El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó abrir una investigación penal para determinar si el Poder Ejecutivo pidió retirar el pliego de María Verónica Michelli como jueza federal solo por ser cuñada de un periodista. La denuncia que dio origen al caso se presentó el 29 de mayo de 2026 en la Justicia Federal de Comodoro Py.

En las últimas horas, la senadora Patricia Bullrich se diferenció de la postura oficial y anunció que ejercerá su “derecho a la objeción de conciencia” frente a la decisión del Poder Ejecutivo. Bullrich comunicó su postura personalmente y posteriormente ratificó su decisión a través de sus redes sociales.

En la red social X, la senadora señaló: “Hablé con el presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la doctora Michelli a jueza federal”.

El eje de la denuncia: un solo pliego retirado

La acusación apunta contra la Casa Rosada por haber ordenado el retiro del único pliego cuestionado en ese grupo de enviados al Senado, el de Michelli, quien estaba propuesta para el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata.

Según la denuncia presentada por José Luis Magioncalda y Juan Martín Fanzio, integrantes de Reset Republicano, la decisión no tuvo que ver con los antecedentes o la capacidad profesional de la abogada. El argumento central es que la única razón para apartar a Michelli fue su parentesco con el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon, quien publicó investigaciones periodísticas sobre el Gobierno nacional.

La denuncia también sostiene que no hubo explicaciones formales y que ningún otro pliego presentado en ese período fue devuelto.

Los pasos que pidió el fiscal Marijuan

El dictamen de la Fiscalía puso el foco en la necesidad de recolectar datos precisos sobre el trámite del pliego de Michelli en el Senado. Entre las medidas requeridas, Marijuan pidió que se ratifique la denuncia original y se certifique si hay otras causas abiertas por estos hechos.

El fiscal también solicitó que el Senado informe si el pliego de Michelli estaba incluido oficialmente, su estado actual, los pasos registrados en el expediente y si hay constancia de alguna nota formal por parte del Poder Ejecutivo solicitando el retiro.

Otra diligencia clave será citar al periodista para declarar como testigo. El objetivo es confirmar el vínculo familiar con la jueza propuesta y esclarecer si recibió algún aviso o comunicación relacionada con el retiro del pliego. Según el requerimiento, se buscará saber si existió “algún tipo de advertencia y/o aviso o cualquier tipo de comunicación vinculada con el retiro del pliego”.

El dictamen deja abierta la posibilidad de que el juez ordene medidas adicionales. La presentación, por sorteo quedó radicada en el Juzgado Federal 6, subrogado por Daniel Rafecas.

Qué delitos se investigan

El pedido fiscal menciona la Ley 23.592, que castiga la discriminación en la función pública. Según este marco, sería delito excluir a una persona de un cargo estatal por motivos ajenos a su idoneidad, como podría ser un dato de parentesco.

En este caso, se investiga si el Ejecutivo incurrió en discriminación directa al retirar el pliego por el solo hecho de que Michelli es cuñada del periodista.

La semana pasada, el Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad, expresó su preocupación por la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de solicitar el retiro del pliego de Michelli. Ricardo Gil Lavedra, saliente presidente del organismo, señaló: “El retiro de pliegos ya enviados por el Poder Ejecutivo es una práctica discutible y que debe ser aplicada restrictivamente, máxime cuando el pliego ha obtenido dictamen de comisión”. “En cualquier caso, corresponderá al pleno del Senado aceptar o rechazar el retiro evaluando los motivos en que se funda, para evitar arbitrariedades o abusos”, agregó.

Por su parte, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresó su “suma preocupación” por la solicitud por parte del Ejecutivo Nacional. “Debe destacarse que el pliego en cuestión cumplió todas las instancias previstas por el proceso de selección de magistrados, resultando aprobado en cada una de ellas”, destacaron.

La justicia estadounidense determinó que el Pentágono puede mantener, por ahora, la prohibición de alistamiento de personas transgénero en el ejército, aunque impidió que se expulse a quienes ya están en servicio activo. El fallo, emitido el lunes por el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, marca un nuevo paso en la disputa legal sobre los derechos de los militares transgénero.

La decisión judicial sostiene que la administración de Donald Trump puede seguir bloqueando el acceso de nuevos aspirantes transgénero, mientras se resuelve una demanda presentada por varios miembros y potenciales reclutas. Protege a quienes ya forman parte de las fuerzas armadas, al considerar que “supone una dificultad mucho mayor poner fin a una carrera militar que retrasar su inicio”, según escribió el juez Robert Wilkins en la resolución consultada por la agencia Reuters.

La política en cuestión se enmarca dentro de una orden ejecutiva firmada por Trump en enero de 2025. En ese texto, el expresidente justificó la medida al sostener que la identidad transgénero “entra en conflicto con el compromiso de un soldado con un estilo de vida honorable, veraz y disciplinado”.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, implementó la orden poco después, lo que derivó en una serie de impugnaciones legales.

El origen de la controversia y las posiciones enfrentadas

Quienes representan a los demandantes, como Jennifer Levi del grupo GLAD Law, celebraron que el tribunal haya bloqueado las expulsiones. “Este fallo confirma que la Administración Trump no tiene ninguna base legal para dar de baja a los miembros del servicio militar transgénero que han cumplido con todos los estándares exigentes”, expresó Levi en un comunicado difundido tras la decisión.

La respuesta oficial del gobierno no se hizo esperar. Hegseth anunció que la administración apelaría la resolución ante la Corte Suprema, al afirmar en X: “Nos vemos en la Corte Suprema”, en referencia a una publicación sobre el caso.

¿Qué implica la decisión para los militares transgénero?

El fallo permite que los actuales miembros transgénero sigan en sus cargos, aunque impide el ingreso de nuevos postulantes que no cumplan con los requisitos definidos por la política vigente. En la práctica, quienes ya forman parte de las fuerzas armadas pueden continuar sus carreras, mientras que los reclutas transgénero deberán esperar la definición judicial para saber si podrán alistarse en el futuro.

El tribunal reconoció que el Pentágono tiene amplios poderes para establecer los estándares de ingreso, aunque consideró que la política estaba motivada “por el mero deseo de perjudicar a un grupo políticamente impopular”.

El juez Justin Walker, en disidencia, argumentó que los tribunales “no tienen ni la experiencia ni la autoridad para decidir si las fuerzas armadas pueden excluir a los demandantes de sus filas”.

Contexto político y social del fallo

La prohibición de alistamiento se inscribe en una estrategia más amplia impulsada por la administración Trump para restringir los derechos y el reconocimiento de las personas transgénero en distintos ámbitos de la vida estadounidense.

Las agencias federales han retirado demandas en nombre de trabajadores transgénero, cancelado acuerdos que beneficiaban a estudiantes y abierto investigaciones sobre hospitales y médicos que ofrecen tratamientos de afirmación de género a menores.

Según cifras del Departamento de Defensa citadas por Reuters, las fuerzas armadas de Estados Unidos cuentan con unos 1,3 millones de efectivos en servicio activo. Los defensores de los derechos transgénero estiman que hasta 15.000 militares pertenecen a ese colectivo, aunque las autoridades reducen la cifra a algunos miles.

Antecedentes legales del caso

La decisión de este lunes ratifica parcialmente el fallo anterior de un juez federal en Washington D.C., quien había bloqueado la política en su totalidad mientras avanzaba el litigio. El magistrado consideró que la medida constituía discriminación sexual y probablemente violaba la garantía constitucional de igualdad ante la ley.

En mayo de 2025, la corte suprema permitió que la política restrictiva se implementara, al revocar un fallo de un juez del estado de Washington que había bloqueado temporalmente la prohibición. El máximo tribunal no explicó los motivos de su decisión, lo que, según Wilkins, podría deberse a un tecnicismo y no necesariamente al análisis de fondo del caso.

Próximos pasos y posibles escenarios

El gobierno buscará ahora revertir el fallo ante la Corte Suprema, lo que podría prolongar la incertidumbre para los aspirantes transgénero y quienes ya sirven en las fuerzas armadas.

Mientras tanto, la política de exclusión para nuevos ingresos sigue vigente, a la espera de una resolución definitiva.

El dato que más circula sobre el empleo después de los 45 admite una corrección y, a la vez, expone un problema más profundo: el 86% de las personas de esa edad relevadas está buscando trabajo, pero la dificultad central no pasa por una supuesta falta de adaptación sino por filtros etarios, obstáculos para mostrar su experiencia en los canales actuales y estructuras salariales que muchas empresas no logran acomodar.

Esa es la lectura que hizo Julián Blausztein, de Adecco Argentina, firma de recursos humanos, al explicar por qué la reinserción del talento senior sigue siendo más larga y compleja.

—¿Cuáles son las principales causas detrás de los que no logran reinsertarse?

—El 86% corresponde a personas mayores de 45 años encuestadas que actualmente buscan trabajo, lo que no implica necesariamente que no logren reinsertarse laboralmente. El proceso de reinserción suele ser más extenso o complejo para este grupo por varias razones. La edad puede influir en algunos procesos de selección antes de que se evalúen integralmente las competencias.

A esa barrera se suman dos planos adicionales: la visibilidad profesional y la estructura de remuneraciones. Según explicó, muchos perfiles senior tienen trayectorias sólidas, pero no siempre logran comunicar su recorrido en los formatos y plataformas que hoy usa el mercado, y en otros casos las bandas salariales internas dificultan compatibilizar expectativas con vacantes disponibles.

La principal barrera no es tecnológica, sino la percepción sobre la edad

Blausztein rechazó una de las ideas más extendidas sobre el talento senior: que tiene problemas para adaptarse al cambio tecnológico o cultural. «Es un preconcepto que rara vez se verifica en la práctica pero que opera como filtro previo al conocer al candidato», dijo.

La misma lógica, agregó, se repite con otro prejuicio frecuente: que una persona con mucha experiencia será difícil de conducir o tenderá a cuestionar en exceso las decisiones. Frente a eso, sostuvo que la madurez profesional suele aportar más capacidad para gestionar la incertidumbre y trabajar con autonomía.

En ese punto, la digitalización no aparece como una limitación intrínseca del segmento. Blausztein afirmó que muchos profesionales mayores de 45 años usan herramientas digitales desde hace años y que el problema real no es la capacidad de adaptación, sino la presunción de que esa capacidad no existe.

También vinculó esa discusión con el papel de las compañías en la actualización de habilidades. Según dijo, la velocidad con la que cambian ciertas herramientas exige aprendizaje continuo, y las empresas deben invertir en capacitación para todos sus empleados, no solo para los más jóvenes.

Tecnología, empresas emergentes y mandos medios

Las dificultades, según Adecco, no se distribuyen de manera uniforme. Blausztein señaló que las barreras son más marcadas en sectores con culturas organizacionales jóvenes, como tecnología, empresas emergentes y agencias digitales, donde la edad promedio de los equipos es baja y predomina la búsqueda de perfiles que «encajen» con esa cultura.

El problema también se observa en posiciones operativas y de mandos medios. En esos casos, explicó, muchas empresas priorizan candidatos con menor costo salarial, lo que desplaza a trabajadores con más experiencia.

La recepción mejora en otro tipo de funciones. Blausztein indicó que los perfiles senior encuentran mejores oportunidades en roles de dirección, consultoría, gestión de proyectos complejos y puestos que exigen manejo de crisis o negociación, áreas en las que la trayectoria funciona como un activo verificable.

El ejecutivo describió además un cambio de valor asociado al avance de la inteligencia artificial. Según dijo, esa transformación empieza a impactar sobre todo en tareas operativas o repetitivas, muchas de ellas cubiertas de manera histórica por perfiles más junior, mientras que capacidades como el criterio, la gestión y la toma de decisiones ganan peso dentro de las organizaciones.

Avances lentos y sesgos que actúan desde el inicio del proceso

Consultado sobre si las empresas modificaron su mirada, Blausztein habló de una evolución gradual. «Hay una evolución, pero es lenta». Según su descripción, las organizaciones que más avanzaron son aquellas con áreas de recursos humanos de mayor madurez estratégica, que entienden la diversidad generacional como una ventaja competitiva y no como una exigencia formal. En el extremo opuesto, sostuvo, persisten compañías en las que la edad opera como filtro implícito desde el primer momento del proceso, incluso sin plena conciencia de los reclutadores.

Blausztein dijo que la tensión central está entre un mercado que sigue usando la edad como filtro y un segmento que aporta experiencia, criterio y redes de contacto. La consecuencia es que muchos trabajadores senior enfrentan búsquedas más extensas aun cuando poseen capacidades que las empresas dicen valorar.

Para revertir esa situación, Adecco trabaja en dos frentes. Por un lado, explicó, promueve que los procesos de selección se evalúen por competencias y no por edad, con revisión de criterios desde el comienzo; por otro, acompaña a los candidatos para que puedan presentar mejor su propuesta de valor en los formatos que hoy exige el mercado.

La experiencia acumulada gana valor

Blausztein enumeró tres ventajas competitivas concretas del talento senior. La primera es la gestión de la incertidumbre: haber atravesado varios ciclos económicos complejos en Argentina, señaló, da una capacidad de adaptación y decisión bajo presión que no se adquiere con facilidad.

La segunda ventaja es la mentoría. Según explicó, la transferencia de conocimiento hacia equipos más jóvenes sigue siendo un activo poco aprovechado de manera estructural por muchas organizaciones.

La tercera es la red de vínculos. Blausztein sostuvo que, en sectores donde las relaciones resultan determinantes para el negocio, la trayectoria y los contactos construidos a lo largo de los años mantienen un valor alto para las empresas.

Al comparar a Argentina con otros países de la región, remarcó que en varios mercados existen marcos regulatorios más explícitos contra la discriminación etaria en selección, con consecuencias concretas para las compañías que incumplen. En el caso local, dijo, el marco existe pero su aplicación es menos sistemática.

Aun así, identificó una ventaja del mercado argentino. Blausztein afirmó que el nivel de formación y versatilidad del talento senior argentino es muy alto en términos regionales, con profesionales que acumulan trayectorias en múltiples sectores, adaptación probada y redes valiosas.

Las claves para reinsertarse

Para quienes buscan volver al mercado, la primera recomendación de Adecco apunta a la forma en que se presenta la experiencia. Blausztein dijo que no alcanza con tener una trayectoria sólida si esa historia no está traducida a los canales y formatos actuales, y remarcó que LinkedIn debe funcionar como relato profesional y no solo como un currículum digital.

El segundo paso, agregó, consiste en identificar con precisión cuál es el valor diferencial que aporta esa experiencia y en qué situaciones genera resultados concretos. La especificidad, en esa lectura, pesa más que la acumulación abstracta de antecedentes.

La tercera sugerencia se apoya en un activo que el propio segmento ya posee. Blausztein afirmó que muchas reinserciones exitosas de perfiles senior no se producen a través de portales de empleo, sino por vínculos construidos durante la carrera.

La cuarta recomendación es abrir el mapa de opciones. Según dijo, el trabajo por proyectos, la consultoría y los roles de mentoría son espacios en los que el talento senior encuentra una demanda creciente.

Southwest Airlines eliminó la obligación de que los pasajeros de talla grande compren un asiento adicional con anticipación. Desde finales de la semana pasada, los agentes en los aeropuertos pueden ofrecer ese segundo lugar sin costo extra cuando hay disponibilidad en el vuelo.

El cambio llega después de meses de críticas públicas y acusaciones de discriminación por peso, que desbordaron las redes sociales de la aerolínea tras una política anterior que muchos pasajeros consideraron abrupta e injusta.

Qué dice la nueva política

Según un comunicado de Southwest, cuando hay asientos contiguos libres, “los agentes en el aeropuerto tienen la facultad de ofrecer un asiento adicional sin costo para los clientes que lo necesiten". Si no hay lugar disponible, la aerolínea se compromete a ubicar al pasajero en un vuelo posterior.

La compañía aclara que sigue siendo recomendable reservar el segundo asiento por adelantado. Quienes no lo hagan corren el riesgo de no poder abordar su vuelo original si el avión va lleno.

El origen del conflicto

En enero de este año, Southwest introdujo una política que exigía a los pasajeros que necesitaran espacio adicional comprar un segundo asiento antes de viajar. La devolución del dinero solo se procesaba si el vuelo no se completaba.

Ese cambio generó numerosas quejas. Varios viajeros denunciaron que empleados en los mostradores y puertas de embarque les dijeron directamente que no cabrían en un solo asiento, una situación que muchos describieron como humillante.

Tigress Osborn, directora ejecutiva de la Asociación Nacional para el Avance de la Aceptación de las Personas Gordas, declaró a The New York Times que Southwest dio muy poca advertencia previa sobre el cambio. Según Osborn, la medida tomó por sorpresa a pasajeros de talla grande que durante años le dieron toda su preferencia a esa aerolínea.

Por qué Southwest cambió su postura

La aerolínea atribuye el ajuste de enero a la transición hacia asientos asignados, que obligó a revisar otros requisitos relacionados con la distribución de plazas a bordo.

En su comunicado, Southwest señaló que la actualización reciente es el resultado de una revisión amplia del proceso y que continuará ajustando su política para ofrecer “una experiencia de viaje más predecible para los clientes que requieren un asiento adicional".

El nuevo esquema también busca reducir la presión sobre los empleados en la puerta de embarque, que bajo la política anterior debían evaluar en el momento si un pasajero necesitaba más espacio, una situación que generó roces y situaciones incómodas.

La tensión de fondo entre tamaño e industria aérea

El debate va más allá de una aerolínea. Según ABC News, analistas del sector señalan que las compañías aéreas son negocios donde el peso y el espacio son variables operativas directas, y que la tendencia de las últimas décadas ha sido reducir el tamaño de los asientos en clase económica.

Esa combinación —asientos más pequeños y una población en promedio más grande— crea una tensión estructural que ninguna política de abordaje resuelve por completo.

Lo que sí está en juego, según los críticos, es el trato: la línea entre aplicar una política operativa y avergonzar públicamente a un pasajero por su cuerpo.

Southwest, que durante años se distinguió por su reputación de trato amable, enfrenta ahora el desafío de recuperar esa imagen.

Qué pasa si no hay asientos disponibles

El principal punto pendiente de la nueva política sigue sin resolverse del todo. Si un pasajero de talla grande llega al aeropuerto sin haber reservado un segundo asiento y el vuelo va lleno, no podrá abordar.

Southwest dice que en ese caso trabajará para acomodarlo en un vuelo posterior, pero no especifica en qué condiciones ni en qué plazo.

Por eso, la aerolínea insiste en que la reserva anticipada del segundo asiento sigue siendo la opción más segura para evitar contratiempos de último momento.

Un hombre visiblemente alterado lanzó insultos racistas a una mujer que cruzó cerca de él en un minimarket en Lima, sin pedirle permiso. El incidente, registrado por las cámaras de seguridad del local, se difundió rápidamente en redes sociales, lo que generó una ola de indignación entre los usuarios.

La joven afectada intentó mantener la calma mientras el hombre la increpaba de forma agresiva. Sus intentos de diálogo cortés no lograron detener la actitud hostil del sujeto, quien persistió en lanzar insultos racistas y mostró un comportamiento desbordado ante los presentes.

Este caso ocurrió pocos días después del episodio protagonizado por la influencer Alejandra Argumedo en el Metropolitano, donde también se registraron expresiones discriminatorias hacia usuarios del transporte público. Ambos hechos refuerzan la evidencia sobre la permanencia de actitudes racistas en espacios públicos de Lima.

Sujeto reacciona con insultos raciales en local comercial

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran al hombre en el pasillo del minimarket, situado entre la entrada y la caja. Mientras prestaba atención a la vitrina de panes, la joven clienta pasó frente a él de manera inadvertida, lo que desató la ira del sujeto.

“Se pide permiso”, reclamó el hombre con tono irrespetuoso. La joven respondió: “Disculpe, no me percaté, sea más cortés”, intentando moderar la situación. Sin embargo, el hombre prosiguió con insultos y actitudes hostiles.

“¡Tienes todo el espacio por detrás y decides pasar por mi delante, ignorante!”, gritó el agresor. Añadió: “¡Lárgate mejor, oe, lárgate!”. La joven mencionó la falta de respeto, pero el hombre continuó con expresiones raciales ofensivas como “Ignorante” y “Tú estás loca o qué te pasa”.

Usuarios exigen acción de autoridades

La SUNAT se pronunció sobre el caso del hombre que lanzó insultos racistas a una mujer en un minimarket de Trujillo, confirmando que se trata de uno de sus trabajadores. La entidad aclaró que el colaborador no ocupa ningún cargo de confianza ni directivo.

En su comunicado, la SUNAT rechazó cualquier acto de discriminación en todas sus formas y expresó su solidaridad con la persona afectada por este incidente.

La institución también indicó que se han iniciado las acciones correspondientes para aplicar medidas disciplinarias al trabajador involucrado y reafirmó su compromiso con los principios éticos y de respeto, repudiando cualquier comportamiento que los contradiga.

Organizaciones defensoras de derechos humanos subrayan la importancia de sancionar y registrar este tipo de hechos, con el propósito de evitar que las conductas discriminatorias se normalicen en el espacio público.

Influencer lanza insultos racistas en bus del Metropolitano

En una unidad del Metropolitano de Lima, se documentó un episodio que evidencia la vigencia de la discriminación en lugares públicos. La influencer Alejandra Argumedo Alegre profirió insultos racistas contra pasajeros.

El video capta a Argumedo lanzando frases como: “Serranos son y serranos morirán”, mientras comparaba a los pasajeros con llamas, vicuñas y alpacas. Estas manifestaciones crearon un ambiente de tensión y rechazo entre los presentes.

Después de la difusión del video, Argumedo fue identificada, lo que generó debate sobre la responsabilidad de los influencers en sus plataformas. El caso derivó en pronunciamientos oficiales y puso en primer plano la urgencia de sancionar la discriminación.

Hasta tres años de cárcel para quienes cometan discriminación

El abogado penalista Julio Rodríguez aclaró que estos comportamientos van más allá de una simple ofensa. La discriminación está estipulada en el Código Penal peruano y puede acarrear hasta tres años de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad.

Rodríguez explicó que los calificativos emitidos contra pasajeros en lugares públicos constituyen el delito de discriminación según el artículo 323 del Código Penal. Las sanciones pretenden que los agresores asuman responsabilidad y comprendan las consecuencias de sus actos.

Además de la pena de cárcel, la legislación contempla medidas como el trabajo comunitario, buscando enfrentar al infractor con el impacto real de sus acciones. Con estas medidas se pretende evitar la repetición de comportamientos discriminatorios en una sociedad caracterizada por su pluralidad y diversidad racial.

Una nueva controversia envuelve al creador de contenido Chumel Torres, luego de que, para menospreciar la opinión de un usuario de Twitter, usó la imagen de una persona con síndrome de Down.

El mensaje, publicado por el influencer en su cuenta de X, generó tantas críticas que, al final, tuvo que borrarlo. Pese a que intentó eliminar el rastro de la publicación, usuarios se encargaron de viralizarlo en otros sitios de la red social.

Resalta que, Chumel Torres no usó la foto de un joven con síndrome Down para intentar burlarse de cualquier persona, sino de Adrián Chávez, el famoso profesor con el que en el pasado ya había sostenido discusiones en redes sociales.

Cabe mencionar, que una vez que el tema se volvió viral, Adrián Chávez calificó al tuit de Chumel Torres como “capacitista”

La vez que Adrián Chávez corrigió a Chumel Torres

Fue en agosto del 2024 cuando Chumel Torres criticó el contenido de los libros de la SEP. Adrián Chávez, quien ya por entonces era viral por sus videos sobre conocimiento y lingüística, argumentó por qué la opinión del influencer estaba errada.

El punto específico de la crítica de Chumel Torres fue que, supuestamente, en los libros de texto se enseñaba a hablar de forma incorrecta, mientras imitaba una forma de hablar muy particular entre los mexicanos. El influencer aseguró: “Los libros de texto de la SEP traen un montonal de errores ortográficos: voy a subir para arriba, su comida de Pedro, su mochila de Ana”.

La primera respuesta de Adrián Chávez fue que los ejemplares mostrados por Chumel Torres ni siquiera correspondían a los libros dirigidos al alumnado:

“No dejan de decir tonterías al respecto. Primero, esos libros que muestran en ese video ni siquiera son los libros para los alumnos, son guías para los padres de familia. Eso no lo explican porque o no lo saben lo cual los vuelve incompetentes, o no quieren decirlo lo cual los vuelve tramposos”.

A partir de esa precisión, el profesor sostuvo que el problema no estaba en los materiales, sino en la forma en que estaban siendo juzgados.

El comediante también aseguró que los nuevos libros enseñaban que hablar mal estaba bien. Frente a ese señalamiento, Chávez respondió que los contenidos no promovían esa idea y que, en realidad, dejaban atrás una división entre hablar bien y hablar mal que la lingüística superó hace más de 100 años:

“Y no, los libros no dicen que lo que está mal está bien ni viceversa, lo que hace es abandonar esa dicotomía de hablar bien y hablar mal, que es algo que la lingüística hizo hace más de 100 años pero que el sistema educativo por alguna razón no se había enterado”.

Chávez aseguró que sí revisó los materiales para estudiantes y que encontró una explicación clara sobre la diferencia entre lenguaje formal e informal y los contextos en que se usa cada registro.

Añadió que los usos del lenguaje no se presentan como buenos o malos porque, desde su perspectiva, no existe una razón científica para calificarlos de esa manera:

“No juzga los usos como buenos o malos porque simplemente no hay una razón científica para juzgarlos como buenos o malos”.

El profesor también atribuyó las críticas a un sesgo social. Sostuvo que la forma en que se parodiaba el acento de quienes usan ciertas formas lingüísticas mostraba una asociación con estratos socioeconómicos que a los críticos les parecerían despreciables.

“La parodia que hacen del acento de los hablantes que utilizan estos usos lingüísticos denota muy bien por dónde va la cosa. Asocian esos usos lingüísticos con estratos socioeconómicos que les parecen despreciables”.

Una mujer rarámuri llegó embarazada al Hospital Rural No. 18 del IMSS en San Juanito, Chihuahua, a finales de junio de 2023. Los médicos sabían que el parto podía complicarse: la bebé pesaría más de cuatro kilogramos y existían antecedentes clínicos que aumentaban el riesgo para ambas.

Aun así, el nacimiento se realizó por vía vaginal y, según determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la madre nunca recibió información clara sobre las posibles consecuencias médicas de esa decisión.

Ese momento marcó el inicio de una cadena de traslados, hospitalizaciones y omisiones médicas que terminarían meses después con la muerte de la recién nacida, de acuerdo con la Recomendación 18/2026 emitida por la CNDH contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto Chihuahuense de Salud.

El organismo concluyó que tanto la madre como la menor fueron víctimas de mala atención médica y de un trato discriminatorio relacionado con su origen indígena.

Tras el parto, la recién nacida fue enviada al Hospital de Gineco Obstetricia de Ciudad Cuauhtémoc, dependiente del sistema estatal de salud de Chihuahua. Ahí permaneció internada durante semanas debido a los problemas derivados del nacimiento. Más adelante fue trasladada al Hospital Materno Infantil de Especialidades, donde continuó hospitalizada hasta finales de septiembre de 2023.

La investigación de la CNDH sostiene que durante esos 53 días la menor no recibió atención especializada suficiente pese a las alteraciones respiratorias que presentó prácticamente desde el inicio. El expediente también señala que no se realizaron valoraciones clínicas completas ni se estableció un diagnóstico preciso sobre las complicaciones que padecía.

A pesar de que la bebé seguía enferma, fue dada de alta

Menos de dos semanas después, el 9 de octubre de 2023, la recién nacida regresó al Hospital Rural No. 18 con tos y severas dificultades para respirar. Su estado era crítico. Fue trasladada nuevamente al Hospital Materno Infantil de Especialidades, donde murió ese mismo día.

Para la CNDH, las fallas no se limitaron únicamente a errores médicos. El organismo concluyó que existieron actos y omisiones relacionados con discriminación hacia la familia por su pertenencia al pueblo rarámuri, condición que, según la investigación, agravó la violencia obstétrica ejercida contra la madre y afectó la calidad de la atención recibida por ambas pacientes.

A partir de estas conclusiones, la Comisión emitió una recomendación dirigida al IMSS y al Instituto Chihuahuense de Salud, en la que atribuyó responsabilidad institucional por violaciones a derechos humanos y pidió medidas de reparación para la familia, incluyendo atención psicológica.

Además, solicitó capacitación para el personal médico involucrado y medidas para reforzar la atención a personas en situación de vulnerabilidad dentro de los servicios de salud públicos en Chihuahua.

La recomendación fue emitida este 27 de mayo y ya fue notificada a las instituciones señaladas, quienes, hasta el cierre de esta nota informativa, no se han pronunciado al respecto.

En la actualidad, se ha convertido en una exigencia para las empresas garantizar la inclusión de la comunidad LGBTQ+ en el entorno laboral. La creación de espacios laborales seguros para todas las personas es de vital importancia, pues según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), los espacios de trabajo representan el segundo ámbito con mayor índice de discriminación hacia la comunidad LGBTQ+, después del hogar.

La comunidad LGBTQ+ enfrenta diversos retos en el mundo laboral, que incluyen desde la falta de reconocimiento legal en algunos países, hasta la persistencia de estigmas y prejuicios en el lugar de trabajo, los cuales pueden tener un impacto negativo en el bienestar de los empleados LGBTQ+, afectando su productividad y oportunidades de desarrollo profesional.

Algunos de los problemas más frecuentes a los que se enfrentan los miembros de la comunidad LGBTQ+ en el mundo laboral son:

• Discriminación y falta de inclusión: La discriminación en el trabajo es quizá el problema más común, que puede manifestarse en chistes, comentarios o conductas inapropiadas de otros empleados o de sus superiores.
• Falta de políticas de protección: En algunos lugares de trabajo, no existen políticas específicas para proteger a los trabajadores LGBTQ+ de la discriminación o el acoso, lo que puede llevar a que no se sientan seguros ni respaldados por la organización.

• Diversidad en la contratación y promoción: La comunidad LGBTQ+ a menudo se enfrenta a barreras para la contratación y ascenso profesional debido a prejuicios inconscientes o deliberados que influyen en las decisiones de contratación y promoción. o bien debido a los estereotipos de género relacionados con determinados puestos o empleos.
• Visibilidad y representación: La falta de representación LGBTQ+ en puestos de liderazgo y la ausencia de modelos a seguir pueden hacer que los trabajadores LGBT no vean oportunidades de crecimiento dentro de su empresa o se sientan menos inclinados a expresar abiertamente su identidad.
• Beneficios y reconocimiento de parejas: La igualdad en los beneficios para parejas del mismo sexo y las familias LGBTQ+ es un desafío en varios lugares de trabajo. A menudo se enfrentan a la falta de reconocimiento de su estatus y a beneficios desiguales comparados con sus colegas heterosexuales.

El impulso para dar visibilidad a estos problemas y lograr cambios proviene en gran medida del esfuerzo de empleados pertenecientes a la comunidad LGBTQ+ que a través del colectivos, campañas en redes sociales y activismo desde sus propias empresas trabajan en sensibilizar y educar dentro y fuera de la organización, así como en la creación de estrategias inclusivas.

Ante ello numerosas empresas han comenzado por generar políticas que sigan criterios de evaluación establecidos por Human Rights Campaign (HRC), la mayor organización de derechos civiles para personas lesbianas, gays, transgénero y queer en Estados Unidos.

Estos criterios incluyen la adopción de políticas de no discriminación, la creación de grupos de soporte de empleados, respaldo a la inclusión LGBTQ+ mediante actividades públicas, programas internos de entrenamiento, y la implementación de mejores prácticas educativas para asegurar un espacio de trabajo igualitario.

La obtención de reconocimientos por parte de las empresas señala un avance en cuanto a derechos humanos y laborales, reflejando un compromiso hacia la equidad y la oportunidad de crecimiento sin distinción de orientación sexual o identidad de género.

En ese sentido, HRC otorga una distinción a las empresas que deciden implementar políticas que favorezcan la inclusión de la comunidad LGBTQ+, la cual no solamente reconoce el logro actual, sino también establece una responsabilidad continua para las empresas que la reciben. Es un llamado a mantener y expandir programas que fomenten un trato justo y equiparable en el ámbito laboral.

Los esfuerzos hacia la inclusión y diversidad en el mundo corporativo no solamente son un reflejo del compromiso social de las empresas en México, sino también una respuesta a la necesidad de ambientes de trabajo armónicos y respetuosos para todos los miembros de la sociedad, incluyendo a aquellos de la comunidad LGBTQ+. Este tipo de iniciativas y reconocimientos sirven de modelo y aliento para que más organizaciones se sumen a la práctica de políticas inclusivas.

La implementación de prácticas laborales justas e inclusivas en México es todavía un reto, por lo que vale la pena poner la mirada en aquellas que han mostrado un cambio positivo para la igualdad de derechos en la comunidad LGBTQ+.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) alertó que en Honduras se estarían registrando en promedio tres nuevas infecciones de VIH por día, lo que equivale a una cada ocho horas. Esta situación mantiene la preocupación de las autoridades sanitarias y de los organismos defensores de derechos humanos.

En el marco de la conmemoración del Día Nacional de Respuesta a la Epidemia del VIH, que se recuerda este próximo 18 de mayo, la institución hizo un llamado público a fortalecer las campañas de prevención, ampliar el acceso a servicios de salud y combatir el estigma y la discriminación que aún enfrentan miles de personas diagnosticadas con el virus.

La coordinadora de la Defensoría de Personas con VIH del CONADEH, Francia Maradiaga, recordó que el Estado hondureño tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de esta población en cumplimiento de tratados y compromisos internacionales suscritos por el país.

Explicó que las personas con VIH continúan enfrentando barreras para acceder a servicios de salud, empleo, educación y oportunidades laborales, debido a prácticas discriminatorias que persisten tanto en instituciones públicas como privadas.

“El VIH no debe ser la causa para que se niegue a las personas sus derechos a la salud, educación, trabajo u otros relacionados”, expresó la defensora.

VIH en cifras

Datos del Subsistema de Información de VIH de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud reflejan que entre 1985 y 2025 Honduras acumula 44.620 casos de VIH.

De ese total, 17.563 personas permanecen en condición asintomática, mientras que 27.057 presentan infección avanzada. Las estadísticas indican además que el 58 % de los casos corresponde a hombres y el 42 % a mujeres.

Las cifras oficiales muestran que los departamentos con mayor incidencia continúan siendo Cortés, con 15.881 casos registrados; Francisco Morazán, con 8.987; Atlántida, con 4.609; además de Yoro, Colón y Choluteca. En conjunto, estas regiones concentran el 82 % de los casos reportados a nivel nacional.

El informe también detalla que la epidemia afecta a personas de todas las edades, desde menores de cuatro años hasta adultos mayores de 60 años. No obstante, la población económicamente activa continúa siendo la más vulnerable.

En los casos de infección avanzada, el 74 % corresponde a personas entre 20 y 44 años, mientras que entre los pacientes asintomáticos el 78 % se ubica en ese mismo rango de edad.

Las autoridades sanitarias señalaron además que entre 2024 y 2025 se diagnosticaron 2.272 nuevos casos, lo que equivale a 95 contagios mensuales.

En cuanto a fallecimientos, durante 2025 se contabilizan 115 muertes relacionadas con VIH, con un promedio de 10 por mes o una cada tres días. El 70 % de las víctimas fueron hombres y el 30 % mujeres.

Las mayores cifras de mortalidad se registran en los departamentos de Cortés, Francisco Morazán y Atlántida, que concentran el 66 % de los decesos reportados.

Mortalidad en Honduras

Maradiaga explicó que la reducción de fallecimientos en comparación con años anteriores se relaciona con mejoras en el acceso a medicamentos antirretrovirales, diagnósticos más oportunos y una mayor cobertura de atención médica especializada.

No obstante, muchos pacientes continúan llegando tarde a los servicios de salud, lo que complica los tratamientos y eleva el riesgo de muerte.

La defensora también expresó preocupación por los casos de transmisión de madre a hijo que todavía se registran en el país, indicando que algunas mujeres embarazadas rechazan los tratamientos luego de recibir un diagnóstico positivo.

Advirtió que esta situación incrementa el riesgo de contagio neonatal, pese a que actualmente existen tratamientos efectivos para prevenir la transmisión vertical del virus.

Otro de los problemas señalados por el CONADEH es la persistencia de despidos laborales y actos discriminatorios contra personas diagnosticadas con VIH.

“Tenemos despidos tanto en el sector público como en el privado y las personas con VIH requieren de un trabajo para mantener un estándar de vida que les permita estar en condición de indetectable e intransmisible”, indicó Maradiaga.

Responsabilidad de prevenir

La especialista explicó que una persona que recibe adecuadamente su tratamiento y mantiene una carga viral indetectable no transmite el virus, por lo que insistió en la importancia de garantizar acceso continuo a medicamentos y estabilidad social para los pacientes.

También se hizo un llamado a la población a realizarse pruebas de detección y acudir a los servicios médicos de manera temprana. La prevención y la atención oportuna siguen siendo fundamentales para reducir nuevos contagios.

Bajo el lema “Prevenir el VIH es posible, eliminar el estigma es urgente”, el CONADEH, junto a organizaciones de sociedad civil y entidades gubernamentales, desarrollará actividades este lunes en el Parque Central de Tegucigalpa para promover la prevención, sensibilización y respeto hacia las personas que viven con VIH.

La institución reiteró que eliminar la discriminación y garantizar los derechos humanos de esta población continúa siendo uno de los principales desafíos para Honduras en la lucha contra la epidemia.

El conductor de televisión Pedro Sola enfrenta cuestionamientos tras emitir un comentario dirigido a su compañero Ricardo Manjarrez durante la transmisión de Ventaneando el pasado lunes 11 de mayo.

El episodio ocurre después de que Sola menciona la canción “La Negrita Cucurumbé” y asocia el color de los brazos de Manjarrez con el término “negro”, lo que genera una reacción inmediata en el foro y activa la posibilidad de intervención por parte del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).

Pati Chapoy defiende a Ricardo Manjarrez de comentarios racistas de Pedro Sola

En la emisión, Manjarrez comenta: “Vámonos a Miami. Ya estoy de regreso la semana pasada”. Sola responde: “Oye, fíjate, porque hay-- ahorita que te veo me acuerdo de la canción de La Negrita Cucurumbé. Pues tú traes los brazos negros”. La conductora Pati Chapoy interviene con: “Oye, bueno, pues estaba haciendo guata en la calle”. Sola insiste: “Que se ponga manga larga”. Chapoy ataja: “Ay, no, Pedro”. Manjarrez replica: “Es que estoy en Miami, no en Alaska. Ay, se me va a pegar eso”. Chapoy concluye: “No le hagas caso, tú preocúpate por el trabajo y ya”.

Las intervenciones de Pati Chapoy y Mónica Castañeda buscan desactivar la tensión, defendiendo a Manjarrez y desviando el énfasis del comentario de Sola. El momento, transmitido en vivo, circula en redes sociales, donde usuarios cuestionan el uso del término por parte del conductor.

¿Qué puede hacer CONAPRED ante expresiones discriminatorias?

El CONAPRED es el órgano federal encargado de recibir quejas por presuntos actos de discriminación en medios de comunicación, espacios laborales y otras áreas. Su función incluye investigar los hechos y, si se confirma el acto discriminatorio, emitir resoluciones vinculantes denominadas “resoluciones por disposición”.

En casos de expresiones en televisión, como las de Pedro Sola, el consejo puede iniciar una investigación a partir de una queja formal presentada por cualquier persona que se sienta afectada o por la sociedad civil. El trámite es gratuito y puede realizarse en línea o presencialmente.

Sanciones y medidas de reparación por lenguaje discriminatorio

Las resoluciones del CONAPRED no incluyen multas económicas directas, pero sí exigen medidas de reparación. Entre ellas se encuentran la obligación de ofrecer disculpas públicas, la realización de cartas compromiso y la asistencia a cursos de sensibilización para el conductor y, en ocasiones, para la empresa televisiva.

El alcance de la sanción depende de la gravedad y la reiteración del acto. Si la resolución no se cumple en los plazos establecidos, otras autoridades pueden imponer sanciones administrativas adicionales. El objetivo es eliminar prácticas discriminatorias en los medios y garantizar la reparación del daño a las personas o grupos afectados.

El lenguaje en medios bajo vigilancia

El uso de expresiones o epítetos para descalificar o aludir a características físicas de personas pertenecientes a grupos históricamente vulnerados es uno de los focos de actuación del CONAPRED. El organismo sostiene que el lenguaje en televisión debe evitar reproducir prejuicios, estigmas o estereotipos.

En el caso de Pedro Sola, la frase citada en la transmisión puede ser considerada por la autoridad como un acto de discriminación si se demuestra que implica un trato despectivo o incita a la exclusión por motivos de color de piel.

Cómo avanza un procedimiento ante CONAPRED

El procedimiento inicia con la recepción de la queja y la apertura de una investigación. Si la autoridad considera que existen elementos suficientes, formula una resolución que obliga al responsable a cumplir las medidas correctivas. El proceso incluye el derecho de audiencia para las partes y puede culminar en una disculpa pública transmitida en el mismo canal o espacio mediático donde ocurrió el hecho.

La intervención de CONAPRED responde a la demanda ciudadana de eliminar cualquier forma de discriminación en los medios de comunicación, atendiendo tanto a quienes presentan la queja como a la responsabilidad social de los comunicadores.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) alertó sobre la situación crítica que enfrentan las personas con discapacidad en el ámbito laboral por el aumento de despidos y el incumplimiento de las disposiciones legales destinadas a la inclusión en el mercado de trabajo.

Betina Hernández, coordinadora de la Defensoría de Personas con Discapacidad del Conadeh, advirtió que estas prácticas vulneran derechos fundamentales y evidencian una débil ejecución de la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad. Según Hernández, en lugar de avanzar en inclusión, se han registrado retrocesos importantes, sobre todo en instituciones públicas.

La funcionaria precisó que el artículo 35 de esta ley impone obligaciones para empleadores del sector público y privado: empresas e instituciones deben asegurar la incorporación de un número mínimo de personas con discapacidad en sus planillas, en proporción al tamaño de su personal. Este mecanismo busca promover la igualdad en el acceso al empleo y reducir las brechas históricas.

Desconocen la ley

Hernández lamentó que muchas entidades ignoran esta normativa y, en ocasiones, optan por despedir a personal con discapacidad que ya formaba parte de sus equipos. “No solo se trata de no contratar, sino de despedir a quienes ya habían logrado insertarse laboralmente, lo que agrava aún más la situación”, afirmó.

Entre los motivos de preocupación para el Conadeh destaca la recurrencia de estos despidos durante períodos de transición política. Cada cuatro años, con los cambios de administración, se repite un patrón que afecta directamente a quienes trabajan en el sector público. “Se tenía la esperanza de que esta práctica fuera superada, pero sigue ocurriendo”, sostuvo Hernández.

El organismo puntualizó que ha recibido más de una decena de quejas recientes relacionadas con despidos, un indicador de que el fenómeno es recurrente. En muchos casos, las personas afectadas enfrentan obstáculos mayores para reinsertarse en el mercado laboral: discriminación, falta de accesibilidad y escasas oportunidades de empleo adecuado.

La coordinadora resaltó que la pérdida de un empleo repercute con más gravedad en las personas con discapacidad, ya que en numerosos hogares estos ingresos constituyen el sustento principal, y las probabilidades de hallar un nuevo empleo son inferiores al promedio general. “Estamos hablando de situaciones humanas complejas, donde se pone en riesgo la estabilidad económica y emocional de las personas y sus familias”, señaló.

Restitución de derechos

Frente a este contexto, el Conadeh informó que reforzará su acompañamiento a los afectados, ofreciendo asesoría y seguimiento de los casos denunciados. Además, iniciará diálogos con las instituciones señaladas para revisar las decisiones adoptadas y buscar formas de restituir los derechos vulnerados.

El ente defensor reiteró la necesidad de que el sector privado asuma un papel activo, cumpliendo la cuota legal y promoviendo ambientes accesibles y sin discriminación. También hizo un llamado a las autoridades para fortalecer los mecanismos de supervisión y sanción, con el objetivo de garantizar la aplicación efectiva de la normativa.

El Conadeh exhortó a la sociedad a tomar conciencia acerca de la importancia de la inclusión y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad, subrayando que el acceso al trabajo digno constituye un pilar esencial para su desarrollo y participación plena en la vida social y económica del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que la discriminación que enfrentan muchos mexicanos en el exterior tiene raíces en una visión eurocentrista que minimizó históricamente a las civilizaciones originarias del país.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria remarcó que la imagen negativa de México en el extranjero se construyó desde la época de la Conquista y la Colonia, cuando se visualizó ante el mundo “desde la perspectiva eurocentrista”, que en aquel entonces las grandes civilizaciones mexicanas “eran atrasadas, salvajes, sacrificaban personas”.

Señaló que esto último lo comparaban con “las grandes civilizaciones que provenían de Europa”, con el objetivo de justificar el intervencionismo.

En este sentido, recalcó que la llamada Cuarta Transformación busca recuperar la dignidad del pueblo y posicionar a México como una potencia cultural y de valores, en condiciones de igualdad frente a cualquier nación.

Señaló que el objetivo de su gobierno es lograr el reconocimiento de la grandeza cultural de México y de sus pueblos originarios, y que la solicitud de perdón al gobierno español por los abusos cometidos durante la Conquista es parte de ese proceso de restitución histórica.

Sheinbaum recordó que, aunque las relaciones diplomáticas, culturales y comerciales con España nunca se interrumpieron, existió un periodo reciente de menor cercanía. Relató que la reacción de las autoridades españolas ante la solicitud de disculpa incluyó una campaña de rechazo y una sensación de agravio, lo que derivó en gestos como la decisión de no invitar al rey de España a su toma de posesión.

“México es grandioso y su pueblo es extraordinario. Y mucha de esa discriminación proviene de aquellas épocas y de haber visualizado ante el mundo... que las grandes civilizaciones mexicanas eran atrasadas”, afirmó.

La mandataria destacó el trabajo realizado para acercar a ambas naciones, como la organización de exposiciones en España con piezas del Museo de Antropología y sobre mujeres indígenas mexicanas, lo que propició declaraciones públicas de reconocimiento de abusos por parte de autoridades españolas y la entrega de un premio al Museo de Antropología.

Consideró que estas acciones representan señales de respeto hacia México y explicó que, tras recibir la invitación a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en noviembre en Madrid, aún evalúa su asistencia debido a la coincidencia de fechas con la Cumbre de la APEC en China, a la que también planea acudir.

La discriminación contra personas LGBTIQ+ en Perú sigue teniendo consecuencias profundas y medibles en la vida cotidiana, especialmente en el acceso a oportunidades laborales y educativas. Un reciente estudio académico advierte que revelar la orientación sexual o identidad de género puede incrementar hasta 15 veces el riesgo de perder oportunidades laborales, evidenciando que la exclusión no solo persiste, sino que adopta formas cada vez más sutiles dentro de espacios formales.

El informe, titulado “Los costos de la discriminación en el proyecto de vida de la población LGBTIQ+ en el Perú”, fue elaborado por investigadores de diversas instituciones, entre ellas la Universidad Científica del Sur. Sus hallazgos exponen una problemática estructural: el 83,3% de las personas encuestadas afirmó haber sufrido al menos un episodio de discriminación por su orientación sexual o identidad de género, una cifra que refleja el impacto sistemático de la violencia y exclusión en distintos ámbitos de la vida.

Discriminación laboral y educativa: barreras invisibles que limitan el desarrollo

Uno de los datos más contundentes del estudio revela que el 46,8% de las personas LGBTIQ+ reportó haber perdido oportunidades laborales o educativas clave debido a situaciones de discriminación. Este escenario se agrava con otro indicador crítico: el 24.4% tuvo que suspender, abandonar o postergar sus estudios, afectando directamente sus posibilidades de desarrollo profesional y económico a largo plazo.

De acuerdo con la investigación, estas barreras no siempre se presentan de forma explícita. En muchos casos, la discriminación laboral en Perú se manifiesta de manera encubierta: ascensos que nunca llegan, aumentos salariales negados, exclusión de puestos de liderazgo o decisiones arbitrarias sobre responsabilidades. Incluso, estas prácticas pueden derivar en la no renovación de contratos o la imposibilidad de alcanzar estabilidad laboral.

Además, el estudio advierte que esta exclusión empuja a muchas personas a aceptar empleos precarios o de menor remuneración. En el caso de las mujeres transgénero, esta situación puede derivar en la inserción en el trabajo sexual como una alternativa forzada ante la falta de opciones laborales dignas, incrementando su vulnerabilidad social y económica.

Otro hallazgo relevante indica que “salir del clóset” incrementa en 3,8 veces el riesgo de frustrar proyectos de vida, en comparación con quienes optan por ocultar su identidad. Esta presión constante genera un entorno de autocensura: el 30,5% de los participantes admitió ocultar su identidad en espacios laborales o educativos de manera frecuente.

Impacto económico y exclusión interseccional: el costo de ser visible

El estudio también dimensiona el impacto económico de la discriminación, señalando que las personas LGBTIQ+ que enfrentan estas situaciones pueden ver incrementados sus gastos hasta en 8,9 veces. Entre las principales causas se encuentran la pérdida de apoyo familiar y, en casos más graves, la expulsión del hogar, una realidad que obliga a muchos jóvenes a asumir una independencia económica prematura.

A estos factores se suman los gastos en salud mental y bienestar. Las personas afectadas destinan, en promedio, S/ 450 mensuales en terapias psicológicas y tratamientos especializados. En el caso de personas transgénero, los costos se elevan considerablemente debido a intervenciones no cubiertas por el sistema de salud, como terapias hormonales o cirugías de afirmación de género, que pueden oscilar entre S/ 20.000 y S/ 25.000.

