En la última semana de mayo de 2025, las autoridades informaron que, en el municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá, fue capturado alias Winnie Pooh, identificado como jefe de extorsiones de las disidencias de las Farc de “Iván Mordisco” en los Llanos.

El operativo, ejecutado por tropas de la Sexta División del Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía General de la Nación, se realizó tras un trabajo de inteligencia y seguimiento en la región, donde operan varias facciones armadas ilegales.

Alias Winnie Pooh, cuyo nombre no fue revelado, era conocido por coordinar la red de extorsión de la estructura Jorge Suárez Briceño, aliada al bloque Rodrigo Cadete. El disidente tenía un historial criminal de al menos seis años y era considerado uno de los principales responsables de ataques con explosivos, amenazas y cobros extorsivos a comerciantes, empresarios y transportadores en Caquetá y zonas aledañas.

Además, se le vinculó con el reclutamiento de menores y con la participación en acciones violentas que generaban temor en la comunidad. Durante el operativo también se logró la captura de otros cinco presuntos integrantes de la misma estructura criminal, así como la incautación de armas de fuego, municiones, explosivos, equipos de comunicación y material alusivo a las FARC, usado para intimidar y extorsionar a la población. Las autoridades reportaron igualmente el rescate de un menor de edad reclutado por el grupo ilegal.

El perfil del sucesor de ‘Winnie Pooh’ en las disidencias de las Farc

Debido a que alias Winnie Pooh era considerado un hombre clave en la cadena financiera de las disidencias, articulando el cobro de cuotas extorsivas que financiaban actividades ilícitas como el narcotráfico y el tráfico de armas. Su caída representó un golpe a la capacidad operativa y de financiación de las disidencias en la región, ya que mantenía conexiones directas tanto con mandos medios como con altos líderes criminales.

Fuentes militares de Infobae Colombia informaron que el sucesor de este criminal es alias Alirio Barreto, que es el nuevo encargado de las finanzas criminales de la estructura 39 de las disidencias de alias Iván Mordisco.

Este individuo, quien se moviliza en motocicletas de alto cilindraje, siempre viste de civil (jeans, camisas y gorra) y nunca usa uniforme camuflado, estaría detrás de las amenazas y presiones contra los transportadores de carga pesada en la vía que comunica a Puerto Gaitán con Rubiales en el departamento del Meta.

De acuerdo a lo que se ha podido establecer con denuncias de los conductores de los vehículos de carga, este sujeto saldría a la vía y, luego de detener los automotores, amenaza a los conductores y los obliga a que le paguen entre dos y diez millones de pesos (depende del tamaño del vehículo) para que puedan movilizarse en la zona.

Mediante el empleo de capacidades de inteligencia militar y policial, se tiene identificado su modus operandi. Cuenta con redes criminales de apoyo que le informan sobre la presencia y movimientos de la fuerza pública, lo que le ha permitido escapar cuando se han adelantado operaciones en su contra.

Las amenazas de alias Alirio Barreto van dirigidas contra la vida de los conductores de tractomulas, carrotanques y camiones. Así mismo, amenaza con quemar los vehículos si los trabajadores no pagan el dinero exigido.

Esta situación ha convertido la movilidad en un problema para los transportadores en el departamento del Meta, por lo cual ya se han desplegado capacidades de inteligencia militar y policial para ubicar, individualizar y judicializar a este individuo.

Según la fuente, se han desplegado capacidades que han podido establecer que este criminal habría recibido órdenes de alias Iván Mordisco de obtener recursos económicos de la extorsión para poder recuperar el poder que ha venido perdiendo en los departamentos del Meta y Guaviare, tanto por la confrontación que mantiene en contra de las estructuras de alias Calarca como de las diferentes operaciones militares que se han registrado en las últimas semanas.

“Alias Alirio Barreto estaría usando a integrantes de las guardias y resguardos indígenas para presionar a los transportadores para el pago de las cuotas extorsivas”.

Antes de los comicios presidenciales del 21 de junio, en el que los colombianos elegirán entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda al próximo presidente de Colombia, uno de los temas de discusión ha sido el impacto que pueden tener los grupos armados en la jornada electoral.

Esto se debe a que han sido denunciados presuntos hostigamientos contra poblaciones civiles por parte de estructuras criminales que estarían pidiendo que civiles apoyen a un candidato.

Para profundizar sobre el tema, el experto en geopolítica Juan Camilo Ubaque habló con Infobae Colombia sobre lo que está pasando en la región de las Sabanas del Yarí, que abarca zonas de Meta, Guaviare y Caquetá, en donde hay una presión directa del Estado Mayor de los Bloques y Frentes, la principal facción de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá.

Esta misma situación ha sido denunciada en corredores estratégicos que conectan el centro del país con el suroriente y el Pacífico, interviniendo en departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Caquetá, Guaviare y el sur de Meta.

“La organización dirigida por alias Calarcá no persigue actualmente la confrontación militar abierta con la fuerza pública, sino el dominio total sobre el comportamiento político en los territorios bajo su influencia”, indicó Juan Camilo Ubaque, que sostiene que la facción ha utilizado su capacidad de intimidación para condicionar el sufragio, lo que representa el principal factor de inestabilidad en el proceso electoral en varias regiones apartadas del país.

Según registros oficiales, se han implementado censos y carnetizaciones forzosas con el objetivo de coaccionar el voto, una práctica denunciada en su momento por el responsable operacional del Plan Democracia, el entonces general Erick Rodríguez.

La presión ejercida sobre las comunidades incluye la convocatoria obligatoria de presidentes de Juntas de Acción Comunal, líderes comunitarios y pastores religiosos, que reciben instrucciones precisas respecto al sentido del voto. Bajo amenaza de represalias armadas, se prohíbe cualquier manifestación o apoyo hacia candidaturas de oposición o sectores de derecha, dinámica que se extiende a otras regiones más allá de las Sabanas del Yarí, como el norte de Antioquia, demostrando el alcance coordinado de la estrategia de control.

Para el experto, la vigencia de la política de Paz Total ha sido aprovechada por los grupos armados, que han aumentado su capacidad logística y su pie de fuerza criminal, lo que se demuestra al recordar los constantes enfrentamientos entre facciones armadas ilegales.

Para Ubaque, el control del voto no se limita a la jornada electoral del 21 de junio. Ha conocido denuncias por situaciones en las que los integrantes de grupos armados han impuesto la presentación obligatoria del certificado de votación como requisito para circular o permanecer en las zonas rurales. Quienes no presenten este documento se exponen a sanciones económicas y expulsiones.

Además, los mandos locales realizan verificaciones cruzadas entre los censos comunitarios y los resultados oficiales de las mesas de votación, con el fin de detectar y sancionar a los caseríos o sectores en los que el conteo de votos no corresponda a las directrices políticas impuestas desde la estructura armada.

“El trasfondo de la ofensiva electoral lanzada por la facción de alias Calarcá se vincula con la defensa de la continuidad de la política de Paz Total y la garantía de espacios de negociación con el Estado”, valoró el experto, que afirmó que los ceses al fuego funcionan como herramientas que les permiten a las disidencias frenar las operaciones militares, obtener legitimidad institucional ante el Gobierno y consolidar su dominio territorial.

“Los espacios de diálogo no representan una voluntad de transición a la legalidad, sino una táctica de protección política y militar frente a otras facciones rivales, mientras se fortalece la economía derivada de la extorsión”.

En este contexto, el tejido social de las regiones bajo influencia de las disidencias de las Farc experimenta un deterioro marcado por la coacción y la sustitución de los mecanismos legítimos de participación comunitaria. Los transportadores locales reciben órdenes de movilizar votantes a las urnas con sus propios recursos y la población se ve forzada a inscribir sus cédulas en puestos de votación controlados por la organización armada.

“El uso de la intimidación y la apropiación de recursos logísticos por parte de estos actores ilegales afecta la organización y el respaldo genuino de los programas sociales impulsados en los territorios rurales”.

El 17 de junio, el Ejército Nacional informó sobre un operativo en el que neutralizó a cinco integrantes de las disidencias de las Farc, más específicamente el frente residual Jaime Martínez, que tiene injerencia en el Cauca.

En el informe oficial, las autoridades revelaron que los sujetos integraban una comisión armada que tendría la labor de instalar artefactos explosivos en el sector de El Túnel, en Cajibío, en donde 20 ciudadanos fueron asesinados y alrededor de 45 terminaron con heridas de gravedad.

Estos individuos también habían protagonizado hurtos de vehículos en la vía Panamericana y frecuentemente utilizaban drones con explosivos para intimidar a la población civil.

Así fue el operativo

Soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido realizaron la operación tras enfrentamientos registrados en el sector de La Gallera, zona rural del municipio de El Tambo.

La ubicación de este grupo fue posible tras labores de inteligencia y el seguimiento continuo de su accionar, así como por información suministrada por algunos cabecillas capturados. Según reportes militares, la comisión neutralizada tenía responsabilidad directa en la instalación de dispositivos explosivos, adicionalmente, se atribuye a este grupo una serie de delitos que afectan a la población civil, entre ellos el desplazamiento forzado de habitantes de la zona rural, con el propósito de despojarlos de sus tierras para destinarlas al abastecimiento logístico del grupo armado.

También se le relaciona con el reclutamiento de menores de edad, el hurto de vehículos y maquinaria pesada empleados en obras de infraestructura vial, los cuales eran utilizados en ataques contra las fuerzas de seguridad y la población civil.

La operación permitió la incautación de ocho fusiles, una ametralladora, municiones y otros elementos de guerra, que formaban parte del armamento utilizado por la comisión armada. Todo el material incautado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para los procedimientos correspondientes.

Otros hechos que se atribuyen a la estructura Jaime Martínez incluyen ataques con drones en zonas rurales de municipios como Jamundí, en el Valle del Cauca, y Morales, Buenos Aires y Suárez, en el Cauca. En uno de estos ataques, registrado en Suárez, ocho personas, incluidos siete menores de edad, sufrieron heridas a causa de explosivos lanzados desde aeronaves no tripuladas.

El Ejército Nacional informó que las operaciones militares continúan en el Cauca, donde las tropas mantienen acciones orientadas a garantizar la seguridad de las comunidades y contrarrestar las actividades de los grupos armados ilegales presentes en la región.

Segundo operativo en menos de 24 horas

El 16 de junio, el Ejército Nacional informó sobre un operativo en el que las autoridades incautaron un arsenal perteneciente a la estructura armada Jaime Martínez. El material decomisado incluye drones, explosivos, equipos de comunicación, munición, prendas de uso militar, brazaletes, banderas y propaganda vinculada al grupo armado. Entre los elementos hallados se encuentran artefactos explosivos improvisados y cilindros de diversos tamaños, alineados junto a los drones, lo que revela la capacidad del grupo para ejecutar ataques combinando explosivos y aeronaves no tripuladas.

Las autoridades señalaron que esta operación se desarrolló en una zona del Pacífico caucano donde la estructura mantiene corredores de movilidad y áreas de influencia para acciones armadas contra la fuerza pública y la población civil.

El Ejército Nacional informó que en este operativo tuvieron ayuda de la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial, y que tenía como objetivo debilitar las capacidades logísticas y criminales de los grupos armados organizados en el Pacífico colombiano. Entre los equipos incautados también hay dispositivos utilizados para comunicación y coordinación, así como para ataques con drones, una táctica que estas estructuras han implementado en distintas regiones del país.

Desde la mañana del 27 de mayo se registran combates en San José del Guaviare entre las disidencias del Estado Mayor Central al mando de “Iván Mordisco” y “Calarcá”.

Las disputas territoriales entre los frentes Isaías Carvajal y la estructura 44, incluyendo el frente Antonio Ricaurte, han mantenido en vilo a la población civil de la zona, que no han podido salir de sus hogares para no quedar expuestos al fuego cruzado.

Fuentes de Infobae Colombia confirmaron que el número preliminar de muertos en estos combates es de más de 50 disidentes, entre ellos alias Negro Primo o “Domingo Bioho”, cabecilla del frente Antonio Ricaurte de las disidencias de “Iván Mordisco”.

Además, en el combate fue herido alias Pescado, otro de los hombres de confianza del criminal más buscado en Colombia en esta región; este disidente se había escapado de un bombardeo militar en marzo de 2026.

Sobre “Negro Primo” o “Domingo Bioho” se sabe que tenía aproximadamente 38 años y un tatuaje en el hombro derecho. Según información oficial, fue integrante de las disidencias del Estado Mayor Central durante al menos ocho años.

El prontuario señala que alias “Negro Primo” ingresó como guerrillero raso en 2017 y, tras ocupar diferentes cargos dentro de la estructura, llegó a ser cabecilla de finanzas en 2024 y segundo cabecilla en 2025. En 2026 ostentaba el rol de subversivo principal tras la deserción de otros disidentes.

Durante su trayectoria, participó en hostigamientos contra las Fuerzas Militares, enfrentamientos con otros grupos armados, actividades de reclutamiento forzado y la difusión de audios intimidatorios en regiones de Caquetá y Putumayo. Se le atribuyen acciones directas en el Bajo Caguán, Cartagena del Chairá, La Montañita, Puerto Rico y Solano.

Fuentes militares afirmaron que la neutralización de “Negro Primo” representa la pérdida de un mando con experiencia, capacidad de reorganización y control disciplinario sobre las áreas bajo influencia del grupo armado.

De la misma forma, las autoridades advierten que su muerte podría afectar la conservación de fuentes de financiación ilícitas y provocar desmoralización entre los integrantes de la estructura, así como limitar las actividades delictivas y la instrumentalización social de comunidades en zonas de Guaviare, Caquetá y alrededores.

Este tipo de combates confirma que no existe ningún tipo de alianza entre las disidencias de “Iván Mordisco” y “Calarcá” que se han declarado la guerra en repetidas ocasiones.

Debido a la presencia de los frentes de ambas disidencias en la región, las autoridades piden precaución de la ciudadanía para no quedar en medio del fuego cruzado. No se ha confirmado cuáles serán las acciones del Ejército Nacional en la zona para mitigar el impacto de estos hechos en la región y recuperar el poder territorial en las zonas afectadas.

La disputa entre “Iván Mordisco” y “Calarcá”, líderes de facciones rivales de las disidencias de las Farc, se centra en el control territorial, el liderazgo y las rentas ilícitas en regiones estratégicas como Guaviare, Caquetá y Meta.

“Iván Mordisco”, jefe del Estado Mayor Central, ha rechazado los acercamientos de paz con el Gobierno y mantiene una línea de confrontación armada. Por su parte, “Calarcá” lidera el Estado Mayor de Bloques y Frente, con el cual sostiene un proceso de diálogo con el Estado a pesar de la suspensión que este ha tenido durante varios meses.

La fractura entre ambos surgió por desacuerdos sobre la conducción de las negociaciones y la autoridad dentro de las disidencias. Este conflicto ha generado enfrentamientos armados, desplazamientos y bloqueos, afectando a miles de personas y obstaculizando el acceso a bienes esenciales. Ambos grupos buscan consolidar rutas para el narcotráfico y la minería ilegal, lo que intensifica la violencia y complica los intentos de paz en la región.

Tras los ataques perpetrados contra la fuerza pública en varias regiones, una de las preguntas más repetidas era sobre el conocimiento previo que tenían las estructuras armadas sobre los movimientos de las diferentes unidades de las Fuerzas Militares.

A pesar de ello, no es algo habitual que se encuentren fracturas al interior de las unidades militares, por lo que sorprendió el comunicado emitido por la Fiscalía Penal Militar y Policial el 19 de mayo con el que confirmó la captura de un soldado que habría estado colaborando con las disidencias de “Iván Mordisco”.

En el documento se informó que en el desarrollo de una investigación se encontraron pruebas que vinculan al uniformado, cuya identidad no fue revelada, con el grupo armado. El soldado estaba adscrito al Batallón de Despliegue Rápido 11 (Badra 11) y será acusado por su presunta participación en el delito de espionaje.

Detalles del caso

La detención se registró luego de que fue emitida una orden de captura por el Juzgado 1714 de Control de Garantías tras una solicitud de la Fiscalía, que identificó pruebas de las filtraciones de información sensible sobre operaciones militares que iban a ser ejecutadas en el suroccidente del país.

De acuerdo con el informe preliminar, la primera filtración se registró el 12 de febrero de 2026 cuando el soldado entregó información sobre las acciones de las Fuerzas Militares en El Plateado, municipio de Argelia, Cauca.

“Entre los datos entregados se incluían detalles de operativos y órdenes de trabajo, transmitidos mediante llamadas telefónicas y el envío de videos a través de la aplicación WhatsApp”.

Desde la Fiscalía Penal Militar y Policial informaron que durante la investigación fue escuchado el testimonio de un desmovilizado del frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central, que identificó mediante un reconocimiento fotográfico al soldado, al que describió como una fuente que suministró datos claves al grupo armado.

La entrega de información se habría registrado durante uno de los momentos de intervención de las Fuerzas Militares en el Cauca para recuperar zonas claves para el tráfico de estupefacientes por parte de los grupos armados y delicuenciales. “La Fiscalía General Penal Militar y Policial reafirma su compromiso firme con la legalidad, la protección de la información institucional y la lucha contra cualquier conducta que atente contra la seguridad y la integridad de las operaciones de la Fuerza Pública”, es como concluye el comunicado.

Cabe recordar que el delito de espionaje en Colombia, cuando es cometido por miembros de la fuerza pública, está tipificado en el Código Penal Militar en el artículo 120 cuando un uniformado revele, entregue, facilite o comunique, a persona no autorizada, documentos, información o datos que deban permanecer en reserva y que puedan afectar la seguridad y defensa nacional, incurre en el delito de espionaje.

De acuerdo con el artículo 120 del Código Penal Militar, por este delito se prevé una pena de prisión que puede oscilar entre 10 y 20 años, dependiendo de la gravedad de la información filtrada y el impacto en la seguridad nacional.

Si se demuestra que el acusado actuó con dolo y que la información entregada puso en riesgo operaciones militares, la pena puede ubicarse en el rango máximo de la escala. Además, el acusado puede enfrentar la destitución de la institución a la que esté adscrito y la inhabilidad para ejercer cargos públicos.

En estos casos, la Fiscalía Militar y Policial es la encargada de asumir todo lo relacionado con el proceso, entendiendo que el espionaje es considerado una de las conductas más graves contra la seguridad institucional y la integridad del Estado, afectando directamente la confianza y operatividad de las instituciones.

En el operativo, que se registró de manera simultánea en Bogotá, Madrid (Cundinamarca), Villavicencio (Meta), Florencia (Caquetá), Carmen del Chucurí y Lebrija (Santander), fue desarticulada la red criminal que le suministraba drones para ataques con explosivos y material bélico a las disidencias.

Las autoridades confirmaron la captura de cinco integrantes de la estructura criminal, entre los que se encuentra alias Dron, que sería el responsable de modificar aeronaves no tripuladas, adaptar sistemas de lanzamiento de explosivos y capacitar a integrantes armados en el uso táctico de drones para ataques contra la fuerza pública y la población civil.

De acuerdo con las investigaciones, se logró establecer que esta organización sería la principal conexión de aprovisionamiento, desarrollo tecnológico y suministro de drones letales para ejecutar acciones terroristas.

Estos criminales tendrían vínculos e injerencia en acciones criminales que se han registrado recientemente en Arauca, Boyacá, Cauca, Caquetá y Casanare; además, serían los responsables de ejecutar labores de inteligencia criminal para identificar víctimas de extorsión, secuestro y posibles objetivos de atentados.

En las investigaciones se identificó que los detenidos también coordinaban el traslado de personas secuestradas hacia zonas de campamentos al mando de “Antonio Medina” y “Ruso”, cabecillas del comando conjunto de oriente del Estado Mayor Central.

En el operativo fueron incautados más de 95 millones de pesos en efectivo, tres drones de última generación, cinco mandos remotos para estos artefactos, 80 piezas de repuestos para los mismos, un kit de gafas FPV, un GPS y tres antenas satelitales y de conectividad para áreas remotas.

La Policía Nacional confirmó que los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y serán imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo.

En la presentación del resultado, el comandante de la institución, el general William Rincón Zambrano, destacó el trabajo de las unidades que propinaron un importante golpe contra las disidencias de “Iván Mordisco”,

“Con este resultado, la Policía Nacional continúa afectando de manera contundente las capacidades terroristas de las disidencias y reafirma su compromiso con la seguridad y tranquilidad de todos los colombianos”, declaró el general Rincón Zambrano.

Los drones se han convertido en el arma favorita de las disidencias

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, entre el 26 de abril de 2024 y el 23 de febrero de 2026 se registraron 418 ataques con drones cargados con explosivos en Colombia. Durante ese periodo, fueron arrojadas 935 granadas sobre objetivos civiles y de la fuerza pública, afectando a más de 350 personas entre víctimas mortales y lesionados.

El primer ataque documentado se registró en el municipio de Argelia, Cauca, atribuido al frente Carlos Patiño de las disidencias de “Iván Mordisco”. El informe citado mencionó que, en promedio, se registra un ataque cada 28 horas, y cada dos días se lanzan hasta tres artefactos explosivos desde drones.

En el periodo analizado, al menos 10 civiles murieron y 43 resultaron heridos. En la fuerza pública, el Ejército reportó 16 muertos y 216 heridos, y la Policía Nacional dos muertos y 42 heridos.

El Ejército ha sido el objetivo principal de las disidencias en estos ataques, con 309 hechos entre 2024 y 2025. También se registraron 11 ataques contra la Armada, 70 contra la Policía Nacional, tres contra el Comando Conjunto de Operaciones Especiales y uno que afectó a población civil. La mayor concentración de estos ataques se ubica en el suroccidente del país, especialmente en Cauca y Valle del Cauca.

En la tarde del 28 de abril, las disidencias de las Farc al mando de ‘Iván Mordisco’ reconocieron haber sido responsables del atentado terrorista registrado el 25 de abril en Cajibío, Cauca, en el que fallecieron 20 personas.

“Reconocemos ante las comunidades rurales de Colombia, la opinión nacional e internacional, que, en el marco de una acción propagandística sobre la vía panamericana que derivó en una confrontación contra fuerzas militares en la vereda el Túnel de Cajibio Cauca, se produjo un lamentable incidente que causó la muerte y heridas a civiles, que no tienen ninguna vinculación con la guerra, muchos de ellos humildes campesinos conocidos, que por años vieron transitar y construir patria a los combatientes“, se lee en el documento expuesto por el grupo armado en redes sociales.

Las disidencias confirmaron que se trató de un atentado que iba dirigido a las Fuerzas Militares, pero un error por parte de uno de sus militantes provocó que explotara antes de tiempo, cuando pasaban varios vehículos particulares y de servicio público.

En el documento, el grupo armado reconoce que hubo errores que terminaron en la muerte de ciudadanos civiles, por lo que aseguraron que desde que se registró el hecho están en contacto con las poblaciones de la zona para ayudarlas.

Ofrecemos nuestras más sentidas condolencias a las víctimas y sus familias; desde el primer momento nos pusimos a disposición de las comunidades afectadas y sus exigencias"

A pesar de las disculpas, argumentaron que el atentado podría haberse evitado si las “élites” no los alejaran de las discusiones sobre un posible acuerdo de paz.

“En la violencia, incluido el trágico error que cometimos las partes, siempre han coincidido posiciones aferradas a la negación del adversario y a la creencia de que las soluciones son estructurales. Hemos defendido históricamente la negociación política como la solución política al conflicto social y armado. El Estado cierra las puertas al diálogo y profundiza la espiral de violencia, en la que siempre terminan los civiles en medio del fuego cruzado”.

El Estado Mayor Central anticipó que su “error” será utilizado durante la campaña presidencial para promover mensajes de odio y guerra.

“Es hora de desescalar la confrontación; insistimos en la necesidad y urgencia de buscar modos de solución política que eviten el derramamiento de sangre de más colombianos. Por ello, más allá de la instrumentación política y mediática que en campaña azuzan los coros guerreristas de la ultraderecha para confundir y que los colombianos caigan en la trampa de la venganza y horror de la guerra y así revivir la siniestra política de la seguridad democrática”.

De la misma forma, responsabilizaron al Gobierno Petro de aliarse con el “imperialismo norteamericano” y denunciaron que existe una alianza entre las autoridades y estructuras paramilitares para combatirlos.

“Llamamos al pueblo colombiano a retomar la bandera de la paz, que el gobierno del cambio bajó el son latino de intereses del imperialismo norteamericano para enfilar sus operaciones paramilitares contrainsurgentes en todo el territorio nacional, y que hoy tienen al país en un nuevo ciclo de accionar bélico. Reconocer nuestros errores no nos hace menos responsables de los actos, como tampoco callarnos ante la constante agresión que silenciosamente se ha desarrollado sobre zonas rurales por parte de las fuerzas militares y sus aliados paramilitares con sectores serviles que se lucran de la guerra”.

Por último, el grupo armado liderado por “Iván Mordisco” anticipó que estarán a disposición de las familias de las víctimas para repararlos de alguna forma.

“No podemos ocultar, ni justificar el error cometido, nuevamente a los familiares de las víctimas y a las comunidades afectadas en esta acción, nuestro más profundo sentimiento de condolencias y nuestra disposición para reparar hasta donde nos lo permitan, el dolor causado”.

Las autoridades identificaron que su detención representa un golpe a las redes armadas y logísticas que este grupo mantiene en Antioquia, con efectos directos en la operatividad del Bloque Occidental Jacobo Arenas, cuyo accionar se extiende a los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.

De acuerdo con el reporte oficial el criminal, identificado como Juan Esteban Durango Pardo, era buscado por los delitos de reclutamiento ilícito y concierto para delinquir agravado, según detalló el comandante de la Séptima División del Ejército, general Eduardo Alberto Arias Rojas, citado por Caracol Radio.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido desempeñaba un papel esencial en la coordinación de recursos, la logística de armamento y el traslado de integrantes entre diferentes estructuras. Su función incluía la adquisición de drones y explosivos, además de la articulación de operaciones con cabecillas de otras células como las estructuras Jaime Martínez y Carlos Patiño, lo que demuestra la importancia de su actuar en el mundo criminal.

Durante el operativo de la captura se confirmó que fueron incautados más de $20 millones en efectivo, dos proveedores para pistola, cartuchos calibre 9 mm y un teléfono celular utilizado para contactar a otros criminales.

La inteligencia militar analiza actualmente el dispositivo móvil con el objetivo de recolectar información sobre las actividades del frente 18 y sus conexiones con alias Iván Mordisco, figura central dentro de la organización.

El reporte oficial de las autoridades indica que su aprehensión es parte de un proceso continuado de debilitamiento de ese frente, en estrecha relación operativa con otras estructuras armadas que delinquen en Cauca y Valle del Cauca.

Las actividades ilegales bajo la dirección de Durango Pardo abarcaban la comercialización de estupefacientes, el reclutamiento forzado de menores de edad mediante técnicas de engaño y ofrecimientos económicos, así como operaciones de inteligencia orientadas a posibles extorsiones y secuestros de empresarios y multinacionales.

Según el general Arias Rojas, el detenido era responsable de introducir tecnologías de drones y material explosivo en Antioquia, cuyo uso estaba dirigido tanto contra la población civil como frente a la fuerza pública, lo que fue rechazado ampliamente por los oficiales a cargo de la operación que están a la espera de la condena en contra del criminal.

Cabe mencionar que la Subestructura 18 ha recibido varios golpes por causa de una serie de acciones operativas acumuladas durante 2026, entre ellas el abatimiento de alias Ramiro durante un bombardeo a su campamento, así como la caída de alias Román Tres Codos, identificado como segundo al mando en el grupo criminal.

Entre tanto, también se confirmó la deserción de integrantes clave para el actuar criminal de esta organización ilegal. Estos resultados, reportados por el Ejército y la Fiscalía, demostraron que se ha reducido sustancialmente la capacidad de acción de esta red y las acciones oficiales también han permitido el decomiso de de material bélico que estaría destinado para atentar en contra de los habitantes de la región y los uniformados que intentan trabajar por desarticular estos grupos criminales que cometen todo tipo de delitos en el área.

Por ahora, según el comando regional, el Ejército Nacional mantiene las acciones ofensivas en Antioquia y otras zonas con el objetivo de contrarrestar los movimientos de los grupos armados, así como fortalecer la seguridad territorial y evitar la reconfiguración de estas estructuras ilegales que han azotado durante décadas a las regiones apartadas del país sin importar la caída de inocentes.

En medio de la oleada de violencia que se ha registrado en Colombia por los atentados terroristas que ha perpetrado el Estado Mayor Central, al mando de “Iván Mordisco”, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que ha aumentado el valor de la recompensa del que sería el principal responsable de estos hechos.

Se trataría de alias Marlon, jefe de las disidencias en el suroccidente del país y que hasta el 24 de abril tenía una recompensa de 4.500 millones de pesos.

“Esta es una muestra cobarde de debilidad de una estructura criminal cuyo cabecilla principal es un peligroso delincuente, alias Marlón. Por el grave daño que está haciendo a Colombia, se eleva su recompensa hasta cinco mil millones de pesos", anunció el Ministro de Defensa, que encabezó un consejo de seguridad en el que estuvo con la gobernadora del Valle del Cauca.

En la rueda de prensa, el ministro indicó que “Marlon” estaría asociado con “Max Max” y “Oso Yogui” dos de los explosivistas más peligrosos que tiene el Estado Mayor Central en la actualidad.

Cabe recordar que el consejo de seguridad se registró luego del atentado con explosivos que no dejó víctimas contra el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi y del atentado en el que fue lanzada una pipeta a un bus lleno de personas en el Cauca; el saldo preliminar es de siete muertos en este hecho.

En su intervención, Pedro Sánchez aseguró que “Marlon” será capturado o sometido para que no siga siendo un peligro para la sociedad colombiana.

“Quiero recordar a cada ciudadano que el Gobierno ofrece recompensas de hasta 200 millones de pesos por información que permita prevenir o neutralizar actos terroristas. Alias Marlon responderá pronto ante la justicia. No permitiremos que continúe asesinando y aterrorizando a los colombianos, mientras persiste en actividades de narcotráfico, minería ilegal y reclutamiento de menores”.

Tras el atentado terrorista en Cajibío, Cauca, las Fuerzas Militares han comenzado un despliegue en la región para evitar más hechos de esta índole y restablecer el control militar de la región.

En esta zona serán incorporados ocho pelotones del Ejército Nacional y dos blindados que se encargarán de las operaciones en el Cauca y Valle del Cauca. Mientras tanto, gran parte del personal se encuentra trabajando en el traslado de los heridos.

“La ofensiva se mantiene y se intensificará con todas las capacidades de las Fuerzas Militares en colaboración armónica con las entidades del Estado y autoridades regionales”, declaró el comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López.

¿Quién es alias Marlon?

El nombre real de este criminal es Iván Jacobo Idrobo Arredondo, es considerado uno de los cabecillas más influyentes de las disidencias de las Farc en el suroccidente de Colombia, reconocido como el “amo de Jamundí”, lidera la estructura Jaime Martínez y controla corredores estratégicos de narcotráfico en el norte del Cauca, sectores de Nariño Jamundí y Valle del Cauca.

Las autoridades le atribuyen al menos ocho atentados terroristas, incluidos ataques contra civiles, fuerzas militares y líderes sociales. Entre los hechos más notorios figuran el asesinato de Karina García, candidata a la alcaldía de Suárez, en 2019; el secuestro de contratistas de la Gobernación del Cauca en 2025; y el secuestro del niño Lyan Hortúa.

Su historial judicial incluye condenas por rebelión, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. En 2017 accedió a la amnistía de la JEP, pero regresó a la ilegalidad en 2019. Actualmente, su captura es una prioridad para las autoridades, que han atacado a su círculo cercano en repetidas ocasiones en los últimos meses; además, varios de sus hombres de confianza se han sometido a la justicia.

Tras los atentados en el Cauca y el Valle del Cauca, ambos adjudicados al Estado Mayor Central al mando de “Iván Mordisco”, esta estructura criminal comenzó a compartir en las comunidades un panfleto en el que afirman que “es la hora del antiimperialismo”.

En el documento que ha sido difundido en redes sociales, el grupo armado expone que: “No venderemos nuestra soberanía, ni la pondremos en discusión; la defenderemos con el fusil en la mano, el sol en el cielo y la esperanza en el corazón”, como argumento por los hechos terroristas registrados entre el 24 y 25 de abril.

En el texto responsabilizan a las entidades internacionales de no pronunciarse cuando los Estados se encargan de atacar, y mencionan conflictos internacionales como ejemplo de ello.

“La ONU ha silenciado las voces que se levantan por la vida. Es apremiante crear un nuevo pacto multipolar con instituciones garantes de la vida digna”.

A pesar de que personas de todas las edades han padecido los ataques terroristas perpetrados por sus hombres, el Estado Mayor Central afirma estar defendiendo a las nuevas generaciones.

“Es la hora del antiimperialismo; desde las Farc-EP, seguimos levantando las banderas contra toda expresión que busque imponer el neofascismo como ejercicio de control sobre las soberanías de nuestra América y del mundo. Nuestra línea política e ideológica trasciende las fronteras, con el compromiso solidario de sumarnos al torrente revolucionario de la humanidad en defensa de los más altos valores: por la vida, la niñez, la paz con justicia social”.

Sobre los ataques contra la población civil, aseguran que se trata de “medidas” para ”confrontar al imperialismo estadounidense", asegurando que las autoridades de ese país estarían adelantando operativos militares en contra del grupo armado.

“Esperamos que las insurgencias y organizaciones revolucionarias colombianas y del mundo se sumen con sus propias acciones político-militares antiimperialistas”.

El Estado Mayor Central responsabilizó al Gobierno Petro de sus acciones al indicar que el mandatario está sometido a las órdenes estadounidenses desde que se reunió con Donald Trump.

“Superar los líderes que como Petro dan discursos por la vida mientras adelantan políticas de guerra, quien en reuniones a inicios de año, selló su sometimiento al Pentágono. Ya había permitido la instalación de tres nuevas bases militares gringas en Colombia y el ingreso más de 3.000 militares bajo la fachada de Fuerzas Militares para la Amazonía; así se legaliza la explotación clandestina de tierras raras y el retorno a la fracasada política de fumigación con glifosato contra las selvas colombianas, además de la persecución contra civiles familiares de guerrilleros que nada tienen que ver con la guerra”.

En el comunicado arremeten contra Gustavo Petro al indicar que abandonó la “posición digna” y se ha mantenido en silencio tras acciones del Gobierno Trump, mencionando a Cuba como ejemplo de sus argumentos.

“Abandonó toda posición digna y se mantuvo en silencio ante el bloqueo a Cuba, la intervención en Venezuela y el genocidio en Palestina. Pasó del antiimperialismo retórico a la sumisión al imperio. Colombia sigue siendo un territorio ocupado”.

Por último, mencionan que es momento de que el nuevo gobierno de Colombia, que será escogido en las urnas, busque un diálogo de paz concreto que no solo busque la desmovilización de los insurgentes.

“Es momento del gobierno de líderes en Colombia que se comprometan con cambios estructurales, con la defensa de la soberanía, que rompan con el imperialismo, que adelanten diálogos políticos sin cartas marcadas, que aborden los temas de fondo y no solo busquen la desmovilización de las insurgencias o su ruptura con alianzas paramilitares por debajo de la mesa”, se lee en el documento.

Se trató de una operación ejecutada como parte de la estrategia Esmeralda Plus junto con la Fiscalía General de la Nación, la DEA y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos y que se ejecutó bajo el nombre de Nexus II.

El resultado de la misión fue de 30 bienes intervenidos bajo la modalidad de extinción de dominio en Cali, Palmira y Jamundí, que están avaluadas en más de seis millones de dólares.

Durante la operación también se realizó la captura de cinco personas con fines de extradición, requeridas por la Corte del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos, por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de activos. Además, en el operativo se logró la incautación de 1.530 millones de pesos.

La Policía indicó que las investigaciones previas evidenciaron que esta estructura criminal utilizaba empresas fachada y subvaloración de activos para ocultar capitales ilícitos, afectando el orden económico y fortaleciendo sus redes de narcotráfico internacional.

De la misma forma, que este resultado impacta de manera directa las finanzas de la estructura Franco Benavides, del Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de “Iván Mordisco” y debilita sus alianzas con carteles mexicanos como el Cjng, responsables del envío de cocaína hacia Centroamérica y Norteamérica.

Al respecto, el director de Antinarcóticos, el brigadier general William Castaño Ramos, afirmó que el objetivo de las autoridades es seguir debilitando las células cercanas a “Iván Mordisco”.

“Extinguimos 30 bienes, capturamos cinco personas con fines de extradición y afectamos más de 6.3 millones de dólares del narcotráfico. Este golpe reduce su capacidad criminal y debilita sus alianzas internacionales”.

En el comunicado oficial, la Policía Nacional reafirmó su compromiso de golpear sin tregua las finanzas narcoterroristas y criminales, para proteger la seguridad de los colombianos y la comunidad internacional.

Estados Unidos pide a Colombia investigar amenaza de Iván Mordisco contra misión de la ONU

Durante la presentación del informe trimestral de la implementación del Acuerdo de Paz ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos solicitó a Colombia dar prioridad a la investigación de la reciente amenaza emitida por “Iván Mordisco” contra una misión de verificación de la ONU en Colombia.

Cabe recordar que el 18 de marzo, este grupo armado anunció restricciones al ingreso de misiones internacionales y organismos humanitarios, como la misión de verificación de la ONU, la OEA y la Defensoría del Pueblo, en las zonas bajo su control, señalando supuestas violaciones de confianza y neutralidad por parte de estas entidades.

Estados Unidos instó al Gobierno colombiano a atender las amenazas de estos grupos, a los que asocia con actos de terrorismo, desplazamiento forzoso, confinamiento, violencia sexual y reclutamiento de menores. La representante estadounidense ante la ONU destacó la gravedad de la crisis humanitaria que generan los grupos armados ilegales y reafirmó el compromiso de su país para designar a estos grupos como organizaciones terroristas extranjeras, limitando sus recursos y fondos, y recalcó la importancia de evitar la impunidad frente a los crímenes cometidos.

Como respuesta, el Gobierno colombiano, a través del ministro del Interior, rechazó las restricciones de las disidencias y aseguró el respaldo y garantías para los organismos internacionales y humanitarios en sus labores. Además, se convocó a una reunión con el ministro de Defensa y representantes de los organismos amenazados para definir acciones ante los hechos. En la sesión también se abordó el aumento de cultivos de coca y la seguridad durante el proceso electoral, tras el asesinato de un senador y amenazas recientes contra candidatos.

Los contratistas, que realizaban labores en el sector, fueron interceptados por los agresores, que se movilizaban en motocicletas y tras rodearlos, los retuvieron durante unas horas y los amenazaron.

De acuerdo con los testimonios recogidos por las autoridades, los hombres armados habrían exigido extorsiones como condición para liberarlos. Posteriormente, los atacantes incendiaron dos vehículos pertenecientes a la empresa.

Según la información suministrada desde la institución, el caso fue alertado públicamente dos días después, el 17 de abril. El comandante encargado de la Policía Valle, coronel Pedro Pablo Astaiza, indicó que “las autoridades adelantan labores de verificación y recolección de información para establecer posibles móviles del hecho”.

Además, se están realizando actividades de contacto y asesoría especializada para apoyar a las víctimas, que viven momentos de pánico tras pensar que podrían ser secuestradas, desaparecidas o asesinadas.

En la zona opera el frente 57 “Yair Bermúdez”, vinculado a estructuras disidentes de las Farc, hipótesis que se evalúa en el proceso investigativo.

La Policía del Valle del Cauca hizo un llamado a la ciudadanía para que suministre información que ayude al esclarecimiento de estos hechos a través de las líneas oficiales 123 o 165 del Gaula, garantizando absoluta reserva.

Se robaron camionetas de la UNP destinadas a líderes sociales en el Catatumbo: responsabilizan a disidencias de las Farc

En menos de 24 horas, tres camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) asignadas a esquemas de seguridad de líderes sociales en el departamento de Norte de Santander fueron interceptadas y robadas en distintos puntos del Catatumbo.

Los hechos ocurrieron en Ocaña, Sardinata y la vereda La Tarrita, en la vía hacia Pozo Azul en la tercera semana de abril de 202. Las autoridades señalaron como presuntos responsables a integrantes de las disidencias de las Farc que operan en la región.

De acuerdo con versiones obtenidas por medios locales, hombres armados establecieron retenes ilegales y obligaron a los ocupantes de los vehículos a descender. En el caso de Gabriel Ángel Quintero, líder de restitución de tierras y exintegrante del EPL, un grupo de aproximadamente 16 hombres vestidos con prendas de color verde y botas tipo militar detuvo la camioneta blindada Chevrolet Trailblazer en la que se desplazaba.

Los escoltas fueron despojados de sus armas, chalecos antibalas y equipos de protección, mientras que Quintero fue trasladado en un vehículo particular hacia Ocaña.

Situaciones similares se presentaron con los vehículos asignados a los líderes sociales Arturo Garavito y Luis Jesús Prada. Los escoltas de estos esquemas de protección también fueron privados de sus armas de dotación y demás elementos de seguridad.

Las autoridades advierten que el robo de camionetas a la UNP en Norte de Santander evidencia un patrón de los grupos armados ilegales, que buscan apropiarse de estos vehículos para facilitar su movilidad en zonas rurales y, en algunos casos, alimentar redes del mercado ilegal, incluso con destino hacia Venezuela.

Fuentes oficiales confirmaron que, además de los tres vehículos, los atacantes sustrajeron el armamento entregado a los escoltas, lo que incrementa el riesgo para los líderes protegidos y plantea nuevas preocupaciones sobre el uso de estos recursos en actividades ilícitas.

Tras los hechos, la UNP inició el trámite para reemplazar los vehículos robados y restablecer los esquemas de protección afectados. La situación ocurre en medio de una crisis financiera de la entidad, que enfrenta retrasos en el pago a empresas arrendadoras y una deuda cercana a los 400.000 millones de pesos por el alquiler de más de 5.000 vehículos utilizados en la protección de líderes sociales y otras personas amenazadas.

Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno colombiano en los diálogos de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), facción disidente de la Segunda Marquetalia, se refirió a los avances de las conversaciones con el grupo guerrillero, tras superar las dificultades que se habían presentado por la muerte de uno de los delegados de la organización alzada en armas.

El funcionario, en diálogo con Semana, destacó varios puntos efectuados durante los ciclos de negociaciones como la entrega de armas y la sustitución de cultivos ilícitos, así como su compromiso de no afectar violentamente a las poblaciones residentes en los departamentos de Putumayo y Nariño, zonas de mayor presencia del grupo insurgente.

“Es un grupo que está territorializado en Putumayo y Nariño, tal vez hay unos reductos por el lado del Cauca, el Valle del Cauca, pero el grueso del grupo está en estos dos departamentos, en zonas fronterizas con unos niveles de coca tal vez de los más altos en el país. Las fuentes de inteligencia calculan que pueden ser alrededor de 2.000 o 2.500 personas”, explicó el jefe negociador al citado medio de comunicación.

Sin embargo, reveló un dato clave que aún no ha sido explicado por la organización armada. Se trata del financiamiento y remuneración al interior de la Cneb.

Según Novoa, el grupo liderado por José Vicente Lesmes, conocido como alias Walter Mendoza, tendría un esquema de financiación a sus integrantes, conformada en su mayoría por excombatientes disidentes del acuerdo de paz de 2016, individuos provenientes de otros grupos armados y por jóvenes de las regiones mencionadas.

“A la gente, a diferencia de lo que pasaba en otras épocas, se le reconoce una remuneración. A nosotros, en los diálogos, nos ha sorprendido que ellos pagan salarios y dan vacaciones”, comentó.

Para el jefe negociador del Gobierno nacional, esta práctica poco convencionales en comparación con el pasado significa una transformación hacia una estructura que operaría bajo lógicas más cercanas a las de una empresa ilícita que a las de una organización ideológica tradicional.

Incluso, detalló que se habría intentado abordar este punto en una reunión previa al inicio del séptimo ciclo de conversaciones entre ambas delegaciones, pero que fue cancelada por motivos de agenda del grupo guerrillero.

“En algún momento planteamos una reunión en Semana Santa y ellos dijeron que no porque eran los días de descanso (...) sabemos que pagan una remuneración, es decir, son grupos cuyo móvil fundamental no es un alzamiento insurreccional contra el Estado. Tienen otro tipo de móviles totalmente desideologizados”, complementó.

Avances de la negociación

De otro lado, Armando Novoa enfatizó que la negociación con la Cneb tiene un claro condicional. “Ellos tienen que abandonar las gobernanzas criminales en los territorios”, afirmó.

Así mismo, el funcionario detalló que el Estado colombiano busca persuadir a la Cneb “de que el camino de la criminalidad no tiene futuro y que la oportunidad que tienen en esta mesa para hacer el tránsito a la vida civil va a ser irrepetible”.

Ante ello, recalcó que el grupo de alias Walter Mendoza, como muestra de disposición ante el Estado, ha entregado ya 15 toneladas de material de guerra y se ha comprometido en un acuerdo de erradicación voluntaria de 30.000 hectáreas de hoja de coca.

“Ellos dicen que quieren convertirse en líderes, por ejemplo, de los cultivos de cacao, de caña de azúcar. No todos pensarán lo mismo, porque el nivel de complejidad y descomposición que hay en el territorio es muy grande, pero la gente que tenemos en la mesa ha resistido crisis muy fuertes”, agregó.

