Las imágenes registradas por vecinos muestran a personas corriendo por las calles, mientras la Policía Nacional intervenía para controlar la situación. El desplazamiento de los barristas obligó a reforzar la presencia policial en distintos puntos cercanos al estadio, en un intento por evitar enfrentamientos o daños mayores.

Aunque los incidentes no escalaron a niveles más graves, sí alteraron el orden en una zona que ya había sido considerada de riesgo por antecedentes similares.

Intervención policial en los alrededores del estadio

La Policía Nacional desplegó un operativo para contener los disturbios generados tras el encuentro. Los agentes intervinieron a los grupos de barristas y procedieron a trasladarlos, con el objetivo de restablecer el orden en la zona.

El despliegue incluyó patrullaje en las principales vías cercanas al estadio Miguel Grau y control en puntos estratégicos para evitar nuevos incidentes. Estas acciones permitieron reducir el nivel de riesgo en un contexto de alta concentración de personas.

Las autoridades ya habían previsto reforzar la seguridad debido a antecedentes recientes de violencia en eventos deportivos. Sin embargo, los disturbios posteriores al partido evidencian que el riesgo no se limita a la previa, sino también a la salida de los hinchas.

Violento enfrentamiento de barristas en Breña

En paralelo a los disturbios en el Callao, un enfrentamiento entre presuntos barristas de Universitario de Deportes y Sporting Cristal generó momentos de tensión en el distrito de Breña. El hecho ocurrió en la cuadra catorce de la avenida Venezuela, donde ambos grupos se enfrentaron con piedras y otros objetos.

El ataque dejó daños materiales, incluyendo vehículos con lunas destrozadas y la fachada de un condominio afectada por el impacto de un proyectil. De acuerdo con reportes de vecinos, el enfrentamiento se habría iniciado cuando un grupo atacó a hinchas que se dirigían al estadio.

La gresca se prolongó por aproximadamente veinte minutos sin presencia policial inmediata, lo que incrementó la preocupación de los residentes. Los vecinos advirtieron sobre el riesgo de que estos episodios se repitan en una zona que no suele registrar este tipo de hechos.

¿Por qué el partido se jugó en el Callao?

El encuentro entre Sporting Cristal y Cerro Porteño se disputó en el estadio Miguel Grau del Callao luego de la clausura temporal del estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute. La medida fue adoptada tras la tragedia ocurrida el 3 de abril, que dejó un hincha fallecido y varios heridos.

Ante la imposibilidad de utilizar el recinto de La Victoria, el club activó un plan de contingencia para mantener la programación del partido, correspondiente a la primera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores.

Las gestiones realizadas para sostener la sede original no prosperaron, ya que la Municipalidad de La Victoria rechazó la solicitud para levantar la clausura. Esto obligó a trasladar el evento al Callao en un corto plazo.

El cambio de escenario se dio en medio de un contexto de preocupación por la seguridad, lo que llevó a reforzar las coordinaciones con las autoridades para el desarrollo del partido.

A primeras horas del viernes, protestas de grupos estudiantiles de las facultades de Medicina, Agronomía, Odontología y la Escuela de Psicología chocaron contra personas encapuchadas que bloqueaban los accesos principales. La crisis se agravó hacia las 12:45, cuando Bomberos Voluntarios auxiliaron a dos estudiantes heridos en las puertas del campus, según reporta Diario LaHora. Simultáneamente, la Policía Nacional Civil desplegó unidades tras la apertura forzada de los portones por parte de manifestantes.

De acuerdo con cifras difundidas por la universidad y Prensa Comunitaria, el Consejo Superior Universitario (CSU) resolvió el lunes 8 de abril excluir a catorce cuerpos electorales, la mayoría opositores a la actual gestión. Al mismo tiempo, se acreditaron sectores afines a Walter Mazariegos, lo que incrementó la representación favorable al rector de seis a nueve cuerpos acreditados para votar. Por comparación, de los veintiún grupos de oposición, apenas cinco recibieron autorización para participar en la elección que definirá si Mazariegos extiende su mandato por cuatro años más. La anulación de la elección del cuerpo electoral de profesores de Ingeniería y el reconocimiento de un grupo afín a Erwin Calgua modificaron aún más el equilibrio del padrón, como aclaró la universidad en sus datos oficiales.

La sesión del 6 de abril del CSU sumó más exclusiones: trece cuerpos de oposición fueron apartados y se acreditaron siete, discriminados en tres para la gestión actual, tres para la oposición y uno para Calgua. Posteriormente, se restituyó a Mazariegos el control de dos cuerpos previamente anulados: Ingenieros Químicos y Arquitectos. Estas acciones, reportadas por Prensa Comunitaria, alteraron el mecanismo democrático de la USAC, según denuncias públicas de diversos sectores y el propio estudiantado.

Los incidentes violentos en el campus se suman a una serie de decisiones administrativas adoptadas tras la Huelga de Dolores y la Semana Santa, momentos señalados por la universidad como justificación para la suspensión de actividades presenciales.

Un comunicado oficial de la institución sostuvo la continuidad de procesos administrativos y deslindó su responsabilidad del cierre, argumentando: “un grupo de personas desconocidas, con el rostro cubierto, han tomado el día de hoy las instalaciones universitarias del campus central, zona 12, sin la debida autorización, impidiendo el libre acceso de la comunidad sancarlista y la libre locomoción, manifestando su rechazo al alza del precio de los combustibles”.

El excluyente nuevo padrón electoral acentúa la crisis en la USAC

La recomposición del padrón electoral universitario previo a la elección de rector ha significado que, por mandato del CSU, únicamente los cuerpos acreditados podrán votar, excluyendo a una mayoría opositora.

Esta medida fue interpretada como un mecanismo para favorecer la reelección de Mazariegos y fue inmediatamente contestada por las facultades excluidas, que denunciaron tanto restricciones a la representación universitaria como la vulneración de la participación democrática ante la Corte de Constitucionalidad.

La intervención policial y la persistencia de encapuchados bloqueando accesos refuerzan el clima de inestabilidad institucional pocas horas antes de la votación.

Todos estos factores convergen en una coyuntura en la que la universidad más grande y antigua de Guatemala define, entre protestas y sospechas, si habrá continuidad o relevo en su máximo cargo directivo.

El comunicado de los servicios secretos de la Guardia Revolucionaria incluye un llamado a la ciudadanía de la provincia de Fahim para reportar actividades sospechosas, buscando fortalecer las tareas de seguridad y responder ante lo que califican como amenazas externas. Según consignó la televisión pública iraní IRIB, autoridades en Irán anunciaron la detención de un individuo señalado como espía israelí de alto rango, presunto responsable de liderar una red de espionaje activa en la provincia de Chahar Mahal y Bajtiarí, ubicada en el sur del país.

De acuerdo con lo informado por la televisión estatal, junto al sospechoso fueron arrestadas varias personas que estarían vinculadas con esta estructura clandestina. La intervención quedó a cargo de efectivos de inteligencia pertenecientes a la Guardia Revolucionaria, quienes lograron identificar al sospechoso y neutralizar la supuesta operación que, según el comunicado oficial, había intentado establecer contacto con agentes del Mossad y con representantes de lo que desde Irán designan como el “régimen sionista”.

El medio IRIB detalló que tanto la persona principal como otros integrantes de la red habrían jugado un papel relevante en la organización de protestas que tuvieron lugar en enero de 2026, además de estar implicados en los disturbios registrados en 2022. Una de las principales acusaciones se centra en el trabajo del sospechoso para identificar y comunicar la ubicación de instalaciones militares y sitios considerados sensibles dentro del territorio iraní, información que, según la versión oficial, tendría como posible destino los servicios de inteligencia israelíes.

Tal como publicó IRIB, la reacción de las fuerzas de inteligencia incluyó un mensaje de reconocimiento hacia la población local de la provincia, agradeciendo las colaboraciones ciudadanas y reiterando la necesidad de sostener la vigilancia comunitaria. En el comunicado se alude al propósito de “neutralizar las conspiraciones del enemigo” y se insta a la denuncia inmediata de cualquier movimiento o individuo fuera de lo habitual.

En paralelo a la detención, autoridades del gobierno iraní informaron sobre nuevas medidas de seguridad, confirmando la vigilancia total sobre lo que denominan como “militares terroristas estadounidenses-sionistas”. Según reportó IRIB, durante este mismo lunes se produjeron la 74ª y 75ª oleadas de ataques con proyectiles dirigidos contra bases militares estadounidenses y hacia el centro y sur de Israel, en el marco de una intensificación de las tensiones regionales.

La columna informativa destaca que la operación de desmontaje de la supuesta red de espionaje ocurre en un contexto de especial vigilancia sobre la actividad de inteligencia hostil en las provincias del sur del país. Las autoridades recalcan la relación directa entre el trabajo del detenido y los recientes episodios de desestabilización y protestas, integrando estos dos frentes en la línea de acusación transmitida desde los servicios secretos.

En las declaraciones reproducidas por IRIB, la Guardia Revolucionaria subraya que continuará sus esfuerzos para detectar y actuar contra operativos extranjeros y sostiene que la colaboración de la ciudadanía resulta clave para el éxito de estas iniciativas. El discurso oficial reafirma la narrativa estatal sobre los riesgos de injerencia extranjera, con énfasis en la supuesta participación israelí en disturbios internos y filtración de información estratégica.

La detención del presunto espía y la presentación pública de la intervención policial se producen frente a un panorama de continuos episodios de tensión entre Irán, Israel y Estados Unidos. Según publica la televisión estatal, este tipo de acciones busca enviar mensajes tanto a la población nacional como a actores internacionales, remarcando la disposición de las fuerzas de seguridad iraníes para responder tanto a amenazas de inteligencia como a incidentes de carácter militar en la región.

Una nueva jornada de disturbios que se presentaron en horas de la tarde del 16 de marzo de 2026, alteró la normalidad de la sede de la Universidad Distrital en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, luego de que unos 15 encapuchados confrontaran a la Policía y provocaran afectaciones al tráfico, especialmente al sistema de transporte públic.

El detonante de la protesta fue una acusación de abuso sexual dentro de los baños de la Facultad Tecnológica, que llevó a parte del estudiantado a rechazar públicamente el manejo del caso por parte de la institución.

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Mientras se desarrollaban las movilizaciones, la universidad emitió una respuesta institucional señalando: “La Oficina de Bienestar Universitario ha brindado acompañamiento integral y oportuno a la estudiante afectada, garantizando en todo momento la protección de sus derechos”.

No obstante, la protesta tomó fuerza en los alrededores y se transformó en enfrentamientos violentos. “Si lo hacen es por algo. O sea, creería que no es la manera de ser, pero pues en este país desafortunadamente toca a las malas, por decirlo así”, expresó un ciudadano al ser consultado en el sitio de los hechos por el sisitema informactivo de Citytv.

El caos se extendió hasta las principales arterias de la zona, en particular la avenida Villavicencio con avenida Gaitán Cortés, donde los bloqueos impidieron el paso durante más de media hora a numerosos vehículos.

Entre quienes intentaban cruzar, uno de los conductores afectados relató: “Está tenaz. Llevo media hora acá y no he podido pasar”. Consultado sobre la magnitud de la fila, añadió: “Hasta acá como a tres cuadras, imagínese, si no hay cruce acá en el semáforo”.

En paralelo a los disturbios, cuarenta y un mil ochocientos usuarios del sistema de transporte de la zona resultaron perjudicados por la suspensión del servicio. Según la reportera que estuvo en el lugar, la presión de los manifestantes se relaciona directamente con la exigencia de “medidas drásticas” por parte de la comunidad estudiantil ante la denuncia de violencia de género.

Adolescente fue grabado en presunto acto de abuso a un menor de cinco años en Soacha

La captura de un adolescente de 16 años en el conjunto residencial Vida Nueva de Soacha provocó alarma entre los habitantes del sector. El joven fue señalado por presuntamente abusar de un niño de aproximadamente cinco años, en hechos reportados la tarde del 18 de febrero.

De acuerdo con información de Blu Radio, la Policía recibió la alerta a las 2:44 p. m. mediante el dispositivo oficial destinado para emergencias. Este aviso activó los protocolos de atención a menores y permitió la llegada inmediata de uniformados al conjunto residencial, donde verificaron la denuncia hecha por la comunidad.

La rápida intervención policial fue posible gracias a la colaboración de una vecina, quien grabó con su celular el momento en que sorprendió al adolescente, identificado por una camiseta verde, oculto entre la vegetación junto al menor. En la grabación, la mujer le gritó para que detuviera su conducta, según se escucha en el audio.

El adolescente fue identificado y, al confirmarse que tenía menos de 18 años, quedó bajo disposición de las autoridades competentes. El procedimiento siguió los lineamientos del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, mecanismo encargado de regular el juzgamiento y las medidas aplicables a menores de edad que cometen delitos.

Las imágenes y videos del hecho comenzaron a circular en redes sociales, luego de que la cuenta de X Pasa en Bogotá publicara una fotografía sobre la captura, dándole mayor visibilidad al caso.

El niño presuntamente afectado fue atendido de inmediato y permanece en un centro especializado, bajo custodia de las autoridades y acompañado por profesionales. Mientras tanto, se realizan valoraciones médicas y psicológicas para determinar el impacto de lo ocurrido.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles sobre el estado de salud del menor, argumentando la necesidad de proteger su identidad e integridad. Esta decisión busca preservar el bienestar del niño mientras avanza la investigación.

En respuesta a lo sucedido, varios residentes expresaron en redes sociales su preocupación por la seguridad en las zonas comunes. Algunos usuarios solicitaron a la administración que refuerce la vigilancia y los controles de acceso, especialmente en áreas donde la vegetación o la poca visibilidad puedan facilitar situaciones de riesgo.

De acuerdo con la información oficial, el adolescente permanecerá bajo custodia mientras se define su situación jurídica y se esclarecen los hechos.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha destacado que una nueva serie de disturbios recibiría una respuesta más severa que los incidentes ocurridos el 8 de enero, señalando que quienes promuevan el caos están asociados con lo que denominan un "nuevo Estado Islámico". El organismo militar ha solicitado la colaboración de la población para evitar que se repitan episodios violentos como los que dejaron miles de víctimas a principios de año. Según informó la cadena de televisión pública iraní, IRIB, este llamado a la cooperación se produce en el contexto de la reciente ofensiva militar que Israel y Estados Unidos iniciaron contra Irán el 28 de febrero, en medio de crecientes tensiones regionales y preocupación interna por la estabilidad.

De acuerdo con el canal público, la Guardia Revolucionaria considera que los episodios de movilizaciones y disturbios en Irán durante diciembre y enero formaron parte de una estrategia más amplia para desestabilizar al país. En su primer comunicado tras los disturbios de enero, la institución ya había advertido que estas protestas funcionarían como preludio a una agresión militar, postura que mantiene tras el incremento reciente de la presión internacional. El mensaje difundido por la Guardia Revolucionaria enfatizaba que "el maligno enemigo, desesperado por lograr sus objetivos en el campo de batalla, busca provocar miedo y caos en las calles", responsabilizando a actores externos de alimentar la crisis doméstica.

La Guardia Revolucionaria denunció, además, la supuesta presencia de elementos terroristas infiltrados en las manifestaciones, atribuyendo a estos grupos la intención de elevar el número de víctimas mortales entre la población civil y las fuerzas de seguridad. Según las autoridades iraníes, el objetivo sería proporcionar a Estados Unidos argumentos para justificar una intervención militar directa en el país. Teherán cifra oficialmente en más de 3.000 los fallecidos en el contexto de estas protestas, número que incluye tanto a civiles como a elementos de las propias fuerzas de seguridad atacados durante los enfrentamientos.

El medio IRIB también informó sobre la postura del gobierno iraní en relación con las causas de la violencia ocurrida en esos meses. Según la versión oficial, las protestas, iniciadas por el deterioro de la situación económica, habrían sido convenientemente manipuladas por actores externos y combatientes calificados como terroristas, lo que incrementó considerablemente su letalidad y permitió a Washington criticar abiertamente la respuesta empleada por las autoridades iraníes.

Por otra parte, la organización Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, ha aportado una perspectiva diferente sobre el saldo trágico de las movilizaciones. Según esta ONG, la cifra de personas fallecidas supera las 7.000, siendo la mayoría manifestantes, dato que duplica ampliamente el balance ofrecido por las autoridades iraníes. Esta discrepancia ha colocado nuevamente el foco en la falta de transparencia y la dificultad para verificar cifras durante episodios de alta conflictividad interna.

En el plano internacional, la reacción del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contribuyó a profundizar la tensión. Al principio, Trump esgrimió la posibilidad de intervenir directamente en respuesta a la fuerte represión ejercida contra los manifestantes en Irán. Posteriormente, el mandatario estadounidense modificó el enfoque de sus amenazas y trasladó la preocupación principal al desarrollo del programa nuclear iraní. Según recogió IRIB, este cambio de estrategia se produjo dentro de un marco de negociaciones existentes entre Teherán y Washington, donde la cuestión nuclear volvió a ocupar un lugar central en la agenda bilateral.

A pesar de esos contactos diplomáticos, Estados Unidos e Israel iniciaron una nueva ofensiva militar contra posiciones en Irán el 28 de febrero. Según el balance más reciente recabado por IRIB, el número de muertos confirmados por las autoridades hasta la fecha supera los 1.200, sumándose así a las víctimas contabilizadas desde el inicio de la crisis y ampliando el alcance humano del conflicto.

La secuencia de estos hechos plantea un escenario de inestabilidad interna y presión internacional persistente sobre Irán. Mientras los altos mandos militares llaman a la ciudadanía a evitar cualquier colaboración con quienes identifican como terroristas y aseguran estar preparados para responder más contundentemente a nuevos intentos de movilización, la cantidad de muertes registradas y la narrativa oficial sobre sus causas permanecen en el debate. Las discrepancias entre los recuentos de las ONG y del propio gobierno iraní dificultan el acceso a una imagen clara de la dimensión real del conflicto interno, mientras la implicación directa de potencias extranjeras refuerza la complejidad de la situación que vive el país.

De acuerdo con la entidad, fueron destruidas urnas y cubículos de votación correspondientes a cuatro mesas instaladas en el corregimiento de Barranca Vieja, jurisdicción del municipio de Calamar.

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El hecho fue dado a conocer a través de un video difundido por la propia Registraduría en sus redes sociales, en el que se observa a varias personas ingresando al lugar donde se encontraban instalados los elementos destinados para el proceso electoral.

En el video se observa a un grupo indeterminado de personas vandalizando el material electoral dispuesto en el lugar de votación.

Las imágenes muestran a varios hombres y mujeres patean los cartones que conforman las urnas y los cubículos de votación, mientras otros saltan sobre estos elementos para destruirlos. En algunos momentos, también se aprecia cómo parte del material es arrojado al suelo o sacado del lugar.

La Registraduría informó que el incidente afectó específicamente cuatro mesas de votación que habían sido instaladas en ese punto del corregimiento.

Reacciones de ciudadanos que presenciaban lo ocurrido

Durante la grabación también se escuchan voces de personas que observaban lo que ocurría en el lugar. Algunos ciudadanos expresan su desacuerdo frente a la destrucción del material electoral.

En uno de los momentos del video se observa a una mujer que empuja a uno de los hombres que participaba en los actos de vandalismo, luego de que este saliera del área donde estaban instaladas las mesas de votación.

Asimismo, en el registro audiovisual se alcanzan a escuchar gritos y comentarios de quienes presenciaban los hechos. En uno de los apartes del video se oye la frase: “puro pelaito que no puede votar”.

Hasta el momento no se han entregado detalles sobre el número exacto de personas que participaron en el incidente.

Autoridades realizan seguimiento al caso

Tras la publicación del video, la Registraduría Nacional del Estado Civil informó que las autoridades competentes realizan seguimiento a la situación para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

En el mensaje difundido por la entidad se indicó que el caso ya es objeto de monitoreo por parte de las autoridades correspondientes.

Hasta ahora no se han reportado capturas ni se han dado a conocer las identidades de las personas que aparecen en las imágenes.

Tampoco se han informado detalles adicionales sobre las razones que habrían motivado la destrucción del material electoral en ese punto del municipio de Calamar.

Más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar

El incidente se registró horas antes del inicio de las votaciones legislativas en Colombia. Según el censo electoral, 41.287.084 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto en la jornada del 8 de marzo.

De ese total, 21.236.349 son mujeres y 20.050.735 son hombres. Asimismo, 40.036.238 votantes corresponden al censo electoral dentro del territorio nacional, mientras que 1.250.846 colombianos están habilitados para sufragar desde el exterior.

Para el desarrollo de la jornada electoral, la Registraduría dispuso 123.314 mesas de votación en todo el país, distribuidas en 13.493 puestos de votación.

De estos puestos, 7.482 estarán ubicados en zonas rurales y 6.011 en áreas urbanas.

Lo que se elegirá en las elecciones del 8 de marzo

Durante las elecciones legislativas de este domingo los colombianos elegirán a los integrantes del Congreso de la República para el periodo 2026-2030.

En total, se elegirán 102 senadores, 166 representantes a la Cámara y 16 representantes de las curules de paz

Además, los ciudadanos podrán solicitar el tarjetón para participar en las consultas interpartidistas, en las que se definirán candidatos presidenciales.

En estas consultas participan 16 precandidatos agrupados en tres bloques políticos, los cuales son: Gran Consulta por Colombia (centroderecha), Consulta de las Soluciones (centro) y Frente por la Vida (centro izquierda).

Más de un millón de testigos electorales vigilarán la jornada

Para el seguimiento del proceso electoral, el Consejo Nacional Electoral confirmó la acreditación de 1.077.326 testigos electorales, quienes estarán presentes en los puestos de votación para observar el desarrollo de la jornada.

Esta cifra representa un incremento del 162% frente a los 394.235 testigos acreditados en las elecciones legislativas de 2022.

Mientras continúan las verificaciones sobre lo ocurrido en Barranca Vieja, las autoridades mantienen el seguimiento del caso para determinar quiénes estuvieron involucrados en la destrucción del material electoral y establecer las circunstancias del incidente.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este viernes el planteo de un acusado que buscaba cerrar su causa mediante el pago de una suma de dinero y confirmó que deberá enfrentar un juicio oral por su presunta participación en los disturbios ocurridos frente al Congreso durante una protesta mientras el Senado debatía la denominada Ley de Bases.

La decisión fue adoptada por la Sala IV del máximo tribunal penal del país. Por unanimidad, desestimó la salida alternativa invocada por la defensa -una reparación integral del daño prevista en el artículo 59 inciso 6 del Código Penal- tras considerar que no resultaba aplicable ese mecanismo cuando los hechos investigados afectan bienes jurídicos colectivos, como el orden público o el funcionamiento de las instituciones del Estado.

El imputado es Walter Gabriel Quiroga, quien fue enviado a juicio por hechos ocurridos el 12 de junio de 2024 durante una manifestación frente al Congreso de la Nación, en momentos en que la Cámara Alta debatía el proyecto denominado “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.

Ese día, miles de manifestantes se concentraron en las inmediaciones del Parlamento para rechazar el texto impulsado por el gobierno de Javier Milei. Durante la jornada se registraron duros enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad frente al edificio legislativo y en las calles cercanas a la Plaza del Congreso.

Según los reportes oficiales de ese momento, los incidentes se intensificaron a medida que avanzaba la sesión en el Senado. Manifestantes arrojaron piedras, botellas y otros objetos contundentes contra el cordón policial desplegado en la zona, mientras las fuerzas de seguridad respondieron con camiones hidrantes, balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar a los grupos más violentos.

Los disturbios se extendieron durante varias horas y provocaron destrozos en vehículos y mobiliario urbano. Al menos cinco efectivos de seguridad resultaron heridos y 27 personas fueron detenidas en el marco de los incidentes.

En ese contexto, la acusación sostiene que Quiroga participó de las agresiones y arrojó elementos contundentes contra fuerzas de seguridad que custodiaban el Congreso y contra el propio edificio parlamentario. Por ese motivo fue enviado a juicio acusado de intimidación pública en concurso ideal con atentado contra la autoridad agravado.

Durante el trámite previo al debate oral, la defensa ofreció el pago de 250.000 pesos para reparar el supuesto daño ocasionado y solicitó que se extinguiera la acción penal en su contra mediante el mecanismo de reparación integral previsto en el Código Penal.

En su presentación ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de la Ciudad de Buenos Aires, la defensa había formulado una propuesta que constituía “un ofrecimiento meramente reparador del presunto daño causado y no un allanamiento a las acusaciones que se le dirigen”. En esa instancia, además, explicó que el imputado había reunido el dinero con ayuda de personas de su entorno debido a su “ajustada economía familiar”, y que ese hecho reflejaba “la voluntad superadora del conflicto por parte de Quiroga”.

Sin embargo, tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella -que representa al Senado de la Nación- se opusieron a esa salida procesal alternativa. Ambas partes argumentaron que la conducta investigada tenía una relevancia institucional que hacía necesario que el caso fuera discutido en un juicio oral y público.

La querella también señaló que los incidentes ocurrieron “durante el desarrollo del ejercicio de la democracia” y remarcó que los hechos analizados en la causa “han ido más allá de los límites del derecho a la protesta y constituyeron en parte, un atentado contra la democracia”.

El Tribunal Oral rechazó el planteo por mayoría en octubre de 2025. Los jueces Fernando Machado Pelloni y Andrés Fabián Basso consideraron atendibles las objeciones formuladas por las partes acusadoras y concluyeron que el conflicto debía resolverse con un debate oral. El único voto en disidencia fue el del juez Javier Feliciano Ríos, quien votó que correspondía aceptar la reparación económica ofrecida por la defensa para que deposite el monto de 250 mil pesos “en favor del Hospital de Pediatría SAMIC ‘Prof. Dr. Juan P. Garrahan’”.

Contra esa decisión la defensa recurrió ante la Cámara Federal de Casación Penal, alegando arbitrariedad y una interpretación restrictiva del instituto. En consecuencia, el expediente quedó radicado en la Sala IV del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky, quienes coincidieron al desestimar el planteo y ratificar la resolución del tribunal oral.

En el voto que lideró el acuerdo, Hornos explicó que el mecanismo de reparación integral no puede aplicarse de manera automática. Según indicó, “la reparación no es un derecho absoluto del imputado, sino una herramienta de política criminal cuya aplicación debe ponderarse en cada caso concreto”.

El magistrado precisó a su vez que el mecanismo está pensado principalmente para resolver conflictos entre particulares y que presenta límites cuando el delito afecta intereses colectivos. En ese sentido, afirmó que “en las figuras delictivas que protegen bienes jurídicos colectivos o supraindividuales la víctima es la sociedad en su conjunto. El titular del bien jurídico es la comunidad, y su representación en el proceso penal es ejercida por el Estado a través del Ministerio Público Fiscal".

A partir de ese razonamiento, el camarista concluyó que la reparación económica ofrecida por la defensa resultaba “insuficiente para atender el daño social que comportan los hechos, encontrándose, como se dijo, comprometidos bienes jurídicos supraindividuales como lo son el orden público y la administración pública”.

El voto también advirtió que admitir la extinción de la acción penal mediante el pago de dinero en este tipo de casos podría afectar los fines del derecho penal. Según argumentó Hornos, “la extinción de la acción penal a cambio de una suma de dinero anula por completo esta función preventiva y transmite el mensaje de que los delitos contra el orden público y la administración pública se traducen en conductas ‘monetizables’”.

El juez Javier Carbajo coincidió con ese criterio y sostuvo que la naturaleza del hecho imputado y el contexto en el que ocurrió justifican que el caso avance hacia el juicio oral. Por su parte, Mariano Borinsky también votó por rechazar el recurso y destacó que la oposición fundada del Ministerio Público Fiscal constituía un obstáculo para aplicar este tipo de mecanismos.

Con estos argumentos, la Sala IV resolvió rechazar el recurso del imputado y confirmar la decisión del tribunal anterior. La causa, así, seguirá su curso hacia la realización del juicio oral.

Según publicó Europa Press, la muerte de Oseguera Cervantes en un operativo realizado por fuerzas federales mexicanas derivó en una oleada de incidentes violentos en diversas regiones. En ciudades como Puebla y Querétaro, las autoridades ordenaron el cierre de comercios y la interrupción de carreteras de acceso, restringiendo la movilidad y el funcionamiento del transporte público durante la jornada del domingo. Estas medidas buscaron reducir riesgos mientras se estabilizaba la situación, afectando a población mexicana y a comunidades extranjeras asentadas en el país, como la gallega, que debió acatar las recomendaciones de permanencia en los hogares.

El presidente de la Unión Mexicana de Empresarios Gallegos (Umegal), Manuel Ángel Hermida, detalló a Europa Press que familiares y conocidos que residen en dichas zonas se vieron obligados a no salir de sus casas. Indicó que, a pesar del confinamiento generalizado en algunas regiones, en Ciudad de México pudo mantener sus actividades habituales, ya que la capital registró menos restricciones. Hermida también aseguró a Europa Press que no se reportaron pérdidas humanas como consecuencia inmediata de los disturbios y que, en la mañana del lunes, el panorama se percibía más tranquilo, sin incidentes graves que lamentar.

Las autoridades españolas, a través de la embajada en México, recomendaron a sus nacionales extremar las medidas de seguridad. La representación diplomática comunicó mediante su cuenta oficial en la red social X la necesidad de evitar especialmente los cruces fronterizos entre México y Estados Unidos, ubicados en Reynosa (estado de Tamaulipas) y Tijuana (Baja California), así como mantenerse informados y atentos a las instrucciones oficiales ante el riesgo de nuevas eventualidades violentas.

El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, manifestó desde Bruselas —durante una reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea— que sigue "muy de cerca la situación en estos momentos en México, muy especialmente lo que es la demarcación consular de Guadalajara". Hizo un llamamiento a los españoles temporalmente en territorio mexicano, ya sea por motivos turísticos o de trabajo, para que se pongan en contacto con el Consulado si no figuran en el registro de matrícula consular. Albares admitió, según consignó Europa Press, que se tienen identificados grupos de ciudadanos que enfrentan dificultades, entre ellas problemas de movilidad desde o hacia aeropuertos y complicaciones en hoteles. Confirmó que se mantenía monitoreo y comunicación directa para procurar su bienestar y facilitar soluciones inmediatas.

El medio Europa Press informó también que otros países, como Estados Unidos, Canadá, Rusia y Ecuador, han emitido advertencias de seguridad específicas para sus ciudadanos en México. En estas alertas, exhortan a resguardarse en lugares seguros, restringir los desplazamientos y acatar estrictamente las recomendaciones oficiales y las orientaciones de las autoridades mexicanas.

La declaración de alerta máxima y las restricciones implementadas sucedieron tras una serie de disturbios que incluyeron bloqueos viales y afectaciones a la vida urbana en varios estados. Según Europa Press, la instrucción de reducir la movilidad se extendió principalmente a las regiones donde se registraron mayores focos de violencia, situación que alteró la rutina dominical y el funcionamiento de servicios esenciales como el transporte y el comercio.

La respuesta de la comunidad española y, en particular, la gallega, consistió en mantenerse a resguardo mientras esperaban el restablecimiento del orden. Los liderazgos comunitarios continuaron en permanente comunicación con las autoridades diplomáticas y con la propia colectividad dispersa en distintas ciudades mexicanas. Europa Press destacó que, hasta el lunes, la situación mostraba signos de cierta estabilidad respecto a la jornada previa, pero la indicación de cautela seguía vigente para residentes y visitantes.

Air Canada informó a través de su cuenta oficial en la red social X que la situación de seguridad en Puerto Vallarta sigue activa y que las autoridades locales ordenaron el confinamiento en la zona, lo que motivó la cancelación de los vuelos con destino y origen en esa ciudad turística. En este contexto, diversas aerolíneas internacionales han modificado sus operaciones hacia México después de los hechos violentos ocurridos tras la confirmación del fallecimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Según publicó Europa Press, compañías aéreas, tanto extranjeras como nacionales, suspendieron o cambiaron sus políticas para vuelos con destino a México debido a los disturbios generados después de la muerte de 'El Mencho' en una operación militar. Iberia ofreció a sus clientes en España flexibilizar las condiciones de los pasajes para viajar al país norteamericano. Fuentes de la aerolínea confirmaron esta medida a Europa Press y recomendaron a los pasajeros consultar permanentemente el estado de sus itinerarios.

Entre las compañías estadounidenses, United, Southwest y Alaska Airlines avisaron sobre la cancelación de sus vuelos programados para este lunes hacia diferentes terminales mexicanas, como Puerto Vallarta, Guadalajara y Manzanillo. Además, WestJet comunicó en sus redes sociales que flexibilizó sus políticas para los vuelos con destino a esos mismos puntos, informando a todos los viajeros con pasajes a México en los próximos días que verifiquen el estatus de su vuelo antes de desplazarse hacia el aeropuerto.

Aeroméxico también decidió cancelar vuelos en respuesta a los disturbios. Por su parte, Viva Aerobus ofreció a sus usuarios la opción de cambiar su boleto sin costo o solicitar un reembolso para conexiones programadas este lunes hacia Guadalajara y Puerto Vallarta, según consignó Europa Press.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico, responsable de la administración de una parte significativa de los aeropuertos en México, notificó el domingo pasado la suspensión de todas las operaciones comerciales en el Aeropuerto Internacional de Manzanillo. De acuerdo con el grupo aeroportuario, la decisión fue tomada por las aerolíneas, pese a que las terminales no sufrieron daños directos ni se registraron afectaciones en sus instalaciones.

De acuerdo con la información de Europa Press, estas cancelaciones y modificaciones en los servicios aéreos ocurrieron después de una serie de disturbios en los estados mexicanos de Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León, derivados del fallecimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes durante una operación militar. Al menos seis integrantes más del Cártel Jalisco Nueva Generación murieron en dicha intervención, como reportó el mismo medio.

Los hechos han generado un impacto directo sobre el turismo y la movilidad interna, especialmente en rutas internacionales y nacionales conectadas con los principales destinos turísticos y comerciales de la región occidental de México. La situación mantiene alerta tanto a las autoridades aeroportuarias como a las compañías aéreas, que adaptan constantemente sus medidas operativas en base a los informes de seguridad y a las órdenes emanadas por las autoridades locales, detalló Europa Press.

La comunicación entre las aerolíneas y sus pasajeros incluyó recomendaciones constantes para verificar el estado de los vuelos antes de presentarse en las terminales, así como la oferta de facilidades para realizar cambios ante la incertidumbre originada por el contexto de seguridad. Las principales aerolíneas involucradas han utilizado tanto sus plataformas digitales como las redes sociales para emitir comunicados y avisos de última hora, en busca de minimizar las afectaciones para los viajeros, explicó Europa Press.

Con la persistencia de la orden de confinamiento en determinadas zonas y el refuerzo de los dispositivos de seguridad estatales, la operatividad en los aeropuertos y la regularidad de los vuelos internacionales y nacionales continúan sujetas a evolución diaria, a medida que las autoridades actualizan sus valoraciones sobre las condiciones de seguridad y los riesgos informados en las regiones afectadas por la violencia tras el fallecimiento del líder del cártel, reportó Europa Press.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico comunicó la suspensión de todas las operaciones comerciales en el Aeropuerto Internacional de Manzanillo a raíz de decisiones tomadas por las aerolíneas, aun cuando las instalaciones no reportaron daños derivados de los recientes episodios violentos. Las compañías aéreas justificaron su medida tras una serie de disturbios ocurridos en diversas entidades mexicanas en las horas posteriores a la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Según informó el medio de comunicación original, la interrupción de viajes también afectó conexiones en otras ciudades turísticas y comerciales relevantes como Guadalajara y Puerto Vallarta.

La ola de incidentes violentos registrada el domingo y el lunes afectó no solo a Jalisco, sino también a Tamaulipas, zonas de Michoacán, Guerrero y el Estado de Nuevo León, reportó la fuente. Los sucesos comenzaron tras conocerse la muerte de Oseguera Cervantes durante una operación militar en la que, de acuerdo con la información publicada, también perdieron la vida al menos otros seis miembros del grupo. La respuesta de las fuerzas de seguridad generó reacciones inmediatas en varios territorios, impactando la movilidad y las actividades comerciales en regiones consideradas estratégicas tanto para el turismo como para el comercio nacional.

Distintas aerolíneas internacionales y mexicanas procedieron a cancelar o modificar sus vuelos ante la situación de inseguridad. El medio informó que las estadounidenses United, Southwest y Alaska notificaron la cancelación de vuelos programados para el lunes con destino a Puerto Vallarta, Guadalajara y Manzanillo. Además, Air Canada anunció en su cuenta de la red social ‘X’ que “la situación de seguridad en Puerto Vallarta continúa y las autoridades locales han emitido una orden de confinamiento”, por lo que suspendió las conexiones desde y hacia esta ciudad costera. La empresa canadiense WestJet optó por modificar las políticas para sus vuelos a los destinos afectados, permitiendo ajustes en las reservaciones y recomendando a quienes viajen con la compañía que revisen el estatus del viaje antes de acudir a los aeropuertos.

Aeroméxico también tomó la decisión de cancelar vuelos planeados hacia los destinos afectados, mientras que Viva Aerobus permitió a sus clientes cambiar reservas sin coste adicional o solicitar reembolsos para trayectos hacia Guadalajara y Puerto Vallarta correspondientes al lunes, detalló la fuente. Las actualizaciones continuas se han mantenido a través de canales oficiales y redes sociales de las aerolíneas, que exhortaron a sus usuarios a mantenerse informados sobre la evolución de los vuelos en los próximos días.

El impacto de las cancelaciones ocurre en el contexto de importantes medidas de seguridad ordenadas por las autoridades locales en algunas ciudades. Air Canada y diferentes compañías advirtieron que la situación de riesgo podría prolongarse, motivo que llevó a la emisión de recomendaciones formales para los viajeros. “Todos los clientes que viajen a México con WestJet en los próximos días están avisados de controlar el estatus del vuelo antes de dirigirse al aeropuerto”, publicó WestJet en sus redes.

La decisión de suspender o flexibilizar vuelos se enmarca dentro de una estrategia preventiva por parte de las aerolíneas y responde a la incertidumbre generada tras los eventos vinculados a la muerte de Oseguera Cervantes y la posterior actividad criminal reportada en varios estados. Ante este panorama, las autoridades solicitaron a la población y a los viajeros precaución extrema y consulta permanente de las fuentes oficiales antes de desplazarse a las zonas impactadas.

No solo los viajeros internacionales han resultado afectados. El reajuste de itinerarios y restricciones también involucra a ciudadanos mexicanos que pretendían trasladarse dentro del país en fechas próximas a los hechos. La magnitud de la respuesta aérea evidencia la dimensión del impacto que la situación ha tenido sobre el sector turístico y la conectividad de las regiones afectadas.

Las compañías aéreas han manifestado que la reanudación de las operaciones dependerá de la evolución de las condiciones de seguridad y de las instrucciones emitidas por las autoridades. Hasta el cierre del reporte, la incertidumbre sobre la fecha de reapertura de rutas y restablecimiento total de las operaciones persiste, en atención a la gravedad de los recientes acontecimientos.

Según consignó el medio original, las suspensiones y cambios en los vuelos se mantendrán mientras las autoridades y las empresas consideran necesario resguardar tanto las operaciones aeroportuarias como la integridad de empleados y pasajeros. Las regiones de Jalisco, Tamaulipas, partes de Michoacán, Guerrero y Nuevo León continuaban bajo vigilancia y con medidas extraordinarias debido a la reacción del grupo delincuencial afectado tras la muerte de su dirigente.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Navarra comunicó este lunes su propósito de comparecer como acusación particular en los procesos judiciales que se deriven de los sucesos ocurridos en el estadio El Sadar tras el partido entre Osasuna y el Real Madrid, con el objetivo de impulsar acciones penales, solicitar responsabilidades y reclamar sanciones contundentes para las personas implicadas en agresiones, alteraciones del orden público y ataques a agentes de la autoridad. Según informó el SUP mediante un comunicado reproducido por diversos medios, el sindicato expresó, además, un respaldo categórico a la intervención de la Policía Nacional durante los incidentes, calificando la actuación policial como legítima y justificada dentro del marco normativo.

