena de custodia. El análisis de laboratorio determinará si la sustancia corresponde a cocaína y establecerá el peso total del cargamento.

Hasta que concluya esa evaluación, las autoridades mantienen la calificación de presunta cocaína. La DNCD informó que los paquetes fueron embalados en fundas de evidencia antes de su traslado al organismo forense.

El director de Comunicaciones de la DNCD, Carlos Devers, señaló que el operativo respondió a labores de inteligencia y cooperación con agencias internacionales. La entidad sostuvo que la coordinación entre organismos locales y aliados externos permitió desplegar la interdicción en aguas del litoral sur dominicano.

El capitán de navío Alex Isaac Rodríguez, vocero de la Armada, indicó que las instituciones involucradas trabajaron bajo una estrategia conjunta para vigilar las aguas jurisdiccionales y responder ante embarcaciones sospechosas.

Los dos detenidos serán puestos a disposición de la Jurisdicción de Atención Permanente de la provincia de Peravia, donde el Ministerio Público solicitará medidas de coerción en las próximas horas.

El caso permanece bajo investigación mientras el Inacif analiza el contenido de los paquetes y las autoridades revisan los equipos, recipientes de combustible y el GPS encontrados dentro de la embarcación.

Tres ciudadanos extranjeros de 27, 29 y 32 años fueron condenados a 11 años de prisión por tráfico internacional de drogas, apenas dos días después de ser interceptados en una embarcación al sur de Punta Burica, en Chiriquí. Durante la operación, las autoridades decomisaron 2,852 paquetes de marihuana.

El juez de garantías de Chiriquí, Víctor Serrano, validó el acuerdo de pena alcanzado entre la Fiscalía, las defensas y los acusados y emitió la sentencia condenatoria el 5 de octubre. Además de la prisión, los tres tendrán 12 meses de inhabilitación para ejercer funciones públicas, una vez cumplida la sanción principal.

El caso comenzó el 3 de octubre durante patrullajes marítimos de la Operación Escudo Protector, ejecutada por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan). Los agentes detectaron una lancha rápida cuyos ocupantes realizaron maniobras evasivas durante la interdicción y terminaron colisionando contra el costado de una embarcación institucional.

Después del impacto, las unidades lograron controlar la situación y detener a los tres tripulantes. En la embarcación encontraron 92 bultos y tres envoltorios sueltos que contenían 2,852 paquetes. Durante el traslado, la lancha comenzó a inundarse, por lo que los agentes priorizaron rescatar a los ocupantes y preservar el cargamento.

La Aeronaval informó que hasta comienzos de octubre había incautado 57,334 paquetes de sustancias ilícitas durante 87 operaciones desarrolladas en 2026. El procedimiento de Punta Burica se produjo en una de las rutas marítimas utilizadas para el movimiento de cargamentos de droga por el Pacífico panameño hacia otros puntos de Centroamérica.

Las decisiones judiciales contra delitos relacionados con drogas también avanzaron esta semana en la capital. Dos personas vinculadas a la Operación Alpes fueron declaradas responsables por conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, luego de que una jueza validara nuevos acuerdos de pena al comenzar la audiencia de fase intermedia del proceso.

Uno de los condenados recibió una pena de 68 meses de prisión y una multa de $300, mientras al segundo se le impusieron inicialmente 48 meses. Esta última sanción fue reemplazada por 250 días-multa, equivalentes a $1,000, además de otros $300 establecidos como pena accesoria.

Operación Alpes comenzó como investigación en abril de 2022 y permitió identificar una estructura dedicada a coordinar el traslado marítimo de drogas desde Colombia hacia Panamá. Las autoridades determinaron que utilizaba las costas del Pacífico para recibir cargamentos y posteriormente movilizarlos por tierra hacia Costa Rica o distribuirlos localmente.

La operación desarrollada en enero de 2024 dejó más de 70 aprehendidos en diferentes puntos del país. Las investigaciones abarcaron Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Herrera y Los Santos, mientras las autoridades decomisaron cerca de $2 millones en efectivo, armas y vehículos y detectaron una estructura relacionada también con blanqueo de capitales.

Las pesquisas determinaron además que la organización utilizaba empresas para aparentar ingresos legales y movilizar recursos provenientes de actividades ilícitas. Los investigadores identificaron operaciones relacionadas con los sectores agrario y agropecuario, mientras los expedientes vincularon a la estructura con decenas de hechos relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.

El proceso ha derivado progresivamente en acuerdos judiciales. Al comenzar la audiencia intermedia de octubre, 38 de los 63 detenidos habían alcanzado acuerdos de pena para evitar ir a juicio. En la causa todavía figuran nueve imputados y la Fiscalía tiene previsto presentar alrededor de 150 pruebas testimoniales, periciales, documentales y materiales.

Otro caso reciente se produjo en David, Chiriquí, donde un hombre fue condenado a 70 meses de prisión por posesión agravada de sustancias ilícitas. La investigación surgió después de que las autoridades inspeccionaran una caja enviada mediante una empresa de encomiendas y encontraran un centenar de pastillas con sustancias prohibidas.

La diligencia se realizó el 24 de septiembre y permitió localizar 62 pastillas amarillas, 34 celestes y cuatro naranjas, además de otros artículos y un teléfono celular. Las pruebas de campo determinaron la presencia de sustancias ilícitas y el acusado admitió posteriormente su responsabilidad ante las autoridades judiciales.

Los tres procesos muestran diferentes modalidades investigadas por las autoridades panameñas: desde grandes cargamentos transportados en lanchas rápidas por las costas del Pacífico, pasando por estructuras organizadas con redes logísticas y financieras, hasta envíos mediante empresas de encomiendas. Las actuaciones recientes terminaron en condenas, acuerdos de pena y procesos que todavía continúan en los tribunales.

Los Cayos de Florida viven un repunte del narcotráfico costero que las autoridades federales ya no tratan como un problema menor.

La cocaína llega al archipiélago por mar con una regularidad que sorprende incluso a quienes llevan décadas en la zona, y la cadena de arrestos, condenas y muertes vinculadas a esos hallazgos revela que el fenómeno tiene consecuencias graves para quienes deciden aprovecharlo.

Rick Ramsay, el sheriff del condado de Monroe, confirmó al diario The New York Times que los paquetes aparecen casi todas las semanas. Los fardos suelen estar marcados con números o símbolos que identifican a sus destinatarios: en las últimas semanas surgieron de forma reiterada ladrillos estampados con el número “333”.

El viernes 3 de octubre, alguien que recorría un parque estatal encontró un paquete con la imagen del gato de la serie animada Tom y Jerry.

Un corredor histórico del narcotráfico

El archipiélago ofrece condiciones ideales para el desembarco de estupefacientes: cientos de kilómetros de costa cubiertos de manglares e islotes que sirven de refugio ante las autoridades.

Los métodos del narcotráfico también cambiaron con el tiempo. Si en los años ochenta los contrabandistas utilizaban lanchas rápidas al estilo de Miami Vice que superaban en velocidad a la policía, hoy prefieren veleros o cargueros de apariencia inofensiva, según explicó Ramsay al medio neoyorquino.

La historia tiene raíces profundas. Durante los años setenta, el auge del tráfico de marihuana convirtió a los Cayos en una zona de operaciones para capitanes y tripulantes de embarcaciones comerciales.

Para algunos adolescentes de la región, perseguir fardos arrojados al mar se convirtió en algo parecido a un deporte. Décadas después, las apuestas son mucho más altas.

El costo de quedarse con la droga

Uno de los casos más recientes involucra a John Strama, constructor y mecánico de embarcaciones de los Cayos, condenado a 10 años de prisión por liderar una red dedicada a distribuir cocaína encontrada en el mar.

Los fiscales federales aseguraron que Strama, de 44 años, utilizaba su conocimiento de las mareas, las corrientes y los canales locales para localizar los ladrillos que caían al agua desde otras embarcaciones o que los traficantes arrojaban para evitar ser atrapados.

Sam Rabin, uno de sus abogados defensores, detalló en un escrito de sentencia el entorno familiar de su cliente: “Su padre lo enviaba solo al mar a buscar fardos flotantes de marihuana”, escribió Rabin. El juez no consideró ese antecedente como atenuante.

El caso más reciente

Bradford Picariello, propietario de Outlaw Fishing Charters en Maratón, Florida, se declaró inocente ante un tribunal federal.

La acusación sostiene que vendió cocaína a un investigador encubierto. Picariello, de 66 años, enfrenta entre 10 años y cadena perpetua si es declarado culpable.

Una fuente confidencial alertó a las autoridades de que Picariello tenía en su poder más de 20 kilogramos de cocaína, según consta en el reporte policial.

La fuente intermedió en una operación encubierta, y Picariello le indicó que “llevara una hielera para aparentar que estaba recibiendo pescado”.

En enero, vendió un kilo a un agente encubierto en una marina por USD 100.000 y fue detenido de inmediato. Luego condujo a los agentes hasta casi 20 kilos más almacenados en un contenedor.

Joseph Rosenbaum, abogado defensor de Picariello, afirmó que su cliente contestará los cargos.

“Todos los viejos pescadores con quienes hablo me dicen que tiene una reputación intachable. Están todos en shock”, declaró a The New York Times. Picariello permanece detenido en Miami.

Entre el folclore y la tragedia

El fenómeno tiene también su historial de víctimas. En 2011, un hombre de los Cayos murió de sobredosis tras consumir cocaína de un ladrillo hallado mientras pescaba con su hermano. Cuatro años más tarde, las autoridades encontraron a una joven pareja asesinada en su casa.

La causa fue una disputa derivada de la venta de cocaína encontrada en el mar por la tripulación de un barco charter. Un marinero cumple actualmente cadena perpetua por esos crímenes.

El apodo square grouper —término local para los fardos de droga que el mar arrastra hasta la costa— hace décadas que forma parte del tejido cultural de los Cayos.

En Cayo Hueso, los residentes participaron en desfiles con carrozas temáticas alusivas. Uno de los locales más populares del archipiélago se llama, precisamente, Square Grouper Bar and Grill.

Cuando la honestidad también tiene su precio

Danielle Nutten, capitana de una embarcación, encontró un ladrillo flotando entre basura después de una jornada de pesca en las aguas cercanas a Big Pine Key, a unos 48 kilómetros (30 millas) al noreste de Cayo Hueso. Ella y sus amigos acababan de capturar 48 langostas cuando hallaron el paquete.

“Una chica estaba aterrorizada de que los narcotraficantes la fueran a matar”, relató Nutten al The New York Times.

La capitana metió el ladrillo —impreso con un sol en llamas, manos en oración y las palabras “Con Dios”— en la consola central de su camioneta y recorrió la zona en busca de las autoridades. Al no encontrar ningún agente, dejó el paquete sobre el capó de una ambulancia de rescate.

Nutten reconoció que llevar la droga en su vehículo podría haberle costado caro de haber sido detenida.

Esa noche, ella y sus amigos conmemoraron el hallazgo con una cena en un restaurante de las islas vecinas. El local era Square Grouper Bar and Grill.

Estados Unidos ha pasado de los ataques unilaterales a operaciones coordinadas con gobiernos latinoamericanos contra el narcotráfico, mientras México permanece como la excepción en la región. Así lo reportó la revista británica The Economist en un análisis publicado el 1 de octubre de 2026.

Ecuador, escenario de una nueva modalidad

Un video difundido el 16 de septiembre muestra a infantes de marina estadounidenses abordando un barco pesquero frente a Ecuador, evacuando a la tripulación y destruyendo la embarcación. Según The Economist, el Pentágono sostiene que ese tipo de buques abastece de combustible a lanchas más pequeñas que trafican droga.

Fue la octava operación de este tipo desde finales de agosto y, a diferencia de ataques previos, contó con la participación del gobierno ecuatoriano.

Cifras de la campaña

De acuerdo con el medio, desde hace más de un año las fuerzas estadounidenses atacan embarcaciones en el Caribe y el Pacífico:

• Aproximadamente 70 ataques confirmados.
• Al menos 230 personas muertas.
• Expertos legales han calificado los ataques como ejecuciones sumarias ilegales.

Una coalición de 18 países

Bajo el mando del general Francis Donovan, el Comando Sur ha reducido el ritmo de los ataques letales y prioriza el desmantelamiento de redes logísticas, como buques de reabastecimiento, puertos y aeródromos clandestinos.

En agosto, el Comando Sur presentó un grupo de trabajo para coordinar operaciones con los 18 países de la Coalición Americana contra los Cárteles. El secretario de Estado, Marco Rubio, prometió que Washington no atacará objetivos sin la aprobación de sus aliados.

Entre los avances que destaca el análisis:

• Ecuador inició operaciones conjuntas en marzo bajo el presidente Daniel Noboa. El 24 de septiembre, unos 50 infantes de marina participaron en redadas con la policía local.
• Honduras, Colombia y Guatemala firmaron acuerdos similares.
• El Departamento de Estado reasignó cerca de 50 millones de dólares para que países latinoamericanos adquieran equipo estadounidense.
• El Pentágono presta drones MQ-9 a Colombia y crea una iniciativa regional de drones para compartir inteligencia.

Afortunadamente México queda fuera de la coalición

The Economist señala que México se ha negado a sumarse, aunque mantiene cooperación bilateral. Según el medio, las autoridades mexicanas temen que agencias de seguridad estadounidenses operen en el país con poca supervisión.

Ese temor se reforzó en abril, cuando dos agentes de la CIA murieron en un accidente automovilístico durante una operación contra un presunto laboratorio de drogas, de la cual el gobierno mexicano no tenía conocimiento.

Estados Unidos no ha descartado una acción unilateral. El 9 de septiembre, Rubio afirmó que “esa amenaza tendrá que ser enfrentada”, de una forma u otra.

¿Funciona la estrategia?

La publicación consigna que Donald Trump afirma haber frenado el 98.2% de la droga que llegaba por mar. Sin embargo, una evaluación gubernamental de julio no halló cambios en la disponibilidad de cocaína en territorio estadounidense desde el inicio de la campaña.

Las incautaciones en fronteras y puertos aumentaron en 2026, pero los traficantes se han adaptado y mueven más droga por tierra, según el análisis.

El 21 de septiembre, dos estudiantes de la Universidad de Misisipi (Ole Miss) fueron hallados muertos en el campus con horas de diferencia. Junto a sus cuerpos, los investigadores encontraron paquetes de pastillas sintéticas de kratom.

Dos semanas después, la justicia federal presentó cargos contra los hombres que, según la investigación, les vendieron esas sustancias.

Los acusados son Yahya Mohamed Mosleh, de 51 años, y su hijo Islam Yahya Mosleh, de 18, empleados de un smoke shop en Oxford, la ciudad donde se ubica la universidad.

El fiscal federal del distrito norte de Misisipi, Scott F. Leary, anunció el viernes que ambos enfrentan cargos de posesión con intención de distribuir sustancias controladas.

Los Mosleh ya habían sido detenidos el 24 de septiembre, cuando las autoridades ejecutaron una orden de allanamiento en el local donde trabajaban.

Dos jóvenes, el mismo campus, el mismo fin de semana

La víctima directamente vinculada a los cargos es Aidan Hamilton, un joven de Englewood, Colorado. Los investigadores localizaron en su habitación paquetes de lo que identificaron como derivados de kratom, algunos con tabletas faltantes. “La causa de la muerte pareció ser consistente con una sobredosis de drogas”, afirmó la oficina del fiscal federal.

Apenas una hora después del hallazgo de Hamilton, el cuerpo de Robert Strang, estudiante de tercer año oriundo de Atlanta, apareció en otro punto del campus. En su caso también se encontraron paquetes de derivados de kratom, y la causa de muerte presentó el mismo patrón.

Un informe toxicológico posterior, citado por la fiscalía en una solicitud para mantener a los acusados bajo custodia, detectó las sustancias mitraginina, MGM-15 y MGPI en los organismos de ambos jóvenes.

Esos mismos compuestos figuraban en los paquetes hallados en sus habitaciones, de acuerdo con documentos judiciales. Las autoridades, sin embargo, aún no determinaron de forma oficial la causa exacta de ninguna de las dos muertes.

Cómo llegaron las autoridades hasta el smoke shop

La Unidad Metropolitana de Narcóticos del condado de Lafayette rastreó los movimientos financieros de Hamilton y determinó que había realizado varias compras en el local Puffs Vape, Tobacco and Beer Store, ubicado en Oxford.

A partir de esa pista, las autoridades enviaron a un informante encubierto al local. Durante la transacción, Yahya Mosleh le advirtió al informante que “tuviera cuidado con las pastillas porque la gente estaba muriendo por ellas”, tal como declaró el agente especial de la Agencia Antidrogas (DEA) Michael Dassance en una declaración jurada.

El mismo documento señala que Mosleh ocultó los productos de la vista cuando entraban otros clientes al local.

El 24 de septiembre, los agentes ejecutaron una orden de allanamiento en el negocio y confiscaron más de 500 unidades de kratom y productos relacionados.

Entre los artículos decomisados también había cartuchos de THC, gomitas, cigarrillos prearmados y otras sustancias sospechosas.

Los investigadores encontraron además ejemplares del mismo producto hallado en la habitación de Hamilton: pastillas de la marca Smax Mango Breeze MGM-15, con empaque e ingredientes idénticos y una etiqueta de precio de USD 39,99.

Ese mismo día detuvieron a Yahya e Islam Mosleh, a quienes las autoridades estatales de Misisipi ya habían imputado por posesión de sustancias controladas del Esquema I con intención de distribuirlas.

Qué es el kratom y por qué su venta era ilegal en Oxford

El kratom es una planta cuyas sustancias activas producen mayor alerta y energía física en dosis bajas, y efectos sedantes en dosis altas.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) advirtió en reiteradas ocasiones sobre los riesgos asociados a los derivados sintéticos del compuesto 7-OH, entre ellos la adicción y otras consecuencias graves para la salud mental y física.

La ciudad de Oxford tiene prohibida la venta, posesión y consumo de kratom desde 2019. El condado de Lafayette extendió esa prohibición a todo su territorio en 2021.

La comercialización de estas pastillas en el local de los Mosleh violaba la normativa local, la legislación del condado y la ley federal.

En el caso de Strang, los investigadores establecieron mediante sus movimientos financieros que había comprado en el Express Mart #7, una tienda de conveniencia en el condado de Yalobusha.

Los agentes concurrieron al lugar y adquirieron pastillas similares a las halladas en la escena, que fueron enviadas a laboratorios para su análisis.

Hasta el momento, ninguna persona vinculada a ese establecimiento enfrenta cargos.

Los abogados de los acusados, Scott Davis —defensor de Yahya— y A.E. Harlow Jr. —defensor de Islam—, declinaron hacer comentarios. La investigación continúa abierta.

Una operación ejecutada en una zona montañosa de Nacaome, departamento de Valle, permitió a las autoridades localizar una caleta en la que se encontraban ocultos más de 8 mil dosis de supuesta cocaína y piedra crack, informó este sábado la Policía Nacional de Honduras.

El hallazgo fue realizado por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), con apoyo de la Dirección Policial de Inteligencia (DIPOL) y la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), como parte de acciones de investigación y seguimiento contra estructuras dedicadas a actividades ilícitas.

Según el informe proporcionado por las autoridades, durante el desarrollo de la operación los agentes identificaron varios barriles enterrados bajo tierra. Ante la sospecha de que podrían contener sustancias prohibidas, procedieron a realizar las diligencias correspondientes para verificar su contenido.

Posteriormente, se efectuó el peritaje de las sustancias encontradas, mediante el cual se contabilizaron más de 8 mil dosis de lo que preliminarmente fue identificado como cocaína y piedra crack.

Las sustancias fueron aseguradas y quedaron bajo cadena de custodia como evidencia dentro del proceso investigativo.

Las autoridades deberán continuar con los análisis correspondientes para establecer con precisión la naturaleza de las sustancias, así como su procedencia y el destino que tenían previsto.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los equipos policiales presumen que el lugar habría sido utilizado por integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) para almacenar y ocultar sustancias ilícitas.

Sin embargo, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás del almacenamiento de la droga y determinar si existe una estructura organizada vinculada con el sitio localizado en la zona montañosa de Nacaome.

La Policía indicó que los equipos especializados trabajan en la identificación de los presuntos involucrados, además de recopilar elementos que permitan establecer las responsabilidades correspondientes.

Como parte de las diligencias, los investigadores también buscan determinar cómo las sustancias llegaron hasta el lugar, cuánto tiempo llevaban almacenadas y hacia qué sectores pretendían ser trasladadas.

Una vez que se obtengan los elementos necesarios, las autoridades prevén avanzar con la ubicación y captura de los sospechosos, siempre conforme a los procedimientos establecidos por la legislación hondureña.

La Policía Nacional señaló que el decomiso forma parte de las acciones que desarrolla para combatir a las estructuras criminales que operan en diferentes zonas del territorio hondureño.

Las autoridades destacaron el papel de las unidades de inteligencia e investigación en la identificación de lugares que podrían estar siendo utilizados para esconder drogas, armas u otros elementos relacionados con actividades delictivas.

En ese sentido, la DAET, DIPOL y DNSPF mantienen labores coordinadas para dar seguimiento a información obtenida durante las investigaciones y localizar posibles puntos utilizados por grupos criminales para almacenar, movilizar o distribuir sustancias ilícitas.

La Policía Nacional sostuvo que este tipo de operaciones también busca afectar las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales, mediante el aseguramiento de drogas y otros recursos que podrían generar ganancias para estas estructuras.

Tras el hallazgo de los barriles enterrados, las autoridades mantienen las investigaciones en el sector para determinar si existen otros puntos de almacenamiento relacionados con el mismo grupo.

La evidencia decomisada será incorporada al expediente correspondiente mientras los investigadores continúan recopilando información para identificar a las personas que podrían estar relacionadas con la caleta.

La Policía Nacional reiteró que las operaciones contra estructuras criminales continuarán a nivel nacional mediante acciones de inteligencia, investigación y seguimiento, con el objetivo de localizar puntos utilizados para actividades ilícitas y poner a disposición de la justicia a los responsables.

Un instructor de una banda de música de un centro educativo fue aprehendido en La Chorrera, Panamá Oeste, luego de que acciones de inteligencia de la Policía Nacional permitieran ubicarlo.

En su poder fueron encontrados nueve paquetes rectangulares con presunta sustancia ilícita, además de dos vapeadores, un celular y $60 en efectivo.

La Policía Nacional informó que las investigaciones permitieron confirmar la presunta actividad ilícita antes de realizar la intervención.

El organismo no ha revelado la identidad del instructor ni el centro educativo donde trabajaba, mientras el sospechoso y todos los indicios quedaron a disposición de las autoridades judiciales para las diligencias correspondientes.

El caso ocurre meses después de que las autoridades desplegaran la operación Impacto Escolar contra el microtráfico y la venta de drogas en áreas próximas a centros educativos.

La acción se desarrolló simultáneamente en diferentes provincias y permitió procesar a personas señaladas por comercializar sustancias ilícitas alrededor de planteles escolares.

Solo en Panamá Oeste, la operación dejó cuatro condenas de 170, 90, 84 y 60 meses de prisión, además de tres personas bajo detención provisional.

Las intervenciones se realizaron en Chame y San Carlos, mientras otros procedimientos fueron ejecutados en Panamá, Colón, Veraguas, Bocas del Toro, Chiriquí, Herrera y Los Santos.

En Chiriquí, por ejemplo, la Policía Nacional realizó cuatro allanamientos contra la venta de drogas al menudeo cerca de centros educativos y aprehendió a siete personas.

Las autoridades decomisaron presuntas sustancias ilícitas, dinero, teléfonos celulares y un vehículo, como parte de las acciones dirigidas a reducir la presencia del microtráfico en los entornos escolares.

La seguridad alrededor de los planteles también ha llevado a reforzar durante 2026 los recorridos preventivos y las jornadas de orientación para estudiantes y docentes.

La Policía Nacional mantiene dispositivos de verificación en centros educativos y acciones de acercamiento destinadas a prevenir delitos y reducir los riesgos que enfrentan los alumnos en sus comunidades.

El procedimiento contra el instructor coincidió con otras acciones de los estamentos de seguridad relacionadas con el tráfico de drogas. En Darién, unidades de las Fuerzas Especiales del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) se enfrentaron a tiros con presuntos integrantes de una estructura vinculada al narcotráfico y al crimen organizado.

El enfrentamiento ocurrió en Río Chico, en el sector de Yaviza, mientras los agentes desarrollaban operaciones de seguridad. Tras el intercambio de disparos fueron aprehendidas varias personas, entre ellas ciudadanos panameños y colombianos, y las unidades continuaron desplegadas para ubicar a otros posibles integrantes de la organización.

Durante el operativo también fueron localizadas mochilas que presuntamente podrían contener sustancias ilícitas, por lo que se esperaba la intervención del Ministerio Público para verificar su contenido.

Senafront mantuvo las operaciones de búsqueda y control como parte del Plan Firmeza y de la operación Escudo de Acero en Darién.

A estas acciones se sumó un decomiso realizado por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) junto con la Policía Nacional en una terminal portuaria de Colón.

Las unidades localizaron 210 paquetes de presunta sustancia ilícita ocultos dentro de un contenedor que había llegado desde Moín, Costa Rica, y realizaba transbordo en Panamá.

El cargamento tenía como destino final Gioia Tauro, Italia, una ruta que vuelve a colocar los puertos panameños dentro de las operaciones contra el tráfico internacional. Las autoridades no habían precisado inicialmente el tipo ni el peso definitivo de la sustancia encontrada, mientras los paquetes quedaron sujetos a los procedimientos de verificación correspondientes.

Los nuevos decomisos se producen después de que Panamá acumulara 69.50 toneladas de drogas incautadas entre enero y agosto de 2026. De ese volumen, 46.20 toneladas correspondieron a cocaína y 23.18 toneladas a marihuana, mientras cantidades menores estuvieron relacionadas con metanfetaminas, THC y otras sustancias.

Colón concentró 18.44 toneladas durante los primeros ocho meses del año, seguida por Panamá Oeste con 15.92 toneladas. Panamá contabilizó 13.24 toneladas y Chiriquí otras 12.91, mientras Darién acumuló 2.28 toneladas dentro de los decomisos registrados a escala nacional.

Los tres procedimientos reflejan distintas modalidades que enfrentan actualmente los organismos de seguridad, desde el microtráfico y la presencia de drogas en entornos vinculados a centros educativos hasta estructuras que operan en zonas fronterizas. A ello se suma el uso de la plataforma portuaria panameña para movilizar cargamentos hacia mercados internacionales.

Christa Gail Pike, condenada a muerte en Tennessee, sobrevivió el 30 de septiembre a un intento de ejecución en el que recibió dos dosis de pentobarbital, el barbitúrico que el Estado utiliza en sus inyecciones letales, tras ser condenada por un asesinato en 1995. La mujer, de 50 años, fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Actualmente, el parte médico es reservado.

La droga, un medicamento que puede deprimir de forma profunda la actividad del sistema nervioso central, es utilizada por el distrito como sustancia única para las ejecuciones desde 2024. Una revisión publicada en Neuropsychiatric Disease and Treatment describe que los barbitúricos, la familia farmacológica a la que pertenece este compuesto, tuvieron usos extendidos como sedantes, anticonvulsivos y anestésicos antes de que muchas de esas aplicaciones fueran reemplazadas por tratamientos con mayor margen de seguridad.

Qué es el pentobarbital, la droga para las ejecuciones en Tennessee

Se trata de un barbitúrico, una clase de medicamentos que actúan como depresoras del sistema nervioso central, es decir, disminuyen la actividad de las neuronas responsables del estado de alerta, la coordinación de funciones corporales y la respuesta a estímulos. En contextos médicos, se administra bajo supervisión profesional para tratar convulsiones o inducir somnolencia antes de determinados procedimientos.

Su acción está vinculada al receptor GABA-A, una estructura presente en las neuronas cuya función es responder al ácido gamma-aminobutírico (GABA), un mensajero químico que reduce la excitación del cerebro. Al potenciar ese mecanismo, el pentobarbital puede producir sedación, sueño profundo y una menor actividad cerebral. La Cleveland Clinic señala que también se utiliza en cuadros convulsivos y advierte que requiere control médico por sus posibles efectos sobre la respiración y el nivel de conciencia.

Los efectos que se buscan en un uso clínico controlado son la somnolencia y la disminución de la actividad nerviosa excesiva. Sin embargo, una exposición excesiva puede causar confusión, pérdida de la conciencia, respiración lenta o ausente, descenso marcado de la presión arterial y coma. La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos incluye esos síntomas entre las manifestaciones de una sobredosis y remarca que se trata de una emergencia que requiere atención médica inmediata.

El fármaco no es de uso doméstico habitual. La información farmacológica de la clínica estadounidense indica que puede administrarse en una vena o en un músculo dentro de un hospital o una clínica. Además, advierte sobre interacciones con alcohol, opioides, fármacos para dormir y otros medicamentos que deprimen el sistema nervioso, ya que pueden potenciar sus efectos.

En Tennessee, el escenario es distinto al de la práctica asistencial. El estado utiliza un protocolo de inyección letal de un solo fármaco, basado en pentobarbital. De acuerdo con el Death Penalty Information Center, la normativa local mantiene en reserva la identidad de las personas y entidades que intervienen de manera directa en el proceso de ejecución o en el suministro de los productos empleados.

La historia del pentobarbital y su uso médico

El pentobarbital fue sintetizado en 1930 por los químicos Ernest Volwiler y Donalee Tabern, quienes trabajaban para los laboratorios Abbott. Formó parte de una expansión de los barbitúricos, sustancias que durante la primera mitad del siglo XX se utilizaron para inducir el sueño, controlar determinadas convulsiones y facilitar la anestesia intravenosa.

La historia de estos medicamentos estuvo marcada por su utilidad clínica y por sus riesgos. La revisión histórica publicada en Neuropsychiatric Disease and Treatment señala que se sintetizaron más de 2.500 derivados barbitúricos, aunque solo una parte llegó a emplearse en medicina. Con el tiempo, la dependencia, el riesgo de intoxicación y la posibilidad de depresión respiratoria limitaron su uso y favorecieron la aparición de alternativas farmacológicas.

En la actualidad, el pentobarbital conserva indicaciones específicas. La Universidad de Navarra explica que puede utilizarse en situaciones que demandan un control rápido de la actividad cerebral, como algunos cuadros de estado epiléptico refractario, una emergencia en la que las convulsiones persisten pese al tratamiento inicial. También menciona su empleo para inducir comas médicos en determinadas lesiones agudas, siempre bajo vigilancia especializada.

El mismo efecto depresor del sistema nervioso explica su incorporación a la inyección letal. Oklahoma fue el primer estado estadounidense en autorizar ese método en 1977 y Texas realizó la primera ejecución mediante inyección letal en 1982. Inicialmente, varios estados utilizaron combinaciones de tres sustancias. Con el paso de los años, la escasez de algunos fármacos y los litigios sobre esos protocolos llevaron a cambios, entre ellos la adopción de esquemas de una sola droga.

Farid Alberto Morales Araya será extraditado a Florida por una causa relacionada con el decomiso de 49 kilogramos de metanfetamina tipo cristal, la mayor incautación de drogas sintéticas registrada en Costa Rica. El costarricense, de 40 años y conocido como Beto, figura en el expediente como líder de la organización que negociaba las transacciones investigadas.

El traslado será coordinado por la Fiscalía General, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y el Ministerio de Seguridad Pública, que quedó a cargo del dispositivo con varios grupos tácticos. Según CR Hoy, Morales será llevado desde la cárcel de La Reforma hasta el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría junto con cuatro ciudadanos colombianos que también serán extraditados.

La solicitud contra Morales provino del Tribunal de Distrito Medio de Florida el 19 de diciembre de 2025. El Tribunal Penal de San José autorizó su entrega el 14 de agosto, de acuerdo con la información publicada por el medio costarricense.

La investigación comenzó con una compra encubierta de un kilogramo

La causa se originó a partir de información de inteligencia entregada por la DEA a la Fiscalía, que abrió una investigación junto con la Policía de Control de Drogas (PCD). Los agentes siguieron a los sospechosos y pactaron de forma encubierta la compra de un kilogramo de metanfetamina tipo cristal, valuado en USD 3,800.

Después de esa primera transacción, los investigadores acordaron la entrega de otros 48 kilogramos. La policía interceptó dos vehículos cuando el grupo se disponía a concretar esa operación y detuvo a tres personas vinculadas con el cargamento.

Uno de los automóviles fue localizado en Tibás y era utilizado para ocultar la droga. El segundo vehículo fue ubicado en San Francisco de Dos Ríos, en el contexto del operativo que permitió incautar el total de 49 kilogramos de metanfetamina.

Morales ya estaba detenido cuando Estados Unidos formuló el pedido de extradición, tras el operativo realizado en mayo del año pasado. La investigación penal iniciada en Costa Rica continuó después de las capturas y luego avanzó la solicitud de la justicia estadounidense.

El expediente atribuye a Morales las negociaciones de la organización

El expediente identifica a Morales como líder de la estructura y como la persona encargada de negociar las transacciones. La investigación analiza el presunto traslado de metanfetaminas hacia Norteamérica por rutas que utilizaban territorio costarricense.

El colombiano José Franklin Cuesta fue detenido durante el mismo despliegue. Según CR Hoy, cumplía tareas logísticas dentro del grupo y también enfrenta una solicitud de extradición.

Un tercer arrestado, Carlos Herrera Vidal, no fue requerido por autoridades extranjeras. Su situación queda separada del proceso de entrega que involucra a Morales y a otros investigados vinculados con la misma pesquisa.

La extradición a Florida representa una nueva etapa en el expediente contra el costarricense. La justicia estadounidense lo requiere por los hechos relacionados con la operación encubierta, la negociación de la droga y el decomiso efectuado por las autoridades costarricenses.

Morales será el sexto costarricense extraditado a otra jurisdicción

Con esta entrega, Morales se convertirá en el sexto costarricense extraditado a otra jurisdicción y en el quinto enviado a la justicia de Estados Unidos. Entre los casos previos se encuentran los de Edwin López, alias Pecho de Rata, y el exministro Celso Gamboa, trasladados a Texas.

Johnny Angulo, conocido como John Cadenas, fue extraditado a Italia. En agosto, Gilbert Bell, alias Macho Coca, y Gabriel Lozano, alias Compadre, fueron enviados a Nueva York.

También esperan definiciones otros expedientes de extradición. Jordie Picado Grijalba, alias Noni, señalado como sublíder del cártel del Caribe Sur, debe aguardar la resolución de una causa penal pendiente en Costa Rica.

Andrés Felipe Restrepo Uribe, un colombiano naturalizado costarricense, es requerido en Florida. Iván Javier Pablot Martínez, por su parte, tiene aprobada una extradición a Francia.

Los casos de Picado, Restrepo y Pablot Martínez ya recibieron aval en segunda instancia. La situación de cada uno dependerá de los pasos pendientes en sus respectivos procesos judiciales.

La ofensiva contra las pandillas en Panamá sumó una nueva operación en el sector de la 24 de Diciembre, donde las autoridades aprehendieron a 10 personas presuntamente vinculadas con una estructura denominada “Los Iluminatis”. Entre los detenidos figura alias “Andrecito”, señalado como supuesto cabecilla del grupo.

La operación “Élite” fue desarrollada conjuntamente por el Ministerio Público y la Policía Nacional en el Sector 5 de la 24 de Diciembre, como resultado de una investigación iniciada en 2025. Las diligencias se concentraron en el área conocida como “La Favela” o “La Invasión”, donde presuntamente operaba la organización.

Las autoridades relacionan a la estructura con homicidios, lesiones personales, robos a mano armada y posesión ilícita de armas de fuego, además de actividades vinculadas con drogas.

Durante los allanamientos también fueron decomisados dinero en efectivo, equipos tecnológicos y otros indicios que serán incorporados a las investigaciones.

La Policía Nacional sostiene que “Los Iluminatis” mantiene una presunta alianza con la estructura conocida como “Los HP” o “Manzana Cero”, una organización con antecedentes en Panamá Este.

Las investigaciones deberán establecer ahora el alcance de esa supuesta relación y las actividades desarrolladas conjuntamente por ambos grupos.

“Los HP” han aparecido anteriormente en investigaciones de las autoridades panameñas. En julio de este año, dos personas presuntamente vinculadas con esa estructura fueron aprehendidas en San Joaquín, Pedregal, como parte de investigaciones relacionadas con la operación “Bastión”. Al grupo se le relaciona con homicidios, drogas y posesión ilícita de armas de fuego.

Manzana Cero también tiene antecedentes de investigaciones relacionadas con delincuencia organizada. La estructura ha sido ubicada históricamente en Felipillo y otros sectores del área este de la provincia de Panamá, una zona estratégica para grupos dedicados al movimiento y almacenamiento de drogas, mientras las autoridades han desarrollado diferentes operaciones para debilitar su presencia territorial.

En el caso de “Los Iluminatis”, las investigaciones desarrolladas durante febrero, marzo y agosto permitieron, según la Policía, el decomiso de más de una tonelada de sustancias ilícitas que presuntamente permanecían ocultas y custodiadas en diferentes residencias de Panamá Este. El narcotráfico sería una de las principales actividades atribuidas a esta estructura.

La operación ocurre en momentos en que Panamá mantiene 121 grupos pandilleriles activos, de acuerdo con las cifras divulgadas por las autoridades en 2026. El registro partía de unas 180 estructuras identificadas, de las cuales 59 fueron desarticuladas, mientras más de 400 personas vinculadas con esos grupos fueron enviadas a prisión.

El mapa criminal muestra una concentración especialmente importante en San Miguelito, Colón, Panamá Este y Panamá Norte, aunque las operaciones de este año también han alcanzado otras provincias. Las autoridades han identificado además ocho grandes estructuras alrededor de las cuales se articulan diferentes agrupaciones delictivas en el país.

Durante 2026 se han desarrollado múltiples acciones contra esas organizaciones. En enero, la operación “Dominio” dejó 14 aprehendidos vinculados presuntamente con Unión Sinaloa en San Miguelito, mientras en marzo la operación “Legado” permitió capturar a 19 personas en Coclé y golpear a la estructura conocida como “Blindaje 7”.