De igual forma, la negociación con este grupo contempla pasos concretos hacia la reincorporación civil, iniciando con la propuesta de que 100 integrantes ingresen a una zona de ubicación temporal en Putumayo, sin armas ni uniformes y bajo protección estatal. Novoa aclaró que no se trata de una zona de despeje, sino de una zona de concentración protegida y estrictamente civil.

“Tenemos la expectativa de que se pueda concretar en la primera semana de mayo y que en junio haya un contingente similar que ingrese a esa zona de ubicación en Putumayo, y ojalá podamos dar un paso en la misma dirección por los lados de la zona rural de Tumaco”, indicó.

Por último, se refirió a la proximidad de un posible cambio de Gobierno, advirtiendo una eventual llegada de una nueva administración que podría oponerse a la continuidad del diálogo, lo que profundiza el sentido de urgencia.

“El tiempo apremia y para nosotros esto es un conteo regresivo. Tenemos dos meses. Hay que dejar una ruta que haga irreversible la decisión de una negociación definitiva de paz”, puntualizó.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, esta organización opera bajo el mando de alias Iván Mordisco y es responsable de múltiples hechos violentos en el suroccidente del país, especialmente en el departamento de Cauca, donde cometieron actos atroces en contra de la comunidad, muchos de ellos terminaron en fatalidad.

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La detención de alias Chamo se llevó a cabo mediante orden judicial y responde a los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, por los que ahora debe enfrentar a la justicia.

De acuerdo con las investigaciones, el capturado llevaba aproximadamente cuatro años como líder de acciones delictivas en zonas urbanas y rurales del municipio de Morales, Cauca, donde tenía atemorizados a los pobladores.

El reporte oficial presentado por las autoridades durante la jornada del 6 de abril de 2026 lo señala como el presunto responsable de un doble homicidio ocurrido el 24 de agosto de 2024 en Morales. Del mismo modo, se le acusa de estar detrás de la activación de un artefacto explosivo el 24 de febrero de 2025 en el mismo municipio.

Así lo explicó el coronel Gerson Bedoya Piraquive, comandante del Departamento de Policía de Cauca, en declaraciones sobre la captura del delincuente: “Este sujeto es señalado por cometer homicidios en el año 2024 y la activación de un artefacto explosivo el 24 de febrero del año 2025 en el municipio de Morales, Cauca, donde resultaron lesionados un policía y 10 civiles”.

Adicionalmente, información de inteligencia indica que alias Chamo se habría desplazado a Cali para realizar labores de observación criminal y planear posibles ataques armados contra miembros de la Fuerza Pública y sus instalaciones, lo que demuestra la relevancia que cumplía dentro de la estructura criminal.

La Policía y el Ejército confirmaron que esta captura se convierte en otro golpe importante a la estructura criminal al mando de Iván Mordisco, debilitando su capacidad operativa en Cauca y previniendo posibles acciones violentas en centros urbanos del Valle del Cauca.

Ante la ola de violencia en la región, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad que afecte la seguridad de la comunidad a través de la Línea Contra el Crimen 314 358 7212, en la que se garantiza absoluta reserva.

La estructura de Iván Mordisco continúa debilitándose

Dos miembros de alto rango de las disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco se sometieron recientemente a la justicia luego de una serie de bombardeos y de operaciones militares intensificadas en el oriente de Colombia.

Esta decisión de entrega, ocurrida en el departamento del Meta, muestra un efecto directo de la creciente presión de la fuerza pública sobre estas estructuras armadas.

Las autoridades indicaron que alias Flavio, identificado por inteligencia militar como el tercer cabecilla de la estructura 44 Antonio Ricaurte, y alias Meteoro, mando medio de la misma organización, abandonaron su grupo tras idear una táctica de escape para evitar represalias internas y lograr su entrega.

De acuerdo con el reporte oficial, los involucrados tuvieron simular una misión de colocación de pancartas en la vía entre Guaviare y Meta, cuando en realidad buscaban eludir la vigilancia de sus superiores y presentarse ante tropas de la Cuarta División del Ejército Nacional para dejar atrás su pasado como responsables de casos de extorsión, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, narcotráfico y uso de artefactos explosivos.

En medio de las ofensivas militares contra las disidencias de “Iván Mordisco”, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que alertó sobre la situación que se registra en Cumbitara, Nariño, por combates entre este grupo armado y estructuras del ELN.

La entidad informó que desde el 23 de marzo se han registrado combates que han obligado a más de 200 familias a desplazarse del municipio, provocando una crisis humanitaria en la región.

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Las familias provienen de las veredas de Santa Elena, El Desplayado, La Florida, San José del Bijao, Boca de Mares y San Agustín. Muchas de ellas han buscado refugio en la cabecera del corregimiento Sidón y en el casco urbano de Cumbitara.

La Defensoría del Pueblo reportó que los desplazados permanecen en una residencia estudiantil y en viviendas particulares, adaptadas para su atención temporal, y advirtió que la cifra podría aumentar si se mantienen los enfrentamientos.

La entidad señaló que los combates están vinculados a una disputa territorial entre el Frente Franco Benavides, adscrito a las disidencias Estado Mayor Central de “Iván Mordisco”, los Comuneros del Sur (relacionados con el ELN) y el grupo autodenominado AUN.

Durante la confrontación entre estas estructuras se ha intensificado el riesgo para las comunidades rurales del municipio; es por ello que la Defensoría del Pueblo reiteró que el desplazamiento forzado constituye una infracción grave al derecho internacional humanitario, referenciando el artículo 17 del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra.

“El desplazamiento forzado está prohibido y constituye una grave infracción al derecho internacional humanitario (DIH) que causa vulneraciones complejas y múltiples a los derechos fundamentales de las víctimas”, indicó la institución.

El organismo realizó un llamado urgente a los actores armados para que cesen de inmediato los combates y las afectaciones a la población civil. Además, instó a los ministerios del Interior, Educación, Defensa y Salud, a la Unidad para las Víctimas, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y a otras entidades nacionales a activar medidas y protocolos para acompañar a las comunidades afectadas y apoyar la labor de las autoridades territoriales.

Cabe recordar que en 2024 la Defensoría del Pueblo había emitido la Alerta Temprana 008, que advertía sobre el riesgo inminente derivado de la disputa por el control territorial y poblacional en la zona. En ese informe se describió el enfrentamiento entre el Frente Franco Benavides del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas y la presunta alianza conformada por el Frente Comuneros del Sur, las disidencias de la Segunda Marquetalia y las autodenominadas AUN.

La institución detalló que “el actual escenario evidencia la evolución del riesgo que se ha materializado debido a la disputa territorial de los grupos armados”. Además, anunció que mantendrá el monitoreo permanente de la situación y continuará con el acompañamiento a las comunidades afectadas en Cumbitara que puedan resultar perjudicadas por la persistencia de los enfrentamientos.

En la comunicación más reciente, la Defensoría del Pueblo subrayó el grave riesgo que enfrenta la población civil ante la continuidad de las hostilidades. “Más de 200 familias han sido desplazadas en Cumbitara, Nariño, por combates prolongados entre grupos armados ilegales, lo que pone en grave riesgo a la población civil”.

La defensoría mencionó que existe la urgencia de adoptar medidas inmediatas de atención y protección para las comunidades que han tenido que abandonar sus hogares. “Desde el 23 de marzo, comunidades de varias veredas han tenido que abandonar sus hogares y se han refugiado en el corregimiento de Sidón y en el casco urbano de Cumbitara, en medio de una crisis humanitaria que podría agravarse”, es como termina el documento en el que se afirma que la entidad continuará con el monitoreo de la situación y con el acompañamiento a las familias que resulten afectadas.

Durante la jornada del miércoles 18 de febrero de 2026, desde el Secretariado Central del Estado Mayor Central de las Farc-EP emitieron una carta notificando a la misión de verificación de la ONU, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos Mapp-OEA y a la Defensoría del Pueblo que su acceso sería restringido en territorios en los que el grupo armado opera “política y militarmente”.

Dicha decisión fue tomada, según se lee en la carta, por un quiebre de confianza y “graves violaciones a la neutralidad” por parte de las organizaciones mencionadas, que habrían derivado en operaciones militares en contra de la estructura guerrillera.

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De hecho, los voceros de la estructura subversiva indicaron que solo el Comité Internacional de la Cruz Roja podría mantener la asistencia humanitaria, con estrictas condiciones.

Sin embargo, dicha posibilidad de ingreso estaría despertando preocupaciones en la sociedad ante una declaración de poder por parte de las disidencias de las Farc, que significaría la consolidación “de soberanías de facto” de los subversivos.

Dicha posesión y ejercicio efectivo de poder en los territorios trae consigo un aumento de riesgos para la población civil, según explicó Néstor Rosanía, abogado y especialista en seguridad y defensa nacionales.

En diálogo con Infobae Colombia, Rosanía explicó que la restricción impuesta responde a una estrategia de los subversivos por asegurar “el control y disputa territorial entre los grupos armados y el Estado”, y que los actores armados pretenden “construir el imaginario de esa soberanía” para enviar mensaje político tanto a la mesa de negociación con el Gobierno nacional, como a las comunidades, para demostrar su capacidad militar y control en las regiones.

El analista detalló que tal situación implica un desconocimiento del derecho internacional humanitario (DIH) por parte de los actores armados que en su reciente carta a las misiones humanitarias, alegaron que fue incumplido por parte del Estado colombiano y las organizaciones humanitarias.

Las disidencias de las Farc están demeritando el trabajo de las misiones humanitarias, que es protegido por el DIH, que, además, garantiza su libre tránsito, y determina que “no pueden ser actores que se declaren como objetivo militar”, advirtió el docente universitario.

Los impactos de las restricciones a las misiones humanitarias en la población

El abogado puntualizó que la ausencia de la asistencia humanitaria en territorio controlado por grupos armados genera impactos directos sobre la población civil.

Rosanía indicó que la población no solo pierde la vigilancia internacional, sino que se esfuma la capacidad de “documentar violaciones a los derechos humanos”, funciones clave de estos organismos.

El experto hizo mención de la “invisibilización” de delitos cometidos por los actores armados como el reclutamiento de menores y las masacres que, al quedar sin verificación externa, no pueden ser denunciados ante la comunidad internacional.

Además, los habitantes de estas zonas bajo el control armado de los grupos ilegales, eventualmente “quedan atrapados” en conflictos internos, en medio de enfrentamientos entre las disidencias con el Ejército Nacional, una violenta dinámica que se ha repetido históricamente en el país, como “un déjà vu”, estimó.

El rol del las instituciones colombianas

Respecto al papel del Estado colombiano, Rosanía afirmó que existe una “obligación constitucional” de combatir a estos grupos, independientemente de la existencia de órdenes de captura, acercamientos o negociaciones.

Aunque en el país, pese a los Acuerdos de Paz, el conflicto armado ha vuelto a emerger, mientras salen voces de un lado y de otro para atribuir responsabilidades en el fortalecimiento de las estructuras armadas, Rosanía sostuvo que el peso del control territorial no recae particularmente sobre un gobierno, sino en toda la institucionalidad estatal. Es una problemática de más de setenta años en la que el Estado no ha conseguido el control territorial “real”, expresó.

“El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares tienen la lógica de seguir combatiendo. Puede ser que en un momento no puedan combatir a un cabecilla porque hay una orden de captura levantada, pero al resto de la estructura se sigue combatiendo común y corriente”, dijo.

“Tanto en gobiernos de izquierda, como el de Petro, como en gobiernos de derecha como el de Duque, el control de estos grupos armados ha sido la constante”, argumentó.

En su reflexión, el analista concluyó que el debate político en Bogotá tiende a ideologizar la guerra, pero la crisis en las regiones supera las discusiones: “Uno como corresponsal —yo que voy a las zonas de conflicto— queda con la sensación que la guerra la ideologizaron y la politizaron entre la izquierda y la derecha, pero en los territorios los que pagan las consecuencias son la población civil, que más que una bandera política, lo que necesitan es poder vivir tranquilos y que no les recluten los hijos“.

La liberación se llevó a cabo tras la intervención de una misión humanitaria de la Cruz Roja Internacional, por lo que las adolescentes se reunieron con su familia tras la revisión médica. Aunque, hasta el momento, no se han divulgado detalles específicos sobre su estado de salud.

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Ante este grave suceso se pronuncio el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, que indicó a Noticias RCN que la incursión armada donde fueron secuestradas las jóvenes resultó también en el asesinato de otras dos personas en El Bagre, una de ellas sería familiar directo de las menores.

La secuencia de los hechos revela que el secuestro de las hermanas ocurrió el jueves 12 de marzo de 2026 en medio de un enfrentamiento entre grupos armados ilegales en la región.

Gloria Quiceno, jefa de la delegación de la misión humanitaria, explicó al medio Radio Nacional de Colombia que la entrega había sido pactada para el lunes, pero que las condiciones de orden público dificultaron el traslado inmediato de las adolescentes: “Ayer en la tarde le fueron entregadas a la Cruz Roja Internacional; por razones de orden público no pudieron salir, pero ya esta mañana, 17 de marzo, se pusieron en buen sitio y ya están en el trámite que se hace en estos casos”.

Además, Quiceno precisó que las menores estaban “en buenas condiciones de salud”, disipando momentáneamente la preocupación sobre posibles complicaciones ocasionadas por el cautiverio. También detalló que las adolescentes quedaron en situación vulnerable al ser capturadas durante una “confrontación entre Gaitanistas y el Frente 4”.

Debido a este nuevo caso, Luis Emil Sanabria, director de Redepaz, instó a los grupos armados a cesar las violaciones al Derecho Internacional Humanitario: “Es necesario transitar por el camino del desescalamiento del conflicto armado para facilitar escenarios de diálogo y paz”.

La Defensoría del Pueblo advirtió que “La persistencia de hechos como estos profundiza el sufrimiento de las comunidades y compromete la responsabilidad, inclusive penal, de quienes los cometen”.

La liberación de las adolescentes se atribuye a la intervención coordinada de instituciones estatales y humanitarias. Cabe mencionar que Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, exigió públicamente y en repetidas oportunidades la liberación inmediata de las hermanas, calificando el hecho como “una violación al derecho internacional humanitario”.

Cabe mencionar que el proceso de entrega, supervisado de cerca por la Misión Humanitaria de la Cruz Roja Internacional, contó con garantías de seguridad y coordinación en territorio afectado por disputas armadas.

Tensión en la zona donde fueron secuestradas las menores de edad

El hecho violento en el que se vieron involucradas las dos adolescentes y resultaron asesinadas dos personas, fue interpretado por organismos de derechos humanos y las autoridades departamentales como una advertencia sobre la persistencia de la violencia armada en Antioquia y los desafíos para la implementación de acuerdos de paz y desescalamiento del conflicto.

La Defensoría del Pueblo reiteró, según Noticias RCN, que “la toma de rehenes, la privación ilegal de la libertad y cualquier forma de violencia contra la población civil, están prohibidas y constituyen graves infracciones”.

La recuperación de la libertad de las hermanas se convirtió en un punto importante en la agenda de búsqueda de soluciones humanitarias inmediatas, mientras la comunidad internacional y local espera que hechos similares no vuelvan a repetirse.

Luego del consejo de seguridad que se llevó a cabo el sábado 14 de mayo de 2026 en Guaviare, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, presentó un panorama detallado sobre la situación de orden público en la región y anunció nuevas estrategias para enfrentar la presencia de grupos armados y delitos como la extorsión, el secuestro y el reclutamiento de menores.

Durante su intervención, el funcionario resaltó que Guaviare cuenta con una población de más de 84.000 habitantes y afronta la convergencia de cuatro estructuras criminales: las disidencias de alias Mordisco, las de alias Calarcá, la Segunda Marquetalia, y el cartel conocido como Clan del Golfo.

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“Aquí convergen cuatro grupos de manera importante: unos son de alias Mordisco, otros de alias Calarcá, otros de la Segunda Marquetalia o la Coordinadora Nacional del autodenominado Ejército Bolivariano, y otros que tienen que ver con el EGC, más comúnmente conocido como cartel del Clan del Golfo”, señaló el jefe de la cartera.

Sánchez subrayó que la violencia entre bandas criminales ha dejado más de 26 muertos en lo que va del año, en su mayoría integrantes de estructuras ilegales: “La cifra de más de veintiséis personas asesinadas en este año corresponde a integrantes de una estructura criminal de alias Mordisco, asesinada por otra estructura criminal de alias Calarcá”.

Uno de los puntos críticos destacados fue el reclutamiento forzado de menores, varios provenientes del Cauca. El ministro consideró este fenómeno como una tragedia y remarcó la necesidad de acciones coordinadas para contrarrestarlo. “Uno de los problemas graves que tenemos acá es la tragedia del reclutamiento de menores, y muchos de ellos vienen del Cauca”.

La extorsión constituye otro de los delitos con alto impacto en la zona. El ministro invitó a la ciudadanía a denunciar este flagelo a través de las líneas habilitadas por el Gaula Militar y Policial, al indicar que “la extorsión es otro de los grandes crímenes que vemos acá. Es un subregistro al que invitamos a todos a que denuncien al uno cuatro siete, gaula militar, o uno seis cinco, gaula policial”.

En los últimos días, las autoridades neutralizaron al principal financiero extorsionador de alias Mordisco, identificado como alias Samuel o “el Loco”, quien se encargaba de suministrar armamento y manejar las finanzas del grupo criminal. “Hace pocos días neutralizamos al principal financiero extorsionador de alias Mordisco, el encargado de llevarle el armamento, las finanzas, alias Samuel o el Loco”, precisó el ministro.

Ante ello, el ministro reiteró que la fuerza pública actúa con respeto por los diálogos, pero advirtió que estos no implican permisividad frente a acciones delictivas, por lo que aprovechó para enviarle un mensaje a “Iván Mordisco”, al que le aseguró que las autoridades van tras sus pasos.

“Las mesas de diálogo que se adelanten con estos grupos, en este caso alias Calarcá, no significa que sea una patente de corso o una autorización para delinquir, para secuestrar, para asesinar”.

La estrategia gubernamental en el Guaviare incluirá el uso de toda la capacidad estatal para proteger a la población, incluyendo operaciones militares y bombardeos, así como el fortalecimiento del pie de fuerza. El ministro anunció la llegada de 1.200 hombres de la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra Diez) y el refuerzo con 180 efectivos adicionales en abril y 270 en junio. La Policía Nacional también incrementará su presencia con 40 patrulleros y 20 nuevas unidades para el Gaula.

Se mencionó la implementación de tecnología para el control territorial, con un proyecto de cámaras de vigilancia valorado en 37.000 mil millones de pesos que abarcará los municipios de San José del Guaviare, El Retorno y Calamar. Además, la Armada Nacional analizará la creación de un grupo especializado en operaciones fluviales.

El ministro informó sobre recompensas millonarias por información que conduzca a la captura de cabecillas de organizaciones criminales. “Hasta 5.000 millones de pesos de recompensa hay por usted, alias Mordisco”, anunció. Otras recompensas oscilan entre 300 y 900 millones de pesos para miembros de otras estructuras.

El funcionario concluyó su intervención insistiendo en la importancia de la denuncia ciudadana, la prevención del reclutamiento infantil y el fortalecimiento de valores a través del servicio militar y policial. “La paz, al igual que el amor, no se mendiga”, puntualizó.

En la tarde del 14 de marzo, las autoridades en Colombia confirmaron el resultado de un importante operativo contra las disidencias de “Iván Mordisco” en Buenaventura, Valle del Cauca.

En una operación conjunta entre la Policía Nacional de Colombia y la Armada Nacional, desarrollada en la zona rural de Buenaventura, las autoridades abatieron a un integrante clave del grupo armado organizado residual Estado Mayor Central, facción de “Iván Mordisco”, estructura Jaime Martínez.

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El operativo, enmarcado en la Estrategia Esmeralda Plus, tuvo como resultado la muerte de “La Y”, señalado como el principal responsable de las finanzas de la columna Alex Guerrero y encargado del cobro de extorsiones a economías ilícitas en los ríos Anchicayá, Raposo, Cajambre y Yurumanguí.

De acuerdo con información oficial, la acción permitió también la captura de otro miembro del grupo armado y la incautación de cuatro fusiles, una pistola Pietro Beretta, 829 cartuchos calibre 5.56, munición de diferentes calibres, proveedores, chalecos multipropósito, prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y un brazalete alusivo a las FARC-EP.

La operación golpea en forma directa la capacidad logística y operativa de la estructura Jaime Martínez, que utilizaba estos corredores fluviales para la movilidad de recursos y personas vinculadas a actividades ilícitas.

Alias La Y tenía bajo su control la recaudación de fondos provenientes de extorsiones a distintas economías ilegales que operan en la región, lo que lo convertía en una pieza clave para el sostenimiento financiero de la organización.

La Policía Nacional destacó que este resultado debilita la presencia del Estado Mayor Central en la zona y reduce el riesgo de atentados contra la fuerza pública y la población civil, especialmente en aquellos sectores donde la estructura había consolidado rutas para el tráfico y la extorsión.

En la entrega del balance general del operativo, el general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos, afirmó que este es un golpe contundenten contra las disidencias que permitirá que las comunidades dejen de sentir temor.

“La Policía Nacional continuará desarrollando operaciones contundentes para desarticular las estructuras criminales que pretenden intimidar a las comunidades y afectar la seguridad del país”, declaró el uniformado.

La institución reiteró su compromiso de mantener la presión operativa sobre los grupos armados organizados que atentan contra la seguridad y la tranquilidad de los colombianos, y aseguró que las acciones conjuntas con la Armada Nacional seguirán orientadas a neutralizar las amenazas en los corredores estratégicos del Valle del Cauca.

La importancia del puerto para la delincuencia

El puerto de Buenaventura, ubicado en el Pacífico colombiano, es un punto estratégico para la delincuencia y los grupos armados debido a su papel como principal salida marítima de Colombia hacia mercados internacionales.

Esta posición geográfica lo convierte en un corredor clave para el tráfico de drogas, armas y mercancías ilícitas, permitiendo a las organizaciones criminales movilizar cargamentos hacia Estados Unidos, Centroamérica y otros destinos. Además, el control de Buenaventura facilita la extorsión a empresas de transporte, comerciantes y pobladores, incrementando los ingresos ilegales de estas estructuras.

La presencia de múltiples ríos y zonas rurales aledañas ofrece rutas alternas y refugios para los grupos armados, dificultando la acción de las autoridades. La disputa por el control del puerto y sus alrededores ha generado altos niveles de violencia, desplazamiento forzado y afectaciones a la población civil.

El dominio de Buenaventura representa para los grupos armados una fuente fundamental de poder económico y territorial, consolidando su influencia en la región y fortaleciendo sus redes criminales a nivel nacional e internacional.

Sánchez informó que el operativo finalizó con la muerte de siete disidentes, incluyendo a alias Ramiro, cabecilla del frente 18 del Estado Mayor Central y una de las personas más cercanas a “Iván Mordisco” en el grupo armado.

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“Resultado preliminar de operación ofensiva contra la Estructura 18 de las disidencias de alias Mordisco, en zona rural de Ituango, Antioquia: 7 muertos y 1 herido. Entre los neutralizados cayó alias “Ramiro”, cabecilla principal de esta estructura criminal dedicada al narcotráfico, la minería ilegal, el reclutamiento de menores, homicidios, asesinatos de líderes sociales, desplazamiento forzado, confinamiento y otros delitos que han afectado a las comunidades durante décadas. La operación continúa en desarrollo. La seguridad es posible", escribió el ministro Sánchez al respecto.

Los videos de la caída de alias Ramiro

Infobae Colombia tuvo acceso a algunos de los videos registrados por los uniformados que participaron en el operativo contra el frente 18 de las disidencias en Antioquia.

En una de las grabaciones se observa el sobrevuelo previo que realizó un helicóptero del Ejército Nacional sobre la zona en la que estaba refugiado el criminal junto a su círculo de protección.

Las Fuerzas Militares también grabaron cómo fue el traslado de la disidente que fue herida durante el operativo, preservando con ello los derechos de la guerrillera, cuyo estado de salud no ha sido confirmado hasta el momento.

Por último, las Fuerzas Militares registraron el “cambuche” en el que pasaba las noches “Ramiro”, que se encontraba con su hermana en el sitio; llevaba más de 20 años vinculado a grupos armados e hizo parte del proceso de paz de 2016, pero un año después se unió a las disidencias.

“A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro citó la publicación realizada por el ministro Pedro Sánchez y confirmó que el bombardeo contra el campamento en el que se encontraba ”Ramiro" fue una autorización suya.

“He ordenado el 16avo bombardeo en mi gobierno, esta vez en Ituango, Antioquia; hay 7 personas que murieron. Se recogen armas. Ha muerto el cabecilla de la estructura alias Ramiro”.

El mandatario indicó que no se enorgullece de haber autorizado el bombardeo, puesto que en su concepto la paz podría ser posible si los disidentes deciden alejarse de las economías ilícitas.

“Se trata de un golpe al autodenominado frente 18 dedicado a la minería ilegal del oro. La violencia cesa si salimos de las economías ilícitas. La paz se logra si deciden salir de las economías ilícitas y ayudan a transformar el territorio para el progreso del pueblo excluido”, puntualizó el presidente.

Durante el balance sobre el operativo, el comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, agregó que las tropas capturaron a una mujer herida durante el desarrollo de la operación.

“En desarrollo de una operación de interdicción aérea y asalto aéreo adelantada por las Fuerzas Militares y la Fuerza Aérea en zona rural del municipio de Ituango, se logró un contundente resultado operacional contra integrantes del Grupo Armado Organizado residual Estructura 18, facción Mordisco”, declaró el uniformado, que destacó que “Ramiro” llevaba más de dos décadas en la ilegalidad y en la actualidad su presencia criminal se concentraba principalmente en los municipios de Ituango y Valdivia, en donde hay disputas territoriales contra las disidencias de “Iván Márquez” y las de “Calarcá”, además de otros grupos armados, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo.

En los últimos meses se han generado varias críticas contra la Unidad Nacional de Protección (UNP) por la forma en que se designan los esquemas de seguridad y los métodos que utilizan para responder solicitudes por parte de políticos, líderes sociales y otro tipo de personalidades que denuncian ser víctimas de amenazas en su contra o estar expuestas a la violencia interna del país.

Precisamente, ha generado indignación la respuesta que recibió el alcalde de Briceño, Antioquia, luego de que denunció que había sido mencionado como “objetivo militar” en un panfleto que fue difundido en la región por parte de las disidencias de “Calarcá”.

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Noé Espinoza Vásquez, mandatario local del municipio mencionado, fue amenazado por el grupo armado, que lo acusó de tener vínculos con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo.

En el panfleto aseguran que el alcalde ha favorecido a personas y empresas vinculadas al grupo paramilitar, afirmación que fue rechazada por Espinoza, que en un comunicado oficial desmintió todo y pidió por su seguridad.

“En mi calidad de Alcalde Municipal de Briceño, elegido democráticamente por el pueblo briceñita, y en ejercicio de las funciones constitucionales y legales que me han sido conferidas, me permito dirigirme a la comunidad y a la opinión pública en general para rechazar de manera categórica y contundente las graves acusaciones contenidas en un panfleto que circula en redes sociales, firmado por estructuras armadas ilegales”, se lee en el comunicado emitido por la Alcaldía de Briceño.

Además de rechazar que se le vincule con el Clan del Golfo y recordar momentos de su carrera política, el alcalde reveló que había entregado toda la información sobre las amenazas en su contra a las autoridades y pidió a la UNP por su protección.

“Informo a la opinión pública que he solicitado a la Fiscalía General de la Nación que adelante una investigación exhaustiva sobre el origen y la autoría del panfleto difundido, y también sobre mi actuación como servidor público, con el propósito de que se verifique de manera objetiva y exhaustiva la absoluta inexistencia de cualquier vínculo con estructuras al margen de la ley”.

Esta fue la respuesta de la UNP

El 20 de febrero, El Colombiano reveló que la Unidad Nacional de Protección respondió al alcalde de Briceño con la asignación de un vehículo (no blindado), un escolta y un chaleco blindado.

“Recomendación: Alcaldía Municipal de Briceño (Antioquia), para que adopte las siguientes medidas de protección, para lo cual podrá aunar esfuerzos con la Unidad Nacional de Protección, en virtud a lo dispuesto en el parágrafo 4º del artículo 2.4.1.2.7 en concordancia con el artículo 2.4.1.2.49 del Decreto 1066 del 2015. Adicionado y modificado. Ajustar las medidas de protección de la siguiente manera: Implementar un (1) vehículo convencional. Ratificar un (1) chaleco blindado. UNP: Ratificar una (1) persona de protección”, se lee en el documento conocido por el medio citado.

En el informe se afirma que hay indignación en Briceño, puesto que consideran que la UNP no respondió de manera correcta a la petición del alcalde municipal, principalmente por el poder armado que tienen las disidencias en la región.

Mientras la UNP sigue sin pronunciarse al respecto, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se mostró preocupado por la situación que se vive en zonas vulnerables del departamento debido a los grupos armados.

“Uno de los municipios más afectados en esta materia en el norte de Antioquia es precisamente el municipio de Briceño. El frente 36 de las Farc, que delinque bajo el mando de alias Calarcá, declaró objetivo militar al alcalde de Briceño. Muy difícil entender cómo persisten negociaciones, conversaciones con estos criminales”, dijo Rendón durante una rueda de prensa.

La infiltración de criminales en las escuelas de Jamundí encendió una alerta en el Valle del Cauca, teniendo en cuenta que están implementando diferentes estrategias para enlistar a menores de edad a sus filas.

Según datos revelados por la Fundación Territorio de Paz, el reclutamiento forzado se ha triplicado en los últimos tres años, pasando de 76 reportes a más de 300 casos verificados y denunciados ante la justicia. Esta crisis expone la falta de presencia estatal en siete corregimientos de la zona alta, donde la disidencia Jaime Martínez actúa afectando la cotidianidad de la ciudadanía.

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De acuerdo con el reporte, en los corregimientos de Timba, Ampudia, San Antonio, La Liberia, La Cabaña, Robles y Villa Colombia, los integrantes de este grupo armado han adoptado la estrategia de ingresar a las escuelas, haciéndose pasar por estudiantes para persuadir a los jóvenes para hacer parte de la guerrilla.

Su objetivo no solo está relacionado con captar la confianza de los menores y sumarlos a sus filas, pues además del acercamiento presencial, intensifican la presencia en la zona valiéndose de redes sociales como Facebook y TikTok, donde lanzan llamados que buscan captar la atención e influir en adolescentes vulnerables, aprovechándose de sus carencias para involucrarlos en el mundo criminal.

La escasa presencia estatal agrava la situación. Según lo informado por Lina Tabares, representante de la Fundación Territorio de Paz, la institucionalidad no tiene presencia permanente en estos territorios, pues si fuera así no se estarían presentando los reclutamientos de manera frecuente en estos corregimientos: “Ahí la presencia institucional es nula y los jóvenes se encuentran expuestos a los actores armados en el territorio”, dijo en declaraciones citadas por Blu Radio.

Ante el aumento sostenido de los reclutamientos y la alarma social, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, hizo un llamado a la comunidad para que denuncie formalmente los casos, con el fin de evitar que los menores sean reclutados por las disidencias de las Farc que azotan la región.

“Lo que dicen es que se los están llevando de las escuelas, pero lo que pasa es que tienen que denunciar. La mayoría de veces, las familias no denuncian, le dicen a uno lo que está sucediendo, pero sin una denuncia, es imposible para la fuerza pública y la Fiscalía hacer investigaciones. Pedimos que nos informen, puede ser anónimo, no les dé miedo porque aquí lo que necesitamos es información”, aseguró la mandataria departamental.

A su vez, la comunidad reconoció la persistencia de la ofensiva militar en la zona como un intento por restablecer el control territorial, pero exige garantías de seguridad para poder denunciar sin temor.

Y es que la falta de protección y la ausencia de instituciones mantienen a los menores en una situación de alta vulnerabilidad ante grupos armados, por lo que el llamado de la comunidad está dirigido para que las autoridades refuercen acciones en contra de los grupos criminales.

Incluso, el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) reveló que el impacto sobre las víctimas alcanza dimensiones devastadoras: “Es urgente tomar medidas para proteger a la infancia frente al reclutamiento y el uso por parte de grupos armados, así como de la violencia sexual y otras violaciones graves. Los efectos de estas traumáticas experiencias pueden perseguirles toda la vida”, declaró Tanya Chapuisat, representante de Unicef en Colombia.

Cabe mencionar que las autoridades colombianas afirman que la estructura de Iván Mordisco, principal disidencia de las Farc, tiene sus filas compuestas en un 37% por menores de edad.

El 10 de febrero, durante más de tres horas estuvo secuestrada la senadora Aida Quilcué, hecho que le fue atribuido a las disidencias del Estado Mayor Central al mando de “Iván Mordisco”.

La liberación de la congresista se registró gracias a la presión de las comunidades indígenas, principalmente del pueblo Nasa, que es uno de los que tiene más presencia en el país.

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Cabe recordar que el pueblo Nasa se ha asentado históricamente en el departamento del Cauca, especialmente en Toribío, Páez y Caldono. También tienen presencia en el Valle del Cauca, Putumayo, Tolima y Huila.

Antes de que la senadora Quilcué fuera liberada, el presidente Gustavo Petro afirmó que la retención de la líder indígena representaba un “grito de guerra” de las disidencias contra el pueblo Nasa, algo que se viene registrando desde hace varios años.

Debido a que se trata de una comunidad amplia, que no sigue los lineamientos ordenados por el grupo armado de “Iván Mordisco”, los líderes del pueblo Nasa han sido víctimas de persecuciones constantes por parte de los grupos armados.

Precisamente, al respecto, en diálogo con Infobae Colombia, el analista político de la Universidad Politécnico Grancolombiano Jaime Wilches habló sobre lo que representa para el futuro inmediato en el Cauca el secuestro de la congresista Aida Quilcué.

“El secuestro de la senadora evidencia un panorama preocupante, que en época electoral se han agravado los atentados, los ataques y las amenazas a candidatos al senado y presidencia. Podemos hablar de tres puntos principales: la precariedad de la democracia, la ausencia del Estado para controlar la violencia y la debilidad de las instituciones para hacer frente a las organizaciones criminales”, declaró inicialmente Wilches.

El experto recordó que la guerra contra las comunidades indígenas en el Cauca se ha mantenido durante décadas, siendo las disidencias de “Iván Mordisco” los atacantes de turno en una región que es fundamental para la consolidación de rutas de narcotráfico.

“Lo que vemos es una guerra histórica en la que han participado diferentes actores, no solo con las fuerzas militares, sino con la autonomía de los pueblos indígenas. Hay que ver cuáles son los resultados de la Paz Total en la región para que no se tenga que seguir viviendo con la incertidumbre”.

Para el experto, el contexto actual que se vive en el Cauca es la demostración de que los gobiernos de turno siguen sin poder garantizar la seguridad de la comunidad Nasa y los otros pueblos indígenas que tienen presencia en el departamento.

“De manera histórica, las tensiones por el territorio han derivado en complejos conflictos en la zona. “Iván Mordisco” solo es el eslabón de una historia marcada por la compleja legislación de autonomías indígenas y la ausencia del Estado“.

Por último, Jaime Wilches afirmó que, entendiendo que no se trata del primer grupo armado que intenta apoderarse de territorios de la comunidad Nasa, lo que se requiere en estos momentos es el respaldo de las autoridades ante la lucha que tendrá el pueblo indígena para mantener la soberanía en su territorio.

“Las comunidades indígenas han tenido que enfrentar las disputas jurídicas con el Estado y el asedio de distintos grupos criminales que lo ven como una ventana de oportunidad para apropiarse de estos territorios y ejercer gobernanzas criminales. La importancia del pueblo Nasa radica en una historia anclada en los territorios y luchas históricas que se concretaron con la autonomía de territorios indígenas en la Constitución de 1991. Por esa razón, el secuestro de la senadora supone un golpe a una comunidad que ha sido símbolo de lucha, resistencia y dignificación de los territorios”.

Fuentes de Infobae Colombia revelaron los resultados de inteligencia militar y policial que detallan el plan de las disidencias de “Calarcá”para ejecutar un atentado terrorista contra la población civil y la fuerza pública en el norte de Caquetá.

El informe indica que alias Esneider Suárez, identificado como uno de los cabecillas del grupo armado en la región, recibió la orden de atacar el área de Puerto Rico con el objetivo de afectar a las personas que residen y transitan habitualmente por la zona.

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Según la información recabada, este individuo dispone de varias líneas de acción criminal, entre las que se incluyen el uso de explosivos transportados por drones, vehículos cargados con artefactos y el lanzamiento de tatucos mediante rampas.

Esta información ha provocado que las autoridades civiles, policiales y militares de la zona estén alertas ante cualquier novedad, puesto que se trataría de una retaliación por la sostenida ofensiva operacional desplegada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional durante los últimos días en Caquetá.

Sobre “Esneider Suárez”, el Ministerio de Defensa lo tiene referenciado como una de las fichas claves de la estructura Rodrigo Cadete, se desempeñaría como cabecilla de la comisión de finanzas en los municipios de Rionegro y Cartagena del Chairá, específicamente en el sector conocido como La Bolsa de Guayas.

El disidente se encontraría actualmente en zona rural del municipio de San Vicente del Caguán, en el sector de El Pato, en límites entre los departamentos de Caquetá y Huila. Al parecer, habría llegado a ese lugar con el fin de apoyar confrontaciones armadas entre la estructura Jorge Suárez Briceño del Estado Mayor Central y la estructura Teófilo Forero de la Segunda Marquetalia.

En el ámbito judicial, se está adelantando trabajo de identificación plena de este actor criminal. De la misma forma, se tiene conocimiento de que alias Esneider Suárez estaría ejerciendo coacción sobre la comunidad del poblado de Rionegro, con el propósito de presionar la salida de la fuerza pública de esa jurisdicción.

Como medida preventiva, los mandos policiales y militares en la región deben estar alerta en todo momento sobre los movimientos que se registren en sus unidades y lo que corresponda para fortalecer sus dispositivos de seguridad y activar los planes de reacción y contraataque.

Además, en el informe se menciona que se ha pedido que las fuentes humanas brinden información para evitar y neutralizar cualquier intención terrorista en el departamento.

Las órdenes serían dadas por alias Urías Perdomo

La fuente confirmó que hay certeza de que las acciones terroristas por parte de las disidencias de “Calarcá” en la región serían orquestadas por Juan Antonio Agudelo Salazar, conocido en el ámbito criminal bajo los alias de Urías Perdomo o Cotiz, cabecilla principal de la estructura Rodrigo Cadete del Estado Mayor Central.

Por alias Urías Perdomo, que habría dado la orden de ejecutar acciones contra la fuerza pública y la población civil, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 400 millones de pesos por información relevante que permita su captura o neutralización.

Cabe recordar que el departamento de Caquetá es una de las zonas que se disputan las disidencias de “Calarcá”, las de “Iván Mordisco” y la Segunda Marquetalia, comandadas por “Iván Márquez”.

En la región se ha vuelto habitual que los grupos armados se enfrenten para controlar el espacio que es clave para el tráfico de narcóticos, lo que ha provocado un desplazamiento masivo de las familias en la zona.

“Las familias asentadas en la vereda El Guamo fueron advertidas por parte del grupo armado ilegal Frente Carolina Ramírez de Iván Mordisco”, mencionó la Defensoría del Pueblo sobre la situación que se vive en la región.

Con ayuda de la comunidad, sobre las 4:30 p. m. se registró la liberación de Quilcué, que minutos después se reencontró con sus familiares mientras era custodiada por hombres del Ejército Nacional.

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Precisamente, a las 6:00 p. m. la congresista atendió a los medios de comunicación junto con el brigadier general Hernando Javier Africano López en el Cantón Militar Hilario López, en las instalaciones de la tercera brigada del Ejército Nacional.

Las palabras de la congresista Quilcué tras ser liberada

En primer lugar, la congresista agradeció a las personas que se pronunciaron pidiendo su liberación, reconociendo que la presión que se ejerció en la zona fue lo que provocó que fuera liberada tras su retención por parte de hombres armados.

“Tenía que pasar esa situación el día de hoy. Gracias a Dios y a los espíritus estoy bien. Agradecer a la guardia indígena, a la fuerza pública y la solidaridad que se movió. La presión hizo que saliéramos de ahí”.

Quilcué reveló detalles de lo registrado en la tarde del 10 de febrero cuando se movilizaba junto con su esquema de seguridad en una camioneta que fue abandonada en una vía del Cauca.

“No se identificaron, pero sé que era un grupo armado; nos cogieron en un sitio solo, nos llevaron, pero ya estamos a salvo”.

Así fue la liberación de la senadora

El operativo de liberación se registró en el páramo de Guanacas, en la parte alta del municipio de Inzá, una zona de acceso complicado. El alcalde municipal, Delio Trujillo, confirmó que la recuperación de la senadora fue el resultado de una acción conjunta entre ciudadanía, guardia indígena, autoridades tradicionales y fuerza pública.

Trujillo explicó que la presión ejercida por estos actores permitió localizar a la congresista, quien fue hallada junto a dos integrantes de su esquema de seguridad en un sector sin señal de telefonía ni comunicación por radio.

Tras el contacto inicial, las autoridades confirmaron que la senadora Quilcué estaba en buen estado físico y tranquila, según relató el alcalde tras hablar con ella. Eduin Mauricio Capaz Lectamo, del Consejo Regional Indígena del Cauca, resaltó la peligrosidad de la zona y recordó que allí han ocurrido anteriormente varios hechos que han afectado a comuneros y ciudadanos.

¿Quién es Aida Quilcué?

Aida Quilcué es una lideresa indígena del pueblo Nasa nacida en el Cauca. Durante su vida ha enfrentado grandes desafíos personales y políticos. Está formada como enfermera, profesión que ejerció en su comunidad antes de dedicarse de lleno al trabajo organizativo y la defensa de los derechos indígenas.

Su activismo se consolidó en el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), donde promovió la autonomía y la defensa del territorio. En 2008 su esposo, Edwin Legarda, fue asesinado tras recibir varios disparos cuando transportaba a Quilcué, que había recibido amenazas por su papel en la Minga Social y Comunitaria.

Este hecho marcó profundamente su vida y la de su hija, pero no detuvo su lucha. Como senadora por el partido Mais, Quilcué ha defendido la paz, los derechos colectivos, el territorio y la justicia social, siendo una de las voces más reconocidas del movimiento indígena colombiano.

Por parte del Gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro afirmó que la retención de la congresista es un “grito de guerra” de las disidencias contra las comunidades indígenas.

“Si no la sueltan, es un grito de guerra contra todos los indígenas del Cauca y del país. Enorme error que cometieron las Farc, que mataron a sus autoridades religiosas por no entender la diferencia, algo en lo que me he vuelto experto. Nos entendemos entre diferentes y aquí tenemos algo; ojalá se resuelva rápido, o si no, han cruzado una línea roja que es volver a lo que hicieron los españoles, exterminar a los pueblos a través de sus baluartes”, fueron las palabras del mandatario después de que se confirmó el secuestro de Quilcué en la tarde del 10 de febrero.

El 5 de febrero se registró un ataque contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos en la vía que conecta a los municipios de Tame y Fortul, en Arauca; en este hecho fueron asesinados dos hombres que hacían parte del equipo de protección del congresista

Al respecto, se confirmó que el ataque comenzó luego de que los escoltas hicieran caso omiso de un retén ilegal del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que reconoció su responsabilidad en la muerte del policía y el sujeto vinculado a la UNP.

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En el documento mencionado, el ELN confirmó que atacaron el esquema de seguridad por no acatar la orden de parar, por lo que pidieron que en futuras ocasiones, tanto políticos como civiles, se sometan a sus peticiones en las vías en las que tienen presencia.

“Solicitamos a los entes estatales, civiles, las campañas políticas y a la población, acatar y facilitar los controles colocados en las vías; son mecanismos de seguridad y de defensa normales en un conflicto como el colombiano. En esa forma, no se presentará ninguna dificultad con nosotros”, es parte del comunicado emitido por el frente de Guerra Oriental del ELN.

Sumado a ello, también en el Cauca, el 10 de febrero se registró el secuestro de la senadora Aida Quilcué y su esquema de seguridad en la vía que conecta los municipios de Inzá y Totoro.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro responsabilizó a las disidencias de Iván Mordisco, que mantienen disputas con el pueblo indígena Nasa, del que es oriunda la congresista.

Bajo ese contexto, en diálogo con Infobae Colombia, el profesor del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, Juan Nicolás Garzón, analizó lo que representan estas muestras de “poder” por parte de los grupos armados en la previa de las elecciones en el país.

En primer lugar, el docente indicó que no es prudente afirmar que se ha normalizado que los grupos armados tengan presencia y poder absoluto en algunos municipios; sin embargo, mencionó que se trata de una realidad que se vive en varias zonas del territorio nacional.

“No sé si se puede decir que se ha normalizado lo de los retenes, pero se entiende que, en el contexto, ya se habla de consecuencias graves; hay regiones en las que se sabe que los grupos ilegales hacen presencia en las vías, secuestran, dificultan la movilidad y afectan las dinámicas económicas en esas zonas”.

Para Garzón, que en Colombia se vayan a registrar hasta tres jornadas electorales es el motivo por el que los grupos armados deciden demostrar el poder territorial que tienen, lo que pone en riesgo que se registren los comicios de manera tranquila.

