La diputada nacional Marcela Pagano le envió una carta abierta a la congresista demócrata Jasmine Crockett tras las declaraciones que hizo sobre una supuesta “historia de racismo” en Argentina durante una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos. La polémica surgió cuando Crockett señaló que la mayoría del público internacional apoyó a España en la final del Mundial 2026 por el pasado discriminatorio de la sociedad argentina.

Durante la audiencia, Jasmine Crockett, representante por el estado de Texas, le preguntó al historiador David Blight por qué el mundo parecía estar en contra de Argentina en la definición del torneo frente a España. Blight simplemente respondió que el favoritismo se debía al desempeño futbolístico del equipo español, pero Crockett insistió: “También existe una historia de racismo en lo que respecta a Argentina”. El video con el recorte de ese intercambio se viralizó en las redes sociales en el marco de una polémica más amplia de la que también participaron periodistas, políticos, actores y músicos.

En respuesta a esto, Marcela Pagano difundió una carta abierta donde criticó duramente las afirmaciones de Crockett y aportó datos históricos. “Acá, en Buenos Aires, tenemos una palabra que le va a servir: macanear. Macanear es hablar con mucha seguridad de algo que no se conoce”, escribió Pagano. La diputada del bloque Coherencia, al que pertenece desde que abandonó las filas de La Libertad Avanza, le recordó que Argentina abolió la esclavitud en 1813, cincuenta años antes de la Proclama de Emancipación de Abraham Lincoln en Estados Unidos, y que la Constitución de 1853 estableció que cualquier esclavo que pisara suelo argentino quedaba libre: “¿Sabe qué decía la Corte Suprema de su país cuatro años después, en 1857? Que un hombre negro no tenía ningún derecho que un blanco estuviera obligado a respetar”, señaló Pagano aludiendo al fallo Dred Scott.

La legisladora también apuntó que las leyes argentinas nunca prohibieron matrimonios interraciales, a diferencia de la legislación estadounidense que recién en 1967 fue anulada por la Corte Suprema. “Nosotros nunca colgamos un cartel de ‘solo blancos’ sobre un bebedero. Ustedes los descolgaron ayer, como quien dice”, arremetió la diputada en su carta.

No obstante, Pagano admitió la existencia de episodios de discriminación y violencia en la historia argentina, como la campaña militar contra los pueblos originarios (llamada campaña del desierto) y el olvido de los afroargentinos tras las guerras de la independencia, pero subrayó el reconocimiento de esos hechos en el debate público y en políticas como la ley contra la discriminación, sancionada en 1988.

En su carta la ex diputada libertaria acusó a la congresista estadounidense de proyectar los problemas raciales de su país sobre la realidad argentina. “Agarró los problemas de su país —que son reales y son enormes— y los quiso calzar en el mío como un zapato ajeno. No entra, señora”, afirmó.

El comentario de Crockett se produjo en un contexto de críticas internacionales tras la final del Mundial 2026, donde figuras como Samuel L. Jackson y Pedro Pascal se sumaron a las denuncias de racismo contra Argentina.

Como cierre de la carta abierta, Pagano solicitó a Crockett que rectificara sus palabras en el Congreso y la invitó a conocer los archivos históricos y la música afroargentina en Buenos Aires. “Los pecados nuestros son nuestros y los suyos son suyos, y ninguno se explica con el manual del otro”, concluyó la diputada.

La declaración del actor estadounidense Samuel Jackson, quien afirmó que “alentar a Argentina es alentar al país más racista del mundo”, reactivó la discusión sobre racismo y discriminación en el país. El mensaje, viralizado en redes sociales, generó respuestas defensivas y reacciones en la opinión pública argentina. La controversia puso en primer plano el debate sobre la historia y la presencia de afrodescendientes en Argentina.

La historiadora Magdalena Candioti, autora de Una historia de la emancipación negra: esclavitud y abolición en la Argentina, explicó en Infobae A las Nueve que racismo y esclavitud no son sinónimos, pero poseen una relación profunda en la historia nacional.

Según Candioti, el racismo en Argentina se vincula con la “construcción de miradas de alterización” hacia ciertos grupos. Esta discriminación tiene raíces en la esclavización y comercialización de africanos, proceso que integró al país en la historia esclavista de América.

Candioti afirmó que, aunque ingresaron menos esclavos a Argentina que a Brasil o Estados Unidos, la presencia de personas esclavizadas resultó central en la vida cotidiana del virreinato y la República. “No hubo esclavitud de plantación, pero la presencia fue central en casas, espacios rurales y urbanos”, enfatizó. La autora señaló que esta historia ha quedado invisibilizada tras la abolición en 1853, pero marcó profundamente la estructura social.

Esclavitud y discriminación en la historia argentina

La historiadora señaló que la narrativa que minimiza la cantidad de afrodescendientes o sugiere una integración rápida carece de sustento histórico. Candioti indicó que las personas esclavizadas enfrentaron condiciones de vida muy difíciles, con tasas de mortalidad altas. Además, los varones afrodescendientes participaron en batallones segregados y estuvieron sobrerrepresentados en guerras de independencia y civiles, lo que agravó la fragmentación familiar.

Candioti remarcó que la segregación existió y que la discriminación persistió después de la abolición formal de la esclavitud. “Personas cosificadas, comercializadas, vendidas como cosas”, describió la autora. La mirada social sobre la afrodescendencia en Argentina se formó a partir de estos procesos históricos y se consolidó por la falta de registro en los censos durante décadas.

La autora explicó que muchos argentinos pueden ser afrodescendientes sin saberlo, ya que la mezcla y la invisibilización operaron durante generaciones. En el último censo, cerca de trescientas mil personas se identificaron como afrodescendientes, aunque no todas presentan rasgos fenotípicos visibles.

Comparaciones internacionales y políticas migratorias

Candioti advirtió que comparar el racismo argentino con el de otros países puede llevar a conclusiones erróneas. Aunque la segregación legal fue más extensa en Estados Unidos, las políticas migratorias y los discursos sociales en Argentina también generaron exclusión. La historiadora recordó que la Constitución de 1853 promovió la inmigración europea con el objetivo de “civilizar” el país, lo que profundizó la marginación de afrodescendientes, pueblos originarios y otras minorías.

La autora destacó que la abolición de la esclavitud en Argentina llegó antes que en Brasil y Estados Unidos, pero la discriminación no desapareció. “La visibilidad negra está ligada a la segregación legal y a los obstáculos para la manumisión”, afirmó Candioti, subrayando que los procesos de emancipación en el Río de la Plata resultaron diferentes, pero no exentos de desigualdades.

Al mismo tiempo señaló que el debate sobre racismo debe evitar tanto la idealización como la negación de problemáticas locales. Consideró que la reacción frente a acusaciones internacionales no debe servir para justificar ni para minimizar la propia historia.

Afrodescendencia, identidad y autocrítica social

La historiadora insistió en la necesidad de revisar críticamente la historia nacional y la construcción de estereotipos sobre los afrodescendientes. Candioti explicó que la identidad argentina se forjó sobre la narrativa de una sociedad abierta y plural, pero esa visión convive con procesos de exclusión y jerarquización racial.

La autora mencionó que la invisibilización de la población afrodescendiente se apoyó en el mestizaje y en políticas de registro insuficientes. Remarcó la importancia de reconocer la existencia de afroargentinos y la persistencia de desigualdades. “Tenemos decenas de periódicos negros en Buenos Aires en el siglo XX y no lo conocemos”, afirmó Candioti.

Candioti valoró el debate actual como una oportunidad para reflexionar sobre el pasado y el presente. Consideró que solo el conocimiento histórico y la autocrítica pueden ayudar a superar los estereotipos y a construir una sociedad más consciente.

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“Somos los mismos argentinos los que nos hacemos odiar”, afirmaba Suarc en un mensaje grabado durante la cobertura del Mundial. La frase se viralizó rápidamente y generó miles de reacciones entre quienes compartían esa autocrítica y quienes consideraban que minimizaba los ataques que el país suele recibir desde el exterior. Detrás de esa discusión, sin embargo, aparecía una pregunta más profunda: ¿hasta qué punto la percepción internacional sobre la Argentina responde a estereotipos y cuánto tiene que ver con comportamientos que los propios argentinos reproducen?

Con esa premisa, el periodista argentino radicado en Estados Unidos dialogó con el equipo de Infobae al Regreso para explicar el origen de una reflexión que, según aseguró, nació de experiencias concretas vividas durante el torneo.

“Se acercaban todos los argentinos y me decían: ‘Los argentinos somos los mejores’. Después hablaban de manera muy despectiva de los uruguayos, de los paraguayos, de los colombianos o de los mexicanos. La verdad es que me daba mucha vergüenza”, recordó. Para Suarc, ese tipo de situaciones fueron el disparador del video y reflejan una actitud que, aunque no representa a todos, termina alimentando una percepción negativa sobre el país.

Lejos de negar que existe una mirada prejuiciosa hacia la Argentina, sostuvo que ambas cosas pueden convivir. “Sí hay una campaña en contra de nosotros, pero también hay que reconocer que somos agrandados, que somos despectivos y nos creemos más que los otros”, planteó. A su entender, muchas veces el debate se reduce a denunciar la discriminación que sufren los argentinos sin detenerse a pensar si determinadas conductas también contribuyen a reforzar esos estereotipos.

Según explicó, vivir desde hace años en Estados Unidos modificó su manera de observar esas situaciones. El contacto cotidiano con personas de distintas nacionalidades, aseguró, le permitió relativizar ciertas ideas instaladas sobre una supuesta excepcionalidad argentina. “Hay mucha diferencia entre el argentino que vive afuera y el argentino que vive en la burbuja de nuestro país. Los que vivimos afuera y tenemos el privilegio de mezclarnos con otras culturas nos damos cuenta de que realmente no hay ninguna diferencia”, expresó.

En esa misma línea, cuestionó algunos discursos que suelen aparecer con frecuencia en el debate público. “Después hay periodistas que dicen que somos europeos, que no somos latinos y que los mexicanos nos envidian. No me malinterpreten: sí hay una campaña contra nosotros, pero también hay que reconocer que muchas veces nos creemos más que los otros”, insistió, al remarcar que la autocrítica no implica desconocer los prejuicios que también existen hacia la Argentina.

La reflexión encontró coincidencias parciales. Gonzalo Aziz sostuvo que, cuando una percepción negativa persiste durante tanto tiempo, también vale la pena preguntarse qué elementos ayudaron a construirla. “Cuando hay un conflicto entre dos partes nunca es cien a cero. Siempre hay alguna cuota aparte que hace que la reacción del otro o el pensamiento del otro se active”, señaló. Sin embargo, introdujo un matiz al advertir que esa descripción no representa necesariamente a todo el país. “Estamos hablando mucho de quienes vivimos en Buenos Aires o en grandes ciudades. El interior suele ser mucho más humilde, más sensato y más coherente”, agregó.

Suarc coincidió en que no corresponde generalizar y recordó que buena parte de las respuestas que recibió tras publicar el video apuntaban precisamente a esa diferencia entre los porteños y el resto del país. “Muchos me decían que esto tenía que ver con los porteños. Tampoco podemos hacernos los distraídos con esa pica histórica que existe entre Buenos Aires y las provincias”, comentó.

A partir de esa discusión, el intercambio derivó hacia otro tema que suele reaparecer cada vez que la Argentina queda bajo la lupa internacional: el racismo. Matías Barbería consideró que el problema existe, aunque con características distintas a las de Estados Unidos o Europa.

Al mismo tiempo, sostuvo que el análisis no debería copiar categorías elaboradas para otras realidades. “Tenemos nuestros propios problemas y tenemos que resolverlos nosotros. Maltratamos gente nacida acá y también a países vecinos que son tan valiosos como nosotros, pero no me lo va a venir a curar un tipo de Europa”, expresó.

Suarc compartió parte de esa mirada y aclaró que nunca buscó definir a la Argentina como una sociedad esencialmente racista. Reconoció que muchas veces siente que el país recibe críticas desproporcionadas, aunque también admitió que vivir en el exterior le permitió detectar comportamientos que antes naturalizaba. “Siento que muchas veces me atacan por ser argentino. Pero también creo que quienes vivimos afuera compartimos otras experiencias y eso cambia la mirada”, explicó.

Como contrapartida, recordó que el racismo continúa siendo un problema estructural en Estados Unidos. “Acá también hay mucho racismo. Los peores trabajos, lamentablemente, siguen siendo para los hispanos y los afroamericanos”, ejemplificó.

Sobre el final de la conversación, el periodista volvió al origen del mensaje que dio lugar a toda la discusión y reconoció que esa autocrítica también lo incluía a él. “Muchas veces me encontré diciendo: ‘Tenemos a Messi, tuvimos al Papa, tuvimos a Maradona’. Por eso digo que también es una autocrítica”, admitió, antes de destacar que el Mundial también le dejó una experiencia diferente.

Recordó el banderazo realizado por los argentinos en Times Square y el interés que despertó entre muchas personas que se acercaron para conocer más sobre el país. Esa experiencia, sostuvo, también le permitió comprobar que la imagen de la Argentina no está determinada únicamente por los prejuicios. “Sentí que empezaron a entender un poco mejor cómo somos. Tenemos muchísimo para ofrecer más allá de todas las críticas que podamos recibir”, concluyó.

Más allá de las posiciones que despertó el video, la discusión dejó instalada una pregunta que excede el Mundial y las redes sociales. Mientras la Argentina vuelve a quedar en el centro de cuestionamientos internacionales, la reflexión de Suarc propone una idea incómoda: reconocer que pueden existir prejuicios contra el país no impide preguntarse si determinadas actitudes también contribuyen a reforzar esa percepción. Ese fue, precisamente, el debate que convirtió un breve video en una conversación mucho más amplia sobre la identidad argentina.

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El joven identificado como Rodri Bastidas compartió el video del momento en el que el encargado de seguridad del lugar se acerca y, en un gesto inaudible, les da la instrucción de no tener muestras de cariño. Según explicó el afectado en la publicación:

“Ahora resulta que es prohibido darme besos en @Centro_Andino con mi novio. ¿Desde cuándo es tan homofóbico ese centro comercial? Nos amenazaron diciendo que si nos veían volverlo a hacer, nos sacaban del cc, wtf”, indicó inicialmente Bastidas.

Sin embargo, la publicación del joven generó dudas, pues el video fue grabado a gran distancia y, para usuarios de X, todo habría sido planeado con el objetivo de que se viralizara la noticia. Por esta razón, Rodrigo salió a aclarar en otra publicación lo siguiente:

“Para los que se preguntan por qué hay video, una chica muy amable que estaba enfrente de nosotros notó cuando el vigilante se acercó a nosotros y empezó a decirnos esas cosas; luego de que se fue, ella llegó preocupada preguntando si nosotros habíamos sido discriminados por besarnos”, aclaró.

La versión del joven del video indica que la persona que los grabó les pasó el video porque la situación le pareció injusta y “gracias a ella es que tenemos la evidencia”.

Y agregaron: “Hay mucha gente diciendo que estábamos haciendo cochinadas y manoseando”.

Qué dijo Mafe Carrascal sobre el hecho de discriminación

Mafe Carrascal anunció que acompañará una besatón en el Centro Comercial Andino, en Bogotá, luego de que una nueva pareja del mismo sexo denunciara haber sido discriminada por besarse dentro del recinto.

“Otra vez en el Andino”, escribió la representante del Pacto Histórico en su cuenta de X, en alusión directa a un episodio de 2019 que ya había sacudido al país.

“Después de comprometerse públicamente a erradicar la discriminación contra parejas del mismo sexo, hoy una nueva pareja denuncia haber sido discriminada por besarse”, publicó Carrascal.

La congresista rechazó que el establecimiento no haya cumplido los compromisos asumidos tras el escándalo anterior y convocó a respaldar la protesta: “No vamos a normalizar que amar tenga consecuencias distintas según a quién amas”.

El antecedente que Carrascal recuerda

El Centro Andino ya había sido el epicentro de un debate nacional sobre homofobia en abril de 2019, cuando una pareja conformada por Esteban Miranda y Nicolás Téllez fue agredida verbalmente por un hombre identificado como Pedro Costa, quien los acusó de realizar actos obscenos frente a una zona de juegos infantiles.

Las cámaras de seguridad del propio centro comercial desmintieron la versión del agresor, pero la Policía le impuso a los jóvenes un comparendo que luego fue anulado por la Personería de Bogotá, que determinó que se había vulnerado el debido proceso.

Aquel episodio desató una ola de solidaridad. Unas 800 personas se congregaron en la entrada del Andino bajo el lema “Los besos son afecto, no delito” para rechazar la discriminación. En esa besatón participaron figuras públicas como el periodista Vladdo y los entonces congresistas Gustavo Bolívar y Juanita Goebertus.

“Los derechos se respetan todos los días”

Carrascal subrayó en su publicación que la protección de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ no puede limitarse al mes del orgullo: “Los derechos de las personas de los sectores LGBTIQ+ se respetan todos los días, no solo durante el mes del orgullo”.

La representante anunció que estará presente en la besatón convocada para el día siguiente al de su publicación y resumió la postura de quienes asistirán: “Porque frente a la discriminación, más amor, más dignidad y más derechos”.

Comunicado del Centro Comercial

El Centro Comercial Andino de Bogotá pidió disculpas este 20 de julio de 2026 tras concluir que una pareja “no estaba incurriendo en una conducta que justificara el llamado de atención realizado por nuestro personal de seguridad”, luego de un episodio ocurrido “en la tarde de ayer”.

En una comunicación pública, la administración sostuvo que el centro comercial “es un espacio para todos” y que allí “caben todas las personas, todas las familias y todas las expresiones de afecto que se manifiesten con respeto y dentro de las normas de convivencia”.

Al referirse a lo sucedido, señaló: “Rechazamos cualquier forma de discriminación”. Tras revisar el caso, agregó: “Por ello, ofrecemos una disculpa sincera a las personas afectadas”.

La entidad afirmó que “este episodio no refleja los principios que orientan al Centro Comercial Andino ni el compromiso que tenemos con el respeto, la inclusión y la diversidad”.

Como medidas posteriores, anunció que “iniciaremos una revisión de nuestros protocolos de atención y de los procesos de capacitación dirigidos al personal de seguridad y de servicio al cliente”, con el objetivo de “fortalecer las herramientas que les permitan actuar de manera coherente con los principios de respeto, inclusión y buen servicio que promovemos como institución”.

Creemos que elegimos libremente cómo vivimos, qué consumimos o qué decisiones tomamos. Sin embargo, basta mirar alrededor para advertir que millones de personas terminan haciendo exactamente lo mismo. En “Por qué hacemos todos lo mismo”, el último episodio de su podcast disponible en Infobae y Spotify, Ricardo Lorenzetti analiza cómo los modelos culturales, la publicidad y la tecnología moldean conductas que muchas veces percibimos como decisiones individuales.

“No somos muy conscientes de cómo influyen sobre cada uno de nosotros, porque pensamos que somos libres, que hacemos lo que queremos, que tomamos nuestras propias decisiones”, dice. Sin embargo, agrega, “hay una aparente contradicción entre la idea de que tomamos decisiones individuales, pero llamativamente hay muchas personas que toman las mismas decisiones individuales”.

Para explicarlo hace uso de ejemplos de la vida cotidiana. Durante décadas, recuerda, la comida rápida no ocupaba el lugar que tiene hoy. “Hace unos años no existía la idea de comer hamburguesas y comida chatarra. Luego, rápidamente y sorpresivamente, empezó en Estados Unidos la costumbre y en todo el mundo se comenzó a comer hamburguesas y comida chatarra. Masivamente, todas las personas.” Lo mismo ocurrió, sostiene, con el teléfono celular. “Hace muy pocos años nadie usaba el teléfono celular. Lo notable es que todos terminamos siendo adictos al celular, es decir, hoy ocupa una gran cantidad del tiempo que dedicamos a la atención.”

La lista continúa con fenómenos que hace apenas unas décadas parecían excepcionales. “Hace muy poco tiempo se consideraba que alguien que tenía un tatuaje era una persona extraña”, recuerda. Hoy sucede exactamente lo contrario. “Llamativamente, a alguien se le ocurrió hacerse un tatuaje y hoy masivamente hay tatuajes y no nos llama la atención.” Para Lorenzetti, todos esos casos tienen un elemento en común: “La oferta genera la demanda”.

Esa misma lógica aparece, según explica, en la expansión de la medicina estética. “La medicina siempre se enfocó en el arte de curar”, dice. Sin embargo, “ahora hay una medicina que se ocupa de modificar, aunque uno no esté enfermo”. Labios, párpados, nariz, piernas o incluso el color de los ojos forman parte de intervenciones que se multiplicaron en pocos años. “Es algo que no nace de la demanda individual, nace de la oferta masiva.”

Expande este último punto explorando también los ideales sobre el cuerpo. “Antes se pensaba que los chicos sanos eran más gorditos y había que alimentarlos bien. Esa era la posición de mi abuela”, cuenta Lorenzetti. Hoy, en cambio, “nos hemos ido al otro extremo. No solo la delgadez, sino que hay una tendencia importante hacia la hiperdelgadez, incluso la anorexia”. En esa transformación, dice, también operan modelos culturales que se expanden globalmente.

La influencia de esos modelos no siempre resulta evidente. “El famoso libre albedrío pareciera estar devaluado a medida que los modelos culturales se van imponiendo a través de la publicidad”, afirma. Y advierte que, junto con la promoción de determinados hábitos, muchas veces también se ocultan sus consecuencias. El caso más conocido, recuerda, fue el del cigarrillo. “Durante muchísimos años había mucha publicidad sobre el consumo de cigarrillos... pero los efectos dañosos del cigarrillo no se conocían y, si se conocían, se ocultaban.”

Las consecuencias no son solamente físicas. También existen efectos culturales y sociales que terminan produciendo nuevas formas de exclusión. “Como te ven, te tratan”, dice. Cita el caso del VIH y, más recientemente, el llamado “derecho al olvido oncológico”, que ya fue incorporado por varios países para impedir que quienes superaron un cáncer continúen siendo discriminados al contratar un seguro, acceder a un crédito o buscar empleo. “Se admite que hay un efecto discriminatorio del cáncer”, explica.

Lorenzetti considera que estas discusiones también tienen consecuencias jurídicas. La publicidad discriminatoria o engañosa, señala, puede ser cuestionada judicialmente y muchos países ya reconocen “acciones preventivas” y “acciones resarcitorias” frente a modelos culturales que afectan derechos de las personas. “Es interesante que la población la conozca”, dice, porque “la vida de muchas personas está muy afectada, en lo concreto, en lo cotidiano, por este tipo de situaciones de exclusión cultural”.

“Claramente hay una adicción al celular masiva. No podemos ya negarla”, sostiene. Describe una rutina que se repite en millones de personas: “Cuando uno se despierta lo primero que hace es abrir el celular... termina en la noche de la misma manera sin poder dormir por la enorme carga de información que recibe el cerebro”. Según explica, esa dinámica puede derivar hacia “ciertos niveles de depresión o de soledad”.

La salida que propone no consiste en rechazar la tecnología, sino en recuperar espacios que escapen a esa lógica. Retoma una idea del investigador Arthur Brooks y habla de dedicar tiempo a cuestiones “que no pueden ser googleables”: “la amistad, Dios, la muerte, el amor”. Son conversaciones que, dice, ninguna plataforma puede reemplazar. “En el fondo de todo esto es volver a ser humanos, no tan entregados a esta homogeneidad masiva que producen los modelos culturales en los cuales estamos expuestos en este siglo.”

Todos los lunes a las 9, un nuevo episodio de El podcast de Ricardo Lorenzetti en Infobae y Spotify.

La discusión sobre la edad en el fútbol revela un prejuicio persistente: la tendencia a reducir a los jugadores —y en especial a Messi— a un número, desconociendo la complejidad del rendimiento y la diversidad de las trayectorias deportivas.

Hay algo inquietante en la manera en que hablamos de fútbol. No es la pasión ni la épica, ni siquiera la emoción que acompaña cada jugada. Es un prejuicio que aparece con la misma naturalidad con la que se canta un gol: el viejismo, ese reflejo social que convierte los años avanzados de un deportista en un motivo de disvalor, en un límite anticipado, en una sentencia de exclusión que no necesita pruebas.

En el caso de Messi, esta lógica se vuelve evidente. Cada partido reactiva la misma pregunta: “¿podrá rendir a su edad?”. Como si la edad fuera un obstáculo en sí mismo, como si los años funcionaran como un veredicto biológico que no admite matices. La narrativa es tan insistente que termina opacando lo esencial: Messi no juega “a pesar” de su edad; juega porque su repertorio (talento, disciplina, lectura del juego, inteligencia táctica y sensibilidad social) no se mide en años.

El viejismo como violencia simbólica

El viejismo deportivo funciona así: reduce a la persona a su edad, instala la idea de un declive temporal inexorable y desconoce la diversidad de trayectorias corporales y vitales. Es una forma de violencia simbólica que opera en el lenguaje, en los supuestos y en esos comentarios que parecen inofensivos, pero reproducen desigualdades profundas.

En nuestros estudios sobre vejez y derechos se ha mostrado que el viejismo genera una desigualdad sobreviniente por esta condición etaria: un trato diferenciado que no surge de la persona en sí, sino de la mirada social que la reduce a su edad. Para comprender su alcance, resulta útil retomar el concepto de injusticia epistémica, desarrollado por Miranda Fricker. El prejuicio no solo discrimina: también distorsiona nuestra capacidad de conocer. Se vuelve injusticia epistémica cuando un estereotipo impide ver o reconocer la experiencia, la inteligencia y sensibilidad situacional, la lectura del contexto y la capacidad de adaptación que muchas personas mayores despliegan en distintos ámbitos. En términos simples: el viejismo nos hace interpretar mal la realidad.

Estos prejuicios resultan aún más visibles y más problemáticos, en sociedades longevas como las actuales, donde la expectativa de vida se ha extendido y las trayectorias vitales se han diversificado. Persistir en lecturas viejistas del rendimiento deportivo no solo desconoce esta transformación demográfica: también reproduce un imaginario que ya no se corresponde con la realidad de poblaciones que envejecen activas, diversas y plenamente capaces.

En el deporte, esta forma de violencia se vuelve especialmente visible porque el cuerpo está en el centro de la escena. Pero el cuerpo no es un reloj de arena que se vacía de manera uniforme: es un territorio plural, moldeado por la historia, el entrenamiento, la salud, la motivación y el deseo.

La evidencia contradice el prejuicio

La historia del fútbol desmiente la idea de que la juventud es el único territorio legítimo del rendimiento. Kazuyoshi Miura sigue jugando profesionalmente a los 59 años. Buffon se retiró a los 45. Ibrahimovic jugó hasta los 41. Roger Milla anotó en un Mundial a los 42. Giggs y Zanetti se mantuvieron en la élite hasta los 40.

No son excepciones milagrosas: son trayectorias que muestran que el rendimiento deportivo es un fenómeno complejo, donde la edad cronológica es solo una variable más. La inteligencia táctica, la experiencia, la disciplina y la capacidad de adaptación pesan tanto, o más, que la velocidad o la explosión física.

Messi y la trampa del “todavía puede”

Cada vez que Messi juega bien, reaparece la frase “todavía puede”, como si estuviera desafiando un destino biológico escrito de antemano. Pero Messi no “puede, todavía”: simplemente puede. Puede porque su talento no envejece. Puede porque su juego se reinventa. Puede porque su vínculo con la pelota es un lenguaje propio.

El problema no es Messi. El problema es la narrativa que lo rodea, que insiste en leer su rendimiento a través del prisma de la edad. Esa narrativa reproduce un imaginario social que asocia vejez con pérdida, inutilidad o irrelevancia. Y ese imaginario se expande más allá del fútbol.

Por qué importa cambiar la narrativa

El fútbol es un amplificador cultural. Lo que allí se naturaliza se multiplica en la vida social. Si seguimos asociando edad con declive, ¿qué queda para las personas mayores en ámbitos laborales, educativos o comunitarios?

Combatir el viejismo en el fútbol es una forma de combatirlo en la vida. Es reconocer que la edad no es un problema, sino una etapa del curso vital que merece ser vivida con plenitud, sin estigmas ni prejuicios. Es comprender que la diversidad etaria enriquece los equipos, las instituciones y las comunidades. Y es, sobre todo, un acto de justicia.

Hacia un deporte sin viejismos

Necesitamos un cambio cultural que transforme la manera en que hablamos del rendimiento, del cuerpo y del tiempo. Un lenguaje deportivo libre de estereotipos permitiría analizar a los deportistas desde una perspectiva más justa y más realista. Una narrativa que reconozca el valor de la experiencia ampliaría nuestra comprensión del juego. Y una mirada que visibilice las trayectorias longevas como parte legítima del deporte contribuiría a desmontar prejuicios que afectan a millones de personas fuera de la cancha.

El fútbol puede ser un espacio de inclusión o de exclusión. Depende, en buena medida, de cómo lo contemos. Y contar bien también es una forma de hacer justicia.

Madison Square Garden demanda por difamación a la revista Wired por un artículo publicado el 9 de julio que afirmó que el recinto de Manhattan usó vigilancia para rastrear la raza, la identidad de género y la orientación sexual de celebridades y otras personalidades. La acción judicial fue presentada el 16 de julio ante el Tribunal Supremo del estado de Nueva York, según informó USA Today y medios locales.

Madison Square Garden Entertainment Corporation (MSG) presentó la demanda porque sostiene que ese artículo construyó un relato falso y difamatorio. La empresa también alega que la publicación usó datos robados, sacó fragmentos de contexto y proyectó una acusación de discriminación contra la comunidad LGBTQIA+.

La acción judicial también incluye como demandados a Noah Shachtman editor colaborador de Wired, Maddy Varner coautora del texto y Katie Drummond directora editorial global de la publicación. En ese escrito, la empresa califica el artículo de “poco ético e inflamatorio”.

MSG agrega que la revista y los autores siguieron promoviendo la pieza en los días posteriores a su publicación “sin preocuparse por la verdad y con la intención de causar el máximo impacto público”. Ese señalamiento forma parte del eje de la acusación por difamación presentada por la compañía.

Qué decía el artículo de Wired

Según el artículo cuestionado, las celebridades y otras personalidades que asistieron a partidos como locales en el recinto recibían puntajes de riesgo. Esa escala iba de “low risk” (bajo riesgo) a “DO NOT HOST” (no alojar).

La publicación también sostenía que la base de datos marcó a casi 100 personas como “LGBTQIA+”. El texto añadía que la base de datos “talent” (talentos) reúne cerca de 40.000 entradas, cada una con designaciones específicas de etiquetado.

MSG impugna esas afirmaciones en su demanda. La empresa niega la narrativa de discriminación que, a su juicio, proyectó la revista.

La acusación de MSG contra la obtención y uso de datos

En su demanda, Madison Square Garden Entertainment Corporation sostiene que la revista recurrió a información robada por un grupo extorsionador de piratería informática. A partir de ahí, acusa a la publicación de seleccionar fragmentos para construir un relato falso.

“Wired recorrió la dark web, obtuvo datos robados a MSG por un grupo extorsionador de piratería informática y seleccionó fragmentos de esos datos para fabricar una narrativa falsa que presenta a MSG como una empresa que señala a la comunidad LGBTQIA+ con fines discriminatorios”, dice la demanda.

Con esa formulación, la empresa sitúa la disputa en dos planos: el contenido del artículo y el origen de los datos usados para elaborarlo. La denuncia judicial busca rebatir ambos puntos ante el tribunal estatal de Nueva York.

La empresa alega que los periodistas aislaron 93 registros con etiqueta LGBTQ —de un universo de 40.000 entradas que también incluía campos como restricciones dietéticas, cumpleaños y números de teléfono— para fabricar la apariencia de una lista discriminatoria, de acuerdo con The Washington Times.

La compañía agrega que el campo de orientación sexual fue creado en agosto de 2022 con fines de inclusión: invitaciones a eventos del Orgullo y actividades de alcance caritativo.

El contexto de otras publicaciones y la filtración de datos

La revista Wired ya había publicado en abril otra información relacionada con estas prácticas. Ese trabajo afirmó que personal de seguridad vinculado a James Dolan propietario de los New York Knicks siguió los movimientos de una mujer transgénero durante la mayor parte de dos años.

Algunos medios periodísticos también mencionan una demanda colectiva contra MSG por la filtración de datos privados. Esa acción sostiene que la exposición de esa información fue un subproducto directo de las operaciones de vigilancia atribuidas a Dolan.

Ese señalamiento apareció después de que el grupo de hackers The ShinyHunters difundiera 45 GB de datos el 16 de junio. La demanda colectiva vincula esa filtración con el funcionamiento de esas operaciones internas de seguimiento.

La respuesta de la revista

En un comunicado recogido por USA Today, Wired defendió su trabajo y calificó la demanda de “infundada y ridícula”.

“Esperamos continuar nuestra cobertura de MSG y del uso de tecnología de James Dolan a lo largo de su emporio de entretenimiento”, dijo la publicación. “Es parte de nuestra misión más amplia y del trabajo periodístico de rendición de cuentas ante el poder”.

MSG, por su parte, anunció que buscará acceder mediante descubrimiento de pruebas a las comunicaciones editoriales y de fuentes de Wired, circunstancia sujeta a la aprobación del tribunal y a las reclamaciones de privilegio periodístico que pudieran presentarse.

En Argentina, se estima que la epilepsia afecta a una de cada 100 personas. Un estudio internacional advirtió que su impacto excede el control de las crisis: el miedo, la ansiedad, el estigma y otras dificultades siguen condicionando la vida cotidiana de quienes conviven con la enfermedad.

La investigación reunió a 5.296 personas y cuidadores de 15 países, con 376 participantes en Argentina, y detectó cinco problemas que se repiten a escala global: la incertidumbre permanente, la exclusión social, las barreras en salud, educación y empleo, la falta de información clara y la necesidad de abordajes integrales para los cuadros más complejos.

El trabajo, llamado Global Epilepsy Needs Study (GENS), fue publicado en Epilepsia Open y analizó dimensiones emocionales, sociales, educativas, laborales y de acceso a la salud. Sus resultados muestran que las necesidades más frecuentes no se limitan al tratamiento médico, sino que también incluyen acompañamiento para reducir el estrés, comprender la enfermedad y recibir asistencia adecuada frente a una crisis.

La neuróloga infantil Lorena Fasulo, del Servicio de Neurología Infantil de la Clínica San Lucas de Neuquén, explicó que la epilepsia afecta a más de 50 millones de personas en el mundo y que durante décadas la investigación se concentró casi exclusivamente en las crisis. “Hoy sabemos que también tiene consecuencias cognitivas, psicológicas y sociales que pueden impactar de manera profunda en la calidad de vida y que requieren ser abordadas”, señaló.

Según MedlinePlus, el sitio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, “la epilepsia es un trastorno cerebral en el cual una persona tiene convulsiones repetidas durante un tiempo. Las convulsiones son episodios de actividad eléctrica descontrolada y anormal de las neuronas que puede causar cambios en la atención o el comportamiento, como movimientos corporales".

El miedo y el aislamiento

Uno de los datos más consistentes del estudio fue la carga emocional asociada a la epilepsia. El 44% de los participantes dijo necesitar apoyo para manejar el miedo y la ansiedad vinculados con la posibilidad de sufrir una crisis.

El informe describió una sensación persistente de incertidumbre por la imprevisibilidad de los episodios. Entre los temas más repetidos aparecieron el temor a tener una crisis en espacios públicos, la preocupación por lesiones graves y la dificultad para planificar actividades cotidianas.

También quedó expuesto el peso del estigma. Según el estudio, el desconocimiento todavía alimenta prejuicios, discriminación y aislamiento social, y esa situación profundiza la carga emocional de los pacientes.

Las mujeres reportaron con mayor frecuencia necesidades ligadas al manejo de las emociones, el sentimiento de aislamiento y la reducción del estrés. Entre las demandas más mencionadas por los participantes también estuvieron el acceso a profesionales especializados, la posibilidad de recibir el tratamiento adecuado a tiempo y una mayor capacitación comunitaria para entender cómo actuar ante una crisis.

Fasulo resumió esa dimensión del problema con una mirada más amplia que la clínica: “Las crisis son la manifestación más visible de la epilepsia, pero no el único desafío. Muchos pacientes enfrentan dificultades para estudiar, trabajar, relacionarse o desarrollar proyectos de vida. Por eso es fundamental adoptar una mirada integral que contemple también la salud mental, el funcionamiento cognitivo, la inclusión social y el acompañamiento familiar”.

Tres de cada 10 pacientes no controlan las crisis con medicamentos

En el 30% de los casos, las crisis no se controlan con los fármacos habituales. Esos pacientes presentan epilepsia farmacorresistente, y allí aparece una alternativa no farmacológica con más de un siglo de evidencia: la terapia cetogénica.

Ese tratamiento consiste en un plan de alimentación con muy alto contenido de grasas, una cantidad adecuada de proteínas y muy bajo aporte de hidratos de carbono. El objetivo es que el organismo deje de usar la glucosa como fuente principal de energía y comience a producir cuerpos cetónicos a partir de las grasas, lo que genera cambios en el funcionamiento cerebral que pueden disminuir la frecuencia y la intensidad de las crisis.

Según la modalidad que indique el equipo médico, la dieta suele incluir aceites, crema, manteca, palta, frutos secos y quesos, además de carnes, pescado, huevos y cantidades controladas de frutas y verduras. A la vez, restringe el azúcar, los alimentos dulces y los productos elaborados con cereales y harinas, como pan, pastas y galletitas.

Distintos estudios también registraron beneficios en funciones cognitivas y en aspectos como la atención, la concentración, el nivel de alerta y la calidad de vida. En una encuesta a padres y madres de niños con este tipo de epilepsia, la mitad consideró que esta terapia mejoró la calidad de vida de sus hijos, ocho de cada 10 valoraron poder hacer algo para ayudarlos, el 75% destacó la posibilidad de reducir la ingesta de medicamentos, el 45% dijo que le habría gustado conocer antes esta alternativa y el 53% afirmó que ofrece un mejor perfil de seguridad que los fármacos antiepilépticos.

Sostener la adherencia también representa una dificultad, incluso en las familias que logran controlar las crisis. Para facilitar el tratamiento existen fórmulas nutricionales específicas que aportan macro y micronutrientes en la proporción adecuada, pueden reemplazar alguna comida o incorporarse a preparaciones como fideos, panes, muffins o panqueques.

Esas fórmulas tienen cobertura total por parte de obras sociales y prepagas, o por el Estado en el caso de personas sin cobertura médica, de acuerdo con la Ley de Discapacidad y la Ley de Epilepsia. En el sitio hablemosdeepilepsia.com.ar, pacientes y familias pueden consultar información sobre la enfermedad, pedir una consulta virtual gratuita con especialistas para evaluar si la terapia cetogénica es adecuada y acceder a un mapa geolocalizado con centros especializados y equipos entrenados en este tratamiento.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este 13 de julio que los hospitales privados también están obligados a garantizar el derecho a la salud en condiciones de igualdad y sin discriminación para niñas, niños y adolescentes con discapacidad, de acuerdo con un tuit del Máximo Tribunal.

El Pleno sostuvo que los casos vinculados con personas con discapacidad deben revisarse con un estándar reforzado de protección, al tomar en cuenta barreras y desigualdades. Según la SCJN, “la discapacidad no puede justificar un nivel menor de protección ni disminuir el estándar de responsabilidad y diligencia” exigible a quienes prestan servicios de salud, sean públicos o privados.

La SCJN informa que el asunto derivó del fallecimiento de un adolescente con síndrome de Down durante una emergencia médica mientras permanecía hospitalizado.

En ese contexto, el Máximo Tribunal señaló que detectó un análisis basado en estereotipos y prejuicios sobre la discapacidad por parte de autoridades jurisdiccionales, por lo que ordenó dar vista al Tribunal de Disciplina Judicial. El criterio se fijó en el Amparo Directo en Revisión 1956/2025, según la SCJN.

Datos del INEGI ubican en 3 mil 500 los hospitales privados, que ya son 65% de las unidades del país

El sistema de salud privado en México atiende a millones de personas y se consolida como el “otro sistema” que compensa fallas del sector público, aunque su expansión también exhibe que el acceso a la atención médica de calidad sigue dependiendo, en gran medida, de la capacidad de pago.

De acuerdo con el INEGI, en el país existen alrededor de 3 mil 500 hospitales privados. Esa cifra equivale a cerca del 65% del total de unidades hospitalarias, pero este segmento apenas concentra el 30% de las camas disponibles.

Esa diferencia, explicó el analista en salud Alejandro Vázquez, responde a que la mayoría de los hospitales privados son clínicas de baja escala. Los centros de alta especialidad son pocos y se concentran sobre todo en zonas urbanas con mayores ingresos.

Según el especialista, el modelo privado no depende de recursos gubernamentales ni de una estructura centralizada. Opera, dijo, como “una red amplia, fragmentada y profundamente desigual que responde a la demanda que las instituciones públicas no logran cubrir”.

Vázquez sostuvo que esa composición genera un acceso desigual porque la calidad y la capacidad de atención dependen de la ubicación y del poder adquisitivo del paciente. En ese mismo entramado conviven consultorios de alta rotación y hospitales de especialidad operados por grandes redes médicas.

Esa diversidad produce diferencias en calidad, costos y capacidad resolutiva. El resultado es que la experiencia del paciente cambia de forma considerable según el servicio al que logre acceder.

Uno de los actores que más peso ha ganado en los últimos años son los Consultorios Adyacentes a Farmacias. Vázquez estimó que actualmente existen cerca de 20 mil en todo el país y que generan aproximadamente 10 millones de consultas mensuales.

Suprema Corte aclara que el personal de las ponencias no se limita a asesores

La SCJN publicó este 13 de julio una tarjeta informativa para aclarar que el personal de las ponencias de ministras y ministros no se reduce a la figura de “asesores”, en medio de la polémica por las cifras sobre el tamaño de esos equipos y después de que circularan listados con diferencias entre las plantillas del pleno.

El propio tribunal precisó que personal técnico altamente calificado representa 65.4% de cada ponencia, mientras que el 34.6% restante corresponde a personal de apoyo técnico, administrativo y operativo. La aclaración se difundió a través de la cuenta oficial de la Corte en X.

De acuerdo con el comunicado, cada ministra y ministro cuenta con un equipo técnico de trabajo conocido como ponencia, cuya función es apoyar el desarrollo de la labor jurisdiccional. La Corte señaló que esos equipos se integran por personas servidoras públicas de distintos niveles jerárquicos y no por un solo tipo de cargo.

Según la tarjeta informativa, las ponencias están formadas por secretarios y coordinadores de ponencia; secretarias y secretarios de estudio y cuenta, así como sus adjuntos; secretarias y secretarios auxiliares; auxiliares de acuerdos, y profesionales operativos.

Entre sus tareas están analizar expedientes, elaborar proyectos de resolución, dictaminar proyectos de otras ponencias y realizar investigaciones jurídicas. Con esa explicación, el tribunal sostuvo que es inexacto llamar “asesores” a todo el personal que integra esos equipos.

Un video grabado en la ciudad de Florencia (Caquetá) expuso el momento en que un docente de la región decidió dejar de comprarle panela a un vendedor ambulante de la tercera edad, bajo el argumento de diferencias ideológicas, un hecho que desató una ola de rechazo generalizado en el entorno digital.

La situación escaló de inmediato a la agenda nacional luego de que la representante a la Cámara por el partido Alianza Verde Katherine Miranda se pronunciara con dureza a través de sus plataformas oficiales.

La congresista calificó el acto como una humillación inaceptable y una grave falta a la ética por parte de un profesional de la educación, exigiendo medidas contundentes a las autoridades universitarias de la región.

Un reclamo político en la puerta de la casa

El detonante de la controversia fue un video grabado por el propio comprador del producto alimenticio, identificado posteriormente en las redes sociales. En las imágenes se observa cómo el docente atiende en la entrada de su residencia a “Don Luis Felipe”, un vendedor ambulante de avanzada edad que recorre las calles de la capital caqueteña ofreciendo panela para poder solventar sus necesidades básicas del día a día.

El ‘profe’, que solía ser un cliente habitual del anciano, utilizó la cámara de su celular para decirle que no volvería a comprarle, basando su determinación en los resultados de los comicios presidenciales: “No me vuelva a dejar nada. Con mi familia hemos decidido, después de estas elecciones, comprarle directamente a los campesinos. Yo no voy a seguir comprándole cosas a la gente que votó para que nos destripen a nosotros”.

Durante la incómoda interacción, el educador justificó su decisión señalando que sus principios le impiden sostener vínculos comerciales con ciudadanos que, según su visión, respaldan posturas políticas opuestas a los programas sociales del gobierno saliente o a las banderas de la izquierda tradicional en el país.

“Usted sabe que yo soy profesor; a mí me ha tocado muy duro. No es cuestión de cobrarle porque piensen políticamente diferente a mí, sino sencillamente coherencia”, señaló Franklin Gamboa.

Luego le dijo al hombre: “Yo he luchado por la vida, he estado del lado de la gente humilde, he marchado para que le aumenten el bono pensional a los viejitos y me parece injusto comprarle a gente que vaya en contra de eso”.

Ante el tajante rechazo y con una evidente expresión de tristeza, el adulto mayor se limitó a responder con respeto antes de retirarse del lugar con su mercancía.

La fuerte reacción de Katherine Miranda que se sumó a la ola de indignación en redes sociales

La difusión masiva del video provocó el estallido de la representante Katherine Miranda, que no dudó en señalar públicamente al educador y en pedir la intervención inmediata de la institución de educación superior con la que estaría vinculada.

“Importante el pronunciamiento y acciones que debe tomar la Universidad de la Amazonia sobre el ‘docente’ Franklin Gamboa. ¡Es delito y NADA ético estigmatizar a una persona vulnerable por su ideología! (sic)”, reclamó con vehemencia la congresista en su cuenta en la red social de X.

En otra publicación, la legisladora compartió una fotografía del maestro junto al actual ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, al sugerir que la actitud del docente refleja dinámicas de intolerancia promovidas por ciertos sectores radicales.

Katherine Miranda aprovechó el espacio para difundir los datos de contacto de Luis Felipe Yague, el vendedor afectado, invitando a la ciudadanía a solidarizarse y comprar masivamente sus productos bajo la premisa de que los buenos son más en el país.

“Este es el ‘profesor’ Franklin Gamboa, el que humilló y discriminó al vendedor de panela que no piensa como el petrismo. ¡Ahora todo tiene sentido! Vamos todos a comprarle”, puntualizó la representante a la Cámara.

En el corazón de Wilmington, Carolina del Norte, un memorial recuerda el único golpe de Estado exitoso en la historia de Estados Unidos.

La crónica de este hecho, recuperada por CBS News, revela cómo la violencia racista destruyó una sociedad integrada y cambió para siempre la composición y la memoria de la ciudad.

Una ciudad integrada bajo amenaza

A fines del siglo XIX, Wilmington era una excepción en el sur estadounidense. El 56% de sus habitantes eran afroamericanos y compartían con los blancos no solo la vida económica, sino también el poder político.

Para muchos, la ciudad era un modelo del New South, donde la convivencia y el desarrollo parecían posibles tras la abolición de la esclavitud.

Sin embargo, esa integración resultaba intolerable para sectores de la antigua élite esclavista, en su mayoría demócratas sureños.

Tal y como reconstruyó la periodista Lauren Collins en CBS News, estos grupos organizaron una campaña pública de supremacía blanca con el objetivo de recuperar el control total y expulsar a la comunidad negra de los espacios de decisión.

Collins, autora de They Stole a City, contó que su propio descubrimiento de esta historia fue personal: creció y fue bautizada en la First Presbyterian Church de Wilmington, donde una vidriera homenajea al coronel Walker Taylor, figura local y supremacista blanco.

El reverendo Peyton Harrison Hoge, entonces pastor de la iglesia, también defendía estas ideas. “Amar un lugar no significa mentir sobre él ni defenderlo con mentiras”, afirmó Collins.

La conspiración: planificación y justificación

El golpe no fue un estallido caótico. Se trató de una operación organizada, con documentos, discursos y advertencias internas. Para entender la magnitud de la planificación, es útil desglosar los mecanismos clave:

• Manual político de supremacía blanca: Los líderes locales crearon instructivos para desmontar la integración y asegurar el dominio blanco. Estas estrategias circulaban abiertamente.
• Declaración blanca de independencia: Los organizadores redactaron y difundieron un manifiesto que justificaba su objetivo de borrar toda influencia negra.
• Advertencias desoídas: B.F. Keith, miembro de la élite blanca opuesta al golpe, escribió al gobernador y a senadores advirtiendo que la violencia era inminente. Nadie actuó.
• Convicción entre los golpistas: Hugh MacRae III, bisnieto de uno de los líderes, contó a CBS News que su antepasado estaba convencido de estar haciendo “lo correcto”.

Este entramado muestra que el golpe fue una conspiración pública y meticulosa, no una simple reacción iracunda.

El estallido de violencia: destrucción, asesinatos y desplazamiento

La mañana del 10 de noviembre de 1898, la violencia se desató. La turba blanca, armada y organizada, atacó primero a The Daily Record, el único periódico negro de Wilmington. Tras incendiar el edificio, los atacantes posaron para una foto, mostrando una actitud de triunfo. Collins aseguró que esa imagen todavía le causa escalofríos.

La brutalidad siguió en las calles. En Fourth y Harnett Streets, un disparo inició los asesinatos: tres hombres negros murieron al instante. Luego, un carro equipado con ametralladora recorrió la ciudad, disparando sobre residentes negros, la mayoría desarmados. No hay cifras exactas, pero los historiadores estiman entre decenas y cientos de víctimas.

Un caso emblemático es el de Joshua Halsey. Elaine Brown, su bisnieta, relató que Halsey fue marcado como objetivo por los golpistas tras demandar a la ciudad por un accidente sufrido por su esposa. Halsey fue asesinado de 14 disparos en la cabeza frente a su mujer, quien como muchas otras, huyó de Wilmington.

La etapa final fue la toma del ayuntamiento. Demócratas blancos armados obligaron a renunciar a todos los funcionarios —siete blancos y tres negros— bajo amenaza de muerte. Así, la ciudad quedó bajo control supremacista.

Consecuencias inmediatas y duraderas

El golpe dejó efectos directos y profundos, que CBS News expuso con claridad:

• Desplazamiento forzado de afroamericanos: Miles abandonaron Wilmington por miedo o bajo amenaza directa. La población negra pasó del 56% al 15% en pocos años.
• Destrucción de la prensa negra: El incendio de The Daily Record silenció la única voz local que podía desafiar la narrativa oficial.
• Consolidación de la segregación: El golpe instauró un régimen de exclusión que persistió durante generaciones.
• Estigmatización de opositores blancos: Familias que se opusieron al golpe sufrieron rechazo durante décadas. El apellido Keith, por ejemplo, continuó siendo motivo de hostilidad mucho tiempo después.

Estas consecuencias no solo alteraron la vida de miles de personas, sino que reconfiguraron la historia y la memoria de Wilmington.

Silencio, impunidad y recuperación de la memoria

Nadie fue juzgado ni castigado por los crímenes del golpe. La prensa blanca instaló la versión de que los hechos respondieron a un supuesto “disturbio racial” iniciado por los negros, justificando la violencia y protegiendo a los responsables. El presidente William McKinley nunca intervino, y el episodio fue eliminado de los relatos escolares.

Décadas después, algunos descendientes de los golpistas siguen considerando heroica la acción de sus antepasados. Otros, como Cedric Harrison, luchan por recuperar la memoria de lo ocurrido. “Si supieras más, actuarías mejor”, afirmó Harrison a CBS News, convencido de que la educación es el primer paso para sanar.

Para Elaine Brown, la verdad es indispensable: “La sanación no llega con mentiras. Llega con la verdad fea de las cosas. Tenemos que sacarla”, concluyó. Lauren Collins sostiene que asumir esta historia es una responsabilidad ineludible para los blancos de Wilmington.

El golpe de Wilmington sigue siendo una advertencia sobre el poder destructivo del racismo y la importancia de defender la democracia y la memoria frente a quienes buscan distorsionar los hechos.

La Embajada de Francia en Argentina declaró “persona no grata” a la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, por los mensajes que publicó en las redes sociales el último domingo luego del triunfo de la selección gala ante Paraguay, por los octavos de final del Mundial.

“Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappe”, decía la publicación que realizó en X la dirigente una vez que finalizó el encuentro entre ambas selecciones, donde hubo varios cruces protagonizados por las estrellas francesas y los dirigidos por el entrenador argentino Gustavo Alfaro.

“Es una decisión mía como representante de Francia en Argentina y defensor de los valores fundamentales compartidos por nuestros países. En la cooperación franco-argentina no hay lugar para el racismo. La declaración de la vicegobernadora calificando a la selección francesa de ‘equipo africano flojos de modales’ es claramente racista. Y el racismo no es una opinión es un delito”. le dijo a Infobae este sábado Romain Nadal, embajador francés en Argentina.

El posteo de Casado generó una ola de críticas y fue interpretado por numerosos usuarios y dirigentes como una referencia discriminatoria hacia los jugadores franceses.

