El caso involucra a una ciudadana peruana de 38 años que pretendía abordar un vuelo con destino final a Roma, en Italia, con una escala previa en París, Francia. Según información de la Policía Nacional del Perú (PNP), la sustancia ilícita se encontraba oculta en cajas que aparentaban contener chocolates, una estrategia utilizada para intentar evadir los controles de seguridad.

La intervención se produjo antes de que la pasajera ingresara a la sala de embarque. Los agentes especializados observaron comportamientos que consideraron inusuales y decidieron realizar una inspección más detallada de su equipaje. La revisión permitió descubrir una carga cuyo valor supera el millón de soles, de acuerdo con estimaciones policiales.

Inspección permitió descubrir la droga oculta

La operación estuvo a cargo de agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro), quienes interceptaron a la pasajera dentro de las instalaciones aeroportuarias. De acuerdo con el reporte oficial, la mujer trasladaba una maleta y un bolso de mano cuando fue conducida al área de inspección para una revisión exhaustiva.

Durante el procedimiento, los efectivos examinaron una de las cajas transportadas en el equipaje. Para verificar el contenido utilizaron reactivos químicos de identificación preliminar. En ese momento, uno de los especialistas explicó el resultado obtenido.

“Si pinta la coloración azul turquesa, es presunto indicativo positivo para alcaloide de cocaína. Como puede apreciar, es un indicativo para alcaloide de cocaína”, señaló un agente durante la diligencia.

Tras el resultado positivo, la pasajera quedó detenida de manera inmediata. Posteriormente, el personal policial amplió la revisión al resto de los paquetes hallados en la maleta.

Catorce cajas simulaban contener chocolates

La investigación preliminar determinó que la sustancia ilícita estaba distribuida en un conjunto de cajas que aparentaban ser productos comerciales. Según la información difundida por la Policía Nacional, se encontraron 14 cajas utilizadas para ocultar el cargamento.

Luego de la primera detección, los especialistas realizaron pruebas de campo sobre las demás unidades. El procedimiento confirmó la presencia de clorhidrato de cocaína en los envases inspeccionados.

Durante la diligencia, otro representante policial explicó el mecanismo utilizado para la identificación de la sustancia. “Utilizaremos el reactivo Searchi, la cual arroja la coloración azul turquesa. Como puede apreciar, la coloración es inmediata. Es un indicativo positivo para el alcaloide de cocaína”, indicó.

La totalidad del material incautado fue reunida y trasladada para su respectivo análisis y pesaje, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de intervenciones.

Peso de la sustancia superó los ocho kilogramos

Una vez concluida la recolección del contenido encontrado en las cajas, las autoridades efectuaron el pesaje oficial de la droga. El resultado confirmó la magnitud del cargamento.

“El peso total del clorhidrato de cocaína es de ocho kilos con treinta y cinco gramos”, informó uno de los especialistas que participó en la diligencia.

La Policía precisó que la cantidad decomisada alcanzó los 8,35 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Según las estimaciones de las autoridades, el valor de la droga supera el millón de soles en el mercado ilegal.

Además del estupefaciente, los agentes incautaron tres teléfonos celulares y 1.600 euros en efectivo que estaban en poder de la detenida al momento de la intervención.

La información proporcionada por la División Portuaria Antidrogas de la PNP señala que Europa forma parte de los destinos más frecuentes en los intentos de traslado internacional de sustancias ilícitas. Asia también aparece entre las rutas identificadas por los investigadores.

Según datos difundidos por la Policía Nacional, más de treinta personas fueron detenidas durante el año en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez por intentar sacar droga del país mediante diversas modalidades de ocultamiento.

Las autoridades indicaron que los controles en el terminal aéreo permanecen activos de forma permanente, con participación de personal especializado y unidades caninas dedicadas a la detección de estupefacientes.

Investigación continúa bajo custodia policial

Tras la intervención, la ciudadana peruana quedó a disposición de las autoridades competentes para las diligencias correspondientes. La investigación busca determinar el origen de la droga y establecer posibles vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de estupefacientes.

De acuerdo con la Policía Nacional del Perú, la mujer podría enfrentar una condena de entre ocho y quince años de prisión por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas. Las actuaciones posteriores quedaron bajo responsabilidad de las instancias encargadas del proceso penal y de la investigación especializada.

Las autoridades del sur del Bronx desmantelaron cinco redes de narcotráfico que durante años operaron a plena luz del día en el distrito comercial conocido como “The Hub”. El lunes 15 de junio, la fiscal del Bronx Darcel Clark y la comisionada del NYPD, Jessica Tisch, anunciaron la acusación formal de 32 personas vinculadas a esas organizaciones, en un operativo que incluyó la incautación de drogas, armas y miles de dólares en efectivo.

Las cinco bandas vendían fentanilo, metanfetamina y cocaína sin ningún intento de ocultamiento, frente a comercios, escuelas y vecinos. Los acusados acumulan un historial conjunto de 550 arrestos previos por delitos que van desde homicidio hasta agresión, según informó CBS New York.

Qué se incautó y qué cargos enfrentan los acusados

Los detectives confiscaron 13,6 kilogramos de fentanilo (30 libras), 5,4 kilogramos de metanfetamina (12 libras), un kilo de cocaína, cinco armas de fuego y más de USD 100.000 en efectivo.

Cuatro de los 32 acusados enfrentan cargos como grandes narcotraficantes. Si los declaran culpables, pueden recibir cadena perpetua.

Los cargos incluyen venta y posesión de sustancias controladas en distintos grados, además de conspiración. Al menos 20 acusados no enfrentaron cargos con derecho a fianza y quedaron en libertad. Cuatro sospechosos más aún están prófugos, según confirmó el NYPD.

Cómo operaban las cinco organizaciones

Las redes criminales se identificaban con nombres propios: Ghost, Prada, TikTok, Brook y Bugatti. Cada una tenía su propio proveedor, un líder, gerentes, vendedores callejeros y mensajeros.

Las escuchas telefónicas captaron conversaciones en las que los propios distribuidores alardeaban de la potencia de sus productos. “Los acusados y sus proveedores aparecen en grabaciones hablando de sus marcas como demasiado fuertes y que hacían caer a la gente”, declaró Clark a ABC7 NY.

La fiscal fue directa al describir la actitud de los implicados: “Simplemente no les importa la vida, pero a nosotros sí”, dijo a CBS New York.

Dónde ocurría todo: “The Hub”

“The Hub” es el punto donde convergen la Tercera Avenida, la calle 149 Este y la Avenida Melrose, en el barrio Mott Haven. Fue durante décadas un distrito comercial activo del sur del Bronx.

En los últimos años, la venta y el consumo de drogas en ese espacio público ahuyentaron a compradores y negocios. “El tránsito peatonal en el distrito comercial bajó y las tasas de locales vacíos subieron”, explicó Tisch en conferencia de prensa, según recogió ABC7 NY.

Las personas se inyectaban drogas y sufrían sobredosis en plena calle, a metros de una escuela primaria, de acuerdo con Fox 5 NY.

Por qué la investigación tardó más de un año

La investigación arrancó en febrero de 2025, tras años de reclamos de vecinos y legisladores que exigían una respuesta concreta. La Unidad de Casos Mayores de Narcóticos del Bronx y la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fiscalía llevaron adelante el trabajo.

Entre el 9 y el 12 de junio de 2026, las autoridades ejecutaron 12 órdenes de registro y concretaron los arrestos. Otros nueve detenidos, que no figuraban en las acusaciones formales, también enfrentaron cargos por posesión.

Qué viene ahora para el barrio

La comisionada Tisch adelantó que el operativo es solo la primera parte de un plan más amplio. “Ahora verán una presencia policial reforzada del NYPD para asegurarnos de que esto no vuelva a arraigarse”, dijo, según CBS New York.

Pedro Suarez, director ejecutivo del Distrito de Mejora Comercial de la Tercera Avenida, reconoció que aún queda trabajo por hacer. “Asegurémonos de seguir prestando mucha atención a las personas que luchan con la adicción a las sustancias”, señaló al mismo medio.

La residente del sur del Bronx Amelia Moore resumió el sentir de muchos vecinos al caminar por el lugar el mismo lunes del anuncio: el área, indicó a ABC7 NY, solía ser muy difícil. Ese día, según sus palabras, se sentía distinta.

Cuatro presuntos integrantes de una célula delictiva identificada como “Los Patos”, vinculada al grupo criminal “Los Bubus”, fueron vinculados a proceso tras un operativo realizado en la alcaldía Iztapalapa, donde autoridades aseguraron 139 de dosis de droga y metanfetamina a granel.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el caso comenzó a partir de una denuncia ciudadana presentada el pasado 9 de junio, mediante la cual se reportó la presunta venta de narcóticos en un inmueble ubicado en la colonia Ejército de Oriente Zona Peñón.

A partir de los indicios recabados, autoridades obtuvieron una orden de cateo que fue ejecutada el 11 de junio con apoyo de elementos de la Policía de Investigación y la Guardia Nacional.

Durante la intervención fueron detenidos Ehtan “N”, Elvira “N”, Iván “N” y Jaqueline “N”. En el inmueble también fueron asegurados 139 envoltorios con droga, una bolsa con metanfetamina a granel y dos teléfonos celulares.

Permanecerán en prisión mientras continúan las investigaciones

En una audiencia realizada el 13 de junio, un juez determinó vincular a proceso a los cuatro detenidos e imponerles la medida cautelar de prisión preventiva.

Ehtan “N” y Elvira “N” enfrentarán el proceso por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo. Además, la autoridad judicial fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Por su parte, Iván “N” y Jaqueline “N” fueron vinculados a proceso por delitos contra la salud en la modalidad de narcotráfico. Durante las diligencias se expuso que ambos presuntamente se encontraban en posesión de una cantidad de narcóticos superior a los 700 gramos.

Debido a que este último delito corresponde al ámbito federal, las investigaciones y actuaciones posteriores quedarán a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).

Relacionan a los detenidos con actividades delictivas en Iztapalapa

Las autoridades identifican a los cuatro imputados como presuntos integrantes de “Los Patos”, una célula relacionada con “Los Bubus”, grupo al que se atribuyen actividades de narcomenudeo y robos con violencia en distintos puntos de la alcaldía Iztapalapa.

Las investigaciones sobre las operaciones de esta estructura delictiva continúan abiertas, mientras los cuatro detenidos permanecen sujetos a proceso penal.

La investigación se desarrolló durante los primeros meses de 2026 en el marco de actuaciones por presunta infracción a la Ley 23.737 en el barrio Güemes de la localidad de Francisco Álvarez. La Ayudantía Especializada en Estupefacientes, a cargo del fiscal Ezequiel Freydier y con intervención del Juzgado de Garantías N°1, dirigido por la jueza Alicia Adriana Julián, ordenó tareas de inteligencia para identificar el punto de comercialización y a los responsables.

En ese contexto, la articulación entre los investigadores y la Secretaría de Seguridad de General Rodríguez, encabezada por Nicolás Rappazzo, resultó clave para reunir información y avanzar con las medidas judiciales.

Según pudo saber Infobae, de fuentes policiales, los principales responsables, apodados “Omar” o “Pachichi” y “Claudia”, alternaban días y horarios para desarrollar la actividad ilícita y dificultar su detección. De acuerdo con la investigación, ambos modificaban constantemente sus rutinas para evitar los controles policiales.

Una vez reunida la prueba suficiente, la fiscalía solicitó la orden de allanamiento.

Así las cosas, el 9 de junio, cerca de las 18.40, los efectivos se presentaron en el domicilio señalado. Al irrumpir en la vivienda, sorprendieron a tres hombres mientras manipulaban envoltorios de nylon compatibles con tareas de fraccionamiento de droga. Cuando los agentes se identificaron y exhibieron la orden judicial, uno de los sospechosos intentó huir y agredió físicamente al personal, siendo reducido tras oponer resistencia.

En ese mismo momento, otro sospechoso extrajo un revólver de entre sus prendas e ignoró las órdenes de los efectivos. Por lo tanto, un oficial efectuó un disparo con su arma reglamentaria, el cual no impactó en ninguna persona.

La situación escaló segundos después, cuando el sospechoso golpeó al efectivo con el arma y le provocó una lesión en la zona ocular. Inmediatamente, se inició un forcejeo que culminó con la detención del individuo. En paralelo, el tercer sospechoso intentó resistirse exhibiendo un arma de fuego, pero fue rápidamente neutralizado y reducido.

Al inspeccionar el inmueble, los agentes hallaron y secuestraron cocaína fraccionada en envoltorios listos para su comercialización, marihuana, armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la venta de drogas.

En total, incautaron 111,01 gramos de cocaína distribuidos en 242 envoltorios, 39,63 gramos de marihuana en seis envoltorios, tres armas de fuego —dos revólveres calibre .32 largo y otro con numeración ilegible—, 30 municiones calibre .32, ocho calibre .22, 196.400 pesos en efectivo, tres teléfonos celulares y dos balanzas de precisión.

Por otro lado, Federico Battellini Oyola, de 30 años; Rodolfo Leandro Ahumada, de 23; y Alexis Daniel Ayala, de 26 —todos señalados por los investigadores como vendedores de droga— fueron detenidos en el procedimiento.

De acuerdo con registros policiales, Ahumada tenía una causa por encubrimiento agravado iniciada en 2024 y había recuperado la libertad en agosto de 2025. Ayala, por su parte, registraba un antecedente por el mismo delito, también de 2024.

Los tres aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, atentado y resistencia a la autoridad y tenencia ilegal de arma de uso civil.

La Policía de la provincia de Neuquén desplegó un nuevo operativo en la ciudad de Centenario, que culminó con resultados contundentes: el secuestro de casi 2 kilogramos de marihuana, un arma de fuego, municiones y la demora de dos hombres mayores de edad. Todo comenzó a raíz de una denuncia por robo de ganado.

La acción policial se desarrolló en el barrio Villa Obrera. De acuerdo a lo informado por el portal LM Neuquén, el operativo involucró a personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II, la Comisaría 52°, la Comisaría 5°, la UESPO y la Metropolitana.

Según se informó, la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos lideró la investigación, recolectando pruebas suficientes para solicitar las órdenes de allanamiento.

Durante los procedimientos, los investigadores identificaron a todos los ocupantes de las viviendas allanadas, demorando a dos hombres que quedaron vinculados a la causa. Entre los elementos hallados, se destaca la incautación de una planta de cannabis sativa y 1,968 kilogramos de cogollos, picadura y semillas de marihuana. También se secuestró un revólver calibre 32 largo con ocho cartuchos y diversos objetos cuya procedencia está bajo análisis.

Ante la presencia de estupefacientes, intervino personal especializado de Antinarcóticos, que procedió al secuestro de las sustancias y puso en marcha actuaciones por infracción a la ley de drogas. Este procedimiento se enmarca en la reciente estrategia provincial de abordaje del microtráfico, que busca desarticular redes locales a partir de acciones policiales y judiciales conjuntas.

Además de la droga y el arma de fuego, los investigadores secuestraron elementos que podrían estar relacionados con otros hechos delictivos ocurridos en la zona. Entre los objetos incautados figuran cuatro bicicletas tipo MTB, un recado completo para caballo y un generador a combustión marca Honda modelo 600. Todos estos bienes fueron retenidos de manera preventiva mientras se investiga su procedencia y posible vinculación con denuncias previas de robo en la región.

Los dos hombres detenidos permanecen a disposición de la Justicia, que trabaja para determinar su grado de responsabilidad tanto en el robo de ganado como en los delitos vinculados a drogas y armas. La investigación continúa activa, con la expectativa de esclarecer la procedencia de los elementos recuperados y fortalecer las pruebas en torno a los hechos denunciados.

El Gobierno de la provincia de Neuquén subrayó que el operativo en Centenario es parte de una política de seguridad más amplia, impulsada tras la desfederalización de los delitos vinculados al microtráfico de drogas.

Entre las acciones implementadas, la Provincia realizó una inversión superior a 18.000 millones de pesos destinada a la adquisición de más de 300 móviles incorporados a la fuerza, 353 vehículos en proceso de compra, más de 1.500 cámaras de monitoreo, drones, tecnología de investigación, detectores de drogas, pistolas menos letales, cámaras corporales, chalecos balísticos y mejoras en infraestructura policial y penitenciaria.

El gobierno provincial sostiene que la combinación de recursos tecnológicos, refuerzo del personal y articulación interinstitucional ha permitido mejorar la respuesta ante delitos complejos como el abigeato, el microtráfico y la tenencia de armas. Las autoridades remarcaron que la continuidad de estas políticas es clave para brindar mayor seguridad a los habitantes de Neuquén y reducir los índices delictivos en toda la provincia.

El procedimiento fue el resultado de un seguimiento previo en el que los efectivos relevaron los movimientos de los sospechosos, identificaron los vehículos que utilizaban y mapearon los lugares que frecuentaban. Con esa información, interceptaron a los implicados cuando una camioneta ingresó a una estación de servicio sobre la avenida Las Américas, en el área céntrica de la ciudad de Aristóbulo del Valle, a 140 kilómetros de Posadas.

Al verificar la documentación del vehículo, los agentes constataron que registraba un pedido de secuestro por robo emitido desde Tupanciretã, municipio del estado brasileño de Río Grande do Sul. Los ocupantes fueron detenidos en el momento en que descendieron a cargar combustible. Un análisis posterior del rodado reveló irregularidades registrales y una chapa patente presuntamente falsa, por lo que el vehículo fue secuestrado.

Con las detenciones y las pruebas acumuladas, la Justicia autorizó una serie de allanamientos en inmuebles vinculados a los imputados. En una vivienda del barrio Bancario de Aristóbulo del Valle, los investigadores hallaron una camioneta Toyota SW4 que también tenía pedido de secuestro por robo en territorio brasileño, dato que consolidó la hipótesis de que la organización operaba con automotores sustraídos para llevar adelante sus actividades.

Fuentes policiales detallaron que, durante la inspección del domicilio, el perro detector de narcóticos K9 “Capitán” marcó la presencia de estupefacientes en el interior del inmueble. Este procedimiento fue en una vivienda ubicada en las inmediaciones de la ruta provincial 7. Allí, los efectivos secuestraron 27 bultos que contenían un total de 517 kilogramos de marihuana. La droga, acondicionada y lista para su traslado, se encontraba distribuida en paquetes ocultos en distintos sectores de la vivienda.

Además de los paquetes con marhuana y de los vehículos, los investigadores incautaron elementos utilizados para el acondicionamiento, embalaje, ocultamiento y traslado de sustancias ilegales, entre ellos una balanza, una computadora, uniformes militares, accesorios tácticos y otros objetos que fueron considerados de interés para la causa.

De acuerdo a la información oficial, la droga secuestrada tiene un valor aproximado que supera los 1.700 millones de pesos.

Entre los detenidos se encuentran Nahuel Esteban T., de 23 años, y Emiliano José C., de 30, quienes permanecen a disposición de la Justicia.

Según pudo saber este medio, uno de los detenidos posee formación militar previa, lo cual es analizado por los investigadores como un posible factor que podría haber facilitado la logística y el funcionamiento de la red criminal.

La causa judicial abierta a partir de las detenciones y el secuestro de media tonelada de marihuana apunta ahora a determinar la magnitud de la estructura y establecer conexiones con el narcotráfico en Misiones.

Aristóbulo del Valle es una ciudad del centro de Misiones que se ubica en el departamento Cainguás y es conocida como la “Capital de los Altos y Cascadas” por la cantidad de caídas de agua en sus alrededores. Está a unos 150 kilómetros de Posadas, con acceso por la Ruta Nacional 14.

El principal atractivo es el Parque Provincial Salto Encantado, ubicado a pocos kilómetros del centro urbano, con una caída de agua de 74 metros rodeada por selva misionera. Las tarifas de ingreso varían según la residencia de los visitantes.

Entre las propuestas de naturaleza, el Valle Encantado funciona como un corredor turístico que conecta la localidad con el municipio de Salto Encantado y combina selva, arroyos, cabañas ecológicas y gastronomía local.

Armas de fuego, droga, dinero en efectivo y vehículos fueron asegurados por autoridades estatales y federales durante un amplio operativo realizado la madrugada de este miércoles en distintos puntos de Ciudad Juárez, Chihuahua, como parte de una investigación dirigida contra presuntos integrantes del grupo delictivo conocido como La Empresa.

De acuerdo con información proporcionada por mandos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), los hallazgos se realizaron durante la ejecución de más de 20 órdenes de cateo autorizadas por un juez de control, en inmuebles que presuntamente eran utilizados por personas vinculadas con dicha organización criminal.

Las autoridades informaron que varios de los domicilios intervenidos quedaron bajo aseguramiento luego de que en su interior se localizaran objetos constitutivos de posibles delitos. Como parte del procedimiento legal, los inmuebles fueron sellados y quedaron bajo vigilancia discreta para garantizar la preservación de evidencias.

Entre las propiedades inspeccionadas se encuentra el lote de autos Los Carnalitos, ubicado en el cruce del bulevar Juan Pablo II y Calzada del Río, así como diversos domicilios localizados en distintos sectores de la ciudad.

Las diligencias también incluyeron una vivienda situada en la calle Villa del Río número 54, en el fraccionamiento Villa Real; un inmueble en la calle Azcapotzalco de la colonia Gustavo Díaz Ordaz; una casa en la calle Valentín Gómez Farías, de la colonia Nuevo México; además de varias propiedades ubicadas en los fraccionamientos Quintas del Valle y Pradera Dorada.

Inmuebles quedaron asegurados por las autoridades

Según los primeros reportes, algunas de las viviendas revisadas eran presuntamente utilizadas por integrantes o colaboradores de La Empresa, una organización criminal que ha sido vinculada por las autoridades con diversos hechos de violencia registrados en Ciudad Juárez.

Debido a los indicios encontrados durante los cateos, varios inmuebles fueron asegurados formalmente por el Ministerio Público como parte de las investigaciones en curso.

Las autoridades colocaron sellos oficiales en las propiedades intervenidas y establecieron mecanismos de vigilancia para evitar alteraciones en los sitios donde fueron localizadas evidencias.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el volumen exacto de droga, dinero o armamento asegurado; sin embargo, las corporaciones participantes continúan con el procesamiento de los indicios y la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

Más de 700 agentes participaron en la operación

Los cateos forman parte de un megaoperativo desarrollado de manera coordinada por la Agencia Estatal de Investigación, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Policía Federal Ministerial.

En total participaron más de 700 elementos desplegados en distintos puntos de Ciudad Juárez desde aproximadamente las 02:00 horas.

Las acciones fueron resultado de una investigación que se prolongó durante más de dos meses y que incluyó labores de inteligencia, vigilancia física, seguimiento de vehículos, identificación de personas consideradas objetivos prioritarios y análisis de información obtenida mediante la Plataforma Centinela y áreas de inteligencia militar.

Las revisiones se realizaron en colonias como Rancho Anapra, Felipe Ángeles, Pradera Dorada, Infonavit Tecnológico, Mariano Escobedo, Melchor Ocampo, Infonavit Aeropuerto y otros sectores de la ciudad.

De acuerdo con las autoridades, el objetivo de la operación es desmantelar estructuras criminales relacionadas con homicidios, secuestros, extorsiones y otros delitos de alto impacto que han afectado la seguridad de la frontera.

Las investigaciones continúan y no se descarta que en las próximas horas las autoridades informen sobre nuevas detenciones o aseguramientos derivados de las evidencias encontradas durante los cateos.

Un trágico episodio tuvo lugar el fin de semana en la provincia de Tucumán, donde una camioneta Ford Ranger que huía de un control de Gendarmería Nacional chocó contra otro vehículo en el que viajaban cinco personas. Producto del impacto, dos personas que iban a bordo de la Chevrolet S10 fallecieron. Fuentes del caso indicaron que, tras el siniestro, en la Ranger secuestraron más de 457 kilos de hojas de coca en estado natural.

El hecho ocurrió este sábado, entre las 15 y las 15.30, sobre la ruta nacional 40, en la localidad de Colalao del Valle. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a Infobae que todo comenzó cuando la camioneta Ranger evadió un control de Gendarmería y se ocultó detrás de un galpón.

De inmediato, los efectivos localizaron el vehículo y un gendarme se acercó a pie para identificar a sus ocupantes. En ese momento, el conductor se reincorporó bruscamente a la ruta y chocó contra la Chevrolet S10 que circulaba en sentido contrario.

En la imagen que encabeza esta nota se observa que, producto del siniestro, la camioneta blanca quedó dada vuelta sobre el asfalto. De acuerdo con lo informado por La Gaceta, en dicho vehículo viajaban cinco hombres de la localidad salteña de Cafayate, quienes iban a disputar un partido de fútbol.

Como consecuencia del choque, dos hombres, identificados como Chauqui Vidal y Jesús Horacio “Cuty” Cancino, murieron a raíz de las heridas sufridas, mientras que el resto de los pasajeros resultaron heridos y fueron trasladados de urgencia al hospital de Cafayate.

A través de sus redes sociales, familiares y amigos de las víctimas compartieron mensajes de despedida. “Un amigo que siempre esperaba con una sonrisa y con un abrazo de bienvenida. Años recibiendo a todos los estudiantes. Un dolor inmenso para toda la institución y quienes tuvieron su paso por ella. Descanse en paz don Cuti. Gracias por tanto cariño y amabilidad”, publicó una amiga de Cancino.

A su vez, desde el Club Rivadavia despidieron a Vidal, otra de las víctimas fatales del choque. “La Comisión Directiva del Club Rivadavia lamenta profundamente el sensible fallecimiento de un simpatizante, amigo, jugador”, comienza la publicación. Y agregaron: “Vidal Chauqui, que en paz descanse. Extendemos nuestras condolencias a su familia y nos unimos a la pena por su partida inesperada”.

El Club Unión Calchaquí también publicó en su cuenta de Facebook un mensaje dedicado a las dos víctimas fatales, quienes se desempeñaban en la categoría Senior de la institución. “Un profundo dolor embarga a todo el club por la irreparable pérdida. Enviamos toda nuestra fuerza, contención y el más sincero pésame a sus familias en este doloroso momento. Vivirán por siempre en el corazón del club”, expresaron.

Por otro lado, los ocupantes de la Ranger fueron derivados al hospital de Tafí del Valle y, una vez dados de alta, quedaron detenidos. Luego de que finalizaran las pericias accidentológicas y de seguridad vial, el Juzgado Federal Nº 1 de Tucumán autorizó la requisa de la Ford Ranger.

Fuentes del caso señalaron que en el sector de los asientos traseros y en la caja de la camioneta, los gendarmes hallaron 457 kilos de hojas de coca en estado natural, 28 bolsas de bicarbonato de sodio, una máquina de contar billetes y documentación de interés para la investigación.

El magistrado federal interviniente dispuso el secuestro de la mercadería, del material informático y de la documentación hallada, y ordenó notificar a los dos involucrados de la apertura de una causa por presunto contrabando de importación.

Además, la Fiscalía del Centro Judicial Monteros ordenó la aprehensión de ambos sospechosos bajo la imputación de doble homicidio culposo seguido de lesiones graves. Las actuaciones vinculadas al siniestro y los peritajes complementarios quedaron a cargo de la Policía de Tucumán, mientras que los vehículos involucrados permanecen secuestrados en sede policial.

Bryan “El Tiquito” Vásquez, reconocido exboxeador costarricense, fue detenido la madrugada de este domingo por la Fuerza Pública en las cercanías del peaje de la ruta 32, en San Isidro de Heredia, tras ser encontrado con marihuana y más de un millón de colones (unos USD 2 mil) en efectivo en su vehículo. La intervención policial ocurrió alrededor de la 1:00 a. m., momento en el que Vásquez viajaba junto a otro hombre identificado con los apellidos Cascante Lobo.

Según el reporte oficial, durante la inspección del vehículo las autoridades incautaron 72.9 gramos de marihuana y ₡1,301,000 en efectivo (USD 2,8 mil). El caso quedó registrado bajo la causa 26-000527-1094-PE y será tramitado mediante el proceso de flagrancia. El delito por el que se le acusa es transporte de droga, de acuerdo con la información confirmada por las autoridades policiales y judiciales.

Tras la detención, la Fiscalía Adjunta de Heredia solicitó la imposición de prisión preventiva para los dos involucrados. No obstante, el Juzgado Penal de Heredia resolvió en las últimas horas las medidas cautelares que deberán cumplir mientras avanza la investigación bajo la supervisión de la Fiscalía de Narcotráfico y Delitos Conexos. Las disposiciones incluyen la prohibición de salir del país, la obligación de mantener un domicilio fijo y la firma cada 15 días en la sede judicial correspondiente.

La noticia sorprendió al ámbito deportivo y al público nacional, ya que Bryan Vásquez es una figura emblemática del boxeo costarricense. A lo largo de su carrera, el “Tiquito” se consolidó como uno de los boxeadores más exitosos del país en las últimas décadas. Entre sus logros destaca el título mundial interino de su categoría y la participación en algunos de los escenarios más prestigiosos del boxeo internacional.

En el año 2014, Vásquez se presentó en el MGM Grand de Las Vegas, donde logró una victoria significativa ante el mexicano José Félix. Otro de los momentos memorables de su trayectoria fue su combate en el histórico Madison Square Garden de Nueva York frente al puertorriqueño Félix Verdejo. A sus 38 años y ya retirado de la actividad profesional, el exdeportista ostenta un récord de 38 victorias, con 21 de ellas por nocaut, y apenas cuatro derrotas.

El caso de Vásquez ha generado debate sobre la situación de exdeportistas de alto rendimiento y su reinserción tras el retiro. Su detención se suma a una serie de incidentes similares que han involucrado a figuras públicas en Costa Rica y que han encendido las alarmas sobre los retos que enfrentan muchos atletas una vez concluyen sus carreras deportivas.

El proceso judicial que enfrenta ahora se aleja por completo del entorno deportivo y lo coloca ante un nuevo desafío, esta vez en el ámbito legal. El Juzgado Penal de Heredia estipuló que tanto Vásquez como Cascante Lobo deberán cumplir estrictamente las medidas cautelares impuestas hasta que se determine su responsabilidad penal. La investigación continuará bajo la dirección de la Fiscalía de Narcotráfico y Delitos Conexos, que deberá presentar las pruebas recabadas durante la intervención policial y el análisis de los elementos decomisados.

Más de 800 kilogramos de cocaína fueron asegurados frente a las costas de Guerrero durante un operativo que también dejó cinco personas detenidas, informó el Gabinete de Seguridad de México.

De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades interceptaron una embarcación que transportaba el cargamento de droga en aguas nacionales. Durante la intervención fueron detenidos los cinco tripulantes, quienes quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.

El Gabinete de Seguridad señaló que el aseguramiento representa una afectación a las capacidades operativas y financieras de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, además de evitar que el cargamento llegara a los canales de distribución ilegal.

Según las estimaciones oficiales, la droga decomisada equivale a aproximadamente 1.6 millones de dosis que no llegarán al mercado ilícito.

La operación fue realizada de manera coordinada por personal de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República como parte de las acciones de vigilancia y combate al narcotráfico en aguas nacionales.

Las autoridades no detallaron la ruta de la embarcación ni el destino previsto para el cargamento, aunque señalaron que continúan las investigaciones relacionadas con el caso.

El Gobierno federal informó que, durante la actual administración, las fuerzas de seguridad han asegurado más de 72 toneladas de cocaína en operaciones marítimas realizadas en distintas regiones del país.

El Gabinete de Seguridad reiteró que las acciones coordinadas entre instituciones federales continuarán con el objetivo de inhibir actividades ilícitas en el espacio marítimo mexicano y reforzar las estrategias de combate al narcotráfico.

Guerrero acumula una serie de decomisos marítimos de cocaína durante 2026

El aseguramiento de más de 800 kilogramos de cocaína frente a las costas de Guerrero se suma a una cadena de operativos realizados por fuerzas federales en el Pacífico mexicano durante los últimos meses, una de las principales rutas utilizadas para el traslado de droga procedente de Sudamérica.

El caso más reciente ocurrió el 7 de junio, cuando personal de la Secretaría de Marina localizó 29 bultos flotando en el mar frente a la comunidad de Boca Chica, en el municipio de Tecpan de Galeana. Las autoridades aseguraron aproximadamente 1.36 toneladas de cocaína y estimaron una afectación económica de 283 millones de pesos para las organizaciones criminales. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, la acción evitó que alrededor de 2.6 millones de dosis llegaran al mercado ilegal.

Meses antes, en marzo de 2026, fuerzas federales interceptaron una embarcación en aguas cercanas a Acapulco y decomisaron cerca de dos toneladas de cocaína. En aquella operación participaron la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República. El aseguramiento fue considerado entonces uno de los más relevantes del año en el litoral guerrerense.

Ese decomiso formó parte de una serie de acciones consecutivas contra el tráfico marítimo de drogas. De acuerdo con reportes oficiales, en febrero fueron aseguradas alrededor de media tonelada de cocaína en Oaxaca tras la detección de vuelos clandestinos, mientras que un día después autoridades federales decomisaron aproximadamente cuatro toneladas transportadas en una embarcación semisumergible frente a las costas de Colima.

Además, durante mayo se reportaron nuevos aseguramientos de cocaína en operaciones desarrolladas en el Pacífico, incluidas acciones frente a las costas de Guerrero que derivaron en la localización de decenas de bultos con droga y la detención de personas vinculadas con su transporte marítimo.

Con el decomiso realizado esta semana en Guerrero, el Gobierno federal informó que los aseguramientos de cocaína en el mar durante la actual administración ya superan las 72 toneladas, una cifra que refleja la intensidad de las operaciones de vigilancia desplegadas en el Pacífico mexicano.

La Policía Nacional decomisó 172 kilogramos de cocaína y 60 kilogramos de marihuana en Pimienta, Cortés, durante un operativo en el que los ocupantes de un vehículo huyeron hacia una zona de cañaverales. Según la institución, el cargamento tendría un valor aproximado de 40 millones de lempiras en el mercado ilícito.

El operativo se ejecutó después de que agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) recibieran información de inteligencia sobre el traslado de un cargamento de estupefacientes por esa zona del norte del país.

Tras verificar la alerta, los equipos especializados iniciaron labores de vigilancia y seguimiento a un vehículo sospechoso. Al detectar la presencia policial, los ocupantes intentaron evadir a las autoridades y generaron una persecución por varios sectores del municipio.

Cómo ocurrió el decomiso

De acuerdo con el director de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional, Wilber Mayes Ríos, los sospechosos se desviaron hacia una zona de cañaverales para dificultar las labores de captura.

“Los transportistas abandonaron el vehículo y huyeron hacia el interior de las cañeras, logrando escapar momentáneamente de la acción policial”, explicó Mayes Ríos.

Al inspeccionar el automotor, los agentes encontraron los paquetes que contenían la cocaína y la marihuana y los aseguraron como parte de la prueba del caso.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas, pero las autoridades mantienen operativos en la zona para identificar a los responsables y determinar el origen y destino final del cargamento.

La incautación ocurre mientras Honduras continúa siendo utilizada como punto de tránsito por organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de drogas.

Las autoridades consideran que Cortés, Colón, Atlántida, Gracias a Dios y Olancho siguen entre los corredores de mayor interés para estas estructuras por su ubicación geográfica y sus conexiones terrestres y marítimas.

De acuerdo con datos oficiales de la DNPA, durante el primer trimestre de 2026 fueron decomisados 432 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 524 libras de marihuana en distintas operaciones desarrolladas a nivel nacional. También se reportó la captura de 95 personas vinculadas a delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Las autoridades estiman que esas acciones evitaron que más de cuatro millones de dosis de sustancias ilícitas llegaran a las calles y representaron pérdidas superiores a 100 millones de lempiras para las organizaciones criminales.

Investigación abierta

Los resultados operativos reflejan una ofensiva sostenida de los cuerpos antidrogas. Solo entre finales de abril y mediados de mayo, la DNPA informó sobre múltiples operaciones que incluyeron el decomiso de 70 kilos de supuesta cocaína en Olancho, así como capturas y aseguramiento de vehículos utilizados para actividades ilícitas.

La Policía Nacional también reportó a inicios de 2026 el aseguramiento de cerca de 895 kilos de cocaína en distintos operativos ejecutados bajo el Plan Alcázar, una estrategia orientada a combatir el crimen organizado y la delincuencia común en zonas de alta incidencia delictiva.

Tras el decomiso realizado en Pimienta, equipos de investigación trabajan en la recolección de indicios para establecer quiénes integraban la estructura responsable del traslado de la droga.

Los peritos analizarán el vehículo abandonado y otros elementos encontrados en la escena con el propósito de obtener información que permita identificar a los implicados y fortalecer las acciones judiciales correspondientes.

El cargamento decomisado fue trasladado bajo medidas de seguridad para los procedimientos legales y periciales correspondientes, mientras las investigaciones permanecen abiertas.

Laura “N”, de 54 años, enfrenta su quinto proceso penal en la Ciudad de México tras ser detenida la tarde de ayer durante dos cateos en las alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero. Su historial en el sistema penitenciario capitalino arranca desde 1995 con cuatro ingresos previos por tentativa de fraude, portación de arma de fuego, uso de documentos falsos y delitos contra la salud.

La operación fue coordinada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), la Fiscalía General de Justicia (FGJ), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN). Los cateos se ejecutaron sin uso de violencia y los dos inmuebles intervenidos quedaron sellados bajo resguardo policial al término de las diligencias.

Denuncias vecinales detrás de los cateos

Las autoridades actuaron en respuesta a denuncias ciudadanas que alertaban sobre puntos de venta de narcóticos en ambas alcaldías. Esas alertas derivaron en trabajos de inteligencia y vigilancia que culminaron con las dos órdenes de cateo.

De acuerdo con los primeros reportes, el primer operativo se ejecutó en la calle Doctor Federico Gómez Santos, en la colonia Doctores, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc. Ahí fue detenida Laura “N” y los efectivos aseguraron 110 bolsitas de aparente marihuana, 1.9 kilogramos de la misma hierba a granel, 80 dosis de posible cocaína, 11 cilindros de plástico con cigarros elaborados con esa hierba y 60 bolsitas con una sustancia similar a la metanfetamina.

También se encontraron en ese inmueble un arma de fuego corta, dos cargadores, siete cartuchos útiles y un teléfono celular. La suma de objetos asegurados en ese primer cateo configuró el cuadro principal del caso.

El segundo inmueble, en Lindavista

El segundo cateo se llevó a cabo en la calle Mollendo, en la colonia Lindavista, dentro de la alcaldía Gustavo A. Madero. Allí los uniformados hallaron 1.8 kilogramos de un vegetal verde y seco similar a la marihuana a granel, 100 bolsitas de tela color negro con el mismo vegetal y 107 bolsitas de plástico traslúcido con una sustancia similar a la cocaína en piedra.

Según datos preliminares, ambos cateos en conjunto arrojaron más de 350 dosis de presuntos narcóticos y cerca de 4 kilogramos de marihuana. El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, confirmó los operativos y los detalles del aseguramiento a través de su cuenta en la red social X.

Un historial delictivo de más de tres décadas

Medios locales destacan que Laura “N” acumula cuatro ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México entre 1995 y 2021. Sus antecedentes incluyen tentativa de fraude y uso de documentos falsos en 1995, y posteriormente portación de arma de fuego, delitos contra la salud y fabricación e importación de objetos aptos para agredir en 2006, 2016 y 2021.

Ese expediente representa más de 30 años de actividad delictiva documentada ante las autoridades capitalinas. Ninguna de las condenas anteriores interrumpió de forma definitiva su presunta participación en el narcomenudeo, de acuerdo con medos locales.

Situación jurídica en manos del Ministerio Público

Tras concluir los operativos, la detenida y todos los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público. Dicha instancia es la encargada de definir la situación jurídica de Laura “N” en las próximas horas e integrar la carpeta de investigación.

Con esta detención, el Poder Judicial de la Ciudad de México iniciará el quinto proceso penal contra la imputada. El historial acumulado desde 1995 constituye el elemento central que los agentes ministeriales incorporarán al expediente, según medios locales.

La SSC-CDMX precisó que Laura “N” es considerada inocente en esta etapa del procedimiento. Así permanecerá hasta que un órgano jurisdiccional emita sentencia conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales.