De acuerdo con la información reportada por el sindicato y recogida por distintos medios, la labor policial en El Sadar se desarrolló a petición y en apoyo del dispositivo de seguridad privada dispuesto por el Club Atlético Osasuna. El objetivo de la incursión de los agentes consistió en salvaguardar la seguridad, restablecer el orden e identificar a los responsables de los incidentes, todo ello conforme a los protocolos y normativa vigente. El comunicado del SUP señaló que se trató de una intervención “legal, proporcionada y plenamente ajustada a derecho”.

El SUP manifestó rechazo a cualquier intento de minimizar o restar importancia a las agresiones sufridas por los agentes de la VI Unidad de Intervención Policial (UIP), quienes resultaron heridos en el cumplimiento de su labor. La organización sindical destacó en su mensaje: “Agredir a un policía es atentar contra el Estado de Derecho”, y sumó palabras de apoyo y reconocimiento para los agentes afectados, deseando su recuperación completa tras los hechos.

En el mismo comunicado, el sindicato subrayó que no admitirá campañas que busquen desprestigiar a los efectivos policiales o invertir la carga de la responsabilidad, apuntando a quienes actuaron para contener los disturbios en vez de señalar a los autores de los actos violentos. El SUP defendió que la autoridad estatal debe ser respetada y que quienes la agreden deben enfrentar las consecuencias legales correspondientes.

El SUP Navarra, según consignó el comunicado difundido por medios de comunicación, instó a mantener una política de “tolerancia cero” ante cualquier manifestación violenta dirigida contra policías y reclamó que no exista ningún tipo de impunidad en relación con lo ocurrido tras el partido. El sindicato reiteró su determinación de impulsar todas las medidas necesarias en la vía judicial para garantizar que los hechos sean sancionados.

Los disturbios se produjeron después de la finalización del encuentro de LaLiga EA Sports, en un contexto de tensión y enfrentamientos que derivaron en la intervención coordinada entre la seguridad privada del club y las fuerzas policiales estatales. Según reportó el SUP, la actuación policial no solo respondió a la urgencia de restituir la normalidad, sino también a la exigencia de identificar a los protagonistas de las acciones violentas que alteraron el desarrollo normal del evento.

El mismo comunicado difundido por SUP Navarra incluyó un mensaje dirigido tanto a los compañeros lesionados como al conjunto de la sociedad, reivindicando la legitimidad de la actuación policial en defensa del orden y la seguridad durante acontecimientos deportivos. El sindicato recalcó que recurrirá a todas las vías contempladas por la legislación para exigir condenas firmes y el cumplimiento de responsabilidades penales por los delitos que se investigan tras los disturbios en el estadio pamplonés.

El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta suspendió vuelos internacionales y la mayor parte de las operaciones nacionales después de que individuos armados irrumpieron en un penal cercano, facilitando la evasión de reclusos considerados de alta peligrosidad. Según informó Europa Press, esta acción se inscribe en una serie de episodios violentos que siguieron a la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, identificado como 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo militar desarrollado en Tapalpa.

Autoridades estatales han reportado la detención de 25 personas por su supuesta relación con los saqueos y disturbios surgidos tras la muerte de 'El Mencho'. El Gobierno de Jalisco, de acuerdo con lo publicado por Europa Press, precisó que once de los arrestados enfrentan cargos vinculados a hechos violentos, mientras que catorce personas fueron aprehendidas por presuntos actos de rapiña en diferentes puntos del estado.

En respuesta a la situación de emergencia, el Gobierno de Jalisco emitió un comunicado en redes sociales donde anunció la reanudación paulatina de las rutas de transporte público previamente suspendidas debido a los disturbios. La administración estatal afirmó que se prevé la restitución total del servicio en el transcurso de las próximas horas, según consignó Europa Press.

Paralelamente, las autoridades dispusieron la suspensión de actividades escolares en todos los niveles educativos durante este lunes, una medida que también afecta al ámbito universitario. Europa Press reportó que las citas de vacunación en los centros de salud quedaron canceladas de manera temporal, aunque los servicios de urgencias médicas y la atención indispensable continuarán operativos al menos durante la jornada dominical.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que las oficinas públicas reanudarán sus tareas habituales este lunes. “Debemos atender a la ciudadanía en todas sus necesidades, más en momentos tan difíciles”, declaró Lemus en un mensaje a través de Europa Press. Minutos antes, el mandatario señaló mediante un video en su cuenta de X que el código rojo permanece vigente con el fin de coordinar a las corporaciones de seguridad y organismos de emergencia ante el contexto “complejo” actual.

Lemus también declaró, citado por Europa Press, que se mantiene la coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum y el Gabinete de Seguridad Federal. “Vivimos horas críticas en las que se atendieron incidentes en distintos lugares del Estado y el área metropolitana”, afirmó. El gobernador agradeció la cooperación tanto del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch; como del secretario de Defensa, general Ricardo Trevilla, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, enfatizando que el objetivo principal del operativo desplegado es salvaguardar la seguridad de los habitantes de Jalisco.

En su mensaje, Lemus reconoció la labor de las fuerzas de seguridad, el personal sanitario y de protección civil por su desempeño durante una jornada “excepcional”. Destacó, según Europa Press, que la sociedad respondió de manera responsable ante la incertidumbre y atendió las recomendaciones oficiales, evitando exponer su seguridad durante los episodios de violencia.

El mandatario estatal llamó a la unidad de los liderazgos en los 125 municipios del estado, advirtiendo que enfrentan una alta responsabilidad ante la crisis. Insistió, citando Europa Press, en que la solidaridad entre la ciudadanía y las autoridades resulta clave para superar este periodo adverso y proteger a la población.

La muerte de Oseguera Cervantes se produjo durante una acción coordinada de fuerzas federales y estatales en Tapalpa, donde también perdieron la vida otros seis presuntos integrantes del CJNG, indicó el Gobierno de Jalisco. Posteriormente, se desataron disturbios en distintas zonas de la entidad, que incluyeron actos vandálicos y saqueos en comercios, según datos recopilados por Europa Press.

El despliegue de operativos especiales incluyó la suspensión temporal del transporte público en áreas de riesgo, un refuerzo en la vigilancia policial en la zona metropolitana de Guadalajara, así como la activación de protocolos de emergencia ante la eventualidad de nuevas acciones por parte de integrantes de la delincuencia organizada.

La reacción del Gobierno estatal, referenciada por Europa Press, se enfocó en contener los efectos de los disturbios y garantizar la continuidad de los servicios esenciales. Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener alertas de seguridad y operativos extraordinarios hasta que la situación se considere completamente bajo control.

El asalto armado a la cárcel de Itxapa, en Puerto Vallarta, y la liberación de presos considerados de alta peligrosidad marcaron una jornada de extrema tensión en México. Simultáneamente, se reportaron tiroteos y actos de violencia en diversos puntos de la ciudad, así como incendios de vehículos y atentados contra comercios. Las autoridades locales solicitaron a la población y a los negocios que permanezcan resguardados y se abstengan de operar hasta recibir nuevas instrucciones, priorizando la seguridad de empleados y clientes. El Ayuntamiento organizó un despliegue de equipos de Protección Civil y Seguridad Pública para intentar contener riesgos adicionales, custodiar infraestructuras e instituciones y asegurar las áreas estratégicas, según consignó el medio Europa Press.

El medio detalla que la oleada de disturbios afectó a varios estados tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho', jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el marco de una operación militar donde también fallecieron al menos otros seis miembros del grupo. La situación provocó respuestas inmediatas de autoridades extranjeras con presencia en México, quienes recomendaron medidas de autoprotección a sus ciudadanos ante el incremento de episodios violentos.

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad para estadounidenses ubicados específicamente en los estados de Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León, aunque los incidentes también se presentaron en Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Estado de México y Baja California. De acuerdo con el aviso, ciudadanos estadounidenses deben buscar refugio, replantear cualquier traslado no esencial, mantenerse alejados de zonas de operativos policiales y actualizarse usando medios informativos locales, reportó Europa Press.

Por su parte, el Gobierno de Canadá también envió una advertencia oficial para sus nacionales ante la presencia de “actos violentos, tiroteos” e intervención de grupos criminales que establecieron retenes impidiendo la circulación y utilizando coches incendiados en distintas ciudades mexicanas. Además, el pronunciamiento de las autoridades canadienses incluyó la recomendación de no salir de sus domicilios y de adherir a todas las directrices proporcionadas por las instancias mexicanas responsables.

La Embajada de Rusia sumó un llamado a posponer los viajes a las zonas consideradas de riesgo. Para quienes ya se encuentran en regiones afectadas, las directrices rusas insistieron en incrementar las medidas de protección personal, evitar sitios concurridos y no abandonar sus residencias salvo necesidad, según una nota publicada en X y citada por Europa Press.

El contexto de inseguridad llevó a aerolíneas comerciales internacionales a modificar operaciones. Según Europa Press, United Airlines, Southwest y Alaska Airlines suspendieron sus vuelos a Puerto Vallarta, Guadalajara y Manzanillo, mientras que las compañías canadienses Air Canada, WestJet y Sunwing también suspendieron vuelos a esos destinos, priorizando evitar riesgos ante la inestabilidad registrada en diversos estados.

Reportes reunidos por Europa Press destacaron que, aparte de los sucesos en Jalisco y Puerto Vallarta, también se identificaron incidentes de quema de transporte público, cierre de vías mediante vehículos bloqueando accesos y cortes de carretera en otros estados, extendiendo la afectación más allá de los primeros puntos confirmados por las autoridades.

Los comunicados formales aconsejaron a residentes y turistas extranjeros informar su situación a contactos cercanos, limitar desplazamientos, permanecer atentos a instrucciones y buscar actualizaciones de fuentes oficiales en todo momento, ratificando el riesgo persiste y que las recomendaciones se mantienen “hasta nuevo aviso”, declaró la Embajada estadounidense citada por Europa Press.

La cadena de episodios violentos responde a la coyuntura creada tras el fallecimiento de Oseguera Cervantes, figura identificada como líder del CJNG y uno de los principales objetivos de operaciones de seguridad en México. La situación desencadenó reacciones inmediatas de grupos criminales, cuyos operativos provocaron escenarios de violencia extendida en diferentes entidades, reportó Europa Press, evidenciando la naturaleza coordinada de la respuesta criminal a los recientes eventos.

Las acciones implementadas por autoridades municipales en Puerto Vallarta incluyeron patrullajes adicionales, protección de infraestructuras estratégicas y movilización de personal de respuesta a emergencias en un intento por mitigar mayores afectaciones. El cierre preventivo de comercios y la suspensión de operaciones en aeropuertos y terminales evidenciaron el grado de precaución adoptado frente a la escalada de riesgos tanto para la población local como para visitantes extranjeros.

Europa Press subrayó que las recomendaciones de las misiones diplomáticas de Estados Unidos, Canadá y Rusia insisten en la necesidad de vigilancia y protección estricta mientras persista la emergencia de seguridad, sin establecer una fecha para el levantamiento de dichas restricciones para actividades cotidianas o desplazamientos.

En municipios de Jalisco, como Guadalajara y Puerto Vallarta, el servicio de transporte público ha permanecido suspendido y autoridades estatales y federales han pedido a la población resguardarse en sus domicilios tras incidentes violentos protagonizados por grupos armados y bloqueos en vialidades importantes. De acuerdo con diversos reportes citados por medios mexicanos, la situación ha surgido a raíz de la presunta muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho', señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El presunto fallecimiento, ocurrido durante un operativo federal en Tapalpa, Jalisco, no ha recibido confirmación oficial y se mantiene como información proporcionada por fuentes de alto nivel, según consignaron los mismos medios.

El medio detalló que la respuesta a estos supuestos hechos ha sido una oleada de bloqueos, incendios y enfrentamientos armados en distintas regiones de México. Los incidentes se han registrado en estados como Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas y Tamaulipas. Entre las acciones reportadas se encuentran la quema de vehículos de transporte público y particulares, incendios en estaciones de gasolina, farmacias y negocios, además de la utilización de obstáculos como automóviles atravesados y artefactos metálicos conocidos como “ponchallantas” para obstruir el paso vehicular.

Según informó el medio, las operaciones federales se centraron en Tapalpa, ubicada a aproximadamente 150 kilómetros al sur de Guadalajara, pero la reacción violenta se extendió hacia la costa y zonas urbanas del estado. En Guadalajara y municipios colindantes, la suspensión del transporte público inició a partir de las 9:00 horas, y se emitió una instrucción oficial para que la gente evitara salir de sus casas por motivos de seguridad.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, estableció el código rojo en la entidad tras confirmar la existencia de múltiples bloqueos y enfrentamientos armados como consecuencia del operativo en Tapalpa. Ante la magnitud de los sucesos, activó una mesa de seguridad y reiteró la suspensión de todas las rutas de transporte público. Lemus también confirmó incidentes como incendios en estaciones de servicio y comercios, así como la presencia de bandas armadas en distintos puntos de la zona metropolitana.

El despliegue violento se replicó en el estado vecino de Michoacán, donde al menos trece municipios reportaron carreteras bloqueadas mediante vehículos incendiados. Alfredo Ramírez, gobernador de Michoacán, implementó medidas similares a las tomadas en Jalisco y exhortó a la ciudadanía a conservar la calma en tanto avanzan los trabajos de las fuerzas de seguridad. Los incidentes se propagaron posteriormente a Colima, Nayarit, Aguascalientes y Guanajuato, impactando la circulación y el funcionamiento habitual de estos territorios, según publicó la fuente.

La autoridad federal, a través del Gabinete de Seguridad conformado por las secretarías de Defensa, Marina, la Fiscalía, la Guardia Nacional, Gobernación y Seguridad, informó que se encontraban atendiendo los bloqueos en Jalisco como resultado de los operativos realizados. En relación con el funcionamiento de los aeropuertos en el estado, el Gabinete de Seguridad indicó que “los pasajeros están tomando sus vuelos conforme a lo programado y no se registra ningún evento relevante en las instalaciones”, a pesar de reportes sobre caos en el aeropuerto de Guadalajara y cancelaciones confirmadas en el aeropuerto de Manzanillo, Colima.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no dio un posicionamiento específico sobre la supuesta muerte de Oseguera Cervantes y anunció que la información oficial será proporcionada por el Gabinete de Seguridad en cuanto sea posible. “En un momento va a informar el Gabinete de Seguridad”, declaró Sheinbaum durante un evento público.

Oseguera Cervantes, nacido en 1966 en Naranjo de Chila, municipio de Aguililla, Michoacán, ha figurado entre los principales objetivos de persecución tanto del gobierno mexicano como del de Estados Unidos. De acuerdo con lo reportado, el fundador del CJNG inició su carrera delictiva en los Estados Unidos y, al regresar a México, colaboró con Ignacio Coronel Villarreal, alias ‘Nacho Coronel’. Tras la muerte de Coronel, fundó el Cártel Jalisco Nueva Generación junto a Erik Valencia Salazar. Desde el crecimiento del CJNG en 2007, la organización se consolidó como una de las estructuras criminales más poderosas del país, sobre todo después del arresto de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”.

La muerte de Oseguera Cervantes significaría el fin de la carrera delictiva del considerado líder máximo del CJNG, calificado por autoridades como uno de los criminales más buscados. Su supuesta muerte explicaría la actual ola de violencia, por la que miles de personas han optado por refugiarse mientras las autoridades intentan restablecer el orden, según consignó la fuente.

Los hechos violentos en farmacias, gasolineras y comercios, junto a la suspensión del transporte y la alteración de las actividades cotidianas en varios estados, generarían consecuencias económicas y sociales en distintas comunidades, además de demostrar la capacidad de reacción inmediata de los grupos delictivos tras el golpe a su estructura principal. Entre los reportes más destacados se encuentra el uso de artefactos para destruir neumáticos, así como incendios provocados en puntos estratégicos, cuyo objetivo ha sido frenar la movilización de las fuerzas de seguridad y crear un clima de incertidumbre.

El panorama se mantiene en desarrollo, bajo la expectativa de una declaración oficial que confirme o descarte la muerte del capo y con la atención centrada en los operativos federales que buscan recobrar el control en las entidades afectadas, informó el medio.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, el primer arresto tuvo lugar en Luis María Campos al 1300, en el barrio porteño de Palermo.

El procedimiento se inició cuando personal de la Comisaría Vecinal 14B detectó a un hombre durmiendo en el interior de un cajero automático. Al identificarlo, el sospechoso adoptó una actitud agresiva hacia los efectivos, que procedieron a su detención.

El individuo no portaba documentación, por lo que la fiscalía actuante autorizó la intervención del Departamento de Reconocimiento Antroposcométrico de la Superintendencia de Policía Científica para avanzar con su identificación por medios biométricos.

Mediante el sistema Face Expert, las imágenes capturadas del rostro del detenido fueron comparadas con la base de datos oficial. El resultado arrojó una coincidencia positiva con un hombre identificado como N.G.B., argentino de 31 años, quien registra antecedentes por robo.

En simultáneo, peritos de la Policía Científica analizaron registros fílmicos y fotográficos de los incidentes del miércoles, observando que las características físicas y la vestimenta del aprehendido coincidían con las de uno de los sujetos captados en imágenes durante los desmanes en la plaza Congreso.

Los agentes realizaron una compulsa entre las capturas televisivas y las fotos del detenido, lo que permitió confirmar su presunta participación en los hechos investigados. “El análisis determinó que, por su fisonomía y la ropa que llevaba, el hombre estaría directamente vinculado a los episodios violentos registrados en la jornada parlamentaria”, precisó un vocero consultado por Infobae.

Tras la notificación al juzgado de turno, se dispuso la detención e incomunicación del acusado, quien quedó a disposición de la Unidad Flagrancia Este. La investigación continúa bajo la supervisión de la fiscalía interviniente, que busca determinar si el imputado tuvo participación en otros hechos similares y si existen más personas identificadas en los disturbios.

El operativo se enmarca en una serie de tareas de identificación y rastreo de manifestantes que participaron en los disturbios durante el debate de la Ley de Reforma Laboral. La utilización de tecnología biométrica permitió avanzar en el esclarecimiento de los incidentes y en la individualización de los responsables.

El detenido presenta antecedentes penales vinculados a delitos contra la propiedad. Por decisión judicial, permanece incomunicado y sujeto a las actuaciones requeridas por la Unidad Flagrancia Este.

Luego, durante la tarde, la fuerza de seguridad porteña detuvo a otro de los manifestantes que participaron en los incidentes y ataques con bombas Molotov frente al Congreso el pasado miércoles.

Fuentes policiales le indicaron a Infobae que se trata de Matías Enzo Roldán, alias “Tucumano”, uno de los identificados esta mañana por el Ministerio de Seguridad de la Nación, quien posee varios antecedentes por delitos contra la propiedad.

La detención fue realizada por personal de la comisaría vecinal 1B en Montevideo al 300, al reconocerlo por ser asiduo en la zona. Fue clave, según se observa en las imágenes, un tatuaje que el delincuente presenta en su brazo izquierdo.

Gonzalo Rua, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 6, avaló la detención de Roldán.

Luego de que se concretara la captura de los sospechosos, el jefe del Gobierno porteño, Jorge Macri, emitió un comunicado en la red social X. “Detuvimos a dos de los terroristas que atacaron a las fuerzas de seguridad”, anunció.

Tras apuntar que “tirar una bomba molotov no es “manifestarse”. Es usar un arma capaz de matar", el funcionario expresó: “Ahora que se queden adentro y no salgan. Ley y orden”.

Los sospechosos identificados

El Ministerio de Seguridad Nacional identificó a 17 personas señaladas por su participación en los disturbios ocurridos durante la protesta por la reforma laboral frente al Congreso de la Nación. La lista, a la que accedió Infobae, incluye nombres, documentos y las fotos que permitieron la identificación de los presuntos involucrados, cuyas detenciones comenzaron a ser tratadas por la Justicia Federal tras los actos que la ministra Alejandra Monteoliva calificó como “de violencia extrema”.

Según datos oficiales, los identificados son: Lucas Horacio Cabrera, Claudio Marcelo Figueroa, Héctor Rodolfo Cabrera, Martín Castiñeiras, Federico Alberto Mazzagalli, Matías Enzo Roldán y Patricio Hernán Castellan.

También figuran Denis Alejandro Figueredo, Néstor Alejandro Flores, Lucas Ezequiel Lobato, Nahuel Ezequiel Britos, Carlos Nicolás Kipper Amalfi, Manuel Edgardo Barrios, Natanael Benjamín Aguirre, Jorge Ismael González, Pedro Antonio Juárez y Roberto Daniel Tassano.

Parte de los identificados, según las autoridades, tiene antecedentes por robo agravado, lesiones y otros delitos, aunque no todos presentan el mismo perfil.

Hasta el momento, ninguno de los recientes identificados fueron señalados como parte del grupo que arrojó bombas molotov a los efectivos de la Policía Federal, por lo que sigue sin conocerse su identidad. “Están siendo identificados en cada lugar donde estaban ubicados”, indicó una fuente oficial de alto rango.

De la lista inicial de 20 detenidos, por parte de la Policía porteña, puestos a disposición de la Unidad de Flagrancia Este -a cargo de la fiscal Malena Mercuriali- cinco fueron liberados anoche a las 23 horas. Por su parte, desde las fuerzas federales, apresaron a cuatro manifestantes más, informaron fuentes oficiales.

“Quedan 16 detenidos por prender fuego autos estacionados y tachos, atentado y resistencia a la autoridad. En el transcurso del día se analizarán sus antecedentes y en base a eso se definirá su situación", indicaron a Infobae desde el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.

Del mismo modo, según comunicó la Policía porteña, tres policías resultaron heridos; uno de ellos sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y fue trasladado al Hospital Italiano.

Los otros dos fueron traumatismos en los miembros inferiores producto de los elementos arrojados por los manifestantes. El efectivo con traumatismo de cráneo recibió el golpe de una maceta arrojada desde un edificio en Solís y Alsina.

Ya por la tarde, la Policía porteña confirmó que liberó a 9 personas, por lo que solamente queda un total de 11 detenidos: ocho hombres y tres mujeres. Se siguen tomando declaraciones de los aprehendidos.

Quiénes son los detenidos y liberados por la Policía

En horas de la tarde, apenas comenzaron los disturbios en la zona de la Plaza de Mayo, ocurrieron las dos primeras detenciones.

Los hombres, esposados y sentados contra una pared, eran Julián Catalano y Francisco Daniel Mansilla, ambos militantes políticos del justicialismo, quienes fueron retenidos por la policía porteña por atentado, resistencia y lesiones.

Mientras se identificaban con nombre, apellido y DNI frente a las cámaras que los filman, Catalano -con la camisa abierta- expresó ante la pregunta de por qué lo detuvieron: “Por defender a la Patria”, dijo, junto a referencias a las Islas Malvinas y al sable del General San Martín, localidad de donde pertenece en el conurbano bonaerense.

Catalano es muy activo en redes sociales, en donde posteó su visión sobre la reforma laboral, como así también fotos junto a los expresidentes Cristina Kirchner y Evo Morales. “En este momento queda un detenido de la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina) y uno de la Autónoma Nacional”, informaron fuentes sindicales a este medio, sin mencionar si son estas personas, ya que en redes sociales, la CTA pidió por su liberación.

Otros de los detenidos por las fuerzas porteñas, en este caso por iniciar incendios, fueron Claudio Roberto Tripoli y Marcelo Alejandro Olivera, Lila Amanto, Claudio Garro, Ayelén Portale y Sabina Neuman. Por su parte, a Félix Américo Maldonado y Corina Giselle González, también se les imputó la misma causa con el agregado de otros estragos.

Una de las detenciones que tuvo mayor repercusión mediática fue la del fotorreportero platense Nicolás Viñas (conocido en redes como Niko Viñas) por atentado, resistencia y lesiones.

Ayer, desde el lugar de los hechos, el también editor de videos invitaba a sumarse a la marcha antirreforma: “Ya en las calles... ¿venís? Dale... ¡¡¡Son tus derechos también!!!”, había sido su último posteo desde la Plaza de Mayo, mientras mostraba a un hombre que posaba con un cartel con un pegamento y un pedazo de pan y la leyenda “Sirve para pegar”, momentos antes de su detención en las inmediaciones del Congreso.

Por su parte, desde la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) se pronunciaron contra su detención.

Sobre Adrián Jorge Montiel, otro de los detenidos, pesa la acusación de atentado y resistencia a la autoridad, así como también contra Carlos Augusto Ruiz, sobre quien se suma la figura de daños. Por último, Agustín Tomás Sánchez fue detenido, ya que estaba con pedido de captura por la Ley de Drogas.

Otro de los detenidos por incendios fue el mecánico automotriz Leónidas Andrés Orquera. Este fanático del extinto grupo Motörhead (tiene un tatuaje con el logo de la banda en su espalda) compartió en una de sus historias de Instagram una imagen de la Policía y las letras Hdps (en referencia a hijos de p…) cuando se acercaban los uniformados hacia los manifestantes.

Entre imágenes de motores de auto y reparación de motocicletas, en sus historias de Instagram de ayer se ve un video de la marcha (apuntando hacia el Congreso), previa a los disturbios, como así también una bandera con una leyenda en apoyo de los jubilados.

Otro de los detenidos fue el abogado Juan Manuel Reichenbach, acusado de atentado y resistencia a la autoridad. Pero quedó libre ayer, cerca de la medianoche, informaron fuentes de Policía de la Ciudad.

Desde sus redes sociales, hace unas 15 semanas posteó Fuegos de Octubre, en relación al tema de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, mostrando un estandarte del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), en donde milita, fundado por Juan Grabois.

En alusión a esto posó con una remera bajo la leyenda Juan 23 (en relación a la candidatura en las internas presidenciales de 2023) y en su cuenta de IG posteó en alusión de la actualidad del país y la reforma laboral. “Los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos, todo lo que se robaron, los que se manifiestan y los que se olvidaron, las persecuciones, en los golpes de estado, el pais en quiebra, los exiliados, el peso devaluado”.

Junto a Reichenbach, anoche fueron liberados Raúl Alberto Bande, Jorge Euclides Nieto, Maximiliano Javier Melgar y Gastón Ezequiel Reyes. A ellos se los acusó de atentado y resistencia a la autoridad.

Por último, desde la Policía Federal Argentina, comunicaron las detenciones de Franco Andrés García Ñahui, Claudio Marcelo Figueroa , Emilio Salgado Quintana y Rubén Osvaldo Mancilla sin precisar las causas respectivas de la aprehensión.

Donald Trump mencionó concretamente el caso de Eugene, Oregón, al referirse a la falta de actuación policial frente a un ataque a un edificio federal, según publicó la agencia Europa Press. En palabras del mandatario estadounidense, durante ese suceso, “los criminales irrumpieron en un edificio federal y causaron muchos daños, asustaron y acosaron a buenos trabajadores”, mientras que “la Policía no hizo nada para pararlo”. A partir de ese ejemplo, el presidente insistió en que situaciones similares no volverán a repetirse bajo su mandato y detalló las condiciones bajo las cuales las fuerzas federales actuarían en jurisdicciones gobernadas por el Partido Demócrata.

Según informó Europa Press, Donald Trump anunció este sábado que ha dado instrucciones a la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, para que las fuerzas federales no intervengan en ciudades bajo control demócrata, excepto cuando las autoridades locales soliciten explícitamente cooperación para controlar disturbios o proteger instalaciones gubernamentales. En una declaración difundida a través de redes sociales, Trump afirmó: “He ordenado a la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, que no vamos a intervenir bajo ninguna circunstancia en las mal gobernadas ciudades demócratas en cuanto a protestas o disturbios a menos que y hasta que nos pidan ayuda”.

De acuerdo con la información de Europa Press, la directriz presidencial instruye a los organismos federales a permanecer al margen de la actuación local en contextos de protestas, disturbios o desórdenes civiles en municipios dirigidos por demócratas. Sin embargo, Trump advirtió que, pese a esa política de no intervención, el Gobierno federal custodiará con todos los recursos necesarios los edificios federales situados en estas ciudades. Sobre este punto, subrayó que existe una orden expresa para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza a fin de aplicar con toda rigurosidad la protección sobre propiedades federales. Según remarcó en su comunicado, los agentes federales no tolerarán agresiones físicas o ataques contra sus instalaciones, y quienes los cometan “sufrirán una consecuencia igual o mayor”.

Europa Press consignó que Trump también informó que el contenido de estas nuevas directrices fue remitido tanto a autoridades locales como estatales de los territorios afectados, a quienes exhortó a proteger sus propias instalaciones gubernamentales. El presidente reiteró que recae en los gobiernos locales y estatales la responsabilidad de mantener a salvo los bienes federales, edificios públicos, parques y otros elementos de propiedad nacional.

En el mensaje publicado en redes sociales, Trump hizo referencia al uso de las fuerzas federales en situaciones anteriores, concretamente mencionó los disturbios en Los Ángeles ocurridos el año anterior. Señaló que, si llegara a producirse un pedido formal de asistencia por parte de las autoridades locales frente a escenarios de insurrección, agitación o vandalismo, el Gobierno federal intervendría de manera inmediata y siguiendo un procedimiento “muy fácil y metódico”.

Sobre la disponibilidad de las fuerzas federales para asistir a las jurisdicciones donde se produzcan hechos de violencia, Trump aclaró que gobernadores y alcaldes podrán solicitar ayuda, aunque puntualizó que antes de que las fuerzas federales respondan, deberán incluir la palabra “por favor” en su petición formal. “ICE, la Patrulla Fronteriza y, si es necesario, el Ejército, protegerán nuestra propiedad federal”, puntualizó el presidente, citado por Europa Press.

El medio también reportó que, en la parte final de su comunicado, Trump recordó su plataforma política centrada en el control de fronteras, la seguridad nacional y una política de ley y orden. El mandatario enfatizó que tales prioridades se mantienen en la gestión actual, y que Estados Unidos obtuvo estos resultados tras su elección.

A lo largo de su pronunciamiento, el presidente criticó el desempeño de las autoridades locales en ciudades gobernadas por el Partido Demócrata, acusándolas de mala gestión en el control y la protección de instalaciones federales. Volvió a subrayar el compromiso del Gobierno federal en la defensa de los bienes nacionales y manifestó que actuará de acuerdo con la normativa cuando se reciba una solicitud formal de asistencia.

El anuncio de Trump surge en un momento de tensiones políticas entre el Gobierno federal y diversas administraciones estatales y municipales bajo control opositor, con motivo de la gestión de protestas y actos violentos registrados en distintos puntos del país. Según Europa Press, con este mensaje, la Casa Blanca busca establecer límites claros respecto a la actuación federal y la colaboración con las autoridades locales, preservando el control sobre los bienes nacionales mientras condiciona la intervención en el ámbito local a una petición expresa de ayuda.

El hecho se produjo la tarde del martes 27 de enero, después del empate 2-2 entre Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga, en la tercera fecha de la Liga I-2026. Los disturbios dejaron además al menos cinco personas heridas y sembraron temor entre los asistentes y comerciantes de la zona.

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Las autoridades informaron que la víctima, cuya identidad no ha sido revelada, vestía la camiseta de su equipo y se encontraba en una estación de servicio cercana al estadio cuando fue sorprendido por un grupo de seguidores del conjunto local.

Testigos citados por Vanguardia señalaron que los agresores le arrebataron la camiseta antes de atacarlo con un arma cortopunzante en el pecho, provocándole la muerte de manera inmediata.

Disturbios dentro y fuera del estadio

Desde los primeros minutos del partido, se registraron disturbios protagonizados por hinchas del Cúcuta Deportivo tanto dentro del escenario deportivo como en las inmediaciones.

Uniformados de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) tuvieron que intervenir en varias oportunidades para intentar restablecer el orden. Un establecimiento situado cerca del estadio fue vandalizado durante la jornada, lo que ocasionó pérdidas económicas considerables y generó alarma entre los comerciantes y residentes del sector.

De acuerdo con las versiones recogidas por medios locales, las confrontaciones se iniciaron en las tribunas donde se presentaron riñas entre aficionados. El descontrol se extendió hacia el exterior una vez finalizado el compromiso, afectando la movilidad en la zona y provocando una rápida movilización de la fuerza pública.

El saldo de la violencia: heridos y temor en la ciudad

El balance preliminar de las autoridades señala que, además de la víctima mortal, al menos cinco personas resultaron heridas por arma blanca durante los enfrentamientos. Entre los lesionados se cuenta un uniformado, que presentó una herida en una de sus extremidades.

Las víctimas fueron atendidas de urgencia en centros médicos cercanos, mientras la Policía Metropolitana de Cúcuta reforzó la presencia en el perímetro para evitar nuevos incidentes.

La situación obligó a los agentes de la Undmo desplegar operativos adicionales para dispersar a los grupos más violentos. Las autoridades también revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector, en busca de identificar a los responsables del homicidio y de los actos vandálicos.

Investigación en curso y antecedentes de violencia

Hasta el momento, la identidad del hincha asesinado no ha sido confirmada públicamente y las autoridades mantienen en reserva los avances de la investigación. Voceros de la Policía indicaron al medio citado que se recopilan testimonios y pruebas para esclarecer las circunstancias exactas del ataque. Se espera un reporte oficial con el balance definitivo de heridos y daños materiales en las próximas horas.

El trágico episodio se suma a una serie de hechos violentos vinculados al fútbol en la región. El 2 de diciembre de 2025, Maicol Stiven Jaimes Vargas, hincha del Atlético Bucaramanga, resultó gravemente herido tras ser atacado con arma de fuego, en la capital de Santander, en un incidente que también se atribuyó a disputas entre barras. Según informó Vanguardia, el joven fue interceptado cuando regresaba de una reunión de la barra en el estadio Américo Montanini.

Las investigaciones sobre estos casos pusieron en alerta a las autoridades, que analizan patrones de violencia reiterada entre seguidores de equipos rivales. La preocupación crece ante la frecuencia con la que los enfrentamientos dejan víctimas fatales y lesionados en diferentes escenarios del fútbol colombiano.

Un individuo subió al techo del edificio diplomático iraní en Londres, arrancó una bandera e inmediatamente fue detenido bajo las acusaciones formales de daño criminal, invasión de propiedad diplomática y agresión a las fuerzas de seguridad, según consignó la Policía Metropolitana de Londres. Además del arresto de este manifestante, el mismo operativo policial concluyó con la detención de varias personas, mientras la cifra exacta de agentes lesionados y arrestados entre los participantes permanecía sin precisarse. Estos hechos se produjeron en el marco de una movilización frente a la embajada de Irán en el Reino Unido, ocurrida la noche del viernes, en medio de un contexto de crisis política y social que afecta al país persa desde hace casi dos semanas, según informó la agencia Europa Press.

La Policía Metropolitana de Londres comunicó públicamente, a través de sus plataformas oficiales, que la manifestación se desarrolló ante la sede diplomática iraní y derivó en incidentes violentos. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, los enfrentamientos se intensificaron cuando un grupo de personas lanzó diferentes objetos a los agentes encargados de custodiar la representación diplomática antes de que llegaran los refuerzos policiales, quienes se mantuvieron desplegados frente al edificio durante toda la noche.

El operativo policial incluyó la intervención inmediata después de que se identificaran actos considerados ilegales, como la irrupción del manifestante en el tejado. Europa Press detalló que la persona arrestada fue acusada formalmente de daño criminal e invasión de una propiedad diplomática, categorías de delito contempladas en la legislación británica y que implican sanciones que dependen de la gravedad y las circunstancias de la acción. El mismo detenido también enfrentó cargos por agresión contra la policía, hecho que se habría producido durante su ingreso forzado a la sede diplomática.

Organizadores y participantes de la protesta exigieron diferentes pronunciamientos internacionales frente a la situación que enfrenta la República Islámica de Irán, país que en las últimas dos semanas ha sido escenario de disturbios internos. Estas protestas, cuya convocatoria principal en Londres surgió como reacción a la crisis política iraní, reunieron a decenas de personas frente a la embajada. Europa Press resaltó que la Policía Metropolitana no precisó el número exacto de heridos, aunque confirmó que varios de sus agentes sufrieron lesiones durante la gestión del operativo.

En el transcurso de la movilización, la tensión creció y culminó en el momento en que los manifestantes lanzaron proyectiles hacia la línea policial, mientras los refuerzos policiales llegaban al lugar e intentaban contener la situación con el objetivo de mantener el orden público y resguardar la inmunidad de la representación diplomática, como manda la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. La acción de los manifestantes y la respuesta de las fuerzas de seguridad británicas generaron un fuerte dispositivo alrededor de la embajada iraní durante la noche.

Según reportó Europa Press, la situación provocó un refuerzo de las medidas de seguridad en la zona de la embajada, con la presencia de personal policial durante toda la noche para evitar nuevos incidentes y garantizar la protección de la sede diplomática. Las autoridades británicas abrieron una investigación inmediata para determinar la responsabilidad de los participantes en los actos violentos y las infracciones cometidas durante la protesta, y señalaron que continúan trabajando para esclarecer el número final de detenidos y agentes lesionados.

El incidente en la embajada iraní ocurre mientras la República Islámica enfrenta un período sostenido de tensión interna, caracterizado por varios episodios de violencia y disturbios que han generado una respuesta internacional y protestas frente a representaciones oficiales iraníes en diferentes países, recordó Europa Press. Las autoridades británicas reiteraron que reconocen el derecho a la protesta pacífica, pero advirtieron que no toleran comportamientos que atenten contra la ley o pongan en riesgo la seguridad pública y diplomática.

Además del detenido que subió al tejado y retiró la bandera, la policía confirmó la detención de más personas implicadas en los incidentes violentos. Las fuerzas de seguridad establecieron un perímetro de exclusión en torno a la embajada para impedir la escalada de la violencia y supervisaron las inmediaciones del lugar con agentes equipados para responder ante eventuales desbordes, según mencionó Europa Press.

La movilización de la noche del viernes pondría de relieve el impacto internacional de las protestas internas en Irán, así como la preocupación de comunidades iraníes en el exterior y de grupos defensores de derechos humanos. Europa Press no especificó cuántos participantes permanecen bajo investigación, aunque la policía metropolitana aseguró que sigue recopilando pruebas y realizando arrestos relacionados con los hechos ocurridos frente a la misión diplomática en Londres.

El comunicado del Consejo de los Guardianes, uno de los órganos más influyentes en el sistema político iraní, remarcó este sábado que “la injerencia extranjera convirtió las protestas populares en caos” y aseguró que “hay manos ocultas presentes y activas en estos disturbios”. Esta declaración formó parte de una serie de respuestas oficiales tras la escalada de violencia verificada durante la semana en varias regiones del país, en la que decenas de personas han muerto y miles han sido detenidas. Según publicó la agencia de noticias semioficial Tasnim, el Ejército de Irán advirtió que no permitirá que supuestas conspiraciones extranjeras pongan en peligro la seguridad y estabilidad nacional, mientras continúan los disturbios y las protestas que se originaron tras reivindicaciones económicas.

El Ejército iraní emitió un comunicado, reproducido por Tasnim, en el que atribuye la ola de protestas a una “conspiración” promovida por Estados Unidos, Israel y grupos aliados. En la declaración, los militares señalaron que buscan proteger “los intereses nacionales” y “desarticular la conspiración”, agregando: “El enemigo, con otra conspiración, apoyada por el régimen sionista criminal y asesino de niños, y grupos terroristas y hostiles, busca perturbar el orden y la paz de las ciudades y la seguridad pública del país”. La institución castrense exhortó a la población iraní a “frustrar los complots del enemigo manteniendo la vigilancia y la inteligencia nacionales” así como la “unidad y la cohesión”.

La agencia Tasnim también reportó la muerte de dos efectivos de seguridad en la ciudad de Shushtar, ubicada en el suroeste de Irán, y otros siete en la provincia de Jorasán Razaví. El medio precisó además la muerte de Farajolá Shushtari, activista de línea oficialista e hijo del general de la Guardia Revolucionaria Nur Ali Shushtari, quien falleció en un atentado en 2009 adjudicado al Movimiento de Resistencia Popular de Irán. Entre los daños materiales se identificó el incendio intencional en la mezquita Al Zahra, situada en la provincia de Kermán.

Las medidas de contención incluyeron la detención de alrededor de cien personas en el municipio de Baharestán, en las proximidades de Teherán. El gobernador de la localidad confirmó a medios locales que estos arrestos correspondieron a individuos acusados de alterar el orden público mediante el uso de armas de fuego y armas blancas tanto contra ciudadanos como contra las fuerzas de seguridad.