Luego de la polémica, la funcionaria rechazó las acusaciones y defendió públicamente sus expresiones. En entrevistas posteriores sostuvo que sus comentarios formaban parte del “folklore futbolero” y negó que existiera una intención discriminatoria. Además, cuestionó la interpretación que hicieron sus críticos y afirmó que quienes consideran ofensiva la referencia a África son quienes, en realidad, estarían atribuyendo una valoración negativa a ese origen.

Casado, quien fue electa en 2023 como compañera de fórmula del gobernador Alfredo Cornejo, también aseguró que nadie pudo demostrarle dónde radicaría el contenido racista de su publicación.

En ese sentido, Nadal aseguró que la justificación de Casado “es peor aún” y que sabe “perfectamente distinguir entre racismo y sarcasmo”.

“Los jugadores de nuestro equipo son nacidos en Francia y nuestro pacto republicano establece la ciudadanía no por el color de la piel, ni el origen de los padres o abuelos. Estamos orgullosos de nuestra diversidad y no vamos a tolerar ni este ni ningún tipo de intento de denigrar o desconocer la nacionalidad de nuestros jugadores”, subrayó el embajador.

“¿Cómo una funcionaria de un país como Argentina, que reivindica con orgullo haber recibido la migración con los brazos abiertos, critica otra selección cuyos jugadores también son producto de la inmigración? No solo es una contradicción, sino que es racismo. ¿La inmigración solo es bien vista cuando es europea? ¿Pero si es africana se convierte en insulto?“, siguió el diplomático en diálogo con Infobae.

Nadal, quien se declara admirador de la selección argentina y de Messi, dijo que “el fútbol debe de ser un puente entre los pueblos a través de una pasión compartida, no desatar prejuicios retrógrados que empañan el espíritu deportivo”.

Infobae consultó a fuentes vinculadas con la vicegobernadora que aseguraron que aún no habían sido notificados de la decisión de Francia.

Quién es Hebe Casado

Casado es la vicegobernadora de Mendoza, cargo que ejerce junto al gobernador Alfredo Cornejo de la Unión Cívica Radical (UCR), en el marco de la alianza Cambia Mendoza. Su trayectoria política reciente estuvo marcada por un movimiento partidario que generó repercusiones en el escenario provincial: en mayo de 2025 concretó su desafiliación del PRO —partido con el que había integrado la coalición de gobierno— como primer paso hacia su incorporación a La Libertad Avanza (LLA).

La propia funcionaria anunció la desafiliación a través de un tuit en el que compartió una captura del Registro Nacional de Afiliados Políticos con la frase “paso uno”. En declaraciones a MDZ Radio, Casado indicó que el presidente Javier Milei le había dicho que “estaba bienvenida a las Fuerzas del Cielo”. Su acercamiento al espacio libertario se remonta a su vínculo con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien describió como su referente y mentora.

Sin embargo, la afiliación formal nunca se concretó. Las propias autoridades de LLA en Mendoza, encabezadas por el diputado nacional Facundo Correa Llano, no inscribieron su incorporación ante la Justicia Electoral, en medio de una disputa interna por el control de la agrupación en la provincia. Ante la situación, Casado llegó a definirse con ironía:“Debo ser la única vicegobernadora apartidaria de la Argentina”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos firmó esta semana un acuerdo de conciliación con la Junta de Educación de Jersey City para eliminar un sistema de cuotas raciales en las admisiones del Dr. Ronald E. McNair Academic High School, una magnet school —escuela pública especializada con proceso de selección competitivo— de preparación universitaria en Nueva Jersey.

El acuerdo, anunciado el 9 de julio de este año, resuelve una investigación de la División de Derechos Civiles del DOJ bajo el Título IV de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la norma federal que prohíbe la discriminación por raza, color u origen nacional en instituciones educativas.

Qué establecía el sistema de cuotas en McNair

La escuela dividía sus cupos de admisión en cuatro categorías raciales: “Negro”, “Blanco”, “Hispano” y “Otro”. Los aspirantes se clasificaban en una de esas categorías según su propia autodefinición, y la institución reservaba un número igual de plazas para cada grupo.

Una vez cubiertos esos cupos por categoría, los lugares restantes se asignaban sin considerar raza ni origen nacional. La División de Derechos Civiles del DOJ determinó que ese mecanismo violaba el Título IV de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe cualquier forma de discriminación racial en escuelas que reciban fondos federales.

Qué dice el acuerdo de conciliación

Bajo los términos del acuerdo, el distrito deberá reformar por completo su proceso de admisiones. Queda prohibido reservar plazas para estudiantes en función de su raza u origen nacional, y la escuela no podrá otorgar ningún tipo de preferencia o beneficio a un aspirante por esas razones.

Antes del inicio del ciclo escolar 2027-2028, la Junta de Educación deberá adoptar una nueva política de admisiones que cumpla con esas restricciones y capacitar al personal en procedimientos no discriminatorios. El distrito también presentará informes de avance al DOJ sobre el proceso de admisiones de McNair.

El acuerdo permanecerá vigente hasta el 15 de agosto de 2029, salvo que ambas partes acuerden otra cosa.

La postura del Departamento de Justicia

Harmeet K. Dhillon, Fiscal General Adjunta de la División de Derechos Civiles del DOJ, fue directa en su valoración del caso: “Los sistemas de cuotas que definen a los estudiantes por su raza u origen nacional son ilegales desde la década de 1970.

La ley federal exige que todos los estudiantes, independientemente de su raza u origen nacional, puedan competir por la admisión a las mejores escuelas de su distrito, y este Departamento de Justicia garantizará que tengan igualdad de oportunidades para hacerlo”.

La declaración encuadra el caso dentro de una postura institucional más amplia: la administración Trump ha convertido el desmantelamiento de las políticas de diversidad, equidad e inclusión —conocidas por sus siglas en inglés, DEI— en una de las líneas de acción prioritarias de su agenda educativa.

El contexto: la ofensiva anti-DEI de Trump

Reuters describió el acuerdo con la Junta de Jersey City como “la más reciente medida de presión” de la administración Trump contra las prácticas de diversidad, equidad e inclusión en el sistema educativo estadounidense. La Junta de Educación de Jersey City y la propia escuela no respondieron a las solicitudes de comentario del medio.

La Casa Blanca ha impulsado órdenes ejecutivas para eliminar programas DEI tanto en el gobierno federal como en el sector privado, y el DOJ ha abierto frentes similares en otros estados. El Departamento de Salud de Minnesota resolvió recientemente una revisión de cumplimiento bajo el Título VI de la Ley de Derechos Civiles, y la Universidad de Yale figura entre las instituciones bajo escrutinio federal por sus políticas de admisión.

Grupos de derechos civiles y expertos académicos han expresado preocupaciones sobre las implicaciones de estas acciones para la libertad académica y el debido proceso.

Qué es la escuela McNair y a quién afecta

El Dr. Ronald E. McNair Academic High School es una de las escuelas públicas más competitivas de Nueva Jersey. Según U.S. News & World Report, ocupa el cuarto lugar en el estado. El 81% de su matrícula corresponde a minorías, y el 34% de sus estudiantes pertenece a hogares con desventajas económicas.

Para los futuros aspirantes, el acuerdo significa que su candidatura ya no dependerá de la categoría racial en la que se autoidentifiquen.

A partir del ciclo 2027-2028, todos los postulantes competirán por las plazas disponibles bajo criterios uniformes, sin cupos reservados por grupo étnico o nacional.

El ministro de Trabajo de la República Dominicana, Eddy Olivares, recibió este miércoles una propuesta para impulsar el acceso al empleo sin discriminación por edad.

La iniciativa, presentada por representantes del Grupo Alianza por la Paz y encabezada por la economista Angie Fondeur de Morin, busca ampliar las oportunidades laborales para personas mayores de 45 años, según informó la institución.

Durante la reunión, la organización social entregó un estudio que documenta las dificultades específicas que enfrentan personas de 40 años en adelante al intentar ingresar, permanecer o regresar al mercado laboral formal, incluso cuando cuentan con experiencia y formación. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, el levantamiento estadístico presentado señala que la brecha afecta tanto a hombres como a mujeres, y no distingue sector público de privado.

Olivares valoró la presentación de la propuesta y subrayó la importancia de que las empresas mantengan sus puertas abiertas a todas las personas con disposición para trabajar.

“Una persona que tiene 40, 45, 50 o 60 años no puede ser descartada por su edad. La experiencia, la responsabilidad y la disposición de trabajar son valores que deben ser reconocidos por las empresas y por toda la sociedad”, expresó el funcionario de acuerdo con el comunicado del Ministerio de Trabajo.

Impulsan acciones contra la discriminación laboral por edad en República Dominicana

El funcionario indicó que la realidad demográfica dominicana y el aumento en la expectativa de vida requieren una revisión profunda de los prejuicios existentes en torno a la edad y el empleo.

“Las expectativas de vida han aumentado y nuestra población tiene hoy mayores posibilidades de mantenerse activa, productiva y vinculada al trabajo durante más tiempo. No podemos permitir que la edad se convierta en una causa de exclusión, cuando el país necesita aprovechar plenamente el talento y la experiencia de su gente”, sostuvo el ministro, según informó el propio Ministerio de Trabajo.

La economista Angie Fondeur de Morin, representante de Grupo Alianza por la Paz, explicó que el fenómeno de exclusión afecta a dominicanos y dominicanas mayores de 40 años en todos los sectores, lo que genera impactos económicos, sociales y emocionales en las familias. Según los datos presentados por la organización, la participación de personas entre 40 y 50 años dentro de la población desocupada pasó de 16.4 % en 2018 a 20 % en 2024, mientras que su presencia en la población ocupada se ha mantenido prácticamente sin variación en los últimos diez años.

Entre las medidas propuestas, se plantea impulsar incentivos para la contratación de personas mayores de 40 años, como la implementación de una cuota de participación en las nóminas de instituciones públicas y privadas. Esta cuota tendría mecanismos de aplicación gradual y se ajustaría a las características de cada sector, de acuerdo con lo expuesto por Fondeur de Morin.

El ministro Olivares destacó que esta propuesta está alineada con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, así como con el Convenio núm. 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre discriminación en materia de empleo y ocupación. “El trabajo digno es un derecho de todas las personas. Desde el Ministerio de Trabajo continuaremos impulsando políticas que amplíen las oportunidades de empleo, fortalezcan la formalidad y promuevan una sociedad más justa e inclusiva”, expresó el titular de la cartera laboral.

Como parte de los compromisos asumidos, Olivares anunció que el Ministerio de Trabajo priorizará la incorporación de personas mayores de 45 años en los programas de empleabilidad de RD-Trabaja, con el objetivo de facilitar su capacitación, orientación, intermediación laboral y acceso a vacantes formales. “RD-Trabaja debe ser una herramienta para que nadie quede fuera. Vamos a fortalecer la incorporación de personas mayores de 45 años, para que puedan acceder a capacitación, acompañamiento y oportunidades reales de empleo formal”, añadió el funcionario.

Según el Ministerio de Trabajo, la propuesta presentada por el Grupo Alianza por la Paz será evaluada y podría servir de base para el diseño de nuevas políticas públicas que busquen erradicar la discriminación por edad en el ámbito laboral y aprovechar la experiencia de la población adulta en la economía nacional.

La decisión de Ford de volver a contratar a 300 ingenieros veteranos después de comprobar que sus herramientas de inteligencia artificial no corregían por sí solas fallas de producción reabrió una discusión que excede a la industria automotriz: el valor económico de la experiencia acumulada. Para el economista Gustavo Rodolfo Reija, el caso mostró que la empresa “sobrestimó a la inteligencia artificial” y terminó tomando “una decisión económica”, con un resultado medible: el primer puesto en calidad inicial de JD Power en Estados Unidos por primera vez desde 2010 y una baja en el gasto por garantías y retiradas.

El cambio no quedó limitado a un ajuste interno. Siete de los diez modelos más vendidos de la marca se ubicaron entre los tres mejores de sus segmentos en el estudio IQS 2026 de JD Power, y entre ellos la Ford F-150, la Ford Mustang y la Ford Super Duty lideraron sus categorías por segundo año consecutivo.

Según informó FOX Business, la automotriz retomó la contratación de ingenieros con amplia experiencia para orientar sistemas de IA que no habían alcanzado por sí solos para elevar la calidad en producción. Reija sostuvo en diálogo con Infobae que esa secuencia dejó al descubierto un punto: la tecnología no reemplazó al saber experto, sino que expuso su ausencia.

“Durante años se instaló la idea de que la inteligencia artificial sustituiría buena parte del trabajo humano. El tropiezo de Ford sugiere un matiz: los sistemas fallaron porque los especialistas capaces de entrenarlos ya no estaban en la empresa”, afirmó. A partir de esa lectura, agregó que la experiencia del trabajador maduro “no compite con la IA sino que la complementa”.

La mejora de calidad puso precio a la experiencia acumulada

Reija señaló que la corrección de rumbo de Ford no fue “un gesto nostálgico”, sino la validación de que el conocimiento tácito conserva retorno económico. Según planteó, el desempeño de la compañía confirmó que la experiencia “volvió a comportarse como lo que siempre fue: un activo estratégico con retorno medible”.

El economista ligó esa conclusión a una idea más amplia sobre el funcionamiento de la IA dentro de las empresas. “La tecnología vale lo que vale la información con que se la alimenta, y esa información —el conocimiento tácito de quien atravesó múltiples ciclos productivos— no figura en ningún manual”, dijo.

Ese razonamiento, a su juicio, cambia la forma de mirar a los trabajadores de mayor edad en los sectores intensivos en conocimiento. Mencionó entre ellos a la manufactura avanzada, la energía, la salud, los servicios financieros y la tecnología aplicada.

La economía plateada incluye consumo, pero también producción

Reija cuestionó la definición restringida de la llamada economía silver como un mercado de bienes y servicios para mayores de cincuenta años. “Suele reducirse la economía plateada a los bienes y servicios que consumen los mayores de cincuenta. Es una definición”, afirmó.

Para sostener esa idea, citó datos de escala internacional. Según recordó, la Comisión Europea considera a ese universo como toda la actividad económica ligada a ese segmento; en la Unión Europea, las personas de más de cincuenta años ya generaban una actividad equivalente a la tercera economía del mundo, mientras que en Japón el sector superó los USD 1.000 millones.

También mencionó una proyección del Banco Interamericano de Desarrollo sobre América Latina. Según ese cálculo, cerca del 30% del crecimiento del consumo regional entre 2015 y 2030 provendrá de los mayores de sesenta. Para Reija, el punto menos atendido no es ese mercado de consumo, sino “el capital humano de esa generación”.

En la Argentina, el peso económico del grupo convive con exclusión laboral

El economista describió a la Argentina como un caso donde la demografía y el mercado de trabajo marchan en direcciones opuestas. “Diversas estimaciones ubican el peso directo e indirecto de la economía plateada en torno al 40% del PBI”, indicó, y añadió que hacia 2043 el segmento representará cerca del 35% de la población y el 37% del gasto de los hogares.

Frente a ese cuadro, dijo, el mercado laboral “hace exactamente lo contrario de lo que aconseja esa demografía”. Citó el Informe Generación Silver para señalar que las personas de entre 50 y 65 años representan apenas el 7,4% de la dotación de las organizaciones, que el 54% de los postulantes de esa franja fue rechazado por su edad y que el 68% de los responsables de recursos humanos no contrató a ninguna persona mayor de 55 años en el último año.

“El país invierte décadas en formar capital humano y luego lo amortiza a pérdida”, sostuvo. Para Reija, esa dinámica no solo desaprovecha conocimiento, sino que reduce capacidad productiva en un contexto de envejecimiento.

Extender la vida laboral puede sumar crecimiento y aliviar la presión previsional

Reija vinculó la discusión sobre talento senior con un fenómeno demográfico de largo plazo. “En sociedades que envejecen, prolongar la vida laboral no es una carga sino una oportunidad”, afirmó.

En ese punto citó una estimación de la OCDE según la cual extender trayectorias laborales productivas puede sumar hasta 0,4 puntos de PBI por año. Al mismo tiempo, recordó que la razón de dependencia de la vejez en ese ámbito trepará del 31% actual al 52% hacia 2060.

El economista sostuvo que esa evidencia desmiente la idea de que la contratación de personas mayores desplaza a los jóvenes. “La inserción laboral de los mayores no desplaza el empleo juvenil, lo complementa en equipos intergeneracionales más productivos”, dijo.

Reija propuso incentivos para contratar mayores de cincuenta

El diagnóstico, planteó, exige medir el conocimiento acumulado con el mismo rigor que la innovación tecnológica. “Ford lo tradujo en calidad y en menor gasto en garantías; en cualquier organización, la experiencia senior se expresa en menos errores de proceso, menor rotación, mejor transferencia de saber y sistemas de IA mejor entrenados”, señaló.

A partir de esa lógica, propuso medidas para la Argentina: incentivos fiscales para la contratación de mayores de cincuenta, esquemas de mentoría cofinanciados, certificación de competencias y eliminación de la edad como filtro de reclutamiento. “No son gasto: son inversión en un activo que ya existe y que hoy se malgasta”, dijo.

Stephanie Fairyington examina en Ugly cómo la belleza física organiza la vida social, económica y familiar, y plantea una pregunta central: qué significa criar a una hija considerada atractiva en una cultura que premia el aspecto y empuja a las mujeres a corregirse de manera constante.

El libro combina reflexión filosófica y experiencia íntima para discutir no solo los beneficios de ser bello, sino también las consecuencias materiales y psicológicas de quedar fuera de ese ideal.

La discusión no parte de una intuición abstracta. La publicación recuerda que las personas consideradas atractivas suelen tener más éxito económico, mientras que la discriminación basada en la apariencia produce costos medibles. A ese esquema se suma el llamado “halo de atractivo”, un sesgo psicológico por el que los demás atribuyen mejores cualidades y capacidades a quienes encajan en ciertos estándares físicos.

Ese aprendizaje muy temprano: desde la infancia, la belleza aparece asociada al cabello largo, a las muñecas y a las princesas, y también al dolor que implica sostener esa imagen. El gasto colectivo para perseguirla tampoco es menor: los estadounidenses destinan cientos de miles de millones de dólares al año a maquillaje, depilación, peluquería, manicura, entrenadores personales, tratamientos faciales, toxina botulínica y ácido hialurónico sintético para aumentar labios.

En su libro, Fairyington intenta averiguar por qué la belleza física, definida por criterios subjetivos que cambian con el tiempo y varían entre culturas y generaciones, conserva un valor tan alto. El punto de partida es deliberadamente abrupto: ella misma se describe como fea, aunque aclara que no de una forma que provoque miradas de asombro, sino como alguien “insípida” y “ofensivamente” ordinaria, “como una persona que se ha rendido o no lo intenta”.

Esa admisión altera a quienes la rodean, en especial a otras mujeres, porque deja suspendida una idea casi prohibida: aceptar la fealdad sin ironía ni autohumillación. Para Fairyington, la reacción social revela que la falta no consiste tanto en no ser bella como en no intervenir sobre el propio cuerpo cuando existen recursos para hacerlo.

La pregunta del libro, entonces, no se limita a la autopercepción de la autora. También busca responder cómo criar a una hija preadolescente de belleza convencional en un entorno que le enseñará a valorar, cuidar y perfeccionar ese capital a costa de otros deseos. La obra está dirigida a una versión futura y mayor de esa hija, y funciona a la vez como ensayo filosófico y como lamento materno.

Fairyington no propone fingir que la apariencia no existe. Reconoce que los seres humanos se entienden en relación con otros y que advertir diferencias corporales forma parte de la vida social. El problema, sostiene, es que esas diferencias rara vez quedan en el plano descriptivo y enseguida se vuelven juicios: bueno o malo, deseable o indeseable.

Tampoco plantea una simple inversión del canon, en la que lo feo deba celebrarse como si fuera bello. El diario destaca que explora formas de resistencia encarnadas por figuras como la música inglesa Poly Styrene y la drag queen Fauxnique, pero advierte que convertir la fealdad en espectáculo también exige trabajo y puede terminar reforzando la misma jerarquía estética que pretende impugnar.

El libro gana espesor cuando la reflexión se vuelve personal. Fairyington recuerda cuánto le dolía, de niña, no cumplir con las expectativas ajenas, sobre todo porque su madre era muy bella. A los 10 años, un adulto preguntó con desprecio si ella era realmente la hija de Chrysí, una escena que la autora no quiere repetir en la vida de su hija.

Ese deseo abre una tensión persistente: transformar el mundo para que sea más habitable o preparar a la niña para soportar el mundo que ya existe. Allí aparecen algunas de las escenas más difíciles del libro. Cuando la hija quiere mencionar su gusto por las compras en una breve biografía que acompañará un poema, Fairyington y su esposa intentan desalentarla al considerar esa afición frívola.

Algo parecido ocurre cuando la autora se entera de que su esposa y una amiga de la familia planean llevar a la niña a un salón de manicura. Su reacción es directa: “¿Por qué estamos fomentando su autoobjetivación tan temprano?”. La respuesta de la amiga también condensa el conflicto: “No odias a las mujeres, ¿verdad, Steph?”.

La escena tiene filo porque expone un riesgo que el propio artículo subraya: despreciar prácticas asociadas a lo femenino también reproduce jerarquías culturales. Referencias codificadas como femeninas, como Taylor Swift, las novelas románticas o los realities, suelen ser tratadas como triviales, mientras que formas de entretenimiento asociadas a los hombres, como los deportes o los dramas históricos de guerra, reciben un reconocimiento más serio.

Aun así, la autora no busca denigrar lo femenino en bloque. Creció admirando subculturas feministas como el movimiento punk Riot Grrrl y desearía que su hija pudiera imaginar otros modelos de femineidad. Su crítica apunta a una cultura que empuja a las mujeres a “morfear nuestros cuerpos y rostros” para seguir siendo deseables, algo que, precisa, significa sobre todo deseables para los hombres.

La reseña también marca una contradicción que Fairyington admite sin rodeos: se enorgullece de que la belleza de su hija sea fácilmente legible para los demás. En un pasaje del libro, confiesa que cuando camina con ella y percibe sonrisas de admiración, piensa que quizá haya sido “una mujer fracasada”, pero que su hija es hermosa y “extraordinariamente normal”.

La niña, de todos modos, no aparece definida solo por signos de feminidad convencional. Le gusta el esmalte de uñas, pero también admira los atuendos exagerados de las drag queens en Provincetown, asistir a clases de parkour, probar rituales de brujería bajo la luna llena y los chicos. Fairyington entiende que su personalidad seguirá cambiando y que, por ahora, su tarea consiste en ofrecer alternativas.

En varias conversaciones cotidianas, la autora intenta correr el eje del aspecto hacia la experiencia corporal. Después de que una compañera se burla de un conjunto que su hija había planeado usar, la niña lo envía al cajón de disfraces de Halloween. En otro momento, cuando su madre le pregunta qué le gusta de lo que su cuerpo puede hacer y no de cómo se ve, responde que le encanta nadar, hacer pulseras, bailar, cantar, trepar a los árboles y jugar videojuegos.

El libro concluye con un giro hacia el asombro, una emoción que, según investigadores, puede amortiguar la autocrítica y el desagrado que prosperan en un entorno saturado de mensajes sobre todo lo que habría que corregir. Desde esa perspectiva, aceptar el propio aspecto esquiva una industria que gana miles de millones con la promesa de controlarlo.

California vivió en 2025 un panorama dual en materia de seguridad: mientras las cifras generales de criminalidad y crímenes de odio experimentaron una caída, se observaron repuntes preocupantes en incidentes motivados por prejuicios raciales y de estatus migratorio.

Las autoridades estatales destacaron avances en la cooperación policial y la prevención, pero advierten que la intolerancia dirigida a comunidades específicas persiste y, en algunos casos, se agrava.

El informe anual presentado por la fiscalía estatal, y difundido por NBC Los Angeles, ofrece datos clave para comprender tanto los logros como los desafíos actuales en la protección de grupos vulnerables.

Reducción general de crímenes de odio y criminalidad en California

En 2025, California registró una disminución en la mayoría de los indicadores delictivos. El número total de eventos catalogados como crímenes de odio alcanzó los 1.955, lo que representa una baja del 3,4% respecto a los 2.023 reportados en 2024.

Esta tendencia a la baja se replicó en otras categorías de criminalidad: la tasa de homicidios descendió un 18%, situándose en 1.374 homicidios, el nivel más bajo registrado desde que el estado comenzó a recopilar estos datos en 1966.

También se reportaron caídas del 10% en delitos violentos, 14% en delitos contra la propiedad, 26% en robos de vehículos y 20% en asaltos.

El fiscal general Rob Bonta subrayó que este descenso general en la criminalidad coincide con un aumento del 4% en las detenciones, señalando que la mayor efectividad en las labores policiales contribuye a disuadir delitos. Bonta valoró especialmente la reducción de homicidios en condados como Alameda, San Mateo y Santa Cruz, donde se registraron descensos de hasta el 67% en comparación con el año anterior.

En términos generales, la tasa de crímenes de odio también descendió un 3% en el periodo analizado. Sin embargo, las autoridades hicieron hincapié en que estos datos deben interpretarse con cautela, ya que existe un subregistro histórico y no todas las agencias lograron remitir información completa durante el año.

En resumen, la criminalidad en California descendió a niveles históricos en 2025, marcando una reducción significativa en homicidios, delitos violentos y crímenes de odio reportados. La tendencia fue atribuida, en parte, a una mayor coordinación policial y a la aplicación efectiva de la ley en todo el estado.

Aumento de incidentes motivados por prejuicios

A pesar de la mejora en los indicadores globales, el informe estatal reveló un incremento en crímenes motivados por factores raciales y de origen étnico. Los incidentes relacionados con prejuicios de este tipo crecieron un 6,2%, pasando de 1.011 en 2024 a 1.074 en 2025. Destaca especialmente el aumento del 30% en eventos de odio contra hispanos o latinos, una cifra que supera el promedio de crecimiento de otras categorías.

Los incidentes motivados por el estatus migratorio o de ciudadanía también experimentaron un alza significativa, con un incremento del 150% en comparación con el año anterior: de 16 eventos reportados en 2024 se pasó a 40 en 2025.

Además, los crímenes de odio por motivos de género aumentaron un 23,8%, y se registró un crecimiento del 23% en delitos contra personas transgénero.

El informe señala que estos incidentes suelen manifestarse como acoso verbal, insultos o intimidación, aunque también pueden derivar en delitos más graves como vandalismo, agresiones o amenazas.

En concreto, los crímenes de odio dirigidos a hispanos y personas por su estatus migratorio mostraron un repunte notable en 2025, reflejando una realidad donde la intolerancia y la discriminación siguen afectando a comunidades vulnerables pese al descenso general delictivo.

Distribución geográfica y cifras específicas de crímenes de odio en Los Ángeles

El condado de Los Ángeles concentró la mayor cantidad de crímenes de odio registrados en California durante 2025, con 795 incidentes, la mayoría localizados en la ciudad homónima. Esta cifra representa una parte sustancial del total estatal y confirma la persistencia de focos críticos en grandes núcleos urbanos.

A nivel estatal, el reporte de la fiscalía destaca que la distribución de los crímenes de odio no es uniforme: aunque la tendencia general es a la baja, existen zonas donde los delitos motivados por prejuicios raciales y de estatus migratorio están en aumento.

Las ciudades más pobladas, como San Francisco, Oakland, San Diego y Sacramento, fueron objeto de especial atención mediante la realización de mesas de trabajo y estrategias de colaboración entre autoridades y organizaciones comunitarias.

Factores de la disminución y el aumento de ciertos crímenes de odio

El fiscal general Bonta atribuyó la reducción en la criminalidad a la mayor coordinación y modernización policial en todo el estado, lo que permitió una mejor respuesta y seguimiento de los delitos. También valoró la colaboración con autoridades locales y el fortalecimiento de recursos para la prevención y persecución de crímenes de odio.

No obstante, Bonta y otros funcionarios estatales identificaron factores externos vinculados al aumento de incidentes de odio, especialmente aquellos dirigidos contra hispanos y personas transgénero.

Según Bonta, los discursos políticos actuales y las medidas restrictivas en materia migratoria y de derechos de género, habrían incentivado el crecimiento de ataques y hostigamientos en California.

El informe también advirtió que “la persistencia de discursos de odio y la difusión de información falsa desde altos niveles de gobierno pueden tener un impacto directo en el incremento de estos delitos”.

Recursos, recomendaciones y llamados a la acción

La Fiscalía General de California publicó una serie de recursos y guías para víctimas, autoridades y la ciudadanía en general, que incluyen protocolos de respuesta rápida, orientaciones legales, y un boletín actualizado sobre leyes contra delitos de odio.

Recomendaron a las víctimas denunciar inmediatamente cualquier incidente ante las autoridades locales y utilizar servicios como la línea 211 para recibir asistencia.

Además, se convocó a organizaciones, líderes y a toda la sociedad a renovar su compromiso en la lucha contra la intolerancia y a participar en actividades informativas y de prevención, como los encuentros virtuales organizados por la Oficina de Concienciación Comunitaria.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar en Quiroga, Michoacán, donde destacó el reconocimiento de los derechos de las mujeres y la relevancia que han tenido en la historia y la actualidad del país.

Violencia de las mujeres tiene raíz en la discriminación

Ante beneficiarias del programa, Sheinbaum sostuvo que la violencia contra las mujeres tiene raíz en la discriminación y en la negación de derechos. “La violencia contra las mujeres tiene que ver con la discriminación, con que nos valoran menos, como si no tuviéramos derechos y no, las mujeres somos personas y tenemos todos los derechos”, afirmó.

La presidenta enumeró los derechos que deben garantizarse a todas las mujeres, sin distinción de oficio o profesión:

• Derecho a educarse
• Derecho a trabajar
• Derecho al acceso a la salud
• Derecho a una vida libre de violencia

Sheinbaum subrayó que reconocer a las mujeres -amas de casa, enfermeras, médicas, secretarias- es la forma de combatir la desigualdad. “Siempre hay que reconocer a las mujeres mexicanas, a lo largo de la historia y en el presente”, señaló.

Gobierno federal destina un billón en Programas para el Bienestar

La jefa del Ejecutivo federal recordó que la Cuarta Transformación puso fin a 36 años de neoliberalismo e inició la construcción de nuevos derechos a través de los Programas para el Bienestar, para los que este año se destinan un billón de pesos.

La Pensión Mujeres Bienestar, dijo, es el reconocimiento concreto al trabajo de cuidados que realizan las mujeres. Agregó que en 2024 el cambio fue más profundo: por primera vez en 200 años, una mujer llegó a la Presidencia de México.

Además del programa de pensión, el Gobierno de México construye un Centro LIBRE para las mujeres en cada municipio del país y puso a disposición la Cartilla de Derechos de las Mujeres para combatir el racismo, el clasismo y el machismo.

Más de un millón de mujeres reciben apoyo en Michoacán

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que en Michoacán 146 mil 158 mujeres de 60 a 64 años reciben la Pensión Mujeres Bienestar. Precisó que a partir de los 65 años acceden a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

El gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla resaltó que el estado construirá 127 Centros LIBRE, a pesar de que solo cuenta con 113 municipios, lo que permitirá mayor cobertura para las mujeres de los pueblos originarios.

Estos son algunas de las reformas impulsadas en el gobierno de Sheinbaum

El 3 de octubre de 2024, dos días después de asumir la presidencia, Sheinbaum presentó un paquete de Reformas Constitucionales enfocado en la protección y ampliación de los derechos de las mujeres. Estas reformas establecieron el derecho a una vida libre de violencia y la obligación del Estado de garantizarlo.

El paquete incluyó disposiciones para asegurar igualdad salarial entre hombres y mujeres, acceso al mismo trato y oportunidades, y medidas de protección para mujeres, adolescentes, niñas y niños en procedimientos civiles y familiares. También se incorporó el concepto de violencia vicaria y se creó el Registro Nacional de Medidas u Órdenes de Protección.

Con el lema “es tiempo de mujeres”, Sheinbaum formalizó la creación de la Secretaría de las Mujeres, que hasta abril de este año la dirigió Citlali Hernández. Esta dependencia instaló 678 Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación) en varios estados del país.

Además, se implementó el programa Mujeres Bienestar, que otorgó un apoyo bimestral de 3,000 pesos a mujeres de 60 a 64 años. Entre la legislación que se impulsó este año, se encuentra la ley contra el feminicidio, aprobada en el Congreso de la Unión.

La discriminación y la falta de espacios seguros se mantienen como los principales factores de riesgo para la salud mental de las juventudes LGBTTTIQ+ en México.

De acuerdo con la “Encuesta Nacional 2024 sobre la Salud Mental de las Juventudes LGBTQ+ en México”, el 52% de las y los jóvenes de la diversidad sexual ha considerado seriamente el suicidio, mientras que uno de cada tres reportó al menos un intento.

El peso de la discriminación en la salud mental juvenil

La discriminación por orientación sexual o identidad de género afecta a más de la mitad de la comunidad joven LGBT+ en el país. Este rechazo social —desde el entorno familiar, escolar o laboral— se traduce en altos niveles de ansiedad, depresión y desesperanza.

La encuesta nacional muestra que más del 50% de las personas encuestadas ha experimentado algún tipo de discriminación, y muchas veces esto ocurre desde la infancia o adolescencia.

La falta de espacios donde las juventudes puedan sentirse escuchadas y respetadas incrementa el riesgo de aislamiento y pensamientos suicidas. Entre las principales situaciones reportadas se encuentran la exclusión en contextos escolares, burlas, violencia verbal y la presión para ocultar la identidad.

Estadísticas que alertan: tentativas y pensamientos suicidas

Los datos de la encuesta nacional revelan una realidad crítica: el 52% de las juventudes LGBTTTIQ+ en México ha pensado en quitarse la vida. Además, uno de cada tres jóvenes reportó al menos un intento de suicidio. Estas cifras, por sí solas, evidencian un problema de salud pública que requiere atención urgente y políticas de prevención dirigidas a la diversidad sexual.

La Organización Mundial de la Salud y organismos internacionales señalan que los entornos de aceptación, pertenencia y acompañamiento reducen significativamente los riesgos de depresión, ansiedad y suicidio entre adolescentes y jóvenes LGBT+. Estas recomendaciones insisten en la urgencia de crear espacios comunitarios y servicios de atención psicológica accesibles, libres de estigma y discriminación.

Para Mafer Olvera, fundadora y directora general de HOPE y creadora del modelo Hospital de las Emociones en la Ciudad de México, “la diversidad nunca debería representar un factor de riesgo para la salud mental".

Factores que incrementan el riesgo

Especialistas en salud mental y derechos humanos identifican varios factores que agravan la vulnerabilidad de las juventudes LGBT+:

• La violencia familiar y escolar.
• Falta de información y recursos sobre salud mental con perspectiva de diversidad.
• Ausencia de redes de apoyo confiables.
• Violencia digital y hostigamiento en redes sociales.
• Dificultad para acceder a servicios profesionales de atención psicológica.

La suma de estos factores coloca a las juventudes de la diversidad sexual en una posición de riesgo constante, donde el miedo al rechazo y la violencia puede derivar en problemas emocionales graves.

Iniciativas de prevención: talleres gratuitos y asesoría profesional

En el marco del Mes del Orgullo, distintas organizaciones y plataformas impulsan programas de acompañamiento emocional enfocados en personas de 12 a 35 años. Estos modelos incluyen atención psicológica profesional, talleres de prevención y espacios de reflexión para fortalecer el bienestar emocional desde la perspectiva de la diversidad.

Durante julio se ofrecen talleres gratuitos en línea dirigidos a adolescentes y jóvenes, con el objetivo de brindar información, herramientas prácticas y espacios de conversación para afrontar la discriminación y fortalecer la autoestima. El primer taller, “Diversidad, inclusión y comunidad LGBTTTIQ+”, se realizará el 4 de julio a las 14:00 horas, con contenidos sobre diversidad, sexualidad y respeto.

El 11 de julio, a las 19:00 horas, está programado el taller “Desarmando la violencia digital y cotidiana”, dirigido a jóvenes de 12 a 29 años, centrado en el reconocimiento y prevención de la violencia en entornos digitales y presenciales. Finalmente, el ciclo “Sin perderme en ti”, orientado a personas mayores de 18 años, se llevará a cabo en cinco sesiones los días 6, 9, 13, 16 y 20 de julio, con estrategias para construir relaciones sanas y equilibradas.

Redes de apoyo y autocuidado: claves para prevenir

Diversos organismos internacionales destacan la importancia de construir redes de apoyo, no solo en el entorno familiar, sino también en espacios digitales, educativos y comunitarios. El autocuidado, el acceso a información confiable y la posibilidad de recibir asesoramiento sin prejuicios son medidas que pueden marcar la diferencia para las juventudes LGBT+.

Hablar de salud mental implica romper el silencio y abrir conversaciones que permitan prevenir la violencia, fortalecer la autoestima y garantizar que nadie tenga que ocultar su identidad para sentirse seguro. Cada espacio seguro y cada red de apoyo representan una oportunidad para que la diversidad se viva con dignidad, respeto y esperanza.

El acceso a servicios de salud, la discriminación y la búsqueda de alternativas han marcado la experiencia de las personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+ en México y otras regiones.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población de la diversidad sexual y de género recurre en mayor proporción a la atención privada, a diferencia de quienes no pertenecen a este colectivo, que suelen utilizar servicios públicos.

Esta tendencia fue investigada por Itzel Cadena Alvear, colaboradora de investigación de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, durante su participación en el ciclo de conferencias sobre salud e identidades sexogenéricas.

La especialista explicó que en países como Brasil se observa un fenómeno semejante. Un censo reciente reveló que la mayoría de las mujeres lesbianas utiliza servicios privados, lo que podría estar relacionado con la mayor capacitación y sensibilidad de estos espacios sobre diversidad afectiva y sexual. Sin embargo, la experiencia clínica sigue siendo compleja. Un alto porcentaje reporta temor o vergüenza de hablar sobre sexualidad en consultas médicas, lo que limita su acceso a información y diagnósticos oportunos.

Esta situación no solo afecta el bienestar físico, sino también la salud mental y emocional. El organismo señala que el 88.7% de quienes integran la comunidad LGBTIQ+ enfrenta estrés, ansiedad y miedo en entornos de atención médica, lo que lleva incluso a la autocensura al relatar sus vivencias durante las consultas.

Obstáculos en la atención médica de la comunidad LGBTIQ+

Una de las principales barreras identificadas es la invisibilidad de las experiencias específicas dentro del sistema de salud. Estudios recientes advierten que la falta de información en los registros oficiales dificulta la generación de políticas públicas inclusivas. Por ejemplo, los datos del censo nacional no distinguen entre lesbianas, bisexuales u otras identidades, lo que impide conocer a fondo sus necesidades particulares.

Además, la exposición a contextos discriminatorios y de precarización impacta de manera diferenciada dentro del colectivo. Se ha detectado que las mujeres bisexuales experimentan mayores afectaciones en la salud, principalmente debido al estrés crónico asociado a la discriminación, incluso dentro de la misma comunidad. Por otro lado, persisten mitos que obstaculizan la salud sexual, como la creencia de que las lesbianas tienen bajo riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, lo cual retrasa la realización de pruebas preventivas.

La falta de formación adecuada en diversidad entre profesionales sanitarios genera entornos clínicos poco seguros para quienes buscan atención, provocando conductas de autocensura y evitando consultas preventivas esenciales.

Estrategias para la salud inclusiva

Ante estos desafíos, se han desarrollado múltiples iniciativas de autogestión y apoyo dentro del colectivo, según relató Itzel Cadena. Redes de cuidado, organizaciones civiles y materiales educativos (como manuales, revistas y plataformas digitales) han surgido para fortalecer la salud sexual y psicoemocional, especialmente entre mujeres lesbianas y bisexuales. Estas acciones han resultado fundamentales para contrarrestar la exclusión institucional.

Como perspectiva a futuro, se plantea la necesidad de repensar la continuidad en el bienestar, integrando dimensiones afectivas y socioculturales en el abordaje clínico.

La propuesta feminista invita a superar la dicotomía entre salud y enfermedad, y a promover una escucha clínica sensible a las realidades sociales. Herramientas como el pluralismo epistémico y la diversidad en las ciencias pueden contribuir a transformar los saberes médicos y a visibilizar la pluralidad de formas de vivir la sexualidad, logrando entornos más dignos y equitativos para todas las personas.

La Cámara Federal porteña revocó el archivo de una causa contra Luis D’Elía por posteos en redes sociales y declaraciones periodísticas que podrían ser discriminatorias y ordenó que la investigación continúe. La decisión se tomó luego que la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) apeló una decisión que cerró el caso por falta de impulso de la fiscalía, que tenía delegada la investigación.

En su fallo, los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah señalaron que aún no puede descartarse que los mensajes publicados por el dirigente en redes sociales y medios de comunicación constituyan un discurso de odio. “Al día de hoy no puede concluirse sin más que las frases de D’Elía constituyan un mero ejercicio de fundamentales libertades constitucionales y convencionales”, advirtió la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Discurso de odio

La DAIA fue admitida como querellante en el expediente, lo que le otorga la facultad de impulsar la acción penal y aportar elementos para sostener la investigación, evaluaron los jueces. Al apelar se argumentó que los dichos de D’Elía podrían configurar una infracción al artículo 3 de la ley 23.592, que sanciona actos discriminatorios. El tribunal destacó que la postura de la fiscalía, que había solicitado el archivo, no impide que siga el proceso mientras la parte querellante mantenga activa la causa.

La denuncia inicial había sido presentada por el fiscal federal Carlos Stornelli, quien pidió investigar “diversas manifestaciones que Luis D’Elía había realizado a través de sus cuentas personales en las redes sociales TikTok (@luisangeldelia) y X (@Luis_Delia) y en una entrevista en Radio Belgrano AM 570” el 28 de febrero y el 19 y 21 de marzo pasados.

La Cámara concluyó que “no puede descartarse de plano que algunas de esas frases, volcadas en medios públicos y explícitamente referidas al Estado judío, a las personas que profesan dicha fe y al trágico atentado que sufrió nuestro país con la explosión de la AMIA el 18 de julio de 1994 se enmarquen en un discurso de odio, alimento de estereotipos y estigmas, como el tipificado por el artículo 3 de la ley 23592”.

Los mensajes

Entre los mensajes y declaraciones bajo análisis, figuran frases que aludían a que “guerra regional va a durar mucho tiempo contra el sionismo criminal que destruyó Palestina, que hoy quema los bosques en la Patagonia, que hoy hipoteca la Argentina y que hoy saquean los minerales y las cosas extraordinarias que tienen nuestro país, la guerra contra el sionismo la hace toda la humanidad”.

En otra publicación, D’Elía afirmó: “En este país, Milei es Estados Unidos, Israel y el sionismo, ¿Irán quién es? quien es Irán en la Argentina? yo soy Irán. Está? hoy posiblemente y lo digo con toda fuerza, con toda convicción, probablemente como hace 30 años hagan otro atentado en la Argentina para victimizarse, van a hacer un atentado en la Argentina porque la única que les queda es la victimización, y van a ser estos tipos nuevamente".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió llevar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) un caso contra el Estado peruano relacionado con el reconocimiento de la identidad de género de una mujer trans. La demanda internacional sostiene que las autoridades vulneraron diversos derechos fundamentales al impedir que sus documentos oficiales reflejaran plenamente la identidad con la que se reconoce.

El caso, que se originó hace casi dos décadas, gira en torno a Karen Mañuca Quiroz Cabanillas, quien obtuvo una modificación judicial de su nombre, pero enfrentó posteriores decisiones administrativas y judiciales que mantuvieron el registro de sexo masculino en su documento de identidad. Para la CIDH, estas actuaciones desconocieron su derecho a la autoidentificación y constituyeron una forma de discriminación, por lo que ahora solicita que la Corte IDH ordene medidas de reparación al Estado peruano.

CIDH cuestiona actuación del Estado peruano por el reconocimiento de identidad de género

Según la información difundida por la CIDH, la petición original fue presentada en julio de 2007. En ella se detalla que Karen Mañuca fue inscrita al nacer con un nombre y sexo masculino, pero en 1989 obtuvo una decisión judicial que ordenó modificar su nombre en su partida de nacimiento a Karen Mañuca.

Posteriormente, fue inscrita en el Registro Electoral con esa identidad. Sin embargo, años después, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anuló esa inscripción al considerar que existía un doble registro, dejando vigente únicamente el documento asociado al nombre asignado al nacer y con sexo masculino.

La CIDH señaló que esta decisión tuvo consecuencias directas sobre sus derechos, ya que afectó incluso su participación en un proceso electoral. Además, cuando solicitó un duplicado del documento de identidad que había extraviado —en el que figuraban su nombre actual y sexo femenino—, el pedido fue rechazado.

En 2005, Karen Mañuca presentó una demanda de hábeas corpus que fue declarada improcedente en primera y segunda instancia. Un año después, el Tribunal Constitucional ordenó emitir un documento con el nombre de Karen Mañuca Quiroz Cabanillas, pero manteniendo el marcador de sexo masculino.

Para la Comisión, si bien los Estados pueden implementar mecanismos destinados a evitar duplicidades en los registros de identidad, estos procedimientos deben considerar los procesos impulsados por las personas para lograr que su identidad de género sea reconocida de manera efectiva en la documentación oficial.

El organismo indicó que la depuración realizada por el Reniec dio prevalencia automática al primer registro sin tomar en cuenta que ya existía una modificación judicial de su nombre y que la inscripción posterior respondía al reconocimiento de su identidad como mujer.

Asimismo, sostuvo que la decisión del Tribunal Constitucional tampoco garantizó una protección integral del derecho a la identidad de género, debido a que mantuvo el registro de sexo masculino pese al reconocimiento del nombre de Karen Mañuca.

Como resultado del análisis, la Comisión concluyó que el Estado peruano es responsable por la vulneración de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, libertad personal, garantías judiciales, vida privada, libertad de expresión y protección judicial, previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También consideró que se incumplieron disposiciones de la Convención de Belém do Pará.

Entre las medidas solicitadas a la Corte IDH figuran el inicio de un procedimiento ágil para que el documento nacional de identidad de Karen Mañuca refleje integralmente su identidad de género con el registro sexo-genérico femenino, una reparación por los daños materiales e inmateriales ocasionados y la capacitación de funcionarios judiciales y del Reniec sobre el derecho al nombre, la identidad, la igualdad y la no discriminación de las personas trans conforme a los estándares interamericanos.

Defensoría del Pueblo advierte que personas trans siguen enfrentando barreras en Perú

Durante los últimos años, la Defensoría del Pueblo ha documentado casos de violencia y exclusión derivados de estigmas, prejuicios y estereotipos relacionados con la identidad de género y la orientación sexual. En su Informe Defensorial N.º 175 sostuvo que la ausencia de políticas públicas con enfoques diferenciados y la impunidad frente a hechos de violencia contribuyen a la invisibilización de los derechos de esta población.

Si bien existen iniciativas como la Mesa de Trabajo para promover los derechos de las personas LGBTI del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Grupo de Trabajo para la Documentación de las Personas Trans del Reniec, la institución considera que estos espacios aún no han producido cambios estructurales que se traduzcan en normas o políticas públicas específicas.

Además, ha advertido que el procedimiento para el cambio de nombre continúa desarrollándose mediante procesos judiciales que no siempre resultan accesibles para la población trans.

La Defensoría también ha expuesto las dificultades sociales y económicas que enfrenta este grupo. Según los datos difundidos por la entidad, el 95,8 % de las mujeres trans ha sido víctima de violencia, el 62,2 % se dedica al trabajo sexual debido a la falta de oportunidades laborales y apenas el 5,1 % ha culminado la educación secundaria.

En materia de salud, la institución ha señalado que muchas personas trans con VIH tuvieron dificultades para acceder a sus tratamientos durante la pandemia del COVID-19, situación que incrementó sus condiciones de vulnerabilidad y puso nuevamente en debate la necesidad de fortalecer políticas públicas orientadas a garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.

En México, perder el trabajo a los 50 años no es solo un golpe económico: es, en muchos casos, el inicio de un ciclo de discriminación que la ley ya nombra y prohíbe.

Ley Federal del Trabajo (LFT) obliga a los patrones a garantizar entornos laborales libres de exclusión por edad. El fenómeno tiene nombre: edadismo.

Una de cada 4 personas reporta haberse sentido discriminada en el trabajo por su edad, en proporciones similares entre hombres y mujeres.

Así lo muestra el estudio Edadismo y andropausia en el entorno laboral, presentado por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) en febrero de 2026 y aplicado a 900 personas de entre 24 y 60 años.

Tres de cada 10 encuestados afirman que la experiencia de las personas mayores no se toma en cuenta en sus centros de trabajo.

El 55% de las mujeres y el 46% de los hombres reportan que el edadismo afecta directamente su motivación, compromiso y productividad, de acuerdo con el mismo informe del COPRED.

La discriminación golpea también el bienestar: el 58% de las mujeres y el 50% de los hombres dicen que el edadismo afecta seriamente su salud emocional y física.

Tener más de 50 años no es motivo de despido: esto dice la ley

La LFT define en su artículo 2 qué es un trabajo digno: aquel en el que no existe discriminación por origen étnico o nacional, género o edad.

Tampoco debe ejercerse discriminación por discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil.

La ley no lo plantea como una aspiración ni como una recomendación: es una obligación legal de cumplimiento obligatorio para todo patrón en el país.

Tres artículos que protegen tu empleo

El artículo 3 prohíbe que se realicen comentarios o actos que impliquen discriminación entre trabajadores por cualquiera de esas causas, incluida la edad.

La reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en enero de 2026 reforzó este artículo con una obligación concreta: el patrón debe mantener un entorno libre de discriminación en todo momento y bajo cualquier circunstancia.

El artículo 56, también reformado en enero de 2026, prohíbe diferencias o exclusiones basadas en la edad en las condiciones de trabajo.

Esto abarca salario, jornada y acceso a capacitación. Las posibilidades de ascenso también quedan protegidas.

La LFT agrega además la obligación del empleador de capacitar a su personal para prevenir estas prácticas dentro del centro de trabajo.

Dos vías para denunciar: cuál usar según tu caso

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), administrada por el CONAPRED, protege incluso antes de que exista una relación laboral: si la persona fue rechazada en un proceso de contratación por la edad, se puede presentar una queja.

El CONAPRED puede ordenar compensación económica, disculpa pública o restitución del derecho.

El contacto es quejas@conapred.gob.mx o el número telefónico 800 543-0033.

Cuando existe una relación laboral previa y hay un despido de por medio, la vía es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), que ofrece asesoría y representación legal gratuitas.

El primer paso es la conciliación ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; sin ese trámite no es posible llegar a los tribunales laborales.

El plazo para actuar es de 60 días naturales desde el despido. Pasado ese tiempo, el derecho caduca.

Para iniciar el proceso se necesitan los siguientes documentos:

• Identificación oficial.
• CURP.
• Recibos de nómina o estados de cuenta bancarios que acrediten el salario obtenido.
• Constancia de semanas cotizadas del IMSS.
• Nombre legal y domicilio exacto del empleador.

La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia abrió una investigación contra Poetica Coffee, una pequeña cadena de cafeterías en Brooklyn, después de que el local publicara en redes sociales que habría negado el servicio al representante demócrata Dan Goldman de haberlo reconocido. El episodio ocurrió el 21 de junio, cuando Goldman entró al local de Lorimer Street en Williamsburg con su hija de 7 años.

La fiscal general adjunta Harmeet Dhillon anunció la medida en menos de 24 horas: “La ley federal prohíbe que los establecimientos públicos, como las cafeterías, discriminen a sus clientes por motivos de raza, religión u origen nacional”. Dhillon precisó que se tomará una acción ejecutiva si la investigación lo justifica.

Lo que dijo el local y lo que hizo Goldman

Goldman explicó que entró al local para que su hija pudiera usar el baño y que compró un café para agradecer al personal. “La barista no pudo haber sido más amable con mi hija y conmigo”, dijo el congresista en un comunicado citado por el New York Post. “Me aseguré de comprar un café a cambio de su amabilidad. Espero al menos que se aseguren de que ella reciba la propina que mereció”.

El dueño del local, Parviz Mukhamadkulov, publicó una foto de Goldman en la caja registradora con un mensaje en Facebook e Instagram: “Aquí en Poetica no atendemos a racistas, fascistas, homofóbicos, colaboradores del genocidio ni a nadie por el estilo. Lástima que no te reconocimos de inmediato, porque te habríamos echado”. El texto también aludió al lobby proisraelí: “Tu dinero probablemente viene de AIPAC de todas formas”.

La cafetería devolvió los USD 9,82 del café y cerró con “No vuelvas nunca a Poetica”. La publicación desapareció el 22 de junio, la cuenta de Instagram fue desactivada y el personal del local se limitó a decir el lunes: “Sin comentarios. Estamos en contra del genocidio”.