Dos agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) quedaron presos en Reconquista acusados de filtrar información sobre 18 allanamientos antidrogas realizados el 29 de mayo en Avellaneda. Esta maniobra frustró gran parte del operativo justo cuando la investigación empezó a detectar avisos previos dentro de los entornos familiares de los sospechosos, lo que permitió ocultar droga.

Los imputados son Estefanía Oviedo y Ariel Sena, integrantes de la Policía de Investigaciones, acusados de encubrimiento agravado por su condición de miembros de una fuerza de seguridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, según Rosario3. La prisión preventiva sin plazo fue dispuesta por el juez Mauricio Martelossi, a pedido de los fiscales.

Según el fiscal Sebastián Galleano “el resultado de estos allanamientos se vio frustrado” y de los 18 objetivos allanados solo hubo resultados incriminantes en dos. Ese rendimiento activó las sospechas sobre una filtración y abrió una pesquisa con análisis de líneas telefónicas, capturas de pantalla, testimonios y cruces de información.

Uno de los elementos que incorporó la Fiscalía surgió en una escuela primaria de Avellaneda. Según Carbone, una vicedirectora informó que una alumna de sexto grado le contó que llevaba marihuana y una balanza de precisión entre sus útiles porque su madre le había ordenado esconderlos al saber que “iba a haber allanamientos” en su casa.

“El colmo fue una niña de sexto grado que llegó a la escuela con una balanza y con papelillos y bolsitas de droga donde la madre le había dicho que se lleve todo eso porque iban a haber allanamientos y ya estaba avisada”, declaró Carbone ante el juez. Ese episodio se sumó a llamados al 911 y a denuncias hechas en el Centro Territorial de Denuncias.

La causa empezó precisamente con una denuncia presentada en ese centro. Desde allí, fiscales y personal de Asuntos Internos reconstruyeron la secuencia que terminó por vincular a Oviedo y Sena con la maniobra. “Con el grado de probabilidad requerido en esta instancia del proceso, pudimos vincularlos a los hechos investigados”, sostuvo Galleano.

El jefe de Microtráfico sostuvo además que la Fiscalía acreditó que el bajo resultado de los procedimientos fue consecuencia directa de la filtración atribuida a los dos agentes, de acuerdo con Rosario3. En esa misma exposición remarcó que en el operativo participaron más de 100 efectivos.

Carbone expresó: “Después de filtrar todo esto quisieron inculpar a un montón de otras personas, jefes de Policía de Investigaciones, compañeros de ellos. Nos quisieron hacer creer que esto era de una determinada manera”. El fiscal agregó que la información falsa incorporada por los sospechosos puso a la propia Fiscalía al borde de decisiones equivocadas. “Estuvimos a punto de cometer errores judiciales en cabeza de la Fiscalía por culpa de estas dos personas”, declaró.

La pesquisa avanzó con rapidez y según contó Carbone a Rosario3, el nombre de Oviedo apareció en las primeras informaciones recibidas durante los procedimientos, y para el viernes siguiente ya había elementos para detenerla; después, el análisis de los teléfonos durante varios días permitió establecer su vínculo con Ariel Sena.

La investigación también apunta a un intento de desviar responsabilidades y el expediente podría no terminar en los dos arrestados. Diego Vigo señaló: “Entendemos que esto es la punta del iceberg”, al tiempo que destacó la coordinación entre distintas áreas del Ministerio Público de la Acusación para detectar la filtración mientras los allanamientos todavía estaban en marcha.

Por su parte, Galleano mantuvo cautela sobre nuevas detenciones, aunque reconoció que ya existen indicios sobre otras personas. “Hay terceras personas que estarían involucradas y hay que desplegar una investigación que nos permita reunir elementos de convicción para traerlas al proceso”, afirmó.

Oficiales de la SSC detienen a un hombre de 45 años en la alcaldía Venustiano Carranza tras identificarlo como el sujeto que aparece en un video donde presuntamente agrede a un adulto mayor. La corporación lo asegura en posesión de 20 bolsitas con aparente marihuana y dinero en efectivo, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

La detención se da luego de que el pasado 29 de mayo de 2026 se difunde en redes sociales un video en el que se observa a un hombre golpear a un ciudadano mientras caminaba por calles de la colonia La Michoacana, en Venustiano Carranza, según la SSC. A partir de esa denuncia, la dependencia activa labores de investigación e inteligencia en la zona para ubicar al posible responsable.

Como parte del seguimiento, los uniformados realizan entrevistas con vecinos, montan vigilancia y revisan registros de cámaras de videovigilancia para establecer la ruta de escape y el área de movilidad del individuo, además de obtener su media filiación, de acuerdo con la SSC. Con esa información, intensifican los recorridos en calles cercanas para localizar a alguien con las mismas características.

La SSC informa que durante los patrullajes en la colonia Janitzio, los policías detectan a un hombre que coincide con el perfil buscado. La dependencia señala que el sujeto muestra una conducta inusual mientras manipula bolsitas de plástico similares a las que suelen usarse para la venta de narcóticos.

El aseguramiento ocurre en la avenida Congreso de la Unión y la calle Diagonal, donde los agentes le marcan el alto ante el probable hecho delictivo, según la SSC. En apego a los protocolos de actuación policial, le practican una revisión precautoria.

En esa inspección, la SSC reporta el aseguramiento de una mochila tipo cangurera que contenía 20 bolsitas transparentes con aparente marihuana y dinero en efectivo. Con esos indicios, los policías concretan la detención y resguardan la presunta droga.

La corporación señala que al detenido se le comunican sus derechos de ley y es trasladado ante el agente del Ministerio Público, junto con lo asegurado. La autoridad ministerial determinará su situación legal y dará continuidad a la carpeta de investigación correspondiente, de acuerdo con la SSC.

• La SSC detiene a un hombre de 45 años ligado a un video de presunta agresión a un adulto mayor en Venustiano Carranza.
• El aseguramiento ocurre en Congreso de la Unión y Diagonal; le hallan 20 bolsitas con aparente marihuana y dinero en efectivo.
• El detenido queda a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación legal y la investigación.

Aumenta el número de ancianos, aumenta el abuso

Entre 2015 y 2030 se espera que en todos los países aumente sustancialmente el número ancianos, y en algunos casos, tristemente también aumentan los abusos de los que esta población es víctima.

A pesar de que sigue siendo uno de los tipos de violencia menos tratados en los estudios que se llevan a cabo y menos abordados en los planes de acción, el maltrato a los ancianos ha comenzado a ganar visibilidad. Es un problema social que merece la atención de la comunidad internacional ya que afecta la salud y los derechos humanos de millones de personas mayores en todo el mundo.

Por esta razón, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 15 de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, con el fin de expresar de manera global la oposición a los abusos y los sufrimientos infligidos a algunas de nuestras generaciones mayores. (Fuente: ONU)

El maltrato hacia este sector daña también a la familia, a la sociedad y a las instituciones, pues el impacto negativo en su salud física y emocional es inmediato y su atención integral representa un costo económico considerable.

Las estadísticas sobre el maltrato en la vejez son datos alejados de la realidad, debido a que la mayoría de los adultos mayores que lo viven no lo denuncian. Esta situación tiene su origen en distintas razones:

• no aceptan que están siendo maltratados,
• tienen temor a las represalias; pues es el único familiar con el que cuentan,
• creen que es temporal,
• no quieren que su familiar o cuidador vaya a la cárcel,
• desconocen con qué autoridad deben dirigirse,
• o su condición física o cognitiva no les permiten realizar una denuncia.

La conjunción de estos aspectos hace de este tema un asunto complejo. Por fortuna las perspectivas de derechos humanos y de género se han sumado al estudio de este fenómeno favoreciendo su conocimiento y atención. Sumado a ello, el interés de las asociaciones civiles, las instituciones públicas y privadas que trabajan violencia (desde la teoría y la atención directa), han favorecido la generación de nuevas políticas públicas orientadas a combatirlo.

Una vivienda en Florida funcionaba como depósito de drogas, donde la policía halló sustancias listas para el tráfico, varias armas de fuego y detuvo a cuatro personas. El dato del caso: la propiedad se encuentra justo al lado de la cárcel del condado de Lake, en la ciudad de Tavares.

La operación se ejecutó en la madrugada del martes en una vivienda situada junto a la cárcel del condado de Lake, en Tavares, Florida. La Oficina del Sheriff del condado de Lake confirmó el allanamiento y el jueves difundió el video del operativo, en el que se ve a agentes del equipo SWAT, unidad táctica de respuesta rápida, rodear la propiedad, romper una ventana e ingresar al inmueble.

Los sospechosos salieron con las manos en alto.

Qué encontraron las autoridades en la vivienda

Durante la intervención, los detectives informaron que hallaron 40 gramos de fentanilo y 40 gramos de cocaína, ambos en cantidades que permiten formular cargos por tráfico. Además, encontraron pequeñas cantidades de metanfetamina, gomitas de THC fabricadas artesanalmente, parafernalia para el consumo de drogas y tres armas de fuego.

Según la Oficina del Sheriff del condado de Lake, uno de los detenidos también tenía municiones y antecedentes penales.

La Oficina del Sheriff del condado de Lake señaló que la presencia de drogas y armas en una vivienda contigua a la cárcel representa un riesgo para la seguridad local.

Quiénes fueron arrestados y qué cargos enfrentan

El operativo resultó en la detención de cuatro personas. Dos hombres fueron acusados por tráfico de fentanilo y cocaína, así como por tenencia de parafernalia para el consumo de drogas.

Uno de ellos, además, recibió cargos por posesión de arma y municiones siendo un delincuente convicto, y por posesión de metanfetamina. Los otros dos detenidos fueron acusados de tenencia de metanfetamina.

La Oficina del Sheriff no brindó detalles adicionales sobre las identidades de los implicados ni antecedentes de incidentes similares junto a la cárcel. El caso se mantiene bajo investigación.

Cómo se realizó la intervención

El video difundido por las autoridades muestra a los agentes del equipo SWAT rodeando la vivienda, irrumpiendo por una ventana y ordenando a los ocupantes salir con las manos levantadas. La intervención respondió a una orden judicial obtenida tras detectar presunta actividad de narcotráfico en la casa.

El despliegue tuvo lugar en la madrugada del martes, concluyó con la incautación de drogas y armas y con la detención de cuatro sospechosos; el video oficial fue difundido el jueves. Según la Oficina del Sheriff del condado de Lake, operativos de este tipo en zonas próximas a instituciones penitenciarias no se registraban en la localidad al menos desde 2022.

Otro operativo en Nueva York: incautan 41 kilos de fentanilo en El Bronx

En Nueva York, una operación conjunta de la DEA y la fiscalía local permitió incautar 41 kilogramos de fentanilo en El Bronx. El operativo, realizado el miércoles, desmanteló tres centros de empaque ubicados en edificios residenciales de Mount Eden, Belmont y Washington Heights, todos próximos a escuelas y zonas familiares.

Durante la intervención, las autoridades arrestaron a ocho personas y decomisaron más de USD 30.000 en efectivo, dos armas de fuego cargadas y cientos de miles de sobres preparados para la venta inmediata. La droga estaba lista para ser distribuida en distintos formatos y su valor estimado asciende a USD 7,5 millones, según la DEA.

La fiscalía del Bronx detalló que los detenidos enfrentan cargos federales por posesión y distribución de fentanilo a gran escala. Las agencias involucradas señalaron que la cercanía de los laboratorios a hogares y escuelas expuso a residentes y menores al riesgo constante del tráfico de drogas, y que la vigilancia sobre estos puntos seguirá activa para prevenir la expansión de estas redes.

La Policía de Misiones capturó a un narcotraficante, identificado como Kevin Miguel D. L., de 25 años, que era buscado por un ataque armado que dejó dos heridos. Durante el procedimiento, los agentes secuestraron más de 12 kilos de droga valuados en casi 100 mil dólares, armas de fuego, ocho teléfonos celulares, balanzas de precisión y otros elementos vinculados al narcomenudeo.

El operativo, realizado este jueves por distintas divisiones de la Unidad Regional V en el barrio Altos del Paraná de Puerto Iguazú, permitió desarticular una importante estructura dedicada al narcomenudeo.

La investigación comenzó el miércoles, cuando dos jóvenes, Javier A. (27) y Marcelo P. (21), ingresaron al Hospital Samic de Iguazú con heridas de arma de fuego. Fuentes policiales indicaron que ambos se encontraban frente a un comercio en avenida 9 de Julio y calle Caña Fístola, cuando un motociclista llegó al lugar y disparó varias veces sin mediar palabra.

Por un lado, el hombre de 27 años sufrió heridas en el abdomen y la espalda, y debió ser operado de urgencia, mientras que el joven de 21 sufrió heridas en una de sus piernas. En estos momentos, se encuentra fuera de peligro.

A partir del análisis de cámaras de seguridad, testimonios y tareas de inteligencia, la Policía identificó al presunto autor del ataque, lo que permitió solicitar la orden de allanamiento que derivó en su detención y el secuestro del cargamento de drogas y armas.

En tanto, le incautaron un revólver calibre .32 con municiones, ocho teléfonos celulares, chapas patentes de motos y autos, una balanza de gran porte, tres balanzas de precisión, cientos de bolsas tipo ziploc, bandas elásticas y dinero en efectivo. A su vez, secuestraron objetos utilizados para el estiramiento, fraccionamiento y distribución de drogas.

Entre las sustancias incautadas se contabilizaron 5,1 kilos de clorhidrato de cocaína, 7,1 kilos de cannabis sativa, 605 gramos de hachís y bolsas con tusi, una droga sintética cuya circulación viene en aumento en el mercado ilegal argentino.

Parte de la droga ya estaba fraccionada en más de 300 dosis listas para ser comercializadas. De acuerdo a estimaciones oficiales, el valor de la cocaína incautada supera los 60 mil dólares, mientras que la marihuana y el hachís rondan los 35 mil dólares, lo que representa un golpe económico de casi 100 mil dólares para el narcotráfico.

El detenido quedó a disposición de la Justicia Penal por el ataque armado y de la Justicia Federal por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes. Las investigaciones continúan para determinar posibles conexiones con otras actividades delictivas.

Este caso se suma a otro operativo antidroga realizado en la provincia. El pasado 30 de abril, un narco brasileño fue detenido en la zona norte de Misiones con más de 110 kilos de marihuana. El hombre, de 28 años, intentó huir de un control policial en el paraje Kilómetro 9 de Comandante Andresito, pero fue capturado tras una persecución y un operativo de rastrillaje en la zona rural.

La droga que estaba oculta en el baúl de un Fiat Uno con patente brasileña fue descubierta luego de que el conductor abandonara el vehículo al despistar y quedar atrapado en una alcantarilla. El cargamento fue secuestrado y el detenido quedó a disposición de la Justicia Federal de Puerto Iguazú.

Efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina descubrieron en Córdoba un cargamento de 1.100 litros de éxtasis líquido oculto en los tanques de combustible de un camión. El procedimiento fue el resultado de una investigación por presunto tráfico internacional de estupefacientes y contó con cooperación de autoridades paraguayas.

La pesquisa comenzó a partir de información aportada por la Unidad de Inteligencia Criminal “Chaco”, que alertó sobre un transporte de cargas sospechoso procedente de Paraguay. Según las fuentes oficiales, el vehículo había ingresado al país por el Paso Internacional San Ignacio de Loyola, en Formosa, y tenía como destino final el Paso Internacional Cristo Redentor, en Mendoza.

Con esos datos, investigadores de la Unidad de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “San Francisco” montaron un operativo para localizar el rodado. Finalmente fue encontrado sin ocupantes en una estación de servicio de la ciudad cordobesa de Villa Nueva.

Con apoyo de personal de los Escuadrones de Seguridad Vial Villa María y Santa Catalina, y por disposición de la Fiscalía Federal y el Juzgado Federal de Villa María, los efectivos inspeccionaron el camión.

Durante la requisa detectaron que uno de los tanques no estaba conectado al sistema de alimentación del motor y contenía un líquido de coloración incompatible con combustible.

Los análisis preliminares revelaron que se trataba de una sustancia compatible con MDMA (éxtasis). Luego, los gendarmes comprobaron que el segundo tanque también contenía el mismo líquido, por lo que concluyeron que ambos compartimientos habían sido acondicionados para ocultar y transportar la droga.

A su vez, especialistas de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) de Villa María realizaron los test químicos correspondientes, que arrojaron resultado positivo para éxtasis. El volumen total secuestrado fue estimado en 1.100 litros.

Por orden judicial, los investigadores secuestraron el camión, la sustancia hallada, los 27.990 kilos de harina de girasol que transportaba como carga legal y documentación de interés para la causa.

Del procedimiento también participó la División Análisis y Requerimientos Judiciales de la Dirección Antidrogas de Gendarmería, que obtuvo información complementaria mediante mecanismos de cooperación con la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay.

Este hallazgo se suma a otros golpes al narcotráfico registrados recientemente en Córdoba. Semanas atrás, la Policía Federal Argentina desarticuló una organización que transportaba cocaína desde el norte del país hacia esa provincia oculta entre materiales de construcción. La investigación se inició luego de que uno de los integrantes de la banda aportara información clave sobre la maniobra.

En aquel operativo se secuestraron cerca de 158 kilos de cocaína y 37 kilos de marihuana, además de armas, vehículos, dinero en efectivo y teléfonos celulares. Los estupefacientes estaban escondidos en compartimientos especialmente acondicionados dentro de camiones que simulaban trasladar piedras y cascotes. La causa, a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, derivó en la detención de tres sospechosos y allanamientos en Jujuy y Córdoba.

El gobierno de Costa Rica anunció una prohibición total al ingreso diario de alimentos a los centros penitenciarios, junto con nuevas restricciones para la entrada de ropa y otros artículos, en un intento por reforzar la seguridad y reducir la circulación de drogas y mercancía ilegal en las cárceles.

La medida fue comunicada por el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, quien aseguró que la decisión apunta a “poner orden” y cerrar los canales que facilitan actividades ilícitas dentro de la población penitenciaria.

La declaración surge en un contexto marcado por el aumento de decomisos y el sobreesfuerzo operativo requerido para revisar las encomiendas que, hasta ahora, ingresaban diariamente en los distintos centros penales de Costa Rica.

Según datos oficiales, entre enero y mayo de este año se contabilizaron 158,000 paquetes enviados por familiares y allegados a los reclusos. Aguilar precisó que la inspección de estos envíos demanda la asignación diaria de hasta 200 oficiales penitenciarios, función que, según su perspectiva, desvía recursos clave de la vigilancia y la seguridad interna.

“Eso se acabó. Se acabaron las quince tazas de comida por día”, advirtió el ministro en un mensaje dirigido a la ciudadanía. Aguilar explicó que, a partir de ahora, solo se permitirá un máximo de dos tazas y exclusivamente en el día de visita, bajo rigurosos controles de seguridad. El funcionario justificó la medida con el argumento de que el flujo masivo de comida y artículos personales se convirtió en “una autopista directa para el ingreso de droga a nuestros centros penales” y en una vía para el negocio ilegal dentro de las cárceles.

La nueva política extenderá también la restricción al ingreso de ropa y otros objetos, que según Aguilar, han contribuido al hacinamiento y problemas de insalubridad en el sistema penitenciario. “Aquí paramos la fiesta ya. No es posible que se desperdicie alimentación que ya está pagada por el Estado con los recursos de todos ustedes los costarricenses”, enfatizó el titular de Justicia y Paz.

El ministro sostuvo que quienes permanecen en una celda deben cumplir su condena bajo las condiciones establecidas por las autoridades, y no disfrutar de beneficios que, en su opinión, desvirtúan el carácter de la pena privativa de libertad. Aguilar subrayó que el Estado garantiza la alimentación de la población penitenciaria y que no resulta justificable que el ingreso de comida extra se utilice como mecanismo para actividades ilícitas.

Diversos reportes de medios nacionales han documentado el incremento de incautaciones de droga y objetos prohibidos dentro de los penales costarricenses en los últimos años. El Ministerio de Justicia y Paz sostiene que la revisión minuciosa de cada encomienda implica “miles de horas” dedicadas por la policía penitenciaria, tiempo que —según Aguilar— debería destinarse a tareas de custodia y prevención.

El funcionario fue enfático al afirmar que la administración actual busca “terminar con alcahueterías y cerrar portillos que por años aprovecharon los delincuentes para delinquir desde prisión”. En su mensaje, insistió en que la seguridad de los centros penales constituye una prioridad y que la nueva normativa será aplicada de manera estricta, con controles reforzados y mecanismos de supervisión adicionales.

En su intervención, Gabriel Aguilar reafirmó que el Estado costarricense destina recursos suficientes para la manutención de los internos y que no se tolerarán prácticas que atenten contra la disciplina y el orden institucional. “Quien permanece en una celda no debe vivir como si fuera un hotel, sino que debe cumplir con su pena”, dijo el ministro al concluir su declaración pública.

Las autoridades prevén una etapa de supervisión intensiva en los próximos días para asegurar la correcta ejecución de la nueva normativa. El Ministerio de Justicia y Paz reiteró que toda la población penitenciaria recibirá la alimentación y atención que establece la ley, mientras se refuerzan los controles para impedir el uso de las cárceles como plataforma para actividades ilícitas.

El ex presidente de ARSAT y ex titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Facundo Leal, fue detenido este viernes luego de que la Policía Federal encontrara drogas, documentación y más de 2,5 millones de dólares durante una serie de allanamientos ordenados en el marco de una investigación judicial que se inició por el presunto robo de equipamiento tecnológico de la empresa estatal de telecomunicaciones.

La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, con intervención de la Fiscalía Federal N° 2 de esa jurisdicción, a partir de una causa identificada como “NN s/ Robo”, originada tras una denuncia presentada por ARSAT.

Según pudo saber Infobae, los investigadores ejecutaron quince órdenes de allanamiento en distintos puntos del país con el objetivo de reunir pruebas vinculadas al expediente.

Durante los procedimientos fueron secuestrados teléfonos celulares, computadoras, pendrives, documentación y distintos elementos considerados de interés para la pesquisa. Sin embargo, uno de los allanamientos terminó abriendo un nuevo capítulo dentro de la investigación.

El operativo más relevante se realizó en un departamento ubicado en la calle Ortiz de Ocampo, en el barrio porteño de Palermo, domicilio vinculado a Leal. Allí los efectivos encontraron una importante cantidad de estupefacientes: 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis, quince cucharas presuntamente utilizadas para consumo y quince bolsas tipo ziploc.

Además de las drogas, los investigadores secuestraron cuatro pasaportes, dos notebooks, un iPad, cuatro pendrives, cinco teléfonos celulares, un reloj inteligente, un inhibidor de señal, una valija con cámaras, grabadoras y anteojos, además de documentación considerada relevante para la causa.

En ese mismo inmueble también fue hallada una importante cantidad de dinero en efectivo distribuida en distintas monedas. El detalle incluye 803.754 dólares estadounidenses, 2.486.200 pesos argentinos, 69.100 pesos uruguayos, 6.258 reales brasileños, 3.040 pesos mexicanos, 302.000 pesos colombianos, 165 euros y 2.000 chelines tanzanos.

A partir del hallazgo de los estupefacientes y del dinero, la Secretaría actuante dispuso la detención de Leal en calidad de incomunicado. Posteriormente fue trasladado a la alcaldía de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires.

Horas más tarde, la Justicia ordenó un nuevo allanamiento en otro domicilio atribuido al ex funcionario, ubicado sobre la avenida Boulogne Sur Mer al 600, en la ciudad de Mendoza.

El procedimiento fue ejecutado por la Delegación Unidad Operativa Federal (DUOF) Mendoza. En ese inmueble los agentes secuestraron otros 1.787.600 dólares estadounidenses en efectivo, además de documentación y un teléfono celular. También se incautó un cuaderno con anotaciones.

De esta manera, entre ambos domicilios, los investigadores contabilizaron 2.591.354 dólares, además de las restantes divisas extranjeras y los pesos argentinos encontrados durante los procedimientos.

Además de los procedimientos mencionados, se realizaron tres allanamientos adicionales en la provincia de Mendoza, bajo órdenes del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2 de San Isidro. Los operativos incluyeron intervenciones en un inmueble de la calle Cerro Las Damas 636, en la localidad de Las Heras, 4 kilómetros al norte de la capital provincial, y en Casa 20, Manzana J, Almirante Brown 1151-1157, en Chacras de Coria, 13 kilómetros al sur de la ciudad.

En el domicilio de Las Heras, los agentes incautaron un CD que fue puesto a resguardo en la sede policial. En la vivienda de Chacras de Coria, el personal policial secuestró dos discos externos, un pendrive y documentación variada, elementos que serán peritados en el marco de la causa.

Todos los objetos quedaron bajo custodia de las autoridades federales, de acuerdo con la información incorporada en el expediente judicial. Las diligencias se ejecutaron en colaboración con la División Operaciones Federales y la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico.

La causa que derivó en la detención de Leal no estaba enfocada inicialmente en él ni tenía como eje el hallazgo de drogas o dinero. El expediente se originó a partir de una denuncia por el presunto robo de equipamiento tecnológico de alto valor perteneciente a ARSAT, presentada al inicio de la gestión de Javier Milei.

Con el avance de las medidas de prueba, los investigadores comenzaron a analizar otras operaciones vinculadas al funcionamiento de la empresa estatal. Según fuentes vinculadas al caso, esas líneas de investigación pusieron bajo análisis distintos contratos y movimientos que actualmente forman parte de la pesquisa judicial.

Fue en ese contexto que se dispusieron los quince allanamientos realizados en el marco de la causa, entre ellos los procedimientos efectuados en propiedades vinculadas a Leal.

La detención del ex funcionario también generó repercusión por la trayectoria que desarrolló dentro de la administración pública nacional.

Con paso por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Leal construyó gran parte de su carrera en ARSAT, donde ocupó diversos cargos hasta llegar a la presidencia de la compañía estatal durante el gobierno de Alberto Fernández.

Permaneció al frente de la empresa entre agosto de 2022 y febrero de 2024. Tras el cambio de administración, continuó ligado al Estado nacional y fue designado presidente ad honorem del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), el ente encargado de supervisar y controlar el sistema aeroportuario argentino.

Su nombramiento quedó formalizado mediante el Decreto 390, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Su salida del organismo se formalizó a fines de febrero de 2026, cuando presentó la renuncia. De acuerdo con la información incorporada al expediente, al momento de los allanamientos continuaba vinculado a ARSAT como empleado de planta permanente.

Tania Danae “N”, presunta integrante de la Unión Tepito y pareja de El Daza, fue detenida en la alcaldía Iztacalco con 168 dosis de droga, un arma de fuego, un celular y dinero en efectivo que las autoridades relacionan con cobros de extorsión en el Centro Histórico y Tepito. La captura ocurre dos días después de que Renat Dassae “N”, alias “El Daza”, fue procesado por su probable participación en asociación delictuosa agravada, tras ser aprehendido el 19 de mayo de 2026 en Tlaxcala.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que la mujer tiene 35 años y fue ubicada en inmediaciones del Hotel Hollywood, en la colonia Agrícola Pantitlán. En el mismo aseguramiento, la SSC señaló que le halló marihuana y metanfetaminas, además de efectivo que presuntamente provenía de extorsiones cometidas a nombre de su pareja.

Tras la detención, Tania Danae “N” fue puesta a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica. La captura se realizó en coordinación con agentes de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la SSC.

La aprehensión se da tras el procesamiento de El Daza por asociación delictuosa agravada

Renat Dassae “N”, alias “El Daza”, fue detenido en el municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala, el pasado 19 de mayo de 2026. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lo identifica como presunto líder de la célula delictiva “UJ40”, vinculada con la Unión Tepito.

La indagatoria en su contra lo relaciona con la coordinación de extorsiones contra comerciantes del Centro Histórico y Tepito. Según la Fiscalía CDMX, el Ministerio Público integró entrevistas, análisis de información, prueba digital, seguimiento técnico y otros datos de prueba para sostener su probable participación en asociación delictuosa agravada.

La Fiscalía CDMX también indicó que personas ligadas a esa célula entregaban tarjetas con números telefónicos y referencias a “El Dazza” o “El Dazza de la U” para intimidar y exigir pagos a comerciantes. Con esos elementos, la autoridad solicitó y obtuvo de un juez de control la orden de aprehensión correspondiente.

Agentes de la Policía de Investigación lo localizaron en Yauhquemehcan, donde presuntamente se resguardaba y mantenía su centro de operaciones. Después fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

El Daza acumula detenciones y registros penitenciarios desde 2009

La SSC ha detenido a “El Daza” en al menos cinco ocasiones previas y, de acuerdo con la información oficial, en todas logró recuperar su libertad. La autoridad capitalina también sostiene que ha utilizado distintas identidades, entre ellas la de José Arturo Vázquez Morales.

A finales de julio de 2025, la SSC informó otra captura en la colonia Valle Gómez, en la alcaldía Venustiano Carranza, como parte de un operativo contra delitos de alto impacto en la zona centro. La acción se originó tras una alerta del C2 Norte, cuyos operadores detectaron a un hombre dentro de un automóvil gris mientras manipulaba lo que parecía ser un arma de fuego en el cruce de Mapimí y Platino.

En esa ocasión, los policías le aseguraron un arma corta con cargador y siete cartuchos útiles, así como 19 dosis de aparente cristal, 83 envoltorios con probable cocaína y una bolsa con cerca de medio kilogramo de marihuana. La SSC agregó entonces que había ingresado al sistema penitenciario de la Ciudad de México en 2022 por delitos contra la salud.

Otros registros oficiales lo ubican con 12 ingresos a prisión en los años 2009, 2010, 2011, 2019 y 2021. Pese a esos antecedentes y a que está relacionado con dos carpetas de investigación, una por delitos contra la salud, volvió a la estructura de la Unión Tepito después de obtener su libertad en diciembre de 2022, según las investigaciones referidas en el expediente.

El 18 de agosto de 2021 fue aprehendido junto con José Mauricio “H”, alias “El Tomate”, e Israel “C”, alias “El Cros”. Policías de inteligencia de la SSC los detuvieron con tres armas de fuego, cartuchos útiles, una granada de fragmentación, entre 195 y 200 dosis de cocaína y 100 de marihuana.

La Fiscalía también investiga el asesinato de su hijo en la colonia Morelos

El 10 de agosto de 2023, Alexis Ariel, de 15 años, hijo de “El Daza”, fue asesinado a balazos mientras viajaba en una motocicleta KTM 390 modelo 2023 en la colonia Morelos, en la alcaldía Venustiano Carranza. La Fiscalía de la Ciudad de México abrió la carpeta CI-FIEDH/2/UI-1CD/00297/08-2023 por homicidio por arma de fuego.

La agresión ocurrió en la esquina de Rivero y Eje Uno Oriente. La investigación apunta a que dos sujetos en motocicleta lo habrían seguido y le dispararon en la parte posterior del cuello.

La Fiscalía capitalina indaga si el crimen pudo ser una venganza ordenada por un grupo antagónico a su padre. La madre del adolescente, Blanca Guadalupe, de 33 años, identificó el cuerpo y declaró que su hijo no se dedicaba a actividades ilícitas, no había sido extorsionado y tampoco estaba amenazado.

• Tania Danae “N” fue detenida en Iztacalco con 168 dosis de droga, un arma, un celular y efectivo ligado por autoridades a extorsiones.
• La captura ocurrió dos días después del procesamiento de Renat Dassae “N”, alias “El Daza”, presunto líder de la UJ40 vinculada con la Unión Tepito.
• “El Daza” acumula al menos cinco detenciones previas y 12 ingresos al sistema penitenciario, además de investigaciones por extorsión y delitos contra la salud.

Este miércoles la Subsecretaría de Seguridad, la Fiscalía Nacional y Carabineros de Chile entregaron los resultados del Plan Cannabis, trabajo conjunto gracias al cual han logrado requisar en lo que va del año más de 45 toneladas de drogas -entre marihuana, cocaína y pasta base-, número que representa un 75% del total de estupefacientes confiscados en todo el año 2025, a saber, 60 toneladas.

De acuerdo con las autoridades policiales, dichas 45 toneladas corresponden a más de 136 millones de dosis, avaluadas en un estimado de $522 mil millones de pesos, es decir, alrededor de USD 586 millones.

En tanto, se han incautado 2.867 kilos de marihuana elaborada y erradicado 403.491 plantas de cannabis, lo que representa un aumento del 153% respecto al periodo 2024-2025.

Cifras históricas

El fiscal nacional, Ángel Valencia calificó las cifras como “históricas” y aseguró que la droga decomisada y la cantidad de plantaciones destruidas durante el primer semestre, dan cuenta del trabajo de las policías a lo largo del territorio nacional.

“No queremos más droga en nuestro país”, señaló por su parte el director general de Carabineros, Marcelo Araya, quien valoró la coordinación con la Policía de Investigaciones (PDI), Aduanas, la Policía Marítima (PM) y el Ministerio Público para lograr la histórica cifra.

“Aquí hay un trabajo donde, en definitiva, el Estado funciona. Y en el caso nuestro, (haremos) todo lo que esté de nuestra parte y poner los recursos para fortalecer a Carabineros y la institucionalidad”, agregó el subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet.

Finalmente, la directora ejecutiva de Volpe Consulting, Pilar Lizana, especialista en crimen organizado, recalcó que los operativos exitosos “tienen mucho que ver con un trabajo de largo aliento que están realizando las policías y la Fiscalía, y que está teniendo como consecuencia estos decomisos, porque ya se han identificado las rutas utilizadas, los horarios y las organizaciones”, poniendo como ejemplo lo que sucede en la región de Antofagasta, puerta de entrada al país de la mayor parte de la droga proveniente de Bolivia.

El procedimiento ocurrió a la altura del kilómetro 896 de la Ruta Nacional N° 34, cuando efectivos del Grupo “Burruyacú”, dependiente del Escuadrón 55 “Tucumán”, detuvieron la marcha de un ómnibus de larga distancia que realizaba el recorrido entre San Salvador de Jujuy y Liniers, en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la inspección del equipaje de los pasajeros, los gendarmes detectaron que una mujer trasladaba tres recipientes de productos lácteos, dos envases de shampoo y uno de toallas húmedas. La sospecha surgió luego de que los uniformados utilizaran un escáner portátil y observaran anomalías en el interior de los recipientes, incompatibles con los productos que debían contener.

Eso derivó en la apertura de los envases y en el hallazgo de 140 cápsulas embutidas dentro del contenido de cada recipiente plástico.

A su vez, la sospechosa les confesó a los agentes que había ingerido más cápsulas de similares características, lo que representaba un riesgo inmediato para su salud. Ante la emergencia médica, personal de la fuerza coordinó su traslado en ambulancia al Hospital “Zenón Santillán” de San Miguel de Tucumán.

Allí, los estudios radiográficos arrojaron resultado positivo para cuerpos extraños y los médicos iniciaron una evacuación controlada de otras 37 cápsulas.

Posteriormente, los efectivos realizaron la prueba de campo Narcotest sobre las 177 dosis secuestradas, que dio positivo para cocaína con un peso total de 2 kilos y 36 gramos.

Por último, el magistrado interviniente ordenó la detención de la mujer y el secuestro de la droga, además de otros elementos de interés para la causa.

El pasado miércoles 20 de mayo, Gendarmería Nacional llevó adelante otro operativo de alto impacto en la provincia de Mendoza. El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional N° 7, a la altura de Punta de Vacas, cuando un ciudadano peruano que manejaba un Ford Focus proveniente de Chile y circulaba con las luces apagadas intentó evadir un control vehicular.

Al recibir la orden de detención, el conductor aceleró, embistió el dispositivo policial y escapó. La persecución se extendió durante varios kilómetros hasta que el vehículo perdió el control y volcó sobre la banquina.

Cuando los gendarmes llegaron al lugar, asistieron al conductor, que se encontraba atrapado dentro del auto y en estado de ebriedad. Durante la inspección del vehículo, los efectivos encontraron un cargamento de álbumes y figuritas del Mundial 2026 distribuidos en cajas que ocupaban gran parte del baúl y de los asientos traseros.

Según fuentes del caso, el valor estimado de la mercadería secuestrada supera los 17 millones de pesos y estaba siendo ingresada al país sin la documentación respaldatoria correspondiente.

El operativo concluyó con la intervención de la Fiscalía Federal de Mendoza, que dispuso el secuestro del vehículo y de los productos, además de poner las actuaciones a disposición de la Aduana.

Además, la fiscalía solicitó verificar el domicilio del conductor, consultar sus antecedentes penales y migratorios y establecer una alerta migratoria. El ciudadano peruano fue trasladado a la Comisaría N° 23 de Mendoza, donde quedó detenido mientras avanza la investigación por presunto contrabando.

La causa comenzó en abril de 2019, cuando el juzgado interviniente ordenó a la PSA realizar tareas investigativas sobre materiales secuestrados en un procedimiento de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en el que había sido capturado un hombre que intentó exportar estupefacientes.

Como resultado de esas pesquisas, en agosto de ese mismo año detuvieron a un sospechoso y secuestraron 25,317 kilos de cocaína. Con el avance de la investigación, los agentes determinaron la existencia de una organización dedicada a adquirir clorhidrato de cocaína en Buenos Aires y trasladarlo oculto en vehículos hacia Río Negro para su comercialización.

Además, los investigadores lograron identificar a los integrantes de la banda y sus domicilios, incluido el lugar donde modificaban los vehículos para ocultar la droga.

En paralelo, los agentes individualizaron a un proveedor en la provincia de Salta. El sospechoso fue detenido mientras trasladaba en un vehículo cuatro paquetes de cocaína con la imagen de “Nemo”. Durante ese operativo se secuestraron 4,370 kilos de droga.

A partir de estos hallazgos, la PSA realizó 19 procedimientos en Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y Salta. Como resultado, fueron detenidas ocho personas y se secuestraron 36,788 kilos de cocaína, además de otros elementos de interés para la causa.

La investigación continuó en junio de 2025 con la captura de otras dos personas y el secuestro de más de 10 kilos de droga.

Finalmente, a principios de mayo de este año, la PSA llevó adelante cuatro allanamientos en la provincia de Buenos Aires que terminaron con la detención de dos hombres y una mujer. Durante los operativos, los efectivos secuestraron 26,184 kilos de clorhidrato de cocaína acondicionados en 25 “ladrillos”, dinero en efectivo, armas de fuego y otros elementos de interés.

Como parte de otras líneas investigativas vinculadas al tráfico de cocaína, agentes de la División Narcotráfico Metropolitana de la DGA-ARCA y efectivos de la PSA allanaron un departamento en Palermo en el marco de la causa contra los franceses Ahmed Adda Belkocir e Isaac Ben Daoude, detenidos en Uruguay tras el hallazgo de dos encomiendas contaminadas con droga en Ezeiza.

Según confiaron fuentes del caso a Infobae, la investigación llegó hasta un inmueble ubicado sobre la calle Mansilla luego de la presentación de la dueña del departamento, una ciudadana francesa que declaró que los sospechosos habían alquilado la propiedad en abril y que, al retirarse, dejaron una caja en el lugar.

Dentro de esa caja, los agentes encontraron 11 panes de cocaína marcados con el logo de un escorpión, con un peso total superior a los 12 kilos.

Se espera que la próxima semana Belkocir y Ben Daoude sean trasladados al país por una comisión de Interpol para ser indagados por el juez federal Marcelo Aguinsky.

Las tres embarcaciones neumáticas de la Brigada de Infantería de Marina del Tercio de la Armada, sustraídas durante unas maniobras militares en la playa de El Retín, en Barbate (Cádiz) hace unos días, han sido localizadas este domingo a las 15:40 horas por efectivos de la Guardia Civil en las inmediaciones del polideportivo municipal de la localidad gaditana. Las investigaciones del robo, ocurrido el pasado lunes, se centran en la posible implicación de redes vinculadas al narcotráfico, según han confirmado fuentes cercanas a las pesquisas consultadas por EFE.

Los militares realizaban ejercicios de adiestramiento en la zona restringida de El Retín cuando dejaron las lanchas estacionadas en un espacio habilitado dentro del recinto militar al término de las maniobras. Al regresar para recogerlas, comprobaron que las tres embarcaciones habían desaparecido.

Después de la desaparición, la Armada presentó de inmediato una denuncia ante la Guardia Civil, que abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del robo e identificar a los autores. Los ladrones no se llevaron únicamente las embarcaciones, sino que en su interior había once trajes secos destinados a operaciones especiales y varios equipos de rastreo. El valor total del material sustraído ronda los 20.000 euros.