Las cifras sobre víctimas y arrestados varían de acuerdo con la fuente consultada. De acuerdo con la ONG HRANA (Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos), con sede en Estados Unidos, desde el inicio de las protestas el pasado 28 de diciembre al menos 65 personas han fallecido y 2.311 han sido detenidas. Las manifestaciones comenzaron cuando comerciantes de Teherán salieron a la calle en protesta por la crisis monetaria y el deterioro de las condiciones de vida, según relató la organización. Posteriormente, las protestas se extendieron a diferentes provincias, en particular Chaharmahal y Bajtiari, Ilam, Kermanshah y Fars en el centro y oeste del país, ubicando allí 38 de las muertes reportadas.

No obstante, la revista estadounidense ‘Time’ publicó testimonios de personal médico en Irán que ubican el número de fallecidos en aproximadamente 217 personas, una cifra notablemente superior a la proporcionada por HRANA. Según detalló el medio de EEUU, el recuento corresponde esencialmente a víctimas fatales entre los manifestantes en los enfrentamientos registrados en diversas localidades durante la última semana.

En el contexto de crisis, la Cámara de Comercio de Teherán difundió un comunicado dirigido a mitigar el temor a un posible desabastecimiento generalizado. Según informó la agencia Tasnim, la Cámara declaró que a partir del domingo se pondrá en marcha una “distribución generalizada de combustible” en el mercado. En el mensaje, reproducido a través de su cuenta en la red social X, la Cámara aseguró: “Hemos tenido escasez durante un tiempo pero estamos a punto de resolverla. Las necesidades de las personas están adecuadamente satisfechas y hay bienes de sobra en el mercado”.

Mientras la tensión se mantiene en diferentes ciudades, el gobierno centra su mensaje en denunciar una supuesta injerencia extranjera como factor desencadenante del caos observado en las calles. El Ejército y otras instituciones recalcan el llamado a que la sociedad permanezca unida y alerta ante lo que presentan como tactics externas contra la estabilidad nacional, detalló Tasnim. Por su parte, organizaciones independientes de derechos humanos y medios internacionales informan sobre el volumen de víctimas mortales y la cifra de personas detenidas, frente a una situación política y social que sigue siendo motivo de atención tanto dentro como fuera del país.

El incendio provocado en la mezquita Al Zahra, situada en la provincia de Kermán, se suma al clima de tensión y violencia que vive Irán desde hace varios días, según reportó la agencia semioficial Tasnim. Este suceso se conoce en un contexto donde tanto organizaciones humanitarias como autoridades oficiales informan sobre diversas cifras de víctimas y detenidos tras las recientes manifestaciones que se extienden por el país. La noticia central, de acuerdo con los reportes de HRANA, una organización de derechos humanos con sede en Estados Unidos, advierte que el número de fallecidos y personas arrestadas aumenta de manera significativa desde el inicio de las protestas el 28 de diciembre.

El Ejército iraní, a través de un comunicado difundido por Tasnim, declaró que tiene la intención de llegar “hasta el final” en defensa de lo que considera los intereses nacionales, al acusar a Estados Unidos, Israel, y grupos opositores de fomentar una conspiración que habría transformado las protestas económicas iniciales en un movimiento de disturbios a nivel nacional. El texto militar pide a la población mantener la vigilancia y la inteligencia nacionales a fin de frustrar “los complots del enemigo” y conservar la unidad interna.

En el comunicado recogido por Tasnim, el Ejército sostiene que “El enemigo, con otra conspiración, apoyada por el régimen sionista criminal y asesino de niños, y grupos terroristas y hostiles, busca perturbar el orden y la paz de las ciudades y la seguridad pública del país”. Además, hace un llamamiento a la ciudadanía para preservar la cohesión, subrayando la importancia de la unidad nacional ante lo que describen como injerencia extranjera.

La agencia Tasnim también confirmó la muerte de dos efectivos de seguridad en la ciudad de Shushtar, en el suroeste del país, así como el fallecimiento del activista progubernamental Farajolá Shushtari, hijo del general Nur Ali Shushtari de la Guardia Revolucionaria, quien murió previamente en 2009 durante un atentado suicida atribuido al Movimiento de Resistencia Popular de Irán, de carácter separatista baloche. Estas muertes han sido vinculadas a los disturbios actuales, evidenciando el aumento de la tensión y la violencia en varias regiones.

Sobre el saldo de víctimas, HRANA estima al menos 65 fallecidos y 2.311 personas arrestadas desde el comienzo de las protestas, detalla Tasnim. El inicio de las movilizaciones se remonta a finales de diciembre, cuando comerciantes de Teherán impulsaron manifestaciones motivadas por la crisis monetaria y el deterioro de las condiciones de vida. Conforme las protestas se expandieron más allá de la capital y hacia otras provincias, las víctimas se incrementaron considerablemente. De acuerdo con el análisis de Activistas de Derechos Humanos, al menos treinta y ocho de los fallecidos se concentran en las provincias de Chaharmahal y Bajtiari, Ilam, Kermanshah y Fars, localizadas en el centro y oeste de Irán.

A pesar de la cifra oficial de HRANA, fuentes médicas citadas por la revista estadounidense Time elevan notablemente el recuento de manifestantes fallecidos, situándolo en torno a los 217, aunque no han sido verificadas por otras fuentes independientes ni oficiales. No existen cifras exactas proporcionadas por el gobierno iraní sobre el total de víctimas mortales o personas detenidas, lo que ha dificultado corroborar de modo fehaciente la magnitud del conflicto.

En paralelo a los enfrentamientos y disturbios, la economía iraní experimenta una crisis marcada por la escasez de recursos básicos. De acuerdo con lo publicado por Tasnim, la Cámara de Comercio de Teherán emitió un comunicado llamando a la calma, anunciando que el próximo domingo implementarán una operación de distribución masiva de combustible para hacer frente a la reciente escasez en el mercado interno. Según detalló la Cámara, “Hemos tenido escasez durante un tiempo pero estamos a punto de resolverla”, añadiendo que las necesidades básicas de la población estarían cubiertas y existirían suficientes bienes en circulación. Esta iniciativa intenta amortiguar el impacto de la crisis y reducir la presión que enfrentan los ciudadanos a raíz de los problemas de abastecimiento.

El contexto de estas medidas económicas se da mientras las autoridades buscan estabilizar la situación interna y restablecer el orden público. Según reiteró el Ejército a través de los canales oficiales y recogido por la agencia Tasnim, el gobierno culpa a la injerencia exterior por la escalada de violencia y afirma que la prioridad es proteger la seguridad nacional. A su vez, HRANA y distintos grupos humanitarios continúan alertando sobre el riesgo de nuevas detenciones y víctimas, al tiempo que las protestas se mantienen activas en diversas localidades.

En el panorama político y social, las autoridades defienden una postura de firmeza frente a lo que consideran desestabilización impulsada desde el extranjero, mientras la sociedad civil y organizaciones internacionales demandan información precisa, garantías para los derechos humanos y soluciones a la crisis social y económica. Según la información recopilada hasta ahora por medios como Tasnim y por HRANA, la situación sigue desarrollándose y no existen indicios claros de una pronta resolución.

Tras tomar juramento el pasado 8 de noviembre, la primera medida fuerte de Paz fue el decreto 5503 que, entre otras disposiciones, retiró el subsidio a los combustibles que rigió desde hace más de 20 años y que, según las nuevas autoridades, ya era insostenible porque suponía un fuerte gasto y dio lugar a actos de corrupción.

El decreto, emitido el 17 de diciembre, estableció precios de 6,96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, entre otros, lo que supone incrementos de 86 % y del 162 % respecto a los costes subvencionados de estos combustibles.

La norma es resistida por sindicatos y sectores que fueron aliados políticos de los Gobiernos izquierdistas de los expresidentes Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), como la Central Obrera Boliviana (COB), las federaciones de mineros, maestros, fabriles y campesinos.

Estos sectores realizan protestas callejeras en La Paz desde el pasado 22 de diciembre y el fin de semana marcharon desde el altiplano hasta esa ciudad, sede del Gobierno y el Legislativo, para exigir al Gobierno la abrogación del decreto 5503.

La COB también instruyó el bloqueo de vías desde el martes, medida que sobre todo afecta al departamento de La Paz y es acatada por campesinos y maestros de áreas rurales.

También hay rutas cortadas en las regiones de Oruro, Potosí, Beni y Santa Cruz, según el reporte de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Esta jornada, campesinos y cocaleros leales al expresidente Morales se unieron a las protestas con bloqueos en la región central de Cochabamba, donde incluso usaron explosivos en un cerro para hacer caer piedras sobre la carretera cerca de la localidad de Parotani.

En La Paz, los sindicatos de maestros se repartieron en distintos sectores para hacer bloqueos callejeros e impedir el paso hacia la ciudad vecina de El Alto, mientras que otro grupo marchó por el centro histórico de la sede del Gobierno.

Los sindicatos también cuestionan el decreto porque consideran que abre la posibilidad de la venta de los recursos naturales y las empresas estatales de Bolivia a capitales extranjeros, algo que el Gobierno negó.

En la tarde se prevé que el Gobierno y los dirigentes de la COB reanuden un diálogo iniciado en la víspera y que, según dijo el miércoles el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, se realizó en un "muy buen ambiente" y dejó una posibilidad de "preacuerdo".

Mientras que el máximo dirigente de la COB, el minero Mario Argollo, indicó que debe informar a los sindicatos sobre los avances del diálogo para retornar a la negociación en esta jornada.

La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, dijo a los medios que se prevé hacer "modificaciones en forma" de 35 artículos del decreto y que se mantendrá el retiro de la subvención.

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) calcula que se pierden 60 millones de dólares por cada día de bloqueo de carreteras, ante lo cual Barrientos manifestó que los sectores movilizados "tienen todo el derecho de protestar", pero no de "violentar" ni de "bloquear el trabajo de otros bolivianos".

Las protestas también son respaldadas por el vicepresidente del país, el expolicía Edmand Lara, quien mantiene una relación tensa con Paz y en diciembre se declaró en "oposición constructiva".

El jefe del poder judicial de Irán, Gholamhosein Mohsein Ejei, recalcó este lunes que ninguna de las personas involucradas en los recientes disturbios podrá argumentar desconocimiento de las consecuencias de sus actos, en relación con las protestas por la crisis económica que atraviesa el país. Ejei subrayó que el sistema judicial actuará sin tolerancia frente a quienes participen en alteraciones del orden, y afirmó que la implicación extranjera, especialmente de Estados Unidos e Israel, se encuentra detrás de las recientes movilizaciones. Según detalló la agencia Mizan Online, vinculada al aparato judicial iraní, el funcionario ordenó intervenir con decisión y dentro del marco de la ley, descartando cualquier posibilidad de indulgencia oficial hacia los implicados.

El medio Mizan Online difundió las palabras de Ejei, quien señaló: “No hay espacio para ninguna clemencia para los responsables de disturbios y aquellos que quieran participar en estos disturbios”. El funcionario explicó que las autoridades judiciales han escuchado las preocupaciones y críticas de los ciudadanos que reclaman mejoras en la calidad de vida y el bienestar social y económico, pero puntualizó que se aplicarán medidas contundentes contra quienes, aprovechando este contexto, busquen generar caos y comprometer la seguridad del país. Esta postura coincide con jornadas de protestas motivadas por la disminución del poder adquisitivo de la población, marcadas por el reporte de al menos quince personas fallecidas, según varias organizaciones no gubernamentales.

Al mismo tiempo, Ejei ordenó a la Fiscalía que, sin apartarse de los procedimientos legales, actúe contra aquellos que participen en disturbios y contra quienes les proporcionen recursos o equipamiento. Destacó que “actuaremos de forma decisiva y en línea con la ley contra los elementos que quieren explotar este espacio, crear el caos y alterar la seguridad del país y de la población”, de acuerdo con las declaraciones recogidas por Mizan Online. La instrucción se extiende tanto a quienes intervienen en las movilizaciones como a los que facilitan la logística para su realización.

En el contexto de estas declaraciones, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, acusó a Israel de intentar provocar fracturas en la sociedad iraní. De acuerdo con las afirmaciones publicadas por diferentes medios, Baqaei atribuyó a Israel y a “funcionarios radicales” estadounidenses la promoción de la violencia, el terrorismo y el asesinato en suelo iraní. Estas acusaciones se producen mientras Washington y Tel Aviv mantienen sus críticas por el programa nuclear iraní, sumándose a las acciones recientes como los bombardeos de junio, que según detallan diversas fuentes mencionadas por Mizan Online, dejaron cerca de mil muertos en el país.

En este escenario, la crisis económica juega un papel central en la efervescencia social. El deterioro del nivel adquisitivo de millones de personas en Irán figura como uno de los principales detonantes de la oleada de protestas, fenómeno que se ha visto agravado por las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Estas medidas restrictivas se enmarcan en la presión internacional ejercida sobre Teherán por su programa nuclear, y han impactado de manera directa en la vida cotidiana de la sociedad iraní, generando un escenario de creciente malestar.

Mizan Online puntualizó que la respuesta oficial incluye el reconocimiento de algunas de las preocupaciones expresadas por manifestantes y críticos, pero sin abrir la puerta a tolerar desórdenes y acciones que pongan en peligro la estabilidad nacional. Ejei aclaró en sus declaraciones que el Estado distinguirá entre quienes buscan expresar demandas legítimas y quienes introducen violencia en el marco de las protestas. La línea oficial insiste en que las manifestaciones permitidas permanecen dentro de la legalidad, mientras las acciones violentas y el sabotaje no hallarán ningún tipo de capacidad de maniobra frente a la justicia del país.

La reacción del gobierno iraní cobra relevancia a la luz de la magnitud que han tomado las manifestaciones. La cifra de al menos quince fallecidos, reportada por organizaciones no gubernamentales y recogida por la prensa internacional, refleja la gravedad del escenario en regiones diversas de Irán. Según lo recogido por medios como Mizan Online, esta situación ha llevado al aparato judicial y otras instituciones del Estado a endurecer la retórica e incrementar la vigilancia sobre la sociedad civil, en particular en torno a la supuesta influencia de actores externos.

En suma, las autoridades iraníes reiteran que la actual coyuntura no permitirá desviaciones respecto al orden público. La instrucción sigue siendo firme: actuar con rigor frente a cualquier alteración y no contemplar ningún tipo de indulgencia hacia quienes participen en disturbios, reforzando la tesis gubernamental de que potencias extranjeras desempeñan un papel decisivo en la agitación interna, mientras las consecuencias económicas contribuyen a profundizar las tensiones entre el Estado y parte de la población.

La Procuraduría General de la Nación activó el poder preferente para revisar investigaciones sobre acoso sexual en materia laboral, después de que se reportaran disturbios recientes en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid de Medellín.

Según el Ministerio Público, los disturbios estarían originados por el manejo de procesos disciplinarios relacionados con conductas de contenido sexual.

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“La Procuraduría General de la Nación ejercerá el poder preferente para la atención de casos de acoso sexual en materia laboral, tras los disturbios presentados en días pasados en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid de Medellín, que presuntamente habrían sido generados por el manejo de procesos disciplinarios relacionados con temas de contenido sexual”, señaló el Ministerio Público.

El comunicado oficial indicó que el jefe del Ministerio Público tomó la decisión de asumir el trámite de estos casos y verificar posibles inconsistencias en los procedimientos internos de la institución educativa.

La Procuraduría solicitó información al Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid sobre los expedientes existentes y la etapa procesal en que se encuentran.

“El jefe del Ministerio Público ejerció el poder preferente para tramitar este caso de manera prioritaria y revisar posibles inconsistencias en el manejo de procesos de acoso sexual en materia laboral, en la institución educativa pública”, señaló la Procuraduría.

Según la información entregada, actualmente la institución adelanta un proceso disciplinario por acoso sexual en el ámbito laboral y ya se dictó fallo de primera instancia. La autoridad nacional enfatizó que la investigación seguirá bajo vigilancia preferente, conforme a la Circular 06 de 2025 expedida por la entidad.

“La Procuraduría solicitó información al Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid sobre la existencia de actuaciones disciplinarias en etapa de juzgamiento, confirmando que actualmente la institución de educación superior tramita un proceso que cumple los lineamientos y sobre el cual se profirió un fallo de primera instancia”, puntualizó el Ministerio Público.

Condena por acoso sexual en Colombia

En Colombia, las condenas por acoso sexual cuentan con un marco jurídico específico que establece sanciones penales y administrativas para quienes sean hallados culpables por este delito.

La Ley 2365 de 2024 define el acoso sexual como cualquier acto de persecución, hostigamiento o asedio de connotación sexual en contextos laborales o educativos, y dispone una serie de medidas para su prevención y sanción.

El acoso sexual está tipificado como delito en el Código Penal colombiano, y puede conllevar penas privativas de la libertad, así como inhabilidades para ocupar determinados cargos.

De acuerdo con la Ley 2365 de 2024, las personas condenadas por acoso sexual pueden enfrentar penas de prisión que oscilan entre uno y tres años, según la gravedad y circunstancias del caso.

Además, el fallo condenatorio puede incluir multas económicas y la obligación de participar en programas de tratamiento o sensibilización sobre violencia sexual. La legislación colombiana prevé también medidas de protección para las víctimas, que pueden solicitar el traslado del agresor, el cambio de funciones o la suspensión del vínculo laboral o académico.

La Ley 2375 de 2024 introduce una sanción adicional para quienes hayan sido condenados por delitos sexuales contra menores de edad: la imposibilidad de desempeñar cargos, oficios o profesiones que impliquen contacto directo y habitual con menores. Esta restricción se aplica de manera indefinida y busca impedir que personas condenadas por delitos sexuales puedan reincidir en espacios donde existen poblaciones vulnerables.

Las normas establecen que las instituciones educativas y los empleadores deben adoptar protocolos claros para la atención de denuncias de acoso sexual y garantizar la protección de las víctimas.

Las entidades que incumplan con estas obligaciones pueden ser objeto de sanciones administrativas, incluidas multas y la suspensión de actividades.

Las condenas por acoso sexual, además del impacto penal, pueden acarrear consecuencias civiles y disciplinarias, como la destitución de cargos públicos o la terminación de contratos laborales.

La información sobre condenas y sanciones por acoso sexual en Colombia se encuentra detallada en los textos oficiales de la Ley 2365 de 2024 y la Ley 2375 de 2024, disponibles en el portal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

El despliegue de numerosos equipos policiales en la calle Rigaer y áreas circundantes de Berlín la noche del 13 de diciembre respondió a una estrategia de vigilancia extendida, justificada por la alta fragmentación y el anonimato asumido por los participantes de una manifestación antipolicial. Según Europa Press, este escenario llevó a la realización de detenciones colectivas y a la disolución inmediata de la protesta tras episodios de violencia, marcando un operativo caracterizado por la ausencia de interlocutores claros y la imposibilidad de cooperación efectiva entre los manifestantes y las autoridades.

Europa Press informó que la protesta congregó a aproximadamente mil personas, quienes recurrieron al uso de mascarillas y adoptaron una conducta reservada. Este comportamiento limitó la capacidad de los agentes de aplicar detenciones selectivas y obligó a las fuerzas policiales a rediseñar sus tácticas, priorizando intervenciones masivas. El medio reportó que tras el operativo inicial se contabilizó la detención de al menos 18 personas.

Desde el inicio de la jornada, la policía berlinesa advirtió sobre el riesgo de disturbios e instó reiteradamente al mantenimiento de la calma. A pesar de estas advertencias, después de las 20:00 horas se registraron los principales episodios de violencia, con lanzamientos de objetos, botellas y material pirotécnico contra las fuerzas de seguridad, situación que elevó el nivel de riesgo para asistentes y uniformados, señaló Europa Press.

En respuesta al incremento del enfrentamiento, la policía activó protocolos de refuerzo y aumentó la escala de su intervención. Hacia las 22:30 horas se ordenó la disolución de la concentración, extendiéndose el desalojo a calles adyacentes, donde la presencia policial se mantuvo durante varias horas. Europa Press detalló que el objetivo era dificultar la reformulación de protestas e impedir la aparición de nuevos focos de concentración en inmediaciones sensibles.

La falta de liderazgo visible entre los manifestantes, junto al hermetismo y la dificultad para identificar a organizadores, condujo a las autoridades a dar prioridad a la protección del espacio público y a la integridad de presentes, en detrimento del señalamiento individual de infractores. En palabras del portavoz policial Martin Halweg, recogidas por Europa Press, "la imposibilidad de identificar a los responsables dificultó la restauración del orden mediante métodos convencionales", lo que requirió una adaptación de los protocolos habituales para resguardar la seguridad tanto de participantes como de agentes.

Europa Press recordó que Berlín cuenta con un amplia historial de protestas de tipo antipolicial, lo que ha promovido a lo largo de los años la modernización de dispositivos de vigilancia y la elaboración de estrategias para limitar el impacto de este tipo de movilizaciones en el entorno urbano. El medio matizó que experiencias previas de disturbios prolongados y con amplia repercusión en la vida social han condicionado el diseño de los actuales procedimientos de contención y dispersión.

Intentos previos de mediación y diálogo entre autoridades y representantes sociales no evitaron los incidentes durante la manifestación del día 13, subrayó Europa Press. La policía tomó la decisión de proceder con la disolución expedita para evitar que los enfrentamientos se propagaran a otros barrios y garantizar el mínimo impacto en la vida cotidiana de la ciudad.

Después del desalojo, la vigilancia policial permaneció activa durante la madrugada con la finalidad de prevenir la formación espontánea de nuevas concentraciones y restringir la posibilidad de reagrupamiento. Según Europa Press, este tipo de dispositivo busca frenar el "efecto contagio" en otras zonas de la capital alemana, dificultando la extensión de estas protestas.

El saldo de 18 detenidos correspondió a una actuación integrada enfocada en responder a la naturaleza fragmentada y descentralizada de la movilización. Europa Press explicó que la imposibilidad de individualizar responsables propició una combinación de intervenciones coercitivas y medidas dirigidas a preservar la convivencia en el espacio público.

El medio puntualizó que el operativo policial ejecutado en la calle Rigaer la noche del 13 de diciembre refuerza la tendencia a la adaptación táctica de las fuerzas de seguridad ante movilizaciones marcadas por el anonimato, la ausencia de liderazgo claro y la imprevisibilidad de los convocados. En este contexto, la estrategia vigente privilegia intervenciones rápidas y mecanismos preventivos, alejándose de soluciones centradas exclusivamente en la sanción individual y priorizando la eficiencia en la contención y disuasión de disturbios recurrentes en la capital alemana.

Varios asistentes expresaron malestar después del homenaje a Lionel Messi en Calcuta, enfocados en la corta duración de su participación durante el evento realizado en el estadio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan. El episodio provocó una serie de disturbios cuando la multitud, frustrada por la breve presencia del futbolista, recurrió a lanzar objetos y destruir parte de las instalaciones, lo que requirió la intervención inmediata de la policía. Según publicó la agencia EFE, el homenaje, que incluía la inauguración de una estatua de más de 20 metros dedicada al exjugador del FC Barcelona, atrajo a miles de fanáticos y derivó en escenas de caos tras el retiro prematuro de Messi del terreno de juego.

De acuerdo con EFE, el evento contó también con la asistencia de figuras como Luis Suárez y Rodrigo de Paul, quienes acompañaron a Messi en una jornada que generó grandes expectativas entre los aficionados locales. Varios reportes señalaron que muchos asistentes habían pagado altos precios por sus entradas, situación que aumentó el descontento cuando las estrellas permanecieron apenas veinte minutos en el campo. Poco después, algunos hinchas comenzaron a romper asientos y arrojarlos hacia la cancha, desencadenando la reacción policial para restablecer el orden. La agencia EFE detalló que la violencia se intensificó tras la salida de Messi, lo que obligó a las fuerzas de seguridad a cerrar prematuramente la actividad y dispersar a los implicados.

La Federación de Fútbol de la India (AIFF) se pronunció tras los hechos, indicando en un comunicado su preocupación ante los disturbios acontecidos. “La Federación de Fútbol de la India está profundamente preocupada por los sucesos acaecidos en el Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, donde miles de aficionados se reunieron para ver a las estrellas mundiales del fútbol Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo de Paul", expresó la entidad en el texto divulgado y citado por EFE. En dicha declaración, la federación puntualizó que no participó en ningún aspecto de la organización, planificación o ejecución del evento, y dejó claro que el homenaje fue promovido por una agencia de relaciones públicas externa, según consignó la agencia EFE.

La AIFF explicó que los organizadores no solicitaron autorización formal ni notificaron con antelación a las autoridades del organismo sobre la actividad. El comunicado enfatizó la importancia de mantener la seguridad durante este tipo de eventos y pidió colaboración a todos los asistentes para conservar el orden. Entre las exhortaciones incluidas en la nota oficial se destaca que “la seguridad de todas las personas implicadas debe seguir siendo la máxima prioridad”.

El evento, de carácter privado, tenía como principal atractivo la inauguración de una estatua de Messi ubicada en las inmediaciones del estadio, la cual mide más de 20 metros y busca homenajear la trayectoria del futbolista. De acuerdo con la información presentada por EFE, el lugar elegido guarda un valor especial para Messi, ya que allí disputó en 2011 un amistoso representando a la selección argentina frente a Venezuela.

El desarrollo de los disturbios puso en discusión la forma en que se gestionan los actos multitudinarios en la ciudad y la capacidad de las agencias privadas para coordinar con las autoridades deportivas. Tras los incidentes, la Federación de Fútbol de la India remarcó en reiteradas ocasiones que no tuvo conocimiento previo de los detalles del evento ni participó de su organización, y subrayó su disposición para cooperar en futuras actividades que impliquen altas concentraciones de público.

La prensa local, citada por la agencia EFE, destacó el impacto emocional que provocó en los fanáticos la corta interacción con las figuras internacionales, especialmente con Lionel Messi. Muchos presentes hicieron notar su frustración cuando los jugadores se retiraron, lo que desembocó en comportamientos violentos y daños materiales en el recinto deportivo.

El despliegue policial fue clave para frenar la escalada de incidentes y garantizar la seguridad tanto de los participantes como de los espectadores. Según informó EFE, las fuerzas de seguridad actuaron para desalojar a los sectores más conflictivos del estadio y evitar daños mayores, dando por terminada la actividad antes de lo previsto.

En medio de los cuestionamientos sobre la gestión organizativa, tanto la agencia responsable del evento como las autoridades deportivas han quedado bajo observación pública. La Federación de Fútbol de la India insistió en su compromiso con la protección y el bienestar de los asistentes en futuros espectáculos y reiteró la necesidad de coordinación y comunicación por parte de los organizadores privados.

El homenaje a Messi, según los reportes originales de EFE, pretendía convertirse en un acto significativo para los seguidores del fútbol en Calcuta y dejó como legado una estatua de gran tamaño que podría convertirse en nuevo punto de referencia para la ciudad. Sin embargo, los disturbios que se produjeron resaltaron las dificultades y desafíos que enfrentan los organizadores de este tipo de eventos, tanto en la gestión del público como en la prevención de incidentes que pongan en riesgo la integridad de los asistentes y la imagen de las figuras homenajeadas.

El concejal de Bogotá Rubén Torrado se pronunció en sus redes sociales, luego de los disturbios recientes que ocurrieron en el portal de El Dorado por cuenta de los usuarios de Transmilenio, donde se registraron agresiones físicas y daños a la infraestructura de los buses en la noche anterior.

El concejal Torrado hizo un llamado tanto a las autoridades como a la ciudadanía.

“A puños y dañando buses no se puede resolver el mal servicio que presta Transmilenio en algunos portales”, señaló Torrado a través de sus redes sociales. Dijo que tales acciones deben ser rechazadas por completo.

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En su mensaje, recalcó que tanto el personal que opera el sistema como los conductores merecen respeto durante el desarrollo de sus funciones y destacó la importancia de preservar los buses, considerándolos un bien de uso público.

Al mismo tiempo, comentó la necesidad de que los usuarios sean atendidos de manera eficiente y puntual: “los usuarios tienen el derecho de que los alimentadores lleguen a tiempo, que no se demoren más de 1 hora”.

El concejal pidió a la gerente de Transmilenio, Mafer Orozco, investigar la situación que afecta la operación de los alimentadores en el Portal El Dorado y exhortó a los ciudadanos a actuar con mayor tolerancia.

Torrado manifestó su solidaridad con los trabajadores del sistema masivo que fueron víctimas de agresiones, mencionando especialmente el caso de un conductor que, según información preliminar, fue atacado con gas: “toda mi solidaridad con el personal de Transmilenio agredido y con un conductor, a quien, al parecer, le rociaron un gas; pronta recuperación”.

Joven fue golpeado en el Portal de Usme por usar una camiseta de Millonarios

La agresión sufrida por un joven en el Portal de Usme del sistema Transmilenio de Bogotá, tras portar una camiseta de Millonarios, fue reportada en las horas de la tarde del miércoles 10 de diciembre de 2025.

El ataque, que involucró a al menos ocho personas, entre ellas varias mujeres y un menor de edad, presuntamente hinchas de Santa Fe, dejó a la víctima inconsciente durante varios minutos y generó preocupación por la respuesta de las autoridades, ya que solo uno de los implicados fue detenido y posteriormente liberado, según informó el medio Citytv.

La intervención de una celadora del portal y de una patrullera de la Policía resultó decisiva para la detención inicial de uno de los agresores. Un testigo relató al medio que la celadora alertó a los funcionarios en la plataforma, quienes, al percatarse de la situación, impidieron que los atacantes descendieran del Transmilenio hasta la llegada de la patrulla.

El testigo detalló: “Una celadora del portal—gracias a Dios se dio cuenta— lo que hizo ella fue avisarles a los que estaban en la plataforma y había una patrullera. Ellos se dieron cuenta y los tipos se habían subido al Transmilenio y lo que hicieron fue detener el Transmilenio (...) no los dejaron bajar hasta que llegó la patrulla y se llevó a la persona que le ocasionó el golpe”.

El hecho ocurrió cerca de las dieciséis horas del once de diciembre de 2025, en presencia de adultos mayores y menores, lo que incrementó la alarma entre los usuarios del sistema. De acuerdo con el testimonio de la víctima recogido por Citytv, uno de los agresores portaba un cuchillo, lo que aumentó el nivel de violencia y riesgo durante el ataque. La víctima, aún conmocionada, solicitó a las autoridades que capturen a todos los responsables para evitar que situaciones similares se repitan en el sistema de transporte público de Bogotá

El joven agredido reconoció que llevaba puesta una camiseta de Millonarios y atribuyó la violencia a la rivalidad entre hinchadas. En su declaración expresó: “Era porque yo tenía la camiseta de Millonarios y ellos eran hinchas de Santa Fe (...) en estos tiempos debemos ser tolerantes y poder salir usted con la camiseta de su equipo sea el que sea, sin que eso le vaya a generar, no sé, que le quiten la vida”.

Los hechos violentos desataron una fuerte afectación en la movilidad y la normalidad comercial del sector, obligando a la fuerza pública a usar gases lacrimógenos para restablecer el orden, según reportes difundidos a través de videos y transmisiones por redes sociales.

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De acuerdo con la Alcaldía de Santiago de Cali, la operación ordenada por la Fiscalía General de la Nación derivó en alteraciones del orden público que fueron atendidas por unidades del Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) de la Policía Metropolitana de Cali.

“Los desórdenes registrados no involucran a los gremios de comerciantes ni a los vendedores informales con los que se ha venido trabajando para organizar y desarrollar la actividad económica de ese sector de Cali de forma armoniosa y productiva durante la temporada de fin de año. La alcaldía informará oportunamente sobre los resultados de las acciones adelantadas para devolver plena tranquilidad al sector”, comunicó la entidad.

La Policía Metropolitana de Cali confirmó que fue el CTI el que inició los operativos. Sin embargo, vendedores de la zona se habrían opuesto, situación que escaló alrededor de las 6:30 p. m. con los primeros disturbios. El CTI solicitó refuerzos policiales y, por más de una hora, se vivieron enfrentamientos abiertos entre civiles y uniformados.

Videos y testimonios de usuarios en redes sociales dan cuenta de manifestantes —algunos de ellos encapuchados— encendiendo fuego a objetos y lanzando piedras, mientras los escuadrones de la Undmo intentaban disolver las protestas con gases lacrimógenos. Durante estos hechos, personas compradoras y vendedores tuvieron que abandonar el área, varios locales comerciales cerraron y las calles presentaban escenas de basura, piedras y zapatos desparramados.

La congestión vehicular alcanzó las zonas entre la carrera 13 y 15 y entre las calles sexta, séptima y octava, dificultando la salida de los que trataban de abandonar el sector. Hasta la redacción de esta nota, no se conocen reportes sobre personas heridas o capturadas, y las autoridades siguen evaluando la situación.

Policía de Cali frustró intento de robo en banco de Villacolombia y captura a dos presuntos responsables

En la mañana del martes 25 de noviembre, la Policía Metropolitana de Santiago de Cali frustró un intento de robo en una entidad financiera situada en el barrio Villacolombia, donde dos presuntos responsables fueron capturados tras un enfrentamiento armado con uniformados que patrullaban la zona.

Según información oficial, los agentes realizaban labores de prevención cuando detectaron movimientos sospechosos en las inmediaciones del banco. Al notar la presencia policial, los dos hombres intentaron huir y dispararon contra la patrulla. La reacción de los policías permitió interceptar a los sospechosos a pocos metros del sitio y evitar su fuga.

El brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, detalló: “Las patrullas que teníamos en la calle se registra la captura de dos delincuentes, la incautación de dos armas de fuego. Momentos antes habían cometido la conducta delictiva de hurto calificado y agravado. A través del plan candado y el circuito cerrado de televisión logramos evitar que esos delincuentes se salieran con la suya. En lo que va corrido de la vigencia 2025 hemos logrado la captura de más de mil doscientos noventa delincuentes con el delito de hurto calificado y agravado”.

Durante el operativo se incautaron un revólver con seis cartuchos, un arma traumática y aproximadamente $12.000.000 en efectivo, suma que habría sido sustraída en el intento de robo. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que continuará con el proceso judicial.

Naciones Unidas ha afirmado este lunes que la sentencia dictada contra la ex primera ministra bangladeshí Sheij Hasina por la muerte de 1.400 personas durante las manifestaciones antigubernamentales entre julio y agosto de 2024 supone “un momento importante para las víctimas”, si bien ha criticado que el tribunal haya dictado la pena de muerte contra ella por este caso.

La portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, ha indicado que la sentencia del Tribunal para Crímenes Internacionales contra Hasina y el exministro del Interior Asaduzaman Jan Kamal por crímenes contra la humanidad “es un momento importante para las víctimas de las graves violaciones durante la represión de las protestas del año pasado”.

“Lamentamos la imposición de la pena de muerte, a la que nos oponemos en todas las circunstancias”, ha sostenido, antes de resaltar que la oficina ha pedido en varias ocasiones que los acusados “rindan cuentas en línea con los estándares internacionales” y que “las víctimas tengan acceso a medidas efectivas de remedio y reparación”.

“Si bien no estuvimos presentes en el desarrollo de este juicio, hemos defendido sistemáticamente que todos los procesos de rendición de cuentas, en especial los relacionados con crímenes internacionales, cumplan sin excepción con las normas internacionales de debido proceso y juicio justo”, ha recalcado.

Así, ha manifestado que “esto es particularmente importante cuando, como en este caso, los juicios se han celebrado en ausencia del acusado y han derivado en una condena a muerte”, al tiempo que ha afirmado que el jefe de la oficina, Volker Turk, “espera que Bangladesh avance en un proceso exhaustivo de verdad, reparación y justicia como camino hacia una reconciliación y sanación nacional”.

“Esto debe incluir una reforma significativa y transformadora del aparato de seguridad, en respeto de las normas internacionales, para garantizar que estas violaciones y abusos no se repitan jamás”, ha señalado Shamdasani, quien ha expresado la disponibilidad de la oficina para apoyar a Bangladesh en estos esfuerzos y ha hecho un llamamiento a la “calma” y la “contención” tras las sentencias.

El veredicto fue dictado por el juez Golam Mortuza Mozumder ante una sala repleta, mientras se transmitía en directo por la televisión nacional, y precede a las primeras elecciones previstas desde su destitución, programadas para febrero de 2026. Entre los elementos clave de la noticia figuran la gravedad de los cargos, el contexto político caótico actual y las repercusiones sociales inmediatas en el país surasiático de 170 millones de habitantes.

Tras las condenas, el Gobierno de Bangladesh ha reclamado nuevamente a India este lunes la extradición de Hasina, huida al país vecino ante la creciente presión y las críticas a su gestión por la dura represión de las manifestaciones, que finalmente provocaron su caída, tras quince años de mandato.

Hasina, para quien la Fiscalía había reclamado la pena de muerte por este caso, ya fue condenada a principios de julio a seis meses de cárcel por desacato tras ser imputada por crímenes contra la humanidad al ordenar la represión de las protestas, convocadas contra un polémico sistema de cuotas que reservaba más de la mitad de los puestos públicos a familiares de veteranos de guerra.

(con información de EP)

De acuerdo con lo revelado por La FM, el ataque, en el que habría participado un grupo de al menos 30 encapuchados, habría sido coordinado previamente y con expectativas más violentas.

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Las autoridades habrían recibido las alertas sobre una preparación que incluyó vigilancia de los accesos y posible uso de artefactos explosivos, con el objetivo de causar daños de mayor gravedad a las instalaciones diplomáticas.

Así se habría fraguado el plan contra la embajada de EE. UU. en Bogotá

De acuerdo con lo conocido en el informe, varios encapuchados salieron desde la Universidad Nacional hacia la embajada, donde iniciaron enfrentamientos con la unidad antidisturbios de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog).

El informe señala que 10 de ellos se posicionaron cerca de las salidas sobre la calle 26, portando cizallas industriales para intervenir los accesos durante el movimiento del grupo. Se investiga si parte de los involucrados tenían explosivos listos para ser utilizados.

La Secretaría de Seguridad confirmó que al menos cuatro miembros de la Policía resultaron herido por flechas lanzadas por ciudadanos indígenas durante los disturbios. El reporte advirtió que la Policía mantiene vigilancia sobre el perímetro de la embajada con el fin de evitar que los disturbios se convirtieran en un ataque mayor.

Ante estos hechos, la Defensoría del Pueblo regional fue notificada de la situación, aunque su representante permanece en diálogo con los sectores señalados de planear los desmanes.

Según el reporte, la prioridad oficial es “proteger la ciudad y evitar enfrentamientos que puedan ser utilizados como provocación”. El monitoreo policial en la zona universitaria y los alrededores de la embajada continúa de forma permanente para impedir un nuevo escalamiento de los disturbios y garantizar el orden público en la capital.

Esta versión coincide con lo afirmado por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en su más reciente pronunciamiento de los hechos, realizado en la noche del viernes 17 de octubre de 2025, al asegurar que lo ocurrido es evidentemente planeado y premeditado.

“Hoy un grupo de delincuentes, algunos de ellos encapuchados, de manera premeditada, planeada evidentemente, se organizaron para atacar a la Policía en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos con artefactos explosivos, incendiarios, con flechas, con arcos. Rechazamos estos hechos”, comenzó diciendo el mandatario capitalino a través de un video.

Enfatizó en la necesidad que la Fiscalía General de la Nación inicie con una investigación que permita individualizar a los delincuentes que provocaron caos en la ciudad.

“Inmediatamente, le pedí a la Policía Metropolitana que actuara y que por medio de la fuerza controlara la situación con tanquetas y con otras herramientas. Y lo haremos las veces que sea necesario. Rechazamos además el hecho de que cuatro miembros de la policía resultaron heridos en estos hechos. Yo le pido que inmediatamente la Fiscalía General de la Nación investigue a esos grupos y a los miembros de esos grupos que promovieron estos hechos hoy en Bogotá. Esos son hechos violentos que no podemos, por ningún motivo, dejar pasar”, anotó.

Por último, hizo un vehemente llamado al Gobierno nacional a que no continúe negociando con “hombres armados”: “Le pido además al gobierno nacional, le exijo a este Gobierno que está negociando con estos grupos que desarme los grupos con los que está hablando. No puede estar negociando con unos grupos que están armados y están utilizando herramientas como estas para afectar a la población y a la policía. En Bogotá no le vamos a dar cabida a la violencia y las veces que sea necesario vamos a ordenarle a la policía que actúe para proteger los bienes y la integridad de los bogotanos”.

El saldo de cuatro policías heridos de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) marcó la jornada de disturbios que se vivió la tarde del viernes 17 de octubre de 2025, en las inmediaciones de la embajada de Estados Unidos en Bogotá.