También en marzo, la operación “Territorio” dejó cinco aprehendidos de la pandilla “Los Cantorales” en Torrijos Carter, mientras en mayo comenzó la operación “Combate” contra una estructura con control territorial en Santa Eduviges, Tocumen. Una segunda fase desarrollada en agosto permitió la captura de otros cinco presuntos integrantes.

Las acciones continuaron durante septiembre. La operación “Custodia” dejó nueve aprehendidos vinculados con “Los Jota” o “JDM” en San Miguelito, mientras la operación “Rigor” permitió capturar a siete personas en Colón, incluido un presunto cabecilla. Las investigaciones ubicaban el control territorial de esta última estructura en Cativá y Altos de Los Lagos.

Panamá Este aparece así nuevamente dentro de las áreas donde las autoridades mantienen investigaciones contra organizaciones dedicadas al pandillerismo. En Tocumen, además, cuatro personas fueron condenadas recientemente por pandillerismo agravado dentro de la operación “Corintios”, mientras otras 21 relacionadas con el mismo caso ya cumplen condenas.

Las 10 personas capturadas durante la operación “Élite” serán llevadas ante un Tribunal de Garantías para las audiencias correspondientes, donde el Ministerio Público presentará sus solicitudes. Hasta entonces, mantienen la presunción de inocencia mientras continúan las investigaciones para determinar su eventual responsabilidad y estructura de funcionamiento.

Personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y de la Secretaría de Marina (Semar) aseguró más de ocho kilos de cocaína ocultos dentro de piezas de artesanía en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La mercancía viajaba en el equipaje documentado de un pasajero procedente de Lima, Perú.

Los elementos hallaron la droga al revisar 20 piezas de artesanía elaboradas con fibra de vidrio. El equipo de inspección no intrusiva Gemini confirmó que el polvo blanco correspondía a cocaína base libre.

La revisión de equipaje reveló 20 bolsas con droga dentro de las artesanías

De acuerdo con los primeros reportes, los agentes de la ANAM detectaron irregularidades en la estructura de las piezas artesanales durante la inspección de rutina. Cada una de las 20 figuras ocultaba en su interior una bolsa de plástico con polvo blanco.

El análisis químico posterior confirmó la naturaleza de la sustancia. El resultado arrojó cocaína base libre con un peso total de 8.640 kilogramos, distribuidos entre las 20 bolsas.

La combinación de tecnología y trabajo manual permitió el hallazgo en pocas horas. El equipo Gemini detectó las anomalías físicas y los agentes confirmaron el contenido con pruebas químicas en el sitio.

Este tipo de procedimiento responde a un protocolo específico para vuelos internacionales de riesgo. Las autoridades aplican revisiones reforzadas a equipajes documentados que provienen de países productores de cocaína, como Perú y Colombia.

El pasajero quedó a disposición del Ministerio Público Federal

La ANAM y la Semar pusieron la mercancía y al pasajero a disposición de las autoridades correspondientes. La Fiscalía General de la República deberá determinar la situación jurídica del viajero en los próximos días.

Las corporaciones no revelaron la identidad del detenido ni datos adicionales sobre su nacionalidad. El caso quedó abierto para determinar el origen y el destino final del cargamento.

Ambas dependencias reiteraron su compromiso de fortalecer las acciones coordinadas contra el ingreso de mercancía ilícita. El comunicado oficial destacó el uso de tecnología especializada como herramienta central para salvaguardar la seguridad nacional.

Un vocero de la dependencia explicó que “las labores de inspección y el uso de tecnología especializada contribuyen a salvaguardar la seguridad nacional”, según el comunicado difundido por el Gabinete de Seguridad. La declaración resume el enfoque que las autoridades aplican en la terminal capitalina desde hace meses.

El AICM registró otros decomisos de droga oculta en objetos similares

El aeropuerto capitalino acumula varios casos recientes de narcóticos escondidos en artículos cotidianos. En agosto, un binomio canino identificado como Max IV localizó más de 200 kilogramos de metanfetamina y paquetes con hojas de coca en un mismo día de inspecciones.

Ese mismo operativo incluyó el hallazgo de 18 paquetes de hoja de coca dentro de la maleta de un pasajero también procedente de Lima. La coincidencia en el origen del vuelo repite un patrón que las autoridades ya monitorean de forma reforzada.

En mayo, elementos de la Semar detuvieron a un hombre que transportaba 8.8 kilogramos de cocaína ocultos dentro de una silla de ruedas. El decomiso representó una afectación económica de más de un millón 900 mil pesos a grupos delictivos, de acuerdo con datos publicados por El País.

En abril, la Semar detuvo a una persona extranjera cuyo equipaje contenía lienzos con droga mezclada en la pintura. Días antes, la FGR había vinculado a proceso a una mujer colombiana detenida en la Terminal 2 con 14 botellas que contenían cocaína líquida, según reportó Infobae.

En septiembre de 2025, las autoridades detectaron más de una tonelada de presunta cocaína base en un cargamento declarado como café tostado y molido. Ese mismo mes, un decomiso adicional reveló ocho kilogramos de polvo de hojas de coca ocultos dentro de suplementos de moringa procedentes de Colombia.

A finales de noviembre pasado, agentes de la Marina aseguraron 271 paquetes de cocaína en la Terminal 2 del AICM, con un peso aproximado de 270 kilogramos. Aquel decomiso, valuado en unos 92 millones de pesos, permitió detectar indicios de una red que introducía paquetes en vuelos comerciales con destino a Tijuana, Baja California.

La reiteración de casos en el AICM muestra un patrón de organizaciones que utilizan objetos artesanales, prendas, alimentos y hasta mobiliario médico para camuflar droga. Las autoridades federales mantienen desde entonces revisiones reforzadas para vuelos procedentes de países productores de cocaína en Sudamérica.

Cuatro sujetos -un dominicano, dos venezolanos y un chileno-, fueron detenidos en 48 horas en dos operativos policiales en la Región de Antofagasta (1.300 kms al norte de Santiago), los que permitieron decomisar alrededor de 700 kilos drogas entre cocaína, marihuana y pasta base avaluados en unos $4.500 millones de pesos (más de USD 4,6 millones). Todos serán formalizados este jueves por el delito de tráfico de estupefacientes.

Ambas pesquisas fueron llevadas a cabo en conjunto por la Fiscalía local y el OS7 de Carabineros y la primera se desarrolló durante la tarde del pasado domingo, cuando uniformados que realizaban una fiscalización en el sector conocido como “La Negra” detectaron un vehículo acondicionado con varios compartimentos para esconder droga.

Tras el interrogatorio de rigor, los uniformados llegaron hasta un domicilio en la ciudad de Antofagasta donde hallaron 103 kilos 300 gramos de clorhidrato de cocaína pura.

En medio de dicho allanamiento, los agentes policiales pudieron establecer que otro cargamento de similares características iba en camino hacia Santiago, por lo que de inmediato se ordenó interceptarlo, cuestión que ocurrió en la Región de Coquimbo (460 kms al norte de Santiago), logrando los efectivos policiales incautar, esta vez, 103 kilos 700 gramos de la misma droga y elevando el decomiso total a unos exactos 207 kilos.

3 millones de dosis fuera de circulación

El segundo operativo se llevó a cabo la madrugada de este martes, mientras la policía patrullaba diversos pasos no habilitados en plena pampa. En uno de ellos divisaron una camioneta cuyos ocupantes, al verse sorprendidos, pusieron pies en polvorosa adentrándose en el desierto.

Al interior del vehículo, los uniformados encontraron 484 kilos 660 gramos de marihuana y 8 kilos 90 gramos de cocaína base, y se estableció que la camioneta tenía encargo por robo en Santiago y circulaba con las patentes clonadas.

“Como nos muestran estos procedimientos, las incautaciones no sólo se producen en frontera, sino que también en ciudades, en carreteras e incluso en la pampa, y esa es una característica muy destacable, pues, tal como ha dicho nuestro Fiscal Regional, no hay espacio al que no podamos llegar”, señaló el fiscal Cristian Aguilar, según consignó Antofagasta TV.

Por su parte, el prefecto de Antofagasta, coronel Luis Muñoz, agregó que gracias a los dos operativos fue posible sacar de circulación alrededor de 3 millones de dosis de drogas.

Finalmente, el seremi de Seguridad Pública, Juan Fernández Valenzuela, valoró la coordinación entre la Fiscalía y Carabineros de Chile, cuya labor en la región marca récords nacionales pues en lo que va del año, los decomisos de drogas superan las 59 toneladas, un alza de 181% respecto a 2025.

Las autoridades costarricenses decomisaron 550 kilos de cocaína durante un operativo realizado en la frontera norte, como parte de las acciones desarrolladas dentro de la denominada Operación Fuerza Élite.

De acuerdo con la información oficial, el contenedor transportaba un cilindro de hierro que llamó la atención de las autoridades después de ser sometido a una inspección mediante escáner.

El análisis de las imágenes reveló inconsistencias en la estructura de la pieza, lo que motivó a los agentes a realizar una revisión más detallada para determinar qué se encontraba en su interior.

La inspección requirió el uso de equipo especializado debido a las características del cilindro y a la forma en que estaba oculto el cargamento.

Tras un trabajo de apertura realizado por los agentes, la PCD logró hacer un boquete en la estructura metálica, desde donde se localizaron los paquetes que contenían la sustancia ilícita.

Posteriormente, las autoridades determinaron que el cargamento correspondía a 550 kilos de cocaína.

Operativo conjunto en Peñas Blancas

El decomiso se desarrolló mediante un trabajo coordinado entre distintas instituciones de seguridad de Costa Rica.

Además de la Policía de Control de Drogas, la Policía de Fronteras y la Dirección de Inteligencia y Seguridad, el operativo contó con la colaboración de oficiales de la Unidad Especial de Apoyo (UEA).

La acción se enmarca en la Operación Fuerza Élite, estrategia dentro de la cual las autoridades realizan controles y operaciones dirigidas a combatir actividades relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado.

El hallazgo evidencia una modalidad en la que los grupos dedicados al tráfico internacional de drogas intentan utilizar cargas comerciales y estructuras de gran tamaño para ocultar estupefacientes durante su traslado entre países.

La detección inicial mediante el escáner resultó clave para profundizar la inspección y descubrir el cargamento.

Hasta el momento, las autoridades indicaron que no hay personas detenidas en relación con el decomiso.

El expediente permanece bajo investigación, por lo que las autoridades buscarán establecer quiénes participaron en la preparación del cargamento y si existen conexiones con estructuras criminales que operan dentro o fuera de Costa Rica.

También se deberá esclarecer en qué punto fue introducida la droga en el contenedor y si el destino declarado en la documentación aduanera coincidía con la ruta que pretendían seguir quienes organizaron el traslado.

Cargamento tenía como destino Guatemala

Uno de los elementos centrales de la investigación será precisamente la documentación que acompañaba la carga.

Según el reporte oficial, los documentos aduanales señalaban que el cargamento tenía como destino Guatemala, un dato que permitirá orientar las pesquisas sobre la ruta internacional que pretendía utilizarse.

Por tratarse de un hallazgo en Peñas Blancas, uno de los principales pasos terrestres entre Costa Rica y Nicaragua, las autoridades deberán reconstruir el recorrido previsto del contenedor y determinar si la cocaína había ingresado previamente al país o si fue incorporada durante alguna etapa del tránsito de la mercancía.

El decomiso de 550 kilos de cocaína se suma a los operativos que las fuerzas de seguridad costarricenses desarrollan en puertos, aeropuertos, carreteras y puestos fronterizos para detectar cargamentos de droga ocultos entre mercancías legales.

En este caso, el uso combinado de controles fronterizos, tecnología de escaneo y revisión física permitió localizar el estupefaciente antes de que el contenedor continuara su recorrido.

Las autoridades no han informado por ahora sobre personas sospechosas identificadas ni sobre eventuales allanamientos relacionados con el caso.

La investigación continuará para determinar la procedencia exacta de los 550 kilos de cocaína, identificar a los responsables y establecer si el cargamento forma parte de una operación internacional de mayor alcance.

Un operativo de inspección en Roatán terminó con el decomiso de siete kilos de cocaína y la detención de dos personas, en un caso que vuelve a colocar a las Islas de la Bahía en el mapa de las operaciones contra el tráfico de drogas por vía marítima.

El hallazgo se produjo en el sector de French Cay, donde se encontraba en un dique seco el bote carguero Champion III. Durante la inspección, los equipos especializados localizaron siete paquetes de color negro con las letras “YZ” que contenían una sustancia sospechosa.

Las pruebas de campo realizadas por personal técnico del Ministerio Público dieron positivo para clorhidrato de cocaína, y los paquetes fueron asegurados como prueba.

La operación dejó dos personas detenidas: un ciudadano hondureño y otro de nacionalidad guatemalteca. Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades junto con la droga decomisada para que se determine su situación jurídica y continúen las investigaciones.

La investigación deberá establecer cómo llegó la droga hasta la embarcación, quiénes están detrás del cargamento y cuál era su posible destino.

Decomisos de gran escala

El decomiso de Roatán se produce después de varias operaciones marítimas de gran escala realizadas durante septiembre en el Caribe hondureño.

Uno de los casos más importantes ocurrió a comienzos de ese mes, cuando las autoridades interceptaron una operación en aguas cercanas a Barra Patuca, en Gracias a Dios, que terminó con el decomiso de aproximadamente 899 kilos de cocaína y la captura de cinco personas: cuatro ciudadanos colombianos y un hondureño.

La droga era transportada en una lancha rápida y, según los reportes de las autoridades, los ocupantes intentaron lanzarla al mar al detectar la presencia de las patrullas. Los agentes lograron recuperar los paquetes.

Análisis de laboratorio confirmaron que los 899 kilos correspondían a clorhidrato de cocaína. Los cinco detenidos enfrentan un proceso por presunto tráfico de drogas agravado.

Más de una tonelada decomisada

El 11 de septiembre se produjo otro de los mayores decomisos del mes. Una embarcación pesquera identificada como First in Line fue interceptada en los bancos de pesca Rosalinda, en el Caribe hondureño.

La operación permitió asegurar 55 fardos con 1.661 kilos de clorhidrato de cocaína. Cuatro ciudadanos hondureños fueron detenidos.

Al igual que en el operativo de Barra Patuca, los ocupantes habrían intentado deshacerse de la droga arrojándola al mar antes de ser interceptados. Los cuatro detenidos fueron enviados a prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial por presunto tráfico de drogas agravado.

Con estos dos operativos, en apenas unos días las autoridades aseguraron más de 2,5 toneladas de cocaína en operaciones marítimas en el Caribe hondureño.

Roatán también fue escenario de otro decomiso reciente. Una operación desarrollada en la isla permitió localizar una embarcación que, según información proporcionada a las autoridades hondureñas, transportaba cocaína y habría realizado una parada técnica en el país.

Durante la inspección se encontraron 177 kilos de presunta cocaína distribuidos en ocho fardos, además de un arma de fuego. No hubo personas detenidas inicialmente, pero las autoridades continuaron las labores para localizar a los tripulantes.

Mayores decomisos del año

Los operativos marítimos recientes se suman a una serie de decomisos realizados en distintas regiones de Honduras durante 2026. Un registro elaborado con base en reportes oficiales y periodísticos muestra operaciones de diferente magnitud en departamentos como Choluteca, Cortés, Olancho, Yoro, Colón y Gracias a Dios.

En agosto, varias operaciones en Marcovia, Choluteca, permitieron asegurar cientos de kilos en distintos procedimientos. Otro operativo en El Progreso, Yoro, registró un cargamento de aproximadamente 1.240 kilos. El volumen aumentó en septiembre con las operaciones marítimas de Gracias a Dios, donde fueron incautados 899 y 1.661 kilos en procedimientos separados.

Según un balance difundido por las Fuerzas Armadas, los decomisos acumulados durante 2026 ya superan los 2.800 kilos de cocaína en las operaciones contabilizadas por esa institución.

Frente a los cargamentos de cientos o miles de kilos decomisados durante septiembre, los siete kilos encontrados en el Champion III representan una cantidad considerablemente menor. El elemento particular del caso es el lugar del hallazgo: no se trataba de una lancha interceptada en alta mar, sino de un bote carguero en un dique seco de French Cay.

La investigación deberá determinar si la droga llegó hasta la embarcación durante una operación de transporte marítimo o si fue introducida mientras el bote permanecía en tierra.

Panamá decomisó 69.50 toneladas de drogas entre enero y agosto de 2026, un volumen marcado por el predominio de la cocaína y por la concentración de las incautaciones en cuatro provincias.

La cifra representa 52.54 toneladas menos que las 122.04 toneladas retiradas de circulación durante todo 2025, aunque todavía quedan cuatro meses por contabilizar en el año.

Los registros del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC) muestran que 46.20 toneladas correspondieron a cocaína, equivalentes al 66.5% del total acumulado hasta agosto.

La marihuana sumó 23.18 toneladas, alrededor de un tercio de las incautaciones, mientras las cantidades restantes correspondieron a metanfetaminas, THC y otras sustancias.

El comportamiento mensual fue irregular. Enero comenzó con 9.95 toneladas y febrero alcanzó 10.50 toneladas, antes de descender a 7.04 toneladas en marzo y 7.05 toneladas en abril. Mayo marcó el mayor volumen mensual de 2026, con 12.49 toneladas, seguido por junio con 7.61, julio con 5.39 y agosto con 9.46 toneladas.

La comparación interanual revela diferencias importantes. Entre enero y agosto de 2025 habían sido incautadas 75.42 toneladas, frente a las 69.50 toneladas actuales, una disminución de 5.92 toneladas, equivalente a cerca de 7.8%. Agosto, sin embargo, registró 9.46 toneladas, 1.10 toneladas más que las 8.36 toneladas del mismo mes de 2025.

Colón encabeza el mapa nacional con 18.44 toneladas decomisadas hasta agosto, de las cuales 14.95 toneladas correspondieron a cocaína y 3.50 toneladas a marihuana. Frente a las 15 toneladas registradas allí durante igual período de 2025, la provincia aumentó sus incautaciones en 3.44 toneladas.

Panamá Oeste ocupa la segunda posición con 15.92 toneladas, frente a 5.58 toneladas un año antes, lo que supone un incremento de 10.34 toneladas. El decomiso estuvo compuesto por 8.60 toneladas de cocaína y 7.30 de marihuana, además de cantidades menores de otras sustancias.

La provincia de Panamá aparece tercera, aunque con una fuerte reducción frente al año anterior. Sus incautaciones pasaron de 29.58 toneladas entre enero y agosto de 2025 a 13.24 toneladas este año, una caída de 16.34 toneladas. Del total actual, 10.39 toneladas corresponden a cocaína y 2.74 a marihuana.

Chiriquí muestra el movimiento contrario. La provincia pasó de 1.34 toneladas en 2025 a 12.91 toneladas en 2026, un incremento de 11.57 toneladas. Allí fueron decomisadas 9.08 toneladas de cocaína y 3.83 toneladas de marihuana, con agosto como su mes de mayor actividad al alcanzar 3.29 toneladas.

Los Santos acumuló 5.08 toneladas, frente a 13.92 toneladas el año pasado, mientras Darién alcanzó 2.28 toneladas, Coclé 1.21 y Guna Yala 0.28. Los menores registros correspondieron a Bocas del Toro con 0.08 toneladas, Veraguas con 0.06 y Herrera sin incautaciones contabilizadas en el informe.

Las cifras de 2026 también incluyen operaciones de gran escala. En mayo, la Operación Horizonte permitió incautar 1,320 paquetes de presunta sustancia ilícita en Chiriquí, el mayor decomiso dentro de una serie de intervenciones que dejó 2,460 paquetes en apenas 48 horas y cuatro personas aprehendidas en esa operación.

Otro de los golpes relevantes quedó asociado a la Operación Poseidón, resultado de una investigación de 48 meses contra una organización integrada por ciudadanos panameños y colombianos.

Durante el período investigado, las autoridades lograron incautar 13,615.51 kilogramos de sustancias ilícitas, además de 17 fusiles de asalto, 12 armas de fuego y 11 embarcaciones.

Las rutas marítimas y los puertos continúan teniendo un peso determinante. Durante el primer semestre, las autoridades reportaron 15.92 toneladas de cocaína incautadas en puertos del Pacífico y Atlántico, mientras operaciones aeronavales interceptaron embarcaciones utilizadas para movilizar cargamentos. En agosto, una intervención permitió encontrar 1,567 paquetes ocultos en un doble fondo de una embarcación.

El acumulado actual mantiene a 2026 por debajo de los elevados registros de los últimos años. Panamá decomisó 145.2 toneladas en 2021, el máximo de la serie reciente, seguido de 138.4 toneladas en 2022, 129.9 en 2023 y 124.4 en 2024. En 2025, la cifra descendió nuevamente hasta 122.04 toneladas.

De ese total del año pasado, aproximadamente 97 toneladas fueron cocaína y 24.90 toneladas marihuana, mientras otras sustancias representaron 0.14 toneladas. Colón, Panamá Oeste y Panamá concentraron entonces los mayores volúmenes, con 36.52, 34.52 y 31.48 toneladas, respectivamente.

La trayectoria histórica evidencia que, aunque los decomisos han disminuido desde el récord de 2021, Panamá continúa registrando volúmenes superiores a las 100 toneladas anuales desde ese período. Con 69.50 toneladas hasta agosto, el resultado definitivo de 2026 dependerá de las incautaciones que se produzcan durante los últimos cuatro meses del año.

Estados Unidos volvió a incluir a Panamá entre los principales países de tránsito de drogas o de producción de sustancias ilícitas para el año fiscal 2027, según la determinación presidencial enviada al Congreso el 15 de septiembre de 2026.

Panamá figura junto con otros 22 países y su inclusión responde a factores geográficos, comerciales y económicos que facilitan el movimiento de narcóticos, no necesariamente a una evaluación negativa de los esfuerzos del Gobierno panameño contra el narcotráfico.

Washington ha señalado históricamente que la ubicación entre Sudamérica y Centroamérica, sus extensas costas y el intenso movimiento marítimo y comercial convierten al país en un punto estratégico para organizaciones que trasladan drogas hacia Estados Unidos y otros mercados.

Personal de Aduanas, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo del binomio canino Chocolate, localizaron y aseguraron 249 kilogramos de cocaína y fentanilo que se encontraban ocultos en un doble fondo de la caja de un camión, en la Garita de Otay, en Tijuana, Baja California.

Por medio de su cuenta de X, el Gabinete de Seguridad dio a conocer que durante la inspección se localizaron 195 paquetes y el conductor de la unidad fue detenido. “La coordinación interinstitucional y el fortalecimiento de la vigilancia en los puntos fronterizos permiten combatir el tráfico de drogas y afectar las estructuras que se benefician de estas actividades ilícitas” concluyó el mensaje.

La publicación fue acompañada con fotografías del binomio canino, del hombre detenido y del compartimento donde se ocultaba la droga.

Entre paquetes de droga y toneladas de tabaco clandestino, autoridades localizan cartuchos para armas en la CDMX

El pasado martes, diversas dosis de droga y cartuchos de diferentes calibres para armas de fuego fueron incautados junto a 13 toneladas (13 mil kilogramos) de tabaco ilegal empaquetado en cajas para su distribución en la Ciudad de México, informaron las autoridades.

Este resultado fue gracias al operativo realizado por trabajos de inteligencia e investigación relacionados con la venta y distribución de productos ilegales, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Marina), Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ejecutaron seis órdenes de cateo en diversos inmuebles.

Mediante labores de investigación de gabinete y campo, los agentes de seguridad identificaron seis inmuebles relacionados con la venta y distribución de tabaco ilegal en las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, por lo que implementaron vigilancias fijas y móviles para recabar los datos de prueba suficientes, con los cuales un Juez de Control otorgó las órdenes de cateo.

Durante las diligencias, las autoridades aseguraron aproximadamente 650 mil cajetillas de cigarros, además de diversas dosis de droga, mercancía apócrifa y cartuchos de diferentes calibres.

Lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades, en tanto los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.

Con estas acciones, las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad y las autoridades de la Ciudad de México refrendaron su compromiso de mantener la coordinación para combatir la comercialización y distribución de mercancía ilegal que representa un riesgo para la salud de la población además de atacar a las bandas delincunciales.

Antes de esto, el pasado 2 de septiembre, acciones de inspección y vigilancia en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), personal de la Secretaría de Marina (Marina), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), aseguró precautoriamente 5 millones 438 mil 400 cigarros, con un peso total de 9 mil 160 kilos, durante dos operaciones realizadas a embarques internacionales procedentes de Singapur.

Esta mercancía había sido declarada como bocinas y básculas eléctricas, el decomiso quedó bajo resguardo mientras la autoridad aduanera determinaba su situación jurídica y la legalidad de su importación.

El volumen total del aseguramiento alcanzó 9 mil 160 kilos, equivalentes a más de nueve toneladas de productos de tabaco. En conjunto, los dos cargamentos sumaron 271 mil 920 cajetillas distribuidas en 454 cajas y 29 pallets.

La Policía Nacional decomisó 2.235 paquetes de presunta droga y 100 pastillas de éxtasis en cuatro operaciones realizadas en menos de 12 horas en Panamá.

Las acciones se desarrollaron en un puerto del Pacífico, Villa Lucre, Colón y Chiriquí. Seis personas fueron aprehendidas durante los procedimientos, ejecutados en coordinación con el Ministerio Público.

El mayor cargamento apareció en un contenedor procedente de Suramérica que llegó a un puerto del Pacífico. Durante la inspección, las unidades antidrogas encontraron 1.146 paquetes escondidos dentro de la estructura de una maquinaria pesada de uso industrial. En el operativo también participaron funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, explicó que el intenso movimiento de contenedores por las terminales panameñas resulta atractivo para las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Según el funcionario, el cargamento oculto en la maquinaria superaba una tonelada. La intervención en el puerto representó más de la mitad de los paquetes incautados en las cuatro operaciones.

En Villa Lucre, distrito de San Miguelito, las autoridades encontraron otros 110 paquetes y aprehendieron a una persona. La Procuraduría General de la Nación situó las diligencias en el corregimiento de José Domingo Espinar. Durante el registro fueron incautados un vehículo y dos teléfonos celulares, que serán examinados como parte de la investigación.

La Fiscalía de Drogas informó que los paquetes hallados en Villa Lucre serán sometidos a pruebas científicas para determinar su contenido. El hombre aprehendido será presentado ante las instancias judiciales correspondientes. El procedimiento se desarrolló luego de labores de investigación realizadas junto con la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional.

Otra de las operaciones tuvo lugar en la barriada Vereda Tropical, en el corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón. Allí fueron decomisados 979 paquetes de presunta droga y aprehendidas cuatro personas. Las unidades policiales también recuperaron un arma de fuego, municiones y dinero en efectivo durante la intervención.

Fernández señaló que los hallazgos en inmuebles responden al uso de residencias como lugares de almacenamiento de cargamentos. Al referirse a las acciones desarrolladas esa jornada, mencionó tanto el decomiso en Villa Lucre como el de Colón. Las autoridades investigan la procedencia de los paquetes y la participación de los aprehendidos.

En Chiriquí se realizó la cuarta intervención, en la que fueron decomisadas 100 pastillas de éxtasis. Con los hallazgos del puerto del Pacífico, Villa Lucre y Colón, la Policía contabilizó 2.235 paquetes en menos de 12 horas: 1.146 dentro de la maquinaria pesada, 110 en San Miguelito y 979 en la provincia colonense.

El director de la Policía estimó que la cantidad incautada superaba las 2,3 toneladas y destacó la rapidez con que se produjeron los decomisos. Fernández afirmó que la institución mantiene acciones dirigidas tanto a interceptar grandes cargamentos como a identificar los puntos desde donde se distribuyen drogas dentro del país.

Al hablar del impacto económico de estas operaciones, Fernández citó precios de referencia de $5.000 por kilo en Panamá y $34.000 en Europa. También indicó que parte de la droga que permanece en el mercado local termina dividida en pequeñas cantidades para su venta, una actividad que genera ingresos para las estructuras criminales.

Por separado, la Policía informó de 12 aprehensiones vinculadas presuntamente con la venta de drogas sintéticas. Ocho de esas personas fueron detenidas en La Chorrera y cuatro en el área metropolitana. Estas acciones son adicionales a los cuatro operativos en los que se decomisaron los 2.235 paquetes y las pastillas de éxtasis.

En otro procedimiento realizado durante esta semana, la Policía y el Ministerio Público decomisaron 92 paquetes de presunta droga en Cabra, corregimiento de Pacora.

El cargamento era transportado en un vehículo conducido por un hombre de 32 años, quien fue aprehendido. Este caso tampoco forma parte del balance de las 12 horas.

Las estadísticas oficiales registran 60,04 toneladas de drogas incautadas entre enero y julio de 2026 en Panamá. Del total, 37,81 toneladas correspondieron a cocaína y 22,11 a marihuana. Colón encabezó los decomisos provinciales, con 16,73 toneladas durante esos siete meses.

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a una mujer que trasladaba casi 40 kilos de cocaína en un vehículo particular. El hecho ocurrió en el municipio de Los Ramones, Nuevo León, sobre la Carretera Monterrey-Reynosa.

La droga viajaba oculta en un compartimento especial dentro de la cajuela del automóvil. Agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) realizaron la captura tras una revisión en un punto de control carretero.

De acuerdo con las autoridades, la detención se produjo como resultado de acciones estratégicas de vigilancia en la entidad, lo cual derivó en la identificación de 34 paquetes de cocaína dentro del vehículo intervenido. Estos contenían en conjunto 39 kilos con 450 gramos de una sustancia.

Ministerio Público Federal integra la carpeta de investigación

A raíz de los hechos, la mujer fue detenida y quedó a disposición del Ministerio Público Federal junto con el vehículo asegurado. La autoridad ministerial también recibió los 34 paquetes con la sustancia decomisada.

Asimismo, el vehículo utilizado para el transporte de la droga quedó asegurado como parte de las diligencias.

Hasta el momento, las autoridades continúa con la integración de los resultados periciales correspondientes. Sin embargo, la FGR no adelantó una fecha estimada para la conclusión de estos análisis.

La FGR reiteró que continuará con las acciones estratégicas en carreteras de Nuevo León. La dependencia federal no descartó nuevas detenciones vinculadas al transporte de narcóticos en la región.

Carretera Monterrey-Reynosa, corredor bajo vigilancia de la FECOR

La detención ocurrió específicamente en el kilómetro 68 de la Carretera Monterrey-Reynosa. Ese tramo se ubica a la altura del municipio de Los Ramones.

La vía conecta a la capital de Nuevo León con la frontera con Estados Unidos a través de Tamaulipas. Se trata de una ruta habitual para el traslado de mercancías entre ambas regiones.

Las autoridades federales mantienen retenes en distintos puntos de esa carretera. Estos filtros buscan detectar el transporte de sustancias ilícitas y otras actividades delictivas.

El vehículo detenido fue interceptado durante una de estas revisiones rutinarias. La inspección del compartimento oculto permitió confirmar la presencia de los paquetes con droga.

Nuevo León, corredor recurrente para el narcotráfico

Este operativo no representa un hecho aislado en la entidad. En los meses previos, distintas corporaciones federales han asegurado cargamentos similares en carreteras y cruces fronterizos de Nuevo León.

El 27 de agosto de 2025, la FGR detuvo en el municipio de Linares a José “R”, quien conducía una camioneta con placas de Guerrero. El hombre transportaba 50 paquetes con una sustancia cristalina con las características de la metanfetamina, con un peso aproximado de 50 kilos.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) localizaron el cargamento en un compartimento oculto en la caja de la unidad. El hallazgo ocurrió en el kilómetro 136+700 de la carretera Nacional Linares-Ciudad Victoria, a la altura de la localidad La Soledad.

Días antes, el 21 de agosto de 2025, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos reportó otro arresto vinculado a Nuevo León. Un hombre de 27 años fue detenido cuando intentaba cruzar el Puente Colombia-Solidaridad, que conecta Laredo, Nuevo León, con Laredo, Texas, y llevaba 12 paquetes con más de 34 kilos de metanfetamina en una camioneta Ford Expedition.

La CBP estimó que ese cargamento tenía un valor superior a los 13 millones de pesos. Según la agencia, el conductor fue asegurado tras una revisión de rutina en el cruce fronterizo.

Un tercer caso se registró el 19 de agosto de 2025, cuando Donaldo “B” fue vinculado a proceso por transportar alrededor de 260 kilos de metanfetamina. La droga viajaba oculta entre costales de cebollas dentro de un camión de carga, según informó Infobae México.

Los tres antecedentes coinciden en el uso de compartimentos ocultos en vehículos particulares y de carga como método de traslado. La FGR mantiene operativos permanentes en las principales rutas carreteras de Nuevo León para detectar este tipo de cargamentos.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, presentó este miércoles 23 de septiembre los resultados de las reuniones de trabajo sostenidas con las autoridades de Colombia, entre los que destacó el fortalecimiento de los mecanismos de inteligencia, la coordinación entre unidades policiales y el intercambio de experiencias para enfrentar al crimen organizado desde los centros penitenciarios.

Durante una conferencia transmitida desde Barranquilla, la mandataria estuvo acompañada por integrantes de su equipo de seguridad, quienes detallaron los principales avances alcanzados durante la visita oficial al país sudamericano.

El encuentro permitió dar continuidad a los compromisos anunciados el martes por Fernández y su homólogo colombiano, Abelardo de la Espriella, relacionados con la cooperación bilateral contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.

En esta segunda comparecencia, la presidenta dio espacio a los jerarcas que participaron en las mesas de trabajo para que explicaran los resultados correspondientes a sus respectivas instituciones.

“Una sesión de trabajo muy fructífera donde pudimos compartir datos de inteligencia, pulir estrategias y estoy segura que lo mejor está por venir ahora que hemos estrechado esta alianza de cooperación con Colombia”, manifestó Fernández.

Costa Rica contabiliza más de 20 toneladas de droga decomisadas

El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, aprovechó la conferencia para presentar un balance de las acciones desarrolladas por las autoridades costarricenses contra el narcotráfico durante los primeros meses del actual Gobierno.

Según el jerarca, Costa Rica ha decomisado más de 20 toneladas de droga en menos de cuatro meses, como resultado de las intervenciones efectuadas por las autoridades nacionales.

“Son más de veinte toneladas de droga que llevamos en estos menos de cuatro meses y vamos a seguir trabajando, no solamente con Colombia, como ya lo hicimos en las reuniones que tuvimos, sino también con Panamá, con El Salvador y con República Dominicana”, declaró.

Campos explicó que el acercamiento con Colombia permitirá fortalecer la coordinación ante el movimiento de organizaciones narcotraficantes que utilizan rutas internacionales para transportar sustancias ilícitas.

El ministro recordó que las autoridades costarricenses han participado en diferentes operaciones contra embarcaciones que transportan importantes cargamentos de droga.

A partir de las reuniones desarrolladas en Colombia, anunció que se reactivaron enlaces de comunicación y coordinación entre las unidades especiales y regulares de seguridad.

“Lo importante es que nuevamente se activan estos enlaces de coordinación entre las unidades especiales de Costa Rica y las unidades regulares”, aseguró.

El jerarca adelantó que los resultados de estos acercamientos podrían comenzar a observarse durante los próximos meses, aunque no precisó cuáles serán las operaciones específicas ni las fechas en las que se implementarían.

Colombia se interesa en el Plan Cero Ocio y en la nueva cárcel costarricense

Otro de los resultados expuestos durante la segunda conferencia estuvo relacionado con la cooperación penitenciaria.

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, informó que las autoridades de ambos países intercambiaron experiencias sobre las estrategias utilizadas para impedir que las organizaciones criminales continúen operando desde los establecimientos penitenciarios.

Según el jerarca, los representantes colombianos mostraron interés en algunas de las iniciativas que actualmente desarrolla Costa Rica.

“Los jerarcas que estuvieron en la reunión estuvieron muy interesados en el Plan Cero Ocio, señora presidenta, y también en la inauguración del nuevo CACCO”, señaló Aguilar.

El ministro aseguró que ambos gobiernos compartieron experiencias relacionadas con el control de las comunicaciones no autorizadas desde las cárceles.

En particular, mencionó la decisión de retirar tomacorrientes y cables de determinados espacios penitenciarios como parte de las medidas de seguridad.

Aguilar sostuvo que las autoridades colombianas habían replicado una disposición semejante a la implementada en Costa Rica.

“Compartimos los mismos ideales de una lucha frontal contra el crimen organizado que opera y que piensa seguir operando desde las cárceles”, manifestó el ministro.

Laura Fernández invita al presidente colombiano a inaugurar la nueva cárcel

Tras la intervención del ministro de Justicia, Fernández confirmó que extendió una invitación a su homólogo colombiano para que participe en la inauguración del nuevo establecimiento penitenciario de máxima contención.

La mandataria indicó que la apertura está prevista para octubre de 2026 y explicó que el proyecto forma parte de la estrategia de su Gobierno para restringir las operaciones de organizaciones criminales desde las cárceles.

“Invitamos a los equipos de trabajo del señor presidente De la Espriella y también al mismo presidente a que nos acompañe el próximo mes de octubre a la inauguración de la cárcel de máxima contención”, expresó.

Fernández aseguró que el establecimiento permitirá mantener bajo mayores controles a personas vinculadas con organizaciones narcotraficantes, incluidas aquellas que mantienen conexiones internacionales.

“No vamos a permitir que operen desde los centros penitenciarios con el exterior”, afirmó.

Inteligencia de Costa Rica establece intercambio directo con Colombia

La Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) también presentó un balance de su participación en las reuniones bilaterales.

Su director, Pablo Martínez, explicó que las conversaciones permitieron establecer mecanismos de intercambio de información sobre organizaciones criminales que operan en diferentes países de la región.

El objetivo, según detalló, consiste en anticipar los movimientos de estas estructuras, identificar sus redes de operación y facilitar intervenciones coordinadas de las autoridades.

“Esta sesión de trabajo y esta visita a Colombia estableció un intercambio directo de inteligencia sobre las estructuras criminales transnacionales que operan en la región para anticipar sus movimientos, identificar sus redes y golpearlas con mayor precisión”, manifestó.