El narcotráfico, en el punto de mira

Las primeras hipótesis de los investigadores apuntan a que los responsables podrían pertenecer a grupos relacionados con el narcotráfico que operan habitualmente en el entorno de Barbate, una zona con una larga trayectoria como corredor de entrada de droga al continente europeo a través del Estrecho de Gibraltar.

Con la recuperación de las lanchas, la Guardia Civil continúa con las investigaciones pertinentes para determinar quiénes pudieron acceder al recinto militar, cómo burlaron la seguridad del área restringida y qué uso se ha dado a las embarcaciones durante los seis días que han permanecido en paradero desconocido. En cuanto al resto del material sustraído, continúa en paradero desconocido.

*Noticia elaborada con información de agencias.

Del otro lado, lo que los contrabandistas ignoraban era que efectivos de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura Naval Argentina ya los aguardaban ocultos en puestos de observación estratégicos. Tenían información vinculada a un posible cruce ilegal de estupefacientes.

La embarcación clandestina descargó varios bultos, que fueron trasladados hacia distintos vehículos que esperaban sobre la costa.

Al detectar la presencia policial, una de las camionetas emprendió la fuga y se internó en el monte. Los uniformados realizaron un seguimiento controlado que en la zona, a través de los caminos de tierra. Sin embargo, los ocupantes abandonaron el vehículo y desaparecieron entre la maleza.

Las imágenes capturadas en medio de la espesura del monte ilustran el desenlace de esta persecución. Una camioneta blanca abandonada entre la vegetación, con las puertas abiertas de par en par. En su caja, y esparcidos por el suelo de tierra húmeda, se apilaban caóticamente decenas de enormes bultos rectangulares envueltos en plástico.

El video del operativo, con tomas aéreas nocturnas con drones, mostraron cómo los efectivos fuertemente armados comenzaron a alinear los bultos incautados en un playón. Fue un impactante despliegue de cargamento de droga: una cuadrícula gigante conformada por cientos de paquetes rectangulares, ordenados meticulosamente en filas que cubrían casi toda la superficie del muelle.

En el interior de la camioneta, los agentes hallaron 132 bultos de marihuana. El recuento final arrojó 3.184 kilos, distribuidos en distintos formatos, con una carga valuada en más de once mil millones de pesos. El despliegue incluyó además el secuestro de dos camionetas y una moto utilizadas para el traslado.

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía y el Juzgado Federal de Eldorado, encabezados por los doctores Pablo Kulchar y Miguel Ángel Guerrero. Los funcionarios judiciales ordenaron el traslado de la mercadería para su conteo y pesaje oficial.

Desmantelan un laboratorio de cocaína en Puerto Madero oculto tras un restaurante peruano,

El de Misiones, no fue el único operativo contra el narcotráfico en la última semana. En el corazón de Puerto Madero, la Policía Federal Argentina encontró un laboratorio de cocaína oculto en la villa Rodrigo Bueno. Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, era la primera vez que aparece una cocina de este tipo en la Ciudad de Buenos Aires.

Oculto tras un precario restaurante de comida típica peruana que ofrecía platos como anticuchos, se encontró una cocina de cocaína completa, equipada con un curioso horno de secado para los ladrillos de droga compuesto de dos estufas hogareñas, compresores hidráulicos y dos moldes de compactación. La cocina era custodiada por un joven de nacionalidad peruana que se encontraba de manera ilegal en el país.

En el procedimiento fueron detenidos siete sospechosos fueron detenidos, con 70 kilos incautados, en el marco de una causa que quedó a cargo del juez Julián Ercolini y el fiscal Franco Picardi junto a la intervención de la PROCUNAR con el fiscal Federal Diego Iglesias. Se encontraron, también, 25 litros de ácido bórico, utilizado como diluyente para estirar la droga.

La causa comenzó a ser investigada en mayo de 2024, cuando una mujer fue detenida en Villa Crespo con dos kilos de cocaína y dos teléfonos en su poder. Esos aparatos luego fueron peritados, lo que permitió llegar al resto de la organización.

El coronel Marco Antonio Godenzi precisó ante las cámaras de 24 horas de Panamericana TV que el detenido pretendía trasladar la sustancia dentro de una maleta destinada al compartimento de carga. Según la autoridad policial, el peso exacto del alcaloide incautado fue de 5 kilos 390 gramos, cifra que quedó registrada tras las diligencias realizadas en el terminal aéreo.

La droga no estaba escondida en un solo lugar. De acuerdo con la información difundida por la unidad especializada, la sustancia blanquecina fue hallada dentro de un chaleco, pero también apareció camuflada en un producto deshidratado utilizado para preparar pisco sour y en artesanías con motivos del Perú. Además, se conoció que parte del alcaloide estaba mezclada con otras bebidas, una estrategia usada para intentar confundir los controles.

Consultado por el impacto económico, Godenzi indicó que la afectación a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas supera los USD 80.000. La cifra corresponde, según el reporte policial, al perjuicio estimado en el mercado por la incautación y la frustración del envío que tenía como destino Brasil.

El caso se suma a una serie de operativos ejecutados durante 2026 en el aeropuerto. En lo que va del año se realizaron 17 intervenciones antidrogas en el terminal, con un saldo de 24 detenidos: 12 mujeres y 12 varones, de acuerdo con el balance presentado por la División Aeroportuaria Antidrogas.

En esas acciones, las autoridades decomisaron 98,525 kilogramos de alcaloide de cocaína. Godenzi detalló que el total corresponde al resultado acumulado de las 17 intervenciones realizadas en 2026, en una estrategia que combina control de equipajes, inspecciones y verificación de perfiles de riesgo en zonas de embarque.

La ingesta de droga dejó de ser la modalidad más utilizada por el alto riesgo que implica. En su lugar, los traficantes suelen adherir la sustancia al cuerpo o acondicionarla en objetos de uso cotidiano, con métodos de ocultamiento cada vez más elaborados, de acuerdo con el medio de comunicación.

Cae clan familiar en el aeropuerto Jorge Chávez

Hace algunas semanas, un presunto clan familiar dedicado al narcotráfico internacional fue desarticulado en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cuando seis mujeres y un hombre intentaban abordar un vuelo con destino a Barcelona, España, con cocaína oculta entre sus prendas. Según la investigación policial, el grupo simuló un viaje familiar para evitar sospechas y utilizó a un bebé y un cochecito como parte de la estrategia.

Entre las intervenidas figuró Rosemary Huaraca Arosquipa, quien cargaba al menor durante los controles. Agentes de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional detectaron movimientos sospechosos y registraron una huida hacia los servicios higiénicos, donde luego hallaron dos paquetes escondidos en tachos de basura. La Policía informó que parte del cargamento estaba acondicionada en la zona del busto con estructuras similares a prótesis y estimó que la incautación alcanzó cerca de cuatro kilos, de acuerdo con información de ATV.

Elementos federales localizaron este martes alrededor de 57 kilos de droga ocultos en el doble fondo de una camioneta de transporte especial sobre la carretera federal 45, en el tramo que une Chihuahua con Ahumada. El vehículo había sido modificado para simular una unidad escolar y ocultar el cargamento en su estructura, motivo por el cual los agentes detuvieron al conductor en el lugar.

De acuerdo con los primero reportes, la unidad fue interceptada durante recorridos de vigilancia coordinados por personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes marcaron el alto al conductor para practicarle una revisión de rutina.

Al inspeccionar el vehículo, los elementos de seguridad detectaron una cavidad oculta en su estructura. Dentro de ese compartimento encontraron 32 kilos de metanfetamina y 25 kilos de hierba verde, características similares a la marihuana. Los narcóticos estaban cuidadosamente envueltos en cinta canela y bolsas transparentes, lo que dificultaba su detección a simple vista.

Las autoridades también aseguraron al conductor una arma corta, un cargador, 36 cartuchos y un teléfono móvil. Todo el material fue confiscado durante la inspección como pruebas del caso.

El detenido, junto con la droga, el arma, el cargador, los cartuchos, el celular y la unidad, quedó a disposición del Ministerio Público quien determinará la situación jurídica del implicado en las siguientes semanas.

Acciones federales y contexto del operativo

La detención en Ahumada se integró a las acciones coordinadas por parte del Gabinete de Seguridad del 18 de mayo de 2026, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad. Ese día se realizaron detenciones, cateos y aseguramientos de armas y droga en 10 estados del país: Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Tabasco.

Bajo este esque4ma, tanto las autoridades estatales como federales afirmaron que mantendrán los patrullajes y revisiones para frenar el trasiego de droga y armas en el territorio nacional.

La investigación sobre la procedencia y posible destino de la droga quedó a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR). Hasta el momento, el detenido enfrenta cargos por delitos contra la salud y portación ilegal de arma de fuego.

Finalmente, el operativo representó un golpe a las redes de narcotráfico que operan en la región norte del país. Los resultados del aseguramiento fueron difundidos en informes oficiales por las dependencias federales responsables de la seguridad y procuración de justicia.

El Ejército Mexicano localizó doce drones inhabilitados en la zona serrana de Badiraguato, Sinaloa, y Tamazula, Durango, durante un megaoperativo realizado entre el 15 y el 18 de mayo. Junto a los drones, los militares aseguraron cinco vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal, así como 43 artefactos explosivos improvisados y equipo táctico.

En el mismo punto, las fuerzas federales incautaron cinco kilos de marihuana, 16 chalecos tácticos, 37 placas balísticas, nueve cascos y ponchallantas. El área donde se efectuó el decomiso fue señalada por autoridades como una región de difícil acceso para los grupos delictivos.

Durante esos días, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México reportó el decomiso de armas largas, cartuchos, explosivos, vehículos robados y grandes cantidades de metanfetamina en distintos municipios de Sinaloa. Las acciones tuvieron lugar en Culiacán, Elota, Badiraguato y la zona limítrofe con Durango.

En Culiacán, elementos del Ejército detuvieron a tres personas, dos de ellas menores de edad, y les decomisaron tres armas largas, 14 cargadores, mil 227 cartuchos y 36 kilos de metanfetamina, además de dos vehículos con reporte de robo.

En un segundo operativo en el mismo municipio, fuerzas conjuntas localizaron un vehículo blindado robado y aseguraron cuatro armas largas, 46 cargadores, dos 495 cartuchos, cuatro chalecos tácticos, ocho placas balísticas, cuatro cascos y ponchallantas.

Un tercer operativo en Culiacán dejó una persona detenida, cuatro armas largas, 10 cargadores, 508 cartuchos y diversas dosis de droga. Mientras que en Elota, en el poblado Paredón Colorado, elementos de la Secretaría de Marina localizaron tres artefactos explosivos improvisados, 56 cartuchos y equipo de radiocomunicación.

El golpe a los laboratorios de droga sintética

En el poblado Corral Viejo, dentro del municipio de Culiacán, elementos de la Marina y la Fiscalía General de la República desmantelaron un laboratorio clandestino de drogas sintéticas. El lugar contenía 350 kilos de metanfetaminas y 450 litros de sustancias químicas.

En cuatro poblados más de Culiacán —Limón de Tellaeche, El Cedrito, El Palmar y Canamaca—, el Ejército Mexicano inhabilitó seis áreas de acopio con 1,225 litros de precursores químicos presuntamente destinados a la producción de metanfetamina.

El operativo del 18 de mayo: Badiraguato y Concordia

El 18 de mayo, en Badiraguato, el Ejército detuvo a una persona y le decomisó cuatro armas largas, 33 cargadores, mil 121 cartuchos, cuatro artefactos explosivos improvisados, seis chalecos tácticos, cinco placas balísticas y 11 prendas tácticas.

En Concordia, fuerzas de la Guardia Nacional y el Ejército detuvieron a otra persona y aseguraron tres armas largas, cuatro cargadores, 450 cartuchos y dos chalecos tácticos.

Ametralladoras y armas cortas en Culiacán

En la colonia Obrero Campesino de Culiacán, elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal detuvieron a dos personas a bordo de una motocicleta. Les decomisaron dos armas cortas, dos cargadores y diversas dosis de droga.

En un recorrido de vigilancia posterior en el mismo municipio, el Ejército aseguró dos ametralladoras, tres cargadores, 309 cartuchos y dosis de marihuana. Las personas detenidas y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Las acciones coordinadas entre las fuerzas federales y estatales permitieron la incautación de tecnología, armas y drogas en Sinaloa. Esto a fin de debilitar la estructura logística de los grupos delictivos en la región.

Más de mil dosis de presunta marihuana fueron aseguradas dentro de un autobús de pasajeros que circulaba sobre la carretera federal 45D, en Guanajuato, luego de una inspección preventiva realizada por autoridades estatales.

El hallazgo ocurrió a la altura de la caseta de Cerro Gordo, donde elementos de la Policía Estatal de Caminos realizaban labores de vigilancia. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Paz del estado, el operativo se activó después de que el conductor del autobús realizó un cambio intempestivo de carril, lo que llamó la atención de los agentes.

Tras detener la unidad para una revisión, los elementos localizaron la droga oculta entre el equipaje de uno de los pasajeros, quien transportaba más de mil dosis de la sustancia.

La persona fue detenida en el lugar y puesta a disposición de la autoridad correspondiente, que continuará con las investigaciones para determinar su situación legal y su posible vínculo con redes de distribución.

Transporte público, una vía detectada para el traslado de droga en carreteras

La Secretaría de Seguridad y Paz señaló que este tipo de hallazgos refleja las distintas modalidades utilizadas para el traslado de drogas en el estado, incluyendo el uso de transporte público de pasajeros, lo que también implica riesgos para usuarios que no necesariamente tienen conocimiento de estas actividades.

La dependencia estatal informó además que, desde el inicio de la actual administración, en Guanajuato se han asegurado más de 2.3 millones de dosis de droga, con un valor superior a los 277 millones de pesos, lo que ha generado una afectación económica estimada en más de 712 millones de pesos a grupos delictivos.

Finalmente, las autoridades reiteraron que los operativos en carreteras buscan reforzar la vigilancia, reducir el trasiego de sustancias ilícitas y fortalecer la seguridad de quienes transitan por las vías del estado.

Una operación de inteligencia policial derivó este jueves en la detención de tres personas y el decomiso de aproximadamente kilo y medio de droga en un inmueble de la colonia Renovación, en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México.

La acción fue producto de semanas de trabajos de campo y gabinete por parte de oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital, quienes recopilaron denuncias vecinales sobre la venta y distribución de narcóticos en distintas colonias de la demarcación.

Con base en esa información, las autoridades identificaron un predio en la avenida Cuatro de la colonia Renovación como posible punto de almacenamiento de droga. Los datos recabados se entregaron al Ministerio Público, que los presentó ante un juez de control para obtener la orden de cateo correspondiente.

De acuerdo con los reportes, la diligencia se ejecutó de forma coordinada entre la SSC y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, con el apoyo de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina Armada de México, lo cual permitió intervenir el inmueble con respaldo de las cuatro instituciones de seguridad.

Al interior del predio, los uniformados aseguraron 300 gramos de posible metanfetamina, 670 gramos de una sustancia con características de cocaína y 500 gramos de una hierba seca compatible con marihuana. El total acumulado de las tres sustancias superó el kilo y medio referido por el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez Camacho, en un comunicado.

Además de la droga, los policías encontraron dos armas largas, una corta, dos cargadores y dos teléfonos celulares. Todo el material quedó a disposición de la Fiscalía para las investigaciones del caso.

Las tres personas detenidas

En el lugar, los agentes detuvieron a dos hombres —de 28 y 31 años— y a una mujer de 26 años, identificados en el tuit del secretario como Víctor Hugo “N”, José Rafael “N” y Guadalupe Ivón “N”. A los tres se les informaron sus derechos constitucionales de inmediato.

Los detenidos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica. Las autoridades precisaron que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, las tres personas son consideradas inocentes hasta que un órgano jurisdiccional declare su responsabilidad mediante sentencia.

Al concluir la diligencia, el predio fue sellado y quedó bajo resguardo policial para dar continuidad a las investigaciones. La medida busca preservar posibles indicios adicionales que puedan surgir del análisis del lugar.

La SSC y la FGJ subrayaron que toda la operación se desarrolló en apego estricto a los protocolos de actuación policial, uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos. Ambas instituciones reafirmaron su compromiso de continuar con investigaciones conjuntas para identificar a otros generadores de violencia en la ciudad.

La investigación comenzó el 18 de septiembre del año pasado, cuando un miembro arrepentido de la propia banda denunció que uno de los choferes de la estructura trasladaba grandes cantidades de droga desde San Ramón de la Nueva Orán, en Salta, hacia Córdoba. Para ocultar los estupefacientes, la organización simulaba transportar piedras y cascotes para la construcción en camiones.

En el caso intervino la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, a cargo del Juzgado Federal N° 1 de San Isidro, con la Secretaría N°1 de Melanie Bauer. La clave para avanzar en la investigación fue el número de celular del conductor, aportado por el denunciante.

A partir de la intervención de esa línea y del análisis de escuchas telefónicas, los investigadores reconstruyeron el modus operandi de la organización: un camión cargado con droga circulaba detrás de una camioneta que hacía de “puntero” y avisaba sobre eventuales controles policiales en la ruta.

Con esa información, los federales detectaron que se estaba organizando un nuevo viaje desde Orán hacia Córdoba. Entonces, con autorización judicial, una comitiva de la PFA fue enviada al norte del país y montó un operativo sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de la intersección con la avenida Güemes, en Pichanal, Salta.

Allí, los agentes detuvieron primero a la camioneta que funcionaba como puntero. Detrás venía el camión sospechoso. Durante la requisa, los detectives advirtieron que varios tornillos de la batea tenían signos de haber sido removidos. Al revisar ese sector, encontraron un compartimiento oculto.

Adentro había 150 envoltorios tipo “ladrillo” con clorhidrato de cocaína, envueltos en nylon amarillo e identificados con la marca del Delfín. El pesaje final arrojó 157,90 kilos.

Tras el hallazgo, Arroyo Salgado dispuso el traslado del procedimiento a las instalaciones de la División Antidrogas San Pedro Jujuy para completar la extracción de la sustancia y avanzar con nuevas medidas. Luego ordenó cinco allanamientos en domicilios vinculados a los detenidos: cuatro en la localidad jujeña de Yuto —sobre las calles Rivadavia, San Juan, Mariano Moreno y en el barrio Jardín— y el restante en la calle Oscar Cabalén, en Córdoba capital.

Durante esos procedimientos, los efectivos detuvieron a la esposa de uno de los conductores. Además, secuestraron 73 panes de marihuana, con un peso aproximado de 37 kilos; otros 7 kilos de cogollos de la misma sustancia; 7 plantas de cannabis sativa; una escopeta calibre 12/70; dos pistolas calibre 9 milímetros; una pistola calibre .22; un revólver calibre .38 y otro calibre .22; municiones de distintos calibres; $3.280.000 y 11.500 dólares.

También fueron decomisados dos camiones, un acoplado, una camioneta, dos autos, tres motos, un tractor y dos tráileres para vehículos. A eso se sumaron siete teléfonos celulares, dos tablets y tres balanzas de precisión.

El operativo fue denominado “Cascote Blanco” y estuvo a cargo del Departamento Federal de Investigaciones de la PFA, a través de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico. También participaron las divisiones antidrogas de San Pedro Jujuy, San Ramón de la Nueva Orán y Córdoba.

Los detenidos, todos argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición del Juzgado Federal N° 1 de San Isidro por infracción a la Ley 23.737. Fuentes del caso indicaron que la investigación continúa en curso y que no se descartan nuevas medidas.

Tres presuntos militares de nacionalidad peruana quedaron en prisión preventiva este martes, luego de ser sorprendidos el fin de semana arriba de un bus de pasajeros que iba desde Arica a Iquique (1.760 kms al norte de Santiago), con casi 5 kilos de ketamina adosada en paquetes al cuerpo y dentro de sus estómagos en forma de ovoides.

Todos fueron formalizados por el delito de tráfico de drogas por la Fiscalía Local del Tamarugal y de acuerdo al Ministerio Público, la labor de un perro detector de drogas fue vital para dar con el cargamento.

Según la fiscal Karem Gómez, los hechos ocurrieron el sábado 9 de mayo pasado, poco antes del mediodía, mientras Carabineros realizaba un control vehicular de rutina en el kilómetro 1.839 de la Ruta 5 Norte.

Al fiscalizar un bus que iba de camino a la ciudad de Iquique, los uniformados notaron que el can “North” apuntaba a tres individuos vestidos de civil, quienes fueron de inmediato conminados a descender del vehículo y llevados hasta la comisaría de Huara.

Tras revisar sus pertenencias, la policía constató que los tres sujetos llevaban adosada la ketamina en paquetes al cuerpo, y una revisión más exhaustiva reveló que también habían tragado ovoides con la droga.

Luego de los análisis de rigor, los carabineros contabilizaron un total de 340 ovoides, con un peso total de 4 kilos 758 gramos de ketamina pura.

Los ciudadanos fueron identificados con las iniciales H.R.A.C., C.A.O.C. y J.A.Q.Q, gracias a que los tres portaban tarjetas de identificación del Ejército peruano. Todos ellos, sin embargo, se encontraban en el país de manera irregular. Debido a esto, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la prisión preventiva de los tres imputados, fijando un plazo de 150 días para el desarrollo de la investigación.

“Escudo en ruta”

En tanto, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, celebró la noticia y señaló que la detención de los tres presuntos militares se da en el contexto de un nuevo plan del gobierno destinado a “controlar el territorio”.

“Hay una línea específica que se llama “Escudo en Ruta”, donde Carabineros, junto a la Policía de Investigaciones —a veces también con la Policía Marítima— lo que hacemos es, y en atención al análisis de inteligencia, realizar determinados controles en ciertas partes del territorio”, indicó.

“En este caso, en Huara, se controla a personas que se encontraban al interior de un bus y efectivamente se sorprende a estos tres hombres del ejército peruano manteniendo en su poder, adosado a su cuerpo y además en el interior también del cuerpo —lo habían ingerido— ovoides, todos con más de cuatro kilos de ketamina”, cerró la autoridad.

Más de 60 kilos de droga ocultos dentro de un micro de larga distancia fueron descubiertos por efectivos de Gendarmería Nacional durante un control vial en Santa Fe. El procedimiento terminó con una mujer detenida y la intervención de Migraciones por la presencia de tres ciudadanos extranjeros sin papeles.

El operativo tuvo lugar en la intersección de las rutas provinciales 2 y 17, donde integrantes de la Sección de Seguridad Vial “Ceres”, dependiente del Escuadrón Seguridad Vial “Rafaela”, detuvieron la marcha de un colectivo proveniente de Orán, Salta, con destino a la Ciudad de Buenos Aires.

Al inspeccionar la bodega del micro, los gendarmes detectaron tres cajas de cartón que desprendían un fuerte olor a pintura. Además, advirtieron que no tenían remitente ni destinatario.

Cuando abrieron los bultos, encontraron 20 asaderas negras de chapa enlozada. Sin embargo, al revisar en detalle, descubrieron que debajo del embalaje original había placas de aluminio ocultas, aplastadas y disimuladas, que contenían una sustancia amarillenta.

Según informaron fuentes del caso, el Narcotest arrojó resultado positivo para cocaína en forma de “pasta base”, con un peso de 20 kilos 15 gramos.

Tras ese hallazgo, los efectivos continuaron con la inspección dentro del mismo micro. En ese contexto, detectaron el notorio estado de nerviosismo de una pasajera de nacionalidad boliviana.

Al revisar la mercadería que transportaba, hallaron 44 paquetes rectangulares envueltos en cinta verde, ocultos entre mantas y otros objetos.

En este caso el Narcotest confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 47 kilos con 120 gramos.

Asimismo, los gendarmes constataron que en el micro viajaban tres ciudadanos de nacionalidad china que no contaban con la documentación que acreditara su ingreso legal al país, por lo que se dio intervención a la Dirección Nacional de Migraciones.

Por disposición del Juzgado Federal de Rafaela, se ordenó la detención de la mujer involucrada, el secuestro de la droga incautada y de la encomienda que contenía la pasta base, cuyo propietario no pudo ser identificado.

En otro operativo reciente, dos mujeres fueron detenidas tras intentar enviar una encomienda de Salta a Tucumán con 48 kilos de marihuana. La investigación comenzó cuando el personal policial advirtió irregularidades en un paquete durante un control en la Ruta Nacional 34, a la altura del acceso a la localidad de San José de Metán. Al inspeccionar el contenido, los efectivos hallaron 59 panes de marihuana ocultos en dos cajas, disimulados entre artículos de bazar.

Tras detectar el envío, los investigadores coordinaron un seguimiento controlado y montaron un operativo en la terminal de ómnibus de Tucumán. Las dos mujeres, identificadas como las destinatarias de la encomienda, fueron arrestadas en el momento en que se presentaron a retirarla. Según fuentes del caso, ambas tienen domicilio en la provincia de Salta y quedaron imputadas por infracción a la ley de drogas.

El procedimiento permitió incautar la totalidad de la carga antes de que llegara a destino y detener a las responsables del intento de tráfico. La droga secuestrada quedó a disposición del Juzgado Federal interviniente, que también dispuso el análisis de las comunicaciones entre las involucradas para establecer si existen otros integrantes en la maniobra. Las mujeres permanecen detenidas mientras avanza la investigación para determinar el origen y el destino final de la marihuana.

El procedimiento comenzó cuando personal de la División Unidad Táctica Pacificación I recorría el Barrio Padre Carlos Mugica y detectó una presunta maniobra de comercialización de estupefacientes entre dos hombres.

Al advertir la presencia policial, uno de los sospechosos escapó e ingresó a una vivienda ubicada sobre la calle Espadaña al 2000. A partir de ese momento, se inició una persecución por los techos de las casas del barrio.

Finalmente, el hombre fue detenido en las inmediaciones del Destacamento N°5, en la intersección de Machu Pichu y 11 de Mayo. Según detallaron fuentes del caso, se trata de un ciudadano peruano de 58 años con antecedentes por amenazas y violencia de género.

Además, informaron que el hombre había salido del país en diciembre de 2023 rumbo a Chile y que volvió a ingresar a la Argentina en 2024 por el paso fronterizo de La Quiaca.

El segundo detenido es un ciudadano chileno de 31 años que registra antecedentes por robo, lesiones leves y robo en grado de tentativa. En el domicilio donde fue capturado, la Policía encontró una réplica de pistola calibre .45, 305 gramos de marihuana, 75 gramos de cocaína, 480 gramos de pasta base, siete teléfonos celulares, una balanza de precisión y 4.510.000 pesos.

La causa quedó en manos de la Unidad Flagrancia Este, a cargo del Dr. De Mercurian, que ordenó el secuestro de la droga y la custodia del búnker allanado.

Tras el operativo, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, celebró el resultado del procedimiento y aseguró que solicitarán la expulsión de ambos detenidos del país. “Que les quede claro: en la Ciudad no hay un solo metro cuadrado donde se puedan esconder. Ley y orden”, escribió en su cuenta de X.

En paralelo, la Policía de la Ciudad llevó adelante otro procedimiento antidrogas en un hotel ubicado sobre la calle Santiago del Estero al 1300, en el barrio de Constitución, luego de que vecinos denunciaran movimientos sospechosos y ruidos en los techos del edificio.

Cuando los agentes ingresaron al lugar encontraron a dos hombres que mantenían amenazado con un cuchillo de carnicero a uno de los huéspedes dentro de una habitación. Ambos fueron reducidos y detenidos.

Durante la inspección del hotel, los efectivos recuperaron distintos elementos que habían sido arrojados desde los techos: envoltorios con cocaína, marihuana y un cuchillo tipo carnicero. Luego, en la habitación señalada por los vecinos, encontraron materiales para fraccionar droga, dispositivos de cobro electrónico, sustancias de corte y un walkie talkie.

Para los investigadores, el lugar funcionaba como un punto de venta de droga bajo la modalidad de narcomenudeo.

La causa quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Este, con intervención del auxiliar fiscal Pablo Vidal Alemán. Los detenidos fueron imputados por comercialización de estupefacientes, privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio y resistencia a la autoridad. En tanto, la jueza María Julia Correa dictó la prisión preventiva por la gravedad de los hechos y el riesgo procesal.

Durante la revisión en los pabellones del penal, agentes penitenciarios encontraron un balde blanco con una bolsa de panes. Una inspección minuciosa reveló microbolsas de pasta básica de cocaína (PBC) ocultas en el interior de los alimentos. Además, en la misma celda se incautó un paquete compacto sellado con cinta de embalaje que contenía marihuana. La intervención se extendió a varias áreas del establecimiento, detectando diferentes formas de ocultar sustancias ilegales.

Las autoridades penitenciarias precisaron que, junto a la droga, se identificaron objetos prohibidos en espacios comunes y celdas, lo que evidencia intentos recurrentes de vulnerar la seguridad interna. Entre los elementos incautados figuran cables eléctricos, focos, pipas artesanales y una balanza gramera, que, de acuerdo con el INPE, podría haber sido usada para el microcomercio de estupefacientes dentro del penal.

Dispositivos electrónicos ilícitos

El operativo también permitió la intervención del interno Eligio Nessvit Blanco Velásquez, de nacionalidad venezolana y 25 años de edad, quien cumple una condena de 35 años por el delito de violación sexual. Durante un control de rutina en el patio del penal, agentes de seguridad hallaron en su poder un adaptador de memoria micro SD y una tarjeta de 32 GB, dispositivos cuya posesión está prohibida en los establecimientos penitenciarios. De acuerdo con el citado medio, estos objetos representan un riesgo para la seguridad por su potencial uso en comunicaciones ilegales o almacenamiento de información vinculada a actividades delictivas.

La inspección no se limitó a las celdas. En los tachos de basura de distintas áreas, los agentes del INPE localizaron botellas plásticas con sustancias tóxicas, como laca y terokal, además de otros materiales no permitidos. Las autoridades señalaron que estos hallazgos refuerzan la necesidad de mantener controles estrictos para evitar el ingreso y la circulación de bienes que puedan favorecer la comisión de delitos desde el interior del penal.

La intervención fue supervisada por representantes del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, quienes participaron en el levantamiento de las evidencias y en el registro de los hallazgos. En ese sentido, la institución penitenciaria destacó que estos operativos de control buscan garantizar la transparencia y legalidad de las diligencias.

Investigaciones y refuerzo de controles

Tras la incautación de droga y objetos ilícitos, el INPE notificó a la Fiscalía de turno de Castilla y a la Comisaría de Tacalá para dar inicio a las investigaciones correspondientes. El fiscal César Colchado Farfán supervisó las actuaciones realizadas en el penal, en coordinación con la policía y el personal penitenciario. De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades buscan determinar las responsabilidades penales adicionales y establecer las vías de ingreso de las sustancias y artículos prohibidos al establecimiento.

El Ministerio Público dispuso el levantamiento de las evidencias y continuará con las diligencias para identificar posibles vínculos con redes internas de microcomercialización. Estos procedimientos forman parte de una estrategia integral para combatir el delito y fortalecer el principio de autoridad dentro de los centros penitenciarios peruanos.

El INPE anunció que intensificará las requisas y reforzará los controles de seguridad no solo en el penal de Piura, sino en todos los establecimientos penitenciarios del país. Según la entidad, estas acciones buscan impedir la comisión de delitos desde las cárceles, desarticular posibles redes internas y garantizar el orden en el sistema penitenciario.

Un nuevo cateo efectuado en la colonia Guadalupe Insurgentes, en la alcaldía Gustavo A. Madero, permitió a las autoridades capitalinas asegurar cinco toneladas de autopartes, más de 300 dosis de posible droga y un arma de fuego, las cuales se encontraban almacenadas en dos predios sin permisos para operar. La intervención se realizó como parte de trabajos de investigación y en atención a varias denuncias por robo de autopartes y vehículos en la zona.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) presentó los datos recabados ante un agente del Ministerio Público, quien solicitó y obtuvo de un Juez de Control los mandamientos judiciales para intervenir en los domicilios en los que se desplegaron dispositivos de seguridad simultáneos.

“Una vez que se tomó conocimiento de todo lo hallado en los inmuebles y que se concluyeron con las diligencias, los predios quedaron sellados y bajo resguardo policial para continuar con las investigaciones que deriven del caso”, indicó la dependencia en un comunicado.

El primer cateo se realizó en un inmueble sobre avenida Insurgentes Norte. Ahí, los efectivos detuvieron a un hombre de 54 años y a una mujer de 53.

En ese mismo domicilio se aseguraron 95 dosis de posible metanfetamina, 118 de aparente cocaína y 100 envoltorios de una hierba verde y seca similar a la marihuana. También se hallaron un arma de fuego corta, cuatro cajas de cartuchos útiles y una tarjeta de circulación con reporte de robo activo.

El segundo inmueble, ubicado en la calle Aurelio Leyva, no registró detenidos, pero concentró el mayor volumen de material asegurado. El personal operativo encontró distintas piezas automotrices con un peso aproximado de cinco toneladas, más dos faros de diferentes vehículos con reporte de robo.

Al concluir las diligencias en ambos predios, las autoridades los sellaron y los dejaron bajo resguardo policial. La medida permite continuar con las investigaciones que se deriven del caso.

Los dos detenidos recibieron información sobre sus derechos y quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

En tanto, la SSC precisó que las personas mencionadas en el comunicado son consideradas inocentes. Así seguirán siendo tratadas en todas las etapas del procedimiento, hasta que un órgano jurisdiccional emita sentencia en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Finalmente, la SSC y la FGJ reiteraron su compromiso de realizar acciones coordinadas para la prevención e investigación de delitos. El objetivo declarado es detener a quienes generan violencia y afectan a la población de la Ciudad de México.

Panamá intensificó sus acciones contra el narcotráfico tras el decomiso de 1,320 paquetes de presunta droga en Chiriquí, en un operativo que dejó cuatro personas aprehendidas y que forma parte de la ofensiva de las autoridades para frenar el traslado de sustancias ilícitas hacia la frontera con Costa Rica.

La diligencia fue coordinada por la Procuraduría General de la Nación, a través de su Fiscalía de Drogas, en conjunto con la Policía Nacional, en el marco de la Operación Horizonte.

De acuerdo con las autoridades, la droga era transportada en varios vehículos interceptados en el oriente chiricano, lo que permitió no solo el decomiso de los paquetes, sino también la incautación de cinco automóviles utilizados para el traslado del cargamento ilícito.

Durante la operación, los agentes también lograron decomisar un arma de fuego calibre 9 milímetros sin permiso, municiones, proveedores y dos antenas de comunicación satelital tipo Starlink.

Los cuatro detenidos, todos de nacionalidad panameña, fueron remitidos ante un juez de garantías, donde enfrentarán cargos relacionados con delitos de drogas.

Según las investigaciones preliminares, el cargamento tenía como destino la zona fronteriza entre Panamá y Costa Rica, lo que refuerza la hipótesis de que el país continúa siendo utilizado como corredor para el tráfico internacional de sustancias ilícitas.

Este operativo en Chiriquí se produce en paralelo a otras acciones recientes de las autoridades, como la Operación Courier, que permitió desarticular una estructura criminal dedicada al envío de drogas mediante servicios de mensajería.

En ese caso, se realizaron más de 17 allanamientos en Panamá Este y Bocas del Toro, con un saldo de al menos 14 personas aprehendidas y la incautación de equipos tecnológicos y documentos vinculados a las operaciones ilegales.

Las investigaciones sobre la red desmantelada en la Operación Courier apuntan a un grupo que utilizaba empresas de envíos comerciales para trasladar drogas hacia Norteamérica y Europa, ocultando las sustancias ilícitas entre paquetes regulares.

Entre los detenidos figuran tanto ciudadanos panameños como extranjeros, incluyendo personas de nacionalidad jamaiquina, lo que evidencia el carácter transnacional de estas organizaciones.

Las autoridades han señalado que esta estructura venía siendo investigada desde 2024, lo que permitió recopilar evidencia suficiente para ejecutar los operativos simultáneos y desarticular la red.

Los implicados, junto con los indicios recabados, fueron puestos a órdenes del Ministerio Público, que continuará con el proceso judicial correspondiente.

El decomiso en Chiriquí y la Operación Courier se suman a una tendencia al alza en las incautaciones de drogas en el país. Según cifras oficiales,

Panamá ha decomisado más de 25.5 toneladas de sustancias ilícitas hasta finales de abril de 2026, como resultado de acciones conjuntas entre la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

El comportamiento mensual muestra un incremento significativo en comparación con el año anterior. Solo en enero de 2026 se reportaron más de 11 toneladas de droga incautadas, superando ampliamente las cifras del mismo mes en 2025. Para marzo, el acumulado ya alcanzaba 20.5 toneladas, tras la ejecución de al menos 24 operaciones estratégicas en distintos puntos del país.

Las incautaciones continuaron durante abril y mayo con operativos de gran magnitud, incluyendo uno cercano a una tonelada en un puerto del Pacífico y otro decomiso de más de 1,300 paquetes de droga a inicios de mayo, lo que confirma la persistencia de las rutas del narcotráfico que utilizan territorio panameño para el tránsito de sustancias ilícitas.

Las autoridades han reiterado que estos resultados responden a una estrategia de control territorial focalizado, que combina inteligencia, vigilancia y cooperación interinstitucional para identificar y desarticular estructuras criminales. No obstante, el volumen de droga incautada también refleja la presión constante de organizaciones dedicadas al narcotráfico en la región.

Con estos operativos, el Ministerio Público y los estamentos de seguridad buscan frenar el avance de estas redes, reforzando la vigilancia en puntos estratégicos del país y consolidando las acciones contra el crimen organizado, en un contexto donde Panamá sigue siendo un punto clave en las rutas del narcotráfico internacional.

En la región amazónica entre Perú y Brasil, específicamente en el área del río Yavarí, autoridades de ambos países realizaron la “Operación Espejo Mayo 2026”. El despliegue, coordinado por organismos de seguridad de ambas naciones, permitió la incautación de cerca de nueve toneladas de sustancias ilegales y la captura de armamento vinculado al tráfico de drogas.

Durante dos jornadas, el operativo abarcó puntos estratégicos de Mariscal Ramón Castilla, en Loreto, zona fronteriza con Brasil y Colombia. El Comando Operacional de la Amazonía, junto con el Comando Unificado PUMA y la Policía Nacional, dirigieron las acciones principales. Participaron, además, la Fuerza de Tarea Unificada “Mariscal Ramón Castilla”, la Dirección Antidrogas, la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra del Perú, así como el Ejército brasileño.

El 5 de mayo, la intervención permitió decomisar 985 kilogramos de estupefacientes, destruir un laboratorio precario y retirar químicos, armas y materiales empleados por organizaciones ilegales.

El 6 de mayo, la operación avanzó hacia la incautación de aproximadamente ocho toneladas de marihuana, armas de uso militar, municiones, equipos tácticos y la destrucción de un laboratorio de gran capacidad y campamentos clandestinos. Estos resultados impactaron directamente en la logística y las operaciones de las redes delictivas en la zona.

El General de Ejército César Briceño Valdivia, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, evaluó el operativo como un paso relevante en la política de respuesta coordinada frente al crimen transnacional. Briceño Valdivia resaltó que el país mantiene una estrategia de articulación de recursos terrestres, fluviales y aéreos para enfrentar desafíos que afectan la seguridad de la región y el desarrollo de los Estados involucrados.

En la segunda jornada se logró desarticular infraestructura destinada a la producción y almacenamiento de drogas. El desmantelamiento de laboratorios y campamentos ilegales, así como la incautación de equipos tácticos y armas de guerra, representa un golpe para la operatividad de las redes ilegales que operan en la triple frontera.

Según lineamientos del Ministerio de Defensa, la operación se diseñó para ejercer control estatal en territorios de difícil acceso y neutralizar economías ilícitas a través de inteligencia, movilidad y cooperación internacional. Esta intervención se suma a otros esfuerzos orientados a consolidar la presencia de las fuerzas del orden y limitar los espacios de acción de grupos vinculados al tráfico de estupefacientes.

Las autoridades confirmaron que las acciones de interdicción y control en la Amazonía continuarán, con prioridad en los puntos más vulnerables de la frontera compartida entre Perú, Brasil y Colombia. El Comando Unificado PUMA y la Fuerza de Tarea Unificada “Mariscal Ramón Castilla” mantienen el despliegue de recursos para vigilancia y respuesta rápida ante nuevas amenazas en la zona.

