Hay un conocimiento que se construye cada día en la escuela: al preparar una clase, reconocer una dificultad, acompañar a un estudiante o conversar con una familia. Es un saber profesional que combina formación, experiencia y reflexión. Darle lugar en la conversación educativa permite comprender mejor lo que sucede en las aulas y encontrar respuestas compartidas.

Con ese espíritu nos reunimos en La conversación que falta, el espacio de Tramared.com del que participaron Anabella González, Ignacio Budano, Marina Bertone y Diego Rubini, con la moderación de Federico del Carpio y quien escribe. El intercambio acercó experiencias, preocupaciones, desafíos y posibilidades de trabajo. Sobre todo, permitió reconocer el compromiso de quienes siguen encontrando en la escuela un lugar para enseñar, cuidar y abrir oportunidades.

Entre los planteos recuperados en la síntesis del encuentro apareció la necesidad de ir más allá de «empoderar» discursivamente a los docentes. La expresión invita a detenernos: ¿qué significa fortalecer su capacidad profesional? Reconocer su experiencia es un punto de partida. Ese reconocimiento adquiere sentido cuando pueden participar en las decisiones, contar con recursos y apoyos, y disponer de tiempo para planificar, aprender y trabajar con otros.

Empoderar implica ampliar la capacidad de actuar con criterio profesional. Supone una autonomía acompañada: posibilidades de tomar decisiones adecuadas al contexto, con objetivos compartidos, responsabilidades claras y oportunidades de revisar sus resultados. La participación docente puede aportar conocimiento sobre la viabilidad de una propuesta y enriquecer su implementación.

La vocación también encontró lugar en la conversación. Da sentido al vínculo con la enseñanza y se expresa en el deseo de que otros aprendan. Se vuelve profesional cuando se cultiva con conocimientos, formación continua y reflexión sobre la práctica. Reconocerla permite valorar una disposición que sostiene la tarea, al tiempo que invita a cuidar las condiciones institucionales en las que se ejerce.

En esa tarea, enseñar y cuidar están profundamente relacionados. La síntesis del encuentro recoge que el cuidado no es un «extra»: escuchar, advertir una dificultad y acompañar forman parte del vínculo pedagógico. Organizar esa responsabilidad requiere tiempos, equipos de orientación y articulación con otros profesionales, para que cada situación encuentre una respuesta adecuada.

Una buena conducción escolar tiene un valor decisivo en esa organización. Orienta, respalda las intervenciones y abre espacios donde los colegas pueden compartir preguntas y construir criterios. Su liderazgo enriquece la enseñanza cuando reconoce los saberes del equipo y ayuda a convertirlos en proyectos comunes. También sostiene un clima escolar de confianza, respeto y acuerdos, favorable para aprender y abordar los conflictos.

El vínculo con las familias forma parte de esa construcción. Escuchar sus perspectivas y compartir responsabilidades permite comprender mejor las necesidades de los estudiantes. En el intercambio se reconoció el valor de abrir el diálogo a otros profesionales y actores de la comunidad. Construir esa confianza lleva tiempo y requiere canales de comunicación que hagan posible conversar también cuando aparecen diferencias.

La inclusión acercó la reflexión a las oportunidades de formación y a los apoyos para acompañar trayectorias diversas. Se señalaron dificultades para acceder a capacitaciones gratuitas y pertinentes. A partir de esa experiencia, resulta valioso pensar propuestas accesibles, vinculadas con problemas de enseñanza y acompañadas de espacios para llevar lo aprendido a la práctica.

La pareja pedagógica apareció como una posibilidad para fortalecer el trabajo. La distinción recogida en la síntesis entre co-enseñanza y la función de un «ayudante» permite precisar su potencial: dos profesionales que planifican, enseñan y revisan juntos sus intervenciones. Para hacerlo necesitan tiempos compartidos y responsabilidades definidas. La colaboración puede enriquecer tanto la experiencia de los estudiantes como el aprendizaje de los propios docentes.

También se conversó sobre el tiempo que requieren las tareas administrativas. El ejemplo de los registros simultáneos en papel y en formato digital abre una oportunidad de mejora: revisar qué información es necesaria, cómo se utiliza y qué procedimientos pueden simplificarse. Recuperar tiempo para preparar clases y coordinar intervenciones es una manera concreta de fortalecer la profesión.

La continuidad de las políticas completa esta reflexión. Los equipos escolares necesitan oportunidades para desarrollar las propuestas, observar sus resultados y ajustarlas. Registrar lo aprendido y compartirlo entre gestiones permite construir sobre la experiencia acumulada. La evaluación puede ayudar a reconocer qué conviene sostener y qué necesita modificarse.

La política educativa toma forma en esas decisiones: cómo se organizan los apoyos, qué recursos llegan a las escuelas y qué posibilidades tienen sus equipos de participar. Acercar los ministerios a las aulas puede enriquecer ese proceso. Escuchar antes de diseñar, acompañar durante la implementación y volver para conocer los resultados permite articular la experiencia docente con las responsabilidades de gobierno.

Este encuentro no agota la diversidad de experiencias de la docencia. Ofrece una invitación a seguir conversando desde el reconocimiento mutuo y con la enseñanza como propósito compartido. Empoderar a los docentes es dar valor y lugar a su conocimiento, respaldar sus decisiones y crear condiciones para que puedan seguir aprendiendo con otros.

La conversación que falta empieza cuando la experiencia del aula encuentra escucha y continúa cuando esa escucha se convierte en decisiones compartidas para enseñar mejor.

La ciudad de Esquina se prepara para despedir este miércoles 4 de noviembre a Nancy Godoy, la docente rural de 52 años asesinada en el paraje El Malezal. La convocatoria, difundida por allegados de la familia, se realizará mientras continúa la investigación judicial por el femicidio.

El último adiós tendrá dos instancias. La primera será íntima y estará destinada a familiares y personas cercanas: comenzará este martes 3 de noviembre a las 20 y se extenderá hasta las 6 del miércoles. Desde ese horario y hasta las 18, la despedida será pública en la Plaza 9 de Julio.

“Con profundo dolor, pero también con el amor inmenso que Nancy sembró en cada uno de nosotros, invitamos a familiares, amigos, colegas y a toda la comunidad de Esquina a acompañarnos en su último adiós”, expresaron en el mensaje de convocatoria según supo Infobae.

“Hoy queremos que su despedida sea también un abrazo de todo un pueblo. Que nadie que quiera despedirse de ella se quede sin la oportunidad de hacerlo”, expresaron en el mensaje que comunicó el cronograma. En el mismo mensaje, los allegados recordaron a Godoy como “una mujer, una madre y una compañera” y señalaron que su historia “nos atravesó a todos”.

La despedida se realizará mientras avanza la investigación por el femicidio de la docente. Godoy fue vista por última vez el 7 de octubre, cuando se encontraba en la zona rural de Esquina. Ocho días después, el 15 de octubre, sus hijos denunciaron que no tenían noticias de ella y comenzó la búsqueda.

La Policía desplegó rastrillajes en campos, bañados y sectores de vegetación densa del departamento. El 28 de octubre, 21 días después de la última comunicación conocida de la docente, los investigadores encontraron su cuerpo semisumergido en un viejo potrero del paraje El Malezal, a unos 2,5 kilómetros de la Escuela Rural N° 626, donde se desempeñaba como directora suplente.

A pocos metros del cuerpo, los investigadores encontraron un bolso azul con pertenencias de Godoy, entre ellas su teléfono celular. Los objetos fueron secuestrados para su incorporación a la causa y el análisis del teléfono podría aportar información sobre las comunicaciones y los movimientos de la docente antes de su desaparición.

Los primeros resultados forenses establecieron que la víctima sufrió múltiples heridas punzocortantes y cortantes, algunas provocadas cuando todavía estaba con vida. También presentaba lesiones defensivas y la amputación de su mano izquierda.

El estado de descomposición de los restos impidió determinar de forma precisa la fecha y la causa médica específica de la muerte. Tampoco fue posible establecer, hasta el momento, si existió una agresión sexual. Por esa razón, se ordenaron el Instituto Médico Forense del Poder Judicial de Corrientes ordenó estudios complementarios para buscar rastros biológicos.

Tras el hallazgo, cuatro personas permanecen imputadas por el crimen y una quinta está acusada de falso testimonio. Ireneo Felipe Zarza, capataz de la estancia El Curupí; Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas están acusados como coautores de femicidio. Por su parte, Rosa Leguizamón, quien alojaba a Godoy durante sus jornadas de trabajo en la zona rural, fue imputada como coautora de homicidio simple. Todos cumplen prisión preventiva.

El quinto detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, un peón rural acusado de falso testimonio. Su situación procesal no está vinculada a una imputación por el homicidio. La causa es llevada adelante por los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Esquina.

Tomaron muestras genéticas a los cinco detenidos para cotejarlas con los rastros que puedan recuperarse durante las pericias. El Laboratorio de Medicina Genómica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste participa de esos análisis, junto con estudios toxicológicos y anatomopatológicos.

El hallazgo de Godoy generó una movilización inmediata en Esquina. El 28 de octubre, cientos de personas marcharon en silencio por las calles de la ciudad. Docentes, familiares, alumnos y vecinos reclamaron el esclarecimiento del crimen. También expusieron las dificultades de traslado y las condiciones de trabajo en las escuelas rurales.

La movilización derivó también en un paro nacional y una jornada de duelo convocados por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). La despedida pública prevista para este miércoles volverá a reunir a la comunidad mientras continúan las pericias judiciales.

Hay una conversación que se está teniendo hoy en todas las salas de maestros del país, con distintas palabras y casi siempre en voz baja: qué hacemos con la Inteligencia Artificial. No es una discusión sobre el futuro. El 58 % de los chicos de entre 9 y 17 años en la Argentina ya usó ChatGPT, y dos de cada tres de ellos lo hicieron para resolver tareas de la escuela. Es una descripción del presente de cualquier aula.

Tal como suele formularse, es una pregunta de control: ¿la prohibimos o la dejamos entrar?, ¿cómo detectamos el copiado?, ¿qué hacemos con los celulares? Son preguntas legítimas, pero apuntan al lugar equivocado. Propongo darla vuelta: lo interesante no es qué hacemos nosotros con la Inteligencia Artificial, sino qué le hace la Inteligencia Artificial al rol del maestro.

Y esa respuesta obliga a una pregunta previa, incómoda: ¿qué parte del trabajo docente consiste todavía en hacer aquello que ya dejó de ser escaso?

El aula nunca fue una decisión pedagógica

Todo lo que reconocemos como aula —un adulto al frente, treinta chicos de la misma edad, un ritmo único, el timbre, el examen— no salió de una discusión sobre cómo se aprende mejor. Fue la respuesta razonable a una limitación material: el conocimiento era escaso, caro y difícil de reproducir, y el docente era la vía de acceso.

De ahí se deriva el resto. Si la explicación debe darse una sola vez y en vivo, todos los que la reciben tienen que estar en el mismo lugar, al mismo tiempo y —esto es lo decisivo— en el mismo punto del recorrido. La homogeneidad del grupo nunca fue un ideal educativo: fue la condición técnica para que la transmisión funcionara. Y el ratio de un docente cada treinta alumnos no describe una capacidad pedagógica —ningún maestro sostiene que treinta sea el número ideal para enseñar—: describe un límite de distribución.

El costo lo conoce cualquiera que haya dado clase: el chico que entendió a los cinco minutos espera veinte; el que necesitaba cuarenta se queda con una comprensión parcial que después será la base del contenido siguiente. Los déficits no se corrigen: se acumulan. Que el 59 % de los chicos argentinos llegue al final de la primaria sin un nivel mínimo de comprensión lectora no es algo que pase en sexto grado: se fabrica año a año en un sistema que avanza al ritmo de un promedio que no le corresponde a ningún chico real.

En 1984, Benjamin Bloom documentó el problema de las dos sigmas: un estudiante con tutor individual rendía unas dos desviaciones estándar por encima del promedio de su clase. No lo presentó como una buena noticia sino como un problema: sabíamos qué funcionaba mejor y que era imposible pagarla para todos. La educación personalizada no era una deuda pedagógica pendiente: era un lujo inalcanzable.

Las dos fracturas

Internet desarmó el primer pilar: en dos décadas el contenido curricular completo pasó a estar gratis y a un clic. El sistema lo procesó como un problema de gestión y no como lo que era: la pérdida del monopolio sobre aquello que constituía la razón de ser del rol. La respuesta fue tranquilizadora: tener la información no es comprenderla, y alguien tiene que explicarla. Era cierto. Internet ofrecía acceso, no acompañamiento: un video no sabe dónde se perdió el estudiante ni detecta que el error de hoy viene de un contenido de hace dos años.

La inteligencia artificial disuelve ese último resguardo. Lo que se volvió abundante ya no es el contenido: es la mediación entre el contenido y una persona concreta. Hoy cada estudiante puede tener algo muy parecido a lo que Bloom describió como inalcanzable: explicación adaptada a su nivel, con sus ejemplos, a cualquier hora y sin el costo social de exponer la propia ignorancia frente a treinta compañeros.

No es una promesa de folleto. Un experimento de Harvard con 194 estudiantes de física comparó clases con aprendizaje activo —ya considerado superior a la clase expositiva— contra lecciones con un tutor de IA: el grupo con IA obtuvo cerca del doble de ganancia de aprendizaje en menos tiempo. El dato que casi nadie comenta es que funcionó porque lo diseñaron docentes que sabían dónde se traban los alumnos y qué no había que resolverles. La tecnología aportó escala; el criterio siguió siendo humano.

El riesgo no es la sustitución: es el desperdicio

Si el conocimiento es público y la explicación personalizada dejó de ser escasa, un docente que repite cinco veces por día la misma explicación, corrige ciento veinte ejercicios idénticos y sostiene el avance de un grupo por su promedio no está siendo reemplazado por la tecnología: está siendo consumido por tareas que la tecnología ya hace mejor, mientras se queda sin tiempo para lo único que no puede hacer una máquina.

Eso es lo que en FreeQuest Academy, la escuela digital que fundé en 2023 y que hoy acompaña a más de 520 familias en la Argentina y otros catorce países, llamamos «pasar de docente a mentor». No es un cambio de nombre. Cuando la entrega del contenido, su adaptación al nivel de cada chico y la corrección salen de las manos del adulto, lo que queda ya no escala igual: el mentor no repite lo mismo treinta veces, lee treinta recorridos distintos —con información muchísimo mejor que la que tuvo jamás un docente de aula— y decide sobre cada uno. Diagnostica si el chico no entiende, no puede o no quiere, que son tres problemas distintos y ninguno se arregla con más contenido. Define el próximo paso. Enseña a discutirle a la IA y a distinguir entre resolver un problema y saltearlo. Y sostiene el vínculo.

Dicho con precisión: la tecnología no reemplaza al docente en el vínculo con el alumno, lo libera de la tarea que le impedía tener ese vínculo. El ratio deja de ser el dato relevante porque cambió la unidad de trabajo: ya no es la clase, es el estudiante.

Nada de esto es automático ni gratuito. La brecha de conectividad es real; que la IA entregue la respuesta donde el chico necesitaba atravesar la dificultad es un riesgo que exige diseño, no entusiasmo; la socialización hay que construirla a propósito cuando no la da el edificio escolar; y ser mentor exige una formación que casi ningún docente recibió.

Pero el punto de partida es este: durante un siglo les pedimos a los maestros que hicieran, con treinta chicos a la vez, un trabajo artesanal. Por primera vez tenemos cómo devolverles esa artesanía. Sería una pena que la discusión se quede en si dejamos entrar el celular al aula.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) realiza este viernes 30 de octubre una consulta nacional a los docentes del país para decidir la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) y definir el esquema que la sustituirá en materia de contratación, promoción y asignación de plazas.

El ejercicio se desarrolla durante la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE) del ciclo escolar 2026-2027, cuya jornada completa quedó dedicada a este proceso. Así lo confirmó Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, durante su comparecencia en la Cámara de Diputados por el análisis del Segundo Informe de Gobierno.

Qué decide la consulta y cuándo se conocerán los resultados

La consulta busca que el magisterio nacional opine sobre un nuevo mecanismo de contratación, promoción, asignación de plazas e incentivos docentes, en sustitución del modelo vigente a cargo de la Usicamm. Delgado explicó que la medida responde a un compromiso directo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Como se comprometió nuestra presidenta, Usicamm desaparece”, declaró el funcionario ante los diputados.

Este viernes, en todas las escuelas del país, maestras y maestros responderán un cuestionario sobre la nueva relación que debe existir entre el Estado mexicano y el magisterio, bajo criterios de transparencia y respeto a sus derechos laborales, según indicó el secretario.

Los resultados de la consulta se publicarán el 5 de noviembre en la página oficial de la SEP. Esa información servirá para definir los últimos detalles de la iniciativa de reforma que Sheinbaum prevé enviar al Congreso en noviembre, con el objetivo de cumplir este año el compromiso número 27 de los cien asumidos al inicio de su gobierno.

La consulta no es el único insumo de este proceso. En agosto pasado la dependencia aplicó un cuestionario diagnóstico para detectar las principales inquietudes del magisterio, en el que participaron 400 mil docentes, de acuerdo con lo informado por Delgado. Esas respuestas previas también se incorporaron al diseño del ejercicio de este viernes.

La desaparición de la Usicamm fue una promesa de campaña de Sheinbaum durante el proceso electoral de 2024 y constituye una demanda histórica de distintos sectores del magisterio mexicano, que durante años señalaron falta de transparencia en los procesos de ingreso y promoción docente. El 11 de junio, antes de la inauguración de la Copa del Mundo de la FIFA, la presidenta anunció que convocaría a una consulta nacional directa a los maestros para definir el futuro del organismo.

Cómo funciona el mecanismo híbrido de participación

El secretario de Educación detalló que el proceso tendrá un diseño híbrido. Las y los docentes deberán ingresar a una plataforma digital, registrarse y responder un cuestionario diagnóstico en línea.

Una vez completado ese formulario, tendrán que imprimirlo y entregarlo físicamente a las autoridades de sus respectivos planteles educativos. Este doble formato, digital y en papel, busca garantizar que todos los maestros puedan participar, incluso en escuelas con conectividad limitada.

Delgado pidió a las autoridades educativas estatales promover la participación docente en todos los centros escolares del país, con el fin de fortalecer la representatividad del ejercicio. El funcionario remarcó que la consulta se realizará mediante un mecanismo de participación “democrática y transparente” que permitirá al magisterio expresar sus opiniones y propuestas de forma libre.

Supervisión universitaria para garantizar la transparencia

Para respaldar la credibilidad del proceso, la SEP firmó un convenio de colaboración con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). El acuerdo se formalizó durante la Cuarta Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu).

Como parte de ese convenio, 2 mil 200 profesores universitarios acudirán de manera presencial a mil 105 escuelas distribuidas en todo el territorio nacional para fungir como observadores durante la jornada de consulta. Estos académicos aplicarán una metodología y una lista de verificación para supervisar el desarrollo de las actividades en cada plantel.

En paralelo, especialistas de seis instituciones de educación superior, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), revisarán el funcionamiento y la seguridad de la plataforma tecnológica utilizada para el registro y la captura de respuestas.

Luis González Placencia, secretario general ejecutivo de la ANUIES, explicó que la participación de las universidades se dará en dos vertientes: observadores encargados de verificar el desarrollo presencial de la consulta en las escuelas, y expertos en seguridad informática responsables de supervisar los aspectos tecnológicos del ejercicio.

Esta intervención universitaria se enmarca en el acuerdo entre la SEP y la ANUIES para acompañar la construcción del nuevo sistema de carrera para maestras y maestros, de acuerdo con lo informado por ambas instituciones.

Respaldo del sindicato magisterial y antecedentes de la demanda

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) respaldó la convocatoria a la consulta nacional. Su secretario general, Alfonso Cepeda Salas, participó en la reunión del Conaedu donde se presentaron los detalles del ejercicio.

Cepeda recordó que en septiembre de 2024 el gremio realizó su propia encuesta entre más de 673 mil docentes, quienes demandaron mayor transparencia y el fin del nepotismo en la asignación de plazas. Esa consulta sindical previa es señalada por el líder gremial como un antecedente directo de las exigencias que ahora se trasladan al ejercicio oficial.

El dirigente convocó a los maestros del país a participar de manera activa en la consulta de este viernes y a presentar propuestas concretas para construir mecanismos de contratación y promoción más transparentes, según lo expresado durante la reunión del Conaedu.

La demanda de transparencia en la asignación de plazas no es nueva. Durante años, distintos sectores del magisterio y organizaciones sindicales señalaron irregularidades en los procesos de ingreso al servicio docente, lo que fue capitalizado como una de las principales motivaciones detrás de la promesa de eliminar la Usicamm.

Participación de autoridades educativas estatales

El llamado a participar en la consulta también se replicó entre autoridades educativas locales. En Tamaulipas, el secretario de Educación estatal, Miguel Ángel Valdez García, participó en la reunión plenaria del Conaedu donde Delgado presentó los detalles del ejercicio.

Valdez reiteró el respaldo del gobierno de esa entidad, encabezado por el gobernador Américo Villarreal, para que los maestros tamaulipecos participen en la consulta nacional. El funcionario estatal señaló que, de acuerdo con los resultados que se obtengan, se construirán las bases del nuevo proceso de incorporación docente al sistema de educación federal.

El funcionario invitó a los maestros de la entidad a opinar sobre cuál consideran el mejor proceso para su incorporación profesional al ámbito docente, con el objetivo de garantizar procesos libres, transparentes y sin sospecha de corrupción.

El organismo continúa vigente mientras avanza la reforma

Pese al anuncio de su desaparición, la Usicamm continúa operando de manera formal hasta que se concrete la reforma legal correspondiente. Su sustitución definitiva dependerá del desarrollo de la iniciativa que la presidenta Sheinbaum prevé enviar al Congreso en noviembre, una vez que se procesen los resultados de la consulta del 30 de octubre.

Delgado señaló que las opiniones recabadas este viernes “terminarán de orientar” el contenido de esa reforma, que buscará transformar el sistema de carrera magisterial vigente desde hace años en el país y atender las expectativas acumuladas del magisterio nacional.

Las clases escolares se desarrollaron con normalidad este jueves en Lima y el resto del país, pese a la convocatoria a un paro nacional por parte del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP). Según los reportes consolidados por el Ministerio de Educación (Minedu), más del 95% de los docentes a nivel nacional cumplió con su deber y se presentó a dictar clases con normalidad.

El viceministro de Gestión Institucional, Luis Antonio Alemán Nakamine, verificó el inicio de la jornada escolar con un recorrido por instituciones educativas de la capital, entre ellas la I. E. 1112 Víctor Andrés Belaúnde, en La Victoria, y la I. E. Argentina, en el Cercado de Lima. En ambos centros fue recibido por directores, docentes y estudiantes que iniciaron sus actividades “con normalidad, en un ambiente de respeto y dedicación”, según informó la agencia Andina.

Minedu confirma asistencia mayoritaria

“Felicito profundamente a cada maestro que hoy llegó temprano a su aula. Su presencia es la mejor lección que pueden dar, pues ser responsable y no abandonar a quienes confían en nosotros es el ejemplo más valioso que podemos dejar”, expresó Alemán Nakamine durante su visita a los colegios limeños. El funcionario también participó en el izamiento del pabellón nacional y dialogó con los alumnos, a quienes animó a “valorar a sus maestros, respetar su esfuerzo y ser también los protagonistas de su propia educación”.

Los reportes nacionales recogidos por el Minedu mostraron, además, variaciones regionales en el cumplimiento del paro convocado por el gremio magisterial. Loreto registró un 88% de asistencia docente, mientras que en Lambayeque la cifra llegó al 90%, los niveles más bajos del país. Pese a estas diferencias, el balance general a escala nacional confirmó que la mayoría de los maestros eligió presentarse a sus centros de labores.

Descuentos a docentes ausentes

El viceministro adelantó que el ministerio aplicará estrictamente la normativa vigente a los docentes que no asistieron durante la jornada de paro. “La educación es un servicio esencial. Los niños y adolescentes no pueden ser los que paguen el costo de medidas que afectan su derecho a aprender. Por ello, a quienes no cumplieron con su deber, se les aplicará estrictamente la normativa y se les descontará el día correspondiente, bajo responsabilidad funcional”, declaró Alemán Nakamine.

El funcionario precisó que la medida no busca castigar, sino ser justos con los miles de maestros que sí estuvieron presentes y, sobre todo, con los estudiantes que acudieron a clases con normalidad. Agregó que la prioridad del sector es garantizar la continuidad del servicio educativo frente a cualquier medida gremial que pueda afectarlo.

Culmina consulta sobre convivencia escolar

El viceministro informó además que el proceso de consulta ciudadana sobre los nuevos Lineamientos de Convivencia y Disciplina Escolar concluyó el 27 de octubre. “Tal como lo afirmó nuestro ministro José Antonio Chang, hemos recibido aportes valiosos de instituciones, familias, docentes y estudiantes. Estamos integrando esas propuestas para entregar un marco que restablezca la autoridad legítima del maestro y, sobre todo, garantice entornos seguros y ordenados para aprender”, señaló.

El funcionario adelantó que el Minedu espera publicar el texto definitivo mediante decreto supremo a fines del presente mes, con lo cual se cerraría un proceso de recolección de aportes iniciado meses atrás por el sector educación.

Los ensayos hechos fuera de la escuela pierden peso, mientras ganan terreno las evaluaciones frente al docente, los cuadernos y las exposiciones.

Los profesores estadounidenses están rediseñando las formas de enseñar y calificar ante la expansión de la inteligencia artificial, según un informe publicado por Reuters.

Docentes consultados por la agencia señalaron que la disponibilidad de chatbots en teléfonos y computadoras llevó a revisar las tareas tradicionales, debido a las dificultades para establecer cuánto trabajo corresponde realmente a cada estudiante. La respuesta incluyó exámenes orales, escritura en el aula y menor carga de deberes para el hogar.

En San Francisco, Tristen Chang, profesora de humanidades de sexto grado, quitó de su programa los ensayos para completar en casa. Desde el año pasado, aplica exámenes orales sobre personajes, trama, temas y metáforas. Cada alumno responde 15 preguntas en períodos que pueden durar apenas cinco minutos.

“La tecnología ha ido transformando la enseñanza a lo largo del tiempo, pero la IA es el cambio más drástico”, afirmó Chang a Reuters.

Las aulas, centro de la evaluación

La expansión de la inteligencia artificial generativa impulsó a docentes de secundaria a trasladar al horario escolar actividades que antes quedaban para el hogar. La escritura, el debate y las prácticas supervisadas ahora forman parte central de los sistemas de evaluación.

Rusty Shabe, profesor de lengua y literatura de una escuela secundaria de San Francisco, detectó que algunos alumnos recurren a la IA cuando se sienten sobrepasados por las tareas.

Su estrategia consiste en reservar mayor cantidad de tiempo de clase para redactar. Con estudiantes de séptimo grado, por ejemplo, destina un mes completo al desarrollo de un ensayo.

En Nueva York, el profesor de matemáticas Bobson Wong redujo el volumen de ejercicios domiciliarios y amplió las prácticas en el aula. El objetivo es seguir de cerca el proceso de resolución.

La IA puede ofrecer resultados y detallar los pasos de un problema, por lo que Wong empezó a preguntar a sus alumnos qué método eligen y cuáles son las razones de esa decisión.

El debate sobre los efectos de estas herramientas sigue abierto. Un ensayo aleatorio de la Universidad de Harvard, realizado en 2025, indicó que un tutor de IA personalizado mejoró el aprendizaje y la participación.

Ese mismo año, un estudio pequeño del MIT Media Lab, laboratorio de investigación tecnológica del Instituto Tecnológico de Massachusetts, observó que quienes usaban ChatGPT para escribir ensayos terminaban antes, aunque parecían desarrollar un menor esfuerzo de pensamiento.

Celulares y pantallas, bajo mayor control

Una encuesta de la corporación RAND, difundida en 2025, mostró que más de la mitad de los estudiantes estadounidenses y de los docentes de literatura, matemáticas y ciencias utilizaban IA para actividades escolares. Esa presencia cotidiana modificó también las reglas sobre los dispositivos dentro de las escuelas.

Meghan Hyland, profesora de lengua y literatura de secundaria en un suburbio de Nueva York, descubrió que algunos alumnos iban al baño para consultar herramientas de IA desde sus teléfonos. Los celulares ya estaban prohibidos en su clase, pero desde entonces exige que los dejen al salir.

Hyland también otorgó mayor valor a las tareas realizadas durante la jornada escolar y dejó de usar los deberes como principal forma de práctica. “Mi principal capacidad para comprender si saben cómo desarrollar el pensamiento crítico se evalúa en la escuela”, explicó a Reuters.

Pian Rockfeld, profesor de lengua y literatura diseña consignas menos predecibles para dificultar que la IA las responda por completo. Entre ellas, propone ensayos que exigen interpretaciones originales y la consulta de artículos académicos de acceso pago.

Cuadernos, papel y actividades presenciales

La reacción frente a la IA también aceleró la revisión del uso de computadoras portátiles en clase. Rex Ovalle, profesor de lengua y literatura en un suburbio de Chicago, entrega cuadernos de composición al inicio de cada jornada y limita los Chromebooks a cerca del 10% de los días de clase.

En las clases de Hyland, los estudiantes escriben a mano, salvo que requieran adaptaciones especiales. Para comprobar la comprensión de una obra literaria, propone actividades presenciales.

Otros educadores incorporaron la tecnología a sus métodos. Michael Zagari, profesor de estudios sociales en una secundaria cercana a Nueva York, usa IA para adaptar el vocabulario de documentos históricos a distintos niveles de lectura y resumir artículos para analizarlos en clase.

También alienta a los estudiantes a recurrir a estas herramientas como punto de partida de investigaciones. “La IA no va a desaparecer. Necesitamos enseñar responsabilidad cívica sobre cómo usar la IA, del mismo modo que enseñamos el uso responsable de Internet”, afirmó a Reuters.

Sylvain Helaine, el docente de primaria más tatuado del mundo, admitió en el programa británico This Morning que detesta el dolor de cada sesión, aunque no tiene intención de detenerse. El francés de 40 años lleva casi dos décadas enseñando en Francia y Reino Unido, y tiene prácticamente todo el cuerpo cubierto de tinta.

Según informó el Mirror, su transformación comenzó en 2012, cuando tenía 27 años y enseñaba en Londres. Fue en el barrio de Brixton, en el sur de la ciudad, donde dos encuentros marcaron el punto de partida: vio a un hombre con el brazo completamente tatuado y a otro con el cuello cubierto de tinta. “Fue una revelación para mí”, declaró en el programa de ITV.

Tinta en los ojos, la lengua y debajo de las uñas

La cobertura es total. Helaine tiene tatuadas las encías, la lengua y la piel debajo de las uñas de manos y pies. Las escleróticas —la parte blanca de los ojos— están completamente teñidas de negro. Además, se sometió a la extirpación de tejidos para obtener una superficie de piel más uniforme que facilite el trabajo del tatuador.

El maestro estima que gastó alrededor de £56.000 (unos USD 70.000) en tatuajes y modificaciones corporales. Comenzó con ambos brazos y, con el tiempo, extendió la tinta al cuello, la cara y las manos, zonas que en un principio no tenía previsto cubrir. Actualmente planea repasar gran parte de la tinta existente para renovarla.

Odia el dolor pero no puede dejar de tatuarse

Cuando le preguntaron si era “adicto” al proceso, fue directo. “Odio el dolor. Odio tatuarme”, declaró. Sin embargo, precisó que lo que lo impulsa es la transformación: “Me encanta verme cambiar. Sufres, cuentas los días para la próxima sesión con ansiedad y no quieres ir, pero al terminar estás muy orgulloso y te sientes invencible.”

El mismo nivel de compromiso lo aplicó en otras etapas de su vida: practicó artes marciales a diario y obtuvo su licencia de motocicleta en un mes. Se define como alguien que, cuando algo le apasiona, invierte el cien por ciento.

Dentro del aula, los tatuajes no se discuten

Helaine lleva casi dos décadas en la docencia, entre Francia y su etapa en Londres, y en la zona donde enseña actualmente llegó a tener en clase a hijos de antiguos alumnos. El 99% de los chicos no presta atención a su imagen una vez que comienza la clase, según afirmó. “No hablo de mis tatuajes ni de mi aspecto en el aula. Sacamos el cuaderno, escribimos la fecha y seguimos. Soy muy serio. Pero si tienen preguntas, pueden esperar al recreo”, explicó.

El maestro reconoció que su imagen le impone un estándar de conducta más exigente. “Si hago algo bien, la gente dirá: ‘Obvio, ya se veía venir’. Pero si hago algo mal, pensarán que soy terrible por cómo me veo”, señaló. Para describir los tiempos de aceptación, recurre a una fórmula propia: “Dos minutos para los niños, dos horas para los padres y dos días para los abuelos.”

El colegio le prohibió enseñar a menores de seis años tras las pesadillas de un alumno

Su imagen tuvo consecuencias directas dentro del sistema educativo. Un alumno de tres años sufrió pesadillas recurrentes por el miedo que le generaba el aspecto del maestro. Los padres enviaron una carta a la dirección del centro en la que lo acusaban de ser “un hombre radicalizado”, según declaró el propio Helaine al canal francés BFM TV. El establecimiento respondió prohibiéndole dar clases a niños menores de seis años.

Ante la medida, el docente argumentó que su presencia en el aula genera el efecto contrario al rechazo: “Cuando sean adultos, es menos probable que sean racistas u homofóbicos, y no verán a las personas con discapacidad como parte de un espectáculo.” Helaine sigue ejerciendo la docencia con alumnos de entre seis y once años.

El inicio de un nuevo gobierno invita a preguntarnos qué educación queremos construir. En marzo de 2026, la Facultad de Educación de la PUCP realizó la décima edición del Seminario de Análisis y Perspectivas de la Educación Peruana, dedicado a los “Desafíos para una docencia transformadora en la educación básica peruana”. Sus reflexiones permiten plantear dos preguntas: ¿estamos preparando a nuestros docentes para nuevas formas de aprender? ¿Invertimos lo suficiente para igualar oportunidades?

Enseñar en un mundo que cambia

El aprendizaje ya no ocurre únicamente de manera individual o dentro del aula. Perspectivas como el conectivismo, de George Siemens y Stephen Downes, plantean que aprender también supone establecer conexiones, reconocer fuentes, contrastar información y adaptarse a un mundo acelerado.

Este cambio aumenta la importancia del docente. Antes del auge de la IA generativa, solo el 43 % de los docentes de los países participantes se sentía bien o muy bien preparado para utilizar tecnologías digitales, mientras el 18 % declaraba una alta necesidad de desarrollo profesional en esta materia (TALIS-OCDE, 2018). El reto no es solo acceder a la tecnología, sino desarrollar capacidades pedagógicas y críticas para incorporarla a la educación.

Las brechas no pueden quedar atrás

La innovación tampoco debe hacernos olvidar las desigualdades. El 87 % de los estudiantes peruanos socioeconómicamente desfavorecidos estaba por debajo del nivel básico de desempeño en matemática (PISA-OCDE, 2022).

La escuela no puede eliminar por sí sola las desigualdades sociales, pero puede contribuir a reducirlas. Esto exige inversión en formación docente, infraestructura, conectividad, acompañamiento profesional y respuestas diferenciadas según cada territorio.

Dos desafíos, una misma agenda

El Perú debe preparar a sus docentes para un aprendizaje cada vez más conectado y tecnológico, sin dejar de garantizar oportunidades educativas en los territorios más desatendidos.

Necesitamos profesores capaces de conectar a sus estudiantes con nuevos conocimientos sin perder de vista su realidad. Desde mi perspectiva, la renovación pedagógica y la inversión educativa son agendas inseparables y ambas encuentran en el docente uno de sus principales puntos de encuentro.

El secretario general del sindicato, Lucio Castro, sostuvo que la protesta responde a compromisos laborales pendientes, al reclamo de una mayor asignación para el sector y a la demora en la aplicación de normas dirigidas a mejorar las pensiones de los docentes retirados. El dirigente anticipó una movilización multitudinaria en distintas regiones del país.

La convocatoria ocurre después de más de 30 movilizaciones y reuniones con funcionarios y representantes del Congreso, según indicó Castro. El sindicato espera que la jornada abra una instancia de solución para sus demandas, aunque advirtió que podría impulsar una huelga nacional si no recibe respuestas del Gobierno.

El sindicato exige que la inversión educativa llegue al 6% del PBI

El punto central del pliego es el pedido para que el presupuesto destinado a educación alcance el 6% del producto interno bruto, una meta que el Sutep vincula con las disposiciones constitucionales sobre la prioridad del sector. Castro cuestionó que la asignación permanezca en 4,9% y afirmó que ese nivel no cubre las necesidades de infraestructura, materiales, alimentación escolar ni condiciones de trabajo.

El dirigente pidió que el Congreso apruebe un presupuesto que refleje los anuncios sobre la prioridad de la educación pública. También reclamó que el Poder Ejecutivo y el Legislativo definan una ruta para atender las obligaciones laborales pendientes antes de que el conflicto sindical escale hacia una paralización de mayor duración.

Entre los reclamos figura el pago de compromisos derivados del convenio colectivo de 2025, así como la reglamentación de la Ley 31405. Castro sostuvo que el Estado debe discutir el impacto de las exoneraciones tributarias, que el sindicato calcula en unos USD 28.000 millones, y evaluar recursos para educación, prevención ante el fenómeno de El Niño y deudas con el magisterio.

Los docentes reclaman pagos pendientes de CTS, subsidios y asignaciones

El sindicato también exige el pago de la compensación por tiempo de servicios a docentes y auxiliares que trabajaron durante 2025. De acuerdo con Castro, algunos trabajadores dejaron de percibir ese beneficio desde enero y, a pocos días de terminar octubre, aún no habían recibido el monto que les corresponde.

La plataforma incorpora reclamos por demoras en el subsidio por luto y en la asignación por tiempo de servicios. El dirigente señaló que esos pagos deben entregarse durante el mes posterior al hecho que los origina. Sin embargo, afirmó que hay docentes que acumulan más de un año de espera por esos conceptos.

La negociación colectiva incluye aumentos de asignaciones para maestros que laboran en zonas rurales, de frontera y del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro. El Sutep también reclama avances en el pago de la deuda social y una discusión sobre incrementos salariales. Castro afirmó que las remuneraciones del sector no registran una mejora desde hace dos años.

La pensión de los maestros retirados se convirtió en otra demanda central

Los docentes cesantes y jubilados participarán de la movilización con un pedido específico: la reglamentación de la Ley 32581, orientada a establecer pensiones dignas para los maestros retirados. Félix Soto Guaringa, secretario nacional de ese sector, afirmó que las gestiones ante el Ministerio de Educación no derivaron en una propuesta concreta.

Soto sostuvo que cerca de 200 mil maestros jubilados reciben pensiones que, en varios casos, oscilan entre S/ 300 y S/ 750. El dirigente indicó que recibe S/ 750 tras 39 años de servicio y relató que una caja de medicamentos para tratar su diabetes cuesta S/ 360, un gasto que absorbe casi la mitad de ese ingreso mensual.

El proyecto de ley 4786 plantea que un maestro jubilado reciba una pensión equivalente a la remuneración de un docente de la primera escala magisterial, estimada en S/ 3.500. El Sutep sostiene que el Ministerio de Economía y Finanzas alegó restricciones presupuestarias. Castro pidió una salida gradual, con plazos de seis meses o un año, para atender a los retirados.

El Minedu declaró improcedente la paralización y anunció descuentos

El Ministerio de Educación (Minedu) declaró improcedente el paro mediante la Resolución de Secretaría General N.° 239-2026-Minedu. La cartera indicó que la convocatoria no cumplió los requisitos previstos en el reglamento de la Ley 28988, que reconoce a la educación básica regular como un servicio público esencial.

Según el comunicado oficial, las direcciones regionales de Educación y las unidades de gestión educativa local deberán aplicar las disposiciones correspondientes si se concreta la medida. Los directores de las instituciones educativas tendrán 24 horas para informar la relación del personal que no asistió a dictar clases, tras lo cual se aplicarán descuentos por el día no trabajado y se evaluarán responsabilidades administrativas.

El reclamo gremial incorpora, además, medidas frente a la inseguridad y la extorsión que afectan a maestros, directores y propietarios de colegios. Castro alertó que el 52% de las instituciones educativas requiere reconstrucción y situó el déficit de infraestructura en S/ 180 mil millones. El Sutep planteó reforzar la prevención ante el fenómeno de El Niño, sobre todo en las regiones del norte, y señaló que el magisterio colaborará ante posibles emergencias.

El crecimiento de la planilla de la Secretaría de Educación (SEDUC), frente a la reducción de estudiantes matriculados, vuelve a poner en discusión la distribución del personal docente y administrativo, los mecanismos de contratación y la eficiencia del gasto público destinado a la enseñanza.

El informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), identifica situaciones que, evidencian debilidades en los controles del recurso humano.

Entre los hallazgos figuran docentes registrados en oficinas administrativas, posibles duplicidades de cargos, pagos simultáneos en departamentos geográficamente distantes y salarios fuera de los rangos esperados.

Estas observaciones plantean interrogantes sobre cómo se asignan las plazas y si el personal contratado responde a las necesidades reales de los centros educativos.

Sin embargo, las inconsistencias señaladas en el documento requieren una revisión individual para determinar su origen y establecer si corresponden a errores administrativos, incumplimientos o posibles irregularidades.

Menos estudiantes en las aulas

Mientras los centros públicos registraron una pérdida de 87,134 estudiantes entre 2022 y 2026, la planilla institucional aumentó en 4,191 empleados durante el mismo período. El contraste también se refleja en las distintas áreas de la institución.

De acuerdo con el informe, la planilla docente creció 4.7%, mientras que el personal administrativo aumentó 21%. En el Nivel Central, la incorporación de 314 personas en tres años representó un incremento del 72%, según los datos divulgados por la organización.

La reducción de la matrícula no implica, por sí sola, que el sistema necesite menos maestros. No obstante, la diferencia entre el comportamiento de la matrícula y el crecimiento de las planillas hace necesario examinar si las contrataciones se concentran en las áreas que necesitan personal o si existe una distribución desigual entre las oficinas centrales y los centros escolares.

El problema adquiere mayor relevancia ante los señalamientos sobre plazas docentes ubicadas en oficinas y posibles registros de trabajadores con funciones o pagos incompatibles. Para establecer el alcance de estas situaciones se requieren procesos de verificación que permitan contrastar las planillas con la asistencia, las asignaciones laborales y las necesidades de cada establecimiento.

Los salarios y presupuesto educativo

El informe de ASJ también pone el foco en el costo que representa la planilla para las finanzas públicas. En 2025, alrededor de 85 de cada 100 lempiras del presupuesto de Educación se destinaron al pago de salarios, mientras que la planilla docente alcanzó un costo mensual de L 2,019 millones, equivalente a aproximadamente USD 77.7 millones.

Con ese mismo tipo de cambio, el costo mensual de la planilla docente representa cerca de USD 932 millones al año si se mantiene constante durante 12 meses. La cifra refleja el peso financiero del personal en el presupuesto educativo.

La organización estima que cada día de clases perdido representa al menos L 121 millones, unos USD 4,65 millones, que no llegan al aula en términos del servicio educativo previsto. Esta estimación debe entenderse como una valoración del costo asociado a la interrupción de las clases, no como dinero que necesariamente se pierde en efectivo o que pueda recuperarse automáticamente al reanudar las actividades.

A las dificultades de administración del personal se suma otro desafío: la cantidad de niños y jóvenes que todavía no acceden a la educación formal. Russbel Hernández, director del Instituto de Investigación y Evaluación Educativas y Sociales (INIEES) de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, señaló que más de 750 mil menores permanecen fuera del sistema educativo nacional.

La cifra pone de manifiesto que el desafío no consiste únicamente en administrar las plazas existentes, sino también en ampliar la cobertura y encontrar mecanismos para atender a la población que continúa excluida de las aulas. Hernández advirtió sobre la importancia de evitar que las contrataciones respondan a intereses particulares o partidarios.

La propuesta no elimina la necesidad de contar con maestros ni sustituye automáticamente la educación presencial. Abre, en cambio, la discusión sobre cómo combinar distintas modalidades para llegar a estudiantes que hoy no están matriculados, sin descuidar la calidad de la enseñanza ni las condiciones que permiten a los niños permanecer en el sistema.

En ese escenario, los datos de ASJ y las observaciones del INIEES apuntan a dos tareas que deben abordarse de forma conjunta: revisar la distribución y los controles del personal de Educación y diseñar estrategias verificables para ampliar la matrícula.

Al respecto, por medio de un video en redes sociales, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, sostuvo que el desbalance financiero se combina con diferencias en el costo de la atención médica de los afiliados.

Según explicó, el gasto anual por cada maestro supera con amplitud el promedio del Sistema General de Salud.

“De la herencia del Gobierno Petro, lo más grave que hemos encontrado es esto. Desde Hacienda, el tema más preocupante que hemos encontrado es el del Fomag, el Fondo del Magisterio, que atiende las pensiones y la salud de los maestros de Colombia. Allí el faltante es hoy de 2,7 billones”, afirmó Gómez Martínez.

La advertencia ocurre mientras la Procuraduría General de la Nación pidió información sobre la continuidad de la administración fiduciaria del Fomag, cuyo contrato vence el 31 de octubre de 2026. El organismo preventivo también alertó sobre la necesidad de recursos adicionales para sostener el componente de salud durante el resto de la vigencia.

Hacienda cuestiona el costo de la atención de los docentes

El jefe de la cartera de Hacienda indicó que “un maestro le cuesta al sistema alrededor de $7.000.000 en atención médica, mientras que el valor estimado para un ciudadano en el régimen público general es de $2.000.000″. Gómez Martínez vinculó estas diferencias con las observaciones formuladas por la Contraloría General de la República sobre el manejo de los recursos del fondo. El funcionario afirmó que existen 61 hallazgos relacionados con posibles irregularidades en la entidad.

“La Contraloría General de la República ha encontrado 61 sobre hechos irregulares en esta institución. Es muy triste que los maestros que tanto le han dado al país tengan que hoy en día soportar el pésimo servicio y el despilfarro del Fomag”, señaló.

Sostuvo que el Gobierno nacional busca sanear las instituciones vinculadas al sistema de prestaciones del magisterio. “Los maestros del país merecen una atención digna, eficiente y transparente que retribuya su invaluable aporte a la sociedad”, expresó.

La Contraloría identificó irregularidades fiscales por $695.000 millones

Los datos divulgados por la Contraloría General de la República sobre las auditorías al Fomag muestran 33 hallazgos o irregularudades con incidencia fiscal por cerca de $695.000 millones, detectados entre el segundo semestre de 2022 y el primer semestre de 2026.

El organismo de control también informó 66 hallazgos o irrgularidades con presunta incidencia disciplinaria y cinco con posible incidencia penal. Esas observaciones fueron trasladadas a las instancias correspondientes para que adelanten las actuaciones que permitan establecer eventuales responsabilidades. La mayor afectación económica identificada por la entidad está en la gestión judicial. Este componente suma cerca de $504.000 millones, equivalentes al 72,2% del valor total de los hallazgos fiscales. Allí se incluyen pagos derivados de condenas, sanciones por la demora en las cesantías e intereses moratorios.

En la auditoría de 2026, la Contraloría estableció hallazgos fiscales por $176.000 millones. Uno de los casos de mayor cuantía corresponde a pagos pendientes por servicios médicos e intereses a las uniones temporales Medisalud y Red Vital, por unos $133.000 millones.

De igual manera, el ente de control indicó que esas obligaciones reflejan demoras en los pagos asociados a la atención sanitaria de los educadores. Además, cuestionó desembolsos cercanos a $28.000 millones por la prima de mitad de año a pensionados, al considerar que, según el informe, esos pagos no habrían cumplido los requisitos legales exigidos para el beneficio.

Aclaró, por otra parte, que no tiene elementos suficientes para confirmar las versiones sobre presuntos pagos superiores a $4,4 billones durante las últimas semanas del gobierno anterior.

La Procuraduría pide evitar interrupciones desde noviembre

La Procuraduría General de la Nación activó una alerta preventiva ante la terminación del contrato fiduciario que administra los recursos del Fomag. La entidad pidió al Consejo Directivo del fondo explicar qué decisiones ha tomado para garantizar la continuidad de esa administración desde el 1 de noviembre de 2026. El Ministerio Público solicitó precisar las medidas previstas para impedir interrupciones en los servicios médicos de los docentes y sus beneficiarios, así como en el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas.

También manifestó preocupación por el saldo disponible para salud. Aunque el Consejo Directivo aprobó un traslado presupuestal de $859.000 millones para reforzar ese componente, el organismo estima que aún falta cerca de $1,84 billones para cubrir las necesidades proyectadas de 2026.

Por ello, requirió información sobre las gestiones ante el Ministerio de Hacienda para obtener los recursos, los montos solicitados, el estado de los trámites y los planes de contingencia si el dinero no llega a tiempo.

La entidad recalcó que los problemas presupuestales y contractuales no pueden afectar la continuidad, oportunidad ni calidad de la atención de los afiliados al fondo. La solicitud tiene carácter preventivo y busca que las entidades responsables adopten decisiones antes del vencimiento del contrato fiduciario.

Desde hoy, los docentes y trabajadores nucleados en la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) realizan un paro de 48 horas en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, luego de rechazar el aumento del 6% ofrecido por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, al considerar que no permite recomponer los salarios docentes frente al costo de vida.

La medida comenzó este jueves con las primeras 24 horas de paro, y continuará mañana. La resolución marca una diferencia con los demás sindicatos del Frente de Unidad Docente Bonaerense, que aceptaron la propuesta del gobernador Axel Kicillof.

Con la acción gremial, lo esperable es que el acatamiento a la huelga se sienta de forma muy dispar en la provincia de Buenos Aires, ya que es un solo gremio el que definió la medida.

El incremento planteado se divide en dos tramos, con 3% en cuotas iguales. Con ese incremento, un maestro de grado inicial para una jornada simple sin antigüedad cobrará $945.980 en los primeros días de noviembre por la liquidación de octubre, mientras que uno con 10 años de antigüedad percibirá $1.049.132.

“Esto significa un aumento de $27.541 en el mes de octubre e idéntico monto para el mes de noviembre; claramente eso no recompone el salario de los docentes”, recriminó Liliana Olivera, la presidenta de la FEB.

“Además, le estamos solicitando al gobierno nacional la restitución del FONID, mayor presupuesto para Educación, y la defensa de los fondos del IPS y del IOMA, que es un reclamo sostenido por FEB en los últimos años”, agregaron desde el sindicato.

Las diferencias entre los sindicatos docentes

La decisión se tomó a partir de las consultas en todos los distritos bonaerenses, luego de que el sindicato recibiera la oferta en la mesa paritaria del viernes 16. “La propuesta fue llevada a consulta a toda la provincia para ser evaluada por las bases como lo hacemos normalmente; es ni más ni menos que democracia sindical”, afirmó Olivera durante una entrevista con LA CIELO 103.5.

En ese marco, Olivera explicó que las asambleas locales elaboraron mandatos que luego fueron ratificados en la instancia de la cúpula gremial. “No debemos decidir los dirigentes, sino que deben decidir las bases. Con el mandato elaborado en las asambleas de todos los distritos, los congresales vinieron al Congreso y definieron la medida”, señaló.

Para la conducción de la federación, el conflicto no se reduce al porcentaje de la última oferta, sino a la pérdida acumulada del poder adquisitivo desde la anterior actualización salarial, que se cobró en agosto. “Hoy empatar a la inflación es perder; lo que los docentes quieren y por lo que nosotros luchamos es por una verdadera recomposición de salario, y esta oferta no alcanza de ninguna manera”, expresó la titular del gremio.

La definición amplía las diferencias dentro del Frente de Unidad Docente Bonaerense, integrado por los principales gremios educativos de la provincia. El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) aceptaron el ofrecimiento del gobernador Kicillof.

No es el único sector gremial que rechazó el incremento. Ayer, las seccionales de SUTEBA La Matanza, Tigre, Bahía Blanca y Marcos Paz realizaron un paro de 24 horas, y hoy se movilizan a La Plata por el reclamo salarial.

Se trata de jurisdicciones que conduce la oposición de izquierda a la cúpula del sindicato, y que tienen como principal referencia a la docente y diputada nacional del Partido Obrero (FIT-PO), Romina Del Plá.

“Continuamos el Plan de Lucha por el salario y todos los reclamos. Saludamos el rechazo de FEB a la oferta de miseria acordada por Kicillof y las dirigencias de SUTEBA y otros gremios a espaldas de la docencia en la paritaria. El rechazo por unanimidad y las medidas de fuerza tomadas por el Congreso de la FEB, y la fractura en el frente gremial, es el resultado del malestar y la bronca que crece en la docencia”, celebró este sector sindical.

La Policía Nacional de Panamá aprehendió a 23 personas señaladas de integrar una red dedicada a la venta ilegal de plazas de trabajo en el Ministerio de Educación (Meduca) y a la falsificación de diplomas y otros documentos académicos.

Entre los detenidos figuran funcionarios administrativos, docentes, exdocentes y particulares. Todos permanecen a disposición de las autoridades competentes tras el operativo, denominado Credenciales 2.0.

La Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en coordinación con el Ministerio Público, ejecutó más de 25 diligencias de allanamiento de manera simultánea.

Los procedimientos se desarrollaron en las provincias de Panamá Oeste, Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas y Los Santos.

La Operación Credenciales 2.0 es un operativo policial y judicial en Panamá que derivó en la aprehensión las personas descritas por su presunta vinculación con la venta irregular de plazas docentes en el Meduca y la falsificación de diplomas usados para ejercer funciones educativas sin cumplir los requisitos exigidos.