La inestabilidad también se traduce en gastos adicionales como mudanzas forzadas para escapar de entornos hostiles o el uso de transporte privado para evitar situaciones de riesgo. Estas condiciones dificultan la planificación financiera a largo plazo, afectando metas como el ahorro o la jubilación.

El psicólogo Arístides Vara-Horna, otro de los autores del estudio, sostiene que estas experiencias generan un impacto acumulativo. “Hemos encontrado en el estudio que estas experiencias de discriminación y violencia son efectivas, porque logran que la gente se auto restrinja, es decir, disminuya sus propias ambiciones”, explica.

La investigación también incorpora un enfoque de interseccionalidad, evidenciando que no todas las personas LGBTIQ+ enfrentan los mismos niveles de riesgo. Las personas transgénero, intersexuales y no binarias reportaron los niveles más altos de afectación: el 96% indicó haber sufrido una afectación severa o haber renunciado a su proyecto de vida.

Factores como la ubicación geográfica, la clase social o la discapacidad agravan estas condiciones. En zonas rurales de la Amazonía y la sierra peruana, por ejemplo, se registran mayores niveles de violencia y menor acceso a redes de apoyo o servicios especializados. Asimismo, las personas con discapacidad enfrentan una doble exclusión, acumulando barreras que limitan aún más sus oportunidades.

El estudio subraya que estas desigualdades no son aisladas, sino que responden a un sistema que continúa penalizando la diversidad. En ese contexto, la visibilidad —que debería ser un derecho— se convierte en un factor de riesgo que impacta directamente en el acceso a derechos fundamentales como el trabajo, la educación y una vida digna.

El debate en el estudio comenzó con la visita de Martín, uno de los últimos eliminados del reality, quien planteó en voz alta la pregunta sobre el posible regreso de Carmiña en el repechaje de mayo: “La echaron por discriminación. ¿Ustedes creen que la gente quiere ver una discriminadora dentro de la casa?”. La mesa se encendió y, sin vueltas, Eliana lanzó: “Sí, mirá lo que hace Yipio, que es una insultadora serial”, apuntando directamente contra la uruguaya, que logró salvarse de la eliminación y continuar una semana más en el programa tras vencer a Brian Sarmiento en la gala del lunes.

Las palabras de Guercio no pasaron inadvertidas. Mariana Brey intervino y acotó: “Yipio estaría re cancelada y tal vez podría estar afuera por cosas que dijo”. Sin embargo, Eliana fue más allá: “Si Carmiña pesara lo que pesa Yipio no pasaba nada. Es la verdad. El insulto, la ironía…”.

El primero en reaccionar fue Diego Brancatelli, quien no dudó en señalar la gravedad de la frase: “Es un montón”. Minutos después, volvió sobre el tema: “Me parece un espanto el comentario de Eliana, de que Yipio está ahí por gorda”. Lejos de reconocer la acusación, la panelista se defendió: “Brancatelli lo único que puede hacer es tergiversar”, intentando minimizar el alcance de sus palabras.

Mientras la discusión escalaba, Analía Franchín intervino para pedir que cada panelista exprese su postura con claridad, en un intento de ordenar el debate. Fue entonces cuando Guercio terminó por profundizar su postura: “Se le permiten más cosas, estos tipos de comentarios, a una persona gordita que a una flaquita. Eso es así. Te lo estoy exacerbando para mal. ¿Vamos a decir que no sucede, que a las gorditas... No estoy hablando del cuerpo”.

El intercambio no tardó en superar el límite de lo tolerable para Georgina, quien, visiblemente molesta, interrumpió a Guercio: “No te lo voy a permitir. No se dice eso. Se cancela”. La reacción de la conductora fue inmediata y contundente, marcando el rechazo al comentario y dejando en claro la posición del ciclo frente a cualquier tipo de discriminación.

El segmento se viralizó en las redes sociales y llegó a ser tendencia en X. El fragmento del programa fue compartido por varios usuarios que manifestaron su repudio a las declaraciones de la panelista. “Es una banda lo que dice Guercio”; “Labura de fan de Gran Hermano, no da para más”; “Me da un asco total su forma de pensar”; “La verdad que no puedo creer, entender ni escuchar lo que está diciendo”, fueron solo algunos de los comentarios que se multiplicaron durante la tarde.

A pesar de la defensa que intentó esgrimir, el comentario de Eliana fue ampliamente cuestionado tanto por sus compañeros en el piso como por el público. Mientras tanto, el futuro de Yipio en el reality sigue en juego, pero el debate instalado por Guercio dejó en claro que la televisión y las redes no toleran los comentarios que perpetúan prejuicios y estereotipos. La jornada dejó una lección sobre la importancia de cuidar el discurso y de repudiar toda forma de discriminación, venga de donde venga.

“En el último año fui a todos los castings que pude y no quedé en ninguno. No me eligen”. La frase de Manuela Lori, dicha casi en voz baja pero con una crudeza imposible de disimular, resume el presente de una vida que cambió de forma abrupta. A los 34 años, después de haber vivido quince dedicándose al modelaje, ese mundo de flashes, campañas gráficas y avisos publicitarios se convirtió en un terreno hostil. No por falta de talento ni de experiencia, sino por las secuelas físicas que le dejó un ACV. Hoy, cada rechazo duele distinto: no es solo laboral, es también una forma de sentirse “afuera” de un lugar al que perteneció durante mucho tiempo.

Manuela había arrancado como modelo apenas terminó la secundaria, en una época donde las redes sociales todavía no eran el epicentro del negocio. Su camino se construyó a base de insistencia: primero fotos caseras, después un book profesional que su padre la ayudó a pagar, y finalmente castings constantes. No era una modelo de pasarela tradicional. “Para hacer alta moda tenías que medir 1,75 metros y yo mido 1,70”, explicó en diálogo con Infobae.

Pero tenía algo que las agencias comerciales valoraban: una cara expresiva y capacidad de actuación. “Empecé a hacer publicidades para gráfica de vía pública y televisión y me fue súper bien”, contó Manuela, en alusión a que protagonizó varios comerciales de una reconocida gaseosa cola.

“No estaba representada por las agencias más famosas, pero sí por aquellas que manejaban el circuito comercial, donde cada oportunidad dependía de ser elegida entre decenas”, aclaró. Ese ritmo, incierto pero sostenido, era su normalidad. Vivía de eso, de su profesión como modelo.

Con el tiempo, empezó a pensar en el futuro. Sabía que el modelaje no es una carrera eterna y decidió anticiparse. “Me anoté en la carrera de Psicología en la UBA mientras seguía trabajando. Durante años combiné los castings con los apuntes. Era una forma de construir un plan B, aunque en ese momento no imaginaba cuán necesario sería”, admitió.

Manuela se recibió en agosto de 2023. Cuatro meses después, el 3 de diciembre, su vida cambió para siempre. El ACV llegó sin aviso, cuando había iniciado una etapa importante en su vida: convivía con su novio en Nordelta. No hubo síntomas previos, ni señales de alerta.

Estaba en su casa, acostada, cuando de repente sintió un mareo fuerte, visión borrosa y un dolor de cabeza insoportable, como un golpe seco. En cuestión de segundos, dejó de sentir el brazo izquierdo y perdió parte de la visión. No era solo confusión: era la sensación de que algo dentro de su cuerpo había dejado de responder.

Su pareja, que estaba con ella, entendió que algo grave pasaba. “Me empezó a preguntar cosas para ver si yo estaba orientada en tiempo y espacio”, recordó. Pero la asistencia médica no fue inmediata. “La ambulancia tardó como dos horas”, contó. Y después hubo más demoras. “Nos dijeron que teníamos que llamar a la ambulancia de la prepaga y tuvimos que esperar una hora más”, detalló.

Ese tiempo, en un cuadro así, puede ser determinante. “Me decían que había gente que directamente moría en la ambulancia”, relató. Finalmente, fue trasladada al Sanatorio Otamendi, del centro porteño, donde lograron diagnosticarla.

La causa fue inesperada: “Me dijeron que tenía una malformación congénita en el cerebro. Imaginate un ovillo de lana de venas y arterias enredadas. Eso estuvo ahí desde siempre, sin manifestarse. Hasta que un día explotó y causó una hemorragia”.

A partir de ese momento, comenzó un proceso médico complejo. “Estuve dos semanas en terapia intensiva y después en total fueron cuatro meses internada”, contó. Manuela pasó por cuatro cirugías porque la malformación estaba en una zona profunda del cerebro.

“La primera operación tuvo un objetivo urgente: intervenir sobre la zona que había sangrado para evitar que volviera a hacerlo. La idea era tapar el lugar por donde empezó a salir la sangre”, precisó. “Como el lugar en el que estaba alojada la malformación era muy peligroso, no se lo podía tocar de forma directa ya que cualquier intervención brusca podía generar daños neurológicos irreversibles”, explicó.

Por eso, el equipo médico decidió avanzar en etapas: “La segunda operación formó parte de ese abordaje progresivo. En lugar de intentar resolver todo de una vez, los cirujanos trabajaron sobre sectores específicos de la malformación, reduciendo gradualmente el riesgo”.

La tercera operación continuó en esa misma línea. Para entonces, el objetivo ya no era solo evitar nuevas hemorragias, sino también estabilizar definitivamente la estructura vascular anómala. Cada paso implicaba evaluar cómo respondía el cerebro, cuánto se desinflamaba la zona afectada y qué margen había para seguir avanzando.

La cuarta operación fue, en cierto modo, el cierre del proceso quirúrgico. Terminó de consolidar el trabajo previo, asegurando que la malformación ya no representara un riesgo inmediato de nueva hemorragia. “Para ese momento, el objetivo principal de salvarme la vida ya se había cumplido, pero quedaba el desafío de minimizar las secuelas”, contó.

Pero lo más impactante no fue solo la gravedad médica, sino el contraste entre lo que ella creía que le pasaba y la realidad. Mientras estaba internada, pensaba que pronto volvería a su vida normal. No dimensionaba la magnitud de lo ocurrido. “Quería irme a, pasar las fiestas en mi casa y retomar mi rutina. No entendía, todavía, que nada sería igual”, admitió.

Las secuelas aparecieron con fuerza cuando empezó la rehabilitación en el Instituto FLENI de Escobar. “La mitad izquierda de mi cuerpo estaba paralizado. No podía mover el brazo ni la pierna. No tenía estabilidad. No podía caminar sola. Durante semanas dependí completamente de otros para hacer tareas básicas como pararme para ir al baño, ducharme o comer”, remarcó.

La recuperación fue lenta, exigente y profundamente emocional. El primer logro fue ponerse de pie. Después, dar pasos. Siempre con ayuda, apoyándose de los muebles o agarrándose de las paredes. Siempre con riesgo de caerse.

El bastón, que le indicaron usar, se convirtió en un símbolo que rechazaba. Tenía 30 años y no quería verse así. Lo dejó de lado rápidamente, incluso antes de estar preparada. “Me avergonzaba que me vieran caminar con un bastón siendo tan joven, no quería que me tuvieran lástima”, contó.

El proceso de recuperación fue exigente. “El primer año fui de lunes a viernes a rehabilitación, dos horas por día”, recordó. Y aunque los avances llegaron, fueron lentos. “Empezar a caminar bien me llevó un año. Y aunque hoy puedo caminar sola todavía necesito usar un dispositivo para evitar que se me tuerza el tobillo y quede bien firme”, dijo.

Si bien Manuela ya camina con cierta estabilidad, aun hay algo que no se fue: la mirada de los otros. “Me siento todo el tiempo observada. Mi andar no pasa desapercibido”, se lamentó.

El brazo izquierdo, en cambio, sigue siendo una deuda. No puede usarlo con normalidad. “No puedo escribir, ni agarrar objetos pequeños. La motricidad fina es lo más difícil de recuperar, y los médicos no pueden asegurarme si volverá completamente. Para alguien como yo, que era zurda, esto implicó reaprender todo con la mano derecha”, señaló sobre su constante y, muchas veces, frustrante adaptación.

A eso se suma otra secuela invisible pero determinante: la pérdida del 50% del campo visual. “Me quedó ciega la mitad izquierda de cada ojo”, detalló. Es decir, no ve hacia el lado izquierdo en ninguno de los dos ojos, lo que afecta directamente su campo visual. Esta condición se llama hemianopsia homónima y, en términos prácticos, significa que perdió la visión periférica de un lado.

Las consecuencias de esta secuela impactan en su vida cotidiana más de lo que parece a simple vista. Por ejemplo, explicó que esto es uno de los motivos por los que no puede manejar: “Aunque físicamente podría adaptarme a un auto automático, la falta de campo visual me limita”.

Lo más difícil, sin embargo, es que no hay margen para la recuperación. A diferencia del brazo o la pierna, donde todavía mantiene expectativas, en este caso el diagnóstico es definitivo: “Eso no se puede recuperar, porque es el nervio óptico que se murió”.

A pesar de todo, hubo algo que nunca dejó de empujarla: la decisión de volver a ser modelo.

Una vuelta al modelaje que no resultó como esperaba

Después de un año de recuperación intensa, sintió que estaba lista para volver al modelaje. No porque estuviera completamente recuperada, sino porque lo necesitaba. Era una forma de reconectar con quien había sido. De probarse a sí misma que todavía podía.

Pero el regreso no fue como lo imaginaba. Los castings, que antes eran parte de su rutina, se transformaron en escenarios de incomodidad. “En este mundo, el cuerpo es observado en detalle. Las manos, la postura, la forma de caminar. Todo cuenta. Y en mi caso quedo muy expuesta”, admitió. De hecho, su forma de caminar, aunque mejorada, no es idéntica a la de antes.

Aunque nadie se lo dice explícitamente, ella sabe que no resulta elegida por las secuelas que dejó el ACV en su cuerpo. “En más de una ocasión, incluso, me sugirieron ocultar lo que me había pasado. Decir que fue una caída, un accidente menor. Y yo, con tal de trabajar, llegué a aceptar esa idea. Pero ni siquiera así conseguí el trabajo”, recordó.

A pesar de eso, no se rinde. Sigue yendo a castings. Sigue intentando. Pero también entendió que necesita construir otros caminos. Hoy trabaja como psicóloga, atiende pacientes y continúa formándose con un posgrado. Es su nueva base, su nueva identidad en construcción. Aunque incluso ahí aparecen inseguridades: teme que sus pacientes la vean diferente, que su historia le quite autoridad.

En lo personal, también hubo cambios profundos. Se separó de su pareja poco después del alta. “No quería ser una carga para él. Sentía que él me había elegido en una situación distinta, antes del ACV, y que ahora la relación podía transformarse en algo sostenido por obligación o por lástima”, contó. Y esa sensación se vuelve todavía más explícita cuando se nombra a sí misma desde un lugar muy duro: “Yo pasé a ser discapacitada”.

Desde ahí, Manuela decidió tomar una decisión que mezcla amor, miedo y una fuerte necesidad de no depender: “No quería que estuviera conmigo por obligación. Tampoco quería ser una carga para mi familia así que me mudé sola a San Fernando, donde viven mi papá y mis hermanos”.

Esa autonomía, en su caso, no es un dato menor. Es una conquista diaria. El ACV no solo afectó su cuerpo: alteró la forma en que se ve a sí misma y cómo cree que los demás la ven. La inseguridad, la vergüenza, el miedo a no ser elegida —en el trabajo, en el amor, en la vida— son parte de ese proceso.

Y sin embargo, hay algo en lo que se mantiene firme. “Quiero terminar de rehabilitarme para volver a modelar como antes”. Y en esa frase, más allá de las dificultades, aparece el motor que la sostiene. “Estoy convencida que si uno se lo propone lo puede lograr”, concluyó.

La actriz y creadora de contenido Adriana Lumina generó polémica en redes sociales tras relatar una experiencia que calificó como discriminatoria durante su visita a Cozumel, en el Caribe mexicano.

A través de un video difundido en TikTok, la influencer narró que fue ignorada por el personal de un restaurante mientras intentaba ser atendida. Según su testimonio, permaneció varios minutos sin recibir servicio, pese a que otros clientes sí eran atendidos con normalidad.

“Me discriminaron, pero terrible. Estando en mi país, en el Caribe que saben que amo y adoro. O sea, y no solo lo vi yo, porque además me escribieron unas seguidoras para decirme que vieron la discriminación que estaba sufriendo”, expresó.

La creadora explicó que inicialmente pensó que se trataba de una demora por la carga de trabajo del lugar, pero con el paso del tiempo notó que la situación persistía únicamente con ella.

Señala trato diferenciado

En su narración, Adriana Lumina detalló que incluso al intentar llamar a los meseros no obtuvo respuesta, lo que incrementó su frustración. Finalmente, decidió encarar al encargado del establecimiento.

“Oiga, no me están atendiendo. Llevo media hora y no me han traído mis bebidas. Quiero entender por qué no me están atendiendo, ¿porque soy mujer, porque soy mexicana, porque hablo español, porque no tomo alcohol o todas estas razones? O sea, de verdad, dígamelo”.

La influencer también mencionó que suele pedir agua en lugar de bebidas alcohólicas, lo que, según le han explicado personas del sector, podría influir en la percepción del servicio.

Tras recibir atención tardía y que no correspondía a lo solicitado, la creadora optó por retirarse del establecimiento sin consumir.

“Lo único que hice por dignidad fue levantarme y decirle a Lorenzo: ‘Vámonos’. No se molestaron ni siquiera en cobrarme, en disculparse, en algo. No sé, de verdad no entendí”.

El testimonio generó una amplia conversación sobre el trato hacia turistas nacionales en destinos turísticos.

El caso provocó múltiples comentarios por parte de usuarios, quienes expresaron tanto apoyo como reflexión sobre el servicio en zonas turísticas.

“Hay que darle amor al restaurante Zacil, nadie debería de ser discriminado, en insta @zacildelacocay”; “Tranquila reina, sabemos que eres un amor y mereces amor”; “Qué horrible, de verdad que da impotencia que esto siga pasando, lo siento mucho”; “Deja reseñas en Google, eso afecta bastante a los negocios”; “Qué triste que te haya pasado, no todos los lugares o prestadores de servicios somos así en Cozumel, ojalá puedas regresar y quitarte ese mal sabor de boca”.

El caso reavivó el debate sobre prácticas de atención en destinos turísticos y la percepción hacia los clientes dependiendo de su consumo.

Una posible pena efectiva por expresiones racistas y discriminatoriaspodría recaer sobre el streamer conocido como Cristorata, tras una investigación penal iniciada en Perú. El caso surge a raíz de declaraciones ofensivas contra votantes y pueblos originarios del sur del país, emitidas por el creador de contenido durante una transmisión en la plataforma digital Kick.

La denuncia, presentada por el abogado cusqueño Dennis Llamoca, avanza en el Ministerio Público, mientras entidades como el Ministerio de Cultura y la Municipalidad de Cusco ya manifestaron su rechazo público a los hechos.

El abogado Llamoca, quien interpuso la denuncia, precisó en entrevista con Exitosa que la causa progresa en la fiscalía, con diligencias en curso y el objetivo de formalizar. “Que se formalice la acusación, que formalice la etapa de investigación preparatoria y posterior a ello que se vaya a juicio y que sea bien sentenciado este señor”, expresó.

El letrado subrayó que la denuncia responde a actos discriminatorios dirigidos a la zona sur, a los pueblos originarios y a la colectividad.

Las diligencias incluyen la declaración de Cristopher Puente Viena, nombre real del streamer peruano, así como la realización de exámenes psicológicos. Trascendió que la fiscalía también revisará los videos en los que se emitieron las frases, consideradas por el abogado como “expresiones racistas”.

Según Llamoca, el artículo 323 del Código Penal peruano establece una sanción de dos a tres años de prisión para quienes incurran en actos de discriminación, y en situaciones agravadas, el fiscal puede solicitar una “pena efectiva”, es decir, cárcel.

Reacción social

Mientras revisaba el conteo por las Elecciones 206 en la web de la ONPE, Cristorata lanzó una serie de insultos contra la población andina durante una transmisión en vivo. “Que rabia estos hue** son andinos, burros oe. Si no fuera por Machu Picchu, hablo con el presidente de China para que le envíen una bomba”. Añadió frases como “No comprendo qué les pasa a estos serranos. Serranos de mie, come mote de mie**”, y otras expresiones dirigidas a la población del sur.

Las palabras de Cristorata provocaron un rechazo inmediato en redes sociales y entre líderes de opinión. Ante la presión, el creador de contenido publicó mensajes de disculpa en su cuenta de X (antes Twitter) y luego reiteró su arrepentimiento en un nuevo video, reconociendo el impacto negativo de sus comentarios en la audiencia. “A quienes se sintieron afectados, les pido disculpas de verdad”, declaró.

Medidas legales

El Ministerio de Cultura condenó públicamente las expresiones a través de un comunicado, reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos humanos y el respeto a la diversidad cultural. La Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura trasladó el caso a la Fiscalía Penal Especializada en Derechos Humanos para que se iniciaran las investigaciones preliminares, conforme al artículo 323.

Por su parte, la Municipalidad de Cusco declaró persona non grata a Cristorata. El abogado Dennis Llamoca celebró la decisión y afirmó que la ciudad no permitirá actos de racismo ni discriminación, especialmente hacia la zona de Cusco, Puno y Juliaca.

“Yo voy a ser uno de los primeros cuando aterrice aquí en el aeropuerto, ir con mi cartelón y poner un cartelón grande ahí, racista y discriminador a este sujeto cuando venga o quiera conocer Machu Picchu”, sostuvo Llamoca en declaraciones recogidas por Exitosa.

Delitos y sanciones

Durante la entrevista, Llamoca precisó que la acusación se fundamenta en el artículo 323 del Código Penal, que penaliza la exclusión, limitación o negación de derechos por motivos discriminatorios. El abogado remarcó que la conducta atribuida a Cristorata se considera agravada por haberse realizado ante millones de seguidores y por incidir en derechos de pueblos originarios y comunidades campesinas.

Consultado sobre la posibilidad de que las disculpas públicas influyan en la decisión judicial, Llamoca aclaró que en delitos de discriminación la retractación no exime de responsabilidad, a diferencia de los procesos por difamación.

“El delito ya se ha consumado y lo que se ha establecido en el artículo trescientos veintitrés con esas palabras racistas y discriminatorias por parte de este Cristorata”, enfatizó el denunciante.

Plazos del proceso

Sobre los tiempos previstos para el desarrollo judicial, Llamoca estimó que el proceso podría resolverse en un lapso de dos a cuatro meses, dado que las pruebas resultan evidentes y se plantea una acusación directa ante el juzgado de flagrancia. En este tipo de procedimientos, las audiencias suelen realizarse en cuestión de semanas, explicó el letrado.

La situación de Cristorata permanece bajo observación pública y legal a la espera de los siguientes pasos en la investigación fiscal. Tanto la reacción institucional como el avance del proceso penal mantienen el foco en las consecuencias sociales y jurídicas de actos discriminatorios durante procesos electorales y transmisiones en plataformas digitales.

El Ministerio de Salud de Panamá activó la aplicación de la Ley 364 de salud mental, marcando un cambio en cómo las instituciones públicas y privadas deben tratar este tema, especialmente en el acceso al empleo y la educación.

La medida más visible es la prohibición de exigir certificados de salud mental como requisito general, una práctica que durante años se utilizó en distintos procesos administrativos.

La disposición, de obligatorio cumplimiento, establece que ninguna institución podrá solicitar estos certificados para contrataciones, matrículas, ascensos o trámites generales, salvo en casos excepcionales debidamente justificados.

La instrucción fue formalizada mediante una circular dirigida a todo el sector público, privado y educativo, lo que implica un alcance nacional inmediato.

El cambio no surge de una decisión aislada, sino de la implementación de la Ley 364 de 6 de febrero de 2023, que reconoce la salud mental como un derecho humano fundamental y obliga al Estado a garantizar su cobertura en todo el territorio nacional.

La normativa también establece principios como la no discriminación, la dignidad y la confidencialidad de las personas con condiciones o antecedentes de salud mental.

Uno de los puntos centrales de la ley es que busca romper con la estigmatización que históricamente ha rodeado a los trastornos mentales.

En ese sentido, el Artículo 5 reconoce el derecho de toda persona a no ser identificada ni discriminada por su condición, mientras que el Estado debe asegurar el acceso a servicios de salud mental integrales, incluyendo promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación.

Desde el punto de vista técnico, el Ministerio de Salud sostiene que los certificados de salud mental no tienen valor predictivo para determinar el desempeño laboral o académico.

Se trata de evaluaciones que describen el estado de una persona en un momento específico, pero que no permiten anticipar conductas futuras ni medir capacidades profesionales o personales.

Además, el uso masivo de estos certificados generaba un problema adicional: sobrecargaba los servicios especializados de salud mental, desviando recursos que deberían destinarse a la atención clínica de pacientes.

Según las autoridades, esta práctica contradecía el enfoque de la política pública, que busca priorizar la atención integral y oportuna de quienes realmente requieren tratamiento.

La nueva disposición obliga a las instituciones a eliminar este requisito de sus reglamentos, formularios y procesos internos, así como a capacitar a su personal para evitar su uso en cualquier nivel.

También establece que solo en situaciones muy específicas, vinculadas a tareas de alto riesgo, podría justificarse una evaluación de salud mental, siempre de manera individual y nunca como requisito general.

Más allá de la prohibición, la Ley 364 plantea un modelo más amplio. El Estado debe garantizar el acceso a servicios públicos y gratuitos de salud mental, desarrollar programas de prevención, fortalecer la atención comunitaria y promover la reintegración social de las personas con trastornos mentales.

Esto incluye desde atención médica hasta programas de rehabilitación psicosocial y apoyo en entornos laborales y familiares.

La normativa también introduce obligaciones para el sistema de salud y otras instituciones, como la creación de servicios adecuados, personal capacitado y entornos seguros para la atención de pacientes. Incluso prohíbe prácticas como la apertura de centros que vulneren la dignidad de las personas o el uso de tratamientos que impliquen maltrato o degradación.

Con esta implementación, Panamá busca alinearse con estándares internacionales en materia de derechos humanos y salud pública. La medida no solo redefine un requisito administrativo, sino que cambia el enfoque hacia uno centrado en la protección de derechos, la inclusión y el acceso equitativo a servicios de salud mental.

El reto ahora estará en su cumplimiento. La circular advierte que las instituciones que continúen exigiendo certificados de salud mental podrían enfrentar responsabilidades administrativas y legales, lo que convierte esta disposición en un punto de inflexión para la relación entre salud mental, empleo y educación en el país.

Las declaraciones de Cristorata se produjeron en una transmisión en vivo, tras revisar los resultados por ciudad. El streamer expresó: “Que rabia estos hue*** son andinos, burros oe. Si no fuera por Machu Picchu, hablo con el presidente de China para que le envíen una bomba”.

Además, agregó: “Desde ahora ya no voy a consumir mote, ni cuy. Que chu* no hay televisión, no hay celular, qué pasa puneños. No le llega el oxígeno al puto cerebro”.

En otro momento, insistió: “No comprendo qué les pasa a estos serranos. Serranos de mie*, come mote de mierda. Tú piensa que cuando JP gane, ¿te va a cambiar tu casa, te va a encementar, le va a poner ladrillo? No le va a poner ni pin*** oe, burros de mie***, rojos de mie***”.

Las disculpas tras el error

Las palabras de Cristorata generaron un fuerte rechazo en redes sociales, donde usuarios y líderes de opinión criticaron la carga discriminatoria de sus comentarios.

Ante la presión, el streamer publicó un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter): “Ayer dije cosas ofensivas sobre la gente de la sierra peruana. Estuvo mal y no tiene justificación. Hablé desde la molestia y terminé faltando el respeto y generalizando, y eso no corresponde. Me hago responsable por lo que dije. A quienes se sintieron afectados, les pido disculpas de verdad”. A pesar de este pronunciamiento, la polémica continuó escalando.

En la noche, Cristorata volvió a dirigirse a su audiencia, esta vez a través de su canal de Kick, para reiterar su arrepentimiento. En sus palabras: “Pedirle disculpas a las personas que se han sentido ofendidas por mi comentario racista, la cagué no me voy a excusar”.

Siguió: “Es un comentario que hizo que muchas personas se sintieran mal. Si yo la cago voy a tener que pedir disculpas, asumir es de hombres y yo soy un hombre hecho y derecho, me consumió el show. Lancé un comentario nefasto, hice sentir mal a muchas personas y es eso”.

Mincul pidió proceso legal

El Ministerio de Cultura emitió un comunicado expresando su rechazo a las frases de Cristopher Puente Viena, nombre real de Cristorata, formuladas en su canal de Kick.

El documento señala: “Rechazamos las expresiones racistas emitidas por el ciudadano Cristopher Puente Viena durante una transmisión en su canal de Kick, ‘Cristorata7’, y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos y el respeto a la diversidad cultural de nuestro país”.

El comunicado también informó que la Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura trasladará el caso a la Fiscalía Penal Especializada en Derechos Humanos para que se inicien las investigaciones preliminares, conforme al artículo 323 del Código Penal peruano, que sanciona los actos de discriminación.

La intervención del Ministerio de Cultura se fundamenta en sus atribuciones para promover el respeto a la diversidad cultural y prevenir prácticas discriminatorias, activando los protocolos legales previstos por la normativa vigente.

La situación de Cristorata permanece bajo observación, con la expectativa puesta en la evolución de las investigaciones y en las eventuales consecuencias legales y sociales que puedan derivarse de este caso.

La Corte Suprema de Justicia rechazó este jueves el recurso de queja presentado por la defensa de Vanina Biasi, ex diputada nacional y actual legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, en la causa en la que resultó procesada por supuesta instigación a la violencia y actos discriminatorios, tras haber publicado en la red social X -ex Twitter- una batería de mensajes denunciados por su contenido antisemita.

El motivo del Máximo Tribunal fue formal: “El recurso de queja ha sido interpuesto extemporáneamente”, dijo, y desestimó la presentación directa en una decisión que llevó la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

La causa se originó en una denuncia por ocho publicaciones realizadas desde la cuenta @vaninabiasi entre el 27 de noviembre de 2023 y el 29 de enero de 2024, consideradas constitutivas del delito previsto en el artículo 3°, segundo párrafo, de la ley 23.592. Esa norma reprime con prisión de un mes a tres años a quienes “por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”. La imputación a Biasi se fundó en esa modalidad de incitación directa a través de expresiones públicas.

Entre los mensajes relevados por la justicia figuran los siguientes: “El estado sionista es nazi por sus prácticas y su ideología y entiendo que a un propagandista de un Estado terrorista, genocida y asesino de niños le moleste leerlo, pero sus patoteadas no me van a silenciar”; “Sionismo es genocidio, sionismo es apartheid, sionismo es la construcción de una narrativa mentirosa en la que el ocupante es víctima y el ocupado victimario”; “La memoria del Holocausto es manipulada por los defensores de los crímenes del sionista Netanyahu que emulan a los que sufrieran millones de judíos, a los que el sionismo no representa ni mucho menos honra”; y “Los nazis sionistas necesitan destruir la ayuda humanitaria de la UNRWA -Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo- para que el exterminio se acelere. Usan la hambruna, como ocurría en los campos de concentración nazis, como mecanismo de exterminio”.

La investigación estuvo a cargo del juez federal Daniel Rafecas, quien instruyó la causa a partir de una denuncia del fiscal Carlos Stornelli y con querella de la DAIA. El magistrado procesó a Biasi por “alentar o incitar al odio contra un grupo de personas -la comunidad judía- a través de expresiones públicas en redes sociales”. El fiscal del caso, Eduardo Taiano, pidió la elevación a juicio al entender que las expresiones configuraron actos discriminatorios antisemitas en los términos de la ley 23.592.

El 7 de agosto de 2025, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de Biasi y le impuso un embargo de $10.000.000. Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi concluyeron que las publicaciones habían excedido los márgenes legalmente permitidos para el ejercicio de la libertad de expresión, configurando la conducta que se le atribuye. El juez Mariano Llorens, por su parte, advirtió que en el ecosistema digital actual “la distinción entre semitismo y sionismo pierde definición cuando ingresa al juego anárquico de las redes sociales”.

Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación, rechazado el 10 de septiembre de 2025 por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal. Luego presentó un recurso extraordinario federal, denegado el 16 de octubre pasado por no estar dirigido contra una sentencia definitiva o equiparable a tal y por no acreditar la concurrencia de una cuestión federal.

Agotadas esas vías, la abogada Liliana Alanis, defensora de Biasi, presentó el recurso de queja ante la Corte Suprema. El escrito fue interpuesto fuera del plazo legal, lo que determinó su rechazo por el máximo tribunal.

La discriminación por embarazo y maternidad continúa como un problema latente en la Ciudad de México, luego de que en 2025 se posicionaron entre las principales causas de denuncia ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED).

El organismo presentó este mes su informe sobre la atención de casos de discriminación en 2025, en el cual precisó que durante ese año brindó 2 mil 255 atenciones ciudadanas a personas que viven o transitan en la capital.

Destacó que la orientación fue la modalidad más común, con 1 mil 646 intervenciones, y 389 gestiones. En este sentido, abrió 150 expedientes de queja y 14 de reclamación.

Precisó que el embarazo se posiciona como el segundo motivo más frecuente en los expedientes de queja y reclamación, con 29 casos registrados, además de los relacionados con maternidad.

No obstante, la condición de salud fue el motivo más reportado, con 41 casos, seguido por embarazo, género con 20 casos, discapacidad con 19, e identidad de género con 13.

Geraldina González de la Vega Hernández, presidenta de la COPRED, sostuvo que la discriminación por embarazo en el ámbito laboral sigue como un problema vigente y normalizado, a pesar de la existencia de instrumentos jurídicos y marcos legales locales y nacionales.

“El número de personas que vienen a denunciar al COPRED es muchísimo menor de la realidad que está sucediendo allá afuera, pues está práctica discriminatoria está normalizada, por ello, desde esta institución hacemos ese llamado a las mujeres y personas gestantes que están siendo discriminadas en sus empleos con motivo de su embarazo o de su regreso de la maternidad acudan al Consejo a denunciar”, afirmó.

Recomendaciones y acciones urgentes del COPRED

La titular del COPRED señaló que el problema persiste también a nivel nacional, como confirman datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).

Ante este panorama, el organismo urgió a la creación de un espacio intersectorial que involucre a gobierno, sector empresarial, sociedad civil y academia para diseñar e impulsar acciones que eliminen esta práctica.

Entre las acciones propuestas destaca el fortalecimiento de inspecciones laborales en empresas privadas con enfoque de derechos reproductivos y no discriminación, la capacitación obligatoria en igualdad laboral y discriminación para quienes emplean en el sector privado y público, y la promoción de sistemas de cumplimiento proactivo con criterios específicos de embarazo y maternidad.

También plantea una reforma legal local para reforzar la prevención y sanción de la discriminación laboral por embarazo, el monitoreo con enfoque interseccional, la obligatoriedad de reportar datos como la brecha salarial y datos desagregados, así como el refuerzo de canales de denuncia y acompañamiento.

El consejo pone especial atención en los efectos de la pandemia por COVID-19, periodo en el que se presentaron casos graves.

Colectivo propone reforma contra despidos por maternidad en México

En marzo pasado, el colectivo Mexiro A.C. presentó ante la Cámara de Diputados una propuesta de reforma legal para promover la lactancia extendida y fortalecer la estabilidad laboral de las mujeres frente a despidos por maternidad.

La iniciativa busca modificar la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para ampliar el periodo de lactancia reconocido por la ley de seis meses a dos años y reforzar las garantías de empleo durante el embarazo y la lactancia.

La propuesta, respaldada por legisladores de distintos partidos, plantea incorporar la protección de la lactancia extendida, mecanismos jurídicos efectivos para garantizar la estabilidad en el empleo y condiciones laborales compatibles con la maternidad y los cuidados.

Además, busca asegurar espacios dignos para la extracción o administración de leche materna en centros de trabajo, así como impulsar la capacitación, la información y el acceso a servicios de apoyo en materia de lactancia.

Mexiro argumenta que la reforma está alineada con estándares internacionales y responde a la persistencia de la discriminación por embarazo y maternidad, que sigue siendo una de las principales causas de despido y maltrato laboral en México.

La iniciativa será presentada formalmente en el actual periodo ordinario de sesiones.

El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella se refirió nuevamente sobre el polémico comentario que lanzó contra el hoy aspirante a la Vicepresidencia, Juan Daniel Oviedo, días antes de que se realizaran las consultas interpartidistas del 8 de marzo.

En su momento, el jurista, en una entrevista concedida al canal de YouTube RichyTv, había emitido comentarios en tono burlesco sobre lo que pensaba del exdirector del Dane.

“No, pues, a mí hay vainas de Juan Daniel que tampoco me gustan y no las digo. Digo, lo mío se resuelve poniéndose las medias. Lo que no me gusta de Juan Daniel, loco, jodido que lo arregle”, manifestó en el espacio digital.

Tras ello, De la Espriella volvió a referirse a dicho episodio y descartó que tenga actitudes homofóbicas, al considerar que cuenta con personas que gustan del mismo sexo.

“Hay que dejar la susceptibilidad, Tampoco es para tanto. No soy homofóbico. Tenemos un gran amigo tu y yo que se llama Felipe Zuleta. No tengo nada en contra de las personas ni discrimino a nadie por su orientación sexual, raza o ideología”, explicó el candidato presidencial en diálogo con la periodista Vicky Dávila en Semana.

Incluso, indicó que, luego de su comentario, Oviedo se ha burlado de él por varios aspectos particulares como su saludo militar. “Yo no tengo problema, pero Oviedo me ha mamado gallo full a mí y se burla del saludo militar. Me ha dado periodicazos por ahí en video y tal, y yo no salgo a decir que Juan Daniel (gestos) no, esto no es un tema de niños, estamos compitiendo por la Presidencia de la República”, recalcó.

Críticas a Paloma Valencia

De otro lado, Abelardo de la Espriella se refirió a su relación con la senadora y también candidata presidencial Paloma Valencia (Centro Democrático).

Inicialmente, en la descartó por completo cualquier posibilidad de alianza en la primera vuelta presidencial que se llevará a cabo el 31 de mayo de 2026, debido a que la congresista de oposición ganó la consulta interpartidista, lo que la imposibilita jurídicamente de aliarse con otros aspirantes.

No obstante, fue enfático en que la presencia de figuras vinculadas al expresidente Juan Manuel Santos en su coalición también lo habrían desistido de aliarse con la senadora Valencia.

“No habría podido estar ahí con tanto santista”, indicó De la Espriella en diálogo con Semana.

El abogado argumentó que no podría sumarse a una coalición integrada por dirigentes como el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, a quien señaló por “vivir de la teta del Estado” y mencionar que su hermana “ha sido como 10 veces embajadora de todos los gobiernos”, y por la presencia de Aníbal Gaviria, sobre quien recordó que “tiene un proceso abierto por corrupción en la Corte Suprema”.

Del mismo modo, el candidato mencionó que el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón buscó el respaldo de figuras como “los Ñoños y los Musas en Córdoba” y rechazó compartir espacio con “ministros de Santos que apoyaron a Santos para que nunca respondieran a sus víctimas”.

Al referirse a Juan Manuel Galán, aseguró: “Debe tener 52 años y lleva 52 años viviendo del Estado. El hermano, alcalde, desastre de alcalde, pero además han pertenecido a los de siempre”.

En cuanto al panorama de la centro derecha, el candidato relató que la propuesta para una unión se presentó en noviembre de 2025, pero que fue la propia Paloma Valencia quien rechazó una competencia previa entre ambos.

El aspirante también se refirió a la situación interna del equipo de Paloma Valencia, señalando que “no ha podido controlar a su suegro y a su cuñado que todo el día me atacan”, esto en referencia al exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez Becerra, quien es suegro de la candidata presidencial del Centro Democrático.

Finalmente, Abelardo de la Espriella destacó su alianza con José Manuel Restrepo, su fórmula vicepresidencial. “No vine a hace la política de siempre. Vine a cambiarla para siempre”, puntualizó.

El hecho ocurrió en las últimas horas durante una celebración por la vuelta de la joven abogada a su provincia. El regreso de Agostina al país ocurrió el miércoles por la tarde luego de que su familia pagara una fianza de 20 mil dólares impuesta por las autoridades locales para volver a su hogar.

En la filmación, Mariano Páez está junto a su pareja y otras personas. Se lo ve riéndose y actuado como un mono, el mismo gesto que la llevó a su hija a quedar imputada por injuria racial y enfrentar un proceso por el que pudo haber sido condenada a hasta 15 años de prisión en Brasil.

También se lo escucha decir que él pagó 18 mil dólares del monto total de la fianza y reclamó que ninguna autoridad argentina le dio “ni un peso”. “Asco. Yo al Estado le tengo asco, yo no vivo de la política. Soy empresario, millonario y usurero. Y narco… narco, privado”, se oye.

Al ser consultado por el video, Mariano Páez dijo que “está trucado”.

“Me lo pasaron esta mañana, no puedo entender la maldad y el odio de la gente. Se comunicaron conmigo y me pidieron $5 millones para que no se difunda. Le dije que ‘no, hacé lo que quieras’. Tengo los mensajes”, explicó.

“Es un video que me han querido vender esta mañana”, insistió y agregó: “No sé cómo lo han hecho, puede ser con inteligencia artificial”.

El hombre sí confirmó que estuvo anoche en ese bar. “Siempre voy, soy un habitué”, dijo.

Su hija Agostina viajó este miércoles desde Río de Janeiro hacia la Argentina junto a su equipo legal, entre quienes se encontraba su defensora Carla Junqueira, con quien compartió las primeras imágenes del retorno desde el aeropuerto brasileño. El arribo se produjo alrededor de las 19:20 en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires.

En su primer contacto con la prensa, la abogada dijo que está “muy aliviada” y “emocionada” porque no “veía la hora de volver”. “No puedo creer estar aquí, soñaba con esto”, agregó.

“Se terminó esta pesadilla. Me arrepiento de haber reaccionado mal, a pesar del contexto, me arrepiento de haber reaccionado de esa manera”, aseguró. También contó que le tuvo que pedir perdón al mesero, además de la fianza que pagó.

Cómo sigue la causa de Agostina Páez

El retorno de la joven a Argentina fue posible tras la decisión de la justicia brasileña de otorgarle un hábeas corpus, lo que le permitió salir de Brasil y aguardar la resolución final en Santiago del Estero. Para ello, Páez debió abonar una fianza de 20.000 dólares, transferencia que concretó este martes luego de que se aceptara el recurso presentado por su defensa.

El proceso judicial contra la abogada comenzó a mediados de enero, cuando fue denunciada por injuria racial en Río de Janeiro. La figura penal contempla penas de dos a cinco años de prisión. En la última audiencia, el tribunal decidió unificar los cargos, y la acusación pidió una condena de dos años, la mínima prevista.

Durante el proceso, la defensa solicitó que Páez pudiera regresar al país para cumplir tareas comunitarias desde Santiago del Estero. Tanto la querella como la fiscalía avalaron el pedido y ahora la jueza de la causa debe decidir si homologa el acuerdo alcanzado, lo que podría traducirse en una condena de dos años con cumplimiento de medidas alternativas, como trabajos comunitarios, cursos obligatorios o el pago de una multa.

Mientras tanto, Páez cuenta con permiso para permanecer en Argentina a la espera del veredicto, que podría conocerse en los próximos días. Durante este período, solo deberá respetar las restricciones que eventualmente disponga la justicia argentina en el marco de la cooperación internacional.

El escenario internacional reconoce a Rachel Zegler por haberse mantenido fiel a sus convicciones frente a la presión mediática y la discriminación, y por defender la salud mental de manera abierta, según relató en entrevista con la revista de moda Harper’s Bazaar.

Zegler es considerada una de las artistas más expuestas de su generación debido a cómo enfrentó el escrutinio público, el racismo y los cuestionamientos profesionales sin renunciar a sus principios. Defendió la inclusión, la identidad y el autocuidado emocional, inspirando a nuevas generaciones en el mundo del entretenimiento.

Desde niña, Zegler encontró en el arte un refugio impulsado por el apoyo familiar. “Me enganché con la actuación muy pronto, porque mis padres me llevaban a ver obras en Broadway cuando era pequeña”, compartió. De ascendencia colombiana y polaca, recordó: “Empecé a audicionar cuando tenía 11 o 12 años y simplemente no pude pensar en otra cosa”.

Controversias y ataques: Blancanieves, discriminación y presión mediática

Sin contactos previos en la industria, trazó su propio camino. “Nadie en mi familia estaba en la industria. Construí mi propio camino, aunque con el respaldo absoluto de mis padres”, contó a la revista. Usó videos en YouTube y se abrió paso entre más de 30 mil aspirantes hasta convertirse en la protagonista de la película Amor sin barreras bajo la dirección de Steven Spielberg.

La actriz admitió que la falta de protección marcó sus comienzos. “Fui seleccionada en 2019, pero la película no se estrenó hasta finales de 2021. Era como si todos retuvieran el aliento, diciéndome que no podía fallar”, recordó. Añadió: “Admiro a esa chica. Admiro quién era y quién sigo siendo: segura de que lo peor que pueden decirte es ‘no, hoy no’”.

El reconocimiento público también trajo momentos complicados. Zegler fue blanco de ataques en redes sociales y polémicas tras ser elegida como protagonista de Blancanieves en la versión que prepara el estudio cinematográfico Disney para 2025. “Me decían que no era lo suficiente para Amor sin barreras y demasiado para Blancanieves”, relató.

Enfrentar la discriminación implicó escuchar mensajes contradictorios sobre su identidad. “Fue confuso estar en mis veinte y escuchar eso. Crecí orgullosa de ser de Colombia, de la comida, de la ropa, del café. Pero creo que, para la opinión pública, cuando eres dos cosas, pareces no ser ninguna”, explicó en Harper’s Bazaar.

La actriz fue objeto de críticas tanto por sus opiniones sobre los arquetipos femeninos en Disney como por apoyar causas sociales y de derechos humanos. Tras expresar su postura en redes sociales, los ataques se intensificaron y ella recibió amenazas. “Si hubiese podido prever todo eso, habría lanzado mi teléfono al océano”, confesó.

Recibió el respaldo de figuras como Helen Mirren y Lucy Liu, compañeras en Shazam!, quienes la aconsejaron sobre cómo mantenerse firme en el ambiente laboral. “Tuvimos largas conversaciones sobre lo que significa ser mujer en esta industria, sobre las decepciones y cómo acompañar a otras actrices, especialmente a las más jóvenes”, afirmó.

Valentía y principios ante la adversidad

En público, Zegler expuso abiertamente sus ideas. “Dije lo que siento, y eso siempre será un testimonio de mis convicciones fundamentales como persona. Ahí está mi postura”, aseguró a Harper’s Bazaar.

La presión social no la hizo ceder. La actriz destacó: “Me niego a adaptarme por comodidad ajena”. Para ella, proteger la identidad frente a arquetipos y doctrinas de asimilación es parte esencial de su trayectoria. Su madre, que vivió un periodo donde integrarse se consideraba sinónimo de supervivencia, ejemplifica el contraste entre las generaciones migrantes en su familia.

Las dificultades llevaron a Zegler a reflexionar antes de hablar en público. “Uno vive y aprende. Hay que entender que la tentación de hablar no a menudo significa que debe hacerse, y que existen otras maneras de lograr cambios más allá de un tuit”, señaló en la entrevista.

Nuevos desafíos profesionales y salud mental

Tras las controversias, Zegler apostó por el teatro y se presentó en el West End londinense como Evita, mientras se preparaba para nuevos retos en Broadway. “Quise mostrar al mundo lo que puedo hacer, ocho veces a la semana”, afirmó sobre su paso por el escenario.

Estos desafíos la hicieron cambiar hábitos. “Vivía prácticamente como una monja, constantemente cuidando mi voz y mi salud”, reveló. Reconoce que para responder a tantas exigencias es necesario apoyo externo: “Trabajar con una terapeuta me ayudó mucho. Gracias a eso, puedo estar presente cada día”.

Zegler subrayó la importancia de la salud mental y pidió abrir el diálogo: “Ojalá llegue el día en que hablar de esto no sea tabú. La salud mental no debería ser un privilegio de pocos; todos merecen entender lo que sucede en su mente y en su corazón”.

Sus elecciones profesionales también fueron determinantes. “Elegí franquicias y oportunidades que aportaron seguridad, lo que me permite dedicarme a proyectos independientes y al teatro en Londres”, explicó.

Recientemente, compartir escenario con Ben Platt y recibir llamadas de referentes como Lin-Manuel Miranda significaron logros personales que nunca imaginó alcanzar a tan corta edad.

Pese a las exposiciones públicas y privadas, Zegler sostiene que nadie más puede ocupar el lugar que construyó en la industria por su origen, talento y principios propios, según expresó a Harper’s Bazaar.

La decisión del tribunal incluyó la imposición de multas por un total de 1.710 euros, así como una indemnización conjunta de 6.000 euros a la víctima por daño moral y 350 euros adicionales en concepto de responsabilidad civil. De acuerdo con la información publicada por el medio que cubrió el caso, la Audiencia Provincial de Bizkaia condenó a diez personas a dos años de prisión y a un undécimo acusado a un año y dos meses, como consecuencia de una agresión grupal con connotaciones homófobas ocurrida en Basauri el 6 de junio de 2021.

Según detalló el medio, los magistrados consideraron probados los hechos ocurridos durante la madrugada en el parque Bizkotxalde, donde los acusados, actuando de manera conjunta, rodearon y agredieron física y verbalmente a un joven. Durante el ataque, que se desarrolló en presencia de numerosos testigos, los responsables profirieron insultos discriminatorios relacionados con la orientación sexual de la víctima, con expresiones tales como "maricón", "esto te pasa por ser un maricón de mierda" y "sarasa". Los agresores, guiados por una motivación excluyente y discriminatoria, solicitaron a la víctima que abandonara el lugar argumentando que "les iba a contagiar y les daba asco", según informó la Audiencia vizcaína.