La coordinación binacional demostró la capacidad de respuesta y la integración de información de inteligencia para acceder a áreas dominadas por redes delictivas. Las fuerzas participantes, tanto peruanas como brasileñas, aseguraron que mantendrán la cooperación para enfrentar nuevas modalidades delictivas en la región.

Fuentes policiales detallaron que todo comenzó cuando vecinos de barrio Samoré alertaron sobre una carpa, ubicada en un terreno baldío ubicado en Avenida Argentina entre Garmendia y Lacroze, desde donde comercializaban estupefacientes. Según señalaron, se trataba de una banda organizada que contaba con varias personas armadas y roles definidos: “sátelite”, “campana” y “soldadito”.

De acuerdo con la reconstrucción efectuada, el grupo utilizaba handys para coordinar la operatoria y alertar sobre la llegada de compradores o la posible presencia policial.

Tras recolectar esta información, agentes de la Policía Bonaerense montaron un operativo en el lugar. Al advertir la presencia de los efectivos, varios sospechosos se dieron a la fuga, aunque finalmente lograron detener a dos de ellos: Luis Fernando Galarza (28) y O.D.R. (17).

Durante el procedimiento, los policías secuestraron una importante cantidad de droga fraccionada y lista para la venta: 242 envoltorios de papel glacé con pasta base; 113 envoltorios de cocaína; y 27 gramos de marihuana. También incautaron 7.100 pesos en efectivo, cinco handys y un cuaderno con anotaciones.

Además, hallaron varias armas de fuego, lo que refuerza la hipótesis de una estructura organizada: una escopeta calibre 12/70 —que tenía pedido de secuestro por un robo ocurrido el 5 de mayo de 2013— con siete cartuchos; una pistola tipo Beretta calibre 9 milímetros con un cargador y municiones; y una pistola Bersa calibre .22 con su respectivo cargador.

Los sospechosos quedaron detenidos e imputados por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, “encubrimiento” y “resistencia a la autoridad”. En paralelo, los investigadores buscan determinar si hay otros integrantes de la banda que lograron escapar durante el procedimiento.

¿Cómo ocurrió la detención de un miembro de la FAP?

El hallazgo se produjo cuando agentes de la PNP observaron un camión de carga pesada y un automóvil estacionados en actitud sospechosa en plena vía. Al inspeccionar los vehículos, los efectivos hallaron dos bolsas de rafia que contenían 53 kilogramos de marihuana, con un valor estimado de 70 mil soles (aproximadamente 18.500 dólares). El cargamento, según las investigaciones preliminares, tenía como destino diferentes puntos de la ciudad de Lima.

Entre los detenidos figura Efraín Conde Quispe, suboficial de segunda de la FAP en servicio activo, quien viajaba junto a Walter Arturo Vásquez, licenciado del Ejército del Perú, y Rolando Quispe Olarte, quien se desempeñaba como chofer del camión involucrado. Las autoridades señalan que la droga habría salido desde la región Ayacucho y su destino final era la capital peruana.

Respuesta de la FAP ante esta captura

La noticia generó una respuesta inmediata de la Fuerza Aérea del Perú, que a través de un comunicado oficial manifestó haber tomado conocimiento de los hechos y aseguró su plena disposición para colaborar en la investigación. “La FAP se ratifica en la decisión institucional de colaborar con la justicia, asegurar la transparencia del proceso y proteger la confianza de la ciudadanía en sus Fuerzas Armadas”, señaló la institución en un documento leído en Canal N.

El comunicado remarcó que la entidad castrense se encuentra brindando toda la información requerida tanto a la Policía Nacional del Perú como al Ministerio Público, a fin de facilitar el esclarecimiento de los hechos. “Las medidas disciplinarias y administrativas serán adoptadas conforme a los resultados que determinen las autoridades competentes”, subrayó la FAP, en referencia al proceso que actualmente permanece bajo investigación de la Dirección Antidrogas de la PNP.

En su documento oficial, la FAP enfatizó que “la transparencia y la colaboración con las autoridades civiles constituyen pilares inquebrantables de la institución”. El mensaje institucional buscó transmitir confianza a la ciudadanía y garantizar que la investigación seguirá su curso sin interferencias.

El caso ha puesto bajo la lupa la política de control interno de las Fuerzas Armadas peruanas. La FAP reiteró en su mensaje que mantiene una política de “tolerancia cero” frente a conductas ilícitas dentro de sus filas. “Cada caso es evaluado con rigor, y se reconoce el profesionalismo del resto del personal”, indicó la Fuerza Aérea, en un intento por delimitar responsabilidades individuales y preservar la imagen institucional.

Operativo y pistas para incautar el cargamento de droga

El operativo en la Panamericana Sur se enmarca en los esfuerzos de seguridad para combatir el tráfico de drogas en rutas estratégicas que conectan zonas de producción en el interior del país con los principales centros urbanos. De acuerdo a fuentes policiales, la intervención en Lurín se produjo tras un trabajo de seguimiento a movimientos sospechosos de vehículos de carga en la zona.

Las diligencias sobre el caso continúan en etapa preliminar. Los tres detenidos permanecen bajo custodia policial mientras la Dirección Antidrogas de la PNP recopila pruebas y testimonios para esclarecer la ruta y el destino final de la marihuana confiscada. El Ministerio Público, por su parte, evalúa la apertura de un proceso penal por tráfico ilícito de drogas contra los involucrados.

Controversia por detención de militares en actividad

La detención de un integrante activo de la FAP ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer los controles y la supervisión interna en las instituciones armadas peruanas. Voceros de la Fuerza Aérea insisten en que casos como este constituyen hechos aislados, sin embargo, el incidente ha generado inquietud en la opinión pública.

Mientras tanto, la Policía Nacional y la Fiscalía continúan las pesquisas para determinar posibles conexiones del cargamento con redes de microcomercialización en la capital. El valor de la droga incautada, según estimaciones de las autoridades, subraya la magnitud de la operación frustrada.

El caso permanece abierto y bajo estricta supervisión de las autoridades judiciales y policiales. La FAP reiteró su compromiso de actuar conforme a la ley y aplicar sanciones ejemplares en caso de confirmarse la responsabilidad de su personal.

Dos hombres, señalados como posibles integrantes de una célula delictiva dedicada al narcomenudeo, fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) en la Alcaldía Cuauhtémoc. Los oficiales aseguraron más de 90 dosis de aparente narcótico durante la intervención.

Los hechos ocurrieron tras una persecución iniciada por parte de los agentes capitalino al descubrir que los sujetos manipulaban bolsas asociadas al tráfico de drogas.

De acuerdo con los reportes, los implicados circulaban en un automóvil blanco por la colonia Doctores, donde se realizaban trabajos de vigilancia e inteligencia.

El vehículo, identificado con placas del Estado de México, fue interceptado en la esquina de las calles Luis Moya y Delicias, en la colonia Centro.

Durante la revisión preventiva, los efectivos de seguridad localizaron alrededor de 98 dosis de vegetal verde, con características de marihuana,y una bolsa con aparente crystal. El procedimiento se realizó conforme a los protocolos establecidos por la autoridad policial.

Ambos tripulantes, de 36 y 21 años de edad, recibieron información sobre sus derechos antes de ser trasladados junto con la probable droga y el automóvil asegurado, al agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

En tanto, la SSC-CDMX dio a conocer que, tras el cruce de información, se presume que los dos hombres forman parte de un grupo delictivo dedicado al narcomenudeo en el centro de la capital.

El mayor de los detenidos cuenta con tres ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por robo, cometidos en los años 2009, 2011 y 2025. Además, fue presentado ante un Juez cívico en 2025 por vejar o maltratar.

El segundo detenido, de 21 años, ya había ingresado por delitos contra la salud en 2025. También enfrentó tres presentaciones ante el Ministerio Público, dos por robo (en 2021 y 2024) y una más por delitos contra la salud en 2024.

A raíz de los hechos, la intervención policial no solo permitió el aseguramiento de drogas, sino también la detención de personas con antecedentes penales.

Con este tipo de acciones, la SSC busca responder a denuncias sobre venta de drogas y reforzar la seguridad en la alcaldía Cuauhtémoc. La zona se mantiene bajo monitoreo constante para prevenir actividades ilícitas.

El caso evidencia la reincidencia entre integrantes de células delictivas y la importancia de la coordinación entre inteligencia y patrullaje. Las autoridades reiteran su compromiso con la seguridad y la legalidad en la capital del país.

De acuerdo a la información difundida por Panamericana Televisión, los agentes ingresaron hasta el segundo piso de la vivienda y encontraron diversos implementos que, según la investigación policial, eran utilizados para la preparación de esta droga sintética. Entre los objetos hallados destacó una olla arrocera que habría servido para el procesamiento de los insumos químicos empleados en la elaboración del ‘tusi’.

En imágenes difundidas durante la cobertura televisiva del caso, se observó parte del material incautado por la Policía. Además de la olla arrocera, los efectivos encontraron una caja de ketamina de uso veterinario, una balanza y pastillas de éxtasis, productos que serían utilizados tanto para la preparación como para la distribución de las sustancias ilícitas.

Presunta venta de droga

Según informó Panamericana Televisión, el detenido habría confesado ante la Policía que vendía cada paquete de droga entre 25 y 50 soles. Según la investigación preliminar, la comercialización se realizaba mediante redes sociales y también en fiestas electrónicas.

De acuerdo con el reporte policial, el joven admitió que inicialmente consumía drogas y que posteriormente comenzó a vender pequeñas cantidades a personas cercanas. “Primero fue por una ex que me enganché con el consumo y después con el tiempo mis amigos mismos me decían: ‘Véndeme uno, véndeme otro’, y ahí comenzó todo”, declaró durante el interrogatorio policial.

Las autoridades también investigan si la distribución de la droga se realizaba mediante servicios de motorizados. Según lo informado durante la intervención, la Policía busca determinar si otras personas estarían involucradas en la red de comercialización y si el inmueble era utilizado exclusivamente para la elaboración del ‘tusi’.

Aprendió por TikTok

Uno de los aspectos que llamó la atención de las autoridades fue la declaración del detenido sobre la forma en que habría aprendido a preparar la droga. Durante el interrogatorio, el joven aseguró que obtuvo información observando contenido difundido en redes sociales. “Por TikTok lo vi. En TikTok sale ahí, puede buscar y salen las ollas con los platos”, manifestó el intervenido ante los agentes policiales.

Según informó el citado medio, las sospechas de los vecinos fueron determinantes para el inicio de las investigaciones. Residentes de la zona alertaron a las autoridades sobre movimientos extraños y la presencia frecuente de personas de dudosa procedencia en el inmueble intervenido.

La Policía continúa con las diligencias para identificar a posibles cómplices y determinar quién es el propietario de la vivienda donde funcionaba el presunto laboratorio clandestino. Asimismo, las autoridades evalúan los delitos que podrían imputarse al detenido, entre ellos tráfico ilícito de drogas, delito que contempla penas privativas de libertad.

El histórico decomiso se gestó a través de una investigación dirigida por el Ministerio Público y ejecutada por OS7 El Loa, la cual permitió establecer la presencia de la droga en un predio en el sector oriente de Calama (1.530 kms al norte de Santiago) y, a partir de ello, ejecutar un allanamiento al lugar, donde se detuvo in fraganti a tres imputados de nacionalidad colombiana, justo cuando cargaban el depósito del camión.

En diligencias paralelas se detuvo también a un ciudadano boliviano relacionado con los hechos, elevando así a cuatro los detenidos, y todos ellos fueron formalizados esta jornada por el delito de tráfico de drogas, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva por representar un serio peligro para la seguridad de la sociedad.

Estrategia conjunta

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó la relevancia de este procedimiento conjunto, el cual marca un hito en la historia del combate al crimen organizado en Chile.

“Esto no es menor, es un hito para nuestra Fiscalía, pero también para el Ministerio Público en su conjunto. En 25 años de Reforma Procesal Penal, ninguna investigación había puesto fuera de circulación tanta droga en una sola operación, como lo hicimos hoy, en una demostración tangible de que, cuando el Estado chileno opera articulado, el crimen organizado retrocede”, señaló.

Castro Bekios subrayó que esta incautación no es un accidente, sino que nace de una investigación profesionalmente llevada adelante por OS7, enmarcada además en una estrategia coordinada que busca el estrangulamiento de toda la logística de las organizaciones criminales.

“Este año hemos detectado acopios en el desierto, droga en dobles fondos de camionetas y camiones, droga al interior de cilindros de gas, en encomiendas, en repuestos, en vehículos que son trasladados en camiones cigüeña, y ahora tenemos un camión cisterna completamente cerrado, es decir, un amplio repertorio de modalidades que han fracasado y seguirán fracasando”, agregó.

Cifras históricas

El persecutor recordó que la cantidad de droga incautada en los primeros cuatro meses del año ya supera las 30 toneladas, y si se considera desde octubre de 2023, fecha en que inició su administración como fiscal regional, el total alcanza las 95,6 toneladas.

“Eso significa que en esta región se incautan 100 kilos de drogas al día, 700 kilos a la semana, 3 toneladas al mes. Eso es lo que están haciendo las policías y el Ministerio Público en la Región de Antofagasta, y eso es lo que vamos a procurar seguir haciendo en el futuro”, complementó Castro Bekios.

De acuerdo al fiscal, la investigación recién comienza, pues “aquí estamos en presencia de una logística muy grande, que tiene el sello del crimen organizado transnacional”, aseguró.

Para el fiscal, esto es concordante con la posición del norte de Chile como pasadizo de la droga desde la zona andina al resto del continente, pero al mismo tiempo como tapón estratégico para el narcotráfico.

“A las organizaciones criminales transnacionales que evalúan rutas hacia el Pacífico, este caso comunica una sola cosa: Antofagasta tiene capacidad institucional para detectarlas, perseguirlas y condenarlas”, remató el fiscal que ostenta los mejores números del país.

Durante la operación, agentes del escuadrón de emergencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) ingresaron al domicilio y subieron al segundo piso, donde hallaron la olla arrocera que funcionaba como equipo principal para procesar los insumos de la droga sintética. En la misma habitación encontraron una caja de ketamina de uso veterinario, una balanza y pastillas de éxtasis, elementos que confirmaron la fabricación y posible comercialización de estupefacientes desde ese lugar, según informó Buenos días Perú de Panamericana TV.

La Policía informó que el detenido confesó vender cada dosis de ‘tusi’ a precios que oscilaban entre 25 y 50 soles, utilizando redes sociales y eventos electrónicos como canales de distribución. Según sus declaraciones, al principio preparaba la droga para consumo personal, pero amigos y conocidos comenzaron a solicitarle pequeñas cantidades, lo que lo llevó a iniciar la venta.

El detenido explicó a los agentes que aprendió a elaborar la sustancia por medio de videos encontrados en la plataforma TikTok, donde observó tutoriales sobre el procedimiento y el uso de ollas arroceras para la mezcla de los componentes. “Lo vi en TikTok, ahí enseñan cómo se hace y qué se necesita. No era complicado”, afirmó ante la policía.

Vecinos del sector señalaron que las constantes visitas de personas desconocidas y actitudes sospechosas alertaron sobre actividades ilícitas en la vivienda. Las denuncias realizadas por los residentes permitieron que las autoridades iniciaran la investigación, logrando intervenir el domicilio y detener al joven cuando se encontraba solo en el inmueble.

Actualmente, la Policía investiga si hay otros involucrados en la operación. También se presume que el detenido utilizaba servicios de motorizados para enviar la droga a diferentes puntos del distrito, aunque aún se desconoce el alcance total de la red.

¿Cómo funcionaba el laboratorio clandestino en el Callao?

El operativo permitió identificar el método utilizado para la producción de tusi: la olla arrocera servía como recipiente principal para mezclar ketamina, pastillas de éxtasis y otros insumos. La utilización de electrodomésticos comunes dificultó la detección del laboratorio, ya que evitaba llamar la atención sobre la presencia de equipos industriales.

Las autoridades recopilaron pruebas que serán fundamentales para el proceso judicial, incluyendo los dispositivos electrónicos empleados para la comercialización y los productos químicos hallados en la vivienda. El joven permanece bajo custodia mientras continúan las diligencias para esclarecer si existían cómplices o una red más amplia dedicada al tráfico de droga en la región Callao.

Un nuevo hallazgo de droga dentro de una cárcel vuelve a encender las alertas sobre los mecanismos de ingreso de sustancias prohibidas. Esta vez, agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) detectaron envoltorios de pasta básica de cocaína escondidos dentro de un juguete de Hello Kitty en el penal de Chiclayo.

La intervención se realizó durante una requisa en las cuadras 5 y 6 del pabellón 3 del Régimen Cerrado Ordinario. Durante la inspección, los agentes revisaron distintos ambientes del recinto, incluidos los servicios higiénicos, donde se produjo el hallazgo.

Según la información oficial, el peluche se encontraba dentro de un balde y ocultaba pequeños paquetes con droga, lo que evidencia nuevas formas de ingreso de sustancias ilegales al interior de los penales.

Además del jueguete, se decomisaron otros objetos prohibidos como encendedores, tijeras, motores de ventilador, cables y una polea artesanal. Todos estos elementos representan un riesgo para la seguridad dentro de la cárcel, donde los internos pueden utilizarlos para actividades ilícitas o para vulnerar el control penitenciario.

Tras el hallazgo, las autoridades penitenciarias comunicaron el hecho a la comisaría de Pícsi para iniciar las diligencias correspondientes.

Un antecedente reciente en el mismo penal

Este caso no es aislado. Apenas un mes antes, el 30 de marzo, en el mismo penal de Chiclayo, se realizó otra requisa que también terminó con la incautación de droga y objetos peligrosos.

En ese operativo, desarrollado durante la noche, participaron 35 agentes penitenciarios y 188 efectivos de la Policía Nacional, incluyendo unidades especializadas antidrogas y caninas.

Durante la intervención en el pabellón 3, se hallaron dos bolsas con 50 envoltorios de una sustancia con características de pasta básica de cocaína, así como 30 envoltorios tipo “ketes” con restos de vegetal molido.

Además, los agentes encontraron armas punzocortantes, cuchillos hechizos, pipas artesanales y herramientas, lo que evidenció el nivel de riesgo dentro del recinto.

En el pabellón 1, también se descubrió una memoria USB escondida dentro de una zapatilla, lo que muestra que los intentos de ocultamiento no se limitan solo a la droga, sino también a otros objetos prohibidos.

Estos antecedentes reflejan una constante: el ingreso y ocultamiento de artículos ilegales dentro de la cárcel, pese a los operativos de control.

Cambio en el INPE en medio de crisis penitenciaria

En paralelo a estos operativos, el sistema penitenciario atraviesa una etapa de cambios. Jorge Cotos Ochoa asumió la jefatura del INPE el pasado 8 de marzo de 2026, en un contexto marcado por cuestionamientos al control de los penales.

A pocos días de su designación, encabezó su primer operativo en el penal de Trujillo, donde agentes realizaron una requisa en un pabellón con más de 200 internos. Durante esa intervención se incautaron armas punzocortantes y se detectaron conexiones eléctricas clandestinas.

Posteriormente, el funcionario recorrió otros establecimientos, incluyendo el penal de Chiclayo, donde supervisó pabellones y evaluó las condiciones de seguridad.

Cotos cuenta con más de 35 años de trayectoria en el sistema penitenciario y ha ocupado diversos cargos en regiones como Lima, Arequipa y el norte del país.

Su llegada se produce en un momento en que el funcionamiento del INPE está bajo cuestionamiento, debido a fugas de internos, fallas en los registros y problemas de coordinación entre penales.

Críticas al sistema penitenciario desde el propio INPE

Las recientes intervenciones también coinciden con cuestionamientos desde dentro del propio sistema. Iván Paredes, exjefe del INPE, ha advertido sobre problemas estructurales que afectan la seguridad en las cárceles.

El exfuncionario señaló que el sistema enfrenta una “crisis moral”, marcada por la corrupción y el tráfico de influencias, situaciones que dificultan el control de los internos y la gestión de los penales.

Paredes también explicó que decisiones como el traslado de reclusos pueden verse limitadas por órdenes judiciales, lo que reduce la capacidad de acción de las autoridades penitenciarias.

En ese contexto, casos como el hallazgo de droga en un peluche dentro de una cárcel no solo evidencian fallas en los controles, sino también los desafíos que enfrenta el sistema para evitar el ingreso de objetos prohibidos.

Mientras continúan las requisas y operativos, el debate sobre la seguridad en los penales sigue abierto, en un escenario donde los hechos recientes muestran que el problema persiste.

La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con el personal de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), llevó a cabo la incineración de más de 400 kilos de narcóticos, los cuales fueron asegurados en diversas acciones coordinadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

La incineración tuvo lugar en las inmediaciones del Campo Militar 37, en el Estado de México, bajo estrictas medidas supervisadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como de la FECOR en la Ciudad de México.

Durante la jornada, las autoridades eliminaron alrededor 441 kilos 393.5 gramos de sustancias ilícitas. Entre los narcóticos destruidos se encuentran marihuana, clorhidrato de cocaína, clorhidrato de metanfetamina, delta 9 THC, entre otros.

Hasta el momento, la FGR mantiene la vigilancia sobre las rutas utilizadas por el crimen organizado para el transporte de estupefacientes, a fin de debilitar sus estructuras.

Detención en Naucalpan por transporte de metanfetamina

En marzo, elementos de seguridad detuvieron a un hombre en Naucalpan, Estado de México, mientras transportaba 15 kilos de metanfetamina. El aseguramiento ocurrió tras labores de inteligencia y vigilancia en la zona metropolitana.

El presunto sujeto fue interceptado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes junto con la droga incautada. Este hecho se incorporó a las investigaciones que alimentan la labor de la FGR contra el narcotráfico dentro de la entidad.

Según reportes oficiales, la intervención se efectuó como parte de los despliegues estratégicos instruidos en las Mesas de Paz, mecanismo de coordinación interinstitucional en la entidad.

La presencia de patrullas sobre el Circuito Exterior Mexiquense (CEM) resultó determinante para que los agentes detectaran un automóvil sin placas ni permiso provisional visible, cuyo conductor adoptó una actitud evasiva al notar la cercanía de los oficiales.

Esta reacción motivó a los uniformados a realizar una inspección a la persona y a la unidad motriz, encontrando en el interior del vehículo un costal con una sustancia blanca que presentaba características similares a la metanfetamina.

Con estas acciones, la FGR busca fortalecer la seguridad pública y enviar un mensaje claro sobre el destino de los narcóticos asegurados. Cada incineración valida la cadena de custodia y el destino legal de las evidencias.

Las autoridades reiteraron su compromiso de combatir el tráfico de drogas y proteger a la sociedad mexicana de los efectos nocivos del narcotráfico. La vigilancia y la transparencia continúan siendo ejes fundamentales en cada etapa del proceso.

El conductor de un tractocamión fue detenido en Sonora luego de que autoridades localizaran un cargamento de cocaína, cristal y goma de opio oculto en un doble fondo de la caja refrigerada de la unidad que transportaba cajas con verdura.

El aseguramiento ocurrió en el puesto de seguridad de Querobabi, ubicado en el municipio de Opodepe, durante una revisión de rutina a cargo de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

Anomalías en la estructura de la caja

De acuerdo con la información oficial, durante la inspección inicial los agentes detectaron anomalías en la estructura del remolque mediante equipo de revisión no intrusiva, lo que derivó en una inspección física más detallada del tractocamión.

Al revisar la caja de carga, el personal encontró un doble fondo acondicionado detrás de la mercancía transportada, espacio que presuntamente era utilizado para ocultar el narcótico y evitar su detección en retenes carreteros.

Fueron hallados 33 paquetes con droga

Dentro de ese compartimento fueron hallados 33 paquetes con aproximadamente 34 kilogramos de cocaína, 26 paquetes con 14 kilogramos de cristal y dos recipientes con un kilogramo de goma de opio.

Tras el hallazgo, el operador fue detenido en el lugar y quedó a disposición del Ministerio Público Federal junto con la droga asegurada y el tractocamión utilizado para el traslado.

Las autoridades deberán determinar el origen del cargamento, su posible destino y si el detenido tiene vínculos con alguna organización criminal dedicada al trasiego de drogas.

El decomiso se realizó en uno de los principales puntos de revisión de seguridad instalados en Sonora, entidad considerada estratégica dentro de las rutas utilizadas para el traslado de narcóticos hacia la frontera con Estados Unidos.

Dos jóvenes de Córdoba capital fueron detenidos tras una investigación que reveló una red de venta y distribución de estupefacientes en diferentes puntos de la provincia. El operativo, a cargo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), permitió secuestrar cocaína, marihuana, dinero en efectivo y un vehículo que era utilizado para el traslado y ocultamiento de parte de la droga.

En procedimientos realizados de manera simultánea, los agentes intervinieron en dos puntos estratégicos: la intersección de Ruta Nacional 9 y Ruta Provincial 16 en la localidad de San José de la Dormida y un domicilio ubicado en la calle Rafael de Palencia al 3.400 en barrio Yofre Norte.

Como resultado de estas acciones, fueron detenidos un hombre de 23 años y una mujer, quienes, según la investigación, gestionaban un punto de venta en la capital provincial y ofrecían un sistema de entrega a domicilio durante los fines de semana en localidades del norte.

De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, la intervención de la FPA comenzó tras detectarse movimientos irregulares en la zona, lo que llevó a la apertura de una investigación coordinada junto a la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Deán Funes. La causa fue caratulada por supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes, según se informó oficialmente.

Durante los allanamientos, se incautaron 105 dosis de cocaína, 38 de marihuana, una balanza digital y dinero en efectivo. Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores fue el modo en que los acusados intentaban eludir los controles: parte de la droga y la balanza estaban ocultas en el cielo raso de un Chevrolet Corsa, lo que evidenció una estrategia para dificultar la detección policial.

El procedimiento, realizado bajo la supervisión de la fiscalía, incluyó la requisa exhaustiva del vehículo, donde se encontraron los elementos disimulados en compartimientos especialmente adaptados. Esta maniobra, señalaron fuentes policiales, era utilizada en los desplazamientos hacia las localidades de San José de la Dormida y Villa de María del Río Seco, donde los fines de semana los detenidos ofrecían servicio de entrega directa de estupefacientes.

La FPA detalló que las operaciones de delivery se realizaban principalmente los fines de semana, aprovechando la movilidad que les proporcionaba el automóvil ahora secuestrado.

Las autoridades informaron que todo el material incautado, junto con los dos detenidos, fue trasladado para quedar a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, que continúa con las diligencias de la causa. El operativo coordinado buscó cortar tanto la provisión local como la distribución hacia localidades más pequeñas, donde la modalidad delivery representaba un desafío adicional para las fuerzas policiales.

En la investigación se estableció que los acusados mantenían un punto de venta fijo en Córdoba capital, desde donde abastecían la demanda local, y que los envíos a localidades del norte provincial eran planificados y ejecutados los fines de semana, con el objetivo de aprovechar la menor presencia policial y la movilidad propia del vehículo.

El caso continúa bajo análisis judicial, mientras los elementos secuestrados permanecen como prueba principal en la causa. Las autoridades no descartan nuevas detenciones vinculadas a la misma red investigada, en función de los datos surgidos del material incautado y los registros de comunicación que acompañan el expediente.

Una investigación judicial en Salta permitió desmantelar una organización narcocriminal que alquilaba fincas agrícolas para ocultar grandes cargamentos de cocaína, utilizando plantaciones de hortalizas como pantalla. El caso cobró notoriedad tras el hallazgo de más de 170 kilos de cocaína enterrados en una plantación de tomates en Colonia Santa Rosa. En las últimas horas, imputaron a los líderes y un integrante de la banda, quienes quedaron detenidos con prisión preventiva por el término de 90 días.

La investigación comenzó en enero pasado, cuando una denuncia anónima llevó a Gendarmería Nacional a realizar un operativo en una estación de servicio de Pichanal. Allí, un camión que transportaba cajones de berenjenas fue requisado con la ayuda del perro antinarcóticos “Orfeo”, que detectó 30 kilos de cocaína camuflados entre la carga. En esa oportunidad, cinco personas fueron detenidas —incluidos el conductor del camión y ocupantes de un automóvil que oficiaba de apoyo logístico— y se inició una investigación más amplia bajo la dirección del fiscal federal de Orán, Marcos Romero.

El análisis de los teléfonos celulares secuestrados y el testimonio de tres arrepentidos permitió a la fiscalía identificar a dos hermanos, A.R. y J.R., como jefes de la organización, y al ciudadano venezolano J.B. como parte del grupo. El trabajo de los investigadores estableció que la banda arrendaba fincas en Colonia Santa Rosa, donde cultivaban tomates y otras verduras, pero el verdadero objetivo era utilizar estos predios como depósitos de droga, que ingresaba desde Bolivia y era almacenada de manera clandestina.

Durante la pesquisa, se detectó que los líderes de la banda alquilaron al menos tres terrenos agrícolas y utilizaban vehículos para desplazarse entre las distintas fincas, simulando tareas rurales. En uno de los inmuebles funcionaba el pool “El Bunker”, donde coordinaban el acopio y movimiento de la droga, y también se identificó la utilización de un local bailable y viviendas particulares para actividades conexas.

La investigación se profundizó con la intervención telefónica de los celulares de los hermanos y de J.B., lo que permitió a la fiscalía obtener evidencia sobre el inminente movimiento de un gran cargamento de estupefacientes. A partir de estas pruebas, el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, ordenó ocho allanamientos simultáneos con intervención de Gendarmería Nacional. En una de las fincas, los agentes hallaron una zanja cubierta de yuyos donde había ocho bolsas con 171,45 kilos de cocaína distribuidos en 170 paquetes. Además, se secuestraron un tractor con acoplado, tres camionetas, dos automóviles, teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento.

El juez Montoya declaró la legalidad de la detención de los tres principales acusados, admitió la imputación fiscal y dispuso la prisión preventiva por 90 días, además de autorizar peritajes sobre los teléfonos y dispositivos secuestrados. Los hermanos y el ciudadano venezolano fueron imputados como coautores del delito de almacenamiento de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, y los dos primeros también por transporte de estupefacientes agravado.

La defensa de los imputados solicitó el arresto domiciliario, pero la fiscalía rechazó el planteo y advirtió que el ciudadano venezolano tenía un pedido de captura nacional e internacional por otra causa en Salta, y uno de los hermanos había sido declarado en rebeldía en un juzgado de Lanús. El juez finalmente rechazó los pedidos de la defensa y confirmó la prisión preventiva, fundamentando su decisión en la gravedad y logística de la organización, los riesgos de fuga y la posible obstrucción de la investigación.

La causa, a cargo del fiscal Marcos Romero, sigue abierta con la expectativa de nuevos avances. La fiscalía solicitó el peritaje de los dispositivos electrónicos para identificar a otros posibles involucrados y reconstruir el circuito completo de la organización, que mostraba un poderío económico y logístico significativo, con conexiones en diferentes puntos del país y vínculos con el tráfico internacional.

El impacto en la salud de los jóvenes de la inhalación del llamado “gas de la risa” genera cada vez más preocupación en Francia, donde incluso uno de los chefs más galardonados lanzó una acción judicial entre llamados a tomar medidas.

Yannick Alléno, ganador de 18 estrellas Michelin, prometió trabajar por una mayor protección de los jóvenes, después de que en 2022 un conductor ebrio atropellara mortalmente a su hijo Antoine, de 24 años, en París.

Y, este miércoles, arremetió contra los productores de óxido nitroso, cuyo mal uso provocó, según la asociación 40 Millones de Automovilistas, más de 450 accidentes de tráfico graves en Francia en 2025, cuarenta veces más que hace seis años.

El también llamado “gas de la risa” es un producto con fines médicos o alimentarios, pero muchos pervierten su uso con fines recreativos, inhalándolo con ayuda de globos tras perforar los cartuchos que lo contienen.

“Esto tiene efectos importantes en la salud pública. Hay jóvenes que pierden movilidad, sufren quemaduras, accidentes. Creo que es hora de tomar medidas de fondo”, dijo a AFP Yannick Alléno.

Este producto puede provocar daños en el sistema nervioso, una alteración de las facultades cognitivas, así como trastornos del equilibrio y de los reflejos, creando un riesgo mayor en caso de conducción.

“Remordimiento eterno”

Según cifras oficiales, los casos registrados de intoxicaciones con óxido nitroso se triplicaron entre 2022 y 2023, y los más graves se cuadruplicaron en el mismo período.

El 10% corresponde a menores, pese a que una ley de 2021 prohíbe su venta a estos últimos. El complejo hospitalario Hospices Civiles de Lyon, en el este de Francia, lanzó en noviembre de 2024 un servicio de información y de tratamiento de los efectos del “gas de la risa”, que atiende a decenas de pacientes, sobre todo jóvenes. Julien (pseudónimo) es uno de ellos.

Este joven de 21 años estuvo “enganchado” durante cuatro años hasta finales de 2025 y ahora teme “secuelas de por vida”: “Un placer efímero por un remordimiento eterno”.

“Todo se vuelve muy complicado, incluso conducir. Cuando me da ese hormigueo, me duele muchísimo”, asegura por su parte Sarah (pseudónimo), a quien le tiemblan las piernas cuando se levanta. Para esta joven de 23 años se trata de “la peor droga”, porque “está por todas partes”. “Me habría gustado decirles a los jóvenes que no hicieran eso. Pero el problema es que lo saben”, suspira.

Publicidad “engañosa”

El mal uso de este gas por jóvenes preocupa al gobierno. A inicios de abril lanzó una campaña de sensibilización con mensajes como: “Detrás de unos segundos de euforia, puede haber una parálisis de por vida, o peor aún, la muerte”.

El Senado debe debatir en mayo un proyecto de ley para castigar la inhalación del “gas de la risa” con hasta un año de prisión y 3.750 euros (4.400 dólares) de multa, pena que aumentaría a 3 años y 9.000 euros si se conduce bajo sus efectos.

El chef Alléno también pide al gobierno que publique un decreto que incluya este producto en el delito de homicidio vial, pero va más allá.

Este miércoles, su Asociación Antoine Alléno, que fundó en homenaje a su hijo, anunció a AFP una acción judicial. La asociación demandó a dos empresas, el fabricante chino Zhuzhou Xingye Chemical y la distribuidora polaca IVM Firma Handlowa, que con “formas engañosas de comunicación” incitarían a los jóvenes a un mal uso del “gas de la risa”.

En el punto de mira estarían los coloridos cartuchos de óxido nitroso comercializados bajo la marca Cream Deluxe para “crear bebidas y cócteles”, aunque el chef no los ha visto “nunca” en cocina.

IVM Firma Handlowa negó a AFP ser la “distribuidora de Cream Deluxe” y aseguró que ya no lo venden en Francia. En este caso por supuestas prácticas comerciales desleales, la asociación solicita a un tribunal de París que prohíba a ambas empresas operar en Francia, así como el pago de las costas judiciales.

(AFP)

El hallazgo se produjo en un puerto del Pacífico panameño, punto clave en la conexión logística entre distintos continentes. La intervención incluyó la participación de unidades especializadas y el apoyo de un perro entrenado en detección de sustancias ilícitas, lo que permitió ubicar la carga sospechosa dentro de la mercancía.

El operativo forma parte de una serie de acciones que las autoridades panameñas ejecutan para reforzar controles en terminales portuarios. La ubicación estratégica del país lo convierte en una zona de tránsito frecuente para cargamentos ilegales, lo que obliga a intensificar la vigilancia sobre contenedores en tránsito.

Hallazgo en un contenedor con ruta internacional

Según informó el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá, la inspección se centró en un contenedor que partió del puerto de Charleston, en Carolina del Sur, con destino final el puerto del Callao, en Perú, y con escala en territorio panameño. Durante la revisión, los agentes identificaron anomalías en el sello de seguridad, lo que activó los protocolos de verificación.

Al abrir el contenedor, las autoridades encontraron veinte maletines negros ocultos entre la carga legal. En su interior se contabilizaron 999 paquetes de una sustancia que será sometida a análisis para confirmar su naturaleza. La diligencia se realizó en coordinación con el Ministerio Público, entidad encargada de las investigaciones posteriores.

El Servicio Nacional Aeronaval indicó que la intervención se sustentó en labores de inteligencia y perfilamiento de cargas. Estos procedimientos permiten identificar patrones de riesgo en rutas comerciales y seleccionar contenedores para inspección detallada.

El apoyo de un perro especializado resultó determinante para confirmar la presencia de sustancias ilícitas. Este tipo de recursos se integra de manera habitual en operativos portuarios, donde el volumen de carga dificulta una revisión exhaustiva de todos los envíos.

La entidad también precisó que la revisión incluyó técnicas de verificación física y documental, con el objetivo de contrastar la información declarada con el contenido real del contenedor.

Investigación sobre el punto de contaminación

Tras la incautación, las autoridades iniciaron una investigación para establecer en qué tramo del recorrido se introdujo la carga ilícita. El contenedor atravesó varias etapas logísticas, lo que abre distintas hipótesis sobre el origen de la contaminación.

El análisis incluye la revisión de registros de embarque, controles portuarios y posibles intervenciones en puntos intermedios. La trazabilidad del contenedor constituye un elemento clave para determinar responsabilidades y detectar posibles fallas en los sistemas de control.

El Servicio Nacional Aeronaval no descartó la participación de redes organizadas que operan en distintos países, aprovechando la complejidad de las rutas comerciales internacionales.

Incautaciones y rutas bajo vigilancia

Las cifras oficiales reflejan la magnitud del problema. En lo que va del año 2026, el Servicio Nacional Aeronaval reporta la incautación de más de 25 mil paquetes de sustancias ilícitas en 31 operaciones realizadas en distintas regiones del país.

Panamá ocupa un lugar estratégico en el tráfico internacional de drogas, debido a su posición geográfica y a la concentración de infraestructura logística. Las autoridades identifican al país como un punto de tránsito para cargamentos provenientes de Suramérica con destino a mercados como Estados Unidos y Europa.

El refuerzo de controles en puertos responde a esta dinámica, con énfasis en la cooperación entre agencias y el uso de herramientas de inteligencia. Las operaciones buscan detectar irregularidades en contenedores que, en apariencia, forman parte del comercio regular, pero que pueden ser utilizados para ocultar cargamentos ilícitos.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) aseguró aproximadamente 40 kilogramos de metanfetamina durante un operativo interinstitucional en la colonia La Huerta, en Morelia. El valor estimado de la droga ronda el medio millón de pesos en el mercado ilícito, según autoridades estatales.

El operativo fue resultado de labores de inteligencia e investigación realizadas por la Fiscalía de Asuntos Especiales y contó con la participación coordinada de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Guardia Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN). Durante la intervención, también se aseguró un vehículo con alteraciones en sus medios de identificación, lo que refuerza las líneas de investigación sobre su posible vinculación con actividades delictivas.

Golpe a las finanzas criminales en Michoacán

La FGE informó que el aseguramiento constituye una afectación directa a las finanzas de grupos criminales que operan en la región. El decomiso de la droga se realizó en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia que busca debilitar estructuras delictivas y garantizar condiciones de tranquilidad en la entidad.

Las autoridades señalaron que continuarán con operativos conjuntos y acciones de inteligencia para combatir frontalmente los delitos relacionados con el narcotráfico y la delincuencia organizada en Michoacán.

Refuerzan coordinación institucional

La Fiscalía de Michoacán reiteró su compromiso de actuar con firmeza, inteligencia y coordinación con otras instituciones de seguridad para salvaguardar el bienestar de la sociedad. El aseguramiento de los 40 kilogramos de metanfetamina representa uno de los golpes más relevantes contra el narcotráfico en la capital michoacana en lo que va de 2026.

La droga y el vehículo asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, que continúa con las investigaciones para identificar a los posibles responsables y determinar la red de operación detrás de este cargamento.

La Policía de la Ciudad secuestró este sábado más de un kilo de cocaína en un hotel del barrio de Constitución, pero la Justicia porteña no autorizó allanar las habitaciones donde se sospechaba que había más droga.

El episodio ocurrió en la madrugada de hoy en la zona de Santiago del Estero al 1400, donde efectivos de la Policía de la Ciudad advirtieron movimientos sospechosos de cuatro mujeres trans que caminaban por el lugar. Al intentar identificarlas, las mujeres escaparon e ingresaron a un hotel de la cuadra. Cerraron la puerta y evitaron el contacto con los agentes.