La estructura investigada habría operado con un esquema doble. Por un lado, comercializaba de forma irregular plazas laborales dentro del Meduca.

Por otro, falsificaba diplomas y certificados que servían para acreditar a personas que, según las sospechas, ejercían funciones docentes sin contar con la formación requerida.

Durante las diligencias, los investigadores recabaron diversos indicios de interés para el expediente. Entre los elementos incautados hay diplomas, certificados y otros documentos vinculados a la presunta falsificación.

Ese material quedó a disposición de la causa para su análisis dentro del proceso judicial en curso.

Las personas aprehendidas enfrentan investigaciones por presuntos delitos contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de documentos.

También se les atribuyen posibles actos de corrupción de servidores públicos, encuadrados como delitos contra la administración pública.

El expediente incluye además una línea por presunto blanqueo de capitales, considerado un delito contra el orden económico. A esto se suman los señalamientos por ejercicio ilegal de la profesión y por delincuencia organizada.

La combinación de estos cargos apunta a una estructura organizada que habría operado de forma sostenida dentro del sistema educativo.

La Policía Nacional y el Ministerio Público mantienen la investigación abierta para determinar el alcance completo de la red.

El grupo de aprehendidos combina perfiles con acceso directo al sistema educativo y personas externas a la institución. Entre ellos, se reiteró que hay funcionarios administrativos del Meduca, docentes en ejercicio, exdocentes y particulares sin vínculo laboral formal con el ministerio.

Esa mezcla de perfiles sugiere, según la línea de la investigación, una red que habría combinado el acceso interno a los procesos de nombramiento con la producción externa de documentación falsa. Las autoridades no precisaron cuántas personas corresponden a cada categoría dentro del total de aprehendidos.

En su primera etapa de investigación la operación se llamó Credenciales 1.0 y dejó más de 15 personas aprehendidas por su presunta vinculación con una organización dedicada a confeccionar y vender títulos, créditos y diplomas falsos utilizados para obtener cargos dentro del sistema educativo público.

Las autoridades efectuaron en esa oportunidad más de 21 allanamientos autorizados judicialmente y advirtieron que las diligencias continuaban.

Durante los allanamientos, los investigadores decomisaron diplomas, facturas y equipos tecnológicos que serán sometidos a análisis. La Fiscalía buscaba establecer cómo funcionaba la supuesta estructura, quiénes elaboraban los documentos y qué personas pagaron para incorporarlos a sus expedientes profesionales.

Los antecedentes de esta operación se encuentran en abril de 2025, cuando la Dirección Regional de Educación de San Miguelito denunció que varios aspirantes presentaron supuestos diplomas universitarios falsos. Las instituciones consultadas confirmaron que no habían expedido esas credenciales.

En febrero de 2026, los controles incorporados al proceso de vacantes permitieron identificar aproximadamente 50 posibles irregularidades relacionadas con diplomas, según reportó Infobae.

La ministra de Educación de Cuba, Naima Trujillo, reconoció que unos 11,000 alumnos reciben clases virtuales o asisten de forma esporádica a las escuelas, mientras solo el 49 % del grupo prioritario de estudiantes contaba con uniforme. La situación ocurre después de que la funcionaria prometiera en agosto que el inicio del curso sería “una gran fiesta en Cuba”.

Más de 400,000 estudiantes cubanos ya habían tenido jornadas reducidas por la crisis energética, según una advertencia de la UNESCO emitida en mayo. El organismo señaló además que más de 2,000 escuelas requerían apoyo urgente ante las dificultades vinculadas al suministro eléctrico.

Los datos de Trujillo, recogidos por EFE, reflejan una mejora frente al cierre del curso anterior, cuando 33,000 estudiantes no lograban mantener una asistencia habitual. Sin embargo, miles de niños y adolescentes aún dependen de modalidades alternativas en un sistema afectado por apagones, escasez de combustible y problemas de transporte.

La cobertura docente comenzó el curso el 1 de septiembre con el 73 % de las plazas ocupadas y llegó al 86 % tras la reincorporación de jubilados, la participación de universitarios en formación y la incorporación de profesionales de otros sectores. El déficit todavía alcanza al 14 % de los puestos necesarios.

El Ministerio de Educación aprobó una compensación salarial para los docentes que asuman grupos adicionales. Trujillo admitió que esa solución no es la deseada. “Quisiéramos tener los maestros que corresponden en cada aula”, aseguró la funcionaria.

La Habana, Matanzas, Sancti Spíritus y Camagüey concentran las mayores dificultades para cubrir las necesidades de personal. Esta última provincia inició el período escolar con casi 3 mil profesores faltantes para atender a más de 95,000 estudiantes distribuidos en 690 escuelas.

Los trabajadores del sector educativo perciben salarios mensuales de 5,824 pesos cubanos, equivalentes a alrededor de siete dólares en el mercado informal. La ministra vinculó esa remuneración con la movilidad laboral. “Ciertamente los ingresos son temas importantes porque a veces es verdad que tenemos movilidad porque los salarios no logran satisfacer las necesidades que tienen nuestros profesionales”, afirmó.

La falta de gas licuado llevó a algunas instituciones a cocinar con leña o carbón, mientras que la escasez de combustible condiciona el traslado de estudiantes y trabajadores. “Ha sido un inicio difícil que impacta en las capacidades de cocción, de aseguramiento, de logística, del transporte”, destacó Trujillo.

Uniformes insuficientes y asistencia flexibilizada

El curso comenzó con apenas el 12 % de cobertura de uniformes para los estudiantes considerados prioritarios, debido a problemas operativos de la industria textil. La proporción aumentó hasta el 49 % a mediados de octubre, por lo que las autoridades permitieron que los alumnos concurran con otra vestimenta.

“Cuando no sea con el uniforme, a la escuela se va a aprender”, sostuvo la titular de Educación. La flexibilización se aplica mientras persisten las dificultades materiales para garantizar la ropa reglamentaria.

Trujillo atribuyó parte de los problemas a las sanciones de Estados Unidos. CiberCuba sostuvo que la inflación, la escasez y la pérdida de poder adquisitivo responden principalmente a décadas de gestión centralizada y a políticas internas del gobierno cubano.

El contraste con el mensaje oficial de agosto quedó expuesto en las propias declaraciones de la ministra. Mientras Trujillo anticipaba una “gran fiesta” para el 1 de septiembre, el Partido Comunista describía el comienzo del curso como un “acto de heroísmo” y Miguel Díaz-Canel negaba un colapso del sistema educativo.

El régimen de Cuba mantendrá la presencialidad educativa pese a los apagones, la escasez de combustible, las dificultades de transporte y un déficit de profesores que todavía afecta al 14% de la cobertura docente. La ministra de Educación, Naima Trujillo, admitió que el inicio del curso ha exigido esfuerzos adicionales de alumnos, familias y trabajadores del sistema escolar, según publica la agencia EFE.

La situación deja expuesta la fragilidad de un sector que el régimen presenta como prioritario, pero que enfrenta problemas materiales y salariales capaces de alterar la asistencia regular a clases. De los 1,5 millones de estudiantes matriculados en la isla, unos 11,000 reciben educación virtual o acuden a los centros de forma esporádica por obstáculos logísticos.

La cifra representa una baja frente a los 33,000 alumnos que no podían sostener una asistencia habitual al terminar el curso anterior. Sin embargo, el descenso no elimina el problema: miles de niños y adolescentes dependen de modalidades alternativas en un país donde las fallas eléctricas y el desabastecimiento condicionan actividades cotidianas, desde el transporte hasta la preparación de alimentos.

Déficit docente: 21,000 plazas vacantes al inicio del curso

La falta de maestros continúa entre los principales límites para garantizar el funcionamiento de las escuelas. Antes del comienzo de las clases, el Ministerio de Educación estimaba una cobertura del 73%, con algo más de 21,000 plazas docentes vacantes o sin una solución estable.

Según explicó Naima Trujillo a la agencia, el indicador subió al 86%, aunque provincias como La Habana, Matanzas, Sancti Spíritus y Camagüey registran las mayores dificultades. Para completar los equipos de trabajo, las autoridades apelaron a docentes jubilados, profesionales de otros sectores y estudiantes universitarios.

El recurso a esas alternativas revela que el aumento de la cobertura no equivale necesariamente a una recuperación del plantel profesional. La incorporación de jubilados y alumnos en formación puede atender vacantes inmediatas, pero no resuelve la pérdida de educadores con experiencia ni la salida de trabajadores hacia empleos con mayores ingresos.

La propia ministra vinculó esa movilidad laboral con los salarios. La educación figura entre los dos sectores con menores remuneraciones de la isla, con un sueldo mensual de 5,824 pesos cubanos, equivalente a USD 49 según el cambio oficial y a cerca de USD 7 en el mercado informal.

“Ciertamente los ingresos son temas importantes porque a veces es verdad que tenemos movilidad porque los salarios no logran satisfacer las necesidades que tienen nuestros profesionales”, reconoció Trujillo en declaraciones recogidas por la agencia.

Sobrecargas y jubilados como parche ante la falta de maestros

El Ministerio de Educación puso en marcha pagos por “sobrecarga docente remunerada” para los profesores que asumen grupos adicionales. También ofreció incentivos asociados a la antigüedad y a la categoría profesional de quienes regresan tras jubilarse.

Trujillo admitió que esa fórmula tiene límites. “No quisiéramos tener que pagar la sobrecarga en un maestro, quisiéramos tener los maestros que corresponden en cada aula”, afirmó.

La declaración expone una contradicción del sistema: mientras el régimen insiste en preservar la presencialidad, buena parte de esa meta depende de que maestros ya activos asuman más tareas o de que jubilados retornen a las aulas. El problema no se reduce a cubrir una plaza en los registros administrativos, sino a asegurar continuidad pedagógica en escuelas afectadas por la falta de personal y por condiciones laborales que no cubren las necesidades básicas.

Apagones, combustible escaso y uniformes sin entregar

La crisis energética golpea de forma directa a los centros escolares, sobre todo a los de jornada completa y a los internados. La escasez de combustible afecta el transporte de alumnos y trabajadores, mientras que las fallas en el suministro de gas licuado obligaron a algunas instituciones a cocinar con leña o carbón.

“Ha sido un inicio difícil que impacta en las capacidades de cocción, de aseguramiento, de logística, del transporte”, señaló la ministra. Trujillo atribuyó parte de las dificultades al bloqueo petrolero y las sanciones de Estados Unidos, aunque el panorama refleja también los problemas estructurales de la economía cubana y con políticas internas que no lograron contener la inflación, la escasez ni la pérdida de poder adquisitivo.

La falta de uniformes constituye otro indicador de las limitaciones. El curso comenzó con apenas 12% de cobertura para el grupo prioritario de estudiantes, debido a problemas operativos en la industria textil. Esa proporción llegó después a cerca del 49%, de acuerdo con la ministra.

Ante ese escenario, las autoridades flexibilizaron el uso obligatorio de la vestimenta escolar. “Cuando no sea con el uniforme, a la escuela se va a aprender”, sostuvo Trujillo.

Tras aquella decisión, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) advirtió que la educación cubana estaba “en riesgo” y que la situación podía comprometer el futuro de una generación.

Trujillo defendió que la educación tendrá un papel central durante la crisis y en una eventual salida de ella. El desafío inmediato, sin embargo, sigue en las aulas: sostener la asistencia, asegurar alimentos y transporte, recuperar docentes y evitar que la presencialidad dependa de soluciones temporales.

Se pagarán CTS y más beneficios a profesores en las regiones. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó una transferencia de S/19 millones 5 mil 702 para financiar el pago de diferentes beneficios a los profesores y auxiliares de educación nombrados y contratados.

Mediante Decreto Supremo N° 216-2026-EF, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, se dispuso dicha transferencia a favor de diversos gobiernos regionales para el pago de la asignación por tiempo de servicios, el subsidio por luto y sepelio y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) de los profesores y auxiliares de educación nombrados y contratados.

El detalle de los pliegos y montos de la transferencia de partidas se podrá encontrar en los anexos que forman parte del decreto supremo mencionado, el cual es publicado en los portales institucionales del Ministerio de Educación (www.gob.pe/Minedu) y del MEF (www.mef.gob.pe).

La transferencia

“Se autoriza una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, hasta por la suma de S/19.005.702, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a favor de diversos gobiernos regionales, para financiar el costo que implica el pago de la Asignación por Tiempo de Servicios, el Subsidio por Luto y Sepelio y la Compensación por Tiempo de Servicios”, señala la norma.

¿A quiénes van estos montos? Será a los profesores y auxiliares de educación nombrados, de acuerdo con lo establecido en las Leyes Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial y Nº 30493, Ley que regula la política remunerativa del auxiliar de educación en las instituciones educativas públicas, respectivamente.

También se dará “el pago del Subsidio por Luto y Sepelio y la Compensación por Tiempo de Servicios de los profesores y auxiliares de educación contratados, al amparo de las Leyes Nº 30328, Ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones y Nº 30493″.

El proceso de transferencia

El titular del pliego habilitador y de los pliegos habilitados en la transferencia aprueba la desagregación de los recursos autorizados dentro de los cinco días calendario de la vigencia del dispositivo legal en mención.

Los recursos de la transferencia de partidas no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos.

Así se detallan las partes de este proceso: El Titular del pliego habilitador y los titulares de los pliegos habilitados en la presente Transferencia de Partidas aprueban, mediante resolución, la desagregación de los recursos autorizados dentro de los cinco días calendario de la vigencia. La copia de la resolución se remite dentro de los cinco días calendario de aprobada a los organismos señalados.

Luego, la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los pliegos involucrados solicita a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.

Finalmente, la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los pliegos involucrados instruye a las Unidades Ejecutoras para que elaboren las correspondientes “Notas de Modificación Presupuestaria” que se requieran como consecuencia de lo dispuesto.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, confirmó que el maestro José “N”, señalado en el caso conocido como “Lady Croquis”, no será suspendido de su cargo. La mandataria estatal calificó la medida como una injusticia durante su conferencia de prensa matutina del lunes en Xalapa.

El docente, maestro suplente de sexto grado en la primaria Luis Donaldo Colosio, de Martínez de la Torre, fue denunciado penalmente luego de pedir a sus alumnos dibujar un croquis del trayecto de su casa a la escuela. La actividad desató una ola de reclamos de padres de familia que terminó en una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Qué dijo Rocío Nahle sobre el maestro suspendido

“A mí se me hace una injusticia que al maestro se le haya suspendido, por eso le pedí a la secretaria que se metiera en el tema, porque al maestro no se le puede suspender”, declaró Nahle en su conferencia matutina.

La gobernadora de Veracruz anunció que el profesor José “N” no será separado de su cargo tras la denuncia que una madre de familia, apodada “Lady Croquis”, presentó en su contra por pedir a los alumnos un croquis del trayecto de casa a la escuela. Nahle sostuvo que el docente “no hizo nada malo” y pidió su restitución.

La mandataria precisó que ya habló con la titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Raquel Bonilla, para que interviniera directamente en el caso. “No va a ser suspendido, ayer hablé con Raquel, le pedí que se metiera en el tema, ya estaban ella viendo el tema”, remarcó.

“El maestro tiene que continuar trabajando, si él no hizo nada malo, nada”, agregó la también Nahle, quien dejó en claro que el docente debe ser restituido en sus funciones.

Cómo comenzó el conflicto en la primaria de Martínez de la Torre

El origen del caso se remonta al 7 de octubre, cuando el maestro José “N” dejó como tarea a sus alumnos de sexto grado dibujar un croquis que representara el recorrido entre sus domicilios y la escuela. Dicha actividad figuraba en el libro de texto oficial.

Una madre de familia identificada como Karina “N”, quien se desempeña como tesorera de la Asociación de Padres de Familia del plantel, cuestionó el propósito del ejercicio. Consideró que el docente buscaba conocer la ubicación de las viviendas de los estudiantes, lo que a su juicio representaba un riesgo para su privacidad.

El reclamo de Karina “N” fue grabado y difundido en redes sociales, donde la mujer fue bautizada como “Lady Croquis”. El video del enfrentamiento con el profesor y el director del plantel se viralizó rápidamente.

La denuncia ante la Fiscalía y las acusaciones contra el docente

La inconformidad por la tarea escolar no se mantuvo aislada. De acuerdo con padres de familia, tres alumnas habrían señalado comportamientos del docente que consideraron inapropiados, entre ellos miradas, gestos y acercamientos físicos.

Encabezados por Karina “N”, un grupo de padres acudió a la Fiscalía General del Estado para denunciar los hechos y solicitar que se investigaran los testimonios de las estudiantes. La denuncia se presentó por presunto “acoso visual” contra el profesor.

Karina “N” encabezó además una manifestación frente a las oficinas de la Fiscalía. “Las niñas comentan que se sintieron agredidas”, fue uno de los señalamientos que hizo públicos durante la protesta.

El profesor José “N” rechazó las acusaciones en su contra. Sostuvo que el conflicto comenzó después de que llamara la atención a varias alumnas por ausentarse durante un ensayo escolar, y aseguró que sus acercamientos durante las clases tuvieron una finalidad académica.

Nahle defiende el trabajo de los maestros en Veracruz

La gobernadora amplió su respaldo al gremio docente durante la misma conferencia. Explicó que Veracruz cuenta con más de 22 mil comunidades, cada una con maestros de preescolar, primaria, nivel indígena o universidad. “A donde voy siempre están los maestros”, afirmó.

Nahle relató además que algunos docentes le piden reubicaciones a ciudades como Xalapa, Poza Rica o Veracruz tras años de servicio en comunidades alejadas.

Sobre la tarea del croquis, insistió en que se trata de un contenido de formación básica. “Estas actividades de un croquis, de todo lo que sabemos, como nos hemos formado todos, todos”, señaló, antes de reiterar que “es proteger al maestro” y calificar el caso como “una injusticia”.

La mandataria cerró este punto con un llamado a las familias. “Un exhorto respetuoso, pues, a todos los padres de familia para más responsabilidad y apoyo a las escuelas y a los maestros y a las maestras”, expresó.

Iniciativa legislativa y la postura de Nahle sobre la denuncia en la Fiscalía

El caso también fue vinculado con una iniciativa presentada por el diputado Robertiano Marín, líder de la sección 56 del SNTE. Según se planteó en la conferencia, la propuesta busca permitir acciones legales contra quienes realicen acusaciones falsas o sin sustento contra docentes.

Consultada sobre esa iniciativa, Nahle consideró que no es necesaria una nueva ley porque el supuesto ya está contemplado en la legislación vigente. “Eso ya está en la ley, contra los maestros y contra quien sea. La difamación, la calumnia, el acoso, pues eso está penado por ley”, respondió.

La gobernadora reiteró que su intervención se limitó a pedir a la Secretaría de Educación de Veracruz que atienda el caso. “Aquí sí le pedí a la secretaria que se meta y al maestro se le tiene que restituir”, afirmó.

Al ser consultada directamente sobre si existían denuncias contra el docente ante la Fiscalía General del Estado, Nahle respondió que no tenía conocimiento de ese procedimiento. “Eso no me lo reportaron”, dijo.

Situación jurídica sin resolución oficial

Hasta el momento no se ha dado a conocer una resolución oficial por parte de la Fiscalía General del Estado respecto a las denuncias presentadas contra el maestro. Tampoco existe confirmación sobre su situación jurídica ni sobre responsabilidades penales o administrativas.

La Secretaría de Educación de Veracruz, por instrucción de la gobernadora, quedó encargada de revisar la situación laboral del docente y gestionar las condiciones para su restitución en el plantel.

El caso “Lady Croquis” continúa generando debate en redes sociales, donde se han difundido memes y contenidos audiovisuales relacionados con la confrontación original entre Karina “N” y el docente de Martínez de la Torre.

Cada vez que una crisis educativa expone el esfuerzo extraordinario de los docentes, reaparece la misma palabra: héroes. Se los homenajea, se premia su vocación y se celebra que sostengan la escuela aun cuando faltan recursos, tiempo o apoyo.

La expresión parece elogiosa, pero encierra una paradoja. Una sociedad que necesita convertir a sus docentes en héroes puede estar admitiendo que enseñar se volvió una tarea que exige compensar, con voluntad personal, aquello que la política todavía no garantiza.

La docencia no necesita más épica. Los educadores necesitan ser escuchados y tomados en cuenta. Una política capaz de articular formación, reconocimiento, condiciones de trabajo, autonomía profesional y bienestar.

Reconocer a quienes enseñan no consiste solamente en agradecer su compromiso. Implica construir las condiciones para que ese compromiso no se transforme en sacrificio permanente.

El dato que incomoda

El nuevo Education at a Glance 2026 de la OCDE ofrece una imagen que obliga a mirar el problema con mayor precisión. En los sistemas relevados, el 85 % de los docentes declara estar satisfecho con su trabajo. Sin embargo, solo el 22 % considera que la profesión es valorada por la sociedad. Entre ambos números aparece una brecha decisiva: los docentes encuentran sentido en lo que hacen, pero no perciben que ese trabajo reciba un reconocimiento equivalente.

La diferencia también se observa en las condiciones laborales. El 68 % se declara satisfecho con ellas cuando se excluye el salario, pero la satisfacción con la remuneración cae al 39 %. El dato no autoriza a explicar toda la crisis profesional por el sueldo, aunque tampoco permite tratarlo como un aspecto secundario. La permanencia depende de una combinación más compleja: ingresos, liderazgo, clima institucional, vínculos con estudiantes y familias, oportunidades de desarrollo, participación en las decisiones y capacidad para ejercer el propio juicio profesional.

La escasez docente tampoco puede medirse únicamente contando cargos vacantes. Un sistema puede exhibir pocos puestos sin cubrir y, al mismo tiempo, sostener las clases mediante personal que todavía no reúne todas las calificaciones, ampliación de cargas, reemplazos inestables o soluciones transitorias. Según la OCDE, el 9,1 % de los docentes de primaria y secundaria no estaba plenamente calificado; el 6,4 % de los docentes calificados dejó la profesión durante 2024/2025; una cuarta parte del profesorado de secundaria tenía 55 años o más; y el 27 % de los estudiantes asistía a escuelas donde el ausentismo docente afectaba, al menos en alguna medida, el aprendizaje.

Estos porcentajes describen fenómenos diferentes y no deben sumarse. Leídos en conjunto, sin embargo, muestran que el problema no es solo cuántos docentes hay. También importa dónde trabajan, con qué preparación, durante cuánto tiempo permanecen, quién los acompaña al inicio de la carrera y cómo se cubren sus ausencias sin interrumpir la enseñanza.

Una desigualdad que también se distribuye

La escasez no afecta a todas las escuelas por igual. Tiende a concentrarse en Matemática y Ciencias Naturales, en zonas rurales, en territorios alejados y en instituciones que atienden a poblaciones socialmente desfavorecidas. Allí donde enseñar resulta más complejo es, muchas veces, donde cuesta más atraer y retener profesionales experimentados. Por eso la cuestión docente es también una cuestión de equidad.

La Argentina conoce la dimensión general de su sistema. La primera etapa del Relevamiento Nacional de Personal Educativo 2025 registró 1.286.645 personas: 1.133.448 en función docente, 132.236 en tareas no docentes y 20.961 en ambas funciones. Pero todavía faltan series integradas y comparables que permitan conocer con precisión la distribución territorial de las vacantes, la rotación, las ausencias prolongadas, el abandono profesional y las áreas con mayores dificultades de cobertura.

Esa falta de información no es un detalle técnico. Sin ella, las políticas llegan tarde o se diseñan a partir de promedios que ocultan realidades muy diferentes. No es lo mismo una escuela que logra sostener un equipo estable que otra obligada a recomponerlo cada año; tampoco enfrenta el mismo problema una institución urbana con amplia oferta profesional que una escuela rural o una secundaria que no consigue cubrir materias específicas.

Formarse no garantiza poder enseñar lo aprendido

La evidencia argentina también muestra dónde se concentra la formación inicial. Entre los docentes de sexto grado relevados por Aprender 2025, el 95,6 % se formó en institutos superiores, el 2,7 % en universidades y el 1,7 % en otras instituciones. El dato identifica el origen de la formación, pero no permite establecer por sí solo su calidad. La pregunta importante no es qué institución debe considerarse superior en abstracto, sino qué oportunidades ofrece cada trayecto para aprender a planificar, enseñar, evaluar, comprender dificultades y revisar la propia práctica.

El desafío continúa después de obtener el título. Los cursos, posgrados y nuevas titulaciones pueden ampliar conocimientos, pero su impacto depende de que existan tiempo, acompañamiento y oportunidades para aplicar lo aprendido. Si la formación se acumula como puntaje y no dialoga con los problemas de la enseñanza, el sistema reconoce certificados, pero no necesariamente fortalece capacidades.

Un antecedente recuperado por Veleda, del Carpio y Alzú indica que, entre docentes con hasta cinco años de antigüedad, el 49 % menciona el aumento del puntaje como motivación para capacitarse.

Buscar puntaje no demuestra desinterés por aprender: puede ser una decisión racional para mejorar la posición laboral. La pregunta es si la carrera profesional logra alinear esos incentivos con aprendizajes relevantes y si reconoce también el conocimiento construido en la práctica.

Una profesión feminizada dentro de una brecha salarial persistente

La discusión sobre la remuneración docente también debe situarse en una estructura laboral atravesada por desigualdades de género. Según Education at a Glance 2026, entre las personas ocupadas a tiempo completo durante todo el año, las mujeres argentinas con un nivel educativo inferior a la secundaria superior perciben aproximadamente un 45 % menos que los varones; entre quienes alcanzaron educación superior, la diferencia se reduce, pero permanece cercana al 25 %. En el promedio de la OCDE, las brechas correspondientes son del 20 % y el 22 %. La educación superior atenúa la distancia en la Argentina, pero no logra eliminarla.

El indicador no mide específicamente los salarios docentes ni compara necesariamente personas con el mismo cargo, jornada, antigüedad o responsabilidad. Por eso no permite afirmar que las docentes argentinas cobren esos porcentajes menos que sus colegas varones. Sí aporta un contexto ineludible para una profesión ampliamente feminizada: el reconocimiento económico se inscribe en desigualdades más amplias, vinculadas con la segregación ocupacional, las responsabilidades de cuidado y el acceso a posiciones jerárquicas. Para convertir esa advertencia en política docente se necesitan datos desagregados por género, cargo, horas trabajadas, antigüedad, función directiva y jurisdicción.

El bienestar no es una responsabilidad individual

Hablar de bienestar docente tampoco debería convertirse en una nueva obligación para quien ya está sobrecargado. Pedir resiliencia, regulación emocional o autocuidado puede resultar útil, pero es insuficiente si no se revisan las demandas, los tiempos, la presión administrativa, la distribución de tareas, la violencia, la autonomía limitada o la falta de apoyo.

Una revisión de 20 estudios sobre burnout publicados entre 2019 y 2025 encontró asociaciones recurrentes entre desgaste, sobrecarga, bajo reconocimiento, inequidad laboral y desequilibrio entre demandas y recursos. También identificó factores protectores, como la autoeficacia, la colaboración y el apoyo institucional. La conclusión no es que una causa produzca automáticamente el burnout. Es que los recursos personales funcionan dentro de organizaciones que pueden protegerlos o erosionarlos.

En la Argentina, Pujol-Cols analizó una muestra no probabilística de 423 docentes y registró niveles elevados de agotamiento emocional en grupos de primaria y secundaria. Esos resultados no representan una prevalencia nacional ni demuestran que el nivel educativo cause el desgaste. Otro estudio, realizado por Domínguez con 30 docentes de nivel inicial de CABA, encontró un perfil predominantemente favorable, aunque también casos de agotamiento alto y baja realización personal. Las investigaciones no se contradicen: observaron poblaciones, contextos y momentos distintos.

Precisamente por eso, la respuesta rigurosa no consiste en elegir la cifra más impactante, sino en producir información representativa y longitudinal. Se necesita seguir a los equipos durante el ciclo escolar, distinguir malestar transitorio de desgaste persistente y estudiar simultáneamente demandas, recursos, reconocimiento, liderazgo, autonomía y prácticas de enseñanza.

Autonomía no es abandono

La autonomía profesional aparece aquí como una condición relevante, pero debe comprenderse con cuidado. No significa dejar a cada docente o escuela librados a sus propios recursos. Supone reconocer capacidad para interpretar problemas, tomar decisiones pedagógicas y participar en la organización del trabajo dentro de propósitos públicos comunes, con formación, información, respaldo y responsabilidad.

Cuando la autonomía se reduce a transferir problemas, aumenta la sobrecarga. Cuando se acompaña con liderazgo, colaboración, tiempos protegidos y recursos, puede fortalecer el compromiso y la continuidad. La diferencia es política: no alcanza con decirles a los equipos que innoven; hay que construir las condiciones para que puedan hacerlo sin depender del voluntarismo de unas pocas personas.

Del homenaje a la política

Fortalecer la profesión docente exige pasar del reconocimiento simbólico a una política real y sostenida. No alcanza con otorgar premios, multiplicar homenajes o llamar héroes a quienes sostienen cotidianamente la enseñanza. Esas expresiones pueden funcionar como una compensación discursiva cuando no están acompañadas por condiciones laborales dignas, una carrera con sentido, autonomía profesional y participación efectiva en las decisiones.

Una política docente consistente debería comenzar por siete decisiones: producir información confiable sobre vacantes, licencias y rotación; acompañar los primeros años mediante inducción y mentoría; vincular la formación con problemas reales de enseñanza; revisar la carga administrativa; fortalecer el liderazgo y la colaboración; ofrecer apoyos de bienestar confidenciales y no punitivos; y distribuir recursos con criterios de equidad territorial.

La transición demográfica vuelve esta agenda aún más urgente. La OCDE proyecta que la población de 5 a 14 años podría disminuir alrededor de un 28 % en la Argentina entre 2024 y 2033. Esa reducción no debería traducirse automáticamente en ajuste. Puede convertirse en una oportunidad para reorganizar recursos, reducir grupos donde sea necesario, sostener escuelas rurales y estabilizar equipos. Pero para ello se requiere planificación pedagógica, no solamente contable.

Los docentes son una de las profesiones imprescindibles de toda sociedad porque en su trabajo cotidiano se juega la posibilidad de transmitir conocimientos, construir confianza y ampliar horizontes. Reconocerlos de verdad supone dejar de celebrar como excepción heroica aquello que debería estar garantizado como política pública.

El futuro educativo no puede depender de que cada escuela encuentre sus propios héroes. Debe apoyarse en instituciones capaces de cuidar a quienes enseñan y en un Estado que transforme el agradecimiento en decisiones. Menos épica, entonces, y más política: no para disminuir el valor de la vocación, sino para evitar que la vocación siga siendo utilizada como reemplazo de las condiciones que la enseñanza necesita.

Fuentes principales

• Domínguez, M. L. (2020). Prevalencia del síndrome de burnout en docentes de nivel inicial de educación pública de CABA [Tesina, Universidad de Flores].
• Marroquin-Alfaro, A. R., Marroquin-Alfaro, A. J., & Marroquin-Alfaro, J. F. (2026). Síndrome de burnout en docentes de educación básica: Una revisión de literatura sobre bienestar y salud mental. Revista Espacios, 47(1), 321–333.
• OECD. (2026). Education at a glance 2026: OECD indicators. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/b4968bbc-en
• Pujol-Cols, L. (2021). Demandas laborales y burnout: Un estudio descriptivo en docentes argentinos. Revista de Ciencias Sociales, 27(4), 402–421.
• Secretaría de Educación. (2025). Relevamiento Nacional de Personal Educativo 2025: Informe preliminar. Etapa 1.
• Veleda, C., del Carpio, F., & Alzú, M. S. (2026). La trayectoria profesional docente en Argentina. Argentinos por la Educación.

En Panamá, 295 docentes separados de sus cargos, entre ellos hay 163 mujeres, sostienen que no cobran salario ni tienen estabilidad laboral desde el 14 de julio de 2025.

Los educadores fueron separados de sus cargos durante una huelga contra la reforma de la Caja de Seguro Social en 2025.

Hoy día, reclaman una reunión con las autoridades del Ministerio de Educación (Meduca) y esperan la resolución de una investigación de la Defensoría del Pueblo sobre presuntas violaciones de derechos humanos.

Señalan que agotadas las cartas y una vigilia que realizaron, ahora trasladan la presión a la Asamblea Nacional y al ministro de Educación, Ventura Vega Osorio.

Sostienen que la demanda central es simple: que se fije una fecha para la reunión que reclaman desde hace meses.

Los docentes levantaron una protesta que mantenían desde hacía ocho días en la sede de la Defensoría del Pueblo.

La decisión llegó después de que la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional se comprometiera a gestionar una mesa de diálogo con el titular del Meduca.

La diputada Paulette Thomas expresó la disposición de los integrantes de la comisión a escuchar a las partes y buscar alternativas de solución.

“Se tratará de llegar a un acuerdo”, dijo.

La espera, sin embargo, ya pasó factura. El 1 de octubre, la docente Ivin Henríquez, una de las educadoras separadas, se encadenó en la Defensoría del Pueblo para exigir respuestas.

Según explicó, durante el último mes y medio enviaron tres cartas al Meduca para pedir una reunión, sin recibir todavía una fecha para sentarse con el ministro.

A la demanda salarial se suma otro pendiente: la resolución de la Defensoría del Pueblo sobre una investigación por presunta vulneración de derechos humanos, iniciada en noviembre de 2025. Henríquez afirmó que el documento debía entregarse el 29 de agosto.

Esa fecha no se cumplió. Posteriormente les informaron que estaría lista el 14 de septiembre, un segundo plazo que tampoco se respetó. Incluso después de los ocho días de vigilia, aseguró la docente, el informe seguía sin llegar a sus manos.

Con el año lectivo cerca de terminar, los educadores, entre ellos el dirigente magisterial Diógenes Sánchez, desconocen qué ocurrirá con sus puestos y con los salarios que dejaron de percibir durante este periodo.

Ahora esperan que los diputados cumplan su compromiso y actúen como puente para concretar el encuentro con Vega.

El ministro había manifestado el 30 de agosto su disposición a dialogar con los docentes separados. Al asumir el cargo, se había definido como “hombre de diálogo y respetuoso de la ley”.

El origen del conflicto se remonta al 23 de abril de 2025, cuando el Magisterio Panameño Unido convocó una huelga nacional indefinida contra la Ley 462, la reforma del sistema de seguridad social que el sindicato considera perjudicial para las pensiones y los derechos laborales.

El movimiento sumó apoyo de trabajadores de la construcción, estudiantes y comunidades indígenas, y las manifestaciones se extendieron por todo el país.

Desde el 28 de abril de 2025, las autoridades respondieron con medidas de fuerza.

A finales de mayo, entre el 20 y el 27, las detenciones y los enfrentamientos se habían generalizado en lo que la queja ante la OIT describe como un contexto de persecución y judicialización.

La huelga finalizó el 14 de julio de 2025 con un acuerdo entre el Magisterio Panameño Unido y el Meduca, regentado en ese momento por la hoy exministra, Lucy Molinar, que permitió retomar las clases.

El pacto incluía compromisos sobre el respeto a los procedimientos legales, la ausencia de represalias y la continuidad del diálogo, pero no abordó la derogación ni la reforma de la Ley 462.

Según el Magisterio Panameño Unido, gran cantidad de docentes no cobró remuneración durante el periodo de huelga y los procedimientos disciplinarios y judiciales a menudo continuaron pese al acuerdo.

El Gobierno no reabrió las conversaciones sobre las reformas estructurales y muchos educadores regresaron al trabajo por presión económica.

El uso pedagógico de la tecnología en primaria todavía se concentra en los niveles básicos: el 47.5% de los docentes de I y II Ciclos se ubicó en la categoría inicial de competencia digital, de acuerdo con una evaluación del Ministerio de Educación Pública (MEP). El estudio, elaborado por la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación y difundido por CR Hoy, analizó 1,130 cuestionarios válidos basados en la autopercepción de los educadores, por lo que refleja cómo valoran sus capacidades y prácticas, sin medir el desempeño mediante una prueba directa.

El nivel avanzado reunió al 8.7% de los docentes consultados

El 43.8% de los maestros alcanzó el nivel intermedio, mientras que la categoría avanzada concentró al 8.7% de los participantes. El nivel inicial corresponde a las primeras etapas de incorporación de herramientas digitales a la práctica docente; la clasificación intermedia comprende un uso habitual de esos recursos para enseñar, aprender y evaluar, y la categoría más alta supone una aplicación estratégica e innovadora de la tecnología.

La proporción de docentes ubicados en el nivel inicial aumentó 8.5 puntos porcentuales frente a la medición de 2021. El MEP aclaró que esa comparación es descriptiva porque ambas evaluaciones no siguieron a las mismas personas, de modo que los resultados no permiten establecer cambios individuales entre un relevamiento y otro.

Los recursos fueron la dificultad más señalada para usar tecnología

La falta de recursos fue el obstáculo más mencionado para incorporar herramientas digitales a las clases: el 61.1% de los educadores identificó esa limitación como la principal barrera. Aunque el 68.8% indicó que dispone de una computadora portátil y el 51.1% reportó acceso a un laboratorio de cómputo, la disponibilidad de esos elementos no asegura que puedan utilizarse durante toda la jornada ni en condiciones adecuadas para el trabajo de aula.

La conexión a internet de alta velocidad estuvo disponible para el 47.1% de los docentes consultados, mientras que solo el 20.4% señaló que cuenta con dispositivos móviles institucionales. Según advirtió el informe divulgado por CR Hoy, la existencia de computadoras, conectividad o laboratorios no implica que esos recursos estén siempre al alcance de los maestros ni que funcionen de forma adecuada durante las lecciones.

El uso frecuente no siempre implica competencias pedagógicas consolidadas

El 72.3% de los maestros afirmó que emplea recursos digitales con frecuencia o siempre. Esa práctica declarada fue superior a la proporción de educadores que se ubicó en los niveles intermedio y avanzado de competencia, lo que muestra una diferencia entre utilizar dispositivos o plataformas y aplicarlos de manera sostenida en los procesos pedagógicos.

En las áreas de enseñanza, aprendizaje y contenidos digitales, el 52.2% permaneció en el nivel inicial. La mayor proporción en esa categoría apareció en la dimensión vinculada con el desarrollo de capacidades digitales entre los estudiantes, donde el 52.8% de los participantes se clasificó en el escalón más bajo.

Los resultados indican que la incorporación cotidiana de herramientas tecnológicas no siempre se traduce en estrategias consolidadas para planificar, enseñar, evaluar o fortalecer las habilidades digitales de los alumnos. La evaluación diferenció así entre el uso declarado de recursos y las capacidades para integrarlos a la enseñanza.

La capacitación institucional llegó al 17.1% de los maestros

Solo el 17.1% de los docentes de primaria reportó haber recibido formación en tecnologías digitales a través del Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano del MEP durante los dos años anteriores a la medición. Otro 29.9% indicó que accedió a capacitación mediante otras instancias, mientras que la falta de formación fue identificada por el 38.9% de los educadores como una dificultad para integrar tecnología a su trabajo.

La falta de tiempo también apareció entre los obstáculos señalados por los participantes y fue mencionada por el 33.4%. La resistencia al cambio tuvo una incidencia menor, ya que apenas el 4.6% de los docentes la identificó como una barrera para incorporar herramientas digitales en la enseñanza.

La medición retrató una situación en la que una parte amplia de los maestros declara utilizar recursos digitales, aunque casi la mitad se percibe todavía en una etapa inicial de competencia. La disponibilidad efectiva de equipos, la conectividad, la formación profesional y el tiempo para preparar las clases condicionan la integración de esas herramientas en las aulas.

La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires reiteró que es inconstitucional el tope de 50 años de edad para postularse a cargos titulares en la docencia y advirtió que pese a sus numerosos fallos al respecto todavía no se debatió ni decidió sobre la derogación de ese artículo del Estatuto docente bonaerense.

Esta situación deriva en que cada vez que se genera este problema cada docente debe iniciar una causa judicial y una vez obtenido un fallo favorable, pagar su parte de los gastos del juicio.

Ante ello el máximo tribunal bonaerense exhortó “al Poder Ejecutivo y a la Legislatura provincial a que, dentro de un plazo razonable, propongan a debate y decidan sobre la revisión o derogación del artículo de la ley 10.579 declarado inconstitucional en este pronunciamiento”, según la sentencia a la que accedió Infobae.

La maestra paga los gastos

En el caso puntual se volvió a declarar inconstitucional la norma y se habilitó a una maestra de Lomas de Zamora a presentarse por la titularidad de un cargo a los 54 años. La docente ya tenía una medida cautelar dictada a su favor y ahora la Suprema Corte falló sobre el fondo de la cuestión.

El Gobierno bonaerense demandado se allanó a la pretensión de la maestra, como ya hizo en anteriores ocasiones pero pese a ello por mayoría la Suprema Corte dispuso que cada parte pague sus gastos de juicio.

En este aspecto el juez Sergio Torres votó en disidencia y entendió que las costas debían imponerse a la parte demandada porque “ha omitido adoptar, desde que el precepto legal fuera declarado inconstitucional, las medidas tendientes a remover el obstáculo legal que obligó” a la docente a ir a la Justicia.

Un límite “incompatible con la dignidad”

El máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires advirtió en la sentencia que pese al tiempo transcurrido desde que se declaró por primera vez la inconstitucionalidad de ese artículo de la Ley, un criterio que se reiteró en numerosas causas iguales, “hasta el momento ni el Poder Ejecutivo como tampoco la Legislatura han propiciado la modificación o derogación del precepto tantas veces fulminado”.

Por eso se exhortó a ambos poderes “a que, dentro de un plazo razonable, propongan a debate y decidan sobre la revisión o derogación del art. 57 inc. “e” de la ley 10.579, toda vez que contiene una limitación incompatible con la dignidad y la igualdad de trato que la Constitución garantiza”.

Edad e idoneidad

La docente explicó en la demanda que se le negó la inscripción en el listado oficial para el ingreso a la docencia porque tiene más de 50 años y pidió que se condene a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, a que se abstenga “de realizar cualquier medida que pudiera privarla de ser incluida, por razones de edad, en los listados oficiales de ingreso a la docencia para el año 2026 y siguientes, en todos los cargos que su título habilite en la jurisdicción antes mencionada”

En la presentación judicial explicó que es maestra de grado en una escuela primaria de Lomas de Zamora desde 2011 y que cuando intentó inscribirse en el listado oficial del ciclo lectivo 2026, se le negó dicha posibilidad por ser mayor de 50 años.

Ese límite “lesiona derechos y garantías reconocidos en las constituciones nacional y provincial, tales como el principio de razonabilidad, el derecho a no ser discriminada, a trabajar y a enseñar”, argumentó.

La Suprema Corte volvió a advertir que la norma propicia una “desigualdad de trato” y “no guarda adecuada proporción con la necesidad de asegurar los fines que la educación pública persigue, pues la edad no revela por sí sola la falta de idoneidad para acceder al ejercicio de la docencia en los niveles referidos, ni autoriza a presumir que resultará un obstáculo para la consecución de aquellos fines”.

“La desigualdad proviene de la norma que, en forma arbitraria, fijó una línea que divide a quienes tienen más o menos de cincuenta años”, concluyó la sentencia firmada por la Suprema Corte integrada por la jueza Hilda Kogan y los jueces Sergio Torres, Eduardo Kohan (presidente del Tribunal de Casación Penal) y Daniel Soria.

Ballard, de 27 años, enseñó lectura y escritura en quinto grado durante cinco años en Texas, Estados Unidos. Su día comenzaba a las 4.30, cuando iba al gimnasio antes de prepararse para llegar a la escuela a las 7.30. Daba clases hasta las 15.30 y, al terminar, atendía a los clientes que había conseguido mediante una aplicación de cuidado de animales.

“Ser docente siempre fue el plan y, sinceramente, nunca pensé en hacer otra cosa”, contó Ballard en una entrevista con People. Con el tiempo, sin embargo, empezó a preguntarse si quería conservar esa rutina durante el resto de su carrera, ya que aspiraba a tener mayor control sobre sus horarios, ampliar sus posibilidades de crecimiento y dedicarse a una tarea que le resultara más satisfactoria.

Durante cinco años combinó las clases con el cuidado de perros

El cuidado de animales comenzó como una fuente de ingresos adicional, sin que Ballard tuviera que renunciar de inmediato a su salario docente. Al principio, cobraba USD 20 por cada paseo y USD 60 por noche por alojar a un perro o cuidarlo en el domicilio de sus dueños.

La actividad le permitió reunir USD 35.807,25 mientras seguía trabajando en la escuela, según contó a People. Durante los meses de menor demanda, obtenía entre USD 300 y USD 500 mensuales; en los períodos con más reservas, esa cifra ascendía a entre USD 1.000 y USD 1.500.

Aunque el ingreso extra crecía, Ballard no consideraba que pudiera reemplazar la enseñanza. “Nunca imaginé que sería paseadora o cuidadora de mascotas a tiempo completo”, afirmó. Sin embargo, la llegada sostenida de clientes le permitió advertir que la actividad podía convertirse en un trabajo estable.

Con esa perspectiva, se capacitó en primeros auxilios para mascotas, contrató un seguro y elevó sus tarifas a más del doble. También analizó los precios de otros cuidadores de su zona y modificó la presentación de su perfil en la aplicación para captar nuevas reservas.

La mudanza a Cape Cod le permitió dejar la escuela

El cambio de rumbo se aceleró en 2025, cuando Kaitlyn Ballard y su esposo supieron que debían trasladarse de Texas a Cape Cod, Massachusetts, por el destino militar de él. Los ingresos que ella ya obtenía mediante la aplicación, junto con los ahorros acumulados con esa actividad, le dieron la posibilidad de dedicarse de lleno al cuidado de perros.

Ya instalada en Cape Cod, sumó clientes mediante la aplicación y las recomendaciones de quienes habían contratado sus servicios. Desde su llegada trabajó con 29 clientes; entre ellos, 8 la convocan todas las semanas. Además, 4 familias requieren de forma habitual estadías en sus hogares, visitas diarias y cuidados por períodos más prolongados.

El crecimiento de esa red también le permitió proyectar la creación de una empresa propia. Mientras atraviesa esa etapa, la joven sostiene que la aplicación le resulta útil para llegar a potenciales clientes y conservar las calificaciones reunidas en su perfil.

La decisión tuvo un impacto directo en sus ingresos. Su mejor registro fue en abril, cuando facturó USD 6.763 con una jornada semanal inferior a 40 horas. “Ahí fue cuando entendí que este negocio podía crecer mucho más de lo que estoy haciendo ahora”, señaló Ballard a People.

Su rutina también cambió. Suele salir hacia su primera visita cerca de las 9.45 y termina alrededor de las 13, aunque el horario depende de las reservas del día. Antes de comenzar, puede caminar por la playa al amanecer, ir al gimnasio y desayunar; luego regresa a casa para almorzar y completar las tareas pendientes durante la primera parte de la tarde.

El trabajo requiere conocimientos y atención ante emergencias

La flexibilidad horaria no elimina las responsabilidades de esta actividad. Ballard señaló que el oficio exige entender las conductas, tamaños, razas y temperamentos de los animales, además de reconocer su lenguaje corporal y advertir posibles problemas de salud.

Entre las situaciones que pueden surgir, mencionó encuentros con perros sueltos, reacciones agresivas durante los paseos, peleas en parques, episodios de asfixia y sobrecalentamiento. “Puede haber situaciones de alto riesgo en las que uno es la única persona responsable de la seguridad del perro a su cuidado y de quienes están alrededor”, sostuvo Ballard.

La experiencia también modificó su percepción de la actividad. “Cuando se hace a tiempo completo, se adquieren conocimientos y experiencia, se consiguen las credenciales necesarias y se cuenta con seguro, no es menos que un trabajo profesional”, manifestó en declaraciones recogidas por People.

A partir de lo que aprendió, Kaitlyn abrió una segunda fuente de ingresos: comparte consejos para quienes quieren iniciar un negocio de cuidado de mascotas. Ofrece revisiones de cuentas, una herramienta para organizar el trabajo de cuidadores, un curso y asesorías individuales.

Sus productos digitales y sus capacitaciones llegaron a personas de Estados Unidos, Canadá y Países Bajos interesadas en el sector o en alternativas laborales fuera de las aulas. Según explicó, sus contenidos abordan tarifas, gastos, impuestos y la organización diaria del trabajo por cuenta propia.

Ballard afirmó que planea continuar con el cuidado de mascotas a largo plazo. A la vez, quiere ampliar la formación que brinda a otros cuidadores y trabajar con marcas afines a su actividad. “Lo que estoy construyendo es mucho más grande que pasear perros”, expresó.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe condenó a dos años y tres meses de prisión en suspenso a una mujer que durante casi seis años dio clases en distintas escuelas de la provincia con títulos docentes falsos, accedió a cargos y percibió remuneraciones del Estado. La maniobra quedó al descubierto después de que, en el año 2018, presentara además documentación apócrifa para acreditar que era abogada de la Universidad de Buenos Aires.

La condenada es María Andrea Patiño, quien recibió la pena en un fallo dictado este martes por el juez de cámara Luciano Homero Lauría, que actuó de manera unipersonal en el debate de la causa tramitada bajo el expediente FRO 522/2022.

Según tuvo por acreditado el magistrado, Patiño se desempeñó entre octubre de 2014 y julio de 2020 en establecimientos educativos primarios de Sarmiento, Providencia, San Cristóbal, La Pelada, María Luisa y el noroeste de la ciudad de Santa Fe. Para acceder a esos cargos utilizó documentación atribuida al entonces Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA) que la presentaba como profesora de arte en danza y música, profesora de arte en teatro y profesora de arte en danza con mención en danzas folclóricas, tango y clásico.

El tribunal estimó en $550.020,42 el perjuicio patrimonial ocasionado al Estado provincial por los haberes que percibió durante todo ese período. Además, consideró probado que los diplomas no eran un antecedente meramente incorporado a su legajo, sino el instrumento que le permitió acceder a los nombramientos y sostener su desempeño en las diferentes escuelas.

La situación empezó a ser revisada en 2018, cuando la mujer presentó ante el Ministerio de Educación de Santa Fe un certificado analítico y la fotografía de un nuevo diploma. Esta vez, la documentación la identificaba como abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

El trámite despertó las primeras sospechas. El Departamento de Títulos, Certificados y Legalizaciones detectó anomalías antes de registrar la documentación: observó irregularidades en el formato del certificado analítico, la falta de una legalización correspondiente a la gestión universitaria, firmas atribuidas a autoridades que no correspondían y diferencias en el código de barras y en las autoridades consignadas.

La Facultad de Derecho informó luego que Patiño no integraba el padrón de graduados de 2017. Como el Ministerio advirtió las inconsistencias antes de que pudiera obtener un nuevo nombramiento, ese episodio fue considerado una defraudación en grado de tentativa.

Ese control llevó a revisar los antecedentes con los que ya venía ejerciendo. La actual Universidad Nacional de las Artes, continuadora del IUNA, informó que Patiño no figuraba entre sus egresados y que los documentos presentados eran incongruentes con los certificados expedidos por esa casa de estudios.

El Ministerio de Educación había comenzado a recibir alertas internas en mayo y junio de 2018. En septiembre de ese año dispuso la apertura de un sumario administrativo y, en junio de 2019, los hechos fueron denunciados penalmente. La causa se inició en la Justicia provincial, pero luego fue remitida al fuero federal y quedó radicada en el Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe, que delegó la investigación en la fiscalía.

En marzo de 2023, Patiño fue procesada como presunta autora de defraudación contra la administración pública en concurso ideal con uso de documento público adulterado y por un segundo episodio de defraudación en grado de tentativa, también vinculado con documentación falsa. Más tarde, la fiscalía requirió la elevación a juicio con la misma calificación penal.

La discusión sobre los títulos y los salarios

Durante el debate, la defensa oficial negó que los hechos configuraran una estafa. Argumentó, entre otros puntos, que la imputada había efectivamente prestado servicios como docente y que los salarios cobrados correspondían a tareas realizadas.

También alegó que no existía prueba suficiente para vincular los títulos cuestionados con los cargos que ocupó y planteó que, para las asignaturas artísticas que dictaba, podía bastar con acreditar solo la idoneidad.

El juez Lauría descartó ese planteo. En el marco del juicio, una funcionaria del Ministerio de Educación provincial declaró que Patiño había logrado acceder a cargos y cobrar sueldos mediante la presentación de esos diplomas. A esa declaración se sumó un informe de Recursos Humanos que individualizó los establecimientos, las materias dictadas -entre ellas educación musical, danza, teatro y educación artística-, la cantidad de horas y la situación de revista que tuvo en cada institución.

La investigación también incorporó información bancaria que permitió identificar la caja de ahorro en la que se depositaban periódicamente sus haberes. El tribunal tuvo ese elemento como parte fundamental de la acreditación del perjuicio patrimonial.

Otro de los argumentos defensivos apuntó contra la eficacia del engaño. El defensor consideró que las inconsistencias de los diplomas podían ser advertidas por personal administrativo y que, por lo tanto, el ardid carecía de la entidad necesaria para configurar una defraudación.

El juez volvió a rechazar la postura. “El plan deliberado de Patiño cumplió con la finalidad propuesta, surtió efectos y engañó a la víctima -las autoridades del Ministerio de Educación-”, escribió. En su análisis destacó que la documentación produjo consecuencias concretas: a partir de ella, el Ministerio reconoció cargos docentes y pagó remuneraciones durante años.

El magistrado también señaló que la falsedad no fue advertida al momento de las primeras presentaciones, sino después, cuando el supuesto título de abogada motivó un nuevo examen más detallado de la documentación acumulada.

