Los representantes legales de Jimmy Lai han comunicado que su cliente no seguirá utilizando recursos judiciales y ha desistido de apelar la sentencia de 20 años de prisión, dictada tras ser declarado culpable bajo la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong. Lai, empresario de 78 años y figura destacada entre los críticos del gobierno de Pekín, fue arrestado en agosto de 2020 y sentenciado el mes pasado, en el contexto de las medidas estatales implementadas para neutralizar las manifestaciones y voces opositoras en la región administrativa especial. Según reportó el South China Morning Post, el equipo de defensa legal de Lai confirmó que el empresario transmitió “claras y definitivas instrucciones” para no recurrir la condena y proceder al archivo del caso.

El proceso judicial contra el fundador de Next Digital y del desaparecido diario Apple Daily, medios que durante años dieron visibilidad a los movimientos disidentes en Hong Kong, ha llamado la atención tanto de observadores internacionales como de las autoridades chinas. Tras el anuncio de la renuncia de Lai a apelar su condena, la administración china expresó su apoyo al resultado del juicio. El subdirector de la Oficina para la Salvaguardia de la Seguridad Nacional, Sun Qingye, señaló durante una intervención difundida por la radiotelevisión pública local que las decisiones judiciales que aplican la ley “mejoran la seguridad en Hong Kong” y sostuvo que “los jueces dictaron sentencia basándose en sus actos delictivos de conformidad con la Ley de Seguridad Nacional. Por lo tanto, emitieron un juicio muy acertado. Creo que no hubo ningún fallo”, de acuerdo con las declaraciones recogidas por South China Morning Post.

De acuerdo con la información publicada por este medio, la condena de dos décadas sanciona la participación de Lai en actividades clasificadas por el tribunal como traición e incitación a la subversión, luego de su apoyo a las protestas masivas acontecidas a finales de la década pasada. Estas movilizaciones, impulsadas por organizaciones y ciudadanos hongkoneses, se oponían a la injerencia de China en el sistema político y judicial local. Según la cobertura del South China Morning Post, aquellas protestas no lograron frenar la imposición por parte de Pekín de la Ley de Seguridad Nacional en el territorio, normativa que desde su entrada en vigor ha facilitado la persecución de figuras opositoras y la disolución de colectivos disidentes, incluyendo el cierre definitivo de medios como Apple Daily.

El caso de Jimmy Lai se convirtió en un símbolo tanto para los activistas prodemocracia, que lo ven como una muestra del retroceso en las libertades civiles en Hong Kong, como para el gobierno central, que lo presenta como ejemplo de cumplimiento de la ley y mantenimiento del orden. La postura de las autoridades de Pekín se refleja en las palabras difundidas por el South China Morning Post y otros medios locales, en las que funcionarios del gobierno chino destacan la resolución jurídica como “inmaculada” y ejemplar dentro del marco legal de la región administrativa especial.

La decisión del empresario de no apelar la sentencia implica el cierre de una de las causas judiciales más notorias en la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional aprobada en 2020. Tras su detención, la defensa de Lai había llevado adelante una serie de recursos legales, argumentando que la ley limitaba derechos fundamentales y buscaba silenciar a la disidencia, según indicó South China Morning Post. Tras los fallos adversos, las vías legales menores quedaron agotadas con el anuncio reciente, confirmando la aceptación total del veredicto dictado por los jueces del territorio.

Las manifestaciones por la autonomía y el mantenimiento del sistema político propio de Hong Kong, detonantes del caso, se produjeron como respuesta a una serie de reformas propuestas y aplicadas por el gobierno central chino. Luego de la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, las autoridades endurecieron su respuesta frente a cualquier acto percibido como subversivo, lo que llevó al arresto y enjuiciamiento de numerosas figuras públicas y activistas, según documentó el South China Morning Post en su cobertura de casos similares.

Según precisó el equipo legal de Lai al South China Morning Post, tras la determinación judicial y la falta de nuevas instancias de apelación, el empresario deberá cumplir en su totalidad la condena de 20 años impuesta por las autoridades judiciales de Hong Kong. La decisión de poner fin al proceso judicial representa un cierre definitivo para este caso dentro del sistema legal de la región, respaldando así la política promovida por Pekín respecto a los criterios de seguridad nacional tras las protestas que marcaron la última década en el territorio.

El autobús que venía del frente se detuvo bruscamente frente a la cocina al borde de la carretera, y los soldados a bordo salieron rengueando hacia el lodo invernal.

La mayoría había perdido uno o ambos pies, o una pierna.

Una botella de agua llena de sangre se balanceaba peligrosamente desde un tubo de plástico adherido al estómago de un soldado mientras lo ayudaban a sentarse en un banco. Otro miraba fijamente el muñón ensangrentado donde alguna vez estuvo su mano derecha.

“Nunca habría firmado un contrato si hubiera sabido cómo es allá afuera. Nuestra televisión nos está mintiendo”, dijo Fyodor, un joven soldado de Siberia. Al igual que con otras personas en este artículo, The Washington Post no lo identifica por su nombre completo para protegerlo de cualquier represalia por criticar la guerra.

A Fyodor le voló la parte inferior de la pierna una mina hace dos días, durante un avance hacia Lyman, en Ucrania, con lo que quedaba de su unidad. Dijo que era uno de apenas 10 sobrevivientes de la unidad de 110 soldados a la que se incorporó hace dos años.

No tenía remordimientos por la pérdida de su pierna. “Significa que finalmente puedo volver a casa —vivo—”.

“Estamos luchando por campos que ni siquiera podemos tomar”, intervino un compañero soldado, Kirill, también de unos 20 años, riendo con ironía. “Esta guerra nunca terminará... Siento que apenas ha comenzado”.

Escenas como esta permanecen invisibles para la mayoría de los rusos, borradas por la propaganda estatal y los relucientes proyectos gubernamentales que apoyan a los veteranos que regresan. Pero dentro del país, el cansancio y el resentimiento se enconan bajo la represión de la disidencia.

No existe una vía de escape para la frustración pública ni alivio alguno del creciente agotamiento nacional tras casi cuatro años de guerra, una guerra que está corroyendo al país desde dentro y volviendo a la sociedad más disfuncional, rota y paranoica, según observadores y los entrevistados para este artículo.

Durante el último año, la economía rusa osciló desde un crecimiento espectacular hasta una casi estancación. La represión digital de Rusia y su aislamiento se profundizan a medida que se prohíben más aplicaciones y plataformas. Según la inteligencia occidental, más de un millón de combatientes rusos han muerto o han sido heridos —muchos en batallas por ganancias marginales—. Y a medida que Moscú intensifica la búsqueda de enemigos internos, su maquinaria represiva se vuelve ahora contra sus propios hijos y patriotas.

Durante la reunión del presidente ruso Vladimir Putin con su Consejo de Derechos Humanos este mes, el director de cine Alexander Sokurov se pronunció contra la censura, las asfixiantes leyes de agentes extranjeros del país, el aumento del costo de la vida y la falta de oportunidades para los jóvenes. “Si Rusia no cambia su forma de relacionarse con los jóvenes, se enfrenta a un callejón sin salida”, afirmó. Putin dijo que respondería más adelante a sus quejas.

Un ex alto funcionario del Kremlin dijo a The Post que estaba “muy preocupado” por el “panorama oscuro dentro de Rusia”.

“No podemos retroceder fácilmente el reloj; se necesita voluntad política para revertir esto, y simplemente no existe”, dijo el exfuncionario, bajo condición de anonimato para poder discutir con libertad asuntos delicados.

Soportando la carga

En Bélgorod, una ciudad rusa fronteriza que antes mantenía estrechos lazos con la ciudad ucraniana de Kharkiv —a solo 74 kilómetros (46 millas) al suroeste— el precio de esta guerra es especialmente tangible.

Los ataques diarios con drones hace tiempo que se han vuelto parte de la rutina aquí. Ambulancias salpicadas de lodo y unidades camufladas de defensa antiaérea cruzan el centro de la ciudad a toda velocidad. Las redes de voluntarios de la ciudad —una parte fundamental del esfuerzo bélico que ha apoyado a las tropas con ropa, comida y equipo donde el gobierno ha fracasado— continúan trabajando las 24 horas, con jubilados cosiendo redes antidrones e imprimiendo en 3D carcasas plásticas de bombas para drones.

A pesar del sufrimiento y la destrucción masiva que tienen lugar al otro lado de la frontera, Bélgorod se considera la principal víctima de esta guerra. La ciudad ilustra la creciente brecha en la sociedad rusa entre la mayoría metropolitana e indiferente y la minoría “beligerante”.

En una fría tarde de noviembre, un grupo de voluntarios que ayudaba a entregar suministros al ejército se acurrucaron alrededor de una mesa para comer sopa. Dijeron a The Post que se sentían abandonados por Moscú.

“¡No tienen absolutamente idea de lo que está pasando aquí!”, explotó Edik, de 52 años. “En Moscú hay fiestas, gente divirtiéndose, yéndose de vacaciones. ¿Cómo puede ser eso posible? Aquí se derrama sangre y allá están celebrando. ¿Cómo pueden conciliar eso?”

Varios voluntarios señalaron que notaron una caída en las donaciones desde el inicio del año, ya que muchos esperaban que la guerra terminara pronto. Yevguenia Gríbova, de 35 años, quien coordina un centro en Bélgorod, dijo que el movimiento de voluntariado enfrenta una crisis. El primer año, dijo, la gente gastaba hasta sus últimos rublos para apoyar a las tropas, trabajando sin descanso, sin días libres ni vacaciones.

“Ahora la gente quiere descansar. Quieren gastar el dinero en sí mismos en vez de materiales para el frente”, afirmó.