“En época electoral, estos grupos muestran su poder, manifiestan su influencia y tenemos antecedentes de situaciones de contexto de elecciones. Va a haber gente intimidada, mesas que no van a funcionar, elementos que no van a poder ser trasladados; es la forma con la que intimidan y terminan con una influencia en las votaciones. Eso va a ser clave y ponen en peligro los comicios”.

Para el docente, el comunicado emitido por el ELN es una forma que tiene la guerrilla mencionada para demostrar que los comicios se podrán llevar a cabo si el Gobierno nacional busca negociar con ellos nuevamente.

“La situación de orden público, con cosas como este comunicado, se interpreta como la muestra de poder de que el ELN entiende que ellos pueden poner el orden y condiciones. Eso es tener poca voluntad de diálogos de negociación, pero demuestra que el orden público y la seguridad no están garantizados si no se habla con ellos”.

Por último, el experto calificó de manera negativa las políticas ligadas a la búsqueda de un acuerdo con los grupos armados por parte del Gobierno Petro.

“Representa la poca voluntad e interés de buscar la paz. Nuevamente demuestran lo difícil que es buscar una aproximación con esta organización, puesto que tienen el poder en varias regiones. Desafortunadamente, es muestra de que el Estado no ha avanzado de manera eficiente; el proyecto de Paz Total tiene una gran deuda, un gran déficit de no poder haber avanzado. No se logró de manera militar ni negociada, hay pocos avances con el ELN y ahora se castiga al país”.

Las disidencias de las Farc, lideradas por Alexander Díaz, conocido como alias Calarcá, expresaron su sorpresa ante el presidente Gustavo Petro por su reciente disposición a dialogar con el grupo armado, luego de que el mandatario retomara el tema de la paz en un tono diferente al expresado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

En una carta divulgada por el medio La Silla Vacía, la organización ilegal solicita al jefe de Estado retomar las negociaciones de paz sin imponer medidas que afecten el ambiente entre las partes.

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“Que regrese sin ultimátums y sin la intención de acabar las guerrillas para que todo siga igual”, se lee en la misiva revelada por el citado medio de comunicación.

Las facciones manifestaron su asombro por el cambio de tono del presidente, quien, según su percepción, volvió a hablar de paz en referencia a su comunicado anterior, y no en el tono amenazante que atribuyen al ministro de Defensa.

“Estamos sorprendidos de que Petro volviera a hablar de paz y no en el tono amenazador de su ministro de Defensa”, expresaron en la carta.

La declaración del grupo armado se debe a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, durante el lanzamiento del documental de Chiribiquete, ocurrido el sábado 14 de junio en San José del Guaviare (sur de Colombia).

Allí, el mandatario insistió en los avances que ha tenido los acercamientos con el grupo de alias Calarcá, cuestionando la actitud de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el máximo líder de las disidencias, que actualmente estaría liderando un paro armado en el departamento del Guaviare.

“Las fuerzas de Calarcá, con las que también estamos hablando, dicen que van a dejar libres las comunidades, y lo dijeron en el último comunicado, no hay cese al fuego con ellos, porque el mismo dirigente Calarcá dijo que no, entonces hay guerra, pero aún se habla. Calarcá en su último comunicado que leí hoy, que es cierto, porque ahora hay que saber si son ciertos o no, dice que está dispuesto a que las comunidades sean libres”, indicó el mandatario en su intervención.

El mandatario también planteó que el primer punto de un eventual acuerdo de paz debía centrarse en la revitalización de la selva y en permitir que el campesinado gestione los recursos de manera autónoma, en lugar de que estos queden bajo control de los grupos armados. “El primer punto de un acuerdo de paz posible es revitalizar la selva y ayudar a que el campesinado libremente lo haga”, afirmó Petro.

Sin embargo, las disidencias de alias Calarcá, en su misiva, que la deforestación no se originó con las Farc, sino que es consecuencia de décadas de colonización mal planificada promovida por el Estado. Además, señalaron que el verdadero problema radica en la ausencia de una reforma agraria.

Suspensión del cese al fuego con las disidencias de alias Calarcá

El estancamiento en los diálogos entre el Gobierno y esta facción de las disidencias se produjo después de que la administración de Petro optara por no renovar el cese al fuego bilateral y reactivar las operaciones militares, tal como lo anunció la Presidencia en una carta dirigida a la Consejería Comisionado de Paz.

“Por medio de la presente, la Consejería Comisionada de Paz notifica por vía escrita la decisión formal del señor Presidente de la República, notificada al Consejero Comisionado de Paz y al Coordinador de la Delegación del Gobierno para estos diálogos, de no prorrogar el Cese al Fuego Bilateral y Temporal con Respeto a la Población Civil (CFBTRPC)”, se lee en el documento que había establecido un plazo de 30 días para garantizar un ambiente ameno para la mesa de diálogos con la administración nacional.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reiteró que, ante el anuncio de la suspensión del cese al fuego, no hay impedimentos para la ofensiva de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional contra estas organizaciones armadas.

“Desde el domingo a las 24 horas no tenemos ninguna suspensión de operaciones militares ofensivas o de cese al fuego con algún grupo en Colombia”, indicó el ministro en diálogo con Blu Radio.

Además, el funcionario sostuvo que el retorno de las operaciones militares contra las disidencias de alias Calarcá no comprometen los avances de los diálogos entre el Gobierno y el frente 33.

“Eso no restringe los diálogos que adelanta la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (...) Pero mientras tanto, la orden es adelantar toda la ofensiva contra todos los grupos armados organizados que delinquen en Colombia”, indicó Sánchez al espacio radial.

La inseguridad en las carreteras del país es una de las problemáticas sobre las que más se han registrado denuncias en los últimos meses, principalmente en zonas en las que hay presencia de grupos armados.

Esto no solo afecta a transportadores de carga o ciudadanos del común, puesto que Infobae Colombia recibió la denuncia sobre intimidaciones que están recibiendo esquemas de seguridad de la UNP en Nariño por parte de disidentes del Estado Mayor Central, que son comandados por “Iván Mordisco”.

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La fuente informó que las amenazas comenzaron debido a que los disidentes han exigido que los esquemas de seguridad cumplan con los reglamentos que el grupo armado impone en zonas de la región, como son los municipios de Ricaurte, Altaquer o Junín.

“No se debe circular por la zona, se debe informar lo que hacen, no entrar a las zonas en horas que digan, ellos molestan por cualquier cosa”.

Debido a que los escoltas de la Unidad de Protección Nacional tienen la obligación de proteger a los beneficiarios de los esquemas, que en la región son líderes sociales, estos han hecho caso omiso de las exigencias del grupo armado.

Como respuesta a esa situación, el Estado Mayor Central ha difundido panfletos en los que exponen las placas de las camionetas de la UNP que están incumpliendo sus órdenes.

“Reciban un cordial saludo pueblo ricaurteño y municipios vecinos; nos dirigimos muy respetuosamente a las comunidades indígenas, campesinas, resguardos. El siguiente comunicado en especial es para líderes que no han hecho caso a nuestro llamado a tener diálogos de acuerdo, y nos han venido ignorando. Ante esta situación nos vemos obligados a actuar de la siguiente manera. Los líderes que colaboran con la Segunda Marquetalia, y tienen disidentes de la Marquetalia o colaboradores en varios esquemas. En el siguiente listado incluye a los que no han hecho caso a nuestro llamado al diálogo”, es parte del comunicado en el que se amenaza a los esquemas de seguridad y los líderes protegidos.

En el comunicado se informa que quienes no cumplan con las órdenes de las disidencias, o tengan algún tipo de contacto con miembros de la Segunda Marquetalia, al mando de “Iván Márquez”, tendrán que asumir las consecuencias de los actos violentos en su contra.

“Los mencionados, a partir de hoy, hacer caso a nuestro llamado al diálogo y sacar la gente que colabora con la Marquetalia o no respondemos. De no hacer caso, serán objetivo militar por parte de nuestra organización”.

En el documento se mencionan cifras que van entre los cinco y ocho millones como recompensa por escoltas o líderes sociales, incluyendo el arma de dotación que porten.

“Iniciaremos a actuar lo antes posible; ya nos encontramos en nuestro territorio. Este es el llamado para todo colaborador de la Marquetalia, para que desistan de estar con esa gente, ya que ellos son los causantes de los asesinatos cometidos en el territorio los meses anteriores y se lavan las manos involucrando a otros grupos y quieren ganarse al pueblo con mentiras”, es como concluye el comunicado firmado por los comandantes del frente 37 o Uriol Rondón del Estado Mayor Central.

Al preguntar sobre los municipios mencionados y la protección o acompañamiento que reciben por parte de las autoridades, los denunciantes indicaron que se trata de “zonas en las que no hay ningún soldado, ni un policía. Son sitios que son desolados”.

Hasta el momento, el Gobierno nacional no se ha pronunciado respecto a los panfletos que están siendo difundidos desde el 28 de enero en el sur del país.

En el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, Cauca, persisten los disturbios entre la comunidad y la fuerza pública, lo que hasta el momento deja un saldo de 16 heridos, dos en estado grave y remitidos a centros médicos en Popayán por lesiones de arma de fuego.

De acuerdo con versiones entregadas por civiles en la región, la situación se intensificó tras la muerte de dos jóvenes en circunstancias poco claras, hechos que la comunidad atribuye de forma preliminar a la actuación de las autoridades. Durante las protestas, se registró la caída de un artefacto explosivo lanzado desde un dron, que causó la muerte de una persona y dejó catorce heridos.

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Líderes comunitarios insisten en que las movilizaciones han sido pacíficas y exigen la intervención de autoridades nacionales y organismos de derechos humanos. Señalan que la indignación se centra en la presunta responsabilidad de la fuerza pública en el hecho mencionado y denuncian agresiones recibidas. A nivel oficial, las autoridades sostienen que enfrenta ataques instigados por grupos armados y que los manifestantes han empleado explosivos y bloqueado servicios a la estación policial.

Mientras se mantiene la tensión en El Plateado, Infobae Colombia tuvo acceso a un informe de inteligencia de lo registrado durante las jornadas de protestas en Cauca; precisamente, en este se confirma lo sustentado por las autoridades sobre la presencia de los grupos armados en las manifestaciones.

En primer lugar, se menciona que la muerte de los individuos que generó el malestar público se registró el 25 de enero, luego de que estos no atendieran una señal de “pare” hecha desde un puesto de control; además, habrían atacado con armas de fuego a los uniformados que los abatieron en el lugar.

Los individuos fueron identificados como: Rawin Issac Brizuela Vásquez y Juan Emilio Valaguera Mendoza, de nacionalidad venezolana.

Desde el 26 de enero se conocieron varios panfletos en los que piden atacar la estación de policía de El Plateado. Cabe recordar que en 2025 se registraron nueve asonadas contra la fuerza pública en ese corregimiento.

En el informe se menciona un panfleto por parte del ELN, en el que se asegura que los dos hombres dados de baja eran integrantes del frente Carlos Patiño de las disidencias, por lo que mencionaron al líder social Gerson Gutiérrez, al que le piden desistir de cualquier protesta, y se anunció que declararán como objetivo militar a todos los civiles que participen de la asonada.

A pesar de la advertencia, el 27 y 28 de enero se registraron asonadas por parte de civiles, la mayoría encapuchados, contra la fuerza pública. En esos hechos quedaron captados individuos elaborando artefactos explosivos que fueron lanzados contra la estación de la policía.

Las autoridades tienen en su poder audios en los que disidentes al mando de “Iván Mordisco” ordenan a la población civil agredir a los uniformados para que salgan del territorio, o de lo contrario tomarán represalias contra ellos.

De la misma forma, confirman que los explosivos están siendo trasladados desde la vereda Huisitó (Argelia), que es donde las disidencias de alias Zamora esconden armas, explosivos y material de guerra.

De esa forma, el informe concluye que todo lo registrado en El Plateado es por ingerencia directa de las disidencias de las Farc, más específicamente del cabecilla del frente Carlos Patiño, alias Zamora.

¿Quién es alias Zamora?

Jhon Alexander Jiménez Marín, conocido como alias Zamora, es el cabecilla principal de la estructura Carlos Patiño, un Grupo Armado Organizado Residual con fuerte presencia en el departamento del Cauca.

“Zamora” opera principalmente en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, y extiende su influencia a veredas del Cañón del Micay, como Huisito, San Juan de Mechengue y Honduras. Figura como mano derecha de alias Iván Mordisco y mantiene estrecha colaboración con otros líderes armados para coordinar acciones y estrategias en la región.

Bajo su mando, la estructura lidera la protección de cultivos ilícitos, la ejecución de asonadas contra operativos de erradicación y la organización de ataques armados, incluidos atentados con drones y secuestros de personal militar. Su actividad se orienta también a generar presión social a través de movilizaciones civiles, con el objetivo de forzar el retiro de las tropas estatales.

“Zamora” cuenta con al menos seis órdenes de captura por delitos como concierto para delinquir, homicidio agravado y tráfico de armas. En las últimas jornadas, el disidente dio la orden de que deben sacar a la policía de un sector conocido como “Casa Charlie” en El Plateado, ya que, al ser un punto alto y predominante en la zona, le cortan un paso a las disidencias para mover droga e insumos químicos, lo que tendría desesperados a los bandidos que tienen cientos de kilos de narcóticos represados.

Un nuevo ataque armado se registró en el sur del departamento del Cauca y dejó como resultado un uniformado de la Policía herido, según reportes oficiales conocidos por Caracol W Radio.

El hecho ocurrió en el corregimiento de El Plateado, zona rural del municipio de Argelia, donde se presentó un lanzamiento de explosivos artesanales tipo tatuco.

De acuerdo con la información preliminar, los artefactos fueron disparados desde un vehículo acondicionado con rampas, modalidad que ha sido utilizada en otros hechos violentos ocurridos recientemente en la región.

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Las autoridades señalaron que el objetivo del ataque habría sido un caserío donde hacen presencia integrantes de la Fuerza Pública, en el marco de la operación Perseo, desplegada en esta zona del departamento.

El Departamento de Policía Cauca confirmó que el uniformado lesionado presentó una herida a la altura del hombro. El agente recibió atención médica de manera oportuna y, tras la valoración, se estableció que la lesión no reviste gravedad. Las autoridades indicaron que el policía permanece fuera de peligro.

En relación con la población civil, los reportes oficiales señalaron que no se registraron personas heridas hasta el momento. Sin embargo, sí se reportaron afectaciones en algunas viviendas cercanas al lugar del ataque, producto de la onda explosiva generada por los artefactos lanzados durante la acción armada.

Tras el hecho, la Fuerza Pública reaccionó de manera inmediata y adelantó operaciones para retomar el control del orden en la localidad. Las autoridades reforzaron la presencia institucional en el corregimiento y avanzaron en labores de verificación para descartar nuevos riesgos en el sector.

Según información de inteligencia conocida por las autoridades, en esta zona del sur del Cauca operan varias estructuras armadas ilegales. Entre ellas figuran la estructura Carlos Patiño, perteneciente a las disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Iván Mordisco’, así como La Segunda Marquetalia y facciones del ELN, organizaciones señaladas de múltiples ataques en esta región del país.

Este episodio se suma a otros hechos violentos recientes registrados en el departamento. Las autoridades recordaron el ataque con explosivos lanzados desde drones en zona rural de El Patía, así como la detonación de una carga explosiva cerca del perímetro urbano del municipio de Suárez, situaciones que han generado alertas por el recrudecimiento del conflicto armado en el Cauca.

En el municipio de Suárez, la situación de seguridad también ha sido objeto de seguimiento por parte de las autoridades. De acuerdo con información publicada por W Radio, la estructura Jaime Martínez, perteneciente a las disidencias de ‘Iván Mordisco’, intensificó las acciones violentas contra la Fuerza Pública en esa localidad.

Entre el 8 y el 18 de enero, se contabilizaron nueve ataques dirigidos contra la Estación de Policía ubicada en el perímetro urbano y contra la base militar del sector de Los Pinos. Los hostigamientos incluyeron ráfagas de fusil, lanzamiento de explosivos artesanales y disparos contra aeronaves que realizaban operaciones en la zona.

Uno de los hechos señalados ocurrió el miércoles 14 de enero, cuando tropas del Ejército adelantaban un procedimiento de restablecimiento de derechos de un menor que pertenecía a un grupo armado ilegal y que se había entregado de manera voluntaria en el sector de Asnazú. Según las autoridades, la estructura ilegal impidió el desarrollo del procedimiento.

Otro episodio se registró el jueves 15 de enero, durante la llegada de helicópteros a la base militar de Los Pinos, momento en el que se presentó un nuevo hostigamiento armado. Posteriormente, el 18 de enero, se reportaron disparos con ráfagas de fusil contra la Estación de Policía, en una jornada en la que la comunidad se encontraba en día de mercado.

En algunos de estos eventos, la población civil quedó en medio del fuego cruzado, aunque las autoridades confirmaron que no se reportaron víctimas entre los habitantes del municipio. El alcalde de Suárez, César Cerón, se refirió a la situación de orden público y expresó: “Se vive una tensa calma porque queda la zozobra, el miedo y la incertidumbre en la población”.

Fuentes oficiales indicaron que los ataques fueron repelidos por unidades del Ejército y la Policía, con apoyo de refuerzos desplegados desde diciembre en la cabecera municipal y en puntos estratégicos. Las autoridades también señalaron que estas acciones estarían relacionadas con recientes golpes contra las disidencias, incluyendo capturas y operaciones en municipios cercanos.

Infobae Colombia conoció información exclusiva sobre los enfrentamientos registrados en el municipio de El Retorno, más específicamente en la conexión entre las veredas de La Paz y La Libertad, en donde frentes de las disidencias de las Farc al mando de “Calarcá” e “Iván Mordisco” están combatiendo.

De manera preliminar, se conoció que, entre los más de 27 guerrilleros que han muerto en los combates, los mismos que han aparecido en diferentes fotografías difundidas en redes sociales, estaría alias “Jimmy”, conocido en la región como “el Terror”.

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Precisamente, en audios de pobladores de las veredas, estos mencionan algunos aspectos de lo que se ha registrado en la zona desde tempranas horas del 17 de enero.

“Papito, eso fue acá en Guaviare, entre La Paz, están agarrados los calarcá y los mordiscos, ahí cayó “Jimmy”, el que era “el Terror” del frente 44 de los mordisco”.

En otra comunicación entre pobladores, un residente afirmó que los enfrentamientos se registraron en poco tiempo y de manera sorpresiva, puesto que era de conocimiento público que los frentes de ambos bandos estaban en una zona cercana. “Eso fue en un momentico, un fogonazo rápido. Es que, como ahí están los dos bandos, los de “Calarcá” y los de “Mordisco”, los dos están”.

Sobre “Jimmy” cuyo nombre real es Jhon Wilmer Ulcué Tróchez, es el cabecilla del frente 44 del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc al mando de “Iván Mordisco”, cargo que ocupa desde que se registró la caída de “Dumar”, tras una traición que fue mencionada en los informes de las Fuerzas Militares.

En diciembre de 2025 fue noticia nacional por los audios que se filtraron en los que ordenaba a las poblaciones en el Guaviare participar en paros contra la fuerza pública y evitar que el ejército ingresara a zonas de poder de las disidencias.

“Quiero ver toda esa gente… brotando pa allá pa afuera a apoyar… y a pelear, no irse de maniquiur ni patiquiurni de paseo ni de tomatragos, pilas con eso”, fueron las palabras de “Jimmy Parra en esa ocasión”.

En otro audio, el cabecilla del frente 44 se mostró molesto porque algunos locales no siguieron sus órdenes, por lo que amenazó con represalias contra los pobladores si no se sumaban a los bloqueos.

“Los que no hagan las cosas, incumplan, y ya saben cómo les toca, pa que se pongan buenos, porque no es que vayan a llegar a dárselas de turistas, allá vamos… porque tenemos una problemática aquí, el pueblo nukak, lo que está pasando, y el gobierno, cómo los atropellan, como que si fueran perros”.

¿Por qué hay enfrentamientos entre ‘Calarcá e ‘Iván Mordisco’?

Aunque los dos máximos cabecillas del Estado Mayor Central trabajaron juntos durante varios meses, las diferencias por las negociaciones de paz que adelantó “Calarcá” con el Gobierno Petro terminaron de fracturar su relación.

Desde que “Iván Mordisco” se alejó de las intenciones de negociar, las disidencias se dividieron entre los que apoyan al desertor del proceso de paz y los que buscan seguir ligados a conversaciones con el Estado.

En un principio anunciaron en un comunicado que sus diferencias no terminarían en enfrentamientos entre sus frentes, asegurando que el “objetivo” y los “ideales” eran similares; sin embargo, esa tregua terminó con el pasar de los meses.

En la actualidad, las disidencias de “Calarcá” y las de “Iván Mordisco” se enfrentan en varias zonas del territorio nacional, principalmente con el objetivo de controlar zonas cruciales para el tráfico de cocaína hacia Europa y Norteamérica.

El criminal, por el que Colombia ofrece más de 5.000 millones de pesos como recompensa, afirmó que su invitación era la respuesta a la captura del dictador Nicolás Maduro en Venezuela, lo que calificó como una agresión contra la soberanía regional.

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“Iván Mordisco” mencionó que los grupos insurgentes deben estar juntos para defender la “patria grande”, asegurando que los grupos armados son herederos de Simón Bolívar.

“El rugido del imperialismo norteamericano vuelve a resonar contra la hermana República Bolivariana de Venezuela. No somos fuerzas dispersas, somos herederos de una misma causa”, fueron parte de las palabras del disidente.

Debido al impacto que ha generado el pronunciamiento del criminal más buscado en Colombia, en diálogo con Infobae Colombia, el analista político del Politécnico Gran Colombiano Jaime Wilches calificó de “caricaturesco” el discurso expuesto en el video citado por “Iván Mordisco”.

“El pronunciamiento de Iván Mordisco es caricaturesco, descontextualizado y con el afán de protagonismo de una disidencia que está dedicada a actividades criminales. Solo pretender cazar en río revuelto en una situación que se debe resolver entre Estados”, declaró el analista.

En ese sentido, Wilches indicó que es improbable que la ciudadanía acepte ser defendida por un colectivo de grupos terroristas, además de recordar que es poco probable que se consolide una alianza entre guerrillas como el ELN y las disidencias de las Farc, que durante años han combatido por el poder territorial de las rutas de narcotráfico.

“Los grupos armados no tienen ningún eje de acción. La sociedad no legitimaría una defensa ante la intervención extranjera por parte de grupos terroristas. El ELN y las Farc jamás han hecho articulaciones para una lucha contra el Estado colombiano, sus acciones son transacciones con narcotráfico, minería ilegal y contrabando donde el Estado no llega”.

Para el analista, la reaparición de “Iván Mordisco” representa la perdida de poder que ha sufrido el Estado Mayor Central y una necesidad de volver a tener un reconocimiento de estructura de alto impacto, para ganar un margen de ganancia en una hipotética negociación del futuro.

“Este ejercicio de Estados Unidos es una oportunidad de tener protagonismo internacional y con ello un margen de negociación, poder tener rentas u amnistías por parte del Estado en una hipotética negociación. No se le debería prestar atención, sino combatir desde la acción”.

Cabe mencionar que en las últimas semanas las autoridades han entregado reportes positivos sobre operaciones contra el anillo de seguridad del disidente mencionado, siendo la caída de “Polo”, uno de sus hombres de confianza, el último en ser confirmado por el Ministerio de Defensa.

Petro rechazó la “excusa” de ‘Iván Mordisco’ para reaparecer

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro afirmó que “Iván Mordisco” tomó lo registrado en Venezuela como una “excusa” para sabotear las elecciones presidenciales de mayo.

“La alianza que propone el señor ”Iván Mordisco", no defiende a Venezuela, ni a Colombia, ni a América Latina, al contrario, son la excusa de la invasión, y hasta dineros oscuros corren para sabotear las elecciones e impedir la libertad electoral. Dedicados al narcotráfico, se convirtieron en la excusa perfecta para la agresión”.

El mandatario reafirmó que el Estado Mayor Central, el ELN y los demás grupos armados no representan movimientos de lucha, sino que se han convertido en narcos contemporáneos, por lo que invitó a la nueva presidenta de Venezuela para combatirlos.

“El narco debe ser desarmado y reducirlo. América Latina debe defenderse de cualquier actor que la desestabilice y eso implica la unidad de sus pueblos se dé sus armas y de sus estados. Los narcotraficantes armados deben ser derrotados por los pueblos unidos a sus estados”.

En ese sentido, el 9 de enero se confirmó uno de los golpes más importantes contra el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, más específicamente, la facción al mando de “Iván Mordisco”, por el que las autoridades ofrece una recompensa de 5.000 millones de pesos.

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Fuentes de Infobae Colombia confirmaron que fue dado de baja Cristian Eile Matías Hernández, más conocido bajo el alias de Polo, uno de los alfiles de mayor confianza para “Iván Mordisco”.

El operativo se registró entre el 1 y 2 de enero, pero solo fue confirmado hasta que las autoridades tuvieron la certeza de la muerte del disidente, que cayó en el departamento de Amazonas, en una ofensiva contra el anillo de seguridad del comandante del Estado Mayor Central.

Un despliegue de capacidades por tierra, río y aire, durante cerca de siete días permitió que se concretara la caída de “Polo”, que intentó esconderse de la ofensiva operacional de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Además del hombre de confianza de “Mordisco”, en la operación fueron neutralizados otros cuatro disidentes, y otros cuatro fueron capturados.

Recientemente, “Polo” había sido designado como cabecilla principal del Estado Mayor Central en el Amazonas, siendo el autor intelectual de varios crímenes ligados al narcotráfico, homicidios, extorsión, desplazamiento forzado y reclutamiento de menores de edad.

De la misma forma, adelantaba acciones de minería ilegal, terrorismo contra la fuerza pública y afectaciones directas contra la población civil en la región.

Para las autoridades, “Polo” representa una de las pocas personas de confianza que le quedaban a “Iván Mordisco”, recordando que otras figuras de alto valor han sido neutralizadas o se han sometido a la justicia en los últimos meses.

Precisamente, el criminal dado de baja había logrado escalar hasta esa posición de confianza de “Iván Mordisco” tras la neutralización de “Jenny Lara”, en un operativo registrado en Tres Islas de Mirití Paraná, en octubre de 2025.

Disidentes buscaban hacerse pasar por menores

En los detalles del operativo, se resalta que inicialmente se había reportado la recuperación de tres menores de edad, pero luego de la verificación de datos, las autoridades confirmaron que se trataba de tres adultos que buscaban hacerse pasar como menores reclutados para engañar a las autoridades.

Debido a esa razón, tras confirmar que los tres individuos tienen más de 18 años, serán presentados ante las autoridades pertinentes para que comience un proceso judicial en su contra.

Durante el operativo reciente, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional incautaron 11 fusiles, una ametralladora, dos pistolas, munición de diferentes calibres, equipos de comunicaciones y material de intendencia. También decomisan dos embarcaciones utilizadas por alias Polo y su grupo para desplazamientos fluviales.

Este golpe afecta de manera significativa las redes logísticas y criminales de la organización, ya que alias Polo se encargaba de la seguridad delictiva en las zonas de tránsito de alias Iván Mordisco en el sur del país. Tras el operativo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, pidió el fortalecimiento del dispositivo de seguridad en la región por tierra, río y aire, con el propósito de ubicar a los demás miembros de la estructura criminal. La incautación de armas, municiones y embarcaciones representa un avance en los esfuerzos de las autoridades para restablecer el control estatal en áreas afectadas por grupos armados ilegales.

La captura del dictador Nicolás Maduro, que es acusado de facilitar el envío de cocaína a grupos armados y estructuras criminales en territorio venezolano, ha hecho que se vuelva a hablar de la importancia que tiene la frontera con Colombia para las rutas del narcotráfico.

Al respecto, un informe oficial, al que tuvo acceso Infobae Colombia, menciona que el cambio de administración en Venezuela, sumado a la presencia que podría tener Estados Unidos en ese país, haría que los frentes de varios grupos armados en dicho país, tomaran la decisión de retornar a territorio cafetero.

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Cabe recordar que se tiene claridad de que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc tendrían amplios grupos de hombres armados en Venezuela.

De hecho, se estima que algunos de los máximos cabecillas de los grupos armados mencionados podrían estar refugiados en esa nación en medio de la arremetida que han llevado a cabo las Fuerzas Militares en Colombia.

La estructura criminal más mencionada en los informes es el ELN, que en Venezuela podría tener a varios cabecillas del frente de guerra nororiental, como lo son: alias Silvana Guerrero, alias Ricardo, alias Parmenio, alias Caballo de Guerra y los máximos cabecillas del grupo armado, alias Pablito y alias Antonio García.

Respecto a la Segunda Marquetalia, el objetivo principal de las Fuerzas Militares es alias Iván Márquez, que se presume estaría escondido en territorio venezolano. Situación similar se tiene con alias Iván Mordisco, comandante del Estado Mayor Central.

Las recompensas que ofrece Colombia para capturar a estos criminales

En estos momentos, en Colombia el criminal más buscado es Néstor Gregorio Vera Fernández, más conocido como “Iván Mordisco”, por el que las autoridades ofrecen hasta 5.000 millones de pesos por información que permita su captura.

Ingresó a la guerrilla en los años noventa y se consolidó como jefe del llamado frente uno. Tras rechazar el acuerdo de paz de 2016, se ha destacado por coordinar actividades ilícitas como narcotráfico, extorsión y control territorial, manteniendo influencia en el sur de Colombia.

A pesar de que se sigue presentado como comandante de la guerrilla del Estado Mayor Central, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha declarado que a este criminal se le considera un narcoterrorista, no el líder de un grupo armado.

En segundo lugar, se ubica Luciano Marín Arango, “Iván Márquez”, desertor del proceso de paz y cabecilla de las disidencias de la Segunda Marquetalia. Fue una figura clave durante los diálogos de paz con el gobierno colombiano, pero tras la firma abandonó el proceso.

Desde entonces, “Iván Márquez” ha sido portavoz y estratega político, vinculado a operaciones de narcotráfico y alianzas con otros grupos ilegales. Actualmente, las autoridades ofrecen 4.378 millones de pesos por información relevante sobre su ubicación.

En tercer lugar está Eliécer Erlinto Chamorro Acosta, más conocido por el alias de Antonio García, que es el máximo comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla más antigua activa en Colombia.

Nacido en 1956, García ascendió en la estructura del ELN por su capacidad militar y política. Ha participado en negociaciones de paz y diálogos exploratorios con diferentes gobiernos, aunque mantiene una postura de confrontación armada y control territorial.

Bajo su mando, el ELN ha expandido su presencia en zonas rurales y fronterizas, vinculándose a economías ilegales. Su liderazgo representa un obstáculo clave para alcanzar acuerdos de paz duraderos en Colombia.

Debido a que en los últimos meses el grupo armado se alejó por completo de las intenciones de paz que tiene el Gobierno nacional, las autoridades ofrecen hasta 4.378 millones de pesos como recompensa para quien entregue la ubicación de “Antonio García”.

En la madrugada del 3 de enero, se registró un ataque por parte de Estados Unidos contra la dictadura de Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro, lo que representa el final de la dictadura en la nación sudamericana.

Entre las múltiples reacciones que se han expuesto hasta el momento, varias han sido desde Colombia, en donde se ha hablado del impacto que tendrá este hecho en varios factores para el país.

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Precisamente, uno de los puntos mencionados es la presunta relación que existía entre el dictador y los grupos armados colombianos, un tema que ha sido mencionado en más de una ocasión en los últimos meses.

Es por ello que, en diálogo con Infobae Colombia, el experto en geopolítica Juan Camilo Ubaque analizó el impacto inmediato que tendrá para el conflicto interno de Colombia y los temas fronterizos con Venezuela, la caída de Nicolás Maduro.

En primer lugar, Ubaque mencionó que la operación militar registrada en Venezuela tiene a Colombia como un “receptor inevitable”, puesto que el éxodo migratorio que se podrá registrar tiene al país cafetero como destino principal de los venezolanos.

“Al ser la única ruta terrestre hacia los Andes y el cono sur. Lo que inició como una crisis humanitaria ha mutado en un desafío de seguridad nacional, permitiendo la infiltración de estructuras de crimen transnacional en nodos estratégicos como Bogotá y Medellín. Ahora, desde la óptica de la geopolítica atlantista, Colombia se posiciona como el “alfil” estratégico de Estados Unidos, lo que eleva el riesgo de fricción directa ante un posible cerco militar que Venezuela intenta evitar a toda costa“.

Precisamente, en ese contexto es que cobra importancia la masiva presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia.

“Allí se observa una estrategia de bloqueo institucional dirigida por el ELN. Este grupo actúa como un actor binacional instrumentalizado para impedir el avance de las Fuerzas Militares de Colombia y cualquier coordinación operativa con los Estados Unidos. La persistencia de esta ofensiva durante los últimos meses responde a un diseño táctico para evitar la presencia del Estado en las periferias”, analizó Juan Camilo Ubaque.

Para el experto en geopolítica, es importante que el Estado colombiano garantice que las zonas de conexión con Venezuela vuelvan a ser corredores seguros, puesto que en la actualidad hay un poder “estratégico” en esa zona.

“La inteligencia estratégica sugiere la proximidad de una guerra civil de carácter transnacional. Venezuela ha replicado el modelo de las milicias islámicas de Irán, institucionalizando un paramilitarismo a través de las Milicias Bolivarianas para ejecutar una guerra híbrida y asimétrica. Estos grupos están diseñados para operar en centros de poder económico y activos energéticos (gas y petróleo), pero también para extender la subversión hacia Colombia”.

Teniendo en cuenta que estructuras criminales transnacionales, como el Tren de Aragua, tienen presencia en Colombia, para Ubaque esto representa un riesgo inminente por la situación que se registra actualmente en Venezuela.

“Con más de 2,8 millones de venezolanos en territorio colombiano, el riesgo de automatización de células de insurgencia urbana se convierte en una amenaza latente ante el colapso del orden institucional en Caracas”, mencionó el experto.

Por último, el experto respaldo la decisión de aumentar la presencia militar en la frontera, puesto que considera que en caso de no tener un personal activo y suficiente en esas zonas, Colombia podría sufrir un daño colateral en el intento de los grupos armados y delincuenciales de responder tras la caída de Maduro.

“Colombia se encuentra, por tanto, en una vulnerabilidad crítica al absorber directamente las crisis exportadas: desde la desestabilización fronteriza hasta la instrumentalización violenta de la migración. Ante la potencial caída de la dictadura venezolana y el despliegue del “Estado de Conmoción Exterior”, se prevén represalias contra la soberanía colombiana. Es imperativo mantener la alerta máxima para contener una amenaza que, mediante fuerzas y grupos binacionales, pretende ignorar las fronteras nacionales y golpear la institucionalidad“.

Antes de que terminara 2025, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anticipó que el Gobierno nacional había terminado con las intenciones de hacer la paz con los grupos armados.

Es por ello que Sánchez anticipó que los últimos ocho meses del Gobierno Petro serán para adelantar una ofensiva contra las estructuras delincuenciales que se han alejado de las conversaciones de paz, como el ELN y las disidencias de las Farc.

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Precisamente, fue el ministro Pedro Sánchez el que anunció, a través de su cuenta de X, que 2026 comenzó con una ofensiva conjunta contra el anillo de seguridad de ‘Iván Mordisco’, cabecilla del Estado Mayor Central.

Los resultados de la operación

“No hay lugar donde se puedan esconder quienes le hacen tanto daño al país. Lo mejor que puede hacer alias Mordisco es desmovilizarse”, escribió inicialmente el ministro Pedro Sánchez, que reveló que desde el 1 de enero hay presencia de uniformados en el río Caquetá, zona en la que estaría refugiado el comandante del Estado Mayor Central.

“Nuestra fuerza pública avanza en una operación ofensiva contra el narcotraficante alias Mordisco, reclutador de menores y asesino de indígenas, niños y niñas de las comunidades más vulnerables del Amazonas”.

A nivel de resultados, Sánchez anunció que tras los operativos adelantados por el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, la Armada Nacional y la Policía Nacional, se ha registrado la neutralización de 10 disidentes, la incautación de arsenal de guerra y equipos de campaña de los guerrilleros.

Sobre las neutralizaciones, se trata de cuatro capturados, tres dados de baja y la recuperación de tres menores de edad, a quienes les restablecerán sus derechos.

“Cada golpe nos ayuda a proteger a los menores que estos grupos utilizan para la violencia. También contribuye en reducir la capacidad terrorista y corta rutas ilegales en el Amazonas. A quienes aún empuñan las armas contra el pueblo colombiano, el llamado es claro y permanente: abandonen la violencia y entréguense. Persistir en la guerra solo es un dolor para su propia familia”, puntualizó el ministro al respecto.

Cabe recordar que las autoridades ofrecen hasta 5.000 millones de pesos por información que permita la captura o neutralización de ‘Iván Mordisco’, siendo el criminal por el que se tiene la mayor recompensa de la actualidad.

El ministro Sánchez ha aclarado que el valor monetario que se ofrece se debe a que en la actualidad el comandante de las disidencias es considerado uno de los mayores narcotraficantes del país, alejándolo del rol de guerrillero convencional.

Además, Sánchez ha asegurado que, a falta de cinco meses para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales y del congreso en Colombia, las Fuerzas Militares garantizarán la protección de toda la población civil.

“Así como decimos que mañana sale el sol, habrá elecciones el año entrante“, fue el discurso con el que terminó 2025 el ministro de Defensa.

Sánchez reafirmó esta promesa en el inicio de 2026, asegurando que su objetivo será el de mejorar la seguridad en zonas priorizadas y garantizar elecciones seguras y democráticas, e indicó que las Fuerzas Militares y la Policía estarán plenamente coordinadas y desplegadas en todo el país para proteger a la ciudadanía, candidatos y las instituciones del Estado.

También resaltó la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen transnacional, mencionando que en 2025 el 60% de las incautaciones de droga en el exterior se lograron gracias a la inteligencia colombiana, destacando la captura de Christian Eduardo Pastor, alias Gato Celis, en Cali, quien era buscado por delitos graves en Ecuador.

Tras las acciones terroristas registradas por parte de las disidencias de “Iván Mordisco” contra la fuerza pública y la población civil de Buenos Aires, Cauca, se llevó a cabo un consejo de seguridad encabezado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Tras el encuentro, en el que participaron los altos mandos de la fuerza pública en el país, Sánchez protagonizó una rueda de prensa en Popayán, en donde entregó un balance a los medios de comunicación.

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En primer lugar, Sánchez indicó que la decisión principal incluye reforzar las zonas más vulnerables de la región, anticipando que en épocas de elecciones los grupos armados buscan deslegitimar al Estado.

“Aumentar en profundidad la ofensiva contra los grupos criminales y fortalecer la seguridad en las estaciones de policía más vulnerables. La historia nos ha dicho que buscan incrementar las acciones terroristas para ser caballos de batalla y ganar votos según las intenciones de cada una de las personas que tienen la libertad democrática que defendemos”.

Sánchez invitó a las comunidades para suministrar información que permita la captura de los disidentes en la zona, recordando que es una región clave para “Iván Mordisco”.

“Fortalecemos temas de inteligencia, invito a la comunidad en Buenos Aires, Suárez, de Miranda, de Caloto, que han recibido ataques criminales, que nos unamos y llamemos las cosas por su nombre. Terroristas, eso es lo que son. Recuerdo que por alias Mordisco la recompensa es de hasta 5.000 millones de pesos”.

El ministro de Defensa reveló que las autoridades han identificado a los criminales que lideran los crímenes en la región, mencionó sus alias y confirmó que se ofrecen hasta 300 millones de pesos por información que permita su captura.

“Por los terroristas subordinados y que son de las comisiones, por”Jimmy Saavedra", alias Botas, alias Cabeza, hasta 300 millones. Estos integrantes son declarados objetivo de alto valor, el Estado y el Ministerio de Defensa, pondremos todo para neutralizarlos, si se oponen, seguramente enfrentarán la fuerza legítima del Estado”.

A nivel local, Sánchez reveló que en Cauca se han recuperado a 30 menores que habían sido reclutados por los grupos armados y anunció que se han registrado más de 3.000 capturas, por lo que se mostró decepcionado de la actualidad que se vive en la región.

“Si la sociedad no promueve una cultura de legalidad, esa cultura traqueta es una vergüenza, si no cambiamos esa cultura va a ser difícil avanzar. Hemos neutralizado a seis de los principales cabecillas. Si en el Cauca se sigue cultivando coca, seguiremos viendo los atentados terroristas, tenemos que tener conciencia de eso”, declaró Pedro Sánchez.

Sobre los daños registrados a la infraestructura del centro histórico de Buenos Aires, anunció que el Ministerio del Interior ya trabaja en la financiación de las reconstrucciones y recordó que el presidente Gustavo Petro ya habló de retomar el uso del glifosato si la situación no mejora.

“Es clave brindar otras oportunidades, avanzamos en Argelia en sustituir hectáreas, si no se une la comunidad y no permite esa mano de sustitución. El presidente ya habló del uso de glifosato, es una decisión emplear drones con glifosato en las zonas en las que personas insistan en seguir con acciones a favor de estas estructuras ilegales”.

Por último, Pedro Sánchez terminó la rueda de prensa anunciando que las intenciones de tener una “paz total” han terminado y la decisión en estos momentos es combatir a las estructuras criminales.

“Se ha apoyado la Paz Total, así lo hizo en el inicio del Gobierno, suspendió el desarrollo de acciones ofensivas. La respuesta fue atacar a la población civil y traicionar al pueblo colombiano. A ellos lo único que les interesa es vivir de lo ilegal, es reclutar a niños, niñas y adolescentes. La paz, al igual que el amor, no se mendiga”, puntualizó el ministro de Defensa.

El ministro anticipó que es posible que los operativos ofensivos contra las estructuras armadas incluya bombardeos, aunque estos han sido cuestionados después de que se confirmó la baja de menores de edad en algunos de ellos: "También, si es necesario implementaremos bombarderos si se dan las condiciones“.

El 16 de diciembre, el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, al mando de “Iván Mordisco”, protagonizaron varios ataques terroristas contra las Fuerzas Militares y la población civil en el municipio de Buenos Aires, en Cauca.

Durante más de 12 horas, el grupo armado atacó la estación de policía municipal, mientras sus hombres recorrían el centro histórico en camionetas, reclamando la salida de varias familias de sus hogares. Sumado a ello, bloquearon vías principales para evitar el ingreso de las Fuerzas Militares, manteniendo un calvario para los cientos de locales en la región.

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En menos de 24 horas, tras la llegada de las autoridades, que han recuperado el control de la zona, se ha identificado al principal responsable de lo registrado en Buenos Aires, se trata de alias Max Max.

Según los informes de investigación, es uno de los cabecillas de la estructura Jaime Martínez, por el que se ofrecen hasta 500 millones de pesos por información que permita su captura. Infobae Colombia tuvo acceso a la única fotografía que se tiene de este criminal.

El balance tras la ofensiva terrorista

Desde el Ministerio de Defensa emitieron un balance tras el “cobarde ataque terrorista” por parte de las disidencias en Buenos Aires, sumado a la postura del ministro Pedro Sánchez.

En primer lugar, aseguraron que esta clase de acciones criminales realizadas por las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ en Cauca, obedecen a la ofensiva operacional desplegada por la fuerza pública en el suroccidente del país.

El ministro aseguró que la ofensiva del ELN fue una respuesta por la afectación que ha sufrido en los últimos meses por las operaciones ejecutadas por las Fuerzas Militares, que han logrado afectar las redes logísticas y criminales de los grupos armados organizados y residuales.

Sánchez añadió que estos indicadores positivos, se registran gracias a información suministrada por el ofrecimiento de recompensas, que ha logrado motivar el flujo de información de inteligencia para la acción oportuna y lograr anticipar acciones terroristas y ubicar y neutralizar a los cabecillas de estos grupos ilegales.

Respecto a lo registrado en Buenos Aires, Sánchez reafirmó que, en su postura, “cuando los criminales actúan con terrorismo es símbolo de debilidad”, reafirmando que las disidencias de “Iván Mordisco” no son una guerrilla, sino una estructura ligada al narcotráfico.

En ese sentido, confirmó que se ha establecido que alias Max Max es el responsable de ordenar los ataques registrados en el Cauca, y pidió la ayuda de la ciudadanía para identificar la ubicación del disidente.

Por último, el ministro confirmó que a la zona fueron enviados el comandante del Ejército Nacional y el director de la Policía Nacional para dirigir la estrategia que permita seguir afectando a estos grupos criminales.

Precisamente, el director de la Policía Nacional, brigadier William Rincón, fue el encargado de hablar desde Buenos Aires, en donde narró parte de lo registrado en la zona.

“Hoy en Colombia rechazamos los diferentes ataques de las disidencias, expresamos nuestro acompañamiento a toda la comunidad. Se inició un ataque terrorista, realizados a través de lanzamientos de artefactos explosivos”.

Sumado a ello, el director de la Policía Nacional indicó que las autoridades no abandonarán a la población civil y que tienen un compromiso de trabajar por el bienestar de todos los colombianos.

“Los delincuentes han abandonado al menos cinco cilindros y una volqueta cargada de dinamita. Hoy quiero manifestarle a toda Colombia, que la policía está aquí y que seguiremos trabajando por ustedes y hasta incluso por los que nos atacan. Responderemos con criterio y con toda la fuerza”.

Sigue la ofensiva de las Fuerzas Militares en contra de los grupos armados en todo el país. En uno de los operativos para combatir a las estructuras criminales se registró la detención de alias Darwin Núñez, uno de los hombres de confianza de “Calarcá” en Caquetá.

