La aparición de la madre de Lourdes Fernández —conocida artísticamente como Lowrdez— en el ciclo de Flor de la V llegó en medio de la repercusión que generó el descargo público que la cantante publicó en sus redes sociales. Allí, la integrante de Bandana respondió con fuerza a quienes la critican por su físico: “¿Por qué no se van a la mierda los que todo el tiempo comentan que estoy gorda?”, escribió en una historia de Instagram, y agregó: “Busquen modelos o métanse en otro perfil si no les gusta”.

Mabel confirmó que el tema no le es ajeno a la familia: “Sí, lo veníamos hablando. Lo está trabajando”, dijo ante la conductora. Sin embargo, aclaró que la situación tampoco la toma por sorpresa, dado que como médica convive cotidianamente con casos similares. “Esto que le pasa a Lourdes yo lo veo diario en mi práctica médica. Tampoco me sorprende”, señaló con una sonrisa.

La mirada profesional de Mabel le dio un marco particular a su intervención. Explicó que entre sus pacientes jóvenes con problemas metabólicos, el daño que generan las opiniones externas sobre el cuerpo es una constante. “Mi mensaje siempre es que dejen la mirada atrás. La única mirada que importa es la de uno mismo”, sostuvo.

La conductora de Los Profesionales, Flor de la V, sumó su propia lectura: “Te volvés esclava de las opiniones. Y ahí dejás de disfrutar. No solo te afecta a vos misma, porque ella dice que le afecta el sobrepeso y además le afectan las críticas. Entonces estás metida en un merengue que para la cabeza debe ser insostenible”. Mabel asintió sin dudar.

En un momento del diálogo, Mabel eligió correrse del tema del hate y poner el acento en otro lado: la agenda artística de su hija. “Acá lo que a ella más le importa, y al resto de sus compañeras, es que Bandana se presenta en el Gran Rex y tienen una gira para Mendoza. De lo que hay que hablar de Lourdes...”, dijo, y cerró la idea con una frase corta y directa: “Se fue... punto”.

El gesto habló por sí solo: para Mabel, el ruido alrededor del físico de su hija opaca lo que realmente está en juego para el grupo, que prepara una nueva etapa sobre los escenarios.

El descargo de Lowrdez en Instagram no se limitó a responder las críticas. La cantante también explicó el contexto médico detrás de los cambios físicos que sus seguidores señalan. “Me sacaron el útero, tuve complicaciones”, escribió, y mencionó que debió recibir corticoides y “medicación de todo tipo” para atravesar problemas personales.

Lourdes Fernández atravesó una histerectomía completa —con extracción del útero y ambos ovarios— a causa de múltiples miomas y un útero agrandado. La operación coincidió con el final de su relación con Leandro García Gómez, quien afronta un proceso judicial por lesiones leves, privación ilegítima de la libertad y amenazas coactivas. En ese contexto, la cantante también debió resignar su proyecto de maternidad.

“La presión que ejercen sobre mí más la que yo siento por no sentirme bien en un cuerpo que no me gusta es una mierda”, escribió Lowrdez en su historia. Una frase que, según su madre, refleja un proceso que Lourdes transita con acompañamiento y que, poco a poco, va trabajando.

El creador de contenido de origen alemán, conocido en redes como Nea Alemán, relató el episodio en un video y aseguró que la mujer rechazada en la puerta era su novia.

Según su propio relato, la situación se repitió dos veces la misma noche, con una justificación distinta en cada intento. El creador nunca reveló el nombre del establecimiento, mientras caminaba por las calles de la ciudad tomado de la mano de su pareja.

El personal del bar cambió de excusa en el segundo intento

La primera vez que Luca Mariano quiso ingresar con su novia, el personal apeló a un motivo genérico. “Ah, hay un evento privado”, le dijeron, según el video que él mismo publicó.

Sin embargo, en un segundo intento de tratar de ingresar a otro establecimiento del mismo tipo, ocurrió una situación similar después, pues la seguridad o logística del lugar al sospechar que ejercía trabajo sexual, pese a que la joven es oriunda de Medellín.

Minutos después, Mariano volvió a intentarlo. Esta vez mencionó que conocía a una empleada del lugar y que quería grabar contenido para mostrarlo en sus redes.

El discurso del personal cambió por completo. “Tenemos un problema, es por las chicas”, le respondieron, y le explicaron que el bar no permitía el ingreso de mujeres bajo sospecha de ejercer trabajo sexual.

Luca Mariano exigió explicaciones por la confusión con trabajadoras sexuales

La reacción del creador fue de indignación inmediata. “Nosotros somos de Medellín y son las novias de nosotros, qué hijue... mierda es eso”, expresó en el video.

Hasta el momento, Mariano no identificó públicamente el bar señalado y tampoco se conoce una respuesta oficial del establecimiento sobre la denuncia difundida en redes sociales.

Las reacciones en la publicación de Luca no tardaron en aparecer y rápidamente dejaron mensajes como: “Se escudan a veces también en el código de vestimenta”; “Se llama filtro para que la gente que va a este tipo de lugares no se encuentre con cualquiera allí dentro”, entre otros.

Luca ya había sido tendencia en redes sociales luego de compartir una publicación después de visitar Barrio Antioquia durante un evento gratuito de fútbol callejero que ofrecieron algunos artistas del género urbano.

Según expuso, se llevó una amarga experiencia al ver a varias personas en las calles consumiendo sustancias alucinógenas sin temor a ser descubiertas por las autoridades especialmente en jóvenes entre los 16 y 18 años.

En 2022, un joven denunció que le negaron una reserva por su acento costeño

Cartagena registra antecedentes de rechazos justificados con el argumento de que se busca impedir el ingreso de trabajadoras sexuales.

El diario reportó otro caso distinto de discriminación en 2022, esta vez motivado por el acento del cliente y no por su color de piel. Félix Ladrón de Guevara, de 26 años, denunció que el restaurante El Candé, ubicado en el barrio San Diego, le negó una reserva telefónica.

El joven aseguró que, tras la negativa, pidió a un acompañante extranjero que llamara en inglés al mismo número. La reserva se concretó de inmediato para dos mesas.

“Como yo sé cómo funciona todo aquí, le dije al novio de mi hermana y le pedí que hablara en inglés, como consta en el registro, y él habló. “Mágicamente aparecieron dos mesas”, relató Ladrón de Guevara al diario.

El restaurante emitió un comunicado en el que negó cualquier tipo de segregación contra el cliente. La empresa argumentó que revisó el procedimiento de atención y concluyó que había sido el adecuado.

La edición 43 del Maratón Ciudad de México contó con la participación de miles de personas, tanto profesionales como aficionados del atletismo, entre ellos personas con discapacidad.

Sin embargo, el evento deportivo ha sido señalado de discriminación y capacitismo, luego de que activistas y colectivos denunciaron una brecha “abismal” en los premios entre corredores y atletas en silla de ruedas, ceguera, o discapacidad visual.

Guz Guevara, activista anticapacitista, destacó que los primeros lugares absolutos (personas sin discapacidad) por rama reciben 50 mil dólares, lo que equivale a 850 mil 735 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio al día del Maratón.

Esto es 789 mil 735 pesos mayor a los 61 mil pesos que recibe el primer lugar por rama en la categoría de atletas con discapacidad.

Esto también ocurre en el segundo y tercer lugar, con una brecha de 303 mil 294 pesos y 152 mil 147 pesos, respectivamente.

En su cuenta de Instagram, el activista calificó al Maratón Ciudad de México como capacitista y lo cuestionó la diferencia entre los premios.

“¿Lxs atletas con discapacidad merecen menos? El Maratón de la Ciudad de México 2026 tuvo abismales diferencias entre los premios de las categorías sin discapacidad y con discapacidad: en el primer lugar, por ejemplo, hablamos de aproximadamente 850 mil pesos mexicanos frente a 61 mil pesos mexicanos.

“No significa que haya un menor esfuerzo, disciplina o talento. Significa que seguimos siendo sometidxs a un sistema capacitista que históricamente ha colocado un valor y mirada de inferioridad sobre nuestros cuerpos”, escribió en la red social.

En este sentido, hizo un llamado a que los deportistas con discapacidad sean premiados de la misma forma que los atletas sin discapacidad y exigiendo que se erradique el capacitismo en el deporte.

La organización Yo También coincidió con la denuncia entorno a la diferencia entre los montos para los ganadores; no obstante, indicó que a esa disparidad se suma que, por la modalidad de recorrido —en particular en los equipos de sillas para atletismo—, los tiempos entre paratletas y corredores sin discapacidad registran distancias de más de media hora.

Según el colectivop, este año, la diferencia entre los primeros lugares varoniles fue de 30 minutos con 48 segundos: el paratleta mexicano Gonzalo Valdovinos terminó en 1:39:15 horas, mientras que el atleta peruano Cristhian Pacheco registró 2:10:03 horas.

¿Qué dice el Reglamento del Maratón?

El Reglamento del Maratón CDMX establece que la categoría de personas con discapacidad motriz (silla de ruedas) “será premiada únicamente en su categoría” y que estos participantes no entran en la premiación de los ocho lugares absolutos.

También señala que, para todas las categorías, es indispensable la participación de 25 corredores inscritos como mínimo para acceder al premio correspondiente, requisito que no aplica en personas con discapacidad visual y silla de ruedas.

Acusan uso de lenguaje obsoleto e inadecuado

Yo También acusó que a esto se sumó el uso de lenguaje obsoleto e inadecuado para nombrar las categorías de participantes con discapacidad.

Yo También señaló que de acuerdo con la convocatoria del Maratón, en el apartado “Ramas y categorías” se considera a las personas con discapacidad visual como aquellas con ceguera total, parcial y “débiles visuales”.

Comentó que esa forma de nombrar a las personas con baja visión —término aceptado— presupone dificultad o debilidad y deriva en una referencia negativa.

También indicó que la convocatoria pide a las personas con discapacidad visual interesadas en participar presentar un certificado médico original para acreditar su “debilidad visual”, avalado por una institución pública.

Los paratletas inscritos deben correr con un guía y un antifaz obligatorio. No obstante, en las especificaciones para acompañantes se menciona a corredores “de baja visión”.

Por ello, la organización cuestionó por qué no se usa el término adecuado a lo largo de todo el documento.

En el apartado “Bases”, donde se detallan los horarios de salida por bloque, la convocatoria vuelve a catalogar al grupo como “bloque de silla de ruedas y débiles visuales”.

Clasifica la premiación como “capacidades diferentes”

En la sección “Premiación”, los estímulos dirigidos a personas con discapacidad se clasifican como “Categorías con capacidades diferentes”.

En el mismo apartado, la convocatoria cita a las personas usuarias de silla de ruedas como “discapacidad motriz”, mientras que a la población con discapacidad visual de nueva cuenta la nombra como “débil”.

El colectivo sostuvo que, con o sin discapacidad, todas las personas tienen capacidades diferentes, por lo que usar ese término para referirse a quienes viven con alguna condición resulta contrario al modelo social de discapacidad.

Asimismo, añadió que se trata de un concepto en desuso y eliminado de la Constitución desde 2006.

En los resultados de atletas con discapacidad, en silla de ruedas femenil el primer lugar es para Brenda Osnaya (México) con 2:00:20; el segundo, para Yeni Aidé Hernández (México) con 2:00:24, y el tercero, para Evelyn Enciso (México) con 2:19:50. En silla de ruedas varonil, el primer lugar corresponde a un atleta de México con 1:39:15; el segundo, a Pedro Gandarilla (México) con 1:39:50, y el tercero, a Luis Francisco Sanclemente (Colombia) con 1:40:46.

En la categoría de ciegos y débiles visuales varonil, el primer lugar es para Miguel de Jesús Hernández (México) con 2:54:47; el segundo, para Leonardo Villafaña (México) con 2:56:03, y el tercero, para Francisco Hernández (México) con 4:45:53. En ciegas y débiles visuales femenil, el primer lugar lo obtiene María de los Ángeles Herrera (México) con 3:48:31; el segundo, Maribel Tolentino Ángeles (México) con 3:51:56, y el tercero, Palmira Martínez Cárdenas (México) con 4:00:45.

Un análisis sobre 22 modelos de lenguaje de gran escala (LLM) identificó que los sistemas de inteligencia artificial usados para recomendar especialistas tienden a favorecer perfiles ya visibles y pueden dejar fuera a investigadores, con efecto en las oportunidades profesionales cuando se los consulta para elegir conferencistas, supervisores o expertos.

El trabajo, liderado por la científica informática Lisette Espín-Noboa, del Complexity Science Hub (CSH) de Viena, también mostró que las mejoras aplicadas para corregir esos sesgos elevan la precisión o la representación social, pero no ambas al mismo tiempo, informó el portal especializado en ciencia y tecnología TechXplore.

Uno de los datos más claros apareció en la medición de exactitud factual: entre el 63% y el 82% de las recomendaciones correspondían a científicos reales presentes en la base de referencia. En diversidad, los resultados oscilaron entre 44% y 69%, mientras que en paridad —que mide si la proporción de académicos recomendados refleja su peso real en el campo, por ejemplo, entre hombres y mujeres— se ubicaron entre 54% y 60%.

En el estudio se preguntó a quién considera experto una inteligencia artificial. La respuesta, conforme al portal, es que los modelos reproducen desigualdades previas y pueden intensificarlas al recomendar con más frecuencia a hombres, académicos consolidados de Estados Unidos y autores con alta citación.

Modelos reconocen nombres, pero fallan en especialidades

En una primera investigación, disponible en el archivo de prepublicaciones arXiv, el equipo examinó seis modelos de pesos abiertos —cuyo código y parámetros son de acceso público— para medir consistencia, precisión y sesgo social en tareas de recomendación dentro de la física. Para eso usó como referencia una base de más de 450.000 científicos que publicaron en revistas de la American Physical Society entre 1893 y 2020.

Espín-Noboa explicó que, cuando pidieron a los modelos identificar académicos en subcampos específicos de la física, la mayoría citó científicos reales, pero asignó mal su área en 40% de los casos, en promedio. También observó que los sistemas priorizaron expertos varones, de mayor antigüedad, radicados en Estados Unidos y ampliamente citados.

La investigadora describió una consecuencia concreta en el ámbito académico: “Un organizador de conferencias puede usar LLM para encontrar posibles oradores principales. Si tu nombre nunca aparece, eres invisible y perderás oportunidades”. Esa omisión, según el estudio, no es marginal cuando la recomendación automática empieza a reemplazar búsquedas humanas.

Las mujeres han estado históricamente subrepresentadas en física, pero aun así representan entre 14% y 32% de los investigadores en el registro científico, según el subcampo y la época. “Sin embargo, la mayoría de los LLM recomendó incluso menos mujeres que esa base ya baja, y en algunos casos ninguna”, señaló Espín-Noboa.

El patrón se repitió en etnicidad. Aunque los académicos asiáticos son el grupo demográfico más numeroso en la base de la American Physical Society (APS), en la mayoría de los casos los modelos sobrerrepresentaron a investigadores blancos, mientras que científicos negros y latinos a menudo no aparecieron.

Los nombres sugeridos, además, se concentraron de forma abrumadora entre los investigadores con más publicaciones y citas, muy por encima del físico típico del campo. En los modelos más pequeños también apareció una tendencia a agrupar recomendaciones dentro de los mismos países, lo que redujo todavía más la diversidad geográfica.

Espín-Noboa precisó: “En conjunto, estos patrones muestran que los LLM no solo reflejan desigualdades existentes: pueden amplificarlas, reforzando una dinámica en la que quienes ya son visibles se vuelven más visibles y quienes ya están marginados permanecen sin ser vistos”.

El banco de prueba no halló mejoras totales

Tras ese primer trabajo, el equipo desarrolló LLMScholarBench, un banco de evaluación con nueve métricas para medir calidad técnica y representación social en recomendaciones generadas por IA. La herramienta se aplicó a 22 modelos, de los cuales 20 eran de pesos abiertos y dos propietarios —de acceso cerrado y desarrollo privado—.

Las nueve métricas abarcan factualidad, diversidad, validez, duplicados, consistencia, rechazo, conectividad, similitud y paridad. El sistema permite comparar familias de modelos como Gemini, GPT, Llama, Qwen, DeepSeek, Grok, Mistral y Gemma, y revisar su desempeño en cada criterio.

Entre los hallazgos, los modelos de DeepSeek y Gemini quedaron entre los mejor posicionados en exactitud factual. En diversidad lideraron los modelos de DeepSeek, mientras que en paridad encabezaron los de Gemma.

El equipo probó cuatro intervenciones controladas por el usuario. Entre ellas figuró la generación aumentada por recuperación, conocida como RAG, que consiste en indicar al modelo que busque información en la web en lugar de responder solo con datos de entrenamiento, y ajustes de instrucciones, indicaciones explícitas para orientar al chatbot hacia respuestas más equilibradas en lo social, conocidos como ingeniería de prompts.

“El RAG mejora la calidad técnica, en particular la exactitud factual, y la ingeniería de prompts orienta la representación social tal como se pide. Pero incluso al combinar ambos, la compensación persiste: mejorar todas las métricas a la vez sigue siendo difícil”, afirmó Espín-Noboa.

La investigadora añadió que, en diversidad y paridad, “claramente hay margen de mejora”. Esa limitación se mantuvo incluso al evaluar modelos propietarios más nuevos como Gemini 2.5 Pro y Flash con búsqueda web incorporada: la exactitud subió, pero la diversidad y la paridad bajaron.

La ubicación influye en las recomendaciones de la IA

En un tercer estudio, también disponible en arXiv, los investigadores analizaron si el idioma, la ubicación geográfica y el rol descrito en la instrucción influyen en las recomendaciones que hace un LLM en seis disciplinas académicas, incluida la física. Los roles simulados incluían, por ejemplo, a un estudiante que busca supervisor o a un reclutador que busca profesor.

El resultado fue que la ubicación geográfica sí alteró las recomendaciones, mientras que el idioma y el rol no produjeron cambios relevantes. Las preguntas formuladas en distintos idiomas dieron resultados similares, pero el encuadre geográfico modificó a quién proponía el sistema.

“Esto importa porque el encuadre geográfico puede influir en la exactitud y la calidad de las recomendaciones, aunque no debería ser un factor para evaluar la pericia científica”, sostuvo Espín-Noboa.

Junto con el especialista en visualización de datos Yi Zhe Ang, el grupo publicó además la herramienta interactiva Whose name comes up, que permite explorar con qué frecuencia fue recomendado cada físico en distintas ejecuciones y revisar el rendimiento individual de cada chatbot en cada métrica de evaluación.

Para la investigadora, el aporte principal no es una foto fija de modelos concretos, algunos de los cuales ya fueron actualizados, sino la creación de un método abierto de auditoría. Según dijo, los resultados muestran de forma consistente que los sesgos detectados son estructurales y no exclusivos de un modelo particular.

El equipo sostiene que entrenar con más datos o con datos más recientes no resolverá el problema si la información de base no se vuelve más representativa. Por eso busca construir una base de conocimiento académico amplia que refleje mejor la diversidad completa de quienes contribuyen a la ciencia.

Espín-Noboa advirtió que el alcance del problema va más allá de las universidades: “La gente ya usa LLM para encontrar médicos, abogados y profesionales en todos los campos. Si estos sistemas tienen una representación sesgada, las personas reales son las que pierden oportunidades”.

De acuerdo con el testimonio de la usuaria que compartió las imágenes, el conflicto comenzó después de que los perros de la pareja habrían atacado a su mascota. La afectada decidió sacar su teléfono para documentar lo ocurrido y reclamar a los dueños por lo que consideró una falta de control sobre sus animales.

En la grabación aparece una pareja paseando con sus perros. Según la denunciante, los animales no se encontraban sujetos de manera adecuada para evitar un posible acercamiento con otros caninos. El hombre habría tomado las correas únicamente después de percatarse de que estaba siendo grabado.

“Como podemos ver al inicio del video, el hombre tiene amarrados a sus perros solo entre sí, los cuales solo agarra hasta que ve que empiezo a grabar y una vez que ya habían atacado a mi perrita. Mientras intento documentar la situación y exigirles que tengan un control de sus animales y más si son agresivos, estas personas reaccionan a la defensiva, lejos de asumir la responsabilidad y basando la discusión en que al reclamarle el ataque de sus perros y luego nos mandarán a vivir a una cueva”, cuenta la usuaria afectada.

La discusión subió de tono

La mujer explicó que comenzó a grabar debido a la reacción de la acompañante del hombre, quien presuntamente empezó a reclamarles mientras intentaban aclarar lo ocurrido.

“Empecé a grabar, ya que esta mujer, a la cual ni siquiera nos habíamos dirigido, nos empezó a gritar y reclamar este adjetivo porque estaban sus hijos. Lo cual es gracioso porque ella misma lo repite en varias ocasiones y al final del video el sujeto nos llama de la misma forma. Con esto entendimos por qué estos perros son agresivos”, agregó.

El momento más polémico de la grabación ocurre cuando el hombre dirige un insulto hacia la mujer que acompañaba a la denunciante y utiliza la palabra “cueva” como parte de su reclamo.

“Vayánse a su puta cueva, ustedes tres”, les grita el sujeto a la mujer que iba acompañada.

La frase provocó una ola de reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes consideraron que el comentario tenía una connotación discriminatoria. Sin embargo, las imágenes y el relato corresponden a la versión difundida por la denunciante y no se cuenta con la postura de la pareja involucrada.

Video provoca indignación en redes

La publicación comenzó a recibir comentarios de usuarios que cuestionaron el comportamiento de la pareja y, particularmente, la manera en que habría reaccionado ante el reclamo por los perros.

Entre las respuestas que aparecieron debajo del video se pueden leer mensajes como:

“Quiere que vayan a la cueva de donde salió ella jajaja vieja horrible 😡 ¡Fuera de México!”

También hubo quienes criticaron que, pese a tratarse de un conflicto entre particulares, los involucrados hubieran terminado intercambiando insultos.

“Una vez más los extranjeros haciendo lo que quieren y los mexicanos pagando las consecuencias. 🤡 y todavía se enojan cuando los irresponsables son ellos”

Otros usuarios reaccionaron con mensajes como: “Porque les da miedo”; “creo que me desespera que ellos les digan de cosas y la mayoría no les conteste jajaja que coraje” y “solo dios sabe porque no me pone en estas situaciones…”

Incluso algunas personas sugirieron a la afectada acudir ante autoridades para denunciar lo ocurrido: “Meteles denuncia en CONAPRED, “cueva” es actos de discriminación hacia los mexicanos! No temas meteles denuncia y que te paguen”.

El caso volvió a generar conversación sobre la responsabilidad de los dueños de mascotas en espacios públicos, particularmente cuando los animales pueden representar un riesgo para otros perros o personas.

Hasta el momento, la información disponible corresponde al relato de la usuaria y al video que difundió en redes sociales. No se ha presentado públicamente la versión de la pareja señalada ni se ha confirmado alguna denuncia formal relacionada con el incidente.

Mientras tanto, la grabación continúa generando debate en redes sociales, donde la discusión dejó de centrarse únicamente en el supuesto ataque entre perros y pasó también al intercambio de insultos ocurrido posteriormente.

La fiscalía del condado de Los Ángeles reactivó casi un año después una causa que había archivado y presentó cargos contra Daniel Flores, un agente del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) que había denunciado conversaciones discriminatorias dentro de la fuerza.

Los Angeles Times reconstruyó que ese cambio de criterio ocurrió después de que Flores presentara en junio una demanda civil contra la ciudad, en la que alegó represalias por ser denunciante.

La acusación incluyó 16 cargos por delito grave por grabar en secreto a otros policías, aunque más tarde quedó reducida a delitos menores con un diversion agreement, una salida alternativa al juicio.

El caso abrió un nuevo foco de tensión en California por el tratamiento que recibieron tanto la denuncia interna como las pruebas que entregó el oficial.

En esa denuncia, Flores aportó 122 audios con comentarios racistas, sexistas y homofóbicos. Luego habló por primera vez en público con Los Angeles Times y aseguró que el proceso “arruinó todo” en su vida.

El origen de la denuncia y las grabaciones

Flores relató que presentó una denuncia anónima ante Asuntos Internos en febrero de 2025. Allí expuso que algunos agentes hacían bromas y comentarios raciales sobre candidatos negros que buscaban ingresar al LAPD. También señaló expresiones ofensivas contra inmigrantes latinos, mujeres y personas homosexuales.

Pocos días después de esa denuncia, afirmó que recibió una llamada de investigadores de Asuntos Internos para notificarle que otra persona lo había acusado a él de hacer comentarios racistas.

Flores rechazó esa versión y sostuvo ante Los Angeles Times que ese movimiento buscó desacreditarlo desde el inicio.

Más tarde, el agente entregó una carta a la oficina del inspector general junto con un dispositivo de almacenamiento que contenía las grabaciones.

En uno de esos intercambios, un colega dijo sobre inmigrantes latinos: “Que los deporten, llamen al ICE”, en una traducción de la frase citada por Los Angeles Times.

Uno de sus abogados en la causa civil, Greg Smith, afirmó al mismo medio que su cliente intentó utilizar los canales institucionales antes de que el caso se volviera público.

Aseguró que el agente “intentaba arreglar las cosas, no crear publicidad ni indignación pública”.

La causa penal y las sospechas de represalia

Documentos internos del LAPD revisados por Los Angeles Times muestran que la policía presentó el expediente ante la fiscalía el 1 de julio de 2025. Diez días más tarde, la oficina del fiscal decidió no avanzar con cargos.

El caso quedó sin movimiento durante cerca de un año. Pero menos de tres semanas después de que Flores presentara su demanda civil contra la ciudad, la fiscalía anunció que sí impulsaría la acusación penal. El oficial y su defensa sostienen que esa secuencia refuerza la hipótesis de una represalia.

La oficina del fiscal, encabezada por Nathan Hochman, respondió que en 2025 no contaba con pruebas suficientes para establecer de forma definitiva que Flores había realizado las grabaciones.

Más tarde, aseguró que la situación cambió cuando el agente inició su demanda y el LAPD entregó información adicional sobre su admisión de los hechos, de acuerdo con Los Angeles Times.

La causa se apoyó en la ley estatal que prohíbe grabar conversaciones privadas sin consentimiento de las partes. Bajo esa figura, Flores podía quedar expuesto a una pena de hasta 13 años de prisión.

La semana pasada, después de cuestionamientos públicos, la fiscalía redujo el caso a delitos menores y ofreció una salida alternativa al juicio que, en principio, le permitiría evitar la cárcel.

El costo personal y el debate dentro de la fuerza

Flores mantuvo su empleo en el LAPD, aunque permanece alejado de sus funciones por licencia médica. En su testimonio al diario describió un cuadro de aislamiento dentro del ambiente policial y dijo que ningún compañero se acercó para saber cómo estaba desde que estalló el caso.

“Ningún policía me habla”, afirmó en declaraciones recogidas por Los Angeles Times. También aseguró que en redes sociales otros agentes lo trataron de “soplón” y repitieron amenazas como “los soplones reciben castigo”.

El agente señaló que se arrepiente de haber avanzado con la denuncia. “Sí, porque me arruinó la vida”, expresó al diario.

En esa misma entrevista, sostuvo que las autoridades “lo pintaron como el criminal” y dejaron en segundo plano las expresiones de intolerancia que él había intentado exponer.

El caso dejó planteada una discusión más amplia en Los Ángeles sobre los límites legales de las grabaciones encubiertas y sobre la protección real que reciben los denunciantes dentro de las fuerzas de seguridad.

Los Angeles Times indicó que un superior de la unidad llegó a advertir que, si esos comentarios continuaban, podían “tirar abajo a todo el departamento”.

Por ahora, la causa quedó reencuadrada como un expediente menor, mientras siguen abiertas la demanda civil de Flores y el debate político por la respuesta institucional ante sus revelaciones.

La cuenta de Ana Elizabeth García Vilchis, conocida como Liz Vilchis, desapareció de X después de que resurgieran publicaciones antiguas con expresiones ofensivas y despectivas hacia distintas mujeres.

La excolaboradora de Andrés Manuel López Obrador, cuyas cuentas en Facebook e Instagram permanecen activas, no ha explicado públicamente si decidió cerrar el perfil o cuál fue el motivo de su desaparición.

Polémica por antiguos tuits discriminatorios

La controversia se intensificó luego de que usuarios recuperaran publicaciones de años anteriores, algunas de ellas dirigidas contra figuras públicas y otras contra mujeres cuyos nombres no aparecen claramente identificados en los mensajes difundidos.

Uno de los tuits corresponde al 29 de enero de 2015 y está dirigido contra la creadora de contenido y entonces diputada local Nayeli Salvatori.

“Desde ayer quería escribir que la tal Nayeli Salvatori es la vieja más corriente e ignorante que conozco”, escribió García Vilchis.

En otra publicación, fechada el 14 de septiembre de 2014, utilizó expresiones relacionadas con el peso y la personalidad de una mujer: “Yo digo que debería meterse a un curso para superar sus muletillas, pinc.. vieja gorda, creída y cule..”.

También circularon otros mensajes publicados entre 2011 y 2013, entre ellos: “Esa vieja está cada vez peor de gorda, cachetona y hater”, así como “Esa mujer tuitea cosas superpositivas y en persona es la vieja más neurótica y malencarada del mundo”.

Hasta ahora, García Vilchis no ha emitido una explicación sobre la desaparición de su perfil de X ni ha respondido a las críticas generadas por las publicaciones.

Polémicas recientes de Liz Vilchis

La difusión de los antiguos tuits ocurre después de otra controversia relacionada con García Vilchis. La exfuncionaria fue cuestionada por sus comentarios sobre Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado.

La discusión volvió a colocar a la excolaboradora de López Obrador en el centro del debate en redes sociales y antecedió a la recuperación masiva de sus antiguas publicaciones.

La desaparición de su cuenta de X ocurrió horas después de que los mensajes comenzaran a circular nuevamente, aunque no existe una confirmación de que ambos acontecimientos estén directamente relacionados.

¿Quién es Liz Vilchis?

Ana Elizabeth García Vilchis es una antropóloga social egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Antes de incorporarse al gobierno federal, trabajó durante una década como coordinadora de contenidos web en La Jornada de Oriente.

En 2021, López Obrador la designó como responsable de la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”, presentada los miércoles durante sus conferencias matutinas. El espacio tenía como objetivo cuestionar información que el entonces presidente consideraba falsa o engañosa.

Al asumir esa responsabilidad, García Vilchis defendió el propósito de la sección y afirmó: “La viralización y difusión con que las notas falsas se mueven en redes sociales de estos medios de comunicación y los mal llamados líderes de opinión cometen amenazas, injurias, calumnias e incluso incitaciones a la violencia”.

Durante el sexenio de López Obrador también ocupó funciones dentro de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de Presidencia.

García Vilchis tuvo además antecedentes de participación política en Morena. En 2021 apareció como suplente en una candidatura a una diputación local por la vía de representación proporcional en Puebla.

Tras concluir el gobierno de López Obrador, dejó la administración federal y desde entonces su actividad pública ha continuado principalmente en redes sociales.

El Departamento de Educación de Estados Unidos difundió el 19 de agosto de 2026 una nueva guía oficial para escuelas en todo el país, en la que aborda el modo en que deben gestionarse las políticas disciplinarias estudiantiles. La medida, anunciada desde Washington, responde al debate nacional sobre la equidad en el trato a estudiantes de distintos orígenes raciales y marca la postura del gobierno frente a las disparidades identificadas en años recientes.

Según la fuente oficial, la orientación busca precisar los límites legales sobre cómo las escuelas deben diseñar sus normas internas.

¿Qué dice la nueva guía del Departamento de Educación?

El documento, difundido por la oficina de derechos civiles del Departamento de Educación, establece que las escuelas no pueden cambiar sus reglas de disciplina con la única finalidad de evitar o reducir la brecha entre estudiantes afroamericanos, blancos, latinos u otros grupos.

La guía enfatiza que los centros educativos deben garantizar un trato igualitario a todo el alumnado, sin importar su origen étnico. El organismo federal aclara que el llamado “racial balancing” —la práctica de ajustar políticas para igualar datos entre grupos raciales— será interpretado como una forma de trato discriminatorio.

Antecedentes y datos sobre disparidades raciales en la disciplina escolar

Las cifras más recientes, aportadas por el propio Departamento de Educación en su informe de 2023, muestran que los estudiantes afroamericanos sufren tasas de castigo mucho más altas que sus pares.

El documento revela datos como los siguientes:

• Los niños afroamericanos en preescolar público recibieron suspensiones fuera de la escuela a una tasa casi doble respecto a su proporción de matrícula.
• En el nivel K-12, los varones afroamericanos tuvieron casi el doble de probabilidades de ser suspendidos o expulsados en comparación con el resto de sus compañeros.
• Las niñas afroamericanas también enfrentaron riesgos similares, con tasas de suspensiones y expulsiones casi dos veces mayores que las otras niñas.

Estos indicadores han motivado que, en los últimos años, diversas organizaciones y expertos reclamen la revisión de los criterios disciplinarios para reducir las brechas raciales. No obstante, la nueva postura oficial rechaza cambios que busquen modificar la estadística como fin principal.

Reacciones de autoridades y expertos

La decisión del Departamento de Educación generó reacciones inmediatas en el ámbito educativo y entre defensores de los derechos civiles. Eric Duncan, director de políticas P-12 en la organización EdTrust, expresó su desacuerdo con la orientación federal. Duncan señaló: “No se pueden abordar las disparidades raciales en la disciplina escolar diciendo a las escuelas que ignoren la raza”.

Duncan recordó que los estudiantes afroamericanos han enfrentado históricamente los castigos más severos en las escuelas del país. Desde su perspectiva, la guía limita las herramientas con las que los centros educativos podrían intentar corregir desigualdades arraigadas.

Por el contrario, la administración Trump, al frente del Departamento, ha sostenido que las iniciativas de diversidad y equidad pueden ser discriminatorias contra estudiantes blancos y varones. Las autoridades federales han removido en el último mes varias regulaciones conocidas como “disparate impact”, que durante décadas prohibieron prácticas con efectos discriminatorios, incluso si no eran intencionados.

Implicancias para las escuelas y los sistemas educativos

Las escuelas públicas y privadas deberán revisar cuidadosamente sus políticas para asegurarse de que no aplican modificaciones orientadas exclusivamente a equilibrar cifras raciales en las medidas disciplinarias. La directriz oficial exige que los cambios en la normativa escolar tengan una justificación pedagógica y no solo la reducción de disparidades entre grupos étnicos.

La guía también podría influir en el modo en que los estados y distritos escolares abordan las denuncias de discriminación o las revisiones de sus reglamentos internos, especialmente en jurisdicciones donde las disparidades raciales han sido motivo de debate público.

Contexto político y social de la medida

La orientación del Departamento de Educación se enmarca en una serie de acciones tomadas por la actual administración para eliminar programas y normativas vinculadas a la equidad racial y la diversidad. El expresidente Donald Trump ha argumentado reiteradamente que muchas de estas prácticas resultan perjudiciales para los estudiantes blancos y varones, planteando que promueven una nueva forma de discriminación inversa.

Organizaciones civiles y activistas han denunciado que estas decisiones representan un retroceso en la protección de los derechos de los alumnos pertenecientes a minorías y dificultan el combate a la desigualdad estructural en el sistema escolar estadounidense.

Debates y posibles consecuencias

La decisión del Departamento de Educación de Estados Unidos de prohibir cambios disciplinarios enfocados únicamente en la reducción de disparidades raciales plantea nuevos desafíos para las escuelas y los legisladores. Mientras las autoridades federales defienden la medida como una garantía de igualdad de trato, críticos sostienen que limita la capacidad del sistema educativo para corregir desigualdades históricas.

De acuerdo con el informe de 2023 del Departamento de Educación, la persistencia de diferencias en la aplicación de castigos escolares sigue siendo un problema documentado en todo el país. Las organizaciones defensoras de la equidad han advertido que la nueva guía puede dificultar el desarrollo de soluciones efectivas y supervisadas para cerrar esas brechas.

La controversia anticipa un escenario de mayor escrutinio sobre las políticas escolares y un debate público renovado acerca de cómo lograr justicia educativa para todos los estudiantes, sin incurrir en nuevas formas de discriminación.

Un abogado libertario pedirá disculpas de manera pública y donará 200 mil pesos a un hospital de niños, a cambio del cierre de una causa penal por posteos discriminatorios contra la comunidad islámica en la red social X. Se trata de Alejandro Sarubbi Benítez, cuya defensa presentó la propuesta de acuerdo conciliatorio homologada por el juez federal Julián Ercolini, en base a la aceptación de la querella, el Centro Islámico de la República Argentina y del fiscal del caso, Carlos Rívolo.

Como parte del acuerdo, el abogado deberá publicar una retractación con disculpas dirigidas a la comunidad islámica y realizar una donación de 200 mil pesos al Hospital de Niños Pedro de Elizalde.

Denuncia y arrepentimiento

En base a la denuncia del Centro Islámico de la República Argentina, se abrió una causa penal por una serie de mensajes publicados el 11 de febrero de 2025 desde una cuenta de X identificada como @asb2509. Según la presentación, esos posteos contenían expresiones “discriminatorias, intimidatorias e incitaban a la violencia colectiva”.

Los mensajes hicieron referencia al ingreso al programa Gran Hermano de un integrante de la comunidad islámica: “Telefé metió un cabeza de toalla en Gran Hermano. El peor canal de la historia argentina”. Menos de una hora después, publicó: “No quiero cabezas de toalla en Argentina. No son bienvenidos en el país de la libertad. Vayan a lapidar mujeres y a violar niños y ovejas a otra parte”. A ello, le siguieron otros dos posteos. “Odio profundamente a los cabeza de toalla. Soy completamente islamofóbico. Detesto su cultura violenta, retrógrada, retrasada y pedófila, y pagaría por ver reventado hasta el último hijo de mil puta de esos coge oveja”, expresó. “Buen día para toda la gente normal que odia a los cabezas de toalla”, escribió también, según consignó la resolución judicial.

Durante la investigación, la defensa de Sarubbi Benítez presentó un acuerdo conciliatorio al que luego adhirió la querella. En ese documento, el imputado expresó “un sincero arrepentimiento por las expresiones vertidas” y se comprometió a emitir un desagravio público en el mismo medio en el que difundió los mensajes.

El texto de retractación incluido en el acuerdo incluye “sinceras disculpas”, admite que esas expresiones “brotaron del desconocimiento” y que “han podido ser ocasión de sufrimiento y ofensa en los sentimientos religiosos de quienes pertenecen a esta comunidad”. El abogado mencionó que visitó el Centro Islámico y se interiorizó sobre esa comunidad.

“Luego de una seria reflexión respecto de mis manifestaciones el 11 de febrero de 2025 en la red social “X”, habiendo conocido de manera personal el Centro Islámico de la República Argentina y a parte de sus autoridades, más sobre su fe y cultura, y el largo camino que esta comunidad lleva en nuestro país, vengo a ofrecer mis más sinceras disculpas por mis manifestaciones", comienza el texto que el abogado deberá publicar y que se consignó en la resolución que homologó el acuerdo, a la que tuvo acceso Infobae.

El juez Ercolini afirmó que la aplicación de este tipo de salidas busca “lograr una solución al conflicto que cumpla con los requerimientos y necesidades de cada una de las partes”.

“Las frases proferidas por el imputado en la red social X, más allá de su contenido, no adoptaron una forma notable de violencia grave sobre una víctima, conforme lo exigido normativamente por artículo 34 del C.P.P.F., en tanto se desarrollaron mediante expresiones publicadas en una red social, destinadas, no a una persona en su individualidad, sino a una comunidad religiosa”, evaluó el magistrado.

Además, Ercolini valoró que la entidad que representa a la comunidad islámica dio su consentimiento como querella para el cierre alternativo del caso. A criterio del magistrado, ese aval, sumado a la postura de la fiscalía, resultó compatible con los principios del sistema acusatorio y con la finalidad de “restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y la paz social”. El cumplimiento del acuerdo derivará en la extinción de la acción penal, es decir, el cierre de la causa contra el abogado.

Sarubbi Benítez conduce además un programa en el canal de streaming oficialista Carajo y la semana pasada fue denunciado por decir allí que el conurbano bonaerense “ya no tiene salvación”, por lo que sus habitantes deberían ser exterminados, esterilizados y confinados detrás de “un muro de 15 metros de altura”.

Una celebración en Oberá, Misiones, por los 44 años de un hombre apodado Nito quedó bajo investigación judicial después de que se difundieran fotos de una torta con una cruz esvástica nazi y de un niño de cinco años haciendo el saludo hitleriano junto a la pareja de su madre.

Este repudiable hecho, que podría encuadrar en la Ley 23.592 de actos discriminatorios y derivar en penas de un mes a tres años de prisión, ya llegó al Juzgado de Instrucción 2 de la ciudad, a partir de dos denuncias vinculadas con el material que circuló en redes sociales.

El episodio ocurrió en una vivienda particular durante un festejo familiar. Las imágenes se conocieron públicamente después de que la esposa del cumpleañero las publicara en su cuenta de Facebook y, tras las críticas, editara las fotos: en una colocó un sticker sobre la torta y en otra ocultó el rostro del menor.

En una de las fotografías se veía una torta de crema cubierta con chocolate con una cruz esvástica en el centro, en clara alusión al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP), liderado por Adolf Hitler, que plagó de horror al mundo desde comienzos de la década de 1930 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945.

En otra imagen aparecía el hijo de la mujer, de cinco años, junto a la actual pareja de su madre, mientras ambos realizaban con el brazo extendido el gesto asociado al régimen nazi.

Cómo se inició la causa

Una de las presentaciones fue radicada en la Seccional Segunda por un hombre de 56 años que advirtió que en una de las imágenes aparecía su hijo, de acuerdo con lo informado por el portal Noticias de Acá. El denunciante señaló que se enteró de la publicación a través de las redes sociales de su expareja, con quien tiene dos hijos en común.

El material, que ya había circulado cuando la mujer intentó modificar las publicaciones, es investigado por la Justicia ya que la difusión de las imágenes y la exhibición de esos símbolos es penado por la ley ya que es propaganda basada en ideas o teorías de superioridad racial o de un grupo de personas por religión, origen étnico o color.

La Ley Nacional 23.592 establece sanciones para quienes participen en una organización o realicen propaganda sustentada en ese tipo de ideas. La norma prevé penas de un mes a tres años de prisión cuando las conductas encuadren en los supuestos contemplados por el texto legal.

La misma norma agrega: “En igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”.

La investigación deberá determinar en qué circunstancias se produjo el festejo, cómo se difundieron las fotos y si los hechos denunciados constituyen alguno de los delitos previstos por esa ley.

Gustavo dos Santos, especialista en empleabilidad, sostuvo que las empresas deben convertir la convivencia entre generaciones en una política de talento. Afirmó que hoy pueden convivir hasta cinco generaciones en un mismo espacio de trabajo y que esa realidad obliga a revisar liderazgo, sesgos y retención.

En diálogo con Infobae, dos Santos vinculó esa discusión con una presión de fondo sobre el empleo calificado que, dijo, se extenderá hasta 2050 por el envejecimiento de la población y la caída de las tasas de natalidad. A ese fenómeno sumó otro factor: la permanencia más prolongada de trabajadores de más de 50 años dentro del mercado laboral.

El especialista en empleabilidad y reconversión de carrera afirmó que el problema no es la diferencia etaria en sí misma, sino la forma en que las organizaciones la interpretan. “Contamos hoy con escenarios de alta rotación, crisis de compromiso y conflictos generacionales donde el foco debe ser: generar nuevas acciones de convivencia de modo de potenciar lo distinto para sumar”, señaló.

Dos Santos sostuvo que el liderazgo multigeneracional dejó de ser una consigna aspiracional para convertirse en una función concreta dentro de las empresas. “El talento no tiene edad”, resumió, al cuestionar los estereotipos que, a su juicio, siguen ordenando decisiones sobre contratación, desarrollo y permanencia.

La convivencia de cinco generaciones redefine el liderazgo dentro de las empresas

El planteo central del director de Human Stadium es que la diversidad generacional debe dejar de leerse como una fuente de fricción para pasar a ser un activo de negocio. “Lejos de ser un problema, este cruce de experiencias, valores y perspectivas es una fuente importante de aprendizaje y crecimiento colectivo”, afirmó al describir el escenario laboral actual.

Para dos Santos, ese cambio de mirada exige abandonar la lógica de los bloques enfrentados. “No son los unos y los otros, hablemos del todo con sus matices”, indicó, al proponer una lectura integrada de los equipos de trabajo.

Su argumento se apoya en una redefinición del rol de quien conduce. El líder, dijo, debe “reconocer intereses, preferencias y deseos de su equipo”, convertir la diversidad generacional en un componente estratégico y actuar como habilitador de ideas, más que como figura centrada en el protagonismo individual.

En esa línea, afirmó que la tarea consiste en establecer conexiones entre generaciones sin minimizar sus diferencias. “Es el líder multigeneracional que, en lugar de minimizar las diferencias, debe aprovecharlas para construir organizaciones más resilientes, inclusivas y abiertas a la innovación”, señaló.

La presión demográfica y la inteligencia artificial empujan una nueva agenda

Dos Santos inscribió esa transformación en un contexto de cambios simultáneos en la tecnología y en la estructura de la población. Según explicó, “la inteligencia artificial y la diversidad generacional están redefiniendo cómo se gestionan las organizaciones y cómo se instalan ante una nueva realidad”.

El especialista añadió que la discusión no se limita al impacto técnico de la IA sobre las tareas. “Hay una revolución del conocimiento, pero también una revolución emocional que atraviesa a cada generación”, sostuvo, al describir un escenario en el que cambian al mismo tiempo los procesos, los vínculos y las expectativas sobre el trabajo.

A ese cuadro sumó el efecto de la mayor longevidad. La “extensión de la longevidad” hace que más talentos permanezcan en el mercado, advirtió, y esa permanencia convive con la llegada de perfiles jóvenes que aportan innovación y conocimiento tecnológico. Para dos Santos, la meta es alcanzar un “equilibrio de generaciones” que combine esa novedad con la experiencia, la capacidad de reconversión y la mirada estratégica de los trabajadores de mediana edad y mayores.

La pregunta que dejó abierta es si las compañías están dispuestas a retener ese capital humano o si la integración de los mayores de 50 años seguirá siendo una declaración sin traducción práctica.

Los sesgos por edad siguen operando como barrera cotidiana en los equipos

Una parte central de su diagnóstico apunta a las barreras invisibles dentro de las organizaciones. Dos Santos definió a los sesgos como una actividad mental inconsciente que distorsiona la percepción y sostuvo que, en el plano laboral, muchas veces derivan en actos de discriminación.