Los agentes sufrieron lesiones en el rostro, brazos y piernas durante los enfrentamientos con manifestantes indígenas, algunos de los cuales, encapuchados, recurrieron al uso de flechas, pólvora y artefactos incendiarios, generando una atmósfera cargada de humo y explosiones.

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La Policía Nacional desplegó un operativo para resguardar tanto a los residentes del sector como al personal diplomático, contener la movilización y evitar que la violencia se extendiera, lo que causó congestión en la movilidad de la capital del país.

Los disturbios protagonizados por encapuchados en las instalaciones de la embajada estadounidense generaron reacciones en distintos sectores del país. El expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez utilizó sus redes sociales para rechazar los hechos y enviar un mensaje al Gobierno nacional.

En su opinión, los ataques fueron propiciados por la postura del presidente Gustavo Petro con respecto a Estados Unidos, que impulsa a los colombianos a atacar la sede del país norteamericano.

Según el análisis del líder del Centro Democrático, la principal intención de la actual administración es debilitar las relaciones diplomáticas con el fin de que la nación comandada por Donald Trump vea a Colombia como un enemigo en vez de un aliado.

“Comunidad informa: “Encapuchados atacaron esta tarde la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. La policía reaccionó valientemente y hay algunos heridos sin que se sepa el alcance”. En el pasado declararon a Chávez como el Nuevo Mejor Amigo, y este Gbno quiere volver a los Estados Unidos, el Nuevo Mayor Enemigo”, escribió Uribe Vélez en su cuenta de X.

Así las cosas, el exsenador señaló que el país necesita un líder que recupere la buena relación que mantenía con Estados Unidos.

“Necesitamos un Gbno que de inmediato recupere la mejor relación con los Estados Unidos”(sic), aseveró.

Otras reacciones contra el ataque a la embajada de Estados Unidos en Bogotá

El presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió a los hechos que se registraron a través de su cuenta personal de X, donde informó que había dado la orden de proteger al máximo la Embajada de Estados Unidos en la capital del país. El mandatario confirmó que se registraron agresiones contra la policía y que varios jóvenes resultaron heridos por flechas.

“Ordené el máximo cuidado con la embajada de los EE. UU. en Bogotá. Mal que después de llegar a un acuerdo con el ‘Congreso de los Pueblos’ para levantar los bloqueos, un grupo más radical ha agredido a la policía que cuida la Embajada con varios jóvenes heridos con flechas”, expresó Petro en la red social. Además, subrayó: “La embajada se cuidó como prometí. Colombia cumple los tratados internacionales”.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó su rechazo e informó que instruyó a la fuerza pública para intervenir en las inmediaciones de la sede diplomática. Según sus palabras, “donde unos delincuentes, algunos encapuchados, atacaron la embajada con artefactos incendiarios, explosivos y flechas”.

El mandatario local enfatizó que en la ciudad no se tolerarán expresiones violentas y anunció que denunciará estos actos ante las autoridades judiciales, la Defensoría del Pueblo y la ONU. En una declaración adicional, Galán sostuvo: “Siempre que haya violencia y destrucción, en Bogotá vamos a responder con el uso legítimo de la fuerza”.

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, también se pronunció sobre los ataques, calificándolos como “delitos” y justificando la intervención policial como una medida necesaria para salvaguardar la integridad tanto de los uniformados como de la ciudadanía.

Desde el martes 14 de octubre, distintos puntos de la vía Buga-Buenaventura, han sido obstruidos por manifestantes que demandan el cumplimiento de compromisos pactados previamente con el Gobierno, particularmente en áreas de educación, acceso a vivienda, titulación de tierras y mejoras en condiciones de seguridad.

Según los comunicados y reportes publicados la mañana del jueves 16 de octubre, las interrupciones al tráfico causaron pérdidas millonarias para los sectores económicos afectados, pues el transporte de carga se encuentra limitado en ambos sentidos.

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Esta situación ha disparado la preocupación entre los empresarios y las autoridades del Valle del Cauca, ya que el principal puerto sobre el Pacífico colombiano depende de este corredor para movilizar insumos y productos esenciales hacia el interior del país.

En medio de la contingencia, de acuerdo a W Radio, un policía terminó lesionado con un explosivo artesanal en el rostro en medio de los disturbios.

Según medios locales, en horas de la tarde, algunas personas encapuchadas aparecieron en uno de los puntos de los bloqueos, y de manera indiscriminada, habrían lanzado explosivos artesanales contra la fuerza pública.

El coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante de la Policía del Valle del Cauca, confirmó los hechos en horas de la mañana del 17 de octubre:

“La Policía Nacional informa que durante los bloqueos registrados en la vía Buenaventura – Buga, un uniformado de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) resultó herido y dos más lesionados. La Institución rechaza todo acto de violencia y expresa su solidaridad con los policías afectados y sus familias. Hacemos un llamado al diálogo y a la calma, invitando a los participantes a manifestarse de forma pacífica y a respetar la seguridad y movilidad de quienes no hacen parte de estas jornadas".

Astaiza, en horas de la tarde del 16 de octubre confirmó que ante la situación, se realizó un despliegue de hombre que estará el frente para garantizar la seguridad de los ciudadanos y evitar que se altere el orden público.

“La Policía Nacional se permite informar que desde el día de ayer se vienen presentando bloqueos intermitentes en la vía que de Buga comunica al municipio de Buenaventura, en los sectores La Delfina y Viboral. Motivo por el cual la Policía Nacional ha venido acompañando la manifestación pública desarrollada por las comunidades indígenas y afrodescendientes del sector, garantizando los derechos de las personas. La Administración Municipal de Buenaventura ha iniciado los diálogos para llegar a algún acuerdo que permita restablecer el normal paso de esta vía”.

De acuerdo con el Comité Intergremial de Buenaventura, ya son más de $30.000 millones en afectaciones en todo los temas relacionados con la exportación con un aproximado de 7.000 vehículos de carga que continúan varados en el corredor vial, que tendrían la misión de transportar 150.000 toneladas de alimentos, que dejan afectadas a 15 poblaciones del litoral pacífico.

A través de un comunicado dirigido al Gobierno Nacional, la opinión pública y de manera específica al presidente Gustavo Petro, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y la alcaldesa de Buenaventura, Ligia del Carmen Córdoba, representantes de las comunidades movilizadas expresaron su rechazo a las actuaciones de la Fuerza Pública durante las jornadas de protesta.

En el documento, la funcionaria afirmó que: “Rechazamos categóricamente el trato criminal que la Fuerza Pública le da a la protesta social en general y específicamente en los puntos de bloqueo entre la vía Cali-Buenaventura, donde se ataca a las comunidades con gases y con el uso de armas de fuego”.

Por el momento, diferentes autoridades están solicitando intervención inmediata del las entidades correspondientes, tomar cartas en el asunto para contener mayores afectaciones.

En varios videos que circularon en redes sociales se observa a varios funcionarios de la Alcaldía de Federico ‘Fico’ Gutiérrez agredir a algunos de los manifestantes a favor de Gaza.

Así lo registró el líder juvenil Anderson Castaño, que desde su cuenta de X compartió el video del momento exacto en que inició la confrontación en medio de la marcha el martes 7 de octubre de 2025, que hasta ese momento no había presentado afectaciones de consideración.

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“El actuar paramilitar de funcionarios de la alcaldía de Medellín, atacan a defensores de DD. HH. Necesitamos ayuda urgente en Medellín”, señaló el joven que etiquetó a varios dirigentes, incluido el mismo presidente de la República, Gustavo Petro; el ministro del Interior, Armando Benedetti; y la senadora Isabel Cristina Zuleta (coalición del Pacto Histórico).

Y fue justo la congresista la que se expresó en otro video que compartió la misma noche del martes, día en que se registraron las marchas, en el que pidió una investigación a fondo al alcalde Gutiérrez.

“¿Quién le dijo a Federico Gutiérrez y a Manuel Villa, secretario de Seguridad de la ciudad de Medellín, que pueden suplantar a la fuerza pública con los mal llamados gestores de seguridad?” inició con un tono enérgico la senadora.

Acto seguido Zuleta expresó: “Yo le solicito a las autoridades competentes que judicialicen a esos mal llamados actores de seguridad o a quienes los estén promoviendo porque han ejercido actos vandálicos y de fuerza en contra de la población que se estaba manifestando”.

Frente a todo lo anterior, la senadora lanzó serias acusaciones al explicar que “es evidente, como lo hemos podido ver por todos los videos que están circulando en redes, que aquí quienes son los vándalos son esas personas contratadas por la Alcaldía de Medellín con recursos públicos para atacar a quienes se manifiestan de manera pacífica, a quienes salen en solidaridad con Palestina a decirle al mundo que debe parar el genocidio”.

Frente al papel de estos funcionarios, Zuleta añadió como recado para Gutiérrez y Villa: “Nosotros estamos exigiendo que nadie suplante a la fuerza pública, que se respete la dignidad de quienes ejercen legítimamente la fuerza en unas circunstancias que deben ser probadas, que no puede ser simplemente un capricho de quienes creen que se impone la fuerza desde un escritorio. No, señores, ustedes no tienen esa potestad”.

Isabela Zuleta le dijo a ‘Fico’ Gutiérrez que no se salte la línea de mando

La arremetida de la congresista en contra del alcalde de Medellín y el secretario de Seguridad no quedó ahí. Zuleta siguió y hasta les recordó que hay una línea de mando que no se pueden saltar.

“Ustedes no ven en un CAI (Comando de Atención Inmediata)a nadie que sea un alcalde o un secretario de gobierno cuando entran en la línea de mando. Ustedes no ven esa fotografía, señor alcalde, bájese de esa nube. En esa fotografía, en la línea de mando, está el presidente, el señor ministro de Defensa, los altos generales de la República y respete la fuerza pública. Esos actores que usted está mandando a atropellar a la ciudadanía están violando la ley y deben ser judicializados", agregó la senadora.

Cómo transcurrió la marcha en Medellín: qué dijo el alcalde Federico Gutiérrez y el secretario Manuel Villa Mejía

Tal y como señaló el diario El Colombiano, la marcha congregó a cerca de 300 personas, pero como se reportó, actos vandálicos (pintar fachadas de locales comerciales) por el sector de la avenida El Poblado.

“Hasta el momento transcurría en relativa normalidad la manifestación del día de hoy, pero frente a la existencia de actos de violencia en la avenida de El Poblado, hemos ordenado en el marco del PMU (Puesto de Mando Unificado) la intervención y el uso diferenciado de la fuerza”, explicó el secretario Villa Mejía a través de un mensaje que compartió en su cuenta de X pasadas las 7:20 p. m. del martes 7 de octubre.

Es decir, dieron la orden de que se movilizaran agentes del Undmo (Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, antes conocida como Esmad).

El grupo de marchantes partió desde el Politécnico Jaime Isaza y siguió por la calle 10 hasta la avenida El Poblado, con pancartas y lanzando arengas en contra del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

“Que no se equivoquen quienes creen que en Medellín van a desafiar la autoridad, el orden y la legalidad. Con nuestros gestores de seguridad hemos impedido actos de vandalismo y afectaciones a la integridad y propiedad de las personas. Incluso, en contra de agresiones contra personal de nuestra Secretaría”, siguió en su mensaje el secretario de Seguridad.

Al final, Villa Mejía expresó que “aquí la fuerza pública debe cumplir su deber legal y constitucional de protección de los derechos de quienes no hacen parte de la protesta violenta”.

“Esto no es protesta, es vandalismo. Generan terror y cometen delitos. Quieren incendiar a Colombia. Medellín no lo va a permitir”, cerró el secretario. Esta misma línea fue la que manejó el alcalde Federico Gutiérrez.

“Lo que pasó en Medellín no es protesta pacífica, es intimidación y vandalismo. Los niños estaban con sus familias comiendo y jugando tranquilos, y llegaron a generar miedo, en ese momento intervinimos como autoridad”, dijo “Fico” Gutiérrez esa misma noche en otra publicación por X.

“A Medellín hay que cuidarla, a la gente en Medellín hay que protegerla. Aquí estamos del lado de la gente, algo que Petro no conoce. En medio de las riñas, algunos de nuestros gestores fueron agredidos. La manifestación y protesta siempre tendrán garantías, pero cuando agreden a los ciudadanos, actuamos; esa es la razón de ser de la institucionalidad", argumentó el alcalde a la respuesta de las autoridades que acompañaban el recorrido de los manifestantes.

“En Medellín no toleramos la violencia y el vandalismo disfrazado de ‘buenas intenciones’. Desde el año pasado lo vengo advirtiendo. Petro quiere volver a incendiar a Colombia. Necesitamos que las instituciones preserven el orden y la libertad”, escribió Gutiérrez la mañana siguiente (el miércoles 8 de octubre).

El alcalde no respondió a los señalamiento de Zuleta, y varios cabildantes respaldaron la acción de la congresista por la forma en como el gobierno local reaccionó sobre los ciudadanos.

El grupo de sujetos provocó daños materiales en una reconocida juguetería del sector y ocasionó el cierre temporal de las estaciones Buitrera y Univalle del sistema de transporte MIO, así como de la carrera 100 con calle 13, una de las principales vías de la zona.

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La intervención de las autoridades permitió restablecer completamente la movilidad hacia las 6:00 p. m., aunque el episodio reavivó la preocupación por la seguridad y la convivencia en el entorno universitario, un escenario recurrente de manifestaciones.

Testigos reportaron que la detonación del artefacto se escuchó en la mañana del jueves 2 de octubre, lo que llevó a la Secretaría de Movilidad a implementar cierres preventivos para proteger a conductores y transeúntes.

El comercio afectado, identificado como Pepe ganga, sufrió la rotura de un vidrio tras el impacto del explosivo. Desde la Alcaldía de Cali se confirmó que “todo empezó con un molotov que lanzaron”, mientras que el secretario de Seguridad de la ciudad detalló que “individuos lanzaron un artefacto a un establecimiento de comercio, las autoridades atendieron las afectaciones”.

La presencia de los encapuchados se registró horas antes de una manifestación convocada para exigir la liberación de Manuela Bedoya y Luna Barreto, dos colombianas detenidas en la Flotilla Global Sumud cuando transportaban ayuda humanitaria hacia Palestina. Bedoya, estudiante de la Universidad del Valle, se ha convertido en símbolo de solidaridad para la comunidad universitaria, que ha expresado su preocupación por su integridad y ha solicitado la intervención de organismos internacionales.

La reiteración de hechos violentos en los alrededores de la Universidad del Valle ha generado llamados de atención por parte de concejales y líderes locales. Juan Felipe Murgueitio, concejal de Cali, dijo: “Todos los jueves lo mismo: bloqueos, desorden y caos en Univalle. ¿Hasta cuándo? Alcalde, gobernadora y rector de Univalle: prevengan y actúen, no esperen a que bloqueen. Cali necesita orden, seguridad y movilidad. ¡No más bloqueos!”.

Medidas institucionales y coordinación de seguridad

En respuesta a la problemática, las autoridades del Valle del Cauca y de Cali, junto con directivos de la Universidad del Valle y representantes de la Policía, acordaron la creación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) que funcionará semanalmente.

Esta instancia permitirá coordinar la vigilancia y la reacción ante posibles alteraciones del orden público durante las manifestaciones en el campus y sus alrededores. La gobernadora Dilian Francisca Toro explicó que la medida busca “organizar todas las acciones que se necesitan para que la Universidad del Valle no tenga problemas externamente con el tránsito de personas y vehículos en medio de manifestaciones”. Además, la Policía establecerá puntos estratégicos de control para responder con prontitud a cualquier incidente.

Contexto de protestas

El contexto de las protestas recientes incluyó la movilización de manifestantes en el norte de Cali, específicamente en la sede de la Andi, en rechazo a la interceptación de la flotilla humanitaria rumbo a Gaza y la detención de la estudiante de la Universidad del Valle. La institución, a través de un comunicado, expresó su solidaridad con el pueblo palestino y con la misión de la Global Sumud Flotilla, haciendo un llamado al respeto de la vida y la libertad de Manuela Bedoya y de todos los integrantes de la misión humanitaria.

La universidad también solicitó a la comunidad internacional y a las Naciones Unidas que continúen los esfuerzos para alcanzar acuerdos de paz y garantizar el retorno seguro de las personas retenidas.

Durante las últimas semanas, el sector de la Universidad del Valle en Cali ha sido escenario de alteraciones en la movilidad y el orden público, ocasionadas por personas encapuchadas que se han resguardado en el campus para evadir a las autoridades.

Entre los hechos más recientes se encuentran vehículos incinerados y enfrentamientos que dejaron lesionados.

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Con el fin de evitar que situaciones de este tipo se repitan, la Gobernación del Valle del Cauca y el Consejo Superior de la Universidad del Valle definieron medidas conjuntas orientadas a mejorar la seguridad y fortalecer la convivencia en los espacios académicos.

Estas decisiones incluyen la implementación de mecanismos de vigilancia, adecuación de zonas dentro del campus y el diseño de protocolos de respuesta rápida para preservar la integridad de la comunidad estudiantil.

La gobernadora Dilian Francisca Toro explicó que las acciones buscan responder al crecimiento de la población universitaria y garantizar un entorno seguro. “Estamos trabajando para fortalecer la Política de Igualdad y Equidad de Género, el bienestar emocional de la comunidad universitaria, la inclusión y la infraestructura. Asimismo, para garantizar la seguridad, hemos adecuado espacios y reforzado la vigilancia para responder al crecimiento de la población estudiantil. También se ha incorporado tecnología para el monitoreo, control de acceso y seguridad electrónica, así como protocolos de protección en plataformas digitales”, afirmó la mandataria en declaraciones recogidas por El País Cali.

La funcionaria detalló que, en caso de presentarse disturbios en los alrededores del campus, se ejecutarán acciones coordinadas entre la Alcaldía de Cali y la Fuerza Pública con el objetivo de reaccionar con mayor rapidez. El propósito es asegurar la protección tanto de la ciudadanía como de quienes forman parte de la comunidad universitaria.

Adicionalmente, la Gobernación informó sobre un convenio que beneficiará a los estudiantes de menores ingresos. “Igualmente, adelantamos un convenio entre la Gobernación y Univalle, con el fin de subsidiar el transporte de los estudiantes de los estratos 0,1 y 2, que utilizan el servicio del MIO, que entrará en vigencia a partir del 15 de octubre”, agregó la gobernadora en el mismo medio.

Las autoridades señalaron que estos esfuerzos se complementarán con programas que promueven el acceso a la educación superior. La mandataria indicó que se diseñará una estrategia para acompañar a los estudiantes con mejores puntajes en las instituciones educativas oficiales del departamento, de manera que puedan aspirar a ingresar a la Universidad del Valle. El plan incluye un proceso de transición académica y acompañamiento psicosocial.

En cuanto a la inclusión de poblaciones con necesidades específicas, la gobernadora anunció que se evaluará la creación de un porcentaje de cupos destinados a aspirantes en condición de discapacidad. De esta manera, se busca que el ingreso a la universidad refleje criterios de equidad y diversidad.

Los acuerdos también contemplan el fortalecimiento de la Política de Igualdad y Equidad de Género dentro de la institución. Este componente se articulará con acciones de bienestar emocional y social, orientadas a brindar un entorno adecuado para la formación integral de los estudiantes.

La Gobernación resaltó que la incorporación de nuevas tecnologías en el control de accesos y la vigilancia electrónica permitirá una supervisión más eficiente del campus. Al mismo tiempo, se implementarán protocolos en plataformas digitales para aumentar la seguridad en los entornos virtuales de aprendizaje y gestión universitaria.

Los disturbios registrados alrededor de la Universidad del Valle han generado afectaciones en la movilidad y daños a bienes públicos y privados. Entre los incidentes recientes se encuentran dos tractomulas incineradas, que quedaron en plena vía tras enfrentamientos con encapuchados. Estos hechos han motivado a las autoridades a acelerar los diálogos con la institución educativa para encontrar soluciones que prevengan nuevos episodios de violencia.

En paralelo, la Gobernación destacó la necesidad de consolidar a la Universidad del Valle como un ejemplo de inclusión, convivencia y excelencia académica. Para ello, se trabajará en conjunto con la administración universitaria en proyectos de ampliación de la infraestructura y fortalecimiento de servicios de apoyo para los estudiantes.

De acuerdo con el representante de los profesores, Diego Torres —citado por Blue Radio—, los desmanes en el campus se presentaron en el edificio de Sociología, mientas se adelantaba la jornada académica.

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Torres explicó que el incidente involucró la destrucción de los vehículos de los vigilantes, sin que hasta el momento se hayan reportado pronunciamientos por parte de las directivas universitarias. La magnitud de los disturbios dentro del claustro académico generó inquietud entre los integrantes de la comunidad y elevó la alerta entre los cuerpos de seguridad.

Sobre el motivo o los responsables de los hechos aún no se conocen detalles. Autoridades internas y externas del campus analizan la situación. Sin embargo, a la publicación de esta noticia, la institución de educación superior no se ha pronunciado sobre los hechos acontecidos al interior del campus. Asimismo, y a pesar de la hostilidad en el sector, las manifestaciones no entorpecieron la operación del servicio de transporte público y particular.

El hecho no pasó desapercibido por parte de la opinión pública de la capital. Desde su cuenta de X, el cabildante de Bogotá Papo Amín publicó en un mensaje sobre los recientes incidentes en la Universidad Nacional. Según Amín, encapuchados incendiaron dos motos de vigilancia dentro del campus, señalando que la institución educativa está bajo el control de personas que, a su juicio, actúan como delincuentes y se presentan como estudiantes.

Bloqueos en Lourdes

Paralelamente, un altercado alteró la convivencia urbana en la tarde del martes 23 de septiembre en la calle 63 entre la avenida Caracas y la carrera 9, en el sector de Lourdes, generando un cierre vial temporal que afectó la movilidad en la zona.

Las autoridades distritales informaron de la presencia estimada de 20 manifestantes en el lugar, lo que motivó el despliegue inmediato de personal de asistencia y un grupo guía para coordinar el desvío del tráfico en la avenida Mutis con carrera 20 hacia el oriente, con el objetivo de mitigar los efectos en la circulación.

La Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Gobierno de Bogotá aclararon que la alteración registrada no correspondía a una manifestación, sino a un procedimiento oficial desarrollado por la Fiscalía Aduanera. Desde la administración, se señaló: “En relación con lo que ocurre en Lourdes, es un procedimiento desarrollado por la Policía Aduanera. No es una manifestación”, según lo precisado por la Secretaría de Gobierno.

Durante las intervenciones por parte de la Undmo (Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden) para restablecer el orden en el sector, autoridades de tránsito recomendaron a quienes transitaran por el sector optar por la calle 72 al oriente como ruta alterna, para reducir el impacto de la congestión vial durante la intervención de la Policía Aduanera.

Por su parte, el sistema de transporte masivo TransMilenio reportó modificaciones en su operación a causa de la situación. Las rutas de TransMiZonal desviaron sus recorridos a partir de la carrera 13 por calle 63 debido a la presencia de la intervención oficial ajena a la operación regular. De acuerdo con la información proporcionada por la empresa de transporte, cerca 10.500 usuarios resultaron afectados en su desplazamiento diario.

La normalidad en el sector de Lourdes se restableció sobre las 4:30 p. m., cuando manifestantes como unidades de la Undmo se retiraron de la zona. A partir de eso, el sistema masivo de transporte restableció el recorrido habitual de las rutas del TransMizonal por la carrera 13 con calle 63.

El general Winthai Suware, portavoz del Ejército de Tailandia, identificó el lugar de los incidentes en el territorio soberano tailandés, y denunció que la ausencia de medidas preventivas por parte de las autoridades constituye un acto deliberado de provocación que vulnera la reciente tregua alcanzada entre ambos países. Esta confrontación ha supuesto disturbios en el distrito de Khok Sung, donde, según informó la agencia Europa Press, las fuerzas tailandesas recurrieron al uso de gases lacrimógenos y balas de goma para evitar que ciudadanos camboyanos bloquearan la instalación de barreras de seguridad a lo largo de varios puntos de la frontera común.

De acuerdo con Europa Press, los enfrentamientos dejaron a varios policías heridos, quienes recibieron impactos de palos de madera y piedras lanzados por manifestantes. El Ejército tailandés declaró que la respuesta policial siguió los protocolos de dispersión y control de multitudes en concordancia con los estándares internacionales para el uso de la fuerza.

El medio detalló que las tensiones actuales surgen tras un período reciente de conflicto entre Tailandia y Camboya. Las hostilidades se intensificaron luego de la muerte de un soldado camboyano ocasionada por fuerzas tailandesas en las proximidades del templo hindú de Preah Vihear, un enclave fronterizo cuya soberanía se encuentra disputada. Estas circunstancias motivaron un enfrentamiento armado que, según el reporte, resultó en decenas de víctimas antes de que ambas naciones pactaran un cese de hostilidades hace aproximadamente un mes.

Europa Press indicó que, desde la tregua, la situación en la zona limítrofe comenzó a estabilizarse hasta los recientes episodios ocurridos en Khok Sung. La reacción de los manifestantes camboyanos, que, según la posición tailandesa, pretendieron obstaculizar la colocación de barreras en territorio de Tailandia, es vista por el Ejército de ese país como un uso de la población civil para presionar sobre los acuerdos alcanzados en el alto el fuego.

El general Winthai expresó que estos hechos representan una clara violación de la legalidad nacional e internacional, en tanto la zona de los disturbios está bajo control soberano tailandés y su intervención se orienta a preservar el orden y cumplir con los acuerdos previos. Según reportó Europa Press, el portavoz enfatizó que, para las autoridades tailandesas, la implantación de barreras de seguridad responde a la necesidad de prevenir nuevos incidentes y consolidar el cese de hostilidades.

El contexto histórico, relatado por Europa Press, señala que el templo de Preah Vihear y sus alrededores fueron escenario de numerosos enfrentamientos armados entre Tailandia y Camboya, disputas que han tenido consecuencias tanto humanitarias como diplomáticas. La reciente tregua pretendía alejar el riesgo de nuevos enfrentamientos, aunque los sucesos reportados en Khok Sung ponen en duda la estabilidad del acuerdo.

Información recogida por Europa Press subraya que, aunque el conflicto directo entre fuerzas militares no se reanudó de forma abierta tras la firma del último alto el fuego, la tensión en los puntos fronterizos persiste, y la presencia de población civil en acciones de protesta agrega complejidad al escenario de seguridad en la región. Las declaraciones oficiales tailandesas sostienen que la contención de los disturbios marcha en línea con los estándares internacionales y se orienta a disuadir futuras vulneraciones al acuerdo de paz.

Con estos antecedentes, tanto Tailandia como Camboya enfrentan desafíos en la gestión de la paz fronteriza y la protección de la seguridad de sus ciudadanos. Según lo indicado por Europa Press, la situación permanece sujeta a vigilancia mientras las partes buscan evitar una escalada mayor después de los violentos episodios registrados en la zona de Khok Sung.

El municipio de La Mesa, en Cundinamarca, atraviesa jornadas de tensión luego de que en las últimas horas se presentaran enfrentamientos entre habitantes, comerciantes y la Policía Nacional.

Las manifestaciones, que iniciaron como una expresión pacífica, terminaron en bloqueos y choques que llevaron a la administración municipal a tomar medidas extraordinarias para controlar la situación.

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La inconformidad ciudadana surgió por la aplicación de dos disposiciones locales: la puesta en marcha de zonas de estacionamiento regulado y la modificación de sentidos viales. Estos cambios fueron interpretados por un sector de la comunidad como problemáticos debido al deterioro de la malla vial, lo que generó un ambiente de inconformidad que se trasladó a las calles.

Como respuesta a lo ocurrido, la Alcaldía de La Mesa expidió el Decreto 085 de 2025, en el que estableció restricciones de orden público que estarán vigentes hasta el próximo domingo 21 de septiembre. Una de las disposiciones centrales es el toque de queda para menores de edad, que comenzó el jueves 18 de septiembre a las 11:00 de la noche y se extiende hasta las 5:00 de la mañana del viernes 19. La misma limitación regirá en idéntico horario los días siguientes hasta el cierre del fin de semana.

El documento también contempla la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas, medida que se mantendrá durante todo el periodo decretado. Asimismo, se determinó la restricción de parrillero en motocicleta entre el 18 y el 21 de septiembre. La administración municipal ordenó además que la jornada laboral del viernes 19 se cumpliera a puerta cerrada en las instalaciones oficiales, con el fin de proteger al personal administrativo.

Dentro del decreto se dejaron en claro varias excepciones para que actividades esenciales no se vean interrumpidas. Entre ellas se incluyeron la prestación de servicios de salud, atención de emergencias, transporte de carga prioritaria, operación de servicios públicos, labores de la fuerza pública, trabajo de medios de comunicación, vuelos programados y urgencias veterinarias. De esta manera, la medida busca garantizar un equilibrio entre el orden público y la continuidad de funciones básicas.

La alcaldesa de La Mesa, Laura Marcela Londoño, explicó la situación en entrevista con Caracol Radio. Allí señaló que “son varias situaciones que se unieron. En el marco del diálogo los manifestantes propusieron seis puntos importantes, pero hay dos que son los más álgidos y de mayor preocupación. Uno de ellos es el cambio de sentidos viales y las zonas de estacionamiento regulados (…) Esto inició como una manifestación pacífica por el municipio, pero ya se llegó a las vías de hecho y los bloqueos en la vía principal, en la vía Nacional”.

De acuerdo con la mandataria, la implementación de las medidas relacionadas con la movilidad sí produjo una reducción en el tránsito de vehículos por el casco urbano. No obstante, reconoció que el tema del estacionamiento regulado corresponde a un contrato firmado en 2022 por la administración anterior. Dicho convenio tiene una vigencia de once años y establece que el 80% de los ingresos corresponde al operador privado y el 20% restante al municipio.

El contrato, que aún se encuentra en desarrollo, fue uno de los detonantes de las protestas, pues las tarifas han sido calificadas como elevadas por parte de la ciudadanía. Aunque la actual administración no fue la que estructuró el acuerdo, las autoridades locales afirmaron que buscan mecanismos para atender las inquietudes de la comunidad dentro de lo que permite el marco legal.

Mientras tanto, la presencia policial se ha reforzado con el despliegue de unidades especializadas en control de disturbios, que actuaron en los momentos de mayor tensión. Según reportes de la Policía, fue necesario intervenir en diferentes puntos del municipio para despejar las vías principales y restablecer la movilidad, afectada durante varias horas por los bloqueos.

Las medidas de restricción se mantendrán activas hasta el domingo 21 de septiembre, fecha en la que se evaluará nuevamente la situación para determinar si continúan o si se levantan. La alcaldesa reiteró que la administración local mantiene abierto el espacio de diálogo con los representantes de los manifestantes para intentar resolver los puntos más sensibles y evitar nuevas confrontaciones.

La Mesa, ubicada a pocos kilómetros de Bogotá, concentra un importante flujo vehicular en su corredor vial, lo que incrementa el impacto de los bloqueos registrados. Las autoridades municipales insisten en que las restricciones son transitorias y que el objetivo es preservar la seguridad de la población mientras se avanza en las conversaciones con los actores sociales involucrados.

La expresidenta del Tribunal Supremo de Nepal, Sushila Karki, juró como primera ministra este viernes para liderar una transición después de las protestas violentas de esta semana que obligaron a dimitir a su predecesor.

Karki, de 73 años, se convirtió en la primera mujer jefa del gobierno del país y en principio dirigirá hasta la celebración de elecciones legislativas en marzo.

La magistrada tomó posesión del cargo vestida con un sari rojo en una ceremonia ante el presidente Ram Chandra Paudel y un reducido grupo de invitados, tras una semana de caos en este país del Himalaya.

“¡Felicidades! Le deseamos éxito a usted y al país", dijo a Karki el jefe de Estado, tras la ceremonia de juramento, transmitida por la televisión estatal. Tan pronto asumió el cargo, el presidente ordenó la disolución del Parlamento y fijó la fecha de las elecciones parlamentarias al 5 de marzo de 2026, anunció a AFP su portavoz, Kiran Pokharel.

La disolución del Parlamento figuraba entre las principales exigencias del movimiento de jóvenes de la “Generación Z” que capitanearon las protestas. Este país de 30 millones de habitantes está convulsionado después de que las autoridades reprimieran rudamente las manifestaciones contra la decisión del gobierno de bloquear las redes sociales y contra la corrupción.

Al menos 51 personas murieron durante los disturbios, que comenzaron el lunes, informó la policía este viernes en su último balance.“Lo hemos conseguido. Honor a quienes sacrificaron su vida para permitir este momento”, publicó en Instagram el movimiento juvenil Hami Nepal (Somos Nepal).

Las protestas se llevaron por delante al primer ministro y líder del Partido Comunista, KP Sharma Oli, que dimitió el martes y cuyo paradero se desconoce.

El dirigente de 73 años había dirigido el gobierno en cuatro ocasiones desde 2015 y para muchos jóvenes nepalíes desencantados encarnaba la élite y la corrupción en el país.

El mismo día de su dimisión, su residencia fue incendiada, al igual que la sede del Parlamento, edificios del gobierno, un centro comercial y un hotel Hilton. El miércoles, el ejército tomó el control de Katmandú y restableció la calma.

Soldados armados acompañados de tanques y blindados patrullan todavía este viernes la capital, donde impera un toque de queda. El nombramiento de la magistrada, conocida por su independencia, se produce tras dos días de intensas negociaciones entre el jefe del ejército, el general Ashok Raj Sigdel, y el presidente Paudel, en las que también participaron representantes del movimiento de protesta de la “Generación Z”.

En la ola de indignación también influyeron los problemas económicos que sufre desde hace tiempo Nepal, donde una quinta parte de la población de entre 15 y 24 años está desempleada, según el Banco Mundial, y el PIB per cápita es de solo 1.447 dólares.

“Queremos transparencia del gobierno, una educación de calidad y verdaderas oportunidades de empleo y una vida digna”, dijo James Karki, un activista de 24 años que participó en las protestas. Durante los disturbios, unos 13.500 reos aprovecharon el caos para evadirse de las cárceles. Este viernes, más de 12.500 seguían prófugos, informó a AFP el portavoz de la policía, Binod Ghimire.

(AFP)

En la tarde del 11 de septiembre de 2025, una explosión en el edificio de Sociología de la Universidad Nacional desencadenó la evacuación inmediata de la institución y dejó al menos una persona gravemente herida, según reportes de la Alcaldía de Bogotá.

La emergencia, que se produjo poco después de las 6:00 p.m., obligó la llegada de ambulancias y equipos de rescate, mientras las autoridades intentaban esclarecer el origen del caos y determinar la cantidad exacta de lesionados.

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La situación se agravó cuando un grupo de encapuchados tomó el control de las instalaciones universitarias, generando disturbios que rápidamente motivaron la intervención del escuadrón antidisturbios. La presencia policial se intensificó en el campus con el objetivo de restablecer el orden, aunque los desmanes continuaron tanto dentro como fuera de la institución educativa.

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, la alerta roja se activó a las 6:00 p.m., y fue enviada a los correos institucionales de todos los integrantes de la Universidad Nacional, instruyendo la evacuación inmediata por la ausencia de condiciones seguras para continuar con las actividades académicas. “No había garantías para el desarrollo de las actividades”, señaló el mensaje de emergencia, lo que llevó a la desocupación total del recinto.

Mientras tanto, los disturbios se extendieron a los alrededores de la universidad. Individuos encapuchados agredieron a funcionarios de la Alcaldía de Bogotá y causaron daños materiales, como la destrucción de las rejas de una estación de TransMilenio. Además, se reportaron actos de intimidación contra transeúntes en la zona, lo que incrementó la tensión y la preocupación por la seguridad pública.

Las autoridades continúan investigando para identificar a los responsables de estos hechos violentos y determinar si el ataque fue resultado de una acción planificada por alguna organización. La presencia de más de una persona lesionada y la magnitud de los daños llevaron a reforzar las medidas de seguridad en el sector, mientras se evalúan las consecuencias de los disturbios tanto para la comunidad universitaria como para la ciudad.

Ronald Vargas, exrepresentante de estudiantes en el Consejo Superior de la Universidad Nacional, habló sobre los disturbios en la institución de educación superior y confirmó que algunos edificios del centro educativo son utilizados por vándalos para preparar artefactos explosivos.

De igual manera, señaló que la principal teoría que manejan desde la universidad es que la explosión fue accidental.

“Había un tropel dentro de la Universidad. Los encapuchados suelen armar sus cocinas para preparar sus explosivos dentro del edificio de Sociología y al parecer se les estalló la cocina con un montón de explosivos y al parecer hay una compañera que está herida”, relató a El Tiempo.

Movilidad en Bogotá por las manifestaciones en la Universidad Nacional

La movilidad en Bogotá experimentó una afectación significativa debido a los bloqueos por encapuchados en las inmediaciones de la Universidad Nacional y la Universidad Distrital. Las autoridades se vieron obligadas a intervenir con equipos especializados e implementar desvíos en el tránsito, mientras los disturbios alteraban la rutina académica y el funcionamiento del transporte público.

En la zona de la Universidad Distrital, los primeros incidentes se registraron en la sede de La Macarena, donde los disturbios llevaron a la suspensión de las clases como medida preventiva, según informaron los estudiantes que abandonaban el área.

Para mitigar el impacto en la circulación, los agentes de tránsito redirigieron el flujo vehicular hacia el norte de la ciudad por la carrera 4, permitiendo retomar la circunvalar en la calle 30. La Policía Metropolitana y los uniformados de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undemo) lograron restablecer el control tras enfrentamientos con los manifestantes.

Simultáneamente, en la entrada de la Universidad Nacional por la calle 45, los manifestantes bloquearon el carril mixto en sentido norte-sur sobre la avenida NQS, lo que también derivó en enfrentamientos con las fuerzas del orden. Funcionarios de la Secretaría de Movilidad, la Unidad de Diálogo de la Personería y la Secretaría de Gobierno permanecieron en el lugar para evitar que los disturbios afectaran a los transeúntes y conductores que circulaban por el sector.

El hecho, ocurrido la tarde del miércoles 3 de septiembre, quedó registrado en videos difundidos por redes sociales, en los que se observa cómo la situación pasó rápidamente de la inconformidad a la violencia física.

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El procedimiento, apoyado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, tenía como objetivo despejar el andén del sector, ocupado por motocicletas estacionadas en zona prohibida.

La medida generó malestar entre algunos estudiantes y propietarios de los vehículos, que intentaron impedir que las motocicletas fueran subidas a la grúa. En las imágenes, se aprecia cómo varios jóvenes con uniforme azul forcejean con los agentes, bajan las motos y arremeten con golpes y empujones contra los funcionarios, llegando incluso a golpear a un alférez en la cabeza.

La rápida escalada de tensión obligó a los uniformados a retirarse del lugar, priorizando evitar una confrontación mayor. Según declaraciones entregadas por Jhair Manrique, director de Tránsito de Bucaramanga, “el andén es un espacio para el peatón, no para dejar automotores. Adelantábamos un operativo con apoyo de la Policía cuando gran cantidad de estudiantes salieron a impedirlo, bajaron motocicletas y agredieron a los agentes”.

Pese a la violencia registrada, las autoridades lograron la inmovilización de al menos siete motocicletas durante el operativo. El funcionario subrayó que ningún agente resultó herido de gravedad, aunque sí hubo agresiones físicas documentadas.

“Rechazamos estos hechos y vamos a marcar un precedente. No vamos a permitir que se genere desorden en las vías de Bucaramanga. Hemos hecho un esfuerzo muy grande en los últimos dos años para recuperar el respeto hacia las normas de tránsito y hacia los agentes”, señaló en declaraciones a Caracol Radio.

La Dirección de Tránsito, junto con la Policía Nacional, anunció el inicio de las investigaciones para identificar a los responsables de la agresión. La recolección de videos y otros elementos probatorios será fundamental para individualizar a las personas que protagonizaron los hechos e interponer las respectivas denuncias legales. Manrique advirtió que, de encontrar responsables, se procederá con sanciones penales.

Las posibles consecuencias legales

De acuerdo con el sindicato de tránsito local, acciones de violencia contra los agentes pueden acarrear condenas entre 4 y 8 años de prisión si se demuestra agresión contra funcionario público.