Fuentes del Ejército Nacional confirmaron que el golpe contra las disidencias se registró durante combates que se registraron en la región por parte de la sexta división de la institución, en los que “Darwin Núñez” terminó herido de gravedad y está en estado crítico.

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“Darwin Núñez” es el segundo al mando del Estado Mayor Central de “Calarcá” en la región, siendo responsable de la ejecución de varios ataques contra la fuerza pública y la población civil.

Precisamente, este individuo fue responsabilizado del atentado contra el exgobernador del Caquetá Arnulfo Trujillo, en enero de 2022. El disidente hacía parte de la estructura Rodrigo Cadete, que es parte del bloque Jorge Briceño Suárez.

Resultados tras el combate

De manera preliminar, el Ejército Nacional informó que tras el combate contra las disidencias, en el campamento de la estructura criminal se incautó material de guerra, comunicaciones y documentación que en estos momentos está siendo analizada por uniformados de la inteligencia militar.

En el sitio había seis fusiles, explosivos, una ametralladora, una pistola, un lanzagranadas, un cañón de repuesto y más de 3.000 cartuchos de diferentes calibres. Por último, mencionaron que había un dron con nueve explosivos, que se cree iba a ser utilizado para un atentado terrorista contra la fuerza pública.

El prontuario de ‘Darwin Núñez’

Alias Darwin Núñez acumula más de 15 años de trayectoria criminal en Colombia, comenzando en los frentes 40 y 62 de las extintas Farc, ejerciendo labores de inteligencia en las redes de apoyo al terrorismo. Reconocido como experto en explosivos, está vinculado a varios actos violentos en el sur del país.

A Núñez se le atribuye la activación de artefactos explosivos contra el esquema de seguridad del exgobernador del Caquetá, Arnulfo Gasca, en la vereda Palmeras del Arenoso, municipio de Solano, donde murieron dos civiles y cinco policías sufrieron heridas; además, fue el responsable de otro ataque en el barrio Morichal de Cartagena del Chairá, donde la detonación de un explosivo causó la muerte de cuatro personas, incluida una menor de edad, y heridas a tres civiles y tres policías.

Las acciones criminales de Núñez incluyeron el asesinato del subintendente Ricardo Monroy y el secuestro de 78 miembros de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden en la vereda Los Pozos, ubicada en San Vicente del Caguán.

De la misma forma, lideró enfrentamientos armados con la estructura Teófilo Forero de la Segunda Marquetalia en Puerto Rico y Florencia, en la disputa por el control de economías ilícitas relacionadas con el narcotráfico en la región.

Cabe mencionar que Caquetá es una de las zonas que se disputan las disidencias de “Calarcá” e “Iván Mordisco”, en donde también hay presencia de otras estructuras armadas.

La última noticia sobre conflicto interno en esa región se registró luego de que en redes sociales se viralizó un audio en el que disidentes al mando de “Iván Mordisco” indicaron que se llevará a cabo un paro armado en la zona hasta el 30 de diciembre.

Desde entonces, Fuerzas Militares avanzan para adelantarse a cualquier tipo de ofensiva por parte de las disidencias, lo que pone en riesgo a la población civil aledaña a los ríos mencionados en el audio, que son los siguientes: Caquetá, Caguán, Sunciya, Sencella, Jericó Consaya y Orotuya. Y en los caños Peneya, Rojo, Gringo, Guamo, El Encanto, Esperanza, Huitoto y Sunciya.

Uno de los puntos críticos es el norte del Cauca, más específicamente el municipio de Buenos Aires, que ha sido epicentro de ataques con armas largas y explosivos por parte del grupo armado.

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Lo que comenzó como una arremetida contra la estación de policía del municipio, se ha convertido en combates ininterrumpidos entre las disidencias y el ejército, que han dejado a la población civil en medio del fuego cruzado.

Desde el Ministerio de Defensa han rechazado el accionar del grupo armado y han pedido la confianza de los locales, prometiendo que la misión que va a cumplir el Ejército es la de recuperar el orden en la región.

A pesar de ellos, cientos de locales han decidido dejar sus hogares y salir del municipio para evitar ser víctimas mortales del conflicto interno, aunque esto incluya perder sus viviendas y cultivos.

De la misma forma, se han expuesto audios en los que se evidencia el desespero que tienen los locales mientras siguen recluidos en sus viviendas bajo el riesgo de ser impactados por una bala perdida.

Infobae Colombia tuvo acceso a uno de estos audios, en este una mujer afirma que el padre del municipio intentó ser mediador de la violencia, pero no hay resultados.

De la misma forma, menciona al presidente Gustavo Petro, al que le pide que intervenga para que los indefensos locales no sigan siendo víctimas de ataques por parte del grupo armado.

“Por favor, ayuda. Ayuda pa’ nosotros. El padre habló, pero no hubo, no, no hubo respuesta de lo que el padre habló por el megáfono. Por favor, una ayuda. Ya tenemos desde las seis de la mañana y está peor esto. Una ayuda para nosotros, nosotros somos inocentes. Todo, Dios mío. Hagan algo, señor presidente, por favor. Colabore y haga algo por este pueblo, Buenos Aires, Dios mío”, se escucha en el audio mencionado.

En el informe preliminar que emitieron las autoridades se afirma que en menos de 12 horas se han registrado tres ataques por parte de las disidencias contra la policía en el centro histórico de Buenos Aires.

De la misma forma, que un uniformado está herido de gravedad y los demás siguen combatiendo contra los guerrilleros, que tendrían el objetivo de tomarse gran parte del norte del Cauca, zona que es crucial para las rutas de narcotráfico que controla la estructura de “Iván Mordisco”.

Al respecto, el director de la Policía Nacional, el brigadier William Rincón, rechazó lo registrado en Buenos Aires y anunció que se ha desplegado al personal de la institución, junto con unidades del ejército, para recuperar el control de la zona.

“El uso de explosivos, la instrumentalización de vehículos y el intento de aislar el perímetro urbano confirman la crueldad y el carácter terrorista de estas acciones. En la Estación de Policía de Buenos Aires (Cauca), delincuentes atentaron de manera indiscriminada mediante el lanzamiento de artefactos explosivos improvisados, granadas, tatucos y ráfagas de fusil, poniendo en grave riesgo la vida de nuestros policías y de la población civil“.

Sobre el primer ataque registrado, este fue sobre las 6:00 a. m. luego de qué hombres armados ingresaron a la cabecera municipal y atacaron la estación de policía. La arremetida incluyó disparos de fusil, explosivos artesanales, granadas y el uso de al menos seis drones que tenían bombas.

En uno de los puntos críticos del conflicto, desde la mañana del 16 de enero se están registrando ataques por parte de las disidencias de “Iván Mordisco” en Buenos Aires, Cauca, en donde la estructura armada está buscando tomarse el poder de la región.

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Esta avanzada comenzó con un hostigamiento contra la estación de policía de Buenos Aires, seguido de una oleada de ataques contra la población civil, obligando a que los residentes se resguarden en sus hogares para no quedar en medio del fuego cruzado.

En redes sociales se han viralizado videos en los que se observa cómo cientos de familias han tomado la decisión de dejar sus hogares para no quedar en medio del conflicto tras la arremetida por parte de las disidencias.

Debido a esa situación, el alcalde de Buenos Aires, Pablo César Peña, habló con W Radio para enviarle un mensaje al Gobierno nacional tras el primer hostigamiento, que se prolongó durante más de cuatro horas y dejó un uniformado herido y varios daños en el centro histórico del municipio.

Peña indicó que siente un dolor profundo por ver a sus paisanos escapando de los ataques de los disidentes, a los que criticó de manera directa por atacar a los locales.

“Y aún no ha cesado, lo más doloroso es ver a mi población corriendo desde tempranas horas para salvaguardar sus vidas. Lo que nos está ocurriendo es demencial”, dijo el mandatario. Es una toma inmisericorde y violenta en contra de este municipio que no merece vivir esto”.

El mandatario local afirmó que las disidencias de “Iván Mordisco” está utilizando todo tipo de armamento, sumado a que tienen cerrados los accesos terrestres para evitar que el Ejército acceda a la zona.

“Hago un llamado respetuoso para que, por favor, no dejen morir la gente ahí, hay que ver como logramos proteger la vida de las personas, esta es la hora que no se revive el apoyo que demanda la situación y evitar una tragedia mayor”, declaró el alcalde de Buenos Aires.

Desde el Ejército Nacional han informado que además de las confrontaciones que se siguen registrando en zonas específicas de la región, unidades están sobrevolando la zona rural norte del Cauca para apoyar a la brigada 29, el Grupo Liviano de Caballería y el Grupo Marte de la institución que hacen presencia en las zonas más afectadas.

Desde el Ejército pidieron que la población civil confíe en su trabajo, que tiene como objetivo proteger a los locales y recuperar el poder de los espacios que están siendo sometidos por las disidencias.

“Intensifican la presencia institucional en tierra, verificando puntos críticos y manteniendo los dispositivos de seguridad. Estas acciones militares buscan contrarrestar las intenciones de los grupos armados organizados, que pretenden sembrar temor en las comunidades, especialmente ante recientes amenazas registradas en el norte del departamento del Cauca”, informó la institución al respecto.

A través de su cuenta de X, el ministro Pedro Sánchez criticó a las disidencias de “Iván Mordisco” por los ataques en el Cauca, asegurando que esa es la muestra de que el grupo armado no tiene intención de hacer la paz con el Estado.

"Estos son los verdaderos “gestos de paz” de quienes viven del narcotráfico. Toda la cadena de la cocaína —cultivos, laboratorios, transporte y comercialización— alimenta directa o indirectamente esta violencia que golpea a Colombia. Nuestros valientes policías y militares cumplirán su deber constitucional: enfrentar y neutralizar esta amenaza. Confíen en su fuerza pública“.

El Gobierno nacional dejó abierta la posibilidad de emplear bombardeos en la región del Catatumbo como parte de una estrategia para restablecer el orden, en respuesta al incremento de la violencia y el reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales.

Esta postura fue confirmada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, tras la conclusión del Consejo de Seguridad realizado en Norte de Santander, donde se evaluaron las medidas de seguridad ante la compleja situación que atraviesa la región.

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En el cierre de su intervención, citada por Caracol Radio, Sánchez confirmó que los responsables del reclutamiento infantil serían los primeros objetivos de eventuales operaciones aéreas.

El ministro afirmó que “quien recluta a los menores es el responsable por la suerte de los menores combatientes. No dudaremos en actuar y emplear esta capacidad para proteger al pueblo colombiano”.

Durante su declaración, el titular de Defensa enfatizó que el uso de bombardeos constituye una capacidad legal y legítima del Estado colombiano.

“Si es del caso emplearemos operaciones aplicando todo el poder de la fuerza legítima del Estado, como los bombardeos. Eso es una capacidad legal, es una fuerza legítima, existen normas para ello y nosotros la cumplimos cabalmente”, manifestó Sánchez en diálogo con los medios presentes en el consejo de seguridad que se llevó a cabo en Cúcuta.

Además, señaló que las autoridades nacionales y regionales ya se encuentran preparadas para enfrentar una posible nueva ola migratoria proveniente de Venezuela, en caso de que se produzca una intervención extranjera en ese país.

Los resultados de las ofensivas oficiales contra los grupos ilegales en el Norte de Santander

En la reunión de seguridad, el jefe de la cartera confirmó que se han realizado múltiples acciones “para mejorar los indicadores de seguridad en la región del Catatumbo”.

“Hemos logrado neutralizar 361 integrantes, hablando solamente de ese grupo criminal o de esos grupos criminales, de los cuales 236 son de la estructura treinta y tres y ciento veinticinco del cartel del ELN”, señaló.

Añadió que las autoridades han incautado “más de 330 armas” y que “la Policía Nacional, por su parte, ha reportado también la captura de setecientos sesenta y ocho personas en el periodo de la operación Esparta”.

Sánchez también hizo hincapié el trabajo realizado contra las economías ilegales. Informó que se decomisaron “17.754 de cocaína” y “535 galones de combustible”, además de incautar 65 kilos de oro, con un “impacto estratégico superior a los 37.000 millones de pesos contra el grupo narcoterrorista del ELN”.

Respecto a la captura de cabecillas, precisó: “Neutralizamos, por ejemplo, al cabecilla alias Barbas, junto a su estructura criminal del ELN”, y recordó el asesinato de un agente policial en la zona.

El ministro reiteró la importancia de la inteligencia y la información para prevenir el accionar criminal, y recordó las recompensas que se están ofreciendo por los principales criminales del ELN y las disidencias, así:

“Alias Silvana Guerrero y alias Ricardo, del ELN, hasta 1.640 millones de pesos por cada uno. Alias Alfredo, ‘Arvey’ y ‘Gonzalo Satélite’, también del ELN, hasta 500 millones. Alias Julián, de las disidencias, hasta 600 millones. ¡Norte de Santander no está solo! Estamos comprometidos con su seguridad y no descansaremos hasta llevar paz y tranquilidad a la región".

El ministro también alertó sobre el preocupante aumento del reclutamiento de menores en la región, al precisar que “en un 63% se ha incrementado el reclutamiento de menores para llevarlos a esos grupos criminales”, y denunció que “nos están robando a nuestros menores”.

Este fenómeno, según Sánchez, está agravando la crisis humanitaria y de seguridad en el Catatumbo, donde operan estructuras del ELN y disidencias de las Farc.

El funcionario también abordó la posibilidad de una intervención de Estados Unidos en Venezuela y sus eventuales repercusiones en Colombia. Explicó que, ante ese escenario, la instrucción del Gobierno es recibir a los migrantes y apoyar a las autoridades locales en la gestión de una posible crisis migratoria.

Continúa la ofensiva de las Fuerzas Militares contra los grupos armados en el país, siguiendo los lineamientos expuestos por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, de combatir a las estructuras armadas que están alejadas de cualquier tipo de intención de paz.

En la tarde del 11 de diciembre, las Fuerzas Militares confirmaron que, tras un combate contra el frente 57 del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc al mando de “Iván Mordisco”, se confirmó que fue dado de baja alias Maikol, cabecilla del Gaor mencionado.

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La institución informó que este resultado se registró en cumplimiento del plan de campaña Ayacucho Plus, en el que tropas del Ejército Nacional combatieron contra la guerrilla en la vereda La Arenosa, en zona rural del municipio de Tuluá, en el Valle del Cauca.

Además de la muerte de “Maikol”, otros dos disidentes fueron dados de baja en el enfrentamiento que se mantuvo durante dos días. Durante los registros fueron incautadas dos armas cortas y una granada de mano.

En el comunicado se menciona que alias Maikol es señalado en informes de inteligencia como cabecilla de finanzas del frente 57 del Estado Mayor Central y responsable de varios homicidios de ciudadanos que no pagaron extorsiones en la región.

Es por ello que las Fuerzas Militares indicaron que la baja de “Maikol” representa un golpe contundente para las disidencias, ya que era el responsable de gran parte de las acciones que realizó el frente en los últimos meses en Tuluá y las zonas aledañas.

“El sujeto tenía además vigentes requerimientos judiciales por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte y tenencia de armas de fuego, lo que evidencia su rol dentro de la estructura criminal”, se lee en el informe expuesto por las autoridades.

La baja de alias Maikol se suma a la caída de “Veneno”, registrada en la última semana de noviembre. Este era identificado como uno de los principales líderes financieros de las disidencias de “Iván Mordisco” en el Valle del Cauca.

El disidente fue dado de baja en un operativo realizado por el ejército nacional, que le atribuyen a alias Veneno el liderazgo en la capacitación y empleo de tecnología con fines bélicos, especialmente en la utilización de drones adaptados para transportar y arrojar explosivos sobre objetivos estratégicos y poblaciones, lo que ha incrementado los riesgos para la seguridad en la región.

Los informes de inteligencia lo señalaban de coordinar el flujo de dineros provenientes de economías ilícitas, recursos empleados en la adquisición de armamento y equipos para la organización.

Alias Veneno era considerado clave en la estructura logística y operativa de las disidencias, cumpliendo funciones que abarcaban desde la formación de integrantes hasta la planificación de ataques con método no convencional. Además, se le vinculaba con el reclutamiento y entrenamiento de nuevos miembros, con el propósito de fortalecer la capacidad ofensiva del grupo.

Desde las Fuerzas Militares indicaron que este tipo de operaciones buscan debilitar la capacidad de mando y control de los grupos armados ilegales en Colombia, resaltando que la baja de “Veneno” representa un golpe para el Estado Mayor Central; además, que en el operativo también se registró la incautación de armamento y material de intendencia militar, además de equipos de comunicaciones y dispositivos empleados en la manipulación de explosivos.

El ejército confirmó que continúan desplegando acciones para identificar y neutralizar a otros integrantes de las estructuras residuales presentes en la zona, cuyo accionar afecta la seguridad y convivencia de múltiples comunidades rurales.

Desde que comenzó diciembre, en la vía Nacional, que conecta al Meta con el Guaviare, se han registrado varios bloqueos por parte de comunidades indígenas y población civil como protesta contra el Gobierno nacional.

Mientras el Estado sigue buscando soluciones sobre los reclamos que hacen los voceros de las manifestaciones, Infobae Colombia tuvo acceso a un informe de las autoridades en el que se expone que las disidencias de “Iván Mordisco” estarían detrás del accionar registrado en el Guaviare.

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En primer lugar, en el documento mencionan que la comunidad Nukak tendría a 400 personas en la vía mencionada, en donde se mantienen por presiones y amenazas por parte de comandantes de las disidencias en la región.

De acuerdo con el informe, el objetivo del grupo armado es que se retire una base militar que el Ejército Nacional instaló en el Cerro Macusito en la vereda de La Lindosa, entre los municipios de El Retorno y San José de Guaviare

Sobre la importancia de la base militar, se menciona que está ubicada en una zona clave para el narcotráfico y el paso de armamento por parte de los diferentes frentes de las disidencias.

Debido a ello, en meses anteriores presionaron a la comunidad para gestionar una asonada contra la fuerza pública que finalmente no prospero, mientras que pobladores han denunciado las amenazas por parte de la guerrilla.

Gracias a estas denuncias, las autoridades han conocido que las disidencias piden que afirmen que la presencia del Ejército pone en riesgo la espiritualidad de las comunidades indígenas, a pesar de que la base está ubicada alejada de los campamentos de los Nukak

Sobre el accionar delictivo de las disidencias, el informe menciona que los hombres de “Iván Mordisco” se mueven en motocicletas entre las veredas e intimidan a todas las familias con represalias si no se suman a las manifestaciones en la vía Nacional.

Inicialmente, habían pedido que una persona de cada familia asistiera de manera permanente a la manifestación; sin embargo, debido a que los resultados no son los esperados, ahora han reclamado que entre tres y cuatro personas de cada finca deben estar en los bloqueos.

El informe finaliza mencionando que las autoridades ya tienen claridad de la identidad de las personas que se han encargado de amenazar a la población civil y que han realizado disparos contra viviendas en las que las familias se han negado a cumplir con las exigencias del grupo armado.

Infobae Colombia tuvo acceso a audios que han sido enviados por líderes sociales de la región, que se encargan de comunicar los mensajes que les entregan los comandantes de las disidencias en la zona.

“Buenas noches, comunidad de la vereda San Francisco. La situación se ha puesto más pesada, esto se va a extender, acá mandan a solicitar más personal. Se necesita que salga más gente, yo no me voy a poner a nombrar, la situación se salió de las manos. El que no venga, uno por finca, que se atengan a las consecuencias”.

En otro de los audios, un residente local menciona que en la zona de los bloqueos ha sido recurrente la presencia de hombres de “Iván Mordisco” que les piden invitar a más familiares y vecinos para las manifestaciones.

“Este tema no me compete a mí, pero como yo estoy en el paro, para aclararles, acá estaban dando paso vehicular cada dos horas. La orden es que si o si toca cerrar la vía. Lo más probable es que vamos a entrar en enfrentamientos con los del Goes, la orden es que no nos podemos dejar sacar. Deben venir más personal de cada vereda. Lo que se espera es que mínimo una persona por casa y el resto también a apoyar el paro. Uno solo está acá escuchando, es una orden directa de ya sabemos de quienes, los que no se quieran meter en problemas más adelante, puede que tomen represalias contra las personas que no vengan. El señor fue claro y dice que esa es la orden”.

En la tarde del 2 de diciembre, la Policía Nacional informó que, en un operativo que se ejecutó en la jurisdicción de Jaibio, en el Cauca, se concretó la liberación de Miguel Ayala, hijo del artista Giovanni Ayala, y su representante, Nicolás Pantoja, que habían sido secuestrados el 18 de noviembre en una carretera de la región.

En los detalles del operativo, se conoció que fue en la vereda Chorritos, en el municipio de La Sierra, en donde un grupo del Gaula de la Policía Nacional ingresó de manera táctica al sitio en el que las víctimas estaban en cautiverio.

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Tras la captura de uno de los secuestradores, la policía informó que este sería miembro del frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central, que exigía el pago de 7.500 millones de pesos por la liberación de Ayala y Pantoja.

Durante el operativo se incautó una pistola calibre nueve milímetros. Además, desde el Gaula de la Policía Nacional informaron que seguirán desarrollando diligencias investigativas y operacionales con el fin de identificar, ubicar y capturar a los demás integrantes de la estructura criminal.

Balance de la rueda de prensa

En una rueda de prensa, el director de la Policía Nacional, brigadier William Rincón Zambrano, entregó nuevos detalles sobre el operativo realizado por el Gaula en el Cauca.

“Compartirles que nuestra Policía Nacional, en una operación contundente, lograron el rescate, sano y salvo, del reconocido cantante Miguel Ayala y Nicolás, ellos fueron rescatados en la vereda Chorrito, en donde los uniformados, en horas de la madrugada, llegaron a unos puntos de riesgo y allí encontraron a los dos jóvenes”

Sobre la información del caso, las autoridades indicaron que tienen claridad de que los criminales que tenían en su poder a Ayala y Pantoja tenían claridad del modus operandi que debían seguir para exigir el cobro por la liberación de los secuestrados.

“Los hemos traído sanos y salvo porque el compromiso de la Policía es velar por la seguridad de los colombianos, reafirmamos nuestro deber constitucional, legal y social”

En segundo lugar, tomó el micrófono Miguel Ayala, que agradeció a las autoridades por permitir que vuelva a estar al lado de sus seres queridos.

“Primeramente, gracias a Dios, toda mi familia, en todas las oraciones los tuvimos. Desde el primer día fue horrible, no podíamos dormir por miedo, siempre nos dijeron que no nos iba a pasar nada. Nos tocaba hablar porque los días pasaban muy lentos, nunca perdimos la esperanza, siempre confiamos en Dios, muchas gracias a la Policía Nacional”

El cantante indicó que los secuestradores les indicaban que no iba a ser asesinados; sin embargo, los mantenían en todo momento amarrados de manos y pies.

“Sentimos una felicidad inmensa, no la creíamos, fue algo demasiado loco. Eso no se lo decíamos a nadie, fue algo horrible. Nos decían que no nos iban a hacer nada, algunas veces fueron groseros, pero siempre nos dijeron que no nos iban a hacer nada. Nos portábamos juiciosos, nos amarraron con una cadena en el pie, dos días dormimos amarrados”.

Miguel Ayala reveló que siempre estaban siendo cuidados por dos personas, mientras que los criminales se turnaban el cuidado de las víctimas para llevar comida para ellos y los jóvenes.

“Siempre eran dos en el día, dos en la noche, se cambiaban a las seis, hacían relevos en la mañana y en la noche. Esta semana iban a hacer otro cambio de personal, pero siempre eran dos. Siempre nos tenían de la misma cadena a los dos. Siempre teníamos las tres comidas al día”.

Por último, destacó que los peores momentos del secuestro los vivió en las noches, llegando al punto de que le pidió a los criminales suministrarle algún tipo de medicamento para poder dormir.

“Las noches eran horribles, no se veía nada, era feo y pedimos hasta pastas para dormir, era lo peor, no veíamos nada, se escuchaban ruidos y solo había el miedo de que nos hicieran algo”, puntualizó.

Esta situación ha provocado que se recuerde lo registrado durante la captura en 2024 de “Calarcá” y otros cabecillas del Estado Mayor Central, que terminó con la liberación del guerrillero porque había sido designado como gestor de paz por el Gobierno nacional.

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Diferentes figuras políticas han criticado a Gustavo Petro por haber permitido el líder de una de las facciones de las disidencias siga en libertad, mientras el grupo armado sigue protagonizando ataques contra la fuerza pública y la población civil en varias regiones del país.

Es por ello que, durante la alocución presidencial del 28 de noviembre, Gustavo Petro rechazó las versiones que se han expuesto sobre lo registrado el 23 de julio de 2024, y aseguró que los acompañantes de “Calarcá” no habían sido liberados en esa ocasión.

Varias horas después, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, publicó en su cuenta de X una respuesta directa contra el mandatario nacional, al que acusó de mentir sobre ese hecho puntual.

“¿Una mentira para tapar un escándalo? Muy mal, presidente. Le recuerdo que, por orden suya y de la fiscal Camargo, ese día fueron dejados en libertad, además de alias Calarcá, alias Ramiro cabecilla del frente 18, alias Urías Perdomo Cabecilla del frente Rodrigo Cadete, alias Oliver cabecilla del frente Raúl Reyes y alias Érica, compañera sentimental de “Calarcá”. En ese operativo, nuestro ejército tenía derrotada a la cúpula de Farc, pero ustedes escogieron a los bandidos“, escribió Rendón.

En un video que añadió Rendón en la publicación, recordó las palabras de Gustavo Petro, que aseguró que todos los detenidos en el retén seguían en poder de las autoridades.

“Lo cierto es que todas las personas que fueron capturadas allí, excepto este señor, siguen capturadas. Todos los miembros de la captura, al lado de ”Calarcá“, miembros de esa organización, siguen hoy capturados. Solo él tenía el estatus de gestor de paz”, indicó el mandatario.

De manera tajante, Rendón desmintió al presidente y recordó que la prensa del país informó sobre la liberación de la mayoría de detenidos, incluyendo alias Firu, que en el momento de la detención aún tenía una orden de captura en su contra.

“Usted miente. Lo hace para confundir a los colombianos en el escándalo de los archivos de “Calarcá”, que le quede imposible tapar a su Gobierno. Por orden suya y de la fiscal Camargo, ese día fueron dejados en libertad”, indicó Rendón.

Por último, el gobernador reafirmó su postura e indicó que defenderá esa versión de la historia, puesto que es la que realmente se registró.

“En sus manos estaba la seguridad de los colombianos y la vida de nuestros soldados y policías. Muy duro para un país cuando es el mismo presidente el que les da la boleta de libertad a los criminales mientras estos asesinan a nuestros uniformados. En Antioquia no le comemos cuento y mientras tenga vida, defenderé a mis paisanos de todas las actuaciones de su mal gobierno”.

Al respecto, un escolta de la UNP que hacía parte del esquema de seguridad de “Calarcá”, afirmó a Infobae Colombia que tras la liberación del cabecilla recibieron regaños y fueron obligados a entregar un documento con descargos por lo registrado.

“Los disidentes estaban tranquilos, ellos sabían que no les iba a pasar nada porque hablaban con el mismo Gobierno, con el director de la entidad, hablaban con el Ministerio del interior, sabían que iban a salir pronto y así fue efectivamente. Ellos tenían su propio dinero, cargaban para pagar sus gastos en carreteras, peajes, habitaciones, entre otros”, es parte de la declaración del escotal.

Es por ello que diferentes gremios han pedido que aumenten los controles por parte de las autoridades y con ello identificar si hay presencia de grupos armados en sus colectivos.

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A estos llamados se le sumó el de la Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada (Confevip), que el 28 de noviembre rechazó todo lo relacionado con la exposición de un posible vínculo entre mandos militares y de inteligencia con las disidencias de “Calarcá”.

Al respecto, debido a que se involucra a un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la organización pide que se esclarezca si hay empresas fachada al servicio de las disidencias y de esquemas irregulares de seguridad.

En el comunicado, voceros de Confevip piden que se investiguen todas las licencias de seguridad que han sido otorgadas en los últimos años para comprobar que en el gremio no hay presencia de las disidencias.

“El sector de la vigilancia privada en Colombia está compuesto por empresas legalmente constituidas, sometidas a estrictos controles de la Superintendencia de Vigilancia y con más de 50 años de historia, conformadas por empresas familiares y sociedades formales”.

Por su parte, el presidente de Confevip, Miguel Ángel Díaz, alertó sobre posibles irregularidades por presencia de empresas fachada que han recibido licencias en menos del tiempo que regularmente se otorga.

“Necesitamos que la fiscalía investigue alrededor de 18 licencias express que se expidieron en los últimos cuatro años. Por eso requerimos claridad y sobre todo celeridad en las investigaciones y conclusiones claras de quiénes están incumpliendo la ley y quiénes la estamos cumpliendo”.

En sus declaraciones, Díaz indicó que es necesario que se aceleren los tiempos de la investigación y saber si las denuncias que han realizado son ciertas.

“La Confederación Nacional de Gremios de la Vigilancia Privada rechaza que se estén utilizando empresas fachadas para apoyar a la delincuencia, las disidencias y a los esquemas irregulares de seguridad. Necesitamos que la fiscalía obre con celeridad la investigación que comenzó hace unos meses”.

Por último, respaldó a los representantes del gremio que están vinculados con la organización, a los que describió como empresarios que cumplen con su deber.

“Esta industria se ha constituido hace más de cincuenta años por empresas familiares, por empresas y socios visibles. Por lo tanto, necesitamos marcar una diferencia entre aquellas que se están utilizando para la mafia y aquellas que estamos cumpliendo con el deber constitucional”.

En la parte final del comunicado, la empresa enfatiza que no se puede permitir que la reputación de la vigilancia privada sea afectada por estructuras criminales que intentan camuflarse bajo esta actividad.

Cabe recordar que para tramitar una licencia para una empresa de seguridad privada se necesita la autorización de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada; además, se debe registrar la empresa en la Cámara de Comercio, demostrar un capital mínimo de 500 salarios mínimos legales vigentes y contratar un seguro de responsabilidad civil extracontractual de al menos 400 salarios mínimos.

Es obligatorio presentar las hojas de vida del personal clave con sus certificaciones, así como un manual de operaciones y un plan de capacitación en derechos humanos. Además, hay que cumplir con los requisitos de seguridad social y gestionar un sistema de salud y seguridad en el trabajo, certificando su funcionamiento con la matriz de riesgos y un profesional con licencia SST.

El escándalo en el que ha sido vinculado un general del Ejército Nacional y un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) con las disidencias de las Farc al mando de “Calarcá” ha hecho que se cuestione la postura del Gobierno nacional al respecto.

Principalmente, los detractores del presidente Gustavo Petro cuestionan que el máximo cabecilla de una facción del Estado Mayor Central fue capturado en julio de 2024, pero fue liberado horas más tarde por haber sido designado gestor de paz.

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En esa ocasión, el Gobierno nacional señaló la responsabilidad del esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que acompañaba a “Calarcá” por las irregularidades que fueron expuestas en el caso.

Cabe recordar que, además de la liberación del disidente, fue noticia que el guerrillero y sus acompañantes se movían en las camionetas de la UNP con altas cifras de dinero en efectivo y armas.

Debido a que se ha vuelto a cuestionar lo registrado en julio de 2024, Infobae Colombia tuvo acceso al informe de descargos que realizaron los escoltas de la UNP que acompañaban a “Calarcá” en el momento de la detención.

En este, lo primero que se menciona es que estaba haciendo un desplazamiento colectivo entre esquemas de protección de miembros del Estado Mayor Central, que se movilizaban hasta Antioquia, pero fueron detenidos en un retén militar en el sector que conecta a los municipios de Sisneros y Anori.

“De forma repentina nos rodean personal utilizando pasamontañas, prendas militares, otros de civil con armas de largo y corto alcance, dispersándose a cada uno de los vehículos apuntando y exigiendo el descenso de todos los ocupantes, por tal motivo nos identificamos desde los vehículos como escoltas tercerizado al servicio de la UNP. Cabe aclarar que hasta en ese momento se desconocía quiénes nos estaban haciendo el requiriendo si eran grupos al margen de la ley o fuerza pública, por medidas de seguridad no se realizó el descenso, ya que para acceder a estos vehículos el procedimiento establece trasladarnos a un sitio seguro como una guarnición militar o de policía”, se lee en el informe.

En segundo lugar, los escoltas indicaron que junto con las autoridades se movilizaron hasta unas instalaciones militares en las que identificó la identidad de las personas que iban a bordo de las camionetas.

“Al tener conocimiento del personal que nos interceptó y presencia policial que llegó al sitio y se realiza plena identificación de que, si son fuerza pública, se coordina con ellos para desplazarnos al municipio de bello Antioquia batallón de ingenieros número cuatro General Pedro Nel Ospina, para que se realice el procedimiento de identificación tanto de vehículos como de personas”.

En ese aspecto, debido a que se cuestionó la libertad que tenían los disidentes de tener armas y otros elementos, los escoltas aseguraron que no tenían conocimiento de la identidad de los protegidos.

“Teniendo en cuenta lo anterior es de anotar que, nunca nos entregaron el nombre de las personas que íbamos a proteger ni por escrito ni verbalmente, por ningún funcionario de protección ni por la UT Andinos, de igual manera, nunca se nos reveló cuál era exactamente nuestra función, si no solamente era escoltar”.

Infobae Colombia conoció que la petición de los descargos se debió a que los escoltas recibieron señalamientos en los que fueron amenazados con ser despedidos.

Esto quedó en evidencia en la parte final del informe, en el que responsabilizaron a los altos mandos de la UNP por no identificar a los individuos del EMC o comprobar que estos cumplieran con aspectos básicos como no tener elementos ilegales, puesto que una de las órdenes que reciben los escoltas es no inspeccionar a los protegidos.

“Nosotros no tenemos competencia alguna para individualizar, pedir identificaciones ni mucho menos pedir antecedentes. De igual manera esta son funciones que solo pueden ejercer la fuerza pública y que están regladas constitucionalmente, lo único que nos queda ejercer a los escoltas privados es el principio de la buena fe sobre las personas y que no es función nuestra, y si de la Unidad Nacional de Protección ejercer este control a través de sus funcionarios públicos”.

El informe periodístico de Noticias Caracol, en el que se menciona el posible vínculo entre el general del Ejército Nacional Miguel Huertas, el director de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, y las disidencias al mando de alias Calarcá, sigue generando reacciones en el país.

La mayoría de ellas van ligadas a la captura de “Calarcá” en julio de 2024, cuando el disidente, en compañía de otros guerrilleros, se movilizaba en una caravana de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

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Debido a que había sido nombrado como gestor de paz por el Gobierno nacional, el comandante del Estado Mayor Central y los demás involucrados fueron liberados, a pesar de que en los vehículos de la UNP había personas a las que no les habían levantado la orden de captura y también se encontraron armas en las camionetas.

Escolta de la UNP narró cómo fue la captura y liberación de “Calarcá”

En diálogo con Infobae Colombia, uno de los escoltas que estaba en la caravana de la UNP en el momento en que los disidentes fueron detenidos en un retén militar en una vía de Antioquia, narró los detalles del hecho.

El primer recuerdo estuvo ligado a la detención, que tomó por sorpresa a los escoltas y disidentes, puesto que en pocos segundos pasaron a estar rodeados de militares armados.

“Nos íbamos transportando normal en la caravana, ya que veníamos de varios pueblos y habíamos salido de Bogotá de una reunión con el Gobierno nacional cuando de pronto una volqueta se nos atraviesa y sale gente del lado de la carretera y nos encañonan con fusiles y pistolas, ningún escolta trató de sacar armas, ya que el blindaje de los vehículos era nivel tres y no iba a soportar un ataque. Lo que hicimos fue que levantamos las manos y por el intercomunicador de uno de los vehículos, el líder de los escoltas les dijo que éramos de la UNP”.

Además de la detención, mencionó que tras ser liberados les ordenaron moverse a Bogotá bajo amenazas de ser despedidos por haber hablado con la prensa.

“Llamaron al director de la UNP y ese señor estaba desesperado. Nos llevaron a una instalación militar y ahí duramos hasta altas horas de la noche, después nos despacharon en los vehículos y nos enviaron para Bogotá donde nos iban a echar por las entrevistas que habíamos dado y porque la información se había filtrado por los medios de comunicación”.

El escolta indicó que durante el tiempo que hizo parte del esquema de seguridad que le otorgó la UNP a “Calarcá” para movilizarse y cumplir con citas dentro de las charlas de paz, los disidentes optaban por tener un comportamiento tranquilo y hablar lo menos posible con los hombres de protección.

“Esa gente, su comportamiento era normal, gastaban lo que eran los almuerzos, la comida, pero no hablaban mucho dentro de los vehículos de los temas de ellos. Ese día comenzaron a hacer llamadas, hasta al alto Gobierno”.

Al hablar de cómo se sintió el ambiente durante el tiempo que “Calarcá” estuvo detenido, el escolta aseguró que tenía un semblante de tranquilidad, puesto que cuando fueron detenidos hicieron llamadas a funcionarios del Gobierno nacional que les indicaron que todo estaría bien.

“Los disidentes estaban tranquilos, ellos sabían que no les iba a pasar nada porque hablaban con el mismo Gobierno, con el director de la entidad, hablaban con el Ministerio del interior, sabían que iban a salir pronto y así fue efectivamente. Ellos tenían su propio dinero, cargaban para pagar sus gastos en carreteras, peajes, habitaciones, entre otros”.

Por último, el escolta aseguró que no se registró ningún tipo de incumplimiento por parte del esquema de protección, puesto que entre sus obligaciones no está verificar los elementos personales que tiene un protegido.

“El arma nunca la vimos, la tenían bien camuflada. Luego de la liberación nos citaron a descargos, nos dieron una lavada (regaño) por la filtración de la información, que porque no habíamos informado que ellos llevaban armas, que llevaban dinero, que había gente en la camioneta que no era del esquema, pero eso es imposible saberlo. Uno no puede revisar a un protegido, no le va a revisar las maletas para saber qué lleva. Eso nos trajo bastantes problemas con la UNP”, puntualizó.

El presidente Gustavo Petro está insistiendo en redes sociales que los audios y documentos que sacaron a la luz un escándalo político que apunta a presuntos vínculos de altos funcionario del Gobierno con las disidencias de alias Calarcá son “falsos”.

En una declaración emitida en la mañana del 26 de noviembre de 2025, el jefe de Estado afirmó que las informaciones no son ciertas, debido a que “esperaron 16 meses para entregarla pero a la prensa” y que “nunca supe”.

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Estas palabras fueron contestadas por el exministro Alejandro Gaviria, ahora opositor de Petro, que le respondió: “Primero que la CIA, después que no sabía”.

En ese sentido, Petro le afirmó que “nada tiene que ver lo uno con lo otro. La CIA jamás mencionó un vínculo del general Huertas con Calarcá”.

Sin embargo, el presidente con cada mensaje que publica hace un mayor énfasis en que no cree en la veracidad de las revelaciones, y decidió sugerir un presunto tratamiento de la información.

“Ahora veo que las voces que presentaron como voces de Wilmar, no son la voz de él. Y varios chats publicados pertenecen a imitaciones de chats y no a WhatsApp, Es mejor que tengas paciencia y veremos hacia donde iba la fuente del periodista de Caracol”, escribió Petro.

Petro señaló errores en investigación sobre alias Calarcá y Jennifer Pedraza criticó su respuesta: “Chorro de babas”

El presidente Gustavo Petro aseguró que la investigación periodística sobre presuntos vínculos de funcionarios estatales con alias Calarcá y el EMC de las disidencias de las Farc contiene varios errores.

Como respuesta, la representante Jennifer Pedraza lo acusó de minimizar una denuncia de alto impacto para el país.

Tras la emisión de un informe donde se mencionaron archivos que sugerirían nexos entre servidores públicos y estructuras armadas ilegales, Petro afirmó que tuvo acceso previo, a través de oficiales estadounidenses, a reportes relacionados tanto con el general Juan Miguel Huertas como con Wilmar Mejía, funcionario de inteligencia incluido en el reporte divulgado.

Explicó que, según su revisión personal, la información proporcionada por la CIA y entregada por intermediarios de Estados Unidos no era precisa ni se ajustaba a la realidad actual, por lo que descartó la veracidad de las hipótesis presentadas.

El jefe del Ejecutivo sostuvo que “la misma fuente de un periodista que consideraba muy serio”, en referencia a la CIA, ya había provocado “errores graves” en otros casos, cuestionando la selección y recurrencia de fuentes extranjeras en la elaboración del reportaje.

Según Petro, existe una estrategia sistemática impulsada por redes internacionales para influir en la opinión pública a través de informes de inteligencia que, según sus palabras, no cuentan con sustento suficiente.

Como parte de su argumentación, Petro analizó un operativo militar fallido en el que, según su investigación, la presencia de un helicóptero de la Policía –y no del Ejército ni del general Huertas– alertó a un grupo armado sobre una operación. El mandatario aseguró que “a la CIA también la engañan” y vinculó el episodio a supuestas redes de corrupción y manipulación de inteligencia dentro de las Fuerzas Armadas, en conexión con intereses narcotraficantes.

La respuesta recibió una fuerte crítica de la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien en sus redes sociales expresó que “usted no puede salir con este chorro de babas ante la más grave denuncia de su Gobierno”.

Pedraza cuestionó la postura del presidente y denunció una continuidad en la coordinación y beneficio para grupos armados ilegales desde el Ejecutivo. “Antes eran los Paramilitares y ahora son las disidencias de Calarcá”, afirmó la congresista, y calificó la situación como una “vergüenza histórica”, aludiendo a lo que interpreta como una repetición de prácticas del pasado.

Las declaraciones y la discusión pública se producen en un contexto marcado por denuncias y cuestionamientos sobre la relación entre el gobierno y actores armados, con repercusiones directas en el debate político nacional.

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes recibió este miércoles 25 de noviembre de 2025 una denuncia formal contra la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, por supuestas faltas relacionadas con filtraciones atribuidas a alias Calarca y presuntos vínculos con la financiación de la campaña presidencial.

El documento fue radicado por el ciudadano Diego Alfonso Caro Porras, que ha sido funcionario público, además de contar con una larga trayectoria como líder social en Bogotá. La denuncia fue formalizada el 24 de septiembre de 2025.

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De acuerdo con el texto presentado ante la Comisión, la denuncia expone posibles faltas disciplinarias, constitucionales y/o penales atribuidas a la fiscal General, en razón del presunto conocimiento de hechos que podrían afectar la independencia de la investigación y la integridad institucional.

El escrito relacionó directamente a Camargo con el general Juan Miguel Huertas Herrera y mencionó posibles conexiones entre la vicepresidenta Francia Elena Márquez Mina y presuntas estructuras vinculadas a disidencias de las Farc en actos de financiación de la campaña presidencial.

“Por posibles faltas disciplinarias, constitucionales y/o penales atribuidas a la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, en razón del presunto conocimiento de hechos que podrían comprometer la independencia de la investigación, la integridad institucional y el principio de imparcialidad, correlacionados con el General Juan Miguel Huertas Herrera, y de manera particular, por los presuntos vínculos de financiamiento de la campaña a la presidencia de la República y cuya mediación estuvo presuntamente a cargo de la Vicepresidenta Francia Elena Márquez Mina con presuntas estructuras vinculadas a disidencias de las Farc”, se lee en la denuncia.

El denunciante afirmó que la investigación que publicó Noticias Caracol “señala que la Fiscalía General de la Nación presuntamente tenía conocimiento de esas pruebas desde hace más de dos años, sin que aparentemente se hubiera avanzado en la investigación ni publicado”.

De hecho, la acción legal contra la fiscal Camargo incluyó que la funcionaria del ente de control “afirmó públicamente no tener conocimiento de presuntos nexos entre integrantes del Ejército Nacional y las presuntas disidencias de las Farc pese a que los medios señalan lo contrario, lo cual genera la apariencia de una presunta omisión o inacción frente a hechos de alta gravedad institucional”.

La denuncia destacó que la permanencia de Camargo en su despacho podría entorpecer la investigación, y “comprometer el correcto desarrollo del proceso, la custodia de pruebas y la transparencia del trámite investigativo”.

Las peticiones de la denuncia

En ese sentido, el denunciante solicita que la Comisión admita la denuncia y abra la investigación correspondiente.

Entre las peticiones incluidas en el documento, se encuentra la verificación de la veracidad de los hechos relatados, la evaluación de un posible riesgo institucional por interferencias o apariencia de impropiedad y la adopción de medidas que garanticen la independencia de las investigaciones en curso.

Asimismo, en el escrito se leyó que, en caso de encontrarse mérito suficiente durante el proceso, se promueva la acusación formal ante el Senado, al tiempo que se mantenga informado al denunciante sobre el avance del trámite y las decisiones que se tomen.

El documento fue recibido formalmente por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, quedando bajo un radicado oficial.

María Fernanda Cabal denunció al presidente Gustavo Petro por presuntos vínculos con disidencias de las Farc

La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal radicó la primera denuncia penal contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

El documento, presentado el 25 de noviembre de 2025, solicita una investigación por los delitos de concierto para delinquir, traición a la patria y financiación ilegal de campaña en relación con supuestos nexos del Gobierno con disidencias de las Farc lideradas por alias Calarcá.

La denuncia fue sustentada en reportajes publicados el 23 y 24 de noviembre por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que informaron sobre el decomiso de dispositivos electrónicos a Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias Calarcá.