Para describir cómo operan esos prejuicios, enumeró dudas frecuentes que recaen sobre los trabajadores según su edad: “¿Podrá hacerlo? ¿Asumirá riesgos? ¿Podrá lograr el resultado? No podrá actualizarse. Creo que le falta compromiso”. Según explicó, ese “ruido” sigue presente en la vida cotidiana de los equipos y se apoya en una lectura fragmentada, no en una evaluación del conjunto.

El especialista llamó a reemplazar esa lógica por una cultura de respeto y equidad que valore talento y experiencia en la misma escala. Su planteo es que la segmentación por edades no solo empobrece la convivencia, sino que también limita la retención de perfiles clave y bloquea la transferencia de conocimiento.

Esa revisión, indicó, también exige detectar resistencias, crear nuevos ámbitos de pertenencia y revisar qué necesita cada generación en su desarrollo personal, su satisfacción laboral y su proyección.

El líder debe pasar de administrar tensiones a construir un mapa generacional

Dos Santos describió una serie de capacidades que, a su juicio, ya no son accesorias para quienes conducen equipos diversos. Habló de adaptabilidad, transparencia en la comunicación, inteligencia de contexto, perspectiva múltiple, empatía, integridad, propósito colectivo y visión estratégica.

La función del líder, según su definición, también incluye observar comportamientos, actitudes y decisiones para construir un “mapa generacional” propio de la organización. Ese mapa debe servir para diseñar espacios de diálogo, seguridad psicológica y desarrollo profesional ajustados a realidades distintas dentro de un mismo equipo.

“Estamos ante la oportunidad para hackear viejas formas de dirigir y construir nuevas maneras de convivir y de estar con los otros”, afirmó. En su planteo, la convivencia no es una consigna abstracta, sino “un trabajo colectivo diferenciador para un resultado estratégico”.

La tesis final de dos Santos es que, si la convivencia es real y efectiva, la conversación cambia de eje. “Si nos focalizamos en una convivencia real y efectiva, hablaremos de talento y no de segmentación de edades”, dijo.

La joven, quien se identificó públicamente como afrodescendiente, compartió un video en el que documentó parte del incidente ocurrido el pasado 11 de agosto, cuando acudió a la tienda departamental con la intención de comprar un vestido.

De acuerdo con su relato, mientras recorría el establecimiento comenzó a notar que una integrante del equipo de seguridad caminaba detrás de ella de manera constante. Ante la situación, Nathalie decidió preguntarle directamente si existía algún inconveniente.

La respuesta, según denunció la joven, fue una acusación directa de robo acompañada de un comentario que calificó como racista.

Nathalie aseguró que la guardia le habría dicho “pinche negra”, mientras insistía en que presuntamente había tomado algún artículo de la tienda sin pagarlo.

La situación provocó que la joven sacara su teléfono celular para comenzar a grabar lo que estaba ocurriendo. En las imágenes difundidas posteriormente en redes sociales se observa parte del intercambio entre ambas mujeres, mientras la trabajadora de seguridad mantenía la acusación.

El conflicto escaló cuando la guardia solicitó la presencia de elementos de la Policía Bancaria que prestan servicio dentro del establecimiento. La intervención del personal de seguridad generó todavía mayor tensión, pues Nathalie continuaba negando haber cometido algún robo.

Ante la acusación, la joven decidió demostrar que no llevaba ningún producto sustraído. Para ello, abrió su mochila y comenzó a mostrar sus pertenencias frente al personal que se encontraba en el lugar.

Después de revisar sus cosas, quedó en evidencia que no había ningún artículo de la tienda entre sus pertenencias que acreditara el supuesto robo señalado por la guardia.

Una vez comprobado esto, la trabajadora de seguridad se retiró del lugar. Sin embargo, según el testimonio difundido por Nathalie, no recibió ninguna disculpa por haber sido acusada.

La denuncia provocó reacciones en redes

El caso rápidamente comenzó a circular entre usuarios de TikTok y otras plataformas digitales, donde numerosas personas cuestionaron la actuación de la guardia de seguridad y mostraron respaldo a la joven.

Uno de los aspectos que más indignación generó fue el comentario que Nathalie atribuyó a la trabajadora durante el momento en que fue señalada por un supuesto robo.

La denunciante sostuvo que la acusación no solamente carecía de fundamento después de revisar sus pertenencias, sino que además estuvo acompañada por una expresión que consideró abiertamente racista debido a su apariencia y color de piel.

La situación también abrió nuevamente el debate sobre las experiencias de discriminación que pueden enfrentar personas afrodescendientes en establecimientos comerciales y espacios públicos.

En este caso, la joven decidió hacer público el episodio mediante un video para contar lo sucedido desde su perspectiva y mostrar cómo fue abordada dentro de la tienda.

Una acusación que terminó sin pruebas

El momento central de la denuncia ocurrió cuando Nathalie vació el contenido de su mochila para demostrar que no había tomado ningún producto. Tras la revisión, la guardia terminó alejándose de la zona.

La joven cuestionó que, pese a haber sido acusada de un delito que no cometió y haber recibido presuntamente un comentario racista, la situación concluyera sin una disculpa por parte de la trabajadora.

Hasta el momento, la polémica se mantiene principalmente en redes sociales, donde usuarios han pedido que se investigue lo ocurrido y que las empresas garanticen un trato respetuoso para sus clientes, independientemente de su apariencia o color de piel.

El testimonio de Nathalie ha convertido el caso en un nuevo ejemplo del impacto que pueden tener las denuncias difundidas en plataformas digitales cuando una persona considera que fue víctima de discriminación dentro de un establecimiento comercial.

La médica y antropóloga Vânia de la Fuente sostuvo que el edadismo no es un prejuicio acotado a la vejez, sino una forma de discriminación que atraviesa toda la vida y que organiza decisiones concretas en el trabajo, la vivienda, la salud y los vínculos sociales.

En una entrevista en el podcast de la Escuela Europea de Coaching, la especialista afirmó que la edad “se utiliza como una característica para generar desventajas y divisiones en la sociedad” y advirtió que esa lógica golpea con más fuerza en dos momentos: la juventud y la etapa final de la vida.

El dato que utilizó para mostrar esa doble concentración fue laboral. Según explicó, el 50% del desempleo en España se concentra entre personas de 20 y 29 años y de 50 a 59 años, aunque con trayectorias distintas: en los jóvenes suele ser más breve y en los mayores, de larga duración. “En España, si te quedas sin empleo a partir de los 45 o 50, lo tienes muy difícil”, dijo.

De la Fuente, que trabajó en la Organización Mundial de la Salud en temas de edadismo y envejecimiento saludable, definió el fenómeno como “nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar hacia otras personas, pero también hacia nosotros mismos en función de la edad”. Esa amplitud, planteó, explica por qué no se reduce al maltrato hacia personas mayores ni al lenguaje coloquial, sino que alcanza instituciones enteras.

La especialista también señaló una barrera previa al diagnóstico social del problema: “Alrededor del 51% de la población piensa que el edadismo no existe o que no es un problema grave” en España. Para ella, esa falta de reconocimiento vuelve más difícil desmontar sesgos que ya operan con naturalidad en la vida cotidiana.

Uno de los ejemplos que citó fue un estudio con currículums ficticios para puestos reales. Se enviaron perfiles “prácticamente iguales” y la única diferencia era la edad del candidato. El resultado, según relató, fue que las personas de más edad recibían “la mitad de llamadas para una entrevista”.

La consecuencia, añadió, no se limita a la percepción abstracta del prejuicio. “A partir de una determinada edad tienes que mandar el doble de solicitudes de trabajo para que llegues a una entrevista”, afirmó. Para De la Fuente, ese sesgo explica parte de un mercado laboral que castiga a jóvenes con precariedad normalizada y a mayores con bloqueo de acceso, promoción y formación.

La especialista dijo que las empresas recién empiezan a mirar la edad dentro de sus políticas de diversidad, equidad e inclusión, pese a que, según remarcó, se trata del principal factor de acoso y discriminación dentro de la empresa.

También cuestionó los programas intergeneracionales mal diseñados, en especial aquellos donde el conocimiento circula en un solo sentido y refuerza el estereotipo de que una persona joven domina lo digital y una mayor solo recibe ayuda.

La discriminación por edad aparece antes de la entrevista laboral

Para que esas iniciativas funcionen, planteó, debe existir igualdad de estatus. Puso como ejemplo la mentoría bidireccional, donde cada persona transmite saberes distintos. Si eso no ocurre, dijo, “no estarías ayudando”, porque la intervención termina subrayando el prejuicio que intenta corregir.

La mirada de De la Fuente salió del empleo y se trasladó a otros espacios donde, a su juicio, la discriminación por edad se volvió casi invisible. En vivienda, señaló que es más probable que se alquile a una persona de mediana edad, percibida como más estable, que a una joven o a una mayor. En el caso de los jóvenes, agregó, incluso se exigen avales de sus padres aunque ya tengan trabajo.

En salud, explicó que su interés por el tema nació al advertir que las personas mayores quedaban en desventaja en el acceso a servicios sanitarios. Ese hallazgo, dijo, la llevó a observar una cadena más amplia: desde tratamientos médicos hasta representación en medios de comunicación, pasando por trabajo y vivienda.

También incluyó una referencia al sistema judicial y a la percepción social del delito. Ante un mismo crimen, sostuvo, suele considerarse más grave si quien lo comete es una persona joven, porque esa figura confirma un estereotipo ya instalado que asocia delincuencia con juventud.

Cómo opera el edadismo fuera del trabajo

Vânia de la Fuente, médica y antropóloga especializada en edadismo, dijo que la discriminación por edad afecta tanto a jóvenes como a mayores y que opera en sectores como el empleo, la vivienda, la salud y la vida social. Su planteo central fue que buena parte de la población ni siquiera lo reconoce como un problema grave.

Otra de las advertencias de la especialista apuntó al uso masivo de categorías generacionales. “Nos etiqueta, lo cual nos invita a pensar que podemos conocer a una persona solo porque pertenece a una generación”, afirmó, y calificó esa idea como absurda. Su objeción no fue semántica, sino política: al ordenar la conversación pública en clave de boomers, millennials o generación Z, se homogeneiza a grupos enteros y se desplaza el foco de problemas estructurales.

En esa línea, sostuvo que muchos de los conflictos que hoy afectan tanto a jóvenes como a mayores comparten una misma base material. Citó, entre otros, la vivienda y las pensiones. Según su argumento, si ambos grupos se unieran para reclamar políticas sobre esos problemas de fondo, tendrían más posibilidades de éxito que si se mantienen enfrentados bajo la lógica de una supuesta guerra generacional.

Para frenar ese mecanismo, propuso una práctica concreta: individualizar. Cuando alguien afirma que “los jóvenes son creativos” o que todas las personas de cierta edad son de una manera, recomendó preguntar a quién se refiere exactamente. A su juicio, generalizar alimenta estereotipos y prepara al cerebro para leer a cada individuo como una confirmación de la etiqueta.

Esa tendencia, añadió, empieza muy temprano. Mencionó estudios con niños de dos años en los que bastaba usar generalizaciones sobre un grupo ficticio para que los menores infirieran que sus miembros compartían rasgos permanentes. Para De la Fuente, ese dato muestra hasta qué punto las etiquetas consolidan sesgos desde edades muy tempranas.

La convivencia intergeneracional aparece como respuesta práctica

Frente a ese cuadro, la especialista defendió las relaciones sostenidas entre personas de distintas edades como una de las herramientas más eficaces para desarmar prejuicios. Recordó el programa Aconchego, surgido en Oporto en 2004, que vinculó a personas mayores con habitaciones disponibles y a estudiantes que necesitaban vivienda.

Según explicó, el esquema no funcionaba como un alquiler encubierto ni como un hospedaje. El estudiante debía disponer de tiempo para convivir con la persona mayor. De la Fuente sostuvo que esa fórmula fue exitosa, siguió vigente en 2024 y se replicó en otros lugares, incluidos programas en Madrid y Barcelona.

La razón de su eficacia, dijo, es doble. Por un lado, responde a necesidades materiales, como el acceso a la vivienda y la soledad. Por otro, obliga a sostener una interacción diaria que rompe la imagen abstracta construida sobre “los jóvenes” o “los mayores” y permite ver al otro como individuo.

Esa misma lógica la llevó a cuestionar el diseño urbano y social que segmenta por edades. Mencionó parques con zonas pensadas para grupos etarios separados y observó que la organización del ciclo vital empuja a convivir con la propia cohorte. Para revertirlo, propuso desde clubes de lectura hasta actividades comunitarias capaces de producir encuentros no segregados.

El sesgo también se vuelve contra uno mismo

De la Fuente insistió en que el edadismo no solo se dirige hacia otros. También se interioriza. Habló de “edadismo autoinfligido” para describir frases cotidianas como “estoy mayor para” o “a mi edad no debería”, expresiones que, según dijo, limitan conductas y consolidan una identidad definida por el estigma.

Ese punto se conecta con otra de sus preocupaciones: la dificultad para imaginar la propia vejez. “Solo el 15% de la población espera con ansias llegar a esta etapa” en España, afirmó. Para la especialista, ese rechazo a pensar el envejecimiento impide planificar transiciones personales y sociales en una etapa que, además, se extiende porque la población vive más años.

La consecuencia, explicó, es que muchas personas llegan a la vejez sin haber construido identidades más allá del trabajo. De ahí su llamado a proyectar ese futuro con la misma naturalidad con la que se imaginan otras etapas vitales, y a hacerlo no solo por planificación individual, sino también para ganar empatía hacia quienes hoy ya transitan esa edad.

El caso generó una discusión en redes sociales sobre los cuidados que requieren los perros geriátricos y los límites de responsabilidad de los estilistas caninos.

El caso de YosStop

YosStop relató que acudió con su mascota a un establecimiento, donde rechazaron atenderla debido a su edad y condición. La creadora expresó su molestia y tristeza por la situación, pues consideró que su perro fue juzgado por su apariencia y por ser un animal de edad avanzada.

Después llevó a su mascota con un veterinario, quien, según su versión, determinó que se encontraba en condiciones para recibir un baño y no tenía una contraindicación para ese procedimiento.

La situación llevó a YosStop a cuestionar el trato hacia los perros mayores y a plantear si negarles determinados servicios puede considerarse discriminación.

La respuesta del Tiktoker

El creador de contenido El Perro Mugroso, especializado en temas relacionados con estética canina, respondió al señalamiento y defendió la decisión del establecimiento.

En un video, explicó que existe una diferencia entre determinar si un perro puede bañarse y asumir el riesgo de manipularlo dentro de una estética.

“Una cosa es que sea tuyo y lo tengas veinticuatro siete en tu casa y otra muy diferente es meter a un perro de dieciséis años con problemas de visión, sordo y con antecedentes cardíacos a una estética canina”, afirmó.

El tiktoker sostuvo que los estilistas no son veterinarios y, por ello, no tienen facultades para determinar el estado médico de un animal. A su juicio, rechazar un servicio por las condiciones particulares de una mascota no constituye discriminación.

“Los estilistas caninos no estamos obligados a aceptar a todos los perros. Debemos de conocer nuestros límites y nuestras aptitudes”, señaló.

También cuestionó que YosStop calificara el episodio como discriminación y consideró que el establecimiento actuó con precaución ante un perro geriátrico.

“Agradece que hoy estás haciendo un video de discriminación y no estás haciendo un video de ‘me lo mataron en aquel lugar’. Y aunque no lo creas, esas personas que decidieron no aceptar a tu perro fueron más responsables con él que tú misma”.

La postura de YosStop ante la controversia

Después de que su denuncia se viralizó y recibió críticas, YosStop modificó el tono de su postura y planteó la necesidad de escuchar los argumentos de ambas partes.

“Creo que es importante ver el punto de vista de varias personas, porque creo que es importante hablar de esto”, expresó.

La influencer reconoció que antes desconocía la problemática relacionada con el rechazo de perros mayores en establecimientos de estética y dijo haber encontrado testimonios de personas que atravesaron situaciones similares.

“Aquí no se trata de quién tiene la razón”, afirmó, al explicar que su intención era abrir una conversación sobre el trato y los cuidados que reciben las mascotas de edad avanzada.

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que “otra mujer indígena” sería el perfil de quien sustituirá a Claudia Olivia Morales Reza como titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), tras más de un mes de haber terminado su periodo en el cargo.

En su conferencia de prensa matutina de este martes 11 de agosto, la mandataria informó que todavía está analizando las opciones de candidatos para asumir este cargo, sin embargo, adelantó que el perfil designado sería igual al de la funcionaria saliente.

Sin dar mayores detalles, la mandataria únicamente respondió que “probablemente sea otra mujer indígena” quien ocupe este cargo en la dependencia federal que está vacante desde finales de junio, sin que el Ejecutivo Federal realice el nombramiento correspondiente.

Asamblea Consultiva del Conapred urge a designar titular

El Conapred permanece sin persona titular desde la conclusión del mandato de la presidenta Claudia Olivia Morales Reza, una mujer wixárika originaria de la comunidad de San Andrés Cohamiata ‘TaetiKie’ del municipio de Mezquitic, en Jalisco, y quien ocupó el cargo desde 2022 hasta el pasado junio de 2026.

Desde entonces, la Asamblea Consultiva del Conapred ha solicitado que la designación se concrete a la brevedad, con el compromiso de que recaiga en alguien con visión integral, que fomente la colaboración entre gobierno, academia, organizaciones civiles y comunidades históricamente discriminadas, así como experiencia acreditada en la defensa y promoción de los derechos humanos.

El pasado 20 de julio, la Asamblea Consultiva realizó un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Domínguez a que designen cuanto antes a la persona titular, así mismo, invitó a colectivos, organizaciones de la sociedad civil, activistas, académicos y otras personas interesadas a firmar y unirse a este posicionamiento.

Consideró que el nombramiento es relevante para refrendar el compromiso del Gobierno de México con las poblaciones que han enfrentado discriminación estructural, así como para la implementación del Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación (PRONAIND) 2026-2030, cuya coordinación y seguimiento están a cargo del Conapred.

Por ello, la Asamblea Consultiva, a cargo de Ricardo Baruch, reiteró el compromiso de contribuir a la prevención y erradicación de la discriminación, y se hizo un llamado a que el gobierno federal y las autoridades locales mantengan la misma responsabilidad en la construcción de una sociedad más justa, incluyente y libre de exclusión para las poblaciones históricamente discriminadas.

¿Qué hace el Conapred y por qué es tan relevante?

Es en ese contexto que surgen las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde, a pesar de los llamados, no ha designado todavía a la persona que ocupará este importante cargo.

El Conapred es un organismo del Estado mexicano creado en 2003 a partir de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Su función principal es promover políticas y acciones para garantizar el derecho a la igualdad y prevenir la discriminación en México.

Este organismo actúa como instancia rectora para fomentar la inclusión social, impulsar el desarrollo cultural y social, y asegurar el respeto a los derechos fundamentales, en especial el de la no discriminación. Entre sus atribuciones, destaca la recepción y resolución de quejas por presuntos actos discriminatorios, ya sea cometidos por particulares o autoridades federales. El organismo protege a las personas contra cualquier distinción o exclusión por motivos como origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social o económica, salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil, entre otros.

Tiene personalidad jurídica y patrimonio propios, está sectorizado en la Secretaría de Gobernación, cuenta con autonomía técnica y de gestión, y sus resoluciones en procedimientos de quejas no están subordinadas a ninguna autoridad. Su relevancia radica en su papel como garante de la igualdad de oportunidades y la protección de los derechos humanos ante cualquier forma de discriminación.

La discriminación y la violencia que enfrentan las personas LGBTIQ+ en El Salvador superan la esfera de los actos individuales de rechazo y constituyen factores estructurales que afectan múltiples dimensiones de la vida cotidiana.

Así lo expone la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) en su reciente investigación sobre medios de vida de las personas LGBTIQ+ publicada en 2026, donde se documenta cómo estos obstáculos limitan el acceso a derechos fundamentales y condicionan las posibilidades de construir proyectos de vida en condiciones de igualdad.

El estudio revela que la discriminación se manifiesta en todos los espacios donde las personas LGBTIQ+ desarrollan su vida diaria. Los espacios públicos concentran la mayor proporción de experiencias de discriminación reportadas (40.06 %), seguidos por el entorno familiar (33.70 %) y las comunidades (21.82 %).

También se identifican altos niveles de exclusión en instituciones responsables de garantizar derechos fundamentales, como servicios públicos de salud, centros educativos e instituciones del sistema de justicia, donde persisten prácticas discriminatorias que afectan la confianza y limitan el acceso efectivo a servicios esenciales (18.51 %).

En el ámbito laboral, casi una de cada cinco personas (19.89 %) reportó haber experimentado discriminación, lo que impacta directamente las oportunidades de inserción y desarrollo profesional.

Consecuencias profundas y persistentes

Las consecuencias de estas experiencias van más allá del momento en que ocurre la discriminación. Más de un tercio de las personas participantes (37.02 %) manifestó sentir miedo de regresar al lugar donde fue discriminada, mientras que 22.38 % señaló haber evitado buscar nuevamente determinados servicios.

Estas respuestas reflejan un proceso de desconfianza que termina restringiendo el acceso a derechos, debilitando la participación social y profundizando la exclusión.

Otras consecuencias reportadas incluyen el retraso en la atención o prestación de servicios (12.43 %) y la negación de servicios públicos (6.35 %).

Impacto estructural en los medios de vida

El informe de ORMUSA subraya que los medios de vida de las personas no dependen únicamente de los ingresos o del acceso al empleo, sino también de las oportunidades para ejercer sus derechos, participar en la vida social y desarrollarse en entornos libres de discriminación y violencia.

En el caso de la población LGBTIQ+, estas condiciones continúan estando marcadas por barreras sociales, culturales e institucionales que limitan el acceso a la educación, el trabajo, la salud y otros derechos fundamentales.

La investigación aporta evidencia sobre cómo estas dinámicas de exclusión afectan diversos derechos de esta población. Entre los principales hallazgos destaca que 56.63 % de las personas participantes experimentó situaciones de discriminación por su orientación sexual o identidad de género durante los últimos tres años.

Una de cada cinco personas (19.89 %) atribuyó la ausencia de experiencias de discriminación al hecho de no expresar abiertamente su orientación sexual o identidad de género. Este dato revela que el ocultamiento de la identidad sigue siendo una estrategia de protección frente al rechazo y la exclusión, lo que limita el bienestar, el desarrollo y las posibilidades de construir proyectos de vida en condiciones de igualdad.

El análisis de ORMUSA concluye que la garantía efectiva de los derechos de las personas LGBTIQ+ requiere no solo el fortalecimiento de las políticas públicas, sino también la transformación de las normas, prácticas y dinámicas sociales y culturales que sostienen la discriminación y la exclusión.

La discriminación vulnera derechos y limita las oportunidades de construir proyectos de vida en condiciones de igualdad, lo que demanda una respuesta integral que vaya más allá de la sanción de actos individuales y aborde los factores estructurales de la exclusión.

Edipo juró ante su pueblo castigar al culpable de la peste que asolaba Tebas, porque el crimen del Rey Layo, su padre, permanecía impune. Al final de la tragedia descubre que el culpable era él mismo y se arranca los ojos. En Edipo Rey, Sófocles escribió sobre la ceguera de quien juzga sin mirarse primero a sí mismo. Esa ceguera dominó el debate emocional que se desató contra Argentina después del Mundial.

Buena parte de los medios y de la sociedad reaccionaron con un nacionalismo visceral, y el resultado fue el previsible: dos grupos que no dialogaron. De un lado, una campaña maniquea que trató a la Argentina como el gran discriminador mundial. Del otro, una respuesta que en vez de discutir con estándares objetivos se refugió en lo emocional, repitiendo “no discriminamos” sin ofrecer evidencias para sustentarlo.

En el medio se cruzaron numerosas acusaciones de racismo apoyadas en patrones históricos de discriminación, como la esclavitud y la colonización, o en la composición demográfica de las selecciones de fútbol. Si bien esos contextos pueden eventualmente derivar en hechos discriminatorios, por sí solos no prueban nada, ni sobre la Argentina, ni sobre ningún otro país. Que un país tenga un pasado esclavista no prueba que discrimine hoy. Que no lo tenga, tampoco prueba lo contrario. La historia es contexto, no evidencia.

Los dos bandos partieron del mismo error: asumir que algún país del mundo podría estar libre de discriminación, y condenar al otro como si en el propio no existiera.

Lamentablemente la discriminación existe en todos los países del mundo. Ha estado presente en toda sociedad a lo largo de milenios. Preguntarse si un país discrimina es una simplificación inútil y una trampa retórica al servicio de nacionalismos chovinistas que eligen lo emocional por sobre lo racional, abriendo peligrosamente las puertas de la violencia, en un mundo con muchos tintes autoritarios al filo de una barbarie globalizada.

Que la discriminación afecta a todos los países del mundo está basado en datos verificables. Un análisis de las recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU), el mecanismo de la ONU que evalúa periódicamente a todos los países del mundo, muestra que los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas recibieron recomendaciones para combatir la discriminación en sus propios países. Ni las democracias más consolidadas ni los países mejor posicionados en los índices internacionales de derechos humanos quedaron afuera.

Aceptado que la discriminación golpea a todos, la pregunta deja de ser si existe. Y la pregunta que nos debemos hacer es ¿cuál es la respuesta del Estado? ¿La combate activamente? ¿Mira para otro lado? ¿O, en el peor de los casos, la promueve desde el poder mismo? Esas preguntas estuvieron ausentes en el debate posterior al Mundial.

Para responder a estas preguntas debemos evaluar, por lo menos, los siguientes seis elementos:

Las leyes: si existe un marco jurídico que sancione la discriminación, la reconozca como delito o falta, ofrezca reparación a las víctimas, y si ese marco está a la altura de los estándares internacionales.

Las instituciones: si hay organismos eficientes con recursos y atribuciones reales para prevenir, investigar y combatir la discriminación.

Las políticas públicas: que es donde se prueba si la ley es letra viva o letra muerta: programas, presupuesto, acciones concretas.

Las palabras también matan. Después del nazismo debería sobrar explicar por qué. El discurso de quien ejerce el poder tiene un efecto multiplicador. Cuando un presidente, un ministro o un legislador discrimina desde el atril, no “opina”, autoriza.

La cultura cotidiana, el humor, el lenguaje, los estereotipos, las estigmatizaciones, son un espejo de nuestra sociedad.

Y, por último, los hechos: incidentes documentados, patrones de violencia o exclusión, estadísticas que permitan medir la magnitud real del problema.

Con esa vara, ningún país sale indemne. Algunos ejemplos nos permiten comprender la magnitud del problema y la complejidad del debate.

En 2009 el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en el caso Rosalind Williams, declaró a España responsable de que la Guardia Civil detuviera a una ciudadana española por sus rasgos físicos, calificando ese control de discriminatorio. Once años después, en 2020, el EPU volvió a señalar a España por la misma práctica; en 2024, organizaciones de la sociedad civil constataron que las recomendaciones seguían sin cumplirse, y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Afrodescendientes había calificado la identificación por perfil racial como una práctica “endémica” en el país.

Inglaterra es otro ejemplo. El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) examinó al Reino Unido en agosto de 2024, mientras el país todavía procesaba los disturbios raciales desatados por la desinformación falsa que circuló tras el asesinato de tres niñas en Southport, e instó al gobierno a cumplir con numerosas recomendaciones pendientes sobre un hecho previo en el que cientos de personas de origen caribeño, conocidas como la generación Windrush, fueron detenidas ilegalmente, privadas de los servicios de salud o deportadas pese a tener pleno derecho a residir en el país.

Francia tampoco escapó. En octubre de 2023, el Consejo de Estado francés reconoció que los controles de identidad discriminatorios no eran casos aislados. Trece meses después, el Comité de Derechos Humanos de la ONU señaló a Francia por la persistencia de esa práctica. Y en junio de 2025, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Francia por la utilización de perfiles raciales en un control de identidad de una persona de origen africano.

Argentina no se queda atrás. En 2023 el CERD examinó a la Argentina y señaló varias deficiencias que exigían respuestas más eficaces por parte del Estado. El mismo informe citó el Mapa Nacional de la Discriminación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), que, en base a una muestra probabilística de 11.700 personas, concluía que el 93% consideraba que en la Argentina se discriminaba mucho o bastante, y el 72% dijo haber sufrido alguna forma de discriminación.

Asimismo, en marzo de 2025, un hincha argentino le hizo gestos racistas al público brasileño. En 2023, la CONMEBOL multó a Racing Club por gestos racistas de sus fanáticos, y el mismo organismo sancionó en los años previos a River, Boca e Independiente por hechos similares. Y se pueden sumar numerosos casos de turistas argentinos en Brasil procesados por gestos racistas.

Más aún, a confesión de parte, relevo de prueba. La existencia de discriminación estructural y la utilización de perfiles raciales contra los afrodescendientes en Argentina fue reconocida por el mismo Estado argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Acosta Martínez en 2020. La Corte declaró a Argentina responsable por la detención discriminatoria y posterior muerte de un ciudadano uruguayo, afrodescendiente, arrestado por la policía únicamente por su apariencia racial. Le ordenó capacitar a sus fuerzas de seguridad sobre el uso de perfiles raciales. En 2023, el CERD constató que esa orden seguía sin cumplirse.

Indudablemente las cifras y los hechos muestran que, al igual que en todos los países, en Argentina la discriminación existe, y que el Estado y la sociedad tienen una tarea pendiente.

Esa tarea pendiente nos lleva obligatoriamente a un debate ideológico.

El rol del Estado históricamente ha definido a las corrientes políticas. En términos generales la izquierda defendió tradicionalmente un Estado activo para combatir la discriminación; mientras que la derecha le otorga un rol más limitado, confiando principalmente en que la iniciativa privada la resuelva.

Si bien esa ecuación sigue vigente, en los últimos años ha sido modificada por el surgimiento de una ultraderecha que propone un Estado aún más limitado que el del liberalismo clásico. Y en sus versiones más extremas, la resurgida ultraderecha cuestiona que la no discriminación sea un valor a proteger.

Hans-Hermann Hoppe, economista con influencia en el discurso de la ultraderecha, a quien el presidente Milei mencionó junto a Rothbard como su norte intelectual, no solo no está en contra de la discriminación, sino que defiende abiertamente el derecho a discriminar como una derivación de la propiedad privada, y llama a la discriminación misma un factor civilizador: “…no solo defiendo el derecho a discriminar, tal como está implícito en el derecho de propiedad privada, sino que también enfatizo la necesidad de la discriminación para mantener una sociedad libre, y explico su importancia como un factor civilizador.”

Esta diferencia entre la concepción del liberalismo tradicional y la de sectores de la ultraderecha no es menor. Combatir la discriminación no exige necesariamente un Estado más grande. Exige uno activo: que actúe conforme a principios morales y éticos, que trate al individuo como un fin en sí mismo y no como un instrumento del Estado.

Sin contenido moral, la igualdad son ocho letras.

Esas posturas extremas dentro del campo libertario representan, mínimamente, un alejamiento de los principios morales que deben guiar el accionar del Estado. En Argentina, esa lógica permite comprender el cierre del INADI y del Ministerio de las Mujeres, que el Gobierno presentó como el desmantelamiento de “antros de persecución ideológica”.

Más allá de la grandilocuencia y motivación política de dicha expresión, es muy probable que el INADI y el Ministerio de la Mujer no estuvieran cumpliendo debidamente su función. Pero si combatir la discriminación fuera realmente una prioridad, lo racional era mejorarlos, no cerrarlos. Se puede discutir cómo deben funcionar esas instituciones, pero seamos honestos, resulta difícil decir que no hay discriminación en un país que decide cerrar, con bombos y platillos, las dos instituciones principales encargadas de combatirla.

Y es igualmente incuestionable que quienes condenaron a Argentina lo hicieron sin mirarse al espejo. Pero erróneamente, la respuesta argentina cayó en la misma ceguera, y en vez de aprovechar la oportunidad para preguntarnos con honestidad cuánto había de cierto en esas críticas, y qué nos faltaba corregir, contestamos señalando la discriminación ajena, como si eso borrara la propia. Un mecanismo de desconexión moral conocido como comparación ventajosa.

Karl Popper, uno de los filósofos liberales del siglo XX, sostuvo que las sociedades progresan cuando son capaces de reconocer y corregir sus propios errores. Y en la paradoja de la tolerancia nos advirtió hace 81 años sobre los riesgos de la intolerancia que estamos viviendo: si una sociedad tolerante no está dispuesta a plantarse frente a quienes buscan destruirla, termina destruida junto con su propia tolerancia. En otras palabras, si el odio y la fuerza mandan sin frenos, pierden los tolerantes y triunfan los autoritarios.

Un gran paso adelante podría ser que los gobiernos actuales, pero sobre todo la sociedad, lean más a Popper y sus valores morales, que a Hoppe y su defensa de la discriminación como virtud.

En una época que idolatra juventud, productividad y autonomía, la vejez se ha convertido en una prueba moral. No porque envejecer sea un problema, sino porque revela qué entendemos por dignidad humana. Una comunidad que sólo valora la vida mientras produce y permanece funcional no cree en la dignidad sino en la utilidad. En salud, cuando esa lógica penetra en hospitales, obras sociales o presupuestos sanitarios, se convierte en discriminación concreta.

Esta discriminación por edad se denomina edadismo, concepto desarrollado por Robert Butler a fines de los `60. En salud puede expresarse en demoras diagnósticas, dolor subestimado, menor acceso a tratamientos, infantilización, silenciamiento del paciente o distribución desigual de recursos.

El edadismo sanitario rara vez declara que una vida vale menos, pero actúa como si así fuera. Aparece cuando un síntoma se minimiza porque “es propio de la edad”; cuando se conversa con familiares y no con el paciente; cuando se posterga una intervención porque “ya vivió bastante”; o cuando la vejez se interpreta desde el gasto antes que desde los derechos.

La bioética nació para limitar el poder médico, científico, tecnológico e institucional e impedir que la persona sea reducida a medio, objeto, costo o expediente. Sus principios expresan una premisa decisiva: la dignidad no depende del rendimiento, la edad ni la eficiencia. Sin embargo, muchas prácticas sanitarias aún privilegian al individuo joven, lúcido, productivo y autosuficiente, cuando la vida humana también es dependencia, deterioro, memoria, vulnerabilidad y cuidado.

Este edadismo no suele ser deliberado ni atribuible a una institución particular. Opera mediante sesgos, rutinas y restricciones que atraviesan los sectores público y privado.

Desde los derechos humanos, la cuestión es exigible. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, con jerarquía constitucional, prohíbe la discriminación por edad y reconoce la salud, el consentimiento informado y los cuidados paliativos. Así, la edad modifica necesidades, no dignidad.

El edadismo sanitario vulnera este principio cuando convierte la edad en criterio encubierto de menor urgencia, escucha o inversión. La justicia sanitaria exige priorizar según criterios clínicos, proporcionalidad, pronóstico, beneficio esperado y voluntad del paciente; no según prejuicios sobre cuánto “merece” vivir alguien. Una cosa es reconocer la finitud y evitar tratamientos fútiles o desproporcionados. Otra es encubrir una cultura de abandono.

Existen dos excesos. Por un lado, el abandono edadista: no tratar, explicar, rehabilitar ni acompañar porque el paciente es viejo. Por otro, el encarnizamiento terapéutico: prolongar funciones biológicas sin atender al sufrimiento, la proporcionalidad o la voluntad.

Desde la Ética del Límite, marco que desarrollo para analizar problemas y dilemas contemporáneos, la respuesta no consiste en elegir entre abandono y obstinación, sino en recuperar el límite como principio de responsabilidad. El límite no niega la vida ni el progreso. Impide que el poder médico, técnico, económico o institucional invada aquello que debe custodiar. En la vejez exige contener tanto la soberbia de prolongarlo todo como la indiferencia que abandona lo poco rentable.

Cuidar no es simplemente curar. La medicina, fascinada por la intervención y la eficiencia, puede olvidar que parte de su tarea consiste en acompañar, aliviar, escuchar, explicar y sostener. La cura puede no ser posible, pero el cuidado siempre sigue siendo exigible.

Esto requiere profundizar políticas: formación sanitaria en envejecimiento, derechos humanos, comunicación clínica, advertir y reparar sesgos edadistas. Muchos profesionales no discriminan deliberadamente, pero pueden reproducir criterios culturales y rutinas institucionales que asocian vejez con incapacidad, pasividad o menor expectativa de beneficio. También debe fortalecerse el consentimiento informado. Informar no es entregar un formulario, sino generar comprensión. La autonomía no desaparece con la edad y las limitaciones cognitivas deben evaluarse, no presumirse.

La persona mayor tiene derecho a saber, preguntar, rechazar, aceptar y participar en las decisiones sobre su cuerpo. Hablar por encima de ella o sustituir su voz sin necesidad constituye violencia simbólica y clínica.

También se necesitan indicadores de trato digno como manejo del dolor, escucha, información, decisiones compartidas, continuidad del cuidado, rehabilitación y prevención de la soledad institucional.

La pandemia mostró qué sucede cuando la edad opera como criterio de descarte. En los debates sobre camas y respiradores aparecieron razonamientos asociados con los QALY, años de vida ajustados por calidad, una herramienta útil para evaluar políticas sanitarias, pero riesgosa cuando se traslada mecánicamente al triage clínico y distribución de recursos. Quien posee menor expectativa de vida o enfermedades crónicas puede aparecer como una inversión menos “eficiente”.

El problema no consiste en medir resultados, sino en permitir que una herramienta poblacional transforme los años vividos, la discapacidad o la fragilidad en una desventaja moral. Para evitar arbitrariedades, en 2020 elaboré, junto con otros referentes, el Marco Bioético de las Religiones Monoteístas en ocasión del COVID-19, destinado al triage y la asignación de recursos vitales. La Legislatura porteña declaró su beneplácito y el documento sirvió como referencia sanitaria. Allí sostuvimos que las decisiones límite debían apoyarse en principios éticos consolidados, preservar la igualdad de las vidas y evitar discriminaciones por edad, discapacidad, azar o utilidad social. La eficiencia pierde legitimidad cuando convierte la gestión en jerarquía moral.

El envejecimiento poblacional exige modelos integrados de salud, cuidados prolongados, acompañamiento domiciliario, apoyo comunitario, atención paliativa y protección frente al abuso. Esto compromete a gobiernos, legisladores, universidades, hospitales, obras sociales, empresas, organizaciones civiles y comunidades religiosas.

En 2023 elaboré, junto con otros referentes, la Declaración de las Religiones Abrahámicas: las personas ancianas en la sociedad contemporánea y su protección, suscripta por monseñor Vincenzo Paglia, entonces presidente de la Pontificia Academia para la Vida. Esa convergencia demostró que la defensa de la vejez puede ser una política transversal, capaz de superar divisiones religiosas e ideológicas.

Capacitar equipos, revisar protocolos, diseñar indicadores y asesorar decisiones institucionales no son tareas accesorias. Constituyen una inversión en legitimidad, calidad de atención y prevención de daños. Una sociedad que envejece necesita una ética pública del cuidado, no sólo una administración del gasto.

La cuestión de fondo es antropológica: ¿qué es una persona cuando ya no produce?, ¿cuánto vale una vida cuando requiere asistencia?, ¿qué dignidad conserva quien depende de otros para alimentarse, recordar o desplazarse?

Si respondemos desde la lógica del rendimiento, la vejez será siempre un problema que administrar. Si respondemos desde los derechos humanos, será una etapa que exige reconocimiento, justicia y cuidado proporcional a su vulnerabilidad.

El edadismo continúa operando en el turno demorado, el dolor desatendido, el diagnóstico tardío, la rehabilitación negada, la soledad hospitalaria y la persona mayor que escucha cómo otros deciden su vida como si ya no estuviera presente.

Frente a ello, la bioética debe recuperar una afirmación elemental y radical: la dignidad no envejece. Envejece el cuerpo, se debilitan ciertas funciones, cambian las necesidades y aumenta la dependencia. Pero no se reduce el valor moral de la persona. Olvidarlo construye una jerarquía encubierta de vidas más o menos atendibles o dignas de cuidado.

Una bioética de la vejez fundada en derechos humanos debe sostener tres principios irrenunciables: nadie vale menos por haber vivido más; nadie debe ser abandonado por depender más; nadie debe ser tratado como costo antes que como persona.

En esos principios se juega no sólo el trato que brindamos a las personas mayores, sino la clase de humanidad que estamos dispuestos a defender. La vejez no es el fracaso de la vida. Es una de sus formas más exigentes. Por eso nos obliga a decidir si la dignidad humana es una convicción real o apenas una consigna útil mientras el cuerpo todavía rinde.

El edadismo sigue condicionando el acceso y la permanencia en el mercado laboral de los trabajadores mayores de 45 años. El desempleo entre quienes superan los 55 ya está por encima del registrado entre las personas de 25 a 54, mientras la discriminación por edad se consolida como un problema estructural.

El impacto tiene un sesgo de género. Seis de cada diez mujeres afirman haber sufrido las consecuencias de esa discriminación, según la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos.

La presencia pública del fenómeno creció en los últimos años. Vânia de la Fuente-Núñez, experta internacional en envejecimiento saludable y coautora principal del informe de la ONU, señaló que uno de los avances desde el lanzamiento de la Campaña Mundial contra el Edadismo en 2016 es que el problema empezó a ser nombrado, comprendido y discutido en la agenda pública y política.

Más países aprobaron leyes contra la discriminación por edad

La médica y antropóloga, autora de La Trampa de la Edad, subrayó además que el número de países con legislación nacional contra la discriminación por edad pasó de 87 en 2018 y 105 en 2023: “Tanto las pruebas recogidas en el Informe Mundial sobre el Edadismo de Naciones Unidas como la investigación más reciente que incluyo en el libro La Trampa de la Edad muestran que el edadismo es un problema estructural y universal, y por eso requiere políticas activas y sostenidas.”

Los prejuicios sobre la edad chocan con los datos de empleo y productividad

Tres directivas consultadas por La Vanguardia describieron un prejuicio extendido en las empresas sobre los candidatos de más edad. Se trata de la idea de que envejecer equivale a obsolescencia, menor ambición, resistencia al cambio y salarios más altos.

Patricia Iglesias, directora de personas y cultura en Tappx with Techsoulogy, lo resumió así: “El mayor mito laboral es que ser mayor equivale a obsolescencia, menor ambición, resistencia al cambio y salarios elevados.”

Laura Ojeda, directora de personas y cultura en Lab. Almirall, añadió al medio que esa creencia “es una forma cómoda —y errónea— de evitar hablar de actitud, compromiso y aprendizaje continuo”.

El autor de El talento no tiene edad, Gustavo dos Santos, planteó que las carreras laborales ya no siguen un recorrido lineal y que el mercado obliga a reconstruir trayectorias y revisar el peso de la edad en la empleabilidad. También advirtió que hoy conviven hasta cinco generaciones dentro de las organizaciones y que esa coexistencia debería convertirse en una estrategia de gestión del talento.

Esa transformación afecta de manera particular a ejecutivos de 50 o 55 años que deben rediseñar su camino profesional después de haber pasado largos períodos en una misma empresa. La dificultad no se limita a encontrar empleo: también incluye redefinir una propuesta de valor en un mercado más inestable.

El Fondo Monetario Internacional sostiene que el envejecimiento demográfico no tiene por qué provocar una caída del crecimiento económico y señala que los profesionales de más de 50 años tienen hoy mejores capacidades físicas y cognitivas que generaciones anteriores a la misma edad.

Los informes más recientes también indican que no existe una edad a partir de la cual el rendimiento disminuya de forma automática. En determinadas tareas, incluso, los trabajadores de más edad son más productivos que sus colegas más jóvenes.

Ojeda sostuvo que “el rendimiento no depende de la edad, sino de la actitud, la curiosidad y la capacidad de seguir aprendiendo”. También afirmó que “el desgaste no llega por la edad, sino cuando el trabajo se vive única y exclusivamente como una transacción económica”.

La economía silver expone la contradicción entre demografía y contratación

El economista argentino Gustavo Reija cuestionó la idea de reducir la llamada economía silver a un mercado de bienes y servicios para mayores de 50 años. A su juicio, esa mirada deja fuera una dimensión central: el valor productivo y laboral de esa generación.

Para sostenerlo, citó referencias internacionales. Según recordó, la Comisión Europea entiende ese universo como toda la actividad económica vinculada con ese segmento, y en la Unión Europea las personas de más de 50 años ya generaban una actividad equivalente a la tercera economía del mundo, mientras que en Japón el sector superó los USD 1.000 millones.

Reija remarcó que el mercado laboral actúa en sentido inverso a esa tendencia demográfica. Citó el Informe Generación Silver para señalar que las personas de entre 50 y 65 años representan apenas el 7,4% de la dotación de las organizaciones, que el 54% de los postulantes de esa franja fue rechazado por su edad y que el 68% de los responsables de recursos humanos no contrató a ninguna persona mayor de 55 años en el último año.

También mencionó una proyección del Banco Interamericano de Desarrollo sobre América Latina. Según ese cálculo, cerca del 30% del crecimiento del consumo regional entre 2015 y 2030 provendrá de los mayores de 60.

La experiencia, el criterio y la memoria de patrones aparecen como ventajas

Gina Aran, CEO de Inginium y profesora asociada en esa institución, defendió el valor de la experiencia acumulada. Según explicó a La Vanguardia, la diferencia dentro de una empresa no la marca la inteligencia artificial, sino la capacidad humana de aplicar criterio, formular buenas preguntas, actuar con intuición, leer emociones y gestionar la ambigüedad.

Aran sostuvo que esas habilidades se aprenden y mejoran con los años. Ojeda sumó a esa lista la templanza, mientras que Iglesias destacó una competencia que consideró poco valorada: la memoria de patrones.

“Tras tantos años de experiencia, han visto tantas versiones de los mismos problemas que desarrollan una agilidad particular para resolverlos”, explicó Iglesias a La Vanguardia. Esa acumulación de experiencia ayuda a entender, además, por qué muchos puestos de liderazgo están ocupados por personas en la mediana edad.

Las habilidades cognitivas no evolucionan todas de la misma forma. Algunas alcanzan su punto más alto en la mediana edad y luego disminuyen ligeramente, mientras otras se mantienen e incluso mejoran.

Dos Santos sostuvo que construir una carrera hoy exige reconocer fortalezas, definir una propuesta de valor y alinear la formación académica con las necesidades del mercado y con la identidad profesional que cada persona puede aportar. Esa construcción, añadió, requiere agilidad para aprender, disposición a innovar y capacidad para revisar hábitos y rutinas.