Sin embargo, aunque la gente dice querer que termine el conflicto, algunos también hablaron de su deseo de seguir luchando y de la necesidad de terminar la guerra en las “condiciones correctas”.

“Todos siguen queriendo tomar Odesa. Es una opinión común: la gente quiere volver a ir de vacaciones a Odesa”, dijo Gríbova. “Para nosotros, esto es una guerra civil entre rusos y rusos que han olvidado un poco que son rusos, eso es todo”.

Bélgorod y los habitantes de las regiones rusas que limitan con Ucrania forman parte de lo que el sociólogo pro-Kremlin Valery Fyodorov, director de la institución encuestadora VCIOM, ha definido como “la Rusia beligerante”: una minoría del país —aproximadamente el 20 por ciento— compuesta por soldados, sus familias, voluntarios patrióticos y trabajadores de fábricas militares que consideran la guerra vital para la supervivencia de Rusia y que presionan por la victoria. El resto, dice, son fieles pasivos, indiferentes a la guerra, están en contra pero se refugian en su vida privada, o viven en el exilio.

Dmitry, subcomandante de una unidad de lanzagranadas en la 116ª brigada de propósitos especiales de Rusia, dijo que Rusia iba a pelear por mucho tiempo y “con palos, si es necesario”.

“Todos quieren volver a casa. Todos quieren que esto termine. Pero incluso los cansados cumplen con sus tareas”, afirmó.

El regreso de los héroes

¿Cómo logra una nación venderle a su pueblo una guerra que está destruyendo al país —y cómo logra que siga apoyándola?

Para mantener el esfuerzo bélico y evitar el descontento, el Kremlin ha invertido grandes sumas en proyectos de apoyo a soldados y veteranos, incluido el Fondo Estatal Defensor de la Patria, creado en 2023 por Putin y dirigido por su sobrina, la viceministra de Defensa Anna Tsivaleva.

Por su sacrificio, los soldados son recompensados con beneficios económicos, prestigio social y significativas oportunidades de empleo y educación tanto para ellos como para sus hijos.

Denis Poltavsky perdió la visión del ojo derecho tras ser atacado por drones en combate el año pasado. Reticente a compartir detalles sobre su tiempo en el frente, Poltavsky dijo que sufría de un trastorno severo de estrés postraumático, atormentado por pesadillas e insomnio.

Pero, sin ninguna duda, dice que su vida ha mejorado materialmente desde que regresó a casa. “El apoyo es muy amplio. El Estado hace todo por los veteranos y soldados... No nos abandonaron. Llevan un seguimiento y te proveen de todo”.

Poltavsky recibió un pago inicial de 51.000 dólares por su lesión, más seguro y una pensión militar. Tiene acceso a transporte gratuito, entradas a museos y teatros. Recientemente completó el programa de formación directiva y liderazgo “El tiempo de nuestros héroes” en Bélgorod, y espera pronto recibir un subsidio para su negocio de herrería.

Los veteranos también tienen acceso a apoyo permanente de psicólogos, médicos, cuidadores y voluntarios; se les conceden exenciones fiscales y empleos asegurados, incluso con discapacidades. El programa de Bélgorod incluso ofrece a los veteranos tierras gratuitas donde construir una casa.

El profesor Will Pyle, del Middlebury College, quien estudia la economía rusa, ha encontrado que en algunas regiones una mayor proporción de rusos reporta estar satisfechos con su vida que en cualquier momento de la década anterior a la invasión de febrero de 2022. El hallazgo está basado en análisis de datos del Russian Longitudinal Monitoring Survey, que administra la Escuela Superior de Economía de Moscú.

Según la investigación de Pyle, realizada junto con el Banco de Finlandia, el aumento en la satisfacción vital reportada es especialmente pronunciado en las regiones cuyas economías han sido favorecidas por la producción industrial de guerra y actividades vinculadas.

Esto coincide con la investigación de Fyodorov. “Cuanto más deprimida es la región, más personas han notado una mejora en su vida”, señaló.

Pero debajo de la glorificación de los soldados y este auge temporal de prosperidad, se percibe el impacto más oscuro del regreso de los veteranos y las consecuencias sociales a más largo plazo de la invasión. Ya se han cometido asesinatos, violaciones y crímenes horribles por soldados que regresan, y muchos de los criminales convictos que firmaron contratos para ganar su libertad han vuelto al hogar para cometer más delitos.

“Cada gobernador en Rusia sabe que se avecina una ola de problemas con los soldados que regresan del frente con graves trastornos de estrés postraumático”, afirmó un insider del Kremlin, bajo condición de anonimato dada la sensibilidad del asunto. “Y saben que la responsabilidad de lidiar con esto recaerá en ellos”.

Los patriotas y los adolescentes

Desde el inicio de la guerra, Rusia ha perseguido a sus disidentes, dirigido ataques contra personas LGBTQ+, artistas y figuras de la oposición, y ha hecho ilegal la crítica al conflicto y al ejército. Pero ahora, algunos de los partidarios más fervientes del estado también están teniendo problemas.

Los ruidosos y ultrapatrióticos blogueros militares “Z”, que inicialmente fueron un pilar de apoyo para la invasión de Putin, han pasado a criticar la corrupción y deficiencias en el ejército. Los líderes más radicales, como el halcón ultranacionalista Igor Strelkov, fueron encarcelados inicialmente. Pero este otoño, todo el movimiento fue blanco de una inesperada purga cuando la represión se volcó contra ellos.

En septiembre, las autoridades designaron a Roman Alyokhin, un bloguero destacado con 151.000 suscriptores en Telegram, como agente extranjero, una etiqueta reservada habitualmente para figuras liberales de la oposición. En octubre, la bloguera Tatiana Montyan fue declarada “terrorista y extremista”. Otra más, Oksana Kobeleva, fue detenida por la policía. Todos habían criticado públicamente a altos funcionarios u otros propagandistas. Desde entonces, la comunidad Z se ha vuelto contra sí misma, con blogueros apresurándose a denunciarse unos a otros.

“El momento de unidad no duró mucho y, tras casi cuatro años, vemos cómo la gente comienza a oponerse incluso entre ellos, decidiendo cuál es más patriota”, afirma el bloguero militar Mikhail Zvinchuk, fundador del canal Rybar de Telegram, vinculado al Ministerio de Defensa.

Agregó que el movimiento se corrompió y malversó fondos recaudados para apoyar a las tropas. “A lo largo de los años, ha habido varios estafadores que tratan de explotar la guerra”.

En la segunda ciudad más grande de Rusia, San Petersburgo, los servicios de seguridad han encontrado un objetivo distinto: los adolescentes.

En el tribunal de Izmailsky, el mes pasado, agentes de policía enmascarados escoltaron a dos músicos adolescentes desde su audiencia hasta los autos del servicio secreto que los esperaban afuera. La pareja, Diana Loginova y Alexander Orlov, ambos de 18 años y miembros de la banda callejera Stoptime, acababa de ver extendida su detención por tercera vez. Orlov, guitarrista, chocó los puños con uno de sus amigos al salir del juzgado. Oficialmente, estaban acusados de bloquear la entrada a una estación de metro durante un concierto callejero improvisado este otoño, pero su verdadero crimen fueron sus presentaciones virales de canciones antibélicas.

Para muchos, las consecuencias de las actuaciones de Stoptime eran inevitables. Pero el caso de los jóvenes músicos estremeció a esta ciudad báltica, todavía liberal, donde las actuaciones callejeras son parte integral de la cultura local.

Artistas imitadores y músicos que actuaron en solidaridad con los miembros encarcelados de la banda, tanto en los Urales como en otras ciudades de Rusia, también fueron arrestados y procesados mientras los servicios de seguridad se movían rápidamente para reprimir cualquier atisbo de disidencia. Ahora, incluso cantar “música equivocada” puede llevarte a la cárcel, un hecho que muchos ven como un regreso a los días de la Unión Soviética.

La audiencia en San Petersburgo fue tensa, en ocasiones kafkiana, mientras la abogada defensora desmenuzaba los detalles de la actuación en cuestión. “Hay aproximadamente 47 metros (154 pies) entre la entrada del metro y el lugar donde actuaban. Por tanto, es imposible que las personas que formaban un círculo alrededor de Stoptime hubieran bloqueado ese espacio”, explicó.

Loginova, conocida por su nombre artístico, Naoko, pasó los últimos 20 minutos en la sala de audiencias aferrada a las manos de su madre. “De verdad espero que esta sea la última vez que me arrestan”, susurró. Irina, su madre, sonrió y abrazó a su hija, luciendo aturdida. “¿No recuerdas que dijeron que te dejarían ir la primera noche? Ya ha pasado un mes”.

Lo que hizo tan llamativas las actuaciones de música rebelde de Stoptime fue que ocurrieron en un momento en que los espacios creativos y libres, y las oportunidades de escapar, están desapareciendo rápidamente.

“El hecho mismo de que interpretaran esas canciones era cautivador”, dice Iván, de 26 años, profesor de historia, que asistió a muchas de sus actuaciones. “Era como un eco de la vida normal en nuestra época. Son canciones que quieres escuchar: son amables, significativas, promueven valores humanos universales, te recuerdan que puedes superar las cosas”.

Asegura que en Rusia hoy el estado intenta construir una lealtad estricta basada en comportarse de cierta manera “simplemente para poder existir”. A su alrededor, ha visto cómo la gente acepta una situación que antes los horrorizaba y pasa a modo de supervivencia.

El 23 de noviembre, los músicos de Stoptime fueron liberados de manera secreta e inesperada, y huyeron del país de inmediato. Se les vio a principios de diciembre en Ereván, Armenia, interpretando aún las mismas canciones de protesta que los llevaron a la cárcel.