Según la investigación, el material incautado contenía archivos y conversacionales que mencionan términos como “Petro presidente”, así como referencias a presuntos acercamientos con la campaña presidencial.

Cabal expresó en su denuncia que existe la necesidad de determinar si estos hechos constituyen posibles violaciones de normas constitucionales, del Código Penal y de la Ley de Financiamiento de Campañas.

“Solicito que se investigue si dichos hechos vulneraron normas constitucionales, disposiciones del Código Penal, la Ley de Financiamiento de Campañas y principios fundamentales como la transparencia, la legalidad y la igualdad en la contienda electoral”, manifestó la parlamentaria en un boletín público.

El documento advierte sobre una posible infracción al inciso segundo del artículo 396A, relacionado con la utilización de recursos electorales provenientes de fuentes ilícitas.

“Debe la Comisión darle trámite a esta denuncia. Petro no puede escapar a los efectos de la justicia”, afirmó la legisladora tras formalizar su solicitud.

Después de ello, las disidencias atacaron a la fuerza pública y la población civil en varias zonas del Cauca; además, se presume que serían los responsables del secuestro de Miguel Ayala, hijo del artista Giovanny Ayala.

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Ante esta situación, entidades y civiles en el departamento del Cauca piden que el Estado no los abandone y que las Fuerzas Militares defiendan la integridad de la población civil en la región.

Disidentes se mueven en camionetas de lujo en el Cauca

En medio de la tensa situación que se vive en varios municipios del Cauca, en redes sociales se hizo viral un video con el que los locales exponen como se movilizan en camionetas de lujo los disidentes de las Farc.

En la grabación, que fue realizada en Jambaló, se observa como varias camionetas pasan cerca de un grupo de personas, que ya tienen conocimiento que en ellas se transportan comandantes del Estado Mayor Central con total libertad.

En los comentarios, usuarios cuestionaron el accionar del Gobierno nacional y las Fuerzas Militares en la región, puesto que denuncias de esta índole han sido expuestas en más de una ocasión.

“Esa es la paz total que prometió Petro, pero con los criminales”, “Ellos se mueven con libertad, nadie les dice nada, pero si fuera una protesta ahí, si hay autoridades” o “Que pueden hacer los que viven ahí, el ejército aparece a ratos y los guerrilleros los intimidan. Les toca hacer caso”, son algunos de los comentarios al respecto.

Los ataques de las disidencias en el Cauca

En Suárez se registró un ataque con explosivos en el que murió una ciudadana ecuatoriana y un menor de edad; además, las Fuerzas Militares denunciaron que el grupo armado perpetró varios ataques con fusiles en la región.

De la misma forma, en Jambaló se reportó un ataque contra la fuerza pública con drones que afectó el sistema de electricidad del municipio, el cual hasta el momento se mantiene sin luz ni comunicación telefónica.

En diálogo con WRadio, el alcalde de Suárez, César Cerón, describió lo que vivieron los habitantes del municipio durante el ataque contra la estación de Policía.

Cerón rechazó la violencia que se registra en la región y afirmó que esta solo afecta a la población civil, especialmente a quienes viven del comercio en el centro de Suárez.

El alcalde municipal denunció la realidad que viven en varias veredas de la zona, tomando como ejemplo lo que pasa en El Amparo, en donde los menores de edad han dejado de asistir a clases por miedo a ser asesinados en el fuego cruzado de los combates.

“Hay una escuela donde los niños no asisten a clases, la población está confinada, no pueden ir a las fincas, porque los grupos armados o el ejército disparan de un lado o de otro en medio de las confrontaciones”.

De la misma forma, recordó que la Defensoría del Pueblo ha emitido hasta 18 alertas sobre la violencia en la zona, pero varios de estos llamados no son escuchados.

“Pedimos que esa alerta se haga efectiva y que no se quede en el papel. De nada nos sirve a los alcaldes que salga una alerta de la Defensoría y que parecía que solo son recomendaciones no vinculantes y que el Gobierno no atiende. Yo como alcalde no sé ya más qué hacer, la situación se desbordó, se salió del control”.

Según declaraciones ofrecidas por Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, los investigadores señalaron que los presuntos responsables pertenecen al frente Jaime Martínez de las disidencias y que el joven artista fue interceptado por dos vehículos y una motocicleta durante su trayecto.

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Las autoridades detallaron que los hechos ocurrieron poco después de una presentación musical de Ayala en el corregimiento de Huisitó, municipio de El Tambo. Imágenes divulgadas en redes sociales muestran al joven en una discoteca del sector, donde se reunió con seguidores y accedió a tomarse fotografías con ellos mientras interpretaba su tema A Chillar A Otra Parte.

En las imágenes se observa que el joven vestía un sombrero negro y una camisa blanca cuando fue visto por última vez. Recientemente, había ganado notoriedad en el ámbito musical luego de su participación en el programa Yo me llamo, donde imitó a su padre y recibió muestras de admiración del público.

Hasta el momento, no se ha establecido si el contenido audiovisual recopilado constituye una pista clave para esclarecer lo sucedido ni si podría alterar la línea de investigación que siguen las fuerzas de seguridad.

La policía comunicó que “en ese sector delinque el frente Jaime Martínez y que ya se iniciaron investigaciones para dar con el lugar exacto donde están”, y que “los ciudadanos que se movilizaban en un vehículo de plataforma, después de haber realizado presentaciones en el municipio de Popayán, en establecimientos de comercio, son interceptados en el sector rural de El Túnel por delincuentes armados del frente Jaime Martínez”.

Hasta ahora, se desconoce el paradero de Miguel Ayala y no existe pronunciamiento público del grupo delincuencial señalado, que podría estar planeando solicitar una suma importante de dinero por la liberación del joven artista. Las autoridades consideran que fue llevado hacia el norte del municipio y continúan las investigaciones con el objetivo de determinar su ubicación y facilitar su regreso.

Giovanny Ayala respondió al mensaje de Jhonny Rivera por secuestro de su hijo

El mundo artístico del país ha mostrado gestos de solidaridad con la familia de Giovanny Ayala tras el secuestro de su hijo, también cantante de música popular.

Uno de los mensajes más destacados fue el de Jhonny Rivera, que, como padre, expresó su empatía ante la difícil situación, señalando: “Es muy poco lo que uno puede hacer, aparte de solidarizarse. Yo, como papá, entiendo perfectamente el dolor que debe estar sintiendo Giovanny, no lo dimensiono. Y bueno, Miguel es un muy buen muchacho, muy humilde, muy talentoso, que no merece estar viviendo esto. Yo tengo fe en que esto va a pasar muy pronto, que así sea”.

La reacción de Giovanny Ayala no tardó en hacerse pública. El artista recurrió a sus redes sociales para agradecer las muestras de apoyo, difundiendo especialmente el mensaje de Rivera y acompañándolo con un agradecimiento: “Muchas gracias”.

Tanto allegados como seguidores resaltaron que el músico se mantiene atento a cualquier información de las autoridades y a cada mensaje de respaldo, en medio de la preocupación generada por la ausencia de comunicación con los captores y por el hecho de que el secuestro ocurrió en una región de alto riesgo criminal.

De otro lado, se conoce que el mánager de Miguel Ayala es Nicolás Pantoja, un joven de su misma generación con quien compartía una amistad cercana y una relación laboral.

En redes sociales, Giovanny Ayala ha resaltado la estrecha relación entre ambos y ha pedido por el regreso de los dos. Según sus perfiles en internet, Pantoja se identifica como aficionado a los caballos, la música regional y los negocios inmobiliarios.

Tras los bombardeos contra las disidencias de “Iván Mordisco” en varias zonas del país, el criminal más buscado de Colombia reapareció en un video en el que alertó sobre la respuesta que protagonizaría el grupo armado a estos hechos.

Acto seguido, en redes sociales se hicieron virales videos en los que se observaba a disidentes en el Cauca pidiendo que la población civil se refugiara en sus hogares para no quedar en medio del fuego cruzado.

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Tras ello, en Suárez se registró un ataque con explosivos en el que murió una ciudadana ecuatoriana y un menor de edad; además, las Fuerzas Militares denunciaron que el grupo armado perpetró varios ataques con fusiles en la región.

De la misma forma, en Jambaló se reportó un ataque contra la fuerza pública con drones que afectó el sistema de electricidad del municipio, el cual hasta el momento se mantiene sin luz ni comunicación telefónica.

En diálogo con W Radio, el secretario de Gobierno del municipio en el Cauca, Fabián Moreno, indicó que durante cuatro horas se registraron ráfagas de disparos y explosiones en el centro de Jambaló, donde más de 50 viviendas resultaron afectadas.

Sobre el sistema de electricidad, señaló que la empresa encargada del servicio no ha podido ingresar al municipio porque no existe ningún tipo de medida de seguridad que proteja a los trabajadores.

De la misma forma, aseguró que no hay presencia de ningún funcionario del Gobierno nacional ni de la Gobernación del Cauca, por lo que en Jambaló sienten que han sido abandonados.

En cuanto al apoyo recibido, indicó que solo han contado con la presencia del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), que mantiene una comisión de derechos humanos en la zona.

Fabián Moreno declaró que espera que la conectividad en Jambaló se restablezca en las próximas horas, puesto que la mayoría de los lugares, incluido el hospital del municipio, no cuenta con plantas eléctricas.

El secretario de Gobierno de Jambaló puntualizó con un mensaje directo a la Presidencia sobre la necesidad de presencia institucional: “Esperamos que el Gobierno no nos deje solos”, declaró Moreno.

Por su parte, en diálogo con el medio citado, el alcalde de Suárez, César Cerón, describió lo que vivieron los habitantes del municipio durante el ataque contra la estación de Policía.

Cerón rechazó la violencia que se registra en la región y afirmó que esta solo afecta a la población civil, especialmente a quienes viven del comercio en el centro de Suárez.

El alcalde municipal denunció la realidad que viven en varias veredas de la zona, tomando como ejemplo lo que pasa en El Amparo, en donde los menores de edad han dejado de asistir a clases por miedo a ser asesinados en el fuego cruzado de los combates.

“Hay una escuela donde los niños no asisten a clases, la población está confinada, no pueden ir a las fincas, porque los grupos armados o el ejército disparan de un lado o de otro en medio de las confrontaciones”.

De la misma forma, recordó que la Defensoría del Pueblo ha emitido hasta 18 alertas sobre la violencia en la zona, pero varios de estos llamados no son escuchados.

“Pedimos que esa alerta se haga efectiva y que no se quede en el papel. De nada nos sirve a los alcaldes que salga una alerta de la Defensoría y que parecía que solo son recomendaciones no vinculantes y que el Gobierno no atiende. Yo como alcalde no sé ya más qué hacer, la situación se desbordó, se salió del control”.

Luego de que Medicina Legal confirmó que, en un bombardeo contra un campamento del Estado Mayor Central —disidencias de las Farc al mando de “Iván Mordisco”—, se registró la muerte de siete menores reclutados por ese grupo armado, en Colombia se ha generado un debate en torno a la protección de los menores víctimas del conflicto interno.

En su defensa, el Ministerio de Defensa y el Gobierno nacional indicaron que se ordenó el ataque debido a que se trataba de un grupo de más de 150 guerrilleros que estaba próximo a atacar un campamento del Ejército Nacional en el que había alrededor de 20 uniformados.

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Es por ello que ha generado sorpresa que, en diálogo con Noticias RCN, un agente que participó del bombardeo reveló que, además del riesgo de los uniformados, otro aspecto que se priorizó en el ataque fue la presencia de varios altos mandos de las disidencias.

“Logramos obtener información gracias a colaboradores de la estructura, que generamos el acercamiento, nos brindan información, nos permiten conocer que en el lugar se encuentran alias Pescado, alias Yimy Martínez, alias Gerson y alias Pardo”, declaró el uniformado.

El agente, cuya identidad no fue revelada, indicó que en el sitio había presencia de más de 150 personas armadas, que vestían prendas militares y tenían en su poder armas largas.

A nivel de inteligencia, se presume que la presencia de los guerrilleros se debía a una orden por parte de “Iván Mordisco” para atacar a la fuerza pública en el Guaviare.

Sobre la ubicación precisa del lugar en el que estaba el campamento, el agente reveló que recibieron información precisa por parte de colaboradores sobre la zona en la que estaban ubicados los guerrilleros.

En ese sentido, aseguró que les indicaron que los cabecillas mencionados habían llegado desde el Cauca y Arauca para “reorganizar las estructuras para generar componentes armados que ayuden en las confrontaciones que liaran ellos contra alias Calarcá”.

Después del ataque, los investigadores ingresaron al campamento de las disidencias y allí encontraron armamento, explosivos, brazaletes alusivos al grupo armado y productos de uso personal, principalmente de aseo.

El agente afirmó que en el lugar se identificó un arma que sería de alias Yimy, presunto autor intelectual de varios ataques contra la fuerza pública y la población civil en el municipio de Calamar, en Bolívar.

Debido a la poca infraestructura que se encontró en el campamento, se presume que funcionaba como un punto estratégico para reorganizarse tras las confrontaciones con el ejército o los demás grupos armados que tiene presencia en la zona.

En medio de la polémica, desde el Ministerio de Defensa justificaron la aprobación del bombardeo mediante un comunicado en el que resaltaron que se priorizó la vida de los soldados que podían ser atacados.

“La decisión de proceder con un apoyo aéreo cercano a la tropa, que incluyó el empleo de bombardeo, para proteger a los 20 militares que se encontraban en desventaja táctica y muy próximos a la amenaza letal, se fundamentó en información de inteligencia que advertía sobre un riesgo extremo para la población civil y para los uniformados”.

De la misma forma, el ministro Pedro Sánchez resaltó el arsenal de guerra que fue encontrado en el lugar, con el que iban a atentar contra la población en el Guaviare.

“La peligrosidad de esta estructura criminal y la magnitud de la amenaza neutralizada se evidencia en el abundante material de guerra incautado en el lugar de los hechos, que incluye: 6 ametralladoras, 24 fusiles, 3 morteros, cerca de 30.000 municiones, 51 minas antipersonal y otro material de guerra”.

A pesar de la firma del proceso de paz con las Farc-EP, en Colombia se mantiene el conflicto armado con otras estructuras armadas, como el Clan del Golfo, el ELN y otros Gaor, a los que se suman las disidencias del primer grupo armado mencionado, que se dividen en tres facciones, lideradas por “Iván Mordisco”, “Calarcá” e “Iván Márquez”.

Para combatirlos, las Fuerzas Militares priorizan los ataques organizados en los que se intenta tener el control absoluto de la situación; sin embargo, en algunas situaciones se registran bombardeos, que son aprobados por el Ministerio de Defensa y el presidente de turno.

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Precisamente, en lo que va de 2025 se han registrado siete ataques de esta índole en el país, en los que se ha registrado la muerte de 15 menores de edad que habían sido reclutados por las disidencias de “Iván Mordisco”.

Estos resultados de Medicina Legal han provocado que se debata a nivel nacional sobre la aprobación de bombardeos en zonas en las que podría haber menores de edad.

En medio de esta situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) alertó sobre varias denuncias por presencia de grupos armados que reclutan a menores de edad en el Cauca.

Durante la sesión, la representante del Consejo Regional Indígena del Cauca, María Eugenia Erazo, indicó que durante 2025 han sido reclutados al menos 233 niños en el departamento mencionado, cifra que se suma a los más de 600 casos reportados entre 2022 y 2024.

Erazo afirmó que la tendencia de los grupos armados para instrumentalizar a los niños para la guerra incluye llevarlos a otros departamentos como Valle del Cauca, Nariño, Huila, Tolima y el Meta, en donde tienen menos posibilidades de retornar con sus familias.

Después de ser reclutados, los menores son obligados a participar de diferentes actividades ilícitas, lo que incluye ser violentados en caso de que se nieguen a cumplir con las órdenes.

La representante recordó que el reclutamiento es una violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, además de que es uno de los motivos por los que se quiebra el tejido social y cultural de las comunidades indígenas en todo el país.

Debido al contexto que se registra actualmente en el país, se ha pedido la intervención directa de las autoridades para evitar que más menores sigan siendo reclutados por los grupos armados, las diferentes entidades piden que el Gobierno nacional garantice la protección de los niños en todo el territorio nacional.

Por último, en la sesión se indicó que la tendencia de reclutamiento expone el poder y la expansión que han logrado los grupos armados en regiones como Cauca y Arauca, en donde la presencia de las autoridades es limitada.

Cauca es el epicentro de la violencia en Colombia tras amenaza de “Iván Mordisco”

Tras los bombardeos, “Iván Mordisco” reapareció públicamente en un video en el que señaló la responsabilidad del Estado en los hechos que podrían registrarse en los próximos meses.

Después de ello, las disidencias de las Farc perpetraron ataques contra la fuerza pública y la población civil en el Cauca, principalmente en Jambaló, en donde la estación de policía fue blanco de varias asonadas por parte de hombres del Estado Mayor Central.

De la misma forma, en la región se registró el secuestro de Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, que hasta el momento no ha sido confirmado nada sobre su paradero; sin embargo, fuentes de Infobae Colombia indicaron que, en Cajibío, en donde se registró la detención del vehículo en el que se movilizaba el hijo del artista, hay una alta presencia de hombres al mando de “Iván Mordisco”.

La región del Catatumbo completa 10 meses sumida en una crisis humanitaria sostenida, marcada por la intensificación de disputas armadas, el avance de economías ilegales y un proceso de control territorial que ha transformado de manera radical la vida cotidiana de miles de habitantes.

En este periodo, las confrontaciones entre el Eln y dos estructuras disidentes de las antiguas Farc (como el frente 33 Mariscal Antonio José de Sucre y el Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte) han configurado un escenario de riesgo permanente.

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A comienzos de año, la región vivió una de las oleadas más violentas de la última década, con más de 60.000 desplazados y decenas de homicidios. Aunque el Gobierno anunció un despliegue de fuerza pública para contener la expansión de estos grupos, informes de inteligencia advierten que las disputas persisten y se mantienen alimentadas por la significativa presencia de cultivos de uso ilícito.

Tibú, corredor estratégico y epicentro del conflicto

El mapa del conflicto ubica a Tibú como un corredor fronterizo clave, debido a su conexión con Venezuela y a las rutas que comparten los grupos armados que operan al margen de la ley. Esa ubicación estratégica ha convertido al municipio en una zona de disputa constante.

De acuerdo con El Tiempo, los reportes de inteligencia también señalan un incremento en la capacidad operativa del Eln y de las disidencias, sustentado en procesos de expansión territorial, reclutamiento y modernización bélica. Entre los hallazgos destaca el uso de drones adaptados para portar explosivos, una táctica atribuida a combatientes entrenados en territorio venezolano.

En paralelo, organizaciones humanitarias han documentado la consolidación del control social ejercido por el Eln en distintos sectores del Catatumbo, donde las restricciones a la movilidad, las imposiciones comunitarias y los señalamientos configuran un entorno asfixiante para la población civil.

Audiencia de la Corte Constitucional: un llamado urgente al Estado

En medio de este panorama, la Corte Constitucional realizó la semana pasada una audiencia pública para revisar la respuesta estatal frente a la crisis. La magistrada Natalia Ángel Cabo advirtió un “deterioro progresivo de las condiciones de seguridad”, sustentado en información de organismos oficiales y reportes periodísticos.

Según el alto tribunal, 82.950 personas han sido desplazadas forzosamente durante estos 10 meses, entre ellas 218 firmantes del Acuerdo de Paz, cuyas familias también fueron afectadas. Además, 2.476 habitantes permanecen confinados, incluyendo 183 firmantes. A esto se suman seis excombatientes desaparecidos y siete asesinados, lo que profundiza los riesgos en un territorio donde la movilidad y el acceso a bienes esenciales se deterioran con rapidez.

Desplazamientos masivos: cifras que superan registros históricos

La Unidad para las Víctimas reportó que en 2018 se registraron 13 eventos de desplazamiento masivo, la cifra más alta en una década. Sin embargo, los primeros meses de 2025 superaron ampliamente ese récord, con más de 60.000 víctimas, lo que representa un aumento del 336% frente a 2018.

Estas cifras se han usado como argumento para advertir la insuficiencia de las medidas de prevención, protección y respuesta temprana que deberían garantizarse en la región.

Operación Catatumbo: ofensiva militar y resultados preliminares

En respuesta a la crisis, la Fuerza Pública activó la Operación Catatumbo, una estrategia militar orientada a presionar al Eln y a las disidencias presentes en la región. De acuerdo con los reportes oficiales, desde su implementación se han logrado:

• 40 menores recuperados de manos de grupos armados
• 155 personas desmovilizadas
• 147 capturas
• 19 integrantes de organizaciones criminales dados de baja
• 167 armas cortas y 158 armas largas incautadas
• 2.821 artefactos explosivos destruidos

La operación también ha estado dirigida a golpear las economías ilícitas que financian a los grupos armados. Según cifras oficiales, se han incautado:

• 16,9 toneladas de clorhidrato de cocaína
• 21.316 galones de cocaína en proceso
• 34.818 galones de base de coca
• 528.107 galones de insumos líquidos
• 209 toneladas de insumos sólidos

Además, en zonas rurales se han destruido 392 laboratorios utilizados para el procesamiento de estupefacientes, generando un impacto financiero estimado en $196.889 millones a las estructuras ilegales.

Un territorio sin garantías y una población al límite

A pesar de los esfuerzos institucionales, el Catatumbo continúa enfrentando niveles alarmantes de violencia y control armado, mientras sus habitantes deben lidiar diariamente con confinamientos, restricciones, amenazas y desplazamientos forzados.

La región, históricamente olvidada según lo reportado por diversos medios de comunicación, vive hoy uno de los peores momentos de su crisis humanitaria. La complejidad del conflicto, la disputa por las economías ilícitas y el fortalecimiento de las estructuras armadas disidentes evidencian que el Estado enfrenta un reto monumental para recuperar el control, garantizar la seguridad y proteger a las comunidades que sobreviven en medio del fuego cruzado.

El 11 de noviembre el Ministerio de Defensa informó que, tras una serie de bombardeos contra campamentos de las disidencias de las Farc al mando de “Iván Mordisco”, se podía confirmar la neutralización de 25 miembros del Estado Mayor Central.

Sumado a ello, el ministro Pedro Sánchez confirmó que a estos resultados se sumaba la incautación de 23 fusiles, seis armas cortas, cinco ametralladoras, tres morteros y más de 123 artefactos explosivos, además de equipos de intendencia y comunicación empleados por las estructuras criminales.

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Sin embargo, en la rueda de prensa quedaron dudas debido a que se informó que no había información sobre la identidad o edad de los guerrilleros dados de baja, abriendo la puerta a la posibilidad de que hubiera menores de edad.

Es por ello que el 13 de noviembre, tras un evento público en Bogotá, el ministro Sánchez fue cuestionado sobre este tema durante su atención a los medios de comunicación.

En primer lugar, Sánchez confirmó que, tras la aprobación del presidente Gustavo Petro, las Fuerzas Militares adelantan un nuevo bombardeo en contra de los grupos armados. Al respecto, indicó que estos se hacen bajo los parámetros correspondientes del derecho internacional humanitario (DIH).

“Los bombardeos son lícitos, empleando medios y métodos autorizados por el DIH, en ninguno de estos ataques se ha afectado personas o bienes protegidas”, indicó Pedro Sánchez.

Acto seguido, el ministro anticipó que si hay algún menor entre los guerrilleros dados de baja, será responsabilidad del Estado Mayor Central por haberlos reclutado.

“Si en un hipotético caso, que es Medicina Legal la que determina el sexo y edad de los combatientes ilegales en armas, que murieron en función continua de combate, y alguno es menor de edad, menor de 18 años, aquí la responsabilidad y hay que denunciar este delito de crimen de lesa humanidad, que es el reclutamiento de menores a grupos ilegales”.

Por último, el ministro de Defensa indicó que no es posible proteger la vida de los menores en medio de los combates, puesto que en ellos los combatientes que tienen menos de 18 años tendrán la intención de matar a los uniformados para cumplir con las órdenes de sus comandantes.

“Quien se involucra en toda hostilidad pierde toda protección, sin distinción alguna. Recordemos que lo que mata no es la edad, es el arma”, puntualizó Pedro Sánchez.

Respecto al objetivo del bombardeo anunciado, el comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, declaró que es parte de un operativo en el que buscan terminar con las confrontaciones entre el ELN y las disidencias de “Iván Mordisco” en el Cauca.

“Se han mantenido labores contundentes en Arauca, una confrontación entre el ELN y las disidencias de “Iván Mordisco”, entre ellos una comandancia al mando de alias Antonio Medina”.

El almirante Cubides indicó que el objetivo principal del ataque es neutralizar a alias Antonio Medina, y que los resultados del bombardeo serán expuestos en las próximas horas.

“Hoy hemos tenido una afectación contra ellos tras un bombardeo, estamos en fase de consolidación, pero este iba enfocado contra este individuo ‘Antonio Medina’”.

Por último, el comandante de las Fuerzas Militares le envió un mensaje a todos los uniformados en el país y confirmó que todos los pelotones se mantendrán en el Cauca para contrarrestar a los grupos armados y seguir protegiendo a la población civil en la región.

“Nuestros soldados, marinos y aviadores se encuentran desplegados en el área de operaciones ejecutando maniobras ofensivas para consolidar la afectación a esta estructura narcoterrorista”.

Este episodio se presentó en la tarde del martes 11 de noviembre, cuando el sonido de las ráfagas de fusil interrumpió la cotidianidad en la zona rural del suroccidente del Valle del Cauca.

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Según el reporte inicial de las autoridades, no se registraron personas lesionadas ni víctimas mortales tras el ataque, aunque la tensión se apoderó por varios minutos de la población.

Las fuerzas de seguridad incrementaron su presencia en la región para controlar la situación y evitar nuevos hechos violentos. La administración municipal anunció la activación del plan defensa y el despliegue de operaciones conjuntas del Ejército y la Fuerza Aérea para garantizar la seguridad local.

Estudiantes y docentes, víctimas indirectas del hostigamiento

Uno de los momentos más alarmantes del hostigamiento tuvo lugar en la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo, ubicada a poca distancia de la subestación atacada. Estudiantes, docentes y personal administrativo vivieron escenas de pánico al quedar en medio del fuego cruzado.

Testigos informaron que desde el colegio se escuchaban las detonaciones, lo que obligó a quienes se encontraban en el recinto a buscar refugio y permanecer en silencio durante el ataque.

El episodio quedó registrado en video y fue difundido en redes sociales. En las grabaciones se escucha cómo una de las personas presentes advierte: "Ellos están aquí en el colegio“, mientras otra sugiere apagar las luces para no llamar la atención.

La comunidad educativa descartó la idea de salir del plantel, optando por resguardarse para no ser confundidos con miembros de la fuerza pública. La decisión se sustentó en el miedo a represalias de los atacantes, quienes mantenían la zona bajo incertidumbre y peligro hasta el retorno de la calma.

Respuesta institucional y estado de la seguridad en Jamundí

Desde la Alcaldía de Jamundí se confirmó el hostigamiento y se rechazó el hecho, ya que representó un riesgo para la población civil y, especialmente, para la comunidad educativa cercana a la subestación de Policía. La administración local reiteró que la situación fue controlada y que no hubo personas heridas. Las autoridades mantienen presencia reforzada de la Fuerza Pública, sobrevuelo de la Fuerza Aérea y patrullajes terrestres para impedir que se repitan estos actos violentos.

La Alcaldía realizó un llamado a la calma, solicitando a la ciudadanía mantenerse informada a través de canales institucionales y colaborar con las autoridades en tareas de prevención. Además, el gobierno municipal expresó que las fuerzas de seguridad continúan trabajando para restablecer el orden y la tranquilidad en el corregimiento de Potrerito y otras zonas rurales donde operan estructuras armadas.

Repetición de ataques y antecedentes recientes en Jamundí

El hostigamiento a la subestación de Potrerito es el más reciente de una serie de incidentes similares registrados en los últimos meses en Jamundí y zonas aledañas. En la mañana del lunes 10 de noviembre también se reportaron enfrentamientos armados en el corregimiento de Robles entre tropas oficiales y presuntos integrantes de disidencias. Asimismo, en semanas anteriores, se documentaron ataques con drones contra la estación de Policía en Robles, así como atentados con cilindros bomba que dañaron al menos 18 viviendas y dejaron nueve personas afectadas.

A pesar del incremento de la violencia, las autoridades insisten en que hasta ahora no se presentan personas heridas entre la población civil ni entre los miembros de la Fuerza Pública como consecuencia directa de estos ataques.

Preocupación por el control territorial

Stuart León, especialista y analista en temas de seguridad advirtió según El Tiempo que la zona rural de Jamundí enfrenta una serie de desafíos por la presencia de grupos armados ilegales, que aprovechan la debilidad institucional para fortalecer sus actividades ilícitas en corredores estratégicos.

Un ejemplo de esta dinámica es el caso de la reciente construcción ilegal de una vía entre corregimientos, ejecutada con recursos obtenidos mediante extorsión a la propia comunidad. Según el analista citado por el medio, la ejecución de proyectos como el Batallón de Alta Montaña en Jamundí representa una apuesta estratégica del Estado para mantener presencia militar permanente y asegurar el control de los corredores ilegales.

Este batallón, que contará con una inversión aproximada de $7.500 millones y un área superior a 13 hectáreas, pretende proteger a las comunidades rurales, aunque se reconoce que la intervención militar debe complementarse con programas sociales y fortalecimiento institucional.

En primer lugar, tras 72 horas de combates contra las disidencias de “Iván Mordisco”, que se registraron en el municipio de Calamar, en el Guaviare, se concretaron 19 bajas de guerrilleros, tres recuperaciones de menores, dos procesos de entrega voluntaria y una captura.

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Todos los disidentes hacían parte de las subestructuras “Martín Villa” y “Armando Ríos”, que cumplen con las órdenes de alias Pescado y “Jimmy”, encargados de perpetrar acciones terroristas contra la población civil y la fuerza pública en la región.

En las acciones ofensivas se concretó la incautación de 23 fusiles, seis armas cortas, cinco ametralladoras, tres morteros y más de 123 artefactos explosivos, además de equipos de intendencia y comunicación empleados por las estructuras criminales.

Se confirmó que las tropas mantendrán el despliegue militar en el área, debido a la presencia estimada de más de 120 integrantes de las disidencias, que serían responsables del control de rutas del narcotráfico con salida hacia Venezuela y Brasil.

Los tres menores recuperados se encuentran bajo la protección de las autoridades competentes, que adelantan los procedimientos para el restablecimiento de sus derechos.

Uno de los voceros del informe oficial fue el comandante de las Fuerzas Militares, el general Francisco Cubides, que narró lo que motivó a que se tomara la decisión de bombardear a las subestructuras mencionadas.

“En esta operación, el pasado viernes hubo combates en Calamar, allí nuestro Ejército golpeó a estas estructuras. Como retaliación, ubicaron una casa de campesinos y la incendiaron, evitando que las fuerzas incautaran el material. Es costumbre quemar casas para evitar las incautaciones, no podemos permitir que eso pase. Es una forma cobarde y vil de afectar a la población civil”.

Cubides confirmó que los cuerpos de los guerrilleros dados de baja fueron transportados a San José del Guaviare, y su identidad será informada cuando terminen los exámenes forenses.

“Estamos afectando el mando y control, se impacta la capacidad armada que han tenido y sobre todo las finanzas porque para la presencia en la región, en donde buscan seguir extorsionando, con narcotráfico y minería ilegal”

Por último, el comandante de las Fuerzas Militares confirmó que en los últimos meses se ha aprobado el pago de más de $5.000 millones por información suministrada por terceros.

“Quiero agradecer a la comunidad, que ha venido colaborando sobre la presencia de estos sujetos en todo el país. Se han aprobado más de $5.800 millones por información que ha permitido este tipo de misiones. Esto demuestra que informar paga”.

En ese sentido, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, pidió que la ayuda de la ciudadanía se mantenga para seguir neutralizando a más objetivos de valor.

“Refleja de alguna manera que las recompensas funcionan, nos permite a acceder a información más rápida, a llegar a los anillos de seguridad de los objetivos de alto valor. Sigamos suministrando información, que es necesaria para anticiparnos a cualquier atentado terrorista, que son la expresión cobarde de estos criminales cuando no pueden responder ante la fuerza pública”.

Sánchez le envió un mensaje directo a “Iván Mordisco”, al que le anticipó que en caso de que no se entregue, su destino será ser abatido o capturado por las Fuerzas Militares.

“Lo mejor que puede hacer esta persona que le ha hecho tanto daño a Colombia, que le ha quitado las piernas a nuestros indígenas, que ha reclutado a niños y adolescentes, que ha extorsionado y desplazado a nuestros campesinos e indígenas, es desmovilizarse, de lo contrario la fuerza del Estado lo capturará o empleará la fuerza contra él”.

Por último, el ministro de Defensa respondió a las críticas que ha recibido el Gobierno nacional sobre la forma que combate el narcotráfico, asegurando que mientras se mantenga la demanda será imposible terminar con la problemática.

“Mientras exista el queso, habrá ratones. El esfuerzo de este Gobierno es desmantelar el narcotráfico… Incautaremos más de 900 toneladas al finalizar el año, pero mientras exista demanda, será imposible de eliminar. Mientras existan consumidores será imposible anular la producción".

En la actualidad, además de los grupos armados que llevan décadas operando en las selvas del país, también han ganado poder territorial algunas disidencias o estructuras que se han desligado de las estructuras armadas “convencionales”.

Es por ello que las Fuerzas Militares han expuesto en un informe de inteligencia, al que tuvo acceso Infobae Colombia, las alianzas criminales de grupos armados organizados en varias regiones del país.

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En el informe se destaca que estas alianzas criminales se estarían realizando para controlar las finanzas ilegales derivadas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

Además, debido a que no se tenía conocimiento sobre estos “acuerdos”, se ha dificultado la efectividad operacional de la fuerza pública en los últimos meses.

En el mapa fueron marcados trece puntos de calor, en los que se separa con colores dependiendo del Grupo Armado Organizado Residual que tenga mayor presencia en la zona.

En ese aspecto, se evidencia que en la Sierra Nevada de Santa Marta, Antioquia o Bolívar hay un poder territorial del Clan del Golfo y unas pequeñas zonas en las que hay mayor presencia de Comuneros del Sur.

En el caso del Chocó, Nariño, Cauca y Valle del Cauca, son departamentos en los que el Estado Mayor Central, tanto los comandados por “Iván Mordisco”, como los que siguen las órdenes de “Calarcá”, tienen poder territorial.

Otro aspecto destacado es que en los departamentos de Putumayo, Caquetá y Amazonas hay presencia de las disidencias en general (Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia), lo que explica los constantes enfrentamientos entre estructuras armadas.

Estos son los departamentos mencionados, y por ende, con mayor presencia de grupos armados en el país:

1. Norte de Santander
2. Arauca
3. Chocó
4. Nariño
5. Cauca
6. Putumayo
7. Caquetá
8. Meta.
9. Guaviare
10. La Guajira
11. Bolívar

En el segundo bloque de lo expuesto, el informe detalla las zonas en las que hay enfrentamientos o alianzas entre los grupos armados.

Por ejemplo, en el sur de Bolívar y el bajo cauca antioqueño hay una alianza entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Bloques y Frentes, que es como se conoce a las disidencias que se retiraron en los últimos meses del mando de la Segunda Marquetalia.

En estos mismos espacios hay enfrentamientos entre estos dos grupos armados y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo. Estas confrontaciones se mantienen en el Norte de Santander, que es uno de los pocos departamentos en los que no hay evidencia de algún tipo de alianza.

Otras alianzas entre grupos armados:

• Pacífico (Chocó): Entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Grupo de Delincuencia Común Organizado Los Shottas.
• Cauca: Entre el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia.
• Nariño: Entre el Clan del Sur (autodefensas desligadas del Clan del Golfo) y la Segunda Marquetalia.
• Valle del Cauca: Entre el Frente 57 (Disidencias que no han sido vinculadas con el Estado Mayor Central) con la Segunda Marquetalia.

En las 13 zonas mencionadas hay enfrentamientos entre diferentes actores de la guerra interna del país, en algunos departamentos se mantienen conflictos principalmente entre las disidencias, ya sea del Frente 57, el Estado Mayor Bloques y Frentes, el Estado Mayor Central o la Segunda Marquetalia.

A pesar de que no fue mencionado en el informe, las Fuerzas Militares ya habían expuesto que en el Atlántico habría una alianza que involucra al ELN y el Clan del Golfo con bandas delincuenciales de esta región, que recibirían arsenal de armamento para librar una guerra que tiene como objetivo apoderarse de una zona afectada principalmente por los cobros extorsivos.

La desconfianza que existe entre los cabecillas del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, comandados por “Iván Mordisco”, ha aumentado luego que se conoció un informe de las Fuerzas Militares en el que se expuso la verdad sobre la muerte de alias Jenny, una de las disidentes de confianza del guerrillero.

Al respecto, se afirma que fue asesinado por otros guerrilleros por orden de “Lorena”, pareja sentimental de “Iván Mordisco”, que tendría celos de la confianza que existía entre el comandante del Estado Mayor Central y la encargada de la seguridad del mismo.

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En el documento se afirma que fue ejecutado un plan para que ocho hombres asesinaran a “Jenny”, que recibió la orden de movilizarse del Guaviare bajo el pretexto de cumplir con una misión.

Para intentar engañar a “Iván Mordisco”, su pareja le habría indicado que la disidente había sido dada de baja en un combate con el Ejército Nacional, lo que fue desmentido por la institución.

La importancia de “Jenny” en las disidencias

Después de que se confirmó el asesinato de “Jenny”, fuentes de Infobae Colombia informaron que esta disidente estaba vinculada a las Farc desde hace más de 14 años.

En un principio se sumó a uno de los frentes de combate de las Farc-EP, en el que permaneció hasta que fue beneficiada y recibió el rol de líder de la estructura Jhonier Arenas, en donde estaba al mando de alrededor de 70 guerrilleros en el Amazonas y Caquetá.

Después del proceso de paz, que representó el nacimiento de las disidencias, “Jenny” se convirtió en una pieza clave de la Segunda Marquetalia en la frontera con Brasil, en donde las disidencias tienen presencia con temas de minería ilegal, contrabando y otro tipo de negocios ilícitos.

Sumado a ello, “Jenny” era una pieza clave en la seguridad de “Iván Mordisco” en el primer anillo de seguridad del guerrillero, encargándose de la inteligencia de sus movimientos y del abastecimiento de su campamento.

Era tal la cercanía que tenía el comandante de la Segunda Marquetalia con la disidente que se afirma que varios de los ataques contra la fuerza pública registrados entre septiembre y octubre fueron parte de una venganza por un combate en el que “Jenny” fue herida por militares.

La seguridad de “Iván Mordisco” tras la traición

Tras la traición registrada, la seguridad del criminal más buscado en Colombia estaría a cargo de Ebimelec Eregua Torres, conocido como “Alonso 45″, que en un informe de El Tiempo fue mencionado como el encargado de planear los ataques contra aquellos que se acerquen al círculo cercano de “Iván Mordisco”.

El medio citado indicó que Eregua lleva más de 30 años vinculado a grupos armados, siendo uno de los fundadores del Bloque Amazonas; sin embargo, antes estuvo vinculado al ELN y la Juventud Comunista (Juco), hasta que ingresó a las Farc-EP en 1986.

Antes del proceso de paz, era mencionado como uno de los hombres clave del frente uno o Armando Ríos, en el que estaba en el tercer lugar del mando, además de que también estuvo vinculado al bloque oriental, en el que se encargó de custodiar a varios grupos de secuestrados.

“Alonso 45″ no se desmovilizó y reapareció en 2017 como cabecilla del frente financiero de las disidencias, hasta que en 2023 comenzó a estar más cerca del esquema de seguridad de “Iván Mordisco”.

Eregua tiene seis órdenes de captura por crímenes como homicidio, narcotráfico, reclutamiento de menores y tráfico de armas; además, se le atribuye el asesinato de varios líderes sociales, entre ellos Edinson Gómez Ortiz, registrado en 2022, o la masacre contra 19 firmantes en el Putumayo.

Desde que se firmó el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las Farc-EP, los fundadores de las tres disidencias que se han consolidado desde tregua con el grupo armado se han convertido en el principal objetivo de las Fuerzas Militares.

Durante varias semanas, el Gobierno nacional sostuvo diálogos con algunas de las disidencias, principalmente las del Estado Mayor Central, que en un principio eran lideradas en conjunto por “Calarcá” e “Iván Mordisco”.

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Sin embargo, el distanciamiento del segundo en los procesos de paz hicieron que el Estado Mayor Central ahora tenga dos estructuras distanciadas, que en algunas zonas del país han llegado a enfrentarse en combates.

Esto, sumado a los atentados contra la población civil y la fuerza pública, han provocado que Néstor Gregorio Vera Fernández, más conocido como “Iván Mordisco”, se consolide como la persona más buscada del país, por el que las autoridades ofrecen hasta 5.000 millones de pesos.

En más de una ocasión, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha indicado que el objetivo de las Fuerzas Militares es neutralizar a “Iván Mordisco”, que ha sido catalogado como un narcoterrorista por su accionar reciente.

Para ello, también es necesario tener información de inteligencia sobre su esquema de seguridad, que ha sido mencionado en diferentes informes de las autoridades.

Precisamente, en un informe expuesto por El Tiempo, se destaca que dos de las siete personas más cercanas a “Iván Mordisco” se han consolidado como piezas clave para que el Estado Mayor Central siga manteniendo su poder territorial en el país.

El medio citado indicó que “sin ellos, ‘Mordisco’ no se movería”, puesto que, además de operar en todo lo relacionado con las economías ilícitas, también son los encargados de seleccionar los escondites del cabecilla del EMC desde hace varios meses.

El primero en ser mencionado es Ebimelec Eregua Torres, conocido al interior del grupo armado como “Alonso 45″, que estaría relacionado con los ataques terroristas perpetrados en Calamar, en el Guaviare.

De la misma forma, indican que Eregua es el encargado de planear todo lo relacionado con los golpes contra estructuras que afecten al círculo personal de “Iván Mordisco”.

“Alonso 45″ sería el segundo al mando del esquema de seguridad de “Iván Mordisco”, que se enfoca principalmente en los posibles enemigos en la frontera con Brasil y Perú.

El medio citado indicó que Eregua lleva más de 30 años vinculado a grupos armados, siendo uno de los fundadores del Bloque Amazonas; sin embargo, antes estuvo vinculado al ELN y la Juventud Comunista (Juco), hasta que ingresó a las Farc-EP en 1986.

Antes del proceso de paz, era mencionado como uno de los hombres clave del frente uno o Armando Ríos, en el que estaba en el tercer lugar del mando, además de que también estuvo vinculado al bloque oriental, en el que se encargó de custodiar a varios grupos de secuestrados.

“Alonso 45″ no se desmovilizó y reapareció en 2017 como cabecilla del frente financiero de las disidencias, hasta que en 2023 comenzó a estar más cerca del esquema de seguridad de “Iván Mordisco”.

Eregua tiene seis órdenes de captura por crímenes como homicidio, narcotráfico, reclutamiento de menores y tráfico de armas; además, se le atribuye el asesinato de varios líderes sociales, entre ellos Edinson Gómez Ortiz, registrado en 2022, o la masacre contra 19 firmantes en el Putumayo.

En el informe también mencionan a alias Jenny, que habría sido reclutada cuando era menor de edad y lleva más de 14 años vinculada a las Farc y posteriormente a las disidencias.

Después de estar vinculada a un frente de combate, se convirtió en líder de la estructura Jhonier Arenas, en donde estuvo al mando de más de 70 guerrilleros y encabezó operaciones en el norte del Amazonas y el Caquetá.

En la actualidad, “Jenny” estaría vinculada a varias redes criminales en Brasil, principalmente ligadas a minería ilegal y contrabando de oro, que es una de las fuentes de financiación del Estado Mayor Central.

Además, estaría a cargo del primer anillo de seguridad de “Iván Mordisco”, siendo la encargada de la inteligencia, el abastecimiento del campamento del cabecilla y el transporte de todos sus movimientos.

Por último, afirman que los últimos ataques contra la fuerza pública es una venganza por un operativo de las autoridades en el que “Jenny” resultó herida y estuvo a punto de ser abatida.

El secuestro de una misión médica en La Plata, Huila ha generado preocupación en la región, luego de que las autoridades identificaran a alias Karla y a otros integrantes de las disidencias como los presuntos responsables.

El incidente afecta directamente la prestación de servicios de salud y la seguridad local, lo que ha puesto en alerta a la comunidad y a las fuerzas de seguridad.

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Según la información oficial, el grupo armado ilegal interceptó y privó de la libertad a los miembros de la misión médica mientras cumplían labores en el municipio de La Plata, en el departamento de Huila.

Esta acción representa una amenaza para el personal sanitario y compromete la atención médica de la población en una zona que ya enfrenta desafíos en materia de seguridad.

“Buscando si tienen información de alias Carla o de alias los otros bandidos que están allá delinquiendo, que nos suministren información y llamando al uno cinco siete. Si podemos tener esa información, los podemos ubicar más rápidamente y llevarlos a la justicia”, afirmó Sánchez en una rueda de prensa.

Las investigaciones permitieron identificar a alias Karla y a otros miembros de las disidencias como los principales sospechosos del secuestro. Esta identificación constituye un avance en el proceso de esclarecimiento del caso y en la búsqueda de los responsables, quienes, según las autoridades, continúan delinquiendo en la región.