Aran planteó que no tiene sentido exigir a un profesional sénior competir en velocidad con alguien de 28 años, del mismo modo que tampoco sería razonable pedir a una persona joven el criterio estratégico de quien acumula 30 años de experiencia. Su propuesta es que cada empleado trabaje desde sus fortalezas para optimizar su energía y mejorar la eficiencia colectiva.

Las tres directivas coincidieron en que los equipos más sólidos son los que apuestan por el aprendizaje continuo y combinan profesionales de distintas edades. Iglesias resumió esa idea al señalar que los puestos deberían adaptarse al momento vital, a las necesidades y a las capacidades de las personas, tanto a los 30 como a los 60 años.

Aran afirmó que muchas empresas aseguran buscar criterio y visión estratégica, pero terminan contratando a quien cuesta menos. Ojeda propuso dejar de tratar la edad como algo más que un dato administrativo y concentrarse en el valor que cada profesional puede aportar a la organización.

Iglesias defendió la creación de equipos intergeneracionales que se complementen en lugar de enfrentar a jóvenes y mayores. Aran cerró esa idea con una advertencia sobre la pérdida de conocimiento: “Si desaparece la transferencia de conocimiento, la empresa tiene que volver a aprender desde cero y asumir de nuevo un coste que ya había pagado. Con profesionales sénior, la empresa acumula valor, no costes”.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exigió al Congreso de Puebla una respuesta inmediata tras las expresiones consideradas discriminatorias emitidas por las diputadas Nayeli Salvatori y Grace Palomares. El organismo señaló que los comentarios, difundidos en un espacio digital, constituyen una violación directa a los derechos humanos y una forma de violencia institucional contra las personas adultas mayores. El pronunciamiento advierte que este tipo de conductas transgrede los principios legales de protección y respeto a la dignidad de este sector.

La CNDH subrayó que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores reconoce el derecho de este grupo a una vida libre de violencia y con respeto irrestricto a la integridad física y moral. El organismo recordó que la dignidad no disminuye con la edad y que las burlas sobre el envejecimiento atentan contra ese reconocimiento básico. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores obliga a las autoridades mexicanas a garantizar la inclusión social y el respeto a los derechos de este sector.

El Congreso de Puebla bajo presión tras el caso Salvatori y Palomares

La polémica escaló después de que las diputadas Salvatori y Palomares emitieran comentarios en el podcast “Descasadas”, donde se refirieron a los hombres mayores con frases como “huelen a baúl del recuerdo” y “ya se están pudriendo”. Las expresiones provocaron el rechazo inmediato de distintos sectores y llevaron a que el partido Morena, al que pertenecen ambas legisladoras, abriera una investigación interna para determinar posibles sanciones.

Tras los dichos, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es la instancia encargada de resolver el procedimiento. Hasta el momento, no existe un plazo definido para que la comisión emita una resolución. En conferencia de prensa, manifestó que en su opinión deberían suspenderse a las legisladoras, aunque la decisión final corresponde al órgano partidista. El partido hizo un llamado a toda su militancia a conducirse con respeto y recordó que la lucha por los derechos de los adultos mayores forma parte de sus principios históricos.

La presidenta rechaza cualquier forma de discriminación

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum fijó postura sobre el caso. Durante una conferencia matutina, afirmó que ningún integrante del gobierno o de cualquier partido debe emitir comentarios discriminatorios. Sheinbaum subrayó que su administración se opone a toda forma de discriminación, sin importar la militancia política de quienes incurren en esas conductas. Remitió la resolución del caso al procedimiento interno de Morena y enfatizó la importancia del respeto a los adultos mayores.

El caso provocó además un pronunciamiento adicional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla —al que se sumó la CNDH— que señaló que una disculpa en redes sociales no repara el daño moral infligido. El organismo estatal advirtió que este tipo de discursos, emitidos por representantes populares, normalizan la exclusión y el maltrato hacia las personas mayores en la sociedad.

Exigencia de códigos éticos y procesos de sensibilización

La CNDH reiteró su exigencia al Congreso de Puebla para que implemente códigos éticos rigurosos. El organismo solicitó que estos códigos garanticen que ningún integrante del Poder Legislativo utilice discursos discriminatorios en ninguna plataforma pública o digital. Además, consideró urgente someter tanto a las diputadas como a toda la legislatura a procesos de sensibilización sobre vejez y derechos humanos.

La comisión concluyó que las personas mayores tienen derecho al respeto, la protección y la máxima garantía de sus derechos, y que la violencia verbal y la discriminación no pueden tolerarse en la vida pública.

El fallo se emitió luego de determinar que el actual diseño de los buses, en particular el uso de torniquetes en la puerta delantera, constituye una forma de discriminación estructural que vulnera los derechos a la igualdad, la dignidad y la libre locomoción.

La decisión que se resolvió el 29 de julio de 2026, corresponde al estudio de una acción de tutela presentada por una mujer de 42 años, identificada como Rocío (nombre modificado), y que expuso la imposibilidad material de acceder al sistema de buses de la ciudad debido a su condición corporal.

Según la accionante, el torniquete instalado en la puerta frontal de los vehículos le impide el ingreso, y, pese a solicitar apoyo, no se le permitió abordar por la puerta trasera ni se le ofrecieron soluciones razonables.

Durante el proceso, las empresas involucradas —Buses Armenia S.A., Cooburquin (Cooperativa de Buses Urbanos de Quindío) y Transportes Urbanos Ciudad Milagro S.A., que integran la unión temporal TINTO— reconocieron que la operación del sistema cumple con las normas técnicas y la reglamentación sectorial, y que algunos de sus vehículos disponen de elementos de accesibilidad orientados a personas con discapacidad o movilidad reducida.

Sin embargo, admitieron la ausencia de protocolos específicos para personas con corporalidades diversas en razón del peso y que, normalmente, el acceso se da únicamente por la puerta delantera.

Por su parte, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, el Ministerio de Transporte y la entidad AMABLE E.I.C.E. señalaron que no existe regulación que prohíba la apertura de la puerta trasera cuando sea necesario, aunque la decisión depende de las compañías operadoras.

Además, en el fallo se aclararó que no se registran sanciones a los conductores por permitir el ingreso por la puerta trasera en circunstancias justificadas.

El caso que una mujer le ganó a empresa de transportes en el Eje Cafetero: el fallo de la Corte

En primera instancia, un juzgado local otorgó la tutela y ordenó la habilitación del ingreso de la accionante por la puerta trasera, pero en segunda instancia esta decisión fue revocada bajo el argumento de existencia de otros mecanismos judiciales y administrativos disponibles.

La Corte Constitucional, al seleccionar el caso para revisión, realizó un análisis que integró el juicio de igualdad, la jurisprudencia sobre discriminación y la revisión de la normativa nacional e internacional en materia de accesibilidad y trato igualitario.

El fallo de la Corte destaca que el criterio de diversidad corporal por peso, aunque no está explícitamente incluido como sospechoso en el artículo 13 de la Constitución, sí cumple con las características de una categoría que ha sido históricamente objeto de estigmatización y puede ser fuente de tratos discriminatorios.

El alto tribunal documentó que los dispositivos como los torniquetes, además de ser justificados por criterios técnicos y operativos, pueden operar como mecanismos de exclusión cuando no incluyen ajustes razonables.

Según la sentencia, “la exclusión no surge de la condición individual de la accionante, sino de las barreras físicas y operativas que el entorno impone, sin ofrecer alternativas razonables”.

La providencia remarca que la inexistencia de protocolos específicos para la población con diversidad corporal en razón del peso “es atribuida por las empresas a la falta de regulación, mientras que la autoridad local niega que exista una prohibición normativa para permitir el acceso diferenciado”.

Por consiguiente, la Corte concluyó que el trato recibido por la usuaria fue discriminatorio y lesivo del derecho a la igualdad en el acceso universal y seguro al sistema de transporte público y de la dignidad humana en su faceta de “vivir sin humillaciones”, puntualizó el fallo.

Asimismo, se consideró en el documento final que “la negativa reiterada de acceso afecta directamente los derechos fundamentales” de la accionante y que el diseño del servicio bajo un “usuario estándar” profundiza la exclusión estructural.

El fallo ordena a las empresas del sistema TIΝTO permitir, de manera inmediata, el ingreso por la puerta trasera a toda persona que enfrente una barrera efectiva de acceso por motivos de diversidad corporal en razón de peso, sin requerir certificaciones médicas adicionales y garantizando el pago correspondiente del pasaje.

Además, les exige adaptar y socializar protocolos que aseguren el trato digno, capacitar al personal operativo y eliminar cualquier sanción interna que penalice a los conductores por cumplir estas directrices.

De igual forma, la decisión incluye la obligación para la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, el Ministerio de Transporte y AMABLE E.I.C.E. de revisar y actualizar la política pública local, formular un protocolo específico de acceso para este grupo poblacional y socializarlo entre las empresas y autoridades pertinentes.

Dentro de la misma decisión del alto tribunal se exhorta al Ministerio de Transporte nacional a promover políticas públicas con enfoque de derechos humanos que garanticen el diseño universal de los sistemas de transporte público, accesibles y dignos para personas con corporalidades diversas en razón del peso.

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) sostiene que instalar lactarios en las empresas no basta para garantizar el derecho de las mujeres a ejercer la maternidad y el cuidado sin consecuencias, por lo que exigió a los empleadores un cambio estructural para evitar que ser mamá derive en un castigo laboral.

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se conmemora del 1 al 7 de agosto, el organismo señaló que, pese a los avances en infraestructura, persisten prácticas que afectan el empleo, el ingreso y la trayectoria profesional de las mujeres por ejercer su derecho a ser madres y cuidar.

A esto sumó que el embarazo se mantiene entre los principales motivos de discriminación laboral en la Ciudad de México, luego de que en 2025 documentó 29 expedientes por discriminación asociada a este motivo.

El estudio Discriminación por embarazo. Un estudio sobre la Ciudad de México indica que 68.8% de las quejas se refiere a despidos injustificados y 12.1% a presiones para firmar la renuncia.

El COPRED sostuvo que no se trata de hechos aislados y que incluso, los cambios de horario, exclusión de funciones, negación de ascensos y asignación de labores de riesgo forman parte de un entramado de obstáculos que comienza cuando una trabajadora comunica su embarazo y puede continuar después de la licencia de maternidad.

El castigo laboral por cuidados no termina con el parto

El COPRED advierte que las desventajas laborales se extienden tras el nacimiento. Las mujeres enfrentan condiciones de trabajo deterioradas al reincorporarse, si ejercen su derecho a la lactancia o necesitan conciliar empleo y cuidados.

El hostigamiento, la reducción de salario, la negación de ascensos y el cambio de funciones siguen presentes.

El problema no reside solo en decisiones individuales, sino en una organización del trabajo que penaliza a quien no está disponible de manera ininterrumpida.

Cuando la maternidad y la lactancia se interpretan como obstáculos para la productividad o como un costo para la empresa, son las mujeres quienes ven mermadas sus oportunidades laborales, ingresos y desarrollo profesional.

Lactarios vacíos si hay miedo a represalias

El COPRED sostiene que la existencia de lactarios es insuficiente si las trabajadoras temen usar estos espacios por posibles consecuencias negativas.

El derecho a la lactancia requiere tiempo, condiciones materiales y un entorno laboral sin discriminación ni represalias.

Mientras los cuidados sigan considerándose una carga femenina, el embarazo y la maternidad seguirán operando como factores de desigualdad en el mercado laboral.

La corresponsabilidad es tarea de políticas públicas, condiciones laborales y prácticas empresariales que permitan cuidar sin poner en riesgo derechos laborales.

Obligaciones patronales y una reforma legal en debate

El COPRED recordó que empleadores públicos y privados tienen la obligación de prevenir y eliminar cualquier práctica discriminatoria relacionada con embarazo, maternidad y lactancia.

Además de que garantizar estos derechos implica evitar afectaciones en la trayectoria laboral de las mujeres.

Impulsan ley contra despidos por maternidad y lactancia

En marzo pasado, el colectivo Mexiro A.C. presentó ante la Cámara de Diputados una propuesta de reforma legal para promover la lactancia extendida y fortalecer la estabilidad laboral de mujeres y personas gestantes ante los despidos por maternidad.

La iniciativa cuenta con el respaldo de legisladores de todos los grupos parlamentarios y busca modificar la Ley Federal del Trabajo (LFT) y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE) para ampliar el periodo de lactancia legal de seis meses a dos años, además de reforzar las garantías de empleo durante el embarazo y la lactancia.

La propuesta es resultado de litigios estratégicos, como el caso de Fernanda Galicia, fundadora de Mexiro, quien enfrentó un juicio laboral contra el INAI que evidenció las brechas en la protección jurídica para mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.

Según datos del COPRED, el embarazo es la principal causa de discriminación laboral en la Ciudad de México, manifestándose en despidos injustificados, presiones para renunciar, solicitud de pruebas de embarazo, negación de ascensos, reducción salarial y asignación de labores de riesgo.

Mexiro argumenta que la lactancia y los cuidados son derechos fundamentales vinculados al trabajo digno, la salud reproductiva y el interés superior de la niñez.

Por ello, la reforma busca establecer un marco legal que garantice condiciones laborales compatibles con la maternidad y los cuidados, con enfoque de justicia social y laboral.

Los objetivos específicos incluyen la protección de la lactancia extendida hasta dos años, mecanismos jurídicos para garantizar la estabilidad laboral, y la creación de espacios adecuados para la extracción y administración de leche materna en centros de trabajo públicos y privados.

La iniciativa también propone capacitación continua, acceso a servicios de apoyo y políticas de conciliación entre vida laboral y familiar. Está alineada con estándares internacionales de la OIT, CEDAW, OMS y UNICEF.

La diputada Patricia Mercado presentó la reforma en el periodo ordinario de sesiones de febrero a abril de 2026, buscando su debate y aprobación.

Una mujer de 71 años obtuvo este año un fallo judicial que obliga a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a reconocerle una pensión por orfandad, pese a que su solicitud había sido rechazada por estar divorciada. La decisión, dictada por la Sala Segunda del Poder Judicial de Costa Rica, modifica el criterio histórico sobre el acceso a esta prestación y aplica el precedente que, desde enero de 2023, dejó sin efecto el requisito de la soltería en estos casos.

Según informó CR Hoy, el tribunal ordenó a la CCSS pagar el beneficio desde el 11 de enero de 2023, sumando los intereses legales y la indexación correspondiente.

El caso abordó una situación concreta: si la CCSS podía seguir negando la pensión por orfandad a hijas mayores de 55 años únicamente por su estado civil de divorciadas. De acuerdo con CR Hoy, la respuesta de la Sala fue negativa porque la condición de soltería ya no resulta válida para rechazar la prestación bajo los principios de igualdad y no discriminación. El tribunal anuló además el fallo de primera instancia, aunque dispuso que cada parte asumiera sus costas procesales tras determinar que la Caja actuó de buena fe.

La institución había fundamentado su negativa en el artículo 55 de su reglamento, que permitía el acceso a la pensión solo para hijos solteros. El juzgado de primera instancia también rechazó la demanda al considerar que la solicitante contaba con otros recursos de subsistencia, entre ellos una pensión del Régimen No Contributivo de la CCSS y ayudas económicas del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). Sin embargo, durante el proceso de casación, la afectada explicó que la pensión no contributiva apenas alcanzaba los ₡80.000 mensuales (USD 176.80) y que el subsidio del IMAS fue temporal y posteriormente suspendido. Además, argumentó que, aunque estaba divorciada, convivió con sus padres durante más de 30 años y no volvió a casarse ni a formar una unión de hecho.

El recurso planteado ante la Sala Segunda se centró en la revisión del requisito de soltería a la luz de los principios de igualdad y proporcionalidad. Según CR Hoy, la demandante sostuvo que su situación económica y familiar resultaba equiparable a la de cualquier hija soltera que dependía de sus padres. El tribunal acogió ese razonamiento, apoyándose en el precedente constitucional que desde enero de 2023 eliminó el requisito de la soltería para la obtención de la pensión por orfandad.

Para verificar el cumplimiento de los demás requisitos legales, los magistrados revisaron un informe socioeconómico. Ese documento detalló que la mujer había nacido en noviembre de 1954, cursó solo el primer año de secundaria y realizó trabajos esporádicos en labores domésticas y venta de comidas desde su adolescencia. Se casó en 1982, tuvo tres hijos y, tras divorciarse, regresó a vivir con sus padres, acompañándolos durante décadas.

Tras la muerte de su padre en 2001, la mujer asumió casi en exclusiva el cuidado de su madre, quien sobrevivió hasta los 91 años. Durante cerca de 20 años, la solicitante gestionó la pensión de vejez de su madre, la acompañó a consultas médicas y se ocupó de las tareas domésticas, según documentó el informe citado por CR Hoy. Los jueces concluyeron que la única fuente de ingresos del hogar era la pensión de la madre, lo que permitió acreditar una dependencia económica real y sostenida.

La sentencia subrayó que las tareas de cuidado de personas adultas mayores han recaído históricamente sobre las mujeres, quienes a menudo sacrifican oportunidades laborales y educativas para atender a sus padres durante años. Al fallecer los progenitores, quienes asumieron ese trabajo suelen quedar sin ingresos propios y con dificultades para reinsertarse en el mercado laboral. Ese era el escenario de la demandante, quien presentaba además problemas de salud como diabetes insulinodependiente, obesidad y trastornos de adaptación, lo que limitaba sus posibilidades de encontrar un empleo remunerado a su edad.

El tribunal rechazó que las ayudas estatales evidenciaran autosuficiencia económica, señalando que esos beneficios existen precisamente para cubrir necesidades básicas de personas en situación de vulnerabilidad. Según la sentencia, los apoyos del IMAS fueron otorgados únicamente después de la muerte de la madre y no alteraban el hecho central de la causa: la dependencia económica preexistente entre madre e hija.

De acuerdo con CR Hoy, la Sala recordó que, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de la Jurisdicción Constitucional, todos los jueces deben respetar el precedente que eliminó el requisito de soltería y abstenerse de aplicar interpretaciones contrarias a lo resuelto por la Sala Constitucional. La resolución ordenó el pago retroactivo de la pensión desde el 11 de enero de 2023 y reconoció el derecho de la mujer a recibir la prestación bajo el nuevo criterio.

La movilidad de niñas, niños y adolescentes en México ha dejado de ser solo de tránsito, pues ahora expone la discriminación y el riesgo de violencia que enfrentan en el país, mientras se mantienen a la espera de tener un hogar donde crecer.

De acuerdo con el informe Vivencias y percepciones desde la voz de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad en México, de Plan International México y el PDH Ibero, realizado entre enero y marzo de 2026, hoy, muchas infancias migrantes viven una espera prolongada o un asentamiento de facto ante el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos.

Esto ocasionó que desde 2025 México limita el paso y empuja a familias, niñas, niños y adolescentes a permanecer en territorio mexicano.

El estiudio, realizado entre enero y marzo de 2026, en Ciudad Juárez, Chihuahua; Tapachula, Chiapas, y Ciudad de México, documentó que México se consolida como país de destino para infancias migrantes y población desplazada interna, sin que cambien al mismo ritmo las condiciones, los servicios ni la protección que requieren.

Tapachula opera como un espacio de contención migratoria, donde miles de personas, principalmente del Caribe, Centroamérica y Sudamérica, y en menor medida de África, quedan varadas mientras esperan regularizarse o avanzar.

En Ciudad de México, la estancia se vuelve prolongada: se reconfiguran trayectorias y crecen los obstáculos para integrarse.

Mientras que Ciudad Juárez concentra la espera indefinida: tras el cierre de vías y aplicaciones como CBP One para solicitar asilo en Estados Unidos, cientos de menores de edad y sus familias permanecen sin acceso regular a escuela, sin claridad sobre su futuro y expuestos a violencia y explotación.

Estas configuraciones territoriales modifican la vida cotidiana y el acceso a derechos como educación, vivienda, regularización migratoria y protección.

Tapachula, Ciudad de México y Ciudad Juárez concentran tres formas de espera

Migrar no es una decisión voluntaria para la mayoría. El informe identifica tres causas principales: factores económicos, violencia criminal y reunificación familiar.

En el caso de menores de edad de origen mexicano, los desplazamientos internos se vinculan con amenazas, extorsión y presencia de grupos armados.

Entre menores de edad extranjeras residentes en Ciudad Juárez, 33% reporta huir de violencia vinculada con narcotráfico y crimen organizado. En Tapachula, 85% señala que México es su destino final.

En Ciudad de México, 50% no tiene del todo claras las razones de su salida, lo que apunta a la escasa participación infantil en decisiones familiares de movilidad.

Las trayectorias son largas y de alto riesgo

La muestra incluye principalmente menores de edad provenientes de Venezuela (35.8%), Cuba (22.6%) y Honduras (11.3%).

Para quienes no tienen pasaporte, la ruta terrestre y marítima implica atravesar el Tapón del Darién, donde entre 2014 y marzo de 2026 murieron 77 niñas, niños y adolescentes, además de enfrentar extorsiones, robos y secuestros por parte de grupos criminales.

Durante el trayecto y en México, 60% reporta incidentes de protección. Además, 42% sufre delitos como robos y fraudes en el Darién.

Niñas y adolescentes haitianas describen de forma recurrente acoso sexual, acoso verbal, tocamientos no consentidos y persecución en el espacio público.

No hay una edad “blindada” por sí misma. El informe registra adolescentes que viajan solos, menores de edad que asumen responsabilidades de adultos y casos de trabajo agrícola en el norte, como en Chihuahua, donde acompañan y ayudan a familiares en jornadas extensas durante la pizca de chile.

La desprotección se sostiene en carencias materiales, barreras escolares y miedo a la autoridad

La llegada a México no implica el fin del riesgo. En albergues y asentamientos informales, el documento reporta sobrepoblación y carencias materiales: letrinas sin privacidad, falta de agua potable y viviendas improvisadas.

También identifica ausencia de atención psicológica y de servicios de salud mental especializados, pese al trauma acumulado durante el trayecto y la estancia.

En educación, el acceso se limita por obstáculos burocráticos y exigencia de documentos que muchas familias no pueden presentar.

En la práctica, numerosas infancias quedan en programas transitorios o “círculos de aprendizaje” de organizaciones sociales, sin incorporarse a la escuela formal del Estado.

Se suma la discriminación

El informe recoge expresiones de racismo, xenofobia y estigmatización. En Tapachula, adolescentes haitianos afirman: “Ser negro es un crimen”. En Ciudad de México, niñas reportan segregación escolar e insultos como “regrésate a tu país”.

El temor a las autoridades aparece como constante. El control y la vigilancia por la Guardia Nacional, Sedena y policías locales inhiben el acercamiento a instituciones, por miedo a detenciones o separaciones familiares.

Enfrentan violencia de género y asumen roles de proveedor

Las niñas y adolescentes enfrentan riesgos diferenciados: violencia de género, sexualización y sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados. En Ciudad de México, el informe documenta embarazos en la adolescencia, con efectos como deserción escolar y ciclos de dependencia económica y social.

En el caso de niños y adolescentes varones, el documento señala la asunción temprana del rol de “proveedor”.

Ante la falta de integración laboral legal para sus familias, algunos recurren a la mendicidad. También se reporta riesgo de reclutamiento por grupos criminales en zonas agrícolas del norte.

Frente a la falta de respuesta institucional suficiente, las redes familiares y comunitarias operan como contención.

La unidad familiar y los pares ayudan a socializar y amortiguar el trauma, aunque no siempre alcanzan para procesar experiencias de violencia o duelo.

En este sentido, el deporte y el juego aparecen como recursos de supervivencia emocional: en el campamento Vallejo, en la capital, niñas y niños migrantes forman un equipo de futbol llamado “Los Galácticos”, con un ajolote como mascota que “se regenera, como nosotros”.

La invisibilidad también se vuelve estrategia, sobre todo en Tapachula, donde menores de edad no acompañados evitan el contacto con autoridades por miedo a detención o institucionalización.

Reconocen derechos, pero hay obstáculos administrativos

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) contempla protecciones especiales para infancias migrantes y desplazadas, incluidas atención por personal capacitado, principio de no devolución y acceso a salud y educación sin importar nacionalidad.

En la práctica, el acceso se atasca en obstáculos administrativos y operativos. El informe también apunta que la ausencia de leyes específicas para infancias desplazadas internas incrementa su vulnerabilidad.

Organizaciones sociales y comunitarias cubren algunos vacíos con modelos educativos como el Programa de Educación Migrante o esquemas de “casa familiar” en albergues, pero su alcance es limitado frente a la magnitud del fenómeno.

Los riesgos no disminuyen: cambian y se profundizan

La estructura institucional, diseñada para emergencias de paso, no alcanza para un escenario de espera prolongada, sobrecarga emocional y exposición sostenida a explotación laboral, discriminación y violencia de género.

Plantea la necesidad de transitar de un enfoque de emergencia a uno de inclusión y pertenencia, fortalecer la protección en entornos físicos y digitales, impulsar alfabetización digital y participación desde la niñez, y mejorar la formación de autoridades y servicios públicos en derechos de las infancias migrantes, no discriminación y violencia de género.

“Que siempre esté unida con mi familia y que nunca nos separemos”, escribe una niña guatemalteca de 10 años. La búsqueda de pertenencia sostiene la espera: estar a salvo, volver a la escuela, vivir sin miedo y jugar.

Tras la participación de la Selección Argentina en el Mundial, se generó una “campaña antiargentina” que trascendió el ámbito futbolístico y tuvo su impacto en la política internacional. En ese contexto, el Presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que establece como nueva causal de prohibición de ingreso y de expulsión del territorio nacional a cualquier extranjero que promueva o incite mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por motivos de nacionalidad, así como a quienes ultrajen los símbolos patrios, según informó la Oficina del Presidente.

La normativa responde a recientes manifestaciones consideradas hostiles hacia la República Argentina y sus habitantes. El decreto enfatiza que la defensa de la Nación, sus ciudadanos y sus símbolos constituye un principio innegociable para el Gobierno Nacional. “Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, expresó Milei en el comunicado oficial.

El Decreto 681/2026 fue publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina e incorpora formalmente como causa de inadmisión y expulsión del país a los extranjeros que dirijan o inciten expresiones de odio, discriminación y violencia por razones de nacionalidad, y a quienes realicen actos de ultraje contra los símbolos nacionales. La disposición abarca tanto la incitación pública como cualquier manifestación directa que implique un agravio a la identidad nacional.

En los considerandos, el Poder Ejecutivo sostuvo que la Argentina mantuvo históricamente una política de apertura y hospitalidad hacia los extranjeros, pero remarcó que la soberanía estatal permite fijar condiciones de admisión, permanencia y expulsión para resguardar el orden público, la seguridad interior y la cohesión social.

La decisión fue justificada por el Ejecutivo en función de preservar la integridad social y el respeto hacia la Argentina y sus emblemas. Según la comunicación de la Oficina del Presidente, el endurecimiento en las políticas migratorias busca evitar situaciones que puedan poner en riesgo la convivencia y el orden institucional.

La norma se dictó como decreto de necesidad y urgencia y, según el texto oficial, deberá ser remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que tiene un plazo de 10 días hábiles para expedirse sobre su validez o invalidez y elevar dictamen a cada Cámara.

Contexto de la decisión y alcance

La medida surge en un contexto de tensión por recientes expresiones públicas consideradas agravios hacia la Argentina y sus ciudadanos. El Gobierno Nacional sostuvo que la soberanía y el respeto a los símbolos patrios son elementos esenciales que no admiten negociación.

En el artículo 1 del decreto se establece que la disposición alcanza a extranjeros que hayan “dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto, o contra algún ciudadano argentino, motivado en la nacionalidad de este último”, o bien, hayan “realizado o participado en actos de ultraje de símbolos patrios nacionales; o haber incitado a cometer cualquiera de los actos previstos por el presente inciso”.

El decreto responde de manera directa a su objetivo central: desde su entrada en vigor, un extranjero comprendido en esas conductas no podrá ingresar al país y, si ya reside en la República Argentina, podrá perder su residencia y ser intimado a abandonar el territorio o ser expulsado.

De hecho, en el artículo 3 se remarca que “la cancelación de la residencia conforme lo previsto en los incisos f) y h) del artículo 62 de la presente ley conlleva la conminación a hacer abandono del país dentro del plazo que se fije o bien la expulsión del territorio nacional, teniendo en consideración las circunstancias fácticas y personales del interesado;”.

Con este decreto, el Ejecutivo argentino refuerzó su posición respecto a quiénes pueden permanecer en el territorio nacional, advirtiendo que cualquier acto percibido como ataque a la República será motivo suficiente para la denegación de ingreso o la expulsión inmediata, de acuerdo con la nueva normativa. La Oficina del Presidente subrayó que la defensa de la Nación y sus principios es prioritaria ante cualquier circunstancia.

Miles de graduados y postulantes a empleos de nivel inicial en Estados Unidos encuentran obstáculos en los procesos de selección a causa de herramientas automáticas de cribado basadas en inteligencia artificial. La adopción masiva de estos sistemas por parte de las empresas durante los últimos dos años ha repercutido en las tasas de contratación juvenil, en un contexto donde la eficiencia y el volumen de postulaciones impulsan la digitalización del reclutamiento.

Según un informe publicado en 2026 por la firma estadounidense Greenhouse, solo el 21% de los responsables de recursos humanos en el país confía plenamente en que los sistemas automáticos evitan rechazar postulantes calificados. Una encuesta paralela realizada por la consultora Gallup muestra que la desconfianza de los jóvenes hacia la inteligencia artificial en el empleo aumentó de 22% a 31% en un año, mientras que la proporción de quienes consideran que la tecnología reduce habilidades y oportunidades profesionales supera el 60%.

El uso de algoritmos de selección y sistemas de seguimiento de candidatos (ATS) se consolidó en los procesos de incorporación laboral durante la segunda mitad de la década, una tendencia reforzada por el crecimiento del volumen de postulaciones y la necesidad de optimizar recursos en las compañías. De acuerdo con la American Staffing Association, alrededor del 49% de los buscadores de empleo percibe que la inteligencia artificial aplicada a la selección es más sesgada que la revisión humana, lo que alimenta el debate sobre equidad y acceso a oportunidades.

¿Qué son los sistemas de filtrado automático en la búsqueda de empleo?

Los sistemas de filtrado automático, conocidos como Applicant Tracking Systems (ATS), son plataformas tecnológicas que utilizan inteligencia artificial para gestionar y organizar grandes volúmenes de solicitudes laborales. Estas herramientas identifican palabras clave en los currículos y cartas de presentación, seleccionando los perfiles que mejor coinciden con los requerimientos de la vacante. Según datos de Greenhouse, en la mayoría de los casos el primer análisis lo realiza un algoritmo, sin intervención directa de un reclutador humano.

El avance de estos sistemas ha permitido a las empresas reducir tiempos y costos, pero también ha generado riesgos de exclusión para postulantes cuyos perfiles no se ajustan exactamente a los parámetros definidos. Investigadores de Stanford University, Chapman University y Northeastern University analizaron 4 millones de aplicaciones laborales y concluyeron que los algoritmos producen desigualdades, especialmente cuando los candidatos aplican repetidas veces a vacantes gestionadas por el mismo proveedor tecnológico. Esta situación puede derivar en rechazos sistemáticos y reducción de oportunidades para ciertos grupos, según el estudio.

¿Cómo afecta la inteligencia artificial a los jóvenes que buscan su primer empleo?

La reducción de oportunidades para jóvenes y recién graduados es una de las principales consecuencias de la automatización en la selección de personal. El informe de Ambition Search indica que los programas de ingreso para graduados y los puestos de nivel inicial cayeron un 33% en 2025, situándose en el nivel más bajo desde 2018. En marzo de 2026, el número de jóvenes fuera de la educación, el empleo o la formación alcanzó los 1,012,000, de acuerdo con datos oficiales procesados por la consultora.

La encuesta de Gallup revela que el 62% de los estadounidenses entre 14 y 29 años considera que la inteligencia artificial dificulta el desarrollo de habilidades y el acceso a un empleo que permita el crecimiento profesional. Además, el mismo estudio detectó una disminución del 5,5% en la contratación de personas de entre 22 y 25 años en sectores expuestos a la automatización, mientras que los trabajadores mayores no experimentaron variaciones significativas.

La American Staffing Association señala que el 49% de los candidatos percibe sesgos negativos en los sistemas automáticos, lo que afecta la diversidad y la equidad en el acceso laboral. “La principal vía de ajuste ha sido la caída en nuevas contrataciones, más que el despido de empleados actuales”, señala el informe de Gallup.

¿Por qué los filtros de inteligencia artificial pueden limitar la diversidad y la equidad?

La automatización en la selección de personal presenta desafíos para la diversidad y la equidad, según especialistas y entidades laborales. Ambition Search advierte que, si los algoritmos se entrenan para seleccionar perfiles que coinciden con patrones históricos, las empresas pueden perder variedad y restringir la incorporación de talentos con experiencias diferentes. El informe de Greenhouse subraya que los sistemas automáticos afectan especialmente a quienes envían solicitudes a varias compañías que utilizan el mismo proveedor tecnológico, ya que el algoritmo tiende a rechazar sistemáticamente los perfiles que no superaron filtros previos.

En la práctica, esto reduce las oportunidades de quienes buscan empleo en sectores con alta demanda y competencia. La American Staffing Association recomienda a las empresas revisar periódicamente los criterios de los algoritmos y ofrecer alternativas para quienes no avanzan en la primera fase automática, con el fin de evitar la exclusión involuntaria.

¿Qué dicen las empresas y las autoridades sobre la automatización en la contratación?

Algunas grandes organizaciones de Estados Unidos han anunciado iniciativas para asegurar el acceso de jóvenes al mercado laboral. Bank of America informó a medios estadounidenses que mantiene su compromiso de contratar anualmente a miles de graduados, revisando sus procesos internos para garantizar la equidad. El director ejecutivo, Brian Moynihan, declaró en entrevistas difundidas por Fox Business que la entidad financiera promueve programas específicos de incorporación, pese a la tendencia general de reducción de vacantes de nivel inicial.

La American Staffing Association y la Harris Poll publicaron en 2026 un informe en el que recomiendan mayor transparencia en el empleo de inteligencia artificial y la adopción de mejores prácticas para limitar los sesgos. Entre las propuestas figura la formación de equipos de recursos humanos en el desarrollo y la supervisión de los sistemas automatizados.

¿Qué estrategias pueden adoptar los jóvenes ante los filtros automáticos?

Expertos consultados por Ambition Search y Greenhouse sugieren que los jóvenes adapten sus currículos y cartas de presentación a los formatos digitales, utilizando palabras clave relevantes para los sistemas automáticos y familiarizándose con los procesos de selección de cada empresa. También recomiendan consultar recursos institucionales y guías de orientadores laborales para mejorar las posibilidades de superar los filtros iniciales.

El debate actual gira en torno a la regulación y supervisión de la inteligencia artificial en la selección de personal, una cuestión que sigue abierta en el ámbito académico y en organismos públicos. Las universidades y centros de investigación continúan monitoreando los efectos de la automatización en el acceso laboral y la movilidad social, según los informes de Greenhouse y Gallup.

¿Qué impacto tienen los filtros automáticos en el mercado laboral de Estados Unidos?

El despliegue de sistemas automáticos de selección repercute en la estructura del empleo juvenil y en la capacidad de las empresas para atraer talento diverso. La optimización de recursos y la reducción de tiempos en la gestión de postulaciones contrastan con los riesgos de exclusión y la posible homogeneización de los perfiles contratados. El desarrollo de soluciones que permitan una evaluación más justa y transparente es un objetivo identificado por consultoras, asociaciones y responsables de recursos humanos.

El seguimiento de estas tendencias y la incorporación de mecanismos de control, revisión periódica y participación humana en las etapas críticas del proceso de selección serán determinantes para el futuro del mercado laboral estadounidense. El acceso al primer empleo y la diversidad de talento figuran entre las prioridades de las políticas laborales y educativas en el corto y mediano plazo.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revocó parcialmente una sentencia previa y condenó a un colegio privado de la Ciudad de Buenos Aires a abonar cinco millones de pesos a un exalumno, luego de considerarse que la negativa a rematricularlo tras un conflicto laboral con su madre constituyó un acto discriminatorio y arbitrario. La decisión, de la Sala L reconoce el derecho del joven a ser reparado por el daño sufrido durante la finalización de su escolaridad secundaria.

El caso tuvo su origen en 2018, cuando la madre del reclamante, docente de educación física en la institución, fue despedida y promovió una demanda laboral. Tras ese hecho, la familia reportó una serie de conductas discriminatorias hacia sus hijos, ambos matriculados desde pequeños en el colegio. El conflicto escaló en 2020, cuando la institución se negó a aceptar el pago de cuotas y a inscribir a los menores para el nuevo ciclo lectivo, pese a que la deuda había sido saldada y luego de diversas gestiones administrativas y judiciales.

De acuerdo con el expediente, la familia recurrió a la Dirección General de Cultura y Educación y presentó una acción de amparo, aunque esta fue rechazada por no agotar las vías administrativas. Finalmente, tras cancelar la deuda, ambos hijos lograron la matrícula para ese año, pero bajo la condición de que fuese el último en el establecimiento, según un acuerdo firmado bajo presión por el padre, tal como relataron en la demanda.

Durante ese ciclo, la pandemia de Covid-19 determinó que las actividades escolares se realizaran de manera remota y permitió que el hermano mayor egresara sin inconvenientes. Sin embargo, en octubre de 2020, la institución envió una carta documento notificando la negativa a reinscribir al menor de los hermanos para el año siguiente. El colegio alegó una presunta deuda, aunque la familia interpretó que la verdadera razón era la existencia del litigio laboral iniciado por la madre, ya que la comunicación mencionaba la acción judicial y la supuesta afectación de la “identificación institucional del grupo familiar”.

Al no poder seguir sus estudios en el colegio de toda la vida, el joven debió buscar vacante en otro establecimiento y continuó su escolaridad en una nueva institución a partir de 2021. Por estos hechos, sus progenitores iniciaron una demanda con el objeto de obtener reparación por el daño causado, calificando la negativa a la matrícula como arbitraria y discriminatoria, ya que le forzó a abandonar su entorno y vínculos construidos desde la infancia.

La sentencia de primera instancia, dictada en diciembre de 2025, había desestimado la demanda. Según la jueza de grado, el acuerdo firmado en febrero de 2020 implicaba que los hijos finalizarían su educación en el establecimiento ese mismo año y no se había probado que dicho acuerdo hubiese sido suscripto bajo coacción. Además, consideró que la familia no cumplió con el procedimiento previsto por la ley 14.498 ante la segunda negativa de inscripción, y que no se logró demostrar que la medida tuviera relación con el juicio laboral.

El joven, ya mayor de edad al momento de apelar, centró su reclamo en el carácter discriminatorio de la decisión del colegio, señalando que la magistrada anterior no valoró el contexto de vulnerabilidad en el que se firmó el acuerdo y la desigualdad entre las partes.

En la revisión del caso, la Cámara analizó el marco normativo de la relación de consumo en materia educativa, subrayando la protección especial que corresponde a los menores y personas en situación de vulnerabilidad, tal como establece la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial. El fallo destaca que, si bien los progenitores acordaron la finalización de la escolaridad en 2020, esa cláusula fue una condición impuesta por el colegio bajo la necesidad apremiante de asegurar la continuidad educativa de sus hijos.

La resolución judicial indica que no resulta razonable suponer una decisión voluntaria de cambiar de colegio en los últimos años del secundario, dado que el estudiante había permanecido en esa institución desde el nivel inicial y formaba parte de una tradición familiar. La carta documento enviada por el colegio, que mencionaba el juicio laboral, sirvió como prueba de que la negativa a la reinscripción estuvo motivada por el conflicto con los adultos y no por razones estrictamente administrativas o económicas.

El fallo resalta que el adolescente no fue parte de la disputa de sus padres ni del acuerdo, pero sufrió directamente la desvinculación, la pérdida de su entorno escolar y sus relaciones sociales. La Cámara consideró probado que la negativa a la matrícula constituyó una represalia y que la institución educativa no ofreció alternativas de pago, a pesar de que la deuda había sido cancelada en el momento oportuno.

La Cámara fundamentó su decisión en la necesidad de resguardar los derechos del consumidor en situación de vulnerabilidad y en el principio de reparación plena consagrado en el Código Civil y Comercial. El tribunal recordó que el derecho a la educación, protegido por la Constitución Nacional, incluye el acceso y la no discriminación en todas las etapas del aprendizaje, y que el derecho de admisión en escuelas privadas no puede ejercerse de forma abusiva.

En cuanto a la indemnización, se reconoció un daño psíquico derivado de la situación, avalado por un informe pericial que diagnosticó un trastorno adaptativo de carácter permanente, con una incapacidad del 20%. El fallo también consideró el daño moral, valorando el impacto emocional y la frustración ocasionados por el cambio forzoso de colegio y la interrupción abrupta de los vínculos escolares y sociales.

El monto total de cinco millones de pesos, dispuesto por la Cámara, incluye la reparación por daño psíquico, los gastos del tratamiento recomendado y la compensación por daño moral. La sentencia ordena el pago con más los intereses y las costas del proceso a cargo de la parte demandada.

El tribunal rechazó el reclamo de daño punitivo, argumentando que, aunque hubo conflictividad y perjuicio, no se acreditó una conducta particularmente grave o deliberada por parte del establecimiento que justificara una sanción adicional.

Según lo resuelto, los intereses serán calculados desde la fecha de la carta documento que notificó la negativa a la matrícula hasta el pago efectivo, aplicando la tasa activa del Banco de la Nación Argentina.

La decisión de la Cámara también determina que las costas del juicio por la admisión de la acción recaen sobre la demandada, y mantiene a cargo de los progenitores las correspondientes al rechazo de su reclamo, ya que no apelaron la sentencia de primera instancia.

En diálogo con Infobae al Regreso, el presidente de la entidad, Nicolás Cabrera, sostuvo que la situación encendió las alarmas entre los argentinos que viven en ese país. “Llevamos unos días muy malos”, resumió. “Somos alrededor de medio millón de argentinos en España. Si esto fuera algo masivo estaríamos hablando de otra situación completamente distinta. Son hechos aislados, pero nos preocupan por la gravedad que tuvieron”, explicó.

El caso que más inquietud generó, según relató, ocurrió en la Puerta del Sol, en Madrid, donde un joven argentino fue apuñalado en la garganta días después del partido entre Argentina e Inglaterra. Para Cabrera, el episodio resulta especialmente impactante porque se produjo en una ciudad donde este tipo de ataques son poco frecuentes.

Ese hecho no fue el único. MARES también recibió denuncias por agresiones contra personas que llevaban la camiseta de la Selección Argentina. Entre ellas, Cabrera mencionó el caso de un hombre que aseguró haber sido golpeado por seis personas luego de ser identificado con los colores argentinos, además de múltiples reportes de insultos y situaciones de hostigamiento en ámbitos laborales.

Para el dirigente, la escalada de violencia estuvo precedida por una intensa campaña en redes sociales que instaló un discurso hostil hacia los argentinos. “Fue una campaña de deshumanización muy fuerte. Circularon videos manipulados con inteligencia artificial y publicaciones que vinculaban a todos los argentinos con la posición del Gobierno sobre el conflicto en Gaza, como si toda la comunidad fuera responsable de esa postura. Empezaron a tratarnos de genocidas y de racistas”, sostuvo.

Según Cabrera, ese clima digital terminó trasladándose a algunos espacios de la vida cotidiana. “Lo que más nos cuentan son comentarios completamente fuera de lugar, insultos y situaciones de discriminación. Después aparecieron los casos más graves de violencia física”, señaló.

El presidente de MARES también cuestionó la escasa repercusión que tuvieron los hechos en algunos medios españoles. Recordó que, durante varias entrevistas, al mencionar el ataque sufrido por el joven argentino en la Puerta del Sol, algunos periodistas respondían comparándolo con accidentes ocurridos durante los festejos del Mundial, una reacción que, según dijo, dificultó que la gravedad de las agresiones fuera tomada con la seriedad que merecía.

Pese al escenario de tensión, Cabrera afirmó que la organización observa una disminución de los episodios más violentos. Explicó que la mayoría de los reportes recibidos durante los últimos días corresponden a insultos o conflictos laborales y ya no a ataques físicos, por lo que espera que la situación continúe normalizándose.

“Los argentinos siempre tuvimos una muy buena convivencia en España. Nunca fuimos una comunidad especialmente estigmatizada, como sí les ocurrió históricamente a otros colectivos migrantes. Ojalá esto haya sido un episodio excepcional y podamos volver cuanto antes a esa convivencia”, concluyó.

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República Dominicana reunió a países de Iberoamérica en el seminario “Del Edadismo al Respeto” para unificar criterios frente al maltrato por edad y promover políticas públicas orientadas a una vejez digna, según informó la Presidencia de la República.

La convocatoria incluyó a México, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina y España.

El encuentro buscó diseñar respuestas ante el abuso, la negligencia y la discriminación por edad, problemas que las autoridades dominicanas describieron como persistentes y, en muchos casos, poco denunciados. Participaron integrantes del Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de las Personas Adultas Mayores.

La actividad fue organizada por el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), que la presentó como un espacio para revisar la comprensión social del envejecimiento y el discurso público sobre la vejez. El eje del debate fue cómo convertir ese cambio en herramientas concretas de prevención y protección.

Las definiciones del Conape sobre el maltrato por edad

El director ejecutivo del Conape Demetrio Vicente Ureña sostuvo que garantizar una vida digna para la población adulta mayor debe ser una prioridad de toda la sociedad, además de ser el centro de la labor institucional.

En la apertura del encuentro afirmó: “Este seminario constituye una muestra de nuestro compromiso con las personas mayores, ya que nos permite adquirir y fortalecer herramientas y conocimientos para ofrecerles una atención basada en el respeto, la protección y la garantía de sus derechos”.

Vicente Ureña advirtió que el maltrato hacia la vejez sigue siendo una realidad invisibilizada y se expresa en abuso físico, psicológico y económico, además de abandono y negligencia. También señaló que el intercambio de experiencias internacionales fortalece los sistemas de prevención y la capacidad de respuesta de las instituciones.

Antes del discurso oficial, Ondina Ortega, encargada y coordinadora del Despacho, dio la bienvenida a los asistentes y destacó el esfuerzo del director ejecutivo para que los adultos mayores ejerzan plenamente sus derechos fundamentales. También agradeció la presencia de autoridades y especialistas convocados para trabajar en favor del buen trato hacia esa población.

El enfoque académico y las propuestas de prevención

El núcleo académico del seminario fue la conferencia magistral “Impacto del edadismo como fenómeno social y cultural en las políticas públicas y la gobernanza”.