Jorge Abril, representante sindical, recordó en El Tiempo que “ese joven que golpeó a nuestro agente se verá inmerso en una demanda penal, con penas que pueden oscilar entre 4 y 8 años de prisión”. Además, citó el reciente caso de Luis Vicente Flórez Núñez, condenado a cinco años de cárcel por atacar a un alférez en Cabecera, que permanecerá en prisión efectiva por agredir a un servidor público en cumplimiento de su deber.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades locales manifestaron preocupación por el incremento de episodios de intolerancia y violencia en controles de tránsito. Abril hizo énfasis en la necesidad de promover el respeto y la convivencia en la vía pública.

“Los bumangueses no podemos seguir copiando esas prácticas de odio y rabia. Invitamos a la ciudadanía a reflexionar antes de arriesgar su proyecto de vida con actos violentos que terminan en procesos judiciales”.

Sobre el cierre de la jornada, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga reiteró que los operativos en la zona universitaria se fortalecerán en los próximos días como medida de prevención y control.

Además, el ente hizo un llamado especial a estudiantes y comunidad en general para evitar el estacionamiento en zonas no permitidas, dado que la ocupación irregular de andenes y áreas peatonales incrementa el riesgo de accidentes y dificulta la movilidad urbana.

El cierre total de la calle Barranquilla en Medellín marcó una jornada de alta tensión tras los enfrentamientos entre encapuchados y la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) a las afueras de la Universidad de Antioquia. La medida, adoptada por las autoridades locales, respondió a los disturbios que se desataron en el sector y que obligaron a suspender la movilidad en ambos sentidos de esta importante vía.

La situación de alteración del orden público comenzó en las horas previas al mediodía del 28 de agosto de 2025, cuando se registraron los primeros incidentes en los alrededores del campus universitario. Poco después, las fuerzas de seguridad acudieron al lugar con el objetivo de contener los desmanes y restablecer la normalidad.

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Como consecuencia directa de los enfrentamientos, que incluyeron varias explosiones, las directivas de la Universidad de Antioquia ordenaron la evacuación del campus. Esta decisión se acompañó de la suspensión inmediata de todas las actividades académicas y administrativas durante el resto de la jornada, mientras las autoridades continuaban con las labores de control en el perímetro de la institución.

El impacto de los disturbios también se extendió al sistema de transporte público. La operación comercial del metroplús quedó interrumpida en las estaciones cercanas a la universidad, limitando el servicio únicamente entre los tramos U. de M. - Minorista y Hospital - Parque Aranjuez.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, habló en rueda de prensa sobre los hechos. Según el mandatario, los responsables de los ataques a la institución educativa son militantes de grupos armados, por lo que el objetivo de las autoridades es claro: recuperar la seguridad en la capital antioqueña.

“Lo mismo de siempre, unos pichones de guerrilleros, inclusive muchos de ellos ya reclutados por estructuras criminales queriendo generar caos. Mi respuesta es muy clara: recuperar el orden público en cada rincón de la ciudad”.

En su intervención, Gutiérrez enfatizó la necesidad de una respuesta más contundente por parte de las autoridades, puesto que cuenta con información de que hay grupos que quieren reactivar la primera línea en Colombia con el fin de desestabilizar a las principales ciudades del país.

“Le decía al general de la Policía Metropolitana, no puede seguir siendo que ellos tiren papas bombas y nosotros respondamos simplemente con chorros de agua, hay que hacer capturas de quienes generar terror. Nosotros tenemos información de que lo que quieren es reactivar estas primeras líneas para lo que se viene en el país. Quieren incendiar ciudades y generar inestabilidad”.

Frente a esto, subrayó la postura de su administración: “Nosotros acá estamos preparados para aguantar y resistir. Ellos tienen el apoyo de Petro y del Gobierno nacional, nosotros tenemos el apoyo de la ciudadanía; la fuerza pública tiene que estar del lado de la Constitución y la ley, garantizar el orden público”.

A propósito, Federico Gutiérrez lanzó una crítica directa a los responsables de los disturbios, argumentado que el país está cansado de que se fomente la violencia y el caos como forma de manifestación.

“Siempre los mismos haciendo daño, hasta cuando por Dios... y posan de defensores de derechos humanos cuando son quienes los violan, posan de defensores de derechos sociales cuando son quienes no dejan avanzar a las ciudades y el país. Estamos mamados de esa gente que todo lo hace a través de la violencia”.

En paralelo, el mandatario distrital habló sobre un atraco cometido el 23 de agosto de 2025 en El Poblado que generó indignación en toda la ciudad. Anunció una millonaria recompensa para quien otorgue información sobre los delincuentes que hurtaron un taxi.

“Nosotros no vamos a descansar hasta que la gente se sienta tranquila. Todos esos criminales, a todos los bandidos, los vamos a seguir persiguiendo hasta que la gente esté tranquila. Nosotros queremos acabar con ese delito y por eso ofrecemos a partir de este momento recompensa de hasta 25 millones de pesos por atracador”.

El material, difundido el 24 de agosto de 2025, muestra cómo seguidores del conjunto Albiazul se adelantaron sobre la carrera 30, ingresaron al carril de Transmilenio y arrojaron varios huevos contra el vehículo oficial del club.

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Este episodio motivó la intervención inmediata de funcionarios de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), que procedieron a recuperar el orden y dispersar a los aficionados congregados en el sector.

Este incidente ocurrió poco antes del encuentro entre Millonarios y Junior de Barranquilla, que tuvo lugar el sábado 23 de agosto de 2025 en El Campín, correspondiente a la Liga BetPlay II 2025.

Pese al tenso recibimiento, el equipo capitalino logró reponerse dentro del campo, goleando 3-0 al líder del torneo. Los goles estuvieron a cargo de Sebastián del Castillo en el minuto 20, Nicolás Arévalo a los 33 y Danovis Banguero a los 82. Con este triunfo, Millonarios sumó su primer triunfo en el campeonato y escaló al puesto 18 en la tabla, acumulando un total de 4 puntos.

Hasta ese momento, el equipo que era dirigido por David González atravesaba una crisis de resultados, situación que alimentó la inconformidad de algunos sectores de la hinchada.

Según la secuencia capturada, los seguidores Albiazules esperaron la llegada del plantel y obstaculizaron el tránsito frente al estadio para reclamar por el bajo rendimiento mostrado en jornadas anteriores.

Tras estos sucesos, la seguridad tanto dentro como fuera del escenario deportivo fue reforzada por las autoridades, con el objetivo de garantizar la tranquilidad durante el desarrollo del partido.

El Junior de Barranquilla, pese a la derrota, se mantiene como líder de la Liga con 17 puntos en lo que va del torneo. Mientras tanto, Once Caldas descendió una casilla en la tabla producto de una nueva derrota, lo que permitió el ascenso de Millonarios.

Cómo ha sido el rendimiento de Millonarios en la Liga Betplay Dimayor

Millonarios sufrió un inicio desastroso en esta temporada: tras cinco partidos jugados, apenas acumulaba un punto, producto de un empate 3-3 ante Deportivo Cali.

En ese mismo lapso, el cuadro Embajador había sido derrotado por La Equidad (0-1) y Llaneros (0-1), además de perder ante Medellín (0-1) en la quinta fecha, hundiéndose rápidamente en la parte baja de la tabla.

La crisis se intensificó hasta colocarlo como último equipo de la liga —con solo un punto en cinco encuentros— mientras todos sus rivales sumaban al menos una victoria. Para levantar la cabeza, Millonarios necesitaba un claro cambio de rumbo.

Ese cambio ocurrió parcialmente en la octava fecha, cuando el Azul goleó 3-0 al Junior de Barranquilla, consiguiendo su primera victoria del semestre y un impulso vital para mantenerse en la pelea. Con esto despertaron las esperanzas de una recuperación para llegar a los cuadrangulares finales.

Cuándo podría debutar Hernán Torres en Millonarios

Hernán Torres ya fue oficializado como nuevo director técnico del equipo profesional de Millonarios, retornando al club donde logró la estrella 14 en 2012-II.

El debut del tolimense no se dará inmediatamente: su primer encuentro en el banquillo azul será el martes 26 de agosto frente a Real Cartagena, en condición de visitante, por la Copa BetPlay. Dicha cita corresponde al partido de vuelta; Millonarios lidera 3-1 la serie y busca ratificar su clasificación a octavos de final en ese certamen.

En cuanto a la Liga BetPlay, la presentación del tolimense tardará un poco más: se espera que su debut en el torneo local ocurra el viernes 29 de agosto, cuando el equipo enfrente como visitante a Águilas Doradas. Ese compromiso por la novena fecha del campeonato sería el primero que Torres dirija en Liga, después del interinato en el clásico contra Junior.

La localidad de Gloucester Township, en el estado de Nueva Jersey, decidió implementar una ordenanza que permite sancionar a los padres de menores por conductas disruptivas de sus hijos en espacios públicos.

La medida, aprobada por el consejo municipal el 28 de julio, establece que los padres podrán enfrentar desde multas económicas hasta penas de cárcel si sus hijos crean disturbios durante eventos comunitarios o en sitios públicos.

Según informó ABC News, la iniciativa surgió tras una serie de incidentes durante el festival anual que la municipalidad organiza en junio de 2024. El jefe de la Policía de Gloucester Township, David Harkins, explicó en entrevista al citado medio que la decisión contó con un respaldo mayoritario entre los habitantes: “hemos recibido un apoyo abrumador de nuestra comunidad. La gente reconoce la necesidad de la responsabilidad parental“.

La situación que motivó la normativa ocurrió alrededor de las 21:00, cuando un grupo de al menos 500 jóvenes alteró abruptamente el desarrollo del evento comunitario mientras los asistentes aguardaban un espectáculo de drones en el parque local.

El canal WPVI de Filadelfia reportó que la policía debió solicitar refuerzos a otras localidades ya que, durante más de dos horas, la situación se tornó ingobernable. Según la cobertura de ABC News, los jóvenes, algunos trasladados al municipio en servicios de rideshare, incurrieron en actitudes violentas y agresivas.

El comisario Harkins describió el contexto: “durante mis treinta años como oficial de policía nunca viví algo similar: el nivel de irrespeto y comportamiento violento arruinó un evento familiar“.

Los agentes resultaron insultados, escupidos y recibieron agresiones físicas, lo que derivó en al menos 12 detenciones, entre ellas 10 menores de entre 13 y 17 años. Por esa causa, el municipio suspendió la edición de este año de la tradicional Gloucester Township Day.

La nueva ordenanza estipula que, en caso de una primera infracción, las autoridades podrán ordenar que los padres o tutores supervisen personalmente al menor implicado. En una segunda ocasión, la normativa contempla multas de hasta 2.000 dólares estadounidenses, penas de hasta 90 días de privación de libertad o ambas sanciones conjuntas.

Frente a las críticas de algunos sectores, quienes advierten que arrestar a padres podría generar situaciones traumáticas para otras criaturas en la familia, el jefe policial remarcó que la sanción no busca, en primer término, la prisión: “no estamos buscando encerrar a nadie. Se trata de advertir a los padres y garantizar el debido proceso“, sostuvo Harkins para ABC News.

Desde la Policía local aseguraron que, al momento, no se ha iniciado ningún proceso judicial contra padres desde la puesta en vigor de la ley. Tanto el jefe policial como voceros oficiales recordaron que la medida prioriza la prevención frente a la judicialización.

Describieron que habitualmente los padres desconocen las actividades y compañías de sus hijos adolescentes, lo que a criterio del municipio constituye parte del problema. "Muchas veces, al entrevistar a los padres, no sabían con quién estaban sus hijos ni qué hacían. Eso debe cambiar“, subrayó Harkins.

La medida incluye un sistema de advertencia y acompañamiento: la policía entrega folletos informativos y notificaciones escritas a las familias cuyo hijo sea aprehendido en este tipo de episodios.

Además, la municipalidad dispone de servicios de apoyo, entre ellos un trabajador social y cursos específicos para padres que enfrentan dificultades con el comportamiento de sus hijos.

El titular policial expresó que reconocen la complejidad de la tarea de criar adolescentes y dieron señales de que la estrategia combina sanción y orientación: “sabemos que ser padre es un desafío, por eso ofrecemos ayuda a quien la necesite“, puntualizó el jefe policial.

La prioridad del municipio continúa centrada en evitar el ingreso de menores al sistema penal, buscando reforzar mecanismos de implicación parental para reducir incidentes violentos en el espacio público. La autoridad local y la Policía esperan que la ordenanza funcione como un mecanismo preventivo y disuasorio de nuevos disturbios colectivos.

Durante una rueda de prensa celebrada el martes 12 de agosto, Judd condenó lo ocurrido y anunció una respuesta policial contundente ante nuevos comportamientos de este tipo. “Si quieres crear lesiones cerebrales permanentes tienes que hacerlo en tu propia propiedad, sin perturbar a tus vecinos”, declaró el sheriff, reiterando su conocida política de tolerancia cero. El incidente ha puesto en el foco la situación recurrente de altercados en el lago y la preocupación de las autoridades por la seguridad pública en la zona, según indicó la misma fuente.

Los detenidos, la mayoría de entre 17 y poco más de 20 años, fueron identificados como Mason Land, Nate Land, Payton Ely, Timothy Gooding, Garrett Ore, Garrett Hiltabidel, un adolescente de 17 años no identificado y Richard Carden, de 40 años. Estos enfrentan cargos por alteración del orden público, riña, allanamiento de propiedad privada y participación en disturbios, explicaron desde la oficina del sheriff en declaraciones reproducidas por Fox News.

Disputa entre examigos y antecedentes de violencia en el lago

El sheriff Judd detalló que los implicados en el altercado provenían de dos grupos que anteriormente mantenían lazos de amistad. La relación se vio afectada tras una pelea ocurrida en marzo en el bar El Rodeo Bar, ubicada en el área, que ya había resultado en cargos criminales para algunos de los participantes. Este episodio dejó resentimientos que, según Judd, fueron factor clave para el reciente enfrentamiento junto al lago.

En sus declaraciones ante los medios, Judd manifestó que hay investigaciones abiertas por posible manipulación de pruebas relacionadas con los líos anteriores. Sobre el incidente actual, explicó que los grupos se enfrascaron en una discusión verbal mientras se encontraban en el agua, lo que gradualmente escaló hasta convertirse en una pelea física en tierra privada. Las imágenes compartidas públicamente por la oficina del sheriff muestran la rapidez con que la disputa pasó de gritos a golpes y caídas al agua.

Según Fox News, la disputa sorprendió a familias y menores que compartían el espacio durante ese momento, reavivando inquietudes sobre la frecuencia de disturbios y fijando la atención sobre la seguridad de residentes y visitantes.

Reacción y advertencias de las autoridades tras el enfrentamiento

El sheriff Judd emitió severas advertencias tras los arrestos, recalcando que en adelante serán más estrictos con quienes violen la ley en la zona de Lake Winterset. “Pones un pie en esa tierra este fin de semana y vas a la cárcel. Te quedas en el agua y extiendes el dedo sobre la tierra seca, y también vas a ir a la cárcel”, advirtió. Para ilustrar la firmeza en la aplicación de la ley, Judd recomendó a cualquier persona que planee infringir las normas “preparar el dinero de la fianza y llevarlo en el bolsillo”, dijo según Fox News.

La autoridad también describió cómo los tripulantes de botes aprovechan ciertas ambigüedades legales: quienes desean desembarcar y comportarse de manera inapropiada lo hacen primero desde el agua, para luego subir a la propiedad privada. Judd lamentó que, a pesar de la señalización y las advertencias previas, las infracciones continúan siendo una problemática persistente en la zona.

Para Judd, este episodio marca un “fin de la tolerancia” hacia el comportamiento disruptivo en Lake Winterset, enfatizando que cualquier acción similar será motivo de arresto inmediato, como ocurrió el pasado fin de semana. Además, alertó que la policía trabaja intensamente para hacer cumplir las leyes existentes y sancionar este tipo de conductas.

Desafíos sobre la regulación del ruido y vigilancia en Lake Winterset

El sheriff también se refirió a una de las reclamaciones más frecuentes de los residentes de la zona: el ruido producido por embarcaciones y grupos que se congregan en el lago. Según Fox News, explicó que actualmente no existe una ordenanza precisa que regule el volumen del sonido a bordo de los botes. Sin embargo, mencionó que ya están trabajando junto al condado para establecer un marco normativo que permita controlar esas situaciones.

El ambiente de fiesta, la música a alto volumen y el consumo de alcohol en los barcos han generado disturbios reiterados, lo que lleva a las autoridades a buscar nuevas formas de protección para el entorno y para quienes residen o visitan Lake Winterset. El trabajo coordinado entre la oficina del sheriff y el gobierno local se perfila como clave para afrontar los desafíos de vigilancia y control derivados del aumento de la actividad en el lago.

El fortalecimiento de la vigilancia policial y la colaboración interinstitucional serán puntos centrales, según declaraciones recogidas por Fox News, tanto para reducir los altercados como para evitar futuras disputas entre grupos rivales en la zona.

Investigación en curso y medidas para evitar nuevos incidentes

La policía mantiene abierta la investigación sobre la pelea más reciente, así como en torno a los episodios de violencia pasados vinculados a los mismos grupos. Además de los cargos ya presentados contra los ocho individuos arrestados, las autoridades investigan posibles delitos adicionales relacionados con las manipulaciones de pruebas detectadas a raíz del enfrentamiento de marzo en el bar El Rodeo Bar, como enfatizó Judd al informar a la prensa.

El episodio ha reavivado el debate local sobre la necesidad de actualizar normativas y endurecer sanciones para evitar que el entorno del lago, frecuentado por familias, se vea perturbado por actos violentos o comportamientos inapropiados. Las autoridades mantienen el llamado a la comunidad a reportar cualquier acción sospechosa y reiteran el compromiso con la prevención, tras la cadena de incidentes reportados en Lake Winterset.

De acuerdo con la información de Fox News, el sheriff Judd ha reiterado su posición de mantener una presencia policial activa y visible en la zona. El objetivo es disuadir nuevos intentos de confrontación, mantener la seguridad y devolver la tranquilidad a residentes y visitantes del popular enclave recreativo.

Bogotá vivió una noche que pasará a la historia no por la música ni por el espectáculo, sino por la violencia desatada dentro y fuera de las instalaciones del Movistar Arena, durante el concierto de la agrupación argentina Damas Gratis, el miércoles 6 de agosto de 2025.

Lo que debía ser una celebración terminó en tragedia: disturbios protagonizados por, presuntamente, integrantes de barras bravas dejaron 24 heridos y una persona muerta, lo que obligó al Distrito a tomar decisiones urgentes.

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En una reunión extraordinaria celebrada tras los hechos, las autoridades del Distrito, directivos del Movistar Arena, Policía Metropolitana y otros organismos de seguridad acordaron una serie de medidas que buscan evitar que este tipo de incidentes se repitan.

“Lo ocurrido es una profunda falta de consideración hacia los ciudadanos. Bogotá no puede permitir que la intolerancia y la violencia le arrebaten a la ciudadanía los espacios de disfrute y encuentro”, dijo el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero.

La víctima fatal fue identificada como Sergio Blanco, miembro de la barra Guardia Albi-Roja Sur, la más grande que sigue a Independiente Santa Fe y, según testimonios, fue atropellado mientras huía de los disturbios en la calle 63. A este trágico hecho se suman cinco personas heridas con armas blancas, y 20 con lesiones de distinta gravedad, algunas de las cuales fueron trasladadas a centros asistenciales como el Hospital de Engativá y San José Infantil.

Las medidas que se tomaron tras la noche de caos en el Movistar Arena

Ante este panorama, el Distrito anunció una serie de medidas que serán aplicadas de inmediato:

• Revisión y actualización de protocolos: se elevarán los estándares de seguridad exigidos a los organizadores de eventos, incluyendo planes de contingencia más rigurosos.
• Refuerzo del Suga: El Sistema de Gestión de Alertas (Suga) tendrá un papel más activo y anticipado en la prevención y respuesta a emergencias durante aglomeraciones públicas.
• Monitoreo en tiempo real: se fortalecerán los sistemas de vigilancia con cámaras y reportes ciudadanos.
• Verificación en campo: se incrementará la presencia de equipos en terreno para revisar ingreso, logística y condiciones de seguridad.
• Coordinación anticipada: habrá mayor articulación entre organizadores y autoridades para garantizar respuestas rápidas ante cualquier eventualidad.
• Campañas pedagógicas: se promoverán mensajes de tolerancia y cultura ciudadana para fomentar el respeto en espacios de encuentro masivo.
• Procesos judiciales: toda la evidencia, especialmente los videos de los disturbios, será enviada a las autoridades competentes para identificar y judicializar a los responsables.

Una ciudad que no tolerará la violencia

En ese sentido, el secretario Quintero lanzó un contundente mensaje: “Quien entra con un arma blanca a un concierto es un delincuente. No permitiremos que los violentos se salgan con la suya. Habrá consecuencias”. Y reiteró que este tipo de actos criminales no representan el espíritu de la ciudad.

Por su parte, en un comunicado oficial, la administración distrital fue enfática en señalar en que se seguirá trabajando con todas las entidades y el sector privado, para fortalecer la corresponsabilidad en la planeación, ejecución y protección de estos eventos. “La violencia y el descontrol no tienen cabida en una ciudad que construye paz, protege la vida y promueve espacios culturales seguros”, precisó.

Este episodio reavivó, sin duda, el debate sobre el comportamiento de ciertas barras organizadas en eventos públicos y puso sobre la mesa la necesidad de exigir mayor responsabilidad a los organizadores y asistentes.

Por ahora, la prioridad del Distrito será garantizar que los espacios culturales, musicales y deportivos de Bogotá continúen siendo lugares de encuentro y celebración, no de tragedia.

De igual modo, las autoridades trabajan en la identificación de los responsables de estos desmanes, que, según versiones preliminares, pertenecerían a barras bravas. Las investigaciones se centran ahora en determinar cómo se vulneraron los controles de seguridad y qué fallas se registraron en la coordinación entre las entidades encargadas.

Sergio Luis Blanco Quintero fue la víctima fatal en medio de los desmanes que ocurrieron en el Movistar Arena, en Bogotá, la noche del 6 de agosto de 2025, cuando tenía previsto asistir al concierto de la banda de música argentina Damas Gratis.

En los hechos de violencia se registraron enfrentamientos entre varios grupos antes de la presentación, entre los que se destaca el de una mujer que, de manera indiscriminada, empuña un cuchillo e intenta atacar a varios de los asistentes al evento.

Sin embargo, en un intento por escapar de las brutales agresiones y la estampida que alcanzó a afectar entradas del lugar, falleció el hombre de 30 años, arrollado por un vehículo fantasma en las calles aledañas al recinto.

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Mónica Blanco, hermana del seguidor de Independiente Santa Fe, narró a Noticias RCN cómo fueron los momentos previos al deceso de su hermano y entregó más detalles sobre la atención brindada por las autoridades.

La mujer relató que ella, junto a Sergio y un grupo de familiares y amigos, llegaron al lugar. Algunos lograron ingresar, mientras que Sergio y unas amigas permanecieron en las afueras del recinto.

Mónica explicó que volvieron a saber de su hermano cuando se comunicaron con ellos para informarles que había estado involucrado en un accidente. Esta situación fue considerada como una contradicción, pues precisamente el hombre buscaba alejarse de las confrontaciones.

La joven dijo que cuando llegaron al punto del accidente, su hermano ya no estaba consciente, pues, tras el hecho, había transcurrido más de media hora.

“En ese momento él ya estaba tirado en el piso, entonces no sabíamos nada. La chica que estaba siempre acompañándolo dice que ellos estaban pasando la calle corriendo por el tema de los disturbios y cuando alcanzan a pasar la calle sale una camioneta a alta velocidad, le impacta a mi hermano”, expresó.

La mujer contó que la primera reacción de la persona que estaba con él fue seguir al responsable, pero en vista de que no pudo alcanzarlo se devolvió para acompañarlo.

“Ella se va detrás de la camioneta pensando que va a parar, la persona sigue, entonces, pues más importante, pues devolverse por mi hermano, solo alcanza a ver que es una camioneta blanca y se da la fuga”, dijo.

La desafortunada situación se presentó en medio de la angustia que vivían el hombre y sus amigas, quienes se vieron obligados a correr y alejarse del lugar. Al ser seguidores de Santa Fe, se percataron de que varios de los agresores eran hinchas de Millonarios, quienes, armados con piedras y elementos cortopunzantes, estaban atacando a los asistentes.

La hermana también conversó con City TV, donde precisó cómo fue el momento exacto del accidente:

“Ella dice que, cuando alcanzan a cruzar la orejita de ahí, logra poner los pies en el andén, pero la camioneta ya venía a demasiada velocidad”.

Agregó que se sintieron abandonados en ese momento por las autoridades y el personal logístico del Movistar Arena: “Nos demoramos ocho minutos en llegar al hospital. O sea. La Policía pudo haberlo llevado en ocho minutos al hospital, pero ellos decidieron esperar 40 minutos a que llegaran tres ambulancias y se supone que el Movistar debería tener una ambulancia por protocolos de seguridad”.

La familia Blanco hizo un llamado para que se logre identificar al responsable del hecho y sea judicializado, ya que —afirman— convirtió una noche de diversión en una tragedia. Ahora, enfrentan el dolor de organizar el sepelio de Sergio, el cual esperan llevar a cabo con el dinero recaudado a través de las ayudas económicas que han recibido tras hacer un llamado por redes sociales.

En el informe entregado por la institución en la mañana del 8 de agosto, se confirmó que el evento, organizado por empresas privadas de entretenimiento y protagonizado por una banda musical extranjera, contaba con servicios de vigilancia y control privados, tal como lo exige la Sentencia C-128 de 2018 de la Corte Constitucional.

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Sin embargo, la situación se salió de control cuando se presentaron desmanes entre los asistentes, lo que llevó a los organizadores a cancelar el evento de manera anticipada.

El general Wharlinton Gualdrón, jefe nacional del servicio de Policía, se pronunció sobre lo ocurrido, detallando la intervención de los uniformados en el recinto: “La Policía Nacional fue informada cuando iniciaron los desmanes, dando lugar a una intervención institucional que tuvo como objetivo garantizar la evacuación del escenario, ante la decisión de los organizadores de cancelar el evento por los desmanes presentados”.

Durante la evacuación, se reportaron lesiones a algunos participantes y daños materiales dentro del centro de eventos. En las afueras del Movistar Arena, el joven Sergio Luis Blanco Quintero falleció en un siniestro vial, de acuerdo con los informes preliminares.

Finalmente, se puede leer en el documento de la institución que la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá investiga las circunstancias del accidente, mientras la Policía expresó su solidaridad con la familia de la víctima.

Las autoridades han iniciado una noticia criminal para identificar y judicializar a los responsables de los disturbios que provocaron lesiones y daños en el recinto. La investigación busca esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Concierto de Damas Gratis en Bogotá no será reprogramado

El concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena de Bogotá, inicialmente suspendido tras los graves disturbios ocurridos la noche del miércoles 6 de agosto, ha quedado cancelado de manera definitiva. Así lo confirmó la promotora Silra Eventos y Producciones, cuya decisión se fundamenta en los hechos violentos que marcaron la jornada.

En un comunicado emitido por la organización, se explicó que los desmanes se originaron “por la irrupción violenta de un grupo de personas en el recinto”.

En cuanto a la posibilidad de reprogramar el concierto, la promotora fue clara al afirmar: “Por tratarse de hechos violentos, irresistibles y ajenos a la organización, no se avanzará en este propósito, por lo que queda definitivamente cancelado el concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena de Bogotá”.

La promotora explicó que el evento había comenzado con normalidad y que la logística funcionaba conforme a lo planeado durante la presentación de los artistas teloneros. Sin embargo, la situación se tornó crítica inmediatamente después, desatándose el caos en el interior del escenario.

Los involucrados, según relata la empresa, utilizaron sillas y otros objetos para participar en enfrentamientos que pusieron en riesgo la seguridad de los asistentes y dañaron zonas de la infraestructura, incluyendo una puerta de acceso principal.

Silra Eventos y Producciones detalló: “Un grupo de individuos irrumpió violentamente en el recinto y arremetió contra los asistentes y la infraestructura”. La respuesta inmediata de la organización fue la evacuación del público para evitar consecuencias más graves, una acción que priorizó la seguridad por encima de la continuación del espectáculo.

La empresa recalcó: “A pesar de que todos los recursos de logística, vigilancia y seguridad estaban dispuestos para la realización del show, tuvimos la obligación de priorizar la seguridad del público”.

Sin embargo, antes de que comenzara la presentación de los argentinos, integrantes de diferentes barras deportivas protagonizaron desmanes por enfrentamientos entre las partes e intentos de colarse al centro de eventos.

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A pesar de la intervención de las autoridades, la situación se salió de control, llegando al punto de que se tuvo que cancelar el concierto. Hasta el momento, la Policía Metropolitana de Bogotá ha confirmado que en los disturbios murió una persona y se ha reportado el ingreso a centros médicos de más de 20 personas.

A nivel internacional, este hecho no paso desapercibido, puesto que varios medios internacionales, principalmente en Argentina, expusieron informes sobre lo registrado.

Por ejemplo, El País América tituló “Un muerto y varios heridos en un concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena de Bogotá“, resaltando que los desmanes fueron protagonizados por barras de equipos de fútbol.

Por su parte, Clarín resaltó que una persona murió en los disturbios, además de que en redes sociales se hicieron virales varias grabaciones de lo registrado en el Movistar Arena.

“Todo se empañó debido a la violencia registrada por decenas de personas dentro de las instalaciones“, es parte del informe publicado por el medio citado.

Reconociendo que se trató de un hecho en el que se expuso de manera negativa el fanatismo por el fútbol, La Nación aclaró que no es la primera situación de esa índole que se registra en Colombia, recordando las peleas entre hinchadas que han sido reportadas en los últimos meses por las autoridades.

“Lo que siguió fue una batalla campal al interior del coliseo, al parecer entre barras bravas de diferentes equipos que trasladaron a un espectáculo musical, la tragedia en la que se ha convertido el fútbol colombiano, que al parecer se acostumbró a peleas, agresiones y ataques de supuestos seguidores dispuestos a herir o matar a quien lleve puesta una casaca diferente“.

La noticia generó un impacto tan grande en Argentina que hasta Olé, un medio especializado en temas deportivos, también sacó un informe con las estadísticas preliminares que expuso la Alcaldía de Bogotá en la noche del 7 de agosto.

“Lo que siguió fue una batalla campal entre barras, que se enfrentaron con armas blancas dentro y fuera del recinto. La persona fallecida fue identificada como Sergio Blanco, de 29 años, quien era reconocido hincha de Independiente de Santa Fe“, es parte de la publicación del medio deportivo.

En diálogo con la FM, Luigi Quintero, manager del Movistar Arena, rechazó que se cuestione la seguridad del evento, puesto que, en su opinión, lo registrado antes del concierto de Damas Gratis es algo injustificable.

“Siempre en Movistar Arena hay un anillo de seguridad. Tumbaron la puerta. Cuando hay desadaptados como los que había anoche, allá no hay requisa que valga”, indicó Quintero.

Sin embargo, Diego González, líder distrital de la barra organizada de Independiente Santa Fe, afirmó que fue irresponsable la falta de seguridad que había en el recinto, puesto que ya había claridad de que habría presencia de al menos tres grupos de hinchas, resaltando que es claro para las autoridades que en Bogotá hay presencia masiva de fanáticos de Santa Fe, Millonarios y Nacional.

“No me parecía responsable la forma en que se estaba vendiendo la boletería. Incluso abrieron una tercera localidad a precios muy bajos, lo que aumentó aún más el riesgo”, indicó González a WRadio.

De acuerdo con las autoridades, los enfrentamientos comenzaron en las inmediaciones del recinto cuando grupos de seguidores de distintos clubes se enfrentaron de forma violenta. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron escenas de caos, peleas, y destrozos tanto en el exterior como dentro del centro de eventos.

En medio del desorden, uno de los asistentes murió, presuntamente tras ser arrollada por un vehículo en las afueras del recinto, mientras que cinco heridos fueron trasladados a centros médicos como el Hospital San José Infantil, el Hospital de Engativá y el Servicio de Atención Médica de Urgencia (Samu) 68.

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Mánager del Movistar Arena se pronunció tras el fallido concierto de Damas Gratis

En entrevista con La FM, Luigi Quintero, mánager del Movistar Arena, dio detalles sobre cómo se desencadenaron los disturbios. “Las puertas se abrieron a las 6:00 p. m. y el ingreso se dio con normalidad. Sin embargo, hacia las 8:20 p. m., un grupo numeroso irrumpió violentamente por la entrada principal, tumbando la puerta 5 y entrando en manada”, explicó Quintero.

El ataque sorpresa desató una batalla campal en la platea y las graderías. A las 8:35 p. m. los organizadores tomaron la decisión de cancelar el evento y activar el protocolo de evacuación, que se prolongó hasta las 10:20 p. m., cuando la Policía pudo hacer el último barrido del lugar.

Quintero aseguró que el evento contaba con los dispositivos necesarios para el control de ingreso, e incluía detectores de metales; al igual que la seguridad era una responsabilidad compartida entre el operador privado y las autoridades públicas. “El concierto fue aprobado por un Puesto de Mando Unificado (PMU), como es habitual en estos casos”, aclaró.

Testimonios de terror de los asistentes al Movistar Arena

Una de las asistentes, entrevistada por el medio citado, ofreció un relato estremecedor sobre los angustiosos momentos vividos dentro del Movistar Arena. Según su testimonio, todo iba bien hasta después de la presentación de un grupo local, momento en el que notaron que algo extraño sucedía entre el público.

“La gente estaba tomando, todo muy tranquilo. De repente, empezó a correr. Nosotras nos levantamos y vimos una multitud alejándose de la platea”, contó. En medio del caos, vio cómo una mujer atacaba con un puñal a otros asistentes y aseguró que al menos cinco personas más portaban cuchillos. “Fue aterrador. Rompieron sillas, golpeaban gente. Nos tocó correr hasta lo más alto del tercer piso para refugiarnos”, reveló.

En ese sentido, la joven también denunció la aparente falta de presencia policial dentro del recinto. “Acá había espacio para que hubiera policía, al menos uno, dos o tres. No había nadie. Nos dejaron solos”, agregó.

Galán se pronunció tras disturbios en concierto de Damas Gratis

Tras lo acontecido en el recinto, ubicado sobre la carrera 30, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó de forma contundente los hechos. “Este tipo de violencias no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal. Como resultado de las riñas, varias personas están siendo atendidas en centros hospitalarios. Esto no puede repetirse”, expresó en su perfil de X.

Es de mencionar que hasta el momento no se ha confirmado si se hará el reembolso a los asistentes que habían adquirido su boleta. De igual modo, tampoco se ha anunciado una nueva fecha para el concierto de Damas Gratis, que quedó marcado por un episodio lamentable de violencia urbana, justo en el cumpleaños 487 de la capital de la República.

Entre tanto, las autoridades trabajan en la identificación de los responsables, que, según versiones preliminares, pertenecerían a barras bravas. Las investigaciones se centran ahora en determinar cómo se vulneraron los controles de seguridad y qué fallas se registraron en la coordinación entre las entidades encargadas.

La protesta, que comenzó hacia las 3:00 p. m. como una muestra de solidaridad con los presos del estallido social de 2021, degeneró con el paso de las horas. Para las 8:00 p. m., encapuchados armados con piedras y otros objetos contundentes comenzaron a atacar buses del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp), así como a dañar semáforos, contenedores de basura y vehículos institucionales de la Policía Metropolitana de Bogotá.

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Uno de los videos que circula en redes sociales muestra cómo un grupo de cuatro manifestantes obliga a los pasajeros de un bus zonal del Sitp a evacuar, para posteriormente romper sus vidrios a piedra y robar los extintores del vehículo. Las escenas, grabadas por ciudadanos que se encontraban atrapados en medio de la protesta, generaron angustia y conmoción.

Conductora herida y colapso del sistema de transporte

Uno de los casos más graves reportados durante la noche fue el ataque a una conductora del Sitp, que resultó herida por el impacto de un objeto contundente mientras intentaba continuar su ruta. También fue agredida una funcionaria de la Secretaría de Seguridad, que actuaba como gestora de convivencia.

El coronel Wilson Torres, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, entregó un balance preliminar de los hechos: “En el sector de la Marichuela se identificó un grupo de personas con el rostro cubierto. Vandalizaron semáforos, quemaron contenedores de basura y dañaron seis buses del sistema Sitp. También agredieron a una de las conductoras, causaron daños a dos vehículos de la Policía Metropolitana y atacaron a una gestora de la Secretaría”.

A raíz de la violencia, TransMilenio se vio obligado a suspender temporalmente las rutas alimentadoras del Portal Usme, lo que dejó a cientos de ciudadanos sin transporte para regresar a sus casas. En total, 25 rutas troncales y zonales presentaron afectaciones. Aunque algunas de ellas retomaron operación pasadas las 10:00 p. m., muchas continuaron suspendidas por varias horas.

La Secretaría de Movilidad reportó bloqueos intermitentes en puntos clave como la avenida Caracas con calle 76B Sur y la intersección con la avenida Boyacá, complicando aún más la circulación vehicular en el sur de la ciudad.

Pancarta y mensaje político en medio de los disturbios

La manifestación tuvo como eje central una pancarta instalada sobre el paso peatonal del puente de Marichuela, en la que se leía: “Ni la cárcel, ni las balas podrán silenciarnos. Solidaridad con lxs presxs del estallido (sic)”. Según las autoridades, este mensaje hacía referencia a las personas procesadas judicialmente por su participación en las movilizaciones sociales que sacudieron al país entre abril y junio de 2021.

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, se pronunció condenando los hechos: “Una ambulancia, una patrulla y personal de Bogotá fueron agredidos por un grupo aislado que bloqueaba el sector de la Y de Yomasa. Estos hechos son intolerables. Tras los ataques a buses del transporte público con objetos contundentes, se suspendió la etapa de diálogo e intervino la Undmo”.

Pese a la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), que logró restablecer el orden hacia las 10:30 p. m., hasta el momento no se ha reportado ninguna captura relacionada con los actos de vandalismo. La Policía Metropolitana hizo un llamado a la ciudadanía para ayudar a identificar a los responsables de los daños, que ya están siendo investigados por las autoridades judiciales.

“Necesitamos reforzar los protocolos de respuesta en zonas vulnerables y asegurar la protección del sistema de transporte y del personal que lo opera”, concluyó el coronel Torres.

Tras los disturbios ocurridos durante la segunda marcha contra la gentrificación, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) dará seguimiento a la denuncia interpuesta por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por los daños registrados dentro de Ciudad Universitaria (CU).

“Es importante darnos cuenta de lo que ha pasado en las movilizaciones, no sólo las de gentrificación. Ha habido otras donde grupos actúan violentamente contra instalaciones. En esta última, la UNAM ya presentó denuncias y la Fiscalía tendrá que actuar al respecto”, señaló Brugada en conferencia de prensa.

La mandataria también explicó que durante la movilización del pasado domingo, el gobierno implementó un protocolo de prevención, ante la posibilidad de incidentes. Subrayó que muchos de los manifestantes eran jóvenes y estudiantes, quienes consideraron como represión la presencia de la Policía, algo que la mandataria negó enfáticamente.

“La Policía tuvo su participación justamente para evitar que se desbordara la violencia. Lamentablemente no se pudo contener del todo porque entraron a una zona con autonomía como Ciudad Universitaria”, puntualizó.

Policía afirma que se respetó el derecho a manifestarse

Por su parte, Pablo Vázquez Camacho, jefe de la Policía capitalina, aseguró que las fuerzas de seguridad actuaron de manera prudente y que se respetó en todo momento el derecho a la libre manifestación.

Reiteró que, por tratarse de un espacio autónomo, la Policía solo puede ingresar a instalaciones de la UNAM en casos de solicitud expresa o si existe riesgo a la paz pública.

“Estuvimos en comunicación constante con la Universidad. Se está colaborando con ellos para presentar las denuncias y proceder conforme a derecho contra quienes cometieron actos delictivos”, afirmó.

El jefe policiaco agregó que las afectaciones fueron mínimas, limitándose a infraestructura pública y a una publicidad ubicada en un paso a desnivel, por lo cual ya se encuentran en contacto con Metrobús y con los propietarios de la publicidad para dar seguimiento legal al caso.