El ministro de Defensa Pedro Sánchez hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore con las autoridades. Sánchez instó a quienes tengan información sobre el paradero de alias Karla o de los demás implicados a comunicarse con la línea 157, y destacó la importancia de la participación ciudadana para avanzar en la investigación y garantizar la seguridad en la zona.

La colaboración de la comunidad es fundamental para que las autoridades logren ubicar a los responsables y proceder con su judicialización, lo que permitiría que la justicia actúe con mayor eficacia en este caso.

Alarma por rezago tecnológico en defensa colombiana tras escándalo de contrato

La advertencia sobre la falta de inversión tecnológica en el sector defensa colombiano ha cobrado nueva urgencia tras la revelación de que el país podría perder más de 13 millones de dólares en recursos públicos debido a un contrato fallido para el mantenimiento de helicópteros MI-17.

Esta situación, expuesta por la Contraloría General de la República, no solo compromete la operatividad de la Fuerza Pública, sino que también pone en evidencia las debilidades estructurales en la gestión y modernización militar.

Durante el foro Nuevas estrategias en ciencia, tecnología e innovación para el fortalecimiento de la defensa y seguridad en Colombia, el contralor general Carlos Hernán Rodríguez Becerra presentó un análisis que subraya el rezago tecnológico del país.

Según sus datos, solo el 4.6% del presupuesto de defensa y seguridad entre 2024 y 2025, equivalente a 3.8 billones de pesos, se destinó a inversión. Esta proporción, considerada insuficiente por el órgano de control, limita el desarrollo de capacidades estratégicas, debilita la autonomía tecnológica y expone la infraestructura crítica nacional a riesgos crecientes.

En presencia del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y de la cúpula de la Fuerza Pública, Rodríguez Becerra insistió en la necesidad de transformar la política de defensa en una política de Estado sostenida y articulada, que trascienda los ciclos de gobierno.

El contralor enfatizó: “Siempre he sido un firme convencido —y lo reitero— de que más allá de hablar de una política de gobierno, es muy importante hablar de una política de Estado que debe construirse de manera conjunta con la fuerza pública”.

El panorama comparativo presentado por la Contraloría deja a Colombia en clara desventaja frente a potencias mundiales y países de la región. Mientras Corea del Sur destina el 4.9% de su PIB a investigación y desarrollo, Estados Unidos invierte 3.5% y China el 2%.

En contraste, Colombia apenas alcanza el 0.2%, cifra inferior al promedio de los países de la Ocde (3%) y a la de naciones latinoamericanas como Brasil (1.2%), Argentina y Uruguay.

Rodríguez Becerra recordó que, pese a avances institucionales como la creación de Colciencias en 1968 y del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en 2019, el país sigue dependiendo de tecnología extranjera, lo que limita la construcción de capacidades propias. El contralor sostuvo: “Desde el Plan Colombia en el año 2000 se buscó modernizar las fuerzas militares, pero seguimos dependiendo de tecnología foránea, lo que impide garantizar la autonomía y la soberanía tecnológica”.

La normalidad en el corregimiento de Robles, zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, se alteró durante la mañana del jueves 9 de octubre de 2025, tras un ataque con explosivos que dejó cuatro personas heridas y daños materiales significativos en varias viviendas cercanas a la subestación de Policía.

Las autoridades informaron que por el momento no hay víctimas fatales, aunque los lesionados permanecen bajo atención médica en el Hospital Piloto de Jamundí, según detalló la Alcaldía de Jamundí.

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El ambiente en Robles se mantiene tenso y la población civil permanece confinada por motivos de seguridad. Las clases en los centros educativos fueron suspendidas y el comercio local se encuentra cerrado, de acuerdo con por Blu Radio.

El corregimiento de Robles, que está localizado en los límites entre el Valle del Cauca y el Cauca, ha sido escenario frecuente de ataques atribuidos al frente Jaime Martínez, una de las estructuras de las disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco.

Esta serie de hostigamientos convierte la región en un punto crítico para las autoridades de seguridad, que en la actualidad mantienen presencia permanente en la zona para atender la situación.

Por su parte, el comunicado de la Alcaldía pidió a los habitante de la región estar calmados y confiar en la información propiciada por las autoridades. También aseguraron que los cuerpos de emergencia atendieron el hecho de inmediato.

“Desde el primer momento, la Administración Municipal activó el plan de respuesta con la participación de la Secretaría de Gobierno, la Oficina de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Salud, para brindar acompañamiento psicosocial a la comunidad y apoyo a las familias afectadas. Asimismo, organismos de socorro, la Fuerza Pública y el personal médico se encuentran en el lugar ofreciendo atención prehospitalaria y soporte de seguridad mientras se restablece la normalidad en la zona”, se leyó en el mensaje emitido por la Alcaldía.

De la misma manera, pidieron solo “compartir información veraz y confiable a fin de no contribuir al temor que estos hechos generan”.

Duro golpe al ‘Frente 57′ y al ‘Jaime Martínez’ en Jamundí: tres abatidos y dos capturados

Operaciones de la Fuerza Pública en el Valle del Cauca dejaron como saldo tres personas abatidas y dos capturadas en acciones contra las disidencias de las Farc, específicamente contra el Frente 57 ‘Yaír Bermúdez’ y la estructura ‘Jaime Martínez’.

Los operativos tuvieron lugar en los municipios de San Pedro y Jamundí, donde las autoridades incautaron armas y material de intendencia.

Según confirmó la gobernadora Dilian Francisca Toro, en San Pedro durante un enfrentamiento murieron tres integrantes del Frente 57, entre ellos alias Jeffrey, quien era considerado tercer cabecilla de esa estructura.

Toro explicó que “Jeffrey” estaba a cargo de las extorsiones, secuestros y robos en la región. “En San Pedro fueron neutralizadas tres personas y entre ellas está alias Jeffrey, que es muy importante dentro de esta organización criminal del Frente 57 porque era el tercer cabecilla. Se encargaba de las extorsiones, de los secuestros, de los robos”, afirmó la mandataria.

En Jamundí, tropas del Ejército también capturaron a un presunto cabecilla financiero de la ‘Jaime Martínez’ en el corregimiento de San Antonio.

El detenido resultó herido en medio del combate y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con dos armas de fuego, equipos de comunicación y material alusivo a las disidencias. “A lo largo de esta operación Escudo del Norte se logra la captura de un bandido de la ‘Jaime Martínez’ en el corregimiento de San Antonio, a quien se le incautan dos armas de fuego, abundante material de intendencia, comunicaciones y material que fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, precisó el general Juan Oduber Rendón, comandante de la Tercera Brigada del Ejército.

Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar la ofensiva para garantizar la seguridad y el control territorial en la región.

La captura de Jainober Jiménez Restrepo, presidente de las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal (Asocomunales) en el municipio de Campamento, marcó un nuevo avance en la ofensiva judicial contra el frente 36 en el departamento de Antioquia.

La Unidad contra el Crimen Organizado de la Fiscalía y el Grupo de Operaciones Especiales Antiterroristas (Grate) de la Policía, en coordinación con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), llevaron a cabo el arresto el pasado lunes 22 de septiembre de 2025 en una vía pública del barrio Niquía, en el municipio de Bello.

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El proceso judicial avanzó rápidamente: en las últimas horas, un juez penal dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para Jiménez Restrepo. La Fiscalía le imputó el cargo de concierto para delinquir, acusación que el detenido no aceptó.

Según los expedientes oficiales, “hay motivos fundados que indican que instigaba a la comunidad para que se fuera contra la fuerza pública. De esta manera, favorecían a las disidencias de las Farc”, según consta en los registros de las autoridades.

Jiménez Restrepo y la declaración con el que confesó presunto vínculo con las disidencias

La figura de Jiménez Restrepo ya había estado en el centro de la controversia en agosto de 2023, cuando, en calidad de presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda La Montañita, fue consultado por medios de comunicación tras un incidente en el que cerca de 200 personas retuvieron a un grupo de soldados de la Cuarta Brigada en zona rural del municipio.

Posteriormente, los militares fueron trasladados en chivas hasta el casco urbano del municipio. En esas declaraciones, Jiménez Restrepo sugirió que en las comunidades rurales de la localidad existía mayor confianza en las disidencias que en el Ejército, institución que denunció que, detrás de la instigación a la comunidad, se encontraba un cabecilla del frente 36, Néyder Yesid Uñates López, conocido como alias Primo Gay: “Le tenemos más confianza a ellos que al Ejército realmente.”, dijo Jainober Jiménez a Blu Radio para entonces.

Durante ese diálogo, el líder social también se refirió a la circulación de un audio en el que se escucha a una persona convocar a una reunión bajo amenaza de multa: según Jiménez, la grabación no correspondía a un miembro disidente de las Farc, sino a un presidente de una junta comunal, lo que, en sus palabras, constituyó un acto de desinformación.

“La voz del audio que él reproduce y que reproducen por ahí es de un presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Frisolera. Se la mandó a la comunidad porque realmente nosotros sabemos que aquí, al igual que en muchas partes de Colombia, si nosotros convocamos a una reunión, si convocamos a una asamblea, donde todos vamos a salir beneficiados de las decisiones que se toman y no se pone una multa, no llega nadie. Esa es una realidad. Así funcionan las cosas en Colombia.”, había expuesto Jainober Jiménez para la citada emisora.

Jiménez explicó que, para la época, no habían recibido amenazas ni presiones por parte de grupos armados ilegales: también detalló que la decisión de solicitar la salida del Ejército de la zona fue adoptada colectivamente por la comunidad, motivada por una serie de incidentes previos.

Entre estos hechos, el líder social mencionó supuestos “atropellos” cometidos contra los habitantes, que, según relató, eran requeridos para entregar sus teléfonos y eran señalados de ser guerrilleros.

Por” Primo Gay“, con el que Jainober Jiménez tendría nexos, las autoridades mantienen vigente una recompensa de 100 millones de pesos. La investigación que condujo a la captura de Jiménez Restrepo forma parte del mismo proceso que permitió la detención en el Valle de Aburrá de otros presuntos integrantes del frente 36: Entre los procesados figuran Wilder Horacio Montoya, alias el Sastre; Sara Restrepo, pareja sentimental del cabecilla alias Ramiro; y Marta Doris López Roldán, madre de “Primo Gay”.

Además de alejarse de las negociaciones de paz, las disidencias del Estado Mayor Central al mando de “Iván Mordisco” han optado por instrumentalizar a las comunidades para que interrumpan las labores de la fuerza pública.

De la misma forma, se han encargado de perseguir a líderes sociales, firmantes del Acuerdo de Paz y comunidades que no sigan sus instrucciones, principalmente su incursión en el narcotráfico.

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Cauca ha sido una de las zonas más afectadas por esta problemática, puesto que las disidencias de “Iván Mordisco” han atacado de manera permanente a la comunidad nasa en la región.

La intensidad de los hostigamientos ha hecho que, de acuerdo con un informe presentado por Noticias Uno, la Fiscalía General de la Nación este planteando la posibilidad de declarar que lo que se registra allí es un etnocidio.

Cabe mencionar que un etnocidio es la destrucción sistemática de la identidad cultural de un pueblo o grupo étnico, a menudo a través de la imposición de la cultura del grupo dominante y la supresión de sus propias tradiciones, valores y conocimientos.

La comunidad Nasa se caracteriza por su cosmovisión ligada a la tierra, el agua y el sol, su idioma ancestral es el nasa yuwe, un sistema de educación propia y una fuerte organización social y cultural, incluyendo la Guardia Indígena y rituales ancestrales.

También se identifican por su economía basada en la agricultura, la preservación de la biodiversidad, y prácticas como el tejido como expresión cultural, lo que les permite mantener su identidad frente a los desafíos del contexto urbano y del conflicto armado.

Las disidencias han asesinado a 18 sabedores, más de 140 líderes indígenas y han reclutado de manera permanente a los jóvenes de la región. “Tenemos tres casos de asesinato de menores entre los 10 y 15 años de edad. Tenemos un promedio de 30 hostigamientos en territorios poblados. Hoy nos agobia una estrategia de unos actores del conflicto armado, se consideran dueños de nuestro territorio”, denunció Eibar Fernández, que hace parte de la autoridad indígena Nasa

Coca Nasa y el proyecto que busca cambiar la perspectiva que se tiene sobre la planta

Debido a sus arraigadas costumbres y tradiciones en cuanto al respeto y a la conservación de la naturaleza, el pueblo indígena nasa cultiva y consume la hoja de coca con fines medicinales y rituales, lo cual ha trascendido hasta la comercialización de más 20 productos a base de hoja de coca 100% legales.

Esta empresa nació en 1998 luego de que Fabiola Piñacué emprendió vendiendo aromáticas de coca en la Universidad Javeriana de Bogotá, lo que la llevó a fundar la compañía con la que arraigó un proyecto de paz bajo el lema “De los pueblos indígenas para Colombia y el mundo”.

De esta forma, Coca Nasa se convirtió en la primera y única empresa de alimentos a base de hoja de coca con permiso para el uso y registro sanitario de sus productos en Colombia; lo cual fue tipificado en 2005 bajo la cobertura del artículo 7° de la Ley 30 de 1986 y el artículo 14 de la Ley 67 de 1993. La compañía cuenta con más de 20 productos en el mercado.

Platos o bebidas a base de hoja de coca

Coctel en Oda: hecho con base destilada de ginebra, este producto es acompañado con viche infusionado, licor de guanábana, espumoso y hoja de coca; ingrediente que se repite junto al eucalipto en una mezcla de polvo.

Salvo Patria: este plato fuerte contiene fideos de mambe en una conversión del ramen de cerdo; esta preparación fue inventada por el chef Alejandro Gutiérrez en el Reto Coca, recreando un clásico asiático, pero con ingredientes colombianos, incluyendo la hoja de coca.

El Chato: mambe y helado de limonaria son los principales ingredientes del postre elaborado por el chef bogotano Álvaro Clavijo.

Postre de Cascajal: bajo la denominación de Amazonas, este postre contiene una galleta de yuca y mambe corona, el cual hace parte del menú del chef Andrés Fernándes León.

Muestra de ello es que durante el tercer fin de semana de septiembre se han registrado dos casos de esta índole en el territorio nacional; el primero en el municipio de La Plata, Huila; situación similar se llevó a cabo en La Macarena, en el Meta.

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En una de estas situaciones se impidió la captura de Oliver Lozano Serna, alias Chimbo de Oro, que es uno de los delincuentes más temidos en el Meta. Sobre este delincuente, las autoridades indicaron que tiene un amplio prontuario por reclutamiento forzado de menores de edad, desplazamiento forzado, homicidios y extorsión.

Ministerio de Defensa rechazó el accionar de la población civil

A través de un video expuesto por el Ministerio de Defensa, el jefe de esta cartera, Pedro Sánchez, rechazó los hechos en los que las comunidades entorpecieron e impidieron la captura de sujetos implicados en acciones criminales.

"Los criminales del cartel de alias Mordisco siguen violando el derecho internacional humanitario, cometiendo crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, al atacar sistemáticamente a la población civil para que nuestras comunidades, a la vez, cometan delitos al interrumpir la función constitucional de nuestra fuerza pública“.

Sánchez reveló que han identificado a disidentes encubiertos entre la población civil, que tendrían la misión de verificar que los ciudadanos entorpezcan el accionar de la fuerza pública.

“Sabemos que dentro de esas personas hay integrantes de esta estructura criminal. Además del repudio, que no solamente debe ser nacional, sino internacional, frente a este grupo criminal del cartel de alias Mordisco, hay unas denuncias que estamos avanzando, porque aquí vimos unos delitos claros que no podemos dejar pasar por alto”.

El ministro indicó que entre los guerrilleros identificados están Wilman Yoni Vidal Hernández, alias Pinzas, y Jair Pedraza, alias Popoche, por los que se ofrece una millonaria recompensa por información que permita su captura.

“Detrás de estos crímenes está alias Popoche, pero también alias Pinzas. Les pedimos que denuncien. Hay una recompensa hasta cien millones de pesos por identificar, individualizar y llevar a la justicia a quienes están detrás de estos crímenes de lesa humanidad”, expuso el ministro Sánchez.

Por último, el jefe de la cartera de la Defensa llamó “cobardes” a los cabecillas del Estado Mayor Central por seguir utilizando a la población de diferentes veredas como escudo humano.

“Cuando nuestra fuerza pública avanza sin doblegarse ante la adversidad para neutralizar la amenaza, la respuesta de estos criminales, como las disidencias de alias Mordisco o alias Calarcá, es una respuesta cobarde y desesperada, utilizando a la población como escudos humanos, utilizando a los niños, a las mujeres, para frenar un avance de nuestra fuerza pública que ellos no pueden contener. Aquí la conclusión es una: ellos son, además de criminales, son criminales cobardes”, puntualizó el ministro.

Este no fue el único mensaje que ha dado el ministro Sánchez durante el fin de semana, ya que en la tarde del 20 de septiembre también se refirió a los ciudadanos que siguen las instrucciones de los grupos armados.

Al respecto, Sánchez envió una advertencia a las personas que obedecen las indicaciones de los grupos armados, aunque esto incluya entorpecer operativos de las Fuerzas Militares o retener a militares en contra de su voluntad.

“Invito a las comunidades a reflexionar sobre las consecuencias de estas acciones: solo benefician a los criminales y exponen a sus hijos y familias al reclutamiento forzado y a nuevas violencias”.

En los últimos meses, se han registrado varios casos en los que las poblaciones civiles son instrumentalizadas por disidencias del Estado Mayor Central para oponerse a los operativos y avances de las Fuerzas Militares en el país.

En un caso de esta índole, en la mañana del 20 de septiembre, en La Plata, Huila, se registró la retención ilegal de tropas del Ejército Nacional, que hacía operaciones de control en la zona rural del municipio.

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De acuerdo con el informe expuesto por la institución, el hecho se registró en la vía que conecta La Plata con Belén, sector conocido como La Balastera, en donde un grupo de civiles bloquearon la carretera con motocicletas, camiones, camionetas y automóviles para impedir el avance militar.

La multitud habría sido presionada por las disidencias para obstruir el paso hacia áreas donde se encuentran estructuras ilegales dedicadas al narcotráfico y la extorsión.

Ante esta situación, las tropas del Ejército Nacional fueron obligadas a utilizar vehículos particulares durante la movilización, a la par, se conoció que el frente Hernando González Acosta estaría detrás de la coordinación de estos hechos.

Desde el Ministerio de Defensa indicaron que el objetivo de esta organización, sería consolidar el control de corredores estratégicos entre los departamentos de Huila y Cauca.

Además, rechazaron el uso de población civil, que se ha vuelto una constante por parte del Estado Mayor Central, que amenaza con tener represalias en contra de los que no participen de los bloqueos.

Ministro de Defensa advirtió a los civiles

En la tarde del 20 de septiembre, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, publicó un mensaje en su cuenta de X, en el que se refirió a lo registrado en el municipio de La Plata.

“Cuando se retira a la fuerza pública, se abre la puerta para que la ilegalidad ingrese”, fue el mensaje con el que Sánchez calificó lo registrado en el departamento de Huila.

De la misma forma, Sánchez reafirmó que los militares estaban buscando cumplir con labores oficiales en el momento que fueron expulsados por la población civil.

“Rechazamos con total vehemencia el delito cometido en la vereda Los Sauces, en el municipio de la Plata, Huila, donde algunas personas expulsaron a la Fuerza Pública e impidió el cumplimiento de su misión constitucional de proteger a los habitantes de esta zona”.

En ese sentido, el ministro de Defensa le envió una advertencia a las personas que obedecen las indicaciones de los grupos armados, aunque esto incluya entorpecer operativos de las Fuerzas Militares.

“Invito a las comunidades a reflexionar sobre las consecuencias de estas acciones: solo benefician a los criminales y exponen a sus hijos y familias al reclutamiento forzado y a nuevas violencias”.

Por último, el jefe de la cartera mencionada anunció que denunciaran a las personas que fueron identificadas en el bloqueo contra la fuerza pública.

“De manera paralela, instauraremos las denuncias pertinentes para llevar ante la justicia a quienes cometieron este delito. La Fuerza Pública seguirá avanzando en este territorio, porque es nuestro deber constitucional y nuestra responsabilidad con la seguridad de todos los colombianos”, puntualizó el ministro Sánchez al respecto.

Además del pronunciamiento del ministro, en redes sociales fue expuesto un audio en el que se escucha a un líder social de la región, pedir a los pobladores unirse para retirar al Ejército Nacional por orden de las disidencias.

“Para pedirles el grande favor, a toda la comunidad, todos, ha llegado el informe de que las personas que no salgan serán multadas. Todos me acompañan a sacar al ejército, en carros, en motos, en lo que tengan. Pido el favor a todos, vamos a hacer esa tarea”, es parte del mensaje.

Tras 25 días de incertidumbre, ambos sobrevivientes del atentado en Amalfi, Antioquia, volvieron a verse en una escena que conmovió a los presentes.

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El 21 de agosto de 2025, una operación de erradicación manual de cultivos ilícitos en la vereda El Toro terminó en tragedia. Un grupo de uniformados fue emboscado con explosivos en un ataque atribuido al Frente 36 de las disidencias de las Farc.

El saldo fue devastador: trece policías muertos y varios heridos, entre ellos, el patrullero Herrera y su perro Telmo. La explosión destruyó un helicóptero y dispersó a los sobrevivientes.

En medio del caos, el patrullero Jiménez y su perro Lester perdieron la vida, mientras Herrera, a pesar de sus heridas, se dedicó a auxiliar a compañeros en estado crítico.

Durante cerca de 16 horas, los uniformados resistieron ataques con drones, disparos y difíciles condiciones climáticas que retrasaron la llegada de aeronaves de apoyo.

Varios heridos no lograron sobrevivir. Finalmente, Herrera fue evacuado a Caucasia y luego trasladado a Chicoral, Tolima, para continuar con su recuperación.

El destino de Telmo permaneció incierto. Según la reconstrucción, el perro quedó a varios metros del helicóptero tras la explosión y se extravió en la montaña.

Integrantes del Frente 36 lo encontraron y lo mantuvieron retenido durante dos semanas en una vivienda usada como refugio. Las disidencias intentaron coordinar su entrega mediante un organismo humanitario internacional.

Tras varias gestiones, Telmo fue trasladado en una ‘chiva’ hasta Anorí y entregado a la Policía. La confirmación de su identidad se realizó gracias a la lectura de su microchip en la base antinarcóticos de Caucasia.

El hallazgo de Telmo fue anunciado el 16 de septiembre por el presidente Gustavo Petro en la red social X: “Volvió Telmo, el perro antiexplosivos que se perdió en el ataque del Frente 36 al grupo policial que hacía labores antinarcóticos en Amalfi, Antioquia.

Se reencontrará con su dueño”. El mensaje generó gran expectativa por el reencuentro con Herrera, ambos marcados por secuelas físicas y emocionales.

El esperado momento ocurrió el 19 de septiembre en Catam. Herrera, en silla de ruedas y con el brazo enyesado, recibió a Telmo, quien corrió hacia él moviendo la cola y lo saludó con lamidas en el rostro, a pesar de haber quedado parcialmente sordo.

Entre aplausos y lágrimas, Herrera le regaló una pelota como símbolo de su unión. “Son más que compañeros, son familia”, expresó la Policía Nacional, resaltando el papel fundamental de los caninos en operaciones de seguridad.

El ataque en Amalfi ocurrió en una zona con fuerte presencia de las disidencias del Frente 36, el Clan del Golfo y reductos del ELN, organizaciones que, según inteligencia, buscaban frenar la labor policial.

Los perros como Telmo reciben entre 12 y 14 meses de entrenamiento especializado en detección de explosivos, rastreo, desminado humanitario y búsqueda de personas.

Los belgas malinois, como Telmo, son reconocidos por su fidelidad y la capacidad de establecer un lazo único con un solo guía. Herrera y Jiménez habían completado más de 16 misiones en las que salvaron vidas gracias a la pericia de sus caninos.

Sobre la autoría del ataque, inicialmente se especuló sobre el uso de drones y la participación del Clan del Golfo. Sin embargo, el ministro de Defensa Pedro Sánchez aclaró que “el ataque fue perpetrado por la E36 de las disidencias criminales, que hace parte del cartel de alias Calarcá”, descartando al Clan del Golfo.

De acuerdo con la Policía, Telmo continuará bajo estricta supervisión veterinaria y Herrera avanzará en su rehabilitación. La imagen del reencuentro ha trascendido lo policial y se convirtió en un símbolo de resistencia, esperanza y del lazo indestructible entre humanos y animales, incluso en escenarios dominados por la violencia.

En una operación efectuada en el departamento de Arauca, el Ejército Nacional decomisó más de media tonelada de explosivos y material bélico que pertenecería al Grupo Armado Organizado residual (GAO-r) Subestructura 28.

El arsenal fue hallado en depósitos ilegales, según reportes oficiales, y estaba destinado a emplearse en ataques contra la población civil y la infraestructura del Estado.

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De acuerdo con información proporcionada por la institución castrense, la acción militar se desarrolló en una zona rural donde confluyen los municipios de Puerto Rondón, Tame y Arauquita. Tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 8 localizaron y destruyeron varios escondites del grupo armado, y neutralizaron una importante cantidad de artefactos explosivos y materiales para su fabricación.

Con base en los datos difundidos, los uniformados eliminaron más de 500 kilogramos de explosivos que se utilizarían en dispositivos lanzados mediante drones, e intervinieron para impedir la instalación de unas 400 minas antipersonales.

Además, se evitó la elaboración de aproximadamente 1.000 artefactos explosivos adicionales, lo que representa una reducción significativa en el riesgo para la comunidad de Arauca.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron también material de intendencia y un lote de insumos médicos. Entre estos se identificó fentanilo, medicamento de uso controlado catalogado como de alto riesgo. La presencia de tales sustancias evidenciaría la intención de mantener una capacidad de atención médica propia por parte del grupo armado.

Expertos del Ejército Nacional se encargaron de destruir todo el material peligroso hallado en el sitio, para lo cual emplearon protocolos de seguridad estrictos. La medida buscó proteger tanto al personal militar como a los residentes de las localidades cercanas y prevenir potenciales daños al medio ambiente.

De acuerdo con el comunicado emitido, este decomiso es un golpe a la operatividad del GAO-r Subestructura 28, lo que permitiría restablecer condiciones de mayor tranquilidad para las actividades cotidianas como la ganadería y el cultivo de productos básicos en la región.

Por último, la institución castrense reiteró su compromiso con la protección de la población y el desarrollo de operaciones coordinadas destinadas a neutralizar acciones violentas en Arauca.

Ofensiva contra la Subestructura 28

En otro operativo reciente, tres integrantes del grupo armado organizado residual Subestructura 28 José María Córdova fueron neutralizados tras una acción militar en la vereda El Palmar, municipio de Puerto Rondón, también en Arauca.

El operativo permitió incautar un arsenal que incluía cuatro fusiles, dos escopetas, más de 650 cartuchos de distintos calibres, proveedores, 30 uniformes camuflados, arneses y otros elementos de intendencia y campaña.

El comunicado de la autoridad militar detalló que en el lugar también hallaron explosivos listos para ser usados en atentados, como 40 balones bomba, 31 canecas con Anfo y artefactos explosivos improvisados tanto para ser lanzados desde drones como activados por presión. Además, las tropas incautaron rampas de lanzamiento, pólvora negra y granadas de mortero, con material preparado para acciones de alto impacto.

En la operación también se decomisó una antena satelital, equipos de comunicación, un tractor con tráiler, víveres, cuadernos con información manuscrita y dos plantas eléctricas portátiles, elementos que evidencian la capacidad logística de la organización criminal en Arauca.

El arsenal y los dispositivos confiscados estaban destinados, de acuerdo con las autoridades, a la ejecución de acciones en contra de la población civil, la fuerza pública y la infraestructura crítica de la región.

“Este resultado constituye un golpe estratégico y contundente contra el GAO-r Subestructura 28, debilitando sus capacidades de planeamiento y ejecución de acciones terroristas que atentan contra la seguridad de los habitantes de Arauca, la fuerza pública y la infraestructura del Estado”, se indicó en el comunicado institucional.

Entre los elementos incautados, se destacan los explosivos artesanales adaptados para ser empleados desde drones, en un método que ha sido documentado en otras operaciones contra la población civil y los uniformados en diversas zonas de Colombia, y que representa un desafío para la seguridad.

En la lucha contra los grupos armados y las estructuras ilegales, las autoridades en Colombia han reforzado su presencia en zonas estratégicas que en el pasado eran aprovechadas por la delincuencia.

Precisamente, en una avanzada por parte de un equipo élite de la Policía Nacional, se registró un ataque contra el frente 36 de las disidencias de las Farc, en el que fue dado de baja alias Marlon y Jorge Iván Salazar alias Guillermino, guerrillero por el que las autoridades ofrecían hasta 200 millones de pesos por información que permitiera su captura.

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Fuentes de Infobae Colombia informaron que “Guillermino” era uno de los hombres de confianza de “Calarcá” en Antioquia, y que su caída, en la que murieron otros tres guerrilleros, se registró en zona rural de Campamento.

Además de Salazar, las autoridades también tienen como objetivos de alto valor a Oswaldo Agudelo, alias Manuel Guaricho; y Kevin Orley Gómez, alias Barbas, que tienen el poder territorial de varias zonas en Amalfi y Anorí.

La Policía Nacional tenía a “Guillermino” en los listados de los más buscados en el país, en los que lo describían como una figura activa y relevante del frente 36 de las disidencias, responsable del ataque a un helicóptero de la institución en el que murieron 13 uniformados.

Precisamente, la Policía Nacional ubicó a “Guillermino” en la segunda línea de mando dentro del frente 36 del Estado Mayor Central, que sigue las órdenes de “Calarcá”, aunque se han generado rumores sobre posibles rupturas con algunos cabecillas del grupo armado.

Antes de ser dado de baja, “Guillermino” seguía las órdenes del cabecilla principal del frente, identificado como Óscar Javier Cuadros, alias Chejo.

Sobre la importancia del frente 36 del EMC, las autoridades han informado que tienen presencia activa en el Bajo Cauca y el nordeste de Antioquia, llegando a tener poder territorial hasta en 12 municipios del departamento.

La última vez que se había conocido información sobre “Guillermino” fue en julio de 2025, cuando en redes sociales se hicieron virales varias grabaciones en las que se observaba lo registrado en una fiesta protagonizada por cabecillas del frente 36.

En esa ocasión, residentes de la región expusieron a Caracol Radio su preocupación por el poder que tenían las disidencias en la zona, llegando al punto de que tenían celebraciones que duraban hasta tres días.

Policía Nacional mantiene ofensiva contra las disidencias de “Calarcá”

Tras el atentado con explosivos en el que murieron 13 uniformados en Amalfi, la Policía Nacional, a través de su director, general Carlos Fernando Triana Beltrán, anunció una serie de operativos contra los grupos armados de la región.

En esa ocasión, Triana indicó que el ataque contra la fuerza pública era un mensaje para intentar intimidar a los policías y demostraban el accionar de “narcotraficantes” y “terroristas” que han asumido los guerrilleros en los últimos meses.

“La Policía Nacional de los Colombianos está de luto. Toda nuestra solidaridad con sus respetadas familias, con el compromiso de dar con el paradero de estos criminales, que no son otra cosa que vulgares narcotraficantes, terroristas, que hoy se manifiestan de forma cobarde”.

Ante ese panorama, el director de la Policía Nacional anticipó mayores resultados con el objetivo de recuperar el poder territorial en la región. “Seguimos a la ofensiva hasta doblegar a los enemigos de esta amada patria”.

Aunque las autoridades atribuyeron el ataque al frente liderado por “Calarcá”, se presume que hay fracturas al interior de las disidencias en Antioquia y que el atentado habría sido perpetrado por disidentes que no están de acuerdo con seguir con las negociaciones de paz con el Gobierno nacional.

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro confirmó la noticia y reprochó la decisión que tomaron los disidentes de alejarse de la paz.

“Mataron a nuestros 13 policías, los perseguimos, los encontramos y cayeron en combate. Cuatro miembros del frente 36 han caído y son los mandos de la comisión que mató a los 13 jóvenes de la policía con cargas explosivas en una trampa preparada de antemano. Combate en Campamento, Antioquia. Ramón y Guilermino dejan de delinquir y traquetear de manera definitiva. ¿Había otra opción? Sí, pero no quisieron la paz que ofrecimos, ni siquiera discutirla“.

El 9 de septiembre, el Ministerio del Interior de Ecuador confirmó la intervención en propiedades de los Comandos de la Frontera, una estructura disidente de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP).

De manera oficial, se confirmó que la fiscalía pidió que se dicte prisión preventiva contra quince personas capturadas en los operativos en los que se logró la incautación de 103 bienes.

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Sobre el accionar delictivo de la estructura criminal, informaron que los capturados serán procesados por el lavado de activos de más de 300 millones de dólares. Por su parte, el presidente de ecuador, Daniel Noboa, catalogó los 68 allanamientos como un esfuerzo contra los “terroristas”.

“Es el mayor golpe a las economías criminales en la historia del Ecuador: más de 300 millones de dólares en bienes incautados a los ‘Comandos de la Frontera’, disidentes de las FARC”, escribió el mandatario ecuatoriano en su cuenta de X.

Criminales operaban como un esquema societario

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, informó que la organización delictiva operaba en la provincia de Sucumbíos, en la frontera con Colombia, dedicada presuntamente al lavado de activos. El grupo mencionado era liderado por Roberto Carlos Álvarez Guerra, alias gerente, señalado como uno de los miembros activos más destacados de Comandos de la Frontera, mencionado por las autoridades como el responsable de varios asesinatos de policías, militares y civiles.

Según las autoridades, Álvarez Guerra, junto a su esposa, hijos y otros familiares, conformó un esquema societario que les permitió ingresar grandes sumas de dinero ilícito al sistema financiero nacional mediante actividades relacionadas con el tráfico de drogas y delincuencia organizada. El ministro destacó que esta red utilizó estructuras familiares para facilitar las operaciones ilegales.

Además, se identificó a Juan Carlos Chulca Chiliquinga, “Chavalo”, como una pieza clave dentro de la organización. Chulca Chiliquinga, hermano de “Gerente”, presenta ingresos injustificados superiores a nueve millones de dólares, que no corresponden a sus actividades económicas declaradas. Las investigaciones también han detectado operaciones en otros tres países, aunque las autoridades no han revelado cuáles son esas naciones.

Cabe recordar que el cabecilla principal de Comandos de la Frontera es Giovanny Rojas, alias Araña, que conformó estas disidencias tras la firma del acuerdo de paz entre las Farc-EP y el Estado colombiano, consolidando una alianza entre los frentes 32 y 48 del grupo guerrillero.

El entramado criminal de la disidencia en Ecuador habría quedado en evidencia luego de que se concretó la captura de “Gerente”, el 26 de junio en Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos, en donde fue imputado por varios cargos relacionados con narcotráfico y lavado de activos.

De acuerdo con la fiscalía, semanas después se identificó una red de varias empresas con las que se logró introducir capital del exterior en el sistema financiero del país, un método utilizado por mafias internacionales en Europa.

Las investigaciones adelantadas por las autoridades en Ecuador rastrearon movimientos en varios países, dejando en evidencia la incidencia de esto con el tráfico de narcóticos a Estados Unidos y el Viejo Continente, principalmente a España, en donde “Gerente” es mencionado como integrante de la “Junta del Narcotráfico”.

Precisamente, al respecto, El Tiempo expuso un informe en el que mencionan el vínculo entre “Gerente” y Dritan Gjika, de nacionalidad albanesa, en un entramado criminal que incluye el blanqueamiento de activos.

En el informe citado no solo se destaca la presencia de la estructura criminal con poder en Colombia y Ecuador, sino que también se menciona la cercanía que tendría con varios carteles mexicanos, que serían los encargados de nutrir en armas al Comando de la Frontera en el sur y occidente de las dos naciones mencionadas.

Desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc-EP, las disidencias del grupo armado se han consolidado en varias regiones del país, además de aumentar su presencia en naciones vecinas.

Es por ello que no ha sido sorpresivo el anuncio por parte de las autoridades en Ecuador, que informaron sobre la ejecución del operativo Frontera Norte 2, que permitió la incautación de 103 bienes asociados a estructuras de lavado de activos lideradas por Roberto Carlos Álvarez Guerra, alias Gerente, miembro del grupo armado Comandos de la Frontera de las disidencias de las Farc.

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Los resultados del operativo fueron expuestos por el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, que lo calificó como el golpe más grande a las economías criminales documentado en Ecuador.

En resumen, Reimberg indicó que Álvarez Guerra era la cabeza de una red criminal que operaba principalmente en Sucumbíos, utilizando un esquema en el que vinculó a familiares directos.

El operativo, desplegado en nueve provincias y respaldado por la labor de 600 uniformados y 94 funcionarios de la Fiscalía General del Estado, incluyó 68 allanamientos simultáneos en diferentes puntos del país. El reporte detalla la intervención de personas naturales y jurídicas en Sucumbíos (31), Pichincha (20), Orellana (14), Guayas (12), Esmeraldas (9), Manabí (9) y Santo Domingo (8).

El Ministerio del Interior de Ecuador indicó que la organización habría movilizado más de 300 millones de dólares a través de actividades ilícitas asociadas al tráfico de drogas y otros delitos. Parte del dinero se ingresó al sistema financiero nacional mediante empresas de fachada inscritas a nombre de familiares del supuesto líder, entre ellos su esposa e hijos. Las autoridades señalaron que el grupo es investigado por su responsabilidad en la muerte de policías, militares y civiles.

El inventario de lo incautado incluye dos haciendas que suman 620 hectáreas en Santo Domingo y otra más de 470 hectáreas en Esmeraldas, consideradas entre las propiedades de mayor extensión involucradas en el caso.

A esto se suman lubricadoras, ferreterías, talleres mecánicos, bodegas, lotes de terreno con cultivos de palma africana, residencias, gasolineras y estacionamientos urbanos.

Durante el anuncio, el ministro Reimberg indicó que la prioridad del Estado ecuatoriano es recuperar la seguridad ante la expansión de las redes de lavado de activos, además reiteró el compromiso de localizar y procesar a quienes continúen con operaciones criminales en el país. “Los encontraremos y los atraparemos”.

Según reportes oficiales, estas las diligencias buscan desarticular por completo el flujo financiero que permite la subsistencia de los denominados Comandos de la Frontera, un grupo armado que ha mantenido operaciones en la zona limítrofe noreste y que figura como objeto de investigaciones nacionales e internacionales.

El Gobierno ecuatoriano indicó que la incautación de las propiedades y la intervención de empresas forma parte de una estrategia integral para cortar la financiación a grupos delincuenciales armados.

Por su parte, la fiscalía indicó que las intervenciones se enfocaron especialmente en bienes considerados arterias económicas del entramado ilegal, como parcelas productoras de palma y activos logísticos distribuidos en las zonas mencionadas.

Mediante un comunicado, indicaron que la operación Frontera Norte 2 representa una de las acciones más amplias y coordinadas entre la policía y la fiscalía en Ecuador, dirigida contra estructuras de lavado de activos y tráfico de drogas asociadas a grupos armados, lo que fue celebrado por el presidente de esta nación, Daniel Noboa.

"Sí, esto es por lo que nos levantamos todos los días. Hoy dimos el mayor golpe a las economías criminales en la historia del Ecuador: más de $300 millones en bienes incautados a los ‘Comandos de la Frontera’, disidentes de las FARC. Otros se levantan a entrevistar a Maduro. Felicitaciones a nuestra Policía Nacional por este histórico operativo“, escribió Noboa en su cuenta de X.

Entre la última semana de agosto y la primera de septiembre, el Estado Mayor Central de las disidencias de “Iván Mordisco” perdieron a dos hombres claves de la estructura criminal en el Cauca.

El primero fue Anderson Andrey Vargas, más conocido como “Kevin”, cabecilla del frente Carlos Patiño, con presencia masiva en el cañón del Micay, que se entregó a las autoridades.

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En este caso, fue sorpresivo para las autoridades la llamada por parte de un hombre de confianza del criminal, que habría convencido al guerrillero de entregarse en un establecimiento comercial del municipio de El Bordo.

Ese es el motivo por el que el Ministerio de Defensa no mencionó ningún tipo de operación militar, ya que la entrega se registró tras un proceso de negociación que concluyó con el acercamiento del criminal hasta donde estaban las unidades del Gaula en la región.

“Giovanni” siguió los pasos de su comandante

En un principio, se anunció que la comandancia del frente Carlos Patiño sería asumido Brayan Jair Delgado Rojas, conocido al interior de la estructura criminal como “Giovanni”.

Sin embargo, en la tarde del 3 de septiembre se registró la entrega voluntaria de “Giovanni”, uno de los disidentes más temidos en el cañón del Micay.

Sobre este cabecilla del grupo armado, las autoridades lo vinculan con los múltiples ‘plan pistola’ ordenados por el Estado Mayor Central en el Plateado y otras zonas del Cauca, en los que se identificó la presencia de hombres armados vestidos de civil atacando a la población de la zona.

De la misma forma, se mencionó su importancia en la toma de decisiones sobre corredores estratégicos del grupo armado en Argelia, Balboa y principalmente en el cañón del Micay.

El siguiente objetivo es “Marlon”

Tras el sometimiento de “Kevin” y “Giovanni”, la cabeza visible de las disidencias de “Iván Mordisco” en el Cauca es Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias Marlon, que es identificado por las autoridades colombianas como uno de los jefes más influyentes dentro del Estado Mayor Central.

“Marlon” es conocido como el “amo de Jamundí” por su control territorial en esta zona del suroccidente colombiano, donde lidera la estructura criminal Jaime Martínez. Su papel dentro del EMC bajo el mando de alias Iván Mordisco se consolidó tras años de ascenso desde filas guerrilleras hasta convertirse en cabecilla de alto nivel, con experiencia en manejo de explosivos y dirección militar.

El 21 de agosto de 2025, alias Marlon fue señalado como autor intelectual y coordinador del atentado con camión bomba en la base aérea Marco Fidel Suárez de Cali, una acción que dejó seis personas muertas y 72 heridas, entre ellas una mujer embarazada.

Para esta operación, su estructura empleó dos camiones, uno de los cuales detonó en la entrada de la base y el otro fue abandonado sin explotar. Este ataque fue atribuido al EMC y forma parte de una serie de delitos graves con los que se vincula a alias Marlon, incluyendo homicidios, atentados, secuestros y extorsiones.

El historial delictivo de alias Marlon incluye la ejecución de al menos ocho atentados terroristas, cinco homicidios entre 2017 y 2020 —varios de ellos contra líderes sociales del Cauca— y hechos destacados como el asesinato de Karina García, candidata a la alcaldía de Suárez (Cauca), el secuestro de nueve contratistas de la Gobernación del Cauca en 2025 y su presunta autoría en el secuestro del niño Lyan Hortúa.

Además, es señalado de controlar rutas del narcotráfico en el norte del Cauca, sectores de Nariño y Jamundí, desplazando a otras estructuras y ejerciendo extorsión en la región.

Alias Marlon fue condenado a 14 años de prisión, pero recibió amnistía de la Jurisdicción Especial para la Paz en 2017 y regresó a la clandestinidad dos años después. El Ministerio de Defensa ofrece una recompensa de hasta 3.200 millones de pesos por información que conduzca a su captura, mientras las autoridades mantienen estrictos operativos en las zonas bajo su influencia.

En las últimas semanas, se registró la entrega de Anderson Andrey Vargas, alias Kevin, que era el cabecilla del frente Carlos Patiño, de las disidencias de “Iván Mordisco”.

Tras este hecho, el liderazgo de la estructura quedó en manos de Brayan Jair Delgado Rojas, conocido al interior de la estructura criminal como “Giovanni”, que estuvo a punto de ser capturado en un reciente operativo militar.

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Siguiendo los pasos de su antecesor, fuentes de Infobae Colombia informaron que en la tarde del 3 de septiembre se registró la entrega voluntaria de “Giovanni”, uno de los disidentes más temidos en el Cañón del Micay.

Sobre la misión mencionada, las autoridades informaron que como parte de la operación Perseo, unidades del Ejército Nacional desmantelaron un centro logístico del Estado Mayor Central en el corregimiento de Honduras, en el municipio de El Tambo.

En su momento, la institución informó mediante un comunicado sobre la incautación de 250.000 cartuchos, varias armas largas y más de 2.000 partes de fusiles; sumado a esto, en este lugar encontraron artefactos para la elaboración de explosivos y propaganda alusiva al grupo guerrillero.

Sin embargo, el objetivo de la misión era la captura de “Giovanni”, que en esa ocasión escapó del campamento a pesar de que su ubicación había sido filtrada a las autoridades.

Sobre este cabecilla del grupo armado, las autoridades lo vinculan con los múltiples “plan pistola” ordenados por el Estado Mayor Central en el Plateado y otras zonas del Cauca, en los que se identificó la presencia de hombres armados vestidos de civil atacando a la población de la zona.

De la misma forma, se mencionó su importancia en la toma de decisiones sobre corredores estratégicos del grupo armado en Argelia, Balboa y principalmente en el cañón del Micay.

Además de “Giovanni”, las autoridades también tienen como prioridad la captura de “Farley”, “Gafas” y otros cabecillas del grupo armado. Sobre este último, cuyo nombre real es Alexander Farfán, es recordado por haber sido carcelario de Íngrid Betancourt, además de que en su momento llegó a ser gestor de paz.