Una misión que el local contradijo en público

El incidente chocó con los valores que Poetica proclama en su propio sitio web, bajo la firma de Mukhamadkulov: “El huésped es sagrado porque el acto de dar la bienvenida es como una comunidad se mantiene unida”. El mismo texto asegura que “quien cruce nuestra puerta recibe un trato de dignidad incondicional. No como cliente. No como una transacción. Como alguien que llegó y merece ser bienvenido”.

Varios clientes señalaron esa contradicción al New York Post. Spencer W., un cliente de 25 años del local de Williamsburg, dijo que no aprecia “la idea de atacar a tus clientes en redes sociales”, aunque prefirió no opinar sobre el trasfondo político. Ben Samson, otro cliente judío del mismo local, afirmó que el episodio no le impediría volver: “No me gusta cuando la gente me impone su visión sobre cómo tratar a los demás. Espero que puedan darme la misma gracia, y si no pueden, ese es su problema”.

Las voces que ven antisemitismo en el mensaje

Mark Goldfeder, director del Centro Nacional de Defensa Judía, afirmó al New York Post que la mención de AIPAC en el mensaje “delató la intención real” del local. “Pusieron en alerta a una enorme cantidad de judíos de que no son bienvenidos. No se trata solo de Dan Goldman. Pone a muchos judíos en una situación incómoda”, sostuvo.

El abogado de derechos civiles Rory Lancman, ex concejal de Queens, fue más directo: “No hay nada poético en el uso frívolo que hace Poetica de ‘AIPAC’ como insulto contra un funcionario público judío, que al igual que ‘sionista’ no es más que una señal codificada para decir ‘judío’”.

Mark Treyger, director ejecutivo del Consejo de Relaciones de la Comunidad Judía de Nueva York, sostuvo que la prohibición efectiva “viola absolutamente las leyes de derechos humanos de Nueva York que prohíben la discriminación”. “Convertir una taza de café en una prueba de identidad judía es una afrenta a la ley, a nuestros valores y a cada neoyorquino que rechaza la discriminación”, añadió.

Por qué la investigación federal tiene límites

El alcance legal de la investigación no está del todo definido. Tanto la ley federal como la legislación del estado de Nueva York prohíben la discriminación en establecimientos públicos por raza, religión, género y origen nacional, pero ninguna incluye las creencias políticas como categoría protegida.

La fiscal general del estado, Letitia James, la oficina del alcalde Zohran Mamdani y el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de la ciudad no respondieron a las consultas sobre posibles violaciones a las leyes de derechos humanos locales, según el New York Post.

Goldman se define como un “sionista convencido y firme defensor” de Israel y recibió USD 195.000 en aportes del Comité de Asuntos Públicos Americano-Israelí (AIPAC) y organizaciones afines durante el ciclo electoral actual, según registros electorales.

Una primaria como telón de fondo

El incidente ocurrió a 48 horas de las elecciones primarias del 23 de junio. Goldman disputa su escaño contra Brad Lander, ex contralor de la ciudad y candidato respaldado por Mamdani. Ambos son judíos y se identifican como “sionistas progresistas”, aunque Goldman rechazó en un debate reciente acompañar a Lander en calificar las acciones militares israelíes como “genocidio”.

El propio Lander tomó distancia del episodio. “Hay muchas formas de presionar a los funcionarios electos sin convertir las cafeterías en lugares donde la gente no se sienta bienvenida. Me alegra que Poetica haya retirado su publicación, y creo que la respuesta del representante Goldman fue extremadamente generosa”, dijo al New York Post.

La guerra en Gaza, que lleva más de dos años, generó una fractura profunda en el Partido Demócrata. Múltiples expertos en derechos humanos, académicos y una comisión de la ONU calificaron el conflicto como genocidio.

Israel describe sus operaciones como legítima defensa tras el ataque liderado por Hamás en octubre de 2023, que dejó 1.200 muertos y más de 250 personas tomadas como rehenes.

En una feria de empleo realizada en el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), en Tegucigalpa, cientos de personas acudieron desde temprano para entregar currículums, participar en entrevistas rápidas y postularse a plazas disponibles.

La jornada volvió a exponer el desempleo como una de las principales preocupaciones de la población económicamente activa en Honduras.

Largas filas de aspirantes rodearon el recinto desde el inicio de la jornada. La concurrencia mostró la búsqueda de trabajo y la necesidad de ingresos que enfrentan numerosas familias en el país.

Entre los asistentes había jóvenes recién egresados, estudiantes universitarios, profesionales con experiencia laboral, madres solteras y personas mayores de 30 años que dijeron enfrentar más obstáculos para reincorporarse al mercado laboral. Todos buscaban una fuente de ingresos estable para cubrir sus necesidades básicas.

Los testimonios de los asistentes

Las historias personales dieron cuenta de la situación. Una joven relató que busca empleo para continuar sus estudios y apoyar económicamente a sus padres. “Mi meta es poder trabajar y seguir estudiando al mismo tiempo, porque en casa también necesitan ayuda”, comentó mientras esperaba ser atendida.

Una madre soltera explicó que está desempleada y que la falta de ingresos complicó el sustento de sus hijos. Su testimonio se sumó al de otras mujeres que asistieron a la feria con la esperanza de obtener una plaza para mejorar su situación económica y garantizar la estabilidad de sus familias.

Los jóvenes también expresaron su frustración por la falta de respuestas tras múltiples intentos de inserción laboral. Uno de los participantes señaló que asistió a varias entrevistas sin obtener resultados. “Uno deja papeles, hace entrevistas, pero nunca llaman. Aunque sea un salario mínimo, uno necesita pagar alquiler, comida y servicios básicos”, lamentó.

Obstáculos para conseguir trabajo

A la situación se suma la preocupación de personas mayores de 30 años, que denunciaron discriminación por edad al aplicar a puestos de trabajo, pese a contar con experiencia y formación profesional. Según indicaron, ese factor reduce sus posibilidades de ser contratadas y agrava las dificultades para acceder a un empleo formal.

Durante la feria también participaron mujeres que decidieron postularse a puestos de seguridad privada, un sector dominado históricamente por hombres. Varias explicaron que la falta de oportunidades en otras áreas las llevó a ampliar sus opciones laborales, incluso hacia trabajos que tradicionalmente no eran considerados por mujeres.

Estudiantes universitarios y profesionales graduados coincidieron en que la situación laboral también es compleja para quienes cuentan con estudios superiores, ya que la falta de vacantes y la alta competencia dificultan el acceso a un empleo estable. Muchos aseguraron haber enviado decenas de solicitudes sin recibir respuesta.

La jornada de reclutamiento mostró un panorama que fue más allá de la feria: la oferta de trabajo no logra cubrir la demanda existente y miles de hondureños continúan en la búsqueda de una oportunidad para mejorar su calidad de vida.

Los asistentes coincidieron en que este tipo de eventos representa una esperanza, aunque resulta insuficiente frente a la magnitud del desempleo, que afecta a distintos sectores de la población sin distinción de edad, género o nivel académico.

La exvedette reveló que el Poder Judicial emitió una resolución favorable que le permitirá volver a utilizar las áreas comunes del inmueble, espacios a los que, según afirma, no podía acceder desde hace aproximadamente un año.

La noticia representa un alivio para la artista, quien durante los últimos meses denunció en reiteradas oportunidades sentirse víctima de actos de exclusión dentro del condominio donde reside. Para ella, la decisión judicial no solo significa recuperar derechos que considera fundamentales, sino también la validación de una lucha que emprendió cuando sintió que las medidas tomadas en su contra carecían de sustento legal.

Con evidente satisfacción, Deysi contó que la resolución le permite retomar el uso de espacios compartidos que forman parte de las instalaciones del edificio. Según explicó, la restricción impuesta por la administración la afectó profundamente porque sentía que estaba siendo tratada de manera distinta al resto de vecinos.

La exbailarina recordó que cuando decidió iniciar acciones legales lo hizo convencida de que estaba defendiendo derechos básicos que le correspondían como residente del inmueble. Por ello, considera que el reciente fallo representa un paso importante dentro de una disputa que aún no termina.

Deysi Araujo anuncia victoria judicial tras conflicto vecinal

Durante sus declaraciones, Deysi no ocultó la satisfacción que siente por el resultado obtenido. La figura mediática aseguró que fue una batalla larga y desgastante que le demandó tiempo, energía y una fuerte carga emocional.

La exvedette afirmó que durante varios meses tuvo que convivir con situaciones que consideró injustas y que afectaron su tranquilidad diaria. Sin embargo, decidió mantenerse firme y llevar el caso ante las instancias correspondientes. Ahora, con una resolución favorable de por medio, considera que su decisión de acudir a los tribunales fue acertada.

Incluso dejó entrever que planea celebrar esta victoria junto a algunas de sus amigas más cercanas. “Por supuesto. Con Susy, Paloma, la ‘Negra Petróleo’ y Marijane vamos a organizar un almuerzo o una gran cena, pero siempre respetando la tranquilidad y las normas de convivencia de todos mis vecinos de San Isidro”, comentó a trome.

La exvedette volverá a utilizar las áreas comunes del edificio

Uno de los principales motivos de la disputa estaba relacionado con el acceso a las áreas comunes del inmueble. Deysi sostiene que durante aproximadamente un año se le impidió utilizar determinados espacios compartidos pese a que cumplía con sus obligaciones como propietaria y residente.

Por esa razón decidió iniciar acciones legales contra quienes consideraba responsables de las restricciones. Según explicó, la reciente resolución le devuelve la posibilidad de utilizar nuevamente estos ambientes, algo que considera una reivindicación de sus derechos.

La artista sostiene que nunca entendió por qué se adoptaron medidas que, desde su punto de vista, no tenían respaldo legal. Por ello, la decisión judicial ha sido interpretada por ella como una demostración de que sus reclamos tenían fundamento.

La demanda por presunta discriminación sigue en curso

Aunque celebra esta victoria parcial, Deysi dejó claro que la disputa legal aún no ha terminado. Consultada sobre la posibilidad de retirar las denuncias que mantiene contra la administración del edificio, fue enfática al señalar que no tiene ninguna intención de hacerlo.

“Por supuesto que no. Lo de la discriminación que sufrí por parte de la administración del condominio no se va a quedar en el olvido”, manifestó. La exvedette considera que todavía existen aspectos que deben ser esclarecidos por las autoridades judiciales.

“Ahora solo falta el fallo definitivo de la demanda constitucional que les hice por discriminación y hostilidad clasista, porque ese proceso sigue su curso correspondiente ante los tribunales”, agregó al medio citado.

El respaldo de la Policía de San Isidro a Deysi Araujo

Otro aspecto que destacó durante sus declaraciones fue el apoyo que asegura haber recibido por parte de las autoridades. Deysi señaló sentirse respaldada y valoró especialmente el interés mostrado por efectivos de la Policía de San Isidro.

“Por supuesto, y lo bueno es que la policía de San Isidro me está apoyando. Hoy mismo me llamaron para preguntarme si ya está todo conforme en el edificio y si se respetan mis derechos legales; yo se los agradecí muchísimo por el noble gesto y la preocupación constante hacia mi seguridad”, afirmó. La exvedette explicó que este acompañamiento le ha permitido sentirse más tranquila en medio del conflicto.Asimismo, dejó claro que no considera cerrado el tema. “Las cosas no se van a quedar así”, puntualizó.

Las lágrimas de Deysi por los problemas que enfrentó con sus vecinos

La reciente victoria judicial contrasta con los difíciles momentos que atravesó hace apenas algunos meses. En abril de este año, Deysi Araujo reapareció visiblemente afectada para denunciar nuevos problemas relacionados con la convivencia en el edificio donde reside.

En aquella oportunidad, la exvedette no pudo contener las lágrimas mientras explicaba una situación que consideraba injusta. Según contó, la administración decidió incrementar el monto de mantenimiento que debía pagar mensualmente y, de acuerdo con su versión, la medida únicamente la afectaba a ella.

Cuando solicitó explicaciones, recibió una respuesta que la sorprendió. Le informaron que el incremento estaba relacionado con un supuesto consumo excesivo de agua.

Sin embargo, Deysi rechazó categóricamente esa afirmación. “Yo no lavo ropa ni cama en mi departamento; tengo todas las boletas que llevo a lavar mi ropa a la lavandería porque en mi departamento no tengo donde colgar ropa y no tengo secadora tampoco”, explicó entre lágrimas.

La artista sostuvo que no encontraba una justificación razonable para el aumento del mantenimiento, especialmente porque continuaba enfrentando restricciones para utilizar las áreas comunes.

“Ya no puedo más, esta gente se está sobrepasando conmigo (...) O sea, a como dé lugar, quieren sacarme dinero. No entiendo. Me cansa”, manifestó en aquel momento.

La noticia fue recibida con satisfacción por la artista, quien durante este tiempo aseguró sentirse marginada dentro del edificio donde vive. Para ella, el reciente pronunciamiento representa no solo la recuperación de derechos que considera fundamentales como propietaria, sino también una validación a la lucha que emprendió cuando sintió que las medidas tomadas en su contra no tenían sustento legal.

Tras conocerse el fallo, una de las primeras figuras en pronunciarse fue Magaly Medina, quien dedicó varios minutos de su programa para comentar la situación y expresar su respaldo a la exvedette. La conductora cuestionó duramente las restricciones que habría enfrentado Deysi y calificó el caso como un acto de discriminación.

Deysi Araujo obtiene fallo favorable tras disputa con vecinos

Durante los últimos meses, Deysi Araujo denunció públicamente que no podía acceder a diversos espacios compartidos dentro del condominio donde reside. Según su versión, las restricciones impuestas por la administración y algunos residentes le impedían utilizar instalaciones como la piscina, el gimnasio y otras áreas destinadas al uso común de los propietarios.

La exbailarina sostuvo en reiteradas oportunidades que estaba siendo tratada de manera distinta al resto de vecinos, motivo por el cual decidió recurrir a la vía legal para defender lo que consideraba un derecho legítimo.

Finalmente, la resolución emitida a su favor le permitirá volver a hacer uso de estas instalaciones mientras continúa el proceso relacionado con el conflicto vecinal que la enfrenta a algunos residentes del edificio.

Magaly Medina celebra la decisión judicial

Al comentar el tema en su programa, Magaly Medina inició observando las imágenes de las instalaciones del condominio y destacó algunas de las comodidades que ofrece el complejo residencial.

“Mejor vamos al gimnasio de la Deysi Araujo. Ese gimnasio parece más interesante y mejor equipado. Mira la piscina, pero me parece un poquito chica para tantos, tantos departamentos que hay en este condominio tan grande”, comentó.

Sin embargo, rápidamente dejó de lado las bromas para enfocarse en el conflicto que ha mantenido la exvedette durante los últimos meses.

Para la conductora, resulta difícil comprender cómo una propietaria puede ser impedida de utilizar espacios por los que también paga y que forman parte de los beneficios del inmueble donde reside.

“Eso es discriminación”: la contundente defensa de Magaly

Uno de los momentos más contundentes de su intervención llegó cuando cuestionó directamente las restricciones que habría sufrido Deysi dentro del edificio.

“Cómo es posible que no la dejaran usar la piscina, el gimnasio, el área de juegos, el área de reuniones a la Deysi. Eso es discriminación”, afirmó.

La periodista consideró que ninguna persona debería ser excluida de espacios comunes debido a diferencias sociales, económicas o por pertenecer al mundo del espectáculo.

Las razones que habrían generado el conflicto

Durante su comentario, Magaly también hizo referencia a algunos de los motivos que, según versiones difundidas anteriormente, habrían provocado incomodidad entre determinados vecinos del edificio.

Entre ellos mencionó las mascotas que posee la exvedette y las constantes visitas de personajes conocidos de la farándula nacional.

“Que a ellos no les gusta que ella tenga unas mascotas por cuyes y que tenga a todos los personajes de Chollywood siempre como invitados en su casa, que ellos sean raros, extraños, diferentes”, expresó.

Para la conductora, estas diferencias no justifican un trato desigual ni pueden convertirse en argumentos para limitar los derechos de un residente. Por el contrario, consideró que la convivencia implica aceptar que cada persona tiene un estilo de vida distinto.

“Su plata tiene el mismo color”: el mensaje de Magaly sobre inclusión

Magaly también aprovechó la oportunidad para defender el derecho de cualquier ciudadano a vivir donde considere conveniente, siempre que lo haga dentro del marco legal y cumpla con sus obligaciones como propietario.

“Bueno, ella también, su plata tiene el mismo color de la plata de los demás vecinos con los que se compraron su departamento. Así que hay que asumir no más que este es un país que necesita la inclusión”, sostuvo.

La frase se convirtió rápidamente en uno de los comentarios más comentados de la noche, ya que resumía la postura de la conductora frente a la polémica. Para Magaly, el acceso a una vivienda no puede estar condicionado por prejuicios relacionados con la profesión, la fama o el origen de una persona.

La conductora envía un mensaje a los vecinos

La periodista fue incluso más allá al dirigirse a quienes no estarían cómodos compartiendo espacios con la exvedette.

En ese sentido, recordó que cualquier persona tiene derecho a adquirir una propiedad donde desee si cuenta con los recursos para hacerlo.

“Este es un país que si tú tienes plata, pues te compras donde quieres. Si tú no, si tú no quieres vivir junto a Deysi Araujo, vende tu departamento, alquílalo y múdate. Sencillo. Pero estamos en democracia y así es. Quien tiene su plata se compra donde le da la gana”, manifestó.

Magaly también le hace una advertencia a Deysi Araujo

No obstante, Magaly dejó claro que respaldar a Deysi no significa ignorar las responsabilidades que implica vivir en un condominio.

Por ello, consideró importante recordar que todos los residentes deben respetar las normas de convivencia y entender que existen límites cuando se comparte un mismo espacio con decenas de familias.

“Ahora, lógicamente que cuando uno vive en un condominio tiene que ser un poco más respetuoso de hasta dónde puede llegar con sus libertades”, señaló.

La conductora explicó que la exvedette estaba acostumbrada a una dinámica distinta antes de mudarse a San Isidro, por lo que también debe adaptarse a las reglas del nuevo entorno.

“Pero Deysi Araujo está acostumbrada a vivir en su casa, en su barrio de San Juan de lurigancho, donde todas las semanas, pues ella tenía una fiesta, invitaba a sus amigos, nadie le decía nada porque su vecino hacía la misma fiesta parecida a la de ella”, comentó entre risas.

“Ya no estás viviendo allá”: el consejo final de Magaly

Finalmente, la conductora reconoció que la vida en un edificio suele ser muy distinta a la de una vivienda independiente y que algunos residentes pueden ser más estrictos respecto a temas relacionados con el ruido, las reuniones sociales o las visitas frecuentes.

Por ello, aunque defendió el derecho de Deysi Araujo a utilizar las áreas comunes y celebró el fallo favorable obtenido por la exvedette, también consideró necesario que se adapte a las reglas propias del lugar donde ahora vive.

“Hay que acostumbrarse también, pues Deysi, ya no estás viviendo allá. Y los vecinos acá parecen más quisquillosos”, concluyó.

El Senado mexicano aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para prohibir el uso del buró laboral —bases de datos que registran conflictos laborales de los trabajadores— como herramienta para condicionar contrataciones o despidos.

La iniciativa está pendiente de votación en la Cámara de Diputados y no podrá debatirse antes del 1 de septiembre, cuando el Congreso retome actividades tras el receso legislativo.

El dictamen, aprobado el 24 de marzo de 2026, lleva el nombre formal de “Decreto por el que se reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, en materia de uso indebido de datos personales en procesos de contratación”.

Qué es el buró laboral y por qué preocupa

El buró laboral es una base de datos no oficial que recopila información sobre el historial de conflictos laborales de los trabajadores. Sus registros provienen de los Centros de Conciliación Laboral y los Tribunales Laborales, donde queda asentado cualquier proceso legal iniciado por un empleado, sin importar si ganó o perdió el caso.

Diversas empresas han recurrido a estas listas para filtrar candidatos durante los procesos de selección. Un trabajador que alguna vez demandó a un patrón —aunque haya tenido razón— puede quedar marcado en el sistema y enfrentar obstáculos para conseguir empleo.

El documento oficial de la iniciativa, disponible en el Sistema de Información Legislativa (SIL) de la Secretaría de Gobernación, señala que esta práctica viola la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ya que los registros se comparten sin el consentimiento explícito del trabajador.

Lo que prohíbe la reforma

Si la iniciativa se convierte en ley, ningún empleador podrá crear, usar ni difundir listas o registros de trabajadores que impliquen discriminación o exclusión en el acceso al empleo. La reforma establece que esa conducta será considerada una práctica desleal y discriminatoria, sujeta a sanciones.

La norma también impediría que cualquier sistema de recolección de datos personales —plataformas de monitoreo, registros de desempeño algorítmico o bases de historial laboral— se use como argumento para tomar decisiones adversas contra un empleado, ya sea despedirlo o bloquear su contratación.

El artículo 133 de la LFT ya prohíbe que los patrones “tachen, señalen o pongan en índice” a los trabajadores para impedir que consigan empleo. La reforma busca actualizar ese marco ante el avance de las herramientas digitales de vigilancia.

Las voces que respaldaron el dictamen en el Senado

El senador Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (Morena) presentó el dictamen desde tribuna y afirmó que la iniciativa busca “eliminar mecanismos de discriminación en el mercado laboral” y que el buró laboral constituye una práctica discriminatoria y de exclusión.

El senador Saúl Monreal Ávila (Morena) argumentó que el trabajo no puede estar condicionado por “listas negras” y que el buró laboral “excluye y silencia”. Señaló que por ninguna situación se podrán emplear registros que usen o difundan datos personales de trabajadores para limitar o condicionar su acceso al empleo.

El calendario que frena la reforma

La iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados tras su aprobación en el Senado, pero el Congreso entró en receso antes de que pudiera votarse en el pleno de San Lázaro. La Comisión Permanente, activa hasta el 31 de agosto, no tiene facultades para dictaminar proyectos de ley.

El debate solo podrá retomarse a partir del 1 de septiembre de 2026, cuando inicie el siguiente periodo ordinario. De aprobarse sin modificaciones, la reforma entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El texto completo del dictamen está disponible en el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México informó sobre las actividades dentro de su agenda social, en el contexto del Mundial 2026, celebrado el próximo 11 de junio.

En colaboración con el Gobierno mexicano, la organización coordina una serie de acciones orientadas a promover la inclusión, los derechos fundamentales, la equidad y la sostenibilidad a lo largo de este evento deportivo.

Bajo el enfoque del llamado Mundial Social, más de 15 agencias del sistema de Naciones Unidas han sumado esfuerzos para poner en marcha más de 100 actividades y 10 campañas, articuladas en torno a 11 ejes estratégicos. El objetivo principal es capitalizar el alcance del fútbol como herramienta de transformación social y desarrollo comunitario.

El plan integral contempla propuestas que van desde la integración y cohesión social hasta la sostenibilidad ambiental, pasando por la protección de la infancia, la igualdad entre géneros y la seguridad en todos los niveles. Estas líneas de acción buscan que el torneo deje una huella positiva en la vida de las personas y en el tejido social del país.

Ejes clave de la agenda social para el Mundial 2026

Uno de los ejes centrales es la inclusión y cohesión social, con iniciativas deportivas y comunitarias orientadas a facilitar la participación de personas migrantes, refugiadas y habitantes de las comunidades anfitrionas. Se promueve el acceso igualitario a las actividades mundialistas para todos los sectores de la población.

La defensa de los derechos humanos y el combate a la discriminación ocupan un lugar prioritario dentro del programa, donde se desarrollarán campañas y acciones para erradicar el racismo, la xenofobia y la violencia, así como para fortalecer la protección institucional de los grupos vulnerables. La igualdad de género es otro pilar, impulsando campañas interagenciales y la promoción activa del fútbol femenino.

Asimismo, la protección de la infancia y la juventud se aborda mediante iniciativas para crear espacios seguros, prevenir la explotación y fomentar la convivencia positiva a través del deporte. Al mismo tiempo, se han desplegado campañas para prevenir la trata de personas y para promover un turismo responsable y seguro, involucrando tanto a actores públicos como privados.

Estrategia para un empelo digno en las ciudades sede y medidas de sostenibilidad

En el ámbito laboral, la campaña “Tarjeta Roja al Trabajo Infantil” y estrategias para promover el empleo digno buscan dejar un legado positivo en las ciudades sede. El bienestar y la salud también son prioridades, con acciones para garantizar la seguridad sanitaria en eventos multitudinarios, campañas de salud y educación sexual integral.

La agenda contempla medidas de integridad y anticorrupción, el fortalecimiento de la seguridad y la transparencia, así como la adopción de buenas prácticas ambientales. La sostenibilidad incluye la reducción de residuos y el uso de energías limpias en la organización del campeonato.

Finalmente, el eje de voluntariado y legado pretende que los beneficios sociales y urbanos del torneo se mantengan en el tiempo, mediante la promoción de la participación ciudadana, la planificación urbana sostenible y el fortalecimiento de capacidades locales. Con este enfoque, la ONU México aspira a que el Mundial 2026 trascienda lo deportivo y se convierta en motor de progreso social.

Agenda social social de la ONU México durante la Copa del Mundo

Inclusión, integración y cohesión social

• ACNUR: Curso de formación en entrenadores comunitarios con Fundación FIFA (spotlight en refugio, desplazamiento interno y movilidad), inserción laboral en ciudades sede (Clubhouse ACNUR en Zapopan), integración a través de proyectos deportivos (Street Child World Cup, Ligas por la Inclusión, Mundialito Mixto, Mundial Social), torneo deportivo con la ONU en hogar en Aguascalientes.
• OIM: Municipalidades Mixtas, Equipos por la Inclusión, inclusión deportiva para cohesión social e integración de migrantes.
• CINU: Acceso a partidos para poblaciones vulnerables.
• ONU Habitat: fomento de la equidad ciudadana e integración urbana en sedes.

Prevención de la trata de personas, protección y turismo seguro

• OIM: Acompañamiento a campaña “Un Mundial sin Trata”; fortalecimiento institucional y carta de derechos.
• UNODC: Implementación de la Campaña Mundial sin Trata y acompañamiento a ITS y Pacto 2026 en México, elaboración de herramientas de prevención y capacitación a anfitriones de Airbnb.
• UNICEF/OIT: Protección en turismo y transporte; enfoque infancia y trabajo.

Trabajo decente y trabajo infantil

• OIT: Campaña “Tarjeta Roja al Trabajo infantil”; inclusión laboral en planes de ciudades sede, capacitación a comités.

Integridad, anticorrupción y seguridad

• UNODC: Fortalecimiento de capacidades de organizaciones deportivas (IM, SESNA), entre otras; instalación de comités de integridad; implementación del Programa Mundial de Integridad en el Deporte; prevención del amaño de partidos y manipulación de resultados.
• SRE: Seguridad aeroportuaria, identificación de aerolíneas y documentos apócrifos.

Sostenibilidad ambiental

• PNUMA: Reducción de plásticos de un solo uso, capacitación a comités organizadores, lineamientos ambientales.
• OACI: combustibles sostenibles en aviación.
• ONU Hábitat: Implementación de Buen Buentrip.

Sensibilización, comunicación y movilización social

• CINU: Coordinación de más de 150 actividades en Aldea Global (ver Programa); exposiciones, activaciones, conversatorios, conferencias, experiencias digitales y campañas en ciudades sede, proyectos de arte urbano y cultura de paz.
• UNICEF: “#NiñezEsPrimero” y “#MiMundialSinTrata”.
• ONU Mujeres: “+Igualdad” y “Fútbol sin Violencias”.
• UNESCO: “La Maldición Racista”.
• ACNUR: “Goles por la Inclusión”.
• OIM: “Municipalidades Mixtas”.
• OIT: “Tarjeta Roja al Trabajo Infantil”.
• FIFA y IVV.

Derechos humanos, no discriminación y antirracismo

• ONU-DH: Consulta Regional sobre discriminación, racismo y xenofobia.
• UNESCO: Campaña “La Maldición Racista”.
• ONU Mujeres: “+Igualdad” y “Fútbol sin violencias”.
• PNUD: Informe “El fútbol no es para los ganadores”.
• ONU/IIPE: Formación de capacidades en derechos humanos para escuelas de fútbol y comités organizadores.

Igualdad de género y prevención de violencias

• ONU Mujeres: Prevención y atención de violencia, campañas interagenciales, capacitación internacional, posicionamiento del fútbol femenino, prevención de acoso y hostigamiento.
• ONU/UNESCO: Prevención de violencias de género, transformación cultural, masculinidades positivas.
• ONU-DH y UNICEF: Sensibilización contra violencias y talleres de empoderamiento.
• ONU/IIPE: Formación de capacidades en valores cívicos.

Protección de niñas, niños y adolescentes

• UNICEF: Puntos Azules, Tarjeta Azul UNICEF, ONU Mujeres y FIFA/IVV; contra violencia sexual, explotación y trata; protección de derechos y participación infantil.
• PNUD: Participación de juventudes.
• UNICEF: “#NiñezEsPrimero” y “#MiMundialSinTrata”.
• FIFA/IVV: Colaboración con la Academia Borussia Dortmund.

Salud, prevención y bienestar

• OPS/OMS: Seguridad sanitaria; atención para detectar y prevenir enfermedades transmisibles; campañas de salud sexual y reproductiva, salud mental.
• UNFPA: Educación integral en sexualidad y prevención de embarazo adolescente.
• UNICEF: Alimentación saludable, “Estadio Vital”.

Voluntariado y legado

• UNV: Año Internacional del Voluntariado 2026; activaciones FIFA e IVV; promoción del voluntariado y proyectos de legado.
• ONU Hábitat: Proyectos urbanos y “Legado Monterrey”; empresas sociales y economía circular.
• UNESCO: Fortalecimiento de capacidades locales y promoción de la participación ciudadana.

James Byrd Jr. fue arrastrado vivo durante casi tres kilómetros por una ruta de tierra en el este de Texas en la madrugada del 7 de junio de 1998. Su cuerpo apareció despedazado en 75 puntos distintos a lo largo del camino. Tenía 49 años y lo mataron por ser negro.

La escena que encontró el sheriff del condado de Jasper, Billy Rowles, esa mañana de domingo no tenía precedentes en la historia reciente de Texas, Estados Unidos. Rowles conducía hacia Dallas para un torneo de golf cuando escuchó por radio que habían hallado un cuerpo en Huff Creek Road. Dio media vuelta. Al llegar, vio marcas en el suelo que confundió con huellas de neumáticos. No lo eran: era el rastro que había dejado el cuerpo de Byrd al ser arrastrado.

Nacido el 2 de mayo de 1949 en Beaumont, Texas, Byrd era el mayor de ocho hermanos. Creció en Jasper, un pueblo del este de Texas con historial de conflictos raciales. Su familia era parte central de la iglesia Greater New Bethel Baptist: su padre, James Byrd Sr., era diácono y su madre, Stella, daba clases de escuela dominical.

Byrd se destacó en la escuela pero no fue a la universidad. Poco después de terminar el secundario se casó y tuvo tres hijos. En la adultez, una caída lo dejó con una discapacidad y vivía solo en Jasper, separado de su mujer. Se ganaba la vida como vendedor y seguía tocando música, el piano y la trompeta, y lo convocaban para cumpleaños, funerales y otros eventos del pueblo.

Sus vecinos y amigos lo recuerdan como un hombre jovial e inofensivo. “Era un payaso bueno”, dijo Keith Adams, uno de sus vecinos, al Texas Tribune, medio local de Texas. “Siempre cantando, siempre haciendo imitaciones”. Su hermana menor, Louvon Byrd Harris, de 65 años, lo describió como el comediante y protector de la familia. “No podés imaginar quién en el mundo podría enojarse tanto con James como para matarlo”, dijo.

La madrugada del 7 de junio de 1998, Byrd salió de la casa de sus padres y caminaba solo por Huff Creek Road cuando tres hombres blancos le ofrecieron llevarlo en su camioneta. Byrd conocía a uno de ellos, Shawn Allen Berry, de verlo por el pueblo. Aceptó el viaje.

En lugar de llevarlo a su casa, Berry condujo hasta un camino rural aislado en las afueras de Jasper. Allí, los tres hombres golpearon a Byrd y orinaron sobre él. Luego le ataron los tobillos a la parte trasera de la camioneta con cadenas de madera y lo arrastraron por casi tres kilómetros.

Byrd estuvo vivo al menos durante los primeros kilómetros del recorrido. Su cuerpo se fue despedazando a lo largo del trayecto. Los restos aparecieron dispersos en 75 puntos distintos del camino: el torso fue hallado a aproximadamente un kilómetro y medio de su cabeza. Los tres hombres dejaron lo que quedaba pegado a la camioneta en un cementerio de la comunidad negra antes de irse a comer.

La policía pudo identificar a la víctima por sus huellas dactilares. Rowles describió después que al llegar a la escena encontró también un manojo de de pruebas: llaves, latas de cerveza vacías y un encendedor con un símbolo invertido que su oficina identificó como el emblema del Ku Klux Klan.

Un testigo que había visto a Byrd subirse a una camioneta esa noche orientó la investigación. La descripción del vehículo coincidía con el de Berry, quien convivía con John William King y Lawrence Russell Brewer, dos supremacistas blancos conocidos por las autoridades locales. Los tres fueron detenidos ese mismo domingo por la noche.

King era oriundo de Jasper y tenía tatuajes que expresaban abiertamente su odio racial, entre ellos uno de un hombre negro ahorcado con una soga al cuello. Los residentes del pueblo sabían que era integrante del KKK. Brewer pertenecía a una banda supremacista blanca. Durante el juicio, los fiscales presentaron una carta que King intentó enviarle a Brewer desde la cárcel en la que glorificaba el crimen.

“Hagamos historia y muramos recordados con orgullo si es necesario… Con mucho amor ario, respeto y honor, mi hermano en armas”, escribió King en esa carta, según informaron medios estadounidenses.

Los documentos judiciales revelaron además que King había hablado de desatar una guerra racial y de iniciar a los miembros de su banda supremacista obligándolos a secuestrar y asesinar personas negras. El jurado lo condenó tras deliberar poco más de dos horas.

Los tres juicios se realizaron por separado. King y Brewer fueron condenados a muerte. Berry recibió cadena perpetua: los fiscales consideraron que, a diferencia de los otros dos, no compartía las convicciones supremacistas de sus cómplices. Podrá intentar salir en libertad condicional en 2038.

Las condenas marcaron un hito judicial: fue la primera vez en la historia de Texas que alguien recibió una pena por haber participado en el linchamiento de una persona negra en ese estado.

Tras su condena, King fue llevado al corredor de la muerte en 1999. Rowles contó que en ese momento King le ofreció revelar todos los detalles del crimen en cuanto sus cómplices fueran condenados. Cuando el sheriff volvió a buscarlo, King solo dijo: “Yo no estuve ahí”. “Nos manejó como a unos tontos, haciéndonos ir hasta allá pensando que íbamos a escuchar el resto de la historia”, declaró Rowles al diario británico The Guardian.

Cientos de personas se congregaron dentro y fuera de la funeraria el día del entierro de Byrd. Entre los presentes estaban Kweisi Mfume, presidente de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP); el basquetbolista Dennis Rodman, que cubrió los gastos del funeral y realizó una donación a la familia; y el promotor de boxeo Don King, que entregó 100.000 dólares a la familia para solventar gastos.

Ocho meses después del asesinato, la familia de Byrd creó la Fundación Byrd para la Curación Racial, una organización que instaló una línea de atención telefónica a la que llamaban personas de todo Texas para denunciar casos de discriminación o maltrato dentro del sistema judicial. La fundación también ofreció asesoramiento y ayudó a las víctimas a visibilizar sus casos.

En 2001, el entonces gobernador de Texas Rick Perry promulgó la “Ley de Crímenes de Odio James Byrd Jr.”, que aumentó las penas para delitos motivados por la raza, el color, la discapacidad, la religión, el origen nacional, la edad, el género o la preferencia sexual de la víctima. La madre de Byrd, Stella, impulsó su aprobación.

El entonces gobernador de Texas George W. Bush —luego presidente de Estados Unidos— había rechazado respaldar la medida durante su mandato, con el argumento de que “todos los crímenes son crímenes de odio”, una postura que frustró profundamente a la familia de Byrd.

En 2009, el Congreso de Estados Unidos aprobó la “Ley de Prevención de Crímenes de Odio Matthew Shepard y James Byrd Jr.”, que el presidente Barack Obama promulgó. La norma amplió el alcance de la ley de crímenes de odio de 1969 e incorporó como categorías protegidas el género, la identidad de género, la discapacidad y la orientación sexual. Shepard era un joven de 21 años de Wyoming que en 1998 fue secuestrado por dos hombres, atado a una cerca, golpeado brutalmente y abandonado hasta morir por ser gay.

Lawrence Russell Brewer fue ejecutado en 2011 por el crimen de Byrd. Una semana antes de su muerte, Rowles lo visitó en el corredor de la muerte. Brewer confirmó entonces que “toda la idea había sido de Bill King”.

King fue el segundo en ser ejecutado. El 24 de abril de 2019, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas votó por unanimidad rechazar su pedido de conmutación o de una prórroga de 120 días. La Corte Suprema de Estados Unidos también desestimó su apelación de último momento. Esa noche, a las 19:08, King fue declarado muerto en la Penitenciaría Estatal de Texas en Huntsville, doce minutos después de que comenzara a administrársele el fármaco pentobarbital. Tenía 44 años. Mantuvo los ojos cerrados durante toda la ejecución y nunca giró la cabeza hacia los familiares de su víctima. Cuando el alcaide Bill Lewis le preguntó si quería hacer una declaración final, respondió: “No”.

Mientras los testigos de la ejecución salían de la prisión, unas veinte personas reunidas en la calle comenzaron a aplaudir.

King había sostenido durante años su inocencia. Sus abogados argumentaron ante la Corte Suprema que sus derechos constitucionales habían sido violados porque sus defensores en el juicio no presentaron su reclamo de inocencia. En una entrevista con la agencia de noticias estadounidense AP, en 2001, King había admitido ser un “racista declarado” pero negó ser “un asesino movido por el odio”.

Louvon Byrd Harris, la hermana de la víctima, dijo que la ejecución de King envió “un mensaje al mundo de que cuando hacés algo horrible así, tenés que pagar la pena más alta”. Y agregó que, comparado con “todo el sufrimiento” que padeció su hermano, King y Brewer tuvieron “una salida fácil”.

La tumba de Byrd en el cementerio municipal de Jasper fue profanada en dos ocasiones. La familia debió instalar una reja de hierro alrededor del sepulcro para protegerlo. “Ahí supimos que todavía teníamos muchísimo trabajo por hacer”, dijo Harris al Texas Tribune.

Al año siguiente del crimen, la ciudad de Jasper inauguró el Parque Memorial James Byrd Jr., un espacio donde, según los residentes, niños blancos y negros suelen verse jugando al básquet juntos.

La fundación familiar colocó además un banco conmemorativo frente al Tribunal del Condado de Jasper para el 20° aniversario del crimen, con la inscripción: “Sé el cambio que querés ver en el mundo”.

El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó abrir una investigación penal para determinar si el Poder Ejecutivo pidió retirar el pliego de María Verónica Michelli como jueza federal solo por ser cuñada de un periodista. La denuncia que dio origen al caso se presentó el 29 de mayo de 2026 en la Justicia Federal de Comodoro Py.

En las últimas horas, la senadora Patricia Bullrich se diferenció de la postura oficial y anunció que ejercerá su “derecho a la objeción de conciencia” frente a la decisión del Poder Ejecutivo. Bullrich comunicó su postura personalmente y posteriormente ratificó su decisión a través de sus redes sociales.

En la red social X, la senadora señaló: “Hablé con el presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la doctora Michelli a jueza federal”.

El eje de la denuncia: un solo pliego retirado

La acusación apunta contra la Casa Rosada por haber ordenado el retiro del único pliego cuestionado en ese grupo de enviados al Senado, el de Michelli, quien estaba propuesta para el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata.

Según la denuncia presentada por José Luis Magioncalda y Juan Martín Fanzio, integrantes de Reset Republicano, la decisión no tuvo que ver con los antecedentes o la capacidad profesional de la abogada. El argumento central es que la única razón para apartar a Michelli fue su parentesco con el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon, quien publicó investigaciones periodísticas sobre el Gobierno nacional.

La denuncia también sostiene que no hubo explicaciones formales y que ningún otro pliego presentado en ese período fue devuelto.

Los pasos que pidió el fiscal Marijuan

El dictamen de la Fiscalía puso el foco en la necesidad de recolectar datos precisos sobre el trámite del pliego de Michelli en el Senado. Entre las medidas requeridas, Marijuan pidió que se ratifique la denuncia original y se certifique si hay otras causas abiertas por estos hechos.

El fiscal también solicitó que el Senado informe si el pliego de Michelli estaba incluido oficialmente, su estado actual, los pasos registrados en el expediente y si hay constancia de alguna nota formal por parte del Poder Ejecutivo solicitando el retiro.

Otra diligencia clave será citar al periodista para declarar como testigo. El objetivo es confirmar el vínculo familiar con la jueza propuesta y esclarecer si recibió algún aviso o comunicación relacionada con el retiro del pliego. Según el requerimiento, se buscará saber si existió “algún tipo de advertencia y/o aviso o cualquier tipo de comunicación vinculada con el retiro del pliego”.

El dictamen deja abierta la posibilidad de que el juez ordene medidas adicionales. La presentación, por sorteo quedó radicada en el Juzgado Federal 6, subrogado por Daniel Rafecas.

Qué delitos se investigan

El pedido fiscal menciona la Ley 23.592, que castiga la discriminación en la función pública. Según este marco, sería delito excluir a una persona de un cargo estatal por motivos ajenos a su idoneidad, como podría ser un dato de parentesco.

En este caso, se investiga si el Ejecutivo incurrió en discriminación directa al retirar el pliego por el solo hecho de que Michelli es cuñada del periodista.

La semana pasada, el Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad, expresó su preocupación por la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de solicitar el retiro del pliego de Michelli. Ricardo Gil Lavedra, saliente presidente del organismo, señaló: “El retiro de pliegos ya enviados por el Poder Ejecutivo es una práctica discutible y que debe ser aplicada restrictivamente, máxime cuando el pliego ha obtenido dictamen de comisión”. “En cualquier caso, corresponderá al pleno del Senado aceptar o rechazar el retiro evaluando los motivos en que se funda, para evitar arbitrariedades o abusos”, agregó.

Por su parte, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresó su “suma preocupación” por la solicitud por parte del Ejecutivo Nacional. “Debe destacarse que el pliego en cuestión cumplió todas las instancias previstas por el proceso de selección de magistrados, resultando aprobado en cada una de ellas”, destacaron.

La justicia estadounidense determinó que el Pentágono puede mantener, por ahora, la prohibición de alistamiento de personas transgénero en el ejército, aunque impidió que se expulse a quienes ya están en servicio activo. El fallo, emitido el lunes por el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, marca un nuevo paso en la disputa legal sobre los derechos de los militares transgénero.

La decisión judicial sostiene que la administración de Donald Trump puede seguir bloqueando el acceso de nuevos aspirantes transgénero, mientras se resuelve una demanda presentada por varios miembros y potenciales reclutas. Protege a quienes ya forman parte de las fuerzas armadas, al considerar que “supone una dificultad mucho mayor poner fin a una carrera militar que retrasar su inicio”, según escribió el juez Robert Wilkins en la resolución consultada por la agencia Reuters.

La política en cuestión se enmarca dentro de una orden ejecutiva firmada por Trump en enero de 2025. En ese texto, el expresidente justificó la medida al sostener que la identidad transgénero “entra en conflicto con el compromiso de un soldado con un estilo de vida honorable, veraz y disciplinado”.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, implementó la orden poco después, lo que derivó en una serie de impugnaciones legales.

El origen de la controversia y las posiciones enfrentadas

Quienes representan a los demandantes, como Jennifer Levi del grupo GLAD Law, celebraron que el tribunal haya bloqueado las expulsiones. “Este fallo confirma que la Administración Trump no tiene ninguna base legal para dar de baja a los miembros del servicio militar transgénero que han cumplido con todos los estándares exigentes”, expresó Levi en un comunicado difundido tras la decisión.

La respuesta oficial del gobierno no se hizo esperar. Hegseth anunció que la administración apelaría la resolución ante la Corte Suprema, al afirmar en X: “Nos vemos en la Corte Suprema”, en referencia a una publicación sobre el caso.

¿Qué implica la decisión para los militares transgénero?

El fallo permite que los actuales miembros transgénero sigan en sus cargos, aunque impide el ingreso de nuevos postulantes que no cumplan con los requisitos definidos por la política vigente. En la práctica, quienes ya forman parte de las fuerzas armadas pueden continuar sus carreras, mientras que los reclutas transgénero deberán esperar la definición judicial para saber si podrán alistarse en el futuro.

El tribunal reconoció que el Pentágono tiene amplios poderes para establecer los estándares de ingreso, aunque consideró que la política estaba motivada “por el mero deseo de perjudicar a un grupo políticamente impopular”.

El juez Justin Walker, en disidencia, argumentó que los tribunales “no tienen ni la experiencia ni la autoridad para decidir si las fuerzas armadas pueden excluir a los demandantes de sus filas”.

Contexto político y social del fallo

La prohibición de alistamiento se inscribe en una estrategia más amplia impulsada por la administración Trump para restringir los derechos y el reconocimiento de las personas transgénero en distintos ámbitos de la vida estadounidense.

Las agencias federales han retirado demandas en nombre de trabajadores transgénero, cancelado acuerdos que beneficiaban a estudiantes y abierto investigaciones sobre hospitales y médicos que ofrecen tratamientos de afirmación de género a menores.

Según cifras del Departamento de Defensa citadas por Reuters, las fuerzas armadas de Estados Unidos cuentan con unos 1,3 millones de efectivos en servicio activo. Los defensores de los derechos transgénero estiman que hasta 15.000 militares pertenecen a ese colectivo, aunque las autoridades reducen la cifra a algunos miles.

Antecedentes legales del caso

La decisión de este lunes ratifica parcialmente el fallo anterior de un juez federal en Washington D.C., quien había bloqueado la política en su totalidad mientras avanzaba el litigio. El magistrado consideró que la medida constituía discriminación sexual y probablemente violaba la garantía constitucional de igualdad ante la ley.

En mayo de 2025, la corte suprema permitió que la política restrictiva se implementara, al revocar un fallo de un juez del estado de Washington que había bloqueado temporalmente la prohibición. El máximo tribunal no explicó los motivos de su decisión, lo que, según Wilkins, podría deberse a un tecnicismo y no necesariamente al análisis de fondo del caso.

Próximos pasos y posibles escenarios

El gobierno buscará ahora revertir el fallo ante la Corte Suprema, lo que podría prolongar la incertidumbre para los aspirantes transgénero y quienes ya sirven en las fuerzas armadas.

Mientras tanto, la política de exclusión para nuevos ingresos sigue vigente, a la espera de una resolución definitiva.

El dato que más circula sobre el empleo después de los 45 admite una corrección y, a la vez, expone un problema más profundo: el 86% de las personas de esa edad relevadas está buscando trabajo, pero la dificultad central no pasa por una supuesta falta de adaptación sino por filtros etarios, obstáculos para mostrar su experiencia en los canales actuales y estructuras salariales que muchas empresas no logran acomodar.

Esa es la lectura que hizo Julián Blausztein, de Adecco Argentina, firma de recursos humanos, al explicar por qué la reinserción del talento senior sigue siendo más larga y compleja.

—¿Cuáles son las principales causas detrás de los que no logran reinsertarse?

—El 86% corresponde a personas mayores de 45 años encuestadas que actualmente buscan trabajo, lo que no implica necesariamente que no logren reinsertarse laboralmente. El proceso de reinserción suele ser más extenso o complejo para este grupo por varias razones. La edad puede influir en algunos procesos de selección antes de que se evalúen integralmente las competencias.

A esa barrera se suman dos planos adicionales: la visibilidad profesional y la estructura de remuneraciones. Según explicó, muchos perfiles senior tienen trayectorias sólidas, pero no siempre logran comunicar su recorrido en los formatos y plataformas que hoy usa el mercado, y en otros casos las bandas salariales internas dificultan compatibilizar expectativas con vacantes disponibles.

La principal barrera no es tecnológica, sino la percepción sobre la edad

Blausztein rechazó una de las ideas más extendidas sobre el talento senior: que tiene problemas para adaptarse al cambio tecnológico o cultural. «Es un preconcepto que rara vez se verifica en la práctica pero que opera como filtro previo al conocer al candidato», dijo.

La misma lógica, agregó, se repite con otro prejuicio frecuente: que una persona con mucha experiencia será difícil de conducir o tenderá a cuestionar en exceso las decisiones. Frente a eso, sostuvo que la madurez profesional suele aportar más capacidad para gestionar la incertidumbre y trabajar con autonomía.

En ese punto, la digitalización no aparece como una limitación intrínseca del segmento. Blausztein afirmó que muchos profesionales mayores de 45 años usan herramientas digitales desde hace años y que el problema real no es la capacidad de adaptación, sino la presunción de que esa capacidad no existe.

También vinculó esa discusión con el papel de las compañías en la actualización de habilidades. Según dijo, la velocidad con la que cambian ciertas herramientas exige aprendizaje continuo, y las empresas deben invertir en capacitación para todos sus empleados, no solo para los más jóvenes.

Tecnología, empresas emergentes y mandos medios

Las dificultades, según Adecco, no se distribuyen de manera uniforme. Blausztein señaló que las barreras son más marcadas en sectores con culturas organizacionales jóvenes, como tecnología, empresas emergentes y agencias digitales, donde la edad promedio de los equipos es baja y predomina la búsqueda de perfiles que «encajen» con esa cultura.

El problema también se observa en posiciones operativas y de mandos medios. En esos casos, explicó, muchas empresas priorizan candidatos con menor costo salarial, lo que desplaza a trabajadores con más experiencia.

La recepción mejora en otro tipo de funciones. Blausztein indicó que los perfiles senior encuentran mejores oportunidades en roles de dirección, consultoría, gestión de proyectos complejos y puestos que exigen manejo de crisis o negociación, áreas en las que la trayectoria funciona como un activo verificable.

El ejecutivo describió además un cambio de valor asociado al avance de la inteligencia artificial. Según dijo, esa transformación empieza a impactar sobre todo en tareas operativas o repetitivas, muchas de ellas cubiertas de manera histórica por perfiles más junior, mientras que capacidades como el criterio, la gestión y la toma de decisiones ganan peso dentro de las organizaciones.

Avances lentos y sesgos que actúan desde el inicio del proceso

Consultado sobre si las empresas modificaron su mirada, Blausztein habló de una evolución gradual. «Hay una evolución, pero es lenta». Según su descripción, las organizaciones que más avanzaron son aquellas con áreas de recursos humanos de mayor madurez estratégica, que entienden la diversidad generacional como una ventaja competitiva y no como una exigencia formal. En el extremo opuesto, sostuvo, persisten compañías en las que la edad opera como filtro implícito desde el primer momento del proceso, incluso sin plena conciencia de los reclutadores.

Blausztein dijo que la tensión central está entre un mercado que sigue usando la edad como filtro y un segmento que aporta experiencia, criterio y redes de contacto. La consecuencia es que muchos trabajadores senior enfrentan búsquedas más extensas aun cuando poseen capacidades que las empresas dicen valorar.

Para revertir esa situación, Adecco trabaja en dos frentes. Por un lado, explicó, promueve que los procesos de selección se evalúen por competencias y no por edad, con revisión de criterios desde el comienzo; por otro, acompaña a los candidatos para que puedan presentar mejor su propuesta de valor en los formatos que hoy exige el mercado.

La experiencia acumulada gana valor

Blausztein enumeró tres ventajas competitivas concretas del talento senior. La primera es la gestión de la incertidumbre: haber atravesado varios ciclos económicos complejos en Argentina, señaló, da una capacidad de adaptación y decisión bajo presión que no se adquiere con facilidad.

La segunda ventaja es la mentoría. Según explicó, la transferencia de conocimiento hacia equipos más jóvenes sigue siendo un activo poco aprovechado de manera estructural por muchas organizaciones.

La tercera es la red de vínculos. Blausztein sostuvo que, en sectores donde las relaciones resultan determinantes para el negocio, la trayectoria y los contactos construidos a lo largo de los años mantienen un valor alto para las empresas.

Al comparar a Argentina con otros países de la región, remarcó que en varios mercados existen marcos regulatorios más explícitos contra la discriminación etaria en selección, con consecuencias concretas para las compañías que incumplen. En el caso local, dijo, el marco existe pero su aplicación es menos sistemática.

Aun así, identificó una ventaja del mercado argentino. Blausztein afirmó que el nivel de formación y versatilidad del talento senior argentino es muy alto en términos regionales, con profesionales que acumulan trayectorias en múltiples sectores, adaptación probada y redes valiosas.

Las claves para reinsertarse

Para quienes buscan volver al mercado, la primera recomendación de Adecco apunta a la forma en que se presenta la experiencia. Blausztein dijo que no alcanza con tener una trayectoria sólida si esa historia no está traducida a los canales y formatos actuales, y remarcó que LinkedIn debe funcionar como relato profesional y no solo como un currículum digital.