Otros no han tenido tanta suerte

El hijo de Tatiana Balazeikina, Yegor, de 19 años, lleva tres años de una sentencia de siete por terrorismo, tras intentar lanzar un cóctel molotov contra una oficina local de reclutamiento militar en 2023. Yegor es uno de los cientos de adolescentes y niños arrestados por protestas antibélicas, sabotaje o traición desde que empezó la guerra.

“Stoptime cantaba lo que tantos ya tenían en la punta de la lengua”, dijo Balazeikina desde su hogar a una hora al sur de San Petersburgo. “Esto es disidencia. Y la única forma que tiene este Estado de seguir siendo lo que es es arrancar todos estos brotes de disidencia de raíz”.

Cree que los jóvenes representan una amenaza especial para el Kremlin.

“Estos jóvenes que esencialmente no tienen nada que perder salvo su libertad son muy peligrosos”, dijo. “Y si esos jóvenes no solo pueden pensar, sino además cantar lo que piensan... eso es una amenaza aún mayor”.

© 2025, The Washington Post.

A lo largo de varios minutos, otras consignas se proyectaron sobre la fachada, como si la superficie del edificio se transformara en un espacio de disputa simbólica. “La libertad no es algo que se pueda arrebatar”. Eran palabras que contrastaban con el silencio impuesto en un país donde los gestos de disidencia pública son excepcionales, sofocados por la vigilancia digital, la censura y la amenaza de castigos severos.

La secuencia incluyó un desafío aún más directo: “Abajo el fascismo rojo, derroquemos la tiranía comunista”. El proyector se mantuvo encendido durante cerca de cincuenta minutos hasta que la policía dio con la habitación de hotel desde la que se lanzaban las imágenes. En otro video, también verificado por Reuters, se observa a los agentes irrumpiendo en el lugar, horas después de iniciada la acción. La escena fue registrada por una cámara de seguridad colocada en el mismo cuarto.

El autor de la protesta, según reveló un reportaje de The New York Times, fue Qi Hong, un ciudadano de 43 años originario de Chongqing. Dijo haber instalado el proyector semanas antes y haber salido de China con su esposa y sus hijas a mediados de agosto. Desde el Reino Unido activó de forma remota tanto el proyector como la cámara que captó a los agentes ingresando en la habitación. Esa distancia lo protegió de la captura inmediata, pero no reduce el riesgo de que, en su país, familiares o conocidos enfrenten represalias.

El episodio adquirió mayor relevancia porque coincidió con la ceremonia que se celebró este miércoles en la plaza de Tiananmen, en Beijing. Allí, en un escenario cuidadosamente preparado, se conmemoraron los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Miles de soldados marcharon en formación perfecta, las salvas de artillería retumbaron en la explanada y se entonaron canciones patrióticas frente a los líderes del país y a delegaciones extranjeras. Cada detalle de la escenografía buscaba proyectar poder, disciplina y estabilidad bajo la conducción de Xi Jinping.

Tiananmen, sin embargo, es un lugar marcado por otra memoria: la represión de 1989 contra estudiantes y ciudadanos que exigían apertura política. Ese capítulo está borrado del relato oficial, pero reaparece en contraste con cualquier gesto de disidencia que se atreve a irrumpir en el presente. Mientras los cañones disparaban salvas en Beijing, la luz de un proyector en Chongqing ofrecía un recordatorio incómodo de que no toda la sociedad comparte la narrativa triunfal del Partido.

El Ministerio de Relaciones Exteriores no respondió a las solicitudes de comentario sobre la protesta. Tampoco lo hizo la oficina de seguridad pública de Chongqing. Reuters señaló que no pudo confirmar la fecha exacta de los videos ni establecer contacto directo con Qi, por lo que se desconoce la cronología exacta de los hechos. Pero esa ambigüedad no disminuye el impacto simbólico de las imágenes, difundidas internacionalmente en un país donde las huellas digitales de la disidencia suelen desaparecer con rapidez.

En China, donde la vigilancia masiva y la censura en línea estrechan los márgenes de expresión, proyectar unas frases en la pared de un rascacielos puede parecer un acto mínimo. Sin embargo, en la víspera de un despliegue de poder militar en la capital, esas consignas adquirieron una resonancia particular. La solemnidad del desfile en Beijing mostró la fuerza del Estado; las imágenes en Chongqing, en cambio, revelaron la fragilidad que convive con ese control absoluto.

A través de X, VP pidió justicia para Carreño y para "todos los presos políticos", cifrados en 922 por la ONG Foro Penal, la mayoría detenidos tras los comicios de julio del año pasado, en el contexto de la crisis que vivió Venezuela después de que el ente electoral, controlado por rectores afines al chavismo, adjudicara una cuestionada victoria en las presidenciales a Nicolás Maduro.

"Durante estos 10 meses, Roland ha sido víctima de tratos crueles y violaciones a sus derechos humanos. Su caso es otra representación de la persecución sistemática contra quienes piensan distinto en Venezuela", afirmó VP.

Según el partido, Carreño fue "detenido arbitrariamente" el 2 de agosto del año pasado por el Gobierno de Maduro "sin pruebas, sin debido proceso, sin justicia".

"Su único 'delito' ha sido luchar por una Venezuela libre, decir la verdad y acompañar a quienes han sufrido la represión", indicó la formación.

Por su parte, la mayor coalición antichavista, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), exigió la "libertad inmediata" de Carreño y también la de todos los presos políticos.

"Han pasado 10 meses desde la detención arbitraria de Roland Carreno, sin que se respeten sus derechos ni el debido proceso", indicó el bloque opositor en su cuenta de X.

Esta es la segunda vez que Carreño es detenido, ya que fue arrestado el 26 de octubre de 2020 -acusado de financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra- y excarcelado el 18 de octubre de 2023, tras un acuerdo firmado entonces entre el chavismo y la PUD, en Barbados.

El Gobierno de Venezuela niega que en el país haya presos políticos, sino que -afirma- se trata de personas que cometieron diversos delitos. EFE

El partido opositor de Venezuela Voluntad Popular (VP) exigió este lunes el “fin de la criminalización” contra la disidencia del país caribeño, cuando se cumplen 10 meses de la detención de Roland Carreño, periodista y activista político de la formación.

A través de su cuenta en la red social X, VP pidió justicia para Carreño y para “todos los presos políticos”, cifrados en 922 por la ONG Foro Penal, la mayoría detenidos tras los comicios de julio del año pasado, en el contexto de la crisis que vivió Venezuela después de que el ente electoral, controlado por rectores afines al chavismo, adjudicara una cuestionada victoria en las presidenciales a Nicolás Maduro.

“Durante estos 10 meses, Roland ha sido víctima de tratos crueles y violaciones a sus derechos humanos. Su caso es otra representación de la persecución sistemática contra quienes piensan distinto en Venezuela”, afirmó VP.

Según el partido, Carreño fue “detenido arbitrariamente” el 2 de agosto del año pasado por el régimen de Maduro “sin pruebas, sin debido proceso, sin justicia”.

“Su único ‘delito’ ha sido luchar por una Venezuela libre, decir la verdad y acompañar a quienes han sufrido la represión”, indicó la formación.

Por su parte, la mayor coalición antichavista, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), exigió la “libertad inmediata” de Carreño y también la de todos los presos políticos.

“Han pasado 10 meses desde la detención arbitraria de Roland Carreño, sin que se respeten sus derechos ni el debido proceso”, indicó el bloque opositor en su cuenta de X.

Esta es la segunda vez que Carreño es detenido, ya que fue arrestado el 26 de octubre de 2020 -acusado de financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra- y excarcelado el 18 de octubre de 2023, tras un acuerdo firmado entonces entre el chavismo y la PUD, en Barbados.

En otro orden, la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció este lunes que el abogado y activista Eduardo Torres continúa “incomunicado”, cuando se cumplen 25 días de su detención, calificada por la organización como “injusta”.

“Sigue en El Helicoide (sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas), incomunicado y sin acceso a visitas de su familia o abogados de confianza”, afirmó Provea en X, donde exigió la liberación del miembro de su equipo de exigibilidad legal.

La ONG reiteró que Torres es “beneficiario de medidas cautelares de protección” otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido -señaló- a las “amenazas y actos de hostigamiento” que ha “sufrido” por su labor.

En ese sentido, Provea consideró que las autoridades venezolanas “están obligadas” a garantizar el respeto a los derechos del abogado, no solo -precisó- “a la defensa y al debido proceso”, sino también a la “integridad personal”.

El 13 de mayo pasado, el fiscal general, Tarek William Saab, confirmó el arresto del activista de Provea quien, indicó entonces, se encuentra detenido por su presunta vinculación con una trama para “generar violencia” en los recientes comicios regionales y legislativos, celebrados el 25 de mayo.

Provea había denunciado, tres días antes del anuncio de Saab, que se desconocía el paradero del activista.

La ONG Amnistía Internacional ha asegurado este lunes que "ningún ataque autoritario silenciará" su lucha por la justicia y que "no cederá" ante las "amenazas" de las autoridades rusas después de que la Fiscalía de Rusia declarara como "indeseables" sus actividades, argumentando que "miembros de la organización apoyan a organizaciones extremistas y financian las actividades de agentes extranjeros".

La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha sostenido que la medida de Moscú "forma parte de un esfuerzo más amplio del Gobierno ruso por silenciar a la disidencia y aislar a la sociedad civil", por lo que ha considerado que "algo deben estar haciendo bien" los activistas, medios y organizaciones civiles que están siendo ilegalizados por el Kremlin.

"Las autoridades se equivocan profundamente si creen que al etiquetar a nuestra organización como 'indeseable' dejaremos de documentar y exponer las violaciones de Derechos Humanos; todo lo contrario. No cederemos ante las amenazas y seguiremos trabajando con firmeza para garantizar que la población rusa pueda disfrutar de sus Derechos Humanos sin discriminación", ha declarado.