“Giovanni siguió los pasos de ”Kevin"

Con “Giovanni”, son dos los cabecillas de las disidencias de “Iván Mordisco” que se someten a la justicia en las últimas semanas, puesto que en la noche del 26 de agosto, se registró la entrega de Anderson Andrey Vargas, más conocido como “Kevin”, que era mencionado como el terror de la población civil en el Cauca.

Sobre este hecho, fuentes de Infobae Colombia afirmaron que la entrega de “Kevin” representa el impacto que han tenido los operativos contra las disidencias en el Cauca, que tienen como objetivo recuperar por completo el poder territorial del cañón del Micay.

Fue sorpresivo para las autoridades la llamada por parte de un hombre de confianza del criminal, que habría convencido al guerrillero de entregarse en un establecimiento comercial del municipio de El Bordo.

Ese es el motivo por el que el Ministerio de Defensa no mencionó ningún tipo de operación militar, ya que la entrega se registró tras un proceso de negociación que concluyó con el acercamiento del criminal hasta donde estaban las unidades del Gaula en la región.

Para evitar posibles ataques por parte del Estado Mayor Central, “Kevin” fue trasladado de manera inmediata a Cali y horas más tarde hasta Bogotá, en donde se está definiendo su situación jurídica. Hasta el momento no se han confirmado detalles de las posibles peticiones que pudo haber hecho el guerrillero antes de entregarse.

De manera oficial, las autoridades confirmaron que el cabecilla del frente Carlos Patiño solo tenía en su poder un fusil calibre 5.56 y que no se pagó nada de la recompensa de más de 1.500 millones de pesos que ofrecía el Ministerio de Defensa por su detención

La división de las estructuras del Estado Mayor Central, de las disidencias de las Farc, ha provocado varios cambios que afectan principalmente a los campesinos en medio del conflicto entre “Calarcá” e “Iván Mordisco”.

Precisamente, para entender el contexto de lo que viven las personas en el Guaviare, región que es escenario de una disputa territorial entre las disidencias, Voragine expuso una investigación en la que mencionó varias metodologías que son utilizadas por los grupos armados en la actualidad.

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En primer lugar, mencionaron que la presencia del Estado sigue siendo una deuda vigente en la región, puesto que hay varios “pejes” instalados por las poblaciones para arreglar las vías, lo que incluye un pago por el paso de $2.000 para motos, $5.000 para carros particulares y hasta $50.000 para mulas y volquetas de doble troque.

Mientras en las poblaciones siguen con estos métodos rudimentarios, los grupos armados se han modernizado, llegando al punto de que la mayor parte del contacto con los líderes sociales y las víctimas de extorsión es a través de redes sociales.

Así utilizan la tecnología los grupos armados

El medio citado entrevistó a varios campesinos y, sin utilizar nombres reales, expuso la realidad que viven las personas en el Guaviare, que han visto cómo han dejado de llegar panfletos a sus viviendas, ya que ahora reciben amenazas por mensajes de voz y texto por parte de “Jimmy Martínez”, nuevo cabecilla de las disidencias de “Iván Mordisco” en el Guaviare.

De la misma forma, después de que “Calarcá” anunció que intentará recuperar la región, han comenzado a recibir mensajes de las disidencias de este criminal, convirtiendo las redes sociales y el WhatsApp en el escenario en el que se disputan el pago de las extorsiones estos frentes armados.

Voragine expuso que los hombres de “Jimmy Mendoza” utilizan WhatsApp para intimidar y ejercer control social en la zona. Además, los líderes sociales reciben mensajes constantes, que representan un control más personalizado sobre cada comunidad.

De la misma forma, las disidencias convocan reuniones, prohíben el contacto con las estructuras rivales y anuncian castigos por “desobediencia” que incluyen “contribuciones solidarias” por parte de los campesinos. La tecnología también ha permitido que las disidencias de “Iván Mordisco” tengan un control total sobre el número de animales y la extensión del terreno de cada familia.

Ante el riesgo de ser atacados por un frente rival, los jefes guerrilleros han llegado al punto de ordenar que el dinero de las extorsiones sea recolectado por líderes sociales de cada comunidad.

La presión que reciben los campesinos por parte de las dos estructuras ha llegado al punto de que los pobladores tengan miedo de cumplir con las indicaciones por parte del frente rival.

En ese sentido, también se han registrado intentos de engañar a las poblaciones con mensajes falsos por parte de personas que afirman ser disidentes, lo que ha obligado a que los grupos armados opten por hacer videollamadas para confirmar que se trata de verdaderos miembros de los frentes.

“Por las noches me da la pensadera, porque cuando no es un lado, es el otro”, declaró al medio citado un campesino, que aseguró que ha dejado de asistir a las reuniones citadas por los guerrilleros ante el miedo de que existan represalias, puesto que han evidenciado la presencia de infiltrados de las estructuras rivales en estos encuentros.

“Acá estamos pensando en el después de la participación. Porque uno va a esas reuniones y siempre hay infiltrados del otro lado y presionan para que no vayamos”, afirmó un líder social en el Guaviare.

En la noche del 29 de agosto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, protagonizó una rueda de prensa en la que entregó un balance sobre la situación de los 33 soldados que habían sido secuestrados en Guaviare.

En primer lugar, Sánchez resaltó que la intención de las Fuerzas Militares siempre ha sido dialogar con las comunidades, pero advirtió que ante este tipo de situaciones, también está abierta la puerta de intervenir por la fuerza.

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“Era la opción a la que siempre le apostamos, al diálogo, pero también teníamos la convicción de que si eso no se daba, íbamos a ir con toda la fuerza pública del Estado colombiano para liberarlos. Nadie puede atacar a un soldado o a un policía, quien lo hace, ataca a Colombia”

El ministro anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita la captura de quienes secuestraron los soldados, y de hasta 500 millones por datos relevantes sobre “Jimmy Martínez”, cabecilla de las disidencias en la región.

“Las denuncias ante la Fiscalía siguen avanzando y ofrecemos una recompensa de hasta 20 millones de pesos para que nos ayuden a identificar e individualizar a cada una de las personas que participaron de este secuestro. Es un delito muy grave, interrumpir una función constitucional“.

Sobre el operativo que realizaron los soldados, por el que la población los acusó de asesinar a un residente local y querer presentarlo con un guerrillero dado de baja, el ministro afirmó que una menor de edad rescatada de las disidencias señaló a esa persona de ser un “articulador” del EMC.

“Hablando con los comandos, con los aviadores, con todos los que estuvieron secuestrados, nos comentan, que cuando ya se había hecho el operativo en el que murieron nueve personas (ocho disidentes), se sumó Ramiro Correa, que ya nos dirá la fiscalía quien era esta persona; sin embargo, las tres personas adicionales, que fueron capturadas, le informaron a la tropa que era un articulador logístico de la estructura criminal”.

Sánchez aseguró que las Fuerzas Militares tienen las pruebas para demostrar la interacción del individuo mencionado con las disidencias de “Iván Mordisco”.

“Se ve claramente la interacción de días antes, de esta persona con la estructura criminal, en donde hubo un fuerte combate en el medio día de ese domingo, y se prorrogó con combates temporales hasta la madrugada del lunes”.

El ministro expuso detalles de cómo se registró el secuestro, relatando que la población detuvo a un soldado, y ante esa situación, el resto de la unidad decidió no salir de la zona hasta que se permitiera la movilización de todos.

“El militar nos comentó que creía que lo iban a matar, los otros militares dijeron que se quedaban todos y por ello es que 32 de ellos se sumaron al soldado secuestrado”.

Es por ello que el jefe de la cartera prometió a los campesinos de la región que la fuerza pública garantizará sus derechos para que no sigan siendo instrumentalizados por las disidencias.

“Hay un mensaje muy importante para las comunidades, somos su fuerza pública, estamos para protegerlos y haremos lo posible por eliminar al sicario que tienen al lado, volveremos a neutralizar el cáncer que tanto daño les hace”.

Sin embargo, el ministro afirmó que los proceso judiciales iniciados por el secuestro de los militares no serán retirados, puesto que esto sería defender los intereses de los grupos armados.

“Nacer pobre o nacer rico no nos da derecho a ser ilegal, los invito a abrazar a su fuerza pública, en ningún lado de la Constitución dice que puede existir el cartel de las disidencias de ”Mordisco" o el de “Calarcá”. Tampoco dice nada del cartel del ELN o el Clan del Golfo, acá no hay espacio para criminales".

Por último, recordó que alias Kevin, cabecilla del frente Carlos Patiño, se entregó a las autoridades, lo que tomó como ejemplo de lo que deben hacer los demás hombres y mujeres que siguen vinculados a “Iván Mordisco”.

“Alias Kevin, se entregó, porque sabe que esa lucha criminal que estos bandidos tienen, no tiene fin. La invitación es para todos los integrantes de esos grupos, desmovilícese, alias Kevin recibe un trato digno, tienen la oportunidad de regresar a su familia, o si no, El Estado los va a buscar hasta donde sea necesario, la historia ha demostrado que es así”.

En la mañana del 21 de agosto, las disidencias de las Farc al mando de “Calarcá” derribaron con explosivos un helicóptero de la Policía Nacional en el municipio de Amalfi, en Antioquia.

Producto del ataque, 13 de los 16 uniformados que tripulaban la aeronave murieron, lo que generó rechazó general de la ciudadanía y convirtió a Colombia en noticia mundial.

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Después del hecho se generó una polémica por el encuentro de voceros del Gobierno nacional con “Calarcá” y otros disidentes, que tenían planeado continuar con el proceso de paz con el Estado.

De la misma forma, se ha informado de manera constante sobre el estado de salud de los sobrevivientes, que tuvieron que esperar varias horas para ser rescatados.

Uno de los militares que sobrevivió fue el patrullero Diego Herrera, que narró a Noticias Caracol como vivió el atentado y su posterior rescate en Amalfi.

En primer lugar, explicó que se encargaba de hacer labores de guía junto con un canino de la institución antes de subirse a la aeronave. Sobre por qué continua con vida, optó por calificar lo registrado como un milagro.

“Yo considero que es un milagro de Dios, más que un milagro son las oraciones de mi familia, que siempre han estado orando por mí. Ya que las oraciones son únicas, son muy sagradas. Dios verdaderamente hizo un milagro en mí“.

Tras el impacto que sufrió el helicóptero, Herrera recuerda que comenzó a orar, cerró sus ojos y luego volvió a tener conciencia cuando ya estaba en tierra.

“Tan pronto yo subo, siento un estruendo, un sonido demasiado fuerte. Solamente recuerdo cerrar los ojos y decir: Dios mío, protégeme, sálveme. Y ya cuando tomo conciencia estaba fuera del Black (Hawk)“.

Siete días después del atentado, el patrullero reveló que se protegió en una trinchera, en donde se mantuvo expectante de su rescate o un ataque de las disidencias; por fortuna, fue encontrado por varios de sus compañeros y luego trasladado hasta Bogotá.

Herrera mencionó que habló con el presidente Gustavo Petro tras llegar al centro médico; sin embargo, dejó a un lado lo que conservo con el mandatario al afirmar que desde el 21 de agosto no puede dejar de pensar en el capitán Francisco Merchán, que sobrevivió al ataque, pero murió horas más tarde producto de las heridas que sufrió.

“Sacó unas fotos, exactamente una grande, una mediana y una pequeña. De su hermosa familia, de sus hermosas hijas y de su mujer. Y nos dijo: «por estas personas yo voy a salir de acá». Ese fue un motivo de felicidad“, recordó el patrullero Herrera.

Ataque no habría sido ordenado por “Calarcá”

En un informe de inteligencia expuesto por El Tiempo, se informó que el atentado registrado en Amalfi dejó en evidencia un nuevo quiebre al interior de las disidencias de “Calarcá”.

Para argumentar esta hipótesis, indicaron que en el momento que se registró el ataque, el líder guerrillero estaba movilizándose hasta los llanos del Yarí, más específicamente a San Vicente del Caguán, en donde asistió al encuentro para el inicio del séptimo ciclo de negociaciones con el Gobierno nacional.

Frente a este suceso, los organismos que investigan el caso presumen que “Calarcá” no ordenó el ataque contra la fuerza pública, sino que este fue perpetrado sin autorización por el frente 36 del bloque Jorge Suárez Briceño y el bloque Raúl Reyes, que tienen presencia en el norte de Antioquia, en zonas cercanas al Catatumbo, Meta, Caquetá y Guaviare.

Cabe recordar que no es la primera vez que se habla sobre fracturas al interior del Estado Mayor Central, ya que hay frentes que siguen sin definir si su respaldo es para “Calarcá” o “Iván Mordisco”.

Mientras, entre la población civil, que fue instrumentalizada por el frente 44 de las disidencias, se afirma que el secuestro se registró luego de un accionar indebido de los militares, desde las Fuerzas Militares expusieron una versión diferente.

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A nivel de la institución, se expuso que en medio del cautiverio fueron testigos de cómo la comunidad agredió a un hombre que no quería seguir las órdenes de las disidencias.

Este sujeto habría sido ingresado al salón en el que estaban los militares, que prestaron los primeros auxilios a la víctima, y fue retirado horas más tarde por los pobladores, no sin antes firmar un acta con la que se validó que los uniformados no lo habían agredido.

Fuentes de Infobae Colombia expusieron detalles de la situación denunciada, comenzando con aclarar que los hechos se registraron en la tarde del 26 de agosto, dos días antes de la liberación de los uniformados.

Al ingresar al espacio cerrado en el que estaban retenidos los militares, el joven habría denunciado que fue golpeado tras rechazar llevar un artefacto explosivo con el que iban a ser atacados los 33 militares.

De la misma forma, informó que dentro de la gente había varios miembros de las disidencias de “Iván Mordisco”, que tenían en su poder radios para comunicarse con sus superiores e informar todo lo que pasara con los soldados.

El sujeto también indicó que los guerrilleros estaban armados y habían informado a la comunidad que si la situación se salía de control, ellos iban a ser utilizados como escudos humanos ante un potencial enfrentamiento con la fuerza pública.

Esta persona también les dijo que, junto a él, había varias familias que no estaban de acuerdo con el secuestro de los uniformados. Debido a las heridas que tenía, el campesino se habría desmayado y minutos después vómito, siendo ese el momento en el que fue atendido por el enfermero militar de combate.

“Posteriormente, la población que a esa hora mantenía a los militares secuestrados impidiéndoles la movilidad, se entera de que el campesino que minutos antes habían atacado a golpes, estaba reunido con los uniformados, y proceden a dirigirse de manera masiva hacia el sitio donde estaban”, es parte del testimonio expuesto a Infobae Colombia.

Al conocer la información que había entregado el hombre, los residentes pidieron a los militares que entregaran al ciudadano para evitar una confrontación mayor, petición aceptada por los uniformados tras la firma del acta mencionada.

En este documento, que fue firmado por los residentes, se constató la entrega en buenas condiciones del joven, del que actualmente no hay información. “El campesino, por voluntad propia, y con presión de la comunidad, se va caminando con ellos y los uniformados se quedan en el mismo lugar esperando noticias de su liberación”.

A nivel oficial, las Fuerzas Militares han confirmado que los soldados liberados fueron revisados por médicos de la institución; sin embargo, varios manifestaron estar preocupados por el hombre mencionado.

Ante esta situación, las autoridades regionales, los organismos humanitarios y entidades como la OEA y la Defensoría del Pueblo están indagando sobre el paradero y las condiciones en las que se encuentra el campesino, del que no se tiene rastro alguno tras desaparecer misteriosamente después de la conversación que sostuvo con los soldados secuestrados en el Guaviare.

En la noche del 26 de agosto, se registró la entrega de Anderson Andrey Vargas, más conocido como “Kevin”, cabecilla del frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central de las disidencias, con presencia masiva en el cañón del Micay.

Aunque la noticia fue anunciada por el presidente Gustavo Petro, minutos después el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expuso el historial delictivo del criminal, que estaba ligado a grupos armados desde hace más de 16 años.

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Sánchez indicó que “Kevin” fue responsable de hostigamientos contra la fuerza pública, la población civil y varios atentados, incluyendo ataques con drones explosivos en Argelia, El Plateado y Ceiba.

“Su desmovilización y sometimiento a la justicia significa que ese es el mejor camino para los demás integrantes de las diferentes estructuras criminales. No hay lugar donde puedan esconderse del Estado colombiano”, escribió el ministro Sánchez.

Al igual que el ministro Sánchez, fuentes de Infobae Colombia afirmaron que la entrega de “Kevin” representa el impacto que han tenido los operativos contra las disidencias en el Cauca, que tienen como objetivo recuperar por completo el poder territorial del cañón del Micay.

Fue sorpresivo para las autoridades la llamada por parte de un hombre de confianza del criminal, que habría convencido al guerrillero de entregarse en un establecimiento comercial del municipio de El Bordo.

Ese es el motivo por el que el Ministerio de Defensa no mencionó ningún tipo de operación militar, ya que la entrega se registró tras un proceso de negociación que concluyó con el acercamiento del criminal hasta donde estaban las unidades del Gaula en la región.

Para evitar posibles ataques por parte del Estado Mayor Central, “Kevin” fue trasladado de manera inmediata a Cali y horas más tarde hasta Bogotá, en donde se está definiendo su situación jurídica. Hasta el momento no se han confirmado detalles de las posibles peticiones que pudo haber hecho el guerrillero antes de entregarse.

De manera oficial, las autoridades confirmaron que el cabecilla del frente Carlos Patiño solo tenía en su poder un fusil calibre 5.56 y que no se pagó nada de la recompensa de más de 1.500 millones de pesos que ofrecía el Ministerio de Defensa por su detención.

El poder que tenía “Kevin” en el Micay

Tras el secuestro de un grupo de militares en el Cauca durante junio de 2025, se confirmó que los residentes de la región estaban siguiendo los lineamientos de “Kevin” debido a que este se había convertido en uno de los hombres clave de “Iván Mordisco” en el Micay, principalmente en los corredores de narcotráfico y control cocalero en el pacífico.

En un informe militar, del que tuvo acceso Infobae Colombia, se expone que “Kevin” comenzó a tener relevancia en la región desde enero de 2025, luego de que se registró la muerte de Óscar Eduardo Sandoval, alias Mocho, que en un principio se reportó que falleció después de que un carro bomba, instalado por sus hombres, explotó de manera accidental con él abordo.

Sin embargo, tras una investigación oficial, se confirmó que en realidad se trató de un ajuste de cuentas por parte de “Kevin”, que desde entonces era mano derecha de “Iván Mordisco” en la región.

“Tras cotejar diferentes fuentes y mediante el uso de herramientas tecnológicas para la verificación de inteligencia de señales, se corroboró que tras esa muerte había una disputa interna entre varios cabecillas de las disidencias“, es parte del informe.

“Kevin” habría estado sacando provecho personal en varias acciones que han desarrollado los disidentes en el Micay, lo que generó diferencias internas con otros comandantes del grupo armado.

Además de exponer la importancia de “Kevin” en la región, el informe es vital para entender que “Iván Mordisco” no tiene poder absoluto en sus hombres y entre estos tendrían diferencias marcadas.

“Este violento hecho de traición y venganza interna en las disidencias, dejaría en evidencia nuevamente las serias diferencias y fracturas que se presentan entre los diferentes cabecillas de las disidencias de ”Iván Mordisco" en el Cauca, teniendo un común denominador, las ansias de poder y el deseo de obtener millonarias sumas de dinero”.

El jueves 21 de agosto, Colombia fue noticia en el mundo luego de que se registró el ataque contra un helicóptero de la Policía Nacional, que fue derrumbado con explosivos en Antioquia por un frente de las disidencias de las Farc. En este hecho murieron 13 de los 16 tripulantes de la aeronave.

En la misma jornada, otro frente del grupo armado detonó un carro bomba que provocó la muerte de siete ciudadanos en Cali (Valle del Cauca), lo que hizo que el país ocupara la primera plana de diferentes medios en el planeta, por lo que se consideró el el auge de violencia.

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En primera instancia, las autoridades adjudicaron el primero de los atentados a las disidencias al mando de “Calarcá”, mientras que el atentado terrorista en Cali le fue atribuido a un frente de “Iván Mordisco”.

Cabe recordar que, aunque ambos representan al Estado Mayor Central, los frentes de “Iván Mordisco” y Calarcá" están en disputa por el interés del segundo de llegar a un acuerdo de paz con el Estado.

Atentado en Antioquia no habría tenido aval de “Calarcá”

En un informe de inteligencia expuesto por El Tiempo, se informó que el atentado registrado en Amalfi dejó en evidencia un nuevo quiebre al interior de las disidencias de “Calarcá”.

Para argumentar esta hipótesis, indicaron que en el momento que se registró el ataque, el líder guerrillero estaba movilizándose hasta los llanos del Yarí, más específicamente a San Vicente del Caguán, en donde asistió al encuentro para el inicio del séptimo ciclo de negociaciones con el Gobierno nacional.

Frente a este suceso, los organismos que investigan el caso presumen que “Calarcá” no ordenó el ataque contra la fuerza pública, sino que este fue perpetrado sin autorización por el frente 36 del bloque Jorge Suárez Briceño y el bloque Raúl Reyes, que tienen presencia en el norte de Antioquia, en zonas cercanas al Catatumbo, Meta, Caquetá y Guaviare.

Ante esta situación, las autoridades buscan confirmar si en realidad la estructura 36 de las disidencias siguen los lineamientos de “Calarcá” o se han unido a los frentes liderados por “Iván Mordisco”.

Cabe recordar que los grupos de disidentes al mando de Néstor Gregorio Vera, nombre de “Mordisco”, están en contra de negociar con el Gobierno nacional, que es uno de los objetivos que ha presumido mantener “Calarcá” hasta la fecha.

En caso de que se confirme la salida del frente 36 del mando de “Calarcá”, este hecho representaría una nueva perdida territorial para el líder guerrillero, puesto que ya no tendría margen de poder en el Magdalena Medio

Antecedentes sobre el accionar de las disidencias sin tener el visto bueno de “Calarcá”

En un caso similar, en meses anteriores se cuestionó la lealtad del frente 18, que también delinque por su cuenta en zonas del Meta y Caquetá, y que al parecer no tienen confianza en que “Calarcá” pueda concretar un acuerdo de paz con el Estado antes del 7 de agosto de 2026.

A estos golpes se suma que durante el tiempo que no ha regido ningún cese al fuego con las Fuerzas Militares, “Calarcá” ha perdido a alias Miller, líder del bloque Jorge Suárez Briceño, que fue dado de baja por el ejército.

Esto hizo que el líder guerrillero pierda control en zonas ganaderas de San José del Guaviare, el Meta, Planadas y Charral, mientras que “Iván Mordisco” adquirió poder territorial en Cauca, Valle del Cauca, Amazonas, Guaviare y Vaupés, y estaría buscando adueñarse del norte de Antioquia.

Hasta el momento, el Gobierno nacional no ha confirmado el encuentro con “Calarcá” y sus hombres del 22 de agosto, ni tampoco si hubo algún tipo de explicación sobre lo registrado en Amalfi, que ante los ojos del mundo representó el final de cualquier oportunidad para que se concrete un acuerdo de paz a corto plazo en el país.

Este episodio se desarrolló durante una operación militar que, además de neutralizar a alias Dumar, resultó en la captura de seis integrantes del grupo, incluyendo a dos mujeres.

Poco después, trascendió una situación aún más delicada: 34 soldados habrían sido secuestrados tras dicho operativo, incrementando la alarma en la región, según lo confirmó el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

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Así lo confirmó el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el cual explicó que: “El secuestro de treinta y cuatro militares en un área rural del retorno Guaviare, eh, obedece a la acción ilegal, delictiva, de unas personas vestidas de civil, que dicen retener a unos militares. No, no los están reteniendo. Eso va contra la voluntad de ellos y eso es un secuestro”.

Este secuestro, sumado al enfrentamiento con el grupo que lideraba alias Dumar, evidenció la profunda disputa por el control territorial entre disidencias y otros actores ilícitos en Guaviare, una zona en la que la población civil se encuentra bajo amenazas.

Las Fuerzas Militares y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, oficializaron la información desde la Procuraduría, confirmando que los uniformados efectivamente fueron retenidos.

“Dicen que es un corredor humanitario. Aquí nosotros nos podemos y debemos defender no solamente nuestra integridad y tenemos toda la capacidad para hacerlo y para defender a los demás colombianos y no necesitamos ese corredor de humanos”, continuó explicando Sánchez

El contexto de este hecho se vincula directamente al operativo llevado a cabo contra el cabecilla conocido como “Dumar”, quien tenía “una trayectoria criminal superior a los 15 años” y había llevado a cabo actos violentos contra el Ejército, incluyendo el asesinato de cuatro soldados en Argelia, Cauca.

Alias Dumar recibía órdenes directas de alias Iván Mordisco para consolidar “los corredores estratégicos de Meta y Guaviare, con integrantes provenientes de Cauca y Nariño”.

La operación que derivó en este golpe a la estructura criminal agrupó acciones de inteligencia militar y policial durante más de cinco meses.

Tras la neutralización del líder y la captura de seis miembros, fuentes militares indicaron inicialmente que solo dos disidentes murieron; posteriormente la cifra aumentó a diez.

“Por otra parte, están interrumpiendo la protección de los demás colombianos. Están interrumpiendo una operación militar contra las, la principal amenaza que delinque en esa zona y de la cual hemos recibido alertas de la Defensoría del Pueblo para proteger a la población y es la amenaza, eh, criminal alias El Molesto”, finalizó Pedro Sánchez.

“Nadie está por encima de la Constitución ni de la Ley”, Ministro Pedro Sánchez

El Ministro de Defensa Pedro Sanchaez denunció el secuestro extorsivo de soldados en la zona rural de El Retorno, Guaviare, y exigió su liberación inmediata, según declaraciones dadas en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

El funcionario señaló que los responsables, vestidos de civil, impiden el cumplimiento de una misión constitucional destinada a proteger a la población de los criminales bajo el mando de alias Mordisco.

“Están obstaculizando el cumplimiento de una misión constitucional para proteger a la población civil de los criminales de alias ‘Mordisco’, responsables de reclutamiento forzado, extorsión y homicidios en esa región del país.”, afirmó el minsitro.

El Gobierno ofrece hasta 20 millones de pesos como recompensa por información que permita identificar y judicializar a los autores de estos delitos contra la Fuerza Pública y la comunidad local.

De acuerdo con el ministro, algunos de los implicados estarían infiltrados o bajo amenazas de ‘Mordisco’ y exigen la entrega del cuerpo de uno de los diez fallecidos durante la operación militar realizada el domingo pasado, en la que también murió el cabecilla alias Dumar o Chito.

El cuerpo reclamado permanece en San José del Guaviare bajo los protocolos de medicina legal y judicial. Las autoridades han ofrecido transporte y garantías institucionales para que los familiares puedan acompañar los procedimientos conforme a la ley.

A pesar de la intervención de organismos humanitarios como la Defensoría del Pueblo, los secuestradores mantienen su posición y obstaculizan la labor de la Fuerza Pública.

“Por instrucción del señor Presidente @petrogustavo, se están movilizando todas las capacidades de nuestras @FuerzasMilCol y de @PoliciaColombia para rescatar a nuestros militares secuestrados y garantizar la prevalencia del Estado Social de Derecho y el orden constitucional”, afirmó Sánchez.

El ministro subrayó: “Nadie está por encima de la Constitución ni de la Ley”.

El 21 de agosto un helicóptero de la Policía Nacional fue derrumbado con explosivos por las disidencias de las Farc, más especificamente uno de los frentes al mando de “Calarcá”.

Este hecho ha generado gran indignación en Colombia, puesto que, luego de que se confirmó que 13 de los 16 tripulantes murieron, varias figuras políticas recordaron que meses atrás el cabecilla del Estado Mayor Central había sido capturado, pero tuvo que ser liderado porque en ese momento había un proceso de diálogo de paz entre el Estado y el grupo armado.

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Por parte del Gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro fue tajante al indicar que las disidencias ya no deben considerarse una guerrilla, sino como una organización terrorista que solo busca aumentar el envío de cocaína al exterior.

La DEA rindió homenaje a las víctimas

Debido a que Colombia fue noticia mundial por este hecho y el atentado terrorista registrado en Cali, diferentes organizaciones mostraron su apoyo al pueblo colombiano, incluyendo la Administración de Control de Drogas (DEA).

Precisamente, en redes sociales esta organización, que encabeza la lucha contra el contrabando y el consumo de drogas, realizó un homenaje a los 13 uniformados asesinados por las disidencias con un video en el que reconoció a los policías por su entrega.

“Honramos a los 13 agentes de la Policía Nacional de Colombia que murieron trágicamente en Antioquia la semana pasada durante un ataque terrorista a su Blackhawk en una misión de erradicación. La DEA se solidariza con @PoliciaColombia en homenaje a su sacrificio y en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo".

Cabe recordar que las víctimas mortales del atentado contra la fuerza pública fueron identificados como:

• Capitán Carlos Mateus.
• Capitán Francisco Merchán.
• Subteniente Nicolás Stiven Ovalle Contreras.
• Subintendente José Camacho Aldana.
• Patrullero Richard Duván Lagos.
• Patrullero José Daniel Valera Martínez.
• Patrullero Fernando Vásquez Zúñiga.
• Patrullero Alejandro Samboní Lazo.
• Patrullero Edwin Javier Zúñiga Galíndez.
• Patrullero Jhonatan Rodrigo Jiménez Jiménez.
• Patrullero Rafael Enrique Anaya Almanza.
• Patrullero Juan José Guzmán Duarte.
• Patrullero Michael Astaiza Ortiz.

Los tres sobrevivientes permanecen heridos en una clínica de Montería, en donde reciben atención médica especializada; hasta el momento, las autoridades no han entregado un informe detallado sobre el estado de salud de los uniformados.

Tras el atentado, en Antioquia se realizó un consejo de seguridad encabezado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Desde el Ministerio de Defensa informaron que en noviembre se cumplirá un año del inicio de la ofensiva operacional contra los grupos armados que tienen presencia en la región. Esta ofensiva de las Fuerzas Militares ha incluido 28 operaciones y cinco bombardeos, que han provocado la detención o neutralización de más de 108 criminales.

Precisamente, el helicóptero atacado por las disidencias estaba siendo utilizado para embarcar a un grupo de policías que iban a ser extraídos de una zona intervenida

Tras el encuentro, Sánchez reveló cifras de los resultados del trabajo de la fuerza pública en lo corrido del año en comparación con el mismo tiempo durante 2024, estas fueron las estadísticas presentadas:

• Masacres: reducción del 50%.
• Trata de personas: reducción del 15%.
• Amenazas individuales y colectivas: reducción del 67%.
• Terrorismo: reducción de 34%.
• Hurto en todas sus modalidades: reducción del 33%.

Sánchez expuso que no todo es positivo, ya que también hay registros sobre el aumento de casos de homicidios en zonas rurales, secuestro, extorsión y otras problemáticas, por lo que anunció que más de 1.000 uniformados serán trasladados a la región en los próximos días.

“Agradezco al gobernador, entes de control y antioqueños por su respaldo y apoyo a su fuerza pública, reiterándoles: el terrorismo no nos doblegará. Avanzamos. Solo unidos derrotaremos el crimen y consolidaremos la seguridad en el departamento”, puntualizó el ministro.

Después de la explosión de un carro bomba en Cali, que dejó un saldo preliminar de siete ciudadanos muertos (varios heridos siguen en cuidados intensivos), los ojos del país están en la capital del Valle del Cauca.

Lo anterior aumentó luego de que el 25 de agosto se revelara la existencia de un plan del frente Jaime Martínez, de las disidencias de “Iván Mordisco”, para asesinar al alcalde de Cali, Alejandro Éder, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

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La gobernadora reveló que las autoridades les habían informado que habían frustrado un plan para terminar con su vida y la de Éder, pero las intenciones del grupo armado tomaron relevancia de nuevo tras el atentado terrorista registrado el 21 de agosto.

Las autoridades han indicado que las amenazas en contra de los funcionarios se debe a las acciones que se han adelantado por parte de las Fuerzas Militares para recuperar zonas claves del narcotráfico en la región.

Taliana Vargas pidió orar por su esposo

“No paren de orar por nosotros, seguimos con el compromiso intacto”, fue el primer mensaje de la gestora social de Cali en sus redes sociales luego de que se conocieron los detalles del plan que tenían las disidencias de las Farc para asesinar a su esposo.

“Imploro un alto en la violencia de Colombia, que Cali respire en paz, que su pueblo, su alcalde y su territorio sean abrazados por la solidaridad y florezcan libres de miedo, como la tierra fértil, alegre y creativa que siempre ha sido”, fue otro de los mensajes publicados por la ex reina de belleza.

Vargas siguió publicando historias en las que pidió ayuda divina en la labor de ella y su pareja, además del pronunciamiento de figuras públicas que pidieron un apoyo directo a la capital del Valle del Cauca.

“Cali y Colombia merecen vivir en paz”, escribió la gestora social de Cali en la última historia que publicó al respecto, en la que se refirió a su esposo como “mi hombre valiente”.

Alejandro Éder afirmó que las amenazas no harán que deje de trabajar por Cali

Por su parte, Alejandro Éder atendió a los medios de comunicación para indicar que no tenía temor. “No me intimidan esas amenazas. Seguiré trabajando firme por Cali, por Colombia y por la paz”, declaró el alcalde de Cali.

De la misma forma, indicó que junto a la gobernadora del Valle del Cauca no dejarán de trabajar por el bienestar de los vallecaucanos.

“A los criminales no les gusta que tanto la gobernadora del Valle como yo, estemos parados tan de frente para proteger a Cali y al Valle del Cauca contra el terrorismo. Pero eso es un riesgo que estamos asumiendo” puntualizó.

Por su parte, la gobernadora del Valle agradeció a la fuerza pública por garantizar su protección, puesto que se confirmó la llegada de 50 comandos especiales de las Fuerzas Militares a la región.

Desde el Ministerio de Defensa revelaron que la medida hace parte de la operación Sultana, que se sumarán a las Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas de las Fuerzas Militares y trabajarán junto al Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional para enfrentar a las disidencias.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que estos comandos han sido claves para la expulsión de los grupos armados del Plateado, en Cauca; además, se espera que en los próximos días se anuncie un incremento de policías y militares en la capital del Valle del Cauca, que fue una de las promesas del Ministerio de Defensa tras en consejo de seguridad que se registró tras el atentado terrorista.

Un artefacto explosivo detonó en las primeras horas del 22 de agosto de 2025, a solo una cuadra de la Alcaldía de Florencia, Caquetá.

De acuerdo con los reportes que se están publicando en redes sociales, el ataque violento generó pánico entre comerciantes y residentes del sector, que se alistaban para comenzar la jornada.

Según reportes iniciales, la explosión ocurrió a solo una cuadra de la sede administrativa, y perjudicó varios locales comerciales.

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El hecho se produjo horas después del grave atentado en Cali, que dejó seis civiles muertos y 71 heridos.

Hasta el momento, no se han confirmado víctimas en Florencia y las autoridades mantienen acordonado el sector, con la investigación en curso.

El gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar, atribuyó el ataque a acciones extorsivas de grupos armados ilegales.

Citado por Semana, dijo que “es un artefacto de menor poder explosivo que detonaron cerca de una droguería, muy probablemente, presuntamente, por no querer pagar extorsión y, pues, estas estructuras armadas ilegales al mando de alias Calarcá continúan sembrando el terror y la zozobra en el departamento”, afirmó el mandatario departamental.

Ruiz Aguilar criticó a su vez el enfoque del gobierno nacional al manifestar: “Así se encuentran allá en un falso proceso de paz de lo que es la paz total”.

De acuerdo con el medio, las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Calarcá han ejecutado otros actos violentos en Caquetá, con impactos dirigidos a la población civil, para mantener la presión mediante actos de extorsión y amenazas.

Mientras tanto, los habitantes de Florencia y otras localidades de Caquetá continúan expuestos a las secuelas de estos hechos violentos y a la amenaza persistente que representan los grupos armados ilegales presentes en la región.

Más detalles del acto violento

En las fotografías y videos captados por cámaras de seguridad, se observan elementos incinerados, vidrios rotos y rejas completamente destruidas en los locales cercanos al lugar del estallido.

El hecho se registró exactamente a las 3:11 de la mañana, momento en el que el sector tenía escaso tránsito de personas. El fuerte estruendo disparó las alarmas de los comercios, mientras quienes se encontraban en las proximidades quedaron visiblemente afectados por el impacto.

Según detalló el coronel César Pinzón, comandante de Policía de Caquetá, en declaraciones a Blu Radio, el artefacto fue abandonado en una caneca de basura en vía pública.

La primera hipótesis, confirmó el uniformado, coincide con la que emitió el gobernador, que indica que el ataque estaría vinculado a extorsiones contra comerciantes impulsadas por la estructura de las disidencias conocidas como “Rodrigo Cadete”.

Los panfletos a comerciantes de Florencia

El oficial señaló: “Aquí hay una estructura, ”Rodrigo Cadete" que ha hecho panfletos citatorios de manera masiva a comerciantes y no se descarta que vengan de ahí”.

También reveló la existencia de panfletos con mensajes intimidatorios: “Usted ya sabe a dónde debe llegar”, y mencionó que las sumas exigidas por extorsión pueden alcanzar los 50 o 60 millones de pesos.

En medio de la alerta generada, las autoridades del departamento organizaron un consejo de seguridad para recoger información y coordinar acciones frente a la escalada de violencia.

El coronel Pinzón afirmó para el medio radial que “estamos haciendo el proceso de recolección de información, no se descarta que tenga que ver con algunos temas relacionados con extorsiones”, y agregó que han logrado algunas capturas relacionadas con este tipo de delitos en la región.

El atentado en Florencia ocurrió pocas horas después de otros hechos graves en el país, como el ataque en Cali y el atentado contra un helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia, lo que eleva la preocupación por la presencia y la actividad creciente de grupos armados ilegales.

En el último año del Gobierno Petro, el mandatario se ha alejado por completo del discurso inicial de su administración en la que prometió la “Paz Total” en el territorio colombiano, puesto que las negociaciones con varios de los grupos armados han quedado descartadas por su accionar delictivo.

Muestra del retroceso respecto a las intenciones de un acuerdo o negociación con grupos guerrilleros quedó en evidencia el 21 de agosto, ya que las disidencias de “Calarcá” e “Iván Mordisco” fueron responsables de dos hechos terroristas que fueron noticia mundial.

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El primero se registró en el municipio de Amalfi, en Antioquia, en donde un helicóptero de la Policía Nacional fue derribado con drones explosivos en medio de zonas de cultivos de coca.

El Ministerio de Defensa informó que este atentado le fue adjudicado a las disidencias al mando de “Calarcá”, más específicamente el frente 36 del Estado Mayor Central, que es liderado por Óscar Javier Cuadros Zea, conocido en las disidencias bajo el alias de Chejo.

La Policía Nacional informó que este hecho provocó la muerte de 12 uniformados, mientras que cuatro más fueron remitidos a centros médicos de la región.

Entre las reacciones por este atentado se destacaron algunas en las que recordaron que hace un año, en junio de 2024, las autoridades habían detenido a “Calarcá” en un retén, pero debido a que en ese momento hacía parte del comité de negociación de las disidencias, tuvo que ser dejado en libertad y se mantuvo durante varios meses protegido por la UNP.

Carros bomba generaron caos en Cali

Horas después del atentado al helicóptero de la Policía Nacional, dos carros bomba fueron detonados cerca a la base aérea Marco Fidel Suárez de Cali.

Autoridades confirmaron que había dos vehículos repletos de explosivos, pero solo dos de ellos fueron detonados por integrantes del Estado Mayor Central al mando de “Iván Mordisco”.

“Un carro bomba colocado por terroristas de alias Mordisco, explotó a las 14:50 horas de este jueves 21 de agosto, en una vía aledaña a la Base Aérea “Marco Fidel Suárez”, en Cali, por donde transitaban personas en su actividad cotidiana", informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Hasta el momento, se ha confirmado que en este hecho terrorista murieron 11 ciudadanos y se ha reportado el traslado de al menos 50 hacia centros médicos de la zona.

Al igual que “Calarcá”, “Iván Mordisco” también protagonizó un proceso de diálogos con el Gobierno nacional antes de volver a consolidarse como uno de los criminales más buscados del país.

De hecho, la salida de “Iván Mordisco” del diálogo inicial provocó que el Estado Mayor Central se fracturará en dos comandancias que ahora están en guerra.

Como consecuencia, en Colombia se ha cuestionado la forma con la que el Gobierno nacional trató de manera frágil a los grupos armados durante gran parte del mandato de Gustavo Petro.

Esto ha provocado que el presidente cambie por completo su discurso ante el pueblo, ya que dejó de hablar de diálogos de paz y en Valledupar anunció que ordenará que los grupos armados que no quisieron negociar con el Estado ahora sean reconocidos como estructuras terroristas que encabezan el negocio ilícito del narcotráfico en la región.

“Sean consideradas organizaciones terroristas, perseguibles en cualquier lugar del planeta tierra, incluido Bogotá. Le pediré a la agencia de defensa jurídica, que paralelamente inicie, de acuerdo al Estatuto de Roma, un proceso contra los dirigentes de estos grupos armados, un proceso contra delitos contra la humanidad”, declaró el presidente Gustavo Petro.

El hecho se registró en el municipio de Amalfi, en Antioquia, en donde un helicóptero de la Policía Nacional fue atacado con drones explosivos cuando hacía labores oficiales en zonas de cultivos de coca.

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De manera preliminar, las autoridades informaron que en este hecho murieron once uniformados y otros ocho resultaron heridos y fueron trasladados a centros médicos de la región.

Además, desde el Ministerio de Defensa afirmaron que el atentado había sido perpetrado por las disidencias del Estado Mayor Central, más específicamente uno de los frentes al mando de alias Calarcá.

Fuentes de Infobae Colombia expusieron detalles del avance de inteligencia que ha sido desarrollado en conjunto por la fuerza pública desde que se registró la emergencia en Antioquia.

Además de confirmar las cifras expuestas previamente, indicaron que el atentado habría sido ordenado por Óscar Javier Cuadros Zea, conocido en las disidencias bajo el alias de Chejo,

Este individuo es señalado como el cabecilla del frente 36 del Estado Mayor Central, que domina gran parte del territorio en los municipios de Anorí y Angostura, además de que tiene un historial ligado a grupos armados, puesto que antes hacía parte del ELN.

Las autoridades vinculan a Cuadros con varios atentados contra la fuerza pública y la población civil, puesto que sería un experto en la instalación de explosivos, por lo que figura como un objetivo de alto valor para la fuerza pública.

De la misma forma, se confirmó que los avances de la investigación sobre lo registrado en Amalfi estarán a cargo de ahora en adelante en las unidades de esa zona de la Policía Nacional.

El último informe oficial al respecto fue entregado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que en su cuenta de X envió un mensaje de condolencias a los familiares de las víctimas.

"Con profundo dolor de Patria lamento el asesinato de nuestros policías y expreso toda mi solidaridad y acompañamiento a sus familias, que hoy sufren la pérdida de héroes que entregaron su vida por Colombia“.

El general (r) Sánchez también confirmó que se ha descartado completamente la participación del Clan del Golfo en el atentado.

“Información reciente de @PoliciaColombia confirma que el ataque fue perpetrado por la E36 de las disidencias criminales que hacer parte del cartel de alias Calarcá. Por ahora se descarta que haya sido el cartel Clan del Golfo. Cuando se tenga más clara la información se comunicará debidamente“.

Por último, reafirmó el compromiso de las autoridades y pidió la ayuda de la ciudadanía para identificar a autores del atentado.

“Nuestras Fuerzas Militares y Policía Nacional mantienen el desarrollo de las operaciones con toda la determinación y contundencia contra las estructuras criminales. Informe cualquier amenaza llamando al 107 o 157. Todos debemos unirnos en pro de la seguridad“.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pidió claridad sobre la información que exponga el Gobierno nacional sobre el atentado, cuestionando que el ministro Sánchez hablara sobre la responsabilidad del Clan del Golfo y luego tuviera que rectificar.

“Los antioqueños estamos preocupados por el estado de salud de los Policías que resultaron heridos luego del derribamiento de un helicóptero Blackhawk en zona rural de Amalfi. El Gobierno no se pone de acuerdo con los responsables“, indicó el gobernador.

Además de calificar el hecho como una reacción por la recuperación de las Fuerzas Militares del Cañón del Micay y otras zonas cruciales para los grupos armados, el mandatario colombiano confirmó la muerte de seis ciudadanos tras el atentado.

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"Después de la derrota producida a la columna Carlos Patiño con la pérdida de buena parte del cañón del Micay, tenemos una reacción terrorista en Cali con dos civiles muertos“.

De manera preliminar, las autoridades han informado que hay 50 personas heridas que han sido trasladados de urgencia a centros médicos cercanos.

En la publicación, Gustavo Petro volvió a mencionar que lo registrado en Cali es un acto terrorista injustificable.

"El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por “Iván Mordisco”, y que se han supeditado al control de la junta del narcotráfico. El gobierno considera aquí y le pide al mundo que considere a la Junta del Narcotráfico como una organización terrorista, y a sus bandas armadas en el Cauca, Guaviare, Antioquia y el Caribe colombiano“.

Por último, el mandatario puntualizó al señalar que: “La Junta del Narcotráfico, heredera del bloque capital de los paramilitares“.

De manera inmediata, desde Valledupar, el mandatario habló públicamente antes de oficializar la entrega de terrenos a campesinos, sobre lo registrado en Cali.

En primer lugar, volvió a adjudicar el acto terrorista a las disidencias de “Iván Mordisco”, señalando que ya no son un grupo guerrillero, sino uno ligado al terrorismo y el narcotráfico.