El funcionario resumió los objetivos de la cooperación mediante una frase:

“Más información, más inteligencia, más operaciones efectivas”.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que todo comenzó este miércoles por la mañana, alrededor de las 9, en el Puesto de Control Vial Paso Cerrito, donde personal de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial detuvo la marcha de un automóvil Hyundai HB20 con patente extranjera.

Cuando los agentes solicitaron la documentación del conductor y se preparaban para inspeccionar el vehículo con perros entrenados en detección de narcóticos, el sospechoso se dio a la fuga y huyó hacia el sur.

Sin embargo, el auto fue hallado abandonado a la altura del kilómetro 339 de la Ruta Nacional Nº14. De acuerdo a la reconstrucción, el sujeto habría descendido del rodado y adentrado en una zona de malezas. A partir de lo ocurrido, los efectivos desplegaron un operativo cerrojo.

Los agentes localizaron un segundo vehículo de interés, un Chevrolet Onix de color gris con patente extranjera, que se encontraba en la playa de estacionamiento de una estación de servicio situada en el km 296 de la Ruta Nacional Nº14. Cuando analizaron las cámaras de seguridad del lugar observaron que ese mismo día un Ford Fiesta de color blanco se acercó al Onix que estaba estacionado.

En ese momento, un hombre descendió del Chevrolet y se subió al Fiesta, con sentido sur por la Ruta Nacional Nº14. Con esta información, se dio intervención a la Dirección General de Drogas Peligrosas.

Tras tareas investigativas, alrededor de las 11.40, personal del Puesto de Control Vial Bella Vista interceptó el auto Ford Fiesta en una estación de servicio, ubicada en el km 142,9 de la Ruta Nacional Nº14. Dentro del vehículo se encontraban cinco personas de nacionalidad brasileña -tres hombres y dos mujeres- quienes fueron demoradas.

Horas más tarde, alrededor de las 18, los efectivos realizaron un rastrillaje en la zona donde había sido abandonado el Hyundai y lograron detener al conductor que había escapado.

Por orden del Juzgado Federal de Concordia, a cargo de Analía Ramponi, los efectivos de las delegaciones de Chajarí y Federación inspeccionaron los vehículos. Durante los procedimientos, descubrieron dobles fondos en los vehículos -ubicados en tanques de combustible, parlantes y ruedas de auxilio- donde ocultaban estupefacientes.

Fuentes policiales detallaron a este medio que encontraron 40 kilos de MDMA y 10 mil pastillas de éxtasis, valuadas en dos millones de dólares. Los policías secuestraron seis teléfonos celulares y el total de la droga. Por su parte, los seis detenidos quedaron alojados en la Jefatura Departamental Uruguay a disposición de la Justicia Federal.

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la Policía Municipal detuvieron a siete personas, seis hombres y una mujer, tras un reporte de detonaciones de arma de fuego en la colonia Providencia, en Valle de Chalco, Estado de México, Edomex. La intervención ocurrió luego de una llamada al número de emergencias 9-1-1, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

El operativo permitió asegurar un arma corta calibre 9 milímetros, seis cartuchos útiles y 42 bolsas con material granulado con características similares a la droga conocida como cristal. También quedaron bajo resguardo cuatro vehículos y dos motocicletas.

Los agentes ubicaron a un hombre que presuntamente había realizado disparos en la vía pública. Al notar la presencia policial, el sujeto ingresó a un establecimiento comercial; con la autorización correspondiente, los oficiales entraron al inmueble y localizaron a seis personas más.

Los detenidos fueron identificados como Guillermo “N”, de 43 años; Francisco “N”, de 20; Jonathan “N”, de 24; Milton “N”, de 19; Alexis “N”, de 33; Jordan “N”, de 18, y Nohemí “N”, de 31. Tras la lectura de sus derechos, fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Los vehículos asegurados incluían uno blanco, otro azul y dos motocicletas: una roja y otra negra. La autoridad ministerial quedó a cargo de las investigaciones.

Detuvieron a 10 por robo de vehículos

Este martes 22 de septiembre elementos de la Policía Municipal y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron a 10 personas durante un operativo coordinado contra el robo de vehículos en distintas zonas de la capital. En San Cristóbal Huichochitlán fueron detenidos Víctor “N”, Claudio “N”, Miriam “N”, César “N”, Luis “N”, Eric “N”, Marco “N”, Isaías “N” y una menor de edad; ahí se aseguraron tres motocicletas sin placas ni número de identificación visible, un arma de fuego corta y un motor con número esmerilado.

Mientras que en otro evento en la colonia El Seminario fue detenido Alexander “N”, quien circulaba en una motocicleta Italika y a quien se le asegurpo una navaja, cinco bolsas con hierba verde con características similares a la marihuana y un objeto metálico tipo bóxer; vecinos lo señalan como presunto responsable de robos de celulares a transeúntes. Todos los detenidos e indicios quedaron a disposición del Ministerio Público.

Diversas dosis de droga y cartuchos de diferentes calibres para armas de fuego fueron incautados junto a 13 toneladas (13 mil kilogramos) de tabaco ilegal empaquetado en cajas para su distribución en la Ciudad de México informaron las autoridades.

Este resultado fue gracias al operativo realizado por trabajos de inteligencia e investigación relacionados con la venta y distribución de productos ilegales, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Marina), Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ejecutaron seis órdenes de cateo en diversos inmuebles.

Mediante labores de investigación de gabinete y campo, los agentes de seguridad identificaron seis inmuebles relacionados con la venta y distribución de tabaco ilegal en las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, por lo que implementaron vigilancias fijas y móviles para recabar los datos de prueba suficientes, con los cuales un Juez de Control otorgó las órdenes de cateo.

Durante las diligencias, las autoridades aseguraron aproximadamente 650 mil cajetillas de cigarros, además de diversas dosis de droga, mercancía apócrifa y cartuchos de diferentes calibres.

Lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades, en tanto los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.

Con estas acciones, las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad y las autoridades de la Ciudad de México refrendaron su compromiso de mantener la coordinación para combatir la comercialización y distribución de mercancía ilegal que representa un riesgo para la salud de la población además de atacar a las bandas delincunciales.

Decomisaron más de 5 mil cigarros en el AICM

El pasado 2 de septiembre Acciones de inspección y vigilancia en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), personal de la Secretaría de Marina (Marina), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), aseguró precautoriamente 5 millones 438 mil 400 cigarros, con un peso total de 9 mil 160 kilos, durante dos operaciones realizadas a embarques internacionales procedentes de Singapur.

Esta mercancía había sido declarada como bocinas y básculas eléctricas, el decomiso quedó bajo resguardo mientras la autoridad aduanera determinaba su situación jurídica y la legalidad de su importación.

El volumen total del aseguramiento alcanzó 9 mil 160 kilos, equivalentes a más de nueve toneladas de productos de tabaco. En conjunto, los dos cargamentos sumaron 271 mil 920 cajetillas distribuidas en 454 cajas y 29 pallets.

Las autoridades detectaron inconsistencias entre lo declarado en la guía aérea y el contenido real de los embarques. Para ello aplicaron inteligencia aduanera, análisis y gestión de riesgos, revisión documental, tecnología de inspección no intrusiva con equipos de Rayos X e inspección física.

Inacutaron toneladas de cigarros provenientes de Tailandia

El pasado 13 de agosto Autoridades federales aseguraron 2 millones 208 mil cigarrillos de presunta procedencia ilícita durante un operativo conjunto realizado en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). El cargamento, procedente de Bangkok, Tailandia, fue detectado mediante mecanismos de análisis de riesgo, revisión documental y vigilancia aduanera.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), identificó el embarque como parte de las acciones permanentes para detectar mercancías que pudieran representar un riesgo para el país o presentar inconsistencias en las operaciones de comercio exterior.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el cargamento estaba compuesto por 138 cajas, con un peso aproximado de 2 mil 832 kilogramos. Los cigarrillos fueron considerados presuntamente apócrifos, por lo que quedaron bajo resguardo de la autoridad mientras continúan las investigaciones para establecer su situación jurídica.

La identificación de los productos ocurrió como resultado de los mecanismos institucionales implementados por la ANAM para fortalecer la vigilancia sobre las mercancías que ingresan al territorio nacional.

Las autoridades señalaron que la detección fue posible mediante procesos de gestión de riesgo, análisis estratégico, revisión documental e inspección operativa, herramientas utilizadas para identificar operaciones que requieren una revisión especializada.

De Corea a CDMX: aseguran más de 1 millón de cigarrillos apócrifos en el AICM

También el 3 de junio un cargamento de más de un millón de cigarrillos presuntamente apócrifos fueron asegurados por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La mercancía salió de Corea y tenía como destino la capital del país. Los uniformados revisaron el cargamento debido a que estaba etiquetado como “mercancía diversa”. Lo anterior derivó en el hallazgo de inconsistencias entre los documentos y los objetos presentados.

Como resultado de la revisión los agentes encontraron 60 mil cajetillas de cigarrillos, lo que equivale a 1 millón 200 mil unidades, las cuales estaba en 50 cajas que dieron un peso mayor a 1.6 toneladas.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ofrece una recompensa de hasta USD 1.000.000 por información que conduzca directamente al arresto de Trung Duc Lu, ciudadano vietnamita de 46 años acusado de participar en el secuestro, la tortura y el asesinato de dos hermanos en Filadelfia, Pensilvania, en agosto de 2014. La agencia incorporó a Lu en su lista de Los diez fugitivos más buscados el 11 de marzo de 2026, casi siete años después de que un tribunal federal de Pensilvania emitiera una orden de arresto en su contra.

Según la ficha oficial del FBI, Lu es la última persona prófuga vinculada a esos crímenes y debe ser considerado armado, peligroso y con alto riesgo de fuga internacional. Las autoridades creen que huyó a Vietnam poco después de los hechos y que permanece allí desde entonces.

Quién es Trung Duc Lu, el técnico de uñas en la lista de los más buscados del FBI

Trung Duc Lu nació en Vietnam y emigró a Estados Unidos en su adolescencia. Se estableció en el barrio de Queens, Nueva York, donde trabajaba como técnico de uñas.

El FBI lo identifica como presunto integrante de la banda callejera Born to Kill, conocida también como BTK o Canal Boys. Habla inglés y vietnamita, y las autoridades registran los siguientes alias:

• Trung D. Lu
• Tuan Hoang
• Phong Le / Phong Van Le
• Brendan Lu / Calvin Lu
• Duc Trung / Duc L. Trung / Lu Trung
• “B”

Las autoridades sostienen que Lu fue enviado a Filadelfia por esa organización para cobrar una deuda de USD 100.000 relacionada con el tráfico de drogas, según informó 6abc Philadelphia.

Qué delitos se le atribuyen por los hechos de agosto de 2014 en Filadelfia

Según la investigación federal, Lu participó en la tortura, el secuestro y el asesinato de dos hermanos vietnamitas. Sus cuerpos fueron hallados atados, apuñalados y sumergidos en un río con bloques de cemento. Una tercera víctima sobrevivió al ataque y colaboró con las autoridades.

La orden de arresto federal fue emitida el 10 de julio de 2019 en el Tribunal del Distrito Este de Pensilvania. Los cargos en su contra son:

• Conspiración para cometer secuestro.
• Secuestro (tres cargos).
• Viaje interestatal para facilitar actividades ilícitas.
• Conspiración para cobrar una deuda por medios extorsivos.
• Cobro de una deuda por medios extorsivos.
• Conspiración para distribuir marihuana.
• Complicidad.

“Agregar a Trung Lu a la lista de los diez más buscados del FBI refleja la gravedad de sus presuntos crímenes y nuestro compromiso inquebrantable de llevarlo ante la justicia”, afirmó Wayne A. Jacobs, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Filadelfia, en una conferencia de prensa.

Las señas particulares que identifican al fugitivo

Lu mide aproximadamente 1,70 metros (5 pies 7 pulgadas), pesa cerca de 64 kilogramos (140 libras), tiene cabello negro y ojos marrones. Su rasgo más distintivo es un conjunto de tatuajes: un dragón en el centro de la espalda con la inscripción “Asian Pride” en letras grandes, otro tatuaje sobre el pectoral izquierdo, y ambos brazos cubiertos con diseños de dragones, garras y un tigre.

El FBI confirmó que Lu fue visto por última vez en Vietnam, aunque mantiene vínculos en Estados Unidos, incluidos hijos que residen en el país. Lu es residente permanente estadounidense y nunca solicitó la ciudadanía.

Cómo aportar información al FBI para dar con el paradero del prófugo

La recompensa anunciada por el FBI busca incentivar la colaboración ciudadana a escala global y aplica exclusivamente para información que conduzca de forma directa a la captura de Lu. Quien disponga de datos sobre su paradero o sus actividades puede comunicarse por estos canales:

• Línea gratuita: 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324).
• Formulario en línea: tips.fbi.gov.
• Oficina local del FBI más cercana.
• Embajada o Consulado estadounidense en cualquier país.

Sandro Iván Urbano Larrea, su esposa Sheila Hiromi Henna Sakihama y la hija de ambos, Betzabé Urbano Henna, quedaron bajo intervención policial. De acuerdo con la información difundida por Panorama, los tres tenían como destino Japón, país donde residían según las diligencias citadas en el informe.

La Policía Nacional del Perú y Aduanas detectaron paquetes con presunta cocaína oculta dentro de productos que formaban parte del equipaje. Entre los objetos revisados aparecieron golosinas, incluidos chupetines que contenían una sustancia identificada como presunto alcaloide de cocaína.

La cantidad total encontrada en las distintas maletas llegó a 11 kilos con 750 gramos de presunta cocaína. La droga fue valorizada en casi seis millones de soles, según la información difundida sobre la intervención. La Fiscalía y la PNP continúan con las diligencias para determinar la participación de otras personas.

La revisión del equipaje permitió detectar la droga

Los controles se realizaron antes del abordaje al vuelo con destino a Tokio. Durante la inspección de las pertenencias, los agentes revisaron dos de las maletas y encontraron 5 kilos con 155 gramos de presunta cocaína.

Una de las verificaciones permitió establecer la presencia de alcaloide de cocaína en el interior de los productos. Un efectivo policial señaló durante la intervención: “Como se puede apreciar, acá arroja cinco kilos con ciento cincuenta y cinco gramos de alcaloide cocaína”.

En otra de las inspecciones también se detectó droga oculta dentro de golosinas. La modalidad incluía chupetines cuyo interior contenía presunto alcaloide de cocaína. En ese procedimiento, un agente indicó: “Un kilo ochenta y cinco gramos de presunto alcaloide cocaínico”.

Siete maletas fueron trasladadas hasta el aeropuerto

Los registros de videovigilancia permitieron establecer parte de los movimientos previos a la intervención. En las imágenes se observa al padre junto a sus tres hijas antes de que un vehículo rojo llegara con equipajes y bolsas.

Parte de las pertenencias fue entregada posteriormente a la pareja, que se dirigió hacia el área de salidas internacionales. La cantidad de equipaje fue uno de los elementos que llamó la atención de los agentes encargados del control antidrogas.

Las diligencias también permitieron ubicar a un taxista que trasladó siete maletas adicionales hasta el terminal aéreo. La información proporcionada por la Policía señala que cuatro de esos equipajes no contenían la sustancia detectada durante las primeras inspecciones, mientras que tres presentaban paquetes con droga bajo una modalidad similar.

La Policía investiga a otros posibles implicados

Además de los tres integrantes de la familia, la intervención alcanzó al taxista. La Policía Nacional investiga cuál fue su participación en el traslado de las maletas y si existen otras personas vinculadas con el transporte de la presunta droga.

La intervención fue realizada por agentes de la Policía Nacional del Perú con apoyo de Aduanas durante los controles aeroportuarios. La Fiscalía participa en las diligencias destinadas a establecer las responsabilidades correspondientes y determinar si existen más integrantes relacionados con el caso.

Según la información difundida por Panorama, la investigación también busca establecer cómo se organizó el traslado del cargamento desde su punto de origen hasta el aeropuerto Jorge Chávez y cuál era la participación de cada una de las personas intervenidas.

El destino declarado del cargamento era Tokio. La droga fue localizada en diferentes equipajes mediante las inspecciones efectuadas por los agentes, con un peso acumulado de 11 kilos con 750 gramos de presunta cocaína.

La intervención ocurrió la tarde del domingo 20 de septiembre, cerca de las 15:30 horas. Según la información policial, los agentes del Área Antidrogas de la Divincri Arequipa contaban con información de inteligencia sobre un vehículo Hyundai i10 blanco, de placa V3Q-101, que presuntamente era utilizado para distribuir sustancias ilícitas mediante la modalidad de delivery.

Los efectivos ubicaron el automóvil en la intersección de las calles Atahualpa y Begonias. Al recibir la orden de intervención, el conductor no acató las señales policiales y aceleró para escapar. La huida continuó por distintas calles de Socabaya hasta que el vehículo colisionó contra otro automóvil.

Tras el impacto, el sospechoso abandonó su unidad e intentó continuar la fuga a pie. Los agentes iniciaron una persecución y consiguieron detenerlo a pocas cuadras del lugar del accidente. La intervención permitió además realizar registros al detenido y al vehículo que conducía.

Accidente durante la fuga dejó dos personas heridas

El choque dejó a dos ocupantes del segundo vehículo con lesiones de consideración. Personal de la Compañía de Bomberos acudió al lugar para brindarles asistencia y trasladó a los heridos a la clínica AUNA para recibir atención médica.

El conductor que intentaba escapar aprovechó el accidente para descender del automóvil y continuar la huida a pie. Los efectivos del Área Antidrogas lo siguieron hasta lograr su reducción a dos cuadras del punto de la colisión.

Durante el registro personal, los agentes encontraron 54 envoltorios que contenían pasta básica de cocaína (PBC). La revisión continuó en el vehículo de placa V3Q-101, donde fueron ubicadas dos bolsas de plástico con aproximadamente dos kilogramos de la misma sustancia.

La información policial señala que Chambi Cahuana estaría vinculado con la distribución de droga en Socabaya y otros sectores de Arequipa. El operativo permitió decomisar la sustancia y retener elementos vinculados con la investigación.

Además de la droga, la Policía incautó un teléfono celular y los dos vehículos involucrados en el accidente. Ambos automóviles quedaron a disposición de las autoridades como parte de las diligencias correspondientes.

Luis Chambi Cahuana permanece detenido en la Divincri

Tras su captura, Luis Chambi Cahuana fue trasladado a la sede de la Divincri Arequipa. El hombre permanece detenido mientras continúan las investigaciones por la presunta comisión del delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas.

La intervención quedó a cargo del Área Antidrogas de la Divincri Arequipa, que realiza las diligencias vinculadas con la droga incautada, el vehículo utilizado durante el operativo y los demás elementos decomisados.

La información policial también señala que el vehículo intervenido era objeto de seguimiento por datos de inteligencia que lo vinculaban con el reparto de sustancias ilícitas bajo la modalidad de delivery. La investigación determinará las circunstancias relacionadas con esa presunta actividad y la procedencia de la droga encontrada durante el operativo.

Unidades de la Policía Nacional incautaron 1.380 kilos de presunta droga durante una diligencia desarrollada en un centro logístico del distrito de Arraiján, en Panamá Oeste.

El operativo se concretó luego de labores de inteligencia y seguimiento. La sustancia quedó bajo custodia de las autoridades, que continuarán con las investigaciones y las diligencias correspondientes.

La actuación en Arraiján fue uno de los procedimientos vinculados con las investigaciones por delitos relacionados con drogas desarrolladas en la provincia. Las autoridades no precisaron en el material disponible si hubo personas aprehendidas por ese decomiso.

En tanto, el decomiso de 5.529 paquetes con presunta sustancia ilícita y la captura de dos ciudadanos colombianos marcaron una operación ejecutada en aguas del sur de Punta Burica, en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí.

El procedimiento ocurrió durante la madrugada cuando las autoridades interceptaron una embarcación que navegaba con dos tripulantes y varios bultos, en medio de labores de patrullaje y control del tráfico marítimo ilícito.

La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Chiriquí y el Servicio Nacional Aeronaval participaron en la diligencia que permitió asegurar los paquetes y detener a los dos ocupantes de la nave.

Las autoridades ubicaron la embarcación al sur de Punta Burica, una zona marítima situada frente al distrito de Barú.

Tras la revisión, los agentes encontraron los bultos con la presunta sustancia ilícita y trasladaron el caso a las instancias competentes.

La intervención formó parte de las acciones de vigilancia desplegadas contra las rutas usadas para el traslado de droga por mar.

La investigación deberá determinar el origen de la sustancia, el destino de la embarcación y la posible participación de otras personas.

Mientras, un colombiano de 52 años quedó bajo detención provisional en Panamá Oeste por su presunta vinculación con el cultivo de plantas destinadas a producir droga ilícita y la posesión ilícita de armas de fuego.

La medida se resolvió durante una audiencia de solicitudes múltiples. La Fiscalía pidió la legalización de la aprehensión, la formulación de cargos y la aplicación de una medida cautelar.

El Juzgado de Garantías admitió las peticiones tras considerar los riesgos procesales expuestos por el Ministerio Público. Entre ellos figuraron el peligro de fuga y el riesgo para la comunidad por la naturaleza de los hechos investigados.

El caso surgió a partir de un allanamiento realizado por la Sección de Atención Primaria de Arraiján, con apoyo de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional.

Durante esa diligencia, las autoridades encontraron 30 plantones de presunta sustancia ilícita en la residencia del imputado. También ubicaron una escopeta, 10 municiones calibre 12 y 34 municiones compatibles con armas calibre 9 mm.

La Fiscalía de Adolescentes de Chiriquí obtuvo la detención provisional de un adolescente de 17 años, imputado por su presunta relación con los delitos de comercialización de drogas y asociación ilícita para delinquir.

La decisión se tomó en una audiencia de control de garantías ante un Juzgado Penal de Adolescentes. La Fiscalía presentó elementos de convicción sobre la comisión del hecho y la posible participación del joven.

El tribunal legalizó la aprehensión, admitió la formulación de cargos y ordenó la medida cautelar por el término establecido en la ley. El expediente está relacionado con diligencias en el distrito de Bugaba.

Según el material presentado por las autoridades, durante el procedimiento judicial se ubicaron sustancias ilícitas y dinero autorizado en poder de la persona investigada. No se detalló la cantidad de droga ni el monto de efectivo asegurado.

Un operativo de la Policía Nacional en Puerto Cortés, departamento de Cortés, permitió el decomiso de aproximadamente 1.300 libras de supuesta marihuana y la detención de tres hombres investigados por presunto tráfico ilícito de drogas agravado.

La acción fue ejecutada por la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), unidad especializada en investigación de delitos de narcotráfico, en coordinación con otras unidades de la institución, como parte de labores de seguimiento y vigilancia.

Según el informe preliminar de las autoridades, los agentes inspeccionaron un microbús durante el operativo y hallaron en su interior 28 fardos rectangulares con la sustancia identificada de manera preliminar como marihuana.

Como resultado de la operación, la Policía Nacional informó la detención de tres hombres de 29, 55 y 68 años, requeridos por los agentes durante la intervención.

Los tres sospechosos fueron trasladados para continuar con el procedimiento correspondiente y serán puestos a disposición de las autoridades competentes para que se determine su situación jurídica. La institución policial indicó que son señalados preliminarmente por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico ilícito de drogas agravado, aunque su responsabilidad penal deberá ser establecida mediante el proceso legal.

Tres hombres detenidos

Como parte de las primeras líneas de investigación, las autoridades indicaron que el cargamento presuntamente estaría relacionado con integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), organización criminal de origen centroamericano. Según la información policial, la droga habría sido movilizada para ser distribuida en diferentes sectores de la zona norte del país. Este señalamiento forma parte de las hipótesis que manejan los investigadores en esta etapa inicial.

El decomiso fue posible mediante operaciones focalizadas de seguimiento y vigilancia que permitieron identificar e intervenir el vehículo. La sustancia será sometida a los análisis correspondientes para determinar oficialmente su naturaleza, como parte de las pruebas que serán incorporadas a la investigación.

Los investigadores mantienen abiertas varias líneas para determinar el origen del cargamento, su destino, el nivel de participación de cada uno de los detenidos y si existen otras personas vinculadas a la operación. Las autoridades también deberán establecer si el cargamento estaba destinado al mercado local o si formaba parte de una operación de mayor alcance dentro de la zona norte.

La Policía Nacional indicó que continuará desarrollando operaciones contra estructuras y personas presuntamente dedicadas al tráfico de drogas mediante labores de inteligencia, vigilancia y seguimiento en distintos puntos del territorio hondureño.

Mientras las autoridades avanzan con las investigaciones, el cargamento decomisado permanecerá bajo los procedimientos legales correspondientes para establecer con precisión la naturaleza de la sustancia, su procedencia y el destino que tendría.

A la vez, los investigadores mantienen abiertas las pesquisas para determinar si detrás de este traslado existe una estructura más amplia y si otras personas estarían vinculadas con la operación.

El hallazgo se produjo específicamente en el sector de Campamento, donde efectivos militares identificaron un área de aproximadamente una manzana y media de terreno utilizada presuntamente para el cultivo de estas plantas. En el lugar fueron contabilizados alrededor de 8,250 arbustos de supuesta hoja de coca, según el reporte divulgado por las autoridades.

El operativo fue ejecutado por efectivos del Décimo Quinto Batallón de Fuerzas Especiales, unidad de las Fuerzas Armadas que realizó labores de reconocimiento y patrullaje para ubicar el cultivo en medio de una zona de difícil acceso.

De acuerdo con la información proporcionada por las FFAA, las operaciones forman parte de las acciones destinadas a reforzar la lucha contra el narcotráfico y otras actividades ilícitas que se desarrollan en sectores montañosos y de difícil acceso del territorio hondureño.

“Mediante labores de reconocimiento, las FFAA localizaron un área aproximada de una manzana y media en el sector montañoso de Campamento, municipio de Iriona, departamento de Colón, donde se contabilizó un estimado de 8,250 plantas de supuesta hoja de coca”, comunicaron las autoridades.

El hallazgo representa una nueva acción de las instituciones de seguridad hondureñas contra los cultivos vinculados presuntamente al narcotráfico, particularmente en regiones donde las condiciones geográficas dificultan el acceso de las autoridades.

Las FFAA señalaron que la ubicación del cultivo fue posible gracias a los patrullajes de largo alcance y las labores de reconocimiento realizadas por los militares desplegados en la zona. Estas operaciones permiten identificar áreas utilizadas para actividades relacionadas con la producción de sustancias ilícitas.

El Décimo Quinto Batallón de Fuerzas Especiales tuvo a su cargo las labores operativas en el sector montañoso de Campamento. Los efectivos realizaron recorridos e investigaciones en el área hasta lograr determinar la ubicación del terreno donde se encontraban las plantas.

Las autoridades indicaron que, además de localizar el cultivo, las acciones buscan mantener y fortalecer la presencia institucional en zonas consideradas de difícil acceso. La presencia de unidades especializadas permite realizar patrullajes y reconocimientos en áreas donde pueden establecerse cultivos ilícitos alejados de los principales centros poblados.

En su comunicación, las Fuerzas Armadas reiteraron que este tipo de operaciones están orientadas a fortalecer las acciones contra las actividades vinculadas al narcotráfico y a impedir que estas estructuras utilicen sectores montañosos para desarrollar sus operaciones.

Tras el hallazgo, las autoridades informaron que el cultivo será erradicado, como parte del procedimiento aplicado ante la localización de plantaciones de presunta hoja de coca en el territorio nacional.

El departamento de Colón, por su ubicación geográfica y sus extensas zonas rurales y montañosas, ha sido escenario de operaciones de seguridad relacionadas con el combate al narcotráfico. En este caso, el despliegue se concentró en el municipio de Iriona, específicamente en el sector de Campamento.

Las FFAA destacaron que el resultado fue producto de la coordinación y permanencia de sus efectivos en el terreno, quienes realizaron los patrullajes necesarios para ubicar el área donde se encontraban las 8,250 plantas de presunta hoja de coca.

Por ahora, la información oficial difundida sobre el operativo se concentra en la localización del cultivo, su extensión aproximada y la cantidad estimada de plantas encontradas. Las autoridades no informaron sobre personas detenidas durante esta operación ni sobre otros elementos relacionados con el hallazgo.

Un empleado de la Municipalidad de Montes de Oro, en la provincia de Puntarenas, fue detenido por agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) como sospechoso de utilizar su propia vivienda para comercializar crack y marihuana.

El operativo se desarrolló en una casa ubicada en la comunidad de Miramar de Montes de Oro, luego de que los agentes antidrogas mantuvieran abierta una investigación durante varios meses.

Según informó el Ministerio de Seguridad Pública, el detenido es un hombre de apellido Salas, de 57 años, quien laboraba para la municipalidad del mismo cantón donde residía.

Las autoridades sospechan que el funcionario utilizaba la vivienda intervenida como punto para desarrollar la presunta venta ilegal de sustancias ilícitas.

Tras recopilar información durante la investigación, los oficiales de la PCD realizaron el allanamiento con apoyo de efectivos de la Fuerza Pública, quienes colaboraron con la seguridad durante la intervención.

Dentro del inmueble, los agentes localizaron varias dosis de crack y marihuana, según el reporte policial.

Además, decomisaron dinero en efectivo y diferentes utensilios presuntamente utilizados para la preparación y dosificación de las drogas, elementos que serán incorporados como evidencia dentro de la investigación que ahora continuará en sede judicial.

Investigación se extendió durante varios meses

De acuerdo con la información divulgada por Seguridad Pública, la captura fue producto de varios meses de labores de investigación desarrolladas por la Policía de Control de Drogas.

Las diligencias permitieron identificar al sospechoso y determinar el inmueble que presuntamente utilizaba para comercializar los estupefacientes.

La PCD es el cuerpo policial especializado del Ministerio de Seguridad Pública encargado de investigar delitos relacionados con el tráfico local e internacional de drogas. En este caso, la pesquisa se concentró en una aparente actividad de venta de sustancias a pequeña escala dentro del cantón puntarenense.

Las autoridades no detallaron en su informe inicial las cantidades exactas de crack y marihuana decomisadas ni el monto del dinero en efectivo localizado durante el allanamiento.

Una vez finalizadas las diligencias dentro de la vivienda, Salas fue puesto a disposición de la Fiscalía de Puntarenas, instancia que continuará con el proceso correspondiente y determinará las solicitudes que presentará ante los tribunales.

Podría enfrentar penas de hasta 15 años

El Ministerio de Seguridad Pública recordó que el delito de venta de drogas puede ser sancionado en Costa Rica con penas de entre ocho y 15 años de prisión, dependiendo de las circunstancias establecidas durante el proceso judicial.

Por tratarse de una investigación en desarrollo, el funcionario municipal permanece en condición de sospechoso, mientras el Ministerio Público avanza con la causa y se determina su situación jurídica.

La captura llama particularmente la atención debido a que el detenido trabajaba para la Municipalidad de Montes de Oro, institución pública correspondiente al mismo cantón donde se realizó el allanamiento.

Sin embargo, la información policial suministrada hasta el momento no detalla qué puesto desempeñaba Salas dentro del gobierno local, desde cuándo laboraba para la institución o si las actividades investigadas guardaban alguna relación con sus funciones municipales.

El operativo se desarrolló en Miramar, cabecera del cantón de Montes de Oro, y contó con la participación conjunta de agentes especializados de la PCD y oficiales de Fuerza Pública.

Las sustancias, el dinero y los demás objetos localizados fueron decomisados como parte de las evidencias que serán remitidas a las autoridades judiciales.

Ahora corresponderá a la Fiscalía de Puntarenas continuar con la investigación y establecer las actuaciones judiciales contra el funcionario, mientras se determina si existen otros elementos o personas relacionadas con la presunta actividad de comercialización de drogas investigada por las autoridades.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este jueves una queja de la defensa de Facundo Leal y dejó firme el procesamiento del extitular de ARSAT y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) en la causa en la que está acusado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La decisión fue firmada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar, integrantes de la Sala I del máximo tribunal penal federal del país. Leal tiene prisión preventiva, pero la cumple en su domicilio con tobillera electrónica.

El exfuncionario fue procesado como presunto autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y se le trabó un embargo por $30 millones.

La investigación se inició a partir de un allanamiento realizado en el departamento de Leal, en Palermo, en el marco de otra causa penal vinculada con una supuesta defraudación en ARSAT. Allí se encontraron USD 650.000, monedas de seis países, 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis y 15 cucharas.

La defensa sostuvo que las sustancias eran para consumo personal y presentó certificados médicos para cuestionar la hipótesis de comercialización. Leal quedó detenido, fue procesado con prisión preventiva y luego obtuvo el arresto domiciliario para poder tratar su adicción a las drogas.

Las otras causas del ex funcionario mendocino

Leal, oriundo de Mendoza, presidió ARSAT durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei y está imputado en una causa que tramita ante el Juzgado Federal N.º 2 de San Isidro, a cargo del juez Lino Mirabelli, por presuntas irregularidades en la contratación de un predio para almacenar bienes del organismo.

El caso comenzó a investigarse a raíz de un robo detectado el 4 de enero de 2024 en un predio de la localidad bonaerense de San Fernando, donde se guardaban materiales tecnológicos de alta complejidad pertenecientes a la empresa estatal. A partir de ese episodio, los investigadores detectaron una serie de presuntas irregularidades en las contrataciones de los servicios de almacenamiento y logística.

La pesquisa judicial se centró en el vínculo comercial entre ARSAT y la compañía privada Argentina Logistic Services (ALS). Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, habría existido un acuerdo ilegal entre directivos estatales y empresarios para direccionar la adjudicación de contratos de custodia y traslado de bienes estratégicos.

Por esas prestaciones bajo sospecha, se emitieron al menos 14 órdenes de compra por un monto total superior a USD 1,9 millones y $40 millones.

En 2025, Leal pasó al ORSNA, pero renunció en febrero de 2026. También tiene abierta otra causa penal en el fuero federal porteño por supuesto enriquecimiento ilícito.

En ese expediente se lo acusa, además, de haber provocado un “desplazamiento sistemático de los gerentes de carrera -agentes idóneos y de planta permanente- para reemplazarlos por personas de su entorno, ajenas a la especificidad técnica del organismo, con el objeto de concentrar y controlar la toma de decisiones”.

La investigación está a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.

Un operativo de la Policía Federal Argentina y la Aduana permitió secuestrar 52 kilos de MDMA ocultos en una camioneta importada desde Bélgica, con un valor estimado de 2,34 millones de dólares. El hallazgo se produjo en la Terminal de Zárate y derivó en siete allanamientos y la detención de tres sospechosos.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que la investigación comenzó en marzo de este año, cuando la DEA de Estados Unidos alertó sobre maniobras para introducir grandes cantidades de drogas sintéticas en la Argentina. A partir de esa información, los investigadores avanzaron sobre la estructura de la organización y las personas involucradas en la recepción y la logística del cargamento.

Con intervención del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, a cargo de Gustavo Meirovich, la Secretaría Nº 4, a cargo de Gonzalo Acuña, la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nº 3 y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), personal especializado de la PFA y de la Aduana identificó una furgoneta Opel Combo que había ingresado al país por vía marítima desde el puerto de Amberes.

En la Terminal de Zárate, los agentes escanearon el vehículo con rayos X. Las imágenes revelaron densidades anómalas compatibles con materia orgánica en distintos sectores, por lo que realizaron una inspección exhaustiva.

Primero encontraron 20 kilos de una sustancia sólida, granulada y cristalina. Luego, al desmontar otros sectores de la camioneta, hallaron otros 32 kilos. Según las fuentes consultadas, los análisis determinaron que se trataba de MDMA de máxima pureza.

Tras el hallazgo, el juzgado ordenó siete allanamientos: seis en la Ciudad de Buenos Aires y uno en Salta. Durante los procedimientos fueron detenidos tres hombres: un argentino, un venezolano y un mexicano.

Uno de los sospechosos había ingresado al país para intervenir en la recepción del vehículo, mientras que los otros cumplían distintas funciones vinculadas con la operatoria y la logística de la organización, de acuerdo con la información policial.

Los detenidos están acusados de contrabando agravado. En los procedimientos también se secuestraron teléfonos celulares, documentación y otros elementos de interés para la causa, que serán sometidos a peritajes.

Además, la Justicia dispuso una orden de captura internacional contra otro ciudadano mexicano, señalado por su presunta participación en la coordinación del retiro y posterior traslado de la camioneta.

Según indicaron fuentes oficiales, la maniobra coincide con una de las tendencias que la Aduana advierte en el narcotráfico internacional: mientras la cocaína suele salir de Sudamérica con destino a Europa, drogas sintéticas como la MDMA ingresan a la región desde el continente europeo.

Tras el operativo, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, afirmó en sus redes sociales que se trató del “mayor secuestro de drogas sintéticas de la historia argentina”.

“Incautamos 52 kilos de MDMA de máxima pureza. Con eso podían fabricar cerca de un millón de pastillas de éxtasis por un valor de 25 mil millones de pesos”, sostuvo la funcionaria.

En ese contexto, la ministra se refirió al valor potencial de las pastillas que, según su estimación, podían elaborarse con la sustancia incautada, mientras que la valuación de 2,34 millones de dólares corresponde al cargamento secuestrado.

“Así trabajamos: desbaratamos la maniobra, secuestramos la droga y atrapamos a los narcos”, agregó Monteoliva en su cuenta de X. Y cerró: “El que las hace, las paga”.

Un martes por la mañana en San Francisco, Christina Lacourte abrió con un gancho de ropa la puerta cerrada del cuarto de su hijo. Lo encontró con el rostro azulado y fluido negro en la boca y la nariz.

Los dos antídotos de Narcan que guardaba en la cocina no alcanzaron. Dante Paul Lacourte tenía 16 años y su muerte desató una alerta que la ciudad no esperaba.

La autopsia no mencionó el fentanilo. Introdujo, en cambio, una palabra nueva: cychlorphine o cicloorfina en español. Es un opioide sintético que ya circulaba en Europa y la costa este de Estados Unidos, tal como informó el New York Times.

San Francisco viene de atravesar años devastadores por el fentanilo, responsable de más de 4.000 muertes por sobredosis desde 2020. Ahora el reporte forense de Dante es el primer documento oficial de la ciudad que registra la presencia de cicloorfina.