El Partido Socialista de la Región de Murcia ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra José Ángel Antelo, líder regional de Vox, por los mensajes que ha difundido a raíz de los recientes disturbios xenófobos ocurridos en Torre Pacheco. Los altercados se produjeron tras la agresión a un vecino presuntamente a manos de varios jóvenes de origen magrebí, hecho que Antelo aprovechó para vincular inmigración y delincuencia.

Según informa elDiario.es, el secretario general del PSOE murciano, Francisco Lucas, anunció la denuncia a través de la red social X: “Hemos denunciado ante Fiscalía a Antelo, líder de Vox, por un delito de odio. Sus palabras atacan la seguridad de miles de personas y son incompatibles con los derechos humanos. Basta de normalizar esta situación. No puede quedar impune. En democracia no caben el racismo ni la violencia”, escribió Lucas.

En los últimos días, Antelo ha utilizado sus redes sociales para relacionar directamente la inmigración con la violencia y el crimen, además de difundir información no verificada sobre supuestos nuevos ataques cometidos por migrantes. En uno de sus mensajes, afirmó que: “Toda la violencia que se vive en Torre Pacheco es CULPA del PP y del PSOE por financiar y llenar nuestras calles de inmigración ilegal. Con VOX deportaciones, seguridad y paz en nuestros barrios”.

Las declaraciones del dirigente de Vox han generado una oleada de críticas por parte de otros grupos políticos. La diputada regional de Podemos, María Marín, también ha señalado la gravedad de la situación y ha apuntado a varios responsables por lo ocurrido este fin de semana, cuando se vivieron escenas de violencia en Torre Pacheco con agresiones dirigidas a jóvenes de origen extranjero. Marín ha calificado estos hechos como “un pogromo medieval” y ha declarado que hay “dos claros responsables”.

“El primero de ellos es una ultraderecha envalentonada que se siente impune y que ha pasado todas las líneas rojas”, afirmó. La portavoz de Podemos subrayó que no se trata solo de las declaraciones de Antelo, sino de una campaña coordinada de miembros de Vox para alimentar el odio: “Este fin de semana hemos visto a cargos públicos de Vox difundir y jalear vídeos de palizas, linchamientos a jóvenes de Torre Pacheco que no tienen nada que ver con ningún suceso, solo por su origen étnico”. Y añadió con firmeza: “No les va a salir gratis”.

Marín anunció que su grupo está recopilando información y procediendo a identificar a los responsables: “Estamos identificando a todos esos cargos y vamos a denunciarlos ante Fiscalía”.

La diputada de Podemos también ha apuntado como corresponsable al Partido Popular. A su juicio, Vox ha logrado avanzar gracias al respaldo del Gobierno regional liderado por Fernando López Miras: “Si Vox ha llegado tan lejos es gracias también al PP de López Miras, que ha comprado todos los marcos de la ultraderecha”. Para Marín, este tipo de acuerdos políticos tienen consecuencias directas: “Cuando se pactan unos presupuestos a cambio del cierre de un centro de menores, cuando desde el propio Gobierno regional se asume el racismo como una política institucional, la cacería de Torre Pacheco es la consecuencia lógica”.

Finalmente, Marín ha señalado también a la Delegación del Gobierno como responsable por su falta de actuación. Según explicó, “el viernes pedimos a la delegada que enviara refuerzos a la zona. La convocatoria de la cacería era pública y notoria”. Pese a ello, afirma que esa noche “solo había policía local” y el sábado “un escaso dispositivo de 50 guardias civiles”. En contraste, criticó el despliegue policial en otras protestas: “En cambio, para reprimir a los obreros del metal en Cartagena hemos visto un despliegue brutal y una represión proporcionada”, concluyó.

Cientos de personas han recorrido este sábado las calles de Belfast, en Irlanda del Norte, en contra del racismo y en respuesta a las cinco noches consecutivas de disturbios por la presunta implicación de dos adolescentes extranjeros en la agresión sexual a una menor.

Los manifestantes corearon cánticos contra de las protestas racistas de los últimos días y pidieron una mayor responsabilidad a los políticos ante los sucesos ocurridos.

Los disturbios persistieron por quinto día consecutivo en Irlanda del Norte con el lanzamiento de objetos pesados y fuegos artificiales contra los cuerpos policiales y se han registrado hasta 60 policías heridos.

Las protestas, que han llevado a cientos de personas a salir a la calle para pedir un recrudecimiento de las política migratorias ante la posibilidad de que los dos acusados sean extranjeros, comenzaron el lunes en la ciudad norirlandesa de Ballymena y han provocado también conatos de violencia en la localidad de Portadown.

El Servicio de Policía de Irlanda del Norte (PSNI) ha calificado estas manifestaciones violentas de "racistas" en las que se ha atentado contra viviendas y propiedades de personas extranjeras.

Durante este sábado, se han producido tres detenciones, que se unen a las más de 15 realizadas por el PSNI a lo largo de la semana, a personas involucradas con las protestas. Uno de estos arrestos corresponde a un hombre de 32 años que publicaba contenido en internet en relación con los disturbios.

En la quinta noche de altercados, un vehículo policial ha sido dañado en una zona cercana a la localidad de Londoderry, al este de Irlanda del Norte, y varios parques y propiedades han sido atacados en la zona de Killeavey Road, en el municipio de Newry.

Los disturbios se han producido justo cuando la policía, posicionada como cordón en la Calle Ferraz, ha intentado desalojar la concentración después de que los manifestantes gritaran "a la Moncloa".

Parte de los manifestantes se han dirigido rápidamente hacia el parque del Oeste bajando la cuesta de Marqués de Urquijo, lo que ha provocado que la policía les intentara bloquear, produciendo como resultado, algunos enfrentamientos físicos, así como lanzamientos de objetos, gases lacrimógenos, gases pimienta y petardos.

LA CONCENTRACIÓN

La concentración ha arrancado a las 21.15 horas en las inmediaciones del Intercambiador de Moncloa y ha estado encabezada por el líder de Vox, Santiago Abascal, y otros miembros de la formación bajo el lema "Todos a la cárcel".

Tras recorrer la calle Princesa y la calle Marqués de Urquijo, entre banderas de España constitucionales, preconstitucionales y de la Cruz Roja de Borgoña, y bajo consignas como "Pedro Sánchez a prisión", "Pedro Sánchez hijo de puta" o "no es un presidente, es un delincuente", los manifestantes han llegado en las inmediaciones de la sede de los socialistas.

A las puertas de Ferraz, hasta las 22.40 horas los manifestantes han coreado repetidamente "no es una sede es un puticlub", "España cristiana y no musulmana" y "Abascal presidente". También se han producido repetidos ataques a los medios de comunicación.

A la concentración, además de Abascal, han acudido la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán; el secretario general del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso y portavoz de Economía, José María Figaredo; el eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé; el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster; y el senador de Vox, Ángel Pelayo Gordillo Moreno.

En medio de una de las mayores oleadas de redadas antimigrantes en Estados Unidos en los últimos años, Emma Coronel, esposa del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales una guía básica para que los migrantes sepan cómo actuar si son confrontados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Desde su cuenta de Instagram, Coronel publicó una imagen en sus historias que rápidamente se viralizó. En letras mayúsculas, la advertencia es clara: “Si ICE toca tu puerta, NO ABRAS”. El mensaje continúa detallando pasos concretos para proteger los derechos de los migrantes ante una posible redada. Entre las recomendaciones se incluyen no abrir la puerta si los agentes no presentan una orden judicial firmada, exigir ver dicha orden a través de una rendija o por debajo de la puerta, no firmar ningún documento sin asesoría legal, y grabar la interacción si es posible.

“Tu casa es tu espacio, defiéndelo legalmente”, se lee en el mensaje, que finaliza con una llamada a la calma: “¡No estás solo! Si ICE llega, mantén la calma, no corras, no mientas. La información es poder”. Según Coronel, las recomendaciones están basadas en directrices emitidas por la Secretaría de Gobernación de México y organizaciones civiles que defienden los derechos de los migrantes en EE. UU.

El gesto de Coronel se da en un contexto especialmente tenso. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró el jueves que las operaciones de inmigración impulsadas por el presidente Donald Trump continuarán en Los Ángeles “hasta que tengamos paz en las calles”. Durante su conferencia de prensa, interrumpida por el senador demócrata Alex Padilla —quien fue retirado por la fuerza—, Noem aseguró que los agentes ya han identificado miles de objetivos migratorios.

La situación se ha agravado con la intervención militar en las redadas. El gobernador de California, Gavin Newsom, presentó una solicitud urgente para detener el despliegue de tropas, advirtiendo que se trata de un intento de la administración Trump por socavar principios democráticos fundamentales. “El uso de la Guardia Nacional solo ha encendido aún más las tensiones”, declaró Newsom. Una audiencia federal se programó para este jueves en San Francisco.

Mientras tanto, las protestas se intensifican. Más de una docena de ciudades han registrado manifestaciones, algunas de ellas violentas. En Seattle, la policía usó gas pimienta; en Denver, humo y bolas de pimienta. En Los Ángeles, agentes antidisturbios —incluso montados a caballo— dispersaron a manifestantes con proyectiles y toletes durante el segundo toque de queda nocturno.

En este ambiente de incertidumbre, mensajes como el de Emma Coronel resuenan especialmente entre la comunidad migrante. Más allá de su controvertida figura pública, su publicación refleja la urgencia de difundir información legal precisa en tiempos en que los derechos civiles parecen estar bajo amenaza constante.

La reciente ola de disturbios en el centro de Los Ángeles ofreció a Donald Trump la oportunidad de reforzar su narrativa sobre la migración, según analizó Carlos Loret de Mola en su columna de este jueves. El autor sostuvo que “la foto respalda la narrativa oficial: no es migración, es invasión. El mundo ideal para Donald Trump”. Para Loret de Mola, la imagen de un migrante ondeando una bandera tricolor sobre una patrulla incendiada sirvió como símbolo para el discurso presidencial, que busca asociar el caos urbano con la presencia de migrantes y la supuesta permisividad del Partido Demócrata.

Loret de Mola, periodista mexicano reconocido por su cobertura política y social, argumentó que la estrategia de Trump se apoya en la percepción de inseguridad y desorden. “La acción de grupo de vándalos, desprendidos y a veces desconectados de una protesta pacífica más grande en la zona centro de Los Ángeles, ha servido al discurso del presidente de Estados Unidos para pintar que la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos está sumergida en el caos por culpa de los migrantes —que son criminales, violentos, ilegales— y de sus aliados del Partido Demócrata que les abrieron las puertas de la nación”, escribió el autor. Según su análisis, la respuesta del gobierno federal, con toques de queda y presencia militar, buscó reforzar la imagen de un presidente fuerte que interviene ante la supuesta incapacidad de la oposición para garantizar la seguridad.

El autor subrayó que la migración se ha convertido en el tema central de la campaña de Trump, desplazando otros asuntos de la agenda pública. “A Donald Trump le está saliendo todo de maravilla. En el caos y la confrontación, él es pez en el agua”, afirmó Loret de Mola. El periodista señaló que la mayoría de los estadounidenses no se mostró satisfecha con las políticas migratorias anteriores, y que el discurso que asocia a los migrantes con el deterioro de la seguridad y el desempleo ha calado más hondo que los argumentos sobre su contribución económica.

En su artículo, Loret de Mola explicó que Trump recurre al tema migratorio cada vez que enfrenta dificultades políticas o escándalos. “Por eso cuando Trump está en crisis, recurre a hablar de migración. Cuando se tropieza por escándalos de corrupción y conflicto de interés, cuando hay rebelión empresarial por los aranceles, cuando se empantana en Ucrania y Gaza, cuando hasta Elon Musk habla de recesión, Trump recuerda que votaron por él para arreglar el caos migratorio”, escribió el periodista. Según su perspectiva, las imágenes de los disturbios en Los Ángeles han servido para desviar la atención de otros problemas y fortalecer la base electoral del presidente.

Loret de Mola también abordó el impacto electoral de estos acontecimientos, sugiriendo que la estrategia de Trump podría tener consecuencias para el Partido Demócrata y sus figuras más visibles. “Un colega en la cobertura de las manifestaciones me decía que Trump le estaba haciendo la campaña presidencial al gobernador de California, Gavin Newsom. Yo lo veo justo al revés: quizá lo posiciona dentro del Partido Demócrata —entre los convencidos—, pero en Estados Unidos para ganar las elecciones hay que conquistar a un público que está en medio y que ha demostrado que ve a la migración con recelo, que es adverso al desorden público y que posiblemente se alejará de los demócratas si quedan estigmatizados como los defensores de quienes gritan ¡viva México! sobre una patrulla quemada enarbolando una bandera extranjera en suelo americano”, analizó el autor.

El periodista describió el contraste entre diferentes zonas de Los Ángeles para ilustrar la polarización social y mediática. Mientras en Beverly Hills continuaron circulando los coches deportivos de las estrellas de cine y en Malibú se mantuvieron las terrazas de restaurantes de lujo, el centro de la ciudad vivió una realidad distinta, con calles bloqueadas y presencia militar. “En Beverly Hills circulan como todos los días los estruendosos coches deportivos de las estrellas de cine, o de quienes aspiran a serlo. En Malibú, las terrazas con vista al mar de los restaurantes más cotizados siguen sirviendo botellas de vino caras. Las playas de Venice son como siempre un desfile de cuerpazos haciendo ejercicio en pleno verano. En cambio, en el centro de Los Ángeles, el escenario es otro: toque de queda por las noches, calles bloqueadas, policías y militares supervisando todo, y el recuerdo de la imagen que Trump estaba buscando”, relató Loret de Mola.

El análisis de Loret de Mola insistió en que la cobertura mediática de los disturbios ha favorecido la agenda de Trump, al centrar la atención en la migración y desplazar el debate económico. “Gran noticia para Trump si en los medios se habla más de migración que de economía”, concluyó el periodista en uno de los pasajes del artículo. Para el autor, la estrategia de comunicación del presidente estadounidense ha logrado que la opinión pública se enfoque en el tema migratorio, lo que podría beneficiar sus aspiraciones electorales.

A lo largo de su texto, Loret de Mola reiteró que la narrativa oficial impulsada por Trump se apoya en imágenes y episodios de violencia para justificar medidas de excepción y reforzar su liderazgo. “Por tanto, ante la incapacidad de la oposición para ofrecer seguridad a los ciudadanos, el presidente fuerte tiene que intervenir propiciando un estado de sitio”, escribió el periodista. Según su análisis, la construcción de un relato de crisis permanente permite al mandatario consolidar su base y debilitar a sus adversarios políticos.

El autor también destacó la complejidad de la opinión pública estadounidense respecto a la migración. “El discurso de que los migrantes han envilecido las calles y dejado en el desempleo a la clase trabajadora americana ha permeado más que el argumento de que los migrantes sostienen la economía ofreciendo servicios y productos a precios más bajos”, señaló Loret de Mola. Para el periodista, esta percepción ha sido determinante en el avance de la agenda migratoria de Trump y en la respuesta de los partidos políticos.

Loret de Mola, quien ha seguido de cerca la política estadounidense y sus repercusiones en la región, subrayó que la polarización en torno a la migración podría definir el rumbo de las próximas elecciones. “Quizá lo posiciona dentro del Partido Demócrata —entre los convencidos—, pero en Estados Unidos para ganar las elecciones hay que conquistar a un público que está en medio y que ha demostrado que ve a la migración con recelo”, reiteró el autor. Según su análisis, la estrategia de Trump busca precisamente movilizar a ese electorado indeciso, utilizando episodios de desorden público como argumento central.

El artículo de Carlos Loret de Mola ofreció una visión detallada sobre cómo la coyuntura en Los Ángeles ha sido utilizada políticamente para fortalecer la narrativa de Donald Trump y condicionar el debate público en Estados Unidos.

La reciente decisión del presidente Donald Trump de desplegar más de 4.000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines en Los Ángeles, tras las protestas por redadas migratorias, ha traído de vuelta imágenes de calles cerradas, gases lacrimógenos y vehículos ardiendo.

Sin embargo, a diferencia de los disturbios que siguieron al veredicto del caso Rodney King en 1992, los eventos actuales, aunque tensos, han sido en su mayoría pacíficos y contenidos.

Las protestas, que comenzaron el viernes en respuesta a operativos de Immigration and Customs Enforcement (ICE), han sido principalmente concentradas en un tramo de cinco cuadras del centro de la ciudad. Según las autoridades, no se han reportado muertes, y aunque ha habido algunos actos de vandalismo y quema de automóviles, no se han destruido edificios ni viviendas.

Un despliegue que genera debate legal

La movilización de tropas federales fue ordenada bajo una disposición legal que permite actuar ante un “peligro de rebelión contra la autoridad del Gobierno de los Estados Unidos”.

Mientras Trump sostuvo que la medida busca preservar el orden público, tanto el gobernador Gavin Newsom como la alcaldesa Karen Bass expresaron su desacuerdo, afirmando que no solicitaron la intervención militar.

El fiscal general de California, Rob Bonta, presentó una demanda alegando que el mandatario excedió sus atribuciones, mientras que el gobernador presentó una moción de emergencia ante un tribunal federal para impedir que los militares participen en los operativos de inmigración. El proceso judicial sigue en curso.

Más de 100 arrestos y municiones no letales

De acuerdo con las autoridades, en los últimos días se han registrado más de 100 arrestos, en su mayoría por no acatar órdenes de dispersión. Algunos casos incluyeron cargos por asalto con arma mortal, intento de homicidio —tras el lanzamiento de un cóctel molotov— y saqueos.

La policía de Los Ángeles ha utilizado más de 600 proyectiles no letales, incluidas balas de goma, para dispersar a los manifestantes. Algunos periodistas y civiles han resultado heridos, al igual que varios agentes, aunque en todos los casos las lesiones fueron menores.

Lecciones de 1992: una comparación inevitable

El recuerdo de los disturbios de 1992 está aún fresco en la memoria de muchos angelinos. Aquel episodio, tras la absolución de los policías que golpearon a Rodney King, desencadenó una semana de violencia en la que murieron más de 60 personas, miles de negocios fueron saqueados y barrios como South Los Angeles y Koreatown quedaron devastados por el fuego.

En ese entonces, el despliegue militar también fue autorizado, pero tras la petición del entonces alcalde Tom Bradley y el gobernador Pete Wilson. La magnitud del caos sorprendió incluso al propio Departamento de Policía, y las tensiones raciales jugaron un papel central, especialmente entre residentes afroamericanos y comerciantes coreanos.

Las manifestaciones actuales no han alcanzado ese nivel de confrontación. Aunque persisten reclamos por la política migratoria federal, la respuesta ciudadana se ha centrado en protestas organizadas y actos simbólicos, más que en enfrentamientos masivos.

Los Ángeles, una ciudad de casi cuatro millones de habitantes, ha experimentado una transformación en sus estructuras institucionales y de seguridad desde 1992. La gestión de crisis y los canales de diálogo con organizaciones civiles han evolucionado, lo que podría explicar en parte la menor escala de violencia observada en esta ocasión.

Por ahora, el foco está puesto en los tribunales, donde se debatirá si la presencia militar en las calles se ajusta al marco legal vigente. Mientras tanto, líderes comunitarios y defensores de derechos civiles insisten en que las medidas deben priorizar la protección de la población y evitar una escalada innecesaria.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha advertido este lunes de que si escupen a la Guardia Nacional enviada a Los Ángeles en medio de las protestas por las redadas contra inmigrantes "serán golpeados más fuerte que nunca".

"Si escupen, los golpearemos. Es una frase del presidente de Estados Unidos por los disturbios catastróficos de Los Ángeles inspirados por (el gobernador de California) Gavin 'Newscum'", apodo con el que se refiere a Gavin Newsom, ha afirmado Trump en su cuenta en la red Truth Social.

"Los insurrectos tienen tendencia a escupir a la cara de los hombres y mujeres de la Guardia Nacional y a otros. Les dicen a estos patriotas que lo acepten, que así es la vida, pero no con la Administración Trump", ha advertido.

"SI ESCUPEN, LOS GOLPEAMOS, y os prometo que van a recibir los golpes más fuertes que hayan recibido. ¡No se van a tolerar estas faltas de respeto!", ha remachado.

Las autoridades estatales han anunciado que demandarán al Gobierno federal al considerar que "no tenía autoridad" para ordenar el despliegue de la Guardia Nacional, una medida tomada para sofocar las protestas desatadas en contra las redadas contra inmigrantes.

El sospechoso del asesinato de un joven de 17 años el sábado de la semana pasada en Francia durante las celebraciones del triunfo del Paris Saint-Germain (PSG) en la final de la Liga de Campeones se ha entregado a la Policía y comparecerá este domingo ante un tribunal.

El joven fallecido, identificado únicamente por su nombre de pila, Benoît, recibió varias puñaladas en el pecho a manos de su presunto asesino, con quien había mantenido una disputa previa, según la Fiscalía de la localidad de Dax, en el sur de Francia, donde ocurrió el asesinato.

La victoria del PSG ante el Inter de Milan desató una ola de disturbios nocturnos en todo el país, con un saldo de 559 personas detenidas, 491 en París. Un total provisional de 320 personas acabaron arrestadas y pasado a disposición judicial, 254 de ellas en la capital francesa. En total, 192 personas resultaron heridas.

Según fuentes de seguridad a la cadena gala BFM TV, el sospechoso se entregó a los agentes de una comisaría de Burdeos el este pasado sábado. De él solo se sabe que tiene 16 años de edad, por lo que solo puede ser condenado a una pena máxima de 15 años, la mitad que un adulto.

Entre la disputa previa y el hecho de que Benoît, fue asesinado en torno a las 23.00, nada más acabar el partido, la Fiscalía no ha querido vincular el crimen con las celebraciones de los aficionados del club deportivo.

El ministro del Interior francés, Bruno Retailleau, ha admitido sentirse insatisfecho por la respuesta a los disturbios que se produjeron este fin de semana en París tras la victoria del PSG en la final de la Champions League y ha señalado que es necesaria una "revolución penal" y "tecnológica" para atajar estos actos.

"No estoy satisfecho con la respuesta de seguridad", ha reconocido este miércoles en una entrevista para la emisora RTL, un día después de que su compañero de gabinete, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, defendiera la necesidad de un "cambio radical" de la ley, después de conocerse algunas de las condenas.

Retailleau se ha mostrado partidario de utilizar, "de manera muy regulada", técnicas de reconocimiento facial para "detectar mejor los rostros" de quienes participan de estos disturbios.

"Un revolución penal" que pasa también, ha dicho, por acabar también con las pena de prisión cortas, precisamente las que se han impuesto esta semana a cuatro de los detenidos por los disturbios del sábado, que les fueron finalmente conmutada por libertad vigilada, multas o trabajos para la comunidad.

"Con nuestra legislación actual, ya tenemos suficientes motivos para condenar. No pueden pedirme que envíe a padres y madres a primera línea sin que haya suficientes sanciones", ha dicho en referencia a las fuerzas de seguridad.

En la víspera, el ministro Darmanin aseguró que las sentencias aplicadas sobre algunos de los infractores no estuvieron a la altura. "Ya no son proporcionales a la violencia que vive nuestro país", dijo.

Los tribunales tuvieron en cuenta la juventud de los acusados, que se trataba de su primer delito, así como las disculpas que ofrecieron durante el juicio para imponer condenas de entre dos y ocho meses por lanzar fuegos artificiales a los agentes de las fuerzas de seguridad.

Un tribunal del suburbio parisino de Nanterre ha anunciado este martes que el policía que mató de un disparo a Nahel, un joven francés de 17 años que murió en junio de 2023 durante un control de tráfico, será juzgado por presunto homicidio.

"El juicio podría celebrarse ante el tribunal de lo penal de Altos del Sena en el segundo o tercer trimestre de 2026", han indicado el fiscal y el presidente del tribunal de Nanterre en un comunicado recogido por el canal de televisión France Info.

Esto se produce después de que la Fiscalía pidiera en marzo enviar a juicio al agente, aludiendo a que tuvo la posibilidad de "disparar contra el capó o los neumáticos del vehículo", evitando así cualquier daño a la integridad del adolescente, que estaba al volante.

Asimismo, consideró que durante el tiroteo "no se dieron condiciones de legítima defensa". El agente aseguró haber temido por su integridad física y acusó al menor de intentar atropellarlo, si bien un vídeo posterior desmintió esta versión.

El policía disparó cuando el joven inició la marcha en un coche a cuya ventanilla estaba asomado en el momento del control. La Fiscalía francesa estimó que la situación no presentaba las circunstancias necesarias para que abriera fuego.

El suceso desató una oleada de manifestaciones en contra de la violencia policial, muchas de las cuales derivaron en disturbios en gran parte del país.

El ministro de Justicia francés, Gérald Darmanin, ha lamentado este martes que las condenas impuestas a algunas de las personas detenidas el pasado fin de semana por los graves disturbios en París tras la victoria del PSG en la final de la Champions League "ya no son proporcionales a la violencia que vive" el país.

"Algunas de las condenas, en particular las cometidas contra la Policía y por destrucción de la propiedad, ya no son proporcionales a la violencia que vive nuestro país", ha dicho el ministro de Justicia en su cuenta de la red social X.

Es por ello que ha defendido que "la ley debe cambiar radicalmente" y ha apostado, por ejemplo, por abolir las penas suspendidas, precisamente las que se impusieron a cuatro de las decenas de detenidos que fueron juzgados este lunes por los "graves incidentes de orden público" y "repetidos disturbios".

Darmain ha explicado que los jueces, a quienes ha expresado su plena confianza, deben contar con las herramientas necesarias para poder, "en circunstancias difíciles", juzgar estos hechos de "manera firma y sencilla", de acuerdo con las características de "la delincuencia actual".

Entre las propuestas planteadas por el ministro está la de una pena mínima de tres meses de prisión --a cumplir de manera efectiva-- por cualquier agresión hacia un representante del Estado, o una multa muy elevada por la destrucción del espacio público, una vez se haya reconocido la culpabilidad del acusado.

"Estas propuestas, que debemos poner en práctica rápidamente, garantizan la independencia de los magistrados, que todos debemos proteger, y la firmeza y el sentido común esenciales deseados por nuestros conciudadanos", ha incidido.

Darmanin, en un mensaje en redes sociales, lamentó que "tras los graves incidentes" del fin de semana, una parte de las condenas emitidas en los primeros juicios rápidos "no están a la altura de la violencia que conoce nuestro país".

Por ejemplo, cuatro jóvenes juzgados el lunes en París por disparar fuegos artificiales contra la policía fueron condenados a penas de entre dos y ocho meses de cárcel exentos de cumplimiento debido a que no tenían antecedentes y mostraron su arrepentimiento.

Otras penas similares se han impuesto en otros tribunales de distintos puntos de Francia por destrozos o saqueos de comercios.

Darmanin pidió "una escala de penas firme, simple y adaptada a la delincuencia de hoy",

"Hace falta cambiar radicalmente la ley: Suprimir los ajustes obligatorios de penas, suprimir la exención" de entrada en prisión para penas leves y "poner en marcha una condena mínima sistemática una vez que se ha reconocido la culpabilidad", detalló.

Por ejemplo, pidió "tres meses de prisión mínimos cumplidos realmente para cualquier agresión a un representante del Estado o una multa muy elevada para cualquier destrozo".

La violencia de la noche del sábado causó dos muertos, más de 200 heridos (entre ellos varias decenas de policías y bomberos, con un agente en coma), 559 detenidos, casi 700 incendios y numerosos saqueos de comercios. Y en la noche del domingo hubo otros 79 detenidos solo en París. EFE

Darmanin, en un mensaje en redes sociales, lamentó que "tras los graves incidentes" del fin de semana, una parte de las condenas emitidas en los primeros juicios rápidos "no están a la altura de la violencia que conoce nuestro país".

Por ejemplo, cuatro jóvenes juzgados el lunes en París por disparar fuegos artificiales contra la policía fueron condenados a penas de entre dos y ocho meses de cárcel exentos de cumplimiento debido a que no tenían antecedentes y mostraron su arrepentimiento.

Otras penas similares se han impuesto en otros tribunales de distintos puntos de Francia por destrozos o saqueos de comercios.

Darmanin pidió "una escala de penas firme, simple y adaptada a la delincuencia de hoy",

"Hace falta cambiar radicalmente la ley: Suprimir los ajustes obligatorios de penas, suprimir la exención" de entrada en prisión para penas leves y "poner en marcha una condena mínima sistemática una vez que se ha reconocido la culpabilidad", detalló.

Por ejemplo, pidió "tres meses de prisión mínimos cumplidos realmente para cualquier agresión a un representante del Estado o una multa muy elevada para cualquier destrozo".

La violencia de la noche del sábado causó dos muertos, más de 200 heridos (entre ellos varias decenas de policías y bomberos, con un agente en coma), 559 detenidos, casi 700 incendios y numerosos saqueos de comercios. Y en la noche del domingo hubo otros 79 detenidos solo en París. EFE

El ministro del Interior francés, Bruno Retailleau, ha defendido la actuación de las fuerzas de seguridad del país durante la noche de disturbios tras la victoria del Paris Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones de fútbol y que se ha saldado con casi 200 heridos, 563 detenciones y la apertura de investigaciones sobre dos muertes ocurridas durante las celebraciones.

"La actuación ha sido eficaz", ha asegurado Retailleau en rueda de prensa este domingo, donde ha lamentado este nuevo "estallido de violencia" en las calles de París tras un evento deportivo. "No me acostumbro a esto y la gente honrada de Francia tampoco. No hay quien lo aguante", ha lamentado.

Retailleau ha querido recordar a las dos víctimas mortales: un motorista arrollado por un coche en París y un joven de 17 años apuñalado en el departamento de Dax, en el sur de Francia, aunque ha pedido paciencia para que la investigación concluya si sus muertes están o no directamente relacionadas con los disturbios.

A la hora de buscar culpables, el ministro del Interior ha señalado a las familias de los jóvenes participantes en los disturbios. "La violencia entre menores es un problema importante", ha declarado Retailleau, antes de preguntarse "qué hacen niños menores deambulando por la vía pública a altas horas de la noche o a primera hora de la mañana".

El ministro del Interior también ha criticado las acusaciones formuladas desde el partido radical de izquierda La Francia Insumisa -- "La Francia Incendiaria", como los llamó Reitalleau --, contra la excesiva fuerza empleada por los agentes antidisturbios, que podrían haber contribuido a alimentar la violencia.

"Han sido ellos quienes han contribuido a provocarla", ha dicho el ministro antes de avisar que no tolerará una repetición de estos incidentes durante el multitudinario desfile que ha comenzado este domingo en parís para recibir a los campeones.

"No toleraremos ningún abuso esta noche: las fuerzas de seguridad interior han recibido instrucciones de intervenir sistemáticamente e inmediatamente si observan cualquier violencia ", prometió el ministro.

El ministro del Interior francés, Bruno Retailleau, ha defendido la actuación de las fuerzas de seguridad del país durante la noche de disturbios tras la victoria del Paris Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones de fútbol y que se ha saldado con casi 200 heridos, 563 detenciones y la apertura de investigaciones sobre dos muertes ocurridas durante las celebraciones.

"La actuación ha sido eficaz", ha asegurado Retailleau en rueda de prensa este domingo, donde ha lamentado este nuevo "estallido de violencia" en las calles de París tras un evento deportivo. "No me acostumbro a esto y la gente honrada de Francia tampoco. No hay quien lo aguante", ha lamentado.

Retailleau ha querido recordar a las dos víctimas mortales: un motorista arrollado por un coche en París y un joven de 17 años apuñalado en el departamento de Dax, en el sur de Francia, aunque ha pedido paciencia para que la investigación concluya si sus muertes están o no directamente relacionadas con los disturbios.

A la hora de buscar culpables, el ministro del Interior ha señalado a las familias de los jóvenes participantes en los disturbios. "La violencia entre menores es un problema importante", ha declarado Retailleau, antes de preguntarse "qué hacen niños menores deambulando por la vía pública a altas horas de la noche o a primera hora de la mañana".

El ministro del Interior también ha criticado las acusaciones formuladas desde el partido radical de izquierda La Francia Insumisa -- "La Francia Incendiaria", como los llamó Reitalleau --, contra la excesiva fuerza empleada por los agentes antidisturbios, que podrían haber contribuido a alimentar la violencia.

"Han sido ellos quienes han contribuido a provocarla", ha dicho el ministro antes de avisar que no tolerará una repetición de estos incidentes durante el multitudinario desfile que ha comenzado este domingo en parís para recibir a los campeones.

"No toleraremos ningún abuso esta noche: las fuerzas de seguridad interior han recibido instrucciones de intervenir sistemáticamente e inmediatamente si observan cualquier violencia ", prometió el ministro.

Junto a este incidente, al menos 294 personas han sido arrestadas en la zona de París, sobre todo en los Campos Elíseos, por disturbios contra los agentes del orden, comunicó la Prefectura de Policía.

En la ciudad de Nantes un autobús del servicio público fue vandalizado, así como algunos coches en las proximidades del Parque de los Príncipes, estadio del PSG.

Asimismo, parte de la autopista de circunvalación de la capital francesa fue invadida por hinchas.

En el atropellamiento de Grénoble, ciudad alpina a más de 500 kilómetros de París, resultaron heridas cuatro personas de una misma familia. El conductor del vehículo se entregó por iniciativa propia a las autoridades.

Ante el recrudecimiento de los disturbios en París, el ministro del Interior, Bruno Retailleau, denunció anoche que, mientras "los auténticos aficionados del PSG están celebrando el magnífico partido de su equipo", grupos de "bárbaros han salido a las calles de París para cometer delitos y provocar a las fuerzas del orden".

Una cantidad "masiva" de personas se congregó en la Avenida de los Campos Elíseos para festejar el triunfo del equipo parisino, anunció la Prefectura de Policía de París, que había desplegado unos 5.000 agentes en la ciudad y su área metropolitana. A pesar de las medidas de seguridad, hubo tiendas de esta exclusiva avenida que resultaron saqueadas. EFE

La Torre Eiffel se iluminó con los colores rojo y azul del Paris Saint Germain, mientras que para el final del encuentro ya había 81 detenidos por diversos incidentes en distintos puntos de la ciudad, anunció la Prefectura de Policía de París.

La última cifra provisional divulgada por las autoridades es de 294 detenidos a las 00.00 GMT del domingo, aunque por ahora no se ha informado de que se hayan producido heridos.

El ministro del Interior, Bruno Retailleau, denunció que mientras "los auténticos aficionados del PSG están celebrando el magnífico partido de su equipo", grupos de "bárbaros han salido a las calles de París para cometer delitos y provocar a las fuerzas del orden".

Una cantidad "masiva" de personas se congregó en la Avenida de los Campos Elíseos para festejar el triunfo del equipo parisino, anunció la Prefectura de Policía de París, que había desplegado 4.500 agentes en la ciudad y su área metropolitana.

Ya antes del inicio del segundo tiempo del partido, en los Campos Elíseos se habían producido incidentes por grupos de "revoltosos", muchos de ellos encapuchados, que no estaban viendo el fútbol sino que buscaban enfrentarse a las fuerzas del orden, informó la Prefectura.

Añadió que los agentes antidisturbios tuvieron que utilizar un camión con cañón de agua para proteger la plaza de la Estrella, donde se encuentra el Arco del Triunfo, ya que las barreras instaladas habían sido superadas "por un gentío que no mira el partido" y que "busca el contacto con las fuerzas del orden".

Los incidentes empeoraron en los Campos Elíseos con la llegada de más gente tras el final del encuentro, cuando se generaron escenas de caos.

Los "revoltosos" lanzaron fuegos artificiales y todo tipo de proyectiles hacia los agentes, que respondieron con gases lacrimógenos.

Los comercios de los Campos Elíseos habían protegido sus escaparates con planchas de madera contrachapada para prevenir los ataques y saqueos que se produjeron en los festejos de la victoria del PSG en la semifinal ante el Arsenal.

A pesar de las precauciones, un numeroso grupo logró entrar a la fuerza en una tienda de calzado deportivo, de los Campos Elíseos, donde hubo una treintena de detenidos por la rápida acción de las fuerzas del orden.

También fue movida la salida del estadio del PSG, el Parque de los Príncipes, donde el entusiasmo por la victoria por 5-0, hubo también problemas en la Puerta de Saint Cloud.

Dos automóviles fueron incendiados en esa zona, aunque los bomberos pudieron intervenir rápidamente protegidos por los agentes antidisturbios. Además, varios grupos de aficionados zarandearon autobuses.

La destrucción de mobiliario urbano (papeleras, marquesinas de autobús o señales de tráfico) fue considerable en al menos los Campos Elíseos y la Puerta de Saint Cloud.

Además, un grupo de personas con bengalas entró a pie al Periférico, la autopista de circunvalación de París, para intentar cortar la circulación cerca del Parque de los Príncipes..

Unidades antidisturbios intervenido "sistemáticamente" para mantener la circulación, con 9 detenidos allí, añadió la Prefectura. Imágenes de redes sociales mostraban cómo esos agentes tuvieron que afrontar el disparo de fuegos artificiales contra ellos.

Finalmente, varios carriles del Periférico fueron cortados en al menos un punto, según mostraron imágenes de redes sociales.

Fuera de la Puerta de Saint Cloud y de los Campos Elíseos, la situación sobre el conjunto de París y de su área metropolitana "es satisfactoria" y los grupos congregados en la vía pública "son festivos", aseguró la Prefectura.

Y es que por toda la ciudad, grupos de aficionados festejaron de forma pacífica, aunque ruidosa, con gritos, cánticos y petardos, o con coches que circulan haciendo sonar sus bocinas.

La muchedumbre fue especialmente grande en las plazas de la República y de la Bastilla, otros dos importantes puntos de concentración popular de París, aunque allí no se produjeron incidentes, sino que el gentío festejó de forma muy intensa pero pacífica, salvo el encendido de bengalas.

La estrecha calle Princesse, junto al bulevard de Saint Germain, fue evacuada por la policía después del inicio de un pequeño incendio en el techo de un edificio a causa de los numerosos artefactos pirotécnicos lanzados.

Las autoridades habían desplegado un dispositivo "masivo" de 5.400 agentes en París y su área metropolitana para prevenir y cortar incidentes, después de que ya hubo algunos cuando el PSG se clasificó para la final. EFE

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La Torre Eiffel se iluminó con los colores rojo y azul del Paris Saint Germain, mientras que para el final del encuentro ya había 81 detenidos por diversos incidentes en distintos puntos de la ciudad, anunció la Prefectura de Policía de París.

Una cantidad "masiva" de personas se ha congregado en la Avenida de los Campos Elíseos para festejar el triunfo del equipo parisino, anunció la Prefectura de Policía de París, que ha desplegado 4.500 agentes en la ciudad y su área metropolitana.

Ya antes del inicio del segundo tiempo del partido, en los Campos Elíseos se habían producido incidentes por grupos de "revoltosos", muchos de ellos encapuchados, que no estaban viendo el fútbol sino que buscaban enfrentarse a las fuerzas del orden, informó la Prefectura.

Añadió que los agentes tuvieron que utilizar un camión con cañón de agua para proteger la plaza de la Estrella, donde se encuentra el Arco del Triunfo, donde las barreras instaladas habían sido superadas "por un gentío que no mira el partido" y que "busca el contacto con las fuerzas del orden".

En los Campos Elíseos, se ha detectado la presencia de "revoltosos que buscan causar incidentes" y arrojan proyectiles y fuegos artificiales a la policía.

También ha sido movida la salida del estadio del PSG, el Parque de los Príncipes, donde el entusiasmo por la victoria por 5-0, ha habido también problemas en la Puerta de Saint Cloud, por ejemplo con grupos de aficionados zarandeando autobuses.

Un automóvil fue incendiado en esa zona, aunque los bomberos pudieron intervenir rápidamente protegidos por los agentes antidisturbios.

Además, un grupo de personas con bengalas entró a pie al Periférico, la autopista de circunvalación de París, para intentar cortar la circulación. Unidades antidisturbios han intervenido "sistemáticamente" para mantener la circulación, con otros 9 detenidos, añadió la Prefectura. Imágenes de redes sociales mostraban cómo esos agentes tuvieron que afrontar el disparo de fuegos artificiales contra ellos.

Fuera de la Puerta de Saint Cloud y de los Campos Elíseos, la situación sobre el conjunto de París y de su área metropolitana "es satisfactoria" y los grupos congregados en la vía pública "son festivos", aseguró la Prefectura.

Y es que por toda la ciudad, grupos de aficionados festejan de forma pacífica, aunque ruidosa, con gritos, cánticos y petardos, o con coches que circulan haciendo sonar sus bocinas.