El tribunal explicó que los acusados actuaron con el objetivo de menoscabar la integridad moral y la dignidad del joven exclusivamente por su orientación sexual. El fallo recoge que la agresión, física y verbal, provocó lesiones que requirieron asistencia médica y desencadenaron un trastorno adaptativo ansioso reactivo con síntomas postraumáticos, por lo que la víctima necesitó tratamiento especializado.

La Audiencia de Bizkaia, tal como publicó la fuente original, consideró que existían pruebas suficientes para dictar sentencia condenatoria contra los once acusados, apoyándose en el testimonio de la víctima y en las concordancias entre los testigos presenciales. La sentencia indicó que la declaración del joven resultó creíble y verosímil, y que las corroboraciones periféricas, como los relatos de testigos, coincidieron en los detalles principales de lo ocurrido. Además, durante el proceso judicial, la víctima identificó sin titubeos a todos los implicados como los autores de la agresión.

Los magistrados calificaron el ataque como un delito de odio cometido con motivación discriminatoria y lo encuadraron en concurso de normas con un delito contra la integridad moral y, además, con un delito leve de lesiones. En el análisis, el tribunal recordó que el delito de odio requiere que el autor actúe con conocimiento y voluntad dirigidos por la exclusión o discriminación hacia una persona por formar parte de un determinado grupo, requisito que, en opinión de la Audiencia, se cumple en este caso.

El fallo judicial resaltó la naturaleza colectiva del ataque y comparó la acción del grupo de acusados con una "jauría", descripción reflejada en la sentencia según recogió el medio. Todos participaron de manera activa tanto en los golpes propinados como en los insultos de carácter homófobo, lo que, según la resolución, constituye una agravante por abuso de superioridad en el delito leve de lesiones. La Audiencia, no obstante, descartó la existencia de alevosía y rechazó las eximentes o atenuantes propuestas por las defensas, como legítima defensa, reparación del daño y dilaciones indebidas. En el caso de uno de los acusados, el tribunal aplicó una atenuante por presentar una anomalía psíquica leve, lo que supuso una rebaja en la condena.

En el texto de la sentencia, la Audiencia Provincial especificó que la brevedad y menor gravedad de las lesiones sufridas por la víctima se debieron a la rápida intervención de las personas presentes en el lugar, que interrumpieron el ataque colectivo después de solo unos minutos. Los magistrados concluyeron que esta intervención evitó consecuencias aún más graves para la integridad física de la persona agredida.

Según consignó la fuente original, la sentencia señaló el impacto que tuvo la agresión sobre la integridad moral y la dignidad de la víctima, resaltando que la experiencia vivida supuso humillación, vejación y descrédito impulsados únicamente por motivos de orientación sexual. El tribunal advirtió que los insultos y la violencia ejercida no surgieron por una discusión circunstancial, sino que manifestaron una intención consciente de exclusión social.

En relación con el delito de odio, la resolución judicial subrayó la importancia de la motivación y el dolo en la conducta de los procesados, estableciendo que el conocimiento y la voluntad de atacar a la víctima por pertenecer a un colectivo específico es necesario para configurar el tipo penal. El tribunal describió los hechos como encuadrados en el resultado previsto por el delito de odio regulado por la legislación vigente.

La sentencia, que todavía puede apelarse ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, contempla además la prohibición para los acusados de comunicarse o aproximarse a la víctima. Las penas económicas y de prisión se suman a las medidas civiles, estableciendo un marco de reparación ante los daños producidos.

El caso ha quedado recogido en la resolución judicial como un ataque con motivación homófoba, cometido en un espacio público y ante numerosos testigos, con afectaciones a la integridad física y psicológica de la víctima. Los jueces determinaron que el abordaje colectivo, la persistencia y la naturaleza de los insultos y golpes demostraron la comisión de un delito dirigido específicamente contra la dignidad por motivos discriminatorios. La responsabilidad penal recae sobre todos los participantes identificados, al estimar que actuaron como coautores materiales del hecho juzgado.

El comunicado del RCD Espanyol enfatizó el descontento del club ante la que considera una “campaña de desprestigio gratuita y generalizada” dirigida a su afición tras los incidentes ocurridos en el RCDE Stadium durante el partido amistoso entre España y Egipto. Según informó Europa Press, la entidad insistió en que atribuir lo sucedido al grueso de su hinchada resulta un juicio “injusto, excesivo y desproporcionado”, defendiendo así la pluralidad y el respeto que —a su entender— han caracterizado históricamente a sus seguidores.

De acuerdo con Europa Press, el club manifestó una condena “enérgica” frente a los cánticos racistas que se produjeron en el recinto durante el encuentro, organizado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El episodio principal tuvo lugar desde una zona del fondo de Cornellà, conocida por albergar habitualmente al grupo “La Curva”, donde, a partir del minuto 20, se entonó repetidas veces un cántico de carácter ofensivo: “Musulmán el que no bote”. El club identificó este comportamiento como “absolutamente reprobable, inaceptable e inadmisible” por no reflejar, en ningún caso, los valores que pretenden promover en el deporte y solicitó que estas conductas sean condenadas y eliminadas de todos los recintos futbolísticos.

El medio Europa Press detalló que, además del cántico discriminatorio, otros actos sucedieron la noche del martes en el estadio. Durante los instantes previos al inicio del partido, algunas personas entre el público silbaron el himno de Egipto, y también se escucharon insultos dirigidos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, provenientes de un grupo reducido de asistentes. El club recalcó su rechazo a todos estos actos y señaló que el RCDE Stadium mantiene una trayectoria de casi 17 años como escenario moderno, integrador y abierto, con capacidad para recibir partidos internacionales de selecciones de todos los continentes bajo un ambiente de respeto y convivencia.

Europa Press publicó que el Espanyol, en su comunicado, quiso matizar la composición del público presente en el partido ante Egipto, puntualizando que la convocatoria de la RFEF reunió a seguidores de la selección nacional “de procedencias geográficas y futbolísticas muy diversas”. Según explicó la entidad, negar esta diversidad es un error, y por ello consideró desproporcionado que la totalidad de su afición sea señalada por los comportamientos de un conjunto minoritario de asistentes.

El club recordó, según consignó Europa Press, su trayectoria de más de 125 años y reiteró que nunca aceptará una generalización negativa que afecte a la “diversidad de su masa social”. Además, Espanyol reivindicó que su historia da testimonio de una práctica consistente en la inclusión y el respeto, y que siempre trabajará por defender estos valores tanto dentro como fuera del estadio.

En la parte final de su pronunciamiento, reportó Europa Press, la entidad reafirmó su “compromiso firme en la lucha contra cualquier forma de discriminación”. Espanyol anunció que continuará implementando acciones para mantener el RCDE Stadium como “un espacio seguro, inclusivo y respetuoso para todos”. El club declaró que la erradicación de actitudes discriminatorias seguirá ocupando un lugar prioritario en su agenda institucional.

Desde la zona del fondo de Cornellà del RCDE Stadium, donde suele ubicarse el grupo denominado 'La Curva' del RCD Espanyol, un sector de la afición inició el cántico "Musulmán el que no bote" a partir del minuto 20 del partido disputado entre las selecciones de España y Egipto en Barcelona. El partido amistoso, al que asistieron 35.895 personas este martes en el estadio de Cornellà-El Prat, se vio marcado por una serie de episodios de comportamientos discriminatorios en las gradas, según informó el medio de comunicación que cubrió el encuentro.

De acuerdo con la información difundida, parte del público presente también emitió pitos y silbidos al himno nacional egipcio durante los momentos previos al inicio del partido. El medio destacó que, además de los cánticos y abucheos, se registraron insultos dirigidos hacia el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, protagonizados por un grupo minoritario de espectadores.

El medio reportó que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) intervino durante el descanso, utilizando la megafonía y los videomarcadores del estadio para solicitar el cese de los cánticos ofensivos. La petición no logró detener completamente esas manifestaciones por parte del sector de la grada conocido por ser motor de otras expresiones entre grupos cada vez más reducidos de asistentes en diferentes áreas del estadio. Según consignó el medio, la intervención destacaba el rechazo a cualquier acto de carácter discriminatorio, apelando al respeto durante la celebración deportiva.

A través de sus redes sociales, la RFEF reiteró su postura condenatoria frente a los hechos ocurridos. "La RFEF se suma al mensaje de nuestro fútbol contra el racismo y condena cualquier acto de violencia en los estadios", publicó la organización en un comunicado. El medio detalló que la federación insistió en su compromiso por erradicar expresiones racistas y ofensivas, tanto en los campos como en el entorno digital asociado a los eventos futbolísticos.

El regreso de la selección española de fútbol a la provincia de Barcelona generó expectativas entre la hinchada, ya que el partido se presentaba como el último test previo a la convocatoria mundialista. Tal como publicó el medio, a pesar de los incidentes registrados, la mayoría de los aficionados se centraron en mostrar su apoyo a la selección española, con cánticos de ánimo y olas en las gradas que caracterizaron el ambiente general del estadio.

El medio subrayó que estos comportamientos aislados no reflejaron la actitud de la mayoría de los presentes, quienes enfocaron su participación en el evento en apoyar al combinado nacional en su preparación para los próximos retos internacionales. En medio del clima festivo y deportivo, la federación mantuvo un mensaje constante contra toda forma de discriminación, reiterando la importancia de erradicar las actitudes y expresiones de intolerancia en el fútbol.

El Centro Palestino de Derechos Humanos ha calificado a la recientemente aprobada reforma legal sobre la pena de muerte en Israel como un ataque directo contra la población palestina y una consolidación de la política israelí de ejecuciones extrajudiciales, todo ello bajo el amparo de la legalidad, según constata el organismo en mensajes publicados en redes sociales. Esta opinión se inscribe dentro de una ola de reacciones de condena que surge a raíz de la aprobación de la "Ley de Pena de Muerte para Terroristas" por el Parlamento israelí, que introduce la pena capital por ahorcamiento en secreto y restringe su aplicación exclusivamente a palestinos acusados de terrorismo. Según consignó la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Palestina, esta normativa refuerza la segregación, la discriminación racial y el apartheid, afectando a los habitantes palestinos de la Cisjordania ocupada e Israel, quienes en muchos casos enfrentan procesos judiciales considerados injustos.

De acuerdo con lo publicado por distintos organismos de derechos humanos, la nueva legislación israelí deja fuera de su alcance a la población judía bajo jurisdicción del Estado y se ciñe de forma específica a los palestinos, hecho que ha suscitado múltiples peticiones de derogación tanto dentro como fuera de la región. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha pedido la revocación inmediata de la ley aprobada por la Knesset, argumentando que su vigencia infringe compromisos internacionales asumidos por Israel y contradice la postura opuesta a la pena capital que Naciones Unidas ha mantenido bajo cualquier circunstancia. En su declaración, el órgano subrayó que implementar este tipo de castigos supone una vulneración de la normativa internacional relativa a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, Adalah, a través de un comunicado recogido por diferentes medios, ha señalado que la reforma legal representa la legalización de la ejecución por parte del Estado de personas que no representan una amenaza tangible. El director legal de Adalah, Suhad Bishara, afirmó que la norma infringe el principio de igualdad y la prohibición de discriminación racial, pues la legislación se ha construido con el objetivo de aplicarse solo a palestinos. Según Adalah, la Knesset carece de legitimidad para legislar sobre la población ocupada y la ley podría constituir un crimen de guerra, por lo que anunció la intención de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo de Israel con carácter urgente.

El medio informó que Amnistía Internacional y Human Rights Watch manifestaron su rechazo absoluto a la reforma legislativa impulsada por el Parlamento israelí. Amnistía Internacional, a través de su directora de Investigación, Incidencia Política y Campañas, Erika Guevara-Rosas, exigió la urgente derogación de la ley: “El hecho de que esta ley se haya aprobado el mismo mes en que el fiscal general militar israelí retiró todos los cargos contra soldados israelíes acusados de agresión sexual contra una detenida palestina, decisión celebrada por el primer ministro (Benjamin Netanyahu) y varios ministros, pone de manifiesto el grado de deshumanización que Israel inflige a los palestinos”. Guevara-Rosas reiteró que Netanyahu, quien afronta cargos ante el Tribunal Penal Internacional, estuvo entre quienes apoyaron la reforma.

Según Amnistía Internacional, los tribunales militares de la Cisjordania ocupada podrán imponer la pena de muerte a los palestinos condenados por asesinato premeditado en el marco de actos definidos como terroristas bajo la ley antiterrorista israelí. Además, quienes reciban esta condena no accederán al derecho a indulto, colocándose la legislación entre las más estrictas del mundo respecto a la pena capital. Guevara-Rosas denunció que los tribunales militares tienen una tasa de condena superior al 99% para los palestinos y no garantizan el debido proceso. De igual modo, destacó que el texto legal permite ejecutar la sentencia 90 días después de dictarse el fallo definitivo, eliminando recursos básicos de apelación. "La comunidad internacional debe ejercer la máxima presión sobre las autoridades israelíes para que deroguen inmediatamente esta ley, abolan por completo la pena de muerte y desmantelen todas las leyes y prácticas que contribuyen al sistema de apartheid contra los palestinos", concluyó la directora de Amnistía Internacional.

Human Rights Watch, por su parte, reafirmó su postura contraria a la pena de muerte en cualquier contexto. Adam Coogle, subdirector para Oriente Próximo, consideró que la reforma no responde a una lógica de seguridad sino que refuerza la discriminación y la existencia de un sistema judicial segregado, dos características que la organización asocia con situaciones de apartheid. Según la entidad, la pena de muerte es irreversible y restrictiva en cuanto a los procesos de apelación, lo que, junto al breve plazo de 90 días para la ejecución, se traduce en la posibilidad de realizar ejecuciones sin el adecuado escrutinio judicial, de acuerdo con lo reportado por Human Rights Watch.

El rechazo a la ley israelí también se hizo patente en Europa. El Consejo de Europa expresó su preocupación a través de su secretario general, Alain Berset, quien indicó que la entidad examinará las posibles implicancias de la normativa para los convenios internacionales suscritos por Israel y en los mecanismos de cooperación en los que el país participa. Berset indicó que la pena de muerte es un “anacronismo jurídico incompatible con los estándares contemporáneos de derechos humanos”, y puntualizó que la aplicación selectiva de la pena capital de forma discriminatoria resulta inaceptable en un Estado de derecho. Pese a las reiteradas recomendaciones del Consejo de Europa, el texto legal fue aprobado, lo que podría significar un mayor distanciamiento de Israel respecto a los valores que tradicionalmente ha reivindicado, tal como reportó el propio organismo.

Diversos países europeos sumaron sus objeciones tras la votación en el parlamento israelí. Alemania, Francia, Italia y Reino Unido expresaron una “preocupación profunda” por la legislación, que consideraron discriminatoria, e instaron al gobierno de Israel a abandonar el proyecto. A estas voces se añadió Irlanda, cuya ministra de Exteriores, Helen McEntee, subrayó el carácter selectivo de la reforma y solicitó tanto al Gobierno como al parlamento israelí que no la implementen.

El Centro Palestino de Derechos Humanos ha instado a la comunidad internacional a proteger a los presos palestinos y garantizar procesos de rendición de cuentas, insistiendo en que el silencio y la pasividad solo aumentarían la impunidad y debilitarían el marco internacional basado en normas, según reportaron las organizaciones implicadas.

El nuevo marco legal aprobado en Israel incorpora varias disposiciones que limitan las garantías procesales de los acusados, entre las que se encuentra la eliminación del derecho de apelación, la posibilidad de ejecuciones secretas por ahorcamiento y la facultad de condenar a muerte por mayoría simple de un tribunal militar, prescindiendo así de la necesidad de unanimidad que existía anteriormente. Según informó el diario The Times of Israel, la Knesset, el parlamento israelí, sacó adelante este lunes una reforma legal tras casi doce horas de debate, con 64 votos a favor y 48 en contra, que establece la pena de muerte exclusivamente para palestinos condenados por delitos de terrorismo, mientras que excluye a ciudadanos israelíes, incluidas todas las personas de extracción sionista, incluso si cometen hechos similares.

El medio The Times of Israel detalló que esta nueva ley se aplicará únicamente en tribunales militares de Cisjordania, en los que solamente son juzgados acusados palestinos, pues los ciudadanos israelíes, incluidos los colonos, continúan siendo procesados en tribunales civiles. Si bien el texto legislativo declara formalmente su carácter aplicable a toda la ciudadanía, uno de sus artículos restringe su alcance a quienes provoquen intencionadamente la muerte de una persona con el objetivo de negar la existencia del Estado de Israel, en la práctica una definición que excluye a toda persona de creencias sionistas.

De acuerdo con lo publicado en The Times of Israel, la reforma legal ha suscitado inmediatas críticas de organizaciones de derechos humanos. El Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, Adalah, advirtió mediante su directora legal Suhad Bishara que la ley institucionaliza el “asesinato estatal y a sangre fría de individuos que no suponen ningún tipo de amenaza”, y condenó que la iniciativa “está diseñada para aplicarse solo a los palestinos, lo que viola el principio fundamental de igualdad y prohibición de discriminación racial”. Adalah también recordó que la aplicación de leyes israelíes sobre la población palestina residente en Cisjordania constituye una “flagrante violación del derecho internacional”, al señalar que la Knesset carece de autoridad para legislar sobre poblaciones ocupadas. La organización legal anunció su intención de presentar un recurso de máxima urgencia ante el Tribunal Supremo de Israel para impugnar la legitimidad de la norma.

Según consignó el diario The Times of Israel, la ley endurece de modo considerable el régimen penitenciario de los condenados a muerte, estableciendo un régimen de aislamiento casi total. El instrumento legislativo no tendrá carácter retroactivo con respecto a los detenidos por los ataques del 7 de octubre de 2023, aunque paralelamente la Knesset tramita una segunda iniciativa que sí contempla la pena de muerte a posteriori para este grupo de acusados.

El principal promotor de la medida ha sido el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, líder del partido ultraderechista Poder Judío, quien aseguró tras la votación: “Es un día de justicia para las víctimas y un día de disuasión para nuestros enemigos. No más puertas giratorias para los terroristas, sino decisiones claras. Quien elige el terrorismo, elige la muerte”, según recogió The Times of Israel. La proposición recibió también el respaldo del partido gobernante Likud, liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, así como del partido opositor Yisrael Beitenu y de las formaciones ultraortodoxas Shas y Judaísmo Unido de la Torá.

Grupos de derechos humanos han alertado sobre la severidad y el carácter discriminatorio de la medida, al considerar que la nueva legislación incumple normas internacionales e incluso podría constituir un crimen de guerra. Adalah enfatizó que la ley se enmarca en una escalada que ha intensificado las denuncias de tortura sistemática perpetrada contra los palestinos bajo detención israelí, cuyas prácticas han recibido una amplia documentación, según el colectivo. El grupo subrayó la gravedad del nuevo instrumento al definirlo como “una de las más violentas y discriminatorias” aprobadas en el país.

El debate parlamentario que precedió a la votación se prolongó durante cerca de doce horas, reflejando la fuerte polarización en torno a la propuesta. En el contenido aprobado, la ley permite por primera vez ejecutar sentencias de muerte por simple mayoría de los jueces del tribunal en lugar de unanimidad, como se requería hasta la reforma. El texto habilita también la realización de ejecuciones de forma secreta y la imposición de medidas estrictas de aislamiento a los condenados.

Mientras tanto, se mantiene activa en la Knesset la discusión de otros proyectos de ley que buscan ampliar el alcance de la pena capital a hechos ocurridos con anterioridad a la entrada en vigor de la norma actual, en especial en relación con los ataques ocurridos en octubre de 2023.

Adalah ha reiterado que, en opinión del grupo, la legislación aprobada contraviene obligaciones asumidas por Israel bajo tratados internacionales y representa un precedente en el sistema legal israelí, por incluir disposiciones que suprimen el derecho a la apelación y permiten la ejecución de sentencias sin control judicial o mediático. Según publicó el diario The Times of Israel, la organización sostiene que la aplicación exclusiva de estos castigos a los palestinos es una muestra de discriminación racial institucionalizada.

Según reportó Europa Press, el claustro de profesores del IES Baltasar Porcel señaló que el incidente ocurrido tuvo una naturaleza “claramente homófoba”. Los educadores han subrayado que este tipo de hechos no constituyen casos aislados, sino que forman parte de una dinámica que se ha instalado en los entornos escolares desde hace tiempo. En su mensaje, los docentes denunciaron que situaciones similares han dejado de ser excepcionales y describieron cómo los insultos, amenazas, ofensas y expresiones de desprecio se están convirtiendo en una realidad cotidiana en su labor diaria.

El mensaje difundido por el claustro recoge la sensación de hartazgo existente al interior del profesorado, quien afirma: “Estamos cansados de recibir insultos, amenazas, ofensas y muestras de desprecio, que, lejos de ser excepcionales, se han ido convirtiendo en una realidad demasiado habitual. Esta normalización de la falta de respeto es profundamente preocupante y del todo inaceptable”. Según publicó Europa Press, los docentes consideran que este tipo de conductas discriminatorias y de odio, sean del tipo que sean, atentan directamente contra la dignidad de las personas y dañan los principios esenciales de convivencia necesarios en cualquier sociedad democrática.

En el análisis de la situación, los profesores del IES Baltasar Porcel de Andratx aseguran que esta problemática no afecta únicamente al colectivo docente ni es exclusiva del entorno escolar. Detallan que el fenómeno se presenta de forma generalizada en los centros educativos y explican que otros sectores y ámbitos sociales también resultan afectados por el incremento de comportamientos hostiles y excluyentes. Según consignó Europa Press, los docentes advirtieron que la persistencia de estos incidentes revela la existencia de un problema estructural y profundo que exige atención colectiva.

A través de la declaración difundida en redes sociales, el claustro del centro educativo reclamó una respuesta institucional “clara, decidida y efectiva” ante este tipo de hechos. La petición está dirigida a organismos y autoridades con capacidad para intervenir y diseñar estrategias que permitan proteger a las víctimas, sancionar los actos discriminatorios y garantizar la seguridad y el respeto en el entorno escolar. El comunicado subraya la necesidad de actuar con determinación frente a las agresiones dirigidas hacia cualquier colectivo vulnerable, enfatizando que una simple condena puntual no resulta suficiente para atajar el problema.

La postura del claustro pone el foco en la importancia de generar una conciencia auténtica y un compromiso sostenido contra las actitudes y prácticas discriminatorias en la sociedad, tal como recogió Europa Press. Los docentes sostienen que la defensa de la dignidad y la convivencia en los centros escolares constituye una responsabilidad común que debe traducirse en acciones concretas y continuas, orientadas a erradicar la violencia motivada por razones de orientación sexual u otros factores de discriminación.

El caso del profesor agredido en el IES Baltasar Porcel de Andratx se suma a otras situaciones similares que han sido reportadas en distintas regiones, lo que ha reavivado el debate sobre la capacidad de respuesta de las instituciones educativas y administrativas ante estos desafíos, de acuerdo con lo publicado por Europa Press. Las demandas de los docentes insisten en la urgencia de establecer medidas contundentes de prevención, sensibilización y auxilio a las víctimas para frenar la creciente normalización de la violencia en el entorno escolar y en otros espacios de la sociedad.

Europa Press concluyó que el claustro de docentes continuará vigilante y denunciará cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad, el respeto y la igualdad de derechos dentro del sistema educativo, recordando que la lucha contra la discriminación requiere el esfuerzo conjunto de toda la comunidad y el respaldo efectivo de las instituciones competentes.

A un año de la muerte de Daniel Bisogno, su hermano Alex Bisogno compartió detalles inéditos sobre la vida personal del conductor y el ambiente que enfrentó dentro de la televisión. En entrevista con Michelle Rubalcava, aseguró que el también comediante fue blanco de críticas constantes por sus preferencias sexuales, incluso por parte de colegas cercanos.

El testimonio surge en medio de las especulaciones que resurgieron tras el primer aniversario luctuoso, el pasado 20 de febrero de 2026.

Alex Bisogno dejó claro que, a diferencia del entorno laboral, en el ámbito familiar Daniel siempre contó con respaldo total. “Yo creo que en su trabajo existían más ataduras, no lo sé, sí te puedo decir que de lado de la familia y sus amigos fue una persona totalmente libre, nosotros siempre le dimos la libertad de expresarse”, explicó.

Alex Bisogno: “Era muy juzgado, hasta por sus amistades”

El hermano del conductor describió un ambiente hostil dentro del medio televisivo, donde, según su versión, Daniel no podía mostrarse con la misma libertad.

“Nosotros notábamos que en su trabajo no podía ser tan libre, era muy criticado y juzgado hasta por sus amistades al aire. Yo veía que los amigos más quería, era muy criticado por sus preferencias en su trabajo”, declaró.

Estas revelaciones colocan nuevamente en el centro la presión que enfrentan figuras públicas en la industria del entretenimiento, especialmente en espacios de alta exposición como Ventaneando, donde Bisogno consolidó su carrera.

Un momento íntimo y el respaldo familiar

Alex también recordó una conversación clave con su hermano, marcada por la preocupación del conductor tras ser captado por paparazzis en compañía de otros hombres. Daniel temía por la reacción de su padre y por el impacto en su hija Michaela.

Ante ese escenario, su hermano optó por acompañarlo sin cuestionamientos. “Yo le dije no le des explicaciones a nadie, tú haz lo que quieras hacer, ama a quien quieras amar y que te valga”, relató.

El presentador subrayó que nunca buscó definir las preferencias de Daniel, pero sí respaldó cada decisión personal. La familia, afirmó, siempre recibió con respeto a las personas cercanas al conductor.

Tensiones tras su fallecimiento

La muerte de Daniel Bisogno también desató diferencias públicas entre Alex y Pati Chapoy, figura clave de Ventaneando. La discusión escaló tras declaraciones sobre la administración de los bienes del conductor y el paradero de sus cenizas.

Chapoy respondió de forma directa: “¿Por qué empezar a crear descontentos o situaciones que no vienen al caso? Tu preocupación debería ser ponerte a trabajar y apoyar a tu papá”. Además, enfatizó que la única heredera legal es su hija.

Hasta el momento, Pati Chapoy y el resto de colaboradores de Ventaneando no han hecho declaraciones públicas sobre las afirmaciones realizadas por Alex Bisogno.

El Ejecutivo prevé que en el primer semestre de 2026 se habiliten canales específicos de comunicación y asistencia para víctimas, detenidos e investigados con discapacidad intelectual, facilitando su acceso a servicios especializados y reforzando la colaboración con Oficinas de Asistencia a las Víctimas, así como con organizaciones sociales. Este mecanismo, que integra varias líneas de acción, aparece recogido en el III Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio. Así lo detalló el Gobierno en una respuesta oficial a una pregunta planteada por el grupo parlamentario del Partido Popular en el Congreso, según publicó Europa Press. En esa comunicación, el Ejecutivo especificó que ya ha capacitado a cuarenta fiscales con la finalidad de profundizar en la detección y la investigación de delitos motivados por prejuicios hacia personas con discapacidad.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso Europa Press, el proceso de formación se desarrolló en el marco de una colaboración entre el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la Fiscalía General del Estado y el Centro de Estudios Jurídicos. La pregunta del PP solicitaba explicaciones sobre las medidas implementadas a lo largo de 2025 para frenar el incremento de delitos de odio dirigidos a personas con discapacidad en España.

En su contestación, el Gobierno remarcó la especialización de cuarenta agentes del Ministerio Fiscal en la materia durante ese año, pretendiendo con ello optimizar los métodos de identificación e investigación de estos delitos. Además, expuso que la intervención estatal en 2025 ha intensificado tanto el análisis como la visibilización de la discriminación basada en discapacidad. Para este propósito, reportó la actualización de la terminología en informes y estudios publicados, así como el inicio de investigaciones orientadas a identificar los factores que hacen más vulnerables a las personas con discapacidad intelectual frente a delitos de odio, buscando sustentar en datos empíricos el diseño de políticas preventivas futuras.

El III Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio, en vigor de 2025 a 2028, incluye entre sus medidas el fomento de canales específicos de asistencia y la figura del “facilitador” en procedimientos policiales. El Gobierno describió esta figura como un recurso destinado a asegurar que las personas con discapacidad intelectual, en su condición de víctimas, detenidas o investigadas, puedan comprender el proceso y evitar experiencias de indefensión o victimización secundaria.

Para apoyar la labor de los agentes implicados, se publicó la “Guía para el primer interviniente”, dirigida a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Además, en marzo de 2025 se añadieron dos documentos operativos complementarios. Estos materiales fueron elaborados por un grupo de trabajo multidisciplinar en el que participaron representantes del Ministerio Fiscal, cuerpos policiales, la Universidad Complutense de Madrid y organizaciones especializadas como Fundación A LA PAR y Plena Inclusión. La finalidad de estos recursos busca reforzar la capacitación práctica de los agentes policiales en situaciones que impliquen a personas con discapacidad intelectual.

El plan también contempla mejorar el acceso a la información a través de materiales adaptados en formatos de lectura fácil, facilitando así la comprensión a las personas con discapacidad. Además, se impulsa la formación especializada de los cuerpos policiales en técnicas de detección, identificación y respuesta frente a incidentes que puedan afectar a este colectivo. En esta dirección, se prioriza la organización de jornadas formativas conjuntas orientadas tanto al personal de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas como a entidades sociales especializadas, con el propósito de fortalecer la coordinación interinstitucional.

Europa Press consignó que los días 17 y 18 de diciembre de 2025 se celebró el VIII Seminario sobre Delitos de Odio bajo el lema “Delitos de odio y discapacidad: actuación policial y protección de las víctimas”. Este evento, organizado por la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio (ONDOD), sirvió para ampliar la formación de los diferentes cuerpos policiales en la materia y compartir buenas prácticas y marcos de intervención en la protección de víctimas con discapacidad.

En la respuesta oficial, el Ejecutivo subrayó además el énfasis puesto en investigaciones orientadas a fundamentar políticas públicas desde la evidencia empírica, con especial atención a los riesgos que afrontan las personas con discapacidad intelectual. Todo este despliegue responde al objetivo declarado de frenar el avance de los delitos motivados por prejuicios y mejorar la protección y asistencia a las víctimas, según el Gobierno y tal como recogió Europa Press.

Varias patrullas de la Guardia Civil acudieron a un local nocturno en La Bañeza tras recibir el aviso de un altercado que involucró a varias personas y donde una mujer trans resultó herida, necesitando asistencia en el Centro de Salud de la localidad. Según informó la Subdelegación del Gobierno en León y publicó la Guardia Civil dentro de la operación Azadi, cinco mujeres, con edades comprendidas entre los 18 y 24 años, han sido detenidas por estos hechos.

El suceso ocurrió durante la madrugada del 22 de junio, cuando, en el interior de un pub de la localidad leonesa, se produjo una riña en la que participaron varias personas. La persona agredida, una mujer trans, sufrió lesiones que precisaron atención médica tras la pelea, según detalló la Subdelegación del Gobierno y reportó la Guardia Civil.

De acuerdo con la información oficial recogida por las autoridades, las cinco detenidas enfrentan cargos por lesiones y por riña tumultuaria. El proceso de identificación y arresto se llevó a cabo tras las diligencias de investigación abiertas por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de León.

Fuentes oficiales confirmaron que el operativo permitió restablecer la tranquilidad en el local tras los hechos, así como identificar a las personas implicadas. Las actuaciones policiales incluyeron la recogida de testimonios y el análisis de la situación para determinar la dimensión de la pelea y la participación de cada una de las implicadas.

Las detenidas, una vez instruidas las diligencias y confeccionado el atestado policial, han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Bañeza en funciones de Guardia, informó el medio.

La investigación sigue su curso para esclarecer en su totalidad las circunstancias que rodearon el enfrentamiento dentro del establecimiento de ocio nocturno, según consignó la Guardia Civil y la Subdelegación del Gobierno.

Entre las peticiones de la Agrupación Deportiva Ibérica (ADI LGTBI+) figura el reforzamiento de la educación inclusiva y la promoción de referentes positivos dentro de los clubes, federaciones y organismos deportivos internacionales, orientadas a combatir la discriminación. Según informó ADI LGTBI+ en un comunicado recogido por varios medios y consignado por Europa Press, la agrupación señaló la importancia de garantizar que la normativa aplicada en el deporte base priorice la participación total y el fomento de la salud física y mental de todas las personas, sin intimidaciones ni exclusión motivada por motivos de género o diversidad sexual.

El medio Europa Press detalló que ADI LGTBI+, que agrupa a la mayor parte de clubes deportivos LGTBI+ e inclusivos de España y Portugal, expresó su rechazo a la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de restringir la participación de mujeres transgénero en las categorías femeninas, política que entrará en vigor a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y que, según se precisó, no se aplicará con efecto retroactivo. Esta medida ha suscitado preocupación en la agrupación, que considera que la normativa se fundamenta en la categorización de “mujeres biológicas”, criterio que ADI LGTBI+ califica de acientífico.

De acuerdo con el comunicado emitido por ADI LGTBI+ y reproducido por Europa Press, la agrupación sostiene que la equidad en el deporte femenino requiere la promoción de recursos y programas igualitarios, en lugar de establecer barreras excluyentes. Según la entidad, las políticas de acceso deben sustentarse en argumentos científicos pluralistas y transparentes, sin imposiciones restrictivas que resulten discriminatorias. ADI LGTBI+ exige al COI la modificación inmediata de su política para garantizar la participación plena, inclusiva y segura de todas las atletas, permitiendo que se respete tanto su identidad de género como su derecho a competir en igualdad de condiciones.

ADI LGTBI+ argumentó, según reportó Europa Press, que los criterios actuales de elegibilidad publicados por el COI y basados en la clasificación de “mujeres biológicas” y la aplicación de pruebas genéticas asociadas al gen SRY no reflejan la complejidad del desarrollo sexual humano y la diversidad de identidades de género. La agrupación advierte que la aplicación de este enfoque excluye tanto a deportistas trans como a mujeres con diferencias en el desarrollo sexual (DSD), a pesar de que, históricamente, estas deportistas han competido y se han identificado dentro de la categoría femenina.

El texto de ADI LGTBI+ difundido por Europa Press apunta que la justificación del COI para establecer esta política se centra en los conceptos de equidad y seguridad en la competición femenina. Sin embargo, según ADI LGTBI+, esta posición parte de suposiciones generalizadas sobre posibles ventajas masculinas y omite considerar tanto la variedad de situaciones individuales como los casos específicos que desafían esas generalizaciones. La agrupación sostiene que la discusión sobre el rendimiento en el deporte vinculado al sexo biológico es compleja y carece de consenso absoluto en la comunidad científica, por lo que una política basada en simplificaciones puede favorecer situaciones de discriminación y vulnerar derechos fundamentales relacionados con la inclusión y la dignidad de las personas deportistas.

ADI LGTBI+ insiste en la necesidad de modificar con urgencia la regulación del COI para incluir sin exclusiones a deportistas trans y mujeres con DSD en la categoría femenina, bajo criterios que valoren la pluralidad científica y se abstengan de imponer reglas simplificadas que puedan fomentar la discriminación. Por añadidura, la agrupación requirió que la elegibilidad deportiva incorpore garantías que eviten cualquier medida restrictiva con posibles efectos excluyentes, además de pedir una protección activa de derechos humanos dentro del ámbito deportivo internacional.

En su posicionamiento, reproducido por Europa Press, ADI LGTBI+ recuerda que la legislación española prohíbe la discriminación en el acceso al deporte por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género. Alude a la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans, la Ley 39/2022 del deporte y la Ley 15/2022 de igualdad de trato y no discriminación, como respaldo normativo de esta protección. Según expusieron desde ADI LGTBI+, las medidas adoptadas por el COI colisionan con los principios recogidos en estos textos legales.

Para la agrupación, es fundamental que el COI, al establecer sus políticas, considere la diversidad y la complejidad individual presentes en las personas deportistas, y tome en cuenta las recomendaciones de organismos y expertos que reclaman procesos basados en la ciencia y el respeto a los derechos humanos. ADI LGTBI+ subraya que el compromiso con la inclusión y la equidad solo puede alcanzarse mediante reglas revisadas y legítimas, que integren la evidencia científica más actual y plural, y respalden los valores de no discriminación y plena participación en el deporte a todos los niveles.

La administración de Donald Trump otorgó un plazo de 10 días a la Universidad Estatal de San José para modificar su política sobre deportistas transgénero bajo la amenaza de sanciones legales y la posible pérdida de fondos federales, tras una investigación federal concluida en enero que determinó que la institución violó normas de acoso sexual y discriminación, según publicó el diario local The Mercury News.

La presidenta de San Jose State, Cynthia Teniente-Matson, confirmó que la universidad rechazó las condiciones exigidas por el gobierno federal y recurrió a una demanda judicial para intentar frenar la retirada de financiación.

El gobierno de Trump exige la exclusión de deportistas transgénero en la universidad

En enero, el Departamento de Educación de Estados Unidos concluyó que permitir la participación de una atleta transgénero en el equipo de voleibol femenino violaba el Título IX, la principal normativa federal contra la discriminación por sexo en espacios educativos, de acuerdo con la investigación citada por The Mercury News.

El informe sostuvo que tanto el acceso de la deportista a la competencia femenina como a las instalaciones para mujeres suponían una denegación de oportunidades y beneficios educativos en igualdad de condiciones.

Para remediar la infracción, el Departamento presentó un acuerdo que requería que la universidad adoptara definiciones basadas en la biología para el sexo, separara equipos deportivos e instalaciones según el sexo biológico, restaurara títulos y registros deportivos a atletas nacidas mujeres y remitiera cartas de disculpa personalizadas a quienes, según la investigación federal, sufrieron discriminación. En caso de negarse, el centro educativo podría perder el acceso a fondos federales, según el despacho dirigido por la subsecretaria para Derechos Civiles, Kimberly Richey.

“El departamento está poniendo a la universidad sobre aviso: cumpla la ley o arriesgue sus recursos federales”, advirtió Richey en declaraciones recogidas por The Mercury News. Esta advertencia se emitió después del vencimiento previo de un plazo para alcanzar un acuerdo voluntario, que había expirado el fin de semana anterior.

Un conflicto con múltiples frentes y consecuencias millonarias

El conflicto nació en 2024, cuando la inclusión de una atleta transgénero en el equipo femenino de voleibol fue rechazada por equipos rivales —algunos se negaron a competir— y una compañera interpuso una demanda, según relata The Mercury News. Las investigaciones oficiales fueron abiertas en febrero de 2025.

Desde 2025, el presidente Donald Trump firmó varias órdenes ejecutivas que restringen los derechos de la población transgénero, estableciendo, entre otras medidas, la limitación de tratamientos de afirmación de género en jóvenes, la prohibición de la participación de atletas transgénero en competiciones y el uso del criterio binario para el reconocimiento legal del sexo.

The Mercury News indica que estas políticas afectaron tanto a centros de primaria y secundaria como a universidades, especialmente en California.

En junio, la administración de Trump determinó que el Departamento de Educación de California y la Federación Interestatal de California incumplieron la ley federal al permitir la participación de deportistas transgénero, pero las autoridades locales sostienen que la normativa californiana requiere la inclusión según identidad de género.

Los directivos universitarios se enfrentan así a presiones cruzadas: arriesgan la pérdida de fondos federales si rechazan las exigencias federales, pero también arriesgan la financiación local si las aceptan.

El gobernador Gavin Newsom advirtió en octubre que las universidades de California que cedan frente a la agenda “anti-DEI y antitransgénero” dejarán de recibir miles de millones de USD en ayudas estatales.

Ni la Universidad Estatal de California —institución de la que depende San Jose State— ni las autoridades californianas respondieron a la solicitud de comentarios respecto a posibles medidas ante la advertencia federal, de acuerdo con The Mercury News.

La universidad comunicó oficialmente que no modificará su postura ni aceptará el acuerdo federal y mantiene que la ley vigente prohíbe discriminar a estudiantes transgénero.

La controversia enfrenta a una universidad que sostiene la protección de estudiantes trans con un gobierno federal decidido a restringir su participación bajo la amenaza de consecuencias legales y económicas.

Este martes, la Justicia brasileña resolvió que la joven de 29 años puede regresar a la Argentina para cumplir con trabajos comunitarios, además de pagar una caución que todavía no fue definida por el juez de turno.

“Fue una pesadilla”, aseguró Agostina este miércoles, en el marco de una improvisada rueda de prensa que ofreció desde una sala del consulado argentino en la ciudad carioca.

Acompañada por sus abogados defensores, Carla Junqueira y Sebastián Robles, Páez contó que tras conocer la resolución de su caso, regresó al departamento en el que atravesó todo el proceso judicial porque lo único que necesitaba era descansar.

“He llegado muy cansada, me dolía todo el cuerpo. Comí algo, contesté algunos mensajes de mi familia y me fui a descansar”, explicó.

Una vez más, Agostina reconoció ante la prensa que está arrepentida por su accionar aquella madrugada del 14 de enero en un bar de Ipanema, en Río de Janeiro, donde fue grabada haciendo gestos racistas a los empleados del lugar.

“No soy discriminadora ni racista, no tuve la intención de ofender. He reaccionado mal a unos gestos obscenos. Pedí perdón y lo haría un millón de veces más”, sostuvo.

Consultada por los recaudos que tomaba a la hora de salir a la calle, en medio de las amenazas que recibía a diario a través de las redes sociales, Agostina detalló que tenía que camuflarse para resguardarse de alguna posible agresión.

“Para lo unico que salia era para ir al mercado, para comprarme comida y volvía. Salía toda tapada. Me pedía un auto, que ya me daba miedo porque aparece mi nombre, me bajaba en el mercado, volvía a subir, y volvía a entrar al edificio. Toda tapada, camuflada e intentaba hablar portugués para que no sospechen de que era yo”, precisó en diálogo con el canal A24.

Y en ese sentido, señaló: "Para mi salir era toda una experiencia y vivía paranoica. No veo la hora de estar en Santiago del Estero“.

Por su parte, la abogada Carla Junqueira explicó que ahora resta la definición del juez, que deberá estudiar los tratados bilaterales para entender las herramientas para que ella pueda volver a Argentina. "Esperamos para los próximos días que el juez se expida sobre el valor de la caución y los trámites para que Agostina se saque la tobillera y pueda volver a la Argentina", puntualizó la letrada, quien también defendió a Thelma Fardin en la causa por abuso sexual que la actriz le inició a su colega, Juan Darthés.

Casi en simultáneo a las declaraciones de la abogada y su defensora ofrecían desde Brasil, el jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, brindaba una conferencia de prensa en la Casa Rosada durante la cual celebró la liberación de la acusada y, al mismo tiempo, destacó el trabajo del Gobierno nacional.

“Desde el primer momento estuvimos siguiendo la situacion y brindando apoyo en el marco del tratado de cooperacion judicial entre ambos paises. Este gobierno encara con total seriedad las gestiones diplomaticas, y eso implica, como en este caso, no someternos a los tiempos de la prensa para poder lograr resultados. Que es, en definitiva, lo único que nos importa”, subrayó al leer el sexto punto de su comunicado.

Qué resolvió la Justicia de Brasil

Agostina Páez enfrentó este martes la audiencia clave en el marco de la causa que la mantiene retenida en la ciudad de Río de Janeiro, acusada de injuria racial, que tiene una pena de hasta 5 años de prisión, y todas fueron buenas noticias: si bien falta la firma del juez, no va presa y vuelve al país.

Así lo confirmó la propia defensa de la abogada santiagueña, quien al salir de la audiencia confirmó que la Fiscalía y la querella no se opusieron a que su defendida regrese al país: “El juez tiene que definir en el escrito la caución pecuniaria (fianza); es una cuestión de días”.

Ahora, Agostina deberá pagar una multa y hacer servicios comunitarios. Sus defensores calculan que en tres días podrá estar de regreso en su casa, pero depende de la resolución del juez sobre qué tiene que pagarles a las víctimas y cuánto dinero.

La abogada Junqueira contó que, durante la audiencia, en lugar de las tres denuncias que le endilgaban a la santiagueña y que llevaban la pena en expectativa a 15 años de cárcel de máxima, “la Fiscalía la redujo a una con una pena mínima de dos años, reemplazable por servicios comunitarios en Argentina y pago de reparación a las víctimas”. Es que, finalmente, la acusación tomó todo como un delito continuado con tres víctimas.

Junqueira añadió a ello como positivo que “la fiscal mencionó claramente que había pedido disculpas y había entendido lo que significa el racismo en Brasil”.

La palabra del padre de Agostina

En una entrevista concedida este miércoles, Mariano Páez confirmó en Infobae al Amanecer que “se cayeron tres causas”, luego de que hablaran los testigos del bar donde ocurrieron los hechos. “Hubo mucha contradicción entre ellos, quedó solamente la condena de la seña de mal gusto al tipo que la amenaza con tocarse el miembro”, precisó.

Consultado sobre el temor a una condena de prisión, Páez reconoció: “En todo momento pensé que podía quedar presa. Ella también, porque había un ensañamiento muy fuerte hacia ella. No sé a qué se debe, nosotros no somos de la política. Ella es abogada influencer y yo tengo una pequeña empresa de transporte”, señaló el papá, durante la conversación con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

Finalmente, la fiscalía brasileña imputó a Agostina Paez solo por un hecho, y fijó una pena menor de dos años de tareas comunitarias en Santiago del Estero, además de un oneroso resarcimiento económico para los damnificados.

“La Fiscalía pidió 40 mil dólares por cada uno de los supuestos damnificados. Es una locura. La han dañado psicológicamente, con tres meses sin trabajar. La han enfermado psicológicamente y encima pagarle a esta gente que se contradecía en las declaraciones, me parece que también hay que ver ese tema o apelar”, señaló el papá de la imputada.

Sin embargo, la familia tendrá que afrontar un cuantioso costo económico. Se estima que los pagos podrían ascender a USD 40.000 por cada perjudicado.

En una entrevista, Mariano Páez confirmó en Infobae al Amanecer que “se cayeron tres causas”, luego de que hablaran los testigos del bar donde ocurrieron los hechos. “Hubo mucha contradicción entre ellos, quedó solamente la condena de la seña de mal gusto al tipo que la amenaza con tocarse el miembro”, precisó.

Consultado sobre el temor a una condena de prisión, Páez reconoció: “En todo momento pensé que podía quedar presa. Ella también, porque había un ensañamiento muy fuerte hacia ella. No sé a qué se debe, nosotros no somos de la política. Ella es abogada influencer y yo tengo una pequeña empresa de transporte”, señaló el papá, durante la conversación con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

Este martes, luego de semanas de espera, el tribunal condenó a Páez por un solo hecho de injuria racial, tras determinar que realizó gestos hacia un mozo en un bar. El padre de la joven subrayó el alivio que siente la familia: “Ahora estamos tranquilos porque ya no hay forma de que quede detenida”.

El costo de la sanción económica

Finalmente, la fiscalía brasileña ayer imputó a Agostina Paez solo por un hecho, y fijó una pena menor de dos años de tareas comunitarias en Santiago del Estero, además de un oneroso resarcimiento económico para los damnificados.

“La Fiscalía pidió 40 mil dólares por cada uno de los supuestos damnificados. Es una locura. La han dañado psicológicamente, con tres meses sin trabajar. La han enfermado psicológicamente y encima pagarle a esta gente que se contradecía en las declaraciones, me parece que también hay que ver ese tema o apelar”, señaló en Infobae en vivo.

Por otro lado, el empresario aclaró que Agostina nunca estuvo detenida en una comisaría: “Ella nunca estuvo presa ni nunca estuvo detenida tampoco. Estuvo con tobillera en un complejo cerrado por seguridad. Lo que no podía era salir de Río de Janeiro”.

Respecto a los próximos pasos, Páez explicó que la intención es que “vea a su hermana, a sus amigas, tratar de volver a su actividad”. “Está muy ansiosa con volver”, graficó, pero indicó que el regreso no será inmediato, ya que faltan algunos trámites. “No es tan rápido. Tengo los vuelos para el viernes, seguramente los cancelaré o veremos. Supongo que la otra semana o el viernes va a tardar”.

La defensa de Agostina Páez realizará una conferencia de prensa este miércoles a las 9.30 en el Consulado argentino en Río de Janeiro. Allí se darán más detalles sobre el dictamen judicial y las tareas comunitarias que podrá cumplir la abogada en la Argentina.

El traslado a Santiago del Estero dependerá del monto de la caución y de los trámites finales, incluyendo la remoción de la tobillera electrónica y revisiones médicas.

Ayer, la abogada Carla Junqueira detalló que el juez “no falló en el fondo” del conflicto, y valoró positivamente la resolución. Según sum irada, “el pedido de disculpas significó que Agostina terminó de entender lo que significa para Brasil el racismo” y que por ese motivo “no se opondría a que Agostina vuelva a Argentina”.

Los posteos en redes sociales de Agostina Paez

Conocida la sentencia, Agostina Paéz publicó una historia en su cuenta de Instagram, donde volvió a mostrarse arrepentida por lo ocurrido: “Aprendí lo que es el racismo, lo que sufrieron y sufren muchas personas, me informé, hablé con ellos, aprendí y entendí el dolor que puede causar”. La abogada reconoció que los días del proceso fueron “muy duros, de mucha soledad y tristeza, pero también de mucha reflexión y aprendizaje”.

En su declaración, Páez pidió disculpas nuevamente por su accionar: “Me arrepiento de mi reacción, cometí un grave error, me equivoqué, sea cual sea el contexto en el que pasó. Entiendo que pudo haber lastimado a muchas personas, y pido disculpas nuevamente a todas las personas que se sintieron ofendidas”.

En un siguiente posteo, la abogada influencer compartió una humorada sobre su situación. “Se instaló en X. Es una boluda, pero es nuestra boluda”, decía el mensaje. Y concluyó: “Y si. Mi país”.

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Así lo confirmó la abogada de Agostina, Carla Junqueira, al salir de la audiencia este martes. Dijo que la Fiscalía y la querella no se opusieron a que su defendida regrese al país: “El juez tiene que definir en el escrito la caución pecuniaria (fianza); es una cuestión de días”.