Más potente, más difícil de detener

Las tiras reactivas disponibles en el mercado identifican fentanilo, pero no cicloorfina. Revertir sus efectos requiere múltiples dosis de naloxona, utilizada para tratar una sobredosis, mientras que la mayoría de las personas lleva consigo solo una o dos.

Diecisiete días después de la muerte de Dante, las autoridades sanitarias convocaron una conferencia de prensa para advertir sobre la presencia de esta droga en el mercado ilegal local.

De los laboratorios de los 60 a las cocinas clandestinas

La cicloorfina fue sintetizada en Bélgica en la década de 1960 como parte de la búsqueda de analgésicos potentes para enfermedades como el cáncer óseo.

Nunca recibió aprobación para uso médico por considerarse demasiado peligrosa. Su fórmula, publicada en revistas científicas, hoy circula en la internet profunda.

Keith Humphreys, profesor de psiquiatría en Stanford y ex asesor de política antidrogas de la administración Obama, explicó al New York Times que fabricarla no requiere grandes recursos.

“No hace falta ser una gran farmacéutica”, agregó. A diferencia de la cocaína o la heroína, la cicloorfina no necesita tierras de cultivo ni infraestructura industrial.

Humphreys identificó dos perfiles de consumidor: quienes, con alta tolerancia al fentanilo, buscan activamente una sustancia más potente, y quienes la ingieren sin saberlo en pastillas adulteradas.

También advirtió que la peor forma de detectar una droga nueva en una ciudad es a través de una autopsia.

Como alternativa, recomendó el análisis de aguas residuales. San Francisco abandonó ese monitoreo en 2024 por falta de financiamiento federal y lo retomó en julio; este otoño comenzará a publicar sus hallazgos.

Cómo una red de dealers llegó hasta un chico de 16 años

Dante y su hermano gemelo, Marco Lacourte, nacieron el 1 de octubre de 2009. La familia vivía entre Sausalito, donde residía su padre Ludovic Lacourte, y San Francisco, donde vivía su madre. El divorcio de sus padres en 2017 marcó un quiebre en la vida del adolescente.

Dante fue diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), ansiedad y depresión. A los 13 años comenzó a consumir marihuana. Poco después, adquiría pastillas de Xanax y Percocet a través de Snapchat.

Sus padres lo sometieron a múltiples terapias y tres programas de rehabilitación, ninguno con resultados duraderos.

Leo Wingate, amigo de 19 años, fue la última persona que lo vio con vida. Esa noche hablaron de una posible excursión de pesca. Wingate lo dejó en el apartamento de madrugada y no volvió a saber de él. “Solo era un chico tratando de sentirse mejor”, dijo al New York Times.

Su padre reconoció ante el mismo medio haberse sentido atrapado en una situación sin salida. “Hay que ganar tiempo”, aseguró Ludovic, con la convicción de que la única estrategia posible era mantener a Dante con vida hasta que él mismo encontrara la forma de salir.

Cuatro sospechosos fueron arrestados y se incautaron 20.000 pastillas

La investigación avanzó a partir del teléfono celular de Dante y las pastillas halladas en el apartamento. Los detectives revisaron los mensajes que había intercambiado antes de morir y enviaron agentes encubiertos a comprar sustancias a los sospechosos.

La Policía de San Francisco (SFPD) detuvo a Nicholas Wallace, de 46 años, en el barrio Tenderloin, donde encontró 34 pastillas de oxicodona y cocaína.

En el mismo domicilio arrestó a Sharonee Hyson, de 44 años, que cumplía libertad condicional y tenía cocaína base y un arma cargada.

Días después, Leander Pitts, de 46, y Starr Lamare, de 39, cayeron en Bayview-Hunters Point con 20.000 pastillas —entre ellas, falsificaciones de Xanax y oxicodona—, fentanilo, un rifle semiautomático, una pistola y efectivo.

Los cuatro enfrentan múltiples cargos graves por narcotráfico y tenencia de armas. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) realiza pruebas urgentes sobre las pastillas incautadas para determinar si contienen cicloorfina.

La fiscal del distrito, Brooke Jenkins, adelantó que evaluará acusaciones más graves si la investigación logra establecer quién le vendió la pastilla fatal a Dante.

La SFPD también advirtió que pastillas de operativos anteriores, sin relación con este caso, ya dieron positivo para cicloorfina. El hallazgo indica que la droga circula en la ciudad a través de más de un canal de distribución.

Cada mañana lo enciende, cada noche lo apaga

Christina recibió una llamada del alcalde Daniel Lurie el viernes por la tarde. El funcionario prometió “gritar desde los tejados” sobre el peligro que representan las pastillas falsificadas para los adolescentes, según contó la mujer.

Esa misma jornada, siguió la conferencia de prensa de la fiscal desde un rincón del fondo de la sala.

En el apartamento, Christina deshizo casi todo el mobiliario del cuarto donde murió su hijo. Conservó una sola cosa: el letrero de neón con la palabra “Open” que Dante había pedido como regalo de cumpleaños en sexto grado. Cada mañana lo enciende. Cada noche lo apaga. Con cada movimiento del interruptor, piensa en él.

La operación Poseidón permitió la aprehensión de 12 personas presuntamente vinculadas con una organización criminal de alcance nacional y transnacional, investigada por delitos relacionados con drogas, blanqueo de capitales, homicidio, tentativa de homicidio y posesión ilegal de armas de fuego.

Las autoridades mantienen la búsqueda de otras cinco personas requeridas dentro del mismo expediente. La investigación comenzó en 2021, después de que varios decomisos de cargamentos permitieran obtener información sobre los posibles integrantes y la forma en que operaba la estructura delictiva.

Durante el operativo fueron ejecutadas 48 diligencias de allanamiento en Panamá, Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro. En las acciones participaron las Fiscalías Superiores Especializadas contra la Delincuencia Organizada, junto con unidades de investigación, inteligencia policial y vigilancia aeronaval.

Entre los bienes incautados se encuentran ocho vehículos, siete embarcaciones, dos motores fuera de borda, una finca y sustancias ilícitas. Las autoridades también ubicaron teléfonos celulares y otros dispositivos que serán examinados para identificar comunicaciones y posibles indicios relacionados con los delitos investigados.

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El balance del Servicio Nacional Aeronaval incluye $6,773.91 en efectivo, un arma de fuego y 34 municiones sin detonar. Además, fueron decomisados 41 celulares, cinco tabletas, cuatro computadoras portátiles, un teléfono satelital, tres radios de comunicación y tres dispositivos GPS.

De acuerdo con información obtenida durante la investigación, la organización recibía cargamentos de droga procedentes de Colombia y posteriormente los enviaba hacia Estados Unidos y Europa.

Las autoridades también investigan el movimiento del dinero generado por estas actividades y su posible incorporación al sistema financiero mediante operaciones de blanqueo.

Entre los presuntos integrantes figura Carlos Pitano, detenido en Bocas del Toro y señalado por la Fiscalía como uno de los posibles líderes de la organización. El investigado ya había sido aprehendido durante la operación Fortaleza, que dejó 25 detenidos por una investigación sobre conspiración para introducir drogas.

En aquel proceso, un juez de garantías le concedió una medida cautelar que le impedía salir de la provincia de Los Santos. Sin embargo, las autoridades no lo encontraron en su residencia ni lograron contactarlo, por lo que emitieron una orden de captura y posteriormente se ordenó su detención provisional.

La operación Poseidón fue desarrollada por la Policía Nacional y el Servicio Nacional Aeronaval, bajo la coordinación del Ministerio Público. Las diligencias estuvieron apoyadas por la Dirección de Investigación Judicial y la Dirección de Inteligencia Policial, como parte de las acciones dirigidas a desarticular la presunta estructura y obtener elementos de convicción.

Las 12 personas aprehendidas quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras continúan las diligencias para determinar la participación individual de cada investigado. La Fiscalía deberá presentar ante los tribunales los indicios recopilados y sustentar los delitos atribuidos a los integrantes de la organización.

La operación se desarrolló en medio de otros decomisos efectuados contra el tráfico de sustancias ilícitas en el país. El 6 de septiembre, agentes del Servicio Nacional de Fronteras encontraron 100 paquetes de presunta droga dentro de un doble fondo construido en un vehículo inspeccionado en Chiriquí.

El automóvil fue perfilado en el Puesto de Control Integral de San Isidro por unidades de la Cuarta Brigada Occidental y la Dirección de Antinarcóticos. Un conductor de 43 años fue aprehendido y quedó, junto con los paquetes encontrados, a disposición de las autoridades para los trámites correspondientes.

Los paquetes permanecen bajo custodia mientras se realizan las pruebas destinadas a determinar el tipo y el peso exacto de la sustancia.

Entre enero y julio de 2026, las autoridades panameñas incautaron 60.04 toneladas de drogas en todo el territorio nacional, según el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales. De ese total, 37.81 toneladas correspondieron a cocaína y 22.11 toneladas a marihuana.

Colón encabezó los decomisos durante ese periodo con 16.73 toneladas, seguida por Panamá Oeste con 14.05 toneladas y Panamá con 11.13 toneladas. Chiriquí acumuló 9.62 toneladas, una cifra que la ubicó en la cuarta posición nacional entre las provincias con mayores incautaciones de sustancias ilícitas.

Una denuncia anónima sobre el posible traslado de un cargamento de droga llevó a elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) hasta una camioneta en la delegación de El Centenario, donde localizaron 217 litros 464 mililitros de clorhidrato de metanfetamina distribuidos en 52 bidones.

El conductor, identificado como César “N”, fue detenido y posteriormente vinculado a proceso por su probable participación en un delito contra la salud, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Baja California Sur, presentó los datos de prueba ante el juez de Control, quien determinó que existían elementos suficientes para iniciar el proceso penal.

Como medida cautelar, el juzgador impuso prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Una denuncia llevó a los agentes hasta El Centenario

De acuerdo con la información difundida por la FGR, la investigación comenzó luego de que ciudadanos presentaran una denuncia anónima en la que se advertía que una persona acudiría a una empresa de paquetería para recoger lo que posiblemente sería un narcótico.

A partir de esa información, agentes de la PFM realizaron labores de seguimiento al vehículo relacionado con el reporte. Se trataba de una camioneta plateada, en la que viajaba César “N”.

Los elementos federales siguieron la unidad hasta El Centenario, delegación ubicada aproximadamente a 10 kilómetros de la mancha urbana de La Paz, donde finalmente procedieron a interceptarla.

La revisión del vehículo contó con el apoyo de un binomio canino. Durante la inspección fueron localizados 52 bidones que contenían la sustancia, los cuales se encontraban ocultos entre cajas de fertilizantes, de acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía.

En total, las autoridades aseguraron 217 litros 464 mililitros de clorhidrato de metanfetamina, cantidad que fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal junto con el detenido.

Tras la captura, el MPF realizó las diligencias correspondientes y solicitó los dictámenes periciales para determinar las características y el peso de la sustancia asegurada.

El detenido permanecerá en prisión mientras avanza el caso

Con los elementos recabados durante la investigación, la Fiscalía solicitó que César “N” fuera llevado ante un juez. En la audiencia inicial, el órgano jurisdiccional resolvió vincularlo a proceso y mantenerlo bajo prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

El plazo concedido para el cierre de la investigación complementaria permitirá a la Fiscalía realizar nuevas diligencias y reunir mayores elementos antes de que avance la causa penal.

El caso ocurre mientras la FGR mantiene investigaciones y procedimientos contra integrantes o presuntos integrantes de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en distintos puntos del país.

En Baja California, por ejemplo, recientemente se dio a conocer la sentencia contra Marco Antonio García Simental y/o Mario Alberto Rivera López, alias “El Cris”, identificado por las autoridades como uno de los primeros “pozoleros” del Cártel de los Arellano Félix.

Un juez federal le impuso 41 años de prisión por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de homicidio simple en grado de tentativa.

“El Cris” también es señalado como hermano mayor de Eduardo Teodoro García Pimentel, “El Teo”, quien fue uno de los principales operadores del grupo criminal en Baja California. Las investigaciones relacionaron a “El Cris” con la desaparición de cuerpos mediante el uso de ácido.

En la misma resolución, la FGR informó que José Barraza Benítez, alias “El Chepe”, recibió una condena de 26 años de prisión por delincuencia organizada, portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Mientras ese expediente corresponde a hechos investigados desde años atrás, el caso de César “N” permanece en una etapa inicial. La persona detenida debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra, de acuerdo con el principio de presunción de inocencia.

Las autoridades de República Dominicana interceptaron una embarcación rápida con 595 paquetes de presunta cocaína en aguas ubicadas al sur de Punta Salinas, en el municipio de Baní, provincia de Peravia. Durante el operativo fueron detenidos tres extranjeros —dos colombianos y un venezolano—, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público por una presunta violación de la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

La operación estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Armada de la República Dominicana (ARD) y la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD). Las instituciones actuaron bajo coordinación del Ministerio Público y con apoyo de organismos de inteligencia del Estado, la Fuerza de Tarea Interagencial Sur y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

El cargamento fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), que deberá establecer mediante análisis el tipo de sustancia y el peso exacto de los paquetes ocupados.

El operativo comenzó tras una alerta de inteligencia sobre una embarcación sospechosa

Según el reporte de la DNCD, las fuerzas de seguridad recibieron información sobre una lancha que se acercaba a las costas dominicanas con un posible cargamento de narcóticos procedente de Sudamérica.

A partir de esa alerta, las autoridades desplegaron un dispositivo por aire, mar y tierra. Las aeronaves de la Fuerza Aérea realizaron tareas de vigilancia, seguimiento y localización, mientras que las unidades marítimas de la Armada participaron de la persecución y posterior intercepción.

El coronel piloto Manuel Gómez, director de comunicaciones de la Fuerza Aérea, señaló que la institución brindó apoyo aéreo a la DNCD durante el desarrollo de la operación. El capitán de navío Isaac Rodríguez, director de comunicaciones de la Armada, indicó que los equipos de superficie interceptaron la nave cuando intentaba ingresar a las aguas jurisdiccionales del país.

La embarcación fue detenida tras varias horas de seguimiento

La lancha fue localizada a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas. De acuerdo con la información oficial, se trataba de una nave tipo Go Fast de 32 pies de eslora, unos 9,8 metros, equipada con dos motores de 115 caballos de fuerza cada uno.

Este tipo de embarcaciones suele ser utilizado por organizaciones dedicadas al traslado marítimo de cargamentos ilícitos entre distintos puntos del Caribe. La DNCD sostuvo que las redes investigadas emplean lanchas rápidas para transportar sustancias desde Sudamérica hacia el territorio dominicano.

Tras la intercepción, los agentes abordaron la embarcación y detuvieron a los tres ocupantes. Las autoridades no difundieron las identidades de los arrestados ni precisaron el punto de partida de la lancha.

Hallaron 24 pacas con 595 paquetes envueltos en cinta adhesiva

Durante la inspección de la nave, los agentes encontraron 24 pacas que contenían 595 paquetes de presunta cocaína. Según la DNCD, los envoltorios estaban cubiertos con cinta adhesiva y tenían distintos logotipos, una modalidad que suele ser objeto de análisis en las investigaciones para establecer posibles vínculos entre cargamentos y estructuras criminales.

Carlos Devers, director de comunicaciones de la DNCD, confirmó que el decomiso se produjo durante una intervención conjunta de las fuerzas de seguridad. El organismo aclaró que la identificación definitiva de la sustancia dependerá de los peritajes del INACIF.

Además de los paquetes, las autoridades decomisaron cinco tanques de combustible, un garrafón adicional, un dispositivo GPS, cinco teléfonos celulares, un pasaporte colombiano, una mochila con prendas de vestir y otros elementos que serán incorporados a la investigación.

Los teléfonos, el GPS y la documentación incautada quedaron bajo análisis para determinar la ruta prevista por la embarcación, los contactos de los detenidos y la posible participación de otras personas en la operación.

El Ministerio Público busca identificar a otros integrantes de la red

La DNCD y el Ministerio Público informaron que continúan las investigaciones para ubicar y detener a otras personas que podrían estar vinculadas con el traslado del cargamento. La pesquisa apunta a establecer la estructura logística que habría permitido la salida de la embarcación, su recorrido marítimo y el eventual destino final de la droga.

Los tres detenidos enfrentan una investigación por presuntas infracciones a la legislación dominicana sobre narcóticos y sustancias controladas. La autoridad antidrogas indicó que los procedimientos judiciales avanzarán conforme se incorporen los resultados de los análisis forenses.

En una declaración difundida tras el operativo, la DNCD sostuvo que la coordinación con agencias aliadas permite reforzar la vigilancia de las rutas marítimas empleadas por organizaciones de narcotráfico en el Caribe.

La DNCD señaló que durante 2026 las autoridades dominicanas decomisaron más de 29 toneladas de distintas sustancias ilícitas en operativos ejecutados en puertos, aeropuertos, la frontera, las costas y otros puntos del territorio nacional. El organismo atribuyó esos resultados al despliegue de operaciones de interdicción y a la cooperación con otras instituciones nacionales e internacionales.

El presidente de Colombia Abelardo de la Espriella difundió este domingo 13 de septiembre de 2026 un balance de operaciones de la fuerza pública efectuadas en la jornada del sábado 12 de septiembre de 2026, con 19 capturas, un sometimiento a la justicia y decomisos de droga, armas y municiones en varios departamentos del país.

En una publicación en X, el mandatario colombiano afirmó que las autoridades mantienen una ofensiva contra estructuras armadas y redes de narcotráfico. “La ofensiva de nuestra Fuerza Pública no se detiene”, escribió al inicio de su mensaje.

Uno de los hechos mencionados ocurrió en San Andrés de Cuerquia, Antioquia, donde, según el balance, unidades del Ejército Nacional se enfrentaron a integrantes de la estructura 36 de las disidencias de las Farc. El reporte señala que un presunto miembro de ese grupo murió durante el combate y otro resultó herido y fue capturado.

Reportaron decomisos de marihuana y cocaína en cuatro municipios

De la Espriella también informó de incautaciones de estupefacientes en Sibaté (Cundinamarca), Pereira (Risaralda), La Pintada y La Tebaida (Quindío). El total reportado incluye 1.430 kilogramos de marihuana en el municipio de Cundinamarca y otros 1.786 kilogramos en la capital de Risaralda.

A esas cantidades se sumaron 394 kilogramos de marihuana incautados en La Pintada, Antioquia, y 653 kilogramos de cocaína ubicados en La Tebaida, Quindío. En conjunto, las autoridades contabilizaron más de 4.200 kilogramos de sustancias ilegales en los procedimientos reseñados.

El presidente señaló que los operativos hacen parte de una estrategia contra las economías ilegales. “Seguimos golpeando el narcotráfico”, indicó en la publicación.

Hallaron un depósito atribuido al Clan del Golfo en Zaragoza

El balance incluyó el hallazgo de un depósito ilegal que las autoridades atribuyeron al Clan del Golfo en Zaragoza, Antioquia. Allí habrían encontrado 1.881 municiones, 19 proveedores y 2 ametralladoras.

En Sevilla y Tuluá, Valle del Cauca, fueron detenidos cuatro presuntos integrantes del Frente 57 Yair Bermúdez. Entre los capturados, según el reporte, hay dos personas señaladas como cabecillas de zona.

De la Espriella agregó que desde el 7 de agosto se han registrado 18.750 capturas, 1.940 armas de fuego incautadas y 1.746,5 hectáreas de coca erradicadas. El mensaje cerró con la promesa de mantener las operaciones contra “estructuras, armas, finanzas y economías criminales”.

Abelardo de la Espriella anunció la captura de tres presuntos integrantes de las ACS

Por otra parte, el presidente Abelardo de la Espriella reportó la captura de tres presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACS) en Bosconia, Cesar, durante una operación que, según indicó, buscó afectar las fuentes de financiación de esa estructura.

El mandatario señaló en una publicación en X que el procedimiento estuvo a cargo de la Policía Nacional, con apoyo de la Fiscalía General de la Nación. Entre los detenidos figuran alias El Pony, identificado como responsable financiero de zona, y alias El Niche, señalado como cabecilla en el municipio.

De acuerdo con el mensaje, alias El Pony coordinaba el recaudo de dinero producto de extorsiones en Bosconia. El esquema, aseguró De la Espriella, se apoyaba en créditos informales bajo las modalidades conocidas como “gota a gota” o “cobra diario”.

El presidente afirmó que los dos hombres estarían relacionados con cuatro ataques contra comerciantes. Según la información divulgada, los hechos incluyeron disparos contra viviendas y locales comerciales, con el propósito de intimidar a las víctimas y forzarlas a pagar exigencias económicas.

Durante el operativo, las autoridades incautaron un revólver, 66 municiones, tres proveedores para fusil, cinco panfletos atribuidos a las ACS, dos computadores, un radio de comunicación y tres teléfonos celulares.

“Vamos por los cabecillas, los cobradores, las armas y cada peso”, sostuvo De la Espriella al referirse a la estrategia contra la extorsión. El mandatario calificó esa actividad como una de las principales vías de financiación de los grupos armados ilegales.

El pronunciamiento hizo énfasis en la situación de los comerciantes afectados por las exigencias de organizaciones criminales. “Al comerciante lo protege el Estado”, expresó el presidente.

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra operan en zonas de la región Caribe y han sido señaladas por las autoridades por hechos vinculados con extorsiones, amenazas y control de economías ilícitas.

Una organización que utilizaba vehículos para distribuir y vender sustancias ilícitas como si realizara entregas convencionales fue desarticulada en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, Panamá.

La denominada Operación Apple Delivery terminó con nueve personas condenadas, apenas un día después de las capturas efectuadas en el corregimiento de La Concepción.

La investigación apuntaba a que los integrantes movilizaban la droga en automóviles y coordinaban las entregas bajo una dinámica semejante a la de los servicios de mensajería. Los vehículos permitían trasladar los pedidos hacia distintos puntos, reducir el tiempo de permanencia en cada lugar y dificultar la identificación de una ubicación fija de venta.

La jueza de garantías Ana González validó los acuerdos de pena alcanzados entre la Fiscalía y las defensas y emitió la sentencia condenatoria número 613 del 11 de septiembre. Los nueve procesados, seis hombres y tres mujeres de entre 21 y 60 años, fueron responsabilizados por tres delitos diferentes.

El castigo más elevado recayó sobre un hombre de 21 años, condenado a 96 meses de prisión por venta de sustancias ilícitas. La decisión también ordenó el pago de una multa de 500 dólares con 83 centésimos, dinero que las autoridades vincularon con la actividad por la cual fue procesado.

Otros dos hombres, de 21 y 30 años, recibieron penas de 84 meses de prisión por el mismo delito. Ambos también fueron sancionados con 24 meses de inhabilitación para ejercer funciones públicas, medida que comenzará a aplicarse una vez que hayan cumplido la condena principal impuesta por el tribunal.

La sentencia incluyó a tres hombres de 22, 26 y 31 años, declarados responsables de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas. Las penas fueron fijadas en 62 y 60 meses de prisión, mientras que las sanciones accesorias incluyeron el comiso de cuatro automóviles y periodos de inhabilitación para funciones públicas.

El componente financiero de la operación quedó reflejado en las condenas impuestas a tres mujeres por blanqueo de capitales. Una mujer de 48 años recibió 60 meses de prisión y perdió siete vehículos mediante una orden de decomiso, una cantidad que muestra el peso atribuido a los automóviles dentro de la estructura.

Las otras dos procesadas, de 28 y 60 años, fueron condenadas a 48 meses de prisión, reemplazados por el pago de 400 dólares dentro de un plazo de seis meses. Para una se dispuso el decomiso de un automóvil y para la otra, 12 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La audiencia se extendió durante casi seis horas, desde las 10:09 de la mañana hasta las 3:52 de la tarde. El Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Ninfa González, Edgar Tamayo y Estefanía González, mientras que los sentenciados contaron con defensores públicos y abogados particulares durante el procedimiento.

Las aprehensiones se produjeron el 10 de septiembre durante un despliegue desarrollado en La Concepción, distrito de Bugaba. De acuerdo con el Órgano Judicial, las autoridades incautaron vehículos, equipos tecnológicos y dinero en efectivo, elementos utilizados posteriormente dentro de la causa penal y los acuerdos de pena.

El uso de automóviles como supuesto servicio de entrega muestra la capacidad del microtráfico para adoptar dinámicas comerciales cotidianas. La movilidad reduce la exposición de los vendedores y facilita variar recorridos, horarios y puntos de encuentro, mientras los teléfonos permiten coordinar pedidos sin mantener un puesto permanente fácilmente identificable por las autoridades.

No es la primera estructura detectada este año que intentaba camuflar la venta de droga detrás de una actividad lícita. En agosto, la operación Caballo de Troya descubrió que presuntos microtraficantes utilizaban puestos de buhonería como fachada en varios sectores del distrito populoso de San Miguelito.

Aquella intervención se desarrolló en Los Andes, Paraíso, Santa Marta, San José y La Gran Estación. Según informó la Procuraduria, siete personas fueron aprehendidas y se decomisaron dinero y sustancias ilícitas. En La Gran Estación, algunos investigados se presentaban como vendedores ambulantes cerca de áreas comerciales concurridas.

Apple Delivery y Caballo de Troya revelan dos formas distintas de ocultar operaciones de microtráfico: una basada en entregas móviles realizadas mediante automóviles y otra apoyada en puestos ambulantes. En ambos casos, la estrategia consistía en insertar la actividad ilícita dentro del movimiento cotidiano, aprovechando escenarios donde circular o entregar productos no despierta sospechas inmediatas.

En Apodaca, Nuevo León, una mujer identificada como Aranxa “N” fue asegurada en flagrancia en el Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo con 4 kilogramos de marihuana, además de 400 cigarros, 280 vapeadores de cannabis sativa y 40 vapeadores de THC.

La FGR informa también de un cateo en San Pedro Garza García dentro de la zona metropolitana de Monterrey, como parte de una investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el inmueble cateado se ubica en la avenida Roberto Garza Sada, en la colonia Valle de San Ángel, sector Francés, donde se aseguran vehículos de alta gama.

Dos mujeres escondieron un millón en caja de galletas

Lizzeth María Guadalupe Narváez Pérez y Beatriz Angélica Meraz Rincón fueron detenidas el 8 de septiembre en la carretera Nacional Monterrey-Ciudad Victoria, a la altura de Linares, Nuevo León, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Ambas transportaban más de un millón 56 mil pesos en efectivo ocultos en una mochila y no pudieron acreditar el origen legal del dinero ante las autoridades.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las detenidas serán imputadas por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero. Con ello, las dos mujeres quedaron a disposición de las autoridades federales tras la intervención.

Los agentes federales establecieron un punto de revisión sobre la vía que conecta Monterrey con Ciudad Victoria. Al detener el vehículo en que viajaban las dos mujeres, los elementos de la AIC procedieron a su inspección.

Durante la revisión, los agentes hallaron una mochila con un millón 56 mil pesos en efectivo. El dinero estaba oculto en una caja de galletas dentro de ese equipaje.

Ninguna de las dos mujeres pudo presentar documentación que acreditara la procedencia legal de la cantidad asegurada. Esa incapacidad de justificar el origen del efectivo fue el elemento central que derivó en su detención formal.

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La FGR señaló que la probable responsabilidad de Lizzeth Narváez Pérez y Beatriz Meraz Rincón se enmarca en el tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ese delito contempla penas de prisión para quienes trasladen, oculten o transfieran recursos de origen no comprobado.

Incineraron más de 600 kilos de narcóticos

Con el objetivo de dar cumplimiento al destino legal de narcóticos asegurados en diversas investigaciones, la Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo la incineración de 661 kilos 490 gramos 384 miligramos de narcóticos, cuatro mil 998 unidades de pastillas y 201 litros 748 mililitros de sustancias diversas.

Las sustancias incineradas fueron marihuana, metanfetamina, clorhidrato de cocaína, acetona, fentermina, clonazepam, clobenzorex, entre otras.

El procedimiento se realizó en las instalaciones del Recinto Ferial, en Charo, Michoacán, con el apoyo del Ministerio Público de la Federación (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Michoacán, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y personal pericial especializado en química forense, quienes participaron en la identificación, verificación y documentación del procedimiento.

En la diligencia estuvo presente personal del Órgano Interno de Control de la FGR, quien dio fe del pesaje y tipo de sustancias destruidas, ante la presencia de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Panamá cerró agosto con un promedio aproximado de dos homicidios diarios, una frecuencia que equivale a una muerte cada 15 horas. En los primeros ocho meses de 2026 fueron contabilizados 402 casos, frente a 385 en igual periodo de 2025, lo que representa 17 víctimas adicionales y un incremento del 4%.

El informe del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC), actualizado al 31 de agosto, precisa que 394 homicidios fueron intencionales y ocho no intencionales. La primera categoría aumentó 4%, al sumar 14 casos más que los 380 registrados durante el mismo periodo del año anterior.

Solo en agosto se reportaron 50 homicidios, cinco más que en igual mes de 2025. De ese total, 49 fueron intencionales y uno no intencional. Abril continúa como el mes más violento de 2026, con 62 casos, seguido de mayo con 56, marzo con 54 y julio con 51.

El promedio de las últimas seis semanas fue de 11 homicidios intencionales por semana, mientras que entre las dos más recientes se produjo un aumento del 67%, al pasar de nueve a 15. El SIEC ubicó el comportamiento nacional en una escala “significativamente alta”, condición que también atribuyó a la provincia de Panamá.

Las rencillas delincuenciales permanecieron como la principal causa identificada, con 137 homicidios, aunque disminuyeron 14% respecto de los 160 registrados en 2025. En contraste, los casos asociados con pandillerismo aumentaron 110%, al pasar de 30 a 63, la variación absoluta más pronunciada del periodo.

También crecieron los femicidios, de nueve a 16, un incremento del 78%, mientras que las muertes durante riñas subieron de 19 a 29. Los homicidios vinculados con robos pasaron de 19 a 23 y las rencillas personales aumentaron de 21 a 22, según la clasificación preliminar.

Los casos relacionados con ajustes de cuentas bajaron de 31 a 12; los vinculados con drogas o narcotráfico, de 15 a ocho; y los pasionales, de cinco a uno. Asimismo, 24 víctimas murieron como daño colateral, tres menos que en 2025, mientras 49 expedientes permanecían bajo investigación, nueve más que el año anterior.

Dentro de los homicidios intencionales también aparecen cuatro casos por evasión, cuatro por violencia doméstica, uno por cumplimiento del deber y uno por encargo. Entre los ocho hechos no intencionales, seis correspondieron a acciones policiales y dos a defensa. El informe no registró homicidios accidentales ni infanticidios durante el periodo.

La provincia de Panamá concentró 250 homicidios intencionales, 12 más que en 2025, seguida de Colón con 68, Panamá Oeste con 32 y Chiriquí con 19. Aunque Colón disminuyó 11% y Panamá Oeste 9%, Chiriquí experimentó un aumento del 138%, al pasar de ocho a 19.

Coclé duplicó sus casos, de seis a 12, y Los Santos pasó de uno a tres. Por el contrario, Veraguas registró la mayor reducción porcentual, con una caída del 67%, de seis a dos. Darién disminuyó de tres a dos, mientras Guna Yala y la comarca Emberá no reportaron casos.

Por distritos, Panamá encabezó la lista con 174 homicidios, seguido de San Miguelito con 73, Colón con 63 y Arraiján con 20. David y La Chorrera acumularon ocho casos cada uno, mientras Penonomé registró seis. Antón, Chagres y Chame contabilizaron cuatro homicidios cada uno.

En San Miguelito, los corregimientos con más casos fueron Belisario Frías con 21, Omar Torrijos con 15 y Arnulfo Arias Madrid con 13. En el sector este del distrito de Panamá sobresalieron Pedregal con 15, 24 de Diciembre con 14 y Tocumen con 10; mientras Cristóbal Este lideró en Colón con 15.

La tasa nacional de homicidios intencionales se situó en 8.5 por cada 100,000 habitantes. Panamá, con 15.1, y Colón, con 21.5, fueron las únicas provincias clasificadas con una tasa moderada, asociada con violencia notable que requiere atención. El resto del país quedó dentro del nivel considerado bajo.

El documento señala que 57% de las muertes ocurrió entre personas vinculadas con estructuras delincuenciales, organizadas o comunes, y que 12% de las víctimas relacionadas con esas causas eran inocentes. Las cifras son preliminares y pueden cambiar conforme avancen las investigaciones y se actualice la clasificación de cada expediente.

Nancy Beatriz Ortega Olazagasti era, hasta el 26 de agosto de 2026, una empleada de bajo perfil dentro de la estructura del Ayuntamiento de Tecate, en Baja California. Su nombre no figuraba en ningún encabezado ni en ninguna declaración oficial del municipio hasta que agentes de la CBP encontraron 69.39 kilogramos de presunta metanfetamina ocultos en su Nissan Rogue 2020 cuando intentaba cruzar hacia Estados Unidos.

Ahora, la Fiscalía del Distrito Sur de California la acusó formalmente de importación de sustancias controladas. El caso se hizo público el 28 de agosto, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo incluyó en su reporte semanal sobre procesos fronterizos.

Nancy Ortega: inspectora municipal con cargo en Justicia Cívica

Ortega Olazagasti pertenecía a la Secretaría del Ayuntamiento de Tecate, encabezada por Eduardo Macías Flores. Su adscripción específica era el departamento de Justicia Cívica, cuyo titular es Raúl Alfredo Ferreiro Guillén.

Su cargo oficial era el de inspectora y notificadora. Los registros de transparencia consultados por Infobae indican que percibía 13.652 pesos con 74 centavos por catorcena, mientras que Latinus reportó un salario mensual de 15.554 pesos para el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2023 y el 30 de junio de 2026.

El Ayuntamiento de Tecate, encabezado por el alcalde morenista Román Cota Muñoz, no emitió ninguna declaración pública durante los primeros días posteriores al arresto. La administración guardó silencio por más de una semana sobre el estatus laboral de la trabajadora.

Fue hasta el 2 de septiembre cuando el municipio informó que Ortega Olazagasti dejó de formar parte de la nómina municipal. La baja se produjo siete días después de su detención en suelo estadounidense.

La garita de Tecate, el Nissan Rogue y los 30 paquetes hallados el 26 de agosto

A las 10:43 horas del 26 de agosto, Ortega se formó en la fila 2 de la garita de Tecate con su Nissan Rogue 2020. Un agente de la CBP detectó anomalías en la parte inferior de los asientos delanteros mediante un sistema de inspección por rayos X, según documentos judiciales citados por Latinus.

La trabajadora fue remitida a una segunda revisión. En ese punto negó llevar mercancía, afirmó que nadie le había pedido transportar nada y descartó haber cedido el vehículo a terceros en los días previos.

Los perros entrenados de la CBP alertaron sobre la presencia de narcóticos en el interior del automóvil. La revisión posterior reveló el compartimento no original con los 30 paquetes de metanfetamina.

El arresto se produjo a las 12:26 horas, casi dos horas después del primer contacto con los agentes fronterizos. Ortega reiteró su desconocimiento de la droga y mantuvo que su destino era una tienda Home Depot para adquirir insumos de construcción.

El proceso judicial en San Diego y la baja del Ayuntamiento el 2 de septiembre

El 28 de agosto, Ortega compareció ante el juez Brian White en San Diego. El magistrado le concedió libertad bajo fianza de USD 20.000, con la condición de permanecer en el condado de San Diego, no regresar a México y presentarse ante la corte cada vez que fuera requerida.

El 1 de septiembre, la acusada renunció a su derecho a una audiencia preliminar. Hasta la fecha de publicación de esta nota no se había fijado una fecha para un eventual juicio.

Su caso formó parte de los 71 procesos fronterizos presentados esa semana por la Fiscalía del Distrito Sur de California. Las autoridades estadounidenses no identificaron en sus comunicados a ninguna organización criminal como propietaria del cargamento, ni atribuyeron la droga a algún grupo que opere en Baja California.

El Ayuntamiento de Tecate emitió un comunicado oficial tras la difusión del caso. “El Gobierno de Tecate es completamente ajeno a los hechos y se deslinda de cualquier conducta que la excolaboradora pudiera haber realizado a título personal”, señaló el texto difundido por la administración de Cota Muñoz.

El municipio subrayó que los actos atribuidos a Ortega Olazagasti no guardan relación con sus funciones dentro del gobierno local. También indicó que corresponde a las autoridades competentes realizar las investigaciones, determinar responsabilidades y aplicar la ley.

La información disponible hasta ahora no establece ningún vínculo entre el presunto traslado de metanfetamina y las funciones que Ortega desempeñaba en Justicia Cívica. Tampoco existe elemento público que relacione el caso con otros servidores públicos del Ayuntamiento ni con el alcalde Román Cota.

Un antecedente registrado por Tribuna señala que en 2015 Ortega fue detenida por la Policía Municipal de Tecate bajo la acusación de robo a comercio. No existe información pública que vincule ese hecho previo con el caso actual.

El expediente en su contra constituye una acusación formal que deberá probarse ante un tribunal federal estadounidense. La presunción de inocencia rige mientras el proceso no concluya con una sentencia.

Las autoridades hondureñas intensificaron sus operaciones contra el tráfico de drogas en las rutas marítimas del Caribe con una nueva acción de interdicción que culminó con el aseguramiento de dos embarcaciones y la detención de 11 personas.

De acuerdo con el reporte proporcionado por las Fuerzas Armadas de Honduras, durante la operación fueron localizados 36 fardos de supuesta cocaína. El hallazgo se produjo luego de que las unidades navales detectaran e interceptaran las embarcaciones que se movilizaban en el sector.

Entre los detenidos se encuentran cinco personas de nacionalidad colombiana, mientras que las autoridades continúan con las diligencias para establecer la identidad y posible participación de cada uno de los ocupantes en el traslado de la droga.

Como parte del operativo, las autoridades aseguraron la embarcación pesquera camaronera Miss Celeste, con bandera hondureña, además de una lancha rápida tipo go fast.

La presencia de ambas embarcaciones forma parte de las pruebas que serán incorporadas al procedimiento correspondiente para determinar su vinculación con el cargamento de droga localizado durante la intervención.