En este sentido, ha asegurado que la ONG seguirá "documentando y denunciando a nivel mundial los crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania", subrayando que "redoblará" sus esfuerzos para exponer las atroces violaciones de Derechos Humanos de Rusia "tanto dentro como fuera del país".

AI ha aseverado que "nunca" dejará "de luchar por la liberación de presos de conciencia detenidos por defender los Derechos Humanos ni por la derogación de leyes represivas que impiden a la gente en Rusia denunciar la injusticia". "Seguiremos trabajando incansablemente para garantizar que todos los responsables de cometer graves violaciones de Derechos Humanos, ya sea en Rusia, Ucrania o cualquier otro lugar, comparezcan ante la justicia", ha concluido.

Las autoridades rusas han declarado "indeseables" a más de 200 organizaciones extranjeras desde el inicio de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin, por lo que sus actividades y las de aquellos que las apoyan están completamente prohibidas en territorio ruso.

La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua calificó este sábado de “acción totalitaria” la reforma a la Constitución Política, propuesta por los esposos y copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo, que establece que los nicaragüenses “perderán su nacionalidad al adquirir otra nacionalidad”.

“La reforma orteguista que despoja de la nacionalidad a quienes obtengan otra, es una acción totalitaria”, señaló en la red social X esa alianza opositora, cuyos principales dirigentes viven en el exilio tras ser desnacionalizados, expulsados o impedidos de ingresar a Nicaragua por las autoridades, que los acusó de traición a la patria.

Según la Unidad Nacional, esa enmienda constitucional está dirigida “contra los desterrados, exiliados y comunidad de nicaragüenses en el exterior”, sean políticos opositores o no.

“Quieren imponer el miedo. No lo lograrán. ¡Somos y seremos siempre nicaragüenses!”, sostuvo esa alianza.

Por su lado, el dirigente opositor nicaragüense desnacionalizado Lester Alemán calificó la reforma constitucional como una “violación a los derechos de los ciudadanos nicaragüenses”, y advirtió que, paradójicamente, “podría afectar incluso al círculo más cercano al poder, cuyos familiares también poseen otras nacionalidades”.

“Al final no solo afecta a los nicaragüenses, sino que se lleva también en la balastra a su círculo, al anillo de poder cerca de Ortega, donde muchos de ellos salen de Nicaragua a tener a sus hijos para que obtengan otra nacionalidad”, comentó Alemán a la plataforma 100% Noticias.

La Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento) aprobó en la víspera una reforma a la Constitución Política que establece que los nicaragüenses de nacimiento perderán su nacionalidad al momento de adquirir otra nacionalidad.

También que los extranjeros pueden ser nacionalizados, previa renuncia a su nacionalidad originaria; y en el caso de los centroamericanos de origen, residentes en Nicaragua, tendrán derecho de optar a la nacionalidad nicaragüense sin renunciar a su nacionalidad.

Según Ortega y Murillo, “esa medida reafirma que ser nicaragüenses no es un título, sino un acto de entrega a la defensa de la independencia, soberanía y autodeterminación”, y “quien elija otra bandera, renuncia voluntariamente a su lugar en la patria de Sandino, única, indivisible y revolucionaria”.

La medida afectará a los nicaragüenses exiliados, opositores o no, que deseen solicitar otra nacionalidad en el país de acogida.

Para que esa reforma entre en vigor, tiene que ser aprobada en segunda legislatura, es decir el próximo año.

A mediados de febrero de 2025, Nicaragua puso en vigor una reforma profunda a la Constitución Política que transforma el Estado, elimina el balance de poderes y otorga un poder total a Ortega y Murillo, quienes ahora tienen el cargo de copresidentes, y que ha sido duramente criticada por la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, el Parlamento Europeo y opositores nicaragüenses.

Esa enmienda amplía de cinco a seis años el periodo presidencial, establece la figura de “copresidenta”, que el Ejecutivo “coordine” los demás “órganos” del Estado, que dejan de llamarse poderes, y legaliza la apatridia.

Además, crea las “fuerzas militares de reserva patriótica” y la “policía voluntaria” que, según los opositores, se tratarían de fuerzas parapoliciales y paramilitares.

Los legisladores, a petición de Ortega, reformaron 148 de los 198 artículos de la Carta Magna y derogaron otros 37, incluido el que prohibía la práctica de la tortura. También incluyeron como símbolo patrio la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido en el Gobierno desde 2007.

Ortega, de 79 años y en el poder desde 2007, gobierna Nicaragua desde 2017 junto con su esposa Murillo en medio de denuncias de fraudes electorales o eliminando a la oposición para no tener competencia.

(Con información de EFE)

Lambán se ha referido así, en una entrevista en Onda Cero, a la información que publicó este domingo el diario El Mundo en la que se rebelan mensajes de whatsapp privados de los años 2020 y 2021 entre el presidente del Gobierno y el secretario general del PSOE, José Luis Ábalos.

"Tuve tres o cuatro episodios con Sánchez telefónicos en los que me sorprendía la ira, la pérdida de control" que percibía ante comentarios que había hecho y que no le habían gustado, ha revelado el socialista.

"Lejos de haber una reflexión a la que yo le invitaba cada vez que se producían este tipo de situaciones, la reacciones del presidente, repito, eran iracundas (...) y me parecían fuera de lugar", ha recalcado Lambán, para a continuación apostillar que "en otros tiempos" esas discrepancias se admitían "con bastante naturalidad".

Ha comentado también que recibió llamadas de Abalos que tenían como objetivo la correspondiente reprimenda, aunque estas "eran bastante cordiales en general" y que la intervención de éste era cada vez menos necesaria porque eran los propios militantes los que se convertían en "censores" de aquellos que reclamaban "libertad de opinión".

"Hoy en día se ha consumado como un proceso y el partido es un páramo absoluto en el que la disidencia está absolutamente suspendida y eliminada. Y quienes la ejercemos (...) lo tenemos que hacer fuera de las fronteras puramente orgánicas", ha indicado.

Lambán ha relatado que las discrepancias con Sánchez surgieron en 2015 cuando unos cuantos dirigentes advirtieron de que "Pedro estaba dispuesto a cualquier tipo de acuerdo, a cualquier tipo de pacto" y que "no existían para él perímetros de pactos posibles con tal de llegar al poder".

Ha incidido en que, tras ganar las primarias del PSOE, Sánchez pasó a controlar el partido "hasta conseguir un dominio absoluto en todo lo que se mueve dentro de la organización" y que sus socios le han ido metiendo poco a poco "en un jardín del que no hay salida y que ha conducido a España a la parálisis". EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha evitado condenar este viernes el arresto de la dirigente opositora venezolana María Corina Machado y ha afirmado que es necesario "saber exactamente qué pasó", después de que el jueves el chavismo y la disidencia diesen versiones contradictorias sobre estos hechos.

Machado fue supuestamente interceptada tras participar en una manifestación contra el Gobierno de Nicolás Maduro, la víspera de que arranque en Venezuela un nuevo mandato presidencial que reivindica también el principal candidato opositor en las elecciones de julio de 2024, Edmundo González.

"Nunca hemos estado a favor de la criminalización de la oposición política", ha dicho Sheinbaum en rueda de prensa, indicando que en México "no se persigue a nadie ni por sus ideas ni por sus opiniones. "No estoy diciendo que se persiga en otros lados", ha apostillado a continuación, para descartar una posible lectura crítica con Maduro.

La actual presidenta mexicana ha asumido la doctrina diplomática de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, y ha repetido que la posición en este tipo de temas pasa por no inmiscuirse en cuestiones internas. Así, ha apelado a la "soberanía" del pueblo venezolano, porque considera que "ellos son los que tienen que decidir", sin "intervención" externa.

México, no obstante, sí estará representado en la investidura convocada este viernes por Maduro. Acudirá el embajador mexicano, una posición similar a la que han adoptado otros países de la región como Colombia y Brasil, que asumieron en un inicio las labores de mediación para tratar que el chavismo y la oposición acercasen posturas en la crisis postelectoral.

Dakar, 10 ene (EFE).- La junta que gobierna Guinea-Conakri desde el golpe de Estado de septiembre de 2021 ordenó que todos los partidos políticos no autorizados dejen de operar y regularicen su situación, mientras crece la represión en el país contra las voces opositoras.

En un comunicado leído a última hora de este jueves en la televisión guineana y recogido este viernes por medios locales, el ministro de Administración del Territorio y de Descentralización, Ibrahima Khalil Condé, rechazó la "proliferación de movimientos políticos sin autorización administrativa previa".

"En consecuencia, se pide a todos estos movimientos políticos que cesen inmediatamente sus actividades y presenten una solicitud de autorización administrativa a nuestro Ministerio para su existencia legal", añadió el comunicado.

Las autoridades guineanas emitieron este mensaje después de ordenar el pasado octubre la disolución de 53 partidos políticos, al argumentar que no había transparencia sobre sus fuentes de financiación.

Entonces, el Ministerio de Administración del Territorio y de Descentralización registró un total de 211 partidos en todo el país y, además de los 53 disueltos, suspendió las actividades de otros 54 y puso bajo observación a 67 formaciones durante tres meses.

Entre los partidos que están siendo monitorizados, destacan la Unión de las Fuerzas Democráticas de Guinea (UFDG), del principal opositor Cellou Dalein Diallo, y la Agrupación del Pueblo de Guinea (RPG Arc-en-ciel), del expresidente Alpha Condé (2010-2021).

La represión de la disidencia no ha hecho más que crecer en los últimos meses en el país, donde un tribunal condenó este martes al líder opositor Aliou Bah a dos años de cárcel por "ofensa y difamación" contra el líder golpista guineano, general Mamadi Doumbouya, por haber criticado al Comité Nacional de Reconciliación y Desarrollo (CNRD, nombre de la junta).