Durante el juicio, la acusada sostuvo que no había presentado los títulos ante el Ministerio y afirmó que para acceder a los cargos docentes sólo se le exigía idoneidad. El tribunal contrapuso esa explicación con los registros administrativos y con los testimonios incorporados durante el debate.

El fiscal general Martín Suárez Faisal pidió que fuera condenada a cuatro años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos y que se ordenara su detención. La defensa reclamó la absolución y, subsidiariamente, que una eventual pena se fijara en el mínimo de dos años y fuera dejada en suspenso.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe finalmente la encontró responsable de defraudación en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con uso de documento público adulterado o falso, en concurso real con otro hecho de defraudación en grado de tentativa cometido también mediante documentación apócrifa.

Al graduar la sanción, el juez de cámara Lauría tuvo en cuenta que Patiño no registraba antecedentes penales, pero valoró la extensión temporal de la maniobra y los medios empleados. La calificó como una actuación “fría y calculada, con un sesgo habitual que demuestra el desprecio hacia la ley”. También destacó como agravante que los hechos hubieran tenido lugar dentro del sistema educativo.

La pena quedó fijada en dos años y tres meses de prisión de ejecución condicional, además de la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. El tribunal dispuso además que, una vez firme la sentencia, deberá fijar residencia, someterse al control correspondiente y realizar trabajos no remunerados en favor de una institución de bien público.

También ordenó comunicar la resolución al Ministerio de Educación de Santa Fe para los fines administrativos correspondientes.

Sarmiento creía que sin educar a las mujeres no había civilización posible: en su artículo “De la educación de las mujeres” (1849), el entonces futuro presidente argentino formuló un programa pedagógico sin precedentes en América española que colocaba a las mujeres en el centro del sistema de instrucción pública, tanto como destinatarias de una educación amplia y científica como protagonistas de su transmisión.

El texto está incluido en El maestro. Ideas sobre la educación, un ebook gratuito publicado por Infobae Ediciones que reúne escritos de Domingo Faustino Sarmiento entre 1849 y 1887. Ese artículo condensa los fundamentos de esa convicción: la educación de las mujeres era una condición estructural del progreso colectivo, no un asunto de equidad individual.

La civilización se mide por la condición de las mujeres

El punto de partida del argumento sarmientino era civilizatorio, más que pedagógico. “Puede juzgarse del grado de civilización de un pueblo por la posición social de las mujeres”, escribió. La escala que trazó iba de las sociedades salvajes, donde las mujeres cargaban tiendas y labraban la tierra, a los pueblos bárbaros del Asia, donde eran vendidas en mercados, hasta llegar a la familia cristiana como forma superior de organización social.

En ese esquema, la educación femenina era a la vez la medida y motor del avance social. “De la educación de las mujeres depende la suerte de los estados; la civilización se detiene a las puertas del hogar doméstico cuando ellas no están preparadas para recibirla”, afirmó. El razonamiento tenía una dimensión práctica inmediata: si las madres carecían de instrucción, destruían en casa lo que la escuela intentaba construir. “Las mujeres, en su carácter de madres, esposas o sirvientes, destruyen la educación que los niños reciben en las escuelas”, advertía. Las costumbres y los prejuicios, sostenía, se perpetúan a través de ellas; cambiar la sociedad exigía cambiar primero las ideas y los hábitos de las mujeres.

Álgebra, anatomía y física: lo que Sarmiento quería que aprendieran las niñas

Lo que define al proyecto sarmientino era la amplitud del programa que imaginaba. Lejos de limitarse a las llamadas “labores propias del sexo”, Sarmiento describió con detalle los planes de estudio que observó en sus viajes por Estados Unidos y Europa, y los presentó como modelos a imitar.

El sistema que más lo impresionó fue el del pedagogo francés Levi Alvarez, cuyo método organizaba la enseñanza femenina en cinco cursos progresivos. Para las niñas de 6 a 8 años, el programa preparatorio incluía Escritura, Cálculo Mental, Lengua, Geografía Elemental, Historia, Dibujo Lineal e Instrucción Moral y Religiosa. El tiempo se distribuía entre nueve horas de sueño, seis de juegos y quehaceres domésticos, dos de trabajo intelectual y dos de costura y bordado. A medida que avanzaban los cursos, las materias se profundizaban y ampliaban: las alumnas de 8 a 12 años sumaban Gramática, Astronomía, Geografía Física, Historia Antigua, Mitología y nociones generales sobre artes y ciencias. Entre los 12 y los 16 años incorporaban Literatura Comparada, Física Popularizada, Historia de la Civilización y Geografía Comercial e Industrial. A partir de los 16, el curso superior abarcaba Geología Comparada, Historia Natural, Cosmografía, Gramática General y análisis de las principales literaturas europeas. El programa de las futuras docentes sumaba además un ramo que llama la atención incluso hoy: Historia de las mujeres, junto a Teoría de la Enseñanza, Aritmética completa, Teneduría de Libros y nociones de ciencias físicas aplicadas a los usos de la vida.

El principio rector era epistemológico: importaba más cómo se aprendía que qué se aprendía. Sarmiento lo formuló con las palabras del propio Levi: “No confiar a su memoria sino lo que ya ha sido abrazado por su inteligencia; pues que no hay otra cosa provechosa que lo que ha sido comprendido”. El método exigía proceder siempre de lo conocido a lo desconocido, de lo simple a lo complejo, sin anticipar conocimientos ni suponer ideas que el alumno aún no podía tener.

En la Escuela Normal de Newton-Est, Massachusetts, que Sarmiento visitó junto a Mary Peabody Mann, esposa del reformador educativo Horace Mann, las alumnas de 16 a 18 años cursaban Geografía, Aritmética, Álgebra, Geometría, Mecánica, Física, Anatomía y Fisiología, Música, Pedagogía, Botánica, Jardinería y Dibujo. El libro de Anatomía tenía 326 páginas y 200 grabados; sobre un cráneo real se hacía la nomenclatura del sistema nervioso. La señora Mann le confió que la instrucción en matemáticas era allí más sólida que en los mejores colegios de Boston.

En esa escuela, aclaró Sarmiento, la anatomía se estudiaba para adquirir nociones de medicina casera; la botánica, para el cultivo de jardines; las matemáticas, para poder dar clase en escuelas de segundo y tercer orden. Esa justificación utilitaria y doméstica convive con una tensión que los historiadores han señalado en su pensamiento: Sarmiento reconocía plena capacidad intelectual a las mujeres pero raramente las imaginaba fuera del hogar o del aula de primaria. El programa científico riguroso era, en buena medida, para las que serían maestras. Si la justificación doméstica era estrategia retórica para vencer resistencias conservadoras o reflejo de un límite propio de su época, es una pregunta que el texto deja abierta.

El caso de Berlín le resultó igualmente revelador. Al pedirle a un empleado de hotel que le consiguiera alguien que tradujera del alemán al francés, el hombre le presentó a su hija de 14 años. La niña hizo la traducción —cuadros estadísticos incluidos— sin dificultad. Había estudiado en las escuelas públicas prusianas francés, latín, botánica y aritmética. La anécdota le servía para ilustrar que la exclusión de las mujeres de los saberes científicos era un prejuicio que los hechos refutaban, sin base en ninguna limitación natural.

El Pensionado de Santa Rosa: el experimento propio

Sarmiento no hablaba solo desde la observación ajena. En 1838, siendo un joven de 27 años en San Juan, fundó el Pensionado de Santa Rosa, una escuela para señoritas que dirigió hasta que el exilio lo separó de ella. El programa incluía lectura, escritura, geografía, aritmética, gramática, ortografía, dibujo floreal y natural, música, moral, francés, italiano, economía doméstica y labores manuales.

Lo que más destacó al recordar esa experiencia fue el sistema de autogestión que implementó. Las alumnas rotaban semanalmente como “semaneras”: administraban las provisiones, invertían el dinero en compras menudas y rendían cuenta escrita de su inversión, inspeccionaban los dormitorios por turno y redactaban actas detalladas de novedades —“Día 18 de agosto, cuarto número 2, una pluma de escribir en el suelo; una cáscara de naranja; la basura en el rincón”—. Las de mayor edad actuaban como “superioras de cuarto”, responsables de las faltas que se cometieran en sus habitaciones. La enseñanza del dibujo evolucionó del diseño de patrones de bordado hasta el retrato y la pintura al óleo: tres alumnas llegaron a dedicarse a la miniatura, una de ellas bajo la dirección del pintor francés Raymond Monvoisin.

El establecimiento sobrevivió a la guerra civil con las alumnas más avanzadas a cargo de las clases, y se disolvió un año después cuando los padres comprendieron que el director no podría regresar del exilio.

Las mujeres como maestras: aptitud natural y política de Estado

La segunda dimensión del proyecto sarmientino era la incorporación de las mujeres al cuerpo docente del sistema público. Sarmiento veía en las “escuelitas de mujer” que funcionaban en los barrios más pobres una prueba espontánea de esa aptitud: sin recursos ni formación sistemática, mujeres anónimas mantenían “como débil lamparilla la luz de la civilización” enseñando a niños de cuatro a seis años.

Los fundamentos pedagógicos de esa superioridad los enunció sin rodeos: “las mujeres poseen aptitudes de carácter y de moral que las hacen infinitamente superiores a los hombres para la enseñanza de la tierna infancia”. Su inteligencia, sostenía, estaba “dominada por el corazón”, lo que le permitía adaptarse a la capacidad infantil con una flexibilidad que el maestro varón no podía igualar. Francia e Italia ya habían consagrado ese principio por ley, confiando las salas de asilo exclusivamente a mujeres. En Massachusetts, la ley de 1839 disponía que toda escuela con más de cincuenta alumnos debía contratar una ayudante mujer.

Los datos que Sarmiento citó tenían también una lectura presupuestaria que él no ocultaba: en 1839, Massachusetts empleaba 2.378 maestros y 3.928 maestras, pagando en promedio 24 pesos a los hombres y 6,89 pesos a las mujeres. Según el historiador Alejandro Herrero, investigador del CONICET y profesor en la Universidad Nacional de Lanús, citado en el volumen de Infobae Ediciones, detrás de la convicción pedagógica había también una razón presupuestaria: las maestras podían cobrar menos porque, en la lógica de la época, se suponía que eran mantenidas por el marido o el padre.

La Sociedad de Beneficencia como antecedente institucional

Sarmiento reivindicó también el legado de Bernardino Rivadavia, quien en 1823 creó la Sociedad de Beneficencia, una corporación de señoras encargada de la dirección e inspección de las escuelas de niñas y otros establecimientos públicos. El decreto fundacional, reproducido íntegramente en el texto, reconocía que “la perfección moral e intelectual” de un pueblo dependía por igual de ambos sexos, y que “no hay medio ni secreto para dar permanencia a todas las relaciones políticas y sociales, sino el de ilustrar y perfeccionar a hombres, como a mujeres”.

La institución había resistido incluso al rosismo. Para Sarmiento, era la prueba de que las mujeres de las clases acomodadas podían ejercer una función de inspección y conducción pedagógica “con un interés, una consagración, y aptitudes tales, cuales una corporación de varones no habría mostrado jamás”.

La propuesta de Sarmiento cerraba con un planteo concreto: fundar escuelas normales de mujeres que transformaran instituciones de caridad como el Asilo del Salvador en centros de formación docente, abriendo a miles de mujeres sin recursos una carrera “honrosa y útil” y diseminando al mismo tiempo, a través de ellas, industrias manuales y conocimientos prácticos por todo el territorio nacional.

“Sarmiento, el Maestro”, el corto de Infobae que revive esas ideas

El 11 de septiembre de 2026, Día del Maestro y a 138 años de la muerte del prócer, Infobae estrenó Sarmiento, el Maestro, un cortometraje realizado con inteligencia artificial que reconstruye los últimos días de Domingo Faustino Sarmiento en Asunción del Paraguay.

Juan Leyrado le pone la voz a un Sarmiento de 77 años, sordo y enfermo, que sigue enseñando a leer a los jornaleros de su casa; Carla Peterson hace lo mismo con Ana Faustina, su hija, que lo cuida y lo escucha repasar su vida. Las voces se grabaron primero y toda la construcción visual —generada con inteligencia artificial— se edificó sobre ellas.

El corto, disponible en el canal de YouTube de Infobae y en su sitio web, es el tercer episodio de una saga de docuficciones históricas del medio, y el mismo universo del que forma parte el ebook El maestro. Ideas sobre la educación, donde se incluye el artículo de 1849 sobre la educación femenina. Leyrado ya había interpretado a Sarmiento joven en El Libertador, el corto anterior de la saga; esta vez lo hace cuando le quedan días para morir.

Hace casi un año y medio, una docente terminó con el rostro desfigurado tras ser atacada dentro Instituto de Formación Docente N° 12 de Neuquén. La acusada, madre de una alumna, había regresado al establecimiento acompañada por otra persona luego de una discusión del día anterior. Este miércoles, la causa ingresó en la etapa de definición de la pena.

La fiscal Lucrecia Sola solicitó 1 año y 6 meses de prisión efectiva para la acusada. La mujer fue encontrada responsable de amenazas simples contra una docente y de dos hechos de lesiones leves contra la regente y la subregente del establecimiento, delitos que fueron considerados en concurso real.

La resolución sobre el monto de la pena quedará ahora en manos del juez, que dispone de un plazo legal de 48 horas para definir el planteo de la fiscalía, el pedido de la querella y la postura de la defensa. Por otro lado, su identidad no se informa para preservar a su hija adolescente, que asistía a la institución educativa.

Al argumentar la solicitud de prisión efectiva, Sola mencionó que la mujer registra una condena anterior: en 2017 recibió una pena de 1 año y 6 meses de prisión en suspenso. Para la fiscal, ese antecedente debe tenerse en cuenta al momento de establecer la nueva sanción.

También enumeró como agravantes la cantidad de delitos atribuidos, el perjuicio psicológico que padecieron las docentes y el lugar donde se desarrollaron los episodios. La representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que la violencia se produjo dentro de una institución educativa, durante la jornada escolar y ante la presencia de alumnos y padres.

La fiscal agregó que, a su criterio, la mujer tuvo la posibilidad de ajustar su conducta a las reglas de convivencia y a la ley. “Es una persona que tiene los recursos para poder actuar correctamente y conforme a la ley, motivarse en la norma, tiene los medios para hacerlo y decidió no hacerlo”, sostuvo durante la audiencia.

Aunque la fiscalía solicitó una condena de 1 año y 6 meses de prisión efectiva, la querella, en representación de las docentes, requirió una pena mayor: 2 años y 6 meses de cárcel. También pidieron que se mantengan las medidas de protección dispuestas para las docentes.

La querella centró su exposición en el alcance de las consecuencias que sufrieron las tres trabajadoras afectadas por la secuencia. A la vez, cuestionó la inexistencia de un arrepentimiento genuino de parte de la acusada.

La defensa, en cambio, pidió el mínimo: 6 meses de prisión de ejecución condicional. Además, reclamó que se declare inconstitucional el artículo 27 del Código Penal para permitir una segunda condena en suspenso.

Los hechos

El conflicto se inició el 21 de abril de 2025, cerca de las 14:20, durante una reunión de padres en el establecimiento. De acuerdo con la reconstrucción judicial, participaron una docente de inglés, la regente, la subregente y la maestra de grado.

En ese encuentro, la mujer discutió con la profesora de inglés, la insultó y la amenazó. Entre las expresiones atribuidas a la acusada estuvieron: “Vamos afuera, a ver si te animás conmigo” y “te voy a esperar y voy a averiguar dónde vivís”.

La intervención del personal de seguridad evitó que esa primera situación pasara a una agresión física. Sin embargo, al día siguiente la mujer regresó a la institución acompañada por otra persona cuya identidad no fue establecida.

El 22 de abril, alrededor de las 13:45, ingresó al sector de secretaría y preguntó por la docente de inglés. Como la profesora no se encontraba allí, atacó a integrantes del equipo directivo. El juicio determinó su responsabilidad por las lesiones leves contra la regente y la subregente.

El episodio fue registrado en videos que circularon posteriormente y que mostraron parte de lo ocurrido durante el horario de clases. Las grabaciones difundidas exhibieron la intervención de docentes y autoridades que intentaban detener la situación y resguardar a los estudiantes.

Durante años, la pelea por reducir el tiempo de pantalla en las escuelas fue protagonizada por los padres.

Ahora, una encuesta nacional de Gallup difundida este miércoles y analizada por The New York Times revela que los propios maestros se sumaron al reclamo y que la mayoría quiere límites concretos, aunque no sabe bien cómo aplicarlos sin desarmar la enseñanza.

El sondeo consultó a 2.101 docentes de jardín de infantes hasta grado 12 en escuelas públicas de todo el país durante mayo de 2026.

Fue realizado junto a la Fundación Walton Family y el Centro Joan Ganz Cooney, una iniciativa de Sesame Workshop dedicada al estudio de medios digitales y bienestar estudiantil. El margen de error es de 2,6 puntos porcentuales.

Seis de cada diez docentes creen que los alumnos pasan demasiado tiempo frente a pantallas

Más allá del respaldo a los límites, el 61% de los encuestados afirmó que los estudiantes deberían pasar menos tiempo con laptops y tabletas en horas de clase.

La encuesta, sin embargo, revela una tensión difícil de resolver: el 54% de los maestros reconoció que al menos una parte de su plan de estudios no puede dictarse sin dispositivos.

La tecnología ya está integrada a las evaluaciones, los libros de texto digitales y los materiales de instrucción. En escuelas medias y preparatorias, la mayoría de los docentes consideró que coordinar un límite diario entre múltiples asignaturas sería “muy” o “algo” difícil de aplicar.

Las diferencias por nivel educativo son marcadas. En primaria, los alumnos destinan un estimado del 27% del tiempo de clase a dispositivos para instrucción u otras tareas permitidas. En secundaria y preparatoria, esa proporción alcanza casi la mitad de la jornada.

En secundaria, el 10% del tiempo de clase se pierde en actividades no autorizadas

A la cifra de uso permitido en los niveles superiores se suma un 10% adicional que los alumnos dedican a actividades no autorizadas, como el acceso a sitios bloqueados y usos ajenos a la lección.

Cuatro de cada diez maestros de escuela media y cinco de cada diez de preparatoria declararon que los dispositivos representan una distracción mayor o moderada.

Los alumnos encuentran con frecuencia la manera de eludir los filtros web escolares.

“Es mucho de lo que lleva a los padres a oponerse a la tecnología en el aula”, dijo Medha Tare, directora sénior de investigación del Centro Joan Ganz Cooney, en declaraciones recogidas por The New York Times.

La investigadora señaló que el tiempo ocioso frente a pantallas ocupa el lugar de actividades como la lectura, el dibujo o la conversación entre pares.

En cuanto al balance general, el 52% de los docentes consideró que las laptops y tabletas generan “cantidades iguales de daño y beneficio”. Los maestros de preparatoria fueron los más críticos: un tercio aseguró que los dispositivos hacen “más daño que bien” en el aula.

Nueva York y Los Ángeles ya tomaron medidas; el resto del país observa

Los dos distritos más grandes de Estados Unidos, Nueva York y Los Ángeles, iniciaron el ciclo lectivo 2026-2027 con nuevas restricciones al tiempo de pantalla y al uso de inteligencia artificial por parte de los estudiantes.

Los hallazgos de Gallup coinciden con otras mediciones recientes. El Índice Educador Savvas 2026, un sondeo nacional de 1.709 docentes K-12 publicado en agosto, encontró que el 82% de los educadores apoya limitar el tiempo de pantalla en el aula.

Casi la totalidad de los consultados —el 92%— distingue entre el uso pasivo y el uso instruccional de la tecnología, y sostiene que el debate debería centrarse en el valor pedagógico de cada herramienta antes que en una restricción general.

El reclamo de los docentes apunta, más que a topes horarios, a un mayor control sobre los dispositivos y a directrices pedagógicas más claras.

Alrededor de tres de cada cuatro docentes encuestados por Gallup afirmaron poder ver las pantallas de sus alumnos de forma remota. Aproximadamente dos de cada tres contaban con la opción de bloquearlas a distancia.

Los docentes con mayor nivel de supervisión fueron, a la vez, los que menos distracción estudiantil registraron y los que mejor evaluaron el impacto de la tecnología en el aprendizaje.

Más del 90% de los maestros respaldó invertir en materiales impresos para que la enseñanza no dependa exclusivamente de computadoras.

La encuesta también mostró que los docentes ven beneficios concretos en los dispositivos para ciertos grupos: estudiantes que aprenden inglés como segunda lengua, alumnos con discapacidades y estudiantes avanzados que necesitan contenidos más desafiantes.

“El ministro Chang es un educador con experiencia”, afirmó Vexler, quien trabajó cinco años junto a Chang en el Ministerio de Educación (Minedu). El exfuncionario aseguró que las medidas presentadas “se van a convertir en hechos con el apoyo de todos”.

Evaluación de ascenso será en octubre

Vexler subrayó que la gestión de Chang retoma la meritocracia mediante una evaluación de ascenso docente programada para octubre, que permitirá a los maestros subir de escala salarial con una nota mínima aprobatoria de 14. Según explicó el exministro, un docente en la primera escala gana actualmente 3.500 soles por 30 horas de trabajo y puede llegar hasta un incremento del 200% si alcanza la octava escala.

“La meritocracia se puso en acción el 2008, continuó un poco precariamente desde el 2011 hasta el 2021 y luego se ha reactivado”, explicó Vexler a Canal N. El especialista destacó también el anuncio de una evaluación de desempeño en aula acompañada de capacitación docente a cargo de las mejores universidades del país, así como una nueva escuela para directores, cuyo acceso requerirá que los maestros se ubiquen en la cuarta escala y postulen a un concurso específico.

Plan contempla 3.000 nuevos colegios

En materia de infraestructura, Vexler valoró la meta de construir 3.000 nuevos colegios, además del impulso al mantenimiento preventivo para dotar a las escuelas de conectividad, agua y servicios básicos a nivel nacional. El exministro señaló que estas obras buscan cerrar brechas de acceso en distintas regiones del país.

Respecto a los cambios pedagógicos, Vexler coincidió en la necesidad de simplificar el currículo escolar para evitar que resulte, en sus palabras, “engorroso” para los docentes. El especialista saludó la implementación de una hora diaria de lectura obligatoria, orientada a revertir los resultados de la prueba PISA, y sugirió que el programa Promolibro retorne al Minedu desde el Ministerio de Cultura para garantizar bibliotecas escolares y actividades de lectura en espacios públicos.

Incluirán contenidos sobre terrorismo en las aulas

Vexler saludó la incorporación de contenidos sobre el conflicto que enfrentó el Estado peruano contra las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y el MRTA en la enseñanza escolar, con el objetivo de evitar sesgos ideológicos en las aulas. El exministro consideró que este componente forma parte de una revisión integral de la currícula nacional.

El exfuncionario hizo un llamado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a los organismos financieros internacionales para que transfieran y otorguen los créditos necesarios que aseguren el financiamiento del plan integral presentado por el Gobierno.

Continuidad de la política educativa

Vexler enmarcó los anuncios como una continuidad de la carrera pública magisterial basada en evaluaciones y méritos, un proceso que, según indicó, se ha fortalecido en distintas etapas desde su implementación inicial. “La meritocracia continúa y con más fuerza, según los anuncios de hoy del ministro José Antonio Chang”, concluyó el exministro en la entrevista con Canal N.

El paquete de medidas magisteriales anunciado por Chang contempla, además de la evaluación de ascenso, un programa de capacitación permanente para docentes y directores, cuya implementación se prevé en los próximos meses.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reconoció a docentes por proyectos innovadores para mejorar el aprendizaje y entregó premios de hasta $10 millones a equipos de escuelas públicas y privadas en el marco de la edición 2026 del certamen Docentes de la Ciudad. La ceremonia se realizó en el Salón Dorado del Teatro Colón, con la participación del jefe de Gobierno, Jorge Macri, y de la ministra de Educación, Mercedes Miguel.

Durante el acto, el Gobierno porteño distinguió a maestros y profesores que desarrollaron propuestas orientadas a fortalecer los aprendizajes y las trayectorias educativas de los alumnos. La convocatoria se inscribió dentro del plan Buenos Aires Aprende y estuvo dirigida a equipos docentes de establecimientos de gestión estatal y privada de la Ciudad de Buenos Aires.

“Estamos reafirmando el rumbo de la educación que queremos, donde el esfuerzo vale y el compromiso importa. Capacitarse, exigirse y buscar la excelencia educativa hacen la diferencia”, sostuvo Jorge Macri al encabezar la entrega de premios.

El concurso contempló dos categorías. Por un lado, los ejes prioritarios, vinculados con Lengua y Matemática, bienestar socioemocional y educación inclusiva. Por otro, se otorgaron menciones especiales a propuestas relacionadas con la protección digital infantil y adolescente y el presentismo estudiantil.

Los trabajos debían ser diseñados dentro de cada institución y enfocarse en la mejora de los aprendizajes o de las trayectorias escolares. En total, 15 proyectos finalistas fueron evaluados y los ganadores recibieron financiamiento para ampliar o fortalecer sus iniciativas.

Los primeros y segundos premios de las categorías principales obtuvieron $10 millones cada uno, mientras que dos trabajos asociados a las menciones especiales fueron distinguidos con $5 millones. Esos fondos podrán destinarse a la expansión de cada proyecto, la compra de materiales pedagógicos o la capacitación docente, con rendición de gastos dentro de los seis meses posteriores.

Durante su discurso, Jorge Macri relacionó la distinción a los docentes con el desempeño educativo de la Ciudad. “Si logramos resultados históricos en las pruebas Aprender es porque tenemos los mejores docentes del país, sin ninguna duda, en la Ciudad de Buenos Aires”, afirmó.

El jefe de Gobierno también se refirió a medidas impulsadas por la administración porteña en materia escolar. “Exigir es confiar, evaluar y corregir es enseñar y poner límites es cuidar”, señaló, al defender políticas como la discusión sobre el uso del celular en el aula. En ese sentido, agregó que “7 de cada 10 chicos empezaron a prestar más atención y a vincularse mejor”.

Además, el alcalde mencionó como antecedente reciente la aprobación de la ley que incorpora la sala de 3 años a la enseñanza obligatoria, una iniciativa que, según planteó, apunta a reforzar el aprendizaje desde los primeros años.

Por su parte, la ministra de Educación, Mercedes Miguel, puso el foco en el reconocimiento a la tarea cotidiana de los docentes y en la construcción de propuestas nuevas dentro de las escuelas. “Esto es una demostración de cuánto nos importa poner en valor el desempeño docente. Reconocer a quienes trabajan en equipo y se animan a pensar propuestas nuevas es fundamental”, expresó.

En la misma línea, sostuvo que ese tipo de iniciativas incide en la mejora de las trayectorias escolares y en la ampliación de oportunidades de aprendizaje. También dejó un mensaje para los estudiantes presentes en la ceremonia: “Nunca dejen de mirar hacia adentro y saber que son capaces de aprender todo el tiempo”.

Seis proyectos fueron premiados en los tres niveles educativos

En Nivel Inicial, el primer premio fue para la Escuela Infantil N° 2 D.E. 2 “Pampita”, de Recoleta, por el proyecto “De jugadores a creadores: jugamos, pensamos y diseñamos”. La propuesta plantea un recorrido de seis meses para sala de 5 que articula matemática, lengua, educación digital, educación física y expresión artística a través del juego.

El segundo premio de ese nivel fue para el Instituto Privado Comunidad Filii Deia, del Barrio Mugica, por “Viajeros del espacio”, una iniciativa para sala de 4 años que combina prácticas del lenguaje, indagación del ambiente y matemática básica mediante experimentación científica, juego dramático y recursos de educación digital.

En Nivel Primario, el primer premio fue para la Escuela N° 11 D.E. 19 “Ignacio Fermín Rodríguez”, de Nueva Pompeya, por “CABA 64: código Euler”. El proyecto toma un problema del barrio, el calor urbano y la falta de árboles, y utiliza el ajedrez como herramienta para enseñar geometría, proporciones, estadística y coordenadas.

El segundo lugar fue para la Escuela N° 22 D.E. 5 “Estación Buenos Aires”, de Barracas, por la Copa de Robótica “Cupbot”. La propuesta convirtió la organización de una competencia en un contexto de aprendizaje matemático para toda la comunidad educativa. Los alumnos de 7° grado diseñaron y coordinaron la actividad, mientras que los cursos de 1° a 6° participaron con sus equipos.

En secundaria se destacaron iniciativas de inclusión y asistencia tecnológica

En Nivel Secundario, el primer premio fue para la Escuela de Educación Media N° 5 D.E. 15 “Monseñor Enrique Angelelli”, de Saavedra, por “Sound Blue Project (Saavedra Inclusiva)”. Allí, estudiantes de 3°, 4° y 5° año investigaron la contaminación sonora, analizaron datos y desarrollaron una solución tecnológica orientada a alumnos neurodivergentes.

El segundo premio quedó para la Escuela Técnica N° 32 D.E. 14 “Gral. José de San Martín”, de Chacarita, por “M.A.V.A. (Movilidad Asistida Vida Activa)”. El trabajo se centra en la producción de dispositivos mediante impresión 3D para facilitar tareas cotidianas a personas con dificultades de movilidad.

La edición 2026 de Docentes de la Ciudad cerró con el reconocimiento a experiencias escolares que buscan intervenir sobre problemas concretos del aprendizaje, la inclusión y la convivencia, con financiamiento para sostener o ampliar esos desarrollos en cada institución.

Ser profesor o maestro en un centro público como funcionario con una plaza fija puede llevar años de sacrificio y esfuerzo. Pese a ello, miles de docentes italianos están renunciando a ella al no poder hacer frente a la crisis de vivienda que asola al norte del país. Como en España, en Italia sube el precio del metro cuadrado a un ritmo imparable. Y de nuevo, como en España, en Italia los tímidos ascensos salariales no van a la par del precio de compra o alquiler de un hogar.

El diario italiano Corriere della Sera detalla en un artículo que para un profesor, aceptar un puesto con posibilidad de titularidad en el norte del país puede significar ganar entre 1450 y 1480 euros al mes y gastar entre 500 y 700 euros, o incluso 1000 euros, solo en alquiler. Esto se traduce en una gran renuncia. El periódico señala que aproximadamente 300 profesores han rechazado la titularidad en Toscana, otros 383 en Friuli Venezia Giulia. En Liguria, solo se han cubierto 562 de los 1407 puestos disponibles, mientras que en Lombardía, miles de puestos permanecen vacantes. Todas son regiones del norte y en todas ellas el precio del suelo se han disparado en los últimos años.

En el sur, por el contrario, muchos profesores cuentan con apoyo familiar, vivienda propia o alquileres más bajos. La lógica que siguen es sencilla: mantener un empleo temporal pero cerca de casa puede es más sostenible que aceptar un destino fijo a cientos de kilómetros, donde el coste de la vivienda, los desplazamientos y la vida diaria supera con facilidad la mejora que aporta el puesto estable.

Cuánto cuesta vivir en el norte de Italia con un sueldo de profesor

La publicación italiana detalla que en Florencia un estudio cuesta de media unos 550 euros al mes. En Bérgamo, un apartamento de una habitación se mueve entre 700 y 800 euros, mientras una habitación compartida ronda los 500 euros.

En Milán, una habitación individual en un piso compartido cuesta entre 600 y 800 euros mensuales, y un estudio se sitúa entre 780 y 1.000 euros según la zona y la cercanía al metro y los servicios. En el centro de la ciudad, los alquileres arrancan en unos 1.300 euros y pueden superar con rapidez los 2.000 euros; en Roma, una habitación ronda los 700 euros y un estudio puede alcanzar los 1.000 euros.

Si a esa partida se suman suministros, transporte y combustible, el presupuesto mensual puede acabar con un déficit de unos 190 euros. Esa presión empuja a parte del profesorado a buscar pisos compartidos, habitaciones dobles o fórmulas de alojamiento más propias de la etapa universitaria que del inicio de una carrera profesional estable.

Las ayudas que reclaman sindicatos y docentes desplazados

Marcello Pacífico, presidente nacional del sindicato Anief, ha resumido el malestar en declaraciones recogidas por Corriere della Sera: “La decisión de no aceptar la titularidad parece una burla para muchos, considerando que llevan años esperando este momento de estabilidad profesional”.

Pacífico plantea que la próxima ley de presupuestos del país incluya recursos específicos para quienes trabajan fuera de su lugar de residencia. Entre las medidas que reclama figuran un subsidio para los desplazados, desgravaciones fiscales al alquiler y actuaciones para rebajar los costes del transporte.

El dirigente sindical ha insistido en que las recientes cancelaciones de contratos indefinidos muestran la necesidad de una prestación específica similar a la que ya existe en el sector privado. Anief sostiene además que la mayoría de los docentes que se desplazan cada día proceden del sur del país.

La suspensión de actividades afecta a más de 20 mil estudiantes de 22 planteles pertenecientes a los subsistemas DGETA, DGETI, CBETA y CEBETI, quienes no pudieron iniciar con normalidad el ciclo escolar 2026-2027.

Aunque las autoridades educativas reportaron el inicio del nuevo periodo escolar, en los planteles donde continúa la protesta las aulas permanecieron sin actividades académicas, mientras docentes y trabajadores administrativos mantienen su exigencia de recibir los pagos que, aseguran, están pendientes.

¿Por qué hay paro de labores en escuelas de Morelos?

Los trabajadores inconformes señalan que el movimiento responde a diversos adeudos y prestaciones laborales pendientes, algunos de los cuales, afirman, fueron heredados de la administración del exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Los empleados sostienen que su protesta no representa una negativa a cumplir con sus responsabilidades frente a los estudiantes, sino una medida para exigir que las autoridades atiendan los compromisos económicos que permanecen sin solución.

De acuerdo con los trabajadores, la falta de pagos y prestaciones ha generado inconformidad entre el personal de los diferentes subsistemas educativos, por lo que decidieron mantener la suspensión de actividades durante el arranque del nuevo ciclo escolar.

La situación provocó que miles de jóvenes que tenían previsto regresar este lunes a sus aulas permanecieran en sus hogares, mientras sus familias esperan información sobre cuándo podrán reanudarse las clases.

El conflicto laboral ocurre en un momento particularmente sensible para la comunidad educativa, debido a que el inicio del ciclo escolar 2026-2027 representa el regreso a las actividades académicas después del periodo vacacional.

Padres de familia piden solución al conflicto educativo

Ante la suspensión de clases, padres de familia y estudiantes de Morelos solicitaron a las autoridades educativas intervenir para alcanzar un acuerdo con los trabajadores y evitar que el paro se prolongue.

Las familias expresaron su preocupación por las consecuencias que podría generar la interrupción de actividades, particularmente si la protesta continúa durante los siguientes días y afecta el desarrollo del calendario escolar.

Los estudiantes, por su parte, permanecen a la espera de que las autoridades y los representantes de los trabajadores establezcan una mesa de diálogo que permita resolver las diferencias y definir una fecha para el regreso a las aulas.

La petición central de padres y alumnos es que el conflicto laboral pueda resolverse mediante el diálogo, sin que los estudiantes tengan que asumir las consecuencias de un problema relacionado con pagos y prestaciones laborales.

Más de 20 mil estudiantes esperan regresar a clases

El paro de labores en Morelos representa un nuevo desafío para el sistema educativo estatal, al afectar directamente a más de 20 mil estudiantes de 22 planteles de educación media superior.

Mientras no exista un acuerdo entre las partes, las actividades académicas permanecerán suspendidas en las escuelas involucradas.

El llamado de la comunidad escolar es a que las autoridades atiendan las demandas de los trabajadores y se establezcan mecanismos para cubrir los adeudos pendientes, con el objetivo de normalizar las actividades lo antes posible.

Por ahora, el regreso a clases en Morelos permanece parcialmente detenido para miles de estudiantes, quienes deberán esperar a que concluya el conflicto laboral para comenzar formalmente sus actividades correspondientes al ciclo escolar 2026-2027.

La expansión de la inteligencia artificial (IA) está obligando a los docentes a redefinir qué vale la pena enseñar. Según Billy J. Stratton, profesor de la Universidad de Denver, el punto no es competir con los grandes modelos, sino mostrarles a los estudiantes que estas herramientas no pueden sustituir la imaginación, la empatía ni la expresión auténtica, capacidades que sostienen el pensamiento crítico y la creatividad.

El planteamiento parte de un riesgo cultural más amplio. Stratton escribió en un artículo publicado en The Conversation que una dependencia excesiva de estas tecnologías puede empujar a la conformidad intelectual y erosionar el pensamiento crítico.

La respuesta pedagógica que propone no pasa por ignorar la tecnología ni prohibirla. Su propuesta consiste en enfrentarla de forma directa en el aula y enseñar a distinguir entre la capacidad de la IA para reconocer patrones y su incapacidad para soñar despierta, adoptar perspectivas humanas o construir una voz propia.

De qué forma se puso a prueba la IA

Para poner a prueba esa diferencia, Stratton llevó el debate a un curso sobre literatura gótica sureña. Allí pidió a sus alumnos que guiaran a una IA para analizar la “atmósfera emocional” de una escena de El corazón es un cazador solitario, la novela que Carson McCullers publicó en 1940.

El experimento se centró en un universo literario muy difícil de reducir a fórmulas. En esas obras, explicó el académico, abundan personajes grotescos y brutales, retratados desde perspectivas distorsionadas, con dialectos extraños y vidas marcadas por el aislamiento, el pasado y una religiosidad perturbadora.

A muchos lectores ya les cuesta entrar en esos mundos. Para la IA, sostuvo Stratton, resulta todavía más difícil generalizar las tensiones entre fe e incredulidad, o entre bien y mal, que sostienen ese tipo de historias.

Cómo se diferencian las respuestas huamanas de las de la IA

La escena elegida mostraba el momento en que Spiros Antonapoulos, un personaje sordo, es internado en un hospital psiquiátrico estatal y deja atrás a su único amigo, John Singer.

Stratton la describió como una secuencia atravesada por el pavor, la tristeza y la indignación ante una decisión tomada por conveniencia, basada en una lectura errónea de las dificultades de Spiros y agravada por su origen en una familia inmigrante de un pequeño pueblo de Georgia.

La respuesta de ChatGPT, en cambio, le pareció estéril y abstracta. Uno de los textos generados por la herramienta decía: “La atmósfera es desoladoramente solitaria y parece suspendida en el tiempo. La escena transmite una sensación de silencio, impotencia y una unilateralidad emocional. La partida del tren simboliza una separación irreversible”.

Para Stratton, la formulación era fría y objetiva, y no alcanzaba a captar la tristeza de una separación entre dos personas que solo se tienen la una a la otra. Detectó un error concreto: en la escena no se aleja un tren, sino un autobús.

El profesor añadió que la lectura automática tampoco reconoció con claridad el miedo de Singer por lo que le espera a Antonapoulos ni la ironía dramática de que este parezca indiferente ante un cambio radical en su vida.

En qué otras áreas mostró deficiencias la IA

El problema no quedó limitado al análisis literario. Stratton pidió después a sus alumnos que hicieran generar a la IA “una nueva escena con al menos tres personajes” elegidos por ellos, y el resultado le pareció todavía más insípido.

Uno de los detalles que más hizo reír a los estudiantes fue que John Singer apareciera hablando de distintos temas con otros personajes. El fallo era básico: Singer, igual que Antonapoulos, es sordo.

Esa equivocación, para el docente, expone una limitación estructural y no un simple desliz. La IA no comprende la experiencia de no oír porque opera como una inteligencia sintética sin cuerpo, sin una presencia material desde la cual experimentar el mundo o situarse en el lugar de otro.

Esa ausencia de corporalidad tiene una consecuencia directa sobre la literatura y el arte. Stratton sostuvo que, sin experiencia encarnada, la IA no puede alcanzar una empatía humana genuina ni una introspección comparable a la que alimenta la creación artística.

Por qué no se debe prohibir la IA

Stratton no propone expulsar estas herramientas de la vida académica. De hecho, afirma que puede haber situaciones en las que resulten útiles para los alumnos y considera que prohibirlas sería inviable y contraproducente.

Asimismo, introduce un matiz social. Prescindir por completo de la IA, dijo, puede convertirse en un lujo, del mismo modo que no todas las personas pueden pagar ayuda para tareas domésticas, cuidado del jardín o crianza; quienes viven con dificultades económicas pueden necesitar apoyarse en asistencia tecnológica.

Su preocupación aparece cuando esa delegación alcanza el trabajo intelectual. Allí espera que los estudiantes comprendan que el uso de la tecnología exige renunciar a facultades que considera esenciales para la mente humana: la imaginación, la intuición y la autorreflexión.

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) subrayó la necesidad de implementar medidas inmediatas para fortalecer la infraestructura de los centros educativos y ampliar la plantilla de maestros en todo el país.

Según informó Infobae, el gremio docente enfatizó que persisten deficiencias importantes en numerosos planteles, lo que afecta directamente el inicio y desarrollo normal del año escolar.

De acuerdo con declaraciones de Eduardo Hidalgo, presidente nacional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), el gremio ha presentado durante años un diagnóstico detallado sobre las condiciones de infraestructura y la falta de personal en distintos centros educativos. Hidalgo destacó que el levantamiento más reciente identificó aproximadamente 42 escuelas en condiciones críticas, con problemas como paredes y techos agrietados, filtraciones y baños fuera de servicio. Esta información fue publicada por Infobae, que recogió testimonios de familias y docentes afectados.

El caso del Politécnico Federico Henríquez y Carvajal, en el Distrito Educativo 10-06, ejemplifica la situación. En este centro, padres y madres decidieron no iniciar las clases porque una sola conserje debe atender 42 espacios, mientras otra empleada se encuentra de licencia. “Las familias consideran inhumano que una sola persona se encargue de la limpieza de todas las áreas y expresaron estar agotadas de suplir una función que corresponde al Estado”, relató Hidalgo, según recogió Infobae.

El presidente de la ADP aseguró que la organización actualiza anualmente el estado de las infraestructuras escolares desde 2019 y que muchas de las advertencias siguen sin respuesta efectiva. “A pesar de esa situación, la ADP hizo un llamado responsable a iniciar la docencia”, afirmó Hidalgo, remarcando el compromiso del gremio por salvaguardar el derecho a la educación aun en condiciones adversas.

El inicio del ciclo escolar evidenció que decenas de planteles no pudieron iniciar actividades con normalidad, como ocurrió en el centro Unión Panamericana, próximo a la avenida Máximo Gómez en la capital. Además, la ADP exhortó al Ministerio de Educación a verificar directamente la situación en localidades como Guayubín, Neiba, La Vega, Santiago, San Pedro de Macorís y el Gran Santo Domingo, donde persisten situaciones críticas.

En Guayubín, alrededor de 20 escuelas esperan intervención prometida por el director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, mientras el liceo principal de Neiba permanece sin avances tras su demolición. La ADP reiteró que estos problemas no solo afectan a docentes y estudiantes, sino que implican a toda la comunidad educativa.

Durante la apertura del año escolar, el ministro de Educación aseguró que las autoridades trabajan para superar las precariedades denunciadas y cuestionó la magnitud de los problemas señalados por el gremio. Frente a estas declaraciones, Hidalgo instó a las autoridades a acelerar los procesos de solución y verificar personalmente los reportes presentados por los actores escolares.

La ADP insistió en la importancia de abordar de manera urgente la contratación de más docentes y personal de apoyo, así como la reparación de planteles, para garantizar condiciones óptimas de aprendizaje y trabajo en el sistema educativo nacional.

La diabetes tipo 1 atraviesa la vida escolar en escenas cotidianas: un alumno que necesita medirse la glucemia en clase, comer antes que el resto, usar un sensor con alarma o aplicarse insulina durante la jornada. A eso se suman episodios que exigen una reacción rápida, como una hipoglucemia. Frente a esas situaciones, las escuelas incorporan herramientas para identificar la enfermedad, acompañar a los alumnos y actuar ante emergencias.

En Argentina, esa necesidad empezó a traducirse en una propuesta de educación sobre diabetes que ya pasó por 175 escuelas y alcanzó a más de 4.300 estudiantes y casi 2.900 docentes. El objetivo es evitar que una alarma de sensor, una colación fuera de horario o una baja de azúcar encuentren a la comunidad educativa sin herramientas para entender qué ocurre y cómo responder.

Qué enseña la capacitación en las escuelas

La iniciativa es impulsada en el país por la Sociedad Argentina de Diabetes a través de su Comité de Pediatría, con una adaptación local de un programa internacional creado por la Federación Internacional de Diabetes y la Sociedad Internacional de Diabetes Pediátrica y Adolescente. Según los datos difundidos por la entidad, desde su puesta en marcha, el programa SENDAS alcanzó a 4.323 alumnos y capacitó a 2.881 docentes en 12 provincias.

“La escuela ocupa una enorme cantidad de horas en la vida de un niño y, cuando ese niño tiene diabetes tipo 1, es fundamental que se desarrolle en un entorno informado, que pueda acompañarlo y sepa cómo responder ante situaciones vinculadas a la diabetes”, señala Florencia Grabois, pediatra, especialista en nutrición infantil y coordinadora del programa.

La médica planteó que la formación no se limita al alumno que atraviesa el diagnóstico, sino que alcanza al resto del curso, al equipo docente y a las familias. En ese esquema, la educación sobre diabetes también funciona como una vía para reducir estigmas y ordenar respuestas frente a prácticas que forman parte de la rutina de cuidado.

En las capacitaciones aparecen escenas habituales de la vida escolar que, sin información previa, pueden abrir confusión: un alumno que come antes que el resto, otro que se aparta unos minutos para medirse la glucosa, una alarma que suena en medio de la clase o una descompensación durante educación física. A partir de esas situaciones, el trabajo busca responder preguntas frecuentes dentro de la escuela: si la enfermedad se contagia, si un alumno puede hacer deporte o qué medidas tomar ante una baja de glucosa. Uno de los ejes centrales es que el personal escolar pueda identificar una hipoglucemia y sepa cómo intervenir.

La propuesta incluye talleres para chicos, padres y docentes, además de materiales específicos y un kit de uso inicial para episodios de hipoglucemia en el aula. La intención es construir entornos más previsibles para los alumnos con diabetes tipo 1, sin que su tratamiento quede por fuera de la vida escolar.

Grabois sostuvo que “un niño con diabetes puede aprender, jugar, hacer deporte, ir de excursión y participar de las actividades escolares como el resto de sus compañeros; solo necesita que los adultos y alumnos que lo rodean estén informados y sepan cómo acompañarlo”. La especialista añadió que muchas de las situaciones que generan temor se ordenan cuando la escuela dispone de herramientas básicas de autocuidado.

Por qué el tema excede un caso individual

El problema no se agota en los chicos que ya tienen diagnóstico. Los datos de contexto muestran que la diabetes también avanza como un desafío de salud pública más amplio. De acuerdo con el Atlas 2025 de la Federación Internacional de Diabetes, en Argentina viven con la enfermedad cerca de 4,3 millones de adultos de entre 20 y 79 años, y el 29,1% aún no sabe que la tiene. La entidad proyecta que la cifra llegará a 5,9 millones en 2050.

Esas cifras reúnen los casos de diabetes tipo 1 y tipo 2. En la primera, el organismo no produce insulina y la persona necesita administrársela todos los días. Como suele aparecer en la infancia, adolescencia o juventud, el ámbito escolar queda atravesado de forma directa por ese tratamiento, que exige controles de glucemia y decisiones cotidianas dentro del horario de clases.

La iniciativa también incorpora contenidos vinculados con hábitos saludables desde edades tempranas, en relación con factores de riesgo modificables asociados a la diabetes tipo 2. La Organización Mundial de la Salud señala que esa forma de la enfermedad está ligada en muchos casos al estilo de vida y que una parte de su carga puede prevenirse.

El crecimiento de la experiencia en el país fue progresivo. En 2019 alcanzó a dos escuelas y 48 chicos. Para 2023 ya se había extendido a 24 establecimientos y 800 estudiantes. En seis años, la red llegó a 175 escuelas de 12 provincias.

En 2025 se sumó una herramienta digital, la app SENDAS KIDS, con una prueba piloto en diez escuelas como complemento de las actividades presenciales. La organización informó que también mantiene capacitaciones para nuevos equipos de educadores en diabetes y que este año prevé presentar la evolución del trabajo realizado en congresos internacionales del área. La experiencia continúa su expansión en escuelas de distintas provincias.

La dificultad para detectar la diabetes entre los más jóvenes

El subdiagnóstico golpea con más fuerza en edades tempranas, justo en una etapa en la que reconocer síntomas y acceder a tratamiento puede cambiar la evolución de la enfermedad. Un estudio publicado el año pasado en The Lancet Diabetes & Endocrinology advirtió que el 57,8% de los jóvenes de entre 15 y 39 años con diabetes no sabe que tiene la enfermedad. La proporción baja al 37,6% entre los adultos de 40 a 64 años y al 19,7% en los mayores de 65.

El trabajo fue liderado por Lauryn Stafford, investigadora del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, y mostró que el subdiagnóstico es más alto en edades tempranas, una etapa en la que la detección puede resultar clave para evitar complicaciones y acceder a tratamiento.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Universidad de Santander firmaron este miércoles un convenio que permitirá otorgar 30,000 becas a docentes costarricenses, con el objetivo de fortalecer sus competencias profesionales y generar un impacto directo en la formación de miles de estudiantes del país.

El acuerdo fue suscrito por Leonardo Sánchez, ministro de Educación Pública, y Enrique Javier Navarro Flórez, rector de la Universidad de Santander, durante una actividad en la que participaron como testigos de honor la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, y el diputado Gerald Bogantes, señalado durante la ceremonia como uno de los impulsores de la iniciativa.

La Presidencia presentó el convenio como una de las acciones dirigidas a fortalecer la preparación del personal docente del sistema educativo costarricense.

“Treinta mil docentes, escuchen bien, treinta mil docentes reciban una beca que va a mejorar sus competencias en beneficio de miles de estudiantes”, se anunció durante la firma del acuerdo.

La iniciativa tiene como eje la capacitación de quienes mantienen contacto directo con los estudiantes en las aulas y busca que el fortalecimiento profesional de los educadores termine reflejándose en los procesos de aprendizaje.

Durante su intervención, el rector de la Universidad de Santander, Enrique Javier Navarro Flórez, destacó precisamente el papel que desempeñan los docentes dentro del sistema educativo y la importancia de invertir en su formación.

“El llegar directamente a la atención del docente, del profesor, quien está ahí con nuestros hijos día a día, quien está presente, y estar capacitado, estar preparado, eso hace este recurso humano mucho más interesante”, manifestó Navarro.

El académico aseguró que el alcance de la iniciativa puede ir más allá de las 30,000 personas que recibirán las becas, debido a que cada uno de esos educadores trabaja directamente con grupos de estudiantes.

En ese sentido, defendió que una mejora en las capacidades profesionales de los docentes puede multiplicar los efectos del programa dentro de las aulas.

“Está tocando corazones, miles de corazones”, expresó el rector durante su discurso.

Una capacitación con alcance internacional

Navarro señaló que los docentes beneficiados tendrán acceso a una formación que calificó como de alcance internacional y destacó la importancia de las alianzas entre instituciones costarricenses y organizaciones del exterior.

“Es importantísimo, presidenta, que todo esto que vamos a hacer impacte. ¿Por qué? Porque esos treinta mil docentes van a tener una capacitación mundial”, sostuvo.

El representante de la Universidad de Santander atribuyó también parte de las gestiones para concretar el convenio a los “buenos oficios” del diputado Gerald Bogantes y de Mileni Santillán, además de hacer referencia a la articulación con una red de gobiernos.

Durante el acto, el rector felicitó a Laura Fernández por impulsar alianzas fuera de Costa Rica y aseguró que este tipo de iniciativas permiten ampliar las oportunidades de preparación para los profesionales de la educación.

“Estas alianzas que está usted haciendo, no solamente aquí en Costa Rica, sino en el exterior, como somos todos nosotros, que estamos llevándonos de la mano”, indicó Navarro.

El convenio se produce en momentos en que la administración Fernández ha colocado la educación entre los asuntos incluidos en su balance de gestión y plantea la capacitación docente como una herramienta para generar cambios que posteriormente lleguen a los estudiantes.

El Gobierno no detalló durante el anuncio presentado las áreas específicas en las que serán capacitados los docentes, la duración de los programas, los requisitos que deberán cumplir los interesados ni el mecanismo mediante el cual serán distribuidas las 30,000 becas.

Tampoco se especificaron en la intervención los montos individuales de las becas o si estas cubrirán la totalidad de los programas académicos.

Docentes como punto central

Para las autoridades participantes, uno de los elementos principales del convenio es que la inversión en capacitación se dirige directamente hacia quienes permanecen diariamente en las aulas.

Navarro utilizó su intervención para destacar esa función y llegó a referirse a Fernández como la “primera docente del país”, en referencia al respaldo gubernamental a la iniciativa.

“La felicito porque ahora también usted se convierte no solamente en la primera ciudadana de Costa Rica, sino en la primera docente del país. Felicidades”, expresó el rector.

La firma quedó formalizada entre el MEP y la Universidad de Santander, con Fernández y Bogantes como testigos de honor.

El Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) anunció que el curso-taller de psicomotricidad y ludomotricidad comenzará este jueves 20 de agosto y alcanzará a 1,300 maestros de educación física en República Dominicana.

El objetivo es actualizar herramientas pedagógicas para fortalecer el desarrollo motor y cognitivo de los estudiantes en escuelas de todo el país.

El programa incluye una segunda fase práctica que arrancará el 22 de septiembre en salas de psicomotricidad habilitadas para aprendizaje interactivo. Esa etapa se apoyará en una red de 12 Aulas de Motricidad distribuidas en distintos puntos del sistema público, según informó la Presidencia de la República Dominicana.