Participaron María Fernanda Vega Soberanes, encargada del Departamento de Vigilancia y Control Epidémico del ISSSTE de México; Marianela Larzábal Rodríguez, directora nacional del Instituto Nacional de las Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay; y Diana Mejía, directora de Desarrollo Integral y Protección al Adulto Mayor del Conape.

La jornada también incluyó el ejercicio interactivo “¿Qué edad tiene el prejuicio?”, moderado por Yissel Alcántara, encargada del Departamento de Denuncias y Seguimiento de Casos del Conape. La dinámica invitó a reconocer estereotipos frecuentes contra las personas mayores y a formular propuestas de prevención para su aplicación institucional.

La red de atención y el formato del encuentro

Vicente Ureña recordó que el cambio demográfico obliga a preparar respuestas eficaces y reiteró que el Conape mantiene un esquema de cuidado permanente en su sede, oficinas regionales, hogares de día y centros de atención residencial. Según la información oficial, la institución considera prioritario sostener esa red de atención para la población mayor.

El evento tuvo carácter multisectorial y reunió a representantes del sistema de protección social, la academia, el sector privado y la sociedad civil. La actividad se realizó en el Salón Restauración del Ministerio de Defensa de la República Dominicana y se desarrolló en modalidad mixta: presencial y virtual.

El Departamento de Educación de Estados Unidos abrió investigaciones contra cinco facultades de medicina por presunta discriminación racial en sus procesos de admisión, una medida que profundiza la ofensiva del presidente Donald Trump contra las políticas de diversidad y que, según el propio organismo, busca determinar si esas instituciones violaron el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964.

La pesquisa alcanza a la Geisel School of Medicine de Dartmouth College, la Brody School of Medicine de East Carolina University, la School of Medicine de St. Louis University, Western University of Health Sciences y William Carey University College of Osteopathic Medicine.

De acuerdo con el departamento, la revisión forma parte de un trabajo conjunto con la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos y la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.

Según Reuters, el departamento informó que los casos están vinculados a supuesta discriminación racial en las admisiones, aunque no detalló los hechos concretos ni presentó pruebas de esas acusaciones en su comunicado.

La agencia situó la decisión dentro de la campaña más amplia de Trump contra las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión en la educación superior y otros ámbitos.

La Oficina de Derechos Civiles indicó que evaluará si las escuelas incurrieron en prácticas prohibidas por el Título VI, la norma que veta la discriminación por raza, color u origen nacional en programas educativos que reciben financiamiento federal.

El Gobierno vinculó las pesquisas con su campaña para desmantelar programas DEI

La subsecretaria de derechos civiles Kimberly Richey sostuvo que la raza no debería definir quién puede estudiar medicina y acusó a numerosas escuelas de priorizar “cuotas raciales” por encima del mérito.

En una declaración difundida por el Departamento de Educación, afirmó: “Las escuelas que participan en este tipo de políticas de admisión no solo están violando la ley, sino que también están socavando los principios fundamentales de equidad y meritocracia que definen a nuestra nación”.

Richey añadió: “La Administración Trump está haciendo que las escuelas rindan cuentas por su conducta discriminatoria denunciada y garantizará un futuro en el que los estudiantes vuelvan a ser recompensados por su esfuerzo y sus logros, y no prejuzgados por el color de su piel”.

El comunicado oficial encuadró la medida en dos órdenes ejecutivas firmadas por Trump tras el inicio de su segundo mandato. Una, al día siguiente de su segunda investidura, para restaurar lo que la Casa Blanca definió como oportunidades basadas en el mérito y poner fin a preferencias discriminatorias vinculadas a diversidad, equidad e inclusión en la educación superior.

Por otro lado, la segunda fue firmada en agosto de 2025, para exigir transparencia en las admisiones universitarias y terminar con procesos de admisión basados en la raza.

Según el Departamento de Educación, más de 300 colegios y universidades eliminaron requisitos o programas DEI; más de 175 reestructuraron o cerraron oficinas o centros dedicados a esas políticas, y al menos 95 modificaron, rebautizaron o reasignaron cargos de personal vinculados a ese ámbito.

El organismo también señaló que 31 instituciones aceptaron poner fin a sus alianzas con The Ph.D. Project por considerar que restringía ilegalmente la elegibilidad por raza.

Facultades investigadas se suman a una ofensiva más amplia

La decisión se produce después de que el Departamento de Justicia anunciara en junio de 2026 a unas 15 nuevas investigaciones sobre posible discriminación racial en admisiones de escuelas de medicina.

Según el comunicado oficial, esa acción forma parte del mismo esfuerzo coordinado para eliminar prácticas de admisión que la administración considera discriminatorias.

Citado por Reuters, el Gobierno también señaló a facultades de medicina de Yale University, la University of California, Los Angeles y la University of California, San Diego por un supuesto sesgo favorable hacia postulantes negros e hispanos.

Esas instituciones respondieron que sus procesos de admisión son rigurosos, justos y basados en el mérito.

La agencia Reuters informó además que la administración usó investigaciones y amenazas de suspensión de fondos federales contra universidades por un abanico más amplio de cuestiones: protestas propalestinas contra la ofensiva de Israel en Gaza, políticas de diversidad, normas sobre personas transgénero y programas climáticos.

Defensores de derechos civiles sostienen que esa ofensiva pone en riesgo la libertad de expresión, el debido proceso y la libertad académica.

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló en 2023 los programas de admisión universitarios que tomaban en cuenta la raza al fallar contra los esquemas aplicados por Harvard University y la University of North Carolina. Ese precedente judicial se convirtió en un punto de apoyo para el avance de las medidas federales sobre admisiones.

Por su parte, East Carolina University le aseguró a medios locales que actúa de acuerdo con la legislación estatal y federal, así como con los fallos judiciales, y que responderá en consecuencia al requerimiento del Departamento de Educación.

Mientras que Dartmouth College afirmó que mantiene su confianza en sus prácticas de admisión.

La diputada nacional Marcela Pagano le envió una carta abierta a la congresista demócrata Jasmine Crockett tras las declaraciones que hizo sobre una supuesta “historia de racismo” en Argentina durante una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos. La polémica surgió cuando Crockett señaló que la mayoría del público internacional apoyó a España en la final del Mundial 2026 por el pasado discriminatorio de la sociedad argentina.

Durante la audiencia, Jasmine Crockett, representante por el estado de Texas, le preguntó al historiador David Blight por qué el mundo parecía estar en contra de Argentina en la definición del torneo frente a España. Blight simplemente respondió que el favoritismo se debía al desempeño futbolístico del equipo español, pero Crockett insistió: “También existe una historia de racismo en lo que respecta a Argentina”. El video con el recorte de ese intercambio se viralizó en las redes sociales en el marco de una polémica más amplia de la que también participaron periodistas, políticos, actores y músicos.

En respuesta a esto, Marcela Pagano difundió una carta abierta donde criticó duramente las afirmaciones de Crockett y aportó datos históricos. “Acá, en Buenos Aires, tenemos una palabra que le va a servir: macanear. Macanear es hablar con mucha seguridad de algo que no se conoce”, escribió Pagano. La diputada del bloque Coherencia, al que pertenece desde que abandonó las filas de La Libertad Avanza, le recordó que Argentina abolió la esclavitud en 1813, cincuenta años antes de la Proclama de Emancipación de Abraham Lincoln en Estados Unidos, y que la Constitución de 1853 estableció que cualquier esclavo que pisara suelo argentino quedaba libre: “¿Sabe qué decía la Corte Suprema de su país cuatro años después, en 1857? Que un hombre negro no tenía ningún derecho que un blanco estuviera obligado a respetar”, señaló Pagano aludiendo al fallo Dred Scott.

La legisladora también apuntó que las leyes argentinas nunca prohibieron matrimonios interraciales, a diferencia de la legislación estadounidense que recién en 1967 fue anulada por la Corte Suprema. “Nosotros nunca colgamos un cartel de ‘solo blancos’ sobre un bebedero. Ustedes los descolgaron ayer, como quien dice”, arremetió la diputada en su carta.

No obstante, Pagano admitió la existencia de episodios de discriminación y violencia en la historia argentina, como la campaña militar contra los pueblos originarios (llamada campaña del desierto) y el olvido de los afroargentinos tras las guerras de la independencia, pero subrayó el reconocimiento de esos hechos en el debate público y en políticas como la ley contra la discriminación, sancionada en 1988.

En su carta la ex diputada libertaria acusó a la congresista estadounidense de proyectar los problemas raciales de su país sobre la realidad argentina. “Agarró los problemas de su país —que son reales y son enormes— y los quiso calzar en el mío como un zapato ajeno. No entra, señora”, afirmó.

El comentario de Crockett se produjo en un contexto de críticas internacionales tras la final del Mundial 2026, donde figuras como Samuel L. Jackson y Pedro Pascal se sumaron a las denuncias de racismo contra Argentina.

Como cierre de la carta abierta, Pagano solicitó a Crockett que rectificara sus palabras en el Congreso y la invitó a conocer los archivos históricos y la música afroargentina en Buenos Aires. “Los pecados nuestros son nuestros y los suyos son suyos, y ninguno se explica con el manual del otro”, concluyó la diputada.

La declaración del actor estadounidense Samuel Jackson, quien afirmó que “alentar a Argentina es alentar al país más racista del mundo”, reactivó la discusión sobre racismo y discriminación en el país. El mensaje, viralizado en redes sociales, generó respuestas defensivas y reacciones en la opinión pública argentina. La controversia puso en primer plano el debate sobre la historia y la presencia de afrodescendientes en Argentina.

La historiadora Magdalena Candioti, autora de Una historia de la emancipación negra: esclavitud y abolición en la Argentina, explicó en Infobae A las Nueve que racismo y esclavitud no son sinónimos, pero poseen una relación profunda en la historia nacional.

Según Candioti, el racismo en Argentina se vincula con la “construcción de miradas de alterización” hacia ciertos grupos. Esta discriminación tiene raíces en la esclavización y comercialización de africanos, proceso que integró al país en la historia esclavista de América.

Candioti afirmó que, aunque ingresaron menos esclavos a Argentina que a Brasil o Estados Unidos, la presencia de personas esclavizadas resultó central en la vida cotidiana del virreinato y la República. “No hubo esclavitud de plantación, pero la presencia fue central en casas, espacios rurales y urbanos”, enfatizó. La autora señaló que esta historia ha quedado invisibilizada tras la abolición en 1853, pero marcó profundamente la estructura social.

Esclavitud y discriminación en la historia argentina

La historiadora señaló que la narrativa que minimiza la cantidad de afrodescendientes o sugiere una integración rápida carece de sustento histórico. Candioti indicó que las personas esclavizadas enfrentaron condiciones de vida muy difíciles, con tasas de mortalidad altas. Además, los varones afrodescendientes participaron en batallones segregados y estuvieron sobrerrepresentados en guerras de independencia y civiles, lo que agravó la fragmentación familiar.

Candioti remarcó que la segregación existió y que la discriminación persistió después de la abolición formal de la esclavitud. “Personas cosificadas, comercializadas, vendidas como cosas”, describió la autora. La mirada social sobre la afrodescendencia en Argentina se formó a partir de estos procesos históricos y se consolidó por la falta de registro en los censos durante décadas.

La autora explicó que muchos argentinos pueden ser afrodescendientes sin saberlo, ya que la mezcla y la invisibilización operaron durante generaciones. En el último censo, cerca de trescientas mil personas se identificaron como afrodescendientes, aunque no todas presentan rasgos fenotípicos visibles.

Comparaciones internacionales y políticas migratorias

Candioti advirtió que comparar el racismo argentino con el de otros países puede llevar a conclusiones erróneas. Aunque la segregación legal fue más extensa en Estados Unidos, las políticas migratorias y los discursos sociales en Argentina también generaron exclusión. La historiadora recordó que la Constitución de 1853 promovió la inmigración europea con el objetivo de “civilizar” el país, lo que profundizó la marginación de afrodescendientes, pueblos originarios y otras minorías.

La autora destacó que la abolición de la esclavitud en Argentina llegó antes que en Brasil y Estados Unidos, pero la discriminación no desapareció. “La visibilidad negra está ligada a la segregación legal y a los obstáculos para la manumisión”, afirmó Candioti, subrayando que los procesos de emancipación en el Río de la Plata resultaron diferentes, pero no exentos de desigualdades.

Al mismo tiempo señaló que el debate sobre racismo debe evitar tanto la idealización como la negación de problemáticas locales. Consideró que la reacción frente a acusaciones internacionales no debe servir para justificar ni para minimizar la propia historia.

Afrodescendencia, identidad y autocrítica social

La historiadora insistió en la necesidad de revisar críticamente la historia nacional y la construcción de estereotipos sobre los afrodescendientes. Candioti explicó que la identidad argentina se forjó sobre la narrativa de una sociedad abierta y plural, pero esa visión convive con procesos de exclusión y jerarquización racial.

La autora mencionó que la invisibilización de la población afrodescendiente se apoyó en el mestizaje y en políticas de registro insuficientes. Remarcó la importancia de reconocer la existencia de afroargentinos y la persistencia de desigualdades. “Tenemos decenas de periódicos negros en Buenos Aires en el siglo XX y no lo conocemos”, afirmó Candioti.

Candioti valoró el debate actual como una oportunidad para reflexionar sobre el pasado y el presente. Consideró que solo el conocimiento histórico y la autocrítica pueden ayudar a superar los estereotipos y a construir una sociedad más consciente.

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“Somos los mismos argentinos los que nos hacemos odiar”, afirmaba Suarc en un mensaje grabado durante la cobertura del Mundial. La frase se viralizó rápidamente y generó miles de reacciones entre quienes compartían esa autocrítica y quienes consideraban que minimizaba los ataques que el país suele recibir desde el exterior. Detrás de esa discusión, sin embargo, aparecía una pregunta más profunda: ¿hasta qué punto la percepción internacional sobre la Argentina responde a estereotipos y cuánto tiene que ver con comportamientos que los propios argentinos reproducen?

Con esa premisa, el periodista argentino radicado en Estados Unidos dialogó con el equipo de Infobae al Regreso para explicar el origen de una reflexión que, según aseguró, nació de experiencias concretas vividas durante el torneo.

“Se acercaban todos los argentinos y me decían: ‘Los argentinos somos los mejores’. Después hablaban de manera muy despectiva de los uruguayos, de los paraguayos, de los colombianos o de los mexicanos. La verdad es que me daba mucha vergüenza”, recordó. Para Suarc, ese tipo de situaciones fueron el disparador del video y reflejan una actitud que, aunque no representa a todos, termina alimentando una percepción negativa sobre el país.

Lejos de negar que existe una mirada prejuiciosa hacia la Argentina, sostuvo que ambas cosas pueden convivir. “Sí hay una campaña en contra de nosotros, pero también hay que reconocer que somos agrandados, que somos despectivos y nos creemos más que los otros”, planteó. A su entender, muchas veces el debate se reduce a denunciar la discriminación que sufren los argentinos sin detenerse a pensar si determinadas conductas también contribuyen a reforzar esos estereotipos.

Según explicó, vivir desde hace años en Estados Unidos modificó su manera de observar esas situaciones. El contacto cotidiano con personas de distintas nacionalidades, aseguró, le permitió relativizar ciertas ideas instaladas sobre una supuesta excepcionalidad argentina. “Hay mucha diferencia entre el argentino que vive afuera y el argentino que vive en la burbuja de nuestro país. Los que vivimos afuera y tenemos el privilegio de mezclarnos con otras culturas nos damos cuenta de que realmente no hay ninguna diferencia”, expresó.

En esa misma línea, cuestionó algunos discursos que suelen aparecer con frecuencia en el debate público. “Después hay periodistas que dicen que somos europeos, que no somos latinos y que los mexicanos nos envidian. No me malinterpreten: sí hay una campaña contra nosotros, pero también hay que reconocer que muchas veces nos creemos más que los otros”, insistió, al remarcar que la autocrítica no implica desconocer los prejuicios que también existen hacia la Argentina.

La reflexión encontró coincidencias parciales. Gonzalo Aziz sostuvo que, cuando una percepción negativa persiste durante tanto tiempo, también vale la pena preguntarse qué elementos ayudaron a construirla. “Cuando hay un conflicto entre dos partes nunca es cien a cero. Siempre hay alguna cuota aparte que hace que la reacción del otro o el pensamiento del otro se active”, señaló. Sin embargo, introdujo un matiz al advertir que esa descripción no representa necesariamente a todo el país. “Estamos hablando mucho de quienes vivimos en Buenos Aires o en grandes ciudades. El interior suele ser mucho más humilde, más sensato y más coherente”, agregó.

Suarc coincidió en que no corresponde generalizar y recordó que buena parte de las respuestas que recibió tras publicar el video apuntaban precisamente a esa diferencia entre los porteños y el resto del país. “Muchos me decían que esto tenía que ver con los porteños. Tampoco podemos hacernos los distraídos con esa pica histórica que existe entre Buenos Aires y las provincias”, comentó.

A partir de esa discusión, el intercambio derivó hacia otro tema que suele reaparecer cada vez que la Argentina queda bajo la lupa internacional: el racismo. Matías Barbería consideró que el problema existe, aunque con características distintas a las de Estados Unidos o Europa.

Al mismo tiempo, sostuvo que el análisis no debería copiar categorías elaboradas para otras realidades. “Tenemos nuestros propios problemas y tenemos que resolverlos nosotros. Maltratamos gente nacida acá y también a países vecinos que son tan valiosos como nosotros, pero no me lo va a venir a curar un tipo de Europa”, expresó.

Suarc compartió parte de esa mirada y aclaró que nunca buscó definir a la Argentina como una sociedad esencialmente racista. Reconoció que muchas veces siente que el país recibe críticas desproporcionadas, aunque también admitió que vivir en el exterior le permitió detectar comportamientos que antes naturalizaba. “Siento que muchas veces me atacan por ser argentino. Pero también creo que quienes vivimos afuera compartimos otras experiencias y eso cambia la mirada”, explicó.

Como contrapartida, recordó que el racismo continúa siendo un problema estructural en Estados Unidos. “Acá también hay mucho racismo. Los peores trabajos, lamentablemente, siguen siendo para los hispanos y los afroamericanos”, ejemplificó.

Sobre el final de la conversación, el periodista volvió al origen del mensaje que dio lugar a toda la discusión y reconoció que esa autocrítica también lo incluía a él. “Muchas veces me encontré diciendo: ‘Tenemos a Messi, tuvimos al Papa, tuvimos a Maradona’. Por eso digo que también es una autocrítica”, admitió, antes de destacar que el Mundial también le dejó una experiencia diferente.

Recordó el banderazo realizado por los argentinos en Times Square y el interés que despertó entre muchas personas que se acercaron para conocer más sobre el país. Esa experiencia, sostuvo, también le permitió comprobar que la imagen de la Argentina no está determinada únicamente por los prejuicios. “Sentí que empezaron a entender un poco mejor cómo somos. Tenemos muchísimo para ofrecer más allá de todas las críticas que podamos recibir”, concluyó.

Más allá de las posiciones que despertó el video, la discusión dejó instalada una pregunta que excede el Mundial y las redes sociales. Mientras la Argentina vuelve a quedar en el centro de cuestionamientos internacionales, la reflexión de Suarc propone una idea incómoda: reconocer que pueden existir prejuicios contra el país no impide preguntarse si determinadas actitudes también contribuyen a reforzar esa percepción. Ese fue, precisamente, el debate que convirtió un breve video en una conversación mucho más amplia sobre la identidad argentina.

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El joven identificado como Rodri Bastidas compartió el video del momento en el que el encargado de seguridad del lugar se acerca y, en un gesto inaudible, les da la instrucción de no tener muestras de cariño. Según explicó el afectado en la publicación:

“Ahora resulta que es prohibido darme besos en @Centro_Andino con mi novio. ¿Desde cuándo es tan homofóbico ese centro comercial? Nos amenazaron diciendo que si nos veían volverlo a hacer, nos sacaban del cc, wtf”, indicó inicialmente Bastidas.

Sin embargo, la publicación del joven generó dudas, pues el video fue grabado a gran distancia y, para usuarios de X, todo habría sido planeado con el objetivo de que se viralizara la noticia. Por esta razón, Rodrigo salió a aclarar en otra publicación lo siguiente:

“Para los que se preguntan por qué hay video, una chica muy amable que estaba enfrente de nosotros notó cuando el vigilante se acercó a nosotros y empezó a decirnos esas cosas; luego de que se fue, ella llegó preocupada preguntando si nosotros habíamos sido discriminados por besarnos”, aclaró.

La versión del joven del video indica que la persona que los grabó les pasó el video porque la situación le pareció injusta y “gracias a ella es que tenemos la evidencia”.

Y agregaron: “Hay mucha gente diciendo que estábamos haciendo cochinadas y manoseando”.

Qué dijo Mafe Carrascal sobre el hecho de discriminación

Mafe Carrascal anunció que acompañará una besatón en el Centro Comercial Andino, en Bogotá, luego de que una nueva pareja del mismo sexo denunciara haber sido discriminada por besarse dentro del recinto.

“Otra vez en el Andino”, escribió la representante del Pacto Histórico en su cuenta de X, en alusión directa a un episodio de 2019 que ya había sacudido al país.

“Después de comprometerse públicamente a erradicar la discriminación contra parejas del mismo sexo, hoy una nueva pareja denuncia haber sido discriminada por besarse”, publicó Carrascal.

La congresista rechazó que el establecimiento no haya cumplido los compromisos asumidos tras el escándalo anterior y convocó a respaldar la protesta: “No vamos a normalizar que amar tenga consecuencias distintas según a quién amas”.

El antecedente que Carrascal recuerda

El Centro Andino ya había sido el epicentro de un debate nacional sobre homofobia en abril de 2019, cuando una pareja conformada por Esteban Miranda y Nicolás Téllez fue agredida verbalmente por un hombre identificado como Pedro Costa, quien los acusó de realizar actos obscenos frente a una zona de juegos infantiles.

Las cámaras de seguridad del propio centro comercial desmintieron la versión del agresor, pero la Policía le impuso a los jóvenes un comparendo que luego fue anulado por la Personería de Bogotá, que determinó que se había vulnerado el debido proceso.

Aquel episodio desató una ola de solidaridad. Unas 800 personas se congregaron en la entrada del Andino bajo el lema “Los besos son afecto, no delito” para rechazar la discriminación. En esa besatón participaron figuras públicas como el periodista Vladdo y los entonces congresistas Gustavo Bolívar y Juanita Goebertus.

“Los derechos se respetan todos los días”

Carrascal subrayó en su publicación que la protección de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ no puede limitarse al mes del orgullo: “Los derechos de las personas de los sectores LGBTIQ+ se respetan todos los días, no solo durante el mes del orgullo”.

La representante anunció que estará presente en la besatón convocada para el día siguiente al de su publicación y resumió la postura de quienes asistirán: “Porque frente a la discriminación, más amor, más dignidad y más derechos”.

Comunicado del Centro Comercial

El Centro Comercial Andino de Bogotá pidió disculpas este 20 de julio de 2026 tras concluir que una pareja “no estaba incurriendo en una conducta que justificara el llamado de atención realizado por nuestro personal de seguridad”, luego de un episodio ocurrido “en la tarde de ayer”.

En una comunicación pública, la administración sostuvo que el centro comercial “es un espacio para todos” y que allí “caben todas las personas, todas las familias y todas las expresiones de afecto que se manifiesten con respeto y dentro de las normas de convivencia”.

Al referirse a lo sucedido, señaló: “Rechazamos cualquier forma de discriminación”. Tras revisar el caso, agregó: “Por ello, ofrecemos una disculpa sincera a las personas afectadas”.

La entidad afirmó que “este episodio no refleja los principios que orientan al Centro Comercial Andino ni el compromiso que tenemos con el respeto, la inclusión y la diversidad”.

Como medidas posteriores, anunció que “iniciaremos una revisión de nuestros protocolos de atención y de los procesos de capacitación dirigidos al personal de seguridad y de servicio al cliente”, con el objetivo de “fortalecer las herramientas que les permitan actuar de manera coherente con los principios de respeto, inclusión y buen servicio que promovemos como institución”.

Creemos que elegimos libremente cómo vivimos, qué consumimos o qué decisiones tomamos. Sin embargo, basta mirar alrededor para advertir que millones de personas terminan haciendo exactamente lo mismo. En “Por qué hacemos todos lo mismo”, el último episodio de su podcast disponible en Infobae y Spotify, Ricardo Lorenzetti analiza cómo los modelos culturales, la publicidad y la tecnología moldean conductas que muchas veces percibimos como decisiones individuales.

“No somos muy conscientes de cómo influyen sobre cada uno de nosotros, porque pensamos que somos libres, que hacemos lo que queremos, que tomamos nuestras propias decisiones”, dice. Sin embargo, agrega, “hay una aparente contradicción entre la idea de que tomamos decisiones individuales, pero llamativamente hay muchas personas que toman las mismas decisiones individuales”.

Para explicarlo hace uso de ejemplos de la vida cotidiana. Durante décadas, recuerda, la comida rápida no ocupaba el lugar que tiene hoy. “Hace unos años no existía la idea de comer hamburguesas y comida chatarra. Luego, rápidamente y sorpresivamente, empezó en Estados Unidos la costumbre y en todo el mundo se comenzó a comer hamburguesas y comida chatarra. Masivamente, todas las personas.” Lo mismo ocurrió, sostiene, con el teléfono celular. “Hace muy pocos años nadie usaba el teléfono celular. Lo notable es que todos terminamos siendo adictos al celular, es decir, hoy ocupa una gran cantidad del tiempo que dedicamos a la atención.”

La lista continúa con fenómenos que hace apenas unas décadas parecían excepcionales. “Hace muy poco tiempo se consideraba que alguien que tenía un tatuaje era una persona extraña”, recuerda. Hoy sucede exactamente lo contrario. “Llamativamente, a alguien se le ocurrió hacerse un tatuaje y hoy masivamente hay tatuajes y no nos llama la atención.” Para Lorenzetti, todos esos casos tienen un elemento en común: “La oferta genera la demanda”.

Esa misma lógica aparece, según explica, en la expansión de la medicina estética. “La medicina siempre se enfocó en el arte de curar”, dice. Sin embargo, “ahora hay una medicina que se ocupa de modificar, aunque uno no esté enfermo”. Labios, párpados, nariz, piernas o incluso el color de los ojos forman parte de intervenciones que se multiplicaron en pocos años. “Es algo que no nace de la demanda individual, nace de la oferta masiva.”

Expande este último punto explorando también los ideales sobre el cuerpo. “Antes se pensaba que los chicos sanos eran más gorditos y había que alimentarlos bien. Esa era la posición de mi abuela”, cuenta Lorenzetti. Hoy, en cambio, “nos hemos ido al otro extremo. No solo la delgadez, sino que hay una tendencia importante hacia la hiperdelgadez, incluso la anorexia”. En esa transformación, dice, también operan modelos culturales que se expanden globalmente.

La influencia de esos modelos no siempre resulta evidente. “El famoso libre albedrío pareciera estar devaluado a medida que los modelos culturales se van imponiendo a través de la publicidad”, afirma. Y advierte que, junto con la promoción de determinados hábitos, muchas veces también se ocultan sus consecuencias. El caso más conocido, recuerda, fue el del cigarrillo. “Durante muchísimos años había mucha publicidad sobre el consumo de cigarrillos... pero los efectos dañosos del cigarrillo no se conocían y, si se conocían, se ocultaban.”

Las consecuencias no son solamente físicas. También existen efectos culturales y sociales que terminan produciendo nuevas formas de exclusión. “Como te ven, te tratan”, dice. Cita el caso del VIH y, más recientemente, el llamado “derecho al olvido oncológico”, que ya fue incorporado por varios países para impedir que quienes superaron un cáncer continúen siendo discriminados al contratar un seguro, acceder a un crédito o buscar empleo. “Se admite que hay un efecto discriminatorio del cáncer”, explica.

Lorenzetti considera que estas discusiones también tienen consecuencias jurídicas. La publicidad discriminatoria o engañosa, señala, puede ser cuestionada judicialmente y muchos países ya reconocen “acciones preventivas” y “acciones resarcitorias” frente a modelos culturales que afectan derechos de las personas. “Es interesante que la población la conozca”, dice, porque “la vida de muchas personas está muy afectada, en lo concreto, en lo cotidiano, por este tipo de situaciones de exclusión cultural”.

“Claramente hay una adicción al celular masiva. No podemos ya negarla”, sostiene. Describe una rutina que se repite en millones de personas: “Cuando uno se despierta lo primero que hace es abrir el celular... termina en la noche de la misma manera sin poder dormir por la enorme carga de información que recibe el cerebro”. Según explica, esa dinámica puede derivar hacia “ciertos niveles de depresión o de soledad”.

La salida que propone no consiste en rechazar la tecnología, sino en recuperar espacios que escapen a esa lógica. Retoma una idea del investigador Arthur Brooks y habla de dedicar tiempo a cuestiones “que no pueden ser googleables”: “la amistad, Dios, la muerte, el amor”. Son conversaciones que, dice, ninguna plataforma puede reemplazar. “En el fondo de todo esto es volver a ser humanos, no tan entregados a esta homogeneidad masiva que producen los modelos culturales en los cuales estamos expuestos en este siglo.”

Todos los lunes a las 9, un nuevo episodio de El podcast de Ricardo Lorenzetti en Infobae y Spotify.

La discusión sobre la edad en el fútbol revela un prejuicio persistente: la tendencia a reducir a los jugadores —y en especial a Messi— a un número, desconociendo la complejidad del rendimiento y la diversidad de las trayectorias deportivas.

Hay algo inquietante en la manera en que hablamos de fútbol. No es la pasión ni la épica, ni siquiera la emoción que acompaña cada jugada. Es un prejuicio que aparece con la misma naturalidad con la que se canta un gol: el viejismo, ese reflejo social que convierte los años avanzados de un deportista en un motivo de disvalor, en un límite anticipado, en una sentencia de exclusión que no necesita pruebas.

En el caso de Messi, esta lógica se vuelve evidente. Cada partido reactiva la misma pregunta: “¿podrá rendir a su edad?”. Como si la edad fuera un obstáculo en sí mismo, como si los años funcionaran como un veredicto biológico que no admite matices. La narrativa es tan insistente que termina opacando lo esencial: Messi no juega “a pesar” de su edad; juega porque su repertorio (talento, disciplina, lectura del juego, inteligencia táctica y sensibilidad social) no se mide en años.

El viejismo como violencia simbólica

El viejismo deportivo funciona así: reduce a la persona a su edad, instala la idea de un declive temporal inexorable y desconoce la diversidad de trayectorias corporales y vitales. Es una forma de violencia simbólica que opera en el lenguaje, en los supuestos y en esos comentarios que parecen inofensivos, pero reproducen desigualdades profundas.

En nuestros estudios sobre vejez y derechos se ha mostrado que el viejismo genera una desigualdad sobreviniente por esta condición etaria: un trato diferenciado que no surge de la persona en sí, sino de la mirada social que la reduce a su edad. Para comprender su alcance, resulta útil retomar el concepto de injusticia epistémica, desarrollado por Miranda Fricker. El prejuicio no solo discrimina: también distorsiona nuestra capacidad de conocer. Se vuelve injusticia epistémica cuando un estereotipo impide ver o reconocer la experiencia, la inteligencia y sensibilidad situacional, la lectura del contexto y la capacidad de adaptación que muchas personas mayores despliegan en distintos ámbitos. En términos simples: el viejismo nos hace interpretar mal la realidad.

Estos prejuicios resultan aún más visibles y más problemáticos, en sociedades longevas como las actuales, donde la expectativa de vida se ha extendido y las trayectorias vitales se han diversificado. Persistir en lecturas viejistas del rendimiento deportivo no solo desconoce esta transformación demográfica: también reproduce un imaginario que ya no se corresponde con la realidad de poblaciones que envejecen activas, diversas y plenamente capaces.

En el deporte, esta forma de violencia se vuelve especialmente visible porque el cuerpo está en el centro de la escena. Pero el cuerpo no es un reloj de arena que se vacía de manera uniforme: es un territorio plural, moldeado por la historia, el entrenamiento, la salud, la motivación y el deseo.

La evidencia contradice el prejuicio

La historia del fútbol desmiente la idea de que la juventud es el único territorio legítimo del rendimiento. Kazuyoshi Miura sigue jugando profesionalmente a los 59 años. Buffon se retiró a los 45. Ibrahimovic jugó hasta los 41. Roger Milla anotó en un Mundial a los 42. Giggs y Zanetti se mantuvieron en la élite hasta los 40.

No son excepciones milagrosas: son trayectorias que muestran que el rendimiento deportivo es un fenómeno complejo, donde la edad cronológica es solo una variable más. La inteligencia táctica, la experiencia, la disciplina y la capacidad de adaptación pesan tanto, o más, que la velocidad o la explosión física.

Messi y la trampa del “todavía puede”

Cada vez que Messi juega bien, reaparece la frase “todavía puede”, como si estuviera desafiando un destino biológico escrito de antemano. Pero Messi no “puede, todavía”: simplemente puede. Puede porque su talento no envejece. Puede porque su juego se reinventa. Puede porque su vínculo con la pelota es un lenguaje propio.

El problema no es Messi. El problema es la narrativa que lo rodea, que insiste en leer su rendimiento a través del prisma de la edad. Esa narrativa reproduce un imaginario social que asocia vejez con pérdida, inutilidad o irrelevancia. Y ese imaginario se expande más allá del fútbol.

Por qué importa cambiar la narrativa

El fútbol es un amplificador cultural. Lo que allí se naturaliza se multiplica en la vida social. Si seguimos asociando edad con declive, ¿qué queda para las personas mayores en ámbitos laborales, educativos o comunitarios?

Combatir el viejismo en el fútbol es una forma de combatirlo en la vida. Es reconocer que la edad no es un problema, sino una etapa del curso vital que merece ser vivida con plenitud, sin estigmas ni prejuicios. Es comprender que la diversidad etaria enriquece los equipos, las instituciones y las comunidades. Y es, sobre todo, un acto de justicia.

Hacia un deporte sin viejismos

Necesitamos un cambio cultural que transforme la manera en que hablamos del rendimiento, del cuerpo y del tiempo. Un lenguaje deportivo libre de estereotipos permitiría analizar a los deportistas desde una perspectiva más justa y más realista. Una narrativa que reconozca el valor de la experiencia ampliaría nuestra comprensión del juego. Y una mirada que visibilice las trayectorias longevas como parte legítima del deporte contribuiría a desmontar prejuicios que afectan a millones de personas fuera de la cancha.

El fútbol puede ser un espacio de inclusión o de exclusión. Depende, en buena medida, de cómo lo contemos. Y contar bien también es una forma de hacer justicia.

Madison Square Garden demanda por difamación a la revista Wired por un artículo publicado el 9 de julio que afirmó que el recinto de Manhattan usó vigilancia para rastrear la raza, la identidad de género y la orientación sexual de celebridades y otras personalidades. La acción judicial fue presentada el 16 de julio ante el Tribunal Supremo del estado de Nueva York, según informó USA Today y medios locales.

Madison Square Garden Entertainment Corporation (MSG) presentó la demanda porque sostiene que ese artículo construyó un relato falso y difamatorio. La empresa también alega que la publicación usó datos robados, sacó fragmentos de contexto y proyectó una acusación de discriminación contra la comunidad LGBTQIA+.

La acción judicial también incluye como demandados a Noah Shachtman editor colaborador de Wired, Maddy Varner coautora del texto y Katie Drummond directora editorial global de la publicación. En ese escrito, la empresa califica el artículo de “poco ético e inflamatorio”.

MSG agrega que la revista y los autores siguieron promoviendo la pieza en los días posteriores a su publicación “sin preocuparse por la verdad y con la intención de causar el máximo impacto público”. Ese señalamiento forma parte del eje de la acusación por difamación presentada por la compañía.

Qué decía el artículo de Wired

Según el artículo cuestionado, las celebridades y otras personalidades que asistieron a partidos como locales en el recinto recibían puntajes de riesgo. Esa escala iba de “low risk” (bajo riesgo) a “DO NOT HOST” (no alojar).

La publicación también sostenía que la base de datos marcó a casi 100 personas como “LGBTQIA+”. El texto añadía que la base de datos “talent” (talentos) reúne cerca de 40.000 entradas, cada una con designaciones específicas de etiquetado.

MSG impugna esas afirmaciones en su demanda. La empresa niega la narrativa de discriminación que, a su juicio, proyectó la revista.

La acusación de MSG contra la obtención y uso de datos

En su demanda, Madison Square Garden Entertainment Corporation sostiene que la revista recurrió a información robada por un grupo extorsionador de piratería informática. A partir de ahí, acusa a la publicación de seleccionar fragmentos para construir un relato falso.

“Wired recorrió la dark web, obtuvo datos robados a MSG por un grupo extorsionador de piratería informática y seleccionó fragmentos de esos datos para fabricar una narrativa falsa que presenta a MSG como una empresa que señala a la comunidad LGBTQIA+ con fines discriminatorios”, dice la demanda.

Con esa formulación, la empresa sitúa la disputa en dos planos: el contenido del artículo y el origen de los datos usados para elaborarlo. La denuncia judicial busca rebatir ambos puntos ante el tribunal estatal de Nueva York.

La empresa alega que los periodistas aislaron 93 registros con etiqueta LGBTQ —de un universo de 40.000 entradas que también incluía campos como restricciones dietéticas, cumpleaños y números de teléfono— para fabricar la apariencia de una lista discriminatoria, de acuerdo con The Washington Times.

La compañía agrega que el campo de orientación sexual fue creado en agosto de 2022 con fines de inclusión: invitaciones a eventos del Orgullo y actividades de alcance caritativo.

El contexto de otras publicaciones y la filtración de datos

La revista Wired ya había publicado en abril otra información relacionada con estas prácticas. Ese trabajo afirmó que personal de seguridad vinculado a James Dolan propietario de los New York Knicks siguió los movimientos de una mujer transgénero durante la mayor parte de dos años.

Algunos medios periodísticos también mencionan una demanda colectiva contra MSG por la filtración de datos privados. Esa acción sostiene que la exposición de esa información fue un subproducto directo de las operaciones de vigilancia atribuidas a Dolan.

Ese señalamiento apareció después de que el grupo de hackers The ShinyHunters difundiera 45 GB de datos el 16 de junio. La demanda colectiva vincula esa filtración con el funcionamiento de esas operaciones internas de seguimiento.

La respuesta de la revista

En un comunicado recogido por USA Today, Wired defendió su trabajo y calificó la demanda de “infundada y ridícula”.

“Esperamos continuar nuestra cobertura de MSG y del uso de tecnología de James Dolan a lo largo de su emporio de entretenimiento”, dijo la publicación. “Es parte de nuestra misión más amplia y del trabajo periodístico de rendición de cuentas ante el poder”.

MSG, por su parte, anunció que buscará acceder mediante descubrimiento de pruebas a las comunicaciones editoriales y de fuentes de Wired, circunstancia sujeta a la aprobación del tribunal y a las reclamaciones de privilegio periodístico que pudieran presentarse.

En Argentina, se estima que la epilepsia afecta a una de cada 100 personas. Un estudio internacional advirtió que su impacto excede el control de las crisis: el miedo, la ansiedad, el estigma y otras dificultades siguen condicionando la vida cotidiana de quienes conviven con la enfermedad.

La investigación reunió a 5.296 personas y cuidadores de 15 países, con 376 participantes en Argentina, y detectó cinco problemas que se repiten a escala global: la incertidumbre permanente, la exclusión social, las barreras en salud, educación y empleo, la falta de información clara y la necesidad de abordajes integrales para los cuadros más complejos.

El trabajo, llamado Global Epilepsy Needs Study (GENS), fue publicado en Epilepsia Open y analizó dimensiones emocionales, sociales, educativas, laborales y de acceso a la salud. Sus resultados muestran que las necesidades más frecuentes no se limitan al tratamiento médico, sino que también incluyen acompañamiento para reducir el estrés, comprender la enfermedad y recibir asistencia adecuada frente a una crisis.

La neuróloga infantil Lorena Fasulo, del Servicio de Neurología Infantil de la Clínica San Lucas de Neuquén, explicó que la epilepsia afecta a más de 50 millones de personas en el mundo y que durante décadas la investigación se concentró casi exclusivamente en las crisis. “Hoy sabemos que también tiene consecuencias cognitivas, psicológicas y sociales que pueden impactar de manera profunda en la calidad de vida y que requieren ser abordadas”, señaló.

Según MedlinePlus, el sitio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, “la epilepsia es un trastorno cerebral en el cual una persona tiene convulsiones repetidas durante un tiempo. Las convulsiones son episodios de actividad eléctrica descontrolada y anormal de las neuronas que puede causar cambios en la atención o el comportamiento, como movimientos corporales".

El miedo y el aislamiento

Uno de los datos más consistentes del estudio fue la carga emocional asociada a la epilepsia. El 44% de los participantes dijo necesitar apoyo para manejar el miedo y la ansiedad vinculados con la posibilidad de sufrir una crisis.

El informe describió una sensación persistente de incertidumbre por la imprevisibilidad de los episodios. Entre los temas más repetidos aparecieron el temor a tener una crisis en espacios públicos, la preocupación por lesiones graves y la dificultad para planificar actividades cotidianas.

También quedó expuesto el peso del estigma. Según el estudio, el desconocimiento todavía alimenta prejuicios, discriminación y aislamiento social, y esa situación profundiza la carga emocional de los pacientes.

Las mujeres reportaron con mayor frecuencia necesidades ligadas al manejo de las emociones, el sentimiento de aislamiento y la reducción del estrés. Entre las demandas más mencionadas por los participantes también estuvieron el acceso a profesionales especializados, la posibilidad de recibir el tratamiento adecuado a tiempo y una mayor capacitación comunitaria para entender cómo actuar ante una crisis.

Fasulo resumió esa dimensión del problema con una mirada más amplia que la clínica: “Las crisis son la manifestación más visible de la epilepsia, pero no el único desafío. Muchos pacientes enfrentan dificultades para estudiar, trabajar, relacionarse o desarrollar proyectos de vida. Por eso es fundamental adoptar una mirada integral que contemple también la salud mental, el funcionamiento cognitivo, la inclusión social y el acompañamiento familiar”.

Tres de cada 10 pacientes no controlan las crisis con medicamentos

En el 30% de los casos, las crisis no se controlan con los fármacos habituales. Esos pacientes presentan epilepsia farmacorresistente, y allí aparece una alternativa no farmacológica con más de un siglo de evidencia: la terapia cetogénica.

Ese tratamiento consiste en un plan de alimentación con muy alto contenido de grasas, una cantidad adecuada de proteínas y muy bajo aporte de hidratos de carbono. El objetivo es que el organismo deje de usar la glucosa como fuente principal de energía y comience a producir cuerpos cetónicos a partir de las grasas, lo que genera cambios en el funcionamiento cerebral que pueden disminuir la frecuencia y la intensidad de las crisis.

Según la modalidad que indique el equipo médico, la dieta suele incluir aceites, crema, manteca, palta, frutos secos y quesos, además de carnes, pescado, huevos y cantidades controladas de frutas y verduras. A la vez, restringe el azúcar, los alimentos dulces y los productos elaborados con cereales y harinas, como pan, pastas y galletitas.

Distintos estudios también registraron beneficios en funciones cognitivas y en aspectos como la atención, la concentración, el nivel de alerta y la calidad de vida. En una encuesta a padres y madres de niños con este tipo de epilepsia, la mitad consideró que esta terapia mejoró la calidad de vida de sus hijos, ocho de cada 10 valoraron poder hacer algo para ayudarlos, el 75% destacó la posibilidad de reducir la ingesta de medicamentos, el 45% dijo que le habría gustado conocer antes esta alternativa y el 53% afirmó que ofrece un mejor perfil de seguridad que los fármacos antiepilépticos.

Sostener la adherencia también representa una dificultad, incluso en las familias que logran controlar las crisis. Para facilitar el tratamiento existen fórmulas nutricionales específicas que aportan macro y micronutrientes en la proporción adecuada, pueden reemplazar alguna comida o incorporarse a preparaciones como fideos, panes, muffins o panqueques.

Esas fórmulas tienen cobertura total por parte de obras sociales y prepagas, o por el Estado en el caso de personas sin cobertura médica, de acuerdo con la Ley de Discapacidad y la Ley de Epilepsia. En el sitio hablemosdeepilepsia.com.ar, pacientes y familias pueden consultar información sobre la enfermedad, pedir una consulta virtual gratuita con especialistas para evaluar si la terapia cetogénica es adecuada y acceder a un mapa geolocalizado con centros especializados y equipos entrenados en este tratamiento.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este 13 de julio que los hospitales privados también están obligados a garantizar el derecho a la salud en condiciones de igualdad y sin discriminación para niñas, niños y adolescentes con discapacidad, de acuerdo con un tuit del Máximo Tribunal.

El Pleno sostuvo que los casos vinculados con personas con discapacidad deben revisarse con un estándar reforzado de protección, al tomar en cuenta barreras y desigualdades. Según la SCJN, “la discapacidad no puede justificar un nivel menor de protección ni disminuir el estándar de responsabilidad y diligencia” exigible a quienes prestan servicios de salud, sean públicos o privados.

La SCJN informa que el asunto derivó del fallecimiento de un adolescente con síndrome de Down durante una emergencia médica mientras permanecía hospitalizado.

En ese contexto, el Máximo Tribunal señaló que detectó un análisis basado en estereotipos y prejuicios sobre la discapacidad por parte de autoridades jurisdiccionales, por lo que ordenó dar vista al Tribunal de Disciplina Judicial. El criterio se fijó en el Amparo Directo en Revisión 1956/2025, según la SCJN.

Datos del INEGI ubican en 3 mil 500 los hospitales privados, que ya son 65% de las unidades del país

El sistema de salud privado en México atiende a millones de personas y se consolida como el “otro sistema” que compensa fallas del sector público, aunque su expansión también exhibe que el acceso a la atención médica de calidad sigue dependiendo, en gran medida, de la capacidad de pago.

De acuerdo con el INEGI, en el país existen alrededor de 3 mil 500 hospitales privados. Esa cifra equivale a cerca del 65% del total de unidades hospitalarias, pero este segmento apenas concentra el 30% de las camas disponibles.

Esa diferencia, explicó el analista en salud Alejandro Vázquez, responde a que la mayoría de los hospitales privados son clínicas de baja escala. Los centros de alta especialidad son pocos y se concentran sobre todo en zonas urbanas con mayores ingresos.

Según el especialista, el modelo privado no depende de recursos gubernamentales ni de una estructura centralizada. Opera, dijo, como “una red amplia, fragmentada y profundamente desigual que responde a la demanda que las instituciones públicas no logran cubrir”.