Las autoridades han desplegado un dispositivo "masivo" de 5.400 agentes en París y su área metropolitana para prevenir y cortar incidentes, después de que ya hubo algunos cuando el PSG se clasificó para la final de hoy. EFE

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En una charla con Teleshow Marcela Tinayre describió la situación: “Primero fue re emocionante y éramos miles y miles caminando a Champs Elysees. Cuando llegamos con la multitud había muchos festejos, no se podía avanzar y la gente se subía a las fuentes, que obviamente está prohibido".

Acto seguido, la conductora continuó con la descripción de su relato. “Yo estaba parada en la plaza Concorde viendo toda la perspectiva hasta el Arco de Triunfo. Era maravilloso y de golpe comenzaron a salir corriendo hacia atrás y se me venían encima. Ahí me asusté, me escondí atrás de un enorme macetero que rodea la plaza y comencé a aspirar ese gas y los ojos se me nublaron porque la policía tiraba eso … y comencé a volver tapándote la cara con una camisa. Había mucha gente, niños, padres, cochecitos y personas de todas las edades", afirmó. "Después de pasar el puente corriendo me sentí con poco aire y eso es lo que conté en mis historias de Instagram. Igual París es París y terminamos en un bar. Nadie durmió" aclaró la conductora a Teleshow desde la capital de Francia.

"París es una ciudad que nunca duerme, y menos cuando se transforma en el epicentro de festividades tan multitudinarias que tensan hasta el límite su emblemático paisaje urbano," compartió a este medio la reconocida conductora.

Cabe destacar que la victoria del PSG en la final de la Liga de Campeones de la UEFA representó un hito para el fútbol francés, pero la jornada quedó marcada por los incidentes violentos y las consecuencias trágicas que se produjeron en distintos puntos del país. Según reportó la Prefectura de Policía de Francia, el despliegue de seguridad continuará en los días siguientes para evitar nuevos episodios de violencia y garantizar el orden público en la capital y otras ciudades.

El balance de los disturbios, con dos víctimas mortales y cientos de detenidos, ha generado un debate sobre la gestión de la seguridad en eventos deportivos de gran magnitud y la respuesta de las autoridades ante situaciones de descontrol en las celebraciones masivas. La información proporcionada por Sud Ouest y la Prefectura de Policía de Francia subraya la complejidad de estos operativos y la necesidad de medidas preventivas para evitar que la celebración de logros deportivos derive en tragedias.

En medio de una noche colmada de emoción y multitudes en Champs Élysées, la experiencia transformó lo que parecía una celebración apacible en una vivencia de intensidad y asombro. “La multitud se agolpaba”, describió Marcela, “y pintó un cuadro de la algarabía generalizada que llevó a miles a las calles parisinas”.

A pesar del estrés y los momentos de incertidumbre vividos bajo el cielo nocturno de París, la hija de Mirtha Legrand supo encontrar un resquicio de magia que hizo de esta experiencia algo memorable y no solo desafiante. Antes de culminar la jornada en un acogedor bar, la conductora experimentó de primera mano la hospitalidad y el carácter indomable de una metrópolis acostumbrada a las idas y venidas de eventos de altura. El contraste entre los momentos de caos en la calle y la calidez de los parisinos en las horas posteriores ofreció un recordatorio de las múltiples facetas y energía inconfundible que caracterizan a la ciudad.

La experiencia compartida por Marcela Tinayre en las redes sociales rápidamente capturó la atención de sus seguidores, quienes pudieron vivir a través de sus relatos visuales la intensidad de una noche estival en París.

El uso de plataformas sociales permitió a Tinayre conectar con su audiencia de una forma inmediata, reflejando, en tiempo real, los contrastes de una noche que, aunque desafiante, también reafirmó su capacidad para hallar belleza en lo inesperado. Al narrar cómo se resguardó del gas y cómo continuó la velada, Marcela se asentó como una voz experta no solo en contar historias, sino en vivirlas con toda su intensidad.

Un total de 62 personas han sido arrestadas y dos policías han resultado heridos este miércoles en Tel Aviv durante las protestas contra el Gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en las que docenas de manifestantes han irrumpido en la sede de su partido, el Likud.

"Una manifestación ilegal que se convirtió en violentos disturbios" es como ha descrito la protesta la Policía de Israel a través de su canal de Telegram, en el que ha acusado a los manifestantes de "daños al patrimonio público", "allanamientos" y de "irrumpir en el edificio Fortaleza Ze'ev" --en el que se encuentran las oficinas del principal partido de la coalición gobernante--, así como de "bloquear el tráfico (y) provocar incendios".

La Organización de Apoyo a los Detenidos ha afirmado que los detenidos han sido trasladados a la comisaría de Salame, en el sur de la ciudad, mientras que los policías arrastraban a los manifestantes --algunos, con monos naranjas y máscaras con el rostro de Netanyahu-- de la carretera a la acera, según recoge el diario 'Times of Israel'. Las personas que se encontraban en el exterior gritaban, según el mismo medio, "Rebelión civil" y "Ben Gvir es un terrorista", en referencia al ministro de Seguridad , Itamar Ben Gvir, que supervisa la Policía.

Durante uno de los momentos más críticos de la movilización, el cuerpo policial denunció que "los asaltantes no están obedeciendo las instrucciones de la Policía, que ha declarado la manifestación ilegal, y continúan atrincherados en el interior del edificio".

La fuerza de seguridad israelí ha informado también de que "durante la gestión de los acontecimientos, dos agentes de policía resultaron heridos y fueron evacuados para recibir tratamiento médico". Además, uno de ellos "se rompió la mano como consecuencia de la violencia de los manifestantes".

"La Policía de Israel seguirá permitiendo la libertad de protesta y expresión de acuerdo con la ley, pero no permitirá disturbios violentos, desórdenes públicos y comportamientos delictivos peligrosos que violen la ley", ha advertido el organismo a la población.

El 28 de mayo de 2025 Bogotá vivió una noche de tensión debido a los enfrentamientos entre encapuchados y la fuerza pública en diversos sectores de la ciudad. Aunque la magnitud de los disturbios no alcanzó niveles preocupantes, los capitalinos experimentaron momentos de intranquilidad.

Al respecto, César Restrepo, secretario de Seguridad de la capital, explicó que las autoridades permanecen en alerta por posibles manifestaciones previstas en la Plaza de Bolívar.

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“Estas personas que estaban allí ubicadas lo que procedieron fue a preparar ataques contra la fuerza pública y los gestores que estaban en ese lugar. Ahora, tenemos el mismo despliegue y observación en todos los puntos, para actuar de manera inmediata cuando así se requiera”, comentó en entrevista con Blu Radio.

A su vez, afirmó que desde la administración desplegaron un dispositivo de seguridad en toda la ciudad para responder de manera inmediata a cualquier eventualidad. Además, mencionó que este operativo incluye vigilancia constante en puntos estratégicos, especialmente en la Plaza de Bolívar, donde se anticipa la presencia de manifestantes.

“Toda nuestra capacidad se mantiene hoy”, afirmó el funcionario, subrayando que las medidas de seguridad fueron planificadas con antelación.

El secretario también abordó los incidentes registrados el miércoles, cuando se reportaron actos vandálicos y enfrentamientos. Durante estos disturbios, cinco menores de edad fueron aprehendidos. Restrepo denunció que estos jóvenes están siendo utilizados por ciertos grupos como parte de una estrategia para proteger a los líderes de las manifestaciones.

“Estos individuos que hacen disturbios están instrumentalizando menores. Es esencial no estigmatizar a los ciudadanos por su naturaleza, sino más bien entender las circunstancias que enfrentan”.

Según Restrepo, los menores son enviados al frente de los enfrentamientos para asumir los riesgos, mientras los coordinadores permanecen en la retaguardia dirigiendo las acciones.

Incluso, reveló que ciudadanos extranjeros, en particular migrantes venezolanos, y personas en situación de vulnerabilidad, como habitantes de calle, también están siendo instrumentalizados en las protestas. El funcionario argumentó que estas personas son incentivadas económicamente para enfrentarse a la fuerza pública y mantener bloqueos en los barrios.

“En los barrios, estas personas son pagadas para atacar y mantener los bloqueos, mientras que ellos (los coordinadores) se mantienen atrás”, explicó Restrepo que añadió que esta estrategia de desestabilización ha sido sostenida desde 2021.

Las investigaciones en curso identificaron indicios sobre los responsables de financiar estas actividades, aunque las autoridades continúan recopilando pruebas para llevarlos ante la justicia. Restrepo aseguró que existen evidencias de cómo se distribuyen pagos en ciertos puntos de la ciudad para coordinar actos vandálicos y evitar capturas. Sin embargo, enfatizó que, aunque los migrantes son una población vulnerable frecuentemente utilizada en estas dinámicas, no se debe estigmatizar a esta comunidad.

Finalmente, el secretario hizo un llamado a los padres de familia para que supervisen las actividades de sus hijos, especialmente si son menores de edad, con el objetivo de prevenir que sean manipulados por estos grupos y terminen involucrados en actividades delictivas.

Medidas de seguridad de la Alcaldía de Bogotá para las manifestaciones

La Secretaría Distrital de Seguridad destacó que desplegará a los Gestores de Convivencia en los puntos clave de las movilizaciones para garantizar que estas se desarrollen de manera pacífica. Además, se contará con el apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá y los equipos de Gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos de la Secretaría Distrital de Gobierno. Para la entidad, las medidas buscan equilibrar el derecho a la protesta con la protección de los derechos de quienes no participen en las manifestaciones.

Igualmente, la Administración distrital anunció la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear las jornadas de protesta y garantizar la seguridad de los participantes y de la ciudadanía en general. Igualmente, se hizo un llamado a la población para que consulte la información actualizada a través de los canales oficiales.

“Las autoridades distritales trabajarán de manera articulada para garantizar también los derechos de todas las personas que no deseen participar de las movilizaciones (...) Así mismo, para estas movilizaciones del paro nacional estarán dispuestas unidades disponibles de la Policía Metropolitana de Bogotá“, destacó la dependencia de Seguridad de Bogotá.

El enfrentamiento se produjo en la previa al ingreso a la cancha. Una hilera de policías custodiaba el acceso, mientras que un grupo de violentos agitaba en los alrededores. En las escenas que circularon a través de las redes sociales, se podía ver los enfrentamientos desde diferentes ángulos. Por un lado, los hinchas intentaban quitar las vallas que separaban a los agentes; otra de las imágenes captadas mostraba a todos ellos ingresando al campo por la fuerza y a las corridas.

Un usuario captó el momento en que se expulsaba a los individuos hacia afuera, pero estos, en un marcado estado de alteración, golpeaban lo que encontraban a su paso y arrojaban elementos por el aire. Mientras tanto, el resto de los visitantes, entre los que había mujeres y niños, intentaba acceder al estadio de manera pacífica, evitando ser alcanzados por los enfrentamientos.

A pesar de los disturbios, el partido se disputó y el equipo de Cristian "Ogro" Fabbiani se impuso por 2 goles a 0, dejando eliminado a Defensa y Justicia en la fecha n° 16 del campeonato local.

En paralelo, hubo complicaciones en los accesos a la ciudad debido a la congestión vehicular y los recientes problemas en la traza vial causados por inundaciones. Según indicó Rosario 3, esto provocó que muchas personas abandonaran sus vehículos en la autopista y siguieran el recorrido a pie durante unos 25 minutos, por las inmediaciones de la autovía.

El miércoles de esta semana, el club había convocado a una asamblea extraordinaria para aprobar el cálculo de recursos y el presupuesto de gastos del próximo ejercicio, pero tuvo que suspenderse debido a otro enfrentamiento que se desató en el microestadio.

Desde el inicio, la atmósfera estuvo enardecida cuando un grupo de socios recibió al presidente Ignacio Astore con insultos. Durante la reunión en el “Claudio Newell”, la situación se tornó violenta tras designarse a Astore como cabeza del acto. Esto provocó que algunos socios se aproximaran a la mesa de autoridades para expresar su descontento. Poco después, comenzaron los enfrentamientos.

Hubo golpes de puños, patadas y sillazos, ocasionados por un grupo de personas que se desplegó en el espacio donde transcurría la asamblea. Al respecto, el Club emitió un comunicado en el que escribió:

Asamblea en Newell’s: quedó conformada la Comisión Electoral

Con una destacada concurrencia de socios y socias, el Club Atlético Newell’s Old Boys llevó a cabo hoy una nueva asamblea en el estadio cubierto Claudio Newell.

Durante el encuentro, se constituyó formalmente la Comisión Electoral que tendrá a su cargo la supervisión del proceso hasta las próximas elecciones. Según lo estipulado en el artículo 18, inciso b, apartado 3 del estatuto, la misma estará integrada por cinco miembros titulares: Stahli, Germán; Arichuluaga Eduardo; y Coronato, Lisandro (por la primera mayoría); Sarkissian, Pablo; y Salinas, Malena (por la primera minoría), además de cinco suplentes, siguiendo el mismo criterio de representación.

Previamente, se sometió a votación el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos correspondiente al período julio 2025 – junio 2026, aunque no logró el respaldo necesario por parte de la mayoría de los presentes para su aprobación.

Más tarde, al comenzar la asamblea extraordinaria destinada a tratar la adquisición de 17 hectáreas en la localidad de Pérez, con el fin de desarrollar allí el nuevo predio social y deportivo de la institución, se produjeron desórdenes entre los asistentes que obligaron a suspender la sesión.

El Club Atlético Newell’s Old Boys lamenta profundamente los incidentes ocurridos.

Según informa este cuerpo de seguridad israelí en un comunicado, los policías destinados en esa localidad y los soldados de la Guardia Fronteriza fueron llamados a la calle Hillel de Beit Shemesh, donde reside una amplia comunidad de judíos ultraortodoxos, a causa de un disturbio causado por "cientos de personas".

Estas personas, explica el mensaje, rodearon el coche del ministro, que viajaba con su esposa, "e intentaron dañar su vehículo, con una bandera de la OLP (Organización para la Liberación de Palestina) colgando cerca".

"Los agentes de policía que llegaron al lugar repelieron a los alborotadores y se vieron obligados a utilizar la fuerza para repelerlos", dice la nota, que añade que durante el incidente la esposa de Ben Gvir "fue atacada y herida".

La policía informa de que una persona fue detenida y espera realizar más detenciones en las próximas horas. EFE

Un grupo de individuos encapuchados tomó el control del edificio de Sociología de la Universidad Nacional en Bogotá desde la noche del jueves 15 de mayo de 2025, según denunció el profesor Diego Torres, representante de los docentes ante el Consejo Superior Universitario.

Las personas involucradas en esta ocupación no parecen formar parte de la comunidad universitaria, lo que ha generado una creciente preocupación entre las autoridades de la institución.

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La ocupación del edificio coincide con la conmemoración de la masacre estudiantil ocurrida el 16 de mayo de 1984 en la misma universidad. En aquella fecha, estudiantes protestaban por los asesinatos de Jesús “Cucho” León Patiño, un estudiante, y Luis Muñoz, un docente, cuando se desató un episodio de violencia que marcó la historia de la institución. Este contexto histórico parece estar relacionado con las tensiones actuales, aunque no se ha confirmado si los ocupantes tienen algún vínculo directo con esta conmemoración.

Las acciones de los manifestantes, que estaban armados con elementos incendiarios, obligaron la suspensión del diálogo; la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) desplegó su intervención en los alrededores del centro educativo para restablecer el orden. Como parte de las medidas adoptadas, el tránsito sobre la Avenida Calle 26 fue restringido, así como las calzadas de la NQS entre calles 53 y 63.

“Se evidencia la salida de grupo aislado con elementos contundentes e incendiarios, usan una caneca que se comienza a quemar con objetos desconocidos al interior. Al presentarse este tipo de acciones se suspende etapa de diálogo. Se da inicio a intervención por parte de UNDMO”, señaló la Secretaría de Gobierno.

De hecho, usuarios en redes sociales denunciaron que los encapuchados estaban usando armas artesanales contra los uniformados de la Undmo, incluyendo artefactos explosivos, resorteras y objetos afilados y cortopunzantes como machetes.

Así las cosas, las autoridades universitarias expresaron su preocupación por la seguridad en el campus, especialmente debido a que los ocupantes no tienen una relación con la universidad. Según informó el profesor Torres, esta situación incrementó la inquietud entre los directivos y la comunidad académica, que temen que pueda escalar.

Frente a los hechos, la Universidad Nacional ordenó el desalojo de sus instalaciones desde las 4:00 p. m. por “riesgo extremo” por la presencia de explosivos y combustibles que estarían siendo manipulados por encapuchados en los edificios de Ciencias Naturales y Sociología.

Los fuertes disturbios que se registraron en el centro educativo y sus alrededores generaron un colapso en la movilidad de la capital del país. TransMilenio que reportó la suspensión del servicio en las estaciones Universidad Nacional, Ciudad Universitaria y Corferias, lo que ha afectado a más de 40.710 usuarios en hora pico. La empresa habilitó retornos operativos en varios puntos para mitigar el impacto en la operación del sistema.

¿Qué pasó 16 de mayo de 1984 en la Universidad Nacional en Bogotá?

El 16 de mayo de 1984, una protesta estudiantil en el campus de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, terminó en un violento enfrentamiento con las fuerzas del orden, dejando un saldo de heridos, detenidos y un impacto duradero en la historia del movimiento estudiantil del país. Según el informe ‘Reventando Silencios’, elaborado por el colectivo Archivos del Búho y presentado a la Comisión de la Verdad, la represión fue ejercida por agentes de la Policía Nacional, el F2 y el Grupo de Operaciones Especiales (Goes), que irrumpieron en el campus con un uso excesivo de la fuerza.

La manifestación había sido convocada en rechazo al asesinato de Jesús Humberto León Patiño, conocido como “Chucho”, estudiante de odontología y presidente de la Cooperación Estudiantil. Su cuerpo fue encontrado el 10 de mayo de 1984 en la ciudad de Cali, con evidentes signos de tortura. Este hecho generó indignación entre los estudiantes, que exigían justicia y denunciaban la violencia sistemática contra líderes estudiantiles.

De acuerdo con el informe citado, al menos 81 personas fueron detenidas de manera ilegal durante la incursión de las fuerzas del orden en el campus. Estas detenciones estuvieron marcadas por tratos crueles y degradantes, y 68 de los detenidos fueron judicializados y trasladados a la cárcel Distrital, donde permanecieron retenidos durante dos semanas. Además, se registraron al menos 46 heridos, cinco de ellos por impactos de arma de fuego disparados por la Policía Nacional.

El impacto de este episodio no se limitó a las cifras de heridos y detenidos. La Universidad Nacional de Colombia fue cerrada durante 11 meses, lo que afectó profundamente la vida académica y el movimiento estudiantil. En medio de esta crisis, el entonces rector de la institución, Fernando Sánchez Torres, presentó su renuncia, marcando un momento crítico en la historia de la institución educativa.

Los enfrentamientos con la policía tuvieron lugar después de que en la Puerta de Hal y en la plaza de la Bolsa de la capital se convocaran concentraciones para protestar contra los altercados de algunos seguidores del Brujas que viajaron a Bruselas para seguir la final de la Copa de Bélgica contra el Anderlecht, informaron hoy medios locales como Le Soir y DH Les Sports.

"Estaba prevista una concentración el lunes a las 19:00 en la plaza de la Bolsa. Participaron unas 500 personas, entre ellas un centenar de jóvenes. Luego se formó un cortejo que se dirigió desde el bulevar Anspach hacia la estación del Midi", explicó a la agencia Belga la portavoz policial Ilse Van de Keere.

Varios grupos de jóvenes comenzaron entonces "a jugar al gato y al ratón con la policía", agregó la portavoz, quien subrayó que "las fuerzas del orden tuvieron que intervenir para dispersar a la multitud, utilizando especialmente gas lacrimógeno".

La policía detuvo en los alrededores de la céntrica rue Neuve a una veintena de jóvenes que habían lanzado proyectiles y causado daños al mobiliario urbano, cuyo alcance se está evaluando.

Las fuerzas de seguridad señalaron que la situación está ya "bajo control" y que se realizaron 12 detenciones administrativas, si bien varios medios de comunicación hablaron inicialmente de una veintena e incluso de varias decenas de arrestos y señalaron también que se incendiaron varios coches.

Los nuevos incidentes violentos se produjeron un día después de que la policía detuviera a 63 personas en disturbios registrados, también en Bruselas, tras la final de la Copa de Bélgica de fútbol celebrada este domingo en el Estadio Rey Balduino de la capital y que se saldó con victoria del FC Brujas contra el Anderlecht (2-1).

Los servicios de emergencias tuvieron que asistir a 80 personas, nueve de las cuales tuvieron que ser trasladadas a centros médicos, en una ola de violencia que arrancó el domingo al medio día en el centro de la ciudad y se sofocó bien entrada la noche, después de que aficionados del Brujas atacaron comercios en las zonas de Molenbeek-Saint-Jean y Jette de la capital.

Las imágenes que han circulado en las redes sociales como X, TikTok, Facebook y Snapchat muestran escenas particularmente violentas, con enmascarados ocasionando destrozos en escaparates y mobiliario urbano y radicales que también golpean a vecinos y transeúntes.

Los hinchas -que se suponen del Brujas porque lucían logotipos del equipo y hablaban en neerlandés- también destrozaron vagones de metro y se enzarzaron en peleas con jóvenes del barrio de Molenbeek, que también agredieron con dureza a algunos hinchas que quedaron aislados del grupo principal de unos 150 violentos.

El alcalde de la comuna de Anderlecht, el socialista Fabrice Cumps, informó de que alrededor de las 23.00 hora local un hincha del Brujas resultó herido de bala en la pierna en las inmediaciones de la estación del Midi.

La policía tuvo que intervenir hasta altas horas de la madrugada del domingo al lunes para acabar con la batalla callejera, que ha recibido la condena prácticamente unánime de la clase política belga La responsable de Deportes de la región de Bruselas, Ans Persoons, pidió que el próximo Anderlecht-Brujas del 18 de mayo se dispute sin hinchas del equipo visitante en el estadio y los ecologistas flamencos de Groen han pedido que la asociación de clubes de la máxima división belga, la Pro League, comparezca en el Parlamento federal. EFE

Ciudad de México, 6 may (EFE).- Autoridades mexicanas detuvieron a Jesús Guzmán Castro, alias ‘Chuy’ o ‘Narizón’, integrante del Cartel de Sinaloa, de la facción de ‘Los Mayos’ acusado de conspiración y distribución de cocaína hacia Estados Unidos, informaron este martes fuentes de seguridad del país.

Guzmán Castro fue capturado en Culiacán, capital del norteño estado de Sinaloa y, según la información, cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos, ya que se le relaciona con los delitos de asociación delictiva, contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó de que la detención se produjo tras una investigación y resultado de la cooperación internacional para desarticular redes criminales, según un comunicado.

La detención se produjo en el marco de la Estrategia de Seguridad y cobra relevancia porque Los Chapitos protagonizaron un violento enfrentamiento con 'Los Mayos' tras la detención en Estados Unidos de Ismael 'el Mayo' Zambada.

Esta pugna agudizó la violencia en Sinaloa, estado del noroeste del país, y en especial en su capital Culiacán, desde septiembre de 2024, con más de 800 homicidios hasta la fecha.

Luego del comunicado emitido por el Gobierno porteño en donde señalaba que casi toda la plana mayor de la barra del equipo de Liniers (14 en total) que amedrentaron a los agentes de la policía de la Ciudad, quedaba inhabilitado para acceder a los estadios, la cartera de Seguridad Nacional se pronunció en el mismo sentido.

La medida se oficializó por la Resolución 417/2025, mediante la cual se oficializó la Restricción de Concurrencia Administrativa’ a todo evento deportivo en todo el territorio nacional Alexis Lautaro Arnal, Brian Benjamín Andelo, Cristian Silvestre Cejas, Nahuel Ángel Adrián Contreras, Ignacio Agustín D’Amico, Eric Adriel Linardi, Tomás Agustín Lorenzo Polutranka Fernández, Maximiliano Darío Ojeda, Nicolás Pereyra, Wilson Ezequiel Báez, Yamil Agustín Méndez, Nazareno Reyes, Leandro Gabriel Pittavino, Jonathan Matías Pereyra, Diego Omar Richini, Nahuel Alejandro Iglesias.

Se trata de los hinchas que fueron sancionados tras los violentos incidentes que protagonizaron el miércoles en una cancha de fútbol amateur, contra un grupo de agentes de seguridad porteña y civiles. Los enfrentamientos incluyeron golpes de puño, patadas, amenazas y hasta un disparo con arma de fuego por parte de un agente identificado como Fernández. Según trascendió, el caos se habría desatado debido a que un policía llevaba indumentaria del club de Peñarol, el equipo que había disputado un partido contra Vélez minutos antes.

Salvo por dos nombres, está toda la plana mayor de La Pandilla de Liniers. Jonathan Pereyra, que es el que quedó más complicado porque sacó el arma reglamentaria de un policía y amedrentó con la misma, es el hermanastro de Raúl Ciminelli, alias Raulo, el jefe de la barra que no participó de los incidentes. Johnny, como se lo conoce en Villa Luro, tiene un prontuario alto y es uno de los que participó en cada incidente de la barra de Vélez, entre ellos la apretada tremenda que sufrió el plantel en 2023 en la Villa Olímpica. Junto con su hermano lideran un grupo que genera fortunas, mucho más con los recitales que con el fútbol.

Debido al incidente, personal de Despliegue Intervenciones Rápidas (DIR) arribó al lugar y aprehendió a los señalados anteriormente. En ese entonces, las autoridades de Nación y Ciudad avanzaron con las sanciones y el derecho de admisión a los partidos de futbol. “Como resultado de estos hechos, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad ha determinado que estas personas no podrán ingresar a ningún estadio donde se disputen eventos organizados por la AFA, la FIFA o la CONMEBOL, por un período de 48 meses. Esta medida refuerza el compromiso del Gobierno de la Ciudad con la seguridad en el fútbol y con la erradicación de la violencia en los espectáculos deportivos”, ordenaba el texto emitido por la cartera de Seguridad porteña.

La determinación se tomó luego de un trabajo conjunto entre el secretario de seguridad en eventos masivos de CABA, Juan Manuel Castrilli, y el secretario de seguridad deportiva de la Nación, Franco Berlín quien redactó la resolución de prohibición de concurrencia por tiempo indeterminado.

Con la firma de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, la sanción quedó formalizada por tiempo indeterminado, en línea con el artículo 2º, inciso e) de la Resolución MSN Nº 354/17 y su reglamentación por el Decreto N° 246/17, que tiene como objetivo frenar la violencia dentro de los estadios y en su entorno. El próximo partido del equipo que conduce Guillermo Barros Schelotto se disputará el 16 de abril, por lo que se espera tener novedades respecto al futuro de los barras. Es decir, si siguen en prisión o algunos logran recuperar la libertad.

A su vez, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 4 caratuló la causa como “lesiones en Riña y Disparo de Arma de Fuego”, tras la detención de los catorce implicados, cuyos nombres y documentos fueron listados en la resolución.

En el marco de la investigación por la brutal pelea ocurrida el martes de la semana pasada en el Hospital San Roque de Gonnet, los hijos de Iván Tobar presentaron un recurso para no ser enviados a prisión preventiva, mientras se lleva adelante el proceso. La solicitud fue realizada por el abogado defensor de los acusados, Juan Manuel Beluardo.

El fiscal del caso, Gonzalo Petit Bosnic, quien está al frente de la Unidad Funcional de Instrucción 3 de La Plata, se encuentra trabajando para determinar el papel de los implicados en los enfrentamientos entre facciones de la UOCRA frente al hospital, el 25 de marzo a plena luz del día.

En este sentido, Iván Tobar también está siendo investigado por el fiscal como el autor ideológico de los enfrentamientos, y actualmente se encuentra detenido en una causa que data del 2021 por extorsiones a funcionarios públicos.

En los hechos que provocaron graves daños dentro y fuera de las inmediaciones del nosocomio, estarían implicados los hermanos Santiago y Rodrigo Tobar. De hecho, una foto a la que tuvo acceso Infobae, muestra a Santiago en un acto que se llevó a cabo el mismo día de los disturbios, en la Plaza San Martín de La Plata. Horas más tarde, una imagen mostraba a un individuo con el mismo atuendo en medio de la gresca.

Debido a los incidentes, cuatro personas resultaron heridas, entre ellos el líder de la barra de Gimnasia, Cristian “Volador” Camillieri, quien responsabilizó a su opositor (Iván Tobar) por los ataques. A su vez, otras cinco personas fueron aprehendidas por el violento episodio, aunque se espera que pueda haber más. Los allanamientos llevados a cabo por la Justicia alcanzaron a Víctor Ibarra y Luis Emanuel Nievas, acusados del delito de tentativa de homicidio agravado.

Según confirmó el portal 0221.com.ar, el recurso presentado por la defensa de los hermanos Tobar busca evitar que sus defendidos sean privados de su libertad mientras avanza la instrucción judicial. El expediente judicial que los involucra está caratulado como “tentativa de homicidio agravada por el concurso premeditado de dos o más personas y el uso de armas de fuego”, en concurso real, con “daño agravado”. Beluardo a su vez representa a Ibarra.

Los violentos ataques que se desataron en el Hospital Gonnet se produjeron luego de que un integrante de la barra de Estudiantes, conocido como “Fernandito”, fuera abordado por un grupo perteneciente a la facción que dirige Tobar. Debido a los dos puntazos que recibió en la pierna derecha, tuvo que ser trasladado al mencionado hospital para recibir atención médica. En apoyo a su compañero, varios barras de Gimnasia se presentaron en el centro de salud. “Mientras estaban en la puerta del hospital, se presentaron otros 10 o 15 violentos de la facción de Estudiantes. Los dos bandos se trenzaron a facazos, tiros y a piñas“, relataron fuentes del caso, sobre los sucesos acontecidos.

En el marco de la causa, las autoridades llevaron a cabo una serie de allanamientos en distintas zonas de Ensenada, donde se secuestraron elementos vinculados a una facción específica: ropa identificatoria del sector liderado por el brazo local de la UOCRA, banderas y bombos de la hinchada de Estudiantes de La Plata, además de otros elementos de interés. También se incautaron vehículos y una importante suma de dinero, cercana a los diez millones de pesos, en operativos posteriores a la detención de Tobar.

Los investigadores accedieron a grabaciones de cámaras de seguridad y contenidos en redes sociales como Facebook, TikTok e Instagram que permitieron establecer que una caravana de personas partió desde un predio de la UOCRA ubicado en avenida 526 entre 23 y 24. Ese grupo, compuesto por varios vehículos, habría protagonizado los hechos violentos ocurridos luego en el centro de salud.

El avance de la causa se concentra ahora en la evaluación del pedido de exención de prisión interpuesto por la defensa de los Tobar.

París, 3 ene (EFE).- Las fuerzas del orden francesas han detenido este viernes en la ciudad de Brest, donde vivía, a un 'influencer' argelino que había lanzado de forma repetida llamamientos para utilizar la violencia contra quien se oponga al régimen argelino.

El ministro francés del Interior, Bruno Retailleau, ha anunciado en su cuenta de X el arresto de 'Zazouyoussef', y ha agradecido la intervención de la Policía y de la Justicia.

Retailleau ha subrayado que el joven argelino, "que hacía llamamientos a su comunidad para cometer atentados en Francia, tendrá que responder de sus actos ante la Justicia".

De acuerdo con la prensa local, este hombre de 25 años tenía pendiente desde el pasado mes de abril una orden de expulsión de Francia, donde había sido condenado por participar en los disturbios tras la muerte de Nahel, un joven franco-argelino de 17 años, que recibió un tiro de un policía durante una persecución en coche en la ciudad de Nanterre, próxima a París, en junio de 2023.

El influyente, que tiene más de 400.000 abonados en TikTok, había lanzado en los últimos días llamamientos para atacar violentamente a cualquiera que manifieste oposición al régimen del presidente argelino, Abdelmajid Tebboune.

Su cuenta TikTok fue suprimida el jueves después de que se hubiera señalado el carácter presuntamente delictivo de algunos de esos vídeos, de los que da cuenta el sitio web Boulevard Voltaire.

"Disparadles, les enterraremos con los judíos", señalaba en uno de ellos delante de la cámara en árabe en un mensaje en que hacía algunas alusiones a la guerra civil de Argelia: "Vamos a haceros como en los años 1990. Os vamos a disparar (...) ¿Queréis salir el 1 de enero? Disparadles, la pólvora tiene que hablar. Dispareles, presidente Tebboune, buscan el caos".

Añadía: "Vamos a ocuparnos de los que salen en París. Y a los que salen en Argelia, dispararles también. Están pagados por Francia, el país en el que vivo".

Francia y Argelia viven en este momento una fase de fuertes tensiones diplomáticas, en particular después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, dijera el pasado 30 de julio que el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental es "la única base" para una solución a la crisis en la que está sumida desde hace medio siglo la antigua colonia española.

Argel, que es el principal soporte del Polisario, retiró inmediatamente a su embajador en París y desde entonces ha hecho una serie de gestos de distanciamiento.

El domingo pasado, en un discurso a la nación, Tebboune cargó duramente contra Francia sobre todo por la posición de París en favor de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.

También criticó a Francia por "haber dejado estragos" durante los 132 años que estuvo colonizando Argelia y exigió que París limpie la "basura nuclear" que dejó en el Sáhara argelino durante los ensayos que hizo allí en ese periodo colonial. EFE

París, 31 dic (EFE).- Un millón de personas celebrará la Nochevieja en los Campos Elíseos, donde se concentran los espectáculos organizados para festejar la llegada de 2025 en París, que ha preparado un dispositivo de seguridad con 10.000 agentes de las fuerzas del orden en toda el área metropolitana.

El prefecto de policía de París, Laurent Núñez, dijo hoy en una entrevista a la emisora RTL que en las calles de toda la ciudad se esperan "un millón y medio de personas".

La movilización de "10.000 miembros de las fuerzas de seguridad", entre policías, gendarmes, bomberos y militares es equivalente a la del año pasado "para un acto de la misma magnitud", ha precisado Núñez.

En los Campos Elíseos está previsto un espectáculo a partir de las 19.00 horas, al que seguirá una proyección de vídeo en el Arco de Triunfo y a partir de medianoche fuegos artificiales durante diez minutos.

La avenida estará cortada al tráfico a partir de las 15.00 horas y se va a establecer un perímetro controlado por los agentes y todo el que quiera entrar será objeto de un cacheo y un registro "sistemático" para impedir la introducción de artificios pirotécnicos, armas u objetos que pudieran ser utilizados como tales y bebidas alcohólicas.

El prefecto, que ha recordado que con mucha frecuencia se utilizan artificios pirotécnicos como morteros para atacar a las fuerzas del orden, ha explicado que ya se han requisado varios cientos de kilos, en particular en una operación la semana pasada en la que se decomisaron 320 kilos en Aubervilliers, una ciudad limítrofe con París.

Precisamente, uno de los dos grandes riesgos contemplados por Núñez para esta próxima noche es el desencadenamiento de disturbios y altercados que son relativamente frecuentes en Nochevieja en algunos barrios conflictivos del área metropolitana de París y también en otras ciudades del país.

De hecho, cada año en Nochevieja varios cientos de coches resultan incendiados en Francia en diferentes altercados.

En una ciudad como Estrasburgo (noreste) donde ese tipo de incidentes se repiten desde hace más de una veintena de años, para intentar evitarlos y limitarlos se ha prohibido el aparcamiento en calles que se consideran susceptibles de verse expuestas.

Además, se ha ofrecido a muchos propietarios de coches que estacionan por la noche en la calle la posibilidad de llevarlos a aparcamientos que van a estar bajo vigilancia, como en centros comerciales. EFE

Sevilla, 30 dic (EFE).- El juez ha puesto en libertad con cargos al detenido por los disturbios de anoche ante una comisaría en Sevilla, donde un grupo de personas se concentraron en protesta por la actuación policial horas antes, cuando un hombre, natural de Senegal, que vendía camisetas en las calles de la ciudad, murió tras arrojarse al río cuando huía de los agentes.

Según han informado a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el titular del Juzgado de Instrucción 20 de Sevilla ha puesto en libertad al detenido sin medidas cautelares, investigado por presuntos delitos de atentado, daños y lesiones.

La detención se produjo cuando amigos y conocidos del fallecido se concentraron ante la sede policial y arrojaron distintos objetos contra la misma provocando la rotura de cristales y enseres, con dos agentes heridos y un detenido entre los concentrados.

Los hechos que desencadenaron este suceso se produjeron sobre las 16:20 horas de este domingo, cuando agentes de la Policía Local encargados de la vigilancia por el dispositivo especial de Navidad localizaron a un hombre senegalés de 43 años que se dedicaba a vender camisetas de deportes, quien ante la presencia policial comenzó a correr, según ha informado el Ayuntamiento de Sevilla.

Los agentes trataron de calmarle porque estaba en un gran estado de nerviosismo y a escasos metros del río, pero el hombre se lanzó al agua, donde mostró movimientos evidentes de incapacidad para mantenerse a flote.

Los dos agentes se arrojaron al río para tratar de rescatarle, algo que fue imposible, ya que se sumergió y no volvió a salir a flote.

La Unidad de Rescate Acuático del servicio de Bomberos envió al lugar dos embarcaciones y buceadores, que consiguieron localizar el cuerpo y le practicaron maniobras de reanimación en la embarcación durante 45 minutos, aunque los facultativos de Emergencias Sanitarias certificaron su defunción.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de las diligencias, quedando a la espera de la comparecencia de la Comisión Judicial. EFE

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Sevilla, 30 dic (EFE).- Un hombre de 43 años natural de Senegal que se dedicaba a vender camisetas de deportes en las calles de Sevilla y que ayer huyó de la Policía Local murió por ahogamiento tras arrojarse al río Guadalquivir, han informado a EFE fuentes de la investigación.

El cadáver no presentaba ningún signo de violencia y la causa oficial de su fallecimiento es ahogamiento, según ha confirmado la autopsia realizada este lunes en el Instituto de Medicina Legal de Sevilla.

El hombre se arrojó al río ayer domingo por la tarde cuando huía de la Policía, dos de cuyos agentes se lanzaron al agua para intentar salvarlo porque comprobaron que chapoteaba pero no se mantenía a flote, aunque finalmente se hundió y fue rescatado ya sin vida por buceadores de los bomberos.

Tras el suceso, la Policía Local de Sevilla detuvo a un hombre por los disturbios ocasionados la pasada noche ante las puertas de la comisaría de La Ranilla, donde un grupo de personas se concentraron en protesta por la actuación policial horas antes.

Los hechos que desencadenaron este suceso se produjeron sobre las 16:20 horas de este domingo, cuando agentes de Policía Local encargados de la vigilancia en la zona de influencia del dispositivo especial de Navidad localizaron a un hombre en las inmediaciones del Muelle de Nueva York, quien ante la presencia policial comenzó a correr, según ha informado el Ayuntamiento de Sevilla.

Los agentes trataron de calmarle porque estaba en un gran estado de nerviosismo y a escasos metros del río, pero lejos de conseguirlo, el hombre se lanzó al agua, donde mostró movimientos evidentes de incapacidad para mantenerse a flote. EFE

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Los tribunales militares de Pakistán han condenado este jueves a 60 civiles a penas de prisión por su implicación en las protestas violentas y los disturbios que estallaron el pasado 9 de mayo de 2023 tras la encarcelación del ex primer ministro Imran Jan, implicado en varios supuestos casos de corrupción.

Entre estos últimos se encuentra Hassan Jan Niazi, sobrino de Jan, así como decenas más de simpatizantes de su partido Pakistan Tehrik-e-Insaf (PTI). Días atrás otra veintena fue condenada por estos mismos hechos tras un proceso judicial cuestionado por las competencias del Ejército para juzgar a la población civil.

Todas estas personas han sido condenadas a entre dos y diez años de prisión por su participación en ataques contra instalaciones militares el pasado 9 de mayo de 2023. El sobrino de Jan ha sido sentenciado a diez años cárcel por el asalto a la residencia oficial de un comandante en Lahore.

"Todos los condenados conservan el derecho a apelar y a otros recursos legales, tal y como garantizan la Constitución y la ley", ha señalado trasladado la oficina de comunicación de las Fuerzas Armadas de Pakistán.

