El caso se remonta a marzo de este año, cuando Santiago Peralta, de 29 años, envió una serie de mensajes intimidatorios a la cuenta privada de la red social del diputado, en los que dirigió insultos antisemitas y amenazas contra su esposa e hijos. Wolff presentó la denuncia el 6 de marzo, lo que activó el trabajo de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad, que rastreó el origen de las comunicaciones.

Las tareas de investigación digital permitieron vincular los mensajes a un domicilio ubicado en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Con la intervención de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas a cargo del fiscal Miguel Kessler y la autorización del Juzgado PCyF N° 12, bajo la titularidad del juez Juan Neumann, se concretó un allanamiento en la vivienda del sospechoso. Durante el operativo, los agentes secuestraron tres teléfonos celulares que fueron sometidos a peritaje.

Una vez avanzada la instrucción, el proceso derivó en una instancia de mediación penal. Allí, Peralta reconoció la autoría de los hechos y formalizó su arrepentimiento en un testimonio grabado. Como parte del acuerdo, aceptó cumplir una probation que contempla la visita a dos espacios de memoria vinculados con el Holocausto.

En una carta dirigida al legislador y a su familia, el acusado escribió: “Quiero expresar mis más sinceras disculpas por las expresiones inoportunadas vertidas en la red social Instagram”.

En el mismo texto, Peralta señaló que ya había concurrido al Museo de Ana Frank y al Museo del Holocausto durante el mes de octubre, y admitió que “esas expresiones son totalmente inaceptables y que las posiciones políticas nunca pueden justificar un insulto y mucho menos agravios y amenazas hacia nadie”.

Wolff valoró el desenlace del proceso y aceptó las disculpas. “Acepto su arrepentimiento y espero que su experiencia sirva para que otros entiendan que se puede y debe discutir de política sin pasar límites inaceptables. Toda acción trae sus consecuencias”, expresó el legislador porteño.

El caso no es un hecho aislado en la trayectoria judicial del diputado frente al antisemitismo en plataformas digitales. En mayo, la justicia porteña resolvió otra causa iniciada por Wolff contra un usuario de la red social X que le había escrito “gordo jabón” en el marco de una discusión política. Esa expresión constituye una referencia directa a una de las prácticas del régimen nazi durante el genocidio: la fabricación de jabón con los restos de los cuerpos de las víctimas asesinadas en los campos de exterminio.

En aquella oportunidad, el propio legislador lo explicó: “Saben lo que es el término jabón. Es lo que hacían los nazis con los judíos después de pasarlos por la cámara de gas”. La causa fue encuadrada en el artículo 71 del Código Contravencional porteño y tramitada por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.° 13, especializada en discriminación, a cargo de la fiscal Andrea Scanga, bajo la conducción del fiscal general Martín López Zabaleta.

También en ese caso, el agresor —identificado como Marcelo Fredes— reconoció los hechos, pidió disculpas y se comprometió a participar de una jornada de reflexión en el Museo del Holocausto.

Con ambas resoluciones, Wolff subrayó que este tipo de procesos judiciales marca un antes y un después en el tratamiento de los discursos de odio en Argentina. “Esto sienta un precedente enorme en la Argentina. Tenés que saber que a partir de ahora que alguien te diga jabón es un delito”, afirmó el diputado en referencia al caso de la plataforma X, una advertencia que cobra mayor dimensión a la luz del cierre de la causa por las amenazas recibidas a través de Instagram.

La resolución de ambos expedientes dejó en evidencia que las herramientas de investigación digital disponibles permiten identificar a los responsables de mensajes de odio y amenazas, incluso cuando operan desde cuentas anónimas o privadas. En el caso de Peralta, la denuncia presentada ante la Policía de la Ciudad fue suficiente para que los especialistas en ciberdelitos rastrearan la dirección IP vinculada a la cuenta utilizada y determinaran el domicilio desde el que se enviaron los mensajes.

La Asociación de Pádel Argentino (APA) resolvió excluir a Florencia Guerra Sodero de las selecciones y delegaciones nacionales hasta el 31 de diciembre de 2029. La sanción, formalizada a través de la Resolución de Comisión Directiva N° 1/2026 con fecha del 19 de octubre, cierra el proceso disciplinario abierto contra la jugadora amateur cordobesa tras la difusión de expresiones antisemitas en sus redes sociales.

La medida alcanza a todas las convocatorias oficiales del seleccionado argentino durante los próximos tres años. En los fundamentos del acto administrativo, la entidad rectora del pádel en la Argentina declaró a Guerra Sodero responsable de las infracciones previstas en el artículo 11.1, incisos g) y m), del Código de Disciplina de la Federación Internacional de Pádel (FIP), en relación con el artículo 4.3 del Código Ético del mismo organismo.

La resolución también dejó sin efecto la medida provisional que la APA había dispuesto el 23 de septiembre de 2026, cuando apartó de forma preventiva a la deportista de la delegación que iba a competir en el Torneo Panamericano Amateur 2026, programado entre el 21 y el 24 de octubre en Asunción, Paraguay. Esa suspensión cautelar quedó subsumida en la sanción definitiva, y la exclusión de Guerra Sodero de aquella delegación se confirmó de manera definitiva.

Otro punto que la Comisión Directiva se encargó de precisar es que la resolución “no importa pronunciamiento alguno sobre la eventual responsabilidad penal de la jugadora”. Además, delegó en la Federación de Pádel de la Provincia de Córdoba —entidad a través de la cual la deportista se encuentra afiliada— la fijación de una sanción en el ámbito interno provincial. La parte dispositiva del acto será publicada en el sitio web oficial de la APA, tal como lo establece el artículo 27 del Código de Disciplina de la FIP.

Los posteos de la polémica

El caso se originó en septiembre de 2026, cuando Guerra Sodero anunció en una historia de Instagram su clasificación al Panamericano de Pádel de clubes en la categoría “libre amateur”. En esa publicación, la jugadora convocó a sus seguidores a votar cuál remera llevaría a la competencia y mencionó a “amigos, conocidos, familias, peronistas, radicales libertarios, hinchas de Belgrano. Ricos, pobres, clase media”. El mensaje cerraba con una frase que desató un repudio masivo: “Excepto judíos: ustedes no son bienvenidos”.

La viralización del posteo reveló que no se trataba de un hecho aislado. En 2025, ya habían circulado publicaciones de la deportista en la red social X con frases como “¿Quién será el judío que se quede con el peaje de todas las rutas?” y “Y que lloren los judíos”, esta última como respuesta a imágenes de la misa celebrada en la Catedral Metropolitana en homenaje al fallecimiento del papa Francisco.

El antecedente de mayor gravedad, sin embargo, fue una respuesta directa a la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). Cuando esa organización condenó al diputado Nicolás Massot por banalizar la Shoá, Guerra Sodero escribió: “Qué cansada me tienen estos hijos de puta”.

Tras la repercusión, la jugadora eliminó la publicación original y dio de baja sus cuentas en redes sociales. Días después publicó un comunicado en el que pidió disculpas a la “comunidad judía, a las autoridades deportivas, a las instituciones comunitarias y a la opinión pública”. En ese texto, reconoció haber cometido “un acto abiertamente discriminatorio” y admitió “la gravedad de esta conducta, de carácter recurrente y antisemita”, al tiempo que se puso a disposición de la DAIA para realizar tareas comunitarias y actividades de sensibilización.

La APA, por su parte, repudió “de forma categórica” las expresiones y apartó a la deportista de la delegación nacional de manera preventiva. “La representación de la Argentina exige el máximo respeto a la dignidad de las personas. Quien se expresa en contra de esos principios no puede, al mismo tiempo, invocar la camiseta nacional”, sostuvo la entidad en su comunicado oficial.

La DAIA valoró la decisión y subrayó que “el antisemitismo y toda forma de discriminación son incompatibles con los valores del deporte y con la dignidad de las personas”. El Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA) planteó que no puede representar al país “alguien que desprecia a una parte importante de ciudadanos argentinos” y cerró con un mensaje directo: “No normalicemos el antisemitismo”.

Quién es Florencia Guerra Sodero

Florencia Guerra Sodero es oriunda de Pilar, una localidad del departamento Río Segundo, a 52 kilómetros de la capital cordobesa. Casada y madre de un hijo, trabaja en el kiosco-bar de una estación de servicios de la zona. En sus redes sociales —hoy dadas de baja— se describía como “peronista e hincha de Talleres”.

En el circuito amateur del pádel cordobés, quienes la conocen destacaban su nivel de juego y la dedicación con la que encaraba su preparación, algo que se reflejaba en los resultados obtenidos en torneos de su provincia y en la zona de Pilar y El Totoral, de acuerdo con el mismo medio. Esa trayectoria la había llevado a clasificarse al Panamericano de Asunción, la competencia de la que finalmente fue excluida.

Un tío de la jugadora, identificado como Vladimiro, salió a defenderla a través del canal Doce TV. Aseguró que su sobrina “ya dará las explicaciones del caso”, que se sentía apenada y que la publicación había sido hecha “sin mala intención para una encuesta”.

En sus declaraciones, comparó las expresiones con insultos hacia europeos o ingleses y pidió explicar a las nuevas generaciones “lo que fue el genocidio”. “Bajen la espuma, que no es para tanto”, agregó.

El Departamento de Justicia y la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) anunciaron que Instacart deberá pagar hasta USD 4 millones en compensaciones a trabajadores estadounidenses perjudicados por sus prácticas de contratación.

Según las investigaciones de ambas agencias, la empresa exigió que ciertos candidatos locales enviaran sus postulaciones por correo postal, mientras que los postulantes con visas temporales accedían al proceso habitual de solicitud electrónica.

El acuerdo asciende a USD 5 millones en total. Las investigaciones conjuntas se centraron en los procedimientos de reclutamiento de la compañía —con sede en San Francisco y registrada como Maplebear Inc.— dentro del programa de Certificación Laboral Permanente (PERM, por sus siglas en inglés).

Este mecanismo permite a los empleadores patrocinar a trabajadores con visas temporales para obtener la residencia permanente, pero exige que antes se realice un proceso de búsqueda de buena fe entre candidatos estadounidenses.

Instacart exigió postulaciones por correo postal a candidatos locales

Las investigaciones del Departamento de Justicia y la EEOC determinaron que Instacart impuso obstáculos adicionales a los solicitantes estadounidenses.

Para las vacantes vinculadas al programa PERM, la empresa requirió que las solicitudes se enviaran por correo postal, mientras que su proceso de contratación habitual aceptaba postulaciones electrónicas. Como consecuencia, muchos candidatos de Estados Unidos no fueron considerados a tiempo.

El fondo compensatorio cubrirá a afectados entre diciembre de 2023 y febrero de 2026

Del monto total del acuerdo, USD 4 millones se destinarán a un fondo para compensar a postulantes y a personas que desistieron de aplicar debido a las prácticas discriminatorias. Un administrador de reclamos se encargará de contactar a los posibles afectados y de determinar la elegibilidad para pagos retroactivos y daños compensatorios. Las agencias precisaron que el período cubierto abarca desde diciembre de 2023 hasta febrero de 2026.

USD 1 millón restante corresponde a multas civiles que Instacart pagará al gobierno federal. La empresa también deberá publicar las vacantes del proceso PERM en su sitio web público de carreras, aceptar postulaciones electrónicas, capacitar a su personal en obligaciones antidiscriminatorias, revisar sus políticas de empleo y someterse a requisitos de monitoreo.

El acuerdo es el decimoquinto de la Iniciativa de Protección de Trabajadores Estadounidenses

Harmeet K. Dhillon, fiscal general adjunta de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, calificó la resolución como un paso más en la rendición de cuentas de las empresas que priorizan a portadores de visas temporales.

“Nuestro historial demuestra que el Departamento de Justicia está exigiendo responsabilidad a las compañías que prefieren trabajadores con visas de empleo temporal. No dejaremos de luchar por los trabajadores estadounidenses hasta que haya igualdad de condiciones”, declaró Dhillon.

Por su parte, Andrea Lucas, presidenta de la EEOC, sostuvo que la resolución envía una señal clara: “La EEOC está comprometida con exigir responsabilidad a las empresas cuando niegan oportunidades laborales equitativas a los trabajadores estadounidenses al preferir a portadores de visas temporales”.

El gobierno federal acumula más de USD 34 millones en pagos retroactivos desde la primera administración Trump

El caso de Instacart se inscribe en un esfuerzo más amplio del gobierno federal. La resolución es la decimoquinta desde que el Departamento de Justicia relanzó en 2025 su Iniciativa de Protección de Trabajadores Estadounidenses, creada originalmente durante la primera administración del presidente Donald Trump.

Desde el lanzamiento original de la Iniciativa, la División de Derechos Civiles acumuló más de USD 34 millones en pagos retroactivos y más de USD 16 millones en multas civiles contra empleadores que discriminaron a trabajadores locales.

En paralelo, la EEOC impulsa estas acciones a través de su Proyecto Firewall, que aplica la prohibición de discriminación por origen nacional prevista en el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964. El acuerdo con Instacart es el cuarto de carácter público alcanzado por la comisión en esta materia desde 2025, mientras que la agencia mantiene otras cinco demandas pendientes en tribunales federales por discriminación contra trabajadores de origen nacional estadounidense.

Un estudio de ONU Mujeres en México reveló que 95.9% de las candidatas a congresos estatales y 95.3% de las aspirantes a cargos legislativos federales que participaron en la investigación sufrió al menos una forma de violencia durante las campañas electorales de 2023-2024. Los resultados mostraron que la paridad en las candidaturas no garantizó condiciones para ejercer los derechos políticos sin agresiones.

La investigación, titulada Mujeres que se postulan, mujeres que narran sus historias. Candidatas del proceso electoral 2023-2024 en México, fue elaborada mediante el Centro Global de Excelencia en Estadísticas de Género. El trabajo formó parte de una iniciativa internacional orientada a medir la violencia contra las mujeres en la política y a generar información para las políticas públicas.

La violencia psicológica fue la agresión más extendida entre las participantes: alcanzó 95.1% de los casos informados. Le siguieron la violencia sexual, con 61.4%, y la económica, con 57.4%.

Más de ocho de cada 10 candidatas señalaron que enfrentaron agresiones tanto en actividades presenciales de campaña como en espacios digitales. Más de la mitad también informó violencia en medios de comunicación tradicionales, lo que mostró que las agresiones se presentaron en distintos ámbitos de la contienda electoral.

La encuesta reunió testimonios de 615 candidatas

El estudio combinó herramientas cuantitativas y cualitativas para documentar las experiencias de mujeres electas y no electas durante el proceso electoral. La encuesta incluyó a 615 candidatas: 122 aspirantes a cargos legislativos federales, 263 postulantes a congresos estatales y 230 participantes en elecciones municipales.

La investigación también reunió 11 entrevistas semiestructuradas y seis grupos focales con 34 candidatas. Esos ejercicios permitieron identificar las formas de violencia, los lugares donde ocurrieron y las consecuencias que tuvieron en la participación política de las mujeres.

Eleonora Betancur González, representante de ONU Mujeres México, sostuvo que la ampliación de la representación femenina debía ir acompañada de condiciones para que las mujeres ocuparan los cargos con autonomía. “La paridad ha abierto las puertas de la representación. El siguiente paso es asegurar que las mujeres puedan ejercer el poder con autonomía, en igualdad de condiciones y libres de violencia”, expresó.

Betancur González señaló que los datos permitieron ubicar áreas donde debían reforzarse la prevención, la protección y la respuesta institucional. El objetivo consistía en que los avances en representación política se tradujeran en igualdad sustantiva y no sólo en un aumento numérico de candidaturas femeninas.

Las denuncias tuvieron baja resolución favorable

Las dificultades para denunciar fueron otro de los hallazgos expuestos durante la presentación. Sólo 18 de cada 100 mujeres afectadas presentó una denuncia, mientras apenas cuatro obtuvieron una resolución favorable.

Cerca de la mitad de las candidatas legislativas participantes informó agresiones dentro de sus propios partidos. Entre quienes vivieron estas conductas, alrededor de seis de cada 10 identificó a integrantes de las dirigencias partidistas entre las personas responsables.

La violencia económica afectó de manera particular a las candidatas indígenas: 77% la señaló como una barrera. El reporte también incluyó el ciberacoso entre las agresiones que limitaron la participación de las mujeres durante las campañas.

Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), afirmó que el aumento de mujeres en los espacios de decisión no significó que se hubiera alcanzado una igualdad efectiva. “Queremos que las mujeres lleguen, desde luego. Pero también queremos que puedan permanecer, proponer, disentir y decidir. Que ninguna tenga que aceptar un trato inferior por ocupar un espacio que le pertenece por derecho”, sostuvo.

Taddei Zavala planteó que las autoridades electorales, los partidos políticos, las instancias de justicia, los medios de comunicación y las plataformas digitales debían coordinar mecanismos de prevención, atención y acompañamiento. También advirtió que era necesario revisar qué ocurría con las mujeres después de obtener una candidatura.

Las responsabilidades familiares y de cuidado representaron otra limitación. En el componente municipal, de carácter descriptivo, 64.3% de las candidatas encuestadas señaló tener tareas de cuidado y, de ellas, 77% indicó que esas obligaciones dificultaron su participación política.

Pese a las agresiones y obstáculos documentados, 83.6% de las participantes afirmó que volvería a competir por un cargo público. La presentación se realizó durante las actividades por el 73 aniversario del reconocimiento constitucional del derecho de las mujeres al voto en México.

El edadismo en la publicidad limita la representación de las personas mayores a la pérdida, la dependencia o el declive, y condiciona tanto su inclusión social como la capacidad de las marcas para comprender a un segmento poblacional en crecimiento. La antropóloga y especialista en tendencias de consumo Ximena Díaz Alarcón, CEO y cofundadora de Youniversal, plantea que revertir esa mirada exige cambios narrativos, visuales y estratégicos.

La infantilización aparece cuando una persona adulta es tratada como si hubiera perdido criterio o autonomía por el paso de los años. Se expresa en mensajes que explican en exceso, usan diminutivos o muestran a alguien más joven que toma todas las decisiones.

También ocurre cuando acciones cotidianas, como manejar una aplicación o iniciar una relación afectiva, son presentadas como una proeza simpática. Para Díaz Alarcón, esa sorpresa revela el prejuicio de quien elaboró el mensaje.

El mecanismo detrás de la infantilización publicitaria

—¿Qué significa infantilizar a las personas mayores desde la publicidad y cómo se reconoce ese fenómeno?

—Infantilizar es dirigirse a una persona adulta como si, por tener más años, hubiera perdido criterio o capacidad de decidir. Se reconoce en mensajes que explican de más, hablan en diminutivo o muestran a alguien más joven que resuelve todo por ella. También cuando una conducta cotidiana, como usar una aplicación o salir con alguien, se presenta como una hazaña simpática. Esa sorpresa habla del prejuicio de quien construyó el mensaje.

—¿Por qué muchos mensajes que buscan ser senior friendly terminan generando distancia o rechazo?

—Porque a veces se diseñan desde una idea muy limitada de quién es ese consumidor. Se supone que necesita que le simplifiquen todo, que solo le preocupa la salud o que cualquier novedad le resulta ajena. La gente grande no es diferente de ningún otro público en esto: no necesariamente busca ser tratada de manera especial por su edad, sino sentirse igual de reconocida e identificada que cualquiera. Una persona puede necesitar una letra más grande y al mismo tiempo ser muy exigente con el diseño, la información o el servicio. El rechazo aparece cuando la intención de acercarse termina en un trato que subestima.

—¿Cuáles son los recursos más frecuentes, en el lenguaje, las imágenes o el tono, que pueden resultar infantilizantes?

—Los diminutivos, el uso de “abuelitos” para referirse a cualquier persona mayor, la voz excesivamente dulce y frases como “ellos también pueden”. Además, no toda la gente grande es abuelo o abuela: es un rol familiar, no una identidad ineludible que viene con la edad. Incluso quienes tienen nietos tienen intereses y proyectos propios, más allá de ese vínculo.

En las imágenes, se ve cuando la persona mayor siempre está siendo guiada, corregida o asistida, y nunca toma una decisión. También aparece en el humor: el que no entiende el celular, se confunde o queda fuera de la conversación. El problema es que la edad sea una explicación automática de la torpeza o la incapacidad.

—¿Por qué el problema no está necesariamente en hablar de la edad, sino en cómo se construye el mensaje alrededor de ella?

—La edad puede ser relevante para comunicar un beneficio, una necesidad o una experiencia. El problema aparece cuando se usa para dar por sabido todo lo demás. Dos personas de la misma edad pueden tener situaciones económicas, vínculos y proyectos muy diferentes. Una campaña puede reconocer los años de alguien sin hacer que toda su identidad gire alrededor de eso. Conviene revisar expresiones como “a pesar de su edad”: muchas veces presentan el disfrute o la iniciativa como algo que ya no se esperaba de esa persona.

Estereotipos recurrentes y sus efectos en las marcas

—¿Qué estereotipos sobre las personas mayores aparecen con mayor frecuencia en la publicidad y qué efectos pueden generar?

—Aparecen la persona frágil y dependiente, la que vive exclusivamente para sus nietos, la que rechaza cualquier cambio o la que no entiende la tecnología. También existe el extremo opuesto: el senior que corre maratones, viaja permanentemente y parece obligado a demostrar que sigue siendo joven. Ese modelo tampoco representa a todos.

Cuando estas imágenes se repiten, refuerzan expectativas sobre cómo debería vivir alguien a determinada edad. Para una marca, además, pueden llevar a desconocer intereses y necesidades concretas, y a ofrecer algo con lo que ese consumidor no se identifica.

—¿Cómo se puede construir una comunicación cercana y afectiva sin caer en el paternalismo o la condescendencia?

—La cercanía se construye con situaciones reconocibles, buenos diálogos y atención a los detalles. No hace falta agregar un tono meloso porque aparece una persona mayor. Puede haber cuidado, humor y ternura entre adultos que se respetan.

También hay que mirar quién tiene voz en la escena: si la persona expresa lo que quiere, si puede disentir, si su opinión cuenta. Necesitar ayuda en una situación no implica dejar de tener preferencias o de participar en las decisiones.

Cómo diseñar campañas sin caer en el paternalismo

—¿Qué lugar deberían tener la autonomía, el deseo y la diversidad de intereses de las personas mayores en las campañas dirigidas a este público?

—Deberían estar desde el comienzo, en la investigación y en la idea de campaña. Hay personas mayores que quieren aprender, enamorarse, cambiar de trabajo, disfrutar de la moda o explorar intereses que antes habían postergado. Otras prefieren sostener sus rutinas y no tienen por qué reinventarse.

Las marcas necesitan entender qué quiere cada una y qué posibilidades tiene de hacerlo, considerando también las diferencias de ingresos, salud y acceso. Cumplir años no significa dejar de desear, ni querer todos lo mismo.

—¿Qué debería preguntarse una marca antes de lanzar una campaña para asegurarse de que está hablando con las personas mayores y no hablándoles como si fueran niños?

—Primero, si conoce a las personas que quiere convocar o si está trabajando con una idea genérica de “los mayores”. Después, revisar la pieza con preguntas concretas: ¿la persona tiene voz y decide?, ¿el humor depende de ridiculizar su edad?, ¿estamos suponiendo una dificultad que no investigamos?, ¿hablaríamos con ese tono a otro adulto?

Y, sobre todo, probar la campaña con personas de ese público. Escuchar cómo la interpretan, qué les resulta creíble y qué les molesta permite detectar cosas que el equipo puede no haber advertido, aun con la mejor intención.

En un comunicado difundido públicamente y replicado, entre otros, por la periodista Úrsula Castrat, sus familiares expresaron sus disculpas por “el temor y el daño causado” y señalaron que el hombre había permanecido estable durante años con su tratamiento y trabajaba como entrenador deportivo.

“Es evidente que se trata de una persona que no estaba en sí. (...) En una crisis de esta gravedad pueden alterarse profundamente el juicio y la percepción de la realidad”, indica el pronunciamiento, que añade que el equipo médico evalúa qué pudo desencadenar el episodio.

“Como familia, estamos trabajando junto con su psiquiatra para revisar su tratamiento y establecer el seguimiento necesario para que recupere la estabilidad y reducir el riesgo de nuevas crisis”, avanzaron los familiares.

El episodio quedó registrado en vídeos difundidos en Instagram por uno de los afectados, en uno de los cuales Nava amenaza de muerte a los clientes. “Los mato, y lo peor es que no bromeo”, se le escucha decir antes de afirmar que “la homosexualidad es un pecado” y que las personas homosexuales “irían al infierno si no se arrepienten”.

En otra grabación, el hombre se define como “homófobo” y pide a las personas homosexuales que no se le acerquen ni lo miren si se lo encuentran. “No los quiero ofender, insultar, nada”, afirma mientras una comensal lo graba y le reclama por sus expresiones.

Las imágenes han generado rechazo en las redes sociales, donde varias figuras públicas, como la actriz y activista trans Javiera Arnillas, el actor Stefano Meier, la cantante Daniela Darcourt, la excongresista Susel Paredes y Jorge Apolaya, integrante del Colectivo Marcha del Orgullo, han repudiado el ataque.

Arcos Dorados, operador de McDonald’s, también condenó los hechos y reafirmó su política de “cero tolerancia” frente a la discriminación, un delito que el Código Penal peruano sanciona con penas de entre dos y tres años de prisión, que pueden llegar a cuatro en casos agravados.

“Inmediatamente ocurridos los hechos, nuestro equipo contactó a la autoridad competente y brindó asistencia en el lugar a los clientes afectados”, señaló la empresa en un comunicado.

Por su parte, una de las víctimas publicó un mensaje en Instagram en el que advirtió que este tipo de agresiones puede afectar a cualquier persona y pidió no guardar silencio ni permanecer indiferente ante situaciones de discriminación.

“Mañana puedes ser tú, tu hermano, tu amigo, familiar cercano o lejano”, escribió al llamar a la ciudadanía a apoyar a las personas afectadas.

“Lo hacemos por quienes no pudieron, no tuvieron la valentía, ni las evidencias para poder ser escuchados. Juntos somos una comunidad y no hablo de una en específico, todos somos ciudadanos, seres humanos que sentimos y padecemos”, añadió.

La Corte Suprema ordenó que la justicia de Tucumán revise si A.I., un trabajador de salud no registrado, sufrió un despido discriminatorio después de que un sanatorio conociera que tenía VIH. El máximo tribunal consideró que las instancias locales omitieron examinar una prueba decisiva sobre el acceso de personal del centro de salud a sus análisis médicos.

La decisión dejó sin efecto la sentencia de la Corte de Justicia provincial y dispuso que el expediente vuelva al tribunal de origen para dictar un nuevo pronunciamiento. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti cuestionaron que se desestimara el planteo de discriminación sin evaluar el testimonio de una responsable del área preocupacional.

La testigo había afirmado: “Yo descubro que él tiene VIH porque tengo el análisis en mis manos; yo manejaba el análisis de los prelaborales”. Para la Corte Suprema, el tribunal provincial ignoró esa declaración e incluso negó que existiera.

Una relación laboral no registrada durante más de dos años

A.I. demandó al sanatorio tras denunciar que había trabajado allí durante más de dos años sin estar registrado. La empresa negó la existencia de ese vínculo, que finalmente fue acreditado en el expediente.

El trabajador sostuvo que la desvinculación tuvo carácter discriminatorio porque se produjo cuando la firma se enteró de su condición de persona con VIH. Los análisis habían sido solicitados por el propio sanatorio y sus resultados eran conocidos por el personal del área preocupacional.

La Sala III de la Cámara del Trabajo de Tucumán admitió parcialmente la demanda y condenó a la empresa a pagar haberes adeudados y diferencias salariales. Sin embargo, rechazó los reclamos por indemnización por antigüedad, registración irregular, daños por trato discriminatorio y otros conceptos.

La Cámara consideró que el vínculo se había extinguido mediante un despido indirecto con causa. Esa conclusión se basó en que el trabajador había enviado varios telegramas para exigir que se aclarara y registrara su situación laboral, que cesara el supuesto trato discriminatorio y que se abonaran los salarios pendientes, bajo apercibimiento de considerarse despedido ante el silencio o una negativa.

La prueba sobre los análisis médicos

La Corte de Justicia provincial confirmó ese criterio al rechazar el recurso del trabajador. También descartó que hubiera existido discriminación, al entender que el testimonio invocado no demostraba de manera suficiente que el empleador hubiera conocido previamente y de forma efectiva el diagnóstico.

El máximo tribunal provincial afirmó que la declaración de la responsable preocupacional no incluía referencias a los hechos denunciados. Por esa razón, consideró razonable que la Cámara hubiera descartado esa prueba como indicio de que el sanatorio conocía la condición de salud de A.I.

La Corte Suprema sostuvo que esa valoración fue arbitraria. Señaló que la desvinculación laboral fue contemporánea a la comunicación de los resultados de los estudios por parte de profesionales del establecimiento y que ese planteo exigía una respuesta específica.

“El fallo recurrido no tomó en cuenta esa declaración, negando incluso su existencia”, indicaron los jueces. También concluyeron que el tribunal omitió evaluar prueba decisiva y responder agravios del trabajador que podían definir la solución del litigio.

Alfredo Adame no teme ir a prisión tras ser declarado culpable de discriminación en agravio de la madre de Gustavo Adolfo Infante, en un fallo emitido el 8 de octubre por un juez del Poder Judicial de la Ciudad de México.

El conflicto se remonta a principios de 2022, cuando el actor emitió declaraciones públicas contra Elvia Inés Seañez, madre del periodista, a quien acusó de practicar “magia negra” y de estar involucrada en actos ilícitos como el robo.

En febrero de ese año, Infante y su madre ratificaron una denuncia penal por violencia de género, violencia mediática y discriminación.

“La mamá era bruja negra, la mamá les daba peyote y les daba hongos en una pocilga donde vivían, y donde la hermana te pasaba el huevo negro”, dijo Adame para El Gordo y la Flaca en 2022.

El proceso penal se extendió más de cuatro años

La disputa legal entre ambos comunicadores sumó capítulos adicionales durante el litigio. En junio de 2024, Alfredo Adame fue arrestado durante seis horas por incumplir las medidas de protección que le prohibían referirse a las víctimas.

El juez determinó finalmente la responsabilidad penal del actor el 8 de octubre de 2026, luego de un proceso que Gustavo Adolfo Infante calificó como un triunfo de la justicia para su familia.

Alfredo Adame minimiza el fallo y anuncia que apelará

El actor reacciona ante medios y resta importancia a la resolución judicial. “Una aberración, no creo en la justicia… El juez me la receta, soy culpable. No es de morirse, no es de cárcel, puede que sus abogados pidan un año de cárcel, tres años de cárcel, se conmuta una multa, pagar 16 mil 800 pesos del psicólogo y a lo mejor trabajo social, no sé, no pasa nada…”, declara Adame.

El Código Penal de la Ciudad de México contempla para el delito de discriminación penas de uno a tres años de prisión, trabajo comunitario y multa, según las circunstancias del caso. La audiencia para individualizar la sanción quedó programada para el jueves 15 de octubre.

Adame adelanta también su estrategia legal una vez conocida la sentencia. “El día 15 a las 2:00 de la tarde el jueves se va a hacer ya la sentencia... dan la sentencia y al otro día viene la apelación, no es un delito grave”, sostiene el actor.

El conductor insiste en que nunca mencionó el nombre de la víctima en sus declaraciones y descarta disculparse con ella. Acusa además a Infante de manipular a su madre para perjudicarlo, mientras las autoridades fueron imponiendo medidas cautelares a lo largo del proceso.

Gustavo Infante anuncia nuevas demandas por daño moral

Gustavo Adolfo Infante anuncia que presentará dos demandas civiles adicionales contra Adame por daño moral, una por las afectaciones a su madre y otra por las expresiones dirigidas contra su persona.

El periodista revela también que durante la audiencia del 8 de octubre hubo un intercambio de miradas con Adame tras conocerse el fallo. Según su versión, el proceso dejará además antecedentes penales para el actor una vez que se establezcan formalmente las sanciones.

Infante relata que el actor le “mentó la madre” durante la última audiencia, aunque esa conducta no incidiría en la sentencia que el juez dicte este jueves. El litigio, que arrancó hace más de cuatro años, llega a su etapa definitoria con la audiencia de individualización de sanciones.

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) reportó que 46% de las personas en la Ciudad de México afirmó haber sufrido discriminación o menosprecio entre 2022 y 2026 por su tono de piel y vestimenta.

Los datos fueron difundidos durante la conmemoración del primer Día de la Ciudad Pluricultural, la Resistencia Indígena, Afromexicana y de la Lucha contra el Racismo en la Ciudad de México.

En un comunicado, el organismo, señaló que las opiniones políticas, ser mujer, la forma de vestir o arreglo personal y el peso o estatura aparecen entre los principales motivos de discriminación reportados por las personas encuestadas.

Destacó que según la Encuesta sobre Discriminación 2026, 22% de las personas que reportaron discriminación identificó las opiniones políticas como motivo.

Mientras que ser mujer y la forma de vestir o arreglo personal concentraron 20% cada uno, mientras el peso o la estatura representaron 18%.

La encuesta también mide la percepción sobre el respeto a los derechos de distintos grupos. El 46% de las personas consultadas considera que los derechos de la población indígena se respetan poco en la capital.

En el caso de las personas afrodescendientes, 40% de las personas encuestadas indicó que existe poco respeto a sus derechos.

El COPRED informó que, durante 2025, su área de Atención y Educación brindó atención a 21 personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. También atendió a 13 personas indígenas y a una persona afrodescendiente.

El informe del organismo incluye ocho quejas relacionadas con apariencia física, tres por tono de piel y una por forma de vestir. El Consejo señala que estos factores continúan presentes entre los motivos de discriminación en la Ciudad de México.

COPRED cuestiona discursos que niegan el racismo

El organismo capitalino advirtió que persisten afirmaciones que niegan o invisibilizan el racismo. Entre ellas menciona la idea de que este fenómeno no existe porque no existen las razas.

También refiere expresiones que niegan la presencia de personas afrodescendientes en la Ciudad de México o que reducen la composición de la población mexicana a una mezcla exclusiva entre personas españolas e indígenas.

Para el COPRED, esas posturas reproducen una visión limitada de la diversidad étnica y cultural del país. El Consejo sostiene que los prejuicios y estereotipos se traducen en prácticas de exclusión y violencia.

Entre esas prácticas ubica la restricción injustificada para acceder a ciertos espacios, la vigilancia desproporcionada a personas racializadas en centros comerciales y tiendas de autoservicio, así como el trato diferenciado por tono de piel o apariencia física.

El Consejo plantea la necesidad de fortalecer políticas públicas, programas y estrategias institucionales para identificar, prevenir y eliminar barreras que impidan el ejercicio pleno de los derechos de personas indígenas, afrodescendientes y racializadas.

Profeco alerta sobre perfilamiento racial en tiendas

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó sobre el perfilamiento racial en tiendas, restaurantes y otros servicios vulnera derechos de las personas consumidoras.

Expuso que el perfilamiento racial ocurre cuando personal o seguridad de un establecimiento vigila, persigue, interroga o trata como sospechosa a una persona por su origen étnico o racial, tono de piel, apariencia física o vestimenta, sin atender a una conducta objetiva.

La Profeco señala que el acceso a establecimientos comerciales, restaurantes y servicios puede estar condicionado por prejuicios. La dependencia advierte que el perfilamiento racial refuerza actos discriminatorios y afecta derechos fundamentales de las personas consumidoras.

La autoridad describe una secuencia en la que una persona puede ser detenida o interceptada de forma injustificada por su apariencia. Después, puede enfrentar cuestionamientos sobre su identidad, actividades o motivos para encontrarse en el lugar.

La Profeco agrega que estas acciones pueden incluir dudas sobre la nacionalidad de la persona, presunciones sobre una condición migratoria irregular o exigencias para demostrar su pertenencia al país.

La intervención puede aumentar con revisiones corporales o de pertenencias. La dependencia precisa que esas conductas se basan en prejuicios relacionados con tono de piel, origen étnico, vestimenta o apariencia, y no en hechos objetivos.

Vestimenta y tono de piel aparecen entre motivos de exclusión

La Profeco expone que 23.7% de las personas manifestó haber vivido alguna experiencia de discriminación.

Entre los factores registrados, 30.6% señaló la vestimenta y el arreglo personal, mientras 13.1% mencionó el tono de piel.

La dependencia sostiene que la discriminación por apariencia puede afectar el ejercicio de derechos. Señala que toda persona debe poder entrar a un establecimiento, elegir productos, solicitar servicios y realizar compras sin recibir un trato diferenciado por su identidad o apariencia.

La Profeco plantea que las empresas deben aplicar protocolos objetivos de actuación, capacitar al personal en igualdad, supervisar a la seguridad privada y sancionar posibles actos discriminatorios en los espacios de consumo.

Las mujeres, los adultos de 18 a 59 años y quienes han experimentado discriminación o viven con discapacidad registran las mayores probabilidades de riesgo suicida en El Salvador, de acuerdo con un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) elaborado a partir de la Encuesta Nacional de Salud Mental de 2022.

El estudio, titulado “La salud mental en la población adulta salvadoreña” analiza la situación de las personas mayores de 18 años y evalúa la presencia de estrés postraumático, depresión, ansiedad generalizada y riesgo suicida.

La citada encuesta identificó que el riesgo suicida afectaba al 7.8% de los adultos de 18 a 59 años y al 5.6% de las personas de 60 años o más.

El análisis de probabilidades marginales incluido en el informe sitúa a las mujeres entre los grupos con mayor exposición. La probabilidad promedio de presentar conductas autolesivas o riesgo suicida fue de 8.7% entre las mujeres, frente a 4.1% entre los hombres.

La diferencia forma parte de un patrón más amplio de desigualdad en salud mental. Según el documento, el 35% de las mujeres presentaba alguna afección de salud mental, una proporción 14.2 puntos porcentuales superior a la de los hombres.

El estudio señala que las mujeres también presentan mayor incidencia de factores como discriminación y discapacidad, junto con menor presencia de elementos protectores, entre ellos la resiliencia y el apoyo comunitario percibido.

La resiliencia y el apoyo comunitario aparecen como factores de protección

El estudio también identifica condiciones vinculadas con una menor probabilidad de riesgo suicida. Entre quienes mostraban un nivel alto de resiliencia, la estimación fue de 5.6%, menos de la mitad del 12.3% registrado en el grupo con resiliencia baja.

El apoyo social percibido presentó una diferencia aún mayor. Las personas con un nivel bueno o excelente de apoyo comunitario tuvieron una probabilidad de 3.7%, frente a 7.7% entre quienes calificaron ese apoyo como malo o regular.

La investigación define el apoyo comunitario como la percepción sobre la disponibilidad y calidad del respaldo que una persona puede recibir de su entorno. Para medirlo, la Encuesta Nacional de Salud Mental evaluó integración, participación comunitaria y vínculos con organizaciones locales.

El PNUD advierte que la atención temprana resulta necesaria incluso ante síntomas leves, con especial atención a mujeres, personas mayores y habitantes de zonas rurales.

En El Salvador, para orientación psicológica o atención ante una crisis, el Ministerio de Salud dispone del número 131. Durante la llamada deben seleccionar su departamento y luego la opción de salud mental. También se puede llamar al número 503 7741-6614, de lunes a viernes, de 7:30 a 15:30 o al Sistema de Emergencias 9-1-1.

En Guatemala, la Fundación Desarrolla Guatemala para la Educación y la Salud, tiene la línea telefónica: 1582 y el número de WhatsApp: 502- 3007-1582.

En Costa Rica , está la línea Aquí Estoy del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica ofrece un servicio gratuito de apoyo para la prevención del suicidio y el Centro de Atención Psicológica (UCR), teléfono 506- 2511-5776.

En Honduras, la línea de emergencia para la prevención del suicidio es 988.

En Panamá puedes llamar al 147 del ministerio de Desarrollo Social. Puedes recibir atención psicológica gratuita en República Dominicana llamando al Centro de Contacto Cuida tu Salud Mental al número (809) 200-1400.

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda, puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomienda sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

Línea de prevención del suicidio en Argentina: el Centro de Asistencia al Suicida ofrece orientación y apoyo. Tienen una línea de prevención del suicidio disponible al teléfono 135 (línea gratuita) o al (011)5275-1135 y 0800 345 1435 para llamadas desde todo el país.

En México, para aquellos que buscan ayuda o asistencia en relación al suicidio, existe la Línea de la Vida: 800-911-2000, este servicio es gratuito y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

En Colombia, la Línea de la Vida brinda apoyo emocional a individuos que enfrentan crisis de suicidio o angustia. Este servicio está disponible en varias ciudades del país. En Bogotá, se puede contactar a través de la línea 106 o vía WhatsApp al 3007548933. Barranquilla cuenta con la línea 339 99 99, mientras que en Medellín se dispone de la Línea Amiga al 444 44 48. En Cali, al igual que en Bogotá, la línea de atención es el 106. Estas líneas ofrecen una respuesta inmediata a quienes necesitan ayuda en momentos críticos.

En Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) ofrece apoyo emocional a través de la Línea 113 Salud, accesible nacionalmente por teléfono, WhatsApp o Telegram en los números 955557000 y 952842623.

En España, el Ministerio de Sanidad ha establecido la Línea 024 para la atención a la conducta suicida.

El especialista en empleabilidad Gustavo dos Santos sostiene que un despido o salida laboral obliga a reconstruir la identidad profesional, en especial entre quienes superan los 50 años, y que la falta de acompañamiento puede convertir ese período en una etapa de aislamiento, ansiedad y parálisis frente al mercado.

Para el autor de El talento no tiene edad, la reinserción del talento senior no consiste en recuperar la ocupación anterior ni en retomar una trayectoria lineal. Plantea que esos profesionales deben avanzar hacia espacios nuevos, “con nuevos casilleros, donde muchos de ellos están en blanco, sin consignas”.

Dos Santos, licenciado en administración de empresas y asesor de compañías en procesos de desarrollo de carrera y transformación digital, describe la salida de una empresa como una pérdida que excede el plano económico y altera vínculos familiares, sociales y laborales. “Se trata, entre otras cosas, de hacer el duelo necesario por la pérdida de la antigua normalidad que ya no volverá”, afirma.

El especialista advierte que la transición suele abrir interrogantes sobre la propia capacidad y el sentido de la carrera. “¿Quién soy? ¿Podré insertarme nuevamente? ¿Soy empleable en otro lugar?”, enumera entre las preguntas que aparecen al cerrarse un ciclo laboral.

“Poco se habla de la ‘travesía de la pérdida’, de la ‘orfandad luego de una salida’. He conocido y acompañado, por mi profesión, cientos de personas que describen ese momento. Son únicas, son especiales”, describe dos Santos.

Acompañamiento emocional y nuevas conversaciones tras la salida

El autor plantea que las compañías y sus líderes tienen responsabilidades durante una salida, más allá de comunicar la decisión. El proceso, según explica, también debería incluir conversaciones sanas, seguimiento posterior y una revisión de los vínculos que quedan tras la salida.

“La pérdida de la fuente de empleo tiene impacto en la salud de las personas y en su proyección”, señala Dos Santos al referirse a quienes dejan una organización sin contar de inmediato con otro proyecto o ámbito de pertenencia.

El autor pone el foco en los profesionales de más de 55 años, quienes pueden enfrentar sesgos vinculados con la edad al momento de buscar nuevas oportunidades. A esa dificultad se añade la ruptura con una carrera ya consolidada y con la protección que brindaba la estructura corporativa.

Para Dos Santos, el retiro de una empresa no abre solo un nuevo camino, sino “un nuevo caminar” marcado por emociones que no siempre se reconocen en el ámbito laboral. Esa etapa puede incluir incertidumbre, fragilidad, temor al rechazo y dudas sobre el valor de la experiencia acumulada.

Tres distorsiones cognitivas que profundizan la parálisis profesional

El especialista identifica tres distorsiones frecuentes tras una pérdida laboral: la abstracción selectiva, la sobregeneralización y la personalización. La primera concentra la atención en aspectos negativos; la segunda instala la idea de que un fracaso se repetirá siempre; la tercera atribuye a la persona una responsabilidad total sobre hechos en los que pudo tener una participación limitada.

Dos Santos describe un recorrido que puede alternar entre “un yo valiente” y “un yo sin control”. En ese estado, sostiene, la persona puede quedar atrapada en pensamientos de rechazo, en la mirada ajena y en el temor a actuar fuera de los esquemas conocidos.

“Pedir ayuda es vital en la transición, pero más aún es saber cuándo, cómo y a quién pedírsela”, afirma al abordar la necesidad de contar con apoyo para evitar que la angustia condicione las decisiones.

El autor también diferencia entre aceptación y conformismo. Para él, aceptar una pérdida supone reconocer lo ocurrido y actuar sobre las posibilidades disponibles, mientras que el conformismo mantiene a la persona vinculada con el pasado y posterga la búsqueda de alternativas.

Agenda propia y narrativa profesional para la reconversión

Dos Santos propone que el profesional reorganice su rutina a partir de hábitos que fortalezcan la autonomía, la confianza y la capacidad de tomar decisiones. Entre sus premisas incluye revisar las creencias limitantes, controlar los pensamientos vinculados con el pesimismo y ampliar la visibilidad fuera del ámbito habitual.

La reconversión, según su planteo, demanda pasar de la agenda corporativa a una agenda propia. “Se trata de construir un nuevo plan de acción”, sostiene al referirse a una búsqueda planificada, centrada en un proyecto y en los argumentos con los que cada persona presentará su trayectoria.

Esa narrativa, explica, debería ordenar los hitos de la carrera, las experiencias diferenciadoras y los desafíos que se buscan asumir. El objetivo no es negar la interrupción laboral, sino reinterpretarla como parte de una nueva etapa profesional.

Dos Santos advierte que la velocidad, la hiperconectividad y la exigencia de resultados inmediatos pueden dificultar ese proceso. Considera que la presión por mantenerse visible y disponible favorece el estrés, el agotamiento y una menor tolerancia a la espera.

En ese marco, recupera una idea del filósofo Edgar Morin: “El futuro ya no es lo que era”. La frase le permite cuestionar los modelos lineales de desarrollo profesional en un escenario donde la incertidumbre y los cambios de rumbo forman parte de las trayectorias.

Para el especialista, la autoestima también condiciona la posibilidad de atravesar una salida laboral sin que el juicio externo defina la identidad. “La autoestima es una experiencia íntima: es lo que pienso y lo que siento sobre mí mismo, no lo que piensa o siente alguna otra persona acerca de mí”, cita de Luis Hornstein.

Dos Santos concluye que el profesional maduro necesita renovar sus relatos sobre sí mismo, capitalizar sus recorridos y leer las condiciones de su entorno para construir otro proyecto. “Cada uno de nosotros construye y vive una narrativa y esa narrativa somos nosotros”, recuerda a partir de una reflexión de Oliver Sacks, neurólogo y escritor estadounidense.

La diputada Jannete Guerrero Maya presentó tres iniciativas para que la Ciudad de México reconociera la diversidad corporal como una categoría protegida frente a la discriminación y para declarar el 6 de mayo como el Día de la Erradicación de la Gordofobia y el Gordoodio. Los proyectos buscaron atender prácticas que limitaron derechos por peso, talla, estatura o complexión.

La legisladora del Partido del Trabajo (PT) llevó los planteamientos ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. Dos iniciativas propusieron reformas constitucionales para incluir la diversidad corporal entre las causas por las que una persona no debía recibir un trato desigual. La tercera planteó establecer una fecha anual de concientización en la capital.

Las propuestas fueron turnadas a comisiones legislativas para su análisis y dictaminación. Las reformas a las constituciones local y federal quedaron en manos de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Derechos Humanos.

La iniciativa relacionada con la declaratoria del 6 de mayo fue remitida a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. Los tres proyectos tendrían que recibir un dictamen antes de avanzar hacia una posible discusión y votación en el Pleno.

La iniciativa incorpora la diversidad corporal a la protección contra la discriminación

Guerrero Maya propuso modificar el Artículo 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México para incorporar el concepto de diversidad corporal entre las categorías protegidas frente a la discriminación.

El proyecto busca que las diferencias físicas no se conviertan en motivo para restringir derechos ni justificar burlas, rechazo, exclusión, violencia o trato desigual. El planteamiento contempla características como peso, talla, estatura, complexión y forma del cuerpo.

La diputada sostuvo que las personas enfrentaban actos de discriminación cuando su apariencia corporal se convertía en un criterio para valorar su capacidad, disciplina, salud o aptitud para acceder a espacios laborales, educativos y sociales.

“No hay cuerpos que merezcan más respeto que otros”, señaló la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local durante la presentación de las iniciativas.

La legisladora advirtió que los prejuicios contra los cuerpos que se alejaban de ciertos estándares generaban exclusión en ámbitos que debían garantizar condiciones de igualdad. Entre ellos mencionó el trabajo, la educación, los servicios de salud y el libre desarrollo de la personalidad.

La reforma federal busca extender la protección a todo el país

Otra de las iniciativas propuso modificar el Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El objetivo fue incluir la diversidad corporal entre las categorías que no podían dar lugar a discriminación.

Con esa modificación, la legisladora buscó que cualquier persona pudiera exigir protección frente a humillaciones, rechazos o tratos desiguales relacionados con su peso, talla, complexión o forma física, sin importar la entidad donde viviera.

Guerrero Maya expuso que la discriminación corporal podía manifestarse durante procesos de contratación, en la convivencia escolar y en la atención médica. También podía aparecer en espacios públicos, redes sociales, familias y centros de trabajo.

La diputada puso como ejemplo los casos en que una persona no obtenía empleo por su peso o cuando se le atribuían falta de disciplina e incapacidad únicamente por la forma de su cuerpo.

También refirió las burlas contra estudiantes y las consultas médicas donde un padecimiento se vinculaba de forma automática con el peso, sin una valoración integral. Para la legisladora, esas conductas podían afectar la dignidad y el acceso efectivo a derechos.

“La gordofobia y el gordoodio se presentan cuando una persona no es contratada por su peso”, puntualizó Guerrero Maya. Añadió que estos actos ocurrían cuando alguien era ridiculizado en público o consideraba que debía modificar su cuerpo para recibir respeto.

El 6 de mayo será una fecha de concientización contra la gordofobia

La tercera iniciativa planteó declarar el 6 de mayo de cada año como el “Día de la Erradicación de la Gordofobia y el Gordoodio en la Ciudad de México”.

La fecha habría tenido como propósito impulsar acciones de sensibilización para prevenir prácticas discriminatorias relacionadas con los cuerpos. La propuesta buscó llevar la discusión a escuelas, centros de trabajo, servicios de salud, familias, redes sociales y otros espacios de convivencia.

“Queremos que esa fecha sea una herramienta permanente para educar, sensibilizar, cuestionar prejuicios y transformar prácticas”, afirmó la diputada del PT.

La iniciativa no planteó que todas las personas tuvieran las mismas características físicas. Propuso que las diferencias corporales no fueran usadas para establecer jerarquías ni reducir oportunidades de acceso a derechos.

Guerrero Maya sostuvo que la Ciudad de México debía mantener una postura contra los discursos que dividían entre cuerpos aceptables y cuerpos que, según esos prejuicios, debían ocultarse. Su planteamiento partió de que la diversidad corporal merecía reconocimiento constitucional y acciones públicas de concientización.

“Porque somos diferentes, la dignidad y los derechos son por igual”, expresó la legisladora antes de que la Mesa Directiva informara sobre el turno de las tres iniciativas a las comisiones correspondientes.

En muchas de las reuniones donde se discutía el futuro de los negocios, las mujeres éramos pocas. Con el tiempo aprendí a notar el momento en que una decisión se tomaba sin que nadie advirtiera quién faltaba en la sala. Hoy vuelvo a ver ese momento en otro escenario: el de la inteligencia artificial. La tecnología cambió; la ausencia, no.

Durante años pensamos en la desigualdad tecnológica como un problema de acceso: quién tenía computadora, quién tenía conexión. Esa discusión quedó atrás. La inteligencia artificial cabe hoy en cualquier teléfono y responde a cualquiera que le pregunte. Y, sin embargo, la desigualdad no desapareció: se mudó. Ya no está en la puerta de entrada a la tecnología, sino en la mesa donde se decide qué sistemas se compran, con qué datos se entrenan y a quién terminan beneficiando.

Conviene decirlo con claridad: la inteligencia artificial no es una herramienta más de productividad. Es una nueva infraestructura de poder económico. Interviene en quién accede a un crédito, qué currículum llega a una entrevista, qué proyecto consigue financiamiento y qué equipo multiplica su capacidad de trabajo. Son decisiones que parecen técnicas. Ninguna lo es del todo.

Los datos desarman un primer prejuicio. En Argentina, las mujeres usan la inteligencia artificial en su vida cotidiana más que los hombres: un 48,2% frente a un 43,1%, según un estudio de Fundar y la Universidad Torcuato Di Tella publicado en 2025. No falta interés ni capacidad. Lo que falta aparece después, cuando la tecnología entra en las organizaciones.

Ahí el panorama cambia. El informe Women in the Workplace 2025, de McKinsey y LeanIn.Org, muestra que solo el 21% de las mujeres en puestos iniciales recibe aliento de sus superiores para usar estas herramientas, frente al 33% de los hombres. La diferencia parece pequeña. No lo es. Quien hoy recibe tiempo, estímulo y permiso para equivocarse será quien mañana lidere los equipos que trabajen con estos sistemas. La brecha de oportunidades de hoy es la brecha de liderazgo de la próxima década.

Y cuanto más cerca se está de la cabecera de la mesa, menos mujeres hay. Según el Global Gender Gap Report 2026 del Foro Económico Mundial, las mujeres fueron apenas el 26% de las nuevas contrataciones en puestos de inteligencia artificial, frente a la mitad en el resto de los empleos, y ocupan solo el 13% de los cargos de alta dirección de IA en las empresas del sector.

Existe una idea muy instalada: que una máquina es más justa que una persona porque no tiene prejuicios. Es una idea cómoda, pero equivocada. Los sistemas de inteligencia artificial aprenden del pasado, y el pasado no fue neutral. Si durante décadas ciertos puestos, créditos o inversiones fueron mayoritariamente para hombres, un sistema entrenado con esa historia puede concluir que ese es el patrón correcto y repetirlo, ahora con eficiencia y sin que nadie lo haya decidido. Automatizar una decisión no la vuelve neutral. A veces solo la vuelve invisible, y lo invisible es mucho más difícil de discutir, de auditar y de corregir.

Por eso la pregunta clave no es qué hace el algoritmo, sino quién lo diseñó, con qué datos, quién lo compró y quién revisa sus resultados. Son preguntas de gobernanza, no de ingeniería. Y se responden siempre en una mesa: la del directorio, la del área de compras, la del organismo que regula. Mesas donde las mujeres seguimos siendo minoría.

Sería un error leer esta ausencia como una cuestión de cortesía o de cupos. Es, ante todo, un problema de calidad de las decisiones. Una organización que diseña o adopta tecnología desde una mirada homogénea decide con información incompleta: no ve a una parte de sus clientes, de su talento ni de su mercado. Ese costo no figura en ningún balance, pero existe.

Desde América Latina lo vemos con nitidez. Buena parte de la tecnología que hoy adoptan nuestras empresas y gobiernos fue diseñada en otros países, con datos de otras realidades. Si además las decisiones locales sobre cómo usarla se toman sin mujeres, la distancia se duplica: tecnología pensada lejos y aplicada sin una parte de quienes la van a usar. Las reglas todavía se están escribiendo, y la región tiene la oportunidad de hacerlo con voz propia.

La buena noticia es que no hace falta esperar una ley para empezar. Cualquier organización puede medir hoy quién accede de verdad a estas herramientas y quién no; proteger tiempo para experimentar, sobre todo para quienes reciben menos estímulo; sumar mujeres a los comités que eligen, compran y evalúan tecnología, y revisar qué aprueban y qué descartan sus sistemas automatizados. Nada de esto exige grandes presupuestos. Exige voluntad de mirar.

La inteligencia artificial va a amplificar lo que ya somos. Si amplifica una mesa diversa, multiplicará talento y oportunidades. Si amplifica una mesa homogénea, multiplicará las brechas de siempre, ahora con apariencia de objetividad. La próxima vez que una organización decida qué tecnología incorporar, vale la pena hacerse la pregunta que aprendí a hacer hace años: quién falta en la sala. La tecnología multiplica lo que hacemos; las decisiones siguen siendo humanas.

La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires reiteró que es inconstitucional el tope de 50 años de edad para postularse a cargos titulares en la docencia y advirtió que pese a sus numerosos fallos al respecto todavía no se debatió ni decidió sobre la derogación de ese artículo del Estatuto docente bonaerense.

Esta situación deriva en que cada vez que se genera este problema cada docente debe iniciar una causa judicial y una vez obtenido un fallo favorable, pagar su parte de los gastos del juicio.

Ante ello el máximo tribunal bonaerense exhortó “al Poder Ejecutivo y a la Legislatura provincial a que, dentro de un plazo razonable, propongan a debate y decidan sobre la revisión o derogación del artículo de la ley 10.579 declarado inconstitucional en este pronunciamiento”, según la sentencia a la que accedió Infobae.

La maestra paga los gastos

En el caso puntual se volvió a declarar inconstitucional la norma y se habilitó a una maestra de Lomas de Zamora a presentarse por la titularidad de un cargo a los 54 años. La docente ya tenía una medida cautelar dictada a su favor y ahora la Suprema Corte falló sobre el fondo de la cuestión.

El Gobierno bonaerense demandado se allanó a la pretensión de la maestra, como ya hizo en anteriores ocasiones pero pese a ello por mayoría la Suprema Corte dispuso que cada parte pague sus gastos de juicio.

En este aspecto el juez Sergio Torres votó en disidencia y entendió que las costas debían imponerse a la parte demandada porque “ha omitido adoptar, desde que el precepto legal fuera declarado inconstitucional, las medidas tendientes a remover el obstáculo legal que obligó” a la docente a ir a la Justicia.

Un límite “incompatible con la dignidad”

El máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires advirtió en la sentencia que pese al tiempo transcurrido desde que se declaró por primera vez la inconstitucionalidad de ese artículo de la Ley, un criterio que se reiteró en numerosas causas iguales, “hasta el momento ni el Poder Ejecutivo como tampoco la Legislatura han propiciado la modificación o derogación del precepto tantas veces fulminado”.

Por eso se exhortó a ambos poderes “a que, dentro de un plazo razonable, propongan a debate y decidan sobre la revisión o derogación del art. 57 inc. “e” de la ley 10.579, toda vez que contiene una limitación incompatible con la dignidad y la igualdad de trato que la Constitución garantiza”.

Edad e idoneidad

La docente explicó en la demanda que se le negó la inscripción en el listado oficial para el ingreso a la docencia porque tiene más de 50 años y pidió que se condene a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, a que se abstenga “de realizar cualquier medida que pudiera privarla de ser incluida, por razones de edad, en los listados oficiales de ingreso a la docencia para el año 2026 y siguientes, en todos los cargos que su título habilite en la jurisdicción antes mencionada”

En la presentación judicial explicó que es maestra de grado en una escuela primaria de Lomas de Zamora desde 2011 y que cuando intentó inscribirse en el listado oficial del ciclo lectivo 2026, se le negó dicha posibilidad por ser mayor de 50 años.

Ese límite “lesiona derechos y garantías reconocidos en las constituciones nacional y provincial, tales como el principio de razonabilidad, el derecho a no ser discriminada, a trabajar y a enseñar”, argumentó.

La Suprema Corte volvió a advertir que la norma propicia una “desigualdad de trato” y “no guarda adecuada proporción con la necesidad de asegurar los fines que la educación pública persigue, pues la edad no revela por sí sola la falta de idoneidad para acceder al ejercicio de la docencia en los niveles referidos, ni autoriza a presumir que resultará un obstáculo para la consecución de aquellos fines”.