Ahora, Agostina deberá pagar una multa y hacer servicios comunitarios. Sus defensores calculan que en tres días podrá estar de regreso en su casa, pero depende de la resolución del juez sobre qué tiene que pagarles a las víctimas y cuánto dinero.

El caso contra Agostina se originó el 14 de enero, cuando fue grabada realizando gestos considerados racistas hacia empleados de un bar en el barrio de Ipanema, lo que derivó en tres denuncias penales por discriminación. El video, que se viralizó rápidamente, desencadenó una investigación de la Justicia de Brasil y la imposición de medidas cautelares: tobillera electrónica y prohibición de abandonar el país.

La abogada Junqueira contó que en la audiencia, en lugar de las tres denuncias que le endilgaban a la santiagueña y que llevaban la pena en expectativa a 15 años de cárcel de máxima, “la Fiscalía la redujo a una con una pena mínima de dos años, reemplazable por servicios comunitarios en Argentina y pago de reparación a las víctimas”. Es que, finalmente, la acusación tomó todo como un delito continuado con tres víctimas.

“Si Dios quiere, en días puedo volver a la Argentina. Al juez le dije la verdad, todo lo que ha pasado; les he pedido perdón a las supuestas víctimas", comentó Agostina ante la prensa que estaba en la puerta del juzgado. Y agregó: “Fue la peor experiencia de mi vida”.

Luego, la abogada acusada reveló: ”Las víctimas no dijeron nada, han aceptado las disculpas y se han ido". Y sobre el gesto que le hicieron a ella comentó que “no ha habido un pedido de disculpas”.

Junqueira añadió a ello como positivo que “la fiscal mencionó claramente que había pedido disculpas y había entendido lo que significa el racismo en Brasil”.

“Me siento aliviada, pero hasta que no esté en Argentina no voy a estar en paz. Voy a seguir encerrada porque he seguido siendo amenazada. Que esta resolución no quita que no me puedan hacer algo”, explicó Agostina luego. Serán las horas más largas las de la espera de la resolución del juez y ahí se verá qué tiene que pagarles a las víctimas.

Por qué el gobierno argentino no pudo interceder

En el caso de Agostina Páez, y en el de cualquier otro detenido en el exterior por causas penales, el gobierno de Argentina no puede intervenir para traerlos de vuelta por un principio básico del derecho internacional: la soberanía judicial del país donde ocurrió el hecho.

En el caso de Agostina, como el hecho investigado ocurrió en Río de Janeiro, la justicia brasileña tiene competencia exclusiva. Eso significa que la investigación, la detención o retención, el proceso judicial y cualquier restricción para salir del país solo pueden decidirlos jueces o fiscales brasileños.

Ningún gobierno extranjero puede ordenar que la persona vuelva a su país.

¿Qué sí puede hacer el gobierno argentino? A través del consulado en Río o la embajada en Brasilia puede verificar que la detenida tenga defensa legal, asegurarse de que no se vulneren sus derechos, permitir contacto con la familia, visitar a la persona si está detenida o facilitar un abogado o traductor.

Esta asistencia consular, como se la llama, se le brindó a Páez desde el mismo día en el que fue informada del proceso, según ella misma destacó varias veces. Y este martes sí hubo gente del consulado en la audiencia.

Sin embargo, no pueden sacarla del país ni interferir en la causa. Eso solo se puede lograr a través de un consenso entre las partes durante una audiencia judicial, como ocurrió este martes.

En ese contexto, el canciller Pablo Quirno tuiteó la noticia sobre el regreso de Agostina esta noche con la frase: “Hechos, no palabras”.

Agostina Páez enfrentó este martes la audiencia por haber realizado gestos considerados racistas hacia empleados de un bar en el barrio de Ipanema, lo que derivó en tres denuncias penales por discriminación. El video del hecho, que se viralizó rápidamente, fue clave y le valió una tobillera electrónica y la prohibición de abandonar el país. Ahora, luego de que la Fiscalía y la querella no se opusieron a que regrese a Argentina, solo le queda esperar la firma del juez para estar de nuevo en su casa.

Mientras tanto, el caso de Agostina ha despertado una pregunta que se repitió en redes sociales: por qué el Gobierno no pudo interceder para que estuviera antes de regreso en Argentina.

En el caso de Agostina, y en el de cualquier otro detenido en el exterior por causas penales, el gobierno de Argentina no puede intervenir para traerlos de vuelta por un principio básico del derecho internacional: la soberanía judicial del país donde ocurrió el hecho.

Sobre la situación de Agostina, como el hecho investigado ocurrió en Río de Janeiro, la justicia brasileña tiene competencia exclusiva. Eso significa que la investigación, la detención o retención, el proceso judicial y cualquier restricción para salir del país solo pueden decidirlos jueces o fiscales brasileños.

Ningún gobierno extranjero puede ordenar que la persona vuelva a su país.

¿Qué sí puede hacer el gobierno argentino?

A través del consulado en Río o la embajada en Brasilia puede verificar que la detenida tenga defensa legal, asegurarse de que no se vulneren sus derechos, permitir contacto con la familia, visitar a la persona si está detenida o facilitar un abogado o traductor.

Esta asistencia consular, como se la llama, se le brindó a Páez desde el mismo día en el que fue informada del proceso, según ella misma destacó varias veces. También este martes estuvo la gente del consulado presente en la audiencia a la que no pudo ingresar ni el papá de la acusada.

Sin embargo, el consulado argentino en Río no podía sacarla del país ni interferir en la causa. Eso solo se puede lograr a través de un consenso entre las partes durante una audiencia judicial, como ocurrió este martes.

En ese contexto, el canciller Pablo Quirno tuiteó la noticia sobre el regreso de Agostina esta noche con la frase: “Hechos, no palabras”.

La audiencia

Agostina solo necesita ahora la firma del juez para regresar al país. Es que, tal como lo explicó la abogada Carla Junqueira a los medios argentinos que estaban en Río de Janeiro, la Fiscalía y la querella no se opusieron a su retorno a Santiago del Estero.

“El juez tiene que definir en el escrito la caución pecuniaria (fianza); es una cuestión de días”, aclaró la letrada.

Ahora, Agostina deberá pagar una multa y hacer servicios comunitarios incluso en Argentina. Sus defensores calculan que en tres días podrá estar de regreso en su casa, pero depende de la resolución del juez sobre qué tiene que pagarles a las víctimas y cuánto dinero.

Una cuestión positiva, además del ofrecimiento de disculpas de la imputada, fue que, en lugar de las tres denuncias que le endilgaban a la santiagueña y que llevaban la pena en expectativa a 15 años de cárcel de máxima, la Fiscalía la redujo a una: un delito continuado con tres víctimas a las que deberá resarcir.

Ese cargo que le quedó a Agostina como acusación “tiene una pena mínima de dos años, reemplazable por servicios comunitarios en Argentina y pago de reparación a las víctimas”, aclaró Junqueira.

La secuencia que la dejó a un paso de ir a la cárcel ocurrió en un bar de Río de Janiero cuando estaba de vacaciones con sus amigas. Allí, según las tres denuncias que hay en su contra, habría realizado comentarios y gestos racistas a los empleados del lugas. Uno de estos episodios quedó registrado en cámaras de seguridad y sus videos rápidamente circularon por las redes sociales.

Por esas conductas, Páez podría recibir hasta 15 años de cárcel. Esto se debe a que que el delito que se la acusa tiene una pena de hasta 5 años y, como en total acumula tres acusaciones, la querella pidió que le den la máxima en cada una.

Sobre la jornada de este martes, la abogada de la acusada, Carla Junqueria, dijo: “La extensión de la audiencia dependerá de lo que pase, puede ser que termine mañana mismo (es decir hoy) y que tengamos una definición, o que el juez siga en otro día”.

Agostina Páez habló con TN este martes y dijo: “Si me condenan, yo me mato o me matan ahí adentro, no sé. Imagínate ir a una cárcel en un país que me odia y en cárceles como las que hay aquí en Río. Yo me mato”.

Por ahora, la Justicia de Brasil le dictó a la argentina una serie de medidas cautelares mientras se define su situación judicial. Entre ellas, tobillera electrónica y prohibición de abandonar el país.

En una entrevista con Infobae, la santiagueña había dicho: “Mi abogada lo que quiere es revocar las medidas cautelares y que yo pueda responder el proceso desde Argentina. Y después que se traten las cuestiones de fondo, es decir, de los hechos. Su principal objetivo es conseguir eso por mi integridad física también, porque yo estoy corriendo peligro. No es que quiera que me absuelvan o que no cumplir o salir impune. Lo único que quiero es volver a mi país, porque no me siento segura aquí y no puedo seguir viviendo de esta manera".

Mariano Páez viajó a Brasil para acompañar a su hija en la audiencia clave y, en diálogo con la prensa, describió el actual estado emocional en el que se encuentra ella como “una depresión profunda”. “Ni a mí me contesta el celular por dos o tres días porque no se levanta de la cama”, reveló. Agostina esta siendo acompañada por psicólogos y psiquiatras.

Durante la entrevista, Mariano Páez expresó su preocupación no solo por la salud de su hija, sino también por la magnitud de la pena solicitada: “Creo que el pedido de 15 años es una locura, no es un crimen”. Además acusó a las autoridades provinciales que le soltaron la mano. “No tengo apoyo del Gobierno ni de Santiago del Estero, nadie se comunicó”. En ese sentido, explicó que solo mantuvo contacto con la Cancillería, que le confirmó estar al tanto del caso, pero sin capacidad de intervención directa.

Una salida nocturna en la capital del país derivó en una denuncia pública que rápidamente se viralizó en TikTok, luego de que una joven señalara presuntos actos de discriminación en un establecimiento ubicado en Mérida, Yucatán.

La usuaria Albany Álvarez (@albanyjalvarez_) compartió un video en el que documenta el momento en que le fue impedido el acceso al bar “La Sala”, situación que, según expuso, estuvo relacionada con su forma de vestir y criterios subjetivos sobre su apariencia.

En la grabación, que acumuló miles de reproducciones en pocas horas, la joven cuestiona directamente al personal encargado de la entrada para conocer el motivo específico de la negativa. Sin embargo, las respuestas no fueron claras. Uno de los trabajadores argumentó que el problema estaba relacionado con “sus colores” y con que su imagen no coincidía con el “perfil” del lugar.

La reacción de la afectada quedó registrada en el mismo clip, donde se le escucha preguntar: “¿Por mis colores? ¿A qué te refieres con mis colores?”, evidenciando su desconcierto ante la explicación recibida. Asimismo, intentó confirmar si existía un código de vestimenta formal que justificara la decisión, pero no obtuvo una respuesta concreta.

El caso generó una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron su respaldo a la joven y criticaron este tipo de prácticas en centros nocturnos. Muchos señalaron que este tipo de filtros de acceso, conocidos como “cadeneo”, continúan presentes en algunos establecimientos, pese a estar prohibidos.

Diversos comentarios en plataformas digitales apuntaron a que negar la entrada a una persona por su apariencia puede constituir un acto discriminatorio. En México, estas acciones están reguladas por organismos como la Procuraduría Federal del Consumidor y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que establecen lineamientos para evitar este tipo de conductas.

De acuerdo con la normativa vigente, restringir el acceso a un establecimiento por motivos relacionados con la apariencia, género, religión o preferencias personales puede derivar en sanciones que van desde multas económicas hasta la clausura del lugar.

Hasta el momento, el bar señalado no ha emitido una postura oficial respecto a lo ocurrido. Mientras tanto, el video continúa circulando y generando conversación, posicionándose como un ejemplo reciente de denuncias ciudadanas que encuentran eco a través de redes sociales.

El caso ha reavivado el debate sobre la inclusión y el respeto en espacios de entretenimiento, así como la necesidad de garantizar condiciones de acceso equitativas para todas las personas.

La actriz Natasha Dupeyrón denunció a través de sus cuentas oficiales un presunto acto de discriminación por parte de una aerolínea en México, luego de que le impidieran abordar un vuelo junto a su perro de servicio.

“Me negaron abordar mi vuelo”

A través de su cuenta de Instagram, Dupeyrón compartió un video en el que aparece visiblemente afectada en el aeropuerto. Entre lágrimas, explicó que, pese a contar con la documentación requerida, la aerolínea le negó el acceso debido a que su carta médica estaba en inglés, ya que reside en Estados Unidos.

“Me negaron abordar mi vuelo, aun teniendo todos los documentos necesarios: carta médica, vacunas completas y cumpliendo todos los requisitos. En México, además, lo que me solicitaban, ni siquiera es un requisito oficial de entrada. Lo peor del caso es que no fue una decisión consciente, a otra pasajera en mi misma situación sí la dejaron volar, ¿la diferencia? Ella vive en México. Yo en USA”.

La actriz relató que se encontraba lista para viajar junto a su mascota, identificada como Apolo, cuando recibió la negativa.

“Estoy con mis maletas y Apolo y Viva Aerobus no me dejó viajar, que porque como vivo en Estados Unidos y en México, no tengo derecho de ir con mi perro que porque mis papeles están en inglés. Presenté todos mis papeles y estoy aquí con mis maletas y no sé qué hacer”, señaló.

Dupeyrón cuestionó el criterio aplicado por el personal de la aerolínea y puso sobre la mesa el tema de los derechos de los pasajeros. “¿Desde cuándo el lugar en donde resides define tus derechos como pasajera? Esto no solo es falta de criterio, es un acto discriminatorio y completamente arbitrario. Viajar no debía depender del humor o la interpretación de alguien en el mostrador”, afirmó.

Horas más tarde, la actriz ofreció una reflexión más serena sobre lo ocurrido y explicó la importancia de visibilizar este tipo de situaciones.

“Qué pena llorar y subirlo aquí, no suelo hacer esto. Viajar con un perro de servicio no debería ser complicado, pero la ignorancia y la falta de empatía vuelven a todos más difícil y sí llega un punto en que una se cuestiona seriamente buscar otras opciones para cuidar la salud física y mental en una sociedad que aún no entiende. Ojalá eso cambie”.

Finalmente, reveló que la aerolínea se puso en contacto con ella y que procederán con el reembolso del costo del vuelo. El caso generó debate en redes sociales sobre los protocolos de viaje con animales de servicio y la aplicación de criterios por parte de las aerolíneas en México.

Se trata de Edith Herrera, candidata de Podemos Perú, quien ya había estado en el centro de la controversia por declaraciones similares semanas atrás. En las imágenes más recientes, la postulante evita responder preguntas y, en su lugar, lanza frases ofensivas contra la comunicadora, lo que ha sido interpretado por diversos sectores como un nuevo episodio de expresiones discriminatorias en medio de la campaña electoral.

Nuevo incidente reaviva polémica por expresiones discriminatorias

El altercado se produjo cuando la periodista de Cusco intentó recoger declaraciones de la candidata sobre temas de coyuntura. Sin embargo, lejos de atender la consulta, Edith Herrera reaccionó con descalificaciones directas. “Lávate primero bien los dientes antes de hablar y la boca... No me da la gana de darte una entrevista”, se le escucha decir en el video que ya circula ampliamente en plataformas digitales.

Durante el intercambio, la postulante también cuestionó el trabajo de la prensa, al que calificó como propio de un “cómico ambulante”. Estas expresiones elevaron la tensión del momento y evidenciaron una actitud confrontacional frente a la labor periodística, en un contexto donde el rol de los medios es clave durante los procesos electorales.

El punto más crítico del incidente ocurrió cuando la candidata hizo referencia al color de piel de la periodista. “Mi hijo es blancón. ¿Qué color eres?... un poquito más oscurita que yo”, afirmó, en una frase que ha sido ampliamente difundida y cuestionada por su contenido considerado racista y clasista.

Las imágenes no tardaron en viralizarse, provocando una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios, colectivos y distintas figuras públicas expresaron su rechazo al lenguaje utilizado. Este nuevo episodio reabre el debate sobre el discurso de los candidatos y la importancia de mantener estándares de respeto durante la contienda electoral.

Pese a la controversia, la aspirante continúa figurando como candidata al Parlamento Andino en el portal “Voto Informado” del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), donde aún aparece como parte de la lista de Podemos Perú, agrupación política liderada por José Luna.

Detención en comisaría y denuncias por agresión: la otra controversia reciente de la candidata

Semanas antes del nuevo incidente con una periodista, Edith Herrera ya había protagonizado otra polémica que también generó cuestionamientos públicos. A fines de febrero de 2026, la entonces candidata al Parlamento Andino por Podemos Perú fue detenida en la ciudad de Cusco tras un altercado dentro de la Comisaría de Santiago, donde acudió para presentar una denuncia contra un taxista.

De acuerdo con el reporte policial, la situación se tornó tensa cuando la postulante se negó a ser atendida por suboficiales y exigió hablar únicamente con el comisario. Esta actitud derivó en un enfrentamiento verbal que, según la versión oficial, escaló a agresiones físicas contra efectivos. Un oficial de la Unidad de Flagrancia precisó que la intervención se produjo por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de violencia y resistencia a la autoridad.

Durante el incidente, además, se registraron frases de carácter discriminatorio dirigidas a los agentes policiales. En los videos difundidos posteriormente, se le escucha lanzar comentarios despectivos como “Quispe tenías que ser” y cuestionamientos sobre la formación profesional de una suboficial, además de expresiones ofensivas relacionadas con identidad cultural. Tras su detención, el Ministerio Público dispuso su liberación bajo investigación, mientras que Podemos Perú anunció el retiro de su candidatura y solicitó que las autoridades aceleren las diligencias del caso.

“Existe una deuda histórica con las comunidades jornaleras, no pueden seguir diciendo que algún día llegará esa justicia”, sentenció Isis Ahumada, directora de “Mi No Lugar”, un documental sobre la explotación infantil en el campo que también muestra las violencias que los niños y niñas atraviesan en estas comunidades.

Como un grito para exigir atención por parte del Estado, este trabajo cinematográfico muestra la historia de Jonathan, un niño de 13 años que llega a la comunidad de Quesería, al norte de Colima, con el objetivo de continuar sus estudios dentro de una familia dedicada al trabajo de campo, en específico de la caña de azúcar.

Durante poco más de una hora, el espectador se adentra al contexto de una familia migrante que traslada su vida a Colima -desde el estado de Guerrero- para laborar en el campo, buscando que su hijo mayor pueda tener un futuro distinto, pero, en palabras de Isis Ahumada: “la realidad superó al cine”.

Jonathan: el reflejo de cientos de niños y niñas que deben abandonar su infancia para trabajar

En entrevista con Infobae México, Isis Ahumada comentó que la historia de Jonathan la atrapó debido a que sus hermanos le hablaban con entusiasmo sobre su llegada a Quesería para estudiar, y con el paso del tiempo, logró ver en él la manera en que se deben adaptar a sitios nuevos y que, en muchas ocasiones, terminan siendo sus “no lugares”.

Pese a los intentos por continuar sus estudios, en la película se observa que Jonathan debe enfrentarse a la discriminación por parte de sus compañeros, a la pobreza que le impide a sus padres comprarle lo necesario para ir a la escuela, así como la enfermedad que lo orilla a los campos de caña de azúcar.

“Fue en 2015 este seguimiento mucho más puntual de cuando él está en la escuela, (pero) tiene dificultades. Que si el uniforme, los zapatos, (en) toda esa primera parte nosotros sí manteníamos la idea de que podía seguir en la escuela, de que podía ser un caso de éxito, digamos. Buscábamos la forma de apoyarle, pero hubieron varios retos con Jonathan.

Nos dábamos cuenta de que (su contexto) era un monstruo de mil cabezas, o sea, un día era el uniforme, pero otro día era que su papá estaba enfermo y entonces alguien tenía que ir a trabajar y entonces otro día alguno de sus hermanos se enfermaba y otro día en la escuela la pasaba mal y entonces no quería ir. También me daba cuenta que al final no era que Jonathan no quisiera ir por no querer, era realmente que él no la estaba pasando bien en la escuela”, contó la cineasta, quien también fue maestra de Jonathan en la secundaria.

Pese al intento por querer salir del trabajo de campo, y de resistir a la desigualdad y discriminación con tan solo 13 años de edad, Jonathan se ve obligado a dedicarse a cortar caña de azúcar de manera esporádica. Sin embargo, un salto en el tiempo nos lleva a sus 18 años, cuando regresa a Quesería para trabajar en este sector agrícola de manera permanente.

Comunidades jornaleras no solo resisten la desigualdad, también huyen del crimen organizado

La directora de “Mi No Lugar” también señaló que su documental es un reflejo no solo de lo que pasó con Jonathan en Colima, sino de lo que cientos de niñas y niños viven en otros estados y sectores agrícolas que permiten su incorporación.

Ahumada también explicó a esta casa editorial que muchos de los jóvenes migrantes de Guerrero que documentó, le compartieron que habían huido de su hogar para evitar ser reclutados por el crimen organizado, lo que muestra la vulnerabilidad y desigualdad en la que estas comunidades se encuentran y que los obliga a abandonar sus tierras para trabajar y buscar mejores condiciones, aunque estas no siempre lo sean.

“Algo de lo que nosotros pudimos darnos cuenta con las historias que nos contaban (es que), sobre todo los jóvenes que venían de Guerrero, venían huyendo de este reclutamiento. O sea, si bien en Colima encuentran una cara también poco amigable con la explotación, en Guerrero no había manera de conseguir un empleo que saliera de este esquema, a veces del crimen organizado, incluso todo el tiempo estaban siendo acechados”, reveló.

Además, comentó que en Colima también han visto un repunte en la inseguridad, lo que pone a las comunidades migrantes en un constante estado de vulnerabilidad.

“Ha estallado la inseguridad a un nivel que no conocíamos y desafortunadamente, pues también las comunidades en situación de migración son los más expuestos porque permanecen en condiciones muy precarios y obviamente, pues ahí el crimen va, se mete. Hay también un consumo de alcohol, de drogas en jóvenes a muy temprana edad porque este trabajo te deja agotadísimo y entonces muchos de ellos recurren al consumo para poder sacar el día de la jornada. Entonces les llega de todo, entre poder ser reclutados o ser consumidores” explicó.

Casi 4 millones de niñas y niños se encuentran en situación de trabajo infantil

Pese a que el trabajo infantil está prohibido por la Ley Federal del Trabajo y la Constitución Mexicana, millones de niños y niñas son explotados de manera diaria en diversos sectores económicos ante las condiciones de pobreza en las que su familia se encuentra.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2022 (la más actual), en México había 28.4 millones de niñas y niños de 5 a 17 años de edad, de los cuales 3.7 millones se encontraban en situación de trabajo infantil.

De los 3.7 millones identificados, un total de 39.8% correspondía a mujeres y el 60.2% a hombres, mostrando una clara tendencia a que los varones sean integrados desde la infancia al trabajo.

Cabe señalar que la encuesta también arrojó que el 33% de los niños y niñas realizaban trabajos en el sector agropecuario, siendo la principal actividad en la que se integran para ganar dinero.

Documental está disponible en cines de varias entidades y en CDMX

“Mi No Lugar”, producida por Chulada Films, se encuentra en cartelera de cines de varias entidades del país y la Ciudad de México, como la Cineteca Nacional Xoco. Para conocer sus horarios pueden hacerlo en las redes sociales de la película: @minolugar en Instagram.

El evento Perreo Picnic anunció un cambio de sede tras denunciar actos de discriminación. La función, que originalmente se realizaría en Lago Algo, Chapultepec, fue trasladada a Mr. Duck, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Postura de los organizadores

Tras darse a conocer que el evento no fue autorizado por las autoridades capitalinas, los organizadores identificados como Perreo Millennial denunciaron que la cancelación por parte de los responsables de Lago Algo se debió a presuntos motivos de discriminación y clasismo hacia el género y las audiencias del reguetón y la cultura sonidera.

En su mensaje, difundido en redes sociales, afirmaron: “Perreo Picnic cambia de sede por motivos de discriminación por parte de Lago Algo y ahora se realizará en Mr. Duck con el line up completo”.

El colectivo relató que desde el 4 de marzo se analizaron cambios para mantener la viabilidad del evento e intentaron resolver las restricciones impuestas por Lago Algo, pero los argumentos recibidos fueron inconsistentes.

Finalmente, el 17 de marzo se les notificó que no se aceptaban las soluciones planteadas y se cancelaba la continuidad en el recinto original.

Chapultepec se posiciona

La Dirección Ejecutiva del Bosque de Chapultepec emitió un comunicado en el que explicó que no tuvo conocimiento previo de la realización del evento Perreo Picnic en el recinto Lago Algo, sino hasta pocos días antes de la fecha programada.

Una vez notificada, la dirección revisó la solicitud y determinó la suspensión del evento por no cumplir con los lineamientos necesarios de movilidad, operación y protección civil.

El documento oficial señaló:

“La decisión tomada responde exclusivamente a criterios técnicos y normativos. Rechazamos de manera categórica cualquier señalamiento que sugiera que esta determinación estuvo motivada por prejuicios o discriminación”.

Además, la dirección reiteró que el Bosque de Chapultepec es un espacio público abierto a todas las manifestaciones culturales y que sus decisiones buscan garantizar la seguridad de los asistentes.

Reacción de Sonido La Changa

Sonido La Changa, agrupación central del evento, confirmó la reubicación mediante un comunicado propio.

“Apreciables amigos, se cambia de sede el evento al MR. DUCK el domingo 22 de marzo en la calle 16 de septiembre #14 en el centro histórico de la CDMX, los esperamos”, informaron en sus redes sociales.

La agrupación reafirmó que el evento contará con el cartel completo y convocó a sus seguidores a asistir a la nueva sede para vivir la experiencia propuesta por Perreo Millennial.

El juez federal Alfredo Eugenio López lleva meses en el centro de una tormenta judicial e institucional. Todo comenzó en febrero de 2025, cuando organizaciones de la comunidad judía y otros particulares presentaron ante el Consejo de la Magistratura una serie de denuncias contra el titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata por publicaciones realizadas en su cuenta de X. Con una copia certificada de capturas de pantalla de posteos, reposteos y respuestas desde el usuario del juez, los denunciantes apuntaron contra el magistrado por considerar que había utilizado esa red social “para difundir de manera sistemática expresiones antisemitas que comprometen su imparcialidad, idoneidad y decoro”.

También evaluaron que la conducta virtual del magistrado había configurado “un patrón de hostilidad hacia los judíos, el sionismo e Israel, excediendo cualquier debate razonable sobre política internacional”.

Con la denuncia, se labró el expediente N° 19/2025 en la Comisión de Acusación del Consejo, donde el titular del Juzgado Federal 4 de Mar del Plata, oportunamente, se presentó para desarrollar y exponer su defensa basada -en líneas generales- en cuatro ejes: ejercicio legítimo de la libertad de expresión; inexistencia de delito; falta de legitimidad de las organizaciones denunciantes; y razones ajenas al antisemitismo para impulsar la denuncia en su contra.

Esta semana, por lo demás, la Comisión de Acusación reunió los votos de los consejeros Álvaro González, Luis Juez, Alberto Maques y Gonzalo Roca para elevar el caso al Plenario del organismo encargado de la selección y remoción de los jueces, presidido por el ministro de la Corte Suprema Horacio Rosatti. Si los dos tercios de los 20 consejeros aprueban la acusación, López será suspendido de su cargo y pasará a ser juzgado por mal desempeño ante un Jurado de Enjuiciamiento. Los consejeros Juez y Maques fueron propuestos como representantes del cuerpo para esa etapa.

El dictamen acusatorio que ahora será trasladado al plenario del Consejo de la Magistratura fue elaborado por el senador nacional Luis Juez, quien durante su instrucción identificó 17 mensajes publicados desde la cuenta @JuezLopezMDP entre septiembre de 2024 y julio de 2025 que consideró constitutivos de un patrón sistemático de agresión hacia la comunidad judía.

Entre ellos figuran: “A quién son leales los judíos que residen en nuestra patria?” y “Los judíos mataron a Cristo. Fin”. También: “Pueden dejarles sus comentarios a estos fariseos”; “Bueno judío, es Twiter y hay que abreviar”; “Otro J victimizándose, ya se les gastó de tanto usar, lo siento”; “Que idea judío insolente?”; “Otro juden” y “Si, raza de víboras”. Ante una nota periodística sobre el lanzamiento de un vuelo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv, el juez escribió: “¿ida y vuelta?”. Sobre la composición de la Corte Suprema, preguntó: “Usarán la Tora o la Constitución Nacional en la nueva ampliación de la Corte que se viene”. También reposteó un mensaje que decía: “El juez López es la voz de los que no tienen voz. Por tal motivo es el objetivo de la judiada, interna y externa. Debemos unirnos como pueblo en esta cruzada patriótica y poder así reconquistar el mando de nuestra nación, ya sin injerencia extranjera”. Y respondió “Muchas gracias” a un usuario que había escrito que “a estos miserables cerdos judíos hay que confrontarlos abiertamente y ponerlos en su sitio”.

En su descargo frente a la comisión acusatoria, el magistrado reconoció haber publicado esos mensajes y confirmó que administraba personalmente la cuenta de X.

El argumento central de López giró en torno a que sus publicaciones constituyen un ejercicio legítimo de la libertad de expresión. En su defensa sostuvo que sus mensajes eran “interpretaciones absolutamente subjetivas y descontextualizadas respecto de los intercambios realizados en las redes sociales, que de ninguna manera afectan el Servicio de Justicia ni la imparcialidad” de su función, “habida cuenta de que no se ha expresado en relación a ninguna causa en trámite”. Como prueba de ello, señaló que nunca fue recusado ni apartado de ninguna causa judicial.

López también argumentó que “del relato formulado en la denuncia no surge la comisión de ningún delito, razón por la cual no se formuló ninguna denuncia al respecto” en su contra en ningún fuero del país. Desde esa base, cuestionó que las organizaciones denunciantes hubieran recurrido al Consejo de la Magistratura: “Evidentemente los denunciantes lo hacen en esta instancia porque saben que carecen de consecuencias legales”, expresó, y advirtió que se reservaba el derecho a iniciar “denuncias penales y la reparación de los daños y perjuicios” contra los firmantes por lo que calificó como una “falsa denuncia”.

A su vez, el magistrado cuestionó la representatividad de las dos organizaciones que encabezaron las denuncias -el Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA) y la DAIA- y aseveró que “ambas organizaciones denunciantes se arrogan una representación que no les fue otorgada por quienes hicieron el intercambio de opiniones en la red social X”. Sobre la DAIA fue aún más crítico: la describió como “una organización que abiertamente representa los intereses de un Estado extranjero, mas no los de la totalidad de la colectividad judía”, y calificó las denuncias como el producto de “una pose de victimización genérica y absolutamente maliciosa” contra un magistrado “designado por concurso público y de acuerdo a todas las normas constitucionales vigentes con más de 40 años de trayectoria intachable”.

Por último, el denunciado buscó apoyo en la Resolución N° 259/2020, mediante la cual el propio Consejo de la Magistratura había archivado en noviembre de 2020 una denuncia en su contra promovida por el diputado Rodolfo Tailhade en virtud de expresiones vertidas igualmente en redes sociales. Para el juez, ese precedente era directamente aplicable al caso. Además, ofreció su propia lectura sobre el origen de las denuncias: sugirió que “lo que realmente ha molestado y motivado a perseguir a este magistrado por los denunciantes ha sido la difusión de la decisión tomada por la Corte Penal Internacional, ordenando la captura internacional del Primer Ministro Benjamín Netanyahu y su Ministro de Defensa por las gravísimas violaciones a los derechos humanos en la Franja de Gaza, siendo la República Argentina adherente al Tratado que reconoce competencia de ese órgano jurisdiccional penal internacional y que, teniendo en consecuencia rango constitucional, la República Argentina está obligada a acatar”.

También atribuyó parte de las críticas a su condición de católico y a su adhesión a la interpretación del constitucionalista Germán Bidart Campos sobre el artículo 2 de la Constitución Nacional, remarcando que “el odio y la persecución estarían motivadas en su condición de católico”.

El dictamen acusatorio de Luis Juez respondió punto por punto. Consideró que las expresiones digitales del magistrado no constituían “manifestaciones aisladas ni meras opiniones polémicas sobre asuntos públicos” sino “un patrón discursivo consistente con las formas contemporáneas de antisemitismo”, y dejó en claro que el eje del procedimiento no era la política internacional sino el cumplimiento de los deberes de imparcialidad, decoro e igualdad que exige la función judicial. Para arribar a esa conclusión aplicó la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), adoptada por el Consejo de la Magistratura mediante la Resolución N° 343/2024, y el “test de las tres D” -demonización, deslegitimación y doble estándar- utilizado internacionalmente para distinguir la crítica legítima al Estado de Israel del discurso antisemita. El dictamen también señaló que la “ausencia absoluta de autocrítica, arrepentimiento o distanciamiento” respecto de las publicaciones resultaba un elemento central para evaluar la aptitud de López para continuar ejerciendo la función judicial.

No es la primera vez que López queda envuelto en una controversia de alcance institucional. En 2021 protagonizó adquirió notoriedad pública al hacer lugar a una medida cautelar que ordenó suspender la aplicación de la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en su jurisdicción. El fallo fue revocado por la Cámara Federal de Mar del Plata.

Al cierre de la sesión de esta semana, donde se acordó tratar el caso de López en el plenario del Consejo para ver si se opta por activar un juicio político, el consejero Juez comentó a Infobae: “Un magistrado no puede sembrar odio, no puede discriminar ni poner en duda la igualdad de los ciudadanos. Cuando un juez deja de garantizar la imparcialidad, no falla solo a una persona, sino a la institución”.

Si prospera la acusación, será el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación el encargado de decidir la eventual destitución de López.

Después de una reciente decisión del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que suspendió sus vínculos académicos con Harvard y otras universidades como Yale, Brown, MIT y Princeton, las críticas hacia instituciones educativas de élite han escalado a un nuevo plano judicial. Según informó Europa Press, el Departamento de Justicia estadounidense ha presentado una demanda contra la Universidad de Harvard, acusando a la institución de no haber respondido como se esperaba a numerosas denuncias de hostigamiento y acoso contra estudiantes judíos e israelíes en sus campus. Esta acción legal se enmarca en un contexto de señalamientos previos formulados bajo la Administración Trump por políticas relacionadas con diversidad y meritocracia en el ámbito universitario.

De acuerdo con Europa Press, la demanda parte de incidentes registrados tras los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) del 7 de octubre de 2023. El Departamento de Justicia afirmó en un comunicado que en Harvard se han permitido actos hostiles protagonizados por grupos de estudiantes, profesores y visitantes que, en el marco de manifestaciones de oposición a Israel, incurrieron en actitudes de acoso, agresiones e intimidaciones dirigidas a miembros judíos e israelíes de la comunidad universitaria, destacando las conexiones raciales, étnicas y nacionales de las víctimas con ese país. Los hechos denunciados, según la acusación, muestran un supuesto patrón de inacción y tolerancia ante episodios de antisemitismo, atribuyendo a la universidad una actitud de “indiferencia” frente a la hostilidad protagonizada dentro del campus.

Pam Bondi, fiscal general estadounidense, señaló de manera explícita que demasiadas instituciones educativas han permitido el surgimiento del antisemitismo en sus entornos y consideró que esta demanda simboliza el compromiso de la Administración de Donald Trump por erradicar el comportamiento discriminatorio perjudicial para los estudiantes. Según reportó Europa Press, Bondi remarcó el propósito del Gobierno de aplicar sanciones y mecanismos de protección más estrictos, apuntando a una necesidad de acción estatal para proteger derechos civiles en el ámbito educativo. La demanda fue formalizada ante un tribunal de distrito en Massachusetts, reforzando la vía judicial contra Harvard por su presunta falta de intervención eficaz ante las denuncias de acoso.

La respuesta institucional de la Universidad de Harvard se oficializó a través de un comunicado, en el que negó de manera tajante las acusaciones de falta de acción. Según detalló el medio Europa Press, las autoridades universitarias sostienen que han desplegado medidas sustanciales y proactivas para hacer frente al antisemitismo y cumplir con los estándares de antidiscriminación y antiacoso. El comunicado detalla que Harvard ha fortalecido la capacitación y la formación de estudiantes, profesorado y personal universitario sobre cuestiones de antisemitismo, además de implementar nuevos programas que fomentan el diálogo civil y el desacuerdo respetuoso tanto en el aula como fuera de ella. La institución enfatizó que el conjunto de sus acciones contradice cualquier noción de indiferencia deliberada hacia los problemas señalados.

En la misma línea, Harvard subrayó el compromiso específico con los miembros de su comunidad judía e israelí y atribuyó la demanda a un acto de “represalia” por parte del Gobierno federal, debido a la negativa de la universidad de ceder el control institucional. Europa Press reportó que, desde la perspectiva de Harvard, el litigio constituye una presión indebida sobre su autonomía y sus políticas internas. La universidad insiste en que ha procurado proteger los derechos de todos sus miembros mediante la implementación de procedimientos y canales para denunciar y abordar cualquier forma de discriminación.

El conflicto judicial actual se suma a antecedentes recientes en los que la Casa Blanca, durante la Administración Trump, ya había presentado otra demanda contra Harvard. En esa ocasión, el Departamento de Justicia reclamaba la entrega de documentos que permitieran evaluar si existía discriminación luego de que la universidad debió revertir o eliminar programas de diversidad, igualdad e inclusión (conocidos como DEI) por orden del Gobierno. Según detalló Europa Press, la Administración Trump ha argumentado que estos programas, en lugar de fomentar la equidad, resultarían incompatibles con la meritocracia y el principio de igualdad de oportunidades.

En otro desarrollo paralelo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció el cese de la cooperación académica de su departamento con instituciones consideradas “criaderos ‘woke’ de adocrinamiento tóxico”, empleando ese término para cuestionar la orientación ideológica de algunas universidades. Afirmó abiertamente, según consignó Europa Press, que no se seguirán enviando militares a programas de posgrado que, en su opinión, contravienen los valores que el personal de las Fuerzas Armadas está obligado a defender. La postura del Departamento de Defensa refuerza la percepción, desde ciertos sectores gubernamentales, de que los actuales entornos universitarios estadounidenses representan amenazas para la pluralidad y la neutralidad educativa.

El debate sobre el tratamiento del antisemitismo en el campus ha adquirido una relevancia destacada en la agenda política y social del país, particularmente tras los sucesos de octubre de 2023 en Oriente Medio. Europa Press indicó que el gobierno federal ha manifestado la intención de sancionar con mayor severidad toda muestra de discriminación por motivos religiosos, raciales o étnicos, en especial en entornos académicos que reciben fondos públicos o colaboran institucionalmente con instancias estatales.

Según enfatizó Europa Press, las demandas interpuestas y las consecuencias institucionales en curso han producido un debate sobre los mecanismos más adecuados para conciliar la autonomía universitaria y la prevención de episodios de discriminación. El contexto incluye el escrutinio sobre la eficacia de los programas internos de las universidades y la presión que enfrentan estas instituciones para demostrar la existencia de protocolos confiables frente a denuncias de acoso o violencia motivadas por el origen, religión o afinidades internacionales de sus estudiantes. De acuerdo con las partes involucradas, la disputa probablemente continúe durante los próximos meses tanto en el ámbito judicial como en la discusión pública sobre los límites y obligaciones de las universidades en materia de derechos civiles y protección estudiantil.

La actriz Laura Zapata desató una fuerte controversia en redes sociales luego de realizar comentarios calificados como clasistas y discriminatorios hacia Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

El detonante fue una crítica de la ex villana de telenovelas en Televisa hacia la mandataria por viajar en aerolíneas comerciales, en lugar de usar un avión exclusivo, situación que ocurrió en el marco de un evento internacional.

Durante sus declaraciones en uno de sus programas grabados, la hermana de Thalía se refirió a la primera presidenta de México como “indita”, un término señalado como ofensivo por activistas y organismos de derechos humanos, provocando una ola de repudio en diversos sectores.

En redes sociales, las palabras de Zapata, quien también calificó a la presidenta como una persona “sin categoría, sin clase, sin presencia”, se viralizaron rápidamente, con miles de usuarios condenando el comentario.

Pese a las críticas, la actriz intentó justificar sus palabras diciendo que no eran racistas, sino una alegoría política. “Viajar en vuelo comercial no te hace humilde, pusiste en riesgo a los pasajeros”, sostuvo la actriz en una defensa que no logró apaciguar el descontento.

Derechos Humanos rechaza las declaraciones de Laura Zapata

Tras la polémica, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió un comunicado condenando enérgicamente las declaraciones de Zapata. El organismo señaló que este tipo de discursos refuerzan estereotipos históricos que perpetúan la exclusión y alimentan la violencia simbólica en contra de los pueblos indígenas.

“Toda forma de discriminación, directa o indirecta, basada en el origen étnico o color de piel, no solo es moralmente inadmisible, sino jurídicamente sancionable”, destacó el organismo.

En este sentido, la DDHPO anunció que presentará una queja formal ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), con la intención de que se analice la actuación de la actriz bajo lo estipulado en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Además, subrayó que las expresiones vertidas por Laura Zapata no pueden considerarse amparadas por la libertad de expresión, ya que perpetúan prejuicios y afectan la dignidad de sectores históricamente vulnerados.

¿Cuáles podrían ser las consecuencias legales?

De acuerdo con las leyes en México, los actos de discriminación pueden tener implicaciones legales si se demuestra que las expresiones de Zapata fomentaron la exclusión o violentaron los derechos fundamentales de las personas o grupos mencionados. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece que cualquier conducta que promueva la segregación o denigre a una persona por su origen étnico es sancionable.

Aunque el Conapred no tiene facultades penales, sí puede emitir sanciones administrativas como multas o la obligación de ofrecer disculpas públicas. Además, dependiendo de la investigación y las conclusiones, Zapata podría enfrentar posibles demandas civiles si alguien afectado decide proceder legalmente.

Por su parte, la polémica también podría repercutir en su carrera profesional, pues las redes sociales han mostrado un fuerte rechazo hacia la actriz, lo que podría significar el inicio de una ola de “cancelación” mediática que afecte sus futuros proyectos artísticos.

Libertad de expresión vs. discriminación

Una de las discusiones centrales que surge de este caso es el límite entre la libertad de expresión y los discursos discriminatorios. Si bien la Constitución mexicana protege el derecho a la libre manifestación de ideas, este derecho no es absoluto cuando se utiliza para perpetuar agresiones o menoscabar la dignidad de grupos históricamente marginados.

Como apuntó la DDHPO, las expresiones de Zapata no pueden ser tomadas como opiniones libres cuando refuerzan prejuicios que afectan la percepción social de los pueblos indígenas. En un contexto donde la población indígena ha sido histórica y sistemáticamente vulnerable, este tipo de comentarios no pasan desapercibidos.

“Permitir que el odio racista se propague sin control es una decisión que sigue perjudicando a jugadores, familias y comunidades en todo el mundo del juego”, sostuvo el Liverpool FC en un comunicado, en el que también subrayó su intención de colaborar con las autoridades correspondientes para identificar a los responsables de los insultos contra su defensor Ibrahima Konaté. Según publicó el Liverpool en su sitio web y conforme reportó el medio de referencia, el club inglés manifestó su rechazo absoluto a los ataques discriminatorios de los que fue objeto el futbolista francés tras una acción de juego frente al nigeriano Victor Osimhen, del Galatasaray SK.

Luego de un choque entre Konaté y Osimhen durante un partido reciente, el delantero nigeriano sufrió una fractura de brazo y debió ser sustituido en el descanso. Esta acción derivó en una serie de mensajes ofensivos dirigidos al central francés a través de redes sociales. De acuerdo con lo detallado por el Liverpool, los mensajes “deshumanizantes, cobardes y motivados por el odio” fueron calificados por el club como totalmente inadmisibles y constituyen una amenaza para la integridad tanto del jugador como del deporte en sí.

En el comunicado, el club demandó una respuesta urgente de las plataformas digitales responsables de alojar estos mensajes. "Las palabras de condena por sí solas no son suficientes. Las empresas de redes sociales deben asumir su responsabilidad y actuar de inmediato. Estas plataformas tienen el poder, la tecnología y los recursos para prevenir este abuso, pero con demasiada frecuencia no lo hacen", expresó el Liverpool. Según consignó la entidad británica, la existencia de cuentas anónimas que perpetúan mensajes de odio dificulta la erradicación del racismo y convierte a los jugadores en blancos constantes de estas manifestaciones.

El comunicado, tal como publicó el Liverpool, remarcó además que “nuestros jugadores no son objetos. Son seres humanos. Los insultos que siguen dirigiéndose a los jugadores, a menudo ocultos tras cuentas anónimas, son una mancha para el deporte y para las plataformas que permiten que persistan”. El club solicitó al conjunto del mundo del fútbol que se una para dejar claro que estas acciones no tendrán tolerancia y que resulta indispensable actuar de manera conjunta y enérgica.

El Liverpool enfatizó que la carga sobre los deportistas y las instituciones deportivas resulta insostenible, ya que, según señaló en el comunicado, los afectados suelen tener que soportar las consecuencias antes de que las plataformas o las autoridades intervengan. El llamado del club dejó en claro que “no se puede permitir que la situación actual continúe. Hay que afrontarla, combatirla y erradicarla, no mañana, sino ahora”.

El posicionamiento del Liverpool, de acuerdo con la nota publicada, propone no solo el apoyo a su futbolista y a su entorno, sino también la cooperación activa con organismos y autoridades para dar con quienes emitieron los mensajes ofensivos. El club considera que la lucha contra el racismo implica una respuesta colectiva por parte de la industria del fútbol y exige que las empresas tecnológicas apliquen de forma efectiva los mecanismos necesarios para identificar y bloquear el contenido discriminatorio.

La declaración, reproducida por el Liverpool FC, insistió en que el racismo no debe encontrar sitio “ni en el fútbol, ni en la sociedad, ni en ningún otro lugar, ni en internet ni fuera de ella”. De esta manera, el club británico dejó sentada su postura institucional frente a los episodios discriminatorios y exhortó tanto a plataformas digitales como a organizaciones del fútbol a tomar medidas eficaces para proteger a los deportistas y sus comunidades ante los ataques motivados por odio y prejuicio.

El Comité de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento de la FIFA recomendó no aplicar sanciones contra la Federación Israelí de Fútbol (IFA) por la presencia de equipos asentados en Cisjordania en sus competiciones, al sostener que el estatus definitivo de este territorio continúa siendo una cuestión pendiente y de gran complejidad dentro del derecho internacional. Según informó el medio original, esta postura se presentó tras la queja formal promovida por la Federación Palestina de Fútbol (PFA), que había solicitado suspender a la IFA por permitir la participación de clubes localizados en asentamientos israelíes dentro de Cisjordania, territorio considerado ocupado por parte de la comunidad internacional.

De acuerdo con la información publicada, la PFA elevó su petición justo antes del Congreso de la FIFA de 2024. La causa principal se centró en la presencia de equipos pertenecientes a colonias israelíes disputando partidos avalados por la federación israelí en lo que el derecho internacional reconoce como territorio palestino. El Consejo de la FIFA derivó esta demanda al citado comité, que resolvió recomendar la inacción disciplinaria por el momento, aduciendo la ausencia de consenso jurídico sobre la situación del área involucrada.

El portavoz de la IFA, Shlomi Barzel, expresó satisfacción ante la decisión de la FIFA. Barzel afirmó, según reportó la fuente, que la federación mantiene una activa defensa frente a los intentos de politizar el fútbol israelí y sostuvo que, aunque prevé nuevos desafíos en la esfera internacional, también existen perspectivas positivas dentro del campo deportivo.

Por otra parte, en 2024, la Corte Internacional de Justicia declaró ilegal la ocupación de Cisjordania y Jerusalén Este por parte de Israel, conforme al derecho internacional, según consignó la misma fuente. No obstante, el gobierno israelí continúa definiendo estos territorios como zonas en disputa, en oposición al calificativo de ocupados utilizado por la comunidad internacional y en sentencias como la de la CIJ.

El medio también detalló que, en contraposición a la decisión sobre la participación de clubes cisjordanos, la Comisión Disciplinaria de la FIFA sí decidió penalizar a la IFA en otra denuncia promovida por la PFA. Dicha sanción obedeció a acusaciones relacionadas con prácticas discriminatorias en el fútbol israelí. Como resultado, la FIFA impuso una multa de 150.000 francos suizos, equivalentes a aproximadamente 165.000 euros, y emitió una advertencia formal, exigiendo a la IFA que, en sus tres próximos partidos internacionales oficiales como local, exhiba el lema "El fútbol une al mundo-No a la discriminación" junto al logotipo de la federación israelí.

Barzel también se refirió a la sanción por discriminación, una vez más citado por el medio, indicando que tanto la IFA como los clubes afiliados han asumido desde antes de la multa un compromiso firme para combatir toda muestra de racismo, y que incrementarán sus esfuerzos para erradicarlo. Manifestó que, incluso si la multa hubiera sido simbólica, el solo hecho de recurrir a actos racistas merece rechazo absoluto y añadió que este problema no es exclusivo de un solo país, aunque ello no proporciona ningún alivio.

La controversia sobre la participación de clubes en asentamientos israelíes dentro de Cisjordania evidencia dimensiones políticas y legales que la FIFA reconoce como complicadas de resolver unilateralmente. Según publicó la fuente original, el órgano rector del fútbol mundial se abstiene de intervenir en un tema que involucra definiciones internacionales aún irresueltas. Mientras tanto, la discusión refleja la persistente tensión entre las federaciones de ambos países y la repercusión internacional que todavía suscita el estatus del fútbol en territorios disputados.

El aumento de ataques racistas en redes sociales en España ha experimentado un crecimiento de cinco veces en la última década, un fenómeno que inquieta a las autoridades y que se suma a la baja cantidad de denuncias formales por parte de víctimas. Tal como publicó el medio que cubre la información proporcionada por el Ministerio de Igualdad, solo dos de cada diez personas que sufrieron una agresión motivada por racismo o xenofobia acudieron a denunciar los hechos, según datos del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe).