Paquetes fueron lanzados al mar

Uno de los elementos que podría ampliar el volumen del decomiso es que, según el informe de las Fuerzas Armadas, los ocupantes de la lancha rápida habrían arrojado varios fardos al mar al percatarse de la presencia de las unidades navales.

Por esa razón, las autoridades no descartan que la cantidad de droga involucrada en el incidente sea superior a los 36 fardos recuperados durante la operación.

El despliegue estuvo bajo responsabilidad de efectivos de la Fuerza Naval de Honduras, con apoyo de agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal y fiscales de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado.

La participación permitirán avanzar con las diligencias investigativas y judiciales relacionadas con el caso, incluido el análisis de la droga incautada, la inspección de las embarcaciones y la recopilación de elementos que puedan establecer responsabilidades penales.

El capitán Mario Rivera dijo que “la operación, en un procedimiento que se suma a las acciones que las autoridades hondureñas mantienen en distintos puntos de la zona marítima del país”.

Traslado a la Base Naval de Caratasca

Tras la detención en alta mar, los 11 imputados y la evidencia decomisada serán trasladados a la Base Naval de Caratasca, donde se desarrollarán las diligencias establecidas por las autoridades competentes.

En ese lugar continuará el procesamiento de los indicios y la documentación del caso, mientras los fiscales y agentes de investigación avanzan en la determinación de la posible estructura detrás del traslado del cargamento.

La droga será sometida a los análisis correspondientes para confirmar oficialmente su naturaleza y establecer el peso total del cargamento recuperado.

El operativo se enmarca en las acciones que ejecutan las instituciones de seguridad hondureñas para frenar el movimiento de drogas por las rutas marítimas del Caribe.

Las operaciones de interdicción buscan detectar embarcaciones sospechosas, interceptar posibles cargamentos ilícitos y evitar que las rutas marítimas sean utilizadas para el traslado de sustancias prohibidas hacia otros puntos de la región.

La ubicación del procedimiento, frente al sector de la Barra Patuca, también muestra la vigilancia que mantienen las autoridades en aguas del Caribe hondureño, particularmente en zonas donde pueden converger rutas utilizadas por embarcaciones pesqueras, comerciales y aquellas vinculadas a actividades ilícitas.

Dos mujeres fueron vinculadas a proceso por su probable participación en delitos contra la salud, luego de que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) las detuvieran tras un supuesto intercambio de droga por dinero en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Las detenidas fueron identificadas como Gabriela “N”, alias “La Gaby de Barbas”, y Maricela “N”. De acuerdo con información de inteligencia incorporada a la investigación, ambas serían posibles integrantes de La Unión Tepito, mientras que Gabriela es señalada además como una presunta generadora de violencia relacionada con ese grupo delictivo.

La detención ocurrió el 29 de agosto, cuando dos policías realizaban labores de vigilancia en la colonia Morelos y observaron a las mujeres mientras presuntamente entregaban una bolsa con droga a otra persona, quien habría dado dinero en efectivo a cambio. Los agentes intervinieron y, según informó la SSC, encontraron en poder de las mujeres 30 bolsas pequeñas con una sustancia presuntamente narcótica, además de otra bolsa con la misma sustancia a granel y 200 pesos en efectivo. Tras su detención, ambas fueron puestas a disposición de las autoridades ministeriales, que iniciaron una investigación por narcomenudeo bajo la hipótesis de posesión de droga con fines de comercio.

“La Gaby de Barbas” sería integrante de La Unión Tepito

Dentro de la investigación, Gabriela “N” fue identificada con el alias de “La Gaby de Barbas” y señalada mediante información de inteligencia como posible integrante de La Unión Tepito.

La organización delictiva tiene presencia principalmente en la zona centro de Ciudad de México y ha sido relacionada por autoridades con actividades como narcomenudeo, extorsión, secuestro, despojo y homicidio.

Permanecerán en prisión preventiva durante el proceso

Durante la audiencia del 4 de septiembre, un juez determinó vincular a proceso a Gabriela “N” y Maricela “N” por su probable participación en delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo y bajo la hipótesis de posesión con fines de comercio.

Como medida cautelar, ambas permanecerán en prisión preventiva mientras continúa el proceso. El juez estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria. El expediente incluye las entrevistas de las policías que participaron en la detención, así como dictámenes periciales en materia de química y fotografía.

La dependencia informó que, hasta que exista una sentencia, Gabriela “N” y Maricela “N” deben ser consideradas inocentes y tratadas como tales durante las distintas etapas del procedimiento.

Operaciones recientes contra La Unión Tepito dejan al menos siete detenidos en los últimos días

En los últimos días fueron detenidas al menos siete personas señaladas como posibles integrantes de La Unión Tepito o relacionadas con actividades atribuidas a la organización. El 4 de septiembre, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, a Brian “N”, alias “El Loco Brian”, de 36 años, y Rafael “N”, “El Macaco”, de 31.

De acuerdo con los reportes, los policías los observaron mientras manipulaban un arma de fuego y, tras una revisión, les aseguraron una pistola, 98 bolsas con posible metanfetamina, 95 envoltorios con posible cocaína en piedra, dinero en efectivo y un teléfono celular.

Al día siguiente fueron reportadas las detenciones de Karla “N”, Harmuni “N”, Diego “N” y Donovan “N” durante operativos y cateos realizados en las alcaldías Cuauhtémoc y Coyoacán, como parte de una investigación por delitos contra la salud.

Las autoridades los señalaron como presuntos integrantes de La Unión Tepito y durante las acciones aseguraron dosis de posible cocaína, marihuana y metanfetamina, además de aproximadamente cuatro kilogramos de marihuana y un arma de fuego.

A estos casos se suma Hugo Alexis “N”, alias “El Moño”, detenido el 27 de agosto durante un recorrido de vigilancia en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc. Los policías observaron que llevaba una mano sobre un objeto con características de arma a la altura de la cintura y, durante la revisión, le aseguraron una pistola abastecida y envoltorios con posible marihuana, cocaína y metanfetamina. Información de inteligencia incorporada a la investigación lo señala como posible integrante de La Unión Tepito y presunto generador de violencia en la zona centro; posteriormente fue vinculado a proceso y permanecerá bajo prisión preventiva.

Una avioneta arrojó más de 400 kilos de droga en un predio de Artigas –el departamento más al norte de Uruguay– y la acción desató un operativo policial que derivó en ocho personas detenidas y al menos seis enviadas a prisión, mientras avanza la investigación. Fue, para el Ministerio del Interior, un “duro golpe contra el narcotráfico”.

La droga equivale a dos millones de dosis valuadas en USD 14 millones en el mercado europeo y USD 3 millones en el mercado uruguayo. También se incautaron seis vehículos, un arma de fuego, nueve celulares, una moto de agua, 23 tarrinas de combustible de aviación y equipos de comunicación.

La denominada Operación Polux permitió identificar a una banda criminal que se vinculaba al ingreso de “importantes cantidades” –según definió el ministerio– de droga al país por vía aérea. Durante meses, los agentes aplicaron tareas de inteligencia para conocer cuál era la operativa de la organización y qué rol tenía cada uno de sus miembros.

Fue así que se identificó un predio rural en Baltasar Brum, una pequeña localidad de Artigas, como el posible escenario para la ejecución de este hecho.

Varios de los investigados fueron el jueves 3 hacia ese lugar y esto motivó un despliegue de la Policía en puntos estratégicos cercanos. Horas más tarde, los agentes vieron que una aeronave sobrevolaba la zona y, en determinado momento, comenzó a arrojar varios bultos. En tierra, los integrantes de esta banda criminal esperaban recoger el cargamento que caía desde el aire.

Los policías que estaban en la zona procedieron a interceptar a tres vehículos y a detener a cuatro hombres. Allí se incautaron 12 bultos, algunos que ya estaban cargados en una camioneta prontos para ser trasladados. Otros, permanecían esparcidos en el campo.

Luego, los agentes miraron qué había dentro de los bultos. Sumaron 300 envoltorios en formas de ladrillos de cocaína que pesaron 305 kilos. Además, había otros 100 ladrillos de pasta base que totalizaban 103 kilos.

Parte de los ladrillos tenían una forma de delfín.

La principal hipótesis de los investigadores es que la droga es de origen peruana y que la avioneta tiene matrícula de Bolivia.

La banda delictiva había puesto dos sábanas de color blanco en el lugar, que tenían el objetivo de señalizar el “bombardeo de la sustancia”, describió la comunicación oficial del Ministerio del Interior. Esto “refleja una clara organización de los involucrados para realizar la actividad ilícita”, agrega.

En Salto, un departamento vecino, se detuvo a otros dos hombres involucrados en la investigación. Uno de ellos es el líder de la banda criminal. Además, hubo 11 allanamientos en la capital de ese departamento y se incautaron más drogas, seis vehículos, motos de agua, celulares, 23 tarrinas con combustible, handys y un DVR.

El viernes se llevó adelante una audiencia de formalización en la que fueron imputadas cinco personas y enviadas a prisión. Los delitos de los que son acusados son asociación para delinquir y tráfico ilícito de drogas. Un hombre de 33 años, en tanto, fue imputado también por organización de actividades de narcotráfico. A un joven de 19 años, en tanto, también lo acusan por porte de armas.

Este domingo, en tanto, se imputó a una sexta persona y se determinó el cese de detención de otras dos, informó el Ministerio del Interior.

El Ministerio del Interior informó que esta investigación comenzó a principios de 2026 y fue llevada adelante por la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, a través de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas. El operativo fue coordinado con las jefaturas de Policía de Artigas y Salto, y tuvo el apoyo de la Armada Nacional, la Dirección Nacional de Aviación de la Policía, la Dirección General de Operaciones Especiales, la Guardia Republicana y la Fuerza Aérea.

Dos presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos en el municipio de Chalco, Estado de México, luego de que una denuncia ciudadana alertara sobre la presencia de personas que presuntamente manipulaban bolsas con sustancias ilícitas en calles de la colonia Covadonga.

Los detenidos fueron identificados como Valentín “N”, de 41 años, y Francisco “N”, de 26, quienes, de acuerdo con autoridades estatales, podrían estar relacionados con un grupo criminal originario de Jalisco. Durante la intervención se les aseguraron diversas dosis de sustancias con características similares a la mariguana, cocaína y cristal.

La captura fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, adscritos al Agrupamiento Fuerza de Acción y Reacción (FAR), mientras efectuaban patrullajes de vigilancia en la zona.

Denuncia ciudadana deriva en operativo

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los agentes recibieron una denuncia que advertía sobre la presencia de dos individuos aparentemente involucrados en actividades relacionadas con la venta o distribución de drogas.

Los policías se trasladaron al sitio señalado y, al llegar, observaron a dos hombres que manipulaban varias bolsas de plástico. Al percatarse de la presencia de los uniformados, los sujetos presuntamente intentaron ocultar los objetos y escapar del lugar.

Los elementos de seguridad implementaron un cerco para impedir su huida y, mediante comandos verbales, les marcaron el alto. Posteriormente realizaron una revisión preventiva, durante la cual localizaron los envoltorios que contenían distintas sustancias.

En total fueron aseguradas 61 bolsas de plástico con hierba verde y seca, cuyas características correspondían presuntamente a la mariguana; 65 empaques de papel con una sustancia sólida blanquecina, similar a la cocaína en piedra; además de nueve envoltorios con presunta cocaína en polvo.

También fueron encontrados siete envoltorios herméticos con una sustancia cristalina, con características similares a la droga conocida como cristal.

Investigan posible vínculo con el CJNG

Tras el aseguramiento de las sustancias, Valentín “N” y Francisco “N” fueron detenidos y trasladados ante el Ministerio Público con sede en Chalco, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente.

Las autoridades deberán determinar ahora su situación jurídica y establecer si existe un vínculo formal entre ambos hombres y alguna célula del CJNG que opere en la región.

La captura ocurre en un municipio donde autoridades mexiquenses han reportado anteriormente operaciones relacionadas con este grupo criminal. De acuerdo con investigaciones y reportes periodísticos, el cártel originario de Jalisco ha sido relacionado con actividades como narcomenudeo, extorsión, secuestro y despojo de tierras en Chalco y otros municipios del oriente del Estado de México.

Uno de los antecedentes más recientes ocurrió en abril de 2026, cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que Marlon Jesús “N”, identificado como integrante del CJNG, recibió una sentencia de 120 años de prisión por un triple homicidio cometido en Chalco en noviembre de 2024.

Según las investigaciones de la Fiscalía mexiquense, el hombre y otro sujeto interceptaron a las víctimas cuando circulaban en dos vehículos sobre avenida Nacional, en el poblado de San Pablo Atlazalpan. El sentenciado habría obligado a los afectados a descender de sus automóviles para después dispararles.

Uno de los hombres logró sobrevivir inicialmente e intentó escapar, pero fue alcanzado metros adelante y privado de la vida.

La sentencia contra Marlon Jesús “N” incluyó además una multa de 227 mil 997 pesos y el pago de 713 mil 334 pesos por concepto de reparación del daño.

Ese mismo mes, autoridades estatales también reportaron la detención de Cristofer Kevin “N”, alias “El Fresa”, señalado como presunto líder de una célula del CJNG que operaba en Chalco, Tlalmanalco y Juchitepec. Junto con él fueron detenidas otras seis personas.

Con la nueva captura de Valentín “N” y Francisco “N”, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar si ambos forman parte de una estructura criminal con presencia en la zona.

Las autoridades panameñas decomisaron 290 paquetes rectangulares con presunta sustancia ilícita dentro de un contenedor transportado por un buque en la bahía de Panamá.

La carga había salido de Ecuador y tenía como supuesto destino Barcelona, España, según la trazabilidad establecida durante las investigaciones preliminares realizadas por la Fiscalía de Drogas y la Policía Nacional.

El hallazgo se produjo durante una diligencia de perfilamiento y control ejecutada por la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía de Drogas, con apoyo de la Dirección Nacional Antidrogas y la Unidad Táctica de Operaciones Antidrogas.

Los paquetes fueron remitidos para las pruebas científicas que determinarán el tipo y peso de la sustancia, como exige el procedimiento penal.

El caso vuelve a colocar la atención sobre el uso de las rutas marítimas panameñas para transportar cargamentos procedentes principalmente de países productores de Suramérica.

La conectividad de los puertos y el volumen de contenedores que atraviesa el país son aprovechados por organizaciones criminales para ocultar sustancias ilícitas entre mercancías destinadas a mercados internacionales.

España figura entre los destinos recurrentes de las cargas detectadas en contenedores procedentes de Ecuador o movilizados a través de Panamá. Bélgica y Países Bajos también aparecen como puntos principales de entrada de cocaína a Europa, especialmente mediante los puertos de Amberes y Róterdam.

Estados Unidos continúa siendo otro de los mercados finales de las rutas que atraviesan Centroamérica y el Caribe.

Las organizaciones criminales suelen introducir los paquetes dentro de contenedores que transportan productos legales, algunas veces sin conocimiento de las empresas exportadoras o propietarias de la mercancía.

En otros casos, recurren a redes que incluyen transportistas, trabajadores portuarios y operadores logísticos para abrir, contaminar y posteriormente recuperar las cargas en los puertos utilizados como puntos de salida, tránsito o destino.

Los datos oficiales muestran la dimensión del movimiento de drogas por el territorio panameño. Entre enero y junio de 2026, las fiscalías especializadas, junto con los organismos de seguridad, reportaron la incautación de 47.04 toneladas de sustancias ilícitas.

Durante ese mismo período fueron aprehendidas 2,246 personas y se registraron 1,652 sentencias condenatorias relacionadas con estos delitos, según la Procuraduría General de la Nación.

Los puertos concentraron una parte importante de los decomisos. En las terminales del Pacífico y el Atlántico fueron incautadas 15.92 toneladas de clorhidrato de cocaína durante el primer semestre.

La Procuraduría señaló que aproximadamente 69% de las sustancias decomisadas en el país estuvo relacionado con zonas portuarias caracterizadas por un elevado movimiento de mercancías y contenedores.

Colón encabezó la lista de provincias con mayor incidencia de incautaciones, seguida de Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí. También se reportaron decomisos en Los Santos, Veraguas, Coclé, Darién, Guna Yala, Herrera y Bocas del Toro.

La distribución confirma que el fenómeno no se limita a los grandes puertos, sino que utiliza costas, carreteras y comunidades como parte de su estructura logística.

Mientras los grandes cargamentos tienen como objetivo el tráfico internacional, las autoridades mantienen operaciones contra la venta y distribución de drogas dentro de las comunidades.

En Coclé, la Operación Llano Sur dejó 13 personas aprehendidas durante múltiples allanamientos realizados por la Fiscalía Regional y la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional.

De acuerdo con las investigaciones iniciales, algunos de los aprehendidos presuntamente utilizaban plazas comerciales, parques recreativos y sitios con alta concurrencia de personas para vender sustancias ilícitas.

Los detenidos deberán comparecer ante los tribunales para la legalización de las diligencias, la imputación de cargos y la aplicación de las medidas cautelares que correspondan en cada caso.

La respuesta penal también produjo condenas recientes. Un hombre recibió una sentencia de 72 meses de prisión por posesión agravada de drogas, luego de un allanamiento efectuado en un inmueble de la ciudad de Panamá.

El acuerdo de pena incluyó el decomiso de $1,190 en efectivo, presuntamente relacionado con la actividad ilícita investigada por la Fiscalía de Drogas.

Los resultados reflejan dos dimensiones distintas del problema: Panamá funciona como corredor para cargamentos destinados principalmente a Europa y Estados Unidos, pero también enfrenta redes dedicadas al abastecimiento del mercado interno.

El decomiso en la bahía interrumpió una operación internacional, mientras los allanamientos en Coclé muestran cómo parte del negocio llega a espacios públicos y zonas residenciales.

Panamá impidió el tránsito por el Aeropuerto Internacional de Tocumen de un ciudadano venezolano presuntamente vinculado con la organización criminal Tren de Aragua.

El extranjero también mantenía antecedentes penales en Estados Unidos por posesión y distribución de narcóticos, de acuerdo con las verificaciones efectuadas por el Servicio Nacional de Migración.

El hombre llegó en un vuelo procedente de Valencia, Venezuela, y pretendía continuar su recorrido hacia Medellín, Colombia. Las alertas surgieron durante los controles migratorios realizados en la terminal aérea.

Tras confirmar la información, las autoridades panameñas impidieron su tránsito y ordenaron devolverlo a su país de origen.

Migración señaló que mantiene activos sus filtros en los puertos de entrada y tránsito para prevenir el desplazamiento de personas relacionadas con actividades delictivas.

La entidad no reveló la identidad del pasajero ni detalló los antecedentes que permitieron asociarlo con el Tren de Aragua, más allá de las alertas internacionales y su historial por narcotráfico.

El Tren de Aragua es una organización criminal transnacional surgida en la cárcel de Tocorón, ubicada en el estado venezolano de Aragua. Bajo el liderazgo de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, el grupo extendió progresivamente sus operaciones fuera de Venezuela hacia distintos países de América.

Sus células han sido relacionadas con homicidios, secuestros, extorsiones, tráfico de drogas, trata de personas y explotación sexual. La estructura también ha aprovechado los movimientos migratorios para captar víctimas, controlar rutas clandestinas y establecer redes criminales en comunidades venezolanas, aunque su presencia y capacidad operativa varían entre los países.

Estados Unidos incluyó al Tren de Aragua en su lista de organizaciones terroristas extranjeras el 20 de febrero de 2025. La decisión fue adoptada después de una orden ejecutiva que abrió el proceso para clasificar como terroristas a determinados carteles y grupos criminales transnacionales considerados una amenaza para la seguridad nacional y regional.

La designación estadounidense se sustentó en la violencia atribuida al grupo y su participación en asesinatos, secuestros, extorsiones y tráfico de personas, armas y drogas. La medida permite bloquear bienes, perseguir fuentes de financiamiento y sancionar a quienes proporcionen apoyo material a la organización dentro de la jurisdicción de Estados Unidos.

En Panamá, al menos cinco personas señaladas por presuntos vínculos con el Tren de Aragua han sido detectadas, inadmitidas o expulsadas durante 2026.

El recuento incluye a dos venezolanos localizados inicialmente en un puesto de control en Divisa, quienes posteriormente fueron expulsados del territorio panameño hacia Venezuela.

Ambos extranjeros habían sido retenidos en abril durante una inspección realizada por unidades migratorias y del Servicio Nacional de Fronteras.

El 2 de junio, luego de completar los procedimientos legales establecidos en materia de migración, seguridad y orden público, abandonaron Panamá bajo custodia de funcionarios a través del aeropuerto de Tocumen.

Otro caso ocurrió el 12 de agosto, cuando un ciudadano colombiano fue rechazado al intentar ingresar como turista. Durante la entrevista migratoria manifestó pertenecer al Tren de Aragua y afirmó estar amenazado por La Inmaculada, otra estructura delictiva. Las autoridades consideraron que representaba un riesgo para la seguridad pública y lo devolvieron a Colombia.

El 21 de agosto, los supervisores migratorios identificaron en Tocumen a otro venezolano presuntamente relacionado con la organización transnacional. Había llegado desde Guatemala y viajaba hacia Venezuela.

Los funcionarios observaron tatuajes asociados con la banda y comprobaron que había sido deportado previamente desde Denver, Colorado.

Debido a sus antecedentes y a las alertas obtenidas durante las verificaciones, Panamá le negó el tránsito y dispuso su devolución a Guatemala, lugar de procedencia del vuelo.

Este caso y el registrado el 1 de septiembre muestran la utilización de Tocumen como conexión internacional y el reforzamiento de los controles sobre pasajeros en tránsito.

La actuación migratoria no implica que todos los extranjeros detectados sean procesados penalmente en Panamá. Cuando una persona no ha cometido un delito dentro del territorio nacional, pero existen alertas o motivos legales para impedir su entrada, las autoridades pueden inadmitirla, rechazarla o devolverla conforme a los procedimientos contemplados en la normativa migratoria.

Migración también informó sobre otras retenciones no relacionadas con el Tren de Aragua. Durante el Operativo Perseus, desarrollado en Guararé, provincia de Los Santos, un ciudadano colombiano con la estadía vencida fue detectado y remitido a la Secretaría Judicial, encargada de continuar el procedimiento administrativo correspondiente.

En otro control efectuado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, los supervisores retuvieron a un colombiano que mantenía una orden de conducción por un presunto delito contra el orden económico. El extranjero fue puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación judicial y cumplir la solicitud registrada en su contra.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la detención de 207 objetivos prioritarios de todos los grupos de la delincuencia organizada y atribuyó la disminución de los delitos durante su administración al cambio en el Poder Judicial.

Durante su mensaje por el Segundo Informe de Gobierno, la mandataria señaló que entre octubre de 2024 y julio de 2026 fueron detenidas 63 mil personas relacionadas con algún delito. Dentro de ese universo, dijo, se encuentran los 207 objetivos prioritarios de las organizaciones criminales.

El balance de seguridad presentado por Sheinbaum incluyó una reducción de 51 por ciento en los homicidios dolosos durante los casi dos años de su administración. De acuerdo con la presidenta, esto representa 44 asesinatos menos cada día en el país.

Sheinbaum señaló además que julio de 2026 registró el promedio diario más bajo de homicidios desde hace 11 años.

La mandataria también afirmó que en lo que va de 2026 el promedio diario de delitos de alto impacto disminuyó 54 por ciento respecto de 2018. Entre los ilícitos que reportó con una tendencia descendente se encuentran el robo a transportistas con violencia, el robo de vehículos con violencia y las lesiones dolosas por impacto de arma de fuego.

Las cifras presentadas forman parte de los resultados que el Gabinete de Seguridad había dado a conocer previamente como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. En su balance de agosto, el gobierno federal había reportado más de 63 mil detenciones, además de los aseguramientos de armas, drogas y la destrucción de laboratorios clandestinos que la presidenta retomó durante su informe.

Sheinbaum informó que durante su administración fueron decomisadas 32 mil 824 armas de fuego y 519 toneladas de droga. También señaló que fueron desarticulados y desmantelados 2 mil 725 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas.

La estrategia de seguridad, explicó, mantiene una atención especial en territorios considerados prioritarios. Entre ellos mencionó 10 municipios de Michoacán, Cuautla, Morelos; Culiacán, Sinaloa; la Montaña de Guerrero y otros 40 municipios.

En esas zonas, señaló, el gobierno federal lleva programas para jóvenes, además de acciones para la construcción de preparatorias y centros deportivos.

El balance presentado por la presidenta también incluyó un componente territorial y social, con el que el gobierno busca acompañar las acciones de seguridad en municipios considerados prioritarios.

Al referirse al trabajo realizado durante los primeros dos años de su administración, Sheinbaum agradeció a los integrantes del gabinete de seguridad por las acciones emprendidas para reducir los delitos y combatir a las organizaciones criminales.

Sin embargo, el elemento político que acompañó el balance fue la referencia al Poder Judicial. La presidenta sostuvo que los resultados en seguridad están relacionados con la justicia y atribuyó al cambio en ese poder parte de la diferencia que, según afirmó, existe entre el escenario actual y el del pasado.

Harfuch coloca a los objetivos prioritarios en el centro de la estrategia de inteligencia

El 18 de agosto de 2026, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló durante la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), en Buenos Aires, Argentina, que el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación permitió a México ubicar objetivos prioritarios de organizaciones criminales y avanzar en operaciones contra sus estructuras.

García Harfuch explicó que el intercambio de inteligencia estratégica y operativa con autoridades de otros países se había acelerado, lo que permitió contar con información para localizar a personas requeridas por investigaciones nacionales e internacionales. Entre los resultados expuestos, mencionó que México tenía 155 órdenes de captura pendientes relacionadas con solicitudes de extradición de autoridades estadounidenses.

Harfuch también destacó el traslado de 92 personas consideradas de alto impacto a Estados Unidos, además de investigaciones coordinadas para afectar las estructuras financieras y logísticas de organizaciones criminales.

El planteamiento del secretario mostró que la estrategia contra el crimen organizado no se concentraba únicamente en detenciones masivas, sino en identificar y perseguir a operadores considerados prioritarios mediante inteligencia, investigación y coordinación con otras autoridades.

Una investigación de cinco meses terminó con nueve detenidos y el desmantelamiento de nueve puntos de venta de droga en Córdoba, en un operativo que tuvo uno de sus tramos centrales sobre la Ruta Nacional 36, a la altura de Almafuerte, donde quedaron arrestados dos presuntos proveedores de cocaína. La pesquisa se concentró en localidades del departamento Calamuchita y derivó en allanamientos simultáneos en Embalse, Villa del Dique y Segunda Usina.

De acuerdo con ElDoce.tv, los dos hombres detenidos en la ruta son de nacionalidad peruana y, para los investigadores, cumplían el rol de abastecedores para la estructura bajo seguimiento. En ese procedimiento, los efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) secuestraron 1.550 dosis de cocaína, dinero, una balanza digital, elementos de fraccionamiento y un automóvil. La hipótesis oficial sostiene que, a partir de ese circuito de provisión, el resto de los acusados distribuía estupefacientes bajo la modalidad de delivery y también desde viviendas particulares.

Tras la captura de los presuntos proveedores, la causa avanzó con siete allanamientos en Embalse, uno en Villa del Dique y otro en Segunda Usina. En esos procedimientos quedaron detenidos otros siete investigados, seis hombres y una mujer. Además, se incautaron 220 dosis de cocaína, 93 dosis de marihuana, ocho plantas de cannabis sativa y $413.100, junto con otra balanza digital y más elementos vinculados al fraccionamiento de la droga.

El expediente quedó en manos de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Río Tercero, que ordenó el traslado de los detenidos y el secuestro de todos los elementos incorporados a la causa. La imputación preliminar recayó sobre una presunta infracción a la Ley 23.737, la norma que regula los delitos vinculados con estupefacientes en la Argentina. A partir de ahora, la investigación deberá determinar el grado de responsabilidad de cada acusado dentro de la estructura detectada.

La secuencia del operativo permitió a los investigadores reconstruir un esquema con distintos niveles de participación. Según la hipótesis oficial, la modalidad combinaba entregas coordinadas con ventas desde inmuebles particulares, una dinámica que la pesquisa logró seguir durante varios meses antes de avanzar con los allanamientos.

Otro operativo desarticuló búnkers en Córdoba

En paralelo, otro procedimiento contra el narcomenudeo en la ciudad de Córdoba terminó con dos detenidos, 12 allanamientos y siete búnkers de droga desarticulados en los barrios Villa La Maternidad y San Vicente. La investigación, realizada por la FPA bajo directivas del Ministerio Público Fiscal, permitió detectar nueve puntos de venta de estupefacientes, de los cuales siete funcionaban de manera exclusiva para la comercialización de droga.

Durante esos allanamientos se secuestraron 292 dosis de cocaína y 25 de marihuana, además de $855.700 en efectivo, un revólver calibre .22 con nueve cartuchos, un automóvil, una motocicleta y otros elementos de interés para la causa.

Uno de los datos que surgió de ese expediente apunta a una mujer que cumplía prisión domiciliaria en Villa La Maternidad y que, según informó la FPA, habría tenido un lugar de referencia dentro de la estructura investigada. La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, que deberá avanzar sobre la organización y definir las responsabilidades de cada involucrado.

El avance de causas por narcotráfico en la provincia también quedó expuesto en un megaoperativo reciente. A mediados de agosto, la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó 18 allanamientos en la capital provincial y en Bialet Massé. En el procedimiento se detuvieron a seis personas y secuestró 18.891 gramos de cocaína y 1.066 gramos de marihuana, además de armas, vehículos, dinero y otros elementos incorporados a la investigación, de acuerdo con información oficial del Ministerio Público Fiscal.

Personal de la Policía Caminera de la Provincia de Córdoba interceptó un micro de larga distancia y detuvo a dos hombres, acusados de transportar droga. El descubrimiento se hizo gracias al aviso de una pasajera que alertó sobre los dos sospechosos, a quienes acusó de que presuntamente transportaban estupefacientes dentro de la unidad.

Según comunicó oficialmente la fuerza de Seguridad, el procedimiento ocurrió durante la noche del miércoles. Fue sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 759, en inmediaciones de Sinsacate. Fue después de que la informante avisara al sistema Ojos en Alerta tras sospechar de que los otros dos pasajeros podrían estar transportando estupefacientes.

Allí fueron aprehendidos dos hombres de 30 y 34 años, quienes se dirigían hacia la provincia de Jujuy. “Tras una denuncia a Ojos en Alerta, Policía Caminera interceptó en Ruta Nac. 9 km 759 a un colectivo que viajaba hacia el norte del país”, precisó la fuerza de seguridad en sus redes sociales.

“Durante el control, dos hombres quedaron a disposición de la Justicia, junto al secuestro de varias dosis de estupefacientes que ambos habrían intentado ocultar en el baño y entre los asientos”, añadió la Policía Caminera en su comunicación oficial.

Ante la sospecha de que los hombres trasladaban sustancias ilícitas, las autoridades solicitaron la intervención de efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). El procedimiento confirmó el secuestro de estupefacientes, aunque no se precisó oficialmente el tipo ni la cantidad de droga incautada.

Los dos detenidos y los elementos secuestrados fueron trasladados a sede policial. Ambos quedaron a disposición del magistrado interviniente mientras continúa la investigación.

La intervención se produjo luego de que los efectivos detectaran características que llamaron su atención durante los controles aeroportuarios. Su equipaje de bodega aparentaba contener únicamente ropa; sin embargo, una inspección permitió descubrir que varias prendas habían sido acondicionadas para esconder sustancias ilícitas.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía, dentro de la maleta se encontraron cuatro chalecos y cuatro pantalones. En estas prendas habían sido ocultos 32 paquetes rectangulares que contenían una sustancia blanquecina. Una muestra fue sometida al reactivo de tiocianato de cobalto y presentó una coloración azul turquesa, resultado preliminar compatible con alcaloide de cocaína.

El coronel PNP Marco Percy Godenzi, jefe de la División Portuaria Antidrogas, informó que el pesaje de la sustancia arrojó 12 kilos con 40 gramos. La cantidad incautada, según la estimación policial, tendría un valor superior a 485 mil dólares en el mercado de destino, por lo que la afectación económica a las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas superaría el millón y medio de soles.

Además del cargamento, durante la revisión del equipaje de mano se halló un teléfono celular, 500 libras esterlinas y 110 soles en efectivo. El intervenido colaboró con las diligencias preliminares, en las que participaron agentes policiales, personal de Aduanas y representantes del Ministerio Público.

La Policía sospecha que el detenido podría haber sido captado por una organización criminal dedicada al envío de estupefacientes hacia Europa. Godenzi explicó que una operación de estas características requiere la participación de varias personas encargadas de obtener la sustancia, acondicionarla, financiar el traslado y brindar apoyo en los lugares de destino. No obstante, precisó que las investigaciones deberán determinar los posibles vínculos del pasajero con una estructura delictiva.

El caso se suma a otras intervenciones realizadas durante 2026 en el principal terminal aéreo del país. Según el jefe policial, en lo que va del año se han efectuado 44 operativos que permitieron detener a 55 personas, entre ellas 35 hombres y 20 mujeres. Del total, 44 son peruanos, mientras que los demás corresponden a ciudadanos de Brasil, Estados Unidos, Argentina, España y Lituania.

Las autoridades también identificaron diversos destinos utilizados por los llamados correos humanos. Italia concentra 14 casos, seguida de España con 13 y Francia con 10. Brasil aparece como otro punto recurrente debido a su condición de escala hacia otros continentes. Panamá, Chile, Japón y Malta también figuran entre las rutas detectadas.

El jefe policial advirtió que las organizaciones criminales modifican constantemente sus métodos para dificultar la detección de los cargamentos. “No hay un único patrón que nos indique las características esenciales que debe reunir un pasajero para presumir que está trasladando droga”, afirmó.

En esta ocasión, el alcaloide no fue colocado en la estructura de la maleta, sino camuflado dentro de prendas aparentemente convencionales. Esta modalidad buscaba aprovechar la apariencia de un equipaje compuesto únicamente por ropa para evitar sospechas durante los controles.

El ciudadano quedó a disposición de la unidad especializada para continuar con las investigaciones y determinar sus responsabilidades. Según explicó Godenzi, una persona que traslada o intenta trasladar al extranjero una cantidad de esta magnitud podría afrontar una pena privativa de libertad de entre ocho y quince años, de acuerdo con la legislación peruana.

Esta frase de la ponencia de monseñor Eduardo García, obispo de San Justo (provincia de Buenos Aires) y asesor de la Pastoral Latinoamericana de Acompañamiento y Prevención de las Adicciones (PLAPA), no es solo una fórmula de fuerte impacto psicosocial: es una realidad muy concreta que dolorosamente se repite en todo el mundo.

En Roma, del 25 al 27 de agosto, se está hablando del consumo problemático de sustancias, las situaciones de vulnerabilidad y el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado.

Este encuentro, que reúne a importantes referentes en la temática provenientes de América Latina, Asia, África y Europa, tiene como objetivo la construcción de estrategias comunes que permitan afrontar con respuestas basadas en la fe, humanas y eficientes, los enormes desafíos que se abren ante el consumo de drogas.

“Con esta ronda de conversaciones buscamos comenzar un proceso, que distintas tradiciones religiosas y organizaciones que trabajan en los territorios puedan reconocerse en la prevención, el cuidado y la reconstrucción de los vínculos comunitarios —ya aprendimos que sin comunidad no se puede salir de la oscuridad del consumo— y avanzar hacia estrategias compartidas frente a nuestras problemáticas comunes”, sostuvo con enorme expertise el sacerdote católico Carlos “Charly” Olivero, factótum y referente para América Latina y el Caribe en PLAPA.

“Los rotos no nacen rotos. Alguien los rompió. Algo los fue quebrando. Muchas veces, antes de que aparezca la droga, ya existían el abandono, la violencia, el abuso, la pobreza, la falta de trabajo, la deserción escolar y la ausencia de un horizonte. La droga llega después y ocupa un vacío que ya estaba preparado”, sostuvo ante los expertos asistentes monseñor García, titular de una diócesis situada en el corazón del conurbano bonaerense.

La droga, “primero seduce, después utiliza, finalmente, descarta”, dijo García, “convierte a los cuerpos en mercancía (…), el cuerpo deja de ser reconocido como lugar de dignidad y se convierte en moneda de cambio. Se roba para consumir. Se prostituye para sobrevivir. Se soportan abusos por miedo, necesidad o dependencia. La persona pierde progresivamente la libertad hasta convencerse de que no merece otra vida. Ese es uno de los triunfos más crueles del narcotráfico”, describió con crudo realismo.

El obispo García habló de personas-mercancía y ante eso sostuvo que “nuestra misión es reconstruirlas para que vuelvan a reconocerse como seres humanos, hijos de Dios y miembros valiosos de un pueblo. Porque una persona puede estar rota, pero nunca deja de tener valor. Y mientras exista alguien dispuesto a acercarse, sostenerla y creer en ella, ninguna vida estará definitivamente perdida”.

La Iglesia, los credos en general, están llamados por carisma intrínseco a acompañar esas vidas, a “no mirar desde lejos, sino acercarse”, afirmó el prelado argentino, a “no preguntar primero qué hizo una persona, sino qué le sucedió; a no limitarse a denunciar la oscuridad, sino encender una luz en medio de ella. El gran desafío de nuestro tiempo es pasar de una sociedad que produce y descarta personas rotas a una comunidad que acompaña, repara y reconstruye”.

El 27 de agosto, con el Papa León

Este encuentro tendrá un esperado cierre el jueves 27 de agosto en la audiencia con el Papa León XIV, en la que la delegación de PLAPA entregará un ejemplar del Manual de la Pastoral Latinoamericana de Acompañamiento y prevención de las Adicciones, fruto del trabajo dialogal de más de 300 referentes territoriales de 18 países de Latinoamérica y el Caribe.

Varias organizaciones que comprenden que el trabajo en conjunto, en el que se comparten saberes, experiencias y oportunidades, confluyen en esta reunión cuya consigna busca dar una “Respuesta basada en la fe a las drogas y al reclutamiento criminal de jóvenes: un diálogo desde América Latina y el Caribe hacia el mundo”: PLAPA del CELAM, Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), además del importante acompañamiento de la Pontificia Comisión para América Latina (PCAL) y la Pontificia Academia para la Vida (PAV) de la Santa Sede junto con el apoyo de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos e Implementación de la Ley (INL) de Estados Unidos.