La condena se emitió después de que al menos una persona muriera el lunes durante las protestas convocadas por la oposición contra el Gobierno golpista, que fueron dispersadas en la capital, Conakri, por la policía con gases lacrimógenos y munición real.

El país está dirigido por la junta militar que encabeza el general Doumbouya desde el 5 de septiembre de 2021.

Ese día, miembros del Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército derrocaron al entonces presidente, Alpha Condé, que gobernaba desde 2010 tras optar en octubre de 2020 a un polémico tercer mandato, no permitido por la Constitución guineana.

El general argumentó entonces que el golpe buscaba crear las condiciones para un Estado de derecho.

Tras meses de divergencias, en octubre de 2022 la junta militar acordó con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) una transición de dos años antes de devolver el poder a un Gobierno civil, pero ese plazo no se cumplió.

En su discurso de Año Nuevo el pasado 31 de diciembre, Doumbouya prometió que 2025 sería "un año electoral crucial para completar el retorno al orden constitucional", pero no dio detalles ni fechas concretas.

Guinea-Conakri es uno de los países más pobres del mundo, pero posee un importante potencial minero, hidráulico y agrícola.

Sus reservas de bauxita -materia prima para producir aluminio- se encuentran entre las más importantes del planeta. EFE

El Gobierno estadounidense ha denunciado este jueves que las recompensas anunciadas recientemente por parte de Hong Kong contra seis activistas que se encuentran radicados en el extranjero, algunos de ellos en Estados Unidos, constituyen "una forma de represión transnacional".

"La aplicación extraterritorial de las leyes de seguridad nacional de Hong Kong es una forma de represión transnacional que amenaza la soberanía estadounidense y los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de las personas de todo el mundo", reza un comunicado del Departamento de Estado.

Washington considera que "estas acciones demuestran el desprecio de las autoridades de Hong Kong por las normas internacionales y por los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica", razón por la que ha instado al Gobierno hongkonés a "dejar de utilizar sus leyes de seguridad nacional para silenciar a la disidencia".

En este sentido, ha "rechazado los esfuerzos del Gobierno de Hong Kong por intimidar y silenciar a las personas que deciden establecerse en Estados Unidos". "No vacilamos en nuestra defensa de quienes son objeto de persecución simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión", ha remarcado.

Hong Kong ofreció el martes recompensas de un millón de dólares hongkoneses (123.600 euros) por seis activistas prodemocracia considerados culpables de violar las leyes de seguridad nacional, mientras que revocó los pasaportes de siete más.

Londres, 24 dic (EFE).- El ministro británico de Exteriores, David Lammy, condenó este martes las medidas tomadas por las autoridades de Hong Kong contra varios disidentes prodemocráticos, algunos de los cuales residen en el Reino Unido.

"No toleraremos ningún intento por parte de Gobiernos foráneos de coaccionar, intimidar, acosar o hacer daño a sus críticos en el extranjero, especialmente en el Reino Unido", dijo en un comunicado.

Lammy instó al Ejecutivo chino a derogar la Ley de Seguridad Nacional, que tiene alcance extraterritorial, y pidió a las autoridades hongkonesas "que dejen de atacar a quienes defienden la libertad y la democracia desde el Reino Unido y otros lugares".

El ministro reafirmó la voluntad del Gobierno de Londres de defender los derechos en su antigua colonia, muchos de cuyos disidentes recibieron un pasaporte especial británico.

"Este Gobierno está profundamente comprometido a apoyar a todos los miembros de la comunidad de Hong Kong que se trasladaron al Reino Unido y hacen una valiosa contribución" a la vida aquí, declaró.

Las autoridades hongkonesas intensificaron este martes su ofensiva contra activistas prodemocráticos exiliados, aplicando medidas de seguridad nacional contra siete destacados militantes, en un contexto de creciente control sobre la disidencia.

El secretario de Seguridad, Chris Tang, invocó la controvertida Ley de Seguridad Nacional para imponer restricciones a Ted Hui, Dennis Kwok, Elmer Yuen, Anna Kwok, Joey Siu, Frances Hui y Kevin Yam, a quienes además se retiró su pasaporte hongkonés.

La Administración de la excolonia británica defiende estas intervenciones, que impiden o limitan la provisión o negociación de fondos, asociaciones empresariales y gestiones inmobiliarias, como esenciales para preservar la estabilidad y la seguridad del territorio. EFE

Hong Kong, 24 dic (EFE).- Las autoridades de Hong Kong han intensificado su ofensiva contra activistas prodemocráticos que operan desde el extranjero, aplicando medidas de seguridad nacional contra siete destacados militantes, una táctica que se inscribe en un contexto de creciente control sobre la disidencia.

El secretario de Seguridad, Chris Tang, invocó este martes la controvertida Ley de Seguridad Nacional para imponer una serie de restricciones a siete individuos, entre los que se encuentran Ted Hui, Dennis Kwok, Elmer Yuen, Anna Kwok, Joey Siu, Frances Hui y Kevin Yam.

Las medidas, divulgadas hoy en la gaceta oficial del gobierno, incluyen limitaciones diseñadas para abordar asuntos relacionados con aquellos que se encuentran en el exilio. Con este enfoque, las autoridades buscan desincentivar las acciones de los activistas y consolidar su narrativa en un entorno político cada vez más adverso.

Las acciones adoptadas contra los militantes impiden la provisión o negociación de fondos y limitan diversas actividades relacionadas con propiedades inmobiliarias. Asimismo, se han vetado las colaboraciones empresariales y asociaciones vinculadas a los fugitivos identificados.

Asimismo, el Gobierno ha anulado los pasaportes hongkoness de los afectados. En ciertos casos, se ha suspendido temporalmente la validez de sus credenciales profesionales y se les ha destituido de sus posiciones directivas.

La Administración de la excolonia británica defiende estas intervenciones como esenciales para preservar la estabilidad y la seguridad del territorio, en un contexto internacional que critica la disminución de las libertades civiles.

Hong Kong busca a al menos veinte antiguos abogados y activistas que residen en países como Canadá, Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Seis de estos individuos fueron añadidos hoy a la lista de personas objeto de investigación policial por presuntos delitos de "confabulación con fuerzas extranjeras" e "incitación a la secesión y a la subversión".

Las autoridades ofrecen un millón de dólares hongkoneses (unos 128.718 dólares, 123.768 euros) a quienes proporcionen información que conduzca al arresto de los sospechosos de violar la Ley de Seguridad Nacional, que Pekín impuso en la excolonia británica en junio de 2020 tras las masivas protestas antigubernamentales en 2019.

Esta normativa penaliza prácticamente cualquier forma de disidencia y utiliza definiciones amplias para delitos como terrorismo, subversión, secesión y connivencia con potencias extranjeras. Asimismo, faculta a Pekín para establecer una fuerza de seguridad en el territorio e influir en la designación de jueces que conozcan los casos relacionados con la protección de la seguridad nacional.

Desde la entrada en vigor de la nueva Ordenanza para la Salvaguarda de la Seguridad Nacional, de alcance extraterritorial, los opositores exiliados están expuestos a medidas punitivas, como la anulación de su pasaporte, mientras que aquellos que los financien, incluyendo a sus familiares, corren el riesgo de ser igualmente condenados.

En la normativa figuran una serie de crímenes que podrían acarrear una pena máxima de cadena perpetua, entre ellos la traición, insurrección o la connivencia con fuerzas externas con el fin de poner en peligro la seguridad nacional.

La norma ha sido objeto de feroces críticas por parte de gobiernos democráticos y organizaciones occidentales, que prevén el comienzo de una "nueva era de autoritarismo" que podría socavar el principio de "un país, dos sistemas", fundamental para la autonomía y el estatus especial de la ciudad. EFE

Un tribunal de Hong Kong ha condenado este jueves a prisión al activista y opositor hongkonés Lam Cheuk Ting por su papel en el marco de los disturbios registrados durante la ola de protestas antigubernamentales registrada en 2019 en la región administrativa especial china.

Lam, exdiputado de 47 años y miembro del Partido Demócrata, fue arrestado más de un año después de los incidentes registrados durante la noche del 21 de julio de 2019, cuando más de un centenar de personas irrumpieron en la estación de metro de Yuen Long, en el noroeste de la ciudad, y golpearon a varios pasajeros con palos en el marco de las protestas.

A pesar de que él mismo fue atacado cuando acudió al lugar de los hechos para prestar ayuda, tal y como ha explicado ante la corte, el juez Stanley Chan ha descartado que Lam acudira al lugar de los hechos simplemente a mediar sino a "sacar ventaja política" de lo que estaba ocurriendo. Según Chan, su mera presencia avivó los enfrentamientos.

Lam se ha declarado no culpable y ha recibido la condena de forma impasible, entre los llantos de algunos de sus familiares, que se encontraban en la sala. Otras seis personas han sido condenadas por el mismo caso, si bien la sentencia no se conocerá hasta más adelante, tal y como recogen los medios de comunicación de Hong Kong.

Estas condenas llegan en pleno aumento de las medidas contra la disidencia, especialmente a raíz de las protestas de 2019. Muchos de los disidentes que participaron en ellas se encuentran ya encarcelados o en el exilio, según denuncian organizaciones de defensa de los Derechos Humanos.

La Habana, 7 dic (EFE).- El opositor cubano Manuel Cuesta Morúa, uno de los referentes de la disidencia en la isla, fue puesto en libertad este sábado en La Habana tras permanecer unas siete horas detenido, informaron a EFE fuentes cercanas al afectado.

El arresto se produjo a media mañana en los alrededores de su vivienda y después de que el disidente advirtiese a su círculo más cercano que contaba con vigilancia frente a su domicilio de las fuerzas de seguridad cubanas desde la víspera.