“La desigualdad proviene de la norma que, en forma arbitraria, fijó una línea que divide a quienes tienen más o menos de cincuenta años”, concluyó la sentencia firmada por la Suprema Corte integrada por la jueza Hilda Kogan y los jueces Sergio Torres, Eduardo Kohan (presidente del Tribunal de Casación Penal) y Daniel Soria.

Este lunes 5 de octubre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) restituyó a una bebé recién nacida a sus padres, luego de mantenerla retenida por más de cinco días en el Hospital Pediátrico Peralvillo. La separación ocurrió porque Laura Ramírez, madre de la menor y mujer triqui originaria de Oaxaca, no contaba con una constancia oficial de alumbramiento tras haber dado a luz en su domicilio; una situación que la familia denunció como un acto de discriminación y retención arbitraria.

El origen del caso se remonta al pasado 24 de septiembre. De acuerdo con el Portal de Insurgencia Magisterial, el parto de Laura se aceleró y tuvo a su hija en casa al no lograr llegar a tiempo a un hospital.

Tras unos días de recuperación, la madre acudió a su centro de salud local para aplicar las vacunas correspondientes a la recién nacida, desde donde fue remitida al Hospital Peralvillo para una revisión médica de rutina.

Sin embargo, al llegar a la institución médica, el personal le impidió salir con su bebé bajo el argumento de carecer de la “hoja de alumbramiento”, documento que lógicamente no poseía por haber tenido un parto domiciliario. Las autoridades de salud notificaron a la Fiscalía capitalina y a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF CDMX.

Bajo la premisa de resguardar a la menor, la Fiscalía determinó retener a la bebé en el hospital e inició una investigación para comprobar la filiación materna, obligando a los padres a someterse a pruebas genéticas el 30 de septiembre.

Durante ese tiempo, Laura expresó gran angustia, pues desconocía si su hija estaba recibiendo la atención y vacunas necesarias. Aunque el sábado 3 de octubre el área de Trabajo Social y la institución médica confirmaron que la niña se encontraba en óptimas condiciones de salud, se le negó el alta clínica por la falta del trámite burocrático.

Al intentar solucionar el problema directamente en la Fiscalía, las autoridades les indicaron a los padres que la carpeta de investigación y el proceso demorarían más de diez días.

Ante esta barrera institucional, el Movimiento de Artesanos Indígenas Zapatistas organizó una manifestación a las afueras de la FGJCDMX para visibilizar el caso y exigir un alto a la criminalización de la familia triqui. La presión social surtió efecto y aceleró la entrega de la menor este lunes. De acuerdo con Desinformémonos, Laura Ramírez agradeció profundamente al movimiento y a la comunidad, cuyo respaldo fue fundamental para obligar a las autoridades a devolverle a su hija.

Quienes crecimos viendo la saga de Terminator aprendimos a desconfiar un poco de las máquinas.

En la película, Skynet era un sistema de inteligencia artificial creado para ayudar a los humanos a tomar mejores decisiones. Hasta que ocurrió un pequeño inconveniente: comenzó a tomarlas por su cuenta. Afortunadamente, estamos en 2026 y ningún ejército de robots parece estar persiguiendo a la humanidad por las calles.

Pero quizá la primera gran discusión sobre el poder de la inteligencia artificial no ocurra entre máquinas y seres humanos en un campo de batalla. Quizá ocurra en un lugar bastante menos cinematográfico: el departamento de Recursos Humanos de una empresa.

Porque la inteligencia artificial ya llegó al centro de trabajo. Y no solamente para redactar correos, resumir documentos o preparar presentaciones.

Cada vez existen más herramientas capaces de filtrar currículums, analizar candidatos, medir productividad, evaluar desempeño, identificar patrones de comportamiento e incluso recomendar quién debería ser promovido o qué posiciones podrían ser prescindibles.

La pregunta, entonces, ya no es si las empresas utilizarán inteligencia artificial para gestionar personas. Eso ya lo están haciendo. La verdadera discusión es otra: ¿Hasta dónde podemos permitir que un algoritmo participe en decisiones que afectan la vida laboral de una persona?

Imaginemos algunos ejemplos:

• Una empresa recibe 2,000 postulaciones para cubrir 20 puestos y utiliza inteligencia artificial para seleccionar automáticamente los 100 perfiles que considera más adecuados.
• Otra implementa un sistema que analiza productividad, cumplimiento de objetivos, ausentismo y desempeño para elaborar un ranking mensual de trabajadores.
• Una tercera utiliza algoritmos para identificar qué colaboradores presentan mayor probabilidad de renunciar durante los próximos seis meses.
• Y una cuarta plantea una pregunta aparentemente sencilla a una herramienta de inteligencia artificial: “¿Qué puestos debería eliminar para reducir en 15% mis costos laborales?”

Todos estos usos pueden generar enormes eficiencias, pero también pueden generar enormes problemas dado que una decisión que antes adoptaba exclusivamente una persona puede comenzar a estar condicionada —o incluso determinada— por un algoritmo y ahí comienza una discusión que el derecho del trabajo peruano recién empieza a enfrentar.

El algoritmo también puede discriminar

Existe una idea bastante extendida según la cual una decisión automatizada necesariamente será más objetiva que una decisión humana, pero no siempre es así.

La inteligencia artificial aprende y produce resultados a partir de información, parámetros y datos que pueden contener sesgos. Por ello, un sistema aparentemente neutral podría terminar perjudicando sistemáticamente a determinados grupos de personas.

Supongamos que una empresa utiliza la información de sus mejores ejecutivos de los últimos diez años para que un algoritmo identifique el perfil ideal de sus futuros gerentes.

Si históricamente esos cargos fueron ocupados mayoritariamente por hombres de determinado rango de edad, el sistema podría aprender que esas características están asociadas al éxito y reproducir indirectamente ese patrón al evaluar nuevos candidatos.

No necesita existir una instrucción que diga “prefiere hombres”, “prefiere de tal rango de edad”. El sesgo puede encontrarse en los propios datos utilizados para entrenar o alimentar el sistema. Y aquí aparece una cuestión jurídica fundamental: el problema no desaparece porque la discriminación haya sido producida por una máquina.

Para el candidato o trabajador que fue excluido de un proceso de selección, promoción o capacitación, poco importa si la decisión discriminatoria fue tomada directamente por un gerente o generada por un algoritmo utilizado por la empresa. La tecnología puede automatizar una decisión. Lo que no puede automatizar es la responsabilidad.

¿Puede la IA evaluar a un trabajador?

Las empresas tienen facultades para organizar el trabajo, supervisar el cumplimiento de las obligaciones laborales y evaluar el desempeño de sus trabajadores. La inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta extraordinariamente potente para ejercer esas facultades. Pero existen límites.

Un sistema podría analizar tiempos de atención, ventas, producción, cumplimiento de objetivos o indicadores de calidad.

El problema aparece cuando la tecnología comienza a construir perfiles mucho más invasivos: analizar permanentemente comunicaciones, patrones de conexión, desplazamientos, expresiones faciales, tonos de voz o determinados comportamientos para intentar inferir productividad, compromiso, estrés o incluso la intención de abandonar la compañía. En ese momento, el debate deja de ser únicamente laboral ya que entramos al terreno de la privacidad, la protección de datos personales y los derechos fundamentales.

El empleador puede fiscalizar la prestación de servicios. Pero esa facultad no significa que pueda convertir al trabajador en una fuente ilimitada de datos. La supervisión debe responder a una finalidad legítima, resultar razonable, ser proporcional y respetar los derechos fundamentales de las personas.

“La IA recomendó despedirlo”

¿Qué ocurriría si un sistema analiza productividad, evaluaciones, ausencias, costos salariales y desempeño de toda una organización y recomienda qué trabajadores deberían salir? La empresa podría utilizar esa información como un elemento adicional para tomar una decisión. Lo peligroso sería transformar la recomendación algorítmica en una decisión automática.

Imaginemos la conversación:

—¿Por qué estoy siendo despedido?

—Porque el sistema determinó que eras prescindible.

Puede sonar exagerado. Pero tecnológicamente estamos cada vez más cerca de que una situación semejante sea perfectamente posible y jurídicamente, la respuesta resulta insuficiente.

En materia laboral, las decisiones empresariales relevantes necesitan razones objetivas que puedan ser identificadas, explicadas y, cuando corresponda, acreditadas. Si un trabajador pregunta por qué fue considerado de bajo desempeño, excluido de una promoción o incluido en un proceso de desvinculación, difícilmente debería resultar suficiente responder: “Porque lo determinó el algoritmo”.

La responsabilidad por una decisión laboral —y por el procedimiento mediante el cual se adopta— continúa perteneciendo a quien finalmente la toma y genere (o puede generar) diversas implicancias legales.

Perú ya tiene ciertas reglas sobre inteligencia artificial

Perú cuenta con la Ley No. 31814 y, desde septiembre de 2025, con su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo No. 115-2025-PCM.

El marco legal peruano adopta un enfoque basado en riesgos y coloca entre sus ejes el respeto de los derechos fundamentales, la transparencia, la privacidad y la supervisión humana. Esto tiene especial relevancia para las relaciones laborales dado que la normativa reconoce que determinados sistemas de inteligencia artificial pueden generar riesgos importantes y establece obligaciones destinadas a promover un uso seguro, ético y responsable de estas tecnologías.

Por tanto, las áreas de Recursos Humanos ya no deberían evaluar una herramienta de IA preguntándose únicamente: “¿Cuánto tiempo o dinero nos permitirá ahorrar?”, sino que también deberían preguntarse: ¿Qué datos utiliza?, ¿Cómo genera sus resultados?, ¿Qué sesgos podría contener?, ¿Podemos explicar por qué llegó a determinada conclusión?, ¿Quién supervisa sus recomendaciones?, ¿Puede una persona revisar o cuestionar el resultado?, ¿Y qué consecuencias puede producir sobre los derechos de los trabajadores?

Recursos Humanos necesitará una nueva forma de compliance que permita garantiza el uso de IA en concordancia y armonía con el respeto de los derechos de las personas.

Una compañía que utilice IA en Recursos Humanos debería saber exactamente dónde la está utilizando: reclutamiento, entrevistas, evaluaciones, productividad, promociones, compensaciones, medidas disciplinarias o desvinculaciones.

También debería establecer qué decisiones pueden ser automatizadas, cuáles pueden ser simplemente asistidas por algoritmos y cuáles necesariamente requieren intervención humana. Pero creemos que existe una pregunta todavía más básica que muchas organizaciones probablemente no se han formulado: ¿Qué información de la empresa y de sus trabajadores están ingresando sus propios empleados en herramientas públicas de inteligencia artificial?

• Currículums.
• Evaluaciones de desempeño.
• Remuneraciones.
• Investigaciones internas.
• Información médica.
• Sanciones disciplinarias.
• Estrategias de desvinculación.
• Información confidencial de la compañía.

Todo ello podría terminar siendo procesado en plataformas externas si la organización no establece reglas claras sobre el uso de estas herramientas. Por eso, las empresas necesitarán desarrollar algo que hasta hace muy poco prácticamente no existía, y ello es una verdadera gobernanza laboral de la inteligencia artificial.

No necesitamos crear nuestro propio Skynet

Prohibir o dificultar excesivamente el uso de inteligencia artificial podría significar renunciar a herramientas capaces de mejorar enormemente la productividad y competitividad de las empresas. Pero aceptar que un algoritmo pueda contratar, calificar, promover, sancionar o recomendar el despido de una persona sin transparencia ni supervisión humana sería igualmente problemático.

La solución probablemente no esté en escoger entre humanos o máquinas, sino que estará en definir correctamente qué decisiones pueden ser automatizadas, cuáles pueden ser asistidas por inteligencia artificial y cuáles, debido a su impacto sobre las personas, deben permanecer bajo control humano.

La IA puede procesar miles de currículums en segundos, puede detectar patrones que ningún gerente advertiría, puede analizar cantidades extraordinarias de información y, probablemente, podrá hacer mañana muchas cosas que hoy no imaginamos o que consideramos imposibles. Pero hay una diferencia enorme entre ayudar a una persona a decidir y decidir sobre una persona.

En Terminator, el problema comenzó cuando los seres humanos entregaron demasiado poder de decisión a Skynet. No parece probable que Recursos Humanos vaya a desencadenar el apocalipsis de las máquinas.

Pero, por si acaso, podríamos empezar por una regla bastante sencilla: si detrás de un dato existe una persona cuyo empleo, carrera profesional o sustento familiar puede verse afectado, la última palabra debería seguir perteneciendo a un ser humano.

Después de todo, si algo nos enseñó Terminator es que entregarles a las máquinas la última palabra nunca terminó demasiado bien.

La participante vinculó ese malestar a una frase de Ninel Conde que escuchó una semana antes.

El episodio ocurrió en Top Chef VIP, el reality culinario de Telemundo en el que celebridades compiten bajo la presión de pruebas de cocina, mientras atraviesan algunos dramas por las estrategias de sus compañeros para desestabilizarlos.

“Ninel, cállate. Te la pasas hablando una cantidad de estupideces para decir que no haces nada”, fue la reacción de Guajira cuando Ninel Conde le dijo que no entendía su idioma a pesar de que las dos hablan perfecto español.

El enfrentamiento tuvo lugar durante una dinámica de trabajo en equipo en la que la coordinación entre las participantes falló y debió ser interrumpido por el chef Toño, figura de autoridad del programa, para que la competencia pudiera continuar.

Conde le dijo: “Deja de meter testosterona, porque te comportas como hombre”. La frase abrió una discusión sobre la apariencia física de Guajira.

La participante respondió que nunca había recibido ese tipo de comentario. “¿De verdad sí parezco un hombre?”, preguntó durante la conversación.

Ríos sostuvo que el entrenamiento forma parte de una disciplina que practicó durante toda su vida y cuestionó que otras personas opinen sobre su físico. La situación la llevó a plantearse la salida del juego.

Los cuestionamientos sobre el cuerpo y el entrenamiento

Ríos explicó que la situación le provocó un impacto personal. “Es una cosa que ya no me deja dormir, no estoy comiendo, cada vez pierdo más peso”, afirmó.

Cuando otra voz le señaló que no parecía un hombre, Guajira insistió en su preocupación y defendió el trabajo que realizó sobre su cuerpo a través del entrenamiento.

“¿Quién se cree con derecho a opinar sobre el cuerpo no solamente mío, sino del cuerpo de las personas en general?”, dijo Ríos, mientras se plantea la idea de abandonar la competencia de cocina.

La colombiana, abogada, atleta e influencer nacida en Dibulla, La Guajira, llegó al programa sin formación culinaria formal. Antes del estreno, aseguró que cocinar era una manera de expresar afecto hacia las personas cercanas y que asumía el reto como una oportunidad para mostrar su personalidad en un entorno competitivo.

La polémica por la nacionalidad de los jueces

Durante las primeras semanas, Guajira ya había figurado en una dinámica que involucró a varios participantes tras el robo de ingredientes. Pero el momento de mayor tensión ocurrió cuando expresó su malestar frente a la presencia predominante de jueces mexicanos.

La participante preguntó si el programa contemplaba convocar chefs colombianos, españoles o puertorriqueños para evaluar preparaciones de sus respectivos países. Luego resumió su reclamo con una frase directa: “¿O solo México?”.

La conductora Carmen Villalobos reconoció que los concursantes podían sentir frustración ante esa percepción. Aun así, defendió el formato y señaló que el certamen incluye distintos tipos de cocina a través de sus desafíos.

Las cámaras mostraron además la incomodidad de los jueces ante las declaraciones de Ríos. Otra concursante, cuya identidad no fue revelada, se sumó al descontento y sostuvo que varios participantes sentían que nunca obtenían triunfos dentro del programa.

El episodio se produjo después de que el actor Roberto Romano cuestionara las decisiones del jurado tras una prueba de inmunidad que ganó Lupillo Rivera. Guajira también ha sido blanco de críticas de otros concursantes y de usuarios de redes sociales, donde algunos la llamaron “hipócrita”.

La exdesafiante no se ha quedado callada frente a los retos que ha tenido que asumir en esta nueva etapa que enfrenta en los realities.

La publicación de la obra colectiva “Discriminación, Antisemitismo y Derecho: respuestas judiciales frente al odio”, dirigida por Mariana Kohan, Laura Kvitko y Flora Acselrad – donde nosotros al desbrozar el capítulo “los libros del horror” establecimos comunes denominadores entre el “ Malleus Malleficarum” y “Mi lucha” - instala sobre la superficie una de los temas de la hora: la defensa de la dignidad humana frente a las diversas formas de discriminación.

El texto aborda el fenómeno del antisemitismo; como hemos dicho en innumerables espacios, éste no ha sido una creación del nacionalsocialismo: por el contrario, se ha verificado en grandes segmentos de nuestra historia. El flamante texto, aporta herramientas multifacéticas para comprender un problema que no pertenece únicamente al pasado sino que proyecta su bruma oscura hacia el futuro.

En este contexto, vuelve a adquirir latitud algunas de las reflexiones que desarrolláramos, en este mismo medio, en la columna “Como el rey Leónidas, debemos combatir el antisemitismo”.

La evocación del legendario rey espartano, en la batalla de Termópilas – donde el monarca griego resistiera el embate de las fuerzas ampliamente superiores al mando del rey Jerques de Persia - no debe entenderse como una apelación a la confrontación, sino como una metáfora de la firmeza necesaria para defender principios esenciales cuando estos son colocados bajo el candelero de la luz fatua de la amenaza.

Leónidas representa, en esta lectura, la decisión de no permanecer indiferente. Su figura permite pensar que existen momentos en los cuales la indiferencia deja de ser una posición verdaderamente neutral. La defensa de la igualdad, de la dignidad y del pluralismo exige una respuesta institucional y ciudadana contundente.

Pero ¿cómo se construye aquello contra lo cual debemos resistir? En Defender la sociedad, particularmente en las clases de 1976, Foucault desarrolla su análisis sobre la genealogía del racismo y la transformación de las relaciones de poder. Su enfoque no se limita a despuntar qué es el racismo, sino en investigar cómo determinados discursos históricos comienzan a penetrar en parte de la población, dividirla y establecer diferencias consideradas políticamente relevantes.

La genealogía disecada por el sociólogo francés obliga, por lo tanto, a formular una pregunta preliminar: ¿cómo se construye socialmente al “otro”?

El problema no tiene su raíz en una ley discriminatoria o con un acto de violencia. Puede tener su simiente con antelación, el que se verifica cuando se producen discursos que germinan en un valladar infranqueable entre un “nosotros” y un “ellos”; cuando determinadas diferencias son presentadas como naturales; cuando una característica religiosa, cultural, étnica o nacional comienza a utilizarse para definir a una persona antes incluso de conocerla.

El racismo, en el prisma de Foucault, introduce una división dentro de la población. Separa, segrega, clasifica y establece una frontera entre quienes deben ser protegidos y quienes pueden ser considerados peligrosos, inferiores o indeseables.

Esta perspectiva permite comprender que el antisemitismo no debe analizarse únicamente a partir de sus manifestaciones más extremas. También debe estudiarse el proceso mediante el cual una sociedad produce representaciones del judío como el “otro”, como el extraño, como el enemigo, como amenaza o como objeto de aniquilación.

Desde esa banda, la lectura y relectura del libro de Julio Meinvielle “ El judío en el misterio de la historia “ nos lleva a preguntarnos como un texto - que se inspira en muchos de sus tramos en las sagradas escrituras- coloca a un pueblo como el causante de la mayoría de los males que asolaron a la humanidad.

Similar desatino se observa en la obra de Karl Binding y Alfred Hoche “ Licencia para la aniquilación de la vida sin valor vida” donde los autores reivindican el exterminio masivo de aquellas individuos previamente seleccionados, estigmatizados y descartables que no merecían vivir; luego de una construcción darwiniana, inferían la ausencia de cualquier tipo de castigo en oportunidad de dar muerte de manera masiva a los alcanzados por malformaciones congénitas, débiles mentales y otros desdichados.

Estas reflexiones pueden ser hilvanadas con los desarrollos de Hannah Arendt. En “Los orígenes del totalitarismo” analiza la evolución histórica del antisemitismo y su relación con las formas políticas que terminaron desembocando en el totalitarismo. Foucault, desde otra perspectiva, permite observar los mecanismos mediante los cuales el poder clasifica, separa y administra poblaciones.

Arendt pregunta cómo fue posible llegar a determinadas formas de dominación política. Foucault se interroga respecto de cómo se construyeron los saberes, las categorías y las prácticas que hicieron posible determinadas formas de poder.

No son preguntas idénticas, pero pueden complementarse: Arendt nos advierte sobre el resultado político de la exclusión. Foucault permite mirar el proceso mediante el cual la exclusión se construye.

Y allí aparece una enseñanza fundamental para el derecho: antes de sancionar la discriminación, es necesario comprender cómo se fabrica el discurso que la hace posible.

El antisemitismo constituye un ejemplo histórico particularmente grave de ese proceso. El peligro aparece cuando una comunidad deja de percibir individuos concretos y comienza a ornamentar una categoría homogénea.

Ese mecanismo destruye la individualidad. Arendt mostró hasta qué punto la transformación de las personas concretas en categorías abstractas podía preparar el terreno para formas extremas de dominación. Foucault, por su parte, permite comprender el papel de los discursos de saber y de las clasificaciones sociales en la producción de esas diferencias.

Las redes sociales han creado un escenario global: allí millones de mensajes circulan simultáneamente y no todos poseen el mismo vínculo con los hechos. La repetición puede otorgar apariencia de verdad. Una mentira reiterada miles de veces puede adquirir una existencia social independiente de su falsedad originaria.

En “ La expulsión de lo distinto “ Byung Chul Han apunta que la sociedad actual tiende a eliminar la alteridad, la diferencia, reemplazándola por la homogeneidad y la repetición de “ lo igual” siendo las redes sociales el espacio propicio donde, cuando aparece una aparente diversidad, en realidad se apunta a una profunda uniformidad.

Por eso, la lucha contra el antisemitismo, también es una lucha por la calidad del discurso público. No alcanza con prohibir determinadas conductas. Es necesario desarrollar ciudadanos capaces de distinguir entre hechos y ficciones, entre argumentos y prejuicios, entre mirada diversa y discriminación.

La genealogía foucaultiana introduce además una cuestión particularmente importante: el racismo moderno puede convertirse en una tecnología de poder. En la lógica del poder sobre las poblaciones que Foucault analiza, el racismo permite establecer una separación entre aquellos cuya vida debe ser protegida y aquellos cuya exclusión puede ser tolerada o incluso presentada como necesaria.

Su famosa formulación sobre la relación entre la muerte de otros y el fortalecimiento de la propia población apunta precisamente a ese mecanismo. La cuestión resulta fundamental para comprender por qué el racismo no debe reducirse a una simple opinión individual. Puede convertirse en una estructura de poder cuando las clasificaciones y jerarquías son incorporadas a instituciones, prácticas y discursos.

Es más, al menos en ese tramo, es necesario regresar, como dice Slokar, a otras obras de Foucault. En efecto, tanto en el primer tomo de su Historia de la sexualidad, en el seminario publicado como “La sociedad punitiva” y la ya célebre “ Vigilar y castigar “ a través de la categoría de la biopolítica relató la transición del “ anciane regime “ hacia lo que llamó “la sociedad disciplinaria” como el paso de hacer morir al dejar morir, trayendo a colación una de las inopias mas deletérea que ha denotado la evolución de la sociedad: la lucha por la vanguardia étnica .

El derecho aparece entonces como una herramienta de resistencia. Si el poder puede clasificar, excluir y producir desigualdades, el derecho constitucional y los derechos humanos pueden establecer algunos límites a esas prácticas y afirmar un principio contrario: ninguna persona puede ser reducida a una categoría que determine su valor humano.

Y es aquí donde volvemos regresar a la apelación de la actividad del rey espartano y sus trescientos afamados guerreros. Leónidas puede representar la resistencia frente a la amenaza visible. Arendt advierte sobre la indiferencia que puede acompañar los procesos de exclusión.

Foucault nos enseña a mirar la genealogía de esos procesos: quién delinea, cómo se clasifica, qué saberes legitiman la clasificación y qué relaciones de poder se encuentran detrás de ella. El gran desafío contemporáneo consiste entonces en evitar dos extremos. Por un lado, desterrar el antisemitismo como si fuera simplemente una opinión negativa. Por el otro, responder a cualquier expresión controvertida suprimiendo indebidamente la libertad de expresión.

La democracia exige recorrer un camino más difícil: distinguir, argumentar y aplicar el derecho con precisión. La libertad de expresión es esencial precisamente porque permite la circulación de ideas. Pero la igualdad y la dignidad humana también forman parte del núcleo de derechos que el Estado constitucional debe proteger.

Por eso, el combate contra el antisemitismo, no puede reducirse a una cuestión de sanciones. Es también una batalla cultural, educativa, institucional y jurídica. El verdadero aporte de una obra como Discriminación, Antisemitismo y Derecho permite mirar simultáneamente el pasado, el presente y evitar que, en el futuro, Auchwittz, se repita.

La enseñanza común podría resumirse de este modo: el antisemitismo no comienza necesariamente con la violencia; puede comenzar con una palabra, una clasificación, un estereotipo o una indiferencia.

Por eso combatirlo significa también soterrar su genealogía. Significa impedir que el prejuicio se convierta en clasificación, que la clasificación se transforme en exclusión y que la exclusión termine convirtiéndose en persecución.

Las Termópilas de nuestro tiempo no son un campo de batalla. Son los tribunales, las escuelas, las universidades, los medios de comunicación, las redes sociales y todos aquellos espacios donde se construyen diariamente las representaciones que tenemos de los otros.

Allí es donde debe levantarse hoy la figura del rey Leónidas. No para combatir personas, sino para defender principios. No para imponer una verdad por la fuerza, sino para impedir que el prejuicio se convierta en verdad oficial. No para limitar el pensamiento, sino para defender la posibilidad misma de pensar.

En definitiva, como enseñan Arendt y Foucault desde perspectivas diversas, la defensa de la libertad comienza mucho antes de que aparezca la violencia: comienza cuando una sociedad se niega a aceptar como natural aquello que históricamente fue construido para excluir.

En una ciudad donde persisten las desigualdades por género, raza, orientación sexual, discapacidad, clase social y otras condiciones, la gordofobia continúa operando como una forma estructural de discriminación que suele pasar inadvertida o minimizarse.

No se expresa únicamente en insultos o burlas: también condiciona el acceso al empleo, la atención médica, el transporte, los espacios recreativos, la cultura y la participación cotidiana de las personas con obesidad o sobrepeso.

Los hallazgos de la Segunda Jornada de Conversaciones Gordas. Experiencias, diversidad y política, organizada por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), muestran que el tamaño corporal sigue utilizándose como criterio para excluir, estigmatizar o restringir derechos.

Aunque la percepción de discriminación hacia las personas gordas mostró un descenso en las distintas ediciones de la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México (EDIS), al pasar de 86.3% a 72.3%, esta población se ubicó entre los lugares 13 y 16 de los 41 grupos identificados como más discriminados.

Además, 7.6% de los testimonios registrados en la EDIS 2021 refirió discriminación por motivos de “sobrepeso”.

Para la Copred, estas cifras reflejan la persistencia de un valor social asignado a la imagen corporal y de tratos desiguales contra la diversidad de cuerpos.

Entre 2014 y el 30 de junio de 2026, el Consejo registró 15 expedientes de queja vinculados con discriminación por apariencia física o gordofobia. Los derechos afectados incluyeron el trabajo, la igualdad y no discriminación, así como la recreación.

La mayor concentración de casos ocurrió en el ámbito laboral: personas que no fueron contratadas por su apariencia, que fueron removidas de sus puestos o asignadas a tareas consideradas “aptas para cargar cosas pesadas” o para “no dar mala imagen al establecimiento”.

El cuerpo como filtro para conseguir y conservar un empleo

La discriminación laboral por gordura no se limita al momento de la contratación. De acuerdo con los testimonios recopilados durante la Jornada, también aparece en las posibilidades de ascenso, en el acceso a capacitaciones, en la distribución de tareas, en el trato cotidiano y en las condiciones materiales de los centros de trabajo.

En los cuestionarios aplicados durante el panel sobre derecho al trabajo se documentaron 19 relatos de experiencias de discriminación. Ocho correspondieron a exclusión durante procesos de contratación, frecuentemente después de entrevistas presenciales y bajo argumentos como “no cubrir el perfil”, “buena presentación” o una imagen más “apegada a la marca”.

En dos casos, el sobrepeso fue expresado abiertamente como motivo para no contratar a la persona aspirante.

Otras ocho experiencias se relacionaron con el condicionamiento del empleo o la negativa de desarrollo profesional.

Los testimonios registraron exigencias de bajar de peso para conservar determinadas funciones, restricciones para acceder a puestos de mayor responsabilidad y asignaciones de tareas físicas basadas en estereotipos sobre los cuerpos gordos.

También se documentaron casos en los que la apariencia fue considerada un obstáculo para ocupar puestos directivos o de representación institucional.

Uno de los estudios retomados en la Jornada fue la tesis de Eva González, publicada en 2018, sobre discriminación por obesidad en México.

La investigación utilizó currículos ficticios con fotografías modificadas digitalmente y encontró que, mientras no había diferencias significativas en las respuestas obtenidas por hombres con normopeso y hombres con sobrepeso, las mujeres con sobrepeso enfrentaban un sesgo mayor: tuvieron que enviar 36% más solicitudes para recibir el mismo número de respuestas que las mujeres con normopeso.

El impacto no es sólo simbólico. La exclusión de oportunidades laborales afecta la autonomía económica, la estabilidad y el acceso a otros derechos.

Las personas participantes de la Jornada señalaron consecuencias como estrés, depresión, sentimientos de vergüenza e invalidación, abandono de trayectorias profesionales y una carga adicional para demostrar que pueden ocupar espacios que, desde el inicio, las colocan bajo sospecha.

Las propuestas recogidas en el informe apuntan a fortalecer las normas y políticas contra la discriminación por gordura, revisar los procesos de reclutamiento y selección, y valorar capacidades, experiencia, conocimientos y aptitudes antes que talla o peso.

Asimismo, plantean la necesidad de adecuar mobiliario, uniformes e infraestructura laboral a la diversidad corporal.

Espacios que expulsan: de la butaca al transporte público

Los testimonios sistematizados por Copred muestran que la gordofobia también adquiere una dimensión material. En la Ciudad de México, el acceso a espacios públicos y privados está condicionado por diseños urbanos, mobiliario, equipos y servicios que responden a una idea homogénea del cuerpo.

Esta exclusión se manifiesta en asientos estrechos, pasillos reducidos, baños inaccesibles, transporte público insuficiente, juegos mecánicos con límites de peso y falta de equipo médico adecuado.

Durante la Jornada se recibieron 23 relatos sobre restricciones en el uso de espacios. Doce de ellos se relacionaron con barreras de accesibilidad física, como butacas, sillas, camillas, mesas de exploración, transportes, instalaciones sanitarias y equipos diseñados sin considerar corporalidades diversas.

Diez experiencias reportaron la negación de acceso o permanencia en espacios y servicios, entre ellos establecimientos de entretenimiento, juegos mecánicos y actividades recreativas.

El transporte público terrestre y aéreo fue señalado como uno de los principales escenarios de discriminación.

Las personas participantes mencionaron dificultades para ocupar asientos, circular por pasillos o pedir extensiones de cinturón de seguridad sin recibir gestos de rechazo o comentarios despectivos. También se registraron testimonios sobre cobros dobles en transporte del Estado de México o negativas de ascenso a unidades por el tamaño corporal.

Estas experiencias no sólo generan incomodidad. El informe identifica afectaciones emocionales, restricciones a la vida social, limitaciones a la movilidad y la autonomía, costos adicionales y obstáculos para ejercer el derecho a la ciudad.

Algunas personas dijeron evitar parques, aviones, centros nocturnos, teatros o espacios recreativos ante la anticipación de un trato hostil o la falta de condiciones para permanecer con seguridad y comodidad.

Las personas participantes propusieron incorporar el Diseño Universal desde el inicio de los proyectos arquitectónicos, urbanos y de productos, en lugar de asumir que las adecuaciones son excepciones posteriores.

La demanda no se limita a ampliar dimensiones: plantea transformar la manera en que se conciben los espacios, de modo que la diversidad corporal sea un criterio de diseño y no una anomalía que debe adaptarse.

Atención médica atravesada por prejuicios

El informe también identifica al sistema de salud como uno de los ámbitos en los que la gordofobia tiene consecuencias más directas. En los cuestionarios del panel sobre salud se registraron 27 relatos de derecho negado, limitado o condicionado por ser una persona con sobrepeso.

Las experiencias incluyeron recomendaciones de bajar de peso sin atender el motivo específico de consulta, diagnósticos incorrectos o tardíos, comentarios denigrantes, condicionamiento de tratamientos y falta de infraestructura adecuada.

La categoría más frecuente fue la priorización de la pérdida de peso, presente en 12 testimonios. Personas participantes relataron haber recibido dietas restrictivas, medicamentos o canalizaciones a nutrición aun cuando acudían por padecimientos no relacionados con el peso.

Nueve relatos señalaron diagnósticos y tratamientos incorrectos derivados de asociar automáticamente la gordura con enfermedades como diabetes o hipertensión sin realizar análisis suficientes.

También se documentaron cuatro casos de condicionamiento o negación de tratamientos hasta que la persona perdiera peso. En uno de los testimonios, una persona con insuficiencia pulmonar esperaba desde hacía cinco años un cateterismo mientras era canalizada a servicios de nutrición y recibía medicamentos para adelgazar.

Otro relato señaló que en tres hospitales públicos se negó la realización de estudios tras un accidente automovilístico porque los aparatos de rayos X no podían abarcar un peso mayor a 100 kilos.

Las personas asistentes definieron el derecho a la salud como acceso a atención integral, libre de discriminación y con trato digno. Entre las propuestas se encuentran la capacitación permanente del personal sanitario en gordofobia, gordoodio y diversidad corporal; protocolos de atención construidos con participación de personas con obesidad; infraestructura y equipos adecuados; y políticas públicas que no reduzcan el bienestar a la pérdida de peso.

El planteamiento central de las discusiones es que la gordura no debe convertirse en una explicación automática de cualquier malestar ni en una justificación para postergar, condicionar o negar la atención.

La experiencia documentada señala que el estigma puede generar miedo, enojo y desconfianza hacia los servicios médicos, hasta derivar en la evitación o abandono de consultas.

Representación, cultura y derecho a existir sin castigo

La exclusión también está presente en las artes, los medios y la representación cultural. Los testimonios recogidos durante la Jornada describen cómo las personas gordas suelen ser relegadas a personajes cómicos, malvados o vinculados con la comida, mientras que sus capacidades escénicas, técnicas o creativas son puestas en duda. En espacios de formación artística, algunas personas refirieron mensajes directos o indirectos sobre la necesidad de adelgazar para poder participar.

De 18 testimonios analizados sobre discriminación en las artes, 13 correspondieron a exclusión de espacios laborales, formativos o recreativos, así como a autoexclusión ante la expectativa de rechazo. Nueve se relacionaron con la reproducción de estereotipos, y cuatro con ridiculización mediante burlas, comentarios o asignación de personajes estigmatizantes.

Las propuestas se orientan a normalizar la presencia de corporalidades gordas en todas las disciplinas artísticas, no como una inclusión excepcional o limitada a categorías diferenciadas, sino como creadoras, intérpretes, protagonistas y referentes con posibilidades diversas de representación.

También demandan condiciones materiales, presupuestos, espacios seguros, formación y difusión para las producciones artísticas realizadas por personas obesas.

El informe concluye que la gordofobia y el gordoodio son fenómenos estructurales: no se reducen a actos individuales, sino que se reproducen en decisiones institucionales, prejuicios laborales, infraestructura, servicios, normas sociales y representaciones culturales.

Estas prácticas se entrecruzan con el racismo, el clasismo, el capacitismo, el sexismo, la heteronorma y el edadismo, profundizando las desigualdades para quienes habitan más de una condición históricamente discriminada.

Frente a ello, las personas participantes plantean una respuesta integral: cambios legislativos e institucionales, políticas públicas, transformación cultural, infraestructura adecuada, representación digna y participación directa de las personas gordas en las decisiones que afectan sus vidas.

La demanda de fondo es que la corporalidad deje de utilizarse como un criterio para definir quién merece trabajar, moverse, recibir atención médica, ocupar espacios o ser visto con dignidad.

De acuerdo con la versión mostrada por el influencer, se encontraba produciendo material para su canal de YouTube cuando el sujeto que estaba cerca comenzó a reclamarle por el volumen con el que estaba hablando.

La conversación, que comenzó por el ruido, escaló cuando el hombre se dirigió al creador en inglés y le pidió que dejara de hablar en voz alta.

“¿Te puedes callar?… Estás gritando como un loco, cállate, por favor”, se escucha decir al sujeto durante el video.

La discusión cambió de tono

Ante el reclamo, “El Costa” respondió que no estaba conversando con él. Posteriormente, decidió apuntar la cámara hacia el hombre, quien inmediatamente manifestó su desacuerdo con ser grabado.

“No me grabes, no seas idiota, es ilegal sin mi consentimiento”, afirmó el hombre durante la discusión.

A partir de ese momento, el intercambio dejó de centrarse únicamente en el volumen de la voz y derivó en una disputa relacionada con el idioma que utilizaba el creador de contenido.

El sujeto cuestionó que “El Costa” estuviera hablando en español y argumentó que ambos se encontraban en Polanco.

“No, no español, no entiendo una mier**. Estamos en Polanco, habla inglés”, reclamó.

La respuesta del mexicano fue señalar que una persona que visita el país debería conocer algunas palabras del idioma local.

“Si vas a venir a México tienes que hablar un poquito de español”, contestó el influencer.

Amenaza con llamar a la policía

La discusión continuó durante varios minutos mientras “El Costa” mantenía su cámara encendida y registraba el intercambio. En el material difundido posteriormente en redes sociales se observa cómo ambas partes mantienen sus respectivas posiciones.

Finalmente, el hombre decidió levantarse del lugar y manifestó que acudiría con las autoridades porque, desde su perspectiva, el creador estaba interfiriendo con su tranquilidad.

“Me estás molestando, solo estoy tratando de estar tranquilo y tú estás gritando como loco. Voy a llamar a la policía”, expresó.

Hasta el material difundido por el creador, no se informó que la discusión hubiera derivado en una detención o en alguna acción de las autoridades.

Redes sociales dividen opiniones

La publicación provocó una amplia conversación entre usuarios, particularmente por el reclamo relacionado con el uso del español en un espacio público de México.

Algunos internautas centraron sus comentarios en la exigencia del hombre para que el creador hablara inglés, mientras otros señalaron que el conflicto comenzó por el volumen de la grabación y cuestionaron la conducta de ambas partes.

El video también abrió un debate sobre las diferencias culturales, la convivencia en espacios públicos y los límites entre grabar contenido para redes sociales y respetar la privacidad de otras personas.

Por ahora, la situación permanece como una confrontación registrada y difundida por el propio creador, mientras que la acusación de discriminación corresponde a la interpretación de “El Costa” sobre lo ocurrido. El material continúa generando comentarios debido a la discusión sobre el idioma y la convivencia entre visitantes y habitantes de México.

La Justicia federal desestimó por inexistencia de delito una denuncia presentada contra el presidente Javier Milei, el legislador porteño Waldo Wolff, la diputada nacional Sabrina Ajmechet y otras personas por supuestos “discursos de odio”, discriminación y otras conductas vinculadas con declaraciones públicas y publicaciones en redes sociales. La decisión fue adoptada este jueves por el juez Ariel Lijo, subrogante del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11, a partir de un dictamen del fiscal Carlos Stornelli que habló de una especie de “excursión de pesca”.

La causa se inició el 13 de julio pasado por una presentación del abogado marplatense Cristian Moix, quien había tomado notoriedad pública el año anterior tras protagonizar un incidente durante un juicio oral en la ciudad de Mar del Plata, cuando le dio un cabezazo a otro letrado.

La denuncia alcanzó, además, a Ajmechet, integrante de la Cámara de Diputados; a Wolff, legislador de la Ciudad de Buenos Aires; al exlegislador porteño Yamil Santoro; y a Ariel Gelblung, Mauro Berenstein, Gabriel Camiser, Daniel Lerer y José Magioncalda.

Moix pidió que el Ministerio Público Fiscal investigara si las conductas atribuidas a los denunciados podían configurar delitos previstos en el Código Penal, infracciones a la Ley 23.592 contra actos discriminatorios u otras figuras que eventualmente surgieran de la pesquisa. El expediente quedó registrado, entre otros delitos mencionados, por instigación a cometer delitos, intimidación pública, apología del crimen e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Respecto de Milei, el denunciante reclamó además que se analizaran posibles incumplimientos vinculados con su función y aludió en su presentación a la figura de “infame traidor a la patria”.

El planteo no se limitó a una publicación determinada. Moix pidió investigar “manifestaciones públicas, publicaciones en redes sociales, entrevistas, columnas de opinión, declaraciones institucionales y demás expresiones atribuidas a los aquí denunciados, individualmente consideradas y especialmente valoradas en su conjunto, por su reiteración, alcance, difusión e impacto en la opinión pública, pudieron haber contribuido a la difusión, promoción, legitimación o amplificación de discursos de odio, intolerancia, discriminación o violencia contra determinados grupos de personas protegidos por el ordenamiento jurídico nacional e internacional”.

También pidió que esas expresiones fueran analizadas a la luz de la Constitución Nacional, la legislación antidiscriminatoria y las obligaciones internacionales asumidas por la Argentina en materia de prevención de la discriminación y la incitación al odio.

Cuatro días después, el expediente fue remitido a la Fiscalía Federal N° 4, a cargo de Stornelli, para determinar si correspondía impulsar una investigación penal.

El fiscal consideró que los hechos denunciados no tenían relevancia penal porque la presentación no había vinculado cada una de las expresiones con una figura delictiva concreta.

“Ni siquiera el denunciante ha intentado atribuir adecuación típica concreta a las distintas expresiones individuales anoticiadas, sino que ha instado a una suerte de valoración conjunta o general”, precisó. Según Stornelli, ese planteo iba “de bruces con los principios constitucionales de legalidad y de reserva”.

También cuestionó que no se hubieran descripto hechos determinados con las circunstancias necesarias para habilitar una pesquisa.

“En definitiva, advierto que no se ha brindado una verdadera notitia criminis concreta con circunstancias de modo, tiempo y lugar, sino que lo que se pretende es, quizás, excitar una actividad jurisdiccional basada en una suerte de ‘excursión de pesca’, lo cual claramente se halla reñido con los principios y garantías constitucionales que deben primar en un proceso penal”, escribió.

La presentación incorporaba además cuestionamientos sobre supuestas irregularidades vinculadas con actos de la Administración Nacional, entre ellos procesos de privatización, enajenación y eventual transferencia de activos.

Sobre ese tramo, Stornelli advirtió que Moix se había limitado a mencionar esas operaciones sin explicar “cuáles serían las circunstancias delictivas cometidas en cada caso, con indicación de modo, tiempo y lugar”.

El fiscal sostuvo que avanzar en esas condiciones implicaría promover “una suerte de auditoría de actos públicos de carácter administrativo” que excedería las funciones de la Justicia penal federal, cuya intervención, remarcó, debe operar como “ultima ratio”.

La resolución siguió el criterio del Ministerio Público. Señaló que la promoción de la acción penal corresponde al fiscal y que un juez no puede impulsar de oficio una investigación frente a un pedido fundado de desestimación.

Según explicó magistrado a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11, “frente a un pedido fiscal de desestimación por inexistencia de delito, el juez se encuentra impedido, no sólo de instruir al fiscal a requerir la instrucción, sino que se encuentra imposibilitado de conocer y decidir en el asunto. Ello así, desde el momento que el poder jurisdiccional sólo nace con la promoción de la acción penal por parte del representante del Ministerio Público”, indicó el fallo.

El juez resolvió así desestimar las actuaciones por inexistencia de delito y ordenó su archivo.

El comentario surgió luego de que Braschi fuera consultada sobre qué lugar recomendaría para una primera cita en Lima Norte. La periodista explicó que, antes de sugerir un establecimiento específico, consideraba importante que el lugar elegido reuniera determinadas características relacionadas con el ambiente, la limpieza y la comodidad.

“Me han preguntado si tengo alguna recomendación para una primera cita en Lima Norte, pero antes de cualquier consejo, quiero hablar de algo que para mí es fundamental: el lugar”, expresó Braschi en el video que posteriormente generó cuestionamientos en redes sociales.

La periodista continuó explicando qué características debería tener, desde su perspectiva, un espacio adecuado para un encuentro romántico. “Porque una primera cita no se puede dar en cualquier sitio. Tiene que ser un lugar agradable, ordenado, limpio, con variedad de opciones y sobre todo que esté a la altura de la ocasión”, señaló.

Sin embargo, fue la parte final de su respuesta la que terminó provocando las reacciones de los usuarios. Braschi aseguró que todavía no había encontrado un establecimiento en Lima Norte que cumpliera completamente con sus expectativas. “Y para ser sincera, todavía no encuentro ese lugar que me cautive al cien por ciento en Lima Norte. ¿Ustedes sí?”, manifestó.

Magaly Medina cuestiona comentario de Maritere Braschi sobre Lima Norte

Al presentar el tema en ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina comenzó señalando que actualmente las figuras públicas deben ser especialmente cuidadosas con sus declaraciones debido a las reacciones que pueden generar en redes sociales.

“Cuando dices algo que no es políticamente correcto, porque ahora está prohibido. Hay que ser muy delicado con las cosas que uno va diciendo por ahí”, comentó la conductora.

Magaly introdujo así el caso de Maritere Braschi, a quien describió como una persona que suele proyectar una imagen vinculada a la elegancia, el protocolo y las buenas maneras. “Y esta vez a la maestra del protocolo, a quienes enseña a mis urracos a usar el tenedor y el cuchillo. Y también les he enseñado para qué sirve, sirve la servilleta, cómo se debe comer una hamburguesa, aunque ellos no hagan caso”, dijo entre bromas.

La conductora recordó además que Braschi se ha convertido en una figura con presencia en redes sociales y que suele compartir contenidos relacionados con el comportamiento, la etiqueta y las normas de convivencia. “Maritere Braschi, que se ha convertido en un modelo a seguir en redes sociales, enseñándonos a todos cómo debemos de sentarnos, comportarnos en una mesa si queremos ser finos y elegantes, pues esta vez le cayó el hate por lo que dijo”, sostuvo.

¿Qué dijo Maritere Braschi sobre una primera cita en Lima Norte?

En el video que generó las reacciones, Maritere Braschi dejó claro que para ella la elección del lugar tiene una importancia particular cuando se trata de un primer encuentro romántico.

“Me han preguntado si tengo alguna recomendación para una primera cita en Lima Norte, pero antes de cualquier consejo, quiero hablar de algo que para mí es fundamental: el lugar”, explicó.

La comunicadora consideró que no cualquier espacio sería apropiado para una primera cita y enumeró las condiciones que, desde su punto de vista, debería cumplir un establecimiento. “Porque una primera cita no se puede dar en cualquier sitio. Tiene que ser un lugar agradable, ordenado, limpio, con variedad de opciones y sobre todo que esté a la altura de la ocasión”, manifestó.

Posteriormente, reconoció que no tenía una recomendación concreta porque, según su experiencia, aún no había encontrado un lugar en Lima Norte que cumpliera plenamente con sus expectativas. “Y para ser sincera, todavía no encuentro ese lugar que me cautive al cien por ciento en Lima Norte. ¿Ustedes sí?”, agregó.

Magaly Medina recuerda que Lima Norte tiene restaurantes para distintos presupuestos

Frente a las declaraciones de Braschi, Magaly Medina puso en duda que la periodista conociera realmente los diferentes espacios que existen en Lima Norte y mencionó que en esa zona también hay establecimientos que pueden ser utilizados para una cita romántica.

“Pero estamos seguros que ella nunca ha ido a Lima Norte”, comentó entre risas. “Estamos seguros que ni siquiera conoce un lugar para recomendar”, añadió. La conductora incluso recordó una experiencia relacionada con una primera cita en esa zona de la capital.

“Acá tenemos varios para recomendar, ¿no? O no. Tú tuviste tu primera cita con el que ahora es tu marido, tu primera cita romántica, ya ve, en Ancón, en Ancón, en el rico Lima Norte”, manifestó dirigiéndose a una persona de su equipo. Magaly también mencionó que en Lima Norte existen centros comerciales y restaurantes con diferentes alternativas de precios, además de otros espacios que pueden ser utilizados para encuentros familiares o románticos.

“Pero por supuesto, hay centros comerciales donde hay restaurantes agradables para todos los bolsillos que pueden ser. Hay otros lugares campestres también muy bonitos”, señaló.

“¿Qué tendría que hacer toda la gente enamorada de por allá?”, cuestionó Magaly

Uno de los puntos que más cuestionó Magaly Medina fue que Braschi hubiera relacionado una primera cita con la necesidad de encontrar un espacio “agradable, ordenado y limpio”, para después señalar que no había encontrado uno que la convenciera completamente en Lima Norte.

“Seguro que Maritere nunca ha ido a ninguno de ellos. Pero bueno, ¿Cómo va a decir que tú en tu, en tu, cuando tienes una cena romántica, tienes que ir a un lugar agradable, ordenado y limpio, y además tiene que ser adecuado para la ocasión?”, expresó.

A continuación, la conductora planteó cómo podrían interpretar esas palabras quienes viven en esa parte de Lima. “O sea, con eso les dijo a la gente que vive en Lima Norte que ese lugar no es ordenado, no es limpio, no es agradable y no es adecuado para una ocasión romántica”, sostuvo.

Magaly continuó con una pregunta dirigida a las personas que viven en los diferentes distritos de Lima Norte: “¿Qué tendría que hacer toda la gente enamorada de por allá?”. La conductora también llevó su comentario hacia el terreno de los hoteles y establecimientos de hospedaje de la zona, recurriendo al humor característico de su programa.

“Ahora, si le decimos que en Lima Norte están los mejores ‘telos’, los mejores ‘telarañas’ de todo Lima y que muchos de los traicioneros van por allá”, dijo entre risas. Luego mencionó específicamente a Los Olivos y aseguró, en tono jocoso, que algunos de estos establecimientos cuentan con servicios y equipamiento moderno.

“Los Olivos, pues, los telarañas, los mejores están por allá. Tienen, olvídate, toda la última tecnología, ni en Las Vegas”, afirmó.

Magaly incluso hizo referencia a las camas de agua que pueden encontrarse en algunos de estos establecimientos. “Tienen camas de agua, ¿no? Nosotros hemos hecho muchos reportajes. No estoy diciendo que yo los haya visto”, aclaró entre risas.

La creciente diversidad racial del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) no erradicó los prejuicios dentro de la institución.

Las grabaciones realizadas por el agente Daniel Flores durante 2024 expusieron presuntos comentarios racistas, homófobos y sexistas de integrantes de una unidad que evalúa a aspirantes a policías. El caso retomó el debate sobre la cultura interna de una fuerza que ya no tiene mayoría blanca.

El escándalo coincide con una transformación demográfica del departamento. Los agentes latinos constituyen más de la mitad de los cerca de 8.500 policías del LAPD, mientras que los policías negros representan menos del 9 % de la plantilla.

Entre enero y septiembre de 2026, solo siete de los 241 graduados de la academia eran negros, frente a una proporción cercana al 80 % de graduados latinos.

Las cifras acercan la composición de la fuerza a la diversidad de la ciudad. Sin embargo, la denuncia de Flores plantea que incorporar a más agentes negros, latinos y asiáticos no basta para modificar prácticas y prejuicios que persisten en el LAPD.

Audios de Flores con expresiones discriminatorias en la unidad de reclutamiento

Flores, un policía latino con 13 años de servicio, grabó decenas de conversaciones durante seis meses de 2024 y entregó los audios a la Oficina del Inspector General del departamento.

La investigación interna examinó expresiones atribuidas a miembros de la unidad de reclutamiento y evaluación de aspirantes, según informó Los Angeles Times.

Documentos de Asuntos Internos citados por Los Angeles Times indican que un agente negro preguntó si un mono se llamaba “Tyrone”, ante las risas de colegas latinos y asiáticos.

El informe también señala que una agente latina explicó cómo provocar el mayor dolor al golpear a una persona negra y afirmó: “Golpeas a las personas negras en el hígado: escuché que tienen hígados débiles”.

La pesquisa consignó además que un sargento asiático permaneció presente mientras subordinados utilizaban términos como “medianoche” y “chocolate, chocolate” para describir el tono de piel de otras personas.

Los hallazgos pusieron bajo revisión la convivencia laboral y los mecanismos de supervisión en una dependencia decisiva para la incorporación de nuevos policías.

Nueva demanda de Flores por represalias y causa penal

La semana anterior, Flores presentó una nueva demanda contra la ciudad de Los Ángeles, que amplió una acción previa.

El agente sostiene que sus superiores tomaron represalias contra él después de que registró y denunció los comentarios escuchados durante su trabajo.

De acuerdo con la demanda, funcionarios del departamento recomendaron una suspensión de 22 días sin salario.

Flores intentó conservar su puesto, pero decidió retirarse ante un ambiente laboral que, según su presentación judicial, se volvió cada vez más hostil.

También acusó a autoridades del LAPD de impulsar un proceso penal por presuntamente infringir una ley de California que prohíbe grabar conversaciones confidenciales sin consentimiento.

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, presentó inicialmente 16 cargos graves, que luego redujo a 16 delitos menores. Ese cambio reduce la posibilidad de que el agente reciba una pena de prisión.

El teniente Elpidio Orozco, vocero del LAPD, no respondió preguntas puntuales sobre el expediente.

En un comunicado, el departamento afirmó que toma las acusaciones “con seriedad”, aunque aclaró que no puede pronunciarse sobre medidas disciplinarias individuales porque tanto el caso como los procedimientos de personal siguen abiertos.

Reformas posteriores a Rodney King sin eliminar las denuncias de racismo

El caso ocurre pese a que el LAPD adoptó durante décadas programas de diversidad, evaluaciones psicológicas y capacitaciones para detectar prejuicios inconscientes.

La institución también envía a agentes nuevos y veteranos al Museo de la Tolerancia y desplegó reclutadores en universidades históricamente negras del sur y la costa este de Estados Unidos.

Esas medidas respondieron a una larga historia de conflictos entre la policía y las comunidades racializadas de Los Ángeles.

Durante gran parte del siglo XX, el departamento estuvo dominado por hombres blancos y aplicó tácticas agresivas en barrios de minorías étnicas.

Las tensiones provocaron levantamientos en la década de 1960 y volvieron a estallar en 1992, tras la golpiza contra el automovilista negro Rodney King.

En ese período salieron a la luz mensajes de agentes con insultos racistas y referencias a “romper cabezas”.

Las demandas judiciales y los decretos de consentimiento posteriores llevaron al departamento a ampliar el reclutamiento de policías negros, latinos y asiáticos, con el objetivo de recomponer la confianza de las comunidades afectadas por abusos y discriminación.

“El racismo es como el virus del herpes en el cuerpo del LAPD: puedes suprimirlo con un buen jefe, pero en cuanto se va, vuelve a aparecer”, afirmó Rice.

Resistencia ante el racismo estructural en la policía londinense

Una investigación de 2024, elaborada por especialistas británicos sobre la Policía Metropolitana de Londres, cuerpo policial de la capital británica, concluyó que sus agentes se mostraban “sorprendentemente a la defensiva” frente a preguntas sobre racismo estructural.

Los autores señalaron que algunos cuestionaban las políticas de contratación orientadas a la diversidad y atribuían las críticas al perfilamiento racial a activistas, funcionarios electos y medios de comunicación.

“Las reacciones despectivas ante una pregunta sobre un asunto tan importante ponen de manifiesto un antagonismo insaluble que impide a cualquier organización aprender o desarrollar sus prácticas”, advirtieron los investigadores.

El sociólogo Daniel Gascon, de la Universidad de Massachusetts Boston (universidad pública de Estados Unidos), coincidió en que aumentar la representación de grupos históricamente marginados no modifica automáticamente las jerarquías ni las prácticas de una institución.

Mayoría latina sin resolver las divisiones raciales dentro de la fuerza

La discusión también abarca el uso de la fuerza. Un análisis de Los Angeles Times sobre tiroteos policiales desde 2016 determinó que, de unas 150 personas abatidas por el LAPD, al menos 94 eran hombres latinos.

En tres de cada cuatro de los casos en que la víctima mortal era un hombre latino, al menos uno de los policías que disparó también era latino.

Agentes negros y latinos, en actividad y retirados, describieron profundas diferencias sobre la respuesta del departamento a las cuestiones raciales.

Varios policías negros afirmaron que aún enfrentan hostilidad y alusiones indirectas, como críticas a una supuesta reducción de los requisitos de ingreso a la academia. Según relataron, esos comentarios procedían de colegas negros y latinos.

Algunos agentes negros sostienen que parte de los policías latinos se considera únicamente víctima de discriminación y no posible reproductora de ella.

A su vez, agentes latinos consultados por el diario afirmaron que el LAPD priorizó durante años el ascenso de policías negros a puestos de mando, mientras la representación latina disminuía en los niveles jerárquicos superiores.

Alarma de Karen Bass por el descenso de policías negros en el LAPD

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, valoró que la cantidad de agentes latinos se acerque a la composición demográfica de la ciudad, pero expresó preocupación por la reducción de policías negros.

Bass, que trabajaba como organizadora comunitaria en el sur de la ciudad cuando ocurrió la golpiza a King, advirtió que muchos agentes afroamericanos están próximos a jubilarse y pocos jóvenes negros ingresan a la fuerza.

“Que esto haya ocurrido hace 30 años y que se hayan implementado nuevas políticas no es suficiente”, sostuvo Bass.

“Hay que asegurarse de que esas políticas se actualicen constantemente”. La investigación por las grabaciones, la demanda de Flores y los procedimientos internos del LAPD continúan abiertos.

La denuncia del diputado nacional Esteban Paulón contra un grupo de influencers libertarios por supuestas amenazas, incitación a la violencia y discriminación en redes sociales fue archivada parcialmente este miércoles. Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, la fiscal Celsa Ramírez entendió que no hubo delito alguno en los posteos de Daniel “Gordo Dan” Parisini, Mariano Pérez y Pablo Sebastián Pazos, tres de los cinco imputados que tiene la causa.

Luego de tomar esa decisión, la fiscal porteña fue apartada del expediente y asumió la conducción de la investigación su par Hernán Biglino.

Celsa Ramírez fue recusada por el abogado Alejandro Sarubbi Benítez, otro conductor del canal de streaming Carajo, quien tomó cierta notoriedad en el último tiempo luego de protagonizar episodios de discriminación. Junto a él, el biógrafo del presidente de la Nación, Nicolás Márquez, completa la lista de denunciados por Paulón.

Márquez aún no fue indagado y será citado en los próximos días. La causa contra él y Sarubbi Benítez sigue en pie. Como querellante, el legislador nacional también puede insistir para que la acusación vuelva a alcanzar a todos los comunicadores oficialistas.

Inexistencia de delito

Según relató Esteban Paulón en su denuncia, desde que asumió su banca en el Congreso Nacional fue blanco de una campaña de acoso coordinada en redes sociales, especialmente en la plataforma X y en canales de streaming afines al Gobierno.

El diputado llevó a los tribunales porteños posteos que van desde advertencias como “vas a correr” hasta acusarlo “sistemáticamente y sin pruebas” de ser “pedófilo” o de “promover el abuso infantil”.

Estas expresiones se desataron a raíz de su orientación sexual —está casado con un hombre— y por haber impulsado políticas públicas de acompañamiento a las infancias trans cuando fue funcionario en la provincia de Santa Fe, señaló Paulón.

Además, el escritor Nicolás Márquez se refirió a él de manera despectiva en un tweet como “La Diputada @EstebanPaulon” y lo acusó de estar “siempre publicitando conductas que contagian el VIH”.