La capacitación también contempla una conferencia magistral el 15 de septiembre a cargo de Silvano Merced Len, rector de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte “Manuel Fajardo” de Cuba. La actividad fue presentada como parte de un esquema de intercambio académico y cooperación internacional orientado al deporte escolar.

Formación docente y estrategia oficial

El curso-taller será impartido por el doctor Richard Almaguer y la doctora Gladys Béquer, especialistas internacionales con trayectoria en motricidad infantil, pedagogía deportiva y formación docente. El anuncio oficial señala que la iniciativa forma parte de la estrategia del Inefi de formación continua y acompañamiento a los docentes en las aulas.

La base material de la segunda etapa surge de una iniciativa impulsada por el Inefi para crear aulas de motricidad-psicomotricidad destinadas a niños de educación inicial de tres a seis años. El proyecto fue puesto en marcha durante la gestión de Alberto Rodríguez Mella al frente de la institución.

La propuesta fue ideada e impulsada en el plano pedagógico por los profesores Jacobo Moquete Guzmán y Richard Almaguer López. Su finalidad, de acuerdo con la información oficial, es dotar a las escuelas públicas de espacios equipados para el desarrollo corporal, cognitivo, socioemocional y del equilibrio motor desde la primera infancia.

Las escuelas incluidas en la red

La red ya instalada incluye la Escuela Básica Profesora Yluminada Mejía, en Cristo Rey, Distrito Nacional; el Centro Educativo Fray Ramón Pané, en Los Jardines del Norte, Distrito Nacional; y la Escuela General Antonio Duvergé, en el sector Honduras, también en el Distrito Nacional.

El despliegue alcanza además al Centro Educativo Susana Josefina Quezada, en Jarabacoa, provincia La Vega; al Hogar Escuela Nuevos Horizontes, en el municipio Duvergé, provincia Independencia; y a la Escuela Básica José Francisco Peña Gómez, en Cambita Garabito, provincia San Cristóbal.

La lista suma el Centro Educativo Fray Antón de Montesinos, en el municipio Quisqueya, provincia San Pedro de Macorís; la Escuela José Emilio Ortega, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte; y el Centro Educativo Hermanos Trejo, en Salvaleón de Higüey, provincia La Altagracia.

Planteles nodales y apoyo regional

El programa también contempla un centro educativo de la Red Inicial Regional en Santo Domingo Este, dentro de la Zona Oriental, como parte del despliegue en planteles nodales. A eso se agrega una escuela básica de la Red de Apoyo Inicial en la región Sur-Central.

La duodécima sede identificada por la información oficial es el Centro Educativo Hermanas Mirabal, en el municipio cabecera de la provincia Azua. Sobre esa infraestructura se desarrollará la fase práctica prevista para finales de septiembre.

El 10% de los 200 diplomas que el Ministerio de Educación remitió a la Universidad de Panamá para verificar su autenticidad eran supuestamente falsos.

La cifra deja constancia de que al menos unos 20 docentes no habían cursado estudios en la casa de estudios superiores, o no lograron graduarse.

Ricardo Parker, secretario general de la Universidad de Panamá, dijo que la acción busca garantizar la autenticidad de los diplomas emitidos, luego de las investigaciones que se adelantan sobre la posible existencia de diplomas fraudulentos.

Algunos docentes “ni siquiera han cursado estudios en la Universidad de Panamá”, manifestó Parker a los medios de comunicación. Añadió que esta situación “es preocupante”.

El centro educativo participa en una iniciativa que le permitiría al Ministerio de Educación revisar y legitimar la autenticidad de los diplomas emitidos, al igual que por las demás universidades que operan en el país.

Para tratar de evitar hechos como los descritos, la entidad educativa dio a conocer que recientemente implementó un nuevo sistema de emisión de diplomas electrónicos, que incorpora mecanismos tecnológicos destinados a facilitar su autenticación y evitar falsificaciones.

El diploma digital o electrónico también cuenta con código QR, que permite comprobar mediante un teléfono celular si la información contenida en el diploma coincide con los registros oficiales.

La información oficial señala que el nuevo mecanismo también hace que sea posible verificar con mayor rapidez la autenticidad de los títulos, al incorporar elementos digitales que pueden comprobarse de manera directa.

De acuerdo con fuentes universitarias, hasta julio de este año la institución ha emitido 10 mil 530 diplomas digitales.

Esto, mediante la implementación del Sistema de Revisión y Emisión de Diplomas Electrónicos (Sirede).

Desde la puesta en marcha de ese sistema, la Universidad de Panamá ha emitido 7 mil 515 diplomas digitales, cifra que Parker dijo se suma a los más de 2 mil 500 diplomas expedidos durante enero y febrero mediante el sistema anterior.

La incorporación del nuevo sistema también ha permitido reducir los tiempos de emisión, ya que mientras anteriormente el trámite podía demorar alrededor de 45 días, con el Sirede el proceso se completa en 30 días o menos, agilizando la entrega de los títulos a los graduandos, indicó el funcionario al diario Campus.

Desarrollado por la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DITIC), se detalló que el Sirede permite emitir títulos universitarios con firma electrónica certificada y código QR de autenticidad, lo que facilita su verificación en línea por parte de instituciones, empresas y empleadores.

El sistema incorpora además un modelo de gestión integrada que automatiza la comprobación de requisitos previos para la graduación, entre ellos los documentos de paz y salvos, las horas de labor social y la certificación de inglés.

Este 17 de agosto la Universidad de Panamá dará inicio al segundo semestre académico de 2026, con una matrícula estimada de 75 mil estudiantes, también informó su secretario general, Ricardo Parker.

La cifra representa una disminución de aproximadamente entre 5% y 7% respecto de los 84 mil estudiantes que iniciaron el primer semestre.

De acuerdo con el docente, este comportamiento es habitual en la institución y responde a situaciones como la deserción o circunstancias que impiden a algunos estudiantes continuar con su proceso académico durante el año.

Se trata de una matrícula estable, señaló el funcionario universitario, quien destacó que la población estudiantil se ha mantenido prácticamente sin variaciones en comparación con 2025.

El secretario general de la también llamada Casa de Méndez Pereira, por su gestor Octavio Méndez Pereira, también resaltó los avances en la modernización de los servicios que ofrece la Universidad de Panamá y expresó una perspectiva positiva de cara al inicio del segundo semestre.

La historia argentina parece marcada por la capacidad de levantarse tras cada caída. Pero esa resiliencia, que tantas veces nos ha salvado, ya no alcanza: el país necesita consensos verdaderos, educación transformadora e innovación tecnológica para no volver a tropezar con las mismas piedras.

Argentina es un país que nunca deja de pensarse a sí mismo. Nos caemos y nos levantamos, una y otra vez, como si la historia insistiera en recordarnos que la resiliencia forma parte de nuestra identidad. Sin embargo, esa capacidad de recomponernos no puede seguir siendo excusa para perder tiempo ni desperdiciar oportunidades. El futuro exige valentía, empatía y consensos auténticos, no meras declamaciones.

La política nacional ha convertido cada diferencia en una batalla, y esas peleas estériles nos han llevado a la parálisis más de una vez; la sociedad ya no tolera más enojos ni mezquindades, debe imperar el diálogo y buscar ampliarse, no reducirse, bajo la premisa de recuperar las virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Basta observar las negociaciones de la “alta política” que terminan en frustración y que siempre parece faltar algo.

La ciudadanía lo percibe todo, lo escucha todo, lo demanda todo. Por eso la política debe ser honesta, sin trampas, y los gobiernos deben escuchar sin miedo a las críticas. Hoy la verdadera valentía no está en imponer, sino en comprender.

La irrupción de los llamados “outsiders” muestra que la gente busca alternativas, porque lo que realmente se necesita es un gobierno empático, capaz de ponerse en el lugar de quienes la pasan mal, por ello estudiar, escuchar y ocuparse de los olvidados es una obligación moral.

Las herramientas de análisis social —social listening— ya lo demuestran: la tristeza y la desesperanza son sentimientos extendidos; no alcanza con discursos grandilocuentes, hace falta acción, cercanía y compromiso.

La síntesis decanta en que es la educación, sin dudas, el motor de transformación. Sarmiento soñó con una revolución educativa, y ese sueño debe seguir vigente, pero seguimos fallando, nuestros docentes necesitan mejores condiciones, salarios dignos y reconocimiento social. No podemos permitir que abandonen la educación pública para refugiarse en universidades privadas por mejores sueldos.

También deberemos propiciar la capacitación docente, la innovación metodológica y el respeto por quienes enseñan como pilares que no pueden seguir postergándose, porque sin investigadores y académicos bien pagos, no habrá futuro. Solo el conocimiento puede sacar a Argentina de la tristeza y la desesperanza que parecen imperar.

Hoy que ya es una realidad, la inteligencia artificial demuestra otro ejemplo claro, mientras el mundo avanza a pasos agigantados, el Parlamento argentino apenas toca el tema. Un país en donde no alcanza con el litio, el petróleo o el gas: el verdadero motor de desarrollo será siempre el conocimiento. Con IA se puede potenciar a la educación, mejorar la comunicación y abrir nuevas oportunidades, siempre que existan políticas claras y responsables.

Pero para ello se necesita una estrategia seria, que entienda que el futuro no se construye con slogans, sino con planificación y visión; la resiliencia argentina es admirable, pero ya no alcanza porque perdemos tiempo. El país necesita transformar esa energía en consensos reales, en políticas educativas sólidas y en una apuesta seria por la innovación tecnológica, para dejar atrás la repetición de crisis y construir un futuro más justo, más humano y más esperanzador.

Argentina tiene enormes oportunidades y no podemos desperdiciarlas; la clave está en consensuar, dialogar y apostar por la educación. No hay tiempo para seguir peleándonos, el futuro exige unidad, tolerancia brindando esperanza, porque necesitamos desarrollar conocimiento, empatía y capacidad de diálogo. Si logramos recuperar parte de esto, podremos levantarnos, y esta vez, quizás, para no volver a caer.

*Lic. Alexis Chaves: Politólogo. Analista parlamentario

El retiro forzoso de pensionados es el eje de un decreto que estaría preparando el gobierno de Abelardo de la Espriella para sacar del servicio a empleados públicos que ya reciben mesada, entre ellos algunos docentes que siguen en ejercicio.

La iniciativa, de acuerdo con medios como La República y Vanguardia, estaría impulsada por el vicepresidente José Manuel Restrepo y se presenta como una vía para facilitar el relevo generacional, pero ya abrió inquietud entre sindicatos, gremios educativos y el magisterio.

De acuerdo con ambos medios, el Gobierno avanza en un decreto para retirar a servidores públicos pensionados sin modificar sus derechos pensionales, aunque todavía no divulgó el texto oficial ni la fecha de expedición. La medida apunta a quienes ya cobran pensión y continúan vinculados al Estado, en un escenario en el que la ley también permite, en ciertos casos, permanecer en el cargo hasta los 70 años de edad.

Restrepo, aunque no mostró el texto oficial, confirmó, según estos, que la propuesta hace parte de una estrategia para abrir espacio a nuevas generaciones dentro de la administración pública. Según lo expuesto por el Gobierno, la medida buscaría poner fin a la permanencia laboral de quienes ya reciben una pensión.

Qué dice la ley sobre retiro forzoso y permanencia en el cargo

La discusión se cruza con la Ley 1821 de 2016, que elevó de 65 a 70 años la edad máxima de retiro forzoso en cargos públicos. La norma dice que “la edad máxima para el retiro del cargo de las personas que desempeñen funciones públicas será de setenta (70) años. Una vez cumplidos, se causará el retiro inmediato del cargo que desempeñen sin que puedan ser reintegradas bajo ninguna circunstancia”.

Dicho supuesto no es idéntico al de un servidor que ya obtuvo pensión. De igual forma, el Departamento Administrativo de la Función Pública fijó que quien haya cumplido o cumpla los requisitos para pensionarse y tenga resolución de reconocimiento, o trámite en curso, puede seguir en su puesto por decisión propia hasta llegar a la edad límite.

La entidad lo expresó que “el empleado que haya cumplido o cumpla los requisitos para adquirir el derecho a la pensión de jubilación y cuente con resolución de reconocimiento de pensión o se encuentre en trámite, podrá acogerse a la opción voluntaria de permanecer en el cargo hasta la edad de retiro forzoso (70 años), siempre y cuando informe tal situación al empleador para que se postergue el pago de la respectiva pensión, en este caso la entidad deberá respetar la opción voluntaria del empleado”.

En Colombia, además, hay servidores que alcanzaron la edad de jubilación pero no completaron las semanas exigidas para pensionarse. En el caso de Colpensiones, el requisito mencionado es de 1.300 semanas.

Cuándo puede ser retirado un servidor público pensionado

El punto más delicado del debate está en las condiciones de desvinculación de quien ya obtuvo pensión. El Concepto 139191 de 2023 de Función Pública señala de forma literal que “constituye causal para desvincular a un empleado público el haber obtenido la pensión de jubilación o vejez, siempre y cuando además de la notificación del reconocimiento de la pensión, se le notifique debidamente su inclusión en la nómina de pensionados correspondiente”.

La directriz se apoya en la Ley 797 de 2003 y la Ley 100 de 1993. Ambas permiten terminar la relación laboral o reglamentaria cuando se reconoce la pensión y el servidor entra en la nómina de pensionados.

De igual forma, la Corte Constitucional fijó un límite sobre ese procedimiento en la Sentencia C-1037 de 2003. Allí indicó que “no puede existir solución de continuidad entre la terminación de la relación laboral y la iniciación del pago efectivo de la mesada pensional”. Ese criterio busca evitar un vacío entre la salida del cargo y el comienzo del pago de la pensión.

Según el fallo, el retiro solo procede cuando la entidad competente notifica formalmente la inclusión del trabajador en la nómina de pensionados.

Función Pública también precisó que no define casos concretos dentro de cada entidad. El concepto aclara que esa decisión corresponde a la autoridad empleadora y nominadora, “en desarrollo de los principios de la especialización presupuestal y de la autonomía administrativa”.

Impacto en docentes y excepciones previstas

Cuando se produce una vacancia definitiva por el retiro de un empleado pensionado, la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015 establecen que “las vacantes definitivas en empleos de carrera se proveerán en periodo de prueba o en ascenso, con las personas que hayan sido seleccionadas mediante el sistema de mérito”. Mientras ese proceso avanza, la administración puede acudir al encargo o al nombramiento provisional.

La regla para el encargo también está definida de forma expresa. “El encargo deberá recaer en el servidor de carrera administrativa que se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior, siempre que cumpla con los requisitos para su ejercicio, posea las aptitudes y habilidades para su desempeño, no haya sido sancionado disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño sea sobresaliente”, anota.

En el frente docente, el panorama no es uniforme. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) distingue entre regímenes y señala que “los docentes nombrados en el Estatuto de la Profesionalidad Docente Decreto Ley 2277 de 1979, podrán pensionarse y seguir laborando hasta la edad de retiro forzoso, a diferencia de los docentes nombrados en vigencia del Estatuto de la Profesionalidad Docente Decreto Ley 1278 de 2002, una vez retirados del servicio educativo inician el trámite de su pensión.”

A su vez, la regla general sobre retiro forzoso en el sector público, según el Ministerio del Trabajo, cobija a quienes prestan servicios en las tres ramas del poder público, “en los órganos autónomos e independientes, órganos de control y demás entidades o agencias públicas”.

También existen excepciones previstas en el Decreto 222 de 2023 para reintegro o no aplicación en ciertos cargos. La lista incluye:

• Presidente de la República.
• Ministros.
• Directores de departamento administrativo.
• Viceministros.
• Secretarios generales.
• Directivos de entidades descentralizadas.
• Miembros de misión diplomática.
• Secretarios privados.
• Consejeros o asesores.
• Docentes de cátedra y notarios.

El alcance real de la medida todavía depende de un documento que no se conoce públicamente. Hasta que el Gobierno electo presente la versión oficial, seguirán abiertas las dudas sobre cómo aplicará esa base legal en cada sector y en qué términos lo hará con los docentes.

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) pondrá en marcha este lunes una jornada nacional de capacitación para más de 90,000 docentes, enfocada en el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas y la actualización profesional de cara al inicio del ciclo escolar 2026-2027. El proceso, que se desarrollará bajo el lema “Educación que inspira y transforma”, involucra a formadores previamente entrenados y se orienta a impactar a más de 2 millones de estudiantes en todo el país, según informó el propio Ministerio.

De acuerdo con el comunicado oficial, la jornada formativa abarcará a docentes de todos los niveles, modalidades y subsistemas educativos, con el objetivo de “fortalecer conocimientos, prácticas y herramientas pedagógicas para generar mejores oportunidades de aprendizaje”. El Ministerio subrayó que el lema de la campaña pone en el centro el rol de los docentes como motor del aprendizaje y agentes de cambio en las aulas.

La capacitación, que estará a cargo de 11,098 formadores, incluirá temas como planificación mediante secuencias didácticas, evaluación por competencias y uso de tecnologías activas en el aula. Entre los contenidos principales figuran la integración de nuevas metodologías para la evaluación y el aprovechamiento de los resultados, así como el impulso de herramientas digitales orientadas a la mejora de los aprendizajes, según detalló el MINERD.

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, encabeza esta iniciativa, que se enmarca en los esfuerzos del Ministerio para garantizar las “condiciones óptimas” en el sistema educativo. “La formación del personal docente constituye uno de los componentes centrales de estos preparativos, al permitir que los educadores actualicen sus conocimientos y fortalezcan las herramientas que utilizarán durante el nuevo año lectivo”, puntualizó la cartera.

Alcance de la iniciativa pública

La participación masiva de educadores, según la información difundida por el Ministerio de Educación, facilitará la puesta en común de nuevos enfoques y recursos para la enseñanza, a la vez que prepara a los equipos docentes para los retos y oportunidades del ciclo escolar 2026-2027. El propio organismo indicó que la capacitación docente se desarrollará en paralelo con otras acciones, como la dotación de materiales y recursos educativos, la ampliación de infraestructuras y la adecuación de los centros escolares.

El regreso a clases está previsto para el 24 de agosto, fecha en la que más de 2 millones de estudiantes comenzarán el nuevo período lectivo. En palabras del MINERD, estas acciones forman parte de un plan integral para que “los procesos de enseñanza y aprendizaje se desarrollen desde el primer día de clases”, con una apuesta por la calidad educativa y la equidad en todo el territorio nacional.

En julio se anunció que más de40 mil docentes del sistema educativo público de República Dominicana participan en programas de formación impulsados por el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM) para el año escolar 2026-2027, una estrategia del Ministerio de Educación orientada a reforzar la práctica pedagógica desde el inicio de clases y a sostener la mejora de los aprendizajes.

Se integra la oferta el Congreso Nacional de Desarrollo de Competencias para el Bienestar Integral del Docente “Cuidar para Educar”, con 1.300 participantes, y los programas de Inglés, con otros 1.300 docentes.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) destacó el Paro Nacional Docente que se llevó a cabo este lunes en todo el país y habló de un alto acatamiento en los establecimientos educativos de todo el país. Sin embargo, el Gobierno realiza un relevamiento a nivel nacional y cruzó a las provincias que son lideradas por peronistas.

En ese marco, durante la mañana de este lunes, el gremio realizó una movilización frente al Ministerio de Economía de la Nación, donde también se leyó un documento con fuertes críticas al Poder Ejecutivo. Participaron otras organizaciones como CONADU, CONADU Histórica y ATE.

La delegación de CTERA estuvo encabezada por su secretaria general, Sonia Alesso, y el secretario adjunto, Roberto Baradel, junto a integrantes de la Junta Ejecutiva Nacional y representantes de las entidades de base de todo el país. También participó Hugo Yasky, secretario general de la CTA de las y los Trabajadores y diputado nacional.

Durante el acto central, Alesso sostuvo que los docentes perciben “salarios de hambre” y que están “endeudados” debido a que sus ingresos continúan “congelados” y “no llegan a fin de mes”. Exigió además “de forma urgente” la apertura de la Paritaria Nacional Docente para actualizar el piso salarial federal, que actualmente se ubica en 500 mil pesos y se encuentra por debajo de la inflación acumulada.

La dirigente también reclamó la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado por el Gobierno Nacional en 2024 por razones de equilibrio fiscal, y criticó la falta de inversión en infraestructura escolar. “El Poder Ejecutivo no construyó ni una sola escuela en lo que va de su gestión”, afirmó. Aseguró además que la crisis educativa actual es “peor que la de los años 90”, en referencia al período en que el Estado nacional “también se había desresponsabilizado” del financiamiento escolar.

Para cerrar su intervención, repudió los intentos oficiales de declarar la educación como “servicio esencial” con el fin de “bloquear los paros” y acusó al oficialismo de “intimidar” mediante multas y amenazas a los gremios en lugar de convocar a una mesa de diálogo. También ratificó la oposición de CTERA al proyecto de Ley de Libertad Educativa, al que calificó como un ataque a la gratuidad y al rol del Estado en la educación.

En paralelo, el Gobierno avanzó con el relevamiento nacional para verificar el nivel de acatamiento al paro. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, justificó la medida en declaraciones a Radio La Red: “La huelga existe, es un derecho, pero se encuentra moderada por la Ley de Modernización. Por eso, se pide que se cumpla con el 75% de la actividad, porque del otro lado hay ciudadanos”. La disposición está contemplada en el artículo 24 de la ley 27.802, que establece ese porcentaje mínimo de cobertura para los servicios declarados esenciales.

Ante la detección de incumplimientos, las sanciones recaerán sobre los gremios y no sobre los docentes individualmente, aclararon desde el ministerio. Una fuente del Gobierno advirtió a Infobae que la medida podría llegar hasta la quita de la personería gremial: “A Sandra no le va a temblar el pulso porque la educación es un tema muy importante”.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sostuvo a través de su cuenta de X que la medida busca “resguardar el derecho a aprender de los estudiantes y ofrecer previsibilidad a las familias argentinas”. Pese a que la declaración de esencialidad fue judicializada por la Unión Docentes Argentinos (UDA), que conduce Sergio Romero, el Gobierno apeló el fallo del juzgado laboral N° 74 que la había suspendido en primera instancia y logró mantener su vigencia hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Desde el oficialismo señalaron a Infobae que registraron un alto nivel de adhesión al paro en las provincias gobernadas por dirigentes peronistas, como Buenos Aires, La Pampa y Tierra del Fuego. Una fuente del Gabinete responsabilizó al gobernador bonaerense Axel Kicillof de haber circulado un comunicado interno incitando a los docentes a plegarse a la protesta, aunque desde la gobernación aseguraron no tener información al respecto. “Estamos dando una batalla cultural enorme porque el culpable de que los docentes de la provincia ganen lo que ganen es Kicillof”, afirmó la misma fuente ante este medio.

En contraste, las provincias de San Luis y Mendoza dictaron clases con normalidad, mientras que Santa Fe cumplió con los mínimos establecidos por la ley y Chaco registró un bajo nivel de acatamiento, según datos preliminares relevados por la cartera.

Asimismo, desde el gobierno porteño indicaron a este medio que “la adhesión es menos del 10%” y que “funciona todo con normalidad”, con descuento de haberes para quienes adhirieron a la medida. Al cierre de esta nota, la Secretaría de Trabajo aún no contaba con los datos completos del operativo desplegado a través de las agencias territoriales en todo el país. Desde el Gobierno nacional denunciaron además que la provincia de Buenos Aires no permitió realizar los controles impulsados desde primera hora de la mañana.

En el inicio de las actividades luego del receso de invierno, el Gobierno enfrenta este lunes el primer conflicto docente desde que está en vigencia la reforma laboral que, entre otras cuestiones, estableció a la enseñanza básica como un servicio esencial.

En gran parte de las escuelas del país se espera que las aulas permanezcan cerradas durante toda la jornada debido al paro anunciado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

Durante el fin de semana, las autoridades del Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, cuestionaron la medida de fuerza y advirtieron que, si efectivamente se lleva adelante de la forma en la que está prevista, se estaría violando la norma aprobada por el Congreso a principios de este año.

Es que, en el artículo 24 de la ley 27.802, se especificó que “los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación” de determinados servicios que el Poder Ejecutivo consideró imprescindibles, deben garantizar una cobertura mínima del 75 por ciento.

Entre los sectores que fueron calificados de “esenciales“ o “de importancia trascendental” está “el cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial”.

Este apartado en particular fue judicializado por la Unión Docentes Argentinos (UDA), que lidera Sergio Romero, pero el Estado apeló el fallo del juzgado laboral N° 74, que en una primera instancia suspendió la declaración de esencialidad para la educación.

De esta manera, la gestión libertaria consiguió que la reforma continúe plenamente vigente hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Por esta razón, en la Casa Rosada ya prepararon un plan para supervisar durante todo el lunes la actividad en los colegios estatales y detectar los lugares en los que no se cumpla este requisito legal.

Según precisaron a Infobae fuentes al tanto de la situación, en caso de encontrar alguna irregularidad, las autoridades nacionales realizarán la correspondiente denuncia.

”Se arrancará un proceso sancionador, si es que no cumplen con lo establecido. No sería la primera vez que se sancione a un gremio por violar una conciliación obligatoria“, remarcó un funcionario.

Al respecto, en Balcarce 50 detallan que “es un trámite extenso“ el que comenzaría bajo ese escenario, pero precisan que “la primera medida es una multa“.

“Ojalá no ocurra, porque lo que se quiere lograr, en última instancia, es que haya clases, pero si no cumplen con el 75% de capacidad, se dictará la sanción y se comunicará oportunamente”, advierte el Gobierno.

En este marco, el domingo Pettovello convocó de urgencia al Consejo Federal de Educación, que agrupa a los ministros del sector de cada una de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires, para abordar en conjunto la problemática.

Durante ese encuentro virtual, el secretario nacional, Carlos Torrendell, les ratificó a sus pares que se va a exigir el acatamiento de lo dispuesto en la reforma laboral.

“Se coordinaron las acciones necesarias para garantizar la continuidad del dictado de clases en todo el país y para articular la inspección nacional durante la jornada de paro nacional del lunes 3 de agosto”, comentó Pettovello en su cuenta de X, luego del zoom.

En las oficinas del Ministerio señalaban en la previa del conflicto que esta era “la primera vez que algo así sucede en este contexto, con la nueva ley” y se mantenían atentos a las reacciones de CTERA.

El sindicato confirmó días atrás un paro de 24 horas en todas las escuelas de la Argentina, como respuesta al rechazo del Ejecutivo de convocar a la Paritaria Nacional Docente.

El gremio asegura que el sueldo mínimo de un profesional de esta rama se encuentra estancado en 500 mil pesos, por lo que reclama un aumento sustancial y el regreso del FONID, el fondo del que el Estado disponía para pagarles todos los meses un incentivo a los maestros y profesores, que fue eliminado en el 2024.

Por su parte, el Gobierno remarca que “la definición de los salarios corresponde a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, verdaderos empleadores de los docentes“, y no a la administración nacional.

En Capital Humano recuerdan que esto es así desde 1992, por lo que no interviene directamente en los acuerdos relativos a condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo y otros aspectos de la carrera.

Asimismo, la cartera señaló que la propia CTERA judicializó la norma y obtuvo una medida cautelar que suspendió un decreto que dejaba en manos del Consejo Federal la definición de todas estas cuestiones, causando ”un conflicto innecesario que dificulta la continuidad del diálogo institucional".

“Son las provincias, junto con las entidades gremiales, quienes establecen las condiciones salariales por medio de la negociación: el Estado nacional no integra una supuesta paritaria nacional docente, por la sencilla razón de que no es el empleador de los docentes”, argumentó.

En este sentido, el Ministerio acusó al sindicato de “amenazar ahora con un paro ilegítimo que compromete el derecho a la educación de los estudiantes argentinos” por no haber encontrado “eco en el ámbito judicial“.

Para ejemplificar lo que podría suceder este lunes si se avanza con la medida de fuerza, en Capital Humano recuerdan el caso reciente de La Fraternidad, a la que se multó por más de $21.000 millones por sumarse al paro de la CGT desacatando así la conciliación obligatoria que se los impedía.

Si bien es un proceso muy largo y complejo, las autoridades nacionales advierten que, por no cumplir con lo que dicta la ley, los gremios también pueden llegar a perder la personería, algo que, no obstante, es más difícil que ocurra.

Más de 40 mil docentes del sistema educativo público de República Dominicana participan en programas de formación impulsados por el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM) para el año escolar 2026-2027, una estrategia del Ministerio de Educación orientada a reforzar la práctica pedagógica desde el inicio de clases y a sostener la mejora de los aprendizajes.

La iniciativa cuenta con una inversión acumulada de RD $15,758,751,676 (aproximadamente USD 263,000,000) desde el 16 de agosto de 2020, según informó el Ministerio de Educación. Durante ese período, 461,655 docentes recibieron beneficios en todo el país: 16,665 participaron en programas de posgrado, 2,700 obtuvieron becas de formación inicial y 432,290 accedieron a capacitación continua.

Actualmente, 7.364 docentes cursan 146 programas de maestría, especialidades y doctorados en 23 instituciones de educación superior.

Formación continua para el ciclo 2026-2027

La mayor parte de la cobertura para el ciclo 2026-2027 se concentra en programas de formación continua definidos a partir de las prioridades del Ministerio de Educación para este año escolar. Entre ellos figura el Programa de Alfabetización en la Etapa Oportuna, con 10.370 docentes.

El Diplomado CRECE Primaria, sigla de Construyendo Resultados Educativos para la Calidad y Equidad, reúne a 9.788 participantes. El programa de Habilidades Digitales alcanza a 9.500 docentes.

También integran la oferta el Congreso Nacional de Desarrollo de Competencias para el Bienestar Integral del Docente “Cuidar para Educar”, con 1.300 participantes, y los programas de Inglés, con otros 1.300 docentes.

Entre esas líneas aparecen el Diplomado de Educación Inclusiva, con 270 docentes; el Diplomado en Investigación-Acción para la Transformación de la Práctica Educativa, con 1.000 participantes; el Diplomado en Manejo de Conflictos, con 160 docentes; y el Diplomado en Género y Educación: formación docente, transversalidad y género en el quehacer educativo, dirigido a 50 docentes.

Estas acciones responden a las áreas de formación priorizadas por el ministro de Educación Luis Miguel De Camps para 2026.

Inversión y alcance de la política oficial

La directora ejecutiva del INAFOCAM, Siullin Joa León, definió esta política como una inversión enfocada en el futuro de la educación dominicana. “Cada programa formativo que impulsamos está orientado a mejorar la práctica pedagógica en el aula y, en consecuencia, elevar la calidad educativa del sistema”, expresó.

Joa León añadió que la formación continua y especializada constituye uno de los pilares para responder a los desafíos actuales de la educación. También sostuvo que la expansión de estos programas acompaña el arranque del año escolar 2026-2027 con una estructura de actualización profesional de alcance nacional.

De acuerdo con la información oficial, el Gobierno del presidente Luis Abinader ha destinado desde agosto de 2020 la mayor inversión registrada en formación docente en el país a través del instituto. Ese financiamiento se canalizó al desarrollo profesional del magisterio en posgrados, formación inicial y capacitación continua.

La Contraloría General de la República alertó sobre graves fallas en el manejo de recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG, tras una auditoría financiera correspondiente a la vigencia 2025. El organismo encontró 10 hallazgos con incidencia fiscal por $176.795 millones, además de 12 posibles faltas disciplinarias y un hallazgo con posible incidencia penal.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, las irregularidades comprometen recursos destinados a prestaciones sociales y atención en salud de los docentes. Entre los puntos advertidos aparecen pagos que no debía asumir el fondo, registros contables incompletos, desembolsos de primas sin requisitos, mesadas giradas después del fallecimiento de beneficiarios y sanciones por mora.

El hallazgo de mayor cuantía corresponde al pago de $133.255 millones por servicios médicos atrasados e intereses. Según la Contraloría, esos valores debían ser cubiertos por operadores de salud salientes y entrantes, pero terminaron siendo pagados con recursos del FOMAG, lo que habría ocasionado detrimento fiscal.

Pagos médicos que no correspondían al fondo

La Contraloría detalló que los pagos indebidos se hicieron a la Unión Temporal Medisalud, encargada de la Región 4, que incluye Boyacá, Casanare y Meta, y a la UT Redvital, de la Región 8, correspondiente a Antioquia y Chocó.

“Los resultados de este ejercicio auditor subrayan que los hallazgos de mayor cuantía correspondieron al pago indebido de servicios médico-asistenciales represados e intereses, a la Unión Temporal Medisalud y a la UT Redvital, por $133.255 millones”, señaló el organismo de control.

La entidad explicó que esa erogación estaba bajo responsabilidad de los operadores, según las cláusulas de los contratos médico-asistenciales. Por eso, consideró que el FOMAG asumió obligaciones que no le correspondían y afectó el patrimonio público.

La auditoría también encontró problemas contables. El Fondo habría reportado que debía menos dinero del que realmente adeudaba, debido a que no registró correctamente obligaciones por cerca de $598.364 millones. Esa situación, según el organismo, dificultó las labores de control y evaluación sobre el estado real de las finanzas.

Por esa razón, la Contraloría decidió no aprobar las cuentas del FOMAG correspondientes a la vigencia 2025. Para el ente de control, la falta de registros completos impide tener una visión clara de las obligaciones financieras del fondo que maneja recursos clave para docentes y pensionados del magisterio.

Pensiones a fallecidos y sanciones por mora

Otro hallazgo se relaciona con la prima de mitad de año pagada a docentes pensionados. Después de revisar una muestra de 1.105 pagos, la Contraloría concluyó que se desembolsaron $27.982 millones sin cumplir los requisitos exigidos por la Constitución y la ley.

El organismo también detectó casos en los que esos pagos se realizaron pese a que existían decisiones judiciales que ya habían negado ese derecho. A esto se suman mesadas pensionales que continuaron girándose después del fallecimiento de algunos docentes o beneficiarios, además de pagos superiores a los debidos en casos de pensiones por invalidez y sanciones por mora.

El informe advierte que el FOMAG destinó $5.479 millones al pago de sanciones por mora y tuvo que asumir más de $9.200 millones en intereses y sanciones porque varios pagos de cesantías y pensiones no se hicieron dentro de los plazos establecidos.

La Contraloría señaló una presunta corresponsabilidad entre Fiduprevisora, como vocera y administradora del FOMAG, y las entidades territoriales. Además, pidió adoptar mecanismos para corregir fallas repetidas y evitar nuevos pagos que lesionen el patrimonio público.

El organismo reiteró que se necesitan medidas eficientes para administrar estos recursos y cerrar las brechas que han permitido pagos indebidos, deudas mal registradas y giros improcedentes. El caso deja bajo revisión el manejo financiero del fondo que sostiene buena parte de las prestaciones sociales y servicios de salud del magisterio colombiano.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, cruzó a la Unión de Trabajadores de la Educación de la provincia (UNTER), el sindicato que representa a los docentes, tras anunciar un paro para lunes y martes de la semana próxima, cuando deberían reanudarse las clases luego del receso invernal. Por el caso, el gobierno local anticipó que le descontará los días no trabajados a quienes adhieran a la medida.

El paro se sustenta en un reclamo por mejoras salariales aunque el mandatario relativizó el planteo y aseguró que “los docentes rionegrinos están entre los que mejor cobran a nivel nacional, siendo la tercera provincia con mejores salarios”.

La estrategia de la conducción sindical es recurrente, ante cada inicio del período escolar. La agrupación sindical anunció la medida de fuerza para intentar forzar al gobierno a aplicar un ajuste en la escala salarial.

Sin embargo, para camuflar el discurso, esgrimieron razones edilicias en los establecimientos educativos para suspender el reinicio de las clases. “Mientras no llegan respuestas del Gobierno provincial, las escuelas siguen enfrentando problemas que no pueden esperar. Los edificios se deterioran”, denuncian.

Sostuvieron que los edificios escolares “necesitan mantenimiento” y manifestaron que hay “cargos que desaparecen, sobrecarga laboral, salarios que siguen perdiendo frente al costo de vida”.

Weretilneck dijo que “Río Negro es de las pocas provincias que incrementa los sueldos por inflación, hemos pagado sueldo y aguinaldo en un solo día, y el primer día hábil del próximo mes los trabajadores provinciales tendrán sus salarios depositados”.

Aseguró que “todas las acciones sobre los trabajadores de la educación son de respeto, intentando sostener por todos los medios el poder adquisitivo de los salarios”. El gremio, sostuvo, “decidió esta medida de fuerza, a pesar de que la provincia no va a dar más allá de lo que indican los índices de inflación”.

“Lamentablemente los niños no tendrán clases lunes y martes por esta actitud del sindicato docente, tampoco su comedor ni el refrigerio, por lo tanto no hay otra respuesta que el descuento de los días no trabajados” anunció el mandatario rionegrino.

El sindicato rechazó la oferta oficial relacionada a incrementos fijados a partir del índice inflacionario.

“No hay motivos para ir al paro, no es justo” dijo el mandatario y agregó que “más de que lo estamos haciendo no podemos hacer”.

Se trata de la tercera medida de fuerza, por motivos similares, que el sindicato provincial realiza en 2026.

La primera de ellas fue en febrero, a pocos días del inicio de clases, cuando no solo se limitó al clásico cese de actividades, sino que además realizó una medida de fuerza con una protesta en la ruta nacional 23.

En abril, la protesta tuvo cortes intermitentes y permanencia sobre la Ruta Nacional 151, con fuerte visibilización territorial del conflicto. Hubo paro los días 16 y 17 de ese mes.

En mayo, el gremio anunció un paro provincial de 48 horas con actividad central en Cipolletti y acciones en todas las seccionales al día siguiente, lo que muestra una estrategia de combinación entre acto focalizado y despliegue provincial.

En esa ocasión, los afiliados incluso reprocharon a la conducción la forma de encarar el conflicto y solicitaron otros métodos de reclamo.

En años anteriores, la UNTER puso en práctica otras medidas de fuerza similares. En julio de 2025 el sindicato resolvió un paro de 48 horas para el reinicio de clases, luego del receso invernal, por conflicto salarial y por el pago no realizado de un bono.

En octubre de ese año el congreso de esa agrupación sindical rechazó una instancia de paritaria y también dejó a los estudiantes sin clases durante dos jornadas.

El Gobierno aprobó el otorgamiento de una bonificación extraordinaria de S/ 487 para docentes y auxiliares de educación nombrados y contratados que laboran en instituciones educativas públicas del país. El beneficio, de carácter excepcional y por única vez durante el año fiscal 2026, fue establecido mediante el artículo 6 de la Ley N.° 32732, norma que autoriza créditos suplementarios destinados al financiamiento de inversiones públicas orientadas al cierre de brechas y a garantizar la continuidad de los servicios del Estado.

La disposición fue publicada el domingo en la separata de Normas Legales del diario oficial El Peruano y precisa que la entrega alcanzará al personal comprendido en la Ley de Reforma Magisterial (Ley N.° 29944), así como en las leyes N.° 30328 y N.° 30493.

La medida incluye a quienes prestan servicios en instituciones de educación básica y técnico-productiva administradas por Lima Metropolitana y los gobiernos regionales. También incorpora a los maestros que trabajan en colegios gestionados por los ministerios de Defensa e Interior.

Para hacer efectivo el desembolso, la norma autoriza un presupuesto de hasta S/ 211 millones 823 mil 085, monto que será financiado por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y los gobiernos regionales, según corresponda. Asimismo, estas entidades quedan exceptuadas de las restricciones contempladas en el artículo 6 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, con el propósito de ejecutar el pago del beneficio.

¿Quiénes recibirán esta bonificación extra?

El texto legal establece además los requisitos que deberán cumplir los beneficiarios. Entre ellos figura mantener un vínculo laboral vigente al momento en que se efectúe la entrega de la bonificación. Del mismo modo, el trabajador deberá haber estado registrado en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) al 31 de diciembre de 2024 y conservar un registro activo al entrar en vigencia la Ley N.° 32732.

La normativa también considera como tiempo de labor efectiva a quienes, al cierre del 2024, se encontraban de vacaciones o disfrutaban de licencia con goce de remuneraciones. Esa condición permitirá que dicho grupo acceda al incentivo económico, siempre que reúna los demás criterios establecidos.

Otro aspecto contemplado en la legislación es que los docentes y auxiliares recibirán la bonificación extraordinaria únicamente en una entidad pública. Con ello se busca evitar que una misma persona perciba el beneficio más de una vez por desempeñar funciones en distintas instituciones estatales.

Respecto a la naturaleza del pago, la ley precisa que tendrá carácter excepcional y se otorgará por única vez durante el presente ejercicio fiscal. En consecuencia, el monto no será considerado remunerativo ni pensionable, por lo que no estará sujeto a descuentos por cargas sociales ni servirá como base para el cálculo de la compensación por tiempo de servicios (CTS) u otros beneficios laborales.

Con esta disposición, el Ejecutivo oficializa la entrega de un apoyo económico extraordinario dirigido al personal docente y auxiliar del sistema público de enseñanza, bajo las condiciones y alcances fijados en la Ley N.° 32732 para el año fiscal 2026.

Las universidades públicas y privadas en Colombia mantienen abiertas diversas convocatorias para vincular nuevos profesores en varias regiones del país, coincidiendo con el inicio del segundo semestre académico.

Aunque algunas instituciones ya comenzaron clases, aún hay plazo para postularse a cientos de vacantes docentes, tanto de tiempo completo como de medio tiempo u hora cátedra, en programas que abarcan desde ingenierías y ciencias de la salud hasta humanidades y artes.

Entre las instituciones con procesos activos destacan la Universidad del Valle, la Universidad Industrial de Santander (UIS) y la Universidad de Pamplona, además de opciones en universidades privadas y fundaciones universitarias en Bogotá, Cali, Barranquilla, Girardot, Tunja, Cartagena y otras ciudades. El proceso de selección, en la mayoría de los casos, se realiza bajo concurso público, garantizando transparencia, mérito y libre concurrencia.

Universidad del Valle: convocatoria abierta hasta el 31 de julio

La Universidad del Valle, con sede principal en Cali, tiene abierta una convocatoria desde el 11 de junio, con cierre el 31 de julio. Se buscan profesionales con excelencia académica, investigativa y humana, comprometidos con la formación integral de los estudiantes y los procesos de docencia, investigación y extensión institucional.

Las vacantes abarcan las facultades de Artes Integradas, Ciencias de la Administración, Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias Sociales y Económicas, Humanidades, Ingeniería, Psicología y Salud. Los aspirantes deben registrarse y cargar los documentos requeridos a través del portal oficial de la universidad. Para resolver dudas, pueden escribir al correo soporte.convocatorias@correounivalle.edu.co o llamar al teléfono (602) 3212100, extensión 2558.

El proceso valora la competencia técnica, la trayectoria profesional y la vocación docente. La universidad destaca la importancia de la meritocracia, la objetividad y la transparencia en la evaluación de los candidatos.

Universidad de Pamplona: 95 plazas de tiempo completo y 30 de medio tiempo

La Universidad de Pamplona (Norte de Santander) abrió su convocatoria el 9 de julio y la cerrará el 6 de agosto (el pago de inscripción vence el 4 de agosto). El concurso seleccionará 95 docentes de tiempo completo y 30 de medio tiempo para programas como Ingeniería Agronómica, Medicina Veterinaria, Comunicación Social, Artes Visuales, Microbiología, Derecho, Filosofía, Música, Administración de Empresas y Contaduría, entre otros.

Para conocer los programas y postularse, los interesados deben consultar la página oficial de la universidad, donde están publicados los enlaces de inscripción y el listado de vacantes disponibles.

Universidad Industrial de Santander (UIS): convocatoria hasta el 30 de julio

La UIS busca 92 profesores de tiempo completo y 25 de medio tiempo en facultades como Ciencias, Ciencias Humanas, Ingenierías Fisicoquímicas, Ingenierías Fisicomecánicas y Salud, con vacantes en áreas como Biología, Física, Matemáticas, Derecho, Educación, Filosofía, Geología y Medicina. Nueve de estas plazas están reservadas para mujeres.

El concurso estará abierto hasta el 30 de julio. Los resultados de requisitos mínimos se publicarán el 21 de agosto y las pruebas psicotécnicas se llevarán a cabo entre el 4 y el 17 de septiembre. La evaluación de la hoja de vida, la sesión docente, la propuesta de investigación y la entrevista determinarán los resultados finales, que se publicarán el 20 de noviembre.

Los formularios y formatos requeridos, así como las etapas del concurso, se encuentran disponibles en la página web de la UIS. El proceso promueve la igualdad de género y la transparencia en la selección.

Otras oportunidades en el sector universitario

De acuerdo con el Observatorio de la Universidad Colombia, otras instituciones también mantienen vacantes activas, entre ellas:

• Universidad Piloto de Colombia (Girardot): docente de ingeniería civil y contaduría pública.
• Fundación Universitaria Sánitas (Bogotá): líder Institucional de Autoevaluación y gestor de posgrados.
• Universidad de Manizales: docente de Talento Humano y Consultoría.
• Fundación Universitaria Cafam (Unicafam): profesor de Regencia de Farmacia y Ciencia de Datos, tutor en segunda lengua.
• Universidad La Gran Colombia (Bogotá): licenciados en Educación Infantil, Lingüística, Literatura, Lenguas Modernas.
• Universidad Autónoma de Occidente (UAO) (Cali): profesores de carrera en todas las áreas.
• Universidad de Boyacá (Tunja): servicio Social Obligatorio en Bacteriología y Laboratorio Clínico.
• Universidad del Atlántico (Barranquilla): convocatoria docente medio tiempo.
• Universidad Incca (Bogotá): docentes de Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Sistemas, Derecho y dirección de programas.
• Universidad del Quindío (Armenia): concurso público de méritos para profesores tiempo completo.
• Fundación Universitaria del Área Andina (Bogotá): director docente de Mercadeo y Publicidad.
• Corporación Universitaria Rafael Núñez (Cartagena-Barranquilla): convocatoria para directores de programa.

La mayoría de las instituciones solicita el registro en portales institucionales, la carga de hoja de vida, títulos y certificados laborales, y en algunos casos cartas de postulación o formatos adicionales. Las etapas suelen incluir verificación de requisitos mínimos, pruebas psicotécnicas, evaluación de hoja de vida, presentación de propuestas de investigación o clase demostrativa y entrevistas.

¿Cómo postularse a las vacantes?

1. Revise las convocatorias activas: ingrese al portal web de la universidad de su interés y consulte el listado de vacantes.
2. Prepare sus documentos: tenga lista su hoja de vida, títulos académicos, certificados de experiencia y demás formatos requeridos.
3. Regístrese en la plataforma institucional: cree un usuario, diligencie el formulario y cargue los archivos solicitados.
4. Esté atento a las fechas: cada convocatoria tiene cronogramas específicos para inscripción, pruebas y publicación de resultados.
5. Solicite asesoría: si tiene dudas, las universidades suelen habilitar correos y líneas telefónicas de soporte para acompañar a los candidatos.

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) lanzó un llamado al Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) para que cumpla de manera inmediata los compromisos asumidos con el magisterio nacional, luego de la conclusión del proceso de Evaluación del Desempeño Docente. El gremio docente sostiene que, tras haber cumplido con todas las etapas del proceso, los maestros esperan la publicación oficial de los resultados, la aplicación de incentivos y el pago de los retroactivos acordados.

De acuerdo con la ADP, miles de maestros y maestras participaron en la evaluación, cumpliendo con la planificación, autoevaluaciones y ejercicios de rendimiento profesional, así como la preparación de recursos didácticos y la dedicación de largas horas adicionales. El sindicato destaca que el esfuerzo del magisterio se realizó confiando en la palabra del Gobierno y en los acuerdos alcanzados con el Ministerio de Educación.

El proceso de Evaluación del Desempeño, que debía realizarse cada tres años según la Ley General de Educación No. 66-97 y el Estatuto del Docente, había acumulado un retraso desde 2017. El acuerdo firmado en 2023 permitió destrabar una situación que afectaba derechos profesionales, laborales y económicos de decenas de miles de docentes. La ADP señala que la responsabilidad histórica del gremio se ha cumplido y que ahora corresponde al Estado honrar su parte.

Las exigencias de los docentes

La organización gremial reclama al Ministerio de Educación la publicación inmediata de las calificaciones finales, la divulgación íntegra del protocolo de revisión, reclamación y apelación, así como la aplicación de los incentivos económicos correspondientes a las categorías alcanzadas por los docentes evaluados. Además, exige el pago retroactivo para quienes participaron y concluyeron satisfactoriamente el proceso. “No existe ninguna justificación para retrasar la aplicación de estos derechos”, subraya la directiva nacional de la ADP.

En su comunicado, la ADP advierte que el conflicto actual no es provocado por el magisterio ni por la organización, sino por el incumplimiento de los acuerdos suscritos. El Comité Ejecutivo Nacional del gremio ha convocado a una reunión urgente para definir un plan de lucha y acciones gremiales, con el objetivo de garantizar que se respeten los derechos conquistados por los docentes. El sindicato insiste en que las decisiones se adoptarán dentro del marco constitucional y legal, y pide a sus miembros mantenerse atentos a las orientaciones oficiales.

La dirigencia de la ADP subraya que la dignidad del magisterio y la confianza en las instituciones dependen del cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado. “Cuando se incumple la palabra empeñada, se debilita la confianza en las instituciones”, sostiene el gremio. Además, recalca que la evaluación y los beneficios derivados de ella son un derecho legítimamente ganado por los docentes y que la organización no descansará hasta que cada maestro reciba la calificación que le corresponde y ejerza plenamente sus derechos de revisión y apelación.

El sindicato docente asegura que continuará actuando con serenidad, responsabilidad y firmeza, y que la unidad del magisterio será su principal fortaleza. La ADP concluye que la historia respalda sus reclamos y que la organización seguirá defendiendo los derechos del magisterio nacional hasta las últimas consecuencias.

El exdirector General de Personal del Gobierno del Estado de México, Jaime Noé Hernández Bocanegra fue detenido el pasado 11 de julio en Guanajuato por presunta venta de ilegal de plazas para docentes en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI).

De acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones, el exfuncionario fue arrestado durante la tarde del sábado en el municipio San Diego de la Unión, en la calle principal de la comunidad Presa de Monjas, tras su captura fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía estatal, para posteriormente ser entregado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre el caso, relacionado con una presunta red de corrupción. Se espera que en los próximos días las autoridades informen sobre su situación jurídica.

Red de corrupción por plazas para docentes en el Edomex

La investigación sobre la red de plazas docentes apócrifas en el Estado de México ha puesto en el centro de la atención a varios personajes del sector. De acuerdo con los datos más recientes, la Fiscalía estatal ha esclarecido que se encuentran bajo proceso 33 personas, de las cuales 28 han sido detenidas y vinculadas formalmente al caso, según el reporte actualizado hasta el 2 de julio.

Este delito provocó un daño patrimonial que ronda los 100 millones de pesos, resultado de la detección de 459 movimientos de alta asociados a vacantes magisteriales inexistentes. Las maniobras ocurrieron entre enero de 2025 y febrero de 2026, periodo durante el cual los responsables lograron desviar recursos significativos mediante el uso de identidades y nóminas falsas.

Las indagaciones han revelado que los participantes en de estos actos ilícitos recibían sumas superiores a los cuatro millones de pesos cada quincena, además de pagos adicionales por conceptos como aguinaldo, prima vacacional y distintos bonos. Estas cifras podrían ser revisadas y ajustadas de forma retroactiva desde el año 2021, lo que implicaría un mayor quebranto al erario en caso de confirmarse más movimientos fraudulentos.

Lujos financiados con recursos públicos

La estructura delictiva no se limitaba a la creación de plazas inexistentes, sino que también diseñó un sistema para maximizar el aprovechamiento de los fondos públicos. En algunos casos, se reportaban ingresos de hasta 200 mil pesos, aunque los beneficiarios directos recibían apenas seis mil pesos, mientras que los altos mandos absorbían la mayor parte del dinero a través de tácticas específicas sobre los montos que podían transferir a cuentas bancarias.

Los servidores públicos de mayor jerarquía no solo se aseguraban varias plazas con sueldos aproximados a 50 mil pesos mensuales, sino que mantenían estas posiciones bajo licencias irregulares. El objetivo era conservarlas como respaldo para obtener jubilaciones anticipadas o utilizarlas si perdían sus cargos de confianza. Este esquema les permitió financiar viajes a destinos internacionales como París, Dubái, Las Vegas, Islas del Caribe, China y Egipto, así como adquirir vehículos, prendas y propiedades de lujo.

En el corazón de Miami Beach, una propuesta disruptiva desafía los modelos educativos tradicionales. La apertura de Alpha School para el ciclo lectivo 2026-2027, con su modelo basado en inteligencia artificial y una matrícula anual de USD 65.000, marca la llegada de una de las escuelas privadas más exclusivas y tecnológicamente avanzadas del sur de Florida.

El proyecto, respaldado por multimillonarios y diseñado para familias de altos ingresos, se instala en un contexto de transformación urbana y educativa que tiene como escenario el antiguo campus de Papillon Montessori, adquirido por Alpha en una operación inmobiliaria millonaria.

Un modelo sin docentes tradicionales y un campus de lujo

El edificio que alojó durante más de dos décadas a Papillon Montessori en 1021 Biarritz Drive, Normandy Isle, inicia una nueva etapa tras ser adquirido por Alpha School por USD 19 millones.

El recinto, de una acre y con capacidad para 250 alumnos, cuenta con piscina, jardín hidropónico, estanque de peces koi y aulas al aire libre.

La operación, formalizada en junio, incluyó el traspaso de una propiedad que enfrentaba una demanda de ejecución hipotecaria.

De acuerdo con un reporte de Miami Herald, el modelo pedagógico de Alpha prescinde de docentes convencionales. En su lugar, los estudiantes trabajan dos horas diarias con tutores de inteligencia artificial y participan luego en talleres dirigidos por adultos denominados “guías”.