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó en Carabayllo a Luis Eduardo Vera Sansoni, de 68 años, alias ‘Maestro Rochi’, señalado como presunto cabecilla de la organización criminal ‘Los Fantasmas del Norte’. El operativo estuvo a cargo de agentes del Escuadrón Verde y permitió intervenir una vivienda ubicada en la urbanización El Sol de Carabayllo.

De acuerdo con la información policial, el grupo se dedicaba al tráfico ilícito de drogas y utilizaba el inmueble para almacenar sustancias que luego eran distribuidas en distintos puntos de la zona norte de Lima. Durante la intervención, los agentes encontraron diferentes tipos de droga, además de un arma de fuego y otros elementos vinculados a esta actividad.

La investigación policial también atribuye a Vera Sansoni un papel central en la distribución de los estupefacientes. Según los agentes, el detenido contaba con antecedentes por tráfico ilícito de drogas y registraba ingresos previos al penal de Lurigancho por este delito.

El operativo también permitió intervenir a otros dos presuntos integrantes de la organización: un hombre de 30 años y una adolescente de 16. El primero fue señalado por la PNP como encargado de realizar entregas de droga, aunque durante la intervención negó formar parte de la banda.

Policía interviene a presunto cabecilla en Carabayllo

Los agentes del Escuadrón Verde ingresaron a una vivienda de la urbanización El Sol de Carabayllo como parte del operativo contra ‘Los Fantasmas del Norte’. En el lugar fue detenido Vera Sansoni, a quien la Policía identifica como presunto líder de la organización.

El coronel PNP Carlos Alcántara Obregón, jefe del Escuadrón Verde, señaló que el detenido cuenta con antecedentes relacionados con el tráfico ilícito de drogas y registros de reclusión en el penal de Lurigancho.

“Alias ‘Roshi’ tendría una actividad criminal recurrente en lo que es tráfico ilícito de drogas, ya que había estado recluido en el penal Lurigancho desde el 2016 en varias oportunidades. Él era el encargado de almacenar la droga y designar a dónde se iba a distribuir”, refirió el oficial.

La versión policial ubica a Vera Sansoni como la persona que recibía los estupefacientes y determinaba los puntos donde debían ser entregados. Esta función lo habría colocado en una posición de mando dentro de la estructura investigada.

Incautan cocaína, pasta básica y marihuana

Durante el allanamiento, los policías encontraron siete ladrillos que contenían pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína. Además, se reportó la incautación de más de un kilo y medio de marihuana.

Entre los objetos encontrados también figuraron 10 000 ketes de droga, presentaciones pequeñas destinadas a la distribución. La cantidad decomisada fue incorporada como parte de las evidencias recogidas durante la intervención policial.

El operativo incluyó además el decomiso de un arma de fuego, municiones, dos cacerinas y una balanza. Este último objeto es considerado por los agentes como un elemento presuntamente utilizado para pesar los estupefacientes antes de su distribución.

Detienen a presunto encargado de las entregas

Además de alias ‘Maestro Rochi’, los agentes intervinieron a un hombre de 30 años identificado como Marlon Mendoza Salinas, alias ‘Gil’. La Policía lo señala como presunto encargado de trasladar y entregar los paquetes de droga.

Durante la intervención, el detenido negó formar parte de ‘Los Fantasmas del Norte’. Según la información policial, sostuvo que su actividad consistía en llevar pedidos de Temu y rechazó la acusación relacionada con la organización criminal.

En el operativo también fue intervenida una adolescente de 16 años. Su participación quedó dentro de las diligencias efectuadas por las autoridades tras la intervención del inmueble.

Seguimiento policial permitió ubicar a la organización

Según la investigación de la PNP, el operativo se produjo después de labores de seguimiento realizadas por el Escuadrón Verde. Los agentes ubicaron el inmueble de Carabayllo como uno de los puntos vinculados con las actividades atribuidas a ‘Los Fantasmas del Norte’.

La Policía sostiene que Vera Sansoni retomó sus actividades relacionadas con el tráfico de drogas después de sus anteriores periodos de reclusión. El coronel Carlos Alcántara Obregón precisó que el detenido registraba antecedentes por este delito y que su función dentro de la organización estaba relacionada con el almacenamiento y distribución de los estupefacientes.

El caso quedó bajo conocimiento de la Dirandro de San Isidro, donde se realizan las diligencias para determinar la responsabilidad de cada uno de los intervenidos y establecer el alcance de la organización investigada.

Cinco personas vinculadas a la Operación Jericó fueron declaradas penalmente responsables luego de que una jueza validara acuerdos de pena alcanzados entre el Ministerio Público y sus defensas.

Las condenas corresponden a delitos contra la seguridad colectiva, en la modalidad de reunión y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, dentro de una de las investigaciones contra el narcotráfico de mayor alcance desarrolladas en Panamá.

La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Kerine Jaén, emitió la Sentencia n.° 1505 del 21 de agosto de 2026.

Uno de los condenados, recluido en el centro penitenciario La Joya, recibió 68 meses de prisión, mientras otro, detenido en un centro penitenciario de Chiriquí, fue sentenciado a 62 meses. Ambos deberán pagar además una multa de $250 al Tesoro Nacional en un plazo de 12 meses.

La defensa del condenado a 68 meses, ejercida por el abogado Antony Cantos, solicitó sustituir la prisión por detención domiciliaria debido a razones de salud. La jueza rechazó la petición porque no se presentó oficialmente un informe médico que la sustentara. La defensa apeló la decisión y la audiencia fue fijada para el 8 de septiembre de 2026, a las 8:30 a.m., en la Sala 3 del edificio Fortuna.

Para los otros tres implicados, los acuerdos establecieron penas principales de 60 meses de prisión y multas de $500, pagaderas al Tesoro Nacional en un año.

Sin embargo, el tribunal sustituyó las condenas de cárcel por trabajo comunitario no remunerado en juntas comunales, que deberán cumplir un día por semana, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., además de reportarse los días 15 y 30 de cada mes.

Con estos cinco acuerdos, el expediente continúa para otros 17 imputados que deberán enfrentar la etapa intermedia, entre ellos Abraham Rico Pineda, hijo del diputado Raúl Pineda, del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD).

La audiencia intermedia del caso fue reprogramada para febrero de 2027, etapa en la que deberá discutirse la acusación y las pruebas que eventualmente serían llevadas a juicio.

Rico Pineda es una de las figuras de mayor exposición pública dentro de Jericó. La Fiscalía lo vinculó al presunto delito de blanqueo de capitales mediante estructuras empresariales, mientras las investigaciones identificaron sociedades que presuntamente habrían permitido movilizar y estratificar dinero procedente de actividades ilícitas.

Actualmente mantiene una medida cautelar de arresto domiciliario, después de haber permanecido en detención provisional.

Entre las sociedades investigadas aparece Servicios Múltiples Rama S.A., vinculada a Rico Pineda y que había mantenido contratos con entidades públicas.

Durante las investigaciones, fiscales expusieron que el hijo del diputado contaba con varias empresas y que una de las sociedades habría sido utilizada para estratificar dinero presuntamente procedente del narcotráfico, uno de los componentes financieros que las autoridades intentan probar dentro del expediente.

La investigación de la Operación Jericó comenzó formalmente el 30 de junio de 2023, cuando las autoridades identificaron una organización presuntamente dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales.

Las diligencias posteriores incluyeron interceptaciones telefónicas, seguimientos, análisis de rutas y pesquisas sobre empresas y bienes, hasta desembocar en allanamientos y capturas en diferentes puntos del territorio nacional.

Los operativos alcanzaron las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón, Chiriquí, Darién, Coclé y Los Santos, con más de 50 allanamientos.

Las autoridades reportaron la aprehensión de al menos 31 personas y el decomiso de más de una tonelada de sustancias ilícitas y más de $300.000 en efectivo, además de vehículos, armas de fuego y otros bienes relacionados con la investigación.

La estructura investigada habría recibido droga procedente de Colombia mediante lanchas rápidas y embarcaciones de pesca artesanal, principalmente por sectores de Guna Yala y Darién.

Posteriormente, cargamentos eran movilizados mediante mochileros hasta puntos de acopio y trasladados en vehículos hacia San Miguelito y Juan Díaz, donde se habrían utilizado automóviles modificados con dobles fondos para continuar el recorrido hacia Chiriquí, Costa Rica y finalmente México.

Otro movimiento reciente dentro del expediente fue la extradición desde Colombia de Néstor Sánchez, señalado como uno de los presuntos cabecillas de la organización.

Tras su llegada a Panamá quedó detenido provisionalmente después de que se le imputaran cargos por conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y blanqueo de capitales, reforzando la dimensión internacional de una investigación que ha requerido cooperación con autoridades de otros países.

En la audiencia en la que se validaron los cinco acuerdos participó el fiscal Julio Campines en representación del Ministerio Público, mientras las defensas particulares estuvieron a cargo de Cecilia Ramos, Agustín Martínez, Antony Cantos y Jean Carlos Cerrud.

Con las primeras condenas ya dictadas, el proceso continuará ahora respecto de los restantes acusados, mientras avanzan las actuaciones judiciales derivadas de la investigación iniciada hace más de tres años.

El cargamento destruido incluyó cocaína sólida y líquida, MDMA, éxtasis y ketamina, sustancias que habían sido incautadas en el marco de múltiples causas por narcotráfico. La mayor concentración de casos tuvo origen en la terminal aérea internacional de Ezeiza, donde los agentes aduaneros detectaron intentos de ingreso y egreso de estupefacientes del país a través de valijas con doble fondo, sustancias disimuladas dentro del equipaje y cocaína líquida impregnada en prendas de vestir. El aeropuerto se consolidó así como el principal escenario de las detecciones que dieron lugar a esta jornada.

La operación fue organizada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo del que depende la DGA, y puso de manifiesto la articulación entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad en el combate al narcotráfico. Durante la apertura del evento, los funcionarios presentes subrayaron el valor de esa coordinación interinstitucional como eje de la estrategia contra el crimen organizado.

Entre los métodos de ocultamiento más frecuentes relevados por la DGA figuraron suelas de zapatillas, botellas de vino con MDMA en su interior y, en un caso de mayor complejidad logística, cargas de pescado congelado en las que se hallaron estupefacientes dentro de un depósito fiscal ubicado en el barrio porteño de Retiro. Cada uno de estos hallazgos formó parte de las causas judiciales cuyo cierre se concretó con la incineración de este viernes.

Uno de los esquemas desarticulados con mayor proyección internacional fue una red de exportación de drogas a Francia mediante envíos postales —también denominados courier—. La maniobra utilizaba una máquina compresora de aire y falsos paquetes de azúcar para ocultar las sustancias. La causa ya acumula tres detenidos entre Argentina y Europa, y continúa bajo investigación judicial.

El director de Narcotráfico y Delitos Conexos de la DGA, Diego Pérez Escobar, encabezó la apertura de la jornada y celebró el cierre de las investigaciones vinculadas al material destruido. “Estamos muy felices porque de esta manera finalizan varias causas de narcotráfico”, declaró el funcionario.

Pérez Escobar también destacó el rol de las fuerzas de seguridad en las operaciones: “Con la colaboración de las fuerzas de seguridad, hacemos lo imposible para que no entre ni salga droga de nuestro país”, y añadió que el control aduanero argentino “se ha tecnificado muchísimo con implementación de escáneres”.

La incorporación de tecnología de escaneo en los puntos de control figura entre los factores que la DGA atribuye al aumento en la detección de cargamentos ilícitos. La jornada del viernes en El Talar representó el cierre formal de varias de las causas abiertas a partir de esos operativos, con la destrucción total del material secuestrado bajo supervisión judicial.

En medio de la operación multinacional ZEUS ARCANO III, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, celebró la incautación de droga tras la intercepción de una lancha rápida en aguas al sur de República Dominicana y afirmó que “la droga es el peor cáncer de Colombia y la vamos a erradicar”.

Según el relato difundido por De la Espriella en sus redes sociales, el operativo fue liderado por la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y se apoyó en la coordinación con Estados Unidos y República Dominicana para “detectar, seguir e interceptar” la embarcación usada para el narcotráfico.

El resultado reportado fue la incautación de 1.360 kilos de clorhidrato de cocaína y 30 kilos de TCH, además de tres capturados y una lancha rápida fuera de circulación.

En su mensaje, el abogado vinculó el narcotráfico con la seguridad interna y sostuvo que “la droga es el combustible del terrorismo, la violencia y la criminalidad que durante décadas han desangrado a nuestra Patria”.

También anticipó una ofensiva contra las redes criminales y sus corredores de tráfico: “Vamos a perseguir a los narcotraficantes, destruir sus estructuras y cerrarles las rutas dentro y fuera de nuestras fronteras”, escribió en su cuenta de X.

Ejército Nacional desarticuló un laboratorio de coca del ELN en Cauca; hallaron 1.836 kilos de droga

El 15 de agosto de 2026, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y el Ejército Nacional informaron vía redes sociales que se ubicó y destruyó en el municipio de Mercaderes, en el departamento del Cauca, un laboratorio atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN) para el procesamiento de cocaína. Durante el operativo, los uniformados hallaron 1.836 kilos de droga, además de insumos y equipos usados en esa actividad.

“Nuestro Ejército Nacional ubicó y destruyó en Mercaderes un laboratorio del ELN para el procesamiento de cocaína”, señaló el jefe de Estado en su cuenta de X al reportar el operativo.

En el mismo mensaje, De la Espriella precisó que en el lugar “fueron encontrados 1.836 kilos de droga, además de insumos y equipos utilizados para esta actividad criminal”. Según dijo, el procedimiento hace parte de acciones contra las finanzas de los grupos armados.

Y agregó: “Seguimos golpeando las economías ilegales que financian el terrorismo y la violencia”, señalando que “el narcotráfico es enemigo de Colombia y lo vamos a combatir sin tregua”.

En otra publicación, el Ejército confirmó la destrucción de otro laboratorio en el departamento de Nariño.

“Golpe a las economías ilícitas en #Nariño. En Olaya Herrera, tropas de la Fuerza de Tarea Hércules de Tercera División del Ejército Nacional ubicaron y destruyeron un laboratorio utilizado para el procesamiento de pasta base de coca, perteneciente al GAO-r Estructura 30”, indicó.

A renglón seguido explicó que destruyeron 500 kg de cocaína, además de incautar más de $10.000.000 y otros elementos utilizados para la producción de sustancias psicoactivas.

“La operación permitió afectar esta estructura en más de 11,2 millones de pesos, además de destruir 500 kg de hoja de coca procesada, gasolina, cal, una picadora y otros elementos empleados para la producción de esta sustancia”.

Por otro lado, el líder del movimiento Defensores de la Patria confirmó que el Ejército Nacional dio de baja a alias Momo, señalado como presunto cabecilla del Clan del Golfo, en la vereda El Tigre del municipio El Bagre, Antioquia.

En el mismo mensaje, indicó que la Armada Nacional incautó 2,3 toneladas de cocaína y capturó a tres personas. En la operación, dijo, también fueron capturados alias Mónica, señalada como responsable de la logística del grupo armado ilegal, y alias Chuzo, otro presunto líder de la organización criminal en la estructura Jorge Iván Arboleda.

“Se recuperaron tres fusiles, seis pistolas, 28 proveedores, más de 1.350 cartuchos de diferentes calibres (...). Esta operación fue liderada al lado del Ejército por inteligencia de la Policía Nacional”, expuso el mandatario en su cuenta de X.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer este viernes que en cinco operativos llevados a cabo en el estado de Chiapas por la Secretaría de Defensa (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN), encabezados por la Policía Estatal de Chiapas (FRIP) y la FGJ De Chiapas, en Tapachula, Puerto Madero y Huixtla, fueron detenidas ocho personas vinculadas a grupos delictivos.

Entre los detenidos se encuentra Cristian Emmanuel , “Cadenudo” o “Coca”, con orden de extradición a Guatemala y ligado al trasiego de cocaína y generador de violencia en Guatemala y México, así como Roberto Jeremías Pérez Monzón, quien también cuenta con orden de aprehensión en Guatemala.

Además, se detuvo a integrantes de Los Cuatetes, identificados como generadores de violencia relacionados con homicidios en la región. Se aseguraron armas, cartuchos, droga y vehículos en los operativos.

García Harfuch agradeció al gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, y al Gobierno de Guatemala por su apoyo.

“En Chiapas, en cinco operativos encabezados por @Defensamx1 @SEMAR_mx @FGRMexico @SSPCMexico y @GN_MEXICO_, encabezados por la Policía Estatal de Chiapas (FRIP) y la FGJ De Chiapas en Tapachula, Puerto Madero y Huixtla, fueron detenidas ocho personas vinculadas a grupos delictivos.Entre ellas, Cristian Emmanuel , “Cadenudo” o “Coca”, con orden de extradición a Guatemala y ligado al trasiego de cocaína y generador de violencia en Guatemala y México, y Roberto Jeremías Pérez Monzón, con orden de aprehensión también en Guatemala .También se detuvo a integrantes de “Los Cuatetes”, generadores de violencia relacionados con homicidios en la región.Se aseguraron armas, cartuchos, droga y vehículos. Agradecemos al Gobernador @ramirezlalo_ y al Gobierno de Guatemala por su invaluable apoyo”, posteó Harfuch.

Por su parte, en un comunicado conjunto de autoridades federales referente al mismo hecho, se señaló que en Puerto Madero, los agentes de seguridad detuvieron a cuatro hombres de 34, 35, 37 y 44 años de edad, uno de ellos de nacionalidad extranjera, a quienes se les aseguraron tres armas largas, cinco cargadores, 184 cartuchos útiles, 30 dosis de marihuana y un vehículo.

Se explicó que esos sujetos están relacionados con el trasiego de cocaína en lanchas por alta mar y captación en la zona de Puerto Madero, Chiapas para su distribución a nivel nacional y trasnacional.

Se expuso que los detenidos de 34 y 35 años, cuentan con orden de extradición y aprehensión, respectivamente, por el gobierno de Guatemala, por delitos contra la salud, obstrucción extorsiva de tránsito y asociación ilícita.

Además, en Tapachula de Córdova y Ordóñez, se detuvo a dos personas, una de ellas menor de edad, les aseguraron 11 dosis de cristal, siete dosis de marihuana y una motocicleta.

En Huixtla, se detuvo a un menor de edad, identificado como objetivo prioritario, generador de violencia en la zona, se le aseguró un arma de fuego corta, cinco cartuchos y 22 dosis de cristal.

En la localidad de Buenos Aires, en Tapachula de Córdova y Ordóñez, se detuvo a un hombre de 45 años, al que le aseguraron un arma de fuego, 40 cartuchos, 25 dosis de droga y un vehículo.

En el mismo municipio, se detuvo a un menor de edad que portaba un arma de fuego corta, 10 cartuchos útiles, 15 dosis de cristal y 12 de marihuana, el cual está vinculado a diferentes delitos en la localidad.

“Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades locales para detener a generadores de violencia y fortalecer la seguridad en el país, en estricto apego a los derechos humanos”, concluyó el comunicado mencionado.

Las autoridades panameñas detectaron un segundo contenedor procedente de Estados Unidos y con destino a Australia con presunta droga en menos de tres semanas.

La nueva incautación ocurrió en un puerto de la costa del Pacífico, donde fueron encontrados 41 paquetes rectangulares, en una ruta que ya había sido identificada a comienzos de agosto con otro cargamento mucho mayor.

La Fiscalía Superior Especializada en Delitos Relacionados con Drogas informó que el contenedor se encontraba en tránsito por Panamá cuando fue sometido a una diligencia de registro y allanamiento.

La operación se realizó conjuntamente con la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional y permitió localizar la carga irregular dentro de la unidad que posteriormente continuaría su recorrido hacia Australia.

Junto con los paquetes, los investigadores encontraron un dispositivo localizador GPS, una batería portátil y dos sellos de diferentes colores, elementos que quedaron incorporados a las pesquisas.

Las sustancias todavía deberán ser sometidas a las pruebas científicas correspondientes para determinar su composición, por lo que oficialmente las autoridades las mantienen identificadas como presunta sustancia ilícita.

El hallazgo llama la atención porque repite la procedencia y el destino internacional de otro contenedor interceptado a principios de agosto. En aquella ocasión, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) encontró 320 paquetes de presunta droga en una unidad procedente del puerto de Savannah, Estados Unidos, que transitaba por Panamá antes de continuar hacia Sídney, Australia.

En el primer caso, unidades especializadas detectaron anomalías en los sellos de seguridad durante labores de inteligencia, perfilamiento e inspección portuaria. La revisión posterior permitió encontrar los 320 paquetes ocultos dentro del contenedor.

Aquella operación elevó entonces a 44.197 la cantidad de paquetes decomisados por el Senan en 77 operaciones desarrolladas durante 2026.

Sin embargo, existe una diferencia importante entre ambos episodios. Las autoridades confirmaron que el primer contenedor había partido específicamente del puerto de Savannah y tenía como destino Sídney, mientras que en el nuevo procedimiento la Procuraduría únicamente informó que la carga procedía de Estados Unidos y se dirigía hacia Australia.

No se ha precisado públicamente la ciudad o terminal estadounidense de origen ni el puerto australiano de destino.

Sumados ambos procedimientos de agosto, las autoridades han encontrado 361 paquetes de presuntas sustancias ilícitas en contenedores con la misma combinación de países de procedencia y destino: Estados Unidos-Australia, con tránsito por Panamá.

La coincidencia coloca nuevamente bajo atención el uso de la plataforma portuaria panameña dentro de rutas marítimas de largo alcance hacia Oceanía.

Panamá ocupa una posición especialmente sensible frente a este fenómeno debido a su conectividad marítima y al volumen de contenedores que atraviesa sus terminales portuarias.

Esa infraestructura facilita el comercio internacional, pero también obliga a las autoridades a mantener controles basados en inteligencia y perfiles de riesgo para identificar cargas contaminadas dentro de enormes flujos de mercancías legítimas.

Las estadísticas oficiales permiten dimensionar el volumen de droga interceptado antes de estos casos. Entre enero y junio de 2026, Panamá había decomisado 54,66 toneladas de distintas sustancias ilícitas, de las cuales 32,68 toneladas correspondían a cocaína y 21,86 toneladas a marihuana.

En conjunto, ambas sustancias representaban prácticamente la totalidad de las incautaciones registradas durante el primer semestre.

Colón encabezó las incautaciones durante ese periodo con 15,24 toneladas, seguida por Panamá Oeste con 11,65 toneladas. Panamá registró 9,65 toneladas y Chiriquí 9,62, mientras Los Santos alcanzó 5,08 toneladas.

El comportamiento territorial evidencia que los mayores volúmenes se concentraron en provincias vinculadas directamente con corredores marítimos, portuarios o logísticos del país.

El comportamiento mensual también muestra variaciones importantes. Mayo fue el mes con mayor cantidad decomisada durante el primer semestre, con 12,49 toneladas, seguido por febrero con 10,50 toneladas y enero con 9,95. Junio cerró con 7,61 toneladas, mientras el acumulado de 54,66 toneladas permanecía por debajo de los niveles observados en varios años recientes.

Los dos contenedores interceptados en agosto agregan ahora un elemento particular a las rutas identificadas por las autoridades panameñas: cargamentos que llegan desde Estados Unidos y continúan hacia Australia.

Mientras avanzan las investigaciones sobre el nuevo hallazgo, queda por determinar si existe alguna relación entre ambos procedimientos o si la coincidencia de origen y destino responde a operaciones independientes de organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas.

Agentes antidrogas de la Policía Nacional de Paraguay decomisaron en Asunción casi dos kilos de cocaína ocultos en envases de productos capilares, que iban a ser enviados a Madrid a través de un servicio local de encomiendas. Según la prensa local, el operativo permitió incautar 1,97 kilos de polvo blanco en dos botellas etiquetadas como tratamientos para el cabello, cuya prueba determinó presencia de cocaína.

La incautación se logró tras un periodo de inteligencia de varias semanas, que levantó sospechas sobre el envío de pequeñas cantidades de estupefacientes hacia Europa por medio de servicios de paquetería. El diario ABC Color reportó que la investigación apunta a una gran estructura criminal detrás de estos despachos, y que los agentes trabajan para identificar a los responsables de solicitar el envío.

Fuentes policiales citadas por el medio confirmaron que la modalidad consiste en aprovechar servicios de envío tradicionales para el tráfico de drogas en cantidades reducidas, con destino a distintos países europeos. La investigación sigue abierta para desarticular la red implicada.

Paraguay decomisó 450 kilos de cocaína boliviana cerca de la frontera con Argentina

La Policía Nacional de Paraguay incautó cerca de media tonelada de cocaína en el departamento de Presidente Hayes, fronterizo con la provincia argentina de Formosa, durante un operativo, el 29 de julio pasado, en el que resultaron detenidas dos personas. El cargamento, procedente de Bolivia, se encontraba oculto en un doble fondo de un camión.

El director de la División Contra el Crimen Organizado, comisario Rolando Benítez, explicó en declaraciones a la radio 780 AM que el decomiso corresponde a “aproximadamente 450 kilos de cocaína, distribuidos en igual cantidad de paquetes o panelas”. Benítez indicó que la pérdida estimada para la organización criminal asciende a “un millón de dólares”, y agregó: “Pero cruzando la frontera, eso se triplica”.

El jefe de la Dirección General de Investigación Criminal, comisario Marcelino Espinoza, detalló que el operativo fue el resultado de “meses” de trabajo de inteligencia y vigilancia sobre una ruta sospechada de tráfico de armas. Espinoza señaló a la prensa que “se tenía información de la ruta que tenía esta gente dedicada al tráfico de armas y drogas (...) se montó vigilancia hace unos cuantos meses” y calificó de “sorpresa” el hallazgo de cocaína, ya que la hipótesis inicial apuntaba al tráfico de armas.

El jefe del Departamento Especializado Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, comisario Mario Vallejos, informó que los detenidos son hermanos oriundos de Pedro Juan Caballero, ciudad de la frontera con Brasil considerada una de las más violentas de Paraguay.

El operativo se produjo días después del hallazgo de 311 kilos de marihuana ocultos en dos vehículos importados desde Miami (Estados Unidos) y llegados a un puerto de la ciudad de Villeta, próxima a Asunción, según reportó la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

(Con información de EFE)

El hallazgo de 71 envoltorios de cocaína en un jardín de infantes de Córdoba activó un operativo policial y judicial que terminó con la aprehensión de la madre de un nene de dos años. El hecho ocurrió en un centro de cuidado infantil de barrio Ampliación Cabildo.

Una mujer llevó a sus dos hijos pequeños al centro de cuidado y los dejó allí bajo el resguardo de los responsables del lugar. Su hijo menor entró en la Sala Naranja, mientras que su hija mayor, de tres años, permaneció en la Sala Verde. Una de las maestras notó que el niño más chico tenía en sus manos un monedero de color rosa.

La docente tomó el objeto para revisar qué contenía y encontró en su interior una serie de envoltorios transparentes con una sustancia blanca. A partir de esto, el personal del establecimiento activó el resguardo del objeto y dio aviso a las autoridades. De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.TV, el jardín se comunicó de inmediato con el servicio de emergencias 911 y también notificó a la Secretaría de Salud y Desarrollo ante la sospecha de que se tratara de estupefacientes. Minutos más tarde, la mujer volvió al establecimiento para reclamar el objeto que había perdido.

Durante ese intercambio la mujer exigió que le devolvieran el monedero y habría dicho que se trataba de algo “con lo que sustentaba a sus hijos menores”. En ese momento, las docentes se negaron a entregarle el objeto y aguardaron la llegada de los agentes.

Poco después, la mujer se retiró del sitio junto con el nene de dos años. Más tarde, volvió acompañada por su madre, abuela de los chicos, para retirar a la niña de tres años que permanecía en otra sala. Para entonces, el personal policial ya se encontraba en el centro infantil.

La verificación de la sustancia quedó a cargo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que realizó pruebas de campo sobre los paquetes secuestrados. El resultado confirmó que se trataba de cocaína y tras el conteo oficial, se hallaron 71 envoltorios.

Con esta información, intervino la Unidad Judicial de Lucha Contra el Narcotráfico, que ordenó el secuestro formal de la droga y del monedero. La causa quedó encuadrada en presuntas infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737. La madre fue aprehendida y trasladada a sede judicial, donde quedó a disposición de las autoridades encargadas de la investigación.

Ahora, la investigación intenta determinar el origen y el destino de la sustancia hallada. Hasta el momento, la información difundida por los medios no menciona otras detenciones ni allanamientos vinculados con el caso, aunque la pesquisa sigue abierta bajo supervisión judicial.

Por otro lado, se activaron los protocolos correspondientes para la protección de los dos niños involucrados. En ese marco, las autoridades priorizaron su cuidado inmediato y su permanencia en un entorno familiar. Tras el procimiento, tanto el pequeño de dos años como su hermana de tres quedaron al cuidado de su abuela.

Las Fuerzas Armadas de Honduras informaron el aseguramiento de una plantación de hoja de coca en una zona montañosa de la Sierra del Río Tinto, en el municipio de Iriona, departamento de Colón.

Según el reporte oficial, en el terreno había unos 16.500 arbustos distribuidos en una superficie estimada de tres manzanas de tierra.

El hallazgo se produjo durante patrullajes de largo alcance realizados por unidades militares en esa zona del país. Tras asegurar el área, las autoridades indicaron que prevén avanzar con la erradicación de la plantación.

Según cifras de la institución, en lo que va del año han sido aseguradas 43 plantaciones de hoja de coca, que en conjunto abarcan más de 100 manzanas de tierra. Las autoridades calculan que en esos terrenos había aproximadamente 650,000 arbustos de coca.

Los aseguramientos se han registrado en distintos departamentos del país, entre ellos Colón, Atlántida, Yoro, Olancho, Santa Bárbara y El Paraíso.

Las Fuerzas Armadas informaron que durante los operativos realizados en 2026 también fueron destruidas 10 instalaciones artesanales relacionadas con el procesamiento de drogas.

Operaciones en marcha

En esos lugares, según el reporte oficial, fueron encontrados precursores químicos utilizados en procesos vinculados con la elaboración de sustancias ilícitas.

Las FFAA sostienen que este tipo de acciones busca afectar distintas etapas de las actividades asociadas al narcotráfico dentro del territorio hondureño. Como resultado de las operaciones desarrolladas durante el año, las Fuerzas Armadas estiman que se ha impedido el procesamiento de 540 kilogramos de cocaína.

La institución calcula que el valor de esa cantidad de droga supera los 170 millones de lempiras, equivalentes a aproximadamente 6,4 millones de dólares Las FFAA presentan esta cifra como una estimación del impacto económico de las operaciones realizadas contra estructuras vinculadas al narcotráfico.

El departamento de Colón, donde fue localizada la plantación de Iriona, figura entre las zonas en las que las autoridades han desarrollado operaciones contra cultivos de coca. Por ello, la unidad castrense han recurrido a patrullajes de largo alcance para localizar plantaciones que pueden encontrarse alejadas de los principales centros poblacionales.

En el caso reportado en la Sierra del Río Tinto, los efectivos localizaron un terreno de aproximadamente tres manzanas con 16.500 arbustos de coca.

Las Fuerzas Armadas señalaron que las operaciones continuarán con acciones de reconocimiento, aseguramiento y posterior erradicación de los cultivos localizados, mientras mantienen los operativos destinados a desarticular instalaciones utilizadas para el procesamiento de drogas.

Prevención y decomisos

Como parte de estas acciones, las autoridades hondureñas prevén mantener los patrullajes en áreas consideradas de difícil acceso y con antecedentes de presencia de cultivos ilícitos. El objetivo es detectar nuevas zonas de producción, evitar la expansión de las plantaciones y reducir las posibilidades de que la hoja de coca llegue a etapas posteriores de procesamiento.

La institución sostiene que la combinación de erradicación de cultivos, destrucción de instalaciones y decomiso de insumos busca generar un impacto directo sobre las estructuras que operan en la cadena de producción de drogas en Honduras.

El hallazgo también pone de relieve el desafío que representa para las autoridades la vigilancia de extensas zonas rurales y montañosas del país, donde las condiciones geográficas pueden dificultar la detección temprana de actividades vinculadas al narcotráfico.

Un hombre llegó armado con una ametralladora a una vivienda ubicada en la ciudad de Zapala, Neuquén, y abrió fuego contra las personas que se encontraban en el inmueble. Producto del ataque, Cristian Montesino, de 37 años, murió, y un amigo de la víctima resultó gravemente herido, por lo que debió ser trasladado a un hospital local. Ahora, la Justicia investiga si el hecho está vinculado con la venta de estupefacientes.

Todo tuvo lugar el pasado jueves 13 de agosto por la noche, cuando en el barrio Don Bosco, alrededor de las 21, un hombre, identificado como J.A.E., llegó en moto al domicilio de Montesino y le exigió el pago de una deuda, que oscilaba entre los 40.000 y los 100.000 pesos.

Tras una discusión con la víctima y sus familiares, J.A.E. se retiró del lugar y lanzó una amenaza antes de abandonar la vivienda: “Si no me pagan, la casa va a terminar quemada”. Seguido a este, de acuerdo a la reconstrucción hecha por la fiscalía, una hora después, aproximadamente a las 22, regresó en una camioneta, acompañado por una mujer y otro hombre, quienes aún no fueron identificados. El agresor bajó del vehículo portando un arma tipo ametralladora, se dirigió hacia la parte delantera de la casa y comenzó a efectuar varios disparos contra las personas que estaban en el lugar.

Como consecuencia del ataque, Montesino recibió múltiples impactos de arma de fuego y murió en el lugar producto de un shock hemorrágico. A su vez, un amigo de la víctima resultó gravemente herido y fue trasladado al hospital local, donde fue operado y ahora permanece internado. A todo esto, tras el brutal episodio, el atacante se dio a la fuga.

La causa quedó en manos de la fiscal Laura Pizzipaulo, del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, quien ordenó una serie de allanamientos para dar con el autor de los disparos. Finalmente, el agresor en cuestión fue detenido este domingo al mediodía.

El medio local LMNeuquén indicó que en los procedimientos participaron efectivos de Antinarcóticos de Zapala, personal de la Comisaría 22 y de la División Brigada de Investigaciones de Zapala, de Cutral Co y de San Martín de los Andes. A su vez, colaboraron agentes de Gendarmería de Las Lajas y de Aluminé.

Durante la audiencia de esta tarde, la fiscal Pizzipaulo, junto al asistente letrado Guillermo Rodríguez, imputó al aprehendido por el delito de homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el empleo de un arma de fuego; y por homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa.

Asimismo, solicitaron que el imputado permanezca detenido con prisión preventiva por un plazo de cuatro meses. El juez de garantías Ignacio Pombo avaló la formulación de cargos y estableció un plazo de investigación de cuatro meses, aunque concedió la prisión preventiva por un mes.

En estos momentos, las autoridades continúan con la búsqueda de los otros dos sospechosos, quienes tras el ataque se dieron a la fuga.

La madrugada del 16 de agosto, las autoridades de Costa Rica ejecutaron uno de los mayores decomisos de cocaína del año, asestando un golpe significativo al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El operativo, desarrollado por el Ministerio de Seguridad Pública en coordinación con la DEA de Estados Unidos, permitió incautar aproximadamente una tonelada de droga y desarticular una estructura que operaba en el país con conexiones internacionales.

El despliegue policial se centró en La Guácima de Alajuela, donde, tras una labor de inteligencia y seguimiento que inició a principios de agosto, agentes de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIIC), la Unidad Especial de Apoyo (UEA) y la Policía de Control de Drogas (PCD) lograron identificar y vigilar a un grupo señalado por la DEA como responsable del tráfico de cocaína desde y hacia territorio costarricense.

Durante la madrugada, los equipos de elite interceptaron un vehículo ocupado por un ciudadano nicaragüense y un venezolano, ambos presuntamente vinculados a la red criminal. En la inspección del automóvil, los oficiales hallaron 66 kilos de cocaína ocultos en un compartimiento secreto bajo el piso. Posteriormente, los agentes allanaron la vivienda de los detenidos en el sector de Altamira, en Agüacima de Alajuela, donde localizaron otros 925 paquetes de cocaína, cada uno con un peso aproximado de un kilo.

¿Cómo se gestó la operación?

De acuerdo con la información divulgada por la Presidencia de la República, la operación se gestó a partir de una alerta internacional enviada por la DEA, que advertía sobre movimientos sospechosos de droga en la región. “Esta información la recibimos a inicios del mes de agosto, que involucraba a un grupo que estaba trasegando drogas, trayéndolas al país y sacándolas del país. Empezamos la labor de vigilancia, de seguimientos, de análisis, de inteligencia y el día de ayer se procede con la detención de un sujeto nicaragüense y otro sujeto de nacionalidad venezolana”, explicó un miembro del equipo de inteligencia en el video institucional publicado por la Presidencia de la República.

La magnitud del decomiso pone en evidencia la operatividad y alcance del Cártel Jalisco Nueva Generación en Costa Rica, así como el nivel de coordinación requerido entre autoridades locales e internacionales para combatir estas estructuras. El ministro de Seguridad Pública subrayó la importancia del trabajo conjunto: “No vamos a parar de día ni de noche. Seguimos trabajando por Costa Rica”, manifestó al referirse al esfuerzo de los equipos especiales.

La droga incautada fue trasladada bajo resguardo policial para su análisis y conteo final, en tanto la Fiscalía coordina la presentación de cargos contra los detenidos, quienes se exponen a penas elevadas por tráfico internacional de estupefacientes. El operativo ha sido calificado por las autoridades como un ejemplo de la efectividad de la cooperación bilateral entre Costa Rica y Estados Unidos.

Las investigaciones continuarán para identificar a otros posibles integrantes de la red y determinar si existen conexiones adicionales en otras regiones del país. El Ministerio de Seguridad Pública reiteró su compromiso de mantener la ofensiva contra el crimen organizado y proteger la seguridad de la población.

La Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la Dirección Antidrogas (Dirandro), ejecutó un operativo de control e inspección en los envíos postales del área de importación de la empresa Serpost S.A., ubicada en la avenida Tomás Valle, en el distrito de Los Olivos. Durante la intervención, el personal especializado detectó cinco cajas procedentes de Francia y Reino Unido.

Los paquetes habían sido enviados mediante la modalidad de courier y contenían un total de 155 botellas pequeñas de vidrio. Ante el hallazgo, los agentes antidrogas realizaron las diligencias correspondientes para determinar la naturaleza de la sustancia contenida en los recipientes.

Análisis confirmaron presencia de “poppers”

De acuerdo con los análisis de laboratorio efectuados por la unidad especializada, el contenido de las botellas dio positivo para la droga denominada “poppers”, correspondiente a cuatro variantes sintéticas de nitrito. El peso total de la sustancia incautada alcanzó los 9.190 kilogramos.

Según la información proporcionada por la Policía, el cargamento tenía como destino el mercado peruano. La intervención permitió retirar de circulación las sustancias antes de que llegaran a su destino final.

Golpe al tráfico de drogas

La operación policial generó una afectación económica estimada en S/ 73.520 para las organizaciones criminales vinculadas al tráfico ilícito de drogas. La Dirandro destacó que este resultado forma parte de las acciones de control desarrolladas para combatir el ingreso de sustancias ilícitas al país.

La Policía Nacional y el Ministerio del Interior reafirmaron, mediante este operativo, su compromiso con la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y el control de los envíos postales que ingresan al territorio nacional.

¿Qué es el popper?

Los poppers son sustancias químicas inhalables que contienen nitritos de alquilo y suelen comercializarse en forma de líquidos almacenados en pequeños frascos. Al inhalarse, provocan una dilatación temporal de los vasos sanguíneos, lo que puede generar sensación de calor, mareos y aumento de la frecuencia cardiaca.

El efecto de los poppers se produce rápidamente y suele ser de corta duración. Entre sus efectos se encuentran la disminución temporal de la presión arterial, el enrojecimiento de la piel, dolor de cabeza y sensación de mareo. Por su composición y forma de consumo, su uso puede implicar riesgos para la salud, especialmente cuando se combina con determinadas sustancias o medicamentos.

Venta de popper se extiende en redes sociales

La venta de poppers en Lima se extiende por redes sociales y plataformas digitales como Facebook Marketplace sin ningún tipo de control ni verificación de identidad, según reveló una investigación del programa Panorama. Los frascos —reconocibles por marcas importadas como Rush— se ofrecen entre 130 y 160 soles, y también se encuentran físicamente en galerías del jirón de La Unión y sex shops de Miraflores. Una empleada de uno de estos establecimientos confirmó ante las cámaras que el producto “también se oferta por Marketplace”, lo que amplía su alcance a cualquier interesado con acceso a internet.

La ausencia de regulación en el Perú contrasta con la prohibición vigente en varios otros países y convierte al mercado local en terreno libre para vendedores y consumidores. Los propios comerciantes, captados con cámara oculta, aseguraron que “nadie ha venido a quejarse hasta el momento”. Expertos consultados por el reportaje advirtieron que la sustancia —creada originalmente para tratar dolores de pecho y adoptada luego en fiestas electrónicas— puede causar la muerte al combinarse con alcohol, éxtasis o cocaína, un riesgo que los vendedores omiten al promover sus efectos euforizantes para incentivar la compra.

El Ejército Mexicano asestó un golpe a la infraestructura de producción de drogas sintéticas del crimen organizado en Culiacán, Sinaloa, con una afectación estimada en mil 935 millones de pesos. El operativo, reportado el 13 de agosto de 2026 por el Gabinete de Seguridad federal, neutralizó un laboratorio clandestino y tres áreas de almacenamiento de insumos para fabricar metanfetamina en distintos poblados del municipio.

Durante el despliegue, los militares aseguraron seis mil 415 litros y mil 465 kilogramos de sustancias químicas, así como maquinaria especializada para la síntesis de drogas sintéticas. Entre el material confiscado se encontraron cinco reactores, cuatro condensadores, cuatro quemadores, cuatro tanques de gas LP y una mezcladora, todos ellos fundamentales para la producción industrial de metanfetamina.

Las operaciones se realizaron en varios poblados del municipio, donde se identificaron y neutralizaron espacios clave para la elaboración y almacenamiento de precursores químicos. El objetivo, según autoridades federales, es debilitar la capacidad industrial del narcotráfico en la región, considerada uno de los principales focos de producción de drogas sintéticas del país.

Este golpe se suma a una serie de intervenciones militares efectuadas a lo largo de 2026 en Sinaloa, estado que concentra la mayor cantidad de laboratorios clandestinos detectados por las fuerzas armadas. La estrategia nacional busca no solo detener a integrantes de organizaciones delictivas, sino también destruir la infraestructura que permite su operación.

El balance presentado por el Ejército Mexicano y el Gabinete de Seguridad federal subraya la continuidad de los esfuerzos para frenar la producción de estupefacientes en la entidad. Con cada operativo, las autoridades apuntan a reducir el impacto del narcotráfico y a debilitar sus finanzas mediante el aseguramiento de insumos y equipos esenciales.

El material asegurado y su valor estimado

Los 6 mil 415 litros y los 1 465 kilogramos de sustancias químicas confiscados representan la materia prima directa para la producción de drogas sintéticas. La cifra de 1 935 millones de pesos corresponde a la valuación oficial del daño económico infligido a las organizaciones criminales.

La estrategia federal no se limita a la detención de personas, sino que apunta directamente a destruir la capacidad de producción de los cárteles. Ese enfoque explica el énfasis en la localización y la inhabilitación de laboratorios y sitios de almacenamiento de precursores químicos.

Sinaloa concentra la mayor cantidad de laboratorios clandestinos del país

El secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla, presentó un balance el 27 de mayo en el que precisó que solo la Defensa había localizado 2 mil 214 laboratorios y áreas de concentración en Sinaloa durante la administración actual. Esa cifra posiciona al estado como el principal frente de la guerra contra la producción de sintéticos en México.

Al 30 de junio, el Gobierno federal contabilizaba dos mil 600 laboratorios clandestinos y áreas de concentración inhabilitados en todo el país por el Ejército y la Marina. La mayor parte de esos registros corresponde a operativos realizados en territorio sinaloense.

Los golpes anteriores en junio y julio de 2026

El 15 de junio, militares ubicaron 11 áreas en Culiacán y Cosalá, con ocho mil 832 litros y 370 kilogramos de químicos, dos reactores y dos condensadores. Dos días después, el 17 de junio, una operación en Mocorito, Culiacán y Cosalá arrojó el aseguramiento de 29 mil 485 litros y 3 mil 535 kilogramos de sustancias químicas, además de nueve reactores y 18 condensadores.

Esa acción del 17 de junio fue valuada oficialmente en 3 mil 859 millones de pesos de afectación al crimen organizado. El 13 de julio, en Santa Anita, La Ilama y Pueblo de Alayá, municipio de Cosalá, el Ejército destruyó tres sitios de concentración y aseguró otros 2 mil 350 litros de sustancias para fabricar metanfetamina.

Una semana antes del golpe en Culiacán, el Ejército Mexicano realizó otro operativo en la comunidad de La Urraca, al sur del puerto de Mazatlán. Los soldados aseguraron 124 mil litros de gasolina presuntamente robada, almacenada en cuatro tanques dentro de un inmueble ubicado entre los poblados El Vainillo y El Pozole.

Junto con el combustible, los militares localizaron dos armas largas, nueve cargadores, 270 cartuchos útiles, tres chalecos tácticos, un tractocamión, un vehículo y dos motocicletas. Tres personas fueron detenidas durante el operativo y puestas a disposición de las autoridades ministeriales.

El despliegue federal en Sinaloa y el contexto del Cártel de Sinaloa

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó en julio que 16 mil 440 elementos federales permanecían desplegados en Sinaloa. Entre octubre de 2024 y junio de 2026, esos efectivos detuvieron a 2 mil 540 personas por delitos de alto impacto y aseguraron más de 94.5 toneladas de droga y 5 mil 900 armas de fuego.

La disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa es el factor que obliga a mantener ese nivel de despliegue en la entidad. La fractura interna del cártel ha convertido a Culiacán y otros municipios sinaloenses en el escenario de uno de los mayores operativos federales del país.

Las autoridades ministeriales tienen pendiente determinar el origen de los 124 mil litros de gasolina asegurados en La Urraca y su posible destino. Los objetos decomisados en ese operativo serán sometidos a peritajes para establecer la responsabilidad de los tres detenidos y la procedencia de las armas y los vehículos.

La investigación también busca establecer si el inmueble se utilizaba de forma habitual para almacenar, transportar o distribuir el combustible de procedencia ilícita. Los resultados de esos peritajes determinarán la situación jurídica de los sospechosos.

La Policía Nacional del Perú interceptó un vehículo con 72.929 kilogramos de alcaloide de cocaína ocultos en una estructura acondicionada de la carrocería, durante una intervención ejecutada el 12 de agosto en el centro poblado Santa Cruz Machente, distrito de Ayna, provincia de La Mar, Ayacucho. La operación permitió detener a seis personas que viajaban en la unidad.

El operativo se realizó en el marco de acciones de inteligencia e investigación contra el tráfico ilícito de drogas. Según la información proporcionada por la PNP, los intervenidos serían presuntos integrantes de la organización criminal denominada “Los Caleteros de Kimbiri”, vinculada de forma preliminar al traslado de sustancias ilícitas.

La camioneta cubría la ruta Pichari, en Cusco, hacia Huamanga. Durante el registro, los agentes detectaron modificaciones en la tolva y en la zona posterior del vehículo. La inspección permitió ubicar un compartimiento oculto en la parte anterior de la carrocería, donde se encontraban los paquetes con la sustancia.

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Ayna inició una investigación preliminar contra los seis ocupantes. La diligencia estuvo bajo la conducción del fiscal provincial Wilber Wilfredo Pacco Colque, mientras que el fiscal adjunto Jhon Miller Cherrepano Consuelo participó en las diligencias de deslacrado, pesaje y prueba de orientación química.

Droga estaba distribuida en 70 paquetes

Los agentes encontraron 70 paquetes compactos con forma de ladrillo, cubiertos con cinta amarilla. De acuerdo con la información fiscal, los envoltorios presentaban una marca distintiva de un delfín en bajo relieve.

La apertura del compartimiento permitió retirar los paquetes y someter la sustancia a las pruebas correspondientes. El resultado de la prueba de orientación química dio positivo para alcaloide de cocaína.

El peso total registrado fue de 72.929 kilogramos. La droga fue decomisada y lacrada conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de intervenciones.

Seis ocupantes quedaron detenidos

La intervención terminó con la detención en flagrancia de W.C.P., de 38 años, señalado como conductor de la camioneta; R.C.P., de 30; J.E.C.P., de 29; C.C.P., de 32; F.C.C., de 70; y R.S.C.O., de 21.

Además del vehículo, las autoridades reportaron la incautación de siete teléfonos celulares y S/ 470 000 en efectivo. La información proporcionada por la Fiscalía señala que la droga tendría un valor aproximado de S/ 415 000.

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Ayna quedó a cargo de las diligencias correspondientes para determinar la participación de cada uno de los intervenidos y establecer las circunstancias del traslado de la sustancia.

Investigación apunta a una modalidad de ocultamiento

La estructura acondicionada dentro de la carrocería fue uno de los elementos detectados durante el registro de la camioneta. Este mecanismo permitió ocultar los paquetes fuera de la vista durante el desplazamiento por la ruta Pichari-Huamanga.

La Policía Nacional indicó que sus acciones de inteligencia buscan identificar las rutas utilizadas para el traslado de droga y detectar mecanismos empleados para ocultar cargamentos ilícitos. La intervención en Machente se produjo dentro de esas labores de control e investigación contra el tráfico ilícito de drogas en Ayacucho.

Otro decomiso ocurrió días antes en Machente

El 7 de agosto de 2026, agentes de la División de Investigación contra el Desvío de Insumos Químicos realizaron otra intervención en el frontis del puesto de control de Machente, en el distrito de Ayna.

En esa operación, los efectivos revisaron un vehículo que se dirigía hacia Huamanga y detectaron alteraciones en los pernos y conectores ubicados en la parte inferior del tanque de combustible. Una inspección posterior permitió encontrar una sustancia que dio resultado positivo para alcaloide de cocaína.

En ese caso, la Policía reportó el decomiso de 41.532 kilogramos de cocaína, la detención de dos personas y una afectación económica estimada en S/ 267 560. La intervención también estuvo relacionada con las acciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas en Machente.

La justicia confirmó una condena de 15 años de prisión efectiva contra José Rolando Aponte Mananita por el delito de tráfico ilícito de drogas, en la modalidad agravada de favorecimiento mediante actos de tráfico, en agravio del Estado. La decisión corresponde a la Segunda Sala Penal de Apelaciones en Adición Liquidadora.

El tribunal estuvo integrado por los magistrados Federik Randolp Rivera Berrospi, Marco Antonio Santacruz Urbina y Jaime Fajardo Mesías. Los jueces revisaron el recurso presentado por la defensa del sentenciado contra la condena impuesta en primera instancia.

La resolución mantiene la ejecución de la pena privativa de libertad y ordena que una copia certificada de la decisión sea enviada al director del Establecimiento Penal de Pucallpa. El documento establece que dicha comunicación permitirá el cumplimiento de la condena correspondiente.

El caso se relaciona con el intento de ingreso de pasta básica de cocaína al recinto penitenciario, sustancia que fue localizada dentro de pescados destinados al establecimiento. El caso fue sustentado por la Fiscalía durante la investigación y posteriormente evaluado por los órganos jurisdiccionales.

Sala Penal confirma la condena

La Segunda Sala Penal de Apelaciones declaró infundado el recurso de apelación presentado por la defensa de Aponte Mananita. Según la resolución, los argumentos planteados no lograron cuestionar los elementos que sustentaron la responsabilidad penal del sentenciado.

Entre las pruebas valoradas por el Colegiado figura el acta de intervención realizada en la esclusa principal del penal. También se tomó en cuenta la declaración de un servidor del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y diversos documentos vinculados con el ingreso de productos al establecimiento.

El tribunal consideró además documentos suscritos por el propio Aponte Mananita. Entre ellos figura una solicitud de ingreso de productos e insumos y la nota de pedido correspondiente al Economato N.° 13, área a la cual estaban destinados los víveres con los que se intentó introducir la sustancia ilícita.

La Sala determinó que estos elementos permitieron desvirtuar la presunción de inocencia mediante una estructura indiciaria que, según la resolución, sustentó la condena impuesta.

Según la tesis fiscal, el agente del INPE César Díaz Quispe entregó a la Policía una bolsa con 30 pescados y otros alimentos destinados a ingresar al penal de Pucallpa. Los productos serían entregados por Lucía Ahuanari Pacaya al interno José Rolando Aponte Mananita.

Durante el registro de los alimentos, las autoridades localizaron en cada pescado una bolsa plástica con una sustancia de apariencia parduzca. La prueba inicial dio positivo para alcaloide de cocaína.

El pesaje estableció un peso bruto de 282 gramos. Posteriormente, el peritaje forense determinó que la sustancia correspondía a pasta básica de cocaína y estableció un peso neto de 253 gramos.

Fiscalía atribuyó funciones a los involucrados

Durante la investigación preparatoria, la Fiscalía recogió la declaración de Lucía Ahuanari Pacaya. Según el Ministerio Público, ella sostuvo que los productos estaban destinados al interno Luis Alberto Pisco Mendoza, quien le habría solicitado el ingreso de los alimentos a nombre de José Rolando Aponte Mananita.

De acuerdo con la acusación fiscal, Ahuanari Pacaya adquirió, acondicionó y transportó la droga oculta dentro de los pescados hasta el establecimiento penitenciario.

La Fiscalía atribuyó a Aponte Mananita la función de recibir la sustancia y facilitar su posterior distribución para su comercialización dentro del penal. Estos hechos formaron parte de la imputación por tráfico ilícito de drogas en modalidad agravada.

Con la decisión de la Segunda Sala Penal de Apelaciones en Adición Liquidadora, la condena de 15 años de prisión efectiva quedó confirmada en esta instancia judicial.

La justicia panameña impuso penas que alcanzan hasta los 12 años de prisión en tres procesos relacionados con tráfico y posesión de drogas registrados en Chiriquí, Veraguas y Darién. Los casos dejaron siete personas condenadas, entre ellas ciudadanos colombianos y nicaragüenses, además del decomiso de dinero y bienes vinculados a las investigaciones.

El mayor cargamento fue localizado en aguas del Pacífico panameño, al sur de Punta Burica, en la provincia de Chiriquí, donde las autoridades interceptaron una embarcación que transportaba 107 sacos. Dentro de ellos fueron encontrados 2,313 paquetes de sustancias ilícitas, según información divulgada por el Ministerio Público.

Por este caso fueron condenados dos ciudadanos colombianos y un nicaragüense a 144 meses de prisión, equivalentes a 12 años para cada uno, por el delito contra la seguridad colectiva en la modalidad de tráfico internacional de sustancias ilícitas. La sentencia también estableció el comiso de los bienes pertenecientes a los tres extranjeros como pena accesoria.

La decisión fue adoptada por la jueza de garantías del Sistema Penal Acusatorio de Chiriquí, Rita Williams, quien validó un acuerdo de pena consensuado entre las partes y emitió la sentencia condenatoria número 548. Los tres procesados habían admitido previamente su responsabilidad en los hechos investigados por la Fiscalía Especializada de Drogas.

De acuerdo con el Ministerio Público, la embarcación fue ubicada al sur de Punta Burica, en el distrito de Barú, durante una operación realizada conjuntamente con unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan). La información oficial presenta una diferencia sobre la fecha: el Órgano Judicial señala el 9 de agosto, mientras la Procuraduría ubica el procedimiento el 10 de agosto.

Durante la audiencia, la Fiscalía estuvo representada por Stephanía González, mientras los defensores públicos Rocío De Roux, Nathanael Guerra y Milenis Caballero asistieron a los tres sancionados. Los elementos presentados permitieron acreditar, según la Procuraduría, la comisión del delito y la participación de los ocupantes de la embarcación.

Drogas frente a una sede policial

Un segundo caso tuvo un escenario poco habitual. Tres personas fueron aprehendidas frente a las instalaciones de la Zona de Policía de Veraguas, en el distrito de Santiago, donde las autoridades aseguraron haberlas encontrado en flagrancia. Los investigados mantenían 1.12 kilogramos de marihuana, de acuerdo con la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

El procedimiento ocurrió el 10 de agosto y terminó con dos hombres y una mujer condenados por posesión agravada de sustancias ilícitas. Para uno de los hombres y la mujer se establecieron penas de 84 meses de prisión, equivalentes a siete años, mientras el tercer procesado recibió una sanción de 72 meses, es decir, seis años.

Además de las penas de cárcel, el tribunal dispuso el comiso de $7,596.50 encontrados en poder de uno de los condenados al momento de la aprehensión. La suma quedó incorporada al proceso como parte de las evidencias relacionadas con el caso, mientras la Fiscalía sustentó los elementos que permitieron alcanzar las condenas.

La ubicación de la aprehensión llamó particularmente la atención debido a que los tres fueron sorprendidos frente a una instalación de la propia Policía Nacional. El Ministerio Público no detalló qué hacían en el lugar ni estableció en la información divulgada si el dinero decomisado estaba directamente relacionado con alguna transacción de drogas.

Un tercer expediente terminó con una condena de nueve años de prisión contra un ciudadano panameño por posesión agravada de drogas. A diferencia de los otros dos procesos, los hechos no ocurrieron en agosto de 2026, sino el 16 de mayo de 2025, en las proximidades de una terminal de transporte en Darién.

El hombre fue aprehendido cerca de la terminal ubicada en el corregimiento de Santa Fe con dos paquetes de Cannabis sativa L., identificada como marihuana. Uno registró un peso de 2.55 kilogramos y el segundo de 2.58 kilogramos, por lo que entre ambos sumaban aproximadamente 5.13 kilogramos de la sustancia.

El proceso llegó a juicio oral y la Fiscalía Regional de Darién presentó pruebas testimoniales, documentales y evidencia ilustrativa para acreditar la responsabilidad penal del acusado. A diferencia de los expedientes de Chiriquí y Veraguas, que avanzaron mediante acuerdos de pena, este caso terminó con una decisión después de celebrarse el juicio.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llegó este miércoles a Panamá con un mensaje centrado en la lucha contra los cárteles y la seguridad del Canal, en su segunda visita al país.

Antes y después de reunirse con el presidente José Raúl Mulino, el funcionario utilizó sus redes sociales para destacar la cooperación bilateral y anticipar las prioridades de su agenda.

“Espero con interés fortalecer nuestra asociación para mantener seguro el Canal de Panamá e interrumpir las operaciones de los cárteles en toda la región”, escribió Hegseth, quien agradeció a Mulino por su liderazgo en la organización del ejercicio PANAMAX 2026.

La declaración marcó desde su llegada el tono de una visita enfocada en seguridad regional.

Hegseth también sostuvo un encuentro con el embajador estadounidense en Panamá, Kevin Marino Cabrera, tras el cual aseguró que Estados Unidos es más fuerte cuando permanece “hombro con hombro” con socios de confianza.

En su mensaje destacó el fortalecimiento de las alianzas para mantener seguro el vecindario compartido y reforzar al hemisferio occidental.

Posteriormente, Hegseth se reunió con Mulino en el marco de la Coalición de las Américas contra los Cárteles, iniciativa impulsada por Washington para coordinar acciones regionales frente al narcotráfico y otras organizaciones criminales.

Durante el encuentro, ambos destacaron la cooperación entre Panamá y Estados Unidos en materia de seguridad y combate al tráfico de drogas.

El secretario estadounidense calificó a Panamá como un “importante aliado” y socio con intereses comunes, y resaltó el papel desempeñado por el país en las estrategias regionales contra los cárteles.

También mencionó la colaboración panameña frente a la migración irregular, otro de los asuntos que durante los últimos años ha ocupado la agenda bilateral.

Mulino, por su parte, repasó las iniciativas de seguridad desarrolladas por Panamá junto con Colombia y otros países de la región.

El mandatario manifestó una valoración positiva de la cooperación estadounidense, pero volvió a introducir un elemento que Panamá ha considerado fundamental: el respeto a la soberanía de cada una de las naciones participantes.

La reunión de este miércoles tuvo además un componente regional relevante con la incorporación de Colombia a la coalición anticárteles. Hegseth dio la bienvenida al país sudamericano al mecanismo después de la reciente llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia colombiana, fortaleciendo una estrategia estadounidense que busca aumentar las operaciones conjuntas contra narcotraficantes y redes criminales.

La ofensiva contra estas organizaciones no es un planteamiento nuevo de Hegseth. En mayo, durante una reunión del gabinete de Donald Trump, el funcionario aseguró que Estados Unidos iría “a la guerra contra los cárteles” mediante la Coalición de las Américas.

Washington ha colocado desde entonces el combate al narcotráfico entre sus principales prioridades para el hemisferio occidental.

La visita también coincide con PANAMAX 2026, el ejercicio multinacional enfocado en la protección del Canal de Panamá y la coordinación de fuerzas de distintos países frente a eventuales amenazas.

Ya durante su primera visita, Hegseth había adelantado que Panamá albergaría este año el ejercicio, destinado a entrenar capacidades para garantizar el flujo del comercio por la vía interoceánica.

Dentro de la agenda conocida para esta visita también está el contacto con las actividades militares y de entrenamiento desarrolladas en territorio panameño, incluida la cooperación en operaciones de selva.

Estados Unidos y Panamá habían acordado previamente incrementar los ejercicios conjuntos, el intercambio de información y la interoperabilidad entre sus fuerzas de seguridad.

El tono de esta segunda visita presenta, hasta ahora, una diferencia evidente frente a la realizada por Hegseth en abril de 2025. En aquella ocasión, China ocupó un lugar central en prácticamente todo el discurso estadounidense sobre el Canal.

El secretario sostuvo entonces que Washington y Panamá trabajarían juntos para contrarrestar lo que calificó como influencia china sobre infraestructura estratégica.

Hegseth llegó incluso a declarar en aquella visita que Estados Unidos no permitiría que China pusiera en peligro la operación o integridad del Canal y afirmó que ambos países recuperarían la vía de la influencia china.

Sus declaraciones provocaron una dura respuesta de Beijing, que acusó a Washington de interferencia y rechazó los señalamientos estadounidenses.

Esta vez, al menos durante las primeras actividades y declaraciones públicas conocidas este miércoles, China no ha ocupado ese protagonismo. El discurso se ha concentrado en los cárteles, el narcotráfico, PANAMAX y la seguridad regional, aunque la protección del Canal continúa formando parte explícita de la agenda estratégica estadounidense.

La relación bilateral en materia de seguridad se profundizó precisamente después de aquella primera visita. Panamá y Estados Unidos suscribieron un memorando para ampliar actividades de cooperación y entrenamiento conjunto, mientras Washington planteó reforzar su presencia rotativa para ejercicios en instalaciones utilizadas anteriormente por fuerzas estadounidenses.

El Gobierno panameño ha insistido en que esos acuerdos no implican bases militares permanentes.

La agenda de Hegseth continuará alrededor de PANAMAX y las capacidades de seguridad necesarias para proteger la vía interoceánica, además del componente regional contra las organizaciones criminales.

Su segunda visita muestra así un desplazamiento del énfasis público: de la confrontación con China que marcó 2025 hacia una ofensiva hemisférica contra los cárteles en 2026.

Una estructura criminal que habría conseguido infiltrar trabajadores en las operaciones de la terminal portuaria de Balboa para introducir droga en contenedores continuará con 22 de sus presuntos integrantes bajo detención provisional en Panamá.

El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la medida cautelar impuesta tras la Operación Alianza, una investigación que comenzó en agosto de 2024 y siguió al menos 19 eventos relacionados con narcotráfico internacional.

La decisión se produjo después de que la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas sustentara los riesgos procesales existentes durante una audiencia de apelación.

Los magistrados concluyeron que mantener privados de libertad a los 22 imputados constituye una medida proporcional, idónea y necesaria mientras continúa la investigación por una organización con conexiones internacionales.

La Operación Alianza permitió descubrir un esquema que utilizaba el puerto de Balboa como plataforma para enviar cargamentos de droga al extranjero. Las investigaciones determinaron que la estructura contaba con trabajadores en diferentes áreas de la terminal, quienes aprovechaban su acceso y conocimiento de las operaciones portuarias para contaminar contenedores que posteriormente salían de Panamá.

La droga, según las pesquisas, procedía de Colombia y era trasladada hasta Panamá para incorporarla posteriormente a la cadena logística internacional. Dentro de la organización figuraban trabajadores portuarios, conductores de plataformas de transporte y particulares que cumplían diferentes funciones.

El objetivo era introducir los cargamentos ilícitos dentro de contenedores legítimos antes de que estos abandonaran el país.

Para movilizar la mercancía hasta la terminal, la organización habría utilizado vehículos articulados y automóviles particulares que transportaban grandes cantidades de droga.

Una vez dentro del recinto portuario entraba en acción el componente interno de la estructura, cuyos integrantes facilitaban la contaminación de los contenedores aprovechando su acceso a zonas restringidas y su conocimiento de la logística.

Los cargamentos tenían como principales destinos Australia, Nueva Zelanda y Bélgica, mercados ubicados en Oceanía y Europa, según la Policía Nacional. La elección de esos destinos evidencia el alcance transnacional de la estructura investigada, que utilizaba la conectividad marítima de Panamá para colocar droga en rutas comerciales internacionales.

La investigación comenzó específicamente el 8 de agosto de 2024 y permitió seguir 19 eventos vinculados a las actividades de la organización.

Mediante técnicas especializadas de investigación, las autoridades lograron decomisar más de una tonelada de sustancias ilícitas. La Policía precisó posteriormente que durante las pesquisas fueron incautados 1,450 paquetes de droga.

La fase operativa desarrollada en julio alcanzó Panamá, Panamá Oeste, San Miguelito y Colón mediante múltiples diligencias simultáneas. Además de las aprehensiones, las autoridades decomisaron cuatro vehículos y más de $14 mil en efectivo. Los indicios recopilados permitieron reconstruir funciones y vínculos dentro de la presunta estructura.

Las primeras audiencias fueron particularmente extensas. La jueza de garantías Hiroko Tinoco Naranjo ordenó inicialmente la detención provisional de 22 personas después de una audiencia de solicitudes múltiples que se prolongó durante cinco días.

La juzgadora consideró la gravedad de los hechos, el peligro para la comunidad y el riesgo de afectar pruebas para justificar la medida.

La Fiscalía formuló imputaciones diferenciadas según la presunta participación de cada investigado. Dieciocho personas fueron imputadas por conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, mientras otras seis enfrentaron cargos por conspiración y tráfico internacional. A otra persona se le atribuyeron conspiración y blanqueo de capitales, de acuerdo con lo planteado durante las audiencias.

El expediente tuvo además un giro internacional cuando un panameño señalado como presunto líder de la estructura fue localizado y detenido en Colombia. El hombre era requerido mediante una notificación roja de Interpol y trabajaba en un puerto de Ciudad de Panamá. Las autoridades consideran que su conocimiento de la logística portuaria resultaba clave para coordinar los envíos.

Según la investigación, el supuesto cabecilla utilizaba su experiencia dentro de las operaciones portuarias para organizar la contaminación de los contenedores.

Tras su ubicación en territorio colombiano quedó sujeto a un proceso para responder en Panamá por conspiración, tráfico internacional de drogas, blanqueo de capitales y delitos contra la seguridad colectiva.

El proceso también produjo condenas anticipadas. Durante las primeras audiencias, varios investigados alcanzaron acuerdos de pena con el Ministerio Público, mientras los otros 22 quedaron sometidos a detención provisional. Las penas acordadas llegaron hasta 120 meses de prisión para algunos de los implicados que aceptaron responsabilidad por los hechos investigados.

La confirmación de las detenciones permite ahora a la Fiscalía continuar reconstruyendo los movimientos de la organización y determinando si existen otros participantes vinculados a las operaciones portuarias.

El expediente busca establecer además la responsabilidad individual en cada uno de los 19 eventos y la dimensión de una estructura que habría convertido contenedores comerciales en vehículos para transportar droga desde Panamá hacia otros continentes.

Una embarcación pesquera que navegaba por aguas del Pacífico panameño escondía 53 sacos dentro de una estructura de doble fondo. Al revisar la carga, las autoridades encontraron 1,567 paquetes rectangulares con presunta sustancia ilícita y aprehendieron a los seis tripulantes que viajaban a bordo, en una nueva operación antidrogas desarrollada cerca del Archipiélago de Las Perlas.

El procedimiento se produjo al sur de Punta Coco, en las inmediaciones del Archipiélago de Las Perlas, después de labores de patrullaje y control del tráfico marítimo ilícito.

La Fiscalía Superior Especializada en Delitos Relacionados con Drogas coordinó la acción con unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) que localizaron e inspeccionaron la embarcación.

Punta Coco está situada en el extremo sur de Isla del Rey, la mayor isla del Archipiélago de Las Perlas, en el golfo de Panamá y sobre la vertiente del Pacífico.

Se encuentra aproximadamente a 110 kilómetros de Ciudad de Panamá y solo es accesible por vía marítima o aérea. En el área funciona además una base del Senan.

El Archipiélago de Las Perlas pertenece administrativamente al distrito de Balboa, provincia de Panamá, y se extiende en medio del golfo de Panamá, frente a las costas del Pacífico.

Su posición geográfica resulta particularmente relevante para las autoridades encargadas de combatir el narcotráfico, debido a las rutas marítimas que atraviesan esta zona del país.

Durante la inspección de la embarcación, los agentes detectaron una estructura modificada que funcionaba como doble fondo, mecanismo utilizado para mantener la carga fuera de la vista durante una revisión superficial. En ese compartimiento fueron encontrados los 53 sacos que contenían los 1,567 paquetes, según informó la Procuraduría General de la Nación.

No es la primera incautación registrada este año en esta zona. En marzo, el Senan decomisó otros 680 paquetes de cocaína cerca de Punta Coco después de interceptar una embarcación que se desplazaba hacia la costa.

Para entonces, las operaciones aeronavales también habían detectado cargamentos en Playa Bongo, otro punto de Isla del Rey, además de sectores del Pacífico central.

El Pacífico panameño constituye una zona estratégica para las operaciones contra el tráfico marítimo de drogas por la posición del país entre Sudamérica y Centroamérica y su extensa fachada oceánica.

Las embarcaciones utilizadas para trasladar cargamentos desde zonas productoras de cocaína pueden emplear rutas marítimas alejadas de la costa antes de aproximarse a puntos de transferencia o continuar hacia otros mercados.

Las estadísticas oficiales reflejan la magnitud del fenómeno. Entre enero y junio de 2026, Panamá decomisó 54.66 toneladas de diferentes tipos de drogas, de acuerdo con cifras preliminares del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC).

Del total incautado, 32.68 toneladas fueron cocaína y otras 21.86 toneladas correspondieron a marihuana.

Aunque Colón encabezó los decomisos provinciales con 15.24 toneladas, varias provincias sobre el litoral Pacífico acumularon cantidades importantes durante el semestre. Panamá Oeste registró 11.65 toneladas; Panamá, 9.65 toneladas; Chiriquí, 9.62 toneladas; Los Santos, 5.08 toneladas, y Darién, otras 1.83 toneladas. La distribución muestra que las incautaciones abarcan buena parte de ambas costas panameñas.

Las cifras también muestran fuertes variaciones mensuales. Mayo fue el mes con mayores decomisos del primer semestre, al alcanzar 12.49 toneladas, seguido de febrero con 10.50 toneladas y enero con 9.95 toneladas. Junio cerró con 7.61 toneladas, mientras marzo y abril registraron 7.05 toneladas cada uno.

El nuevo cargamento localizado frente a Punta Coco equivale a más de 1,500 paquetes adicionales que todavía deberán ser sometidos a pruebas científicas.

La Fiscalía precisó que los análisis determinarán la composición exacta de la sustancia, por lo que oficialmente todavía no se ha establecido qué tipo de droga contenían los envoltorios.

Los investigadores también deberán determinar la procedencia de la embarcación, el origen del cargamento y cuál era su destino final, además de establecer la participación individual de los seis tripulantes. Los aprehendidos serán presentados ante un Tribunal de Garantías para las respectivas audiencias del proceso penal.

El hallazgo vuelve a colocar al Archipiélago de Las Perlas dentro del mapa de las operaciones antidrogas de 2026. La combinación de extensas áreas marítimas, numerosas islas y rutas de navegación en el Pacífico obliga a mantener patrullajes permanentes, mientras las organizaciones criminales recurren a embarcaciones y compartimentos ocultos para intentar trasladar grandes cargamentos sin ser detectados.

El operativo ocurrió el domingo 9 de agosto en el distrito de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, en Ayacucho. Según la información proporcionada por las autoridades, el cargamento superaría los 70 kilogramos de droga y los paquetes estaban marcados con un logotipo de delfín.

La Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Huamanga asumió la investigación preliminar tras la intervención y dispuso la detención en flagrancia de los dos tripulantes de la ambulancia.

Así fue la intervención

La unidad, con placa EQE-944, pertenece al Hospital de Kimbiri y forma parte de la Red de Servicios de Salud Cusco VRAEM. De acuerdo con la información policial, salió de Kimbiri trasladando a un menor que había sufrido un accidente de tránsito y debía ser atendido en el Hospital Regional de Ayacucho.

Durante el recorrido, de más de 260 kilómetros, la ambulancia habría logrado avanzar sin ser sometida a controles debido a que se trataba de un traslado de emergencia y circulaba con la sirena encendida.

Por motivos de seguridad, los agentes esperaron a que el menor fuera internado en el hospital antes de intervenir la unidad. Una vez que el paciente estuvo a salvo, los efectivos procedieron con la inspección del vehículo.

Fue entonces cuando descubrieron una “caleta” acondicionada en la zona del aire acondicionado, a la altura de la camilla. En el compartimiento se encontraron 13 paquetes negros que contenían 69 envoltorios tipo ladrillo con una sustancia que dio positivo para clorhidrato de cocaína.

Los paquetes tenían como distintivo un logotipo de delfín. La información preliminar de las autoridades señala que el cargamento tendría un peso superior a los 70 kilogramos.

Conductor y enfermero fueron detenidos

Los intervenidos fueron identificados como Rubén Sáenz Vega, conductor de la ambulancia, y Jonas León Gutiérrez, quien se desempeñaba como enfermero. Ambos fueron detenidos en flagrancia y quedaron a disposición de las autoridades mientras continúan las diligencias.

La representante del Ministerio Público dispuso la realización del peritaje químico, el pesaje oficial de la droga y una inspección integral de la ambulancia.

Estas diligencias permitirán establecer con precisión el peso del cargamento, así como determinar cómo fue acondicionada la caleta y quiénes participaron en el traslado.

La investigación busca establecer dónde fue acopiada la sustancia ilícita y cuál era su destino final. Tampoco se descarta que el cargamento haya sido trasladado desde una zona del VRAEM hacia Ayacucho para posteriormente continuar su recorrido hacia otros puntos del país o mercados internacionales.

La Policía y el Ministerio Público también buscan determinar quiénes acondicionaron el compartimiento oculto, quién entregó la droga y si los dos intervenidos actuaban por cuenta propia o formarían parte de una estructura criminal dedicada al acopio, transporte y comercialización de cocaína.

La información policial vincula el operativo con la desarticulación de la presunta banda criminal “La Cruz Blanca”. Sin embargo, la responsabilidad individual de los detenidos y su eventual pertenencia a dicha organización deberán ser determinadas durante la investigación fiscal.

Un operativo de la Fuerza Pública y la Policía de Control de Drogas (PCD) de Costa Rica permitió decomisar más de 250 kilos de marihuana durante un control de carretera realizado en la localidad de Macho Gaff, en San Isidro de El Guarco, Cartago.

El hallazgo ocurrió cuando oficiales de la Fuerza Pública mantenían un control preventivo en carretera y decidieron intervenir dos vehículos que circulaban por la zona.