Entre los comunicadores libertarios también lo acusaron públicamente de tener vínculos con el narcotráfico.

Paulón argumentó que no se trata de simples opiniones o discrepancias políticas, sino de un ataque organizado y sostenido que busca disciplinarlo y silenciarlo por su histórico activismo en favor de los derechos de la comunidad LGBTQ+.

El diputado manifestó ante la Justicia sentir un profundo temor por su integridad física, su vida y la seguridad de su entorno familiar, advirtiendo que estas acusaciones en el entorno digital actúan como una incitación para que otras personas lo agredan físicamente en la vía pública.

La fiscal Celsa Ramírez indagó a todos los imputados, excepto a Márquez, a quien la Policía de la Ciudad no lograba notificar formalmente. Dan, Pérez, Pazos y Sarubbi Benítez se negaron a declarar y presentaron descargos escritos.

Al analizar las explicaciones individuales de cada influencer, la fiscalía entendió que la conducta de Dan, Pérez y Pazos resulta “atípica”. Es decir, que sus posteos no encuadran en la descripción de los delitos de amenazas, incitación a la violencia y discriminación.

Distinto fue el temperamento que tomó con Sarubbi Benítez, autor de la mayor parte de los posteos que acusan a Paulón de pedófilo.

Luego del archivo parcial de las actuaciones, la fiscal Ramírez fue apartada por el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 19 de la Ciudad.

El abogado Sarubbi Benítez la denunció y pidió su recusación en esta y otras causas en las que fue denunciado. La decisión será revisada por instancias superiores.

Tras presentarse a indagatoria, el imputado aseguró que la fiscal “tiene un problema personal” con él y violó “sistemáticamente” sus derechos y garantías.

El director general de la Société d’exploitation de la tour Eiffel (SETE) -Sociedad de Explotación de la Torre Eiffel-, Patrick Branco Ruivo, anunció en las últimas horas su renuncia al cargo, con efecto a fin de año. La decisión llega tras la polémica desatada por el apartamiento de empleadas durante una visita privada de un grupo religioso hinduista ultraconservador el pasado 5 de septiembre, que derivó en una huelga y en el cierre del monumento más emblemático de París, según informó Euronews.

La investigación interna encargada por la propia operadora, conducida por un estudio externo, determinó que existió “una serie de disfunciones y fallos en la estructuración de las visitas protocolarias” que condujeron a una situación calificada como “inaceptable”.

Branco Ruivo, al frente de la empresa desde finales de 2018, admitió que las trabajadoras fueron desplazadas, pero negó haber impartido directivas en ese sentido. “En ningún momento di órdenes para apartar o reemplazar a mujeres en el recorrido de esa delegación”, sostuvo en declaraciones recogidas por la Agence France-Presse.

El acto del 5 de septiembre desencadenó una huelga y el cierre del emblema parisino durante todo un día

El 5 de septiembre, la Torre Eiffel organizó un recorrido privado por el segundo piso para una delegación del movimiento Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS) —la organización Swaminarayan del eterno ser supremo, con sede en Bochasan—, una corriente hinduista conservadora con vínculos cercanos al partido nacionalista del primer ministro indio Narendra Modi. El grupo se encontraba en la región parisina para celebrar la inauguración de un templo tradicional de piedra.

Según los sindicatos, unas 20 empleadas fueron desplazadas de sus puestos durante el evento. El personal denunció en un comunicado que recibió consignas que llevaron a las mujeres a ser “apartadas, reemplazadas e invisibilizadas por razón de su sexo”.

Algunas fueron invitadas a abandonar sus posiciones y retirarse a otras dependencias; en ciertos puestos, las reemplazaron hombres. Como respuesta, el personal convocó una huelga para el 7 de septiembre que obligó al cierre completo del icónico edificio durante toda la jornada.

El BAPS negó haber pedido la exclusión y pidió disculpas por el episodio

El movimiento BAPS desmintió ser el origen de las consignas que llevaron a marginar a las empleadas. En un comunicado dirigido a la Associated Press, la organización sostuvo que “nunca solicitó que las trabajadoras fueran ocultadas, retiradas o apartadas”. Según el grupo, las prácticas religiosas de sus monjes fueron explicadas con anticipación a la dirección, y aclaró que “son compromisos espirituales personales que no exigen que las mujeres sean alejadas de los lugares que visitan”.

El BAPS también pidió disculpas por “cualquier dolor o inconveniencia causada” y contrató a una consultora de comunicación de crisis para gestionar las repercusiones del incidente.

La sociedad gestora reconoció desde el inicio que la delegación solicitó que el recorrido se organizara limitando las “interacciones con mujeres” y admitió que “esas condiciones no deberían haberse aceptado”. La pesquisa interna, sin embargo, no precisó quién tomó la decisión ni en qué nivel de la cadena de mando se originaron las instrucciones.

El alcalde de París ordenó dos investigaciones y reclamó medidas de igualdad de género

El alcalde de París, Emmanuel Grégoire, calificó la situación de “absurda, injusta e inaceptable” e impulsó de inmediato dos investigaciones paralelas: una interna conducida por un estudio externo y otra a cargo de la inspección general de la ciudad. Esta segunda aún no entregó sus conclusiones al momento de conocerse la dimisión.

El funcionario “tomó nota de la decisión responsable de Patrick Branco Ruivo” y reconoció “su compromiso con la torre y la SETE desde su nombramiento a finales de 2018”, según informó a la AFP una fuente cercana al alcalde.

El presidente del consejo de administración, Ariel Weil, anunció que exigirá la creación de un “departamento de protocolo dedicado” y la puesta en marcha de programas de formación en igualdad de género.

La Torre Eiffel, de 330 metros de altura, recibe alrededor de 6,7 millones de visitantes al año, emplea a 402 personas y registra una facturación de 156 millones de euros (USD 177,26 millones). La SETE es una estructura pública local que pertenece en un 99 % a la Ciudad de París y en un 1 % a su metrópolis.

El empate 3-3 entre Cruz Azul y Toluca terminó con reclamos de Antonio Mohamed contra la actuación arbitral de Katia Itzel García. El técnico argentino consideró que algunas decisiones condicionaron el encuentro y cuestionó abiertamente el nivel de la silbante.

La Máquina llegó a tener una ventaja de dos goles, pero los Diablos reaccionaron en el complemento y estuvieron cerca de quedarse con los tres puntos en el Estadio Banorte. Un doblete de Gabriel Fernández permitió al conjunto capitalino rescatar el empate.

Un 3-3 marcado por la polémica arbitral

Cruz Azul tomó el control desde temprano. Nicolás Ibáñez abrió el marcador al minuto 7, tras una asistencia de José Paradela, mientras que Gabriel Fernández aumentó la diferencia al 38′.

El panorama cambió en el segundo tiempo. Al 52′, Katia Itzel García acudió al VAR para revisar una falta dentro del área y, tras observar la jugada, señaló penalti a favor de Toluca. Además, amonestó a Willer Ditta.

Helinho convirtió desde los once pasos al minuto 54 y apenas un minuto después Alexis Vega marcó el 2-2.

La Máquina volvió a encontrar el gol con Luka Romero al 77′, pero la anotación fue invalidada por fuera de lugar. Cuando Toluca parecía encaminarse al triunfo, Gabriel Fernández apareció nuevamente para sellar el 3-3.

El resultado dejó a Cruz Azul con un punto, pero la conferencia posterior al encuentro estuvo dominada por las declaraciones de Mohamed sobre el arbitraje.

Las críticas de Mohamed contra Katia Itzel García

El entrenador argentino fue contundente al hablar de la actuación de García y puso en duda que estuviera a la altura de un partido de esta magnitud.

“Con un árbitro normal, ganábamos el partido. Porque ustedes vieron muy clara la expulsión de Piovi, vieron el contacto de Devita con el juez de línea, ya lo vieron todos”.

Mohamed también cuestionó decisiones previas relacionadas con la silbante y añadió: “No está a la altura de un partido así, lamentablemente”.

El técnico de Cruz Azul también aseguró que habló directamente con García después del encuentro.

“Para mí no está a la altura, se lo dije en la cara, para este tipo de partidos. Para estar a este nivel tenés que tener talento, entender el juego. Para mí, no lo entiende”.

Mohamed hizo referencia además a una jugada protagonizada por Gonzalo Piovi y Paulinho, al considerar que existió una acción merecedora de expulsión.

Mensajes de García en redes sociales elevan la controversia

La relación entre Mohamed y García ya había quedado bajo los reflectores el 14 de septiembre, durante el partido entre Toluca y Atlas, cuando la silbante fungió como cuarta árbitra.

Tras el partido en el Estadio Banorte, García publicó en sus historias de Instagram un dibujo relacionado con la doble moral de una persona religiosa.

Aunque la árbitra no identificó públicamente a nadie en la publicación, usuarios de redes sociales interpretaron el contenido como una posible indirecta hacia Mohamed, quien suele portar un rosario durante los partidos.

Reacciones en redes sociales

Las declaraciones de Mohamed provocaron comentarios de exfutbolistas, analistas y exárbitros.

Francisco Chacón, exárbitro, escribió en X: “Que conste que lo dije hace mucho tiempo, es una cuestión de capacidad y Juanito no la tiene; lo increíble es que la C. de árbitros siga echando a perder partidos por una necedad; en todos sus partidos se equivoca.”

Damián Zamogilny, exfutbolista y analista de TUDN, publicó: “Ya va siendo tiempo de que se acepte la crítica cuando no pita bien. Hoy fue un desastre. Se equivocó muchísimo.”

Por su parte, Carlos Reinoso cuestionó en X la designación arbitral y escribió: “A quién se le ocurre poner a una srta a dirigir este partido de copa libertadores 90 por cientos chicos nacidos en sud América (sic)”.

¿Puede Antonio Mohamed ser sancionado por sus declaraciones?

Por ahora, no se ha informado públicamente de una sanción contra Mohamed por sus declaraciones posteriores al Cruz Azul-Toluca.

Sin embargo, existe un antecedente de este mismo año. En abril, la Federación Mexicana de Futbol sancionó a Sergio Bueno, entonces técnico de Mazatlán, después de su expulsión en el partido ante Pumas y una conducta que las Comisiones de Diversidad y Género y Disciplinaria consideraron impropia.

El castigo incluyó una multa, un partido de suspensión, horas de labor social enfocadas en equidad de género y un apercibimiento sobre su conducta futura.

La FMF no ha comunicado hasta ahora una resolución equivalente para Mohamed. Cualquier eventual procedimiento dependerá de la valoración que hagan las autoridades disciplinarias sobre sus declaraciones y las normas aplicables.

La Asociación para la Promoción de los Derechos Humanos de Personas LGBTI+ (ASPIDH) registró 922 agresiones contra personas LGBTI en El Salvador entre 2023 y 2025. Los casos incluyeron principalmente situaciones de discriminación, amenazas y acoso, según informó EFE tras la presentación del relevamiento este jueves en San Salvador.

Organizaciones de la diversidad sexual documentaron más de 600 asesinatos de personas LGBTI en el país desde 1993. Sus registros también incluyeron 151 casos de desplazamiento forzado entre 2018 y septiembre de 2019.

El informe Restricción de derechos y violencia estructural contra personas LGBTIQ+ en El Salvador (2023-2025) identificó a 2024 como el año con mayor cantidad de agresiones dentro del período relevado. Vale mencionar que en el estadístico frecuente de asesinatos de la Policía Nacional Civil (PNC) no se desglosan los casos por orientación sexual de las víctimas.

Discriminación, amenazas y acoso entre las formas más denunciadas

La discriminación concentró 454 casos, seguida por 154 amenazas y 102 episodios de acoso. El 30% de los hechos involucró a agentes estatales, sobre todo integrantes de los cuerpos de seguridad.

Las agresiones físicas sumaron 66 registros y la violencia intrafamiliar, 64. El documento también consignó 21 detenciones ilegales, 19 extorsiones, 16 desplazamientos internos, un caso de mala praxis y un secuestro.

Solo 58 episodios derivaron en una denuncia formal. La investigadora Loidy Guardado, autora del relevamiento de ASPIDH, indicó que el 93% de los casos no llegó a esa instancia por la falta de respuestas efectivas, el temor a represalias y la percepción de impunidad.

“Hay una brecha entre la violencia documentada y el uso efectivo de los mecanismos de protección y justicia, pero no necesariamente porque no existan, sino por la percepción que tiene la población de la impunidad, derivado del 0% de resultados en las instituciones”, sostuvo Guardado.

La falta de datos estatales y los reclamos de las organizaciones

La directora de ASPIDH, Mónica Linares, afirmó que la respuesta institucional fue limitada y que en 2025 no recibieron datos oficiales sobre esta población.

“Las cifras permiten palpar de primera mano la realidad de nuestras poblaciones, que contrasta demasiado con los datos que puedan existir de parte del Estado, porque no existen datos”, señaló.

Las organizaciones de la diversidad sexual reclaman desde hace años normas para reducir la discriminación, habilitar la adecuación de nombres de acuerdo con la identidad de género y avanzar en las investigaciones por asesinatos motivados por odio. A la fecha, son las organizaciones las que lideran las campañas de concientización e información del tema de la diversidad sexual a lo largo del territorio.

En San Miguel, Santa Ana y San Salvador viven aproximadamente 6.000 integrantes de esta población, según los registros de los colectivos. Una edición de la revista Nuestra Mirada, elaborada por organizaciones salvadoreñas, indicó que la discriminación, la estigmatización y la violencia afectan a estas personas en el ámbito familiar, educativo, laboral, comunitario e institucional.

Hace más de tres décadas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales.

La jugadora de pádel Florencia Guerra Sodero publicó un comunicado en el que expresó sus disculpas por su frase antisemita en una publicación que compartió en sus redes sociales: “Excepto judíos, ustedes no son bienvenidos”. Tras la viralización de su mensaje, la deportista fue apartada de la delegación argentina que iba a participar de un torneo panamericano.

En un texto que también publicó en su cuenta de Instagram, Guerra Sodero expresó sus disculpas a la “comunidad judía, a las autoridades deportivas, a las instituciones comunitarias y a la opinión pública” y señaló: “Expresé un comentario en mi cuenta privada de Instagram, en el que invitaba a mis seguidores a votar entre cuatro remeras para elegir cuál llevaría al torneo. En ese contexto, realicé un acto abiertamente discriminatorio al señalar de forma explícita que las personas de la comunidad judía no eran bienvenidas en dicha elección”.

“Admito la gravedad de esta conducta, de carácter recurrente y antisemita, que resulta completamente inaceptable y contraria a los valores de respeto, dignidad e integración que deben guiar a cualquier persona que represente al país. No existen excusas ni justificativos para mis palabras”.

Y completó: “Lamento profundamente el daño, el dolor y la indignación generados. Asumo la total responsabilidad por mis actos y me pongo a entera disposición de la DAIA y de las demás autoridades de la comunidad judía para llevar a cabo las tareas comunitarias, capacitaciones o actividades de sensibilización que determinen, con el compromiso de reparar activamente mi conducta y educarme en la lucha contra todo tipo de discriminación”.

El episodio comenzó cuando Guerra Sodero anunció su participación en el Torneo Panamericano de Pádel de clubes, categoría “libre amateur”, programado entre el 21 y el 24 de octubre en Asunción, Paraguay. En esa publicación convocó a sus seguidores a votar una encuesta para elegir la remera que vestiría durante la competencia. Mencionó a amigos, familiares, peronistas, radicales, libertarios, hinchas de Belgrano, y a personas de distintos niveles económicos, antes de agregar la frase de exclusión: “Excepto judíos: ustedes no son bienvenidos”. Ante la repercusión, la deportista eliminó el posteo y dio de baja sus cuentas en redes sociales.

El mensaje, sin embargo, no fue un hecho aislado. Con anterioridad, la jugadora cordobesa —que compite habitualmente en torneos amateurs de su provincia y también en la zona de Pilar y El Totoral— ya había publicado expresiones de igual tenor contra la comunidad judía. En 2025, circularon posteos suyos como “¿Quién será el judío que se quede con el peaje de todas las rutas?” y “Y que lloren los judíos”, este último en respuesta a imágenes de la misa celebrada en la Catedral Metropolitana en homenaje al fallecimiento del papa Francisco. Pero el antecedente más contundente fue una respuesta directa a la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) cuando esa organización condenó al diputado Nicolás Massot por banalizar la Shoá: “Qué cansada me tienen estos hijos de puta”, escribió la deportista.

Frente a la circulación de estos posteos, la Asociación de Pádel Argentino (APA) actuó con rapidez. En un comunicado oficial, la entidad repudió “de forma categórica” las expresiones difundidas desde las cuentas personales de la jugadora y resolvió apartarla de manera preventiva de la delegación nacional. “La representación de la Argentina exige el máximo respeto a la dignidad de las personas. Quien se expresa en contra de esos principios no puede, al mismo tiempo, invocar la camiseta nacional”, sostuvo la APA en el texto del comunicado. La institución también reafirmó “su compromiso con el deporte inclusivo” y expresó su solidaridad con la comunidad judía.

La DAIA y el Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA) también emitieron pronunciamientos. La primera valoró la decisión del ente rector del pádel argentino y subrayó que “representar a la Argentina constituye un honor y una responsabilidad” y que “el antisemitismo y toda forma de discriminación son incompatibles con los valores del deporte y con la dignidad de las personas”. FACA, por su parte, recordó que el país es sede de los Juegos Suramericanos, y planteó que no puede representar a la nación “alguien que desprecia a una parte importante de ciudadanos argentinos”. El organismo cerró su comunicado con un mensaje directo: “No normalicemos el antisemitismo”.

No todos los pronunciamientos fueron en ese sentido. Un tío de la jugadora, identificado como Vladimiro, salió a defenderla públicamente a través del canal Doce TV. Aseguró que su sobrina “ya dará las explicaciones del caso”, que se sentía apenada y que la publicación había sido hecha “sin mala intención para una encuesta”. En sus declaraciones, el familiar comparó las expresiones con insultos hacia europeos o ingleses y pidió explicar a las nuevas generaciones “lo que fue el genocidio”. “Bajen la espuma, que no es para tanto. Parecen machistas que todo lo encasillan en esa palabra”, agregó, relativizando la gravedad de lo ocurrido.

La jugadora amateur de pádel Florencia Guerra Sodero que publicó ayer un mensaje antisemita y, como consecuencia de ello, fue hoy “apartada preventivamente” para competir por la Asociación de Pádel Argentino (APA), ya había publicado -con anterioridad- una serie de repudiables ataques a la comunidad judía.

En 2025, mensajes del tenor “¿Quién será el judío que se quede con el peaje de todas las rutas?" o “Y que lloren los judíos”, en respuesta a las imágenes por la misa, realizada en la Catedral Metropolitana, en homenaje al fallecimiento al papa Francisco, fueron algunas de las publicaciones que se viralizaron de la deportista cordobesa.

Ella iba a participar -entre el 21 y el 24 de octubre- de los Panamericanos (categoría “libre amateur) en Asunción, capital de Paraguay, y lo había anunciado con una publicación en la que pidió a sus seguidores que respondieran una encuesta.

En ese mensaje convocó a amigos, familiares, peronistas, radicales, libertarios, hinchas de Belgrano, ricos, pobres y personas de clase media, antes de escribir: “Excepto judíos: ustedes no son bienvenidos”. Esto desató un justo repudio generalizado en redes.

Pero ese mensaje tenía otro antecedente aún más insultante y abominable. Ante un mensaje de la DAIA, que condenaba al diputado Nicolás Massot por banalizar la Shoá, Guerra Sodero escribió: “Qué cansada me tienen estos hijos de puta”.

Ante la viralización de estos posteos, la Asociación de Pádel Argentino resolvió además abrir un proceso disciplinario bajo el Código de Disciplina de la Federación Internacional de Pádel. Y el presidente de APA, Santiago Brito, también se pronunció repudiando lo sucedido con la jugadora amateur.

Defensa familiar y apartamiento deportivo

Una tío de Guerra Sodero salió a defenderla; según publicó el Doce TV, aseguró que su sobrina “ya dará las explicaciones del caso”, que se sentía apenada y que la publicación había sido hecha “sin mala intención para una encuesta”. En otros mensajes, relativizó la controversia: “Bajen la espuma, que no es para tanto. Parecen machistas que todo lo encasillan en esa palabra”.

El familiar, de nombre Vladimiro, comparó las expresiones con insultos contra europeos o ingleses y pidió explicar a las nuevas generaciones “lo que fue el genocidio”.

Por su parte, la Asociación de Pádel Argentino repudió “de forma categórica” las expresiones difundidas desde cuentas personales de la deportista. En su comunicado, afirmó: “La representación de la Argentina exige el máximo respeto a la dignidad de las personas. Quien se expresa en contra de esos principios no puede, al mismo tiempo, invocar la camiseta nacional”.

La jugadora es cordobesa y participa habitualmente en competencias amateurs de la provincia. También compite en la zona de Pilar y El Totoral, y eliminó la publicación original y sus cuentas en redes sociales tras la repercusión.

El politólogo y periodista Daniel Lerer, activista, cofundador y director ejecutivo de Media Oriente, calificó las publicaciones como “ABERRANTES EXPRESIONES ANTISEMITAS” y acusó a la deportista de promover el odio. Ángel de Brito también se refirió al episodio bajo el título de “Escándalo”.

La DAIA y el Foro Argentino Contra el Antisemitismo advirtieron que el deporte debe reunir a culturas diversas y sostener valores de fraternidad. FACA sostuvo que no puede representar al país alguien que desprecia “a una parte importante de ciudadanos argentinos” y pidió: “No normalicemos el antisemitismo”.

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) presentó dos estudios sobre discriminación en restaurantes y establecimientos de ocio nocturno de la capital del país, donde la apariencia física, la identidad de género, la discapacidad y el trato diferenciado aparecen entre los ámbitos que requieren acciones de prevención.

Las investigaciones reúnen experiencias y percepciones de personas titulares, gerencias, trabajadoras y clientela. Sus hallazgos buscan orientar medidas sobre igualdad, accesibilidad y trato digno en ambos sectores.

En el sector de ocio nocturno, 81.1% de las personas encuestadas considera que la apariencia puede ser un factor de exclusión.

Mientras que en los establecimientos restauranteros, esa percepción alcanza 44.4 por ciento.

La presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, Geraldina González de la Vega Hernández, señala que estas prácticas no responden únicamente a conductas individuales.

Expone que pueden reproducirse por dinámicas culturales e históricas relacionadas con racismo, sexismo, capacitismo y LGBTfobias.

Los diagnósticos, plantea, permiten identificar cómo operan esas dinámicas en las relaciones laborales y durante la prestación de servicios. A partir de ello, los establecimientos pueden definir herramientas para prevenirlas y eliminarlas.

La apariencia aparece como un criterio de exclusión en bares y restaurantes

El estudio “Discriminación en establecimientos mercantiles. Una mirada desde personas trabajadoras en la Ciudad de México” analiza cómo entienden la discriminación las personas que laboran en estos espacios y cuáles son sus experiencias dentro de ellos.

El documento identifica diferencias entre quienes encabezan los negocios y quienes trabajan en ellos. Las personas titulares tienden a reconocer prácticas como bromas y apodos entre integrantes del personal.

Las personas trabajadoras ubican con mayor frecuencia la discriminación en el trato de la clientela y en las relaciones laborales marcadas por jerarquías. El estudio señala que esos espacios requieren medidas preventivas.

Entre los temas identificados se encuentran la influencia de la apariencia física y de criterios de presentación personal en los procesos de contratación y acceso a los establecimientos.

En los grupos de enfoque, algunas personas participantes también vincularon la discriminación con condiciones laborales que consideran injustas, de explotación o violentas.

El estudio distingue que, en los negocios de ocio nocturno, el trato desigual puede aparecer como una barrera directa y visible para ingresar. En restaurantes, puede expresarse en prácticas cotidianas durante el servicio.

Clientela identifica barreras de acceso, acoso y restricciones por identidad de género

El segundo estudio se titula “¿Qué ocurre con la discriminación en los servicios de restaurantes y ocio nocturno? Una mirada desde la clientela en la Ciudad de México”.

Para elaborarlo, el COPRED aplicó dos encuestas de opinión entre mayo y octubre de 2025 a personas usuarias de restaurantes y espacios de ocio nocturno. También realizó dos grupos de enfoque en julio de ese año.

Las experiencias recabadas permiten identificar formas de discriminación relacionadas con la calidad y amabilidad del servicio, la negación del acceso y las barreras de accesibilidad.

El análisis también incluye el acoso sexual, la violencia sexual, las restricciones relacionadas con la identidad de género y el uso de sanitarios.

Estas prácticas pueden afectar de manera diferenciada a personas racializadas, indígenas, morenas y afrodescendientes; a personas con discapacidad; a mujeres, y a integrantes de la diversidad sexual y de género.

El COPRED señaló que las estrategias de prevención deben dirigirse tanto al personal de los negocios como a quienes los visitan y acusó que la idea de que “la clientela siempre tiene la razón” puede propiciar que se atiendan exigencias que afecten los derechos de personas trabajadoras u otras personas usuarias.

COPRED propone revisar contrataciones y avanzar en accesibilidad

Las investigaciones proponen adoptar políticas escritas de igualdad y no discriminación que incluyan a personas trabajadoras y clientela.

También plantean avanzar de forma progresiva en accesibilidad física y comunicacional, así como revisar los procesos de contratación y promoción para que se basen en criterios objetivos.

Los estudios recomiendan eliminar requisitos relacionados con la apariencia física y la expresión de género. También sugieren adoptar la placa de no discriminación, que es obligatoria y gratuita y está disponible a través del COPRED.

Desde 2022, el Consejo ha fortalecido el trabajo con cámaras y asociaciones del sector privado mediante acuerdos, decálogos, capacitaciones, campañas y guías para promover servicios con trato igualitario y mecanismos de atención ante casos de discriminación.

Florencia Guerra Sodero, jugadora amateur de pádel, posteó un repudiable comentario antisemita en sus redes sociales tras anunciar que representará a la Argentina en un torneo Panamericano de clubes, categoría “libres amateur”, en la ciudad de Asunción, Paraguay, entre el 21 y el 24 de octubre.

En el posteo, la jugadora escribió: “Hoy les voy a contar que tengo el honor de representar a la Argentina en un Panamericano. Y no hay nada mejor que una peronista fachera como yo para hacerlo”. Luego pidió que sus seguidores votaran una encuesta “SI o SI” y mencionó a “amigos, conocidos, familias, peronistas, radicales libertarios, hinchas de Belgrano. Ricos, pobres, clase media”.

El mensaje terminó con una aberrante exclusión explícita: “Excepto judíos: ustedes no son bienvenidos”. La deportista, que compite en la zona de Pilar y El Totoral, eliminó después el mensaje y sus cuentas en redes sociales ante la repercusión de sus palabras.

El politólogo y periodista Daniel Lerer calificó las expresiones como “ABERRANTES EXPRESIONES ANTISEMITAS” y manifestó su repudio. Lerer, activista y cofundador y director ejecutivo de Media Oriente, también acusó a Guerra de promover el odio. Ángel de Brito también posteó al respecto bajo el título de “Escándalo”.

Luego de hacerse público los repudiables comentarios de la jugadora, la Asociación de Pádel Argentino decidió excluir a la deportista de la competencia. Y emitió un comunicado al respecto. “La APA repudia de forma categórica las expresiones antisemitas difundidas en redes sociales de cuentas personales de la jugadora Florencia Guerra Sodero”, posteó en el comienzo del comunicado.

“La representación de la Argentina exige el máximo respeto a la dignidad de las personas. Quien se expresa en contra de esos principios no puede, al mismo tiempo, invocar la camiseta nacional”, dice parte del contundente comunicado oficial.

Y la entidad llegó a una decisión: “En consecuencia la APA resolvió apartar preventivamente a la jugadora de la delegación nacional y abrir el procedimiento disciplinario, previsto en el Código de Disciplina de la FIP (Federación Internacional de Pádel) en el que la jugadora podrá ejercer plenamente su derecho de defensa”.

El exsecretario de Derechos Humanos, durante la presidencia de Mauricio Macri y presidente honorario del Museo del Holocausto, Claudio Avruj, festejó la decisión de APA. “Bravo @Padel_APA. No debe haber lugar en nuestra sociedad para los antisemitas. Florencia Guerra Sodero, lo es. Así se presentó orgullosa. Con sus mensajes de odio es indigna de representar a nuestro país”, expresó.

En la misma línea, la diputada Sabrina Ajmechet posteó el comunicado de APA y publicó dos mensajes sobre la decisión del apartamiento preventivo de la jugadora. “Qué tranquilidad y qué orgullo”, escribió la legisladora en relación a que “un antisemita no puede representar a los argentinos”.

Para cerrar, la Asociación además reafirmó “su compromiso con el deporte inclusivo y expresa su solidaridad con la comunidad judía y quienes se hubieran sentido afectados u ofendidos con lo sucedido”.

En tanto, la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas), valoró la decisión adoptada por la Asociación de Pádel Argentino. “Sostenemos que representar a la Argentina constituye un honor y una responsabilidad. El antisemitismo y toda forma de discriminación son incompatibles con los valores del deporte y con la dignidad de las personas. Reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de una sociedad inclusiva, respetuosa y libre de antisemitismo y discriminación”, expresó la organización.

Por su parte, el Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA) expresó que “El deporte debe unir a diversas culturas y representar valores de fraternidad. No normalicemos el antisemitismo”.

El Foro expresó a través de un comunicado que, mientras la Argentina es sede de los juegos Suramericanos, la jugadora “despacha su antisemitismo en redes sociales”. Y sostuvieron con firmeza ante los agravios de la deportista: “No puede representar a la Argentina alguien que desprecia a una parte importante de ciudadanos argentinos”. Y planteó un mensaje unificador: “No normalicemos el antisemitismo”.

Personas mayores afrontan una política financiera que puede excluirlas de los créditos de largo plazo por su edad y, a la vez, exponerlas a préstamos digitales costosos y a fraudes en línea. Para la abogada Malena Garré, profesora adjunta de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, esa combinación traslada riesgos a quienes deberían contar con condiciones de acceso seguras, autónomas e informadas.

Un relevamiento del Banco Central sobre empresas fintech de préstamos detectó que el 77% de las firmas que permitían conocer o calcular el costo financiero total ofrecía un CFT superior al 150% anual. En más de la mitad de los casos, ese indicador superaba el 400% anual, según los datos citados por Garré.

Garré señala que ese tipo de oferta convive con límites que acortan los plazos de los créditos hipotecarios para las personas mayores. Algunas entidades, explica, establecen una edad máxima de 65 años al momento de otorgar el préstamo y de 75 años al finalizarlo, mientras otras exigen que el solicitante no supere esa edad al pagar la última cuota.

La discusión alcanza a una población que ya representa el 16,2% de Argentina: más de 7,4 millones de personas tenían 60 años o más, de acuerdo con el Censo 2022. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada por la ley 27.360 y con jerarquía constitucional desde la ley 27.700, exige prevenir la discriminación y garantizar dignidad, autonomía, independencia y participación.

Requisitos de edad que acortan plazos y elevan cuotas

Garré sostiene que los requisitos etarios operan como una barrera indirecta aun cuando no haya una exclusión anunciada de modo expreso. Una persona de 65 años que debe cancelar un crédito antes de los 75 puede quedar limitada a un plazo de diez años, con cuotas más altas y menor posibilidad de acceder al financiamiento.

Al analizar los parámetros con los que las entidades evalúan solicitudes, la especialista plantea: “La edad no puede convertirse por sí sola en sinónimo de insolvencia”. Según Garré, los ingresos previsionales estables, el patrimonio, las garantías, el nivel de endeudamiento y el historial de cumplimiento deben integrar una evaluación individual de la capacidad de pago.

La abogada vincula esta cuestión con el artículo 5 de la Convención Interamericana, que prohíbe la discriminación por edad en la vejez. También menciona que las normas del Banco Central sobre clasificación de deudores se apoyan en la calidad crediticia y en el cumplimiento de las obligaciones, no en la edad como criterio aislado.

Los sistemas automáticos y los modelos de evaluación que penalizan a una persona por su edad pueden reemplazar el análisis de su situación concreta por un estereotipo, según Garré. Esa práctica puede configurar una discriminación indirecta por vejez y contradecir los principios de trato equitativo previstos en el Código Civil y Comercial.

Exclusión del crédito hipotecario y deudas de mayor costo

Garré identifica una contradicción entre las restricciones al financiamiento de largo plazo y la oferta permanente de préstamos personales de acreditación rápida. En ese contraste, afirma: “Se las considera demasiado riesgosas para financiar una vivienda, pero suficientemente aptas para asumir deudas más caras y potencialmente más difíciles de pagar”.

Garré advierte que los préstamos digitales de plazos breves pueden aumentar el riesgo de sobreendeudamiento, en especial frente a ofertas agresivas o información insuficiente sobre tasas, comisiones y costo financiero total. El estudio citado no estuvo dirigido de manera exclusiva a personas mayores, aunque Garré considera que sus resultados permiten examinar su exposición a esos productos.

Para la especialista, restringir instrumentos que permiten construir patrimonio mientras se promueven créditos más onerosos puede constituir, según las circunstancias de cada caso, una forma de violencia económica o patrimonial. La Convención Interamericana protege a las personas mayores frente a esa violencia y reconoce su derecho al uso y disposición de los bienes.

Estafas digitales como barrera a la autonomía financiera

La vulnerabilidad no se limita al crédito. Durante 2024, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) recibió 34.468 reportes de delitos informáticos, un aumento del 21,1% frente al año anterior. El 63% correspondió a fraudes en línea, con maniobras vinculadas a compraventas por internet y operaciones de homebanking.

La estadística oficial no publica un desglose nacional de víctimas por edad. Garré remarca que esa ausencia impide determinar qué proporción de las estafas afecta a personas mayores, aunque cita un relevamiento privado de BTR Consulting difundido en 2026: el 89% de las personas mayores consultadas había estado expuesto a intentos de fraude digital y el 78% recibió pedidos de datos personales o códigos de verificación.

Garré cuestiona que, después de un engaño, se atribuya la responsabilidad a la víctima por haber entregado una clave o confundido una comunicación falsa con una institucional. “La digitalización no puede trasladar todos sus riesgos al eslabón más débil”, Garré sostiene al referirse a los deberes de información, seguridad, prevención y trato digno que imponen la Constitución, la Ley de Defensa del Consumidor, el Código Civil y Comercial y la regulación del Banco Central.

Garré propone que los sistemas detecten operaciones que se aparten del comportamiento habitual de la persona por el monto, horario, dispositivo, ubicación o secuencia de movimientos. Entre las medidas posibles enumera autenticaciones accesibles, alertas comprensibles, demoras preventivas, atención humana inmediata y procedimientos simples para desconocer transferencias o consumos.

Inclusión financiera más allá del acceso tecnológico

El acceso tecnológico entre las personas mayores presenta diferencias por edad y nivel educativo. En el cuarto trimestre de 2024, casi 88 de cada 100 personas de 60 años y más utilizaban celular; el uso de al menos una tecnología alcanzaba al 93,7% entre quienes tenían de 60 a 74 años y descendía al 78,8% desde los 75.

Entre las personas de 65 años y más que no utilizaban internet, casi cuatro de cada diez dijeron que no sabían hacerlo. La brecha también se vinculó con la educación: el 94% de quienes tenían estudios superiores usaba internet, frente al 67% de quienes no completaron la escuela secundaria.

Al señalar esa distancia entre acceso formal y uso efectivo, Garré afirma: “Tener una cuenta o descargar una aplicación no equivale a inclusión financiera”. Garré sostiene que la alfabetización financiera y digital debe ser gratuita, continua, accesible, cercana y basada en situaciones reales de contratación, consumo, crédito y reclamo.

Su propuesta incluye autorizaciones limitadas y revocables, alertas a una persona de confianza elegida por el titular y controles reforzados configurables. “Proteger no es infantilizar sino crear condiciones para ejercer la libertad con seguridad”, concluye Garré.

Brooklyn High Rise LLC deberá pagar USD 352.250 tras haber rechazado a 203 solicitantes de vivienda por sus antecedentes en la Housing Court, el tribunal que trata conflictos entre propietarios e inquilinos.

La Fiscalía General de Nueva York anunció la sanción contra la firma inmobiliaria de Brooklyn por aplicar una práctica prohibida en el estado desde 2019.

La investigación estableció que la compañía obtuvo información sobre litigios previos entre potenciales inquilinos y antiguos arrendadores entre el 15 de julio de 2019 y el 5 de septiembre de 2025. Con esos datos, la empresa negó ilegalmente solicitudes de alquiler.

El acuerdo obliga a la firma a modificar sus mecanismos de selección y a dejar de requerir registros judiciales de vivienda.

Si un aspirante presenta por error documentación con ese historial, deberá volver a entregarla sin esa información y otro agente, que no haya visto el registro previo, tendrá que evaluar la solicitud.

La ley que prohíbe el uso de antecedentes judiciales en alquileres

La ley estatal prohíbe la práctica conocida como tenant blacklisting, o lista negra de inquilinos: un propietario no puede descartar a una persona porque haya tenido un caso judicial contra un arrendador anterior o haya sido demandada por él.

La restricción comprende conflictos por falta de pago, procesos de desalojo y demandas iniciadas por inquilinos para exigir reparaciones. También protege a quienes tienen expedientes pendientes y a quienes atravesaron litigios en el pasado.

Si un propietario recibe un informe de selección que contiene antecedentes en la Housing Court y luego rechaza al solicitante, la ley presume que esa información influyó en la decisión.

En ese escenario, deberá demostrar que existió un motivo distinto y legal para negar el apartamento, de acuerdo con la Fiscalía General de Nueva York.

La pesquisa sobre la inmobiliaria comenzó en mayo de 2025. La empresa continuaba solicitando a una compañía externa informes de evaluación que incluían registros de causas entre propietarios e inquilinos.

Depósitos retenidos y límites para las tarifas de solicitud

La investigación también detectó que Brooklyn High Rise cobraba depósitos de buena fe de entre USD 500 y USD 750 para reservar apartamentos mientras analizaba las solicitudes.

La firma afirmaba que ese dinero se aplicaría al primer mes de renta si la persona era aceptada o se devolvería si era rechazada.

Sin embargo, cerca de 300 personas que retiraron sus solicitudes o fueron descartadas entre enero de 2020 y diciembre de 2025 no recuperaron el dinero.

Como parte del acuerdo, la compañía destinará USD 150.000 a restituciones para quienes hayan presentado solicitudes a través de su sitio durante ese período.

Los afectados serán contactados por la empresa y podrán reclamar USD 500 o, en algunos casos, USD 750. La normativa estatal, además, impide que propietarios y corredores cobren más de USD 20 por una revisión de crédito o antecedentes.

Requisitos y límites para evaluar solicitudes

Ese cargo solo puede aplicarse si el solicitante recibe una copia del informe y de la factura emitida por la empresa que hizo la verificación.

La persona también puede entregar su propio informe de crédito o antecedentes, siempre que haya sido elaborado durante los 30 días previos, para evitar esa tarifa.

La Ciudad de Nueva York establece el mismo límite de USD 20 para las solicitudes de apartamentos. Los propietarios pueden revisar la situación financiera, el crédito, las referencias laborales, los antecedentes con otros arrendadores, las referencias personales y la cantidad de ocupantes previstos, pero deben aplicar los mismos criterios a todos los candidatos.

Antecedentes penales y asistencia para pagar la renta

Desde el 1 de enero de 2025, la Fair Chance Housing Law limita el uso de antecedentes penales en la selección de inquilinos en la ciudad.

En la mayoría de los casos, los proveedores de vivienda alcanzados por la norma no pueden examinar esos registros antes de hacer una oferta condicional de alquiler.

La regulación prohíbe considerar arrestos, procesos pendientes, expedientes sellados o eliminados y gran parte de las condenas antiguas.

Cuando una condena puede ser revisada legalmente, no basta por sí sola para denegar una vivienda: el propietario debe realizar una evaluación individual y justificar por escrito cualquier decisión adversa.

Tampoco se puede rechazar a un solicitante porque cubra parte de la renta con Section 8 u otro programa público de asistencia.

Los propietarios y corredores no pueden aceptar determinados vales de vivienda y descartar otros para excluir candidatos.

La ciudad también advierte que es ilegal exigir un puntaje de crédito o un ingreso mínimo si el vale cubre la totalidad del alquiler, así como negarse a mostrar una vivienda por el uso de asistencia habitacional.

Las personas que sospechen haber sido perjudicadas por una lista negra de inquilinos pueden presentar una denuncia ante la Fiscalía General de Nueva York.

La fiscal porteña Celsa Ramírez le tomó declaración indagatoria este jueves a los influencers libertarios Daniel “Gordo Dan” Parisini y Mariano Pérez, en el marco de una causa por amenazas, incitación a la violencia y discriminación que inició el diputado nacional Esteban Paulón. Otros tres comunicadores oficialistas están citados mañana. Los investigan por acusar al legislador de narco y pedófilo, en una presunta campaña sostenida de agresiones, acusaciones falsas y expresiones intimidatorias vertidas en redes sociales.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, Parisini y Pérez se negaron a declarar. Representados por el mismo abogado defensor, los imputados se limitaron a presentar un escrito. Tuvieron que pasar por el registro de antecedentes penales y les tomaron muestras de sus huellas dactilares.

La fiscal especializada en Investigaciones Complejas impuso una orden de alejamiento recíproca, tanto virtual como física. No puede haber contacto personal ni digital entre denunciante y denunciados hasta que concluya el proceso penal.

Este viernes deberá comparecer el abogado Alejandro Sarubbi Benítez, quien tiene varias causas abiertas, una de ellas en los tribunales de Comodoro Py a partir de que propuso bombardear y esterilizar ciudadanos en el conurbano bonaerense. En agosto había acordado una donación económica a un hospital para cerrar otro expediente por discriminación a la comunidad islámica.

Sarubbi Benítez, además, denunció a la fiscal que lo investiga y pidió su recusación.

Detrás de la indagatoria de Sarubbi Benítez seguirán Pablo Sebastián Pazos, compañero del Gordo Dan en el streaming Carajo, y Nicolás Márquez, biógrafo del presidente Javier Milei.

Consultado por Infobae, Dan respondió irónico a la citación: “Espero que no sea una persecución a los artistas”, dijo, en referencia al show que dará próximamente en el Teatro Gran Rex.

La causa

El caso se originó a partir de una denuncia efectuada por Paulón, quien además de diputado es activista y referente de organizaciones que defienden los derechos de la diversidad sexual.

Según la presentación, tras asumir su banca legislativa y manifestar su oposición política a la gestión de gobierno actual, comenzó a recibir un volumen inusual de agresiones digitales.

El punto de inflexión ocurrió a mediados de 2025, cuando las descalificaciones se trasladaron desde perfiles anónimos hacia cuentas verificadas con un alcance masivo de usuarios. El 24 de junio de ese año, Pablo Sebastián Pazos publicó en la red social “X” un mensaje que asociaba de forma directa al diputado con la pedofilia, acompañado de la frase “SIDA PARA VOS” y capturas de pantalla sobre el activismo del legislador.

Ante la falta de respuesta a una intimación por carta documento, Paulón expuso públicamente la situación en una sesión de la Cámara de Diputados el 2 de julio último.

Esa misma noche, durante la emisión del programa de streaming “La Misa”, transmitido por el canal Carajo y conducido por Daniel Parisini, los integrantes de la mesa hicieron una reacción en vivo al discurso del diputado.

En dicho espacio, según la denuncia, se reiteraron las acusaciones de pedofilia y se calificó como “abuso infantil” a las políticas públicas de acompañamiento a las infancias trans en las que Paulón participó durante su gestión pública en la provincia de Santa Fe.

La fiscalía de Celsa Ramírez le dio intervención a la Unidad de Cibercrimen del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, que a partir de una reconstrucción en redes sociales destacó cuatro publicaciones del Gordo Dan en la plataforma X:

• El 12 de enero de 2024, Parisini comentó una publicación de Paulón con la frase “Vas a correr”.
• El 10 de febrero de 2024, publicó un mensaje sugiriendo de manera pública que el diputado y la legisladora Mónica Fein poseían vínculos con el narcotráfico.
• El 27 de noviembre de 2024, aludió de forma irónica a las denuncias penales en su contra, expresando su voluntad de ir a prisión por unos días.
• El 5 de julio de 2025, emitió un comentario dirigido a una cuenta institucional de diversidad sexual donde asoció la promoción de las identidades trans con la pedofilia y el abuso infantil.

La hipótesis fiscal apunta a que estas expresiones no constituyeron críticas aisladas, sino un ataque coordinado y diseñado para generar el escarnio público de la víctima. La acusación ubicó a los imputados utilizando de forma deliberada estereotipos históricos de estigmatización contra los varones homosexuales, vinculando su orientación sexual con delitos graves y enfermedades de transmisión sexual.

Nicolás Márquez, por ejemplo, posteó a fines del año pasado: “La Diputada @EstebanPaulon siempre publicitando conductas que contagian el VIH”.

El propio Paulón declaró ante la justicia que estas acciones le provocaron un profundo temor por su integridad física y su vida. El legislador explicó que la difusión de estos mensajes ante audiencias que superan los cientos de miles de seguidores estimula a terceras personas a cometer agresiones físicas en la vía pública, bajo la premisa de que se combate a un “ser aberrante”.

De hecho, la causa incorporó como prueba comentarios de usuarios comunes que, en respuesta a los posteos de los denunciados, reclamaban torturas y muertes contra los referentes de la comunidad LGBT.

Informes técnicos

Durante la instrucción de la causa, la fiscalía solicitó la intervención de organismos especializados para evaluar el impacto de la violencia digital en minorías sexuales. La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT+) presentó un dictamen técnico en el que concluyó que los imputados no reprodujeron prejuicios de forma pasiva, sino que los seleccionaron y amplificaron para construir un “blanco de hostilidad pública” debido a la actividad política del denunciante.

Por su parte, Amnistía Internacional Argentina aportó su perspectiva y recordó que el Estado tiene una obligación reforzada de investigar y proteger a los defensores de derechos humanos cuando son objeto de ataques que buscan inhibir su participación en el debate democrático.

Asimismo, la Fundación Huésped fue admitida en el expediente bajo la figura de amicus curiae (amigo del Tribunal) para exponer sobre el daño que causan los discursos estigmatizantes vinculados al VIH y al sida en la salud pública.

El gobierno de México prevé destinar 736 mil 946 pesos para la atención de grupos vulnerables y la prevención de la discriminación el próximo año, de acuerdo con lo estipulado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027, pese a que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) tendrá recursos por 152 millones 290 mil 703 pesos.

Una revisión de Infobae México al Paquete Económico 2027 se confirmó que la CONAPRED prevé recibir dicho presupuesto, sin embargo, de ese total, 139 mil 209 mil 228 pesos son para gasto corriente, lo que equivale al 91.4% de los recursos proyectados para el organismo.

La organización Yo También informó que inicialmente identificó una bolsa de 1,105,419 pesos en anexos transversales para la atención de grupos en situación de vulnerabilidad. Tras revisar los documentos, corrigió la cifra: el monto etiquetado para ese fin es de 736 mil 946 pesos.

El programa P061 concentra 736,946 pesos en el Anexo 14

El Anexo 14, denominado Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables, incluye cinco programas presupuestales vinculados al Ramo 04 de Gobernación.

Entre ellos está el P061, “Política para promover la protección de los derechos humanos y prevenir la discriminación”.

De acuerdo con el documento citado por Yo También, los recursos de ese programa están destinados a impartir capacitación estratégica para promover la inclusión, la igualdad y la no discriminación.

Para esas acciones se proponen 736 mil 946 pesos. El archivo, según la organización, no contiene una nota metodológica que detalle la asignación.

Conapred respondió a Yo También que su presupuesto global para 2027 asciende a 152,290,703 pesos y señaló que las cifras difundidas en anexos transversales no representan la asignación institucional completa.

El organismo desglosó recursos por 368,473 pesos en los anexos 10 y 13, así como montos por 736,943 pesos en los anexos 14, 18 y 33. Conapred sostuvo que la estimación de poco más de 1 millón de pesos era parcial.

Yo También reconoció que la cifra de 1,105,419 pesos de su publicación original era equivocada. También indicó que los montos enlistados en distintos anexos corresponden al mismo recurso y no deben sumarse entre sí.

Conapred concentra 139,209,228 pesos en gasto corriente

La revisión de Infobae México identifica que, de los 152 millones 290 mil 703 pesos previstos para Conapred, 139,209,228 pesos corresponden a gasto corriente.

Dentro de ese rubro, 87 millones 851 mil 313 pesos se destinan a servicios personales. El monto representa 57.68% del presupuesto total proyectado para el Consejo y corresponde al Capítulo 1000, integrado por sueldos y prestaciones del personal.

Otros 51 millones 357 mil 915 pesos se asignan a gastos de operación. Esta partida equivale a 33.72% del total y considera los capítulos 2000 y 3000, relacionados con recursos materiales y contratación de servicios a terceros.

Los documentos presupuestarios no especifican las acciones que se financiarán con los recursos de operación. Entre los conceptos que abarcan esos capítulos se encuentran insumos, arrendamientos, viáticos, telefonía, luz y agua.

El resto del presupuesto, 13 millones 081 mil 475 pesos, está etiquetado como gasto de inversión para inversión física. De acuerdo con la información revisada, se vincula con los capítulos 5000 y 6000 de bienes muebles e inmuebles.

Yo También precisó que esa clasificación puede abarcar equipos de cómputo, licencias de software, mobiliario, vehículos u obras de adecuación física o accesibilidad.

La organización aclaró que los documentos no afirman que los 13,081,475 pesos se utilizarán en cada uno de esos conceptos.

El presupuesto total de Conapred aumenta frente a 2026

El programa P061 tendría una asignación de 146,855,625 pesos en 2027, de acuerdo con los documentos del Ramo 04 de Gobernación consultados por Yo También.

Al considerar los programas de apoyo administrativo M001 y de auditoría O001, el presupuesto total de Conapred llega a 152,290,703 pesos.

La cifra representa un aumento de 18,517,547 pesos frente a los 133.7 millones de pesos asignados en 2026. Yo También calcula que el alza es de 13.8% en términos nominales y de 10.8% en términos reales, al considerar una inflación proyectada de 3 puntos.

La organización señala que el monto revierte la baja registrada desde 2025, cuando Conapred tuvo 148.4 millones de pesos. Aun así, el proyecto para 2027 queda por debajo de los 160.6 millones de pesos proyectados para 2024.

El Anexo 14 deja de incluir el presupuesto completo del organismo

A diferencia de los ejercicios fiscales de 2019 a 2026, el Anexo 14 ya no incluye el presupuesto total de Conapred. Yo También atribuye la diferencia a un cambio técnico y metodológico en la integración de los anexos transversales.

El Manual de Programación, Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público 2027 instruye registrar solo la información que acredita una acción directa hacia la población objetivo. Bajo ese criterio quedan fuera los gastos administrativos y de operación ordinaria.

La metodología para integrar los anexos transversales también redefine la acción transversal como componentes o acciones específicas de un programa presupuestario que contribuyen a un objetivo. Además, excluye actividades administrativas y de apoyo institucional que no se relacionen de forma directa con la provisión de bienes y servicios a la población.

Según Yo También, el cambio genera una reducción aparente de 99.17% al comparar los recursos reportados en el Anexo 14 de 2026 con los 736,946 pesos previstos para 2027.

La organización sostiene que ni la Exposición de Motivos ni el Anexo 14 a detalle explican la ruptura de comparabilidad con los ejercicios anteriores.

Cumplir 50 años hoy ocurre en un escenario muy distinto al que enfrentaron las generaciones anteriores. Los peruanos viven, en promedio, más de tres décadas adicionales que a mediados del siglo pasado, una transformación que está obligando a revisar ideas tradicionales sobre jubilación, productividad, relaciones personales y proyectos de vida.

Para describir esa etapa cada vez más larga entre la madurez y la vejez, la empresaria y mentora Mirian Lau utiliza el término “midelescencia”. La fundadora de La Segunda Mordida la sitúa aproximadamente entre los 50 y 70 años, un periodo atravesado por cambios profesionales, familiares, físicos y personales.

No se trata de una categoría médica ni psicológica reconocida formalmente, sino de una manera de nombrar un fenómeno asociado con la mayor longevidad y la posibilidad de permanecer activos durante más años.

De vivir 43 años a superar los 77

El cambio demográfico ayuda a entender por qué la mitad de la vida empieza a verse de otra manera.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la esperanza de vida al nacer en Perú pasó de 43,8 años en 1950 a 77,4 años en 2024. En el caso de las mujeres alcanzó los 80 años y entre los hombres llegó a 74,7.

Eso significa que una persona que llega a los 50 años puede tener todavía varias décadas por delante, aunque la cantidad y calidad de esos años dependerán de factores como su salud, condiciones económicas, entorno y hábitos.

La transformación también tiene consecuencias económicas. La Generación X, formada habitualmente por quienes nacieron entre 1965 y 1980, representa alrededor del 17% de la población mundial y se estima que impulsó unos US$15,2 billones en gasto de consumo durante 2025.

Reinventarse laboralmente después de los 50

Una vida más larga no garantiza, sin embargo, una permanencia sencilla en el mercado laboral.

En Perú, el 85% de los trabajadores considera que existe discriminación por edad, según un estudio de Bumeran. Entre las prácticas identificadas, 41% menciona que las empresas evitan incorporar personas mayores de 45 años y 46% percibe que se privilegia a trabajadores más jóvenes para determinados proyectos o reconocimientos.

Para Lau, esta realidad obliga a revisar la idea de una trayectoria profesional lineal que termina con la jubilación.

La especialista plantea que, durante esta etapa, una persona puede combinar distintas actividades como consultoría, mentoría, participación en directorios, emprendimientos o proyectos independientes, en lugar de depender exclusivamente de un empleador.

Esto también puede implicar actualizar el perfil profesional, adquirir nuevas competencias digitales y reconstruir redes de contacto después de años dentro de una misma organización.

Salud, vínculos y propósito: qué cambia en esta etapa

La reinvención no se limita al trabajo. Lau identifica otros tres ámbitos que adquieren especial importancia: salud, relaciones personales y propósito.

En materia de bienestar, recomienda incorporar los chequeos médicos a la planificación cotidiana y mantener actividad física regular, además de prestar atención a la salud emocional.

También plantea continuar aprendiendo durante la adultez, desde idiomas hasta nuevas herramientas tecnológicas. La idea no es simplemente acumular conocimientos, sino conservar espacios de estímulo intelectual y adaptación frente a un entorno laboral y social que cambia rápidamente.

En las relaciones personales, propone priorizar vínculos significativos y combatir el aislamiento, un aspecto especialmente relevante cuando los hijos dejan el hogar, cambia la rutina laboral o se producen pérdidas dentro del entorno cercano.

¿Crisis de la mediana edad o una nueva etapa?

Durante décadas, llegar a determinada edad estuvo asociado con conceptos como “crisis de la mediana edad” o con el inicio de una retirada progresiva de la vida profesional.

La denominada midelescencia propone una mirada distinta: no negar los cambios asociados con la edad, sino preguntarse qué hacer con los años adicionales que hoy forman parte de la expectativa de vida.

“Dejas de contar los años y empiezas a medir tu vida en energía, determinación y pasión renovada”, sostiene Lau.

Entre sus recomendaciones aparece también identificar actividades pendientes, experimentar antes de adoptar un nuevo proyecto y pensar qué conocimientos o experiencias pueden transmitirse a otras generaciones mediante mentorías, voluntariado o enseñanza.

La mayor longevidad no significa que todas las personas lleguen a esta etapa con las mismas condiciones económicas, laborales o de salud. Pero sí introduce una pregunta que hace algunas décadas tenía mucho menos espacio: si la vida puede extenderse durante 20 o 30 años después de los 50, ¿cómo queremos vivir esa segunda mitad?

Las personas que superaron un cáncer en Panamá podrán omitir ese antecedente médico al solicitar servicios bancarios, crediticios o de seguros, una vez transcurridos cinco años desde la finalización del tratamiento sin recaídas. La protección comenzó a regir este 9 de septiembre, tras la sanción y promulgación de la Ley 547.

La norma fue firmada por el presidente José Raúl Mulino y publicada el 8 de septiembre. Su entrada en vigor representa el paso definitivo de una iniciativa que recibió respaldo unánime en la Asamblea Nacional, donde 41 diputados aprobaron el entonces proyecto de Ley 350.

El denominado derecho al olvido oncológico permite que una persona recuperada no tenga que declarar que padeció cáncer, siempre que haya completado el periodo médico establecido sin recurrencia o reincidencia. También impide que ese diagnóstico anterior sea utilizado para excluirla o imponerle condiciones económicas desfavorables.

La legislación alcanza la contratación de seguros, créditos, productos bancarios y otros servicios financieros. Las empresas no podrán aplicar cláusulas, restricciones, exclusiones ni aumentos de primas basados en una enfermedad oncológica superada cuando hayan transcurrido cinco años desde el final del tratamiento sin que el paciente presente una recaída posterior.

Cualquier condición contractual que desconozca ese derecho será considerada nula. La protección evita, por ejemplo, que una aseguradora cobre una prima mayor o rechace una solicitud únicamente porque el interesado recibió tratamiento contra el cáncer años atrás, pese a encontrarse recuperado y cumplir el periodo libre de enfermedad exigido legalmente.

La ley no elimina el historial clínico ni impide que los médicos utilicen esa información durante la atención del paciente. Su finalidad es evitar que un dato necesario dentro del ámbito sanitario se convierta en una barrera permanente al contratar servicios financieros o aseguradores, después de que la enfermedad haya sido médicamente superada.

El cumplimiento del periodo deberá acreditarse mediante una certificación médica que confirme la finalización del tratamiento y el tiempo transcurrido sin recaídas. La documentación permitirá establecer si la persona cumple las condiciones necesarias para ejercer el derecho y evitará que la aplicación dependa únicamente de una declaración del solicitante.

La normativa contempla además plazos diferenciados que pueden ser inferiores a cinco años, dependiendo del tipo, comportamiento y características del cáncer diagnosticado. Una tabla técnica permitirá determinar el periodo aplicable a determinadas patologías oncológicas, debido a que las posibilidades de recurrencia y los tiempos de recuperación no son iguales en todos los casos.

La certificación estará a cargo de un comité integrado por representantes de las sociedades de Oncología y Hematología de Panamá, con participación de especialistas según la enfermedad evaluada. El documento deberá precisar cuándo terminó el tratamiento y cuánto tiempo lleva la persona sin recaídas, además del plazo correspondiente al diagnóstico específico analizado por los médicos.

La iniciativa fue presentada originalmente por el diputado Jorge Bloise como Anteproyecto de Ley 123 y posteriormente fue discutida como proyecto de Ley 350. Durante su análisis participaron representantes de pacientes, especialistas, aseguradoras y entidades privadas, antes de que el pleno legislativo la aprobara de manera unánime y la remitiera al Ejecutivo para su sanción.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, sostuvo que haber padecido cáncer no puede transformarse en “una sentencia financiera para siempre”. Aseguró que la nueva legislación permitirá a los sobrevivientes volver a solicitar financiamiento para viviendas, bienes o emprendimientos, así como contratar seguros de vida y hospitalización sin cargar indefinidamente con el diagnóstico anterior.

Panamá se incorpora con esta decisión a un grupo de aproximadamente 30 países que han adoptado regulaciones similares. En Europa, el concepto ha avanzado mediante leyes nacionales y disposiciones comunitarias dirigidas a impedir que las personas recuperadas continúen pagando consecuencias económicas por su enfermedad, incluso después de haber recibido el alta y superado los periodos médicos de riesgo.

La medida tiene especial relevancia en un país donde el cáncer constituye la segunda causa de muerte y la principal causa de mortalidad prematura, según información del Ministerio de Salud. Los tumores de próstata, mama, cuello uterino, colon y recto, y estómago figuran entre los de mayor incidencia en la población panameña.