Estas actividades, que reemplazan a las materias tradicionales, se orientan a las llamadas “4Cs”: pensamiento crítico, comunicación, colaboración y creatividad. Además, se integran contenidos de liderazgo, emprendimiento, alfabetización financiera, oratoria y trabajo en equipo.

El entorno arquitectónico, según detalló el medio, refuerza la apuesta por un aprendizaje experiencial y personalizado.

El complejo, que funcionó como Montessori desde 1999, refuerza la tendencia de inversiones en infraestructura educativa de alto nivel en la región.

El auge de escuelas privadas impulsadas por millonarios

La llegada de Alpha School a Miami Beach no es un hecho aislado. La demanda de educación privada de élite crece al compás del flujo de familias adineradas hacia el sur de Florida. Miami Herald explicó que la presencia de multimillonarios, muchos de ellos trasladando sus residencias y empresas a la ciudad, incrementó la presión sobre el mercado de escuelas premium.

Figuras como Ken Griffin, fundador y director ejecutivo de Citadel, subrayaron la necesidad de ampliar la oferta de instituciones de alto nivel para mantener el atractivo de la zona entre las familias de grandes recursos.

Griffin, quien mudó en 2022 la sede global de su fondo desde Chicago a Miami, destinó USD 50 millones a la expansión de la red de Success Academy en el sur del estado, con el objetivo de sumar alternativas de calidad.

Otro actor relevante es Andy Ansin, empresario y propietario de WSVN/Channel 7, quien manifestó a Miami Herald su interés en desarrollar una nueva escuela privada en el noreste de Miami-Dade.

Ansin, exalumno y exintegrante de la junta de Ransom Everglades School, explicó que la demanda es tan alta que muchas familias condicionan su mudanza a la disponibilidad de vacantes en escuelas exclusivas. “Realmente necesitamos una gran escuela privada en la parte noreste del condado, hay una demanda enorme”, afirmó.

Ansin también expresó interés en asociarse con operadores educativos que promuevan métodos contemporáneos, incluida la enseñanza basada en inteligencia artificial.

En el condado de Palm Beach, el empresario inmobiliario y dueño de los Miami Dolphins, Stephen M. Ross, respalda la apertura de un campus de Pine Crest School, que ya tiene sedes en Fort Lauderdale y Boca Ratón.

Estos movimientos consolidan una tendencia en la que la educación privada se convierte en un polo de inversión estratégico para los sectores más acomodados.

Inteligencia artificial y controversia en el aula

El impulsor principal de Alpha School es Joe Liemandt, fundador de Trilogy Software y ESW Capital, quien, con una fortuna estimada en USD 6.000 millones según Forbes, definió la misión de la institución como una reinvención de la educación a través de la inteligencia artificial.

En palabras de MacKenzie Price, cofundadora y madre residente en Austin, el núcleo del método radica en acelerar el aprendizaje académico obligatorio mediante el uso de tutores virtuales, a un ritmo que, según sostiene la escuela, multiplica por diez la velocidad de la instrucción tradicional.

Liemandt aspira a que el modelo de Alpha pueda escalarse globalmente. Aseguró que su objetivo es desarrollar una plataforma de aprendizaje basada en inteligencia artificial capaz de operar en tabletas de menos de USD 1.000 y llegar a 1.000 millones de niños en el mundo. El empresario afirmó haber comprometido USD 1.000 millones para alcanzar esa meta.

La propuesta no estuvo exenta de objeciones. Especialistas en educación reconocen el potencial de la inteligencia artificial para personalizar los procesos de enseñanza, pero advierten que la socialización, la interacción presencial y el acompañamiento docente siguen siendo elementos difíciles de reemplazar.

Investigaciones recientes de The Wall Street Journal, WIRED y 404 Media pusieron en cuestión algunas afirmaciones de Alpha School sobre la eficacia de su modelo y llamaron la atención sobre la calidad de las lecciones, la supervisión de los estudiantes y la seguridad de los datos personales.

La institución respondió a las críticas negando irregularidades y defendiendo la solidez de su propuesta, aunque, según indicó Miami Herald, no respondió a las consultas enviadas para la elaboración de la nota.

La apertura del nuevo campus de Alpha School refleja no solo una operación inmobiliaria significativa, sino también la consolidación de un fenómeno en el que la educación privada y la inteligencia artificial se convierten en símbolos de prestigio y diferenciación social entre los sectores de mayores ingresos en el sur de Florida.

Muchas veces se suele repetir la frase “un buen maestro puede cambiar la vida de un estudiante” y seguramente es cierto, ya que todos recordamos a ese docente que creyó en nosotros, nos motivó o nos enseñó mucho más que los contenidos de un curso. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar ¿quién acompaña a ese docente para que pueda seguir cambiando vidas?

Con frecuencia, la sociedad coloca en los docentes una enorme responsabilidad. Se espera que respondan a las necesidades de sus estudiantes cada vez más diversos, que incorporen tecnologías digitales, que atiendan el bienestar socioemocional, que promuevan el pensamiento crítico y que preparen a las generaciones para enfrentar nuevos desafíos. Sin embargo, esa creciente exigencia no siempre viene acompañada de suficientes oportunidades para que ellos mismos continúen aprendiendo.

Si bien, en el 2025, el Ministerio de Educación destinó cerca de S/40 millones a 19 programas de formación continua, en los que se inscribieron más de 270 mil docentes, la cantidad de participantes no garantiza, por sí sola, una transformación de las prácticas educativas. La formación continua no debería considerarse solo como un conjunto de cursos de corta duración, ya que su verdadero propósito consiste en fortalecer la capacidad del docente para responder a problemas reales del aula, innovar en sus estrategias de enseñanza y generar mejores oportunidades de aprendizaje para todos sus estudiantes.

La investigación educativa demuestra que las experiencias con mayor impacto son aquellas que combinan capacitación, mentoría, acompañamiento pedagógico, comunidades de aprendizaje y proyectos de innovación desarrollados en las propias instituciones educativas. Cuando los docentes cuentan con espacios para compartir experiencias, reflexionar sobre su práctica y recibir retroalimentación, las posibilidades de transformar su enseñanza aumentan considerablemente.

Por otro lado, en el informe Education and Skills in Peru (OCDE, 2026) se menciona que mejorar la calidad del sistema educativo peruano depende, entre otros factores, del fortalecimiento de la formación inicial y del desarrollo profesional continuo de los docentes, especialmente para enfrentar las profundas desigualdades de aprendizaje que persisten en el país. Del mismo modo, la Unesco (2025) recomienda que los países garanticen oportunidades permanentes de formación, acompañamiento pedagógico y condiciones adecuadas para el ejercicio de la profesión.

Estas recomendaciones resultan importantes para el Perú, ya que las brechas educativas no solo responden a diferencias económicas o territoriales; también están relacionadas con las oportunidades que tienen los docentes para actualizarse y acceder a recursos de calidad. Por ejemplo, no enfrenta los mismos desafíos un profesor que trabaja en una escuela rural multigrado que uno que enseña en una institución urbana con conectividad permanente. Tampoco son iguales las necesidades de un docente de educación inicial que las de un profesor universitario o de educación técnica. En consecuencia, las políticas de desarrollo profesional deben reconocer esa diversidad y ofrecer trayectorias formativas pertinentes para cada contexto.

Hoy, además, los desafíos son diferentes a los de hace algunos años. El mayor uso de la inteligencia artificial, la consolidación de diferentes modelos de enseñanza y el acceso masivo a recursos digitales están modificando profundamente la manera en que se aprende. En este escenario, el papel del docente consiste, cada vez más, en orientar a los estudiantes para seleccionar información confiable, formular preguntas relevantes, resolver problemas complejos y utilizar la tecnología de manera ética y crítica.

Esta transformación exige un cambio en la manera en que se concibe la formación docente. Mucho más ahora que resulta indispensable fortalecer sus capacidades para diseñar experiencias de aprendizaje, evaluar con sentido formativo, promover el trabajo colaborativo e integrar las tecnologías al servicio de los objetivos pedagógicos. En ese sentido, invertir en la formación de quienes educan no solo beneficia a los estudiantes en el presente; constituye una apuesta estratégica por el futuro del país, puesto que son los maestros quienes convierten un currículo en experiencias de aprendizaje, generan vínculos de confianza con sus estudiantes y hacen posible que la educación responda a las necesidades de una sociedad en permanente cambio.

La Universidad Dr. Andrés Bello (UNAB) de El Salvador desarrolla este día el XIII Congreso Internacional de Educación Superior, un evento enfocado en el fortalecimiento de la formación docente bajo el modelo educativo basado en competencias. En la jornada, que reúne a más de mil docentes, se desarrollan sesiones orientadas a actualizar los conocimientos y habilidades conforme a las exigencias del contexto laboral y educativo actual.

Ana Elizabeth Torres, decana de Post Grado y Educación Continua de la UNAB, explicó que el objetivo principal del congreso, denominado “Enfoque Educativo Basado en Competencias, Calidad y Formación Universitaria del Siglo XXI”, es capacitar al personal docente para que pueda desempeñarse con mayor eficacia en la formación de los futuros profesionales.

Según Torres, la universidad busca que los docentes adopten el enfoque basado en competencias, considerado esencial para el desarrollo de habilidades y capacidades aplicables en entornos laborales reales. La actualización de los métodos de enseñanza responde a la necesidad de que los estudiantes adquieran competencias prácticas y no solo conocimientos teóricos.

“El enfoque basado en competencias es fundamental para crear todas estas habilidades y capacidades en los futuros profesionales, para que se desempeñen de manera eficiente en sus entornos laborales”, afirmó Torres, en declaraciones recogidas por radio YSKL.

El programa del congreso incluye una ponencia general sobre el desarrollo del enfoque por competencias, seguida de intervenciones sobre socioformación, planificación didáctica y evaluación de aprendizajes basados en competencias. Además, se realiza un conversatorio centrado en la internacionalización y los nuevos requerimientos de calidad en educación superior. Estos temas reflejan la transformación curricular que impulsa la universidad, que ha optado por pasar de un modelo de formación por objetivos a uno centrado en competencias.

La decana destacó que este cambio responde a los retos derivados de la evolución tecnológica y la creciente integración de la inteligencia artificial en los procesos formativos y productivos. “Ahora no se busca que el estudiante memorice conocimientos, sino que aprenda a ejecutar tareas concretas y aplicar los saberes en la vida real”, expresó Torres.

En este contexto, las competencias como el pensamiento crítico, la comunicación asertiva y la flexibilidad cobran relevancia, ya que los futuros profesionales deberán enfrentar escenarios complejos y cambiantes.

El congreso reúne a ponentes de Chile, Colombia, Canadá y El Salvador, quienes comparten experiencias y buenas prácticas para fortalecer la calidad de la educación superior. La participación de expertos internacionales como la doctora Carolyn Andrea Fernández Branada, de Chile, aporta una visión comparada y enriquece el intercambio académico. Fernández Branada expuso sobre el impacto del enfoque educativo basado en competencias y su relevancia para la formación docente e investigativa en el siglo XXI.

La universidad apuesta por una educación innovadora y comprometida con los desafíos contemporáneos, impulsando la reflexión y el intercambio de ideas entre autoridades académicas, docentes, investigadores y profesionales. El evento busca consolidar una comunidad educativa preparada para responder a las últimas demandas del mercado laboral y fomentar la formación de estudiantes capaces de desenvolverse en contextos globalizados y digitalizados.

Con este congreso, la UNAB reafirma su compromiso con la calidad y la pertinencia de la educación superior, promoviendo la actualización permanente del cuerpo docente y la implementación de metodologías centradas en el desarrollo de competencias. La iniciativa representa un paso relevante para la formación de profesionales que puedan adaptarse a los cambios del entorno y contribuir al desarrollo social y económico desde una perspectiva innovadora y ética.

En plena era de la inteligencia artificial y la capacitación online, un dato desafía los pronósticos: 63% de los estudiantes sigue considerando al docente humano como el factor más valioso en su formación digital.

El acompañamiento humano en la enseñanza es preferido por encima de asesorías con IA

Según cifras recientes de Coderhouse, plataforma de educación tecnológica en América Latina, la preferencia por tutores y clases en vivo no solo persiste, sino que se consolida mientras las herramientas de IA ganan protagonismo en el mercado educativo.

Lejos de perder vigencia, la interacción sincrónica y la mentoría personalizada son vistas como un diferencial clave. La paradoja se acentúa en un contexto donde la IA se posiciona como la vertical educativa más demandada, pero la necesidad de guía humana y feedback inmediato se convierte en el principal reclamo de quienes buscan crecer profesionalmente en un entorno cada vez más digitalizado.

La encuesta de Coderhouse, que abarca a más de medio millón de estudiantes activos hasta mayo de 2026, revela que el 63% identifica al docente y al tutor como el punto más fuerte de su experiencia de aprendizaje. Un 22% subraya las “clases en vivo” o la posibilidad de interactuar en tiempo real como el mayor valor agregado de la plataforma.

Esta preferencia no es anecdótica: se traduce en lealtad y continuidad académica. Los estudiantes que destacan el acompañamiento docente completan un promedio de 3,68 cursos tras su primera experiencia, y el 28% de quienes valoran la mentoría han cursado dos o más programas. El vínculo creado en entornos sincrónicos fomenta el aprendizaje continuo y fortalece la retención.

Cuál es el valor de los docentes en la era digital

Christian Patiño, CEO y fundador de Coderhouse, sostiene que a medida que la tecnología y los contenidos se vuelven más sofisticados, la intervención humana en el proceso de aprendizaje adquiere una importancia aún mayor. El acompañamiento de docentes y tutores es fundamental para guiar a los estudiantes en la comprensión y aplicación de herramientas avanzadas, aportando contexto, inspiración y resolución de dudas que la tecnología por sí sola no puede ofrecer.

De acuerdo con el ejecutivo, la diferencia entre un profesional que simplemente accedió a contenido online y otro que recibió la guía de expertos resulta evidente. El acompañamiento humano no representa un gasto, sino una inversión estratégica, ya que las empresas valoran especialmente a quienes han contado con mentoría real y experiencias de interacción autónomas durante su formación.

IA, trampa y el debate sobre el futuro de la educación

Mientras la IA se integra en el aula, surgen nuevas problemáticas. Casos virales muestran que algunos estudiantes recurren a herramientas como ChatGPT para completar tareas, disculparse por plagios o incluso para copiar en exámenes. Profesores en España han retomado los exámenes orales y, en China, se han intensificado los controles para evitar el uso de dispositivos inteligentes durante las pruebas de acceso a la universidad.

La IA es útil para automatizar tareas y mejorar el acceso a la información, pero no puede sustituir habilidades esenciales como el pensamiento crítico, la ética y la capacidad de análisis profundo. El debate sobre el uso responsable de la IA en la educación superior es urgente para evitar que el aprendizaje se reduzca a la mera repetición de respuestas generadas por algoritmos.

El auge de la IA no ha erosionado la necesidad de interacción humana. La mentoría en vivo, el feedback personalizado y el acompañamiento docente siguen siendo los pilares fundamentales para adquirir las competencias que demanda el mercado laboral digital. El reto para la educación superior es encontrar el equilibrio entre tecnología y humanidad, garantizando que la formación siga siendo una experiencia transformadora y relevante para los estudiantes del siglo XXI.

El proyecto de construcción de un Hospital Magisterial en El Salvador ha avanzado después de décadas de solicitudes por parte del sector educativo.

La iniciativa, impulsada por Bases Magisteriales de El Salvador y respaldada por el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM), se propone transformar las condiciones de acceso a la salud para más de 42,000 maestros y sus familias en el país.

Según explicó Francisco Zelada, secretario general de SIMEDUCO, el ISBM ha sido presionado durante años por los docentes para hacer realidad una propuesta que ha sido considerada un sueño colectivo del gremio.

“El sueño de los profesores, solicitado por muchos años, está a punto de convertirse en realidad”, manifestó Zelada durante una entrevista con Infobae.

El plan se enmarca en el programa estratégico institucional definido por el Consejo Directivo del ISBM para el periodo 2019-2024, presidido por Silvia Azucena Canales Represa.

Uno de los principales objetivos de este programa consiste en fortalecer la autonomía administrativa y financiera del instituto, que hasta ahora ha operado como intermediario en la compra de servicios médicos para los afiliados, utilizando las cuotas de los docentes y la contribución del Ministerio de Educación.

Zelada detalló que la prestación indirecta de servicios incrementa los costos y dificulta el control sobre la calidad de la atención. Al depender de clínicas privadas y farmacias externas, los usuarios han reportado situaciones de maltrato y retrasos en la asignación de citas con especialistas.

La construcción del hospital permitiría que el ISBM gestione sus propios recursos, contrate personal médico especializado y ofrezca atención directa, eficiente, pero también digna para el sector.

La ubicación del hospital de segundo nivel está definida, la fuente señaló que el terreno ya fue adquirido en San Salvador, tras la autorización de una modificación presupuestaria que permitió invertir más de $2 millones en la compra del inmueble.

“Ya se cuenta con el terreno en un lugar de San Salvador en donde sería construido el hospital magisterial”, puntualizó Zelada.

El proyecto lleva el nombre oficial de "Diseño, Construcción y Equipamiento del Hospital General de Segundo Nivel del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, Departamento de San Salvador" y se encuentra listo para iniciar la fase de ejecución.

El costo estimado de la obra supera los $74 millones. El financiamiento incluye recursos internacionales, pero requiere la intervención del Estado, a través del Ministerio de Hacienda, para obtener la garantía soberana que permita acceder a esos fondos. Según Zelada, aunque la deuda será pagada por el ISBM, la ley exige la aprobación estatal para este tipo de operaciones.

El hospital beneficiará directamente a 42,550 educadores y a sus familiares inscritos, alcanzando cerca de 95,000 usuarios. Además de los beneficiarios directos, el proyecto contempla la opción de ofrecer servicios a familiares que no estén afiliados al instituto, mediante la compra de paquetes de salud a tarifas preferenciales.

“En la venta de servicios, ahí se verían beneficiados los familiares indirectos, aquellos que no son afiliados al Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, pero que son familiares de los profesores que podrían comprar paquetes de salud a precios preferenciales”, explicó el secretario general de SIMEDUCO.

La propuesta también representa un alivio económico para los docentes y sus familias, al facilitar el acceso a consultas médicas, cirugías, medicamentos y otros servicios sin recurrir a clínicas privadas con precios elevados.

“El usuario estaría adquiriendo los servicios médicos, estaría recibiendo cirugía cuando la necesite, consultas médicas, medicamentos y todo eso que, de no prestarse esos servicios a los afiliados del instituto, tendrían que recurrir a gastos económicos”, detalló Zelada en la entrevista.

El hospital de segundo nivel permitirá la contratación de médicos especialistas y una mejor organización de las citas, lo que solucionará los problemas actuales. El ISBM considera que la gestión directa de los servicios permitirá un uso más eficiente de los fondos y una atención más humana y respetuosa para el magisterio.

Actualmente, el proyecto se encuentra formulado y a la espera de la aprobación final del financiamiento por parte del Ministerio de Hacienda para iniciar su construcción. La obra representa un paso significativo en la autonomía y dignificación del sector docente, que por años ha buscado mejorar sus condiciones de salud y atención médica a través de una infraestructura propia.

El Gobierno de la República anunció este viernes que el aumento salarial para el sector docente ya comenzó a hacerse efectivo con el pago correspondiente al mes de junio, beneficio que fue acreditado a miles de maestros a nivel nacional.

La información fue dada a conocer mediante un comunicado oficial emitido por Casa Presidencial, en el que se detalla que el ajuste salarial forma parte de los acuerdos alcanzados con el gremio magisterial y representa un reconocimiento al trabajo que realizan los docentes hondureños.

Según el documento, el pago acreditado este mes incorpora el incremento acordado durante las negociaciones sostenidas entre las autoridades gubernamentales y representantes del sector educativo.

“El Gobierno de la República informa al noble qgremio magisterial y al pueblo hondureño en general que, a partir de hoy, se inició a hacer efectivo el pago de junio con el aumento salarial acordado con las maestras y maestros del país”, señala el comunicado.

Las autoridades destacaron que esta medida constituye un reconocimiento a la labor que desempeñan los docentes en la formación de la niñez y la juventud hondureña, resaltando la importancia del magisterio dentro del sistema educativo nacional.

De acuerdo con el pronunciamiento oficial, los maestros representan uno de los pilares fundamentales para el desarrollo del país y desempeñan un papel esencial en la construcción de mejores oportunidades para las futuras generaciones.

El Gobierno afirmó que el cumplimiento del incremento salarial también busca dignificar la profesión docente, fortalecer las condiciones laborales y respaldar el trabajo que diariamente realizan miles de educadores en las aulas.

“Este cumplimiento representa un reconocimiento justo a quienes, con vocación, entrega y compromiso, forman diariamente a la niñez y la juventud hondureña”, expresa el documento difundido por Casa Presidencial.

Las autoridades también señalaron que la acción refleja el compromiso del Estado con la educación pública y con el fortalecimiento del sistema educativo nacional.

Asimismo, indicaron que el cumplimiento del acuerdo se realiza mediante mecanismos responsables y transparentes, en un esfuerzo por mantener el diálogo y la cooperación con el sector magisterial.

El comunicado añade que el Ejecutivo continuará impulsando políticas orientadas a mejorar las condiciones laborales de los docentes, así como iniciativas encaminadas a fortalecer la calidad educativa en el país.

Durante los últimos meses, representantes del magisterio y funcionarios del Gobierno sostuvieron diversas reuniones para abordar temas relacionados con salarios, beneficios laborales y necesidades del sistema educativo.

El ajuste salarial era una de las principales demandas planteadas por el sector docente, que venía solicitando el cumplimiento de compromisos económicos y mejoras en sus condiciones laborales.

Las autoridades sostienen que la inversión en educación y en el personal docente constituye una apuesta estratégica para el desarrollo nacional y el fortalecimiento del capital humano.

“Con esta acción, el Gobierno honra la palabra empeñada y reafirma su compromiso de dignificar la labor docente, fortaleciendo las condiciones del magisterio nacional mediante hechos concretos, responsables y transparentes”, añade el comunicado.

Finalmente, el Gobierno reiteró su disposición de continuar trabajando junto al sector educativo para impulsar nuevas acciones que beneficien a los docentes y contribuyan al fortalecimiento del sistema educativo hondureño.

Las autoridades concluyeron señalando que invertir en los maestros es invertir en el presente y en el futuro de Honduras, al considerar que la educación sigue siendo uno de los principales motores para el desarrollo del país.

La madre de una alumna agredió físicamente a una maestra y a la directora de un colegio primario de la localidad La Reja Grande, en el partido de Moreno, tras haber sido convocada para una reunión. El hecho se produjo dentro del aula de 5° cuando los alumnos se encontraban en medio de una clase.

Según la denuncia policial presentada por la directora del establecimiento, la mujer llegó al establecimiento y comenzó a insultar al personal presente. En un estado de alteración, empujó a la directora y se dirigió al aula donde se encontraba su hija. Al ingresar, le propinó un golpe de puño en la cara a la docente identificada como C., provocándole una hemorragia nasal.

Como consecuencia del impacto, la maestra cayó y golpeó su cabeza contra el marco de una puerta, lo que le provocó además un corte en el cuero cabelludo. Debido a la gravedad de los golpes, la mujer recibió asistencia de una enfermera de un centro de salud cercano, pero luego fue trasladada a una clínica por las lesiones sufridas. Tras el episodio, la mamá de la alumna manifestó que su reacción respondía a un supuesto maltrato hacia otra de sus hijas, indicó el portal Inforbano.

El ataque tuvo lugar cerca de las 15:30 en la Escuela Primaria N.º 29, lo que derivó en la suspensión de clases y en la convocatoria a un paro distrital docente para este viernes 26, e informaron que se realizará un abrazo solidario frente a la escuela, ubicada en La Madre 2002, La Reja Grande. “Le decimos no a la violencia”, expresa la convocatoria difundida por los sindicatos, de acuerdo a lo que indicó Moreno noticias.

Por su parte, la Asociación de Maestros de la Enseñanza Técnica (AMET) de la provincia de Buenos Aires expresó su “más enérgico repudio” a la agresión y remarcó que “la violencia no puede tener lugar en las instituciones educativas”.

Al respecto la directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Flavia Terigi, habló con el portal Semanario actualidad y dijo: “Desde la Dirección General de Cultura y Educación rechazamos completamente las actitudes violentas hacia cualquier integrante de la comunidad escolar”, afirmó.

Señaló que “trabajamos para que las situaciones puedan resolverse dentro del marco institucional, pero cuando se produce un ataque que lesiona a una persona, estamos frente a una falta grave y eventualmente ante un delito, por lo que la Justicia también debe intervenir”.

Otro ataque a una docente

Una docente de 40 años de una escuela primaria de Santiago del Estero recibió amenazas de muerte por parte de la madre de una alumna después de anotar en la libreta escolar las reiteradas faltas de asistencia de la niña. El hecho trascendió hace dos semanas derivó en una intervención judicial y una restricción de acercamiento de 90 días.

Todo comenzó cuando la maestra, que trabaja en el establecimiento ubicado en la intersección de las calles Rivadavia y Milburg, en la capital santiagueña, dejó constancia escrita de la preocupación por las inasistencias de la estudiante y subrayó la importancia de la concurrencia regular a clases.

La madre reaccionó con un audio de WhatsApp en el que amenazó a la docente: “Que sea la primera y última vez que a mi hija le escribas en su evaluación que ella debe asistir a clases, porque te voy a reventar la cara a piñas cuando te vea. Ya vas a ver, va a ser tu último día, así que vete avisando en tu casa”.

La maestra informó de inmediato a las autoridades del colegio y luego radicó la denuncia en la Comisaría Comunitaria N° 4. La situación generó una preocupación adicional: la acusada vive frente al establecimiento escolar, lo que aumentó el riesgo de un encuentro entre ambas.

Según La Gaceta, la Justicia de Santiago del Estero tomó conocimiento del caso y dictó una restricción de acercamiento urgente por 90 días, con prohibición expresa para la madre de aproximarse a la docente. El fiscal Diego Cortés quedó a cargo de la causa y dispuso la notificación formal de la medida.

Sin duda la violencia es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad actual: una violencia que permea todos los ámbitos de nuestra vida diaria y que suele tener su origen en los elevados niveles de estrés, frustración y falta de oportunidades con los que millones lidian día con día.

En este contexto, surge un concepto que podría ser una solución más cercana y posible de lo que pensamos: la educación emocional.

Si la educación es la base de una sociedad, el especialista Arnaldo Canales, psicólogo y psicopedagogo, coautor del libro Educación Emocional: claves para el bienestar del siglo XXI (publicado por editorial Paidós) reflexiona en entrevista con Infobae sobre la importancia de replantear por completo el objetivo de la educación en Latinoamérica en miras de construir una sociedad más feliz y menos violenta.

¿Qué es la educación emocional y por qué es vital incluirla en la educación tradicional y en la educación parental?

Hoy día vemos a nivel general conductas violentas en todos los ámbitos: en la desregulación emocional de un niño, en el asesinato de una mujer por violencia de género, en una pelea en el tránsito, en un joven que se quita la vida.

Cuando vemos estas conductas disruptivas nos damos cuenta que finalmente todo lo que tiene que ver con salud mental, ansiedad, depresión y estrés y cuando buscamos los puntos de conexión nos damos cuenta que vivimos en una sociedad donde la búsqueda del desarrollo humano no se ha incorporado.

La educación emocional lo que busca es el desarrollo de las competencias emocionales, las cuales nos enseñan a estar mejor preparados para convivir con el otro y enfrentar las crisis.

Pensemos en un joven de dieciséis años que vive su primer desamor: siente tristeza, frustración, rabia, impotencia, celos y no es capaz de lidiar con ese mundo interior, además los adultos le dicen que no es importante, eso lo convierte poco a poco en una analfabeta emocional y eso somos todos hoy en día, personas que no sabemos lidiar con nuestras emociones ni comunicar lo que nos hace falta.

En este contexto, y en pleno siglo veintiuno, la educación sigue siendo del siglo XIX cuando la realidad actual es que si los niños faltan a una clase de historia ese niño puede encontrar el conocimiento que se perdió en ChatGPT pero las habilidades emocionales no se pueden encontrar en cualquier lado.

Es por eso que hoy día el enfoque debería estar en hacer crecer la educación emocional, el desarrollo humano, el bienestar espiritual y en incorporar el mundo de la emocionalidad a la educación tradicional.

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentan los maestros en México para implementar herramientas de educación emocional?

Muchos docentes sienten que no están preparados para implementar este tipo de educación en las aulas y se entiende. Imagínate ¿Cómo yo voy a enseñarle a un niño a regular su mundo emocional si yo, como profesor normalista o docente universitario, no sé regular las mías?

Y otro de los grandes obstáculos es la enorme carga administrativa con la que lidian los docentes en México y América Latina la cual continua siendo una de las fuentes más importantes de estrés de los profesores.

El profesor siempre se lleva tarea para su casa lo que genera burnout, angustia emocional, estrés que repercute finalmente en la experiencia de aprendizaje de los niños.

¿Cómo ayuda la educación emocional a combatir el analfabetismo emocional y cuáles son sus beneficios a nivel académico?

Tenemos más de 740 programas implementados en toda América Latina con un modelo que incorpora varias evidencias científicas de los efectos positivos de implementar herramientas de educación emocional en las escuelas.

Se ha visto que esta estrategia aumenta el rendimiento académico entre un 14 y 20% por ciento en las instituciones que implementan programas de educación emocional.

Además baja las problemáticas vinculadas a convivencia escolar y violencia, mejora la capacidad que tiene el niño de absorber problemas de salud mental vinculados a la ansiedad, la depresión o el estrés, mejora la interacción con ellos y con otros, posibilita el desarrollo de competencias sociales que van a poder permitir mejorar sus relaciones, sus vínculos.

También potencia la relación con sus cercanos, con sus amigos, con su familia. Todos los beneficios que tiene la educación emocional finalmente tributan en las relaciones, en culturas de paz y en reducir los índices de violencia.

Sin duda el libro Educación Emocional: claves para el bienestar en el siglo XXI debería ser una lectura obligada no solo para todos los docentes en México sino también para padres y toda persona que tenga entre sus manos la responsabilidad de una infancia.

Sus lecciones son clave para un desarrollo humano basado en la resiliencia y la empatía, que tanta falta hacen en la sociedad actual.

El estado de Nueva York se prepara para introducir una reforma educativa que alteraría de manera profunda los requisitos de graduación en las escuelas secundarias públicas.

El plan, presentado por el Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED), propone que los estudiantes reciban sus diplomas no solo por acumular créditos de materias, sino por demostrar competencias específicas y aprendizajes comprobables.

Según reportó el New York Daily News, la reforma apunta a implementar el nuevo sistema para quienes comiencen la secundaria en el otoño de 2029, lo que impactaría a la cohorte que se graduará en 2033.

Un modelo basado en competencias: ¿qué cambia para los estudiantes?

Actualmente, los estudiantes de Nueva York necesitan completar 44 créditos en áreas obligatorias, incluyendo inglés, matemáticas, educación física y artes, para obtener el tradicional diploma Regents.

La propuesta presentada por el NYSED ante la Junta de Regentes sugeriría abandonar este esquema rígido, permitiendo a los alumnos demostrar lo aprendido mediante trabajos prácticos, pasantías, estudios independientes o proyectos en laboratorios.

De acuerdo con el New York Daily News, la intención es que los jóvenes puedan obtener su diploma una vez que acrediten determinadas competencias, sin que la cantidad de horas de clase o el cumplimiento de un número específico de cursos sean determinantes.

“En el modelo propuesto, los estudiantes demuestran preparación a través de evidencia de aprendizaje, no solo por completar cursos o rendir una única evaluación, sino al producir pruebas sustanciales de lo que saben y pueden hacer”, explicó Shannon Logan, asistente especial del departamento, según el mismo medio.

Este nuevo enfoque, denominado competency-based diploma, se sumaría a la ya iniciada eliminación progresiva del examen Regents como requisito obligatorio de egreso.

Según el New York Daily News, la decisión final sobre la validez de alternativas como pasantías o estudios independientes recaería en los distritos escolares y cada escuela, lo que abre el escenario a una mayor flexibilidad y adaptación a las necesidades de las comunidades educativas locales.

Dudas y desafíos en la implementación

Durante la última reunión de la Junta de Regentes, la presentación oficial reveló que muchos aspectos de la reforma permanecen sin definir. El New York Daily News detalló que el NYSED aún trabaja en la redacción de los requisitos estatales de competencias y en la elaboración de guías de evaluación que garanticen la calidad de la enseñanza bajo el nuevo esquema.

Las competencias estarán alineadas con los estándares de aprendizaje y con el marco denominado Portrait of a Graduate, que busca preparar a los estudiantes para la vida universitaria, el empleo, el pensamiento crítico y la ciudadanía global.

El documento, según New York Daily News, funciona como una guía para formar jóvenes capaces de desenvolverse en contextos diversos y complejos.

La reforma también prevé introducir un certificado académico estatal unificado que reemplazaría al tradicional certificado con calificaciones y listas de evaluaciones. No obstante, al momento de la presentación, el borrador de este nuevo documento aún no estaba disponible.

Angelique Johnson-Dingle, subsecretaria de apoyo a la instrucción, remarcó que el futuro certificado reflejará “de forma clara e integral la preparación del estudiante para la vida después de la secundaria”, aunque evitó adelantar detalles sobre su contenido, según New York Daily News.

Preocupaciones en la comunidad educativa: comunicación y preparación

La exposición ante la Junta de Regentes generó inquietudes entre los propios miembros del organismo. Hasoni Pratts, representante de Brooklyn en la junta, expresó: “Hay muchas preguntas ahí afuera, y no creo que esas preguntas hayan sido respondidas”. La funcionaria recalcó la necesidad de que el sistema educativo disponga de información clara y precisa para docentes, familias y estudiantes.

De acuerdo con el New York Daily News, Pratts describió el desconcierto que ya se observa entre educadores y personal escolar.

“Tenemos maestros y personal muy comprometidos en estos edificios, y están preguntando: ‘¿Cómo me preparo para esto? No sé qué significa que puedan demostrar conocimiento de alguna manera’. ¿Cómo se le dice eso al maestro y cómo se comunica de forma eficaz a los padres?”, planteó. También advirtió que el proceso requiere definiciones más concretas que puedan ser comunicadas a la comunidad.

Ante estas inquietudes, la comisionada Betty Rosa reconoció que quedan numerosos temas por resolver, aunque defendió la necesidad de avanzar con la transformación del sistema educativo.

“Creo que el mensaje de fondo ha sido que sí, vamos a tener muchísimas, muchísimas preguntas a medida que avancemos en esto. Pero la idea es que tenemos que cambiar”, afirmó durante la reunión, detalló New York Daily News.

Rosa añadió que el organismo ya distribuyó información a nivel local a través de visitas escolares y capacitaciones docentes, aunque admitió que será necesario reforzar la comunicación en los próximos meses.

En medio de una economía desafiante, el 71% de los docentes de escuelas públicas en Estados Unidos reconoce que debe recurrir a al menos un segundo empleo para cubrir sus necesidades básicas, según el reporte anual Teaching for Tomorrow, elaborado por la Walton Family Foundation y Gallup y difundido en marzo.

El informe, citado por CBS News, refleja el impacto persistente de la inflación y los salarios estancados en la vida cotidiana de los maestros.

Una vocación que exige múltiples trabajos

En Plainfield, Nueva Jersey, el caso de Christine Regal ilustra la realidad de muchos docentes estadounidenses. Con 26 años de experiencia enseñando segundo grado en la Barlow Elementary School, Regal combina su jornada escolar con tareas adicionales de desayuno y almuerzo, tutorías después de clases y un empleo de medio tiempo en Cheesecake Factory.

“Me encanta trabajar con niños. Sigo en contacto con muchos de mis exalumnos”, expresó la docente en declaraciones recogidas por CBS News. Sin embargo, ese compromiso requiere múltiples fuentes de ingreso para hacer frente a los gastos diarios.

La presión económica se refleja en testimonios como el de Regal, quien detalló: “Estoy recibiendo golpes por todos lados. Este fin de semana pasado me costó USD 70 cargar nafta en el auto. Anoche fui al supermercado, dos bolsas de compras, USD 160. Ahí es donde me están golpeando”, según relató a CBS News.

Para el próximo receso de verano, la maestra planea continuar trabajando como camarera para reunir ingresos adicionales y cubrir, entre otros gastos, los insumos escolares que debe costear de su propio bolsillo. La inversión personal anual en útiles puede alcanzar hasta USD 1.500, una cifra muy superior al promedio nacional, según el mismo reporte.

Más estrés, menos salario

El informe Teaching for Tomorrow también revela que el 21% de los maestros de jardín de infantes a 12.º grado afirma atravesar dificultades económicas.

La situación se agrava ante el aumento del costo de vida: el Departamento de Trabajo comunicó que el Índice de Precios al Consumidor subió en mayo a una tasa anual de 4,2%, el registro más alto desde abril de 2023, tal como informó CBS News.

Más allá de la necesidad de buscar segundos empleos, los docentes estadounidenses enfrentan altos niveles de estrés y agotamiento.

Una encuesta reciente de la RAND Corporation, citada por la National Education Association (NEA), indica que el 55% de los maestros reportó sufrir estrés laboral frecuente en 2026, frente al 34% observado en otros sectores laborales. El fenómeno del burnout afecta al 57% de los educadores, mientras que en el resto de los trabajadores la cifra es del 36%.

El salario base promedio para los docentes alcanzó los USD 75.599 en 2026, notablemente por debajo de los más de USD 105.000 que perciben profesionales de rubros comparables.

Según el estudio de RAND, el maestro promedio dedica 54 horas semanales a actividades escolares y otras ocupaciones, incluyendo 13 horas en empleos fuera del sistema educativo para casi un tercio de los encuestados. Además, el 94% de los docentes utiliza recursos propios para solventar la falta de insumos en las aulas, con un gasto promedio de USD 665 en el ciclo 2024-2025, aunque algunos, como Regal, duplican o triplican esa cifra.

Factores que impulsan el desgaste y la salida de la profesión

Entre los principales factores que alimentan el estrés docente se encuentran la gestión del comportamiento estudiantil, el bajo salario, las horas extra fuera del horario contractual y la sobrecarga de tareas administrativas, de acuerdo con la RAND Corporation.

El impacto emocional y financiero lleva a que el 18% de los maestros considere abandonar la profesión, mientras que solo uno de cada cuatro planea continuar en la docencia “mientras le sea posible”.

La historia de Regal, quien planea “probablemente” jubilarse a los 60 años, representa la de miles de docentes que, a pesar de la vocación y el compromiso con sus alumnos, deben sumar empleos y ajustar su presupuesto para sostenerse en la profesión. “Voy a seguir trabajando y ahorrando, y rezar para que, cuando llegue a los 60, las cosas sean diferentes”, concluyó la maestra en diálogo con CBS News.

Un maestro de educación primaria del municipio de Tecate, Baja California, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades tras ser señalado por su presunta participación en delitos relacionados con pornografía infantil y pederastia agravada, informaron fuentes de investigación.

El imputado, identificado como Néstor “N”, se desempeñaba como docente en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón, ubicada en la colonia Fundadores. De acuerdo con la información disponible, permanece bajo custodia desde el pasado 29 de mayo mientras avanzan las investigaciones y procedimientos judiciales en su contra.

Según las indagatorias realizadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), el docente es investigado por presuntas conductas cometidas contra alumnas menores de edad a quienes impartía clases dentro del plantel educativo.

Las autoridades sostienen que existen señalamientos relacionados con presuntos tocamientos indebidos hacia las estudiantes, así como con la posible grabación de material audiovisual que posteriormente habría sido almacenado y compartido a través de sitios de internet bajo investigación.

Es importante señalar que estas acusaciones forman parte de una carpeta de investigación en curso y deberán ser acreditadas ante los tribunales correspondientes.

Fiscalía asegura evidencia fotográfica y videográfica

Como parte de las diligencias judiciales, agentes ministeriales realizaron un cateo en un inmueble vinculado con el docente investigado.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, durante la intervención se localizaron diversos elementos considerados relevantes para la investigación, entre ellos fotografías y videos que presuntamente muestran conductas inapropiadas hacia menores de edad.

Las autoridades señalaron que parte del material asegurado habría sido obtenido dentro de las instalaciones escolares, específicamente en espacios donde el maestro desarrollaba sus actividades académicas cotidianas.

Asimismo, durante la revisión del domicilio fueron encontrados cartuchos de distintos calibres para armas de fuego, situación que derivó en aseguramientos adicionales y en la revisión de otras líneas de investigación.

En el operativo también fue presentada ante las autoridades la pareja sentimental del docente, quien igualmente se desempeña como profesora en una institución educativa de Tecate. Sin embargo, tras las diligencias correspondientes fue puesta en libertad al no encontrarse elementos suficientes para mantenerla bajo investigación en ese momento.

Padres de familia esperan información oficial

El caso ha generado inquietud entre padres y madres de familia de la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón, debido a la gravedad de los señalamientos y al posible impacto que los hechos podrían tener sobre la comunidad escolar.

Hasta el momento, autoridades educativas municipales y la Secretaría de Educación de Baja California no han emitido un posicionamiento público detallado respecto a la situación ni han informado oficialmente sobre protocolos de atención, acompañamiento psicológico o medidas específicas para las familias potencialmente afectadas.

Ante investigaciones relacionadas con posibles delitos contra menores de edad, resulta fundamental garantizar apoyo institucional, atención psicológica especializada y mecanismos de denuncia seguros para las víctimas y sus familiares.

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado continúa integrando pruebas y testimonios para fortalecer la carpeta de investigación y determinar las responsabilidades correspondientes.

El caso permanece bajo proceso judicial y serán las autoridades competentes quienes determinen la situación jurídica del docente conforme avancen las etapas legales previstas por la ley.

El Gobierno de Honduras y las organizaciones magisteriales lograron acuerdos salariales y laborales para el magisterio nacional tras un proceso de diálogo que, según informó la Presidencia de Honduras, impactará directamente en la calidad educativa y en las condiciones de los docentes. Estos entendimientos incluyen incrementos al salario base y ajustes complementarios para diferentes categorías, así como el compromiso de reforzar la dotación de recursos escolares en todo el país.

De acuerdo con la información oficial, uno de los puntos centrales del acuerdo contempla un aumento de 1,500 lempiras (USD 56.24)al salario base para los docentes. A este monto se suman 300 lempiras (USD 11.25) adicionales por calificación académica, 100 lempiras (USD 3.75) por cada quinquenio de servicio, 100 lempiras por asumir cargos directivos y 100 lempiras para quienes trabajan en zonas fronterizas. Además, los maestros recibirán un ajuste de 1,500 lempiras por concepto de zonaje, de acuerdo con las especificaciones de la normativa vigente.

La administración del presidente Nasry Asfura detalló que el incremento salarial comenzará a reflejarse en la planilla correspondiente al mes de junio, mientras que el pago retroactivo correspondiente a mayo será acreditado en septiembre. Asimismo, la proyección del décimo cuarto mes, que incorporará el ajuste salarial, quedará registrada en la planilla de julio, según precisó la Presidencia de Honduras.

El Gobierno destacó que este acuerdo forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer el sistema educativo. El presidente hondureño aseguró en su declaración pública: “Se ha llegado a una revisión justa en el tema salarial, balanceado, con responsabilidad para nuestro ejercicio fiscal y acorde a las necesidades, a los cumplimientos que debemos de hacer con toda seriedad ante el pueblo hondureño. Y hoy aquí está el resultado".

Según Asfura, existe un compromiso compartido entre las seis instituciones del magisterio y el gobierno central para mejorar la calidad educativa. El mandatario señaló que esta colaboración incluye la entrega de materiales, la reparación de escuelas y la implementación de un programa que busca dotar de conectividad a unas ocho mil instituciones educativas. Destacó que el objetivo es trabajar de manera conjunta para lograr los mejores resultados en beneficio de la educación.

Entrega de libros y retorno a clases en Honduras

Como parte de los compromisos, el Gobierno continuará con la entrega de libros de texto de calidad para los niños del sistema educativo, en el marco del programa nacional impulsado por el Ejecutivo También se mantiene la meta de ampliar la conectividad en aproximadamente ocho mil escuelas y avanzar en la reparación de la infraestructura educativa. Estos esfuerzos buscan mejorar las condiciones de aprendizaje y docencia en todo el país.

La reacción de las organizaciones magisteriales fue la suspensión de asambleas informativas y la reanudación de las actividades académicas en los centros educativos, de acuerdo con la comunicación oficial. Las autoridades valoraron el retorno a la normalidad como un paso relevante para el desarrollo del ciclo escolar y reiteraron el llamado al diálogo permanente.

La Presidencia de Honduras resaltó que estos acuerdos se lograron gracias a la participación activa de las seis instituciones que integran el magisterio y del Gobierno central, en un contexto de respeto mutuo y búsqueda de soluciones responsables para el fortalecimiento del sistema educativo.

El Gobierno hondureño ratificó nuevamente el diálogo con el gremio magisterial y aseguró que el aumento salarial para los docentes está garantizado. Durante una conferencia en Casa Presidencial, el ministro de Comunicaciones y Estrategia José Augusto Argueta afirmó que continúan las negociaciones y pidió no suspender clases.

Durante la ponencia Argueta dijo que la administración mantiene acuerdos sobre las condiciones laborales de los educadores y sostuvo que las decisiones deben considerar a los estudiantes hondureños.

“El centro de toda decisión educativa deben ser nuestros niños y nuestros jóvenes”, expresó el funcionario y exhortó a los sectores que promueven suspensiones de clases a separar las reivindicaciones laborales de cualquier interés político.

Argueta señaló que uno de los avances de las negociaciones fue la nivelación salarial de más de 14 mil docentes que durante 14 años esperaron un ajuste en sus ingresos. Según explicó, estos maestros pasaron de percibir un salario mensual de 11 mil lempiras a recibir 18 mil lempiras.

Bonos compensatorios y ajustes

También informó que los educadores de centros de educación prebásica fueron beneficiados con un incremento salarial. De acuerdo con los datos presentados, quienes antes recibían mil lempiras mensuales ahora perciben cuatro mil lempiras.

El funcionario indicó, además, que se acordó el pago de un bono compensatorio correspondiente al período transcurrido mientras concluyen los procedimientos administrativos necesarios para extender el ajuste al resto del personal docente.

La agenda de trabajo entre las autoridades y los representantes del magisterio incluye temas relacionados con las condiciones de jubilación y otros beneficios laborales.

Además, Argueta presentó un informe preliminar sobre la asistencia escolar en distintas regiones del país. Según los datos oficiales, entre el 80% y el 85% de las aulas permanecieron activas durante la jornada monitoreada, pese a los llamados de algunos sectores a paralizar las actividades académicas.

Cuestionan las marchas

El ministro cuestionó la continuidad de las convocatorias a suspender clases mientras se mantienen espacios de diálogo y hay acuerdos en proceso de ejecución.

“Resulta difícil comprender que mientras existe diálogo abierto, acuerdos en construcción y compromisos concretos, algunos sectores continúen promoviendo suspensión de clases”, manifestó.

Argueta también informó que la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Educación trabajan de manera coordinada para garantizar el pago de obligaciones pendientes al sector docente y detalló, que en un plazo aproximado de nueve días los maestros recibirán el pago correspondiente a uno de los meses adeudados y, 10 días después, se completará el proceso para mantener al día sus salarios.

También recordó que en los próximos días los educadores recibirán el décimo cuarto mes de salario.

“Es un llamado respetuoso, pero firme, para que se dejen de lado los intereses políticos y prevalezca el compromiso que todos tenemos con los niños de Honduras”, puntualizó.

Reclamos del magisterio

Los dirigentes magisteriales sostienen que las protestas responden a una serie de demandas que, aseguran, aún no han sido resueltas en su totalidad.

Entre sus principales exigencias figuran el cumplimiento de ajustes salariales pendientes para todos los docentes, la agilización de los procesos de pago, mejoras en las condiciones laborales, el respeto a los derechos adquiridos del sector y soluciones a temas relacionados con jubilaciones y beneficios administrativos.

Además, representantes del magisterio señalaron que, aunque reconocen algunos avances en las negociaciones, todavía existen compromisos gubernamentales que deben concretarse mediante acuerdos oficiales y calendarios de cumplimiento. Por eso, sostienen que mantendrán las medidas de presión hasta obtener respuestas definitivas a sus planteamientos.

Las organizaciones docentes también defendieron las movilizaciones como un mecanismo para visibilizar las necesidades del sector educativo y garantizar que los acuerdos alcanzados se traduzcan en beneficios efectivos para todos los trabajadores de la educación.

La voz es una herramienta central en la labor docente: sostiene la explicación de contenidos, ordena la dinámica del aula y permite mantener la atención del grupo. A diferencia de otros recursos pedagógicos, es un “instrumento” que el profesor usa de manera continua y, muchas veces, en condiciones poco favorables.

Esa exigencia diaria implica riesgos. Hablar durante varias horas, elevar el volumen para cubrir el ruido y sostener una proyección clara sin pausas puede provocar fatiga muscular, irritación y, con el tiempo, lesiones que obligan a reducir la carga de clases o a guardar reposo.

Por eso, el Ministerio de Salud (Minsa) difundió recomendaciones para prevenir el desgaste vocal en quienes trabajan con la voz. El Dr. Christian Yon Trujillo, especialista en otorrinolaringología del Hospital María Auxiliadora del Minsa, advirtió que los docentes presentan un alto porcentaje de trastornos de la vía vocal frente a otros profesionales y que la prevención depende de hábitos y técnicas simples, pero constantes.

Qué es el “Efecto Lombard” y qué problemas de salud suelen afectar la voz

El doctor Yon Trujillo explicó que uno de los principales desafíos en el aula es el llamado “Efecto Lombard”, un fenómeno por el cual el docente eleva de manera excesiva el volumen de su voz para ser escuchado cuando existe ruido ambiental. Ese esfuerzo sostenido, si se vuelve rutina, incrementa la carga sobre la musculatura del cuello y el aparato fonador.

El especialista señaló que el uso prolongado de la voz durante la jornada laboral y la necesidad de mantener una proyección clara frente a los estudiantes demandan preparación y hábitos específicos para evitar la fatiga muscular. En su evaluación, no se trata solo de “hablar fuerte”, sino de cómo se sostiene esa intensidad, durante cuánto tiempo y con qué pausas.

Alertó sobre el desgaste acumulativo: “Hablar durante muchas horas requiere de una rehabilitación biomecánica y ejercicios de liberación muscular para evitar lesiones crónicas a futuro”, precisó. La advertencia apunta a un problema frecuente: cuando la voz se exige por encima de su capacidad sin descanso ni técnica, el malestar deja de ser ocasional y empieza a repetirse clase tras clase.

A las condiciones del entorno se suman factores de salud que también impactan en la voz. Yon Trujillo indicó que, además de lo externo, el docente “tiene que luchar” frente a problemas comunes como el reflujo, el asma o las alergias, que pueden irritar las cuerdas vocales y agravar la sensación de carraspera, ardor o cansancio al hablar.

Recomendaciones del Minsa para cuidar la voz durante las clases

El Minsa señaló que el cuidado vocal se sostiene con pausas programadas, hidratación, tratamiento oportuno de afecciones que irritan la garganta y técnicas para disminuir la tensión muscular. Estas son las recomendaciones difundidas para prevenir el desgaste y reducir el esfuerzo de elevar la voz en el aula:

• Realizar descansos de cinco a siete minutos por cada media hora de clase para relajar la musculatura del cuello.
• Beber agua para mantener una correcta hidratación y llevar una alimentación sana para proteger las cuerdas vocales.
• Tratar adecuadamente afecciones como el reflujo, la gastritis o alergias que irritan las cuerdas vocales.
• Practicar técnicas de calentamiento vocal y ejercicios de relajación para soltar la tensión del cuello y hombros.
• Utilizar dinámicas y recursos tecnológicos que eviten el esfuerzo de gritar para ser escuchado.

El Minsa indicó que estos hábitos buscan prevenir problemas de salud y ayudar a sostener un desempeño profesional óptimo en los docentes. También recomendó realizarse chequeos preventivos como parte del cuidado integral de la salud.

Google presentó la mayor iniciativa de formación en inteligencia artificial para educadores lanzada hasta ahora. La compañía anunció la puesta en marcha de la Google AI Educator Series, un programa gratuito dirigido a más de 6 millones de docentes de educación escolar y universitaria en Estados Unidos, con cursos disponibles desde el 13 de mayo de 2026 a través del Google for Education Learning Center.

La iniciativa fue desarrollada junto con ISTE+ASCD y busca capacitar a profesores en el uso de herramientas de IA tanto para la enseñanza como para tareas administrativas. El programa incluye más de 20 sesiones iniciales sobre conceptos básicos de inteligencia artificial, aplicaciones pedagógicas y automatización de procesos educativos.

Según explicó Jennie Magiera, responsable global de Google for Education, el objetivo es que la alfabetización en IA deje de ser una habilidad exclusiva de especialistas y se convierta en una competencia habitual entre los docentes. Richard Culatta, CEO de ISTE+ASCD, señaló que los profesores necesitan “los conocimientos y la confianza” para ayudar a los estudiantes a utilizar la inteligencia artificial de manera responsable.

Los cursos ya están disponibles desde el 13 de mayo

Las sesiones pueden realizarse de manera gratuita desde el 13 de mayo de 2026 en el Google for Education Learning Center. Google indicó que no se requiere una suscripción de pago ni una cuenta de Google Workspace para acceder al contenido.