Durante la inspección inicial, los policías observaron desde la parte exterior de uno de los automotores varios bultos, una situación que despertó sospechas de que podrían contener algún tipo de sustancia ilícita.

Ante la posibilidad de que se tratara de droga, los oficiales coordinaron con la Fiscalía de Cartago, que solicitó la presencia de agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) para realizar una revisión más exhaustiva de los vehículos.

Los agentes localizaron en uno de los automotores 524 paquetes de marihuana, cada uno con un peso aproximado de 500 gramos.

En total, el cargamento superaba los 250 kilogramos de marihuana.

El segundo vehículo revisado no tenía droga en su interior. Sin embargo, las autoridades determinaron que aparentemente tendría relación con el traslado del cargamento, por lo que ambos automotores fueron decomisados por la PCD como parte de las diligencias de investigación.

Además de la droga y los vehículos, los agentes incautaron ₡127,000 (USD 282) y USD 217.

Uno de los detalles que llamó la atención de los investigadores fue la apariencia de los paquetes.

Los envoltorios de marihuana tenían imágenes relacionadas con figuras conocidas del narcotráfico mexicano, entre ellas Rafael Caro Quintero y Pedro Avilés Pérez.

También aparecía la imagen de Jesús Malverde, personaje conocido popularmente como el llamado “santo de los narcos mexicanos”.

La presencia de estas imágenes quedó registrada durante la inspección del cargamento y forma parte de los elementos incorporados a la investigación sobre el origen y destino de la droga.

Las autoridades deberán determinar ahora de dónde procedía el cargamento, hacia dónde sería trasladado y cuál era la participación específica de las personas detenidas.

Dos detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía

Durante el operativo fueron detenidos dos hombres, quienes figuran como sospechosos de transportar la droga.

Uno de ellos es de apellido Thomson, quien cuenta con antecedentes judiciales por portación ilegal de arma de fuego, robo de vehículo, tenencia de droga y robo agravado.

El segundo detenido es de apellido Torres, quien registra un expediente relacionado con receptación, infracción a la Ley Fiscal, contrabando de mercancías varias y conducción temeraria.

Ambos fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público, que deberá definir las medidas cautelares que correspondan mientras avanza la investigación.

Las autoridades judiciales deberán establecer si los sospechosos mantenían algún vínculo previo con el cargamento o si formaban parte de una estructura dedicada al transporte y distribución de drogas.

Un cargamento descubierto durante un control

El decomiso se produjo como resultado de una labor preventiva de la Fuerza Pública en carretera.

Los oficiales que realizaban el control en Macho Gaff detectaron los bultos desde el exterior de uno de los vehículos, lo que permitió activar el protocolo correspondiente y solicitar la intervención de la PCD.

La coordinación entre la Fuerza Pública, la Fiscalía y la Policía de Control de Drogas permitió realizar la inspección de los automotores y confirmar que uno de ellos transportaba un importante cargamento de marihuana.

La incautación de 524 paquetes, que en conjunto superan los 250 kilos, representa un golpe a la logística de transporte de drogas que utiliza las carreteras nacionales para movilizar cargamentos entre diferentes puntos del país.

Por ahora, la investigación continúa abierta y las autoridades buscan determinar el origen de la marihuana, su posible destino y la estructura criminal detrás del traslado.

Los dos vehículos permanecerán bajo custodia como parte de las diligencias relacionadas con el caso, mientras que los dos detenidos deberán enfrentar el proceso judicial correspondiente.

El caso quedó en manos del Ministerio Público, que deberá solicitar las medidas cautelares que considere necesarias ante el juzgado competente.

La noche de este lunes Carabineros de Chile confirmó la desvinculación de uno de sus funcionarios, quien fue detenido y será formalizado esta jornada junto a un ciudadano mexicano y otro colombiano, acusados de pertenecer a una banda narco vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación.

Desde el Departamento de Comunicaciones de dicha institución emitieron un comunicado señalando que el actuar del ahora exuniformado “no representa los valores ni principios de los miles de hombres y mujeres que diariamente trabajan por el bienestar y seguridad de la ciudadanía”, reiterando que no tolerarán “conductas que vulneren la ley ni la confianza pública”.

La investigación, liderada por la Fiscalía de Alta Complejidad de San Antonio (115 kms al oeste de Santiago), permitió además incautar 400 kilos de cocaína, la que según un reportaje de Mega Investiga sería enviada vía marítima desde ese puerto a Europa.

De acuerdo a la nota, la organización fue desarticulada luego de que uno de sus “dealers” fuera detenido en la frontera con el Perú y diera información sobre el resto de los miembros de la banda.

Por ahora, la investigación apunta a establecer el rol del carabinero acusado y el de sus compinches extranjeros dentro de la estructura criminal, amén de “mapear” sus conexiones con el cártel de drogas más peligroso de México y la ruta de la droga tanto hacia Chile como fuera del país.

Desde San Antonio al mundo

Sin embargo, las autoridades están preocupados por el ingente decomiso de drogas en el Puerto de San Antonio, considerado por la Oficina de la Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito como “uno de los principales puntos para trasladar droga a nivel internacional”, tal como lo advirtió Ainhoa Vásquez, académica de la Universidad Técnica Federico Santa María y autora del libro Narcocultura.

“No es extraño que un cártel tan importante como Jalisco Nueva Generación, que además sabemos sigue operativo y tiene muchas redes internacionales a pesar del asesinato del Mencho, utilice o busque utilizar esta ruta”, señaló a BioBíoChile.

De paso, sostuvo que Chile desde hace varios años se ha ido convirtiendo en un paso estratégico para la droga proveniente sobre todo de Bolivia y Colombia debido a su larga frontera potencialmente vulnerable, un mercado interno cada día más grande y la serie de puertos que conectan al país con el resto del mundo, ya sea hacia Europa como hacia Oceanía y Asia.

Por ahora, resta saber cuáles serán los cargos por los que el Ministerio Público imputará a los tres acusados.

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) interceptó este lunes 100 cigarrillos electrónicos tipo vaper con un líquido que se presume es marihuana en el Muelle de Haina Oriental, donde los dispositivos estaban camuflados en un cargamento de alimentos y ropa usada.

De acuerdo con la DNCD, el paquete fue enviado desde Brooklyn, Nueva York, y tenía como destino a un hombre con supuesta residencia en Piedra Blanca, municipio de Jarabacoa, provincia La Vega. La institución identificó que la remitente sería una mujer residente en un edificio de apartamentos en Brooklyn.

La detección se produjo en el área de consolidación de carga tras aplicar perfiles de riesgo e inspeccionar un contenedor que transportaba tanques con cajas de alimentos y ropa. La caja intervenida declaraba contener solo ropa usada y comida enlatada.

¿Qué encontraron en el paquete?

Según el organismo, al abrir el paquete por instrucciones del fiscal, las autoridades hallaron un doble fondo con los 100 vapers, de distintas marcas comerciales, junto con múltiples rollos de papel. Los dispositivos fueron sellados en fundas de seguridad y trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes.

“La totalidad de los dispositivos electrónicos fue sellada en fundas de seguridad y trasladada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes”, enfatiza el reporte de las autoridades.

Frecuentemente buscan esconder droga en otros objetos

Este domingo las desmantelaron un centro de acopio, mezcla y distribución de presuntos narcóticos que operaba en apartamento de un residencial del sector Renacimiento, en el Distrito Nacional.

Los agentes y fiscales, incautaron 397 gramos de tusi, 390 de cocaína, 340 dosis de ketamina, 42 gramos de marihuana, 4.7 gramos de crack, para un total consolidado de 1, 174 gramos. A esto se suma el decomiso de unas 404 pastillas presumiblemente de éxtasis de color rojo, naranja y verde. En la residencia se confiscaron equipos presuntamente utilizados para la dosificación, mezcla, procesamiento y empaque de los narcóticos, incluyendo, una trituradora, una selladora al vacío y cuatro balanzas digitales.

En julio, autoridades de la DNCD interceptaron en el Aeropuerto Internacional de Las Américas un envío con 83 pastillas de presunta cocaína ocultas en la costura de una blusa, según un comunicado oficial. De acuerdo con la institución, el paquete iba dirigido a un destinatario en Nueva York, Estados Unidos, y las autoridades mantienen abiertas las pesquisas para determinar la identidad real del remitente y del receptor.

El hallazgo ocurrió durante una inspección rutinaria en un depósito de la terminal, con participación del Ministerio Público, el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC) y unidades caninas. Los inspectores detectaron una caja de regalos que contenía una prenda con doble costura, de cuyos dobladillos extrajeron las píldoras.

La institución precisó que el envío habría sido despachado por una mujer con dirección en la Avenida San Vicente de Paul, en Santo Domingo Este, y que el destinatario sería un hombre domiciliado en Wood Avenue, Monticello, en el estado de Nueva York. Las autoridades investigan si los datos consignados corresponden a personas reales o a identidades ficticias.

Las pastillas incautadas fueron embaladas y remitidas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para su análisis. Hasta el momento, no se informó sobre personas detenidas. En la misma semana, la Procuraduría General de la República y la DNCD, con apoyo de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), extraditaron a otros dos dominicanos a Nueva York bajo acusaciones de narcotráfico a gran escala y otros delitos.

Dos policías recibieron una condena de cinco años y seis meses de prisión efectiva por exigir dinero a un comerciante de Lambayeque tras ingresar a su barbería, apoderarse de sus pertenencias y colocar un paquete que, según los propios agentes, contenía cocaína.

La sentencia fue obtenida por el Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Lambayeque, que atribuyó a los efectivos la autoría del delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.

Además de la pena privativa de libertad, el órgano jurisdiccional impuso a los dos sentenciados cuatro años de inhabilitación para ejercer funciones públicas. La resolución también fijó una reparación civil de S/ 16.000, con un monto de S/ 8.000 para cada policía.

Los hechos investigados por el fiscal adjunto provincial Julio César Pilco Goñas ocurrieron el 7 de marzo de 2025, cuando los agentes ingresaron a una barbería de Lambayeque y sometieron al encargado del establecimiento a una serie de acciones que terminaron con una exigencia de dinero a cambio de evitar una supuesta denuncia por drogas.

Ingreso a la barbería y sustracción de dinero

Según la investigación fiscal, los dos efectivos ingresaron al establecimiento durante la tarde del 7 de marzo de 2025. Dentro del local se dirigieron hacia el encargado, identificado como Manuel Namuche, y registraron los bolsillos de su ropa.

Los policías se apoderaron del dinero que llevaba consigo el comerciante. Después, cerraron las puertas de la barbería y desconectaron el suministro eléctrico mediante la llave general del establecimiento.

La Fiscalía de Lambayeque señaló que los agentes también desconectaron la cámara de seguridad del local. Esta acción ocurrió antes de que los efectivos ingresaran a otro ambiente del negocio.

De acuerdo con el expediente fiscal, los policías ingresaron al baño de la barbería y retiraron un paquete que, según afirmaron, contenía cocaína. Luego procedieron a pesar la sustancia frente al agraviado.

Los efectivos utilizaron la supuesta presencia de droga para amenazar al comerciante con una condena de hasta 20 años de prisión. También le dijeron que perdería su carrera y que no volvería a ver a su hija.

La acusación fiscal sostiene que estas amenazas fueron parte de la presión ejercida contra Namuche para obtener dinero. La situación dentro del local derivó en una exigencia económica por parte de los policías.

Exigencia de S/ 5.000 y entrega de parte del dinero

Los dos agentes exigieron al comerciante el pago de S/ 5.000 a cambio de solucionar el supuesto problema relacionado con la droga encontrada en la barbería.

Ante la exigencia, los efectivos permitieron que el agraviado se comunicara con su madre. La mujer consiguió reunir una parte del monto solicitado y entregó S/ 2.000.

La investigación fiscal precisa que los policías no dieron por concluida la exigencia con ese primer pago. Los agentes indicaron que regresarían posteriormente para cobrar el saldo restante.

Después de recibir los S/ 2.000, los efectivos obligaron al agraviado y a su madre a descender del vehículo.

La investigación estuvo a cargo del fiscal adjunto provincial, quien presentó los elementos relacionados con el ingreso de los efectivos a la barbería, la sustracción del dinero, la desconexión de la cámara de seguridad, la supuesta droga y la posterior exigencia económica.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el procedimiento se realizó este domingo en la calle Cachimayo al 1900, en el Barrio Illia, donde los efectivos frenaron la marcha de un Fiat Siena gris en el que viajaban el ciudadano argentino de 25 años con antecedentes penales y una mujer de 23.

Al revisar el vehículo, los policías detectaron en los asientos traseros un ladrillo compacto envuelto en papel amarillo. Tras la inspección, confirmaron que el bulto contenía 1.062 gramos de cocaína.

La droga presentaba en la parte superior el logo bajo relieve de un delfín, una marca que habitualmente aparece en operativos contra células narco sudamericanas y que se asocia al clan liderado por Reynaldo Delfín Castedo, alias “Patrón del Norte”, actualmente detenido y conocido por controlar rutas de tráfico en la frontera con Bolivia.

El caso quedó a cargo de la fiscal Catalina Neme, de la Unidad de Flagrancia Oeste, quien dispuso la detención de ambos sospechosos y el secuestro tanto de la droga como de dos teléfonos celulares y del vehículo en el que circulaban.

Fuentes del caso detallaron a este medio que el joven de 25 años contaba por contravenciones, con fecha de 2024, por ejercer como “trapito” en eventos masivos y por intentar ingresar a los estadios sin entrada.

Días atrás, agentes de la Policía de la Ciudad llevaron a cabo varios operativos en distintos barrios porteños que permitieron desarticular una organización narco familiar dedicada a la venta de drogas en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El procedimiento incluyó siete allanamientos en la Villa 1-11-14, Parque Chacabuco, La Boca e Isidro Casanova, y terminó con ocho personas detenidas: cinco mujeres y tres hombres, dos de ellos con antecedentes penales.

A su vez, los efectivos incautaron más de 8 kilos de marihuana, más de medio kilo de cocaína, pasta base, dinero en efectivo, cámaras de seguridad, balanzas de precisión y dispositivos de comunicación.

La organización operaba tanto al menudeo como a gran escala, utilizando diversos inmuebles para almacenar la droga y empleando “alertadores” que advertían sobre la presencia policial, lo que dificultaba la intervención directa de las fuerzas de seguridad.

Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas Número 7, que dispuso además el secuestro de todos los estupefacientes y elementos vinculados a la comercialización. Según las fuentes consultadas por este medio, con este operativo la organización quedó completamente desarticulada y fuera de circulación.

La Xunta de Galicia ha frenado la iniciativa y ha abierto un expediente sancionador a la empresa que la comercializaba, al considerar que estaba organizando una actividad turística sin contar con la habilitación necesaria. La infracción puede acarrear una multa de entre 901 y 9.000 euros. La Administración autonómica también ha puesto sobre la mesa el posible perjuicio para la imagen turística de Galicia que, a su juicio, puede provocar una propuesta que convierte el narcotráfico en reclamo.

La ruta, que Oubiña presentó en redes sociales como “la ruta del contrabando y del narcotráfico de hachís desde el año 70 al año 2000″, estaba prevista a bordo de “La Nécora”, un nombre elegido en referencia a la Operación Nécora, el histórico operativo policial de 1990 contra las redes de narcotráfico gallegas. Según explicó el propio Oubiña en el vídeo con el que anunció la iniciativa, el recorrido comenzaría en Baiona y terminaría en O Grove, atravesando las rías de Vigo, Pontevedra y Arousa, además de un tramo de la costa de Baiona.

El recorrido incluía alrededor de quince enclaves. La embarcación tenía previsto pasar por San Vicente do Mar, el muelle de Meloxo, la isla de Cortegada, Carril, la desembocadura del Ulla, Rianxo, A Pobra do Caramiñal, Ribeira, Aguiño, Sálvora y Ons. En esta última estaba prevista una parada para comer antes de emprender el regreso a O Grove.

No se trataba, por tanto, únicamente de una excursión marítima. El precio de 189 euros incluía el trayecto, desayuno, aperitivos y bebidas durante la navegación y una comida en la isla de Ons. La organización había previsto además que Oubiña firmase libros y comercializase productos vinculados a su marca durante el viaje. El barco elegido tiene capacidad para unas 250 personas, aunque la experiencia se había planteado para unos 150 pasajeros.

Oubiña quería contar cómo funcionaban sus operaciones

El atractivo de la ruta estaba precisamente en que quien ejercería de guía era el protagonista de buena parte de la historia que se pretendía contar. Oubiña quería explicar a los pasajeros cómo se preparaban las descargas de tabaco y hachís, en qué lugares se producían y cómo intentaban esquivar la vigilancia de la Guardia Civil.

El exnarcotraficante, de 80 años, ha relatado en distintas ocasiones su trayectoria en el contrabando y el narcotráfico y ha convertido ese pasado en parte de su actividad comercial. Ha publicado libros sobre su vida y vende productos vinculados a su figura a través de Pejurito S.L.U., la sociedad que también estaba detrás de la organización de la ruta.

Oubiña explicó en numerosas ocasiones algunos detalles de aquellas operaciones y habló de cargamentos de hachís de hasta 15 toneladas y de descargas de unas 1.200 cajas de tabaco. Esas cifras forman parte de su propio relato sobre los años en los que se dedicó al contrabando y al narcotráfico. La ruta pretendía precisamente llevar ese relato al terreno en el que ocurrieron los hechos. La ría de Arousa, que durante décadas fue uno de los principales escenarios del contrabando en Galicia, se convertía así en el escenario de una excursión en la que Oubiña reconstruiría su pasado mientras navegaba por algunos de los puntos que, según su versión, estuvieron vinculados a sus operaciones.

La iniciativa no estaba pensada como una experiencia aislada. Si la primera salida tenía éxito, Oubiña había planteado organizar nuevas rutas por otros puntos de Galicia, entre ellos Muros, la Costa da Morte y Lugo, además de Portugal. También había contemplado dedicar una excursión a su huida a Grecia y a su posterior detención por Interpol.

La propuesta había comenzado a comercializarse antes de la intervención de la Xunta y la organización aseguraba que había vendido una parte importante de las plazas. El precio y las condiciones estaban publicados en la oferta de la excursión, que también establecía un número mínimo de pasajeros para garantizar la viabilidad económica de la salida.

Turismo considera que la empresa no podía organizar la excursión

La intervención de la Xunta no se produce formalmente por el contenido de la ruta, sino por la manera en la que estaba siendo comercializada. La Inspección de Turismo actuó de oficio tras conocer la iniciativa y abrió un expediente sancionador a Pejurito S.L.U., la empresa vinculada a Oubiña que estaba detrás de la venta de la experiencia.

El problema, según la Administración autonómica, es que la sociedad no está habilitada como agencia de viajes y no figura inscrita como tal en el Registro de Empresas e Actividades Turísticas de Galicia. La Xunta entiende que la actividad que se estaba ofreciendo iba más allá de un simple paseo en barco y constituía un paquete turístico.

La excursión reunía bajo una misma oferta varios servicios: transporte marítimo, una actividad guiada, restauración y otros servicios complementarios. Todo ello se comercializaba conjuntamente y por un precio único. Para Turismo, esa fórmula exige una habilitación que la empresa de Oubiña no tiene. El expediente puede terminar con una sanción de entre 901 y 9.000 euros. La tramitación administrativa, no obstante, todavía no ha concluido, por lo que la multa no es firme.

Además de la cuestión administrativa, la Xunta ha señalado el impacto que una iniciativa de este tipo puede tener sobre la imagen turística de Galicia. La normativa contempla la posibilidad de actuar cuando una actividad turística ocasiona un perjuicio notorio a esa imagen, y la Inspección considera que utilizar el narcotráfico como reclamo turístico puede encajar en ese supuesto.

La decisión de Turismo se produce después de que la ruta provocase también el rechazo de organizaciones que llevan décadas trabajando contra el narcotráfico en Galicia. Érguete criticó que se utilizase con fines comerciales el sufrimiento provocado por la droga entre las víctimas y sus familias. La Fundación Galega contra o Narcotráfico calificó la iniciativa de “inaceptable” y cuestionó que se presentase como atractivo turístico una parte de la historia de las Rías Baixas marcada por el tráfico de drogas.

La salida estaba prevista para el 29 de agosto. Oubiña pretendía entonces subir a “La Nécora” para recorrer las rías de Vigo, Pontevedra y Arousa y contar, desde su propia perspectiva, cómo se desarrollaba el contrabando en aquellos mismos lugares. La actuación de la Xunta deja ahora la ruta en suspenso mientras se tramita el expediente abierto a la empresa que la organizaba.

La operación “Caballo de Troya” permitió desarticular una presunta modalidad de microtráfico que utilizaba puestos de vendedores ambulantes como fachada para comercializar drogas en áreas de alta concurrencia de San Miguelito.

La acción terminó con siete personas aprehendidas y se suma a varios casos registrados durante los primeros días de agosto en Panamá, con métodos que van desde compartimentos ocultos en embarcaciones hasta el tráfico a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas desarrolló la operación en Los Andes, Paraíso, Santa Marta, San José y La Gran Estación, en coordinación con la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional.

Precisamente en La Gran Estación, según la Procuraduría, los investigados se presentaban como buhoneros mientras presuntamente comercializaban sustancias ilícitas cerca de establecimientos y espacios con elevado movimiento de personas.

El mecanismo permitía mezclar la presunta actividad ilícita con el movimiento cotidiano de vendedores y compradores, reduciendo las posibilidades de despertar sospechas entre quienes transitaban por el área.

Durante los procedimientos fueron aprehendidas siete personas y las autoridades decomisaron dinero presuntamente relacionado con las ventas y sustancias que serán sometidas a pruebas científicas para determinar su composición.

Los detenidos deberán comparecer ante un Tribunal de Garantías para continuar el proceso judicial. El caso pone nuevamente el foco sobre el microtráfico en espacios urbanos de intensa actividad comercial, pero no es el único expediente reciente en el que las autoridades panameñas han encontrado mecanismos utilizados presuntamente para ocultar o transportar sustancias ilícitas sin ser detectadas.

Otro caso terminó con una condena de 88 meses de prisión contra una pasajera extranjera que transitaba por la zona internacional del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

La mujer tenía como destino final París, Francia, cuando fue sometida a una inspección de rutina realizada por las autoridades panameñas en coordinación con la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional.

El Tribunal de Garantías declaró legal su aprehensión y admitió la imputación por delitos relacionados con drogas, antes de que el proceso concluyera mediante un acuerdo de pena. Además de los 88 meses de cárcel, se ordenó el decomiso de 1,185 euros que llevaba la condenada, monto que deberá ser convertido a moneda nacional, unos $1,369.

Las acciones contra el tráfico de drogas también alcanzaron durante los últimos días la provincia de Los Santos. La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas consiguió tres condenas por venta de sustancias ilícitas en el distrito de Parita, después de investigaciones que documentaron transacciones realizadas en diferentes fechas entre finales de julio y comienzos de agosto.

En el primer expediente, un ciudadano fue condenado a 90 meses de prisión mediante la Sentencia N.° 290, después de comprobarse ventas efectuadas el 24 y 29 de julio y el 3 de agosto. En otra audiencia, dos personas recibieron penas de 92 meses de cárcel cada una por hechos ocurridos en Parita Cabecera.

Las investigaciones determinaron que estos últimos realizaron ventas el 25 y 29 de julio y nuevamente el 3 de agosto. Durante las diligencias, las autoridades también localizaron sustancias ilícitas adicionales dentro de la residencia de uno de los involucrados, ampliando los indicios incorporados por la Fiscalía al proceso penal.

Uno de los decomisos de mayor volumen ocurrió en la costa Caribe. Dos panameños quedaron bajo detención provisional por posesión agravada de drogas y alteración de la estructura de un medio de transporte, luego de que las autoridades descubrieran un compartimento diseñado para esconder cientos de paquetes dentro de una embarcación.

Los hombres fueron aprehendidos la noche del 3 de agosto en Playa Chiquita, Costa Arriba de Colón, después de que unidades del Servicio Nacional Aeronaval retuvieran la nave. Durante el posterior allanamiento, la Fiscalía de Drogas encontró una estructura de doble fondo en cuyo interior permanecían ocultos 530 paquetes.

Los análisis realizados por el Laboratorio de Sustancias Controladas determinaron que los paquetes contenían 587 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Un Tribunal de Garantías legalizó las aprehensiones, permitió la formulación de cargos y ordenó que ambos ciudadanos permanezcan detenidos mientras continúan las investigaciones sobre el cargamento y su destino.

La Secretaría de Marina aseguró 1,170 kilogramos de presunta cocaína y detuvo a seis personas durante una operación de vigilancia marítima realizada a 460 millas náuticas (851 kilómetros) al sur de Acapulco, en el estado de Guerrero, de acuerdo con información oficial fechada este 07 de agosto de 2026.

Las personas detenidas viajaron en una embarcación menor equipada con tres motores fuera de borda. Del total, tres tripulantes fueron de nacionalidad mexicana y tres de nacionalidad ecuatoriana, según la autoridad naval.

La localización ocurrió durante recorridos de patrullaje en alta mar. El personal naval ubicó la embarcación y realizó una inspección que derivó en el aseguramiento del cargamento y de diversos materiales relacionados con la travesía.

Como parte de la revisión, la Marina aseguró 39 bultos con paquetes que contenían aproximadamente 1,170 kilogramos de presunta cocaína. También quedó asegurada la embarcación menor con sus tres motores fuera de borda.

En el mismo operativo se decomisaron 49 bidones con aproximadamente 2,450 litros de combustible, además de tres equipos de comunicación satelital y dos radiobalizas, conforme al reporte oficial.

Tras el aseguramiento, la autoridad informó que las seis personas fueron detenidas en el lugar y se les notificaron sus derechos de ley. El caso se integró dentro de acciones vinculadas con la Estrategia Nacional de Seguridad.

La Marina señaló que la operación se realizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la FGR. Los detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público Federal para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

La autoridad precisó que el Ministerio Público Federal determinó el trámite legal subsecuente y que la situación jurídica de las personas detenidas se resolvería conforme avanzaran las investigaciones, de acuerdo con el procedimiento aplicable.

La Secretaría de Marina indicó que este tipo de acciones formaron parte de labores de vigilancia marítima orientadas a inhibir actividades de la delincuencia organizada y a combatir el tráfico ilícito de drogas. También sostuvo que los operativos se enfocaron en contribuir al mantenimiento del Estado de derecho y a la seguridad en el país.

• Aseguraron 1,170 kilogramos de presunta cocaína en el Pacífico, a 460 millas náuticas (851 kilómetros) al sur de Acapulco, Guerrero.
• Detuvieron a seis personas: tres mexicanas y tres ecuatorianas, a bordo de una embarcación menor con tres motores fuera de borda.
• Decomisaron 2,450 litros de combustible, equipos satelitales y radiobalizas; el caso quedó a disposición del Ministerio Público Federal.

El aseguramiento ocurrió menos de 24 horas después de otro operativo marítimo frente a Guerrero, en el que la Marina detuvo a cinco personas y aseguró 829 kilos de presunta cocaína.

Segundo decomiso frente a Guerrero

En ese operativo anterior, elementos navales localizaron una embarcación menor con tres motores fuera de borda y 13 bultos. La unidad navegaba aproximadamente a 195 millas náuticas al sur de Guerrero, de acuerdo con información de la Secretaría de Marina.

Los 13 bultos registraron un peso aproximado de 829 kilos, incluido el embalaje. La Marina trasladó el cargamento y a las cinco personas detenidas al puerto de Acapulco para su puesta a disposición de las autoridades federales.

En ese caso, la Semar estimó el valor del aseguramiento en 180 millones de pesos y señaló que la cantidad correspondía a aproximadamente 1.6 millones de dosis. La dependencia también informó que en junio sumaban más de 72 toneladas de cocaína aseguradas en el mar durante la administración federal.

Los aseguramientos frente a Guerrero se sumaron a operaciones marítimas recientes realizadas por la Armada de México en el Pacífico. El 28 de julio, personal naval aseguró una embarcación frente a Chiapas con aproximadamente 1.14 toneladas de presunta cocaína, 840 litros de combustible y equipo de navegación. Tres personas quedaron detenidas.

En ese operativo, la embarcación contaba con cuatro motores fuera de borda y transportaba 38 bultos con la presunta droga. La unidad fue localizada a unas 385 millas náuticas, equivalentes a aproximadamente 713 kilómetros, al suroeste de Chiapas.

La Marina mantiene recorridos de vigilancia marítima en el Pacífico como parte de sus operaciones en funciones de Guardia Costera. En los distintos aseguramientos, las personas detenidas y los objetos localizados quedan a disposición de las autoridades ministeriales para las investigaciones correspondientes.

El caso movilizó a personal especializado luego de una intervención realizada en el sector Morro Solar. La diligencia permitió el decomiso de sustancias ilícitas y otros objetos que, según la Policía Nacional, guardarían relación con la venta de estupefacientes. El Ministerio Público participa en las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.

Las primeras acciones policiales también incluyeron medidas de protección para una menor de edad ubicada dentro del inmueble. De acuerdo con la información oficial, la Fiscalía dispuso su entrega a un familiar mientras continúan las diligencias vinculadas al caso.

La intervención dejó como resultado la detención de una joven de 18 años, quien permanece bajo investigación por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas. Las autoridades mantienen abiertas las pesquisas para esclarecer la totalidad de los hechos y determinar la participación de otras personas.

Operativo permitió descubrir droga oculta en un coche de bebé

Según fuentes de la Policía Nacional del Perú, los agentes del Grupo Terna realizaron la intervención luego de observar a una joven entregar una bolsa con envoltorios a un hombre a cambio de dinero. Esa situación motivó la acción inmediata de los efectivos.

De acuerdo con la PNP, al notar la presencia policial, la sospechosa ingresó a una vivienda ubicada en el sector Morro Solar, mientras el presunto comprador escapó con dirección a la quebrada Amojú. Ante esa circunstancia, los agentes ingresaron al inmueble para efectuar el registro correspondiente.

Durante la inspección, los policías localizaron un coche de bebé que ocultaba un total de 558 envoltorios tipo “kete” con pasta básica de cocaína. El hallazgo constituyó uno de los principales resultados de la diligencia desarrollada en la ciudad de Jaén.

Incautación incluyó droga, dinero y materiales utilizados para la venta

La revisión del inmueble permitió además la incautación de varias bolsas con pasta básica de cocaína. Según la información preliminar de la Policía Nacional, el peso aproximado del estupefaciente asciende a 506 gramos.

Los efectivos también decomisaron S/ 230 en efectivo, recortes de papel y otros elementos que, de acuerdo con la PNP, serían utilizados para la comercialización de la droga. Todo el material quedó bajo custodia para las pericias e investigaciones correspondientes.

Las sustancias y las especies incautadas fueron trasladadas junto con la detenida a la unidad especializada de la Policía Nacional, donde continúan las diligencias previstas dentro del proceso de investigación.

Menor fue puesta bajo protección por disposición fiscal

Durante el registro de la vivienda, los agentes encontraron a una menor de 11 años. Conforme a la disposición del Ministerio Público, la niña fue entregada a un familiar para garantizar su protección mientras avanzan las investigaciones.

La medida respondió al protocolo aplicado en intervenciones donde existen menores de edad presentes durante diligencias relacionadas con presuntos delitos. Las autoridades no informaron sobre alguna condición de investigada respecto de la menor.

El Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú mantienen las investigaciones para establecer las circunstancias del caso, identificar a los posibles involucrados y determinar el destino de la droga y de los demás elementos incautados durante el operativo realizado en Jaén, región Cajamarca.

El repunte de los decomisos de drogas en la República Dominicana durante los primeros seis meses de 2026 ya representa más de las tres cuartas partes del total incautado en todo el año anterior. De acuerdo con cifras de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), entre enero y junio se confiscaron 24,139.53 kilogramos de sustancias controladas, lo que equivale a un incremento de 33.76% respecto al mismo periodo de 2025. El volumen registrado supera en 6,091.92 kilogramos lo ocupado en el primer semestre del año pasado, cuando los decomisos sumaron 18,047.61 kilogramos.

Las estadísticas reflejan que más del 99% de las sustancias retiradas de circulación corresponden a marihuana y cocaína, que continúan siendo las drogas predominantes en los operativos del organismo antidrogas. La marihuana fue la droga más incautada en el semestre, con 12,101.94 kilogramos, apenas 171.10 kilogramos por encima de la cocaína, que alcanzó 11,930.84 kilogramos. Un dato relevante es que las incautaciones de marihuana durante el primer semestre ya rebasaron el total de todo 2025, cuando se decomisaron 11,660.08 kilogramos, según detalló Diario Libre.

La distribución trimestral de los decomisos muestra un cambio marcado en el ritmo de las operaciones. Entre enero y marzo, la DNCD registró la ocupación de 1,036.93 kilos de marihuana. Sin embargo, entre abril y junio, la cifra saltó a 11,065.01 kilogramos, lo que significa que más del 90% de toda la marihuana incautada en el semestre se concentró en el segundo trimestre. En el mismo periodo de 2025, las autoridades habían ocupado 9,164.87 kilos de esa sustancia.

Evolución de la cocaína y balance semestral

En el caso de la cocaína, el crecimiento interanual fue el más alto en términos absolutos. Los decomisos aumentaron en 3,120.65 kilogramos, lo que equivale a un 35.4% más que el año anterior. El incremento de la marihuana fue de 2,937.07 kilogramos, equivalente a 32%. La distribución de la cocaína entre los dos trimestres fue más equilibrada: entre enero y marzo se incautaron 6,388.37 kilogramos y entre abril y junio, 5,542.47 kilogramos. En el primer semestre de 2025, el total de cocaína confiscada había sido de 8,810.19 kilogramos.

Otras sustancias también presentaron incrementos, aunque en volúmenes menores respecto a las dos principales. Los decomisos de crack pasaron de 68.77 a 79.68 kilogramos de un año a otro. El hachís aumentó de 1.22 a 17.34 kilogramos, el opio de 1.31 a 7.18 kilogramos y el éxtasis de 1.26 a 2.55 kilogramos.

En paralelo a los decomisos, las acciones contra el narcotráfico derivaron en la detención de 24,076 personas entre enero y junio, cifra que representa 127 más que en el mismo periodo del año anterior. Además, las autoridades ocuparon 984 vehículos y 212 armas de fuego en el marco de los operativos realizados en diferentes puntos del país, de acuerdo con los datos recopilados por Diario Libre.

Las cifras reflejan una variación en el ritmo de los operativos y un aumento en la cantidad de drogas retiradas de circulación durante 2026. La marihuana y la cocaína fueron las sustancias con mayor presencia en el balance semestral.

Un operativo ejecutado por la Policía Nacional del Perú (PNP) permitió frustrar el traslado de un millonario cargamento de droga que era movilizado por una ruta fluvial en la provincia de Satipo, región Junín. La intervención fue realizada por agentes especializados de la Dirección Antidrogas, quienes descubrieron que una pequeña embarcación había sido modificada con un compartimento oculto para transportar la sustancia ilícita sin levantar sospechas durante su recorrido.

De acuerdo con las autoridades, el cargamento estaba conformado por 220 paquetes de clorhidrato de cocaína y formaba parte de una cadena de distribución internacional que buscaba sacar la mercancía del país para enviarla hacia Europa, donde su valor habría alcanzado aproximadamente 2 millones de dólares. La intervención evitó que la droga continuara su recorrido por una compleja ruta que incluía el transporte fluvial, terrestre y aéreo antes de salir al extranjero.

Operativo en Satipo permitió decomisar 220 paquetes de cocaína que tenían como destino Europa

La intervención se desarrolló en la provincia de Satipo, en la región Junín, como parte de las acciones permanentes que ejecuta la Dirección Antidrogas (Dirandro) para combatir el tráfico ilícito de drogas en la selva central. El operativo estuvo a cargo de la unidad Los Sinchis de Mazamari, especializada en operaciones de alto riesgo contra organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

El coronel Luis Enrique Cabrera Lozano, jefe de la División de Maniobras contra el Tráfico Ilícito de Drogas, explicó que el hallazgo fue posible gracias al trabajo de inteligencia desarrollado por los agentes antidrogas, quienes detectaron movimientos sospechosos relacionados con una organización criminal que operaba en la zona.

Durante la inspección de la embarcación, los efectivos descubrieron un doble fondo construido especialmente para ocultar la mercancía ilegal. Este compartimiento había sido acondicionado para evitar que la carga fuera detectada durante controles rutinarios en los ríos de la Amazonía.

“(La droga) estaba acondicionada en un bote pequeño con doble fondo para intentar pasar desapercibida. Sin embargo, el trabajo de inteligencia y las acciones propias de la función permitieron detectar a una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas”, declaró el oficial durante una entrevista con TVPerú.

Las investigaciones preliminares indican que la embarcación tenía previsto desplazarse hasta Atalaya, donde el cargamento sería desembarcado para continuar su trayecto por vía terrestre. Según detalló el coronel Cabrera, la droga iba a ser trasladada en una camioneta hasta una pista de aterrizaje clandestina, desde donde sería enviada hacia Brasil y Bolivia antes de continuar con destino al mercado europeo.

La droga incautada estaba destinada al comercio internacional: habría costado más de 2 millones de dólares

El oficial precisó que el valor económico del cargamento aumenta de manera considerable conforme avanza en la cadena de distribución internacional. En un laboratorio clandestino, un kilogramo de clorhidrato de cocaína puede alcanzar un precio cercano a los 3.000 soles. Durante el transporte fluvial, debido a los costos logísticos y al riesgo de movilización, ese mismo kilogramo puede cotizarse en alrededor de 1.200 dólares.

No obstante, la mayor valorización se produce cuando la mercancía logra llegar a mercados internacionales. De acuerdo con la información proporcionada por la PNP, el lote decomisado habría alcanzado un valor aproximado de 2 millones de dólares si hubiera ingresado a Europa, destino final previsto por la organización criminal.

La incautación representa un nuevo golpe contra las redes dedicadas al narcotráfico que utilizan los ríos de la selva peruana para movilizar cargamentos de droga hacia rutas internacionales. Las diligencias continúan a cargo de las autoridades competentes para identificar a los responsables del traslado, determinar el origen de la sustancia ilícita y establecer los vínculos de la organización criminal involucrada en esta operación desarrollada en Satipo, región Junín.