Además de sus consecuencias sanitarias, la enfermedad puede reducir ingresos, interrumpir carreras profesionales y elevar los gastos familiares durante años. Después del tratamiento, muchos sobrevivientes enfrentan dificultades adicionales para obtener créditos o contratar pólizas, debido a evaluaciones de riesgo que mantienen el diagnóstico como condicionante, aunque su situación médica haya cambiado favorablemente.

La Ley 547 busca cortar esa prolongación de las consecuencias económicas, pero su efectividad dependerá de su aplicación. Bancos, financieras y aseguradoras deberán ajustar formularios, evaluaciones de riesgo y condiciones contractuales, mientras las autoridades tendrán que garantizar mecanismos para denunciar incumplimientos y evitar que la discriminación continúe mediante criterios menos visibles.

El nuevo derecho tampoco significa que todas las solicitudes deberán aprobarse automáticamente. Las entidades conservarán la posibilidad de evaluar ingresos, capacidad de pago y otros factores legítimos. Lo que cambia es que un cáncer superado dejará de ser un criterio válido para encarecer o negar servicios, cuando el solicitante cumpla el periodo médico fijado por la legislación.

Más de 40 jueces, fiscales y defensores de todo el país participaron en la obra colectiva “Discriminación, Antisemitismo y Derecho. Respuestas judiciales frente al odio”, un libro impulsado en el ámbito de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional que será presentado el próximo lunes 28 de septiembre a las 15 en la sede de la entidad. La publicación fue dirigida por Flora Acselrad, Mariana Kohan y Laura Kvitko.

La obra reúne además aportes de especialistas internacionales y pone el foco en las respuestas del sistema judicial frente al avance de la discriminación, el antisemitismo y los discursos de odio.

Aportes de todo el país

El proyecto fue desarrollado con un enfoque federal y plural, a partir de reflexiones de magistrados, funcionarios, abogados y especialistas de distintas jurisdicciones. El eje del trabajo es el análisis jurídico e interdisciplinario de los desafíos que enfrenta la Justicia para garantizar la igualdad, la dignidad humana y la protección de los derechos fundamentales.

Las directoras Acselrad, Kohan y Kvitko ordenaron una publicación que aborda el resurgimiento del antisemitismo y otras manifestaciones de odio desde distintas ramas del derecho. El volumen busca aportar herramientas para fortalecer las respuestas institucionales.

El contenido está organizado en una presentación y siete capítulos. Entre los temas incluidos figuran los elementos históricos y conceptuales de la discriminación y el antisemitismo, las respuestas frente al negacionismo, los límites del discurso de odio en relación con la libertad de expresión y el abordaje penal de los crímenes motivados por odio.

También se desarrollan las respuestas procesales penales, el tratamiento civil y laboral de la discriminación y el impacto de la tecnología en la discriminación, con foco en redes sociales e inteligencia artificial. Ese recorrido busca ofrecer una mirada amplia sobre problemas que hoy atraviesan tanto el debate público como la actuación judicial.

El testimonio de un sobreviviente

La obra concluye con el testimonio de Omri Shifroni, sobreviviente del ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 en Israel, incorporado como una pieza final del libro. Su relato se suma al desarrollo jurídico del volumen con una perspectiva centrada en la memoria, la resiliencia y el diálogo.

La presentación está prevista para el 28 de septiembre a las 15 en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que preside el juez Andrés Basso.

La Torre Eiffel reabrió este martes, al día siguiente de una huelga de los empleados por la exclusión de sus compañeras de trabajo durante la visita de un grupo religioso hindú que posteriormente se disculpó.

Según un comunicado del sindicato CGT, se dieron una serie de instrucciones al personal para la visita, el sábado, del movimiento espiritual hindú Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS).

En consecuencia, las mujeres empleadas fueron “apartadas, reemplazadas e invisibilizadas debido a su sexo”.

“A algunas (mujeres) se les pidió que abandonaran sus puestos y se retiraran a unas salas apartadas. En algunos puestos, fueron sustituidas por hombres. Y a todas las empleadas se les ordenó que no pasaran ni atravesaran determinadas zonas mientras la delegación estuviera presente”, según un comunicado del personal.

La Sociedad de Explotación de la Torre Eiffel (SETE) ha reconocido que la delegación hindú había solicitado que la visita se organizara limitando las “interacciones con las mujeres” y ha reconocido que no debería haberse aceptado.

El alcalde socialista de París, Emmanuel Grégoire, anunció la apertura de una investigación sobre lo sucedido.

La BAPS ha presentado sus disculpas “a cualquier persona que pudiera haberse sentido ofendida o molesta por esta situación”, pero ha matizado las críticas.

“En ningún momento se ha denegado el acceso a la Torre Eiffel a nadie”, escribió el BAPS de París en X el lunes por la noche.

Tras la huelga, este martes, poco antes de las 9:30, los visitantes pasaban los controles de seguridad al pie de la torre, constató un periodista de esta agencia. En su sitio web, la Torre Eiffel indica que el monumento emblemático de la capital francesa permanecerá “abierto hoy”.

El domingo, miles de hindúes celebraron en Bussy-Saint-Georges, a 30 km al este de París, la consagración del primer gran templo construido en Francia por la organización BAPS.

Con sus cúpulas y agujas de piedra tallada, se presenta como “un emblema de la cultura india y del hinduismo”.

En lo alto del edificio ondeaban las banderas del movimiento BAPS, fundado en 1907 y que cuenta con una red mundial de más de 1.300 “mandirs” (templos), algunos de los cuales han sido inaugurados por el primer ministro indio, Narendra Modi.

Parte de la diáspora india considera que la inauguración del nuevo templo en Francia es una nueva ofensiva del “supremacismo hindú”, con “una visión del mundo conservadora y nacionalista”.

Fuente: AFP.

Fotos: AP Foto/ Christophe Ena y JCCM/ Europa Press.

Hull City condenó el abuso racista contra su nuevo fichaje Robinio Vaz y anunció que trabaja con la policía para identificar a las cuentas que difundieron los mensajes en redes sociales. El delantero francés de 19 años llegó a préstamo desde la Roma en el cierre del mercado y quedó en el centro de una oleada de comentarios discriminatorios tras el anuncio de su incorporación al club inglés, según informó The Guardian.

El caso volvió a colocar en primer plano la discriminación racial en redes sociales contra futbolistas, un problema que distintas ligas europeas y organismos del deporte han denunciado en los últimos años. En esta ocasión, la reacción institucional se produjo pocas horas después de que se hiciera pública la llegada de Vaz al recién ascendido a la Premier League.

Apoyo total del club hacia el delantero

En un comunicado difundido después de los ataques, el club sostuvo que el jugador contará con respaldo pleno de la institución y remarcó que ningún deportista debería ser blanco de mensajes discriminatorios. La entidad también indicó que ya colabora con la policía de Humberside y con otras autoridades competentes para avanzar en la identificación de los responsables.

La institución definió los mensajes como “un abuso repugnante” y señaló que busca que se adopten medidas contra quienes administran las cuentas involucradas. La declaración sitúa el episodio dentro de una problemática más amplia vinculada con la exposición de los futbolistas jóvenes en plataformas digitales, en especial cuando se anuncian fichajes de alto impacto para la temporada.

Vaz se incorporó al equipo en condición de cedido desde la Roma durante el último día del mercado de pases. El atacante, de nacionalidad francesa, pasó a integrar un plantel que acaba de regresar a la máxima categoría del fútbol inglés. Fue precisamente la publicación en redes que confirmó su llegada la que concentró un volumen elevado de comentarios ofensivos, de acuerdo con el medio británico.

La Premier League también repudió los ataques

La Premier League expresó también su rechazo al episodio y comunicó que ofreció apoyo tanto al delantero como a su club. La organización sostuvo que observa con preocupación la persistencia de ataques discriminatorios contra jugadores en redes sociales y reiteró su disposición a trabajar con equipos, autoridades, fuerzas de seguridad y empresas tecnológicas.

En su posicionamiento, la liga inglesa afirmó que existe malestar por la continuidad de estas agresiones y planteó la necesidad de una respuesta coordinada para abordar el problema. La intervención conjunta entre clubes, autoridades y plataformas aparece desde hace tiempo como uno de los ejes centrales de la discusión sobre cómo frenar el hostigamiento racista en entornos digitales.

Un inicio de temporada agridulce

La denuncia del club llegó mientras Hull City atraviesa un arranque positivo en su regreso a la primera división. El equipo comenzó la temporada con dos victorias en sus dos primeros partidos, un dato que había alimentado expectativas entre sus hinchas antes del próximo compromiso ante Aston Villa.

Ese impulso inicial se sostuvo en la tercera fecha, más allá de que el equipo no logró romper el cero en el MKM Stadium. No obstante, prolongó su invicto en la liga. Los dirigidos por Sergej Jakirovic llegaron a siete puntos en tres partidos, con un balance de dos victorias y un empate, además de un dato que fortaleció su comienzo: todavía no recibió goles.

Tras ese resultado, el equipo quedó segundo en la tabla, por detrás de Manchester City y por encima de varios candidatos con mayor presupuesto. Sunderland, Chelsea y Newcastle serán los próximos desafíos que tendrá el Hull City en el calendario de la Premier League.

La aparición de la madre de Lourdes Fernández —conocida artísticamente como Lowrdez— en el ciclo de Flor de la V llegó en medio de la repercusión que generó el descargo público que la cantante publicó en sus redes sociales. Allí, la integrante de Bandana respondió con fuerza a quienes la critican por su físico: “¿Por qué no se van a la mierda los que todo el tiempo comentan que estoy gorda?”, escribió en una historia de Instagram, y agregó: “Busquen modelos o métanse en otro perfil si no les gusta”.

Mabel confirmó que el tema no le es ajeno a la familia: “Sí, lo veníamos hablando. Lo está trabajando”, dijo ante la conductora. Sin embargo, aclaró que la situación tampoco la toma por sorpresa, dado que como médica convive cotidianamente con casos similares. “Esto que le pasa a Lourdes yo lo veo diario en mi práctica médica. Tampoco me sorprende”, señaló con una sonrisa.

La mirada profesional de Mabel le dio un marco particular a su intervención. Explicó que entre sus pacientes jóvenes con problemas metabólicos, el daño que generan las opiniones externas sobre el cuerpo es una constante. “Mi mensaje siempre es que dejen la mirada atrás. La única mirada que importa es la de uno mismo”, sostuvo.

La conductora de Los Profesionales, Flor de la V, sumó su propia lectura: “Te volvés esclava de las opiniones. Y ahí dejás de disfrutar. No solo te afecta a vos misma, porque ella dice que le afecta el sobrepeso y además le afectan las críticas. Entonces estás metida en un merengue que para la cabeza debe ser insostenible”. Mabel asintió sin dudar.

En un momento del diálogo, Mabel eligió correrse del tema del hate y poner el acento en otro lado: la agenda artística de su hija. “Acá lo que a ella más le importa, y al resto de sus compañeras, es que Bandana se presenta en el Gran Rex y tienen una gira para Mendoza. De lo que hay que hablar de Lourdes...”, dijo, y cerró la idea con una frase corta y directa: “Se fue... punto”.

El gesto habló por sí solo: para Mabel, el ruido alrededor del físico de su hija opaca lo que realmente está en juego para el grupo, que prepara una nueva etapa sobre los escenarios.

El descargo de Lowrdez en Instagram no se limitó a responder las críticas. La cantante también explicó el contexto médico detrás de los cambios físicos que sus seguidores señalan. “Me sacaron el útero, tuve complicaciones”, escribió, y mencionó que debió recibir corticoides y “medicación de todo tipo” para atravesar problemas personales.

Lourdes Fernández atravesó una histerectomía completa —con extracción del útero y ambos ovarios— a causa de múltiples miomas y un útero agrandado. La operación coincidió con el final de su relación con Leandro García Gómez, quien afronta un proceso judicial por lesiones leves, privación ilegítima de la libertad y amenazas coactivas. En ese contexto, la cantante también debió resignar su proyecto de maternidad.

“La presión que ejercen sobre mí más la que yo siento por no sentirme bien en un cuerpo que no me gusta es una mierda”, escribió Lowrdez en su historia. Una frase que, según su madre, refleja un proceso que Lourdes transita con acompañamiento y que, poco a poco, va trabajando.

El creador de contenido de origen alemán, conocido en redes como Nea Alemán, relató el episodio en un video y aseguró que la mujer rechazada en la puerta era su novia.

Según su propio relato, la situación se repitió dos veces la misma noche, con una justificación distinta en cada intento. El creador nunca reveló el nombre del establecimiento, mientras caminaba por las calles de la ciudad tomado de la mano de su pareja.

El personal del bar cambió de excusa en el segundo intento

La primera vez que Luca Mariano quiso ingresar con su novia, el personal apeló a un motivo genérico. “Ah, hay un evento privado”, le dijeron, según el video que él mismo publicó.

Sin embargo, en un segundo intento de tratar de ingresar a otro establecimiento del mismo tipo, ocurrió una situación similar después, pues la seguridad o logística del lugar al sospechar que ejercía trabajo sexual, pese a que la joven es oriunda de Medellín.

Minutos después, Mariano volvió a intentarlo. Esta vez mencionó que conocía a una empleada del lugar y que quería grabar contenido para mostrarlo en sus redes.

El discurso del personal cambió por completo. “Tenemos un problema, es por las chicas”, le respondieron, y le explicaron que el bar no permitía el ingreso de mujeres bajo sospecha de ejercer trabajo sexual.

Luca Mariano exigió explicaciones por la confusión con trabajadoras sexuales

La reacción del creador fue de indignación inmediata. “Nosotros somos de Medellín y son las novias de nosotros, qué hijue... mierda es eso”, expresó en el video.

Hasta el momento, Mariano no identificó públicamente el bar señalado y tampoco se conoce una respuesta oficial del establecimiento sobre la denuncia difundida en redes sociales.

Las reacciones en la publicación de Luca no tardaron en aparecer y rápidamente dejaron mensajes como: “Se escudan a veces también en el código de vestimenta”; “Se llama filtro para que la gente que va a este tipo de lugares no se encuentre con cualquiera allí dentro”, entre otros.

Luca ya había sido tendencia en redes sociales luego de compartir una publicación después de visitar Barrio Antioquia durante un evento gratuito de fútbol callejero que ofrecieron algunos artistas del género urbano.

Según expuso, se llevó una amarga experiencia al ver a varias personas en las calles consumiendo sustancias alucinógenas sin temor a ser descubiertas por las autoridades especialmente en jóvenes entre los 16 y 18 años.

En 2022, un joven denunció que le negaron una reserva por su acento costeño

Cartagena registra antecedentes de rechazos justificados con el argumento de que se busca impedir el ingreso de trabajadoras sexuales.

El diario reportó otro caso distinto de discriminación en 2022, esta vez motivado por el acento del cliente y no por su color de piel. Félix Ladrón de Guevara, de 26 años, denunció que el restaurante El Candé, ubicado en el barrio San Diego, le negó una reserva telefónica.

El joven aseguró que, tras la negativa, pidió a un acompañante extranjero que llamara en inglés al mismo número. La reserva se concretó de inmediato para dos mesas.

“Como yo sé cómo funciona todo aquí, le dije al novio de mi hermana y le pedí que hablara en inglés, como consta en el registro, y él habló. “Mágicamente aparecieron dos mesas”, relató Ladrón de Guevara al diario.

El restaurante emitió un comunicado en el que negó cualquier tipo de segregación contra el cliente. La empresa argumentó que revisó el procedimiento de atención y concluyó que había sido el adecuado.

La edición 43 del Maratón Ciudad de México contó con la participación de miles de personas, tanto profesionales como aficionados del atletismo, entre ellos personas con discapacidad.

Sin embargo, el evento deportivo ha sido señalado de discriminación y capacitismo, luego de que activistas y colectivos denunciaron una brecha “abismal” en los premios entre corredores y atletas en silla de ruedas, ceguera, o discapacidad visual.

Guz Guevara, activista anticapacitista, destacó que los primeros lugares absolutos (personas sin discapacidad) por rama reciben 50 mil dólares, lo que equivale a 850 mil 735 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio al día del Maratón.

Esto es 789 mil 735 pesos mayor a los 61 mil pesos que recibe el primer lugar por rama en la categoría de atletas con discapacidad.

Esto también ocurre en el segundo y tercer lugar, con una brecha de 303 mil 294 pesos y 152 mil 147 pesos, respectivamente.

En su cuenta de Instagram, el activista calificó al Maratón Ciudad de México como capacitista y lo cuestionó la diferencia entre los premios.

“¿Lxs atletas con discapacidad merecen menos? El Maratón de la Ciudad de México 2026 tuvo abismales diferencias entre los premios de las categorías sin discapacidad y con discapacidad: en el primer lugar, por ejemplo, hablamos de aproximadamente 850 mil pesos mexicanos frente a 61 mil pesos mexicanos.

“No significa que haya un menor esfuerzo, disciplina o talento. Significa que seguimos siendo sometidxs a un sistema capacitista que históricamente ha colocado un valor y mirada de inferioridad sobre nuestros cuerpos”, escribió en la red social.

En este sentido, hizo un llamado a que los deportistas con discapacidad sean premiados de la misma forma que los atletas sin discapacidad y exigiendo que se erradique el capacitismo en el deporte.

La organización Yo También coincidió con la denuncia entorno a la diferencia entre los montos para los ganadores; no obstante, indicó que a esa disparidad se suma que, por la modalidad de recorrido —en particular en los equipos de sillas para atletismo—, los tiempos entre paratletas y corredores sin discapacidad registran distancias de más de media hora.

Según el colectivop, este año, la diferencia entre los primeros lugares varoniles fue de 30 minutos con 48 segundos: el paratleta mexicano Gonzalo Valdovinos terminó en 1:39:15 horas, mientras que el atleta peruano Cristhian Pacheco registró 2:10:03 horas.

¿Qué dice el Reglamento del Maratón?

El Reglamento del Maratón CDMX establece que la categoría de personas con discapacidad motriz (silla de ruedas) “será premiada únicamente en su categoría” y que estos participantes no entran en la premiación de los ocho lugares absolutos.

También señala que, para todas las categorías, es indispensable la participación de 25 corredores inscritos como mínimo para acceder al premio correspondiente, requisito que no aplica en personas con discapacidad visual y silla de ruedas.

Acusan uso de lenguaje obsoleto e inadecuado

Yo También acusó que a esto se sumó el uso de lenguaje obsoleto e inadecuado para nombrar las categorías de participantes con discapacidad.

Yo También señaló que de acuerdo con la convocatoria del Maratón, en el apartado “Ramas y categorías” se considera a las personas con discapacidad visual como aquellas con ceguera total, parcial y “débiles visuales”.

Comentó que esa forma de nombrar a las personas con baja visión —término aceptado— presupone dificultad o debilidad y deriva en una referencia negativa.

También indicó que la convocatoria pide a las personas con discapacidad visual interesadas en participar presentar un certificado médico original para acreditar su “debilidad visual”, avalado por una institución pública.

Los paratletas inscritos deben correr con un guía y un antifaz obligatorio. No obstante, en las especificaciones para acompañantes se menciona a corredores “de baja visión”.

Por ello, la organización cuestionó por qué no se usa el término adecuado a lo largo de todo el documento.

En el apartado “Bases”, donde se detallan los horarios de salida por bloque, la convocatoria vuelve a catalogar al grupo como “bloque de silla de ruedas y débiles visuales”.

Clasifica la premiación como “capacidades diferentes”

En la sección “Premiación”, los estímulos dirigidos a personas con discapacidad se clasifican como “Categorías con capacidades diferentes”.

En el mismo apartado, la convocatoria cita a las personas usuarias de silla de ruedas como “discapacidad motriz”, mientras que a la población con discapacidad visual de nueva cuenta la nombra como “débil”.

El colectivo sostuvo que, con o sin discapacidad, todas las personas tienen capacidades diferentes, por lo que usar ese término para referirse a quienes viven con alguna condición resulta contrario al modelo social de discapacidad.

Asimismo, añadió que se trata de un concepto en desuso y eliminado de la Constitución desde 2006.

En los resultados de atletas con discapacidad, en silla de ruedas femenil el primer lugar es para Brenda Osnaya (México) con 2:00:20; el segundo, para Yeni Aidé Hernández (México) con 2:00:24, y el tercero, para Evelyn Enciso (México) con 2:19:50. En silla de ruedas varonil, el primer lugar corresponde a un atleta de México con 1:39:15; el segundo, a Pedro Gandarilla (México) con 1:39:50, y el tercero, a Luis Francisco Sanclemente (Colombia) con 1:40:46.

En la categoría de ciegos y débiles visuales varonil, el primer lugar es para Miguel de Jesús Hernández (México) con 2:54:47; el segundo, para Leonardo Villafaña (México) con 2:56:03, y el tercero, para Francisco Hernández (México) con 4:45:53. En ciegas y débiles visuales femenil, el primer lugar lo obtiene María de los Ángeles Herrera (México) con 3:48:31; el segundo, Maribel Tolentino Ángeles (México) con 3:51:56, y el tercero, Palmira Martínez Cárdenas (México) con 4:00:45.

Un análisis sobre 22 modelos de lenguaje de gran escala (LLM) identificó que los sistemas de inteligencia artificial usados para recomendar especialistas tienden a favorecer perfiles ya visibles y pueden dejar fuera a investigadores, con efecto en las oportunidades profesionales cuando se los consulta para elegir conferencistas, supervisores o expertos.

El trabajo, liderado por la científica informática Lisette Espín-Noboa, del Complexity Science Hub (CSH) de Viena, también mostró que las mejoras aplicadas para corregir esos sesgos elevan la precisión o la representación social, pero no ambas al mismo tiempo, informó el portal especializado en ciencia y tecnología TechXplore.

Uno de los datos más claros apareció en la medición de exactitud factual: entre el 63% y el 82% de las recomendaciones correspondían a científicos reales presentes en la base de referencia. En diversidad, los resultados oscilaron entre 44% y 69%, mientras que en paridad —que mide si la proporción de académicos recomendados refleja su peso real en el campo, por ejemplo, entre hombres y mujeres— se ubicaron entre 54% y 60%.

En el estudio se preguntó a quién considera experto una inteligencia artificial. La respuesta, conforme al portal, es que los modelos reproducen desigualdades previas y pueden intensificarlas al recomendar con más frecuencia a hombres, académicos consolidados de Estados Unidos y autores con alta citación.

Modelos reconocen nombres, pero fallan en especialidades

En una primera investigación, disponible en el archivo de prepublicaciones arXiv, el equipo examinó seis modelos de pesos abiertos —cuyo código y parámetros son de acceso público— para medir consistencia, precisión y sesgo social en tareas de recomendación dentro de la física. Para eso usó como referencia una base de más de 450.000 científicos que publicaron en revistas de la American Physical Society entre 1893 y 2020.

Espín-Noboa explicó que, cuando pidieron a los modelos identificar académicos en subcampos específicos de la física, la mayoría citó científicos reales, pero asignó mal su área en 40% de los casos, en promedio. También observó que los sistemas priorizaron expertos varones, de mayor antigüedad, radicados en Estados Unidos y ampliamente citados.

La investigadora describió una consecuencia concreta en el ámbito académico: “Un organizador de conferencias puede usar LLM para encontrar posibles oradores principales. Si tu nombre nunca aparece, eres invisible y perderás oportunidades”. Esa omisión, según el estudio, no es marginal cuando la recomendación automática empieza a reemplazar búsquedas humanas.

Las mujeres han estado históricamente subrepresentadas en física, pero aun así representan entre 14% y 32% de los investigadores en el registro científico, según el subcampo y la época. “Sin embargo, la mayoría de los LLM recomendó incluso menos mujeres que esa base ya baja, y en algunos casos ninguna”, señaló Espín-Noboa.

El patrón se repitió en etnicidad. Aunque los académicos asiáticos son el grupo demográfico más numeroso en la base de la American Physical Society (APS), en la mayoría de los casos los modelos sobrerrepresentaron a investigadores blancos, mientras que científicos negros y latinos a menudo no aparecieron.

Los nombres sugeridos, además, se concentraron de forma abrumadora entre los investigadores con más publicaciones y citas, muy por encima del físico típico del campo. En los modelos más pequeños también apareció una tendencia a agrupar recomendaciones dentro de los mismos países, lo que redujo todavía más la diversidad geográfica.

Espín-Noboa precisó: “En conjunto, estos patrones muestran que los LLM no solo reflejan desigualdades existentes: pueden amplificarlas, reforzando una dinámica en la que quienes ya son visibles se vuelven más visibles y quienes ya están marginados permanecen sin ser vistos”.

El banco de prueba no halló mejoras totales

Tras ese primer trabajo, el equipo desarrolló LLMScholarBench, un banco de evaluación con nueve métricas para medir calidad técnica y representación social en recomendaciones generadas por IA. La herramienta se aplicó a 22 modelos, de los cuales 20 eran de pesos abiertos y dos propietarios —de acceso cerrado y desarrollo privado—.

Las nueve métricas abarcan factualidad, diversidad, validez, duplicados, consistencia, rechazo, conectividad, similitud y paridad. El sistema permite comparar familias de modelos como Gemini, GPT, Llama, Qwen, DeepSeek, Grok, Mistral y Gemma, y revisar su desempeño en cada criterio.

Entre los hallazgos, los modelos de DeepSeek y Gemini quedaron entre los mejor posicionados en exactitud factual. En diversidad lideraron los modelos de DeepSeek, mientras que en paridad encabezaron los de Gemma.

El equipo probó cuatro intervenciones controladas por el usuario. Entre ellas figuró la generación aumentada por recuperación, conocida como RAG, que consiste en indicar al modelo que busque información en la web en lugar de responder solo con datos de entrenamiento, y ajustes de instrucciones, indicaciones explícitas para orientar al chatbot hacia respuestas más equilibradas en lo social, conocidos como ingeniería de prompts.

“El RAG mejora la calidad técnica, en particular la exactitud factual, y la ingeniería de prompts orienta la representación social tal como se pide. Pero incluso al combinar ambos, la compensación persiste: mejorar todas las métricas a la vez sigue siendo difícil”, afirmó Espín-Noboa.

La investigadora añadió que, en diversidad y paridad, “claramente hay margen de mejora”. Esa limitación se mantuvo incluso al evaluar modelos propietarios más nuevos como Gemini 2.5 Pro y Flash con búsqueda web incorporada: la exactitud subió, pero la diversidad y la paridad bajaron.

La ubicación influye en las recomendaciones de la IA

En un tercer estudio, también disponible en arXiv, los investigadores analizaron si el idioma, la ubicación geográfica y el rol descrito en la instrucción influyen en las recomendaciones que hace un LLM en seis disciplinas académicas, incluida la física. Los roles simulados incluían, por ejemplo, a un estudiante que busca supervisor o a un reclutador que busca profesor.

El resultado fue que la ubicación geográfica sí alteró las recomendaciones, mientras que el idioma y el rol no produjeron cambios relevantes. Las preguntas formuladas en distintos idiomas dieron resultados similares, pero el encuadre geográfico modificó a quién proponía el sistema.

“Esto importa porque el encuadre geográfico puede influir en la exactitud y la calidad de las recomendaciones, aunque no debería ser un factor para evaluar la pericia científica”, sostuvo Espín-Noboa.

Junto con el especialista en visualización de datos Yi Zhe Ang, el grupo publicó además la herramienta interactiva Whose name comes up, que permite explorar con qué frecuencia fue recomendado cada físico en distintas ejecuciones y revisar el rendimiento individual de cada chatbot en cada métrica de evaluación.

Para la investigadora, el aporte principal no es una foto fija de modelos concretos, algunos de los cuales ya fueron actualizados, sino la creación de un método abierto de auditoría. Según dijo, los resultados muestran de forma consistente que los sesgos detectados son estructurales y no exclusivos de un modelo particular.

El equipo sostiene que entrenar con más datos o con datos más recientes no resolverá el problema si la información de base no se vuelve más representativa. Por eso busca construir una base de conocimiento académico amplia que refleje mejor la diversidad completa de quienes contribuyen a la ciencia.

Espín-Noboa advirtió que el alcance del problema va más allá de las universidades: “La gente ya usa LLM para encontrar médicos, abogados y profesionales en todos los campos. Si estos sistemas tienen una representación sesgada, las personas reales son las que pierden oportunidades”.

De acuerdo con el testimonio de la usuaria que compartió las imágenes, el conflicto comenzó después de que los perros de la pareja habrían atacado a su mascota. La afectada decidió sacar su teléfono para documentar lo ocurrido y reclamar a los dueños por lo que consideró una falta de control sobre sus animales.

En la grabación aparece una pareja paseando con sus perros. Según la denunciante, los animales no se encontraban sujetos de manera adecuada para evitar un posible acercamiento con otros caninos. El hombre habría tomado las correas únicamente después de percatarse de que estaba siendo grabado.

“Como podemos ver al inicio del video, el hombre tiene amarrados a sus perros solo entre sí, los cuales solo agarra hasta que ve que empiezo a grabar y una vez que ya habían atacado a mi perrita. Mientras intento documentar la situación y exigirles que tengan un control de sus animales y más si son agresivos, estas personas reaccionan a la defensiva, lejos de asumir la responsabilidad y basando la discusión en que al reclamarle el ataque de sus perros y luego nos mandarán a vivir a una cueva”, cuenta la usuaria afectada.

La discusión subió de tono

La mujer explicó que comenzó a grabar debido a la reacción de la acompañante del hombre, quien presuntamente empezó a reclamarles mientras intentaban aclarar lo ocurrido.

“Empecé a grabar, ya que esta mujer, a la cual ni siquiera nos habíamos dirigido, nos empezó a gritar y reclamar este adjetivo porque estaban sus hijos. Lo cual es gracioso porque ella misma lo repite en varias ocasiones y al final del video el sujeto nos llama de la misma forma. Con esto entendimos por qué estos perros son agresivos”, agregó.

El momento más polémico de la grabación ocurre cuando el hombre dirige un insulto hacia la mujer que acompañaba a la denunciante y utiliza la palabra “cueva” como parte de su reclamo.

“Vayánse a su puta cueva, ustedes tres”, les grita el sujeto a la mujer que iba acompañada.

La frase provocó una ola de reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes consideraron que el comentario tenía una connotación discriminatoria. Sin embargo, las imágenes y el relato corresponden a la versión difundida por la denunciante y no se cuenta con la postura de la pareja involucrada.

Video provoca indignación en redes

La publicación comenzó a recibir comentarios de usuarios que cuestionaron el comportamiento de la pareja y, particularmente, la manera en que habría reaccionado ante el reclamo por los perros.

Entre las respuestas que aparecieron debajo del video se pueden leer mensajes como:

“Quiere que vayan a la cueva de donde salió ella jajaja vieja horrible 😡 ¡Fuera de México!”

También hubo quienes criticaron que, pese a tratarse de un conflicto entre particulares, los involucrados hubieran terminado intercambiando insultos.

“Una vez más los extranjeros haciendo lo que quieren y los mexicanos pagando las consecuencias. 🤡 y todavía se enojan cuando los irresponsables son ellos”

Otros usuarios reaccionaron con mensajes como: “Porque les da miedo”; “creo que me desespera que ellos les digan de cosas y la mayoría no les conteste jajaja que coraje” y “solo dios sabe porque no me pone en estas situaciones…”

Incluso algunas personas sugirieron a la afectada acudir ante autoridades para denunciar lo ocurrido: “Meteles denuncia en CONAPRED, “cueva” es actos de discriminación hacia los mexicanos! No temas meteles denuncia y que te paguen”.

El caso volvió a generar conversación sobre la responsabilidad de los dueños de mascotas en espacios públicos, particularmente cuando los animales pueden representar un riesgo para otros perros o personas.

Hasta el momento, la información disponible corresponde al relato de la usuaria y al video que difundió en redes sociales. No se ha presentado públicamente la versión de la pareja señalada ni se ha confirmado alguna denuncia formal relacionada con el incidente.

Mientras tanto, la grabación continúa generando debate en redes sociales, donde la discusión dejó de centrarse únicamente en el supuesto ataque entre perros y pasó también al intercambio de insultos ocurrido posteriormente.

La fiscalía del condado de Los Ángeles reactivó casi un año después una causa que había archivado y presentó cargos contra Daniel Flores, un agente del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) que había denunciado conversaciones discriminatorias dentro de la fuerza.

Los Angeles Times reconstruyó que ese cambio de criterio ocurrió después de que Flores presentara en junio una demanda civil contra la ciudad, en la que alegó represalias por ser denunciante.

La acusación incluyó 16 cargos por delito grave por grabar en secreto a otros policías, aunque más tarde quedó reducida a delitos menores con un diversion agreement, una salida alternativa al juicio.

El caso abrió un nuevo foco de tensión en California por el tratamiento que recibieron tanto la denuncia interna como las pruebas que entregó el oficial.

En esa denuncia, Flores aportó 122 audios con comentarios racistas, sexistas y homofóbicos. Luego habló por primera vez en público con Los Angeles Times y aseguró que el proceso “arruinó todo” en su vida.

El origen de la denuncia y las grabaciones

Flores relató que presentó una denuncia anónima ante Asuntos Internos en febrero de 2025. Allí expuso que algunos agentes hacían bromas y comentarios raciales sobre candidatos negros que buscaban ingresar al LAPD. También señaló expresiones ofensivas contra inmigrantes latinos, mujeres y personas homosexuales.

Pocos días después de esa denuncia, afirmó que recibió una llamada de investigadores de Asuntos Internos para notificarle que otra persona lo había acusado a él de hacer comentarios racistas.

Flores rechazó esa versión y sostuvo ante Los Angeles Times que ese movimiento buscó desacreditarlo desde el inicio.

Más tarde, el agente entregó una carta a la oficina del inspector general junto con un dispositivo de almacenamiento que contenía las grabaciones.

En uno de esos intercambios, un colega dijo sobre inmigrantes latinos: “Que los deporten, llamen al ICE”, en una traducción de la frase citada por Los Angeles Times.

Uno de sus abogados en la causa civil, Greg Smith, afirmó al mismo medio que su cliente intentó utilizar los canales institucionales antes de que el caso se volviera público.

Aseguró que el agente “intentaba arreglar las cosas, no crear publicidad ni indignación pública”.

La causa penal y las sospechas de represalia

Documentos internos del LAPD revisados por Los Angeles Times muestran que la policía presentó el expediente ante la fiscalía el 1 de julio de 2025. Diez días más tarde, la oficina del fiscal decidió no avanzar con cargos.

El caso quedó sin movimiento durante cerca de un año. Pero menos de tres semanas después de que Flores presentara su demanda civil contra la ciudad, la fiscalía anunció que sí impulsaría la acusación penal. El oficial y su defensa sostienen que esa secuencia refuerza la hipótesis de una represalia.

La oficina del fiscal, encabezada por Nathan Hochman, respondió que en 2025 no contaba con pruebas suficientes para establecer de forma definitiva que Flores había realizado las grabaciones.

Más tarde, aseguró que la situación cambió cuando el agente inició su demanda y el LAPD entregó información adicional sobre su admisión de los hechos, de acuerdo con Los Angeles Times.

La causa se apoyó en la ley estatal que prohíbe grabar conversaciones privadas sin consentimiento de las partes. Bajo esa figura, Flores podía quedar expuesto a una pena de hasta 13 años de prisión.

La semana pasada, después de cuestionamientos públicos, la fiscalía redujo el caso a delitos menores y ofreció una salida alternativa al juicio que, en principio, le permitiría evitar la cárcel.

El costo personal y el debate dentro de la fuerza

Flores mantuvo su empleo en el LAPD, aunque permanece alejado de sus funciones por licencia médica. En su testimonio al diario describió un cuadro de aislamiento dentro del ambiente policial y dijo que ningún compañero se acercó para saber cómo estaba desde que estalló el caso.

“Ningún policía me habla”, afirmó en declaraciones recogidas por Los Angeles Times. También aseguró que en redes sociales otros agentes lo trataron de “soplón” y repitieron amenazas como “los soplones reciben castigo”.

El agente señaló que se arrepiente de haber avanzado con la denuncia. “Sí, porque me arruinó la vida”, expresó al diario.

En esa misma entrevista, sostuvo que las autoridades “lo pintaron como el criminal” y dejaron en segundo plano las expresiones de intolerancia que él había intentado exponer.

El caso dejó planteada una discusión más amplia en Los Ángeles sobre los límites legales de las grabaciones encubiertas y sobre la protección real que reciben los denunciantes dentro de las fuerzas de seguridad.

Los Angeles Times indicó que un superior de la unidad llegó a advertir que, si esos comentarios continuaban, podían “tirar abajo a todo el departamento”.

Por ahora, la causa quedó reencuadrada como un expediente menor, mientras siguen abiertas la demanda civil de Flores y el debate político por la respuesta institucional ante sus revelaciones.

La cuenta de Ana Elizabeth García Vilchis, conocida como Liz Vilchis, desapareció de X después de que resurgieran publicaciones antiguas con expresiones ofensivas y despectivas hacia distintas mujeres.

La excolaboradora de Andrés Manuel López Obrador, cuyas cuentas en Facebook e Instagram permanecen activas, no ha explicado públicamente si decidió cerrar el perfil o cuál fue el motivo de su desaparición.

Polémica por antiguos tuits discriminatorios

La controversia se intensificó luego de que usuarios recuperaran publicaciones de años anteriores, algunas de ellas dirigidas contra figuras públicas y otras contra mujeres cuyos nombres no aparecen claramente identificados en los mensajes difundidos.

Uno de los tuits corresponde al 29 de enero de 2015 y está dirigido contra la creadora de contenido y entonces diputada local Nayeli Salvatori.

“Desde ayer quería escribir que la tal Nayeli Salvatori es la vieja más corriente e ignorante que conozco”, escribió García Vilchis.

En otra publicación, fechada el 14 de septiembre de 2014, utilizó expresiones relacionadas con el peso y la personalidad de una mujer: “Yo digo que debería meterse a un curso para superar sus muletillas, pinc.. vieja gorda, creída y cule..”.

También circularon otros mensajes publicados entre 2011 y 2013, entre ellos: “Esa vieja está cada vez peor de gorda, cachetona y hater”, así como “Esa mujer tuitea cosas superpositivas y en persona es la vieja más neurótica y malencarada del mundo”.

Hasta ahora, García Vilchis no ha emitido una explicación sobre la desaparición de su perfil de X ni ha respondido a las críticas generadas por las publicaciones.

Polémicas recientes de Liz Vilchis

La difusión de los antiguos tuits ocurre después de otra controversia relacionada con García Vilchis. La exfuncionaria fue cuestionada por sus comentarios sobre Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado.

La discusión volvió a colocar a la excolaboradora de López Obrador en el centro del debate en redes sociales y antecedió a la recuperación masiva de sus antiguas publicaciones.

La desaparición de su cuenta de X ocurrió horas después de que los mensajes comenzaran a circular nuevamente, aunque no existe una confirmación de que ambos acontecimientos estén directamente relacionados.

¿Quién es Liz Vilchis?

Ana Elizabeth García Vilchis es una antropóloga social egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Antes de incorporarse al gobierno federal, trabajó durante una década como coordinadora de contenidos web en La Jornada de Oriente.

En 2021, López Obrador la designó como responsable de la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”, presentada los miércoles durante sus conferencias matutinas. El espacio tenía como objetivo cuestionar información que el entonces presidente consideraba falsa o engañosa.

Al asumir esa responsabilidad, García Vilchis defendió el propósito de la sección y afirmó: “La viralización y difusión con que las notas falsas se mueven en redes sociales de estos medios de comunicación y los mal llamados líderes de opinión cometen amenazas, injurias, calumnias e incluso incitaciones a la violencia”.

Durante el sexenio de López Obrador también ocupó funciones dentro de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de Presidencia.

García Vilchis tuvo además antecedentes de participación política en Morena. En 2021 apareció como suplente en una candidatura a una diputación local por la vía de representación proporcional en Puebla.

Tras concluir el gobierno de López Obrador, dejó la administración federal y desde entonces su actividad pública ha continuado principalmente en redes sociales.

El Departamento de Educación de Estados Unidos difundió el 19 de agosto de 2026 una nueva guía oficial para escuelas en todo el país, en la que aborda el modo en que deben gestionarse las políticas disciplinarias estudiantiles. La medida, anunciada desde Washington, responde al debate nacional sobre la equidad en el trato a estudiantes de distintos orígenes raciales y marca la postura del gobierno frente a las disparidades identificadas en años recientes.

Según la fuente oficial, la orientación busca precisar los límites legales sobre cómo las escuelas deben diseñar sus normas internas.

¿Qué dice la nueva guía del Departamento de Educación?

El documento, difundido por la oficina de derechos civiles del Departamento de Educación, establece que las escuelas no pueden cambiar sus reglas de disciplina con la única finalidad de evitar o reducir la brecha entre estudiantes afroamericanos, blancos, latinos u otros grupos.

La guía enfatiza que los centros educativos deben garantizar un trato igualitario a todo el alumnado, sin importar su origen étnico. El organismo federal aclara que el llamado “racial balancing” —la práctica de ajustar políticas para igualar datos entre grupos raciales— será interpretado como una forma de trato discriminatorio.

Antecedentes y datos sobre disparidades raciales en la disciplina escolar

Las cifras más recientes, aportadas por el propio Departamento de Educación en su informe de 2023, muestran que los estudiantes afroamericanos sufren tasas de castigo mucho más altas que sus pares.

El documento revela datos como los siguientes:

• Los niños afroamericanos en preescolar público recibieron suspensiones fuera de la escuela a una tasa casi doble respecto a su proporción de matrícula.
• En el nivel K-12, los varones afroamericanos tuvieron casi el doble de probabilidades de ser suspendidos o expulsados en comparación con el resto de sus compañeros.
• Las niñas afroamericanas también enfrentaron riesgos similares, con tasas de suspensiones y expulsiones casi dos veces mayores que las otras niñas.

Estos indicadores han motivado que, en los últimos años, diversas organizaciones y expertos reclamen la revisión de los criterios disciplinarios para reducir las brechas raciales. No obstante, la nueva postura oficial rechaza cambios que busquen modificar la estadística como fin principal.

Reacciones de autoridades y expertos

La decisión del Departamento de Educación generó reacciones inmediatas en el ámbito educativo y entre defensores de los derechos civiles. Eric Duncan, director de políticas P-12 en la organización EdTrust, expresó su desacuerdo con la orientación federal. Duncan señaló: “No se pueden abordar las disparidades raciales en la disciplina escolar diciendo a las escuelas que ignoren la raza”.

Duncan recordó que los estudiantes afroamericanos han enfrentado históricamente los castigos más severos en las escuelas del país. Desde su perspectiva, la guía limita las herramientas con las que los centros educativos podrían intentar corregir desigualdades arraigadas.

Por el contrario, la administración Trump, al frente del Departamento, ha sostenido que las iniciativas de diversidad y equidad pueden ser discriminatorias contra estudiantes blancos y varones. Las autoridades federales han removido en el último mes varias regulaciones conocidas como “disparate impact”, que durante décadas prohibieron prácticas con efectos discriminatorios, incluso si no eran intencionados.

Implicancias para las escuelas y los sistemas educativos

Las escuelas públicas y privadas deberán revisar cuidadosamente sus políticas para asegurarse de que no aplican modificaciones orientadas exclusivamente a equilibrar cifras raciales en las medidas disciplinarias. La directriz oficial exige que los cambios en la normativa escolar tengan una justificación pedagógica y no solo la reducción de disparidades entre grupos étnicos.

La guía también podría influir en el modo en que los estados y distritos escolares abordan las denuncias de discriminación o las revisiones de sus reglamentos internos, especialmente en jurisdicciones donde las disparidades raciales han sido motivo de debate público.

Contexto político y social de la medida

La orientación del Departamento de Educación se enmarca en una serie de acciones tomadas por la actual administración para eliminar programas y normativas vinculadas a la equidad racial y la diversidad. El expresidente Donald Trump ha argumentado reiteradamente que muchas de estas prácticas resultan perjudiciales para los estudiantes blancos y varones, planteando que promueven una nueva forma de discriminación inversa.

Organizaciones civiles y activistas han denunciado que estas decisiones representan un retroceso en la protección de los derechos de los alumnos pertenecientes a minorías y dificultan el combate a la desigualdad estructural en el sistema escolar estadounidense.

Debates y posibles consecuencias

La decisión del Departamento de Educación de Estados Unidos de prohibir cambios disciplinarios enfocados únicamente en la reducción de disparidades raciales plantea nuevos desafíos para las escuelas y los legisladores. Mientras las autoridades federales defienden la medida como una garantía de igualdad de trato, críticos sostienen que limita la capacidad del sistema educativo para corregir desigualdades históricas.

De acuerdo con el informe de 2023 del Departamento de Educación, la persistencia de diferencias en la aplicación de castigos escolares sigue siendo un problema documentado en todo el país. Las organizaciones defensoras de la equidad han advertido que la nueva guía puede dificultar el desarrollo de soluciones efectivas y supervisadas para cerrar esas brechas.

La controversia anticipa un escenario de mayor escrutinio sobre las políticas escolares y un debate público renovado acerca de cómo lograr justicia educativa para todos los estudiantes, sin incurrir en nuevas formas de discriminación.

Un abogado libertario pedirá disculpas de manera pública y donará 200 mil pesos a un hospital de niños, a cambio del cierre de una causa penal por posteos discriminatorios contra la comunidad islámica en la red social X. Se trata de Alejandro Sarubbi Benítez, cuya defensa presentó la propuesta de acuerdo conciliatorio homologada por el juez federal Julián Ercolini, en base a la aceptación de la querella, el Centro Islámico de la República Argentina y del fiscal del caso, Carlos Rívolo.

Como parte del acuerdo, el abogado deberá publicar una retractación con disculpas dirigidas a la comunidad islámica y realizar una donación de 200 mil pesos al Hospital de Niños Pedro de Elizalde.

Denuncia y arrepentimiento

En base a la denuncia del Centro Islámico de la República Argentina, se abrió una causa penal por una serie de mensajes publicados el 11 de febrero de 2025 desde una cuenta de X identificada como @asb2509. Según la presentación, esos posteos contenían expresiones “discriminatorias, intimidatorias e incitaban a la violencia colectiva”.

Los mensajes hicieron referencia al ingreso al programa Gran Hermano de un integrante de la comunidad islámica: “Telefé metió un cabeza de toalla en Gran Hermano. El peor canal de la historia argentina”. Menos de una hora después, publicó: “No quiero cabezas de toalla en Argentina. No son bienvenidos en el país de la libertad. Vayan a lapidar mujeres y a violar niños y ovejas a otra parte”. A ello, le siguieron otros dos posteos. “Odio profundamente a los cabeza de toalla. Soy completamente islamofóbico. Detesto su cultura violenta, retrógrada, retrasada y pedófila, y pagaría por ver reventado hasta el último hijo de mil puta de esos coge oveja”, expresó. “Buen día para toda la gente normal que odia a los cabezas de toalla”, escribió también, según consignó la resolución judicial.

Durante la investigación, la defensa de Sarubbi Benítez presentó un acuerdo conciliatorio al que luego adhirió la querella. En ese documento, el imputado expresó “un sincero arrepentimiento por las expresiones vertidas” y se comprometió a emitir un desagravio público en el mismo medio en el que difundió los mensajes.

El texto de retractación incluido en el acuerdo incluye “sinceras disculpas”, admite que esas expresiones “brotaron del desconocimiento” y que “han podido ser ocasión de sufrimiento y ofensa en los sentimientos religiosos de quienes pertenecen a esta comunidad”. El abogado mencionó que visitó el Centro Islámico y se interiorizó sobre esa comunidad.

“Luego de una seria reflexión respecto de mis manifestaciones el 11 de febrero de 2025 en la red social “X”, habiendo conocido de manera personal el Centro Islámico de la República Argentina y a parte de sus autoridades, más sobre su fe y cultura, y el largo camino que esta comunidad lleva en nuestro país, vengo a ofrecer mis más sinceras disculpas por mis manifestaciones", comienza el texto que el abogado deberá publicar y que se consignó en la resolución que homologó el acuerdo, a la que tuvo acceso Infobae.

El juez Ercolini afirmó que la aplicación de este tipo de salidas busca “lograr una solución al conflicto que cumpla con los requerimientos y necesidades de cada una de las partes”.

“Las frases proferidas por el imputado en la red social X, más allá de su contenido, no adoptaron una forma notable de violencia grave sobre una víctima, conforme lo exigido normativamente por artículo 34 del C.P.P.F., en tanto se desarrollaron mediante expresiones publicadas en una red social, destinadas, no a una persona en su individualidad, sino a una comunidad religiosa”, evaluó el magistrado.

Además, Ercolini valoró que la entidad que representa a la comunidad islámica dio su consentimiento como querella para el cierre alternativo del caso. A criterio del magistrado, ese aval, sumado a la postura de la fiscalía, resultó compatible con los principios del sistema acusatorio y con la finalidad de “restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y la paz social”. El cumplimiento del acuerdo derivará en la extinción de la acción penal, es decir, el cierre de la causa contra el abogado.

Sarubbi Benítez conduce además un programa en el canal de streaming oficialista Carajo y la semana pasada fue denunciado por decir allí que el conurbano bonaerense “ya no tiene salvación”, por lo que sus habitantes deberían ser exterminados, esterilizados y confinados detrás de “un muro de 15 metros de altura”.

Una celebración en Oberá, Misiones, por los 44 años de un hombre apodado Nito quedó bajo investigación judicial después de que se difundieran fotos de una torta con una cruz esvástica nazi y de un niño de cinco años haciendo el saludo hitleriano junto a la pareja de su madre.

Este repudiable hecho, que podría encuadrar en la Ley 23.592 de actos discriminatorios y derivar en penas de un mes a tres años de prisión, ya llegó al Juzgado de Instrucción 2 de la ciudad, a partir de dos denuncias vinculadas con el material que circuló en redes sociales.

El episodio ocurrió en una vivienda particular durante un festejo familiar. Las imágenes se conocieron públicamente después de que la esposa del cumpleañero las publicara en su cuenta de Facebook y, tras las críticas, editara las fotos: en una colocó un sticker sobre la torta y en otra ocultó el rostro del menor.

En una de las fotografías se veía una torta de crema cubierta con chocolate con una cruz esvástica en el centro, en clara alusión al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP), liderado por Adolf Hitler, que plagó de horror al mundo desde comienzos de la década de 1930 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945.

En otra imagen aparecía el hijo de la mujer, de cinco años, junto a la actual pareja de su madre, mientras ambos realizaban con el brazo extendido el gesto asociado al régimen nazi.

Cómo se inició la causa

Una de las presentaciones fue radicada en la Seccional Segunda por un hombre de 56 años que advirtió que en una de las imágenes aparecía su hijo, de acuerdo con lo informado por el portal Noticias de Acá. El denunciante señaló que se enteró de la publicación a través de las redes sociales de su expareja, con quien tiene dos hijos en común.

El material, que ya había circulado cuando la mujer intentó modificar las publicaciones, es investigado por la Justicia ya que la difusión de las imágenes y la exhibición de esos símbolos es penado por la ley ya que es propaganda basada en ideas o teorías de superioridad racial o de un grupo de personas por religión, origen étnico o color.

La Ley Nacional 23.592 establece sanciones para quienes participen en una organización o realicen propaganda sustentada en ese tipo de ideas. La norma prevé penas de un mes a tres años de prisión cuando las conductas encuadren en los supuestos contemplados por el texto legal.

La misma norma agrega: “En igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”.

La investigación deberá determinar en qué circunstancias se produjo el festejo, cómo se difundieron las fotos y si los hechos denunciados constituyen alguno de los delitos previstos por esa ley.

Gustavo dos Santos, especialista en empleabilidad, sostuvo que las empresas deben convertir la convivencia entre generaciones en una política de talento. Afirmó que hoy pueden convivir hasta cinco generaciones en un mismo espacio de trabajo y que esa realidad obliga a revisar liderazgo, sesgos y retención.

En diálogo con Infobae, dos Santos vinculó esa discusión con una presión de fondo sobre el empleo calificado que, dijo, se extenderá hasta 2050 por el envejecimiento de la población y la caída de las tasas de natalidad. A ese fenómeno sumó otro factor: la permanencia más prolongada de trabajadores de más de 50 años dentro del mercado laboral.

El especialista en empleabilidad y reconversión de carrera afirmó que el problema no es la diferencia etaria en sí misma, sino la forma en que las organizaciones la interpretan. “Contamos hoy con escenarios de alta rotación, crisis de compromiso y conflictos generacionales donde el foco debe ser: generar nuevas acciones de convivencia de modo de potenciar lo distinto para sumar”, señaló.

Dos Santos sostuvo que el liderazgo multigeneracional dejó de ser una consigna aspiracional para convertirse en una función concreta dentro de las empresas. “El talento no tiene edad”, resumió, al cuestionar los estereotipos que, a su juicio, siguen ordenando decisiones sobre contratación, desarrollo y permanencia.

La convivencia de cinco generaciones redefine el liderazgo dentro de las empresas

El planteo central del director de Human Stadium es que la diversidad generacional debe dejar de leerse como una fuente de fricción para pasar a ser un activo de negocio. “Lejos de ser un problema, este cruce de experiencias, valores y perspectivas es una fuente importante de aprendizaje y crecimiento colectivo”, afirmó al describir el escenario laboral actual.

Para dos Santos, ese cambio de mirada exige abandonar la lógica de los bloques enfrentados. “No son los unos y los otros, hablemos del todo con sus matices”, indicó, al proponer una lectura integrada de los equipos de trabajo.

Su argumento se apoya en una redefinición del rol de quien conduce. El líder, dijo, debe “reconocer intereses, preferencias y deseos de su equipo”, convertir la diversidad generacional en un componente estratégico y actuar como habilitador de ideas, más que como figura centrada en el protagonismo individual.

En esa línea, afirmó que la tarea consiste en establecer conexiones entre generaciones sin minimizar sus diferencias. “Es el líder multigeneracional que, en lugar de minimizar las diferencias, debe aprovecharlas para construir organizaciones más resilientes, inclusivas y abiertas a la innovación”, señaló.

La presión demográfica y la inteligencia artificial empujan una nueva agenda

Dos Santos inscribió esa transformación en un contexto de cambios simultáneos en la tecnología y en la estructura de la población. Según explicó, “la inteligencia artificial y la diversidad generacional están redefiniendo cómo se gestionan las organizaciones y cómo se instalan ante una nueva realidad”.

El especialista añadió que la discusión no se limita al impacto técnico de la IA sobre las tareas. “Hay una revolución del conocimiento, pero también una revolución emocional que atraviesa a cada generación”, sostuvo, al describir un escenario en el que cambian al mismo tiempo los procesos, los vínculos y las expectativas sobre el trabajo.

A ese cuadro sumó el efecto de la mayor longevidad. La “extensión de la longevidad” hace que más talentos permanezcan en el mercado, advirtió, y esa permanencia convive con la llegada de perfiles jóvenes que aportan innovación y conocimiento tecnológico. Para dos Santos, la meta es alcanzar un “equilibrio de generaciones” que combine esa novedad con la experiencia, la capacidad de reconversión y la mirada estratégica de los trabajadores de mediana edad y mayores.

La pregunta que dejó abierta es si las compañías están dispuestas a retener ese capital humano o si la integración de los mayores de 50 años seguirá siendo una declaración sin traducción práctica.

Los sesgos por edad siguen operando como barrera cotidiana en los equipos

Una parte central de su diagnóstico apunta a las barreras invisibles dentro de las organizaciones. Dos Santos definió a los sesgos como una actividad mental inconsciente que distorsiona la percepción y sostuvo que, en el plano laboral, muchas veces derivan en actos de discriminación.

Para describir cómo operan esos prejuicios, enumeró dudas frecuentes que recaen sobre los trabajadores según su edad: “¿Podrá hacerlo? ¿Asumirá riesgos? ¿Podrá lograr el resultado? No podrá actualizarse. Creo que le falta compromiso”. Según explicó, ese “ruido” sigue presente en la vida cotidiana de los equipos y se apoya en una lectura fragmentada, no en una evaluación del conjunto.

El especialista llamó a reemplazar esa lógica por una cultura de respeto y equidad que valore talento y experiencia en la misma escala. Su planteo es que la segmentación por edades no solo empobrece la convivencia, sino que también limita la retención de perfiles clave y bloquea la transferencia de conocimiento.

Esa revisión, indicó, también exige detectar resistencias, crear nuevos ámbitos de pertenencia y revisar qué necesita cada generación en su desarrollo personal, su satisfacción laboral y su proyección.

El líder debe pasar de administrar tensiones a construir un mapa generacional

Dos Santos describió una serie de capacidades que, a su juicio, ya no son accesorias para quienes conducen equipos diversos. Habló de adaptabilidad, transparencia en la comunicación, inteligencia de contexto, perspectiva múltiple, empatía, integridad, propósito colectivo y visión estratégica.

La función del líder, según su definición, también incluye observar comportamientos, actitudes y decisiones para construir un “mapa generacional” propio de la organización. Ese mapa debe servir para diseñar espacios de diálogo, seguridad psicológica y desarrollo profesional ajustados a realidades distintas dentro de un mismo equipo.

“Estamos ante la oportunidad para hackear viejas formas de dirigir y construir nuevas maneras de convivir y de estar con los otros”, afirmó. En su planteo, la convivencia no es una consigna abstracta, sino “un trabajo colectivo diferenciador para un resultado estratégico”.

La tesis final de dos Santos es que, si la convivencia es real y efectiva, la conversación cambia de eje. “Si nos focalizamos en una convivencia real y efectiva, hablaremos de talento y no de segmentación de edades”, dijo.

La joven, quien se identificó públicamente como afrodescendiente, compartió un video en el que documentó parte del incidente ocurrido el pasado 11 de agosto, cuando acudió a la tienda departamental con la intención de comprar un vestido.

De acuerdo con su relato, mientras recorría el establecimiento comenzó a notar que una integrante del equipo de seguridad caminaba detrás de ella de manera constante. Ante la situación, Nathalie decidió preguntarle directamente si existía algún inconveniente.

La respuesta, según denunció la joven, fue una acusación directa de robo acompañada de un comentario que calificó como racista.

Nathalie aseguró que la guardia le habría dicho “pinche negra”, mientras insistía en que presuntamente había tomado algún artículo de la tienda sin pagarlo.

La situación provocó que la joven sacara su teléfono celular para comenzar a grabar lo que estaba ocurriendo. En las imágenes difundidas posteriormente en redes sociales se observa parte del intercambio entre ambas mujeres, mientras la trabajadora de seguridad mantenía la acusación.

El conflicto escaló cuando la guardia solicitó la presencia de elementos de la Policía Bancaria que prestan servicio dentro del establecimiento. La intervención del personal de seguridad generó todavía mayor tensión, pues Nathalie continuaba negando haber cometido algún robo.

Ante la acusación, la joven decidió demostrar que no llevaba ningún producto sustraído. Para ello, abrió su mochila y comenzó a mostrar sus pertenencias frente al personal que se encontraba en el lugar.

Después de revisar sus cosas, quedó en evidencia que no había ningún artículo de la tienda entre sus pertenencias que acreditara el supuesto robo señalado por la guardia.

Una vez comprobado esto, la trabajadora de seguridad se retiró del lugar. Sin embargo, según el testimonio difundido por Nathalie, no recibió ninguna disculpa por haber sido acusada.

La denuncia provocó reacciones en redes

El caso rápidamente comenzó a circular entre usuarios de TikTok y otras plataformas digitales, donde numerosas personas cuestionaron la actuación de la guardia de seguridad y mostraron respaldo a la joven.

Uno de los aspectos que más indignación generó fue el comentario que Nathalie atribuyó a la trabajadora durante el momento en que fue señalada por un supuesto robo.

La denunciante sostuvo que la acusación no solamente carecía de fundamento después de revisar sus pertenencias, sino que además estuvo acompañada por una expresión que consideró abiertamente racista debido a su apariencia y color de piel.

