Un nuevo hallazgo de droga dentro de una cárcel vuelve a encender las alertas sobre los mecanismos de ingreso de sustancias prohibidas. Esta vez, agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) detectaron envoltorios de pasta básica de cocaína escondidos dentro de un juguete de Hello Kitty en el penal de Chiclayo.

La intervención se realizó durante una requisa en las cuadras 5 y 6 del pabellón 3 del Régimen Cerrado Ordinario. Durante la inspección, los agentes revisaron distintos ambientes del recinto, incluidos los servicios higiénicos, donde se produjo el hallazgo.

Según la información oficial, el peluche se encontraba dentro de un balde y ocultaba pequeños paquetes con droga, lo que evidencia nuevas formas de ingreso de sustancias ilegales al interior de los penales.

Además del jueguete, se decomisaron otros objetos prohibidos como encendedores, tijeras, motores de ventilador, cables y una polea artesanal. Todos estos elementos representan un riesgo para la seguridad dentro de la cárcel, donde los internos pueden utilizarlos para actividades ilícitas o para vulnerar el control penitenciario.

Tras el hallazgo, las autoridades penitenciarias comunicaron el hecho a la comisaría de Pícsi para iniciar las diligencias correspondientes.

Un antecedente reciente en el mismo penal

Este caso no es aislado. Apenas un mes antes, el 30 de marzo, en el mismo penal de Chiclayo, se realizó otra requisa que también terminó con la incautación de droga y objetos peligrosos.

En ese operativo, desarrollado durante la noche, participaron 35 agentes penitenciarios y 188 efectivos de la Policía Nacional, incluyendo unidades especializadas antidrogas y caninas.

Durante la intervención en el pabellón 3, se hallaron dos bolsas con 50 envoltorios de una sustancia con características de pasta básica de cocaína, así como 30 envoltorios tipo “ketes” con restos de vegetal molido.

Además, los agentes encontraron armas punzocortantes, cuchillos hechizos, pipas artesanales y herramientas, lo que evidenció el nivel de riesgo dentro del recinto.

En el pabellón 1, también se descubrió una memoria USB escondida dentro de una zapatilla, lo que muestra que los intentos de ocultamiento no se limitan solo a la droga, sino también a otros objetos prohibidos.

Estos antecedentes reflejan una constante: el ingreso y ocultamiento de artículos ilegales dentro de la cárcel, pese a los operativos de control.

Cambio en el INPE en medio de crisis penitenciaria

En paralelo a estos operativos, el sistema penitenciario atraviesa una etapa de cambios. Jorge Cotos Ochoa asumió la jefatura del INPE el pasado 8 de marzo de 2026, en un contexto marcado por cuestionamientos al control de los penales.

A pocos días de su designación, encabezó su primer operativo en el penal de Trujillo, donde agentes realizaron una requisa en un pabellón con más de 200 internos. Durante esa intervención se incautaron armas punzocortantes y se detectaron conexiones eléctricas clandestinas.

Posteriormente, el funcionario recorrió otros establecimientos, incluyendo el penal de Chiclayo, donde supervisó pabellones y evaluó las condiciones de seguridad.

Cotos cuenta con más de 35 años de trayectoria en el sistema penitenciario y ha ocupado diversos cargos en regiones como Lima, Arequipa y el norte del país.

Su llegada se produce en un momento en que el funcionamiento del INPE está bajo cuestionamiento, debido a fugas de internos, fallas en los registros y problemas de coordinación entre penales.

Críticas al sistema penitenciario desde el propio INPE

Las recientes intervenciones también coinciden con cuestionamientos desde dentro del propio sistema. Iván Paredes, exjefe del INPE, ha advertido sobre problemas estructurales que afectan la seguridad en las cárceles.

El exfuncionario señaló que el sistema enfrenta una “crisis moral”, marcada por la corrupción y el tráfico de influencias, situaciones que dificultan el control de los internos y la gestión de los penales.

Paredes también explicó que decisiones como el traslado de reclusos pueden verse limitadas por órdenes judiciales, lo que reduce la capacidad de acción de las autoridades penitenciarias.

En ese contexto, casos como el hallazgo de droga en un peluche dentro de una cárcel no solo evidencian fallas en los controles, sino también los desafíos que enfrenta el sistema para evitar el ingreso de objetos prohibidos.

Mientras continúan las requisas y operativos, el debate sobre la seguridad en los penales sigue abierto, en un escenario donde los hechos recientes muestran que el problema persiste.

La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con el personal de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), llevó a cabo la incineración de más de 400 kilos de narcóticos, los cuales fueron asegurados en diversas acciones coordinadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

La incineración tuvo lugar en las inmediaciones del Campo Militar 37, en el Estado de México, bajo estrictas medidas supervisadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como de la FECOR en la Ciudad de México.

Durante la jornada, las autoridades eliminaron alrededor 441 kilos 393.5 gramos de sustancias ilícitas. Entre los narcóticos destruidos se encuentran marihuana, clorhidrato de cocaína, clorhidrato de metanfetamina, delta 9 THC, entre otros.

Hasta el momento, la FGR mantiene la vigilancia sobre las rutas utilizadas por el crimen organizado para el transporte de estupefacientes, a fin de debilitar sus estructuras.

Detención en Naucalpan por transporte de metanfetamina

En marzo, elementos de seguridad detuvieron a un hombre en Naucalpan, Estado de México, mientras transportaba 15 kilos de metanfetamina. El aseguramiento ocurrió tras labores de inteligencia y vigilancia en la zona metropolitana.

El presunto sujeto fue interceptado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes junto con la droga incautada. Este hecho se incorporó a las investigaciones que alimentan la labor de la FGR contra el narcotráfico dentro de la entidad.

Según reportes oficiales, la intervención se efectuó como parte de los despliegues estratégicos instruidos en las Mesas de Paz, mecanismo de coordinación interinstitucional en la entidad.

La presencia de patrullas sobre el Circuito Exterior Mexiquense (CEM) resultó determinante para que los agentes detectaran un automóvil sin placas ni permiso provisional visible, cuyo conductor adoptó una actitud evasiva al notar la cercanía de los oficiales.

Esta reacción motivó a los uniformados a realizar una inspección a la persona y a la unidad motriz, encontrando en el interior del vehículo un costal con una sustancia blanca que presentaba características similares a la metanfetamina.

Con estas acciones, la FGR busca fortalecer la seguridad pública y enviar un mensaje claro sobre el destino de los narcóticos asegurados. Cada incineración valida la cadena de custodia y el destino legal de las evidencias.

Las autoridades reiteraron su compromiso de combatir el tráfico de drogas y proteger a la sociedad mexicana de los efectos nocivos del narcotráfico. La vigilancia y la transparencia continúan siendo ejes fundamentales en cada etapa del proceso.

El conductor de un tractocamión fue detenido en Sonora luego de que autoridades localizaran un cargamento de cocaína, cristal y goma de opio oculto en un doble fondo de la caja refrigerada de la unidad que transportaba cajas con verdura.

El aseguramiento ocurrió en el puesto de seguridad de Querobabi, ubicado en el municipio de Opodepe, durante una revisión de rutina a cargo de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

Anomalías en la estructura de la caja

De acuerdo con la información oficial, durante la inspección inicial los agentes detectaron anomalías en la estructura del remolque mediante equipo de revisión no intrusiva, lo que derivó en una inspección física más detallada del tractocamión.

Al revisar la caja de carga, el personal encontró un doble fondo acondicionado detrás de la mercancía transportada, espacio que presuntamente era utilizado para ocultar el narcótico y evitar su detección en retenes carreteros.

Fueron hallados 33 paquetes con droga

Dentro de ese compartimento fueron hallados 33 paquetes con aproximadamente 34 kilogramos de cocaína, 26 paquetes con 14 kilogramos de cristal y dos recipientes con un kilogramo de goma de opio.

Tras el hallazgo, el operador fue detenido en el lugar y quedó a disposición del Ministerio Público Federal junto con la droga asegurada y el tractocamión utilizado para el traslado.

Las autoridades deberán determinar el origen del cargamento, su posible destino y si el detenido tiene vínculos con alguna organización criminal dedicada al trasiego de drogas.

El decomiso se realizó en uno de los principales puntos de revisión de seguridad instalados en Sonora, entidad considerada estratégica dentro de las rutas utilizadas para el traslado de narcóticos hacia la frontera con Estados Unidos.

Dos jóvenes de Córdoba capital fueron detenidos tras una investigación que reveló una red de venta y distribución de estupefacientes en diferentes puntos de la provincia. El operativo, a cargo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), permitió secuestrar cocaína, marihuana, dinero en efectivo y un vehículo que era utilizado para el traslado y ocultamiento de parte de la droga.

En procedimientos realizados de manera simultánea, los agentes intervinieron en dos puntos estratégicos: la intersección de Ruta Nacional 9 y Ruta Provincial 16 en la localidad de San José de la Dormida y un domicilio ubicado en la calle Rafael de Palencia al 3.400 en barrio Yofre Norte.

Como resultado de estas acciones, fueron detenidos un hombre de 23 años y una mujer, quienes, según la investigación, gestionaban un punto de venta en la capital provincial y ofrecían un sistema de entrega a domicilio durante los fines de semana en localidades del norte.

De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, la intervención de la FPA comenzó tras detectarse movimientos irregulares en la zona, lo que llevó a la apertura de una investigación coordinada junto a la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Deán Funes. La causa fue caratulada por supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes, según se informó oficialmente.

Durante los allanamientos, se incautaron 105 dosis de cocaína, 38 de marihuana, una balanza digital y dinero en efectivo. Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores fue el modo en que los acusados intentaban eludir los controles: parte de la droga y la balanza estaban ocultas en el cielo raso de un Chevrolet Corsa, lo que evidenció una estrategia para dificultar la detección policial.

El procedimiento, realizado bajo la supervisión de la fiscalía, incluyó la requisa exhaustiva del vehículo, donde se encontraron los elementos disimulados en compartimientos especialmente adaptados. Esta maniobra, señalaron fuentes policiales, era utilizada en los desplazamientos hacia las localidades de San José de la Dormida y Villa de María del Río Seco, donde los fines de semana los detenidos ofrecían servicio de entrega directa de estupefacientes.

La FPA detalló que las operaciones de delivery se realizaban principalmente los fines de semana, aprovechando la movilidad que les proporcionaba el automóvil ahora secuestrado.

Las autoridades informaron que todo el material incautado, junto con los dos detenidos, fue trasladado para quedar a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, que continúa con las diligencias de la causa. El operativo coordinado buscó cortar tanto la provisión local como la distribución hacia localidades más pequeñas, donde la modalidad delivery representaba un desafío adicional para las fuerzas policiales.

En la investigación se estableció que los acusados mantenían un punto de venta fijo en Córdoba capital, desde donde abastecían la demanda local, y que los envíos a localidades del norte provincial eran planificados y ejecutados los fines de semana, con el objetivo de aprovechar la menor presencia policial y la movilidad propia del vehículo.

El caso continúa bajo análisis judicial, mientras los elementos secuestrados permanecen como prueba principal en la causa. Las autoridades no descartan nuevas detenciones vinculadas a la misma red investigada, en función de los datos surgidos del material incautado y los registros de comunicación que acompañan el expediente.

Una investigación judicial en Salta permitió desmantelar una organización narcocriminal que alquilaba fincas agrícolas para ocultar grandes cargamentos de cocaína, utilizando plantaciones de hortalizas como pantalla. El caso cobró notoriedad tras el hallazgo de más de 170 kilos de cocaína enterrados en una plantación de tomates en Colonia Santa Rosa. En las últimas horas, imputaron a los líderes y un integrante de la banda, quienes quedaron detenidos con prisión preventiva por el término de 90 días.

La investigación comenzó en enero pasado, cuando una denuncia anónima llevó a Gendarmería Nacional a realizar un operativo en una estación de servicio de Pichanal. Allí, un camión que transportaba cajones de berenjenas fue requisado con la ayuda del perro antinarcóticos “Orfeo”, que detectó 30 kilos de cocaína camuflados entre la carga. En esa oportunidad, cinco personas fueron detenidas —incluidos el conductor del camión y ocupantes de un automóvil que oficiaba de apoyo logístico— y se inició una investigación más amplia bajo la dirección del fiscal federal de Orán, Marcos Romero.

El análisis de los teléfonos celulares secuestrados y el testimonio de tres arrepentidos permitió a la fiscalía identificar a dos hermanos, A.R. y J.R., como jefes de la organización, y al ciudadano venezolano J.B. como parte del grupo. El trabajo de los investigadores estableció que la banda arrendaba fincas en Colonia Santa Rosa, donde cultivaban tomates y otras verduras, pero el verdadero objetivo era utilizar estos predios como depósitos de droga, que ingresaba desde Bolivia y era almacenada de manera clandestina.

Durante la pesquisa, se detectó que los líderes de la banda alquilaron al menos tres terrenos agrícolas y utilizaban vehículos para desplazarse entre las distintas fincas, simulando tareas rurales. En uno de los inmuebles funcionaba el pool “El Bunker”, donde coordinaban el acopio y movimiento de la droga, y también se identificó la utilización de un local bailable y viviendas particulares para actividades conexas.

La investigación se profundizó con la intervención telefónica de los celulares de los hermanos y de J.B., lo que permitió a la fiscalía obtener evidencia sobre el inminente movimiento de un gran cargamento de estupefacientes. A partir de estas pruebas, el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, ordenó ocho allanamientos simultáneos con intervención de Gendarmería Nacional. En una de las fincas, los agentes hallaron una zanja cubierta de yuyos donde había ocho bolsas con 171,45 kilos de cocaína distribuidos en 170 paquetes. Además, se secuestraron un tractor con acoplado, tres camionetas, dos automóviles, teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento.

El juez Montoya declaró la legalidad de la detención de los tres principales acusados, admitió la imputación fiscal y dispuso la prisión preventiva por 90 días, además de autorizar peritajes sobre los teléfonos y dispositivos secuestrados. Los hermanos y el ciudadano venezolano fueron imputados como coautores del delito de almacenamiento de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, y los dos primeros también por transporte de estupefacientes agravado.

La defensa de los imputados solicitó el arresto domiciliario, pero la fiscalía rechazó el planteo y advirtió que el ciudadano venezolano tenía un pedido de captura nacional e internacional por otra causa en Salta, y uno de los hermanos había sido declarado en rebeldía en un juzgado de Lanús. El juez finalmente rechazó los pedidos de la defensa y confirmó la prisión preventiva, fundamentando su decisión en la gravedad y logística de la organización, los riesgos de fuga y la posible obstrucción de la investigación.

La causa, a cargo del fiscal Marcos Romero, sigue abierta con la expectativa de nuevos avances. La fiscalía solicitó el peritaje de los dispositivos electrónicos para identificar a otros posibles involucrados y reconstruir el circuito completo de la organización, que mostraba un poderío económico y logístico significativo, con conexiones en diferentes puntos del país y vínculos con el tráfico internacional.

El impacto en la salud de los jóvenes de la inhalación del llamado “gas de la risa” genera cada vez más preocupación en Francia, donde incluso uno de los chefs más galardonados lanzó una acción judicial entre llamados a tomar medidas.

Yannick Alléno, ganador de 18 estrellas Michelin, prometió trabajar por una mayor protección de los jóvenes, después de que en 2022 un conductor ebrio atropellara mortalmente a su hijo Antoine, de 24 años, en París.

Y, este miércoles, arremetió contra los productores de óxido nitroso, cuyo mal uso provocó, según la asociación 40 Millones de Automovilistas, más de 450 accidentes de tráfico graves en Francia en 2025, cuarenta veces más que hace seis años.

El también llamado “gas de la risa” es un producto con fines médicos o alimentarios, pero muchos pervierten su uso con fines recreativos, inhalándolo con ayuda de globos tras perforar los cartuchos que lo contienen.

“Esto tiene efectos importantes en la salud pública. Hay jóvenes que pierden movilidad, sufren quemaduras, accidentes. Creo que es hora de tomar medidas de fondo”, dijo a AFP Yannick Alléno.

Este producto puede provocar daños en el sistema nervioso, una alteración de las facultades cognitivas, así como trastornos del equilibrio y de los reflejos, creando un riesgo mayor en caso de conducción.

“Remordimiento eterno”

Según cifras oficiales, los casos registrados de intoxicaciones con óxido nitroso se triplicaron entre 2022 y 2023, y los más graves se cuadruplicaron en el mismo período.

El 10% corresponde a menores, pese a que una ley de 2021 prohíbe su venta a estos últimos. El complejo hospitalario Hospices Civiles de Lyon, en el este de Francia, lanzó en noviembre de 2024 un servicio de información y de tratamiento de los efectos del “gas de la risa”, que atiende a decenas de pacientes, sobre todo jóvenes. Julien (pseudónimo) es uno de ellos.

Este joven de 21 años estuvo “enganchado” durante cuatro años hasta finales de 2025 y ahora teme “secuelas de por vida”: “Un placer efímero por un remordimiento eterno”.

“Todo se vuelve muy complicado, incluso conducir. Cuando me da ese hormigueo, me duele muchísimo”, asegura por su parte Sarah (pseudónimo), a quien le tiemblan las piernas cuando se levanta. Para esta joven de 23 años se trata de “la peor droga”, porque “está por todas partes”. “Me habría gustado decirles a los jóvenes que no hicieran eso. Pero el problema es que lo saben”, suspira.

Publicidad “engañosa”

El mal uso de este gas por jóvenes preocupa al gobierno. A inicios de abril lanzó una campaña de sensibilización con mensajes como: “Detrás de unos segundos de euforia, puede haber una parálisis de por vida, o peor aún, la muerte”.

El Senado debe debatir en mayo un proyecto de ley para castigar la inhalación del “gas de la risa” con hasta un año de prisión y 3.750 euros (4.400 dólares) de multa, pena que aumentaría a 3 años y 9.000 euros si se conduce bajo sus efectos.

El chef Alléno también pide al gobierno que publique un decreto que incluya este producto en el delito de homicidio vial, pero va más allá.

Este miércoles, su Asociación Antoine Alléno, que fundó en homenaje a su hijo, anunció a AFP una acción judicial. La asociación demandó a dos empresas, el fabricante chino Zhuzhou Xingye Chemical y la distribuidora polaca IVM Firma Handlowa, que con “formas engañosas de comunicación” incitarían a los jóvenes a un mal uso del “gas de la risa”.

En el punto de mira estarían los coloridos cartuchos de óxido nitroso comercializados bajo la marca Cream Deluxe para “crear bebidas y cócteles”, aunque el chef no los ha visto “nunca” en cocina.

IVM Firma Handlowa negó a AFP ser la “distribuidora de Cream Deluxe” y aseguró que ya no lo venden en Francia. En este caso por supuestas prácticas comerciales desleales, la asociación solicita a un tribunal de París que prohíba a ambas empresas operar en Francia, así como el pago de las costas judiciales.

(AFP)

El hallazgo se produjo en un puerto del Pacífico panameño, punto clave en la conexión logística entre distintos continentes. La intervención incluyó la participación de unidades especializadas y el apoyo de un perro entrenado en detección de sustancias ilícitas, lo que permitió ubicar la carga sospechosa dentro de la mercancía.

El operativo forma parte de una serie de acciones que las autoridades panameñas ejecutan para reforzar controles en terminales portuarios. La ubicación estratégica del país lo convierte en una zona de tránsito frecuente para cargamentos ilegales, lo que obliga a intensificar la vigilancia sobre contenedores en tránsito.

Hallazgo en un contenedor con ruta internacional

Según informó el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá, la inspección se centró en un contenedor que partió del puerto de Charleston, en Carolina del Sur, con destino final el puerto del Callao, en Perú, y con escala en territorio panameño. Durante la revisión, los agentes identificaron anomalías en el sello de seguridad, lo que activó los protocolos de verificación.

Al abrir el contenedor, las autoridades encontraron veinte maletines negros ocultos entre la carga legal. En su interior se contabilizaron 999 paquetes de una sustancia que será sometida a análisis para confirmar su naturaleza. La diligencia se realizó en coordinación con el Ministerio Público, entidad encargada de las investigaciones posteriores.

El Servicio Nacional Aeronaval indicó que la intervención se sustentó en labores de inteligencia y perfilamiento de cargas. Estos procedimientos permiten identificar patrones de riesgo en rutas comerciales y seleccionar contenedores para inspección detallada.

El apoyo de un perro especializado resultó determinante para confirmar la presencia de sustancias ilícitas. Este tipo de recursos se integra de manera habitual en operativos portuarios, donde el volumen de carga dificulta una revisión exhaustiva de todos los envíos.

La entidad también precisó que la revisión incluyó técnicas de verificación física y documental, con el objetivo de contrastar la información declarada con el contenido real del contenedor.

Investigación sobre el punto de contaminación

Tras la incautación, las autoridades iniciaron una investigación para establecer en qué tramo del recorrido se introdujo la carga ilícita. El contenedor atravesó varias etapas logísticas, lo que abre distintas hipótesis sobre el origen de la contaminación.

El análisis incluye la revisión de registros de embarque, controles portuarios y posibles intervenciones en puntos intermedios. La trazabilidad del contenedor constituye un elemento clave para determinar responsabilidades y detectar posibles fallas en los sistemas de control.

El Servicio Nacional Aeronaval no descartó la participación de redes organizadas que operan en distintos países, aprovechando la complejidad de las rutas comerciales internacionales.

Incautaciones y rutas bajo vigilancia

Las cifras oficiales reflejan la magnitud del problema. En lo que va del año 2026, el Servicio Nacional Aeronaval reporta la incautación de más de 25 mil paquetes de sustancias ilícitas en 31 operaciones realizadas en distintas regiones del país.

Panamá ocupa un lugar estratégico en el tráfico internacional de drogas, debido a su posición geográfica y a la concentración de infraestructura logística. Las autoridades identifican al país como un punto de tránsito para cargamentos provenientes de Suramérica con destino a mercados como Estados Unidos y Europa.

El refuerzo de controles en puertos responde a esta dinámica, con énfasis en la cooperación entre agencias y el uso de herramientas de inteligencia. Las operaciones buscan detectar irregularidades en contenedores que, en apariencia, forman parte del comercio regular, pero que pueden ser utilizados para ocultar cargamentos ilícitos.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) aseguró aproximadamente 40 kilogramos de metanfetamina durante un operativo interinstitucional en la colonia La Huerta, en Morelia. El valor estimado de la droga ronda el medio millón de pesos en el mercado ilícito, según autoridades estatales.

El operativo fue resultado de labores de inteligencia e investigación realizadas por la Fiscalía de Asuntos Especiales y contó con la participación coordinada de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Guardia Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN). Durante la intervención, también se aseguró un vehículo con alteraciones en sus medios de identificación, lo que refuerza las líneas de investigación sobre su posible vinculación con actividades delictivas.

Golpe a las finanzas criminales en Michoacán

La FGE informó que el aseguramiento constituye una afectación directa a las finanzas de grupos criminales que operan en la región. El decomiso de la droga se realizó en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia que busca debilitar estructuras delictivas y garantizar condiciones de tranquilidad en la entidad.

Las autoridades señalaron que continuarán con operativos conjuntos y acciones de inteligencia para combatir frontalmente los delitos relacionados con el narcotráfico y la delincuencia organizada en Michoacán.

Refuerzan coordinación institucional

La Fiscalía de Michoacán reiteró su compromiso de actuar con firmeza, inteligencia y coordinación con otras instituciones de seguridad para salvaguardar el bienestar de la sociedad. El aseguramiento de los 40 kilogramos de metanfetamina representa uno de los golpes más relevantes contra el narcotráfico en la capital michoacana en lo que va de 2026.

La droga y el vehículo asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, que continúa con las investigaciones para identificar a los posibles responsables y determinar la red de operación detrás de este cargamento.

La Policía de la Ciudad secuestró este sábado más de un kilo de cocaína en un hotel del barrio de Constitución, pero la Justicia porteña no autorizó allanar las habitaciones donde se sospechaba que había más droga.

El episodio ocurrió en la madrugada de hoy en la zona de Santiago del Estero al 1400, donde efectivos de la Policía de la Ciudad advirtieron movimientos sospechosos de cuatro mujeres trans que caminaban por el lugar. Al intentar identificarlas, las mujeres escaparon e ingresaron a un hotel de la cuadra. Cerraron la puerta y evitaron el contacto con los agentes.

En ese momento, una de ellas dejó caer una bolsa de nailon negra en el acceso del hotel. El encargado del lugar se acercó y permitió el acceso de los oficiales, entregando la bolsa caída en el piso. El personal policial realizó el test reactivo, que confirmó que los 13 envoltorios encontrados contenían cocaína.

A poco de llegar el propietario del establecimiento, señaló que desde el interior del hotel, al pulmón del edificio, alguien había tirado una bolsa de tela. Los efectivos la recuperaron y comprobaron que dentro había una balanza de precisión y 91 envoltorios con un peso total de un kilo de cocaína.

Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, tanto el encargado como el dueño del hotel informaron a la policía sobre su temor de que en habitaciones vinculadas a una de las sospechosas hubiera más droga almacenada.

Por ese motivo, el auxiliar fiscal Federico Ghisio, de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Este, dispuso custodiar las habitaciones señaladas y también las que ocupaban el resto de las mujeres trans. En paralelo, el funcionario solicitó un allanamiento de urgencia al Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°15, a cargo de la jueza Karina Andrade.

Sin embargo, la magistrada rechazó el pedido.

Frente a esta decisión, la policía entonces levantó la custodia en las habitaciones y realizó las actuaciones para continuar la investigación por infracción a la Ley 23.737.

En los últimos días se registró otro caso vinculado con el tráfico de cocaína en la Ciudad de Buenos Aires. El Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina detuvo a un ciudadano boliviano de 40 años que estaba prófugo por una causa de contrabando internacional de droga.

Según la investigación, el hombre estaba acusado de intentar enviar cocaína a Australia en encomiendas despachadas desde una sucursal logística en el barrio porteño de Belgrano. Un perro antinarcóticos detectó el cargamento y, al abrir los paquetes, los agentes hallaron casi dos kilos de cocaína ocultos en prendas deportivas, un redoblante con la inscripción “AFA” y objetos decorativos con la imagen de Lionel Messi.

El operativo de captura se concentró en distintos puntos del conurbano bonaerense y en la terminal de ómnibus de Liniers, hasta que finalmente el sospechoso fue interceptado en la avenida General Paz. En ese procedimiento la policía también secuestró teléfonos celulares, valijas y varios instrumentos musicales tipo charango, elementos que serían relevantes para la causa.

El detenido quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°6 bajo cargos por infracción al Código Aduanero y la Ley 22.415. La causa sigue abierta con el objetivo de establecer posibles conexiones internacionales y la ruta completa del tráfico de estupefacientes.

Seis policías municipales de Coscomatepec fueron detenidos tras un operativo en el que encontraron presunta droga en su poder y la comandancia local quedó bajo resguardo de autoridades estatales. El inmueble habría sido tomado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, según información difundida en medios de comunicación.

La Fiscalía General del Estado identificó a los elementos capturados como Anselmo “N”, Jesús “N”, Diego “N”, Lauro Arturo “N”, Dana Natalia “N” y Bonifacio “N”. Las autoridades señalaron que fueron detenidos en flagrancia y enfrentan acusaciones por delitos contra la salud y por incumplimiento del deber legal.

La intervención ocurrió en la colonia Centro de Coscomatepec de Bravo, municipio ubicado en la zona de las Altas Montañas. El operativo fue autorizado por un juez y en él participaron fiscales, peritos y policías ministeriales adscritos a la Fiscalía Regional Córdoba, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Durante el cateo, la fiscalía aseguró que se incautaron bolsas con hierba verde seca con características parecidas a la marihuana, además de celulares y equipo táctico. Estos objetos quedaron integrados en la carpeta de investigación abierta contra los seis policías.

El alcalde de Coscomatepec, Armando Reyes Muñoz, militante de Movimiento Ciudadano, no hizo comentarios públicos tras el operativo ni sobre la detención de los elementos de la policía municipal. El silencio del edil se mantuvo pese a la presencia de fuerzas estatales en la comandancia y la investigación sobre sus subordinados.

La detención de los policías y la intervención de la comandancia se da en un contexto de acciones recientes contra autoridades de Veracruz. También se reportó la detención del alcalde de Xalapa junto a personas armadas y el asesinato de un líder sindical y un empresario en Ixhuatlán del Sureste.

La Fiscalía General del Estado confirmó que el cateo en Coscomatepec fue parte de una estrategia conjunta con fuerzas federales y estatales para combatir delitos relacionados con drogas y corrupción de servidores públicos. El operativo fue ejecutado con base en una orden judicial obtenida por la fiscalía regional.

Las investigaciones continúan mientras los seis policías se mantienen a disposición de las autoridades ministeriales. Los objetos asegurados, entre ellos la presunta marihuana y el equipo táctico, serán analizados como evidencia en la carpeta de investigación.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz mantiene resguardada la comandancia municipal de Coscomatepec. El caso permanece abierto y la fiscalía no ha informado si se prevén nuevas detenciones o sanciones administrativas para otros elementos de la corporación.

El episodio se produce en un contexto de creciente vigilancia en terminales aéreos, donde la articulación entre entidades nacionales e internacionales busca reducir el flujo de sustancias ilícitas. La importancia estratégica del aeropuerto limeño dentro de las rutas del narcotráfico obliga a reforzar los mecanismos de control, inteligencia e investigación.

El caso también coincide con iniciativas institucionales orientadas a fortalecer la cooperación entre organismos especializados. Estas acciones apuntan a mejorar la capacidad de respuesta frente a modalidades delictivas cada vez más sofisticadas.

Intervención en el aeropuerto Jorge Chávez

Un pasajero identificado como Alonso Diego Villajuan Arroyo fue detenido cuando intentaba trasladar un cargamento de clorhidrato de cocaína con destino a Europa. Según la información difundida por fuentes oficiales, el individuo, de 33 años, transportaba once kilos con novecientos noventa y cinco gramos de droga.

El método empleado consistía en ocultar la sustancia en chalecos acondicionados dentro de una maleta enviada a bodega. Cada chaleco contenía varios paquetes distribuidos en bolsitas, lo que permitía fragmentar el cargamento. “Esto estaba siendo trasladado en chalecos. Cada chaleco, cuatro chalecos, en cada chaleco estaban yendo aproximadamente tres kilos, tres kilos y medio”, se detalla en el reporte difundido por las autoridades.

El itinerario del pasajero incluía escalas en Lima, San Paulo y Londres, con destino final en Inglaterra. “Esta persona tenía el itinerario de Lima, San Paulo, San Paulo, Londres, Londres, New Castle. O sea, el destino final era Inglaterra”, se precisa en la misma fuente.

Modalidades de ocultamiento y rutas internacionales

El caso evidencia el uso de técnicas diseñadas para evitar la detección por equipos de seguridad. Los chalecos se encontraban envueltos en papel aluminio, un recurso que busca interferir en los controles de rayos X. Además, la distribución en múltiples paquetes dificulta la identificación inmediata del cargamento.

Las rutas hacia Europa, en particular hacia ciudades del Reino Unido, se mantienen como uno de los principales destinos del tráfico de cocaína procedente de Sudamérica. La conexión aérea entre Lima y otros puntos de tránsito en Brasil y Europa facilita el movimiento de personas y mercancías, lo que representa un desafío para las autoridades.

El aeropuerto internacional Jorge Chávez concentra operaciones de 32 aerolíneas con destinos globales. Según datos oficiales, registra un movimiento aproximado de 17.1 millones de pasajeros, lo que lo convierte en un punto clave dentro de las rutas utilizadas por organizaciones criminales.

Refuerzo de la cooperación internacional

En paralelo a este tipo de intervenciones, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) preparan nuevas acciones conjuntas. Ambas instituciones suscribirán un memorando de entendimiento con el objetivo de fortalecer la investigación, la inteligencia y los controles en el aeropuerto.

El acuerdo contará con la participación de la presidenta ejecutiva de Devida, Carmen Masías Claux, y del representante de UNODC para Perú y Ecuador, Kristian Hölge. También asistirán Irene Horejs, embajadora de la Unión Europea en Perú, y Sergio Naranjo, coordinador del Proyecto AIRCOP para América Latina y el Caribe.

Estas iniciativas buscan optimizar el intercambio de información y la coordinación entre agencias, con énfasis en la detección de redes de tráfico internacional. El Proyecto AIRCOP, en particular, promueve la creación de unidades conjuntas de control aeroportuario para enfrentar el transporte ilícito de drogas y otros delitos transnacionales.

El caso también refleja la captación de personas por parte de organizaciones criminales, que utilizan la modalidad de “burrier” para trasladar cargamentos de menor volumen en vuelos comerciales. Según la información difundida, el detenido enfrenta una posible pena superior a quince años de prisión.

Un operativo conjunto de la División de Inteligencia de Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones permitió la detención de Abraham Alan “N”, alias “El Amaro”, señalado como presunto líder de una célula criminal independiente en el área metropolitana de Monterrey.

El arresto se produjo en el cruce de Zapopan y Chopo, colonia Valle de los Cedros, donde los agentes interceptaron un Chrysler Stratus verde con placas visibles y, tras una maniobra táctica, aseguraron al sospechoso, que portaba un chaleco balístico sin insignias oficiales. Al momento de su captura, “El Amaro”, de 33 años, estaba acompañado por Linda Jaquelinne “N”, de 21.

La incautación tras la detención incluyó un arsenal compuesto por tres armas de fuego cortas, cargadores con cartuchos útiles, dos básculas digitales y 5,000 pesos en efectivo, además de sustancias ilícitas: 21 dosis de “criko”, marihuana y piedra presuntamente cocaína. Este paquete de pruebas será integrado a la carpeta de investigación vinculada con homicidios recientes en Monterrey y San Nicolás, según testimonios y videos en poder de las autoridades.

El historial delictivo atribuido a Abraham Alan “N” incluye su presunta participación como generador de violencia en la zona metropolitana. La Fiscalía afirma que el detenido era un objetivo prioritario debido a una orden de aprehensión vigente y a su vinculación con casos recientes de homicidio. Los hechos permanecen en análisis, mientras se revisan registros y evidencias recabadas durante su captura.

La caída de esta célula independiente representa un golpe de relevancia contra el panorama criminal de la región, aunque las autoridades reconocen que la violencia ligada a estos grupos persiste como desafío constante para la seguridad pública. Los objetos incautados refuerzan la línea de investigación sobre la posible distribución de drogas y armas, así como la operación sostenida de células criminales en Monterrey y áreas conurbadas.

Durante el operativo de detención, las autoridades observaron que el sujeto portaba un chaleco balístico y fue necesario utilizar maniobras tácticas para lograr la captura sin registrar enfrentamientos armados. Según información oficial, en el vehículo donde viajaban los detenidos se hallaron armas cortas, cargadores, cartuchos y sustancias señaladas como estupefacientes.

El vehículo, las armas y demás objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará la situación jurídica tanto de Abraham Alan “N” como de Linda Jaquelinne “N”, cuya relación en los hechos ahora forma parte de la carpeta de investigación. La orden de aprehensión vigente sobre el líder detenido y su supuesto control de una célula independiente lo ubicaban como pieza central en la estructura criminal de la zona.

No se reportaron heridos durante el operativo, ni resistencia armada significativa. Todo lo asegurado quedó bajo resguardo para su análisis y, en su caso, presentación ante la autoridad ministerial competente. La captura se enmarca dentro de las acciones de inteligencia focalizadas en combatir la violencia y neutralizar células delictivas que actúan en la metrópoli de Monterrey y municipios aledaños.

• Abraham Alan “N”, alias “El Amaro”, considerado líder criminal independiente, fue detenido en Monterrey con armas, drogas y dinero en efectivo.
• El operativo conjunto se realizó en Valle de los Cedros, donde el arrestado tenía una orden de aprehensión vigente y era vinculado a homicidios recientes.
• La captura representa un golpe a grupos delictivos en el área metropolitana, aunque la violencia criminal sigue representando un desafío para las autoridades.

El caso generó especial atención debido a la presencia de un efectivo policial entre los intervenidos. La participación de un miembro en actividad dentro de una operación ilícita abre una línea de investigación paralela en torno a posibles redes de protección o filtración de información dentro de la institución.

Las diligencias se desarrollan bajo la supervisión del Ministerio Público, que asumió el control del proceso tras la detención de los implicados y la incautación de la sustancia. Las autoridades buscan determinar el alcance de la red vinculada al traslado de la droga y su posible conexión con rutas de salida hacia el extranjero.

Intervención en una ruta clave del Cusco

El operativo tuvo lugar en el sector de Huayracpunku, en el distrito de Ollantaytambo, durante las primeras horas de la madrugada. Agentes del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas detectaron dos vehículos que se desplazaban en condiciones consideradas sospechosas.

Según información difundida por Latina Noticias, una de las unidades cumplía funciones de alerta, mientras la segunda trasladaba directamente la carga ilícita. La intervención permitió detener ambos vehículos y proceder con la inspección correspondiente.

Durante la revisión, los agentes encontraron tres sacos de polietileno en la tolva de una camioneta. En su interior se hallaron 128 paquetes tipo ladrillo. Las pruebas químicas confirmaron que el contenido correspondía a alcaloide de cocaína, con un peso total de 131 kilogramos.

Uno de los aspectos que generó mayor interés en la intervención fue la forma de traslado del cargamento. A diferencia de otros casos, la sustancia no se encontraba en compartimentos acondicionados ni en caletas.

El jefe de la División Antidrogas de la región, capitán PNP Pedro Navarro, explicó esta particularidad. “Lo particular de esta intervención es que hemos visto que el vehículo no estaba acondicionado con caleta o compartimentos ocultos, sino que la droga lo traían en la tolva”, indicó.

La misma fuente señaló que este tipo de traslado resulta inusual dentro de las modalidades detectadas en operativos recientes, lo que forma parte de las líneas de análisis en curso.

Cuatro detenidos y un policía implicado

El operativo concluyó con la detención de cuatro personas identificadas como Nestor H. (57), Delfin M. (40), Clever G. (40) y Jhonathan M. (38). De acuerdo con Latina Noticias, tres de ellos proceden de la provincia de La Convención y uno de Tacna.

Entre los intervenidos se encontraba un miembro de la Policía Nacional en actividad. Según la información preliminar, este efectivo cumplía el rol de “liebre”, con la función de advertir sobre posibles controles en la ruta.

Las autoridades confirmaron que los detenidos no registran antecedentes penales. Sin embargo, su presunta participación en el traslado del cargamento forma parte de la investigación que se desarrolla bajo custodia policial.

Valor del cargamento y ruta prevista

La Policía Nacional estimó que el valor del cargamento supera los cinco millones de dólares en el mercado internacional. Este cálculo se basa en el volumen incautado y su proyección en circuitos de tráfico fuera del país.

Durante la intervención también se incautaron cinco teléfonos celulares y dinero en efectivo, equivalente a 900 soles. Estos elementos serán analizados como parte de las diligencias para identificar posibles contactos y rutas de coordinación.

Las investigaciones preliminares señalan que la droga tenía como destino la ciudad del Cusco. Desde ese punto, el traslado continuaría hacia regiones como Puno y Tacna, consideradas zonas estratégicas para la salida del país.

Diligencias en curso bajo supervisión fiscal

Tras la intervención, los detenidos y los vehículos quedaron a disposición del Ministerio Público. Las autoridades realizan el pesaje oficial, el lacrado de la sustancia y otras diligencias conforme a ley.

El proceso incluye la evaluación de la situación legal de cada uno de los implicados, incluido el efectivo policial. Las investigaciones buscan establecer responsabilidades individuales y posibles vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas.

Las autoridades mantienen el caso en desarrollo mientras continúan las acciones destinadas a esclarecer la estructura detrás del traslado del cargamento incautado.

Los resultados forman parte del plan “Operación 200: por nuestras familias, Bolivia y nuestro futuro”, que se desarrolló entre el 1 y el 3 de abril en las regiones de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Tarija y Beni, según un comunicado oficial.

Durante estos operativos, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) decomisó “más de 176 kilos de marihuana en operativos mayores, alrededor de 100 kilogramos de cocaína base, más de 21 kilos de clorhidrato de cocaína y más de 980 litros de droga líquida”.

En la región del Trópico de Cochabamba se localizaron cuatro fábricas de cocaína y se incineraron “grandes cantidades de insumos químicos”, incluyendo 2.000 litros de gasolina, ácido sulfúrico, carbonato de sodio y cemento.

Las autoridades detectaron irregularidades en el pesaje e incineración de sustancias controladas, en las que estarían involucrados dos funcionarios policiales de la Felcn, quienes deberán cumplir 180 días de detención preventiva. Los oficiales, con el grado de sargento, fueron sorprendidos alterando droga que iba a ser incinerada en la localidad de Cotoca, en el departamento de Santa Cruz.

Actualmente, en Bolivia existen 40.000 hectáreas de hoja de coca, de las cuales 22.000 hectáreas están amparadas por una ley de 2017 aprobada durante el gobierno de Evo Morales.

El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, aseguró a EFE que Bolivia tiene un potencial de producción de cocaína de 300 toneladas métricas anuales, cifra que supera en cien toneladas a las 200 calculadas en 2024 por organismos antidroga de Naciones Unidas. “Para el 2025, probablemente, nosotros hemos subido a unas 300 toneladas de cocaína que se pueden producir al año porque se dejó de erradicar (hoja de coca)”, señaló Justiniano. El funcionario detalló que el año pasado solo se destruyeron 2.700 hectáreas de plantaciones de coca.

La baja erradicación registrada en 2025 corresponde a la gestión del expresidente Luis Arce (2020-2025), quien dejó el cargo el 8 de noviembre pasado tras la victoria electoral de Rodrigo Paz.

Justiniano precisó que cada año se cultivan cerca de 10.000 hectáreas de hoja de coca y el Gobierno de Paz plantea erradicar esa misma superficie anualmente para “encontrar el equilibrio”. “Porque, sino de nada de sirve encontrar uno, dos, tres o varios (Sebastián) Marset si nosotros vamos a seguir teniendo un caldo de cultivo que es una gran cantidad de coca ilegal que se va a la cocaína”, advirtió el funcionario.

Justiniano informó que en la zona cocalera del Trópico de Cochabamba existen aproximadamente 15.000 hectáreas, de las cuales la mitad se encuentra fuera del marco legal. Justiniano estimó que un 92% de la hoja producida en esa región —considerada bastión político y sindical del expresidente Evo Morales— termina en “mercados ilegales, ergo, podemos concluir que va a narcotráfico”.

El funcionario recordó que en 2016 un estudio del Gobierno de Morales determinó que se requieren 14.700 hectáreas de hoja de coca para abastecer el consumo legal, que incluye el masticado tradicional, así como usos culturales, productivos y medicinales.

Justiniano anunció que la cooperación internacional respaldará un nuevo estudio para obtener datos actualizados y financiará investigaciones sobre los factores de conversión de hoja de coca a cocaína.