En ese momento, una de ellas dejó caer una bolsa de nailon negra en el acceso del hotel. El encargado del lugar se acercó y permitió el acceso de los oficiales, entregando la bolsa caída en el piso. El personal policial realizó el test reactivo, que confirmó que los 13 envoltorios encontrados contenían cocaína.

A poco de llegar el propietario del establecimiento, señaló que desde el interior del hotel, al pulmón del edificio, alguien había tirado una bolsa de tela. Los efectivos la recuperaron y comprobaron que dentro había una balanza de precisión y 91 envoltorios con un peso total de un kilo de cocaína.

Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, tanto el encargado como el dueño del hotel informaron a la policía sobre su temor de que en habitaciones vinculadas a una de las sospechosas hubiera más droga almacenada.

Por ese motivo, el auxiliar fiscal Federico Ghisio, de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Este, dispuso custodiar las habitaciones señaladas y también las que ocupaban el resto de las mujeres trans. En paralelo, el funcionario solicitó un allanamiento de urgencia al Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°15, a cargo de la jueza Karina Andrade.

Sin embargo, la magistrada rechazó el pedido.

Frente a esta decisión, la policía entonces levantó la custodia en las habitaciones y realizó las actuaciones para continuar la investigación por infracción a la Ley 23.737.

En los últimos días se registró otro caso vinculado con el tráfico de cocaína en la Ciudad de Buenos Aires. El Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina detuvo a un ciudadano boliviano de 40 años que estaba prófugo por una causa de contrabando internacional de droga.

Según la investigación, el hombre estaba acusado de intentar enviar cocaína a Australia en encomiendas despachadas desde una sucursal logística en el barrio porteño de Belgrano. Un perro antinarcóticos detectó el cargamento y, al abrir los paquetes, los agentes hallaron casi dos kilos de cocaína ocultos en prendas deportivas, un redoblante con la inscripción “AFA” y objetos decorativos con la imagen de Lionel Messi.

El operativo de captura se concentró en distintos puntos del conurbano bonaerense y en la terminal de ómnibus de Liniers, hasta que finalmente el sospechoso fue interceptado en la avenida General Paz. En ese procedimiento la policía también secuestró teléfonos celulares, valijas y varios instrumentos musicales tipo charango, elementos que serían relevantes para la causa.

El detenido quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°6 bajo cargos por infracción al Código Aduanero y la Ley 22.415. La causa sigue abierta con el objetivo de establecer posibles conexiones internacionales y la ruta completa del tráfico de estupefacientes.

Seis policías municipales de Coscomatepec fueron detenidos tras un operativo en el que encontraron presunta droga en su poder y la comandancia local quedó bajo resguardo de autoridades estatales. El inmueble habría sido tomado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, según información difundida en medios de comunicación.

La Fiscalía General del Estado identificó a los elementos capturados como Anselmo “N”, Jesús “N”, Diego “N”, Lauro Arturo “N”, Dana Natalia “N” y Bonifacio “N”. Las autoridades señalaron que fueron detenidos en flagrancia y enfrentan acusaciones por delitos contra la salud y por incumplimiento del deber legal.

La intervención ocurrió en la colonia Centro de Coscomatepec de Bravo, municipio ubicado en la zona de las Altas Montañas. El operativo fue autorizado por un juez y en él participaron fiscales, peritos y policías ministeriales adscritos a la Fiscalía Regional Córdoba, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Durante el cateo, la fiscalía aseguró que se incautaron bolsas con hierba verde seca con características parecidas a la marihuana, además de celulares y equipo táctico. Estos objetos quedaron integrados en la carpeta de investigación abierta contra los seis policías.

El alcalde de Coscomatepec, Armando Reyes Muñoz, militante de Movimiento Ciudadano, no hizo comentarios públicos tras el operativo ni sobre la detención de los elementos de la policía municipal. El silencio del edil se mantuvo pese a la presencia de fuerzas estatales en la comandancia y la investigación sobre sus subordinados.

La detención de los policías y la intervención de la comandancia se da en un contexto de acciones recientes contra autoridades de Veracruz. También se reportó la detención del alcalde de Xalapa junto a personas armadas y el asesinato de un líder sindical y un empresario en Ixhuatlán del Sureste.

La Fiscalía General del Estado confirmó que el cateo en Coscomatepec fue parte de una estrategia conjunta con fuerzas federales y estatales para combatir delitos relacionados con drogas y corrupción de servidores públicos. El operativo fue ejecutado con base en una orden judicial obtenida por la fiscalía regional.

Las investigaciones continúan mientras los seis policías se mantienen a disposición de las autoridades ministeriales. Los objetos asegurados, entre ellos la presunta marihuana y el equipo táctico, serán analizados como evidencia en la carpeta de investigación.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz mantiene resguardada la comandancia municipal de Coscomatepec. El caso permanece abierto y la fiscalía no ha informado si se prevén nuevas detenciones o sanciones administrativas para otros elementos de la corporación.

El episodio se produce en un contexto de creciente vigilancia en terminales aéreos, donde la articulación entre entidades nacionales e internacionales busca reducir el flujo de sustancias ilícitas. La importancia estratégica del aeropuerto limeño dentro de las rutas del narcotráfico obliga a reforzar los mecanismos de control, inteligencia e investigación.

El caso también coincide con iniciativas institucionales orientadas a fortalecer la cooperación entre organismos especializados. Estas acciones apuntan a mejorar la capacidad de respuesta frente a modalidades delictivas cada vez más sofisticadas.

Intervención en el aeropuerto Jorge Chávez

Un pasajero identificado como Alonso Diego Villajuan Arroyo fue detenido cuando intentaba trasladar un cargamento de clorhidrato de cocaína con destino a Europa. Según la información difundida por fuentes oficiales, el individuo, de 33 años, transportaba once kilos con novecientos noventa y cinco gramos de droga.

El método empleado consistía en ocultar la sustancia en chalecos acondicionados dentro de una maleta enviada a bodega. Cada chaleco contenía varios paquetes distribuidos en bolsitas, lo que permitía fragmentar el cargamento. “Esto estaba siendo trasladado en chalecos. Cada chaleco, cuatro chalecos, en cada chaleco estaban yendo aproximadamente tres kilos, tres kilos y medio”, se detalla en el reporte difundido por las autoridades.

El itinerario del pasajero incluía escalas en Lima, San Paulo y Londres, con destino final en Inglaterra. “Esta persona tenía el itinerario de Lima, San Paulo, San Paulo, Londres, Londres, New Castle. O sea, el destino final era Inglaterra”, se precisa en la misma fuente.

Modalidades de ocultamiento y rutas internacionales

El caso evidencia el uso de técnicas diseñadas para evitar la detección por equipos de seguridad. Los chalecos se encontraban envueltos en papel aluminio, un recurso que busca interferir en los controles de rayos X. Además, la distribución en múltiples paquetes dificulta la identificación inmediata del cargamento.

Las rutas hacia Europa, en particular hacia ciudades del Reino Unido, se mantienen como uno de los principales destinos del tráfico de cocaína procedente de Sudamérica. La conexión aérea entre Lima y otros puntos de tránsito en Brasil y Europa facilita el movimiento de personas y mercancías, lo que representa un desafío para las autoridades.

El aeropuerto internacional Jorge Chávez concentra operaciones de 32 aerolíneas con destinos globales. Según datos oficiales, registra un movimiento aproximado de 17.1 millones de pasajeros, lo que lo convierte en un punto clave dentro de las rutas utilizadas por organizaciones criminales.

Refuerzo de la cooperación internacional

En paralelo a este tipo de intervenciones, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) preparan nuevas acciones conjuntas. Ambas instituciones suscribirán un memorando de entendimiento con el objetivo de fortalecer la investigación, la inteligencia y los controles en el aeropuerto.

El acuerdo contará con la participación de la presidenta ejecutiva de Devida, Carmen Masías Claux, y del representante de UNODC para Perú y Ecuador, Kristian Hölge. También asistirán Irene Horejs, embajadora de la Unión Europea en Perú, y Sergio Naranjo, coordinador del Proyecto AIRCOP para América Latina y el Caribe.

Estas iniciativas buscan optimizar el intercambio de información y la coordinación entre agencias, con énfasis en la detección de redes de tráfico internacional. El Proyecto AIRCOP, en particular, promueve la creación de unidades conjuntas de control aeroportuario para enfrentar el transporte ilícito de drogas y otros delitos transnacionales.

El caso también refleja la captación de personas por parte de organizaciones criminales, que utilizan la modalidad de “burrier” para trasladar cargamentos de menor volumen en vuelos comerciales. Según la información difundida, el detenido enfrenta una posible pena superior a quince años de prisión.

Un operativo conjunto de la División de Inteligencia de Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones permitió la detención de Abraham Alan “N”, alias “El Amaro”, señalado como presunto líder de una célula criminal independiente en el área metropolitana de Monterrey.

El arresto se produjo en el cruce de Zapopan y Chopo, colonia Valle de los Cedros, donde los agentes interceptaron un Chrysler Stratus verde con placas visibles y, tras una maniobra táctica, aseguraron al sospechoso, que portaba un chaleco balístico sin insignias oficiales. Al momento de su captura, “El Amaro”, de 33 años, estaba acompañado por Linda Jaquelinne “N”, de 21.

La incautación tras la detención incluyó un arsenal compuesto por tres armas de fuego cortas, cargadores con cartuchos útiles, dos básculas digitales y 5,000 pesos en efectivo, además de sustancias ilícitas: 21 dosis de “criko”, marihuana y piedra presuntamente cocaína. Este paquete de pruebas será integrado a la carpeta de investigación vinculada con homicidios recientes en Monterrey y San Nicolás, según testimonios y videos en poder de las autoridades.

El historial delictivo atribuido a Abraham Alan “N” incluye su presunta participación como generador de violencia en la zona metropolitana. La Fiscalía afirma que el detenido era un objetivo prioritario debido a una orden de aprehensión vigente y a su vinculación con casos recientes de homicidio. Los hechos permanecen en análisis, mientras se revisan registros y evidencias recabadas durante su captura.

La caída de esta célula independiente representa un golpe de relevancia contra el panorama criminal de la región, aunque las autoridades reconocen que la violencia ligada a estos grupos persiste como desafío constante para la seguridad pública. Los objetos incautados refuerzan la línea de investigación sobre la posible distribución de drogas y armas, así como la operación sostenida de células criminales en Monterrey y áreas conurbadas.

Durante el operativo de detención, las autoridades observaron que el sujeto portaba un chaleco balístico y fue necesario utilizar maniobras tácticas para lograr la captura sin registrar enfrentamientos armados. Según información oficial, en el vehículo donde viajaban los detenidos se hallaron armas cortas, cargadores, cartuchos y sustancias señaladas como estupefacientes.

El vehículo, las armas y demás objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará la situación jurídica tanto de Abraham Alan “N” como de Linda Jaquelinne “N”, cuya relación en los hechos ahora forma parte de la carpeta de investigación. La orden de aprehensión vigente sobre el líder detenido y su supuesto control de una célula independiente lo ubicaban como pieza central en la estructura criminal de la zona.

No se reportaron heridos durante el operativo, ni resistencia armada significativa. Todo lo asegurado quedó bajo resguardo para su análisis y, en su caso, presentación ante la autoridad ministerial competente. La captura se enmarca dentro de las acciones de inteligencia focalizadas en combatir la violencia y neutralizar células delictivas que actúan en la metrópoli de Monterrey y municipios aledaños.

• Abraham Alan “N”, alias “El Amaro”, considerado líder criminal independiente, fue detenido en Monterrey con armas, drogas y dinero en efectivo.
• El operativo conjunto se realizó en Valle de los Cedros, donde el arrestado tenía una orden de aprehensión vigente y era vinculado a homicidios recientes.
• La captura representa un golpe a grupos delictivos en el área metropolitana, aunque la violencia criminal sigue representando un desafío para las autoridades.

El caso generó especial atención debido a la presencia de un efectivo policial entre los intervenidos. La participación de un miembro en actividad dentro de una operación ilícita abre una línea de investigación paralela en torno a posibles redes de protección o filtración de información dentro de la institución.

Las diligencias se desarrollan bajo la supervisión del Ministerio Público, que asumió el control del proceso tras la detención de los implicados y la incautación de la sustancia. Las autoridades buscan determinar el alcance de la red vinculada al traslado de la droga y su posible conexión con rutas de salida hacia el extranjero.

Intervención en una ruta clave del Cusco

El operativo tuvo lugar en el sector de Huayracpunku, en el distrito de Ollantaytambo, durante las primeras horas de la madrugada. Agentes del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas detectaron dos vehículos que se desplazaban en condiciones consideradas sospechosas.

Según información difundida por Latina Noticias, una de las unidades cumplía funciones de alerta, mientras la segunda trasladaba directamente la carga ilícita. La intervención permitió detener ambos vehículos y proceder con la inspección correspondiente.

Durante la revisión, los agentes encontraron tres sacos de polietileno en la tolva de una camioneta. En su interior se hallaron 128 paquetes tipo ladrillo. Las pruebas químicas confirmaron que el contenido correspondía a alcaloide de cocaína, con un peso total de 131 kilogramos.

Uno de los aspectos que generó mayor interés en la intervención fue la forma de traslado del cargamento. A diferencia de otros casos, la sustancia no se encontraba en compartimentos acondicionados ni en caletas.

El jefe de la División Antidrogas de la región, capitán PNP Pedro Navarro, explicó esta particularidad. “Lo particular de esta intervención es que hemos visto que el vehículo no estaba acondicionado con caleta o compartimentos ocultos, sino que la droga lo traían en la tolva”, indicó.

La misma fuente señaló que este tipo de traslado resulta inusual dentro de las modalidades detectadas en operativos recientes, lo que forma parte de las líneas de análisis en curso.

Cuatro detenidos y un policía implicado

El operativo concluyó con la detención de cuatro personas identificadas como Nestor H. (57), Delfin M. (40), Clever G. (40) y Jhonathan M. (38). De acuerdo con Latina Noticias, tres de ellos proceden de la provincia de La Convención y uno de Tacna.

Entre los intervenidos se encontraba un miembro de la Policía Nacional en actividad. Según la información preliminar, este efectivo cumplía el rol de “liebre”, con la función de advertir sobre posibles controles en la ruta.

Las autoridades confirmaron que los detenidos no registran antecedentes penales. Sin embargo, su presunta participación en el traslado del cargamento forma parte de la investigación que se desarrolla bajo custodia policial.

Valor del cargamento y ruta prevista

La Policía Nacional estimó que el valor del cargamento supera los cinco millones de dólares en el mercado internacional. Este cálculo se basa en el volumen incautado y su proyección en circuitos de tráfico fuera del país.

Durante la intervención también se incautaron cinco teléfonos celulares y dinero en efectivo, equivalente a 900 soles. Estos elementos serán analizados como parte de las diligencias para identificar posibles contactos y rutas de coordinación.

Las investigaciones preliminares señalan que la droga tenía como destino la ciudad del Cusco. Desde ese punto, el traslado continuaría hacia regiones como Puno y Tacna, consideradas zonas estratégicas para la salida del país.

Diligencias en curso bajo supervisión fiscal

Tras la intervención, los detenidos y los vehículos quedaron a disposición del Ministerio Público. Las autoridades realizan el pesaje oficial, el lacrado de la sustancia y otras diligencias conforme a ley.

El proceso incluye la evaluación de la situación legal de cada uno de los implicados, incluido el efectivo policial. Las investigaciones buscan establecer responsabilidades individuales y posibles vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas.

Las autoridades mantienen el caso en desarrollo mientras continúan las acciones destinadas a esclarecer la estructura detrás del traslado del cargamento incautado.

Los resultados forman parte del plan “Operación 200: por nuestras familias, Bolivia y nuestro futuro”, que se desarrolló entre el 1 y el 3 de abril en las regiones de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Tarija y Beni, según un comunicado oficial.

Durante estos operativos, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) decomisó “más de 176 kilos de marihuana en operativos mayores, alrededor de 100 kilogramos de cocaína base, más de 21 kilos de clorhidrato de cocaína y más de 980 litros de droga líquida”.

En la región del Trópico de Cochabamba se localizaron cuatro fábricas de cocaína y se incineraron “grandes cantidades de insumos químicos”, incluyendo 2.000 litros de gasolina, ácido sulfúrico, carbonato de sodio y cemento.

Las autoridades detectaron irregularidades en el pesaje e incineración de sustancias controladas, en las que estarían involucrados dos funcionarios policiales de la Felcn, quienes deberán cumplir 180 días de detención preventiva. Los oficiales, con el grado de sargento, fueron sorprendidos alterando droga que iba a ser incinerada en la localidad de Cotoca, en el departamento de Santa Cruz.

Actualmente, en Bolivia existen 40.000 hectáreas de hoja de coca, de las cuales 22.000 hectáreas están amparadas por una ley de 2017 aprobada durante el gobierno de Evo Morales.

El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, aseguró a EFE que Bolivia tiene un potencial de producción de cocaína de 300 toneladas métricas anuales, cifra que supera en cien toneladas a las 200 calculadas en 2024 por organismos antidroga de Naciones Unidas. “Para el 2025, probablemente, nosotros hemos subido a unas 300 toneladas de cocaína que se pueden producir al año porque se dejó de erradicar (hoja de coca)”, señaló Justiniano. El funcionario detalló que el año pasado solo se destruyeron 2.700 hectáreas de plantaciones de coca.

La baja erradicación registrada en 2025 corresponde a la gestión del expresidente Luis Arce (2020-2025), quien dejó el cargo el 8 de noviembre pasado tras la victoria electoral de Rodrigo Paz.

Justiniano precisó que cada año se cultivan cerca de 10.000 hectáreas de hoja de coca y el Gobierno de Paz plantea erradicar esa misma superficie anualmente para “encontrar el equilibrio”. “Porque, sino de nada de sirve encontrar uno, dos, tres o varios (Sebastián) Marset si nosotros vamos a seguir teniendo un caldo de cultivo que es una gran cantidad de coca ilegal que se va a la cocaína”, advirtió el funcionario.

Justiniano informó que en la zona cocalera del Trópico de Cochabamba existen aproximadamente 15.000 hectáreas, de las cuales la mitad se encuentra fuera del marco legal. Justiniano estimó que un 92% de la hoja producida en esa región —considerada bastión político y sindical del expresidente Evo Morales— termina en “mercados ilegales, ergo, podemos concluir que va a narcotráfico”.

El funcionario recordó que en 2016 un estudio del Gobierno de Morales determinó que se requieren 14.700 hectáreas de hoja de coca para abastecer el consumo legal, que incluye el masticado tradicional, así como usos culturales, productivos y medicinales.

Justiniano anunció que la cooperación internacional respaldará un nuevo estudio para obtener datos actualizados y financiará investigaciones sobre los factores de conversión de hoja de coca a cocaína.

(Con información de EFE)

Ayer por la noche Infobae reveló que, a raíz de la muerte de un residente del Hospital Rivadavia por una sobredosis de propofol y fentanilo, se había descubierto un faltante de esos fármacos en el Hospital Italiano.

Y que se había hallado una organización que invitaba a la “Fiesta del propofol”. Las reuniones recreativas por el uso de las sustancias que se utilizan para sedar pacientes en intervenciones como las endoscopias tenían dos versiones.

Había fiestas sexuales a las que el anestesiólogo del Hospital Italiano Hernán Boveri invitaba a conocidos. Y también había experiencias que se “vendían” a clientes que se sometían a “viajes controlados”. En ambos casos se dosificaban los fármacos y se establecía una especie de guardia médica. Había alguien preparado con un ambú por si alguien tenía problemas respiratorios y entraba en apnea. Ese aparato es el que brinda asistencia respiratoria inmediata. La acción de aplicar el ambú es conocida entre los médicos como “ambucear”.

Ayer trascendió que el residente fallecido se llamaba Hernán Salazar y por ello fue identificado como H.S. Había un error. Un posteo en Instagram de los médicos del Hospital Gutiérrez, donde también trabajaba el hombre cuya muerte llevó hasta el Hospital Italiano, lo nombra como Alejandro Salazar. Le decían “Alito”.

El comunicado del Hospital Italiano, en respuesta a la nota de Infobae de anoche, confirma que hubo “robo de estupefacientes” del área de anestesiología y que fueron separadas dos personas: una es Boveri la otra es una residente llamada Delfina Lanusse.

El comunicado del Hospital Italiano señala que:

“En relación a la situación de robo de estupefacientes difundida recientemente, el Hospital Italiano informa que tomó todas las medidas necesarias para analizar lo sucedido, actuar con las personas involucradas y generar procedimientos para prevenir a futuro.

Frente a la denuncia recibida internamente, el hecho fue comunicado de inmediato a la Dirección del Hospital y se realizó la correspondiente denuncia ante las autoridades competentes. La Institución se puso a disposición de la Justicia para colaborar plenamente con la investigación en curso.

En relación con las personas involucradas, se adoptaron las medidas institucionales correspondientes y se aplicaron los procedimientos previstos mientras avanza la investigación. Ninguna de ellas se encuentra desempeñando funciones en el Hospital.

En paralelo, se inició una revisión del circuito de control y seguridad de la gestión de estupefacientes, con el objetivo de reforzar los mecanismos de supervisión y prevenir situaciones de esta naturaleza.

Asimismo, el Hospital se encuentra trabajando en conjunto con la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA) para analizar este tipo de situaciones, que han sido reportadas también en otras instituciones del sistema de salud. Se trata de una problemática que requiere fortalecer de manera coordinada políticas, controles y estrategias de prevención.

El Hospital reafirma su compromiso con la seguridad y la calidad en todos los procesos de la atención de sus pacientes. Por tratarse de una investigación en curso, no se brindarán más detalles".

El caso recién comienza. La investigación del Hospital se transformó en una denuncia judicial.

La intervención policial en un hospedaje de Tacna expuso un método de producción de droga sintética que operaba en espacios reducidos y con insumos de fácil acceso. El caso puso bajo la mira el uso de habitaciones alquiladas como puntos de procesamiento y distribución de sustancias vinculadas al circuito nocturno de la ciudad.

La acción se ejecutó el 24 de marzo, tras un seguimiento previo por parte de unidades especializadas. El operativo permitió ubicar a una ciudadana extranjera señalada como presunta responsable de la preparación de Tusi, una sustancia conocida también como cocaína rosa. La investigación se centra en el origen de los insumos, la logística de distribución y los posibles vínculos con terceros.

Fuentes policiales indicaron que el caso no se limita a una intervención aislada. Las diligencias apuntan a identificar rutas de ingreso de la ketamina y su transformación antes de su venta en zonas de alta concurrencia durante fines de semana.

Intervención en hospedaje y hallazgo de sustancias

El operativo se realizó en el hostal La Heroica I, ubicado en el sector El Triángulo, frente al terminal terrestre Manuel A. Odría. En la habitación 202, agentes del Departamento Antidrogas (Depandro) intervinieron a Kendra Jacobe Rojo López, de 23 años, de nacionalidad chilena.

Durante el registro, los efectivos encontraron una sustancia blanquecina cristalina que, tras pruebas preliminares, dio positivo a ketamina, con un peso aproximado de 160 gramos. En el mismo ambiente se incautaron objetos que, según la Policía, se utilizaban para el procesamiento: una cocina eléctrica de una hornilla, un sartén, un mortero y bolsas de plástico.

De acuerdo con las primeras indagaciones, el espacio había sido acondicionado para transformar la ketamina en polvo y mezclarla con colorantes, con el objetivo de comercializarla como Tusi. Este tipo de sustancia suele circular en entornos nocturnos, donde su demanda se concentra en determinados horarios.

La intervención respondió a un trabajo de inteligencia que permitió identificar a la detenida y establecer patrones de desplazamiento. Según fuentes policiales, la ciudadana chilena realizaba viajes frecuentes desde su país hacia Tacna.

Los investigadores sostienen que estas visitas tenían como propósito la elaboración y distribución de la droga en locales nocturnos, principalmente en la avenida Leguía. Esta zona concentra una parte importante de la actividad nocturna de la ciudad, lo que la convierte en un punto clave para la comercialización.

El Ministerio Público tomó conocimiento del caso y dispuso un plazo inicial de 15 días para las diligencias por presunto tráfico ilícito de drogas. En paralelo, las autoridades buscan determinar si existía apoyo logístico o participación de otras personas en la cadena de producción y distribución.

Ketamina y vacíos en el control

El caso también abre una discusión sobre la disponibilidad de la ketamina en el país. Especialistas señalan que su acceso en establecimientos veterinarios y agropecuarios facilita su uso indebido. Esta situación contrasta con la legislación de países vecinos como Chile, donde la sustancia figura como droga ilegal.

Esta diferencia normativa genera un escenario que puede ser aprovechado para el traslado y transformación de la ketamina. Tacna, por su ubicación fronteriza, aparece en las investigaciones como un punto estratégico dentro de esa dinámica.

El contexto regional suma otro elemento relevante. Días antes, la Armada de Chile informó sobre una de las mayores incautaciones registradas en la zona, con 68,7 toneladas de cocaína y ketamina detectadas en el puerto de Arica.

Del total, 24,5 toneladas correspondían a productos contaminados con ambas sustancias, mientras que 44,2 toneladas eran exclusivamente de ketamina. Las cargas habían llegado desde Bolivia y tenían como destino Alemania, Italia y México.

La droga se encontraba oculta en madera de Tajibo, baldosas de caucho y madera aserrada, mediante métodos que dificultaban su detección. El director de Seguridad y Operaciones Marítimas, Sigfrido Ramírez, afirmó: “Esta incautación es particularmente relevante, dado que, por la dependencia de nuestro país del comercio marítimo, permite que nuestros puertos sigan operando de manera segura y, junto con ello, impedir el empleo de estas instalaciones y de las cadenas logísticas portuarias y marítimas por parte del crimen organizado transnacional”.

Las autoridades peruanas mantienen abiertas las investigaciones en Tacna con el objetivo de establecer si existen conexiones entre este tipo de operaciones y redes de mayor alcance.

La intervención policial en un pequeño negocio de barrio terminó por revelar una operación vinculada al tráfico de drogas en la región Amazonas. Lo que en apariencia funcionaba como una panadería en la ciudad de Santa María de Nieva se convirtió en el escenario de un proceso judicial que concluyó con una condena efectiva de prisión.

El caso se construyó a partir de información obtenida por agentes policiales, lo que permitió ubicar al principal implicado en su propio centro de trabajo. La investigación avanzó con rapidez y derivó en un juicio oral en el que el Ministerio Público presentó pruebas materiales y documentales que sostuvieron la acusación.

La Fiscalía Provincial Especializada en delitos de tráfico ilícito de drogas de Amazonas asumió la conducción del caso. Durante las audiencias, el representante fiscal expuso los elementos que, según su argumento, evidenciaban una conducta orientada al favorecimiento del comercio ilegal de sustancias prohibidas.

El proceso incluyó la revisión de los objetos incautados, el análisis de la intervención policial y la evaluación de la responsabilidad penal del acusado, en un contexto en el que la salud pública figuró como bien jurídico afectado.

Intervención policial y hallazgo de sustancias

De acuerdo con la exposición fiscal, el 22 de agosto de 2025, personal de la Comisaría de Condorcanqui ejecutó una intervención en la panadería “Merinor”, ubicada en Santa María de Nieva. La acción se realizó luego de recibir información de una fuente humana.

Durante el registro personal de Rafael Pérez Salazar, los agentes encontraron “dos (02) envoltorios de bolsa plástica transparente, conteniendo Marihuana y seis (06) envoltorios de papel bond, tipo ‘paco’, conteniendo Pasta Básica de Cocaína”, según detalló el Ministerio Público en el juicio.

La diligencia continuó dentro del local. En el primer ambiente del establecimiento, la policía incautó “cuarenta (40) envoltorios hechos de papel bond tipo ‘paco’, conteniendo Pasta Básica de Cocaína, quince (15) bolsas plásticas pequeñas transparentes, conteniendo Marihuana, nueve (09) envoltorios hechos de papel bond, tipo ‘Paco’, conteniendo Pasta Básica de Cocaína y tres (03) bolsas plásticas medianas, cada una con Marihuana”.

El total decomisado alcanzó 147 gramos de marihuana y 22 gramos de pasta básica de cocaína. Para la Fiscalía, esta cantidad representaba un riesgo directo, ya que “se ponía en peligro la Salud Pública”.

Desarrollo del juicio y postura de la defensa

Durante el juicio oral, el representante del Ministerio Público sostuvo que la conducta del acusado respondía a una acción dolosa. La acusación se centró en el delito de favorecimiento al tráfico ilícito de drogas, sustentado en la posesión y almacenamiento de las sustancias.

Por su parte, la defensa técnica de Rafael Pérez Salazar adoptó una estrategia distinta. Según se expuso en audiencia, el acusado “aceptaba los hechos pero no la calificación del tipo penal ni la pena propuesta por la Fiscalía”. Esta posición buscó reducir la gravedad jurídica del caso.

Sin embargo, el tribunal evaluó el conjunto de pruebas presentadas. La Fiscalía indicó que la defensa no logró desacreditar los elementos de cargo. En esa línea, el Ministerio Público afirmó que “no pudieron desvirtuar las pruebas de cargo actuadas”, lo que permitió sostener la imputación inicial.

El análisis incluyó tanto el acta de intervención como los informes periciales sobre las sustancias incautadas, además de los testimonios de los agentes que participaron en el operativo.

Sentencia y sanciones impuestas

El caso quedó en manos del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Utcubamba, que evaluó la responsabilidad penal del acusado. Tras la deliberación, el tribunal determinó que existían pruebas suficientes para emitir una condena.

La sentencia estableció ocho años de pena privativa de libertad contra Rafael Pérez Salazar por el delito de tráfico ilícito de drogas. Además, el fallo fijó el pago de una reparación civil de 1,500 soles a favor del Estado.

El juzgado concluyó que la conducta del acusado correspondía al favorecimiento del tráfico de drogas, en línea con la tesis sostenida por la Fiscalía durante el proceso.

La decisión judicial se apoyó en la acreditación de los hechos y en la valoración de las pruebas presentadas en el juicio oral, que permitieron establecer la responsabilidad penal del implicado.

Un nuevo golpe al narcotráfico en Perú se registró en la zona norte del país. Más de 1,5 toneladas de marihuana fueron incautadas durante un operativo conjunto entre las fuerzas policiales de Perú y Ecuador, en una acción que evidenció el nivel de sofisticación de las organizaciones criminales que operan en la frontera. La intervención se realizó en el distrito de Aguas Verdes, en la provincia de Zarumilla, región Tumbes.

El operativo, denominado “Operación Trilogía”, es resultado de un trabajo coordinado de inteligencia entre la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional del Perú y unidades especializadas de Ecuador. Las autoridades lograron desarticular parte de la logística de una red criminal internacional dedicada al tráfico ilícito de drogas (TID), que utilizaba territorio peruano como punto clave en su ruta de distribución.

Droga camuflada en vigas metálicas: así operaba la red criminal

Las investigaciones permitieron ubicar la cochera Zavaleta, un inmueble que funcionaba como centro de acopio de la organización criminal. Según información policial, esta red operaba desde Colombia y trasladaba droga hacia Perú utilizando diversos métodos para evadir controles.

Durante la intervención, los agentes detectaron un sistema de ocultamiento altamente sofisticado: la marihuana estaba escondida dentro de 32 vigas metálicas. Tras desmontar estas estructuras, se hallaron 1,957 paquetes de cannabis sativa tipo “creepy”, que en total alcanzaban un peso de 1 tonelada con 579 kilogramos.

El hallazgo representa uno de los decomisos más importantes en la región en lo que va del año. De acuerdo con estimaciones oficiales, la droga tendría un valor aproximado de 3 millones 198 mil 750 dólares en el mercado ilegal peruano, lo que evidencia el impacto económico generado contra la organización criminal.

La operación fue ejecutada con participación de la División de Investigaciones Especiales de Piura y la Unidad de Investigación de Sustancias Químicas de la Dirección Nacional Antinarcóticos de Ecuador. Todo el cargamento incautado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para su custodia y los análisis periciales respectivos.

Este tipo de intervenciones refuerza la importancia de la cooperación internacional contra el narcotráfico, especialmente en zonas de frontera donde operan redes criminales transnacionales. Asimismo, pone en evidencia las nuevas modalidades que emplean estas organizaciones para transportar droga sin ser detectadas, incrementando los desafíos para las fuerzas del orden en la lucha contra el crimen organizado.

Otro golpe en la frontera: Ecuador destruye campamentos de minería ilegal en operativo vinculado a la lucha contra el crimen organizado

La reciente incautación de más de 1.5 toneladas de marihuana en Tumbes evidencia una escalada de operativos conjuntos entre Perú y Ecuador para frenar economías ilegales en la frontera norte. En esta ocasión, las Fuerzas Armadas ecuatorianas ejecutaron una intervención de nueve días en el Parque Nacional Podocarpus, una zona protegida cercana al territorio peruano, donde detectaron la presencia de organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal de oro.

De acuerdo con el reporte oficial, el operativo permitió destruir 129 campamentos clandestinos, además de 94 bocaminas y 56 plantas de procesamiento, infraestructura clave para la extracción y tratamiento del mineral. Las acciones se concentraron en sectores como San Luis, Dos Camas y La Aida, donde estas redes habían instalado una base logística en zonas de difícil acceso, aprovechando la geografía y el alto valor del oro en el mercado internacional.

Las autoridades también informaron que durante las intervenciones se decomisaron explosivos, municiones, equipos de comunicación y antenas satelitales, lo que evidencia el nivel de organización de estas mafias. El impacto económico estimado alcanza los 3 millones de dólares, además de la recuperación de aproximadamente 130 hectáreas de territorio afectado, en un contexto donde ambos países intensifican acciones coordinadas contra el crimen organizado transnacional en la frontera.

En un contundente golpe al narcotráfico en Río Negro, la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló dos puntos clave de venta de drogas en la ciudad de Cipolletti.

Las acciones, coordinadas por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), se enmarcan en el plan integral dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que busca combatir la comercialización minorista de estupefacientes en el país.

La investigación comenzó meses atrás. El Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de General Roca detectó en diciembre movimientos sospechosos en zonas residenciales de Cipolletti, lo que activó una serie de tareas de campo para esclarecer la posible presencia de bandas dedicadas a la venta ilegal de sustancias.

Bajo la dirección del Dr. Sebastián Gallardo y del auxiliar fiscal Dr. Francisco Iglesia Frezzini, la Fiscalía solicitó la intervención de la División Antidrogas Cipolletti para profundizar la pesquisa sobre un inmueble específico en el barrio Anai Mapu.

Según informó el portal Diario Río Negro, la respuesta policial incluyó vigilancias prolongadas y operaciones encubiertas que confirmaron el funcionamiento de la vivienda como búnker de narcomenudeo. Los efectivos de la PFA tras registrar los movimientos en el lugar, reunieron pruebas que evidenciaban la venta sistemática de estupefacientes a consumidores de la zona. El éxito de la vigilancia permitió identificar una segunda propiedad, situada en el barrio 4 de agosto, que resultó ser un eslabón fundamental dentro del entramado.

La Unidad Fiscal de General Roca descubrió que este domicilio no solo servía como punto de venta, sino también como depósito para el acopio de marihuana. Esto permitía abastecer ambos puntos y reducir el riesgo de incautaciones de grandes volúmenes en caso de intervención policial.

Durante los allanamientos, los efectivos federales incautaron 188 dosis de marihuana listas para la venta, 7 plantas de Cannabis sativa, dinero en efectivo y una balanza digital de precisión, elementos que refuerzan la existencia de una estructura organizada dedicada al narcomenudeo.

Las autoridades informaron que la operación permitió desarticular dos búnkers activos en la venta de drogas, logrando así un impacto inmediato en la oferta de estupefacientes en barrios residenciales de Cipolletti. Según la información oficial, la incautación de marihuana y la detención de los responsables representa un avance concreto en la estrategia federal para reducir el tráfico de drogas en la provincia. Los elementos secuestrados quedaron bajo custodia judicial y los implicados enfrentan acusaciones por infracción a la Ley de Drogas (Ley 23.737).

Durante los allanamientos, los efectivos federales lograron asegurar dos teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes para determinar posibles vínculos con otros actores del circuito delictivo. El dinero incautado, cuya suma no fue detallada pero que se presume proviene de la venta ilícita, quedó a disposición del juez a cargo para su correspondiente análisis en el marco de la investigación patrimonial.

En el operativo, los uniformados priorizaron la recolección de pruebas que permitan no solo confirmar la actividad delictiva, sino también avanzar sobre la trazabilidad de los flujos de droga y dinero en la región.

Los detenidos en el marco del operativo permanecen a disposición del magistrado interventor. De acuerdo con las fuentes consultadas, la investigación continuará para determinar si existen más implicados o ramificaciones de la red en otros barrios de Cipolletti o localidades cercanas.

Desarticularon una banda de narco que era liderada desde un penal

La semana pasada, efectivos del DFI de la PFA lograron desarticular una banda que operaba en la ciudad de General Pico, provincia de La Pampa. Era dirigida desde el penal de Santa Rosa.

Las investigaciones comenzaron en agosto de 2025, luego de que una denuncia anónima advirtiera sobre actividades de narcomenudeo en el Barrio Federal de General Pico. De acuerdo con la información proporcionada, la División Antidrogas General Pico inició tareas de inteligencia, seguimiento y análisis de pruebas, que permitieron reconstruir el funcionamiento interno de la red criminal.

Con base en los trabajos de campo y la recolección de pruebas, los investigadores lograron identificar que la organización estaba dirigida desde una celda de la Unidad 4 del Servicio Penitenciario Federal de Santa Rosa. Las autoridades detallaron que el recluso a cargo coordinaba las operaciones en conjunto con una mujer que actuaba en el exterior. Ambos eran pareja.

La intervención se produjo en el marco de acciones dirigidas por la Policía Nacional del Perú contra el traslado ilegal de sustancias. Según la información oficial, el procedimiento contó con la participación de personal del área antidrogas de Ica, que ejecutó el despliegue cerca de las 3:30 de la tarde.

Durante la revisión, los agentes centraron su atención en un vehículo que presentaba modificaciones en su estructura. El hallazgo posterior confirmó las sospechas iniciales y derivó en la detención del conductor.

Intervención y hallazgo en la carretera

El ciudadano intervenido fue identificado como Freddy de la Cruz Olano, de 57 años, quien conducía una camioneta marca Ford, modelo Escort, de color azul y con placa BRA 209. De acuerdo con el reporte policial, tras una inspección minuciosa del vehículo, los agentes detectaron “una caleta acondicionada en ambos estribos de la estructura”.

La revisión se realizó con presencia de representantes del Ministerio Público y de la Defensa Pública de Ica, lo que permitió garantizar la legalidad del procedimiento. En ese contexto, se abrió los compartimentos ocultos.

Dentro de estas cavidades, el personal encontró “un total de veintiún paquetes tipo ladrillo envueltos con cinta amarilla”. Según la descripción oficial, cada paquete contenía “una sustancia blanquecina cristalina compacta, con características similares al clorhidrato de cocaína”.

Detalles de la sustancia y elementos incautados

La carga presentaba un distintivo particular: “los paquetes presentaban además un logotipo de un delfín”, un elemento que, según las autoridades, podría estar vinculado a organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

El peso total de la sustancia alcanzó aproximadamente 21.850 kilogramos. Además, las fuentes indicaron que el valor estimado de cada paquete ronda los 1.500 dólares, lo que sitúa el decomiso dentro de una operación de impacto económico relevante.

Durante la intervención, los agentes también incautaron dos teléfonos móviles, documentos del vehículo y varias tarjetas de crédito. Estos elementos, de acuerdo con la Policía, “serán claves para la investigación sobre la procedencia y destino de estos ladrillos”.

El caso quedó bajo investigación con participación del Ministerio Público, que evaluará los indicios recogidos durante el operativo. La información obtenida de los dispositivos electrónicos y documentos incautados permitirá trazar posibles rutas y contactos vinculados al transporte de la sustancia.

Desde la Policía Nacional se precisó que este operativo forma parte de las acciones sostenidas “en el marco de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas”. Las autoridades mantienen las diligencias abiertas para determinar responsabilidades adicionales y establecer si existen conexiones con redes criminales de mayor alcance.