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, presentó recientemente la campaña “El racismo se acaba cuando actuamos. No lo normalices. Denúncialo”, coincidiendo con el Día Internacional contra el Racismo, que se conmemora el 21 de marzo. En una declaración recogida por la misma fuente, Redondo identificó el racismo como un problema estructural presente en prácticamente todos los países y lo definió como un reto democrático. También remarcó la idea de que la percepción de racismo como una cuestión superada no se corresponde con la realidad actual, ya que el fenómeno se mantiene vigente y adquiere nuevas formas, especialmente en el entorno digital.

Según consignó la fuente, Redondo señaló que el 52% de quienes han sufrido estas situaciones violentas reportan consecuencias negativas tanto físicas como psicológicas en su vida diaria. La ministra reconoció que, a pesar del esfuerzo del Gobierno a través de diversas iniciativas, las acciones existentes siguen resultando insuficientes para erradicar la discriminación. En sus palabras citadas por el medio, Redondo afirmó la intención del Ejecutivo de avanzar hacia una sociedad libre de toda forma de discriminación.

El nuevo spot de la campaña gubernamental muestra diferentes escenas cotidianas para visibilizar actitudes racistas y su aislamiento por parte del entorno social. Según detalló el medio, en uno de los ejemplos, durante un partido de fútbol, un espectador insulta a un jugador llamándole “mono”, mientras que en otra escena, una mujer muestra su desagrado al ver que un joven extranjero se sienta a su lado en el metro, expresando la frase “otro moro”. En ambos casos, quienes les rodean optan por aislar a las personas que profieren los comentarios discriminatorios. En otra secuencia, se representa la negativa de un hombre a alquilar una vivienda a personas gitanas.

La campaña pone especial énfasis en el aislamiento de las actitudes racistas y la necesidad de que la sociedad reconozca y rechace públicamente este tipo de comportamientos, señaló el Ministerio según informó el medio. Redondo subrayó que la iniciativa no solo busca estimular la denuncia, sino también promover la explicación de que el racismo puede manifestarse a través de acciones abiertas o mediante silencios, omisiones o actitudes pasivas.

Beatriz Carrillo, directora general para la Igualdad de Trato y No Discriminación, destacó durante la presentación que no considera a España como un país racista, aunque reconoció la existencia cotidiana de muestras de racismo en múltiples ámbitos sociales, según reportó el medio. Carrillo explicó que el racismo no solo se expresa mediante palabras o agresiones explícitas, sino que también ocurre cuando no se utiliza el término adecuado o se silencian las situaciones discriminatorias. Añadió que actualmente las personas no sienten necesidad de ocultar sus prejuicios al manifestar rechazo hacia determinados grupos.

Del mismo modo, Carrillo puso en evidencia que el racismo constituye el principal delito de odio en España. Recordó la existencia del teléfono 021 contra la discriminación racial o étnica, un recurso gratuito y anónimo donde las víctimas pueden recibir asesoramiento profesional. La directora llamó a utilizar este servicio como un paso fundamental para romper el silencio y fomentar la denuncia, continuó la fuente.

La campaña del Ministerio de Igualdad busca impulsar una reacción colectiva ante el racismo, promoviendo el rechazo social y animando a las víctimas a emprender acciones legales y a no permitir la normalización de estas conductas. Desde la administración, se defiende la importancia de actuar a nivel social y gubernamental para reducir la infradenuncia y apoyar a quienes enfrentan la discriminación, según detalló el medio que recoge la información ministerial.

Dentro del contexto actual, el Ministerio insiste en estimular la denuncia como elemento clave para medir la dimensión real del problema y para avanzar en la protección efectiva de los derechos de las personas afectadas, publicó el medio. A través de la campaña y de los recursos disponibles, el Gobierno reafirma su compromiso de continuar luchando contra el racismo en la sociedad española.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) difundió este 18 de marzo un video institucional para condenar los actos de discriminación que involucran a una servidora pública de la dependencia, identificada en redes sociales como “Lady Pepitas”.

El pasado 14 de marzo la funcionaria fue expuesta en redes sociales tras ofender a una mujer policía, elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la cual se encontraba realizando su trabajo durante la evacuación del partido de futbol disputado entre Pumas y Cruz Azul, en el Estadio Olímpico Universitario.

En el material, grabado por la policía discriminada, la servidora de la fiscalía le dice que ella sí fue a la escuela, mientras afirma que a la policía la sacaron de vender pepitas, frase que le valió su apodo en redes sociales.

La condena, presentada por la coordinadora de asuntos internos de la Fiscalía capitalina, Adriana Greaves, destacada la gravedad de los hechos y señaló la apertura de investigaciones administrativas y disciplinarias debido a que “Lady Pepitas” se encontraba en horario laboral al momento de los hechos, entre otras razones.

Asimismo, Graves señaló que existen indicios de que “Lady Pepitas” y su familia -señalados de haber tenido un conflicto en el estadio- pudieron haber sido víctimas de un delito.

Postura institucional ante la discriminación

En el mensaje grabado, Adriana Greaves lamentó profundamente “los actos de discriminación realizados por una servidora pública de esta institución”, refiriéndose a “Lady Pepitas”.

La coordinadora de asuntos internos precisó que la información difundida hasta el momento sugiere la posibilidad de que tanto “Lady Pepitas” como sus familiares hayan sido víctimas de un delito durante el altercado, y señaló que, como cualquier persona, tienen derecho a presentar una denuncia y a que se investiguen los hechos.

No obstante, fue enfática al señalar que tal circunstancia no exime a la funcionaria de responsabilidades administrativas o disciplinarias “por sus comentarios discriminatorios, el uso indebido del uniforme institucional y por haber abandonado su lugar de trabajo durante el horario laboral”.

Asimismo, insistió en que la FGJCDMX no tolerará actos de prepotencia, abuso, agresión o discriminación por parte de su personal y recordó que todos los servidores públicos deben actuar con respeto, legalidad y profesionalismo.

Qué se sabe del altercado de Lady Pepitas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detalló que el incidente ocurrió en el Estadio Olímpico Universitario, durante el operativo Estadio Seguro.

En el sitio, personal de seguridad de la UNAM solicitó el apoyo de policías auxiliares para retirar a dos asistentes en aparente estado de ebriedad que agredían a otros, incluidas personas con discapacidad auditiva, los cuales son identificados como familiares de “Lady Pepitas”.

Durante la intervención, “Lady Pepitas” se comportó de forma agresiva y lanzó expresiones discriminatorias contra una oficial de la SSC.

En el video del altercado, la servidora pública se dirigió a la policía agredida con frases como: “No me hables de tú porque no somos iguales. Yo sí fui a la escuela, a usted la quitaron de vender pepitas.

La policía agredida respondió en varias ocasiones que ambas eran servidoras públicas, lo que la mujer negó de forma reiterada, manteniendo una actitud despectiva y discriminatoria.

El denunciante, ciudadano belga de 70 años residente en Bigues i Riells desde 2015, relató durante el juicio que en ningún momento se le explicó el motivo de los registros ni la razón por la que le solicitaron mostrar una bolsa de colostomía en público mientras intentaba tomar un vuelo en el Aeropuerto de Barcelona. Según informó el medio, estos hechos ocurrieron el 9 de diciembre de 2019 y derivaron en una denuncia por presuntos delitos de odio, coacciones y falsedad documental contra dos agentes de la Guardia Civil, juzgados este miércoles en la Audiencia de Barcelona.

De acuerdo con la información publicada, la acusación particular —financiada por la organización Plataforma per la Llengua— solicitó una condena de seis años y dos meses de cárcel para los dos guardias civiles, así como seis años y diez meses de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos y una multa de 4.800 euros. Frente a esta petición, la Fiscalía pidió la absolución de los agentes, alegando que no se demostró que existiera coacción, discriminación o que se hubiese forzado al pasajero a hablar en castellano.

Los hechos, reportó el medio, se desencadenaron cuando el equipo de seguridad del aeropuerto detectó que el pasajero llevaba un objeto bajo su ropa al atravesar los arcos de control. El pasajero explicó a los vigilantes que portaba una bolsa de estómago debido a una cirugía de cáncer de colon realizada en enero de 2018 en el Hospital General de Granollers. No tenía intención de mostrarla en público por tratarse de una bolsa recolectora de heces, pero manifestó sentirse presionado a bajarse los pantalones y enseñarla en el mismo lugar, temiendo perder el vuelo.

El denunciante, que declaró en catalán asistido de un traductor dado que el juicio se realizó mayoritariamente en castellano, explicó que le solicitaron el documento de identidad para denunciarlo por alteración del orden público. Expresó que no hablaba castellano y que apenas lo entendía, e indicó que tanto el neerlandés como el catalán eran sus lenguas preferentes —escogiendo el catalán por residir en Catalunya—, además de hablar francés, inglés y alemán.

Según consignó el medio, el pasajero afirmó que uno de los guardias civiles le expresó: "Estamos en España y se habla español", y mencionó que no tuvo oportunidad de comunicarse en otro idioma con ellos, señalando que aprendió catalán para relacionarse con la comunidad local tras establecerse en la región.

La denuncia detalla que fue conducido a una sala donde le solicitaron, en presencia de seis agentes, que retirase varias prendas y mostrara nuevamente la bolsa, sin explicarle el motivo del procedimiento. El denunciante aseguró que la experiencia resultó vejatoria y ofensiva para su dignidad, añadiendo que después de este segundo registro le preguntaron por su lugar de residencia, escribiendo la localidad de forma incorrecta y atribuyendo el error a una supuesta confusión geográfica. Como resultado de su corrección, indica que le impusieron una segunda denuncia, en este caso por desobediencia, y uno de los agentes le manifestó: "Este hoy no vuela".

El pasajero logró embarcar, pero una vez sentado fue requerido por la tripulación, que le informó que debía abandonar el avión siguiendo una indicación policial. Encontró su equipaje en la sala de recogida de maletas tras lo que describió como unas dos horas de incidencias. Señaló al medio que consideraba que la actuación policial se produjo debido a que empleó el catalán y no el castellano en sus comunicaciones.

En su declaración ante el tribunal, uno de los guardias civiles —con 17 años destinado en el Aeropuerto de Barcelona— relató que los servicios de seguridad solicitaron su intervención por el comportamiento supuestamente alterado y ruidoso del pasajero en la zona de control. Afirmó que le informó en castellano de que era necesario verificar lo que portaba bajo la ropa en una sala privada para preservar su intimidad, y negó cualquier exigencia para que hablara en castellano, aunque sí reconoció haberle señalado que él no hablaba catalán y ofrecerle comunicarse en inglés o francés. Según su versión, el pasajero rechazó el entendimiento y solo buscaba dirigirse a su puerta de embarque.

Durante la inspección en la sala, los agentes constataron que la bolsa era de colostomía y concluyeron que no representaba peligro alguno. El guardia afirmó que informaron a la compañía aérea acerca de la conducta del pasajero, pero que los agentes no tienen autoridad para impedirle volar, y negó rotundamente haber dicho "este hoy no vuela".

La segunda agente imputada compartió que el pasajero les comunicó que hablaba catalán y otros idiomas, pero considera que evitaba cualquier conversación con los agentes y trató de recoger sus pertenencias sin someterse a las comprobaciones. Consultada sobre la posibilidad de conseguir un traductor de catalán, explicó que domina el inglés y que solicitó el pasaporte en ese idioma, negando en todo momento que le hubieran exigido expresarse en castellano.

La acusación particular sostuvo mediante la abogada Laia Homs que la intervención de los agentes fue desproporcionada y que las imágenes captadas por las cámaras del aeropuerto muestran a los pasajeros circulando normalmente, sin signos de alteración o escándalo por parte del denunciante. Señaló que el trato recibido por el pasajero constituye una discriminación motivada por el uso del catalán, que los registros efectuados carecieron de justificación y que la imposición de denuncias administrativas no estaba sustentada, sumando la coacción de tener que abandonar el avión tras haber embarcado.

La Fiscalía, según recogió el medio, reiteró su petición de absolución al considerar que no ha quedado probada la existencia de discriminación ni que se ordenara mostrar la bolsa en público, añadiendo que la intervención de los guardias civiles en los arcos de control se limitó a una inspección protocolaria en un espacio reservado. Insistió en que las imágenes grabadas reflejan esta versión.

Las defensas, representadas por la Abogacía del Estado, solicitaron igualmente la absolución, sosteniendo que el relato de la acusación está desacreditado por las imágenes y que fue el pasajero quien, de forma espontánea, enseñó la bolsa a personal de seguridad antes de la implicación de los agentes acusados. Argumentaron que los guardias intentaron facilitar la comunicación en varios idiomas, mientras que el pasajero se negó a colaborar y mostró desobediencia durante el control.

La inhabilitación para ejercer cualquier profesión vinculada a la docencia, el deporte o el tiempo libre durante más de cuatro años forma parte de las medidas judiciales impuestas a un vecino de Logroño por actos de humillación y discriminación contra dos personas pertenecientes al colectivo LGTBI. De acuerdo con la información publicada por la Audiencia Provincial y recogida por distintos medios, el acusado ha admitido tanto el envío de mensajes de odio como la autoría de los actos que motivaron la denuncia, así como su responsabilidad en la vulneración de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución.

Según detalló el medio que consignó la sentencia, el acusado aceptó una condena de un año, siete meses y quince días de prisión tras sentarse en el banquillo este jueves por un delito cometido con ocasión del ejercicio de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas. El delito está relacionado con la lesión de la dignidad de las personas por razones discriminatorias, específicamente en razón de la orientación sexual de las víctimas.

La sanción judicial incorpora una pena de multa de 1.890 euros, además de una indemnización individual de 1.000 euros para cada una de las dos personas afectadas en concepto de responsabilidad civil. El tribunal ha añadido la prohibición al acusado de aproximarse a menos de 200 metros de las víctimas o de comunicarse con ellas por cualquier medio durante tres años, respondiendo así a las medidas de protección solicitadas por la acusación, publicó la fuente.

El tribunal estableció que la ejecución de la condena de privación de libertad queda suspendida bajo la condición de que el acusado no reincida en delitos semejantes en un plazo de dos años y cumpla con el pago tanto de la multa como de la indemnización. La suspensión responde a lo permitido en supuestos en que el inculpado reconoce los hechos y muestra disposición a reparar el daño causado, matizó el medio.

El procedimiento penal se inició cuando, en 2024, las víctimas denunciaron la recepción de mensajes amenazantes y humillantes por parte del acusado a través de redes sociales. Los mensajes, enviados desde la cuenta de Instagram del ahora condenado, contenían una retórica violenta y referencias explícitas a agresiones físicas. Uno de los mensajes, recogido en el escrito de calificación del Ministerio Fiscal, señalaba: "El día que empiece a correr sangre en Europa por una rebelión, os garantizo que seréis los primeros en caer; algún día, más pronto que tarde, cuando la gente estalle y salga a la calle a cortar cabezas, acordaos que estaré en primera fila y a por los primeros que iré, seréis vosotros el día que Europa reviente, no seré yo el único que vaya arrancando cabezas, pero sí, me pido las vuestras... así seré yo lo último que veáis en vuestras miserables vidas; y ese día, cuando llegue, lo que te he dicho esta mañana, me encargaré yo mismo de arrancarte la cabeza, de momento me abstengo de hacer nada por las leyes pero pido que haya un día de purga, sólo uno...; el día que haya una purga o que haya una revuelta nacional, ahí estaré en primera fila, con la catana preparada y bien afilada".

La gravedad de los hechos y la naturaleza de las amenazas motivaron la intervención tanto del Ministerio Fiscal como del tribunal, que calificaron el episodio como una vulneración de derechos y un acto discriminatorio. El acusado, residente en Logroño, admitió los hechos y aceptó la responsabilidad, abriendo la vía a la conformidad penal y evitando así la celebración de un juicio con práctica de prueba, informó el medio que cubrió la sentencia.

La sentencia que impone prisión, multa, indemnización y alejamiento responde a un marco de protección de derechos fundamentales, según lo que recogió el tribunal. La condena también contempla la inhabilitación especial para trabajos relacionados con menores y jóvenes en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre, por un periodo que supera los cuatro años. De acuerdo con la información difundida, la medida busca evitar la reiteración de conductas discriminatorias en espacios de especial sensibilidad.

Durante el proceso, el tribunal reconoció la condición de los hechos como constitutivos de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales, incidiendo en la trascendencia que poseen los actos discriminatorios y vejatorios cometidos a través de medios digitales. El caso resalta los mecanismos legales existentes en España para la protección de colectivos vulnerables, en particular de aquellas personas que sufren discriminación vinculada con la orientación sexual.

La denuncia presentada por las víctimas en 2024 permitió la apertura del proceso penal que culmina con esta sentencia, según hicieron público tanto el órgano judicial como el medio que detalló la audiencia. La protección y el resarcimiento económico fijados por el tribunal se orientan no solo a compensar el daño individual, sino también a establecer precedentes que desincentiven la proliferación de mensajes de odio en el contexto digital y a promover el respeto de los derechos constitucionales.

Todos los hechos, sanciones y medidas mencionados aparecen en la resolución de la Audiencia Provincial de Logroño, que consideró probada la autoría y responsabilidad del acusado al reconocer este la totalidad de los hechos y asumir el acuerdo de conformidad.

En una audiencia llevada a cabo el 17 de marzo de 2026, el ciudadano Armando Luis Angulo Paternina fue absuelto de los cargos por los cuales había sido acusado tras emitir mensajes discriminatorios contra la vicepresidenta Francia Márquez. Según el sentido del fallo que expuso el Juzgado 13 Penal del Circuito de Medellín, aunque el investigado publicó comentarios hirientes contra la funcionaria, estos no se adecúan al tipo penal de hostigamiento agravado.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Angulo Paternina publicó los mensajes el 9 de mayo, el 12 de septiembre y el 26 de noviembre de 2023. En ellos, tildó a la vicepresidenta de ser “primate”, “animal”, “mujerzuela”, “mascota” y “parásito”. Para el ente acusador, estos calificativos “lesionaron la integridad personal y el derecho a no ser discriminada por motivos raciales” de Márquez.

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Por eso, en julio de 2024, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos trasladó el escrito de acusación en contra de Armando Luis Angulo, acusándolo formalmente del delito de actos de discriminación, el cual no aceptó. Posteriormente, según W Radio, cambió el tipo penal por hostigamiento agravado.

Durante la diligencia, a la que tuvo acceso Caracol Radio, un delegado de la Defensoría del Pueblo se pronunció haciendo una reflexión dirigida al procesado. El mensaje del abogado se centró en hacer un adecuado manejo de las redes sociales.

“En primera instancia quedaste absuelto por las razones que dio el juez. Ojalá hubieras estado bien atento. Mira que te leyó varias sentencias. Ojalá tomes nota. Ojalá tomes nota y vayas y las leas para tu vida personal. Y como recomendación te hago muy respetuosamente, mira que el mismo juez lo dice: a las redes hay que darle otro manejo, Armando Luis”, indicó el delegado en la audiencia.

Advirtió que el proceso penal fue largo y que el resultado pudo haber sido diferente: “En esta oportunidad te fue así, puede que en otras no”. Además, indicó que si la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación o el representante de víctimas decidían presentar un recurso de apelación, el proceso continuará; lo tomará el Tribunal Superior de Medellín y podría tardarse años.

“Si uno de ellos apela, me toca pronunciarme como no recurrente y le correrán traslado a los demás (…). Yo tengo apelaciones que llevan dos años y, como estás en libertad, mucho más se puede demorar (…). Mira todo el proceso tan largo; ya estabas cansado con este proceso”, dijo.

Por eso, insistió en la importancia de tener cuidado con lo que se publica en las redes sociales, para que haga publicaciones con altura y “desde lo personal”.

El ciudadano absuelto agradeció los consejos del funcionario de la Defensoría. Posteriormente, en su cuenta oficial de X (@ArmandoCapito), se pronunció sobre la diligencia y la decisión en primera instancia. En diversas publicaciones, aseguró haber sido víctima de una persecución y que intentaron silenciarlo porque representa una “voz disidente”. A su juicio, todos los comentarios que hizo sobre la vicepresidenta hacen parte de su “libertad de expresión”.

“Siempre fui inocente; nunca existió delito alguno. Esto fue un acto de persecución impulsado por Francia Márquez Mina, una de las personas más cargadas de odio que he conocido, y hoy queda en evidencia con la decisión judicial”, aseveró.

Por su parte, el abogado Carlos Hernán Escobar, que representa los intereses de la vicepresidenta Francia Márquez, confirmó a El Tiempo que interpondrá un recurso de apelación.

“Consideramos que no es coherente con el razonamiento afirmar que 26 mensajes (hirientes) a la misma persona están enmarcados en un discurso de odio. Pero que, no obstante ello, por ser en una red social dirigido de manera abstracta, no tenga la potencialidad de instigar o promover la violencia moral contra una persona por razón de su pertenencia étnica”, precisó el profesional en Derecho al medio citado.

Durante la temporada 2021-22, LaLiga VS Racism se instauró como un instrumento clave para eliminar el odio tanto en los estadios como fuera de ellos, con el objetivo de fomentar una sociedad más inclusiva y respetuosa. Esta acción se convirtió en una de las líneas prioritarias dentro de la estrategia de la competición y sus clubes, según informó LaLiga a través de un comunicado de prensa en el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. El medio detalló que la campaña VS Racism cumple cinco años como plataforma emblemática de lucha contra el racismo, articulando labores de concienciación, prevención y denuncia y utilizando el entorno del fútbol como poderoso mecanismo de transformación social.

Tal como publicó LaLiga, durante los últimos ocho años la organización y los clubes que participan en LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion han liderado diversas iniciativas con el objetivo de frenar las conductas de odio, entre las que se encuentran la educación en valores, campañas de información y la denuncia activa de cualquier incidente racista. Desde la introducción de la plataforma LaLiga VS en el año 2023, estos esfuerzos han continuado evolucionando a través de más de mil acciones y campañas como Unity VS Racism, Together VS Racism o la activación digital #1voiceVSRACISM, según consignó la nota oficial. Dichas iniciativas han tenido lugar tanto en los estadios como en el entorno digital, buscando reforzar el mensaje de inclusión y respeto entre los seguidores del fútbol y los usuarios del videojuego EA Sports FC26.

De acuerdo con el comunicado, LaLiga denuncia desde la temporada 2015-16 todos los comportamientos y hechos racistas o violentos que se detectan, ya sea dentro o fuera de los recintos deportivos, ante los organismos competentes. El medio explicó que desde el año 2020, la entidad recurre a la vía penal en los casos considerados delitos de odio, lo que ha permitido obtener sentencias firmes en relación con incidentes de esta naturaleza en distintos escenarios, incluidos aquellos eventos que no son organizados directamente por LaLiga.

La nota de prensa recordó varios de estos casos, como los insultos y gestos racistas realizados contra jugadores de renombre como Vinícius Júnior, Samu Chukwueze, Carlos Akapo, Aurélien Tchouaméni y Omar El Hilali, así como actos racistas registrados en el clásico del fútbol español, con insultos dirigidos a Lamine Yamal, Raphinha y Ansu Fati. Según reportó LaLiga, estos episodios han motivado un endurecimiento en las acciones legales y la consolidación del fútbol profesional español como estandarte en la lucha contra este tipo de conductas.

Además de la denuncia formal ante autoridades, la iniciativa de LaLiga VS Racism ha dotado a los aficionados de nuevas herramientas para participar en la prevención y detección de incidentes discriminatorios. El comunicado explicó que existen canales accesibles para reportar casos en la web de LaLiga VS y códigos QR presentes en los estadios, que permiten la notificación anónima de cualquier incidente relacionado con el odio. De esta manera, se fomenta la colaboración de los seguidores en la erradicación de la discriminación, no solo durante los partidos, sino también en la vida cotidiana vinculada al fútbol.

En el ámbito digital, LaLiga combate el racismo mediante la monitorización del discurso de odio. Según publicó la organización, emplea MOOD, un sistema basado en inteligencia artificial, para analizar la conversación que tiene lugar en las redes sociales en torno al fútbol. Esta vigilancia se ha extendido mediante la herramienta FARO, que permite monitorear el discurso de odio fuera del ámbito deportivo. De acuerdo con LaLiga, estos recursos tecnológicos refuerzan la capacidad de detectar y actuar frente a conductas discriminatorias, ampliando el alcance más allá de los espacios físicos tradicionales.

Paralelamente, la Fundación LaLiga impulsa proyectos que hacen frente al racismo desde una perspectiva educativa, preventiva, tecnológica y colaborativa. Según el comunicado, esta labor se apoya en la exposición mediática del fútbol para difundir valores de respeto y establecer alianzas diseñadas para maximizar el impacto social de estas iniciativas. Se detalla también el funcionamiento de la Oficina de Atención a Víctimas de Odio, que brinda asistencia jurídica y apoyo psicológico a los jugadores afectados, lo que, según el comunicado, amplía el componente humano y de acompañamiento de la estrategia general de LaLiga.

Durante la temporada actual, la campaña VS Racism mantendrá sus esfuerzos en el plano social e institucional, sumando a clubes, organizaciones, aficionados y participantes del universo digital, como los jugadores del videojuego EA Sports FC26. El comunicado destacó que la consistencia y continuidad de estas acciones han consolidado a LaLiga como un referente nacional e internacional en la denuncia y combate del racismo, tanto en las canchas como en la sociedad en general.

La investigación determinó que las víctimas mantuvieron el temor y sufrieron un daño considerable en su bienestar psicológico hasta la fecha del juicio, fijada para marzo, tras recibir mensajes reiterados por redes sociales que incluían amenazas y expresiones discriminatorias. Según Europa Press, la Fiscalía solicita dos años de prisión y una indemnización total de 6.000 euros contra un joven acusado de insultar y humillar a otras dos personas por su orientación sexual mediante mensajes de Instagram.

De acuerdo con el escrito fiscal, los hechos tuvieron lugar, en su origen, el 6 de agosto de 2024, cuando una de las víctimas denunció ante las autoridades que el acusado —identificado con las iniciales P. N. Z. H. y de 24 años en ese momento— enviaba mensajes vejatorios y discriminatorios a través de redes sociales, con la finalidad expresa de “humillarle y discriminarle por su condición sexual”. El medio Europa Press detalló que, según la denuncia, los mensajes no solo iban dirigidos al denunciante sino también a amigos suyos, todos ellos integrantes del colectivo LGTBI+. Estas comunicaciones incluían insultos y expresiones homófobas que, según las víctimas, se producían tanto por mensajes privados como por publicaciones en las Stories de Instagram, en un patrón repetido que generó en al menos una de las víctimas un sentimiento constante de ofensa y temor hacia su integridad física.

Europa Press consignó que, solo dos días después, el 8 de agosto de 2024, otro joven, amigo de la primera víctima, también presentó una denuncia por mensajes ofensivos recibidos del acusado a través de Instagram. Esta persona afirmó que los comentarios resultaron denigrantes no solo hacia su persona sino también hacia el colectivo en su conjunto, llegando incluso a modificar sus hábitos cotidianos por miedo a un eventual encuentro con el acusado en la vía pública.

El escrito de acusación sostiene, según publicó Europa Press, que el delito cometido por el procesado afecta la dignidad de las personas por motivos discriminatorios en razón de la orientación sexual y se llevó a cabo a través de internet y el uso continuado de tecnologías de la comunicación. Al tratarse de dos víctimas concretas, se analiza la concurrencia de delito continuado contra los derechos fundamentales o, en su defecto, dos delitos contra la integridad moral.

El fiscal solicita, concretamente, una pena de dos años de privación de libertad, más una multa de 12 meses con una cuota diaria de 8 euros, y la inhabilitación para desarrollar actividades docentes, deportivas o de tiempo libre durante un periodo superior en 10 años al de la eventual condena de prisión. Si el tribunal calificara los hechos como dos delitos contra la integridad moral, la petición de condena sería de un año y cuatro meses de cárcel por cada uno de ellos.

Europa Press añadió que el fiscal también pide la imposición de una orden de alejamiento para impedir que el acusado se acerque o se comunique con ambas víctimas durante tres años. Además, reclama que el acusado indemnice a cada una de las víctimas con 3.000 euros por los daños morales ocasionados, sumando un total de 6.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

El juicio ha sido fijado para el próximo 18 de marzo en la Audiencia Provincial de La Rioja, a partir de las 09:30 horas. El proceso judicial evaluará si se impone una condena por delito contra los derechos fundamentales o por dos delitos contra la integridad moral, lo que incidiría directamente en la duración de la condena de cárcel solicitada y en el alcance de las medidas accesorias y de reparación a favor de las víctimas.

Las actuaciones incluyeron la valoración de la reiteración de los mensajes y su contenido discriminatorio, así como el impacto que produjeron sobre las personas que los recibieron, que manifestaron el deterioro de su sensación de seguridad y el aumento del temor en su vida cotidiana. Conforme detalló Europa Press, el fiscal fundamenta su acusación en la naturaleza persistente de los hechos y en la afectación grave al bienestar emocional y a la dignidad de las víctimas.

En el escrito del fiscal, también se subraya la utilización de las redes sociales como medio de comisión del delito, aprovechando tanto los mensajes privados como las publicaciones visibles en el entorno digital, lo que amplificó el alcance y la reiteración de las expresiones ofensivas e intimidatorias. La acusación pone especial atención en la motivación discriminatoria y el efecto emocional duradero sobre los denunciantes hasta el momento del señalamiento del juicio.

En el mensaje la familia reconoce la gravedad de los hechos y expresa empatía con quienes se sintieron ofendidos. El comunicado enfatiza la necesidad de aceptar los errores y subraya la importancia de aprender y crecer a partir de ellos, manteniendo un apoyo firme hacia la participante.

El incidente ocurrió el 11 de marzo durante la mañana, horas más tarde, la producción reunió a todos los concursantes en la sala principal y transmitió un mensaje firme sobre la gravedad de los comentarios racistas y la obligación de respetar a los demás dentro del juego.

La reacción pública y los mensajes en redes sociales influyeron en la decisión familiar de emitir el comunicado. “Sabemos que el comentario que hizo estuvo muy mal. Lo reconocemos con claridad. No lo justificamos ni lo compartimos”, sostuvieron en el escrito subido a la cuenta personal de la mujer.

En su declaración, la familia de Carmiña Masi destacó el reconocimiento explícito del error cometido y aclaró que un episodio puntual no define la totalidad de una persona. “Ese momento no define quién es ella”, aseguraron.

“Carmiña representó al Paraguay dentro de la casa de una manera extraordinaria. Fue una de las personas más preparadas para estar ahí: inteligente, estratégica, frontal y auténtica. una jugadora fuerte que dejó todo en cada momento del reality”, sentenciaron. “Es intensa, picante, sin filtro... como una ‘loca linda’, difícil de encasillar, incomprendida para muchos. Pero quienes la conocemos sabemos que en el fondo no hay maldad en su corazón”.

Además, manifestaron comprensión y respeto hacia quienes interpretaron el episodio como imperdonable. Señalaron estar de acuerdo con el dolor que pudo provocar, aceptando las emociones generadas por lo ocurrido en el reality. “Todos nos equivocamos, a veces de formas grandes, dolorosas y públicas. Y cuando eso pasa, lo único que queda es hacerse cargo, aprender y crecer”.

Los familiares recalcaron que ningún comunicado puede borrar lo sucedido, pero tampoco cancela otras cualidades de Carmiña Masi. Su postura invita a valorar a la persona en toda su dimensión, diferenciando entre un hecho aislado y el conjunto de experiencias y valores.

El respaldo familiar reafirma que el apoyo no depende solo de un error puntual, sino que se mantiene como parte de la identidad y la historia compartida. O en palabras de sus allegados: “Las personas somos mucho más que nuestros peores momentos. Y quienes la conocemos, la amamos y la vamos a bancar hasta la muerte”.

Se pronunció Gran Hermano

Gran Hermano definió un nuevo precedente en su política interna al ejecutar la expulsión inmediata de Carmiña, reacción que marcó una decisión editorial sin margen de negociación y dejó fuera de competencia a la participante por expresiones consideradas ofensivas en la emisión del reality. El programa explicitó públicamente un código de tolerancia cero ante comparaciones y referencias vinculadas a esclavitud, estableciendo un límite terminante frente a conductas inadmisibles dentro del formato.

La directiva fue comunicada por la voz institucional de la casa, que puntualizó: “Asociar a tu compañera con la esclavitud es una ofensa que no voy a permitir. Con este tipo de temas no se juega. La esclavitud fue abolida, como hay prejuicios que deberían ser abolidos para siempre”. La notificación incluyó la instrucción formal de retiro inmediato: “Mi decisión es que a partir de este momento debés abandonar la competencia. Dirigite hacia la puerta giratoria en este mismo instante. Tus pertenencias te serán entregadas afuera. Buenas noches”.

La determinación articulada por la producción no habilitó instancias de revisión ni apelación, lo que derivó en la salida inmediata de Carmiña. Antes de cruzar la puerta de salida, intentó justificar los dichos argumentando que habían sido parte de una “broma”. También dirigió unas palabras en modo de disculpa, aunque la sanción ya era irreversible, según lo transmitido en el momento.

El episodio que desencadenó la sanción había ocurrido en una escena cotidiana dentro de la casa. Mientras Mavinga compartía un momento distendido en el patio y bailaba con algunos de sus compañeros, Carmiña comenzó a hacer comentarios despectivos desde el interior. Primero lanzó una frase que rápidamente encendió la polémica:“Mírala ahí, parece como si recién la hubieran comprado, como si recién se hubiera bajado del barco”. Luego profundizó sus dichos con expresiones todavía más graves, en las que realizó comparaciones ligadas a la esclavitud, lo que desató un rechazo generalizado.

En este panorama, la producción comunicó de forma oficial que seleccionará a un nuevo concursante en los próximos días para cubrir la vacante en la casa.

La búsqueda de un nuevo participante tras la salida

Durante la gala transmitida por Telefe, se confirmó públicamente que el proceso de selección del reemplazo estará en marcha en breve. Aunque la producción anunció que la convocatoria será abierta, no se han difundido por ahora más detalles sobre los criterios ni el mecanismo para el ingreso de la nueva persona.

Esta decisión responde a la política del programa frente a conductas discriminatorias, generando una rápida reacción entre la audiencia. El episodio agrega expectativa a la dinámica de Gran Hermano Generación Dorada, ante la inminente elección de quién ocupará el puesto vacante.

La repercusión mediática en Paraguay

La expulsión disciplinaria de Carmiña Masi se convirtió en un caso de impacto inmediato en la industria televisiva regional. La producción del programa ejecutó la medida tras la viralización de un comentario calificado de racista que Masi emitió en directo contra su compañera Mavinga, episodio descrito por el portal ABC Color como detonante de una reacción judicial en paralelo al cese televisivo de la concursante.

La cadena que opera la franquicia en Argentina aplicó la sanción apenas dos semanas después de la incorporación de Masi al formato, una respuesta sin precedentes a la presión social generada por la circulación del video en plataformas digitales. Durante la transmisión, la concursante aludió al origen étnico y la condición migratoria de otra participante con una frase que la audiencia tachó de “aberrante”, hecho que disparó un repudio visible y puso en jaque los protocolos de convivencia del reality.

La administración, según relata ABC Color, el programa enfrentó en cuestión de horas un proceso de repudio masivo en redes sociales, donde la identidad de Masi estuvo entre las tendencias principales y multiplicó los pedidos de intervención directa de la producción. Los responsables del certamen confirmaron la decisión de desvincular a la participante de nacionalidad paraguaya y proceder a su retiro inmediato, sellando uno de los episodios más breves y polémicos en la historia reciente del formato argentino.

El procedimiento que culminó en la expulsión de Carmiña Masi empezó en el mismo instante en que las imágenes circularon en redes sociales. La reacción de la audiencia se trasladó a la agenda pública en Argentina y países limítrofes, generando un escenario de emergencia reputacional para la producción. La aplicabilidad y velocidad de respuesta demostraron un cambio de protocolo frente a antecedentes en la franquicia, donde sanciones por conducta discriminatoria han requerido procesos internos más prolongados o deliberaciones abiertas.

La decisión impactó en la conversación sobre el posicionamiento de los realities en el negocio televisivo regional, con especial atención a las medidas preventivas y correctivas frente a manifestaciones explícitas de racismo, discriminación o violencia de género. Dentro y fuera del formato, el episodio generó una expectativa extendida sobre la transparencia y el estándar ético que impone la administración de Gran Hermano en situaciones de gravedad social, según califica el diario ABC.

Las declaraciones del entorno de Mavinga, quien recibió el comentario racista dentro de la casa, ratificaron la preparación de una estrategia legal con base en consideraciones constitucionales y de derechos humanos. La familia la describió como “degradante y denigrante”, enfatizando la dimensión colectiva de la agresión hacia la comunidad afrodescendiente.

La expulsión marca un precedente en la historia del formato por la inmediatez y severidad de la sanción, así como por la proyección mediática y judicial de un caso en el que la frontera entre el entretenimiento y la responsabilidad legal se hizo central.

El episodio define a Masi no solo como figura polémica dentro del reality, sino como referencia en discusiones sobre la gestión de crisis reputacional y la ética en el entretenimiento en directo en Argentina, según describe el portal de noticias ABC de Paraguay.

El episodio ocurrió durante una escena cotidiana dentro de la casa. Mientras varios participantes disfrutaban de un momento distendido en el patio, Mavinga bailaba frente a sus compañeros en una situación relajada y de juego. Sin embargo, desde el interior de la casa, Carmiña comenzó a realizar comentarios que rápidamente generaron incomodidad y repudio. Según se pudo ver en las imágenes que circularon posteriormente en redes sociales, la participante lanzó una frase que encendió la polémica. “Mírala ahí, parece como si recién la hubieran comprado, como si recién se hubiera bajado del barco”, dijo en referencia a la participante oriunda del Congo.

El comentario no quedó allí. En el mismo intercambio, Masi continuó con otras expresiones aún más fuertes. “Parece que a la negra recién la compraron y viene a hacer un show”, agregó mientras observaba lo que ocurría en el patio. En ese mismo momento, algunos de los participantes que estaban cerca reaccionaron con risas, lo que generó todavía más indignación entre los seguidores del programa. De acuerdo con las imágenes difundidas, Emanuel Di Gioia asintió y se rió ante los dichos de Carmiña.

La periodista paraguaya incluso profundizó sus comentarios con nuevas frases que incrementaron la polémica. “Acaba de bajarse del barco. Mirá el otro, el monito del barco”, expresó en otro tramo del diálogo, por Brian Sarmiento, quien aplaudía el baile de la africana. Luego continuó con otra frase que fue especialmente criticada en redes sociales: “Lo único que puede hacer ahora es mover el culo para que la salven”. En un tercer momento del intercambio, lanzó una expresión que terminó de desatar la indignación generalizada. “Manu, allá hay una esclava por si querés ver, la sacaron de la jaula recién”, dijo.

Las imágenes no tardaron en viralizarse en redes sociales, especialmente en X (ex Twitter), donde miles de usuarios comenzaron a exigir sanciones contra la participante. El nombre de Carmiña Masi se convirtió rápidamente en tendencia, acompañado por numerosos mensajes que pedían su expulsión inmediata del reality. Entre los comentarios más repetidos se leían críticas tanto hacia la participante como hacia quienes se encontraban cerca y no frenaron la situación. “Es expulsión directa”, “Esto no se puede permitir” y “El resto se ríe y nadie le dice nada” fueron algunas de las reacciones que circularon entre los usuarios.

La polémica también generó una reacción inmediata en el entorno de la propia Mavinga. Desde la cuenta oficial de Instagram de la participante, administrada por su familia mientras ella permanece dentro de la casa, publicaron un comunicado en el que repudiaron los dichos. “Como familia queremos expresar nuestro profundo repudio ante los comentarios racistas que se difundieron dentro de la casa contra Mavinga”, escribieron. En el mismo mensaje remarcaron la gravedad de las expresiones utilizadas. “Comparar a una persona africana con un ‘mono’ y sugerir que ‘parece que recién la acaban de comprar’ no es un chiste: es racismo”, señalaron.

Además, pidieron medidas concretas por parte de la producción del programa. “Este tipo de expresiones deshumanizan, hieren y no pueden ser naturalizadas en un programa que ven millones de personas”, sostuvieron. Por ese motivo, solicitaron la expulsión inmediata de la participante que realizó los comentarios. “Pedimos a la producción la expulsión inmediata de Carmiña, autora de los dichos, y una sanción para Danelik y Emanuel, quienes se rieron y avalaron esos comentarios”, agregaron. El comunicado concluyó con un mensaje contundente: “El racismo no puede tener lugar en ningún espacio”.

La situación también generó reacciones en el entorno personal de Mavinga. Su esposo, Damián, habló públicamente sobre el episodio durante un móvil televisivo y expresó su indignación por lo ocurrido. “Fue desagradable”, aseguró al referirse al momento que se vio en pantalla. Sin embargo, también dejó en claro que la participante tiene un carácter fuerte y que el episodio no la quebrará emocionalmente. “Tiene una historia re fuerte, esto es un juego de niños para ella. No le va a afectar en su temple”, explicó. Aun así, adelantó que la familia está evaluando avanzar por la vía judicial. “Vamos a hacer una denuncia penal contra Carmiña”, afirmó.

Mientras tanto, la producción de Gran Hermano Generación Dorada no emitió hasta el momento un comunicado oficial sobre el episodio ni confirmó si habrá algún tipo de sanción disciplinaria dentro del programa.

La denuncia por presunta discriminación racial presentada por una patrullera de la Policía Nacional en Chocó el sábado 7 de marzo de 2026 generó un intenso debate nacional, después de que el video de la afectada se viralizó en redes sociales.

El caso involucra a Winy Saray Córdoba Murillo, quien aseguró haber sido objeto de insultos racistas por parte de un superior y posteriormente detenida tras defenderse.

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Las imágenes difundidas muestran la detención de la uniformada por tres agentes, todos hombres y de tez blanca, episodio que avivó cuestionamientos sobre el trato a los afrodescendientes dentro de las instituciones del Estado.

La situación se registró en una estación policial en Quibdó, capital del departamento de Chocó, donde la patrullera se desempeñaba en labores de patrullaje.

La periodista Edna Liliana Valencia Murillo reaccionó en un video que compartió en su perfil de Instagram, y pocos días después de conocerse el caso.

“Cuando veo este video, me hierve la sangre”, expresó la comunicadora, que ha enfocado su trabajo en temas de racismo estructural y derechos humanos.

Valencia relacionó el hecho con “este sistema de pensamiento colonial en el que vivimos”, señalando que la discriminación sufrida por la agente tiene raíces históricas.

“Ha sido capaz de condicionar nuestros sistemas de creencias hasta el punto de pensar que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Y darle poder al opresor condenando al oprimido cuando se defiende”, sostuvo la periodista.

La detención de Córdoba Murillo se produjo luego de que la patrullera cuestionó a su superior por expresiones ofensivas sobre su cabello y su identidad afrodescendiente.

El superior, identificado por testigos como un mayor de la institución, habría exigido a la uniformada modificar su apariencia, desencadenando la confrontación.

“Esto que estamos viendo, en este caso de racismo, tiene su origen en la colonia. Cuando los europeos se autoproclamaron blancos, inventaron un sistema de pensamiento según el cual estaba bien esclavizar, torturar, capturar, desarraigar a personas, incluso quitarles su condición de seres humanos para poder comerciar con ellos”, explicó Valencia.

En el video difundido en redes, se ve a la patrullera visiblemente afectada relatando los hechos, mientras un grupo de compañeros la escolta fuera de la sede policial.

Según lo que denuncia la patrullera Córdoba, la discusión se originó cuando el superior cuestionó el uso del cabello natural de la uniformada, hecho que para Valencia evidencia la persistencia de estereotipos coloniales.

“La idea de que nuestro cabello es malo viene también de la esclavización y de la colonia, porque los esclavistas sabían que este cabello que ustedes ven aquí era símbolo de resistencia”, explicó la periodista.

La reacción de Valencia incluyó un llamado a las autoridades para investigar los hechos y sancionar al responsable.

“Exijo que se levante un proceso por racismo en contra de ese superior, ese creo que es un mayor. El verdadero error lo cometió él. Él cometió un acto de racismo y él es quien debe ser juzgado”, reclamó Valencia.

Por todo lo anterior, organizaciones de derechos humanos solicitaron la intervención de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo, mientras la Policía Nacional anunció la apertura de una indagación interna.

La periodista recordó un caso previo, ocurrido hace tres años, cuando la mayor Martha Chaverra asistió a una ceremonia de ascenso en la Policía Nacional luciendo su cabello natural, lo que también desató controversia.

“Tuve el honor de acompañar a una mujer muy valiente de la Policía Nacional, la mayor Martha Chaverra, quien hace tres años aproximadamente decidió llevar su cabello natural y asistió a su ceremonia de ascenso con el cabello suelto, desatando una polémica nacional porque se consideraba indecente que una mujer afro en la policía llevara su cabello junto con el uniforme”, relató Valencia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación compartió este domingo en sus redes sociales una tarjeta informativa y un vídeo sobre el evento “Avances, retos y liderazgo de las mujeres en la sociedad actual”, organizado por el Colegio Nacional de Abogados Democráticos.

La carrera judicial de Yasmín Esquivel Mossa en la Suprema Corte

Yasmín Esquivel Mossa es licenciada en Derecho por la UNAM, doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac y cuenta con más de 38 años de trayectoria como servidora pública. Propuesta por el presidente de la República en 2019, fue ratificada por el Senado como ministra número doce en la historia de la SCJN, y tras la elección judicial de 2025 fue reelecta para continuar en el cargo hasta 2034.

Por una justicia tangible y equitativa: el llamado de la ministra Esquivel Mossa

Durante el evento, la ministra refrendó su compromiso con una justicia tangible, no archivada, y con una abogacía al servicio del pueblo. “Por un México donde ser mujer no sea un factor de riesgo, sino una libertad plena, alzaremos la voz hasta que no haya violencia ni discriminación, hasta que nuestros derechos sean respetados y podamos vivir en libertad”, afirmó ante las y los asistentes.

En el acto realizado en la zona de Murales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Esquivel Mossa subrayó la importancia de construir una justicia accesible para todas las personas, con decisiones justas que protejan los derechos desde una perspectiva de derechos humanos y enfoques diferenciados.

De la misma manera, subrayó que el empoderamiento de las mujeres y las niñas es un deber institucional del Estado, pero también una convicción personal, por lo que anunció que continuará trabajando hasta que la igualdad de oportunidades, la justicia laboral igualitaria y la erradicación de la violencia sean una realidad para todas.

Magistradas llaman a la corresponsabilidad y reconocen avances en igualdad judicial

El encuentro reunió a diversas voces del ámbito jurídico. La magistrada Nelly Montealegre Díaz destacó que en 2015 había 87 juezas frente a 337 jueces, mientras que hoy el número es prácticamente igual: 375 juezas y 374 jueces. “Esto no es una concesión histórica, sino el resultado de décadas de lucha, preparación y persistencia”, aseguró.

Por su parte, la magistrada Gisela Barrón hizo un llamado a dejar de romantizar la resiliencia femenina: “Estamos cansadas de ser fuertes por necesidad; el futuro debe construirse con una corresponsabilidad real”. El acto cerró con la interpretación del tema “Sin Miedo” a cargo de un ensamble musical.

El hecho, que inicialmente se desarrolló como un procedimiento disciplinario interno, tomó relevancia nacional tras la difusión de las imágenes y el pronunciamiento de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez.

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De acuerdo con el reporte oficial, el episodio ocurrió aproximadamente entre las 4:00 y las 5:00 de la madrugada durante una revista de control interno realizada por un oficial de mayor rango. En medio de esa inspección, el superior llamó la atención de la patrullera por presuntas irregularidades en su presentación personal, señalando que no estaba adecuadamente peinada, y por el supuesto uso indebido del teléfono celular durante el servicio.

Según los registros de video, lo que comenzó como un reclamo disciplinario escaló rápidamente a un enfrentamiento verbal y posteriormente físico, lo que obligó a otros uniformados presentes a intervenir para controlar la situación.

El altercado durante la inspección interna

En un video de 16 segundos, grabado por el propio superior durante el procedimiento, se escucha parte del intercambio entre ambos uniformados. Durante el reclamo, el oficial se dirige a la patrullera con la orden: “Le estoy dando una orden, voltéese (...) No está peinada, cállese”.

Ante esa indicación, la patrullera respondió defendiendo su apariencia y cuestionando el tono del llamado de atención. En el mismo video se escucha decir a Córdoba Murillo: “yo estoy peinada, llegué al primer turno. No me venga a callar, me hace el favor y me respeta”.

De acuerdo con versiones conocidas por medios locales, tras ese intercambio la patrullera se acercó al superior y, al parecer, se produjo una agresión física. En cuestión de segundos otros policías intervinieron para reducirla, procedimiento en el que fue inmovilizada y esposada.

Las imágenes del momento en que varios uniformados la sujetan para proceder con su captura han sido ampliamente compartidas en plataformas digitales, lo que generó reacciones de varios ciudadanos. El caso fue puesto en conocimiento de la Justicia Penal Militar, autoridad encargada de investigar los hechos ocurridos dentro del servicio.

Pronunciamiento de la vicepresidenta

En medio de la controversia, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, se pronunció a través de su cuenta en la red social X, donde manifestó su rechazo frente a lo ocurrido. “Como mujer afrodescendiente y vicepresidenta de Colombia, rechazo con profunda indignación el acto de racismo ocurrido contra la patrullera Winy Saray Córdoba en Quibdó”, escribió.

En el mismo pronunciamiento agregó que, desde su perspectiva, el caso refleja problemáticas estructurales relacionadas con la discriminación. “Lo sucedido no es un hecho aislado. Es reflejo del racismo estructural, de la estigmatización y del irrespeto que durante décadas han tenido que enfrentar las mujeres afrodescendientes por su color de piel, por su cabello y por lo que representan”, expresó.

La vicepresidenta también señaló que la dignidad de las mujeres no debe ser objeto de humillaciones o burlas relacionadas con su identidad. “Ninguna mujer debe ser humillada ni ridiculizada por su identidad. La dignidad de las mujeres negras no se negocia”, afirmó en su publicación.