El segundo paso, agregó, consiste en identificar con precisión cuál es el valor diferencial que aporta esa experiencia y en qué situaciones genera resultados concretos. La especificidad, en esa lectura, pesa más que la acumulación abstracta de antecedentes.

La tercera sugerencia se apoya en un activo que el propio segmento ya posee. Blausztein afirmó que muchas reinserciones exitosas de perfiles senior no se producen a través de portales de empleo, sino por vínculos construidos durante la carrera.

La cuarta recomendación es abrir el mapa de opciones. Según dijo, el trabajo por proyectos, la consultoría y los roles de mentoría son espacios en los que el talento senior encuentra una demanda creciente.

Southwest Airlines eliminó la obligación de que los pasajeros de talla grande compren un asiento adicional con anticipación. Desde finales de la semana pasada, los agentes en los aeropuertos pueden ofrecer ese segundo lugar sin costo extra cuando hay disponibilidad en el vuelo.

El cambio llega después de meses de críticas públicas y acusaciones de discriminación por peso, que desbordaron las redes sociales de la aerolínea tras una política anterior que muchos pasajeros consideraron abrupta e injusta.

Qué dice la nueva política

Según un comunicado de Southwest, cuando hay asientos contiguos libres, “los agentes en el aeropuerto tienen la facultad de ofrecer un asiento adicional sin costo para los clientes que lo necesiten". Si no hay lugar disponible, la aerolínea se compromete a ubicar al pasajero en un vuelo posterior.

La compañía aclara que sigue siendo recomendable reservar el segundo asiento por adelantado. Quienes no lo hagan corren el riesgo de no poder abordar su vuelo original si el avión va lleno.

El origen del conflicto

En enero de este año, Southwest introdujo una política que exigía a los pasajeros que necesitaran espacio adicional comprar un segundo asiento antes de viajar. La devolución del dinero solo se procesaba si el vuelo no se completaba.

Ese cambio generó numerosas quejas. Varios viajeros denunciaron que empleados en los mostradores y puertas de embarque les dijeron directamente que no cabrían en un solo asiento, una situación que muchos describieron como humillante.

Tigress Osborn, directora ejecutiva de la Asociación Nacional para el Avance de la Aceptación de las Personas Gordas, declaró a The New York Times que Southwest dio muy poca advertencia previa sobre el cambio. Según Osborn, la medida tomó por sorpresa a pasajeros de talla grande que durante años le dieron toda su preferencia a esa aerolínea.

Por qué Southwest cambió su postura

La aerolínea atribuye el ajuste de enero a la transición hacia asientos asignados, que obligó a revisar otros requisitos relacionados con la distribución de plazas a bordo.

En su comunicado, Southwest señaló que la actualización reciente es el resultado de una revisión amplia del proceso y que continuará ajustando su política para ofrecer “una experiencia de viaje más predecible para los clientes que requieren un asiento adicional".

El nuevo esquema también busca reducir la presión sobre los empleados en la puerta de embarque, que bajo la política anterior debían evaluar en el momento si un pasajero necesitaba más espacio, una situación que generó roces y situaciones incómodas.

La tensión de fondo entre tamaño e industria aérea

El debate va más allá de una aerolínea. Según ABC News, analistas del sector señalan que las compañías aéreas son negocios donde el peso y el espacio son variables operativas directas, y que la tendencia de las últimas décadas ha sido reducir el tamaño de los asientos en clase económica.

Esa combinación —asientos más pequeños y una población en promedio más grande— crea una tensión estructural que ninguna política de abordaje resuelve por completo.

Lo que sí está en juego, según los críticos, es el trato: la línea entre aplicar una política operativa y avergonzar públicamente a un pasajero por su cuerpo.

Southwest, que durante años se distinguió por su reputación de trato amable, enfrenta ahora el desafío de recuperar esa imagen.

Qué pasa si no hay asientos disponibles

El principal punto pendiente de la nueva política sigue sin resolverse del todo. Si un pasajero de talla grande llega al aeropuerto sin haber reservado un segundo asiento y el vuelo va lleno, no podrá abordar.

Southwest dice que en ese caso trabajará para acomodarlo en un vuelo posterior, pero no especifica en qué condiciones ni en qué plazo.

Por eso, la aerolínea insiste en que la reserva anticipada del segundo asiento sigue siendo la opción más segura para evitar contratiempos de último momento.

Un hombre visiblemente alterado lanzó insultos racistas a una mujer que cruzó cerca de él en un minimarket en Lima, sin pedirle permiso. El incidente, registrado por las cámaras de seguridad del local, se difundió rápidamente en redes sociales, lo que generó una ola de indignación entre los usuarios.

La joven afectada intentó mantener la calma mientras el hombre la increpaba de forma agresiva. Sus intentos de diálogo cortés no lograron detener la actitud hostil del sujeto, quien persistió en lanzar insultos racistas y mostró un comportamiento desbordado ante los presentes.

Este caso ocurrió pocos días después del episodio protagonizado por la influencer Alejandra Argumedo en el Metropolitano, donde también se registraron expresiones discriminatorias hacia usuarios del transporte público. Ambos hechos refuerzan la evidencia sobre la permanencia de actitudes racistas en espacios públicos de Lima.

Sujeto reacciona con insultos raciales en local comercial

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran al hombre en el pasillo del minimarket, situado entre la entrada y la caja. Mientras prestaba atención a la vitrina de panes, la joven clienta pasó frente a él de manera inadvertida, lo que desató la ira del sujeto.

“Se pide permiso”, reclamó el hombre con tono irrespetuoso. La joven respondió: “Disculpe, no me percaté, sea más cortés”, intentando moderar la situación. Sin embargo, el hombre prosiguió con insultos y actitudes hostiles.

“¡Tienes todo el espacio por detrás y decides pasar por mi delante, ignorante!”, gritó el agresor. Añadió: “¡Lárgate mejor, oe, lárgate!”. La joven mencionó la falta de respeto, pero el hombre continuó con expresiones raciales ofensivas como “Ignorante” y “Tú estás loca o qué te pasa”.

Usuarios exigen acción de autoridades

La SUNAT se pronunció sobre el caso del hombre que lanzó insultos racistas a una mujer en un minimarket de Trujillo, confirmando que se trata de uno de sus trabajadores. La entidad aclaró que el colaborador no ocupa ningún cargo de confianza ni directivo.

En su comunicado, la SUNAT rechazó cualquier acto de discriminación en todas sus formas y expresó su solidaridad con la persona afectada por este incidente.

La institución también indicó que se han iniciado las acciones correspondientes para aplicar medidas disciplinarias al trabajador involucrado y reafirmó su compromiso con los principios éticos y de respeto, repudiando cualquier comportamiento que los contradiga.

Organizaciones defensoras de derechos humanos subrayan la importancia de sancionar y registrar este tipo de hechos, con el propósito de evitar que las conductas discriminatorias se normalicen en el espacio público.

Influencer lanza insultos racistas en bus del Metropolitano

En una unidad del Metropolitano de Lima, se documentó un episodio que evidencia la vigencia de la discriminación en lugares públicos. La influencer Alejandra Argumedo Alegre profirió insultos racistas contra pasajeros.

El video capta a Argumedo lanzando frases como: “Serranos son y serranos morirán”, mientras comparaba a los pasajeros con llamas, vicuñas y alpacas. Estas manifestaciones crearon un ambiente de tensión y rechazo entre los presentes.

Después de la difusión del video, Argumedo fue identificada, lo que generó debate sobre la responsabilidad de los influencers en sus plataformas. El caso derivó en pronunciamientos oficiales y puso en primer plano la urgencia de sancionar la discriminación.

Hasta tres años de cárcel para quienes cometan discriminación

El abogado penalista Julio Rodríguez aclaró que estos comportamientos van más allá de una simple ofensa. La discriminación está estipulada en el Código Penal peruano y puede acarrear hasta tres años de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad.

Rodríguez explicó que los calificativos emitidos contra pasajeros en lugares públicos constituyen el delito de discriminación según el artículo 323 del Código Penal. Las sanciones pretenden que los agresores asuman responsabilidad y comprendan las consecuencias de sus actos.

Además de la pena de cárcel, la legislación contempla medidas como el trabajo comunitario, buscando enfrentar al infractor con el impacto real de sus acciones. Con estas medidas se pretende evitar la repetición de comportamientos discriminatorios en una sociedad caracterizada por su pluralidad y diversidad racial.

Una nueva controversia envuelve al creador de contenido Chumel Torres, luego de que, para menospreciar la opinión de un usuario de Twitter, usó la imagen de una persona con síndrome de Down.

El mensaje, publicado por el influencer en su cuenta de X, generó tantas críticas que, al final, tuvo que borrarlo. Pese a que intentó eliminar el rastro de la publicación, usuarios se encargaron de viralizarlo en otros sitios de la red social.

Resalta que, Chumel Torres no usó la foto de un joven con síndrome Down para intentar burlarse de cualquier persona, sino de Adrián Chávez, el famoso profesor con el que en el pasado ya había sostenido discusiones en redes sociales.

Cabe mencionar, que una vez que el tema se volvió viral, Adrián Chávez calificó al tuit de Chumel Torres como “capacitista”

La vez que Adrián Chávez corrigió a Chumel Torres

Fue en agosto del 2024 cuando Chumel Torres criticó el contenido de los libros de la SEP. Adrián Chávez, quien ya por entonces era viral por sus videos sobre conocimiento y lingüística, argumentó por qué la opinión del influencer estaba errada.

El punto específico de la crítica de Chumel Torres fue que, supuestamente, en los libros de texto se enseñaba a hablar de forma incorrecta, mientras imitaba una forma de hablar muy particular entre los mexicanos. El influencer aseguró: “Los libros de texto de la SEP traen un montonal de errores ortográficos: voy a subir para arriba, su comida de Pedro, su mochila de Ana”.

La primera respuesta de Adrián Chávez fue que los ejemplares mostrados por Chumel Torres ni siquiera correspondían a los libros dirigidos al alumnado:

“No dejan de decir tonterías al respecto. Primero, esos libros que muestran en ese video ni siquiera son los libros para los alumnos, son guías para los padres de familia. Eso no lo explican porque o no lo saben lo cual los vuelve incompetentes, o no quieren decirlo lo cual los vuelve tramposos”.

A partir de esa precisión, el profesor sostuvo que el problema no estaba en los materiales, sino en la forma en que estaban siendo juzgados.

El comediante también aseguró que los nuevos libros enseñaban que hablar mal estaba bien. Frente a ese señalamiento, Chávez respondió que los contenidos no promovían esa idea y que, en realidad, dejaban atrás una división entre hablar bien y hablar mal que la lingüística superó hace más de 100 años:

“Y no, los libros no dicen que lo que está mal está bien ni viceversa, lo que hace es abandonar esa dicotomía de hablar bien y hablar mal, que es algo que la lingüística hizo hace más de 100 años pero que el sistema educativo por alguna razón no se había enterado”.

Chávez aseguró que sí revisó los materiales para estudiantes y que encontró una explicación clara sobre la diferencia entre lenguaje formal e informal y los contextos en que se usa cada registro.

Añadió que los usos del lenguaje no se presentan como buenos o malos porque, desde su perspectiva, no existe una razón científica para calificarlos de esa manera:

“No juzga los usos como buenos o malos porque simplemente no hay una razón científica para juzgarlos como buenos o malos”.

El profesor también atribuyó las críticas a un sesgo social. Sostuvo que la forma en que se parodiaba el acento de quienes usan ciertas formas lingüísticas mostraba una asociación con estratos socioeconómicos que a los críticos les parecerían despreciables.

“La parodia que hacen del acento de los hablantes que utilizan estos usos lingüísticos denota muy bien por dónde va la cosa. Asocian esos usos lingüísticos con estratos socioeconómicos que les parecen despreciables”.

Una mujer rarámuri llegó embarazada al Hospital Rural No. 18 del IMSS en San Juanito, Chihuahua, a finales de junio de 2023. Los médicos sabían que el parto podía complicarse: la bebé pesaría más de cuatro kilogramos y existían antecedentes clínicos que aumentaban el riesgo para ambas.

Aun así, el nacimiento se realizó por vía vaginal y, según determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la madre nunca recibió información clara sobre las posibles consecuencias médicas de esa decisión.

Ese momento marcó el inicio de una cadena de traslados, hospitalizaciones y omisiones médicas que terminarían meses después con la muerte de la recién nacida, de acuerdo con la Recomendación 18/2026 emitida por la CNDH contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto Chihuahuense de Salud.

El organismo concluyó que tanto la madre como la menor fueron víctimas de mala atención médica y de un trato discriminatorio relacionado con su origen indígena.

Tras el parto, la recién nacida fue enviada al Hospital de Gineco Obstetricia de Ciudad Cuauhtémoc, dependiente del sistema estatal de salud de Chihuahua. Ahí permaneció internada durante semanas debido a los problemas derivados del nacimiento. Más adelante fue trasladada al Hospital Materno Infantil de Especialidades, donde continuó hospitalizada hasta finales de septiembre de 2023.

La investigación de la CNDH sostiene que durante esos 53 días la menor no recibió atención especializada suficiente pese a las alteraciones respiratorias que presentó prácticamente desde el inicio. El expediente también señala que no se realizaron valoraciones clínicas completas ni se estableció un diagnóstico preciso sobre las complicaciones que padecía.

A pesar de que la bebé seguía enferma, fue dada de alta

Menos de dos semanas después, el 9 de octubre de 2023, la recién nacida regresó al Hospital Rural No. 18 con tos y severas dificultades para respirar. Su estado era crítico. Fue trasladada nuevamente al Hospital Materno Infantil de Especialidades, donde murió ese mismo día.

Para la CNDH, las fallas no se limitaron únicamente a errores médicos. El organismo concluyó que existieron actos y omisiones relacionados con discriminación hacia la familia por su pertenencia al pueblo rarámuri, condición que, según la investigación, agravó la violencia obstétrica ejercida contra la madre y afectó la calidad de la atención recibida por ambas pacientes.

A partir de estas conclusiones, la Comisión emitió una recomendación dirigida al IMSS y al Instituto Chihuahuense de Salud, en la que atribuyó responsabilidad institucional por violaciones a derechos humanos y pidió medidas de reparación para la familia, incluyendo atención psicológica.

Además, solicitó capacitación para el personal médico involucrado y medidas para reforzar la atención a personas en situación de vulnerabilidad dentro de los servicios de salud públicos en Chihuahua.

La recomendación fue emitida este 27 de mayo y ya fue notificada a las instituciones señaladas, quienes, hasta el cierre de esta nota informativa, no se han pronunciado al respecto.

En la actualidad, se ha convertido en una exigencia para las empresas garantizar la inclusión de la comunidad LGBTQ+ en el entorno laboral. La creación de espacios laborales seguros para todas las personas es de vital importancia, pues según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), los espacios de trabajo representan el segundo ámbito con mayor índice de discriminación hacia la comunidad LGBTQ+, después del hogar.

La comunidad LGBTQ+ enfrenta diversos retos en el mundo laboral, que incluyen desde la falta de reconocimiento legal en algunos países, hasta la persistencia de estigmas y prejuicios en el lugar de trabajo, los cuales pueden tener un impacto negativo en el bienestar de los empleados LGBTQ+, afectando su productividad y oportunidades de desarrollo profesional.

Algunos de los problemas más frecuentes a los que se enfrentan los miembros de la comunidad LGBTQ+ en el mundo laboral son:

• Discriminación y falta de inclusión: La discriminación en el trabajo es quizá el problema más común, que puede manifestarse en chistes, comentarios o conductas inapropiadas de otros empleados o de sus superiores.
• Falta de políticas de protección: En algunos lugares de trabajo, no existen políticas específicas para proteger a los trabajadores LGBTQ+ de la discriminación o el acoso, lo que puede llevar a que no se sientan seguros ni respaldados por la organización.

• Diversidad en la contratación y promoción: La comunidad LGBTQ+ a menudo se enfrenta a barreras para la contratación y ascenso profesional debido a prejuicios inconscientes o deliberados que influyen en las decisiones de contratación y promoción. o bien debido a los estereotipos de género relacionados con determinados puestos o empleos.
• Visibilidad y representación: La falta de representación LGBTQ+ en puestos de liderazgo y la ausencia de modelos a seguir pueden hacer que los trabajadores LGBT no vean oportunidades de crecimiento dentro de su empresa o se sientan menos inclinados a expresar abiertamente su identidad.
• Beneficios y reconocimiento de parejas: La igualdad en los beneficios para parejas del mismo sexo y las familias LGBTQ+ es un desafío en varios lugares de trabajo. A menudo se enfrentan a la falta de reconocimiento de su estatus y a beneficios desiguales comparados con sus colegas heterosexuales.

El impulso para dar visibilidad a estos problemas y lograr cambios proviene en gran medida del esfuerzo de empleados pertenecientes a la comunidad LGBTQ+ que a través del colectivos, campañas en redes sociales y activismo desde sus propias empresas trabajan en sensibilizar y educar dentro y fuera de la organización, así como en la creación de estrategias inclusivas.

Ante ello numerosas empresas han comenzado por generar políticas que sigan criterios de evaluación establecidos por Human Rights Campaign (HRC), la mayor organización de derechos civiles para personas lesbianas, gays, transgénero y queer en Estados Unidos.

Estos criterios incluyen la adopción de políticas de no discriminación, la creación de grupos de soporte de empleados, respaldo a la inclusión LGBTQ+ mediante actividades públicas, programas internos de entrenamiento, y la implementación de mejores prácticas educativas para asegurar un espacio de trabajo igualitario.

La obtención de reconocimientos por parte de las empresas señala un avance en cuanto a derechos humanos y laborales, reflejando un compromiso hacia la equidad y la oportunidad de crecimiento sin distinción de orientación sexual o identidad de género.

En ese sentido, HRC otorga una distinción a las empresas que deciden implementar políticas que favorezcan la inclusión de la comunidad LGBTQ+, la cual no solamente reconoce el logro actual, sino también establece una responsabilidad continua para las empresas que la reciben. Es un llamado a mantener y expandir programas que fomenten un trato justo y equiparable en el ámbito laboral.

Los esfuerzos hacia la inclusión y diversidad en el mundo corporativo no solamente son un reflejo del compromiso social de las empresas en México, sino también una respuesta a la necesidad de ambientes de trabajo armónicos y respetuosos para todos los miembros de la sociedad, incluyendo a aquellos de la comunidad LGBTQ+. Este tipo de iniciativas y reconocimientos sirven de modelo y aliento para que más organizaciones se sumen a la práctica de políticas inclusivas.

La implementación de prácticas laborales justas e inclusivas en México es todavía un reto, por lo que vale la pena poner la mirada en aquellas que han mostrado un cambio positivo para la igualdad de derechos en la comunidad LGBTQ+.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) alertó que en Honduras se estarían registrando en promedio tres nuevas infecciones de VIH por día, lo que equivale a una cada ocho horas. Esta situación mantiene la preocupación de las autoridades sanitarias y de los organismos defensores de derechos humanos.

En el marco de la conmemoración del Día Nacional de Respuesta a la Epidemia del VIH, que se recuerda este próximo 18 de mayo, la institución hizo un llamado público a fortalecer las campañas de prevención, ampliar el acceso a servicios de salud y combatir el estigma y la discriminación que aún enfrentan miles de personas diagnosticadas con el virus.

La coordinadora de la Defensoría de Personas con VIH del CONADEH, Francia Maradiaga, recordó que el Estado hondureño tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de esta población en cumplimiento de tratados y compromisos internacionales suscritos por el país.

Explicó que las personas con VIH continúan enfrentando barreras para acceder a servicios de salud, empleo, educación y oportunidades laborales, debido a prácticas discriminatorias que persisten tanto en instituciones públicas como privadas.

“El VIH no debe ser la causa para que se niegue a las personas sus derechos a la salud, educación, trabajo u otros relacionados”, expresó la defensora.

VIH en cifras

Datos del Subsistema de Información de VIH de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud reflejan que entre 1985 y 2025 Honduras acumula 44.620 casos de VIH.

De ese total, 17.563 personas permanecen en condición asintomática, mientras que 27.057 presentan infección avanzada. Las estadísticas indican además que el 58 % de los casos corresponde a hombres y el 42 % a mujeres.

Las cifras oficiales muestran que los departamentos con mayor incidencia continúan siendo Cortés, con 15.881 casos registrados; Francisco Morazán, con 8.987; Atlántida, con 4.609; además de Yoro, Colón y Choluteca. En conjunto, estas regiones concentran el 82 % de los casos reportados a nivel nacional.

El informe también detalla que la epidemia afecta a personas de todas las edades, desde menores de cuatro años hasta adultos mayores de 60 años. No obstante, la población económicamente activa continúa siendo la más vulnerable.

En los casos de infección avanzada, el 74 % corresponde a personas entre 20 y 44 años, mientras que entre los pacientes asintomáticos el 78 % se ubica en ese mismo rango de edad.

Las autoridades sanitarias señalaron además que entre 2024 y 2025 se diagnosticaron 2.272 nuevos casos, lo que equivale a 95 contagios mensuales.

En cuanto a fallecimientos, durante 2025 se contabilizan 115 muertes relacionadas con VIH, con un promedio de 10 por mes o una cada tres días. El 70 % de las víctimas fueron hombres y el 30 % mujeres.

Las mayores cifras de mortalidad se registran en los departamentos de Cortés, Francisco Morazán y Atlántida, que concentran el 66 % de los decesos reportados.

Mortalidad en Honduras

Maradiaga explicó que la reducción de fallecimientos en comparación con años anteriores se relaciona con mejoras en el acceso a medicamentos antirretrovirales, diagnósticos más oportunos y una mayor cobertura de atención médica especializada.

No obstante, muchos pacientes continúan llegando tarde a los servicios de salud, lo que complica los tratamientos y eleva el riesgo de muerte.

La defensora también expresó preocupación por los casos de transmisión de madre a hijo que todavía se registran en el país, indicando que algunas mujeres embarazadas rechazan los tratamientos luego de recibir un diagnóstico positivo.

Advirtió que esta situación incrementa el riesgo de contagio neonatal, pese a que actualmente existen tratamientos efectivos para prevenir la transmisión vertical del virus.

Otro de los problemas señalados por el CONADEH es la persistencia de despidos laborales y actos discriminatorios contra personas diagnosticadas con VIH.

“Tenemos despidos tanto en el sector público como en el privado y las personas con VIH requieren de un trabajo para mantener un estándar de vida que les permita estar en condición de indetectable e intransmisible”, indicó Maradiaga.

Responsabilidad de prevenir

La especialista explicó que una persona que recibe adecuadamente su tratamiento y mantiene una carga viral indetectable no transmite el virus, por lo que insistió en la importancia de garantizar acceso continuo a medicamentos y estabilidad social para los pacientes.

También se hizo un llamado a la población a realizarse pruebas de detección y acudir a los servicios médicos de manera temprana. La prevención y la atención oportuna siguen siendo fundamentales para reducir nuevos contagios.

Bajo el lema “Prevenir el VIH es posible, eliminar el estigma es urgente”, el CONADEH, junto a organizaciones de sociedad civil y entidades gubernamentales, desarrollará actividades este lunes en el Parque Central de Tegucigalpa para promover la prevención, sensibilización y respeto hacia las personas que viven con VIH.

La institución reiteró que eliminar la discriminación y garantizar los derechos humanos de esta población continúa siendo uno de los principales desafíos para Honduras en la lucha contra la epidemia.

El conductor de televisión Pedro Sola enfrenta cuestionamientos tras emitir un comentario dirigido a su compañero Ricardo Manjarrez durante la transmisión de Ventaneando el pasado lunes 11 de mayo.

El episodio ocurre después de que Sola menciona la canción “La Negrita Cucurumbé” y asocia el color de los brazos de Manjarrez con el término “negro”, lo que genera una reacción inmediata en el foro y activa la posibilidad de intervención por parte del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).

Pati Chapoy defiende a Ricardo Manjarrez de comentarios racistas de Pedro Sola

En la emisión, Manjarrez comenta: “Vámonos a Miami. Ya estoy de regreso la semana pasada”. Sola responde: “Oye, fíjate, porque hay-- ahorita que te veo me acuerdo de la canción de La Negrita Cucurumbé. Pues tú traes los brazos negros”. La conductora Pati Chapoy interviene con: “Oye, bueno, pues estaba haciendo guata en la calle”. Sola insiste: “Que se ponga manga larga”. Chapoy ataja: “Ay, no, Pedro”. Manjarrez replica: “Es que estoy en Miami, no en Alaska. Ay, se me va a pegar eso”. Chapoy concluye: “No le hagas caso, tú preocúpate por el trabajo y ya”.

Las intervenciones de Pati Chapoy y Mónica Castañeda buscan desactivar la tensión, defendiendo a Manjarrez y desviando el énfasis del comentario de Sola. El momento, transmitido en vivo, circula en redes sociales, donde usuarios cuestionan el uso del término por parte del conductor.

¿Qué puede hacer CONAPRED ante expresiones discriminatorias?

El CONAPRED es el órgano federal encargado de recibir quejas por presuntos actos de discriminación en medios de comunicación, espacios laborales y otras áreas. Su función incluye investigar los hechos y, si se confirma el acto discriminatorio, emitir resoluciones vinculantes denominadas “resoluciones por disposición”.

En casos de expresiones en televisión, como las de Pedro Sola, el consejo puede iniciar una investigación a partir de una queja formal presentada por cualquier persona que se sienta afectada o por la sociedad civil. El trámite es gratuito y puede realizarse en línea o presencialmente.

Sanciones y medidas de reparación por lenguaje discriminatorio

Las resoluciones del CONAPRED no incluyen multas económicas directas, pero sí exigen medidas de reparación. Entre ellas se encuentran la obligación de ofrecer disculpas públicas, la realización de cartas compromiso y la asistencia a cursos de sensibilización para el conductor y, en ocasiones, para la empresa televisiva.

El alcance de la sanción depende de la gravedad y la reiteración del acto. Si la resolución no se cumple en los plazos establecidos, otras autoridades pueden imponer sanciones administrativas adicionales. El objetivo es eliminar prácticas discriminatorias en los medios y garantizar la reparación del daño a las personas o grupos afectados.

El lenguaje en medios bajo vigilancia

El uso de expresiones o epítetos para descalificar o aludir a características físicas de personas pertenecientes a grupos históricamente vulnerados es uno de los focos de actuación del CONAPRED. El organismo sostiene que el lenguaje en televisión debe evitar reproducir prejuicios, estigmas o estereotipos.

En el caso de Pedro Sola, la frase citada en la transmisión puede ser considerada por la autoridad como un acto de discriminación si se demuestra que implica un trato despectivo o incita a la exclusión por motivos de color de piel.

Cómo avanza un procedimiento ante CONAPRED

El procedimiento inicia con la recepción de la queja y la apertura de una investigación. Si la autoridad considera que existen elementos suficientes, formula una resolución que obliga al responsable a cumplir las medidas correctivas. El proceso incluye el derecho de audiencia para las partes y puede culminar en una disculpa pública transmitida en el mismo canal o espacio mediático donde ocurrió el hecho.

La intervención de CONAPRED responde a la demanda ciudadana de eliminar cualquier forma de discriminación en los medios de comunicación, atendiendo tanto a quienes presentan la queja como a la responsabilidad social de los comunicadores.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) alertó sobre la situación crítica que enfrentan las personas con discapacidad en el ámbito laboral por el aumento de despidos y el incumplimiento de las disposiciones legales destinadas a la inclusión en el mercado de trabajo.

Betina Hernández, coordinadora de la Defensoría de Personas con Discapacidad del Conadeh, advirtió que estas prácticas vulneran derechos fundamentales y evidencian una débil ejecución de la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad. Según Hernández, en lugar de avanzar en inclusión, se han registrado retrocesos importantes, sobre todo en instituciones públicas.

La funcionaria precisó que el artículo 35 de esta ley impone obligaciones para empleadores del sector público y privado: empresas e instituciones deben asegurar la incorporación de un número mínimo de personas con discapacidad en sus planillas, en proporción al tamaño de su personal. Este mecanismo busca promover la igualdad en el acceso al empleo y reducir las brechas históricas.

Desconocen la ley

Hernández lamentó que muchas entidades ignoran esta normativa y, en ocasiones, optan por despedir a personal con discapacidad que ya formaba parte de sus equipos. “No solo se trata de no contratar, sino de despedir a quienes ya habían logrado insertarse laboralmente, lo que agrava aún más la situación”, afirmó.

Entre los motivos de preocupación para el Conadeh destaca la recurrencia de estos despidos durante períodos de transición política. Cada cuatro años, con los cambios de administración, se repite un patrón que afecta directamente a quienes trabajan en el sector público. “Se tenía la esperanza de que esta práctica fuera superada, pero sigue ocurriendo”, sostuvo Hernández.

El organismo puntualizó que ha recibido más de una decena de quejas recientes relacionadas con despidos, un indicador de que el fenómeno es recurrente. En muchos casos, las personas afectadas enfrentan obstáculos mayores para reinsertarse en el mercado laboral: discriminación, falta de accesibilidad y escasas oportunidades de empleo adecuado.

La coordinadora resaltó que la pérdida de un empleo repercute con más gravedad en las personas con discapacidad, ya que en numerosos hogares estos ingresos constituyen el sustento principal, y las probabilidades de hallar un nuevo empleo son inferiores al promedio general. “Estamos hablando de situaciones humanas complejas, donde se pone en riesgo la estabilidad económica y emocional de las personas y sus familias”, señaló.

Restitución de derechos

Frente a este contexto, el Conadeh informó que reforzará su acompañamiento a los afectados, ofreciendo asesoría y seguimiento de los casos denunciados. Además, iniciará diálogos con las instituciones señaladas para revisar las decisiones adoptadas y buscar formas de restituir los derechos vulnerados.

El ente defensor reiteró la necesidad de que el sector privado asuma un papel activo, cumpliendo la cuota legal y promoviendo ambientes accesibles y sin discriminación. También hizo un llamado a las autoridades para fortalecer los mecanismos de supervisión y sanción, con el objetivo de garantizar la aplicación efectiva de la normativa.

El Conadeh exhortó a la sociedad a tomar conciencia acerca de la importancia de la inclusión y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad, subrayando que el acceso al trabajo digno constituye un pilar esencial para su desarrollo y participación plena en la vida social y económica del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que la discriminación que enfrentan muchos mexicanos en el exterior tiene raíces en una visión eurocentrista que minimizó históricamente a las civilizaciones originarias del país.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria remarcó que la imagen negativa de México en el extranjero se construyó desde la época de la Conquista y la Colonia, cuando se visualizó ante el mundo “desde la perspectiva eurocentrista”, que en aquel entonces las grandes civilizaciones mexicanas “eran atrasadas, salvajes, sacrificaban personas”.

Señaló que esto último lo comparaban con “las grandes civilizaciones que provenían de Europa”, con el objetivo de justificar el intervencionismo.

En este sentido, recalcó que la llamada Cuarta Transformación busca recuperar la dignidad del pueblo y posicionar a México como una potencia cultural y de valores, en condiciones de igualdad frente a cualquier nación.

Señaló que el objetivo de su gobierno es lograr el reconocimiento de la grandeza cultural de México y de sus pueblos originarios, y que la solicitud de perdón al gobierno español por los abusos cometidos durante la Conquista es parte de ese proceso de restitución histórica.

Sheinbaum recordó que, aunque las relaciones diplomáticas, culturales y comerciales con España nunca se interrumpieron, existió un periodo reciente de menor cercanía. Relató que la reacción de las autoridades españolas ante la solicitud de disculpa incluyó una campaña de rechazo y una sensación de agravio, lo que derivó en gestos como la decisión de no invitar al rey de España a su toma de posesión.

“México es grandioso y su pueblo es extraordinario. Y mucha de esa discriminación proviene de aquellas épocas y de haber visualizado ante el mundo... que las grandes civilizaciones mexicanas eran atrasadas”, afirmó.

La mandataria destacó el trabajo realizado para acercar a ambas naciones, como la organización de exposiciones en España con piezas del Museo de Antropología y sobre mujeres indígenas mexicanas, lo que propició declaraciones públicas de reconocimiento de abusos por parte de autoridades españolas y la entrega de un premio al Museo de Antropología.

Consideró que estas acciones representan señales de respeto hacia México y explicó que, tras recibir la invitación a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en noviembre en Madrid, aún evalúa su asistencia debido a la coincidencia de fechas con la Cumbre de la APEC en China, a la que también planea acudir.

La discriminación contra personas LGBTIQ+ en Perú sigue teniendo consecuencias profundas y medibles en la vida cotidiana, especialmente en el acceso a oportunidades laborales y educativas. Un reciente estudio académico advierte que revelar la orientación sexual o identidad de género puede incrementar hasta 15 veces el riesgo de perder oportunidades laborales, evidenciando que la exclusión no solo persiste, sino que adopta formas cada vez más sutiles dentro de espacios formales.

El informe, titulado “Los costos de la discriminación en el proyecto de vida de la población LGBTIQ+ en el Perú”, fue elaborado por investigadores de diversas instituciones, entre ellas la Universidad Científica del Sur. Sus hallazgos exponen una problemática estructural: el 83,3% de las personas encuestadas afirmó haber sufrido al menos un episodio de discriminación por su orientación sexual o identidad de género, una cifra que refleja el impacto sistemático de la violencia y exclusión en distintos ámbitos de la vida.

Discriminación laboral y educativa: barreras invisibles que limitan el desarrollo

Uno de los datos más contundentes del estudio revela que el 46,8% de las personas LGBTIQ+ reportó haber perdido oportunidades laborales o educativas clave debido a situaciones de discriminación. Este escenario se agrava con otro indicador crítico: el 24.4% tuvo que suspender, abandonar o postergar sus estudios, afectando directamente sus posibilidades de desarrollo profesional y económico a largo plazo.

De acuerdo con la investigación, estas barreras no siempre se presentan de forma explícita. En muchos casos, la discriminación laboral en Perú se manifiesta de manera encubierta: ascensos que nunca llegan, aumentos salariales negados, exclusión de puestos de liderazgo o decisiones arbitrarias sobre responsabilidades. Incluso, estas prácticas pueden derivar en la no renovación de contratos o la imposibilidad de alcanzar estabilidad laboral.

Además, el estudio advierte que esta exclusión empuja a muchas personas a aceptar empleos precarios o de menor remuneración. En el caso de las mujeres transgénero, esta situación puede derivar en la inserción en el trabajo sexual como una alternativa forzada ante la falta de opciones laborales dignas, incrementando su vulnerabilidad social y económica.

Otro hallazgo relevante indica que “salir del clóset” incrementa en 3,8 veces el riesgo de frustrar proyectos de vida, en comparación con quienes optan por ocultar su identidad. Esta presión constante genera un entorno de autocensura: el 30,5% de los participantes admitió ocultar su identidad en espacios laborales o educativos de manera frecuente.

Impacto económico y exclusión interseccional: el costo de ser visible

El estudio también dimensiona el impacto económico de la discriminación, señalando que las personas LGBTIQ+ que enfrentan estas situaciones pueden ver incrementados sus gastos hasta en 8,9 veces. Entre las principales causas se encuentran la pérdida de apoyo familiar y, en casos más graves, la expulsión del hogar, una realidad que obliga a muchos jóvenes a asumir una independencia económica prematura.

A estos factores se suman los gastos en salud mental y bienestar. Las personas afectadas destinan, en promedio, S/ 450 mensuales en terapias psicológicas y tratamientos especializados. En el caso de personas transgénero, los costos se elevan considerablemente debido a intervenciones no cubiertas por el sistema de salud, como terapias hormonales o cirugías de afirmación de género, que pueden oscilar entre S/ 20.000 y S/ 25.000.

La inestabilidad también se traduce en gastos adicionales como mudanzas forzadas para escapar de entornos hostiles o el uso de transporte privado para evitar situaciones de riesgo. Estas condiciones dificultan la planificación financiera a largo plazo, afectando metas como el ahorro o la jubilación.

El psicólogo Arístides Vara-Horna, otro de los autores del estudio, sostiene que estas experiencias generan un impacto acumulativo. “Hemos encontrado en el estudio que estas experiencias de discriminación y violencia son efectivas, porque logran que la gente se auto restrinja, es decir, disminuya sus propias ambiciones”, explica.

La investigación también incorpora un enfoque de interseccionalidad, evidenciando que no todas las personas LGBTIQ+ enfrentan los mismos niveles de riesgo. Las personas transgénero, intersexuales y no binarias reportaron los niveles más altos de afectación: el 96% indicó haber sufrido una afectación severa o haber renunciado a su proyecto de vida.

Factores como la ubicación geográfica, la clase social o la discapacidad agravan estas condiciones. En zonas rurales de la Amazonía y la sierra peruana, por ejemplo, se registran mayores niveles de violencia y menor acceso a redes de apoyo o servicios especializados. Asimismo, las personas con discapacidad enfrentan una doble exclusión, acumulando barreras que limitan aún más sus oportunidades.

El estudio subraya que estas desigualdades no son aisladas, sino que responden a un sistema que continúa penalizando la diversidad. En ese contexto, la visibilidad —que debería ser un derecho— se convierte en un factor de riesgo que impacta directamente en el acceso a derechos fundamentales como el trabajo, la educación y una vida digna.

El debate en el estudio comenzó con la visita de Martín, uno de los últimos eliminados del reality, quien planteó en voz alta la pregunta sobre el posible regreso de Carmiña en el repechaje de mayo: “La echaron por discriminación. ¿Ustedes creen que la gente quiere ver una discriminadora dentro de la casa?”. La mesa se encendió y, sin vueltas, Eliana lanzó: “Sí, mirá lo que hace Yipio, que es una insultadora serial”, apuntando directamente contra la uruguaya, que logró salvarse de la eliminación y continuar una semana más en el programa tras vencer a Brian Sarmiento en la gala del lunes.

Las palabras de Guercio no pasaron inadvertidas. Mariana Brey intervino y acotó: “Yipio estaría re cancelada y tal vez podría estar afuera por cosas que dijo”. Sin embargo, Eliana fue más allá: “Si Carmiña pesara lo que pesa Yipio no pasaba nada. Es la verdad. El insulto, la ironía…”.

El primero en reaccionar fue Diego Brancatelli, quien no dudó en señalar la gravedad de la frase: “Es un montón”. Minutos después, volvió sobre el tema: “Me parece un espanto el comentario de Eliana, de que Yipio está ahí por gorda”. Lejos de reconocer la acusación, la panelista se defendió: “Brancatelli lo único que puede hacer es tergiversar”, intentando minimizar el alcance de sus palabras.

Mientras la discusión escalaba, Analía Franchín intervino para pedir que cada panelista exprese su postura con claridad, en un intento de ordenar el debate. Fue entonces cuando Guercio terminó por profundizar su postura: “Se le permiten más cosas, estos tipos de comentarios, a una persona gordita que a una flaquita. Eso es así. Te lo estoy exacerbando para mal. ¿Vamos a decir que no sucede, que a las gorditas... No estoy hablando del cuerpo”.

El intercambio no tardó en superar el límite de lo tolerable para Georgina, quien, visiblemente molesta, interrumpió a Guercio: “No te lo voy a permitir. No se dice eso. Se cancela”. La reacción de la conductora fue inmediata y contundente, marcando el rechazo al comentario y dejando en claro la posición del ciclo frente a cualquier tipo de discriminación.

El segmento se viralizó en las redes sociales y llegó a ser tendencia en X. El fragmento del programa fue compartido por varios usuarios que manifestaron su repudio a las declaraciones de la panelista. “Es una banda lo que dice Guercio”; “Labura de fan de Gran Hermano, no da para más”; “Me da un asco total su forma de pensar”; “La verdad que no puedo creer, entender ni escuchar lo que está diciendo”, fueron solo algunos de los comentarios que se multiplicaron durante la tarde.

A pesar de la defensa que intentó esgrimir, el comentario de Eliana fue ampliamente cuestionado tanto por sus compañeros en el piso como por el público. Mientras tanto, el futuro de Yipio en el reality sigue en juego, pero el debate instalado por Guercio dejó en claro que la televisión y las redes no toleran los comentarios que perpetúan prejuicios y estereotipos. La jornada dejó una lección sobre la importancia de cuidar el discurso y de repudiar toda forma de discriminación, venga de donde venga.

“En el último año fui a todos los castings que pude y no quedé en ninguno. No me eligen”. La frase de Manuela Lori, dicha casi en voz baja pero con una crudeza imposible de disimular, resume el presente de una vida que cambió de forma abrupta. A los 34 años, después de haber vivido quince dedicándose al modelaje, ese mundo de flashes, campañas gráficas y avisos publicitarios se convirtió en un terreno hostil. No por falta de talento ni de experiencia, sino por las secuelas físicas que le dejó un ACV. Hoy, cada rechazo duele distinto: no es solo laboral, es también una forma de sentirse “afuera” de un lugar al que perteneció durante mucho tiempo.

Manuela había arrancado como modelo apenas terminó la secundaria, en una época donde las redes sociales todavía no eran el epicentro del negocio. Su camino se construyó a base de insistencia: primero fotos caseras, después un book profesional que su padre la ayudó a pagar, y finalmente castings constantes. No era una modelo de pasarela tradicional. “Para hacer alta moda tenías que medir 1,75 metros y yo mido 1,70”, explicó en diálogo con Infobae.

Pero tenía algo que las agencias comerciales valoraban: una cara expresiva y capacidad de actuación. “Empecé a hacer publicidades para gráfica de vía pública y televisión y me fue súper bien”, contó Manuela, en alusión a que protagonizó varios comerciales de una reconocida gaseosa cola.

“No estaba representada por las agencias más famosas, pero sí por aquellas que manejaban el circuito comercial, donde cada oportunidad dependía de ser elegida entre decenas”, aclaró. Ese ritmo, incierto pero sostenido, era su normalidad. Vivía de eso, de su profesión como modelo.

Con el tiempo, empezó a pensar en el futuro. Sabía que el modelaje no es una carrera eterna y decidió anticiparse. “Me anoté en la carrera de Psicología en la UBA mientras seguía trabajando. Durante años combiné los castings con los apuntes. Era una forma de construir un plan B, aunque en ese momento no imaginaba cuán necesario sería”, admitió.

Manuela se recibió en agosto de 2023. Cuatro meses después, el 3 de diciembre, su vida cambió para siempre. El ACV llegó sin aviso, cuando había iniciado una etapa importante en su vida: convivía con su novio en Nordelta. No hubo síntomas previos, ni señales de alerta.

Estaba en su casa, acostada, cuando de repente sintió un mareo fuerte, visión borrosa y un dolor de cabeza insoportable, como un golpe seco. En cuestión de segundos, dejó de sentir el brazo izquierdo y perdió parte de la visión. No era solo confusión: era la sensación de que algo dentro de su cuerpo había dejado de responder.

Su pareja, que estaba con ella, entendió que algo grave pasaba. “Me empezó a preguntar cosas para ver si yo estaba orientada en tiempo y espacio”, recordó. Pero la asistencia médica no fue inmediata. “La ambulancia tardó como dos horas”, contó. Y después hubo más demoras. “Nos dijeron que teníamos que llamar a la ambulancia de la prepaga y tuvimos que esperar una hora más”, detalló.

Ese tiempo, en un cuadro así, puede ser determinante. “Me decían que había gente que directamente moría en la ambulancia”, relató. Finalmente, fue trasladada al Sanatorio Otamendi, del centro porteño, donde lograron diagnosticarla.

La causa fue inesperada: “Me dijeron que tenía una malformación congénita en el cerebro. Imaginate un ovillo de lana de venas y arterias enredadas. Eso estuvo ahí desde siempre, sin manifestarse. Hasta que un día explotó y causó una hemorragia”.

A partir de ese momento, comenzó un proceso médico complejo. “Estuve dos semanas en terapia intensiva y después en total fueron cuatro meses internada”, contó. Manuela pasó por cuatro cirugías porque la malformación estaba en una zona profunda del cerebro.

“La primera operación tuvo un objetivo urgente: intervenir sobre la zona que había sangrado para evitar que volviera a hacerlo. La idea era tapar el lugar por donde empezó a salir la sangre”, precisó. “Como el lugar en el que estaba alojada la malformación era muy peligroso, no se lo podía tocar de forma directa ya que cualquier intervención brusca podía generar daños neurológicos irreversibles”, explicó.

Por eso, el equipo médico decidió avanzar en etapas: “La segunda operación formó parte de ese abordaje progresivo. En lugar de intentar resolver todo de una vez, los cirujanos trabajaron sobre sectores específicos de la malformación, reduciendo gradualmente el riesgo”.

La tercera operación continuó en esa misma línea. Para entonces, el objetivo ya no era solo evitar nuevas hemorragias, sino también estabilizar definitivamente la estructura vascular anómala. Cada paso implicaba evaluar cómo respondía el cerebro, cuánto se desinflamaba la zona afectada y qué margen había para seguir avanzando.

La cuarta operación fue, en cierto modo, el cierre del proceso quirúrgico. Terminó de consolidar el trabajo previo, asegurando que la malformación ya no representara un riesgo inmediato de nueva hemorragia. “Para ese momento, el objetivo principal de salvarme la vida ya se había cumplido, pero quedaba el desafío de minimizar las secuelas”, contó.

Pero lo más impactante no fue solo la gravedad médica, sino el contraste entre lo que ella creía que le pasaba y la realidad. Mientras estaba internada, pensaba que pronto volvería a su vida normal. No dimensionaba la magnitud de lo ocurrido. “Quería irme a, pasar las fiestas en mi casa y retomar mi rutina. No entendía, todavía, que nada sería igual”, admitió.

Las secuelas aparecieron con fuerza cuando empezó la rehabilitación en el Instituto FLENI de Escobar. “La mitad izquierda de mi cuerpo estaba paralizado. No podía mover el brazo ni la pierna. No tenía estabilidad. No podía caminar sola. Durante semanas dependí completamente de otros para hacer tareas básicas como pararme para ir al baño, ducharme o comer”, remarcó.

La recuperación fue lenta, exigente y profundamente emocional. El primer logro fue ponerse de pie. Después, dar pasos. Siempre con ayuda, apoyándose de los muebles o agarrándose de las paredes. Siempre con riesgo de caerse.

El bastón, que le indicaron usar, se convirtió en un símbolo que rechazaba. Tenía 30 años y no quería verse así. Lo dejó de lado rápidamente, incluso antes de estar preparada. “Me avergonzaba que me vieran caminar con un bastón siendo tan joven, no quería que me tuvieran lástima”, contó.

El proceso de recuperación fue exigente. “El primer año fui de lunes a viernes a rehabilitación, dos horas por día”, recordó. Y aunque los avances llegaron, fueron lentos. “Empezar a caminar bien me llevó un año. Y aunque hoy puedo caminar sola todavía necesito usar un dispositivo para evitar que se me tuerza el tobillo y quede bien firme”, dijo.

Si bien Manuela ya camina con cierta estabilidad, aun hay algo que no se fue: la mirada de los otros. “Me siento todo el tiempo observada. Mi andar no pasa desapercibido”, se lamentó.

El brazo izquierdo, en cambio, sigue siendo una deuda. No puede usarlo con normalidad. “No puedo escribir, ni agarrar objetos pequeños. La motricidad fina es lo más difícil de recuperar, y los médicos no pueden asegurarme si volverá completamente. Para alguien como yo, que era zurda, esto implicó reaprender todo con la mano derecha”, señaló sobre su constante y, muchas veces, frustrante adaptación.

A eso se suma otra secuela invisible pero determinante: la pérdida del 50% del campo visual. “Me quedó ciega la mitad izquierda de cada ojo”, detalló. Es decir, no ve hacia el lado izquierdo en ninguno de los dos ojos, lo que afecta directamente su campo visual. Esta condición se llama hemianopsia homónima y, en términos prácticos, significa que perdió la visión periférica de un lado.

Las consecuencias de esta secuela impactan en su vida cotidiana más de lo que parece a simple vista. Por ejemplo, explicó que esto es uno de los motivos por los que no puede manejar: “Aunque físicamente podría adaptarme a un auto automático, la falta de campo visual me limita”.

Lo más difícil, sin embargo, es que no hay margen para la recuperación. A diferencia del brazo o la pierna, donde todavía mantiene expectativas, en este caso el diagnóstico es definitivo: “Eso no se puede recuperar, porque es el nervio óptico que se murió”.

A pesar de todo, hubo algo que nunca dejó de empujarla: la decisión de volver a ser modelo.

Una vuelta al modelaje que no resultó como esperaba

Después de un año de recuperación intensa, sintió que estaba lista para volver al modelaje. No porque estuviera completamente recuperada, sino porque lo necesitaba. Era una forma de reconectar con quien había sido. De probarse a sí misma que todavía podía.

Pero el regreso no fue como lo imaginaba. Los castings, que antes eran parte de su rutina, se transformaron en escenarios de incomodidad. “En este mundo, el cuerpo es observado en detalle. Las manos, la postura, la forma de caminar. Todo cuenta. Y en mi caso quedo muy expuesta”, admitió. De hecho, su forma de caminar, aunque mejorada, no es idéntica a la de antes.

Aunque nadie se lo dice explícitamente, ella sabe que no resulta elegida por las secuelas que dejó el ACV en su cuerpo. “En más de una ocasión, incluso, me sugirieron ocultar lo que me había pasado. Decir que fue una caída, un accidente menor. Y yo, con tal de trabajar, llegué a aceptar esa idea. Pero ni siquiera así conseguí el trabajo”, recordó.

A pesar de eso, no se rinde. Sigue yendo a castings. Sigue intentando. Pero también entendió que necesita construir otros caminos. Hoy trabaja como psicóloga, atiende pacientes y continúa formándose con un posgrado. Es su nueva base, su nueva identidad en construcción. Aunque incluso ahí aparecen inseguridades: teme que sus pacientes la vean diferente, que su historia le quite autoridad.

En lo personal, también hubo cambios profundos. Se separó de su pareja poco después del alta. “No quería ser una carga para él. Sentía que él me había elegido en una situación distinta, antes del ACV, y que ahora la relación podía transformarse en algo sostenido por obligación o por lástima”, contó. Y esa sensación se vuelve todavía más explícita cuando se nombra a sí misma desde un lugar muy duro: “Yo pasé a ser discapacitada”.

Desde ahí, Manuela decidió tomar una decisión que mezcla amor, miedo y una fuerte necesidad de no depender: “No quería que estuviera conmigo por obligación. Tampoco quería ser una carga para mi familia así que me mudé sola a San Fernando, donde viven mi papá y mis hermanos”.

Esa autonomía, en su caso, no es un dato menor. Es una conquista diaria. El ACV no solo afectó su cuerpo: alteró la forma en que se ve a sí misma y cómo cree que los demás la ven. La inseguridad, la vergüenza, el miedo a no ser elegida —en el trabajo, en el amor, en la vida— son parte de ese proceso.

Y sin embargo, hay algo en lo que se mantiene firme. “Quiero terminar de rehabilitarme para volver a modelar como antes”. Y en esa frase, más allá de las dificultades, aparece el motor que la sostiene. “Estoy convencida que si uno se lo propone lo puede lograr”, concluyó.

La actriz y creadora de contenido Adriana Lumina generó polémica en redes sociales tras relatar una experiencia que calificó como discriminatoria durante su visita a Cozumel, en el Caribe mexicano.

A través de un video difundido en TikTok, la influencer narró que fue ignorada por el personal de un restaurante mientras intentaba ser atendida. Según su testimonio, permaneció varios minutos sin recibir servicio, pese a que otros clientes sí eran atendidos con normalidad.

“Me discriminaron, pero terrible. Estando en mi país, en el Caribe que saben que amo y adoro. O sea, y no solo lo vi yo, porque además me escribieron unas seguidoras para decirme que vieron la discriminación que estaba sufriendo”, expresó.

La creadora explicó que inicialmente pensó que se trataba de una demora por la carga de trabajo del lugar, pero con el paso del tiempo notó que la situación persistía únicamente con ella.

Señala trato diferenciado

En su narración, Adriana Lumina detalló que incluso al intentar llamar a los meseros no obtuvo respuesta, lo que incrementó su frustración. Finalmente, decidió encarar al encargado del establecimiento.

“Oiga, no me están atendiendo. Llevo media hora y no me han traído mis bebidas. Quiero entender por qué no me están atendiendo, ¿porque soy mujer, porque soy mexicana, porque hablo español, porque no tomo alcohol o todas estas razones? O sea, de verdad, dígamelo”.

La influencer también mencionó que suele pedir agua en lugar de bebidas alcohólicas, lo que, según le han explicado personas del sector, podría influir en la percepción del servicio.

Tras recibir atención tardía y que no correspondía a lo solicitado, la creadora optó por retirarse del establecimiento sin consumir.

“Lo único que hice por dignidad fue levantarme y decirle a Lorenzo: ‘Vámonos’. No se molestaron ni siquiera en cobrarme, en disculparse, en algo. No sé, de verdad no entendí”.

El testimonio generó una amplia conversación sobre el trato hacia turistas nacionales en destinos turísticos.