“Nos muestra el paso de las disidencias de ”Iván Mordisco" hacia un accionar terrorista. No es lo mismo un combate entre fuerzas que portan armas, que matar civiles desarmados. Lo que acontece es un acto que irradia pánico en la población civil, porque de manera sistemática, es la segunda vez que pasa en mi Gobierno”.

Petro reafirmó que este accionar es repetido por el Clan del Golfo y la Segunda Marquetalia, y afirmó que las tres organizaciones criminales están ligadas a la “junta del narcotráfico”.

“Es crimen de guerra, de lesa humanidad. Es terrorismo, desde el concepto más básico de terror y terrorismo. He tomado una decisión, nuestras investigaciones muestran que tanto el Clan del Golfo, como la Segunda Marquetalia, como las mal llamadas disidencias de Iván Mordisco, son bandas armadas, organizadas y cuyo mando real, según la inteligencia, es la llamada junta del narcotráfico, que opera internacionalmente como una confederación de mafias. Hace mercadería en el mundo de una producción que se hace por la carencia de justicia social en el campesinado en el territorio colombiano”.

Es por ello que anunció que pedirá que los grupos armados mencionados sean considerados de ahora en adelante como organizaciones terroristas.

“Sean consideradas organizaciones terroristas, perseguibles en cualquier lugar del planeta tierra, incluido Bogotá. Le pediré a la agencia de defensa jurídica, que paralelamente inicie, de acuerdo al Estatuto de Roma, un proceso contra los dirigentes de estos grupos armados, un proceso contra delitos contra la humanidad”.

Por último, afirmó que su petición no debe ser denegada, puesto que considera que hay información suficiente para demostrar que las disidencias y el Clan del Golfo ya no operan por ideales políticos, sino ligados al narcotráfico y la guerra.

“Demuestran que son criminales de guerra, que acuden al terror, que son criminales contra la humanidad”, puntualizó.

Tropas adscritas a la sexta brigada del Ejército Nacional de Colombia, en colaboración con la Policía del Tolima, anunciaron un fuerte golpe contra las disidencias de las Farc, grupo que lidera Alexander Díaz, conocido como alias Calarcá.

Según el reporte oficial, fue incautado material de guerra e intendencia que pertenece al frente Joaquín González de este grupo armado.

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El material fue ubicado en una vivienda de la vereda Las Dantas, jurisdicción de Ibagué, lo que representó el tercer intento frustrado, en menos de dos años, que esta estructura criminal intenta llegar a mantener control territorial en esta región colombiana.

De acuerdo con el informe militar, en el depósito ilegal fueron hallados tres fusiles —dos M4 y un AK-47 de fabricación venezolana—, junto a proveedores de diferentes calibres y prendas con emblemas de las Farc.

El arsenal incautado incluía uniformes tácticos, prendas de uso militar y distintivos alusivos al frente Joaquín González, elementos que, según las autoridades, estaban destinados a la conformación de una nueva estructura armada en la zona.

El comandante de la Sexta Brigada del Ejército, Diego Fernando Patiño Orozco, aseguró que esta incautación representa un fuerte impacto para el grupo ilegal.

“Este material que se incauta, indudablemente, debilita las intenciones que tiene ‘Calarcá’ de seguir expandiendo su accionar delictivo en el departamento del Tolima. Teníamos información de que iba a haber un transporte de material y de personal. Se monta un puesto de control y en el intercambio de disparos muere la persona que llevaba este material de estupefacientes dentro del vehículo”, precisó.

El material decomisado fue entregado a la autoridad judicial competente, mientras avanzan las investigaciones para determinar tanto la procedencia de las armas como la identidad de los responsables de su almacenamiento.

Del mismo modo, el oficial informó que, durante el procedimiento, un soldado resultó herido y fue evacuado a Neiva (Huila) para recibir atención médica. El oficial también confirmó que no se produjeron capturas, aunque la tropa logró evitar la fuga de otros posibles implicados.

“Estamos haciendo las verificaciones; ya se informó a todos los entes para que se inicie la investigación referente a la muerte de esta persona (...) No hubo capturas, en este momento ya estamos realizando esa parte judicial”, añadió.

Por su parte, el coronel Libardo Fabio Ojeda, comandante del Departamento de Policía Tolima recalcó que este grupo armado se dedicaba a los cobros extorsivos en los municipios de Roncesvalles, Rovira y zona rural de Ibagué.

“Esta operación se llevó a cabo en la vereda Las Dantas, jurisdicción de Ibagué, en el corregimiento de Coello Cocora, donde opera el frente Joaquín Gonzales, especialmente alias El Paisa, quien es encargado de las extorsiones”, indicó.

Recompensas por cabecillas de las disidencias en Cauca y Huila

Además de la incautación del material de guerra en Tolima, las autoridades reiteraron la activación de un esquema de recompensas sin precedentes en los departamentos de Cauca y Huila.

Tras un consejo de seguridad, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una recompensa de hasta 500 millones de pesos por la captura de alias David o Mi Pez, líder de las disidencias en esta parte del territorio colombiano.

“La recompensa de hasta 500 millones de pesos es para lograr la captura de un criminal, un reclutador de menores, un asesino de indígenas y líderes sociales, un narcotraficante nato, a quien se conoce como alias ‘David’ o ‘Mi Pez’, este criminal es el que reemplazó a alias Libardo y Libardo es el que había sucedido a alias Cholinga, ambos neutralizados por nuestras Fuerzas Militares”, mencionó el ministro en una rueda de prensa.

Además, expuso la recompensa de 50 millones de pesos por información que conduzca al paradero de los responsables del atentado contra el representante Julio César Triana y su esquema de seguridad, ocurrido el 13 de agosto en la vía que conecta La Plata con Paicol, en el departamento de Huila.

Igualmente, ofreció esta misma cantidad monetaria para ubicar a alias El Viejo y alias Karla, cabecillas del frente Hernando González Acosta del bloque Isaías Pardo de las disidencias de las Farc, responsables de extorsiones y amenazas a los habitantes de la zona rural de los municipios de Nátaga y La Plata en el occidente del Huila.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció una intervención estatal para revertir la situación denunciada por campesinos de la zona rural del municipio de Jamundí, quienes, al parecer, han sido obligados a pagar extorsiones impuestas por disidencias armadas para la construcción y el mantenimiento de una carretera que conecta el sector de El Descanso con el corregimiento de San Antonio.

De acuerdo con Toro, la carretera que la disidencia la estaría denominando como ‘Marco Fidel Suárez’ será recuperada y puesta bajo gestión pública, con el objetivo de frenar las extorsiones y restablecer la legalidad en la región.

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Según la información difundida, la Secretaría de Infraestructura del departamento asumirá el mantenimiento del tramo San Antonio - Villacolombia, con el propósito de mejorar las condiciones viales y cortar el flujo de recursos hacia los grupos ilegales.

Esta medida busca no solo garantizar la movilidad, sino también proteger a la población de prácticas extorsivas que se han repetido en otras zonas rurales del municipio.

La gobernadora Toro detalló que la intervención estatal replicará acciones previas realizadas en Ampudia y Villacolombia, donde la administración ya había ejecutado obras de mejoramiento en vías terciarias: “vamos a arreglar esta vía terciaria para que sirva al progreso y no a la ilegalidad”, subrayando la intención de que la infraestructura fomente el desarrollo y no se convierta en un instrumento de control para actores armados.

Toro también enfatizó la colaboración con la alcaldesa local, asegurando la disposición de maquinaria y personal para ejecutar las obras necesarias y así fortalecer la conectividad entre El Descanso y San Antonio.

La respuesta institucional no se limita al ámbito de la infraestructura. Las autoridades han incrementado la presencia de uniformados del Ejército Nacional en el corredor vial, con el objetivo de reforzar la seguridad y disuadir nuevas acciones de las disidencias. Este despliegue busca transmitir confianza a la comunidad y respaldar la recuperación de la vía bajo parámetros legales y estatales.

En su intervención, la gobernadora insistió en la importancia de la inversión social y la mejora de las condiciones de vida para los habitantes rurales. Reiteró el compromiso de la administración con la recuperación de la vía y la protección de la comunidad.

“Queremos que la comunidad esté tranquila, queremos que la comunidad tenga inversión social, queremos ayudarle a la comunidad, queremos que la comunidad tenga mejores condiciones de vida, y por eso con la institucionalidad y por eso vamos a recuperar la vía para que la comunidad tenga mejor comunicación”, señaló la gobernadora Toro.

Las autoridades hicieron un llamado explícito a los habitantes para que no cedan ante las extorsiones y denuncien estos hechos ante las instancias competentes.

Extorsiones de hasta 5 millones de pesos para construir la carretera

El 7 de agosto de 2025 se conoció la denuncia sobre integrantes de un grupo armado ilegal vinculado a las disidencias de las Farc que estarían adelantando la construcción de una carretera en áreas montañosas de Jamundí, en el Valle del Cauca, con el propósito de fortalecer rutas empleadas para actividades ilícitas.

Esta vía, que conecta corregimientos como Villa Colombia, La Liberia y Ampudia, ha sido señalada por su posible uso en el transporte de insumos y productos vinculados tanto a la minería no autorizada como al narcotráfico.

“Sabemos todas las exigencias que le han hecho a la comunidad en la zona alta de Jamundí. Tanto es, que para poder salir a hacer la asonada y los secuestros que realizaron de los soldados, les decían que tenían que pagar 5 millones de pesos, porque si no salían atentaban contra ellos”, relató la gobernadora del Valle del Cauca.

Según reportes oficiales, la carretera se extiende hacia la zona del Naya, en el departamento del Cauca, lo que refuerza la hipótesis de que su trazado responde a intereses estratégicos de control territorial por parte del grupo armado. La gobernadora Toro subrayó que estos hechos ya han sido comunicados al Ejército Nacional, la Policía y el Ministerio de Defensa para su análisis y eventual intervención.

Tras su salida de los Acuerdos de Paz firmados en 2016 entre el Gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, La Segunda Marquetalia, organización liderada por Luciano Marín Arango, conocido como alias Iván Márquez, ha sufrido varios golpes por parte de las autoridades y otros grupos armados ilegales.

Con la confirmación de la muerte de José Manuel Aldinever Sierra, alias el Zarco Aldinever, confirmado en la tarde del martes 5 de agosto de 2025, la estructura criminal ha tenido las bajas de cuatro de sus principales cabecillas que se desvincularon del proceso firmado en La Habana, Cuba.

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Incluso, alias Iván Márquez, máximo cabecilla de la Segunda Marquetalia, también ha resultado ileso de varios atentados.

Uno de ellos ocurrió en junio de 2022, en Venezuela, cuando abrió una caja de tabacos provenientes de Cuba, que le dejó graves secuelas físicas, incluyendo la pérdida de un brazo y un ojo.

Además, en un comunicado leído por el mismo jefe guerrillero, aseguró que “está gozando de buena salud” y que solo sufrió afectaciones menores el día del atentado.

En el video, el portavoz aparece rodeado de cerca de veinte hombres armados con fusiles, lo que refuerza la imagen de la organización como un grupo armado activo.

La Segunda Marquetalia es una de las facciones de las Farc que se rearmaron tras el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Este grupo ha mantenido su actividad en regiones selváticas y fronterizas, especialmente en áreas cercanas a Venezuela, donde se presume que Márquez se encontraba al momento del ataque.

Alias Jesús Santrich

Inicialmente, se encuentra Seuxis Pausias Hernández Solarte, conocido por el alias de Jesús Santrich, que habría sido dado de baja en mayo de 2021, a raíz de una emboscada a manos de un grupo venezolano cuando se desplazaba en una camioneta por el país vecino.

No obstante, una investigación realizada por la revista Cambio detalló que se trató de una operación de un coronel de inteligencia, llamado Mario Sarmiento Reyes, de 47 años de edad, que contó con el aval de altos mandos del Gobierno colombiano.

Según ese medio de comunicación, un pequeño grupo de militares (seis) altamente cualificados para este tipo de operaciones se dirigieron en dos helicópteros UH 60 a territorio venezolano, que al llegar contaba con desmovilizados quienes les dieron importante información sobre el territorio y otros pormenores a Sarmiento.

Jesús Santrich era buscado por las autoridades colombianas por terrorismo, secuestro extorsivo. Incluso, una corte de Estados Unidos lo reclamó en extradición, acusándolo de participar en el envío de cargamentos de cocaína a ese país.

A pesar de que había sido capturado en 2018, fue liberado meses después, lo que desató una inmensa polémica judicial y generó un profundo descontento en las autoridades estadounidenses, que veían frustrada la posibilidad de juzgarlo por narcotráfico en su territorio.

Alias el Paisa

Posteriormente, Hernán Darío Velásquez, más conocido como alias El Paisa, fue abatido en diciembre de 2021 en combates entre grupos armados en el Estado de Apure (Venezuela).

Según reveló Semana, la muerte de alias el Paisa se originó producto de una explosión ocurrida en zona rural del estado venezolano, mientras se adelantaban “exploraciones” para evitar ser sorprendidos por las autoridades o sufrir algún atentado.

Además, en el relato presentado por ese medio añaden que fue una guerrillera de nacionalidad ecuatoriana que montó unas antenas para transmitirle a Iván Márquez sobre la muerte de Velásquez, lo que aumentaría los rumores sobre la adhesión de integrantes a ese grupo armado de otras naciones.

Hernán Darío Velásquez había sido acusado por su responsabilidad en el atentado contra el Club El Nogal de Bogotá en 2003, hecho por el que se le emitió un fallo condenatorio por 40 años de prisión.

Alias Romaña

Similar a alias el Paisa, en diciembre de 2021, la Segunda Marquetalia también confirmó la muerte de Henry Castellanos Garzón, alias Romaña.

De acuerdo con información revelada por El Espectador, los hechos se habrían dado en el mismo estado venezolano de Apure, durante un enfrentamiento entre las disidencias.

No obstante, en un comunicado cocido por el citado medio de comunicación, el grupo guerrillero habló de supuestas infiltraciones de alias Arturo y Antonio 28, líderes que habrían colaborado con cuerpos del Estado y con la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos, para dar con el paradero de Castellanos Garzón.

Alias Romaña era conocido como el cerebro de las denominadas “Pescas milagrosas”, una estrategia de financiamiento de la extinta guerrilla de las Farc durante la época del conflicto armado.

Alias Zarco Aldinever

Por último, en agosto de 2025, se confirmó la muerte de José Manuel Sierra Sabogal, conocido como ‘Zarco Aldinever’, señalado de liderar el ataque contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

De acuerdo con un comunicado divulgado por la Segunda Marquetalia, este sujeto fue asesinado producto de “una emboscada con explosivos tendida por el ELN”, concretamente, por el Frente de Guerra Oriental, “cuando se dirigía a una reunión convenida con ellos”.

Por el hecho, la estructura insurgente le solicitó al Comando Central del ELN, al mando de alias Antonio García, “una explicación por el ataque a los nuestros”.

Adicional a ello, la Fiscalía General de la Nación precisó que Sierra Sabogal enfrentaba cargos formales por desaparición forzada, homicidio agravado y rebelión.

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) presentó la ruta de reintegración colectiva diseñada específicamente para los Comuneros del Sur, el grupo armado que se separó del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y opera en el departamento de Nariño.

Con el grupo armado, que inició su propio diálogo con el Gobierno Petro en mayo de 2024, se contempla en primera instancia a creación de una zona de ubicación temporal en el municipio de Mallama, en Nariño. Esta zona, la tercera de su tipo bajo la política de ‘paz total’, la cual funcionará durante un año a partir de la expedición del acto administrativo correspondiente, y servirá como espacio de concentración para los excombatientes mientras avanzan hacia la vida civil.

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La confirmación de este enclave se produjo al cierre del séptimo ciclo de negociación en Pasto, según la información difundida por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Este plan constituye el tercer eje de la mesa de construcción de paz territorial en Nariño, sumándose a los ya existentes de desescalamiento del conflicto y transformaciones territoriales.

Los cuatro ejes del plan de reintegración

El programa establece, de manera concreta, cuatro componentes fundamentales para la reintegración de quienes sean mayores de edad, se encuentren en libertad y cuenten con la certificación de exintegrantes del frente: social, político, económico y comunitario.

En el ámbito político, la ruta de reintegración contempla la participación electoral y ciudadana de los excombatientes. El documento elaborado por la ARN recoge la voluntad del grupo armado de mantener su incidencia en los procesos sociales de la región, ahora como movimiento social y político.

Para ello, se prevé la formación en capacidades de liderazgo, incidencia política y participación electoral, así como la creación de rutas para superar obstáculos a la participación y la promoción de espacios que permitan incluir acciones de reintegración en propuestas de gobierno a nivel nacional, regional y local.

El componente económico del programa ofrece una serie de beneficios orientados a facilitar la transición a la vida civil: entre ellos destacan una renta básica durante dos años, una asignación inicial única para la normalización, capital semilla para el desarrollo de proyectos productivos, estrategias de empleabilidad, acompañamiento y fortalecimiento de procesos productivos y apoyo a las economías de cuidado.

En el plano social, el programa garantiza el acceso a la educación tanto para las personas en proceso de reintegración como para sus hijos, así como acompañamiento psicosocial y acceso a servicios de salud mental, sexual y reproductiva. Además, se contempla la atención específica a personas gestantes y lactantes, y el apoyo para acceder a rutas de vivienda digna.

El componente comunitario, por su parte, establece la apertura de programas de armonización y la promoción de procesos de diálogo y reconciliación, con el objetivo de consolidar la paz territorial en las zonas afectadas por el conflicto.

La ARN ha llevado a cabo dos encuentros con miembros de los Comuneros del Sur, en los que participaron aproximadamente 140 personas, y otro con autoridades y líderes de los cabildos indígenas de El Sande, Mayasquer y la Montaña, con la presencia de 30 personas. Estos espacios permitieron realizar una caracterización preliminar del grupo, conocer sus expectativas respecto al tránsito a la vida civil, identificar la percepción de las autoridades y líderes comunitarios sobre el proceso y desarrollar ejercicios iniciales de pedagogía sobre la misión de la Agencia.

En el horizonte inmediato, quedan pendientes decisiones clave como la eventual suspensión de las órdenes de captura contra los exintegrantes, una medida que deberá contar con la aprobación de la Fiscalía General de la Nación. Además, se evalúa la posibilidad de establecer un cese del fuego o la suspensión de operaciones ofensivas, paso que, según confirmó Erazo, requerirá la oficialización por parte del presidente Gustavo Petro.

Desde el 24 de julio de 2025, el soldado profesional Jamerson Guacheta Guacheta, adscrito al Batallón de Infantería N.º 56 del Ejército Nacional de Colombia, fue secuestrado por miembros de las disidencias de las Farc, al mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como alias Iván Mordisco.

Una semana después, el jueves 31 de julio, se conoció la primera prueba de supervivencia del militar secuestrado, donde se observa que responde de manera pausada a las preguntas de sus captores.

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“Por favor diga su nombre, número cédula, lugar de residencia y después cuente cómo son las alianzas del Ejército con los paramilitares”, se escucha a uno de los subversivos.

A lo que el militar responde, de manera pausada, a cada uno de los interrogantes del integrante de la estructura ilegal, que se encontraba ubicado con una cíntela de fondo que sirve de telón para el interrogatorio.

“La relación entre el Ejército y los paramilitares, pues solamente se da cuando llega la guerrilla a hostigar al corregimiento Ortega. Entonces ahí salen lo que son el grupo paramilitar, salen a colaborarle al Ejército solamente cuando la guerrilla hostiga”, expresó.

Además, respondió sobre la forma en la que se coordinaban las operaciones militares en el sur occidente colombiano. “De vez en cuando sí se reunían, o también, a veces hacían lo que era como patrullas en la noche; pues entonces ellos, en esas patrullas, pues podrían coordinar lo que planeaban cuando la guerrilla hostigara”, comentó.

También, se refirió a unas conversaciones reveladas por Semana que involucran al general Federico Mejía, comandante de la Tercera División del Ejército, y a un hombre identificado como Joselito, señalado en la región por presuntamente armar a la comunidad para enfrentar a las disidencias.

“Pues ahí los paramilitares ya como comenzaron a alejarse un poco del Ejército, porque o sea, la brigada que estaba la otra vez, se unía más con los paramilitares”, explicó.

Según informó la institución castrense, el soldado fue privado de la libertad por miembros del grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura Fredy Martínez, vinculado al Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc, cuando iba de camino a presentarse al batallón militar.

La institución castrense ha señalado que los hechos permanecen bajo investigación y que se presentarán las denuncias correspondientes ante las autoridades judiciales competentes.

Además, se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate, en coordinación con el Gaula Militar Cauca, la Policía Nacional y otras entidades, con el objetivo de lograr el retorno seguro del uniformado a su familia.

“El soldado se encontraba en periodo de descanso y se desplazaba aproximadamente a las dos de la mañana en un vehículo tipo chiva hacia su unidad militar para realizar la presentación correspondiente, cuando fue obligado a descender del automotor por sujetos armados en el sector El Dinde, de este municipio”, detalló el comando del Ejército en un comunicado.

El Ejército Nacional ha calificado el secuestro como “una grave infracción al derecho internacional humanitario y una flagrante violación de los derechos humanos”, y ha reiterado su solidaridad con los allegados del soldado, quienes recibirán acompañamiento psicosocial a través del Centro de Familia Militar.

Este episodio se produce pocos días después de la liberación de nueve trabajadores y trabajadoras de la Gobernación de Cauca, quienes habían sido secuestrados por la columna Álex Gutiérrez, también perteneciente a las disidencias de las Farc.

Los liberados, identificados como Eivar Alonso Guerrero Anaya, Sergio Andrés López Gómez, Angélica María Barona Maya, Leydi Rocío Guengue, Paola Andrea Maca Chávez, Mónica Alexandra Bambague, Manuela Caicedo Arango, María Elizabeth López y Elizabeth Yangana, recuperaron la libertad el 25 de julio de 2025.

La reiteración de secuestros en Cauca por parte de estructuras disidentes de las Farc evidencia la persistencia de riesgos para la población civil y los miembros de la fuerza pública en zonas donde estos grupos mantienen presencia armada.

Las autoridades han insistido en la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional para responder a estos hechos y garantizar la protección de los derechos fundamentales de las víctimas.

Las autoridades han centrado sus esfuerzos para identificar a los autores intelectuales del intento de asesinato contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

La Fiscalía ha obtenido conversaciones que muestran cómo alias el Costeño coordinó la logística del atentado y la posterior huida de los involucrados.

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El programa Los Informantes de Caracol TV obtuvo una de las conversaciones entre el “Costeño” y alias Gabriela, en las que ella recibió la orden de trasladarse a Belén de los Andaquíes, un municipio localizado en el departamento del Caquetá donde, según los investigadores, también operan hombres de Iván Mordisco, líder de las disidencias Estado Mayor Central. Este detalle ha convertido la región en un punto clave para la investigación, ya que la presencia de estos grupos armados ilegales sugiere una posible conexión entre el atentado y estructuras criminales de alcance nacional.

• -Gabriela: “Hola Jefe. Habla su mejor trabajadora”
• -Costeño: “Señora. Buenos días.”
• -Gabriela: “A donde llegar (sic). Llego”.
• -Costeño: “Cuando llegue a Florencia se hospeda en un hotel.
• -Gabriela: “No he llegado”.
• -Costeño: “Almuerce y coja taxi para BELEN DE LOS ANDAQUIES (sic). Cuando esté ahí, coja mototaxi para los Angeles (Sic). Ahí entra a un restaurante. Eso no queda lejos de un pueblo a otro”.

Los papeles de alias Joan, Harol y el Gordo en el atentado

Los chats también han permitido identificar a otros miembros de la red. Dos de ellos, conocidos como Joan y Harol, ayudaron al “Costeño” a ocultarse en la localidad de Engativá tras el ataque: el periódico El Tiempo había revelado la existencia de estos sujetos, pero ahora la Fiscalía cuenta con mensajes fechados el 20 de junio entre Joan y otro individuo, Harold, alias el Gordo. Estas comunicaciones han sido fundamentales para mapear los movimientos y roles de cada integrante en la organización.

• Joan: “No manito eso fue hace rato mire la fecha.”
• Alias Gordo envía un archivo de audio.
• Gordo: “Por si se comunica con el lo muestra (sic)”.
• Joan: “Hágale so, y ese chino quién es jaja (sic)”.
• Gordo: “Un socio mío de la Alameda”.
• Joan: “Bueno so cuando me llame le digo”.
• Gordo: “Ok”.
• Llamada perdida de alias el Gordo.
• Joan: “No se demore so”.

Alias el Viejo y su posible rol clave en el ataque

Uno de los personajes que más llama la atención de los investigadores es alias el Viejo, un hombre de aproximadamente 50 años que, según las autoridades, controló el narcotráfico en el antiguo Bronx de Bogotá. Según documentó El Tiempo, se sospecha que el “Viejo” realizó varios desplazamientos a Caquetá y que mantiene una sociedad criminal con el Costeño y otro capo del Bronx, conocido como “Homero”. Por este motivo, no se descarta que el “Viejo” haya sido quien contrató en Bogotá al Costeño para ejecutar el atentado contra Uribe Turbay, estableció El Tiempo.

La red criminal no termina ahí. Las autoridades han detectado conversaciones en las que se menciona al “Caleño”, también identificado como “Bayron”, quien tendría contacto directo con las disidencias de las FARC. Este vínculo refuerza la hipótesis de que el atentado no fue un hecho aislado, sino parte de una operación planificada por una estructura con ramificaciones en varias regiones del país.

• Interlocutor 2: “Si obvio Mk ese chinche canta todo y os hay (sic) si quien sabe si el caleño de su nombre que visaje esatagel loko (sic)”.
• Interlocutor 1: “No creo por qué el que contacto directo. Fue ‘Chipi’. Yo nunca hable con el de tu a tu. Yo solo le dije a chipi. Mire ese es el número de ‘el Caleño’. Ya (sic)”.
• Interlocutor 2: “Si pilla que eso fue mandado de este lado. No ñero no c que hacer me va a tocar perderme eso es obvio que ese chinche va a soltar la boca”.
• Interlocutor 1: “Si obvio si es q ya no la abrió (sic)”.
• Interlocutor 2: “Si obvio mk si no tienen hay (sic) comprometedor q visaje may... ish q visaje MK el chipi debe estar encunado x q pailas... (sic)”.

El foco de la investigación se ha trasladado hacia el sur del país, donde se sugiere la convergencia de otros actores criminales que participaron en el atentado y el posible relacionamiento de las disidencias FARC. La colaboración entre la Fiscalía y los organismos de inteligencia ha permitido avanzar en la identificación de los implicados.

En medio de la agitada situación de orden público que atraviesa el Norte de Antioquia, tropas del Ejército Nacional evitaron que integrantes de las disidencias de las Farc lograran inhabilitar uno de los corredores viales más estratégicos de la región.

Los hechos se registraron el viernes 25 de julio en la vereda El Singo, jurisdicción de Ituango, donde, según información oficial, integrantes del frente 18 pretendían ubicar artefactos explosivos improvisados sobre la vía que conecta a Puerto Valdivia con el megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango.

El propósito de esta acción sería restringir el paso de autoridades y trabajadores, así como presionar pagos extorsivos a empresas y contratistas que operan en la zona.

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Habitantes de la vereda reportaron detonaciones y ráfagas que alertaron sobre enfrentamientos entre los insurgentes y uniformados del Ejército, lo que derivó en una reacción inmediata para desactivar los artefactos.

Para reforzar la operación terrestre, fue necesario el apoyo aéreo mediante el despliegue de un avión Arpía, empleado para garantizar el control de la situación y asegurar la integridad de la carretera.

De acuerdo con los reportes entregados por fuentes militares, durante los combates no se registraron heridos ni bajas, ni entre los uniformados ni en el grupo armado ilegal. La intervención impidió que se concretara la instalación de explosivos que habrían puesto en riesgo a civiles, vehículos de carga y maquinaria vinculada a las obras del proyecto hidroeléctrico.

En paralelo a este operativo, tropas del Batallón de Infantería N.º 10 coronel Atanasio Girardot adelantaron otra acción en la vereda Organi, también en el municipio de Ituango, donde fue localizado y destruido un laboratorio clandestino dedicado al procesamiento de cocaína. Según lo encontrado, en el lugar se hallaron una estructura de madera acondicionada como laboratorio, dos galones de pasta base de coca en solución, químicos como amoniaco, Acpm, gasolina y otros insumos empleados para la elaboración de drogas ilícitas.

Estos hallazgos afectan de manera directa las finanzas de las estructuras armadas que se disputan el control de la zona. La intervención del Ejército se da en un contexto de creciente presión de las disidencias de las Farc sobre empresas y comerciantes de la región, que han denunciado amenazas y extorsiones bajo la advertencia de atentados si no acceden a las exigencias económicas.

El Norte antioqueño continúa siendo escenario de una compleja pugna entre diferentes actores armados, como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, que buscan mantener dominio territorial y asegurar rentas derivadas del narcotráfico y la extorsión. Esta disputa sigue generando afectaciones para las comunidades, desplazamientos forzados y riesgos constantes para proyectos estratégicos como Hidroituango, cuya seguridad depende de la presencia permanente de la fuerza pública.

Las autoridades insisten en que mantendrán los operativos en los corredores viales y zonas rurales de Ituango y municipios cercanos, con el fin de neutralizar las acciones de los grupos armados ilegales y garantizar la movilidad de la población y el desarrollo de obras de infraestructura claves para el departamento.

La millonaria recompensa que ofrece Gobernación del Tolima por cabecilla de Farc

Alias Chapolo, identificado por las autoridades como Jhan Carlos Rodríguez Masmela, es señalado de liderar operaciones armadas y extorsivas en el sur del Tolima. Su presencia, según la Fuerza Pública,ha afectado la seguridad y la vida cotidiana de comunidades rurales de Rioblanco, Chaparral, San Antonio, Herrera y Bilbao.

Por eso, la Gobernación del Tolima mantiene una recompensa de $100 millones por información que conduzca a su ubicación y captura.

La decisión fue reiterada por la gobernadora Adriana Magali Matiz, quien destacó la importancia de la colaboración ciudadana: “Esta persona le está causando un gran daño al sur del Tolima. Queremos pedirle a toda la ciudadanía su colaboración para lograr la captura de este delincuente. La recompensa de $100 millones sigue vigente”.

Las autoridades en Colombia confirmaron que fue dado de baja Michael Enrique Méndez Olivos, alias Mogosín, principal cabecilla del frente Iván Merchán de las disidencias de la Segunda Marquetalia, que son lideradas por Iván Márquez.

Fuentes de Infobae Colombia confirmaron que la caída de “Mogosín” se registró gracias a denuncias ciudadanas por amenazas y extorsiones, que junto al trabajo de inteligencia adelantado por las tropas permitió la ubicación de Méndez Olivos en zona rural de Puerto Lleras, en el Meta.

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La operación fue ejecutada por tropas del Gaula Militar con el Gaula de la Policía Nacional, tras más de cinco días de inserción por vía terrestre y aérea. Al llegar al punto, las unidades fueron atacadas con armas de largo alcance, a lo que respondieron de inmediato para repelar la agresión de los terroristas.

En el desarrollo de la operación fue abatido “Mogosín” y capturado alias Jimmy Lozada, señalado cabecilla financiero de las disidencias de la Segunda Marquetalia.

Durante el procedimiento se incautaron un fusil, una escopeta, un revólver, munición de diferentes calibres, equipos de comunicación, material de intendencia y panfletos usados para amenazar a comerciantes, ganaderos, transportadores e industriales de la región, exigiéndoles el pago de extorsiones.

De acuerdo a la información que manejaban las autoridades, alias Mogosín recolectaba mensualmente más de 1.000 millones de pesos producto de la extorsión, que eran utilizados para la adquisición de propiedades, vehículos y joyas en Antioquia, Bogotá y la Costa Atlántica, que están siendo rastreadas por las autoridades.

“Mogosín” también habría mantenido nexos con alias Walter Mendoza, cabecilla de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, con el objetivo de coordinar acciones ilegales y terroristas en los Llanos Orientales. Se presume que buscaba impulsar la expansión de dicha estructura hacia el centro del país, desde Nariño, Putumayo y Caquetá, generando posibles disputas con facciones del autodenominado Estado Mayor Central de alias Iván Mordisco’ y alias Calarcá, por el control de economías ilícitas.

Desde el Ministerio de Defensa indicaron que este operativo permite fracturar las capacidades extorsivas de esta facción criminal en la región del Bajo Ariari y Guaviare, debilitando sus planes de expansión y control territorial sobre corredores estratégicos del narcotráfico.

El Ministerio de Defensa Nacional ordenó el fortalecimiento del dispositivo de seguridad en la zona, con el fin de ubicar a otros integrantes de esta estructura, desarticular sus redes logísticas y criminales, y consolidar la seguridad y tranquilidad de la población civil.

Las Fuerzas Militares mantienen a al menos 16 comandos con los que buscan acorralar al “Zarco Aldinever” y a “Jhon 40″, otros líderes de la Segunda Marquetalia en la zona.

En la caída de “Mogosín” fue clave el uso de la tecnología, puesto que infiltrados de la institución habrian logrado poner artefactos de rastreo en teléfonos de los guerrilleros, lo que garantizó la ubicación exacta del primer anillo de seguridad del cabecilla.

Ministro de Defensa celebró los resultados

“Nuestros militares y policías no van a parar en proteger a todos los colombianos. Y una de las tareas es neutralizar la amenaza“, indicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, durante una intervención en la que agradeció a los uniformados que encabezaron el operativo contra la Segunda Marquetalia.

Sánchez aprovechó la ocasión para enviarle un mensaje a los miembros de los grupos armados en el país, a los que les pidió colaborar con la justicia o afrontar que serán encontrados.

“Estamos siguiendo el trabajo articulado en esta importante región para darle estabilidad y darle sobre todo tranquilidad a todos los ciudadanos de este departamento. No hay ningún lugar donde se puedan esconder, no hay ningún lugar donde se puedan esconder los criminales del Estado colombiano. No vamos a parar. Toda la fuerza pública está empeñada en aumentar aún más la ofensiva”, puntualizó el ministro.

La escalada de violencia en el suroccidente de Colombia no se detiene.

Las disidencias de las Farc bajo el mando de Iván Mordisco, han intensificado sus ataques contra las fuerzas del Ejército y la Policía Nacional.

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Incluso, se ha conocido un video en el que exhibe la frialdad con la que un miembro de las disidencias de las Farc manipula un dron cargado de explosivos y lo dirige hacia dos soldados en la subregión del Naya, en la parte alta de Jamundí, al sur del departamento de Valle del Cauca.

La grabación, de 38 segundos, divulgada por el usuario @villamizar.1999 de la red social Tiktok, muestra cómo el artefacto sobrevuela cultivos de coca, localiza a los uniformados y, tras unos instantes de tensión, libera dos bombas desde una distancia considerable.

“Mi momento favorito es cuando tengo que demostrarles las consecuencias de sus actos”, es la frase que acompaña el filme divulgado en las redes sociales.

Los soldados, alertados por el zumbido, logran lanzarse al suelo y huir antes de la detonación, que ocurre a escasos metros de ellos.

El uso de drones para lanzar artefactos explosivos se ha convertido en un patrón recurrente, replicado casi a diario en el norte del Cauca y en áreas rurales del Valle del Cauca.

Otros ataques con dron de las disidencias

Este no ha sido el único enfrentamiento entre el grupo armado ilegal y el Ejército nacional.

Según información revelada por Semana, a mediados de julio de 2025, en el municipio de Santander de Quilichao (Cauca), un dron cargado con explosivos cobró la vida de la patrullera Maryuri Ramos Mamián en la estación de policía local.

En esa jurisdicción delinque el frente disidente Dagoberto Ramos, que ha adoptado métodos similares para atacar a las autoridades.

De igual manera, en el corregimiento de Bellavista, tras intensos combates entre disidentes y el Ejército, el citado medio de comunicación mencionó que la estructura Jaime Martínez envió mensajes intimidatorios a líderes comunales, buscando presionar una asonada contra las fuerzas militares. Sin embargo, la población, temerosa, optó por resguardarse para evitar quedar atrapada en el fuego cruzado.

Ante ello, la respuesta de las disidencias fue lanzar un dron bomba contra uno de los caseríos, que dejó heridos a dos niños, uno de ellos de siete años, quienes permanecen hospitalizados.

Este tipo de acciones evidencia el impacto directo de la violencia sobre la población civil y la capacidad de los grupos armados para emplear tecnología en sus ofensivas.

En medio de estos enfrentamientos, el Ejército informó que en los corregimientos de Ampudia, San Antonio y Bellavista, en la zona rural alta de Jamundí, fueron neutralizados tres integrantes del frente Jaime Martínez. Según un comunicado de la institución, entre los abatidos se encuentran alias Andrey y alias Caballo, señalados como cabecillas implicados en narcotráfico, extorsión y control de rutas ilícitas.

“En una contundente ofensiva, nuestros soldados lograron la muerte en desarrollo de operaciones militares de tres integrantes de esa estructura ilegal. Según inteligencia militar, entre los neutralizados estarían alias Andrey y alias Caballo, cabecillas implicados en narcotráfico, extorsión y control de rutas ilícitas”, detalló la institución castrense en un comunicado.

No obstante, la ofensiva también dejó bajas en las filas oficiales. El soldado profesional Sebastián Zúñiga Cerón fue asesinado por un francotirador mientras cumplía su misión.

En la comunicación, el Ejército lamentó el fallecimiento del militar. “Su memoria será honrada como un #HéroePorSiempre, ejemplo de valor y entrega por #Colombia”, resaltaron.

Según datos del Ministerio de Defensa, en 2024, se contabilizaron 115 incidentes relacionados con ataques de drones en Colombia. Según la cartera, la mayoría de los actos criminales fueron perpetrados por organizaciones al margen de la ley y terroristas.

Estos hechos han afectado tanto a la fuerza pública como a instalaciones estratégicas, y han incluido actividades de espionaje, contrabando y sabotaje. En consecuencia, el Gobierno Nacional destinó más de $20.000 millones para el desarrollo e implementación de tecnologías orientadas a la defensa.

Con esos recursos, se buscó reforzar la seguridad del país con sistemas avanzados de defensa contra drones.

“El sistema anti-drones es una muestra del compromiso del Gobierno nacional con la innovación tecnológica y la defensa de la soberanía. Esta inversión no solo refuerza nuestra seguridad nacional, sino que posiciona a Colombia como referente regional en la lucha contra amenazas emergentes,” aseguró el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, citado en un comunicado de la cartera.

Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta, lanzó una advertencia directa sobre la presencia de las disidencias de las Farc en las inmediaciones de Bogotá.

En diálogo con Alerta Bogotá, el exmandatario departamental y ahora precandidato presidencial contó que antes de finalizar su mandato sostuvo una conversación con el presidente Gustavo Petro para advertirle sobre los riesgos de entablar negociaciones con las disidencias lideradas por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, autodenominadas Estado Mayor Central.

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“Yo al presidente (Gustavo Petro) se lo dije en su cara: ‘No se siente con el bandido de Iván Mordisco. Ese es una mugre que en el departamento del Meta nos ha hecho mucho daño (...) pasó de tener un corredor chiquito a tener presencia en el 50% del territorio nacional”, dijo el exgobernador al citado medio de comunicación.

Según Zuluaga, entre los lugares donde se ha expandido el control de las disidencias en el país se contemplan los departamentos de Meta, Huila y Cundinamarca, al igual que la ciudad de Bogotá, lugares que abarcan el páramo de Sumapaz, un corredor que ha sido altamente utilizado por el grupo armado.

“A veces la gente de las ciudades cree que la guerra es lejana (...) (las disidencias de ‘Iván Mordisco’) se metieron por el corredor del Sumapaz, desde el municipio de Uribe (Meta). Yo transité toda esa zona a pie, cuando me dijeron que Gentil Duarte se quería retomar el corredor del Sumapaz, que por ahí eran donde pasaban los secuestrados”, indicó a la cadena radial mencionada.

Ante esta situación, el exmandatario departamental subrayó que la restauración de este corredor por parte de Iván Mordisco representa una amenaza directa para la capital. “Eso es una amenaza para Bogotá, porque el Sumapaz es una localidad de Bogotá, y ahí están las disidencias y han matado gente por quitarle sus tierras”, señaló.

Por último, el exgobernador del Meta enfatizó en que esta situación es resultado de la estrategia de paz total impulsada por el Gobierno nacional, la cual, en su opinión, ha facilitado la proliferación de actores armados que, tras identificarse como tales, son reconocidos oficialmente como gestores de paz en cuestión de días.

“La guerra también está en las ciudades. Entonces, la paz total ha permitido eso: la paz total ha permitido que surjan bandidos que se ponen un brazalete porque a los 15 días los llaman del Gobierno nacional y los declaran gestores de paz”, puntualizó.

Alcalde Galán no descartó presencia de disidencias en Bogotá

Las advertencias del exgobernador de Meta, Juan Guillermo Zuluaga, ante la posible llegada de las disidencias de las Farc a la capital colombiana se suman a las alertas mencionadas desde el Distrito.

En abril de 2025, durante la ejecución del denominado plan pistola de grupos armados ilegales contra las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en varias regiones de Colombia, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, puso en el centro del debate la posibilidad de que dichos ataques armados contra la fuerza pública se trasladen a la capital.

En una rueda de prensa, el mandatario distrital enfatizó que, aunque el riesgo en Bogotá no es idéntico al de otras zonas, la administración no puede descartar la posibilidad de que se presenten hechos similares en la capital, por lo que aseveró que se han adoptado medidas de seguridad en la capital.

“Desde hace muchos meses hemos revisado medidas que garanticen que instalaciones y puntos que puedan ser sujetos de atentados tengan la protección necesaria. No tenemos una información específica que nos lleva a decir que va a haber un atentado en un punto, pero tenemos que estar preparados para eso y por eso hemos tomado medidas para reducir el riesgo”, mencionó Galán en su momento.

Además, había hecho un llamado a todos los miembros de la fuerza pública, a quienes instó a mantener la vigilancia y la alerta ante cualquier situación que pueda derivar en hechos violentos.

“Tenemos que estar presentes, y este es un llamado también a todos los miembros de la fuerza pública a estar muy alertas permanentemente de cualquier situación que pueda eventualmente generar un hecho como estos”, sostuvo.

Debido a que más del 60% de la población colombiana es creyente de la iglesia católica, la religión ha sido protagonista de los diálogos de paz que el Estado ha protagonizado con los diferentes actores del conflicto interno.

En el acuerdo de paz de 2016 esto no fue la excepción, además, en los intentos del Gobierno Petro por entablar un proceso de conciliación exitoso con los grupos armados, la iglesia ha tenido voceros en las mesas de diálogo.

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Es por ello que luego de que la Consejería Comisionada de Paz expuso que los voceros que hacen parte de la mesa de diálogo tendrían todo acordado para llevar a cabo una entrega de armas por parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que es una disidencia de la Segunda Marquetalia, provocó que un vocero de la iglesia se pronunciara.

Es pertinente recordar que el grupo armado se comprometió a entregar más de 13 toneladas de material de guerra para que sea destruido por el Ejército Nacional.

Como vocero del diálogo, monseñor Héctor Fabio Henao entregó a Noticias Caracol un balance del acuerdo y lo que representa para el país.

“Se ha tomado una decisión de enorme importancia que es la destrucción de poco más de 13 toneladas de armamento, que puede generar un enorme impacto en los temas humanitarios y en el entorno del medio ambiente”.

Monseñor explicó que este acto representará que las comunidades en las que hay presencia de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano tendrán mayores garantías.

“Pueden generar daños de largo plazo en las personas, los niños son vulnerables al impacto que generan estos artefactos. Se habla de destruir una suma importante que está en manos de este grupo y con ello se eleven las condiciones de las comunidades“.

De la misma forma, el religioso calificó la noticia como un paso que se necesita para que en el corto plazo se firme un acuerdo con las disidencias de la Segunda Marquetalia.

“Significa un paso avanzado, es muy alta la probabilidad de que se vean afectadas las personas civiles, la decisión de destruir de manera técnica es un paso importante. Es un paso en el proceso de negociación, hay unas bases de la comisión de seguridad y estos son los pasos que se necesitan para la firma de un acuerdo”.

Es por ello que Henao agradeció a los representantes de las disidencias por aceptar la entrega del material de guerra como una garantía de que las elecciones de 2026 se llevaran a cabo en paz.

“Es demostrar voluntad, que va de la mano del avance en la definición del ejercicio que se hará en erradicación de cultivos y la garantía de que en las elecciones no va a haber coacciones en contra de las comunidades”.

Monseñor Héctor Fabio Henao habló del municipio de Llorente, Nariño, en donde se realizará la primera entrega del grupo armado, segunda que será efectiva en el Gobierno Petro.

“Hoy es un sitio en el que hay espacio para las comunidades, que hay espacios para llevar una vida social, un punto de referencia para visitantes, son parte de la transformación, en la que se busca la transición de economías ilícitas a lícitas, para asegurar que la comunidad no va a seguir siendo afectada”.

Por último, aclaró que, además de la importancia del acto, lo más relevante es el mensaje que se expondrá al país de una intención firme de paz.

“Pensando en el futuro de la región, se da un paso muy importante. El mensaje es mostrar al máximo la voluntad de reducir la violencia, garantizar un Estado de vía para las comunidades, que se fortalezca un ambiente de confianza comunitaria y convivencia sana”, puntualizó el religioso.