(Con información de EFE)

Ayer por la noche Infobae reveló que, a raíz de la muerte de un residente del Hospital Rivadavia por una sobredosis de propofol y fentanilo, se había descubierto un faltante de esos fármacos en el Hospital Italiano.

Y que se había hallado una organización que invitaba a la “Fiesta del propofol”. Las reuniones recreativas por el uso de las sustancias que se utilizan para sedar pacientes en intervenciones como las endoscopias tenían dos versiones.

Había fiestas sexuales a las que el anestesiólogo del Hospital Italiano Hernán Boveri invitaba a conocidos. Y también había experiencias que se “vendían” a clientes que se sometían a “viajes controlados”. En ambos casos se dosificaban los fármacos y se establecía una especie de guardia médica. Había alguien preparado con un ambú por si alguien tenía problemas respiratorios y entraba en apnea. Ese aparato es el que brinda asistencia respiratoria inmediata. La acción de aplicar el ambú es conocida entre los médicos como “ambucear”.

Ayer trascendió que el residente fallecido se llamaba Hernán Salazar y por ello fue identificado como H.S. Había un error. Un posteo en Instagram de los médicos del Hospital Gutiérrez, donde también trabajaba el hombre cuya muerte llevó hasta el Hospital Italiano, lo nombra como Alejandro Salazar. Le decían “Alito”.

El comunicado del Hospital Italiano, en respuesta a la nota de Infobae de anoche, confirma que hubo “robo de estupefacientes” del área de anestesiología y que fueron separadas dos personas: una es Boveri la otra es una residente llamada Delfina Lanusse.

El comunicado del Hospital Italiano señala que:

“En relación a la situación de robo de estupefacientes difundida recientemente, el Hospital Italiano informa que tomó todas las medidas necesarias para analizar lo sucedido, actuar con las personas involucradas y generar procedimientos para prevenir a futuro.

Frente a la denuncia recibida internamente, el hecho fue comunicado de inmediato a la Dirección del Hospital y se realizó la correspondiente denuncia ante las autoridades competentes. La Institución se puso a disposición de la Justicia para colaborar plenamente con la investigación en curso.

En relación con las personas involucradas, se adoptaron las medidas institucionales correspondientes y se aplicaron los procedimientos previstos mientras avanza la investigación. Ninguna de ellas se encuentra desempeñando funciones en el Hospital.

En paralelo, se inició una revisión del circuito de control y seguridad de la gestión de estupefacientes, con el objetivo de reforzar los mecanismos de supervisión y prevenir situaciones de esta naturaleza.

Asimismo, el Hospital se encuentra trabajando en conjunto con la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA) para analizar este tipo de situaciones, que han sido reportadas también en otras instituciones del sistema de salud. Se trata de una problemática que requiere fortalecer de manera coordinada políticas, controles y estrategias de prevención.

El Hospital reafirma su compromiso con la seguridad y la calidad en todos los procesos de la atención de sus pacientes. Por tratarse de una investigación en curso, no se brindarán más detalles".

El caso recién comienza. La investigación del Hospital se transformó en una denuncia judicial.

La intervención policial en un hospedaje de Tacna expuso un método de producción de droga sintética que operaba en espacios reducidos y con insumos de fácil acceso. El caso puso bajo la mira el uso de habitaciones alquiladas como puntos de procesamiento y distribución de sustancias vinculadas al circuito nocturno de la ciudad.

La acción se ejecutó el 24 de marzo, tras un seguimiento previo por parte de unidades especializadas. El operativo permitió ubicar a una ciudadana extranjera señalada como presunta responsable de la preparación de Tusi, una sustancia conocida también como cocaína rosa. La investigación se centra en el origen de los insumos, la logística de distribución y los posibles vínculos con terceros.

Fuentes policiales indicaron que el caso no se limita a una intervención aislada. Las diligencias apuntan a identificar rutas de ingreso de la ketamina y su transformación antes de su venta en zonas de alta concurrencia durante fines de semana.

Intervención en hospedaje y hallazgo de sustancias

El operativo se realizó en el hostal La Heroica I, ubicado en el sector El Triángulo, frente al terminal terrestre Manuel A. Odría. En la habitación 202, agentes del Departamento Antidrogas (Depandro) intervinieron a Kendra Jacobe Rojo López, de 23 años, de nacionalidad chilena.

Durante el registro, los efectivos encontraron una sustancia blanquecina cristalina que, tras pruebas preliminares, dio positivo a ketamina, con un peso aproximado de 160 gramos. En el mismo ambiente se incautaron objetos que, según la Policía, se utilizaban para el procesamiento: una cocina eléctrica de una hornilla, un sartén, un mortero y bolsas de plástico.

De acuerdo con las primeras indagaciones, el espacio había sido acondicionado para transformar la ketamina en polvo y mezclarla con colorantes, con el objetivo de comercializarla como Tusi. Este tipo de sustancia suele circular en entornos nocturnos, donde su demanda se concentra en determinados horarios.

La intervención respondió a un trabajo de inteligencia que permitió identificar a la detenida y establecer patrones de desplazamiento. Según fuentes policiales, la ciudadana chilena realizaba viajes frecuentes desde su país hacia Tacna.

Los investigadores sostienen que estas visitas tenían como propósito la elaboración y distribución de la droga en locales nocturnos, principalmente en la avenida Leguía. Esta zona concentra una parte importante de la actividad nocturna de la ciudad, lo que la convierte en un punto clave para la comercialización.

El Ministerio Público tomó conocimiento del caso y dispuso un plazo inicial de 15 días para las diligencias por presunto tráfico ilícito de drogas. En paralelo, las autoridades buscan determinar si existía apoyo logístico o participación de otras personas en la cadena de producción y distribución.

Ketamina y vacíos en el control

El caso también abre una discusión sobre la disponibilidad de la ketamina en el país. Especialistas señalan que su acceso en establecimientos veterinarios y agropecuarios facilita su uso indebido. Esta situación contrasta con la legislación de países vecinos como Chile, donde la sustancia figura como droga ilegal.

Esta diferencia normativa genera un escenario que puede ser aprovechado para el traslado y transformación de la ketamina. Tacna, por su ubicación fronteriza, aparece en las investigaciones como un punto estratégico dentro de esa dinámica.

El contexto regional suma otro elemento relevante. Días antes, la Armada de Chile informó sobre una de las mayores incautaciones registradas en la zona, con 68,7 toneladas de cocaína y ketamina detectadas en el puerto de Arica.

Del total, 24,5 toneladas correspondían a productos contaminados con ambas sustancias, mientras que 44,2 toneladas eran exclusivamente de ketamina. Las cargas habían llegado desde Bolivia y tenían como destino Alemania, Italia y México.

La droga se encontraba oculta en madera de Tajibo, baldosas de caucho y madera aserrada, mediante métodos que dificultaban su detección. El director de Seguridad y Operaciones Marítimas, Sigfrido Ramírez, afirmó: “Esta incautación es particularmente relevante, dado que, por la dependencia de nuestro país del comercio marítimo, permite que nuestros puertos sigan operando de manera segura y, junto con ello, impedir el empleo de estas instalaciones y de las cadenas logísticas portuarias y marítimas por parte del crimen organizado transnacional”.

Las autoridades peruanas mantienen abiertas las investigaciones en Tacna con el objetivo de establecer si existen conexiones entre este tipo de operaciones y redes de mayor alcance.

La intervención policial en un pequeño negocio de barrio terminó por revelar una operación vinculada al tráfico de drogas en la región Amazonas. Lo que en apariencia funcionaba como una panadería en la ciudad de Santa María de Nieva se convirtió en el escenario de un proceso judicial que concluyó con una condena efectiva de prisión.

El caso se construyó a partir de información obtenida por agentes policiales, lo que permitió ubicar al principal implicado en su propio centro de trabajo. La investigación avanzó con rapidez y derivó en un juicio oral en el que el Ministerio Público presentó pruebas materiales y documentales que sostuvieron la acusación.

La Fiscalía Provincial Especializada en delitos de tráfico ilícito de drogas de Amazonas asumió la conducción del caso. Durante las audiencias, el representante fiscal expuso los elementos que, según su argumento, evidenciaban una conducta orientada al favorecimiento del comercio ilegal de sustancias prohibidas.

El proceso incluyó la revisión de los objetos incautados, el análisis de la intervención policial y la evaluación de la responsabilidad penal del acusado, en un contexto en el que la salud pública figuró como bien jurídico afectado.

Intervención policial y hallazgo de sustancias

De acuerdo con la exposición fiscal, el 22 de agosto de 2025, personal de la Comisaría de Condorcanqui ejecutó una intervención en la panadería “Merinor”, ubicada en Santa María de Nieva. La acción se realizó luego de recibir información de una fuente humana.

Durante el registro personal de Rafael Pérez Salazar, los agentes encontraron “dos (02) envoltorios de bolsa plástica transparente, conteniendo Marihuana y seis (06) envoltorios de papel bond, tipo ‘paco’, conteniendo Pasta Básica de Cocaína”, según detalló el Ministerio Público en el juicio.

La diligencia continuó dentro del local. En el primer ambiente del establecimiento, la policía incautó “cuarenta (40) envoltorios hechos de papel bond tipo ‘paco’, conteniendo Pasta Básica de Cocaína, quince (15) bolsas plásticas pequeñas transparentes, conteniendo Marihuana, nueve (09) envoltorios hechos de papel bond, tipo ‘Paco’, conteniendo Pasta Básica de Cocaína y tres (03) bolsas plásticas medianas, cada una con Marihuana”.

El total decomisado alcanzó 147 gramos de marihuana y 22 gramos de pasta básica de cocaína. Para la Fiscalía, esta cantidad representaba un riesgo directo, ya que “se ponía en peligro la Salud Pública”.

Desarrollo del juicio y postura de la defensa

Durante el juicio oral, el representante del Ministerio Público sostuvo que la conducta del acusado respondía a una acción dolosa. La acusación se centró en el delito de favorecimiento al tráfico ilícito de drogas, sustentado en la posesión y almacenamiento de las sustancias.

Por su parte, la defensa técnica de Rafael Pérez Salazar adoptó una estrategia distinta. Según se expuso en audiencia, el acusado “aceptaba los hechos pero no la calificación del tipo penal ni la pena propuesta por la Fiscalía”. Esta posición buscó reducir la gravedad jurídica del caso.

Sin embargo, el tribunal evaluó el conjunto de pruebas presentadas. La Fiscalía indicó que la defensa no logró desacreditar los elementos de cargo. En esa línea, el Ministerio Público afirmó que “no pudieron desvirtuar las pruebas de cargo actuadas”, lo que permitió sostener la imputación inicial.

El análisis incluyó tanto el acta de intervención como los informes periciales sobre las sustancias incautadas, además de los testimonios de los agentes que participaron en el operativo.

Sentencia y sanciones impuestas

El caso quedó en manos del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Utcubamba, que evaluó la responsabilidad penal del acusado. Tras la deliberación, el tribunal determinó que existían pruebas suficientes para emitir una condena.

La sentencia estableció ocho años de pena privativa de libertad contra Rafael Pérez Salazar por el delito de tráfico ilícito de drogas. Además, el fallo fijó el pago de una reparación civil de 1,500 soles a favor del Estado.

El juzgado concluyó que la conducta del acusado correspondía al favorecimiento del tráfico de drogas, en línea con la tesis sostenida por la Fiscalía durante el proceso.

La decisión judicial se apoyó en la acreditación de los hechos y en la valoración de las pruebas presentadas en el juicio oral, que permitieron establecer la responsabilidad penal del implicado.

Un nuevo golpe al narcotráfico en Perú se registró en la zona norte del país. Más de 1,5 toneladas de marihuana fueron incautadas durante un operativo conjunto entre las fuerzas policiales de Perú y Ecuador, en una acción que evidenció el nivel de sofisticación de las organizaciones criminales que operan en la frontera. La intervención se realizó en el distrito de Aguas Verdes, en la provincia de Zarumilla, región Tumbes.

El operativo, denominado “Operación Trilogía”, es resultado de un trabajo coordinado de inteligencia entre la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional del Perú y unidades especializadas de Ecuador. Las autoridades lograron desarticular parte de la logística de una red criminal internacional dedicada al tráfico ilícito de drogas (TID), que utilizaba territorio peruano como punto clave en su ruta de distribución.

Droga camuflada en vigas metálicas: así operaba la red criminal

Las investigaciones permitieron ubicar la cochera Zavaleta, un inmueble que funcionaba como centro de acopio de la organización criminal. Según información policial, esta red operaba desde Colombia y trasladaba droga hacia Perú utilizando diversos métodos para evadir controles.

Durante la intervención, los agentes detectaron un sistema de ocultamiento altamente sofisticado: la marihuana estaba escondida dentro de 32 vigas metálicas. Tras desmontar estas estructuras, se hallaron 1,957 paquetes de cannabis sativa tipo “creepy”, que en total alcanzaban un peso de 1 tonelada con 579 kilogramos.

El hallazgo representa uno de los decomisos más importantes en la región en lo que va del año. De acuerdo con estimaciones oficiales, la droga tendría un valor aproximado de 3 millones 198 mil 750 dólares en el mercado ilegal peruano, lo que evidencia el impacto económico generado contra la organización criminal.

La operación fue ejecutada con participación de la División de Investigaciones Especiales de Piura y la Unidad de Investigación de Sustancias Químicas de la Dirección Nacional Antinarcóticos de Ecuador. Todo el cargamento incautado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para su custodia y los análisis periciales respectivos.

Este tipo de intervenciones refuerza la importancia de la cooperación internacional contra el narcotráfico, especialmente en zonas de frontera donde operan redes criminales transnacionales. Asimismo, pone en evidencia las nuevas modalidades que emplean estas organizaciones para transportar droga sin ser detectadas, incrementando los desafíos para las fuerzas del orden en la lucha contra el crimen organizado.

Otro golpe en la frontera: Ecuador destruye campamentos de minería ilegal en operativo vinculado a la lucha contra el crimen organizado

La reciente incautación de más de 1.5 toneladas de marihuana en Tumbes evidencia una escalada de operativos conjuntos entre Perú y Ecuador para frenar economías ilegales en la frontera norte. En esta ocasión, las Fuerzas Armadas ecuatorianas ejecutaron una intervención de nueve días en el Parque Nacional Podocarpus, una zona protegida cercana al territorio peruano, donde detectaron la presencia de organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal de oro.

De acuerdo con el reporte oficial, el operativo permitió destruir 129 campamentos clandestinos, además de 94 bocaminas y 56 plantas de procesamiento, infraestructura clave para la extracción y tratamiento del mineral. Las acciones se concentraron en sectores como San Luis, Dos Camas y La Aida, donde estas redes habían instalado una base logística en zonas de difícil acceso, aprovechando la geografía y el alto valor del oro en el mercado internacional.

Las autoridades también informaron que durante las intervenciones se decomisaron explosivos, municiones, equipos de comunicación y antenas satelitales, lo que evidencia el nivel de organización de estas mafias. El impacto económico estimado alcanza los 3 millones de dólares, además de la recuperación de aproximadamente 130 hectáreas de territorio afectado, en un contexto donde ambos países intensifican acciones coordinadas contra el crimen organizado transnacional en la frontera.

En un contundente golpe al narcotráfico en Río Negro, la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló dos puntos clave de venta de drogas en la ciudad de Cipolletti.

Las acciones, coordinadas por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), se enmarcan en el plan integral dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que busca combatir la comercialización minorista de estupefacientes en el país.

La investigación comenzó meses atrás. El Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de General Roca detectó en diciembre movimientos sospechosos en zonas residenciales de Cipolletti, lo que activó una serie de tareas de campo para esclarecer la posible presencia de bandas dedicadas a la venta ilegal de sustancias.

Bajo la dirección del Dr. Sebastián Gallardo y del auxiliar fiscal Dr. Francisco Iglesia Frezzini, la Fiscalía solicitó la intervención de la División Antidrogas Cipolletti para profundizar la pesquisa sobre un inmueble específico en el barrio Anai Mapu.

Según informó el portal Diario Río Negro, la respuesta policial incluyó vigilancias prolongadas y operaciones encubiertas que confirmaron el funcionamiento de la vivienda como búnker de narcomenudeo. Los efectivos de la PFA tras registrar los movimientos en el lugar, reunieron pruebas que evidenciaban la venta sistemática de estupefacientes a consumidores de la zona. El éxito de la vigilancia permitió identificar una segunda propiedad, situada en el barrio 4 de agosto, que resultó ser un eslabón fundamental dentro del entramado.

La Unidad Fiscal de General Roca descubrió que este domicilio no solo servía como punto de venta, sino también como depósito para el acopio de marihuana. Esto permitía abastecer ambos puntos y reducir el riesgo de incautaciones de grandes volúmenes en caso de intervención policial.

Durante los allanamientos, los efectivos federales incautaron 188 dosis de marihuana listas para la venta, 7 plantas de Cannabis sativa, dinero en efectivo y una balanza digital de precisión, elementos que refuerzan la existencia de una estructura organizada dedicada al narcomenudeo.

Las autoridades informaron que la operación permitió desarticular dos búnkers activos en la venta de drogas, logrando así un impacto inmediato en la oferta de estupefacientes en barrios residenciales de Cipolletti. Según la información oficial, la incautación de marihuana y la detención de los responsables representa un avance concreto en la estrategia federal para reducir el tráfico de drogas en la provincia. Los elementos secuestrados quedaron bajo custodia judicial y los implicados enfrentan acusaciones por infracción a la Ley de Drogas (Ley 23.737).

Durante los allanamientos, los efectivos federales lograron asegurar dos teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes para determinar posibles vínculos con otros actores del circuito delictivo. El dinero incautado, cuya suma no fue detallada pero que se presume proviene de la venta ilícita, quedó a disposición del juez a cargo para su correspondiente análisis en el marco de la investigación patrimonial.

En el operativo, los uniformados priorizaron la recolección de pruebas que permitan no solo confirmar la actividad delictiva, sino también avanzar sobre la trazabilidad de los flujos de droga y dinero en la región.

Los detenidos en el marco del operativo permanecen a disposición del magistrado interventor. De acuerdo con las fuentes consultadas, la investigación continuará para determinar si existen más implicados o ramificaciones de la red en otros barrios de Cipolletti o localidades cercanas.

Desarticularon una banda de narco que era liderada desde un penal

La semana pasada, efectivos del DFI de la PFA lograron desarticular una banda que operaba en la ciudad de General Pico, provincia de La Pampa. Era dirigida desde el penal de Santa Rosa.

Las investigaciones comenzaron en agosto de 2025, luego de que una denuncia anónima advirtiera sobre actividades de narcomenudeo en el Barrio Federal de General Pico. De acuerdo con la información proporcionada, la División Antidrogas General Pico inició tareas de inteligencia, seguimiento y análisis de pruebas, que permitieron reconstruir el funcionamiento interno de la red criminal.

Con base en los trabajos de campo y la recolección de pruebas, los investigadores lograron identificar que la organización estaba dirigida desde una celda de la Unidad 4 del Servicio Penitenciario Federal de Santa Rosa. Las autoridades detallaron que el recluso a cargo coordinaba las operaciones en conjunto con una mujer que actuaba en el exterior. Ambos eran pareja.

La intervención se produjo en el marco de acciones dirigidas por la Policía Nacional del Perú contra el traslado ilegal de sustancias. Según la información oficial, el procedimiento contó con la participación de personal del área antidrogas de Ica, que ejecutó el despliegue cerca de las 3:30 de la tarde.

Durante la revisión, los agentes centraron su atención en un vehículo que presentaba modificaciones en su estructura. El hallazgo posterior confirmó las sospechas iniciales y derivó en la detención del conductor.

Intervención y hallazgo en la carretera

El ciudadano intervenido fue identificado como Freddy de la Cruz Olano, de 57 años, quien conducía una camioneta marca Ford, modelo Escort, de color azul y con placa BRA 209. De acuerdo con el reporte policial, tras una inspección minuciosa del vehículo, los agentes detectaron “una caleta acondicionada en ambos estribos de la estructura”.

La revisión se realizó con presencia de representantes del Ministerio Público y de la Defensa Pública de Ica, lo que permitió garantizar la legalidad del procedimiento. En ese contexto, se abrió los compartimentos ocultos.

Dentro de estas cavidades, el personal encontró “un total de veintiún paquetes tipo ladrillo envueltos con cinta amarilla”. Según la descripción oficial, cada paquete contenía “una sustancia blanquecina cristalina compacta, con características similares al clorhidrato de cocaína”.

Detalles de la sustancia y elementos incautados

La carga presentaba un distintivo particular: “los paquetes presentaban además un logotipo de un delfín”, un elemento que, según las autoridades, podría estar vinculado a organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

El peso total de la sustancia alcanzó aproximadamente 21.850 kilogramos. Además, las fuentes indicaron que el valor estimado de cada paquete ronda los 1.500 dólares, lo que sitúa el decomiso dentro de una operación de impacto económico relevante.

Durante la intervención, los agentes también incautaron dos teléfonos móviles, documentos del vehículo y varias tarjetas de crédito. Estos elementos, de acuerdo con la Policía, “serán claves para la investigación sobre la procedencia y destino de estos ladrillos”.

El caso quedó bajo investigación con participación del Ministerio Público, que evaluará los indicios recogidos durante el operativo. La información obtenida de los dispositivos electrónicos y documentos incautados permitirá trazar posibles rutas y contactos vinculados al transporte de la sustancia.

Desde la Policía Nacional se precisó que este operativo forma parte de las acciones sostenidas “en el marco de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas”. Las autoridades mantienen las diligencias abiertas para determinar responsabilidades adicionales y establecer si existen conexiones con redes criminales de mayor alcance.

Números de emergencia

Seguridad y denuncias (prioridad):

• Central policial: 105
• Denuncia por violencia familiar y sexual: 100
• Serenazgo de San Miguel: 013133003

Emergencias y respuesta inmediata:

• Bomberos: 116
• Defensa Civil: 115
• Policía de carreteras: 110

Apoyo médico en situaciones de riesgo:

• Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU): 106
• Ambulancias de EsSalud: 117
• Infosalud: 113

Ambulancias privadas en Lima:

• Alerta Médica: 01 416 6777
• Clave Médica: 01 265 8783

Atención especializada en casos de violencia:

• EsSalud para mujeres víctimas de violencia: 014118000 (opción 6)

Apoyo humanitario:

• Cruz Roja: 01 266 0481

En la primera operación, desarrollada en aguas internacionales a 263 millas náuticas (487 kilómetros) al sureste de las islas Galápagos, se incautaron aproximadamente 1,9 toneladas de droga y se detuvo a dos ciudadanos ecuatorianos.

La segunda intervención se realizó dentro de la zona económica exclusiva, a 154 millas náuticas (285 kilómetros) al oeste de la provincia de Santa Elena. Allí, las autoridades incautaron 56 kilogramos de droga y detuvieron a otros tres ecuatorianos.

Según las Fuerzas Armadas, el valor del cargamento decomisado se estima en unos 50 millones de dólares en el mercado estadounidense y cerca de 70 millones en el europeo.

En la tercera operación, la Policía Nacional y la DEA interceptaron tres lanchas a 180 millas náuticas (333 kilómetros) de la ciudad de Manta, que transportaban cerca de una tonelada de droga en dobles fondos. En este operativo se detuvo a seis personas.

Las tres acciones se realizaron en menos de veinticuatro horas. Las autoridades indicaron que estos operativos representan “un duro golpe a las economías del narcotráfico” y aseguraron que el mar ecuatoriano “ya no es ruta para las mafias”.

A su vez, las fuerzas de seguridad de Ecuador detuvieron a 118 personas durante la sexta jornada del toque de queda nocturno, que concluyó en del sábado en cuatro provincias con altos niveles de violencia, atribuida por el Gobierno a la disputa entre grupos criminales.

Durante las operaciones, se incautaron tres armas blancas y de fuego, se inspeccionaron veinte vehículos, se recuperaron cinco y se retuvieron doce motocicletas, según datos del Ministerio del Interior.

Desde el inicio del toque de queda el pasado domingo en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, se detuvieron a 743 personas y se destruyeron seis “objetivos militares narcoterrorismo”. La medida rige entre las 23:00 y 05:00 hora local.

A su vez, en El Oro, las Fuerzas Armadas del Ecuador, mediante el Bloque de Seguridad, detuvieron a cinco ciudadanos en el cantón Pasaje por presuntas actividades de minería ilegal. Durante el operativo se decomisó maquinaria de succión y herramientas empleadas en esta actividad ilícita.

Esta disposición se implementa como parte de la “nueva fase” de la “guerra” contra las organizaciones criminales, declarada en 2024 por el presidente Daniel Noboa, tras el aumento sin precedentes de la violencia que ubicó a Ecuador con la tasa de homicidios más alta de Latinoamérica.

De acuerdo con datos oficiales, en 2025 se registraron 9.235 asesinatos en Ecuador, la cifra más alta en la historia del país. El toque de queda se mantendrá vigente hasta el 31 de marzo y, durante el horario de restricción, solo pueden movilizarse militares, policías y personal sanitario de emergencia.

Las autoridades han advertido que cualquier persona que circule por la vía pública sin autorización podrá ser detenida, incluidos los periodistas, quienes tienen prohibido cubrir o dar seguimiento a los operativos de las fuerzas estatales.

(Con información de EFE)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó la detención de Marco Antonio “N”, alias El Sapo, considerado un objetivo prioritario en el municipio de Nogales. La aprehensión ocurrió el 16 de marzo, tras una investigación que involucró trabajo de gabinete y campo por parte de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal.

El detenido es señalado por su presunta participación en un caso de privación ilegal de la libertad cometido en 2020. Además, la autoridad cuenta con información de inteligencia que lo relaciona con tráfico de drogas y personas hacia los Estados Unidos, así como con hechos de homicidio y privación de la libertad en contra de grupos rivales.

Las autoridades trasladaron al imputado al Centro de Reinserción Social, donde quedó a disposición del juez competente. Todo el operativo se ejecutó sin detonaciones de arma de fuego, según comunicó la Fiscalía.

La detención de Marco Antonio “N” se suma a la captura previa de Francisco Ernesto “N”, alias Neto, el 18 de octubre de 2025. En esa ocasión, la operación contó con el respaldo de la Secretaría de Marina y ambos casos están vinculados a la misma causa penal.

Actualmente, Marco Antonio “N” ya compareció en audiencia inicial. La Fiscalía precisó que, una vez transcurrido el término constitucional, el juez reanudará la audiencia para determinar su vinculación a proceso.

La institución subrayó, en su

su postura: “Refrendamos nuestro compromiso de combatir a quienes atentan contra la seguridad de la sociedad”. La Fiscalía insiste en que mantendrá operativos para enfrentar a quienes ponen en riesgo la tranquilidad de la población.

Las investigaciones y detenciones recientes forman parte de una estrategia sostenida para desarticular estructuras criminales en la región fronteriza. De acuerdo con la Fiscalía, estas acciones buscan frenar delitos de alto impacto y reforzar la seguridad en Sonora.

Estaría ligado al Cártel de Sinaloa

Por su parte, reportes periodísticos registran que El Sapo sería un integrante de una célula criminal conocida como Los Gigios, la cual cuenta con nexos con la facción antes liderada por Ismael El Mayo Zambada.

Es importante recordar que el pasado 21 de octubre fue anunciado el arresto de Francisco Ernesto “N”, un sujeto de 50 años que, según datos obtenidos por Infobae México, es integrante de Los Gigios, una estructura delictiva que opera en Nogales y dedicada al tráfico de drogas y personas de México a EEUU.

Tanto la información compartida en octubre pasado como lo datos actuales coinciden respecto a la posible relación de los detenidos con Los Gigios.

Información compartida por Proceso y El Financiero también indica que El Sapo sería miembro de Los Gigios, cuyo líder fue sancionado por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU.

Las cámaras de seguridad del aeropuerto registran cada paso de los pasajeros. Maletas que avanzan por las bandas, viajeros que consultan sus teléfonos y filas que avanzan hacia los controles. En medio de ese movimiento cotidiano, una mujer mayor caminó con calma hacia su puerta de embarque. Vestía jeans, casaca y sandalias. Tenía setenta y dos años. Su equipaje parecía el de cualquier pasajera.

Esa escena cotidiana terminó en una intervención policial. Agentes de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú siguieron sus pasos hasta detenerla. La mujer cargaba más que ropa y recuerdos de viaje. En sus maletas, la policía encontró cocaína oculta entre productos que simulaban alimentos.

El caso revela una modalidad que preocupa a las autoridades. Las organizaciones criminales buscan personas que generen menos sospecha en los controles. Adultos mayores, estudiantes o viajeros solitarios entran en esa lista. Según la policía, la estrategia apunta a reducir las alertas durante los filtros de seguridad.

Una mujer mayor en la mira de la policía

La detenida fue identificada como Basiliana Huaraca Ramírez. Sus familiares la llaman “Mamá Basi”. La policía la describe como una mujer que llevaba equipaje sin señales visibles de tensión.

Sin embargo, los agentes ya la tenían bajo observación. Las cámaras registraron su recorrido dentro del terminal aéreo. Personal de la Dirección Antidrogas sabía que viajaba sola y que su destino era París.

El general de la Policía Nacional del Perú, Leiby Huamán Daza, director antidrogas, explicó que la mujer presentaba un perfil que buscaban las redes del narcotráfico.

La mujer habría sido preparada y adiestrada previamente para ocultar la droga entre productos peruanos como maca, quinua y kiwicha, los cuales fueron mezclados con la sustancia ilícita. Añadió que, pese a ello, la pasajera transitó con aparente normalidad por el aeropuerto y permaneció en la sala de embarque sin levantar sospechas.

El seguimiento concluyó en un ambiente de control dentro del aeropuerto. Allí se aplicó el protocolo de verificación del equipaje.

Ocho kilos de cocaína escondidos entre alimentos

Durante la revisión de la maleta, los agentes hallaron paquetes ocultos en sobres que aparentaban contener avena y otros productos. El contenido se sometió a pruebas químicas para verificar su composición.

“Una coloración azul turquesa, presunto positivo para el alcaloide cocaína. Seguidamente, se va a proceder con el pesaje de la sustancia encontrada en el interior de su espacio de bodega, conteniendo un peso total de ocho kilos, ochocientos cinco gramos de alcaloide cocaína”.

El can antidrogas también participó en la inspección. El animal olfateó la maleta y se sentó frente al equipaje, señal habitual en los entrenamientos de detección de drogas. Con esa señal, el hallazgo quedó confirmado.

La droga tenía como destino final la ciudad de París, una ruta que, según la policía, aparece con frecuencia en investigaciones recientes sobre correos humanos.

Las autoridades identificaron que organizaciones dedicadas al narcotráfico utilizan el aeropuerto para enviar cocaína hacia Europa. París aparece entre los destinos más frecuentes en investigaciones recientes.

El general Huamán explicó por qué los adultos mayores pueden resultar atractivos para estas redes.

“Muchas veces estas personas, difícilmente despiertan la sospecha de la fuerza del orden, porque es una persona anciana, viene tranquilamente con su maleta y difícilmente un agente, un pesquisa de la Dirección Antidrogas podía presumir que se trate de un correo humano”.

Según la policía, el cargamento que llevaba Basiliana Huaraca Ramírez tenía alto valor en el mercado europeo. El kilo de cocaína alcanza cifras elevadas en ese continente, lo que convierte cada envío en un negocio de gran rentabilidad para las organizaciones criminales.

Otros casos detectados en el aeropuerto

Las autoridades registraron otras intervenciones con características similares en el mismo terminal aéreo. En una de ellas fue detenida una mujer identificada como Gisela Paola Terrones Torres.

La intervención se produjo cuando agentes revisaron su equipaje de bodega. Durante el procedimiento se encontró cocaína oculta en productos que simulaban contener maca negra.

Las cámaras de seguridad registraron el comportamiento de la pasajera antes del control. Según la policía, el uso constante del teléfono celular y la permanencia en zonas del terminal sin dirigirse a su puerta de embarque llamó la atención de los agentes.

Camuflaje en objetos cotidianos

Otro caso investigado por la Dirección Antidrogas involucra a Ángela Ríos Vereda. La mujer transportaba cocaína oculta dentro de cajas de chocolates.

Los agentes detectaron la sustancia durante la revisión del equipaje. El análisis químico confirmó el contenido.

“Solo se realizará el pesaje de la sustancia encontrada. Son siete kilos con diez gramos de alcaloide de cocaína”, indicaron durante el procedimiento.

Las autoridades explican que el método de ocultamiento cambia con frecuencia. Productos alimenticios, chocolates o suplementos naturales aparecen entre los objetos utilizados para esconder la droga.

La fiscalía también advierte sobre las consecuencias legales para quienes participan como correos humanos. Un representante del Ministerio Público señaló las penas aplicables en estos casos. “Hemos solicitado penas de dieciséis años con cinco meses, así como penas de dieciocho años con cuatro meses, dependiendo el número de agravante”.

Elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), detuvieron a dos sujetos identificados como Rigoberto Lara Parra de 21 años y Gustavo Alexis Mendiguchia Gutiérrez de 19 años, quienes presuntamente pertenecen a la célula delictiva “Comandante R24” del Cartel de Sinaloa, facción “Mayito Flaco”. Los hechos ocurrieron en el estado de Sinaloa.

A ambos se les aseguraron dosis de cristal, un arma larga, un arma corta, dos cargadores y 45 cartuchos útiles.

Luego de una persecución, las autoridades detuvieron a ambos sujetos.

Los efectivos realizaban recorridos de vigilancia terrestre en la zona de El Canario, cuando detectaron una camioneta de color blanco con placas del estado de California, Estados Unidos (EEUU), a la que le marcaron el alto para realizar una revisión de seguridad. Sin embargo, los tripulantes aceleraron la marcha y emprendieron la huida, por lo que se inició una persecución que culminó en la carretera Mazatlán–Culiacán, donde la unidad se impactó contra la maleza.

Según las investigaciones, los detenidos están relacionados con la célula delictiva “Comandante R24”, que es generadora de violencia en la entidad.

A las personas detenidas se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

“Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para desarticular redes delictivas y proteger a la población en Sinaloa”, se señaló por medio de un comunicado.

Durante el 16 de marzo de 2026 se confirmó la desarticulación de la organización delincuencial Los Cats, responsable de la venta de estupefacientes en el parque Santander de Bogotá, como resultado de una ofensiva coordinada entre la Policía Metropolitana, la Fiscalía General, Migración Colombia y la Secretaría de Seguridad.

Esta operación se llevó a cabo después de 13 meses de investigación, lo que permitió la captura de 13 implicados, 8 hombres y 5 mujeres de nacionalidad extranjera, como parte de la estrategia para erradicar la criminalidad en el centro histórico de la ciudad.

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Durante los allanamientos realizados tanto en la localidad de Santa Fe como en el municipio de Soacha, las autoridades incautaron estupefacientes, armas de fuego y dinero producto de la venta ilegal. Este dato fue confirmado por el brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, que señaló que los capturados cuentan con antecedentes judiciales.

Entre los detenidos figuran alias El Viejo, cabecilla y coordinador logístico, alias Anuel, encargado de la distribución de drogas, y las mujeres conocidas con los alias de La Ñata y La Flaca, identificadas por instrumentalizar a sus hijos menores.

La organización utilizaba menores para evadir los controles policiales

Según información de la Policía Metropolitana, los integrantes de Los Cats empleaban métodos variados para ocultar la droga, depositándola en sillas, árboles, prendas, paredes de la iglesia San Francisco, una chaza de dulces e incluso partes íntimas de los traficantes, con el fin de evadir los controles policiales.

La investigación, liderada por la Seccional de Investigación Judicial (Sijín) e integrada por un agente encubierto, permitió documentar el modus operandi de la red mediante la interceptación de 20 líneas telefónicas, entrevistas y análisis de cámaras de vigilancia.

Asimismo, se indicó que los estupefacientes eran transportados desde Soacha y llegaban al parque Santander ocultos por adultos que estaban acompañados de menores de edad, en muchos casos hijos de los propios integrantes de la banda. Esta estrategia les permitía disimular la operación bajo la apariencia de desplazamientos familiares convencionales.

Acciones de las autoridades en el centro de Bogotá

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, declaró al portal institucional de la Secretaría de Seguridad que esta acción forma parte de una política sostenida para la “recuperación del centro de la ciudad”.

Del mismo modo, detalló que las autoridades han logrado impactar y judicializar un total de 15 estructuras criminales en el corredor comprendido entre la calle 1ª y calle 26 y desde la avenida Caracas hasta los Cerros Orientales.

Galán precisó también que el operativo contra Los Cats incluyó la realización de 10 allanamientos, la captura de 12 personas mediante orden judicial y una aprehensión en flagrancia. En lo que va del 2026, las fuerzas de seguridad han conseguido decomisar más de media tonelada de estupefacientes y neutralizar 41 grupos criminales que operaban en el sector.

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, aportó que durante 28 meses han mantenido intervenciones sistemáticas en la zona, logrando incautaciones regulares de droga y recursos, así como el traslado e identificación de sospechosos.

Golpes contra otras bandas del sector

El resultado contra Los Cats se suma a la desarticulación de Los Tigres en septiembre de 2022 y del grupo conocido como Santander en diciembre de 2024, según informó el despacho del alcalde Galán. Estas organizaciones también se dedicaban a la distribución de estupefacientes en las cercanías al parque Santander.

La articulación institucional ha permitido a Bogotá avanzar en la intervención de uno de los focos históricos del microtráfico en pleno corazón de la ciudad, una problemática que, de acuerdo con las cifras oficiales, ha estado marcada por la presencia de organizaciones estructuradas, empleo de menores y estrategias sofisticadas de ocultamiento y distribución.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridadad y Protección Ciudadana (SSPC), dio a conocer este viernes, durante la conferencia de prensa matutina, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desde Colima, algunas acciones destacadas que se han realizado en materia de seguridad en esa entidad federativa.

De acuerdo con lo señalado por Harfuch, durante el gobierno de la presidenta Sheinbaum, iniciado en octubre de 2024, se ha fortalecido la presencia operativa del Gabinete de Seguridad con un estado de fuerza de más de 4 mil 400 elementos de las instituciones del Gabinete de Seguridad: más de 2 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional; más de 2 mil elementos de la Secretaría de Marina y 200 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Se informó que del primero de octubre de 2024 al 10 de marzo pasado, se han detenido, en Colima, a 2 mil 790 personas por delitos de alto impacto.

Además, se han asegurado más de 4 toneladas y media de droga, así como armas de fuego y cartuchos. Entre los detenidos hay responsables de delitos como extorsión, homicidio, tráfico de drogas y tráfico de armas.

Destacó el operativo que se llevó a cabo el pasado jueves en el municipio de Villa de Álvarez, en el que se detuvo al líder de una célula delictiva dedicada a la distribución de drogas, junto con otros cinco integrantes más de esta organización, que dio como resultado el aseguramiento de 271 kilogramos de fentanilo, que se traduce en 14 millones de dosis, así como el aseguramiento de las dos bodegas donde se almacenaba.

Yair Leobardo “N”, líder de la célula desarticulada, cuenta con antecedentes por tráfico de drogas en Estados Unidos, donde fue detenido en 2019, 2020 y recientemente por su participación en actividades relacionadas con la posesión y distribución de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.

En la actualidad, cuenta con una orden de aprehensión vigente en Chicago, Illinois.

En Manzanillo, en una operación encabezada por la Secretaría de Marina, señaló Harfuch, se localizó una embarcación con tres tripulantes de nacionalidad extranjera y se aseguraron más de tres toneladas de cocaína.

Como parte de las acciones de vigilancia marítima, también se detectó un buque pesquero que ingresó al oeste de Los Cabos, el cual fue interceptado por la Secretaría de Marina, a la altura de la Isla Clarión, en los límites de Colima, donde se aseguraron más de 4 mil 700 kilos de cocaína.

Harfuch dijo que, con estas acciones, en total, han sido aseguradas más de 60 toneladas de cocaína en altamar. En Colima y Tecomán, como parte de las operaciones para combatir el mercado ilícito de hidrocarburo, se ejecutaron cuatro órdenes de cateo donde se aseguraron más de 325 mil litros de hidrocarburos.

También destacó que se han asegurado más de 22 toneladas y 65 litros de sustancias y precursores para la elaboración de metanfetaminas.

El traslado de cocaína desde el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) sigue una ruta marcada por carreteras interandinas, controles policiales y redes familiares que buscan mantener en movimiento la droga sin llamar la atención. En ese escenario, la captura de una mujer señalada como líder de un clan dedicado al tráfico ilícito reveló una modalidad que las autoridades consideran recurrente: dividir grandes cargamentos en partes más pequeñas para sacarlos del país.

El caso permaneció bajo reserva durante varias semanas. La intervención ocurrió a inicios de febrero, pero la confirmación oficial apareció recién después de revisar los detalles del operativo y asegurar la cadena de custodia de la droga incautada. La protagonista del caso es Nena Soto Contreras, conocida en los informes policiales como “La viuda negra”, natural de Santa Rosa, provincia de La Mar, región Ayacucho.

Según información proporcionada por fuentes de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (Dirandro) al diario La República, Soto Contreras, de 45 años, dirigía un grupo familiar dedicado al transporte de cocaína desde zonas de producción del Vraem hacia rutas que conducen a la frontera con Bolivia.

Intervención policial en peaje de Cusco

La detención se produjo el 2 de febrero durante un operativo policial en el peaje Huillque, ubicado en el distrito de Ancahuasi, provincia de Anta, en la región Cusco. En ese punto, agentes antidrogas interceptaron un automóvil Mazda gris con placa BUS-159.

El vehículo figura registrado a nombre de la pareja de Soto Contreras. Durante la intervención, la mujer cuestionó el procedimiento policial y expresó su rechazo ante la acción de los agentes.

De acuerdo con las fuentes policiales citadas por La República, “en todo momento, Nena Soto alegó a sus captores que se trataba de una intervención ilegal, amenazándolos con denunciarlos ante las autoridades”.

El auto era conducido por Carlos Guillén Soto, hijo menor de la detenida. En el asiento posterior viajaba Freddy Laurente Gómez, pareja de Soto Contreras.

Los agentes revisaron el vehículo con mayor detalle tras notar irregularidades en la estructura interior.

Hallazgo de 60 ladrillos de cocaína

Durante la inspección, los policías levantaron los asientos del piloto y copiloto. En ese punto detectaron que una pieza metálica no coincidía con el diseño original del automóvil.

Al desmontar la estructura apareció un compartimento oculto. Dentro de ese espacio se encontraban 60 paquetes de cocaína prensada, conocidos en el lenguaje del narcotráfico como “ladrillos”.

Según las estimaciones policiales, el cargamento pesa cerca de 60 kilos. En la zona de producción del Vraem el valor aproximado de esa cantidad llega a unos 90 mil dólares, con un precio promedio de 1.500 dólares por kilo.

Las autoridades consideran que la droga tenía como destino Bolivia. Desde ese país, según las investigaciones antidrogas, cargamentos similares continúan su ruta hacia otros mercados internacionales.