El programa fue diseñado para adaptarse a los horarios de los profesores. Las clases para educación escolar K-12 duran entre 10 y 15 minutos, mientras que las destinadas a educación superior se extienden entre 30 y 45 minutos.

Google describe este formato como “snackable and stackable”, es decir, sesiones breves que pueden completarse de forma individual o combinarse en talleres de varias horas durante jornadas de capacitación institucional.

Los cursos no siguen un orden obligatorio y pueden tomarse según el interés del usuario. Además, cada sesión incluye un cuestionario corto y entrega un badge digital como microcredencial.

Qué temas incluye la capacitación en inteligencia artificial

La Google AI Educator Series está dividida en tres grandes categorías.

La primera es “Foundational Understanding”, enfocada en conceptos básicos de inteligencia artificial, funcionamiento de modelos de lenguaje y sesgos algorítmicos.

La segunda categoría, “Pedagogical Applications”, enseña cómo utilizar herramientas como Gemini y NotebookLM dentro del aula. En el caso de K-12, las sesiones están diferenciadas según el nivel educativo.

La tercera área, “Administrative Applications”, aborda el uso de IA para automatizar tareas repetitivas, redactar comunicaciones, resumir formularios y analizar resultados académicos.

Google también incluyó ejemplos concretos sobre cómo adaptar materiales educativos a distintos niveles de lectura, idiomas o necesidades visuales, además de generar contenidos personalizados según el rendimiento de cada estudiante.

Entre los casos prácticos, el programa muestra cómo NotebookLM puede ayudar a los alumnos a crear guías de estudio, infografías o podcasts interactivos utilizando materiales del curso.

Google acelera su apuesta educativa con Gemini

El lanzamiento refuerza la estrategia de Google para integrar inteligencia artificial en el sector educativo. En los últimos años, la empresa incorporó Gemini en Classroom y amplió el acceso de NotebookLM para estudiantes menores de 18 años.

Actualmente, Google Classroom supera los 150 millones de estudiantes a nivel global, según datos de la compañía.

La nueva iniciativa también se suma a otros proyectos recientes de formación docente en IA. En 2025, la American Federation of Teachers anunció el National Center for AI Instruction con apoyo de OpenAI, Microsoft y Anthropic.

Google, por su parte, aseguró que financiará completamente la Google AI Educator Series y adelantó que publicará nuevas sesiones el primer miércoles de cada mes a partir del 2 de septiembre de 2026.

Además, en mayo de 2026 la empresa amplió su AI Opportunity Fund en Asia-Pacífico hasta los 37 millones de dólares, con el objetivo de capacitar a 4,7 millones de educadores en 19 países.

La transformación digital cambió radicalmente la manera en que los jóvenes acceden al conocimiento y, con ello, también redefinió el papel de los maestros dentro de las aulas.

En un contexto donde la información está disponible de forma inmediata a través de internet, plataformas educativas y herramientas de inteligencia artificial, los especialistas consideran que ya no es suficiente que los docentes únicamente impartan clases tradicionales.

Actualmente, los estudiantes de nivel medio superior tienen acceso a miles de contenidos educativos desde sus teléfonos móviles o computadoras, lo que ha provocado una evolución en los modelos de enseñanza.

El reto para los profesores ya no consiste solo en transmitir datos o conceptos, sino en ayudar a los jóvenes a interpretar, filtrar y dar sentido a la enorme cantidad de información que consumen diariamente.

De acuerdo con especialistas en educación, el maestro contemporáneo debe convertirse en un acompañante que impulse el pensamiento crítico, el bienestar emocional y la construcción del propósito de vida de los estudiantes.

Esta transición busca responder a las nuevas necesidades de una generación que creció en entornos digitales y que demanda experiencias de aprendizaje más dinámicas y personalizadas.

El maestro como mentor y guía en la era digital

Durante décadas, el profesor fue visto como la principal fuente de conocimiento dentro del salón de clases. Sin embargo, el avance tecnológico modificó esta dinámica.

Hoy, los jóvenes pueden consultar tutoriales, cursos, investigaciones y herramientas digitales en cuestión de segundos, por lo que la figura del docente evoluciona hacia un rol más humano y estratégico.

La institución educativa Tecmilenio señala que el nuevo perfil docente debe enfocarse en orientar a los estudiantes y ayudarlos a conectar lo aprendido con sus metas personales y profesionales.

“Hoy los estudiantes ya no necesitan que el profesor sea la única fuente de conocimiento, porque la información está en todas partes. Lo que sí necesitan es alguien que los acompañe, que les ayude a filtrar, a encontrar sentido y a conectar lo que aprenden con su propósito de vida”, explicó Abismael Reséndiz.

El especialista destacó que esta nueva visión educativa también tiene impacto en la permanencia escolar y en la salud mental de los estudiantes, dos de los desafíos más importantes que enfrentan actualmente las instituciones de educación media superior.

La educación apuesta por habilidades humanas y bienestar

Además de dominar herramientas tecnológicas, las escuelas buscan fortalecer competencias socioemocionales entre sus docentes para generar una relación más cercana con los estudiantes. La escucha activa, la empatía y la capacidad de orientar se han convertido en habilidades fundamentales dentro de los nuevos modelos educativos.

En este contexto, Tecmilenio impulsa un modelo flexible que integra bienestar, propósito y tecnología como pilares centrales de la formación académica. La institución capacita a sus profesores tanto en competencias digitales como humanas, con el objetivo de responder a las exigencias de las nuevas generaciones.

Diversos informes internacionales respaldan esta transformación. El Future of Jobs Report 2025 del World Economic Forum advierte que las habilidades humanas y estratégicas serán decisivas para enfrentar los cambios del mercado laboral y mantenerse vigente en un entorno cada vez más automatizado.

Ante ello, expertos consideran que la educación no puede permanecer ajena a esta realidad. El modelo tradicional del profesor que únicamente dicta contenidos comienza a quedar rezagado frente a metodologías centradas en el acompañamiento y el aprendizaje significativo.

El desafío de enseñar en un mundo hiperconectado

La digitalización no solo modificó la manera de aprender, sino también las expectativas de los estudiantes. Los jóvenes buscan profesores capaces de inspirarlos, guiarlos y ayudarlos a construir un proyecto de vida más allá del ámbito académico.

Por ello, el nuevo rol docente se enfoca en crear experiencias educativas que conecten con la realidad cotidiana y preparen a los estudiantes para enfrentar un entorno dinámico, competitivo y en constante transformación.

La evolución del maestro, de orador a mentor, representa uno de los cambios más importantes dentro del sistema educativo actual. Más que repetir información disponible en internet, los docentes del presente y del futuro tienen el reto de convertirse en facilitadores capaces de transformar el conocimiento en herramientas útiles para la vida.

Los docentes universitarios acumularon una pérdida salarial equivalente a 8 sueldos desde noviembre de 2023, con una caída del 34,5% en términos reales. Los datos surgen en la antesala de la marcha federal de este martes por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento por parte del Gobierno Nacional, la cual fue aprobada e insistida en el Congreso tras el veto del presidente Javier Milei.

Para poner estas variaciones en números concretos, en base a datos de Conadu, Infobae elaboró ejemplos de salarios brutos para docentes con hasta 2 y 10 años de antigüedad.

¿Cuánto cobran los docentes universitarios en mayo 2026?

De acuerdo con la escala salarial de mayo de 2026, la dedicación exclusiva (40 horas semanales) muestra una brecha significativa determinada por el escalafón y la antigüedad. Un profesor Titular que inicia su carrera o posee hasta dos años de experiencia percibe $1.898.740,01, cifra que se eleva a $2.373.425,01 al alcanzar los 10 años en el cargo.

Un Auxiliar de primera categoría tiene un sueldo inicial de $1.062.708,05, lo que representa apenas un 55% de lo que cobra un Titular con su misma antigüedad.

En el caso de las dedicaciones semiexclusivas de 20 horas semanales, los montos reflejan la presión sobre los ingresos de los cargos intermedios. Un docente Adjunto con una década de trayectoria cobra un bruto de $925.745,76, mientras que un Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) con la misma antigüedad llega a los $795.039,03.

Por su parte, un Auxiliar de primera con 10 años de experiencia bajo este régimen horario percibe $664.190,55, lo que obliga a la mayoría de los profesionales a buscar fuentes de ingresos adicionales.

La situación resulta más crítica en las dedicaciones simples de 10 horas semanales, las más frecuentes en el sistema universitario nacional. Aquí, los salarios de los niveles iniciales oscilan entre los $212.540,62 y los $265.675,77 brutos dependiendo de la antigüedad. Incluso un profesor Titular en este régimen recibe por mes apenas $593.355,63 tras diez años de servicio.

Estas cifras cobran especial relevancia frente a un contexto donde la inflación interanual a comienzos de año se situó en el 32,4% y se proyecta un cierre para 2026 del 27,5%, lo que subraya la magnitud del desafío para mantener el poder adquisitivo del sector académico.

Cuánto perdieron los salarios docentes

Para medir el efecto del ajuste que aplicó el Gobierno al presupuesto universitario en términos reales, se tomaron cálculos privados con datos a marzo o abril, según el caso. Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) detalló que un titular con dedicación exclusiva, en el acumulado desde el cambio de gestión, cobró $18,5 millones menos a precios de abril.

El recorte presupuestario en las universidades nacionales afecta principalmente a los docentes, ya que el 80% de los fondos se destina a remuneraciones. Como resultado de dicho deterioro en el poder adquisitivo, según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), más de 10.000 profesionales ya dejaron sus cargos.

Como comparativa, el presupuesto asignado al sistema universitario nacional pasó del 0,72% del PBI en 2023 al 0,47% proyectado para este año, mientras que las transferencias muestran una baja real acumulada del 45,6%

“El gasto en 2025 fue similar al que se realizó en 2007 ($5,5 billones a precios de abril de 2026); y sin tener en cuenta la creación de 13 universidades públicas y los 768.200 nuevos estudiantes que se incorporaron al sistema”, señaló el IAG.

Un informe de CEPA tomó los salarios básicos a marzo de 2026 y, con ellos, estimó el impacto de la inflación sobre su poder adquisitivo al compararlo con la evolución de las canastas de indigencia y pobreza. De acuerdo al análisis, si se considera la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) de un Hogar Tipo 2 en marzo de 2026 con los salarios básicos brutos (sin antigüedad) del personal docente y no docente de las universidades nacionales, se advierte que solo una minoría de los cargos supera la línea de pobreza. Ese mes, la CBT fue de $1.434.464.

Entre los docentes, únicamente los titulares con dedicación exclusiva exceden ese monto, con un sueldo bruto de $1.555.834. En el caso del personal no docente, solo los cargos de los niveles 1 y 2 logran cubrir la canasta.

A su vez, la CBA, que marca la línea de indigencia, alcanzó los $658.011 en marzo. A excepción de los titulares y asociados con dedicación semi-exclusiva, el resto de los cargos docentes, incluidos los de dedicación simple, quedaron por debajo de ese umbral.

La Ley de Financiamiento Universitario insistida en el Congreso establecía la convocatoria a una paritaria nacional para que recuperen el terreno perdido desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025, fecha prevista para su publicación en el Boletín Oficial.

Eso implicaba un aumento del 44% que, de haberse aplicado en noviembre, habría dejado las remuneraciones apenas un 1,3% por debajo del nivel de igual mes de 2023.

Mientras tanto, en Casa Rosada aseguran: “Hoy en día no vamos a pagar. Lo digo así porque realmente no tenemos la plata". Estiman que la suma adeudada asciende a 2,5 billones de pesos.

En la misma línea, el subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez, dijo: “La consigna de ellos es ‘cumplan la ley’. No se puede cumplir porque es abstracta, quedó derogada al aprobarse el Presupuesto. Cuando se aprueba una ley presupuestaria previa a la aprobación del Presupuesto, este la deroga de manera implícita, porque no puede haber asignaciones por fuera de eso”.

“Implicaría un gasto que el Estado no está en condiciones económicas de afrontar hoy”, agregó.

Por otra parte, mediante la Decisión Administrativa 20/2026, el Gobierno dispuso recientemente un ajuste de $78.768 millones a programas de la Secretaría de Educación.

Según el anexo correspondiente, la reducción incluye una poda de $5.303.000.000 en transferencias de capital destinadas a infraestructura del conocimiento, con afectación directa a obras en trece casas de estudio.

La Universidad Nacional de La Plata es la más perjudicada, con $1.043.000.000 menos. Le siguen la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, con recortes de $700.000.000 cada una; Río Cuarto, con $680.500.000; y Entre Ríos, con $540.000.000.

En medio de la etapa de paritarias, el Gobierno del Chubut avanzó en la negociación de acuerdos salariales con los distintos sectores de la administración pública provincial. Tras arribar a un acuerdo con los empleados estatales, la policía y el área de salud, aún quedan pendientes debatirse las condiciones laborales de los docentes.

En los últimos días, se alcanzaron entendimientos con los gremios Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC) para los trabajadores comprendidos en la Ley I N° 74 del Estatuto del Personal de la Administración Pública Provincial.

Según la información a la que tuvo acceso Infobae, se estableció una recomposición salarial del 6% que se verá reflejada en tres tramos, es decir, entre los meses de mayo, junio y julio. Además, se incluyó la adjudicación de un bono remunerativo de $100.000 y mejoras en distintos adicionales, ubicando la suba por encima de la inflación informada por el INDEC.

Por otro lado, el Gobierno provincial firmó un acuerdo con los gremios de Salud que contempló un incremento trimestral del 8% sobre el valor móvil del salario básico. Al igual que en el caso de los empleados estatales, la suba será distribuida entre mayo, junio y julio.

En línea con esto, también se incluyeron nuevos compromisos vinculados al arancelamiento hospitalario, horas de guardia y la regularización del personal contratado. Según el Ejecutivo, este acuerdo buscará dar respuesta a las demandas del sector y mejorar las condiciones laborales.

En paralelo, se estableció una mejora salarial para el personal policial activo y retirado, mediante la incorporación progresiva al básico testigo del Código 1.124. También se abonará en tres tramos durante el trimestre. Así, esta medida pretende equiparar los haberes policiales y reconocer la labor realizada por el personal en servicio y retirado.

Durante la jornada de este miércoles, las autoridades se reunieron con los gremios docentes en el marco de la paritaria del sector, con el objetivo de alcanzar un entendimiento similar al logrado en otras áreas de la administración. Sin embargo, todavía no se habría arribado a un punto medio.

La última reunión fue celebrada en el SUM de Vialidad Provincial, en donde estuvieron presentes los ministros de Educación, José Luis Punta; de Gobierno, Victoriano Parodi; el secretario de Trabajo, Nicolás Zárate; y representantes de los gremios SITRAED, UDA, SADOP, ATECH y AMET.

Durante el encuentro, el Gobierno presentó una propuesta de actualización salarial remunerativa para el sector docente, vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC. La oferta oficial toma como referencia el índice de marzo, liquidado en abril, al que se sumarían cuatro puntos porcentuales para mayo, uno adicional en junio y otro en julio, lo que representa una recomposición del 6% por encima de la inflación y un incremento total al básico cercano al 15%.

Además, se propuso una actualización cercana al 100% del adicional “Recursos Materiales”, lo que duplicaría el valor actual de este ítem. Según lo informado, este adicional quedaría atado al básico, por lo que se beneficiaría automáticamente de futuros incrementos salariales. Tras la finalización de la audiencia, los gremios asistentes acordaron elevar una respuesta a la propuesta este jueves.

A pesar de esto, desde el Gobierno chubutense sostuvieron que la continuidad del diálogo y la negociación se presenta como una prioridad para consolidar la política salarial del corriente año. No obstante, el proceso se ejecuta bajo principios de responsabilidad fiscal, previsibilidad y diálogo permanente con los representantes de los trabajadores.

De esta manera, el Ejecutivo provincial dejó en claro que otra de las metas claves a cumplir a lo largo del año estaría íntimamente relacionada con la garantización de la estabilidad de las cuentas públicas y poder ofrecer una respuesta a la demanda salarial de los diferentes sectores estatales.

Dos docentes de un jardín de infantes de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, fueron detenidas en el marco de una causa por presunto maltrato infantil. No se descarta que se sumen nuevas denuncias a la causa. El caso tiene como víctimas a niñas de 4 años que asistían a la misma sala dentro de la institución.

Desde que el caso tomó estado público, entre 10 y 14 familias habrían optado por retirar a sus hijos del jardín de infantes, preocupadas por la falta de respuestas y el avance de la causa judicial. Mientras tanto, la Justicia trabaja en la recolección de testimonios y pruebas que permitan determinar la existencia o no de hechos vinculados entre las denuncias.

A raíz de esto, este mismo miércoles la Fiscalía de Instrucción del Distrito III Turno 6, a cargo de Iván Rodríguez, confirmó la detención de dos docentes que podrían estar implicadas en el caso por presuntos maltratos.

Según el Ministerio Público Fiscal, la primera detenida se trató de la docente que estaba a cargo de la sala donde habrían ocurrido los hechos. El arresto se produjo hace varios días, por lo que se le tomará declaración en carácter de imputada. En línea con esto, el fiscal a cargo del caso le atribuiría cargos como presunta autora de lesiones leves calificadas por alevosía reiteradas.

En cuanto a la segunda detenida, afirmaron que se trata la directora de la institución. El pedido fue argumentado bajo la premisa de que la acusada habría tenido conocimiento de los hechos, por lo que fue imputada por el delito de encubrimiento.

La más reciente denuncia fue presentada por la madre de una alumna, quien advirtió cambios de conducta y episodios de pesadillas en su hija a lo largo de varios meses. Según explicó la abogada Macarena Martín Ubiergo, representante de las familias, la comunicación entre las madres permitió detectar similitudes en los relatos de las menores.

En esta tercera denuncia, a diferencia de las anteriores, no se pudo establecer una fecha precisa del supuesto abuso, aunque los relatos ubicaron el episodio en un período cercano al de las primeras presentaciones. Asimismo, trascendió que se trataría de una menor que también compartía la misma sala que las primeras dos denunciantes.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, las familias denunciantes también manifestaron disconformidad con la respuesta brindada por la institución educativa. Según indicó la abogada, el único contacto formal fue una reunión breve con el representante legal del colegio, quien les informó que “ya se investigará”. No obstante, sostuvo que la situación no tendría relación con el ámbito escolar.

Frente a esto, Martín Ubiergo cuestionó la actitud de la institución al señalar: “Estamos hablando de familias que han tenido a sus hijos por más de 10 años en la institución y la realidad es que las respuestas han sido prácticamente nulas”.

El relato de la mamá de uno de los menores que habría sido víctima

Una madre denunció que su hijo de ocho meses resultó con múltiples lesiones tras asistir a un jardín de infantes en Córdoba el pasado 19 de febrero, día del paro general. Fernanda, madre del menor, relató que fue notificada por la directora del establecimiento a las 10:50 horas mientras trabajaba. Según su testimonio, le informaron que “se había golpeado” y acusó a la escuela de intentar minimizar la situación al asegurar que solo presentaba un “golpecito en la cara”.

Al no poder acudir de inmediato, la mujer le pidió a su madre que retirara al niño, pero se encontró con obstáculos para que la dejara ingresar. La situación le generó sospechas sobre la gravedad del incidente. Finalmente, al llegar al jardín, halló a su hijo con múltiples golpes y consultó si se había llamado a emergencias, pero la directora respondió que no lo consideró necesario, ya que “estaba bien él”.

Fernanda narró que la explicación de la docente difería de la versión de la directora. Mientras que la primera aseguró que el niño solo “se había raspado”, la segunda insistía en que el golpe era menor. Ambas versiones fueron ofrecidas tanto a Fernanda como a su madre.

Debido a que no se pidió asistencia médica, la mujer llevó al menor de inmediato a una clínica, donde permaneció bajo observación durante seis horas. “Le hicieron tomografía, le hicieron laboratorio, lo tuvieron en observación seis horas”, precisó.

Por recomendación médica, Fernanda presentó la denuncia ante la Justicia. Incluso, intentó acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad del jardín, pero la respuesta no fue inmediata, ya que le indicaron que requería autorización de los padres de los demás alumnos.

En línea con esto, la madre indicó que no era la primera vez que detectaba marcas en su hijo tras asistir al jardín. En una oportunidad, recordó haber observado un hematoma en el ojo, un corte en la oreja y, en la última oportunidad, lesiones más evidentes.

“Otra vez al mes que iba mi hijo había venido una vez con el ojo medio morado, que yo dije ‘se ha golpeado’, ellas lo minimizaron, yo lo minimicé. Dos veces más con un corte en la oreja y la última vez que fue demasiado obvio, que algo más había pasado”, relató.

La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro endureció las negociaciones con el gobierno provincial que encabeza Alberto Weretilneck y anunció nuevas medidas de fuerza. El sindicato reclama la suspensión de descuentos por ausentismo, rechaza las auditorías médicas para justificar faltas y exige un piso salarial de $2 millones para los docentes.

Todo comenzó luego de que, en 2024, el gobierno provincial implementó un nuevo mecanismo de fiscalización que obliga a los docentes a fundamentar sus pedidos de licencias médicas y a completar formularios para justificar sus solicitudes ante el área de Recursos Humanos del Ministerio de Educación. Desde su puesta en vigencia, disminuyó un 40% la cantidad de pedidos de licencias médicas. Pese a ello, la conducción de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro expresó su rechazo y sumó la objeción a la lista de reclamos que motivan las nuevas protestas.

En este contexto, el gremio resolvió intensificar las medidas y anunció un paro de 48 horas para mayo, con la posibilidad de repetir la medida otros dos días en caso de no obtener respuestas a sus demandas.

El Congreso Extraordinario de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro, reunido en Fernández Oro, definió continuar el diálogo con el Ejecutivo provincial, pero ratificó la realización de las protestas. En las medidas de fuerza más recientes, el gobierno no dio el brazo a torcer y aplicó fuertes descuentos a los docentes que se acoplaron a los paros.

La secretaria general del sindicato, Laura Ortiz López, admitió que el objetivo del paro es doblegar al gobierno para que los convoque a una audiencia conciliatoria.

Ortiz López remarcó que el sindicato insistirá en la actualización salarial atada al índice de inflación y en la continuidad del aumento por IPC, rechazando la incorporación de sumas no remunerativas. Además, el congreso gremial definió varios reclamos que amplían el conflicto: exigió la reapertura de las mesas de trabajo acordadas en marzo, cuestionó la implementación del presentismo —al que calificó como “ilegal”.— y denunció incumplimientos en el pago de exámenes preocupacionales.

El gremio también reiteró el pedido de un salario mínimo docente de $2 millones y la incorporación progresiva de sumas al básico en busca de una recomposición que impacte en los haberes remunerativos. Otro de los puntos centrales es la continuidad de la actualización por inflación. Tras las dudas expresadas por el gobernador Weretilneck, el sindicato pidió sostener el esquema y agregar un índice patagónico para contemplar las diferencias regionales.

Entre otras exigencias, el gremio reclama la derogación de las auditorías médicas, la actualización de la movilidad y la eliminación de topes en distintos ítems salariales. Anticipó, además, que avanzará con la judicialización de los descuentos que considera “indiscriminados”, buscando su devolución.

Ortiz López explicó que la fecha límite de los reclamos obedece a la urgencia del sector y que no aceptarán que las negociaciones se dilaten más allá de abril. Por último, el sindicato convocó a otros sindicatos estatales a un encuentro este viernes en General Roca con el propósito de coordinar acciones conjuntas.

El pasado 16 de marzo, en un contexto de inestabilidad política y cambios en el Ministerio de Educación, seis millones de estudiantes de colegios públicos de todo el país han retornado a las aulas, según información oficial del gobierno.

Cada inicio de clases vuelve la misma discusión: aulas, carpetas y materiales. Pero hay una pregunta menos visible y más decisiva: ¿quién está enseñando en esas aulas? La preocupación se centra en infraestructura, equipamiento y materiales necesarios para el retorno de los estudiantes, que, si bien son aspectos esenciales para asegurar el buen funcionamiento de la escuela, cumplen un rol de soporte al proceso de aprendizaje. La calidad de la educación no se define en el cemento de las escuelas, sino en la formación de quienes enseñan. Es el profesor quien está en el aula con los niños y adolescentes, llevando a la práctica experiencias que permiten que ellos aprendan.

Sin embargo, las discusiones públicas, especialmente en estos tiempos electorales, parecen olvidar que los maestros son quienes conducen las aulas, por lo que si no se invierte de manera estratégica en quienes hacen posible el proceso educativo, cualquier política educativa que busque mejorar los aprendizajes perderá capacidad de impacto. Por ello, la formación docente no es solo un asunto de los colegios; es una decisión clave para el desarrollo del país. Estamos ante el desafío de asegurar que quienes formarán a las futuras generaciones cuenten con una preparación pertinente que les permita generar experiencias significativas incluso en contextos adversos.

Informes internacionales recientes como el de UNESCO, señalan que en América Latina y el Caribe persiste una brecha significativa entre las necesidades de la profesión docente y las condiciones en las que trabajan, caracterizadas por limitaciones en la formación continua, sobrecarga laboral y reconocimiento insuficiente. Este mismo informe muestra que persiste la escasez de docentes calificados, afectando con mayor intensidad a las zonas más vulnerables, geográficamente alejadas y socialmente desfavorecidas, lo que subraya la urgencia de focalizar esfuerzos en estas regiones.

La formación docente no puede seguir siendo un tema secundario; por el contrario, debería ser el punto de partida de cualquier estrategia seria de desarrollo nacional. Esto implica mayor inversión en la formación inicial docente, asegurando procesos formativos pertinentes que articulen la teoría y práctica desde etapas tempranas y que preparen a los futuros docentes para la diversidad de contextos del país. No es lo mismo enseñar en una escuela urbana que en una rural o intercultural; sin embargo, muchas veces la formación no logra preparar adecuadamente para esta complejidad. A ello se suma la necesidad de fortalecer la formación continua de los profesores y la actualización sobre las nuevas demandas del estudiantado y los cambios del entorno.

En este escenario, los desafíos son evidentes. La falta de docentes en zonas rurales continúa como un problema de cobertura y distribución, con un déficit especialmente crítico en educación intercultural bilingüe. De igual manera, la alta rotación en contextos vulnerables refleja las condiciones que no favorecen la permanencia docente, generando una menor estabilidad en comparación con las zonas urbanas.

Frente a este panorama, el país no puede seguir ignorando una decisión de fondo: colocar a los docentes en el centro de la política nacional. No se trata solo de garantizar el inicio de clases, sino de asegurar que cada estudiante, sin importar dónde viva, tenga acceso a un docente bien formado, valorado y comprometido con su aprendizaje. De lo contrario, cualquier esfuerzo por mejorar la educación será parcial e insuficiente para cerrar las brechas que limitan el desarrollo del país.

El Ministerio de Educación presentó una denuncia por los presuntos delitos de falsificación de documentos, contra la administración pública y asociación ilícita para delinquir en contra de funcionarios y docentes vinculados al sistema educativo en distintas regiones del país.

La denuncia presentada ante el Ministerio Público señala que los hechos se dieron en las regiones educativas de las provincias de Bocas del Toro, Herrera y Darién, así como en la comarca Ngäbe Buglé.

Los presuntos responsables supuestamente inscribían títulos falsos en el Registro Permanente de Elegibles, con el objetivo de favorecer a determinados docentes que mediante esta práctica fraudulenta buscaban obtener mayor puntaje en los concursos, para así asegurarse una vacante.

Se informó que varias universidades, que no fueron identificadas, ya confirmaron que los diplomas detectados como irregulares no aparecen en sus registros.

La denuncia ante el Ministerio Público fue presentada, junto a un equipo del Ministerio de Educación, por la directora de Asesoría Legal, Nilka González, y por la directora de Recursos Humanos, Celia Rodríguez, según un comunicado de la entidad educativa.

A través del sistema de control del programa de vacantes en línea, conocido como el Programa de Vacantes en Línea (Provel), donde se gestiona el Concurso de Nombramiento de Maestros y Profesores, fue donde se observaron las incongruencias relacionadas con la posible venta de vacantes, uso de documentos falsos y participación de funcionarios en estas prácticas delictivas.

Las presuntas falsificaciones de diplomas no son nuevas en el Ministerio de Educación. En abril de 2025 un grupo de docentes de la zona educativa de San Miguelito, en las afueras de la ciudad capital, fue denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntamente utilizar diplomas falsos para obtener plazas y ascensos dentro de la entidad.

La denuncia, según reportes de prensa, detallaba una serie de irregularidades en la documentación presentada por varios docentes, presumiendo que los diplomas, títulos universitarios y certificaciones académicas, fundamentales para validar su idoneidad profesional, serían apócrifos.

En su momento, la Fiscalía Anticorrupción inició las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y determinar la autenticidad de los documentos incriminados, pero posteriormente no trascendieron mayores detalles a la opinión pública.

En febrero pasado el Ministerio de Educación también presentó una denuncia ante el Ministerio Público tras detectar 16 presuntos diplomas falsificados durante el proceso de revisión de documentos del Concurso de Nombramiento de Maestros y Profesores para el año lectivo 2026.

Los diplomas, que correspondían a una universidad privada que tampoco fue identificada, fueron verificados directamente con la casa de estudios, la cual certificó que no habían sido expedidos por dicha institución, aportó el diario La Prensa.

Los 16 casos detectados corresponden a aspirantes que participaban por primera vez en los concursos docentes, manifestó Luis Herrera, en ese momento viceministro administrativo encargado de Educación.

El funcionario aclaró que, debido a la reserva del sumario y al carácter incipiente de la investigación, no se podían brindar mayores detalles sobre las especialidades, niveles académicos ni los años de emisión de los diplomas.

Las irregularidades fueron identificadas durante una revisión exhaustiva de la documentación presentada por aspirantes a cargos docentes a nivel nacional.

Ante estos hechos, el Ministerio de Educación rechazó, igual que lo hace ahora, que funcionarios y docentes, estos últimos llamados a formar y orientar a niños y jóvenes, incurran en este tipo de irregularidades, por lo que pidió que las investigaciones llegaran hasta sus últimas consecuencias.

El sistema educativo en Honduras se enfrenta a una crisis estructural debido a la escalada de desplazamiento forzado de docentes, fenómeno que ha generado impactos directos en la cobertura, calidad de la enseñanza y el tejido social de las comunidades más vulnerables.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) advirtió que la gravedad de la situación no solo compromete a quienes ejercen la docencia, sino que representa un obstáculo crítico para garantizar el acceso a la educación y la estabilidad social.

Según datos brindados por Elsy Reyes, coordinadora de movilidad humana del Conadeh al ente, el número de quejas registradas por desplazamiento forzado supera ya las 500 denuncias en lo que va de 2025, superando las cifras de años anteriores y consolidando una tendencia al alza desde 2016.

Reyes precisó: “Desde el 2016 hasta el 2024, se hizo un análisis de los casos y tenemos 494 casos; tomando en consideración los casos del 2025, probablemente hemos superado más de 500 quejas de docentes que están siendo víctimas o están en riesgo de desplazamiento forzado”.

Este crecimiento sostenido apunta, según el Conadeh, a una fragilidad creciente del sector educativo frente a la violencia generalizada en el país.

El fenómeno impacta de manera particular al magisterio. El análisis del Conadeh indica que los docentes son actualmente el tercer perfil más afectado por desplazamiento forzado interno en el país, solo por detrás de otros dos grupos vulnerables.

Este dato refuerza la dimensión y especificidad del fenómeno, que se ha convertido en un indicador clave del deterioro de las condiciones de seguridad en el entorno escolar.

Uno de los resultados más contundentes del informe del Conadeh señala que el 71 % de las amenazas denunciadas por los docentes tienen lugar en los propios centros educativos, espacios que deberían ser entornos seguros y que, en varias zonas del país, se han transformado en escenarios de riesgo permanente.

Reyes explicó que muchas escuelas y colegios afectados se ubican en zonas de alto riesgo, con alta incidencia de grupos criminales que generan ambientes de intimidación y presionan a los docentes para tolerar o incluso colaborar con actividades ilícitas.

El informe documenta que no solo existen amenazas, sino que los docentes han sido víctimas de delitos graves como tentativa de homicidio, asesinato, extorsión, despojo de propiedades y violencia de género. Este patrón de agresiones ha derivado en numerosos casos de deserción laboral y, en consecuencia, ha comprometido la continuidad del proceso educativo en comunidades rurales y marginadas.

El Conadeh identificó que el 68 % de las quejas corresponden a docentes mujeres, indicando una dimensión de género en la problemática. Además de la violencia general, las mujeres enfrentan riesgos adicionales como violencia sexual, lo que incrementa su nivel de vulnerabilidad y agrava el impacto social de los desplazamientos.

Desde la perspectiva geográfica, el informe reconoce que los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, El Paraíso, Olancho y Choluteca concentran el mayor número de denuncias. Estas regiones se caracterizan por una elevada presencia de estructuras delictivas y altos índices de violencia, elementos que las han convertido en puntos críticos de desplazamiento.

Según el Conadeh, la salida forzada de los docentes genera vacíos en la cobertura escolar y limita las oportunidades de aprendizaje para miles de estudiantes, lo que implica un impacto profundo sobre el derecho a la educación en las comunidades más expuestas a la violencia.

El desplazamiento forzado tiene repercusiones psicológicas y emocionales de largo plazo en los docentes y sus familias, obligados a abandonar hogares y redes de apoyo, y a enfrentar incertidumbre sobre su futuro laboral y social.

El Conadeh ha insistido en la urgencia de activar medidas integrales que den cumplimiento a la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente.

De acuerdo con Reyes, la efectividad de este instrumento depende de que el Estado garantice tanto la protección inmediata de las víctimas como políticas públicas que apunten a reducir las causas estructurales de la violencia.

La coordinación entre seguridad, educación, salud y desarrollo social es esencial para abordar la complejidad del fenómeno y asegurar mecanismos de denuncia seguros y eficaces.

El Conadeh continúa con el monitoreo y acompañamiento a los docentes desplazados y a sus familias, y advierte que “la protección de los docentes es esencial no solo para garantizar sus derechos, sino también para asegurar el funcionamiento del sistema educativo y el desarrollo del país”.

La apertura de la Alpha School en Chicago, prevista para 2026, ha desatado un intenso debate sobre el futuro de la educación en Estados Unidos. El colegio, que funcionará en el número 350 de E. South Water St., elimina la figura tradicional del docente y basa todo su modelo en la inteligencia artificial, con una matrícula anual de USD 55.000. Este costo incluye talleres, dispositivos tecnológicos y viajes internacionales, detalles que han llamado la atención tanto de familias como de expertos del sector educativo, según CBS News.

La propuesta de Alpha School consiste en reemplazar a los maestros por “guías”, adultos que carecen de acreditación docente formal y cuya función principal es facilitar talleres presenciales enfocados en habilidades como oratoria, programación y liderazgo.

El aprendizaje académico se concentra en dos horas diarias de interacción con software especializado, desarrollado en colaboración con plataformas como Khan Academy y Membean. Según la cofundadora MacKenzie Price, este método permite que cada alumno avance a su propio ritmo y que se identifiquen rápidamente las áreas de mejora.

Price sostiene que la escuela tradicional genera “aburrimiento, ineficiencia y falta de dominio” y que la inteligencia artificial puede “liberar el potencial humano” de los estudiantes.

Funcionamiento y actividades complementarias

El modelo de Alpha School no solo se limita a lo académico. Tras la sesión matutina de materias básicas, la jornada continúa con talleres sobre habilidades prácticas y actividades extracurriculares, desde simulación de negocios hasta viajes internacionales y programas de verano exclusivos.

La escuela afirma que sus alumnos obtienen resultados superiores en pruebas estandarizadas, situándose en el 1 % más alto a nivel nacional y creciendo académicamente a un ritmo hasta 2,6 veces mayor que el promedio de sus pares.

La matrícula incluye acceso a dispositivos electrónicos personales, talleres prácticos y experiencias internacionales, como viajes a eventos deportivos y programas de verano en lugares exclusivos.

Según Price, “gran parte del coste se destina a las actividades vespertinas y los talleres de habilidades para la vida”, una diferenciación clave frente a otras instituciones privadas.

Para quienes se preguntan qué diferencia a Alpha School de una escuela tradicional, la respuesta radica en la personalización absoluta del aprendizaje, la flexibilidad horaria y el acceso a experiencias que, según sus promotores, “preparan para la vida real” más allá del currículo convencional.

El modelo apuesta por una combinación de inteligencia artificial para la enseñanza académica y acompañamiento humano para el desarrollo personal, sin tareas para el hogar ni clases magistrales convencionales.

Opiniones de familias y primeras cifras de inscripción

Algunas familias ven en Alpha School una vía de innovación educativa y consideran que la personalización y la tecnología representan “el futuro” de la enseñanza.

Sarah Cone, madre de una estudiante en la sede de Nueva York, expresó a PEOPLE su satisfacción con el avance académico de su hija, mientras que padres como Blake Mohseni, implicado en el sector financiero y la inteligencia artificial, confían en que este modelo anticipa tendencias en formación.

Actualmente, la escuela cuenta con dos estudiantes inscritos para el próximo curso y 35 interesados, según los datos más recientes. El objetivo es alcanzar 50 plazas cubiertas para el ciclo 2026.

Alpha School ya opera en ciudades como Austin, Nueva York y Miami, con una red de 22 sedes a nivel nacional y una matrícula aproximada de 1.200 alumnos en todo el país, según Fox News.

Críticas, dudas y advertencias del sector educativo

Investigadores y docentes han levantado la voz ante la llegada de Alpha School. Joe Vukov, profesor de filosofía especializado en ética de la inteligencia artificial en la Universidad Loyola Chicago, advirtió que este modelo “cambia la naturaleza de lo que la educación debería ser en su mejor versión”.

Por su parte, Victor Lee, de la Universidad de Stanford, sostuvo que los logros del colegio son difíciles de atribuir solo al método, ya que la mayoría de los alumnos provienen de entornos económicamente privilegiados.

Desde el ámbito académico se señala que, aunque la inteligencia artificial ofrece herramientas útiles, la ausencia completa de docentes resta a la educación componentes humanos esenciales. Expertos como Liz Gerber, del Centro de Interacción Humano-Computadora de la Universidad Northwestern, subrayan que “lo preocupante es que no será accesible para todos, el coste lo hace inviable a gran escala”.

Además, la investigación sobre los efectos a largo plazo de este tipo de educación sigue siendo escasa y los resultados, según diversos especialistas, son “mixtos en el mejor de los casos”.

La escuela ha enfrentado obstáculos para obtener acreditación pública en algunos estados y ha recibido críticas de sindicatos docentes, que consideran que el modelo representa un riesgo para la educación pública y la figura del maestro.

Debate sobre la equidad y el papel insustituible del maestro

La llegada de Alpha School a Chicago marca un punto de inflexión en el debate sobre la automatización educativa. El modelo se presenta como una alternativa atractiva para familias de alto poder adquisitivo, pero su elevado coste y la falta de pruebas concluyentes sobre su impacto real mantienen abiertas las preguntas sobre su alcance pedagógico.

Aunque la tecnología avanza rápidamente en el sector educativo, la mayoría de los investigadores insiste en que el aporte humano de los docentes sigue siendo insustituible. El nuevo colegio es visto por muchos como un experimento abierto, cuyos resultados a largo plazo aún se están por definir, y cuya exclusividad económica limita su aplicabilidad a gran escala.

La irrupción de Alpha School en el panorama estadounidense pone sobre la mesa la discusión sobre qué debe primar en la educación del futuro: la eficiencia del algoritmo o la experiencia humana del maestro. Por ahora, la respuesta sigue siendo motivo de debate entre familias, expertos y autoridades educativas.

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomga) alertó sobre nuevas modalidades de fraude y suplantación, advirtiendo a sus afiliados y beneficiarios que nunca deben compartir su información personal o financiera con terceros. La entidad recalcó que jamás solicita datos sensibles a través de llamadas, mensajes, aplicaciones o la oferta de supuestos bonos.

Fomag informó que delincuentes están utilizando llamadas telefónicas, mensajes y aplicaciones de mensajería para presentarse como la entidad y engañar a docentes y pensionados, pidiendo información confidencial o acceso a datos sensibles. La institución enfatizó que solo los canales oficiales son seguros y que rechazar cualquier contacto no verificado es fundamental para evitar fraudes.

En un comunicado fechado el 10 de abril de 2026, Fomag destacó: “El FOMAG no se comunica con los usuarios para solicitar información personal o financiera”, además de recordar que nunca paga bonos a pensionados ni solicita contraseñas, datos bancarios, códigos de verificación o información personal bajo ninguna circunstancia.

Según el fondo, también es falso que envíen archivos, enlaces o soliciten descargas de aplicaciones como parte de sus procesos. La entidad aseguró que tampoco solicita acceso a dispositivos móviles ni exige el uso de datos biométricos, por ejemplo, huellas dactilares.

Recomendaciones de seguridad y canales oficiales de Fomag

Por lo anterior, en el comunicado se dstacó la importancia de no confiar en comunicaciones que prometan beneficios extraordinarios o provengan de números no oficiales, y exhortó a los usuarios a canalizar todas las consultas exclusivamente a través de los canales verificados.

Las oficinas de salud del fondo están ubicadas en Carrera 15 #100-83 y las de pensiones y cesantías en Calle 72 No. 10-03, ambas en Bogotá. Para atención al cliente, las líneas de contacto son (601) 919042205 en Bogotá, 01 8000 180510 para todo el país y, en salud, (01800) 016-0500 y (601) 9169223. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. y los sábados hasta las 12:00 p. m.

De acuerdo con Fomag, los usuarios solo deben informarse en www.fomag.gov.co y en la cuenta verificada @FomagOficial. La entidad reiteró que dispone de un canal único de WhatsApp, dirigido solo a la difusión institucional, y llamó a verificar siempre la autenticidad de cualquier comunicación antes de atender requerimientos de información.

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio recordó que no solicita el acceso remoto a dispositivos ni datos personales por medios no institucionales. Las consultas y trámites seguros deben hacerse únicamente a través de los canales oficiales, con el objetivo de proteger los derechos de afiliados y garantizar la transparencia.

En sus conclusiones, la entidad insistió en que la vigilancia activa y la responsabilidad compartida ayudan a preservar la seguridad de la información personal frente a intentos de fraude o suplantación.

Fomag refuerza cobertura para maestros y sus familias con cáncer

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) anunció la extensión de su cobertura para que maestros y sus familias diagnosticados con cáncer accedan a los servicios del Instituto Nacional de Cancerología (INC).

Esta decisión busca asegurar la atención continua y especializada para más de 170 docentes en tratamiento oncológico, quienes provienen de varias regiones del país como Bogotá, Meta, Putumayo, Caquetá, Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Bolívar, Casanare, Tolima y Santander.

La ampliación, vigente desde abril, incluye la atención de menores para diagnóstico y confirmación de cáncer pediátrico, así como la incorporación de casos nuevos y pacientes con historial clínico en el INC.

La medida también abarca a personas ubicadas en zonas de difícil acceso y a quienes presentan enfermedades oncológicas poco frecuentes y de alta complejidad, con el fin de evitar interrupciones en tratamientos costosos y garantizar la atención en un centro de referencia nacional.

El comunicado oficial resalta: “A partir del 1° de abril se ampliará la cobertura en el INC para incluir a menores de edad para diagnóstico o confirmación de patologías oncológicas pediátricas, así como casos incidentes y prevalentes que cuenten con historial clínico en la institución”.

Costa Rica dio un paso significativo hacia la modernización de su sistema educativo con el lanzamiento de un ambicioso programa de formación en inteligencia artificial (IA) dirigido a docentes. El Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció la entrega de 90.000 becas para capacitar a educadores de todo el país en el uso de esta tecnología aplicada a la enseñanza.

La iniciativa, desarrollada en alianza con el Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (CENECOOP R.L.), busca preparar al personal educativo para los desafíos del siglo XXI, en un contexto donde la transformación digital avanza a gran velocidad y redefine los procesos de aprendizaje.

Según detalló el MEP, el programa está dirigido no solo a docentes, sino también a directores y líderes educativos, con el objetivo de generar un impacto integral en el sistema. La apuesta es clara: dotar a los educadores de herramientas que les permitan integrar la inteligencia artificial en sus metodologías y mejorar los resultados académicos.

El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, subrayó la relevancia de esta iniciativa al destacar el papel que tendrá la IA en la evolución de la enseñanza. “La inteligencia artificial no va a reemplazar a los docentes; los va a potenciar. Y un docente que la use bien va a transformar la educación. Por eso hoy no estamos hablando del futuro: estamos formando a quienes lo van a construir”, afirmó.

El programa se desarrollará en modalidad 100% virtual y asincrónica, lo que permitirá a los participantes avanzar a su propio ritmo desde cualquier parte del país. Tendrá una duración de 32 horas y contará con más de 225 recursos educativos diseñados para facilitar el aprendizaje.

La estructura académica está organizada en cuatro módulos que abarcan aspectos clave: fundamentos de la inteligencia artificial, herramientas tecnológicas, ética en el uso de la IA e innovación educativa. Este enfoque busca no solo enseñar el funcionamiento de estas tecnologías, sino también promover un uso responsable y estratégico en el aula.

Además, los participantes tendrán acceso a un ecosistema de herramientas digitales utilizadas a nivel global, lo que les permitirá fortalecer habilidades en áreas como la investigación, la creatividad y la personalización del aprendizaje. Estas competencias son consideradas esenciales para adaptar la educación a las necesidades de los estudiantes actuales.

La plataforma de capacitación estará disponible del 27 de abril al 31 de diciembre de 2026, brindando un amplio margen de tiempo para que los educadores puedan completar el programa según su disponibilidad. Para aprobar, deberán completar evaluaciones por módulo con una nota mínima de 8 sobre 10.

Desde CENECOOP destacaron que esta alianza representa una oportunidad para acercar herramientas innovadoras al sector educativo y fortalecer la formación continua del talento humano en el país. “Esta alianza con el MEP nos permite acercar herramientas innovadoras como la inteligencia artificial a los docentes, fortaleciendo sus capacidades y contribuyendo a una educación más pertinente y actualizada”.

Uno de los incentivos adicionales del programa es la certificación que recibirán quienes completen satisfactoriamente la capacitación. El certificado contará con aval digital de entidades como FUNDEPOS, CENECOOP R.L. y NextGen Professionals, lo que respalda la calidad y validez de la formación.

El lanzamiento de este programa se da en un contexto en el que diversos países están incorporando la inteligencia artificial en sus sistemas educativos, reconociendo su potencial para transformar la enseñanza y el aprendizaje. En este sentido, Costa Rica busca posicionarse a la vanguardia en la región mediante la capacitación masiva de su cuerpo docente.

Más allá de la incorporación de tecnología, el enfoque del programa apunta a generar un cambio en la forma en que se concibe la educación. La personalización del aprendizaje, el uso de datos para mejorar la toma de decisiones pedagógicas y la innovación en el aula son algunos de los ejes que marcarán esta transformación.

Durante el diálogo con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Rosendo Grobo, Narodowski describió el impacto en la comunidad educativa: “Hay un muerto y una familia llorando y hay chicos heridos. Y hay una comunidad educativa que está conmocionada y que el lunes tiene que volver a clase porque la vida sigue y está bien que vuelva a la clase y bueno, eso va a llevar todo un periodo de reparación, de sanación. Va a ser muy muy difícil eso”.

El exministro subrayó además la excepcionalidad del caso: “Lo que pasó en San Cristóbal no es un problema en la Argentina. Yo creo que es importante decirlo, no para minimizarlo, sino para entender de qué estamos hablando”.

La excepcionalidad argentina ante la violencia escolar

Narodowski remarcó que, a diferencia de países como Estados Unidos, México o Brasil, en Argentina los episodios de violencia armada en escuelas son extremadamente infrecuentes: “Argentina, ese es un problema que no lo tiene. Tuvimos el de Carmen de Patagones hace más de veinte años y ahora esto. Hay países que sí tienen muertos con armas de fuego, muchos en las escuelas...”.

Respecto al caso puntual de San Cristóbal, señaló la falta de certezas sobre las motivaciones: “En este caso ni siquiera sabemos qué pasó. No se sabe si es un tema de bullying, no sabemos nada sobre el chico, sobre el asesino, no sabemos absolutamente nada”. Y enfatizó: “Probablemente nunca tengamos toda la información, porque así corresponde, la reserva, toda la información de lo que efectivamente pasó la van a conocer muy pocos”.

En paralelo, el exministro consideró que las interpretaciones apresuradas pueden desviar la atención sobre los problemas de fondo: “Hay problemas que son muy graves y no podemos tomar como una coartada para a partir de ahí generalizar, sino usar esto para enfocarnos en, en realmente los problemas que son graves”.

La crisis de autoridad y la burocracia en las escuelas

Sobre la convivencia en las aulas, Narodowski fue contundente: “Es muy difícil en las escuelas argentinas organizar el espacio escolar, las aulas y los recreos, para el aprendizaje. Hay un alto nivel de desorganización de lo que antes llamábamos disciplina escolar, ahora se llama convivencia”.

Cuestionó que la autoridad y la obediencia estén tan desprestigiadas: “La autoridad tiene muy mala prensa, la obediencia tiene muy mala prensa, y en los últimos años hubo toda una intrusión de una forma de ver la cuestión que implicaba que comprender todo lo que le pasa a los chicos, pero sin reaccionar en consecuencia”.

Explicó además cómo el marco legal actual limita la capacidad de intervención de los docentes: “Hoy en la Argentina los docentes no tocan a los chicos, no pueden tocar a los chicos porque saben que pueden ser después denunciados por una situación de acoso, de tocar un cuerpo de un menor de edad, etcétera. Eso es de todos los días”.

Relató un caso reciente: “Un profesor de secundaria de la provincia de Buenos Aires contó que un pibe se brota, empieza a romper las cosas... Todos miran, nadie puede intervenir. Tienen que hacer el protocolo para llamar, en algunos casos a la salud pública, en otros casos al defensor de los derechos del niño, en otros casos a la policía o al fiscal”.

Narodowski también se refirió a la estructura burocrática: “La escuela en la Argentina está organizada de una manera burocrática... los directores no dirigen. La forma de gobierno está pensada para los años 40 y eso siguió así hasta ahora. Además, hay una alta rotación de directivos y de docentes”.

Herramientas de prevención y decisión profesional

Consultado sobre posibles herramientas y soluciones, el exministro planteó: “No puede ser que un director asuma en una escuela sin conocer la escuela. No puede ser que un director no pueda participar por lo menos en la selección de sus docentes y armar un equipo docente. Hay muchos que lo hacen, pero lo hacen sobrevivientes. Son los Messi de la educación, sobreviviendo a todo. Pero el sistema no premia eso”.

Al analizar el rol del Estado en la regulación cotidiana, puso como ejemplo la prohibición del celular en las aulas: “No hay ninguna evidencia hasta ahora desde el punto de vista científico, de que prohibir el celular mejore las cuestiones emocionales o mejore el aprendizaje... Yo entiendo que celular sí o celular no lo tiene que resolver cada escuela, cada director, cada docente, en función de lo que piensan que es correcto o no”.

Narodowski concluyó que la verdadera solución debe centrarse en reorganizar la escuela para que el aprendizaje sea el eje central y los docentes puedan tomar decisiones profesionales sin el temor a represalias legales o administrativas: “La solución, una respuesta posible, es centrarnos en el aprendizaje y a partir de ahí organizar la escuela en función del aprendizaje con docentes que tomen decisiones profesionales sobre eso”.

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Una escuela privada para estudiantes de primaria y secundaria abrirá sus puertas en el centro de Chicago en el otoño: el proyecto consiste en la apertura de un nuevo campus de la red Alpha School en el Loop, que tiene como característica el aprendizaje a través de software de inteligencia artificial y prescinde de docentes. El costo anual de la matrícula es de USD 55.000, según informó Chicago Tribune.

El campus inicia operaciones con una capacidad aproximada para 100 estudiantes y replicará el modelo fundado en Austin, Texas, en 2014 por la empresaria educativa MacKenzie Price. Desde entonces, la red creció hasta alcanzar casi 24 sedes en Estados Unidos, con una matrícula cercana a los 1.000 alumnos en total.

Price explicó a Chicago Tribune que el proyecto busca reducir el aburrimiento y la ineficiencia en el aula a través de plataformas adaptativas asociadas a firmas educativas como Khan Academy y Membean, lo que permite implementar una personalización del aprendizaje.

Price también defendió la orientación del modelo, afirmando que la inteligencia artificial puede ser la vía para desbloquear el mayor recurso no explotado del mundo: el potencial humano. El método sustituye las clases magistrales por dos horas diarias de instrucción individualizada en áreas centrales y talleres prácticos en robótica o actividades físicas guiadas por denominados “guides” o guías, quienes supervisan y motivan, aunque no cuentan con acreditación docente formal.

Alpha School presenta resultados y surgen cuestionamientos sobre su modelo sin docentes

Los responsables de Alpha School aseguran que los estudiantes alcanzan regularmente el percentil 99 en las pruebas MAP Growth, un test nacional de evaluación de rendimiento escolar utilizado en millones de evaluaciones escolares a nivel nacional por la organización independiente Northwest Evaluation Association.

A pesar de estos datos, el profesor asociado de filosofía y especialista en ética educativa en Loyola University Chicago, Joe Vukov, manifestó a Chicago Tribune su preocupación por la pérdida de vínculos humanos y el sentido histórico de la educación.

Por su parte, Victor Lee, docente en la escuela de educación de la universidad de élite Stanford University, objetó la falta de investigaciones externas que respalden este enfoque y advirtió: “Hay muchísimo que los maestros hacen más allá de lo que puede lograr el software más avanzado”.