Las fuerzas de seguridad paquistaníes detuvieron a cientos de partidarios de Jan después de los fuertes disturbios que se ocasionaron aquel día, con ataques a instalaciones militares y edificios gubernamentales incluidos. Hasta ahora, más de 100 personas han sido juzgadas por estos tribunales militares.

Los juicios habían sido suspendidos en un primer momento después de un fallo del Tribunal Supremo, si bien el Constitucional ordenó este mes retomar los juicios pendientes, en medio de las críticas, por otra parte, de actores internacionales como Reino Unido, la Unión Europea, Estados Unidos y grupos de Derechos Humanos.

En respuesta a las críticas del exterior, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán remarcó esta semana que las sentencias se habían dictado en virtud a una ley aprobada por el Parlamento y en línea con el Tribunal Supremo.

La Justicia de Rusia ha impuesto penas de prisión para otras ocho personas que formaron parte de la multitudinaria turba que a finales de octubre de 2023 asaltó un avión procedente de Tel Aviv en el Aeropuerto Internacional de Majachkala, capital de Daguestán, en el marco de los ataques de Israel sobre la Franja de Gaza tras la ofensiva de Hamás de principios de aquel mes.

A los ocho condenados se les han impuesto penas de entre siete y ocho años de prisión que deberán cumplir en "colonias de régimen general" por delitos de disturbios violentos, destrucción de propiedad privada y pública y por resistencia armada, entre otros. La Justicia rusa ha abierto causas penales contra más de 130 implicados en aquellos hechos violentos, sucedidos en los primeros compases de la actual guerra en Oriente Próximo.

EL Aeropuerto de Majachkala se ubica en la capital de Daguestán, una región rusa en el extremo suroeste del país y de mayoría musulmana. El suceso se produjo precisamente tras el aterrizaje de un avión procedente de Tel Aviv, cuando un grupo de personas llegó a ingresar en las pistas del aeropuerto, y prendió fuego y destrozó mobiliario de las instalaciones.

Finalmente, los equipos antidisturbios disolvieron a la multitud y detuvieron a varias decenas de personas, catorce de las cuales ya han sido condenadas a penas de prisión que oscilan entre los siete y nueve años de prisión.

Islamabad, 21 dic (EFE).- Un tribunal militar de Pakistán condenó a 25 civiles a un máximo de diez años de encarcelamiento por los ataques a instalaciones militares ocurridos en mayo de 2023, tras la primera detención del ex primer ministro Imran Khan, según informó este sábado la sección de medios del Ejército paquistaní.

Las sentencias van de dos a diez años para los 25 condenados, que forman parte del Pakistan Thereek-e-Insaf (PTI), el partido del líder opositor Khan, liberado tras su detención en mayo de 2023, pero encarcelado desde agosto del año pasado.

El Servicio de Relaciones Públicas Interservicios del Ejército de Pakistán (ISPR, por sus siglas en inglés) dijo en un comunicado que había reunido pruebas irrefutables para procesar a los acusados por los disturbios que ocurrieron el 9 de mayo de 2023.

En ellos, miles de partidarios de Khan irrumpieron en varias instalaciones militares -incluida la residencia de un comandante en la ciudad oriental de Lahore- para protestar por el primer arresto del ex primer ministro por parte de fuerzas paramilitares.

Al menos ocho personas murieron en aquella jornada que el PTI considera una operación de falsa bandera elaborada por parte del poderoso estamento militar paquistaní para justificar una ofensiva contra los correligionarios de Khan.

La pasada semana, siete miembros de la Corte Suprema de Pakistán ordenaron que finalizasen los procesos pendientes en los tribunales militares del país y que se anunciasen las condenas para los acusados involucrados en los acontecimientos del 9 de mayo.

En su comunicado, el Ejército paquistaní considera esta condena -la primera por los hechos ocurridos en mayo de 2023- "un hito importante en la administración de Justicia en Pakistán".

Aún siguen siendo juzgados otros acusados.

Khan, orillado por decenas de procesos judiciales, instó ayer al Gobierno de Pakistán a responder a sus dos demandas principales, la liberación de los "presos políticos" procesados y la creación de comisiones judiciales independientes para investigar las protestas del 9 de mayo de 2023 y las que tuvieron lugar el 26 de noviembre de este año, cuando la oposición pidió la liberación del ex mandatario y fue duramente reprimida por las fuerzas de seguridad en Islamabad.

En el caso de que sus demandas no se satisfagan, el ex primer ministro ha llamado a sus simpatizantes a iniciar un movimiento de desobediencia civil desde este domingo, que afectará en primer lugar a las remesas extranjeras de este país asiático.

Esta protesta drástica debía haber empezado el pasado sábado, pero su seguimiento entonces fue limitado, lo que llevó a Khan y al PTI a no darla por iniciada de manera explícita y a aplazarla.

El ex jugador de críquet había accedido al poder en 2018. En 2022, tras un enfrentamiento con la cúpula militar, fue destituido en una moción de censura en el parlamento. EFE

El Gobierno de Bolivia ha asegurado este viernes que la Policía todavía no ha recibido la orden de detención del expresidente Evo Morales, cinco días después de que la Fiscalía de Tarinja emitiera una acusación formal por un delito de tráfico de seres humanos, que incluía su arresto y una alerta migratoria.

Así lo ha contado el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, quien ha instado a la Policía a no dudar en aplicar esta orden de arresto, a medida que crece la preocupación de posibles disturbios entre las fuerzas de seguridad y los grupos afines que custodian al expresidente boliviano.

Así, Ríos ha remarcado que una vez la Policía haya recibido dicha notificación, "no debe deliberar", sino "dar estricto cumplimiento" a la misma, según ha dicho en una entrevista para la cadena de televisión Unitel, en la que ha explicado que no se ha hecho pública hasta ahora por motivos de seguridad.

Asimismo, ha conminado a Morales a presentarse ante los jueces para que pueda dar su versión sobre la acusación que pesa sobre él y ha apuntado, parafraseando al expresidente, que quien huye de la Jusitici "es un delincuente confeso".

Ríos también ha alertado del peligro que supone que los movimientos afines al expresidente boliviano hayan estado llamando a la "confrontación", más después de que en las últimas horas algunas de estas organizaciones hayan amenazado con que "correrá sangre" si las autoridades pretenden detener a Morales.

"Se están entrometiendo en un proceso que es absolutamente personal, pero que además se está investigando un delito que tiene como víctima en ese entonces a una mujer menor de edad", ha puesto de relieve el viceministro.

Desde hace varias semanas, Morales no sale del Trópico de Cochabamba, bastión político y social, en el que cuenta con el apoyo incondicional de decenas de organizaciones sindicales y campesinas.

El secretario de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Vicente Choque, dijo en una entrevista para el portal Erbol que "seguramente va a correr sangre" si el "hermano Evo" era detenido. "No va ser sencillo. Si el Gobierno quiere apresarlo, tenemos seguridad de élite", ha advertido.

Morales esta acusado de tráfico de seres humanos por una relación que mantuvo en 2015 con una entonces menor de edad, también en paradero desconocido, de la que nació un niña. Los progenitores de esta mejor están acusados también de los mismos cargos, ya que habrían lo consentido a cambio de favores políticos. El padre está en prisión desde octubre, pero se desconoce dónde está la madre.

Un tribunal de la ciudad rusa de Stávropol ha condenado a ocho años de cárcel a otras cinco personas de la multitudinaria turba que asaltó un avión que aterrizó a finales de octubre de 2023 procedente de Tel Aviv en el aeropuerto internacional de Majachkala, capital de Daguestán, en el marco de los ataques de Israel sobre Gaza.

Los señalados cumplirán penas que van de los ocho años y medio y los ocho años y ocho meses, señala el tribunal, que ha tenido en cuenta "la naturaleza y el grado de peligrosidad pública" de los delitos cometidos aquel 29 de octubre de 2023.

El tumulto llegó a las pistas del aeropuerto y los pasajeros del vuelo WZ 4728 de la aerolínea Red Wings procedente del Aeropuerto Ben Gurion de Israel tuvieron que volver al avión ante la amenaza de los alborotadores, quienes llegaron incluso a revisar los pasaportes de algunos pasajeros.

Finalmente, los equipos antidisturbios disolvieron a la multitud y detuvieron a varias decenas de personas, diez de las cuales han sido ya condenadas a penas de prisión que oscilan entre los ocho y nueve años por participar en disturbios masivos, ataques contra grupos étnicos, así como destrucción de propiedades.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reflexionó sobre las afirmaciones de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien en declaraciones a la prensa criticó la violencia empleada durante la manifestación del miércoles. El episodio, de gran magnitud, tuvo como saldo un fotógrafo en grave estado tras un golpe en la cabeza con una cápsula de gas lacrimógeno, una jubilada herida tras un fuerte empujón y grandes daños económicos por los destrozos.

“Representa un ejercicio de la democracia”, sostuvo Villarruel sobre el derecho de los ciudadanos a expresarse, una declaración que Francos tildó como un “error de interpretación”. “Una cosa es la democracia y otra cosa es cuando se abusa de estos derechos particulares”, añadió.

“La democracia se ejerce cuando se vota, después lo demás es el uso de las libertades y los derechos que garantiza la Constitución Nacional, y para eso el poder público tiene las distintas fuerzas que hacen cumplir los derechos”, indicó sobre las respuestas de la policía federal a los disturbios.

En tanto, el ministro coordinador se refirió a la decisión de la Confederación General del Trabajo (CGT) que este jueves anunció que llevará a cabo un paro de 24 horas antes del 10 abril, una decisión que Francos calificó de “oportunista” para generar inestabilidad. El anuncio se realizó en la sede de Azopardo 802, durante el congreso nacional de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

A comienzo de esta semana, la mesa chica de la central había anticipado el lanzamiento de un plan de lucha por reclamos salariales y laborales para el 24 de marzo. El aviso se reforzó luego de las declaraciones que el cotitular cegetista, Héctor Daer (Sanidad), hizo esta tarde en donde aclaró que el debate sobre la propuesta tendrá lugar el próximo jueves en una reunión del Consejo Directivo de la CGT. En este sentido, Francos señaló que para él, el paro no tiene una justificación clara, dado que en los últimos tiempos el gremio había intentado acercarse al gobierno buscando soluciones y acuerdos. “No está muy claro el motivo, porque hasta hace poco tiempo siempre la CGT había buscado acercarse al Gobierno para buscar caminos de entendimientos”, declaró.

En diálogo con LN+, el funcionario sostuvo que hay una clara intención de desestabilizar al Gobierno cuando se recurre a este tipo de acciones. “Siempre han usado estos mecanismos”, señaló al compararlo con la violencia que se vivió en la calle este miércoles, cuando los barra bravas decidieron plegarse al reclamo que los jubilados hacen todos los miércoles frente al Congreso. “Todo se encuentra que hay un momento para oponerse, entonces promueven este tipo de disputas callejeras violentas”, remarcó respecto a las intenciones de paro de la CGT.

En este mismo sentido se pronunció el titular del PRO, Mauricio Macri, a través de su cuenta en la red social X. En el posteo comparó la situación con la vivida durante su gobierno en el 2017, a la que también calificó como un intento de desestabilización. “Lo hicieron —en ese entonces— desde la Plaza de los Dos Congresos con palos, piedras y bombas molotov, y desde adentro del Congreso, en una acción profesional coordinada con el exterior, por diputados del peronismo y de izquierda que buscaban crear un caos estratégico”, comenzó su posteo. Y añadió: “Fue un auténtico golpe de Estado“.

Francos coincidió con la visión del ex presidente. Según él, se trata de una clara actitud de parte de la oposición política, en especial la kirchnerista, “que no encontraba un camino para entrar al gobierno”, porque todos los resultados eran positivos. “La intención destituyente de la oposición política, de Unión por la Patria, es tratar de voltear de alguna manera un Gobierno que tiene un apoyo popular muy fuerte”, aseguró. Además, no descartó que este accionar tenga relación con las próximas elecciones legislativas y el “pánico” de perder.

Respecto a los enfrentamientos que ocurrieron adentro de la cámara de Diputados —mientras afuera se desataba una batalla campal con jubilados de por medio— Francos los consideró un “hecho lamentable”. “Liberar las pasiones de esta manera no es razonable, es una falta de respeto a la sociedad”, acusó. Uno de los episodios estuvo marcado por la discusión entre tres libertarias, Marcela Pagano y Rocío Bonacci contra Lilia Lemoine, que terminó con un vaso de agua en la cara. Por otro lado, un grupo de diputados de la oposición increpó al presidente del recinto, Martín Menem, cuando este decidió darle fin a la sesión debido a las tensiones y los insultos que volaban dentro del despacho.

“Todos los incidentes que siguieron son también propios de la tensión de una sesión que estaba viviendo momentos complejos”, señaló.

La visita de Milei a Bahía Blanca

Sobre el viaje que Javier Milei realizó a Bahía Blanca, tras el violento temporal que vivió la ciudad hace casi una semana, el ministro argumentó que “el Presidente no quiso viajar directamente porque sostiene en este tipo de eventos, dejar que trabaje las primeras instancias con la reconstrucción”. Y añadió: “Si va un presidente, se desatiende el trabajo para explicarle como está la situación en cada área”. En este sentido, respondió las críticas que la ex mandataria, Cristina Kirchner, había lanzado a través de X contra Milei, al que le reclamó: ¡MADRE DE DIOS! ¡QUÉ DESCONEXIÓN EMOCIONAL TENÉS CON LOS QUE SUFREN!”.

A su vez, se refirió al rol del Estado en estos casos. El Ejecutivo intervino “con toda las fuerzas disponibles que tiene, que inmediatamente se pusieron a trabajar”, pero remarcó que después de eso “la Provincia tiene su responsabilidad y el municipio la suya”.

Por último, el funcionario confesó que si bien la creación del fondo solidario para la reconstrucción de la ciudad del sur de Buenos Aires, se dio después de que el Mandatario se reuniera con el intendente, Federico Susbielles, la intención no es introducirse “en un tema que es de responsabilidad del municipio, sino que quiere ayudar”.

Luego de los disturbios ocasionados por los barra bravas de Huracán, a fines de febrero durante el clásico frente a San Lorenzo y por el cual el Ministerio de Seguridad de la Ciudad prohibió el ingreso a las canchas a unos 29 hinchas del Globo, se conoció que otros 47 miembros de la organización fueron sancionados con la misma medida. Entre los afectados se encuentra el líder, Claudio De Respinis, alias “Conejo” o “Cone”, quien fue arrestado por la Policía de la Ciudad el lunes, tras el enfrentamiento a tiros que protagonizaron dos facciones de la hinchada, en Nueva Pompeya.

El organismo de Seguridad, que conduce Horacio Giménez, tuvo en cuenta además el mencionado episodio, que se desató alrededor la noche del domingo cerca del domicilio de De Respinis, en José C. Paz.

En total, los 78 hinchas afectados por la resolución tomada por la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Orden Público, a pedido del Comité de Seguridad en el Fútbol de la Ciudad, recibirán distintas inhabilitaciones para ingresar a los estadios porteños, con penas que van desde los tres meses hasta los cuatro años.

La medida, enmarcada dentro de la Ley 5847 de Régimen Integral en Eventos Futbolísticos, establece una sanción máxima de 48 meses de derecho de admisión tanto para “Cone” como para otras 47 personas, mientras que otros tres recibieron dos años de prohibición; 18 hinchas fueron inhabilitados por un año y 11 más, tendrán tres meses sin poder asistir a los partidos.

En esta ocasión, los hechos que motivaron esta decisión se remontan al 23 de febrero, cuando en el clásico entre Huracán y San Lorenzo, un grupo de aficionados se enfrentó en una de las tribunas del estadio Tomás Adolfo Ducó, generando un clima de extrema violencia. Ese día, varios hinchas fueron detenidos, mientras que otros involucrados fueron identificados posteriormente gracias al análisis de las imágenes captadas por la Unidad de Coordinación Operativa y las brigadas de video de la División Exteriores de Video de la Policía de la Ciudad. En las grabaciones se podía observar como se enfrentaban a golpes de puño. La causa quedó en manos de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 8, que interviene en el caso.

Esto motivo al ahora ex titular de Seguridad, Waldo Wolff, a anunciar, a través de un tuit, una sanción que iba a ser impuesta para que “los violentos” queden afuera. “Todos están a disposición de la Justicia, y saldrá una sanción ejecutiva ejemplar desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad para que queden afuera de los estadios por años”, decía.

Una medida similar fue tomada el pasado 25 de febrero por la cartera nacional, contra el presidente del Club Atlético Platense, Sebastián José Ordoñez, por un episodio ocurrido también frente al Ciclón. Según las explicaciones brindadas por la autoridad del club, todo se trató de un confuso episodio, dado que no hubo intención y tampoco le pegó a nadie. Dijo que celebró el tanto de su equipo, tirando hacia el piso la botella con tanta fuerza que rebotó y fue a parar al acrílico que está debajo de los palcos, pero sin lesionar a nadie.

Sin embargo, el organismo conducido por Patricia Bullrich, destacó la “aplicación de políticas y estrategias para el control de la seguridad en espectáculos futbolísticos, generando competencias de prevención de la violencia en los mismos y coordinando las acciones necesarias con las áreas de la Jurisdicción competentes”

Guerra entre facciones de la barra de Huracán

El viernes último, la pelea entre las dos facciones enfrentadas escaló aún más cuando se produjeron detonaciones de armas de fuego en la intersección de Pío Mujica y Corrales, en el barrio de Nueva Pompeya. Como resultado de este enfrentamiento, un Volkswagen Bora terminó con dos impactos de bala, aunque no se registraron heridos.

A raíz de estos hechos, la Policía de la Ciudad, a través de personal de la Comisaría Vecinal 4B, logró identificar a ocho personas, entre ellas Claudio “Conejo” De Respinis y su hijo, quienes fueron detenidos el domingo. Las medidas fueron dispuestas por pedido de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 35 de la Ciudad, a cargo de Celsa Ramírez, con intervención de la División Delitos Contra la Salud y la Seguridad de la Ciudad.

Bogotá, 17 dic (EFE).- América de Cali tendrá que jugar las cinco primeras fechas de la liga colombiana de 2025 a puerta cerrada y una de sus tribunas estará inhabilitada durante seis meses, según determinó este martes la Comisión Local de Fútbol de Cali tras una reunión en la que se analizaron los desmanes del domingo pasado que dejaron 45 heridos, entre ellos 15 policías.

El árbitro José Ortiz suspendió el partido de vuelta de la Copa Colombia en el minuto 85 cuando una horda de hinchas saltó las barreras de seguridad e invadió la cancha en la que jugaban América de Cali y Atlético Nacional, que se quedó con el título luego de empatar 0-0 con los Diablos Rojos.

Tras finalizar el partido las peleas continuaron en las afueras del estadio Pascual Guerrero, lo que hizo que la Policía desplegara más efectivos para tratar de contener los disturbios.

"Habrá cierre completo del estadio por cinco fechas, a partir del 2025. También tendremos la clausura de la tribuna sur durante 6 meses. Le hemos propuesto al América que en esa tribuna, que hoy es utilizada por Barón Rojo, haya una reconversión para que sea una tribuna familiar", informó el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jairo García.

El funcionario añadió que durante seis meses no se podrá ingresar al estadio de Cali con banderas, trapos, vuvuzelas y otros elementos que llevan los hinchas para alentar a su equipo.

"Además, hay otra decisión importante y es que se prohíbe de manera permanente la utilización de cualquier elemento de pólvora o humo en los partidos de fútbol aquí en Cali", puntualizó García.

Los desmanes dejaron 15 policías heridos y otras 30 personas fueron atendidas en centros médicos por golpes o heridas producto de la trifulca. Asimismo, resultaron dañados 582 asientos de las tribunas y 20 puertas del estadio.

Además, la Policía informó de que durante los registros y el control en las entradas al estadio fueron decomisadas 47 armas, 29 botellas de licor y 60 kilos de pólvora.

La Alcaldía de Cali ofreció una recompensa de hasta 30 millones de pesos (unos 6.800 dólares) por información que permita a las autoridades "identificar y judicializar a los responsables de los actos violentos en el Pascual Guerrero".

El título de la Copa Colombia fue para Atlético Nacional tras empatar 0-0 con América el domingo en Cali, adonde llegó con la ventaja de un triunfo en la ida por 3-1, pero debido al brote de violencia no pudo recibir la copa de campeón en el campo. EFE

Bogotá, 16 dic (EFE).- Varias personas lesionadas, entre ellas tres policías, dejaron los desórdenes provocados el domingo por hinchas que intentaron entrar al campo de juego en la final de la Copa Colombia entre América de Cali y Atlético Nacional, se informó este lunes.

"De manera preliminar hay tres policías lesionados que están siendo atendidos en un centro médico asistencial", señaló el comandante de la Policía de Cali, coronel Carlos Oviedo, quien dijo a periodistas que los desórdenes comenzaron cuando integrantes de las barras del América de Cali intentaron ingresar a la gramilla del estadio Pascual Guerrero.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, manifestó en su cuenta de X: "Estamos trabajando con las autoridades en la identificación inmediata de quienes protagonizaron los actos violentos dentro y fuera del estadio".

Eder dijo que lo ocurrido la noche del domingo es "inaceptable" y que no permitirá "que la violencia empañe el fútbol ni la convivencia en Cali".

El árbitro José Ortiz terminó el partido en el minuto 85 cuando una horda de hinchas saltó las barreras de seguridad, e invadió la cancha.

Luego de finalizado el partido las peleas continuaron en las afueras del estadio Pascual Guerrero, lo que hizo que la Policía desplegara más efectivos para tratar de contener los disturbios.

Los desmanes también dejaron daños materiales en el estadio porque los exaltados hinchas rompieron asientos, cristales, señales de evacuación y puertas de los baños.

El título de la Copa Colombia fue para Atlético Nacional luego de empatar 0-0 con América el domingo en Cali, a donde llegó con la ventaja de un triunfo en la ida por 3-1, pero debido al brote de violencia no pudo recibir la premiación de campeón.

El alcalde Eder también ofreció una recompensa de hasta 30 millones de pesos de pesos (unos 6.800 dólares de hoy) por información que le permita a las autoridades "identificar y judicializar a los responsables de los actos violentos en el Pascual Guerrero".

Eder expresó su "solidaridad con los miembros de la fuerza pública y demás ciudadanos lesionados durante estos hechos", al tiempo que instó a la Comisión de Fútbol a que se apliquen sanciones ejemplarizantes para las barras responsables".

"El fútbol debe ser una fiesta para las familias, no un escenario de vandalismo y agresión", concluyó el mandatario.

Por su parte, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), que organiza el fútbol profesional en Colombia, rechazó los "actos de violencia" en la final.

Igualmente dijo que no se hizo la premiación por recomendación de las autoridades "a pesar de que el recinto ya estaba vacío" y agregó que "los disturbios continuaron a las afueras del Pascual Guerrero, en donde se reportaron varios heridos". EFE

ocm/joc/nam

La Justicia de Rusia ha condenado a prisión a seis de los detenidos por el asalto del aeropuerto internacional de Majachkala, un incidente protagonizado por un grupo violento de manifestantes que iba en busca de judíos y que se produjo apenas tres semanas de los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra territorio israelí el 7 de octubre de 2023, desencadenante de la actual guerra en Oriente Próximo.

El aeropuerto de Majachkala se ubica en la capital de Daguestán, una región rusa en el extremo suroeste del país y de mayoría musulmana. El suceso se produjo precisamente tras el aterrizaje de un avión procedente de Tel Aviv, cuando un grupo de personas llegó a ingresar en las pistas del aeropuerto, y prendió fuego y destrozó mobiliario de las instalaciones.

Ahora un tribunal de distrito de Krasnodar, también en la región rusa del Cáucaso, ha dictado penas de entre cuatro y ocho años de prisión para seis de los detenidos en aquél incidente, en el que cometieron delitos de "participación en disturbios masivos acompañados de violencia, pogromos, destrucción de propiedades, uso de objetos que representan un peligro para otros, así como resistencia armada a un representante de las autoridades", a la par que se les declara culpables de incumplir las normas de seguridad en las instalaciones.

En concreto, la Justicia ha condenado a cuatro años y medio de prisión a uno de los acusados; cuatro más deberán cumplir siete años en prisión, y el sexto imputado ha sido condenado a ocho años de cárcel.

La Policía brasileña ha arrestado al exministro de Defensa y antiguo candidato a la Vicepresidencia del país, general Walter Braga Netto, dentro de una investigación sobre una trama organizada por el ex presidente Jair Bolsonaro para orquestar un golpe de Estado en 2022, según han confirmado fuentes próximas a la investigación a los principales medios brasileños y a la agencia Bloomberg.

Braga Netto se encuentra entre las decenas de personas a quienes la Policía acusó en noviembre de conspirar para mantener a Bolsonaro en el poder después de su derrota electoral de 2022. El abogado de Braga Netto no ha respondido de inmediato a una solicitud de comentarios.

Cabe recordar que, el 8 de enero de 2023, miles de partidarios de Bolsonaro irrumpieron en los edificios gubernamentales en la capital, Brasilia, en medio de afirmaciones de que la victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva había sido fraudulenta.

Si bien Bolsonaro niega haber participado en los disturbios, las autoridades han estado investigando al líder derechista y a miembros de su gobierno desde entonces por presuntos esfuerzos para anular la voluntad del pueblo brasileño.

La Policía arrestó a Braga Netto, quien se desempeñó como compañero de fórmula de Bolsonaro en 2022, en su casa en Río de Janeiro esta madrugada del sábado después de regresar a la ciudad de un viaje, según estas fuentes. Oficialmente, la Policía federal se ha limitado a anunciar una operación "prevenir la repetición de acciones ilegales", según un comunicado que no identifica por nombre a Braga Netto.

Un tribunal de Hong Kong ha condenado este jueves a prisión al activista y opositor hongkonés Lam Cheuk Ting por su papel en el marco de los disturbios registrados durante la ola de protestas antigubernamentales registrada en 2019 en la región administrativa especial china.

Lam, exdiputado de 47 años y miembro del Partido Demócrata, fue arrestado más de un año después de los incidentes registrados durante la noche del 21 de julio de 2019, cuando más de un centenar de personas irrumpieron en la estación de metro de Yuen Long, en el noroeste de la ciudad, y golpearon a varios pasajeros con palos en el marco de las protestas.

A pesar de que él mismo fue atacado cuando acudió al lugar de los hechos para prestar ayuda, tal y como ha explicado ante la corte, el juez Stanley Chan ha descartado que Lam acudira al lugar de los hechos simplemente a mediar sino a "sacar ventaja política" de lo que estaba ocurriendo. Según Chan, su mera presencia avivó los enfrentamientos.

Lam se ha declarado no culpable y ha recibido la condena de forma impasible, entre los llantos de algunos de sus familiares, que se encontraban en la sala. Otras seis personas han sido condenadas por el mismo caso, si bien la sentencia no se conocerá hasta más adelante, tal y como recogen los medios de comunicación de Hong Kong.

Estas condenas llegan en pleno aumento de las medidas contra la disidencia, especialmente a raíz de las protestas de 2019. Muchos de los disidentes que participaron en ellas se encuentran ya encarcelados o en el exilio, según denuncian organizaciones de defensa de los Derechos Humanos.

En la tarde del jueves 13 de febrero, la Universidad Nacional, sede Medellín, se convirtió en el epicentro de una compleja situación de orden público.

Según los reportes preliminares, un grupo de encapuchados lanzó artefactos explosivos dentro del campus, lo que llevó a la suspensión de todas las actividades académicas, administrativas y culturales en el lugar.

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La situación también afectó la movilidad en las inmediaciones del plantel educativo, generando bloqueos en importantes vías de la ciudad, como la autopista Norte a la altura de Punto Cero.

De acuerdo con el comunicado emitido por el centro educativo, las actividades en el campus El Volador fueron suspendidas de manera indefinida hasta que se restablezca el orden. Además, la institución aseguró que informará a la comunidad universitaria sobre la reanudación de las actividades a través de sus canales oficiales.

“En caso de no ser acatada esta instrucción, la permanencia en el campus será bajo el riesgo y responsabilidad de cada persona”, complementó el comunicado.

Ante la crítica situación que se registra, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió sobre lo ocurrido y las medidas implementadas, a través de su cuenta personal de X.

En su mensaje, destacó que las autoridades actuaron de manera preventiva al cerrar las vías cercanas y desplegar efectivos de la Policía para evitar que los disturbios se extendieran fuera del campus. Además, criticó el uso indebido de la autonomía universitaria por parte de algunos sujetos, señalando que esta no puede ser utilizada como excusa para generar desórdenes o evadir la acción del Estado.

“Unos pocos se escudan en la autonomía universitaria creyendo que pueden hacer lo que quieran y que nada les va a pasar. Se equivocan: la autonomía universitaria es frente a lo académico y frente a lo administrativo, pero en materia de orden público el Estado no tiene territorios vedados. Y quienes se tapan la cara y lanzan artefactos explosivos, antes que cualquier otra cosa, son terroristas, y ante ellos como tal debe actuar la fuerza pública y la justicia”, afirmó el mandatario.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad de Medellín confirmó que varios tramos viales permanecen cerrados debido a una manifestación ciudadana relacionada con los disturbios, mientras que usuarios han compartido videos y fotografías que muestran a encapuchados detonando papas bomba dentro del campus universitario.

Universidad Nacional de Colombia canceló licitación de seguridad de cerca de $100.000 millones

La Universidad Nacional de Colombia tomó la decisión de declarar desierto el proceso de licitación para un contrato de vigilancia y seguridad, valorado en $98.614 millones, que garantizaría la protección de sus nueve sedes. Esta medida fue adoptada tras confirmar que el único oferente, la Unión Temporal Alianza Segura, no cumplió con los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones, lo que provocó un rechazo automático de su propuesta.

El incumplimiento principal estuvo relacionado con la falta de una visita técnica obligatoria a las sedes de la universidad, un requisito estipulado en el numeral 2.3 de los pliegos de condiciones, fundamental para que los oferentes comprendieran las necesidades específicas de cada sede y formularan propuestas ajustadas.

Esto dejó a la universidad sin alternativas viables y condujo a la descalificación de la única oferta presentada, conformada por las empresas Detección Seguridad Privada Ltda y Seguridad El Pentágono Colombiano Limitada.

El proceso de licitación ya había estado rodeado de críticas desde su inicio en diciembre de 2024. Uno de los principales señalamientos fue la falta de transparencia, ya que la convocatoria no se publicó en la plataforma oficial de contratación pública en Colombia, Secop II, sino únicamente en la página web de la Universidad.

Además, esta publicación ocurrió el 20 de diciembre, en pleno período vacacional, y el plazo de un mes para la presentación de propuestas fue significativamente más corto de lo habitual en este tipo de procesos.

De acuerdo con Diego Torres, representante profesoral ante el Consejo Superior Universitario, el manejo de este contrato presentó un “alto riesgo de corrupción” debido a la opacidad y a la falta de pluralidad en los oferentes. Torres argumentó que los requisitos desproporcionados y la celeridad del trámite pudieron haber favorecido a un contratista específico, lo que recordó características de un “pliego sastre”.

Un aberrante episodio ocurrió en los últimos días en la ciudad de Saladillo, cuando trascendió que una nena de 13 años dio a luz a un bebé en el hospital zonal Alejandro Posadas. Por el episodio, la fiscalía investiga a la madre y a su pareja.

Los médicos que atendieron a la menor confirmaron que ingresó al nosocomio con un fuerte dolor abdominal. En principio creyeron que se trataba de un malestar estomacal, pero al realizarle los estudios correspondientes descubrieron que estaba cursando la semana 35 de un embarazo. Inmediatamente, los profesionales dieron aviso al organismo de la Niñez y Adolescencia de Saladillo para que intervinieran.

Varios medios locales señalaron que, tras conocerse la noticia, los vecinos se movilizaron hasta la vivienda familiar, ubicada en la calle Pereyra entre Almafuerte y Sarmiento, para pedir justicia, pero todo terminó en un violento enfrentamiento con la Policía.

“Hay varios oficiales y vecinos heridos, uno aparentemente de gravedad por un impacto de bala de goma en el ojo. En un momento quiso entrar quien sería la abuela de los menores y los vecinos intentaron lincharla. Como la Policía no estaba organizada, se dio una situación de extrema violencia. No ocurrió una tragedia de milagro”, remarcó una periodista local.

Aunque sostienen que se habían realizado varias denuncias por abuso que incriminaban a la madre y su pareja, las autoridades desmintieron esta versión. “Es importante destacar que previo a este hecho no se habían registrado denuncias formales, de vecinos, ni del sistema educativo, ni del sistema de salud que hubieran alertado sobre esta situación, lo cual impidió la intervención previa de los organismos correspondientes”, describió el Municipio a través de un comunicado.

En diálogo con TN, Alejandro Armendáriz, intendente interino de la ciudad bonaerense, calificó la situación familiar como “muy delicada”. “La mamá de F. (la niña que tuvo al bebé, cuya identidad es resguardada) está conviviendo con un muchacho que sería el padrastro, en ese ámbito ha sucedido lo que se sospecha”, reveló.

En este sentido, indicó que desde el municipio solicitaron a los fiscales y a la Justicia, actuar con celeridad. “Es necesario en estos hechos conmocionantes, pero la justicia tiene sus tiempos y todavía no se han realizado las medidas de prueba que son imprescindibles para que puedan dictaminar”, sostuvo el funcionario. La causa está a cargo del fiscal Roberto Javier Berlingeri, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 de Saladillo, que tiene como principales investigados por presunto abuso sexual, a la madre de la menor y el padrastro.

Respecto a los incidentes, Armendáriz relató que todo ocurrió en la casa de la familia, donde los vecinos “prendieron fuego unas gomas” por lo que la Policía debió evacuar a las cinco personas que estaban adentro del lugar. Además, trascendió que la vivienda fue apedreada y se produjeron enfrentamientos con los agentes, que habían establecido un cordón de seguridad en el lugar. Hubo varios heridos, incluyendo un oficial que sufrió un impacto de bala de goma en el ojo.

Los disturbios continuaron este domingo con una marcha que al principio fue pacífica, pero que terminó en la casa de la fiscal de turno, con un principio de incendio en un portón, relató el intendente.

Aunque hasta el momento no se han formulado imputaciones ni se han ordenado detenciones, la Justicia ha dispuesto una serie de pericias, tales como un ADN al bebé. Por otro lado, se aguarda que la menor sea sometida a Cámara Gesell, conforme al protocolo judicial.

El comunicado del Municipio

“En base a los hechos ocurridos por el aberrante abuso sexual infantil ocurrido en nuestra ciudad; desde el Gobierno Municipal consideramos fundamental brindar claridad a la población y reafirmar nuestro compromiso con la verdad y el respeto hacia todas las partes involucradas”, comienza relatando el texto emitido por las autoridades municipales.

Luego de los incidentes que se desataron durante el sábado y el domingo, confirmaron que “la denuncia correspondiente ya ha sido presentada ante la justicia, desde el primer momento que se tomó conocimiento de la situación, especialmente ante la Unidad Funcional de Instrucción N°2 Saladillo, a cargo del Dr. Roberto Javier Berlingeri", asegurando que “se le ha solicitado la celeridad necesaria que el caso amerita para resolver la causa y hacer justicia en defensa de una joven vulnerada”.

Respecto al estado de salud de la niña, indicaron: “Desde el momento en que se presentó la denuncia formal, la menor se encuentra bajo el resguardo y la protección integral de los organismos de Niñez del Estado Municipal, garantizando su seguridad y brindándole un acompañamiento profesional y humano en esta compleja situación."

Por último, remarcaron el trabajo que realizan desde los diferentes organismo intervinientes. “Reiteramos nuestro compromiso con el bienestar de nuestros vecinos, con la justicia y con el respeto irrestricto de los derechos humanos, especialmente de nuestros niños, niñas y adolescentes. Seguiremos trabajando junto a las instituciones correspondientes para garantizar la verdad, el cuidado y la protección necesaria”, concluyeron.

Esta semana, un operativo conjunto de distintas áreas de la Policía Bonaerense encabezado por la Sub DDI de Tandil terminó con la detención de ocho jóvenes acusados causar una serie de disturbios con sus motos durante tres días en esa ciudad. No fue lo único: durante los allanamientos, los detectives les encontraron una importante cantidad de armas, miles de balas y hasta una granada.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, la investigación comenzó con una denuncia presentada el 23 de diciembre pasado por empleados de la Municipalidad, tras incidentes ocurridos durante un encuentro de motociclistas los días 6, 7 y 8 del mes pasado.

De acuerdo con los datos aportados a la Policía, varios individuos, a bordo de sus motos, realizaron acrobacias peligrosas y protagonizaron desmanes en distintas zonas urbanas.

Además, robaron y prendieron fuego otras dos motocicletas que estaban estacionadas en la calle. En la denuncia, indicaron que los sospechosos realizaron maniobras alrededor del incendio de los vehículos y atacaron con piedras al personal policial que acudió al lugar. En el medio de la historia se encuentra la página Tandil Cuelga -llamada así por la figura frecuente de colgar la moto, rueda delantera en alto-, un sitio utilizado para promocionar encuentros y carreras clandestinas.

Luego de una investigación liderada por el fiscal Luis Piotti, de la UFI Nº3 del Departamento Judicial de Azul, en colaboración con la Policía provincial, lograron identificar a los presuntos responsables y obtener órdenes de allanamiento que fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías Nº1 de Tandil, a cargo del magistrado José Moragas.

En el procedimiento, que involucró a más de 100 efectivos, incluyó personal de la DDI Azul, la Subdelegación Departamental de Investigaciones Ezeiza, el Grupo de Apoyo Departamental de Tandil y Ezeiza, y otras dependencias locales, secuestraron 10 motos.

Muchas de ellas, de marcas como Honda, Motomel, Zanella y Keller, tenían la numeración de chasis y de motor adulterada o suprimida. Además, hallaron repuestos y motores para competición.

También les incautaron 22 armas, entre ellas una pistola Tanfoglio calibre 9 mm, un revólver Smith & Wesson calibre .357 Magnum, una escopeta Centauro 595 y una carabina Orinco calibre .22 Magnum. También se encontró una granada de mano. Las municiones halladas no son un dato menor: había cerca de tres mil balas, junto con ocho celulares que podrán ser peritados.

Los sospechosos detenidos fueron identificados como Rodrigo Nicolás Cuviller (23), Federico Damián Meo (27), Luca Martín Ruiz (23), Mateo Agustín Kessler (22), Cristian Nahuel Díaz (29), Felipe Ernesto Beccaria (28), Benjamín Velázquez (21) y Joaquín Ezequiel Carballo (21).

Se los acusa de los delitos de hurto y robo, lesiones, averiguación de ilícito e infracciones a los artículos 193 bis, 189 bis y 289 del Código Penal, relacionados con carreras clandestinas, tenencia ilegal de armas y adulteración de bienes registrables.

Los 11 involucrados fueron

Moscú, 19 nov (EFE).- El presidente de Abjasia, Aslán Bzhania, presentó hoy su dimisión ante la presión de los opositores, que paralizaron la gestión del Ejecutivo al bloquear una serie de edificios gubernamentales de esa región separatista georgiana reconocida por Moscú como Estado independiente.

"Con el fin de preservar la estabilidad en el país Aslán Bzhania presentó su dimisión", anunció el vicepresidente abjasio, Badra Gunba, que asumió como presidente en funciones, informó desde Sujumi, la capital de Abjasia, la agencia oficial rusa TASS.

La renuncia de Bzhania, de 61 años, se produjo esta madrugada como producto de un acuerdo con la oposición tras ocho horas de negociaciones para poner fin a los disturbios que estallaron el pasado día 15.

Los opositores abjasios tomaron el viernes los principales edificios gubernamentales de la república separatista en protesta contra un acuerdo con Moscú.

Los incidentes, que dejaron al menos ochos heridos, se produjeron después de que el Legislativo se negara a retirar de la agenda el proyecto de ley de ratificación de un acuerdo de inversiones con Rusia que la oposición considera nefasto para la economía de Abjasia.

En septiembre trascendió que Rusia había suspendido sus ingentes subvenciones a Abjasia, por lo que los opositores abjasios denunciaron que el acuerdo con Moscú fue producto de presiones.

La dimisión de Bzhania será examinada hoy mismo por el Parlamento abjasio, que convocará elecciones presidenciales anticipadas.

Los opositores, por su parte, se comprometieron a desbloquear los edificios públicos. EFE