Modalidad de traslado por partes

Las fuentes de la Dirandro indicaron que el cargamento decomisado podría formar parte de un envío mayor. La división en lotes menores forma parte de una estrategia usada por redes de narcotráfico para reducir riesgos.

“Esta es una modalidad frecuente de contrabando de droga que consiste en sacar del Vraem por partes la totalidad de la mercancía ilícita hacia puntos de acopio para evitar la incautación de todo el producto narcótico”, explicaron las fuentes policiales.

“Es muy poco probable desplazar una tonelada de droga de un solo golpe, a no ser que se usen avionetas o helicópteros para trasladar grandes cantidades. En el Vraem el control es cada vez más estricto, por eso recurren a diferentes métodos, como camuflar los ‘ladrillos’ en compartimentos de los vehículos”, señalaron.

Un clan familiar vinculado al tráfico de droga

Los archivos policiales señalan que Soto Contreras dirigía un grupo familiar que operaba en el transporte de cocaína. Sus hijos Carlos y Paul Guillén Soto figuran en los informes como colaboradores dentro del esquema.

De acuerdo con los registros policiales, ambos ingresaron a ese entorno desde la adolescencia. Tras la muerte de su esposo, Fausto Guillén Gutiérrez, ocurrida durante la pandemia del Covid-19, Soto Contreras asumió la dirección de las operaciones del grupo.

La mujer instaló su centro de operaciones en Santa Rosa, distrito de la provincia de La Mar, zona conocida por la presencia de laboratorios dedicados al procesamiento de cocaína.

Las investigaciones policiales señalan que el grupo adquirió varias camionetas destinadas al traslado de la droga.

Según las fuentes policiales que participaron en el operativo, los vehículos utilizados por la organización permanecían ocultos bajo el puente de Kimbiri, en la provincia de La Convención, región Cusco.

Desde ese punto, los autos salían durante la noche hacia Santa Rosa. Allí acondicionaban los paquetes de droga antes de iniciar el traslado.

Las autoridades consideran que la captura de Soto Contreras puede aportar información sobre las conexiones de estos grupos familiares con redes internacionales de narcotráfico.

Según indicaron las fuentes de la Dirandro, con esta detención será posible “identificar las redes que usan los clanes familiares del Vraem para exportar cocaína a los carteles y otras organizaciones extranjeras que compran cocaína peruana”.

El Informe Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero 2026, publicado el 6 de marzo, identifica al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como las dos principales amenazas del crimen organizado transnacional, capaces de infiltrar bancos, empresas de remesas, casas de cambio y hasta firmas de abogados para reciclar los miles de millones de dólares que genera el narcotráfico.

Remesas y camionetas blindadas: el flujo del dinero sucio

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió el 7 de marzo una Orden de Identificación Geográfica ampliada, que obliga a empresas de servicios monetarios —remesadoras, casas de cambio y compañías de traslado de valores— a reportar transacciones en efectivo de entre 1,000 y 10,000 dólares realizadas en 14 condados de Arizona, California, Nuevo México y Texas, todos en la franja fronteriza.

El mecanismo funciona así, según el informe del Tesoro: las organizaciones criminales contrabandean dinero ilícito a México, lo introducen de regreso a Estados Unidos en vehículos blindados y lo declaran como ingresos legítimos de empresas mexicanas. En algunos casos, ese dinero se usa para comprar armas en suelo estadounidense, exportarlas ilegalmente a México y, en palabras del propio Tesoro, “promover campañas de terror”.

El informe cita la multa de 37 millones de dólares impuesta en febrero de 2025 a Brink’s —la multinacional de traslado de valores— por violar normas antilavado vinculadas al transporte masivo de efectivo.

Fentanilo: los cárteles mexicanos, epicentro de la crisis de sobredosis en EU

Según el documento, en laboratorios clandestinos diseminados por el territorio mexicano, el Cártel de Sinaloa y el CJNG fabrican el fentanilo que está matando a decenas de miles de estadounidenses al año. La droga —hasta 50 veces más potente que la heroína— se prensa en pastillas que imitan medicamentos de prescripción y se trafica hacia Estados Unidos principalmente en vehículos de pasajeros a través de los puertos de entrada fronterizos. Para producirla, los cárteles importan químicos precursores principalmente de China e India, aunque el procesamiento, la distribución y el control del negocio están firmemente en manos mexicanas.

De igual manera se resalta un operativo que se llevó a cabo en septiembre de 2025, en donde EEUU confiscó 300,000 kilogramos de precursores de metanfetamina enviados desde China al Cártel de Sinaloa —el mayor decomiso de este tipo en la historia— con valor de mercado de hasta 569 millones de dólares.

Criptomonedas, mulas de dinero y redes chinas de lavado

Para reciclar las ganancias, los grandes cárteles recurren cada vez más a lavadores profesionales y redes de lavado chino-mexicanas (CMLN, por sus siglas en inglés), que mueven grandes sumas de efectivo usando empresas fantasma, múltiples cuentas bancarias y activos virtuales. El uso de criptomonedas, indica el informe, acelera el proceso porque los lavadores liberan de inmediato un equivalente en activos digitales tan pronto reciben el efectivo físico.

Las “mulas de dinero” son otro engranaje clave: personas que recorren Estados Unidos recolectando el efectivo del narcomenudeo, lo depositan en cuentas llamadas “funnel accounts” o lo convierten en criptomonedas a través de operadores del mercado negro, para después reconvertirlo en efectivo ya en México o Colombia y entregarlo a los líderes del cártel.

Un caso citado en el informe: en junio de 2024, las autoridades acusaron a asociados del Cártel de Sinaloa en Los Ángeles de lavar ganancias del narcotráfico comprando artículos de lujo y automóviles para exportarlos a China, emitiendo cheques de caja y fragmentando depósitos en pequeñas cantidades para evadir la detección bancaria.

La Armada de Ecuador y la Guardia Costera de Estados Unidos incautaron 1,9 toneladas de droga en altamar, presuntamente destinadas al país norteamericano, y detuvieron a dos personas, según informó este martes la institución militar ecuatoriana.

La sustancia, cuyo tipo no se especificó, estaba distribuida en 77 bultos y tendría un valor estimado de USD 40 millones en el mercado estadounidense y USD 70 millones en el europeo.

Durante el operativo, fueron arrestados dos ciudadanos ecuatorianos, identificados como Víctor V. y Jonathan V. El Ministerio de Defensa señaló que esta acción forma parte de los acuerdos de cooperación que Ecuador mantiene con países aliados para combatir delitos transnacionales en los espacios marítimos.

En el último año, Ecuador y Estados Unidos realizaron varias incautaciones conjuntas en alta mar. La más reciente ocurrió el 23 de febrero, cuando se decomisaron 3,12 toneladas de cocaína en una embarcación localizada cerca del límite con Perú, en el sur del país.

Ambos países también iniciaron la semana pasada operaciones militares conjuntas en suelo ecuatoriano contra organizaciones consideradas “terroristas”, en las que bombardearon y destruyeron un campamento de los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la extinta guerrilla de las FARC.

“Y este es solo el inicio. Los vamos a encontrar… hasta por debajo de las piedras”, declaró el ministro de Defensa ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo, sobre la intervención en el municipio de Cascales. Las fuerzas ecuatorianas emplearon aviones, helicópteros, embarcaciones fluviales y drones para localizar y destruir la infraestructura criminal.

En ese sentido, el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, se refirió al apoyo bilateral contra las bandas transnacionales: “A pedido de Ecuador, el Departamento de Guerra de EEUU ejecutó una acción dirigida para avanzar en el objetivo compartido de desmantelar las redes narcoterroristas”.

Ecuador, situado entre Colombia y Perú —los dos mayores productores mundiales de cocaína—, con varios puertos y una economía dolarizada, se consolidó en los últimos años como un punto clave para el tráfico de droga hacia Europa y Norteamérica.

En 2025, las fuerzas de seguridad ecuatorianas decomisaron 227,1 toneladas de droga, principalmente cocaína, 67 toneladas menos que en 2024, año en que se registró una cifra récord de 294,61 toneladas, según datos oficiales.

Noboa afirmó que terroristas entrenan a criminales en Ecuador

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, afirmó que organizaciones como Hamas, Hezbollah y la Guardia Revolucionaria de Irán estarían vinculadas al entrenamiento de grupos criminales en el país latinoamericano. En una entrevista con el medio Univisión, Noboa abordó la expansión del crimen organizado y las posibles conexiones internacionales de las bandas que operan en el país.

El mandatario sostuvo que algunas organizaciones delictivas locales habrían recibido formación o apoyo de estructuras asociadas a esos grupos, considerados organizaciones terroristas por varios países y organismos internacionales. Según Noboa, estas redes formarían parte de un entramado transnacional que alimenta la violencia y el narcotráfico en Ecuador.

Las declaraciones se producen en un contexto de crisis de seguridad en el país, caracterizada por el fortalecimiento de bandas criminales, el aumento de homicidios y la presencia de organizaciones relacionadas con el tráfico internacional de drogas.

Desde enero de 2024, el gobierno ecuatoriano declaró la existencia de un “conflicto armado interno” contra grupos del crimen organizado, a los que catalogó como organizaciones terroristas y actores beligerantes no estatales.

Noboa explicó que el problema de seguridad en Ecuador trasciende a las bandas locales, ya que responde a dinámicas regionales y globales del narcotráfico. El país se ha convertido en un punto estratégico para el envío de droga hacia mercados internacionales debido a su ubicación y a su infraestructura portuaria, lo que ha facilitado la expansión de organizaciones criminales con vínculos internacionales.

El mandatario defendió la necesidad de cooperación internacional para enfrentar estas amenazas y subrayó la importancia de la coordinación entre Estados, el intercambio de inteligencia y las acciones conjuntas contra las estructuras financieras y logísticas que sostienen las economías ilícitas.

(Con información de EFE)

Este martes en conferencia matutina, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, confirmó que el aseguramiento de dos toneladas de cocaína realizado ayer en Acapulco, Guerrero, pertenecía a una facción del Cártel de Sinaloa.

“Este aseguramiento se suma a las 60 toneladas ya en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. En este caso, lo tenemos relacionado con una facción del Cártel de Sinaloa”, destacó.

Además, Harfuch puntualizó que por tierra van más de 340 toneladas aseguradas.

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Un cargamento de 203 kilos de marihuana fue secuestrado por la Policía de Tucumán en el puesto fronterizo de 7 de Abril, en el marco de un operativo especial denominado Lapacho. La sustancia era trasladada en un camión que, según los investigadores, tenía como destino final la provincia de Córdoba. El procedimiento finalizó con la detención de seis hombres y el secuestro del vehículo de carga, además de otros elementos de interés para la causa.

El hallazgo ocurrió cuando los efectivos, apostados en el límite noreste de la provincia, interceptaron el camión durante un control de rutina. Al revisar el vehículo, los agentes encontraron la marihuana distribuida sobre un acoplado, en una modalidad que llamó la atención de los investigadores por la exposición del cargamento. Junto a la droga, los uniformados incautaron teléfonos celulares, dinero en efectivo y tres vehículos: el camión involucrado, una camioneta y un automóvil.

El jefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta, informó que los detenidos son oriundos de Córdoba y que ya quedaron a disposición del Juzgado Federal, que interviene en la causa. “Hoy, en este puesto fronterizo donde operan los efectivos del Operativo Lapacho, se realizó un procedimiento de gran relevancia. Bajo la decisión política del gobernador Osvaldo Jaldo en la lucha contra el narcotráfico, logramos un nuevo decomiso con una importante cantidad de droga secuestrada”, señaló Girvau.

En este contexto, el funcionario remarcó la importancia de fortalecer los controles y sostuvo que la provincia se encuentra frente a una situación compleja debido a los intentos recurrentes de ingreso de estupefacientes desde el norte del país.

Las autoridades investigan ahora las posibles vinculaciones de los detenidos, ya que la carga tenía previsto continuar su traslado hacia otra provincia. Girvau destacó que “es fundamental que se profundicen los controles y las detenciones. Este es un mensaje claro de la Policía de Tucumán en la lucha frontal que mantenemos”.

El operativo se inscribe dentro de una estrategia provincial para combatir el tráfico de drogas en las rutas utilizadas por las organizaciones criminales. La modalidad del traslado, con la droga expuesta sobre el acoplado, facilitó la detección por parte de los efectivos. Se analiza además el contenido de los celulares y el dinero secuestrado para avanzar en la investigación y determinar si existen conexiones con otras redes de tráfico.

El jefe policial concluyó que la Policía de Tucumán continuará colaborando con la Justicia Federal y reforzando los procedimientos en los accesos provinciales. “Continuaremos trabajando y poniendo todas las actuaciones a disposición de la Justicia Federal”, aseguró Girvau Olleta.

Un operativo adelantado por la Policía Nacional culminó con la captura de Adrián Nolberto Caicedo Villareal, más conocido como alias El Obispo, un ciudadano colombiano de 50 años, requerido por la justicia de Estados Unidos desde 2021 por su supuesta participación en envíos de cocaína hacia el estado de Texas.

La detención se materializó en un resguardo indígena de Cuaspud, en el departamento de Nariño, una región históricamente considerada inaccesible para las autoridades debido a la protección legal que cobijan los territorios indígenas.

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La acusación formal contra Caicedo Villareal, emitida por la Corte del Distrito de Texas, describe una red que habría utilizado lanchas rápidas para el tráfico de cocaína entre Nariño, México y Estados Unidos desde el año 2016. Según el expediente citado por El Tiempo, el grupo aprovecha el amparo de resguardos indígenas y su origen étnico para encubrir operaciones criminales y dificultar la acción policial. ‘El Obispo’ figura junto a otros cinco implicados, entre ellos José Imbacuan Chung Ana, alias El Indio, señalado de coordinar rutas y ocultar la droga en zonas protegidas de Cauca y Nariño.

En noviembre de 2023, agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) ya habían detenido a Caicedo Villareal, pero fue puesto en libertad por exigencia de la autoridad tradicional del resguardo indígena de Cuaspud Carlosama, que lo requería para que cumpliera una sanción de 12 años y cinco meses de condena por tráfico de drogas y concierto para delinquir.

Según datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), alias El Obispo cumplía prisión domiciliaria, bajo la jurisdicción de la cárcel de Ipiales, y era supervisado por las autoridades carcelarias mientras cumplía dicha sentencia en su territorio de origen.

Fuentes de la Policía de Nariño informaron al medio citado que “salió de la zona donde estaba pagando condena, del resguardo indígena, y en medio de los controles en Carlosama se encuentra que tiene antecedentes con fines de extradición”. Frente a la situación, las autoridades investigan si una propiedad que Caicedo Villareal posee en Ipiales habría sido adquirida con recursos provenientes del narcotráfico.

Una estructura criminal que usaba territorios indígenas y operaba a nivel internacional

El expediente judicial revela que la organización de la que Caicedo Villareal formaba parte operó al menos desde 2016 y empleaba mecanismos sofisticados para eludir la vigilancia estatal. Además de ‘El Indio’, la Corte de Texas identificó como integrantes a José Bayardo Rosero (alias Bayardo), Adriana Carmenza Cuastumal-Yama (alias La Mayor) y José Daniel Mendigaño Moreno (alias Tía), todos ellos igualmente requeridos en extradición por Estados Unidos. La cabeza de la estructura, según la investigación, era José Edier Rativa Rodríguez, conocido como ‘Chepe’, que fue capturado en Palmira, Valle, en 2023.

Rativa Rodríguez tenía una circular roja de Interpol por narcotráfico y era solicitado por las autoridades judiciales de España, donde fue arrestado previamente en 2017 tras distribuir cocaína en la provincia de Toledo. De acuerdo con datos aportados en el momento de su detención, ‘Chepe’ mantenía operaciones de préstamos y cobros informales, conocidos como ‘gota a gota’, y poseía un patrimonio vehicular valorado en más de $500.000.000.

Alias El Obispo permanece bajo custodia policial y será trasladado a Bogotá, donde la Fiscalía General de la Nación desarrollará el proceso formal de extradición requerido por Estados Unidos.

Mientras el capturado es enviado a tierras norteamericanas, las autoridades trabajan para evitar que más criminales utilicen los beneficios jurídicos que otorgan los resguardos indígenas de cumplir condena en un centro carcelario y, en consecuencia, continuar con sus actividades delictivas.

Un cargamento compuesto por 170 kilos de supuesta cocaína fue incautado este miércoles en el sector de Guasaule, en el sur de Honduras, una acción que representa un fuerte golpe para las estructuras del narcotráfico y refuerza el control sobre una de las rutas clave del tráfico ilícito de drogas hacia Norteamérica.

El decomiso, ejecutado en el marco del Plan Comunidades Seguras 2026, subraya no solo el impacto económico superior a 57 millones de lempiras, según estimaciones oficiales, sino también una intensificación de la vigilancia para prevenir la salida de cargamentos con destino a mercados internacionales, donde el valor de la droga puede multiplicarse considerablemente.

El cargamento fue descubierto en un vehículo detenido durante operativos de patrullaje y control en las inmediaciones del puesto fronterizo de Guasaule, una zona identificada por las autoridades como corredor estratégico del tráfico ilegal debido a su conectividad terrestre con Nicaragua y al constante flujo de transporte. En el procedimiento, agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos en cooperación con el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas inspeccionaron un vehículo tipo pick-up Toyota, modelo Xtra Cab V6, placa JAS 0219, detectando alteraciones en su estructura.

Durante la revisión, los funcionarios hallaron, ocultos en compartimientos falsos, los 170 paquetes, algunos debajo de la paila, otros en la llanta de repuesto, así como dentro del tanque de combustible, según informó la policía hondureña. El diseño de estos escondites pone de manifiesto el nivel de planificación y especialización con que operan las redes del crimen organizado en la región, capacitadas técnicamente para fabricar compartimientos capaces de evadir métodos policiales tradicionales de inspección.

Se observaron en algunos paquetes símbolos distintivos, como una estrella azul y el número 7, considerados por las autoridades como posibles identificadores de la procedencia o destino del cargamento dentro del flujo transnacional del narcotráfico en Centroamérica. Los investigadores analizan si estas marcas tienen vinculación con organizaciones criminales específicas que operan en la zona.

El conductor arrestado en flagrancia fue identificado por el Ministerio Público como Jonatan Josué Álvarez Almendárez, de 31 años, originario de Santa Ana de Yusguare en el mismo departamento de Choluteca. Inicialmente, la identidad del sospechoso se mantuvo confidencial, hasta que el Ministerio Público confirmó el nombre y dispuso la preparación de un requerimiento fiscal por la supuesta comisión del delito de tráfico agravado de drogas.

Álvarez Almendárez será presentado ante un tribunal competente, donde enfrentará cargos que, de acuerdo con la legislación hondureña, contemplan penas graves de prisión por delitos contra la salud pública. La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado, en coordinación con la Dirección Nacional de Servicios Fronterizos y la Dirección Policial Antidrogas, lidera el procedimiento de judicialización y análisis forense de la sustancia para confirmar científicamente su composición y pureza.

El vehículo y los paquetes fueron decomisados y asegurados como pruebas. Técnicos antinarcóticos realizarán los análisis de laboratorio que determinarán legalmente la sustancia y su nivel de pureza, requisito fundamental para la acusación formal.

Las autoridades destacaron el efecto de este decomiso, describiéndolo como “una afectación significativa a las finanzas de las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico”, al frustrar la salida de un volumen de droga con alto potencial de lucro para el crimen organizado si llegaba a mercados internacionales.

Puntos como Guasaule concentran la atención de las fuerzas de seguridad por la facilidad de camuflar cargamentos ilícitos entre el alto tránsito de transporte de carga y vehículos particulares vinculados al comercio legal entre Honduras y Nicaragua.

El multitudinario concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México reunió a más de 400 mil personas y marcó un récord de asistencia.

Detrás de la euforia y la celebración, el operativo implementado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reveló la presencia de hechos delictivos como robo de celulares y posesión de drogas, situaciones que acompañaron el cierre de la gira de la artista colombiana en el país, según informó el organismo.

Detenciones y modus operandi de los atracos

La SSC dio a conocer que detuvo a 10 personas durante el evento, realizado el domingo 1 de marzo.

Entre los arrestados se encuentran seis implicados en robos de teléfonos celulares, tres por portación de posibles drogas y uno más por obstaculizar el libre tránsito.

De acuerdo con la dependencia, dos de los detenidos ya contaban con antecedentes en el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo.

En uno de los incidentes, agentes ubicaron en la esquina de Francisco I. Madero y la Plaza de la Constitución a un menor de 17 años, señalado como responsable de sustraer un teléfono móvil.

Tras una revisión, se localizó el dispositivo y el joven fue puesto a disposición del Ministerio Público.

En otra acción, policías detectaron a una mujer y dos hombres en 20 de Noviembre y Venustiano Carranza que empujaban a asistentes para despojarlos de sus celulares.

Tras ser interceptados, se encontró un teléfono que una joven reconoció como suyo. Los detenidos, de 23, 26 y 35 años, fueron remitidos ante la autoridad.

La SSC también reportó el arresto de un hombre de 22 años que, además de un monedero robado, llevaba consigo 15 bolsitas con presunta marihuana.

En el mismo punto, una pareja fue detenida por sustraer un celular, y tras la verificación se confirmó que ambos contaban con ingresos previos al penal por robo en 2018 y 2019, además de que el sujeto tenía cuatro carpetas de investigación abiertas.

En la avenida de La República, agentes sorprendieron a un hombre de 42 años con seis cigarrillos de probable marihuana.

Además, durante el operativo para liberar las vías, un individuo fue arrestado en República de Perú y República de Brasil por impedir el paso al colocar objetos para apartar lugares de estacionamiento.

Finalmente, en la calle Independencia, fue detenido un hombre de 24 años que transportaba solventes y otros objetos posiblemente destinados a la inhalación.

Récord de asistencia y euforia en el Zócalo

El cierre de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour de Shakira en la Ciudad de México superó el récord de público de Los Fabulosos Cadillacs y consolidó a la cantante como la artista latina con mayor convocatoria para un evento musical al aire libre en el país.

El evento, celebrado el domingo 1 de marzo, reunió a fanáticos desde tempranas horas en la plancha principal y calles aledañas del centro histórico capitalino.

“Gracias a mi gran familia mexicana por hacer este sueño realidad. Te amo, México”, publicó Shakira en redes sociales tras el espectáculo.

Durante la noche, la intérprete colombiana ofreció un recorrido por sus éxitos y agradeció a quienes acamparon para obtener los mejores lugares.

“Tengo una mezcla de emoción, nostalgia y agradecimiento, es nuestro último día en México, mi casa”, expresó durante el concierto.

Un informe oficial atribuyó la muerte del oficial Miguel Cano de la Patrulla de Caminos de California al fentanilo tras un incidente en julio de 2025 en Culver City; el hallazgo, conocido casi ocho meses después, fue difundido por la oficina forense del condado de Los Ángeles, que determinó que el fallecimiento fue accidental y provocado por los efectos letales de este opioide sintético.

El caso mantiene abiertas diversas incógnitas, ya que las autoridades aún desconocen cómo Cano pudo haber ingerido una cantidad mortal de droga estando en servicio, según reportó Los Angeles Times.

La investigación actual, dirigida por la California Highway Patrol (CHP), avanza con la revisión detallada del informe forense. El comisionado Sean Duryee subrayó la obligación institucional de alcanzar conclusiones objetivas: “Debemos esto a la familia, a nuestro personal y al público. Estamos comprometidos con una evaluación completa y objetiva de los hechos”.

El funcionario añadió que, en respeto a los más afectados, la institución se abstendrá de especular o adelantar hipótesis antes del cierre de la investigación.

Hallazgo forense y contexto sobre la exposición al fentanilo

A pesar de que la exposición ocupacional al fentanilo generó temores extendidos entre los agentes del orden en Estados Unidos, reconocidos especialistas en toxicología señalan que el simple contacto físico con la sustancia no suele causar intoxicaciones fatales.

El doctor Daniel Colby, codirector médico del Departamento de Medicina de Emergencias de UC Davis Health, explicó a Los Angeles Times que la absorción cutánea del fentanilo solo es posible en condiciones específicas, como el uso prolongado de parches recetados.

“El fentanilo no puede ser absorbido por la piel con una exposición casual; eso no es cierto”, afirmó Colby. Añadió que incluso en los casos médicos, el proceso tarda horas y requiere preparados especiales.

Estos datos coinciden con el resultado preliminar de la propia CHP. Tras el accidente, la institución descartó inicialmente la intoxicación por exposición durante el operativo, señalando que ni el compañero de Cano ni el sospechoso arrestado presentaron síntomas de intoxicación por drogas.

Circunstancias del operativo y causa de la muerte

El suceso ocurrió después de que el agente Cano, de 34 años, egresado de la academia de la CHP en 2023, asistiera junto a su compañero a un control vehicular nocturno donde intervinieron a un conductor sospechoso bajo efectos de drogas en Culver City.

Durante ese procedimiento, Cano empleó Narcan, un aerosol nasal utilizado para revertir sobredosis de opioides, en el detenido. Al registrar el vehículo, incautaron un arma de fuego, presunta cocaína y parafernalia asociada al consumo. Análisis posteriores revelaron que entre las drogas había fentanilo.

Minutos después, mientras trasladaba al sospechoso detenido rumbo a la sede de la CHP en West Los Ángeles, Cano informó a su compañero que se sentía mal. El patrullero se desvió de la carretera y chocó contra un árbol. Cano fue trasladado de urgencia al Centro Médico de UCLA, donde se certificó su muerte a la 1:40 de la madrugada. Ni el oficial acompañante ni el detenido sufrieron lesiones graves.

Declaraciones institucionales y reacciones

La muerte de Cano constituyó el primer deceso de un miembro de la CHP en cumplimiento del deber desde el año 2020.

El gobernador Gavin Newsom calificó el hecho en una declaración difundida por Los Angeles Times como “una pérdida para el estado y la Patrulla de Caminos de California”. Cano deja una esposa y padres como deudos directos.

El comisionado Duryee recordó públicamente la entrega del agente, resaltando: “Estamos conmocionados por la pérdida del oficial Cano, quien entregó su vida sirviendo a la comunidad de California. Su dedicación, valentía y compromiso con la seguridad pública nunca serán olvidados”.

Avance de la investigación y dudas persistentes

Aunque el fallo forense establece el fentanilo como causa material del deceso, las circunstancias precisas de la exposición permanecen bajo análisis.

La CHP reiteró que la investigación sigue abierta y que no se tomarán decisiones hasta tener plena certeza sobre el desarrollo de los hechos.

La ruta del Pacífico volvió a ocupar la atención de las autoridades peruanas tras una operación en altamar que expuso la dimensión de las redes criminales que conectan Sudamérica con Norteamérica. A cientos de millas de la costa norte, una embarcación ligera cruzaba el mar sin artes de pesca ni señales de actividad comercial lícita. En su interior, oculto bajo capas de embalaje industrial, viajaba un cargamento que superaba las dos toneladas de cocaína.

El caso no se limita a un decomiso. Para los analistas en seguridad, el hallazgo confirma la proyección internacional de organizaciones mexicanas en territorio peruano. La información difundida por el consultor en seguridad integral y gestión de riesgos Pedro Yaranga sostiene que la presencia del Cártel de Jalisco Nueva Generación en el país se consolidó mediante alianzas estratégicas con grupos locales, más que por control directo de ciudades.

Según Yaranga, antes del abatimiento de su máximo líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, la organización ya contaba con redes que facilitaban rutas de exportación vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades ilícitas. El especialista indicó que la expansión no replicó el modelo de control territorial visible en México, sino que se apoyó en acuerdos con estructuras peruanas.

Intercepción en el límite marítimo

El programa Panorama informó que a 190 millas frente a las costas de Talara y Máncora, en el límite de las 200 millas marítimas del Perú, una embarcación ligera surcaba el océano con una carga incompatible con cualquier faena pesquera. En la nave se encontraron 2,4 toneladas de clorhidrato de cocaína distribuidas en compartimentos ocultos.

El operativo fue ejecutado por la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional y la Marina de Guerra del Perú. La intervención permitió interceptar la nave en aguas internacionales próximas al dominio marítimo peruano. Las autoridades señalaron que se trata del mayor decomiso en aguas peruanas de los últimos años.

Dentro de la lancha se hallaron 106 sacos de rafia blanca. Cada saco contenía 20 bloques compactos de cocaína. El patrón de embalaje repetía una secuencia precisa: rafia exterior, malla ajustada con ganchos y plástico transparente que envolvía los ladrillos prensados. El destino, según la investigación preliminar, se vinculaba con redes asociadas a “El Mencho”.

El general PNP (r) José Arturo Ludeña declaró: “Yo podría asegurar que esta droga estaba destinada para el cártel mexicano. En realidad, Sinaloa, Nueva Generación, algunos de los que están vigentes”. La hipótesis conecta el cargamento con estructuras como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Ruta Ecuador–Perú–Estados Unidos

Las investigaciones determinaron que la droga partió desde Ecuador por aguas internacionales. La embarcación ingresó luego a la zona marítima próxima al Perú, donde fue interceptada. El destino final del cargamento era Estados Unidos.

Los tres tripulantes registran antecedentes por tráfico internacional de drogas en distintos países, entre ellos Estados Unidos y Costa Rica. Pese a esas condenas previas, retomaron la ruta marítima con una carga valorizada en millones de dólares.

Pedro Yaranga sostuvo en sus redes sociales que la presencia del Cártel de Jalisco Nueva Generación en Perú se articuló mediante alianzas estratégicas con grupos criminales locales. Indicó que el objetivo principal fue asegurar rutas de exportación, tanto para el envío de cocaína como para el oro extraído de manera ilegal y otras economías ilícitas.

Emisarios en el Vraem y el Huallaga

Los órganos de inteligencia reportan la presencia de emisarios del CJNG en el Vraem y en el Huallaga, dos zonas clave para la producción de coca en el país. Estas áreas concentran laboratorios y pistas clandestinas utilizadas para el traslado de droga hacia la costa.

Además, no se descarta participación de representantes del cártel en la minería ilegal ubicada en la frontera entre Huánuco y Ucayali. En ese circuito se investiga el tráfico de mercurio utilizado para procesar oro de manera ilegal. En cada actividad ilícita, según Yaranga, existe colaboración de clanes familiares que facilitan logística y protección.

El especialista también mencionó reportes sobre la presencia de presuntos sicarios y emisarios del cártel en otros países de Sudamérica. En algunos casos, se difundieron videos para exhibir su presencia en territorio peruano.

Alianzas regionales y expansión

En Ecuador, el CJNG opera en coordinación con grupos locales como Los Tiguerones. Estas estructuras mantienen vínculos con organizaciones que actúan en Lima, especialmente en distritos como San Juan de Lurigancho, donde se detectó distribución y resguardo de laboratorios de droga.

Tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, las agencias de inteligencia consideran probable la aparición de disputas internas por el control de rutas internacionales. Uno de los puntos críticos se relaciona con la droga procesada en el Vraem y su traslado hacia los puertos del Pacífico peruano.

El decomiso frente a Talara y Máncora confirma la vigencia de esa ruta marítima. Cada bloque incautado forma parte de una estructura transnacional que enlaza producción, transporte y distribución en distintos países. La operación expone un esquema que combina alianzas locales, financiamiento internacional y corredores marítimos que conectan Sudamérica con México y, desde allí, con Estados Unidos.

A 190 millas frente a las costas de Talara y Máncora, en el límite de las 200 millas marítimas del Perú, una embarcación ligera surcaba el Pacífico con una carga que superaba cualquier apariencia de faena pesquera. No transportaba redes ni hielo para conservar pescado. En su interior viajaban 2,4 toneladas de clorhidrato de cocaína, distribuidas con precisión en compartimentos ocultos y cuyo destinatario sería la red del narcotraficante más buscado del mundo, el mexicano Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”.

El operativo, ejecutado por equipos de inteligencia de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional y la Marina de Guerra del Perú, permitió interceptar la nave en altamar. La cifra marcó el mayor decomiso de droga en aguas peruanas de los últimos años. Cada bloque prensado formaba parte de un engranaje mayor que apunta a organizaciones criminales de alcance internacional.

Los tres tripulantes no eran improvisados. Registros judiciales en distintos países los vinculan con condenas previas por tráfico internacional de drogas. Pese a antecedentes en Estados Unidos y Costa Rica, volvieron al mar con una carga valorada en millones de dólares, en una ruta que, según los investigadores, buscaba conectar Sudamérica con México y luego con territorio estadounidense.

La ruta y el cargamento

El punto de interdicción se ubicó en una zona estratégica. Según las autoridades, estas embarcaciones navegan “muy pegadito a nuestras doscientas millas”, de modo que, ante una persecución, solo necesitan cruzar a aguas internacionales para escapar de la jurisdicción peruana.

En la lancha se hallaron 106 sacos de rafia blanca. Cada uno contenía 20 bloques compactos de cocaína. El embalaje repetía un patrón: rafia exterior, malla ajustada con ganchos y plástico transparente envolviendo los ladrillos. Un agente fue retirando capa por capa hasta dejar al descubierto la sustancia ilícita.

El general PNP (r) José Arturo Ludeña sostuvo: “Yo podría asegurar que esta droga estaba destinada para el cártel mexicano. En realidad, Sinaloa, Nueva Generación, algunos de los que están vigentes”. La hipótesis enlaza el cargamento con estructuras como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, organización asociada a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

Tripulantes con antecedentes

Uno de los detenidos es Ramón Alfredo Catuto Tomala. El 21 de febrero de 2019 recibió una sentencia de ocho años de prisión por transporte y posesión de drogas para tráfico internacional. En 2021 solicitó extradición a Ecuador. Su salida anticipada no marcó un retiro del delito. Volvió al mar con toneladas de cocaína.

En la embarcación también viajaba Enrique Manuel Mero Mero, de 49 años, condenado en 2017 por un tribunal de Estados Unidos por tenencia de cocaína. El tercer tripulante, Martires Liborio Serrano Chiquito, fue capturado en 2018 en Estados Unidos con cinco kilos de cocaína y luego obtuvo su libertad tras un acuerdo de culpabilidad.

Para Ludeña, estos perfiles responden a una lógica operativa definida: “Son personas que conocen de estas travesías en alta mar y entonces son captadas por estas organizaciones y su trabajo es el de trasladar la mercancía hacia un punto determinado”. No se trata de pescadores sin experiencia, sino de navegantes que dominan rutas, tiempos y puntos de relevo.

La ingeniería de la narcolancha

La embarcación presentaba compartimentos ocultos en cabinas y baño. Un especialista en lanchas explicó: “No hay tanto espacio, pero si usted minuciosamente se sienta a levantar parte por parte, tiene mucho espacio”. Bajo asientos y paneles existían espacios diseñados para ocultar la carga sin alterar la apariencia exterior.

La potencia también formaba parte del plan. Según el general Ludeña, estas lanchas “pueden desarrollar fácilmente los más de cien kilómetros por hora”. Un experto añadió que con tres motores fuera de borda de 200 caballos cada uno, la nave alcanza 600 caballos de fuerza, lo que dificulta la persecución por patrulleras convencionales.

La magnitud del decomiso obligó al traslado aéreo de la droga. Más de diez agentes cargaron los sacos hasta una aeronave policial. La cifra, cercana a los 12 millones de dólares en valor estimado, revela la dimensión del envío y la estructura financiera detrás.

Las autoridades sostienen que la captura solo expone a los transportistas. Los financiadores y destinatarios permanecen fuera de alcance. La orden, según fuentes policiales, es identificar a quienes coordinan la operación desde México y otros puntos del continente.

Omar García Harfuch dio a conocer este miércoles que, resultado de vigilancia permanente del espacio aéreo nacional que mantiene la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a través de la Fuerza Aérea, y la Guardia Nacional, se detectó una aeronave clandestina en Oaxaca, misma que transportaba droga.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló que en el lugar se aseguraron 534 paquetes de cocaína, con un peso superior a media tonelada, que se traduce en millones de dosis de droga que sería comercializada en las calles.

Fue por medio de su cuenta de la red social X, que Harfuch dio a conocer la noticia, y copartió imágenes de la avioneta, así como de los paquetes de droga que fueron incautados.

Cabe destacar que apenas hace unos días, la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) dio a conocer que logró el más grande decomiso de cocaína en lo que va del 2026, al oeste de la Isla Clarión, a unos 700 kilómetros del México continental y ya fuera de la Zona Económica Exclusiva del país.

Según la Semar, en el operativo realizado en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos, fue interceptado un barco que transportaba 188 bultos grandes de cocaína, por lo que se estimó un cargamento de varias toneladas del psicotrópico.

En la acción fueron detenidas cinco personas, mismas que fueron puestas a disposición de la FGR para que se definiera su situación jurídica y se iniciara la carpeta de investigación correspondiente.

La operación se llevó a cabo con unidades de la Armada de México como de la Guardia Costera (USCG) y de la Fuerza Interagencial Conjunta del Comando Sur (JIATF-South) de los Estados Unidosde América, derivado de la cooperación bilateral para combatir actividades ilícitas en el ámbito marítimo.

La Marina agregó que el decomiso forma parte de las operaciones de vigilancia marítima que efectúa la Armada de México mediante el intercambio de información, con el fin de inhibir la acción delincuencial.

El personal de la Comisaría Séptima Metropolitana de la ciudad de Resistencia interceptó este martes a una joven de 21 años que intentaba ingresar estupefacientes ocultos en un paquete de leche en polvo destinado a un interno alojado en esa dependencia. El procedimiento se realizó durante la tarde, en el marco de los controles de rutina que se aplican a quienes entregan alimentos para los detenidos.

Según informaron las autoridades policiales citadas por Diario Chaco, el hecho ocurrió aproximadamente a las 16:45, cuando la mujer se presentó en la comisaría para llevar alimentos a un familiar privado de su libertad.

Al inspeccionar el paquete, los agentes detectaron diez pequeños envoltorios con una sustancia blanquecina, dentro del envase de leche en polvo, lo que activó los protocolos internos para el abordaje de casos de drogas.

Tras el hallazgo, el personal policial solicitó la intervención del Departamento de Consumos Problemáticos, organismo especializado en la detección y análisis de sustancias ilícitas. Los efectivos realizaron la prueba de campo, procedimiento habitual para identificar drogas en situaciones similares. El reactivo utilizado confirmó la presencia de cocaína, con un peso total de 1,4 gramos.

El episodio motivó la intervención inmediata de la Fiscalía Antidrogas N°2, que dispuso el secuestro de la sustancia y la aprehensión de la joven. La causa quedó bajo investigación por supuesta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes, normativa nacional que regula los delitos vinculados al tráfico y tenencia de drogas ilegales en el país.

Fuentes judiciales indicaron que la joven permanece a disposición de la Justicia, a la espera de su declaración indagatoria. El fiscal a cargo deberá determinar si existen otros implicados o si se trató de un hecho aislado. Hasta el momento, no trascendieron datos sobre la identidad de la detenida ni del destinatario del paquete.

Intentaron ingresar droga en una cárcel de Córdoba

Días atrás, la vigilancia en el control de ingreso de paquetes al complejo penitenciario de Bouwer en la provincia de Córdoba permitió frustrar un intento de introducir estupefacientes ocultos en limones.

El hecho ocurrió durante una inspección de rutina, en la que agentes del Servicio Penitenciario de Córdoba detectaron irregularidades en una partida de limones destinada a una persona privada de la libertad.

Según informaron fuentes oficiales, la alarma se encendió cuando los agentes notaron que varios limones presentaban cortes inusuales. Esta situación, considerada atípica por los encargados del área de requisa, motivó un examen más exhaustivo de los cítricos. Al abrirlos, el personal constató que los frutos carecían de pulpa y contenían en su interior envoltorios de nylon con diferentes sustancias, lo que confirmó la sospecha inicial de un intento de contrabando.

El procedimiento permitió secuestrar ocho “bolsitas” de nylon transparente con sustancia vegetal color verde amarronado, compatible con marihuana, y siete envoltorios con sustancia blanca pulverulenta, compatible con cocaína. Los elementos incautados fueron puestos de inmediato a disposición de la autoridad judicial competente, que dispuso las actuaciones correspondientes para determinar el origen y la eventual responsabilidad penal de los involucrados.

De acuerdo con lo informado por el medio local ElDoce.Tv, la investigación judicial quedó a cargo de la Fiscalía de turno, que ordenó peritajes sobre las sustancias secuestradas para confirmar su composición y peso. También se dispusieron medidas para identificar al remitente del paquete y a los posibles destinatarios dentro del penal. Por esto mismo, no se descartan nuevas actuaciones a partir del análisis de cámaras de seguridad y registros de entrega.

Todo el material incautado quedó bajo custodia de la Justicia Federal, que determinará en las próximas horas la derivación de la causa y la posible imputación de los responsables identificados.

En las primeras 72 horas de los operativos que coinciden con el inicio del Carnaval 2026, la Policía Nacional aprehendió a 817 personas en todo el país, en el marco del Plan Firmeza y del despliegue especial de seguridad.

De ese total, 417 fueron capturadas por oficio, 284 por faltas administrativas, 64 en flagrancia y 52 por microtráfico, reflejando el amplio espectro de intervenciones registradas durante los primeros días de celebración.

Las acciones incluyeron 159 diligencias de allanamiento, el decomiso de 10 armas de fuego, 50 municiones y $769 en efectivo, además de la incautación de 14 paquetes de droga. También fueron recuperados dos vehículos y un semoviente, como parte de las operaciones coordinadas a nivel nacional.

En materia de tránsito, la vigilancia se tradujo en 3,900 boletas colocadas, de las cuales 657 correspondieron a exceso de velocidad, 219 a luces inadecuadas, 122 a licencias vencidas, 164 a embriaguez comprobada y 44 a uso de celular mientras se conducía.

Un total de 519 vehículos fueron remolcados por grúas, evidenciando el énfasis en la seguridad vial durante los días de mayor movilidad.

Entre los casos relevantes, en la provincia de Colón fue detenido un individuo requerido por el Ministerio Público por su presunta vinculación con un delito contra la vida en la modalidad de homicidio.

El sospechoso fue identificado mediante el Sistema de Verificación Ciudadana (SVC) y trasladado ante las autoridades judiciales para los trámites correspondientes.

En el sector El Hueco, en Villa Lobos, corregimiento de Pedregal, unidades policiales hallaron 10 paquetes de presunta sustancia ilícita y cuatro armas de fuego, tras una alerta ciudadana.

Los sospechosos se dieron a la fuga al notar la presencia policial, dejando los indicios en el lugar, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

En Chiriquí, la Policía aprehendió a un sujeto requerido por delitos contra el patrimonio económico, incluyendo robo y estafa. En el Puesto de Control Integral de Guabalá fueron detenidas dos personas tras el decomiso de presunta droga, equipos tecnológicos y otros artículos.

Asimismo, en el corregimiento de Finca 30, distrito de Changuinola, fue capturado un hombre de 25 años requerido por el delito de maltrato al menor.