La escuela enfatiza la personalización del aprendizaje apoyándose en testimonios como el de Sarah Cone, capitalista de riesgo que inscribió a su hija de ocho años en la sede de Manhattan. Cone relató a Chicago Tribune que su hija “avanzó dos grados en lectura y matemáticas” durante el primer semestre, atribuyendo su progreso al currículo adaptativo de Alpha.

El sistema permite que la aplicación ajuste el ritmo hasta lograr dominio en cada materia antes de avanzar, explicó Price. Los talleres orientados por guías no buscan sustituir completamente a los docentes, sino que presentan una función diferente. Como subrayó Price: “No estamos reemplazando docentes. El rol simplemente está cambiando”.

Acceso y financiamiento: costos, apoyos y la discusión nacional sobre los vouchers educativos

La escuela generó debate público por su elevado costo de matrícula y la ausencia de validación independiente de sus resultados académicos. Los críticos señalan que el acceso está restringido a familias de altos ingresos. Según Price, esto representa un desafío que intentan revertir incrementando el apoyo financiero, y detalló a Chicago Tribune que más del 40 % de los alumnos de la sede original en Texas reciben ayuda económica.

En la última fase de expansión, Alpha solicitó autorización para operar como escuela charter en 10 estados, lo que habría permitido matrícula gratuita. Solo en uno obtuvieron autorización bajo ese formato; en los demás, permanecen como instituciones privadas.

El debate sobre la integración de la inteligencia artificial en la educación es tema nacional, impulsado por el programa federal de vouchers educativos de Estados Unidos promovido por la administración de Donald Trump. En Illinois, el gobernador JB Pritzker evalúa la adhesión a la iniciativa, que establecería créditos fiscales equivalentes al 100% por donaciones a entidades que otorgan becas educativas.

Defensores como Price sostienen que amplía las opciones familiares y da acceso a mejores experiencias educativas para niñas y niños de bajos recursos. En contraste, quienes se oponen argumentan que estos planes desvían fondos necesarios para la educación pública.

Así lo enfatizó Pankaj Sharma, secretario tesorero de la Illinois Federation of Teachers, quien calificó de inaceptable dejar en manos privadas una educación sin docentes y con altos costos.

Expansión, financiación y perfil de la comunidad Alpha

Aunque Price y Alpha School afirman operar sin inclinación política ni vínculos directos con la administración Trump, Chicago Tribune identificó que Price donó más de 2 millones de dólares desde 2023 a candidatos republicanos y comités de acción política enfocados en la expansión escolar privada, lo que generó críticas acerca del perfil institucional de Alpha y un posible sesgo en sus políticas de admisión.

La demanda, sin embargo, continúa creciendo: casi una docena de nuevos campus Alpha abrirán en el próximo ciclo escolar, confirmaron fuentes de la organización a Chicago Tribune. Entre quienes planean inscribir a sus hijos está el financiero Blake Mohseni, quien prevé anotar a su hija cuando cumpla cuatro años, argumentando que el desarrollo de su capacidad intelectual es el mayor patrimonio que puede ofrecerle y confiando en el modelo Alpha para ello.

El auge de la educación basada en inteligencia artificial marca una etapa crucial en el debate educativo en Estados Unidos, enfrentando la promesa de flexibilidad tecnológica con las preguntas abiertas sobre equidad, eficacia pedagógica y el futuro del rol docente.

Las lluvias no solo alteran el paisaje en la sierra de Piura. También cambian la rutina de quienes sostienen el sistema educativo en zonas rurales. Cada jornada de clases inicia con una decisión que trasciende lo pedagógico: avanzar o no en medio de caminos inestables, ríos crecidos y cerros que ceden.

En ese escenario, docentes recorren rutas que ya no existen como tales. El barro cubre senderos y obliga a improvisar pasos sobre troncos o piedras. El traslado deja de ser un trámite cotidiano y se convierte en una prueba física que pone en riesgo la vida. La escena se repite sin anuncios oficiales ni soluciones inmediatas.

Las imágenes registradas en la zona muestran un patrón constante. Profesores con mochilas al hombro, algunos descalzos, otros con botas que no resisten el terreno, avanzan con dificultad. En cada tramo, la posibilidad de un derrumbe o una caída acompaña el trayecto.

Cruces peligrosos en rutas colapsadas

Las vías que conectan comunidades en la sierra piurana quedaron interrumpidas por deslizamientos y quebradas activadas. En varios puntos, el tránsito vehicular resulta imposible. Mototaxis y motocicletas permanecen detenidas frente a montículos de tierra que bloquean el paso.

En ese contexto, docentes continúan a pie. “Aferrados a lo que pueden y con el barro hasta las rodillas”, describe otro testimonio, mientras se observa a un grupo intentando cruzar una zona afectada por derrumbe. La falta de rutas seguras obliga a elegir trayectos improvisados, donde cada paso requiere equilibrio.

Otra escena muestra a una docente intentando cruzar un río sobre un tronco caído. La corriente avanza con fuerza y no existen puentes cercanos. La única opción consiste en mantener el equilibrio mientras el agua corre a pocos centímetros.

Docentes atrapados en el lodo

El riesgo no se limita a caídas. En varios puntos, el lodo alcanza niveles que inmovilizan. Una maestra queda atrapada hasta las rodillas sin poder avanzar ni retroceder.

Sus colegas intentan liberarla con esfuerzo. La escena refleja el nivel de exposición al que se enfrentan durante el trayecto. Las botas no cumplen su función en ese tipo de terreno. En algunos casos, el desplazamiento requiere arrastrarse para salir de zonas más densas.

Las dificultades no terminan al llegar a la escuela. En el distrito de Sapillica, también en la región de Piura, cerca de 400 estudiantes enfrentan condiciones que afectan el desarrollo de sus clases.

El deterioro de la infraestructura obligó a declarar inhabitables al menos seis aulas. Las evaluaciones detectaron debilidad en las estructuras de adobe, agravada por las lluvias recientes. El riesgo de colapso o daño por movimientos sísmicos motivó la reubicación de los estudiantes.

“Se va a condicionar este baño como aula porque el aula podría colapsar, existe el riesgo de caerse”, explicó un docente al detallar las medidas adoptadas. Ante la falta de espacios seguros, la comunidad educativa optó por habilitar servicios higiénicos y un almacén como salones temporales.

Estas soluciones no cubren la demanda total. Los espacios resultan reducidos y no cuentan con condiciones adecuadas para el aprendizaje. Aun así, representan la única alternativa disponible en el corto plazo.

Reclamos sin respuesta y medidas provisionales

Padres de familia realizaron gestiones ante la Dirección Regional de Educación de Piura para solicitar aulas prefabricadas. Hasta el momento, no existe una respuesta concreta. La falta de intervención obligó a la comunidad a sostener medidas de emergencia con recursos limitados.

La situación expone una cadena de problemas que combina factores climáticos, infraestructura precaria y ausencia de respuesta oportuna. Mientras tanto, estudiantes asisten a clases en entornos que no garantizan seguridad.

El fenómeno climático asociado al Fenómeno de El Niño Costero intensifica estos escenarios. Especialistas advierten que sus efectos ya se manifiestan en distintas regiones del país, con lluvias intensas y deslizamientos frecuentes.

En ese contexto, la comunidad educativa mantiene su pedido dirigido al Ministerio de Educación del Perú. La demanda apunta a soluciones temporales que permitan restablecer condiciones básicas para el desarrollo de clases, mientras persisten los riesgos en los caminos y dentro de las propias escuelas.

Miles de docentes en el país buscan nuevas oportunidades laborales fuera de las aulas tradicionales. En ese contexto, una convocatoria internacional ha comenzado a generar interés entre profesionales de la educación que desean dar el salto al extranjero sin dejar de ejercer su carrera. La posibilidad de trabajar legalmente en Estados Unidos, con acompañamiento en todo el proceso migratorio y beneficios laborales, se presenta como una alternativa concreta para quienes cumplen con determinados requisitos.

Se trata de un programa que permite a profesores peruanos enseñar en colegios públicos de EE. UU., con contratos formales, sueldos competitivos y la opción de residir junto a sus familias. La iniciativa, que se mantiene abierta durante todo el año, apunta a cubrir vacantes en distintas áreas educativas y ofrece una experiencia profesional en entornos multiculturales, con condiciones similares a las de los docentes locales.

¿Cómo funciona el programa para que docentes peruanos trabajen en Estados Unidos?

La convocatoria es gestionada por la organización Participate Learning, entidad especializada en reclutar educadores internacionales para integrarlos al sistema educativo estadounidense. Los seleccionados podrán desempeñarse en escuelas públicas ubicadas en estados como Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia, principalmente en áreas como educación primaria, ciencias, matemáticas, inmersión en español y educación especial.

Uno de los principales atractivos del programa es que incluye el acompañamiento en el proceso de obtención de la visa J-1, un permiso de intercambio cultural que permite residir y trabajar legalmente en Estados Unidos por un periodo inicial de al menos dos años. Este visado está diseñado para fomentar el intercambio educativo y cultural, por lo que los docentes no solo enseñan su especialidad, sino que también comparten aspectos de la cultura peruana en las aulas.

De acuerdo con Ronald Ramírez, gerente de reclutamiento para Latinoamérica, esta experiencia permite a los docentes “fortalecer habilidades pedagógicas en contextos diversos”, además de ampliar su desarrollo profesional. En esa línea, los participantes son considerados “embajadores culturales”, ya que cumplen un rol clave en la enseñanza del idioma español y la difusión de su país de origen.

El programa, activo desde 1987, ha incorporado a educadores de más de 35 países, consolidándose como una de las principales puertas de entrada para profesionales de la enseñanza que buscan internacionalizar su carrera sin abandonar su especialidad.

Sueldos, beneficios y requisitos para postular a la convocatoria

Uno de los puntos que más llama la atención de esta oportunidad es el nivel de ingresos. Los docentes seleccionados recibirán un salario anual que oscila entre US$41.000 y US$55.000, dependiendo de factores como la experiencia, formación académica y el distrito escolar asignado. Estas condiciones son equivalentes a las de un profesor del sistema público estadounidense.

Además del sueldo, el paquete incluye seguro médico, pasajes aéreos y la posibilidad de viajar con cónyuge e hijos menores de edad, lo que facilita la adaptación familiar durante la estadía en el extranjero. En el caso de docentes de educación especial, la demanda es mayor debido a la necesidad de profesionales capacitados para trabajar con estudiantes con diversas necesidades de aprendizaje.

Para acceder a esta oportunidad, los postulantes deben cumplir con una serie de requisitos clave:

• Contar con título universitario en educación
• Tener al menos dos años de experiencia docente a tiempo completo tras la graduación
• Poseer un nivel avanzado de inglés
• Estar laborando actualmente en una institución educativa
• Disponer de licencia de conducir vigente
• Tener disponibilidad para residir en Estados Unidos por un mínimo de dos años

En caso de viajar con familia, se puede requerir mayor experiencia laboral. Asimismo, el proceso incluye la validación de títulos y la presentación de documentos como cartas de recomendación y antecedentes profesionales.

La postulación es completamente gratuita y se realiza de forma online a través del portal oficial de Participate Learning. El proceso de selección puede tomar algunos meses, dependiendo del tiempo que el candidato demore en completar y enviar la documentación requerida.

Esta iniciativa se posiciona como una de las opciones más atractivas para docentes peruanos que buscan trabajar en el extranjero, mejorar sus ingresos y adquirir experiencia internacional sin desvincularse de su vocación educativa.

Los docentes y el personal no docente de las Universidades Nacionales registraron en los últimos dos años una importante caída del poder adquisitivo, tras el recorte presupuestario llevado adelante por el gobierno de Javier Milei. De este modo, la mayoría cobra menos de 1.300.000 pesos.

De acuerdo a un informe del CEPA, entre noviembre de 2023 y enero pasado, sus sueldos cayeron un 34% en promedio en términos reales. La mayor parte de esa retracción se registró en el primer semestre de 2024 y no fue compensada.

Entre los docentes con dedicación exclusiva el salario más alto corresponde al cargo de titular, con un básico bruto de 1.456.091 pesos. Por su parte, un asociado percibe $1.295.710; un adjunto, $1.135.896; un Jefe de Trabajos Prácticos, $975.510; y un auxiliar de primera, 814.961 pesos.

En el caso de los docentes con dedicación semiexclusiva, los salarios básicos se ubican entre $728.046 para un titular y $407.479 para un auxiliar de primera. El básico de un asociado alcanza $647.854, el de un adjunto, $567.943 y el de un Jefe de Trabajos Prácticos, 487.755 pesos.

Para los docentes con dedicación simple, los ingresos son considerablemente menores. Un titular percibe $364.022, un asociado, $323.923; un adjunto, $283.969 y un Jefe de Trabajos Prácticos, 243.874 pesos.

En los escalones más bajos, el auxiliar de primera tiene un salario básico de $203.736, mientras que el auxiliar de segunda registra $162.991.

En el caso del personal no docente, el salario básico bruto varía según la categoría. En la categoría 1 asciende a $1.878.437 y en la categoría 2 a 1.565.367 pesos.

En la categoría 3 el básico se ubica en $1.302.402, mientras que en las categorías inferiores los montos descienden a $1.083.250 (categoría 4), $901.653 (categoría 5), $751.367 (categoría 6) y $626.146 (categoría 7).

Como referencia, el informe indica que en enero de 2026 la Canasta Básica Alimentaria (CBA) se ubicó en $623.990, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) —que marca la línea de pobreza para un hogar tipo— alcanzó los 1.360.299 pesos.

La Ley de Financiamiento Universitario insistida en el Congreso, que aún el Ejecutivo no aplicó, establecía la convocatoria a una paritaria nacional para que el salario básico recupere el poder adquisitivo perdido desde diciembre 2023 hasta el mes de su publicación en el Boletín Oficial (octubre de 2025). Esto implicaba un incremento salarial del 44 por ciento.

El CEPA resaltó que de haberse incorporado sobre los salarios de noviembre, el salario real del personal docente y no docente se habría ubicado apenas 1,3% por debajo del nivel registrado en noviembre 2023, recuperando la mayor parte del terreno perdido.

Por el contrario, el proyecto presentado por el Gobierno establece una recomposición sobre 2025 que se realizaría en tres cuotas trimestrales no acumulativas de 4,1%, totalizando solo un 12,3% de aumento.

Vale mencionar que los salarios representan en promedio el 86,9% del gasto universitario. “Entre 2023 y 2026 el grueso del ajuste recayó sobre los salarios del personal docente y no docente, que se redujeron 43,2%”, precisó el CEPA.

Si el Gobierno hubiese aplicado la nueva ley, el presupuesto salarial habría aumentado 36,3% real respecto de 2025, ubicándose 2,7% por encima de 2023.

En este contexto, a partir de este lunes 16 de marzo, las universidades públicas enfrentarán interrupciones en el inicio del ciclo lectivo debido a una semana de protestas convocadas por el Frente Sindical, que agrupa a docentes y no docentes.

Recientemente, la UBA emitió un comunicado y exigió la aplicación de dicha norma, ratificando la emergencia salarial y presupuestaria del 2026. “El cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y de Recomposición Salarial tiene por objeto garantizar el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales y la recomposición salarial de sus trabajadores y trabajadoras”, manifestó la casa de estudios.

Y consideró como destinos prioritarios de los fondos la mejora de infraestructura universitaria, el fortalecimiento de becas estudiantiles, el financiamiento de los colegios preuniversitarios y el desarrollo de las actividades de enseñanza, investigación, extensión e internacionalización.

La UGEL Coronel Portillo anunció la programación oficial para la tercera etapa del proceso de contratación docente 2026, una fase clave dentro del procedimiento que permitirá asignar plazas vacantes en instituciones educativas públicas de la provincia. La jornada corresponde a la evaluación de expedientes y adjudicación de puestos, dirigida a los postulantes que fueron declarados aptos en las etapas previas del proceso de selección.

De acuerdo con el comunicado emitido por el Comité de Contratación Docente 2026, esta fase se desarrollará el lunes 16 de marzo de 2026 en las instalaciones de la UGEL Coronel Portillo, ubicadas en el distrito de Manantay, región Ucayali. La entidad precisó que la adjudicación se realizará siguiendo estrictamente el orden de mérito, conforme a las disposiciones establecidas para Educación Básica (EB) y Educación Técnico-Productiva (ETP), con el objetivo de cubrir plazas disponibles en diversos niveles educativos.

Contratación docente 2026: así será la adjudicación de plazas en la UGEL Coronel Portillo

Según la programación oficial difundida por la institución educativa, la adjudicación de plazas docentes se realizará en dos turnos durante la jornada del lunes 16 de marzo, organizados de acuerdo con los niveles educativos y especialidades a las que pertenecen los postulantes.

El turno de la mañana, programado desde las 09:00 a. m., estará destinado a los candidatos que postulan a plazas en:

• Educación Inicial
• Educación Primaria
• Educación Básica Alternativa (EBA)
• Educación Básica Especial (EBE)

Durante este bloque se realizará la asignación de puestos para docentes que buscan incorporarse a instituciones educativas de estos niveles, siguiendo el orden de mérito obtenido en la evaluación de expedientes.

En tanto, el turno de la tarde, previsto para iniciar a las 02:30 p. m., estará dirigido a los postulantes que participan en las plazas correspondientes a:

• Educación Secundaria de Educación Básica Regular (EBR)
• Centros de Educación Técnico-Productiva (CETPRO)

Las autoridades de la UGEL Coronel Portillo precisaron que la adjudicación se realizará según la especialidad docente, permitiendo que cada participante elija la plaza disponible conforme a su ubicación en el ranking del proceso.

Asimismo, se indicó que en el caso de Educación Religiosa, la asignación de plazas se realizará considerando lo dispuesto por la normativa vigente, la cual establece que se debe tomar en cuenta la propuesta presentada por el director de cada institución educativa, en concordancia con los lineamientos aplicables para esta área.

Requisitos y protocolo de ingreso para los postulantes

Para garantizar el desarrollo ordenado del proceso, la UGEL Coronel Portillo estableció un protocolo de ingreso y control que deberá ser cumplido por todos los participantes que asistirán a la jornada de adjudicación.

El acceso a las instalaciones institucionales estará habilitado únicamente entre 08:30 a. m. y 09:00 a. m., horario en el que los postulantes deberán presentarse respetando estrictamente el orden de mérito establecido en el proceso de contratación docente 2026.

Uno de los requisitos obligatorios para participar en la adjudicación será la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI) en físico, documento que permitirá verificar la identidad de cada postulante antes de su ingreso al recinto donde se llevará a cabo la asignación de plazas.

Debido al número de docentes que participan en esta etapa del proceso, la entidad dispuso una distribución de aforo para facilitar la organización y evitar aglomeraciones durante la jornada.

En ese sentido, se informó que los primeros 100 postulantes, según el orden de mérito establecido, podrán ingresar directamente a la sede de la UGEL Coronel Portillo para participar en el proceso de adjudicación. Mientras tanto, el segundo grupo de 100 participantes permanecerá en espera en la Institución Educativa N.° 409, ubicada junto a la sede institucional, hasta que se habilite su ingreso conforme avance el proceso.

Las autoridades educativas también informaron que, como parte de las medidas orientadas a garantizar la transparencia y publicidad del proceso, toda la jornada será transmitida en vivo a través de la página oficial de Facebook de la UGEL Coronel Portillo. Esta transmisión permitirá que los participantes y la ciudadanía puedan seguir el desarrollo del proceso en tiempo real.

El Comité de Contratación Docente 2026 exhortó a los postulantes a asistir con puntualidad, portar la documentación requerida y respetar las indicaciones del personal organizador, con el objetivo de asegurar el desarrollo adecuado de la adjudicación de plazas docentes en la provincia de Coronel Portillo dentro del proceso de contratación docente 2026.

Los docentes de La Libertad se han convertido en blanco de organizaciones criminales que les exigen el pago de cupos para permitirles trasladarse hasta las instituciones educativas donde laboran. Dirigentes sindicales alertaron que los extorsionadores amenazan de muerte a quienes se niegan a pagar, generando preocupación entre los maestros a pocos días del inicio del año escolar.

El secretario regional del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) en La Libertad, Sergio Pinedo Esquivel, denunció que esta situación ya se registra en varias provincias y afecta principalmente a profesores que deben desplazarse hacia zonas rurales. Según explicó, los delincuentes buscan aprovechar los trayectos hacia los colegios para exigir pagos a cambio de permitir que los docentes lleguen sin problemas.

En declaraciones a la emisora local RPP, el dirigente sindical advirtió que las amenazas ya se han reportado en algunas provincias de la región y que el problema no es nuevo. Incluso recordó que en años anteriores se han registrado ataques violentos contra docentes vinculados al cobro de cupos.

Modalidad de extorsión contra docentes en La Libertad

Las organizaciones criminales utilizan principalmente amenazas directas y mensajes intimidatorios para exigir dinero a los docentes. Según explicó Sergio Pinedo Esquivel, los delincuentes envían advertencias a los celulares de los maestros, principalmente mediante WhatsApp.

“Ya ha habido amenazas en Ascope y Gran Chimú para que los docentes paguen cupos para que puedan transitar y llegar a sus instituciones educativas sin peligro, sin que los asaltantes, luego, les estén haciendo llegar mensajes a su WhatsApp con amenazas de muerte”, declaró el dirigente a RPP Trujillo.

De acuerdo con el sindicato, el objetivo de los delincuentes es obligar a los maestros a pagar dinero a cambio de permitirles movilizarse sin sufrir ataques o asaltos durante su trayecto hacia las instituciones educativas.

Zonas y provincias más afectadas por las extorsiones

De acuerdo con el Sutep regional, varias provincias de La Libertad se han convertido en focos de este tipo de delitos. Entre las más afectadas figuran Gran Chimú, Ascope, Julcán, Otuzco y Virú, zonas donde muchos docentes deben trasladarse largas distancias para llegar a sus centros educativos.

“Desde el anteaño pasado las autoridades conocen sobre el actuar delictivo. Las provincias de Gran Chimú, Ascope, Julcán, Otuzco y Virú son el foco de este tipo de incidentes”, afirmó Sergio Pinedo Esquivel en diálogo con RPP.

El problema se agrava debido a que muchos colegios se encuentran en zonas rurales donde el acceso es limitado y la presencia policial es escasa, lo que facilita que las bandas criminales operen con mayor impunidad.

Amenazas y violencia contra los maestros: casos recientes

Las extorsiones contra docentes no solo generan temor, sino que también han derivado en hechos violentos que afectan directamente el desarrollo de las actividades educativas.

Uno de los casos más graves ocurrió en mayo de 2025, cuando delincuentes dispararon contra una combi que trasladaba maestros hacia la provincia de Julcán. El ataque dejó herida a la profesora Eloísa Yessica Chávez Pérez.

“El año pasado, extorsionadores le dispararon a una combi ante el no pago de los dueños de la unidad y una maestra salió afectada con un proyectil que hasta el día de hoy lo tiene alojado en sus extremidades”, relató Sergio Pinedo Esquivel a RPP.

Las denuncias sobre este tipo de extorsiones también se han registrado en los últimos meses. En enero de 2026, el secretario general del Sutep, Lucio Castro, alertó que docentes que se dirigen a colegios ubicados en zonas rurales de La Libertad están siendo interceptados por delincuentes que les exigen pagos para dejarlos continuar su camino.

Según explicó en declaraciones a la cadena radial Exitosa Noticias, los extorsionadores cobran entre 5 y 10 soles diarios bajo amenazas de violencia. Los maestros que se niegan a pagar son advertidos de posibles agresiones o incluso de muerte.

Otro antecedente se conoció en octubre del año pasado, cuando el secretario regional del Sutep en La Libertad reveló que docentes asignados a instituciones educativas de la provincia de Virú, sobre todo en zonas rurales, también estaban siendo obligados a pagar cupos para poder dictar clases.

Incluso se reportó el caso de una profesora que buscaba ser reasignada a otra jurisdicción tras recibir amenazas de muerte por negarse a pagar la extorsión. Sin embargo, su solicitud no fue aceptada porque los protocolos del sistema educativo no contemplan este tipo de situaciones como causal para un traslado inmediato.

Ante esta situación, el Sutep ha solicitado la intervención del Ministerio del Interior y del Ministerio de Educación para garantizar la seguridad de los docentes. El gremio advierte que, sin medidas urgentes, el problema podría agravarse y poner en riesgo tanto la integridad de los maestros como el normal desarrollo del año escolar en varias provincias de La Libertad.

La reciente encuesta anual de Education Week sobre el estado de la enseñanza en Estados Unidos ofrece una radiografía precisa sobre la moral y las perspectivas laborales de los docentes en California. Según el informe, los maestros californianos presentan una moral ligeramente superior a la de sus colegas de otros estados, aunque la tendencia general sigue siendo motivo de preocupación. El Índice de Moral Docente elaborado por la encuesta, que puntúa de -100 a +100, señala que los docentes de California alcanzaron 16 puntos, mientras que el promedio nacional se ubicó apenas en 13. Este resultado, aunque marginalmente mejor, se inserta en una coyuntura donde la moral docente experimentó una leve caída en todo el país tras una breve recuperación el año anterior.

El contexto que rodea a la moral de los profesores es inquietante: “Hay mucha evidencia que indica que la moral docente ha estado disminuyendo en todo el país y se encuentra, según algunas mediciones, en el punto más bajo que recordamos”, advirtió Holly Kurtz, directora del Centro de Investigación EdWeek. Esta tendencia descendente preocupa debido a su impacto directo en la estabilidad del sistema educativo y la calidad de la enseñanza.

La inquietud sobre el futuro de la docencia se refleja en las cifras de intención de abandono. Casi la mitad de los docentes encuestados en California planean retirarse o dejar la profesión en la próxima década. Este porcentaje supera ampliamente el promedio nacional, donde se estima que el 35 % de los profesores prevé abandonar la enseñanza en el mismo periodo. La tendencia, según el informe, está motivada en parte por factores económicos: una encuesta previa de la Asociación de Maestros de California reveló que el 40 % de los docentes del estado considera dejar la educación en los próximos años, y casi la mitad de ellos mencionó razones económicas como causa principal de esta decisión.

Esta posible salida masiva de profesionales se agrava en un escenario marcado por la escasez de docentes, especialmente en asignaturas consideradas críticas, como educación especial, ciencias, tecnología, matemáticas, ingeniería y educación bilingüe. La baja moral docente y la intención de abandono generan preocupación no solo por la continuidad del personal docente, sino también por el efecto inmediato en los alumnos y la calidad de la educación.

Factores que afectan la moral docente: pandemia, condiciones laborales y comportamiento estudiantil

La moral de los docentes comenzó a deteriorarse durante la pandemia, cuando la enseñanza a distancia representó un desafío sin precedentes. A las dificultades técnicas y de adaptación se sumaron las complicaciones del regreso a las aulas, donde nuevas exigencias y la falta de recursos adecuados impactaron de forma negativa en el ánimo del profesorado. La encuesta identificó que la moral docente cayó en todo el país, reflejando el desgaste acumulado.

El comportamiento estudiantil emergió como un factor clave en el deterioro de la moral. Tres cuartas partes de los maestros de primaria, el 61 % de los de secundaria y el 54 % de los de preparatoria afirmaron que la conducta de los estudiantes está empeorando. Esto se atribuye, en parte, a la pérdida de socialización durante la pandemia y a la transición hacia modelos de disciplina de justicia restaurativa, que no siempre se comunicaron ni implementaron correctamente, según explicó Kurtz.

Los docentes encuestados señalaron que mejorar el comportamiento de los estudiantes elevaría su moral. Más de la mitad reclamó medidas como restricciones al uso de teléfonos móviles en clase, sanciones más severas para conductas indebidas y una mayor implicación de los padres en la educación conductual de sus hijos.

Preferencias sobre el tamaño de las clases y su impacto

La cantidad de alumnos por aula es otro factor que incide en la satisfacción profesional. Las clases en California figuran entre las más concurridas del país, con un promedio de 29 estudiantes, frente a los 25 del promedio nacional. La mayoría de los docentes consultados coincidió en que el número ideal sería de 19 estudiantes por salón, aunque los californianos consideran aceptable un rango de 20 a 24. La reducción de la cantidad de alumnos se asocia directamente con un mejor manejo del aula y una mejora del clima escolar, aspectos que inciden en la moral y la eficacia educativa.

Importancia del tiempo de planificación y las condiciones para mejorar la moral

Una de las demandas más reiteradas por los docentes es contar con mayor tiempo de planificación. Según los resultados de la encuesta, disponer de más horas para preparar las clases es el factor que más podría contribuir a mejorar la moral del profesorado, especialmente entre los más jóvenes. “Obtener más tiempo de planificación, que se les pague por ello y que reciban apoyo para ello solo ayudará a los docentes a sentirse más preparados y, me imagino, más cómodos y seguros en el aula”, opinó Alex Robins, profesor de ciencias sociales en la preparatoria Terra Linda de San Rafael.

Otros factores destacados por los encuestados incluyeron la posibilidad de tomar días de salud mental, la reducción del tamaño de las clases, semanas laborales más cortas y la mejora de la disciplina estudiantil. Estas condiciones, de implementarse, podrían tener un impacto inmediato en la motivación y el bienestar del profesorado.

Influencia del horario laboral y del salario en la moral docente

El horario de trabajo aparece como un determinante relevante en la moral docente, incluso por encima del salario. Una diferencia de 36 puntos en el índice de moral separa a quienes consideran que su horario es mejor que el de sus familiares y amigos de los que opinan lo contrario. El salario, aunque es objeto de debate y negociación, no mostró una correlación directa con la moral general, según el análisis de Kurtz. No obstante, los docentes que perciben su salario como similar o mejor al de su entorno tienden a mostrar una moral más alta.

En 2025, el salario inicial promedio para un docente en California era de 58.409 USD, y el salario promedio ascendía a 101.084 USD, cifras que sitúan al estado a la cabeza del país según la Asociación Nacional de Educación (NEA). Más de un tercio de los maestros californianos considera que sus ingresos son comparables o superiores a los de sus allegados, lo que puede incidir positivamente en su percepción del trabajo, aunque no asegura una moral elevada si otros factores estructurales no mejoran.

Los docentes de la UBA anunciaron un paro por tiempo indeterminado en reclamo de una recomposición salarial del 51 por ciento. La medida, que comenzará a regir el próximo 16 de marzo, fue comunicada en las últimas horas por la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA).

Desde el gremio advirtieron además que convocarán a una marcha federal en defensa de la educación pública. “No volvemos a las aulas hasta que nos paguen el 51 por ciento que nos deben y que se cumpla la ley vigente”, señalaron, en referencia a la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso el año pasado.

La medida de fuerza incluirá paros, movilizaciones, acciones y cortes, instalación de gazebos en la vía pública y clases públicas destinadas a difundir el conflicto, sin el dictado de contenidos del programa. “Vayamos al paro por tiempo indeterminado hasta la huelga general universitaria en defensa del salario y la universidad pública”, expresaron.

Entre las resoluciones adoptadas por AGD tras una asamblea, el gremio también informó que se mantendrá en “estado de deliberación permanente” y que convocará a una nueva asamblea para el 20 de este mes.

Entre los objetivos planteados figura continuar reclamando la convocatoria a paritarias y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, además de manifestar su rechazo al proyecto de modificación impulsado por el Ejecutivo nacional.

La organización gremial también resolvió marchar al rectorado de la UBA y a la Secretaría de Trabajo junto al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), movilizarse en el marco del paro transfeminista del 9 de marzo y realizar un pronunciamiento a 50 años del último golpe de Estado con un acto en la Plaza de Mayo.

“Llamamos a una gran movilización unitaria bajo las banderas de la independencia política del Estado, los gobiernos (nacional y provinciales), las patronales y la burocracia sindical”, concluyeron.

“En una asamblea de casi 150 docentes, AGD-UBA votó por unanimidad paro por tiempo indeterminado hasta ganar la aplicación de la ley de financiamiento universitario y con ella, el 51% de aumento que el Gobierno, de manera totalmente ilegal, se niega a aplicar. Empujemos la rebelión universitaria”, sostuvo Laura Carboni, secretaria general del gremio, en un posteo en su cuenta de X, acompañado por imágenes de la asamblea ocurrida el pasado martes.

En declaraciones a AM 750, Marcelo Carboni señaló que el gremio venía registrando un fuerte clima de “bronca” e “indignación” entre los docentes de la institución universitaria, luego de que el Gobierno decidiera no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.

“A pesar de que la ley se aprobó, se cayeron los vetos, hay un fallo judicial para que se aplique, el Gobierno tomó la decisión de no aplicarla y presentar una modificatoria que es completamente a la baja”, detalló la secretaria general, en diálogo con el periodista Victor Hugo Morales.

Y es que en octubre de 2025 el Gobierno promulgó la ley, aunque sostuvo que no podía aplicarla debido a la falta de fondos definidos para su implementación. En diciembre de ese mismo año, el juez federal Enrique Cormick dictó una medida cautelar que obligaba al Ejecutivo a cumplirla, con el respaldo de más de 40 universidades públicas.

En febrero de 2026, el Gobierno apeló esa decisión. Actualmente, la norma se encuentra vigente, pero no se está cumpliendo. En paralelo, el Ejecutivo envió un nuevo proyecto que propone modificar la normativa aprobada, con incrementos salariales escalonados del 4,1% distribuidos en tres tramos.

“Nos tienen que pagar un 51 por ciento de aumento salarial. El Gobierno se reúne con rectores para decirles que va a ofrecer en esta modificatoria un aumento del 12,3 por ciento y en tres cuotas. La indignación es total”, lamentó Carboni.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se encamina a evitar -al menos por los próximos dos meses- medidas de fuerza de parte de los gremios de la administración pública bonaerense. Sucede que los principales sindicatos aceptaron la última oferta de incremento salarial que puso sobre la mesa la administración bonaerense luego del rechazo de todo el arco sindical. El ofrecimiento del 7,5% dividido en un 5% para marzo, un 2,5% para abril, sumado al 1,5% que ya había otorgado por decreto para el mes de febrero producto de la no aceptación en la instancia paritaria, consolida un 9% para el período febrero, marzo y abril.

“Hemos logrado alcanzar un acuerdo salarial que consideramos satisfactorio, donde pudimos aceptar un ofrecimiento que tiene que ver con un 1,5% correspondiente al mes de febrero que ya veníamos percibiendo y que en el último mes se había cobrado a cuenta de futuros aumentos. En este caso logramos consolidarlo y dejarlo fijo dentro del salario, a lo cual se suma un 5% de aumento para este mes, un 2,5 % de aumento para el mes que viene, para el mes de abril. Además tendremos una cláusula de monitoreo que nos permitirá seguir de cerca la evolución de los salarios con respecto a la inflación y una reapertura paritaria en el mes de junio”, le detalló a Infobae el secretario gremial de UPCN, Juan Pablo Martin Oyarzabal.

En su mayoría, los gremios receptaron de buena manera la nueva propuesta del Ejecutivo bonaerense. Sin embargo, algunos sectores todavía no resolvieron si aceptan o no. Es el caso de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) que forma parte del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB). Se trata del segundo gremio en grado de representatividad de los trabajadores docentes, detrás de SUTEBA. A diferencia del sindicato que conduce Roberto Baradel, la FEB había rechazado el 3% inicial que había dispuesto el Ejecutivo bonaerense y dispuesto una medida de fuerza de caracter provincial para el 2 de marzo último, día en el que debían comenzar las clases en las escuelas públicas bonaerenses. El ciclo lectivo no inició en tiempo y forma.

SUTEBA también se había sumado a esa medida de fuerza, solo que lo hizo en el marco del paro nacional ejecutado por la CTERA, la confederación donde se engloba el gremio en cuestión. El reclamo era fue por los salarios a nivel nacional, la restitución del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y la convocatoria efectiva a la paritaria nacional. Este jueves, ya con la oferta de Buenos Aires sobre la mesa, el propio Baradel planteó que “es un gran esfuerzo de la Provincia frente a la necesidad que tienen los docentes” y que la negociación paritaria en territorio bonaerense se da ante “las restricciones presupuestarias, la caída de la recaudación y los billones de pesos que le debe la Nación, sometiéndolo a un ahogo financiero“. En este marco planteó durante una entrevista con Radio Provincia que “las decisiones del gobierno libertario no perjudican en particular al Gobernador, si no que afectan a la gente”.

Los estatales de ATE también aceptaron el ofrecimiento. “Entendemos la situación que vemos a nivel nacional de un gobierno ajustador que sigue asfixiando a la provincia de Buenos Aires, queremos poner el valor no sólo el aumento del 9%” que comprende el 1,5% abonado en febrero, un 5% en marzo y 2,5% en abril, sino también, “los pase a planta permanente que va a haber en el sector de salud, la recategorizaciones a todos los trabajadores de la 10.430 y el convenio colectivo de trabajo que dignifique al trabajador estatal”, deslizó el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Buenos Aires, Claudio Arévalo, tras la reunión con el ministro de Economía, Pablo López. El marco de reuniones con los gremios también estuvo signado por una particularidad. Testigos del evento dieron cuenta que al momento de retirarse, el automovil en el que se trasladaba el titular de Economía fue increpeado por integrantes de SUTEBA Multicolor, la línea disidente a la conducción de Baradel dentro de ese gremio docente.

En el Gobierno le restaron importancia al incidente. Tras la reunión y a la espera de la confirmación oficial de todos los gremios, el funcionario de Kicillof planteó que “estamos viviendo una situación económica extremadamente preocupante, producto de las políticas económicas del Gobierno nacional, que atentan contra la producción, contra el empleo y contra las empresas argentinas. En ese contexto, la Provincia de Buenos Aires lleva perdidos $22 billones por deudas del Gobierno nacional y la caída constante de la recaudación producto de la situación económica. A pesar de eso reconocemos el esfuerzo que están haciendo las y los trabajadores provinciales y estamos comprometidos a sostener las mejores condiciones laborales que sea posible”.

También el ministro de Trabajo provincial, Walter Correa, resaltó el acuerdo alcanzado con los principales gremios. “En un contexto adverso y de ahogo económico, este acuerdo con las y los trabajadores, a través de sus organizaciones sindicales, cobra aún más valor. Agradecemos la responsabilidad y el compromiso de cada parte, y reafirmamos que la Provincia respeta los derechos laborales y defiende el poder adquisitivo como una prioridad”.

Los gremios que respaldaron la oferta hecha por el gobierno bonaerense -sobre todo UPCN y SUTEBA, que este viernes comunicará su adhesión- son parte activa del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). También algunos dirigentes que forman parte de la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA). En parte es por ello que las conducciones gremiales se encargaron de remarcar que las finanzas del gobierno bonaerense sufren de una “asfixia” de parte de Casa Rosada.

Kicillof requiere de tener cierto alineamiento interno para medir las posibilidades de ser candidato presidencial por el peronismo en 2027. La mayoría de los gremios que desempeñan en la función pública lo respaldan. Donde todavía tiene que ajustar los respaldos el mandatario es al interior del peronismo, puntualmente con La Cámpora.

El gobierno de Kicillof busca cerrar un acuerdo paritario con todos los gremios de la administración pública, tras las medidas de fuerza que llevaron adelante esta semana. Acciones contra la administración de Javier Milei, pero con impacto en la provincia de Buenos Aires y en la que también se insmiscuye la no aceptación de la última oferta paritaria hecha por el Ejecutivo bonaerense: que fue de 3% para marzo.

Este jueves y con la presencia del propio ministro de Economía, Pablo López, el Gobierno llevó adelante una ronda de reuniones formales con los representantes de los gremios docentes primero y con los de estatales después en los que comunicó la mejora hecha en relación a la última oferta de mejora salarial. La administración de Kicillof elevó en 2 puntos el incremento para marzo proponiendo una suba del 5% para el tercer mes del año. Además buscó cerrar también abril con una suba del 2,5%; sumado al 1,5% para febrero que ya fue otorgado por decreto, ante la falta de acuerdo.

Las distintas medidas de fuerzas que la semana pasada llevaron adelante los gremios calaron también en la discusión interna del peronismo. Es que tras la apertura de sesiones, desde el Frente Renovador (FR) plantearon que el acto se dio en medio de medidas de fuerzas. “Abrimos sesiones en medio de un clima adverso. No solo porque la Provincia de Buenos Aires sigue siendo la más perjudicada por el gobierno de Milei sino también porque nuestros docentes están de paro y eso impacta sobre el sistema educativo que siempre hay que defender. Esperemos que a la brevedad se pueda resolver este conflicto porque es justo y necesario que los maestros no sigan perdiendo poder adquisitivo”, decía el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera. Mientras que la senadora Valeria Arata aseguró que “el poder legislativo empieza a funcionar pero en el poder judicial hay paro... es un reclamo justo porque comparados con Nacion y Ciudad, nuestros judiciales están super atrasados”.

Según el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) -que integran SADOP, FEB, UDOCBA, AMEP y SUTEBA- la oferta realizada se traduce en que el sueldo inicial de un maestro grado será para marzo de $800.084 y abril: $850.053. Para una maestra de grado jornada completa: $1.600.168 en marzo y $1.700.106 en abril; maestra de grado con quinta hora para el mes de marzo: $1.005.638 y abril: $1.060.424. Mientras que un profesor con 20 módulos en marzo: $1.032.198 y en abril: $1.113.838.

Los puntos acordados incluyen una cláusula de monitoreo, por la que las partes evaluarán la marcha del acuerdo paritario en la primera quincena de mayo de 2026, y una cláusula de reapertura que prevé retomar la negociación en junio de 2026 o antes, si la situación económica difiere de las proyecciones. Además, en marzo se citará a discutir el Convenio Colectivo de Trabajo y la Cogestión de Condiciones Laborales.

Los gremios docentes receptaron la propuesta y en lo que resta de la semana definirán si aceptan o rechazan. A priori, informalmente, consideran positiva la convocatoria y mejora. Las reuniones se dan luego de la medida de fuerza que llevaron adelante el lunes último que significó que las clases en las escuelas públicas bonaerenses las clases no empiecen en tiempo y forma. La argumentación de la acción varía depende del gremio en cuestión. Mientras que en la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) plantearon que la decisión se dio tras considerar insuficiente la propuesta del 3%, desde SUTEBA plantearon que el paro se daba en el marco de la medida nacional adoptada por CTERA, la confederación en la que se encuentra el gremio que conduce Roberto Baradel. Fue por el rechazo a la reforma laboral y la no apertura de paritarias nacionales. El propio Kicillof hizo referencia a la cuestión durante su apertura de sesiones. De hecho, fue la primera vez en seis años que el mandatario habló ante la Asamblea Legislativa con una medida de fuerza de impacto en las escuelas públicas. Kicillof responsabilizó al gobierno nacional.

“Con todas sus dificultades y deudas, la Argentina supo construir un sistema educativo público, científico y universitario que fue y sigue siendo admirado en la región, incluso por sociedades mucho más ricas que la nuestra. La escuela pública está en el ADN de nuestra mejor historia como país. Hoy se está realizando un paro nacional docente para reclamar contra las políticas de desfinanciamiento deliberado de la educación y contra la reforma laboral. El paro se realizó en todas las provincias, pero en 16 provincias, incluyendo la nuestra, hoy no empezaron las clases”. Desde el palco destinado a los dirigente sindicales que llegaron hasta la Cámara de Diputados bonaerense escuchaba Baradel.

Por las tarde continuaron las reuniones con los representantes estatales. Los estatales también llevaron adelante una medida de fuerza el úlitmo lunes. La oferta es de iguales características que la hecha a los docentes. Sin embargo, más allá de la cuestión salarial los gremios buscan garantizarse recategorizaciones y pases a planta. Un reaseguro por si en 2027 cambia la fuerza política que gobierne la provincia de Buenos Aires.

Por lo pronto, este miércoles, Kicillof inauguró la escuela número 300 desde que llegó a la gobernación. El acto se desarrolló en el municipio de Berazategui donde estará el flamante edificio. Allí, el mandatario, profundizó sus críticas a la gestión de Milei y planteó que “tiene que haber educación pública gratuita y de calidad y para todos y todas. Ese objetivo nos trazamos. Ese objetivo, además, y en contra de las dificultades, es lo que venimos a cumplir. Hoy, trescientas nuevas escuelas en la provincia de Buenos Aires”.

Según informó oficialmente la provincia de Buenos Aires alcanzó la inauguración de 300 nuevas escuelas, la ampliación de 485 edificios educativos y la construcción de 1.348 aulas adicionales en el marco del programa Escuelas a la Obra.

Además, en la Provincia informaron que se completaron la refacción integral de 519 establecimientos y concluyó más de 8.500 intervenciones edilicias en su sistema escolar.

La ciudad de Nueva York dará un paso hacia la universalización del cuidado infantil gratuito para niños de dos años, con el lanzamiento de un programa que en su primer año ofrecerá 2.000 plazas gratuitas para familias en barrios de Manhattan, El Bronx, Brooklyn y Queens a partir de septiembre de 2026.

Presentada por la gobernadora Kathy Hochul y la alcaldía bajo la gestión de Zohran Mamdani, la iniciativa tiene como objetivo inclusivo llegar a todas las familias, sin importar su código postal, ingresos o situación migratoria, según informó el medio local The City.

Bajo el nombre 2-K, el programa contempla en el siguiente año una inversión estatal de USD 425 millones y la meta de ampliar la oferta a 12.000 plazas en los cinco distritos para el otoño de 2027. Con esta expansión, la ciudad busca consolidar el acceso universal al cuidado infantil en la primera infancia.

La primera etapa de 2-K se orienta hacia barrios con mayor necesidad económica

El diseño de la primera fase The City destaca que prioriza el acceso en zonas con altos índices de necesidad, seleccionadas de acuerdo a criterios como carencia económica, demanda proyectada, brechas en la oferta y capacidad de los proveedores.

Las comunidades incluidas en este arranque comprenden los distritos escolares de =

Manhattan:

• Washington Heights
• Hamilton Heights
• Inwood

El Bronx:

• Fordham
• Belmont
• Norwood
• Morris Heights
• Van Cortlandt Village
• Kingsbridge

Brooklyn:

• Canarsie
• Remsen Village
• Brownsville
• Ocean Hill

Queens:

• Ozone Park
• South Ozone Park
• Richmond Hill
• Howard Beach
• Woodhaven
• Rockaways

La elección de estos barrios busca también fomentar una matrícula inclusiva para niños con discapacidades y familias en viviendas temporales. Como expresó Mamdani: “Criar a un hijo requiere de una aldea, y también de un gobierno dispuesto a abordar la crisis de cuidado infantil con decisión”.

El modelo operará principalmente sobre la infraestructura preexistente de cuidado infantil

De acuerdo con Emmy Liss, titular de la Oficina de Cuidado Infantil, los programas se apoyarán ampliamente en proveedores ya existentes, especialmente en los que operan en domicilios familiares. No está previsto, por ahora, abrir nuevas aulas en sedes escolares.

Respecto a los requisitos de ingreso, Liss precisó que la edad estará determinada por regulaciones sanitarias: “Los niños deberán tener dos años al comenzar el programa, según cada modalidad, por cuestiones de las normativas de salud”.

Aquellos que cumplan años después del inicio del ciclo podrán ingresar progresivamente durante el otoño, entre el 10 de septiembre y el 31 de diciembre, mediante un sistema de admisiones escalonadas que sigue la política vigente en los programas preescolares para quienes cumplen tres o cuatro años en el año natural.

Si bien se espera que la mayoría de las familias y proveedores opten por una jornada completa equivalente a 6 horas y 20 minutos, The City asegura que la ciudad evaluará la capacidad real de los centros y el interés de las familias antes de definir la duración estándar.

Cada aula para dos años contará con dos docentes y atención especializada

Según The City, en las salas orientadas exclusivamente a niños de dos años habrá dos educadores por cada 12 alumnos. Para grupos de otras edades, el cupo máximo será de 8 para lactantes, 15 para tres años y 18 para cuatro años.

El enfoque inclusivo se reforzará mediante la presencia de entrenadores y especialistas en inclusión, quienes capacitarán al personal para atender a niños con necesidades particulares.

La coordinación con el Departamento de Educación y el área de intervención temprana del Departamento de Salud permitirá “ajustar aún más la formación y el acompañamiento de los equipos”, describió Simone Hawkins, vicecanciller de Educación Infantil, según recogió The City.

Persisten desafíos en la equidad salarial para trabajadoras del cuidado infantil

Uno de los temas que más preocupa es la remuneración dentro del programa. Kellan Calder, representante de la organización neoyorquina dedicada al acceso al cuidado infantil New Yorkers United for Child Care, valoró la atención prioritaria a los barrios con mayor necesidad, advirtiendo: “Asegurar una ejecución adecuada comienza por pagar de manera justa a los proveedores”.

Liss reconoció la dificultad: los salarios en el sector presentan grandes disparidades, y en promedio los trabajadores de cuidado infantil en la ciudad ganan menos que el 96% de los demás profesionales. La funcionaria admitió que la solución definitiva a esta brecha aún está pendiente.

El futuro del programa: universalización y sostenibilidad financiera

La finalidad del 2-K es proporcionar cuidado infantil gratuito para todos los niños de dos años que lo requieran en la ciudad de Nueva York. Para ello, la coordinación entre agencias y la financiación estable serán determinantes, en un contexto donde la infraestructura existente, la capacidad de los proveedores y la equidad laboral constituyen desafíos permanentes para el sistema educativo y social de la ciudad.

María tiene 42 años y enseña en un colegio público de Lima. Se levanta a las 5:00 a.m., viaja casi dos horas, dicta seis horas de clase, atiende conflictos, escucha historias de violencia familiar, corrige tareas de madrugada y llena plataformas administrativas los fines de semana. Hace un mes su médico le habló por primera vez de “agotamiento crónico”. Ella respondió lo que responden muchos: “No puedo parar”. María no aparece en los spots de campaña.

En plena carrera presidencial, escuchamos promesas sobre tablets, infraestructura, meritocracia y modernización. Pero hay un silencio ensordecedor: nadie está hablando con la misma urgencia de la salud mental docente. Y sin docentes emocionalmente sostenidos, no hay reforma educativa que sobreviva.

Según la UNESCO, el mundo necesitará 44 millones de docentes adicionales al 2030 para garantizar la educación universal. Pero el problema no es solo reclutar: es retener. La propia UNESCO advierte que el abandono está asociado a sobrecarga, agotamiento e inestabilidad laboral. La OCDE lo confirma: alrededor del 6,5 % de docentes deja la profesión cada año. No se van por falta de vocación; se van por desgaste.

En el Perú, después de la pandemia, el malestar socioemocional docente no es un rumor: es una realidad constatada en distintos estudios nacionales. Sin embargo, en el debate electoral, la salud mental del profesorado sigue siendo un tema periférico, casi incómodo. ¿Por qué?

Porque no da titulares fáciles. No se inaugura con cinta roja. No se mide en fotografías. Pero define el corazón del sistema educativo.

Desde la educación emocional sabemos que enseñar no es solo transmitir contenidos. Es gestionar emociones propias y ajenas durante seis o siete horas diarias. Es contener ansiedad, frustración y violencia. Es sostener vínculos en contextos sociales cada vez más complejos. Cuando esa tarea se realiza sin herramientas suficientes de regulación emocional, sin redes de apoyo institucional y con cargas administrativas desproporcionadas, el resultado es predecible: burnout. Un estado de agotamiento físico, emocional y mental que afecta a los profesores como consecuencia del estrés laboral crónico en el ámbito educativo. Por tanto, no es fragilidad individual. Es consecuencia de un sistema que exige resiliencia infinita sin ofrecer condiciones estructurales de cuidado.

Seguimos formando docentes con énfasis técnico, pero con escasa preparación en afrontamiento del estrés, autocuidado y gestión emocional. Seguimos evaluando desempeño casi exclusivamente desde resultados académicos, como si el clima emocional del aula fuera un detalle secundario. Seguimos ampliando responsabilidades sin revisar tiempos reales de descanso y planificación.

Después nos sorprendemos cuando aumenta el ausentismo o cuando docentes experimentados deciden abandonar el aula.

La pregunta que este proceso electoral debería responder es incómoda pero urgente: ¿qué candidato está dispuesto a priorizar condiciones estructurales de bienestar docente como política pública?

Hablar de salud mental docente no es romantizar la profesión. Es reconocer que el sistema educativo depende de personas, no de plataformas. La propia UNESCO lo ha señalado: el profesorado construye vínculos humanos que ninguna tecnología puede reemplazar.

Si un docente está exhausto, su capacidad de innovación disminuye. Si está emocionalmente saturado, su paciencia se reduce. Si siente que el sistema solo le exige y no lo cuida, su compromiso se erosiona. Y cuando el docente se erosiona, el aprendizaje también lo hace.

Podemos llenar las aulas de dispositivos digitales. Podemos reformar el currículo cada cinco años. Podemos anunciar nuevas evaluaciones. Pero si no revisamos la carga laboral, no incorporamos educación emocional en la formación inicial docente y no creamos sistemas reales de apoyo psicoemocional, estaremos construyendo reformas frágiles sobre cuerpos agotados.

Este abril, cuando escuchemos promesas educativas, convendría preguntar algo más profundo: ¿quién está dispuesto a cuidar a quienes cuidan?

Porque la salud mental docente quizá no dé votos inmediatos.

Pero ignorarla sí tiene un costo: el futuro educativo del Perú.

El inicio de clases es una escena masiva y movilizadora. Los hogares argentinos se activan, las familias se vuelcan a las calles y más de 11 millones de estudiantes vuelven a las aulas. Algunos empiezan un nuevo nivel, enfrentándose a lo desconocido, movilizados por crecer y abrir etapas; otros transitan el último año de la secundaria, atravesados por una mezcla de euforia, incertidumbre y proyección hacia un mundo adulto convulsionado. Es un momento de reencuentro y expectativa. Y en cada una de las escuelas, hay una figura clave que recibe a familia y estudiantes: los docentes. Ellos son quienes sostienen cotidianamente ese entramado de expectativas familiares y promesas de futuro y están listos para hacer latir el aula.