Vázquez sostuvo que esa composición genera un acceso desigual porque la calidad y la capacidad de atención dependen de la ubicación y del poder adquisitivo del paciente. En ese mismo entramado conviven consultorios de alta rotación y hospitales de especialidad operados por grandes redes médicas.

Esa diversidad produce diferencias en calidad, costos y capacidad resolutiva. El resultado es que la experiencia del paciente cambia de forma considerable según el servicio al que logre acceder.

Uno de los actores que más peso ha ganado en los últimos años son los Consultorios Adyacentes a Farmacias. Vázquez estimó que actualmente existen cerca de 20 mil en todo el país y que generan aproximadamente 10 millones de consultas mensuales.

Suprema Corte aclara que el personal de las ponencias no se limita a asesores

La SCJN publicó este 13 de julio una tarjeta informativa para aclarar que el personal de las ponencias de ministras y ministros no se reduce a la figura de “asesores”, en medio de la polémica por las cifras sobre el tamaño de esos equipos y después de que circularan listados con diferencias entre las plantillas del pleno.

El propio tribunal precisó que personal técnico altamente calificado representa 65.4% de cada ponencia, mientras que el 34.6% restante corresponde a personal de apoyo técnico, administrativo y operativo. La aclaración se difundió a través de la cuenta oficial de la Corte en X.

De acuerdo con el comunicado, cada ministra y ministro cuenta con un equipo técnico de trabajo conocido como ponencia, cuya función es apoyar el desarrollo de la labor jurisdiccional. La Corte señaló que esos equipos se integran por personas servidoras públicas de distintos niveles jerárquicos y no por un solo tipo de cargo.

Según la tarjeta informativa, las ponencias están formadas por secretarios y coordinadores de ponencia; secretarias y secretarios de estudio y cuenta, así como sus adjuntos; secretarias y secretarios auxiliares; auxiliares de acuerdos, y profesionales operativos.

Entre sus tareas están analizar expedientes, elaborar proyectos de resolución, dictaminar proyectos de otras ponencias y realizar investigaciones jurídicas. Con esa explicación, el tribunal sostuvo que es inexacto llamar “asesores” a todo el personal que integra esos equipos.

Un video grabado en la ciudad de Florencia (Caquetá) expuso el momento en que un docente de la región decidió dejar de comprarle panela a un vendedor ambulante de la tercera edad, bajo el argumento de diferencias ideológicas, un hecho que desató una ola de rechazo generalizado en el entorno digital.

La situación escaló de inmediato a la agenda nacional luego de que la representante a la Cámara por el partido Alianza Verde Katherine Miranda se pronunciara con dureza a través de sus plataformas oficiales.

La congresista calificó el acto como una humillación inaceptable y una grave falta a la ética por parte de un profesional de la educación, exigiendo medidas contundentes a las autoridades universitarias de la región.

Un reclamo político en la puerta de la casa

El detonante de la controversia fue un video grabado por el propio comprador del producto alimenticio, identificado posteriormente en las redes sociales. En las imágenes se observa cómo el docente atiende en la entrada de su residencia a “Don Luis Felipe”, un vendedor ambulante de avanzada edad que recorre las calles de la capital caqueteña ofreciendo panela para poder solventar sus necesidades básicas del día a día.

El ‘profe’, que solía ser un cliente habitual del anciano, utilizó la cámara de su celular para decirle que no volvería a comprarle, basando su determinación en los resultados de los comicios presidenciales: “No me vuelva a dejar nada. Con mi familia hemos decidido, después de estas elecciones, comprarle directamente a los campesinos. Yo no voy a seguir comprándole cosas a la gente que votó para que nos destripen a nosotros”.

Durante la incómoda interacción, el educador justificó su decisión señalando que sus principios le impiden sostener vínculos comerciales con ciudadanos que, según su visión, respaldan posturas políticas opuestas a los programas sociales del gobierno saliente o a las banderas de la izquierda tradicional en el país.

“Usted sabe que yo soy profesor; a mí me ha tocado muy duro. No es cuestión de cobrarle porque piensen políticamente diferente a mí, sino sencillamente coherencia”, señaló Franklin Gamboa.

Luego le dijo al hombre: “Yo he luchado por la vida, he estado del lado de la gente humilde, he marchado para que le aumenten el bono pensional a los viejitos y me parece injusto comprarle a gente que vaya en contra de eso”.

Ante el tajante rechazo y con una evidente expresión de tristeza, el adulto mayor se limitó a responder con respeto antes de retirarse del lugar con su mercancía.

La fuerte reacción de Katherine Miranda que se sumó a la ola de indignación en redes sociales

La difusión masiva del video provocó el estallido de la representante Katherine Miranda, que no dudó en señalar públicamente al educador y en pedir la intervención inmediata de la institución de educación superior con la que estaría vinculada.

“Importante el pronunciamiento y acciones que debe tomar la Universidad de la Amazonia sobre el ‘docente’ Franklin Gamboa. ¡Es delito y NADA ético estigmatizar a una persona vulnerable por su ideología! (sic)”, reclamó con vehemencia la congresista en su cuenta en la red social de X.

En otra publicación, la legisladora compartió una fotografía del maestro junto al actual ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, al sugerir que la actitud del docente refleja dinámicas de intolerancia promovidas por ciertos sectores radicales.

Katherine Miranda aprovechó el espacio para difundir los datos de contacto de Luis Felipe Yague, el vendedor afectado, invitando a la ciudadanía a solidarizarse y comprar masivamente sus productos bajo la premisa de que los buenos son más en el país.

“Este es el ‘profesor’ Franklin Gamboa, el que humilló y discriminó al vendedor de panela que no piensa como el petrismo. ¡Ahora todo tiene sentido! Vamos todos a comprarle”, puntualizó la representante a la Cámara.

En el corazón de Wilmington, Carolina del Norte, un memorial recuerda el único golpe de Estado exitoso en la historia de Estados Unidos.

La crónica de este hecho, recuperada por CBS News, revela cómo la violencia racista destruyó una sociedad integrada y cambió para siempre la composición y la memoria de la ciudad.

Una ciudad integrada bajo amenaza

A fines del siglo XIX, Wilmington era una excepción en el sur estadounidense. El 56% de sus habitantes eran afroamericanos y compartían con los blancos no solo la vida económica, sino también el poder político.

Para muchos, la ciudad era un modelo del New South, donde la convivencia y el desarrollo parecían posibles tras la abolición de la esclavitud.

Sin embargo, esa integración resultaba intolerable para sectores de la antigua élite esclavista, en su mayoría demócratas sureños.

Tal y como reconstruyó la periodista Lauren Collins en CBS News, estos grupos organizaron una campaña pública de supremacía blanca con el objetivo de recuperar el control total y expulsar a la comunidad negra de los espacios de decisión.

Collins, autora de They Stole a City, contó que su propio descubrimiento de esta historia fue personal: creció y fue bautizada en la First Presbyterian Church de Wilmington, donde una vidriera homenajea al coronel Walker Taylor, figura local y supremacista blanco.

El reverendo Peyton Harrison Hoge, entonces pastor de la iglesia, también defendía estas ideas. “Amar un lugar no significa mentir sobre él ni defenderlo con mentiras”, afirmó Collins.

La conspiración: planificación y justificación

El golpe no fue un estallido caótico. Se trató de una operación organizada, con documentos, discursos y advertencias internas. Para entender la magnitud de la planificación, es útil desglosar los mecanismos clave:

• Manual político de supremacía blanca: Los líderes locales crearon instructivos para desmontar la integración y asegurar el dominio blanco. Estas estrategias circulaban abiertamente.
• Declaración blanca de independencia: Los organizadores redactaron y difundieron un manifiesto que justificaba su objetivo de borrar toda influencia negra.
• Advertencias desoídas: B.F. Keith, miembro de la élite blanca opuesta al golpe, escribió al gobernador y a senadores advirtiendo que la violencia era inminente. Nadie actuó.
• Convicción entre los golpistas: Hugh MacRae III, bisnieto de uno de los líderes, contó a CBS News que su antepasado estaba convencido de estar haciendo “lo correcto”.

Este entramado muestra que el golpe fue una conspiración pública y meticulosa, no una simple reacción iracunda.

El estallido de violencia: destrucción, asesinatos y desplazamiento

La mañana del 10 de noviembre de 1898, la violencia se desató. La turba blanca, armada y organizada, atacó primero a The Daily Record, el único periódico negro de Wilmington. Tras incendiar el edificio, los atacantes posaron para una foto, mostrando una actitud de triunfo. Collins aseguró que esa imagen todavía le causa escalofríos.

La brutalidad siguió en las calles. En Fourth y Harnett Streets, un disparo inició los asesinatos: tres hombres negros murieron al instante. Luego, un carro equipado con ametralladora recorrió la ciudad, disparando sobre residentes negros, la mayoría desarmados. No hay cifras exactas, pero los historiadores estiman entre decenas y cientos de víctimas.

Un caso emblemático es el de Joshua Halsey. Elaine Brown, su bisnieta, relató que Halsey fue marcado como objetivo por los golpistas tras demandar a la ciudad por un accidente sufrido por su esposa. Halsey fue asesinado de 14 disparos en la cabeza frente a su mujer, quien como muchas otras, huyó de Wilmington.

La etapa final fue la toma del ayuntamiento. Demócratas blancos armados obligaron a renunciar a todos los funcionarios —siete blancos y tres negros— bajo amenaza de muerte. Así, la ciudad quedó bajo control supremacista.

Consecuencias inmediatas y duraderas

El golpe dejó efectos directos y profundos, que CBS News expuso con claridad:

• Desplazamiento forzado de afroamericanos: Miles abandonaron Wilmington por miedo o bajo amenaza directa. La población negra pasó del 56% al 15% en pocos años.
• Destrucción de la prensa negra: El incendio de The Daily Record silenció la única voz local que podía desafiar la narrativa oficial.
• Consolidación de la segregación: El golpe instauró un régimen de exclusión que persistió durante generaciones.
• Estigmatización de opositores blancos: Familias que se opusieron al golpe sufrieron rechazo durante décadas. El apellido Keith, por ejemplo, continuó siendo motivo de hostilidad mucho tiempo después.

Estas consecuencias no solo alteraron la vida de miles de personas, sino que reconfiguraron la historia y la memoria de Wilmington.

Silencio, impunidad y recuperación de la memoria

Nadie fue juzgado ni castigado por los crímenes del golpe. La prensa blanca instaló la versión de que los hechos respondieron a un supuesto “disturbio racial” iniciado por los negros, justificando la violencia y protegiendo a los responsables. El presidente William McKinley nunca intervino, y el episodio fue eliminado de los relatos escolares.

Décadas después, algunos descendientes de los golpistas siguen considerando heroica la acción de sus antepasados. Otros, como Cedric Harrison, luchan por recuperar la memoria de lo ocurrido. “Si supieras más, actuarías mejor”, afirmó Harrison a CBS News, convencido de que la educación es el primer paso para sanar.

Para Elaine Brown, la verdad es indispensable: “La sanación no llega con mentiras. Llega con la verdad fea de las cosas. Tenemos que sacarla”, concluyó. Lauren Collins sostiene que asumir esta historia es una responsabilidad ineludible para los blancos de Wilmington.

El golpe de Wilmington sigue siendo una advertencia sobre el poder destructivo del racismo y la importancia de defender la democracia y la memoria frente a quienes buscan distorsionar los hechos.

La Embajada de Francia en Argentina declaró “persona no grata” a la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, por los mensajes que publicó en las redes sociales el último domingo luego del triunfo de la selección gala ante Paraguay, por los octavos de final del Mundial.

“Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappe”, decía la publicación que realizó en X la dirigente una vez que finalizó el encuentro entre ambas selecciones, donde hubo varios cruces protagonizados por las estrellas francesas y los dirigidos por el entrenador argentino Gustavo Alfaro.

“Es una decisión mía como representante de Francia en Argentina y defensor de los valores fundamentales compartidos por nuestros países. En la cooperación franco-argentina no hay lugar para el racismo. La declaración de la vicegobernadora calificando a la selección francesa de ‘equipo africano flojos de modales’ es claramente racista. Y el racismo no es una opinión es un delito”. le dijo a Infobae este sábado Romain Nadal, embajador francés en Argentina.

El posteo de Casado generó una ola de críticas y fue interpretado por numerosos usuarios y dirigentes como una referencia discriminatoria hacia los jugadores franceses.

Luego de la polémica, la funcionaria rechazó las acusaciones y defendió públicamente sus expresiones. En entrevistas posteriores sostuvo que sus comentarios formaban parte del “folklore futbolero” y negó que existiera una intención discriminatoria. Además, cuestionó la interpretación que hicieron sus críticos y afirmó que quienes consideran ofensiva la referencia a África son quienes, en realidad, estarían atribuyendo una valoración negativa a ese origen.

Casado, quien fue electa en 2023 como compañera de fórmula del gobernador Alfredo Cornejo, también aseguró que nadie pudo demostrarle dónde radicaría el contenido racista de su publicación.

En ese sentido, Nadal aseguró que la justificación de Casado “es peor aún” y que sabe “perfectamente distinguir entre racismo y sarcasmo”.

“Los jugadores de nuestro equipo son nacidos en Francia y nuestro pacto republicano establece la ciudadanía no por el color de la piel, ni el origen de los padres o abuelos. Estamos orgullosos de nuestra diversidad y no vamos a tolerar ni este ni ningún tipo de intento de denigrar o desconocer la nacionalidad de nuestros jugadores”, subrayó el embajador.

“¿Cómo una funcionaria de un país como Argentina, que reivindica con orgullo haber recibido la migración con los brazos abiertos, critica otra selección cuyos jugadores también son producto de la inmigración? No solo es una contradicción, sino que es racismo. ¿La inmigración solo es bien vista cuando es europea? ¿Pero si es africana se convierte en insulto?“, siguió el diplomático en diálogo con Infobae.

Nadal, quien se declara admirador de la selección argentina y de Messi, dijo que “el fútbol debe de ser un puente entre los pueblos a través de una pasión compartida, no desatar prejuicios retrógrados que empañan el espíritu deportivo”.

Infobae consultó a fuentes vinculadas con la vicegobernadora que aseguraron que aún no habían sido notificados de la decisión de Francia.

Quién es Hebe Casado

Casado es la vicegobernadora de Mendoza, cargo que ejerce junto al gobernador Alfredo Cornejo de la Unión Cívica Radical (UCR), en el marco de la alianza Cambia Mendoza. Su trayectoria política reciente estuvo marcada por un movimiento partidario que generó repercusiones en el escenario provincial: en mayo de 2025 concretó su desafiliación del PRO —partido con el que había integrado la coalición de gobierno— como primer paso hacia su incorporación a La Libertad Avanza (LLA).

La propia funcionaria anunció la desafiliación a través de un tuit en el que compartió una captura del Registro Nacional de Afiliados Políticos con la frase “paso uno”. En declaraciones a MDZ Radio, Casado indicó que el presidente Javier Milei le había dicho que “estaba bienvenida a las Fuerzas del Cielo”. Su acercamiento al espacio libertario se remonta a su vínculo con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien describió como su referente y mentora.

Sin embargo, la afiliación formal nunca se concretó. Las propias autoridades de LLA en Mendoza, encabezadas por el diputado nacional Facundo Correa Llano, no inscribieron su incorporación ante la Justicia Electoral, en medio de una disputa interna por el control de la agrupación en la provincia. Ante la situación, Casado llegó a definirse con ironía:“Debo ser la única vicegobernadora apartidaria de la Argentina”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos firmó esta semana un acuerdo de conciliación con la Junta de Educación de Jersey City para eliminar un sistema de cuotas raciales en las admisiones del Dr. Ronald E. McNair Academic High School, una magnet school —escuela pública especializada con proceso de selección competitivo— de preparación universitaria en Nueva Jersey.

El acuerdo, anunciado el 9 de julio de este año, resuelve una investigación de la División de Derechos Civiles del DOJ bajo el Título IV de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la norma federal que prohíbe la discriminación por raza, color u origen nacional en instituciones educativas.

Qué establecía el sistema de cuotas en McNair

La escuela dividía sus cupos de admisión en cuatro categorías raciales: “Negro”, “Blanco”, “Hispano” y “Otro”. Los aspirantes se clasificaban en una de esas categorías según su propia autodefinición, y la institución reservaba un número igual de plazas para cada grupo.

Una vez cubiertos esos cupos por categoría, los lugares restantes se asignaban sin considerar raza ni origen nacional. La División de Derechos Civiles del DOJ determinó que ese mecanismo violaba el Título IV de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe cualquier forma de discriminación racial en escuelas que reciban fondos federales.

Qué dice el acuerdo de conciliación

Bajo los términos del acuerdo, el distrito deberá reformar por completo su proceso de admisiones. Queda prohibido reservar plazas para estudiantes en función de su raza u origen nacional, y la escuela no podrá otorgar ningún tipo de preferencia o beneficio a un aspirante por esas razones.

Antes del inicio del ciclo escolar 2027-2028, la Junta de Educación deberá adoptar una nueva política de admisiones que cumpla con esas restricciones y capacitar al personal en procedimientos no discriminatorios. El distrito también presentará informes de avance al DOJ sobre el proceso de admisiones de McNair.

El acuerdo permanecerá vigente hasta el 15 de agosto de 2029, salvo que ambas partes acuerden otra cosa.

La postura del Departamento de Justicia

Harmeet K. Dhillon, Fiscal General Adjunta de la División de Derechos Civiles del DOJ, fue directa en su valoración del caso: “Los sistemas de cuotas que definen a los estudiantes por su raza u origen nacional son ilegales desde la década de 1970.

La ley federal exige que todos los estudiantes, independientemente de su raza u origen nacional, puedan competir por la admisión a las mejores escuelas de su distrito, y este Departamento de Justicia garantizará que tengan igualdad de oportunidades para hacerlo”.

La declaración encuadra el caso dentro de una postura institucional más amplia: la administración Trump ha convertido el desmantelamiento de las políticas de diversidad, equidad e inclusión —conocidas por sus siglas en inglés, DEI— en una de las líneas de acción prioritarias de su agenda educativa.

El contexto: la ofensiva anti-DEI de Trump

Reuters describió el acuerdo con la Junta de Jersey City como “la más reciente medida de presión” de la administración Trump contra las prácticas de diversidad, equidad e inclusión en el sistema educativo estadounidense. La Junta de Educación de Jersey City y la propia escuela no respondieron a las solicitudes de comentario del medio.

La Casa Blanca ha impulsado órdenes ejecutivas para eliminar programas DEI tanto en el gobierno federal como en el sector privado, y el DOJ ha abierto frentes similares en otros estados. El Departamento de Salud de Minnesota resolvió recientemente una revisión de cumplimiento bajo el Título VI de la Ley de Derechos Civiles, y la Universidad de Yale figura entre las instituciones bajo escrutinio federal por sus políticas de admisión.

Grupos de derechos civiles y expertos académicos han expresado preocupaciones sobre las implicaciones de estas acciones para la libertad académica y el debido proceso.

Qué es la escuela McNair y a quién afecta

El Dr. Ronald E. McNair Academic High School es una de las escuelas públicas más competitivas de Nueva Jersey. Según U.S. News & World Report, ocupa el cuarto lugar en el estado. El 81% de su matrícula corresponde a minorías, y el 34% de sus estudiantes pertenece a hogares con desventajas económicas.

Para los futuros aspirantes, el acuerdo significa que su candidatura ya no dependerá de la categoría racial en la que se autoidentifiquen.

A partir del ciclo 2027-2028, todos los postulantes competirán por las plazas disponibles bajo criterios uniformes, sin cupos reservados por grupo étnico o nacional.

El ministro de Trabajo de la República Dominicana, Eddy Olivares, recibió este miércoles una propuesta para impulsar el acceso al empleo sin discriminación por edad.

La iniciativa, presentada por representantes del Grupo Alianza por la Paz y encabezada por la economista Angie Fondeur de Morin, busca ampliar las oportunidades laborales para personas mayores de 45 años, según informó la institución.

Durante la reunión, la organización social entregó un estudio que documenta las dificultades específicas que enfrentan personas de 40 años en adelante al intentar ingresar, permanecer o regresar al mercado laboral formal, incluso cuando cuentan con experiencia y formación. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, el levantamiento estadístico presentado señala que la brecha afecta tanto a hombres como a mujeres, y no distingue sector público de privado.

Olivares valoró la presentación de la propuesta y subrayó la importancia de que las empresas mantengan sus puertas abiertas a todas las personas con disposición para trabajar.

“Una persona que tiene 40, 45, 50 o 60 años no puede ser descartada por su edad. La experiencia, la responsabilidad y la disposición de trabajar son valores que deben ser reconocidos por las empresas y por toda la sociedad”, expresó el funcionario de acuerdo con el comunicado del Ministerio de Trabajo.

Impulsan acciones contra la discriminación laboral por edad en República Dominicana

El funcionario indicó que la realidad demográfica dominicana y el aumento en la expectativa de vida requieren una revisión profunda de los prejuicios existentes en torno a la edad y el empleo.

“Las expectativas de vida han aumentado y nuestra población tiene hoy mayores posibilidades de mantenerse activa, productiva y vinculada al trabajo durante más tiempo. No podemos permitir que la edad se convierta en una causa de exclusión, cuando el país necesita aprovechar plenamente el talento y la experiencia de su gente”, sostuvo el ministro, según informó el propio Ministerio de Trabajo.

La economista Angie Fondeur de Morin, representante de Grupo Alianza por la Paz, explicó que el fenómeno de exclusión afecta a dominicanos y dominicanas mayores de 40 años en todos los sectores, lo que genera impactos económicos, sociales y emocionales en las familias. Según los datos presentados por la organización, la participación de personas entre 40 y 50 años dentro de la población desocupada pasó de 16.4 % en 2018 a 20 % en 2024, mientras que su presencia en la población ocupada se ha mantenido prácticamente sin variación en los últimos diez años.

Entre las medidas propuestas, se plantea impulsar incentivos para la contratación de personas mayores de 40 años, como la implementación de una cuota de participación en las nóminas de instituciones públicas y privadas. Esta cuota tendría mecanismos de aplicación gradual y se ajustaría a las características de cada sector, de acuerdo con lo expuesto por Fondeur de Morin.

El ministro Olivares destacó que esta propuesta está alineada con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, así como con el Convenio núm. 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre discriminación en materia de empleo y ocupación. “El trabajo digno es un derecho de todas las personas. Desde el Ministerio de Trabajo continuaremos impulsando políticas que amplíen las oportunidades de empleo, fortalezcan la formalidad y promuevan una sociedad más justa e inclusiva”, expresó el titular de la cartera laboral.

Como parte de los compromisos asumidos, Olivares anunció que el Ministerio de Trabajo priorizará la incorporación de personas mayores de 45 años en los programas de empleabilidad de RD-Trabaja, con el objetivo de facilitar su capacitación, orientación, intermediación laboral y acceso a vacantes formales. “RD-Trabaja debe ser una herramienta para que nadie quede fuera. Vamos a fortalecer la incorporación de personas mayores de 45 años, para que puedan acceder a capacitación, acompañamiento y oportunidades reales de empleo formal”, añadió el funcionario.

Según el Ministerio de Trabajo, la propuesta presentada por el Grupo Alianza por la Paz será evaluada y podría servir de base para el diseño de nuevas políticas públicas que busquen erradicar la discriminación por edad en el ámbito laboral y aprovechar la experiencia de la población adulta en la economía nacional.

La decisión de Ford de volver a contratar a 300 ingenieros veteranos después de comprobar que sus herramientas de inteligencia artificial no corregían por sí solas fallas de producción reabrió una discusión que excede a la industria automotriz: el valor económico de la experiencia acumulada. Para el economista Gustavo Rodolfo Reija, el caso mostró que la empresa “sobrestimó a la inteligencia artificial” y terminó tomando “una decisión económica”, con un resultado medible: el primer puesto en calidad inicial de JD Power en Estados Unidos por primera vez desde 2010 y una baja en el gasto por garantías y retiradas.

El cambio no quedó limitado a un ajuste interno. Siete de los diez modelos más vendidos de la marca se ubicaron entre los tres mejores de sus segmentos en el estudio IQS 2026 de JD Power, y entre ellos la Ford F-150, la Ford Mustang y la Ford Super Duty lideraron sus categorías por segundo año consecutivo.

Según informó FOX Business, la automotriz retomó la contratación de ingenieros con amplia experiencia para orientar sistemas de IA que no habían alcanzado por sí solos para elevar la calidad en producción. Reija sostuvo en diálogo con Infobae que esa secuencia dejó al descubierto un punto: la tecnología no reemplazó al saber experto, sino que expuso su ausencia.

“Durante años se instaló la idea de que la inteligencia artificial sustituiría buena parte del trabajo humano. El tropiezo de Ford sugiere un matiz: los sistemas fallaron porque los especialistas capaces de entrenarlos ya no estaban en la empresa”, afirmó. A partir de esa lectura, agregó que la experiencia del trabajador maduro “no compite con la IA sino que la complementa”.

La mejora de calidad puso precio a la experiencia acumulada

Reija señaló que la corrección de rumbo de Ford no fue “un gesto nostálgico”, sino la validación de que el conocimiento tácito conserva retorno económico. Según planteó, el desempeño de la compañía confirmó que la experiencia “volvió a comportarse como lo que siempre fue: un activo estratégico con retorno medible”.

El economista ligó esa conclusión a una idea más amplia sobre el funcionamiento de la IA dentro de las empresas. “La tecnología vale lo que vale la información con que se la alimenta, y esa información —el conocimiento tácito de quien atravesó múltiples ciclos productivos— no figura en ningún manual”, dijo.

Ese razonamiento, a su juicio, cambia la forma de mirar a los trabajadores de mayor edad en los sectores intensivos en conocimiento. Mencionó entre ellos a la manufactura avanzada, la energía, la salud, los servicios financieros y la tecnología aplicada.

La economía plateada incluye consumo, pero también producción

Reija cuestionó la definición restringida de la llamada economía silver como un mercado de bienes y servicios para mayores de cincuenta años. “Suele reducirse la economía plateada a los bienes y servicios que consumen los mayores de cincuenta. Es una definición”, afirmó.

Para sostener esa idea, citó datos de escala internacional. Según recordó, la Comisión Europea considera a ese universo como toda la actividad económica ligada a ese segmento; en la Unión Europea, las personas de más de cincuenta años ya generaban una actividad equivalente a la tercera economía del mundo, mientras que en Japón el sector superó los USD 1.000 millones.

También mencionó una proyección del Banco Interamericano de Desarrollo sobre América Latina. Según ese cálculo, cerca del 30% del crecimiento del consumo regional entre 2015 y 2030 provendrá de los mayores de sesenta. Para Reija, el punto menos atendido no es ese mercado de consumo, sino “el capital humano de esa generación”.

En la Argentina, el peso económico del grupo convive con exclusión laboral

El economista describió a la Argentina como un caso donde la demografía y el mercado de trabajo marchan en direcciones opuestas. “Diversas estimaciones ubican el peso directo e indirecto de la economía plateada en torno al 40% del PBI”, indicó, y añadió que hacia 2043 el segmento representará cerca del 35% de la población y el 37% del gasto de los hogares.

Frente a ese cuadro, dijo, el mercado laboral “hace exactamente lo contrario de lo que aconseja esa demografía”. Citó el Informe Generación Silver para señalar que las personas de entre 50 y 65 años representan apenas el 7,4% de la dotación de las organizaciones, que el 54% de los postulantes de esa franja fue rechazado por su edad y que el 68% de los responsables de recursos humanos no contrató a ninguna persona mayor de 55 años en el último año.

“El país invierte décadas en formar capital humano y luego lo amortiza a pérdida”, sostuvo. Para Reija, esa dinámica no solo desaprovecha conocimiento, sino que reduce capacidad productiva en un contexto de envejecimiento.

Extender la vida laboral puede sumar crecimiento y aliviar la presión previsional

Reija vinculó la discusión sobre talento senior con un fenómeno demográfico de largo plazo. “En sociedades que envejecen, prolongar la vida laboral no es una carga sino una oportunidad”, afirmó.

En ese punto citó una estimación de la OCDE según la cual extender trayectorias laborales productivas puede sumar hasta 0,4 puntos de PBI por año. Al mismo tiempo, recordó que la razón de dependencia de la vejez en ese ámbito trepará del 31% actual al 52% hacia 2060.

El economista sostuvo que esa evidencia desmiente la idea de que la contratación de personas mayores desplaza a los jóvenes. “La inserción laboral de los mayores no desplaza el empleo juvenil, lo complementa en equipos intergeneracionales más productivos”, dijo.

Reija propuso incentivos para contratar mayores de cincuenta

El diagnóstico, planteó, exige medir el conocimiento acumulado con el mismo rigor que la innovación tecnológica. “Ford lo tradujo en calidad y en menor gasto en garantías; en cualquier organización, la experiencia senior se expresa en menos errores de proceso, menor rotación, mejor transferencia de saber y sistemas de IA mejor entrenados”, señaló.

A partir de esa lógica, propuso medidas para la Argentina: incentivos fiscales para la contratación de mayores de cincuenta, esquemas de mentoría cofinanciados, certificación de competencias y eliminación de la edad como filtro de reclutamiento. “No son gasto: son inversión en un activo que ya existe y que hoy se malgasta”, dijo.

Stephanie Fairyington examina en Ugly cómo la belleza física organiza la vida social, económica y familiar, y plantea una pregunta central: qué significa criar a una hija considerada atractiva en una cultura que premia el aspecto y empuja a las mujeres a corregirse de manera constante.

El libro combina reflexión filosófica y experiencia íntima para discutir no solo los beneficios de ser bello, sino también las consecuencias materiales y psicológicas de quedar fuera de ese ideal.

La discusión no parte de una intuición abstracta. La publicación recuerda que las personas consideradas atractivas suelen tener más éxito económico, mientras que la discriminación basada en la apariencia produce costos medibles. A ese esquema se suma el llamado “halo de atractivo”, un sesgo psicológico por el que los demás atribuyen mejores cualidades y capacidades a quienes encajan en ciertos estándares físicos.

Ese aprendizaje muy temprano: desde la infancia, la belleza aparece asociada al cabello largo, a las muñecas y a las princesas, y también al dolor que implica sostener esa imagen. El gasto colectivo para perseguirla tampoco es menor: los estadounidenses destinan cientos de miles de millones de dólares al año a maquillaje, depilación, peluquería, manicura, entrenadores personales, tratamientos faciales, toxina botulínica y ácido hialurónico sintético para aumentar labios.

En su libro, Fairyington intenta averiguar por qué la belleza física, definida por criterios subjetivos que cambian con el tiempo y varían entre culturas y generaciones, conserva un valor tan alto. El punto de partida es deliberadamente abrupto: ella misma se describe como fea, aunque aclara que no de una forma que provoque miradas de asombro, sino como alguien “insípida” y “ofensivamente” ordinaria, “como una persona que se ha rendido o no lo intenta”.

Esa admisión altera a quienes la rodean, en especial a otras mujeres, porque deja suspendida una idea casi prohibida: aceptar la fealdad sin ironía ni autohumillación. Para Fairyington, la reacción social revela que la falta no consiste tanto en no ser bella como en no intervenir sobre el propio cuerpo cuando existen recursos para hacerlo.

La pregunta del libro, entonces, no se limita a la autopercepción de la autora. También busca responder cómo criar a una hija preadolescente de belleza convencional en un entorno que le enseñará a valorar, cuidar y perfeccionar ese capital a costa de otros deseos. La obra está dirigida a una versión futura y mayor de esa hija, y funciona a la vez como ensayo filosófico y como lamento materno.

Fairyington no propone fingir que la apariencia no existe. Reconoce que los seres humanos se entienden en relación con otros y que advertir diferencias corporales forma parte de la vida social. El problema, sostiene, es que esas diferencias rara vez quedan en el plano descriptivo y enseguida se vuelven juicios: bueno o malo, deseable o indeseable.

Tampoco plantea una simple inversión del canon, en la que lo feo deba celebrarse como si fuera bello. El diario destaca que explora formas de resistencia encarnadas por figuras como la música inglesa Poly Styrene y la drag queen Fauxnique, pero advierte que convertir la fealdad en espectáculo también exige trabajo y puede terminar reforzando la misma jerarquía estética que pretende impugnar.

El libro gana espesor cuando la reflexión se vuelve personal. Fairyington recuerda cuánto le dolía, de niña, no cumplir con las expectativas ajenas, sobre todo porque su madre era muy bella. A los 10 años, un adulto preguntó con desprecio si ella era realmente la hija de Chrysí, una escena que la autora no quiere repetir en la vida de su hija.

Ese deseo abre una tensión persistente: transformar el mundo para que sea más habitable o preparar a la niña para soportar el mundo que ya existe. Allí aparecen algunas de las escenas más difíciles del libro. Cuando la hija quiere mencionar su gusto por las compras en una breve biografía que acompañará un poema, Fairyington y su esposa intentan desalentarla al considerar esa afición frívola.

Algo parecido ocurre cuando la autora se entera de que su esposa y una amiga de la familia planean llevar a la niña a un salón de manicura. Su reacción es directa: “¿Por qué estamos fomentando su autoobjetivación tan temprano?”. La respuesta de la amiga también condensa el conflicto: “No odias a las mujeres, ¿verdad, Steph?”.

La escena tiene filo porque expone un riesgo que el propio artículo subraya: despreciar prácticas asociadas a lo femenino también reproduce jerarquías culturales. Referencias codificadas como femeninas, como Taylor Swift, las novelas románticas o los realities, suelen ser tratadas como triviales, mientras que formas de entretenimiento asociadas a los hombres, como los deportes o los dramas históricos de guerra, reciben un reconocimiento más serio.

Aun así, la autora no busca denigrar lo femenino en bloque. Creció admirando subculturas feministas como el movimiento punk Riot Grrrl y desearía que su hija pudiera imaginar otros modelos de femineidad. Su crítica apunta a una cultura que empuja a las mujeres a “morfear nuestros cuerpos y rostros” para seguir siendo deseables, algo que, precisa, significa sobre todo deseables para los hombres.

La reseña también marca una contradicción que Fairyington admite sin rodeos: se enorgullece de que la belleza de su hija sea fácilmente legible para los demás. En un pasaje del libro, confiesa que cuando camina con ella y percibe sonrisas de admiración, piensa que quizá haya sido “una mujer fracasada”, pero que su hija es hermosa y “extraordinariamente normal”.

La niña, de todos modos, no aparece definida solo por signos de feminidad convencional. Le gusta el esmalte de uñas, pero también admira los atuendos exagerados de las drag queens en Provincetown, asistir a clases de parkour, probar rituales de brujería bajo la luna llena y los chicos. Fairyington entiende que su personalidad seguirá cambiando y que, por ahora, su tarea consiste en ofrecer alternativas.

En varias conversaciones cotidianas, la autora intenta correr el eje del aspecto hacia la experiencia corporal. Después de que una compañera se burla de un conjunto que su hija había planeado usar, la niña lo envía al cajón de disfraces de Halloween. En otro momento, cuando su madre le pregunta qué le gusta de lo que su cuerpo puede hacer y no de cómo se ve, responde que le encanta nadar, hacer pulseras, bailar, cantar, trepar a los árboles y jugar videojuegos.

El libro concluye con un giro hacia el asombro, una emoción que, según investigadores, puede amortiguar la autocrítica y el desagrado que prosperan en un entorno saturado de mensajes sobre todo lo que habría que corregir. Desde esa perspectiva, aceptar el propio aspecto esquiva una industria que gana miles de millones con la promesa de controlarlo.

California vivió en 2025 un panorama dual en materia de seguridad: mientras las cifras generales de criminalidad y crímenes de odio experimentaron una caída, se observaron repuntes preocupantes en incidentes motivados por prejuicios raciales y de estatus migratorio.

Las autoridades estatales destacaron avances en la cooperación policial y la prevención, pero advierten que la intolerancia dirigida a comunidades específicas persiste y, en algunos casos, se agrava.

El informe anual presentado por la fiscalía estatal, y difundido por NBC Los Angeles, ofrece datos clave para comprender tanto los logros como los desafíos actuales en la protección de grupos vulnerables.

Reducción general de crímenes de odio y criminalidad en California

En 2025, California registró una disminución en la mayoría de los indicadores delictivos. El número total de eventos catalogados como crímenes de odio alcanzó los 1.955, lo que representa una baja del 3,4% respecto a los 2.023 reportados en 2024.

Esta tendencia a la baja se replicó en otras categorías de criminalidad: la tasa de homicidios descendió un 18%, situándose en 1.374 homicidios, el nivel más bajo registrado desde que el estado comenzó a recopilar estos datos en 1966.

También se reportaron caídas del 10% en delitos violentos, 14% en delitos contra la propiedad, 26% en robos de vehículos y 20% en asaltos.

El fiscal general Rob Bonta subrayó que este descenso general en la criminalidad coincide con un aumento del 4% en las detenciones, señalando que la mayor efectividad en las labores policiales contribuye a disuadir delitos. Bonta valoró especialmente la reducción de homicidios en condados como Alameda, San Mateo y Santa Cruz, donde se registraron descensos de hasta el 67% en comparación con el año anterior.

En términos generales, la tasa de crímenes de odio también descendió un 3% en el periodo analizado. Sin embargo, las autoridades hicieron hincapié en que estos datos deben interpretarse con cautela, ya que existe un subregistro histórico y no todas las agencias lograron remitir información completa durante el año.

En resumen, la criminalidad en California descendió a niveles históricos en 2025, marcando una reducción significativa en homicidios, delitos violentos y crímenes de odio reportados. La tendencia fue atribuida, en parte, a una mayor coordinación policial y a la aplicación efectiva de la ley en todo el estado.

Aumento de incidentes motivados por prejuicios

A pesar de la mejora en los indicadores globales, el informe estatal reveló un incremento en crímenes motivados por factores raciales y de origen étnico. Los incidentes relacionados con prejuicios de este tipo crecieron un 6,2%, pasando de 1.011 en 2024 a 1.074 en 2025. Destaca especialmente el aumento del 30% en eventos de odio contra hispanos o latinos, una cifra que supera el promedio de crecimiento de otras categorías.

Los incidentes motivados por el estatus migratorio o de ciudadanía también experimentaron un alza significativa, con un incremento del 150% en comparación con el año anterior: de 16 eventos reportados en 2024 se pasó a 40 en 2025.

Además, los crímenes de odio por motivos de género aumentaron un 23,8%, y se registró un crecimiento del 23% en delitos contra personas transgénero.

El informe señala que estos incidentes suelen manifestarse como acoso verbal, insultos o intimidación, aunque también pueden derivar en delitos más graves como vandalismo, agresiones o amenazas.

En concreto, los crímenes de odio dirigidos a hispanos y personas por su estatus migratorio mostraron un repunte notable en 2025, reflejando una realidad donde la intolerancia y la discriminación siguen afectando a comunidades vulnerables pese al descenso general delictivo.

Distribución geográfica y cifras específicas de crímenes de odio en Los Ángeles

El condado de Los Ángeles concentró la mayor cantidad de crímenes de odio registrados en California durante 2025, con 795 incidentes, la mayoría localizados en la ciudad homónima. Esta cifra representa una parte sustancial del total estatal y confirma la persistencia de focos críticos en grandes núcleos urbanos.

A nivel estatal, el reporte de la fiscalía destaca que la distribución de los crímenes de odio no es uniforme: aunque la tendencia general es a la baja, existen zonas donde los delitos motivados por prejuicios raciales y de estatus migratorio están en aumento.

Las ciudades más pobladas, como San Francisco, Oakland, San Diego y Sacramento, fueron objeto de especial atención mediante la realización de mesas de trabajo y estrategias de colaboración entre autoridades y organizaciones comunitarias.

Factores de la disminución y el aumento de ciertos crímenes de odio

El fiscal general Bonta atribuyó la reducción en la criminalidad a la mayor coordinación y modernización policial en todo el estado, lo que permitió una mejor respuesta y seguimiento de los delitos. También valoró la colaboración con autoridades locales y el fortalecimiento de recursos para la prevención y persecución de crímenes de odio.

No obstante, Bonta y otros funcionarios estatales identificaron factores externos vinculados al aumento de incidentes de odio, especialmente aquellos dirigidos contra hispanos y personas transgénero.

Según Bonta, los discursos políticos actuales y las medidas restrictivas en materia migratoria y de derechos de género, habrían incentivado el crecimiento de ataques y hostigamientos en California.

El informe también advirtió que “la persistencia de discursos de odio y la difusión de información falsa desde altos niveles de gobierno pueden tener un impacto directo en el incremento de estos delitos”.

Recursos, recomendaciones y llamados a la acción

La Fiscalía General de California publicó una serie de recursos y guías para víctimas, autoridades y la ciudadanía en general, que incluyen protocolos de respuesta rápida, orientaciones legales, y un boletín actualizado sobre leyes contra delitos de odio.

Recomendaron a las víctimas denunciar inmediatamente cualquier incidente ante las autoridades locales y utilizar servicios como la línea 211 para recibir asistencia.

Además, se convocó a organizaciones, líderes y a toda la sociedad a renovar su compromiso en la lucha contra la intolerancia y a participar en actividades informativas y de prevención, como los encuentros virtuales organizados por la Oficina de Concienciación Comunitaria.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar en Quiroga, Michoacán, donde destacó el reconocimiento de los derechos de las mujeres y la relevancia que han tenido en la historia y la actualidad del país.

Violencia de las mujeres tiene raíz en la discriminación

Ante beneficiarias del programa, Sheinbaum sostuvo que la violencia contra las mujeres tiene raíz en la discriminación y en la negación de derechos. “La violencia contra las mujeres tiene que ver con la discriminación, con que nos valoran menos, como si no tuviéramos derechos y no, las mujeres somos personas y tenemos todos los derechos”, afirmó.

La presidenta enumeró los derechos que deben garantizarse a todas las mujeres, sin distinción de oficio o profesión:

• Derecho a educarse
• Derecho a trabajar
• Derecho al acceso a la salud
• Derecho a una vida libre de violencia

Sheinbaum subrayó que reconocer a las mujeres -amas de casa, enfermeras, médicas, secretarias- es la forma de combatir la desigualdad. “Siempre hay que reconocer a las mujeres mexicanas, a lo largo de la historia y en el presente”, señaló.

Gobierno federal destina un billón en Programas para el Bienestar

La jefa del Ejecutivo federal recordó que la Cuarta Transformación puso fin a 36 años de neoliberalismo e inició la construcción de nuevos derechos a través de los Programas para el Bienestar, para los que este año se destinan un billón de pesos.

La Pensión Mujeres Bienestar, dijo, es el reconocimiento concreto al trabajo de cuidados que realizan las mujeres. Agregó que en 2024 el cambio fue más profundo: por primera vez en 200 años, una mujer llegó a la Presidencia de México.

Además del programa de pensión, el Gobierno de México construye un Centro LIBRE para las mujeres en cada municipio del país y puso a disposición la Cartilla de Derechos de las Mujeres para combatir el racismo, el clasismo y el machismo.

Más de un millón de mujeres reciben apoyo en Michoacán

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que en Michoacán 146 mil 158 mujeres de 60 a 64 años reciben la Pensión Mujeres Bienestar. Precisó que a partir de los 65 años acceden a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

El gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla resaltó que el estado construirá 127 Centros LIBRE, a pesar de que solo cuenta con 113 municipios, lo que permitirá mayor cobertura para las mujeres de los pueblos originarios.

Estos son algunas de las reformas impulsadas en el gobierno de Sheinbaum

El 3 de octubre de 2024, dos días después de asumir la presidencia, Sheinbaum presentó un paquete de Reformas Constitucionales enfocado en la protección y ampliación de los derechos de las mujeres. Estas reformas establecieron el derecho a una vida libre de violencia y la obligación del Estado de garantizarlo.

El paquete incluyó disposiciones para asegurar igualdad salarial entre hombres y mujeres, acceso al mismo trato y oportunidades, y medidas de protección para mujeres, adolescentes, niñas y niños en procedimientos civiles y familiares. También se incorporó el concepto de violencia vicaria y se creó el Registro Nacional de Medidas u Órdenes de Protección.

Con el lema “es tiempo de mujeres”, Sheinbaum formalizó la creación de la Secretaría de las Mujeres, que hasta abril de este año la dirigió Citlali Hernández. Esta dependencia instaló 678 Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación) en varios estados del país.

Además, se implementó el programa Mujeres Bienestar, que otorgó un apoyo bimestral de 3,000 pesos a mujeres de 60 a 64 años. Entre la legislación que se impulsó este año, se encuentra la ley contra el feminicidio, aprobada en el Congreso de la Unión.

La discriminación y la falta de espacios seguros se mantienen como los principales factores de riesgo para la salud mental de las juventudes LGBTTTIQ+ en México.

De acuerdo con la “Encuesta Nacional 2024 sobre la Salud Mental de las Juventudes LGBTQ+ en México”, el 52% de las y los jóvenes de la diversidad sexual ha considerado seriamente el suicidio, mientras que uno de cada tres reportó al menos un intento.

El peso de la discriminación en la salud mental juvenil

La discriminación por orientación sexual o identidad de género afecta a más de la mitad de la comunidad joven LGBT+ en el país. Este rechazo social —desde el entorno familiar, escolar o laboral— se traduce en altos niveles de ansiedad, depresión y desesperanza.

La encuesta nacional muestra que más del 50% de las personas encuestadas ha experimentado algún tipo de discriminación, y muchas veces esto ocurre desde la infancia o adolescencia.

La falta de espacios donde las juventudes puedan sentirse escuchadas y respetadas incrementa el riesgo de aislamiento y pensamientos suicidas. Entre las principales situaciones reportadas se encuentran la exclusión en contextos escolares, burlas, violencia verbal y la presión para ocultar la identidad.

Estadísticas que alertan: tentativas y pensamientos suicidas

Los datos de la encuesta nacional revelan una realidad crítica: el 52% de las juventudes LGBTTTIQ+ en México ha pensado en quitarse la vida. Además, uno de cada tres jóvenes reportó al menos un intento de suicidio. Estas cifras, por sí solas, evidencian un problema de salud pública que requiere atención urgente y políticas de prevención dirigidas a la diversidad sexual.

La Organización Mundial de la Salud y organismos internacionales señalan que los entornos de aceptación, pertenencia y acompañamiento reducen significativamente los riesgos de depresión, ansiedad y suicidio entre adolescentes y jóvenes LGBT+. Estas recomendaciones insisten en la urgencia de crear espacios comunitarios y servicios de atención psicológica accesibles, libres de estigma y discriminación.

Para Mafer Olvera, fundadora y directora general de HOPE y creadora del modelo Hospital de las Emociones en la Ciudad de México, “la diversidad nunca debería representar un factor de riesgo para la salud mental".