En el corregimiento de Calidonia, un hombre de 47 años fue detenido tras decomisársele presunta sustancia ilícita cuando intentaba ingresar al área de carnaval en la Cinta Costera.

La Policía mantiene un dispositivo integral en esa zona, con refuerzo en accesos, culecos y vigilancia aérea mediante drones, con el objetivo de garantizar el orden público.

Paralelamente al despliegue terrestre, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) asestó dos golpes al narcotráfico en las últimas 24 horas.

Más de 2.1 toneladas de presunta sustancia ilícita fueron decomisadas en operaciones estratégicas, reforzando el control marítimo y portuario.

Uno de los operativos más relevantes se produjo al sur de Isla Jicarón, en Veraguas, donde la Fuerza Aeronaval, en conjunto con el Ministerio Público, decomisó 1,263 paquetes de presunta droga y aprehendió a tres personas. La incautación se enmarca en las acciones de vigilancia en rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales.

En un segundo golpe, también en el contexto del Operativo Carnaval Seguro 2026, fueron incautados 936 paquetes de presunta droga ocultos en un contenedor procedente de Ecuador, localizado en el fondeadero del Pacífico.

El decomiso confirma la utilización de la vía marítima y portuaria para el tránsito de sustancias ilícitas, una modalidad que ha sido objeto de refuerzo en los controles.

Las cifras de incautaciones forman parte de un panorama más amplio. Durante 2025, Panamá registró decomisos que superaron las 90 toneladas de droga a nivel nacional, consolidando una tendencia de incremento en los últimos años.

El presidente José Raúl Mulino ha reconocido públicamente que el tráfico de droga a través del territorio panameño ha aumentado, lo que ha llevado al Gobierno a reforzar el pie de fuerza y las capacidades operativas de los estamentos de seguridad.

El Ejecutivo ha señalado que el incremento en decomisos responde tanto al aumento del tránsito ilícito como al fortalecimiento de la capacidad de interdicción.

Las operaciones conjuntas entre la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval y el Ministerio Público han sido ampliadas, especialmente en corredores marítimos y zonas portuarias estratégicas.

En el contexto de Carnaval, el componente de seguridad adquiere una dimensión adicional. La combinación de eventos masivos y tránsito internacional exige una vigilancia reforzada, tanto en áreas urbanas como en puertos y rutas marítimas.

Los recientes decomisos y capturas reflejan el alcance nacional del operativo, que abarca aire, mar y tierra.

Las autoridades han reiterado que los operativos continuarán durante el resto de las festividades. El despliegue integral busca contener delitos comunes y combatir estructuras vinculadas al narcotráfico, en un escenario donde el flujo de personas y mercancías se intensifica en todo el país.

Cinco dosis de hierba seca con las características propias de la marihuana, una dosis de polvo blanco con las características de la cocaína, tres teléfonos celulares, seis cargadores de celular, un cargador para radio, una memoria USB y cuatro cuchillos, fueron encontrados el pasado viernes en el penal de Aguarato, en Culiacán, Sinaloa.

Los objetos prohibidos fueron encontrados luego de que elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) implementaran una revisión de dos módulos del dicho centro penitenciario.

Los elementos del GOES y custodios penitenciarios, con el apoyo de una base de operaciones del Ejército Mexicano y otra de la Guardia Nacional, brindaron seguridad en la periferia del inmueble penitenciario, durante esta acción.

Las dosis de presunta droga y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales para que sean llevadas las investigaciones correspondientes.

Muere reo dentro de penal

Aunado a este hecho, durante la madrugada del mismo viernes, un reo murió en el Centro Penitenciario de Aguarato, en Culiacán. Así lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sinaloa.

Por medio de una tarjeta informativa que compartió en redes sociales, la dependencia de seguridad informó sobre lo sucedido.

En el mensaje se señaló que el fallecimiento del interno se registró en el área médica de dicho Centro Penitenciario.

De acuerdo con la SSP estatal, la persona privada de la libertad murió presuntamente a consecuencia de hipertensión e insuficiencia respiratoria de origen aún por determinar.

Por estos hechos, la Dirección del Centro Penitenciario notificó a la Fiscalía General del Estado que realizará investigaciones correspondientes para esclarecer con precisión las circunstancias del fallecimiento.

Además, se dio a conocer que se estableció contacto con la familia de la persona que perdió la vida, a quienes se les brindarán todas las facilidades necesarias para la realización de los trámites administrativos y legales conducentes.

Unidades especializadas de la Policía Nacional Civil (PNC) interceptaron una embarcación en la zona sur de la playa Toluca, en el departamento de La Libertad, logrando una de las incautaciones de droga más significativas de los últimos meses. De acuerdo con información divulgada por Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad, la operación permitió decomisar 13 bultos de cocaína, con un peso aproximado de 398 kilogramos y un valor superior a los $10 millones. El alijo estaba oculto entre instrumentos de pesca, siguiendo el patrón detectado en rutas que conectan Nicaragua, Guatemala y Estados Unidos.

Durante el procedimiento, las fuerzas de seguridad detuvieron a dos personas identificadas como Handy Yocimar Medina Gómez, de nacionalidad salvadoreña, y Carlos Roberto Quezada Orellana, guatemalteco-mexicano. Ambos serán puestos a disposición de las autoridades judiciales para enfrentar cargos vinculados al tráfico internacional de drogas.

La operación se desarrolló en horas de la madrugada, bajo condiciones de oscuridad y con el apoyo de equipos tácticos que lograron interceptar la lancha mientras se desplazaba en aguas del Pacífico. Las imágenes difundidas por las autoridades muestran a los capturados esposados y custodiados por agentes policiales, así como los paquetes de droga distribuidos sobre la superficie de la embarcación y en el muelle. El ambiente en el sitio del decomiso revela la presencia de efectivos fuertemente armados, chalecos antibalas y vehículos oficiales.

“En El Salvador no hay rutas para el narcotráfico”, reza la publicación que compartió el ministro Villatoro en su cuenta de X, donde informó sobre la incautación de droga.

El funcionario subrayó que el éxito de la operación se debió a la labor de las unidades especializadas y al monitoreo constante de la franja costera, una de las áreas más vulnerables al tráfico de estupefacientes en la región.

Villatoro añadió que, en lo que va de 2026, las autoridades salvadoreñas han incautado 2,815 kilos de cocaína, valorados en más de $70 millones. Según explicó, la estrategia se ha centrado en reforzar la vigilancia marítima y en la cooperación con otros países del área, con el objetivo de evitar que El Salvador vuelva a convertirse en corredor del narcotráfico. “Esto ejecutado en la zona costera del país, deja claro que El Salvador dejó de ser corredor del narcotráfico y hoy es una muralla firme en el Pacífico”, sentenció el ministro.

Récord de incautaciones en 2025

El 2025 marcó un hito en la lucha antidrogas en El Salvador, con cifras récord en decomisos de estupefacientes a lo largo del litoral y puntos fronterizos. De acuerdo con reportes oficiales y el seguimiento de medios nacionales, las autoridades confiscaron más de 7,000 kilogramos de droga durante el año, en su mayoría cocaína, superando ampliamente los registros de años anteriores. Los principales operativos se ejecutaron en los departamentos de La Libertad, Ahuachapán y Sonsonate, zonas identificadas como puntos clave en las rutas del narcotráfico internacional.

El fortalecimiento de la Fuerza Naval y la articulación entre la PNC, la Fiscalía General de la República (FGR) y agencias internacionales han sido determinantes para aumentar la capacidad de interdicción y respuesta rápida ante el tráfico ilícito. Además, se ha priorizado la inversión en tecnología de vigilancia marítima y aérea, sistemas de radares costeros y capacitación de personal en técnicas de abordaje y detección.

Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el corredor centroamericano, que incluye a El Salvador, continúa siendo estratégico para el traslado de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno salvadoreño ha reiterado en diversas ocasiones su compromiso de impedir que el país retome ese papel en el trasiego internacional de drogas.

Las recientes incautaciones confirman el endurecimiento de los controles y el impacto directo en las estructuras criminales que operan en la región. Tanto la administración de Nayib Bukele como el Ministerio de Justicia y Seguridad han declarado que la meta es mantener a El Salvador fuera de las principales rutas del narcotráfico y consolidar la imagen del país como un muro de contención en el Pacífico.

Un control realizado en el acceso al Complejo Carcelario N°2 de Cruz del Eje permitió identificar que un agente del Servicio Penitenciario de Córdoba intentaba ingresar al establecimiento con droga, disfrazada de embutido.

El procedimiento se activó cuando el personal penitenciario detectó que el guardiacárcel portaba un paquete con características inusuales y al inspeccionarlo detalladamente, constataron que los envoltorios estaban embalados y dispuestos en forma de “salamín”, lo que simulaba un producto alimenticio típico, pero en realidad ocultaba sustancias prohibidas.

La situación requirió la intervención inmediata de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que se dirigió al establecimiento penitenciario para llevar a cabo las pruebas de campo correspondientes.

Según informó el portal El Doce.tv, las pericias confirmaron el contenido ilegal de los envoltorios: se trataba de cocaína y marihuana, sustancias reguladas por la Ley Nacional 23.737, que establece las penas para delitos vinculados a estupefacientes en Argentina. El agente fue aprehendido en el lugar y quedó a disposición de la Justicia.

Tras la aprehensión, el Servicio Penitenciario de Córdoba emitió un comunicado oficial para remarcar que los controles de ingreso se aplican de forma estricta tanto a visitantes y proveedores como al personal propio de la fuerza. La institución subrayó que estas medidas buscan prevenir el ingreso de objetos prohibidos y sustancias ilegales en los establecimientos bajo su órbita.

En el comunicado, la autoridad penitenciaria manifestó que “el narcotráfico y el delito no admiten ningún tipo de tolerancia, mucho menos cuando se trata de faltas graves cometidas por quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad penitenciaria”.

Además de la causa judicial abierta por la infracción a la Ley 23.737, el expediente fue remitido al Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad, el organismo encargado de evaluar el comportamiento del personal de seguridad provincial. Según el organigrama vigente, este tribunal puede definir sanciones disciplinarias que van desde la suspensión hasta la exoneración del servicio.

El Complejo Carcelario N°2 de Cruz del Eje es uno de los principales centros de detención de la provincia de Córdoba y aloja a internos procesados y condenados por distintos delitos.

A principios del mes de octubre, en un hecho con similares características, la seguridad en el sistema penitenciario de Córdoba quedó expuesta tras el arresto de un guardia que intentó introducir elementos prohibidos al Establecimiento Penitenciario N.º 5 de Villa María.

El episodio ocurrió durante un control estándar que incluyó escáner de pertenencias y body scanner corporal, recursos clave en los procedimientos de prevención. El guardia adoptó una actitud evasiva, hecho que motivó una revisión minuciosa por parte de sus compañeros de turno.

Durante el control, los agentes hallaron dos envoltorios plásticos con una sustancia sospechosa y dos celulares ocultos entre las pertenencias del trabajador. El reporte fue elevado de inmediato a superiores, lo que derivó en la intervención de la FPA. Técnicos de la fuerza, mediante reactivos químicos, confirmaron la presencia de clorhidrato de cocaína. Aunque la cantidad exacta no se informó, las autoridades judiciales subrayaron la gravedad del intento de ingreso, calificado como delito según la legislación actual.

El guardia fue arrestado e imputado por tenencia de estupefacientes, según la ley vigente sobre drogas ilícitas. Desde el Servicio Penitenciario de Córdoba comunicaron la apertura de un sumario administrativo para determinar responsabilidades y eventuales sanciones.

El caso fue notificado a la Dirección de Prevención, la División de Investigaciones y la Fiscalía de turno, organismos que ahora avanzan con el análisis del hecho. La investigación busca establecer si el agente actuó junto a internos u otras personas ajenas al penal. Una de las líneas abre la posibilidad de vínculos con estructuras que operan desde las cárceles mediante celulares introducidos irregularmente.

La madrugada del 11 de enero marcó un punto de alerta en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Un método inédito quedó al descubierto en uno de los principales puntos de salida del país, con personas cubiertas por paquetes de ketamina adheridos al cuerpo, una modalidad que no figuraba en los registros de la Dirección Nacional Antinarcóticos. Según Panorama, el operativo reveló un esquema que buscó burlar los controles mediante la inmovilidad y el ocultamiento extremo.

El caso expuso una adaptación del negocio del tráfico de estupefacientes a la infraestructura renovada del terminal aéreo. Las organizaciones criminales apostaron por correos humanos cubiertos de droga, convertidos en “momias” por la rigidez del material adherido a la piel. El objetivo apuntó a sacar del país un sedante usado en la elaboración del llamado Tuzi, con destino a mercados donde su valor creció.

Las primeras horas del año ya mostraron señales de esta mutación del delito. Los agentes antidrogas activaron protocolos frente a un comportamiento que buscó pasar desapercibido. La escena ocurrió en áreas de check-in y control, con movimientos calculados y una separación estratégica entre los involucrados.

El hallazgo de las “momias” de ketamina

A las 9:46 de la noche, una pareja llegó en un vehículo oscuro al aeropuerto. Ella avanzó primero hacia los módulos de atención, pidió los boletos y realizó el trámite virtual con apoyo del personal. Todo respondió a una rutina común. Minutos después, con los pases de abordaje listos, ambos se separaron. El varón siguió rumbo a salidas internacionales; la mujer tomó otro trayecto.

Sin equipaje visible, el joven cruzó zonas internas del terminal. Detrás, los agentes de aduanas activaron al can detector. El pastor belga recorrió el área y se detuvo frente al sospechoso. Esa señal activó el control. El viajero quedó retenido y fue conducido a la zona de revisión.

El registro corporal dejó a la vista paquetes circulares fijados a la espalda, muslos y piernas. La inspección confirmó el método: droga adherida al cuerpo con precisión. En paralelo, la mujer fue intervenida cerca del check-in. La estrategia de división no surtió efecto. Los agentes completaron el procedimiento con ambos detenidos.

El rol de la captación y el destino de la droga

La investigación inicial identificó un esquema de reclutamiento. Una fuente explicó el mecanismo: “La fémina es la que se encarga de captar al varón a cambio de mil dólares más”. El incentivo económico buscó convencer a personas jóvenes a asumir el riesgo.

Durante el retiro de los paquetes, los agentes siguieron protocolos médicos y de seguridad. Un efectivo indicó: “Ya en este momento vamos a retirar los paquetes”. En el proceso, otro agente pidió calma a la intervenida: “Tranquila. Siéntate. Mucha presión está haciendo. Espacio, sácale”.

Sobre la mesa de control, el pesaje sumó cerca de cuatro kilos de ketamina en polvo. La investigación trazó la ruta prevista. Un vocero señaló: “Esta droga, esta ketamina, tenía como destino final Estados Unidos, donde es bastante consumida esta este tipo de droga”. El hallazgo configuró el primer caso documentado de traslado corporal de ketamina en el país.

La presencia canina funciona como detector biológico clave. Varias personas pasan por controles sin novedad; otras quedan retenidas para pruebas reactivas. Cuando el resultado marca positivo, el traslado a oficinas antidrogas ocurre de inmediato.

El récord del “Hombre Píldora” en 2026

En el mismo periodo, otro caso encendió las alertas. Un barbero de 27 años intentó salir del país con más de cien cápsulas de clorhidrato de cocaína en su interior. El itinerario incluyó escalas largas rumbo a Hong Kong. Tras la intervención, una radiografía confirmó la ingesta masiva. El joven recibió atención médica y expulsó las cápsulas bajo supervisión.

Una fuente explicó el método usado para viajes extensos: “Están utilizando medicinas, fármacos, para lograr que el cuerpo pueda tener ciertas horas en el interior antes de expulsarlas para poder llegar a este destino, como es Hong Kong, que es un destino largo”.

Ambos episodios quedaron registrados en la Dirandro y pasaron a disposición del sistema penitenciario. El inicio de 2026 mostró nuevas formas de traslado y un aumento del riesgo asumido por correos humanos, con el aeropuerto Jorge Chávez como escenario principal de detección.

El procedimiento se realizó en un local de Pavón al 1300, se enmarcó en un operativo de saturación organizado por el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, con la coordinación de la Agencia Gubernamental de Control (AGC). En el despliegue participaron efectivos de la División Despliegue Intervenciones Rápidas (DIR), la División Investigaciones Comunales 1 Sur y la División Canes, junto a inspectores de la AGC que inspeccionaron el local comercial y sus dependencias ocultas.

El allanamiento comenzó en el maxikiosco, que funcionaba como fachada para la actividad ilícita. En la parte trasera del comercio, los efectivos descubrieron una pensión sin habilitación, donde se alojaban al menos diez personas en condiciones precarias y fuera de toda normativa vigente. Según informaron fuentes del caso, la inspección de ese hospedaje fue clave para el hallazgo de la droga y la detención de los presuntos responsables.

Entre los detenidos se encuentra una mujer boliviana de 64 años que utiliza silla de ruedas. La habitación que ocupaba, la más cercana al maxikiosco, fue señalada por los perros entrenados para la detección de estupefacientes. Allí, los agentes hallaron una mochila con casi un millón de pesos, 928 dólares y recortes de bolsas de nylon, típicamente usados para envolver dosis de droga. Para los investigadores, la mujer sería la principal encargada de la operatoria, ya que la habitación era el primer objetivo marcado por los canes y desde allí se habría manejado parte de la logística del negocio.

El segundo detenido es un hombre paraguayo de 37 años que residía en una habitación del primer piso. En el entretecho de ese cuarto, los efectivos encontraron 441 dosis de cocaína junto a tres piedras sin fraccionar, sumando un peso de 230 gramos. Además, secuestraron una balanza de precisión y un cuchillo con restos de cocaína en la hoja, herramientas habitualmente utilizadas para el corte, pesaje y fraccionamiento de la droga que luego se comercializa en pequeñas dosis.

Durante la inspección de los pasillos y espacios comunes de la pensión, la Policía halló recortes de bolsas de nylon similares a los empleados para el empaquetado de estupefacientes. Los perros de la División Canes marcaron la presencia de droga en uno de los baños compartidos del pasillo, donde los efectivos encontraron una bolsa con 166 dosis de cocaína, oculta en la mochila de descarga del inodoro. El peso total de cocaína incautado ascendió a 280 gramos, distribuidos en 607 dosis y tres piedras sin fraccionar.

La Agencia Gubernamental de Control dispuso la clausura tanto del maxikiosco como de la pensión, tras constatar la falta de habilitación y varias infracciones a las normativas de seguridad y salubridad. La Unidad de Flagrancia Este, a cargo de Gustavo Pellicori, ordenó la detención de los dos sospechosos y el secuestro de la droga, el dinero y los teléfonos celulares hallados durante el operativo.

La investigación judicial continúa para determinar el alcance de la red desarticulada y la posible existencia de otros puntos de venta vinculados a los detenidos. El operativo se inscribe en una serie de acciones de saturación impulsadas por el Ministerio de Seguridad porteño con el objetivo de combatir el narcomenudeo y cerrar lugares de expendio ilegales en áreas consideradas vulnerables de la ciudad.

El Grupo Interinstitucional llevó a cabo este 25 de enero en Culiacán, Sinaloa, el aseguramiento de dos áreas de concentración de materiales químicos y la destrucción de un plantío de marihuana, de acuerdo con información difundida por las autoridades estatales y federales.

La operación, realizada en comunidades de la capital sinaloense, contó con la participación de elementos del Ejército Mexicano, asíc omo de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) a través de la Policía Estatal Preventiva (PEP).

En el marco de la Operación Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos, las fuerzas de seguridad localizaron dos áreas utilizadas para almacenar sustancias químicas.

Hallazgo de sustancias químicas por las autoridades en Culiacán, Sinaloa

Entre los materiales asegurados se encontraban 550 litros de acetona, 200 litros de thinner, 700 litros de alcohol etílico y 50 litros de metileno, además de 13 bidones, 5 tambos y 1 tina empleados para el manejo de estos compuestos.

Todo el material quedó bajo resguardo de la Fiscalía General de la República y fue destruido bajo los protocolos establecidos, según reportó el grupo de coordinación estatal.

Durante la misma jornada, en el poblado Los Brasiles, también en el municipio de Culiacán, se detectó y destruyó un plantío de marihuana de aproximadamente 150 metros de largo por 10 metros de ancho y 0.25 metros de alto.

Cantidad de marihuana asegurada en el operativo por Fuerzas Federales

Las autoridades incautaron cuatro bolsas de plástico con hierba seca, que en conjunto pesaban cerca de 24 kilogramos, y un bidón de 20 litros que contenía 12 kilogramos de semilla presuntamente de marihuana. La acción formó parte de los recorridos de vigilancia realizados en la zona rural del municipio.

Los materiales y plantas decomisados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, que coordinó su destrucción conforme a los protocolos legales vigentes. Las autoridades reiteraron que los operativos buscan “salvaguardar la seguridad de la sociedad sinaloense”, puntualizando la importancia de la denuncia ciudadana tanto al 911 para emergencias como al 089 para reportes anónimos.

Las acciones conjuntas del Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Sinaloa forman parte de la estrategia permanente contra el tráfico y la producción de sustancias ilícitas en el estado.

En la ciudad de San Francisco, ubicada en el departamento San Justo, en la provincia de Córdoba, un joven de 22 años protagonizó un accidente de tránsito: mientras era asistido, fue inspeccionado y terminó detenido con estupefacientes en su poder.

El episodio tuvo lugar en la mañana de este viernes en la esquina de Suipacha y Gobernador D. Agodino, en el barrio La Florida. El conductor, que se desplazaba en una motocicleta Honda Biz de 125 cc, impactó por motivos que se investigan contra un colectivo urbano manejado por una mujer de 38 años.

De acuerdo con la información oficial de la Policía de Córdoba, los agentes que llegaron al lugar notaron una actitud nerviosa en el motociclista, lo que llevó a realizar una inspección más rigurosa.

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron 14 envoltorios de clorhidrato de cocaína, además de tres teléfonos celulares y una suma de dinero. El monto incautado ascendió a ochenta mil novecientos cincuenta pesos.

Según el comisario inspector Pablo Nieto, del departamento San Justo, “el conductor de la motocicleta presentaba un estado de nerviosismo y una conducta evasiva con intenciones de irse del lugar, por lo que el personal policial procede a identificarlo y a palparlo. Entre sus prendas le encuentran estas catorce dosis que contenían una sustancia compatible con el cloruro de cocaína”.

Nieto detalló que, tras solicitar la cooperación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), se efectuó el test correspondiente, el cual dio positivo para cocaína.

Una vez constatada la presencia de la sustancia, el comisario indicó que se procedió a la aprehensión del hombre e incautaron la droga y los objetos encontrados. Todo el procedimiento fue puesto en conocimiento de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco, que interviene en la causa.

El joven, cuyo nombre no trascendió, quedó a disposición del magistrado interviniente tras ser trasladado a la sede policial. Tanto el vehículo como los elementos secuestrados fueron remitidos para continuar con las actuaciones judiciales.

Circulaban sin casco en Bariloche, los paró la Policía y descubrieron que transportaban droga

Durante un operativo llevado a cabo en el centro de Bariloche, dos jóvenes -uno de ellos menor de edad- fueron arrestados mientras circulaban en una motocicleta sobre la cual pesaba un pedido de secuestro por robo y transportaban drogas fraccionadas para su comercialización.

El procedimiento tuvo lugar la tarde del domingo en la calle España al 500, cuando personal de la Brigada Motorizada de Apoyo de la Unidad Regional III advirtió que ambos se desplazaban sin casco.

Según la Policía de Río Negro, el conductor trató de evitar la identificación y aceleró por España hasta llegar a la esquina con Libertad, donde giró en sentido contrario al tránsito y fue interceptado poco antes de cruzar San Martín.

Debido a esta maniobra, los efectivos detuvieron e identificaron a los jóvenes, uno de 18 años y el otro menor, y al revisar sus pertenencias, encontraron varios envoltorios con sustancias sospechosas. Con la intervención de áreas especializadas y pruebas químicas, se determinó que se trataba de cocaína y marihuana, ambas separadas en dosis individuales.

Diario Río Negro informó que durante el operativo se incautaron aproximadamente 3,5 gramos de cocaína y 7,6 gramos de marihuana, los cuales quedaron bajo resguardo y disposición de la Justicia Federal.

Al mismo tiempo, la policía verificó que la motocicleta presentaba pedido de secuestro por robo y circulaba con una patente apócrifa, lo que podría complicar aún más la situación legal de ambos.

El menor fue puesto a disposición del Juzgado de Menores, mientras que el conductor quedó alojado en la comisaría, enfrentando una causa federal por tenencia de estupefacientes y otra en la Justicia ordinaria por presunto encubrimiento.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó sobre la detención de dos hombres, uno de ellos de origen africano, por su presunta participación en el asesinato de una mujer en la alcaldía Cuauhtémoc.

Según reportes oficiales, la captura se realizó en el marco de una operación de investigación e inteligencia tras el hallazgo del cuerpo de la víctima el 20 de enero de 2026.

Operativo y detención en la colonia Morelos

Elementos de la SSC patrullaban la zona de Jaime Nuno y Palmas, en la colonia Morelos, cuando observaron a dos sujetos cuya apariencia coincidía con la descripción de los posibles responsables del homicidio.

Los policías detectaron que ambos manipulaban una bolsa de plástico negra y, al notar la presencia de los uniformados, los individuos intentaron alejarse rápidamente.

De acuerdo con la SSC, la intervención policial permitió detener a los sospechosos a pocos metros del lugar.

Tras solicitarles una revisión precautoria, hallaron 17 bolsitas con una hierba verde seca, con características similares a la marihuana, y 6 envoltorios con polvo blanco, posiblemente cocaína.

Relación con el homicidio de una joven

Las autoridades informaron que uno de los detenidos, el cual cuenta con 46 años de edad, declaró ser originario del continente africano. Además, informaron que la otra persona detenida tiene 48 años.

Ambos habrían participado en el traslado del cuerpo de la joven que fue encontrada sin vida el pasado 20 de enero.

El análisis de las cámaras de videovigilancia permitió identificar a los ahora detenidos por su vestimenta y características físicas.

La SSC puntualizó que la carpeta de investigación ya fue iniciada y que se trabaja en la identificación de otros posibles implicados.

Droga asegurada y presentación ante el Ministerio Público

Durante la revisión, los agentes aseguraron la bolsa negra con las sustancias encontradas. La cantidad de droga decomisada y la coincidencia con las imágenes de videovigilancia fortalecieron la hipótesis de la participación de los dos sujetos en el crimen.

Los detenidos fueron informados de sus derechos y quedaron a disposición del Ministerio Público, encargado de definir su situación legal.

Según los reportes de autoridades de la Ciudad de México, continúan con las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los detenidos en el homicidio de la joven, mientras la investigación sigue abierta para identificar a otros posibles participantes.

Medios locales han referido que en los videos donde se observa cómo trasladan a la joven sin vida habrían participado 4 personas, por lo que faltaría la localización de otros dos presuntos relacionados.

Datos relevantes de la nota

• Dos hombres fueron detenidos en la colonia Morelos, uno de ellos de origen africano, por su presunta implicación en el asesinato de una joven en la CDMX.
• La Secretaría de Seguridad Ciudadana decomisó 17 bolsitas con hierba seca y seis envoltorios con polvo blanco durante la detención.
• El análisis de videovigilancia permitió identificar a los sospechosos por su vestimenta y características físicas.
• Ambos detenidos permanecen bajo investigación del Ministerio Público.

Una de las playas más lindas de Lima es también escenario de una realidad que rompe con la imagen de descanso y verano. No es Cancún ni Miami Beach: la playa de aguas cristalinas y arena blanca que se encuentra a menos de una hora de la capital convive con dinámicas ilegales que avanzan sin freno. Bajo el sol intenso y frente al mar, el ocio comparte espacio con el miedo y la informalidad impuesta.

Durante la temporada alta, miles de personas llegan al sur de Lima en busca de tranquilidad. Casas de playa ocupadas, música, sombrillas y familias forman parte del paisaje habitual. Sin embargo, detrás de esa postal, emergen prácticas que alteran el uso libre de espacios públicos y colocan a los visitantes frente a cobros obligatorios y ofertas ilegales.

Un reportaje del programa Panorama expuso una situación que vecinos y veraneantes describen desde hace meses. Playas que parecen paraísos cercanos funcionan, en paralelo, como territorios controlados por grupos que fijan precios, delimitan zonas y deciden quién trabaja y quién no. Todo ocurre a la vista de todos, sin presencia constante de autoridades.

La investigación periodística muestra cómo estas dinámicas se normalizan entre quienes acuden al litoral. La falta de intervención efectiva convierte la arena y los accesos en espacios donde rige otra ley, marcada por la intimidación y el silencio forzado.

Playas bajo control de mafias

El informe identifica a una organización conocida como “Los Characatos” como la que ejerce dominio desde la playa Venecia hasta El Silencio. Según el reportaje, este grupo impone cobros a bañistas por estacionar vehículos en vías públicas o por ocupar determinados puntos de la arena, además de exigir pagos a comerciantes informales.

En uno de los registros audiovisuales, un sujeto deja clara la lógica de control territorial: “Ustedes alinéense, paguen su nota, ¿ya? Ustedes ya saben cuánto es por cabeza y chambeen tranquilos”. La frase resume el esquema que, de acuerdo con Panorama, se repite en varias playas del sur.

Los cobros no siempre siguen reglas claras. Visitantes relatan cambios de precio sin previo aviso y discusiones constantes. En una conversación grabada, un veraneante cuestiona el monto exigido y recibe una respuesta directa: “Acá se cobra diez soles”. Ante la consulta por autorización municipal, la réplica resulta aún más reveladora: “Somos particulares, nosotros”.

El control no se limita al estacionamiento. El alquiler de sillas, sombrillas y espacios en la arena también forma parte del negocio. Algunos bañistas denuncian engaños y aumentos repentinos. “Y me dijiste veinticinco con las dos sillas últimos, ¿sí o no? Y ahora, cuando recién me siento, ya me instalé, me dices cuarenta”, reclama un usuario en uno de los audios difundidos.

El dominical recoge testimonios que describen un clima de presión constante. Quien cuestiona o se niega al pago enfrenta respuestas intimidantes. “Diez soles es el parque”, insiste uno de los sujetos, mientras descarta cualquier intervención municipal.

La ausencia de fiscalización facilita que estas prácticas se mantengan. Los mismos actores delimitan zonas con objetos visibles y señalan hasta dónde llega cada puesto. “Todo este amarillo que está ahí, los míos”, afirma uno de ellos al explicar la división del espacio.

Venta de drogas frente al mar

Uno de los aspectos más graves del reportaje se relaciona con la venta de drogas. La investigación muestra cómo la marihuana se ofrece bajo la modalidad de delivery, incluso hasta la orilla del mar. El contacto se realiza con naturalidad, sin mayores reparos.

En uno de los diálogos grabados, un sujeto responde sin rodeos ante la consulta: “Claro, claro”. El precio también se menciona con total normalidad: “En diez soles”. En otra escena, la transacción se concreta mientras el vendedor explica el producto: “Está el otro bichito, lo va a mantener arriba”.

Panorama documenta cómo el mismo individuo que cobra por estacionar o alquila sillas participa en la venta de estupefacientes.

Otro testimonio refuerza la facilidad de acceso: “Dile, pues, nada más dile si hay cigarro natural”. Las referencias a distintos vendedores muestran una red conocida por quienes trabajan en la zona.

Sin presencia efectiva de autoridades

Vecinos y asistentes advierten sobre la falta de policías y personal municipal. La percepción de abandono se repite en cada playa visitada por el equipo periodístico. “La municipalidad no viene”, señala uno de los entrevistados, al explicar por qué los cobros se mantienen.

La organización criminal se presenta con un discurso de dominio absoluto. “Desde El Turri pa’ atrás y pa’ delante, toda esa zona la tenemos nosotros”, afirma uno de sus integrantes. La frase cierra una radiografía inquietante de playas que, pese a su belleza, enfrentan una realidad marcada por el avance del crimen organizado en espacios públicos.

Entre 2020 y 2025, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla reportó que el crimen organizado ha reclutado adolescentes en la entidad aprovechando ventajas legales que dificultan su procesamiento penal.

Al menos 245 menores de edad fueron detenidos en la entidad por posesión de drogas en ese periodo, principalmente marihuana, cocaína y metanfetamina.

El grupo más afectado corresponde a jóvenes de 14 a 17 años, aunque sólo 14 casos derivaron en vinculación a proceso, lo que representa un 5.7% del total.

Motivos del interés del narco en menores de edad

De acuerdo con datos oficiales consultados por El Sol de Puebla, el resto de los menores no enfrentaron proceso penal debido a la ausencia de elementos suficientes o a los beneficios jurídicos que otorga la ley para este sector de la población.

Éder Vásquez Espinosa, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), explicó a la misma fuente que los grupos delictivos eligen a adolescentes por las condiciones legales que los protegen.

“La última consecuencia para las conductas de los juveniles es la cárcel”, declaró el académico en entrevista con El Sol de Puebla. Vásquez detalló que el derecho penal juvenil prioriza la reinserción social sobre el castigo, por lo que existen marcos legales especiales para juzgar a niñas, niños y adolescentes.

Las cifras proporcionadas por la FGE muestran que 2022 registró el mayor número de detenciones, con 78 casos, seguido de 2020 con 50, 2021 con 40, 2023 con 36, 2024 con 26 y 2025 con 17.

Las cantidades de droga decomisadas varían considerablemente: desde poco más de un gramo de metanfetamina hasta casi un kilogramo en algunos casos. Aunque la mayoría de los detenidos son hombres, también se identificaron mujeres involucradas, aunque en menor proporción.

Entre los casos documentados, resalta el de una joven de 17 años que en 2025 fue sorprendida en la capital con 54 gramos de marihuana y no fue vinculada a proceso.

Menores de edad en posesión de droga

En 2024, una adolescente de 15 años fue encontrada con poco más de 9 gramos de metanfetamina en Cuautlancingo. Otro hecho relevante ocurrió el año pasado en San Andrés Cholula, donde un joven de 17 años sí fue vinculado a proceso tras ser hallado con casi 5 gramos de metanfetamina.

Según explicó Éder Vásquez, existen diversos factores que inciden en el reclutamiento de menores por el crimen organizado, como la desintegración familiar, la ausencia de figuras parentales y la falta de prevención.

El especialista apuntó que conductas normalizadas como fumar a temprana edad, consumir vapeadores o ingerir alcohol en el entorno familiar pueden incidir en la vulnerabilidad de los adolescentes. “Aunque parecieran bromas, tienen consecuencias”, afirmó en declaraciones para El Sol de Puebla.

Causas detrás de esta vulnerabilidad

El profesor de la UPAEP añadió que existen alternativas al encarcelamiento para los menores, entre ellas el criterio de oportunidad, que permite a la Fiscalía y al Ministerio Público ofrecerles la posibilidad de evitar la prisión si colaboran con información o acceden a tratamientos en caso de dependencia a sustancias.

También mencionó los centros de integración juvenil como espacios para ayudar a quienes presentan adicciones, siempre bajo la supervisión de revisiones periódicas para evaluar el cumplimiento de los acuerdos.

El informe de El Sol de Puebla subrayó que los grupos delictivos aprovechan los beneficios jurídicos que protegen a los adolescentes, quienes, pese a incurrir en delitos relacionados con drogas, suelen ser considerados víctimas del sistema y no criminales consumados.

Para abordar este fenómeno, Éder Vásquez recomendó fortalecer la cooperación entre familias, sociedad y autoridades, así como crear normas más robustas que dificulten el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, informó este sábado sobre la incautación de 3,2 toneladas de droga en una operación realizada con el apoyo de Estados Unidos. Hasta el momento, no detalló el tipo de sustancia ni la fecha exacta en la que se llevó a cabo el decomiso.

El anuncio se produjo tras una reunión del gabinete encabezada por el presidente Daniel Noboa en el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo en Quito. Reimberg recordó que el mandatario convocó al bloque de seguridad el viernes y destacó que la incautación es resultado de la cooperación bilateral.

“Hemos tenido una incautación de 3,2 toneladas de droga, esto lo trabajamos con Estados Unidos”, señaló el ministro. La Presidencia de Ecuador informó este sábado que en Guayaquil se realizó una revisión masiva de contenedores, lo que permitió la incautación de la droga. No se precisaron las fechas exactas de la operación.

Sumado al reciente decomiso, el jueves pasado, un amplio despliegue de policías y militares efectuó inspecciones exhaustivas en los puertos de la ciudad costera, considerada uno de los principales focos del crimen organizado en el país.

Con perros antidrogas, los agentes recorrieron los contenedores y zonas próximas al puerto, mientras se controlaban los camiones desde su ingreso al área portuaria para supervisar “todas las etapas del proceso de exportación”, según explicó el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

Las inspecciones en los puertos de Guayaquil se realizaron en un contexto de creciente avance del crimen organizado y expansión de actividades ilícitas, lo que llevó a que las terminales operadas por empresas privadas refuercen sus medidas de seguridad.

Ubicado entre Colombia y Perú, los principales productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se consolidó en los últimos años como un punto clave para el tráfico de drogas, principalmente con destino a Europa y Norteamérica.

Durante la reunión del gabinete celebrada este sábado, el ministro del Interior, John Reimberg, informó que en la provincia de Los Ríos fue desarticulada una estructura completa del grupo delictivo conocido como Los Choneros AK47, señalado como responsable de más de 21 muertes en esa zona.

Por su parte, el ministro Loffredo, detalló que cerca de 10.000 militares fueron movilizados a las provincias más conflictivas del país, entre ellas Los Ríos, Manabí y Guayas, con especial atención a la ciudad de Guayaquil.

Loffredo indicó que se ha puesto en marcha una nueva fase de la estrategia de seguridad, con un enfoque más ofensivo, para responder de manera contundente a las amenazas del crimen organizado. En ese sentido, recordó que el alto mando militar fue desplazado a Guayaquil para tomar decisiones directamente desde el territorio.

Desde 2024, Ecuador se encuentra bajo un estado de “conflicto armado interno”, declarado por el presidente Daniel Noboa con el objetivo de intensificar la lucha contra los grupos delincuenciales, catalogados oficialmente como “terroristas”. A pesar de la medida, el año 2025 finalizó con un récord de homicidios en el país, alcanzando alrededor de 9.300 casos, según datos del Ministerio del Interior.

(Con información de EFE)

El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 15 años de prisión a tres ciudadanos ecuatorianos por traficar un millonario cargamento de cocaína, según publicó la Fiscalía General de la República (FGR) en sus redes sociales.

Los condenados son Yhonny Perfiliano Mero Mero, Manuel Orlando Cuevas Delgado y Diego Fabián Velásquez, quienes fueron detenidos en febrero de 2025, cuando la Marina Nacional los interceptó en aguas territoriales salvadoreñas. Al percatarse de la presencia de las autoridades, los ecuatorianos lanzaron los paquetes de droga al mar, amarrados con boyas de navegación.

Los análisis posteriores realizados al cargamento revelaron que se trataba de 1,535 paquetes de cocaína; el valor comercial de la droga incautada asciende a $38.589,900.

La detención tuvo lugar al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque, municipio de La Paz Centro.

El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, presentó en aquel momento a los ecuatorianos, que fueron recibidos en el Puerto de La Unión. La detención de los extranjeros despertó el interés nacional, luego que el presidente de la República, Nayib Bukele, publicó sobre el operativo en marzo de 2025.

“Nuestra Marina Nacional ha dado un nuevo golpe al narcotráfico internacional, interceptando una embarcación a 600 millas náuticas (1,111 kilómetros) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo”, escribió el mandatario en su cuenta de la red social X.

El balance de 2025

En el balance presentado a principios de enero de este año por el Gabinete de Seguridad Ampliado sobre el trabajo de 2025, destaca la incautación de 25 toneladas de diferentes tipos de droga, la cifra más alta registrada en la historia del país.

Durante la presentación de los resultados, el ministro de la Defensa aseguró que este volumen supera en casi ocho toneladas el decomisado en 2024, con un incremento específico de 7.7 toneladas. La mayor parte de la sustancia incautada corresponde a cocaína, cuyo valor en el mercado negro supera los $620 millones.

Las autoridades precisaron que 22.5 toneladas de droga fueron interceptadas en alta mar a través de 16 operaciones de la Marina Nacional, lo que representa más de $563 millones en pérdidas para las estructuras del narcotráfico. El funcionario destacó que algunas incautaciones tuvieron lugar a más de 1,125 millas náuticas de la costa salvadoreña, equivalentes a más de 2,000 kilómetros, lo que consolida al país como un referente internacional en combate al narcotráfico marítimo.

En este contexto, los funcionarios también mencionaron que en 2025 se logró la captura de 6,584 terroristas, junto con importantes incautaciones.

El Gabinete de Seguridad subrayó que estas acciones no solo impiden que El Salvador sea utilizado como punto de recepción o distribución de droga, sino que también afectan directamente la seguridad interna al debilitar financieramente a las organizaciones criminales.

Las autoridades atribuyeron estos resultados a la coordinación entre la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República, así como al respaldo político del presidente Bukele, quien ha reiterado su compromiso de mantener el combate al narcotráfico como eje central de la estrategia de seguridad nacional.

El hecho se produjo en un contexto de vigilancia reforzada dentro de los penales del norte, donde el ingreso de visitas y encomiendas se encuentra bajo estricta supervisión. Las autoridades penitenciarias sostienen que estos controles buscan frenar el ingreso de drogas y otros objetos prohibidos que suelen alimentar redes delictivas al interior de los recintos.

El caso también se conecta con una estrategia más amplia del sistema penitenciario, que combina controles tecnológicos, acciones disciplinarias y traslados de internos considerados de alta peligrosidad. Desde el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se insiste en que estas medidas responden a una política orientada a reducir la criminalidad organizada y los delitos que se planifican desde prisión.

Droga camuflada en alimentos dentro del penal de Picsi

Los agentes del INPE intervinieron a Elizabeth Carol Rivera Calderón, de 27 años, cuando pretendía ingresar alimentos durante su visita al penal de Picsi. Según la información oficial, la mujer llevaba dos envases con carne guisada que levantaron sospechas tras pasar por el detector de rayos X. El equipo permitió advertir formas irregulares en el interior de los recipientes.

La revisión detallada confirmó la presencia de once paquetes envueltos en cinta negra, ocultos dentro del guiso. Las autoridades precisaron que el contenido correspondía a pasta básica de cocaína. De acuerdo con el reporte penitenciario, los envoltorios tenían como destino al interno Wilder Ramírez Villalobos, recluido en el pabellón cinco del régimen cerrado ordinario y sentenciado por el delito de robo agravado.

El INPE informó que “gracias al detector de rayos X se hallaron los productos ilícitos, que iban a ser entregados a su conviviente”. Tras el hallazgo, el personal penitenciario dio aviso al Ministerio Público y puso a la intervenida a disposición de la Policía Nacional del Perú para las diligencias de ley, conforme a los protocolos establecidos.