La situación también abrió nuevamente el debate sobre las experiencias de discriminación que pueden enfrentar personas afrodescendientes en establecimientos comerciales y espacios públicos.

En este caso, la joven decidió hacer público el episodio mediante un video para contar lo sucedido desde su perspectiva y mostrar cómo fue abordada dentro de la tienda.

Una acusación que terminó sin pruebas

El momento central de la denuncia ocurrió cuando Nathalie vació el contenido de su mochila para demostrar que no había tomado ningún producto. Tras la revisión, la guardia terminó alejándose de la zona.

La joven cuestionó que, pese a haber sido acusada de un delito que no cometió y haber recibido presuntamente un comentario racista, la situación concluyera sin una disculpa por parte de la trabajadora.

Hasta el momento, la polémica se mantiene principalmente en redes sociales, donde usuarios han pedido que se investigue lo ocurrido y que las empresas garanticen un trato respetuoso para sus clientes, independientemente de su apariencia o color de piel.

El testimonio de Nathalie ha convertido el caso en un nuevo ejemplo del impacto que pueden tener las denuncias difundidas en plataformas digitales cuando una persona considera que fue víctima de discriminación dentro de un establecimiento comercial.

La médica y antropóloga Vânia de la Fuente sostuvo que el edadismo no es un prejuicio acotado a la vejez, sino una forma de discriminación que atraviesa toda la vida y que organiza decisiones concretas en el trabajo, la vivienda, la salud y los vínculos sociales.

En una entrevista en el podcast de la Escuela Europea de Coaching, la especialista afirmó que la edad “se utiliza como una característica para generar desventajas y divisiones en la sociedad” y advirtió que esa lógica golpea con más fuerza en dos momentos: la juventud y la etapa final de la vida.

El dato que utilizó para mostrar esa doble concentración fue laboral. Según explicó, el 50% del desempleo en España se concentra entre personas de 20 y 29 años y de 50 a 59 años, aunque con trayectorias distintas: en los jóvenes suele ser más breve y en los mayores, de larga duración. “En España, si te quedas sin empleo a partir de los 45 o 50, lo tienes muy difícil”, dijo.

De la Fuente, que trabajó en la Organización Mundial de la Salud en temas de edadismo y envejecimiento saludable, definió el fenómeno como “nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar hacia otras personas, pero también hacia nosotros mismos en función de la edad”. Esa amplitud, planteó, explica por qué no se reduce al maltrato hacia personas mayores ni al lenguaje coloquial, sino que alcanza instituciones enteras.

La especialista también señaló una barrera previa al diagnóstico social del problema: “Alrededor del 51% de la población piensa que el edadismo no existe o que no es un problema grave” en España. Para ella, esa falta de reconocimiento vuelve más difícil desmontar sesgos que ya operan con naturalidad en la vida cotidiana.

Uno de los ejemplos que citó fue un estudio con currículums ficticios para puestos reales. Se enviaron perfiles “prácticamente iguales” y la única diferencia era la edad del candidato. El resultado, según relató, fue que las personas de más edad recibían “la mitad de llamadas para una entrevista”.

La consecuencia, añadió, no se limita a la percepción abstracta del prejuicio. “A partir de una determinada edad tienes que mandar el doble de solicitudes de trabajo para que llegues a una entrevista”, afirmó. Para De la Fuente, ese sesgo explica parte de un mercado laboral que castiga a jóvenes con precariedad normalizada y a mayores con bloqueo de acceso, promoción y formación.

La especialista dijo que las empresas recién empiezan a mirar la edad dentro de sus políticas de diversidad, equidad e inclusión, pese a que, según remarcó, se trata del principal factor de acoso y discriminación dentro de la empresa.

También cuestionó los programas intergeneracionales mal diseñados, en especial aquellos donde el conocimiento circula en un solo sentido y refuerza el estereotipo de que una persona joven domina lo digital y una mayor solo recibe ayuda.

La discriminación por edad aparece antes de la entrevista laboral

Para que esas iniciativas funcionen, planteó, debe existir igualdad de estatus. Puso como ejemplo la mentoría bidireccional, donde cada persona transmite saberes distintos. Si eso no ocurre, dijo, “no estarías ayudando”, porque la intervención termina subrayando el prejuicio que intenta corregir.

La mirada de De la Fuente salió del empleo y se trasladó a otros espacios donde, a su juicio, la discriminación por edad se volvió casi invisible. En vivienda, señaló que es más probable que se alquile a una persona de mediana edad, percibida como más estable, que a una joven o a una mayor. En el caso de los jóvenes, agregó, incluso se exigen avales de sus padres aunque ya tengan trabajo.

En salud, explicó que su interés por el tema nació al advertir que las personas mayores quedaban en desventaja en el acceso a servicios sanitarios. Ese hallazgo, dijo, la llevó a observar una cadena más amplia: desde tratamientos médicos hasta representación en medios de comunicación, pasando por trabajo y vivienda.

También incluyó una referencia al sistema judicial y a la percepción social del delito. Ante un mismo crimen, sostuvo, suele considerarse más grave si quien lo comete es una persona joven, porque esa figura confirma un estereotipo ya instalado que asocia delincuencia con juventud.

Cómo opera el edadismo fuera del trabajo

Vânia de la Fuente, médica y antropóloga especializada en edadismo, dijo que la discriminación por edad afecta tanto a jóvenes como a mayores y que opera en sectores como el empleo, la vivienda, la salud y la vida social. Su planteo central fue que buena parte de la población ni siquiera lo reconoce como un problema grave.

Otra de las advertencias de la especialista apuntó al uso masivo de categorías generacionales. “Nos etiqueta, lo cual nos invita a pensar que podemos conocer a una persona solo porque pertenece a una generación”, afirmó, y calificó esa idea como absurda. Su objeción no fue semántica, sino política: al ordenar la conversación pública en clave de boomers, millennials o generación Z, se homogeneiza a grupos enteros y se desplaza el foco de problemas estructurales.

En esa línea, sostuvo que muchos de los conflictos que hoy afectan tanto a jóvenes como a mayores comparten una misma base material. Citó, entre otros, la vivienda y las pensiones. Según su argumento, si ambos grupos se unieran para reclamar políticas sobre esos problemas de fondo, tendrían más posibilidades de éxito que si se mantienen enfrentados bajo la lógica de una supuesta guerra generacional.

Para frenar ese mecanismo, propuso una práctica concreta: individualizar. Cuando alguien afirma que “los jóvenes son creativos” o que todas las personas de cierta edad son de una manera, recomendó preguntar a quién se refiere exactamente. A su juicio, generalizar alimenta estereotipos y prepara al cerebro para leer a cada individuo como una confirmación de la etiqueta.

Esa tendencia, añadió, empieza muy temprano. Mencionó estudios con niños de dos años en los que bastaba usar generalizaciones sobre un grupo ficticio para que los menores infirieran que sus miembros compartían rasgos permanentes. Para De la Fuente, ese dato muestra hasta qué punto las etiquetas consolidan sesgos desde edades muy tempranas.

La convivencia intergeneracional aparece como respuesta práctica

Frente a ese cuadro, la especialista defendió las relaciones sostenidas entre personas de distintas edades como una de las herramientas más eficaces para desarmar prejuicios. Recordó el programa Aconchego, surgido en Oporto en 2004, que vinculó a personas mayores con habitaciones disponibles y a estudiantes que necesitaban vivienda.

Según explicó, el esquema no funcionaba como un alquiler encubierto ni como un hospedaje. El estudiante debía disponer de tiempo para convivir con la persona mayor. De la Fuente sostuvo que esa fórmula fue exitosa, siguió vigente en 2024 y se replicó en otros lugares, incluidos programas en Madrid y Barcelona.

La razón de su eficacia, dijo, es doble. Por un lado, responde a necesidades materiales, como el acceso a la vivienda y la soledad. Por otro, obliga a sostener una interacción diaria que rompe la imagen abstracta construida sobre “los jóvenes” o “los mayores” y permite ver al otro como individuo.

Esa misma lógica la llevó a cuestionar el diseño urbano y social que segmenta por edades. Mencionó parques con zonas pensadas para grupos etarios separados y observó que la organización del ciclo vital empuja a convivir con la propia cohorte. Para revertirlo, propuso desde clubes de lectura hasta actividades comunitarias capaces de producir encuentros no segregados.

El sesgo también se vuelve contra uno mismo

De la Fuente insistió en que el edadismo no solo se dirige hacia otros. También se interioriza. Habló de “edadismo autoinfligido” para describir frases cotidianas como “estoy mayor para” o “a mi edad no debería”, expresiones que, según dijo, limitan conductas y consolidan una identidad definida por el estigma.

Ese punto se conecta con otra de sus preocupaciones: la dificultad para imaginar la propia vejez. “Solo el 15% de la población espera con ansias llegar a esta etapa” en España, afirmó. Para la especialista, ese rechazo a pensar el envejecimiento impide planificar transiciones personales y sociales en una etapa que, además, se extiende porque la población vive más años.

La consecuencia, explicó, es que muchas personas llegan a la vejez sin haber construido identidades más allá del trabajo. De ahí su llamado a proyectar ese futuro con la misma naturalidad con la que se imaginan otras etapas vitales, y a hacerlo no solo por planificación individual, sino también para ganar empatía hacia quienes hoy ya transitan esa edad.

El caso generó una discusión en redes sociales sobre los cuidados que requieren los perros geriátricos y los límites de responsabilidad de los estilistas caninos.

El caso de YosStop

YosStop relató que acudió con su mascota a un establecimiento, donde rechazaron atenderla debido a su edad y condición. La creadora expresó su molestia y tristeza por la situación, pues consideró que su perro fue juzgado por su apariencia y por ser un animal de edad avanzada.

Después llevó a su mascota con un veterinario, quien, según su versión, determinó que se encontraba en condiciones para recibir un baño y no tenía una contraindicación para ese procedimiento.

La situación llevó a YosStop a cuestionar el trato hacia los perros mayores y a plantear si negarles determinados servicios puede considerarse discriminación.

La respuesta del Tiktoker

El creador de contenido El Perro Mugroso, especializado en temas relacionados con estética canina, respondió al señalamiento y defendió la decisión del establecimiento.

En un video, explicó que existe una diferencia entre determinar si un perro puede bañarse y asumir el riesgo de manipularlo dentro de una estética.

“Una cosa es que sea tuyo y lo tengas veinticuatro siete en tu casa y otra muy diferente es meter a un perro de dieciséis años con problemas de visión, sordo y con antecedentes cardíacos a una estética canina”, afirmó.

El tiktoker sostuvo que los estilistas no son veterinarios y, por ello, no tienen facultades para determinar el estado médico de un animal. A su juicio, rechazar un servicio por las condiciones particulares de una mascota no constituye discriminación.

“Los estilistas caninos no estamos obligados a aceptar a todos los perros. Debemos de conocer nuestros límites y nuestras aptitudes”, señaló.

También cuestionó que YosStop calificara el episodio como discriminación y consideró que el establecimiento actuó con precaución ante un perro geriátrico.

“Agradece que hoy estás haciendo un video de discriminación y no estás haciendo un video de ‘me lo mataron en aquel lugar’. Y aunque no lo creas, esas personas que decidieron no aceptar a tu perro fueron más responsables con él que tú misma”.

La postura de YosStop ante la controversia

Después de que su denuncia se viralizó y recibió críticas, YosStop modificó el tono de su postura y planteó la necesidad de escuchar los argumentos de ambas partes.

“Creo que es importante ver el punto de vista de varias personas, porque creo que es importante hablar de esto”, expresó.

La influencer reconoció que antes desconocía la problemática relacionada con el rechazo de perros mayores en establecimientos de estética y dijo haber encontrado testimonios de personas que atravesaron situaciones similares.

“Aquí no se trata de quién tiene la razón”, afirmó, al explicar que su intención era abrir una conversación sobre el trato y los cuidados que reciben las mascotas de edad avanzada.

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que “otra mujer indígena” sería el perfil de quien sustituirá a Claudia Olivia Morales Reza como titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), tras más de un mes de haber terminado su periodo en el cargo.

En su conferencia de prensa matutina de este martes 11 de agosto, la mandataria informó que todavía está analizando las opciones de candidatos para asumir este cargo, sin embargo, adelantó que el perfil designado sería igual al de la funcionaria saliente.

Sin dar mayores detalles, la mandataria únicamente respondió que “probablemente sea otra mujer indígena” quien ocupe este cargo en la dependencia federal que está vacante desde finales de junio, sin que el Ejecutivo Federal realice el nombramiento correspondiente.

Asamblea Consultiva del Conapred urge a designar titular

El Conapred permanece sin persona titular desde la conclusión del mandato de la presidenta Claudia Olivia Morales Reza, una mujer wixárika originaria de la comunidad de San Andrés Cohamiata ‘TaetiKie’ del municipio de Mezquitic, en Jalisco, y quien ocupó el cargo desde 2022 hasta el pasado junio de 2026.

Desde entonces, la Asamblea Consultiva del Conapred ha solicitado que la designación se concrete a la brevedad, con el compromiso de que recaiga en alguien con visión integral, que fomente la colaboración entre gobierno, academia, organizaciones civiles y comunidades históricamente discriminadas, así como experiencia acreditada en la defensa y promoción de los derechos humanos.

El pasado 20 de julio, la Asamblea Consultiva realizó un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Domínguez a que designen cuanto antes a la persona titular, así mismo, invitó a colectivos, organizaciones de la sociedad civil, activistas, académicos y otras personas interesadas a firmar y unirse a este posicionamiento.

Consideró que el nombramiento es relevante para refrendar el compromiso del Gobierno de México con las poblaciones que han enfrentado discriminación estructural, así como para la implementación del Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación (PRONAIND) 2026-2030, cuya coordinación y seguimiento están a cargo del Conapred.

Por ello, la Asamblea Consultiva, a cargo de Ricardo Baruch, reiteró el compromiso de contribuir a la prevención y erradicación de la discriminación, y se hizo un llamado a que el gobierno federal y las autoridades locales mantengan la misma responsabilidad en la construcción de una sociedad más justa, incluyente y libre de exclusión para las poblaciones históricamente discriminadas.

¿Qué hace el Conapred y por qué es tan relevante?

Es en ese contexto que surgen las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde, a pesar de los llamados, no ha designado todavía a la persona que ocupará este importante cargo.

El Conapred es un organismo del Estado mexicano creado en 2003 a partir de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Su función principal es promover políticas y acciones para garantizar el derecho a la igualdad y prevenir la discriminación en México.

Este organismo actúa como instancia rectora para fomentar la inclusión social, impulsar el desarrollo cultural y social, y asegurar el respeto a los derechos fundamentales, en especial el de la no discriminación. Entre sus atribuciones, destaca la recepción y resolución de quejas por presuntos actos discriminatorios, ya sea cometidos por particulares o autoridades federales. El organismo protege a las personas contra cualquier distinción o exclusión por motivos como origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social o económica, salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil, entre otros.

Tiene personalidad jurídica y patrimonio propios, está sectorizado en la Secretaría de Gobernación, cuenta con autonomía técnica y de gestión, y sus resoluciones en procedimientos de quejas no están subordinadas a ninguna autoridad. Su relevancia radica en su papel como garante de la igualdad de oportunidades y la protección de los derechos humanos ante cualquier forma de discriminación.

La discriminación y la violencia que enfrentan las personas LGBTIQ+ en El Salvador superan la esfera de los actos individuales de rechazo y constituyen factores estructurales que afectan múltiples dimensiones de la vida cotidiana.

Así lo expone la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) en su reciente investigación sobre medios de vida de las personas LGBTIQ+ publicada en 2026, donde se documenta cómo estos obstáculos limitan el acceso a derechos fundamentales y condicionan las posibilidades de construir proyectos de vida en condiciones de igualdad.

El estudio revela que la discriminación se manifiesta en todos los espacios donde las personas LGBTIQ+ desarrollan su vida diaria. Los espacios públicos concentran la mayor proporción de experiencias de discriminación reportadas (40.06 %), seguidos por el entorno familiar (33.70 %) y las comunidades (21.82 %).

También se identifican altos niveles de exclusión en instituciones responsables de garantizar derechos fundamentales, como servicios públicos de salud, centros educativos e instituciones del sistema de justicia, donde persisten prácticas discriminatorias que afectan la confianza y limitan el acceso efectivo a servicios esenciales (18.51 %).

En el ámbito laboral, casi una de cada cinco personas (19.89 %) reportó haber experimentado discriminación, lo que impacta directamente las oportunidades de inserción y desarrollo profesional.

Consecuencias profundas y persistentes

Las consecuencias de estas experiencias van más allá del momento en que ocurre la discriminación. Más de un tercio de las personas participantes (37.02 %) manifestó sentir miedo de regresar al lugar donde fue discriminada, mientras que 22.38 % señaló haber evitado buscar nuevamente determinados servicios.

Estas respuestas reflejan un proceso de desconfianza que termina restringiendo el acceso a derechos, debilitando la participación social y profundizando la exclusión.

Otras consecuencias reportadas incluyen el retraso en la atención o prestación de servicios (12.43 %) y la negación de servicios públicos (6.35 %).

Impacto estructural en los medios de vida

El informe de ORMUSA subraya que los medios de vida de las personas no dependen únicamente de los ingresos o del acceso al empleo, sino también de las oportunidades para ejercer sus derechos, participar en la vida social y desarrollarse en entornos libres de discriminación y violencia.

En el caso de la población LGBTIQ+, estas condiciones continúan estando marcadas por barreras sociales, culturales e institucionales que limitan el acceso a la educación, el trabajo, la salud y otros derechos fundamentales.

La investigación aporta evidencia sobre cómo estas dinámicas de exclusión afectan diversos derechos de esta población. Entre los principales hallazgos destaca que 56.63 % de las personas participantes experimentó situaciones de discriminación por su orientación sexual o identidad de género durante los últimos tres años.

Una de cada cinco personas (19.89 %) atribuyó la ausencia de experiencias de discriminación al hecho de no expresar abiertamente su orientación sexual o identidad de género. Este dato revela que el ocultamiento de la identidad sigue siendo una estrategia de protección frente al rechazo y la exclusión, lo que limita el bienestar, el desarrollo y las posibilidades de construir proyectos de vida en condiciones de igualdad.

El análisis de ORMUSA concluye que la garantía efectiva de los derechos de las personas LGBTIQ+ requiere no solo el fortalecimiento de las políticas públicas, sino también la transformación de las normas, prácticas y dinámicas sociales y culturales que sostienen la discriminación y la exclusión.

La discriminación vulnera derechos y limita las oportunidades de construir proyectos de vida en condiciones de igualdad, lo que demanda una respuesta integral que vaya más allá de la sanción de actos individuales y aborde los factores estructurales de la exclusión.

Edipo juró ante su pueblo castigar al culpable de la peste que asolaba Tebas, porque el crimen del Rey Layo, su padre, permanecía impune. Al final de la tragedia descubre que el culpable era él mismo y se arranca los ojos. En Edipo Rey, Sófocles escribió sobre la ceguera de quien juzga sin mirarse primero a sí mismo. Esa ceguera dominó el debate emocional que se desató contra Argentina después del Mundial.

Buena parte de los medios y de la sociedad reaccionaron con un nacionalismo visceral, y el resultado fue el previsible: dos grupos que no dialogaron. De un lado, una campaña maniquea que trató a la Argentina como el gran discriminador mundial. Del otro, una respuesta que en vez de discutir con estándares objetivos se refugió en lo emocional, repitiendo “no discriminamos” sin ofrecer evidencias para sustentarlo.

En el medio se cruzaron numerosas acusaciones de racismo apoyadas en patrones históricos de discriminación, como la esclavitud y la colonización, o en la composición demográfica de las selecciones de fútbol. Si bien esos contextos pueden eventualmente derivar en hechos discriminatorios, por sí solos no prueban nada, ni sobre la Argentina, ni sobre ningún otro país. Que un país tenga un pasado esclavista no prueba que discrimine hoy. Que no lo tenga, tampoco prueba lo contrario. La historia es contexto, no evidencia.

Los dos bandos partieron del mismo error: asumir que algún país del mundo podría estar libre de discriminación, y condenar al otro como si en el propio no existiera.

Lamentablemente la discriminación existe en todos los países del mundo. Ha estado presente en toda sociedad a lo largo de milenios. Preguntarse si un país discrimina es una simplificación inútil y una trampa retórica al servicio de nacionalismos chovinistas que eligen lo emocional por sobre lo racional, abriendo peligrosamente las puertas de la violencia, en un mundo con muchos tintes autoritarios al filo de una barbarie globalizada.

Que la discriminación afecta a todos los países del mundo está basado en datos verificables. Un análisis de las recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU), el mecanismo de la ONU que evalúa periódicamente a todos los países del mundo, muestra que los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas recibieron recomendaciones para combatir la discriminación en sus propios países. Ni las democracias más consolidadas ni los países mejor posicionados en los índices internacionales de derechos humanos quedaron afuera.

Aceptado que la discriminación golpea a todos, la pregunta deja de ser si existe. Y la pregunta que nos debemos hacer es ¿cuál es la respuesta del Estado? ¿La combate activamente? ¿Mira para otro lado? ¿O, en el peor de los casos, la promueve desde el poder mismo? Esas preguntas estuvieron ausentes en el debate posterior al Mundial.

Para responder a estas preguntas debemos evaluar, por lo menos, los siguientes seis elementos:

Las leyes: si existe un marco jurídico que sancione la discriminación, la reconozca como delito o falta, ofrezca reparación a las víctimas, y si ese marco está a la altura de los estándares internacionales.

Las instituciones: si hay organismos eficientes con recursos y atribuciones reales para prevenir, investigar y combatir la discriminación.

Las políticas públicas: que es donde se prueba si la ley es letra viva o letra muerta: programas, presupuesto, acciones concretas.

Las palabras también matan. Después del nazismo debería sobrar explicar por qué. El discurso de quien ejerce el poder tiene un efecto multiplicador. Cuando un presidente, un ministro o un legislador discrimina desde el atril, no “opina”, autoriza.

La cultura cotidiana, el humor, el lenguaje, los estereotipos, las estigmatizaciones, son un espejo de nuestra sociedad.

Y, por último, los hechos: incidentes documentados, patrones de violencia o exclusión, estadísticas que permitan medir la magnitud real del problema.

Con esa vara, ningún país sale indemne. Algunos ejemplos nos permiten comprender la magnitud del problema y la complejidad del debate.

En 2009 el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en el caso Rosalind Williams, declaró a España responsable de que la Guardia Civil detuviera a una ciudadana española por sus rasgos físicos, calificando ese control de discriminatorio. Once años después, en 2020, el EPU volvió a señalar a España por la misma práctica; en 2024, organizaciones de la sociedad civil constataron que las recomendaciones seguían sin cumplirse, y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Afrodescendientes había calificado la identificación por perfil racial como una práctica “endémica” en el país.

Inglaterra es otro ejemplo. El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) examinó al Reino Unido en agosto de 2024, mientras el país todavía procesaba los disturbios raciales desatados por la desinformación falsa que circuló tras el asesinato de tres niñas en Southport, e instó al gobierno a cumplir con numerosas recomendaciones pendientes sobre un hecho previo en el que cientos de personas de origen caribeño, conocidas como la generación Windrush, fueron detenidas ilegalmente, privadas de los servicios de salud o deportadas pese a tener pleno derecho a residir en el país.

Francia tampoco escapó. En octubre de 2023, el Consejo de Estado francés reconoció que los controles de identidad discriminatorios no eran casos aislados. Trece meses después, el Comité de Derechos Humanos de la ONU señaló a Francia por la persistencia de esa práctica. Y en junio de 2025, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Francia por la utilización de perfiles raciales en un control de identidad de una persona de origen africano.

Argentina no se queda atrás. En 2023 el CERD examinó a la Argentina y señaló varias deficiencias que exigían respuestas más eficaces por parte del Estado. El mismo informe citó el Mapa Nacional de la Discriminación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), que, en base a una muestra probabilística de 11.700 personas, concluía que el 93% consideraba que en la Argentina se discriminaba mucho o bastante, y el 72% dijo haber sufrido alguna forma de discriminación.

Asimismo, en marzo de 2025, un hincha argentino le hizo gestos racistas al público brasileño. En 2023, la CONMEBOL multó a Racing Club por gestos racistas de sus fanáticos, y el mismo organismo sancionó en los años previos a River, Boca e Independiente por hechos similares. Y se pueden sumar numerosos casos de turistas argentinos en Brasil procesados por gestos racistas.

Más aún, a confesión de parte, relevo de prueba. La existencia de discriminación estructural y la utilización de perfiles raciales contra los afrodescendientes en Argentina fue reconocida por el mismo Estado argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Acosta Martínez en 2020. La Corte declaró a Argentina responsable por la detención discriminatoria y posterior muerte de un ciudadano uruguayo, afrodescendiente, arrestado por la policía únicamente por su apariencia racial. Le ordenó capacitar a sus fuerzas de seguridad sobre el uso de perfiles raciales. En 2023, el CERD constató que esa orden seguía sin cumplirse.

Indudablemente las cifras y los hechos muestran que, al igual que en todos los países, en Argentina la discriminación existe, y que el Estado y la sociedad tienen una tarea pendiente.

Esa tarea pendiente nos lleva obligatoriamente a un debate ideológico.

El rol del Estado históricamente ha definido a las corrientes políticas. En términos generales la izquierda defendió tradicionalmente un Estado activo para combatir la discriminación; mientras que la derecha le otorga un rol más limitado, confiando principalmente en que la iniciativa privada la resuelva.

Si bien esa ecuación sigue vigente, en los últimos años ha sido modificada por el surgimiento de una ultraderecha que propone un Estado aún más limitado que el del liberalismo clásico. Y en sus versiones más extremas, la resurgida ultraderecha cuestiona que la no discriminación sea un valor a proteger.

Hans-Hermann Hoppe, economista con influencia en el discurso de la ultraderecha, a quien el presidente Milei mencionó junto a Rothbard como su norte intelectual, no solo no está en contra de la discriminación, sino que defiende abiertamente el derecho a discriminar como una derivación de la propiedad privada, y llama a la discriminación misma un factor civilizador: “…no solo defiendo el derecho a discriminar, tal como está implícito en el derecho de propiedad privada, sino que también enfatizo la necesidad de la discriminación para mantener una sociedad libre, y explico su importancia como un factor civilizador.”

Esta diferencia entre la concepción del liberalismo tradicional y la de sectores de la ultraderecha no es menor. Combatir la discriminación no exige necesariamente un Estado más grande. Exige uno activo: que actúe conforme a principios morales y éticos, que trate al individuo como un fin en sí mismo y no como un instrumento del Estado.

Sin contenido moral, la igualdad son ocho letras.

Esas posturas extremas dentro del campo libertario representan, mínimamente, un alejamiento de los principios morales que deben guiar el accionar del Estado. En Argentina, esa lógica permite comprender el cierre del INADI y del Ministerio de las Mujeres, que el Gobierno presentó como el desmantelamiento de “antros de persecución ideológica”.

Más allá de la grandilocuencia y motivación política de dicha expresión, es muy probable que el INADI y el Ministerio de la Mujer no estuvieran cumpliendo debidamente su función. Pero si combatir la discriminación fuera realmente una prioridad, lo racional era mejorarlos, no cerrarlos. Se puede discutir cómo deben funcionar esas instituciones, pero seamos honestos, resulta difícil decir que no hay discriminación en un país que decide cerrar, con bombos y platillos, las dos instituciones principales encargadas de combatirla.

Y es igualmente incuestionable que quienes condenaron a Argentina lo hicieron sin mirarse al espejo. Pero erróneamente, la respuesta argentina cayó en la misma ceguera, y en vez de aprovechar la oportunidad para preguntarnos con honestidad cuánto había de cierto en esas críticas, y qué nos faltaba corregir, contestamos señalando la discriminación ajena, como si eso borrara la propia. Un mecanismo de desconexión moral conocido como comparación ventajosa.

Karl Popper, uno de los filósofos liberales del siglo XX, sostuvo que las sociedades progresan cuando son capaces de reconocer y corregir sus propios errores. Y en la paradoja de la tolerancia nos advirtió hace 81 años sobre los riesgos de la intolerancia que estamos viviendo: si una sociedad tolerante no está dispuesta a plantarse frente a quienes buscan destruirla, termina destruida junto con su propia tolerancia. En otras palabras, si el odio y la fuerza mandan sin frenos, pierden los tolerantes y triunfan los autoritarios.

Un gran paso adelante podría ser que los gobiernos actuales, pero sobre todo la sociedad, lean más a Popper y sus valores morales, que a Hoppe y su defensa de la discriminación como virtud.

En una época que idolatra juventud, productividad y autonomía, la vejez se ha convertido en una prueba moral. No porque envejecer sea un problema, sino porque revela qué entendemos por dignidad humana. Una comunidad que sólo valora la vida mientras produce y permanece funcional no cree en la dignidad sino en la utilidad. En salud, cuando esa lógica penetra en hospitales, obras sociales o presupuestos sanitarios, se convierte en discriminación concreta.

Esta discriminación por edad se denomina edadismo, concepto desarrollado por Robert Butler a fines de los `60. En salud puede expresarse en demoras diagnósticas, dolor subestimado, menor acceso a tratamientos, infantilización, silenciamiento del paciente o distribución desigual de recursos.

El edadismo sanitario rara vez declara que una vida vale menos, pero actúa como si así fuera. Aparece cuando un síntoma se minimiza porque “es propio de la edad”; cuando se conversa con familiares y no con el paciente; cuando se posterga una intervención porque “ya vivió bastante”; o cuando la vejez se interpreta desde el gasto antes que desde los derechos.

La bioética nació para limitar el poder médico, científico, tecnológico e institucional e impedir que la persona sea reducida a medio, objeto, costo o expediente. Sus principios expresan una premisa decisiva: la dignidad no depende del rendimiento, la edad ni la eficiencia. Sin embargo, muchas prácticas sanitarias aún privilegian al individuo joven, lúcido, productivo y autosuficiente, cuando la vida humana también es dependencia, deterioro, memoria, vulnerabilidad y cuidado.

Este edadismo no suele ser deliberado ni atribuible a una institución particular. Opera mediante sesgos, rutinas y restricciones que atraviesan los sectores público y privado.

Desde los derechos humanos, la cuestión es exigible. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, con jerarquía constitucional, prohíbe la discriminación por edad y reconoce la salud, el consentimiento informado y los cuidados paliativos. Así, la edad modifica necesidades, no dignidad.

El edadismo sanitario vulnera este principio cuando convierte la edad en criterio encubierto de menor urgencia, escucha o inversión. La justicia sanitaria exige priorizar según criterios clínicos, proporcionalidad, pronóstico, beneficio esperado y voluntad del paciente; no según prejuicios sobre cuánto “merece” vivir alguien. Una cosa es reconocer la finitud y evitar tratamientos fútiles o desproporcionados. Otra es encubrir una cultura de abandono.

Existen dos excesos. Por un lado, el abandono edadista: no tratar, explicar, rehabilitar ni acompañar porque el paciente es viejo. Por otro, el encarnizamiento terapéutico: prolongar funciones biológicas sin atender al sufrimiento, la proporcionalidad o la voluntad.

Desde la Ética del Límite, marco que desarrollo para analizar problemas y dilemas contemporáneos, la respuesta no consiste en elegir entre abandono y obstinación, sino en recuperar el límite como principio de responsabilidad. El límite no niega la vida ni el progreso. Impide que el poder médico, técnico, económico o institucional invada aquello que debe custodiar. En la vejez exige contener tanto la soberbia de prolongarlo todo como la indiferencia que abandona lo poco rentable.

Cuidar no es simplemente curar. La medicina, fascinada por la intervención y la eficiencia, puede olvidar que parte de su tarea consiste en acompañar, aliviar, escuchar, explicar y sostener. La cura puede no ser posible, pero el cuidado siempre sigue siendo exigible.

Esto requiere profundizar políticas: formación sanitaria en envejecimiento, derechos humanos, comunicación clínica, advertir y reparar sesgos edadistas. Muchos profesionales no discriminan deliberadamente, pero pueden reproducir criterios culturales y rutinas institucionales que asocian vejez con incapacidad, pasividad o menor expectativa de beneficio. También debe fortalecerse el consentimiento informado. Informar no es entregar un formulario, sino generar comprensión. La autonomía no desaparece con la edad y las limitaciones cognitivas deben evaluarse, no presumirse.

La persona mayor tiene derecho a saber, preguntar, rechazar, aceptar y participar en las decisiones sobre su cuerpo. Hablar por encima de ella o sustituir su voz sin necesidad constituye violencia simbólica y clínica.

También se necesitan indicadores de trato digno como manejo del dolor, escucha, información, decisiones compartidas, continuidad del cuidado, rehabilitación y prevención de la soledad institucional.

La pandemia mostró qué sucede cuando la edad opera como criterio de descarte. En los debates sobre camas y respiradores aparecieron razonamientos asociados con los QALY, años de vida ajustados por calidad, una herramienta útil para evaluar políticas sanitarias, pero riesgosa cuando se traslada mecánicamente al triage clínico y distribución de recursos. Quien posee menor expectativa de vida o enfermedades crónicas puede aparecer como una inversión menos “eficiente”.

El problema no consiste en medir resultados, sino en permitir que una herramienta poblacional transforme los años vividos, la discapacidad o la fragilidad en una desventaja moral. Para evitar arbitrariedades, en 2020 elaboré, junto con otros referentes, el Marco Bioético de las Religiones Monoteístas en ocasión del COVID-19, destinado al triage y la asignación de recursos vitales. La Legislatura porteña declaró su beneplácito y el documento sirvió como referencia sanitaria. Allí sostuvimos que las decisiones límite debían apoyarse en principios éticos consolidados, preservar la igualdad de las vidas y evitar discriminaciones por edad, discapacidad, azar o utilidad social. La eficiencia pierde legitimidad cuando convierte la gestión en jerarquía moral.

El envejecimiento poblacional exige modelos integrados de salud, cuidados prolongados, acompañamiento domiciliario, apoyo comunitario, atención paliativa y protección frente al abuso. Esto compromete a gobiernos, legisladores, universidades, hospitales, obras sociales, empresas, organizaciones civiles y comunidades religiosas.

En 2023 elaboré, junto con otros referentes, la Declaración de las Religiones Abrahámicas: las personas ancianas en la sociedad contemporánea y su protección, suscripta por monseñor Vincenzo Paglia, entonces presidente de la Pontificia Academia para la Vida. Esa convergencia demostró que la defensa de la vejez puede ser una política transversal, capaz de superar divisiones religiosas e ideológicas.

Capacitar equipos, revisar protocolos, diseñar indicadores y asesorar decisiones institucionales no son tareas accesorias. Constituyen una inversión en legitimidad, calidad de atención y prevención de daños. Una sociedad que envejece necesita una ética pública del cuidado, no sólo una administración del gasto.

La cuestión de fondo es antropológica: ¿qué es una persona cuando ya no produce?, ¿cuánto vale una vida cuando requiere asistencia?, ¿qué dignidad conserva quien depende de otros para alimentarse, recordar o desplazarse?

Si respondemos desde la lógica del rendimiento, la vejez será siempre un problema que administrar. Si respondemos desde los derechos humanos, será una etapa que exige reconocimiento, justicia y cuidado proporcional a su vulnerabilidad.

El edadismo continúa operando en el turno demorado, el dolor desatendido, el diagnóstico tardío, la rehabilitación negada, la soledad hospitalaria y la persona mayor que escucha cómo otros deciden su vida como si ya no estuviera presente.

Frente a ello, la bioética debe recuperar una afirmación elemental y radical: la dignidad no envejece. Envejece el cuerpo, se debilitan ciertas funciones, cambian las necesidades y aumenta la dependencia. Pero no se reduce el valor moral de la persona. Olvidarlo construye una jerarquía encubierta de vidas más o menos atendibles o dignas de cuidado.

Una bioética de la vejez fundada en derechos humanos debe sostener tres principios irrenunciables: nadie vale menos por haber vivido más; nadie debe ser abandonado por depender más; nadie debe ser tratado como costo antes que como persona.

En esos principios se juega no sólo el trato que brindamos a las personas mayores, sino la clase de humanidad que estamos dispuestos a defender. La vejez no es el fracaso de la vida. Es una de sus formas más exigentes. Por eso nos obliga a decidir si la dignidad humana es una convicción real o apenas una consigna útil mientras el cuerpo todavía rinde.

El edadismo sigue condicionando el acceso y la permanencia en el mercado laboral de los trabajadores mayores de 45 años. El desempleo entre quienes superan los 55 ya está por encima del registrado entre las personas de 25 a 54, mientras la discriminación por edad se consolida como un problema estructural.

El impacto tiene un sesgo de género. Seis de cada diez mujeres afirman haber sufrido las consecuencias de esa discriminación, según la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos.

La presencia pública del fenómeno creció en los últimos años. Vânia de la Fuente-Núñez, experta internacional en envejecimiento saludable y coautora principal del informe de la ONU, señaló que uno de los avances desde el lanzamiento de la Campaña Mundial contra el Edadismo en 2016 es que el problema empezó a ser nombrado, comprendido y discutido en la agenda pública y política.

Más países aprobaron leyes contra la discriminación por edad

La médica y antropóloga, autora de La Trampa de la Edad, subrayó además que el número de países con legislación nacional contra la discriminación por edad pasó de 87 en 2018 y 105 en 2023: “Tanto las pruebas recogidas en el Informe Mundial sobre el Edadismo de Naciones Unidas como la investigación más reciente que incluyo en el libro La Trampa de la Edad muestran que el edadismo es un problema estructural y universal, y por eso requiere políticas activas y sostenidas.”

Los prejuicios sobre la edad chocan con los datos de empleo y productividad

Tres directivas consultadas por La Vanguardia describieron un prejuicio extendido en las empresas sobre los candidatos de más edad. Se trata de la idea de que envejecer equivale a obsolescencia, menor ambición, resistencia al cambio y salarios más altos.

Patricia Iglesias, directora de personas y cultura en Tappx with Techsoulogy, lo resumió así: “El mayor mito laboral es que ser mayor equivale a obsolescencia, menor ambición, resistencia al cambio y salarios elevados.”

Laura Ojeda, directora de personas y cultura en Lab. Almirall, añadió al medio que esa creencia “es una forma cómoda —y errónea— de evitar hablar de actitud, compromiso y aprendizaje continuo”.

El autor de El talento no tiene edad, Gustavo dos Santos, planteó que las carreras laborales ya no siguen un recorrido lineal y que el mercado obliga a reconstruir trayectorias y revisar el peso de la edad en la empleabilidad. También advirtió que hoy conviven hasta cinco generaciones dentro de las organizaciones y que esa coexistencia debería convertirse en una estrategia de gestión del talento.

Esa transformación afecta de manera particular a ejecutivos de 50 o 55 años que deben rediseñar su camino profesional después de haber pasado largos períodos en una misma empresa. La dificultad no se limita a encontrar empleo: también incluye redefinir una propuesta de valor en un mercado más inestable.

El Fondo Monetario Internacional sostiene que el envejecimiento demográfico no tiene por qué provocar una caída del crecimiento económico y señala que los profesionales de más de 50 años tienen hoy mejores capacidades físicas y cognitivas que generaciones anteriores a la misma edad.

Los informes más recientes también indican que no existe una edad a partir de la cual el rendimiento disminuya de forma automática. En determinadas tareas, incluso, los trabajadores de más edad son más productivos que sus colegas más jóvenes.

Ojeda sostuvo que “el rendimiento no depende de la edad, sino de la actitud, la curiosidad y la capacidad de seguir aprendiendo”. También afirmó que “el desgaste no llega por la edad, sino cuando el trabajo se vive única y exclusivamente como una transacción económica”.

La economía silver expone la contradicción entre demografía y contratación

El economista argentino Gustavo Reija cuestionó la idea de reducir la llamada economía silver a un mercado de bienes y servicios para mayores de 50 años. A su juicio, esa mirada deja fuera una dimensión central: el valor productivo y laboral de esa generación.

Para sostenerlo, citó referencias internacionales. Según recordó, la Comisión Europea entiende ese universo como toda la actividad económica vinculada con ese segmento, y en la Unión Europea las personas de más de 50 años ya generaban una actividad equivalente a la tercera economía del mundo, mientras que en Japón el sector superó los USD 1.000 millones.

Reija remarcó que el mercado laboral actúa en sentido inverso a esa tendencia demográfica. Citó el Informe Generación Silver para señalar que las personas de entre 50 y 65 años representan apenas el 7,4% de la dotación de las organizaciones, que el 54% de los postulantes de esa franja fue rechazado por su edad y que el 68% de los responsables de recursos humanos no contrató a ninguna persona mayor de 55 años en el último año.

También mencionó una proyección del Banco Interamericano de Desarrollo sobre América Latina. Según ese cálculo, cerca del 30% del crecimiento del consumo regional entre 2015 y 2030 provendrá de los mayores de 60.

La experiencia, el criterio y la memoria de patrones aparecen como ventajas

Gina Aran, CEO de Inginium y profesora asociada en esa institución, defendió el valor de la experiencia acumulada. Según explicó a La Vanguardia, la diferencia dentro de una empresa no la marca la inteligencia artificial, sino la capacidad humana de aplicar criterio, formular buenas preguntas, actuar con intuición, leer emociones y gestionar la ambigüedad.

Aran sostuvo que esas habilidades se aprenden y mejoran con los años. Ojeda sumó a esa lista la templanza, mientras que Iglesias destacó una competencia que consideró poco valorada: la memoria de patrones.

“Tras tantos años de experiencia, han visto tantas versiones de los mismos problemas que desarrollan una agilidad particular para resolverlos”, explicó Iglesias a La Vanguardia. Esa acumulación de experiencia ayuda a entender, además, por qué muchos puestos de liderazgo están ocupados por personas en la mediana edad.

Las habilidades cognitivas no evolucionan todas de la misma forma. Algunas alcanzan su punto más alto en la mediana edad y luego disminuyen ligeramente, mientras otras se mantienen e incluso mejoran.

Dos Santos sostuvo que construir una carrera hoy exige reconocer fortalezas, definir una propuesta de valor y alinear la formación académica con las necesidades del mercado y con la identidad profesional que cada persona puede aportar. Esa construcción, añadió, requiere agilidad para aprender, disposición a innovar y capacidad para revisar hábitos y rutinas.

Aran planteó que no tiene sentido exigir a un profesional sénior competir en velocidad con alguien de 28 años, del mismo modo que tampoco sería razonable pedir a una persona joven el criterio estratégico de quien acumula 30 años de experiencia. Su propuesta es que cada empleado trabaje desde sus fortalezas para optimizar su energía y mejorar la eficiencia colectiva.

Las tres directivas coincidieron en que los equipos más sólidos son los que apuestan por el aprendizaje continuo y combinan profesionales de distintas edades. Iglesias resumió esa idea al señalar que los puestos deberían adaptarse al momento vital, a las necesidades y a las capacidades de las personas, tanto a los 30 como a los 60 años.

Aran afirmó que muchas empresas aseguran buscar criterio y visión estratégica, pero terminan contratando a quien cuesta menos. Ojeda propuso dejar de tratar la edad como algo más que un dato administrativo y concentrarse en el valor que cada profesional puede aportar a la organización.

Iglesias defendió la creación de equipos intergeneracionales que se complementen en lugar de enfrentar a jóvenes y mayores. Aran cerró esa idea con una advertencia sobre la pérdida de conocimiento: “Si desaparece la transferencia de conocimiento, la empresa tiene que volver a aprender desde cero y asumir de nuevo un coste que ya había pagado. Con profesionales sénior, la empresa acumula valor, no costes”.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exigió al Congreso de Puebla una respuesta inmediata tras las expresiones consideradas discriminatorias emitidas por las diputadas Nayeli Salvatori y Grace Palomares. El organismo señaló que los comentarios, difundidos en un espacio digital, constituyen una violación directa a los derechos humanos y una forma de violencia institucional contra las personas adultas mayores. El pronunciamiento advierte que este tipo de conductas transgrede los principios legales de protección y respeto a la dignidad de este sector.

La CNDH subrayó que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores reconoce el derecho de este grupo a una vida libre de violencia y con respeto irrestricto a la integridad física y moral. El organismo recordó que la dignidad no disminuye con la edad y que las burlas sobre el envejecimiento atentan contra ese reconocimiento básico. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores obliga a las autoridades mexicanas a garantizar la inclusión social y el respeto a los derechos de este sector.

El Congreso de Puebla bajo presión tras el caso Salvatori y Palomares

La polémica escaló después de que las diputadas Salvatori y Palomares emitieran comentarios en el podcast “Descasadas”, donde se refirieron a los hombres mayores con frases como “huelen a baúl del recuerdo” y “ya se están pudriendo”. Las expresiones provocaron el rechazo inmediato de distintos sectores y llevaron a que el partido Morena, al que pertenecen ambas legisladoras, abriera una investigación interna para determinar posibles sanciones.

Tras los dichos, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es la instancia encargada de resolver el procedimiento. Hasta el momento, no existe un plazo definido para que la comisión emita una resolución. En conferencia de prensa, manifestó que en su opinión deberían suspenderse a las legisladoras, aunque la decisión final corresponde al órgano partidista. El partido hizo un llamado a toda su militancia a conducirse con respeto y recordó que la lucha por los derechos de los adultos mayores forma parte de sus principios históricos.

La presidenta rechaza cualquier forma de discriminación

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum fijó postura sobre el caso. Durante una conferencia matutina, afirmó que ningún integrante del gobierno o de cualquier partido debe emitir comentarios discriminatorios. Sheinbaum subrayó que su administración se opone a toda forma de discriminación, sin importar la militancia política de quienes incurren en esas conductas. Remitió la resolución del caso al procedimiento interno de Morena y enfatizó la importancia del respeto a los adultos mayores.

El caso provocó además un pronunciamiento adicional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla —al que se sumó la CNDH— que señaló que una disculpa en redes sociales no repara el daño moral infligido. El organismo estatal advirtió que este tipo de discursos, emitidos por representantes populares, normalizan la exclusión y el maltrato hacia las personas mayores en la sociedad.

Exigencia de códigos éticos y procesos de sensibilización

La CNDH reiteró su exigencia al Congreso de Puebla para que implemente códigos éticos rigurosos. El organismo solicitó que estos códigos garanticen que ningún integrante del Poder Legislativo utilice discursos discriminatorios en ninguna plataforma pública o digital. Además, consideró urgente someter tanto a las diputadas como a toda la legislatura a procesos de sensibilización sobre vejez y derechos humanos.

La comisión concluyó que las personas mayores tienen derecho al respeto, la protección y la máxima garantía de sus derechos, y que la violencia verbal y la discriminación no pueden tolerarse en la vida pública.

El fallo se emitió luego de determinar que el actual diseño de los buses, en particular el uso de torniquetes en la puerta delantera, constituye una forma de discriminación estructural que vulnera los derechos a la igualdad, la dignidad y la libre locomoción.

La decisión que se resolvió el 29 de julio de 2026, corresponde al estudio de una acción de tutela presentada por una mujer de 42 años, identificada como Rocío (nombre modificado), y que expuso la imposibilidad material de acceder al sistema de buses de la ciudad debido a su condición corporal.

Según la accionante, el torniquete instalado en la puerta frontal de los vehículos le impide el ingreso, y, pese a solicitar apoyo, no se le permitió abordar por la puerta trasera ni se le ofrecieron soluciones razonables.

Durante el proceso, las empresas involucradas —Buses Armenia S.A., Cooburquin (Cooperativa de Buses Urbanos de Quindío) y Transportes Urbanos Ciudad Milagro S.A., que integran la unión temporal TINTO— reconocieron que la operación del sistema cumple con las normas técnicas y la reglamentación sectorial, y que algunos de sus vehículos disponen de elementos de accesibilidad orientados a personas con discapacidad o movilidad reducida.

Sin embargo, admitieron la ausencia de protocolos específicos para personas con corporalidades diversas en razón del peso y que, normalmente, el acceso se da únicamente por la puerta delantera.

Por su parte, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, el Ministerio de Transporte y la entidad AMABLE E.I.C.E. señalaron que no existe regulación que prohíba la apertura de la puerta trasera cuando sea necesario, aunque la decisión depende de las compañías operadoras.

Además, en el fallo se aclararó que no se registran sanciones a los conductores por permitir el ingreso por la puerta trasera en circunstancias justificadas.

El caso que una mujer le ganó a empresa de transportes en el Eje Cafetero: el fallo de la Corte

En primera instancia, un juzgado local otorgó la tutela y ordenó la habilitación del ingreso de la accionante por la puerta trasera, pero en segunda instancia esta decisión fue revocada bajo el argumento de existencia de otros mecanismos judiciales y administrativos disponibles.

La Corte Constitucional, al seleccionar el caso para revisión, realizó un análisis que integró el juicio de igualdad, la jurisprudencia sobre discriminación y la revisión de la normativa nacional e internacional en materia de accesibilidad y trato igualitario.

El fallo de la Corte destaca que el criterio de diversidad corporal por peso, aunque no está explícitamente incluido como sospechoso en el artículo 13 de la Constitución, sí cumple con las características de una categoría que ha sido históricamente objeto de estigmatización y puede ser fuente de tratos discriminatorios.

El alto tribunal documentó que los dispositivos como los torniquetes, además de ser justificados por criterios técnicos y operativos, pueden operar como mecanismos de exclusión cuando no incluyen ajustes razonables.

Según la sentencia, “la exclusión no surge de la condición individual de la accionante, sino de las barreras físicas y operativas que el entorno impone, sin ofrecer alternativas razonables”.

La providencia remarca que la inexistencia de protocolos específicos para la población con diversidad corporal en razón del peso “es atribuida por las empresas a la falta de regulación, mientras que la autoridad local niega que exista una prohibición normativa para permitir el acceso diferenciado”.

Por consiguiente, la Corte concluyó que el trato recibido por la usuaria fue discriminatorio y lesivo del derecho a la igualdad en el acceso universal y seguro al sistema de transporte público y de la dignidad humana en su faceta de “vivir sin humillaciones”, puntualizó el fallo.

Asimismo, se consideró en el documento final que “la negativa reiterada de acceso afecta directamente los derechos fundamentales” de la accionante y que el diseño del servicio bajo un “usuario estándar” profundiza la exclusión estructural.

El fallo ordena a las empresas del sistema TIΝTO permitir, de manera inmediata, el ingreso por la puerta trasera a toda persona que enfrente una barrera efectiva de acceso por motivos de diversidad corporal en razón de peso, sin requerir certificaciones médicas adicionales y garantizando el pago correspondiente del pasaje.

Además, les exige adaptar y socializar protocolos que aseguren el trato digno, capacitar al personal operativo y eliminar cualquier sanción interna que penalice a los conductores por cumplir estas directrices.

De igual forma, la decisión incluye la obligación para la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, el Ministerio de Transporte y AMABLE E.I.C.E. de revisar y actualizar la política pública local, formular un protocolo específico de acceso para este grupo poblacional y socializarlo entre las empresas y autoridades pertinentes.

Dentro de la misma decisión del alto tribunal se exhorta al Ministerio de Transporte nacional a promover políticas públicas con enfoque de derechos humanos que garanticen el diseño universal de los sistemas de transporte público, accesibles y dignos para personas con corporalidades diversas en razón del peso.

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) sostiene que instalar lactarios en las empresas no basta para garantizar el derecho de las mujeres a ejercer la maternidad y el cuidado sin consecuencias, por lo que exigió a los empleadores un cambio estructural para evitar que ser mamá derive en un castigo laboral.

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se conmemora del 1 al 7 de agosto, el organismo señaló que, pese a los avances en infraestructura, persisten prácticas que afectan el empleo, el ingreso y la trayectoria profesional de las mujeres por ejercer su derecho a ser madres y cuidar.

A esto sumó que el embarazo se mantiene entre los principales motivos de discriminación laboral en la Ciudad de México, luego de que en 2025 documentó 29 expedientes por discriminación asociada a este motivo.

El estudio Discriminación por embarazo. Un estudio sobre la Ciudad de México indica que 68.8% de las quejas se refiere a despidos injustificados y 12.1% a presiones para firmar la renuncia.

El COPRED sostuvo que no se trata de hechos aislados y que incluso, los cambios de horario, exclusión de funciones, negación de ascensos y asignación de labores de riesgo forman parte de un entramado de obstáculos que comienza cuando una trabajadora comunica su embarazo y puede continuar después de la licencia de maternidad.

El castigo laboral por cuidados no termina con el parto

El COPRED advierte que las desventajas laborales se extienden tras el nacimiento. Las mujeres enfrentan condiciones de trabajo deterioradas al reincorporarse, si ejercen su derecho a la lactancia o necesitan conciliar empleo y cuidados.

El hostigamiento, la reducción de salario, la negación de ascensos y el cambio de funciones siguen presentes.

El problema no reside solo en decisiones individuales, sino en una organización del trabajo que penaliza a quien no está disponible de manera ininterrumpida.

Cuando la maternidad y la lactancia se interpretan como obstáculos para la productividad o como un costo para la empresa, son las mujeres quienes ven mermadas sus oportunidades laborales, ingresos y desarrollo profesional.

Lactarios vacíos si hay miedo a represalias

El COPRED sostiene que la existencia de lactarios es insuficiente si las trabajadoras temen usar estos espacios por posibles consecuencias negativas.

El derecho a la lactancia requiere tiempo, condiciones materiales y un entorno laboral sin discriminación ni represalias.

Mientras los cuidados sigan considerándose una carga femenina, el embarazo y la maternidad seguirán operando como factores de desigualdad en el mercado laboral.

La corresponsabilidad es tarea de políticas públicas, condiciones laborales y prácticas empresariales que permitan cuidar sin poner en riesgo derechos laborales.

Obligaciones patronales y una reforma legal en debate

El COPRED recordó que empleadores públicos y privados tienen la obligación de prevenir y eliminar cualquier práctica discriminatoria relacionada con embarazo, maternidad y lactancia.

Además de que garantizar estos derechos implica evitar afectaciones en la trayectoria laboral de las mujeres.

Impulsan ley contra despidos por maternidad y lactancia

En marzo pasado, el colectivo Mexiro A.C. presentó ante la Cámara de Diputados una propuesta de reforma legal para promover la lactancia extendida y fortalecer la estabilidad laboral de mujeres y personas gestantes ante los despidos por maternidad.

La iniciativa cuenta con el respaldo de legisladores de todos los grupos parlamentarios y busca modificar la Ley Federal del Trabajo (LFT) y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE) para ampliar el periodo de lactancia legal de seis meses a dos años, además de reforzar las garantías de empleo durante el embarazo y la lactancia.

La propuesta es resultado de litigios estratégicos, como el caso de Fernanda Galicia, fundadora de Mexiro, quien enfrentó un juicio laboral contra el INAI que evidenció las brechas en la protección jurídica para mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.

Según datos del COPRED, el embarazo es la principal causa de discriminación laboral en la Ciudad de México, manifestándose en despidos injustificados, presiones para renunciar, solicitud de pruebas de embarazo, negación de ascensos, reducción salarial y asignación de labores de riesgo.

Mexiro argumenta que la lactancia y los cuidados son derechos fundamentales vinculados al trabajo digno, la salud reproductiva y el interés superior de la niñez.

Por ello, la reforma busca establecer un marco legal que garantice condiciones laborales compatibles con la maternidad y los cuidados, con enfoque de justicia social y laboral.

Los objetivos específicos incluyen la protección de la lactancia extendida hasta dos años, mecanismos jurídicos para garantizar la estabilidad laboral, y la creación de espacios adecuados para la extracción y administración de leche materna en centros de trabajo públicos y privados.

La iniciativa también propone capacitación continua, acceso a servicios de apoyo y políticas de conciliación entre vida laboral y familiar. Está alineada con estándares internacionales de la OIT, CEDAW, OMS y UNICEF.

La diputada Patricia Mercado presentó la reforma en el periodo ordinario de sesiones de febrero a abril de 2026, buscando su debate y aprobación.

Una mujer de 71 años obtuvo este año un fallo judicial que obliga a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a reconocerle una pensión por orfandad, pese a que su solicitud había sido rechazada por estar divorciada. La decisión, dictada por la Sala Segunda del Poder Judicial de Costa Rica, modifica el criterio histórico sobre el acceso a esta prestación y aplica el precedente que, desde enero de 2023, dejó sin efecto el requisito de la soltería en estos casos.

Según informó CR Hoy, el tribunal ordenó a la CCSS pagar el beneficio desde el 11 de enero de 2023, sumando los intereses legales y la indexación correspondiente.

El caso abordó una situación concreta: si la CCSS podía seguir negando la pensión por orfandad a hijas mayores de 55 años únicamente por su estado civil de divorciadas. De acuerdo con CR Hoy, la respuesta de la Sala fue negativa porque la condición de soltería ya no resulta válida para rechazar la prestación bajo los principios de igualdad y no discriminación. El tribunal anuló además el fallo de primera instancia, aunque dispuso que cada parte asumiera sus costas procesales tras determinar que la Caja actuó de buena fe.

La institución había fundamentado su negativa en el artículo 55 de su reglamento, que permitía el acceso a la pensión solo para hijos solteros. El juzgado de primera instancia también rechazó la demanda al considerar que la solicitante contaba con otros recursos de subsistencia, entre ellos una pensión del Régimen No Contributivo de la CCSS y ayudas económicas del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). Sin embargo, durante el proceso de casación, la afectada explicó que la pensión no contributiva apenas alcanzaba los ₡80.000 mensuales (USD 176.80) y que el subsidio del IMAS fue temporal y posteriormente suspendido. Además, argumentó que, aunque estaba divorciada, convivió con sus padres durante más de 30 años y no volvió a casarse ni a formar una unión de hecho.

El recurso planteado ante la Sala Segunda se centró en la revisión del requisito de soltería a la luz de los principios de igualdad y proporcionalidad. Según CR Hoy, la demandante sostuvo que su situación económica y familiar resultaba equiparable a la de cualquier hija soltera que dependía de sus padres. El tribunal acogió ese razonamiento, apoyándose en el precedente constitucional que desde enero de 2023 eliminó el requisito de la soltería para la obtención de la pensión por orfandad.

Para verificar el cumplimiento de los demás requisitos legales, los magistrados revisaron un informe socioeconómico. Ese documento detalló que la mujer había nacido en noviembre de 1954, cursó solo el primer año de secundaria y realizó trabajos esporádicos en labores domésticas y venta de comidas desde su adolescencia. Se casó en 1982, tuvo tres hijos y, tras divorciarse, regresó a vivir con sus padres, acompañándolos durante décadas.

Tras la muerte de su padre en 2001, la mujer asumió casi en exclusiva el cuidado de su madre, quien sobrevivió hasta los 91 años. Durante cerca de 20 años, la solicitante gestionó la pensión de vejez de su madre, la acompañó a consultas médicas y se ocupó de las tareas domésticas, según documentó el informe citado por CR Hoy. Los jueces concluyeron que la única fuente de ingresos del hogar era la pensión de la madre, lo que permitió acreditar una dependencia económica real y sostenida.

La sentencia subrayó que las tareas de cuidado de personas adultas mayores han recaído históricamente sobre las mujeres, quienes a menudo sacrifican oportunidades laborales y educativas para atender a sus padres durante años. Al fallecer los progenitores, quienes asumieron ese trabajo suelen quedar sin ingresos propios y con dificultades para reinsertarse en el mercado laboral. Ese era el escenario de la demandante, quien presentaba además problemas de salud como diabetes insulinodependiente, obesidad y trastornos de adaptación, lo que limitaba sus posibilidades de encontrar un empleo remunerado a su edad.

El tribunal rechazó que las ayudas estatales evidenciaran autosuficiencia económica, señalando que esos beneficios existen precisamente para cubrir necesidades básicas de personas en situación de vulnerabilidad. Según la sentencia, los apoyos del IMAS fueron otorgados únicamente después de la muerte de la madre y no alteraban el hecho central de la causa: la dependencia económica preexistente entre madre e hija.