Partidos no reconocidos en Cuba y ONG de derechos humanos habían denunciado la detención y asegurado que desconocían tanto la motivación como el paradero de Cuesta Morúa. Fuentes de la disidencia aseguraron a EFE que no tenían constancia de otros arrestos en el menguado colectivo opositor en la isla.

La ONG Cubalex hizo por su parte "un llamado a la comunidad internacional a mantener la atención sobre las violaciones de los derechos humanos en Cuba" al denunciar la detención del disidente.

Cuesta Morúa presentó recientemente ante el Tribunal Supremo cubano un procedimiento de habeas corpus para solicitar la puesta en libertad inmediata del opositor José Daniel Ferrer, iniciativa que hasta el momento no ha tenido respuesta oficial.

El recurso se presentó poco después de que la familia de Ferrer denunciase que el preso por motivos políticos había recibido una "golpiza brutal" por parte del personal de la cárcel de Mar Verde (este de Cuba), en la que se encuentra desde el 11 de julio de 2021.

Ferrer, fundador de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) y disidente histórico, había sido detenido en ocasiones anteriores. La primera ocurrió en 2003, durante el período represivo denominado la "primeravera negra". EFE

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El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado este jueves restricciones de visado contra más de 350 miembros de la Policía Nacional de Nicaragua (PNN) a los que acusa de llevar a cabo "ataques selectivos contra la sociedad civil" bajo la Administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

"Estos ataques han negado profundamente a su pueblo el acceso a servicios importantes y la libertad de organizarse, expresar opiniones y dar forma a su futuro sin temor a represalias. Las acciones de la PNN debilitan los procesos democráticos y fomentan un entorno en el que la disidencia o la percepción de disidencia se enfrenta con medidas punitivas, a menudo brutales, en lugar de un diálogo y un debate abiertos", ha señalado el portavoz del Departamento, Matthew Miller.

Washington ha instado "nuevamente" a Ortega y Murillo a que "cesen las amenazas, el acoso y la detención injusta de defensores de la sociedad civil, las libertades de expresión, religión o creencias y asociación". "El continuo desmantelamiento del espacio cívico por parte de Ortega y Murillo, incluida la revocación del estatus legal de más de 5.500 ONG, reprime la disidencia y perpetúa el miedo y la opresión en Nicaragua", ha lamentado.

DESTIERRO DEL PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE NICARAGUA

De hecho, durante la jornada las autoridades nicaragüenses han ordenado el destierro del presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y obispo de la Diócesis de Jinotega (norte), Carlos Herrera. El Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) ha expresado su "dolor" con los "acontecimientos que afligen a la Iglesia que peregrina en Nicaragua, y principalmente la situación que están atravesando varios obispos y sus diócesis".

"De manera especial, hoy nos vuelve a conmocionar la noticia del destierro de monseñor Carlos Enrique Herrera Gutiérrez (...). Nos solidarizamos con él y rezamos para que esta situación se solucione pronto y pueda regresar a su patria", reza un comunicado.

El obispo calificó de "sacrílego" al alcalde sandinista de esa localidad, Leonidas Centeno, por interrumpir una misa. Según fuentes eclesiásticas consultadas por el diario 'La Prensa', Herrera participó en una reunión con los obispos de la Conferencia Episcopal y, posteriormente, fue desterrado hacia Guatemala.

La vida de Jimmy Lai resume las tensiones entre el activismo prodemocrático y los riesgos de enfrentarse al autoritarismo en una región bajo constante vigilancia de Pekín. ¿Pero quién es Jimmy Lai? The Troublemaker: Cómo Jimmy Lai se convirtió en multimillonario, el mayor disidente de Hong Kong y el crítico más temido de China es la biografía escrita por Mark L. Clifford, exeditor de un periódico en Hong Kong y defensor de los derechos humanos.

El libro aborda la vida de Jimmy Lai, un magnate de los medios que, tras amasar su fortuna en el mundo de la moda, se convirtió en una figura central del movimiento pro democracia en Hong Kong. Clifford presenta a Lai como un hombre que, a pesar de sus contradicciones, se mantuvo firme frente a la represión del gobierno chino, sacrificando su libertad en defensa de los valores democráticos.

El relato no se limita a ensalzar sus logros, sino que también muestra aspectos controvertidos de su vida, como los excesos propios del capitalismo que promovía y las estrategias sensacionalistas de sus medios de comunicación. Sin embargo, el foco principal es su papel como crítico del régimen chino y su transformación en un símbolo de resistencia tras ser detenido en 2020 bajo la estricta ley de seguridad nacional de Pekín. Clifford describe a Lai como un hombre capaz de “elevarse por encima de la prisión física para encontrarse mentalmente más libre que nunca”.

De la pobreza extrema a la cima del capitalismo

Jimmy Lai nació en la provincia de Guangdong, al sur de China, durante la era de la guerra civil. Su infancia estuvo marcada por la pobreza y los abusos del régimen comunista de Mao Zedong. Su madre fue forzada a arrodillarse sobre vidrios rotos por funcionarios del Partido Comunista, mientras que la comida escaseaba hasta el punto de que Lai y su familia sobrevivieron comiendo ratones de campo. Lai recuerda que, siendo un niño, recolectaba colillas de cigarrillos para vender el tabaco sobrante y que su padre, en un acto desesperado, intentó suicidarse en la misma habitación donde descansaba el pequeño.

A los 12 años, Lai decidió huir solo a Hong Kong. En ese entonces, la colonia británica ofrecía un contraste radical frente a la China comunista, con su ambiente impregnado de cultura angloeuropea. Lai trabajó en fábricas textiles, donde sufrió un accidente que le costó la punta de un dedo.

Con el tiempo, se convirtió en empresario y fundó su propia fábrica, aprovechando las oportunidades del mercado de la moda rápida. En este contexto, se convirtió en un ferviente defensor de los valores occidentales, que admiraba profundamente los principios del libre mercado y distribuyendo copias de El camino de servidumbre, de Friedrich Hayek, entre sus empleados. Lai también construyó relaciones con figuras como Milton Friedman, consolidándose como un entusiasta del capitalismo liberal.

El giro hacia el activismo pro democracia

El punto de inflexión en la vida de Lai llegó en 1989, tras la sangrienta represión del gobierno chino contra los manifestantes en la plaza de Tiananmen. “No sentía nada por China hasta que ocurrió lo de la plaza de Tiananmen”, declaró en una entrevista. “De repente, fue como si mi madre me estuviera llamando en la oscuridad de la noche y mi corazón se abrió”. Este evento lo motivó a redirigir su carrera y recursos hacia el activismo, fundando medios como Next Magazine y el periódico Apple Daily. Ambos se convirtieron en plataformas clave para denunciar los abusos de Pekín y apoyar las protestas prodemocráticas en Hong Kong.

En 2014, durante el Movimiento de los Paraguas, Lai se unió a los manifestantes que exigían mayor autonomía frente al control del gobierno central chino. Se le vio liderando desde las calles, sentado en una silla de jardín junto a un restaurante de comida rápida. Su periódico respaldó las protestas con una cobertura constante y directa, destacándose como uno de los pocos medios en Hong Kong dispuestos a desafiar abiertamente a las autoridades.

La caída de un magnate convertido en símbolo

El 10 de agosto de 2020, Lai fue arrestado tras un allanamiento masivo en las oficinas del Apple Daily. La policía lo acusó de violar la nueva ley de seguridad nacional por “colusión con potencias extranjeras”, un cargo que podría condenarlo a cadena perpetua. Tras su detención, envió un mensaje lacónico a sus colaboradores a través de WhatsApp: “Borrad todo”. En su juicio, celebrado en el otoño de 2023, Lai se declaró inocente y explicó que su intención era simplemente mostrar “la realidad” del estado de ánimo de Hong Kong.

Desde entonces, ha permanecido en prisión, gran parte del tiempo en régimen de aislamiento. Según Clifford, Lai tomó la decisión consciente de quedarse en Hong Kong en lugar de escapar, plenamente consciente de que podría pasar el resto de su vida tras las rejas. “Llamé a mi gente a luchar”, le dijo al exdisidente soviético Natan Sharansky. “No puedo defraudarlos”.

Las luces y sombras de su legado

Aunque The Troublemaker ensalza el sacrificio personal de Lai y su valentía al enfrentarse a Pekín, también explora las contradicciones de su vida. Por un lado, se presenta como un defensor de la libertad económica y los valores occidentales, pero, por otro, su enfoque empresarial no estuvo exento de críticas. Durante sus primeros años como magnate, Lai exhibió los excesos de una riqueza ostentosa, viajando en un Rolls-Royce dorado y manteniendo un zoológico privado con pavos reales, un mono, un oso y otros animales exóticos.

Además, el periodismo de sus medios no estuvo exento de polémicas. Clifford señala que sus publicaciones solían recurrir al sensacionalismo, desde enviar paparazzi en scooters para cubrir accidentes mortales hasta publicar reseñas explícitas sobre la prostitución en Hong Kong. Estos aspectos añaden una capa compleja al retrato de un hombre que, aunque criticado, sigue siendo visto como un símbolo de resistencia frente a la opresión.

¿Un mártir moderno o un capitalista contradictorio?

Clifford describe a Lai como un “mártir del capitalismo y del modo de vida occidental”, pero advierte sobre las limitaciones de este enfoque. A través de su vida y su lucha, Lai expone las tensiones entre los ideales democráticos y las desigualdades inherentes al libre mercado.

Su caso no solo refleja la creciente represión en Hong Kong, sino que también invita a cuestionar la capacidad de los valores occidentales para enfrentar los desafíos de un mundo cada vez más polarizado.