Números de emergencia

Seguridad y denuncias (prioridad):

• Central policial: 105
• Denuncia por violencia familiar y sexual: 100
• Serenazgo de San Miguel: 013133003

Emergencias y respuesta inmediata:

• Bomberos: 116
• Defensa Civil: 115
• Policía de carreteras: 110

Apoyo médico en situaciones de riesgo:

• Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU): 106
• Ambulancias de EsSalud: 117
• Infosalud: 113

Ambulancias privadas en Lima:

• Alerta Médica: 01 416 6777
• Clave Médica: 01 265 8783

Atención especializada en casos de violencia:

• EsSalud para mujeres víctimas de violencia: 014118000 (opción 6)

Apoyo humanitario:

• Cruz Roja: 01 266 0481

En la primera operación, desarrollada en aguas internacionales a 263 millas náuticas (487 kilómetros) al sureste de las islas Galápagos, se incautaron aproximadamente 1,9 toneladas de droga y se detuvo a dos ciudadanos ecuatorianos.

La segunda intervención se realizó dentro de la zona económica exclusiva, a 154 millas náuticas (285 kilómetros) al oeste de la provincia de Santa Elena. Allí, las autoridades incautaron 56 kilogramos de droga y detuvieron a otros tres ecuatorianos.

Según las Fuerzas Armadas, el valor del cargamento decomisado se estima en unos 50 millones de dólares en el mercado estadounidense y cerca de 70 millones en el europeo.

En la tercera operación, la Policía Nacional y la DEA interceptaron tres lanchas a 180 millas náuticas (333 kilómetros) de la ciudad de Manta, que transportaban cerca de una tonelada de droga en dobles fondos. En este operativo se detuvo a seis personas.

Las tres acciones se realizaron en menos de veinticuatro horas. Las autoridades indicaron que estos operativos representan “un duro golpe a las economías del narcotráfico” y aseguraron que el mar ecuatoriano “ya no es ruta para las mafias”.

A su vez, las fuerzas de seguridad de Ecuador detuvieron a 118 personas durante la sexta jornada del toque de queda nocturno, que concluyó en del sábado en cuatro provincias con altos niveles de violencia, atribuida por el Gobierno a la disputa entre grupos criminales.

Durante las operaciones, se incautaron tres armas blancas y de fuego, se inspeccionaron veinte vehículos, se recuperaron cinco y se retuvieron doce motocicletas, según datos del Ministerio del Interior.

Desde el inicio del toque de queda el pasado domingo en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, se detuvieron a 743 personas y se destruyeron seis “objetivos militares narcoterrorismo”. La medida rige entre las 23:00 y 05:00 hora local.

A su vez, en El Oro, las Fuerzas Armadas del Ecuador, mediante el Bloque de Seguridad, detuvieron a cinco ciudadanos en el cantón Pasaje por presuntas actividades de minería ilegal. Durante el operativo se decomisó maquinaria de succión y herramientas empleadas en esta actividad ilícita.

Esta disposición se implementa como parte de la “nueva fase” de la “guerra” contra las organizaciones criminales, declarada en 2024 por el presidente Daniel Noboa, tras el aumento sin precedentes de la violencia que ubicó a Ecuador con la tasa de homicidios más alta de Latinoamérica.

De acuerdo con datos oficiales, en 2025 se registraron 9.235 asesinatos en Ecuador, la cifra más alta en la historia del país. El toque de queda se mantendrá vigente hasta el 31 de marzo y, durante el horario de restricción, solo pueden movilizarse militares, policías y personal sanitario de emergencia.

Las autoridades han advertido que cualquier persona que circule por la vía pública sin autorización podrá ser detenida, incluidos los periodistas, quienes tienen prohibido cubrir o dar seguimiento a los operativos de las fuerzas estatales.

(Con información de EFE)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó la detención de Marco Antonio “N”, alias El Sapo, considerado un objetivo prioritario en el municipio de Nogales. La aprehensión ocurrió el 16 de marzo, tras una investigación que involucró trabajo de gabinete y campo por parte de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal.

El detenido es señalado por su presunta participación en un caso de privación ilegal de la libertad cometido en 2020. Además, la autoridad cuenta con información de inteligencia que lo relaciona con tráfico de drogas y personas hacia los Estados Unidos, así como con hechos de homicidio y privación de la libertad en contra de grupos rivales.

Las autoridades trasladaron al imputado al Centro de Reinserción Social, donde quedó a disposición del juez competente. Todo el operativo se ejecutó sin detonaciones de arma de fuego, según comunicó la Fiscalía.

La detención de Marco Antonio “N” se suma a la captura previa de Francisco Ernesto “N”, alias Neto, el 18 de octubre de 2025. En esa ocasión, la operación contó con el respaldo de la Secretaría de Marina y ambos casos están vinculados a la misma causa penal.

Actualmente, Marco Antonio “N” ya compareció en audiencia inicial. La Fiscalía precisó que, una vez transcurrido el término constitucional, el juez reanudará la audiencia para determinar su vinculación a proceso.

La institución subrayó, en su

su postura: “Refrendamos nuestro compromiso de combatir a quienes atentan contra la seguridad de la sociedad”. La Fiscalía insiste en que mantendrá operativos para enfrentar a quienes ponen en riesgo la tranquilidad de la población.

Las investigaciones y detenciones recientes forman parte de una estrategia sostenida para desarticular estructuras criminales en la región fronteriza. De acuerdo con la Fiscalía, estas acciones buscan frenar delitos de alto impacto y reforzar la seguridad en Sonora.

Estaría ligado al Cártel de Sinaloa

Por su parte, reportes periodísticos registran que El Sapo sería un integrante de una célula criminal conocida como Los Gigios, la cual cuenta con nexos con la facción antes liderada por Ismael El Mayo Zambada.

Es importante recordar que el pasado 21 de octubre fue anunciado el arresto de Francisco Ernesto “N”, un sujeto de 50 años que, según datos obtenidos por Infobae México, es integrante de Los Gigios, una estructura delictiva que opera en Nogales y dedicada al tráfico de drogas y personas de México a EEUU.

Tanto la información compartida en octubre pasado como lo datos actuales coinciden respecto a la posible relación de los detenidos con Los Gigios.

Información compartida por Proceso y El Financiero también indica que El Sapo sería miembro de Los Gigios, cuyo líder fue sancionado por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU.

Las cámaras de seguridad del aeropuerto registran cada paso de los pasajeros. Maletas que avanzan por las bandas, viajeros que consultan sus teléfonos y filas que avanzan hacia los controles. En medio de ese movimiento cotidiano, una mujer mayor caminó con calma hacia su puerta de embarque. Vestía jeans, casaca y sandalias. Tenía setenta y dos años. Su equipaje parecía el de cualquier pasajera.

Esa escena cotidiana terminó en una intervención policial. Agentes de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú siguieron sus pasos hasta detenerla. La mujer cargaba más que ropa y recuerdos de viaje. En sus maletas, la policía encontró cocaína oculta entre productos que simulaban alimentos.

El caso revela una modalidad que preocupa a las autoridades. Las organizaciones criminales buscan personas que generen menos sospecha en los controles. Adultos mayores, estudiantes o viajeros solitarios entran en esa lista. Según la policía, la estrategia apunta a reducir las alertas durante los filtros de seguridad.

Una mujer mayor en la mira de la policía

La detenida fue identificada como Basiliana Huaraca Ramírez. Sus familiares la llaman “Mamá Basi”. La policía la describe como una mujer que llevaba equipaje sin señales visibles de tensión.

Sin embargo, los agentes ya la tenían bajo observación. Las cámaras registraron su recorrido dentro del terminal aéreo. Personal de la Dirección Antidrogas sabía que viajaba sola y que su destino era París.

El general de la Policía Nacional del Perú, Leiby Huamán Daza, director antidrogas, explicó que la mujer presentaba un perfil que buscaban las redes del narcotráfico.

La mujer habría sido preparada y adiestrada previamente para ocultar la droga entre productos peruanos como maca, quinua y kiwicha, los cuales fueron mezclados con la sustancia ilícita. Añadió que, pese a ello, la pasajera transitó con aparente normalidad por el aeropuerto y permaneció en la sala de embarque sin levantar sospechas.

El seguimiento concluyó en un ambiente de control dentro del aeropuerto. Allí se aplicó el protocolo de verificación del equipaje.

Ocho kilos de cocaína escondidos entre alimentos

Durante la revisión de la maleta, los agentes hallaron paquetes ocultos en sobres que aparentaban contener avena y otros productos. El contenido se sometió a pruebas químicas para verificar su composición.

“Una coloración azul turquesa, presunto positivo para el alcaloide cocaína. Seguidamente, se va a proceder con el pesaje de la sustancia encontrada en el interior de su espacio de bodega, conteniendo un peso total de ocho kilos, ochocientos cinco gramos de alcaloide cocaína”.

El can antidrogas también participó en la inspección. El animal olfateó la maleta y se sentó frente al equipaje, señal habitual en los entrenamientos de detección de drogas. Con esa señal, el hallazgo quedó confirmado.

La droga tenía como destino final la ciudad de París, una ruta que, según la policía, aparece con frecuencia en investigaciones recientes sobre correos humanos.

Las autoridades identificaron que organizaciones dedicadas al narcotráfico utilizan el aeropuerto para enviar cocaína hacia Europa. París aparece entre los destinos más frecuentes en investigaciones recientes.

El general Huamán explicó por qué los adultos mayores pueden resultar atractivos para estas redes.

“Muchas veces estas personas, difícilmente despiertan la sospecha de la fuerza del orden, porque es una persona anciana, viene tranquilamente con su maleta y difícilmente un agente, un pesquisa de la Dirección Antidrogas podía presumir que se trate de un correo humano”.

Según la policía, el cargamento que llevaba Basiliana Huaraca Ramírez tenía alto valor en el mercado europeo. El kilo de cocaína alcanza cifras elevadas en ese continente, lo que convierte cada envío en un negocio de gran rentabilidad para las organizaciones criminales.

Otros casos detectados en el aeropuerto

Las autoridades registraron otras intervenciones con características similares en el mismo terminal aéreo. En una de ellas fue detenida una mujer identificada como Gisela Paola Terrones Torres.

La intervención se produjo cuando agentes revisaron su equipaje de bodega. Durante el procedimiento se encontró cocaína oculta en productos que simulaban contener maca negra.

Las cámaras de seguridad registraron el comportamiento de la pasajera antes del control. Según la policía, el uso constante del teléfono celular y la permanencia en zonas del terminal sin dirigirse a su puerta de embarque llamó la atención de los agentes.

Camuflaje en objetos cotidianos

Otro caso investigado por la Dirección Antidrogas involucra a Ángela Ríos Vereda. La mujer transportaba cocaína oculta dentro de cajas de chocolates.

Los agentes detectaron la sustancia durante la revisión del equipaje. El análisis químico confirmó el contenido.

“Solo se realizará el pesaje de la sustancia encontrada. Son siete kilos con diez gramos de alcaloide de cocaína”, indicaron durante el procedimiento.

Las autoridades explican que el método de ocultamiento cambia con frecuencia. Productos alimenticios, chocolates o suplementos naturales aparecen entre los objetos utilizados para esconder la droga.

La fiscalía también advierte sobre las consecuencias legales para quienes participan como correos humanos. Un representante del Ministerio Público señaló las penas aplicables en estos casos. “Hemos solicitado penas de dieciséis años con cinco meses, así como penas de dieciocho años con cuatro meses, dependiendo el número de agravante”.

Elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), detuvieron a dos sujetos identificados como Rigoberto Lara Parra de 21 años y Gustavo Alexis Mendiguchia Gutiérrez de 19 años, quienes presuntamente pertenecen a la célula delictiva “Comandante R24” del Cartel de Sinaloa, facción “Mayito Flaco”. Los hechos ocurrieron en el estado de Sinaloa.

A ambos se les aseguraron dosis de cristal, un arma larga, un arma corta, dos cargadores y 45 cartuchos útiles.

Luego de una persecución, las autoridades detuvieron a ambos sujetos.

Los efectivos realizaban recorridos de vigilancia terrestre en la zona de El Canario, cuando detectaron una camioneta de color blanco con placas del estado de California, Estados Unidos (EEUU), a la que le marcaron el alto para realizar una revisión de seguridad. Sin embargo, los tripulantes aceleraron la marcha y emprendieron la huida, por lo que se inició una persecución que culminó en la carretera Mazatlán–Culiacán, donde la unidad se impactó contra la maleza.

Según las investigaciones, los detenidos están relacionados con la célula delictiva “Comandante R24”, que es generadora de violencia en la entidad.

A las personas detenidas se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

“Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para desarticular redes delictivas y proteger a la población en Sinaloa”, se señaló por medio de un comunicado.

Durante el 16 de marzo de 2026 se confirmó la desarticulación de la organización delincuencial Los Cats, responsable de la venta de estupefacientes en el parque Santander de Bogotá, como resultado de una ofensiva coordinada entre la Policía Metropolitana, la Fiscalía General, Migración Colombia y la Secretaría de Seguridad.

Esta operación se llevó a cabo después de 13 meses de investigación, lo que permitió la captura de 13 implicados, 8 hombres y 5 mujeres de nacionalidad extranjera, como parte de la estrategia para erradicar la criminalidad en el centro histórico de la ciudad.

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Durante los allanamientos realizados tanto en la localidad de Santa Fe como en el municipio de Soacha, las autoridades incautaron estupefacientes, armas de fuego y dinero producto de la venta ilegal. Este dato fue confirmado por el brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, que señaló que los capturados cuentan con antecedentes judiciales.

Entre los detenidos figuran alias El Viejo, cabecilla y coordinador logístico, alias Anuel, encargado de la distribución de drogas, y las mujeres conocidas con los alias de La Ñata y La Flaca, identificadas por instrumentalizar a sus hijos menores.

La organización utilizaba menores para evadir los controles policiales

Según información de la Policía Metropolitana, los integrantes de Los Cats empleaban métodos variados para ocultar la droga, depositándola en sillas, árboles, prendas, paredes de la iglesia San Francisco, una chaza de dulces e incluso partes íntimas de los traficantes, con el fin de evadir los controles policiales.

La investigación, liderada por la Seccional de Investigación Judicial (Sijín) e integrada por un agente encubierto, permitió documentar el modus operandi de la red mediante la interceptación de 20 líneas telefónicas, entrevistas y análisis de cámaras de vigilancia.

Asimismo, se indicó que los estupefacientes eran transportados desde Soacha y llegaban al parque Santander ocultos por adultos que estaban acompañados de menores de edad, en muchos casos hijos de los propios integrantes de la banda. Esta estrategia les permitía disimular la operación bajo la apariencia de desplazamientos familiares convencionales.

Acciones de las autoridades en el centro de Bogotá

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, declaró al portal institucional de la Secretaría de Seguridad que esta acción forma parte de una política sostenida para la “recuperación del centro de la ciudad”.

Del mismo modo, detalló que las autoridades han logrado impactar y judicializar un total de 15 estructuras criminales en el corredor comprendido entre la calle 1ª y calle 26 y desde la avenida Caracas hasta los Cerros Orientales.

Galán precisó también que el operativo contra Los Cats incluyó la realización de 10 allanamientos, la captura de 12 personas mediante orden judicial y una aprehensión en flagrancia. En lo que va del 2026, las fuerzas de seguridad han conseguido decomisar más de media tonelada de estupefacientes y neutralizar 41 grupos criminales que operaban en el sector.

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, aportó que durante 28 meses han mantenido intervenciones sistemáticas en la zona, logrando incautaciones regulares de droga y recursos, así como el traslado e identificación de sospechosos.

Golpes contra otras bandas del sector

El resultado contra Los Cats se suma a la desarticulación de Los Tigres en septiembre de 2022 y del grupo conocido como Santander en diciembre de 2024, según informó el despacho del alcalde Galán. Estas organizaciones también se dedicaban a la distribución de estupefacientes en las cercanías al parque Santander.

La articulación institucional ha permitido a Bogotá avanzar en la intervención de uno de los focos históricos del microtráfico en pleno corazón de la ciudad, una problemática que, de acuerdo con las cifras oficiales, ha estado marcada por la presencia de organizaciones estructuradas, empleo de menores y estrategias sofisticadas de ocultamiento y distribución.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridadad y Protección Ciudadana (SSPC), dio a conocer este viernes, durante la conferencia de prensa matutina, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desde Colima, algunas acciones destacadas que se han realizado en materia de seguridad en esa entidad federativa.

De acuerdo con lo señalado por Harfuch, durante el gobierno de la presidenta Sheinbaum, iniciado en octubre de 2024, se ha fortalecido la presencia operativa del Gabinete de Seguridad con un estado de fuerza de más de 4 mil 400 elementos de las instituciones del Gabinete de Seguridad: más de 2 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional; más de 2 mil elementos de la Secretaría de Marina y 200 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Se informó que del primero de octubre de 2024 al 10 de marzo pasado, se han detenido, en Colima, a 2 mil 790 personas por delitos de alto impacto.

Además, se han asegurado más de 4 toneladas y media de droga, así como armas de fuego y cartuchos. Entre los detenidos hay responsables de delitos como extorsión, homicidio, tráfico de drogas y tráfico de armas.

Destacó el operativo que se llevó a cabo el pasado jueves en el municipio de Villa de Álvarez, en el que se detuvo al líder de una célula delictiva dedicada a la distribución de drogas, junto con otros cinco integrantes más de esta organización, que dio como resultado el aseguramiento de 271 kilogramos de fentanilo, que se traduce en 14 millones de dosis, así como el aseguramiento de las dos bodegas donde se almacenaba.

Yair Leobardo “N”, líder de la célula desarticulada, cuenta con antecedentes por tráfico de drogas en Estados Unidos, donde fue detenido en 2019, 2020 y recientemente por su participación en actividades relacionadas con la posesión y distribución de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.

En la actualidad, cuenta con una orden de aprehensión vigente en Chicago, Illinois.

En Manzanillo, en una operación encabezada por la Secretaría de Marina, señaló Harfuch, se localizó una embarcación con tres tripulantes de nacionalidad extranjera y se aseguraron más de tres toneladas de cocaína.

Como parte de las acciones de vigilancia marítima, también se detectó un buque pesquero que ingresó al oeste de Los Cabos, el cual fue interceptado por la Secretaría de Marina, a la altura de la Isla Clarión, en los límites de Colima, donde se aseguraron más de 4 mil 700 kilos de cocaína.

Harfuch dijo que, con estas acciones, en total, han sido aseguradas más de 60 toneladas de cocaína en altamar. En Colima y Tecomán, como parte de las operaciones para combatir el mercado ilícito de hidrocarburo, se ejecutaron cuatro órdenes de cateo donde se aseguraron más de 325 mil litros de hidrocarburos.

También destacó que se han asegurado más de 22 toneladas y 65 litros de sustancias y precursores para la elaboración de metanfetaminas.

El traslado de cocaína desde el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) sigue una ruta marcada por carreteras interandinas, controles policiales y redes familiares que buscan mantener en movimiento la droga sin llamar la atención. En ese escenario, la captura de una mujer señalada como líder de un clan dedicado al tráfico ilícito reveló una modalidad que las autoridades consideran recurrente: dividir grandes cargamentos en partes más pequeñas para sacarlos del país.

El caso permaneció bajo reserva durante varias semanas. La intervención ocurrió a inicios de febrero, pero la confirmación oficial apareció recién después de revisar los detalles del operativo y asegurar la cadena de custodia de la droga incautada. La protagonista del caso es Nena Soto Contreras, conocida en los informes policiales como “La viuda negra”, natural de Santa Rosa, provincia de La Mar, región Ayacucho.

Según información proporcionada por fuentes de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (Dirandro) al diario La República, Soto Contreras, de 45 años, dirigía un grupo familiar dedicado al transporte de cocaína desde zonas de producción del Vraem hacia rutas que conducen a la frontera con Bolivia.

Intervención policial en peaje de Cusco

La detención se produjo el 2 de febrero durante un operativo policial en el peaje Huillque, ubicado en el distrito de Ancahuasi, provincia de Anta, en la región Cusco. En ese punto, agentes antidrogas interceptaron un automóvil Mazda gris con placa BUS-159.

El vehículo figura registrado a nombre de la pareja de Soto Contreras. Durante la intervención, la mujer cuestionó el procedimiento policial y expresó su rechazo ante la acción de los agentes.

De acuerdo con las fuentes policiales citadas por La República, “en todo momento, Nena Soto alegó a sus captores que se trataba de una intervención ilegal, amenazándolos con denunciarlos ante las autoridades”.

El auto era conducido por Carlos Guillén Soto, hijo menor de la detenida. En el asiento posterior viajaba Freddy Laurente Gómez, pareja de Soto Contreras.

Los agentes revisaron el vehículo con mayor detalle tras notar irregularidades en la estructura interior.

Hallazgo de 60 ladrillos de cocaína

Durante la inspección, los policías levantaron los asientos del piloto y copiloto. En ese punto detectaron que una pieza metálica no coincidía con el diseño original del automóvil.

Al desmontar la estructura apareció un compartimento oculto. Dentro de ese espacio se encontraban 60 paquetes de cocaína prensada, conocidos en el lenguaje del narcotráfico como “ladrillos”.

Según las estimaciones policiales, el cargamento pesa cerca de 60 kilos. En la zona de producción del Vraem el valor aproximado de esa cantidad llega a unos 90 mil dólares, con un precio promedio de 1.500 dólares por kilo.

Las autoridades consideran que la droga tenía como destino Bolivia. Desde ese país, según las investigaciones antidrogas, cargamentos similares continúan su ruta hacia otros mercados internacionales.

Modalidad de traslado por partes

Las fuentes de la Dirandro indicaron que el cargamento decomisado podría formar parte de un envío mayor. La división en lotes menores forma parte de una estrategia usada por redes de narcotráfico para reducir riesgos.

“Esta es una modalidad frecuente de contrabando de droga que consiste en sacar del Vraem por partes la totalidad de la mercancía ilícita hacia puntos de acopio para evitar la incautación de todo el producto narcótico”, explicaron las fuentes policiales.

“Es muy poco probable desplazar una tonelada de droga de un solo golpe, a no ser que se usen avionetas o helicópteros para trasladar grandes cantidades. En el Vraem el control es cada vez más estricto, por eso recurren a diferentes métodos, como camuflar los ‘ladrillos’ en compartimentos de los vehículos”, señalaron.

Un clan familiar vinculado al tráfico de droga

Los archivos policiales señalan que Soto Contreras dirigía un grupo familiar que operaba en el transporte de cocaína. Sus hijos Carlos y Paul Guillén Soto figuran en los informes como colaboradores dentro del esquema.

De acuerdo con los registros policiales, ambos ingresaron a ese entorno desde la adolescencia. Tras la muerte de su esposo, Fausto Guillén Gutiérrez, ocurrida durante la pandemia del Covid-19, Soto Contreras asumió la dirección de las operaciones del grupo.

La mujer instaló su centro de operaciones en Santa Rosa, distrito de la provincia de La Mar, zona conocida por la presencia de laboratorios dedicados al procesamiento de cocaína.

Las investigaciones policiales señalan que el grupo adquirió varias camionetas destinadas al traslado de la droga.

Según las fuentes policiales que participaron en el operativo, los vehículos utilizados por la organización permanecían ocultos bajo el puente de Kimbiri, en la provincia de La Convención, región Cusco.

Desde ese punto, los autos salían durante la noche hacia Santa Rosa. Allí acondicionaban los paquetes de droga antes de iniciar el traslado.

Las autoridades consideran que la captura de Soto Contreras puede aportar información sobre las conexiones de estos grupos familiares con redes internacionales de narcotráfico.

Según indicaron las fuentes de la Dirandro, con esta detención será posible “identificar las redes que usan los clanes familiares del Vraem para exportar cocaína a los carteles y otras organizaciones extranjeras que compran cocaína peruana”.

El Informe Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero 2026, publicado el 6 de marzo, identifica al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como las dos principales amenazas del crimen organizado transnacional, capaces de infiltrar bancos, empresas de remesas, casas de cambio y hasta firmas de abogados para reciclar los miles de millones de dólares que genera el narcotráfico.

Remesas y camionetas blindadas: el flujo del dinero sucio

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió el 7 de marzo una Orden de Identificación Geográfica ampliada, que obliga a empresas de servicios monetarios —remesadoras, casas de cambio y compañías de traslado de valores— a reportar transacciones en efectivo de entre 1,000 y 10,000 dólares realizadas en 14 condados de Arizona, California, Nuevo México y Texas, todos en la franja fronteriza.

El mecanismo funciona así, según el informe del Tesoro: las organizaciones criminales contrabandean dinero ilícito a México, lo introducen de regreso a Estados Unidos en vehículos blindados y lo declaran como ingresos legítimos de empresas mexicanas. En algunos casos, ese dinero se usa para comprar armas en suelo estadounidense, exportarlas ilegalmente a México y, en palabras del propio Tesoro, “promover campañas de terror”.

El informe cita la multa de 37 millones de dólares impuesta en febrero de 2025 a Brink’s —la multinacional de traslado de valores— por violar normas antilavado vinculadas al transporte masivo de efectivo.

Fentanilo: los cárteles mexicanos, epicentro de la crisis de sobredosis en EU

Según el documento, en laboratorios clandestinos diseminados por el territorio mexicano, el Cártel de Sinaloa y el CJNG fabrican el fentanilo que está matando a decenas de miles de estadounidenses al año. La droga —hasta 50 veces más potente que la heroína— se prensa en pastillas que imitan medicamentos de prescripción y se trafica hacia Estados Unidos principalmente en vehículos de pasajeros a través de los puertos de entrada fronterizos. Para producirla, los cárteles importan químicos precursores principalmente de China e India, aunque el procesamiento, la distribución y el control del negocio están firmemente en manos mexicanas.

De igual manera se resalta un operativo que se llevó a cabo en septiembre de 2025, en donde EEUU confiscó 300,000 kilogramos de precursores de metanfetamina enviados desde China al Cártel de Sinaloa —el mayor decomiso de este tipo en la historia— con valor de mercado de hasta 569 millones de dólares.

Criptomonedas, mulas de dinero y redes chinas de lavado

Para reciclar las ganancias, los grandes cárteles recurren cada vez más a lavadores profesionales y redes de lavado chino-mexicanas (CMLN, por sus siglas en inglés), que mueven grandes sumas de efectivo usando empresas fantasma, múltiples cuentas bancarias y activos virtuales. El uso de criptomonedas, indica el informe, acelera el proceso porque los lavadores liberan de inmediato un equivalente en activos digitales tan pronto reciben el efectivo físico.

Las “mulas de dinero” son otro engranaje clave: personas que recorren Estados Unidos recolectando el efectivo del narcomenudeo, lo depositan en cuentas llamadas “funnel accounts” o lo convierten en criptomonedas a través de operadores del mercado negro, para después reconvertirlo en efectivo ya en México o Colombia y entregarlo a los líderes del cártel.

Un caso citado en el informe: en junio de 2024, las autoridades acusaron a asociados del Cártel de Sinaloa en Los Ángeles de lavar ganancias del narcotráfico comprando artículos de lujo y automóviles para exportarlos a China, emitiendo cheques de caja y fragmentando depósitos en pequeñas cantidades para evadir la detección bancaria.

La Armada de Ecuador y la Guardia Costera de Estados Unidos incautaron 1,9 toneladas de droga en altamar, presuntamente destinadas al país norteamericano, y detuvieron a dos personas, según informó este martes la institución militar ecuatoriana.

La sustancia, cuyo tipo no se especificó, estaba distribuida en 77 bultos y tendría un valor estimado de USD 40 millones en el mercado estadounidense y USD 70 millones en el europeo.

Durante el operativo, fueron arrestados dos ciudadanos ecuatorianos, identificados como Víctor V. y Jonathan V. El Ministerio de Defensa señaló que esta acción forma parte de los acuerdos de cooperación que Ecuador mantiene con países aliados para combatir delitos transnacionales en los espacios marítimos.

En el último año, Ecuador y Estados Unidos realizaron varias incautaciones conjuntas en alta mar. La más reciente ocurrió el 23 de febrero, cuando se decomisaron 3,12 toneladas de cocaína en una embarcación localizada cerca del límite con Perú, en el sur del país.

Ambos países también iniciaron la semana pasada operaciones militares conjuntas en suelo ecuatoriano contra organizaciones consideradas “terroristas”, en las que bombardearon y destruyeron un campamento de los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la extinta guerrilla de las FARC.

“Y este es solo el inicio. Los vamos a encontrar… hasta por debajo de las piedras”, declaró el ministro de Defensa ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo, sobre la intervención en el municipio de Cascales. Las fuerzas ecuatorianas emplearon aviones, helicópteros, embarcaciones fluviales y drones para localizar y destruir la infraestructura criminal.

En ese sentido, el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, se refirió al apoyo bilateral contra las bandas transnacionales: “A pedido de Ecuador, el Departamento de Guerra de EEUU ejecutó una acción dirigida para avanzar en el objetivo compartido de desmantelar las redes narcoterroristas”.

Ecuador, situado entre Colombia y Perú —los dos mayores productores mundiales de cocaína—, con varios puertos y una economía dolarizada, se consolidó en los últimos años como un punto clave para el tráfico de droga hacia Europa y Norteamérica.

En 2025, las fuerzas de seguridad ecuatorianas decomisaron 227,1 toneladas de droga, principalmente cocaína, 67 toneladas menos que en 2024, año en que se registró una cifra récord de 294,61 toneladas, según datos oficiales.

Noboa afirmó que terroristas entrenan a criminales en Ecuador

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, afirmó que organizaciones como Hamas, Hezbollah y la Guardia Revolucionaria de Irán estarían vinculadas al entrenamiento de grupos criminales en el país latinoamericano. En una entrevista con el medio Univisión, Noboa abordó la expansión del crimen organizado y las posibles conexiones internacionales de las bandas que operan en el país.

El mandatario sostuvo que algunas organizaciones delictivas locales habrían recibido formación o apoyo de estructuras asociadas a esos grupos, considerados organizaciones terroristas por varios países y organismos internacionales. Según Noboa, estas redes formarían parte de un entramado transnacional que alimenta la violencia y el narcotráfico en Ecuador.

Las declaraciones se producen en un contexto de crisis de seguridad en el país, caracterizada por el fortalecimiento de bandas criminales, el aumento de homicidios y la presencia de organizaciones relacionadas con el tráfico internacional de drogas.

Desde enero de 2024, el gobierno ecuatoriano declaró la existencia de un “conflicto armado interno” contra grupos del crimen organizado, a los que catalogó como organizaciones terroristas y actores beligerantes no estatales.

Noboa explicó que el problema de seguridad en Ecuador trasciende a las bandas locales, ya que responde a dinámicas regionales y globales del narcotráfico. El país se ha convertido en un punto estratégico para el envío de droga hacia mercados internacionales debido a su ubicación y a su infraestructura portuaria, lo que ha facilitado la expansión de organizaciones criminales con vínculos internacionales.

El mandatario defendió la necesidad de cooperación internacional para enfrentar estas amenazas y subrayó la importancia de la coordinación entre Estados, el intercambio de inteligencia y las acciones conjuntas contra las estructuras financieras y logísticas que sostienen las economías ilícitas.

(Con información de EFE)

Este martes en conferencia matutina, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, confirmó que el aseguramiento de dos toneladas de cocaína realizado ayer en Acapulco, Guerrero, pertenecía a una facción del Cártel de Sinaloa.

“Este aseguramiento se suma a las 60 toneladas ya en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. En este caso, lo tenemos relacionado con una facción del Cártel de Sinaloa”, destacó.

Además, Harfuch puntualizó que por tierra van más de 340 toneladas aseguradas.

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Un cargamento de 203 kilos de marihuana fue secuestrado por la Policía de Tucumán en el puesto fronterizo de 7 de Abril, en el marco de un operativo especial denominado Lapacho. La sustancia era trasladada en un camión que, según los investigadores, tenía como destino final la provincia de Córdoba. El procedimiento finalizó con la detención de seis hombres y el secuestro del vehículo de carga, además de otros elementos de interés para la causa.

El hallazgo ocurrió cuando los efectivos, apostados en el límite noreste de la provincia, interceptaron el camión durante un control de rutina. Al revisar el vehículo, los agentes encontraron la marihuana distribuida sobre un acoplado, en una modalidad que llamó la atención de los investigadores por la exposición del cargamento. Junto a la droga, los uniformados incautaron teléfonos celulares, dinero en efectivo y tres vehículos: el camión involucrado, una camioneta y un automóvil.

El jefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta, informó que los detenidos son oriundos de Córdoba y que ya quedaron a disposición del Juzgado Federal, que interviene en la causa. “Hoy, en este puesto fronterizo donde operan los efectivos del Operativo Lapacho, se realizó un procedimiento de gran relevancia. Bajo la decisión política del gobernador Osvaldo Jaldo en la lucha contra el narcotráfico, logramos un nuevo decomiso con una importante cantidad de droga secuestrada”, señaló Girvau.

En este contexto, el funcionario remarcó la importancia de fortalecer los controles y sostuvo que la provincia se encuentra frente a una situación compleja debido a los intentos recurrentes de ingreso de estupefacientes desde el norte del país.

Las autoridades investigan ahora las posibles vinculaciones de los detenidos, ya que la carga tenía previsto continuar su traslado hacia otra provincia. Girvau destacó que “es fundamental que se profundicen los controles y las detenciones. Este es un mensaje claro de la Policía de Tucumán en la lucha frontal que mantenemos”.

El operativo se inscribe dentro de una estrategia provincial para combatir el tráfico de drogas en las rutas utilizadas por las organizaciones criminales. La modalidad del traslado, con la droga expuesta sobre el acoplado, facilitó la detección por parte de los efectivos. Se analiza además el contenido de los celulares y el dinero secuestrado para avanzar en la investigación y determinar si existen conexiones con otras redes de tráfico.

El jefe policial concluyó que la Policía de Tucumán continuará colaborando con la Justicia Federal y reforzando los procedimientos en los accesos provinciales. “Continuaremos trabajando y poniendo todas las actuaciones a disposición de la Justicia Federal”, aseguró Girvau Olleta.

Un operativo adelantado por la Policía Nacional culminó con la captura de Adrián Nolberto Caicedo Villareal, más conocido como alias El Obispo, un ciudadano colombiano de 50 años, requerido por la justicia de Estados Unidos desde 2021 por su supuesta participación en envíos de cocaína hacia el estado de Texas.

La detención se materializó en un resguardo indígena de Cuaspud, en el departamento de Nariño, una región históricamente considerada inaccesible para las autoridades debido a la protección legal que cobijan los territorios indígenas.

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La acusación formal contra Caicedo Villareal, emitida por la Corte del Distrito de Texas, describe una red que habría utilizado lanchas rápidas para el tráfico de cocaína entre Nariño, México y Estados Unidos desde el año 2016. Según el expediente citado por El Tiempo, el grupo aprovecha el amparo de resguardos indígenas y su origen étnico para encubrir operaciones criminales y dificultar la acción policial. ‘El Obispo’ figura junto a otros cinco implicados, entre ellos José Imbacuan Chung Ana, alias El Indio, señalado de coordinar rutas y ocultar la droga en zonas protegidas de Cauca y Nariño.

En noviembre de 2023, agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) ya habían detenido a Caicedo Villareal, pero fue puesto en libertad por exigencia de la autoridad tradicional del resguardo indígena de Cuaspud Carlosama, que lo requería para que cumpliera una sanción de 12 años y cinco meses de condena por tráfico de drogas y concierto para delinquir.

Según datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), alias El Obispo cumplía prisión domiciliaria, bajo la jurisdicción de la cárcel de Ipiales, y era supervisado por las autoridades carcelarias mientras cumplía dicha sentencia en su territorio de origen.

Fuentes de la Policía de Nariño informaron al medio citado que “salió de la zona donde estaba pagando condena, del resguardo indígena, y en medio de los controles en Carlosama se encuentra que tiene antecedentes con fines de extradición”. Frente a la situación, las autoridades investigan si una propiedad que Caicedo Villareal posee en Ipiales habría sido adquirida con recursos provenientes del narcotráfico.

Una estructura criminal que usaba territorios indígenas y operaba a nivel internacional

El expediente judicial revela que la organización de la que Caicedo Villareal formaba parte operó al menos desde 2016 y empleaba mecanismos sofisticados para eludir la vigilancia estatal. Además de ‘El Indio’, la Corte de Texas identificó como integrantes a José Bayardo Rosero (alias Bayardo), Adriana Carmenza Cuastumal-Yama (alias La Mayor) y José Daniel Mendigaño Moreno (alias Tía), todos ellos igualmente requeridos en extradición por Estados Unidos. La cabeza de la estructura, según la investigación, era José Edier Rativa Rodríguez, conocido como ‘Chepe’, que fue capturado en Palmira, Valle, en 2023.

Rativa Rodríguez tenía una circular roja de Interpol por narcotráfico y era solicitado por las autoridades judiciales de España, donde fue arrestado previamente en 2017 tras distribuir cocaína en la provincia de Toledo. De acuerdo con datos aportados en el momento de su detención, ‘Chepe’ mantenía operaciones de préstamos y cobros informales, conocidos como ‘gota a gota’, y poseía un patrimonio vehicular valorado en más de $500.000.000.

Alias El Obispo permanece bajo custodia policial y será trasladado a Bogotá, donde la Fiscalía General de la Nación desarrollará el proceso formal de extradición requerido por Estados Unidos.

Mientras el capturado es enviado a tierras norteamericanas, las autoridades trabajan para evitar que más criminales utilicen los beneficios jurídicos que otorgan los resguardos indígenas de cumplir condena en un centro carcelario y, en consecuencia, continuar con sus actividades delictivas.

Un cargamento compuesto por 170 kilos de supuesta cocaína fue incautado este miércoles en el sector de Guasaule, en el sur de Honduras, una acción que representa un fuerte golpe para las estructuras del narcotráfico y refuerza el control sobre una de las rutas clave del tráfico ilícito de drogas hacia Norteamérica.

El decomiso, ejecutado en el marco del Plan Comunidades Seguras 2026, subraya no solo el impacto económico superior a 57 millones de lempiras, según estimaciones oficiales, sino también una intensificación de la vigilancia para prevenir la salida de cargamentos con destino a mercados internacionales, donde el valor de la droga puede multiplicarse considerablemente.

El cargamento fue descubierto en un vehículo detenido durante operativos de patrullaje y control en las inmediaciones del puesto fronterizo de Guasaule, una zona identificada por las autoridades como corredor estratégico del tráfico ilegal debido a su conectividad terrestre con Nicaragua y al constante flujo de transporte. En el procedimiento, agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos en cooperación con el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas inspeccionaron un vehículo tipo pick-up Toyota, modelo Xtra Cab V6, placa JAS 0219, detectando alteraciones en su estructura.

Durante la revisión, los funcionarios hallaron, ocultos en compartimientos falsos, los 170 paquetes, algunos debajo de la paila, otros en la llanta de repuesto, así como dentro del tanque de combustible, según informó la policía hondureña. El diseño de estos escondites pone de manifiesto el nivel de planificación y especialización con que operan las redes del crimen organizado en la región, capacitadas técnicamente para fabricar compartimientos capaces de evadir métodos policiales tradicionales de inspección.

Se observaron en algunos paquetes símbolos distintivos, como una estrella azul y el número 7, considerados por las autoridades como posibles identificadores de la procedencia o destino del cargamento dentro del flujo transnacional del narcotráfico en Centroamérica. Los investigadores analizan si estas marcas tienen vinculación con organizaciones criminales específicas que operan en la zona.

El conductor arrestado en flagrancia fue identificado por el Ministerio Público como Jonatan Josué Álvarez Almendárez, de 31 años, originario de Santa Ana de Yusguare en el mismo departamento de Choluteca. Inicialmente, la identidad del sospechoso se mantuvo confidencial, hasta que el Ministerio Público confirmó el nombre y dispuso la preparación de un requerimiento fiscal por la supuesta comisión del delito de tráfico agravado de drogas.

Álvarez Almendárez será presentado ante un tribunal competente, donde enfrentará cargos que, de acuerdo con la legislación hondureña, contemplan penas graves de prisión por delitos contra la salud pública. La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado, en coordinación con la Dirección Nacional de Servicios Fronterizos y la Dirección Policial Antidrogas, lidera el procedimiento de judicialización y análisis forense de la sustancia para confirmar científicamente su composición y pureza.