En la parte final de su mensaje, Márquez se refirió al uso de la violencia y a la necesidad de avanzar hacia escenarios de respeto: “La violencia nunca será el camino, pero tampoco podemos seguir normalizando la discriminación. Colombia debe avanzar hacia una sociedad donde el respeto y la igualdad sean una realidad para todos y todas”.

El incidente ocurrido en la previa del partido entre el Real Madrid y el Benfica, en el que un aficionado realizó el saludo nazi en varias ocasiones y fue identificado por las cámaras de televisión, derivó en una respuesta inmediata de la seguridad del estadio. Según informó Europa Press, la persona implicada fue retirada de su asiento y expulsada del Santiago Bernabéu por los encargados de seguridad del club al poco tiempo de haber sido captada en la retransmisión del encuentro.

La UEFA sancionó al Real Madrid con una multa económica de 15.000 euros y dispuso el cierre parcial de 500 asientos de la tribuna sur inferior del estadio Santiago Bernabéu durante el siguiente partido que el club dispute como local en una competición europea. Sin embargo, tal como publicó Europa Press, esta parte de la sanción se aplicará en forma condicional: el cierre de la grada queda suspendido bajo un período de prueba de un año a partir de la fecha de la decisión del Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB). El organismo precisó que la medida responde al “comportamiento racista y/o discriminatorio” de los aficionados del club durante el encuentro de vuelta de los 'playoffs' de la Champions, disputado el 25 de febrero.

Europa Press detalló que la expulsión del aficionado se produjo en los momentos previos al inicio del partido y que el episodio fue registrado por la retransmisión televisiva. La identificación y posterior intervención permitieron que el club actuara en consecuencia, anunciando la apertura de un proceso interno para sancionar al responsable. "El Real Madrid comunica que ha pedido de manera urgente a la Comisión de Disciplina del club que inicie un procedimiento inmediato de expulsión al socio que ha sido captado por las cámaras de televisión haciendo el saludo nazi en la zona donde se ubica la Grada de Animación, momentos antes de iniciarse el partido entre el Real Madrid y el Benfica", recogió el comunicado oficial del club, citado por Europa Press.

El comunicado emitido por la entidad madrileña refirió que condena enérgicamente todos los gestos y expresiones que puedan incitar a la violencia o al odio, tanto en el deporte como en la sociedad. La nota institucional también confirmó que el socio responsable fue identificado rápidamente y obligado a abandonar el recinto cuando aún no había comenzado el partido.

Según informó Europa Press, en el mismo sector del estadio donde se produjo el hecho, antes del inicio del partido, se desplegó un mensaje dirigido contra la discriminación, con las palabras “No al racismo. Respeto.”. Este gesto se produjo tras una denuncia previa de Vinícius Júnior, quien reportó un insulto de carácter racista proferido por el jugador Gianluca Prestianni durante el partido de ida de los ‘playoffs’ en Lisboa.

El Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA comunicó que la imposición de la sanción busca implementar medidas para prevenir manifestaciones discriminatorias en los recintos deportivos, responsabilizando a los clubes por el comportamiento de sus aficionados. Europa Press reportó que la advertencia impuesta al Real Madrid funcionará como antecedente en caso de que se repitan infracciones similares en los próximos encuentros organizados por la UEFA en los que el club actúe como local.

La decisión del Real Madrid de iniciar la expulsión definitiva del socio responde a la normativa interna del club sobre la conducta de sus miembros. El club reiteró su postura de no tolerar comportamientos racistas o discriminatorios, y subrayó la importancia de actuar con rapidez ante cualquier manifestación de este tipo captada en sus instalaciones. Además, distintas comunicaciones institucionales reiteraron la gravedad de los incidentes de esta naturaleza y el impacto negativo que generan tanto en la imagen del club como en las competiciones europeas.

El caso se enmarca en el contexto de las acciones que tanto la UEFA como los clubes integrados en sus competiciones están promoviendo para erradicar prácticas discriminatorias y racistas en los estadios de fútbol. Europa Press recogió que el mensaje desplegado por el club y la actuación inmediata ante la aparición del gesto nazi reflejan la voluntad institucional de frenar estos comportamientos y alinearse con las directrices regulatorias impuestas por las autoridades deportivas continentales.

La actuación conjunta entre la UEFA y la entidad madrileña, tal como consignó Europa Press, pone de manifiesto la presión social y organizacional para mantener la integridad y la convivencia en el espectáculo deportivo, con sanciones y medidas que pretenden desalentar futuros episodios discriminatorios. De este modo, el Real Madrid queda advertido y ante la expectativa de un posible cierre parcial de su estadio si reincide en hechos de esta índole durante el periodo de prueba fijado por la UEFA.

El Pleno del Senado de la República aprobó una reforma legislativa que incorpora de manera explícita el respeto a la identidad u orientación sexual, así como a la identidad y expresión de género, en la redacción de 28 leyes federales.

El objetivo de esta modificación es fortalecer el marco jurídico para prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación contra la comunidad LGBTIQ+ en distintos ámbitos de la vida pública y social en México.

El dictamen fue aprobado por unanimidad con 95 votos a favor y fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual ratificación. La iniciativa busca que el respeto a la diversidad sexual y de género quede establecido de manera transversal en diferentes ordenamientos legales, con el fin de garantizar que las políticas públicas y las instituciones del Estado actúen bajo el principio de igualdad y no discriminación.

Durante la discusión del proyecto, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, Martha Lucía Micher Camarena, señaló que en México persisten prácticas de discriminación, violencia y exclusión contra personas que expresan diversidad sexual y de género. Estas situaciones, indicó, se presentan en múltiples espacios de la vida cotidiana, como la educación, los servicios de salud, el empleo, la vivienda, el deporte e incluso en la impartición de justicia.

La legisladora advirtió que estas prácticas no sólo vulneran los derechos humanos de las personas, sino que también limitan sus proyectos de vida, profundizan las desigualdades sociales y perpetúan diferentes formas de violencia.

En ese sentido, destacó que la reforma busca reconocer de forma explícita el respeto a la orientación sexual y a la identidad y expresión de género dentro del sistema jurídico mexicano.

“Este Senado envía un mensaje claro: en el Estado mexicano no hay lugar para la discriminación, la negación de derechos ni la violencia motivada por orientación sexual, por identidad o por expresión de género. Todas las personas, sin excepción, tienen derecho a vivir con dignidad, seguridad e igualdad ante la ley”, expresó la senadora.

Por su parte, la senadora de Morena María Martina Kantún Can subrayó que la discriminación basada en la orientación sexual tiene efectos profundos en la vida de las personas, ya que puede afectar tanto su salud mental como física.

Además, señaló que este tipo de exclusión limita las oportunidades educativas y laborales, reduce los ingresos y dificulta el acceso a servicios esenciales como la atención médica, la seguridad social, la vivienda y el apoyo psicológico.

En la misma línea, la senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega destacó que la aprobación de la reforma representa un paso importante para avanzar en la erradicación de la discriminación hacia las personas que integran la población LGBTIQ+. Señaló que, a pesar de los avances en materia de derechos, todavía existen brechas de desigualdad que afectan a quienes viven la diversidad sexual y de género.

El proyecto legislativo incorpora estos principios en diversas normas, entre ellas el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y leyes clave como la Ley General de Víctimas, la Ley General de Salud, la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Educación y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Asimismo, incluye modificaciones en legislaciones relacionadas con derechos sociales, justicia, protección de datos personales, cultura física y deporte, así como en normativas dirigidas a grupos específicos como niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más del cinco por ciento de la población mexicana se identifica como parte de la diversidad sexual y de género. En este contexto, legisladores señalaron que la reforma busca fortalecer la protección de sus derechos y garantizar que la igualdad y la no discriminación se reflejen de manera clara en la legislación del país.

El término que hasta ahora definía a quienes abandonaban Corea del Norte para instalarse en Corea del Sur ha comenzado a cambiar en los documentos oficiales surcoreanos, una medida que, según ha explicado el Ministerio de Unificación, tiene como objetivo combatir la estigmatización y reconocer el estatus legal pleno de estos individuos. De acuerdo con la agencia de noticias Yonhap, las autoridades han solicitado además que los medios de comunicación adopten esta nueva nomenclatura, reemplazando los conceptos de “desertor” o “refugiado” por “ciudadanos nacidos en Corea del Norte” en todos los registros y procedimientos estatales.

El Ministerio de Unificación de Corea del Sur detalló este jueves que ya ha puesto en marcha la utilización del término “bujyangmin”, que significa “nacido en Corea del Norte”, para referirse a las personas que optan por dejar Corea del Norte y establecerse al sur del paralelo 38. El titular de la cartera, Chung Dong Young, afirmó que esta modificación busca reflejar “su estatus legal y sus derechos como ciudadanos plenos”, de acuerdo con la información publicada por Yonhap.

Corea del Sur, bajo su Constitución, sostiene una posición donde todo el territorio de la península es visto como un solo país. Según indicó el Ministerio de Unificación, esto implica que virtualmente todos los norcoreanos que cruzan al sur son reconocidos como ciudadanos surcoreanos desde el momento de su llegada o por nacimiento. Históricamente, los términos “desertores norcoreanos” y “refugiados” han sido los más utilizados tanto en la documentación oficial como en el discurso público y mediático, algo que, conforme a lo que informó Yonhap, ha estado sujeto a frecuentes críticas y asociado, en ocasiones, con connotaciones de discriminación social.

Según consignó Yonhap, el Ministerio comenzó a emplear la nueva denominación a inicios de este año, extendiendo la recomendación no solo a las dependencias públicas sino también al sector informativo. Las autoridades surcoreanas hicieron hincapié en que la nueva expresión “limita su uso a las personas nacidas allí, al tiempo que destaca que son ciudadanos surcoreanos protegidos por igual en la actualidad”.

La estrategia de modificación terminológica forma parte de un esfuerzo mayor para promover la integración y la inclusión de quienes llegan desde Corea del Norte, intentando dejar atrás una terminología que, según analizó Yonhap, contribuyó durante años a la marginalización y la creación de barreras sociales. Además, según las declaraciones recogidas por el medio, existe la intención de reforzar el reconocimiento legal derivado de la Constitución surcoreana, que sitúa en pie de igualdad a los ciudadanos de ambas partes de la península.

El ministro Chung Dong Young subrayó, en declaraciones reflejadas por Yonhap, que este acercamiento institucional “responde a la situación jurídica particular” de los migrantes norcoreanos y busca que el trato institucional y social refleje tal circunstancia. Desde el inicio de la nueva directiva, las autoridades han hecho esfuerzos para difundir el término “bujyangmin” en todos los registros estatales y en la comunicación pública.

El reemplazo del término “desertor” por “ciudadano nacido en Corea del Norte” responde, en parte, a la necesidad de subrayar el derecho a la ciudadanía plena y la protección por parte del Estado surcoreano. Según subraya Yonhap, la medida también apunta a corregir percepciones y a eliminar asociaciones negativas históricas que han existido en torno a las personas procedentes del norte.

En los meses recientes, la cartera de Unificación ha incrementado el diálogo con otras agencias gubernamentales y organizaciones relacionadas para garantizar una aplicación consistente y uniforme de la nueva denominación. El esfuerzo también implicó la revisión de formatos administrativos, sistemas de registro y documentación legal, con la finalidad de institucionalizar el cambio en todos los ámbitos posibles, según reportó Yonhap.

La petición dirigida a los medios de comunicación representa un llamado a reformular no solo los términos empleados en noticias y reportajes, sino también en programas de debate y análisis, áreas donde, según la agencia, la utilización de la denominación “desertor” ha sido especialmente frecuente. Al asumir la nueva terminología, tanto el Gobierno como la prensa contribuyen a un cambio de percepción pública y a la reducción de estereotipos, según mencionaron voceros del Ministerio en declaraciones reproducidas por Yonhap.

A lo largo de los años, Corea del Sur ha recibido múltiples oleadas de personas procedentes del norte, quienes, al establecerse en el sur, enfrentan procesos de adaptación social y legal. La adecuación del lenguaje oficial y mediático constituye, según el seguimiento realizado por Yonhap, un paso en las políticas para facilitar su inserción y promover un trato igualitario ante la ley y la sociedad.

Una entrevista concedida por el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella al canal de YouTube RichyTv desencadenó una controversia política luego de que, al referirse al también aspirante Juan Daniel Oviedo, realizara comentarios en tono burlesco que generaron críticas y pronunciamientos de distintos sectores.

Posteriormente, el abogado Germán Calderón se pronunció en su cuenta de X y citó jurisprudencia de la Corte Constitucional para cuestionar que el episodio constituya un acto de discriminación.

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Durante la conversación digital, De la Espriella fue consultado sobre qué pensaba de Oviedo. En respuesta, imitó su tono de voz y expresó: “¿Qué te dijo? ¡Uy, huevón! De la Espriella es un crack, marica. Es un crack”. Tras esa intervención, el entrevistador mencionó que el exdirector del Dane había hecho previamente un comentario jocoso relacionado con que el abogado no utilizaba medias.

A partir de ese contexto, De la Espriella añadió: “No, pues, a mí hay vainas de Juan Daniel que tampoco me gustan y no las digo. Digo, lo mío se resuelve poniéndose las medias. Lo que no me gusta de Juan Daniel, loco, jodido que lo arregle”, manifestó en el mismo espacio.

Defensa e interrogantes

Luego de que los fragmentos de la entrevista circularan en redes sociales, el abogado Germán Calderón publicó un mensaje en su cuenta de X en el que citó apartes de la Sentencia T-068 de 2021 de la Corte Constitucional.

En su publicación escribió: “La Corte Constitucional (...) sostuvo que ‘no todo trato diferenciado es discriminatorio, ya que el Estado debe adoptar acciones a favor de determinados colectivos que por sus particularidades se enfrentan a desventajas y barreras específicas, lo que se ha denominado como ‘discriminación positiva o inversa’. Por lo tanto, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la discriminación es una diferenciación arbitraria, pues carece de una justificación objetiva, razonable y proporcional".

Con base en esa referencia, Calderón formuló una serie de preguntas relacionadas con lo ocurrido: “Sobre esa jurisprudencia pregunto: 1) ¿La imitación a manera de broma que hizo Abelardo de la Espriella sobre el candidato Juan Daniel Oviedo fue arbitraria? 2) ¿Fue desproporcionada?, o 3) ¿fue en igualdad de condiciones cuando Juan Daniel Oviedo se había referido a la falta del uso de medias de Abelardo de la Espriella? Una broma es una broma".

En el mismo mensaje añadió: “De lo contrario podríamos decir que Juan Daniel Oviedo discriminó a Abelardo de la Espriella en razón de su condición de costeño que no usa medias y a quien, los ciudadanos del interior o de la capital no lo ven adecuado”.

Y es que las declaraciones de De la Espriella generaron reacciones entre integrantes de la denominada Gran Consulta, en la que participa Oviedo. El también candidato presidencial y exministro Mauricio Cárdenas se pronunció en su cuenta de X y afirmó: “Colombia no se puede equivocar. La homofobia no tiene espacio en nuestra sociedad y un candidato homofóbico no puede ser presidente. Siempre del lado de Juan Daniel Oviedo”.

Por su parte, el mismo Oviedo manifestó: “Si no respetas una voz distinta, no estás listo para representar a todas”, en referencia a lo ocurrido tras la entrevista.

En contraste, el representante a la Cámara Miguel Polo Polo defendió a De la Espriella a través de la misma red social. En una primera publicación escribió: “Colombia NO se puede equivocar. El chiste de Abelardo NO tiene NADA que ver ni afecta a los homosexuales. La reforma tributaria de Cárdenas, cuando subió el IVA del 16% al 19%, sí afectó a gays, también a negros, mujeres, niños, clase baja y a TODO el país. ¡Las cosas como son!”.

En otro mensaje agregó: “Curioso que los mismos que se quedaron calladitos ante las expresiones homofóbicas que Benedetti, el ministro de Petro, lanzó contra mí, hoy salgan indignados porque Abelardo de la Espriella hizo un chiste sobre Oviedo que NADA tiene que ver con su sexualidad”.

El escenario internacional muestra un acceso al aborto cada vez más restringido debido a la acción de movimientos contrarios a los derechos de las mujeres, según alertó Amnistía Internacional en su análisis con motivo del Día Internacional de la Mujer. La organización precisó que en países como Afganistán, Argentina, Chile, Estados Unidos y Rusia se advierten políticas públicas que obstaculizan la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva y generan hostilidad hacia quienes defienden o facilitan este derecho. Este fenómeno representa, según consignó Amnistía Internacional, uno de los desafíos principales para las libertades y el bienestar de mujeres y niñas en el contexto actual.

De acuerdo con el informe difundido por el medio, Amnistía Internacional identificó cuatro áreas de alerta vinculadas al incremento de prácticas autoritarias: la aprobación de leyes represivas, la expansión de movimientos que rechazan el reconocimiento de los derechos de las mujeres, el aumento de discursos de odio e incitación a la violencia y el papel de la tecnología en la facilitación de estas amenazas. El organismo señaló que, aunque se focalizó en estas cuatro cuestiones, existen muchas situaciones adicionales que dejan ver una realidad compleja y diversa, tal como sostuvo Beatriz Martos, responsable de derechos de las mujeres en Amnistía Internacional España.

Amnistía Internacional hizo un llamado a los gobiernos de todo el mundo recordando su obligación internacional de combatir cada forma de discriminación y violencia por razones de género. El grupo enfatizó que entre las prácticas a erradicar se incluyen tanto los discursos de odio como la incitación a la violencia proveniente de lo que describió como “movimientos antiderechos”. La entidad subrayó que las tendencias autoritarias ya se manifiestan de forma tangible y que sus consecuencias son particularmente notorias en la vida de mujeres y niñas, mediante restricciones y retrocesos en derechos previamente adquiridos. Referenciando el ejemplo de Estados Unidos, Amnistía Internacional mencionó que la presidencia de Donald Trump produjo lo que denomina una “emergencia de derechos humanos” con efectos profundos para la población femenina.

El caso de Afganistán surge en el informe como de especial relevancia para ilustrar la aplicación de legislaciones restrictivas orientadas a controlar la vida de las mujeres. Según detalló Amnistía Internacional, en dicho país las mujeres enfrentan prohibiciones estrictas para salir de sus hogares sin acompañamiento, trabajar, recibir educación o participar en la esfera política, además de privaciones adicionales en materia de libertad de expresión. Desde el regreso al poder de los talibanes, se han profundizado las restricciones y la represión por motivos de género, con consecuencias directas para la integridad y oportunidades vitales de mujeres y niñas afganas.

Irán quedó señalado en el informe como otro contexto nacional donde las políticas autoritarias ejercen un impacto directo sobre los derechos femeninos. Amnistía Internacional lo caracterizó como un espacio donde la mujer se expone a limitaciones severas en su autonomía mediante regulaciones y dinámicas institucionalizadas que condicionan su participación en la sociedad.

Respecto a Cuba, Amnistía Internacional sostuvo que la represión estatal toma formas particulares cuando se dirige a mujeres. El informe recogió acciones como desnudos forzados, registros corporales invasivos, estigmatización fundamentada en género, edad u orientación sexual, y la utilización de la maternidad y responsabilidades de cuidado familiar como mecanismos de presión e intimidación. La organización consideró que tales acciones cumplen criterios de violencia de género ejercida desde el aparato estatal.

En el caso de Marruecos, la atención se dirigió hacia el procesamiento judicial por blasfemia a la activista Betty Lachgar, cofundadora del Movimiento Alternativo por las Libertades Individuales, después de calificar al islam de religión “fascista y misógina”. Según publicó Amnistía Internacional, episodios como este demuestran la existencia de medidas de censura y control que pueden dirigirse especialmente hacia mujeres líderes en movimientos sociales.

En relación con Arabia Saudí, Amnistía Internacional advirtió que la vigencia del sistema de tutela masculina, pese a las declaraciones de reformas, limita de modo considerable la autonomía personal de las mujeres y posibilita la reproducción de la discriminación. El sistema sido identificado por la organización como un factor decisivo que obstaculiza avances reales hacia la igualdad de género.

El reporte también destacó a Estados Unidos por su retroceso en materia de derechos relacionados con la identidad de género, expresión sexual y libertades reproductivas. El país, según indicó Amnistía Internacional, implementó políticas y discursos que “cuestionan y atacan” tanto a la población LGBTI como a los derechos sexuales y reproductivos, sumando un factor más de presión sobre los colectivos afectados.

La situación en Argentina fue definida como un retroceso, debido a la desaparición de organismos especializados en la prevención y atención de la violencia de género, por primera vez en casi cuarenta años. La organización detalló que el presupuesto para afrontar estas problemáticas se redujo en un 89% desde 2023, lo que compromete seriamente la capacidad estatal para responder a las demandas y necesidades de mujeres víctimas de violencia.

Según informó Amnistía Internacional, la expansión de discursos de odio y de incitación a la violencia constituye otra amenaza en ascenso, especialmente gracias a la proliferación de espacios digitales. La organización expresó su preocupación específica por el papel de la tecnología, al considerar que facilita la vigilancia sobre las mujeres y multiplica los riesgos asociados a la violencia de género a través de contenidos misóginos. Esta tendencia, explicó el grupo, afecta en particular a las mujeres con participación destacada en la vida pública, quienes se convierten en blanco de campañas coordinadas de acoso y amenazas, frecuentemente amplificadas en plataformas digitales.

Además, Amnistía Internacional criticó la responsabilidad que, a su juicio, tienen las empresas tecnológicas y las redes sociales. Según publicó el medio, la organización acusó a estas compañías de actuar con escasa regulación y de haber reducido las barreras de protección para sus usuarios más vulnerables. Afirmó también que las redes sociales priorizan un modelo de negocio enfocado en la viralización de contenido, lo que permite la circulación de mensajes violentos y discriminatorios, con graves consecuencias para quienes ocupan posiciones de marginalidad o corren mayor riesgo.

La entidad cerró su diagnóstico presentado por el medio con un llamado a la acción dirigido a gobiernos y empresas, instando a la toma de medidas firmes frente a lo que describe como una crisis global de derechos humanos que involucra al conjunto de la sociedad y requiere respuestas coordinadas ante los desafíos de leyes restrictivas, discursos de odio y prácticas discriminatorias, tanto en el espacio físico como en el digital.

El insulto dirigido a un jugador del FC Barcelona durante un partido en Oviedo se convirtió en un caso ampliamente difundido tras la publicación del incidente en redes sociales, donde el contenido acumuló cerca de 28.894.400 visualizaciones en tan solo 24 horas, según detalló la Fiscalía del Principado de Asturias. Este episodio de discriminación racial, grabado por un asistente y difundido en plataformas como X, Youtube, TikTok, así como en medios de comunicación, no solo expuso a nivel global la ofensa sufrida por Marcus Rashford, sino que amplificó el impacto sobre el afectado, generando un aumento del sentimiento de humillación atribuido al hecho.

De acuerdo con la información presentada por la Fiscalía, el incidente ocurrió la noche del 25 de septiembre en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo, durante un encuentro en el que el joven acusado, nacido en 2007, profirió insultos racistas de manera audible y en presencia de otros asistentes. La Fiscalía sostiene que el chico gritó “negrata” mientras Rashford, jugador inglés de ascendencia africana, se preparaba para un saque de esquina. La expresión, pronunciada con desprecio hacia el color de piel del deportista, habría ocasionado sentimientos de frustración, vergüenza y humillación, afectando la dignidad del futbolista.

Tal como consignó la Fiscalía del Principado de Asturias, los hechos fueron grabados por otro aficionado, quien posteriormente compartió el video en la red social X. La propagación del material generó que el caso alcanzara una amplia repercusión no solo en redes sociales, sino también en diversos medios de comunicación digitales y tradicionales, intensificando las consecuencias emocionales para Marcus Rashford.

Según publicó la Fiscalía, la acusación considera que los hechos constituyen un delito de lesión de la dignidad por motivos racistas conforme al artículo 510.2.a y 510.5 del Código Penal, en concurso con un delito contra la integridad moral según el artículo 173.1. Por estos motivos, la Fiscalía solicita una pena de un año y tres meses de prisión para el joven aficionado, además de una multa económica de 2.880 euros. También se requiere la inhabilitación para ejercer el derecho al sufragio pasivo y la prohibición de participación en actividades docentes, deportivas y de tiempo libre durante cuatro años.

Además, la Fiscalía reclama una indemnización de 2.000 euros a favor de Rashford por los daños morales derivados de la exposición y el agravio. Esto, según el escrito de la acusación, busca reparar la afrenta sufrida y el impacto psicosocial causado por la viralización masiva del insulto.

El medio especificó que, de no prosperar la acusación principal, subsidiariamente se solicita la misma pena de prisión por delito contra la integridad moral. En este caso alternativo, la Fiscalía añade la petición de que el acusado no pueda acceder a estadios de fútbol de Liga, RFEF, UEFA y FIFA durante un periodo superior a cinco años, además de las costas procesales.

El caso ha suscitado debate sobre la respuesta judicial ante manifestaciones públicas de racismo en el deporte y el papel que desempeñan las redes sociales y medios de comunicación en la amplificación de este tipo de episodios. La denuncia sostiene que la viralidad del video incrementó exponencialmente el daño moral sufrido por el jugador, intensificando el menoscabo de su dignidad bajo la mirada de una extensa audiencia.

La acusación pública subraya, según precisó la Fiscalía del Principado de Asturias, que el acusado actuó con una clara intención de despreciar al jugador por el color de su piel, en presencia de numerosos testigos y en un contexto de alta exposición pública, lo cual constituye, en la calificación de la acusación, una conducta especialmente grave.

A lo largo del proceso, la Fiscalía sostiene que las circunstancias del hecho —grabación, difusión en masa y reiterada presencia del acto en redes y medios— han elevado el caso a un ejemplo representativo de la violencia racial en eventos deportivos, buscando no solo una sanción penal sino también una señal clara sobre las consecuencias legales de discriminar en espacios públicos y de alta visibilidad.

El incidente reportado en el minuto 78 del partido entre Espanyol y Elche CF llevó al árbitro Iosu Galech Apezteguia a aplicar el protocolo contra el racismo, después de que el jugador blanquiazul Omar El Hilali afirmara que había recibido un comentario discriminatorio y racista, presuntamente proferido por el delantero del Elche, Rafa Mir. Según informó el medio Europa Press, este hecho provocó la detención temporal del encuentro en el estadio Martínez Valero y la intervención de diversos estamentos del partido, incluyendo entrenadores, capitanes, el coordinador de seguridad y el delegado de campo, quienes fueron informados de la situación por el colegiado.

El club RCD Espanyol comunicó públicamente su "más enérgica condena" a lo sucedido, trasladando a Omar El Hilali su "total apoyo" en el contexto del presunto comentario de tinte discriminatorio y racista. Tal como detalló Europa Press, la institución reafirmó su firme compromiso con los valores de respeto, igualdad y convivencia tanto dentro como fuera del terreno de juego, subrayando su oposición a cualquier acto que atente contra la dignidad de las personas, en especial aquellos motivados por el origen, el color de piel o las creencias personales.

De acuerdo con Europa Press, la entidad enfatizó que respetará los procedimientos establecidos para el esclarecimiento del incidente, asegurando que todas las partes implicadas tendrán la oportunidad de expresar su versión, en busca de una investigación rigurosa y justa de los hechos. El Espanyol remarcó su intención de promover siempre un entorno libre de conductas discriminatorias y de trabajar para que el deporte continúe siendo un ámbito de integración real.

A lo largo del comunicado oficial, publicado por Europa Press, el club dejó claro que permanecerá vigilante ante cualquier circunstancia que pueda vulnerar los derechos fundamentales de sus jugadores y reiteró que apoyará a El Hilali durante el proceso de investigación. Además, el Espanyol aseguró su colaboración total con las autoridades futbolísticas y se comprometió a poner a disposición de las instancias encargadas todos los recursos necesarios para el esclarecimiento del suceso ocurrido en la jornada contra el Elche CF.

La directiva del club también subrayó, según recogió Europa Press, su rechazo tajante a las actitudes discriminatorias, recordando la importancia de mantener la integridad en la competición y de reforzar la unidad deportiva por encima de cualquier diferencia. El comunicado remarcó que el club seguirá impulsando iniciativas internas y externas que contribuyan a erradicar el racismo y la discriminación, reforzando su posición de tolerancia cero ante este tipo de comportamientos.

El hecho de que el árbitro detuviera el duelo refleja la aplicación del protocolo establecido para estos casos, con el objetivo de actuar de inmediato ante cualquier señal de racismo. Europa Press consignó que la actuación fue coordinada con los responsables de seguridad y los representantes de ambos equipos, en un esfuerzo conjunto por garantizar el respeto a los futbolistas y a la ética deportiva.

La reacción del Espanyol también incluyó un llamado a la responsabilidad social del deporte y de todos sus actores, señalando que los clubes tienen el deber de proteger a sus miembros y de contribuir a que el fútbol se mantenga como un espacio donde prevalezcan la igualdad y la integración. De esta manera, la entidad blanquiazul manifestó que su política institucional rechaza de manera absoluta cualquier manifestación que menoscabe la convivencia y el respeto mutuo entre los participantes de la competición.

En referencia al contexto del partido, Europa Press precisó que el incidente se hizo público tras la denuncia de El Hilali, lo que motivó una cadena de reacciones inmediatas dentro y fuera del estadio. La situación generó debate en torno a la necesidad de reforzar las medidas preventivas y educativas en el ámbito futbolístico, remarcando la importancia de la sensibilización sobre el impacto de actos y palabras discriminatorias.

El comunicado del Espanyol, según publicó Europa Press, concluyó ratificando que el club seguirá avanzando para consolidar un modelo deportivo basado en la integración real y el rechazo de cualquier forma de discriminación, manteniendo un papel activo en la defensa de los valores humanos fundamentales en el fútbol y en la sociedad.

El gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres, defendió el sistema de contratación vigente tras las críticas del presidente de la República, Gustavo Petro, que lo definió como un “centro de esclavitud” y cuestionó el modelo laboral.

“En el Hospital Universitario del Valle tenían prácticamente un centro de esclavitud. La fuerza de la salud debe ser respetada”, escribió Petro en X, alegando irregularidades en los contratos del personal.

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Torres rechazó esta caracterización, calificando el señalamiento como “desafortunado”, y aseguró que la modalidad actual responde tanto a restricciones legales como a la búsqueda de garantizar la atención a los pacientes en medio de la crisis del sistema de salud colombiano, según dijo en entrevista con Blu Radio.

Después de la polémica declaración de Petro, la discusión se enfocó en la magnitud de la contratación sindical. Las cifras oficiales presentadas por Torres indican que actualmente hay 3.078 personas vinculadas mediante agremiaciones sindicales, frente a 475 trabajadores en planta. El resto del personal corresponde a empleados de empresas tercerizadas encargadas de servicios de aseo y vigilancia.

Esta distribución generó preocupación en el Ministerio de Trabajo, la viceministra Sandra Muñoz afirmó que “cerca del 90% del personal estaría bajo la figura de contrato sindical”. Torres desestimó esa proporción, argumentando que no ha recibido un informe oficial conclusivo y defendió que estas formas de contratación cuentan con el aval de la cartera.

El gerente del centro médico explicó que las restricciones presupuestarias influyen de manera directa en la estructura laboral. El hospital está sometido a la Ley 550, lo que impide ampliar la planta de personal y obliga a emplear alternativas contractuales autorizadas para asegurar el sostenimiento de los servicios. Indicó que la viabilidad financiera de la institución depende del nivel de pagos que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) realizan en función de los servicios facturados: actualmente, los hospitales reciben menos del 50% de lo que facturan.

De igual manera, abarcó las diferencias en la compensación de los empleados, punto en el que el Gobierno señaló una brecha salarial entre el personal de planta y quienes están bajo contratos sindicales. Frente a este señalamiento, Torres admitió al medio citado que existen diferencias salariales entre ambas modalidades de contratación, aunque comparó la situación con lo que sucede en los contratos de prestación de servicios frente a los cargos de planta en otros ámbitos.

En sus declaraciones subrayó que el hospital no determina el salario final de los trabajadores contratados por agremiaciones. “Nosotros contratamos un servicio mediante licitación y la agremiación, de manera autónoma, establece la compensación de su talento humano”, aseguró. Remarcó que las modalidades actuales de vinculación han sido avaladas institucionalmente y que “no se puede satanizar un proceso que ha sido validado”.

Cuestionado sobre la legalidad de los contratos, Torres insistió en que las agremiaciones cuentan con la respectiva autorización del Ministerio de Trabajo. Añadió que el hospital utiliza “los mecanismos que nos permite la ley para garantizar la atención, no para desconfigurar los derechos de los trabajadores”. La controversia, por lo tanto, gira en torno al alcance y los efectos reales de estas figuras autorizadas en las condiciones laborales del personal, en un contexto de límites legales para la ampliación de la planta y fuerte dependencia de los recursos efectivamente recibidos por servicios hospitalarios.

El gerente ratificó que el equipo médico y asistencial del Hospital Universitario del Valle continúa asegurando la atención y que cualquier revisión del modelo tendrá que considerar no solo los derechos laborales, sino la sostenibilidad operativa de la institución dentro de las restricciones impuestas por el marco legal y financiero actual.

Incidente dentro de la comisaría

El episodio se produjo en la Comisaría de Santiago, a donde Edith Herrera García acudió acompañada de su hija aparentemente con la intención de presentar una denuncia contra un taxista que la había trasladado previamente. De acuerdo con la versión policial, la candidata se negó a ser atendida por suboficiales y exigió hablar únicamente con el comisario, lo que generó un intercambio verbal con el personal de turno.

“Ella no desea ser atendida por ellos, porque según refiere, ellos son suboficiales y que ella merecía ser atendida por el comisario y no por personal subalterno”, detalló el teniente.

Según el reporte oficial, el suboficial Quispe López comenzó a grabar los hechos y la actitud prepotente de Herrera García. No obstante, la candidata lanzó el celular del efectivo. “Al ver esa situación, se abalanza contra el efectivo, le quita el teléfono y lo lanza, y posteriormente le agrede con un golpe de puño en el hombro”, indicó Ccoa Flores para el citado medio. Tras ello, otra agente procedió a reducirla y colocarle los grilletes.

“La suboficial Vaca intervino y actuó conforme al Decreto Legislativo N.° 1186, sobre el uso progresivo de la fuerza, procediendo a colocarle las marrocas. Durante la intervención, el sujeto también la agredió físicamente, ocasionándole lesiones en las muñecas y golpes producto de patadas", agregó.

Durante la intervención, los registros audiovisuales captaron expresiones discriminatorias dirigidas a los policías. En una de las grabaciones se escucha a la candidata decir: “Quispe tenías que ser(…) justo me voy a poner mi pollera para ponerme al nivel de la señora”.

En los videos difundidos en redes sociales también muestra a la detenida cuestionando a una suboficial sobre su formación profesional. “¿Qué profesión tiene o solamente es policía?”, se le oye decir de manera despectiva. En otro momento la Edith Herrera insulta a una de las suboficiales. “No soy chola, bruta”, increpa.

Investigación y situación legal

El jefe policial informó que la intervenida fue sometida a exámenes médicos y a una prueba toxicológica como parte del procedimiento. Asimismo, indicó que la institución rechaza este tipo de actos contra la autoridad y que las investigaciones continuarán. “Asimismo, se han tomado las declaraciones tanto de las partes agraviadas como de la imputada. También participó como testigo el taxista que presenció los hechos, quien corroboró la versión brindada por los efectivos policiales”, comentó Ccoa Flores.

Por otro lado, el Ministerio Público dispuso la liberación de la candidata al Parlamento Andino, pero seguirá siendo investigada. “El 24 de febrero, a las 21:00 horas, fue puesta en libertad por el fiscal provincial de Flagrancia, Alberto Huaca. La medida se dispuso con la condición de que el caso continúe en un proceso común y que la señora siga siendo investigada por el delito mencionado”.

El teniente informó que la candidata, quien reside de la ciudad de Cusco, no se disculpó con los efectivos policiales. “No, en ningún momento; hasta el momento, no se ha presentado.”, señaló.

Por su parte, el legislador y candidato al Senado Guido Bellido compartió el comunicado en sus redes sociales y expresó su respaldo a la decisión partidaria. En su mensaje, señaló que se trata de una determinación “oportuna y radical” y afirmó que no se debe tolerar ninguna actitud discriminatoria.

Dentro del colectivo LGBTI+, las personas trans siguen siendo las que más sufren discriminación en el ámbito laboral. La preocupación por posibles represalias, dificultades en el avance profesional o la pérdida del puesto lleva a muchas a ocultar su identidad de género y posponer su transición. Para hacer frente a esta realidad, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha aprobado este jueves un protocolo de acompañamiento para personas trans en el ámbito laboral, junto a la Federación Estatal (FELGTBI+) y sindicatos CCOO y UGT, que busca garantizar los procesos de transición respetuosos en el ámbito laboral.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha destacado que el protocolo se basa en principios de respeto expreso a los derechos humanos y laborales de las personas trans, así como en la prohibición de cualquier forma de discriminación relacionada con la identidad o expresión de género. El texto recomienda a las empresas “reconocer y respetar el género manifestado por la persona trabajadora”, emplear un lenguaje inclusivo y permitir el uso de pronombres autoidentificados, incluso cuando estos no hayan sido legalmente reconocidos.

“El protocolo pone en el centro a las personas trans, que tendrán garantías y potestad de decisión en todo el proceso de transición de género, protegiendo su dignidad e intimidad. Este proceso también será objeto de una estricta confidencialidad y reserva”, según ha informado el ministerio.

Medidas para cada etapa del proceso de transición

De esta forma, ha explicado Díaz, el acompañamiento comprenderá acciones antes, durante y después del proceso de transición de género. Antes del inicio del proceso, se podrá acordar la forma de comunicar el cambio a la plantilla si la persona así lo desea, mientras que durante la transición la empresa pondrá a disposición de la persona solicitante horas de permiso retribuido para acudir a citas médicas o para la realización de trámites administrativos. Una vez finalizado el proceso, la empresa debe asegurar “la actualización de contratos, nóminas, tarjetas identificativas y cualquier otra documentación interna relevante”, ha aclarado la ministra.

El acuerdo se firma coincidiendo con el segundo aniversario de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que establece en el artículo 15.1 la obligación de que las personas trabajadoras cuenten con un conjunto planificado de medidas para alcanzar la igualdad real y efectiva de este colectivo en el ámbito laboral. El protocolo, ha añadido Díaz, no solo responde a la exigencia legal vigente, sino que busca sentar un precedente para el resto de los sectores productivos en España.

“El objetivo es que ninguna persona vea limitada su carrera profesional por razón de identidad de género”, ha señalado la ministra.

Comisión paritaria y mecanismos de seguimiento

La activación del acompañamiento solo se producirá tras la comunicación voluntaria de la persona interesada a la persona de referencia designada por la empresa. El acuerdo prevé la creación de una comisión paritaria en los casos en los que sea posible, en la que se incluirá a personas con experiencia en diversidad trans.

El texto también introduce mecanismos de seguimiento, con reuniones periódicas y programas de desarrollo profesional, para garantizar que la integración laboral de las personas trans se mantenga en condiciones de igualdad real.

El informe forense recogido por la Fiscalía describe los sentimientos de frustración, vergüenza y humillación vividos por el delantero francés Kylian Mbappé tras los insultos y gestos de carácter racista realizados en su contra durante un partido de fútbol en Oviedo. Según consignó el medio, el Ministerio Fiscal del Principado de Asturias presentó una petición formal ante el Tribunal de Instancia número 1 de Oviedo para que el acusado enfrente una condena de un año de prisión y el pago de una multa, luego de los hechos sucedidos en agosto de 2025 en el estadio Carlos Tartiere durante el encuentro entre el Real Oviedo y el Real Madrid.

De acuerdo con la información publicada por las autoridades y reportada por los medios en la misma jornada, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 22:07 horas. En ese momento, tras un gol marcado por Mbappé a favor del Real Madrid, el acusado gritó y realizó gestos de desprecio relacionados con el color de piel del delantero, lo que fue percibido claramente por quienes se encontraban en el estadio. La Fiscalía sostiene en su escrito que estos actos constituyen un delito relacionado con el ejercicio de los derechos fundamentales, específicamente por lesionar la dignidad de una persona por motivos racistas, y se agravan por el impacto que tuvieron, considerando también un posible delito contra la integridad moral.

Tal como informó la Fiscalía y detalló la cobertura mediática, las imágenes de los gestos y los insultos fueron captadas por cámaras de un programa televisivo. Posteriormente, el lunes 25 de agosto de 2025, se emitieron fragmentos en televisión y se publicaron en la red social X, donde, hasta las 21:17 horas de ese día, las visualizaciones alcanzaron las 309.200. La difusión en distintos medios digitales y la amplificación en redes sociales provocaron que los hechos llegaran a más de 305 millones de visualizaciones a escala global. Según el Ministerio Fiscal, este alcance masivo contribuyó a intensificar el sentimiento de humillación experimentado por el jugador.

El Ministerio Público señala en su escrito que el acusado se hallaba bajo los efectos del alcohol en el momento del incidente. Las autoridades consideran que dicho consumo no elimina la responsabilidad penal, y remarcan que los gritos y gestos discriminatorios resultaron suficientemente audibles y visibles ante una audiencia considerable en el estadio. Además, sostienen que la conducta fue realizada "con evidente desprecio al color del jugador", lo que encuadra los hechos en una modalidad agravada por discriminación.

Según publicó el Ministerio Fiscal, la calificación jurídica contemplada reconoce la concurrencia de dos delitos: el primero, cometido con motivo del ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas, bajo la modalidad de lesión de la dignidad de las personas por motivos racistas; el segundo, un posible delito contra la integridad moral, que podría sumarse o considerarse de manera alternativa si no se acredita el primero. En cualquiera de estos escenarios, la agravante de discriminación se continúa aplicando.

El escrito presentado por la Fiscalía solicita que, en caso de que solo se condene al acusado por el delito contra la integridad moral, también se contemple la agravante de discriminación racista. Además, el Ministerio Fiscal reclama una indemnización para Kylian Mbappé, que asciende a 2.000 euros, en compensación por los daños personales sufridos a causa de los hechos.

Las conclusiones provisionales de la Fiscalía ya se encuentran elevadas a la Sección de Instrucción correspondiente y están pendientes de revisión en el marco judicial. Según reportó el Ministerio Fiscal, este caso ha generado un notable impacto mediático y en redes sociales, abarcando tanto la repercusión nacional como internacional y sumando presión social y mediática ante la justicia. Los tribunales deberán decidir próximamente la calificación definitiva de los delitos en función de las pruebas disponibles y analizar el grado de responsabilidad penal del acusado.

Por último, el expediente judicial examina tanto el contexto del partido, la presencia masiva de aficionados y la repercusión del incidente, como el efecto acumulativo de la amplificación mediática sobre la víctima, lo que representa un elemento central en la valoración de los daños por parte de la Fiscalía, según detalló el medio.

El procesado envió un correo electrónico posterior a sus acciones iniciales, en el que se disculpó ante las personas destinatarias por los efectos de su mensaje, reconociendo el daño causado al clima social y manifestando su compromiso con los valores de respeto y convivencia. Según informó el medio, la Audiencia Provincial de Navarra impuso una pena de dos años de prisión y una multa de 720 euros al residente del Valle de Baztan, quien admitió durante el juicio celebrado el pasado 16 de mes haber sido responsable de la remisión de correos electrónicos con mensajes discriminatorios hacia extranjeros, buscando influir en las decisiones de contratación de empresas locales.

De acuerdo con la información publicada por la fuente, la sentencia describe que entre 2020 y 2023 el hombre redactó y distribuyó mensajes electrónicos a distintas entidades empresariales. En dichos comunicados instaba a que solo se contratara a nacionales españoles y exhortaba a reemplazar en las plantillas a trabajadores inmigrantes, señalando de forma directa la exclusión de personas “marroquís” y extendiéndola a otras comunidades extranjeras. Además, su accionar incluyó a quienes, aunque nacionalizados, tenían antecedentes migratorios, reflejando un criterio de discriminación amplio.

El medio detalló que los correos recibidos por las empresas frecuentemente respondían a ofertas de empleo publicadas en internet. La finalidad declarada era fortalecer prejuicios y materializar la marginación de personas inmigrantes dentro del mercado laboral, según relata la resolución judicial. El mensaje también anunciaba la intención de elaborar un listado de empresas empleadoras de inmigrantes, con el objetivo de que esa información circulase públicamente y generara un vínculo entre la contratación de extranjeros y las decisiones de consumo de la población.

Según consignó el medio, la reiteración de estos mensajes provocó repercusiones evidentes en las redes sociales, donde surgieron numerosos comentarios relacionados con el contenido discriminatorio de los correos. Esta situación terminó generando un rechazo público y diversos pronunciamientos en los que se recalcaba la naturaleza excluyente y contraria a los principios de respeto e integración social que rigen la convivencia democrática.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra destacó que los acontecimientos juzgados constituyen un delito cometido con ocasión del ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas garantizados por la Constitución. La causa contempló, además, la atenuante muy cualificada de reparación del daño, dado que el acusado, tras los hechos, remitió un correo electrónico de disculpa reconociendo su responsabilidad penal y señalando su intención de contribuir a la restauración de la convivencia y las normas democráticas. En ese mensaje, el condenado expresó: "Por este medio, quisiera disculparme porque entiendo que el contenido del mismo ha contribuido al clima de odio y prejuicio hacia la comunidad de inmigrantes, y ha causado un dolor significativo y un sentimiento de inseguridad y rechazo hacia los mismos. Le comunico que voy a reconocer mi responsabilidad en los hechos de acusación en la causa penal dirigida contra mí por estos hechos, ya que, además, ello contribuye a mi compromiso de promover un entorno de respeto, tolerancia y convivencia, propias de nuestro Estado social y democrático de derecho".

Tal como publicó la fuente, la condena fue resultado de un acuerdo entre el Ministerio Fiscal y la defensa, alcanzado antes del inicio del juicio oral. La Sección Primera de la Audiencia Provincial fijó que la pena de prisión quede en suspenso siempre que el condenado no incurra en nuevas infracciones en un periodo de dos años y complete un programa de formación en materia de igualdad, como condición indispensable para la suspensión del ingreso en prisión. Estas medidas tienen la intención, según la resolución judicial, de restaurar el tejido social afectado y prevenir futuras actuaciones discriminatorias.

El proceso penal y la resolución judicial han tenido un notable impacto en la comunidad y fueron objeto de amplio debate público y rechazo en plataformas sociales y medios de comunicación. Los hechos pusieron de relieve el alcance del delito de odio y la respuesta institucional frente a manifestaciones que atentan contra la igualdad y la integración de las personas migrantes y extranjeras en el entorno social y laboral.

Las últimas proyecciones señalan que el estigma afecta al 88 por ciento de las personas con obesidad en España y que la forma en la que se emplea el lenguaje influye directamente tanto en la percepción pública como en la experiencia de estos pacientes. Desde la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) se está promoviendo la elaboración de un documento destinado a orientar sobre el uso de lenguaje respetuoso al referirse a quienes viven con obesidad y a personas con otras patologías endocrinas. Este esfuerzo, según detalló el medio, responde a la necesidad de disminuir el trato discriminatorio en distintos ámbitos, incluido el sanitario, al tiempo que acompaña la publicación de una nueva edición de la guía ‘Abordaje de la obesidad en el adulto’.

Según informó la SEEN, las previsiones de prevalencia de obesidad para el año 2035, que estiman alcanzar el 37 por ciento de la población adulta, podrían no captar la verdadera magnitud del problema. Durante una jornada formativa para periodistas celebrada en Madrid, el doctor Javier Salvador, integrante del Grupo de Estigma y Desigualdad de la SEEN, señaló que las proyecciones previas acerca del crecimiento de la obesidad suelen quedarse cortas, y que la tendencia indica la posibilidad de un porcentaje aún mayor de personas afectadas durante los próximos años. Salvador recordó que, según datos aportados en 2023 por la Federación Mundial de Obesidad, esta enfermedad no es susceptible de curación definitiva aunque puede controlarse con intervenciones adecuadas. Añadió que a la obesidad se le asocian más de 200 complicaciones, destacando entre ellas la persistente estigmatización social.

“El estigma sigue creciendo”, afirmó Salvador en declaraciones recogidas por el medio. El especialista subrayó que es erróneo atribuir la enfermedad a un problema de actitud o falta de voluntad, y remarcó que la evidencia científica demuestra la falsedad de ese prejuicio. Los pacientes, según publicó el medio, no solo enfrentan retos clínicos sino también discriminación y marginación en diferentes esferas como el entorno laboral, la vida familiar, la etapa escolar y durante la atención médica. Salvador explicó que la obesidad presenta una etiología multifactorial donde intervienen factores genéticos significativos junto con el ambiente, al que describió como “obesogénico”, también enfatizando la responsabilidad de los medios de comunicación en el tratamiento informativo y visual sobre el tema.

El presidente del Foro Español de Pacientes (FEP), Andoni Lorenzo, expuso ante los medios que la estigmatización repercute negativamente incluso en el acceso a la atención sanitaria. Muchos afectados, sostuvo, conviven con la enfermedad y un fuerte sentido de culpa, lo que puede empeorar el cuadro clínico. Lorenzo puntualizó la importancia de desterrar términos que asocien la obesidad con epidemias o culpa individual, ya que contribuyen a la percepción negativa de los pacientes. Según sus declaraciones recogidas por el medio, casi la mitad de los españoles actualmente presenta sobrepeso, y desde 1987 la prevalencia de obesidad se ha duplicado. Además, existe una distribución desigual de la enfermedad según el nivel educativo y la renta, afectando más a personas con menos recursos.