El caso provocó múltiples comentarios por parte de usuarios, quienes expresaron tanto apoyo como reflexión sobre el servicio en zonas turísticas.

“Hay que darle amor al restaurante Zacil, nadie debería de ser discriminado, en insta @zacildelacocay”; “Tranquila reina, sabemos que eres un amor y mereces amor”; “Qué horrible, de verdad que da impotencia que esto siga pasando, lo siento mucho”; “Deja reseñas en Google, eso afecta bastante a los negocios”; “Qué triste que te haya pasado, no todos los lugares o prestadores de servicios somos así en Cozumel, ojalá puedas regresar y quitarte ese mal sabor de boca”.

El caso reavivó el debate sobre prácticas de atención en destinos turísticos y la percepción hacia los clientes dependiendo de su consumo.

Una posible pena efectiva por expresiones racistas y discriminatoriaspodría recaer sobre el streamer conocido como Cristorata, tras una investigación penal iniciada en Perú. El caso surge a raíz de declaraciones ofensivas contra votantes y pueblos originarios del sur del país, emitidas por el creador de contenido durante una transmisión en la plataforma digital Kick.

La denuncia, presentada por el abogado cusqueño Dennis Llamoca, avanza en el Ministerio Público, mientras entidades como el Ministerio de Cultura y la Municipalidad de Cusco ya manifestaron su rechazo público a los hechos.

El abogado Llamoca, quien interpuso la denuncia, precisó en entrevista con Exitosa que la causa progresa en la fiscalía, con diligencias en curso y el objetivo de formalizar. “Que se formalice la acusación, que formalice la etapa de investigación preparatoria y posterior a ello que se vaya a juicio y que sea bien sentenciado este señor”, expresó.

El letrado subrayó que la denuncia responde a actos discriminatorios dirigidos a la zona sur, a los pueblos originarios y a la colectividad.

Las diligencias incluyen la declaración de Cristopher Puente Viena, nombre real del streamer peruano, así como la realización de exámenes psicológicos. Trascendió que la fiscalía también revisará los videos en los que se emitieron las frases, consideradas por el abogado como “expresiones racistas”.

Según Llamoca, el artículo 323 del Código Penal peruano establece una sanción de dos a tres años de prisión para quienes incurran en actos de discriminación, y en situaciones agravadas, el fiscal puede solicitar una “pena efectiva”, es decir, cárcel.

Reacción social

Mientras revisaba el conteo por las Elecciones 206 en la web de la ONPE, Cristorata lanzó una serie de insultos contra la población andina durante una transmisión en vivo. “Que rabia estos hue** son andinos, burros oe. Si no fuera por Machu Picchu, hablo con el presidente de China para que le envíen una bomba”. Añadió frases como “No comprendo qué les pasa a estos serranos. Serranos de mie, come mote de mie**”, y otras expresiones dirigidas a la población del sur.

Las palabras de Cristorata provocaron un rechazo inmediato en redes sociales y entre líderes de opinión. Ante la presión, el creador de contenido publicó mensajes de disculpa en su cuenta de X (antes Twitter) y luego reiteró su arrepentimiento en un nuevo video, reconociendo el impacto negativo de sus comentarios en la audiencia. “A quienes se sintieron afectados, les pido disculpas de verdad”, declaró.

Medidas legales

El Ministerio de Cultura condenó públicamente las expresiones a través de un comunicado, reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos humanos y el respeto a la diversidad cultural. La Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura trasladó el caso a la Fiscalía Penal Especializada en Derechos Humanos para que se iniciaran las investigaciones preliminares, conforme al artículo 323.

Por su parte, la Municipalidad de Cusco declaró persona non grata a Cristorata. El abogado Dennis Llamoca celebró la decisión y afirmó que la ciudad no permitirá actos de racismo ni discriminación, especialmente hacia la zona de Cusco, Puno y Juliaca.

“Yo voy a ser uno de los primeros cuando aterrice aquí en el aeropuerto, ir con mi cartelón y poner un cartelón grande ahí, racista y discriminador a este sujeto cuando venga o quiera conocer Machu Picchu”, sostuvo Llamoca en declaraciones recogidas por Exitosa.

Delitos y sanciones

Durante la entrevista, Llamoca precisó que la acusación se fundamenta en el artículo 323 del Código Penal, que penaliza la exclusión, limitación o negación de derechos por motivos discriminatorios. El abogado remarcó que la conducta atribuida a Cristorata se considera agravada por haberse realizado ante millones de seguidores y por incidir en derechos de pueblos originarios y comunidades campesinas.

Consultado sobre la posibilidad de que las disculpas públicas influyan en la decisión judicial, Llamoca aclaró que en delitos de discriminación la retractación no exime de responsabilidad, a diferencia de los procesos por difamación.

“El delito ya se ha consumado y lo que se ha establecido en el artículo trescientos veintitrés con esas palabras racistas y discriminatorias por parte de este Cristorata”, enfatizó el denunciante.

Plazos del proceso

Sobre los tiempos previstos para el desarrollo judicial, Llamoca estimó que el proceso podría resolverse en un lapso de dos a cuatro meses, dado que las pruebas resultan evidentes y se plantea una acusación directa ante el juzgado de flagrancia. En este tipo de procedimientos, las audiencias suelen realizarse en cuestión de semanas, explicó el letrado.

La situación de Cristorata permanece bajo observación pública y legal a la espera de los siguientes pasos en la investigación fiscal. Tanto la reacción institucional como el avance del proceso penal mantienen el foco en las consecuencias sociales y jurídicas de actos discriminatorios durante procesos electorales y transmisiones en plataformas digitales.

El Ministerio de Salud de Panamá activó la aplicación de la Ley 364 de salud mental, marcando un cambio en cómo las instituciones públicas y privadas deben tratar este tema, especialmente en el acceso al empleo y la educación.

La medida más visible es la prohibición de exigir certificados de salud mental como requisito general, una práctica que durante años se utilizó en distintos procesos administrativos.

La disposición, de obligatorio cumplimiento, establece que ninguna institución podrá solicitar estos certificados para contrataciones, matrículas, ascensos o trámites generales, salvo en casos excepcionales debidamente justificados.

La instrucción fue formalizada mediante una circular dirigida a todo el sector público, privado y educativo, lo que implica un alcance nacional inmediato.

El cambio no surge de una decisión aislada, sino de la implementación de la Ley 364 de 6 de febrero de 2023, que reconoce la salud mental como un derecho humano fundamental y obliga al Estado a garantizar su cobertura en todo el territorio nacional.

La normativa también establece principios como la no discriminación, la dignidad y la confidencialidad de las personas con condiciones o antecedentes de salud mental.

Uno de los puntos centrales de la ley es que busca romper con la estigmatización que históricamente ha rodeado a los trastornos mentales.

En ese sentido, el Artículo 5 reconoce el derecho de toda persona a no ser identificada ni discriminada por su condición, mientras que el Estado debe asegurar el acceso a servicios de salud mental integrales, incluyendo promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación.

Desde el punto de vista técnico, el Ministerio de Salud sostiene que los certificados de salud mental no tienen valor predictivo para determinar el desempeño laboral o académico.

Se trata de evaluaciones que describen el estado de una persona en un momento específico, pero que no permiten anticipar conductas futuras ni medir capacidades profesionales o personales.

Además, el uso masivo de estos certificados generaba un problema adicional: sobrecargaba los servicios especializados de salud mental, desviando recursos que deberían destinarse a la atención clínica de pacientes.

Según las autoridades, esta práctica contradecía el enfoque de la política pública, que busca priorizar la atención integral y oportuna de quienes realmente requieren tratamiento.

La nueva disposición obliga a las instituciones a eliminar este requisito de sus reglamentos, formularios y procesos internos, así como a capacitar a su personal para evitar su uso en cualquier nivel.

También establece que solo en situaciones muy específicas, vinculadas a tareas de alto riesgo, podría justificarse una evaluación de salud mental, siempre de manera individual y nunca como requisito general.

Más allá de la prohibición, la Ley 364 plantea un modelo más amplio. El Estado debe garantizar el acceso a servicios públicos y gratuitos de salud mental, desarrollar programas de prevención, fortalecer la atención comunitaria y promover la reintegración social de las personas con trastornos mentales.

Esto incluye desde atención médica hasta programas de rehabilitación psicosocial y apoyo en entornos laborales y familiares.

La normativa también introduce obligaciones para el sistema de salud y otras instituciones, como la creación de servicios adecuados, personal capacitado y entornos seguros para la atención de pacientes. Incluso prohíbe prácticas como la apertura de centros que vulneren la dignidad de las personas o el uso de tratamientos que impliquen maltrato o degradación.

Con esta implementación, Panamá busca alinearse con estándares internacionales en materia de derechos humanos y salud pública. La medida no solo redefine un requisito administrativo, sino que cambia el enfoque hacia uno centrado en la protección de derechos, la inclusión y el acceso equitativo a servicios de salud mental.

El reto ahora estará en su cumplimiento. La circular advierte que las instituciones que continúen exigiendo certificados de salud mental podrían enfrentar responsabilidades administrativas y legales, lo que convierte esta disposición en un punto de inflexión para la relación entre salud mental, empleo y educación en el país.

Las declaraciones de Cristorata se produjeron en una transmisión en vivo, tras revisar los resultados por ciudad. El streamer expresó: “Que rabia estos hue*** son andinos, burros oe. Si no fuera por Machu Picchu, hablo con el presidente de China para que le envíen una bomba”.

Además, agregó: “Desde ahora ya no voy a consumir mote, ni cuy. Que chu* no hay televisión, no hay celular, qué pasa puneños. No le llega el oxígeno al puto cerebro”.

En otro momento, insistió: “No comprendo qué les pasa a estos serranos. Serranos de mie*, come mote de mierda. Tú piensa que cuando JP gane, ¿te va a cambiar tu casa, te va a encementar, le va a poner ladrillo? No le va a poner ni pin*** oe, burros de mie***, rojos de mie***”.

Las disculpas tras el error

Las palabras de Cristorata generaron un fuerte rechazo en redes sociales, donde usuarios y líderes de opinión criticaron la carga discriminatoria de sus comentarios.

Ante la presión, el streamer publicó un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter): “Ayer dije cosas ofensivas sobre la gente de la sierra peruana. Estuvo mal y no tiene justificación. Hablé desde la molestia y terminé faltando el respeto y generalizando, y eso no corresponde. Me hago responsable por lo que dije. A quienes se sintieron afectados, les pido disculpas de verdad”. A pesar de este pronunciamiento, la polémica continuó escalando.

En la noche, Cristorata volvió a dirigirse a su audiencia, esta vez a través de su canal de Kick, para reiterar su arrepentimiento. En sus palabras: “Pedirle disculpas a las personas que se han sentido ofendidas por mi comentario racista, la cagué no me voy a excusar”.

Siguió: “Es un comentario que hizo que muchas personas se sintieran mal. Si yo la cago voy a tener que pedir disculpas, asumir es de hombres y yo soy un hombre hecho y derecho, me consumió el show. Lancé un comentario nefasto, hice sentir mal a muchas personas y es eso”.

Mincul pidió proceso legal

El Ministerio de Cultura emitió un comunicado expresando su rechazo a las frases de Cristopher Puente Viena, nombre real de Cristorata, formuladas en su canal de Kick.

El documento señala: “Rechazamos las expresiones racistas emitidas por el ciudadano Cristopher Puente Viena durante una transmisión en su canal de Kick, ‘Cristorata7’, y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos y el respeto a la diversidad cultural de nuestro país”.

El comunicado también informó que la Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura trasladará el caso a la Fiscalía Penal Especializada en Derechos Humanos para que se inicien las investigaciones preliminares, conforme al artículo 323 del Código Penal peruano, que sanciona los actos de discriminación.

La intervención del Ministerio de Cultura se fundamenta en sus atribuciones para promover el respeto a la diversidad cultural y prevenir prácticas discriminatorias, activando los protocolos legales previstos por la normativa vigente.

La situación de Cristorata permanece bajo observación, con la expectativa puesta en la evolución de las investigaciones y en las eventuales consecuencias legales y sociales que puedan derivarse de este caso.

La Corte Suprema de Justicia rechazó este jueves el recurso de queja presentado por la defensa de Vanina Biasi, ex diputada nacional y actual legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, en la causa en la que resultó procesada por supuesta instigación a la violencia y actos discriminatorios, tras haber publicado en la red social X -ex Twitter- una batería de mensajes denunciados por su contenido antisemita.

El motivo del Máximo Tribunal fue formal: “El recurso de queja ha sido interpuesto extemporáneamente”, dijo, y desestimó la presentación directa en una decisión que llevó la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

La causa se originó en una denuncia por ocho publicaciones realizadas desde la cuenta @vaninabiasi entre el 27 de noviembre de 2023 y el 29 de enero de 2024, consideradas constitutivas del delito previsto en el artículo 3°, segundo párrafo, de la ley 23.592. Esa norma reprime con prisión de un mes a tres años a quienes “por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”. La imputación a Biasi se fundó en esa modalidad de incitación directa a través de expresiones públicas.

Entre los mensajes relevados por la justicia figuran los siguientes: “El estado sionista es nazi por sus prácticas y su ideología y entiendo que a un propagandista de un Estado terrorista, genocida y asesino de niños le moleste leerlo, pero sus patoteadas no me van a silenciar”; “Sionismo es genocidio, sionismo es apartheid, sionismo es la construcción de una narrativa mentirosa en la que el ocupante es víctima y el ocupado victimario”; “La memoria del Holocausto es manipulada por los defensores de los crímenes del sionista Netanyahu que emulan a los que sufrieran millones de judíos, a los que el sionismo no representa ni mucho menos honra”; y “Los nazis sionistas necesitan destruir la ayuda humanitaria de la UNRWA -Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo- para que el exterminio se acelere. Usan la hambruna, como ocurría en los campos de concentración nazis, como mecanismo de exterminio”.

La investigación estuvo a cargo del juez federal Daniel Rafecas, quien instruyó la causa a partir de una denuncia del fiscal Carlos Stornelli y con querella de la DAIA. El magistrado procesó a Biasi por “alentar o incitar al odio contra un grupo de personas -la comunidad judía- a través de expresiones públicas en redes sociales”. El fiscal del caso, Eduardo Taiano, pidió la elevación a juicio al entender que las expresiones configuraron actos discriminatorios antisemitas en los términos de la ley 23.592.

El 7 de agosto de 2025, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de Biasi y le impuso un embargo de $10.000.000. Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi concluyeron que las publicaciones habían excedido los márgenes legalmente permitidos para el ejercicio de la libertad de expresión, configurando la conducta que se le atribuye. El juez Mariano Llorens, por su parte, advirtió que en el ecosistema digital actual “la distinción entre semitismo y sionismo pierde definición cuando ingresa al juego anárquico de las redes sociales”.

Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación, rechazado el 10 de septiembre de 2025 por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal. Luego presentó un recurso extraordinario federal, denegado el 16 de octubre pasado por no estar dirigido contra una sentencia definitiva o equiparable a tal y por no acreditar la concurrencia de una cuestión federal.

Agotadas esas vías, la abogada Liliana Alanis, defensora de Biasi, presentó el recurso de queja ante la Corte Suprema. El escrito fue interpuesto fuera del plazo legal, lo que determinó su rechazo por el máximo tribunal.

La discriminación por embarazo y maternidad continúa como un problema latente en la Ciudad de México, luego de que en 2025 se posicionaron entre las principales causas de denuncia ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED).

El organismo presentó este mes su informe sobre la atención de casos de discriminación en 2025, en el cual precisó que durante ese año brindó 2 mil 255 atenciones ciudadanas a personas que viven o transitan en la capital.

Destacó que la orientación fue la modalidad más común, con 1 mil 646 intervenciones, y 389 gestiones. En este sentido, abrió 150 expedientes de queja y 14 de reclamación.

Precisó que el embarazo se posiciona como el segundo motivo más frecuente en los expedientes de queja y reclamación, con 29 casos registrados, además de los relacionados con maternidad.

No obstante, la condición de salud fue el motivo más reportado, con 41 casos, seguido por embarazo, género con 20 casos, discapacidad con 19, e identidad de género con 13.

Geraldina González de la Vega Hernández, presidenta de la COPRED, sostuvo que la discriminación por embarazo en el ámbito laboral sigue como un problema vigente y normalizado, a pesar de la existencia de instrumentos jurídicos y marcos legales locales y nacionales.

“El número de personas que vienen a denunciar al COPRED es muchísimo menor de la realidad que está sucediendo allá afuera, pues está práctica discriminatoria está normalizada, por ello, desde esta institución hacemos ese llamado a las mujeres y personas gestantes que están siendo discriminadas en sus empleos con motivo de su embarazo o de su regreso de la maternidad acudan al Consejo a denunciar”, afirmó.

Recomendaciones y acciones urgentes del COPRED

La titular del COPRED señaló que el problema persiste también a nivel nacional, como confirman datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).

Ante este panorama, el organismo urgió a la creación de un espacio intersectorial que involucre a gobierno, sector empresarial, sociedad civil y academia para diseñar e impulsar acciones que eliminen esta práctica.

Entre las acciones propuestas destaca el fortalecimiento de inspecciones laborales en empresas privadas con enfoque de derechos reproductivos y no discriminación, la capacitación obligatoria en igualdad laboral y discriminación para quienes emplean en el sector privado y público, y la promoción de sistemas de cumplimiento proactivo con criterios específicos de embarazo y maternidad.

También plantea una reforma legal local para reforzar la prevención y sanción de la discriminación laboral por embarazo, el monitoreo con enfoque interseccional, la obligatoriedad de reportar datos como la brecha salarial y datos desagregados, así como el refuerzo de canales de denuncia y acompañamiento.

El consejo pone especial atención en los efectos de la pandemia por COVID-19, periodo en el que se presentaron casos graves.

Colectivo propone reforma contra despidos por maternidad en México

En marzo pasado, el colectivo Mexiro A.C. presentó ante la Cámara de Diputados una propuesta de reforma legal para promover la lactancia extendida y fortalecer la estabilidad laboral de las mujeres frente a despidos por maternidad.

La iniciativa busca modificar la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para ampliar el periodo de lactancia reconocido por la ley de seis meses a dos años y reforzar las garantías de empleo durante el embarazo y la lactancia.

La propuesta, respaldada por legisladores de distintos partidos, plantea incorporar la protección de la lactancia extendida, mecanismos jurídicos efectivos para garantizar la estabilidad en el empleo y condiciones laborales compatibles con la maternidad y los cuidados.

Además, busca asegurar espacios dignos para la extracción o administración de leche materna en centros de trabajo, así como impulsar la capacitación, la información y el acceso a servicios de apoyo en materia de lactancia.

Mexiro argumenta que la reforma está alineada con estándares internacionales y responde a la persistencia de la discriminación por embarazo y maternidad, que sigue siendo una de las principales causas de despido y maltrato laboral en México.

La iniciativa será presentada formalmente en el actual periodo ordinario de sesiones.

El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella se refirió nuevamente sobre el polémico comentario que lanzó contra el hoy aspirante a la Vicepresidencia, Juan Daniel Oviedo, días antes de que se realizaran las consultas interpartidistas del 8 de marzo.

En su momento, el jurista, en una entrevista concedida al canal de YouTube RichyTv, había emitido comentarios en tono burlesco sobre lo que pensaba del exdirector del Dane.

“No, pues, a mí hay vainas de Juan Daniel que tampoco me gustan y no las digo. Digo, lo mío se resuelve poniéndose las medias. Lo que no me gusta de Juan Daniel, loco, jodido que lo arregle”, manifestó en el espacio digital.

Tras ello, De la Espriella volvió a referirse a dicho episodio y descartó que tenga actitudes homofóbicas, al considerar que cuenta con personas que gustan del mismo sexo.

“Hay que dejar la susceptibilidad, Tampoco es para tanto. No soy homofóbico. Tenemos un gran amigo tu y yo que se llama Felipe Zuleta. No tengo nada en contra de las personas ni discrimino a nadie por su orientación sexual, raza o ideología”, explicó el candidato presidencial en diálogo con la periodista Vicky Dávila en Semana.

Incluso, indicó que, luego de su comentario, Oviedo se ha burlado de él por varios aspectos particulares como su saludo militar. “Yo no tengo problema, pero Oviedo me ha mamado gallo full a mí y se burla del saludo militar. Me ha dado periodicazos por ahí en video y tal, y yo no salgo a decir que Juan Daniel (gestos) no, esto no es un tema de niños, estamos compitiendo por la Presidencia de la República”, recalcó.

Críticas a Paloma Valencia

De otro lado, Abelardo de la Espriella se refirió a su relación con la senadora y también candidata presidencial Paloma Valencia (Centro Democrático).

Inicialmente, en la descartó por completo cualquier posibilidad de alianza en la primera vuelta presidencial que se llevará a cabo el 31 de mayo de 2026, debido a que la congresista de oposición ganó la consulta interpartidista, lo que la imposibilita jurídicamente de aliarse con otros aspirantes.

No obstante, fue enfático en que la presencia de figuras vinculadas al expresidente Juan Manuel Santos en su coalición también lo habrían desistido de aliarse con la senadora Valencia.

“No habría podido estar ahí con tanto santista”, indicó De la Espriella en diálogo con Semana.

El abogado argumentó que no podría sumarse a una coalición integrada por dirigentes como el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, a quien señaló por “vivir de la teta del Estado” y mencionar que su hermana “ha sido como 10 veces embajadora de todos los gobiernos”, y por la presencia de Aníbal Gaviria, sobre quien recordó que “tiene un proceso abierto por corrupción en la Corte Suprema”.

Del mismo modo, el candidato mencionó que el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón buscó el respaldo de figuras como “los Ñoños y los Musas en Córdoba” y rechazó compartir espacio con “ministros de Santos que apoyaron a Santos para que nunca respondieran a sus víctimas”.

Al referirse a Juan Manuel Galán, aseguró: “Debe tener 52 años y lleva 52 años viviendo del Estado. El hermano, alcalde, desastre de alcalde, pero además han pertenecido a los de siempre”.

En cuanto al panorama de la centro derecha, el candidato relató que la propuesta para una unión se presentó en noviembre de 2025, pero que fue la propia Paloma Valencia quien rechazó una competencia previa entre ambos.

El aspirante también se refirió a la situación interna del equipo de Paloma Valencia, señalando que “no ha podido controlar a su suegro y a su cuñado que todo el día me atacan”, esto en referencia al exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez Becerra, quien es suegro de la candidata presidencial del Centro Democrático.

Finalmente, Abelardo de la Espriella destacó su alianza con José Manuel Restrepo, su fórmula vicepresidencial. “No vine a hace la política de siempre. Vine a cambiarla para siempre”, puntualizó.

El hecho ocurrió en las últimas horas durante una celebración por la vuelta de la joven abogada a su provincia. El regreso de Agostina al país ocurrió el miércoles por la tarde luego de que su familia pagara una fianza de 20 mil dólares impuesta por las autoridades locales para volver a su hogar.

En la filmación, Mariano Páez está junto a su pareja y otras personas. Se lo ve riéndose y actuado como un mono, el mismo gesto que la llevó a su hija a quedar imputada por injuria racial y enfrentar un proceso por el que pudo haber sido condenada a hasta 15 años de prisión en Brasil.

También se lo escucha decir que él pagó 18 mil dólares del monto total de la fianza y reclamó que ninguna autoridad argentina le dio “ni un peso”. “Asco. Yo al Estado le tengo asco, yo no vivo de la política. Soy empresario, millonario y usurero. Y narco… narco, privado”, se oye.

Al ser consultado por el video, Mariano Páez dijo que “está trucado”.

“Me lo pasaron esta mañana, no puedo entender la maldad y el odio de la gente. Se comunicaron conmigo y me pidieron $5 millones para que no se difunda. Le dije que ‘no, hacé lo que quieras’. Tengo los mensajes”, explicó.

“Es un video que me han querido vender esta mañana”, insistió y agregó: “No sé cómo lo han hecho, puede ser con inteligencia artificial”.

El hombre sí confirmó que estuvo anoche en ese bar. “Siempre voy, soy un habitué”, dijo.

Su hija Agostina viajó este miércoles desde Río de Janeiro hacia la Argentina junto a su equipo legal, entre quienes se encontraba su defensora Carla Junqueira, con quien compartió las primeras imágenes del retorno desde el aeropuerto brasileño. El arribo se produjo alrededor de las 19:20 en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires.

En su primer contacto con la prensa, la abogada dijo que está “muy aliviada” y “emocionada” porque no “veía la hora de volver”. “No puedo creer estar aquí, soñaba con esto”, agregó.

“Se terminó esta pesadilla. Me arrepiento de haber reaccionado mal, a pesar del contexto, me arrepiento de haber reaccionado de esa manera”, aseguró. También contó que le tuvo que pedir perdón al mesero, además de la fianza que pagó.

Cómo sigue la causa de Agostina Páez

El retorno de la joven a Argentina fue posible tras la decisión de la justicia brasileña de otorgarle un hábeas corpus, lo que le permitió salir de Brasil y aguardar la resolución final en Santiago del Estero. Para ello, Páez debió abonar una fianza de 20.000 dólares, transferencia que concretó este martes luego de que se aceptara el recurso presentado por su defensa.

El proceso judicial contra la abogada comenzó a mediados de enero, cuando fue denunciada por injuria racial en Río de Janeiro. La figura penal contempla penas de dos a cinco años de prisión. En la última audiencia, el tribunal decidió unificar los cargos, y la acusación pidió una condena de dos años, la mínima prevista.

Durante el proceso, la defensa solicitó que Páez pudiera regresar al país para cumplir tareas comunitarias desde Santiago del Estero. Tanto la querella como la fiscalía avalaron el pedido y ahora la jueza de la causa debe decidir si homologa el acuerdo alcanzado, lo que podría traducirse en una condena de dos años con cumplimiento de medidas alternativas, como trabajos comunitarios, cursos obligatorios o el pago de una multa.

Mientras tanto, Páez cuenta con permiso para permanecer en Argentina a la espera del veredicto, que podría conocerse en los próximos días. Durante este período, solo deberá respetar las restricciones que eventualmente disponga la justicia argentina en el marco de la cooperación internacional.

El escenario internacional reconoce a Rachel Zegler por haberse mantenido fiel a sus convicciones frente a la presión mediática y la discriminación, y por defender la salud mental de manera abierta, según relató en entrevista con la revista de moda Harper’s Bazaar.

Zegler es considerada una de las artistas más expuestas de su generación debido a cómo enfrentó el escrutinio público, el racismo y los cuestionamientos profesionales sin renunciar a sus principios. Defendió la inclusión, la identidad y el autocuidado emocional, inspirando a nuevas generaciones en el mundo del entretenimiento.

Desde niña, Zegler encontró en el arte un refugio impulsado por el apoyo familiar. “Me enganché con la actuación muy pronto, porque mis padres me llevaban a ver obras en Broadway cuando era pequeña”, compartió. De ascendencia colombiana y polaca, recordó: “Empecé a audicionar cuando tenía 11 o 12 años y simplemente no pude pensar en otra cosa”.

Controversias y ataques: Blancanieves, discriminación y presión mediática

Sin contactos previos en la industria, trazó su propio camino. “Nadie en mi familia estaba en la industria. Construí mi propio camino, aunque con el respaldo absoluto de mis padres”, contó a la revista. Usó videos en YouTube y se abrió paso entre más de 30 mil aspirantes hasta convertirse en la protagonista de la película Amor sin barreras bajo la dirección de Steven Spielberg.

La actriz admitió que la falta de protección marcó sus comienzos. “Fui seleccionada en 2019, pero la película no se estrenó hasta finales de 2021. Era como si todos retuvieran el aliento, diciéndome que no podía fallar”, recordó. Añadió: “Admiro a esa chica. Admiro quién era y quién sigo siendo: segura de que lo peor que pueden decirte es ‘no, hoy no’”.

El reconocimiento público también trajo momentos complicados. Zegler fue blanco de ataques en redes sociales y polémicas tras ser elegida como protagonista de Blancanieves en la versión que prepara el estudio cinematográfico Disney para 2025. “Me decían que no era lo suficiente para Amor sin barreras y demasiado para Blancanieves”, relató.

Enfrentar la discriminación implicó escuchar mensajes contradictorios sobre su identidad. “Fue confuso estar en mis veinte y escuchar eso. Crecí orgullosa de ser de Colombia, de la comida, de la ropa, del café. Pero creo que, para la opinión pública, cuando eres dos cosas, pareces no ser ninguna”, explicó en Harper’s Bazaar.

La actriz fue objeto de críticas tanto por sus opiniones sobre los arquetipos femeninos en Disney como por apoyar causas sociales y de derechos humanos. Tras expresar su postura en redes sociales, los ataques se intensificaron y ella recibió amenazas. “Si hubiese podido prever todo eso, habría lanzado mi teléfono al océano”, confesó.

Recibió el respaldo de figuras como Helen Mirren y Lucy Liu, compañeras en Shazam!, quienes la aconsejaron sobre cómo mantenerse firme en el ambiente laboral. “Tuvimos largas conversaciones sobre lo que significa ser mujer en esta industria, sobre las decepciones y cómo acompañar a otras actrices, especialmente a las más jóvenes”, afirmó.

Valentía y principios ante la adversidad

En público, Zegler expuso abiertamente sus ideas. “Dije lo que siento, y eso siempre será un testimonio de mis convicciones fundamentales como persona. Ahí está mi postura”, aseguró a Harper’s Bazaar.

La presión social no la hizo ceder. La actriz destacó: “Me niego a adaptarme por comodidad ajena”. Para ella, proteger la identidad frente a arquetipos y doctrinas de asimilación es parte esencial de su trayectoria. Su madre, que vivió un periodo donde integrarse se consideraba sinónimo de supervivencia, ejemplifica el contraste entre las generaciones migrantes en su familia.

Las dificultades llevaron a Zegler a reflexionar antes de hablar en público. “Uno vive y aprende. Hay que entender que la tentación de hablar no a menudo significa que debe hacerse, y que existen otras maneras de lograr cambios más allá de un tuit”, señaló en la entrevista.

Nuevos desafíos profesionales y salud mental

Tras las controversias, Zegler apostó por el teatro y se presentó en el West End londinense como Evita, mientras se preparaba para nuevos retos en Broadway. “Quise mostrar al mundo lo que puedo hacer, ocho veces a la semana”, afirmó sobre su paso por el escenario.

Estos desafíos la hicieron cambiar hábitos. “Vivía prácticamente como una monja, constantemente cuidando mi voz y mi salud”, reveló. Reconoce que para responder a tantas exigencias es necesario apoyo externo: “Trabajar con una terapeuta me ayudó mucho. Gracias a eso, puedo estar presente cada día”.

Zegler subrayó la importancia de la salud mental y pidió abrir el diálogo: “Ojalá llegue el día en que hablar de esto no sea tabú. La salud mental no debería ser un privilegio de pocos; todos merecen entender lo que sucede en su mente y en su corazón”.

Sus elecciones profesionales también fueron determinantes. “Elegí franquicias y oportunidades que aportaron seguridad, lo que me permite dedicarme a proyectos independientes y al teatro en Londres”, explicó.

Recientemente, compartir escenario con Ben Platt y recibir llamadas de referentes como Lin-Manuel Miranda significaron logros personales que nunca imaginó alcanzar a tan corta edad.

Pese a las exposiciones públicas y privadas, Zegler sostiene que nadie más puede ocupar el lugar que construyó en la industria por su origen, talento y principios propios, según expresó a Harper’s Bazaar.

La decisión del tribunal incluyó la imposición de multas por un total de 1.710 euros, así como una indemnización conjunta de 6.000 euros a la víctima por daño moral y 350 euros adicionales en concepto de responsabilidad civil. De acuerdo con la información publicada por el medio que cubrió el caso, la Audiencia Provincial de Bizkaia condenó a diez personas a dos años de prisión y a un undécimo acusado a un año y dos meses, como consecuencia de una agresión grupal con connotaciones homófobas ocurrida en Basauri el 6 de junio de 2021.

Según detalló el medio, los magistrados consideraron probados los hechos ocurridos durante la madrugada en el parque Bizkotxalde, donde los acusados, actuando de manera conjunta, rodearon y agredieron física y verbalmente a un joven. Durante el ataque, que se desarrolló en presencia de numerosos testigos, los responsables profirieron insultos discriminatorios relacionados con la orientación sexual de la víctima, con expresiones tales como "maricón", "esto te pasa por ser un maricón de mierda" y "sarasa". Los agresores, guiados por una motivación excluyente y discriminatoria, solicitaron a la víctima que abandonara el lugar argumentando que "les iba a contagiar y les daba asco", según informó la Audiencia vizcaína.

El tribunal explicó que los acusados actuaron con el objetivo de menoscabar la integridad moral y la dignidad del joven exclusivamente por su orientación sexual. El fallo recoge que la agresión, física y verbal, provocó lesiones que requirieron asistencia médica y desencadenaron un trastorno adaptativo ansioso reactivo con síntomas postraumáticos, por lo que la víctima necesitó tratamiento especializado.

La Audiencia de Bizkaia, tal como publicó la fuente original, consideró que existían pruebas suficientes para dictar sentencia condenatoria contra los once acusados, apoyándose en el testimonio de la víctima y en las concordancias entre los testigos presenciales. La sentencia indicó que la declaración del joven resultó creíble y verosímil, y que las corroboraciones periféricas, como los relatos de testigos, coincidieron en los detalles principales de lo ocurrido. Además, durante el proceso judicial, la víctima identificó sin titubeos a todos los implicados como los autores de la agresión.

Los magistrados calificaron el ataque como un delito de odio cometido con motivación discriminatoria y lo encuadraron en concurso de normas con un delito contra la integridad moral y, además, con un delito leve de lesiones. En el análisis, el tribunal recordó que el delito de odio requiere que el autor actúe con conocimiento y voluntad dirigidos por la exclusión o discriminación hacia una persona por formar parte de un determinado grupo, requisito que, en opinión de la Audiencia, se cumple en este caso.

El fallo judicial resaltó la naturaleza colectiva del ataque y comparó la acción del grupo de acusados con una "jauría", descripción reflejada en la sentencia según recogió el medio. Todos participaron de manera activa tanto en los golpes propinados como en los insultos de carácter homófobo, lo que, según la resolución, constituye una agravante por abuso de superioridad en el delito leve de lesiones. La Audiencia, no obstante, descartó la existencia de alevosía y rechazó las eximentes o atenuantes propuestas por las defensas, como legítima defensa, reparación del daño y dilaciones indebidas. En el caso de uno de los acusados, el tribunal aplicó una atenuante por presentar una anomalía psíquica leve, lo que supuso una rebaja en la condena.

En el texto de la sentencia, la Audiencia Provincial especificó que la brevedad y menor gravedad de las lesiones sufridas por la víctima se debieron a la rápida intervención de las personas presentes en el lugar, que interrumpieron el ataque colectivo después de solo unos minutos. Los magistrados concluyeron que esta intervención evitó consecuencias aún más graves para la integridad física de la persona agredida.

Según consignó la fuente original, la sentencia señaló el impacto que tuvo la agresión sobre la integridad moral y la dignidad de la víctima, resaltando que la experiencia vivida supuso humillación, vejación y descrédito impulsados únicamente por motivos de orientación sexual. El tribunal advirtió que los insultos y la violencia ejercida no surgieron por una discusión circunstancial, sino que manifestaron una intención consciente de exclusión social.

En relación con el delito de odio, la resolución judicial subrayó la importancia de la motivación y el dolo en la conducta de los procesados, estableciendo que el conocimiento y la voluntad de atacar a la víctima por pertenecer a un colectivo específico es necesario para configurar el tipo penal. El tribunal describió los hechos como encuadrados en el resultado previsto por el delito de odio regulado por la legislación vigente.

La sentencia, que todavía puede apelarse ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, contempla además la prohibición para los acusados de comunicarse o aproximarse a la víctima. Las penas económicas y de prisión se suman a las medidas civiles, estableciendo un marco de reparación ante los daños producidos.

El caso ha quedado recogido en la resolución judicial como un ataque con motivación homófoba, cometido en un espacio público y ante numerosos testigos, con afectaciones a la integridad física y psicológica de la víctima. Los jueces determinaron que el abordaje colectivo, la persistencia y la naturaleza de los insultos y golpes demostraron la comisión de un delito dirigido específicamente contra la dignidad por motivos discriminatorios. La responsabilidad penal recae sobre todos los participantes identificados, al estimar que actuaron como coautores materiales del hecho juzgado.

El comunicado del RCD Espanyol enfatizó el descontento del club ante la que considera una “campaña de desprestigio gratuita y generalizada” dirigida a su afición tras los incidentes ocurridos en el RCDE Stadium durante el partido amistoso entre España y Egipto. Según informó Europa Press, la entidad insistió en que atribuir lo sucedido al grueso de su hinchada resulta un juicio “injusto, excesivo y desproporcionado”, defendiendo así la pluralidad y el respeto que —a su entender— han caracterizado históricamente a sus seguidores.

De acuerdo con Europa Press, el club manifestó una condena “enérgica” frente a los cánticos racistas que se produjeron en el recinto durante el encuentro, organizado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El episodio principal tuvo lugar desde una zona del fondo de Cornellà, conocida por albergar habitualmente al grupo “La Curva”, donde, a partir del minuto 20, se entonó repetidas veces un cántico de carácter ofensivo: “Musulmán el que no bote”. El club identificó este comportamiento como “absolutamente reprobable, inaceptable e inadmisible” por no reflejar, en ningún caso, los valores que pretenden promover en el deporte y solicitó que estas conductas sean condenadas y eliminadas de todos los recintos futbolísticos.

El medio Europa Press detalló que, además del cántico discriminatorio, otros actos sucedieron la noche del martes en el estadio. Durante los instantes previos al inicio del partido, algunas personas entre el público silbaron el himno de Egipto, y también se escucharon insultos dirigidos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, provenientes de un grupo reducido de asistentes. El club recalcó su rechazo a todos estos actos y señaló que el RCDE Stadium mantiene una trayectoria de casi 17 años como escenario moderno, integrador y abierto, con capacidad para recibir partidos internacionales de selecciones de todos los continentes bajo un ambiente de respeto y convivencia.

Europa Press publicó que el Espanyol, en su comunicado, quiso matizar la composición del público presente en el partido ante Egipto, puntualizando que la convocatoria de la RFEF reunió a seguidores de la selección nacional “de procedencias geográficas y futbolísticas muy diversas”. Según explicó la entidad, negar esta diversidad es un error, y por ello consideró desproporcionado que la totalidad de su afición sea señalada por los comportamientos de un conjunto minoritario de asistentes.

El club recordó, según consignó Europa Press, su trayectoria de más de 125 años y reiteró que nunca aceptará una generalización negativa que afecte a la “diversidad de su masa social”. Además, Espanyol reivindicó que su historia da testimonio de una práctica consistente en la inclusión y el respeto, y que siempre trabajará por defender estos valores tanto dentro como fuera del estadio.

En la parte final de su pronunciamiento, reportó Europa Press, la entidad reafirmó su “compromiso firme en la lucha contra cualquier forma de discriminación”. Espanyol anunció que continuará implementando acciones para mantener el RCDE Stadium como “un espacio seguro, inclusivo y respetuoso para todos”. El club declaró que la erradicación de actitudes discriminatorias seguirá ocupando un lugar prioritario en su agenda institucional.

Desde la zona del fondo de Cornellà del RCDE Stadium, donde suele ubicarse el grupo denominado 'La Curva' del RCD Espanyol, un sector de la afición inició el cántico "Musulmán el que no bote" a partir del minuto 20 del partido disputado entre las selecciones de España y Egipto en Barcelona. El partido amistoso, al que asistieron 35.895 personas este martes en el estadio de Cornellà-El Prat, se vio marcado por una serie de episodios de comportamientos discriminatorios en las gradas, según informó el medio de comunicación que cubrió el encuentro.

De acuerdo con la información difundida, parte del público presente también emitió pitos y silbidos al himno nacional egipcio durante los momentos previos al inicio del partido. El medio destacó que, además de los cánticos y abucheos, se registraron insultos dirigidos hacia el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, protagonizados por un grupo minoritario de espectadores.

El medio reportó que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) intervino durante el descanso, utilizando la megafonía y los videomarcadores del estadio para solicitar el cese de los cánticos ofensivos. La petición no logró detener completamente esas manifestaciones por parte del sector de la grada conocido por ser motor de otras expresiones entre grupos cada vez más reducidos de asistentes en diferentes áreas del estadio. Según consignó el medio, la intervención destacaba el rechazo a cualquier acto de carácter discriminatorio, apelando al respeto durante la celebración deportiva.

A través de sus redes sociales, la RFEF reiteró su postura condenatoria frente a los hechos ocurridos. "La RFEF se suma al mensaje de nuestro fútbol contra el racismo y condena cualquier acto de violencia en los estadios", publicó la organización en un comunicado. El medio detalló que la federación insistió en su compromiso por erradicar expresiones racistas y ofensivas, tanto en los campos como en el entorno digital asociado a los eventos futbolísticos.

El regreso de la selección española de fútbol a la provincia de Barcelona generó expectativas entre la hinchada, ya que el partido se presentaba como el último test previo a la convocatoria mundialista. Tal como publicó el medio, a pesar de los incidentes registrados, la mayoría de los aficionados se centraron en mostrar su apoyo a la selección española, con cánticos de ánimo y olas en las gradas que caracterizaron el ambiente general del estadio.

El medio subrayó que estos comportamientos aislados no reflejaron la actitud de la mayoría de los presentes, quienes enfocaron su participación en el evento en apoyar al combinado nacional en su preparación para los próximos retos internacionales. En medio del clima festivo y deportivo, la federación mantuvo un mensaje constante contra toda forma de discriminación, reiterando la importancia de erradicar las actitudes y expresiones de intolerancia en el fútbol.

El Centro Palestino de Derechos Humanos ha calificado a la recientemente aprobada reforma legal sobre la pena de muerte en Israel como un ataque directo contra la población palestina y una consolidación de la política israelí de ejecuciones extrajudiciales, todo ello bajo el amparo de la legalidad, según constata el organismo en mensajes publicados en redes sociales. Esta opinión se inscribe dentro de una ola de reacciones de condena que surge a raíz de la aprobación de la "Ley de Pena de Muerte para Terroristas" por el Parlamento israelí, que introduce la pena capital por ahorcamiento en secreto y restringe su aplicación exclusivamente a palestinos acusados de terrorismo. Según consignó la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Palestina, esta normativa refuerza la segregación, la discriminación racial y el apartheid, afectando a los habitantes palestinos de la Cisjordania ocupada e Israel, quienes en muchos casos enfrentan procesos judiciales considerados injustos.

De acuerdo con lo publicado por distintos organismos de derechos humanos, la nueva legislación israelí deja fuera de su alcance a la población judía bajo jurisdicción del Estado y se ciñe de forma específica a los palestinos, hecho que ha suscitado múltiples peticiones de derogación tanto dentro como fuera de la región. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha pedido la revocación inmediata de la ley aprobada por la Knesset, argumentando que su vigencia infringe compromisos internacionales asumidos por Israel y contradice la postura opuesta a la pena capital que Naciones Unidas ha mantenido bajo cualquier circunstancia. En su declaración, el órgano subrayó que implementar este tipo de castigos supone una vulneración de la normativa internacional relativa a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, Adalah, a través de un comunicado recogido por diferentes medios, ha señalado que la reforma legal representa la legalización de la ejecución por parte del Estado de personas que no representan una amenaza tangible. El director legal de Adalah, Suhad Bishara, afirmó que la norma infringe el principio de igualdad y la prohibición de discriminación racial, pues la legislación se ha construido con el objetivo de aplicarse solo a palestinos. Según Adalah, la Knesset carece de legitimidad para legislar sobre la población ocupada y la ley podría constituir un crimen de guerra, por lo que anunció la intención de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo de Israel con carácter urgente.

El medio informó que Amnistía Internacional y Human Rights Watch manifestaron su rechazo absoluto a la reforma legislativa impulsada por el Parlamento israelí. Amnistía Internacional, a través de su directora de Investigación, Incidencia Política y Campañas, Erika Guevara-Rosas, exigió la urgente derogación de la ley: “El hecho de que esta ley se haya aprobado el mismo mes en que el fiscal general militar israelí retiró todos los cargos contra soldados israelíes acusados de agresión sexual contra una detenida palestina, decisión celebrada por el primer ministro (Benjamin Netanyahu) y varios ministros, pone de manifiesto el grado de deshumanización que Israel inflige a los palestinos”. Guevara-Rosas reiteró que Netanyahu, quien afronta cargos ante el Tribunal Penal Internacional, estuvo entre quienes apoyaron la reforma.

Según Amnistía Internacional, los tribunales militares de la Cisjordania ocupada podrán imponer la pena de muerte a los palestinos condenados por asesinato premeditado en el marco de actos definidos como terroristas bajo la ley antiterrorista israelí. Además, quienes reciban esta condena no accederán al derecho a indulto, colocándose la legislación entre las más estrictas del mundo respecto a la pena capital. Guevara-Rosas denunció que los tribunales militares tienen una tasa de condena superior al 99% para los palestinos y no garantizan el debido proceso. De igual modo, destacó que el texto legal permite ejecutar la sentencia 90 días después de dictarse el fallo definitivo, eliminando recursos básicos de apelación. "La comunidad internacional debe ejercer la máxima presión sobre las autoridades israelíes para que deroguen inmediatamente esta ley, abolan por completo la pena de muerte y desmantelen todas las leyes y prácticas que contribuyen al sistema de apartheid contra los palestinos", concluyó la directora de Amnistía Internacional.

Human Rights Watch, por su parte, reafirmó su postura contraria a la pena de muerte en cualquier contexto. Adam Coogle, subdirector para Oriente Próximo, consideró que la reforma no responde a una lógica de seguridad sino que refuerza la discriminación y la existencia de un sistema judicial segregado, dos características que la organización asocia con situaciones de apartheid. Según la entidad, la pena de muerte es irreversible y restrictiva en cuanto a los procesos de apelación, lo que, junto al breve plazo de 90 días para la ejecución, se traduce en la posibilidad de realizar ejecuciones sin el adecuado escrutinio judicial, de acuerdo con lo reportado por Human Rights Watch.

El rechazo a la ley israelí también se hizo patente en Europa. El Consejo de Europa expresó su preocupación a través de su secretario general, Alain Berset, quien indicó que la entidad examinará las posibles implicancias de la normativa para los convenios internacionales suscritos por Israel y en los mecanismos de cooperación en los que el país participa. Berset indicó que la pena de muerte es un “anacronismo jurídico incompatible con los estándares contemporáneos de derechos humanos”, y puntualizó que la aplicación selectiva de la pena capital de forma discriminatoria resulta inaceptable en un Estado de derecho. Pese a las reiteradas recomendaciones del Consejo de Europa, el texto legal fue aprobado, lo que podría significar un mayor distanciamiento de Israel respecto a los valores que tradicionalmente ha reivindicado, tal como reportó el propio organismo.

Diversos países europeos sumaron sus objeciones tras la votación en el parlamento israelí. Alemania, Francia, Italia y Reino Unido expresaron una “preocupación profunda” por la legislación, que consideraron discriminatoria, e instaron al gobierno de Israel a abandonar el proyecto. A estas voces se añadió Irlanda, cuya ministra de Exteriores, Helen McEntee, subrayó el carácter selectivo de la reforma y solicitó tanto al Gobierno como al parlamento israelí que no la implementen.

El Centro Palestino de Derechos Humanos ha instado a la comunidad internacional a proteger a los presos palestinos y garantizar procesos de rendición de cuentas, insistiendo en que el silencio y la pasividad solo aumentarían la impunidad y debilitarían el marco internacional basado en normas, según reportaron las organizaciones implicadas.

El nuevo marco legal aprobado en Israel incorpora varias disposiciones que limitan las garantías procesales de los acusados, entre las que se encuentra la eliminación del derecho de apelación, la posibilidad de ejecuciones secretas por ahorcamiento y la facultad de condenar a muerte por mayoría simple de un tribunal militar, prescindiendo así de la necesidad de unanimidad que existía anteriormente. Según informó el diario The Times of Israel, la Knesset, el parlamento israelí, sacó adelante este lunes una reforma legal tras casi doce horas de debate, con 64 votos a favor y 48 en contra, que establece la pena de muerte exclusivamente para palestinos condenados por delitos de terrorismo, mientras que excluye a ciudadanos israelíes, incluidas todas las personas de extracción sionista, incluso si cometen hechos similares.

El medio The Times of Israel detalló que esta nueva ley se aplicará únicamente en tribunales militares de Cisjordania, en los que solamente son juzgados acusados palestinos, pues los ciudadanos israelíes, incluidos los colonos, continúan siendo procesados en tribunales civiles. Si bien el texto legislativo declara formalmente su carácter aplicable a toda la ciudadanía, uno de sus artículos restringe su alcance a quienes provoquen intencionadamente la muerte de una persona con el objetivo de negar la existencia del Estado de Israel, en la práctica una definición que excluye a toda persona de creencias sionistas.

De acuerdo con lo publicado en The Times of Israel, la reforma legal ha suscitado inmediatas críticas de organizaciones de derechos humanos. El Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, Adalah, advirtió mediante su directora legal Suhad Bishara que la ley institucionaliza el “asesinato estatal y a sangre fría de individuos que no suponen ningún tipo de amenaza”, y condenó que la iniciativa “está diseñada para aplicarse solo a los palestinos, lo que viola el principio fundamental de igualdad y prohibición de discriminación racial”. Adalah también recordó que la aplicación de leyes israelíes sobre la población palestina residente en Cisjordania constituye una “flagrante violación del derecho internacional”, al señalar que la Knesset carece de autoridad para legislar sobre poblaciones ocupadas. La organización legal anunció su intención de presentar un recurso de máxima urgencia ante el Tribunal Supremo de Israel para impugnar la legitimidad de la norma.

Según consignó el diario The Times of Israel, la ley endurece de modo considerable el régimen penitenciario de los condenados a muerte, estableciendo un régimen de aislamiento casi total. El instrumento legislativo no tendrá carácter retroactivo con respecto a los detenidos por los ataques del 7 de octubre de 2023, aunque paralelamente la Knesset tramita una segunda iniciativa que sí contempla la pena de muerte a posteriori para este grupo de acusados.

El principal promotor de la medida ha sido el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, líder del partido ultraderechista Poder Judío, quien aseguró tras la votación: “Es un día de justicia para las víctimas y un día de disuasión para nuestros enemigos. No más puertas giratorias para los terroristas, sino decisiones claras. Quien elige el terrorismo, elige la muerte”, según recogió The Times of Israel. La proposición recibió también el respaldo del partido gobernante Likud, liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, así como del partido opositor Yisrael Beitenu y de las formaciones ultraortodoxas Shas y Judaísmo Unido de la Torá.

Grupos de derechos humanos han alertado sobre la severidad y el carácter discriminatorio de la medida, al considerar que la nueva legislación incumple normas internacionales e incluso podría constituir un crimen de guerra. Adalah enfatizó que la ley se enmarca en una escalada que ha intensificado las denuncias de tortura sistemática perpetrada contra los palestinos bajo detención israelí, cuyas prácticas han recibido una amplia documentación, según el colectivo. El grupo subrayó la gravedad del nuevo instrumento al definirlo como “una de las más violentas y discriminatorias” aprobadas en el país.

El debate parlamentario que precedió a la votación se prolongó durante cerca de doce horas, reflejando la fuerte polarización en torno a la propuesta. En el contenido aprobado, la ley permite por primera vez ejecutar sentencias de muerte por simple mayoría de los jueces del tribunal en lugar de unanimidad, como se requería hasta la reforma. El texto habilita también la realización de ejecuciones de forma secreta y la imposición de medidas estrictas de aislamiento a los condenados.

Mientras tanto, se mantiene activa en la Knesset la discusión de otros proyectos de ley que buscan ampliar el alcance de la pena capital a hechos ocurridos con anterioridad a la entrada en vigor de la norma actual, en especial en relación con los ataques ocurridos en octubre de 2023.

Adalah ha reiterado que, en opinión del grupo, la legislación aprobada contraviene obligaciones asumidas por Israel bajo tratados internacionales y representa un precedente en el sistema legal israelí, por incluir disposiciones que suprimen el derecho a la apelación y permiten la ejecución de sentencias sin control judicial o mediático. Según publicó el diario The Times of Israel, la organización sostiene que la aplicación exclusiva de estos castigos a los palestinos es una muestra de discriminación racial institucionalizada.

Según reportó Europa Press, el claustro de profesores del IES Baltasar Porcel señaló que el incidente ocurrido tuvo una naturaleza “claramente homófoba”. Los educadores han subrayado que este tipo de hechos no constituyen casos aislados, sino que forman parte de una dinámica que se ha instalado en los entornos escolares desde hace tiempo. En su mensaje, los docentes denunciaron que situaciones similares han dejado de ser excepcionales y describieron cómo los insultos, amenazas, ofensas y expresiones de desprecio se están convirtiendo en una realidad cotidiana en su labor diaria.