El vehículo y los paquetes fueron decomisados y asegurados como pruebas. Técnicos antinarcóticos realizarán los análisis de laboratorio que determinarán legalmente la sustancia y su nivel de pureza, requisito fundamental para la acusación formal.

Las autoridades destacaron el efecto de este decomiso, describiéndolo como “una afectación significativa a las finanzas de las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico”, al frustrar la salida de un volumen de droga con alto potencial de lucro para el crimen organizado si llegaba a mercados internacionales.

Puntos como Guasaule concentran la atención de las fuerzas de seguridad por la facilidad de camuflar cargamentos ilícitos entre el alto tránsito de transporte de carga y vehículos particulares vinculados al comercio legal entre Honduras y Nicaragua.

El multitudinario concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México reunió a más de 400 mil personas y marcó un récord de asistencia.

Detrás de la euforia y la celebración, el operativo implementado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reveló la presencia de hechos delictivos como robo de celulares y posesión de drogas, situaciones que acompañaron el cierre de la gira de la artista colombiana en el país, según informó el organismo.

Detenciones y modus operandi de los atracos

La SSC dio a conocer que detuvo a 10 personas durante el evento, realizado el domingo 1 de marzo.

Entre los arrestados se encuentran seis implicados en robos de teléfonos celulares, tres por portación de posibles drogas y uno más por obstaculizar el libre tránsito.

De acuerdo con la dependencia, dos de los detenidos ya contaban con antecedentes en el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo.

En uno de los incidentes, agentes ubicaron en la esquina de Francisco I. Madero y la Plaza de la Constitución a un menor de 17 años, señalado como responsable de sustraer un teléfono móvil.

Tras una revisión, se localizó el dispositivo y el joven fue puesto a disposición del Ministerio Público.

En otra acción, policías detectaron a una mujer y dos hombres en 20 de Noviembre y Venustiano Carranza que empujaban a asistentes para despojarlos de sus celulares.

Tras ser interceptados, se encontró un teléfono que una joven reconoció como suyo. Los detenidos, de 23, 26 y 35 años, fueron remitidos ante la autoridad.

La SSC también reportó el arresto de un hombre de 22 años que, además de un monedero robado, llevaba consigo 15 bolsitas con presunta marihuana.

En el mismo punto, una pareja fue detenida por sustraer un celular, y tras la verificación se confirmó que ambos contaban con ingresos previos al penal por robo en 2018 y 2019, además de que el sujeto tenía cuatro carpetas de investigación abiertas.

En la avenida de La República, agentes sorprendieron a un hombre de 42 años con seis cigarrillos de probable marihuana.

Además, durante el operativo para liberar las vías, un individuo fue arrestado en República de Perú y República de Brasil por impedir el paso al colocar objetos para apartar lugares de estacionamiento.

Finalmente, en la calle Independencia, fue detenido un hombre de 24 años que transportaba solventes y otros objetos posiblemente destinados a la inhalación.

Récord de asistencia y euforia en el Zócalo

El cierre de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour de Shakira en la Ciudad de México superó el récord de público de Los Fabulosos Cadillacs y consolidó a la cantante como la artista latina con mayor convocatoria para un evento musical al aire libre en el país.

El evento, celebrado el domingo 1 de marzo, reunió a fanáticos desde tempranas horas en la plancha principal y calles aledañas del centro histórico capitalino.

“Gracias a mi gran familia mexicana por hacer este sueño realidad. Te amo, México”, publicó Shakira en redes sociales tras el espectáculo.

Durante la noche, la intérprete colombiana ofreció un recorrido por sus éxitos y agradeció a quienes acamparon para obtener los mejores lugares.

“Tengo una mezcla de emoción, nostalgia y agradecimiento, es nuestro último día en México, mi casa”, expresó durante el concierto.

Un informe oficial atribuyó la muerte del oficial Miguel Cano de la Patrulla de Caminos de California al fentanilo tras un incidente en julio de 2025 en Culver City; el hallazgo, conocido casi ocho meses después, fue difundido por la oficina forense del condado de Los Ángeles, que determinó que el fallecimiento fue accidental y provocado por los efectos letales de este opioide sintético.

El caso mantiene abiertas diversas incógnitas, ya que las autoridades aún desconocen cómo Cano pudo haber ingerido una cantidad mortal de droga estando en servicio, según reportó Los Angeles Times.

La investigación actual, dirigida por la California Highway Patrol (CHP), avanza con la revisión detallada del informe forense. El comisionado Sean Duryee subrayó la obligación institucional de alcanzar conclusiones objetivas: “Debemos esto a la familia, a nuestro personal y al público. Estamos comprometidos con una evaluación completa y objetiva de los hechos”.

El funcionario añadió que, en respeto a los más afectados, la institución se abstendrá de especular o adelantar hipótesis antes del cierre de la investigación.

Hallazgo forense y contexto sobre la exposición al fentanilo

A pesar de que la exposición ocupacional al fentanilo generó temores extendidos entre los agentes del orden en Estados Unidos, reconocidos especialistas en toxicología señalan que el simple contacto físico con la sustancia no suele causar intoxicaciones fatales.

El doctor Daniel Colby, codirector médico del Departamento de Medicina de Emergencias de UC Davis Health, explicó a Los Angeles Times que la absorción cutánea del fentanilo solo es posible en condiciones específicas, como el uso prolongado de parches recetados.

“El fentanilo no puede ser absorbido por la piel con una exposición casual; eso no es cierto”, afirmó Colby. Añadió que incluso en los casos médicos, el proceso tarda horas y requiere preparados especiales.

Estos datos coinciden con el resultado preliminar de la propia CHP. Tras el accidente, la institución descartó inicialmente la intoxicación por exposición durante el operativo, señalando que ni el compañero de Cano ni el sospechoso arrestado presentaron síntomas de intoxicación por drogas.

Circunstancias del operativo y causa de la muerte

El suceso ocurrió después de que el agente Cano, de 34 años, egresado de la academia de la CHP en 2023, asistiera junto a su compañero a un control vehicular nocturno donde intervinieron a un conductor sospechoso bajo efectos de drogas en Culver City.

Durante ese procedimiento, Cano empleó Narcan, un aerosol nasal utilizado para revertir sobredosis de opioides, en el detenido. Al registrar el vehículo, incautaron un arma de fuego, presunta cocaína y parafernalia asociada al consumo. Análisis posteriores revelaron que entre las drogas había fentanilo.

Minutos después, mientras trasladaba al sospechoso detenido rumbo a la sede de la CHP en West Los Ángeles, Cano informó a su compañero que se sentía mal. El patrullero se desvió de la carretera y chocó contra un árbol. Cano fue trasladado de urgencia al Centro Médico de UCLA, donde se certificó su muerte a la 1:40 de la madrugada. Ni el oficial acompañante ni el detenido sufrieron lesiones graves.

Declaraciones institucionales y reacciones

La muerte de Cano constituyó el primer deceso de un miembro de la CHP en cumplimiento del deber desde el año 2020.

El gobernador Gavin Newsom calificó el hecho en una declaración difundida por Los Angeles Times como “una pérdida para el estado y la Patrulla de Caminos de California”. Cano deja una esposa y padres como deudos directos.

El comisionado Duryee recordó públicamente la entrega del agente, resaltando: “Estamos conmocionados por la pérdida del oficial Cano, quien entregó su vida sirviendo a la comunidad de California. Su dedicación, valentía y compromiso con la seguridad pública nunca serán olvidados”.

Avance de la investigación y dudas persistentes

Aunque el fallo forense establece el fentanilo como causa material del deceso, las circunstancias precisas de la exposición permanecen bajo análisis.

La CHP reiteró que la investigación sigue abierta y que no se tomarán decisiones hasta tener plena certeza sobre el desarrollo de los hechos.

La ruta del Pacífico volvió a ocupar la atención de las autoridades peruanas tras una operación en altamar que expuso la dimensión de las redes criminales que conectan Sudamérica con Norteamérica. A cientos de millas de la costa norte, una embarcación ligera cruzaba el mar sin artes de pesca ni señales de actividad comercial lícita. En su interior, oculto bajo capas de embalaje industrial, viajaba un cargamento que superaba las dos toneladas de cocaína.

El caso no se limita a un decomiso. Para los analistas en seguridad, el hallazgo confirma la proyección internacional de organizaciones mexicanas en territorio peruano. La información difundida por el consultor en seguridad integral y gestión de riesgos Pedro Yaranga sostiene que la presencia del Cártel de Jalisco Nueva Generación en el país se consolidó mediante alianzas estratégicas con grupos locales, más que por control directo de ciudades.

Según Yaranga, antes del abatimiento de su máximo líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, la organización ya contaba con redes que facilitaban rutas de exportación vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades ilícitas. El especialista indicó que la expansión no replicó el modelo de control territorial visible en México, sino que se apoyó en acuerdos con estructuras peruanas.

Intercepción en el límite marítimo

El programa Panorama informó que a 190 millas frente a las costas de Talara y Máncora, en el límite de las 200 millas marítimas del Perú, una embarcación ligera surcaba el océano con una carga incompatible con cualquier faena pesquera. En la nave se encontraron 2,4 toneladas de clorhidrato de cocaína distribuidas en compartimentos ocultos.

El operativo fue ejecutado por la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional y la Marina de Guerra del Perú. La intervención permitió interceptar la nave en aguas internacionales próximas al dominio marítimo peruano. Las autoridades señalaron que se trata del mayor decomiso en aguas peruanas de los últimos años.

Dentro de la lancha se hallaron 106 sacos de rafia blanca. Cada saco contenía 20 bloques compactos de cocaína. El patrón de embalaje repetía una secuencia precisa: rafia exterior, malla ajustada con ganchos y plástico transparente que envolvía los ladrillos prensados. El destino, según la investigación preliminar, se vinculaba con redes asociadas a “El Mencho”.

El general PNP (r) José Arturo Ludeña declaró: “Yo podría asegurar que esta droga estaba destinada para el cártel mexicano. En realidad, Sinaloa, Nueva Generación, algunos de los que están vigentes”. La hipótesis conecta el cargamento con estructuras como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Ruta Ecuador–Perú–Estados Unidos

Las investigaciones determinaron que la droga partió desde Ecuador por aguas internacionales. La embarcación ingresó luego a la zona marítima próxima al Perú, donde fue interceptada. El destino final del cargamento era Estados Unidos.

Los tres tripulantes registran antecedentes por tráfico internacional de drogas en distintos países, entre ellos Estados Unidos y Costa Rica. Pese a esas condenas previas, retomaron la ruta marítima con una carga valorizada en millones de dólares.

Pedro Yaranga sostuvo en sus redes sociales que la presencia del Cártel de Jalisco Nueva Generación en Perú se articuló mediante alianzas estratégicas con grupos criminales locales. Indicó que el objetivo principal fue asegurar rutas de exportación, tanto para el envío de cocaína como para el oro extraído de manera ilegal y otras economías ilícitas.

Emisarios en el Vraem y el Huallaga

Los órganos de inteligencia reportan la presencia de emisarios del CJNG en el Vraem y en el Huallaga, dos zonas clave para la producción de coca en el país. Estas áreas concentran laboratorios y pistas clandestinas utilizadas para el traslado de droga hacia la costa.

Además, no se descarta participación de representantes del cártel en la minería ilegal ubicada en la frontera entre Huánuco y Ucayali. En ese circuito se investiga el tráfico de mercurio utilizado para procesar oro de manera ilegal. En cada actividad ilícita, según Yaranga, existe colaboración de clanes familiares que facilitan logística y protección.

El especialista también mencionó reportes sobre la presencia de presuntos sicarios y emisarios del cártel en otros países de Sudamérica. En algunos casos, se difundieron videos para exhibir su presencia en territorio peruano.

Alianzas regionales y expansión

En Ecuador, el CJNG opera en coordinación con grupos locales como Los Tiguerones. Estas estructuras mantienen vínculos con organizaciones que actúan en Lima, especialmente en distritos como San Juan de Lurigancho, donde se detectó distribución y resguardo de laboratorios de droga.

Tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, las agencias de inteligencia consideran probable la aparición de disputas internas por el control de rutas internacionales. Uno de los puntos críticos se relaciona con la droga procesada en el Vraem y su traslado hacia los puertos del Pacífico peruano.

El decomiso frente a Talara y Máncora confirma la vigencia de esa ruta marítima. Cada bloque incautado forma parte de una estructura transnacional que enlaza producción, transporte y distribución en distintos países. La operación expone un esquema que combina alianzas locales, financiamiento internacional y corredores marítimos que conectan Sudamérica con México y, desde allí, con Estados Unidos.

A 190 millas frente a las costas de Talara y Máncora, en el límite de las 200 millas marítimas del Perú, una embarcación ligera surcaba el Pacífico con una carga que superaba cualquier apariencia de faena pesquera. No transportaba redes ni hielo para conservar pescado. En su interior viajaban 2,4 toneladas de clorhidrato de cocaína, distribuidas con precisión en compartimentos ocultos y cuyo destinatario sería la red del narcotraficante más buscado del mundo, el mexicano Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”.

El operativo, ejecutado por equipos de inteligencia de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional y la Marina de Guerra del Perú, permitió interceptar la nave en altamar. La cifra marcó el mayor decomiso de droga en aguas peruanas de los últimos años. Cada bloque prensado formaba parte de un engranaje mayor que apunta a organizaciones criminales de alcance internacional.

Los tres tripulantes no eran improvisados. Registros judiciales en distintos países los vinculan con condenas previas por tráfico internacional de drogas. Pese a antecedentes en Estados Unidos y Costa Rica, volvieron al mar con una carga valorada en millones de dólares, en una ruta que, según los investigadores, buscaba conectar Sudamérica con México y luego con territorio estadounidense.

La ruta y el cargamento

El punto de interdicción se ubicó en una zona estratégica. Según las autoridades, estas embarcaciones navegan “muy pegadito a nuestras doscientas millas”, de modo que, ante una persecución, solo necesitan cruzar a aguas internacionales para escapar de la jurisdicción peruana.

En la lancha se hallaron 106 sacos de rafia blanca. Cada uno contenía 20 bloques compactos de cocaína. El embalaje repetía un patrón: rafia exterior, malla ajustada con ganchos y plástico transparente envolviendo los ladrillos. Un agente fue retirando capa por capa hasta dejar al descubierto la sustancia ilícita.

El general PNP (r) José Arturo Ludeña sostuvo: “Yo podría asegurar que esta droga estaba destinada para el cártel mexicano. En realidad, Sinaloa, Nueva Generación, algunos de los que están vigentes”. La hipótesis enlaza el cargamento con estructuras como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, organización asociada a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

Tripulantes con antecedentes

Uno de los detenidos es Ramón Alfredo Catuto Tomala. El 21 de febrero de 2019 recibió una sentencia de ocho años de prisión por transporte y posesión de drogas para tráfico internacional. En 2021 solicitó extradición a Ecuador. Su salida anticipada no marcó un retiro del delito. Volvió al mar con toneladas de cocaína.

En la embarcación también viajaba Enrique Manuel Mero Mero, de 49 años, condenado en 2017 por un tribunal de Estados Unidos por tenencia de cocaína. El tercer tripulante, Martires Liborio Serrano Chiquito, fue capturado en 2018 en Estados Unidos con cinco kilos de cocaína y luego obtuvo su libertad tras un acuerdo de culpabilidad.

Para Ludeña, estos perfiles responden a una lógica operativa definida: “Son personas que conocen de estas travesías en alta mar y entonces son captadas por estas organizaciones y su trabajo es el de trasladar la mercancía hacia un punto determinado”. No se trata de pescadores sin experiencia, sino de navegantes que dominan rutas, tiempos y puntos de relevo.

La ingeniería de la narcolancha

La embarcación presentaba compartimentos ocultos en cabinas y baño. Un especialista en lanchas explicó: “No hay tanto espacio, pero si usted minuciosamente se sienta a levantar parte por parte, tiene mucho espacio”. Bajo asientos y paneles existían espacios diseñados para ocultar la carga sin alterar la apariencia exterior.

La potencia también formaba parte del plan. Según el general Ludeña, estas lanchas “pueden desarrollar fácilmente los más de cien kilómetros por hora”. Un experto añadió que con tres motores fuera de borda de 200 caballos cada uno, la nave alcanza 600 caballos de fuerza, lo que dificulta la persecución por patrulleras convencionales.

La magnitud del decomiso obligó al traslado aéreo de la droga. Más de diez agentes cargaron los sacos hasta una aeronave policial. La cifra, cercana a los 12 millones de dólares en valor estimado, revela la dimensión del envío y la estructura financiera detrás.

Las autoridades sostienen que la captura solo expone a los transportistas. Los financiadores y destinatarios permanecen fuera de alcance. La orden, según fuentes policiales, es identificar a quienes coordinan la operación desde México y otros puntos del continente.

Omar García Harfuch dio a conocer este miércoles que, resultado de vigilancia permanente del espacio aéreo nacional que mantiene la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a través de la Fuerza Aérea, y la Guardia Nacional, se detectó una aeronave clandestina en Oaxaca, misma que transportaba droga.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló que en el lugar se aseguraron 534 paquetes de cocaína, con un peso superior a media tonelada, que se traduce en millones de dosis de droga que sería comercializada en las calles.

Fue por medio de su cuenta de la red social X, que Harfuch dio a conocer la noticia, y copartió imágenes de la avioneta, así como de los paquetes de droga que fueron incautados.

Cabe destacar que apenas hace unos días, la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) dio a conocer que logró el más grande decomiso de cocaína en lo que va del 2026, al oeste de la Isla Clarión, a unos 700 kilómetros del México continental y ya fuera de la Zona Económica Exclusiva del país.

Según la Semar, en el operativo realizado en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos, fue interceptado un barco que transportaba 188 bultos grandes de cocaína, por lo que se estimó un cargamento de varias toneladas del psicotrópico.

En la acción fueron detenidas cinco personas, mismas que fueron puestas a disposición de la FGR para que se definiera su situación jurídica y se iniciara la carpeta de investigación correspondiente.

La operación se llevó a cabo con unidades de la Armada de México como de la Guardia Costera (USCG) y de la Fuerza Interagencial Conjunta del Comando Sur (JIATF-South) de los Estados Unidosde América, derivado de la cooperación bilateral para combatir actividades ilícitas en el ámbito marítimo.

La Marina agregó que el decomiso forma parte de las operaciones de vigilancia marítima que efectúa la Armada de México mediante el intercambio de información, con el fin de inhibir la acción delincuencial.

El personal de la Comisaría Séptima Metropolitana de la ciudad de Resistencia interceptó este martes a una joven de 21 años que intentaba ingresar estupefacientes ocultos en un paquete de leche en polvo destinado a un interno alojado en esa dependencia. El procedimiento se realizó durante la tarde, en el marco de los controles de rutina que se aplican a quienes entregan alimentos para los detenidos.

Según informaron las autoridades policiales citadas por Diario Chaco, el hecho ocurrió aproximadamente a las 16:45, cuando la mujer se presentó en la comisaría para llevar alimentos a un familiar privado de su libertad.

Al inspeccionar el paquete, los agentes detectaron diez pequeños envoltorios con una sustancia blanquecina, dentro del envase de leche en polvo, lo que activó los protocolos internos para el abordaje de casos de drogas.

Tras el hallazgo, el personal policial solicitó la intervención del Departamento de Consumos Problemáticos, organismo especializado en la detección y análisis de sustancias ilícitas. Los efectivos realizaron la prueba de campo, procedimiento habitual para identificar drogas en situaciones similares. El reactivo utilizado confirmó la presencia de cocaína, con un peso total de 1,4 gramos.

El episodio motivó la intervención inmediata de la Fiscalía Antidrogas N°2, que dispuso el secuestro de la sustancia y la aprehensión de la joven. La causa quedó bajo investigación por supuesta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes, normativa nacional que regula los delitos vinculados al tráfico y tenencia de drogas ilegales en el país.

Fuentes judiciales indicaron que la joven permanece a disposición de la Justicia, a la espera de su declaración indagatoria. El fiscal a cargo deberá determinar si existen otros implicados o si se trató de un hecho aislado. Hasta el momento, no trascendieron datos sobre la identidad de la detenida ni del destinatario del paquete.

Intentaron ingresar droga en una cárcel de Córdoba

Días atrás, la vigilancia en el control de ingreso de paquetes al complejo penitenciario de Bouwer en la provincia de Córdoba permitió frustrar un intento de introducir estupefacientes ocultos en limones.

El hecho ocurrió durante una inspección de rutina, en la que agentes del Servicio Penitenciario de Córdoba detectaron irregularidades en una partida de limones destinada a una persona privada de la libertad.

Según informaron fuentes oficiales, la alarma se encendió cuando los agentes notaron que varios limones presentaban cortes inusuales. Esta situación, considerada atípica por los encargados del área de requisa, motivó un examen más exhaustivo de los cítricos. Al abrirlos, el personal constató que los frutos carecían de pulpa y contenían en su interior envoltorios de nylon con diferentes sustancias, lo que confirmó la sospecha inicial de un intento de contrabando.

El procedimiento permitió secuestrar ocho “bolsitas” de nylon transparente con sustancia vegetal color verde amarronado, compatible con marihuana, y siete envoltorios con sustancia blanca pulverulenta, compatible con cocaína. Los elementos incautados fueron puestos de inmediato a disposición de la autoridad judicial competente, que dispuso las actuaciones correspondientes para determinar el origen y la eventual responsabilidad penal de los involucrados.

De acuerdo con lo informado por el medio local ElDoce.Tv, la investigación judicial quedó a cargo de la Fiscalía de turno, que ordenó peritajes sobre las sustancias secuestradas para confirmar su composición y peso. También se dispusieron medidas para identificar al remitente del paquete y a los posibles destinatarios dentro del penal. Por esto mismo, no se descartan nuevas actuaciones a partir del análisis de cámaras de seguridad y registros de entrega.

Todo el material incautado quedó bajo custodia de la Justicia Federal, que determinará en las próximas horas la derivación de la causa y la posible imputación de los responsables identificados.

En las primeras 72 horas de los operativos que coinciden con el inicio del Carnaval 2026, la Policía Nacional aprehendió a 817 personas en todo el país, en el marco del Plan Firmeza y del despliegue especial de seguridad.

De ese total, 417 fueron capturadas por oficio, 284 por faltas administrativas, 64 en flagrancia y 52 por microtráfico, reflejando el amplio espectro de intervenciones registradas durante los primeros días de celebración.

Las acciones incluyeron 159 diligencias de allanamiento, el decomiso de 10 armas de fuego, 50 municiones y $769 en efectivo, además de la incautación de 14 paquetes de droga. También fueron recuperados dos vehículos y un semoviente, como parte de las operaciones coordinadas a nivel nacional.

En materia de tránsito, la vigilancia se tradujo en 3,900 boletas colocadas, de las cuales 657 correspondieron a exceso de velocidad, 219 a luces inadecuadas, 122 a licencias vencidas, 164 a embriaguez comprobada y 44 a uso de celular mientras se conducía.

Un total de 519 vehículos fueron remolcados por grúas, evidenciando el énfasis en la seguridad vial durante los días de mayor movilidad.

Entre los casos relevantes, en la provincia de Colón fue detenido un individuo requerido por el Ministerio Público por su presunta vinculación con un delito contra la vida en la modalidad de homicidio.

El sospechoso fue identificado mediante el Sistema de Verificación Ciudadana (SVC) y trasladado ante las autoridades judiciales para los trámites correspondientes.

En el sector El Hueco, en Villa Lobos, corregimiento de Pedregal, unidades policiales hallaron 10 paquetes de presunta sustancia ilícita y cuatro armas de fuego, tras una alerta ciudadana.

Los sospechosos se dieron a la fuga al notar la presencia policial, dejando los indicios en el lugar, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

En Chiriquí, la Policía aprehendió a un sujeto requerido por delitos contra el patrimonio económico, incluyendo robo y estafa. En el Puesto de Control Integral de Guabalá fueron detenidas dos personas tras el decomiso de presunta droga, equipos tecnológicos y otros artículos.

Asimismo, en el corregimiento de Finca 30, distrito de Changuinola, fue capturado un hombre de 25 años requerido por el delito de maltrato al menor.

En el corregimiento de Calidonia, un hombre de 47 años fue detenido tras decomisársele presunta sustancia ilícita cuando intentaba ingresar al área de carnaval en la Cinta Costera.

La Policía mantiene un dispositivo integral en esa zona, con refuerzo en accesos, culecos y vigilancia aérea mediante drones, con el objetivo de garantizar el orden público.

Paralelamente al despliegue terrestre, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) asestó dos golpes al narcotráfico en las últimas 24 horas.

Más de 2.1 toneladas de presunta sustancia ilícita fueron decomisadas en operaciones estratégicas, reforzando el control marítimo y portuario.

Uno de los operativos más relevantes se produjo al sur de Isla Jicarón, en Veraguas, donde la Fuerza Aeronaval, en conjunto con el Ministerio Público, decomisó 1,263 paquetes de presunta droga y aprehendió a tres personas. La incautación se enmarca en las acciones de vigilancia en rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales.

En un segundo golpe, también en el contexto del Operativo Carnaval Seguro 2026, fueron incautados 936 paquetes de presunta droga ocultos en un contenedor procedente de Ecuador, localizado en el fondeadero del Pacífico.

El decomiso confirma la utilización de la vía marítima y portuaria para el tránsito de sustancias ilícitas, una modalidad que ha sido objeto de refuerzo en los controles.

Las cifras de incautaciones forman parte de un panorama más amplio. Durante 2025, Panamá registró decomisos que superaron las 90 toneladas de droga a nivel nacional, consolidando una tendencia de incremento en los últimos años.

El presidente José Raúl Mulino ha reconocido públicamente que el tráfico de droga a través del territorio panameño ha aumentado, lo que ha llevado al Gobierno a reforzar el pie de fuerza y las capacidades operativas de los estamentos de seguridad.

El Ejecutivo ha señalado que el incremento en decomisos responde tanto al aumento del tránsito ilícito como al fortalecimiento de la capacidad de interdicción.

Las operaciones conjuntas entre la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval y el Ministerio Público han sido ampliadas, especialmente en corredores marítimos y zonas portuarias estratégicas.

En el contexto de Carnaval, el componente de seguridad adquiere una dimensión adicional. La combinación de eventos masivos y tránsito internacional exige una vigilancia reforzada, tanto en áreas urbanas como en puertos y rutas marítimas.

Los recientes decomisos y capturas reflejan el alcance nacional del operativo, que abarca aire, mar y tierra.

Las autoridades han reiterado que los operativos continuarán durante el resto de las festividades. El despliegue integral busca contener delitos comunes y combatir estructuras vinculadas al narcotráfico, en un escenario donde el flujo de personas y mercancías se intensifica en todo el país.

Cinco dosis de hierba seca con las características propias de la marihuana, una dosis de polvo blanco con las características de la cocaína, tres teléfonos celulares, seis cargadores de celular, un cargador para radio, una memoria USB y cuatro cuchillos, fueron encontrados el pasado viernes en el penal de Aguarato, en Culiacán, Sinaloa.

Los objetos prohibidos fueron encontrados luego de que elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) implementaran una revisión de dos módulos del dicho centro penitenciario.

Los elementos del GOES y custodios penitenciarios, con el apoyo de una base de operaciones del Ejército Mexicano y otra de la Guardia Nacional, brindaron seguridad en la periferia del inmueble penitenciario, durante esta acción.

Las dosis de presunta droga y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales para que sean llevadas las investigaciones correspondientes.

Muere reo dentro de penal

Aunado a este hecho, durante la madrugada del mismo viernes, un reo murió en el Centro Penitenciario de Aguarato, en Culiacán. Así lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sinaloa.

Por medio de una tarjeta informativa que compartió en redes sociales, la dependencia de seguridad informó sobre lo sucedido.

En el mensaje se señaló que el fallecimiento del interno se registró en el área médica de dicho Centro Penitenciario.

De acuerdo con la SSP estatal, la persona privada de la libertad murió presuntamente a consecuencia de hipertensión e insuficiencia respiratoria de origen aún por determinar.

Por estos hechos, la Dirección del Centro Penitenciario notificó a la Fiscalía General del Estado que realizará investigaciones correspondientes para esclarecer con precisión las circunstancias del fallecimiento.

Además, se dio a conocer que se estableció contacto con la familia de la persona que perdió la vida, a quienes se les brindarán todas las facilidades necesarias para la realización de los trámites administrativos y legales conducentes.

Unidades especializadas de la Policía Nacional Civil (PNC) interceptaron una embarcación en la zona sur de la playa Toluca, en el departamento de La Libertad, logrando una de las incautaciones de droga más significativas de los últimos meses. De acuerdo con información divulgada por Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad, la operación permitió decomisar 13 bultos de cocaína, con un peso aproximado de 398 kilogramos y un valor superior a los $10 millones. El alijo estaba oculto entre instrumentos de pesca, siguiendo el patrón detectado en rutas que conectan Nicaragua, Guatemala y Estados Unidos.

Durante el procedimiento, las fuerzas de seguridad detuvieron a dos personas identificadas como Handy Yocimar Medina Gómez, de nacionalidad salvadoreña, y Carlos Roberto Quezada Orellana, guatemalteco-mexicano. Ambos serán puestos a disposición de las autoridades judiciales para enfrentar cargos vinculados al tráfico internacional de drogas.

La operación se desarrolló en horas de la madrugada, bajo condiciones de oscuridad y con el apoyo de equipos tácticos que lograron interceptar la lancha mientras se desplazaba en aguas del Pacífico. Las imágenes difundidas por las autoridades muestran a los capturados esposados y custodiados por agentes policiales, así como los paquetes de droga distribuidos sobre la superficie de la embarcación y en el muelle. El ambiente en el sitio del decomiso revela la presencia de efectivos fuertemente armados, chalecos antibalas y vehículos oficiales.

“En El Salvador no hay rutas para el narcotráfico”, reza la publicación que compartió el ministro Villatoro en su cuenta de X, donde informó sobre la incautación de droga.

El funcionario subrayó que el éxito de la operación se debió a la labor de las unidades especializadas y al monitoreo constante de la franja costera, una de las áreas más vulnerables al tráfico de estupefacientes en la región.

Villatoro añadió que, en lo que va de 2026, las autoridades salvadoreñas han incautado 2,815 kilos de cocaína, valorados en más de $70 millones. Según explicó, la estrategia se ha centrado en reforzar la vigilancia marítima y en la cooperación con otros países del área, con el objetivo de evitar que El Salvador vuelva a convertirse en corredor del narcotráfico. “Esto ejecutado en la zona costera del país, deja claro que El Salvador dejó de ser corredor del narcotráfico y hoy es una muralla firme en el Pacífico”, sentenció el ministro.

Récord de incautaciones en 2025

El 2025 marcó un hito en la lucha antidrogas en El Salvador, con cifras récord en decomisos de estupefacientes a lo largo del litoral y puntos fronterizos. De acuerdo con reportes oficiales y el seguimiento de medios nacionales, las autoridades confiscaron más de 7,000 kilogramos de droga durante el año, en su mayoría cocaína, superando ampliamente los registros de años anteriores. Los principales operativos se ejecutaron en los departamentos de La Libertad, Ahuachapán y Sonsonate, zonas identificadas como puntos clave en las rutas del narcotráfico internacional.

El fortalecimiento de la Fuerza Naval y la articulación entre la PNC, la Fiscalía General de la República (FGR) y agencias internacionales han sido determinantes para aumentar la capacidad de interdicción y respuesta rápida ante el tráfico ilícito. Además, se ha priorizado la inversión en tecnología de vigilancia marítima y aérea, sistemas de radares costeros y capacitación de personal en técnicas de abordaje y detección.

Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el corredor centroamericano, que incluye a El Salvador, continúa siendo estratégico para el traslado de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno salvadoreño ha reiterado en diversas ocasiones su compromiso de impedir que el país retome ese papel en el trasiego internacional de drogas.

Las recientes incautaciones confirman el endurecimiento de los controles y el impacto directo en las estructuras criminales que operan en la región. Tanto la administración de Nayib Bukele como el Ministerio de Justicia y Seguridad han declarado que la meta es mantener a El Salvador fuera de las principales rutas del narcotráfico y consolidar la imagen del país como un muro de contención en el Pacífico.

Un control realizado en el acceso al Complejo Carcelario N°2 de Cruz del Eje permitió identificar que un agente del Servicio Penitenciario de Córdoba intentaba ingresar al establecimiento con droga, disfrazada de embutido.

El procedimiento se activó cuando el personal penitenciario detectó que el guardiacárcel portaba un paquete con características inusuales y al inspeccionarlo detalladamente, constataron que los envoltorios estaban embalados y dispuestos en forma de “salamín”, lo que simulaba un producto alimenticio típico, pero en realidad ocultaba sustancias prohibidas.

La situación requirió la intervención inmediata de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que se dirigió al establecimiento penitenciario para llevar a cabo las pruebas de campo correspondientes.

Según informó el portal El Doce.tv, las pericias confirmaron el contenido ilegal de los envoltorios: se trataba de cocaína y marihuana, sustancias reguladas por la Ley Nacional 23.737, que establece las penas para delitos vinculados a estupefacientes en Argentina. El agente fue aprehendido en el lugar y quedó a disposición de la Justicia.

Tras la aprehensión, el Servicio Penitenciario de Córdoba emitió un comunicado oficial para remarcar que los controles de ingreso se aplican de forma estricta tanto a visitantes y proveedores como al personal propio de la fuerza. La institución subrayó que estas medidas buscan prevenir el ingreso de objetos prohibidos y sustancias ilegales en los establecimientos bajo su órbita.

En el comunicado, la autoridad penitenciaria manifestó que “el narcotráfico y el delito no admiten ningún tipo de tolerancia, mucho menos cuando se trata de faltas graves cometidas por quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad penitenciaria”.

Además de la causa judicial abierta por la infracción a la Ley 23.737, el expediente fue remitido al Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad, el organismo encargado de evaluar el comportamiento del personal de seguridad provincial. Según el organigrama vigente, este tribunal puede definir sanciones disciplinarias que van desde la suspensión hasta la exoneración del servicio.

El Complejo Carcelario N°2 de Cruz del Eje es uno de los principales centros de detención de la provincia de Córdoba y aloja a internos procesados y condenados por distintos delitos.

A principios del mes de octubre, en un hecho con similares características, la seguridad en el sistema penitenciario de Córdoba quedó expuesta tras el arresto de un guardia que intentó introducir elementos prohibidos al Establecimiento Penitenciario N.º 5 de Villa María.

El episodio ocurrió durante un control estándar que incluyó escáner de pertenencias y body scanner corporal, recursos clave en los procedimientos de prevención. El guardia adoptó una actitud evasiva, hecho que motivó una revisión minuciosa por parte de sus compañeros de turno.

Durante el control, los agentes hallaron dos envoltorios plásticos con una sustancia sospechosa y dos celulares ocultos entre las pertenencias del trabajador. El reporte fue elevado de inmediato a superiores, lo que derivó en la intervención de la FPA. Técnicos de la fuerza, mediante reactivos químicos, confirmaron la presencia de clorhidrato de cocaína. Aunque la cantidad exacta no se informó, las autoridades judiciales subrayaron la gravedad del intento de ingreso, calificado como delito según la legislación actual.

El guardia fue arrestado e imputado por tenencia de estupefacientes, según la ley vigente sobre drogas ilícitas. Desde el Servicio Penitenciario de Córdoba comunicaron la apertura de un sumario administrativo para determinar responsabilidades y eventuales sanciones.

El caso fue notificado a la Dirección de Prevención, la División de Investigaciones y la Fiscalía de turno, organismos que ahora avanzan con el análisis del hecho. La investigación busca establecer si el agente actuó junto a internos u otras personas ajenas al penal. Una de las líneas abre la posibilidad de vínculos con estructuras que operan desde las cárceles mediante celulares introducidos irregularmente.

La madrugada del 11 de enero marcó un punto de alerta en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Un método inédito quedó al descubierto en uno de los principales puntos de salida del país, con personas cubiertas por paquetes de ketamina adheridos al cuerpo, una modalidad que no figuraba en los registros de la Dirección Nacional Antinarcóticos. Según Panorama, el operativo reveló un esquema que buscó burlar los controles mediante la inmovilidad y el ocultamiento extremo.

El caso expuso una adaptación del negocio del tráfico de estupefacientes a la infraestructura renovada del terminal aéreo. Las organizaciones criminales apostaron por correos humanos cubiertos de droga, convertidos en “momias” por la rigidez del material adherido a la piel. El objetivo apuntó a sacar del país un sedante usado en la elaboración del llamado Tuzi, con destino a mercados donde su valor creció.

Las primeras horas del año ya mostraron señales de esta mutación del delito. Los agentes antidrogas activaron protocolos frente a un comportamiento que buscó pasar desapercibido. La escena ocurrió en áreas de check-in y control, con movimientos calculados y una separación estratégica entre los involucrados.

El hallazgo de las “momias” de ketamina

A las 9:46 de la noche, una pareja llegó en un vehículo oscuro al aeropuerto. Ella avanzó primero hacia los módulos de atención, pidió los boletos y realizó el trámite virtual con apoyo del personal. Todo respondió a una rutina común. Minutos después, con los pases de abordaje listos, ambos se separaron. El varón siguió rumbo a salidas internacionales; la mujer tomó otro trayecto.

Sin equipaje visible, el joven cruzó zonas internas del terminal. Detrás, los agentes de aduanas activaron al can detector. El pastor belga recorrió el área y se detuvo frente al sospechoso. Esa señal activó el control. El viajero quedó retenido y fue conducido a la zona de revisión.

El registro corporal dejó a la vista paquetes circulares fijados a la espalda, muslos y piernas. La inspección confirmó el método: droga adherida al cuerpo con precisión. En paralelo, la mujer fue intervenida cerca del check-in. La estrategia de división no surtió efecto. Los agentes completaron el procedimiento con ambos detenidos.

El rol de la captación y el destino de la droga

La investigación inicial identificó un esquema de reclutamiento. Una fuente explicó el mecanismo: “La fémina es la que se encarga de captar al varón a cambio de mil dólares más”. El incentivo económico buscó convencer a personas jóvenes a asumir el riesgo.

Durante el retiro de los paquetes, los agentes siguieron protocolos médicos y de seguridad. Un efectivo indicó: “Ya en este momento vamos a retirar los paquetes”. En el proceso, otro agente pidió calma a la intervenida: “Tranquila. Siéntate. Mucha presión está haciendo. Espacio, sácale”.

Sobre la mesa de control, el pesaje sumó cerca de cuatro kilos de ketamina en polvo. La investigación trazó la ruta prevista. Un vocero señaló: “Esta droga, esta ketamina, tenía como destino final Estados Unidos, donde es bastante consumida esta este tipo de droga”. El hallazgo configuró el primer caso documentado de traslado corporal de ketamina en el país.

La presencia canina funciona como detector biológico clave. Varias personas pasan por controles sin novedad; otras quedan retenidas para pruebas reactivas. Cuando el resultado marca positivo, el traslado a oficinas antidrogas ocurre de inmediato.

El récord del “Hombre Píldora” en 2026

En el mismo periodo, otro caso encendió las alertas. Un barbero de 27 años intentó salir del país con más de cien cápsulas de clorhidrato de cocaína en su interior. El itinerario incluyó escalas largas rumbo a Hong Kong. Tras la intervención, una radiografía confirmó la ingesta masiva. El joven recibió atención médica y expulsó las cápsulas bajo supervisión.

Una fuente explicó el método usado para viajes extensos: “Están utilizando medicinas, fármacos, para lograr que el cuerpo pueda tener ciertas horas en el interior antes de expulsarlas para poder llegar a este destino, como es Hong Kong, que es un destino largo”.

Ambos episodios quedaron registrados en la Dirandro y pasaron a disposición del sistema penitenciario. El inicio de 2026 mostró nuevas formas de traslado y un aumento del riesgo asumido por correos humanos, con el aeropuerto Jorge Chávez como escenario principal de detección.

El procedimiento se realizó en un local de Pavón al 1300, se enmarcó en un operativo de saturación organizado por el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, con la coordinación de la Agencia Gubernamental de Control (AGC). En el despliegue participaron efectivos de la División Despliegue Intervenciones Rápidas (DIR), la División Investigaciones Comunales 1 Sur y la División Canes, junto a inspectores de la AGC que inspeccionaron el local comercial y sus dependencias ocultas.