De acuerdo con la visión de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), permanece una alta incidencia infantil: alrededor del 40 por ciento de los niños y niñas en España presentan exceso de peso, y el 15 por ciento se encuentra en situación de obesidad. Los datos esgrimidos por la organización indican que el 80 por ciento de los menores consume habitualmente alimentos poco saludables, lo que contribuye al desarrollo prematuro de la enfermedad. Reportó el medio que estas tendencias entre la población infantil y los grupos vulnerables exigen una respuesta eficaz desde las políticas públicas.

Graziella Almendral, presidenta de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), manifestó durante el encuentro la importancia de que los profesionales de los medios se renueven en el abordaje de la obesidad, puesto que el estigma acarrea repercusiones directas sobre el bienestar de quienes la padecen. Explicó que un uso poco cuidadoso del lenguaje puede generar perjuicio sin intención consciente, y apeló a utilizar términos que transmitan rigor, precisión y respeto. Esta posición, según consignó el medio, se inscribe en la recomendación general de las organizaciones implicadas para transformar la narrativa pública sobre la obesidad.

El doctor Javier Salvador insistió en la necesidad de “criticar el estigma” y de eliminar barreras que dificulten la aplicación efectiva de tratamientos. Señaló que la discriminación contribuye al desarrollo de problemas psiquiátricos en la población con obesidad. Por esa razón, desde la SEEN se demanda el impulso de políticas sanitarias que permitan tratar la enfermedad de forma adecuada y, en consecuencia, mejorar la calidad de vida de los pacientes. Salvador subrayó que la intervención médica y psicosocial puede propiciar que muchas personas logren controlar la enfermedad y acceder a niveles satisfactorios de bienestar.

Este abordaje multidimensional de la obesidad, según informa el medio, pone de relieve la urgencia de combatir no solo las complicaciones físicas, sino también las barreras sociales que complican la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de una enfermedad cuya prevalencia no solo crece sino que, de acuerdo con las últimas estimaciones, podría superar ampliamente las cifras hasta ahora manejadas.

Actores destacados del ámbito del activismo, la cultura y el arte recibieron homenajes por su contribución a la historia y el progreso del pueblo gitano en España, en un acto presidido por el jefe del Ejecutivo en el Palacio de la Moncloa. Según reportó el medio original, durante la ceremonia, el presidente del Gobierno otorgó la encomienda de la Orden del Mérito Civil a Juan de Dios Ramírez Heredia, el primer diputado gitano en las Cortes Españolas, reconociendo su defensa de los derechos de la comunidad gitana tanto a nivel nacional como internacional. Además, se distinguió a Emilio Fernández de los Santos, músico y filántropo vinculado a la Fundación Alalá, y a María Teresa Peña, comunicadora que promueve el flamenco entre las nuevas generaciones. También recibieron la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio Pepe Habichuela, guitarrista, y Lolita, cantante y actriz.

Este evento se realizó como homenaje por el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España y tuvo lugar este sábado. A lo largo de su intervención, el presidente Pedro Sánchez destacó la necesidad de erradicar las desigualdades y los estereotipos que afectan al pueblo gitano, según publicó el medio original. El mandatario expresó su intención de luchar contra la persistencia de dichos prejuicios, que aún subsisten en la sociedad. “Trabajaré para acabar con las desigualdades y los estereotipos que hieren y que aún persisten hoy en día contra los gitanos”, afirmó el presidente durante el acto.

De acuerdo con lo consignado por el medio, Sánchez insistió en la importancia de reconocer el papel de la comunidad gitana en la historia de España, al considerarla parte intrínseca del desarrollo del país. Señaló que no se podría comprender la evolución cultural española sin la impronta que ha dejado el pueblo gitano en figuras como Camarón, Lola Flores, Julio Romero de Torres o Manuel de Falla. A pesar de que el acto contó con interpretaciones flamencas, la intervención del presidente puso énfasis en una contribución más profunda: la resistencia de la comunidad gitana ante siglos de discriminación y persecución, así como ante los intentos de desarraigar su cultura, lengua y memoria.

En su discurso, Sánchez hizo referencia a momentos conmemorativos relevantes, como el Día Internacional del Pueblo Gitano, que se celebra el 8 de abril, y el recuerdo del Samudaripen, el genocidio que sufrió el pueblo gitano a manos del nazismo. Según publicó el medio, el presidente consideró que estas fechas refuerzan la visibilización de la historia y la influencia del pueblo gitano en la sociedad española.

La intervención incluyó una advertencia a quienes promueven discursos de odio, muchos de los cuales circulan en las redes sociales. Sánchez subrayó que estos mensajes hostiles seguirán enfrentando la respuesta del Estado de derecho español: “Van a tener toda la fuerza del Estado de derecho para combatirlos”, sostuvo el presidente, según detalla el medio.

El presidente también abordó los avances logrados durante la etapa democrática para la inclusión y el reconocimiento del pueblo gitano, aunque recalcó que estos progresos todavía resultan insuficientes. Sánchez enfatizó que el largo periodo de discriminación y antigitanismo no se elimina en pocas décadas. Manifestó que la comunidad gitana está presente en múltiples ámbitos: desde las aulas y los lugares de trabajo, hasta los barrios, ayuntamientos y parlamentos. Según publicó el medio, Sánchez resumió la necesidad de un trato basado en “respeto, igualdad y reconocimiento”, descartando la caridad y los enfoques folclóricos.

El acto se organizó para visibilizar no solo la historia, sino también los logros actuales del pueblo gitano. Los premiados reúnen trayectorias en la cultura, el activismo, la política y el emprendimiento, encarnando lo que el presidente definió como una historia de lucha, talento y compromiso. Entre los galardonados, Juan de Dios Ramírez Heredia destacó por su defensa de los derechos de la comunidad a varios niveles, mientras que Emilio Fernández de los Santos fue reconocido por su labor filantrópica y su trabajo en Fundación Alalá. En el campo artístico, Pepe Habichuela y Lolita recibieron la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio por sus respectivas trayectorias en la música y las artes escénicas. María Teresa Peña, en tanto, recibió una distinción por su promoción de la cultura flamenca entre los jóvenes gitanos.

Según información recogida por el medio, Pedro Sánchez fue llamado “primo Pedro” de manera afectuosa por participantes gitanos en el acto, lo que señala el acercamiento entre la representación institucional y la comunidad homenajeada. La ceremonia integró diferentes manifestaciones culturales y actuaciones artísticas, reflejando tanto la persistencia como la capacidad integradora del pueblo gitano.

El medio también consignó que el presidente destacó la necesidad del reconocimiento histórico y actual del pueblo gitano, insistiendo en que la sociedad española no puede entenderse sin la huella de esta comunidad. Recordó que el reconocimiento institucional y la celebración de hitos históricos contribuyen al proceso de memoria colectiva y respeto.

La celebración del 600 aniversario ha adquirido relevancia por resaltar los retos actuales y poner en la agenda pública la persistencia de situaciones de desigualdad y discriminación. Según indicó el medio, el presidente enfatizó que el pueblo gitano, lejos de situarse en la periferia social, participa activamente en la vida pública y aspira a derechos básicos y a un reconocimiento acorde a su historia y aporte cultural.

El reciente gesto de solidaridad por parte de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, tras el incidente racista sufrido por el futbolista brasileño Vinicius Jr durante el partido entre Real Madrid y Benfica, llevó a que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) intensificara su pedido de acción inmediata ante los órganos rectores del fútbol internacional. Según publicó la CBF en su sitio oficial, la entidad envió cartas a la FIFA y la UEFA exigiendo una respuesta firme, que incluya la identificación y sanción severa de los responsables de los insultos dirigidos al delantero.

La CBF confirmó este jueves que el documento, firmado por el presidente Samir Xaud, hace hincapié en la necesidad de que la FIFA supervise de cerca el caso y que la UEFA inicie una investigación exhaustiva sobre los hechos ocurridos en Lisboa. El medio consigna que la carta solicita a la organización europea la aplicación de "todas las medidas necesarias para identificar y sancionar a los responsables del abuso racial" contra el jugador del Real Madrid, quien alertó sobre los insultos en pleno partido el pasado miércoles.

Durante el encuentro por la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el club portugués Benfica, Vinicius Jr comunicó al árbitro francés François Letexier haber recibido insultos de carácter racista, presuntamente proferidos por el futbolista argentino Gianluca Prestianni. Según consignó la CBF y recogen diversas fuentes, Prestianni habría cubierto su boca con la camiseta al dirigir las palabras al brasileño, lo que derivó en una interrupción del partido durante aproximadamente diez minutos. No obstante, el jugador del Benfica negó públicamente los hechos.

El organismo brasileño remarcó que su requerimiento se dirige a ambas instancias rectoras del deporte, reclamando la implementación de mecanismos eficientes para combatir la discriminación en el fútbol. El comunicado de la CBF destaca las recientes modificaciones a los artículos 15 y 30 del código disciplinario de la FIFA, considerando que estos cambios abren nuevas posibilidades para abordar y sancionar actos discriminatorios en el ámbito deportivo.

De acuerdo con la CBF, el presidente Infantino no solo expresó su respaldo al delantero, sino que también manifestó su apoyo a la lucha contra cualquier forma de racismo en el fútbol internacional. El texto agrega que la UEFA, organismo al que también fueron dirigidas las demandas, ha sido identificada por la Confederación como líder en la aplicación de políticas destinadas a prevenir y castigar conductas discriminatorias dentro y fuera del campo de juego.

En las misivas enviadas tanto a la FIFA como a la UEFA, la CBF solicita de manera explícita una investigación integral, fundamentada en los testimonios del propio Vinicius Jr y los de otros presentes en el estadio durante el incidente. El propósito señalado por la entidad brasileña es lograr que los implicados en el episodio de Lisboa sean identificados con precisión y reciban una sanción ejemplar, adecuada al carácter de la infracción cometida.

El caso se suma a otros episodios recientes de racismo en el fútbol europeo en los que Vinicius ha sido protagonista y, según reportó la Confederación, la situación requiere respuestas inmediatas y efectivas de las instituciones responsables de velar por la integridad y la igualdad en el deporte profesional. La CBF reiteró en su comunicado que el combate contra estas conductas discriminatorias es responsabilidad compartida de todos los órganos directivos del fútbol y que espera que tanto la FIFA como la UEFA se involucren activamente hasta alcanzar la erradicación de cualquier forma de racismo en las competencias internacionales.

Nació en Omaha, Nebraska, Estados Unidos, el 19 de mayo de 1925, como Malcolm Little. Era hijo de un predicador. Cuando tenía seis años, el Ku Klux Klan incendió su casa familiar. Más adelante, supremacistas blancos asesinaron a su padre, golpeándolo en la cabeza y dejándolo en las vías del tranvía, donde murió atropellado. Ese episodio traumático llevó a su madre a sufrir un colapso nervioso, lo que resultó en que las autoridades blancas separaran a todos los hijos.

Durante su etapa escolar, Malcolm Little, que sería conocido más tarde como Malcolm X, se destacó como el niño más inteligente de su grado. Aspiraba a ser abogado, pero un profesor le sugirió que de dedicara a la carpintería, considerando este oficio más apropiado para un hombre negro.

Se metió desde muy chico en el hampa de Boston y de Nueva York. En 1945, a los 20 años, fue condenado a diez años de cárcel por robo. Todos los hechos delictivos habían tenido lugar en casas de familias ricas.

Pudo haber sido su final. Sin embargo, fue en la cárcel donde encontró la oportunidad de reinventarse. El propio Malcolm X atribuyó a la prisión haberle salvado la vida, ya que le permitió reflexionar y crecer.

Clarence Lang, profesor de Estudios Afroamericanos en la Universidad Estatal de Pensilvania, señala que: “Una de las cosas más inspiradoras de Malcolm X, al menos en mi opinión, fue su espectacular capacidad de crecimiento y desarrollo”. Durante su reclusión, hizo cursos por correspondencia de inglés, gramática y caligrafía. Luego profundizó en latín. Consciente de las carencias en su educación, copió a mano un diccionario para memorizar cada palabra.

Su curiosidad lectora lo llevó a sumergirse en obras de literatura, ciencia y filosofía occidentales. “Leía vorazmente, tanto que cuando estaba encarcelado y apagaban las luces de su celda, continuaba leyendo a la tenue luz del pasillo fuera de su celda, arruinando su vista”, dijo Lang.

En prisión, Malcolm X conoció las ideas de Elijah Muhammad, líder de la Nación del Islam, que mezclaba el Islam con mensajes de orgullo negro y autosuficiencia. Elijah Muhammad sostenía que la esclavitud privó a los negros del conocimiento de su cultura y que los apellidos impuestos eran una muestra de esa opresión. Como respuesta, Malcolm Little adoptó el apellido X para representar que su verdadero apellido era desconocido.

Elijah Muhammad también sostenía creencias extravagantes, como la existencia de un científico negro llamado Yakub que habría creado a los blancos en una isla mágica, dotándolos de una inclinación hacia la codicia y el mal. De ahí surgió la idea de que el hombre blanco era un demonio.

En aquellos días, Malcolm X asumió todas esas enseñanzas y se convirtió en el seguidor más relevante de Elijah Muhammad.

Cuando Malcolm X se unió a la Nación del Islam, el movimiento contaba con 500 miembros. Doce años después, en gran medida gracias a su predicamento, la cifra ascendía a 30.000. “Malcolm era un pensador estratégico, y también un pensador organizacional muy reflexivo. No fue casualidad que la Nación del Islam en términos de su prominencia nacional, de su influencia y de sus miembros, creciera”, afirma Lang.

Uno de los episodios más recordados de la vida del luchador por la igualdad de derechos, ocurrió el 26 de abril de 1957, cuando salvó la vida de Hinton Johnson, un hombre negro, integrante de la Nación del Islam, brutalmente golpeado por la policía. Lideró una multitud no violenta que rodeó la estación de policía hasta que se accedió a llamar una ambulancia. A una señal de Malcolm X, la multitud se dispersó.

“Malcolm era un pensador agudo y rápido, pero también tenía su asombrosa capacidad para hablar con claridad, de modo que podía muy fácilmente exponer los absurdos del racismo para un público amplio”, explica Lang.

Habló de forma seria y persuasiva sobre el colonialismo mental y cultural que enseñaba a los negros que eran inferiores y del que quería liberarlos. Malcolm X planteó la disyuntiva entre “el voto o la bala”, es decir, entre obtener plenos derechos como ciudadanos o recurrir a la violencia. Aclaró que no estaban en contra de los blancos, sino de la explotación, la degradación y la opresión.

La figura de Malcolm X llegó a representar la voz de muchos afroamericanos que no se sentían incluidos en la sociedad estadounidense. “Malcolm X habla por mí”, rezaba un prendedor que circuló hace más de 60 años.

Lang, en conversación con la BBC, subraya la importancia de analizar la interacción entre Malcolm X y Martin Luther King Jr. dentro del movimiento por los derechos civiles. Según él, “los negros no son política e ideológicamente monolíticos, y hasta cierto punto Martin y Malcolm representan dos de las muchas corrientes de pensamiento que han existido a lo largo de la historia afroamericana”.

En palabras de Lang, la visión de King se basaba en la idea de que Estados Unidos podía perfeccionarse a sí mismo, haciendo espacio para los afroamericanos si se cumplían los principios de inclusión y democracia. Por el contrario, Malcolm X consideraba que la opresión racial era la experiencia definitoria de los negros en la sociedad estadounidense, hasta el punto de que no existía ninguna circunstancia en la que pudieran integrarse completamente.

Malcolm X es recordado por su extraordinaria capacidad para aprender y por su impacto en la historia afroestadounidense, especialmente en un contexto de segregación y discriminación que persistía en Estados Unidos durante las décadas de 1950 y 1960.

“La educación es el pasaporte al futuro, porque el mañana pertenece a aquellos que se preparan para él hoy”, declaró en 1964.

Su vida estuvo marcada por una fuerza personal capaz de enfrentar las heridas históricas de la esclavitud y exigir cambios profundos.

En un país que intentaba lidiar con su pasado, Malcolm X insistió en que las heridas de siglos de esclavitud debían ser reconocidas y reparadas. Era un retórico brillante, famoso por su franqueza y por su capacidad para abordar temas que muchos preferían suavizar. Se lo ha denominado “la conciencia implacable del movimiento de liberación negra”.

El pensamiento de Malcolm X se caracterizó por una intensa disposición a reexaminar sus propias ideas. Adoptaba nuevas perspectivas y las sometía a un análisis riguroso, buscando siempre una comprensión más profunda y soluciones más eficaces frente a los problemas que enfrentaba su comunidad.

Lang afirma: “Malcolm X es muy importante en la historia de la ideología nacionalista negra”. Lang explica que el nacionalismo negro parte de la idea de que los afroamericanos constituyen históricamente, culturalmente y de todas las maneras, un pueblo distinto dentro de Estados Unidos.

Malcolm X sirvió de puente entre una tradición nacionalista anterior al siglo XX y los activistas más jóvenes de finales de los años sesenta y principios de los setenta. “Esa es la principal reivindicación de Malcolm, si pensamos en su importancia en la constelación del pensamiento negro”, agrega Lang.

Malcolm X abogó por la creación de instituciones autónomas para los negros, argumentando que era necesario ante la desconfianza hacia los sistemas racistas existentes. Había ocasiones en que utilizaba tácticas de choque para reforzar su postura. Entre sus declaraciones más polémicas, llegó a decir que el hombre blanco era el diablo.

Malcolm X, que en 1958 se había casado con Betty Shabazz, con quien tuvo seis hijas, creció velozmente en la estructura de la Nación del Islam. Su capacidad, y también sus ideas, lo colocaron en franca competencia con Muhammad. Promovió el islam, predijo el ascenso de los negros en la escala social y como ya se dijo, fue responsable del crecimiento de la organización. Fue Malcolm X quien inspiró al mejor boxeador de todos los tiempos Cassius Clay a unirse a la Nación del Islam y a cambiar su nombre por el de Muhammad Ali.

En 1963, tras el asesinato de John F. Kennedy, Malcolm X comentó: “The chickens have come home to roost”, un dicho similar a “Quien siembra vientos recoge tempestades”. A raíz de esa declaración fue suspendido por tres meses por la Nación del Islam. Durante ese período no pudo dar opiniones públicamente. Ya había abrazado el islamismo sunnita y, luego de una peregrinación a La Meca, adoptado el nombre ”El-Hajj Malik el-Shabazz".

Su intención con aquella frase que fue criticada, según analistas, era despertar a la nación del sueño americano, sacudiendo conciencias y forzando la reflexión sobre la realidad de la terrible opresión racial.

Aquella situación anticipó el final de su relación política resquebrajada con Elijah Muhammad y la Nación del Islam. El 8 de marzo de 1964, criticó las rígidas enseñanzas religiosas de la institución y prometió crear una organización nacionalista negra que iba a “aumentar la conciencia política de los afroamericanos y trabajar con otros líderes de los derechos civiles, algo que le había sido prohibido por Elijah Muhammad. Fue así que Malcolm X fundó la Muslim Mosque Inc., una institución religiosa, a la que adjuntó la Organización de la Unidad afroamericana, un grupo secular que impulsaba el nacionalismo negro.

A partir de entonces quedó claro que Malcolm X era un enemigo declarado de la Nación del Islam. En marzo de 1964, que Elijah Muhammad dijo a uno de sus ministros de Boston, Louis X, conocido luego como Louis Farrakhan, que “hipócritas como Malcolm X” deberían tener “la cabeza cortada”. Hubo varias de esas señales inequívocas por parte de integrantes de la Nación del Islam . El 4 de diciembre, en el órgano oficial de difusión llamado Muhammad Speaks/ Habla Mahoma, Louis X declaró: “Un hombre como Malcolm es digno de muerte”.

Las advertencias continuaron. El 14 de febrero de 1965, la casa de Malcolm X fue incendiada. Sus ocupantes salieron ilesos. Nadie fue acusado de ningún delito.

El 21 de febrero de 1965, hace 61 años, Malcolm X se disponía a hablar en nombre de su propia organización, la Muslim Mosque (Mezquita musulmana), en el Audubon Ballroom de Manhattan, Nueva York Tuvo la posibilidad de saludar al público con el tradicional “Salaam Aleikum”. Oyó el también tradicional “Aleikum Salaam” como respuesta. Los asistentes bramaron, alguien arrojó una bomba de humo y Malcolm X recibió varios balazos.

Malcolm X murió convertido en uno de los líderes más importantes de los derechos civiles de los negros. Había vivido la vida en medio de vertiginosos torbellinos.

Como detrás de todo gran crimen hubo especulaciones sobre sus autores. Se sospechó de la CIA y del FBI pero los acusados y condenados fueron integrantes de la Nación del Islam.

Malcolm X fue asesinado cuando su figura estaba en pleno crecimiento y parecía no tener límites. Tenía tan solo 39 años.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, hizo público su pesar después de conocer el incidente de presunto racismo sufrido por el brasileño Vinícius Júnior durante el partido entre Benfica y Real Madrid por la Liga de Campeones, al tiempo que insistió en la importancia de aplicar medidas firmes contra cualquier manifestación racista en el fútbol. Según reportó la agencia Europa Press, Infantino destacó que este tipo de comportamientos no pueden tener cabida ni en el deporte ni en ámbitos sociales, y felicitó al árbitro francés François Letexier por su actuación al detener el encuentro tras la denuncia presentada por el jugador del Real Madrid.

Tal como consignó Europa Press, Infantino utilizó su perfil oficial en la plataforma X para referirse al tema, señalando que le resultó impactante y doloroso presenciar el episodio relacionado con Vinícius Jr durante el enfrentamiento entre el conjunto merengue y el club portugués, correspondiente a la UEFA Champions League. El directivo enfatizó la necesidad de que todos los sectores vinculados al fútbol respondan con responsabilidad y acciones concretas frente a estos acontecimientos, exigiendo una rendición de cuentas para quienes protagonizan ataques discriminatorios.

De acuerdo con Europa Press, Infantino recordó que la FIFA mantiene un compromiso permanente para proteger la integridad de futbolistas, árbitros y seguidores, sobre todo mediante iniciativas como la Acción Global Contra el Racismo y el Panel de Voz de los Jugadores. Además, detalló que la institución busca asegurar que los procedimientos específicos se implementen cada vez que surjan incidentes de este tipo, garantizando que las víctimas reciban apoyo y que los responsables enfrenten las consecuencias correspondientes.

El presidente de la FIFA también elogió públicamente la respuesta del árbitro François Letexier, quien, frente a la queja de Vinícius Jr por insultos presuntamente proferidos por el argentino Gianluca Prestianni, activó el protocolo antirracismo previsto para el torneo. Letexier realizó el gesto reglamentario con el brazo y detuvo el juego mientras se esclarecía la situación, una decisión que Infantino calificó como ejemplar en el contexto de la lucha contra el racismo, según lo expuesto por Europa Press.

Dentro de su declaración, Infantino reiteró el mensaje que ha sostenido en reiteradas ocasiones al decir: “¡No al racismo! ¡No a cualquier forma de discriminación!”, extendiendo la solidaridad del mundo del fútbol hacia las personas que sufren este tipo de agresiones. El máximo dirigente de la FIFA insistió, según publicó Europa Press, en que tanto las organizaciones deportivas como las autoridades y los aficionados deben unirse para erradicar estas conductas y fomentar una cultura de respeto.

Europa Press detalló que, en sus comentarios, Infantino pidió a todas las partes interesadas responsabilidad activa en la prevención y sanción de actos racistas en el fútbol internacional. El dirigente subrayó el deber de proteger a quienes participan en el juego, asegurando que la FIFA continuará promoviendo iniciativas de concienciación y protocolos de intervención ante señales de discriminación en los estadios y fuera de ellos.

La intervención de Infantino, según Europa Press, se suma a las reacciones que el caso ha generado en distintas instancias del fútbol europeo, poniendo nuevamente en el centro del debate la efectividad de los mecanismos antidisciminación existentes y la urgente necesidad de mantener políticas estrictas y respuestas inmediatas frente a cualquier manifestación de racismo.

Un joven quedó procesado con prisión preventiva bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica por amenazas agravadas por persecución u odio, acusado por la publicación en redes sociales de mensajes discriminatorios contra la comunidad judía.

“Es por eso que quiero morir como mártir”. “Realmente quiero un arma”. Por este y otros posteos en la red social X se abrió la causa penal que terminó con la detención en enero último del titular de la cuenta, quien se autodefinía en redes como “musulmán converso”. Si el procesamiento queda firme será enjuiciado por diferentes delitos, entre ellos incitar a la persecución u odio por raza, religión, nacionalidad o ideas políticas en base a la ley 23592 contra Actos Discriminatorios.

Se lo acusa por “haber efectuado amenazas de muerte contra la comunidad judía y, al mismo tiempo, haber alentado el ejercicio de la violencia e incitado al antisemitismo y promovido la discriminación racial y/o religiosa mediante diversas expresiones efectuadas en redes sociales”.

Según la causa judicial, el ahora detenido difundió amenazas de muerte, mensajes de incitación a la violencia y expresiones antisemitas desde su usuario en X en las que, de acuerdo a la resolución judicial, “se verificaron manifestaciones intimidatorias contra la comunidad judía y expresiones que exaltaban la violencia y el martirio”.

Entre los posteos señalados aparecen mensajes como “That’s why I wanna die a martyr” (“es por eso que quiero morir como mártir”), la reproducción de textos religiosos que incluían la frase “mátalo”, y publicaciones donde manifestaba interés en conseguir un arma, como “I want a gun so bad” (“realmente quiero un arma”). En otra ocasión manifestó necesitar unos 500 dólares para adquirirla.

El 29 de diciembre de 2025, publicó en inglés: “Si tan solo supiera como hacer una bomba” y en otra ocasión posteó una captura de pantalla con un mensaje también en ese idioma que en un tramo decía “Hay un judío escondido detrás mío, así que mátalo”.

Peligro concreto

Al resolver el procesamiento el juez federal Sebastián Casanello sostuvo que las expresiones difundidas “contenían referencias directas a la muerte violenta y al uso de armas, lo cual incrementa sensiblemente la gravedad del cuadro indiciario y excede con holgura el marco de la mera opinión o manifestación ideológica”.

En esa línea, remarcó que la reiteración de mensajes que exaltaban la violencia y la hostilidad hacia la comunidad judía, sumada a publicaciones posteriores vinculadas a la compra de un arma de fuego, permitió “superar el umbral de una mera exteriorización de opiniones o ideas, para situarse en un terreno de conductas que resultan idóneas para generar un peligro concreto”.

La investigación se inició a partir de una denuncia del asesor de seguridad de la DAIA, que alertó sobre el contenido de las publicaciones. Para el juez, ese dato demuestra que los mensajes alcanzaron un nivel de gravedad suficiente como para generar alarma y activar la intervención de las autoridades.

“Tonteras” en internet

En su indagatoria, el acusado negó haber tenido intención de amenazar o fomentar el antisemitismo. “Yo con lo que posteaba no tenía intención alguna de amenazar a nadie (…) eran tonteras en internet que subía”, declaró.

Sin embargo, el juez consideró que la conducta investigada no fue un hecho aislado. “Traspasó la barrera de la violencia discursiva” y la reiteración de mensajes “refuta la idea de un acto impulsivo, revelando más bien una conducta deliberada y planificada”, agregó el procesamiento al que tuvo acceso Infobae.

Además, el magistrado reiteró la orden para que se le coloque la tobillera electrónica en el arresto domiciliario en la vivienda familiar junto a su madre, en la localidad bonaerense de Ingeniero Adolfo Sourdeaux y lo embargó por tres millones de pesos.

La investigación se lleva adelante en el juzgado federal 4 de Comodoro Py 2002, secretaría a cargo de Martín Canero, cuyo titular es el juez Ariel Lijo pero que fue subrogado durante una licencia por el magistrado firmante del procesamiento, Casanello.

La pesquisa sigue con un análisis de los llamados del abonado telefónico que utilizaba el acusado para profundizar en torno a las personas con las que se comunicaba, mientras que su procesamiento ya fue apelado por la defensa ante la Cámara Federal porteña.

El Tribunal Supremo, en una resolución que recibió la ponencia del magistrado Vicente Magro, identificó en este caso una conducta de exclusión ejercida por motivos de nacionalidad y raza. La sentencia, difundida por Europa Press, destacó que las expresiones racistas formuladas por el acusado constituyeron una "discriminación integrante de exclusión social", al tratar al propietario de un bar como "de inferior categoría" y recalcar una perspectiva dominante basada tanto en el color de la piel como en el hecho de no ostentar la nacionalidad española. Bajo este análisis, el alto tribunal ratificó la condena por delito de odio y por amenazas leves, considerando que este tipo de actos no son tolerables en el marco de un Estado social, democrático y de derecho.

Según publicó Europa Press, el acusado se presentó en el local de la víctima, situado en Valencia, después de que una máquina expendedora de tabaco no le devolviera correctamente el cambio de un euro. El hombre pidió explicaciones al propietario, quien le indicó que debía solicitar la devolución a los responsables de la máquina. En ese momento, el condenado comenzó a proferir insultos racistas, incluyendo frases como "negro de mierda, te voy a matar". Cuando intervinieron agentes de policía, el hombre persistió en sus agravios, gritando delante de los funcionarios: "Os vamos a tirar del barrio, nos están estafando, monos", y reclamó un trato diferenciado para sí mismo por ser español.

La Audiencia Provincial de Valencia había dictado inicialmente la sentencia de seis meses de prisión y más de 1.000 euros de multa para el acusado, fallo que después fue confirmado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, y más recientemente, por el Tribunal Supremo. Europa Press precisó que el Supremo consideró probado tanto el trato excluyente como el ataque dirigido por cuestiones de nacionalidad y raza. Los magistrados advirtieron que en el Estado español no es legítimo ni permitido discriminar a una persona por no ser española, y enfatizaron que la exclusión deliberada de ese tipo sí se tipifica en el derecho penal como delito de odio.

El texto judicial se detuvo además en la naturaleza de las expresiones utilizadas por el condenado. Los jueces recalcaron que frases como "negro de mierda" no sólo buscan ofender en tono despectivo, sino que manifiestan abiertamente sentimientos de odio hacia la diferencia racial. De acuerdo con el fallo difundido por Europa Press, la sentencia incluyó una referencia a la frecuente utilización de este tipo de insultos en espectáculos públicos y, especialmente, en el ámbito deportivo, lo que muestra su persistencia en ciertos espacios de la vida social y la peligrosidad de facilitar el discurso de odio.

El Tribunal Supremo consideró debidamente acreditado que el acusado ejerció un “trato excluyente” tanto por la diferencia racial como por la ausencia de nacionalidad española, manifestando una discriminación que trasciende el acto individual e impacta de manera directa en la convivencia y el orden democrático. “No cabe odiar al que consideran algunas personas 'diferente' por razón territorial, ni quienes pretenden ejecutar esas 'diferencias' resaltando su territorialidad frente al concepto de nación desde una perspectiva excluyente”, subrayó el alto tribunal, según recogió Europa Press.

Dentro de la resolución, el Tribunal Supremo vinculó estas expresiones de odio a una forma de imposición ideológica sustentada en el miedo, aludiendo a la peligrosidad de no admitir el disenso o la diferencia en un contexto democrático. Europa Press consignó que los magistrados advirtieron que tolerar este tipo de comportamientos conduce a una afectación “profunda” tanto de la convivencia como del propio orden constitucional.

La sentencia del Supremo sostiene que la intolerancia y la exclusión de quienes son percibidos como “diferentes” dibujan un escenario en el que no se admite el pensamiento divergente y se promueve la imposición por la fuerza o el temor. Esta situación, según la máxima instancia judicial, compromete los fundamentos del pacto democrático, al tiempo que atenta contra la convivencia social.

Por último, Europa Press recogió la valoración del Tribunal Supremo sobre la recurrencia de expresiones de odio similares en contextos deportivos, subrayando que el lenguaje de odio no se limita al ámbito privado, sino que circula en espacios públicos y masificados, fortaleciendo patrones de discriminación y exclusión. La ratificación de la condena por parte del Tribunal Supremo refuerza la consideración de estos actos como amenazas directas a la paz social y la igualdad de derechos, elementos esenciales para la estabilidad del sistema democrático y legal.

El comunicado del Museo Reina Sofía destaca que la contribución de artistas, patronos y mecenas judíos ha sido fundamental para la historia y el desarrollo de su Colección, especialmente en las vanguardias, y subraya que la institución tal como es hoy no podría entenderse sin dicha colaboración desinteresada. En este contexto, el museo ha iniciado una investigación interna tras la publicación en redes sociales de un video donde se observa cómo personal de seguridad solicita a tres visitantes que retiren o tapen símbolos asociados a Israel, ordenándoles marcharse o esconder dichos emblemas debido a que algunos asistentes se han manifestado incómodos.

Tal como informó el medio, el incidente ocurrió durante el fin de semana previo y se ha dado a conocer a raíz de la difusión de un vídeo compartido por la organización Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM). El registro visual muestra a un vigilante requiriendo a tres mujeres con banderas israelíes y estrellas de David abandonar el recinto o cubrir la simbología, bajo el argumento de que “hay público que se está molestando”. La situación ha generado reacciones inmediatas y el Museo Reina Sofía, mediante comunicado, ha solicitado a su departamento de seguridad la apertura inmediata de un proceso de indagación interna para esclarecer los hechos, asegurando que este será independiente y transparente.

Según detalló el propio museo, la pinacoteca ha expresado su compromiso claro y explícito con la igualdad, la libertad religiosa y la tolerancia cero ante cualquier forma de antisemitismo o discriminación. El comunicado enfatiza: “No cesaremos hasta esclarecer los hechos, lamentablemente acaecidos”, señalando que el personal del museo, tanto de atención al público como de seguridad, cuenta con una formación “altamente” cualificada en derechos fundamentales, gestión de conflictos y prevención de cualquier tipo de exclusión.

La controversia ha generado reacciones más allá de las inmediaciones del museo. La encargada de negocios de Israel en España, Dana Erlich, ha utilizado su cuenta en la red social X para defender a las tres mujeres interpeladas en el museo y denunciar lo que considera un trato desigual: “Mi bandera no es una provocación. Mi bandera representa miles de años de historia del pueblo judío. Mi bandera representa al Estado de Israel”, publicó Erlich, quien además calificó como “hipócrita” el hecho de que otras banderas y exhibiciones sean admitidas sin problema en el recinto, mientras que la israelí se considera un elemento perturbador.

La publicación del vídeo por parte de ACOM y las declaraciones de representantes israelíes han incrementado la atención sobre este episodio, reavivando el debate sobre la presencia de símbolos nacionales y religiosos en espacios culturales españoles. De acuerdo con el comunicado solicitado por el Museo Reina Sofía, la entidad mantiene su disposición a colaborar de manera exhaustiva en la recolección de datos, examinando todas las circunstancias relacionadas con la actuación de su personal de seguridad.

El compromiso institucional con principios de igualdad y no discriminación ha sido reiterado por la propia pinacoteca, que asegura que una vez concluida la investigación interna se adoptarán las medidas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de sus valores fundacionales. El museo, según sus portavoces, lamenta lo sucedido y manifiesta su intención de esclarecer el incidente sin demoras, reafirmando su rol como espacio inclusivo abierto a la pluralidad cultural y religiosa.

La controversia ha impactado a la comunidad judía de España y ha suscitado demandas de explicaciones públicas, así como un llamado a la actuación institucional en caso de confirmarse algún sesgo discriminatorio por parte del personal del museo. Según publicó el medio citado, el Reina Sofía afronta la situación defendiendo su trayectoria de respeto a la diversidad, y subrayando la relevancia que la cultura judía ha tenido en la génesis y el desarrollo de su legado artístico.

Finalmente, la dirección del museo ha asegurado que los procedimientos internos de formación y prevención continuarán reforzándose para evitar que episodios similares vuelvan a repetirse, un mensaje dirigido tanto a los visitantes afectados como a la sociedad en general. El caso se mantiene bajo investigación, y las conclusiones preliminares serán comunicadas, conforme a lo informado por el Museo Reina Sofía, una vez se haya esclarecido la totalidad de los hechos.

“Nunca he tenido la sensación de estar alineada con lo que hago, y he llegado a sentir que estoy empezando desde cero”, compartió la tenista australiana Destanee Aiava al anunciar su decisión de retirarse del tenis profesional, según publicó la agencia EFE. La jugadora oceánica, de ascendencia samoana y con 25 años, atribuyó su retiro a una cultura que describió como “racista, misógina, homófoba y hostil” que, según sus palabras, domina el entorno del tenis profesional y afecta particularmente a quienes forman parte de minorías.

Aiava, quien alcanzó la posición 147 en el ranking de la WTA durante su carrera, comunicó a través de una publicación en su perfil oficial de Instagram su salida del circuito al finalizar la temporada. De acuerdo con lo consignado por la agencia EFE, la deportista cuestionó las estructuras y valores tradicionales que se promueven en el deporte, afirmando que estos esconden conductas y actitudes discriminatorias. La australiana señaló: “Detrás de los trajes blancos y las tradiciones hay una cultura racista, misógina, homófoba y hostil con cualquiera que no encaje en su molde”.

En su mensaje, la jugadora amplió su denuncia contra “todos los miembros de la comunidad tenística” que le hicieron “sentir inferior”, así como contra quienes apuestan en los partidos y le han enviado “mensajes de odio o amenazas de muerte”. Tal como destacó la agencia EFE, Aiava también se refirió a las personas que, desde el anonimato en redes sociales, la criticaron por su físico y su carrera profesional. Para la tenista, estos hechos contribuyeron a la creación de un ambiente hostil en el circuito, dificultando su permanencia en el deporte.

Al explicar sus razones para alejarse de la competencia, Aiava comparó su vínculo con el tenis con el de una relación con un “novio tóxico”. Este paralelismo, detalló el medio EFE, busca ilustrar los efectos negativos que la presión y las constantes comparaciones generaron en ella. “Mi objetivo final es poder despertarme cada día y decir sinceramente que me encanta lo que hago, algo que creo que todo el mundo merece tener la oportunidad de hacer”, escribió la jugadora, expresando su deseo de que el bienestar prevalezca sobre las exigencias externas.

Además de sus denuncias sobre la discriminación, la jugadora expresó que siente temor ante el futuro fuera de las canchas, pero considera que es preferible enfrentar esos miedos que mantenerse en una rutina marcada por la desalineación consigo misma y las comparaciones constantes, según detalló EFE. Aiava cumplirá 26 años este año y sostiene que prefiere buscar una vida más afín a su identidad y bienestar personal.

Aunque presentó fuertes críticas al entorno que la rodeó en el circuito profesional, Aiava también reconoció las oportunidades que el tenis le otorgó. Señaló que este deporte le permitió viajar, hacer amistades y disponer de una plataforma para compartir su experiencia y su historia, destacó EFE. Su despedida busca poner de relieve tanto las experiencias negativas sufridas, especialmente por las minorías dentro del tenis, como las posibilidades de crecimiento y superación que el deporte puede ofrecer.

De acuerdo con la información de EFE, esta no es la primera vez que Destanee Aiava manifiesta su descontento con las dinámicas del ámbito deportivo. Sin embargo, su decisión de apartarse a tan temprana edad enfatiza la urgencia de atender las problemáticas señaladas en torno al trato a las mujeres, las minorías étnicas y la inclusión en el tenis internacional. Al mismo tiempo, su testimonio hace eco de otras voces que han denunciado ambientes poco inclusivos y situaciones de hostilidad, no sólo en el deporte, sino también en las redes sociales asociadas a la vida profesional de los deportistas.

El caso de Aiava se suma a los de otras figuras que han decidido dar un paso al costado o alzar la voz contra prácticas discriminatorias, informó también la agencia. La australiana concluyó su mensaje con el deseo de que, en el futuro, las personas puedan encontrar en sus ocupaciones diarias una fuente de satisfacción y autenticidad, dimensión que, desde su perspectiva, resulta prioritaria para el bienestar individual.

Un hombre con sobrepeso denunció a través de un video difundido en redes sociales que varios taxistas se negaron a transportarlo a su residencia tras salir de una consulta en el Hospital Universitario San Jorge de la ciudad de Pereira (Risaralda, Colombia).

En la grabación, el ciudadano expresó que no es la primera vez que afronta ese tipo de situaciones, al considerar que episodios similares se han repetido tanto en Medellín como en la capital del Eje Cafetero colombiano.

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Incluso, en los primeros minutos del filme, el denunciante aseguró que uno de los conductores de servicio público le habría dicho comentarios ofensivos.

“El señor me acabó de amenazar, dijo que me iba a matar. Si algo me pasa, es ese el que maneja ese carro”, indicó el hombre apuntando al vehículo.

Otros fragmentos del video muestran que, tras solicitar el servicio para regresar a su hogar, los conductores que estaban frente al centro médico se negaron a aceptarlo como pasajero, mientras algunos observaban y se reían.

“Miren la cantidad de taxis que hay. Acá los señores de tantos hay y ninguno me quiere llevar. Que no, que los taxis están cerrados. ¿Cómo no quieren que alcancen las, las plataformas de Uber si a estos señores no les gusta prestar el servicio? Mire, vea. De estos, ninguno quiso prestar el servicio”, manifestó.

El afectado cuestionó la actitud de los taxistas, asegurando que algunos se limitaron a decirle que no podían transportarlo y otros rechazaron ir hasta su dirección. Además, instó a los gerentes de las compañías a tomar medidas y señaló que, ante la negativa, optaría por pedir el servicio en una aplicación de transporte.

“Qué tristeza en la ciudad de Pereira, que discriminan a una persona por la obesidad, porque esto es discriminación por la obesidad. Entonces, si hay un abogado o alguien para demandar a estas empresas a esto, porque así somos los buenos, porque esto es discriminación, no los llevan a uno, simplemente por eso. Entonces, ahí se los dejo. Todos tienen la oportunidad de reírse. Los señores se ríen de mí. Cada rato son felices viéndose. Se están burlando de las personas”, puntualizó.

El caso generó comentarios de apoyo en redes sociales, donde usuarios recordaron que “el transporte público debe estar disponible para todas las personas, especialmente para quienes salen de consultas médicas”. Varios internautas condenaron la acción, calificándola como discriminatoria y rechazando cualquier restricción basada en el aspecto físico o la distancia solicitada.

Sanciones contra taxistas por negarse a prestar sus servicios

De acuerdo con lo estipulado en el Código Nacional de Tránsito, rechazar prestar el servicio sin justificación solo sanciona cuando la negativa afecta el orden público.

La Resolución 3027 de 2010, en su numeral E02, precisa: “Negarse a prestar el servicio público sin causa justificada, siempre que dicha negativa cause alteración del orden público”, se considera una infracción penada. Así, las autoridades pueden imponer la multa si el comportamiento del conductor genera afectaciones sociales o de movilidad.

Del mismo modo, la Ley 2294 de 2023 establece que los conductores de taxi que se nieguen a prestar el servicio de transporte público sin una razón justificada podrán enfrentar una sanción económica que asciende a tres veces el salario mínimo vigente diario, fijada en 45 días, lo que representa una multa superior a $1.811.800, según las tarifas actualizadas.

No solo se aplican sanciones económicas; en casos de reincidencia o ilegalidad, puede proceder la suspensión de registros o permisos de operación del conductor.

En situaciones donde la integridad del conductor o el vehículo esté en peligro, o si se presentan zonas clasificadas como de alto riesgo por alteraciones del orden público, la ley reconoce la negativa como justificada. También se contempla la excepción cuando el estado del pasajero pone en riesgo la seguridad o higiene del vehículo, como ocurre con casos de embriaguez extrema y agresiva.

Este nuevo marco sancionatorio responde a quejas recurrentes de usuarios, quienes denuncian conductas como la negativa a realizar trayectos largos o hacia destinos considerados poco convenientes por parte de algunos taxistas.

La demanda presentada exige que Harvard entregue información detallada sobre los procesos de admisión, como las calificaciones académicas, las actividades extracurriculares y los ensayos de los solicitantes, así como el desglose de los resultados de admisión de los últimos cinco años por raza y etnia. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, citado por diversos medios, esta información es fundamental para determinar si la universidad está aplicando criterios discriminatorios durante los procesos de selección.

Según informó el Departamento de Justicia en una nota oficial, la demanda contra la Universidad de Harvard responde a la negativa de la institución a proporcionar los registros solicitados por el Ejecutivo, en el contexto de una investigación federal sobre posibles prácticas discriminatorias por motivos de raza. El Gobierno ya había accedido a más de 2.000 páginas de documentos que Harvard entregó previamente, pero sostiene que falta información crítica sobre la identificación racial y étnica de los postulantes.

El medio aclaró que estas acciones forman parte de una campaña federal centrada en las políticas de diversidad de Harvard. El Ejecutivo estadounidense acusa a la universidad de una insuficiente protección hacia los estudiantes y profesores judíos, especialmente ante el incremento de protestas contra la guerra en Gaza el año anterior. Estas protestas, según señala la demanda, habrían dado pie a alegatos de antisemitismo en el campus.

El gobierno dirigido por Donald Trump intensificó sus críticas hacia los programas de diversidad, igualdad e inclusión —conocidos como DEI—, posicionándose a favor de un sistema de admisión universitario basado exclusivamente en el mérito académico. En palabras de la fiscal general Pam Bondi, “seguiremos luchando para priorizar el mérito por encima de la DEI en todo Estados Unidos”, según el comunicado del propio Departamento de Justicia.

La denuncia formal especifica que el Ejecutivo solicitó a Harvard no solo la certificación de que sus procesos de admisión no incurren en discriminación, sino también todos los documentos normativos y de procedimiento relacionados. Además, pidió todos los datos de admisión de los últimos cinco años, incluyendo calificaciones, promedios, detalles sobre actividades extracurriculares y los resultados de los procesos de selección, todo ello separado por raza y etnia, según detalla la denuncia.

Los funcionarios federales argumentan que solo con la entrega de esa información completa podrán investigar a fondo si la institución viola políticas federales de no discriminación en programas educativos que reciben fondos gubernamentales. De acuerdo con lo publicado por las autoridades estadounidenses, la resistencia de Harvard a entregar ciertos registros clave ha agudizado la confrontación entre la universidad y la administración estadounidense, que utiliza estos datos como parte esencial de su campaña nacional contra las políticas de diversidad universitaria.

El contexto de estas tensiones parte, además, de la presión política sobre Harvard tras las movilizaciones propalestinas y los discusos por parte de sectores que acusan a la universidad de permisividad ante conductas antisemitas. La fiscal general Bondi subrayó en su declaración que "este Departamento de Justicia exige más a las instituciones educativas de nuestro país", dejando en claro que el Ejecutivo adopta una postura de control riguroso sobre los procedimientos internos de admisión en universidades que reciben recursos federales.

La acción legal busca, en última instancia, forzar a Harvard a entregar los registros solicitados y, con ello, permitir una revisión exhaustiva de si las prácticas de admisión actuales cumplen o no con la legislación estadounidense en materia de igualdad de oportunidades. Tal como detalló el Departamento de Justicia, la demanda pretende obtener transparencia plena sobre parámetros clave de selección, con especial atención al impacto de las políticas de diversidad e inclusión, cuya legitimidad se encuentra actualmente bajo evaluación judicial y política.

La Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad abrió una investigación preliminar contra el comunicador Gonzalo Núñez. La medida, impulsada por el Primer Despacho, responde al presunto delito de discriminación en agravio del delantero de Alianza Lima, Eryc Castillo, y de la población afroperuana en su conjunto. El fiscal provincial Luis Valdivia ha ordenado diligencias urgentes, que incluyen declaraciones de los involucrados y una pericia psicológica obligatoria para el investigado.

El incidente se originó durante la emisión del programa Exitosa Deportes, mientras se analizaba la eliminación del club íntimo de la Copa Libertadores 2026. Ante el penal errado por Castillo frente al club paraguayo 2 de Mayo, Núñez lanzó una serie de afirmaciones de corte pseudocientífico y racista. “Los negros se huevean un poco en los penales”, expresó inicialmente, para luego reafirmarse ante el cuestionamiento de sus panelistas: “El negro es menos fuerte de la cabeza que el blanco (...) hay un estudio al respecto”.

La intervención del Ministerio de Cultura

Esta decisión fiscal se produce luego de que la Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura instara formalmente a la justicia a actuar bajo el artículo 323 del Código Penal. Dicha normativa sanciona los actos de discriminación e incitación a la misma con penas que pueden alcanzar los cuatro años de cárcel si se realizan a través de medios de comunicación.

Para el Ministerio de Cultura, las palabras de Núñez no solo vulneran la identidad étnica y la dignidad humana, sino que atentan contra el principio constitucional de igualdad. Estas expresiones se dieron en un contexto deportivo muy sensible, pues el penal fallado por Castillo selló la salida de Alianza Lima de toda competición internacional en lo que resta del 2026, dejando al club únicamente con la obligación de pelear el torneo local para frenar el tetracampeonato de Universitario de Deportes.

Fue suspendido de sus labores

Antes de que la Fiscalía formalizara la investigación, Gonzalo Núñez intentó un breve descargo en su canal de streaming “Erick y Gonzalo”. Lejos de una disculpa profunda, el comentarista justificó el retiro de sus palabras en la falta de fuentes para su supuesta teoría. “No encontré a un autor conocido, a la fuente, entonces lo retiro y listo”, sentenció, minimizando el impacto de su discurso.

Sin embargo, ante la presión de la opinión pública y el comunicado de rechazo de Alianza Lima, el medio radial para el que laboraba decidió suspenderlo de forma indefinida, calificando sus “excesos verbales” como inaceptables. Núñez, posteriormente, reconoció haber “fregado feo” la situación, ofreciendo disculpas a la sociedad y al propio Castillo, un ciudadano ecuatoriano que, en sus propias palabras, “recibió en país ajeno una ofensa”.

Cabe destacar que no es la primera vez que Núñez se ve envuelto en polémicas por sus comentarios. En 2023, desató una ola de críticas al cuestionar la existencia del Ministerio de la Mujer y minimizar los feminicidios en el país, así como desconocer la existencia de crímenes cometidos por razones de género. Estos antecedentes de comentarios hostiles hacia poblaciones vulnerables refuerzan la percepción de un patrón de conducta que hoy lo tiene bajo la lupa de la Fiscalía.