Desde la institución penitenciaria se recordó que “intentar ingresar productos o sustancias ilícitas a los penales tiene una pena de hasta 20 años de prisión”. Esta advertencia forma parte de las campañas dirigidas a las visitas de los internos, con el fin de disuadir conductas que agravan su situación legal.

Controles y advertencias del sistema penitenciario

El caso registrado en Chiclayo se suma a otros intentos de ingreso de drogas bajo modalidades similares, según reconocen fuentes del sistema penitenciario. El uso de alimentos preparados como medio de ocultamiento representa un desafío constante para los controles, motivo por el cual el INPE refuerza el uso de tecnología y la capacitación del personal.

Las autoridades penitenciarias insisten en que cualquier irregularidad detectada durante las visitas activa procedimientos inmediatos. Estos incluyen la retención de los objetos, la intervención de la persona involucrada y la coordinación con las autoridades judiciales y policiales. El objetivo central apunta a evitar que las drogas circulen dentro de los penales y fortalezcan economías ilegales internas.

Traslados de internos de alta peligrosidad a Ancón I

En paralelo a los controles en los penales del norte, el INPE ejecutó un operativo de traslado de internos considerados de alta peligrosidad hacia el pabellón de extrema seguridad del Establecimiento Penitenciario Ancón I. Esta acción se enmarca en la política de gobierno liderada y supervisada por el presidente de la República, José Jerí, orientada a la lucha frontal contra las extorsiones.

El operativo contó con la coordinación del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, y del presidente del INPE, Iván Paredes Yataco. Este último informó que el traslado se desarrolló con éxito y que 55 internos ingresaron al régimen de extrema seguridad. Según precisó, dicho régimen contempla solo dos horas de patio al día, visitas estrictamente limitadas y una supervisión permanente por parte de personal penitenciario especializado.

Iván Paredes Yataco señaló que entre los trasladados figuran integrantes de organizaciones criminales como “Los malditos de Castilla”, “Los cogoteros de Chiclayo”, “Los injertos del norte” y “Los Patecos”, todas vinculadas a delitos que afectan la seguridad ciudadana.

Procedencia de los internos y balance anual

Los internos trasladados proceden de diversos establecimientos penitenciarios del país. Diez llegaron desde Piura, diez desde Chiclayo, trece desde Trujillo, dos desde Cajamarca y veinte desde penales ubicados en Lima. Todos se encuentran en condición de procesados o sentenciados por delitos como extorsión, sicariato, robo agravado y organización criminal. El operativo contó con la custodia del Grupo de Operaciones Especiales del INPE.

Durante el año 2025, el sistema penitenciario registró el traslado de 2 793 internos a nivel nacional. De ese total, 707 correspondieron a movimientos realizados por razones de seguridad penitenciaria, como parte de las acciones estratégicas orientadas a prevenir y neutralizar actos delictivos que puedan organizarse desde el interior de los establecimientos.

El INPE sostuvo que estas medidas buscan fortalecer el control y la disciplina en los penales del país, en coordinación con las autoridades del sector Justicia, dentro de una estrategia sostenida contra la criminalidad y la extorsión.

Fuentes federales confirmaron a Infobae México la destrucción de más de tres millones de plantas de amapola en el estado de Nayarit, en lo que representa uno de los mayores golpes al CJNG y la producción de narcóticos en la región.

Entre el 8 y el 10 de enero, elementos de la Décima Zona Naval desplegaron operativos en las inmediaciones de la localidad de San Rafael, municipio Del Nayar. En ese lapso, el personal naval localizó y erradicó 32 plantíos de amapola que cubrían una superficie de 111.400 metros cuadrados.

Durante estas acciones, la Armada procedió a destruir alrededor de 726 mil 950 kilogramos de plantas. Los plantíos eran utilizados para la producción de opio, materia prima de varias drogas ilegales que tienen alta demanda internacional.

La Secretaría de Marina subrayó que esta intervención forma parte de una estrategia nacional que busca frenar tanto la fabricación como la distribución de drogas.

El cultivo de la amapola y sus implicancias

La amapola ha marcado el desarrollo de diversas regiones por su papel en la producción de opio, una sustancia utilizada como base para la elaboración de drogas como la heroína.

El cultivo de Papaver somniferum, nombre científico de la planta, se extiende en áreas rurales donde las condiciones climáticas y sociales favorecen su proliferación. El principal peligro asociado a la amapola reside en su transformación en sustancias que generan adicción y daño social. Estas zonas suelen experimentar un incremento en la presencia de grupos dedicados al narcotráfico, lo que influye en la seguridad y la economía local.

El proceso que convierte el látex de la amapola en opio requiere técnicas específicas que muchas veces involucran a comunidades vulnerables. La obtención de la resina se realiza a partir de incisiones en la cápsula de la flor, y ese extracto contiene alcaloides potentes. La manipulación y el tráfico de estos derivados generan disputas territoriales y conflictos armados, afectando a familias y desplazando a comunidades enteras. El comercio ilegal de opio representa una fuente de ingresos significativa para organizaciones criminales, lo que dificulta la erradicación del cultivo y agrava problemas estructurales en los países involucrados.

Impacto en la salud y riesgos sociales

El consumo de opioides derivados de la amapola produce efectos inmediatos sobre el sistema nervioso, con un alto potencial de adicción. El uso prolongado puede llevar a la dependencia física y psicológica, así como a sobredosis fatales. La heroína, uno de los productos más conocidos obtenidos a partir del opio, se asocia con el aumento en los índices de mortalidad.

El impacto social trasciende el ámbito de la salud. La amapola se vincula con la desintegración familiar, el aumento en la criminalidad y la pérdida de oportunidades educativas y laborales para la juventud en regiones productoras. Las autoridades de distintos países han implementado campañas de erradicación y programas de sustitución de cultivos, pero la demanda internacional de opioides mantiene vigente el desafío de combatir los efectos nocivos de esta planta

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) subrayó que, aunque el propósito del acusado hubiera sido huir, el hecho de que conociera que agredía a agentes de la autoridad cumplía con el requisito legal para considerar su acción como delito de atentado. Según informó Europa Press, el tribunal confirmó así la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Cádiz al piloto de una embarcación deportiva interceptada en 2024 cerca de las costas de Cádiz, quien transportaba 100 kilos de hachís y actuó de manera violenta durante la persecución y su detención.

El incidente se produjo después de que un helicóptero del Servicio de Vigilancia Aduanera detectó y siguió al barco dirigido por el acusado y un acompañante. Al notar la presencia de la patrullera que llegó guiada por la aeronave, ambos ocupantes comenzaron a lanzar al mar varios sacos de color azul que contenían la droga, la cual fue luego recuperada, de acuerdo con la sentencia recogida por Europa Press. En ese momento, el piloto dirigió su embarcación hacia la costa a gran velocidad, desoyendo las órdenes visuales y sonoras de alto que le indicaba la patrullera.

El medio Europa Press detalló que, durante la persecución, el acusado ejecutó maniobras bruscas de cambio de rumbo y velocidad para evitar que la patrullera pudiera alcanzarlo, lo que forzó también a la embarcación oficial a realizar giros arriesgados y maniobras de evasión para no colisionar. Aun así, en un primer choque, la lancha pilotada por el acusado impactó contra uno de los motores de babor de la patrullera.

Según publicó también Europa Press, posteriormente el acusado realizó un giro repentino a estribor y disminuyó la velocidad, lo que provocó que el patrón de la patrullera no pudiera evitar una nueva colisión, esta vez contra la aleta de babor de la lancha, quedando ambas embarcaciones contiguas por estribor. Tras este segundo impacto, el acusado se lanzó al agua y trató de nadar, intentando alejarse de los funcionarios, pero cuando comenzó a hundirse pidió auxilio.

Europa Press informó que dos agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera intervinieron para rescatarlo. Mientras era sacado del agua, el acusado mordió con fuerza el dedo meñique de uno de los funcionarios. La sentencia consignada por Europa Press explica que esta acción se consideró un ataque directo contra la autoridad.

La Audiencia Provincial de Cádiz condenó al piloto a ocho años de prisión: cuatro años por un delito contra la salud pública relacionado con el tráfico de drogas y otros cuatro por atentado a agente de la autoridad. Además, el tribunal impuso una multa por delito leve de lesiones debido a la mordedura al funcionario.

El condenado interpuso un recurso ante el TSJA argumentando que sus acciones no implicaron una voluntad deliberada de atacar a los agentes y que la agresión se habría producido en el contexto de maniobras evasivas para evitar la detención, lo cual, según su defensa, no debería enmarcarse como delito de atentado. También alegó que los choques entre las embarcaciones se originaron en el intento de eludir la captura, lo que a su parecer constituye un acto de autoencubrimiento impune.

El TSJA, tal como indicó Europa Press, desestimó todos los argumentos de la defensa y ratificó la sentencia previa. El tribunal recordó la jurisprudencia vigente, que establece que no se requiere un propósito específico o voluntarista de atacar a la autoridad, sino que basta con que se sepa que la persona contra la que se dirige la agresión es una autoridad o actúa en calidad de tal. Según el TSJA, el conocimiento del carácter de la víctima como agente de la autoridad es suficiente para que se configure el dolo exigido en el delito de atentado, aunque el motivo de la acción haya sido simplemente la huida.

De acuerdo con la resolución, el hecho de lanzar la droga al mar evidenció la intención de deshacerse del alijo ante la inminente detención y que todas las maniobras ejecutadas para evitar la interceptación supusieron un peligro adicional tanto para los agentes como para la navegación. Europa Press también informó que los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera debieron realizar maniobras arriesgadas para intentar evitar colisiones, y que la negativa del piloto a detenerse contribuyó a elevar el riesgo de la operación.

La confirmación de la sentencia por parte del TSJA mantiene en vigor tanto la pena de prisión como las sanciones económicas y refuerza el criterio previo de la Audiencia Provincial de Cádiz, según el cual los hechos constituyen delitos contra la salud pública y de atentado a agentes de la autoridad, sin que la motivación de intentar huir pueda eximir al acusado de responsabilidad penal por la agresión a los funcionarios en el ejercicio de sus funciones.

En el terminal portuario de Paita, la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Piura incautó más de 39 kilos de alcaloide de cocaína. El cargamento estaba dentro de una caja metálica adherida al casco externo de un buque procedente de Colombia. La intervención se realizó en la zona subacuática de la embarcación, con apoyo de buzos de la Marina de Guerra y personal de aduanas. La caja, de aproximadamente un metro de largo, fue retirada de la popa y trasladada para verificación inmediata.

La alerta se originó por información de inteligencia. Las autoridades activaron un operativo conjunto y se concentraron en un punto específico del casco. Dentro del compartimiento se encontraron 30 paquetes tipo ladrillo. Las pruebas de campo confirmaron alcaloide de cocaína. Según información policial, el cargamento tenía como destino Europa y utilizaba el puerto de Paita como punto de salida dentro de una ruta asociada a organizaciones internacionales de narcotráfico. No se registraron detenidos. El Ministerio Público informó que las investigaciones continúan.

Voceros policiales señalaron que el seguimiento del buque comenzó desde su ingreso a aguas peruanas. Un jefe operativo explicó el rol de la cooperación internacional. “Utiliza técnicas especiales de investigación y ya se coordina con la policía colombiana, con la DEA, con otros organismos internacionales que se dedican a, a combatir este delito. Entonces, se obtiene información en tiempo real, información privilegiada que nos permite neutralizar este tipo de cargamentos”, señaló durante la presentación del caso.

Las autoridades precisaron que la droga no estaba dentro de contenedores comerciales. El sistema de ocultamiento se colocó en el exterior del casco, en una zona próxima a ductos metálicos. Este método evitó controles ordinarios y exigió una inspección técnica subacuática. La estructura metálica contenía los paquetes en posición fija, sin contacto directo con áreas de carga regular.

Operativo y confirmación del cargamento

Durante la intervención, personal especializado extrajo uno de los paquetes para prueba de campo. Un oficial describió el resultado: “De manera aleatoria se está extrayendo uno de ellos para hacer la prueba de campo correspondiente. Realizada la prueba de campo, este da una coloración azul turquesa, positivo, presuntivo para alcaloide cocaína”. La verificación permitió confirmar la composición del material incautado.

La Policía Nacional informó que el envío tenía como destino el puerto de Róterdam, en los Países Bajos. Informes técnicos señalaron que en ese mercado el valor por kilo alcanza montos elevados. Durante la exposición del caso, se destacó el impacto económico del cargamento. En la transmisión televisiva vinculada al operativo se indicó que “el valor de lo incautado asciende a más de un millón de dólares”.

Método de ocultamiento y ruta internacional

El jefe de la Dirección Antidrogas describió el mecanismo utilizado por la organización criminal. “Utilizan un contenedor metálico, también imanes del tamaño de latas de atún y un pegamento especial, una silicona no soluble al agua, para adherirlo fijamente en el metal del barco, en este caso, eh, el ducto de la embarcación, del ducto de entrada de ventilación de la embarcación. Ahí va, ahí viaja y luego, al llegar al país destino, una vez que la embarcación acodera, vienen buzos de la organización criminal transnacional en lanchas, se sumergen al agua y inmediatamente extraen este contenedor metálico y se llevan la droga consigo”, explicó.

Fuentes policiales indicaron que este método se utiliza para evadir controles aduaneros internacionales. “La policía precisó que este modus operandi no es nuevo y se emplea para evadir los controles aduaneros internacionales”, señaló el informe difundido tras la intervención.

El Ministerio Público mantiene bajo custodia los paquetes incautados y desarrolla diligencias orientadas a identificar a los responsables, así como los vínculos de la red que opera en rutas marítimas internacionales.

El hecho ocurrió alrededor de las 04:45 horas, en el Resguardo Principal de la Aduana local, específicamente en el carril de ingreso al país. Allí, el personal interviniente detuvo para control un vehículo marca Chevrolet, color gris, con dominio argentino AB396PI, ocupado por dos hombres.

Al solicitarles la documentación correspondiente, los ocupantes exhibieron una cédula de identificación vehicular con número de control AVB07806. Asimismo, al requerírseles los documentos personales y consultarles sobre el origen y destino del viaje, manifestaron verbalmente que provenían de Foz de Iguazú y que se dirigían hacia la ciudad de Camboriú.

Sin embargo, dicha versión resultó incongruente, ya que el rodado se encontraba ingresando a territorio argentino, cuando el trayecto habitual hacia las playas del sur de Brasil no implica atravesar la República Argentina.

Ante las inconsistencias detectadas y el evidente estado de nerviosismo, los individuos adujeron que la puerta del conductor no se podía abrir, por lo que descendieron del rodado por la puerta del acompañante. En ese momento, al reiterarse el pedido de documentación personal, ambos sujetos emprendieron una veloz huida a pie, recorriendo aproximadamente 60 metros, cruzando la frontera seca hacia Brasil y dándose a la fuga, abandonando el vehículo en plena Zona Primaria Aduanera.

Frente a esta situación, se solicitaron las directivas correspondientes para avanzar con una requisa exhaustiva del rodado, dándose inmediata intervención a la División Investigaciones Narcotráfico Noreste (DE INAI). En el marco de las primeras diligencias y mediante consultas a bases de datos oficiales, el personal especializado constató que sobre el vehículo pesaba un pedido de captura vigente desde el 11 de noviembre de 2025, por una causa de robo.

Informada la autoridad judicial interviniente, se dispuso la continuidad de las actuaciones y se ordenó la revisión integral del automóvil. Como resultado de la inspección, se hallaron 188 panes rectangulares ocultos en distintos sectores del habitáculo, los cuales fueron sometidos a pruebas de orientación química, arrojando resultado positivo para marihuana.

El pesaje final de la sustancia permitió establecer un total de 112 kilogramos de estupefaciente, que fueron formalmente secuestrados y puestos a disposición del juzgado interviniente.

Las autoridades avanzan con las actuaciones judiciales de rigor y la ampliación de información en el Reporte de Novedades de Narcotráfico, mientras trabajan en la identificación y localización de los responsables, quienes permanecen prófugos.

Este mismo sábado, un ciudadano de nacionalidad colombiana fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza tras ser sorprendido transportando 17 kilos de marihuana ocultos en una valija. El hecho ocurrió alrededor de las 5:45 de la madrugada, cuando el pasajero arribó al país en un vuelo proveniente de Roma y fue sometido a un control de rutina por parte del personal de Aduana.

Durante el escaneo del equipaje, los agentes detectaron un contenido denso y uniforme en una de las maletas, lo que despertó sospechas. La intervención de un perro detector de narcóticos confirmó la presunción, y al abrir la valija se hallaron dos paquetes envueltos en bolsas, film plástico y cinta adhesiva, que contenían cogollos de cannabis. El pesaje final arrojó un total de 17 kilos de marihuana, distribuidos en un paquete de 13 kilos y otro de 4 kilos.

El pasajero, que viajaba solo, quedó detenido y a disposición de la Justicia, que investiga el intento de contrabando de estupefacientes.

Este procedimiento se sumó a otro operativo reciente registrado en Navidad, cuando una ciudadana brasileña fue arrestada en Ezeiza al intentar trasladar 4,348 kilos de cocaína hacia Europa. La droga estaba oculta en prendas de vestir dentro de su equipaje de mano y fue detectada por su peso inusual y un fuerte olor químico, siendo confirmada mediante un test reactivo.

La mujer viajaba desde Santiago de Chile con destino final a Ámsterdam, y quedó imputada por infracción a la Ley 22.415, con secuestro de su teléfono celular y divisas.

Las autoridades chilenas realizaron dos decomisos de droga proveniente de Bolivia que estaba camuflada en mercadería de exportación.

El 18 de diciembre se informó sobre el hallazgo de casi 700 kilos de cocaína oculta en un contenedor de madera que tenía como destino final España; y cinco días más tarde se dio a conocer la incautación de 110 kilos de marihuana en un camión que transportaba soja a granel con destino a Colombia.

El primer procedimiento se desarrolló en el marco de la operación “Mercurius”, llevada a cabo por el Servicio Nacional de Aduanas, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) —mediante la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado (Brianco)— y la Policía Marítima de la Armada. La indagación estuvo liderada por la Unidad de Inteligencia y Crimen Organizado de la Fiscalía de Arica.

Las primeras diligencias permitieron identificar anomalías en la documentación y en la logística del envío, asociadas al tráfico de drogas mediante técnicas poco habituales, entre ellas la impregnación de estupefacientes en productos lícitos.

Durante la revisión, perros adiestrados de la Policía Marítima y de Aduanas reaccionaron frente al cargamento, aunque los exámenes iniciales no entregaron resultados concluyentes. Por orden del Ministerio Público, el material fue sometido después a análisis científicos especializados, efectuados por el Servicio de Salud de Arica.

El jueves 18 de diciembre, los peritajes confirmaron que la madera —correspondiente a la especie tajibo— contenía cerca de 700 kilos de clorhidrato de cocaína infiltrado en su estructura. El lote consistía en nueve pallets, con un peso total aproximado de 19,5 toneladas, enviados desde Bolivia con destino a Barcelona.

Este hecho eleva la alerta sobre nuevas formas de ocultamiento de narcóticos en cadenas comerciales internacionales y mantiene vigente la investigación para determinar quiénes están detrás del envío y qué redes criminales participaron.

El fiscal regional Mario Carrera Guerrero, a cargo de la investigación, señaló en un punto de prensa que el contrabando detectado es “novedoso”, porque “es madera no en planchas grandes como habíamos visto con anterioridad, sino que son planchas bastante pequeñas. Entonces, es más difícil el trabajo porque no todas vienen impregnadas con cocaína, y eso es para dificultar efectivamente el trabajo de nuestros fiscalizadores”, manifestó citado por el medio Arica al Día.

En el segundo caso, la Aduana Regional de Arica encontró más de 110 kilos de marihuana ocultos en una carga de soya cuyo destino final era Colombia.

“Los hechos ocurrieron la tarde del martes pasado, cuando se presentó a los controles habituales un camión procedente desde Bolivia, conducido por el ciudadano boliviano G.O.R., el cual transportaba una carga de soya a granel en tránsito”, señala el reporte oficial. El chofer del camión fue arrestado y el cargamento fue puesto a disposición de los carabineros.

En tanto, la Fiscalía de Bolivia informó que inició una investigación sobre el hallazgo de cocaína impregnada en madera de exportación. “Nosotros estamos cooperando, se ha abierto un proceso penal y la Policía Boliviana y la Fiscalía están realizando diligencias para investigar este hecho que llama la atención”, señaló el fiscal general Roger Mariaca en una rueda de prensa.

El método de ocultar cocaína en madera boliviana de exportación se ha documentado con mayor visibilidad en los últimos años, a través de decomisos oficiales y en reportes de los medios de comunicación. Sin embargo, no hay estadística oficial pública que cuantifique este procedimiento.

Más de 250 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación con la Marina de Guerra del Perú, desplegaron un megaoperativo de control territorial en los distritos de Puente Piedra y Carabayllo como parte del estado de emergencia que rige en Lima Metropolitana y Callao.

Durante la intervención, las fuerzas del orden lograron capturar a cuatro personas con requisitorias vigentes por delitos graves, así como a tres individuos involucrados en la venta de droga.

Los capturados en Puente Piedra enfrentan cargos por actos contra el pudor y tocamientos indebidos a menores de edad, violencia familiar y delitos contra la seguridad pública. Todos fueron trasladados a las autoridades judiciales para continuar con los procedimientos legales.

En Carabayllo, los agentes detuvieron a dos hombres y una mujer vinculados a la comercialización de sustancias ilícitas. En su poder se hallaron 715 envoltorios de pasta básica de cocaína (PBC), listos para su distribución, lo que evidencia la presencia activa de redes de microcomercialización en la zona.

El operativo contó con la presencia de unidades especializadas como USE, Escuadrón de Emergencia, Halcones y SUAT, bajo el mando del jefe encargado de la Región Policial Lima, César Calero. La acción fue supervisada por el viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Francisco Gavidia, acompañado por Benito Villanueva, secretario general del Despacho Presidencial, y Juan Flores Almestar, director de la Dirección Contra Delitos de Crimen Organizado del Ministerio del Interior.

Durante la jornada, en Puente Piedra, los policías realizaron controles de identidad a transeúntes en las inmediaciones de la plaza de Armas del distrito y efectuaron inspecciones en dos locales nocturnos, con el objetivo de identificar a personas requeridas por la justicia. Posteriormente, las autoridades se trasladaron a la comisaría El Progreso, en Carabayllo, para evaluar los resultados del operativo y fortalecer la estrategia policial.

El viceministro Gavidia afirmó que el presidente de la República, José Jerí, ha dispuesto la movilización de todos los estamentos estatales para priorizar la seguridad ciudadana. Por su parte, el representante del Ministerio del Interior, Juan Flores, destacó los esfuerzos sostenidos de la Policía Nacional para enfrentar el crimen organizado y aseguró: “la delincuencia no nos va a ganar”.

El jefe policial César Calero subrayó que estos operativos continuarán de manera permanente, bajo la conducción del presidente Jerí, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, con el objetivo de restablecer el orden y la tranquilidad en Lima Norte.

Prórroga del estado de emergencia en Lima y Callao

El Gobierno resolvió ampliar por 30 días el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, una medida vigente desde el 21 de diciembre de 2025. Esta decisión se fundamenta en la persistencia de una situación crítica para el orden interno debido al incremento de delitos violentos como homicidios, sicariato y extorsiones.

Con la extensión, la Policía Nacional del Perú (PNP) continúa a cargo del control interno, con el respaldo de las Fuerzas Armadas en puntos clave. Las zonas de intervención serán seleccionadas a partir de información de inteligencia, análisis estadístico y mapas delictivos, para fortalecer la presencia estatal en los sectores con mayor incidencia delictiva.

En la ciudad de Santa Rosa, al norte de California, una investigación policial tomó forma a partir de un aviso federal sobre el movimiento de un paquete internacional. La comunicación inicial llegó desde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, que informó sobre un envío procedente de Perú con contenido sospechoso. El reporte describía materiales que, a simple vista, parecían artículos comunes, aunque los investigadores advertían sobre la posible presencia de sustancias ilícitas ocultas en su interior.

El caso despertó la atención de las autoridades locales por la variedad de compuestos incluidos en el paquete. De acuerdo con la información oficial, los agentes detallaron que el envío contenía “lo que parecía té y polvos herbales, pero en realidad contenía sustancias psicoactivas como DMT; 28 gramos de hojas de coca, fuente de cocaína; 170 gramos de mescalina en polvo, un alucinógeno, y 100 gramos de cocaína verde”. El seguimiento del paquete permitió identificar a la persona que presuntamente lo recibió en una vivienda de la avenida Yulupa.

A partir de esa pista, los detectives solicitaron una orden judicial para ingresar a la residencia de Tahryn Anderson, de 47 años, señalada como destinataria del envío postal. La intervención se realizó el martes y formó parte de un operativo coordinado que incluyó personal especializado y procedimientos de resguardo de evidencia.

Operativo en la vivienda y decomiso de sustancias

Según el Departamento de Policía de Santa Rosa, la orden se ejecutó en la cuadra 1200 de la avenida Yulupa. Durante la intervención, los agentes indicaron que en el interior del domicilio “presuntamente encontraron casi 56 gramos de GHB, parafernalia de drogas y materiales de embalaje”. Tras esa verificación, la residente fue arrestada bajo sospecha de posesión de sustancias controladas con intención de venta.

El informe policial señaló además que el contenido del paquete proveniente de Perú había sido camuflado entre productos de apariencia cotidiana, lo que reforzó la hipótesis de un intento de traslado encubierto de narcóticos. Las autoridades locales subrayaron que la coordinación con la agencia federal permitió identificar el envío antes de su distribución en la comunidad.

Dimensión familiar del caso y medidas adoptadas

La investigación incluyó otro elemento que incrementó la gravedad del expediente. De acuerdo con el reporte, la policía “allega que Anderson permitió que su hija adolescente consumiera cannabis regularmente”. Tras esa constatación, la menor quedó bajo la custodia de un familiar, mientras se notificaba a las instancias correspondientes de protección infantil.

Anderson fue ingresada en un centro de detención bajo sospecha de posesión de una sustancia controlada con intención de venderla y de contribuir a la delincuencia de un menor. Las autoridades continúan el proceso judicial con base en la evidencia reunida durante el operativo y los antecedentes vinculados al envío internacional interceptado.

Balance anual en un contexto de presión del narcotráfico en Perú

La destrucción de droga decomisada es una de las fases finales de los operativos antidrogas: ocurre después de la incautación, el registro y los procedimientos correspondientes, y busca cerrar el circuito de custodia de la evidencia, evitando riesgos de desvío o reutilización.

El Ministerio del Interior señaló que, con este balance, se busca mostrar resultados de las acciones desplegadas durante 2025 frente a un delito que se mantiene como una amenaza constante, con presencia en distintas regiones y modalidades de transporte y comercialización.

La rutina de control en los establecimientos penitenciarios suele transcurrir sin sobresaltos visibles, aunque cada revisión encierra la posibilidad de un hallazgo que altere el curso del día. En el penal de Varones de Arequipa, la vigilancia permanente marca el ritmo de ingreso de personas y paquetes, bajo procedimientos diseñados para impedir la entrada de objetos prohibidos.

Durante una jornada de visitas, la atención del personal de seguridad se centró en una bolsa con artículos de aseo personal. El control minucioso, aplicado como parte de las normas internas, permitió detectar irregularidades en un envase que, a simple vista, no levantaba sospechas. La escena se desarrolló en la puerta principal, punto clave de filtrado de todo lo que ingresa al recinto.

El episodio se inscribe en un contexto de alertas constantes dentro del sistema penitenciario. Las autoridades buscan reforzar los controles ante intentos reiterados de vulnerar la seguridad, una tarea que involucra tanto a agentes del Instituto Nacional Penitenciario como a otras entidades del Estado.

Hallazgo durante la revisión de paquetes

Agentes de seguridad del penal de Varones Arequipa detectaron droga camuflada en un envase de pasta dental durante la revisión de una bolsa con artículos de higiene. El paquete lo portaba el ciudadano Brai Shanon Quispe Arredondo, quien acudió al establecimiento en el día de ingreso de encomiendas.

La sustancia prohibida se encontraba acondicionada en “5 bolsitas rectangulares de plástico al interior del envase de una conocida marca”, según el reporte institucional. El procedimiento se activó de inmediato tras el hallazgo, con el aislamiento del objeto y la comunicación a las instancias correspondientes.

El paquete tenía como destinatario al interno Andrés Jimy Miranda Terrazas, recluido en el pabellón 1-2 del penal. El registro penitenciario consigna que el recluso cumple condena por el delito de “actos contra el pudor”, información que forma parte de los antecedentes vinculados al caso.

Intervención fiscal y balance de incautaciones

Conforme a los protocolos de seguridad, las autoridades dieron aviso al Ministerio Público y a la División Antidrogas de la Policía Nacional. Ambas entidades acudieron para el levantamiento de actas y la toma de prueba de campo a la sustancia incautada, pasos necesarios dentro de una intervención de esta naturaleza.

El Instituto Nacional Penitenciario informó que, en lo que va del año, el personal frustró el ingreso de “253 celulares, 3,905 gramos de droga” y realizó la intervención de “912 personas”. Estas cifras reflejan la magnitud de los intentos por introducir elementos ilegales en los centros de reclusión.

La institución recordó a los visitantes que el ingreso de objetos o sustancias prohibidas se sanciona con penas que van “desde 2 a 20 años de pena privativa de la libertad, según el Código Penal”. Este mensaje forma parte de una estrategia preventiva dirigida a quienes acuden a los penales.

Para reforzar estas acciones, el presidente del Inpe, Iván Paredes Yataco, impulsa la política institucional denominada “No juegues con tu libertad”, orientada a intensificar la seguridad de las visitas y a disuadir conductas que vulneren el control en los establecimientos penitenciarios del país.

Recordatorio de las normas

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) reiteró que el ingreso de celulares, accesorios y drogas a los establecimientos está terminantemente prohibido. La institución subrayó que quienes intentan vulnerar las normas exponen su libertad con penas severas, además de afectar la seguridad interna de los penales.

“El INPE recuerda que estos actos no solo vulneran la ley, sino que generan un riesgo para la seguridad del establecimiento. La sanción puede alcanzar hasta 20 años de privación de libertad”, indicó la entidad en un comunicado.

La desarticulación de la organización criminal Los de la U en Bucaramanga, Santander, dejó al descubierto un sofisticado esquema de distribución de drogas dirigido principalmente a jóvenes universitarios. Las autoridades incautaron 52 kilogramos de marihuana, más de $44.000.000 en efectivo, un arma de fuego y municiones, según informó la Fiscalía General de la Nación.

Como resultado de la operación, ocho de los catorce detenidos permanecerán en prisión preventiva, mientras que los otros seis cumplirán detención domiciliaria bajo vigilancia judicial, por decisión de un juez de control de garantías.

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Según el reporte, en total se adelantaron once allanamientos en distintos puntos de Bucaramanga con un registro de 14 personas capturadas presuntamente vinculadas con la banda e identificadas como Ángel Duván Ramírez Aristizábal, Ingrid Vanesa Díaz Gil, Josimar Dayana Barbosa Puertas, Michael Alexander Rodríguez Valderrama, Edwin Alejandro Sandoval Palomino, Fabián Mauricio Peña Sánchez.

Así como Edwin Oswaldo Mantilla Pérez, Billy Joel Morales Roldán, Rafael Armando Rey Merchán, Emanuel Sánchez Santiago, Juan Sebastián Molina Martínez, Gustavo Andrés Mateus Triana, Andrés Cortés Saavedra y Sergio Andrés Bonilla Rangel. Durante los operativos, uno de los inmuebles inspeccionados funcionaba como laboratorio artesanal para el secado, modificación y almacenamiento de marihuana, donde los detenidos alteraban las sustancias ilícitas.

Las investigaciones de la Fiscalía y la Policía Nacional revelaron que la estructura criminal operaba con roles definidos: obtenían drogas, modificaban su composición y las distribuían en empaques llamativos para captar la atención de estudiantes y otras personas que frecuentaban la zona universitaria. Entre las prácticas detectadas, la banda adulteraba la marihuana para modificar su apariencia, aroma y sabor, ofreciendo variantes frutales como fresa, mango, sandía y arándanos.

Además de lo anterior, la organización distribuía cocaína, bazuco y éxtasis, implementando estrategias de mercadeo orientadas a los jóvenes del entorno universitario. Los capturados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

Capturan a mujer en Bucaramanga por fabricación de estupefacientes

En medio de la estrategia institucional “Yo Creo en una Metropolitana Bonita y Segura”, la Policía Nacional, por medio del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional (SEPRO), logró la captura en flagrancia de una mujer identificada como Beatriz del Carmen Peraza, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en el centro de Bucaramanga.

La captura se materializó mientras los uniformados adelantaban labores propias de la especialidad en la calle 18 con carrera 44, barrio Centro del municipio. Durante estos controles preventivos fue requerida la ciudadana mencionada, a quien, en el procedimiento de registro, se le hallaron ocultas dentro de un par de chancletas seis bolsas plásticas transparentes que contenían diferentes tipos de sustancias ilícitas.

Entre los elementos incautados se encontraron dos bolsas con sustancia pulverulenta derivada de la base de cocaína, dos bolsas con sustancia vegetal tipo marihuana y dos bolsas con una sustancia pulverulenta de color rosado, correspondiente a la droga sintética conocida como “tusi”.

La capturada y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de presentarla ante un juez de control de garantías para definir su situación jurídica.

“Seguiremos actuando con total determinación para combatir el tráfico de estupefacientes y proteger cada rincón de nuestra ciudad. Nuestro compromiso es garantizar una Bucaramanga segura para todos”, afirmó el Brigadier General William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

El uniformado también pidió a la comunidad denunciar cualquier hecho que afecte la convivencia y la seguridad ciudadana y reafirmó el compromiso de la institución para mantener seguros los entornos turísticos y espacios públicos.

La Organización Mundial de la Salud resolvió que la hoja de coca continúe incluida en la Lista I de la Convención sobre drogas —categoría que reúne a las sustancias consideradas más peligrosas y sujetas al mayor nivel de control—, al argumentar que su fácil procesamiento para obtener cocaína y el incremento global en la producción de esa droga representan un riesgo para la salud pública.

El Comité de Expertos en Farmacodependencia de la OMS analizó la hoja de coca a partir de una solicitud presentada por Bolivia en 2023 y respaldada por Colombia, según un informe al que la agencia de noticias EFE tuvo acceso antes de su publicación oficial prevista para este jueves en Viena (Austria).

En el documento, los expertos de la OMS señalan que la mayor parte de la hoja de coca cultivada en algunos países se destina a cocaína y que la producción global de esa droga aumentó un 34% en 2023, hasta alcanzar un récord histórico. En ese sentido, decidieron mantener la hoja de coca en la Lista I junto a sustancias clasificadas como altamente peligrosas, entre ellas la heroína y el fentanilo.

“La obtención de pasta de coca a partir de la hoja de coca y la purificación de las distintas formas de cocaína a partir de la pasta de coca son procesos sencillos y no requieren conocimientos especializados”, señalan los expertos de la OMS.

La hoja de coca desempeña un rol importante en la vida social, económica y cultural de diversas regiones de Bolivia. Es considerada un estimulante natural que desde hace siglos se mastica, se elabora y se venera en las comunidades andinas. También se encuentra fácilmente en las ciudades, ya sea como hoja en los mercados y quioscos callejeros, o procesada en bolsitas de té en supermercados, restaurantes y hoteles de lujo.

La hoja de coca tiene asimismo un profundo valor simbólico ligado a la identidad cultural de los pueblos andinos para los que también representa una resistencia histórica, soberanía cultural y el derecho de las comunidades a preservar sus tradiciones frente a políticas internacionales que la asocian exclusivamente con el narcotráfico. Además de sus usos tradicionales y rituales, constituye una fuente de ingresos para familias productoras en zonas como los Yungas (La Paz) y el Chapare (Cochabamba).

La presión para erradicar cultivos como parte de la guerra contra las drogas liderada por Estados Unidos, generó a mediados de los 90 una fuerte movilización social que contribuyó al ascenso al poder del ex presidente Evo Morales (2006-2019), líder sindical de los productores de coca. Durante su gestión, la planta fue reconocida como parte del patrimonio cultural del país en la Constitución Política del Estado de 2009, subrayando su valor cultural y simbólico.

Si bien la legislación boliviana establece límites en las hectáreas de cultivos de hoja de coca para asegurar que la producción se oriente a usos tradicionales y legales, hay informes que señalan la persistencia de áreas de cultivo que exceden las superficies permitidas que pueden estar asociadas al narcotráfico. Los cultivos excedentarios, difíciles de controlar por su dispersión geográfica y la demanda ilegal, representan uno de los principales desafíos para la lucha antidrogas.

En junio de 2023, el Gobierno de Bolivia -entonces encabezado por Luis Arce- inició una campaña internacional para lograr la reclasificación de la hoja de coca en una categoría menos restrictiva y abrir el camino al comercio legal, la investigación científica y el desarrollo industrial.

Si bien la OMS reconoce los usos tradicionales de la hoja de coca y algunos indicios de un potencial uso terapéutico, concluye que la evidencia científica es insuficiente para modificar su estatus frente al peligro que representa dar ese paso.

Hasta la publicación de esta nota no se habían dado a conocer pronunciamientos públicos de parte del Gobierno de Bolivia, sindicatos cocaleros ni de los ex funcionarios públicos que promovieron su reclasificación.

Las autoridades de Guatemala incautaron un cargamento de 867 paquetes de cocaína provenientes de Colombia y detuvieron a tres personas durante operativos antinarcóticos realizados desde el lunes en la costa del Pacífico, según informó este martes la Policía Nacional Civil (PNC). Los procedimientos, ejecutados en colaboración con fiscales del Ministerio Público y el Ejército, se desarrollaron en varios puntos del departamento de Escuintla, más de 100 kilómetros al sur de la capital.

El portavoz de la PNC, Edwin Monroy, explicó a la prensa que los agentes arrestaron en el inmueble identificado como rancho El Edén, situado en el puerto de Iztapa, a los supuestos narcotraficantes Luis Antonio y Allende del Mar, ambos de nacionalidad guatemalteca. Según lo declarado por Monroy, los detenidos eran presuntamente responsables de resguardar el alijo de cocaína procedente de una embarcación que llegó a la costa guatemalteca desde Colombia.

Durante los mismos operativos, en el puerto de San José, también en el litoral pacífico, fue capturado este martes Walter Ramírez, de 36 años, conocido como alias El Chino. A Ramírez se le decomisaron 175.400 quetzales (aproximadamente USD22.928), dinero que, según la interpretación de las autoridades recogida por Monroy, estaría vinculado a actividades ilícitas. En el lugar también se localizaron vehículos y lanchas utilizadas para transportar droga.

Las fuerzas de seguridad consideraron “exitoso” el operativo y describieron el decomiso de la cocaína como un “duro golpe” al narcotráfico. Guatemala, por su posición geográfica, es frecuentemente utilizado como paso por redes internacionales para el tráfico de cocaína desde Sudamérica con destino al mercado estadounidense, el principal consumidor.

Datos preliminares citados por la PNC indican que en lo que va del año se han decomisado en Guatemala más de ocho toneladas de cocaína y se ha capturado a 19 sospechosos de narcotráfico solicitados para extradición por Estados Unidos. Según la misma fuente, el año pasado las fuerzas de seguridad incautaron más de 18.000 kilos de cocaína y arrestaron a 18 narcotraficantes requeridos por la justicia estadounidense.

Mientras tanto, el presidente Donald Trump aseguró este martes que las fuerzas militares estadounidenses intensificarán “muy pronto” los ataques directos contra redes de narcotráfico en Venezuela, en una nueva fase de la operación Lanza del Sur impulsada por el Pentágono desde septiembre pasado. “Iniciar operaciones en tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman, sabemos dónde viven, y vamos a empezar con eso muy pronto”, afirmó Trump ante periodistas.

El mandatario remarcó que hasta ahora los esfuerzos se habían concentrado en operativos navales y aéreos en el Caribe, donde Estados Unidos reconoce haber destruido una veintena de embarcaciones y causado más de 80 muertes de narcotraficantes en lo que describe como ataques preventivos.

(Con información de EFE)

El éxito de medicamentos modernos contra la obesidad y la diabetes ha abierto una nueva vía científica: la potencial reducción de adicciones a sustancias como el alcohol, la nicotina y los opioides. De este modo, ya hay clínicas especializadas y foros en línea que han comenzado a documentar el testimonio de personas que han presentado una disminución notable de sus impulsos adictivos tras recibir un tratamiento con fármacos como semaglutida y la tirzepatida.

Recordemos que sendos medicamentos, destinados en un principio para personas con diabetes, han ganado popularidad este último año -bajo sus nombres comerciales Ozempic, Wegovy, Mounjaro y Zepbound-. Comenzaron a ganar fama por el uso que han hecho varios famosos de ellos, y la falta de suministro que generó su posterior boom. A pesar de que los efectos secundarios en personas que no padecen la enfermedad metabólica se siguen estudiando, parece que pueden convertirse en una nueva tendencia si la teoría científica llega a confirmarse.

Y es que, después de que la neurocientífica Sue Grigson, de la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Pensilvania en Hershey, revelase el caso de uno de los primeros que se sometieron a esta hipótesis científica, la teoría ha cobrado fuerza. “Me dijo que por primera vez en su vida adulta estaba libre de drogas y alcohol”, afirmó la experta, que ya había comprobado su efectividad en ratones. De este modo, el hombre que tenía una doble adicción (a los opioides y al medicamento para tratarlo) pudo comenzar una nueva vida.

Los primeros participantes experimentaron una reducción del 10%

La historia que narra la Grigson fue solo el principio en la investigación en humanos. Christian Hendershot, psicólogo de la Universidad del Sur de California, lideró un ensayo clínico aleatorizado en el que las inyecciones semanales de semaglutida redujeron el consumo de alcohol en los participantes en un 10 %. Un descubrimiento que ha motivado otra docena de estudios por todo el mundo. Roger McIntyre, psicofarmacólogo de la Universidad de Toronto en Canadá, explicaba para Nature que los medicamentos para la pérdida de peso reducen la adicción al influir en los receptores hormonales presentes en áreas del cerebro responsables del deseo, la recompensa y la motivación.

Por lo que, “al final del día, el sistema neurobiológico que se activa con sustancias gratificantes (comida, sexo, drogas, rock and roll) es el mismo sistema”, afirmaba McIntyre. De esta forma, el estudio en los fármacos GLP-1 son una tendencia entre los científicos, que buscan bajar los niveles de adicción en la población. “Si los fármacos GLP-1 demuestran su eficacia en ensayos clínicos más amplios, sería una revolución”, asegura Elisabet Jerlhag Holm, bióloga de la Universidad de Gotemburgo en Suecia. No obstante, a pesar del interés clínico, aún queda un largo camino.

¿Dónde nace el interés por este medicamento?