El allanamiento comenzó en el maxikiosco, que funcionaba como fachada para la actividad ilícita. En la parte trasera del comercio, los efectivos descubrieron una pensión sin habilitación, donde se alojaban al menos diez personas en condiciones precarias y fuera de toda normativa vigente. Según informaron fuentes del caso, la inspección de ese hospedaje fue clave para el hallazgo de la droga y la detención de los presuntos responsables.

Entre los detenidos se encuentra una mujer boliviana de 64 años que utiliza silla de ruedas. La habitación que ocupaba, la más cercana al maxikiosco, fue señalada por los perros entrenados para la detección de estupefacientes. Allí, los agentes hallaron una mochila con casi un millón de pesos, 928 dólares y recortes de bolsas de nylon, típicamente usados para envolver dosis de droga. Para los investigadores, la mujer sería la principal encargada de la operatoria, ya que la habitación era el primer objetivo marcado por los canes y desde allí se habría manejado parte de la logística del negocio.

El segundo detenido es un hombre paraguayo de 37 años que residía en una habitación del primer piso. En el entretecho de ese cuarto, los efectivos encontraron 441 dosis de cocaína junto a tres piedras sin fraccionar, sumando un peso de 230 gramos. Además, secuestraron una balanza de precisión y un cuchillo con restos de cocaína en la hoja, herramientas habitualmente utilizadas para el corte, pesaje y fraccionamiento de la droga que luego se comercializa en pequeñas dosis.

Durante la inspección de los pasillos y espacios comunes de la pensión, la Policía halló recortes de bolsas de nylon similares a los empleados para el empaquetado de estupefacientes. Los perros de la División Canes marcaron la presencia de droga en uno de los baños compartidos del pasillo, donde los efectivos encontraron una bolsa con 166 dosis de cocaína, oculta en la mochila de descarga del inodoro. El peso total de cocaína incautado ascendió a 280 gramos, distribuidos en 607 dosis y tres piedras sin fraccionar.

La Agencia Gubernamental de Control dispuso la clausura tanto del maxikiosco como de la pensión, tras constatar la falta de habilitación y varias infracciones a las normativas de seguridad y salubridad. La Unidad de Flagrancia Este, a cargo de Gustavo Pellicori, ordenó la detención de los dos sospechosos y el secuestro de la droga, el dinero y los teléfonos celulares hallados durante el operativo.

La investigación judicial continúa para determinar el alcance de la red desarticulada y la posible existencia de otros puntos de venta vinculados a los detenidos. El operativo se inscribe en una serie de acciones de saturación impulsadas por el Ministerio de Seguridad porteño con el objetivo de combatir el narcomenudeo y cerrar lugares de expendio ilegales en áreas consideradas vulnerables de la ciudad.

El Grupo Interinstitucional llevó a cabo este 25 de enero en Culiacán, Sinaloa, el aseguramiento de dos áreas de concentración de materiales químicos y la destrucción de un plantío de marihuana, de acuerdo con información difundida por las autoridades estatales y federales.

La operación, realizada en comunidades de la capital sinaloense, contó con la participación de elementos del Ejército Mexicano, asíc omo de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) a través de la Policía Estatal Preventiva (PEP).

En el marco de la Operación Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos, las fuerzas de seguridad localizaron dos áreas utilizadas para almacenar sustancias químicas.

Hallazgo de sustancias químicas por las autoridades en Culiacán, Sinaloa

Entre los materiales asegurados se encontraban 550 litros de acetona, 200 litros de thinner, 700 litros de alcohol etílico y 50 litros de metileno, además de 13 bidones, 5 tambos y 1 tina empleados para el manejo de estos compuestos.

Todo el material quedó bajo resguardo de la Fiscalía General de la República y fue destruido bajo los protocolos establecidos, según reportó el grupo de coordinación estatal.

Durante la misma jornada, en el poblado Los Brasiles, también en el municipio de Culiacán, se detectó y destruyó un plantío de marihuana de aproximadamente 150 metros de largo por 10 metros de ancho y 0.25 metros de alto.

Cantidad de marihuana asegurada en el operativo por Fuerzas Federales

Las autoridades incautaron cuatro bolsas de plástico con hierba seca, que en conjunto pesaban cerca de 24 kilogramos, y un bidón de 20 litros que contenía 12 kilogramos de semilla presuntamente de marihuana. La acción formó parte de los recorridos de vigilancia realizados en la zona rural del municipio.

Los materiales y plantas decomisados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, que coordinó su destrucción conforme a los protocolos legales vigentes. Las autoridades reiteraron que los operativos buscan “salvaguardar la seguridad de la sociedad sinaloense”, puntualizando la importancia de la denuncia ciudadana tanto al 911 para emergencias como al 089 para reportes anónimos.

Las acciones conjuntas del Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Sinaloa forman parte de la estrategia permanente contra el tráfico y la producción de sustancias ilícitas en el estado.

En la ciudad de San Francisco, ubicada en el departamento San Justo, en la provincia de Córdoba, un joven de 22 años protagonizó un accidente de tránsito: mientras era asistido, fue inspeccionado y terminó detenido con estupefacientes en su poder.

El episodio tuvo lugar en la mañana de este viernes en la esquina de Suipacha y Gobernador D. Agodino, en el barrio La Florida. El conductor, que se desplazaba en una motocicleta Honda Biz de 125 cc, impactó por motivos que se investigan contra un colectivo urbano manejado por una mujer de 38 años.

De acuerdo con la información oficial de la Policía de Córdoba, los agentes que llegaron al lugar notaron una actitud nerviosa en el motociclista, lo que llevó a realizar una inspección más rigurosa.

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron 14 envoltorios de clorhidrato de cocaína, además de tres teléfonos celulares y una suma de dinero. El monto incautado ascendió a ochenta mil novecientos cincuenta pesos.

Según el comisario inspector Pablo Nieto, del departamento San Justo, “el conductor de la motocicleta presentaba un estado de nerviosismo y una conducta evasiva con intenciones de irse del lugar, por lo que el personal policial procede a identificarlo y a palparlo. Entre sus prendas le encuentran estas catorce dosis que contenían una sustancia compatible con el cloruro de cocaína”.

Nieto detalló que, tras solicitar la cooperación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), se efectuó el test correspondiente, el cual dio positivo para cocaína.

Una vez constatada la presencia de la sustancia, el comisario indicó que se procedió a la aprehensión del hombre e incautaron la droga y los objetos encontrados. Todo el procedimiento fue puesto en conocimiento de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco, que interviene en la causa.

El joven, cuyo nombre no trascendió, quedó a disposición del magistrado interviniente tras ser trasladado a la sede policial. Tanto el vehículo como los elementos secuestrados fueron remitidos para continuar con las actuaciones judiciales.

Circulaban sin casco en Bariloche, los paró la Policía y descubrieron que transportaban droga

Durante un operativo llevado a cabo en el centro de Bariloche, dos jóvenes -uno de ellos menor de edad- fueron arrestados mientras circulaban en una motocicleta sobre la cual pesaba un pedido de secuestro por robo y transportaban drogas fraccionadas para su comercialización.

El procedimiento tuvo lugar la tarde del domingo en la calle España al 500, cuando personal de la Brigada Motorizada de Apoyo de la Unidad Regional III advirtió que ambos se desplazaban sin casco.

Según la Policía de Río Negro, el conductor trató de evitar la identificación y aceleró por España hasta llegar a la esquina con Libertad, donde giró en sentido contrario al tránsito y fue interceptado poco antes de cruzar San Martín.

Debido a esta maniobra, los efectivos detuvieron e identificaron a los jóvenes, uno de 18 años y el otro menor, y al revisar sus pertenencias, encontraron varios envoltorios con sustancias sospechosas. Con la intervención de áreas especializadas y pruebas químicas, se determinó que se trataba de cocaína y marihuana, ambas separadas en dosis individuales.

Diario Río Negro informó que durante el operativo se incautaron aproximadamente 3,5 gramos de cocaína y 7,6 gramos de marihuana, los cuales quedaron bajo resguardo y disposición de la Justicia Federal.

Al mismo tiempo, la policía verificó que la motocicleta presentaba pedido de secuestro por robo y circulaba con una patente apócrifa, lo que podría complicar aún más la situación legal de ambos.

El menor fue puesto a disposición del Juzgado de Menores, mientras que el conductor quedó alojado en la comisaría, enfrentando una causa federal por tenencia de estupefacientes y otra en la Justicia ordinaria por presunto encubrimiento.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó sobre la detención de dos hombres, uno de ellos de origen africano, por su presunta participación en el asesinato de una mujer en la alcaldía Cuauhtémoc.

Según reportes oficiales, la captura se realizó en el marco de una operación de investigación e inteligencia tras el hallazgo del cuerpo de la víctima el 20 de enero de 2026.

Operativo y detención en la colonia Morelos

Elementos de la SSC patrullaban la zona de Jaime Nuno y Palmas, en la colonia Morelos, cuando observaron a dos sujetos cuya apariencia coincidía con la descripción de los posibles responsables del homicidio.

Los policías detectaron que ambos manipulaban una bolsa de plástico negra y, al notar la presencia de los uniformados, los individuos intentaron alejarse rápidamente.

De acuerdo con la SSC, la intervención policial permitió detener a los sospechosos a pocos metros del lugar.

Tras solicitarles una revisión precautoria, hallaron 17 bolsitas con una hierba verde seca, con características similares a la marihuana, y 6 envoltorios con polvo blanco, posiblemente cocaína.

Relación con el homicidio de una joven

Las autoridades informaron que uno de los detenidos, el cual cuenta con 46 años de edad, declaró ser originario del continente africano. Además, informaron que la otra persona detenida tiene 48 años.

Ambos habrían participado en el traslado del cuerpo de la joven que fue encontrada sin vida el pasado 20 de enero.

El análisis de las cámaras de videovigilancia permitió identificar a los ahora detenidos por su vestimenta y características físicas.

La SSC puntualizó que la carpeta de investigación ya fue iniciada y que se trabaja en la identificación de otros posibles implicados.

Droga asegurada y presentación ante el Ministerio Público

Durante la revisión, los agentes aseguraron la bolsa negra con las sustancias encontradas. La cantidad de droga decomisada y la coincidencia con las imágenes de videovigilancia fortalecieron la hipótesis de la participación de los dos sujetos en el crimen.

Los detenidos fueron informados de sus derechos y quedaron a disposición del Ministerio Público, encargado de definir su situación legal.

Según los reportes de autoridades de la Ciudad de México, continúan con las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los detenidos en el homicidio de la joven, mientras la investigación sigue abierta para identificar a otros posibles participantes.

Medios locales han referido que en los videos donde se observa cómo trasladan a la joven sin vida habrían participado 4 personas, por lo que faltaría la localización de otros dos presuntos relacionados.

Datos relevantes de la nota

• Dos hombres fueron detenidos en la colonia Morelos, uno de ellos de origen africano, por su presunta implicación en el asesinato de una joven en la CDMX.
• La Secretaría de Seguridad Ciudadana decomisó 17 bolsitas con hierba seca y seis envoltorios con polvo blanco durante la detención.
• El análisis de videovigilancia permitió identificar a los sospechosos por su vestimenta y características físicas.
• Ambos detenidos permanecen bajo investigación del Ministerio Público.

Una de las playas más lindas de Lima es también escenario de una realidad que rompe con la imagen de descanso y verano. No es Cancún ni Miami Beach: la playa de aguas cristalinas y arena blanca que se encuentra a menos de una hora de la capital convive con dinámicas ilegales que avanzan sin freno. Bajo el sol intenso y frente al mar, el ocio comparte espacio con el miedo y la informalidad impuesta.

Durante la temporada alta, miles de personas llegan al sur de Lima en busca de tranquilidad. Casas de playa ocupadas, música, sombrillas y familias forman parte del paisaje habitual. Sin embargo, detrás de esa postal, emergen prácticas que alteran el uso libre de espacios públicos y colocan a los visitantes frente a cobros obligatorios y ofertas ilegales.

Un reportaje del programa Panorama expuso una situación que vecinos y veraneantes describen desde hace meses. Playas que parecen paraísos cercanos funcionan, en paralelo, como territorios controlados por grupos que fijan precios, delimitan zonas y deciden quién trabaja y quién no. Todo ocurre a la vista de todos, sin presencia constante de autoridades.

La investigación periodística muestra cómo estas dinámicas se normalizan entre quienes acuden al litoral. La falta de intervención efectiva convierte la arena y los accesos en espacios donde rige otra ley, marcada por la intimidación y el silencio forzado.

Playas bajo control de mafias

El informe identifica a una organización conocida como “Los Characatos” como la que ejerce dominio desde la playa Venecia hasta El Silencio. Según el reportaje, este grupo impone cobros a bañistas por estacionar vehículos en vías públicas o por ocupar determinados puntos de la arena, además de exigir pagos a comerciantes informales.

En uno de los registros audiovisuales, un sujeto deja clara la lógica de control territorial: “Ustedes alinéense, paguen su nota, ¿ya? Ustedes ya saben cuánto es por cabeza y chambeen tranquilos”. La frase resume el esquema que, de acuerdo con Panorama, se repite en varias playas del sur.

Los cobros no siempre siguen reglas claras. Visitantes relatan cambios de precio sin previo aviso y discusiones constantes. En una conversación grabada, un veraneante cuestiona el monto exigido y recibe una respuesta directa: “Acá se cobra diez soles”. Ante la consulta por autorización municipal, la réplica resulta aún más reveladora: “Somos particulares, nosotros”.

El control no se limita al estacionamiento. El alquiler de sillas, sombrillas y espacios en la arena también forma parte del negocio. Algunos bañistas denuncian engaños y aumentos repentinos. “Y me dijiste veinticinco con las dos sillas últimos, ¿sí o no? Y ahora, cuando recién me siento, ya me instalé, me dices cuarenta”, reclama un usuario en uno de los audios difundidos.

El dominical recoge testimonios que describen un clima de presión constante. Quien cuestiona o se niega al pago enfrenta respuestas intimidantes. “Diez soles es el parque”, insiste uno de los sujetos, mientras descarta cualquier intervención municipal.

La ausencia de fiscalización facilita que estas prácticas se mantengan. Los mismos actores delimitan zonas con objetos visibles y señalan hasta dónde llega cada puesto. “Todo este amarillo que está ahí, los míos”, afirma uno de ellos al explicar la división del espacio.

Venta de drogas frente al mar

Uno de los aspectos más graves del reportaje se relaciona con la venta de drogas. La investigación muestra cómo la marihuana se ofrece bajo la modalidad de delivery, incluso hasta la orilla del mar. El contacto se realiza con naturalidad, sin mayores reparos.

En uno de los diálogos grabados, un sujeto responde sin rodeos ante la consulta: “Claro, claro”. El precio también se menciona con total normalidad: “En diez soles”. En otra escena, la transacción se concreta mientras el vendedor explica el producto: “Está el otro bichito, lo va a mantener arriba”.

Panorama documenta cómo el mismo individuo que cobra por estacionar o alquila sillas participa en la venta de estupefacientes.

Otro testimonio refuerza la facilidad de acceso: “Dile, pues, nada más dile si hay cigarro natural”. Las referencias a distintos vendedores muestran una red conocida por quienes trabajan en la zona.

Sin presencia efectiva de autoridades

Vecinos y asistentes advierten sobre la falta de policías y personal municipal. La percepción de abandono se repite en cada playa visitada por el equipo periodístico. “La municipalidad no viene”, señala uno de los entrevistados, al explicar por qué los cobros se mantienen.

La organización criminal se presenta con un discurso de dominio absoluto. “Desde El Turri pa’ atrás y pa’ delante, toda esa zona la tenemos nosotros”, afirma uno de sus integrantes. La frase cierra una radiografía inquietante de playas que, pese a su belleza, enfrentan una realidad marcada por el avance del crimen organizado en espacios públicos.

Entre 2020 y 2025, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla reportó que el crimen organizado ha reclutado adolescentes en la entidad aprovechando ventajas legales que dificultan su procesamiento penal.

Al menos 245 menores de edad fueron detenidos en la entidad por posesión de drogas en ese periodo, principalmente marihuana, cocaína y metanfetamina.

El grupo más afectado corresponde a jóvenes de 14 a 17 años, aunque sólo 14 casos derivaron en vinculación a proceso, lo que representa un 5.7% del total.

Motivos del interés del narco en menores de edad

De acuerdo con datos oficiales consultados por El Sol de Puebla, el resto de los menores no enfrentaron proceso penal debido a la ausencia de elementos suficientes o a los beneficios jurídicos que otorga la ley para este sector de la población.

Éder Vásquez Espinosa, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), explicó a la misma fuente que los grupos delictivos eligen a adolescentes por las condiciones legales que los protegen.

“La última consecuencia para las conductas de los juveniles es la cárcel”, declaró el académico en entrevista con El Sol de Puebla. Vásquez detalló que el derecho penal juvenil prioriza la reinserción social sobre el castigo, por lo que existen marcos legales especiales para juzgar a niñas, niños y adolescentes.

Las cifras proporcionadas por la FGE muestran que 2022 registró el mayor número de detenciones, con 78 casos, seguido de 2020 con 50, 2021 con 40, 2023 con 36, 2024 con 26 y 2025 con 17.

Las cantidades de droga decomisadas varían considerablemente: desde poco más de un gramo de metanfetamina hasta casi un kilogramo en algunos casos. Aunque la mayoría de los detenidos son hombres, también se identificaron mujeres involucradas, aunque en menor proporción.

Entre los casos documentados, resalta el de una joven de 17 años que en 2025 fue sorprendida en la capital con 54 gramos de marihuana y no fue vinculada a proceso.

Menores de edad en posesión de droga

En 2024, una adolescente de 15 años fue encontrada con poco más de 9 gramos de metanfetamina en Cuautlancingo. Otro hecho relevante ocurrió el año pasado en San Andrés Cholula, donde un joven de 17 años sí fue vinculado a proceso tras ser hallado con casi 5 gramos de metanfetamina.

Según explicó Éder Vásquez, existen diversos factores que inciden en el reclutamiento de menores por el crimen organizado, como la desintegración familiar, la ausencia de figuras parentales y la falta de prevención.

El especialista apuntó que conductas normalizadas como fumar a temprana edad, consumir vapeadores o ingerir alcohol en el entorno familiar pueden incidir en la vulnerabilidad de los adolescentes. “Aunque parecieran bromas, tienen consecuencias”, afirmó en declaraciones para El Sol de Puebla.

Causas detrás de esta vulnerabilidad

El profesor de la UPAEP añadió que existen alternativas al encarcelamiento para los menores, entre ellas el criterio de oportunidad, que permite a la Fiscalía y al Ministerio Público ofrecerles la posibilidad de evitar la prisión si colaboran con información o acceden a tratamientos en caso de dependencia a sustancias.

También mencionó los centros de integración juvenil como espacios para ayudar a quienes presentan adicciones, siempre bajo la supervisión de revisiones periódicas para evaluar el cumplimiento de los acuerdos.

El informe de El Sol de Puebla subrayó que los grupos delictivos aprovechan los beneficios jurídicos que protegen a los adolescentes, quienes, pese a incurrir en delitos relacionados con drogas, suelen ser considerados víctimas del sistema y no criminales consumados.

Para abordar este fenómeno, Éder Vásquez recomendó fortalecer la cooperación entre familias, sociedad y autoridades, así como crear normas más robustas que dificulten el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, informó este sábado sobre la incautación de 3,2 toneladas de droga en una operación realizada con el apoyo de Estados Unidos. Hasta el momento, no detalló el tipo de sustancia ni la fecha exacta en la que se llevó a cabo el decomiso.

El anuncio se produjo tras una reunión del gabinete encabezada por el presidente Daniel Noboa en el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo en Quito. Reimberg recordó que el mandatario convocó al bloque de seguridad el viernes y destacó que la incautación es resultado de la cooperación bilateral.

“Hemos tenido una incautación de 3,2 toneladas de droga, esto lo trabajamos con Estados Unidos”, señaló el ministro. La Presidencia de Ecuador informó este sábado que en Guayaquil se realizó una revisión masiva de contenedores, lo que permitió la incautación de la droga. No se precisaron las fechas exactas de la operación.

Sumado al reciente decomiso, el jueves pasado, un amplio despliegue de policías y militares efectuó inspecciones exhaustivas en los puertos de la ciudad costera, considerada uno de los principales focos del crimen organizado en el país.

Con perros antidrogas, los agentes recorrieron los contenedores y zonas próximas al puerto, mientras se controlaban los camiones desde su ingreso al área portuaria para supervisar “todas las etapas del proceso de exportación”, según explicó el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

Las inspecciones en los puertos de Guayaquil se realizaron en un contexto de creciente avance del crimen organizado y expansión de actividades ilícitas, lo que llevó a que las terminales operadas por empresas privadas refuercen sus medidas de seguridad.

Ubicado entre Colombia y Perú, los principales productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se consolidó en los últimos años como un punto clave para el tráfico de drogas, principalmente con destino a Europa y Norteamérica.

Durante la reunión del gabinete celebrada este sábado, el ministro del Interior, John Reimberg, informó que en la provincia de Los Ríos fue desarticulada una estructura completa del grupo delictivo conocido como Los Choneros AK47, señalado como responsable de más de 21 muertes en esa zona.

Por su parte, el ministro Loffredo, detalló que cerca de 10.000 militares fueron movilizados a las provincias más conflictivas del país, entre ellas Los Ríos, Manabí y Guayas, con especial atención a la ciudad de Guayaquil.

Loffredo indicó que se ha puesto en marcha una nueva fase de la estrategia de seguridad, con un enfoque más ofensivo, para responder de manera contundente a las amenazas del crimen organizado. En ese sentido, recordó que el alto mando militar fue desplazado a Guayaquil para tomar decisiones directamente desde el territorio.

Desde 2024, Ecuador se encuentra bajo un estado de “conflicto armado interno”, declarado por el presidente Daniel Noboa con el objetivo de intensificar la lucha contra los grupos delincuenciales, catalogados oficialmente como “terroristas”. A pesar de la medida, el año 2025 finalizó con un récord de homicidios en el país, alcanzando alrededor de 9.300 casos, según datos del Ministerio del Interior.

(Con información de EFE)

El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 15 años de prisión a tres ciudadanos ecuatorianos por traficar un millonario cargamento de cocaína, según publicó la Fiscalía General de la República (FGR) en sus redes sociales.

Los condenados son Yhonny Perfiliano Mero Mero, Manuel Orlando Cuevas Delgado y Diego Fabián Velásquez, quienes fueron detenidos en febrero de 2025, cuando la Marina Nacional los interceptó en aguas territoriales salvadoreñas. Al percatarse de la presencia de las autoridades, los ecuatorianos lanzaron los paquetes de droga al mar, amarrados con boyas de navegación.

Los análisis posteriores realizados al cargamento revelaron que se trataba de 1,535 paquetes de cocaína; el valor comercial de la droga incautada asciende a $38.589,900.

La detención tuvo lugar al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque, municipio de La Paz Centro.

El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, presentó en aquel momento a los ecuatorianos, que fueron recibidos en el Puerto de La Unión. La detención de los extranjeros despertó el interés nacional, luego que el presidente de la República, Nayib Bukele, publicó sobre el operativo en marzo de 2025.

“Nuestra Marina Nacional ha dado un nuevo golpe al narcotráfico internacional, interceptando una embarcación a 600 millas náuticas (1,111 kilómetros) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo”, escribió el mandatario en su cuenta de la red social X.

El balance de 2025

En el balance presentado a principios de enero de este año por el Gabinete de Seguridad Ampliado sobre el trabajo de 2025, destaca la incautación de 25 toneladas de diferentes tipos de droga, la cifra más alta registrada en la historia del país.

Durante la presentación de los resultados, el ministro de la Defensa aseguró que este volumen supera en casi ocho toneladas el decomisado en 2024, con un incremento específico de 7.7 toneladas. La mayor parte de la sustancia incautada corresponde a cocaína, cuyo valor en el mercado negro supera los $620 millones.

Las autoridades precisaron que 22.5 toneladas de droga fueron interceptadas en alta mar a través de 16 operaciones de la Marina Nacional, lo que representa más de $563 millones en pérdidas para las estructuras del narcotráfico. El funcionario destacó que algunas incautaciones tuvieron lugar a más de 1,125 millas náuticas de la costa salvadoreña, equivalentes a más de 2,000 kilómetros, lo que consolida al país como un referente internacional en combate al narcotráfico marítimo.

En este contexto, los funcionarios también mencionaron que en 2025 se logró la captura de 6,584 terroristas, junto con importantes incautaciones.

El Gabinete de Seguridad subrayó que estas acciones no solo impiden que El Salvador sea utilizado como punto de recepción o distribución de droga, sino que también afectan directamente la seguridad interna al debilitar financieramente a las organizaciones criminales.

Las autoridades atribuyeron estos resultados a la coordinación entre la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República, así como al respaldo político del presidente Bukele, quien ha reiterado su compromiso de mantener el combate al narcotráfico como eje central de la estrategia de seguridad nacional.

El hecho se produjo en un contexto de vigilancia reforzada dentro de los penales del norte, donde el ingreso de visitas y encomiendas se encuentra bajo estricta supervisión. Las autoridades penitenciarias sostienen que estos controles buscan frenar el ingreso de drogas y otros objetos prohibidos que suelen alimentar redes delictivas al interior de los recintos.

El caso también se conecta con una estrategia más amplia del sistema penitenciario, que combina controles tecnológicos, acciones disciplinarias y traslados de internos considerados de alta peligrosidad. Desde el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se insiste en que estas medidas responden a una política orientada a reducir la criminalidad organizada y los delitos que se planifican desde prisión.

Droga camuflada en alimentos dentro del penal de Picsi

Los agentes del INPE intervinieron a Elizabeth Carol Rivera Calderón, de 27 años, cuando pretendía ingresar alimentos durante su visita al penal de Picsi. Según la información oficial, la mujer llevaba dos envases con carne guisada que levantaron sospechas tras pasar por el detector de rayos X. El equipo permitió advertir formas irregulares en el interior de los recipientes.

La revisión detallada confirmó la presencia de once paquetes envueltos en cinta negra, ocultos dentro del guiso. Las autoridades precisaron que el contenido correspondía a pasta básica de cocaína. De acuerdo con el reporte penitenciario, los envoltorios tenían como destino al interno Wilder Ramírez Villalobos, recluido en el pabellón cinco del régimen cerrado ordinario y sentenciado por el delito de robo agravado.

El INPE informó que “gracias al detector de rayos X se hallaron los productos ilícitos, que iban a ser entregados a su conviviente”. Tras el hallazgo, el personal penitenciario dio aviso al Ministerio Público y puso a la intervenida a disposición de la Policía Nacional del Perú para las diligencias de ley, conforme a los protocolos establecidos.

Desde la institución penitenciaria se recordó que “intentar ingresar productos o sustancias ilícitas a los penales tiene una pena de hasta 20 años de prisión”. Esta advertencia forma parte de las campañas dirigidas a las visitas de los internos, con el fin de disuadir conductas que agravan su situación legal.

Controles y advertencias del sistema penitenciario

El caso registrado en Chiclayo se suma a otros intentos de ingreso de drogas bajo modalidades similares, según reconocen fuentes del sistema penitenciario. El uso de alimentos preparados como medio de ocultamiento representa un desafío constante para los controles, motivo por el cual el INPE refuerza el uso de tecnología y la capacitación del personal.

Las autoridades penitenciarias insisten en que cualquier irregularidad detectada durante las visitas activa procedimientos inmediatos. Estos incluyen la retención de los objetos, la intervención de la persona involucrada y la coordinación con las autoridades judiciales y policiales. El objetivo central apunta a evitar que las drogas circulen dentro de los penales y fortalezcan economías ilegales internas.

Traslados de internos de alta peligrosidad a Ancón I

En paralelo a los controles en los penales del norte, el INPE ejecutó un operativo de traslado de internos considerados de alta peligrosidad hacia el pabellón de extrema seguridad del Establecimiento Penitenciario Ancón I. Esta acción se enmarca en la política de gobierno liderada y supervisada por el presidente de la República, José Jerí, orientada a la lucha frontal contra las extorsiones.

El operativo contó con la coordinación del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, y del presidente del INPE, Iván Paredes Yataco. Este último informó que el traslado se desarrolló con éxito y que 55 internos ingresaron al régimen de extrema seguridad. Según precisó, dicho régimen contempla solo dos horas de patio al día, visitas estrictamente limitadas y una supervisión permanente por parte de personal penitenciario especializado.

Iván Paredes Yataco señaló que entre los trasladados figuran integrantes de organizaciones criminales como “Los malditos de Castilla”, “Los cogoteros de Chiclayo”, “Los injertos del norte” y “Los Patecos”, todas vinculadas a delitos que afectan la seguridad ciudadana.

Procedencia de los internos y balance anual

Los internos trasladados proceden de diversos establecimientos penitenciarios del país. Diez llegaron desde Piura, diez desde Chiclayo, trece desde Trujillo, dos desde Cajamarca y veinte desde penales ubicados en Lima. Todos se encuentran en condición de procesados o sentenciados por delitos como extorsión, sicariato, robo agravado y organización criminal. El operativo contó con la custodia del Grupo de Operaciones Especiales del INPE.

Durante el año 2025, el sistema penitenciario registró el traslado de 2 793 internos a nivel nacional. De ese total, 707 correspondieron a movimientos realizados por razones de seguridad penitenciaria, como parte de las acciones estratégicas orientadas a prevenir y neutralizar actos delictivos que puedan organizarse desde el interior de los establecimientos.

El INPE sostuvo que estas medidas buscan fortalecer el control y la disciplina en los penales del país, en coordinación con las autoridades del sector Justicia, dentro de una estrategia sostenida contra la criminalidad y la extorsión.

Fuentes federales confirmaron a Infobae México la destrucción de más de tres millones de plantas de amapola en el estado de Nayarit, en lo que representa uno de los mayores golpes al CJNG y la producción de narcóticos en la región.

Entre el 8 y el 10 de enero, elementos de la Décima Zona Naval desplegaron operativos en las inmediaciones de la localidad de San Rafael, municipio Del Nayar. En ese lapso, el personal naval localizó y erradicó 32 plantíos de amapola que cubrían una superficie de 111.400 metros cuadrados.

Durante estas acciones, la Armada procedió a destruir alrededor de 726 mil 950 kilogramos de plantas. Los plantíos eran utilizados para la producción de opio, materia prima de varias drogas ilegales que tienen alta demanda internacional.

La Secretaría de Marina subrayó que esta intervención forma parte de una estrategia nacional que busca frenar tanto la fabricación como la distribución de drogas.

El cultivo de la amapola y sus implicancias

La amapola ha marcado el desarrollo de diversas regiones por su papel en la producción de opio, una sustancia utilizada como base para la elaboración de drogas como la heroína.

El cultivo de Papaver somniferum, nombre científico de la planta, se extiende en áreas rurales donde las condiciones climáticas y sociales favorecen su proliferación. El principal peligro asociado a la amapola reside en su transformación en sustancias que generan adicción y daño social. Estas zonas suelen experimentar un incremento en la presencia de grupos dedicados al narcotráfico, lo que influye en la seguridad y la economía local.

El proceso que convierte el látex de la amapola en opio requiere técnicas específicas que muchas veces involucran a comunidades vulnerables. La obtención de la resina se realiza a partir de incisiones en la cápsula de la flor, y ese extracto contiene alcaloides potentes. La manipulación y el tráfico de estos derivados generan disputas territoriales y conflictos armados, afectando a familias y desplazando a comunidades enteras. El comercio ilegal de opio representa una fuente de ingresos significativa para organizaciones criminales, lo que dificulta la erradicación del cultivo y agrava problemas estructurales en los países involucrados.

Impacto en la salud y riesgos sociales

El consumo de opioides derivados de la amapola produce efectos inmediatos sobre el sistema nervioso, con un alto potencial de adicción. El uso prolongado puede llevar a la dependencia física y psicológica, así como a sobredosis fatales. La heroína, uno de los productos más conocidos obtenidos a partir del opio, se asocia con el aumento en los índices de mortalidad.

El impacto social trasciende el ámbito de la salud. La amapola se vincula con la desintegración familiar, el aumento en la criminalidad y la pérdida de oportunidades educativas y laborales para la juventud en regiones productoras. Las autoridades de distintos países han implementado campañas de erradicación y programas de sustitución de cultivos, pero la demanda internacional de opioides mantiene vigente el desafío de combatir los efectos nocivos de esta planta

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) subrayó que, aunque el propósito del acusado hubiera sido huir, el hecho de que conociera que agredía a agentes de la autoridad cumplía con el requisito legal para considerar su acción como delito de atentado. Según informó Europa Press, el tribunal confirmó así la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Cádiz al piloto de una embarcación deportiva interceptada en 2024 cerca de las costas de Cádiz, quien transportaba 100 kilos de hachís y actuó de manera violenta durante la persecución y su detención.

El incidente se produjo después de que un helicóptero del Servicio de Vigilancia Aduanera detectó y siguió al barco dirigido por el acusado y un acompañante. Al notar la presencia de la patrullera que llegó guiada por la aeronave, ambos ocupantes comenzaron a lanzar al mar varios sacos de color azul que contenían la droga, la cual fue luego recuperada, de acuerdo con la sentencia recogida por Europa Press. En ese momento, el piloto dirigió su embarcación hacia la costa a gran velocidad, desoyendo las órdenes visuales y sonoras de alto que le indicaba la patrullera.

El medio Europa Press detalló que, durante la persecución, el acusado ejecutó maniobras bruscas de cambio de rumbo y velocidad para evitar que la patrullera pudiera alcanzarlo, lo que forzó también a la embarcación oficial a realizar giros arriesgados y maniobras de evasión para no colisionar. Aun así, en un primer choque, la lancha pilotada por el acusado impactó contra uno de los motores de babor de la patrullera.

Según publicó también Europa Press, posteriormente el acusado realizó un giro repentino a estribor y disminuyó la velocidad, lo que provocó que el patrón de la patrullera no pudiera evitar una nueva colisión, esta vez contra la aleta de babor de la lancha, quedando ambas embarcaciones contiguas por estribor. Tras este segundo impacto, el acusado se lanzó al agua y trató de nadar, intentando alejarse de los funcionarios, pero cuando comenzó a hundirse pidió auxilio.

Europa Press informó que dos agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera intervinieron para rescatarlo. Mientras era sacado del agua, el acusado mordió con fuerza el dedo meñique de uno de los funcionarios. La sentencia consignada por Europa Press explica que esta acción se consideró un ataque directo contra la autoridad.

La Audiencia Provincial de Cádiz condenó al piloto a ocho años de prisión: cuatro años por un delito contra la salud pública relacionado con el tráfico de drogas y otros cuatro por atentado a agente de la autoridad. Además, el tribunal impuso una multa por delito leve de lesiones debido a la mordedura al funcionario.

El condenado interpuso un recurso ante el TSJA argumentando que sus acciones no implicaron una voluntad deliberada de atacar a los agentes y que la agresión se habría producido en el contexto de maniobras evasivas para evitar la detención, lo cual, según su defensa, no debería enmarcarse como delito de atentado. También alegó que los choques entre las embarcaciones se originaron en el intento de eludir la captura, lo que a su parecer constituye un acto de autoencubrimiento impune.

El TSJA, tal como indicó Europa Press, desestimó todos los argumentos de la defensa y ratificó la sentencia previa. El tribunal recordó la jurisprudencia vigente, que establece que no se requiere un propósito específico o voluntarista de atacar a la autoridad, sino que basta con que se sepa que la persona contra la que se dirige la agresión es una autoridad o actúa en calidad de tal. Según el TSJA, el conocimiento del carácter de la víctima como agente de la autoridad es suficiente para que se configure el dolo exigido en el delito de atentado, aunque el motivo de la acción haya sido simplemente la huida.

De acuerdo con la resolución, el hecho de lanzar la droga al mar evidenció la intención de deshacerse del alijo ante la inminente detención y que todas las maniobras ejecutadas para evitar la interceptación supusieron un peligro adicional tanto para los agentes como para la navegación. Europa Press también informó que los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera debieron realizar maniobras arriesgadas para intentar evitar colisiones, y que la negativa del piloto a detenerse contribuyó a elevar el riesgo de la operación.

La confirmación de la sentencia por parte del TSJA mantiene en vigor tanto la pena de prisión como las sanciones económicas y refuerza el criterio previo de la Audiencia Provincial de Cádiz, según el cual los hechos constituyen delitos contra la salud pública y de atentado a agentes de la autoridad, sin que la motivación de intentar huir pueda eximir al acusado de responsabilidad penal por la agresión a los funcionarios en el ejercicio de sus funciones.

En el terminal portuario de Paita, la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Piura incautó más de 39 kilos de alcaloide de cocaína. El cargamento estaba dentro de una caja metálica adherida al casco externo de un buque procedente de Colombia. La intervención se realizó en la zona subacuática de la embarcación, con apoyo de buzos de la Marina de Guerra y personal de aduanas. La caja, de aproximadamente un metro de largo, fue retirada de la popa y trasladada para verificación inmediata.

La alerta se originó por información de inteligencia. Las autoridades activaron un operativo conjunto y se concentraron en un punto específico del casco. Dentro del compartimiento se encontraron 30 paquetes tipo ladrillo. Las pruebas de campo confirmaron alcaloide de cocaína. Según información policial, el cargamento tenía como destino Europa y utilizaba el puerto de Paita como punto de salida dentro de una ruta asociada a organizaciones internacionales de narcotráfico. No se registraron detenidos. El Ministerio Público informó que las investigaciones continúan.

Voceros policiales señalaron que el seguimiento del buque comenzó desde su ingreso a aguas peruanas. Un jefe operativo explicó el rol de la cooperación internacional. “Utiliza técnicas especiales de investigación y ya se coordina con la policía colombiana, con la DEA, con otros organismos internacionales que se dedican a, a combatir este delito. Entonces, se obtiene información en tiempo real, información privilegiada que nos permite neutralizar este tipo de cargamentos”, señaló durante la presentación del caso.

Las autoridades precisaron que la droga no estaba dentro de contenedores comerciales. El sistema de ocultamiento se colocó en el exterior del casco, en una zona próxima a ductos metálicos. Este método evitó controles ordinarios y exigió una inspección técnica subacuática. La estructura metálica contenía los paquetes en posición fija, sin contacto directo con áreas de carga regular.

Operativo y confirmación del cargamento

Durante la intervención, personal especializado extrajo uno de los paquetes para prueba de campo. Un oficial describió el resultado: “De manera aleatoria se está extrayendo uno de ellos para hacer la prueba de campo correspondiente. Realizada la prueba de campo, este da una coloración azul turquesa, positivo, presuntivo para alcaloide cocaína”. La verificación permitió confirmar la composición del material incautado.

La Policía Nacional informó que el envío tenía como destino el puerto de Róterdam, en los Países Bajos. Informes técnicos señalaron que en ese mercado el valor por kilo alcanza montos elevados. Durante la exposición del caso, se destacó el impacto económico del cargamento. En la transmisión televisiva vinculada al operativo se indicó que “el valor de lo incautado asciende a más de un millón de dólares”.

Método de ocultamiento y ruta internacional

El jefe de la Dirección Antidrogas describió el mecanismo utilizado por la organización criminal. “Utilizan un contenedor metálico, también imanes del tamaño de latas de atún y un pegamento especial, una silicona no soluble al agua, para adherirlo fijamente en el metal del barco, en este caso, eh, el ducto de la embarcación, del ducto de entrada de ventilación de la embarcación. Ahí va, ahí viaja y luego, al llegar al país destino, una vez que la embarcación acodera, vienen buzos de la organización criminal transnacional en lanchas, se sumergen al agua y inmediatamente extraen este contenedor metálico y se llevan la droga consigo”, explicó.

Fuentes policiales indicaron que este método se utiliza para evadir controles aduaneros internacionales. “La policía precisó que este modus operandi no es nuevo y se emplea para evadir los controles aduaneros internacionales”, señaló el informe difundido tras la intervención.

El Ministerio Público mantiene bajo custodia los paquetes incautados y desarrolla diligencias orientadas a identificar a los responsables, así como los vínculos de la red que opera en rutas marítimas internacionales.