Hacia un precedente judicial en el deporte

Esta investigación marca un punto de inflexión en la impunidad con la que a menudo se emiten comentarios racistas en la prensa deportiva peruana. La Fiscalía no solo recogerá el testimonio de Castillo y de los representantes de la radio, sino que evaluará la responsabilidad del medio en la difusión de estos contenidos.

De hallarse responsabilidad penal, Núñez podría enfrentar una sentencia efectiva, dado que el uso de una plataforma masiva agrava la figura delictiva. La sociedad civil y las organizaciones afroperuanas permanecen vigilantes ante un caso que pone a prueba la capacidad del Estado para sancionar el racismo estructural que aún persiste en las pantallas y cabinas del país.

Paulino Riascos, exsenador de la coalición del Pacto Histórico, que renunció a la colectividad liderada por Gustavo Petro por diferencias ideológicas en materia de gobernanza, recorre el país para exponer las propuestas de su proyecto político de cara a las elecciones 2026.

Según dijo el congresista, en entrevista con Semana, no se arrepiente porque “fui quien se paró con la mesa servida y le advirtió al país lo que se venía. Por lo tanto, tal y como está Colombia, le agradezco a Dios haberme permitido retirarme a tiempo de ese proceso. Con mis manos y mi conciencia limpias, estoy listo para seguir representando a mi país de la mejor manera desde el Congreso. La gente, en las calles, me recuerda como la persona que tuvo las bolitas bien puestas y que se le paró al Gobierno y le dijo: ‘No más’.”

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Riascos, con su aspiración al legislativo de la mano de la Alianza Democrática Amplia (ADA), criticó sin tapujos las intenciones del aspirante presidencial Iván Cepeda de continuar con el proyecto pollito del presidente Gustavo Petro, que, en su opinión, marginó a sectores poblacionales.

Y agregó: “No creo en las encuestas. Creo en el colombiano que hoy sufre las consecuencias de un Gobierno que fue muy flexible, que se olvidó del campesinado, de los negros y de los indígenas, y nos entregó el país a un desorden de seguridad. No creo que ese país sea inferior a los que hoy están conformes con este Gobierno para decir que Iván Cepeda sea el presidente. No creo en esas encuestas”.

En el diálogo con el medio citado, el líder social caucano señaló que Cepeda forma parte de un grupo de miembros del Pacto Histórico que tuvieron actitudes discriminatorias hacia él.

“Él hace parte de ese grupo de sectarios de la izquierda que conmigo fueron indolentes. Él hacía parte de ese grupo. Nombrarlos es hacerles propaganda: el grupo de congresistas del Pacto Histórico que se creían jefes de los demás, que no permitieron la participación política de otros y que lo que hacían era aplastarnos, porque creían que eran los únicos que podían representar”, denunció.

Incluso, señaló que el representante del peronismo no le permitió participar en la mesa de paz del Congreso de la República, desestimando la representación de la comunidad afrocolombiana.

“Hicimos un acuerdo con Cepeda para la mesa de paz del Congreso. Hasta en la mesa de paz fue egoísta. Él la dirigió. Fue la senadora Aida Quilcué; luego iba yo, en enfoque diferencial, en representación de los negros de Colombia, e hicieron trampa. Nunca me dejaron participar en algunos temas de paz. Hasta con la paz fueron egoístas. ¿Qué les va a interesar la paz, si lo que quieren es desestabilizar el país? Cepeda me cerró los espacios y la participación”, agregó, señalando que intentó dialogar con Cepeda.

Sin embargo, desistió de su propósito tras darse cuenta de que “no tenían intención. Hicieron trampa con tal de que yo no participara, cuando habíamos hecho un acuerdo con enfoque diferencial”.

Riascos también habló sobre su relación con Roy Barreras, con quien dijo no existen diferencias, pero criticó su falta de valor para gestionar problemas internos al interior de la colectividad.

“Cuando tuve las diferencias en el Pacto Histórico, esperé que un hombre tan influyente como Roy Barreras ayudara a mediar y me hiciera respetar como partido y como persona, y no vi eso en Roy. Se fue para la embajada en el Reino Unido, muy tranquilo, y no vi ese respaldo. Lo mejor fue hacer un camino diferente. Le tengo, igual, un gran respeto. No desconozco que es un gran jugador político y que hay que tener cuidado con él”, explicó a Semana.

La sentencia dictada el pasado 4 de noviembre por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, en la que se condenó a un hombre acusado de agresión contra una mujer de etnia gitana y su pareja, fue notificada la semana pasada a las partes implicadas. Según detalló el medio, los hechos juzgados ocurrieron el 29 de julio de 2024, cuando el agresor, ubicado en la terraza de un bar en Gijón, atacó verbal y físicamente a las víctimas, quienes, además de sufrir la violencia, vivían una situación de sinhogarismo y dependían de atención médica específica.

De acuerdo con la información difundida por la Fundación Secretariado Gitano (FSG), el hombre lanzaba frases de carácter peyorativo y ofensivo contra la mujer gitana y su pareja, a quienes no conocía. Las expresiones incluían insultos de contenido étnico como “gitanos de mierda” y “que te largues, gitana de mierda”, según reportó la FSG en una nota de prensa. Mientras la mujer intentaba sentarse en la terraza tras guardar pertenencias en un trastero y conectada a una máquina de oxígeno por problemas respiratorios, el acusado persistió en su actitud hostil. El hombre, pareja de la mujer, intervino para defenderla y recibió varios golpes que le provocaron pérdida de audición en un oído. La sentencia además señala que el agresor empujó a la mujer durante el incidente.

Tras la agresión, las víctimas pidieron apoyo a la Fundación Secretariado Gitano, que activó su programa Igual Trato, por la No Discriminación de las Personas Gitanas en Asturias, prestación que incluyó asistencia jurídica especializada. La Fundación interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Gijón, dirigida a la sección especializada en delitos de odio, lo que motivó la apertura del procedimiento judicial y la consiguiente sentencia.

La Audiencia Provincial de Asturias consideró acreditado que el agresor incurrió en dos delitos: lesiones y vejaciones motivadas por motivos antigitanos, actividades recogidas en el artículo 510.2 del Código Penal. Según la sentencia, aunque solo la mujer era de etnia gitana, el trato vejatorio también alcanzó a su pareja, ya que ambos pudieron ser percibidos como miembros de la comunidad gitana por el agresor. El tribunal especificó que se trató de manifestaciones vertidas en un espacio público, con la intención de menoscabar la pertenencia étnica de las víctimas “bajo la consciencia de que podían ser escuchadas por otras personas que allí estuvieran presentes”.

El fallo subraya la gravedad de los hechos en tanto que el maltrato tuvo como finalidad poner en entredicho principios constitucionales como la igualdad y la no discriminación, reconocidos y protegidos en el marco legal español. El tribunal señala que tal conducta afecta al modelo de convivencia social, que tiene la igualdad como uno de sus valores superiores, y la no discriminación, como un derecho que debe recibir protección preferente.

La sentencia impone al agresor una condena de nueve meses de prisión, además de una multa durante siete meses con una cuota diaria de ocho euros. Durante cuatro años y nueve meses, el condenado afronta también una pena de inhabilitación especial que limita sus derechos en determinados ámbitos. El tribunal fijó igualmente una indemnización de 300 euros para cada una de las víctimas.

Sobre la resolución judicial, la Fundación Secretariado Gitano destacó que la condena responde a una “conducta claramente antigitana que buscaba amedrentar y humillar a las personas por su origen étnico”. La directora general de la FSG, Sara Giménez, indicó la relevancia de denunciar los delitos de odio y de evitar que queden sin castigo, afirmando que tales acciones no deben tener cabida en un Estado de Derecho.

El medio subraya que la sentencia surge tras la intervención directa de la FSG, que gestionó las acciones legales requeridas y brindó respaldo a las víctimas antes y después del proceso. Además, resalta que las instituciones y organizaciones especializadas valoran la sentencia como un avance en la aplicación efectiva de la legislación destinada a combatir la discriminación y proteger los derechos de las minorías étnicas.

Según indicó la Fundación Secretariado Gitano, este tipo de procedimientos refleja la importancia de contar con vías de denuncia, recursos de ayuda jurídica y el papel clave de las ONG en el acompañamiento a personas que sufren agresiones motivadas por prejuicio o pertenencia étnica. El caso juzgado en Gijón pone de relieve la necesidad de mantener mecanismos institucionales activos que permitan iniciar, perseguir y corregir mediante la vía judicial acciones que atenten contra la igualdad y la dignidad de las personas, en línea con lo manifestado por el tribunal y actores sociales involucrados, detalló el medio.

Alejandra Ávalos recordó un episodio de violencia verbal que, aseguró, marcó su vida personal y profesional. En un reciente encuentro con medios de comunicación, la cantante habló de un momento ocurrido hace aproximadamente 20 años, cuando dos colegas del espectáculo acudieron a uno de sus shows y la agredieron verbalmente desde el público.

¿Qué contó Alejandra Ávalos sobre el episodio de bullying?

La intérprete relató que Laura Flores y Érika Buenfil asistieron a una de sus presentaciones y, desde una mesa ubicada cerca del escenario, comenzaron a gritarle comentarios ofensivos relacionados con su físico. De acuerdo con Ávalos, la situación se prolongó durante gran parte del espectáculo.

“Ellas me gritaban, estaban sentadas en la mesa central, pegadas al público, me veían ellas hacia arriba y me gritaban: ‘panzona, celulítica, no te has visto en un espejo, estás horrible’. Yo decía: ‘me lo están diciendo de broma’”,

Pensó que era una broma y las presentó como amigas

Alejandra Ávalos explicó que, en un inicio, creyó que los comentarios formaban parte de una broma entre colegas, ya que consideraba a ambas actrices como amigas. Incluso, decidió presentarlas públicamente durante su show, sin imaginar que los gritos continuarían.

“Las voy a presentar, aquí tengo dos amigas que vinieron a verme, muchas gracias por su asistencia, Laura Flores y Érika Buenfil. Y de repente termina el show, la gente les aplaude y seguían gritándome en las dos horas de show”, añadió.

Un recuerdo que sigue presente

La cantante aseguró que, aunque han pasado dos décadas desde lo ocurrido, el episodio permanece vivo en su memoria. También señaló que, hasta ahora, ambas actrices niegan haberla agredido, lo que ha generado una sensación de incomprensión y dolor.

“Ellas que están desmemoriadas, pero yo que siempre lo he hablado, fue una situación de bullying que viví en mi vida. Claro que fue con ellas, pero claro que en ese momento no tuve las agallas de sacarlas”, expresó Ávalos.

Un proyecto en puerta y una conversación pendiente

El tema cobró mayor relevancia luego de que Alejandra Ávalos confirmara que próximamente compartirá un proyecto profesional con Laura Flores. La cantante adelantó que busca abordar este episodio de manera directa, con la intención de confrontar lo sucedido. “Un día me la voy a agarrar, le voy a decir: ‘a ver Laura, ¿es cierto que no te acuerdas?, a ver qué me dice’”.

La reacción de Laura Flores y Erika Buenfil

No es la primera vez que Alejandra Ávalos expone el tema. En 20220, en entrevista para el programa El Gordo y la Flaca, la cantante abordó por primera vez la situación.

En ese entonces, Buenfil y Flores negaron categóricamente los señalamientos. “Estoy mandando este mensaje en particular a mi amiga Alejandra Ávalos. Tengo recuerdos superlindos de cuando empezábamos nuestra carrera... siempre he tenido un respeto enorme como actriz y no juzgaría jamás ni a ella ni a nadie”, señaló Laura Flores en un video difundido en sus redes sociales.

En el mismo canal, Buenfil rechazó las acusaciones y lamentó la decisión de Alejandra Ávalos de involucrarla: “Me da mucha tristeza. Lo único que sé es que es una mentira porque soy una mujer que ha trabajado toda la vida para salir siempre adelante”.

La polémica por el casting de Deep Cuts, nueva película de A24, escaló a un nivel inédito en Hollywood. Lo que inició como una discusión en redes sociales por la elección de Odessa A’zion para interpretar a la mexicana Zoe Gutiérrez derivó en una carta abierta firmada por más de 100 actores, artistas y narradores latinos, muchos de ellos de origen mexicano, que exigen cambios estructurales en la industria.

La polémica en torno a ‘Deep Cuts’

A’zion, actriz estadounidense de ascendencia alemana y judía, fue elegida para dar vida a un personaje claramente latino, lo que reavivó el debate sobre la falta de oportunidades para actrices latinas en papeles protagónicos. La conversación creció hasta convertirse en un posicionamiento colectivo que apunta a un problema sistémico.

Según Deadline, entre las figuras que respaldan la carta se encuentran Eva Longoria, Xochitl Gomez, Jessica Alba, Diego Boneta, John Leguizamo, Michael Peña, Isabela Merced, Danny Ramirez e Ismael Cruz Cordova, entre muchos otros.

La carta que incomodó a la industria

El documento, titulado Una carta abierta a Hollywood de parte de actores, artistas y narradores latinos, cuestiona directamente las decisiones creativas detrás del proyecto. En el texto se lee:

“Las recientes decisiones de casting en torno al personaje de Zoe Gutiérrez en Deep Cuts de A24 han dejado al descubierto un patrón preocupante. Reconocemos y elogiamos a Odessa A’zion por escuchar, reflexionar y decidir abandonar el proyecto para convertirse en una aliada. Sin embargo, ¿cómo ocurrió esto?”

La carta también subraya que el problema va más allá de un solo caso: “Esto no se trata de un solo actor o un solo proyecto. Se trata de un sistema que ignora repetidamente al talento latino cualificado, incluso cuando nuestras identidades, historias y experiencias impulsan las narrativas más perdurables”.

Exigencias concretas y representación real

Los firmantes llaman a audiciones abiertas para actores latinos, contratación de ejecutivos latinos en espacios de decisión y la inclusión de voces latinas desde las primeras etapas del desarrollo creativo. El texto enfatiza que la representación no se limita a la pantalla, sino que debe existir también detrás de cámaras.

La renuncia de Odessa A’zion

Antes de que la carta se hiciera pública, Odessa A’zion anunció su salida del proyecto mediante redes sociales. En su mensaje escribió:“¡Chicos! Estoy con TODOS ustedes y NO voy a hacer esta película”, y añadió: “Gracias por informarme sobre esto. ¡Estoy de acuerdo con todos ustedes! Por eso los quiero. Lamento mucho que esto haya sucedido”.

Celebridades mexicanas o de ascendencia mexicana

• Aaron Dominguez (Ascendencia mexicana)
• Alma Martinez (Nacida en México)
• Anna Terrazas (Diseñadora de vestuario mexicana)
• Annie Gonzalez (Chicana/Ascendencia mexicana)
• Becky G (Ascendencia mexicana)
• Bricia Lopez (Oaxaqueña, empresaria y autora)
• Carla Gutierrez (Editora y directora mexicana)
• Carla Hool (Directora de casting mexicana)
• Carlos López Estrada (Director mexicano)
• Cierra Ramirez (Ascendencia mexicana y colombiana)
• Constance Marie (Ascendencia mexicana)
• Cristo Fernandez (Actor mexicano, exfutbolista)
• Curly Velazquez (Ascendencia mexicana)
• Daniella Pineda (Ascendencia mexicana)
• David Castañeda (Ascendencia mexicana)
• Diego Boneta (Mexicano)
• Edher Campos (Productor mexicano)
• Eiza Gonzalez (Mexicana)
• Elsa Collins (Activista de ascendencia mexicana)
• Eva Longoria (Ascendencia mexicana)
• Gabriel Luna (Ascendencia mexicana)
• Jesse Garcia (Ascendencia mexicana)
• Jessica Alba (Ascendencia mexicana por parte paterna)
• Jessica Marie Garcia (Ascendencia mexicana y cubana)
• Julio Macias (Nacido en México)
• Kate Del Castillo (Mexicana)
• Leo Gonzalez (Creador de contenido de ascendencia mexicana)
• Marcos Luevanos (Escritor y productor de ascendencia mexicana)
• Marvin Lemus (Ascendencia mexicana y guatemalteca)
• Mayan Lopez (Hija de George Lopez, ascendencia mexicana)
• Melissa Barrera (Mexicana)
• Michael Peña (Ascendencia mexicana)
• Nava Mau (Mexicana)
• Nicolas Celis (Productor mexicano)
• Orlando Pineda (Mexicano)
• Patricia Riggen (Directora mexicana)
• Patty Rodriguez (Empresaria y autora de ascendencia mexicana)
• Paulina Chávez (Ascendencia mexicana)
• Rafael Agustin (Nacido en Ecuador, pero muy ligado a la narrativa chicana en EE. UU.)*
• Ryan Guzman (Ascendencia mexicana)
• Scarlett Estevez (Ascendencia mexicana)
• Sierra Ornelas (Ascendencia mexicana y navajo)
• Taylor Zakhar Perez (Ascendencia mexicana)
• Tonatiuh Elizarraraz (Ascendencia mexicana)
• Tony Revolori (Ascendencia guatemalteca, pero a menudo asociado al bloque latino norteamericano)
• Valentina Xunaxi (Zapoteca/Mexicana)
• Xochitl Gomez (Ascendencia mexicana)

Un debate que sigue abierto

Dirigida por Sean Durkin y producida por A24, Deep Cuts se basa en la novela de Holly Brickley y cuenta con Drew Starkey y Cailee Spaeny como protagonistas. Hasta ahora, no se ha anunciado quién asumirá el papel que A’zion dejó vacante.

La carta dejó claro que la comunidad latina, y en particular figuras mexicanas dentro de Hollywood, ya no está dispuesta a aceptar una representación parcial. El mensaje final es contundente: “El mundo está observando.”

La Cámara Federal porteña rechazó liberar a un hombre detenido en Bahía Blanca acusado de publicar amenazas de muerte contra la comunidad judía y también contra el presidente Javier Milei a través de redes sociales. El imputado continuará bajo prisión domiciliaria con tobillera electrónica mientras avanza la investigación judicial y se define su situación procesal, en el caso a cargo del juez federal Ariel Lijo.

La resolución fue firmada por los jueces del Tribunal de Apelaciones Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, quienes coincidieron en que, por el momento, subsisten riesgos procesales que justifican mantener restringida su libertad.

La defensa oficial había apelado la decisión al considerar que la medida resultaba excesiva porque el acusado tiene arraigo laboral, trabaja con un pariente en tareas de construcción y no existe riesgo de entorpecimiento, ya que los dispositivos electrónicos que usaba para publicar sus posteos están secuestrados por la Justicia.

Violencia en red social masiva

Sin embargo, el Tribunal de alzada avaló el criterio del juez de primera instancia. En su voto, el juez Llorens recordó que el análisis sobre la libertad durante el proceso debe contemplar la gravedad del hecho, las características personales del imputado y los riesgos procesales. En ese marco, destacó que al acusado se le atribuyó “haber efectuado amenazas de muerte contra la comunidad judía y, al mismo tiempo, haber alentado el ejercicio de la violencia e incitado al antisemitismo y promovido la discriminación racial y/o religiosa mediante diversas expresiones efectuadas en redes sociales”.

Uno de los puntos centrales es la naturaleza de los mensajes investigados. Según el fallo, “el indicador significativo del caso residiría en la gravedad de las amenazas que el imputado vertió contra la comunidad judía, es decir, la violencia que exponía en una red social de alcance masivo y la periodicidad en la que lo hacía”.

El Tribunal advirtió que la expectativa de pena no es el único parámetro para conceder una excarcelación, sino que debe evaluarse junto con la existencia de riesgos concretos. En ese sentido, señaló que “la naturaleza del hecho, los peritajes de los dispositivos electrónicos que se encuentran en trámite, y el corto plazo de detención” justifican mantener la medida.

La investigación y las amenazas en redes

La causa se inició tras una investigación de la Policía Federal Argentina, luego de que áreas de inteligencia detectaran publicaciones en redes sociales con amenazas explícitas, referencias al nazismo y mensajes de odio dirigidos a la comunidad judía y al Presidente.

Entre los mensajes analizados por los investigadores se encontraban expresiones que hablaban de una supuesta “batalla contra el sionismo”, amenazas de fusilamiento y publicaciones que reivindicaban figuras y símbolos asociados al nazismo.

Tras tareas de rastreo digital y análisis de fuentes abiertas, el sospechoso fue identificado y detenido en Bahía Blanca. En su vivienda se encontraron grafitis y símbolos esotéricos pintados en las paredes, entre ellos cruces invertidas, pentagramas y referencias numéricas asociadas a prácticas extremistas.

Durante el allanamiento se secuestraron teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos peritados para determinar el alcance de las publicaciones.

Con la decisión de la Cámara Federal, el acusado continuará detenido bajo prisión domiciliaria mientras avanza la investigación por intimidación pública, amenazas e incitación a la violencia. El juez Lijo debe resolver la situación procesal.

El tribunal impuso una orden de alejamiento al hombre condenado, quien no podrá acercarse a la víctima a menos de 500 metros de su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro espacio que frecuente, además de prohibirle comunicarse con ella por cualquier medio durante seis meses. Según detalló Europa Press, esta decisión surge tras el reconocimiento por parte del acusado de los actos cometidos y su conformidad con la sentencia, lo que determinó la firmeza de la resolución.

La Audiencia Provincial de Madrid estableció seis meses de prisión para el individuo, como autor de un delito contra los derechos fundamentales en la modalidad de lesión a la dignidad por motivos religiosos, recogido en el artículo 510.2.a del Código Penal. Adicionalmente, se le consideró responsable de un delito leve de lesiones por los daños ocasionados durante la agresión física. Como medida accesoria a la pena principal, los magistrados prohibieron al condenado ejercer profesiones u oficios en el ámbito educativo, docente, deportivo o de tiempo libre por un periodo de seis años. Europa Press consignó que la sentencia también obliga al pago de una indemnización de 900 euros por daños morales y de 100 euros por las lesiones resultantes, sumas a las que se deberán aplicar los intereses legales correspondientes.

Respecto a los hechos juzgados, el tribunal determinó que el incidente ocurrió en Madrid el 5 de junio de 2024. El acusado, actuando por motivos de animadversión hacia el Islam, increpó públicamente a una mujer musulmana que vestía hiyab en una zona concurrida. El fallo judicial confirma que las expresiones utilizadas fueron “totalmente despreciativas y degradantes”, no solo contra la víctima sino contra todo el colectivo musulmán. De acuerdo con la sentencia a la que accedió Europa Press, el ahora condenado emitió gritos reiterados de fuertes insultos islamófobos y vejaciones, instando incluso a la víctima a abandonar territorio español, utilizando frases como “oye mora, que te estoy hablando vete a tu país, hija de puta mora de mierda, vete a tu puto país, asquerosa”.

El relato judicial señala que la mujer, al intentar registrar la situación con su teléfono móvil, fue atacada físicamente por el acusado. Este la amenazó con la frase “Te voy a matar, hija de puta, no me grabes”, mientras intentaba impedir que obtuviera imágenes, lo que culminó en un forcejeo donde el hombre retorció con fuerza el brazo derecho de la víctima, causando lesiones superficiales. Europa Press precisó que estas heridas requirieron únicamente de una primera asistencia médica y describió que la recuperación no le impidió a la mujer mantener sus actividades habituales, aunque necesitó dos días para sanar completamente.

Como resultado del ataque, la víctima experimentó una alteración psicológica relevante, manifestando temor e intranquilidad tras la agresión. Los agentes policiales intervinieron y detuvieron al hombre. Según reportó Europa Press, durante su traslado y posterior permanencia en dependencias policiales, el detenido continúa proferiendo expresiones de menosprecio y hostilidad hacia el colectivo musulmán, lo que fue considerado por el tribunal como agravante de la motivación discriminatoria tras la agresión.

En la sentencia, los jueces destacaron que la actuación del acusado constituye un ejemplo claro de delito de odio, ya que la humillación y el menosprecio se efectuaron públicamente y con base en la religión de la agredida, lo cual vulnera no solo la dignidad de la persona, sino que fomenta un ambiente hostil hacia un grupo social amparado por la legislación vigente. Asimismo, el fallo incluye la consideración de un delito contra la integridad moral, dependiendo de los actos llevados a cabo al intentar la víctima grabar la agresión verbal.

En relación con la pena privativa de libertad, la Audiencia Provincial acordó la suspensión de la ejecución durante un plazo de dos años, condicionando tal medida a la ausencia de reincidencia, el pago completo de las indemnizaciones y la realización por parte del condenado de un curso sobre igualdad de trato y no discriminación. Según publicó Europa Press, el tribunal tomó en consideración que la condena es inferior a dos años, que el acusado carece de antecedentes penales computables y que mostró conformidad con la reparación económica a la parte afectada. Además, los jueces valoraron positivamente su reconocimiento de los hechos y aceptación de la condena, interpretándolo como un ejercicio de asunción de responsabilidad penal.

Europa Press indicó también que la sentencia incorpora varias medidas restrictivas que afectan directamente en la vida del condenado: tanto la prohibición de desempeñar funciones o tareas en ámbitos relacionados con menores o colectivos vulnerables, como la obligación de mantenerse alejado de la víctima y de cumplir con las condiciones impuestas durante el periodo de suspensión de la pena.

Este pronunciamiento judicial se produce en un marco legal que refuerza la protección ante incidentes motivados por odio religioso y que persigue no solo la sanción penal sino una reparación integral para las personas agraviadas, combinando sanciones económicas, restricciones profesionales y medidas formativas obligatorias.

De acuerdo con la información publicada por el TSJPV, los hechos ocurrieron el 19 de septiembre de 2023, cuando el trabajador, técnico de una empresa de telefonía, acudió a la vivienda del acusado para realizar una reparación. Durante la visita, el propietario del domicilio, con el propósito de menospreciar y humillar a la víctima por motivo de su nacionalidad, pronunció frases ofensivas como “machupichu de mierda, todos sois iguales, estoy cansado de decirle a Vodafone que no me manden inmigrantes a casa, solo quiero españoles” y también insultó con expresiones racistas adicionales, como “negros de mierda no sabéis hacer nada, vete a tu puta tierra, machupichu”.

Según detalló la resolución consultada por el medio, tras la confrontación verbal, la situación se tensó aún más cuando el trabajador, respondiendo a los insultos, le dijo al acusado que no fuera “gilipollas”, procediendo a salir del domicilio y dirigirse hacia el ascensor. Fue en ese momento que el acusado se abalanzó sobre el técnico, buscando golpearle, aunque no consiguió hacerlo, y profirió nuevas amenazas: “no se te ocurra dar una patada al ascensor que te abro la cabeza, te voy a dar negro de mierda, vete para tu puto pueblo”, recogió el TSJPV en su sentencia.

El acusado recurrió la condena inicial ante el TSJPV alegando que durante el juicio no existió prueba incriminatoria concluyente contra él y que el tribunal se había basado únicamente en el testimonio del denunciante, a quien según su versión se dio una “plena fiabilidad” sin existir otras evidencias. Argumentó también que, a su entender, los hechos no encajaban en el delito de odio estipulado en el artículo 510.2 a del Código Penal y defendió que las declaraciones proferidas no implicaban un rechazo hacia el colectivo latinoamericano, sino que afectaban solo a título particular.

Frente a estos argumentos, el TSJPV sostuvo que el tribunal de instancia sí contó con prueba relevante para alcanzar la condena. Además del “detallado relato ofrecido” por la víctima, la audiencia ponderó las declaraciones de los dos compañeros de la empresa de telefonía, quienes, aunque no presenciaron el incidente juzgado, confirmaron haber recibido, en visitas anteriores, expresiones peyorativas muy similares dirigidas hacia ellos, siempre relacionadas con su origen latinoamericano. La declaración de un agente de la Policía Local, encargado de las primeras diligencias del caso, y la grabación de video que mostraba el momento en que el técnico intentaba entrar al ascensor también formaron parte de la base probatoria, según reportó el TSJPV.

El tribunal superior concluyó que todos estos elementos conformaban “prueba suficientemente concluyente para estimar acreditada la hipótesis acusatoria”, descartando cualquier duda respecto a la responsabilidad penal del acusado en lo referente a los insultos y amenazas motivados por el origen nacional de la víctima.

En el análisis sobre la calificación jurídica, el TSJPV consideró, según información consignada por el propio organismo, que la conducta del acusado se enmarca en el artículo 510.2 a del Código Penal, al tratarse de un menosprecio que atenta tanto contra la dignidad individual del trabajador como contra el principio de igualdad en razón de su nacionalidad y condición de inmigrante. Según se expone en la sentencia, “El acusado actuó con dolo dado que conocía que las expresiones que utilizaba eran vejatorias y venían motivadas por la procedencia nacional de su destinatario, y no obstante, decidió emplearlas precisamente para humillar a quien las sufrió”.

El condenado también solicitó que se apreciara una atenuante, aportando que estaba diagnosticado con un trastorno depresivo recurrente, sustentado por un informe médico de Osakidetza fechado desde febrero de 2020. No obstante, según detalló el TSJPV, esta petición fue rechazada por considerar que no había ningún indicio de que la situación psicológica limitara la capacidad del acusado para comprender que sus acciones resultaban ofensivas contra otra persona en función de su origen nacional, ni afectaba su aptitud para controlar su comportamiento y evitar declaraciones discriminatorias.

La decisión del TSJPV ratificó por tanto la pena impuesta por la Audiencia Provincial de Vizcaya: un año de prisión, una multa de 3.240 euros y la obligación de indemnizar a la víctima con 1.000 euros. Todo ello tras concluir la existencia de una conducta discriminatoria que vulneró derechos fundamentales del trabajador por motivos de su origen extranjero. La sentencia, según informó el TSJPV, no es definitiva, quedando abierta la posibilidad de que el condenado presente recurso ante el Tribunal Supremo.

El juicio celebrado en la Audiencia de Valencia concluyó hoy con la confesión de un hombre que admitió haber atacado físicamente y con insultos a una joven por su procedencia hondureña. Según informó el medio, el acusado ha aceptado una condena de seis meses de prisión tras reconocer su responsabilidad tanto en un delito de odio como en uno de lesiones, en relación a los sucesos ocurridos en octubre de 2024 en la calle Sapadors de València.

De acuerdo con la información publicada, el incidente comenzó cuando la joven, de nacionalidad hondureña, intentó cruzar un paso estrecho. El hombre se dirigió a ella diciéndole: "Sudaca de mierda, ¿no ves que voy a pasar?", expresión en la que, según la sentencia, buscó menospreciar a la víctima por su origen. En ese momento, el acusado la empujó y continuó con los insultos: "Sudaca de mierda, regresa a tu país y cállate la puta boca". Ante la protesta de la joven, el hombre la agredió propinándole un golpe en el rostro.

Tal como detalló la sentencia consultada por el medio, la víctima experimentó un impacto emocional importante que la dejó paralizada tras la agresión, experimentando humillación y menosprecio, especialmente por haberse producido en un espacio público. El ataque físico provocó lesiones que requirieron atención médica más allá de una primera asistencia. Según lo consignado, las contusiones necesitaron tres días para sanar, incluyendo dos días de incapacidad para desempeñar sus tareas habituales.

La víctima formalizó la denuncia el 4 de octubre de 2024, poco después de los hechos. De acuerdo con la información de la Audiencia, las declaraciones y pruebas corroboraron el carácter discriminatorio de la conducta del acusado, razón por la cual se incluyó la condena por delito de odio, además del castigo por las lesiones físicas. El medioconsignó que, junto a la pena de prisión, el hombre deberá abonar sendas multas tanto por el delito motivado por prejuicios raciales como por el daño físico causado a la joven.

El proceso judicial, según lo reportado, se resolvió con el reconocimiento de culpa por parte del acusado ante el tribunal, lo cual facilitó la concreción del fallo condenatorio y la aceptación de las penas asociadas. Las autoridades señalaron que incidentes de este tipo se inscriben en el marco de la protección frente a conductas discriminatorias en espacios públicos, con el objetivo de salvaguardar la dignidad de las víctimas y sancionar acciones de menosprecio o violencia basada en el origen nacional.

En este caso, la resolución de la Audiencia de Valencia resalta la gravedad de los hechos y su carácter de delito de odio, contemplando tanto los comentarios vejatorios como la agresión física sufrida por la víctima. El caso reafirma el alcance de la legislación para sancionar comportamientos discriminatorios en el contexto social.

La Asociación Comunidad Musulmana de Melilla ha señalado que el incidente ocurrido en una cafetería céntrica constituye una afrenta para la convivencia y la dignidad, si los hechos se confirman. Esta organización, citada por distintos actores sociales y medios públicos locales, enfatizó que su postura de rechazo se basa en la gravedad que representa la vulneración de los valores de respeto e integración, y consideró que situaciones similares deterioran la imagen de las instituciones públicas y dañan la cohesión social de Melilla. El caso se conoce después de que la delegada del Gobierno en la ciudad autónoma, Sabrina Moh, anunciara la apertura de una investigación oficial en respuesta a una denuncia de insultos racistas y descalificaciones proferidos contra un guardia civil fuera de servicio por parte de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional, mientras la víctima desayunaba con su familia.

Según consignó el medio que recoge la versión de la Delegación del Gobierno, la situación se habría desarrollado el sábado 31 de enero, cerca de las 10:00 horas, cuando Nebil Mohamed Amaruch, especialista en artes marciales conocido como ‘El Lobo’, compartía mesa con su esposa y sus cuatro hijos en un establecimiento del centro de Melilla. Testigos y denunciantes aseguraron que los insultos recibidos por el guardia civil —que no se encontraba en ese momento ejerciendo funciones oficiales— incluían expresiones de carácter racial y vejatorio, entre las que se habrían citado términos como "mono", "moro" o "chimpancé". Esta información ha sido confirmada tanto por fuentes políticas como por organizaciones sociales de la ciudad y fue recogida en publicaciones de la Delegación del Gobierno en Melilla.

De acuerdo con el medio, Sabrina Moh, quien además es secretaria general del PSOE local, expresó en sus redes sociales la postura institucional frente a estos hechos y destacó que "las actitudes racistas son incompatibles con una sociedad democrática y con las instituciones públicas". En su mensaje, comunicó la activación de mecanismos internos para investigar el episodio y depurar las responsabilidades que pudieran derivarse. Según sus declaraciones: "Nada más conocer los insultos de un grupo de agentes de la UIP, que estaban de servicio, a un melillense, hemos activado todos los mecanismos de investigación para depurar responsabilidades. Ante el racismo y el insulto, tolerancia cero".

Coalición por Melilla (CPM), principal partido de la oposición en la Asamblea local, denunció lo ocurrido mediante un comunicado en el que expresó su apoyo y solidaridad tanto con la víctima como con su entorno familiar. La formación se refirió a la inadmisibilidad de estos comportamientos cuando emanan de representantes de las fuerzas de seguridad y recalcó la relevancia de la convivencia y el respeto mutuo como fundamentos del tejido social melillense. Según CPM, este tipo de actos, si provienen de quienes deben proteger la seguridad ciudadana, resultan aún más graves y exigen una respuesta contundente.

El diputado del grupo opositor Somos Melilla, Amin Azmani, amplió los detalles sobre el tipo de insultos denunciados y definió el incidente como un ejemplo de delito de odio, que a su juicio resulta "intolerable" y motivo de vergüenza colectiva. Azmani expresó confianza en que la denuncia presentada contribuirá a esclarecer con transparencia todo lo sucedido y reafirmó su respaldo a Nebil Mohamed Amaruch, de quien resaltó la trayectoria personal y el reconocimiento social.

Nueva Melilla también intervino en el debate público a través de declaraciones de su portavoz, Mohamed Busián, que se sumó a las condenas y expresó apoyo hacia la víctima, alineando la postura del partido a la de otras fuerzas políticas y organizaciones implicadas. Como reportó la misma fuente, la condena colectiva ha contribuido a ampliar la demanda de una investigación exhaustiva.

El comunicado de la Asociación Comunidad Musulmana de Melilla incide en que la ciudad representa una referencia de pluralidad y respeto, y que estos valores, según su perspectiva, deben protegerse de forma decidida. Para la organización, el episodio no debe considerarse un hecho aislado ni trivial, sino percibirse en su impacto sobre la convivencia social y el respeto a los derechos, además de las consecuencias reputacionales para las instituciones estatales señaladas en la denuncia.

El medio detalló que la investigación iniciada corresponde a la Delegación del Gobierno en Melilla, que supervisa directa y jerárquicamente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la ciudad. El proceso deberá esclarecer la secuencia de eventos y determinar, si corresponde, las responsabilidades penales y administrativas derivadas de las supuestas conductas racistas. La repercusión pública del caso ha reavivado las declaraciones institucionales y el seguimiento de organizaciones defensoras de derechos civiles, quienes reiteran la importancia de atender con diligencia situaciones de discriminación y abuso en el seno de organismos públicos.

A lo largo de las últimas horas, la reacción política y social documentada por el medio refleja la extensión del rechazo ciudadano a los comportamientos denunciados. Todas las organizaciones y partidos implicados coinciden en la defensa de la pluralidad y en la intolerancia ante cualquier delito de odio, subrayando la necesidad de garantizar la confianza en los agentes encargados de proteger los derechos fundamentales y la convivencia.

La declaración del delantero francés Allan Saint-Maximin puso el foco en la seguridad de su familia, luego de que relatara públicamente episodios de racismo sufridos por sus hijos. Esta situación desembocó en la salida pactada del futbolista del Club América mexicano, según informó el medio que dio a conocer el caso. El deportista explicó en redes sociales que su prioridad ha sido la protección de sus hijos y rechazó la intolerancia, señalando que la decisión de abandonar el club estuvo motivada por las agresiones racistas que sufrió su entorno familiar.

Tal como publicó la fuente original, la rescisión del contrato entre Saint-Maximin, de 28 años, y el Club América se produjo de mutuo acuerdo. El propio delantero, con experiencia en equipos como Mónaco y Newcastle, había hecho público a comienzos de la semana que su familia había recibido acoso en México. El comunicado en sus redes sociales recogió su postura: "El problema no es el color de tu piel, es el color de tus pensamientos. Me atacan, y no hay problema; crecí, aprendí a luchar contra los ataques. Pero hay una cosa que nunca toleraré, y es que se metan con mis hijos. Proteger a mis hijos es mi prioridad y lucharé para asegurarme de que se les respete y se les quiera, independientemente de su origen o del color de su piel", según consignó la plataforma que cubrió la noticia.

El atacante, quien también jugó en Al-Ahli y Fenerbahçe tras marcharse de St James' Park en 2023, completó su mensaje en redes sociales reafirmando su rechazo al racismo: "El odio y la discriminación no tienen cabida en nuestra sociedad. Así que a aquellos que se atrevieron a meterse con mis hijos, les digo: cometieron un error. Siempre lucharé para proteger a los míos, y no hay persona ni amenaza que me asuste", citó la misma fuente.

El medio detalló que, tras la desvinculación del jugador, el entrenador del Club América, el brasileño André Jardine, comentó la salida de Saint-Maximin en una conferencia de prensa. "En cuanto a Maximin, es un jugador fantástico, tiene la capacidad de jugar en cualquier liga del mundo. Le deseamos todo lo mejor", declaró según lo recogido por el medio especializado.

La información publicada destaca que la reacción del club frente a la denuncia del futbolista fue la de expresar respaldo institucional, acompañando su decisión de dejar el equipo. Saint-Maximin agradeció en su mensaje el apoyo recibido, pero remarcó que la integridad de sus hijos y el combate contra el racismo sobrepasaron cualquier otro interés.

Según consignó el medio de referencia, Saint-Maximin llegó al fútbol mexicano con el objetivo de sumarse a los proyectos deportivos del América, tras haber acumulado experiencia en distintas ligas de Europa y Asia. Sin embargo, las circunstancias externas derivadas del acoso a su familia llevaron a este desenlace. La noticia generó repercusión tanto en México como a nivel internacional, dado el mensaje del jugador y el respaldo expresado por su entrenador y la dirigencia del club.

El reciente informe global presentado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) revela que la ayuda oficial destinada a combatir las enfermedades tropicales desatendidas (ETD) experimentó un descenso del 41 por ciento entre 2018 y 2023, una reducción que pone en riesgo los logros conseguidos en la lucha contra estos padecimientos. Según difundió la OMS, esta caída financiera puede incrementar el impacto negativo de las ETD sobre las familias y comunidades, que ya afrontan un gasto estimado en 33.000 millones de dólares al año por salarios no percibidos y pagos directos relacionados con estas enfermedades. En este escenario, la entidad enfatiza la urgencia de incorporar la atención psicosocial y la salud mental en los programas para abordar de manera integral el sufrimiento experimentado por millones de personas afectadas.

En el contexto del Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas, la OMS pidió a los gobiernos reforzar la inclusión de la salud mental en las estrategias nacionales destinadas a erradicar las ETD, para asegurar que quienes padecen estas afecciones no sean marginados ni queden excluidos. De acuerdo con la información divulgada por la OMS, más de 1.000 millones de personas en el mundo padecen ETD y una cifra similar vive con trastornos de salud mental. Tal como detalló la agencia, la discriminación, las ideas erróneas sobre el contagio y la falta de atención psicológica contribuyen a profundizar el estigma y la exclusión social enfrentadas por estas personas.

La OMS identificó a quienes padecen ETD asociadas a discapacidades físicas o desfiguración como leishmaniasis cutánea, lepra, filariasis linfática, micetoma o noma, dentro de los colectivos más expuestos a la discriminación y al estigma. La organización argumentó que estos grupos presentan mayores tasas de depresión, ansiedad y conductas suicidas frente a la población general o quienes sufren otras enfermedades crónicas. Según reportó la OMS, la ausencia de asistencia y apoyo en sus comunidades agrava la situación, dejando sin cobertura psicológica a numerosos afectados.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó que combatir las enfermedades tropicales desatendidas implica afrontar no solo los patógenos sino también el sufrimiento humano derivado del estigma y la desesperanza. Según citó la organización, “La verdadera erradicación implica liberar a las personas no solo de la enfermedad, sino también de la vergüenza, el aislamiento y la desesperación que con demasiada frecuencia la acompañan”.

Ante esta problemática, la OMS anunció la publicación de su primera guía internacional dedicada a abordar la salud mental y el estigma entre quienes viven con ETD, destinada a responsables de servicios de salud. El documento reúne intervenciones fundamentadas en la evidencia científica, con orientaciones para promover el bienestar mental, identificar y evaluar trastornos mentales en pacientes con ETD, gestionar y tratar estas afecciones, y reducir el estigma tanto a nivel individual como comunitario y de los sistemas sanitarios. Según consignó la OMS, la guía busca orientar a los sistemas de salud y a los profesionales en la identificación y abordaje de estos desafíos, tradicionalmente ausentes en la atención primaria dirigida a las ETD.

En el marco de la campaña global por el Día Mundial de las ETD, liderada por la OMS en conjunto con una coalición de organizaciones socias, se subrayó que el control y eventual eliminación de estas enfermedades representa uno de los retos sanitarios más asequibles y una de las apuestas de mayor retorno para la salud mundial. De acuerdo con los datos recogidos por la OMS, un total de 58 países eliminaron al menos una ETD, incluyendo a naciones de diferentes continentes como Brasil, Jordania, Níger y Fiji, lo que según la entidad demuestra que el objetivo de alcanzar los 100 países sin ETD para el año 2030 resulta alcanzable.

A pesar de estos avances, la OMS advirtió sobre la tendencia decreciente de la financiación internacional, subrayando que el retroceso de la asistencia podría comprometer el progreso global. Las enfermedades tropicales desatendidas, según especificó la organización, permanecen asociadas a la pobreza y a contextos de exclusión, motivo por el cual requieren respuestas integrales que vayan más allá del tratamiento biomédico y contemplen los componentes psicosociales vinculados al estigma.

La reducción de apoyo financiero internacional se percibe como un desafío significativo que, de no corregirse, podría derivar en una mayor vulnerabilidad de los países afectados y en la prolongación del sufrimiento de quienes viven con ETD. Frente a este panorama, la OMS insiste en la necesidad de fortalecer tanto la ayuda internacional como la implementación de políticas sanitarias que consideren la salud mental.

La entidad concluyó que la atención a las enfermedades tropicales desatendidas demanda no solo intervenciones médicas, sino también una estrategia social y psicológica capaz de romper el círculo de discriminación y exclusión, sumando esfuerzos tanto a nivel global como local para garantizar que nadie quede relegado en el avance hacia el control y la eliminación de estos padecimientos.

Montserrat Oliver sufrió discriminación en Estados Unidos, así lo dio a conocer la propia conductora mexicana en un reciente encuentro con medios.

De acuerdo con la información que compartió la también modelo y empresaria ante las cámaras y micrófonos de “Venga la Alegría”, los hechos ocurrieron cuando intentó comprar un caballo.

"Me hicieron ese racismo, Dios mío”, comentó.

Supuestamente, programó una cita con la dueña original del caballo para cerrar el trato, pero esta fue cancelada de último momento sin explicación alguna.

Pese a lo sucedido, la presentadora no se rindió y recurrió al esposo de una amiga para adquirir al equino.

“Lo compró el vecino de una amiga, un gringo. Le dije: ‘Cómpralo tú, di que es para ti’ y ya lo tengo”, añadió.

Oliver no compartió más información sobre su caballo, pero confesó que la decisión de la vendedora la tomó por sorpresa y la llevó a considerar una posible situación de racismo.

“No sé si me vio muy nerd en cuestión de caballos, que no sé mucho. No sé si a lo mejor dijo: ‘No, pues es mexicana, no se lo vendo’. No sé, yo no sé qué pasó por la cabeza de esa gringa”, comentó.

Y es que no ha sido la única experiencia de discriminación que ha sufrido en los últimos meses, pues según contó para la prensa, su hermana pasó por una situación similar cuando visitó Estados Unidos.

“El otro día mi hermana, que venía de Monterrey, tiene pasaporte, tiene visa, traía placas de México, de Monterrey, andaba en el coche y le hicieron así (disparo). Entonces, sí ha provocado esta situación. Está muy mal porque sí ha provocado racismo”, contó.

Yolanda Andrade regresa a “Montse&Joe”

La conductora regresó al programa que conduce con su expareja y amiga, Montserrat Oliver, tras varias semanas de ausencia por problemas de salud.

Cuando llegó al estudio de grabación, fue interceptada por varios medios de comunicación, quienes la felicitaron por su regreso al programa y la cuestionaron sobre su estado de salud.

“Con muchas ganas de trabajar, de estar bien. Voy muy bien con mi tratamiento, a veces me fastidiada, pero cualquier enfermedad te pone así. Es difícil, soy una paciente a veces muy impaciente”, comentó

Asimismo, Andrade habló sobre el cambio de look al que se sometió antes de grabar el programa: “Es bien importante de pronto darse una manita de gato y fue mi primera salida”.

La Tercera Fiscalía Especializada en Derechos Humanos inició una investigación preliminar contra Diego Leguía, creador de contenido en redes sociales, por el presunto delito de discriminación contra Clíver Huamán, conocido en plataformas digitales como Pol Deportes.

Según informó el Ministerio Público, el proceso se abrió “por expresar comentarios peyorativos durante una transmisión en vivo”, dirigidos contra el adolescente.

El fiscal provincial Roger Yana Yanqui dispuso que la Fiscalía de Familia reciba la declaración del menor y que se realicen evaluaciones psicológicas tanto a la presunta víctima como al investigado. Además, ordenó que la comisaría de Magdalena del Mar tome la declaración de Diego Leguía y de Nicolás Aráoz y Nery Arévalo, integrantes del canal de streaming donde ocurrió el hecho. También se dispuso el aseguramiento del material digital de la transmisión.

Ministerio de Cultura condena el hecho y da aviso a la Fiscalía

Tras la difusión del caso, el Ministerio de Cultura emitió un comunicado en el que condenó las expresiones racistas y confirmó que puso el hecho en conocimiento de la Fiscalía Penal Especializada en Derechos Humanos.

“El Ministerio de Cultura condena de manera firme y categórica cualquier frase, acto o manifestación que atente contra la dignidad de las personas”, señaló la entidad.

El sector precisó que, frente a los comentarios emitidos durante una transmisión en vivo en el canal Zodeka, su Procuraduría Pública comunicó los presuntos actos de discriminación racial al Ministerio Público, conforme a lo establecido en el artículo 323 del Código Penal. También exhortó a ciudadanos, creadores de contenido y medios digitales a usar un lenguaje responsable y respetuoso.

El comentario racista durante la transmisión en vivo

La investigación fiscal se originó a partir de una transmisión en vivo en la que Diego Leguía se refirió de forma despectiva al adolescente Clíver Huamán.

“Para yo sentir envidia por alguien, necesito lo que esa persona ha estado consiguiendo. Yo no me dedico a lo que se dedica Pol Deportes. No quiero yo. ¿Qué fama puede tener un serrano de 15 años?”, expresó.

La desafortunada frase generó un inmediato rechazo en redes sociales por su contenido racista y por estar dirigida contra un menor de edad. El caso se suma a otros episodios recientes de discriminación que ya han sido sancionados en el país, lo que ha reavivado el debate sobre los límites del discurso en plataformas digitales.

Las disculpas públicas del streamer

En medio de la polémica y mientras avanza la investigación fiscal, Diego Leguía difundió un mensaje de disculpas públicas dirigido al menor, a su familia y a quienes se sintieron afectados.

“Principalmente quiero pedir las disculpas del caso, disculpas públicas, a Clíver Huamán, más conocido como Pol Deportes, a él, a su familia y a todos los que se han podido ver… afectados por las declaraciones y o términos que utilicé aquella vez”, señaló.

El streamer reconoció que sus palabras pudieron interpretarse como ofensivas: “Entiendo de sobremanera de que el término utilizado… pudo haber sido entendido de una manera peyorativa, de una manera… discriminatoria”, y atribuyó lo ocurrido a su “ignorancia”.

También destacó el trabajo del joven creador de contenido y aseguró que asumirá el compromiso de corregir el lenguaje que utiliza en sus transmisiones.