El mensaje difundido por el claustro recoge la sensación de hartazgo existente al interior del profesorado, quien afirma: “Estamos cansados de recibir insultos, amenazas, ofensas y muestras de desprecio, que, lejos de ser excepcionales, se han ido convirtiendo en una realidad demasiado habitual. Esta normalización de la falta de respeto es profundamente preocupante y del todo inaceptable”. Según publicó Europa Press, los docentes consideran que este tipo de conductas discriminatorias y de odio, sean del tipo que sean, atentan directamente contra la dignidad de las personas y dañan los principios esenciales de convivencia necesarios en cualquier sociedad democrática.

En el análisis de la situación, los profesores del IES Baltasar Porcel de Andratx aseguran que esta problemática no afecta únicamente al colectivo docente ni es exclusiva del entorno escolar. Detallan que el fenómeno se presenta de forma generalizada en los centros educativos y explican que otros sectores y ámbitos sociales también resultan afectados por el incremento de comportamientos hostiles y excluyentes. Según consignó Europa Press, los docentes advirtieron que la persistencia de estos incidentes revela la existencia de un problema estructural y profundo que exige atención colectiva.

A través de la declaración difundida en redes sociales, el claustro del centro educativo reclamó una respuesta institucional “clara, decidida y efectiva” ante este tipo de hechos. La petición está dirigida a organismos y autoridades con capacidad para intervenir y diseñar estrategias que permitan proteger a las víctimas, sancionar los actos discriminatorios y garantizar la seguridad y el respeto en el entorno escolar. El comunicado subraya la necesidad de actuar con determinación frente a las agresiones dirigidas hacia cualquier colectivo vulnerable, enfatizando que una simple condena puntual no resulta suficiente para atajar el problema.

La postura del claustro pone el foco en la importancia de generar una conciencia auténtica y un compromiso sostenido contra las actitudes y prácticas discriminatorias en la sociedad, tal como recogió Europa Press. Los docentes sostienen que la defensa de la dignidad y la convivencia en los centros escolares constituye una responsabilidad común que debe traducirse en acciones concretas y continuas, orientadas a erradicar la violencia motivada por razones de orientación sexual u otros factores de discriminación.

El caso del profesor agredido en el IES Baltasar Porcel de Andratx se suma a otras situaciones similares que han sido reportadas en distintas regiones, lo que ha reavivado el debate sobre la capacidad de respuesta de las instituciones educativas y administrativas ante estos desafíos, de acuerdo con lo publicado por Europa Press. Las demandas de los docentes insisten en la urgencia de establecer medidas contundentes de prevención, sensibilización y auxilio a las víctimas para frenar la creciente normalización de la violencia en el entorno escolar y en otros espacios de la sociedad.

Europa Press concluyó que el claustro de docentes continuará vigilante y denunciará cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad, el respeto y la igualdad de derechos dentro del sistema educativo, recordando que la lucha contra la discriminación requiere el esfuerzo conjunto de toda la comunidad y el respaldo efectivo de las instituciones competentes.

A un año de la muerte de Daniel Bisogno, su hermano Alex Bisogno compartió detalles inéditos sobre la vida personal del conductor y el ambiente que enfrentó dentro de la televisión. En entrevista con Michelle Rubalcava, aseguró que el también comediante fue blanco de críticas constantes por sus preferencias sexuales, incluso por parte de colegas cercanos.

El testimonio surge en medio de las especulaciones que resurgieron tras el primer aniversario luctuoso, el pasado 20 de febrero de 2026.

Alex Bisogno dejó claro que, a diferencia del entorno laboral, en el ámbito familiar Daniel siempre contó con respaldo total. “Yo creo que en su trabajo existían más ataduras, no lo sé, sí te puedo decir que de lado de la familia y sus amigos fue una persona totalmente libre, nosotros siempre le dimos la libertad de expresarse”, explicó.

Alex Bisogno: “Era muy juzgado, hasta por sus amistades”

El hermano del conductor describió un ambiente hostil dentro del medio televisivo, donde, según su versión, Daniel no podía mostrarse con la misma libertad.

“Nosotros notábamos que en su trabajo no podía ser tan libre, era muy criticado y juzgado hasta por sus amistades al aire. Yo veía que los amigos más quería, era muy criticado por sus preferencias en su trabajo”, declaró.

Estas revelaciones colocan nuevamente en el centro la presión que enfrentan figuras públicas en la industria del entretenimiento, especialmente en espacios de alta exposición como Ventaneando, donde Bisogno consolidó su carrera.

Un momento íntimo y el respaldo familiar

Alex también recordó una conversación clave con su hermano, marcada por la preocupación del conductor tras ser captado por paparazzis en compañía de otros hombres. Daniel temía por la reacción de su padre y por el impacto en su hija Michaela.

Ante ese escenario, su hermano optó por acompañarlo sin cuestionamientos. “Yo le dije no le des explicaciones a nadie, tú haz lo que quieras hacer, ama a quien quieras amar y que te valga”, relató.

El presentador subrayó que nunca buscó definir las preferencias de Daniel, pero sí respaldó cada decisión personal. La familia, afirmó, siempre recibió con respeto a las personas cercanas al conductor.

Tensiones tras su fallecimiento

La muerte de Daniel Bisogno también desató diferencias públicas entre Alex y Pati Chapoy, figura clave de Ventaneando. La discusión escaló tras declaraciones sobre la administración de los bienes del conductor y el paradero de sus cenizas.

Chapoy respondió de forma directa: “¿Por qué empezar a crear descontentos o situaciones que no vienen al caso? Tu preocupación debería ser ponerte a trabajar y apoyar a tu papá”. Además, enfatizó que la única heredera legal es su hija.

Hasta el momento, Pati Chapoy y el resto de colaboradores de Ventaneando no han hecho declaraciones públicas sobre las afirmaciones realizadas por Alex Bisogno.

El Ejecutivo prevé que en el primer semestre de 2026 se habiliten canales específicos de comunicación y asistencia para víctimas, detenidos e investigados con discapacidad intelectual, facilitando su acceso a servicios especializados y reforzando la colaboración con Oficinas de Asistencia a las Víctimas, así como con organizaciones sociales. Este mecanismo, que integra varias líneas de acción, aparece recogido en el III Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio. Así lo detalló el Gobierno en una respuesta oficial a una pregunta planteada por el grupo parlamentario del Partido Popular en el Congreso, según publicó Europa Press. En esa comunicación, el Ejecutivo especificó que ya ha capacitado a cuarenta fiscales con la finalidad de profundizar en la detección y la investigación de delitos motivados por prejuicios hacia personas con discapacidad.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso Europa Press, el proceso de formación se desarrolló en el marco de una colaboración entre el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la Fiscalía General del Estado y el Centro de Estudios Jurídicos. La pregunta del PP solicitaba explicaciones sobre las medidas implementadas a lo largo de 2025 para frenar el incremento de delitos de odio dirigidos a personas con discapacidad en España.

En su contestación, el Gobierno remarcó la especialización de cuarenta agentes del Ministerio Fiscal en la materia durante ese año, pretendiendo con ello optimizar los métodos de identificación e investigación de estos delitos. Además, expuso que la intervención estatal en 2025 ha intensificado tanto el análisis como la visibilización de la discriminación basada en discapacidad. Para este propósito, reportó la actualización de la terminología en informes y estudios publicados, así como el inicio de investigaciones orientadas a identificar los factores que hacen más vulnerables a las personas con discapacidad intelectual frente a delitos de odio, buscando sustentar en datos empíricos el diseño de políticas preventivas futuras.

El III Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio, en vigor de 2025 a 2028, incluye entre sus medidas el fomento de canales específicos de asistencia y la figura del “facilitador” en procedimientos policiales. El Gobierno describió esta figura como un recurso destinado a asegurar que las personas con discapacidad intelectual, en su condición de víctimas, detenidas o investigadas, puedan comprender el proceso y evitar experiencias de indefensión o victimización secundaria.

Para apoyar la labor de los agentes implicados, se publicó la “Guía para el primer interviniente”, dirigida a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Además, en marzo de 2025 se añadieron dos documentos operativos complementarios. Estos materiales fueron elaborados por un grupo de trabajo multidisciplinar en el que participaron representantes del Ministerio Fiscal, cuerpos policiales, la Universidad Complutense de Madrid y organizaciones especializadas como Fundación A LA PAR y Plena Inclusión. La finalidad de estos recursos busca reforzar la capacitación práctica de los agentes policiales en situaciones que impliquen a personas con discapacidad intelectual.

El plan también contempla mejorar el acceso a la información a través de materiales adaptados en formatos de lectura fácil, facilitando así la comprensión a las personas con discapacidad. Además, se impulsa la formación especializada de los cuerpos policiales en técnicas de detección, identificación y respuesta frente a incidentes que puedan afectar a este colectivo. En esta dirección, se prioriza la organización de jornadas formativas conjuntas orientadas tanto al personal de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas como a entidades sociales especializadas, con el propósito de fortalecer la coordinación interinstitucional.

Europa Press consignó que los días 17 y 18 de diciembre de 2025 se celebró el VIII Seminario sobre Delitos de Odio bajo el lema “Delitos de odio y discapacidad: actuación policial y protección de las víctimas”. Este evento, organizado por la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio (ONDOD), sirvió para ampliar la formación de los diferentes cuerpos policiales en la materia y compartir buenas prácticas y marcos de intervención en la protección de víctimas con discapacidad.

En la respuesta oficial, el Ejecutivo subrayó además el énfasis puesto en investigaciones orientadas a fundamentar políticas públicas desde la evidencia empírica, con especial atención a los riesgos que afrontan las personas con discapacidad intelectual. Todo este despliegue responde al objetivo declarado de frenar el avance de los delitos motivados por prejuicios y mejorar la protección y asistencia a las víctimas, según el Gobierno y tal como recogió Europa Press.

Varias patrullas de la Guardia Civil acudieron a un local nocturno en La Bañeza tras recibir el aviso de un altercado que involucró a varias personas y donde una mujer trans resultó herida, necesitando asistencia en el Centro de Salud de la localidad. Según informó la Subdelegación del Gobierno en León y publicó la Guardia Civil dentro de la operación Azadi, cinco mujeres, con edades comprendidas entre los 18 y 24 años, han sido detenidas por estos hechos.

El suceso ocurrió durante la madrugada del 22 de junio, cuando, en el interior de un pub de la localidad leonesa, se produjo una riña en la que participaron varias personas. La persona agredida, una mujer trans, sufrió lesiones que precisaron atención médica tras la pelea, según detalló la Subdelegación del Gobierno y reportó la Guardia Civil.

De acuerdo con la información oficial recogida por las autoridades, las cinco detenidas enfrentan cargos por lesiones y por riña tumultuaria. El proceso de identificación y arresto se llevó a cabo tras las diligencias de investigación abiertas por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de León.

Fuentes oficiales confirmaron que el operativo permitió restablecer la tranquilidad en el local tras los hechos, así como identificar a las personas implicadas. Las actuaciones policiales incluyeron la recogida de testimonios y el análisis de la situación para determinar la dimensión de la pelea y la participación de cada una de las implicadas.

Las detenidas, una vez instruidas las diligencias y confeccionado el atestado policial, han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Bañeza en funciones de Guardia, informó el medio.

La investigación sigue su curso para esclarecer en su totalidad las circunstancias que rodearon el enfrentamiento dentro del establecimiento de ocio nocturno, según consignó la Guardia Civil y la Subdelegación del Gobierno.

Entre las peticiones de la Agrupación Deportiva Ibérica (ADI LGTBI+) figura el reforzamiento de la educación inclusiva y la promoción de referentes positivos dentro de los clubes, federaciones y organismos deportivos internacionales, orientadas a combatir la discriminación. Según informó ADI LGTBI+ en un comunicado recogido por varios medios y consignado por Europa Press, la agrupación señaló la importancia de garantizar que la normativa aplicada en el deporte base priorice la participación total y el fomento de la salud física y mental de todas las personas, sin intimidaciones ni exclusión motivada por motivos de género o diversidad sexual.

El medio Europa Press detalló que ADI LGTBI+, que agrupa a la mayor parte de clubes deportivos LGTBI+ e inclusivos de España y Portugal, expresó su rechazo a la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de restringir la participación de mujeres transgénero en las categorías femeninas, política que entrará en vigor a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y que, según se precisó, no se aplicará con efecto retroactivo. Esta medida ha suscitado preocupación en la agrupación, que considera que la normativa se fundamenta en la categorización de “mujeres biológicas”, criterio que ADI LGTBI+ califica de acientífico.

De acuerdo con el comunicado emitido por ADI LGTBI+ y reproducido por Europa Press, la agrupación sostiene que la equidad en el deporte femenino requiere la promoción de recursos y programas igualitarios, en lugar de establecer barreras excluyentes. Según la entidad, las políticas de acceso deben sustentarse en argumentos científicos pluralistas y transparentes, sin imposiciones restrictivas que resulten discriminatorias. ADI LGTBI+ exige al COI la modificación inmediata de su política para garantizar la participación plena, inclusiva y segura de todas las atletas, permitiendo que se respete tanto su identidad de género como su derecho a competir en igualdad de condiciones.

ADI LGTBI+ argumentó, según reportó Europa Press, que los criterios actuales de elegibilidad publicados por el COI y basados en la clasificación de “mujeres biológicas” y la aplicación de pruebas genéticas asociadas al gen SRY no reflejan la complejidad del desarrollo sexual humano y la diversidad de identidades de género. La agrupación advierte que la aplicación de este enfoque excluye tanto a deportistas trans como a mujeres con diferencias en el desarrollo sexual (DSD), a pesar de que, históricamente, estas deportistas han competido y se han identificado dentro de la categoría femenina.

El texto de ADI LGTBI+ difundido por Europa Press apunta que la justificación del COI para establecer esta política se centra en los conceptos de equidad y seguridad en la competición femenina. Sin embargo, según ADI LGTBI+, esta posición parte de suposiciones generalizadas sobre posibles ventajas masculinas y omite considerar tanto la variedad de situaciones individuales como los casos específicos que desafían esas generalizaciones. La agrupación sostiene que la discusión sobre el rendimiento en el deporte vinculado al sexo biológico es compleja y carece de consenso absoluto en la comunidad científica, por lo que una política basada en simplificaciones puede favorecer situaciones de discriminación y vulnerar derechos fundamentales relacionados con la inclusión y la dignidad de las personas deportistas.

ADI LGTBI+ insiste en la necesidad de modificar con urgencia la regulación del COI para incluir sin exclusiones a deportistas trans y mujeres con DSD en la categoría femenina, bajo criterios que valoren la pluralidad científica y se abstengan de imponer reglas simplificadas que puedan fomentar la discriminación. Por añadidura, la agrupación requirió que la elegibilidad deportiva incorpore garantías que eviten cualquier medida restrictiva con posibles efectos excluyentes, además de pedir una protección activa de derechos humanos dentro del ámbito deportivo internacional.

En su posicionamiento, reproducido por Europa Press, ADI LGTBI+ recuerda que la legislación española prohíbe la discriminación en el acceso al deporte por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género. Alude a la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans, la Ley 39/2022 del deporte y la Ley 15/2022 de igualdad de trato y no discriminación, como respaldo normativo de esta protección. Según expusieron desde ADI LGTBI+, las medidas adoptadas por el COI colisionan con los principios recogidos en estos textos legales.

Para la agrupación, es fundamental que el COI, al establecer sus políticas, considere la diversidad y la complejidad individual presentes en las personas deportistas, y tome en cuenta las recomendaciones de organismos y expertos que reclaman procesos basados en la ciencia y el respeto a los derechos humanos. ADI LGTBI+ subraya que el compromiso con la inclusión y la equidad solo puede alcanzarse mediante reglas revisadas y legítimas, que integren la evidencia científica más actual y plural, y respalden los valores de no discriminación y plena participación en el deporte a todos los niveles.

La administración de Donald Trump otorgó un plazo de 10 días a la Universidad Estatal de San José para modificar su política sobre deportistas transgénero bajo la amenaza de sanciones legales y la posible pérdida de fondos federales, tras una investigación federal concluida en enero que determinó que la institución violó normas de acoso sexual y discriminación, según publicó el diario local The Mercury News.

La presidenta de San Jose State, Cynthia Teniente-Matson, confirmó que la universidad rechazó las condiciones exigidas por el gobierno federal y recurrió a una demanda judicial para intentar frenar la retirada de financiación.

El gobierno de Trump exige la exclusión de deportistas transgénero en la universidad

En enero, el Departamento de Educación de Estados Unidos concluyó que permitir la participación de una atleta transgénero en el equipo de voleibol femenino violaba el Título IX, la principal normativa federal contra la discriminación por sexo en espacios educativos, de acuerdo con la investigación citada por The Mercury News.

El informe sostuvo que tanto el acceso de la deportista a la competencia femenina como a las instalaciones para mujeres suponían una denegación de oportunidades y beneficios educativos en igualdad de condiciones.

Para remediar la infracción, el Departamento presentó un acuerdo que requería que la universidad adoptara definiciones basadas en la biología para el sexo, separara equipos deportivos e instalaciones según el sexo biológico, restaurara títulos y registros deportivos a atletas nacidas mujeres y remitiera cartas de disculpa personalizadas a quienes, según la investigación federal, sufrieron discriminación. En caso de negarse, el centro educativo podría perder el acceso a fondos federales, según el despacho dirigido por la subsecretaria para Derechos Civiles, Kimberly Richey.

“El departamento está poniendo a la universidad sobre aviso: cumpla la ley o arriesgue sus recursos federales”, advirtió Richey en declaraciones recogidas por The Mercury News. Esta advertencia se emitió después del vencimiento previo de un plazo para alcanzar un acuerdo voluntario, que había expirado el fin de semana anterior.

Un conflicto con múltiples frentes y consecuencias millonarias

El conflicto nació en 2024, cuando la inclusión de una atleta transgénero en el equipo femenino de voleibol fue rechazada por equipos rivales —algunos se negaron a competir— y una compañera interpuso una demanda, según relata The Mercury News. Las investigaciones oficiales fueron abiertas en febrero de 2025.

Desde 2025, el presidente Donald Trump firmó varias órdenes ejecutivas que restringen los derechos de la población transgénero, estableciendo, entre otras medidas, la limitación de tratamientos de afirmación de género en jóvenes, la prohibición de la participación de atletas transgénero en competiciones y el uso del criterio binario para el reconocimiento legal del sexo.

The Mercury News indica que estas políticas afectaron tanto a centros de primaria y secundaria como a universidades, especialmente en California.

En junio, la administración de Trump determinó que el Departamento de Educación de California y la Federación Interestatal de California incumplieron la ley federal al permitir la participación de deportistas transgénero, pero las autoridades locales sostienen que la normativa californiana requiere la inclusión según identidad de género.

Los directivos universitarios se enfrentan así a presiones cruzadas: arriesgan la pérdida de fondos federales si rechazan las exigencias federales, pero también arriesgan la financiación local si las aceptan.

El gobernador Gavin Newsom advirtió en octubre que las universidades de California que cedan frente a la agenda “anti-DEI y antitransgénero” dejarán de recibir miles de millones de USD en ayudas estatales.

Ni la Universidad Estatal de California —institución de la que depende San Jose State— ni las autoridades californianas respondieron a la solicitud de comentarios respecto a posibles medidas ante la advertencia federal, de acuerdo con The Mercury News.

La universidad comunicó oficialmente que no modificará su postura ni aceptará el acuerdo federal y mantiene que la ley vigente prohíbe discriminar a estudiantes transgénero.

La controversia enfrenta a una universidad que sostiene la protección de estudiantes trans con un gobierno federal decidido a restringir su participación bajo la amenaza de consecuencias legales y económicas.

Este martes, la Justicia brasileña resolvió que la joven de 29 años puede regresar a la Argentina para cumplir con trabajos comunitarios, además de pagar una caución que todavía no fue definida por el juez de turno.

“Fue una pesadilla”, aseguró Agostina este miércoles, en el marco de una improvisada rueda de prensa que ofreció desde una sala del consulado argentino en la ciudad carioca.

Acompañada por sus abogados defensores, Carla Junqueira y Sebastián Robles, Páez contó que tras conocer la resolución de su caso, regresó al departamento en el que atravesó todo el proceso judicial porque lo único que necesitaba era descansar.

“He llegado muy cansada, me dolía todo el cuerpo. Comí algo, contesté algunos mensajes de mi familia y me fui a descansar”, explicó.

Una vez más, Agostina reconoció ante la prensa que está arrepentida por su accionar aquella madrugada del 14 de enero en un bar de Ipanema, en Río de Janeiro, donde fue grabada haciendo gestos racistas a los empleados del lugar.

“No soy discriminadora ni racista, no tuve la intención de ofender. He reaccionado mal a unos gestos obscenos. Pedí perdón y lo haría un millón de veces más”, sostuvo.

Consultada por los recaudos que tomaba a la hora de salir a la calle, en medio de las amenazas que recibía a diario a través de las redes sociales, Agostina detalló que tenía que camuflarse para resguardarse de alguna posible agresión.

“Para lo unico que salia era para ir al mercado, para comprarme comida y volvía. Salía toda tapada. Me pedía un auto, que ya me daba miedo porque aparece mi nombre, me bajaba en el mercado, volvía a subir, y volvía a entrar al edificio. Toda tapada, camuflada e intentaba hablar portugués para que no sospechen de que era yo”, precisó en diálogo con el canal A24.

Y en ese sentido, señaló: "Para mi salir era toda una experiencia y vivía paranoica. No veo la hora de estar en Santiago del Estero“.

Por su parte, la abogada Carla Junqueira explicó que ahora resta la definición del juez, que deberá estudiar los tratados bilaterales para entender las herramientas para que ella pueda volver a Argentina. "Esperamos para los próximos días que el juez se expida sobre el valor de la caución y los trámites para que Agostina se saque la tobillera y pueda volver a la Argentina", puntualizó la letrada, quien también defendió a Thelma Fardin en la causa por abuso sexual que la actriz le inició a su colega, Juan Darthés.

Casi en simultáneo a las declaraciones de la abogada y su defensora ofrecían desde Brasil, el jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, brindaba una conferencia de prensa en la Casa Rosada durante la cual celebró la liberación de la acusada y, al mismo tiempo, destacó el trabajo del Gobierno nacional.

“Desde el primer momento estuvimos siguiendo la situacion y brindando apoyo en el marco del tratado de cooperacion judicial entre ambos paises. Este gobierno encara con total seriedad las gestiones diplomaticas, y eso implica, como en este caso, no someternos a los tiempos de la prensa para poder lograr resultados. Que es, en definitiva, lo único que nos importa”, subrayó al leer el sexto punto de su comunicado.

Qué resolvió la Justicia de Brasil

Agostina Páez enfrentó este martes la audiencia clave en el marco de la causa que la mantiene retenida en la ciudad de Río de Janeiro, acusada de injuria racial, que tiene una pena de hasta 5 años de prisión, y todas fueron buenas noticias: si bien falta la firma del juez, no va presa y vuelve al país.

Así lo confirmó la propia defensa de la abogada santiagueña, quien al salir de la audiencia confirmó que la Fiscalía y la querella no se opusieron a que su defendida regrese al país: “El juez tiene que definir en el escrito la caución pecuniaria (fianza); es una cuestión de días”.

Ahora, Agostina deberá pagar una multa y hacer servicios comunitarios. Sus defensores calculan que en tres días podrá estar de regreso en su casa, pero depende de la resolución del juez sobre qué tiene que pagarles a las víctimas y cuánto dinero.

La abogada Junqueira contó que, durante la audiencia, en lugar de las tres denuncias que le endilgaban a la santiagueña y que llevaban la pena en expectativa a 15 años de cárcel de máxima, “la Fiscalía la redujo a una con una pena mínima de dos años, reemplazable por servicios comunitarios en Argentina y pago de reparación a las víctimas”. Es que, finalmente, la acusación tomó todo como un delito continuado con tres víctimas.

Junqueira añadió a ello como positivo que “la fiscal mencionó claramente que había pedido disculpas y había entendido lo que significa el racismo en Brasil”.

La palabra del padre de Agostina

En una entrevista concedida este miércoles, Mariano Páez confirmó en Infobae al Amanecer que “se cayeron tres causas”, luego de que hablaran los testigos del bar donde ocurrieron los hechos. “Hubo mucha contradicción entre ellos, quedó solamente la condena de la seña de mal gusto al tipo que la amenaza con tocarse el miembro”, precisó.

Consultado sobre el temor a una condena de prisión, Páez reconoció: “En todo momento pensé que podía quedar presa. Ella también, porque había un ensañamiento muy fuerte hacia ella. No sé a qué se debe, nosotros no somos de la política. Ella es abogada influencer y yo tengo una pequeña empresa de transporte”, señaló el papá, durante la conversación con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

Finalmente, la fiscalía brasileña imputó a Agostina Paez solo por un hecho, y fijó una pena menor de dos años de tareas comunitarias en Santiago del Estero, además de un oneroso resarcimiento económico para los damnificados.

“La Fiscalía pidió 40 mil dólares por cada uno de los supuestos damnificados. Es una locura. La han dañado psicológicamente, con tres meses sin trabajar. La han enfermado psicológicamente y encima pagarle a esta gente que se contradecía en las declaraciones, me parece que también hay que ver ese tema o apelar”, señaló el papá de la imputada.

Sin embargo, la familia tendrá que afrontar un cuantioso costo económico. Se estima que los pagos podrían ascender a USD 40.000 por cada perjudicado.

En una entrevista, Mariano Páez confirmó en Infobae al Amanecer que “se cayeron tres causas”, luego de que hablaran los testigos del bar donde ocurrieron los hechos. “Hubo mucha contradicción entre ellos, quedó solamente la condena de la seña de mal gusto al tipo que la amenaza con tocarse el miembro”, precisó.

Consultado sobre el temor a una condena de prisión, Páez reconoció: “En todo momento pensé que podía quedar presa. Ella también, porque había un ensañamiento muy fuerte hacia ella. No sé a qué se debe, nosotros no somos de la política. Ella es abogada influencer y yo tengo una pequeña empresa de transporte”, señaló el papá, durante la conversación con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

Este martes, luego de semanas de espera, el tribunal condenó a Páez por un solo hecho de injuria racial, tras determinar que realizó gestos hacia un mozo en un bar. El padre de la joven subrayó el alivio que siente la familia: “Ahora estamos tranquilos porque ya no hay forma de que quede detenida”.

El costo de la sanción económica

Finalmente, la fiscalía brasileña ayer imputó a Agostina Paez solo por un hecho, y fijó una pena menor de dos años de tareas comunitarias en Santiago del Estero, además de un oneroso resarcimiento económico para los damnificados.

“La Fiscalía pidió 40 mil dólares por cada uno de los supuestos damnificados. Es una locura. La han dañado psicológicamente, con tres meses sin trabajar. La han enfermado psicológicamente y encima pagarle a esta gente que se contradecía en las declaraciones, me parece que también hay que ver ese tema o apelar”, señaló en Infobae en vivo.

Por otro lado, el empresario aclaró que Agostina nunca estuvo detenida en una comisaría: “Ella nunca estuvo presa ni nunca estuvo detenida tampoco. Estuvo con tobillera en un complejo cerrado por seguridad. Lo que no podía era salir de Río de Janeiro”.

Respecto a los próximos pasos, Páez explicó que la intención es que “vea a su hermana, a sus amigas, tratar de volver a su actividad”. “Está muy ansiosa con volver”, graficó, pero indicó que el regreso no será inmediato, ya que faltan algunos trámites. “No es tan rápido. Tengo los vuelos para el viernes, seguramente los cancelaré o veremos. Supongo que la otra semana o el viernes va a tardar”.

La defensa de Agostina Páez realizará una conferencia de prensa este miércoles a las 9.30 en el Consulado argentino en Río de Janeiro. Allí se darán más detalles sobre el dictamen judicial y las tareas comunitarias que podrá cumplir la abogada en la Argentina.

El traslado a Santiago del Estero dependerá del monto de la caución y de los trámites finales, incluyendo la remoción de la tobillera electrónica y revisiones médicas.

Ayer, la abogada Carla Junqueira detalló que el juez “no falló en el fondo” del conflicto, y valoró positivamente la resolución. Según sum irada, “el pedido de disculpas significó que Agostina terminó de entender lo que significa para Brasil el racismo” y que por ese motivo “no se opondría a que Agostina vuelva a Argentina”.

Los posteos en redes sociales de Agostina Paez

Conocida la sentencia, Agostina Paéz publicó una historia en su cuenta de Instagram, donde volvió a mostrarse arrepentida por lo ocurrido: “Aprendí lo que es el racismo, lo que sufrieron y sufren muchas personas, me informé, hablé con ellos, aprendí y entendí el dolor que puede causar”. La abogada reconoció que los días del proceso fueron “muy duros, de mucha soledad y tristeza, pero también de mucha reflexión y aprendizaje”.

En su declaración, Páez pidió disculpas nuevamente por su accionar: “Me arrepiento de mi reacción, cometí un grave error, me equivoqué, sea cual sea el contexto en el que pasó. Entiendo que pudo haber lastimado a muchas personas, y pido disculpas nuevamente a todas las personas que se sintieron ofendidas”.

En un siguiente posteo, la abogada influencer compartió una humorada sobre su situación. “Se instaló en X. Es una boluda, pero es nuestra boluda”, decía el mensaje. Y concluyó: “Y si. Mi país”.

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Así lo confirmó la abogada de Agostina, Carla Junqueira, al salir de la audiencia este martes. Dijo que la Fiscalía y la querella no se opusieron a que su defendida regrese al país: “El juez tiene que definir en el escrito la caución pecuniaria (fianza); es una cuestión de días”.

Ahora, Agostina deberá pagar una multa y hacer servicios comunitarios. Sus defensores calculan que en tres días podrá estar de regreso en su casa, pero depende de la resolución del juez sobre qué tiene que pagarles a las víctimas y cuánto dinero.

El caso contra Agostina se originó el 14 de enero, cuando fue grabada realizando gestos considerados racistas hacia empleados de un bar en el barrio de Ipanema, lo que derivó en tres denuncias penales por discriminación. El video, que se viralizó rápidamente, desencadenó una investigación de la Justicia de Brasil y la imposición de medidas cautelares: tobillera electrónica y prohibición de abandonar el país.

La abogada Junqueira contó que en la audiencia, en lugar de las tres denuncias que le endilgaban a la santiagueña y que llevaban la pena en expectativa a 15 años de cárcel de máxima, “la Fiscalía la redujo a una con una pena mínima de dos años, reemplazable por servicios comunitarios en Argentina y pago de reparación a las víctimas”. Es que, finalmente, la acusación tomó todo como un delito continuado con tres víctimas.

“Si Dios quiere, en días puedo volver a la Argentina. Al juez le dije la verdad, todo lo que ha pasado; les he pedido perdón a las supuestas víctimas", comentó Agostina ante la prensa que estaba en la puerta del juzgado. Y agregó: “Fue la peor experiencia de mi vida”.

Luego, la abogada acusada reveló: ”Las víctimas no dijeron nada, han aceptado las disculpas y se han ido". Y sobre el gesto que le hicieron a ella comentó que “no ha habido un pedido de disculpas”.

Junqueira añadió a ello como positivo que “la fiscal mencionó claramente que había pedido disculpas y había entendido lo que significa el racismo en Brasil”.

“Me siento aliviada, pero hasta que no esté en Argentina no voy a estar en paz. Voy a seguir encerrada porque he seguido siendo amenazada. Que esta resolución no quita que no me puedan hacer algo”, explicó Agostina luego. Serán las horas más largas las de la espera de la resolución del juez y ahí se verá qué tiene que pagarles a las víctimas.

Por qué el gobierno argentino no pudo interceder

En el caso de Agostina Páez, y en el de cualquier otro detenido en el exterior por causas penales, el gobierno de Argentina no puede intervenir para traerlos de vuelta por un principio básico del derecho internacional: la soberanía judicial del país donde ocurrió el hecho.

En el caso de Agostina, como el hecho investigado ocurrió en Río de Janeiro, la justicia brasileña tiene competencia exclusiva. Eso significa que la investigación, la detención o retención, el proceso judicial y cualquier restricción para salir del país solo pueden decidirlos jueces o fiscales brasileños.

Ningún gobierno extranjero puede ordenar que la persona vuelva a su país.

¿Qué sí puede hacer el gobierno argentino? A través del consulado en Río o la embajada en Brasilia puede verificar que la detenida tenga defensa legal, asegurarse de que no se vulneren sus derechos, permitir contacto con la familia, visitar a la persona si está detenida o facilitar un abogado o traductor.

Esta asistencia consular, como se la llama, se le brindó a Páez desde el mismo día en el que fue informada del proceso, según ella misma destacó varias veces. Y este martes sí hubo gente del consulado en la audiencia.

Sin embargo, no pueden sacarla del país ni interferir en la causa. Eso solo se puede lograr a través de un consenso entre las partes durante una audiencia judicial, como ocurrió este martes.

En ese contexto, el canciller Pablo Quirno tuiteó la noticia sobre el regreso de Agostina esta noche con la frase: “Hechos, no palabras”.

Agostina Páez enfrentó este martes la audiencia por haber realizado gestos considerados racistas hacia empleados de un bar en el barrio de Ipanema, lo que derivó en tres denuncias penales por discriminación. El video del hecho, que se viralizó rápidamente, fue clave y le valió una tobillera electrónica y la prohibición de abandonar el país. Ahora, luego de que la Fiscalía y la querella no se opusieron a que regrese a Argentina, solo le queda esperar la firma del juez para estar de nuevo en su casa.

Mientras tanto, el caso de Agostina ha despertado una pregunta que se repitió en redes sociales: por qué el Gobierno no pudo interceder para que estuviera antes de regreso en Argentina.

En el caso de Agostina, y en el de cualquier otro detenido en el exterior por causas penales, el gobierno de Argentina no puede intervenir para traerlos de vuelta por un principio básico del derecho internacional: la soberanía judicial del país donde ocurrió el hecho.

Sobre la situación de Agostina, como el hecho investigado ocurrió en Río de Janeiro, la justicia brasileña tiene competencia exclusiva. Eso significa que la investigación, la detención o retención, el proceso judicial y cualquier restricción para salir del país solo pueden decidirlos jueces o fiscales brasileños.

Ningún gobierno extranjero puede ordenar que la persona vuelva a su país.

¿Qué sí puede hacer el gobierno argentino?

A través del consulado en Río o la embajada en Brasilia puede verificar que la detenida tenga defensa legal, asegurarse de que no se vulneren sus derechos, permitir contacto con la familia, visitar a la persona si está detenida o facilitar un abogado o traductor.

Esta asistencia consular, como se la llama, se le brindó a Páez desde el mismo día en el que fue informada del proceso, según ella misma destacó varias veces. También este martes estuvo la gente del consulado presente en la audiencia a la que no pudo ingresar ni el papá de la acusada.

Sin embargo, el consulado argentino en Río no podía sacarla del país ni interferir en la causa. Eso solo se puede lograr a través de un consenso entre las partes durante una audiencia judicial, como ocurrió este martes.

En ese contexto, el canciller Pablo Quirno tuiteó la noticia sobre el regreso de Agostina esta noche con la frase: “Hechos, no palabras”.

La audiencia

Agostina solo necesita ahora la firma del juez para regresar al país. Es que, tal como lo explicó la abogada Carla Junqueira a los medios argentinos que estaban en Río de Janeiro, la Fiscalía y la querella no se opusieron a su retorno a Santiago del Estero.

“El juez tiene que definir en el escrito la caución pecuniaria (fianza); es una cuestión de días”, aclaró la letrada.

Ahora, Agostina deberá pagar una multa y hacer servicios comunitarios incluso en Argentina. Sus defensores calculan que en tres días podrá estar de regreso en su casa, pero depende de la resolución del juez sobre qué tiene que pagarles a las víctimas y cuánto dinero.

Una cuestión positiva, además del ofrecimiento de disculpas de la imputada, fue que, en lugar de las tres denuncias que le endilgaban a la santiagueña y que llevaban la pena en expectativa a 15 años de cárcel de máxima, la Fiscalía la redujo a una: un delito continuado con tres víctimas a las que deberá resarcir.

Ese cargo que le quedó a Agostina como acusación “tiene una pena mínima de dos años, reemplazable por servicios comunitarios en Argentina y pago de reparación a las víctimas”, aclaró Junqueira.

La secuencia que la dejó a un paso de ir a la cárcel ocurrió en un bar de Río de Janiero cuando estaba de vacaciones con sus amigas. Allí, según las tres denuncias que hay en su contra, habría realizado comentarios y gestos racistas a los empleados del lugas. Uno de estos episodios quedó registrado en cámaras de seguridad y sus videos rápidamente circularon por las redes sociales.

Por esas conductas, Páez podría recibir hasta 15 años de cárcel. Esto se debe a que que el delito que se la acusa tiene una pena de hasta 5 años y, como en total acumula tres acusaciones, la querella pidió que le den la máxima en cada una.

Sobre la jornada de este martes, la abogada de la acusada, Carla Junqueria, dijo: “La extensión de la audiencia dependerá de lo que pase, puede ser que termine mañana mismo (es decir hoy) y que tengamos una definición, o que el juez siga en otro día”.

Agostina Páez habló con TN este martes y dijo: “Si me condenan, yo me mato o me matan ahí adentro, no sé. Imagínate ir a una cárcel en un país que me odia y en cárceles como las que hay aquí en Río. Yo me mato”.

Por ahora, la Justicia de Brasil le dictó a la argentina una serie de medidas cautelares mientras se define su situación judicial. Entre ellas, tobillera electrónica y prohibición de abandonar el país.

En una entrevista con Infobae, la santiagueña había dicho: “Mi abogada lo que quiere es revocar las medidas cautelares y que yo pueda responder el proceso desde Argentina. Y después que se traten las cuestiones de fondo, es decir, de los hechos. Su principal objetivo es conseguir eso por mi integridad física también, porque yo estoy corriendo peligro. No es que quiera que me absuelvan o que no cumplir o salir impune. Lo único que quiero es volver a mi país, porque no me siento segura aquí y no puedo seguir viviendo de esta manera".

Mariano Páez viajó a Brasil para acompañar a su hija en la audiencia clave y, en diálogo con la prensa, describió el actual estado emocional en el que se encuentra ella como “una depresión profunda”. “Ni a mí me contesta el celular por dos o tres días porque no se levanta de la cama”, reveló. Agostina esta siendo acompañada por psicólogos y psiquiatras.

Durante la entrevista, Mariano Páez expresó su preocupación no solo por la salud de su hija, sino también por la magnitud de la pena solicitada: “Creo que el pedido de 15 años es una locura, no es un crimen”. Además acusó a las autoridades provinciales que le soltaron la mano. “No tengo apoyo del Gobierno ni de Santiago del Estero, nadie se comunicó”. En ese sentido, explicó que solo mantuvo contacto con la Cancillería, que le confirmó estar al tanto del caso, pero sin capacidad de intervención directa.

Una salida nocturna en la capital del país derivó en una denuncia pública que rápidamente se viralizó en TikTok, luego de que una joven señalara presuntos actos de discriminación en un establecimiento ubicado en Mérida, Yucatán.

La usuaria Albany Álvarez (@albanyjalvarez_) compartió un video en el que documenta el momento en que le fue impedido el acceso al bar “La Sala”, situación que, según expuso, estuvo relacionada con su forma de vestir y criterios subjetivos sobre su apariencia.

En la grabación, que acumuló miles de reproducciones en pocas horas, la joven cuestiona directamente al personal encargado de la entrada para conocer el motivo específico de la negativa. Sin embargo, las respuestas no fueron claras. Uno de los trabajadores argumentó que el problema estaba relacionado con “sus colores” y con que su imagen no coincidía con el “perfil” del lugar.

La reacción de la afectada quedó registrada en el mismo clip, donde se le escucha preguntar: “¿Por mis colores? ¿A qué te refieres con mis colores?”, evidenciando su desconcierto ante la explicación recibida. Asimismo, intentó confirmar si existía un código de vestimenta formal que justificara la decisión, pero no obtuvo una respuesta concreta.

El caso generó una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron su respaldo a la joven y criticaron este tipo de prácticas en centros nocturnos. Muchos señalaron que este tipo de filtros de acceso, conocidos como “cadeneo”, continúan presentes en algunos establecimientos, pese a estar prohibidos.

Diversos comentarios en plataformas digitales apuntaron a que negar la entrada a una persona por su apariencia puede constituir un acto discriminatorio. En México, estas acciones están reguladas por organismos como la Procuraduría Federal del Consumidor y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que establecen lineamientos para evitar este tipo de conductas.

De acuerdo con la normativa vigente, restringir el acceso a un establecimiento por motivos relacionados con la apariencia, género, religión o preferencias personales puede derivar en sanciones que van desde multas económicas hasta la clausura del lugar.

Hasta el momento, el bar señalado no ha emitido una postura oficial respecto a lo ocurrido. Mientras tanto, el video continúa circulando y generando conversación, posicionándose como un ejemplo reciente de denuncias ciudadanas que encuentran eco a través de redes sociales.

El caso ha reavivado el debate sobre la inclusión y el respeto en espacios de entretenimiento, así como la necesidad de garantizar condiciones de acceso equitativas para todas las personas.

La actriz Natasha Dupeyrón denunció a través de sus cuentas oficiales un presunto acto de discriminación por parte de una aerolínea en México, luego de que le impidieran abordar un vuelo junto a su perro de servicio.

“Me negaron abordar mi vuelo”

A través de su cuenta de Instagram, Dupeyrón compartió un video en el que aparece visiblemente afectada en el aeropuerto. Entre lágrimas, explicó que, pese a contar con la documentación requerida, la aerolínea le negó el acceso debido a que su carta médica estaba en inglés, ya que reside en Estados Unidos.

“Me negaron abordar mi vuelo, aun teniendo todos los documentos necesarios: carta médica, vacunas completas y cumpliendo todos los requisitos. En México, además, lo que me solicitaban, ni siquiera es un requisito oficial de entrada. Lo peor del caso es que no fue una decisión consciente, a otra pasajera en mi misma situación sí la dejaron volar, ¿la diferencia? Ella vive en México. Yo en USA”.

La actriz relató que se encontraba lista para viajar junto a su mascota, identificada como Apolo, cuando recibió la negativa.

“Estoy con mis maletas y Apolo y Viva Aerobus no me dejó viajar, que porque como vivo en Estados Unidos y en México, no tengo derecho de ir con mi perro que porque mis papeles están en inglés. Presenté todos mis papeles y estoy aquí con mis maletas y no sé qué hacer”, señaló.

Dupeyrón cuestionó el criterio aplicado por el personal de la aerolínea y puso sobre la mesa el tema de los derechos de los pasajeros. “¿Desde cuándo el lugar en donde resides define tus derechos como pasajera? Esto no solo es falta de criterio, es un acto discriminatorio y completamente arbitrario. Viajar no debía depender del humor o la interpretación de alguien en el mostrador”, afirmó.

Horas más tarde, la actriz ofreció una reflexión más serena sobre lo ocurrido y explicó la importancia de visibilizar este tipo de situaciones.

“Qué pena llorar y subirlo aquí, no suelo hacer esto. Viajar con un perro de servicio no debería ser complicado, pero la ignorancia y la falta de empatía vuelven a todos más difícil y sí llega un punto en que una se cuestiona seriamente buscar otras opciones para cuidar la salud física y mental en una sociedad que aún no entiende. Ojalá eso cambie”.

Finalmente, reveló que la aerolínea se puso en contacto con ella y que procederán con el reembolso del costo del vuelo. El caso generó debate en redes sociales sobre los protocolos de viaje con animales de servicio y la aplicación de criterios por parte de las aerolíneas en México.

Se trata de Edith Herrera, candidata de Podemos Perú, quien ya había estado en el centro de la controversia por declaraciones similares semanas atrás. En las imágenes más recientes, la postulante evita responder preguntas y, en su lugar, lanza frases ofensivas contra la comunicadora, lo que ha sido interpretado por diversos sectores como un nuevo episodio de expresiones discriminatorias en medio de la campaña electoral.

Nuevo incidente reaviva polémica por expresiones discriminatorias

El altercado se produjo cuando la periodista de Cusco intentó recoger declaraciones de la candidata sobre temas de coyuntura. Sin embargo, lejos de atender la consulta, Edith Herrera reaccionó con descalificaciones directas. “Lávate primero bien los dientes antes de hablar y la boca... No me da la gana de darte una entrevista”, se le escucha decir en el video que ya circula ampliamente en plataformas digitales.

Durante el intercambio, la postulante también cuestionó el trabajo de la prensa, al que calificó como propio de un “cómico ambulante”. Estas expresiones elevaron la tensión del momento y evidenciaron una actitud confrontacional frente a la labor periodística, en un contexto donde el rol de los medios es clave durante los procesos electorales.

El punto más crítico del incidente ocurrió cuando la candidata hizo referencia al color de piel de la periodista. “Mi hijo es blancón. ¿Qué color eres?... un poquito más oscurita que yo”, afirmó, en una frase que ha sido ampliamente difundida y cuestionada por su contenido considerado racista y clasista.

Las imágenes no tardaron en viralizarse, provocando una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios, colectivos y distintas figuras públicas expresaron su rechazo al lenguaje utilizado. Este nuevo episodio reabre el debate sobre el discurso de los candidatos y la importancia de mantener estándares de respeto durante la contienda electoral.

Pese a la controversia, la aspirante continúa figurando como candidata al Parlamento Andino en el portal “Voto Informado” del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), donde aún aparece como parte de la lista de Podemos Perú, agrupación política liderada por José Luna.

Detención en comisaría y denuncias por agresión: la otra controversia reciente de la candidata

Semanas antes del nuevo incidente con una periodista, Edith Herrera ya había protagonizado otra polémica que también generó cuestionamientos públicos. A fines de febrero de 2026, la entonces candidata al Parlamento Andino por Podemos Perú fue detenida en la ciudad de Cusco tras un altercado dentro de la Comisaría de Santiago, donde acudió para presentar una denuncia contra un taxista.

De acuerdo con el reporte policial, la situación se tornó tensa cuando la postulante se negó a ser atendida por suboficiales y exigió hablar únicamente con el comisario. Esta actitud derivó en un enfrentamiento verbal que, según la versión oficial, escaló a agresiones físicas contra efectivos. Un oficial de la Unidad de Flagrancia precisó que la intervención se produjo por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de violencia y resistencia a la autoridad.

Durante el incidente, además, se registraron frases de carácter discriminatorio dirigidas a los agentes policiales. En los videos difundidos posteriormente, se le escucha lanzar comentarios despectivos como “Quispe tenías que ser” y cuestionamientos sobre la formación profesional de una suboficial, además de expresiones ofensivas relacionadas con identidad cultural. Tras su detención, el Ministerio Público dispuso su liberación bajo investigación, mientras que Podemos Perú anunció el retiro de su candidatura y solicitó que las autoridades aceleren las diligencias del caso.

“Existe una deuda histórica con las comunidades jornaleras, no pueden seguir diciendo que algún día llegará esa justicia”, sentenció Isis Ahumada, directora de “Mi No Lugar”, un documental sobre la explotación infantil en el campo que también muestra las violencias que los niños y niñas atraviesan en estas comunidades.

Como un grito para exigir atención por parte del Estado, este trabajo cinematográfico muestra la historia de Jonathan, un niño de 13 años que llega a la comunidad de Quesería, al norte de Colima, con el objetivo de continuar sus estudios dentro de una familia dedicada al trabajo de campo, en específico de la caña de azúcar.

Durante poco más de una hora, el espectador se adentra al contexto de una familia migrante que traslada su vida a Colima -desde el estado de Guerrero- para laborar en el campo, buscando que su hijo mayor pueda tener un futuro distinto, pero, en palabras de Isis Ahumada: “la realidad superó al cine”.

Jonathan: el reflejo de cientos de niños y niñas que deben abandonar su infancia para trabajar

En entrevista con Infobae México, Isis Ahumada comentó que la historia de Jonathan la atrapó debido a que sus hermanos le hablaban con entusiasmo sobre su llegada a Quesería para estudiar, y con el paso del tiempo, logró ver en él la manera en que se deben adaptar a sitios nuevos y que, en muchas ocasiones, terminan siendo sus “no lugares”.

Pese a los intentos por continuar sus estudios, en la película se observa que Jonathan debe enfrentarse a la discriminación por parte de sus compañeros, a la pobreza que le impide a sus padres comprarle lo necesario para ir a la escuela, así como la enfermedad que lo orilla a los campos de caña de azúcar.

“Fue en 2015 este seguimiento mucho más puntual de cuando él está en la escuela, (pero) tiene dificultades. Que si el uniforme, los zapatos, (en) toda esa primera parte nosotros sí manteníamos la idea de que podía seguir en la escuela, de que podía ser un caso de éxito, digamos. Buscábamos la forma de apoyarle, pero hubieron varios retos con Jonathan.

Nos dábamos cuenta de que (su contexto) era un monstruo de mil cabezas, o sea, un día era el uniforme, pero otro día era que su papá estaba enfermo y entonces alguien tenía que ir a trabajar y entonces otro día alguno de sus hermanos se enfermaba y otro día en la escuela la pasaba mal y entonces no quería ir. También me daba cuenta que al final no era que Jonathan no quisiera ir por no querer, era realmente que él no la estaba pasando bien en la escuela”, contó la cineasta, quien también fue maestra de Jonathan en la secundaria.

Pese al intento por querer salir del trabajo de campo, y de resistir a la desigualdad y discriminación con tan solo 13 años de edad, Jonathan se ve obligado a dedicarse a cortar caña de azúcar de manera esporádica. Sin embargo, un salto en el tiempo nos lleva a sus 18 años, cuando regresa a Quesería para trabajar en este sector agrícola de manera permanente.

Comunidades jornaleras no solo resisten la desigualdad, también huyen del crimen organizado

La directora de “Mi No Lugar” también señaló que su documental es un reflejo no solo de lo que pasó con Jonathan en Colima, sino de lo que cientos de niñas y niños viven en otros estados y sectores agrícolas que permiten su incorporación.

Ahumada también explicó a esta casa editorial que muchos de los jóvenes migrantes de Guerrero que documentó, le compartieron que habían huido de su hogar para evitar ser reclutados por el crimen organizado, lo que muestra la vulnerabilidad y desigualdad en la que estas comunidades se encuentran y que los obliga a abandonar sus tierras para trabajar y buscar mejores condiciones, aunque estas no siempre lo sean.

“Algo de lo que nosotros pudimos darnos cuenta con las historias que nos contaban (es que), sobre todo los jóvenes que venían de Guerrero, venían huyendo de este reclutamiento. O sea, si bien en Colima encuentran una cara también poco amigable con la explotación, en Guerrero no había manera de conseguir un empleo que saliera de este esquema, a veces del crimen organizado, incluso todo el tiempo estaban siendo acechados”, reveló.

Además, comentó que en Colima también han visto un repunte en la inseguridad, lo que pone a las comunidades migrantes en un constante estado de vulnerabilidad.

“Ha estallado la inseguridad a un nivel que no conocíamos y desafortunadamente, pues también las comunidades en situación de migración son los más expuestos porque permanecen en condiciones muy precarios y obviamente, pues ahí el crimen va, se mete. Hay también un consumo de alcohol, de drogas en jóvenes a muy temprana edad porque este trabajo te deja agotadísimo y entonces muchos de ellos recurren al consumo para poder sacar el día de la jornada. Entonces les llega de todo, entre poder ser reclutados o ser consumidores” explicó.

Casi 4 millones de niñas y niños se encuentran en situación de trabajo infantil

Pese a que el trabajo infantil está prohibido por la Ley Federal del Trabajo y la Constitución Mexicana, millones de niños y niñas son explotados de manera diaria en diversos sectores económicos ante las condiciones de pobreza en las que su familia se encuentra.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2022 (la más actual), en México había 28.4 millones de niñas y niños de 5 a 17 años de edad, de los cuales 3.7 millones se encontraban en situación de trabajo infantil.

De los 3.7 millones identificados, un total de 39.8% correspondía a mujeres y el 60.2% a hombres, mostrando una clara tendencia a que los varones sean integrados desde la infancia al trabajo.

Cabe señalar que la encuesta también arrojó que el 33% de los niños y niñas realizaban trabajos en el sector agropecuario, siendo la principal actividad en la que se integran para ganar dinero.

Documental está disponible en cines de varias entidades y en CDMX

“Mi No Lugar”, producida por Chulada Films, se encuentra en cartelera de cines de varias entidades del país y la Ciudad de México, como la Cineteca Nacional Xoco. Para conocer sus horarios pueden hacerlo en las redes sociales de la película: @minolugar en Instagram.

El evento Perreo Picnic anunció un cambio de sede tras denunciar actos de discriminación. La función, que originalmente se realizaría en Lago Algo, Chapultepec, fue trasladada a Mr. Duck, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Postura de los organizadores

Tras darse a conocer que el evento no fue autorizado por las autoridades capitalinas, los organizadores identificados como Perreo Millennial denunciaron que la cancelación por parte de los responsables de Lago Algo se debió a presuntos motivos de discriminación y clasismo hacia el género y las audiencias del reguetón y la cultura sonidera.