A lo largo de su carrera, cada docente puede dejar una huella en la vida de cientos de personas. Además, la evidencia sobre el impacto de la enseñanza en la calidad del aprendizaje es abrumadora, por lo que la docencia es una profesión estratégica para el desarrollo del país. Esta relevancia contrasta, sin embargo, con un contexto desafiante para ser docente, tanto en Argentina, como a nivel mundial. Este es un escenario dominado por una creciente desigualdad social, el avance de la pobreza infantil, el aumento de la violencia y de los trastornos psíquicos, la seducción de las pantallas, que combinados con condiciones laborales insuficientes, ponen en jaque la profesión docente. En Argentina, esto convive con una crisis educativa con resultados de aprendizaje estancados en niveles bajos.

El trabajo de los casi 1.200.000 docentes argentinos tiene desafíos particulares. El salario tiene hoy un valor real inferior al de 2005 y el trabajo se realiza en contextos adversos, donde los docentes deben lidiar con problemáticas sociales que exceden su rol pedagógico, dado que casi la mitad de los niños, niñas y jóvenes se encuentran hoy por debajo de la línea de la pobreza. La formación inicial se da en un sistema sobredimensionado y fragmentado, con problemas de planeamiento, de eficiencia y eficacia. Por ejemplo, los profesorados de nivel inicial y primario suelen ser muy numerosos, y en algunas provincias egresan muchos más docentes que los necesarios, mientras otras carreras con vacancia —como inglés, física, química o matemática— tienen ofertas insuficientes y bajas tasas de egreso. La formación continua se caracteriza por la dispersión y heterogeneidad, con problemas de pertinencia y calidad, mientras que la carrera docente ofrece muy pocas oportunidades de desarrollo profesional y cada docente suele enfrentar los múltiples desafíos de la profesión en soledad, ya que no existen instancias de trabajo en equipo.

La situación de los docentes argentinos está lejos de poder movilizar las mejoras educativas que el país requiere y estas no pueden sostenerse únicamente en buenas intenciones y esfuerzos individuales. Países que han logrado mejorar en todas las escuelas a través del tiempo han apostado por la docencia como motor de ese proceso. Argentina necesita una política docente que defina un esquema de formación, ejercicio y desarrollo profesional que honre la relevancia de la profesión y establezca reglas claras que reconozcan e incentiven el buen desempeño.

Las políticas docentes están enfrascadas en el empate conservador que caracteriza a la agenda educativa argentina. Es preciso activar un diálogo social robusto en torno a la docencia, como plataforma necesaria para comprometer rumbos claros para fortalecer la profesión docente. Una hoja de ruta que tome impulso con acuerdos, trabaje sobre sus disensos y que exija planificación, eficiencia presupuestaria y capacidades técnicas. La baja de la natalidad abre una oportunidad que es necesario aprovechar con valentía y creatividad. Esta no es tarea de un gobierno ni de un sector, sino de un esfuerzo colectivo que involucre a toda la sociedad. Desde CIPPEC queremos colaborar en encauzar esa discusión, que hoy brilla por su ausencia en el debate público.

El Ministerio de Educación estableció nuevos lineamientos para la tramitación de licencias laborales dirigidas a los profesores en el marco de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial. Las disposiciones precisan tanto los tipos de licencia como los requisitos, plazos y procedimientos que deben seguir los docentes para solicitar la autorización de ausencia laboral, ya sea con goce de remuneraciones o sin él.

Las licencias permiten al docente ausentarse de su centro de trabajo por uno o más días, iniciando la gestión en su institución educativa y concluyendo con la emisión de una resolución administrativa por la Dirección Regional de Educación (DRE) o la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) correspondiente. La formalización de estos permisos resulta obligatoria para evitar descuentos o sanciones en la remuneración.

Tipos de licencias con goce: plazos y requisitos

• Incapacidad temporal: El profesor debe presentar la solicitud ante su jefe inmediato en un plazo máximo de dos días hábiles desde la contingencia. En zonas rurales o VRAEM, el plazo se amplía a cinco días hábiles. Para los primeros veinte días se requiere el Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT) de EsSalud o certificado médico con documentos adicionales. A partir del día 21, se exige únicamente el CITT.
• Enfermedad grave o accidente grave de familiar directo: El plazo es de dos días hábiles desde el diagnóstico o accidente. Es necesario presentar certificado médico y documentos que acrediten el vínculo familiar.
• Asistencia médica y terapia de rehabilitación de personas con discapacidad: La solicitud debe ser presentada con dos días hábiles de anticipación, indicando días y horas de la licencia. El máximo anual es de 56 horas pedagógicas para gestión pedagógica; en otras áreas, pueden acordarse horas adicionales.
• Exámenes preventivos oncológicos: El pedido debe realizarse con al menos cinco días calendario de anticipación y permite hasta dos días hábiles por año, que deben ser compensados en los 30 días posteriores.
• Exámenes de detección temprana de cáncer de mama y/o cuello uterino: Aplica para profesoras y se puede solicitar hasta por un día hábil al año, con cinco días calendario de anticipación.
• Maternidad: El descanso es de 98 días calendario (49 días prenatales y 49 días postnatales). La solicitud para nombradas debe presentarse con mínimo 15 días de anticipación; en contratadas, al día siguiente del contrato. En caso de parto múltiple o discapacidad del recién nacido, el descanso postnatal se extiende 30 días adicionales.
• Paternidad: El profesor tiene derecho a 10 días calendario de licencia consecutiva, ampliable a 20 o 30 días en casos especiales (nacimiento prematuro, parto múltiple, enfermedad congénita o complicaciones graves). La solicitud debe presentarse con 15 días de anticipación a la fecha probable de parto.
• Adopción: Licencia de 30 días calendario, solicitada al día siguiente de la entrega del niño adoptado, con los documentos que acrediten la adopción.
• Fallecimiento de padres, cónyuge o hijos: La licencia es de 8 días calendario si el deceso ocurre en la misma provincia, y de 15 días si ocurre en otra. El pedido debe presentarse al día siguiente del fallecimiento o hasta el día de la reincorporación.
• Siniestros: Hasta 30 días calendario. Solicitud en un plazo máximo de dos días hábiles del siniestro, con documentos que acrediten la afectación.
• Estudios de posgrado, especialización o perfeccionamiento (autorizados): Plazo de hasta dos años continuos. Requiere ser nombrado, tener al menos tres años de servicios y presentar la solicitud con 15 días de anticipación, además de la documentación de auspicio.
• Capacitación organizada por el Ministerio de Educación o gobiernos regionales: Se otorga por la duración de la capacitación. La solicitud debe presentarse con al menos 15 días de antelación.
• Representación oficial del Estado Peruano: Hasta 30 días calendario dentro del año fiscal, con solicitud presentada al menos 15 días antes del evento y documentos de acreditación.
• Citación judicial, militar o policial: Por el tiempo que dure la concurrencia más el término de la distancia, o un día calendario para audiencias virtuales. Solicitud con tres días hábiles de antelación.
• Representación sindical: Hasta 1 año para miembros de juntas directivas sindicales, según la normativa específica, con solicitudes durante el mes de octubre y requisitos de acreditación.
• Desempeño de cargos de consejero regional o regidor municipal: Hasta un día semanal o mensual, según el mandato, presentando la solicitud y la acreditación correspondiente en los plazos establecidos.

Licencia sin goce: plazos y requisitos

• Motivos particulares: Hasta dos años continuos o discontinuos en un periodo de cinco años. El docente debe contar con más de un año de servicio y presentar la solicitud con 15 días de anticipación.
• Capacitación no oficializada: Hasta dos años por estudios en el país o el extranjero sin auspicio oficial. Requiere un año de servicios y solicitud con 15 días de antelación, adjuntando constancia de inscripción.
• Desempeño de funciones públicas o cargos de confianza: Se otorga mientras dure el desempeño del cargo. El plazo para la solicitud es de dos días hábiles posteriores a la acreditación (en periodo lectivo) o 15 días calendario previos al inicio del año escolar (en periodo no lectivo), según el área de desempeño.
• Enfermedad grave de padres, cónyuge, conviviente reconocido judicialmente o hijos: Hasta seis meses. Solicitud dentro de los dos días hábiles siguientes a la expedición del certificado médico.

En el marco del fortalecimiento del desarrollo profesional docente y en respuesta a la demanda de actualización constante, los profesores que resulten beneficiarios de las becas también recibirán acceso a formación complementaria gratuita de corta duración, dirigida a actualizar competencias prácticas y a potenciar su desempeño educativo. A partir de marzo de 2026, los beneficiados podrán iniciar sus estudios en cualquiera de las 31 maestrías oficiales que la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) pone a disposición de la comunidad en alianza con Santillana Perú. La oferta busca atender necesidades formativas actuales y mejorar las perspectivas laborales de los educadores peruanos, según informó UNIR a través de su convocatoria oficial.

El acuerdo entre UNIR y Santillana Perú establece una convocatoria dirigida a miembros de la Comunidad Santillana y a docentes en ejercicio en el país, conforme detalló la información publicada por la universidad. Las cinco becas contempladas cubrirán el 65% del valor total de la matrícula en cualquiera de los programas de posgrado ofertados, todos de carácter virtual y con reconocimiento internacional. El plazo para presentar postulaciones quedará abierto hasta el 9 de febrero de 2026 y los estudios podrán comenzar en marzo del mismo año, con posibilidad de iniciar más tarde dependiendo del programa elegido, indicó la universidad.

Según publicó UNIR, la selección permitirá a los docentes acceder a maestrías orientadas a las principales demandas del sector educativo. Entre las opciones figuran especializaciones como Neuropsicología y Educación; Tecnología Educativa y Competencias Digitales; Docencia Superior Universitaria; Liderazgo y Dirección de Centros Educativos; Innovación Educativa; Métodos de Investigación en Educación; Enseñanza de Inglés; Psicopedagogía; Dificultades de Aprendizaje y Atención a la Diversidad; así como Atención Temprana y Desarrollo Infantil. Todos los programas tienen una duración de un año académico y sus títulos son reconocibles por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).

El proceso para optar por las becas, según consignó UNIR, exige que los aspirantes rellenen un formulario especializado y adjunten la documentación solicitada, además de realizar la reserva de una plaza en la maestría de su preferencia. Los requisitos contemplan ser miembro activo de la Comunidad Santillana o estar ejerciendo la docencia en Perú en el momento de la postulación, además de contar con nacionalidad o residencia en el país.

La universidad destaca que su metodología se apoya en un modelo flexible, centrado en el alumno y orientado a fortalecer tanto la empleabilidad como la compatibilidad entre los estudios de posgrado y las responsabilidades laborales o personales de los docentes. Según informó UNIR, su enfoque pone especial énfasis en la resolución de problemas concretos del entorno educativo y en dar respuestas a las necesidades actuales del sector y del mercado laboral, un aspecto destacado dentro de la convocatoria conjunta con Santillana Perú.

Tal como publicó la entidad académica, su modelo educativo recibe respaldos internacionales como la calificación de cinco estrellas en el sistema QS Stars en la categoría de educación virtual. Esto, según desglosa la convocatoria, garantiza un estándar de excelencia en los procesos de aprendizaje en línea y certifica la calidad europea de los títulos otorgados a los beneficiarios peruanos.

La alianza expone como objetivos principales la mejora de las condiciones profesionales de los docentes, la posibilidad de acceder a promociones dentro de la carrera magisterial y la obtención de mejores ingresos en el contexto de una formación permanente. De acuerdo con lo informado por UNIR, el acceso a estudios de posgrado reconocidos internacionalmente contribuirá a ampliar las oportunidades laborales de los egresados y a robustecer la calidad del sistema educativo nacional.

La información detallada sobre el proceso de postulación, los requisitos y las bases de la convocatoria permanece disponible en la página oficial de UNIR, según confirma la publicación institucional, lo que permite a los interesados consultar todos los pasos necesarios y acceder a asesoría informativa para completar sus solicitudes dentro de los plazos habilitados.

Con la apertura de esta nueva edición de becas, tanto UNIR como Santillana Perú reiteran su intención de brindar acceso a la formación superior a docentes peruanos, reforzando el sistema educativo del país y apostando por una herramienta que favorezca la movilidad profesional y la calidad en el aula. Según menciona la convocatoria, la modalidad 100% online de los estudios, junto con el reconocimiento nacional e internacional de sus títulos, representa una alternativa significativa para el avance profesional de los docentes en Perú.

Luego de que los gremios docentes de la CGT anticiparan un paro para el próximo lunes 2 de marzo, el Gobierno nacional anunció la convocatoria de una nueva reunión para retomar las negociaciones salariales. La decisión fue tomada luego de que la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenara suspender el Decreto 341/25.

Por medio de un comunicado del Ministerio de Capital Humano, se confirmó la citación a la Comisión Negociadora del Convenio Marco para el mismo día que estaba prevista la medida de fuerza. “En virtud de la medida cautelar, se ha convocado a las partes para el próximo lunes 2 de marzo a las 12 horas”, asentaron.

A pesar de haber cedido a la disposición judicial, las autoridades sostuvieron su postura respecto al contenido del decreto 341/25, en el que habían determinado que las cuestiones paritarias del sector educativo deberían ser responsabilidad de cada gobierno provincial.

“[La medida] Procuró otorgar mayor libertad a las provincias —verdaderas empleadoras de los docentes— y a los gremios para que, a través del Consejo Federal de Educación (CFE), fueran ellas las protagonistas de la negociación colectiva, sin la intermediación de la Administración Central", plantearon desde la Secretaría de Educación y la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Ambas carteras anexadas al ministerio que conduce Sandra Petovello.

En las horas previas, los sindicatos docentes de la CGT habían confirmado un paro nacional para el próximo lunes, en respuesta al estancamiento de las negociaciones salariales con el Gobierno y en medio del mayor ajuste presupuestario en educación de las últimas décadas. La fecha coincidió con el regreso de las clases en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

La decisión se tomó en un congreso extraordinario de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), presidido por Sonia Alesso, y luego fue acompañado por sindicatos de la CGT. Se plegaron la Unión Docentes Argentinos (UDA), bajo la conducción de Sergio Romero —quien es además secretario de Políticas Educativas de la central gremial—, y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), liderada por Fabián Felman.

Junto a la CGT y CTERA, también se sumará el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) —integrado por AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA—, reforzando la dimensión nacional e interprovincial del paro.

Según indicaron fuentes oficiales a Infobae, esta medida de fuerza se produce tras la denuncia de los sindicatos por el retiro del Estado Nacional de obligaciones en materia de financiamiento educativo y la derogación de normativas que aseguraban la inversión en el sector. Por esto, advirtieron que estaría en peligro la igualdad y el futuro de cientos de miles de estudiantes.

Al respecto, Romero expresó: “Los docentes de la CGT venimos reclamando respuestas concretas hacia el sector docente, pero no las encontramos”. Felman, por su parte, afirmó que la interrupción de las clases responde a la necesidad de defender los derechos laborales y salariales: “Se nos impone, en las actuales circunstancias, generadas por el Gobierno, reaccionar en defensa de los derechos laborales y salariales, por eso se paraliza la educación el 2 de marzo en todo el país”.

Además del aumento salarial, el congreso extraordinario de CTERA exigió una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un incremento urgente del presupuesto escolar. En la lista de demandas incluyeron “condiciones dignas de trabajo, infraestructura adecuada, recursos pedagógicos, conectividad para el dictado de clases y la defensa de los regímenes jubilatorios docentes”.

En este sentido, reclamaron que se invierta en el sistema educativo y el presupuesto para Educación Técnico Profesional. Asimismo, alertaron que la falta de presupuesto “genera un gran impacto negativo en la calidad educativa, en la desigualdad y en el futuro de cientos de miles de alumnos y alumnas”.

En paralelo, rechzaron el proyecto de “Libertad Educativa”, propuesto por el gobierno de Javier Milei, y advirtieron que esta iniciativa “detonará el sistema educativo argentino”. Por otro lado, se opusieron a la ley de modernización laboral por considerar que busca “oprimir al trabajador con la declaración de esencialidad”.

Respecto a la situación en la provincia de Buenos Aires, los sindicatos mantienen abiertos los canales de diálogo con el gobernador Axel Kicillof, aunque consideraron que el proceso paritario se encuentra estancado. En los últimos días, los gremios rechazaron una propuesta salarial del 3% de incremento y la negociación pasó a un cuarto intermedio.

De acuerdo con el panorama expuesto por los gremios bonaerenses, la medida afectará a cerca de un millón de chicos, quienes no podrán iniciar las clases en la jurisdicción más grande del país. Esta cifra dimensionaría el alcance social inmediato del paro nacional, lo que obligó a situar la discusión paritaria en el centro del debate público.

En medio de una situación compleja en la negociación con los gremios de la administración pública, el gobierno de Axel Kicillof actualizó la deuda que la administración nacional mantiene con la provincia de Buenos Aires y responsabilizó a la gestión de Javier Milei por un “ahogo financiero histórico”. El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, expuso que la Provincia experimentó una pérdida total de $22,2 billones en recursos fiscales desde diciembre de 2023, lo que representa uno de los mayores recortes de fondos en los últimos años.

“Atravesamos un ahogo financiero inédito”, afirmó López. El funcionario detalló que los $22,2 billones equivalen aproximadamente a ocho años de inversión en obra pública provincial, a la mitad del presupuesto total de la administración bonaerense o a más de un año completo de recaudación propia. En términos concretos, representaría la construcción de más de 15.000 kilómetros de rutas. “El superávit nacional es deuda con las provincias”, cuestionó.

Para el titular de Economía, si se suman las deudas directas, obras paralizadas y programas eliminados —sin contar la menor recaudación por caída de la actividad—, el monto adeudado a Buenos Aires explicaría cerca del 50% del superávit primario acumulado por la Nación desde 2024. “Mientras enfrentamos el retiro de la Nación de todas las funciones del Estado, los recursos de la Provincia están históricamente deprimidos. Educación, salud, seguridad y obra pública son abandonadas por el Gobierno nacional, y nos quitan los fondos para financiarlos”, agregó López, quien calificó al modelo actual como opuesto al federalismo, al crecimiento económico y al desarrollo social.

En ese punto, la gestión bonaerense pone el foco para fundamentar su posición en la negociación paritaria con los gremios de la administración pública, incluidos estatales, docentes, judiciales y salud, entre otros. Esa instancia se viene complejizando mes a mes, con ofrecimientos que no superan el 5% de incremento salarial. Docentes, estatales y judiciales rechazaron el último ofrecimiento del Ejecutivo provincial en la instancia de negociación colectiva: fue un 3%.

Aunque políticamente hay sintonía con la mayoría de las entidades gremiales, la última oferta no conformó a los sectores, que decretaron medidas de fuerza. El mayor impacto se sentirá el próximo lunes, ya que en las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires no comenzarán las clases, según el calendario escolar. El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) consideró insuficiente la propuesta. La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), uno de los gremios que integran el frente, decretó el paro para el 2 de marzo. Sin margen, el resto de los sindicatos docentes se plegó, incluso Suteba, que lidera Roberto Baradel. A pesar de la cercanía con Kicillof, Suteba —el gremio docente más representativo— se sumó, argumentando que la decisión también respondía a la convocatoria de la central nacional, CTERA, de ir a un paro en las escuelas públicas para el 2 de marzo, fecha en la que coincide el inicio del ciclo lectivo en Buenos Aires.

Los gremios señalan, al igual que el gobierno bonaerense, que el recorte de fondos y transferencias de la Nación complica la negociación paritaria a nivel provincial. En el caso docente, uno de los puntos clave fue la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID).

Por su parte, los estatales también consideran insuficiente el ofrecimiento de la Provincia. En las últimas horas, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) elevó una nota al ministro de Trabajo, Walter Correa, para que reanude con carácter urgente la negociación paritaria. En la solicitud, la organización sindical fundamentó la necesidad de discutir un nuevo acuerdo que permita recuperar lo perdido durante los últimos meses de 2025.

Según la nota de ATE al ministerio, desde la asunción de Milei y la eliminación del cepo cambiario, la devaluación del dólar provocó una caída del 13,5% en el poder adquisitivo de los salarios estatales en apenas un mes. La entidad subrayó que la inflación se mantiene en niveles elevados y afecta de manera sostenida a los trabajadores del sector público.

El sindicato destacó que desde diciembre de 2023 hasta febrero de 2026, el costo de los servicios públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) subió 593%, mientras que el nivel general de precios aumentó 200%. ATE atribuyó este deterioro al “modelo de ajuste brutal” promovido por el Gobierno nacional y a los recortes de recursos que, según sus estimaciones y en línea con Kicillof, representan 22 billones de pesos menos para la Provincia de Buenos Aires.

En un comunicado, ATE sostuvo que la combinación de tarifazos y recortes nacionales “asfixió al Gobierno Provincial”, con consecuencias directas para los bonaerenses y, especialmente, para los trabajadores estatales.

El gremio resaltó que la prioridad debe ser “garantizar el salario de las y los estatales bonaerenses que sostienen todas las políticas públicas de los más de 17 millones de habitantes de la provincia”. Entre los puntos principales de su reclamo, ATE incluyó un aumento salarial de emergencia para los sectores más rezagados, especialmente los auxiliares de la educación.

Los judiciales también rechazaron el ofrecimiento del 3% para febrero, calculado sobre los salarios de enero de 2026. La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) consideró insuficiente la propuesta. Las asambleas mandataron a la Comisión Directiva Provincial de la AJB a ejecutar un paro total de actividades en los próximos días. El reclamo se centra en que el Poder Ejecutivo de la provincia presente una nueva oferta que permita equiparar y superar la inflación acumulada. La moción contempla, además, la posibilidad de coordinar la medida de fuerza con otros gremios estatales durante la próxima semana, lo que comienza a generar inquietud en la conducción de algunos sindicatos afines al Ejecutivo, ya que deben responder al mandato de las bases. En el gobierno bonaerense aclaran que las conversaciones informales siguen y que las paritarias “están abiertas”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, abrirá las sesiones ordinarias en un contexto de tensión entre los gremios docentes y el gobierno nacional, que derivó en la convocatoria a un paro para el próximo 2 de marzo dispuesto por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), con impacto en territorio bonaerense, ya que SUTEBA —el sindicato con mayor representatividad en la docencia provincial— adhirió. Sin embargo, distintos gremios provinciales, incluido el propio SUTEBA, también rechazaron el último ofrecimiento realizado por el Ejecutivo bonaerense en el marco de la negociación paritaria. Así, hasta el momento, en las escuelas públicas bonaerenses las clases no comenzarán en tiempo y forma.

Mientras tanto, la administración de Kicillof busca cerrar la negociación paritaria con los gremios de cara a marzo. Una instancia que se volvió compleja, pese al respaldo político que, en mayor o menor medida, los distintos sectores mantienen con la figura del mandatario provincial.

El 2 de marzo, Kicillof abrirá las sesiones ante diputados y senadores provinciales. Será la primera vez en seis años que lo hará con una medida de fuerza del sector docente. Si bien la decisión de los representantes de los educadores responde a diferentes factores y la convocatoria de CTERA abarca a todo el país, también a nivel provincial los sindicatos anunciaron paros debido al ofrecimiento salarial dispuesto por el Ejecutivo bonaerense.

En el marco de la discusión salarial, la última oferta del gobierno bonaerense fue una mejora del 3% para febrero. La propuesta fue rechazada por los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) —además de Suteba, la FEB, Udocba, Sadop y AMET— y también por sindicatos de la administración pública enrolados en la ley 10430, como UPCN y ATE, que trabajan en la construcción de una alternativa política hacia la elección presidencial de 2027 y tienen a Kicillof como principal referente. ATE lo hace desde la CTA Autónoma y UPCN desde la CGT, con la que Kicillof viene desarrollando una alianza política.

Esta situación sugiere cierta fluidez en el diálogo. De hecho, fuentes del gobierno provincial señalaron a Infobae que la negociación “sigue abierta” y que existe “diálogo informal con los gremios”. Por el momento, el gobierno otorgó una suba a cuenta de futuros aumentos del 1,5%. Sectores sindicales indicaron que Kicillof tiene tiempo hasta el 13 de marzo para cerrar la paritaria, ya que a partir de esa fecha comienza la liquidación de sueldos.

En relación a los docentes, el funcionamiento regular de las clases depende fundamentalmente de las negociaciones salariales. Buenos Aires cuenta con una red educativa compuesta por más de 7.000 escuelas públicas y cerca de 6.000 instituciones privadas. El 70% de los estudiantes asiste a establecimientos estatales, mientras que el 30% elige centros privados, muchos de los cuales también reciben subsidios del Estado.

La FEB fue la primera entidad gremial docente en anunciar una medida de fuerza en territorio bonaerense tras el último ofrecimiento del Ejecutivo provincial. El resto de los sindicatos consideró insuficiente la propuesta y terminó sumándose a la protesta, una vez que CTERA anunció el paro nacional. A esta medida también podría sumarse UDA. En este contexto, el titular de SUTEBA, Roberto Baradel, quedó en una situación compleja debido a su afinidad con Kicillof.

Un punto clave que explica la baja en la recomposición salarial docente en Buenos Aires es la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID), que integraba la composición del sueldo y tenía mayor peso en los salarios iniciales. Fue uno de los primeros recortes aplicados por la gestión de Javier Milei.

La eliminación del FONID por parte del gobierno nacional impactó directamente en los ingresos docentes de la provincia. En este distrito, el FONID representaba alrededor del 10% del salario total para la mayoría de los maestros y profesores, lo que implicó una reducción real de sus haberes mensuales. Al momento de su interrupción, la suma que debía transferirse era de aproximadamente 14.500 millones de pesos por mes, considerada clave para sostener el poder adquisitivo docente. Inicialmente, la provincia cubrió ese déficit con recursos propios, pero la situación financiera actual es distinta.

Tras la decisión del Poder Ejecutivo nacional, la administración bonaerense agotó las instancias administrativas y de diálogo en reclamo de la restitución de los fondos. Ante la ausencia de respuesta, Kicillof instruyó a la Fiscalía de Estado para iniciar una demanda judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de lograr la restitución de los fondos recortados, argumentando que la eliminación del FONID vulnera derechos laborales y compromete la continuidad de la política educativa acordada en el Congreso. El máximo tribunal aún no se expidió.

El FONID fue eliminado formalmente por el gobierno de Javier Milei mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 280/2024, publicado el 27 de marzo de 2024 en el Boletín Oficial. Desde esa fecha, se suprimieron del presupuesto nacional los fondos destinados a este incentivo, tras más de 25 años de vigencia ininterrumpida. Su restitución es uno de los pedidos centrales de los gremios que convocaron al paro docente nacional del próximo 2 de marzo.

El inicio del año escolar 2026 se aproxima y los centros educativos privados del país se encuentran en proceso de contratación de personal docente para cubrir la demanda académica. Con la fecha oficial de inicio de clases fijada para el 16 de marzo, diversas instituciones avanzan en la selección de profesores que asumirán funciones en distintos niveles de enseñanza, desde inicial hasta secundaria.

En este contexto, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) emitió un recordatorio dirigido a empleadores y trabajadores del sector educativo privado sobre las condiciones legales de contratación. La entidad señaló que los docentes que realizan labores permanentes no deben ser vinculados mediante recibos por honorarios ni bajo la modalidad de locación de servicios, debido a que estas formas corresponden a trabajos independientes y no a relaciones laborales subordinadas.

Criterios que determinan relación laboral

Según precisó la autoridad inspectiva, cuando un profesor desarrolla funciones esenciales y continuas dentro de una institución —como dictar clases, preparar materiales pedagógicos o evaluar estudiantes— se configura un vínculo laboral. En estos casos, la naturaleza de las tareas demuestra que no se trata de un servicio ocasional, sino de actividades propias y permanentes del funcionamiento del centro educativo.

Otro elemento clave es la subordinación. Esta se evidencia cuando el docente recibe instrucciones directas de coordinadores académicos, directores u otras autoridades internas, así como cuando debe cumplir horarios establecidos o acatar reglamentos institucionales. Tales condiciones constituyen indicios formales de relación laboral y descartan la validez de contratos civiles para encubrir un vínculo de trabajo dependiente.

Formalización y tipos de contratos

La Sunafil indicó que, si se verifican estas características, el docente tiene derecho a ser formalizado como trabajador y a figurar en la planilla electrónica desde el primer día de labores. El registro en planilla garantiza el acceso a beneficios laborales establecidos por ley, como seguridad social, aportes previsionales y protección frente a despidos arbitrarios, entre otros derechos reconocidos por la normativa vigente.

Respecto a las modalidades contractuales, la legislación contempla distintas opciones aplicables al sector privado:

• Contrato a tiempo indeterminado: es la regla general; no tiene límite temporal y puede celebrarse de forma verbal o escrita, siempre respetando los derechos laborales.
• Contrato sujeto a modalidad o plazo fijo: es excepcional y debe sustentarse en una causa objetiva.
• • Por inicio o incremento de actividad: se usa cuando una institución inicia operaciones o abre nuevas sedes; puede durar hasta tres años.
  • De suplencia: permite reemplazar temporalmente a un trabajador estable, por ejemplo, durante licencias médicas o descanso por maternidad.
• Contrato a tiempo parcial: se aplica cuando la jornada es inferior a cuatro horas diarias en promedio semanal.

Las autoridades recuerdan que, sin importar la modalidad utilizada, si el docente realiza funciones permanentes debe ser registrado en planilla desde el primer día de labores. Estas disposiciones buscan asegurar que la forma de contratación se adecúe a la naturaleza real del servicio prestado.

La ministra de Educación en Hon, Ivette Arely Argueta, descartó la posibilidad de contratar a docentes cubanos mientras existan maestros hondureños desempleados, profundizando así en una respuesta a los cuestionamientos sobre la gestión y los recursos humanos en el sector educativo. Sostuvo que esta determinación se mantiene firme ante la sobrepoblación de empleados heredada de la administración anterior, la cual supera los cinco mil trabajadores entre docentes y personal de Servicio Civil, y que impacta de lleno en el uso del presupuesto asignado.

Entre los datos aparecidos al cierre de su intervención, la ministra reveló detalles sobre nombramientos irregulares ajenos al aula. Dijo que más de 100 docentes registrados como beneficiarios de plazas en distintos departamentos del país en realidad desempeñan funciones en el Centro Cívico Gubernamental y no en las escuelas a las que teóricamente fueron asignados. Sobre este punto, enfatizó: “No podemos debilitar las direcciones departamentales con la parte de asistencias técnicas”, subrayando la necesidad de que las plazas respondan a las necesidades reales en las instituciones educativas.

El presupuesto de la Secretaría de Educación, según Argueta, continúa siendo el correspondiente al año pasado. La funcionaria explicó que la mayor parte de los fondos se utilizan en el pago de sueldos del personal y la planta docente. Expresó su esperanza de conseguir un aumento presupuestario ante el impacto económico generado por el exceso de empleados y la situación financiera nacional.

Remarcó que la administración pasada dejó una estructura inflada, con una sobrepoblación de trabajadores administrativos y docentes que complica una gestión eficiente de los recursos.

Nombramientos y asignación de plazas docentes

Nombramientos de jornada plena, que permiten a los docentes acumular hasta 72 horas de clase a la semana al cumplir dos turnos completos en horarios distintos, fueron reconocidos por la ministra, quien admitió que existe un proceso de revisión interna para evitar abusos. Por el momento, la entrega de plazas se realiza de forma provisional mientras los abogados de la Secretaría examinan individualmente cada expediente.

La ministra admitió limitaciones en la contratación fija, asegurando que la interinidad será el camino hasta esclarecer la correcta asignación de cargos.

Nombramientos de jornada plena, que permiten a los docentes acumular hasta 72 horas de clase a la semana al cumplir dos turnos completos en horarios distintos, fueron reconocidos por la ministra, quien admitió que existe un proceso de revisión interna para evitar abusos. Por el momento, la entrega de plazas se realiza de forma provisional mientras los abogados de la Secretaría examinan individualmente cada expediente.

La ministra admitió limitaciones en la contratación fija, asegurando que la interinidad será el camino hasta esclarecer la correcta asignación de cargos.

Argueta confirmó que el exministro de Educación Daniel Sponda figura con una plaza de asistencia técnica y además está asignado en una jornada nocturna de un centro educativo en el que no se dictan clases en ese turno. Indicó que Sponda ya ha solicitado una licencia relacionada con motivos gremiales.

Añadió que todos los dirigentes de las juntas directivas de los colegios magisteriales gestionan licencias remuneradas, generando una presión adicional sobre la asignación de recursos humanos y el correcto funcionamiento del sistema educativo.

Axel Kicillof se prepara para inaugurar el período de sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense el próximo 2 de marzo, en un escenario condicionado y ya conocido por la tensión entre la Provincia y el Gobierno nacional, la reconfiguración del peronismo y el ida y vuelta con los sindicatos, que vienen considerando insuficiente los aumentos dispuestos en la negociación paritaria. El acto tendrá lugar en la ciudad de La Plata, coincidiendo con el inicio formal del ciclo lectivo; que podría ser una jornada algo compleja tras el anuncio de medidas de fuerza de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB); uno de los gremios docentes que rechazó el aumento del 3% para el mes de febrero y ya anunció una medida de fuerza.

El gobernador bonaerense llegará a la Asamblea con la conducción del Partido Justicialista (PJ) bonaerense encaminada. A partir del 15 de marzo, Kicillof asumirá la presidencia del partido, desplazando a Máximo Kirchner, quien quedará a cargo del Congreso del PJ provincial. Este movimiento político destrabó la disputa interna y le permitirá al mandatario avanzar en la consolidación de su liderazgo partidario en territorio bonaerense y usar esa estructura para proyectar su construcción o la construcción de una alternativa hacia la elección presidencial del 2027. “A no desanimarse, a no bajar los brazos, que quedan dos años de esto nada más”, dijo la semana pasada desde Necochea tras hacer un diagnóstico del rumbo económico y político del Gobierno nacional, luego de la aprobación en el Senado al proyecto de reforma laboral.

Por lo pronto, el mensaje que brindará ante diputados y senadores estará marcado por la compleja situación financiera de la provincia que se empieza a evidenciar en lo que es la negociación paritaria con los gremios. La semana pasada hubo reuniones con los distintos gremios de la administración pública con resultado dispar. La FEB anunció una medida de fuerza para el mismo día de la apertura de sesiones, en rechazo al incremento salarial del 3% ofrecido por la administración provincial. Por su parte, el gremio Suteba también consideró insuficiente la propuesta, aunque no convocó a un paro. El lunes 2 de marzo está pautado que inicien las clases en las escuelas públicas. De sostenerse lo anunciado por la FEB sería la primera vez en seis años que el mandatario hablará ante la asamblea legisaltiva con un conflicto sindical activo.

Pese a esta situación -que es una instancia que todavía puede desarticularse- se espera que uno de los ejes centrales del discurso del gobernador sea la denuncia por el recorte de fondos nacionales, como ya ocurrió en anteriores oportunidades. A fin del año pasado, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, afirmaba que el gobierno de Javier Milei mantiene una deuda de 14,7 billones de pesos con la provincia, cifra que el Ejecutivo provincial difundió de manera oficial. La disputa por los recursos federales será un tema recurrente durante la exposición de Kicillof ante la Legislatura; algo que viene haciendo y que en las últimas intervenciones también lo expande a lo que sucede en otras provincias.

Desde el entorno del mandatario anticiparon que tras la apertura de sesiones, Kicillof profundizará su instalación en el plano nacional con vistas a las elecciones presidenciales de 2027. Según fuentes cercanas consultadas por Infobae, el gobernador prevé intensificar su agenda federal y visitar distintas provincias, principalmente las gobernadas por el peronismo. Meses atrás, el propio Kicillof fue recibido por el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán. Además, sostendrá el vínculo con líderes regionales como Lula (Brasil), Yamandú Orsi (Uruguay), Gustavo Petro (Colombia) o Claudia Sheinbaum (México).

El año legislativo que comienza presenta un mapa político complejo. El peronismo retendrá el quórum propio en el Senado bonaerense y la primera minoría en Diputados, mientras los bloques de La Libertad Avanza incrementaron su representación en la Legislatura, convirtiendose en primera minoría en el Senado y segunda minoría en Diputados. A esta foto hay que agregarle, las cuestiones no resultas a la fecha en la discusión del peronismo y con impacto directo en el Senado: designación de jefe o jefa de bloque y a qué sector le corresponderá la vicepresiencia Primera y el resto de las mismas que aún no fueron ocupadas ante el desacuerdo interno del oficialsmo bonaerense.

Entre los temas que podrían dominar la agenda parlamentaria figuran la designación de jueces para la Suprema Corte de Justicia —que actualmente funciona con tres de sus siete miembros—. Es una demanda de varios sectores y que Kicillof podría habilitar. Además, La Libertad Avanza ya avisó que buscará instalar la discusión por la implementación de la boleta única en papel para las elecciones provinciales y locales. En este punto podría conseguir aliados de las bancadas del PRO, la UCR y la Coalición Cívica.

En este marco, los intendentes -sobre todos los del Movimiento Derecho al Futuro- esperan señales por la posible modificación de la ley que limita a dos los mandatos consecutivos de intendentes, legisladores y concejales; sin posibilidad de poder presentarse a un tercer período. Las releeciones indefinidas fueron tema de agenda en las reuniones políticas que el mandatario mantuvo durante el mes de enero con sus intendentes. Bianco también había planteado a fin de año que iban a “insistir” con el tema.

La gestión provincial pondrá énfasis en las inversiones realizadas en Educación y Seguridad, dos áreas que el Ejecutivo busca destacar pese a las restricciones presupuestarias. A los distintos ministerios ya llegó la orden de hacer un informe con lo realizado durante el año pasado para luego plasmarlo en lo que será el discurso del mandatario.

La apertura de sesiones que protagonizará Kicillof funcionará como plataforma para relanzar su perfil nacional. Ya hay contactos subterráneos y no tanto con otras referentes de otras provinicas; pero por el momento el gobernador aguarda y mide los tiempos. Tiene, además, una situación interna a resolver: un acuerdo macro con el kirchnerismo. Por el momento solo se redujo a la conducción del PJ. Para quiénes participaron de esa negociación “no fue un tema más”, poder haber llegado a un entendimiento. En una reciente entrevista con Infobae al senador nacional peronista y referente de La Cámpora, Mariano Recalde se le consultó si Kicillof era su candidato a presidente. “Todavía no definimos un candidato a presidente”, contestó y ante la repregunta de si podría serlo sentenció: “tranquilamente”. Recalde tiene un vínculo personal con Kicillof y fue quien lo llevó a trabajar en su momento a Aerolíneas Argentinas en 2011.

El municipio de Anorí, en el nordeste de Antioquia, atraviesa una situación de seguridad que ahora impacta directamente el funcionamiento de las instituciones educativas rurales.

La localidad, que en los últimos días ha sido escenario de hechos violentos, enfrenta una reducción significativa de docentes en varias veredas, lo que ha dejado a decenas de estudiantes sin clases presenciales.

De acuerdo con la información divulgada por Blu Radio, la problemática surge en un contexto marcado por el asesinato de dos policías en el casco urbano y la desactivación de cuatro artefactos explosivos en zona rural. En medio de ese panorama, padres de familia han manifestado su preocupación por la ausencia de maestros en distintos centros educativos del municipio.

Las denuncias provienen principalmente de habitantes de las veredas, quienes señalan que las sedes educativas no cuentan con el personal necesario para garantizar el desarrollo regular del calendario académico. Los docentes del departamento, según lo expresado por la comunidad, no están aceptando las plazas asignadas debido a la situación de orden público en la zona.

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Entre los sectores más afectados se encuentran las veredas Medifalda, El Limón y Madre Seca. En estas áreas, hacen falta más de siete maestros, situación que ha derivado en que más de ochenta niños permanezcan desescolarizados. Ante la falta de clases presenciales, los estudiantes intentan avanzar en sus procesos académicos mediante talleres desarrollados en sus hogares.

La ausencia de educadores ha generado incertidumbre entre las familias, que buscan alternativas para evitar un mayor rezago escolar. Los padres han señalado que la falta de personal docente impide que se brinde un proceso formativo adecuado y continuo, lo que repercute en la estabilidad académica de los menores.

Mientras tanto, estudiantes y acudientes esperan que la administración municipal y las autoridades departamentales establezcan un espacio de diálogo que permita adoptar medidas frente a la contingencia. La expectativa se centra en lograr el retorno de los niños y niñas a las aulas y garantizar condiciones que permitan la prestación del servicio educativo.

En este contexto, se recuerda que el municipio no cuenta con autonomía en su Secretaría de Educación, por lo que depende directamente de la instancia departamental para la asignación y gestión de los docentes requeridos en las instituciones oficiales.

La Secretaría de Educación de Antioquia informó que, pese a las dificultades de seguridad, ya hay dos docentes que se encuentran en posesión y en proceso de desplazamiento hacia el municipio. Asimismo, otro profesor está en etapa de notificación y un cuarto en trámite de nombramiento para ocupar una de las plazas disponibles.

De igual forma, se indicó que un quinto docente enfrenta un proceso administrativo por abandono de cargo. Una vez concluya dicho procedimiento, se podrá avanzar en la designación de un nuevo educador para cubrir esa vacante y fortalecer la planta docente en la zona rural.

La combinación de factores de seguridad y limitaciones administrativas ha incidido en la cobertura educativa del municipio.

La falta de maestros en varias veredas evidencia las dificultades que atraviesan las comunidades rurales cuando se presentan alteraciones del orden público, afectando no solo la movilidad y la seguridad, sino también el acceso regular a la educación.

En las veredas mencionadas, la dinámica escolar se ha transformado en un esquema provisional de actividades en casa, mientras se concreta la llegada de los nuevos docentes anunciados por la autoridad departamental. Las familias continúan a la espera de que los nombramientos y traslados se materialicen en el corto plazo, con el fin de restablecer la normalidad académica en las instituciones rurales de Anorí.

El Gobierno de Japón abrió una convocatoria dirigida a colombianos interesados en profundizar sus conocimientos en lengua, sociedad y cultura japonesa, así como a docentes de primaria y secundaria que deseen realizar investigaciones en el área educativa.

A través del Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología (Mext), Japón ofrece estas becas como parte de su programa anual, y la postulación se gestiona por medio del sitio oficial del Icetex.

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Las becas para estudios sobre Japón tienen una duración de 12 meses, iniciando el 1 de septiembre de 2026 y finalizando el 30 de septiembre de 2027. Los beneficiarios estudiarán en universidades japonesas designadas en diferentes ciudades del país asiático, donde podrán optar por cursos sobre Japón y cultura japonesa, o por un programa enfocado en el perfeccionamiento del idioma japonés, siempre complementado con asignaturas que abordan la sociedad y cultura local.

Los cursos incluyen tanto teoría como prácticas, y en ocasiones permiten la inscripción en materias relacionadas con la carrera original del estudiante. El Ministerio de Educación japonés determina la universidad de destino según el nivel de dominio del idioma japonés, los resultados de los exámenes y el perfil académico del candidato.

La universidad puede contactar directamente a los postulantes para consultas durante el proceso, y una vez asignada la institución, no se admitirán objeciones. Si la universidad no se define antes del 14 de agosto de 2026, la beca no podrá otorgarse. Las clases y actividades se desarrollarán íntegramente en japonés, por lo que se exige a los aspirantes revisar el nivel de competencia lingüística requerido por cada institución, disponible en la guía Course Guide of Japanese Studies Program publicada por el MEXT.

Al concluir el programa, el becario obtiene un certificado expedido por la universidad japonesa. Este curso no otorga título universitario, por lo que el estudiante debe regresar a Colombia para retomar sus estudios de pregrado. El incumplimiento de esta condición puede derivar en la devolución total de los fondos recibidos, salvo que el estudiante continúe su formación mediante esquemas de doble titulación o programas conjuntos entre universidades asociadas.

La beca cubre la matrícula del programa, incluyendo los costos de exámenes de admisión, inscripción y cuotas académicas, así como un estipendio mensual de 117.000 yenes (aproximadamente USD 780, sujeto a variaciones y a incrementos de 2.000 o 3.000 yenes según la región).

También se incluyen tiquetes internacionales de ida y regreso en clase económica entre Colombia y Japón, con itinerarios establecidos por el Mext. No se permiten modificaciones posteriores y, en caso de abandonar el programa antes de concluir el periodo, el retorno no será financiado. Otros gastos, como vuelos domésticos y tarifas aeroportuarias, deberán ser cubiertos por el beneficiario.

De manera paralela, el Mext ofrece becas para docentes colombianos de primaria y secundaria que deseen realizar investigaciones educativas en Japón. Estas becas inician el 1 de octubre de 2026 y se extienden por 18 meses, hasta el 31 de marzo de 2028. Los programas incluyen áreas como administración escolar, métodos de enseñanza, investigación en campos específicos y prácticas en instituciones educativas japonesas. Los cursos pueden ser dictados en inglés o japonés, según la universidad.

Los docentes seleccionados deben confirmar el área de estudio y el nivel de idioma requerido en la guía Course Guide of Teacher Training Program. Quienes no cuenten con el nivel suficiente de japonés realizarán cursos intensivos durante los primeros seis meses. Al finalizar, los becarios recibirán un certificado, pero no podrán inscribirse en maestrías o doctorados en Japón durante ni después del programa. Es obligatorio regresar a Colombia y reincorporarse a la docencia, de lo contrario, se exigirá la devolución de los fondos otorgados.

El apoyo económico contempla la matrícula, un estipendio mensual de 143.000 yenes (cerca de USD 950, ajustable anualmente), y tiquetes internacionales de ida y regreso, bajo las mismas restricciones logísticas de los programas para estudiantes. No se financiarán otros conceptos ni gastos personales.

La Embajada del Japón en Colombia coordina el proceso de selección, que incluye exámenes escritos presenciales en Bogotá y entrevistas para los aspirantes con mejores resultados. Tener un cierto nivel de competencia en japonés es requisito para avanzar en la selección.

Los candidatos recomendados por la comisión nacional serán evaluados por el Mext, que determinará la asignación final de la beca y la universidad de destino. Las decisiones sobre la universidad asignada son inapelables y, si no se concreta la admisión antes del 14 de agosto de 2026, la beca se cancelará.

Las convocatorias para estudiantes y docentes están actualmente abiertas, con fechas de cierre específicas para cada modalidad. La información detallada de los requisitos, los folletos de cursos y el acceso a los formularios de aplicación están disponibles en la página web del Mext y en el portal del Icetex.

El pasado 13 de enero, la Municipalidad de Villa Constitución -localidad en donde ocurrieron las agresiones- decidió clausurar el establecimiento de nivel inicial “Manitos a la Obra”. Allí, madres y padres de alumnos presentaron las grabaciones en las que se registran episodios de violencia verbal, zamarreos y burlas hacia los niños.

Este viernes se realizó la audiencia imputativa, que concluyó con la imputación de seis docentes por “lesiones leves dolosas”, aunque con distintos grados de responsabilidad.

De acuerdo con medios locales, las acusadas -tres corresponsables y tres auxiliares- fueron identificadas como P.D., M.F., M.C., V.M., L.R. y A.P. El juez de Primera Instancia Eugenio Romanini, quien dio lugar a la acusación de la fiscalía, dispuso que las docentes queden en libertad, al entender que no entorpecerán la investigación.

En esa línea, deberán cumplir ciertas reglas de conducta durante los próximos 90 días: fijar domicilio, constituir una fianza real o personal, no salir del país, firmar cada 15 días en la Oficina de Gestión Judicial y se les prohíbe todo contacto con las víctimas y sus familias por cualquier medio. Además, no podrán acercarse a los damnificados en un radio de 200 metros.

El fiscal a cargo de la investigación, Ramiro Martínez, señaló durante la audiencia que fueron nueve los hechos de maltrato, ocurridos entre abril y diciembre del año pasado. A P.D. (docente y corresponsable), M.F. (docente y corresponsable), M.C. (docente y corresponsable) y V.M. (auxiliar docente) se las acusa de violencia física y psicológica sobre nueve víctimas.

Mientras tanto, L.R. y A.P., ambas auxiliares, fueron acusadas de presenciar los hechos de violencia y no frenarlos ni denunciarlos: “Los hechos sucedieron en un ámbito donde los niños se encontraban bajo cuidado institucional, siendo que este espacio debía garantizar la protección, contención y resguardo integral”.

Las denuncias

Las imágenes adjuntas en esta nota muestran a dos responsables del cuidado de los pequeños mientras gritan, tironean y maltratan a los menores, mientras, en algunos casos, lloran intensamente.

Material adicional, según manifestaron familias afectadas a Rosario3, incluye insultos dirigidos a bebés, pero no fue emitido por tratarse de escenas aún más tensas.

Las evidencias comenzaron a circular inicialmente entre maestras auxiliares, quienes habrían registrado los sucesos “para tener pruebas y denunciar el maltrato”, aunque padres y madres lamentaron que no los alertaran antes para poder proteger a sus hijos. De acuerdo con los testimonios, existían archivos audiovisuales documentando estos comportamientos desde octubre de 2023.

“Quiero que quede clausurado y que a las maestras involucradas les quiten la matrícula para que no puedan ejercer nunca más”, reclamaron mamás desde la puerta del instituto. Gabriela, una de las denunciantes, sostuvo que posee “dos audios donde la maestra relata cómo le pega” a su hija, además de un video, compartido en el grupo de docentes, en que la pequeña aparece “en situación de crisis”.

Otros padres detectaron que sus hijos repetían insultos y conductas agresivas luego de asistir al maternal, puesto que advirtieron que esas expresiones no eran enseñadas en sus hogares. Una madre contó que su hijo, de tres años, regresó una vez con un golpe en la cabeza y le confesó que una maestra le había pegado; aunque en un principio creyó la versión de las docentes, que le aseguraron que el niño se habría tropezado.

Luego de que se conociera el hecho, la directora del establecimiento difundió un video en el que pidió disculpas públicas. En las imágenes, M.C aseguró: "Me hago cargo por no saber y ser incompetente en mi trabajo, y no haberme percatado de la situación. Para los que no saben, la niña que agarran del brazo es mi sobrina. Y yo nunca permitiría que le pase algo a ella y a ningún otro niño”.

Y siguió: “Estoy a disposición para cualquier madre o padre, y vengo a dar la cara y no me voy a borrar. Incluso con el dinero, el dinero de las inscripciones y colonia. Me voy a hacer cargo personalmente, ya que no tengo ninguna respuesta de las otras dos. Entiendo el enojo de toda la familia y les doy la razón”.

En 2024 el Congreso aprobó la Ley que modifica la Ley 31495, y que reconoce el derecho y dispone el pago de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación y una bonificación adicional por desempeño del cargo y por preparación de documentos de gestión para los maestros.

Como se sabe, se trata de una medida que han estado buscando por años los docentes del sector público, que es el pago por las horas dedicadas a la preparación de clases, un concepto no considerado en sus remuneraciones.

Sin embargo, ese año la expresidenta Dina Boluarte observó la Ley, y la devolvió al Congreso; desde entonces se ha buscado su reconsideración, pero no se han alcanzado los votos. Ahora, desde una mesa de trabajo de la Comisión de Educación, liderada por Segundo Montalvo Cubas (Perú Libre), este parlamentario sugiere que se seguirá buscando su aprobación, pero también da el contexto actual de crisis con las mociones de vacancia a José Jerí.

Dictamen de pago de preparación de clases

El dictamen planteaba que el Ministerio de Educación, los gobiernos regionales, las direcciones o gerencias regionales de educación y las unidades de gestión educativa local (Ugel) expidan de oficio las resoluciones administrativas de pago de de bonificaciones por preparar clases, evaluaciones, por desempeño de cargos directivos y preparación de documentos de gestión.

• La bonificación especial por preparación de clases y evaluación equivaldría al 30% de la remuneración total del docente
• Mientras, la bonificación adicional por desempeño del cargo y por preparación de documentos de gestión sería del 5% de esta misma remuneración.

Así, están comprendidos en los alcances de esta medida “el Ministerio de Educación, gobiernos regionales, direcciones y gerencias regionales de educación y unidades de gestión ejecutiva local o las que hagan sus veces, quienes deben disponer que se expida de oficio, las resoluciones administrativas de reconocimiento y pago a favor del personal docente que reclame o esté reclamando administrativa o judicialmente la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% y bonificación adicional por desempeño del cargo y por preparación de documentos de gestión equivalente al 5% tomando como base de cálculo su remuneración total”, aclara el dictamen.

¿Por qué se observó la Ley?

La medida plantearía no solo el pago de ese bono mensual por preparación de clases a partir de la medida, sino que sería retroactivo además. Por eso, el Ejecutivo señala que se debería aplicarse una “irretroactividad”.

El dictamen que plantea la insistencia responde a la observación de la norma por parte de la expresidenta Boluarte y responde que este pago no se trata “de un nuevo beneficio a favor de los comprendidos en la Ley del Profesorado; por lo que el principio de irretroactividad de la ley no opera en la presente autógrafa de ley, dado que lo que se pretende es del de resarcir el daño causado a los docentes, tanto activos, así como cesantes”.

Asimismo, el Ejecutivo señalaba que solo para atender esta medida se necesitaría S/ 40.560 millones 839 mil 346,99, incluyendo intereses, el cual es un monto equivalente al 4% del PBI para el 2024 y pondría en riesgo la sostenibilidad fiscal.

Ante esto, la Comisión de Educación señala que “el monto referido en su observación responde (...) a un mal cálculo originado por la administración pública, y por tanto, deviene en cumplimiento obligatorio que tendrá que hacer el estado a favor de los docentes perjudicados o agraviados, y cuyo pago corresponde efectuar conforme a la asignación presupuestal que se le otorgue en cada oportunidad”.