Hoy, desde su celda, Jimmy Lai sigue siendo un símbolo para quienes defienden la autonomía de Hong Kong y los derechos democráticos en una región cada vez más controlada por Pekín. Su historia, marcada por sacrificios personales y controversias, encapsula las complejidades de una lucha que, lejos de haber terminado, continúa resonando dentro y fuera del territorio.

Fuente: The New York Times

Túnez, 11 nov (EFE).- La Justicia tunecina condenó este lunes a 32 meses de prisión al empresario y excandidato a las elecciones presidenciales Ayachi Zammel, la quinta sentencia desde octubre por "falsificación de patrocinios" y que suma un total de 35 años mientras tiene pendiente una treintena de juicios similares, reveló a EFE Mehdi Abdeljawad, miembro de su equipo electoral.

La defensa está a la espera de iniciar el proceso de apelación a partir del 22 de noviembre y sus abogados han pedido unificar los diferentes casos ya que se trata de la misma acusación, explicó Abdeljawad.

"Es el mismo tribunal de Manouba que había liberado a Ayachi Zamal anteriormente. Le ha añadido una sentencia de dos años y ocho meses, lo que hace en total 35 años de prisión. Incluso Pablo Escobar y Guzmán El Chapo no han sido condenados a esto", se lamentó el abogado del político, Messaoudi Abdessatar, en sus redes sociales.

Zammel fue detenido poco antes de que comenzara la campaña electoral de los comicios del 6 de octubre, en medio de un polémico proceso de registro de candidaturas por la detención y procesamientos de varios aspirantes y opositores al mandatario Kais Said. Sus tres hermanos, con los que dirige la empresa familiar de exportación de productos locales, también están siendo procesados aunque se encuentran en paradero desconocido.

Pese a la primera sentencia se mantuvo en la carrera a la Presidencia, en la que participó junto al secretario general del Movimiento Echaab (Pueblo), Zouhir Maghzaoui, y a Said, que fue reelegido con el 91% de los votos pese a una abstención de más del 70% del electorado.

La disidencia denunció entonces un creciente "clima de miedo" y "represión", sumado al control del poder judicial por parte del jefe de Estado; y la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) consideró que las elecciones "no fueron justas y competitivas".

Éstas últimas registraron un 28,8 % de participación, el índice más bajo de las tres convocadas desde que el país iniciara un proceso de transición en 2011, tras el derrocamiento del dictador Zine el Abidine Ben Ali en la llamada Primavera Árabe.

Said, que durante su primer mandato se arrogó pleno poderes para "preservar la paz social" y modificó el sistema político hacia uno presidencialista, asumió en octubre otros cinco años en el cargo. EFE

La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) ha criticado este viernes la reciente ejecución del disidente germano-iraní Jamshid Sharmahd, al que Teherán acusaba de haber participado en varios atentados terroristas en el país, y ha señalado que su sentencia llegó tras "un juicio injusto".

"Las autoridades iraníes están usando las ejecuciones, un castigo inhumano, tras juicios injustos y opacos, para intimidar a todo el que las desafíe, incluso si son iraníes que están fuera del país", ha dicho el subdirector de la ONG para Oriente Próximo y Norte de África, Michael Page.

Así, ha recalcado que esta ejecución "es una muestra deliberada de fuerza para silenciar a los disidentes". "Las autoridades iraníes deberían al menos escuchar la petición de la familia de Sharmahd para recuperar su cadáver y realizar un luto adecuado tras esta brutal acción".

Las autoridades iraníes insisten en que la ejecución del disidente --secuestrado en 2020 en Emiratos Árabes Unidos (EAU)-- responde a que era el líder del grupo Tondar, considerado una organización terrorista en el país y al que el Gobierno acusa de estar detrás de varios atentados que habrían sido ordenados desde el exterior.

En respuesta, Alemania anunció el jueves el cierre de todos los consulados que Irán mantenía abiertos en el país como respuesta a la ejecución de Sharmahd, después de llamar a consultas a su embajador en Teherán y convocar al representante iraní en Berlín para trasladar su protesta.

El Ministerio de Exteriores de Irán ha catalogado la decisión de Alemania como "absurda, intrusiva, poco profesional y carente de decencia" y ha incidido en que a la vez supone "cortar uno de los canales de comunicación más importantes y antiguos" entre ambas naciones.

Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han afirmado este viernes que las autoridades de Rusia "dependen cada vez más de métodos de coacción" para "mantener el control" sobre los críticos con las autoridades, en medio del aumento de las condenas por cargos de "traición", "extremismo" y "desinformación".

Así, han indicado que medios independientes rusos apuntan a que la cifra de condenados por "traición" está en sus niveles más altos en nueve años, con más condenas en el primer semestre de 2024 que en la totalidad de 2023, según datos publicados por el Ministerio de Justicia de Rusia.

"De forma similar, ha habido un aumento significativo de las condenas bajo los artículos relativos a extremismo, terrorismo y desinformación", han resaltado, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico a través de su cuenta en la red social X.

En este sentido, han argumentado que estos datos "ilustran la creciente dependencia del Gobierno ruso de las medidas de coacción y los métodos disuasivos para mantener el control sobre elementos de la población hostiles al régimen". "Antes de la invasión a gran escala rusa de Ucrania, el régimen prefería vías más sutiles para controlar a la disidencia", han zanjado.

Bangkok, 1 nov (EFE).- Un tribunal de Vietnam condenó a doce años de prisión al activista y bloguero vietnamita Thai Van Duong, quien supuestamente fue repatriado de manera forzosa desde Tailandia en 2023, por el delito de propaganda contra el Estado, informan este viernes organizaciones garantes de derechos de los periodistas.

"La dura sentencia impuesta a Duong Van Thai es grotesca y escandalosa, en particular en medio de acusaciones de que fue secuestrado en Tailandia y enviado por la fuerza a Vietnam para ser procesado de manera injusta", denunció hoy en un comunicado Shawn Crispin, portavoz del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, siglas en inglés) para el Sudeste Asiático.

El juicio contra el activista, acusado de "elaborar, diseminar o propagar información, documentos y objetos con la intención de oponerse al Estado de la República Socialista de Vietnam", se celebró el miércoles en una sola jornada a puerta cerrada en un tribunal de Hanói, remarca CPJ en su texto.

Este delito es usado por las autoridades comunistas vietnamitas de manera frecuente para reprimir a los disidentes.

"Al secuestrar a Duong Van Thai, periodista que informaba sobre la corrupción estatal, y condenarlo a una pena de prisión escandalosa, el régimen vietnamita muestra el alcance de su desprecio por la libertad de prensa", subraya en otro comunicado Cédric Alviani, director para Asia-Pacífico de Reporteros Sin Fronteras.

El vietnamita desapareció el 13 de abril del año pasado cuando circulaba en moto por una provincia central de Tailandia, donde residía desde 2019 como refugiado mientras esperaba ser enviado a otro país. Dos coches le cerraron el paso y le obligaron a meterse en uno de los vehículos.

Tres días después, la prensa vietnamita, controlada por el Estado, informó del arresto de Thai Van Duong cuando trataba de entrar ilegalmente en el norte del país desde Laos.

El activista había huido a Tailandia en 2018 por miedo a represalias por sus publicaciones en redes sociales en que criticaba a los gobernantes vietnamitas y era reconocido como refugiado por Naciones Unidas desde 2020.

No es la primera vez que las autoridades vietnamitas son acusadas de secuestrar en el exterior a personas perseguidas por la ley.

El caso más sonado fue en 2017 el de Trinh Xuan Thanh, exdirigente de la compañía estatal PetroVietnam, que huyó a Berlín tras ser inculpado por causar pérdidas cuantiosas al Estado y que, según el Gobierno alemán, fue secuestrado en su suelo para ser llevado a Vietnam.

Aunque las autoridades vietnamitas y el propio Thanh (condenado en 2018 a cadena perpetua) lo negaron, el asunto causó un conflicto diplomático entre ambos países, con la expulsión de un funcionario de la Embajada vietnamita en Berlín.

Vietnam es uno de los países más represores del mundo con la libertad de prensa y de expresión y mantiene encarceladas a 200 personas por su activismo, según la organización The 88 Project. EFE

Nueva York, 13 oct (EFE).- El semanario estadounidense New Yorker publicó este fin de semana extractos de las memorias del disidente ruso fallecido Alekséi Navalni, ‘Patriot’, que saldrán a la luz el próximo 22 de octubre.

En los extractos que recogió el semanario narra en un formato de diario sus pensamientos y rutina en la prisión del ártico en la que falleció y llega a decir que tanto él como su esposa, Yulia, daban por hecho que moriría en cautiverio por su labor opositora.

"Pensar en ser liberado en algún momento y esperar a que pase, solo sirve para atormentarme", confiesa Navalni.

"Voy a pasar el resto de mi vida en prisión y voy a morir aquí", explica Navalni que se dice a sí mismo en su celda para poder soportar el aislamiento y presión a la que es sometido.

Navalni acuerda con su esposa que deben planear en caso de que muera en prisión y explica que al menos él tuvo la oportunidad de luchar por su país y tener una familia, algo que otros disidentes bajo el régimen de Vladimir Putin no han podido hacer.

Las memorias de Navalni, muerto en febrero de este año en prisión, serán publicadas el 22 de octubre. EFE

El Gobierno de Colombia y la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) iniciarán este viernes en Bogotá su sexto ciclo de diálogos para lograr un acuerdo de paz, si bien no incluirá a la escisión del líder guerrillero colombiano Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco'.

Las dos partes se dedicarán durante las conversaciones a realizar una evaluación del actual alto el fuego, que finalizará el 15 de octubre y que puede ser prolongado durante tres o seis meses más, según la emisora colombiana Bluradio.

Las delegaciones del Gobierno y de la guerrilla estarán reunidas hasta el próximo 19 de octubre y también abordarán cuestiones ambientales propuestas durante los encuentros realizados con diferentes comunidades por todo el país.