Factores que incrementan el riesgo

Especialistas en salud mental y derechos humanos identifican varios factores que agravan la vulnerabilidad de las juventudes LGBT+:

• La violencia familiar y escolar.
• Falta de información y recursos sobre salud mental con perspectiva de diversidad.
• Ausencia de redes de apoyo confiables.
• Violencia digital y hostigamiento en redes sociales.
• Dificultad para acceder a servicios profesionales de atención psicológica.

La suma de estos factores coloca a las juventudes de la diversidad sexual en una posición de riesgo constante, donde el miedo al rechazo y la violencia puede derivar en problemas emocionales graves.

Iniciativas de prevención: talleres gratuitos y asesoría profesional

En el marco del Mes del Orgullo, distintas organizaciones y plataformas impulsan programas de acompañamiento emocional enfocados en personas de 12 a 35 años. Estos modelos incluyen atención psicológica profesional, talleres de prevención y espacios de reflexión para fortalecer el bienestar emocional desde la perspectiva de la diversidad.

Durante julio se ofrecen talleres gratuitos en línea dirigidos a adolescentes y jóvenes, con el objetivo de brindar información, herramientas prácticas y espacios de conversación para afrontar la discriminación y fortalecer la autoestima. El primer taller, “Diversidad, inclusión y comunidad LGBTTTIQ+”, se realizará el 4 de julio a las 14:00 horas, con contenidos sobre diversidad, sexualidad y respeto.

El 11 de julio, a las 19:00 horas, está programado el taller “Desarmando la violencia digital y cotidiana”, dirigido a jóvenes de 12 a 29 años, centrado en el reconocimiento y prevención de la violencia en entornos digitales y presenciales. Finalmente, el ciclo “Sin perderme en ti”, orientado a personas mayores de 18 años, se llevará a cabo en cinco sesiones los días 6, 9, 13, 16 y 20 de julio, con estrategias para construir relaciones sanas y equilibradas.

Redes de apoyo y autocuidado: claves para prevenir

Diversos organismos internacionales destacan la importancia de construir redes de apoyo, no solo en el entorno familiar, sino también en espacios digitales, educativos y comunitarios. El autocuidado, el acceso a información confiable y la posibilidad de recibir asesoramiento sin prejuicios son medidas que pueden marcar la diferencia para las juventudes LGBT+.

Hablar de salud mental implica romper el silencio y abrir conversaciones que permitan prevenir la violencia, fortalecer la autoestima y garantizar que nadie tenga que ocultar su identidad para sentirse seguro. Cada espacio seguro y cada red de apoyo representan una oportunidad para que la diversidad se viva con dignidad, respeto y esperanza.

El acceso a servicios de salud, la discriminación y la búsqueda de alternativas han marcado la experiencia de las personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+ en México y otras regiones.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población de la diversidad sexual y de género recurre en mayor proporción a la atención privada, a diferencia de quienes no pertenecen a este colectivo, que suelen utilizar servicios públicos.

Esta tendencia fue investigada por Itzel Cadena Alvear, colaboradora de investigación de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, durante su participación en el ciclo de conferencias sobre salud e identidades sexogenéricas.

La especialista explicó que en países como Brasil se observa un fenómeno semejante. Un censo reciente reveló que la mayoría de las mujeres lesbianas utiliza servicios privados, lo que podría estar relacionado con la mayor capacitación y sensibilidad de estos espacios sobre diversidad afectiva y sexual. Sin embargo, la experiencia clínica sigue siendo compleja. Un alto porcentaje reporta temor o vergüenza de hablar sobre sexualidad en consultas médicas, lo que limita su acceso a información y diagnósticos oportunos.

Esta situación no solo afecta el bienestar físico, sino también la salud mental y emocional. El organismo señala que el 88.7% de quienes integran la comunidad LGBTIQ+ enfrenta estrés, ansiedad y miedo en entornos de atención médica, lo que lleva incluso a la autocensura al relatar sus vivencias durante las consultas.

Obstáculos en la atención médica de la comunidad LGBTIQ+

Una de las principales barreras identificadas es la invisibilidad de las experiencias específicas dentro del sistema de salud. Estudios recientes advierten que la falta de información en los registros oficiales dificulta la generación de políticas públicas inclusivas. Por ejemplo, los datos del censo nacional no distinguen entre lesbianas, bisexuales u otras identidades, lo que impide conocer a fondo sus necesidades particulares.

Además, la exposición a contextos discriminatorios y de precarización impacta de manera diferenciada dentro del colectivo. Se ha detectado que las mujeres bisexuales experimentan mayores afectaciones en la salud, principalmente debido al estrés crónico asociado a la discriminación, incluso dentro de la misma comunidad. Por otro lado, persisten mitos que obstaculizan la salud sexual, como la creencia de que las lesbianas tienen bajo riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, lo cual retrasa la realización de pruebas preventivas.

La falta de formación adecuada en diversidad entre profesionales sanitarios genera entornos clínicos poco seguros para quienes buscan atención, provocando conductas de autocensura y evitando consultas preventivas esenciales.

Estrategias para la salud inclusiva

Ante estos desafíos, se han desarrollado múltiples iniciativas de autogestión y apoyo dentro del colectivo, según relató Itzel Cadena. Redes de cuidado, organizaciones civiles y materiales educativos (como manuales, revistas y plataformas digitales) han surgido para fortalecer la salud sexual y psicoemocional, especialmente entre mujeres lesbianas y bisexuales. Estas acciones han resultado fundamentales para contrarrestar la exclusión institucional.

Como perspectiva a futuro, se plantea la necesidad de repensar la continuidad en el bienestar, integrando dimensiones afectivas y socioculturales en el abordaje clínico.

La propuesta feminista invita a superar la dicotomía entre salud y enfermedad, y a promover una escucha clínica sensible a las realidades sociales. Herramientas como el pluralismo epistémico y la diversidad en las ciencias pueden contribuir a transformar los saberes médicos y a visibilizar la pluralidad de formas de vivir la sexualidad, logrando entornos más dignos y equitativos para todas las personas.

La Cámara Federal porteña revocó el archivo de una causa contra Luis D’Elía por posteos en redes sociales y declaraciones periodísticas que podrían ser discriminatorias y ordenó que la investigación continúe. La decisión se tomó luego que la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) apeló una decisión que cerró el caso por falta de impulso de la fiscalía, que tenía delegada la investigación.

En su fallo, los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah señalaron que aún no puede descartarse que los mensajes publicados por el dirigente en redes sociales y medios de comunicación constituyan un discurso de odio. “Al día de hoy no puede concluirse sin más que las frases de D’Elía constituyan un mero ejercicio de fundamentales libertades constitucionales y convencionales”, advirtió la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Discurso de odio

La DAIA fue admitida como querellante en el expediente, lo que le otorga la facultad de impulsar la acción penal y aportar elementos para sostener la investigación, evaluaron los jueces. Al apelar se argumentó que los dichos de D’Elía podrían configurar una infracción al artículo 3 de la ley 23.592, que sanciona actos discriminatorios. El tribunal destacó que la postura de la fiscalía, que había solicitado el archivo, no impide que siga el proceso mientras la parte querellante mantenga activa la causa.

La denuncia inicial había sido presentada por el fiscal federal Carlos Stornelli, quien pidió investigar “diversas manifestaciones que Luis D’Elía había realizado a través de sus cuentas personales en las redes sociales TikTok (@luisangeldelia) y X (@Luis_Delia) y en una entrevista en Radio Belgrano AM 570” el 28 de febrero y el 19 y 21 de marzo pasados.

La Cámara concluyó que “no puede descartarse de plano que algunas de esas frases, volcadas en medios públicos y explícitamente referidas al Estado judío, a las personas que profesan dicha fe y al trágico atentado que sufrió nuestro país con la explosión de la AMIA el 18 de julio de 1994 se enmarquen en un discurso de odio, alimento de estereotipos y estigmas, como el tipificado por el artículo 3 de la ley 23592”.

Los mensajes

Entre los mensajes y declaraciones bajo análisis, figuran frases que aludían a que “guerra regional va a durar mucho tiempo contra el sionismo criminal que destruyó Palestina, que hoy quema los bosques en la Patagonia, que hoy hipoteca la Argentina y que hoy saquean los minerales y las cosas extraordinarias que tienen nuestro país, la guerra contra el sionismo la hace toda la humanidad”.

En otra publicación, D’Elía afirmó: “En este país, Milei es Estados Unidos, Israel y el sionismo, ¿Irán quién es? quien es Irán en la Argentina? yo soy Irán. Está? hoy posiblemente y lo digo con toda fuerza, con toda convicción, probablemente como hace 30 años hagan otro atentado en la Argentina para victimizarse, van a hacer un atentado en la Argentina porque la única que les queda es la victimización, y van a ser estos tipos nuevamente".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió llevar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) un caso contra el Estado peruano relacionado con el reconocimiento de la identidad de género de una mujer trans. La demanda internacional sostiene que las autoridades vulneraron diversos derechos fundamentales al impedir que sus documentos oficiales reflejaran plenamente la identidad con la que se reconoce.

El caso, que se originó hace casi dos décadas, gira en torno a Karen Mañuca Quiroz Cabanillas, quien obtuvo una modificación judicial de su nombre, pero enfrentó posteriores decisiones administrativas y judiciales que mantuvieron el registro de sexo masculino en su documento de identidad. Para la CIDH, estas actuaciones desconocieron su derecho a la autoidentificación y constituyeron una forma de discriminación, por lo que ahora solicita que la Corte IDH ordene medidas de reparación al Estado peruano.

CIDH cuestiona actuación del Estado peruano por el reconocimiento de identidad de género

Según la información difundida por la CIDH, la petición original fue presentada en julio de 2007. En ella se detalla que Karen Mañuca fue inscrita al nacer con un nombre y sexo masculino, pero en 1989 obtuvo una decisión judicial que ordenó modificar su nombre en su partida de nacimiento a Karen Mañuca.

Posteriormente, fue inscrita en el Registro Electoral con esa identidad. Sin embargo, años después, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anuló esa inscripción al considerar que existía un doble registro, dejando vigente únicamente el documento asociado al nombre asignado al nacer y con sexo masculino.

La CIDH señaló que esta decisión tuvo consecuencias directas sobre sus derechos, ya que afectó incluso su participación en un proceso electoral. Además, cuando solicitó un duplicado del documento de identidad que había extraviado —en el que figuraban su nombre actual y sexo femenino—, el pedido fue rechazado.

En 2005, Karen Mañuca presentó una demanda de hábeas corpus que fue declarada improcedente en primera y segunda instancia. Un año después, el Tribunal Constitucional ordenó emitir un documento con el nombre de Karen Mañuca Quiroz Cabanillas, pero manteniendo el marcador de sexo masculino.

Para la Comisión, si bien los Estados pueden implementar mecanismos destinados a evitar duplicidades en los registros de identidad, estos procedimientos deben considerar los procesos impulsados por las personas para lograr que su identidad de género sea reconocida de manera efectiva en la documentación oficial.

El organismo indicó que la depuración realizada por el Reniec dio prevalencia automática al primer registro sin tomar en cuenta que ya existía una modificación judicial de su nombre y que la inscripción posterior respondía al reconocimiento de su identidad como mujer.

Asimismo, sostuvo que la decisión del Tribunal Constitucional tampoco garantizó una protección integral del derecho a la identidad de género, debido a que mantuvo el registro de sexo masculino pese al reconocimiento del nombre de Karen Mañuca.

Como resultado del análisis, la Comisión concluyó que el Estado peruano es responsable por la vulneración de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, libertad personal, garantías judiciales, vida privada, libertad de expresión y protección judicial, previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También consideró que se incumplieron disposiciones de la Convención de Belém do Pará.

Entre las medidas solicitadas a la Corte IDH figuran el inicio de un procedimiento ágil para que el documento nacional de identidad de Karen Mañuca refleje integralmente su identidad de género con el registro sexo-genérico femenino, una reparación por los daños materiales e inmateriales ocasionados y la capacitación de funcionarios judiciales y del Reniec sobre el derecho al nombre, la identidad, la igualdad y la no discriminación de las personas trans conforme a los estándares interamericanos.

Defensoría del Pueblo advierte que personas trans siguen enfrentando barreras en Perú

Durante los últimos años, la Defensoría del Pueblo ha documentado casos de violencia y exclusión derivados de estigmas, prejuicios y estereotipos relacionados con la identidad de género y la orientación sexual. En su Informe Defensorial N.º 175 sostuvo que la ausencia de políticas públicas con enfoques diferenciados y la impunidad frente a hechos de violencia contribuyen a la invisibilización de los derechos de esta población.

Si bien existen iniciativas como la Mesa de Trabajo para promover los derechos de las personas LGBTI del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Grupo de Trabajo para la Documentación de las Personas Trans del Reniec, la institución considera que estos espacios aún no han producido cambios estructurales que se traduzcan en normas o políticas públicas específicas.

Además, ha advertido que el procedimiento para el cambio de nombre continúa desarrollándose mediante procesos judiciales que no siempre resultan accesibles para la población trans.

La Defensoría también ha expuesto las dificultades sociales y económicas que enfrenta este grupo. Según los datos difundidos por la entidad, el 95,8 % de las mujeres trans ha sido víctima de violencia, el 62,2 % se dedica al trabajo sexual debido a la falta de oportunidades laborales y apenas el 5,1 % ha culminado la educación secundaria.

En materia de salud, la institución ha señalado que muchas personas trans con VIH tuvieron dificultades para acceder a sus tratamientos durante la pandemia del COVID-19, situación que incrementó sus condiciones de vulnerabilidad y puso nuevamente en debate la necesidad de fortalecer políticas públicas orientadas a garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.

En México, perder el trabajo a los 50 años no es solo un golpe económico: es, en muchos casos, el inicio de un ciclo de discriminación que la ley ya nombra y prohíbe.

Ley Federal del Trabajo (LFT) obliga a los patrones a garantizar entornos laborales libres de exclusión por edad. El fenómeno tiene nombre: edadismo.

Una de cada 4 personas reporta haberse sentido discriminada en el trabajo por su edad, en proporciones similares entre hombres y mujeres.

Así lo muestra el estudio Edadismo y andropausia en el entorno laboral, presentado por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) en febrero de 2026 y aplicado a 900 personas de entre 24 y 60 años.

Tres de cada 10 encuestados afirman que la experiencia de las personas mayores no se toma en cuenta en sus centros de trabajo.

El 55% de las mujeres y el 46% de los hombres reportan que el edadismo afecta directamente su motivación, compromiso y productividad, de acuerdo con el mismo informe del COPRED.

La discriminación golpea también el bienestar: el 58% de las mujeres y el 50% de los hombres dicen que el edadismo afecta seriamente su salud emocional y física.

Tener más de 50 años no es motivo de despido: esto dice la ley

La LFT define en su artículo 2 qué es un trabajo digno: aquel en el que no existe discriminación por origen étnico o nacional, género o edad.

Tampoco debe ejercerse discriminación por discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil.

La ley no lo plantea como una aspiración ni como una recomendación: es una obligación legal de cumplimiento obligatorio para todo patrón en el país.

Tres artículos que protegen tu empleo

El artículo 3 prohíbe que se realicen comentarios o actos que impliquen discriminación entre trabajadores por cualquiera de esas causas, incluida la edad.

La reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en enero de 2026 reforzó este artículo con una obligación concreta: el patrón debe mantener un entorno libre de discriminación en todo momento y bajo cualquier circunstancia.

El artículo 56, también reformado en enero de 2026, prohíbe diferencias o exclusiones basadas en la edad en las condiciones de trabajo.

Esto abarca salario, jornada y acceso a capacitación. Las posibilidades de ascenso también quedan protegidas.

La LFT agrega además la obligación del empleador de capacitar a su personal para prevenir estas prácticas dentro del centro de trabajo.

Dos vías para denunciar: cuál usar según tu caso

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), administrada por el CONAPRED, protege incluso antes de que exista una relación laboral: si la persona fue rechazada en un proceso de contratación por la edad, se puede presentar una queja.

El CONAPRED puede ordenar compensación económica, disculpa pública o restitución del derecho.

El contacto es quejas@conapred.gob.mx o el número telefónico 800 543-0033.

Cuando existe una relación laboral previa y hay un despido de por medio, la vía es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), que ofrece asesoría y representación legal gratuitas.

El primer paso es la conciliación ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; sin ese trámite no es posible llegar a los tribunales laborales.

El plazo para actuar es de 60 días naturales desde el despido. Pasado ese tiempo, el derecho caduca.

Para iniciar el proceso se necesitan los siguientes documentos:

• Identificación oficial.
• CURP.
• Recibos de nómina o estados de cuenta bancarios que acrediten el salario obtenido.
• Constancia de semanas cotizadas del IMSS.
• Nombre legal y domicilio exacto del empleador.

La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia abrió una investigación contra Poetica Coffee, una pequeña cadena de cafeterías en Brooklyn, después de que el local publicara en redes sociales que habría negado el servicio al representante demócrata Dan Goldman de haberlo reconocido. El episodio ocurrió el 21 de junio, cuando Goldman entró al local de Lorimer Street en Williamsburg con su hija de 7 años.

La fiscal general adjunta Harmeet Dhillon anunció la medida en menos de 24 horas: “La ley federal prohíbe que los establecimientos públicos, como las cafeterías, discriminen a sus clientes por motivos de raza, religión u origen nacional”. Dhillon precisó que se tomará una acción ejecutiva si la investigación lo justifica.

Lo que dijo el local y lo que hizo Goldman

Goldman explicó que entró al local para que su hija pudiera usar el baño y que compró un café para agradecer al personal. “La barista no pudo haber sido más amable con mi hija y conmigo”, dijo el congresista en un comunicado citado por el New York Post. “Me aseguré de comprar un café a cambio de su amabilidad. Espero al menos que se aseguren de que ella reciba la propina que mereció”.

El dueño del local, Parviz Mukhamadkulov, publicó una foto de Goldman en la caja registradora con un mensaje en Facebook e Instagram: “Aquí en Poetica no atendemos a racistas, fascistas, homofóbicos, colaboradores del genocidio ni a nadie por el estilo. Lástima que no te reconocimos de inmediato, porque te habríamos echado”. El texto también aludió al lobby proisraelí: “Tu dinero probablemente viene de AIPAC de todas formas”.

La cafetería devolvió los USD 9,82 del café y cerró con “No vuelvas nunca a Poetica”. La publicación desapareció el 22 de junio, la cuenta de Instagram fue desactivada y el personal del local se limitó a decir el lunes: “Sin comentarios. Estamos en contra del genocidio”.

Una misión que el local contradijo en público

El incidente chocó con los valores que Poetica proclama en su propio sitio web, bajo la firma de Mukhamadkulov: “El huésped es sagrado porque el acto de dar la bienvenida es como una comunidad se mantiene unida”. El mismo texto asegura que “quien cruce nuestra puerta recibe un trato de dignidad incondicional. No como cliente. No como una transacción. Como alguien que llegó y merece ser bienvenido”.

Varios clientes señalaron esa contradicción al New York Post. Spencer W., un cliente de 25 años del local de Williamsburg, dijo que no aprecia “la idea de atacar a tus clientes en redes sociales”, aunque prefirió no opinar sobre el trasfondo político. Ben Samson, otro cliente judío del mismo local, afirmó que el episodio no le impediría volver: “No me gusta cuando la gente me impone su visión sobre cómo tratar a los demás. Espero que puedan darme la misma gracia, y si no pueden, ese es su problema”.

Las voces que ven antisemitismo en el mensaje

Mark Goldfeder, director del Centro Nacional de Defensa Judía, afirmó al New York Post que la mención de AIPAC en el mensaje “delató la intención real” del local. “Pusieron en alerta a una enorme cantidad de judíos de que no son bienvenidos. No se trata solo de Dan Goldman. Pone a muchos judíos en una situación incómoda”, sostuvo.

El abogado de derechos civiles Rory Lancman, ex concejal de Queens, fue más directo: “No hay nada poético en el uso frívolo que hace Poetica de ‘AIPAC’ como insulto contra un funcionario público judío, que al igual que ‘sionista’ no es más que una señal codificada para decir ‘judío’”.

Mark Treyger, director ejecutivo del Consejo de Relaciones de la Comunidad Judía de Nueva York, sostuvo que la prohibición efectiva “viola absolutamente las leyes de derechos humanos de Nueva York que prohíben la discriminación”. “Convertir una taza de café en una prueba de identidad judía es una afrenta a la ley, a nuestros valores y a cada neoyorquino que rechaza la discriminación”, añadió.

Por qué la investigación federal tiene límites

El alcance legal de la investigación no está del todo definido. Tanto la ley federal como la legislación del estado de Nueva York prohíben la discriminación en establecimientos públicos por raza, religión, género y origen nacional, pero ninguna incluye las creencias políticas como categoría protegida.

La fiscal general del estado, Letitia James, la oficina del alcalde Zohran Mamdani y el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de la ciudad no respondieron a las consultas sobre posibles violaciones a las leyes de derechos humanos locales, según el New York Post.

Goldman se define como un “sionista convencido y firme defensor” de Israel y recibió USD 195.000 en aportes del Comité de Asuntos Públicos Americano-Israelí (AIPAC) y organizaciones afines durante el ciclo electoral actual, según registros electorales.

Una primaria como telón de fondo

El incidente ocurrió a 48 horas de las elecciones primarias del 23 de junio. Goldman disputa su escaño contra Brad Lander, ex contralor de la ciudad y candidato respaldado por Mamdani. Ambos son judíos y se identifican como “sionistas progresistas”, aunque Goldman rechazó en un debate reciente acompañar a Lander en calificar las acciones militares israelíes como “genocidio”.

El propio Lander tomó distancia del episodio. “Hay muchas formas de presionar a los funcionarios electos sin convertir las cafeterías en lugares donde la gente no se sienta bienvenida. Me alegra que Poetica haya retirado su publicación, y creo que la respuesta del representante Goldman fue extremadamente generosa”, dijo al New York Post.

La guerra en Gaza, que lleva más de dos años, generó una fractura profunda en el Partido Demócrata. Múltiples expertos en derechos humanos, académicos y una comisión de la ONU calificaron el conflicto como genocidio.

Israel describe sus operaciones como legítima defensa tras el ataque liderado por Hamás en octubre de 2023, que dejó 1.200 muertos y más de 250 personas tomadas como rehenes.

En una feria de empleo realizada en el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), en Tegucigalpa, cientos de personas acudieron desde temprano para entregar currículums, participar en entrevistas rápidas y postularse a plazas disponibles.

La jornada volvió a exponer el desempleo como una de las principales preocupaciones de la población económicamente activa en Honduras.

Largas filas de aspirantes rodearon el recinto desde el inicio de la jornada. La concurrencia mostró la búsqueda de trabajo y la necesidad de ingresos que enfrentan numerosas familias en el país.

Entre los asistentes había jóvenes recién egresados, estudiantes universitarios, profesionales con experiencia laboral, madres solteras y personas mayores de 30 años que dijeron enfrentar más obstáculos para reincorporarse al mercado laboral. Todos buscaban una fuente de ingresos estable para cubrir sus necesidades básicas.

Los testimonios de los asistentes

Las historias personales dieron cuenta de la situación. Una joven relató que busca empleo para continuar sus estudios y apoyar económicamente a sus padres. “Mi meta es poder trabajar y seguir estudiando al mismo tiempo, porque en casa también necesitan ayuda”, comentó mientras esperaba ser atendida.

Una madre soltera explicó que está desempleada y que la falta de ingresos complicó el sustento de sus hijos. Su testimonio se sumó al de otras mujeres que asistieron a la feria con la esperanza de obtener una plaza para mejorar su situación económica y garantizar la estabilidad de sus familias.

Los jóvenes también expresaron su frustración por la falta de respuestas tras múltiples intentos de inserción laboral. Uno de los participantes señaló que asistió a varias entrevistas sin obtener resultados. “Uno deja papeles, hace entrevistas, pero nunca llaman. Aunque sea un salario mínimo, uno necesita pagar alquiler, comida y servicios básicos”, lamentó.

Obstáculos para conseguir trabajo

A la situación se suma la preocupación de personas mayores de 30 años, que denunciaron discriminación por edad al aplicar a puestos de trabajo, pese a contar con experiencia y formación profesional. Según indicaron, ese factor reduce sus posibilidades de ser contratadas y agrava las dificultades para acceder a un empleo formal.

Durante la feria también participaron mujeres que decidieron postularse a puestos de seguridad privada, un sector dominado históricamente por hombres. Varias explicaron que la falta de oportunidades en otras áreas las llevó a ampliar sus opciones laborales, incluso hacia trabajos que tradicionalmente no eran considerados por mujeres.

Estudiantes universitarios y profesionales graduados coincidieron en que la situación laboral también es compleja para quienes cuentan con estudios superiores, ya que la falta de vacantes y la alta competencia dificultan el acceso a un empleo estable. Muchos aseguraron haber enviado decenas de solicitudes sin recibir respuesta.

La jornada de reclutamiento mostró un panorama que fue más allá de la feria: la oferta de trabajo no logra cubrir la demanda existente y miles de hondureños continúan en la búsqueda de una oportunidad para mejorar su calidad de vida.

Los asistentes coincidieron en que este tipo de eventos representa una esperanza, aunque resulta insuficiente frente a la magnitud del desempleo, que afecta a distintos sectores de la población sin distinción de edad, género o nivel académico.

La exvedette reveló que el Poder Judicial emitió una resolución favorable que le permitirá volver a utilizar las áreas comunes del inmueble, espacios a los que, según afirma, no podía acceder desde hace aproximadamente un año.

La noticia representa un alivio para la artista, quien durante los últimos meses denunció en reiteradas oportunidades sentirse víctima de actos de exclusión dentro del condominio donde reside. Para ella, la decisión judicial no solo significa recuperar derechos que considera fundamentales, sino también la validación de una lucha que emprendió cuando sintió que las medidas tomadas en su contra carecían de sustento legal.

Con evidente satisfacción, Deysi contó que la resolución le permite retomar el uso de espacios compartidos que forman parte de las instalaciones del edificio. Según explicó, la restricción impuesta por la administración la afectó profundamente porque sentía que estaba siendo tratada de manera distinta al resto de vecinos.

La exbailarina recordó que cuando decidió iniciar acciones legales lo hizo convencida de que estaba defendiendo derechos básicos que le correspondían como residente del inmueble. Por ello, considera que el reciente fallo representa un paso importante dentro de una disputa que aún no termina.

Deysi Araujo anuncia victoria judicial tras conflicto vecinal

Durante sus declaraciones, Deysi no ocultó la satisfacción que siente por el resultado obtenido. La figura mediática aseguró que fue una batalla larga y desgastante que le demandó tiempo, energía y una fuerte carga emocional.

La exvedette afirmó que durante varios meses tuvo que convivir con situaciones que consideró injustas y que afectaron su tranquilidad diaria. Sin embargo, decidió mantenerse firme y llevar el caso ante las instancias correspondientes. Ahora, con una resolución favorable de por medio, considera que su decisión de acudir a los tribunales fue acertada.

Incluso dejó entrever que planea celebrar esta victoria junto a algunas de sus amigas más cercanas. “Por supuesto. Con Susy, Paloma, la ‘Negra Petróleo’ y Marijane vamos a organizar un almuerzo o una gran cena, pero siempre respetando la tranquilidad y las normas de convivencia de todos mis vecinos de San Isidro”, comentó a trome.

La exvedette volverá a utilizar las áreas comunes del edificio

Uno de los principales motivos de la disputa estaba relacionado con el acceso a las áreas comunes del inmueble. Deysi sostiene que durante aproximadamente un año se le impidió utilizar determinados espacios compartidos pese a que cumplía con sus obligaciones como propietaria y residente.

Por esa razón decidió iniciar acciones legales contra quienes consideraba responsables de las restricciones. Según explicó, la reciente resolución le devuelve la posibilidad de utilizar nuevamente estos ambientes, algo que considera una reivindicación de sus derechos.

La artista sostiene que nunca entendió por qué se adoptaron medidas que, desde su punto de vista, no tenían respaldo legal. Por ello, la decisión judicial ha sido interpretada por ella como una demostración de que sus reclamos tenían fundamento.

La demanda por presunta discriminación sigue en curso

Aunque celebra esta victoria parcial, Deysi dejó claro que la disputa legal aún no ha terminado. Consultada sobre la posibilidad de retirar las denuncias que mantiene contra la administración del edificio, fue enfática al señalar que no tiene ninguna intención de hacerlo.

“Por supuesto que no. Lo de la discriminación que sufrí por parte de la administración del condominio no se va a quedar en el olvido”, manifestó. La exvedette considera que todavía existen aspectos que deben ser esclarecidos por las autoridades judiciales.

“Ahora solo falta el fallo definitivo de la demanda constitucional que les hice por discriminación y hostilidad clasista, porque ese proceso sigue su curso correspondiente ante los tribunales”, agregó al medio citado.

El respaldo de la Policía de San Isidro a Deysi Araujo

Otro aspecto que destacó durante sus declaraciones fue el apoyo que asegura haber recibido por parte de las autoridades. Deysi señaló sentirse respaldada y valoró especialmente el interés mostrado por efectivos de la Policía de San Isidro.

“Por supuesto, y lo bueno es que la policía de San Isidro me está apoyando. Hoy mismo me llamaron para preguntarme si ya está todo conforme en el edificio y si se respetan mis derechos legales; yo se los agradecí muchísimo por el noble gesto y la preocupación constante hacia mi seguridad”, afirmó. La exvedette explicó que este acompañamiento le ha permitido sentirse más tranquila en medio del conflicto.Asimismo, dejó claro que no considera cerrado el tema. “Las cosas no se van a quedar así”, puntualizó.

Las lágrimas de Deysi por los problemas que enfrentó con sus vecinos

La reciente victoria judicial contrasta con los difíciles momentos que atravesó hace apenas algunos meses. En abril de este año, Deysi Araujo reapareció visiblemente afectada para denunciar nuevos problemas relacionados con la convivencia en el edificio donde reside.

En aquella oportunidad, la exvedette no pudo contener las lágrimas mientras explicaba una situación que consideraba injusta. Según contó, la administración decidió incrementar el monto de mantenimiento que debía pagar mensualmente y, de acuerdo con su versión, la medida únicamente la afectaba a ella.

Cuando solicitó explicaciones, recibió una respuesta que la sorprendió. Le informaron que el incremento estaba relacionado con un supuesto consumo excesivo de agua.

Sin embargo, Deysi rechazó categóricamente esa afirmación. “Yo no lavo ropa ni cama en mi departamento; tengo todas las boletas que llevo a lavar mi ropa a la lavandería porque en mi departamento no tengo donde colgar ropa y no tengo secadora tampoco”, explicó entre lágrimas.

La artista sostuvo que no encontraba una justificación razonable para el aumento del mantenimiento, especialmente porque continuaba enfrentando restricciones para utilizar las áreas comunes.

“Ya no puedo más, esta gente se está sobrepasando conmigo (...) O sea, a como dé lugar, quieren sacarme dinero. No entiendo. Me cansa”, manifestó en aquel momento.

La noticia fue recibida con satisfacción por la artista, quien durante este tiempo aseguró sentirse marginada dentro del edificio donde vive. Para ella, el reciente pronunciamiento representa no solo la recuperación de derechos que considera fundamentales como propietaria, sino también una validación a la lucha que emprendió cuando sintió que las medidas tomadas en su contra no tenían sustento legal.

Tras conocerse el fallo, una de las primeras figuras en pronunciarse fue Magaly Medina, quien dedicó varios minutos de su programa para comentar la situación y expresar su respaldo a la exvedette. La conductora cuestionó duramente las restricciones que habría enfrentado Deysi y calificó el caso como un acto de discriminación.

Deysi Araujo obtiene fallo favorable tras disputa con vecinos

Durante los últimos meses, Deysi Araujo denunció públicamente que no podía acceder a diversos espacios compartidos dentro del condominio donde reside. Según su versión, las restricciones impuestas por la administración y algunos residentes le impedían utilizar instalaciones como la piscina, el gimnasio y otras áreas destinadas al uso común de los propietarios.

La exbailarina sostuvo en reiteradas oportunidades que estaba siendo tratada de manera distinta al resto de vecinos, motivo por el cual decidió recurrir a la vía legal para defender lo que consideraba un derecho legítimo.

Finalmente, la resolución emitida a su favor le permitirá volver a hacer uso de estas instalaciones mientras continúa el proceso relacionado con el conflicto vecinal que la enfrenta a algunos residentes del edificio.

Magaly Medina celebra la decisión judicial

Al comentar el tema en su programa, Magaly Medina inició observando las imágenes de las instalaciones del condominio y destacó algunas de las comodidades que ofrece el complejo residencial.

“Mejor vamos al gimnasio de la Deysi Araujo. Ese gimnasio parece más interesante y mejor equipado. Mira la piscina, pero me parece un poquito chica para tantos, tantos departamentos que hay en este condominio tan grande”, comentó.

Sin embargo, rápidamente dejó de lado las bromas para enfocarse en el conflicto que ha mantenido la exvedette durante los últimos meses.

Para la conductora, resulta difícil comprender cómo una propietaria puede ser impedida de utilizar espacios por los que también paga y que forman parte de los beneficios del inmueble donde reside.

“Eso es discriminación”: la contundente defensa de Magaly

Uno de los momentos más contundentes de su intervención llegó cuando cuestionó directamente las restricciones que habría sufrido Deysi dentro del edificio.

“Cómo es posible que no la dejaran usar la piscina, el gimnasio, el área de juegos, el área de reuniones a la Deysi. Eso es discriminación”, afirmó.

La periodista consideró que ninguna persona debería ser excluida de espacios comunes debido a diferencias sociales, económicas o por pertenecer al mundo del espectáculo.

Las razones que habrían generado el conflicto

Durante su comentario, Magaly también hizo referencia a algunos de los motivos que, según versiones difundidas anteriormente, habrían provocado incomodidad entre determinados vecinos del edificio.

Entre ellos mencionó las mascotas que posee la exvedette y las constantes visitas de personajes conocidos de la farándula nacional.

“Que a ellos no les gusta que ella tenga unas mascotas por cuyes y que tenga a todos los personajes de Chollywood siempre como invitados en su casa, que ellos sean raros, extraños, diferentes”, expresó.

Para la conductora, estas diferencias no justifican un trato desigual ni pueden convertirse en argumentos para limitar los derechos de un residente. Por el contrario, consideró que la convivencia implica aceptar que cada persona tiene un estilo de vida distinto.

“Su plata tiene el mismo color”: el mensaje de Magaly sobre inclusión

Magaly también aprovechó la oportunidad para defender el derecho de cualquier ciudadano a vivir donde considere conveniente, siempre que lo haga dentro del marco legal y cumpla con sus obligaciones como propietario.

“Bueno, ella también, su plata tiene el mismo color de la plata de los demás vecinos con los que se compraron su departamento. Así que hay que asumir no más que este es un país que necesita la inclusión”, sostuvo.

La frase se convirtió rápidamente en uno de los comentarios más comentados de la noche, ya que resumía la postura de la conductora frente a la polémica. Para Magaly, el acceso a una vivienda no puede estar condicionado por prejuicios relacionados con la profesión, la fama o el origen de una persona.

La conductora envía un mensaje a los vecinos

La periodista fue incluso más allá al dirigirse a quienes no estarían cómodos compartiendo espacios con la exvedette.

En ese sentido, recordó que cualquier persona tiene derecho a adquirir una propiedad donde desee si cuenta con los recursos para hacerlo.

“Este es un país que si tú tienes plata, pues te compras donde quieres. Si tú no, si tú no quieres vivir junto a Deysi Araujo, vende tu departamento, alquílalo y múdate. Sencillo. Pero estamos en democracia y así es. Quien tiene su plata se compra donde le da la gana”, manifestó.

Magaly también le hace una advertencia a Deysi Araujo

No obstante, Magaly dejó claro que respaldar a Deysi no significa ignorar las responsabilidades que implica vivir en un condominio.

Por ello, consideró importante recordar que todos los residentes deben respetar las normas de convivencia y entender que existen límites cuando se comparte un mismo espacio con decenas de familias.

“Ahora, lógicamente que cuando uno vive en un condominio tiene que ser un poco más respetuoso de hasta dónde puede llegar con sus libertades”, señaló.

La conductora explicó que la exvedette estaba acostumbrada a una dinámica distinta antes de mudarse a San Isidro, por lo que también debe adaptarse a las reglas del nuevo entorno.

“Pero Deysi Araujo está acostumbrada a vivir en su casa, en su barrio de San Juan de lurigancho, donde todas las semanas, pues ella tenía una fiesta, invitaba a sus amigos, nadie le decía nada porque su vecino hacía la misma fiesta parecida a la de ella”, comentó entre risas.

“Ya no estás viviendo allá”: el consejo final de Magaly

Finalmente, la conductora reconoció que la vida en un edificio suele ser muy distinta a la de una vivienda independiente y que algunos residentes pueden ser más estrictos respecto a temas relacionados con el ruido, las reuniones sociales o las visitas frecuentes.

Por ello, aunque defendió el derecho de Deysi Araujo a utilizar las áreas comunes y celebró el fallo favorable obtenido por la exvedette, también consideró necesario que se adapte a las reglas propias del lugar donde ahora vive.

“Hay que acostumbrarse también, pues Deysi, ya no estás viviendo allá. Y los vecinos acá parecen más quisquillosos”, concluyó.

El Senado mexicano aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para prohibir el uso del buró laboral —bases de datos que registran conflictos laborales de los trabajadores— como herramienta para condicionar contrataciones o despidos.

La iniciativa está pendiente de votación en la Cámara de Diputados y no podrá debatirse antes del 1 de septiembre, cuando el Congreso retome actividades tras el receso legislativo.

El dictamen, aprobado el 24 de marzo de 2026, lleva el nombre formal de “Decreto por el que se reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, en materia de uso indebido de datos personales en procesos de contratación”.

Qué es el buró laboral y por qué preocupa

El buró laboral es una base de datos no oficial que recopila información sobre el historial de conflictos laborales de los trabajadores. Sus registros provienen de los Centros de Conciliación Laboral y los Tribunales Laborales, donde queda asentado cualquier proceso legal iniciado por un empleado, sin importar si ganó o perdió el caso.

Diversas empresas han recurrido a estas listas para filtrar candidatos durante los procesos de selección. Un trabajador que alguna vez demandó a un patrón —aunque haya tenido razón— puede quedar marcado en el sistema y enfrentar obstáculos para conseguir empleo.

El documento oficial de la iniciativa, disponible en el Sistema de Información Legislativa (SIL) de la Secretaría de Gobernación, señala que esta práctica viola la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ya que los registros se comparten sin el consentimiento explícito del trabajador.

Lo que prohíbe la reforma

Si la iniciativa se convierte en ley, ningún empleador podrá crear, usar ni difundir listas o registros de trabajadores que impliquen discriminación o exclusión en el acceso al empleo. La reforma establece que esa conducta será considerada una práctica desleal y discriminatoria, sujeta a sanciones.

La norma también impediría que cualquier sistema de recolección de datos personales —plataformas de monitoreo, registros de desempeño algorítmico o bases de historial laboral— se use como argumento para tomar decisiones adversas contra un empleado, ya sea despedirlo o bloquear su contratación.

El artículo 133 de la LFT ya prohíbe que los patrones “tachen, señalen o pongan en índice” a los trabajadores para impedir que consigan empleo. La reforma busca actualizar ese marco ante el avance de las herramientas digitales de vigilancia.

Las voces que respaldaron el dictamen en el Senado

El senador Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (Morena) presentó el dictamen desde tribuna y afirmó que la iniciativa busca “eliminar mecanismos de discriminación en el mercado laboral” y que el buró laboral constituye una práctica discriminatoria y de exclusión.

El senador Saúl Monreal Ávila (Morena) argumentó que el trabajo no puede estar condicionado por “listas negras” y que el buró laboral “excluye y silencia”. Señaló que por ninguna situación se podrán emplear registros que usen o difundan datos personales de trabajadores para limitar o condicionar su acceso al empleo.

El calendario que frena la reforma

La iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados tras su aprobación en el Senado, pero el Congreso entró en receso antes de que pudiera votarse en el pleno de San Lázaro. La Comisión Permanente, activa hasta el 31 de agosto, no tiene facultades para dictaminar proyectos de ley.

El debate solo podrá retomarse a partir del 1 de septiembre de 2026, cuando inicie el siguiente periodo ordinario. De aprobarse sin modificaciones, la reforma entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El texto completo del dictamen está disponible en el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México informó sobre las actividades dentro de su agenda social, en el contexto del Mundial 2026, celebrado el próximo 11 de junio.

En colaboración con el Gobierno mexicano, la organización coordina una serie de acciones orientadas a promover la inclusión, los derechos fundamentales, la equidad y la sostenibilidad a lo largo de este evento deportivo.

Bajo el enfoque del llamado Mundial Social, más de 15 agencias del sistema de Naciones Unidas han sumado esfuerzos para poner en marcha más de 100 actividades y 10 campañas, articuladas en torno a 11 ejes estratégicos. El objetivo principal es capitalizar el alcance del fútbol como herramienta de transformación social y desarrollo comunitario.

El plan integral contempla propuestas que van desde la integración y cohesión social hasta la sostenibilidad ambiental, pasando por la protección de la infancia, la igualdad entre géneros y la seguridad en todos los niveles. Estas líneas de acción buscan que el torneo deje una huella positiva en la vida de las personas y en el tejido social del país.

Ejes clave de la agenda social para el Mundial 2026

Uno de los ejes centrales es la inclusión y cohesión social, con iniciativas deportivas y comunitarias orientadas a facilitar la participación de personas migrantes, refugiadas y habitantes de las comunidades anfitrionas. Se promueve el acceso igualitario a las actividades mundialistas para todos los sectores de la población.

La defensa de los derechos humanos y el combate a la discriminación ocupan un lugar prioritario dentro del programa, donde se desarrollarán campañas y acciones para erradicar el racismo, la xenofobia y la violencia, así como para fortalecer la protección institucional de los grupos vulnerables. La igualdad de género es otro pilar, impulsando campañas interagenciales y la promoción activa del fútbol femenino.

Asimismo, la protección de la infancia y la juventud se aborda mediante iniciativas para crear espacios seguros, prevenir la explotación y fomentar la convivencia positiva a través del deporte. Al mismo tiempo, se han desplegado campañas para prevenir la trata de personas y para promover un turismo responsable y seguro, involucrando tanto a actores públicos como privados.

Estrategia para un empelo digno en las ciudades sede y medidas de sostenibilidad

En el ámbito laboral, la campaña “Tarjeta Roja al Trabajo Infantil” y estrategias para promover el empleo digno buscan dejar un legado positivo en las ciudades sede. El bienestar y la salud también son prioridades, con acciones para garantizar la seguridad sanitaria en eventos multitudinarios, campañas de salud y educación sexual integral.

La agenda contempla medidas de integridad y anticorrupción, el fortalecimiento de la seguridad y la transparencia, así como la adopción de buenas prácticas ambientales. La sostenibilidad incluye la reducción de residuos y el uso de energías limpias en la organización del campeonato.

Finalmente, el eje de voluntariado y legado pretende que los beneficios sociales y urbanos del torneo se mantengan en el tiempo, mediante la promoción de la participación ciudadana, la planificación urbana sostenible y el fortalecimiento de capacidades locales. Con este enfoque, la ONU México aspira a que el Mundial 2026 trascienda lo deportivo y se convierta en motor de progreso social.

Agenda social social de la ONU México durante la Copa del Mundo

Inclusión, integración y cohesión social

• ACNUR: Curso de formación en entrenadores comunitarios con Fundación FIFA (spotlight en refugio, desplazamiento interno y movilidad), inserción laboral en ciudades sede (Clubhouse ACNUR en Zapopan), integración a través de proyectos deportivos (Street Child World Cup, Ligas por la Inclusión, Mundialito Mixto, Mundial Social), torneo deportivo con la ONU en hogar en Aguascalientes.
• OIM: Municipalidades Mixtas, Equipos por la Inclusión, inclusión deportiva para cohesión social e integración de migrantes.
• CINU: Acceso a partidos para poblaciones vulnerables.
• ONU Habitat: fomento de la equidad ciudadana e integración urbana en sedes.

Prevención de la trata de personas, protección y turismo seguro

• OIM: Acompañamiento a campaña “Un Mundial sin Trata”; fortalecimiento institucional y carta de derechos.
• UNODC: Implementación de la Campaña Mundial sin Trata y acompañamiento a ITS y Pacto 2026 en México, elaboración de herramientas de prevención y capacitación a anfitriones de Airbnb.
• UNICEF/OIT: Protección en turismo y transporte; enfoque infancia y trabajo.

Trabajo decente y trabajo infantil

• OIT: Campaña “Tarjeta Roja al Trabajo infantil”; inclusión laboral en planes de ciudades sede, capacitación a comités.

Integridad, anticorrupción y seguridad

• UNODC: Fortalecimiento de capacidades de organizaciones deportivas (IM, SESNA), entre otras; instalación de comités de integridad; implementación del Programa Mundial de Integridad en el Deporte; prevención del amaño de partidos y manipulación de resultados.
• SRE: Seguridad aeroportuaria, identificación de aerolíneas y documentos apócrifos.

Sostenibilidad ambiental

• PNUMA: Reducción de plásticos de un solo uso, capacitación a comités organizadores, lineamientos ambientales.
• OACI: combustibles sostenibles en aviación.
• ONU Hábitat: Implementación de Buen Buentrip.

Sensibilización, comunicación y movilización social

• CINU: Coordinación de más de 150 actividades en Aldea Global (ver Programa); exposiciones, activaciones, conversatorios, conferencias, experiencias digitales y campañas en ciudades sede, proyectos de arte urbano y cultura de paz.
• UNICEF: “#NiñezEsPrimero” y “#MiMundialSinTrata”.
• ONU Mujeres: “+Igualdad” y “Fútbol sin Violencias”.
• UNESCO: “La Maldición Racista”.
• ACNUR: “Goles por la Inclusión”.
• OIM: “Municipalidades Mixtas”.
• OIT: “Tarjeta Roja al Trabajo Infantil”.
• FIFA y IVV.

Derechos humanos, no discriminación y antirracismo

• ONU-DH: Consulta Regional sobre discriminación, racismo y xenofobia.
• UNESCO: Campaña “La Maldición Racista”.
• ONU Mujeres: “+Igualdad” y “Fútbol sin violencias”.
• PNUD: Informe “El fútbol no es para los ganadores”.
• ONU/IIPE: Formación de capacidades en derechos humanos para escuelas de fútbol y comités organizadores.