La semaglutida y la tirzepatida fueron creados para regular la glucemia en casos de diabetes tipo 2; por lo que imitan la función de la hormona GLP-1, interviniendo tanto en el páncreas y el intestino —donde contribuyen a la saciedad— como en regiones cerebrales que rigen la recompensa. Muy pronto, su capacidad para suprimir el apetito y promover la baja de peso se hizo evidente, pero el interrogante sobre si podían disminuir otros impulsos llegó después.

Jerlhag Holm fue pionera en el área, con estudios que se remontan a la década de 2010, donde podía imaginar que estos medicamentos disminuían los antojos de sustancias adictivas en ratas y ratones, además de reducir recaídas. “Estuve bastante sola durante mucho tiempo”, sostuvo Jerlhag Holm para la revista Nature, ya que la comunidad y las revistas científicas le dieron la espalda.

El escenario cambió en 2015, cuando se asoció con Lorenzo Leggio, médico científico de los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU. en Baltimore, quien también seguía la pista de los efectos de la hormona GLP-1 en la conducta adictiva. En estudios con tejido cerebral post mortem, su equipo evidenció que las personas con trastorno por consumo de alcohol mostraban niveles elevados de receptores GLP-1 en zonas cerebrales clave para la recompensa, lo que podrían atribuir a una respuesta adaptativa del organismo ante la reducción de la hormona que provoca el consumo de alcohol.

La notoriedad pública del fenómeno creció cuando The Atlantic publicó en mayo de 2023 un reportaje bajo el título ‘¿Inventaron los científicos accidentalmente un fármaco contra la adicción?’. Para Leggio, “ese fue sin duda un punto de inflexión”, ya que la repercusión mediática atrajo la atención de colegas y pacientes de todo el mundo. Aun así, cabe destacar que no todos los resultados individuales han sido positivos.

“Primero necesitamos determinar si es eficaz y seguro”

Un estudio dirigido en 2022 por Anders Fink-Jensen, psiquiatra de la Universidad de Copenhague, halló que la exenatida, un fármaco GLP-1 de “primera generación”, no disminuyó de manera relevante el consumo excesivo de alcohol en personas con dependencia. En la misma línea, otra investigación suiza en 2023 reportó que la dulaglutida, también de la primera generación, tampoco ayudó a las personas a dejar el tabaco.

Pese a ello, investigaciones más recientes señalaron que fármacos de esta categoría podrían reducir la ansiedad asociada al consumo. Algo que demostraron Grigson y el psicólogo Scott Bunce en un ensayo en Pensilvania. Al parecer, el tratamiento con liraglutida logró disminuir la necesidad de opioides en torno al 40 % en personas con trastorno de consumo. Además, otros estudios complementarios emplearon imágenes de resonancia magnética funcional (fMRI) para observar una actividad cerebral atenuada en regiones de recompensa al exponer a los participantes a bebidas alcohólicas.

Ahora, la comunidad científica sostiene que la potencia y duración de los medicamentos de segunda generación como la semaglutida y la tirzepatida supera holgadamente la de sus predecesores. Como estos compuestos se enlazan más firmemente a los receptores GLP-1 y permanecen activos durante un periodo más prolongado, los próximos ensayos buscan establecer si generan cambios sustanciales en la conducta adictiva.

“Primero necesitamos determinar si es eficaz y seguro”, concluye W. Kyle Simmons especialista en neuroimagen de la Universidad Estatal de Oklahoma en Tulsa. El experto espera tener resultados en 2026 sobre un estudio en el que participaron 108 pacientes, para probar si una dosis elevada de semaglutida puede reducir el consumo de alcohol.

Las tareas de inteligencia que realizó la Policía uruguaya permitieron saber que este viernes se iba a registrar una posible descarga de drogas. Los efectivos de Paysandú –un departamento de Uruguay vecino de Argentina– habían visto una aeronave sobrevolando la zona.

Fue este dato el que llevó a la detención de una camioneta en la ruta uruguaya 26, cerca de la Ruta 3, una de las principales carreteras del país. El operativo tuvo algún contratiempo. Cuando los conductores del auto que era buscado por los policías se percataron del control, comenzaron a circular a alta velocidad, algo que hicieron durante varios kilómetros.

Sin embargo, los policías lograron identificar al ocupante y pasaron a revisar lo que había en la caja de la camioneta Chevrolet. Allí encontraron una gran cantidad de envoltorios con forma de ladrillo lo que, a simple vista, se veía que era algún tipo de droga. En ese momento, el conductor del vehículo fue detenido.

Luego se amplió la información y los agentes supieron que había otra camioneta –en este caso una Ford Ranger– que estaba involucrada con esta maniobra ilegal. Este vehículo fue localizado en la localidad de Quebracho, también en Paysandú. Un hombre fue detenido.

Las actuaciones policiales continuaron con tres allanamientos que permitieron la incautación de otros elementos, entre los que se destacan 11 bidones de combustible para avión y un visor nocturno.

“Hubo una persecución que duró más de 20 kilómetros. Fue muy riesgosa para los policías y para otras personas, obviamente. Pero resultó con la detención de la persona y la incautación de las sustancias”, destacó el jefe de Policía de Paysandú, Alejandro Sánchez, en una conferencia de prensa.

En total, se contabilizaron 414 kilos de pasta base y 1 kilo de cocaína. Esto totaliza unas 3 millones de dosis, lo que iba a generar una ganancia de USD 2 millones, según las estimaciones oficiales.

“Esto significa que en Montevideo y las capitales de los departamentos a partir de hoy va a haber muy poca droga para distribuir y esto también es una muy buena noticia desde el punto de vista de la salud pública y de los problemas que genera la adicción en el país”, dijo el ministro del Interior, Carlos Negro, en conferencia de prensa.

El funcionario destacó el trabajo de la Policía. “Hay un componente del trabajo, del sacrificio y el compromiso de dos policías conocedores profundos del territorio. Intuición mediante y abnegación al trabajo, dan finalmente con la captura de los delincuentes y los que estaban a cargo de este cargamento”, destacó.

Según detalló la Policía, el cargamento había caído desde el cielo y quienes lo ingresaron al país ni siquiera pisaron el suelo uruguayo: llegaron, tiraron larga y continuaron su rumbo. La droga viene de Colombia, Bolivia o Perú.

Tras la audiencia judicial realizada el viernes, se imputó a los dos detenidos. Uno de ellos tiene 56 años y posee dos antecedentes penales; el otro, sin antecedentes, tiene 26. A ambos se les atribuyó el delito de modalidad de transporte agravado por pertenecer a un grupo delictivo organizado, en calidad de autor.

Estarán en prisión preventiva hasta mayo de 2026, mientras avanza la investigación.

Una tercera persona, que logró fugarse de una de las camionetas detenidas, está requerida.

El intervenido fue identificado como Mao Olivera, natural de Ayacucho. Llevaba una bolsa multicolor con prendas naranjas y una caja pequeña envuelta con una manta verde y asegurada con cinta de embalaje. Al efectuar el registro personal, los policías descubrieron que ocultaba la caja entre sus prendas. Ese detalle marcó el rumbo del procedimiento.

El contenido se convirtió en el punto central del operativo. Tras perforar la caja con un punzón metálico, los agentes extrajeron una muestra. De acuerdo con el parte oficial, “se extrajo una sustancia blanquecina, la cual al ser sometida a la prueba de campo con reactivo ‘Mather’, adquirió una coloración azul turquesa”, lo que motivó el aviso inmediato al Ministerio Público.

Con ello, se dispuso el traslado del intervenido y del material incautado a la Unidad Antidrogas Cusco.

Hallazgo en la unidad especializada

El hecho se registró el 25 de noviembre, alrededor de las 12:10. En la sede policial, se abrió la caja que Olivera llevaba oculta. Dentro se encontró un rollo de lijar cubierto con plástico film. Al retirarlo, aparecieron cinco paquetes tipo ladrillo envueltos con cinta amarilla. Según la información oficial, estos paquetes “contendrían alcaloide de cocaína”, con un peso aproximado de 5 kilos con 260 gramos (5.260 kg).

Los agentes detallaron que la conducta del intervenido reforzó la decisión de realizar una revisión exhaustiva. La presencia de prendas naranjas y el embalaje de la caja no ofrecían mayores indicios a simple vista, pero el hallazgo interno confirmó la sospecha inicial levantada en la Alameda Pachacútec.

Posteriormente, se comunicó el caso al representante de la Fiscalía Antidrogas Cusco para formalizar las diligencias. El reporte policial señala que “se logró la intervención y detención de un individuo presuntamente implicado en el delito de tráfico ilícito de drogas”, lo que abrió el proceso que ahora sigue bajo el mando del Ministerio Público.

El sujeto permanece detenido mientras continúan las acciones orientadas a determinar el origen y destino de los paquetes, además de establecer con precisión su participación en el presunto traslado de la sustancia incautada.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha activado la línea 111 de la Policía Nacional del Perú (PNP), un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas para reportar casos de extorsión y recibir apoyo inmediato. Esta línea está integrada con la Central de Emergencias 105, lo que facilita a los ciudadanos enviar pruebas como audios y videos al hacer su denuncia.

Los ciudadanos también pueden contactar los siguientes números para reportar extorsiones:

• Línea 1818: Teléfono de emergencia para denuncias de extorsión.
• Celular 942841978: Contacto directo para denuncias específicas de extorsión.
• Comisarías: Oficinas de denuncia en cada distrito.
• Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en delitos como la extorsión.

Otros números de emergencia disponibles:

• Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: 116
• Centro de Emergencia Mujer: 100
• SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencias): 106

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre que transportaba más de un centenar de dosis de presunta droga mientras circulaba en una motocicleta que, de acuerdo con información preliminar, podría estar relacionada con el robo de artículos de alta gama a una mujer de origen finlandés en la alcaldía Álvaro Obregón.

El aseguramiento tuvo lugar durante un patrullaje preventivo en la avenida Canal de Tezontle, a la altura de la calle Pablo Alvarado, en la colonia Campamento 2 de Octubre, perteneciente a la alcaldía Iztacalco. De acuerdo con el informe policial, los agentes se percataron de que un hombre a bordo de una motocicleta negra manipulaba varios envoltorios similares a los comúnmente utilizados para la distribución de sustancias ilícitas.

Ante la sospecha de un posible hecho delictivo, los oficiales se aproximaron y, siguiendo el protocolo de actuación policial, informaron al sujeto que se le realizaría una revisión preventiva.

Durante esta inspección, los policías encontraron 90 dosis de una sustancia con características similares a la cocaína, además de 15 bolsitas que contenían un vegetal verde parecido a la marihuana. También le fue asegurada una bolsa de color negro que portaba junto con los paquetes.

El sujeto, identificado como un hombre de 40 años de edad, fue detenido en el lugar. Tras informarle sus derechos de ley, fue trasladado junto con la motocicleta y todo lo decomisado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

La SSC informó que, tras realizar un cruce de información con distintas áreas de inteligencia, se pudo establecer que la motocicleta asegurada posiblemente está vinculada a un robo ocurrido el pasado 22 de noviembre en la colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón. En ese incidente, una mujer de nacionalidad finlandesa fue despojada de un reloj de pulsera, una computadora portátil y dos teléfonos celulares, todos catalogados como artículos de alta gama.

El robo habría ocurrido sobre avenida Periférico Sur, donde los responsables interceptaron a la víctima para sustraerle sus pertenencias. La coincidencia entre las características de la motocicleta usada en ese evento y la unidad asegurada durante el patrullaje encendió las alertas de las autoridades, por lo que esta línea de investigación será integrada al expediente del caso.

Hasta el momento, la SSC no ha confirmado la participación directa del detenido en dicho robo, pero indicó que las pesquisas continuarán para esclarecer completamente los hechos. La detención forma parte de las labores permanentes de vigilancia que la corporación realiza en la capital para inhibir delitos relacionados con narcomenudeo y robo con violencia.

Con esta acción, las autoridades reiteraron su compromiso de reforzar la seguridad en zonas con alta incidencia delictiva y de avanzar en la identificación de posibles redes vinculadas al robo de objetos de alto valor en la ciudad.

La Secretaría de Marina (Semar), incineró el pasado sábado 22 de noviembre, más de 2 mil kilogramos de narcóticos en instalaciones de la Vigésima Segunda Zona Naval, en Puerto Chiapas, municipio de Tapachula, como parte de operativos contra el crimen organizado en el sur de México.

La incineración contó con la presencia de personal de la Fiscalía General de la República (FGR), representantes del Ministerio Público Federal y autoridades navales, quienes dieron legalidad y certificaron el procedimiento, conforme a sus atribuciones.

Según la información difundida por medios locales, en un comunicado difundido por la Secretaría de Marina, el aseguramiento de los estupefacientes ocurrió durante acciones dirigidas a limitar la operación de grupos delictivos en la región.

La dependencia señaló que estas acciones tienen el objetivo de frenar la cadena de suministro de drogas y afectar la estructura financiera y operativa de los grupos criminales, impidiendo la llegada de los narcóticos a la población.

Otras acciones realizadas por las autoridades

En paralelo, la FGR informó recientemente sobre otros golpes relevantes al narcotráfico en Tapachula. El pasado 19 de octubre, la dependencia, a través de la Policía Federal Ministerial, ejecutó un cateo en un inmueble utilizado como aeródromo en el mismo municipio de Tapachula.

Según el reporte, se aseguraron 203 paquetes con polvo blanco, posiblemente clorhidrato de cocaína, así como una avioneta, tres camionetas y el propio aeródromo, ubicado en el kilómetro 5 de la carretera Jaritas – Ciudad Hidalgo.

Elementos de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina y corporaciones estatales, colaboraron en la diligencia, ejecutada por hechos vinculados al delito contra la salud previsto en el Código Penal Federal.

La FGR confirmó que tanto la sustancia asegurada como los vehículos y el inmueble quedaron bajo resguardo del Ministerio Público Federal, que integra la carpeta de investigación correspondiente contra quien o quienes resulten responsables del ilícito.

Las autoridades reiteraron que estos aseguramientos forman parte de una estrategia coordinada para combatir el narcotráfico transfronterizo y la logística de los cárteles.

El pasado 11 de octubre, otro operativo derivó en el aseguramiento de 65 kilogramos de cocaína, seis vehículos, una cuatrimoto y un remolque en una propiedad de la colonia Los Naranjos, Tapachula, informaron la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Las autoridades presumieron que la droga estaba relacionada con una célula delictiva ligada al Cártel del Pacífico, mejor conocido como Cártel de Sinaloa.

El primer nombre de este grupo delictivo es frecuentemente utilizado por agencias gubernamentales, como el Departamento de Estado de Estados Unidos, debido a su influencia y rutas de tráfico en la costa del Pacífico mexicano. Todo lo confiscado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República.

La magnitud del hallazgo y la sofisticación del operativo reflejan la creciente cooperación entre fuerzas nacionales e internacionales frente al delito organizado en las zonas de frontera. Participaron en el control, además de la Gendarmería, la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales “Eldorado”, la Unidad de Inteligencia Criminal “Iguazú”, y se contó con la colaboración de la Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) del estado de Paraná (Brasil). El procedimiento se enmarca en un refuerzo de los patrullajes y fiscalizaciones ordenado por el Ministerio de Seguridad nacional para contener el trasiego de estupefacientes hacia el interior del país y, eventualmente, a rutas internacionales.

El episodio se desencadenó cuando los agentes detuvieron la marcha del transporte de cargas generales e iniciaron la inspección rutinaria de la documentación. Las actas y permisos de tránsito —en particular los Manifiestos Internacionales de Carga Terrestre (MIC/DTA)— presentaban inconsistencias que generaron sospechas en los funcionarios. Al profundizar el análisis, los efectivos comprobaron que los documentos eran falsos, lo que motivó un examen exhaustivo del camión y su carga.

En ese momento, el can detector “Vera”, especialmente adiestrado para ubicar drogas ilegales, reaccionó marcando distintos puntos del rodado. Los gendarmes retiraron la lona del sector de carga y quedaron al descubierto 326 bultos que contenían 11.667 paquetes rectangulares. El análisis pericial determinó que el contenido correspondía a cannabis sativa, con un peso total de 9.490 kilos 200 gramos, según la constatación de especialistas de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería.

Al consultar la base de datos de dominios y antecedentes vehiculares, los agentes confirmaron otra irregularidad: el camión tenía pedido de secuestro activo por un robo perpetrado en el partido de Morón, provincia de Buenos Aires, y la chapa patente que lucía no correspondía al registro original del vehículo. Este hallazgo refuerza la hipótesis de que la organización narco buscaba dificultar la trazabilidad del transporte y burlar controles migratorios y aduaneros.

Por disposición del Juzgado Federal de Eldorado y la Fiscalía Federal, se procedió de inmediato a la detención del chofer, la incautación del transporte, la carga y toda la documentación relevante para la causa. El expediente judicial avanzará sobre los delitos de contrabando agravado de estupefacientes, adulteración de documentación y robo de vehículo, mientras se profundiza la línea de trabajo sobre posibles ramificaciones internacionales de la operación.

La investigación, que continúa bajo secreto de sumario, explora eventuales conexiones con bandas dedicadas al transporte transnacional de cannabis y el uso de rutas alternativas para eludir controles. También se prevé avanzar en peritajes de comunicaciones y cámaras de seguridad, así como en la investigación de posibles cómplices vinculados a la logística en ambos lados de la frontera.

Traficaban más de 800 kilos de marihuana en lancha y los tiraron a la costa del río tras ser descubiertos por la policía

Un cargamento de más de 800 kilos de marihuana fue secuestrado en la ribera del Río Paraná en la ciudad de Eldorado, provincia de Misiones, en el marco de un operativo de la Policía Federal Argentina desarrollado en la madrugada del pasado 17 de septiembre.

El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la División Antidrogas Eldorado, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico, quienes interceptaron 855,057 kilogramos de flores de cannabis valuados oficialmente en más de 3 millones de pesos. La droga estaba distribuida en 42 bultos envueltos en nylon negro, abandonados en la vera del río.

Según informaron las autoridades, el operativo se desplegó como parte de una serie de patrullajes preventivos. Durante el recorrido, el personal policial detectó la presencia de dos embarcaciones que, al percatarse de la aproximación de las fuerzas de seguridad, se alejaron a gran velocidad en dirección a Paraguay. Los ocupantes de ambas lanchas arrojaron los paquetes con droga en la orilla argentina y escaparon por el río antes de que los efectivos pudieran interceptarlos.

La reacción inmediata de los agentes permitió asegurar la zona. En este contexto, intervino el can detector “LAILA”, que marcó positivamente la existencia de la sustancia en los bultos, lo que aceleró la inspección del contenido.

Una vez abiertos los paquetes, los efectivos confirmaron la presencia de flores de cannabis.

El caso de Modou Dodou Adams expone un trayecto que empezó como un viaje turístico y terminó dentro del penal Sarita Colonia, en el Callao. Su historia, relatada desde el propio pabellón 6 a Panorama, contrasta con la imagen que proyectaba en redes. Sus publicaciones mostraban recorridos por Cusco, miradores de Lima y distintos paisajes que compartía con naturalidad. Ninguna de esas escenas anticipaba el desenlace.

Adams ingresó al país el 19 de septiembre. Era su segunda visita a Perú y, según su propio testimonio, llegó como turista. Antes de volver a Lima se desplazó hacia Cusco, donde estuvo más de una semana. Luego regresó a Miraflores y continuó registrando su paso por distintos lugares. Frente a la cámara siempre mencionaba su afición por TikTok, una rutina que alimentaba su pequeña comunidad de seguidores.

Sin embargo, dentro del penal su relato es distinto. Entre pasillos vigilados y celdas marcadas por controles permanentes, admite por qué se encuentra allí. Cuando le preguntaron por su delito, respondió sin rodeos: “Drogas, tráfico de drogas”. Su versión sobre la captura también fue escueta: “En el aeropuerto. No sé mucho qué decir, para ser sincero… Fue algo que pasó, y aquí estoy ahora”. Ante la pregunta sobre su vínculo con las redes, solo añadió: “TikTok es el pasado, sí”.

La historia del joven británico se mezcla con la realidad del pabellón 6, un ambiente controlado por internos sentenciados o procesados por delitos graves. La vigilancia es estricta. Los operativos se desarrollan a la misma hora en diferentes penales del país. En Sarita Colonia, a las tres de la tarde, todos deben permanecer en el patio mientras el personal revisa celdas, colchones y escondites improvisados.

Voces desde el pabellón 6

Las historias dentro del recinto muestran distintas trayectorias. Uno de los internos, cuando se le preguntó por su caso, respondió: “Por secuestro”. Dice que purga 25 años de condena y agrega: “Perdí mi vista en un motín en Piedras Gordas… me dispararon con un retrocarga cuando empezó el COVID”.

Otro interno, de nacionalidad venezolana, al ser consultado sobre su causa, dijo: “Por robo”. Cuando se le preguntó si pertenecía a alguna organización, negó vínculos: “No lo conozco a ninguno”.

En el mismo pabellón aparece un captador de burriers, quien explica su rol dentro de la cadena del tráfico ilícito. Ante la pregunta por su delito, precisó: “Estoy por captador de burrieres… me tocó perder”. Sobre su modo de operar añadió: “Buscar personas con presencia que quieran viajar… ingesta y equipaje y correo”.

También se encuentra el testimonio de un detenido cuyo camino empezó en el control de pasaporte del aeropuerto. Relató su versión de los hechos: “Policía controlar mi maleta… en mi maleta droga… cuatro kilos”. Después, cuando se le preguntó su estado, afirmó: “Mal, problemas a la familia… estar acá trae problemas a la familia”.

Otro caso es el de un ciudadano nigeriano, quien afirma inocencia. Frente a la consulta sobre su situación respondió: “Estoy por sindicamento… no drogas, no armas… otros hablan cho cho cho… yo por eso acá”. Sobre su sentencia indicó: “Quince años”.

Entre armas artesanales y objetos prohibidos

El operativo dentro del penal permite observar distintas formas de ocultamiento. En una celda, el personal halló dinero en efectivo y una llave de grillete dentro de un monedero. Otros espacios contenían cables, cargadores y accesorios escondidos dentro de prendas o estructuras improvisadas. Incluso un stand de libros funcionaba como compartimento secreto: bajo la madera se encontró una pipa artesanal con restos utilizados para consumo.

Mientras avanzaba la revisión, un llamado alertó sobre nuevos objetos ilegales: un cable de celular, un encendedor y un verduguillo hecho con un palo de croché, descrito por el personal como un arma capaz de causar daño severo. Cada hallazgo reforzó la magnitud del control necesario en el pabellón.

Uno de los internos, vinculado a un caso de sicariato, ofreció un testimonio directo. Ante la consulta por su delito respondió: “Sicariato”. Sobre los hechos afirmó: “Unos problemas que tenía y lo tuve que solucionar”. Relató el número de disparos dirigidos a la víctima: “Como 15”. Sobre el origen del conflicto señaló: “Construcción civil”.

En este escenario, Adams comparte espacio con internos de múltiples nacionalidades y diversos delitos. Dentro del penal, el joven británico sostiene que su afición por las redes era solo un pasatiempo, mientras intenta explicar un episodio que, según sus palabras, “passed” antes de llegar a su situación actual. Su vida registrada en videos quedó atrás. Ahora espera el proceso que determinará cuánto tiempo permanecerá en Sarita Colonia.

Las autoridades de Panamá incautaron 13,2 toneladas de cocaína destinadas a Estados Unidos, en una operación realizada en aguas del Pacífico, de acuerdo con un reporte difundido por autoridades del país centroamericano. La sustancia, localizada a bordo de un ferry, representa una de las mayores confiscaciones registradas en Panamá y se produce mientras Washington incrementa su despliegue militar antidrogas en América Latina.

El fiscal Julio Villareal informó que durante la operación, efectuada el lunes de noviembre, se arrestaron a 10 personas de diversas nacionalidades. “Se trata de una de las mayores incautaciones realizadas en aguas panameñas”, describió Villareal en declaraciones recogidas por CBS News. Entre los detenidos figuran ciudadanos de Venezuela, Ecuador y Nicaragua, quienes tripulaban el ferry que zarpó desde Colombia, según la misma fuente.

Las autoridades difundieron imágenes en redes sociales, donde exhibieron 11.562 paquetes de droga incautados. A juicio de Villareal, la cantidad confiscada evidencia el rol estratégico de Panamá como punto de tránsito para la cocaína que sale de Sudamérica, especialmente desde Colombia, con destino final en Estados Unidos, catalogado como el mayor consumidor global de este estupefaciente.

Durante 2023, Panamá logró decomisar un total de 119 toneladas métricas de drogas, una cifra que posiciona al país como un actor relevante en las acciones internacionales contra el narcotráfico, según confirmó CBS News.

En el contexto regional, varios países latinoamericanos buscan visibilizar sus esfuerzos antidrogas, mientras que Estados Unidos ha intensificado su presencia militar en el Caribe y el Pacífico, una estrategia que ha resultado en al menos 76 muertes vinculadas a operativos contra embarcaciones sospechosas.

La administración estadounidense sostiene que el incremento de su actividad en la zona forma parte de una campaña contra el tráfico ilícito, aunque desde gobiernos como el de Venezuela persisten sospechas respecto a una posible motivación política para presionar el fin del mandato de Nicolás Maduro.

En una reciente entrevista concedida a “60 Minutes” y reseñada por CBS News, el presidente Donald Trump fue consultado sobre el futuro de Maduro: “yo diría que sí, creo que sus días están contados”, respondió.

Las incautaciones de cocaína no solo se han producido en aguas americanas. En octubre, la policía de España decomisó 6,5 toneladas de cocaína tras un aviso de agentes estadounidenses, mientras que la Armada de Pakistán interceptó en el mar Arábigo sustancias ilegales valoradas en más de 972 millones de dólares en el mismo mes.

En septiembre, la Marina de Francia incautó casi 10 toneladas de cocaína de un barco pesquero cerca de la costa de África Occidental, estimadas en más de 600 millones de dólares, consigna CBS News.

En el ámbito estadounidense, la Guardia Costera reportó en abril la incautación de 4,5 toneladas (10.000 libras) de cocaína procedente de una embarcación de pesca en el Atlántico. Además, informó que durante el actual año fiscal decomisó más de 226.800 kilogramos (500.000 libras) de cocaína en aguas del Pacífico oriental y el Caribe, la mayor cantidad en su historia.

Las fuerzas de seguridad panameñas y sus contrapartes internacionales han reiterado el compromiso de fortalecer la cooperación contra las redes de narcotráfico que operan a través de las rutas marítimas que comunican América del Sur, América Central y Norteamérica. “La coordinación internacional es clave para combatir un fenómeno de alcance global”, enfatizó el fiscal Villareal según declaraciones recogidas por CBS News.

«¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios» (Mc 10,18)

Y él le dijo: “¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra (…) maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano (…) errante y vagabundo serás en la tierra” (Gén. 4:10-12). Y Dios marcó la frente del desterrado para evitar la espiral de violencia.

“Cultura es toda huella que deja el hombre sobre la tierra” (autor anónimo).

El narcotráfico ocupó el vacío dejado por la liquidez que también afectó a nuestra cultura cristiana

La toxicidad de las jóvenes generaciones creció exponencialmente, degradando las huellas del buen vivir, del hombre y la mujer como seres en relación de amor con Dios, con los otros y con la naturaleza. Hay huellas del mal y del bien. Por esas y otras razones, la cultura del consumo de drogas tóxicas se ha extendido en nuestro país en los últimos 40 años, llegando a todas las capas sociales. No se instaló en todas las familias, grupos o individuos. Irrumpió donde se daban ciertos presupuestos culturales alentados por el mal.

La penetración se produce por vía de lo que se ha dado en llamar deculturación, que no es otra cosa que la pérdida de la cultura propia y la adopción de elementos de otra. Por ejemplo: la sustitución de festividades como la celebración de la Navidad, concurriendo a la misa de gallo y volviendo a casa para cenar y brindar por el nacimiento de Jesús, por el hábito actual de juntarse con amigos para ir a tomar cerveza; o la de conversar en casa con familiares y amigos por la de reunirse en las esquinas a consumir paco; abandonar la forma de transmitir la verdad por la de divulgar informaciones distorsionadas que se establecen desde uno u otro poder financiero.

La “crisis” se produce cuando ese estado normal, usual y familiar se derrumba, las cosas se salen de su lugar, aparece la arbitrariedad donde debería reinar la regularidad. En otras palabras, llamamos “crisis” —dice el sociólogo polaco— a una situación en la que los acontecimientos desbaratan lo que considerábamos bueno, normal, y las acciones rutinarias ya no producen los resultados que solían producir (Zygmunt Bauman, 2015:150).

Donde la droga penetra, es muy difícil de eliminar. Es bien sabido: habrá una crisis en las relaciones interpersonales. El hijo o el hermano, de ser un “ser en relación”, se transforma en un ser ensimismado, cerrado, propenso a la agresión contra los seres queridos o contra sí mismo, lo cual inevitablemente será la causa de crisis emocionales y de salud física. Cuando las crisis son más graves pueden generar guerras, como las que se dan entre grupos de narcotráfico, llevando a la producción de masacres, a veces contra civiles, como ha ocurrido en el norte de México, han sido frecuentes en Colombia o en las cárceles y favelas de Río de Janeiro.

Los comandos o grupos del narcotráfico no son invencibles

En el estado de Río de Janeiro, donde hay alrededor de un millar de favelas que albergan a más de un millón y medio de habitantes, hace décadas dominan los comandos de la droga. Aunque no se diga, frente a la masacre de octubre subyace otra guerra entre el Comando Vermelho, el Primer Comando Capital y el Comando Vermelho Puro. Guerras o batallas en las que también participan las grandes montañas de dinero provenientes de ese comercio y los centros financieros construidos en muchos años y muy difíciles de deconstruir.

Ese podría ser el futuro de nuestros conurbanos de barriadas pobres, donde se almacena, estira, parte y expende la droga en nuestro país. No obstante, como decía Luciano Violante en sus Doce tesis sobre la mafia, “non è la piovra”, es decir, no son invencibles (Anaya & Muchnik, 1997). Pero no decimos que puedan o no vencerse por la vía de las armas. No son invencibles si las comunidades rescatan la cara del mal por medio de la cara del bien, con pastores, curas y laicos no contaminados.

Acaso marcar al pulpo en la frente e invitarlo a que se reconvierta

Luchan con las armas del espíritu; la acción comunitaria, la aceptación de la realidad y la restauración de los valores cristianos van de la mano de Cristo nuestro Señor.

Hay que reconocer que esta evangelización por parte de la Iglesia lleva décadas de trabajo ejemplar. Nos consta que ha sido así en la ciudad de Buenos Aires, desde aquella generación de sacerdotes como los padres Carlos Mujica en la Villa 31 y Jorge Vernaza en la 1-11-14. Este último fue sucedido por Gustavo Carrara, hoy arzobispo de La Plata, a quien visitaba frecuentemente el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, nuestro querido papa Francisco, quien también respaldó y alentó al padre Pepe Di Paola, hoy en Santiago del Estero, al frente de los Hogares de Cristo extendidos en todo el país, y al padre Toto De Vedia en las villas 21/23, donde también estaba el padre Pepe. Por citar tan solo algunos que, guiados por el ejemplo de Cristo, como muchos otros obispos, curas y laicos en el conurbano infinito, luchan sin cuartel para salvar la vida y la salud de niños, jóvenes y adultos, frente a los males de la miseria, y para que no sean víctimas del pulpo de la droga. Con prédica, enseñanza, alimentos, capillas, escuelas, clubes, centros de atención médica y amor.

En este sentido, es oportuno resaltar que un paso importante se dará en la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), en coordinación con la Diócesis de Quilmes, donde el 12 de noviembre próximo a las 17 horas se pondrá en marcha la Cátedra Libre Papa Francisco. Será un espacio donde se conversará y se formará sobre la acción y el pensamiento del papa Francisco y su legado.

El mal de la droga y la presencia de los poderes del Estado

Los políticos, junto a los financistas de esa invasión y los policías y magistrados penetrados por los políticos y los financistas o comprometidos con los narcotraficantes, se yuxtaponen, cayendo una y otra vez en la animalidad sin un mínimo de humanismo, decencia, consideración y respeto por los otros.

No podemos dejar de reconocer que un disparador de esta opinión sobre un drama que hemos seguido siempre lo constituye la reciente masacre de 132 presuntos narcotraficantes y 4 policías asesinados en las favelas de Alemão y Penha, en Río de Janeiro, el 28/10/2025. No sabemos si el Tribunal Superior de Brasil ha ordenado incoar alguna causa por los asesinatos cometidos por los policías y registrados por la prensa.

En el conurbano y en la capital federal son frecuentes los asesinatos y los suicidios de jóvenes, con signos de una barbarie solo conocida en algunos de los territorios dominados por las organizaciones criminales de esos países hermanos.

Los brutales, inmundos y repugnantes hechos, seguidos de su difusión en las redes, de las niñas en Florencio Varela. ¿Será otro paso en el embrutecimiento de nuestra cultura para que vayamos naturalizando esos métodos y reconociendo los símbolos de las amputaciones como sucede en Río de Janeiro donde, según este cronista comprobó años atrás, no era infrecuente encontrarse con cabezas o manos en las playas de Copacabana? ¿Está el caso de las víctimas de los monoblocks de La Tablada esclarecido? ¿Se dio a conocer la trama y las eventuales relaciones políticas y/o policiales del monstruoso hecho?

En el mundo de las miles de muertes causadas por esta “tercera guerra mundial a pedazos”, como decía el papa Francisco, también debemos incluir la violencia del narcotráfico. No es una guerra en términos convencionales, pero es una manifestación de la violencia que provoca un mal semejante o mayor al de una guerra convencional (si es que actualmente todas son guerras convencionales), en la que el Estado no puede permanecer ajeno.

Este cronista entiende que los medios no son los empleados en Río. No puede el Poder Ejecutivo de un Estado democrático proponerse aniquilar a los delincuentes. Si hubiera pena de muerte, esta solo sería aplicable por el Poder Judicial. Pero sobre el Estado recae la responsabilidad del ingreso de las drogas, de su producción, de su traslado y de su venta, dejando burlar los controles que en ese ámbito le corresponden. No es una explicación aceptable decir que “tenemos fronteras porosas” o que “no hay radares para detectar aeronaves” o que “en los aeropuertos no funcionan los escáneres”.

La idea de San Agustín

En el marco del desarrollo del tema de la relación entre evangelización y Estado, en “Hacia una nueva evangelización de la cultura”, el eminente filósofo y teólogo italiano Massimo Borghesi, al repasar la historia del pensamiento de la Iglesia, recoge la postura de San Agustín en relación con las funciones que debe cumplir el Estado. Según la Iglesia, esa función, dice el obispo de Hipona, es la de garantizar la paz. Escribe Ratzinger: “Lejos de la idea de una cristianización del Estado, lo que San Agustín pide al poder es esencialmente la tutela de la paz. Este es el valor más grande dentro del cual cristianos y paganos pueden vivir su vida, dentro del cual la civitas Dei puede florecer y difundirse”. Se trata de una perspectiva de gran interés, que hoy permite sustraerse a las posiciones que tienden a identificar Occidente y la cultura cristiana, contra posibles enemigos externos, cimentando una división en bloques después del fin del dualismo Este-Oeste, una posición marcadamente ideológica, que no corresponde con las tentativas de una nueva evangelización de la cultura. La paz como ausencia de conflictos internos o externos exige de un Estado presente y previsor. Y en esa tarea —reiteramos lo ya dicho— es obligación del Estado evitar el tráfico y el tránsito de estupefacientes prohibidos, castigar con toda la fuerza de la ley y la aplicación de penas efectivas el consumo, la tenencia, la producción y la comercialización de esas drogas, así como perseguir el lavado de dinero proveniente de esos delitos.

En cambio, afirma este filósofo italiano: “La reflexión agustiniana, con su antropología basada en el ‘corazón inquieto’ y su teología basada en la ‘misericordia’ divina, constituye la modalidad más profunda e inteligente para encontrar el ánimo y las instancias más verdaderas de la cultura contemporánea.”

Frente a la invasión del narcotráfico y el nuevo Adán (San Pablo, 1 Corintios 15-45)

Dios es un ser en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres personas que existen en Dios son, por su naturaleza, relaciones. Por extensión, el hombre también es un ser en relación. No se trata de una relación “sustancialista” ni individualista, sino dialógica, personalista y existencial de la persona en Dios, en Cristo y en el hombre, es decir, una relación trinitaria: un ser personal y relacional. El hombre que sigue a Cristo, el último hombre y el nuevo Adán.

Dice San Pablo en Corintios (1, 15-45): “Así está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho ser vivo; el último Adán, espíritu que da vida. Pero no es primero lo espiritual, sino lo natural; después lo espiritual. El primer hombre, sacado de la tierra, es terreno; el segundo hombre es del cielo. Como el hombre terreno, así son los hombres terrenos; como el celestial, así son los celestiales. Y como hemos llevado la imagen del hombre terreno, llevaremos también la imagen del hombre celestial.”

En una próxima nota, si Dios quiere, este cronista explicará esto en términos coloquiales. Gracias.

Un extenso operativo llevado adelante en la ciudad de San Francisco, ubicada en el departamento San Justo, culminó con la desarticulación de una banda narco familiar, que operaba en distintos barrios del distrito.

El despliegue de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) involucró a miembros del Equipo de Acciones Tácticas, quienes ingresaron durante la jornada en siete viviendas localizadas en los barrios Vélez Sarsfield, San Cayetano, Parque y La Milka.

De esta manera, detuvieron a 5 personas: dos hombres y tres mujeres, todos mayores de edad, identificados por los investigadores como integrantes de una misma estructura delictiva, según consignó el parte oficial difundido por la FPA.

El trabajo de investigación, dirigido por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco, permitió identificar la modalidad y los puntos de venta y distribución de sustancias ilícitas utilizados por la banda.

Los siete operativos se desarrollaron durante la mañana y la tarde del jueves, con auxilio de los perros detectores K-9 de la fuerza provincial.

Como resultado de los procedimientos, se incautaron: 231 dosis de marihuana, 126 de cocaína y $476.420 en efectivo (unos 500 dólares al tipo de cambio oficial). También se secuestraron dos balanzas digitales y diferentes elementos vinculados al fraccionamiento de estupefacientes, hallados en los distintos espacios inspeccionados en San Francisco.

Tal como pudieron reconstruir las autoridades, el liderazgo de la organización recayó en un hombre con antecedentes penales asociados al narcotráfico. El sujeto dirigía las operaciones junto a un amigo, su hija y su nuera, configurando una red donde las funciones de cada miembro estaban claramente delimitadas dentro de la estructura delictiva.

Mientras tanto, las tres mujeres detenidas cumplían tareas específicas orientadas al almacenamiento, fraccionamiento y venta. Por otro lado, los dos hombres se encargaban de la logística y la definición de los métodos de distribución en los barrios afectados.

Cumplidas las detenciones y la recolección de pruebas en los allanamientos, las autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico ordenaron el inmediato traslado de cuatro de los involucrados a sede judicial, donde se formalizó la imputación por el delito de Comercialización Agravada de Estupefacientes, en calidad de coautores.

Además, se supo que una de las mujeres detenidas obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria para el cuidado de su bebé de tres meses, opción que fue dispuesta por la fiscalía actuante para garantizar los derechos del menor, conforme a la normativa vigente.

Cayó una pareja que lideraba una red familiar de venta de droga

Días atrás, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a una pareja acusada de integrar una red familiar de venta de droga en la zona del Barrio 15, conocida como Ciudad Oculta, dentro del barrio porteño de Villa Lugano.

Los acusados, un hombre de 48 años y una mujer de 37, fueron apresados tras una serie de allanamientos en tres domicilios de las manzanas 2 y 6.

Según fuentes policiales, ambos fueron señalados como integrantes principales de la organización familiar de tráfico de droga.

El operativo fue efectuado por la División Investigaciones Antidrogas Zona Sur, bajo la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes iniciada en junio de 2025.

Según las fuentes, se incautaron 468 envoltorios de pasta base de cocaína con un peso total de 142 gramos, 4.837.000 pesos en efectivo, seis teléfonos celulares, una tablet, elementos de fraccionamiento, un cuchillo de cocina, anotaciones vinculadas a la actividad y un vehículo Peugeot 308 blanco.

Las pesquisas permitieron identificar a los principales miembros de la red y ubicar los puntos de venta, según indicaron fuentes policiales.

De acuerdo con las tareas de inteligencia, la estructura familiar operaba de manera continua a lo largo del día, alternando horarios para realizar la comercialización desde un kiosco que funcionaba como fachada y a través de un pasillo interno del Barrio 15. El flujo de compradores era constante y, en su mayoría, residían dentro del mismo barrio.

Un operativo encubierto del grupo Terna de la Policía Nacional del Perú (PNP) terminó con la detención de un adulto mayor acusado de microcomercializar droga desde su vivienda en el asentamiento humano Brisas de Villa, en el distrito de Santiago de Surco. El intervenido fue identificado como Carlos Óscar Prado Estrada, de 65 años, conocido en la zona como ‘El Manotas’, quien ya registraba antecedentes por el mismo delito desde hace varios años.

La intervención fue ejecutada tras un seguimiento policial que permitió registrar en video diversas transacciones realizadas a través de una ventana del inmueble. En las imágenes, los agentes documentaron cómo distintos compradores llegaban al lugar, entregaban dinero y recibían pequeños envoltorios, típicos del microtráfico. El coronel Pedro Rojas Tipto, jefe del Escuadrón Verde, confirmó que la operación se realizó luego de varias semanas de vigilancia encubierta y que el detenido fue sorprendido justo en el momento en que atendía a un nuevo cliente.

La PNP incautó más de mil envoltorios de droga en la vivienda de ‘El Manotas’

Durante el registro domiciliario, los agentes hallaron 1,105 envoltorios de pasta básica de cocaína (PBC) listos para su venta, así como cinco bolsas de clorhidrato de cocaína. En la vivienda también se incautaron insumos usados para el fraccionamiento de la droga, entre ellos coladores, cuchillos y trozos de papel periódico. Uno de los compradores que se encontraba en el lugar también fue detenido y trasladado a la Depincri Surco para las diligencias correspondientes.

Según las fuentes policiales, el propio detenido reconoció ser consumidor de drogas, pero negó dedicarse a la venta. Sin embargo, los videos grabados por los efectivos evidencian al menos cuatro transacciones en un lapso de quince minutos, confirmando la actividad ilícita. El coronel Rojas Tipto precisó que la operación formó parte de las acciones permanentes del Escuadrón Verde–Terna para desarticular puntos de microcomercialización que operan en zonas residenciales del sur de la capital.

Este no sería el primer antecedente de Carlos Prado Estrada. En 2023, fue capturado por la misma unidad durante una redada en la que la Policía desarticuló dos clanes familiares dedicados a la venta de droga en el mismo sector. En aquella ocasión, el sujeto integraba la banda conocida como ‘Los Batuteros de las Brisas’, a la que se le incautó cerca de 790 envoltorios de PBC y dinero en efectivo presuntamente producto de la venta.