De acuerdo con CR Hoy, la Sala recordó que, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de la Jurisdicción Constitucional, todos los jueces deben respetar el precedente que eliminó el requisito de soltería y abstenerse de aplicar interpretaciones contrarias a lo resuelto por la Sala Constitucional. La resolución ordenó el pago retroactivo de la pensión desde el 11 de enero de 2023 y reconoció el derecho de la mujer a recibir la prestación bajo el nuevo criterio.

La movilidad de niñas, niños y adolescentes en México ha dejado de ser solo de tránsito, pues ahora expone la discriminación y el riesgo de violencia que enfrentan en el país, mientras se mantienen a la espera de tener un hogar donde crecer.

De acuerdo con el informe Vivencias y percepciones desde la voz de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad en México, de Plan International México y el PDH Ibero, realizado entre enero y marzo de 2026, hoy, muchas infancias migrantes viven una espera prolongada o un asentamiento de facto ante el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos.

Esto ocasionó que desde 2025 México limita el paso y empuja a familias, niñas, niños y adolescentes a permanecer en territorio mexicano.

El estiudio, realizado entre enero y marzo de 2026, en Ciudad Juárez, Chihuahua; Tapachula, Chiapas, y Ciudad de México, documentó que México se consolida como país de destino para infancias migrantes y población desplazada interna, sin que cambien al mismo ritmo las condiciones, los servicios ni la protección que requieren.

Tapachula opera como un espacio de contención migratoria, donde miles de personas, principalmente del Caribe, Centroamérica y Sudamérica, y en menor medida de África, quedan varadas mientras esperan regularizarse o avanzar.

En Ciudad de México, la estancia se vuelve prolongada: se reconfiguran trayectorias y crecen los obstáculos para integrarse.

Mientras que Ciudad Juárez concentra la espera indefinida: tras el cierre de vías y aplicaciones como CBP One para solicitar asilo en Estados Unidos, cientos de menores de edad y sus familias permanecen sin acceso regular a escuela, sin claridad sobre su futuro y expuestos a violencia y explotación.

Estas configuraciones territoriales modifican la vida cotidiana y el acceso a derechos como educación, vivienda, regularización migratoria y protección.

Tapachula, Ciudad de México y Ciudad Juárez concentran tres formas de espera

Migrar no es una decisión voluntaria para la mayoría. El informe identifica tres causas principales: factores económicos, violencia criminal y reunificación familiar.

En el caso de menores de edad de origen mexicano, los desplazamientos internos se vinculan con amenazas, extorsión y presencia de grupos armados.

Entre menores de edad extranjeras residentes en Ciudad Juárez, 33% reporta huir de violencia vinculada con narcotráfico y crimen organizado. En Tapachula, 85% señala que México es su destino final.

En Ciudad de México, 50% no tiene del todo claras las razones de su salida, lo que apunta a la escasa participación infantil en decisiones familiares de movilidad.

Las trayectorias son largas y de alto riesgo

La muestra incluye principalmente menores de edad provenientes de Venezuela (35.8%), Cuba (22.6%) y Honduras (11.3%).

Para quienes no tienen pasaporte, la ruta terrestre y marítima implica atravesar el Tapón del Darién, donde entre 2014 y marzo de 2026 murieron 77 niñas, niños y adolescentes, además de enfrentar extorsiones, robos y secuestros por parte de grupos criminales.

Durante el trayecto y en México, 60% reporta incidentes de protección. Además, 42% sufre delitos como robos y fraudes en el Darién.

Niñas y adolescentes haitianas describen de forma recurrente acoso sexual, acoso verbal, tocamientos no consentidos y persecución en el espacio público.

No hay una edad “blindada” por sí misma. El informe registra adolescentes que viajan solos, menores de edad que asumen responsabilidades de adultos y casos de trabajo agrícola en el norte, como en Chihuahua, donde acompañan y ayudan a familiares en jornadas extensas durante la pizca de chile.

La desprotección se sostiene en carencias materiales, barreras escolares y miedo a la autoridad

La llegada a México no implica el fin del riesgo. En albergues y asentamientos informales, el documento reporta sobrepoblación y carencias materiales: letrinas sin privacidad, falta de agua potable y viviendas improvisadas.

También identifica ausencia de atención psicológica y de servicios de salud mental especializados, pese al trauma acumulado durante el trayecto y la estancia.

En educación, el acceso se limita por obstáculos burocráticos y exigencia de documentos que muchas familias no pueden presentar.

En la práctica, numerosas infancias quedan en programas transitorios o “círculos de aprendizaje” de organizaciones sociales, sin incorporarse a la escuela formal del Estado.

Se suma la discriminación

El informe recoge expresiones de racismo, xenofobia y estigmatización. En Tapachula, adolescentes haitianos afirman: “Ser negro es un crimen”. En Ciudad de México, niñas reportan segregación escolar e insultos como “regrésate a tu país”.

El temor a las autoridades aparece como constante. El control y la vigilancia por la Guardia Nacional, Sedena y policías locales inhiben el acercamiento a instituciones, por miedo a detenciones o separaciones familiares.

Enfrentan violencia de género y asumen roles de proveedor

Las niñas y adolescentes enfrentan riesgos diferenciados: violencia de género, sexualización y sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados. En Ciudad de México, el informe documenta embarazos en la adolescencia, con efectos como deserción escolar y ciclos de dependencia económica y social.

En el caso de niños y adolescentes varones, el documento señala la asunción temprana del rol de “proveedor”.

Ante la falta de integración laboral legal para sus familias, algunos recurren a la mendicidad. También se reporta riesgo de reclutamiento por grupos criminales en zonas agrícolas del norte.

Frente a la falta de respuesta institucional suficiente, las redes familiares y comunitarias operan como contención.

La unidad familiar y los pares ayudan a socializar y amortiguar el trauma, aunque no siempre alcanzan para procesar experiencias de violencia o duelo.

En este sentido, el deporte y el juego aparecen como recursos de supervivencia emocional: en el campamento Vallejo, en la capital, niñas y niños migrantes forman un equipo de futbol llamado “Los Galácticos”, con un ajolote como mascota que “se regenera, como nosotros”.

La invisibilidad también se vuelve estrategia, sobre todo en Tapachula, donde menores de edad no acompañados evitan el contacto con autoridades por miedo a detención o institucionalización.

Reconocen derechos, pero hay obstáculos administrativos

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) contempla protecciones especiales para infancias migrantes y desplazadas, incluidas atención por personal capacitado, principio de no devolución y acceso a salud y educación sin importar nacionalidad.

En la práctica, el acceso se atasca en obstáculos administrativos y operativos. El informe también apunta que la ausencia de leyes específicas para infancias desplazadas internas incrementa su vulnerabilidad.

Organizaciones sociales y comunitarias cubren algunos vacíos con modelos educativos como el Programa de Educación Migrante o esquemas de “casa familiar” en albergues, pero su alcance es limitado frente a la magnitud del fenómeno.

Los riesgos no disminuyen: cambian y se profundizan

La estructura institucional, diseñada para emergencias de paso, no alcanza para un escenario de espera prolongada, sobrecarga emocional y exposición sostenida a explotación laboral, discriminación y violencia de género.

Plantea la necesidad de transitar de un enfoque de emergencia a uno de inclusión y pertenencia, fortalecer la protección en entornos físicos y digitales, impulsar alfabetización digital y participación desde la niñez, y mejorar la formación de autoridades y servicios públicos en derechos de las infancias migrantes, no discriminación y violencia de género.

“Que siempre esté unida con mi familia y que nunca nos separemos”, escribe una niña guatemalteca de 10 años. La búsqueda de pertenencia sostiene la espera: estar a salvo, volver a la escuela, vivir sin miedo y jugar.

Tras la participación de la Selección Argentina en el Mundial, se generó una “campaña antiargentina” que trascendió el ámbito futbolístico y tuvo su impacto en la política internacional. En ese contexto, el Presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que establece como nueva causal de prohibición de ingreso y de expulsión del territorio nacional a cualquier extranjero que promueva o incite mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por motivos de nacionalidad, así como a quienes ultrajen los símbolos patrios, según informó la Oficina del Presidente.

La normativa responde a recientes manifestaciones consideradas hostiles hacia la República Argentina y sus habitantes. El decreto enfatiza que la defensa de la Nación, sus ciudadanos y sus símbolos constituye un principio innegociable para el Gobierno Nacional. “Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, expresó Milei en el comunicado oficial.

El Decreto 681/2026 fue publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina e incorpora formalmente como causa de inadmisión y expulsión del país a los extranjeros que dirijan o inciten expresiones de odio, discriminación y violencia por razones de nacionalidad, y a quienes realicen actos de ultraje contra los símbolos nacionales. La disposición abarca tanto la incitación pública como cualquier manifestación directa que implique un agravio a la identidad nacional.

En los considerandos, el Poder Ejecutivo sostuvo que la Argentina mantuvo históricamente una política de apertura y hospitalidad hacia los extranjeros, pero remarcó que la soberanía estatal permite fijar condiciones de admisión, permanencia y expulsión para resguardar el orden público, la seguridad interior y la cohesión social.

La decisión fue justificada por el Ejecutivo en función de preservar la integridad social y el respeto hacia la Argentina y sus emblemas. Según la comunicación de la Oficina del Presidente, el endurecimiento en las políticas migratorias busca evitar situaciones que puedan poner en riesgo la convivencia y el orden institucional.

La norma se dictó como decreto de necesidad y urgencia y, según el texto oficial, deberá ser remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que tiene un plazo de 10 días hábiles para expedirse sobre su validez o invalidez y elevar dictamen a cada Cámara.

Contexto de la decisión y alcance

La medida surge en un contexto de tensión por recientes expresiones públicas consideradas agravios hacia la Argentina y sus ciudadanos. El Gobierno Nacional sostuvo que la soberanía y el respeto a los símbolos patrios son elementos esenciales que no admiten negociación.

En el artículo 1 del decreto se establece que la disposición alcanza a extranjeros que hayan “dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto, o contra algún ciudadano argentino, motivado en la nacionalidad de este último”, o bien, hayan “realizado o participado en actos de ultraje de símbolos patrios nacionales; o haber incitado a cometer cualquiera de los actos previstos por el presente inciso”.

El decreto responde de manera directa a su objetivo central: desde su entrada en vigor, un extranjero comprendido en esas conductas no podrá ingresar al país y, si ya reside en la República Argentina, podrá perder su residencia y ser intimado a abandonar el territorio o ser expulsado.

De hecho, en el artículo 3 se remarca que “la cancelación de la residencia conforme lo previsto en los incisos f) y h) del artículo 62 de la presente ley conlleva la conminación a hacer abandono del país dentro del plazo que se fije o bien la expulsión del territorio nacional, teniendo en consideración las circunstancias fácticas y personales del interesado;”.

Con este decreto, el Ejecutivo argentino refuerzó su posición respecto a quiénes pueden permanecer en el territorio nacional, advirtiendo que cualquier acto percibido como ataque a la República será motivo suficiente para la denegación de ingreso o la expulsión inmediata, de acuerdo con la nueva normativa. La Oficina del Presidente subrayó que la defensa de la Nación y sus principios es prioritaria ante cualquier circunstancia.

Miles de graduados y postulantes a empleos de nivel inicial en Estados Unidos encuentran obstáculos en los procesos de selección a causa de herramientas automáticas de cribado basadas en inteligencia artificial. La adopción masiva de estos sistemas por parte de las empresas durante los últimos dos años ha repercutido en las tasas de contratación juvenil, en un contexto donde la eficiencia y el volumen de postulaciones impulsan la digitalización del reclutamiento.

Según un informe publicado en 2026 por la firma estadounidense Greenhouse, solo el 21% de los responsables de recursos humanos en el país confía plenamente en que los sistemas automáticos evitan rechazar postulantes calificados. Una encuesta paralela realizada por la consultora Gallup muestra que la desconfianza de los jóvenes hacia la inteligencia artificial en el empleo aumentó de 22% a 31% en un año, mientras que la proporción de quienes consideran que la tecnología reduce habilidades y oportunidades profesionales supera el 60%.

El uso de algoritmos de selección y sistemas de seguimiento de candidatos (ATS) se consolidó en los procesos de incorporación laboral durante la segunda mitad de la década, una tendencia reforzada por el crecimiento del volumen de postulaciones y la necesidad de optimizar recursos en las compañías. De acuerdo con la American Staffing Association, alrededor del 49% de los buscadores de empleo percibe que la inteligencia artificial aplicada a la selección es más sesgada que la revisión humana, lo que alimenta el debate sobre equidad y acceso a oportunidades.

¿Qué son los sistemas de filtrado automático en la búsqueda de empleo?

Los sistemas de filtrado automático, conocidos como Applicant Tracking Systems (ATS), son plataformas tecnológicas que utilizan inteligencia artificial para gestionar y organizar grandes volúmenes de solicitudes laborales. Estas herramientas identifican palabras clave en los currículos y cartas de presentación, seleccionando los perfiles que mejor coinciden con los requerimientos de la vacante. Según datos de Greenhouse, en la mayoría de los casos el primer análisis lo realiza un algoritmo, sin intervención directa de un reclutador humano.

El avance de estos sistemas ha permitido a las empresas reducir tiempos y costos, pero también ha generado riesgos de exclusión para postulantes cuyos perfiles no se ajustan exactamente a los parámetros definidos. Investigadores de Stanford University, Chapman University y Northeastern University analizaron 4 millones de aplicaciones laborales y concluyeron que los algoritmos producen desigualdades, especialmente cuando los candidatos aplican repetidas veces a vacantes gestionadas por el mismo proveedor tecnológico. Esta situación puede derivar en rechazos sistemáticos y reducción de oportunidades para ciertos grupos, según el estudio.

¿Cómo afecta la inteligencia artificial a los jóvenes que buscan su primer empleo?

La reducción de oportunidades para jóvenes y recién graduados es una de las principales consecuencias de la automatización en la selección de personal. El informe de Ambition Search indica que los programas de ingreso para graduados y los puestos de nivel inicial cayeron un 33% en 2025, situándose en el nivel más bajo desde 2018. En marzo de 2026, el número de jóvenes fuera de la educación, el empleo o la formación alcanzó los 1,012,000, de acuerdo con datos oficiales procesados por la consultora.

La encuesta de Gallup revela que el 62% de los estadounidenses entre 14 y 29 años considera que la inteligencia artificial dificulta el desarrollo de habilidades y el acceso a un empleo que permita el crecimiento profesional. Además, el mismo estudio detectó una disminución del 5,5% en la contratación de personas de entre 22 y 25 años en sectores expuestos a la automatización, mientras que los trabajadores mayores no experimentaron variaciones significativas.

La American Staffing Association señala que el 49% de los candidatos percibe sesgos negativos en los sistemas automáticos, lo que afecta la diversidad y la equidad en el acceso laboral. “La principal vía de ajuste ha sido la caída en nuevas contrataciones, más que el despido de empleados actuales”, señala el informe de Gallup.

¿Por qué los filtros de inteligencia artificial pueden limitar la diversidad y la equidad?

La automatización en la selección de personal presenta desafíos para la diversidad y la equidad, según especialistas y entidades laborales. Ambition Search advierte que, si los algoritmos se entrenan para seleccionar perfiles que coinciden con patrones históricos, las empresas pueden perder variedad y restringir la incorporación de talentos con experiencias diferentes. El informe de Greenhouse subraya que los sistemas automáticos afectan especialmente a quienes envían solicitudes a varias compañías que utilizan el mismo proveedor tecnológico, ya que el algoritmo tiende a rechazar sistemáticamente los perfiles que no superaron filtros previos.

En la práctica, esto reduce las oportunidades de quienes buscan empleo en sectores con alta demanda y competencia. La American Staffing Association recomienda a las empresas revisar periódicamente los criterios de los algoritmos y ofrecer alternativas para quienes no avanzan en la primera fase automática, con el fin de evitar la exclusión involuntaria.

¿Qué dicen las empresas y las autoridades sobre la automatización en la contratación?

Algunas grandes organizaciones de Estados Unidos han anunciado iniciativas para asegurar el acceso de jóvenes al mercado laboral. Bank of America informó a medios estadounidenses que mantiene su compromiso de contratar anualmente a miles de graduados, revisando sus procesos internos para garantizar la equidad. El director ejecutivo, Brian Moynihan, declaró en entrevistas difundidas por Fox Business que la entidad financiera promueve programas específicos de incorporación, pese a la tendencia general de reducción de vacantes de nivel inicial.

La American Staffing Association y la Harris Poll publicaron en 2026 un informe en el que recomiendan mayor transparencia en el empleo de inteligencia artificial y la adopción de mejores prácticas para limitar los sesgos. Entre las propuestas figura la formación de equipos de recursos humanos en el desarrollo y la supervisión de los sistemas automatizados.

¿Qué estrategias pueden adoptar los jóvenes ante los filtros automáticos?

Expertos consultados por Ambition Search y Greenhouse sugieren que los jóvenes adapten sus currículos y cartas de presentación a los formatos digitales, utilizando palabras clave relevantes para los sistemas automáticos y familiarizándose con los procesos de selección de cada empresa. También recomiendan consultar recursos institucionales y guías de orientadores laborales para mejorar las posibilidades de superar los filtros iniciales.

El debate actual gira en torno a la regulación y supervisión de la inteligencia artificial en la selección de personal, una cuestión que sigue abierta en el ámbito académico y en organismos públicos. Las universidades y centros de investigación continúan monitoreando los efectos de la automatización en el acceso laboral y la movilidad social, según los informes de Greenhouse y Gallup.

¿Qué impacto tienen los filtros automáticos en el mercado laboral de Estados Unidos?

El despliegue de sistemas automáticos de selección repercute en la estructura del empleo juvenil y en la capacidad de las empresas para atraer talento diverso. La optimización de recursos y la reducción de tiempos en la gestión de postulaciones contrastan con los riesgos de exclusión y la posible homogeneización de los perfiles contratados. El desarrollo de soluciones que permitan una evaluación más justa y transparente es un objetivo identificado por consultoras, asociaciones y responsables de recursos humanos.

El seguimiento de estas tendencias y la incorporación de mecanismos de control, revisión periódica y participación humana en las etapas críticas del proceso de selección serán determinantes para el futuro del mercado laboral estadounidense. El acceso al primer empleo y la diversidad de talento figuran entre las prioridades de las políticas laborales y educativas en el corto y mediano plazo.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revocó parcialmente una sentencia previa y condenó a un colegio privado de la Ciudad de Buenos Aires a abonar cinco millones de pesos a un exalumno, luego de considerarse que la negativa a rematricularlo tras un conflicto laboral con su madre constituyó un acto discriminatorio y arbitrario. La decisión, de la Sala L reconoce el derecho del joven a ser reparado por el daño sufrido durante la finalización de su escolaridad secundaria.

El caso tuvo su origen en 2018, cuando la madre del reclamante, docente de educación física en la institución, fue despedida y promovió una demanda laboral. Tras ese hecho, la familia reportó una serie de conductas discriminatorias hacia sus hijos, ambos matriculados desde pequeños en el colegio. El conflicto escaló en 2020, cuando la institución se negó a aceptar el pago de cuotas y a inscribir a los menores para el nuevo ciclo lectivo, pese a que la deuda había sido saldada y luego de diversas gestiones administrativas y judiciales.

De acuerdo con el expediente, la familia recurrió a la Dirección General de Cultura y Educación y presentó una acción de amparo, aunque esta fue rechazada por no agotar las vías administrativas. Finalmente, tras cancelar la deuda, ambos hijos lograron la matrícula para ese año, pero bajo la condición de que fuese el último en el establecimiento, según un acuerdo firmado bajo presión por el padre, tal como relataron en la demanda.

Durante ese ciclo, la pandemia de Covid-19 determinó que las actividades escolares se realizaran de manera remota y permitió que el hermano mayor egresara sin inconvenientes. Sin embargo, en octubre de 2020, la institución envió una carta documento notificando la negativa a reinscribir al menor de los hermanos para el año siguiente. El colegio alegó una presunta deuda, aunque la familia interpretó que la verdadera razón era la existencia del litigio laboral iniciado por la madre, ya que la comunicación mencionaba la acción judicial y la supuesta afectación de la “identificación institucional del grupo familiar”.

Al no poder seguir sus estudios en el colegio de toda la vida, el joven debió buscar vacante en otro establecimiento y continuó su escolaridad en una nueva institución a partir de 2021. Por estos hechos, sus progenitores iniciaron una demanda con el objeto de obtener reparación por el daño causado, calificando la negativa a la matrícula como arbitraria y discriminatoria, ya que le forzó a abandonar su entorno y vínculos construidos desde la infancia.

La sentencia de primera instancia, dictada en diciembre de 2025, había desestimado la demanda. Según la jueza de grado, el acuerdo firmado en febrero de 2020 implicaba que los hijos finalizarían su educación en el establecimiento ese mismo año y no se había probado que dicho acuerdo hubiese sido suscripto bajo coacción. Además, consideró que la familia no cumplió con el procedimiento previsto por la ley 14.498 ante la segunda negativa de inscripción, y que no se logró demostrar que la medida tuviera relación con el juicio laboral.

El joven, ya mayor de edad al momento de apelar, centró su reclamo en el carácter discriminatorio de la decisión del colegio, señalando que la magistrada anterior no valoró el contexto de vulnerabilidad en el que se firmó el acuerdo y la desigualdad entre las partes.

En la revisión del caso, la Cámara analizó el marco normativo de la relación de consumo en materia educativa, subrayando la protección especial que corresponde a los menores y personas en situación de vulnerabilidad, tal como establece la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial. El fallo destaca que, si bien los progenitores acordaron la finalización de la escolaridad en 2020, esa cláusula fue una condición impuesta por el colegio bajo la necesidad apremiante de asegurar la continuidad educativa de sus hijos.

La resolución judicial indica que no resulta razonable suponer una decisión voluntaria de cambiar de colegio en los últimos años del secundario, dado que el estudiante había permanecido en esa institución desde el nivel inicial y formaba parte de una tradición familiar. La carta documento enviada por el colegio, que mencionaba el juicio laboral, sirvió como prueba de que la negativa a la reinscripción estuvo motivada por el conflicto con los adultos y no por razones estrictamente administrativas o económicas.

El fallo resalta que el adolescente no fue parte de la disputa de sus padres ni del acuerdo, pero sufrió directamente la desvinculación, la pérdida de su entorno escolar y sus relaciones sociales. La Cámara consideró probado que la negativa a la matrícula constituyó una represalia y que la institución educativa no ofreció alternativas de pago, a pesar de que la deuda había sido cancelada en el momento oportuno.

La Cámara fundamentó su decisión en la necesidad de resguardar los derechos del consumidor en situación de vulnerabilidad y en el principio de reparación plena consagrado en el Código Civil y Comercial. El tribunal recordó que el derecho a la educación, protegido por la Constitución Nacional, incluye el acceso y la no discriminación en todas las etapas del aprendizaje, y que el derecho de admisión en escuelas privadas no puede ejercerse de forma abusiva.

En cuanto a la indemnización, se reconoció un daño psíquico derivado de la situación, avalado por un informe pericial que diagnosticó un trastorno adaptativo de carácter permanente, con una incapacidad del 20%. El fallo también consideró el daño moral, valorando el impacto emocional y la frustración ocasionados por el cambio forzoso de colegio y la interrupción abrupta de los vínculos escolares y sociales.

El monto total de cinco millones de pesos, dispuesto por la Cámara, incluye la reparación por daño psíquico, los gastos del tratamiento recomendado y la compensación por daño moral. La sentencia ordena el pago con más los intereses y las costas del proceso a cargo de la parte demandada.

El tribunal rechazó el reclamo de daño punitivo, argumentando que, aunque hubo conflictividad y perjuicio, no se acreditó una conducta particularmente grave o deliberada por parte del establecimiento que justificara una sanción adicional.

Según lo resuelto, los intereses serán calculados desde la fecha de la carta documento que notificó la negativa a la matrícula hasta el pago efectivo, aplicando la tasa activa del Banco de la Nación Argentina.

La decisión de la Cámara también determina que las costas del juicio por la admisión de la acción recaen sobre la demandada, y mantiene a cargo de los progenitores las correspondientes al rechazo de su reclamo, ya que no apelaron la sentencia de primera instancia.

En diálogo con Infobae al Regreso, el presidente de la entidad, Nicolás Cabrera, sostuvo que la situación encendió las alarmas entre los argentinos que viven en ese país. “Llevamos unos días muy malos”, resumió. “Somos alrededor de medio millón de argentinos en España. Si esto fuera algo masivo estaríamos hablando de otra situación completamente distinta. Son hechos aislados, pero nos preocupan por la gravedad que tuvieron”, explicó.

El caso que más inquietud generó, según relató, ocurrió en la Puerta del Sol, en Madrid, donde un joven argentino fue apuñalado en la garganta días después del partido entre Argentina e Inglaterra. Para Cabrera, el episodio resulta especialmente impactante porque se produjo en una ciudad donde este tipo de ataques son poco frecuentes.

Ese hecho no fue el único. MARES también recibió denuncias por agresiones contra personas que llevaban la camiseta de la Selección Argentina. Entre ellas, Cabrera mencionó el caso de un hombre que aseguró haber sido golpeado por seis personas luego de ser identificado con los colores argentinos, además de múltiples reportes de insultos y situaciones de hostigamiento en ámbitos laborales.

Para el dirigente, la escalada de violencia estuvo precedida por una intensa campaña en redes sociales que instaló un discurso hostil hacia los argentinos. “Fue una campaña de deshumanización muy fuerte. Circularon videos manipulados con inteligencia artificial y publicaciones que vinculaban a todos los argentinos con la posición del Gobierno sobre el conflicto en Gaza, como si toda la comunidad fuera responsable de esa postura. Empezaron a tratarnos de genocidas y de racistas”, sostuvo.

Según Cabrera, ese clima digital terminó trasladándose a algunos espacios de la vida cotidiana. “Lo que más nos cuentan son comentarios completamente fuera de lugar, insultos y situaciones de discriminación. Después aparecieron los casos más graves de violencia física”, señaló.

El presidente de MARES también cuestionó la escasa repercusión que tuvieron los hechos en algunos medios españoles. Recordó que, durante varias entrevistas, al mencionar el ataque sufrido por el joven argentino en la Puerta del Sol, algunos periodistas respondían comparándolo con accidentes ocurridos durante los festejos del Mundial, una reacción que, según dijo, dificultó que la gravedad de las agresiones fuera tomada con la seriedad que merecía.

Pese al escenario de tensión, Cabrera afirmó que la organización observa una disminución de los episodios más violentos. Explicó que la mayoría de los reportes recibidos durante los últimos días corresponden a insultos o conflictos laborales y ya no a ataques físicos, por lo que espera que la situación continúe normalizándose.

“Los argentinos siempre tuvimos una muy buena convivencia en España. Nunca fuimos una comunidad especialmente estigmatizada, como sí les ocurrió históricamente a otros colectivos migrantes. Ojalá esto haya sido un episodio excepcional y podamos volver cuanto antes a esa convivencia”, concluyó.

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República Dominicana reunió a países de Iberoamérica en el seminario “Del Edadismo al Respeto” para unificar criterios frente al maltrato por edad y promover políticas públicas orientadas a una vejez digna, según informó la Presidencia de la República.

La convocatoria incluyó a México, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina y España.

El encuentro buscó diseñar respuestas ante el abuso, la negligencia y la discriminación por edad, problemas que las autoridades dominicanas describieron como persistentes y, en muchos casos, poco denunciados. Participaron integrantes del Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de las Personas Adultas Mayores.

La actividad fue organizada por el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), que la presentó como un espacio para revisar la comprensión social del envejecimiento y el discurso público sobre la vejez. El eje del debate fue cómo convertir ese cambio en herramientas concretas de prevención y protección.

Las definiciones del Conape sobre el maltrato por edad

El director ejecutivo del Conape Demetrio Vicente Ureña sostuvo que garantizar una vida digna para la población adulta mayor debe ser una prioridad de toda la sociedad, además de ser el centro de la labor institucional.

En la apertura del encuentro afirmó: “Este seminario constituye una muestra de nuestro compromiso con las personas mayores, ya que nos permite adquirir y fortalecer herramientas y conocimientos para ofrecerles una atención basada en el respeto, la protección y la garantía de sus derechos”.

Vicente Ureña advirtió que el maltrato hacia la vejez sigue siendo una realidad invisibilizada y se expresa en abuso físico, psicológico y económico, además de abandono y negligencia. También señaló que el intercambio de experiencias internacionales fortalece los sistemas de prevención y la capacidad de respuesta de las instituciones.

Antes del discurso oficial, Ondina Ortega, encargada y coordinadora del Despacho, dio la bienvenida a los asistentes y destacó el esfuerzo del director ejecutivo para que los adultos mayores ejerzan plenamente sus derechos fundamentales. También agradeció la presencia de autoridades y especialistas convocados para trabajar en favor del buen trato hacia esa población.

El enfoque académico y las propuestas de prevención

El núcleo académico del seminario fue la conferencia magistral “Impacto del edadismo como fenómeno social y cultural en las políticas públicas y la gobernanza”.

Participaron María Fernanda Vega Soberanes, encargada del Departamento de Vigilancia y Control Epidémico del ISSSTE de México; Marianela Larzábal Rodríguez, directora nacional del Instituto Nacional de las Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay; y Diana Mejía, directora de Desarrollo Integral y Protección al Adulto Mayor del Conape.

La jornada también incluyó el ejercicio interactivo “¿Qué edad tiene el prejuicio?”, moderado por Yissel Alcántara, encargada del Departamento de Denuncias y Seguimiento de Casos del Conape. La dinámica invitó a reconocer estereotipos frecuentes contra las personas mayores y a formular propuestas de prevención para su aplicación institucional.

La red de atención y el formato del encuentro

Vicente Ureña recordó que el cambio demográfico obliga a preparar respuestas eficaces y reiteró que el Conape mantiene un esquema de cuidado permanente en su sede, oficinas regionales, hogares de día y centros de atención residencial. Según la información oficial, la institución considera prioritario sostener esa red de atención para la población mayor.

El evento tuvo carácter multisectorial y reunió a representantes del sistema de protección social, la academia, el sector privado y la sociedad civil. La actividad se realizó en el Salón Restauración del Ministerio de Defensa de la República Dominicana y se desarrolló en modalidad mixta: presencial y virtual.

El Departamento de Educación de Estados Unidos abrió investigaciones contra cinco facultades de medicina por presunta discriminación racial en sus procesos de admisión, una medida que profundiza la ofensiva del presidente Donald Trump contra las políticas de diversidad y que, según el propio organismo, busca determinar si esas instituciones violaron el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964.

La pesquisa alcanza a la Geisel School of Medicine de Dartmouth College, la Brody School of Medicine de East Carolina University, la School of Medicine de St. Louis University, Western University of Health Sciences y William Carey University College of Osteopathic Medicine.

De acuerdo con el departamento, la revisión forma parte de un trabajo conjunto con la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos y la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.

Según Reuters, el departamento informó que los casos están vinculados a supuesta discriminación racial en las admisiones, aunque no detalló los hechos concretos ni presentó pruebas de esas acusaciones en su comunicado.

La agencia situó la decisión dentro de la campaña más amplia de Trump contra las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión en la educación superior y otros ámbitos.

La Oficina de Derechos Civiles indicó que evaluará si las escuelas incurrieron en prácticas prohibidas por el Título VI, la norma que veta la discriminación por raza, color u origen nacional en programas educativos que reciben financiamiento federal.

El Gobierno vinculó las pesquisas con su campaña para desmantelar programas DEI

La subsecretaria de derechos civiles Kimberly Richey sostuvo que la raza no debería definir quién puede estudiar medicina y acusó a numerosas escuelas de priorizar “cuotas raciales” por encima del mérito.

En una declaración difundida por el Departamento de Educación, afirmó: “Las escuelas que participan en este tipo de políticas de admisión no solo están violando la ley, sino que también están socavando los principios fundamentales de equidad y meritocracia que definen a nuestra nación”.

Richey añadió: “La Administración Trump está haciendo que las escuelas rindan cuentas por su conducta discriminatoria denunciada y garantizará un futuro en el que los estudiantes vuelvan a ser recompensados por su esfuerzo y sus logros, y no prejuzgados por el color de su piel”.

El comunicado oficial encuadró la medida en dos órdenes ejecutivas firmadas por Trump tras el inicio de su segundo mandato. Una, al día siguiente de su segunda investidura, para restaurar lo que la Casa Blanca definió como oportunidades basadas en el mérito y poner fin a preferencias discriminatorias vinculadas a diversidad, equidad e inclusión en la educación superior.

Por otro lado, la segunda fue firmada en agosto de 2025, para exigir transparencia en las admisiones universitarias y terminar con procesos de admisión basados en la raza.

Según el Departamento de Educación, más de 300 colegios y universidades eliminaron requisitos o programas DEI; más de 175 reestructuraron o cerraron oficinas o centros dedicados a esas políticas, y al menos 95 modificaron, rebautizaron o reasignaron cargos de personal vinculados a ese ámbito.

El organismo también señaló que 31 instituciones aceptaron poner fin a sus alianzas con The Ph.D. Project por considerar que restringía ilegalmente la elegibilidad por raza.

Facultades investigadas se suman a una ofensiva más amplia

La decisión se produce después de que el Departamento de Justicia anunciara en junio de 2026 a unas 15 nuevas investigaciones sobre posible discriminación racial en admisiones de escuelas de medicina.

Según el comunicado oficial, esa acción forma parte del mismo esfuerzo coordinado para eliminar prácticas de admisión que la administración considera discriminatorias.

Citado por Reuters, el Gobierno también señaló a facultades de medicina de Yale University, la University of California, Los Angeles y la University of California, San Diego por un supuesto sesgo favorable hacia postulantes negros e hispanos.

Esas instituciones respondieron que sus procesos de admisión son rigurosos, justos y basados en el mérito.

La agencia Reuters informó además que la administración usó investigaciones y amenazas de suspensión de fondos federales contra universidades por un abanico más amplio de cuestiones: protestas propalestinas contra la ofensiva de Israel en Gaza, políticas de diversidad, normas sobre personas transgénero y programas climáticos.

Defensores de derechos civiles sostienen que esa ofensiva pone en riesgo la libertad de expresión, el debido proceso y la libertad académica.

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló en 2023 los programas de admisión universitarios que tomaban en cuenta la raza al fallar contra los esquemas aplicados por Harvard University y la University of North Carolina. Ese precedente judicial se convirtió en un punto de apoyo para el avance de las medidas federales sobre admisiones.

Por su parte, East Carolina University le aseguró a medios locales que actúa de acuerdo con la legislación estatal y federal, así como con los fallos judiciales, y que responderá en consecuencia al requerimiento del Departamento de Educación.

Mientras que Dartmouth College afirmó que mantiene su confianza en sus prácticas de admisión.

La diputada nacional Marcela Pagano le envió una carta abierta a la congresista demócrata Jasmine Crockett tras las declaraciones que hizo sobre una supuesta “historia de racismo” en Argentina durante una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos. La polémica surgió cuando Crockett señaló que la mayoría del público internacional apoyó a España en la final del Mundial 2026 por el pasado discriminatorio de la sociedad argentina.

Durante la audiencia, Jasmine Crockett, representante por el estado de Texas, le preguntó al historiador David Blight por qué el mundo parecía estar en contra de Argentina en la definición del torneo frente a España. Blight simplemente respondió que el favoritismo se debía al desempeño futbolístico del equipo español, pero Crockett insistió: “También existe una historia de racismo en lo que respecta a Argentina”. El video con el recorte de ese intercambio se viralizó en las redes sociales en el marco de una polémica más amplia de la que también participaron periodistas, políticos, actores y músicos.

En respuesta a esto, Marcela Pagano difundió una carta abierta donde criticó duramente las afirmaciones de Crockett y aportó datos históricos. “Acá, en Buenos Aires, tenemos una palabra que le va a servir: macanear. Macanear es hablar con mucha seguridad de algo que no se conoce”, escribió Pagano. La diputada del bloque Coherencia, al que pertenece desde que abandonó las filas de La Libertad Avanza, le recordó que Argentina abolió la esclavitud en 1813, cincuenta años antes de la Proclama de Emancipación de Abraham Lincoln en Estados Unidos, y que la Constitución de 1853 estableció que cualquier esclavo que pisara suelo argentino quedaba libre: “¿Sabe qué decía la Corte Suprema de su país cuatro años después, en 1857? Que un hombre negro no tenía ningún derecho que un blanco estuviera obligado a respetar”, señaló Pagano aludiendo al fallo Dred Scott.

La legisladora también apuntó que las leyes argentinas nunca prohibieron matrimonios interraciales, a diferencia de la legislación estadounidense que recién en 1967 fue anulada por la Corte Suprema. “Nosotros nunca colgamos un cartel de ‘solo blancos’ sobre un bebedero. Ustedes los descolgaron ayer, como quien dice”, arremetió la diputada en su carta.

No obstante, Pagano admitió la existencia de episodios de discriminación y violencia en la historia argentina, como la campaña militar contra los pueblos originarios (llamada campaña del desierto) y el olvido de los afroargentinos tras las guerras de la independencia, pero subrayó el reconocimiento de esos hechos en el debate público y en políticas como la ley contra la discriminación, sancionada en 1988.

En su carta la ex diputada libertaria acusó a la congresista estadounidense de proyectar los problemas raciales de su país sobre la realidad argentina. “Agarró los problemas de su país —que son reales y son enormes— y los quiso calzar en el mío como un zapato ajeno. No entra, señora”, afirmó.

El comentario de Crockett se produjo en un contexto de críticas internacionales tras la final del Mundial 2026, donde figuras como Samuel L. Jackson y Pedro Pascal se sumaron a las denuncias de racismo contra Argentina.

Como cierre de la carta abierta, Pagano solicitó a Crockett que rectificara sus palabras en el Congreso y la invitó a conocer los archivos históricos y la música afroargentina en Buenos Aires. “Los pecados nuestros son nuestros y los suyos son suyos, y ninguno se explica con el manual del otro”, concluyó la diputada.

La declaración del actor estadounidense Samuel Jackson, quien afirmó que “alentar a Argentina es alentar al país más racista del mundo”, reactivó la discusión sobre racismo y discriminación en el país. El mensaje, viralizado en redes sociales, generó respuestas defensivas y reacciones en la opinión pública argentina. La controversia puso en primer plano el debate sobre la historia y la presencia de afrodescendientes en Argentina.

La historiadora Magdalena Candioti, autora de Una historia de la emancipación negra: esclavitud y abolición en la Argentina, explicó en Infobae A las Nueve que racismo y esclavitud no son sinónimos, pero poseen una relación profunda en la historia nacional.

Según Candioti, el racismo en Argentina se vincula con la “construcción de miradas de alterización” hacia ciertos grupos. Esta discriminación tiene raíces en la esclavización y comercialización de africanos, proceso que integró al país en la historia esclavista de América.

Candioti afirmó que, aunque ingresaron menos esclavos a Argentina que a Brasil o Estados Unidos, la presencia de personas esclavizadas resultó central en la vida cotidiana del virreinato y la República. “No hubo esclavitud de plantación, pero la presencia fue central en casas, espacios rurales y urbanos”, enfatizó. La autora señaló que esta historia ha quedado invisibilizada tras la abolición en 1853, pero marcó profundamente la estructura social.

Esclavitud y discriminación en la historia argentina

La historiadora señaló que la narrativa que minimiza la cantidad de afrodescendientes o sugiere una integración rápida carece de sustento histórico. Candioti indicó que las personas esclavizadas enfrentaron condiciones de vida muy difíciles, con tasas de mortalidad altas. Además, los varones afrodescendientes participaron en batallones segregados y estuvieron sobrerrepresentados en guerras de independencia y civiles, lo que agravó la fragmentación familiar.

Candioti remarcó que la segregación existió y que la discriminación persistió después de la abolición formal de la esclavitud. “Personas cosificadas, comercializadas, vendidas como cosas”, describió la autora. La mirada social sobre la afrodescendencia en Argentina se formó a partir de estos procesos históricos y se consolidó por la falta de registro en los censos durante décadas.

La autora explicó que muchos argentinos pueden ser afrodescendientes sin saberlo, ya que la mezcla y la invisibilización operaron durante generaciones. En el último censo, cerca de trescientas mil personas se identificaron como afrodescendientes, aunque no todas presentan rasgos fenotípicos visibles.

Comparaciones internacionales y políticas migratorias

Candioti advirtió que comparar el racismo argentino con el de otros países puede llevar a conclusiones erróneas. Aunque la segregación legal fue más extensa en Estados Unidos, las políticas migratorias y los discursos sociales en Argentina también generaron exclusión. La historiadora recordó que la Constitución de 1853 promovió la inmigración europea con el objetivo de “civilizar” el país, lo que profundizó la marginación de afrodescendientes, pueblos originarios y otras minorías.

La autora destacó que la abolición de la esclavitud en Argentina llegó antes que en Brasil y Estados Unidos, pero la discriminación no desapareció. “La visibilidad negra está ligada a la segregación legal y a los obstáculos para la manumisión”, afirmó Candioti, subrayando que los procesos de emancipación en el Río de la Plata resultaron diferentes, pero no exentos de desigualdades.

Al mismo tiempo señaló que el debate sobre racismo debe evitar tanto la idealización como la negación de problemáticas locales. Consideró que la reacción frente a acusaciones internacionales no debe servir para justificar ni para minimizar la propia historia.

Afrodescendencia, identidad y autocrítica social

La historiadora insistió en la necesidad de revisar críticamente la historia nacional y la construcción de estereotipos sobre los afrodescendientes. Candioti explicó que la identidad argentina se forjó sobre la narrativa de una sociedad abierta y plural, pero esa visión convive con procesos de exclusión y jerarquización racial.

La autora mencionó que la invisibilización de la población afrodescendiente se apoyó en el mestizaje y en políticas de registro insuficientes. Remarcó la importancia de reconocer la existencia de afroargentinos y la persistencia de desigualdades. “Tenemos decenas de periódicos negros en Buenos Aires en el siglo XX y no lo conocemos”, afirmó Candioti.

Candioti valoró el debate actual como una oportunidad para reflexionar sobre el pasado y el presente. Consideró que solo el conocimiento histórico y la autocrítica pueden ayudar a superar los estereotipos y a construir una sociedad más consciente.

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“Somos los mismos argentinos los que nos hacemos odiar”, afirmaba Suarc en un mensaje grabado durante la cobertura del Mundial. La frase se viralizó rápidamente y generó miles de reacciones entre quienes compartían esa autocrítica y quienes consideraban que minimizaba los ataques que el país suele recibir desde el exterior. Detrás de esa discusión, sin embargo, aparecía una pregunta más profunda: ¿hasta qué punto la percepción internacional sobre la Argentina responde a estereotipos y cuánto tiene que ver con comportamientos que los propios argentinos reproducen?

Con esa premisa, el periodista argentino radicado en Estados Unidos dialogó con el equipo de Infobae al Regreso para explicar el origen de una reflexión que, según aseguró, nació de experiencias concretas vividas durante el torneo.

“Se acercaban todos los argentinos y me decían: ‘Los argentinos somos los mejores’. Después hablaban de manera muy despectiva de los uruguayos, de los paraguayos, de los colombianos o de los mexicanos. La verdad es que me daba mucha vergüenza”, recordó. Para Suarc, ese tipo de situaciones fueron el disparador del video y reflejan una actitud que, aunque no representa a todos, termina alimentando una percepción negativa sobre el país.

Lejos de negar que existe una mirada prejuiciosa hacia la Argentina, sostuvo que ambas cosas pueden convivir. “Sí hay una campaña en contra de nosotros, pero también hay que reconocer que somos agrandados, que somos despectivos y nos creemos más que los otros”, planteó. A su entender, muchas veces el debate se reduce a denunciar la discriminación que sufren los argentinos sin detenerse a pensar si determinadas conductas también contribuyen a reforzar esos estereotipos.

Según explicó, vivir desde hace años en Estados Unidos modificó su manera de observar esas situaciones. El contacto cotidiano con personas de distintas nacionalidades, aseguró, le permitió relativizar ciertas ideas instaladas sobre una supuesta excepcionalidad argentina. “Hay mucha diferencia entre el argentino que vive afuera y el argentino que vive en la burbuja de nuestro país. Los que vivimos afuera y tenemos el privilegio de mezclarnos con otras culturas nos damos cuenta de que realmente no hay ninguna diferencia”, expresó.

En esa misma línea, cuestionó algunos discursos que suelen aparecer con frecuencia en el debate público. “Después hay periodistas que dicen que somos europeos, que no somos latinos y que los mexicanos nos envidian. No me malinterpreten: sí hay una campaña contra nosotros, pero también hay que reconocer que muchas veces nos creemos más que los otros”, insistió, al remarcar que la autocrítica no implica desconocer los prejuicios que también existen hacia la Argentina.

La reflexión encontró coincidencias parciales. Gonzalo Aziz sostuvo que, cuando una percepción negativa persiste durante tanto tiempo, también vale la pena preguntarse qué elementos ayudaron a construirla. “Cuando hay un conflicto entre dos partes nunca es cien a cero. Siempre hay alguna cuota aparte que hace que la reacción del otro o el pensamiento del otro se active”, señaló. Sin embargo, introdujo un matiz al advertir que esa descripción no representa necesariamente a todo el país. “Estamos hablando mucho de quienes vivimos en Buenos Aires o en grandes ciudades. El interior suele ser mucho más humilde, más sensato y más coherente”, agregó.

Suarc coincidió en que no corresponde generalizar y recordó que buena parte de las respuestas que recibió tras publicar el video apuntaban precisamente a esa diferencia entre los porteños y el resto del país. “Muchos me decían que esto tenía que ver con los porteños. Tampoco podemos hacernos los distraídos con esa pica histórica que existe entre Buenos Aires y las provincias”, comentó.

A partir de esa discusión, el intercambio derivó hacia otro tema que suele reaparecer cada vez que la Argentina queda bajo la lupa internacional: el racismo. Matías Barbería consideró que el problema existe, aunque con características distintas a las de Estados Unidos o Europa.

Al mismo tiempo, sostuvo que el análisis no debería copiar categorías elaboradas para otras realidades. “Tenemos nuestros propios problemas y tenemos que resolverlos nosotros. Maltratamos gente nacida acá y también a países vecinos que son tan valiosos como nosotros, pero no me lo va a venir a curar un tipo de Europa”, expresó.

Suarc compartió parte de esa mirada y aclaró que nunca buscó definir a la Argentina como una sociedad esencialmente racista. Reconoció que muchas veces siente que el país recibe críticas desproporcionadas, aunque también admitió que vivir en el exterior le permitió detectar comportamientos que antes naturalizaba. “Siento que muchas veces me atacan por ser argentino. Pero también creo que quienes vivimos afuera compartimos otras experiencias y eso cambia la mirada”, explicó.

Como contrapartida, recordó que el racismo continúa siendo un problema estructural en Estados Unidos. “Acá también hay mucho racismo. Los peores trabajos, lamentablemente, siguen siendo para los hispanos y los afroamericanos”, ejemplificó.

Sobre el final de la conversación, el periodista volvió al origen del mensaje que dio lugar a toda la discusión y reconoció que esa autocrítica también lo incluía a él. “Muchas veces me encontré diciendo: ‘Tenemos a Messi, tuvimos al Papa, tuvimos a Maradona’. Por eso digo que también es una autocrítica”, admitió, antes de destacar que el Mundial también le dejó una experiencia diferente.

Recordó el banderazo realizado por los argentinos en Times Square y el interés que despertó entre muchas personas que se acercaron para conocer más sobre el país. Esa experiencia, sostuvo, también le permitió comprobar que la imagen de la Argentina no está determinada únicamente por los prejuicios. “Sentí que empezaron a entender un poco mejor cómo somos. Tenemos muchísimo para ofrecer más allá de todas las críticas que podamos recibir”, concluyó.

Más allá de las posiciones que despertó el video, la discusión dejó instalada una pregunta que excede el Mundial y las redes sociales. Mientras la Argentina vuelve a quedar en el centro de cuestionamientos internacionales, la reflexión de Suarc propone una idea incómoda: reconocer que pueden existir prejuicios contra el país no impide preguntarse si determinadas actitudes también contribuyen a reforzar esa percepción. Ese fue, precisamente, el debate que convirtió un breve video en una conversación mucho más amplia sobre la identidad argentina.

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El joven identificado como Rodri Bastidas compartió el video del momento en el que el encargado de seguridad del lugar se acerca y, en un gesto inaudible, les da la instrucción de no tener muestras de cariño. Según explicó el afectado en la publicación:

“Ahora resulta que es prohibido darme besos en @Centro_Andino con mi novio. ¿Desde cuándo es tan homofóbico ese centro comercial? Nos amenazaron diciendo que si nos veían volverlo a hacer, nos sacaban del cc, wtf”, indicó inicialmente Bastidas.

Sin embargo, la publicación del joven generó dudas, pues el video fue grabado a gran distancia y, para usuarios de X, todo habría sido planeado con el objetivo de que se viralizara la noticia. Por esta razón, Rodrigo salió a aclarar en otra publicación lo siguiente:

“Para los que se preguntan por qué hay video, una chica muy amable que estaba enfrente de nosotros notó cuando el vigilante se acercó a nosotros y empezó a decirnos esas cosas; luego de que se fue, ella llegó preocupada preguntando si nosotros habíamos sido discriminados por besarnos”, aclaró.

La versión del joven del video indica que la persona que los grabó les pasó el video porque la situación le pareció injusta y “gracias a ella es que tenemos la evidencia”.

Y agregaron: “Hay mucha gente diciendo que estábamos haciendo cochinadas y manoseando”.

Qué dijo Mafe Carrascal sobre el hecho de discriminación

Mafe Carrascal anunció que acompañará una besatón en el Centro Comercial Andino, en Bogotá, luego de que una nueva pareja del mismo sexo denunciara haber sido discriminada por besarse dentro del recinto.

“Otra vez en el Andino”, escribió la representante del Pacto Histórico en su cuenta de X, en alusión directa a un episodio de 2019 que ya había sacudido al país.

“Después de comprometerse públicamente a erradicar la discriminación contra parejas del mismo sexo, hoy una nueva pareja denuncia haber sido discriminada por besarse”, publicó Carrascal.

La congresista rechazó que el establecimiento no haya cumplido los compromisos asumidos tras el escándalo anterior y convocó a respaldar la protesta: “No vamos a normalizar que amar tenga consecuencias distintas según a quién amas”.

El antecedente que Carrascal recuerda

El Centro Andino ya había sido el epicentro de un debate nacional sobre homofobia en abril de 2019, cuando una pareja conformada por Esteban Miranda y Nicolás Téllez fue agredida verbalmente por un hombre identificado como Pedro Costa, quien los acusó de realizar actos obscenos frente a una zona de juegos infantiles.

Las cámaras de seguridad del propio centro comercial desmintieron la versión del agresor, pero la Policía le impuso a los jóvenes un comparendo que luego fue anulado por la Personería de Bogotá, que determinó que se había vulnerado el debido proceso.

Aquel episodio desató una ola de solidaridad. Unas 800 personas se congregaron en la entrada del Andino bajo el lema “Los besos son afecto, no delito” para rechazar la discriminación. En esa besatón participaron figuras públicas como el periodista Vladdo y los entonces congresistas Gustavo Bolívar y Juanita Goebertus.

“Los derechos se respetan todos los días”

Carrascal subrayó en su publicación que la protección de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ no puede limitarse al mes del orgullo: “Los derechos de las personas de los sectores LGBTIQ+ se respetan todos los días, no solo durante el mes del orgullo”.

La representante anunció que estará presente en la besatón convocada para el día siguiente al de su publicación y resumió la postura de quienes asistirán: “Porque frente a la discriminación, más amor, más dignidad y más derechos”.

Comunicado del Centro Comercial

El Centro Comercial Andino de Bogotá pidió disculpas este 20 de julio de 2026 tras concluir que una pareja “no estaba incurriendo en una conducta que justificara el llamado de atención realizado por nuestro personal de seguridad”, luego de un episodio ocurrido “en la tarde de ayer”.

En una comunicación pública, la administración sostuvo que el centro comercial “es un espacio para todos” y que allí “caben todas las personas, todas las familias y todas las expresiones de afecto que se manifiesten con respeto y dentro de las normas de convivencia”.

Al referirse a lo sucedido, señaló: “Rechazamos cualquier forma de discriminación”. Tras revisar el caso, agregó: “Por ello, ofrecemos una disculpa sincera a las personas afectadas”.

La entidad afirmó que “este episodio no refleja los principios que orientan al Centro Comercial Andino ni el compromiso que tenemos con el respeto, la inclusión y la diversidad”.

Como medidas posteriores, anunció que “iniciaremos una revisión de nuestros protocolos de atención y de los procesos de capacitación dirigidos al personal de seguridad y de servicio al cliente”, con el objetivo de “fortalecer las herramientas que les permitan actuar de manera coherente con los principios de respeto, inclusión y buen servicio que promovemos como institución”.

Creemos que elegimos libremente cómo vivimos, qué consumimos o qué decisiones tomamos. Sin embargo, basta mirar alrededor para advertir que millones de personas terminan haciendo exactamente lo mismo. En “Por qué hacemos todos lo mismo”, el último episodio de su podcast disponible en Infobae y Spotify, Ricardo Lorenzetti analiza cómo los modelos culturales, la publicidad y la tecnología moldean conductas que muchas veces percibimos como decisiones individuales.

“No somos muy conscientes de cómo influyen sobre cada uno de nosotros, porque pensamos que somos libres, que hacemos lo que queremos, que tomamos nuestras propias decisiones”, dice. Sin embargo, agrega, “hay una aparente contradicción entre la idea de que tomamos decisiones individuales, pero llamativamente hay muchas personas que toman las mismas decisiones individuales”.

Para explicarlo hace uso de ejemplos de la vida cotidiana. Durante décadas, recuerda, la comida rápida no ocupaba el lugar que tiene hoy. “Hace unos años no existía la idea de comer hamburguesas y comida chatarra. Luego, rápidamente y sorpresivamente, empezó en Estados Unidos la costumbre y en todo el mundo se comenzó a comer hamburguesas y comida chatarra. Masivamente, todas las personas.” Lo mismo ocurrió, sostiene, con el teléfono celular. “Hace muy pocos años nadie usaba el teléfono celular. Lo notable es que todos terminamos siendo adictos al celular, es decir, hoy ocupa una gran cantidad del tiempo que dedicamos a la atención.”

La lista continúa con fenómenos que hace apenas unas décadas parecían excepcionales. “Hace muy poco tiempo se consideraba que alguien que tenía un tatuaje era una persona extraña”, recuerda. Hoy sucede exactamente lo contrario. “Llamativamente, a alguien se le ocurrió hacerse un tatuaje y hoy masivamente hay tatuajes y no nos llama la atención.” Para Lorenzetti, todos esos casos tienen un elemento en común: “La oferta genera la demanda”.

Esa misma lógica aparece, según explica, en la expansión de la medicina estética. “La medicina siempre se enfocó en el arte de curar”, dice. Sin embargo, “ahora hay una medicina que se ocupa de modificar, aunque uno no esté enfermo”. Labios, párpados, nariz, piernas o incluso el color de los ojos forman parte de intervenciones que se multiplicaron en pocos años. “Es algo que no nace de la demanda individual, nace de la oferta masiva.”

Expande este último punto explorando también los ideales sobre el cuerpo. “Antes se pensaba que los chicos sanos eran más gorditos y había que alimentarlos bien. Esa era la posición de mi abuela”, cuenta Lorenzetti. Hoy, en cambio, “nos hemos ido al otro extremo. No solo la delgadez, sino que hay una tendencia importante hacia la hiperdelgadez, incluso la anorexia”. En esa transformación, dice, también operan modelos culturales que se expanden globalmente.

La influencia de esos modelos no siempre resulta evidente. “El famoso libre albedrío pareciera estar devaluado a medida que los modelos culturales se van imponiendo a través de la publicidad”, afirma. Y advierte que, junto con la promoción de determinados hábitos, muchas veces también se ocultan sus consecuencias. El caso más conocido, recuerda, fue el del cigarrillo. “Durante muchísimos años había mucha publicidad sobre el consumo de cigarrillos... pero los efectos dañosos del cigarrillo no se conocían y, si se conocían, se ocultaban.”

Las consecuencias no son solamente físicas. También existen efectos culturales y sociales que terminan produciendo nuevas formas de exclusión. “Como te ven, te tratan”, dice. Cita el caso del VIH y, más recientemente, el llamado “derecho al olvido oncológico”, que ya fue incorporado por varios países para impedir que quienes superaron un cáncer continúen siendo discriminados al contratar un seguro, acceder a un crédito o buscar empleo. “Se admite que hay un efecto discriminatorio del cáncer”, explica.

Lorenzetti considera que estas discusiones también tienen consecuencias jurídicas. La publicidad discriminatoria o engañosa, señala, puede ser cuestionada judicialmente y muchos países ya reconocen “acciones preventivas” y “acciones resarcitorias” frente a modelos culturales que afectan derechos de las personas. “Es interesante que la población la conozca”, dice, porque “la vida de muchas personas está muy afectada, en lo concreto, en lo cotidiano, por este tipo de situaciones de exclusión cultural”.

“Claramente hay una adicción al celular masiva. No podemos ya negarla”, sostiene. Describe una rutina que se repite en millones de personas: “Cuando uno se despierta lo primero que hace es abrir el celular... termina en la noche de la misma manera sin poder dormir por la enorme carga de información que recibe el cerebro”. Según explica, esa dinámica puede derivar hacia “ciertos niveles de depresión o de soledad”.

La salida que propone no consiste en rechazar la tecnología, sino en recuperar espacios que escapen a esa lógica. Retoma una idea del investigador Arthur Brooks y habla de dedicar tiempo a cuestiones “que no pueden ser googleables”: “la amistad, Dios, la muerte, el amor”. Son conversaciones que, dice, ninguna plataforma puede reemplazar. “En el fondo de todo esto es volver a ser humanos, no tan entregados a esta homogeneidad masiva que producen los modelos culturales en los cuales estamos expuestos en este siglo.”

Todos los lunes a las 9, un nuevo episodio de El podcast de Ricardo Lorenzetti en Infobae y Spotify.

La discusión sobre la edad en el fútbol revela un prejuicio persistente: la tendencia a reducir a los jugadores —y en especial a Messi— a un número, desconociendo la complejidad del rendimiento y la diversidad de las trayectorias deportivas.

Hay algo inquietante en la manera en que hablamos de fútbol. No es la pasión ni la épica, ni siquiera la emoción que acompaña cada jugada. Es un prejuicio que aparece con la misma naturalidad con la que se canta un gol: el viejismo, ese reflejo social que convierte los años avanzados de un deportista en un motivo de disvalor, en un límite anticipado, en una sentencia de exclusión que no necesita pruebas.

En el caso de Messi, esta lógica se vuelve evidente. Cada partido reactiva la misma pregunta: “¿podrá rendir a su edad?”. Como si la edad fuera un obstáculo en sí mismo, como si los años funcionaran como un veredicto biológico que no admite matices. La narrativa es tan insistente que termina opacando lo esencial: Messi no juega “a pesar” de su edad; juega porque su repertorio (talento, disciplina, lectura del juego, inteligencia táctica y sensibilidad social) no se mide en años.

El viejismo como violencia simbólica

El viejismo deportivo funciona así: reduce a la persona a su edad, instala la idea de un declive temporal inexorable y desconoce la diversidad de trayectorias corporales y vitales. Es una forma de violencia simbólica que opera en el lenguaje, en los supuestos y en esos comentarios que parecen inofensivos, pero reproducen desigualdades profundas.