Igualdad de género y prevención de violencias

• ONU Mujeres: Prevención y atención de violencia, campañas interagenciales, capacitación internacional, posicionamiento del fútbol femenino, prevención de acoso y hostigamiento.
• ONU/UNESCO: Prevención de violencias de género, transformación cultural, masculinidades positivas.
• ONU-DH y UNICEF: Sensibilización contra violencias y talleres de empoderamiento.
• ONU/IIPE: Formación de capacidades en valores cívicos.

Protección de niñas, niños y adolescentes

• UNICEF: Puntos Azules, Tarjeta Azul UNICEF, ONU Mujeres y FIFA/IVV; contra violencia sexual, explotación y trata; protección de derechos y participación infantil.
• PNUD: Participación de juventudes.
• UNICEF: “#NiñezEsPrimero” y “#MiMundialSinTrata”.
• FIFA/IVV: Colaboración con la Academia Borussia Dortmund.

Salud, prevención y bienestar

• OPS/OMS: Seguridad sanitaria; atención para detectar y prevenir enfermedades transmisibles; campañas de salud sexual y reproductiva, salud mental.
• UNFPA: Educación integral en sexualidad y prevención de embarazo adolescente.
• UNICEF: Alimentación saludable, “Estadio Vital”.

Voluntariado y legado

• UNV: Año Internacional del Voluntariado 2026; activaciones FIFA e IVV; promoción del voluntariado y proyectos de legado.
• ONU Hábitat: Proyectos urbanos y “Legado Monterrey”; empresas sociales y economía circular.
• UNESCO: Fortalecimiento de capacidades locales y promoción de la participación ciudadana.

James Byrd Jr. fue arrastrado vivo durante casi tres kilómetros por una ruta de tierra en el este de Texas en la madrugada del 7 de junio de 1998. Su cuerpo apareció despedazado en 75 puntos distintos a lo largo del camino. Tenía 49 años y lo mataron por ser negro.

La escena que encontró el sheriff del condado de Jasper, Billy Rowles, esa mañana de domingo no tenía precedentes en la historia reciente de Texas, Estados Unidos. Rowles conducía hacia Dallas para un torneo de golf cuando escuchó por radio que habían hallado un cuerpo en Huff Creek Road. Dio media vuelta. Al llegar, vio marcas en el suelo que confundió con huellas de neumáticos. No lo eran: era el rastro que había dejado el cuerpo de Byrd al ser arrastrado.

Nacido el 2 de mayo de 1949 en Beaumont, Texas, Byrd era el mayor de ocho hermanos. Creció en Jasper, un pueblo del este de Texas con historial de conflictos raciales. Su familia era parte central de la iglesia Greater New Bethel Baptist: su padre, James Byrd Sr., era diácono y su madre, Stella, daba clases de escuela dominical.

Byrd se destacó en la escuela pero no fue a la universidad. Poco después de terminar el secundario se casó y tuvo tres hijos. En la adultez, una caída lo dejó con una discapacidad y vivía solo en Jasper, separado de su mujer. Se ganaba la vida como vendedor y seguía tocando música, el piano y la trompeta, y lo convocaban para cumpleaños, funerales y otros eventos del pueblo.

Sus vecinos y amigos lo recuerdan como un hombre jovial e inofensivo. “Era un payaso bueno”, dijo Keith Adams, uno de sus vecinos, al Texas Tribune, medio local de Texas. “Siempre cantando, siempre haciendo imitaciones”. Su hermana menor, Louvon Byrd Harris, de 65 años, lo describió como el comediante y protector de la familia. “No podés imaginar quién en el mundo podría enojarse tanto con James como para matarlo”, dijo.

La madrugada del 7 de junio de 1998, Byrd salió de la casa de sus padres y caminaba solo por Huff Creek Road cuando tres hombres blancos le ofrecieron llevarlo en su camioneta. Byrd conocía a uno de ellos, Shawn Allen Berry, de verlo por el pueblo. Aceptó el viaje.

En lugar de llevarlo a su casa, Berry condujo hasta un camino rural aislado en las afueras de Jasper. Allí, los tres hombres golpearon a Byrd y orinaron sobre él. Luego le ataron los tobillos a la parte trasera de la camioneta con cadenas de madera y lo arrastraron por casi tres kilómetros.

Byrd estuvo vivo al menos durante los primeros kilómetros del recorrido. Su cuerpo se fue despedazando a lo largo del trayecto. Los restos aparecieron dispersos en 75 puntos distintos del camino: el torso fue hallado a aproximadamente un kilómetro y medio de su cabeza. Los tres hombres dejaron lo que quedaba pegado a la camioneta en un cementerio de la comunidad negra antes de irse a comer.

La policía pudo identificar a la víctima por sus huellas dactilares. Rowles describió después que al llegar a la escena encontró también un manojo de de pruebas: llaves, latas de cerveza vacías y un encendedor con un símbolo invertido que su oficina identificó como el emblema del Ku Klux Klan.

Un testigo que había visto a Byrd subirse a una camioneta esa noche orientó la investigación. La descripción del vehículo coincidía con el de Berry, quien convivía con John William King y Lawrence Russell Brewer, dos supremacistas blancos conocidos por las autoridades locales. Los tres fueron detenidos ese mismo domingo por la noche.

King era oriundo de Jasper y tenía tatuajes que expresaban abiertamente su odio racial, entre ellos uno de un hombre negro ahorcado con una soga al cuello. Los residentes del pueblo sabían que era integrante del KKK. Brewer pertenecía a una banda supremacista blanca. Durante el juicio, los fiscales presentaron una carta que King intentó enviarle a Brewer desde la cárcel en la que glorificaba el crimen.

“Hagamos historia y muramos recordados con orgullo si es necesario… Con mucho amor ario, respeto y honor, mi hermano en armas”, escribió King en esa carta, según informaron medios estadounidenses.

Los documentos judiciales revelaron además que King había hablado de desatar una guerra racial y de iniciar a los miembros de su banda supremacista obligándolos a secuestrar y asesinar personas negras. El jurado lo condenó tras deliberar poco más de dos horas.

Los tres juicios se realizaron por separado. King y Brewer fueron condenados a muerte. Berry recibió cadena perpetua: los fiscales consideraron que, a diferencia de los otros dos, no compartía las convicciones supremacistas de sus cómplices. Podrá intentar salir en libertad condicional en 2038.

Las condenas marcaron un hito judicial: fue la primera vez en la historia de Texas que alguien recibió una pena por haber participado en el linchamiento de una persona negra en ese estado.

Tras su condena, King fue llevado al corredor de la muerte en 1999. Rowles contó que en ese momento King le ofreció revelar todos los detalles del crimen en cuanto sus cómplices fueran condenados. Cuando el sheriff volvió a buscarlo, King solo dijo: “Yo no estuve ahí”. “Nos manejó como a unos tontos, haciéndonos ir hasta allá pensando que íbamos a escuchar el resto de la historia”, declaró Rowles al diario británico The Guardian.

Cientos de personas se congregaron dentro y fuera de la funeraria el día del entierro de Byrd. Entre los presentes estaban Kweisi Mfume, presidente de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP); el basquetbolista Dennis Rodman, que cubrió los gastos del funeral y realizó una donación a la familia; y el promotor de boxeo Don King, que entregó 100.000 dólares a la familia para solventar gastos.

Ocho meses después del asesinato, la familia de Byrd creó la Fundación Byrd para la Curación Racial, una organización que instaló una línea de atención telefónica a la que llamaban personas de todo Texas para denunciar casos de discriminación o maltrato dentro del sistema judicial. La fundación también ofreció asesoramiento y ayudó a las víctimas a visibilizar sus casos.

En 2001, el entonces gobernador de Texas Rick Perry promulgó la “Ley de Crímenes de Odio James Byrd Jr.”, que aumentó las penas para delitos motivados por la raza, el color, la discapacidad, la religión, el origen nacional, la edad, el género o la preferencia sexual de la víctima. La madre de Byrd, Stella, impulsó su aprobación.

El entonces gobernador de Texas George W. Bush —luego presidente de Estados Unidos— había rechazado respaldar la medida durante su mandato, con el argumento de que “todos los crímenes son crímenes de odio”, una postura que frustró profundamente a la familia de Byrd.

En 2009, el Congreso de Estados Unidos aprobó la “Ley de Prevención de Crímenes de Odio Matthew Shepard y James Byrd Jr.”, que el presidente Barack Obama promulgó. La norma amplió el alcance de la ley de crímenes de odio de 1969 e incorporó como categorías protegidas el género, la identidad de género, la discapacidad y la orientación sexual. Shepard era un joven de 21 años de Wyoming que en 1998 fue secuestrado por dos hombres, atado a una cerca, golpeado brutalmente y abandonado hasta morir por ser gay.

Lawrence Russell Brewer fue ejecutado en 2011 por el crimen de Byrd. Una semana antes de su muerte, Rowles lo visitó en el corredor de la muerte. Brewer confirmó entonces que “toda la idea había sido de Bill King”.

King fue el segundo en ser ejecutado. El 24 de abril de 2019, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas votó por unanimidad rechazar su pedido de conmutación o de una prórroga de 120 días. La Corte Suprema de Estados Unidos también desestimó su apelación de último momento. Esa noche, a las 19:08, King fue declarado muerto en la Penitenciaría Estatal de Texas en Huntsville, doce minutos después de que comenzara a administrársele el fármaco pentobarbital. Tenía 44 años. Mantuvo los ojos cerrados durante toda la ejecución y nunca giró la cabeza hacia los familiares de su víctima. Cuando el alcaide Bill Lewis le preguntó si quería hacer una declaración final, respondió: “No”.

Mientras los testigos de la ejecución salían de la prisión, unas veinte personas reunidas en la calle comenzaron a aplaudir.

King había sostenido durante años su inocencia. Sus abogados argumentaron ante la Corte Suprema que sus derechos constitucionales habían sido violados porque sus defensores en el juicio no presentaron su reclamo de inocencia. En una entrevista con la agencia de noticias estadounidense AP, en 2001, King había admitido ser un “racista declarado” pero negó ser “un asesino movido por el odio”.

Louvon Byrd Harris, la hermana de la víctima, dijo que la ejecución de King envió “un mensaje al mundo de que cuando hacés algo horrible así, tenés que pagar la pena más alta”. Y agregó que, comparado con “todo el sufrimiento” que padeció su hermano, King y Brewer tuvieron “una salida fácil”.

La tumba de Byrd en el cementerio municipal de Jasper fue profanada en dos ocasiones. La familia debió instalar una reja de hierro alrededor del sepulcro para protegerlo. “Ahí supimos que todavía teníamos muchísimo trabajo por hacer”, dijo Harris al Texas Tribune.

Al año siguiente del crimen, la ciudad de Jasper inauguró el Parque Memorial James Byrd Jr., un espacio donde, según los residentes, niños blancos y negros suelen verse jugando al básquet juntos.

La fundación familiar colocó además un banco conmemorativo frente al Tribunal del Condado de Jasper para el 20° aniversario del crimen, con la inscripción: “Sé el cambio que querés ver en el mundo”.

El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó abrir una investigación penal para determinar si el Poder Ejecutivo pidió retirar el pliego de María Verónica Michelli como jueza federal solo por ser cuñada de un periodista. La denuncia que dio origen al caso se presentó el 29 de mayo de 2026 en la Justicia Federal de Comodoro Py.

En las últimas horas, la senadora Patricia Bullrich se diferenció de la postura oficial y anunció que ejercerá su “derecho a la objeción de conciencia” frente a la decisión del Poder Ejecutivo. Bullrich comunicó su postura personalmente y posteriormente ratificó su decisión a través de sus redes sociales.

En la red social X, la senadora señaló: “Hablé con el presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la doctora Michelli a jueza federal”.

El eje de la denuncia: un solo pliego retirado

La acusación apunta contra la Casa Rosada por haber ordenado el retiro del único pliego cuestionado en ese grupo de enviados al Senado, el de Michelli, quien estaba propuesta para el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata.

Según la denuncia presentada por José Luis Magioncalda y Juan Martín Fanzio, integrantes de Reset Republicano, la decisión no tuvo que ver con los antecedentes o la capacidad profesional de la abogada. El argumento central es que la única razón para apartar a Michelli fue su parentesco con el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon, quien publicó investigaciones periodísticas sobre el Gobierno nacional.

La denuncia también sostiene que no hubo explicaciones formales y que ningún otro pliego presentado en ese período fue devuelto.

Los pasos que pidió el fiscal Marijuan

El dictamen de la Fiscalía puso el foco en la necesidad de recolectar datos precisos sobre el trámite del pliego de Michelli en el Senado. Entre las medidas requeridas, Marijuan pidió que se ratifique la denuncia original y se certifique si hay otras causas abiertas por estos hechos.

El fiscal también solicitó que el Senado informe si el pliego de Michelli estaba incluido oficialmente, su estado actual, los pasos registrados en el expediente y si hay constancia de alguna nota formal por parte del Poder Ejecutivo solicitando el retiro.

Otra diligencia clave será citar al periodista para declarar como testigo. El objetivo es confirmar el vínculo familiar con la jueza propuesta y esclarecer si recibió algún aviso o comunicación relacionada con el retiro del pliego. Según el requerimiento, se buscará saber si existió “algún tipo de advertencia y/o aviso o cualquier tipo de comunicación vinculada con el retiro del pliego”.

El dictamen deja abierta la posibilidad de que el juez ordene medidas adicionales. La presentación, por sorteo quedó radicada en el Juzgado Federal 6, subrogado por Daniel Rafecas.

Qué delitos se investigan

El pedido fiscal menciona la Ley 23.592, que castiga la discriminación en la función pública. Según este marco, sería delito excluir a una persona de un cargo estatal por motivos ajenos a su idoneidad, como podría ser un dato de parentesco.

En este caso, se investiga si el Ejecutivo incurrió en discriminación directa al retirar el pliego por el solo hecho de que Michelli es cuñada del periodista.

La semana pasada, el Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad, expresó su preocupación por la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de solicitar el retiro del pliego de Michelli. Ricardo Gil Lavedra, saliente presidente del organismo, señaló: “El retiro de pliegos ya enviados por el Poder Ejecutivo es una práctica discutible y que debe ser aplicada restrictivamente, máxime cuando el pliego ha obtenido dictamen de comisión”. “En cualquier caso, corresponderá al pleno del Senado aceptar o rechazar el retiro evaluando los motivos en que se funda, para evitar arbitrariedades o abusos”, agregó.

Por su parte, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresó su “suma preocupación” por la solicitud por parte del Ejecutivo Nacional. “Debe destacarse que el pliego en cuestión cumplió todas las instancias previstas por el proceso de selección de magistrados, resultando aprobado en cada una de ellas”, destacaron.

La justicia estadounidense determinó que el Pentágono puede mantener, por ahora, la prohibición de alistamiento de personas transgénero en el ejército, aunque impidió que se expulse a quienes ya están en servicio activo. El fallo, emitido el lunes por el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, marca un nuevo paso en la disputa legal sobre los derechos de los militares transgénero.

La decisión judicial sostiene que la administración de Donald Trump puede seguir bloqueando el acceso de nuevos aspirantes transgénero, mientras se resuelve una demanda presentada por varios miembros y potenciales reclutas. Protege a quienes ya forman parte de las fuerzas armadas, al considerar que “supone una dificultad mucho mayor poner fin a una carrera militar que retrasar su inicio”, según escribió el juez Robert Wilkins en la resolución consultada por la agencia Reuters.

La política en cuestión se enmarca dentro de una orden ejecutiva firmada por Trump en enero de 2025. En ese texto, el expresidente justificó la medida al sostener que la identidad transgénero “entra en conflicto con el compromiso de un soldado con un estilo de vida honorable, veraz y disciplinado”.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, implementó la orden poco después, lo que derivó en una serie de impugnaciones legales.

El origen de la controversia y las posiciones enfrentadas

Quienes representan a los demandantes, como Jennifer Levi del grupo GLAD Law, celebraron que el tribunal haya bloqueado las expulsiones. “Este fallo confirma que la Administración Trump no tiene ninguna base legal para dar de baja a los miembros del servicio militar transgénero que han cumplido con todos los estándares exigentes”, expresó Levi en un comunicado difundido tras la decisión.

La respuesta oficial del gobierno no se hizo esperar. Hegseth anunció que la administración apelaría la resolución ante la Corte Suprema, al afirmar en X: “Nos vemos en la Corte Suprema”, en referencia a una publicación sobre el caso.

¿Qué implica la decisión para los militares transgénero?

El fallo permite que los actuales miembros transgénero sigan en sus cargos, aunque impide el ingreso de nuevos postulantes que no cumplan con los requisitos definidos por la política vigente. En la práctica, quienes ya forman parte de las fuerzas armadas pueden continuar sus carreras, mientras que los reclutas transgénero deberán esperar la definición judicial para saber si podrán alistarse en el futuro.

El tribunal reconoció que el Pentágono tiene amplios poderes para establecer los estándares de ingreso, aunque consideró que la política estaba motivada “por el mero deseo de perjudicar a un grupo políticamente impopular”.

El juez Justin Walker, en disidencia, argumentó que los tribunales “no tienen ni la experiencia ni la autoridad para decidir si las fuerzas armadas pueden excluir a los demandantes de sus filas”.

Contexto político y social del fallo

La prohibición de alistamiento se inscribe en una estrategia más amplia impulsada por la administración Trump para restringir los derechos y el reconocimiento de las personas transgénero en distintos ámbitos de la vida estadounidense.

Las agencias federales han retirado demandas en nombre de trabajadores transgénero, cancelado acuerdos que beneficiaban a estudiantes y abierto investigaciones sobre hospitales y médicos que ofrecen tratamientos de afirmación de género a menores.

Según cifras del Departamento de Defensa citadas por Reuters, las fuerzas armadas de Estados Unidos cuentan con unos 1,3 millones de efectivos en servicio activo. Los defensores de los derechos transgénero estiman que hasta 15.000 militares pertenecen a ese colectivo, aunque las autoridades reducen la cifra a algunos miles.

Antecedentes legales del caso

La decisión de este lunes ratifica parcialmente el fallo anterior de un juez federal en Washington D.C., quien había bloqueado la política en su totalidad mientras avanzaba el litigio. El magistrado consideró que la medida constituía discriminación sexual y probablemente violaba la garantía constitucional de igualdad ante la ley.

En mayo de 2025, la corte suprema permitió que la política restrictiva se implementara, al revocar un fallo de un juez del estado de Washington que había bloqueado temporalmente la prohibición. El máximo tribunal no explicó los motivos de su decisión, lo que, según Wilkins, podría deberse a un tecnicismo y no necesariamente al análisis de fondo del caso.

Próximos pasos y posibles escenarios

El gobierno buscará ahora revertir el fallo ante la Corte Suprema, lo que podría prolongar la incertidumbre para los aspirantes transgénero y quienes ya sirven en las fuerzas armadas.

Mientras tanto, la política de exclusión para nuevos ingresos sigue vigente, a la espera de una resolución definitiva.

El dato que más circula sobre el empleo después de los 45 admite una corrección y, a la vez, expone un problema más profundo: el 86% de las personas de esa edad relevadas está buscando trabajo, pero la dificultad central no pasa por una supuesta falta de adaptación sino por filtros etarios, obstáculos para mostrar su experiencia en los canales actuales y estructuras salariales que muchas empresas no logran acomodar.

Esa es la lectura que hizo Julián Blausztein, de Adecco Argentina, firma de recursos humanos, al explicar por qué la reinserción del talento senior sigue siendo más larga y compleja.

—¿Cuáles son las principales causas detrás de los que no logran reinsertarse?

—El 86% corresponde a personas mayores de 45 años encuestadas que actualmente buscan trabajo, lo que no implica necesariamente que no logren reinsertarse laboralmente. El proceso de reinserción suele ser más extenso o complejo para este grupo por varias razones. La edad puede influir en algunos procesos de selección antes de que se evalúen integralmente las competencias.

A esa barrera se suman dos planos adicionales: la visibilidad profesional y la estructura de remuneraciones. Según explicó, muchos perfiles senior tienen trayectorias sólidas, pero no siempre logran comunicar su recorrido en los formatos y plataformas que hoy usa el mercado, y en otros casos las bandas salariales internas dificultan compatibilizar expectativas con vacantes disponibles.

La principal barrera no es tecnológica, sino la percepción sobre la edad

Blausztein rechazó una de las ideas más extendidas sobre el talento senior: que tiene problemas para adaptarse al cambio tecnológico o cultural. «Es un preconcepto que rara vez se verifica en la práctica pero que opera como filtro previo al conocer al candidato», dijo.

La misma lógica, agregó, se repite con otro prejuicio frecuente: que una persona con mucha experiencia será difícil de conducir o tenderá a cuestionar en exceso las decisiones. Frente a eso, sostuvo que la madurez profesional suele aportar más capacidad para gestionar la incertidumbre y trabajar con autonomía.

En ese punto, la digitalización no aparece como una limitación intrínseca del segmento. Blausztein afirmó que muchos profesionales mayores de 45 años usan herramientas digitales desde hace años y que el problema real no es la capacidad de adaptación, sino la presunción de que esa capacidad no existe.

También vinculó esa discusión con el papel de las compañías en la actualización de habilidades. Según dijo, la velocidad con la que cambian ciertas herramientas exige aprendizaje continuo, y las empresas deben invertir en capacitación para todos sus empleados, no solo para los más jóvenes.

Tecnología, empresas emergentes y mandos medios

Las dificultades, según Adecco, no se distribuyen de manera uniforme. Blausztein señaló que las barreras son más marcadas en sectores con culturas organizacionales jóvenes, como tecnología, empresas emergentes y agencias digitales, donde la edad promedio de los equipos es baja y predomina la búsqueda de perfiles que «encajen» con esa cultura.

El problema también se observa en posiciones operativas y de mandos medios. En esos casos, explicó, muchas empresas priorizan candidatos con menor costo salarial, lo que desplaza a trabajadores con más experiencia.

La recepción mejora en otro tipo de funciones. Blausztein indicó que los perfiles senior encuentran mejores oportunidades en roles de dirección, consultoría, gestión de proyectos complejos y puestos que exigen manejo de crisis o negociación, áreas en las que la trayectoria funciona como un activo verificable.

El ejecutivo describió además un cambio de valor asociado al avance de la inteligencia artificial. Según dijo, esa transformación empieza a impactar sobre todo en tareas operativas o repetitivas, muchas de ellas cubiertas de manera histórica por perfiles más junior, mientras que capacidades como el criterio, la gestión y la toma de decisiones ganan peso dentro de las organizaciones.

Avances lentos y sesgos que actúan desde el inicio del proceso

Consultado sobre si las empresas modificaron su mirada, Blausztein habló de una evolución gradual. «Hay una evolución, pero es lenta». Según su descripción, las organizaciones que más avanzaron son aquellas con áreas de recursos humanos de mayor madurez estratégica, que entienden la diversidad generacional como una ventaja competitiva y no como una exigencia formal. En el extremo opuesto, sostuvo, persisten compañías en las que la edad opera como filtro implícito desde el primer momento del proceso, incluso sin plena conciencia de los reclutadores.

Blausztein dijo que la tensión central está entre un mercado que sigue usando la edad como filtro y un segmento que aporta experiencia, criterio y redes de contacto. La consecuencia es que muchos trabajadores senior enfrentan búsquedas más extensas aun cuando poseen capacidades que las empresas dicen valorar.

Para revertir esa situación, Adecco trabaja en dos frentes. Por un lado, explicó, promueve que los procesos de selección se evalúen por competencias y no por edad, con revisión de criterios desde el comienzo; por otro, acompaña a los candidatos para que puedan presentar mejor su propuesta de valor en los formatos que hoy exige el mercado.

La experiencia acumulada gana valor

Blausztein enumeró tres ventajas competitivas concretas del talento senior. La primera es la gestión de la incertidumbre: haber atravesado varios ciclos económicos complejos en Argentina, señaló, da una capacidad de adaptación y decisión bajo presión que no se adquiere con facilidad.

La segunda ventaja es la mentoría. Según explicó, la transferencia de conocimiento hacia equipos más jóvenes sigue siendo un activo poco aprovechado de manera estructural por muchas organizaciones.

La tercera es la red de vínculos. Blausztein sostuvo que, en sectores donde las relaciones resultan determinantes para el negocio, la trayectoria y los contactos construidos a lo largo de los años mantienen un valor alto para las empresas.

Al comparar a Argentina con otros países de la región, remarcó que en varios mercados existen marcos regulatorios más explícitos contra la discriminación etaria en selección, con consecuencias concretas para las compañías que incumplen. En el caso local, dijo, el marco existe pero su aplicación es menos sistemática.

Aun así, identificó una ventaja del mercado argentino. Blausztein afirmó que el nivel de formación y versatilidad del talento senior argentino es muy alto en términos regionales, con profesionales que acumulan trayectorias en múltiples sectores, adaptación probada y redes valiosas.

Las claves para reinsertarse

Para quienes buscan volver al mercado, la primera recomendación de Adecco apunta a la forma en que se presenta la experiencia. Blausztein dijo que no alcanza con tener una trayectoria sólida si esa historia no está traducida a los canales y formatos actuales, y remarcó que LinkedIn debe funcionar como relato profesional y no solo como un currículum digital.

El segundo paso, agregó, consiste en identificar con precisión cuál es el valor diferencial que aporta esa experiencia y en qué situaciones genera resultados concretos. La especificidad, en esa lectura, pesa más que la acumulación abstracta de antecedentes.

La tercera sugerencia se apoya en un activo que el propio segmento ya posee. Blausztein afirmó que muchas reinserciones exitosas de perfiles senior no se producen a través de portales de empleo, sino por vínculos construidos durante la carrera.

La cuarta recomendación es abrir el mapa de opciones. Según dijo, el trabajo por proyectos, la consultoría y los roles de mentoría son espacios en los que el talento senior encuentra una demanda creciente.

Southwest Airlines eliminó la obligación de que los pasajeros de talla grande compren un asiento adicional con anticipación. Desde finales de la semana pasada, los agentes en los aeropuertos pueden ofrecer ese segundo lugar sin costo extra cuando hay disponibilidad en el vuelo.

El cambio llega después de meses de críticas públicas y acusaciones de discriminación por peso, que desbordaron las redes sociales de la aerolínea tras una política anterior que muchos pasajeros consideraron abrupta e injusta.

Qué dice la nueva política

Según un comunicado de Southwest, cuando hay asientos contiguos libres, “los agentes en el aeropuerto tienen la facultad de ofrecer un asiento adicional sin costo para los clientes que lo necesiten". Si no hay lugar disponible, la aerolínea se compromete a ubicar al pasajero en un vuelo posterior.

La compañía aclara que sigue siendo recomendable reservar el segundo asiento por adelantado. Quienes no lo hagan corren el riesgo de no poder abordar su vuelo original si el avión va lleno.

El origen del conflicto

En enero de este año, Southwest introdujo una política que exigía a los pasajeros que necesitaran espacio adicional comprar un segundo asiento antes de viajar. La devolución del dinero solo se procesaba si el vuelo no se completaba.

Ese cambio generó numerosas quejas. Varios viajeros denunciaron que empleados en los mostradores y puertas de embarque les dijeron directamente que no cabrían en un solo asiento, una situación que muchos describieron como humillante.

Tigress Osborn, directora ejecutiva de la Asociación Nacional para el Avance de la Aceptación de las Personas Gordas, declaró a The New York Times que Southwest dio muy poca advertencia previa sobre el cambio. Según Osborn, la medida tomó por sorpresa a pasajeros de talla grande que durante años le dieron toda su preferencia a esa aerolínea.

Por qué Southwest cambió su postura

La aerolínea atribuye el ajuste de enero a la transición hacia asientos asignados, que obligó a revisar otros requisitos relacionados con la distribución de plazas a bordo.

En su comunicado, Southwest señaló que la actualización reciente es el resultado de una revisión amplia del proceso y que continuará ajustando su política para ofrecer “una experiencia de viaje más predecible para los clientes que requieren un asiento adicional".

El nuevo esquema también busca reducir la presión sobre los empleados en la puerta de embarque, que bajo la política anterior debían evaluar en el momento si un pasajero necesitaba más espacio, una situación que generó roces y situaciones incómodas.

La tensión de fondo entre tamaño e industria aérea

El debate va más allá de una aerolínea. Según ABC News, analistas del sector señalan que las compañías aéreas son negocios donde el peso y el espacio son variables operativas directas, y que la tendencia de las últimas décadas ha sido reducir el tamaño de los asientos en clase económica.

Esa combinación —asientos más pequeños y una población en promedio más grande— crea una tensión estructural que ninguna política de abordaje resuelve por completo.

Lo que sí está en juego, según los críticos, es el trato: la línea entre aplicar una política operativa y avergonzar públicamente a un pasajero por su cuerpo.

Southwest, que durante años se distinguió por su reputación de trato amable, enfrenta ahora el desafío de recuperar esa imagen.

Qué pasa si no hay asientos disponibles

El principal punto pendiente de la nueva política sigue sin resolverse del todo. Si un pasajero de talla grande llega al aeropuerto sin haber reservado un segundo asiento y el vuelo va lleno, no podrá abordar.

Southwest dice que en ese caso trabajará para acomodarlo en un vuelo posterior, pero no especifica en qué condiciones ni en qué plazo.

Por eso, la aerolínea insiste en que la reserva anticipada del segundo asiento sigue siendo la opción más segura para evitar contratiempos de último momento.

Un hombre visiblemente alterado lanzó insultos racistas a una mujer que cruzó cerca de él en un minimarket en Lima, sin pedirle permiso. El incidente, registrado por las cámaras de seguridad del local, se difundió rápidamente en redes sociales, lo que generó una ola de indignación entre los usuarios.

La joven afectada intentó mantener la calma mientras el hombre la increpaba de forma agresiva. Sus intentos de diálogo cortés no lograron detener la actitud hostil del sujeto, quien persistió en lanzar insultos racistas y mostró un comportamiento desbordado ante los presentes.

Este caso ocurrió pocos días después del episodio protagonizado por la influencer Alejandra Argumedo en el Metropolitano, donde también se registraron expresiones discriminatorias hacia usuarios del transporte público. Ambos hechos refuerzan la evidencia sobre la permanencia de actitudes racistas en espacios públicos de Lima.

Sujeto reacciona con insultos raciales en local comercial

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran al hombre en el pasillo del minimarket, situado entre la entrada y la caja. Mientras prestaba atención a la vitrina de panes, la joven clienta pasó frente a él de manera inadvertida, lo que desató la ira del sujeto.

“Se pide permiso”, reclamó el hombre con tono irrespetuoso. La joven respondió: “Disculpe, no me percaté, sea más cortés”, intentando moderar la situación. Sin embargo, el hombre prosiguió con insultos y actitudes hostiles.

“¡Tienes todo el espacio por detrás y decides pasar por mi delante, ignorante!”, gritó el agresor. Añadió: “¡Lárgate mejor, oe, lárgate!”. La joven mencionó la falta de respeto, pero el hombre continuó con expresiones raciales ofensivas como “Ignorante” y “Tú estás loca o qué te pasa”.

Usuarios exigen acción de autoridades

La SUNAT se pronunció sobre el caso del hombre que lanzó insultos racistas a una mujer en un minimarket de Trujillo, confirmando que se trata de uno de sus trabajadores. La entidad aclaró que el colaborador no ocupa ningún cargo de confianza ni directivo.

En su comunicado, la SUNAT rechazó cualquier acto de discriminación en todas sus formas y expresó su solidaridad con la persona afectada por este incidente.

La institución también indicó que se han iniciado las acciones correspondientes para aplicar medidas disciplinarias al trabajador involucrado y reafirmó su compromiso con los principios éticos y de respeto, repudiando cualquier comportamiento que los contradiga.

Organizaciones defensoras de derechos humanos subrayan la importancia de sancionar y registrar este tipo de hechos, con el propósito de evitar que las conductas discriminatorias se normalicen en el espacio público.

Influencer lanza insultos racistas en bus del Metropolitano

En una unidad del Metropolitano de Lima, se documentó un episodio que evidencia la vigencia de la discriminación en lugares públicos. La influencer Alejandra Argumedo Alegre profirió insultos racistas contra pasajeros.

El video capta a Argumedo lanzando frases como: “Serranos son y serranos morirán”, mientras comparaba a los pasajeros con llamas, vicuñas y alpacas. Estas manifestaciones crearon un ambiente de tensión y rechazo entre los presentes.

Después de la difusión del video, Argumedo fue identificada, lo que generó debate sobre la responsabilidad de los influencers en sus plataformas. El caso derivó en pronunciamientos oficiales y puso en primer plano la urgencia de sancionar la discriminación.

Hasta tres años de cárcel para quienes cometan discriminación

El abogado penalista Julio Rodríguez aclaró que estos comportamientos van más allá de una simple ofensa. La discriminación está estipulada en el Código Penal peruano y puede acarrear hasta tres años de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad.

Rodríguez explicó que los calificativos emitidos contra pasajeros en lugares públicos constituyen el delito de discriminación según el artículo 323 del Código Penal. Las sanciones pretenden que los agresores asuman responsabilidad y comprendan las consecuencias de sus actos.

Además de la pena de cárcel, la legislación contempla medidas como el trabajo comunitario, buscando enfrentar al infractor con el impacto real de sus acciones. Con estas medidas se pretende evitar la repetición de comportamientos discriminatorios en una sociedad caracterizada por su pluralidad y diversidad racial.

Una nueva controversia envuelve al creador de contenido Chumel Torres, luego de que, para menospreciar la opinión de un usuario de Twitter, usó la imagen de una persona con síndrome de Down.

El mensaje, publicado por el influencer en su cuenta de X, generó tantas críticas que, al final, tuvo que borrarlo. Pese a que intentó eliminar el rastro de la publicación, usuarios se encargaron de viralizarlo en otros sitios de la red social.

Resalta que, Chumel Torres no usó la foto de un joven con síndrome Down para intentar burlarse de cualquier persona, sino de Adrián Chávez, el famoso profesor con el que en el pasado ya había sostenido discusiones en redes sociales.

Cabe mencionar, que una vez que el tema se volvió viral, Adrián Chávez calificó al tuit de Chumel Torres como “capacitista”

La vez que Adrián Chávez corrigió a Chumel Torres

Fue en agosto del 2024 cuando Chumel Torres criticó el contenido de los libros de la SEP. Adrián Chávez, quien ya por entonces era viral por sus videos sobre conocimiento y lingüística, argumentó por qué la opinión del influencer estaba errada.

El punto específico de la crítica de Chumel Torres fue que, supuestamente, en los libros de texto se enseñaba a hablar de forma incorrecta, mientras imitaba una forma de hablar muy particular entre los mexicanos. El influencer aseguró: “Los libros de texto de la SEP traen un montonal de errores ortográficos: voy a subir para arriba, su comida de Pedro, su mochila de Ana”.

La primera respuesta de Adrián Chávez fue que los ejemplares mostrados por Chumel Torres ni siquiera correspondían a los libros dirigidos al alumnado:

“No dejan de decir tonterías al respecto. Primero, esos libros que muestran en ese video ni siquiera son los libros para los alumnos, son guías para los padres de familia. Eso no lo explican porque o no lo saben lo cual los vuelve incompetentes, o no quieren decirlo lo cual los vuelve tramposos”.

A partir de esa precisión, el profesor sostuvo que el problema no estaba en los materiales, sino en la forma en que estaban siendo juzgados.

El comediante también aseguró que los nuevos libros enseñaban que hablar mal estaba bien. Frente a ese señalamiento, Chávez respondió que los contenidos no promovían esa idea y que, en realidad, dejaban atrás una división entre hablar bien y hablar mal que la lingüística superó hace más de 100 años:

“Y no, los libros no dicen que lo que está mal está bien ni viceversa, lo que hace es abandonar esa dicotomía de hablar bien y hablar mal, que es algo que la lingüística hizo hace más de 100 años pero que el sistema educativo por alguna razón no se había enterado”.

Chávez aseguró que sí revisó los materiales para estudiantes y que encontró una explicación clara sobre la diferencia entre lenguaje formal e informal y los contextos en que se usa cada registro.

Añadió que los usos del lenguaje no se presentan como buenos o malos porque, desde su perspectiva, no existe una razón científica para calificarlos de esa manera:

“No juzga los usos como buenos o malos porque simplemente no hay una razón científica para juzgarlos como buenos o malos”.

El profesor también atribuyó las críticas a un sesgo social. Sostuvo que la forma en que se parodiaba el acento de quienes usan ciertas formas lingüísticas mostraba una asociación con estratos socioeconómicos que a los críticos les parecerían despreciables.

“La parodia que hacen del acento de los hablantes que utilizan estos usos lingüísticos denota muy bien por dónde va la cosa. Asocian esos usos lingüísticos con estratos socioeconómicos que les parecen despreciables”.

Una mujer rarámuri llegó embarazada al Hospital Rural No. 18 del IMSS en San Juanito, Chihuahua, a finales de junio de 2023. Los médicos sabían que el parto podía complicarse: la bebé pesaría más de cuatro kilogramos y existían antecedentes clínicos que aumentaban el riesgo para ambas.

Aun así, el nacimiento se realizó por vía vaginal y, según determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la madre nunca recibió información clara sobre las posibles consecuencias médicas de esa decisión.

Ese momento marcó el inicio de una cadena de traslados, hospitalizaciones y omisiones médicas que terminarían meses después con la muerte de la recién nacida, de acuerdo con la Recomendación 18/2026 emitida por la CNDH contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto Chihuahuense de Salud.

El organismo concluyó que tanto la madre como la menor fueron víctimas de mala atención médica y de un trato discriminatorio relacionado con su origen indígena.

Tras el parto, la recién nacida fue enviada al Hospital de Gineco Obstetricia de Ciudad Cuauhtémoc, dependiente del sistema estatal de salud de Chihuahua. Ahí permaneció internada durante semanas debido a los problemas derivados del nacimiento. Más adelante fue trasladada al Hospital Materno Infantil de Especialidades, donde continuó hospitalizada hasta finales de septiembre de 2023.

La investigación de la CNDH sostiene que durante esos 53 días la menor no recibió atención especializada suficiente pese a las alteraciones respiratorias que presentó prácticamente desde el inicio. El expediente también señala que no se realizaron valoraciones clínicas completas ni se estableció un diagnóstico preciso sobre las complicaciones que padecía.

A pesar de que la bebé seguía enferma, fue dada de alta

Menos de dos semanas después, el 9 de octubre de 2023, la recién nacida regresó al Hospital Rural No. 18 con tos y severas dificultades para respirar. Su estado era crítico. Fue trasladada nuevamente al Hospital Materno Infantil de Especialidades, donde murió ese mismo día.

Para la CNDH, las fallas no se limitaron únicamente a errores médicos. El organismo concluyó que existieron actos y omisiones relacionados con discriminación hacia la familia por su pertenencia al pueblo rarámuri, condición que, según la investigación, agravó la violencia obstétrica ejercida contra la madre y afectó la calidad de la atención recibida por ambas pacientes.

A partir de estas conclusiones, la Comisión emitió una recomendación dirigida al IMSS y al Instituto Chihuahuense de Salud, en la que atribuyó responsabilidad institucional por violaciones a derechos humanos y pidió medidas de reparación para la familia, incluyendo atención psicológica.

Además, solicitó capacitación para el personal médico involucrado y medidas para reforzar la atención a personas en situación de vulnerabilidad dentro de los servicios de salud públicos en Chihuahua.

La recomendación fue emitida este 27 de mayo y ya fue notificada a las instituciones señaladas, quienes, hasta el cierre de esta nota informativa, no se han pronunciado al respecto.

En la actualidad, se ha convertido en una exigencia para las empresas garantizar la inclusión de la comunidad LGBTQ+ en el entorno laboral. La creación de espacios laborales seguros para todas las personas es de vital importancia, pues según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), los espacios de trabajo representan el segundo ámbito con mayor índice de discriminación hacia la comunidad LGBTQ+, después del hogar.

La comunidad LGBTQ+ enfrenta diversos retos en el mundo laboral, que incluyen desde la falta de reconocimiento legal en algunos países, hasta la persistencia de estigmas y prejuicios en el lugar de trabajo, los cuales pueden tener un impacto negativo en el bienestar de los empleados LGBTQ+, afectando su productividad y oportunidades de desarrollo profesional.

Algunos de los problemas más frecuentes a los que se enfrentan los miembros de la comunidad LGBTQ+ en el mundo laboral son:

• Discriminación y falta de inclusión: La discriminación en el trabajo es quizá el problema más común, que puede manifestarse en chistes, comentarios o conductas inapropiadas de otros empleados o de sus superiores.
• Falta de políticas de protección: En algunos lugares de trabajo, no existen políticas específicas para proteger a los trabajadores LGBTQ+ de la discriminación o el acoso, lo que puede llevar a que no se sientan seguros ni respaldados por la organización.

• Diversidad en la contratación y promoción: La comunidad LGBTQ+ a menudo se enfrenta a barreras para la contratación y ascenso profesional debido a prejuicios inconscientes o deliberados que influyen en las decisiones de contratación y promoción. o bien debido a los estereotipos de género relacionados con determinados puestos o empleos.
• Visibilidad y representación: La falta de representación LGBTQ+ en puestos de liderazgo y la ausencia de modelos a seguir pueden hacer que los trabajadores LGBT no vean oportunidades de crecimiento dentro de su empresa o se sientan menos inclinados a expresar abiertamente su identidad.
• Beneficios y reconocimiento de parejas: La igualdad en los beneficios para parejas del mismo sexo y las familias LGBTQ+ es un desafío en varios lugares de trabajo. A menudo se enfrentan a la falta de reconocimiento de su estatus y a beneficios desiguales comparados con sus colegas heterosexuales.

El impulso para dar visibilidad a estos problemas y lograr cambios proviene en gran medida del esfuerzo de empleados pertenecientes a la comunidad LGBTQ+ que a través del colectivos, campañas en redes sociales y activismo desde sus propias empresas trabajan en sensibilizar y educar dentro y fuera de la organización, así como en la creación de estrategias inclusivas.

Ante ello numerosas empresas han comenzado por generar políticas que sigan criterios de evaluación establecidos por Human Rights Campaign (HRC), la mayor organización de derechos civiles para personas lesbianas, gays, transgénero y queer en Estados Unidos.

Estos criterios incluyen la adopción de políticas de no discriminación, la creación de grupos de soporte de empleados, respaldo a la inclusión LGBTQ+ mediante actividades públicas, programas internos de entrenamiento, y la implementación de mejores prácticas educativas para asegurar un espacio de trabajo igualitario.

La obtención de reconocimientos por parte de las empresas señala un avance en cuanto a derechos humanos y laborales, reflejando un compromiso hacia la equidad y la oportunidad de crecimiento sin distinción de orientación sexual o identidad de género.

En ese sentido, HRC otorga una distinción a las empresas que deciden implementar políticas que favorezcan la inclusión de la comunidad LGBTQ+, la cual no solamente reconoce el logro actual, sino también establece una responsabilidad continua para las empresas que la reciben. Es un llamado a mantener y expandir programas que fomenten un trato justo y equiparable en el ámbito laboral.

Los esfuerzos hacia la inclusión y diversidad en el mundo corporativo no solamente son un reflejo del compromiso social de las empresas en México, sino también una respuesta a la necesidad de ambientes de trabajo armónicos y respetuosos para todos los miembros de la sociedad, incluyendo a aquellos de la comunidad LGBTQ+. Este tipo de iniciativas y reconocimientos sirven de modelo y aliento para que más organizaciones se sumen a la práctica de políticas inclusivas.

La implementación de prácticas laborales justas e inclusivas en México es todavía un reto, por lo que vale la pena poner la mirada en aquellas que han mostrado un cambio positivo para la igualdad de derechos en la comunidad LGBTQ+.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) alertó que en Honduras se estarían registrando en promedio tres nuevas infecciones de VIH por día, lo que equivale a una cada ocho horas. Esta situación mantiene la preocupación de las autoridades sanitarias y de los organismos defensores de derechos humanos.

En el marco de la conmemoración del Día Nacional de Respuesta a la Epidemia del VIH, que se recuerda este próximo 18 de mayo, la institución hizo un llamado público a fortalecer las campañas de prevención, ampliar el acceso a servicios de salud y combatir el estigma y la discriminación que aún enfrentan miles de personas diagnosticadas con el virus.

La coordinadora de la Defensoría de Personas con VIH del CONADEH, Francia Maradiaga, recordó que el Estado hondureño tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de esta población en cumplimiento de tratados y compromisos internacionales suscritos por el país.

Explicó que las personas con VIH continúan enfrentando barreras para acceder a servicios de salud, empleo, educación y oportunidades laborales, debido a prácticas discriminatorias que persisten tanto en instituciones públicas como privadas.

“El VIH no debe ser la causa para que se niegue a las personas sus derechos a la salud, educación, trabajo u otros relacionados”, expresó la defensora.

VIH en cifras

Datos del Subsistema de Información de VIH de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud reflejan que entre 1985 y 2025 Honduras acumula 44.620 casos de VIH.

De ese total, 17.563 personas permanecen en condición asintomática, mientras que 27.057 presentan infección avanzada. Las estadísticas indican además que el 58 % de los casos corresponde a hombres y el 42 % a mujeres.

Las cifras oficiales muestran que los departamentos con mayor incidencia continúan siendo Cortés, con 15.881 casos registrados; Francisco Morazán, con 8.987; Atlántida, con 4.609; además de Yoro, Colón y Choluteca. En conjunto, estas regiones concentran el 82 % de los casos reportados a nivel nacional.

El informe también detalla que la epidemia afecta a personas de todas las edades, desde menores de cuatro años hasta adultos mayores de 60 años. No obstante, la población económicamente activa continúa siendo la más vulnerable.

En los casos de infección avanzada, el 74 % corresponde a personas entre 20 y 44 años, mientras que entre los pacientes asintomáticos el 78 % se ubica en ese mismo rango de edad.

Las autoridades sanitarias señalaron además que entre 2024 y 2025 se diagnosticaron 2.272 nuevos casos, lo que equivale a 95 contagios mensuales.

En cuanto a fallecimientos, durante 2025 se contabilizan 115 muertes relacionadas con VIH, con un promedio de 10 por mes o una cada tres días. El 70 % de las víctimas fueron hombres y el 30 % mujeres.

Las mayores cifras de mortalidad se registran en los departamentos de Cortés, Francisco Morazán y Atlántida, que concentran el 66 % de los decesos reportados.

Mortalidad en Honduras

Maradiaga explicó que la reducción de fallecimientos en comparación con años anteriores se relaciona con mejoras en el acceso a medicamentos antirretrovirales, diagnósticos más oportunos y una mayor cobertura de atención médica especializada.

No obstante, muchos pacientes continúan llegando tarde a los servicios de salud, lo que complica los tratamientos y eleva el riesgo de muerte.