¿Qué dice la ley peruana sobre la microcomercialización de drogas?

El delito de microcomercialización de drogas forma parte del tipo penal de tráfico ilícito de drogas previsto en el artículo 298° del Código Penal. Este castiga la venta, distribución o suministro de pequeñas cantidades de sustancias ilícitas como pasta básica de cocaína, clorhidrato de cocaína, marihuana u otras drogas fiscalizadas, siempre que la actividad no configure una operación de tráfico a gran escala. La ley considera esta figura como un eslabón menor dentro de la cadena del narcotráfico, pero con consecuencias igualmente penales.

Este delito se configura cuando el autor vende o entrega drogas directamente al consumidor, actuando como un minorista o intermediario en zonas urbanas, barrios o incluso viviendas particulares. La norma busca sancionar la comercialización callejera o doméstica, especialmente aquella que genera micromercados de consumo en sectores vulnerables. Según el marco legal, se trata de un delito de peligro abstracto, pues basta acreditar la posesión con fines de venta para que el castigo se aplique, sin que sea necesario probar una transacción concreta.

La pena por microcomercializar drogas varía entre tres y siete años de cárcel, además de una multa de 180 a 360 días-multa, siempre que las cantidades sean pequeñas y no existan agravantes como la participación de menores, el uso de inmuebles públicos o la reincidencia. Cuando se demuestra que el acusado actuó en coordinación con terceros o integró una organización delictiva, el caso pasa a tipificarse bajo el artículo 296° o 297°, donde las sanciones pueden superar los 15 años de prisión.

Cuatro sujetos colombianos, quienes se encontraban en el país de manera ilegal, quedaron en prisión preventiva este miércoles acusados del asesinato y posterior desmembramiento de un miembro de su misma banda, un ciudadano dominicano de 48 años, cuyo cuerpo apareció repartido en dos maletas en un sector rural de la comuna santiaguina de Pudahuel.

Según explicó el fiscal ECOH Milibor Bugueño, “la víctima, integrante de esta organización, fue citada bajo engaño a un domicilio en la comuna de Quinta Normal. Una vez en el lugar, fue asesinada y posteriormente descuartizada en un lapso de aproximadamente dos horas. Luego, dos de los imputados trasladaron las maletas con los restos hasta Pudahuel”.

Carabineros encontró el cuerpo de la víctima el pasado 1 de octubre, luego de recibir un llamado telefónico anónimo que advertía sobre la presencia de dos maletas abandonadas en un canal de regadío.

De acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público, la víctima debía trasladar 500 kilos de marihuana desde el norte hasta Santiago. Sin embargo, en el camino fue objeto de un robo de esa droga, asunto que sus cuatro socios colombianos no creyeron, asumiendo que se había quedado con el cargamento.

“La víctima temía por su vida, incluso comparte su ubicación con su familia que está fuera del país, por si le llegaba a pasar algo”, detalló el persecutor, quien agregó que el homicidio fue cometido con alevosía y que la víctima fue asfixiada antes de ser descuartizada.

En la misma línea, el prefecto inspector Jorge Abatte, jefe nacional de Delitos Contra las Personas de la Policía de Investigaciones (PDI), complementó que en este caso también “existe una premeditación, una planificación”, puesto que los asesinos compraron previamente las maletas donde intentaron hacer desaparecer a su exsocio.

“El domicilio donde se perpetraron los hechos se ubica en la comuna de Quinta Normal, y las maletas utilizadas fueron adquiridas por esta organización criminal”, remató el detective.

Finalmente, el tribunal fijó un plazo de 150 días para el desarrollo de la investigación.

En distintos locales de envío postal en Lima, los agentes antidrogas detectan paquetes que salen con destino a Norteamérica, Europa y México. Las cajas parecen comunes; contienen ropa, artesanías o alimentos que cualquier viajero enviaría a un familiar. Sin embargo, al revisarlas con atención, surge un patrón inquietante: dentro de prendas y productos cotidianos aparece un compuesto que la División Portuaria de la Dirandro identifica de forma repetida. Es ketamina, escondida en formas cada vez más diversas y con rutas que se vuelven frecuentes.

Según las autoridades, en los últimos meses se interceptaron múltiples cargas con este insumo. Las incautaciones incluyen ropa impregnada, artesanías y sobres de bebidas en polvo. Panorama acompañó a las unidades encargadas del control, y en cada intervención se repite el mismo hallazgo: paquetes con apariencia legal que esconden un compuesto clave para producir tusi. “Envío postal con destino al país de Italia… La sustancia pulverulenta color rosado da positivo para la sustancia psicoactiva ketamina”, señaló una de las agentes de la PNP.

La facilidad para obtener el insumo en Lima explica por qué los envíos crecen. En farmacias y veterinarias se observa un acceso directo a la ketamina líquida. No se requiere receta en algunos establecimientos y la transacción se resuelve sin mayores preguntas. Este acceso libre abre una ventana que grupos delictivos han empezado a aprovechar, con remesas que buscan colocarse en mercados internacionales donde el tusi mantiene alta demanda.

Envíos contaminados que salen del país

En una intervención reciente, los agentes inspeccionan ropa artesanal enviada a Estados Unidos. La revisión permite detectar prendas contaminadas. Una voz de la PNP explica: “El buzo contenía ketamina impregnada en prenda de vestir. Es una impregnación de ketamina”. En esa misma operación se registran “cinco, seis pantalones que estarían contaminados”. Se trata de artículos que, a simple vista, no muestran alteraciones visibles.

Los hallazgos incluyen otras rutas. “Lo que es que también se ha podido detectar envíos hacia México y hacia Estados Unidos”, señala otra voz autorizada. Las cargas varían: desde ropa hasta sobres de refrescos. En una operación distinta, la Dirandro inmoviliza un paquete dirigido a Italia con alimentos típicos como chifles, papas fritas y café. Dentro se hallan “cinco sobres de chicha morada en polvo” donde la ketamina aparece mezclada.

En paralelo, los equipos técnicos de la unidad portuaria confirman cada muestra. Una voz precisa: “Es necesario que esta muestra pase por equipo tecnológico, dado que no existen pruebas preliminares”. El método permite identificar la sustancia aun cuando se encuentra integrada a líquidos, polvo o textiles.

El reportaje del dominical refleja un punto clave: la ketamina, con uso médico en humanos y animales, se volvió un insumo para la producción de tusi. Una voz explica: “La ketamina… es también mal utilizada como droga alucinógena, pero sobre todo en el mundo delictivo… es el insumo de oro para la elaboración de la cocaína rosada o tusi”.

El procedimiento para convertirla en cristales no requiere equipos complejos. El coronel de la Dirandro detalla: “No es necesario tener un laboratorio especializado… Solamente es sometiéndole a calor, nada más”. Luego se agrega un colorante y ese producto se comercializa con el nombre de tusi.

El efecto de esta mezcla aumenta cuando se combina con alcohol. “Sumado con el alcohol, va a potenciar el efecto depresor del sistema nervioso central y… puede producir la muerte”, advierte otra voz durante la grabación.

Compra sin receta

La adquisición de frascos en farmacias cercanas al hospital Cayetano Heredia es fácil. El intercambio se completa sin consulta médica ni condición especial. Una las vendedoras señala: “Aquí está. Ketamina 50 miligramos”.

Sin receta para algunas farmacias, es una simple transacción económica más. Ese acceso facilita que organizaciones criminales obtengan el insumo y lo transformen luego en cristales.

La Dirandro señala que, por el aumento de estos envíos, se fortalecen controles junto a Aduanas, Ministerio Público y Serpos. Según una voz oficial: “El esfuerzo que realizamos… ha permitido realizar estos hallazgos de ketamina”.

Las autoridades explican que el control formal sobre el uso no médico de la ketamina recién se afianza.

Desde que se confirmó el hallazgo de los cuerpos de los artistas B King y Regio Clown, dos colombianos que desaparecieron tras presentarse en un evento privado en la capital de México y que posteriormente fueron encontrados desmembrados, las autoridades del país norteamericano avanzan en la investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

Uno de los avances más significativos fue la captura de cuatro individuos que habrían participado en la desaparición y el posterior asesinato de los colombianos; sin embargo, familiares de los detenidos han denunciado que se trata de un complot para inculparlos.

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A esto se sumó la detención de Cristopher “N” o “El Comandante”, que estaría al mando del plan criminal para asesinar a los colombianos. Además, se han expuesto videos en los que se observa a los artistas subir a un vehículo que era conducido por él.

En un nuevo avance sobre este caso, la Fiscalía de México confirmó en la tarde del 1 de noviembre que “El Comandante” ha sido oficialmente vinculado al proceso judicial en el que será juzgado: “Se determinó la vinculación a proceso en contra de Cristopher ‘N’, alias ‘El Comandante’, por su probable participación en el homicidio en agravio de dos víctimas de nacionalidad colombiana, cuyos restos fueron localizados el pasado 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán”.

La entidad informó que Cristopher “N” será imputado por el cargo de homicidio calificado, por el cual podría ser condenado hasta a 70 años de prisión, asegurando que cuentan con pruebas que confirman que el mexicano se aprovechó de la confianza que tenía con los sudamericanos para llevar a cabo el plan de asesinarlos.

“De acuerdo con los indicios aportados por esta fiscalía, se permite inferir que Cristopher tuvo control sobre aspectos esenciales de la ejecución, al coordinar y dirigir la fase de atracción de las víctimas mediante el engaño y la manipulación de su confianza, para asegurar el resultado planificado por el grupo”, afirmó la Fiscalía mexicana.

Droga ‘Coco Chanel’ y la supuesta conexión con el asesinato de B King y Regio Clown

Un informe del medio Imagen Noticias expuso que en México ha comenzado a ser comercializada una droga llamada “Coco Chanel”, y que esto podría estar relacionado con el asesinato de los artistas colombianos.

Sobre este tipo de drogas, expertos han afirmado que se trata de sustancias iguales al 2C-B, pero los criminales deciden cambiar su nombre para generar mayor morbo de los posibles compradores, que acceden a pagar hasta 200 dólares por bolsas de pocos gramos.

La estrategia estaría funcionando de manera positiva en México, en donde el cartel de Sinaloa afirma ser la única estructura que tiene en su poder este narcótico.

Al mencionar el vínculo con el asesinato de los colombianos, el medio citado asegura que hay hasta 16 personas vinculadas en el caso, en el que se destaca “El Pantera” un capo que habría pagado más de 200.000 pesos mexicanos (10.000 dólares) por el crimen de los colombianos.

Un testigo protegido afirmó que los colombianos tenían la intención de vender drogas sintética en sus presentaciones y en eventos realizados en México, lo que molestó a la estructura criminal que lidera “El Pantera”.

En ese sentido, los colombianos estuvieron en un gimnasio la última vez que fueron vistos con vida, allí fueron recogidos por un vehículo de alta gama (conducido por “El Teniente”) y desde entonces sus familiares y allegados no volvieron a tener información sobre su paradero.

Después de la búsqueda, que concluyó con el hallazgo de los cuerpos en bolsas de basura, el vehículo fue encontrado en un predio abandonado en Texcoco; al respecto, informaron que había sido modificado para ser ocultado de las autoridades.

En la provincia de Camaná, región Arequipa, un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía culminó con la detención de un hombre acusado de trasladar un importante cargamento de droga. El caso, que ya está bajo investigación fiscal, revela una posible conexión con una red criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas en el sur del país.

La intervención ocurrió la mañana del miércoles 22 de octubre de 2025, luego de un seguimiento efectuado por la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) – Área Antidrogas de Arequipa. Los agentes detectaron una camioneta Toyota Hilux, de placa U1I-930, que circulaba por la intersección de las avenidas Samuel Pastor y Lima, en Camaná. El desplazamiento irregular del vehículo y su vinculación con antecedentes de tráfico despertaron sospechas en el personal especializado, que decidió intervenir de inmediato.

Durante el registro, los agentes descubrieron modificaciones en la carrocería del vehículo. Al revisar minuciosamente los compartimentos, hallaron varios paquetes tipo ladrillo ocultos entre las estructuras metálicas. Los resultados del reactivo confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína. El conductor fue identificado como Alexander Javier Villantoy (29), conocido como “Javicho”, quien sería integrante de la organización delictiva “Los Ruteros Sureños”.

Investigación fiscal en curso

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Camaná inició investigación preliminar contra Villantoy por el presunto delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas. El procedimiento se realizó en coordinación con la Policía Nacional, bajo la dirección del fiscal provincial Luis Fernando Supo Ramos, quien acudió al lugar para supervisar la extracción de los paquetes.

De acuerdo con el reporte oficial, el vehículo fue trasladado a la sede policial de Camaná. En presencia del fiscal Supo Ramos se retiró los bultos hallados, sumando 40 paquetes tipo ladrillo, los cuales contenían alcaloide de cocaína. “Durante la inspección también se encontró droga en la llanta de repuesto del vehículo, lo que demuestra que el cargamento estaba cuidadosamente oculto”, precisó la fiscalía en su informe inicial.

Las diligencias incluyeron la incautación del vehículo y la toma de declaraciones del detenido. Además, se dispuso el análisis del teléfono celular y el dinero en efectivo incautado, para determinar posibles vínculos con otras personas o rutas de distribución. La Fiscalía estableció una detención preliminar de 15 días, plazo en el que se ampliarán las pesquisas sobre la procedencia del cargamento y la red que operaba en la zona.

Operativo vinculado a una organización criminal

Fuentes de la DIVINCRI – Área Antidrogas de Arequipa indicaron que Villantoy operaba como distribuidor dentro de una red dedicada al traslado de droga entre Arequipa y otras provincias del sur. “Su papel era asegurar el movimiento de los cargamentos en fechas de alta afluencia turística, aprovechando el tránsito intenso para no levantar sospechas”, señaló un agente del equipo operativo.

La policía sostuvo que la intervención formaba parte de una serie de acciones planificadas para desarticular a “Los Ruteros Sureños”, una organización que habría utilizado rutas interprovinciales para el transporte de droga camuflada en vehículos particulares. El seguimiento se efectuó durante varios días antes del operativo, con información cruzada entre unidades de inteligencia y agentes encubiertos.

El caso de Villantoy se suma a otras investigaciones abiertas en el sur del país, donde las autoridades buscan identificar a los cabecillas y principales intermediarios del tráfico ilícito. La Fiscalía de Camaná continúa recabando pruebas, mientras se espera el informe pericial definitivo que confirme el peso exacto y la pureza de la droga incautada.

La línea aérea invisible del narcotráfico sobrevuela el continente sudamericano sin pausa. Desde los valles cocaleros del Vraem hasta las costas mexicanas, avionetas, lanchas y camiones trasladan la cocaína que alimenta un negocio mundial. En ese mapa, Perú ocupa un lugar central: sus laboratorios clandestinos, rutas fluviales y conexiones con mafias extranjeras lo han convertido en pieza clave de una maquinaria que abastece la demanda de drogas en Estados Unidos.

En los cielos y ríos amazónicos, el tráfico se mueve con precisión industrial. Pilotos, mecánicos, lavadores de dinero y enlaces internacionales participan de un circuito que combina discreción y violencia. “Perú es el gran granero del sur, y su coca se multiplica en los laboratorios clandestinos del norte antes de convertirse en dinero ensangrentado”, declaró la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) a la BBC. Esa economía ilegal sostiene miles de familias rurales y, al mismo tiempo, alimenta redes criminales que superan fronteras y gobiernos.

Según investigaciones citadas por BBC Mundo, los carteles mexicanos del Pacífico —especialmente el de Sinaloa— operan desde el litoral peruano bajo estructuras discretas conocidas como “embajadas”. Desde allí coordinan embarques marítimos hacia Centroamérica y Estados Unidos. El flujo de droga peruana con destino al norte creció un 22 % en los últimos tres años, según datos del organismo internacional.

Un triángulo andino de producción y tráfico

Colombia, Perú y Bolivia siguen siendo los tres grandes productores de hoja de coca del planeta. En estas naciones, el cultivo se transforma en clorhidrato de cocaína o en productos intermedios que luego completan su procesamiento en otros países. “La hoja de coca se procesa predominantemente en laboratorios en esas tres naciones para transformarla en el producto de consumo”, explicó Antoine Vella, jefe de la Sección de Datos y Estadísticas de UNODC al medio inglés.

Ecuador se ha convertido en un punto de tránsito decisivo. Sus puertos y rutas terrestres sirven como pasillos de exportación hacia Europa y Norteamérica, mientras Bolivia actúa como plataforma de reorganización y distribución. Colombia, con una logística criminal avanzada, integra redes que cruzan Tumaco, los llanos orientales y la frontera con Perú, lo que complica la detección de los cargamentos.

El tránsito marítimo es ahora el más usado. De acuerdo con estimaciones de la DEA, el 74 % de los envíos de cocaína dirigidos a Estados Unidos utilizan la ruta del Pacífico, frente al 16 % que lo hace por el Caribe. Las cifras de 2019, las más recientes disponibles, reflejan que menos del 1 % de los cargamentos llega de manera directa.

Del aire a las narcolanchas

El corredor aéreo sigue activo. Avionetas con matrícula falsa despegan desde pistas improvisadas en la Amazonía peruana con destino a México o Centroamérica. Una vez allí, la droga viaja por tierra hasta cruzar la frontera estadounidense. Venezuela, por su cercanía con Colombia, también sirve como punto de partida para estos vuelos, según los informes del UNODC.

Las operaciones marítimas complementan el esquema. El Centro Internacional de Investigación y Análisis contra el Narcotráfico Marítimo (CIMCON), con sede en Cartagena, informó que entre 2020 y 2024 se decomisaron unas 1.500 toneladas de cocaína en el Pacífico. “El aumento del 380 % en los decomisos marítimos en Ecuador refleja tanto un mayor tráfico como una mejor respuesta de las fuerzas de seguridad”, detalla el estudio.

El Informe Mundial de Drogas 2025 de la UNODC reportó una producción récord de más de 3.700 toneladas de cocaína en 2023, un incremento del 34 % respecto al año anterior. En paralelo, los consumidores aumentaron de 17 a 25 millones en la última década, con Norteamérica y Europa a la cabeza.

En este escenario, Perú no solo cultiva y produce, sino que también articula rutas, financia operaciones y redefine la logística continental del narcotráfico. Las comunidades rurales, atrapadas entre la pobreza y la violencia, enfrentan el impacto directo del comercio ilegal. Mientras tanto, las potencias mantienen estrategias de cooperación y vigilancia que, pese a los avances, no logran quebrar el músculo financiero de los carteles.

Así, el mapa del narcotráfico continúa trazándose desde las montañas andinas hasta las costas del Pacífico, con Perú en el centro de una red que se reinventa cada vez que las autoridades creen haberla contenido.

Este lunes, la Unidad Penitenciaria Nº34 de Melchor Romero fue escenario de un operativo policial tras detectarse un intento de ingreso de marihuana oculta en elementos de higiene personal. El hombre, de 34 años, quedó imputado por infracción a la Ley 23.737 de tenencia de estupefacientes y enfrentará su situación procesal en el ámbito de la Justicia de La Plata.

El incidente se registró en la intersección de las calles 179 y 524, tras un llamado realizado al 911 alertando sobre un hecho sospechoso en el sector de ingreso al penal.

Al arribar, el personal del Comando de Patrullas La Plata fue informado por oficiales del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) acerca del hallazgo de cuatro bolsas de nylon negro ocultas dentro de frascos de shampoo y crema de enjuague, que el acusado llevaba como parte de sus pertenencias.

El procedimiento arrojó como resultado el secuestro de 19 gramos de picadura de marihuana. Según el reporte, la sustancia arrojó resultado positivo en el test de orientación realizado en el lugar.

Según informó el portal La Buena Info, los efectivos del Comando de Patrullas La Plata aseguraron los elementos y notificaron a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº18 junto al Juzgado de Garantías Nº6 del Departamento Judicial La Plata.

El imputado fue identificado como M. S., de nacionalidad argentina, con domicilio en Villa Domínico, y empleado en relación de dependencia. Hasta el momento no trascendieron antecedentes penales previos en relación con el acusado, ni vínculos confirmados con internos de la unidad penitenciaria.

De acuerdo con fuentes judiciales, M. S. fue demorado en la dependencia policial tras el secuestro de la sustancia. El fiscal interviniente evaluó la carátula bajo el delito de “Infracción a la Ley 23.737 – Tenencia simple”, conforme a la cantidad de estupefaciente incautado y a lo establecido por la normativa vigente.

Luego de la revisión del caso, el fiscal dispuso la libertad del imputado bajo las condiciones previstas por el artículo 161 del Código Procesal Penal, que faculta este tipo de resoluciones en casos donde se presume que la pena eventualmente aplicable no superaría el mínimo establecido para la prisión preventiva. No obstante, la causa seguirá su curso en sede judicial.

La sustancia incautada fue remitida para peritaje adicional y almacenamiento en depósitos judiciales, en tanto se prevé la citación y eventual indagatoria del acusado durante las próximas semanas.

Intentaron ingresar droga oculta en el interior de unos panes criollos en un penal de Córdoba

Un operativo en el Establecimiento Penitenciario N° 9, de Córdoba, permitió a las autoridades incautar droga oculta en su interior de unos panes criollos.

Según el comunicado difundido por el Servicio Penitenciario de Córdoba, el operativo se concretó tras notar características irregulares en los alimentos ingresados para uno de los internos.

“Durante una requisa de paquetes, se pudo observar que en el interior del pan criollo se encontraban elementos extraños de manera oculta”, publicó el Servicio Penitenciario en X.

Las autoridades detallaron que la intervención formó parte de los controles regulares implementados para prevenir el ingreso de sustancias prohibidas.

La verificación minuciosa permitió confirmar que los seis criollos observados ocultaban en sus migas un total de seis envoltorios de nylon por unidad. En cada pan, el personal penitenciario halló pequeños paquetes de marihuana cuidadosamente disimulados.

La droga fue inmediatamente decomisada, conforme al protocolo previsto para este tipo de casos, y quedó bajo el resguardo preventivo en espera de nuevas instrucciones judiciales.

Tras el secuestro de la marihuana, el hecho fue puesto en conocimiento inmediato de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), organismo responsable de investigar delitos vinculados al tráfico y tenencia de estupefacientes en la provincia. La causa será analizada por equipos especializados para determinar el origen del envío y la identidad del destinatario dentro del penal.

Una mujer acusada de intentar facilitar droga fue sobreseída tras cumplir durante un año con la entrega de 60 bizcochuelos a un centro comunitario, en el marco de un acuerdo judicial homologado en septiembre de 2024.

El 12 de septiembre de 2024, la mujer alcanzó un acuerdo de suspensión del proceso a prueba, figura prevista por el Código Procesal Penal Federal, que fue homologado por el juez federal de Garantías, Alberto Daniel Carelli.

Este acuerdo, conocido como “probation”, posibilita el cese de la persecución penal siempre que el imputado cumpla durante un periodo determinado un conjunto de obligaciones, que en este caso incluían controles periódicos, abstinencia de drogas y la entrega periódica de productos caseros a una institución barrial.

Entre las condiciones impuestas desde el acuerdo se estableció que A. M. G. debía mantener un domicilio fijo, informar cualquier cambio a las autoridades, someterse a controles mensuales por parte de la Dirección de Control y Asistencia en la Ejecución Penal (DCAEP) y abstenerse de consumir estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas.

El aspecto destacado del acuerdo fue la obligación de entregar durante 12 meses, a razón de 5 unidades por mes, bizcochuelos elaborados por ella misma al Centro Integrador Red Puentes, ubicado en Mendoza.

La imputada debía hacerse cargo de los insumos y realizar la producción en su domicilio, ya que atravesaba una prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria.

Según el informe final remitido por la DCAEP, la obligación se cumplió en los plazos estipulados y la institución comunitaria recibió los 60 bizcochuelos previstos, de acuerdo con la información elevada al Ministerio Público Fiscal.

La acusada, según informó el portal del diario Los Andes, mantuvo residencia en el Barrio Pedro Molina, según reflejan los registros oficiales. Los controles mensuales de la DCAEP no reportaron incumplimientos ni incidentes que implicaran el uso de estupefacientes o abuso de alcohol, conforme a los antecedentes penales verificados hasta la fecha.

El Código Procesal Penal Federal prevé en estos casos que si, durante el periodo fijado por el tribunal, el imputado no comete delitos, repara el daño en la forma convenida y cumple las reglas fijadas, procede la extinción de la acción penal y el sobreseimiento definitivo, según lo solicitado por la fiscal interviniente y corroborado por el Ministerio Público Fiscal.

En el pedido de sobreseimiento aclaró que, aunque la procesada había recibido con anterioridad una condena a 6 años de prisión efectiva por transporte de estupefacientes —fijada por el Tribunal Oral Federal en lo Criminal Nº 1—, ese delito fue cometido previamente a los hechos tratados en el acuerdo de suspensión de proceso a prueba.

Por este motivo, la situación penal de la imputada resultó compatible con la figura del acuerdo, ya que el Código Procesal Penal Federal autoriza la aplicación de la “probation” cuando los hechos no superan determinado umbral de gravedad, no existen antecedentes penales por delitos posteriores y los compromisos asumidos fueron cumplidos.

Tal como refirió la fiscal en su solicitud, “el sobreseimiento procede si se ha aplicado un criterio de oportunidad, conciliación, reparación o suspensión del proceso a prueba, y se han cumplido las condiciones previstas en el Código Penal”.

Recibidas las evaluaciones y los informes de cumplimiento, el juez federal Alberto Daniel Carelli declaró extinguida la acción penal respecto de A. M. G. Por lo tanto, la acusada quedó sobreseída por la presunta tentativa de facilitación de estupefacientes con el agravante previsto por ley.

La Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (Dirandro) ejecutó una operación que dejó al descubierto una nueva modalidad de tráfico ilícito de drogas en envíos postales. En un almacén del distrito de Los Olivos, el personal policial halló más de ocho kilos de alcaloide de cocaína impregnados en las tapas de diez libros de cocina con destino a Barcelona, España. El operativo, realizado el 24 de octubre de 2025, evidenció la continua adaptación de las organizaciones criminales para burlar los controles internacionales.

La inspección se llevó a cabo en las instalaciones de una empresa de servicios postales, como parte de las acciones de control y fiscalización que desarrolla la Dirandro. Durante la revisión de los paquetes, los agentes identificaron una caja sospechosa, aparentemente inofensiva, que contenía los diez libros cuidadosamente empacados. Al examinar cada ejemplar, los efectivos detectaron una sustancia adherida a las tapas y contratapas. Su olor y textura coincidían con las características de un estupefaciente.

Según informó la Policía Nacional, las pruebas de campo confirmaron que se trataba de alcaloide de cocaína con un peso total de ocho kilos con novecientos gramos. El método empleado consistía en impregnar la droga en material orgánico, una técnica que facilita el camuflaje y complica su detección. Los narcotraficantes continúan utilizando el sistema postal como medio para sacar droga del país, aprovechando el alto volumen de envíos internacionales.

La intervención permitió impedir que la sustancia ilícita llegara a territorio europeo, donde su valor comercial se habría multiplicado. El destino del paquete, Barcelona, figura entre los principales puntos de tránsito de la droga peruana hacia otros países del continente. La Dirandro informó que las diligencias se realizan en coordinación con el Ministerio Público para identificar a los responsables y desarticular la red vinculada a este intento de envío.

Droga escondida en zapatillas rumbo a Estados Unidos

Mientras se desarrollaban las investigaciones sobre el envío a España, otro operativo en el Callao puso al descubierto una modalidad distinta, aunque con el mismo propósito: exportar cocaína a través de carga aérea. En un almacén temporal de esa provincia constitucional, el personal de la Dirandro detectó un paquete con cuatro pares de zapatillas que contenían droga oculta en las plantillas.

El envío tenía como destino la ciudad de Chicago, Estados Unidos. Tras una inspección con equipos de rayos X, los agentes observaron irregularidades en la estructura de los calzados. Al desmontar las plantillas, hallaron un total de 150 gramos de alcaloide de cocaína distribuidos en compartimentos internos. “

El hallazgo confirma la persistencia del uso del transporte aéreo como vía preferida para el tráfico de pequeñas cantidades de droga, especialmente aquellas destinadas a mercados del norte. Las autoridades advirtieron que estas operaciones son parte de una red más amplia que utiliza distintas rutas y métodos para despistar a los controles.

Canales de emergencia

El Gobierno puso en funcionamiento la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas. Esta línea permite reportar situaciones de extorsión y recibir protección de forma inmediata. Además, está enlazada con la Central de Emergencias 105 y ofrece la posibilidad de que los ciudadanos envíen pruebas como audios o videos.

También, hay alternativas adicionales para notificar estos delitos:

• Línea 1818: Canal de emergencia para denunciar extorsiones.
• Celular 942841978: Número directo para hacer reportes.
• Comisarías: Espacios en cada distrito donde se pueden presentar denuncias.
• Depincri: Áreas especializadas de la policía que investigan este tipo de crímenes.

Las imágenes registradas por el programa Panorama muestran a los agentes retirando ladrillos amarillos de cocaína escondidos dentro de hornos microondas. “La coloración que reacciona de contacto es azul turquesa”, precisó uno de los peritos, mientras el polvo se evidenciaba ante las cámaras. Esa reacción química confirmaba lo que los agentes sospechaban: se trataba de alcaloide de cocaína pura, lista para su envío al exterior.

El operativo reveló el alcance de una red criminal que conecta el Vraem con Lima, y de allí con los Estados Unidos y Europa.

El sello del delfín

En la escena captada por las cámaras, los agentes muestran los paquetes con un símbolo grabado en relieve: un delfín. Ese logo, según los investigadores, “refleja que la droga proviene del Vraem”, uno de los mayores centros de producción de cocaína en el país. En total, se decomisaron veintiocho ladrillos con esa marca, distribuidos en dos hornos microondas.

Cada paquete, de forma rectangular, estaba cuidadosamente forrado y sellado. “El dato fue certero y, ¡bingo!, ahí tenemos justamente cinco ladrillos más”, comentó un agente durante la intervención. El uso de electrodomésticos para camuflar los envíos es una de las modalidades más recientes del narcotráfico, que aprovecha la logística de las empresas de transporte para despachar pequeñas cantidades de droga sin levantar sospechas.

Los envíos partían de Huanta, en Ayacucho, a nombre de Gilberto Araujo Farfán, quien también debía recogerlos en Lima. Tras la intervención de las primeras encomiendas, los agentes siguieron el rastro de otras dos que ya se encontraban en tránsito hacia la capital. “Esta encomienda es enviada de la ciudad de Huanta con destino final a la jurisdicción de Lima”, confirmaron los oficiales.

Fragmentar la carga para evitar pérdidas

El general PNP Nilton Santos, jefe de la Dirandro, explicó que este tipo de tráfico fragmentado, conocido como narco pitufeo, busca reducir el riesgo de perder grandes cargamentos en caso de detección policial. “El costo de envío de una sola encomienda es de treinta soles, un precio insignificante frente a los miles de dólares que representa el producto final en el país de destino”, detalló.

Esta modalidad agregó, permite a las mafias “copiar kilos y kilos de cocaína de exportación” usando canales legales de transporte interno. De esta forma, la droga logra moverse desde el Vraem hasta Lima sin necesidad de mochileros o caletas en vehículos, métodos que hoy resultan más expuestos al control policial.

Según la Dirandro, el decomiso total alcanzó sesenta y ocho ladrillos de cocaína, valorados en casi dos millones y medio de dólares. “Estamos hablando de una afectación directa a una organización criminal que pretendía enviar la droga al continente europeo”, precisó el general Santos.

El caso también permitió identificar a un presunto cabecilla extranjero: Santo Delgado Saviñón, alias Kovachi o el Dominicano, quien llegó al Perú hace siete años, se casó y formó una familia. Sin embargo, fue capturado junto a su esposa, Johana González Ramos, cuando intentaban acopiar cinco ladrillos de cocaína.

“Está montando la presencia absoluta de droga, señora”, se escucha decir a un agente durante la detención. En los paquetes incautados se observaba el número “757”, grabado en relieve, que según los investigadores corresponde al código postal de la región de Hampton Roads, en el estado de Virginia, Estados Unidos. “El logo que tenía era 757, que es el código postal de una ciudad en los Estados Unidos. Tenemos la evidencia de que esta persona sí tenía contactos allá”, explicó un oficial de la Dirandro.

La información de inteligencia apunta a que la droga iba a enviarse como muestra de calidad para luego coordinar envíos de mayor escala. “De acuerdo a la información que tenemos, iba a salir en un contenedor unos días más adelante. Querían que llegue la muestra, ver la calidad del producto y definir la ruta para enviar más cantidad”, sostuvo una fuente policial.

El destino final sería Virginia Beach, donde las autoridades estadounidenses detectaron el consumo de cocaína de alta pureza en fiestas rave y eventos privados. La conexión entre el Vraem y la costa este de EE. UU. revela el grado de sofisticación de las redes que operan desde territorio peruano.

Encomiendas familiares y una ruta en expansión

Las investigaciones también alcanzaron al entorno familiar de Gilberto Araujo Farfán. “Se podría decir un inicio de un plan familiar. Tanto el hermano como la persona detenida están implicados en esta investigación”, señaló un vocero de la Dirandro. El seguimiento permitió descubrir que una tercera encomienda, similar a las anteriores, estaba en tránsito hacia otra agencia de la capital.

El uso de familiares o allegados para el envío de paquetes es una estrategia recurrente entre los traficantes, que buscan diluir responsabilidades y dificultar la identificación de los líderes. Con este sistema, el narcotráfico logra sostener una cadena continua de traslado, acopio y distribución.

La operación se realizó bajo los lineamientos del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, quien dispuso intensificar las acciones de control durante el estado de emergencia decretado en la zona del Vraem. “La Policía Nacional le va a dar un duro golpe al narcotráfico”, aseguró el general Santos al confirmar el éxito del decomiso.

A pesar del despliegue de fuerzas y las restricciones impuestas en el valle, la cocaína continúa saliendo hacia Lima. Los agentes antinarcóticos advierten que las mafias han trasladado sus puntos de acopio a la capital, donde microtraficantes buscan ascender en la jerarquía del crimen. “Lima se ha convertido en un club de emprendedores de la droga que buscan convertirse en grandes capos”, se escuchó en el informe televisivo.

En una acción coordinada por la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) - Área Antidrogas de Arequipa, agentes policiales capturaron a Alexander Javier Villantoy (29), conocido como “Javicho”, quien sería integrante de la organización delictiva “Los Ruteros Sureños”. La intervención se llevó a cabo la mañana del miércoles 22 de octubre de 2025, en la provincia de Camaná, tras un seguimiento ejecutado por el personal especializado.

El operativo se desarrolló alrededor de las 9:20 a.m., cuando los efectivos detectaron una camioneta Toyota Hilux que transitaba por la intersección de las avenidas Samuel Pastor y Lima. De acuerdo con la información policial, el vehículo levantó sospechas por su desplazamiento inusual y por haber sido registrado en investigaciones previas vinculadas al tráfico ilícito de drogas.

Durante la intervención, el personal policial comprobó que el conductor transportaba un cargamento ilícito. Los agentes procedieron a revisar el vehículo, hallando varios paquetes sospechosos dentro del compartimento posterior.

Incautación del cargamento

Al realizar la verificación, se confirmó que el contenido correspondía a clorhidrato de cocaína. En total, se incautaron 40 paquetes tipo ladrillo, que sumaban aproximadamente 40 kilos de droga. Además, los efectivos decomisaron un teléfono celular Samsung y una cantidad de dinero en efectivo, que será sometida a peritaje como parte de las diligencias.

Fuentes de la DIVINCRI señalaron que el detenido abastecía de droga a diversos puntos de la provincia de Camaná, aprovechando el incremento de visitantes por las festividades de aniversario. Según los registros preliminares, esta modalidad de distribución coincidía con fechas de alta afluencia turística, lo que permitía encubrir los traslados.

El operativo tuvo su punto clave en la zona conocida como Villa Hermosa, en el distrito de Samuel Pastor. Los agentes del área antidrogas interceptaron la camioneta de color negro tras varios minutos de seguimiento. Posteriormente, el vehículo fue trasladado a la Comisaría Sectorial de La Pampa, donde se ejecutaron las diligencias correspondientes y se formalizó la detención.

Los investigadores continúan con las acciones para determinar si el hombre actuaba bajo órdenes directas de los cabecillas de “Los Ruteros Sureños”, grupo que opera en distintas rutas del sur peruano. Los indicios recabados en el operativo serán remitidos al Ministerio Público para las investigaciones complementarias.

El detenido permanece bajo custodia mientras se amplían las pesquisas sobre la procedencia del cargamento y los posibles vínculos con redes de narcotráfico que operan entre Arequipa y otras regiones del país.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha activado la línea 111 de la Policía Nacional del Perú (PNP), un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas para reportar casos de extorsión y recibir apoyo inmediato. Esta línea está integrada con la Central de Emergencias 105, lo que facilita a los ciudadanos enviar pruebas como audios y videos al hacer su denuncia.

Los ciudadanos también pueden contactar los siguientes números para reportar extorsiones:

• Línea 1818: Teléfono de emergencia para denuncias de extorsión.
• Celular 942841978: Contacto directo para denuncias específicas de extorsión.
• Comisarías: Oficinas de denuncia en cada distrito.
• Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en delitos como la extorsión.

Otros números de emergencia disponibles:

• Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: 116
• Centro de Emergencia Mujer: 100
• SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencias): 106

Con estos operativos, la administración del presidente Donald Trump suma nueve ataques conocidos contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas desde el mes pasado, que han dejado al menos 37 fallecidos. Las primeras siete operaciones se desarrollaron en el mar Caribe, pero esta semana la estrategia se extendió al Pacífico oriental.

Según el Pentágono, el bombardeo se produjo el miércoles, también en aguas internacionales, y causó tres fallecidos, precisó Hegseth.

En una publicación en la red X, Hegseth señaló que la embarcación era operada por una “organización designada como terrorista” y transitaban “una ruta conocida de narcotráfico”. Añadió que la inteligencia estadounidense las había identificado como involucradas en el contrabando de estupefacientes, sin especificar el grupo responsable.

El secretario de Defensa aseguró que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en las operaciones. En los videos difundidos por Hegseth se observa a las embarcaciones navegando antes de ser alcanzadas y envueltas en llamas. En una de las grabaciones, correspondiente al ataque del miércoles, se aprecian bultos flotando en el agua, presuntamente cargamentos de droga.

“Estos ataques continuarán, día tras día. No son simples narcotraficantes, sino narcoterroristas que siembran muerte y destrucción en nuestras ciudades”, afirmó el funcionario estadounidense.

“Estos narcotraficantes son la ´Al Qaeda´ de nuestro hemisferio y no escaparán a la justicia. Los encontraremos y los eliminaremos hasta que la amenaza para el pueblo estadounidense se extinga", concluyó.

Horas antes del anuncio, el titular del Pentágono enfatizó que Estados Unidos no ofrecerá refugio a quienes intenten trasladar drogas a territorio norteamericano.

“Los narco-terroristas que pretendan traer veneno a nuestras costas no encontrarán un puerto seguro en nuestro hemisferio. Así como Al Qaeda libró una guerra contra nuestra patria, estos cárteles están librando una guerra contra nuestra frontera y nuestra gente”, aseguró Hegseth por medio de un comunicado.

El secretario subrayó que la actual política de Washington busca respuesta directa y contundente contra las redes criminales que combinan actividades de tráfico de drogas con terrorismo.

“No habrá refugio ni perdón, solo justicia”, sentenció, al reiterar la determinación de la administración estadounidense de actuar contra las amenazas a la seguridad nacional.

La Casa Blanca ha dicho estas acciones se enmarcan bajo el “conflicto armado” contra los cárteles de la droga, amparándose en la misma base legal que permitió la ofensiva antiterrorista posterior a los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Dos tripulantes que sobrevivieron a una operación anterior fueron repatriados a Ecuador y Colombia. Posteriormente, autoridades ecuatorianas informaron que el ciudadano retornado identificado como Andrés Fernando Tufiño fue liberado por falta de pruebas de delito alguno cometido en su país.

Un documento de las autoridades ecuatorianas, consultado por The Associated Press, menciona que “no existen elementos de convicción ni indicios que puedan llevar a la autoridad fiscal o judicial a tener la certeza” de alguna infracción por parte de Tufiño.

El hombre fue sometido a una evaluación médica al arribar al país, y las revisiones no detectaron afectaciones graves tras el incidente ocurrido en aguas internacionales.

(Con información de EFE y AFP)

Una red narco que importaba droga a Chile desde Colombia y luego la enviaba a Australia fue desarticulada gracias al trabajo conjunto de las policías de los tres países. La “Operación Cisne Negro” dejó cinco personas detenidas y permitió incautar 35 kilos de cocaína de alta pureza, avaluada en USD 6,7 millones.

La investigación comenzó en Chile, cuando funcionarios de la Aduana de Valparaíso (120 kms al noroeste de Santiago) detectaron a varias empresas sospechosas que importaban por mar maquinaria para la industria minera, la que luego exportaban por aire hacia el país oceánico desde el Aeropuerto de Santiago.

Así, la Policía de Investigaciones (PDI) chilena interceptó un envío, comprobando que varias brocas mineras habían sido manipuladas y contenían kilos de droga en su interior.

Este lunes, la fiscal Valparaíso, Claudia Perivancich, señaló que “hay una empresa chilena que importa en un primer momento desde Colombia equipamientos para el trabajo minero, se trata de herramientas mineras de importantes características, en el sentido de que son de alto grosor, son brocas para el trabajo de explotación minera”.

“Producto de este perfilamiento se logra detectar un envío sospechoso, y en el interior de estas herramientas se encuentran 35 kilos de clorhidrato de cocaína”, detalló la persecutora, avaluada en USD 6,7 millones.

Como se trataba del sexto cargamento enviado por la banda, una vez incautada la cocaína, la maquinaria fue enviada hasta Australia en un proceso de entrega vigilada conjunto con la Policía Federal de ese país, donde uniformados capturaron a dos de sus destinatarios.

Prisión preventiva para tres chilenos

En paralelo, en el puerto de San Antonio (114 kms al oeste de Santiago), la PDI detuvo a tres ciudadanos chilenos quienes habrían sido los encargados de realizar los orificios en las brocas mineras y rellenarlos con la droga, amén de volver a embalar la carga y hacer el envío.

Todos quedaron en prisión preventiva el fin de semana pasado en el Juzgado de Garantía de San Antonio, imputados por los delitos de asociación criminal y tráfico ilícito de drogas, y este lunes el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, destacó la importancia de la cooperación internacional a la hora de hacer frente a bandas trasnacionales de estas características.