En nuestros estudios sobre vejez y derechos se ha mostrado que el viejismo genera una desigualdad sobreviniente por esta condición etaria: un trato diferenciado que no surge de la persona en sí, sino de la mirada social que la reduce a su edad. Para comprender su alcance, resulta útil retomar el concepto de injusticia epistémica, desarrollado por Miranda Fricker. El prejuicio no solo discrimina: también distorsiona nuestra capacidad de conocer. Se vuelve injusticia epistémica cuando un estereotipo impide ver o reconocer la experiencia, la inteligencia y sensibilidad situacional, la lectura del contexto y la capacidad de adaptación que muchas personas mayores despliegan en distintos ámbitos. En términos simples: el viejismo nos hace interpretar mal la realidad.

Estos prejuicios resultan aún más visibles y más problemáticos, en sociedades longevas como las actuales, donde la expectativa de vida se ha extendido y las trayectorias vitales se han diversificado. Persistir en lecturas viejistas del rendimiento deportivo no solo desconoce esta transformación demográfica: también reproduce un imaginario que ya no se corresponde con la realidad de poblaciones que envejecen activas, diversas y plenamente capaces.

En el deporte, esta forma de violencia se vuelve especialmente visible porque el cuerpo está en el centro de la escena. Pero el cuerpo no es un reloj de arena que se vacía de manera uniforme: es un territorio plural, moldeado por la historia, el entrenamiento, la salud, la motivación y el deseo.

La evidencia contradice el prejuicio

La historia del fútbol desmiente la idea de que la juventud es el único territorio legítimo del rendimiento. Kazuyoshi Miura sigue jugando profesionalmente a los 59 años. Buffon se retiró a los 45. Ibrahimovic jugó hasta los 41. Roger Milla anotó en un Mundial a los 42. Giggs y Zanetti se mantuvieron en la élite hasta los 40.

No son excepciones milagrosas: son trayectorias que muestran que el rendimiento deportivo es un fenómeno complejo, donde la edad cronológica es solo una variable más. La inteligencia táctica, la experiencia, la disciplina y la capacidad de adaptación pesan tanto, o más, que la velocidad o la explosión física.

Messi y la trampa del “todavía puede”

Cada vez que Messi juega bien, reaparece la frase “todavía puede”, como si estuviera desafiando un destino biológico escrito de antemano. Pero Messi no “puede, todavía”: simplemente puede. Puede porque su talento no envejece. Puede porque su juego se reinventa. Puede porque su vínculo con la pelota es un lenguaje propio.

El problema no es Messi. El problema es la narrativa que lo rodea, que insiste en leer su rendimiento a través del prisma de la edad. Esa narrativa reproduce un imaginario social que asocia vejez con pérdida, inutilidad o irrelevancia. Y ese imaginario se expande más allá del fútbol.

Por qué importa cambiar la narrativa

El fútbol es un amplificador cultural. Lo que allí se naturaliza se multiplica en la vida social. Si seguimos asociando edad con declive, ¿qué queda para las personas mayores en ámbitos laborales, educativos o comunitarios?

Combatir el viejismo en el fútbol es una forma de combatirlo en la vida. Es reconocer que la edad no es un problema, sino una etapa del curso vital que merece ser vivida con plenitud, sin estigmas ni prejuicios. Es comprender que la diversidad etaria enriquece los equipos, las instituciones y las comunidades. Y es, sobre todo, un acto de justicia.

Hacia un deporte sin viejismos

Necesitamos un cambio cultural que transforme la manera en que hablamos del rendimiento, del cuerpo y del tiempo. Un lenguaje deportivo libre de estereotipos permitiría analizar a los deportistas desde una perspectiva más justa y más realista. Una narrativa que reconozca el valor de la experiencia ampliaría nuestra comprensión del juego. Y una mirada que visibilice las trayectorias longevas como parte legítima del deporte contribuiría a desmontar prejuicios que afectan a millones de personas fuera de la cancha.

El fútbol puede ser un espacio de inclusión o de exclusión. Depende, en buena medida, de cómo lo contemos. Y contar bien también es una forma de hacer justicia.

Madison Square Garden demanda por difamación a la revista Wired por un artículo publicado el 9 de julio que afirmó que el recinto de Manhattan usó vigilancia para rastrear la raza, la identidad de género y la orientación sexual de celebridades y otras personalidades. La acción judicial fue presentada el 16 de julio ante el Tribunal Supremo del estado de Nueva York, según informó USA Today y medios locales.

Madison Square Garden Entertainment Corporation (MSG) presentó la demanda porque sostiene que ese artículo construyó un relato falso y difamatorio. La empresa también alega que la publicación usó datos robados, sacó fragmentos de contexto y proyectó una acusación de discriminación contra la comunidad LGBTQIA+.

La acción judicial también incluye como demandados a Noah Shachtman editor colaborador de Wired, Maddy Varner coautora del texto y Katie Drummond directora editorial global de la publicación. En ese escrito, la empresa califica el artículo de “poco ético e inflamatorio”.

MSG agrega que la revista y los autores siguieron promoviendo la pieza en los días posteriores a su publicación “sin preocuparse por la verdad y con la intención de causar el máximo impacto público”. Ese señalamiento forma parte del eje de la acusación por difamación presentada por la compañía.

Qué decía el artículo de Wired

Según el artículo cuestionado, las celebridades y otras personalidades que asistieron a partidos como locales en el recinto recibían puntajes de riesgo. Esa escala iba de “low risk” (bajo riesgo) a “DO NOT HOST” (no alojar).

La publicación también sostenía que la base de datos marcó a casi 100 personas como “LGBTQIA+”. El texto añadía que la base de datos “talent” (talentos) reúne cerca de 40.000 entradas, cada una con designaciones específicas de etiquetado.

MSG impugna esas afirmaciones en su demanda. La empresa niega la narrativa de discriminación que, a su juicio, proyectó la revista.

La acusación de MSG contra la obtención y uso de datos

En su demanda, Madison Square Garden Entertainment Corporation sostiene que la revista recurrió a información robada por un grupo extorsionador de piratería informática. A partir de ahí, acusa a la publicación de seleccionar fragmentos para construir un relato falso.

“Wired recorrió la dark web, obtuvo datos robados a MSG por un grupo extorsionador de piratería informática y seleccionó fragmentos de esos datos para fabricar una narrativa falsa que presenta a MSG como una empresa que señala a la comunidad LGBTQIA+ con fines discriminatorios”, dice la demanda.

Con esa formulación, la empresa sitúa la disputa en dos planos: el contenido del artículo y el origen de los datos usados para elaborarlo. La denuncia judicial busca rebatir ambos puntos ante el tribunal estatal de Nueva York.

La empresa alega que los periodistas aislaron 93 registros con etiqueta LGBTQ —de un universo de 40.000 entradas que también incluía campos como restricciones dietéticas, cumpleaños y números de teléfono— para fabricar la apariencia de una lista discriminatoria, de acuerdo con The Washington Times.

La compañía agrega que el campo de orientación sexual fue creado en agosto de 2022 con fines de inclusión: invitaciones a eventos del Orgullo y actividades de alcance caritativo.

El contexto de otras publicaciones y la filtración de datos

La revista Wired ya había publicado en abril otra información relacionada con estas prácticas. Ese trabajo afirmó que personal de seguridad vinculado a James Dolan propietario de los New York Knicks siguió los movimientos de una mujer transgénero durante la mayor parte de dos años.

Algunos medios periodísticos también mencionan una demanda colectiva contra MSG por la filtración de datos privados. Esa acción sostiene que la exposición de esa información fue un subproducto directo de las operaciones de vigilancia atribuidas a Dolan.

Ese señalamiento apareció después de que el grupo de hackers The ShinyHunters difundiera 45 GB de datos el 16 de junio. La demanda colectiva vincula esa filtración con el funcionamiento de esas operaciones internas de seguimiento.

La respuesta de la revista

En un comunicado recogido por USA Today, Wired defendió su trabajo y calificó la demanda de “infundada y ridícula”.

“Esperamos continuar nuestra cobertura de MSG y del uso de tecnología de James Dolan a lo largo de su emporio de entretenimiento”, dijo la publicación. “Es parte de nuestra misión más amplia y del trabajo periodístico de rendición de cuentas ante el poder”.

MSG, por su parte, anunció que buscará acceder mediante descubrimiento de pruebas a las comunicaciones editoriales y de fuentes de Wired, circunstancia sujeta a la aprobación del tribunal y a las reclamaciones de privilegio periodístico que pudieran presentarse.

En Argentina, se estima que la epilepsia afecta a una de cada 100 personas. Un estudio internacional advirtió que su impacto excede el control de las crisis: el miedo, la ansiedad, el estigma y otras dificultades siguen condicionando la vida cotidiana de quienes conviven con la enfermedad.

La investigación reunió a 5.296 personas y cuidadores de 15 países, con 376 participantes en Argentina, y detectó cinco problemas que se repiten a escala global: la incertidumbre permanente, la exclusión social, las barreras en salud, educación y empleo, la falta de información clara y la necesidad de abordajes integrales para los cuadros más complejos.

El trabajo, llamado Global Epilepsy Needs Study (GENS), fue publicado en Epilepsia Open y analizó dimensiones emocionales, sociales, educativas, laborales y de acceso a la salud. Sus resultados muestran que las necesidades más frecuentes no se limitan al tratamiento médico, sino que también incluyen acompañamiento para reducir el estrés, comprender la enfermedad y recibir asistencia adecuada frente a una crisis.

La neuróloga infantil Lorena Fasulo, del Servicio de Neurología Infantil de la Clínica San Lucas de Neuquén, explicó que la epilepsia afecta a más de 50 millones de personas en el mundo y que durante décadas la investigación se concentró casi exclusivamente en las crisis. “Hoy sabemos que también tiene consecuencias cognitivas, psicológicas y sociales que pueden impactar de manera profunda en la calidad de vida y que requieren ser abordadas”, señaló.

Según MedlinePlus, el sitio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, “la epilepsia es un trastorno cerebral en el cual una persona tiene convulsiones repetidas durante un tiempo. Las convulsiones son episodios de actividad eléctrica descontrolada y anormal de las neuronas que puede causar cambios en la atención o el comportamiento, como movimientos corporales".

El miedo y el aislamiento

Uno de los datos más consistentes del estudio fue la carga emocional asociada a la epilepsia. El 44% de los participantes dijo necesitar apoyo para manejar el miedo y la ansiedad vinculados con la posibilidad de sufrir una crisis.

El informe describió una sensación persistente de incertidumbre por la imprevisibilidad de los episodios. Entre los temas más repetidos aparecieron el temor a tener una crisis en espacios públicos, la preocupación por lesiones graves y la dificultad para planificar actividades cotidianas.

También quedó expuesto el peso del estigma. Según el estudio, el desconocimiento todavía alimenta prejuicios, discriminación y aislamiento social, y esa situación profundiza la carga emocional de los pacientes.

Las mujeres reportaron con mayor frecuencia necesidades ligadas al manejo de las emociones, el sentimiento de aislamiento y la reducción del estrés. Entre las demandas más mencionadas por los participantes también estuvieron el acceso a profesionales especializados, la posibilidad de recibir el tratamiento adecuado a tiempo y una mayor capacitación comunitaria para entender cómo actuar ante una crisis.

Fasulo resumió esa dimensión del problema con una mirada más amplia que la clínica: “Las crisis son la manifestación más visible de la epilepsia, pero no el único desafío. Muchos pacientes enfrentan dificultades para estudiar, trabajar, relacionarse o desarrollar proyectos de vida. Por eso es fundamental adoptar una mirada integral que contemple también la salud mental, el funcionamiento cognitivo, la inclusión social y el acompañamiento familiar”.

Tres de cada 10 pacientes no controlan las crisis con medicamentos

En el 30% de los casos, las crisis no se controlan con los fármacos habituales. Esos pacientes presentan epilepsia farmacorresistente, y allí aparece una alternativa no farmacológica con más de un siglo de evidencia: la terapia cetogénica.

Ese tratamiento consiste en un plan de alimentación con muy alto contenido de grasas, una cantidad adecuada de proteínas y muy bajo aporte de hidratos de carbono. El objetivo es que el organismo deje de usar la glucosa como fuente principal de energía y comience a producir cuerpos cetónicos a partir de las grasas, lo que genera cambios en el funcionamiento cerebral que pueden disminuir la frecuencia y la intensidad de las crisis.

Según la modalidad que indique el equipo médico, la dieta suele incluir aceites, crema, manteca, palta, frutos secos y quesos, además de carnes, pescado, huevos y cantidades controladas de frutas y verduras. A la vez, restringe el azúcar, los alimentos dulces y los productos elaborados con cereales y harinas, como pan, pastas y galletitas.

Distintos estudios también registraron beneficios en funciones cognitivas y en aspectos como la atención, la concentración, el nivel de alerta y la calidad de vida. En una encuesta a padres y madres de niños con este tipo de epilepsia, la mitad consideró que esta terapia mejoró la calidad de vida de sus hijos, ocho de cada 10 valoraron poder hacer algo para ayudarlos, el 75% destacó la posibilidad de reducir la ingesta de medicamentos, el 45% dijo que le habría gustado conocer antes esta alternativa y el 53% afirmó que ofrece un mejor perfil de seguridad que los fármacos antiepilépticos.

Sostener la adherencia también representa una dificultad, incluso en las familias que logran controlar las crisis. Para facilitar el tratamiento existen fórmulas nutricionales específicas que aportan macro y micronutrientes en la proporción adecuada, pueden reemplazar alguna comida o incorporarse a preparaciones como fideos, panes, muffins o panqueques.

Esas fórmulas tienen cobertura total por parte de obras sociales y prepagas, o por el Estado en el caso de personas sin cobertura médica, de acuerdo con la Ley de Discapacidad y la Ley de Epilepsia. En el sitio hablemosdeepilepsia.com.ar, pacientes y familias pueden consultar información sobre la enfermedad, pedir una consulta virtual gratuita con especialistas para evaluar si la terapia cetogénica es adecuada y acceder a un mapa geolocalizado con centros especializados y equipos entrenados en este tratamiento.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este 13 de julio que los hospitales privados también están obligados a garantizar el derecho a la salud en condiciones de igualdad y sin discriminación para niñas, niños y adolescentes con discapacidad, de acuerdo con un tuit del Máximo Tribunal.

El Pleno sostuvo que los casos vinculados con personas con discapacidad deben revisarse con un estándar reforzado de protección, al tomar en cuenta barreras y desigualdades. Según la SCJN, “la discapacidad no puede justificar un nivel menor de protección ni disminuir el estándar de responsabilidad y diligencia” exigible a quienes prestan servicios de salud, sean públicos o privados.

La SCJN informa que el asunto derivó del fallecimiento de un adolescente con síndrome de Down durante una emergencia médica mientras permanecía hospitalizado.

En ese contexto, el Máximo Tribunal señaló que detectó un análisis basado en estereotipos y prejuicios sobre la discapacidad por parte de autoridades jurisdiccionales, por lo que ordenó dar vista al Tribunal de Disciplina Judicial. El criterio se fijó en el Amparo Directo en Revisión 1956/2025, según la SCJN.

Datos del INEGI ubican en 3 mil 500 los hospitales privados, que ya son 65% de las unidades del país

El sistema de salud privado en México atiende a millones de personas y se consolida como el “otro sistema” que compensa fallas del sector público, aunque su expansión también exhibe que el acceso a la atención médica de calidad sigue dependiendo, en gran medida, de la capacidad de pago.

De acuerdo con el INEGI, en el país existen alrededor de 3 mil 500 hospitales privados. Esa cifra equivale a cerca del 65% del total de unidades hospitalarias, pero este segmento apenas concentra el 30% de las camas disponibles.

Esa diferencia, explicó el analista en salud Alejandro Vázquez, responde a que la mayoría de los hospitales privados son clínicas de baja escala. Los centros de alta especialidad son pocos y se concentran sobre todo en zonas urbanas con mayores ingresos.

Según el especialista, el modelo privado no depende de recursos gubernamentales ni de una estructura centralizada. Opera, dijo, como “una red amplia, fragmentada y profundamente desigual que responde a la demanda que las instituciones públicas no logran cubrir”.

Vázquez sostuvo que esa composición genera un acceso desigual porque la calidad y la capacidad de atención dependen de la ubicación y del poder adquisitivo del paciente. En ese mismo entramado conviven consultorios de alta rotación y hospitales de especialidad operados por grandes redes médicas.

Esa diversidad produce diferencias en calidad, costos y capacidad resolutiva. El resultado es que la experiencia del paciente cambia de forma considerable según el servicio al que logre acceder.

Uno de los actores que más peso ha ganado en los últimos años son los Consultorios Adyacentes a Farmacias. Vázquez estimó que actualmente existen cerca de 20 mil en todo el país y que generan aproximadamente 10 millones de consultas mensuales.

Suprema Corte aclara que el personal de las ponencias no se limita a asesores

La SCJN publicó este 13 de julio una tarjeta informativa para aclarar que el personal de las ponencias de ministras y ministros no se reduce a la figura de “asesores”, en medio de la polémica por las cifras sobre el tamaño de esos equipos y después de que circularan listados con diferencias entre las plantillas del pleno.

El propio tribunal precisó que personal técnico altamente calificado representa 65.4% de cada ponencia, mientras que el 34.6% restante corresponde a personal de apoyo técnico, administrativo y operativo. La aclaración se difundió a través de la cuenta oficial de la Corte en X.

De acuerdo con el comunicado, cada ministra y ministro cuenta con un equipo técnico de trabajo conocido como ponencia, cuya función es apoyar el desarrollo de la labor jurisdiccional. La Corte señaló que esos equipos se integran por personas servidoras públicas de distintos niveles jerárquicos y no por un solo tipo de cargo.

Según la tarjeta informativa, las ponencias están formadas por secretarios y coordinadores de ponencia; secretarias y secretarios de estudio y cuenta, así como sus adjuntos; secretarias y secretarios auxiliares; auxiliares de acuerdos, y profesionales operativos.

Entre sus tareas están analizar expedientes, elaborar proyectos de resolución, dictaminar proyectos de otras ponencias y realizar investigaciones jurídicas. Con esa explicación, el tribunal sostuvo que es inexacto llamar “asesores” a todo el personal que integra esos equipos.

Un video grabado en la ciudad de Florencia (Caquetá) expuso el momento en que un docente de la región decidió dejar de comprarle panela a un vendedor ambulante de la tercera edad, bajo el argumento de diferencias ideológicas, un hecho que desató una ola de rechazo generalizado en el entorno digital.

La situación escaló de inmediato a la agenda nacional luego de que la representante a la Cámara por el partido Alianza Verde Katherine Miranda se pronunciara con dureza a través de sus plataformas oficiales.

La congresista calificó el acto como una humillación inaceptable y una grave falta a la ética por parte de un profesional de la educación, exigiendo medidas contundentes a las autoridades universitarias de la región.

Un reclamo político en la puerta de la casa

El detonante de la controversia fue un video grabado por el propio comprador del producto alimenticio, identificado posteriormente en las redes sociales. En las imágenes se observa cómo el docente atiende en la entrada de su residencia a “Don Luis Felipe”, un vendedor ambulante de avanzada edad que recorre las calles de la capital caqueteña ofreciendo panela para poder solventar sus necesidades básicas del día a día.

El ‘profe’, que solía ser un cliente habitual del anciano, utilizó la cámara de su celular para decirle que no volvería a comprarle, basando su determinación en los resultados de los comicios presidenciales: “No me vuelva a dejar nada. Con mi familia hemos decidido, después de estas elecciones, comprarle directamente a los campesinos. Yo no voy a seguir comprándole cosas a la gente que votó para que nos destripen a nosotros”.

Durante la incómoda interacción, el educador justificó su decisión señalando que sus principios le impiden sostener vínculos comerciales con ciudadanos que, según su visión, respaldan posturas políticas opuestas a los programas sociales del gobierno saliente o a las banderas de la izquierda tradicional en el país.

“Usted sabe que yo soy profesor; a mí me ha tocado muy duro. No es cuestión de cobrarle porque piensen políticamente diferente a mí, sino sencillamente coherencia”, señaló Franklin Gamboa.

Luego le dijo al hombre: “Yo he luchado por la vida, he estado del lado de la gente humilde, he marchado para que le aumenten el bono pensional a los viejitos y me parece injusto comprarle a gente que vaya en contra de eso”.

Ante el tajante rechazo y con una evidente expresión de tristeza, el adulto mayor se limitó a responder con respeto antes de retirarse del lugar con su mercancía.

La fuerte reacción de Katherine Miranda que se sumó a la ola de indignación en redes sociales

La difusión masiva del video provocó el estallido de la representante Katherine Miranda, que no dudó en señalar públicamente al educador y en pedir la intervención inmediata de la institución de educación superior con la que estaría vinculada.

“Importante el pronunciamiento y acciones que debe tomar la Universidad de la Amazonia sobre el ‘docente’ Franklin Gamboa. ¡Es delito y NADA ético estigmatizar a una persona vulnerable por su ideología! (sic)”, reclamó con vehemencia la congresista en su cuenta en la red social de X.

En otra publicación, la legisladora compartió una fotografía del maestro junto al actual ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, al sugerir que la actitud del docente refleja dinámicas de intolerancia promovidas por ciertos sectores radicales.

Katherine Miranda aprovechó el espacio para difundir los datos de contacto de Luis Felipe Yague, el vendedor afectado, invitando a la ciudadanía a solidarizarse y comprar masivamente sus productos bajo la premisa de que los buenos son más en el país.

“Este es el ‘profesor’ Franklin Gamboa, el que humilló y discriminó al vendedor de panela que no piensa como el petrismo. ¡Ahora todo tiene sentido! Vamos todos a comprarle”, puntualizó la representante a la Cámara.

En el corazón de Wilmington, Carolina del Norte, un memorial recuerda el único golpe de Estado exitoso en la historia de Estados Unidos.

La crónica de este hecho, recuperada por CBS News, revela cómo la violencia racista destruyó una sociedad integrada y cambió para siempre la composición y la memoria de la ciudad.

Una ciudad integrada bajo amenaza

A fines del siglo XIX, Wilmington era una excepción en el sur estadounidense. El 56% de sus habitantes eran afroamericanos y compartían con los blancos no solo la vida económica, sino también el poder político.

Para muchos, la ciudad era un modelo del New South, donde la convivencia y el desarrollo parecían posibles tras la abolición de la esclavitud.

Sin embargo, esa integración resultaba intolerable para sectores de la antigua élite esclavista, en su mayoría demócratas sureños.

Tal y como reconstruyó la periodista Lauren Collins en CBS News, estos grupos organizaron una campaña pública de supremacía blanca con el objetivo de recuperar el control total y expulsar a la comunidad negra de los espacios de decisión.

Collins, autora de They Stole a City, contó que su propio descubrimiento de esta historia fue personal: creció y fue bautizada en la First Presbyterian Church de Wilmington, donde una vidriera homenajea al coronel Walker Taylor, figura local y supremacista blanco.

El reverendo Peyton Harrison Hoge, entonces pastor de la iglesia, también defendía estas ideas. “Amar un lugar no significa mentir sobre él ni defenderlo con mentiras”, afirmó Collins.

La conspiración: planificación y justificación

El golpe no fue un estallido caótico. Se trató de una operación organizada, con documentos, discursos y advertencias internas. Para entender la magnitud de la planificación, es útil desglosar los mecanismos clave:

• Manual político de supremacía blanca: Los líderes locales crearon instructivos para desmontar la integración y asegurar el dominio blanco. Estas estrategias circulaban abiertamente.
• Declaración blanca de independencia: Los organizadores redactaron y difundieron un manifiesto que justificaba su objetivo de borrar toda influencia negra.
• Advertencias desoídas: B.F. Keith, miembro de la élite blanca opuesta al golpe, escribió al gobernador y a senadores advirtiendo que la violencia era inminente. Nadie actuó.
• Convicción entre los golpistas: Hugh MacRae III, bisnieto de uno de los líderes, contó a CBS News que su antepasado estaba convencido de estar haciendo “lo correcto”.

Este entramado muestra que el golpe fue una conspiración pública y meticulosa, no una simple reacción iracunda.

El estallido de violencia: destrucción, asesinatos y desplazamiento

La mañana del 10 de noviembre de 1898, la violencia se desató. La turba blanca, armada y organizada, atacó primero a The Daily Record, el único periódico negro de Wilmington. Tras incendiar el edificio, los atacantes posaron para una foto, mostrando una actitud de triunfo. Collins aseguró que esa imagen todavía le causa escalofríos.

La brutalidad siguió en las calles. En Fourth y Harnett Streets, un disparo inició los asesinatos: tres hombres negros murieron al instante. Luego, un carro equipado con ametralladora recorrió la ciudad, disparando sobre residentes negros, la mayoría desarmados. No hay cifras exactas, pero los historiadores estiman entre decenas y cientos de víctimas.

Un caso emblemático es el de Joshua Halsey. Elaine Brown, su bisnieta, relató que Halsey fue marcado como objetivo por los golpistas tras demandar a la ciudad por un accidente sufrido por su esposa. Halsey fue asesinado de 14 disparos en la cabeza frente a su mujer, quien como muchas otras, huyó de Wilmington.

La etapa final fue la toma del ayuntamiento. Demócratas blancos armados obligaron a renunciar a todos los funcionarios —siete blancos y tres negros— bajo amenaza de muerte. Así, la ciudad quedó bajo control supremacista.

Consecuencias inmediatas y duraderas

El golpe dejó efectos directos y profundos, que CBS News expuso con claridad:

• Desplazamiento forzado de afroamericanos: Miles abandonaron Wilmington por miedo o bajo amenaza directa. La población negra pasó del 56% al 15% en pocos años.
• Destrucción de la prensa negra: El incendio de The Daily Record silenció la única voz local que podía desafiar la narrativa oficial.
• Consolidación de la segregación: El golpe instauró un régimen de exclusión que persistió durante generaciones.
• Estigmatización de opositores blancos: Familias que se opusieron al golpe sufrieron rechazo durante décadas. El apellido Keith, por ejemplo, continuó siendo motivo de hostilidad mucho tiempo después.

Estas consecuencias no solo alteraron la vida de miles de personas, sino que reconfiguraron la historia y la memoria de Wilmington.

Silencio, impunidad y recuperación de la memoria

Nadie fue juzgado ni castigado por los crímenes del golpe. La prensa blanca instaló la versión de que los hechos respondieron a un supuesto “disturbio racial” iniciado por los negros, justificando la violencia y protegiendo a los responsables. El presidente William McKinley nunca intervino, y el episodio fue eliminado de los relatos escolares.

Décadas después, algunos descendientes de los golpistas siguen considerando heroica la acción de sus antepasados. Otros, como Cedric Harrison, luchan por recuperar la memoria de lo ocurrido. “Si supieras más, actuarías mejor”, afirmó Harrison a CBS News, convencido de que la educación es el primer paso para sanar.

Para Elaine Brown, la verdad es indispensable: “La sanación no llega con mentiras. Llega con la verdad fea de las cosas. Tenemos que sacarla”, concluyó. Lauren Collins sostiene que asumir esta historia es una responsabilidad ineludible para los blancos de Wilmington.

El golpe de Wilmington sigue siendo una advertencia sobre el poder destructivo del racismo y la importancia de defender la democracia y la memoria frente a quienes buscan distorsionar los hechos.

La Embajada de Francia en Argentina declaró “persona no grata” a la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, por los mensajes que publicó en las redes sociales el último domingo luego del triunfo de la selección gala ante Paraguay, por los octavos de final del Mundial.

“Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappe”, decía la publicación que realizó en X la dirigente una vez que finalizó el encuentro entre ambas selecciones, donde hubo varios cruces protagonizados por las estrellas francesas y los dirigidos por el entrenador argentino Gustavo Alfaro.

“Es una decisión mía como representante de Francia en Argentina y defensor de los valores fundamentales compartidos por nuestros países. En la cooperación franco-argentina no hay lugar para el racismo. La declaración de la vicegobernadora calificando a la selección francesa de ‘equipo africano flojos de modales’ es claramente racista. Y el racismo no es una opinión es un delito”. le dijo a Infobae este sábado Romain Nadal, embajador francés en Argentina.

El posteo de Casado generó una ola de críticas y fue interpretado por numerosos usuarios y dirigentes como una referencia discriminatoria hacia los jugadores franceses.

Luego de la polémica, la funcionaria rechazó las acusaciones y defendió públicamente sus expresiones. En entrevistas posteriores sostuvo que sus comentarios formaban parte del “folklore futbolero” y negó que existiera una intención discriminatoria. Además, cuestionó la interpretación que hicieron sus críticos y afirmó que quienes consideran ofensiva la referencia a África son quienes, en realidad, estarían atribuyendo una valoración negativa a ese origen.

Casado, quien fue electa en 2023 como compañera de fórmula del gobernador Alfredo Cornejo, también aseguró que nadie pudo demostrarle dónde radicaría el contenido racista de su publicación.

En ese sentido, Nadal aseguró que la justificación de Casado “es peor aún” y que sabe “perfectamente distinguir entre racismo y sarcasmo”.

“Los jugadores de nuestro equipo son nacidos en Francia y nuestro pacto republicano establece la ciudadanía no por el color de la piel, ni el origen de los padres o abuelos. Estamos orgullosos de nuestra diversidad y no vamos a tolerar ni este ni ningún tipo de intento de denigrar o desconocer la nacionalidad de nuestros jugadores”, subrayó el embajador.

“¿Cómo una funcionaria de un país como Argentina, que reivindica con orgullo haber recibido la migración con los brazos abiertos, critica otra selección cuyos jugadores también son producto de la inmigración? No solo es una contradicción, sino que es racismo. ¿La inmigración solo es bien vista cuando es europea? ¿Pero si es africana se convierte en insulto?“, siguió el diplomático en diálogo con Infobae.

Nadal, quien se declara admirador de la selección argentina y de Messi, dijo que “el fútbol debe de ser un puente entre los pueblos a través de una pasión compartida, no desatar prejuicios retrógrados que empañan el espíritu deportivo”.

Infobae consultó a fuentes vinculadas con la vicegobernadora que aseguraron que aún no habían sido notificados de la decisión de Francia.

Quién es Hebe Casado

Casado es la vicegobernadora de Mendoza, cargo que ejerce junto al gobernador Alfredo Cornejo de la Unión Cívica Radical (UCR), en el marco de la alianza Cambia Mendoza. Su trayectoria política reciente estuvo marcada por un movimiento partidario que generó repercusiones en el escenario provincial: en mayo de 2025 concretó su desafiliación del PRO —partido con el que había integrado la coalición de gobierno— como primer paso hacia su incorporación a La Libertad Avanza (LLA).

La propia funcionaria anunció la desafiliación a través de un tuit en el que compartió una captura del Registro Nacional de Afiliados Políticos con la frase “paso uno”. En declaraciones a MDZ Radio, Casado indicó que el presidente Javier Milei le había dicho que “estaba bienvenida a las Fuerzas del Cielo”. Su acercamiento al espacio libertario se remonta a su vínculo con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien describió como su referente y mentora.

Sin embargo, la afiliación formal nunca se concretó. Las propias autoridades de LLA en Mendoza, encabezadas por el diputado nacional Facundo Correa Llano, no inscribieron su incorporación ante la Justicia Electoral, en medio de una disputa interna por el control de la agrupación en la provincia. Ante la situación, Casado llegó a definirse con ironía:“Debo ser la única vicegobernadora apartidaria de la Argentina”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos firmó esta semana un acuerdo de conciliación con la Junta de Educación de Jersey City para eliminar un sistema de cuotas raciales en las admisiones del Dr. Ronald E. McNair Academic High School, una magnet school —escuela pública especializada con proceso de selección competitivo— de preparación universitaria en Nueva Jersey.

El acuerdo, anunciado el 9 de julio de este año, resuelve una investigación de la División de Derechos Civiles del DOJ bajo el Título IV de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la norma federal que prohíbe la discriminación por raza, color u origen nacional en instituciones educativas.

Qué establecía el sistema de cuotas en McNair

La escuela dividía sus cupos de admisión en cuatro categorías raciales: “Negro”, “Blanco”, “Hispano” y “Otro”. Los aspirantes se clasificaban en una de esas categorías según su propia autodefinición, y la institución reservaba un número igual de plazas para cada grupo.

Una vez cubiertos esos cupos por categoría, los lugares restantes se asignaban sin considerar raza ni origen nacional. La División de Derechos Civiles del DOJ determinó que ese mecanismo violaba el Título IV de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe cualquier forma de discriminación racial en escuelas que reciban fondos federales.

Qué dice el acuerdo de conciliación

Bajo los términos del acuerdo, el distrito deberá reformar por completo su proceso de admisiones. Queda prohibido reservar plazas para estudiantes en función de su raza u origen nacional, y la escuela no podrá otorgar ningún tipo de preferencia o beneficio a un aspirante por esas razones.

Antes del inicio del ciclo escolar 2027-2028, la Junta de Educación deberá adoptar una nueva política de admisiones que cumpla con esas restricciones y capacitar al personal en procedimientos no discriminatorios. El distrito también presentará informes de avance al DOJ sobre el proceso de admisiones de McNair.

El acuerdo permanecerá vigente hasta el 15 de agosto de 2029, salvo que ambas partes acuerden otra cosa.

La postura del Departamento de Justicia

Harmeet K. Dhillon, Fiscal General Adjunta de la División de Derechos Civiles del DOJ, fue directa en su valoración del caso: “Los sistemas de cuotas que definen a los estudiantes por su raza u origen nacional son ilegales desde la década de 1970.

La ley federal exige que todos los estudiantes, independientemente de su raza u origen nacional, puedan competir por la admisión a las mejores escuelas de su distrito, y este Departamento de Justicia garantizará que tengan igualdad de oportunidades para hacerlo”.

La declaración encuadra el caso dentro de una postura institucional más amplia: la administración Trump ha convertido el desmantelamiento de las políticas de diversidad, equidad e inclusión —conocidas por sus siglas en inglés, DEI— en una de las líneas de acción prioritarias de su agenda educativa.

El contexto: la ofensiva anti-DEI de Trump

Reuters describió el acuerdo con la Junta de Jersey City como “la más reciente medida de presión” de la administración Trump contra las prácticas de diversidad, equidad e inclusión en el sistema educativo estadounidense. La Junta de Educación de Jersey City y la propia escuela no respondieron a las solicitudes de comentario del medio.

La Casa Blanca ha impulsado órdenes ejecutivas para eliminar programas DEI tanto en el gobierno federal como en el sector privado, y el DOJ ha abierto frentes similares en otros estados. El Departamento de Salud de Minnesota resolvió recientemente una revisión de cumplimiento bajo el Título VI de la Ley de Derechos Civiles, y la Universidad de Yale figura entre las instituciones bajo escrutinio federal por sus políticas de admisión.

Grupos de derechos civiles y expertos académicos han expresado preocupaciones sobre las implicaciones de estas acciones para la libertad académica y el debido proceso.

Qué es la escuela McNair y a quién afecta

El Dr. Ronald E. McNair Academic High School es una de las escuelas públicas más competitivas de Nueva Jersey. Según U.S. News & World Report, ocupa el cuarto lugar en el estado. El 81% de su matrícula corresponde a minorías, y el 34% de sus estudiantes pertenece a hogares con desventajas económicas.

Para los futuros aspirantes, el acuerdo significa que su candidatura ya no dependerá de la categoría racial en la que se autoidentifiquen.

A partir del ciclo 2027-2028, todos los postulantes competirán por las plazas disponibles bajo criterios uniformes, sin cupos reservados por grupo étnico o nacional.

El ministro de Trabajo de la República Dominicana, Eddy Olivares, recibió este miércoles una propuesta para impulsar el acceso al empleo sin discriminación por edad.

La iniciativa, presentada por representantes del Grupo Alianza por la Paz y encabezada por la economista Angie Fondeur de Morin, busca ampliar las oportunidades laborales para personas mayores de 45 años, según informó la institución.

Durante la reunión, la organización social entregó un estudio que documenta las dificultades específicas que enfrentan personas de 40 años en adelante al intentar ingresar, permanecer o regresar al mercado laboral formal, incluso cuando cuentan con experiencia y formación. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, el levantamiento estadístico presentado señala que la brecha afecta tanto a hombres como a mujeres, y no distingue sector público de privado.

Olivares valoró la presentación de la propuesta y subrayó la importancia de que las empresas mantengan sus puertas abiertas a todas las personas con disposición para trabajar.

“Una persona que tiene 40, 45, 50 o 60 años no puede ser descartada por su edad. La experiencia, la responsabilidad y la disposición de trabajar son valores que deben ser reconocidos por las empresas y por toda la sociedad”, expresó el funcionario de acuerdo con el comunicado del Ministerio de Trabajo.

Impulsan acciones contra la discriminación laboral por edad en República Dominicana

El funcionario indicó que la realidad demográfica dominicana y el aumento en la expectativa de vida requieren una revisión profunda de los prejuicios existentes en torno a la edad y el empleo.

“Las expectativas de vida han aumentado y nuestra población tiene hoy mayores posibilidades de mantenerse activa, productiva y vinculada al trabajo durante más tiempo. No podemos permitir que la edad se convierta en una causa de exclusión, cuando el país necesita aprovechar plenamente el talento y la experiencia de su gente”, sostuvo el ministro, según informó el propio Ministerio de Trabajo.

La economista Angie Fondeur de Morin, representante de Grupo Alianza por la Paz, explicó que el fenómeno de exclusión afecta a dominicanos y dominicanas mayores de 40 años en todos los sectores, lo que genera impactos económicos, sociales y emocionales en las familias. Según los datos presentados por la organización, la participación de personas entre 40 y 50 años dentro de la población desocupada pasó de 16.4 % en 2018 a 20 % en 2024, mientras que su presencia en la población ocupada se ha mantenido prácticamente sin variación en los últimos diez años.

Entre las medidas propuestas, se plantea impulsar incentivos para la contratación de personas mayores de 40 años, como la implementación de una cuota de participación en las nóminas de instituciones públicas y privadas. Esta cuota tendría mecanismos de aplicación gradual y se ajustaría a las características de cada sector, de acuerdo con lo expuesto por Fondeur de Morin.

El ministro Olivares destacó que esta propuesta está alineada con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, así como con el Convenio núm. 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre discriminación en materia de empleo y ocupación. “El trabajo digno es un derecho de todas las personas. Desde el Ministerio de Trabajo continuaremos impulsando políticas que amplíen las oportunidades de empleo, fortalezcan la formalidad y promuevan una sociedad más justa e inclusiva”, expresó el titular de la cartera laboral.

Como parte de los compromisos asumidos, Olivares anunció que el Ministerio de Trabajo priorizará la incorporación de personas mayores de 45 años en los programas de empleabilidad de RD-Trabaja, con el objetivo de facilitar su capacitación, orientación, intermediación laboral y acceso a vacantes formales. “RD-Trabaja debe ser una herramienta para que nadie quede fuera. Vamos a fortalecer la incorporación de personas mayores de 45 años, para que puedan acceder a capacitación, acompañamiento y oportunidades reales de empleo formal”, añadió el funcionario.

Según el Ministerio de Trabajo, la propuesta presentada por el Grupo Alianza por la Paz será evaluada y podría servir de base para el diseño de nuevas políticas públicas que busquen erradicar la discriminación por edad en el ámbito laboral y aprovechar la experiencia de la población adulta en la economía nacional.

La decisión de Ford de volver a contratar a 300 ingenieros veteranos después de comprobar que sus herramientas de inteligencia artificial no corregían por sí solas fallas de producción reabrió una discusión que excede a la industria automotriz: el valor económico de la experiencia acumulada. Para el economista Gustavo Rodolfo Reija, el caso mostró que la empresa “sobrestimó a la inteligencia artificial” y terminó tomando “una decisión económica”, con un resultado medible: el primer puesto en calidad inicial de JD Power en Estados Unidos por primera vez desde 2010 y una baja en el gasto por garantías y retiradas.

El cambio no quedó limitado a un ajuste interno. Siete de los diez modelos más vendidos de la marca se ubicaron entre los tres mejores de sus segmentos en el estudio IQS 2026 de JD Power, y entre ellos la Ford F-150, la Ford Mustang y la Ford Super Duty lideraron sus categorías por segundo año consecutivo.

Según informó FOX Business, la automotriz retomó la contratación de ingenieros con amplia experiencia para orientar sistemas de IA que no habían alcanzado por sí solos para elevar la calidad en producción. Reija sostuvo en diálogo con Infobae que esa secuencia dejó al descubierto un punto: la tecnología no reemplazó al saber experto, sino que expuso su ausencia.

“Durante años se instaló la idea de que la inteligencia artificial sustituiría buena parte del trabajo humano. El tropiezo de Ford sugiere un matiz: los sistemas fallaron porque los especialistas capaces de entrenarlos ya no estaban en la empresa”, afirmó. A partir de esa lectura, agregó que la experiencia del trabajador maduro “no compite con la IA sino que la complementa”.

La mejora de calidad puso precio a la experiencia acumulada

Reija señaló que la corrección de rumbo de Ford no fue “un gesto nostálgico”, sino la validación de que el conocimiento tácito conserva retorno económico. Según planteó, el desempeño de la compañía confirmó que la experiencia “volvió a comportarse como lo que siempre fue: un activo estratégico con retorno medible”.

El economista ligó esa conclusión a una idea más amplia sobre el funcionamiento de la IA dentro de las empresas. “La tecnología vale lo que vale la información con que se la alimenta, y esa información —el conocimiento tácito de quien atravesó múltiples ciclos productivos— no figura en ningún manual”, dijo.

Ese razonamiento, a su juicio, cambia la forma de mirar a los trabajadores de mayor edad en los sectores intensivos en conocimiento. Mencionó entre ellos a la manufactura avanzada, la energía, la salud, los servicios financieros y la tecnología aplicada.

La economía plateada incluye consumo, pero también producción

Reija cuestionó la definición restringida de la llamada economía silver como un mercado de bienes y servicios para mayores de cincuenta años. “Suele reducirse la economía plateada a los bienes y servicios que consumen los mayores de cincuenta. Es una definición”, afirmó.

Para sostener esa idea, citó datos de escala internacional. Según recordó, la Comisión Europea considera a ese universo como toda la actividad económica ligada a ese segmento; en la Unión Europea, las personas de más de cincuenta años ya generaban una actividad equivalente a la tercera economía del mundo, mientras que en Japón el sector superó los USD 1.000 millones.

También mencionó una proyección del Banco Interamericano de Desarrollo sobre América Latina. Según ese cálculo, cerca del 30% del crecimiento del consumo regional entre 2015 y 2030 provendrá de los mayores de sesenta. Para Reija, el punto menos atendido no es ese mercado de consumo, sino “el capital humano de esa generación”.

En la Argentina, el peso económico del grupo convive con exclusión laboral

El economista describió a la Argentina como un caso donde la demografía y el mercado de trabajo marchan en direcciones opuestas. “Diversas estimaciones ubican el peso directo e indirecto de la economía plateada en torno al 40% del PBI”, indicó, y añadió que hacia 2043 el segmento representará cerca del 35% de la población y el 37% del gasto de los hogares.

Frente a ese cuadro, dijo, el mercado laboral “hace exactamente lo contrario de lo que aconseja esa demografía”. Citó el Informe Generación Silver para señalar que las personas de entre 50 y 65 años representan apenas el 7,4% de la dotación de las organizaciones, que el 54% de los postulantes de esa franja fue rechazado por su edad y que el 68% de los responsables de recursos humanos no contrató a ninguna persona mayor de 55 años en el último año.

“El país invierte décadas en formar capital humano y luego lo amortiza a pérdida”, sostuvo. Para Reija, esa dinámica no solo desaprovecha conocimiento, sino que reduce capacidad productiva en un contexto de envejecimiento.

Extender la vida laboral puede sumar crecimiento y aliviar la presión previsional

Reija vinculó la discusión sobre talento senior con un fenómeno demográfico de largo plazo. “En sociedades que envejecen, prolongar la vida laboral no es una carga sino una oportunidad”, afirmó.

En ese punto citó una estimación de la OCDE según la cual extender trayectorias laborales productivas puede sumar hasta 0,4 puntos de PBI por año. Al mismo tiempo, recordó que la razón de dependencia de la vejez en ese ámbito trepará del 31% actual al 52% hacia 2060.

El economista sostuvo que esa evidencia desmiente la idea de que la contratación de personas mayores desplaza a los jóvenes. “La inserción laboral de los mayores no desplaza el empleo juvenil, lo complementa en equipos intergeneracionales más productivos”, dijo.

Reija propuso incentivos para contratar mayores de cincuenta

El diagnóstico, planteó, exige medir el conocimiento acumulado con el mismo rigor que la innovación tecnológica. “Ford lo tradujo en calidad y en menor gasto en garantías; en cualquier organización, la experiencia senior se expresa en menos errores de proceso, menor rotación, mejor transferencia de saber y sistemas de IA mejor entrenados”, señaló.

A partir de esa lógica, propuso medidas para la Argentina: incentivos fiscales para la contratación de mayores de cincuenta, esquemas de mentoría cofinanciados, certificación de competencias y eliminación de la edad como filtro de reclutamiento. “No son gasto: son inversión en un activo que ya existe y que hoy se malgasta”, dijo.

Stephanie Fairyington examina en Ugly cómo la belleza física organiza la vida social, económica y familiar, y plantea una pregunta central: qué significa criar a una hija considerada atractiva en una cultura que premia el aspecto y empuja a las mujeres a corregirse de manera constante.

El libro combina reflexión filosófica y experiencia íntima para discutir no solo los beneficios de ser bello, sino también las consecuencias materiales y psicológicas de quedar fuera de ese ideal.

La discusión no parte de una intuición abstracta. La publicación recuerda que las personas consideradas atractivas suelen tener más éxito económico, mientras que la discriminación basada en la apariencia produce costos medibles. A ese esquema se suma el llamado “halo de atractivo”, un sesgo psicológico por el que los demás atribuyen mejores cualidades y capacidades a quienes encajan en ciertos estándares físicos.

Ese aprendizaje muy temprano: desde la infancia, la belleza aparece asociada al cabello largo, a las muñecas y a las princesas, y también al dolor que implica sostener esa imagen. El gasto colectivo para perseguirla tampoco es menor: los estadounidenses destinan cientos de miles de millones de dólares al año a maquillaje, depilación, peluquería, manicura, entrenadores personales, tratamientos faciales, toxina botulínica y ácido hialurónico sintético para aumentar labios.

En su libro, Fairyington intenta averiguar por qué la belleza física, definida por criterios subjetivos que cambian con el tiempo y varían entre culturas y generaciones, conserva un valor tan alto. El punto de partida es deliberadamente abrupto: ella misma se describe como fea, aunque aclara que no de una forma que provoque miradas de asombro, sino como alguien “insípida” y “ofensivamente” ordinaria, “como una persona que se ha rendido o no lo intenta”.

Esa admisión altera a quienes la rodean, en especial a otras mujeres, porque deja suspendida una idea casi prohibida: aceptar la fealdad sin ironía ni autohumillación. Para Fairyington, la reacción social revela que la falta no consiste tanto en no ser bella como en no intervenir sobre el propio cuerpo cuando existen recursos para hacerlo.

La pregunta del libro, entonces, no se limita a la autopercepción de la autora. También busca responder cómo criar a una hija preadolescente de belleza convencional en un entorno que le enseñará a valorar, cuidar y perfeccionar ese capital a costa de otros deseos. La obra está dirigida a una versión futura y mayor de esa hija, y funciona a la vez como ensayo filosófico y como lamento materno.

Fairyington no propone fingir que la apariencia no existe. Reconoce que los seres humanos se entienden en relación con otros y que advertir diferencias corporales forma parte de la vida social. El problema, sostiene, es que esas diferencias rara vez quedan en el plano descriptivo y enseguida se vuelven juicios: bueno o malo, deseable o indeseable.

Tampoco plantea una simple inversión del canon, en la que lo feo deba celebrarse como si fuera bello. El diario destaca que explora formas de resistencia encarnadas por figuras como la música inglesa Poly Styrene y la drag queen Fauxnique, pero advierte que convertir la fealdad en espectáculo también exige trabajo y puede terminar reforzando la misma jerarquía estética que pretende impugnar.

El libro gana espesor cuando la reflexión se vuelve personal. Fairyington recuerda cuánto le dolía, de niña, no cumplir con las expectativas ajenas, sobre todo porque su madre era muy bella. A los 10 años, un adulto preguntó con desprecio si ella era realmente la hija de Chrysí, una escena que la autora no quiere repetir en la vida de su hija.

Ese deseo abre una tensión persistente: transformar el mundo para que sea más habitable o preparar a la niña para soportar el mundo que ya existe. Allí aparecen algunas de las escenas más difíciles del libro. Cuando la hija quiere mencionar su gusto por las compras en una breve biografía que acompañará un poema, Fairyington y su esposa intentan desalentarla al considerar esa afición frívola.

Algo parecido ocurre cuando la autora se entera de que su esposa y una amiga de la familia planean llevar a la niña a un salón de manicura. Su reacción es directa: “¿Por qué estamos fomentando su autoobjetivación tan temprano?”. La respuesta de la amiga también condensa el conflicto: “No odias a las mujeres, ¿verdad, Steph?”.

La escena tiene filo porque expone un riesgo que el propio artículo subraya: despreciar prácticas asociadas a lo femenino también reproduce jerarquías culturales. Referencias codificadas como femeninas, como Taylor Swift, las novelas románticas o los realities, suelen ser tratadas como triviales, mientras que formas de entretenimiento asociadas a los hombres, como los deportes o los dramas históricos de guerra, reciben un reconocimiento más serio.

Aun así, la autora no busca denigrar lo femenino en bloque. Creció admirando subculturas feministas como el movimiento punk Riot Grrrl y desearía que su hija pudiera imaginar otros modelos de femineidad. Su crítica apunta a una cultura que empuja a las mujeres a “morfear nuestros cuerpos y rostros” para seguir siendo deseables, algo que, precisa, significa sobre todo deseables para los hombres.

La reseña también marca una contradicción que Fairyington admite sin rodeos: se enorgullece de que la belleza de su hija sea fácilmente legible para los demás. En un pasaje del libro, confiesa que cuando camina con ella y percibe sonrisas de admiración, piensa que quizá haya sido “una mujer fracasada”, pero que su hija es hermosa y “extraordinariamente normal”.

La niña, de todos modos, no aparece definida solo por signos de feminidad convencional. Le gusta el esmalte de uñas, pero también admira los atuendos exagerados de las drag queens en Provincetown, asistir a clases de parkour, probar rituales de brujería bajo la luna llena y los chicos. Fairyington entiende que su personalidad seguirá cambiando y que, por ahora, su tarea consiste en ofrecer alternativas.

En varias conversaciones cotidianas, la autora intenta correr el eje del aspecto hacia la experiencia corporal. Después de que una compañera se burla de un conjunto que su hija había planeado usar, la niña lo envía al cajón de disfraces de Halloween. En otro momento, cuando su madre le pregunta qué le gusta de lo que su cuerpo puede hacer y no de cómo se ve, responde que le encanta nadar, hacer pulseras, bailar, cantar, trepar a los árboles y jugar videojuegos.

El libro concluye con un giro hacia el asombro, una emoción que, según investigadores, puede amortiguar la autocrítica y el desagrado que prosperan en un entorno saturado de mensajes sobre todo lo que habría que corregir. Desde esa perspectiva, aceptar el propio aspecto esquiva una industria que gana miles de millones con la promesa de controlarlo.

California vivió en 2025 un panorama dual en materia de seguridad: mientras las cifras generales de criminalidad y crímenes de odio experimentaron una caída, se observaron repuntes preocupantes en incidentes motivados por prejuicios raciales y de estatus migratorio.

Las autoridades estatales destacaron avances en la cooperación policial y la prevención, pero advierten que la intolerancia dirigida a comunidades específicas persiste y, en algunos casos, se agrava.

El informe anual presentado por la fiscalía estatal, y difundido por NBC Los Angeles, ofrece datos clave para comprender tanto los logros como los desafíos actuales en la protección de grupos vulnerables.

Reducción general de crímenes de odio y criminalidad en California

En 2025, California registró una disminución en la mayoría de los indicadores delictivos. El número total de eventos catalogados como crímenes de odio alcanzó los 1.955, lo que representa una baja del 3,4% respecto a los 2.023 reportados en 2024.

Esta tendencia a la baja se replicó en otras categorías de criminalidad: la tasa de homicidios descendió un 18%, situándose en 1.374 homicidios, el nivel más bajo registrado desde que el estado comenzó a recopilar estos datos en 1966.

También se reportaron caídas del 10% en delitos violentos, 14% en delitos contra la propiedad, 26% en robos de vehículos y 20% en asaltos.

El fiscal general Rob Bonta subrayó que este descenso general en la criminalidad coincide con un aumento del 4% en las detenciones, señalando que la mayor efectividad en las labores policiales contribuye a disuadir delitos. Bonta valoró especialmente la reducción de homicidios en condados como Alameda, San Mateo y Santa Cruz, donde se registraron descensos de hasta el 67% en comparación con el año anterior.

En términos generales, la tasa de crímenes de odio también descendió un 3% en el periodo analizado. Sin embargo, las autoridades hicieron hincapié en que estos datos deben interpretarse con cautela, ya que existe un subregistro histórico y no todas las agencias lograron remitir información completa durante el año.

En resumen, la criminalidad en California descendió a niveles históricos en 2025, marcando una reducción significativa en homicidios, delitos violentos y crímenes de odio reportados. La tendencia fue atribuida, en parte, a una mayor coordinación policial y a la aplicación efectiva de la ley en todo el estado.

Aumento de incidentes motivados por prejuicios

A pesar de la mejora en los indicadores globales, el informe estatal reveló un incremento en crímenes motivados por factores raciales y de origen étnico. Los incidentes relacionados con prejuicios de este tipo crecieron un 6,2%, pasando de 1.011 en 2024 a 1.074 en 2025. Destaca especialmente el aumento del 30% en eventos de odio contra hispanos o latinos, una cifra que supera el promedio de crecimiento de otras categorías.

Los incidentes motivados por el estatus migratorio o de ciudadanía también experimentaron un alza significativa, con un incremento del 150% en comparación con el año anterior: de 16 eventos reportados en 2024 se pasó a 40 en 2025.

Además, los crímenes de odio por motivos de género aumentaron un 23,8%, y se registró un crecimiento del 23% en delitos contra personas transgénero.

El informe señala que estos incidentes suelen manifestarse como acoso verbal, insultos o intimidación, aunque también pueden derivar en delitos más graves como vandalismo, agresiones o amenazas.

En concreto, los crímenes de odio dirigidos a hispanos y personas por su estatus migratorio mostraron un repunte notable en 2025, reflejando una realidad donde la intolerancia y la discriminación siguen afectando a comunidades vulnerables pese al descenso general delictivo.

Distribución geográfica y cifras específicas de crímenes de odio en Los Ángeles

El condado de Los Ángeles concentró la mayor cantidad de crímenes de odio registrados en California durante 2025, con 795 incidentes, la mayoría localizados en la ciudad homónima. Esta cifra representa una parte sustancial del total estatal y confirma la persistencia de focos críticos en grandes núcleos urbanos.

A nivel estatal, el reporte de la fiscalía destaca que la distribución de los crímenes de odio no es uniforme: aunque la tendencia general es a la baja, existen zonas donde los delitos motivados por prejuicios raciales y de estatus migratorio están en aumento.

Las ciudades más pobladas, como San Francisco, Oakland, San Diego y Sacramento, fueron objeto de especial atención mediante la realización de mesas de trabajo y estrategias de colaboración entre autoridades y organizaciones comunitarias.

Factores de la disminución y el aumento de ciertos crímenes de odio

El fiscal general Bonta atribuyó la reducción en la criminalidad a la mayor coordinación y modernización policial en todo el estado, lo que permitió una mejor respuesta y seguimiento de los delitos. También valoró la colaboración con autoridades locales y el fortalecimiento de recursos para la prevención y persecución de crímenes de odio.

No obstante, Bonta y otros funcionarios estatales identificaron factores externos vinculados al aumento de incidentes de odio, especialmente aquellos dirigidos contra hispanos y personas transgénero.

Según Bonta, los discursos políticos actuales y las medidas restrictivas en materia migratoria y de derechos de género, habrían incentivado el crecimiento de ataques y hostigamientos en California.

El informe también advirtió que “la persistencia de discursos de odio y la difusión de información falsa desde altos niveles de gobierno pueden tener un impacto directo en el incremento de estos delitos”.

Recursos, recomendaciones y llamados a la acción

La Fiscalía General de California publicó una serie de recursos y guías para víctimas, autoridades y la ciudadanía en general, que incluyen protocolos de respuesta rápida, orientaciones legales, y un boletín actualizado sobre leyes contra delitos de odio.

Recomendaron a las víctimas denunciar inmediatamente cualquier incidente ante las autoridades locales y utilizar servicios como la línea 211 para recibir asistencia.

Además, se convocó a organizaciones, líderes y a toda la sociedad a renovar su compromiso en la lucha contra la intolerancia y a participar en actividades informativas y de prevención, como los encuentros virtuales organizados por la Oficina de Concienciación Comunitaria.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar en Quiroga, Michoacán, donde destacó el reconocimiento de los derechos de las mujeres y la relevancia que han tenido en la historia y la actualidad del país.

Violencia de las mujeres tiene raíz en la discriminación

Ante beneficiarias del programa, Sheinbaum sostuvo que la violencia contra las mujeres tiene raíz en la discriminación y en la negación de derechos. “La violencia contra las mujeres tiene que ver con la discriminación, con que nos valoran menos, como si no tuviéramos derechos y no, las mujeres somos personas y tenemos todos los derechos”, afirmó.

La presidenta enumeró los derechos que deben garantizarse a todas las mujeres, sin distinción de oficio o profesión:

• Derecho a educarse
• Derecho a trabajar
• Derecho al acceso a la salud
• Derecho a una vida libre de violencia

Sheinbaum subrayó que reconocer a las mujeres -amas de casa, enfermeras, médicas, secretarias- es la forma de combatir la desigualdad. “Siempre hay que reconocer a las mujeres mexicanas, a lo largo de la historia y en el presente”, señaló.

Gobierno federal destina un billón en Programas para el Bienestar

La jefa del Ejecutivo federal recordó que la Cuarta Transformación puso fin a 36 años de neoliberalismo e inició la construcción de nuevos derechos a través de los Programas para el Bienestar, para los que este año se destinan un billón de pesos.

La Pensión Mujeres Bienestar, dijo, es el reconocimiento concreto al trabajo de cuidados que realizan las mujeres. Agregó que en 2024 el cambio fue más profundo: por primera vez en 200 años, una mujer llegó a la Presidencia de México.

Además del programa de pensión, el Gobierno de México construye un Centro LIBRE para las mujeres en cada municipio del país y puso a disposición la Cartilla de Derechos de las Mujeres para combatir el racismo, el clasismo y el machismo.

Más de un millón de mujeres reciben apoyo en Michoacán

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que en Michoacán 146 mil 158 mujeres de 60 a 64 años reciben la Pensión Mujeres Bienestar. Precisó que a partir de los 65 años acceden a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

El gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla resaltó que el estado construirá 127 Centros LIBRE, a pesar de que solo cuenta con 113 municipios, lo que permitirá mayor cobertura para las mujeres de los pueblos originarios.

Estos son algunas de las reformas impulsadas en el gobierno de Sheinbaum

El 3 de octubre de 2024, dos días después de asumir la presidencia, Sheinbaum presentó un paquete de Reformas Constitucionales enfocado en la protección y ampliación de los derechos de las mujeres. Estas reformas establecieron el derecho a una vida libre de violencia y la obligación del Estado de garantizarlo.

El paquete incluyó disposiciones para asegurar igualdad salarial entre hombres y mujeres, acceso al mismo trato y oportunidades, y medidas de protección para mujeres, adolescentes, niñas y niños en procedimientos civiles y familiares. También se incorporó el concepto de violencia vicaria y se creó el Registro Nacional de Medidas u Órdenes de Protección.