En su mensaje, difundido en redes sociales, afirmaron: “Perreo Picnic cambia de sede por motivos de discriminación por parte de Lago Algo y ahora se realizará en Mr. Duck con el line up completo”.

El colectivo relató que desde el 4 de marzo se analizaron cambios para mantener la viabilidad del evento e intentaron resolver las restricciones impuestas por Lago Algo, pero los argumentos recibidos fueron inconsistentes.

Finalmente, el 17 de marzo se les notificó que no se aceptaban las soluciones planteadas y se cancelaba la continuidad en el recinto original.

Chapultepec se posiciona

La Dirección Ejecutiva del Bosque de Chapultepec emitió un comunicado en el que explicó que no tuvo conocimiento previo de la realización del evento Perreo Picnic en el recinto Lago Algo, sino hasta pocos días antes de la fecha programada.

Una vez notificada, la dirección revisó la solicitud y determinó la suspensión del evento por no cumplir con los lineamientos necesarios de movilidad, operación y protección civil.

El documento oficial señaló:

“La decisión tomada responde exclusivamente a criterios técnicos y normativos. Rechazamos de manera categórica cualquier señalamiento que sugiera que esta determinación estuvo motivada por prejuicios o discriminación”.

Además, la dirección reiteró que el Bosque de Chapultepec es un espacio público abierto a todas las manifestaciones culturales y que sus decisiones buscan garantizar la seguridad de los asistentes.

Reacción de Sonido La Changa

Sonido La Changa, agrupación central del evento, confirmó la reubicación mediante un comunicado propio.

“Apreciables amigos, se cambia de sede el evento al MR. DUCK el domingo 22 de marzo en la calle 16 de septiembre #14 en el centro histórico de la CDMX, los esperamos”, informaron en sus redes sociales.

La agrupación reafirmó que el evento contará con el cartel completo y convocó a sus seguidores a asistir a la nueva sede para vivir la experiencia propuesta por Perreo Millennial.

El juez federal Alfredo Eugenio López lleva meses en el centro de una tormenta judicial e institucional. Todo comenzó en febrero de 2025, cuando organizaciones de la comunidad judía y otros particulares presentaron ante el Consejo de la Magistratura una serie de denuncias contra el titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata por publicaciones realizadas en su cuenta de X. Con una copia certificada de capturas de pantalla de posteos, reposteos y respuestas desde el usuario del juez, los denunciantes apuntaron contra el magistrado por considerar que había utilizado esa red social “para difundir de manera sistemática expresiones antisemitas que comprometen su imparcialidad, idoneidad y decoro”.

También evaluaron que la conducta virtual del magistrado había configurado “un patrón de hostilidad hacia los judíos, el sionismo e Israel, excediendo cualquier debate razonable sobre política internacional”.

Con la denuncia, se labró el expediente N° 19/2025 en la Comisión de Acusación del Consejo, donde el titular del Juzgado Federal 4 de Mar del Plata, oportunamente, se presentó para desarrollar y exponer su defensa basada -en líneas generales- en cuatro ejes: ejercicio legítimo de la libertad de expresión; inexistencia de delito; falta de legitimidad de las organizaciones denunciantes; y razones ajenas al antisemitismo para impulsar la denuncia en su contra.

Esta semana, por lo demás, la Comisión de Acusación reunió los votos de los consejeros Álvaro González, Luis Juez, Alberto Maques y Gonzalo Roca para elevar el caso al Plenario del organismo encargado de la selección y remoción de los jueces, presidido por el ministro de la Corte Suprema Horacio Rosatti. Si los dos tercios de los 20 consejeros aprueban la acusación, López será suspendido de su cargo y pasará a ser juzgado por mal desempeño ante un Jurado de Enjuiciamiento. Los consejeros Juez y Maques fueron propuestos como representantes del cuerpo para esa etapa.

El dictamen acusatorio que ahora será trasladado al plenario del Consejo de la Magistratura fue elaborado por el senador nacional Luis Juez, quien durante su instrucción identificó 17 mensajes publicados desde la cuenta @JuezLopezMDP entre septiembre de 2024 y julio de 2025 que consideró constitutivos de un patrón sistemático de agresión hacia la comunidad judía.

Entre ellos figuran: “A quién son leales los judíos que residen en nuestra patria?” y “Los judíos mataron a Cristo. Fin”. También: “Pueden dejarles sus comentarios a estos fariseos”; “Bueno judío, es Twiter y hay que abreviar”; “Otro J victimizándose, ya se les gastó de tanto usar, lo siento”; “Que idea judío insolente?”; “Otro juden” y “Si, raza de víboras”. Ante una nota periodística sobre el lanzamiento de un vuelo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv, el juez escribió: “¿ida y vuelta?”. Sobre la composición de la Corte Suprema, preguntó: “Usarán la Tora o la Constitución Nacional en la nueva ampliación de la Corte que se viene”. También reposteó un mensaje que decía: “El juez López es la voz de los que no tienen voz. Por tal motivo es el objetivo de la judiada, interna y externa. Debemos unirnos como pueblo en esta cruzada patriótica y poder así reconquistar el mando de nuestra nación, ya sin injerencia extranjera”. Y respondió “Muchas gracias” a un usuario que había escrito que “a estos miserables cerdos judíos hay que confrontarlos abiertamente y ponerlos en su sitio”.

En su descargo frente a la comisión acusatoria, el magistrado reconoció haber publicado esos mensajes y confirmó que administraba personalmente la cuenta de X.

El argumento central de López giró en torno a que sus publicaciones constituyen un ejercicio legítimo de la libertad de expresión. En su defensa sostuvo que sus mensajes eran “interpretaciones absolutamente subjetivas y descontextualizadas respecto de los intercambios realizados en las redes sociales, que de ninguna manera afectan el Servicio de Justicia ni la imparcialidad” de su función, “habida cuenta de que no se ha expresado en relación a ninguna causa en trámite”. Como prueba de ello, señaló que nunca fue recusado ni apartado de ninguna causa judicial.

López también argumentó que “del relato formulado en la denuncia no surge la comisión de ningún delito, razón por la cual no se formuló ninguna denuncia al respecto” en su contra en ningún fuero del país. Desde esa base, cuestionó que las organizaciones denunciantes hubieran recurrido al Consejo de la Magistratura: “Evidentemente los denunciantes lo hacen en esta instancia porque saben que carecen de consecuencias legales”, expresó, y advirtió que se reservaba el derecho a iniciar “denuncias penales y la reparación de los daños y perjuicios” contra los firmantes por lo que calificó como una “falsa denuncia”.

A su vez, el magistrado cuestionó la representatividad de las dos organizaciones que encabezaron las denuncias -el Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA) y la DAIA- y aseveró que “ambas organizaciones denunciantes se arrogan una representación que no les fue otorgada por quienes hicieron el intercambio de opiniones en la red social X”. Sobre la DAIA fue aún más crítico: la describió como “una organización que abiertamente representa los intereses de un Estado extranjero, mas no los de la totalidad de la colectividad judía”, y calificó las denuncias como el producto de “una pose de victimización genérica y absolutamente maliciosa” contra un magistrado “designado por concurso público y de acuerdo a todas las normas constitucionales vigentes con más de 40 años de trayectoria intachable”.

Por último, el denunciado buscó apoyo en la Resolución N° 259/2020, mediante la cual el propio Consejo de la Magistratura había archivado en noviembre de 2020 una denuncia en su contra promovida por el diputado Rodolfo Tailhade en virtud de expresiones vertidas igualmente en redes sociales. Para el juez, ese precedente era directamente aplicable al caso. Además, ofreció su propia lectura sobre el origen de las denuncias: sugirió que “lo que realmente ha molestado y motivado a perseguir a este magistrado por los denunciantes ha sido la difusión de la decisión tomada por la Corte Penal Internacional, ordenando la captura internacional del Primer Ministro Benjamín Netanyahu y su Ministro de Defensa por las gravísimas violaciones a los derechos humanos en la Franja de Gaza, siendo la República Argentina adherente al Tratado que reconoce competencia de ese órgano jurisdiccional penal internacional y que, teniendo en consecuencia rango constitucional, la República Argentina está obligada a acatar”.

También atribuyó parte de las críticas a su condición de católico y a su adhesión a la interpretación del constitucionalista Germán Bidart Campos sobre el artículo 2 de la Constitución Nacional, remarcando que “el odio y la persecución estarían motivadas en su condición de católico”.

El dictamen acusatorio de Luis Juez respondió punto por punto. Consideró que las expresiones digitales del magistrado no constituían “manifestaciones aisladas ni meras opiniones polémicas sobre asuntos públicos” sino “un patrón discursivo consistente con las formas contemporáneas de antisemitismo”, y dejó en claro que el eje del procedimiento no era la política internacional sino el cumplimiento de los deberes de imparcialidad, decoro e igualdad que exige la función judicial. Para arribar a esa conclusión aplicó la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), adoptada por el Consejo de la Magistratura mediante la Resolución N° 343/2024, y el “test de las tres D” -demonización, deslegitimación y doble estándar- utilizado internacionalmente para distinguir la crítica legítima al Estado de Israel del discurso antisemita. El dictamen también señaló que la “ausencia absoluta de autocrítica, arrepentimiento o distanciamiento” respecto de las publicaciones resultaba un elemento central para evaluar la aptitud de López para continuar ejerciendo la función judicial.

No es la primera vez que López queda envuelto en una controversia de alcance institucional. En 2021 protagonizó adquirió notoriedad pública al hacer lugar a una medida cautelar que ordenó suspender la aplicación de la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en su jurisdicción. El fallo fue revocado por la Cámara Federal de Mar del Plata.

Al cierre de la sesión de esta semana, donde se acordó tratar el caso de López en el plenario del Consejo para ver si se opta por activar un juicio político, el consejero Juez comentó a Infobae: “Un magistrado no puede sembrar odio, no puede discriminar ni poner en duda la igualdad de los ciudadanos. Cuando un juez deja de garantizar la imparcialidad, no falla solo a una persona, sino a la institución”.

Si prospera la acusación, será el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación el encargado de decidir la eventual destitución de López.

Después de una reciente decisión del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que suspendió sus vínculos académicos con Harvard y otras universidades como Yale, Brown, MIT y Princeton, las críticas hacia instituciones educativas de élite han escalado a un nuevo plano judicial. Según informó Europa Press, el Departamento de Justicia estadounidense ha presentado una demanda contra la Universidad de Harvard, acusando a la institución de no haber respondido como se esperaba a numerosas denuncias de hostigamiento y acoso contra estudiantes judíos e israelíes en sus campus. Esta acción legal se enmarca en un contexto de señalamientos previos formulados bajo la Administración Trump por políticas relacionadas con diversidad y meritocracia en el ámbito universitario.

De acuerdo con Europa Press, la demanda parte de incidentes registrados tras los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) del 7 de octubre de 2023. El Departamento de Justicia afirmó en un comunicado que en Harvard se han permitido actos hostiles protagonizados por grupos de estudiantes, profesores y visitantes que, en el marco de manifestaciones de oposición a Israel, incurrieron en actitudes de acoso, agresiones e intimidaciones dirigidas a miembros judíos e israelíes de la comunidad universitaria, destacando las conexiones raciales, étnicas y nacionales de las víctimas con ese país. Los hechos denunciados, según la acusación, muestran un supuesto patrón de inacción y tolerancia ante episodios de antisemitismo, atribuyendo a la universidad una actitud de “indiferencia” frente a la hostilidad protagonizada dentro del campus.

Pam Bondi, fiscal general estadounidense, señaló de manera explícita que demasiadas instituciones educativas han permitido el surgimiento del antisemitismo en sus entornos y consideró que esta demanda simboliza el compromiso de la Administración de Donald Trump por erradicar el comportamiento discriminatorio perjudicial para los estudiantes. Según reportó Europa Press, Bondi remarcó el propósito del Gobierno de aplicar sanciones y mecanismos de protección más estrictos, apuntando a una necesidad de acción estatal para proteger derechos civiles en el ámbito educativo. La demanda fue formalizada ante un tribunal de distrito en Massachusetts, reforzando la vía judicial contra Harvard por su presunta falta de intervención eficaz ante las denuncias de acoso.

La respuesta institucional de la Universidad de Harvard se oficializó a través de un comunicado, en el que negó de manera tajante las acusaciones de falta de acción. Según detalló el medio Europa Press, las autoridades universitarias sostienen que han desplegado medidas sustanciales y proactivas para hacer frente al antisemitismo y cumplir con los estándares de antidiscriminación y antiacoso. El comunicado detalla que Harvard ha fortalecido la capacitación y la formación de estudiantes, profesorado y personal universitario sobre cuestiones de antisemitismo, además de implementar nuevos programas que fomentan el diálogo civil y el desacuerdo respetuoso tanto en el aula como fuera de ella. La institución enfatizó que el conjunto de sus acciones contradice cualquier noción de indiferencia deliberada hacia los problemas señalados.

En la misma línea, Harvard subrayó el compromiso específico con los miembros de su comunidad judía e israelí y atribuyó la demanda a un acto de “represalia” por parte del Gobierno federal, debido a la negativa de la universidad de ceder el control institucional. Europa Press reportó que, desde la perspectiva de Harvard, el litigio constituye una presión indebida sobre su autonomía y sus políticas internas. La universidad insiste en que ha procurado proteger los derechos de todos sus miembros mediante la implementación de procedimientos y canales para denunciar y abordar cualquier forma de discriminación.

El conflicto judicial actual se suma a antecedentes recientes en los que la Casa Blanca, durante la Administración Trump, ya había presentado otra demanda contra Harvard. En esa ocasión, el Departamento de Justicia reclamaba la entrega de documentos que permitieran evaluar si existía discriminación luego de que la universidad debió revertir o eliminar programas de diversidad, igualdad e inclusión (conocidos como DEI) por orden del Gobierno. Según detalló Europa Press, la Administración Trump ha argumentado que estos programas, en lugar de fomentar la equidad, resultarían incompatibles con la meritocracia y el principio de igualdad de oportunidades.

En otro desarrollo paralelo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció el cese de la cooperación académica de su departamento con instituciones consideradas “criaderos ‘woke’ de adocrinamiento tóxico”, empleando ese término para cuestionar la orientación ideológica de algunas universidades. Afirmó abiertamente, según consignó Europa Press, que no se seguirán enviando militares a programas de posgrado que, en su opinión, contravienen los valores que el personal de las Fuerzas Armadas está obligado a defender. La postura del Departamento de Defensa refuerza la percepción, desde ciertos sectores gubernamentales, de que los actuales entornos universitarios estadounidenses representan amenazas para la pluralidad y la neutralidad educativa.

El debate sobre el tratamiento del antisemitismo en el campus ha adquirido una relevancia destacada en la agenda política y social del país, particularmente tras los sucesos de octubre de 2023 en Oriente Medio. Europa Press indicó que el gobierno federal ha manifestado la intención de sancionar con mayor severidad toda muestra de discriminación por motivos religiosos, raciales o étnicos, en especial en entornos académicos que reciben fondos públicos o colaboran institucionalmente con instancias estatales.

Según enfatizó Europa Press, las demandas interpuestas y las consecuencias institucionales en curso han producido un debate sobre los mecanismos más adecuados para conciliar la autonomía universitaria y la prevención de episodios de discriminación. El contexto incluye el escrutinio sobre la eficacia de los programas internos de las universidades y la presión que enfrentan estas instituciones para demostrar la existencia de protocolos confiables frente a denuncias de acoso o violencia motivadas por el origen, religión o afinidades internacionales de sus estudiantes. De acuerdo con las partes involucradas, la disputa probablemente continúe durante los próximos meses tanto en el ámbito judicial como en la discusión pública sobre los límites y obligaciones de las universidades en materia de derechos civiles y protección estudiantil.

La actriz Laura Zapata desató una fuerte controversia en redes sociales luego de realizar comentarios calificados como clasistas y discriminatorios hacia Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

El detonante fue una crítica de la ex villana de telenovelas en Televisa hacia la mandataria por viajar en aerolíneas comerciales, en lugar de usar un avión exclusivo, situación que ocurrió en el marco de un evento internacional.

Durante sus declaraciones en uno de sus programas grabados, la hermana de Thalía se refirió a la primera presidenta de México como “indita”, un término señalado como ofensivo por activistas y organismos de derechos humanos, provocando una ola de repudio en diversos sectores.

En redes sociales, las palabras de Zapata, quien también calificó a la presidenta como una persona “sin categoría, sin clase, sin presencia”, se viralizaron rápidamente, con miles de usuarios condenando el comentario.

Pese a las críticas, la actriz intentó justificar sus palabras diciendo que no eran racistas, sino una alegoría política. “Viajar en vuelo comercial no te hace humilde, pusiste en riesgo a los pasajeros”, sostuvo la actriz en una defensa que no logró apaciguar el descontento.

Derechos Humanos rechaza las declaraciones de Laura Zapata

Tras la polémica, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió un comunicado condenando enérgicamente las declaraciones de Zapata. El organismo señaló que este tipo de discursos refuerzan estereotipos históricos que perpetúan la exclusión y alimentan la violencia simbólica en contra de los pueblos indígenas.

“Toda forma de discriminación, directa o indirecta, basada en el origen étnico o color de piel, no solo es moralmente inadmisible, sino jurídicamente sancionable”, destacó el organismo.

En este sentido, la DDHPO anunció que presentará una queja formal ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), con la intención de que se analice la actuación de la actriz bajo lo estipulado en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Además, subrayó que las expresiones vertidas por Laura Zapata no pueden considerarse amparadas por la libertad de expresión, ya que perpetúan prejuicios y afectan la dignidad de sectores históricamente vulnerados.

¿Cuáles podrían ser las consecuencias legales?

De acuerdo con las leyes en México, los actos de discriminación pueden tener implicaciones legales si se demuestra que las expresiones de Zapata fomentaron la exclusión o violentaron los derechos fundamentales de las personas o grupos mencionados. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece que cualquier conducta que promueva la segregación o denigre a una persona por su origen étnico es sancionable.

Aunque el Conapred no tiene facultades penales, sí puede emitir sanciones administrativas como multas o la obligación de ofrecer disculpas públicas. Además, dependiendo de la investigación y las conclusiones, Zapata podría enfrentar posibles demandas civiles si alguien afectado decide proceder legalmente.

Por su parte, la polémica también podría repercutir en su carrera profesional, pues las redes sociales han mostrado un fuerte rechazo hacia la actriz, lo que podría significar el inicio de una ola de “cancelación” mediática que afecte sus futuros proyectos artísticos.

Libertad de expresión vs. discriminación

Una de las discusiones centrales que surge de este caso es el límite entre la libertad de expresión y los discursos discriminatorios. Si bien la Constitución mexicana protege el derecho a la libre manifestación de ideas, este derecho no es absoluto cuando se utiliza para perpetuar agresiones o menoscabar la dignidad de grupos históricamente marginados.

Como apuntó la DDHPO, las expresiones de Zapata no pueden ser tomadas como opiniones libres cuando refuerzan prejuicios que afectan la percepción social de los pueblos indígenas. En un contexto donde la población indígena ha sido histórica y sistemáticamente vulnerable, este tipo de comentarios no pasan desapercibidos.

“Permitir que el odio racista se propague sin control es una decisión que sigue perjudicando a jugadores, familias y comunidades en todo el mundo del juego”, sostuvo el Liverpool FC en un comunicado, en el que también subrayó su intención de colaborar con las autoridades correspondientes para identificar a los responsables de los insultos contra su defensor Ibrahima Konaté. Según publicó el Liverpool en su sitio web y conforme reportó el medio de referencia, el club inglés manifestó su rechazo absoluto a los ataques discriminatorios de los que fue objeto el futbolista francés tras una acción de juego frente al nigeriano Victor Osimhen, del Galatasaray SK.

Luego de un choque entre Konaté y Osimhen durante un partido reciente, el delantero nigeriano sufrió una fractura de brazo y debió ser sustituido en el descanso. Esta acción derivó en una serie de mensajes ofensivos dirigidos al central francés a través de redes sociales. De acuerdo con lo detallado por el Liverpool, los mensajes “deshumanizantes, cobardes y motivados por el odio” fueron calificados por el club como totalmente inadmisibles y constituyen una amenaza para la integridad tanto del jugador como del deporte en sí.

En el comunicado, el club demandó una respuesta urgente de las plataformas digitales responsables de alojar estos mensajes. "Las palabras de condena por sí solas no son suficientes. Las empresas de redes sociales deben asumir su responsabilidad y actuar de inmediato. Estas plataformas tienen el poder, la tecnología y los recursos para prevenir este abuso, pero con demasiada frecuencia no lo hacen", expresó el Liverpool. Según consignó la entidad británica, la existencia de cuentas anónimas que perpetúan mensajes de odio dificulta la erradicación del racismo y convierte a los jugadores en blancos constantes de estas manifestaciones.

El comunicado, tal como publicó el Liverpool, remarcó además que “nuestros jugadores no son objetos. Son seres humanos. Los insultos que siguen dirigiéndose a los jugadores, a menudo ocultos tras cuentas anónimas, son una mancha para el deporte y para las plataformas que permiten que persistan”. El club solicitó al conjunto del mundo del fútbol que se una para dejar claro que estas acciones no tendrán tolerancia y que resulta indispensable actuar de manera conjunta y enérgica.

El Liverpool enfatizó que la carga sobre los deportistas y las instituciones deportivas resulta insostenible, ya que, según señaló en el comunicado, los afectados suelen tener que soportar las consecuencias antes de que las plataformas o las autoridades intervengan. El llamado del club dejó en claro que “no se puede permitir que la situación actual continúe. Hay que afrontarla, combatirla y erradicarla, no mañana, sino ahora”.

El posicionamiento del Liverpool, de acuerdo con la nota publicada, propone no solo el apoyo a su futbolista y a su entorno, sino también la cooperación activa con organismos y autoridades para dar con quienes emitieron los mensajes ofensivos. El club considera que la lucha contra el racismo implica una respuesta colectiva por parte de la industria del fútbol y exige que las empresas tecnológicas apliquen de forma efectiva los mecanismos necesarios para identificar y bloquear el contenido discriminatorio.

La declaración, reproducida por el Liverpool FC, insistió en que el racismo no debe encontrar sitio “ni en el fútbol, ni en la sociedad, ni en ningún otro lugar, ni en internet ni fuera de ella”. De esta manera, el club británico dejó sentada su postura institucional frente a los episodios discriminatorios y exhortó tanto a plataformas digitales como a organizaciones del fútbol a tomar medidas eficaces para proteger a los deportistas y sus comunidades ante los ataques motivados por odio y prejuicio.

El Comité de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento de la FIFA recomendó no aplicar sanciones contra la Federación Israelí de Fútbol (IFA) por la presencia de equipos asentados en Cisjordania en sus competiciones, al sostener que el estatus definitivo de este territorio continúa siendo una cuestión pendiente y de gran complejidad dentro del derecho internacional. Según informó el medio original, esta postura se presentó tras la queja formal promovida por la Federación Palestina de Fútbol (PFA), que había solicitado suspender a la IFA por permitir la participación de clubes localizados en asentamientos israelíes dentro de Cisjordania, territorio considerado ocupado por parte de la comunidad internacional.

De acuerdo con la información publicada, la PFA elevó su petición justo antes del Congreso de la FIFA de 2024. La causa principal se centró en la presencia de equipos pertenecientes a colonias israelíes disputando partidos avalados por la federación israelí en lo que el derecho internacional reconoce como territorio palestino. El Consejo de la FIFA derivó esta demanda al citado comité, que resolvió recomendar la inacción disciplinaria por el momento, aduciendo la ausencia de consenso jurídico sobre la situación del área involucrada.

El portavoz de la IFA, Shlomi Barzel, expresó satisfacción ante la decisión de la FIFA. Barzel afirmó, según reportó la fuente, que la federación mantiene una activa defensa frente a los intentos de politizar el fútbol israelí y sostuvo que, aunque prevé nuevos desafíos en la esfera internacional, también existen perspectivas positivas dentro del campo deportivo.

Por otra parte, en 2024, la Corte Internacional de Justicia declaró ilegal la ocupación de Cisjordania y Jerusalén Este por parte de Israel, conforme al derecho internacional, según consignó la misma fuente. No obstante, el gobierno israelí continúa definiendo estos territorios como zonas en disputa, en oposición al calificativo de ocupados utilizado por la comunidad internacional y en sentencias como la de la CIJ.

El medio también detalló que, en contraposición a la decisión sobre la participación de clubes cisjordanos, la Comisión Disciplinaria de la FIFA sí decidió penalizar a la IFA en otra denuncia promovida por la PFA. Dicha sanción obedeció a acusaciones relacionadas con prácticas discriminatorias en el fútbol israelí. Como resultado, la FIFA impuso una multa de 150.000 francos suizos, equivalentes a aproximadamente 165.000 euros, y emitió una advertencia formal, exigiendo a la IFA que, en sus tres próximos partidos internacionales oficiales como local, exhiba el lema "El fútbol une al mundo-No a la discriminación" junto al logotipo de la federación israelí.

Barzel también se refirió a la sanción por discriminación, una vez más citado por el medio, indicando que tanto la IFA como los clubes afiliados han asumido desde antes de la multa un compromiso firme para combatir toda muestra de racismo, y que incrementarán sus esfuerzos para erradicarlo. Manifestó que, incluso si la multa hubiera sido simbólica, el solo hecho de recurrir a actos racistas merece rechazo absoluto y añadió que este problema no es exclusivo de un solo país, aunque ello no proporciona ningún alivio.

La controversia sobre la participación de clubes en asentamientos israelíes dentro de Cisjordania evidencia dimensiones políticas y legales que la FIFA reconoce como complicadas de resolver unilateralmente. Según publicó la fuente original, el órgano rector del fútbol mundial se abstiene de intervenir en un tema que involucra definiciones internacionales aún irresueltas. Mientras tanto, la discusión refleja la persistente tensión entre las federaciones de ambos países y la repercusión internacional que todavía suscita el estatus del fútbol en territorios disputados.

El aumento de ataques racistas en redes sociales en España ha experimentado un crecimiento de cinco veces en la última década, un fenómeno que inquieta a las autoridades y que se suma a la baja cantidad de denuncias formales por parte de víctimas. Tal como publicó el medio que cubre la información proporcionada por el Ministerio de Igualdad, solo dos de cada diez personas que sufrieron una agresión motivada por racismo o xenofobia acudieron a denunciar los hechos, según datos del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe).

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, presentó recientemente la campaña “El racismo se acaba cuando actuamos. No lo normalices. Denúncialo”, coincidiendo con el Día Internacional contra el Racismo, que se conmemora el 21 de marzo. En una declaración recogida por la misma fuente, Redondo identificó el racismo como un problema estructural presente en prácticamente todos los países y lo definió como un reto democrático. También remarcó la idea de que la percepción de racismo como una cuestión superada no se corresponde con la realidad actual, ya que el fenómeno se mantiene vigente y adquiere nuevas formas, especialmente en el entorno digital.

Según consignó la fuente, Redondo señaló que el 52% de quienes han sufrido estas situaciones violentas reportan consecuencias negativas tanto físicas como psicológicas en su vida diaria. La ministra reconoció que, a pesar del esfuerzo del Gobierno a través de diversas iniciativas, las acciones existentes siguen resultando insuficientes para erradicar la discriminación. En sus palabras citadas por el medio, Redondo afirmó la intención del Ejecutivo de avanzar hacia una sociedad libre de toda forma de discriminación.

El nuevo spot de la campaña gubernamental muestra diferentes escenas cotidianas para visibilizar actitudes racistas y su aislamiento por parte del entorno social. Según detalló el medio, en uno de los ejemplos, durante un partido de fútbol, un espectador insulta a un jugador llamándole “mono”, mientras que en otra escena, una mujer muestra su desagrado al ver que un joven extranjero se sienta a su lado en el metro, expresando la frase “otro moro”. En ambos casos, quienes les rodean optan por aislar a las personas que profieren los comentarios discriminatorios. En otra secuencia, se representa la negativa de un hombre a alquilar una vivienda a personas gitanas.

La campaña pone especial énfasis en el aislamiento de las actitudes racistas y la necesidad de que la sociedad reconozca y rechace públicamente este tipo de comportamientos, señaló el Ministerio según informó el medio. Redondo subrayó que la iniciativa no solo busca estimular la denuncia, sino también promover la explicación de que el racismo puede manifestarse a través de acciones abiertas o mediante silencios, omisiones o actitudes pasivas.

Beatriz Carrillo, directora general para la Igualdad de Trato y No Discriminación, destacó durante la presentación que no considera a España como un país racista, aunque reconoció la existencia cotidiana de muestras de racismo en múltiples ámbitos sociales, según reportó el medio. Carrillo explicó que el racismo no solo se expresa mediante palabras o agresiones explícitas, sino que también ocurre cuando no se utiliza el término adecuado o se silencian las situaciones discriminatorias. Añadió que actualmente las personas no sienten necesidad de ocultar sus prejuicios al manifestar rechazo hacia determinados grupos.

Del mismo modo, Carrillo puso en evidencia que el racismo constituye el principal delito de odio en España. Recordó la existencia del teléfono 021 contra la discriminación racial o étnica, un recurso gratuito y anónimo donde las víctimas pueden recibir asesoramiento profesional. La directora llamó a utilizar este servicio como un paso fundamental para romper el silencio y fomentar la denuncia, continuó la fuente.

La campaña del Ministerio de Igualdad busca impulsar una reacción colectiva ante el racismo, promoviendo el rechazo social y animando a las víctimas a emprender acciones legales y a no permitir la normalización de estas conductas. Desde la administración, se defiende la importancia de actuar a nivel social y gubernamental para reducir la infradenuncia y apoyar a quienes enfrentan la discriminación, según detalló el medio que recoge la información ministerial.

Dentro del contexto actual, el Ministerio insiste en estimular la denuncia como elemento clave para medir la dimensión real del problema y para avanzar en la protección efectiva de los derechos de las personas afectadas, publicó el medio. A través de la campaña y de los recursos disponibles, el Gobierno reafirma su compromiso de continuar luchando contra el racismo en la sociedad española.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) difundió este 18 de marzo un video institucional para condenar los actos de discriminación que involucran a una servidora pública de la dependencia, identificada en redes sociales como “Lady Pepitas”.

El pasado 14 de marzo la funcionaria fue expuesta en redes sociales tras ofender a una mujer policía, elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la cual se encontraba realizando su trabajo durante la evacuación del partido de futbol disputado entre Pumas y Cruz Azul, en el Estadio Olímpico Universitario.

En el material, grabado por la policía discriminada, la servidora de la fiscalía le dice que ella sí fue a la escuela, mientras afirma que a la policía la sacaron de vender pepitas, frase que le valió su apodo en redes sociales.

La condena, presentada por la coordinadora de asuntos internos de la Fiscalía capitalina, Adriana Greaves, destacada la gravedad de los hechos y señaló la apertura de investigaciones administrativas y disciplinarias debido a que “Lady Pepitas” se encontraba en horario laboral al momento de los hechos, entre otras razones.

Asimismo, Graves señaló que existen indicios de que “Lady Pepitas” y su familia -señalados de haber tenido un conflicto en el estadio- pudieron haber sido víctimas de un delito.

Postura institucional ante la discriminación

En el mensaje grabado, Adriana Greaves lamentó profundamente “los actos de discriminación realizados por una servidora pública de esta institución”, refiriéndose a “Lady Pepitas”.

La coordinadora de asuntos internos precisó que la información difundida hasta el momento sugiere la posibilidad de que tanto “Lady Pepitas” como sus familiares hayan sido víctimas de un delito durante el altercado, y señaló que, como cualquier persona, tienen derecho a presentar una denuncia y a que se investiguen los hechos.

No obstante, fue enfática al señalar que tal circunstancia no exime a la funcionaria de responsabilidades administrativas o disciplinarias “por sus comentarios discriminatorios, el uso indebido del uniforme institucional y por haber abandonado su lugar de trabajo durante el horario laboral”.

Asimismo, insistió en que la FGJCDMX no tolerará actos de prepotencia, abuso, agresión o discriminación por parte de su personal y recordó que todos los servidores públicos deben actuar con respeto, legalidad y profesionalismo.

Qué se sabe del altercado de Lady Pepitas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detalló que el incidente ocurrió en el Estadio Olímpico Universitario, durante el operativo Estadio Seguro.

En el sitio, personal de seguridad de la UNAM solicitó el apoyo de policías auxiliares para retirar a dos asistentes en aparente estado de ebriedad que agredían a otros, incluidas personas con discapacidad auditiva, los cuales son identificados como familiares de “Lady Pepitas”.

Durante la intervención, “Lady Pepitas” se comportó de forma agresiva y lanzó expresiones discriminatorias contra una oficial de la SSC.

En el video del altercado, la servidora pública se dirigió a la policía agredida con frases como: “No me hables de tú porque no somos iguales. Yo sí fui a la escuela, a usted la quitaron de vender pepitas.

La policía agredida respondió en varias ocasiones que ambas eran servidoras públicas, lo que la mujer negó de forma reiterada, manteniendo una actitud despectiva y discriminatoria.

El denunciante, ciudadano belga de 70 años residente en Bigues i Riells desde 2015, relató durante el juicio que en ningún momento se le explicó el motivo de los registros ni la razón por la que le solicitaron mostrar una bolsa de colostomía en público mientras intentaba tomar un vuelo en el Aeropuerto de Barcelona. Según informó el medio, estos hechos ocurrieron el 9 de diciembre de 2019 y derivaron en una denuncia por presuntos delitos de odio, coacciones y falsedad documental contra dos agentes de la Guardia Civil, juzgados este miércoles en la Audiencia de Barcelona.

De acuerdo con la información publicada, la acusación particular —financiada por la organización Plataforma per la Llengua— solicitó una condena de seis años y dos meses de cárcel para los dos guardias civiles, así como seis años y diez meses de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos y una multa de 4.800 euros. Frente a esta petición, la Fiscalía pidió la absolución de los agentes, alegando que no se demostró que existiera coacción, discriminación o que se hubiese forzado al pasajero a hablar en castellano.

Los hechos, reportó el medio, se desencadenaron cuando el equipo de seguridad del aeropuerto detectó que el pasajero llevaba un objeto bajo su ropa al atravesar los arcos de control. El pasajero explicó a los vigilantes que portaba una bolsa de estómago debido a una cirugía de cáncer de colon realizada en enero de 2018 en el Hospital General de Granollers. No tenía intención de mostrarla en público por tratarse de una bolsa recolectora de heces, pero manifestó sentirse presionado a bajarse los pantalones y enseñarla en el mismo lugar, temiendo perder el vuelo.

El denunciante, que declaró en catalán asistido de un traductor dado que el juicio se realizó mayoritariamente en castellano, explicó que le solicitaron el documento de identidad para denunciarlo por alteración del orden público. Expresó que no hablaba castellano y que apenas lo entendía, e indicó que tanto el neerlandés como el catalán eran sus lenguas preferentes —escogiendo el catalán por residir en Catalunya—, además de hablar francés, inglés y alemán.

Según consignó el medio, el pasajero afirmó que uno de los guardias civiles le expresó: "Estamos en España y se habla español", y mencionó que no tuvo oportunidad de comunicarse en otro idioma con ellos, señalando que aprendió catalán para relacionarse con la comunidad local tras establecerse en la región.

La denuncia detalla que fue conducido a una sala donde le solicitaron, en presencia de seis agentes, que retirase varias prendas y mostrara nuevamente la bolsa, sin explicarle el motivo del procedimiento. El denunciante aseguró que la experiencia resultó vejatoria y ofensiva para su dignidad, añadiendo que después de este segundo registro le preguntaron por su lugar de residencia, escribiendo la localidad de forma incorrecta y atribuyendo el error a una supuesta confusión geográfica. Como resultado de su corrección, indica que le impusieron una segunda denuncia, en este caso por desobediencia, y uno de los agentes le manifestó: "Este hoy no vuela".

El pasajero logró embarcar, pero una vez sentado fue requerido por la tripulación, que le informó que debía abandonar el avión siguiendo una indicación policial. Encontró su equipaje en la sala de recogida de maletas tras lo que describió como unas dos horas de incidencias. Señaló al medio que consideraba que la actuación policial se produjo debido a que empleó el catalán y no el castellano en sus comunicaciones.

En su declaración ante el tribunal, uno de los guardias civiles —con 17 años destinado en el Aeropuerto de Barcelona— relató que los servicios de seguridad solicitaron su intervención por el comportamiento supuestamente alterado y ruidoso del pasajero en la zona de control. Afirmó que le informó en castellano de que era necesario verificar lo que portaba bajo la ropa en una sala privada para preservar su intimidad, y negó cualquier exigencia para que hablara en castellano, aunque sí reconoció haberle señalado que él no hablaba catalán y ofrecerle comunicarse en inglés o francés. Según su versión, el pasajero rechazó el entendimiento y solo buscaba dirigirse a su puerta de embarque.

Durante la inspección en la sala, los agentes constataron que la bolsa era de colostomía y concluyeron que no representaba peligro alguno. El guardia afirmó que informaron a la compañía aérea acerca de la conducta del pasajero, pero que los agentes no tienen autoridad para impedirle volar, y negó rotundamente haber dicho "este hoy no vuela".

La segunda agente imputada compartió que el pasajero les comunicó que hablaba catalán y otros idiomas, pero considera que evitaba cualquier conversación con los agentes y trató de recoger sus pertenencias sin someterse a las comprobaciones. Consultada sobre la posibilidad de conseguir un traductor de catalán, explicó que domina el inglés y que solicitó el pasaporte en ese idioma, negando en todo momento que le hubieran exigido expresarse en castellano.

La acusación particular sostuvo mediante la abogada Laia Homs que la intervención de los agentes fue desproporcionada y que las imágenes captadas por las cámaras del aeropuerto muestran a los pasajeros circulando normalmente, sin signos de alteración o escándalo por parte del denunciante. Señaló que el trato recibido por el pasajero constituye una discriminación motivada por el uso del catalán, que los registros efectuados carecieron de justificación y que la imposición de denuncias administrativas no estaba sustentada, sumando la coacción de tener que abandonar el avión tras haber embarcado.

La Fiscalía, según recogió el medio, reiteró su petición de absolución al considerar que no ha quedado probada la existencia de discriminación ni que se ordenara mostrar la bolsa en público, añadiendo que la intervención de los guardias civiles en los arcos de control se limitó a una inspección protocolaria en un espacio reservado. Insistió en que las imágenes grabadas reflejan esta versión.

Las defensas, representadas por la Abogacía del Estado, solicitaron igualmente la absolución, sosteniendo que el relato de la acusación está desacreditado por las imágenes y que fue el pasajero quien, de forma espontánea, enseñó la bolsa a personal de seguridad antes de la implicación de los agentes acusados. Argumentaron que los guardias intentaron facilitar la comunicación en varios idiomas, mientras que el pasajero se negó a colaborar y mostró desobediencia durante el control.

La inhabilitación para ejercer cualquier profesión vinculada a la docencia, el deporte o el tiempo libre durante más de cuatro años forma parte de las medidas judiciales impuestas a un vecino de Logroño por actos de humillación y discriminación contra dos personas pertenecientes al colectivo LGTBI. De acuerdo con la información publicada por la Audiencia Provincial y recogida por distintos medios, el acusado ha admitido tanto el envío de mensajes de odio como la autoría de los actos que motivaron la denuncia, así como su responsabilidad en la vulneración de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución.

Según detalló el medio que consignó la sentencia, el acusado aceptó una condena de un año, siete meses y quince días de prisión tras sentarse en el banquillo este jueves por un delito cometido con ocasión del ejercicio de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas. El delito está relacionado con la lesión de la dignidad de las personas por razones discriminatorias, específicamente en razón de la orientación sexual de las víctimas.

La sanción judicial incorpora una pena de multa de 1.890 euros, además de una indemnización individual de 1.000 euros para cada una de las dos personas afectadas en concepto de responsabilidad civil. El tribunal ha añadido la prohibición al acusado de aproximarse a menos de 200 metros de las víctimas o de comunicarse con ellas por cualquier medio durante tres años, respondiendo así a las medidas de protección solicitadas por la acusación, publicó la fuente.

El tribunal estableció que la ejecución de la condena de privación de libertad queda suspendida bajo la condición de que el acusado no reincida en delitos semejantes en un plazo de dos años y cumpla con el pago tanto de la multa como de la indemnización. La suspensión responde a lo permitido en supuestos en que el inculpado reconoce los hechos y muestra disposición a reparar el daño causado, matizó el medio.

El procedimiento penal se inició cuando, en 2024, las víctimas denunciaron la recepción de mensajes amenazantes y humillantes por parte del acusado a través de redes sociales. Los mensajes, enviados desde la cuenta de Instagram del ahora condenado, contenían una retórica violenta y referencias explícitas a agresiones físicas. Uno de los mensajes, recogido en el escrito de calificación del Ministerio Fiscal, señalaba: "El día que empiece a correr sangre en Europa por una rebelión, os garantizo que seréis los primeros en caer; algún día, más pronto que tarde, cuando la gente estalle y salga a la calle a cortar cabezas, acordaos que estaré en primera fila y a por los primeros que iré, seréis vosotros el día que Europa reviente, no seré yo el único que vaya arrancando cabezas, pero sí, me pido las vuestras... así seré yo lo último que veáis en vuestras miserables vidas; y ese día, cuando llegue, lo que te he dicho esta mañana, me encargaré yo mismo de arrancarte la cabeza, de momento me abstengo de hacer nada por las leyes pero pido que haya un día de purga, sólo uno...; el día que haya una purga o que haya una revuelta nacional, ahí estaré en primera fila, con la catana preparada y bien afilada".

La gravedad de los hechos y la naturaleza de las amenazas motivaron la intervención tanto del Ministerio Fiscal como del tribunal, que calificaron el episodio como una vulneración de derechos y un acto discriminatorio. El acusado, residente en Logroño, admitió los hechos y aceptó la responsabilidad, abriendo la vía a la conformidad penal y evitando así la celebración de un juicio con práctica de prueba, informó el medio que cubrió la sentencia.

La sentencia que impone prisión, multa, indemnización y alejamiento responde a un marco de protección de derechos fundamentales, según lo que recogió el tribunal. La condena también contempla la inhabilitación especial para trabajos relacionados con menores y jóvenes en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre, por un periodo que supera los cuatro años. De acuerdo con la información difundida, la medida busca evitar la reiteración de conductas discriminatorias en espacios de especial sensibilidad.

Durante el proceso, el tribunal reconoció la condición de los hechos como constitutivos de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales, incidiendo en la trascendencia que poseen los actos discriminatorios y vejatorios cometidos a través de medios digitales. El caso resalta los mecanismos legales existentes en España para la protección de colectivos vulnerables, en particular de aquellas personas que sufren discriminación vinculada con la orientación sexual.

La denuncia presentada por las víctimas en 2024 permitió la apertura del proceso penal que culmina con esta sentencia, según hicieron público tanto el órgano judicial como el medio que detalló la audiencia. La protección y el resarcimiento económico fijados por el tribunal se orientan no solo a compensar el daño individual, sino también a establecer precedentes que desincentiven la proliferación de mensajes de odio en el contexto digital y a promover el respeto de los derechos constitucionales.

Todos los hechos, sanciones y medidas mencionados aparecen en la resolución de la Audiencia Provincial de Logroño, que consideró probada la autoría y responsabilidad del acusado al reconocer este la totalidad de los hechos y asumir el acuerdo de conformidad.

En una audiencia llevada a cabo el 17 de marzo de 2026, el ciudadano Armando Luis Angulo Paternina fue absuelto de los cargos por los cuales había sido acusado tras emitir mensajes discriminatorios contra la vicepresidenta Francia Márquez. Según el sentido del fallo que expuso el Juzgado 13 Penal del Circuito de Medellín, aunque el investigado publicó comentarios hirientes contra la funcionaria, estos no se adecúan al tipo penal de hostigamiento agravado.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Angulo Paternina publicó los mensajes el 9 de mayo, el 12 de septiembre y el 26 de noviembre de 2023. En ellos, tildó a la vicepresidenta de ser “primate”, “animal”, “mujerzuela”, “mascota” y “parásito”. Para el ente acusador, estos calificativos “lesionaron la integridad personal y el derecho a no ser discriminada por motivos raciales” de Márquez.

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Por eso, en julio de 2024, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos trasladó el escrito de acusación en contra de Armando Luis Angulo, acusándolo formalmente del delito de actos de discriminación, el cual no aceptó. Posteriormente, según W Radio, cambió el tipo penal por hostigamiento agravado.

Durante la diligencia, a la que tuvo acceso Caracol Radio, un delegado de la Defensoría del Pueblo se pronunció haciendo una reflexión dirigida al procesado. El mensaje del abogado se centró en hacer un adecuado manejo de las redes sociales.

“En primera instancia quedaste absuelto por las razones que dio el juez. Ojalá hubieras estado bien atento. Mira que te leyó varias sentencias. Ojalá tomes nota. Ojalá tomes nota y vayas y las leas para tu vida personal. Y como recomendación te hago muy respetuosamente, mira que el mismo juez lo dice: a las redes hay que darle otro manejo, Armando Luis”, indicó el delegado en la audiencia.

Advirtió que el proceso penal fue largo y que el resultado pudo haber sido diferente: “En esta oportunidad te fue así, puede que en otras no”. Además, indicó que si la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación o el representante de víctimas decidían presentar un recurso de apelación, el proceso continuará; lo tomará el Tribunal Superior de Medellín y podría tardarse años.

“Si uno de ellos apela, me toca pronunciarme como no recurrente y le correrán traslado a los demás (…). Yo tengo apelaciones que llevan dos años y, como estás en libertad, mucho más se puede demorar (…). Mira todo el proceso tan largo; ya estabas cansado con este proceso”, dijo.

Por eso, insistió en la importancia de tener cuidado con lo que se publica en las redes sociales, para que haga publicaciones con altura y “desde lo personal”.

El ciudadano absuelto agradeció los consejos del funcionario de la Defensoría. Posteriormente, en su cuenta oficial de X (@ArmandoCapito), se pronunció sobre la diligencia y la decisión en primera instancia. En diversas publicaciones, aseguró haber sido víctima de una persecución y que intentaron silenciarlo porque representa una “voz disidente”. A su juicio, todos los comentarios que hizo sobre la vicepresidenta hacen parte de su “libertad de expresión”.

“Siempre fui inocente; nunca existió delito alguno. Esto fue un acto de persecución impulsado por Francia Márquez Mina, una de las personas más cargadas de odio que he conocido, y hoy queda en evidencia con la decisión judicial”, aseveró.

Por su parte, el abogado Carlos Hernán Escobar, que representa los intereses de la vicepresidenta Francia Márquez, confirmó a El Tiempo que interpondrá un recurso de apelación.

“Consideramos que no es coherente con el razonamiento afirmar que 26 mensajes (hirientes) a la misma persona están enmarcados en un discurso de odio. Pero que, no obstante ello, por ser en una red social dirigido de manera abstracta, no tenga la potencialidad de instigar o promover la violencia moral contra una persona por razón de su pertenencia étnica”, precisó el profesional en Derecho al medio citado.

Durante la temporada 2021-22, LaLiga VS Racism se instauró como un instrumento clave para eliminar el odio tanto en los estadios como fuera de ellos, con el objetivo de fomentar una sociedad más inclusiva y respetuosa. Esta acción se convirtió en una de las líneas prioritarias dentro de la estrategia de la competición y sus clubes, según informó LaLiga a través de un comunicado de prensa en el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. El medio detalló que la campaña VS Racism cumple cinco años como plataforma emblemática de lucha contra el racismo, articulando labores de concienciación, prevención y denuncia y utilizando el entorno del fútbol como poderoso mecanismo de transformación social.

Tal como publicó LaLiga, durante los últimos ocho años la organización y los clubes que participan en LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion han liderado diversas iniciativas con el objetivo de frenar las conductas de odio, entre las que se encuentran la educación en valores, campañas de información y la denuncia activa de cualquier incidente racista. Desde la introducción de la plataforma LaLiga VS en el año 2023, estos esfuerzos han continuado evolucionando a través de más de mil acciones y campañas como Unity VS Racism, Together VS Racism o la activación digital #1voiceVSRACISM, según consignó la nota oficial. Dichas iniciativas han tenido lugar tanto en los estadios como en el entorno digital, buscando reforzar el mensaje de inclusión y respeto entre los seguidores del fútbol y los usuarios del videojuego EA Sports FC26.

De acuerdo con el comunicado, LaLiga denuncia desde la temporada 2015-16 todos los comportamientos y hechos racistas o violentos que se detectan, ya sea dentro o fuera de los recintos deportivos, ante los organismos competentes. El medio explicó que desde el año 2020, la entidad recurre a la vía penal en los casos considerados delitos de odio, lo que ha permitido obtener sentencias firmes en relación con incidentes de esta naturaleza en distintos escenarios, incluidos aquellos eventos que no son organizados directamente por LaLiga.

La nota de prensa recordó varios de estos casos, como los insultos y gestos racistas realizados contra jugadores de renombre como Vinícius Júnior, Samu Chukwueze, Carlos Akapo, Aurélien Tchouaméni y Omar El Hilali, así como actos racistas registrados en el clásico del fútbol español, con insultos dirigidos a Lamine Yamal, Raphinha y Ansu Fati. Según reportó LaLiga, estos episodios han motivado un endurecimiento en las acciones legales y la consolidación del fútbol profesional español como estandarte en la lucha contra este tipo de conductas.

Además de la denuncia formal ante autoridades, la iniciativa de LaLiga VS Racism ha dotado a los aficionados de nuevas herramientas para participar en la prevención y detección de incidentes discriminatorios. El comunicado explicó que existen canales accesibles para reportar casos en la web de LaLiga VS y códigos QR presentes en los estadios, que permiten la notificación anónima de cualquier incidente relacionado con el odio. De esta manera, se fomenta la colaboración de los seguidores en la erradicación de la discriminación, no solo durante los partidos, sino también en la vida cotidiana vinculada al fútbol.

En el ámbito digital, LaLiga combate el racismo mediante la monitorización del discurso de odio. Según publicó la organización, emplea MOOD, un sistema basado en inteligencia artificial, para analizar la conversación que tiene lugar en las redes sociales en torno al fútbol. Esta vigilancia se ha extendido mediante la herramienta FARO, que permite monitorear el discurso de odio fuera del ámbito deportivo. De acuerdo con LaLiga, estos recursos tecnológicos refuerzan la capacidad de detectar y actuar frente a conductas discriminatorias, ampliando el alcance más allá de los espacios físicos tradicionales.

Paralelamente, la Fundación LaLiga impulsa proyectos que hacen frente al racismo desde una perspectiva educativa, preventiva, tecnológica y colaborativa. Según el comunicado, esta labor se apoya en la exposición mediática del fútbol para difundir valores de respeto y establecer alianzas diseñadas para maximizar el impacto social de estas iniciativas. Se detalla también el funcionamiento de la Oficina de Atención a Víctimas de Odio, que brinda asistencia jurídica y apoyo psicológico a los jugadores afectados, lo que, según el comunicado, amplía el componente humano y de acompañamiento de la estrategia general de LaLiga.

Durante la temporada actual, la campaña VS Racism mantendrá sus esfuerzos en el plano social e institucional, sumando a clubes, organizaciones, aficionados y participantes del universo digital, como los jugadores del videojuego EA Sports FC26. El comunicado destacó que la consistencia y continuidad de estas acciones han consolidado a LaLiga como un referente nacional e internacional en la denuncia y combate del racismo, tanto en las canchas como en la sociedad en general.

La investigación determinó que las víctimas mantuvieron el temor y sufrieron un daño considerable en su bienestar psicológico hasta la fecha del juicio, fijada para marzo, tras recibir mensajes reiterados por redes sociales que incluían amenazas y expresiones discriminatorias. Según Europa Press, la Fiscalía solicita dos años de prisión y una indemnización total de 6.000 euros contra un joven acusado de insultar y humillar a otras dos personas por su orientación sexual mediante mensajes de Instagram.

De acuerdo con el escrito fiscal, los hechos tuvieron lugar, en su origen, el 6 de agosto de 2024, cuando una de las víctimas denunció ante las autoridades que el acusado —identificado con las iniciales P. N. Z. H. y de 24 años en ese momento— enviaba mensajes vejatorios y discriminatorios a través de redes sociales, con la finalidad expresa de “humillarle y discriminarle por su condición sexual”. El medio Europa Press detalló que, según la denuncia, los mensajes no solo iban dirigidos al denunciante sino también a amigos suyos, todos ellos integrantes del colectivo LGTBI+. Estas comunicaciones incluían insultos y expresiones homófobas que, según las víctimas, se producían tanto por mensajes privados como por publicaciones en las Stories de Instagram, en un patrón repetido que generó en al menos una de las víctimas un sentimiento constante de ofensa y temor hacia su integridad física.

Europa Press consignó que, solo dos días después, el 8 de agosto de 2024, otro joven, amigo de la primera víctima, también presentó una denuncia por mensajes ofensivos recibidos del acusado a través de Instagram. Esta persona afirmó que los comentarios resultaron denigrantes no solo hacia su persona sino también hacia el colectivo en su conjunto, llegando incluso a modificar sus hábitos cotidianos por miedo a un eventual encuentro con el acusado en la vía pública.