“Es indispensable la cooperación internacional. No basta que agarremos unos pocos kilos y no agarremos a los que participan en la organización. Ese es el mejor aporte que podemos hacer para que este puerto siga creciendo, siga dando empleo, siga contribuyendo a la sociedad y particularmente a esta ciudad”, remató el máximo persecutor chileno.

El tránsito vehicular en el complejo fronterizo de Chacalluta suele fluir con normalidad entre quienes cruzan a diario desde Tacna hacia Arica. Sin embargo, un vehículo de matrícula peruana interrumpió esa rutina. Lo que parecía un control más derivó en un hallazgo inesperado: más de 20 kilos de cocaína y miles de pastillas de éxtasis escondidas en compartimientos del automóvil. Detrás del volante, un joven peruano de 21 años, sin antecedentes ni órdenes pendientes, quedó detenido tras un operativo conjunto de Carabineros y el Servicio Nacional de Aduanas.

El procedimiento, resultado de una investigación dirigida por la SACFI Arica, permitió descubrir un cargamento cuyo valor en el mercado ilegal bordea los 172 millones de pesos chilenos. La intervención se realizó luego de semanas de trabajo de inteligencia, que apuntaba a la entrada de droga desde Perú mediante vehículos particulares. Lo que comenzó como una revisión preventiva se transformó en un decomiso de alto impacto para la seguridad fronteriza.

Funcionarios de Aduanas, alertados por ciertas irregularidades en el vehículo, revisaron el parachoques delantero. En su interior, ocultos con precisión, hallaron paquetes con clorhidrato de cocaína. La inspección se amplió con apoyo del OS7 de Carabineros y el resultado fue aún mayor: tras retirar los asientos traseros, detectaron un segundo compartimiento con miles de comprimidos de éxtasis. “La coordinación entre ambas instituciones fue fundamental para este resultado”, afirmó el director regional subrogante de Aduanas, James Alarcón Contreras.

El general Álvaro Martínez Vega, jefe de Zona de Carabineros Arica y Parinacota, valoró el trabajo conjunto y destacó que “este esfuerzo permitió retirar de circulación más de 34 mil dosis de droga”. La investigación continúa bajo la dirección del Ministerio Público, mientras el detenido enfrenta cargos por tráfico de estupefacientes.

Un trabajo coordinado en la frontera

El procedimiento ejecutado en Chacalluta formó parte de una orden de investigar de la SACFI Arica, que venía desarrollando labores de inteligencia sobre posibles intentos de ingreso de sustancias ilícitas desde Perú. De acuerdo con la información entregada por Carabineros, el vehículo fue identificado como objeto de interés y sometido a un control selectivo por parte de los fiscalizadores de Aduanas.

Durante el registro, se encontraron 20 kilos 380 gramos de clorhidrato de cocaína y 14.518 comprimidos de éxtasis (MDMA). Además, se incautaron $30.000 pesos chilenos, 380 soles peruanos y un automóvil Hyundai con placa peruana. Todo fue puesto a disposición de la fiscalía para los peritajes correspondientes.

El ciudadano peruano detenido fue identificado como E.J.G.P., quien ingresó regularmente a Chile y no presentaba registros policiales previos. Tras su captura, fue trasladado hasta dependencias policiales para el control de detención y posterior formalización por tráfico de drogas.

Un punto crítico en el mapa del narcotráfico

El complejo fronterizo de Chacalluta, ubicado al norte de Arica, se ha convertido en uno de los puntos más vigilados por las autoridades chilenas. Su cercanía con Tacna, ciudad fronteriza peruana, la vuelve un paso estratégico para el ingreso de mercancías y personas, pero también una vía utilizada por redes de narcotráfico.

Desde Carabineros destacaron que los controles conjuntos buscan reforzar la vigilancia ante el aumento de intentos de internación de droga en el norte del país. “El trabajo coordinado con Aduanas es parte del esfuerzo permanente para frenar el crimen organizado que opera en las fronteras”, subrayó el general Martínez Vega.

El caso de Chacalluta se suma a una serie de operativos recientes que reflejan la magnitud del tráfico ilícito en el norte chileno. En agosto, cinco policías bolivianos fueron capturados en Tarapacá con 500 kilos de marihuana, 70 kilos de pasta básica de cocaína, armamento y municiones en el sector de Hito Cajón. Días después, otro grupo de funcionarios del vecino país fue detenido en San Pedro de Atacama con 600 kilos de droga y armas de guerra.

La frontera que comparten Chile, Perú y Bolivia es considerada una de las más complejas de Sudamérica por su extensión y difícil control. Son más de mil kilómetros de terreno que abarcan desiertos y pasos cordilleranos, lo que representa un desafío constante para las fuerzas de seguridad. Según cifras del Ministerio de Seguridad Pública, en 2024 se incautaron más de 37 toneladas de estupefacientes en el país, lo que significó un aumento de 15 toneladas respecto al año anterior.

Al menos siete carteles de la droga de México, El Salvador y Venezuela operan en Canadá, según reveló la Policía Montada canadiense, que afirmó que estas organizaciones criminales utilizan el país para el tránsito de narcotráfico.

En una entrevista con la televisión canadiense CTV, Mathieu Bertrand, un alto oficial de la Policía Montada encargado del crimen organizado, señaló que esos carteles “están utilizando Canadá como un punto de transbordo” y que están “muy involucrados en los delitos que impactan” al país norteamericano.

Las siete organizaciones presentes en Canadá son: la Mara Salvatrucha (MS-13), el Cartel del Golfo, el Cartel de Sinaloa, la Familia Michoacana, Carteles Unidos, el Tren de Aragua y el Cartel de Jalisco Nueva Generación.

En febrero, el Gobierno canadiense incluyó estas siete entidades criminales en su listado de grupos terroristas después de que Estados Unidos tomara la misma medida.

El entonces ministro de Seguridad Pública canadiense, David McGuinty, justificó la medida al indicar que “las organizaciones criminales internacionales, incluidos los carteles, juegan un papel clave en la producción y distribución de fentanilo en Canadá”, por lo que es necesario que las fuerzas de seguridad “tengan todas las herramientas disponibles”.

CTV indicó que estos carteles están utilizando Canadá para enviar metanfetaminas a países como Nueva Zelanda y Australia.

Un kilo de metanfetaminas cuesta 500 dólares estadounidenses en EEUU, pero en Nueva Zelanda se vende por 300.000 dólares estadounidenses.

En los dos últimos años, la Policía Montada ha desmantelado 11 laboratorios de metanfetaminas en el país.

El anuncio de la Policía de Canadá llegó luego de que este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizara a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) realizar operaciones encubiertas en Venezuela y asegurara que estudia la posibilidad de llevar ataques contra el narcotráfico en tierra, tras indicar que han paralizado casi por completo las embarcaciones con narcóticos.

Cuando Trump estaba defendiendo los ataques con misiles a embarcaciones ligadas por su Administración al narcotráfico en el Caribe sur, el mandatario decidió asegurar que está estudiando llevar su campaña militar a tierra.

“Lo hemos frenado casi por completo por mar. Ahora lo frenaremos por tierra”, dijo Trump en el Despacho Oval, al ser preguntado por periodistas al respecto.

Además, el republicano confirmó, como ya había adelantado el diario The New York Times, que autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela porque, dijo, los líderes de ese país han “vaciado sus cárceles” para enviar a presos a Estados Unidos. También acusó a Caracas de traficar droga hacia territorio estadounidense.

Pero al ser cuestionado sobre si había autorizado a la CIA la eliminación de Nicolás Maduro, Trump se limitó a decir que sería “ridículo” responder a esa pregunta.

Sin embargo, el mandatario agregó que con sus acciones estaba seguro que los líderes de Venezuela “estaban sintiendo la presión”.

(Con información de EFE)

Carlos C4 Jiménez, periodista especializado en nota roja, dio a conocer que Cristian Abraham “G”, mejor conocido como “El Farrukito” de Tepito, recuperó su libertad luego de que la semana pasada elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) lo detuvieran con varias dosis de droga.

Cabe señalar que Cristian “G” se hizo viral hace unos años en redes sociales, luego de ser captado bailando sólo, mientras tomaba una cerveza preparada, conocida como “michelada”, en el barrio bravo de Tepito, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la CDMX.

Jiménez informó que el juez que le otorgó la libertad al Farrukito de Tepito, le dictó una serie de medidas preventivas, que son: ir a programas contra las adicciones; conseguir un empleo, dejar de delinquir y asistir a firmar cada cierto tiempo ante las autoridades correspondientes.

El periodista aseguró que a pesar de que policías capitalinos detuvieron a Cristian con varias dosis de droga, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina no pudo mantenerlo tras las rejas.

¿Quién es El Farrikito de Tepito?

El pasado miércoles 8 de octubre, Cristian “G” fue detenido en la colonia Morelos, en la Ciudad de México, mientras vendía marihuana.

El sujeto conocido como El Farrukito, quien tiene 33 años de edad, ya había estado en prisión. Se sabe que se dedica al comercio. Tras su detención, fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

El Farrukito fue detenido por policías capitalinos en el cruce de la avenida Vidal Alcocer y la calle República de Costa Rica, cuando uniformados los observaron mientras fumaba un cigarro y percibieron el olor a marihuana.

Al realizarle una revisión preventiva, le aseguraron 106 boilsas de plástico con marihuana, así como una pipa de vidrio, un celular y dinero en efectivo.

Por ello los policías lo detuvieron, le leyeron sus derechos constitucionales y junto con lo asegurado, lo presentaron ante el agente del Ministerio Público.

Al ser presentado ante autoridades ministeriales, se tuvo conocimiento de que cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo este año.

En el año 2021, El Farrukito fue captado bailando sólo mientras tomaba una cerveza preparada en un establecimiento de Tepito.

La canción que bailaba era la de Poblado de J Balvin, Karol G y Nicky Jam, que también se popularizó.

La manera en la que bailaba lo llevó a la fama, pues se realizaron cientos de videos sobre el tema, e incluso, fue tendencia por semanas en la red social TikTok.

La Policía de Investigaciones (PDI) y Aduanas de Chile detuvieron el fin de semana pasado en el Aeropuerto de Santiago a un ciudadano chileno que intentó pasar más de 5 kilos de éxtasis puro (MDMA), avaluados en unos USD 520 mil. El hombre, que venía desde Madrid, será reformalizado esta jornada, pues la fiscalía local insistirá en su prisión preventiva.

El decomiso se logró en un control de rutina, cuando detectives de la Brigada Investigadora Antinarcóticos de Aeropuerto (BRIANT) de la PDI notaron que el sujeto se mostraba errático y nervioso ante el interrogatorio básico que suele hacerse a la entrada de cualquier persona al país.

Debido a esto, funcionarios de Aduanas procedieron a la revisión de su maleta, hallando un doble fondo hecho de manera artesanal en el que se ocultaba la droga de alta pureza, la que iba a ser comercializada en fiestas electrónicas en Santiago.

En total, los uniformados decomisaron 5 kilos y medio de éxtasis e incautaron además 13 mil euros que el sujeto portaba en efectivo.

¿Prisión preventiva?

La noticia fue confirmada por el jefe de la BRIANT Aeropuerto de la PDI, subprefecto Sergio Paredes, quien señaló que el “constante trabajo que se realiza por nuestro equipo de perfilamiento logró, mediante análisis, detectar un pasajero que portaba droga en un doble fondo artesanal”.

De acuerdo al detective, la droga iba a ser distribuida en conciertos y fiestas en la Región Metropolitana en 5,500 dosis “avaluadas en $500 millones de pesos (USD 520 mil)“.

Por su parte, el fiscal Daniel Contreras, de la Fiscalía Metropolitana Occidente, detalló la dinámica del arresto del ciudadano chileno imputado, quien no tenía antecedentes penales previos.

“Funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) apostados en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, y dentro de las funciones propias de su trabajo que corresponden a la fiscalización de vuelos internacionales de alto riesgo, controlaron un vuelo que provenía desde España”, indicó.

“Es así que se pudo perfilar que una de estas personas no tenía conocimiento de cómo había adquirido su pasaje, cuánto tiempo permaneció en Europa y, en definitiva, todas respuestas que aparecían confusas”, complementó el persecutor.

Así, se procedió a su fiscalización, “encontrando en su maleta un doble fondo con cerca de 5 kilos de MDMA o también denominado éxtasis”, cerró.

El hombre fue detenido de inmediato y puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Pudahuel, el que rechazó su prisión preventiva, decisión que fue apelada de manera verbal por el Ministerio Público y que será revisada esta jornada por la misma sala.

El pasado 11 de octubre, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP) informó los resultados de un operativo llevado a cabo en cinco municipios del estado que culminaron en el arresto de cinco personas, la liberación de un civil secuestrado y el aseguramiento de 110 dosis de droga.

De acuerdo con el comunicado oficial de la SSP durante las diligencias las fuerzas de seguridad aseguraron:

• 110 bolsitas y un paquete de un kilo de presunta marihuana
• 9 dosis de presunto cristal
• Equipo táctico
• Un tractocamión

Asimismo, las autoridades confirmaron el arresto de cinco personas, presuntamente ligadas a las actividades delictivas de las zonas de Papantla, Omealca, Córdoba, Naolinco y San Andrés Tuxtla, así como la liberación de una persona presuntamente víctima de secuestro virtual.

La SSP también detalló que los resultados fueron gracias a la coordinación de la Secretaría de Marina, Defensa Nacional, Guardia Nacional y el apoyo de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, además, se informó que los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

Vinculan a proceso a segundo sospechoso por explotación laboral de personas indígenas

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) obtuvo la vinculación a proceso y la imposición de prisión preventiva para Rodolfo “N”, identificado como el segundo presunto implicado en un caso de trata de personas en su modalidad de explotación laboral agravada.

Según el comunicado oficial emitido por la FGESLP, el acusado habría reclutado a 35 personas de distintos grupos étnicos originarios de Veracruz e Hidalgo.

De acuerdo con los detalles del boletín de prensa publicado en redes sociales de la fiscalía, los hechos ocurrieron en 2020 y quienes fueron a trabajar en la pizca de tomate durante 90 días en el municipio de Villa de Arista, no recibieron pago por su labor.

Declaran culpable a mujer que habría asesinado a 7 miembros de su familia

Yesenia Ivón “N” fue declarada culpable por el homicidio de siete integrantes de su familia en Boca del Río, Veracruz. El crimen ocurrió el 3 de julio de 2022 en la colonia Ejido Primero de Mayo Sur y se considera uno de los multihomicidios más graves en la historia reciente del estado.

La resolución judicial, emitida el 10 de octubre de 2025, reconoció su participación en la planeación del ataque y en facilitar el ingreso de los agresores armados al domicilio familiar.

La jueza responsable del expediente Oral 51/2025 determinó que Yesenia Ivón abrió la puerta principal de la vivienda, lo que permitió el acceso de los atacantes. Según la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV), los agresores dispararon contra los habitantes y utilizaron un arma blanca durante el ataque. La audiencia para individualizar la sanción quedó programada para el 14 de octubre, cuando se definirá la pena de prisión que deberá cumplir.

En horas de la mañana del 2 de octubre la Armada Nacional logró la incautación de tres toneladas de marihuana en aguas del Pacífico colombiano, tras la diligencia de interceptación a una embarcación en la que era transportado el cargamento.

De acuerdo con Caracol Radio, esta sustancia está avaluada en más de 17 millones de dólares. Los tres tripulantes de la motonave, de nacionalidad colombiana, fueron detenidos.

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En la misma operación, se confiscaron 500 galones de gasolina procesada y equipos de comunicación satelital.

Según precisó el capitán de Corbeta Camilo Larrota, comandante de la estación de Guardacostas de Buenaventura, la embarcación tenía como objetivo transportar la droga hacia Centroamérica.

El alto oficial explicó a la prensa que la información suministrada por inteligencia naval permitió a las unidades de Guardacostas, apoyadas por una aeronave de la Armada, detectar la lancha mientras se desplazaba de manera irregular por aguas del Pacífico central colombiano.

“Tras una persecución de más de tres horas, se logró la interdicción marítima de la motonave, la cual era tripulada por tres sujetos de nacionalidad colombiana”, manifestó Larrota en declaraciones recogidas por El Tiempo.

El operativo cobró relevancia debido a las acciones que realizaron los implicados al percatarse de la presencia de los uniformados.

De acuerdo con el relato del capitán, “al notar la presencia de los uniformados, los implicados habrían arrojado al mar varios bultos de diferentes formas y tamaños que, por sus características, se asemejarían a sustancias ilícitas”.

La reacción inmediata de los marinos facilitó la recuperación de parte del material lanzado al agua.

Durante la revisión exhaustiva de la motonave, se encontraron equipos de comunicaciones y doce canecas que, al parecer, contenían combustible.

Esta incautación se atribuye, según Larrota, al grupo armado organizado residual (Gaor) Jaime Martínez, facción bajo el mando de alias Iván Mordisco.

La gigantesca carga de marihuana estaba destinada, según los datos de inteligencia, a recorrer rutas hacia países centroamericanos, reforzando las sospechas sobre la persistencia y sofisticación de los esquemas de tráfico ilegal coordinados por disidencias de las Farc.

Incautación de droga en 2025

El comandante de la Armada de Colombia, el almirante Juan Ricardo Rozo Obregón, a propósito de estos hechos, en su cuenta de X, destacó la labor de las Fuerzas Militares en el intento de diezmar las actividades de narcotráfico de las organizaciones criminales.

“La @ArmadaColombia en lo corrido del año, ha logrado la incautación de 427 toneladas de cocaína en operaciones de interdicción marítima en el Pacífico y el Caribe colombiano, y gracias a la Cooperación Internacional de países que participan en la Estrategia Multinacional Orión”.

Y agregó: Con estas incautaciones, que tenían como destino final los #EstadosUnidos, #Europa y #Asia, se evitó que más de 360 millones de dosis letales de cocaína llegaran a su destino, frustrando el ingreso de más de 25.000 millones de dólares a las finanzas del crimen organizado trasnacional.

Ejército incautó 99 kilogramos de cocaína en vías del Huila

El decomiso de cerca de 100 kilogramos de clorhidrato de cocaína en un vehículo tipo furgón en el occidente del departamento de Huila ha impactado fuertemente las finanzas de las estructuras de narcotráfico que operan en la zona, según fuentes del Ejército Nacional de Colombia.

La operación se desarrolló en un puesto de control vial instalado en una zona rural del municipio de La Plata, donde uniformados del Batallón de Infantería N.° 26 Cacique Pigoanza de la Novena Brigada interceptaron el furgón, proveniente del departamento del Cauca.

De acuerdo con la información entregada por el Ejército Nacional, el conductor detuvo el vehículo tras recibir la señal de pare, y luego huyó hacia una zona boscosa, abandonando la carga ilícita. Al inspeccionar el automotor, los soldados identificaron alteraciones en su estructura interna. “En compartimientos especiales lograron ubicar 99 paquetes rectangulares envueltos en plástico que contenían la droga lista para su distribución”, precisaron fuentes oficiales, citadas por la prensa institucional de la fuerza.

La Guardia Costera de Estados Unidos efectuó una de las mayores incautaciones de droga en la región al incautar más de cinco toneladas de narcóticos valoradas en aproximadamente 64,5 millones de dólares en el mar Caribe.

Este operativo incluyó la confiscación de 3.945 kilogramos de cocaína y aproximadamente 680 kilogramos de marihuana en dos intervenciones desarrolladas durante agosto y septiembre, según reportó ABC News.

Las acciones se desarrollaron en aguas internacionales a bordo del USCGC Diligence, un buque de 64 metros especializado en las misiones de patrulla antinarcóticos, control migratorio y búsqueda y rescate.

De acuerdo con ABC News, la primera intervención ocurrió el 7 de agosto, a unos 252 kilómetros al suroeste de Negril, Jamaica, cuando un equipo de abordaje identificó y aseguró una embarcación sospechosa cargada con marihuana.

La droga fue trasladada posteriormente al Coast Guard Cutter Hamilton y descargada el 25 de agosto en Port Everglades en el que ha sido descrito como “el mayor desembarco de estupefacientes en la historia de la Guardia Costera”, según la propia institución.

El segundo operativo se concretó casi un mes más tarde, el 6 de septiembre, momento en que una patrulla marítima localizó otra lancha rápida aproximándose a 444 kilómetros al norte de Panamá.

El mismo equipo del Diligence interceptó la embarcación, donde incautó más de 3.945 kilogramos de cocaína, entregados posteriormente a agentes de casos en St. Petersburg el lunes siguiente, amplió la Guardia Costera en el reporte recogido por ABC News.

El comandante Colin McKee, responsable del Diligence, aseguró sentirse “excepcionalmente orgulloso de la tripulación y agradecido por el trabajo de JIATF-S y del Distrito Sudeste de la Guardia Costera. Este esfuerzo conjunto evitó que más de cuatro toneladas de drogas llegaran a Estados Unidos”.

ABC News consignó también que McKee consideró este resultado “un nuevo hito en la lucha contra el narcotráfico”, al tiempo que reiteró que la Guardia Costera “mantiene operaciones incansables para controlar y proteger las fronteras y rutas marítimas estadounidenses”.

Voceros de la Guardia Costera de Estados Unidos explicaron que “estas drogas financian y permiten a organizaciones terroristas extranjeras y organizaciones criminales transnacionales producir y traficar fentanilo ilegal, lo que representa una amenaza directa a Estados Unidos”.

Añadieron que la detección e interceptación del narcotráfico marítimo exige una coordinación extensa entre agencias nacionales e internacionales, ya que un 80% de los estupefacientes con destino a Estados Unidos son interceptados fuera del propio país.

Las operaciones en el mar Caribe se desarrollan bajo la autoridad del Distrito Sudeste de la Guardia Costera, con sede en Miami, desde donde se intensifican los esfuerzos para detener, incautar y desarticular los envíos de cocaína y otras drogas ilegales por ruta marítima. Las autoridades estadounidenses reafirmaron su compromiso para frenar el tráfico que alimenta a redes de crimen organizado y amenaza la seguridad nacional norteamericana.

Así se descubrió la historia de Elizabeth Victoria Albán Valdez, de 22 años, y de su hermana mayor, Cinthya Johana Albán Valdez. Lo que aparentaba ser un simple viaje de vacaciones con destino a Madrid terminó revelando una conexión directa con mafias internacionales del narcotráfico. La escena inicial, casi imperceptible para cualquiera, mostró a las hermanas bajando de un vehículo negro. Aunque llegaron juntas, caminaron separadas, como si no existiera vínculo alguno entre ellas.

Elizabeth, con casaca jean y un polo blanco, avanzó con rapidez. Detrás, Cinthya, vestida de casaca oscura y polo naranja, se detuvo a escribir mensajes en su celular. En ese instante, las cámaras registraban todo.

Metros más adelante, las hermanas volvieron a cruzar sus pasos. Cinthya iba delante, siempre pendiente de su teléfono, mientras su hermana se dirigía hacia los servicios con el pasaporte en la mano. La pregunta quedó planteada: ¿planeaban encontrarse dentro del aeropuerto después de separarse en la entrada?

El recorrido vigilado

Los registros audiovisuales siguieron a las hermanas paso a paso. Primero, la mayor ingresó al área de servicios. Minutos después, Elizabeth aceleró hasta llegar al mismo punto. A simple vista, eran dos pasajeras rumbo a Europa. En realidad, una de ellas llevaba 20 cápsulas de cocaína de alta pureza dentro de su estómago.

Según el informe de Panorama, informa que Elizabeth “decidió ingerir los envoltorios bajo presión de una mafia que les ofreció dinero fácil”. Su historia personal mostraba una trayectoria truncada: apenas cursó el primer grado de primaria y se refugió en redes sociales, donde compartía videos musicales y transmisiones constantes desde su celular.

Ambas se desplazaron hacia el área de embarque internacional. En la cola, Elizabeth recurrió a una estrategia para distraer a la seguridad: simuló un desmayo. Eran las 10:05 de la noche cuando cayó al suelo, declarando que estaba embarazada. Pasajeros y personal del aeropuerto se alarmaron, pero tras unos segundos se levantó como si nada hubiese pasado. Todo formaba parte de un plan que, según las investigaciones, buscaba retrasar los controles y ganar ventaja.

La maniobra no dio resultado. Al llegar al escáner, los gestos de las hermanas cambiaron. Cinthya mascaba chicle de manera compulsiva, se mordía las uñas y temblaba. Elizabeth, que hasta entonces parecía tranquila, mostraba señales de incomodidad. El plan del falso desmayo había fallado y el tiempo corría en contra.

Apuraron el paso rumbo al vuelo a Madrid. Incluso corrieron, pero todo fue inútil. En el módulo internacional les comunicaron que habían perdido el avión. Elizabeth cargaba aún las 20 cápsulas de cocaína en su estómago. Esa noche decidieron cambiar los pasajes para el día siguiente.

El colapso en Bellavista

La espera resultó fatal. De regreso en su vivienda de Bellavista, el cuerpo de Elizabeth no resistió. Durante la madrugada sufrió convulsiones y fue trasladada al Hospital Carrión. A las 10:20 de la noche del día siguiente ingresó inconsciente, rodeada de familiares y amigos.

En la sala de emergencias se extrajeron las cápsulas: veinte envoltorios de cocaína que, en Europa, podían alcanzar un valor de 40 mil euros. La joven quedó esposada a la cama, mientras las autoridades allanaban su domicilio y hallaban más droga.

Una hermana en Madrid

Mientras Elizabeth luchaba por su vida en un hospital del Callao, su hermana mayor tomaba el avión a Madrid con el boleto cambiado. La investigación determinó que ambas actuaban en coordinación bajo órdenes enviadas por chats desde el extranjero.

La Tercera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas del Callao confirmó la sentencia: Elizabeth Victoria Albán Valdez recibió seis años y ocho meses de prisión. El caso marcó un precedente, pues fue la primera condena pública contra una “burrier” detectada en el nuevo aeropuerto.

Todas las miradas ahora se dirigen hacia Cinthya Johana, señalada como parte activa de la operación. La fraternidad de dos hermanas se quebró frente a la promesa de dinero rápido, dejando expuesto cómo el narcotráfico aprovecha incluso las instalaciones más modernas del país.

Los detenidos incluyen ciudadanos extranjeros y peruanos que, motivados por redes de narcotráfico, intentaron ocultar la droga en maletas, cápsulas o incluso en sus propias zapatillas. Cada captura evidencia la complejidad de las operaciones criminales y la constante actualización de métodos por parte de las mafias, a pesar del control estricto de aduanas y policía aeroportuaria.

Influencer brasileña detenida con casi cinco kilos de cocaína

El 5 de junio, cuatro días después de la apertura del nuevo terminal, una mujer brasileña de 37 años fue interceptada al intentar viajar a Dubái con escala en Madrid. Su equipaje llamó la atención del perro de la brigada canina, que señaló de inmediato la presencia de droga. Las autoridades hallaron cuatro kilos novecientos ochenta gramos de cocaína escondidos entre sus pertenencias.

La mujer, que se identificó como influencer, fue llevada a la oficina de control del pasajero y quedó bajo custodia de la policía antidrogas. La incautación pone en evidencia la utilización de personas con perfiles aparentemente comunes por parte de las mafias para trasladar cargamentos de alto valor económico.

Jóvenes colombianos capturados con droga en zapatillas

Dos días después del arresto de la modelo brasileña, Mayerlis Ricaurte, de 23 años, y Yeferson Mora, de 21, fueron detectados en el aeropuerto intentando enviar cocaína hacia París. Las cámaras de seguridad registraron su paso por los controles habituales sin que los agentes encontraran indicios de la droga.

Fue gracias a la brigada canina que se descubrió medio kilo de cocaína oculto en la suela de uno de los zapatos. Ambos jóvenes nacieron en Santa Marta, Colombia, y forman parte de una red internacional que recluta a personas jóvenes para el transporte de drogas. La rapidez de la intervención evitó que la sustancia saliera del país.

Peruanas arrestadas con cocaína rumbo a Madrid

El 26 de agosto, Alison García Mamani, de 23 años, y Elba García Huamán, de 34, fueron capturadas mientras intentaban embarcar hacia Madrid con más de cinco kilos de cocaína en su equipaje. Una trabajadora de oficina y una reponedora fueron engañadas por las mafias, que las reclutaron para transportar la droga a Europa.

Los agentes aduaneros y los perros antidrogas confirmaron que las maletas estaban cargadas. La incautación de este cargamento, valorado en más de 180 mil dólares en el mercado europeo, evidencia que los métodos para traficar drogas se adaptan a distintos perfiles de pasajeros y a rutas internacionales.

Estrategias del aeropuerto y la brigada canina contra el narcotráfico

Las autoridades destacan que el nuevo Jorge Chávez ofrece mayor capacidad de control gracias a su infraestructura y tecnología avanzada. La brigada canina trabaja en combinación con escáneres de última generación para detectar drogas ocultas en cualquier parte del equipaje o en el cuerpo de los pasajeros.

Según fuentes oficiales, los arrestos recientes muestran cómo las mafias intentan involucrar a jóvenes y adultos vulnerables en sus operaciones. La labor de perfilamiento, junto con la vigilancia permanente, ha permitido neutralizar múltiples intentos de tráfico de cocaína, evitando que el material ilícito llegue a los mercados internacionales.

Las autoridades de República Dominicana dijeron el domingo que confiscaron parte de la cocaína transportada en una lancha rápida que fue destruida recientemente por la Marina de Estados Unidos, mientras el gobierno de Trump lleva a cabo una controvertida misión antinarcóticos en el sur del Caribe.

En conferencia de prensa, la Dirección Nacional de Control de Drogas de República Dominicana informó que recuperó 377 paquetes de cocaína de la embarcación que presuntamente transportaba 1.000 kilogramos de la droga.

Las autoridades informaron que la embarcación fue destruida a unas 80 millas náuticas al sur de Isla Beata, una pequeña isla perteneciente a la República Dominicana. Indicaron que la Armada de la República Dominicana colaboró ​​con las autoridades estadounidenses para localizar la lancha rápida, que presuntamente intentaba atracar en la República Dominicana y utilizar el país como “puente” para transportar cocaína a Estados Unidos.

“Esta es la primera vez en la historia que Estados Unidos y República Dominicana realizan una operación conjunta contra el narcoterrorismo en el Caribe”, indicó la dirección en un comunicado.

En agosto, Estados Unidos envió ocho buques de guerra y un submarino al sur del Caribe, en lo que la administración Trump ha llamado una misión para combatir el narcotráfico.

La Casa Blanca dice que la flotilla ha destruido hasta ahora tres lanchas rápidas que transportaban drogas en ataques separados que han matado a más de una docena de personas a bordo de las embarcaciones.

Grupos de derechos humanos han dicho que los ataques a los barcos equivalen a ejecuciones extrajudiciales, y el viernes dos senadores demócratas presentaron una resolución en el Congreso que busca impedir que la administración lleve a cabo más ataques.

La administración Trump dice que al menos dos de los barcos hundidos partieron de Venezuela, cuyo presidente es a menudo descrito por funcionarios de la Casa Blanca como un narcotraficante y líder de una pandilla conocida como el Cártel de los Soles.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, niega las acusaciones y ha descrito el despliegue naval estadounidense en el Caribe como un ataque a su país.

Presión norteamericana

Funcionarios militares, diplomáticos y analistas dicen que uno de los principales objetivos de la fuerza es aumentar la presión sobre el presidente de Venezuela, ya que altos cargos del gobierno de Trump lo califican de líder ilegítimo y lo acusan de dirigir las acciones de bandas criminales y cárteles de la droga.

“No vamos a tener a un cártel, operando o haciéndose pasar por un gobierno, operando en nuestro propio hemisferio”, dijo el secretario de Estado Marco Rubio en Fox News esta semana, y añadió que Maduro había sido imputado en Estados Unidos y era “un fugitivo de la justicia estadounidense”.

“Hay una recompensa por su captura”, dijo.

La fuerte presencia militar en el Caribe, que incluye cazas F-35 en Puerto Rico, sugiere que Estados Unidos planea hacer algo más que volar pequeñas embarcaciones, dijeron los analistas. Pero el alcance de la operación sigue sin estar claro.

La fuerza de 4500 miembros que actualmente se encuentra a bordo de ocho buques de guerra es demasiado pequeña para invadir Venezuela o cualquier país que albergue traficantes. Y no está operando en la principal masa de agua para llevar a cabo una gran campaña de interceptación de drogas. Esa sería el océano Pacífico oriental, según los expertos regionales. El despliegue clandestino de fuerzas de élite de Operaciones Especiales sugiere que podrían estar preparándose ataques o incursiones de comandos dentro de la propia Venezuela, señalan los expertos.

(con información de AP)

Agentes penitenciarios del establecimiento de Huaraz frustraron un nuevo intento de ingreso de drogas al penal. Dos paquetes de pasta básica de cocaína fueron lanzados desde el exterior con el objetivo de alcanzar a internos, pero la intervención rápida del personal de seguridad impidió que la sustancia ilícita llegara a su destino. El hallazgo fue puesto de inmediato a disposición de las autoridades competentes.

El hecho expone nuevamente los riesgos permanentes que enfrentan los centros penitenciarios frente a las redes de narcotráfico que buscan introducir sustancias ilegales. La vigilancia constante de los agentes evitó que se concretara el ingreso, en un operativo que se suma a los esfuerzos desplegados a nivel nacional.

El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, resaltó el desempeño de los trabajadores del sector penitenciario. “Destaco el compromiso de los agentes penitenciarios en la lucha contra el tráfico de drogas en los penales”, afirmó al ser consultado sobre la intervención realizada en Huaraz.

Por su parte, el director del establecimiento penitenciario de Huaraz, Grover Cuno Monsalve, informó que las medidas de control se intensificaron para enfrentar cualquier intento de vulnerar la seguridad. “Se han redoblado los esfuerzos para prevenir estos hechos”, declaró. La Policía Nacional del Perú asumió las investigaciones correspondientes, con apoyo del Ministerio Público.

Intento frustrado en Arequipa

Hace unos días, otro caso se registró en el penal de Arequipa, donde las autoridades intervinieron a una ciudadana identificada como Karla Huamán Olivas. Según el reporte oficial, la mujer pretendía ingresar droga bajo la modalidad de ingesta de cápsulas.

Durante la intervención, la ciudadana reconoció haber ingerido sustancias prohibidas. De acuerdo con sus propias declaraciones, consumió cerca de 40 cápsulas para transportarlas dentro de su organismo. Ante la evidencia, procedió voluntariamente a expulsarlas bajo supervisión médica y en presencia de las autoridades.

El hecho fue comunicado de inmediato a la Policía Nacional y al Ministerio Público. Con la participación de la Fiscal Adjunta de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Arequipa, Zenaida Zuñiga Vilca, se logró la extracción de 108 envoltorios tipo cápsula, con un peso aproximado de 216 gramos de marihuana.

Ambos sucesos se enmarcan en la política del INPE orientada a garantizar la seguridad y la disciplina en los penales del país. El presidente Iván Paredes Yataco señaló que las acciones continuarán en estricto cumplimiento de la normativa vigente y con apoyo interinstitucional.

“El INPE reafirma su compromiso con la seguridad y el orden en los establecimientos penitenciarios”, sostuvo Paredes. De esta manera, se busca neutralizar los intentos de ingreso de drogas, celulares u objetos prohibidos que ponen en riesgo la resocialización de los internos y la tranquilidad en los recintos.

Líneas de emergencia

El Gobierno lanzó la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para denunciar extorsiones y recibir protección inmediata. Esta línea está interconectada con la Central de Emergencias 105, y permitirá a los ciudadanos aportar pruebas como audios y videos.

También tienes las opciones de llamar a los siguientes números:

• Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.
• Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.
• Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.
• Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en delitos como la extorsión.

Otros números de emergencia

• Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: 116
• Centro de Emergencia Mujer: 100
• SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencia): 106
• Hospital Nacional de Emergencias: 113.

En pleno Centro Cívico de Lima, a solo unos pasos de centros comerciales, hoteles y edificios de oficinas, se encuentra el Parque Neptuno, un espacio que de día recibe a familias, turistas y transeúntes que buscan descanso o un lugar para caminar. Su nombre proviene de la escultura del dios romano que domina el centro del espacio público, pieza que recuerda el pasado de la ciudad y el diseño del histórico Parque de la Exposición.

La imagen que proyecta en horas de la mañana es la de un parque limpio, con niños corriendo alrededor de sus jardines, adultos mayores descansando en las bancas y visitantes tomando fotografías. Sin embargo, al caer la tarde, el panorama cambia de forma radical. Lo que aparenta ser un espacio de recreación se transforma en un lugar donde los excesos toman control sin que la autoridad logre frenar lo que ocurre a plena vista.

Un registro audiovisual captó las conversaciones, intercambios y ofrecimientos que se multiplican en la oscuridad. En las grabaciones de Al sexto día se escucha como personas negocian precios y servicios sexuales, mientras otras se acercan para vender drogas presentadas como dulces o chocolates. La normalidad de la mañana desaparece en cuestión de horas y el parque se convierte en escenario de prácticas clandestinas.

La contradicción es evidente: en un mismo lugar conviven el paseo familiar y el comercio ilegal. De día, espacio cultural. De noche, un mercado paralelo.

Un parque con dos caras

Mientras las luces de los postes se encienden, aparecen propuestas directas. Una voz registrada en cámara pregunta: “¿Cuánto es el servicio? A ver”. La respuesta llega sin demora: “No, no cobro nada. Gratis”. Las frases se suceden con naturalidad, en un ambiente donde nadie parece ocultarse demasiado.

La cámara sigue recorriendo el lugar y recoge otra negociación: “Te estoy diciendo diez soles”, dice uno de los implicados, mientras la otra persona duda, temerosa de un posible robo. La transacción se define en el mismo espacio público, a metros de la estatua de Neptuno.

El registro periodístico revela cómo los encuentros se concretan sin reparo. Algunos de los presentes incluso discuten si la actividad debe realizarse detrás de un árbol o en un rincón cercano. “¿Pero acá o ahí en el árbol?”, se escucha en el diálogo. Otro de los interlocutores insiste: “Acá mismo”.

La falta de presencia del serenazgo es mencionada varias veces como garantía de impunidad. “No se mete nadie acá, esta persona ni siquiera está en esto”, asegura una de las voces. En el piso quedan pruebas de la actividad: envolturas de preservativos, papel higiénico húmedo y restos de bebidas alcohólicas.

“El olor en este lugar es realmente nauseabundo. Pero lo que encontramos aquí es aún más, porque hay preservativos usados, hay papel higiénico mojado, no se sabe exactamente de qué. Aun así por este lado pasan niños, pasan ancianos, pasa la familia”.

Venta de drogas disfrazada de golosinas

El parque no solo concentra actividad sexual. También funciona como punto de distribución de drogas camufladas en productos aparentemente inocentes. En un diálogo registrado, un vendedor ofrece brownies y chocolates con sustancias ilícitas.

La conversación sigue con precios y combinaciones: “¿Diez mangos cualquiera?”, pregunta un cliente. “Sí, diez mangos. Y si te compro los dos, dieciocho”, responde el comerciante. La naturalidad con la que se realizan las ventas refleja un comercio cotidiano, sin temor a ser interrumpido.

A ello se suma el consumo de alcohol sin restricción. Botellas circulan entre grupos que celebran en medio de la oscuridad. “La fiesta aquí nunca termina, aunque nadie se atreve a controlarla”, relata la voz del reportaje.

El Parque Neptuno, parte del histórico Parque de la Exposición, debería ser un espacio para la recreación y el turismo. Sin embargo, las imágenes muestran un rostro distinto. A escasos metros de restaurantes, hoteles y tiendas, la zona se convierte en un punto de riesgo sanitario y de inseguridad ciudadana.

Se mantiene la polémica por el retiro de la certificación de Estados Unidos a Colombia en la lucha antidrogas, lo que ha sido calificado como una de las derrotas más importantes del Gobierno Petro.

Los pronunciamientos que ha protagonizado el mandatario colombiano tras conocerse la noticia han sido para arremeter contra la administración de Donald Trump en Estados Unidos.

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Petro ha defendido su política antidrogas, indicó que la persecución contra campesinos no es la solución y ha responsabilizado a los norteamericanos de provocar que el consumo de cocaína aumente.

“Ustedes dejaron crecer las hectáreas de hojas de coca reales. La potencialidad no existe y se puede evitar. Fue la frase tramposa que metieron en el informe de la ONU para que no se mirara cómo dejaron caer el programa de sustitución voluntaria”.

Director del programa antidrogas le respondió a Petro

En diálogo con Semana, el director del programa antidrogas de Estados Unidos, Dan Neill, se refirió a los recientes pronunciamientos por parte de Gustavo Petro sobre la descertificación mencionada.

En primer lugar, reconoció que el mandatario colombiano tiene razón al señalar los problemas de consumo que tiene su país, lo que describió como uno de los motivos por los que siguen combatiendo a las estructuras criminales que se financian con el narcotráfico.

“Sí, Estados Unidos probablemente es el principal consumidor de hidrocodona. Probablemente, también fue el principal consumidor de cocaína en algún momento. Así que, sí, tenemos un problema de drogas, pero diría que estamos haciendo algo al respecto y trabajando enérgicamente y ahí es donde entra en juego la estrategia de respuesta a las sobredosis”.

El norteamericano aseguró que le gustaría hablar con Gustavo Petro para que el colombiano comprenda todo lo relacionado con las políticas antidrogas de su país.

“Por favor, pídanle que venga a hablar conmigo o con cualquier persona del Gobierno de Estados Unidos que pueda hablar sobre la estrategia de respuesta a las sobredosis”.

El director del programa antidrogas volvió a referirse al problema de consumo de narcóticos que se registra en su país para indicar que uno de los pasos para combatir lo negativo es reconocer lo que se ha hecho mal.

“Por lo tanto, le recomendaría que revisara este material. Por favor, consulte nuestro sitio web. Por favor, invite a cualquiera que quiera discutir esto más a fondo y tener estas conversaciones, porque cuando niegas tener un problema, tú eres el problema y estamos trabajando en ello”, puntualizó Neill.

Sobre la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas, en diálogo con Infobae Colombia, Juan Nicolás Garzón, experto en temas jurídicos a nivel político e internacional, aclaró varias dudas.

“Esta es una decisión eminentemente política, siempre lo ha sido, tiene una dimensión ante todo política. Tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que hay dos países, o dos gobiernos, particularmente más que países, que no tienen una misma visión sobre esta problemática, no están para nada alineados, que, por el contrario, están distantes”.

Garzón anticipó que la relación entre los países no mejorará mientras Gustavo Petro y Donald Trump se mantengan en el poder; además, aclaró que el apoyo de Estados Unidos se mantendrá siempre y cuando Colombia mejore los resultados en la lucha contra el narcotráfico.

“La consecuencia va a ser un mayor distanciamiento entre los dos países. Nos queda menos de un año de Gobierno Petro y la relación seguirá enfriándose; sin embargo, Estados Unidos también sabe que una decisión muy radical de recorte puede ser inconveniente para ellos. Yo creo que mientras el Gobierno Petro termina, tendremos una relación bastante fría”.