"Este tema ambiental de vital importancia para la preservación de la Amazonía colombiana, el Catatumbo y el norte y nordeste de Antioquia, hará parte de la agenda del VI Ciclo de Diálogos que se desarrollará en Bogotá del 11 al 19 de octubre", han señalado el Gobierno y las disidencias.

El Gobierno de Colombia mantiene numerosos procesos de paz abiertos que se encuentran en diferentes fases. Las diferencias internas de la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC en las negociaciones ha llevado a una escisión liderada por 'Iván Mordisco', que precisamente es la que sigue luchando contra las Fuerzas Armadas.

Bogotá también ha anunciado que retomaba las conversaciones con la disidencia de las FARC Segunda Marquetalia. Las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), por contra, se encuentran congeladas a falta de una nueva reunión que han acordado realizar pero que aún no tiene fecha.

Ginebra, 10 oct (EFE).- El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este jueves, por 20 votos a favor, ocho en contra y 19 abstenciones, una resolución que extiende durante un año más el mandato de la relatora de la ONU para Rusia, Mariana Katzarova, quien denunció en numerosos informes violaciones de las libertades fundamentales por parte de las autoridades rusas contra disidentes.

China, Cuba, Vietnam y países de la antigua órbita soviética, como Kazajistán y Kirguistán, votaron en contra de la resolución, mientras que Brasil, India o Indonesia se abstuvieron, aunque el apoyo de los miembros europeos del Consejo junto a EEUU o Argentina, entre otros Estados, permitió que la iniciativa pudiera salir adelante.

La resolución urge además a Rusia a que permita a Katzarova, periodista de nacionalidad búlgara, entrar en el país para llevar a cabo sus investigaciones y poder reunirse libremente con representantes de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, prisioneros de guerra y otras personas privadas de libertad.

Insta además al régimen de Vladímir Putin a "respetar las libertades fundamentales de pensamiento, conciencia, religión, opinión, expresión, reunión pacífica, asociación y participación política", así como a permitir procesos electorales democráticos.

El texto expresa preocupación por la persecución a la disidencia que han denunciado los informes de la relatora y otros expertos independientes, y recuerda expresamente la muerte este año del líder de la oposición Alexéi Navalni cuando se encontraba privado de libertad.

La resolución exhorta a las autoridades rusas a poner "inmediata e incondicionalmente en libertad y rehabilitar de forma efectiva a todas las personas privadas de libertad, detenidas, acusadas o condenadas arbitraria o ilegalmente por motivos políticos o por ejercer sus derechos humanos".

Recuerda asimismo con inquietud el cese de actividad impuesto por la fuerza y de forma masiva a organizaciones de la sociedad civil rusas como Memorial, el Grupo Helsinki de Moscú, el Centro Sajárov, el Centro de Información y Análisis SOVA o el Centro de Ayuda a los Pueblos Indígenas Minoritarios del Norte. EFE

La Habana, 3 oct (EFE).- La Fiscalía de Santiago de Cuba solicitó sendas condenas de siete años de cárcel para dos cubanos a los que acusa de formar una organización opositora en una libreta y estar en posesión de material crítico con el Gobierno.

De acuerdo con la petición fiscal -fechada el 18 de agosto y a la que tuvo acceso EFE este jueves-, los dos hombres, de 32 y 37 años, están acusados de un delito contra la seguridad del Estado y están desde enero del año pasado en prisión provisional.

El fiscal aseguró en el escrito que ambos disidentes habían mantenido “posiciones hipercríticas” con las autoridades en el pasado, habían estado vinculados a grupos opositores y se habían manifestado “públicamente contra los dirigentes del país”.

El grupo tenía el fin, insiste el fiscal, de realizar “actividades contrarrevolucionarias”, aunque el texto no recoge que se planease ni ejecutase ninguna acción concreta.

Asimismo, la Fiscalía afirmó que uno de ellos interactuó con cubanos críticos con el Gobierno que viven en el extranjero y que en 2022 “planteó la disposición de vincularse a acciones para derrocar el sistema social” en Cuba. También lo acusó de recibir del exterior 100 dólares y así como recargas telefónicas por valor de 2.270 dólares.

Al segundo lo identificó por haber “regado octavillas” antigubernamentales y hacer carteles críticos en el pasado.

De igual forma los señala por haber formado parte de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

Hasta el momento se desconoce cuándo se iniciaría el juicio en contra de los dos detenidos.

Según la ONG Prisoners Defenders -con sede en España- en Cuba hay 1.105 presos políticos, con cifras de agosto de este año.

Desde julio de 2021 -cuando se registraron las mayores protestas antigubernamentales en décadas en la isla- "Cuba ha totalizado 1.583 presos políticos presentes en sus cárceles", de acuerdo con Prisoners Defenders. EFE

Ante la condena del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU (WGAD) por un caso masivo que involucra a los procesados de las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, la ONG española Prisoners Defenders y la organización alemana Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) presentarán el próximo lunes en una conferencia de prensa ese contundente dictamen de Naciones Unidas sobre las violaciones sistemáticas cometidas por el régimen de Miguel Díaz-Canel contra la disidencia.

El evento tendrá lugar en Berlín a las 11:00 (hora local) y contará con la presencia de Lars Rohwer, diputado del Parlamento alemán; Janie Frómeta Compte, hija del prisionero político cubano-alemán Luis Frómeta Compte; Valerio Krüger, jefe de prensa de IGFM; y Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.

Para asistir a la conferencia de prensa, es necesario escribir a prensa@prisonersdefenders.org y se podrá participar de forma online en alemán, inglés y español a través de este enlace.

Prisoners Defenders sostiene que el 11 de julio de 2021 hubo manifestaciones pacíficas prodemocráticas por toda Cuba y la respuesta del régimen fue un violento despliegue policial y paramilitar, resultando en miles de detenciones y encarcelamientos. En 2023, esta ONG denunció ante Naciones Unidas los casos de 520 presos políticos del 11J, documentando un patrón de violaciones al debido proceso por parte del régimen cubano.

Asimismo, Prisoners Defenders presentó ante el WGAD la denuncia de la Causa 9, que inicialmente incluía a 17 presos políticos del 11J en La Habana. A principios de julio, el WGAD emitió un dictamen final que condena de manera contundente a Cuba por la detención y procesamiento de esas 17 personas.

Entre los casos más destacados se encuentra el de Luis Frómeta Compte, ciudadano alemán encarcelado a los 58 años y condenado a 15 años de prisión por filmar las manifestaciones. Desde Alemania, la IGFM trabaja junto a la hija de Luis Frómeta y el diputado Lars Rohwer para conseguir su liberación. Otro caso significativo es el de Walnier Luis Aguilar Rivera, un joven con discapacidad mental reconocido oficialmente, que a los 21 años fue condenado a 12 años de prisión por “sedición”.

En toda la historia del WGAD, solo hay otros dos casos en el mundo en los que este organismo haya defendido a un grupo de más de una decena de presos en una única declaración. Con esta acción, el régimen cubano quedó conectado a uno de los capítulos más oscuros de la jurisprudencia sobre detenciones arbitrarias a nivel mundial.

Más de 220 personas, la mayoría intelectuales y artistas, entre ellos el cantautor argentino Fito Páez y los cubanos Leonardo Padura (novelista) y Fernando Pérez (cineasta), firmaron una declaración que denuncia la represión desatada en Cuba contra la prestigiosa académica Alina Bárbara López.

“Nuevamente el derecho al disenso y a la expresión pacífica es coartado, reprimido y criminalizado”, señala la declaración que nueve cineastas cubanos publicaron el 21 de junio en la red social Facebook y que ha recibido hasta este miércoles unas 220 firmas de apoyo.

El texto, que comenzó a ser divulgado la noche del martes por medios independientes locales, denuncia que la historiadora López y la antropóloga Jenny Pantoja fueron “objeto de detención y violencia en el ejercicio de sus derechos” el 18 de junio, cuando viajaban a La Habana para participar en una protesta pública.

“El uso de la fuerza, la criminalización del disenso y el encarcelamiento no resuelven nuestros verdaderos problemas”, pues “solo desde la tolerancia y el respeto a la diversidad de criterios es posible emprender el camino que nos saque de este atolladero”, añade la declaración, refiriéndose a la severa crisis económica que vive la isla.

Destaca que sobre López, de 58 años, ahora “pesa una acusación por ‘atentado’, levantada en base a la supuesta agresión a la oficial que la estaba violentando”.

López fue declarada “culpable” en noviembre por el delito de “desobediencia”, luego de haberse manifestado sola a favor de los derechos humanos, en un juicio celebrado en Matanzas, 100 km al este de la capital, donde vive.

Esta doctora en Ciencias Filosóficas ha narrado en sus redes sociales las acciones policiales en su contra desde abril de 2023, cuando se manifestó en solitario en una plaza central de Matanzas en solidaridad con Jorge Fernández, intelectual, humorista y periodista cubano, que había sido interrogado y detenido por unas horas por su actividad profesional.

“Manifestamos nuestro más resuelto apoyo a Alina y a Jenny, así como a todas las cubanas y cubanos que ejercen su derecho a expresarse pública y pacíficamente”, apunta el texto.

Entre los 190 firmantes de la declaración figuran, además de Páez, Padura y Pérez, tres premios nacionales, uno de artes plásticas y dos de literatura.

En Facebook, Gustavo Arcos, profesor de la Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisuales de La Habana y uno de los promotores de la declaración, precisó que no pretendieron lanzar una convocatoria. “No pedimos firmas ni abrimos un sitio para ello”, acotó.

Sin embargo, agradeció a todos los que han expresado su preocupación por estos “actos de violencia y represión”.

(Con información de AFP)