El escrito de acusación sostiene, según publicó Europa Press, que el delito cometido por el procesado afecta la dignidad de las personas por motivos discriminatorios en razón de la orientación sexual y se llevó a cabo a través de internet y el uso continuado de tecnologías de la comunicación. Al tratarse de dos víctimas concretas, se analiza la concurrencia de delito continuado contra los derechos fundamentales o, en su defecto, dos delitos contra la integridad moral.

El fiscal solicita, concretamente, una pena de dos años de privación de libertad, más una multa de 12 meses con una cuota diaria de 8 euros, y la inhabilitación para desarrollar actividades docentes, deportivas o de tiempo libre durante un periodo superior en 10 años al de la eventual condena de prisión. Si el tribunal calificara los hechos como dos delitos contra la integridad moral, la petición de condena sería de un año y cuatro meses de cárcel por cada uno de ellos.

Europa Press añadió que el fiscal también pide la imposición de una orden de alejamiento para impedir que el acusado se acerque o se comunique con ambas víctimas durante tres años. Además, reclama que el acusado indemnice a cada una de las víctimas con 3.000 euros por los daños morales ocasionados, sumando un total de 6.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

El juicio ha sido fijado para el próximo 18 de marzo en la Audiencia Provincial de La Rioja, a partir de las 09:30 horas. El proceso judicial evaluará si se impone una condena por delito contra los derechos fundamentales o por dos delitos contra la integridad moral, lo que incidiría directamente en la duración de la condena de cárcel solicitada y en el alcance de las medidas accesorias y de reparación a favor de las víctimas.

Las actuaciones incluyeron la valoración de la reiteración de los mensajes y su contenido discriminatorio, así como el impacto que produjeron sobre las personas que los recibieron, que manifestaron el deterioro de su sensación de seguridad y el aumento del temor en su vida cotidiana. Conforme detalló Europa Press, el fiscal fundamenta su acusación en la naturaleza persistente de los hechos y en la afectación grave al bienestar emocional y a la dignidad de las víctimas.

En el escrito del fiscal, también se subraya la utilización de las redes sociales como medio de comisión del delito, aprovechando tanto los mensajes privados como las publicaciones visibles en el entorno digital, lo que amplificó el alcance y la reiteración de las expresiones ofensivas e intimidatorias. La acusación pone especial atención en la motivación discriminatoria y el efecto emocional duradero sobre los denunciantes hasta el momento del señalamiento del juicio.

En el mensaje la familia reconoce la gravedad de los hechos y expresa empatía con quienes se sintieron ofendidos. El comunicado enfatiza la necesidad de aceptar los errores y subraya la importancia de aprender y crecer a partir de ellos, manteniendo un apoyo firme hacia la participante.

El incidente ocurrió el 11 de marzo durante la mañana, horas más tarde, la producción reunió a todos los concursantes en la sala principal y transmitió un mensaje firme sobre la gravedad de los comentarios racistas y la obligación de respetar a los demás dentro del juego.

La reacción pública y los mensajes en redes sociales influyeron en la decisión familiar de emitir el comunicado. “Sabemos que el comentario que hizo estuvo muy mal. Lo reconocemos con claridad. No lo justificamos ni lo compartimos”, sostuvieron en el escrito subido a la cuenta personal de la mujer.

En su declaración, la familia de Carmiña Masi destacó el reconocimiento explícito del error cometido y aclaró que un episodio puntual no define la totalidad de una persona. “Ese momento no define quién es ella”, aseguraron.

“Carmiña representó al Paraguay dentro de la casa de una manera extraordinaria. Fue una de las personas más preparadas para estar ahí: inteligente, estratégica, frontal y auténtica. una jugadora fuerte que dejó todo en cada momento del reality”, sentenciaron. “Es intensa, picante, sin filtro... como una ‘loca linda’, difícil de encasillar, incomprendida para muchos. Pero quienes la conocemos sabemos que en el fondo no hay maldad en su corazón”.

Además, manifestaron comprensión y respeto hacia quienes interpretaron el episodio como imperdonable. Señalaron estar de acuerdo con el dolor que pudo provocar, aceptando las emociones generadas por lo ocurrido en el reality. “Todos nos equivocamos, a veces de formas grandes, dolorosas y públicas. Y cuando eso pasa, lo único que queda es hacerse cargo, aprender y crecer”.

Los familiares recalcaron que ningún comunicado puede borrar lo sucedido, pero tampoco cancela otras cualidades de Carmiña Masi. Su postura invita a valorar a la persona en toda su dimensión, diferenciando entre un hecho aislado y el conjunto de experiencias y valores.

El respaldo familiar reafirma que el apoyo no depende solo de un error puntual, sino que se mantiene como parte de la identidad y la historia compartida. O en palabras de sus allegados: “Las personas somos mucho más que nuestros peores momentos. Y quienes la conocemos, la amamos y la vamos a bancar hasta la muerte”.

Se pronunció Gran Hermano

Gran Hermano definió un nuevo precedente en su política interna al ejecutar la expulsión inmediata de Carmiña, reacción que marcó una decisión editorial sin margen de negociación y dejó fuera de competencia a la participante por expresiones consideradas ofensivas en la emisión del reality. El programa explicitó públicamente un código de tolerancia cero ante comparaciones y referencias vinculadas a esclavitud, estableciendo un límite terminante frente a conductas inadmisibles dentro del formato.

La directiva fue comunicada por la voz institucional de la casa, que puntualizó: “Asociar a tu compañera con la esclavitud es una ofensa que no voy a permitir. Con este tipo de temas no se juega. La esclavitud fue abolida, como hay prejuicios que deberían ser abolidos para siempre”. La notificación incluyó la instrucción formal de retiro inmediato: “Mi decisión es que a partir de este momento debés abandonar la competencia. Dirigite hacia la puerta giratoria en este mismo instante. Tus pertenencias te serán entregadas afuera. Buenas noches”.

La determinación articulada por la producción no habilitó instancias de revisión ni apelación, lo que derivó en la salida inmediata de Carmiña. Antes de cruzar la puerta de salida, intentó justificar los dichos argumentando que habían sido parte de una “broma”. También dirigió unas palabras en modo de disculpa, aunque la sanción ya era irreversible, según lo transmitido en el momento.

El episodio que desencadenó la sanción había ocurrido en una escena cotidiana dentro de la casa. Mientras Mavinga compartía un momento distendido en el patio y bailaba con algunos de sus compañeros, Carmiña comenzó a hacer comentarios despectivos desde el interior. Primero lanzó una frase que rápidamente encendió la polémica:“Mírala ahí, parece como si recién la hubieran comprado, como si recién se hubiera bajado del barco”. Luego profundizó sus dichos con expresiones todavía más graves, en las que realizó comparaciones ligadas a la esclavitud, lo que desató un rechazo generalizado.

En este panorama, la producción comunicó de forma oficial que seleccionará a un nuevo concursante en los próximos días para cubrir la vacante en la casa.

La búsqueda de un nuevo participante tras la salida

Durante la gala transmitida por Telefe, se confirmó públicamente que el proceso de selección del reemplazo estará en marcha en breve. Aunque la producción anunció que la convocatoria será abierta, no se han difundido por ahora más detalles sobre los criterios ni el mecanismo para el ingreso de la nueva persona.

Esta decisión responde a la política del programa frente a conductas discriminatorias, generando una rápida reacción entre la audiencia. El episodio agrega expectativa a la dinámica de Gran Hermano Generación Dorada, ante la inminente elección de quién ocupará el puesto vacante.

La repercusión mediática en Paraguay

La expulsión disciplinaria de Carmiña Masi se convirtió en un caso de impacto inmediato en la industria televisiva regional. La producción del programa ejecutó la medida tras la viralización de un comentario calificado de racista que Masi emitió en directo contra su compañera Mavinga, episodio descrito por el portal ABC Color como detonante de una reacción judicial en paralelo al cese televisivo de la concursante.

La cadena que opera la franquicia en Argentina aplicó la sanción apenas dos semanas después de la incorporación de Masi al formato, una respuesta sin precedentes a la presión social generada por la circulación del video en plataformas digitales. Durante la transmisión, la concursante aludió al origen étnico y la condición migratoria de otra participante con una frase que la audiencia tachó de “aberrante”, hecho que disparó un repudio visible y puso en jaque los protocolos de convivencia del reality.

La administración, según relata ABC Color, el programa enfrentó en cuestión de horas un proceso de repudio masivo en redes sociales, donde la identidad de Masi estuvo entre las tendencias principales y multiplicó los pedidos de intervención directa de la producción. Los responsables del certamen confirmaron la decisión de desvincular a la participante de nacionalidad paraguaya y proceder a su retiro inmediato, sellando uno de los episodios más breves y polémicos en la historia reciente del formato argentino.

El procedimiento que culminó en la expulsión de Carmiña Masi empezó en el mismo instante en que las imágenes circularon en redes sociales. La reacción de la audiencia se trasladó a la agenda pública en Argentina y países limítrofes, generando un escenario de emergencia reputacional para la producción. La aplicabilidad y velocidad de respuesta demostraron un cambio de protocolo frente a antecedentes en la franquicia, donde sanciones por conducta discriminatoria han requerido procesos internos más prolongados o deliberaciones abiertas.

La decisión impactó en la conversación sobre el posicionamiento de los realities en el negocio televisivo regional, con especial atención a las medidas preventivas y correctivas frente a manifestaciones explícitas de racismo, discriminación o violencia de género. Dentro y fuera del formato, el episodio generó una expectativa extendida sobre la transparencia y el estándar ético que impone la administración de Gran Hermano en situaciones de gravedad social, según califica el diario ABC.

Las declaraciones del entorno de Mavinga, quien recibió el comentario racista dentro de la casa, ratificaron la preparación de una estrategia legal con base en consideraciones constitucionales y de derechos humanos. La familia la describió como “degradante y denigrante”, enfatizando la dimensión colectiva de la agresión hacia la comunidad afrodescendiente.

La expulsión marca un precedente en la historia del formato por la inmediatez y severidad de la sanción, así como por la proyección mediática y judicial de un caso en el que la frontera entre el entretenimiento y la responsabilidad legal se hizo central.

El episodio define a Masi no solo como figura polémica dentro del reality, sino como referencia en discusiones sobre la gestión de crisis reputacional y la ética en el entretenimiento en directo en Argentina, según describe el portal de noticias ABC de Paraguay.

El episodio ocurrió durante una escena cotidiana dentro de la casa. Mientras varios participantes disfrutaban de un momento distendido en el patio, Mavinga bailaba frente a sus compañeros en una situación relajada y de juego. Sin embargo, desde el interior de la casa, Carmiña comenzó a realizar comentarios que rápidamente generaron incomodidad y repudio. Según se pudo ver en las imágenes que circularon posteriormente en redes sociales, la participante lanzó una frase que encendió la polémica. “Mírala ahí, parece como si recién la hubieran comprado, como si recién se hubiera bajado del barco”, dijo en referencia a la participante oriunda del Congo.

El comentario no quedó allí. En el mismo intercambio, Masi continuó con otras expresiones aún más fuertes. “Parece que a la negra recién la compraron y viene a hacer un show”, agregó mientras observaba lo que ocurría en el patio. En ese mismo momento, algunos de los participantes que estaban cerca reaccionaron con risas, lo que generó todavía más indignación entre los seguidores del programa. De acuerdo con las imágenes difundidas, Emanuel Di Gioia asintió y se rió ante los dichos de Carmiña.

La periodista paraguaya incluso profundizó sus comentarios con nuevas frases que incrementaron la polémica. “Acaba de bajarse del barco. Mirá el otro, el monito del barco”, expresó en otro tramo del diálogo, por Brian Sarmiento, quien aplaudía el baile de la africana. Luego continuó con otra frase que fue especialmente criticada en redes sociales: “Lo único que puede hacer ahora es mover el culo para que la salven”. En un tercer momento del intercambio, lanzó una expresión que terminó de desatar la indignación generalizada. “Manu, allá hay una esclava por si querés ver, la sacaron de la jaula recién”, dijo.

Las imágenes no tardaron en viralizarse en redes sociales, especialmente en X (ex Twitter), donde miles de usuarios comenzaron a exigir sanciones contra la participante. El nombre de Carmiña Masi se convirtió rápidamente en tendencia, acompañado por numerosos mensajes que pedían su expulsión inmediata del reality. Entre los comentarios más repetidos se leían críticas tanto hacia la participante como hacia quienes se encontraban cerca y no frenaron la situación. “Es expulsión directa”, “Esto no se puede permitir” y “El resto se ríe y nadie le dice nada” fueron algunas de las reacciones que circularon entre los usuarios.

La polémica también generó una reacción inmediata en el entorno de la propia Mavinga. Desde la cuenta oficial de Instagram de la participante, administrada por su familia mientras ella permanece dentro de la casa, publicaron un comunicado en el que repudiaron los dichos. “Como familia queremos expresar nuestro profundo repudio ante los comentarios racistas que se difundieron dentro de la casa contra Mavinga”, escribieron. En el mismo mensaje remarcaron la gravedad de las expresiones utilizadas. “Comparar a una persona africana con un ‘mono’ y sugerir que ‘parece que recién la acaban de comprar’ no es un chiste: es racismo”, señalaron.

Además, pidieron medidas concretas por parte de la producción del programa. “Este tipo de expresiones deshumanizan, hieren y no pueden ser naturalizadas en un programa que ven millones de personas”, sostuvieron. Por ese motivo, solicitaron la expulsión inmediata de la participante que realizó los comentarios. “Pedimos a la producción la expulsión inmediata de Carmiña, autora de los dichos, y una sanción para Danelik y Emanuel, quienes se rieron y avalaron esos comentarios”, agregaron. El comunicado concluyó con un mensaje contundente: “El racismo no puede tener lugar en ningún espacio”.

La situación también generó reacciones en el entorno personal de Mavinga. Su esposo, Damián, habló públicamente sobre el episodio durante un móvil televisivo y expresó su indignación por lo ocurrido. “Fue desagradable”, aseguró al referirse al momento que se vio en pantalla. Sin embargo, también dejó en claro que la participante tiene un carácter fuerte y que el episodio no la quebrará emocionalmente. “Tiene una historia re fuerte, esto es un juego de niños para ella. No le va a afectar en su temple”, explicó. Aun así, adelantó que la familia está evaluando avanzar por la vía judicial. “Vamos a hacer una denuncia penal contra Carmiña”, afirmó.

Mientras tanto, la producción de Gran Hermano Generación Dorada no emitió hasta el momento un comunicado oficial sobre el episodio ni confirmó si habrá algún tipo de sanción disciplinaria dentro del programa.

La denuncia por presunta discriminación racial presentada por una patrullera de la Policía Nacional en Chocó el sábado 7 de marzo de 2026 generó un intenso debate nacional, después de que el video de la afectada se viralizó en redes sociales.

El caso involucra a Winy Saray Córdoba Murillo, quien aseguró haber sido objeto de insultos racistas por parte de un superior y posteriormente detenida tras defenderse.

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Las imágenes difundidas muestran la detención de la uniformada por tres agentes, todos hombres y de tez blanca, episodio que avivó cuestionamientos sobre el trato a los afrodescendientes dentro de las instituciones del Estado.

La situación se registró en una estación policial en Quibdó, capital del departamento de Chocó, donde la patrullera se desempeñaba en labores de patrullaje.

La periodista Edna Liliana Valencia Murillo reaccionó en un video que compartió en su perfil de Instagram, y pocos días después de conocerse el caso.

“Cuando veo este video, me hierve la sangre”, expresó la comunicadora, que ha enfocado su trabajo en temas de racismo estructural y derechos humanos.

Valencia relacionó el hecho con “este sistema de pensamiento colonial en el que vivimos”, señalando que la discriminación sufrida por la agente tiene raíces históricas.

“Ha sido capaz de condicionar nuestros sistemas de creencias hasta el punto de pensar que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Y darle poder al opresor condenando al oprimido cuando se defiende”, sostuvo la periodista.

La detención de Córdoba Murillo se produjo luego de que la patrullera cuestionó a su superior por expresiones ofensivas sobre su cabello y su identidad afrodescendiente.

El superior, identificado por testigos como un mayor de la institución, habría exigido a la uniformada modificar su apariencia, desencadenando la confrontación.

“Esto que estamos viendo, en este caso de racismo, tiene su origen en la colonia. Cuando los europeos se autoproclamaron blancos, inventaron un sistema de pensamiento según el cual estaba bien esclavizar, torturar, capturar, desarraigar a personas, incluso quitarles su condición de seres humanos para poder comerciar con ellos”, explicó Valencia.

En el video difundido en redes, se ve a la patrullera visiblemente afectada relatando los hechos, mientras un grupo de compañeros la escolta fuera de la sede policial.

Según lo que denuncia la patrullera Córdoba, la discusión se originó cuando el superior cuestionó el uso del cabello natural de la uniformada, hecho que para Valencia evidencia la persistencia de estereotipos coloniales.

“La idea de que nuestro cabello es malo viene también de la esclavización y de la colonia, porque los esclavistas sabían que este cabello que ustedes ven aquí era símbolo de resistencia”, explicó la periodista.

La reacción de Valencia incluyó un llamado a las autoridades para investigar los hechos y sancionar al responsable.

“Exijo que se levante un proceso por racismo en contra de ese superior, ese creo que es un mayor. El verdadero error lo cometió él. Él cometió un acto de racismo y él es quien debe ser juzgado”, reclamó Valencia.

Por todo lo anterior, organizaciones de derechos humanos solicitaron la intervención de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo, mientras la Policía Nacional anunció la apertura de una indagación interna.

La periodista recordó un caso previo, ocurrido hace tres años, cuando la mayor Martha Chaverra asistió a una ceremonia de ascenso en la Policía Nacional luciendo su cabello natural, lo que también desató controversia.

“Tuve el honor de acompañar a una mujer muy valiente de la Policía Nacional, la mayor Martha Chaverra, quien hace tres años aproximadamente decidió llevar su cabello natural y asistió a su ceremonia de ascenso con el cabello suelto, desatando una polémica nacional porque se consideraba indecente que una mujer afro en la policía llevara su cabello junto con el uniforme”, relató Valencia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación compartió este domingo en sus redes sociales una tarjeta informativa y un vídeo sobre el evento “Avances, retos y liderazgo de las mujeres en la sociedad actual”, organizado por el Colegio Nacional de Abogados Democráticos.

La carrera judicial de Yasmín Esquivel Mossa en la Suprema Corte

Yasmín Esquivel Mossa es licenciada en Derecho por la UNAM, doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac y cuenta con más de 38 años de trayectoria como servidora pública. Propuesta por el presidente de la República en 2019, fue ratificada por el Senado como ministra número doce en la historia de la SCJN, y tras la elección judicial de 2025 fue reelecta para continuar en el cargo hasta 2034.

Por una justicia tangible y equitativa: el llamado de la ministra Esquivel Mossa

Durante el evento, la ministra refrendó su compromiso con una justicia tangible, no archivada, y con una abogacía al servicio del pueblo. “Por un México donde ser mujer no sea un factor de riesgo, sino una libertad plena, alzaremos la voz hasta que no haya violencia ni discriminación, hasta que nuestros derechos sean respetados y podamos vivir en libertad”, afirmó ante las y los asistentes.

En el acto realizado en la zona de Murales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Esquivel Mossa subrayó la importancia de construir una justicia accesible para todas las personas, con decisiones justas que protejan los derechos desde una perspectiva de derechos humanos y enfoques diferenciados.

De la misma manera, subrayó que el empoderamiento de las mujeres y las niñas es un deber institucional del Estado, pero también una convicción personal, por lo que anunció que continuará trabajando hasta que la igualdad de oportunidades, la justicia laboral igualitaria y la erradicación de la violencia sean una realidad para todas.

Magistradas llaman a la corresponsabilidad y reconocen avances en igualdad judicial

El encuentro reunió a diversas voces del ámbito jurídico. La magistrada Nelly Montealegre Díaz destacó que en 2015 había 87 juezas frente a 337 jueces, mientras que hoy el número es prácticamente igual: 375 juezas y 374 jueces. “Esto no es una concesión histórica, sino el resultado de décadas de lucha, preparación y persistencia”, aseguró.

Por su parte, la magistrada Gisela Barrón hizo un llamado a dejar de romantizar la resiliencia femenina: “Estamos cansadas de ser fuertes por necesidad; el futuro debe construirse con una corresponsabilidad real”. El acto cerró con la interpretación del tema “Sin Miedo” a cargo de un ensamble musical.

El hecho, que inicialmente se desarrolló como un procedimiento disciplinario interno, tomó relevancia nacional tras la difusión de las imágenes y el pronunciamiento de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez.

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De acuerdo con el reporte oficial, el episodio ocurrió aproximadamente entre las 4:00 y las 5:00 de la madrugada durante una revista de control interno realizada por un oficial de mayor rango. En medio de esa inspección, el superior llamó la atención de la patrullera por presuntas irregularidades en su presentación personal, señalando que no estaba adecuadamente peinada, y por el supuesto uso indebido del teléfono celular durante el servicio.

Según los registros de video, lo que comenzó como un reclamo disciplinario escaló rápidamente a un enfrentamiento verbal y posteriormente físico, lo que obligó a otros uniformados presentes a intervenir para controlar la situación.

El altercado durante la inspección interna

En un video de 16 segundos, grabado por el propio superior durante el procedimiento, se escucha parte del intercambio entre ambos uniformados. Durante el reclamo, el oficial se dirige a la patrullera con la orden: “Le estoy dando una orden, voltéese (...) No está peinada, cállese”.

Ante esa indicación, la patrullera respondió defendiendo su apariencia y cuestionando el tono del llamado de atención. En el mismo video se escucha decir a Córdoba Murillo: “yo estoy peinada, llegué al primer turno. No me venga a callar, me hace el favor y me respeta”.

De acuerdo con versiones conocidas por medios locales, tras ese intercambio la patrullera se acercó al superior y, al parecer, se produjo una agresión física. En cuestión de segundos otros policías intervinieron para reducirla, procedimiento en el que fue inmovilizada y esposada.

Las imágenes del momento en que varios uniformados la sujetan para proceder con su captura han sido ampliamente compartidas en plataformas digitales, lo que generó reacciones de varios ciudadanos. El caso fue puesto en conocimiento de la Justicia Penal Militar, autoridad encargada de investigar los hechos ocurridos dentro del servicio.

Pronunciamiento de la vicepresidenta

En medio de la controversia, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, se pronunció a través de su cuenta en la red social X, donde manifestó su rechazo frente a lo ocurrido. “Como mujer afrodescendiente y vicepresidenta de Colombia, rechazo con profunda indignación el acto de racismo ocurrido contra la patrullera Winy Saray Córdoba en Quibdó”, escribió.

En el mismo pronunciamiento agregó que, desde su perspectiva, el caso refleja problemáticas estructurales relacionadas con la discriminación. “Lo sucedido no es un hecho aislado. Es reflejo del racismo estructural, de la estigmatización y del irrespeto que durante décadas han tenido que enfrentar las mujeres afrodescendientes por su color de piel, por su cabello y por lo que representan”, expresó.

La vicepresidenta también señaló que la dignidad de las mujeres no debe ser objeto de humillaciones o burlas relacionadas con su identidad. “Ninguna mujer debe ser humillada ni ridiculizada por su identidad. La dignidad de las mujeres negras no se negocia”, afirmó en su publicación.

En la parte final de su mensaje, Márquez se refirió al uso de la violencia y a la necesidad de avanzar hacia escenarios de respeto: “La violencia nunca será el camino, pero tampoco podemos seguir normalizando la discriminación. Colombia debe avanzar hacia una sociedad donde el respeto y la igualdad sean una realidad para todos y todas”.

El incidente ocurrido en la previa del partido entre el Real Madrid y el Benfica, en el que un aficionado realizó el saludo nazi en varias ocasiones y fue identificado por las cámaras de televisión, derivó en una respuesta inmediata de la seguridad del estadio. Según informó Europa Press, la persona implicada fue retirada de su asiento y expulsada del Santiago Bernabéu por los encargados de seguridad del club al poco tiempo de haber sido captada en la retransmisión del encuentro.

La UEFA sancionó al Real Madrid con una multa económica de 15.000 euros y dispuso el cierre parcial de 500 asientos de la tribuna sur inferior del estadio Santiago Bernabéu durante el siguiente partido que el club dispute como local en una competición europea. Sin embargo, tal como publicó Europa Press, esta parte de la sanción se aplicará en forma condicional: el cierre de la grada queda suspendido bajo un período de prueba de un año a partir de la fecha de la decisión del Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB). El organismo precisó que la medida responde al “comportamiento racista y/o discriminatorio” de los aficionados del club durante el encuentro de vuelta de los 'playoffs' de la Champions, disputado el 25 de febrero.

Europa Press detalló que la expulsión del aficionado se produjo en los momentos previos al inicio del partido y que el episodio fue registrado por la retransmisión televisiva. La identificación y posterior intervención permitieron que el club actuara en consecuencia, anunciando la apertura de un proceso interno para sancionar al responsable. "El Real Madrid comunica que ha pedido de manera urgente a la Comisión de Disciplina del club que inicie un procedimiento inmediato de expulsión al socio que ha sido captado por las cámaras de televisión haciendo el saludo nazi en la zona donde se ubica la Grada de Animación, momentos antes de iniciarse el partido entre el Real Madrid y el Benfica", recogió el comunicado oficial del club, citado por Europa Press.

El comunicado emitido por la entidad madrileña refirió que condena enérgicamente todos los gestos y expresiones que puedan incitar a la violencia o al odio, tanto en el deporte como en la sociedad. La nota institucional también confirmó que el socio responsable fue identificado rápidamente y obligado a abandonar el recinto cuando aún no había comenzado el partido.

Según informó Europa Press, en el mismo sector del estadio donde se produjo el hecho, antes del inicio del partido, se desplegó un mensaje dirigido contra la discriminación, con las palabras “No al racismo. Respeto.”. Este gesto se produjo tras una denuncia previa de Vinícius Júnior, quien reportó un insulto de carácter racista proferido por el jugador Gianluca Prestianni durante el partido de ida de los ‘playoffs’ en Lisboa.

El Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA comunicó que la imposición de la sanción busca implementar medidas para prevenir manifestaciones discriminatorias en los recintos deportivos, responsabilizando a los clubes por el comportamiento de sus aficionados. Europa Press reportó que la advertencia impuesta al Real Madrid funcionará como antecedente en caso de que se repitan infracciones similares en los próximos encuentros organizados por la UEFA en los que el club actúe como local.

La decisión del Real Madrid de iniciar la expulsión definitiva del socio responde a la normativa interna del club sobre la conducta de sus miembros. El club reiteró su postura de no tolerar comportamientos racistas o discriminatorios, y subrayó la importancia de actuar con rapidez ante cualquier manifestación de este tipo captada en sus instalaciones. Además, distintas comunicaciones institucionales reiteraron la gravedad de los incidentes de esta naturaleza y el impacto negativo que generan tanto en la imagen del club como en las competiciones europeas.

El caso se enmarca en el contexto de las acciones que tanto la UEFA como los clubes integrados en sus competiciones están promoviendo para erradicar prácticas discriminatorias y racistas en los estadios de fútbol. Europa Press recogió que el mensaje desplegado por el club y la actuación inmediata ante la aparición del gesto nazi reflejan la voluntad institucional de frenar estos comportamientos y alinearse con las directrices regulatorias impuestas por las autoridades deportivas continentales.

La actuación conjunta entre la UEFA y la entidad madrileña, tal como consignó Europa Press, pone de manifiesto la presión social y organizacional para mantener la integridad y la convivencia en el espectáculo deportivo, con sanciones y medidas que pretenden desalentar futuros episodios discriminatorios. De este modo, el Real Madrid queda advertido y ante la expectativa de un posible cierre parcial de su estadio si reincide en hechos de esta índole durante el periodo de prueba fijado por la UEFA.

El Pleno del Senado de la República aprobó una reforma legislativa que incorpora de manera explícita el respeto a la identidad u orientación sexual, así como a la identidad y expresión de género, en la redacción de 28 leyes federales.

El objetivo de esta modificación es fortalecer el marco jurídico para prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación contra la comunidad LGBTIQ+ en distintos ámbitos de la vida pública y social en México.

El dictamen fue aprobado por unanimidad con 95 votos a favor y fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual ratificación. La iniciativa busca que el respeto a la diversidad sexual y de género quede establecido de manera transversal en diferentes ordenamientos legales, con el fin de garantizar que las políticas públicas y las instituciones del Estado actúen bajo el principio de igualdad y no discriminación.

Durante la discusión del proyecto, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, Martha Lucía Micher Camarena, señaló que en México persisten prácticas de discriminación, violencia y exclusión contra personas que expresan diversidad sexual y de género. Estas situaciones, indicó, se presentan en múltiples espacios de la vida cotidiana, como la educación, los servicios de salud, el empleo, la vivienda, el deporte e incluso en la impartición de justicia.

La legisladora advirtió que estas prácticas no sólo vulneran los derechos humanos de las personas, sino que también limitan sus proyectos de vida, profundizan las desigualdades sociales y perpetúan diferentes formas de violencia.

En ese sentido, destacó que la reforma busca reconocer de forma explícita el respeto a la orientación sexual y a la identidad y expresión de género dentro del sistema jurídico mexicano.

“Este Senado envía un mensaje claro: en el Estado mexicano no hay lugar para la discriminación, la negación de derechos ni la violencia motivada por orientación sexual, por identidad o por expresión de género. Todas las personas, sin excepción, tienen derecho a vivir con dignidad, seguridad e igualdad ante la ley”, expresó la senadora.

Por su parte, la senadora de Morena María Martina Kantún Can subrayó que la discriminación basada en la orientación sexual tiene efectos profundos en la vida de las personas, ya que puede afectar tanto su salud mental como física.

Además, señaló que este tipo de exclusión limita las oportunidades educativas y laborales, reduce los ingresos y dificulta el acceso a servicios esenciales como la atención médica, la seguridad social, la vivienda y el apoyo psicológico.

En la misma línea, la senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega destacó que la aprobación de la reforma representa un paso importante para avanzar en la erradicación de la discriminación hacia las personas que integran la población LGBTIQ+. Señaló que, a pesar de los avances en materia de derechos, todavía existen brechas de desigualdad que afectan a quienes viven la diversidad sexual y de género.

El proyecto legislativo incorpora estos principios en diversas normas, entre ellas el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y leyes clave como la Ley General de Víctimas, la Ley General de Salud, la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Educación y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Asimismo, incluye modificaciones en legislaciones relacionadas con derechos sociales, justicia, protección de datos personales, cultura física y deporte, así como en normativas dirigidas a grupos específicos como niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más del cinco por ciento de la población mexicana se identifica como parte de la diversidad sexual y de género. En este contexto, legisladores señalaron que la reforma busca fortalecer la protección de sus derechos y garantizar que la igualdad y la no discriminación se reflejen de manera clara en la legislación del país.

El término que hasta ahora definía a quienes abandonaban Corea del Norte para instalarse en Corea del Sur ha comenzado a cambiar en los documentos oficiales surcoreanos, una medida que, según ha explicado el Ministerio de Unificación, tiene como objetivo combatir la estigmatización y reconocer el estatus legal pleno de estos individuos. De acuerdo con la agencia de noticias Yonhap, las autoridades han solicitado además que los medios de comunicación adopten esta nueva nomenclatura, reemplazando los conceptos de “desertor” o “refugiado” por “ciudadanos nacidos en Corea del Norte” en todos los registros y procedimientos estatales.

El Ministerio de Unificación de Corea del Sur detalló este jueves que ya ha puesto en marcha la utilización del término “bujyangmin”, que significa “nacido en Corea del Norte”, para referirse a las personas que optan por dejar Corea del Norte y establecerse al sur del paralelo 38. El titular de la cartera, Chung Dong Young, afirmó que esta modificación busca reflejar “su estatus legal y sus derechos como ciudadanos plenos”, de acuerdo con la información publicada por Yonhap.

Corea del Sur, bajo su Constitución, sostiene una posición donde todo el territorio de la península es visto como un solo país. Según indicó el Ministerio de Unificación, esto implica que virtualmente todos los norcoreanos que cruzan al sur son reconocidos como ciudadanos surcoreanos desde el momento de su llegada o por nacimiento. Históricamente, los términos “desertores norcoreanos” y “refugiados” han sido los más utilizados tanto en la documentación oficial como en el discurso público y mediático, algo que, conforme a lo que informó Yonhap, ha estado sujeto a frecuentes críticas y asociado, en ocasiones, con connotaciones de discriminación social.

Según consignó Yonhap, el Ministerio comenzó a emplear la nueva denominación a inicios de este año, extendiendo la recomendación no solo a las dependencias públicas sino también al sector informativo. Las autoridades surcoreanas hicieron hincapié en que la nueva expresión “limita su uso a las personas nacidas allí, al tiempo que destaca que son ciudadanos surcoreanos protegidos por igual en la actualidad”.

La estrategia de modificación terminológica forma parte de un esfuerzo mayor para promover la integración y la inclusión de quienes llegan desde Corea del Norte, intentando dejar atrás una terminología que, según analizó Yonhap, contribuyó durante años a la marginalización y la creación de barreras sociales. Además, según las declaraciones recogidas por el medio, existe la intención de reforzar el reconocimiento legal derivado de la Constitución surcoreana, que sitúa en pie de igualdad a los ciudadanos de ambas partes de la península.

El ministro Chung Dong Young subrayó, en declaraciones reflejadas por Yonhap, que este acercamiento institucional “responde a la situación jurídica particular” de los migrantes norcoreanos y busca que el trato institucional y social refleje tal circunstancia. Desde el inicio de la nueva directiva, las autoridades han hecho esfuerzos para difundir el término “bujyangmin” en todos los registros estatales y en la comunicación pública.

El reemplazo del término “desertor” por “ciudadano nacido en Corea del Norte” responde, en parte, a la necesidad de subrayar el derecho a la ciudadanía plena y la protección por parte del Estado surcoreano. Según subraya Yonhap, la medida también apunta a corregir percepciones y a eliminar asociaciones negativas históricas que han existido en torno a las personas procedentes del norte.

En los meses recientes, la cartera de Unificación ha incrementado el diálogo con otras agencias gubernamentales y organizaciones relacionadas para garantizar una aplicación consistente y uniforme de la nueva denominación. El esfuerzo también implicó la revisión de formatos administrativos, sistemas de registro y documentación legal, con la finalidad de institucionalizar el cambio en todos los ámbitos posibles, según reportó Yonhap.

La petición dirigida a los medios de comunicación representa un llamado a reformular no solo los términos empleados en noticias y reportajes, sino también en programas de debate y análisis, áreas donde, según la agencia, la utilización de la denominación “desertor” ha sido especialmente frecuente. Al asumir la nueva terminología, tanto el Gobierno como la prensa contribuyen a un cambio de percepción pública y a la reducción de estereotipos, según mencionaron voceros del Ministerio en declaraciones reproducidas por Yonhap.

A lo largo de los años, Corea del Sur ha recibido múltiples oleadas de personas procedentes del norte, quienes, al establecerse en el sur, enfrentan procesos de adaptación social y legal. La adecuación del lenguaje oficial y mediático constituye, según el seguimiento realizado por Yonhap, un paso en las políticas para facilitar su inserción y promover un trato igualitario ante la ley y la sociedad.

Una entrevista concedida por el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella al canal de YouTube RichyTv desencadenó una controversia política luego de que, al referirse al también aspirante Juan Daniel Oviedo, realizara comentarios en tono burlesco que generaron críticas y pronunciamientos de distintos sectores.

Posteriormente, el abogado Germán Calderón se pronunció en su cuenta de X y citó jurisprudencia de la Corte Constitucional para cuestionar que el episodio constituya un acto de discriminación.

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Durante la conversación digital, De la Espriella fue consultado sobre qué pensaba de Oviedo. En respuesta, imitó su tono de voz y expresó: “¿Qué te dijo? ¡Uy, huevón! De la Espriella es un crack, marica. Es un crack”. Tras esa intervención, el entrevistador mencionó que el exdirector del Dane había hecho previamente un comentario jocoso relacionado con que el abogado no utilizaba medias.

A partir de ese contexto, De la Espriella añadió: “No, pues, a mí hay vainas de Juan Daniel que tampoco me gustan y no las digo. Digo, lo mío se resuelve poniéndose las medias. Lo que no me gusta de Juan Daniel, loco, jodido que lo arregle”, manifestó en el mismo espacio.

Defensa e interrogantes

Luego de que los fragmentos de la entrevista circularan en redes sociales, el abogado Germán Calderón publicó un mensaje en su cuenta de X en el que citó apartes de la Sentencia T-068 de 2021 de la Corte Constitucional.

En su publicación escribió: “La Corte Constitucional (...) sostuvo que ‘no todo trato diferenciado es discriminatorio, ya que el Estado debe adoptar acciones a favor de determinados colectivos que por sus particularidades se enfrentan a desventajas y barreras específicas, lo que se ha denominado como ‘discriminación positiva o inversa’. Por lo tanto, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la discriminación es una diferenciación arbitraria, pues carece de una justificación objetiva, razonable y proporcional".

Con base en esa referencia, Calderón formuló una serie de preguntas relacionadas con lo ocurrido: “Sobre esa jurisprudencia pregunto: 1) ¿La imitación a manera de broma que hizo Abelardo de la Espriella sobre el candidato Juan Daniel Oviedo fue arbitraria? 2) ¿Fue desproporcionada?, o 3) ¿fue en igualdad de condiciones cuando Juan Daniel Oviedo se había referido a la falta del uso de medias de Abelardo de la Espriella? Una broma es una broma".

En el mismo mensaje añadió: “De lo contrario podríamos decir que Juan Daniel Oviedo discriminó a Abelardo de la Espriella en razón de su condición de costeño que no usa medias y a quien, los ciudadanos del interior o de la capital no lo ven adecuado”.

Y es que las declaraciones de De la Espriella generaron reacciones entre integrantes de la denominada Gran Consulta, en la que participa Oviedo. El también candidato presidencial y exministro Mauricio Cárdenas se pronunció en su cuenta de X y afirmó: “Colombia no se puede equivocar. La homofobia no tiene espacio en nuestra sociedad y un candidato homofóbico no puede ser presidente. Siempre del lado de Juan Daniel Oviedo”.

Por su parte, el mismo Oviedo manifestó: “Si no respetas una voz distinta, no estás listo para representar a todas”, en referencia a lo ocurrido tras la entrevista.

En contraste, el representante a la Cámara Miguel Polo Polo defendió a De la Espriella a través de la misma red social. En una primera publicación escribió: “Colombia NO se puede equivocar. El chiste de Abelardo NO tiene NADA que ver ni afecta a los homosexuales. La reforma tributaria de Cárdenas, cuando subió el IVA del 16% al 19%, sí afectó a gays, también a negros, mujeres, niños, clase baja y a TODO el país. ¡Las cosas como son!”.

En otro mensaje agregó: “Curioso que los mismos que se quedaron calladitos ante las expresiones homofóbicas que Benedetti, el ministro de Petro, lanzó contra mí, hoy salgan indignados porque Abelardo de la Espriella hizo un chiste sobre Oviedo que NADA tiene que ver con su sexualidad”.

El escenario internacional muestra un acceso al aborto cada vez más restringido debido a la acción de movimientos contrarios a los derechos de las mujeres, según alertó Amnistía Internacional en su análisis con motivo del Día Internacional de la Mujer. La organización precisó que en países como Afganistán, Argentina, Chile, Estados Unidos y Rusia se advierten políticas públicas que obstaculizan la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva y generan hostilidad hacia quienes defienden o facilitan este derecho. Este fenómeno representa, según consignó Amnistía Internacional, uno de los desafíos principales para las libertades y el bienestar de mujeres y niñas en el contexto actual.

De acuerdo con el informe difundido por el medio, Amnistía Internacional identificó cuatro áreas de alerta vinculadas al incremento de prácticas autoritarias: la aprobación de leyes represivas, la expansión de movimientos que rechazan el reconocimiento de los derechos de las mujeres, el aumento de discursos de odio e incitación a la violencia y el papel de la tecnología en la facilitación de estas amenazas. El organismo señaló que, aunque se focalizó en estas cuatro cuestiones, existen muchas situaciones adicionales que dejan ver una realidad compleja y diversa, tal como sostuvo Beatriz Martos, responsable de derechos de las mujeres en Amnistía Internacional España.

Amnistía Internacional hizo un llamado a los gobiernos de todo el mundo recordando su obligación internacional de combatir cada forma de discriminación y violencia por razones de género. El grupo enfatizó que entre las prácticas a erradicar se incluyen tanto los discursos de odio como la incitación a la violencia proveniente de lo que describió como “movimientos antiderechos”. La entidad subrayó que las tendencias autoritarias ya se manifiestan de forma tangible y que sus consecuencias son particularmente notorias en la vida de mujeres y niñas, mediante restricciones y retrocesos en derechos previamente adquiridos. Referenciando el ejemplo de Estados Unidos, Amnistía Internacional mencionó que la presidencia de Donald Trump produjo lo que denomina una “emergencia de derechos humanos” con efectos profundos para la población femenina.

El caso de Afganistán surge en el informe como de especial relevancia para ilustrar la aplicación de legislaciones restrictivas orientadas a controlar la vida de las mujeres. Según detalló Amnistía Internacional, en dicho país las mujeres enfrentan prohibiciones estrictas para salir de sus hogares sin acompañamiento, trabajar, recibir educación o participar en la esfera política, además de privaciones adicionales en materia de libertad de expresión. Desde el regreso al poder de los talibanes, se han profundizado las restricciones y la represión por motivos de género, con consecuencias directas para la integridad y oportunidades vitales de mujeres y niñas afganas.

Irán quedó señalado en el informe como otro contexto nacional donde las políticas autoritarias ejercen un impacto directo sobre los derechos femeninos. Amnistía Internacional lo caracterizó como un espacio donde la mujer se expone a limitaciones severas en su autonomía mediante regulaciones y dinámicas institucionalizadas que condicionan su participación en la sociedad.

Respecto a Cuba, Amnistía Internacional sostuvo que la represión estatal toma formas particulares cuando se dirige a mujeres. El informe recogió acciones como desnudos forzados, registros corporales invasivos, estigmatización fundamentada en género, edad u orientación sexual, y la utilización de la maternidad y responsabilidades de cuidado familiar como mecanismos de presión e intimidación. La organización consideró que tales acciones cumplen criterios de violencia de género ejercida desde el aparato estatal.

En el caso de Marruecos, la atención se dirigió hacia el procesamiento judicial por blasfemia a la activista Betty Lachgar, cofundadora del Movimiento Alternativo por las Libertades Individuales, después de calificar al islam de religión “fascista y misógina”. Según publicó Amnistía Internacional, episodios como este demuestran la existencia de medidas de censura y control que pueden dirigirse especialmente hacia mujeres líderes en movimientos sociales.

En relación con Arabia Saudí, Amnistía Internacional advirtió que la vigencia del sistema de tutela masculina, pese a las declaraciones de reformas, limita de modo considerable la autonomía personal de las mujeres y posibilita la reproducción de la discriminación. El sistema sido identificado por la organización como un factor decisivo que obstaculiza avances reales hacia la igualdad de género.

El reporte también destacó a Estados Unidos por su retroceso en materia de derechos relacionados con la identidad de género, expresión sexual y libertades reproductivas. El país, según indicó Amnistía Internacional, implementó políticas y discursos que “cuestionan y atacan” tanto a la población LGBTI como a los derechos sexuales y reproductivos, sumando un factor más de presión sobre los colectivos afectados.

La situación en Argentina fue definida como un retroceso, debido a la desaparición de organismos especializados en la prevención y atención de la violencia de género, por primera vez en casi cuarenta años. La organización detalló que el presupuesto para afrontar estas problemáticas se redujo en un 89% desde 2023, lo que compromete seriamente la capacidad estatal para responder a las demandas y necesidades de mujeres víctimas de violencia.

Según informó Amnistía Internacional, la expansión de discursos de odio y de incitación a la violencia constituye otra amenaza en ascenso, especialmente gracias a la proliferación de espacios digitales. La organización expresó su preocupación específica por el papel de la tecnología, al considerar que facilita la vigilancia sobre las mujeres y multiplica los riesgos asociados a la violencia de género a través de contenidos misóginos. Esta tendencia, explicó el grupo, afecta en particular a las mujeres con participación destacada en la vida pública, quienes se convierten en blanco de campañas coordinadas de acoso y amenazas, frecuentemente amplificadas en plataformas digitales.

Además, Amnistía Internacional criticó la responsabilidad que, a su juicio, tienen las empresas tecnológicas y las redes sociales. Según publicó el medio, la organización acusó a estas compañías de actuar con escasa regulación y de haber reducido las barreras de protección para sus usuarios más vulnerables. Afirmó también que las redes sociales priorizan un modelo de negocio enfocado en la viralización de contenido, lo que permite la circulación de mensajes violentos y discriminatorios, con graves consecuencias para quienes ocupan posiciones de marginalidad o corren mayor riesgo.

La entidad cerró su diagnóstico presentado por el medio con un llamado a la acción dirigido a gobiernos y empresas, instando a la toma de medidas firmes frente a lo que describe como una crisis global de derechos humanos que involucra al conjunto de la sociedad y requiere respuestas coordinadas ante los desafíos de leyes restrictivas, discursos de odio y prácticas discriminatorias, tanto en el espacio físico como en el digital.

El insulto dirigido a un jugador del FC Barcelona durante un partido en Oviedo se convirtió en un caso ampliamente difundido tras la publicación del incidente en redes sociales, donde el contenido acumuló cerca de 28.894.400 visualizaciones en tan solo 24 horas, según detalló la Fiscalía del Principado de Asturias. Este episodio de discriminación racial, grabado por un asistente y difundido en plataformas como X, Youtube, TikTok, así como en medios de comunicación, no solo expuso a nivel global la ofensa sufrida por Marcus Rashford, sino que amplificó el impacto sobre el afectado, generando un aumento del sentimiento de humillación atribuido al hecho.

De acuerdo con la información presentada por la Fiscalía, el incidente ocurrió la noche del 25 de septiembre en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo, durante un encuentro en el que el joven acusado, nacido en 2007, profirió insultos racistas de manera audible y en presencia de otros asistentes. La Fiscalía sostiene que el chico gritó “negrata” mientras Rashford, jugador inglés de ascendencia africana, se preparaba para un saque de esquina. La expresión, pronunciada con desprecio hacia el color de piel del deportista, habría ocasionado sentimientos de frustración, vergüenza y humillación, afectando la dignidad del futbolista.

Tal como consignó la Fiscalía del Principado de Asturias, los hechos fueron grabados por otro aficionado, quien posteriormente compartió el video en la red social X. La propagación del material generó que el caso alcanzara una amplia repercusión no solo en redes sociales, sino también en diversos medios de comunicación digitales y tradicionales, intensificando las consecuencias emocionales para Marcus Rashford.

Según publicó la Fiscalía, la acusación considera que los hechos constituyen un delito de lesión de la dignidad por motivos racistas conforme al artículo 510.2.a y 510.5 del Código Penal, en concurso con un delito contra la integridad moral según el artículo 173.1. Por estos motivos, la Fiscalía solicita una pena de un año y tres meses de prisión para el joven aficionado, además de una multa económica de 2.880 euros. También se requiere la inhabilitación para ejercer el derecho al sufragio pasivo y la prohibición de participación en actividades docentes, deportivas y de tiempo libre durante cuatro años.

Además, la Fiscalía reclama una indemnización de 2.000 euros a favor de Rashford por los daños morales derivados de la exposición y el agravio. Esto, según el escrito de la acusación, busca reparar la afrenta sufrida y el impacto psicosocial causado por la viralización masiva del insulto.

El medio especificó que, de no prosperar la acusación principal, subsidiariamente se solicita la misma pena de prisión por delito contra la integridad moral. En este caso alternativo, la Fiscalía añade la petición de que el acusado no pueda acceder a estadios de fútbol de Liga, RFEF, UEFA y FIFA durante un periodo superior a cinco años, además de las costas procesales.

El caso ha suscitado debate sobre la respuesta judicial ante manifestaciones públicas de racismo en el deporte y el papel que desempeñan las redes sociales y medios de comunicación en la amplificación de este tipo de episodios. La denuncia sostiene que la viralidad del video incrementó exponencialmente el daño moral sufrido por el jugador, intensificando el menoscabo de su dignidad bajo la mirada de una extensa audiencia.

La acusación pública subraya, según precisó la Fiscalía del Principado de Asturias, que el acusado actuó con una clara intención de despreciar al jugador por el color de su piel, en presencia de numerosos testigos y en un contexto de alta exposición pública, lo cual constituye, en la calificación de la acusación, una conducta especialmente grave.

A lo largo del proceso, la Fiscalía sostiene que las circunstancias del hecho —grabación, difusión en masa y reiterada presencia del acto en redes y medios— han elevado el caso a un ejemplo representativo de la violencia racial en eventos deportivos, buscando no solo una sanción penal sino también una señal clara sobre las consecuencias legales de discriminar en espacios públicos y de alta visibilidad.

El incidente reportado en el minuto 78 del partido entre Espanyol y Elche CF llevó al árbitro Iosu Galech Apezteguia a aplicar el protocolo contra el racismo, después de que el jugador blanquiazul Omar El Hilali afirmara que había recibido un comentario discriminatorio y racista, presuntamente proferido por el delantero del Elche, Rafa Mir. Según informó el medio Europa Press, este hecho provocó la detención temporal del encuentro en el estadio Martínez Valero y la intervención de diversos estamentos del partido, incluyendo entrenadores, capitanes, el coordinador de seguridad y el delegado de campo, quienes fueron informados de la situación por el colegiado.

El club RCD Espanyol comunicó públicamente su "más enérgica condena" a lo sucedido, trasladando a Omar El Hilali su "total apoyo" en el contexto del presunto comentario de tinte discriminatorio y racista. Tal como detalló Europa Press, la institución reafirmó su firme compromiso con los valores de respeto, igualdad y convivencia tanto dentro como fuera del terreno de juego, subrayando su oposición a cualquier acto que atente contra la dignidad de las personas, en especial aquellos motivados por el origen, el color de piel o las creencias personales.

De acuerdo con Europa Press, la entidad enfatizó que respetará los procedimientos establecidos para el esclarecimiento del incidente, asegurando que todas las partes implicadas tendrán la oportunidad de expresar su versión, en busca de una investigación rigurosa y justa de los hechos. El Espanyol remarcó su intención de promover siempre un entorno libre de conductas discriminatorias y de trabajar para que el deporte continúe siendo un ámbito de integración real.

A lo largo del comunicado oficial, publicado por Europa Press, el club dejó claro que permanecerá vigilante ante cualquier circunstancia que pueda vulnerar los derechos fundamentales de sus jugadores y reiteró que apoyará a El Hilali durante el proceso de investigación. Además, el Espanyol aseguró su colaboración total con las autoridades futbolísticas y se comprometió a poner a disposición de las instancias encargadas todos los recursos necesarios para el esclarecimiento del suceso ocurrido en la jornada contra el Elche CF.

La directiva del club también subrayó, según recogió Europa Press, su rechazo tajante a las actitudes discriminatorias, recordando la importancia de mantener la integridad en la competición y de reforzar la unidad deportiva por encima de cualquier diferencia. El comunicado remarcó que el club seguirá impulsando iniciativas internas y externas que contribuyan a erradicar el racismo y la discriminación, reforzando su posición de tolerancia cero ante este tipo de comportamientos.

El hecho de que el árbitro detuviera el duelo refleja la aplicación del protocolo establecido para estos casos, con el objetivo de actuar de inmediato ante cualquier señal de racismo. Europa Press consignó que la actuación fue coordinada con los responsables de seguridad y los representantes de ambos equipos, en un esfuerzo conjunto por garantizar el respeto a los futbolistas y a la ética deportiva.

La reacción del Espanyol también incluyó un llamado a la responsabilidad social del deporte y de todos sus actores, señalando que los clubes tienen el deber de proteger a sus miembros y de contribuir a que el fútbol se mantenga como un espacio donde prevalezcan la igualdad y la integración. De esta manera, la entidad blanquiazul manifestó que su política institucional rechaza de manera absoluta cualquier manifestación que menoscabe la convivencia y el respeto mutuo entre los participantes de la competición.

En referencia al contexto del partido, Europa Press precisó que el incidente se hizo público tras la denuncia de El Hilali, lo que motivó una cadena de reacciones inmediatas dentro y fuera del estadio. La situación generó debate en torno a la necesidad de reforzar las medidas preventivas y educativas en el ámbito futbolístico, remarcando la importancia de la sensibilización sobre el impacto de actos y palabras discriminatorias.

El comunicado del Espanyol, según publicó Europa Press, concluyó ratificando que el club seguirá avanzando para consolidar un modelo deportivo basado en la integración real y el rechazo de cualquier forma de discriminación, manteniendo un papel activo en la defensa de los valores humanos fundamentales en el fútbol y en la sociedad.