Con el lema “es tiempo de mujeres”, Sheinbaum formalizó la creación de la Secretaría de las Mujeres, que hasta abril de este año la dirigió Citlali Hernández. Esta dependencia instaló 678 Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación) en varios estados del país.

Además, se implementó el programa Mujeres Bienestar, que otorgó un apoyo bimestral de 3,000 pesos a mujeres de 60 a 64 años. Entre la legislación que se impulsó este año, se encuentra la ley contra el feminicidio, aprobada en el Congreso de la Unión.

La discriminación y la falta de espacios seguros se mantienen como los principales factores de riesgo para la salud mental de las juventudes LGBTTTIQ+ en México.

De acuerdo con la “Encuesta Nacional 2024 sobre la Salud Mental de las Juventudes LGBTQ+ en México”, el 52% de las y los jóvenes de la diversidad sexual ha considerado seriamente el suicidio, mientras que uno de cada tres reportó al menos un intento.

El peso de la discriminación en la salud mental juvenil

La discriminación por orientación sexual o identidad de género afecta a más de la mitad de la comunidad joven LGBT+ en el país. Este rechazo social —desde el entorno familiar, escolar o laboral— se traduce en altos niveles de ansiedad, depresión y desesperanza.

La encuesta nacional muestra que más del 50% de las personas encuestadas ha experimentado algún tipo de discriminación, y muchas veces esto ocurre desde la infancia o adolescencia.

La falta de espacios donde las juventudes puedan sentirse escuchadas y respetadas incrementa el riesgo de aislamiento y pensamientos suicidas. Entre las principales situaciones reportadas se encuentran la exclusión en contextos escolares, burlas, violencia verbal y la presión para ocultar la identidad.

Estadísticas que alertan: tentativas y pensamientos suicidas

Los datos de la encuesta nacional revelan una realidad crítica: el 52% de las juventudes LGBTTTIQ+ en México ha pensado en quitarse la vida. Además, uno de cada tres jóvenes reportó al menos un intento de suicidio. Estas cifras, por sí solas, evidencian un problema de salud pública que requiere atención urgente y políticas de prevención dirigidas a la diversidad sexual.

La Organización Mundial de la Salud y organismos internacionales señalan que los entornos de aceptación, pertenencia y acompañamiento reducen significativamente los riesgos de depresión, ansiedad y suicidio entre adolescentes y jóvenes LGBT+. Estas recomendaciones insisten en la urgencia de crear espacios comunitarios y servicios de atención psicológica accesibles, libres de estigma y discriminación.

Para Mafer Olvera, fundadora y directora general de HOPE y creadora del modelo Hospital de las Emociones en la Ciudad de México, “la diversidad nunca debería representar un factor de riesgo para la salud mental".

Factores que incrementan el riesgo

Especialistas en salud mental y derechos humanos identifican varios factores que agravan la vulnerabilidad de las juventudes LGBT+:

• La violencia familiar y escolar.
• Falta de información y recursos sobre salud mental con perspectiva de diversidad.
• Ausencia de redes de apoyo confiables.
• Violencia digital y hostigamiento en redes sociales.
• Dificultad para acceder a servicios profesionales de atención psicológica.

La suma de estos factores coloca a las juventudes de la diversidad sexual en una posición de riesgo constante, donde el miedo al rechazo y la violencia puede derivar en problemas emocionales graves.

Iniciativas de prevención: talleres gratuitos y asesoría profesional

En el marco del Mes del Orgullo, distintas organizaciones y plataformas impulsan programas de acompañamiento emocional enfocados en personas de 12 a 35 años. Estos modelos incluyen atención psicológica profesional, talleres de prevención y espacios de reflexión para fortalecer el bienestar emocional desde la perspectiva de la diversidad.

Durante julio se ofrecen talleres gratuitos en línea dirigidos a adolescentes y jóvenes, con el objetivo de brindar información, herramientas prácticas y espacios de conversación para afrontar la discriminación y fortalecer la autoestima. El primer taller, “Diversidad, inclusión y comunidad LGBTTTIQ+”, se realizará el 4 de julio a las 14:00 horas, con contenidos sobre diversidad, sexualidad y respeto.

El 11 de julio, a las 19:00 horas, está programado el taller “Desarmando la violencia digital y cotidiana”, dirigido a jóvenes de 12 a 29 años, centrado en el reconocimiento y prevención de la violencia en entornos digitales y presenciales. Finalmente, el ciclo “Sin perderme en ti”, orientado a personas mayores de 18 años, se llevará a cabo en cinco sesiones los días 6, 9, 13, 16 y 20 de julio, con estrategias para construir relaciones sanas y equilibradas.

Redes de apoyo y autocuidado: claves para prevenir

Diversos organismos internacionales destacan la importancia de construir redes de apoyo, no solo en el entorno familiar, sino también en espacios digitales, educativos y comunitarios. El autocuidado, el acceso a información confiable y la posibilidad de recibir asesoramiento sin prejuicios son medidas que pueden marcar la diferencia para las juventudes LGBT+.

Hablar de salud mental implica romper el silencio y abrir conversaciones que permitan prevenir la violencia, fortalecer la autoestima y garantizar que nadie tenga que ocultar su identidad para sentirse seguro. Cada espacio seguro y cada red de apoyo representan una oportunidad para que la diversidad se viva con dignidad, respeto y esperanza.

El acceso a servicios de salud, la discriminación y la búsqueda de alternativas han marcado la experiencia de las personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+ en México y otras regiones.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población de la diversidad sexual y de género recurre en mayor proporción a la atención privada, a diferencia de quienes no pertenecen a este colectivo, que suelen utilizar servicios públicos.

Esta tendencia fue investigada por Itzel Cadena Alvear, colaboradora de investigación de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, durante su participación en el ciclo de conferencias sobre salud e identidades sexogenéricas.

La especialista explicó que en países como Brasil se observa un fenómeno semejante. Un censo reciente reveló que la mayoría de las mujeres lesbianas utiliza servicios privados, lo que podría estar relacionado con la mayor capacitación y sensibilidad de estos espacios sobre diversidad afectiva y sexual. Sin embargo, la experiencia clínica sigue siendo compleja. Un alto porcentaje reporta temor o vergüenza de hablar sobre sexualidad en consultas médicas, lo que limita su acceso a información y diagnósticos oportunos.

Esta situación no solo afecta el bienestar físico, sino también la salud mental y emocional. El organismo señala que el 88.7% de quienes integran la comunidad LGBTIQ+ enfrenta estrés, ansiedad y miedo en entornos de atención médica, lo que lleva incluso a la autocensura al relatar sus vivencias durante las consultas.

Obstáculos en la atención médica de la comunidad LGBTIQ+

Una de las principales barreras identificadas es la invisibilidad de las experiencias específicas dentro del sistema de salud. Estudios recientes advierten que la falta de información en los registros oficiales dificulta la generación de políticas públicas inclusivas. Por ejemplo, los datos del censo nacional no distinguen entre lesbianas, bisexuales u otras identidades, lo que impide conocer a fondo sus necesidades particulares.

Además, la exposición a contextos discriminatorios y de precarización impacta de manera diferenciada dentro del colectivo. Se ha detectado que las mujeres bisexuales experimentan mayores afectaciones en la salud, principalmente debido al estrés crónico asociado a la discriminación, incluso dentro de la misma comunidad. Por otro lado, persisten mitos que obstaculizan la salud sexual, como la creencia de que las lesbianas tienen bajo riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, lo cual retrasa la realización de pruebas preventivas.

La falta de formación adecuada en diversidad entre profesionales sanitarios genera entornos clínicos poco seguros para quienes buscan atención, provocando conductas de autocensura y evitando consultas preventivas esenciales.

Estrategias para la salud inclusiva

Ante estos desafíos, se han desarrollado múltiples iniciativas de autogestión y apoyo dentro del colectivo, según relató Itzel Cadena. Redes de cuidado, organizaciones civiles y materiales educativos (como manuales, revistas y plataformas digitales) han surgido para fortalecer la salud sexual y psicoemocional, especialmente entre mujeres lesbianas y bisexuales. Estas acciones han resultado fundamentales para contrarrestar la exclusión institucional.

Como perspectiva a futuro, se plantea la necesidad de repensar la continuidad en el bienestar, integrando dimensiones afectivas y socioculturales en el abordaje clínico.

La propuesta feminista invita a superar la dicotomía entre salud y enfermedad, y a promover una escucha clínica sensible a las realidades sociales. Herramientas como el pluralismo epistémico y la diversidad en las ciencias pueden contribuir a transformar los saberes médicos y a visibilizar la pluralidad de formas de vivir la sexualidad, logrando entornos más dignos y equitativos para todas las personas.

La Cámara Federal porteña revocó el archivo de una causa contra Luis D’Elía por posteos en redes sociales y declaraciones periodísticas que podrían ser discriminatorias y ordenó que la investigación continúe. La decisión se tomó luego que la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) apeló una decisión que cerró el caso por falta de impulso de la fiscalía, que tenía delegada la investigación.

En su fallo, los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah señalaron que aún no puede descartarse que los mensajes publicados por el dirigente en redes sociales y medios de comunicación constituyan un discurso de odio. “Al día de hoy no puede concluirse sin más que las frases de D’Elía constituyan un mero ejercicio de fundamentales libertades constitucionales y convencionales”, advirtió la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Discurso de odio

La DAIA fue admitida como querellante en el expediente, lo que le otorga la facultad de impulsar la acción penal y aportar elementos para sostener la investigación, evaluaron los jueces. Al apelar se argumentó que los dichos de D’Elía podrían configurar una infracción al artículo 3 de la ley 23.592, que sanciona actos discriminatorios. El tribunal destacó que la postura de la fiscalía, que había solicitado el archivo, no impide que siga el proceso mientras la parte querellante mantenga activa la causa.

La denuncia inicial había sido presentada por el fiscal federal Carlos Stornelli, quien pidió investigar “diversas manifestaciones que Luis D’Elía había realizado a través de sus cuentas personales en las redes sociales TikTok (@luisangeldelia) y X (@Luis_Delia) y en una entrevista en Radio Belgrano AM 570” el 28 de febrero y el 19 y 21 de marzo pasados.

La Cámara concluyó que “no puede descartarse de plano que algunas de esas frases, volcadas en medios públicos y explícitamente referidas al Estado judío, a las personas que profesan dicha fe y al trágico atentado que sufrió nuestro país con la explosión de la AMIA el 18 de julio de 1994 se enmarquen en un discurso de odio, alimento de estereotipos y estigmas, como el tipificado por el artículo 3 de la ley 23592”.

Los mensajes

Entre los mensajes y declaraciones bajo análisis, figuran frases que aludían a que “guerra regional va a durar mucho tiempo contra el sionismo criminal que destruyó Palestina, que hoy quema los bosques en la Patagonia, que hoy hipoteca la Argentina y que hoy saquean los minerales y las cosas extraordinarias que tienen nuestro país, la guerra contra el sionismo la hace toda la humanidad”.

En otra publicación, D’Elía afirmó: “En este país, Milei es Estados Unidos, Israel y el sionismo, ¿Irán quién es? quien es Irán en la Argentina? yo soy Irán. Está? hoy posiblemente y lo digo con toda fuerza, con toda convicción, probablemente como hace 30 años hagan otro atentado en la Argentina para victimizarse, van a hacer un atentado en la Argentina porque la única que les queda es la victimización, y van a ser estos tipos nuevamente".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió llevar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) un caso contra el Estado peruano relacionado con el reconocimiento de la identidad de género de una mujer trans. La demanda internacional sostiene que las autoridades vulneraron diversos derechos fundamentales al impedir que sus documentos oficiales reflejaran plenamente la identidad con la que se reconoce.

El caso, que se originó hace casi dos décadas, gira en torno a Karen Mañuca Quiroz Cabanillas, quien obtuvo una modificación judicial de su nombre, pero enfrentó posteriores decisiones administrativas y judiciales que mantuvieron el registro de sexo masculino en su documento de identidad. Para la CIDH, estas actuaciones desconocieron su derecho a la autoidentificación y constituyeron una forma de discriminación, por lo que ahora solicita que la Corte IDH ordene medidas de reparación al Estado peruano.

CIDH cuestiona actuación del Estado peruano por el reconocimiento de identidad de género

Según la información difundida por la CIDH, la petición original fue presentada en julio de 2007. En ella se detalla que Karen Mañuca fue inscrita al nacer con un nombre y sexo masculino, pero en 1989 obtuvo una decisión judicial que ordenó modificar su nombre en su partida de nacimiento a Karen Mañuca.

Posteriormente, fue inscrita en el Registro Electoral con esa identidad. Sin embargo, años después, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anuló esa inscripción al considerar que existía un doble registro, dejando vigente únicamente el documento asociado al nombre asignado al nacer y con sexo masculino.

La CIDH señaló que esta decisión tuvo consecuencias directas sobre sus derechos, ya que afectó incluso su participación en un proceso electoral. Además, cuando solicitó un duplicado del documento de identidad que había extraviado —en el que figuraban su nombre actual y sexo femenino—, el pedido fue rechazado.

En 2005, Karen Mañuca presentó una demanda de hábeas corpus que fue declarada improcedente en primera y segunda instancia. Un año después, el Tribunal Constitucional ordenó emitir un documento con el nombre de Karen Mañuca Quiroz Cabanillas, pero manteniendo el marcador de sexo masculino.

Para la Comisión, si bien los Estados pueden implementar mecanismos destinados a evitar duplicidades en los registros de identidad, estos procedimientos deben considerar los procesos impulsados por las personas para lograr que su identidad de género sea reconocida de manera efectiva en la documentación oficial.

El organismo indicó que la depuración realizada por el Reniec dio prevalencia automática al primer registro sin tomar en cuenta que ya existía una modificación judicial de su nombre y que la inscripción posterior respondía al reconocimiento de su identidad como mujer.

Asimismo, sostuvo que la decisión del Tribunal Constitucional tampoco garantizó una protección integral del derecho a la identidad de género, debido a que mantuvo el registro de sexo masculino pese al reconocimiento del nombre de Karen Mañuca.

Como resultado del análisis, la Comisión concluyó que el Estado peruano es responsable por la vulneración de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, libertad personal, garantías judiciales, vida privada, libertad de expresión y protección judicial, previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También consideró que se incumplieron disposiciones de la Convención de Belém do Pará.

Entre las medidas solicitadas a la Corte IDH figuran el inicio de un procedimiento ágil para que el documento nacional de identidad de Karen Mañuca refleje integralmente su identidad de género con el registro sexo-genérico femenino, una reparación por los daños materiales e inmateriales ocasionados y la capacitación de funcionarios judiciales y del Reniec sobre el derecho al nombre, la identidad, la igualdad y la no discriminación de las personas trans conforme a los estándares interamericanos.

Defensoría del Pueblo advierte que personas trans siguen enfrentando barreras en Perú

Durante los últimos años, la Defensoría del Pueblo ha documentado casos de violencia y exclusión derivados de estigmas, prejuicios y estereotipos relacionados con la identidad de género y la orientación sexual. En su Informe Defensorial N.º 175 sostuvo que la ausencia de políticas públicas con enfoques diferenciados y la impunidad frente a hechos de violencia contribuyen a la invisibilización de los derechos de esta población.

Si bien existen iniciativas como la Mesa de Trabajo para promover los derechos de las personas LGBTI del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Grupo de Trabajo para la Documentación de las Personas Trans del Reniec, la institución considera que estos espacios aún no han producido cambios estructurales que se traduzcan en normas o políticas públicas específicas.

Además, ha advertido que el procedimiento para el cambio de nombre continúa desarrollándose mediante procesos judiciales que no siempre resultan accesibles para la población trans.

La Defensoría también ha expuesto las dificultades sociales y económicas que enfrenta este grupo. Según los datos difundidos por la entidad, el 95,8 % de las mujeres trans ha sido víctima de violencia, el 62,2 % se dedica al trabajo sexual debido a la falta de oportunidades laborales y apenas el 5,1 % ha culminado la educación secundaria.

En materia de salud, la institución ha señalado que muchas personas trans con VIH tuvieron dificultades para acceder a sus tratamientos durante la pandemia del COVID-19, situación que incrementó sus condiciones de vulnerabilidad y puso nuevamente en debate la necesidad de fortalecer políticas públicas orientadas a garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.

En México, perder el trabajo a los 50 años no es solo un golpe económico: es, en muchos casos, el inicio de un ciclo de discriminación que la ley ya nombra y prohíbe.

Ley Federal del Trabajo (LFT) obliga a los patrones a garantizar entornos laborales libres de exclusión por edad. El fenómeno tiene nombre: edadismo.

Una de cada 4 personas reporta haberse sentido discriminada en el trabajo por su edad, en proporciones similares entre hombres y mujeres.

Así lo muestra el estudio Edadismo y andropausia en el entorno laboral, presentado por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) en febrero de 2026 y aplicado a 900 personas de entre 24 y 60 años.

Tres de cada 10 encuestados afirman que la experiencia de las personas mayores no se toma en cuenta en sus centros de trabajo.

El 55% de las mujeres y el 46% de los hombres reportan que el edadismo afecta directamente su motivación, compromiso y productividad, de acuerdo con el mismo informe del COPRED.

La discriminación golpea también el bienestar: el 58% de las mujeres y el 50% de los hombres dicen que el edadismo afecta seriamente su salud emocional y física.

Tener más de 50 años no es motivo de despido: esto dice la ley

La LFT define en su artículo 2 qué es un trabajo digno: aquel en el que no existe discriminación por origen étnico o nacional, género o edad.

Tampoco debe ejercerse discriminación por discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil.

La ley no lo plantea como una aspiración ni como una recomendación: es una obligación legal de cumplimiento obligatorio para todo patrón en el país.

Tres artículos que protegen tu empleo

El artículo 3 prohíbe que se realicen comentarios o actos que impliquen discriminación entre trabajadores por cualquiera de esas causas, incluida la edad.

La reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en enero de 2026 reforzó este artículo con una obligación concreta: el patrón debe mantener un entorno libre de discriminación en todo momento y bajo cualquier circunstancia.

El artículo 56, también reformado en enero de 2026, prohíbe diferencias o exclusiones basadas en la edad en las condiciones de trabajo.

Esto abarca salario, jornada y acceso a capacitación. Las posibilidades de ascenso también quedan protegidas.

La LFT agrega además la obligación del empleador de capacitar a su personal para prevenir estas prácticas dentro del centro de trabajo.

Dos vías para denunciar: cuál usar según tu caso

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), administrada por el CONAPRED, protege incluso antes de que exista una relación laboral: si la persona fue rechazada en un proceso de contratación por la edad, se puede presentar una queja.

El CONAPRED puede ordenar compensación económica, disculpa pública o restitución del derecho.

El contacto es quejas@conapred.gob.mx o el número telefónico 800 543-0033.

Cuando existe una relación laboral previa y hay un despido de por medio, la vía es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), que ofrece asesoría y representación legal gratuitas.

El primer paso es la conciliación ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; sin ese trámite no es posible llegar a los tribunales laborales.

El plazo para actuar es de 60 días naturales desde el despido. Pasado ese tiempo, el derecho caduca.

Para iniciar el proceso se necesitan los siguientes documentos:

• Identificación oficial.
• CURP.
• Recibos de nómina o estados de cuenta bancarios que acrediten el salario obtenido.
• Constancia de semanas cotizadas del IMSS.
• Nombre legal y domicilio exacto del empleador.

La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia abrió una investigación contra Poetica Coffee, una pequeña cadena de cafeterías en Brooklyn, después de que el local publicara en redes sociales que habría negado el servicio al representante demócrata Dan Goldman de haberlo reconocido. El episodio ocurrió el 21 de junio, cuando Goldman entró al local de Lorimer Street en Williamsburg con su hija de 7 años.

La fiscal general adjunta Harmeet Dhillon anunció la medida en menos de 24 horas: “La ley federal prohíbe que los establecimientos públicos, como las cafeterías, discriminen a sus clientes por motivos de raza, religión u origen nacional”. Dhillon precisó que se tomará una acción ejecutiva si la investigación lo justifica.

Lo que dijo el local y lo que hizo Goldman

Goldman explicó que entró al local para que su hija pudiera usar el baño y que compró un café para agradecer al personal. “La barista no pudo haber sido más amable con mi hija y conmigo”, dijo el congresista en un comunicado citado por el New York Post. “Me aseguré de comprar un café a cambio de su amabilidad. Espero al menos que se aseguren de que ella reciba la propina que mereció”.

El dueño del local, Parviz Mukhamadkulov, publicó una foto de Goldman en la caja registradora con un mensaje en Facebook e Instagram: “Aquí en Poetica no atendemos a racistas, fascistas, homofóbicos, colaboradores del genocidio ni a nadie por el estilo. Lástima que no te reconocimos de inmediato, porque te habríamos echado”. El texto también aludió al lobby proisraelí: “Tu dinero probablemente viene de AIPAC de todas formas”.

La cafetería devolvió los USD 9,82 del café y cerró con “No vuelvas nunca a Poetica”. La publicación desapareció el 22 de junio, la cuenta de Instagram fue desactivada y el personal del local se limitó a decir el lunes: “Sin comentarios. Estamos en contra del genocidio”.

Una misión que el local contradijo en público

El incidente chocó con los valores que Poetica proclama en su propio sitio web, bajo la firma de Mukhamadkulov: “El huésped es sagrado porque el acto de dar la bienvenida es como una comunidad se mantiene unida”. El mismo texto asegura que “quien cruce nuestra puerta recibe un trato de dignidad incondicional. No como cliente. No como una transacción. Como alguien que llegó y merece ser bienvenido”.

Varios clientes señalaron esa contradicción al New York Post. Spencer W., un cliente de 25 años del local de Williamsburg, dijo que no aprecia “la idea de atacar a tus clientes en redes sociales”, aunque prefirió no opinar sobre el trasfondo político. Ben Samson, otro cliente judío del mismo local, afirmó que el episodio no le impediría volver: “No me gusta cuando la gente me impone su visión sobre cómo tratar a los demás. Espero que puedan darme la misma gracia, y si no pueden, ese es su problema”.

Las voces que ven antisemitismo en el mensaje

Mark Goldfeder, director del Centro Nacional de Defensa Judía, afirmó al New York Post que la mención de AIPAC en el mensaje “delató la intención real” del local. “Pusieron en alerta a una enorme cantidad de judíos de que no son bienvenidos. No se trata solo de Dan Goldman. Pone a muchos judíos en una situación incómoda”, sostuvo.

El abogado de derechos civiles Rory Lancman, ex concejal de Queens, fue más directo: “No hay nada poético en el uso frívolo que hace Poetica de ‘AIPAC’ como insulto contra un funcionario público judío, que al igual que ‘sionista’ no es más que una señal codificada para decir ‘judío’”.

Mark Treyger, director ejecutivo del Consejo de Relaciones de la Comunidad Judía de Nueva York, sostuvo que la prohibición efectiva “viola absolutamente las leyes de derechos humanos de Nueva York que prohíben la discriminación”. “Convertir una taza de café en una prueba de identidad judía es una afrenta a la ley, a nuestros valores y a cada neoyorquino que rechaza la discriminación”, añadió.

Por qué la investigación federal tiene límites

El alcance legal de la investigación no está del todo definido. Tanto la ley federal como la legislación del estado de Nueva York prohíben la discriminación en establecimientos públicos por raza, religión, género y origen nacional, pero ninguna incluye las creencias políticas como categoría protegida.

La fiscal general del estado, Letitia James, la oficina del alcalde Zohran Mamdani y el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de la ciudad no respondieron a las consultas sobre posibles violaciones a las leyes de derechos humanos locales, según el New York Post.

Goldman se define como un “sionista convencido y firme defensor” de Israel y recibió USD 195.000 en aportes del Comité de Asuntos Públicos Americano-Israelí (AIPAC) y organizaciones afines durante el ciclo electoral actual, según registros electorales.

Una primaria como telón de fondo

El incidente ocurrió a 48 horas de las elecciones primarias del 23 de junio. Goldman disputa su escaño contra Brad Lander, ex contralor de la ciudad y candidato respaldado por Mamdani. Ambos son judíos y se identifican como “sionistas progresistas”, aunque Goldman rechazó en un debate reciente acompañar a Lander en calificar las acciones militares israelíes como “genocidio”.

El propio Lander tomó distancia del episodio. “Hay muchas formas de presionar a los funcionarios electos sin convertir las cafeterías en lugares donde la gente no se sienta bienvenida. Me alegra que Poetica haya retirado su publicación, y creo que la respuesta del representante Goldman fue extremadamente generosa”, dijo al New York Post.

La guerra en Gaza, que lleva más de dos años, generó una fractura profunda en el Partido Demócrata. Múltiples expertos en derechos humanos, académicos y una comisión de la ONU calificaron el conflicto como genocidio.

Israel describe sus operaciones como legítima defensa tras el ataque liderado por Hamás en octubre de 2023, que dejó 1.200 muertos y más de 250 personas tomadas como rehenes.

En una feria de empleo realizada en el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), en Tegucigalpa, cientos de personas acudieron desde temprano para entregar currículums, participar en entrevistas rápidas y postularse a plazas disponibles.

La jornada volvió a exponer el desempleo como una de las principales preocupaciones de la población económicamente activa en Honduras.

Largas filas de aspirantes rodearon el recinto desde el inicio de la jornada. La concurrencia mostró la búsqueda de trabajo y la necesidad de ingresos que enfrentan numerosas familias en el país.

Entre los asistentes había jóvenes recién egresados, estudiantes universitarios, profesionales con experiencia laboral, madres solteras y personas mayores de 30 años que dijeron enfrentar más obstáculos para reincorporarse al mercado laboral. Todos buscaban una fuente de ingresos estable para cubrir sus necesidades básicas.

Los testimonios de los asistentes

Las historias personales dieron cuenta de la situación. Una joven relató que busca empleo para continuar sus estudios y apoyar económicamente a sus padres. “Mi meta es poder trabajar y seguir estudiando al mismo tiempo, porque en casa también necesitan ayuda”, comentó mientras esperaba ser atendida.

Una madre soltera explicó que está desempleada y que la falta de ingresos complicó el sustento de sus hijos. Su testimonio se sumó al de otras mujeres que asistieron a la feria con la esperanza de obtener una plaza para mejorar su situación económica y garantizar la estabilidad de sus familias.

Los jóvenes también expresaron su frustración por la falta de respuestas tras múltiples intentos de inserción laboral. Uno de los participantes señaló que asistió a varias entrevistas sin obtener resultados. “Uno deja papeles, hace entrevistas, pero nunca llaman. Aunque sea un salario mínimo, uno necesita pagar alquiler, comida y servicios básicos”, lamentó.

Obstáculos para conseguir trabajo

A la situación se suma la preocupación de personas mayores de 30 años, que denunciaron discriminación por edad al aplicar a puestos de trabajo, pese a contar con experiencia y formación profesional. Según indicaron, ese factor reduce sus posibilidades de ser contratadas y agrava las dificultades para acceder a un empleo formal.

Durante la feria también participaron mujeres que decidieron postularse a puestos de seguridad privada, un sector dominado históricamente por hombres. Varias explicaron que la falta de oportunidades en otras áreas las llevó a ampliar sus opciones laborales, incluso hacia trabajos que tradicionalmente no eran considerados por mujeres.

Estudiantes universitarios y profesionales graduados coincidieron en que la situación laboral también es compleja para quienes cuentan con estudios superiores, ya que la falta de vacantes y la alta competencia dificultan el acceso a un empleo estable. Muchos aseguraron haber enviado decenas de solicitudes sin recibir respuesta.

La jornada de reclutamiento mostró un panorama que fue más allá de la feria: la oferta de trabajo no logra cubrir la demanda existente y miles de hondureños continúan en la búsqueda de una oportunidad para mejorar su calidad de vida.

Los asistentes coincidieron en que este tipo de eventos representa una esperanza, aunque resulta insuficiente frente a la magnitud del desempleo, que afecta a distintos sectores de la población sin distinción de edad, género o nivel académico.

La exvedette reveló que el Poder Judicial emitió una resolución favorable que le permitirá volver a utilizar las áreas comunes del inmueble, espacios a los que, según afirma, no podía acceder desde hace aproximadamente un año.

La noticia representa un alivio para la artista, quien durante los últimos meses denunció en reiteradas oportunidades sentirse víctima de actos de exclusión dentro del condominio donde reside. Para ella, la decisión judicial no solo significa recuperar derechos que considera fundamentales, sino también la validación de una lucha que emprendió cuando sintió que las medidas tomadas en su contra carecían de sustento legal.

Con evidente satisfacción, Deysi contó que la resolución le permite retomar el uso de espacios compartidos que forman parte de las instalaciones del edificio. Según explicó, la restricción impuesta por la administración la afectó profundamente porque sentía que estaba siendo tratada de manera distinta al resto de vecinos.

La exbailarina recordó que cuando decidió iniciar acciones legales lo hizo convencida de que estaba defendiendo derechos básicos que le correspondían como residente del inmueble. Por ello, considera que el reciente fallo representa un paso importante dentro de una disputa que aún no termina.

Deysi Araujo anuncia victoria judicial tras conflicto vecinal

Durante sus declaraciones, Deysi no ocultó la satisfacción que siente por el resultado obtenido. La figura mediática aseguró que fue una batalla larga y desgastante que le demandó tiempo, energía y una fuerte carga emocional.

La exvedette afirmó que durante varios meses tuvo que convivir con situaciones que consideró injustas y que afectaron su tranquilidad diaria. Sin embargo, decidió mantenerse firme y llevar el caso ante las instancias correspondientes. Ahora, con una resolución favorable de por medio, considera que su decisión de acudir a los tribunales fue acertada.

Incluso dejó entrever que planea celebrar esta victoria junto a algunas de sus amigas más cercanas. “Por supuesto. Con Susy, Paloma, la ‘Negra Petróleo’ y Marijane vamos a organizar un almuerzo o una gran cena, pero siempre respetando la tranquilidad y las normas de convivencia de todos mis vecinos de San Isidro”, comentó a trome.

La exvedette volverá a utilizar las áreas comunes del edificio

Uno de los principales motivos de la disputa estaba relacionado con el acceso a las áreas comunes del inmueble. Deysi sostiene que durante aproximadamente un año se le impidió utilizar determinados espacios compartidos pese a que cumplía con sus obligaciones como propietaria y residente.

Por esa razón decidió iniciar acciones legales contra quienes consideraba responsables de las restricciones. Según explicó, la reciente resolución le devuelve la posibilidad de utilizar nuevamente estos ambientes, algo que considera una reivindicación de sus derechos.

La artista sostiene que nunca entendió por qué se adoptaron medidas que, desde su punto de vista, no tenían respaldo legal. Por ello, la decisión judicial ha sido interpretada por ella como una demostración de que sus reclamos tenían fundamento.

La demanda por presunta discriminación sigue en curso

Aunque celebra esta victoria parcial, Deysi dejó claro que la disputa legal aún no ha terminado. Consultada sobre la posibilidad de retirar las denuncias que mantiene contra la administración del edificio, fue enfática al señalar que no tiene ninguna intención de hacerlo.

“Por supuesto que no. Lo de la discriminación que sufrí por parte de la administración del condominio no se va a quedar en el olvido”, manifestó. La exvedette considera que todavía existen aspectos que deben ser esclarecidos por las autoridades judiciales.

“Ahora solo falta el fallo definitivo de la demanda constitucional que les hice por discriminación y hostilidad clasista, porque ese proceso sigue su curso correspondiente ante los tribunales”, agregó al medio citado.

El respaldo de la Policía de San Isidro a Deysi Araujo

Otro aspecto que destacó durante sus declaraciones fue el apoyo que asegura haber recibido por parte de las autoridades. Deysi señaló sentirse respaldada y valoró especialmente el interés mostrado por efectivos de la Policía de San Isidro.

“Por supuesto, y lo bueno es que la policía de San Isidro me está apoyando. Hoy mismo me llamaron para preguntarme si ya está todo conforme en el edificio y si se respetan mis derechos legales; yo se los agradecí muchísimo por el noble gesto y la preocupación constante hacia mi seguridad”, afirmó. La exvedette explicó que este acompañamiento le ha permitido sentirse más tranquila en medio del conflicto.Asimismo, dejó claro que no considera cerrado el tema. “Las cosas no se van a quedar así”, puntualizó.

Las lágrimas de Deysi por los problemas que enfrentó con sus vecinos

La reciente victoria judicial contrasta con los difíciles momentos que atravesó hace apenas algunos meses. En abril de este año, Deysi Araujo reapareció visiblemente afectada para denunciar nuevos problemas relacionados con la convivencia en el edificio donde reside.

En aquella oportunidad, la exvedette no pudo contener las lágrimas mientras explicaba una situación que consideraba injusta. Según contó, la administración decidió incrementar el monto de mantenimiento que debía pagar mensualmente y, de acuerdo con su versión, la medida únicamente la afectaba a ella.

Cuando solicitó explicaciones, recibió una respuesta que la sorprendió. Le informaron que el incremento estaba relacionado con un supuesto consumo excesivo de agua.

Sin embargo, Deysi rechazó categóricamente esa afirmación. “Yo no lavo ropa ni cama en mi departamento; tengo todas las boletas que llevo a lavar mi ropa a la lavandería porque en mi departamento no tengo donde colgar ropa y no tengo secadora tampoco”, explicó entre lágrimas.

La artista sostuvo que no encontraba una justificación razonable para el aumento del mantenimiento, especialmente porque continuaba enfrentando restricciones para utilizar las áreas comunes.

“Ya no puedo más, esta gente se está sobrepasando conmigo (...) O sea, a como dé lugar, quieren sacarme dinero. No entiendo. Me cansa”, manifestó en aquel momento.

La noticia fue recibida con satisfacción por la artista, quien durante este tiempo aseguró sentirse marginada dentro del edificio donde vive. Para ella, el reciente pronunciamiento representa no solo la recuperación de derechos que considera fundamentales como propietaria, sino también una validación a la lucha que emprendió cuando sintió que las medidas tomadas en su contra no tenían sustento legal.

Tras conocerse el fallo, una de las primeras figuras en pronunciarse fue Magaly Medina, quien dedicó varios minutos de su programa para comentar la situación y expresar su respaldo a la exvedette. La conductora cuestionó duramente las restricciones que habría enfrentado Deysi y calificó el caso como un acto de discriminación.

Deysi Araujo obtiene fallo favorable tras disputa con vecinos

Durante los últimos meses, Deysi Araujo denunció públicamente que no podía acceder a diversos espacios compartidos dentro del condominio donde reside. Según su versión, las restricciones impuestas por la administración y algunos residentes le impedían utilizar instalaciones como la piscina, el gimnasio y otras áreas destinadas al uso común de los propietarios.

La exbailarina sostuvo en reiteradas oportunidades que estaba siendo tratada de manera distinta al resto de vecinos, motivo por el cual decidió recurrir a la vía legal para defender lo que consideraba un derecho legítimo.

Finalmente, la resolución emitida a su favor le permitirá volver a hacer uso de estas instalaciones mientras continúa el proceso relacionado con el conflicto vecinal que la enfrenta a algunos residentes del edificio.

Magaly Medina celebra la decisión judicial

Al comentar el tema en su programa, Magaly Medina inició observando las imágenes de las instalaciones del condominio y destacó algunas de las comodidades que ofrece el complejo residencial.

“Mejor vamos al gimnasio de la Deysi Araujo. Ese gimnasio parece más interesante y mejor equipado. Mira la piscina, pero me parece un poquito chica para tantos, tantos departamentos que hay en este condominio tan grande”, comentó.

Sin embargo, rápidamente dejó de lado las bromas para enfocarse en el conflicto que ha mantenido la exvedette durante los últimos meses.

Para la conductora, resulta difícil comprender cómo una propietaria puede ser impedida de utilizar espacios por los que también paga y que forman parte de los beneficios del inmueble donde reside.

“Eso es discriminación”: la contundente defensa de Magaly

Uno de los momentos más contundentes de su intervención llegó cuando cuestionó directamente las restricciones que habría sufrido Deysi dentro del edificio.

“Cómo es posible que no la dejaran usar la piscina, el gimnasio, el área de juegos, el área de reuniones a la Deysi. Eso es discriminación”, afirmó.

La periodista consideró que ninguna persona debería ser excluida de espacios comunes debido a diferencias sociales, económicas o por pertenecer al mundo del espectáculo.

Las razones que habrían generado el conflicto

Durante su comentario, Magaly también hizo referencia a algunos de los motivos que, según versiones difundidas anteriormente, habrían provocado incomodidad entre determinados vecinos del edificio.

Entre ellos mencionó las mascotas que posee la exvedette y las constantes visitas de personajes conocidos de la farándula nacional.

“Que a ellos no les gusta que ella tenga unas mascotas por cuyes y que tenga a todos los personajes de Chollywood siempre como invitados en su casa, que ellos sean raros, extraños, diferentes”, expresó.

Para la conductora, estas diferencias no justifican un trato desigual ni pueden convertirse en argumentos para limitar los derechos de un residente. Por el contrario, consideró que la convivencia implica aceptar que cada persona tiene un estilo de vida distinto.

“Su plata tiene el mismo color”: el mensaje de Magaly sobre inclusión

Magaly también aprovechó la oportunidad para defender el derecho de cualquier ciudadano a vivir donde considere conveniente, siempre que lo haga dentro del marco legal y cumpla con sus obligaciones como propietario.

“Bueno, ella también, su plata tiene el mismo color de la plata de los demás vecinos con los que se compraron su departamento. Así que hay que asumir no más que este es un país que necesita la inclusión”, sostuvo.

La frase se convirtió rápidamente en uno de los comentarios más comentados de la noche, ya que resumía la postura de la conductora frente a la polémica. Para Magaly, el acceso a una vivienda no puede estar condicionado por prejuicios relacionados con la profesión, la fama o el origen de una persona.

La conductora envía un mensaje a los vecinos

La periodista fue incluso más allá al dirigirse a quienes no estarían cómodos compartiendo espacios con la exvedette.

En ese sentido, recordó que cualquier persona tiene derecho a adquirir una propiedad donde desee si cuenta con los recursos para hacerlo.

“Este es un país que si tú tienes plata, pues te compras donde quieres. Si tú no, si tú no quieres vivir junto a Deysi Araujo, vende tu departamento, alquílalo y múdate. Sencillo. Pero estamos en democracia y así es. Quien tiene su plata se compra donde le da la gana”, manifestó.

Magaly también le hace una advertencia a Deysi Araujo

No obstante, Magaly dejó claro que respaldar a Deysi no significa ignorar las responsabilidades que implica vivir en un condominio.

Por ello, consideró importante recordar que todos los residentes deben respetar las normas de convivencia y entender que existen límites cuando se comparte un mismo espacio con decenas de familias.

“Ahora, lógicamente que cuando uno vive en un condominio tiene que ser un poco más respetuoso de hasta dónde puede llegar con sus libertades”, señaló.

La conductora explicó que la exvedette estaba acostumbrada a una dinámica distinta antes de mudarse a San Isidro, por lo que también debe adaptarse a las reglas del nuevo entorno.

“Pero Deysi Araujo está acostumbrada a vivir en su casa, en su barrio de San Juan de lurigancho, donde todas las semanas, pues ella tenía una fiesta, invitaba a sus amigos, nadie le decía nada porque su vecino hacía la misma fiesta parecida a la de ella”, comentó entre risas.

“Ya no estás viviendo allá”: el consejo final de Magaly

Finalmente, la conductora reconoció que la vida en un edificio suele ser muy distinta a la de una vivienda independiente y que algunos residentes pueden ser más estrictos respecto a temas relacionados con el ruido, las reuniones sociales o las visitas frecuentes.

Por ello, aunque defendió el derecho de Deysi Araujo a utilizar las áreas comunes y celebró el fallo favorable obtenido por la exvedette, también consideró necesario que se adapte a las reglas propias del lugar donde ahora vive.

“Hay que acostumbrarse también, pues Deysi, ya no estás viviendo allá. Y los vecinos acá parecen más quisquillosos”, concluyó.

El Senado mexicano aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para prohibir el uso del buró laboral —bases de datos que registran conflictos laborales de los trabajadores— como herramienta para condicionar contrataciones o despidos.

La iniciativa está pendiente de votación en la Cámara de Diputados y no podrá debatirse antes del 1 de septiembre, cuando el Congreso retome actividades tras el receso legislativo.

El dictamen, aprobado el 24 de marzo de 2026, lleva el nombre formal de “Decreto por el que se reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, en materia de uso indebido de datos personales en procesos de contratación”.

Qué es el buró laboral y por qué preocupa

El buró laboral es una base de datos no oficial que recopila información sobre el historial de conflictos laborales de los trabajadores. Sus registros provienen de los Centros de Conciliación Laboral y los Tribunales Laborales, donde queda asentado cualquier proceso legal iniciado por un empleado, sin importar si ganó o perdió el caso.

Diversas empresas han recurrido a estas listas para filtrar candidatos durante los procesos de selección. Un trabajador que alguna vez demandó a un patrón —aunque haya tenido razón— puede quedar marcado en el sistema y enfrentar obstáculos para conseguir empleo.

El documento oficial de la iniciativa, disponible en el Sistema de Información Legislativa (SIL) de la Secretaría de Gobernación, señala que esta práctica viola la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ya que los registros se comparten sin el consentimiento explícito del trabajador.

Lo que prohíbe la reforma

Si la iniciativa se convierte en ley, ningún empleador podrá crear, usar ni difundir listas o registros de trabajadores que impliquen discriminación o exclusión en el acceso al empleo. La reforma establece que esa conducta será considerada una práctica desleal y discriminatoria, sujeta a sanciones.

La norma también impediría que cualquier sistema de recolección de datos personales —plataformas de monitoreo, registros de desempeño algorítmico o bases de historial laboral— se use como argumento para tomar decisiones adversas contra un empleado, ya sea despedirlo o bloquear su contratación.

El artículo 133 de la LFT ya prohíbe que los patrones “tachen, señalen o pongan en índice” a los trabajadores para impedir que consigan empleo. La reforma busca actualizar ese marco ante el avance de las herramientas digitales de vigilancia.

Las voces que respaldaron el dictamen en el Senado

El senador Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (Morena) presentó el dictamen desde tribuna y afirmó que la iniciativa busca “eliminar mecanismos de discriminación en el mercado laboral” y que el buró laboral constituye una práctica discriminatoria y de exclusión.

El senador Saúl Monreal Ávila (Morena) argumentó que el trabajo no puede estar condicionado por “listas negras” y que el buró laboral “excluye y silencia”. Señaló que por ninguna situación se podrán emplear registros que usen o difundan datos personales de trabajadores para limitar o condicionar su acceso al empleo.

El calendario que frena la reforma

La iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados tras su aprobación en el Senado, pero el Congreso entró en receso antes de que pudiera votarse en el pleno de San Lázaro. La Comisión Permanente, activa hasta el 31 de agosto, no tiene facultades para dictaminar proyectos de ley.

El debate solo podrá retomarse a partir del 1 de septiembre de 2026, cuando inicie el siguiente periodo ordinario. De aprobarse sin modificaciones, la reforma entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El texto completo del dictamen está disponible en el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México informó sobre las actividades dentro de su agenda social, en el contexto del Mundial 2026, celebrado el próximo 11 de junio.

En colaboración con el Gobierno mexicano, la organización coordina una serie de acciones orientadas a promover la inclusión, los derechos fundamentales, la equidad y la sostenibilidad a lo largo de este evento deportivo.

Bajo el enfoque del llamado Mundial Social, más de 15 agencias del sistema de Naciones Unidas han sumado esfuerzos para poner en marcha más de 100 actividades y 10 campañas, articuladas en torno a 11 ejes estratégicos. El objetivo principal es capitalizar el alcance del fútbol como herramienta de transformación social y desarrollo comunitario.

El plan integral contempla propuestas que van desde la integración y cohesión social hasta la sostenibilidad ambiental, pasando por la protección de la infancia, la igualdad entre géneros y la seguridad en todos los niveles. Estas líneas de acción buscan que el torneo deje una huella positiva en la vida de las personas y en el tejido social del país.

Ejes clave de la agenda social para el Mundial 2026

Uno de los ejes centrales es la inclusión y cohesión social, con iniciativas deportivas y comunitarias orientadas a facilitar la participación de personas migrantes, refugiadas y habitantes de las comunidades anfitrionas. Se promueve el acceso igualitario a las actividades mundialistas para todos los sectores de la población.

La defensa de los derechos humanos y el combate a la discriminación ocupan un lugar prioritario dentro del programa, donde se desarrollarán campañas y acciones para erradicar el racismo, la xenofobia y la violencia, así como para fortalecer la protección institucional de los grupos vulnerables. La igualdad de género es otro pilar, impulsando campañas interagenciales y la promoción activa del fútbol femenino.

Asimismo, la protección de la infancia y la juventud se aborda mediante iniciativas para crear espacios seguros, prevenir la explotación y fomentar la convivencia positiva a través del deporte. Al mismo tiempo, se han desplegado campañas para prevenir la trata de personas y para promover un turismo responsable y seguro, involucrando tanto a actores públicos como privados.

Estrategia para un empelo digno en las ciudades sede y medidas de sostenibilidad

En el ámbito laboral, la campaña “Tarjeta Roja al Trabajo Infantil” y estrategias para promover el empleo digno buscan dejar un legado positivo en las ciudades sede. El bienestar y la salud también son prioridades, con acciones para garantizar la seguridad sanitaria en eventos multitudinarios, campañas de salud y educación sexual integral.

La agenda contempla medidas de integridad y anticorrupción, el fortalecimiento de la seguridad y la transparencia, así como la adopción de buenas prácticas ambientales. La sostenibilidad incluye la reducción de residuos y el uso de energías limpias en la organización del campeonato.

Finalmente, el eje de voluntariado y legado pretende que los beneficios sociales y urbanos del torneo se mantengan en el tiempo, mediante la promoción de la participación ciudadana, la planificación urbana sostenible y el fortalecimiento de capacidades locales. Con este enfoque, la ONU México aspira a que el Mundial 2026 trascienda lo deportivo y se convierta en motor de progreso social.

Agenda social social de la ONU México durante la Copa del Mundo

Inclusión, integración y cohesión social

• ACNUR: Curso de formación en entrenadores comunitarios con Fundación FIFA (spotlight en refugio, desplazamiento interno y movilidad), inserción laboral en ciudades sede (Clubhouse ACNUR en Zapopan), integración a través de proyectos deportivos (Street Child World Cup, Ligas por la Inclusión, Mundialito Mixto, Mundial Social), torneo deportivo con la ONU en hogar en Aguascalientes.
• OIM: Municipalidades Mixtas, Equipos por la Inclusión, inclusión deportiva para cohesión social e integración de migrantes.
• CINU: Acceso a partidos para poblaciones vulnerables.
• ONU Habitat: fomento de la equidad ciudadana e integración urbana en sedes.

Prevención de la trata de personas, protección y turismo seguro

• OIM: Acompañamiento a campaña “Un Mundial sin Trata”; fortalecimiento institucional y carta de derechos.
• UNODC: Implementación de la Campaña Mundial sin Trata y acompañamiento a ITS y Pacto 2026 en México, elaboración de herramientas de prevención y capacitación a anfitriones de Airbnb.
• UNICEF/OIT: Protección en turismo y transporte; enfoque infancia y trabajo.

Trabajo decente y trabajo infantil

• OIT: Campaña “Tarjeta Roja al Trabajo infantil”; inclusión laboral en planes de ciudades sede, capacitación a comités.

Integridad, anticorrupción y seguridad

• UNODC: Fortalecimiento de capacidades de organizaciones deportivas (IM, SESNA), entre otras; instalación de comités de integridad; implementación del Programa Mundial de Integridad en el Deporte; prevención del amaño de partidos y manipulación de resultados.
• SRE: Seguridad aeroportuaria, identificación de aerolíneas y documentos apócrifos.

Sostenibilidad ambiental

• PNUMA: Reducción de plásticos de un solo uso, capacitación a comités organizadores, lineamientos ambientales.
• OACI: combustibles sostenibles en aviación.
• ONU Hábitat: Implementación de Buen Buentrip.

Sensibilización, comunicación y movilización social

• CINU: Coordinación de más de 150 actividades en Aldea Global (ver Programa); exposiciones, activaciones, conversatorios, conferencias, experiencias digitales y campañas en ciudades sede, proyectos de arte urbano y cultura de paz.
• UNICEF: “#NiñezEsPrimero” y “#MiMundialSinTrata”.
• ONU Mujeres: “+Igualdad” y “Fútbol sin Violencias”.
• UNESCO: “La Maldición Racista”.
• ACNUR: “Goles por la Inclusión”.
• OIM: “Municipalidades Mixtas”.
• OIT: “Tarjeta Roja al Trabajo Infantil”.
• FIFA y IVV.

Derechos humanos, no discriminación y antirracismo

• ONU-DH: Consulta Regional sobre discriminación, racismo y xenofobia.
• UNESCO: Campaña “La Maldición Racista”.
• ONU Mujeres: “+Igualdad” y “Fútbol sin violencias”.
• PNUD: Informe “El fútbol no es para los ganadores”.
• ONU/IIPE: Formación de capacidades en derechos humanos para escuelas de fútbol y comités organizadores.

Igualdad de género y prevención de violencias

• ONU Mujeres: Prevención y atención de violencia, campañas interagenciales, capacitación internacional, posicionamiento del fútbol femenino, prevención de acoso y hostigamiento.
• ONU/UNESCO: Prevención de violencias de género, transformación cultural, masculinidades positivas.
• ONU-DH y UNICEF: Sensibilización contra violencias y talleres de empoderamiento.
• ONU/IIPE: Formación de capacidades en valores cívicos.

Protección de niñas, niños y adolescentes

• UNICEF: Puntos Azules, Tarjeta Azul UNICEF, ONU Mujeres y FIFA/IVV; contra violencia sexual, explotación y trata; protección de derechos y participación infantil.
• PNUD: Participación de juventudes.
• UNICEF: “#NiñezEsPrimero” y “#MiMundialSinTrata”.
• FIFA/IVV: Colaboración con la Academia Borussia Dortmund.

Salud, prevención y bienestar

• OPS/OMS: Seguridad sanitaria; atención para detectar y prevenir enfermedades transmisibles; campañas de salud sexual y reproductiva, salud mental.
• UNFPA: Educación integral en sexualidad y prevención de embarazo adolescente.
• UNICEF: Alimentación saludable, “Estadio Vital”.

Voluntariado y legado

• UNV: Año Internacional del Voluntariado 2026; activaciones FIFA e IVV; promoción del voluntariado y proyectos de legado.
• ONU Hábitat: Proyectos urbanos y “Legado Monterrey”; empresas sociales y economía circular.
• UNESCO: Fortalecimiento de capacidades locales y promoción de la participación ciudadana.

James Byrd Jr. fue arrastrado vivo durante casi tres kilómetros por una ruta de tierra en el este de Texas en la madrugada del 7 de junio de 1998. Su cuerpo apareció despedazado en 75 puntos distintos a lo largo del camino. Tenía 49 años y lo mataron por ser negro.

La escena que encontró el sheriff del condado de Jasper, Billy Rowles, esa mañana de domingo no tenía precedentes en la historia reciente de Texas, Estados Unidos. Rowles conducía hacia Dallas para un torneo de golf cuando escuchó por radio que habían hallado un cuerpo en Huff Creek Road. Dio media vuelta. Al llegar, vio marcas en el suelo que confundió con huellas de neumáticos. No lo eran: era el rastro que había dejado el cuerpo de Byrd al ser arrastrado.

Nacido el 2 de mayo de 1949 en Beaumont, Texas, Byrd era el mayor de ocho hermanos. Creció en Jasper, un pueblo del este de Texas con historial de conflictos raciales. Su familia era parte central de la iglesia Greater New Bethel Baptist: su padre, James Byrd Sr., era diácono y su madre, Stella, daba clases de escuela dominical.

Byrd se destacó en la escuela pero no fue a la universidad. Poco después de terminar el secundario se casó y tuvo tres hijos. En la adultez, una caída lo dejó con una discapacidad y vivía solo en Jasper, separado de su mujer. Se ganaba la vida como vendedor y seguía tocando música, el piano y la trompeta, y lo convocaban para cumpleaños, funerales y otros eventos del pueblo.

Sus vecinos y amigos lo recuerdan como un hombre jovial e inofensivo. “Era un payaso bueno”, dijo Keith Adams, uno de sus vecinos, al Texas Tribune, medio local de Texas. “Siempre cantando, siempre haciendo imitaciones”. Su hermana menor, Louvon Byrd Harris, de 65 años, lo describió como el comediante y protector de la familia. “No podés imaginar quién en el mundo podría enojarse tanto con James como para matarlo”, dijo.

La madrugada del 7 de junio de 1998, Byrd salió de la casa de sus padres y caminaba solo por Huff Creek Road cuando tres hombres blancos le ofrecieron llevarlo en su camioneta. Byrd conocía a uno de ellos, Shawn Allen Berry, de verlo por el pueblo. Aceptó el viaje.

En lugar de llevarlo a su casa, Berry condujo hasta un camino rural aislado en las afueras de Jasper. Allí, los tres hombres golpearon a Byrd y orinaron sobre él. Luego le ataron los tobillos a la parte trasera de la camioneta con cadenas de madera y lo arrastraron por casi tres kilómetros.

Byrd estuvo vivo al menos durante los primeros kilómetros del recorrido. Su cuerpo se fue despedazando a lo largo del trayecto. Los restos aparecieron dispersos en 75 puntos distintos del camino: el torso fue hallado a aproximadamente un kilómetro y medio de su cabeza. Los tres hombres dejaron lo que quedaba pegado a la camioneta en un cementerio de la comunidad negra antes de irse a comer.

La policía pudo identificar a la víctima por sus huellas dactilares. Rowles describió después que al llegar a la escena encontró también un manojo de de pruebas: llaves, latas de cerveza vacías y un encendedor con un símbolo invertido que su oficina identificó como el emblema del Ku Klux Klan.

Un testigo que había visto a Byrd subirse a una camioneta esa noche orientó la investigación. La descripción del vehículo coincidía con el de Berry, quien convivía con John William King y Lawrence Russell Brewer, dos supremacistas blancos conocidos por las autoridades locales. Los tres fueron detenidos ese mismo domingo por la noche.

King era oriundo de Jasper y tenía tatuajes que expresaban abiertamente su odio racial, entre ellos uno de un hombre negro ahorcado con una soga al cuello. Los residentes del pueblo sabían que era integrante del KKK. Brewer pertenecía a una banda supremacista blanca. Durante el juicio, los fiscales presentaron una carta que King intentó enviarle a Brewer desde la cárcel en la que glorificaba el crimen.

“Hagamos historia y muramos recordados con orgullo si es necesario… Con mucho amor ario, respeto y honor, mi hermano en armas”, escribió King en esa carta, según informaron medios estadounidenses.

Los documentos judiciales revelaron además que King había hablado de desatar una guerra racial y de iniciar a los miembros de su banda supremacista obligándolos a secuestrar y asesinar personas negras. El jurado lo condenó tras deliberar poco más de dos horas.

Los tres juicios se realizaron por separado. King y Brewer fueron condenados a muerte. Berry recibió cadena perpetua: los fiscales consideraron que, a diferencia de los otros dos, no compartía las convicciones supremacistas de sus cómplices. Podrá intentar salir en libertad condicional en 2038.

Las condenas marcaron un hito judicial: fue la primera vez en la historia de Texas que alguien recibió una pena por haber participado en el linchamiento de una persona negra en ese estado.

Tras su condena, King fue llevado al corredor de la muerte en 1999. Rowles contó que en ese momento King le ofreció revelar todos los detalles del crimen en cuanto sus cómplices fueran condenados. Cuando el sheriff volvió a buscarlo, King solo dijo: “Yo no estuve ahí”. “Nos manejó como a unos tontos, haciéndonos ir hasta allá pensando que íbamos a escuchar el resto de la historia”, declaró Rowles al diario británico The Guardian.

Cientos de personas se congregaron dentro y fuera de la funeraria el día del entierro de Byrd. Entre los presentes estaban Kweisi Mfume, presidente de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP); el basquetbolista Dennis Rodman, que cubrió los gastos del funeral y realizó una donación a la familia; y el promotor de boxeo Don King, que entregó 100.000 dólares a la familia para solventar gastos.

Ocho meses después del asesinato, la familia de Byrd creó la Fundación Byrd para la Curación Racial, una organización que instaló una línea de atención telefónica a la que llamaban personas de todo Texas para denunciar casos de discriminación o maltrato dentro del sistema judicial. La fundación también ofreció asesoramiento y ayudó a las víctimas a visibilizar sus casos.

En 2001, el entonces gobernador de Texas Rick Perry promulgó la “Ley de Crímenes de Odio James Byrd Jr.”, que aumentó las penas para delitos motivados por la raza, el color, la discapacidad, la religión, el origen nacional, la edad, el género o la preferencia sexual de la víctima. La madre de Byrd, Stella, impulsó su aprobación.

El entonces gobernador de Texas George W. Bush —luego presidente de Estados Unidos— había rechazado respaldar la medida durante su mandato, con el argumento de que “todos los crímenes son crímenes de odio”, una postura que frustró profundamente a la familia de Byrd.

En 2009, el Congreso de Estados Unidos aprobó la “Ley de Prevención de Crímenes de Odio Matthew Shepard y James Byrd Jr.”, que el presidente Barack Obama promulgó. La norma amplió el alcance de la ley de crímenes de odio de 1969 e incorporó como categorías protegidas el género, la identidad de género, la discapacidad y la orientación sexual. Shepard era un joven de 21 años de Wyoming que en 1998 fue secuestrado por dos hombres, atado a una cerca, golpeado brutalmente y abandonado hasta morir por ser gay.

Lawrence Russell Brewer fue ejecutado en 2011 por el crimen de Byrd. Una semana antes de su muerte, Rowles lo visitó en el corredor de la muerte. Brewer confirmó entonces que “toda la idea había sido de Bill King”.

King fue el segundo en ser ejecutado. El 24 de abril de 2019, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas votó por unanimidad rechazar su pedido de conmutación o de una prórroga de 120 días. La Corte Suprema de Estados Unidos también desestimó su apelación de último momento. Esa noche, a las 19:08, King fue declarado muerto en la Penitenciaría Estatal de Texas en Huntsville, doce minutos después de que comenzara a administrársele el fármaco pentobarbital. Tenía 44 años. Mantuvo los ojos cerrados durante toda la ejecución y nunca giró la cabeza hacia los familiares de su víctima. Cuando el alcaide Bill Lewis le preguntó si quería hacer una declaración final, respondió: “No”.

Mientras los testigos de la ejecución salían de la prisión, unas veinte personas reunidas en la calle comenzaron a aplaudir.

King había sostenido durante años su inocencia. Sus abogados argumentaron ante la Corte Suprema que sus derechos constitucionales habían sido violados porque sus defensores en el juicio no presentaron su reclamo de inocencia. En una entrevista con la agencia de noticias estadounidense AP, en 2001, King había admitido ser un “racista declarado” pero negó ser “un asesino movido por el odio”.

Louvon Byrd Harris, la hermana de la víctima, dijo que la ejecución de King envió “un mensaje al mundo de que cuando hacés algo horrible así, tenés que pagar la pena más alta”. Y agregó que, comparado con “todo el sufrimiento” que padeció su hermano, King y Brewer tuvieron “una salida fácil”.

La tumba de Byrd en el cementerio municipal de Jasper fue profanada en dos ocasiones. La familia debió instalar una reja de hierro alrededor del sepulcro para protegerlo. “Ahí supimos que todavía teníamos muchísimo trabajo por hacer”, dijo Harris al Texas Tribune.

Al año siguiente del crimen, la ciudad de Jasper inauguró el Parque Memorial James Byrd Jr., un espacio donde, según los residentes, niños blancos y negros suelen verse jugando al básquet juntos.

La fundación familiar colocó además un banco conmemorativo frente al Tribunal del Condado de Jasper para el 20° aniversario del crimen, con la inscripción: “Sé el cambio que querés ver en el mundo”.