La defensora también expresó preocupación por los casos de transmisión de madre a hijo que todavía se registran en el país, indicando que algunas mujeres embarazadas rechazan los tratamientos luego de recibir un diagnóstico positivo.

Advirtió que esta situación incrementa el riesgo de contagio neonatal, pese a que actualmente existen tratamientos efectivos para prevenir la transmisión vertical del virus.

Otro de los problemas señalados por el CONADEH es la persistencia de despidos laborales y actos discriminatorios contra personas diagnosticadas con VIH.

“Tenemos despidos tanto en el sector público como en el privado y las personas con VIH requieren de un trabajo para mantener un estándar de vida que les permita estar en condición de indetectable e intransmisible”, indicó Maradiaga.

Responsabilidad de prevenir

La especialista explicó que una persona que recibe adecuadamente su tratamiento y mantiene una carga viral indetectable no transmite el virus, por lo que insistió en la importancia de garantizar acceso continuo a medicamentos y estabilidad social para los pacientes.

También se hizo un llamado a la población a realizarse pruebas de detección y acudir a los servicios médicos de manera temprana. La prevención y la atención oportuna siguen siendo fundamentales para reducir nuevos contagios.

Bajo el lema “Prevenir el VIH es posible, eliminar el estigma es urgente”, el CONADEH, junto a organizaciones de sociedad civil y entidades gubernamentales, desarrollará actividades este lunes en el Parque Central de Tegucigalpa para promover la prevención, sensibilización y respeto hacia las personas que viven con VIH.

La institución reiteró que eliminar la discriminación y garantizar los derechos humanos de esta población continúa siendo uno de los principales desafíos para Honduras en la lucha contra la epidemia.

El conductor de televisión Pedro Sola enfrenta cuestionamientos tras emitir un comentario dirigido a su compañero Ricardo Manjarrez durante la transmisión de Ventaneando el pasado lunes 11 de mayo.

El episodio ocurre después de que Sola menciona la canción “La Negrita Cucurumbé” y asocia el color de los brazos de Manjarrez con el término “negro”, lo que genera una reacción inmediata en el foro y activa la posibilidad de intervención por parte del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).

Pati Chapoy defiende a Ricardo Manjarrez de comentarios racistas de Pedro Sola

En la emisión, Manjarrez comenta: “Vámonos a Miami. Ya estoy de regreso la semana pasada”. Sola responde: “Oye, fíjate, porque hay-- ahorita que te veo me acuerdo de la canción de La Negrita Cucurumbé. Pues tú traes los brazos negros”. La conductora Pati Chapoy interviene con: “Oye, bueno, pues estaba haciendo guata en la calle”. Sola insiste: “Que se ponga manga larga”. Chapoy ataja: “Ay, no, Pedro”. Manjarrez replica: “Es que estoy en Miami, no en Alaska. Ay, se me va a pegar eso”. Chapoy concluye: “No le hagas caso, tú preocúpate por el trabajo y ya”.

Las intervenciones de Pati Chapoy y Mónica Castañeda buscan desactivar la tensión, defendiendo a Manjarrez y desviando el énfasis del comentario de Sola. El momento, transmitido en vivo, circula en redes sociales, donde usuarios cuestionan el uso del término por parte del conductor.

¿Qué puede hacer CONAPRED ante expresiones discriminatorias?

El CONAPRED es el órgano federal encargado de recibir quejas por presuntos actos de discriminación en medios de comunicación, espacios laborales y otras áreas. Su función incluye investigar los hechos y, si se confirma el acto discriminatorio, emitir resoluciones vinculantes denominadas “resoluciones por disposición”.

En casos de expresiones en televisión, como las de Pedro Sola, el consejo puede iniciar una investigación a partir de una queja formal presentada por cualquier persona que se sienta afectada o por la sociedad civil. El trámite es gratuito y puede realizarse en línea o presencialmente.

Sanciones y medidas de reparación por lenguaje discriminatorio

Las resoluciones del CONAPRED no incluyen multas económicas directas, pero sí exigen medidas de reparación. Entre ellas se encuentran la obligación de ofrecer disculpas públicas, la realización de cartas compromiso y la asistencia a cursos de sensibilización para el conductor y, en ocasiones, para la empresa televisiva.

El alcance de la sanción depende de la gravedad y la reiteración del acto. Si la resolución no se cumple en los plazos establecidos, otras autoridades pueden imponer sanciones administrativas adicionales. El objetivo es eliminar prácticas discriminatorias en los medios y garantizar la reparación del daño a las personas o grupos afectados.

El lenguaje en medios bajo vigilancia

El uso de expresiones o epítetos para descalificar o aludir a características físicas de personas pertenecientes a grupos históricamente vulnerados es uno de los focos de actuación del CONAPRED. El organismo sostiene que el lenguaje en televisión debe evitar reproducir prejuicios, estigmas o estereotipos.

En el caso de Pedro Sola, la frase citada en la transmisión puede ser considerada por la autoridad como un acto de discriminación si se demuestra que implica un trato despectivo o incita a la exclusión por motivos de color de piel.

Cómo avanza un procedimiento ante CONAPRED

El procedimiento inicia con la recepción de la queja y la apertura de una investigación. Si la autoridad considera que existen elementos suficientes, formula una resolución que obliga al responsable a cumplir las medidas correctivas. El proceso incluye el derecho de audiencia para las partes y puede culminar en una disculpa pública transmitida en el mismo canal o espacio mediático donde ocurrió el hecho.

La intervención de CONAPRED responde a la demanda ciudadana de eliminar cualquier forma de discriminación en los medios de comunicación, atendiendo tanto a quienes presentan la queja como a la responsabilidad social de los comunicadores.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) alertó sobre la situación crítica que enfrentan las personas con discapacidad en el ámbito laboral por el aumento de despidos y el incumplimiento de las disposiciones legales destinadas a la inclusión en el mercado de trabajo.

Betina Hernández, coordinadora de la Defensoría de Personas con Discapacidad del Conadeh, advirtió que estas prácticas vulneran derechos fundamentales y evidencian una débil ejecución de la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad. Según Hernández, en lugar de avanzar en inclusión, se han registrado retrocesos importantes, sobre todo en instituciones públicas.

La funcionaria precisó que el artículo 35 de esta ley impone obligaciones para empleadores del sector público y privado: empresas e instituciones deben asegurar la incorporación de un número mínimo de personas con discapacidad en sus planillas, en proporción al tamaño de su personal. Este mecanismo busca promover la igualdad en el acceso al empleo y reducir las brechas históricas.

Desconocen la ley

Hernández lamentó que muchas entidades ignoran esta normativa y, en ocasiones, optan por despedir a personal con discapacidad que ya formaba parte de sus equipos. “No solo se trata de no contratar, sino de despedir a quienes ya habían logrado insertarse laboralmente, lo que agrava aún más la situación”, afirmó.

Entre los motivos de preocupación para el Conadeh destaca la recurrencia de estos despidos durante períodos de transición política. Cada cuatro años, con los cambios de administración, se repite un patrón que afecta directamente a quienes trabajan en el sector público. “Se tenía la esperanza de que esta práctica fuera superada, pero sigue ocurriendo”, sostuvo Hernández.

El organismo puntualizó que ha recibido más de una decena de quejas recientes relacionadas con despidos, un indicador de que el fenómeno es recurrente. En muchos casos, las personas afectadas enfrentan obstáculos mayores para reinsertarse en el mercado laboral: discriminación, falta de accesibilidad y escasas oportunidades de empleo adecuado.

La coordinadora resaltó que la pérdida de un empleo repercute con más gravedad en las personas con discapacidad, ya que en numerosos hogares estos ingresos constituyen el sustento principal, y las probabilidades de hallar un nuevo empleo son inferiores al promedio general. “Estamos hablando de situaciones humanas complejas, donde se pone en riesgo la estabilidad económica y emocional de las personas y sus familias”, señaló.

Restitución de derechos

Frente a este contexto, el Conadeh informó que reforzará su acompañamiento a los afectados, ofreciendo asesoría y seguimiento de los casos denunciados. Además, iniciará diálogos con las instituciones señaladas para revisar las decisiones adoptadas y buscar formas de restituir los derechos vulnerados.

El ente defensor reiteró la necesidad de que el sector privado asuma un papel activo, cumpliendo la cuota legal y promoviendo ambientes accesibles y sin discriminación. También hizo un llamado a las autoridades para fortalecer los mecanismos de supervisión y sanción, con el objetivo de garantizar la aplicación efectiva de la normativa.

El Conadeh exhortó a la sociedad a tomar conciencia acerca de la importancia de la inclusión y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad, subrayando que el acceso al trabajo digno constituye un pilar esencial para su desarrollo y participación plena en la vida social y económica del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que la discriminación que enfrentan muchos mexicanos en el exterior tiene raíces en una visión eurocentrista que minimizó históricamente a las civilizaciones originarias del país.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria remarcó que la imagen negativa de México en el extranjero se construyó desde la época de la Conquista y la Colonia, cuando se visualizó ante el mundo “desde la perspectiva eurocentrista”, que en aquel entonces las grandes civilizaciones mexicanas “eran atrasadas, salvajes, sacrificaban personas”.

Señaló que esto último lo comparaban con “las grandes civilizaciones que provenían de Europa”, con el objetivo de justificar el intervencionismo.

En este sentido, recalcó que la llamada Cuarta Transformación busca recuperar la dignidad del pueblo y posicionar a México como una potencia cultural y de valores, en condiciones de igualdad frente a cualquier nación.

Señaló que el objetivo de su gobierno es lograr el reconocimiento de la grandeza cultural de México y de sus pueblos originarios, y que la solicitud de perdón al gobierno español por los abusos cometidos durante la Conquista es parte de ese proceso de restitución histórica.

Sheinbaum recordó que, aunque las relaciones diplomáticas, culturales y comerciales con España nunca se interrumpieron, existió un periodo reciente de menor cercanía. Relató que la reacción de las autoridades españolas ante la solicitud de disculpa incluyó una campaña de rechazo y una sensación de agravio, lo que derivó en gestos como la decisión de no invitar al rey de España a su toma de posesión.

“México es grandioso y su pueblo es extraordinario. Y mucha de esa discriminación proviene de aquellas épocas y de haber visualizado ante el mundo... que las grandes civilizaciones mexicanas eran atrasadas”, afirmó.

La mandataria destacó el trabajo realizado para acercar a ambas naciones, como la organización de exposiciones en España con piezas del Museo de Antropología y sobre mujeres indígenas mexicanas, lo que propició declaraciones públicas de reconocimiento de abusos por parte de autoridades españolas y la entrega de un premio al Museo de Antropología.

Consideró que estas acciones representan señales de respeto hacia México y explicó que, tras recibir la invitación a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en noviembre en Madrid, aún evalúa su asistencia debido a la coincidencia de fechas con la Cumbre de la APEC en China, a la que también planea acudir.

La discriminación contra personas LGBTIQ+ en Perú sigue teniendo consecuencias profundas y medibles en la vida cotidiana, especialmente en el acceso a oportunidades laborales y educativas. Un reciente estudio académico advierte que revelar la orientación sexual o identidad de género puede incrementar hasta 15 veces el riesgo de perder oportunidades laborales, evidenciando que la exclusión no solo persiste, sino que adopta formas cada vez más sutiles dentro de espacios formales.

El informe, titulado “Los costos de la discriminación en el proyecto de vida de la población LGBTIQ+ en el Perú”, fue elaborado por investigadores de diversas instituciones, entre ellas la Universidad Científica del Sur. Sus hallazgos exponen una problemática estructural: el 83,3% de las personas encuestadas afirmó haber sufrido al menos un episodio de discriminación por su orientación sexual o identidad de género, una cifra que refleja el impacto sistemático de la violencia y exclusión en distintos ámbitos de la vida.

Discriminación laboral y educativa: barreras invisibles que limitan el desarrollo

Uno de los datos más contundentes del estudio revela que el 46,8% de las personas LGBTIQ+ reportó haber perdido oportunidades laborales o educativas clave debido a situaciones de discriminación. Este escenario se agrava con otro indicador crítico: el 24.4% tuvo que suspender, abandonar o postergar sus estudios, afectando directamente sus posibilidades de desarrollo profesional y económico a largo plazo.

De acuerdo con la investigación, estas barreras no siempre se presentan de forma explícita. En muchos casos, la discriminación laboral en Perú se manifiesta de manera encubierta: ascensos que nunca llegan, aumentos salariales negados, exclusión de puestos de liderazgo o decisiones arbitrarias sobre responsabilidades. Incluso, estas prácticas pueden derivar en la no renovación de contratos o la imposibilidad de alcanzar estabilidad laboral.

Además, el estudio advierte que esta exclusión empuja a muchas personas a aceptar empleos precarios o de menor remuneración. En el caso de las mujeres transgénero, esta situación puede derivar en la inserción en el trabajo sexual como una alternativa forzada ante la falta de opciones laborales dignas, incrementando su vulnerabilidad social y económica.

Otro hallazgo relevante indica que “salir del clóset” incrementa en 3,8 veces el riesgo de frustrar proyectos de vida, en comparación con quienes optan por ocultar su identidad. Esta presión constante genera un entorno de autocensura: el 30,5% de los participantes admitió ocultar su identidad en espacios laborales o educativos de manera frecuente.

Impacto económico y exclusión interseccional: el costo de ser visible

El estudio también dimensiona el impacto económico de la discriminación, señalando que las personas LGBTIQ+ que enfrentan estas situaciones pueden ver incrementados sus gastos hasta en 8,9 veces. Entre las principales causas se encuentran la pérdida de apoyo familiar y, en casos más graves, la expulsión del hogar, una realidad que obliga a muchos jóvenes a asumir una independencia económica prematura.

A estos factores se suman los gastos en salud mental y bienestar. Las personas afectadas destinan, en promedio, S/ 450 mensuales en terapias psicológicas y tratamientos especializados. En el caso de personas transgénero, los costos se elevan considerablemente debido a intervenciones no cubiertas por el sistema de salud, como terapias hormonales o cirugías de afirmación de género, que pueden oscilar entre S/ 20.000 y S/ 25.000.

La inestabilidad también se traduce en gastos adicionales como mudanzas forzadas para escapar de entornos hostiles o el uso de transporte privado para evitar situaciones de riesgo. Estas condiciones dificultan la planificación financiera a largo plazo, afectando metas como el ahorro o la jubilación.

El psicólogo Arístides Vara-Horna, otro de los autores del estudio, sostiene que estas experiencias generan un impacto acumulativo. “Hemos encontrado en el estudio que estas experiencias de discriminación y violencia son efectivas, porque logran que la gente se auto restrinja, es decir, disminuya sus propias ambiciones”, explica.

La investigación también incorpora un enfoque de interseccionalidad, evidenciando que no todas las personas LGBTIQ+ enfrentan los mismos niveles de riesgo. Las personas transgénero, intersexuales y no binarias reportaron los niveles más altos de afectación: el 96% indicó haber sufrido una afectación severa o haber renunciado a su proyecto de vida.

Factores como la ubicación geográfica, la clase social o la discapacidad agravan estas condiciones. En zonas rurales de la Amazonía y la sierra peruana, por ejemplo, se registran mayores niveles de violencia y menor acceso a redes de apoyo o servicios especializados. Asimismo, las personas con discapacidad enfrentan una doble exclusión, acumulando barreras que limitan aún más sus oportunidades.

El estudio subraya que estas desigualdades no son aisladas, sino que responden a un sistema que continúa penalizando la diversidad. En ese contexto, la visibilidad —que debería ser un derecho— se convierte en un factor de riesgo que impacta directamente en el acceso a derechos fundamentales como el trabajo, la educación y una vida digna.

El debate en el estudio comenzó con la visita de Martín, uno de los últimos eliminados del reality, quien planteó en voz alta la pregunta sobre el posible regreso de Carmiña en el repechaje de mayo: “La echaron por discriminación. ¿Ustedes creen que la gente quiere ver una discriminadora dentro de la casa?”. La mesa se encendió y, sin vueltas, Eliana lanzó: “Sí, mirá lo que hace Yipio, que es una insultadora serial”, apuntando directamente contra la uruguaya, que logró salvarse de la eliminación y continuar una semana más en el programa tras vencer a Brian Sarmiento en la gala del lunes.

Las palabras de Guercio no pasaron inadvertidas. Mariana Brey intervino y acotó: “Yipio estaría re cancelada y tal vez podría estar afuera por cosas que dijo”. Sin embargo, Eliana fue más allá: “Si Carmiña pesara lo que pesa Yipio no pasaba nada. Es la verdad. El insulto, la ironía…”.

El primero en reaccionar fue Diego Brancatelli, quien no dudó en señalar la gravedad de la frase: “Es un montón”. Minutos después, volvió sobre el tema: “Me parece un espanto el comentario de Eliana, de que Yipio está ahí por gorda”. Lejos de reconocer la acusación, la panelista se defendió: “Brancatelli lo único que puede hacer es tergiversar”, intentando minimizar el alcance de sus palabras.

Mientras la discusión escalaba, Analía Franchín intervino para pedir que cada panelista exprese su postura con claridad, en un intento de ordenar el debate. Fue entonces cuando Guercio terminó por profundizar su postura: “Se le permiten más cosas, estos tipos de comentarios, a una persona gordita que a una flaquita. Eso es así. Te lo estoy exacerbando para mal. ¿Vamos a decir que no sucede, que a las gorditas... No estoy hablando del cuerpo”.

El intercambio no tardó en superar el límite de lo tolerable para Georgina, quien, visiblemente molesta, interrumpió a Guercio: “No te lo voy a permitir. No se dice eso. Se cancela”. La reacción de la conductora fue inmediata y contundente, marcando el rechazo al comentario y dejando en claro la posición del ciclo frente a cualquier tipo de discriminación.

El segmento se viralizó en las redes sociales y llegó a ser tendencia en X. El fragmento del programa fue compartido por varios usuarios que manifestaron su repudio a las declaraciones de la panelista. “Es una banda lo que dice Guercio”; “Labura de fan de Gran Hermano, no da para más”; “Me da un asco total su forma de pensar”; “La verdad que no puedo creer, entender ni escuchar lo que está diciendo”, fueron solo algunos de los comentarios que se multiplicaron durante la tarde.

A pesar de la defensa que intentó esgrimir, el comentario de Eliana fue ampliamente cuestionado tanto por sus compañeros en el piso como por el público. Mientras tanto, el futuro de Yipio en el reality sigue en juego, pero el debate instalado por Guercio dejó en claro que la televisión y las redes no toleran los comentarios que perpetúan prejuicios y estereotipos. La jornada dejó una lección sobre la importancia de cuidar el discurso y de repudiar toda forma de discriminación, venga de donde venga.

“En el último año fui a todos los castings que pude y no quedé en ninguno. No me eligen”. La frase de Manuela Lori, dicha casi en voz baja pero con una crudeza imposible de disimular, resume el presente de una vida que cambió de forma abrupta. A los 34 años, después de haber vivido quince dedicándose al modelaje, ese mundo de flashes, campañas gráficas y avisos publicitarios se convirtió en un terreno hostil. No por falta de talento ni de experiencia, sino por las secuelas físicas que le dejó un ACV. Hoy, cada rechazo duele distinto: no es solo laboral, es también una forma de sentirse “afuera” de un lugar al que perteneció durante mucho tiempo.

Manuela había arrancado como modelo apenas terminó la secundaria, en una época donde las redes sociales todavía no eran el epicentro del negocio. Su camino se construyó a base de insistencia: primero fotos caseras, después un book profesional que su padre la ayudó a pagar, y finalmente castings constantes. No era una modelo de pasarela tradicional. “Para hacer alta moda tenías que medir 1,75 metros y yo mido 1,70”, explicó en diálogo con Infobae.

Pero tenía algo que las agencias comerciales valoraban: una cara expresiva y capacidad de actuación. “Empecé a hacer publicidades para gráfica de vía pública y televisión y me fue súper bien”, contó Manuela, en alusión a que protagonizó varios comerciales de una reconocida gaseosa cola.

“No estaba representada por las agencias más famosas, pero sí por aquellas que manejaban el circuito comercial, donde cada oportunidad dependía de ser elegida entre decenas”, aclaró. Ese ritmo, incierto pero sostenido, era su normalidad. Vivía de eso, de su profesión como modelo.

Con el tiempo, empezó a pensar en el futuro. Sabía que el modelaje no es una carrera eterna y decidió anticiparse. “Me anoté en la carrera de Psicología en la UBA mientras seguía trabajando. Durante años combiné los castings con los apuntes. Era una forma de construir un plan B, aunque en ese momento no imaginaba cuán necesario sería”, admitió.

Manuela se recibió en agosto de 2023. Cuatro meses después, el 3 de diciembre, su vida cambió para siempre. El ACV llegó sin aviso, cuando había iniciado una etapa importante en su vida: convivía con su novio en Nordelta. No hubo síntomas previos, ni señales de alerta.

Estaba en su casa, acostada, cuando de repente sintió un mareo fuerte, visión borrosa y un dolor de cabeza insoportable, como un golpe seco. En cuestión de segundos, dejó de sentir el brazo izquierdo y perdió parte de la visión. No era solo confusión: era la sensación de que algo dentro de su cuerpo había dejado de responder.

Su pareja, que estaba con ella, entendió que algo grave pasaba. “Me empezó a preguntar cosas para ver si yo estaba orientada en tiempo y espacio”, recordó. Pero la asistencia médica no fue inmediata. “La ambulancia tardó como dos horas”, contó. Y después hubo más demoras. “Nos dijeron que teníamos que llamar a la ambulancia de la prepaga y tuvimos que esperar una hora más”, detalló.

Ese tiempo, en un cuadro así, puede ser determinante. “Me decían que había gente que directamente moría en la ambulancia”, relató. Finalmente, fue trasladada al Sanatorio Otamendi, del centro porteño, donde lograron diagnosticarla.

La causa fue inesperada: “Me dijeron que tenía una malformación congénita en el cerebro. Imaginate un ovillo de lana de venas y arterias enredadas. Eso estuvo ahí desde siempre, sin manifestarse. Hasta que un día explotó y causó una hemorragia”.

A partir de ese momento, comenzó un proceso médico complejo. “Estuve dos semanas en terapia intensiva y después en total fueron cuatro meses internada”, contó. Manuela pasó por cuatro cirugías porque la malformación estaba en una zona profunda del cerebro.

“La primera operación tuvo un objetivo urgente: intervenir sobre la zona que había sangrado para evitar que volviera a hacerlo. La idea era tapar el lugar por donde empezó a salir la sangre”, precisó. “Como el lugar en el que estaba alojada la malformación era muy peligroso, no se lo podía tocar de forma directa ya que cualquier intervención brusca podía generar daños neurológicos irreversibles”, explicó.

Por eso, el equipo médico decidió avanzar en etapas: “La segunda operación formó parte de ese abordaje progresivo. En lugar de intentar resolver todo de una vez, los cirujanos trabajaron sobre sectores específicos de la malformación, reduciendo gradualmente el riesgo”.

La tercera operación continuó en esa misma línea. Para entonces, el objetivo ya no era solo evitar nuevas hemorragias, sino también estabilizar definitivamente la estructura vascular anómala. Cada paso implicaba evaluar cómo respondía el cerebro, cuánto se desinflamaba la zona afectada y qué margen había para seguir avanzando.

La cuarta operación fue, en cierto modo, el cierre del proceso quirúrgico. Terminó de consolidar el trabajo previo, asegurando que la malformación ya no representara un riesgo inmediato de nueva hemorragia. “Para ese momento, el objetivo principal de salvarme la vida ya se había cumplido, pero quedaba el desafío de minimizar las secuelas”, contó.

Pero lo más impactante no fue solo la gravedad médica, sino el contraste entre lo que ella creía que le pasaba y la realidad. Mientras estaba internada, pensaba que pronto volvería a su vida normal. No dimensionaba la magnitud de lo ocurrido. “Quería irme a, pasar las fiestas en mi casa y retomar mi rutina. No entendía, todavía, que nada sería igual”, admitió.

Las secuelas aparecieron con fuerza cuando empezó la rehabilitación en el Instituto FLENI de Escobar. “La mitad izquierda de mi cuerpo estaba paralizado. No podía mover el brazo ni la pierna. No tenía estabilidad. No podía caminar sola. Durante semanas dependí completamente de otros para hacer tareas básicas como pararme para ir al baño, ducharme o comer”, remarcó.

La recuperación fue lenta, exigente y profundamente emocional. El primer logro fue ponerse de pie. Después, dar pasos. Siempre con ayuda, apoyándose de los muebles o agarrándose de las paredes. Siempre con riesgo de caerse.

El bastón, que le indicaron usar, se convirtió en un símbolo que rechazaba. Tenía 30 años y no quería verse así. Lo dejó de lado rápidamente, incluso antes de estar preparada. “Me avergonzaba que me vieran caminar con un bastón siendo tan joven, no quería que me tuvieran lástima”, contó.

El proceso de recuperación fue exigente. “El primer año fui de lunes a viernes a rehabilitación, dos horas por día”, recordó. Y aunque los avances llegaron, fueron lentos. “Empezar a caminar bien me llevó un año. Y aunque hoy puedo caminar sola todavía necesito usar un dispositivo para evitar que se me tuerza el tobillo y quede bien firme”, dijo.

Si bien Manuela ya camina con cierta estabilidad, aun hay algo que no se fue: la mirada de los otros. “Me siento todo el tiempo observada. Mi andar no pasa desapercibido”, se lamentó.

El brazo izquierdo, en cambio, sigue siendo una deuda. No puede usarlo con normalidad. “No puedo escribir, ni agarrar objetos pequeños. La motricidad fina es lo más difícil de recuperar, y los médicos no pueden asegurarme si volverá completamente. Para alguien como yo, que era zurda, esto implicó reaprender todo con la mano derecha”, señaló sobre su constante y, muchas veces, frustrante adaptación.

A eso se suma otra secuela invisible pero determinante: la pérdida del 50% del campo visual. “Me quedó ciega la mitad izquierda de cada ojo”, detalló. Es decir, no ve hacia el lado izquierdo en ninguno de los dos ojos, lo que afecta directamente su campo visual. Esta condición se llama hemianopsia homónima y, en términos prácticos, significa que perdió la visión periférica de un lado.

Las consecuencias de esta secuela impactan en su vida cotidiana más de lo que parece a simple vista. Por ejemplo, explicó que esto es uno de los motivos por los que no puede manejar: “Aunque físicamente podría adaptarme a un auto automático, la falta de campo visual me limita”.

Lo más difícil, sin embargo, es que no hay margen para la recuperación. A diferencia del brazo o la pierna, donde todavía mantiene expectativas, en este caso el diagnóstico es definitivo: “Eso no se puede recuperar, porque es el nervio óptico que se murió”.

A pesar de todo, hubo algo que nunca dejó de empujarla: la decisión de volver a ser modelo.

Una vuelta al modelaje que no resultó como esperaba

Después de un año de recuperación intensa, sintió que estaba lista para volver al modelaje. No porque estuviera completamente recuperada, sino porque lo necesitaba. Era una forma de reconectar con quien había sido. De probarse a sí misma que todavía podía.

Pero el regreso no fue como lo imaginaba. Los castings, que antes eran parte de su rutina, se transformaron en escenarios de incomodidad. “En este mundo, el cuerpo es observado en detalle. Las manos, la postura, la forma de caminar. Todo cuenta. Y en mi caso quedo muy expuesta”, admitió. De hecho, su forma de caminar, aunque mejorada, no es idéntica a la de antes.

Aunque nadie se lo dice explícitamente, ella sabe que no resulta elegida por las secuelas que dejó el ACV en su cuerpo. “En más de una ocasión, incluso, me sugirieron ocultar lo que me había pasado. Decir que fue una caída, un accidente menor. Y yo, con tal de trabajar, llegué a aceptar esa idea. Pero ni siquiera así conseguí el trabajo”, recordó.

A pesar de eso, no se rinde. Sigue yendo a castings. Sigue intentando. Pero también entendió que necesita construir otros caminos. Hoy trabaja como psicóloga, atiende pacientes y continúa formándose con un posgrado. Es su nueva base, su nueva identidad en construcción. Aunque incluso ahí aparecen inseguridades: teme que sus pacientes la vean diferente, que su historia le quite autoridad.

En lo personal, también hubo cambios profundos. Se separó de su pareja poco después del alta. “No quería ser una carga para él. Sentía que él me había elegido en una situación distinta, antes del ACV, y que ahora la relación podía transformarse en algo sostenido por obligación o por lástima”, contó. Y esa sensación se vuelve todavía más explícita cuando se nombra a sí misma desde un lugar muy duro: “Yo pasé a ser discapacitada”.

Desde ahí, Manuela decidió tomar una decisión que mezcla amor, miedo y una fuerte necesidad de no depender: “No quería que estuviera conmigo por obligación. Tampoco quería ser una carga para mi familia así que me mudé sola a San Fernando, donde viven mi papá y mis hermanos”.

Esa autonomía, en su caso, no es un dato menor. Es una conquista diaria. El ACV no solo afectó su cuerpo: alteró la forma en que se ve a sí misma y cómo cree que los demás la ven. La inseguridad, la vergüenza, el miedo a no ser elegida —en el trabajo, en el amor, en la vida— son parte de ese proceso.

Y sin embargo, hay algo en lo que se mantiene firme. “Quiero terminar de rehabilitarme para volver a modelar como antes”. Y en esa frase, más allá de las dificultades, aparece el motor que la sostiene. “Estoy convencida que si uno se lo propone lo puede lograr”, concluyó.

La actriz y creadora de contenido Adriana Lumina generó polémica en redes sociales tras relatar una experiencia que calificó como discriminatoria durante su visita a Cozumel, en el Caribe mexicano.

A través de un video difundido en TikTok, la influencer narró que fue ignorada por el personal de un restaurante mientras intentaba ser atendida. Según su testimonio, permaneció varios minutos sin recibir servicio, pese a que otros clientes sí eran atendidos con normalidad.

“Me discriminaron, pero terrible. Estando en mi país, en el Caribe que saben que amo y adoro. O sea, y no solo lo vi yo, porque además me escribieron unas seguidoras para decirme que vieron la discriminación que estaba sufriendo”, expresó.

La creadora explicó que inicialmente pensó que se trataba de una demora por la carga de trabajo del lugar, pero con el paso del tiempo notó que la situación persistía únicamente con ella.

Señala trato diferenciado

En su narración, Adriana Lumina detalló que incluso al intentar llamar a los meseros no obtuvo respuesta, lo que incrementó su frustración. Finalmente, decidió encarar al encargado del establecimiento.

“Oiga, no me están atendiendo. Llevo media hora y no me han traído mis bebidas. Quiero entender por qué no me están atendiendo, ¿porque soy mujer, porque soy mexicana, porque hablo español, porque no tomo alcohol o todas estas razones? O sea, de verdad, dígamelo”.

La influencer también mencionó que suele pedir agua en lugar de bebidas alcohólicas, lo que, según le han explicado personas del sector, podría influir en la percepción del servicio.

Tras recibir atención tardía y que no correspondía a lo solicitado, la creadora optó por retirarse del establecimiento sin consumir.

“Lo único que hice por dignidad fue levantarme y decirle a Lorenzo: ‘Vámonos’. No se molestaron ni siquiera en cobrarme, en disculparse, en algo. No sé, de verdad no entendí”.

El testimonio generó una amplia conversación sobre el trato hacia turistas nacionales en destinos turísticos.

El caso provocó múltiples comentarios por parte de usuarios, quienes expresaron tanto apoyo como reflexión sobre el servicio en zonas turísticas.

“Hay que darle amor al restaurante Zacil, nadie debería de ser discriminado, en insta @zacildelacocay”; “Tranquila reina, sabemos que eres un amor y mereces amor”; “Qué horrible, de verdad que da impotencia que esto siga pasando, lo siento mucho”; “Deja reseñas en Google, eso afecta bastante a los negocios”; “Qué triste que te haya pasado, no todos los lugares o prestadores de servicios somos así en Cozumel, ojalá puedas regresar y quitarte ese mal sabor de boca”.

El caso reavivó el debate sobre prácticas de atención en destinos turísticos y la percepción hacia los clientes dependiendo de su consumo.

Una posible pena efectiva por expresiones racistas y discriminatoriaspodría recaer sobre el streamer conocido como Cristorata, tras una investigación penal iniciada en Perú. El caso surge a raíz de declaraciones ofensivas contra votantes y pueblos originarios del sur del país, emitidas por el creador de contenido durante una transmisión en la plataforma digital Kick.

La denuncia, presentada por el abogado cusqueño Dennis Llamoca, avanza en el Ministerio Público, mientras entidades como el Ministerio de Cultura y la Municipalidad de Cusco ya manifestaron su rechazo público a los hechos.

El abogado Llamoca, quien interpuso la denuncia, precisó en entrevista con Exitosa que la causa progresa en la fiscalía, con diligencias en curso y el objetivo de formalizar. “Que se formalice la acusación, que formalice la etapa de investigación preparatoria y posterior a ello que se vaya a juicio y que sea bien sentenciado este señor”, expresó.

El letrado subrayó que la denuncia responde a actos discriminatorios dirigidos a la zona sur, a los pueblos originarios y a la colectividad.

Las diligencias incluyen la declaración de Cristopher Puente Viena, nombre real del streamer peruano, así como la realización de exámenes psicológicos. Trascendió que la fiscalía también revisará los videos en los que se emitieron las frases, consideradas por el abogado como “expresiones racistas”.

Según Llamoca, el artículo 323 del Código Penal peruano establece una sanción de dos a tres años de prisión para quienes incurran en actos de discriminación, y en situaciones agravadas, el fiscal puede solicitar una “pena efectiva”, es decir, cárcel.

Reacción social

Mientras revisaba el conteo por las Elecciones 206 en la web de la ONPE, Cristorata lanzó una serie de insultos contra la población andina durante una transmisión en vivo. “Que rabia estos hue** son andinos, burros oe. Si no fuera por Machu Picchu, hablo con el presidente de China para que le envíen una bomba”. Añadió frases como “No comprendo qué les pasa a estos serranos. Serranos de mie, come mote de mie**”, y otras expresiones dirigidas a la población del sur.

Las palabras de Cristorata provocaron un rechazo inmediato en redes sociales y entre líderes de opinión. Ante la presión, el creador de contenido publicó mensajes de disculpa en su cuenta de X (antes Twitter) y luego reiteró su arrepentimiento en un nuevo video, reconociendo el impacto negativo de sus comentarios en la audiencia. “A quienes se sintieron afectados, les pido disculpas de verdad”, declaró.

Medidas legales

El Ministerio de Cultura condenó públicamente las expresiones a través de un comunicado, reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos humanos y el respeto a la diversidad cultural. La Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura trasladó el caso a la Fiscalía Penal Especializada en Derechos Humanos para que se iniciaran las investigaciones preliminares, conforme al artículo 323.

Por su parte, la Municipalidad de Cusco declaró persona non grata a Cristorata. El abogado Dennis Llamoca celebró la decisión y afirmó que la ciudad no permitirá actos de racismo ni discriminación, especialmente hacia la zona de Cusco, Puno y Juliaca.

“Yo voy a ser uno de los primeros cuando aterrice aquí en el aeropuerto, ir con mi cartelón y poner un cartelón grande ahí, racista y discriminador a este sujeto cuando venga o quiera conocer Machu Picchu”, sostuvo Llamoca en declaraciones recogidas por Exitosa.

Delitos y sanciones

Durante la entrevista, Llamoca precisó que la acusación se fundamenta en el artículo 323 del Código Penal, que penaliza la exclusión, limitación o negación de derechos por motivos discriminatorios. El abogado remarcó que la conducta atribuida a Cristorata se considera agravada por haberse realizado ante millones de seguidores y por incidir en derechos de pueblos originarios y comunidades campesinas.

Consultado sobre la posibilidad de que las disculpas públicas influyan en la decisión judicial, Llamoca aclaró que en delitos de discriminación la retractación no exime de responsabilidad, a diferencia de los procesos por difamación.

“El delito ya se ha consumado y lo que se ha establecido en el artículo trescientos veintitrés con esas palabras racistas y discriminatorias por parte de este Cristorata”, enfatizó el denunciante.

Plazos del proceso

Sobre los tiempos previstos para el desarrollo judicial, Llamoca estimó que el proceso podría resolverse en un lapso de dos a cuatro meses, dado que las pruebas resultan evidentes y se plantea una acusación directa ante el juzgado de flagrancia. En este tipo de procedimientos, las audiencias suelen realizarse en cuestión de semanas, explicó el letrado.

La situación de Cristorata permanece bajo observación pública y legal a la espera de los siguientes pasos en la investigación fiscal. Tanto la reacción institucional como el avance del proceso penal mantienen el foco en las consecuencias sociales y jurídicas de actos discriminatorios durante procesos electorales y transmisiones en plataformas digitales.

El Ministerio de Salud de Panamá activó la aplicación de la Ley 364 de salud mental, marcando un cambio en cómo las instituciones públicas y privadas deben tratar este tema, especialmente en el acceso al empleo y la educación.

La medida más visible es la prohibición de exigir certificados de salud mental como requisito general, una práctica que durante años se utilizó en distintos procesos administrativos.

La disposición, de obligatorio cumplimiento, establece que ninguna institución podrá solicitar estos certificados para contrataciones, matrículas, ascensos o trámites generales, salvo en casos excepcionales debidamente justificados.

La instrucción fue formalizada mediante una circular dirigida a todo el sector público, privado y educativo, lo que implica un alcance nacional inmediato.

El cambio no surge de una decisión aislada, sino de la implementación de la Ley 364 de 6 de febrero de 2023, que reconoce la salud mental como un derecho humano fundamental y obliga al Estado a garantizar su cobertura en todo el territorio nacional.

La normativa también establece principios como la no discriminación, la dignidad y la confidencialidad de las personas con condiciones o antecedentes de salud mental.

Uno de los puntos centrales de la ley es que busca romper con la estigmatización que históricamente ha rodeado a los trastornos mentales.

En ese sentido, el Artículo 5 reconoce el derecho de toda persona a no ser identificada ni discriminada por su condición, mientras que el Estado debe asegurar el acceso a servicios de salud mental integrales, incluyendo promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación.

Desde el punto de vista técnico, el Ministerio de Salud sostiene que los certificados de salud mental no tienen valor predictivo para determinar el desempeño laboral o académico.

Se trata de evaluaciones que describen el estado de una persona en un momento específico, pero que no permiten anticipar conductas futuras ni medir capacidades profesionales o personales.

Además, el uso masivo de estos certificados generaba un problema adicional: sobrecargaba los servicios especializados de salud mental, desviando recursos que deberían destinarse a la atención clínica de pacientes.

Según las autoridades, esta práctica contradecía el enfoque de la política pública, que busca priorizar la atención integral y oportuna de quienes realmente requieren tratamiento.

La nueva disposición obliga a las instituciones a eliminar este requisito de sus reglamentos, formularios y procesos internos, así como a capacitar a su personal para evitar su uso en cualquier nivel.

También establece que solo en situaciones muy específicas, vinculadas a tareas de alto riesgo, podría justificarse una evaluación de salud mental, siempre de manera individual y nunca como requisito general.

Más allá de la prohibición, la Ley 364 plantea un modelo más amplio. El Estado debe garantizar el acceso a servicios públicos y gratuitos de salud mental, desarrollar programas de prevención, fortalecer la atención comunitaria y promover la reintegración social de las personas con trastornos mentales.

Esto incluye desde atención médica hasta programas de rehabilitación psicosocial y apoyo en entornos laborales y familiares.

La normativa también introduce obligaciones para el sistema de salud y otras instituciones, como la creación de servicios adecuados, personal capacitado y entornos seguros para la atención de pacientes. Incluso prohíbe prácticas como la apertura de centros que vulneren la dignidad de las personas o el uso de tratamientos que impliquen maltrato o degradación.

Con esta implementación, Panamá busca alinearse con estándares internacionales en materia de derechos humanos y salud pública. La medida no solo redefine un requisito administrativo, sino que cambia el enfoque hacia uno centrado en la protección de derechos, la inclusión y el acceso equitativo a servicios de salud mental.

El reto ahora estará en su cumplimiento. La circular advierte que las instituciones que continúen exigiendo certificados de salud mental podrían enfrentar responsabilidades administrativas y legales, lo que convierte esta disposición en un punto de inflexión para la relación entre salud mental, empleo y educación en el país.

Las declaraciones de Cristorata se produjeron en una transmisión en vivo, tras revisar los resultados por ciudad. El streamer expresó: “Que rabia estos hue*** son andinos, burros oe. Si no fuera por Machu Picchu, hablo con el presidente de China para que le envíen una bomba”.

Además, agregó: “Desde ahora ya no voy a consumir mote, ni cuy. Que chu* no hay televisión, no hay celular, qué pasa puneños. No le llega el oxígeno al puto cerebro”.

En otro momento, insistió: “No comprendo qué les pasa a estos serranos. Serranos de mie*, come mote de mierda. Tú piensa que cuando JP gane, ¿te va a cambiar tu casa, te va a encementar, le va a poner ladrillo? No le va a poner ni pin*** oe, burros de mie***, rojos de mie***”.

Las disculpas tras el error

Las palabras de Cristorata generaron un fuerte rechazo en redes sociales, donde usuarios y líderes de opinión criticaron la carga discriminatoria de sus comentarios.

Ante la presión, el streamer publicó un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter): “Ayer dije cosas ofensivas sobre la gente de la sierra peruana. Estuvo mal y no tiene justificación. Hablé desde la molestia y terminé faltando el respeto y generalizando, y eso no corresponde. Me hago responsable por lo que dije. A quienes se sintieron afectados, les pido disculpas de verdad”. A pesar de este pronunciamiento, la polémica continuó escalando.

En la noche, Cristorata volvió a dirigirse a su audiencia, esta vez a través de su canal de Kick, para reiterar su arrepentimiento. En sus palabras: “Pedirle disculpas a las personas que se han sentido ofendidas por mi comentario racista, la cagué no me voy a excusar”.

Siguió: “Es un comentario que hizo que muchas personas se sintieran mal. Si yo la cago voy a tener que pedir disculpas, asumir es de hombres y yo soy un hombre hecho y derecho, me consumió el show. Lancé un comentario nefasto, hice sentir mal a muchas personas y es eso”.

Mincul pidió proceso legal

El Ministerio de Cultura emitió un comunicado expresando su rechazo a las frases de Cristopher Puente Viena, nombre real de Cristorata, formuladas en su canal de Kick.

El documento señala: “Rechazamos las expresiones racistas emitidas por el ciudadano Cristopher Puente Viena durante una transmisión en su canal de Kick, ‘Cristorata7’, y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos y el respeto a la diversidad cultural de nuestro país”.

El comunicado también informó que la Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura trasladará el caso a la Fiscalía Penal Especializada en Derechos Humanos para que se inicien las investigaciones preliminares, conforme al artículo 323 del Código Penal peruano, que sanciona los actos de discriminación.

La intervención del Ministerio de Cultura se fundamenta en sus atribuciones para promover el respeto a la diversidad cultural y prevenir prácticas discriminatorias, activando los protocolos legales previstos por la normativa vigente.

La situación de Cristorata permanece bajo observación, con la expectativa puesta en la evolución de las investigaciones y en las eventuales consecuencias legales y sociales que puedan derivarse de este caso.

La Corte Suprema de Justicia rechazó este jueves el recurso de queja presentado por la defensa de Vanina Biasi, ex diputada nacional y actual legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, en la causa en la que resultó procesada por supuesta instigación a la violencia y actos discriminatorios, tras haber publicado en la red social X -ex Twitter- una batería de mensajes denunciados por su contenido antisemita.

El motivo del Máximo Tribunal fue formal: “El recurso de queja ha sido interpuesto extemporáneamente”, dijo, y desestimó la presentación directa en una decisión que llevó la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

La causa se originó en una denuncia por ocho publicaciones realizadas desde la cuenta @vaninabiasi entre el 27 de noviembre de 2023 y el 29 de enero de 2024, consideradas constitutivas del delito previsto en el artículo 3°, segundo párrafo, de la ley 23.592. Esa norma reprime con prisión de un mes a tres años a quienes “por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”. La imputación a Biasi se fundó en esa modalidad de incitación directa a través de expresiones públicas.

Entre los mensajes relevados por la justicia figuran los siguientes: “El estado sionista es nazi por sus prácticas y su ideología y entiendo que a un propagandista de un Estado terrorista, genocida y asesino de niños le moleste leerlo, pero sus patoteadas no me van a silenciar”; “Sionismo es genocidio, sionismo es apartheid, sionismo es la construcción de una narrativa mentirosa en la que el ocupante es víctima y el ocupado victimario”; “La memoria del Holocausto es manipulada por los defensores de los crímenes del sionista Netanyahu que emulan a los que sufrieran millones de judíos, a los que el sionismo no representa ni mucho menos honra”; y “Los nazis sionistas necesitan destruir la ayuda humanitaria de la UNRWA -Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo- para que el exterminio se acelere. Usan la hambruna, como ocurría en los campos de concentración nazis, como mecanismo de exterminio”.

La investigación estuvo a cargo del juez federal Daniel Rafecas, quien instruyó la causa a partir de una denuncia del fiscal Carlos Stornelli y con querella de la DAIA. El magistrado procesó a Biasi por “alentar o incitar al odio contra un grupo de personas -la comunidad judía- a través de expresiones públicas en redes sociales”. El fiscal del caso, Eduardo Taiano, pidió la elevación a juicio al entender que las expresiones configuraron actos discriminatorios antisemitas en los términos de la ley 23.592.

El 7 de agosto de 2025, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de Biasi y le impuso un embargo de $10.000.000. Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi concluyeron que las publicaciones habían excedido los márgenes legalmente permitidos para el ejercicio de la libertad de expresión, configurando la conducta que se le atribuye. El juez Mariano Llorens, por su parte, advirtió que en el ecosistema digital actual “la distinción entre semitismo y sionismo pierde definición cuando ingresa al juego anárquico de las redes sociales”.

Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación, rechazado el 10 de septiembre de 2025 por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal. Luego presentó un recurso extraordinario federal, denegado el 16 de octubre pasado por no estar dirigido contra una sentencia definitiva o equiparable a tal y por no acreditar la concurrencia de una cuestión federal.

Agotadas esas vías, la abogada Liliana Alanis, defensora de Biasi, presentó el recurso de queja ante la Corte Suprema. El escrito fue interpuesto fuera del plazo legal, lo que determinó su rechazo por el máximo tribunal.

La discriminación por embarazo y maternidad continúa como un problema latente en la Ciudad de México, luego de que en 2025 se posicionaron entre las principales causas de denuncia ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED).

El organismo presentó este mes su informe sobre la atención de casos de discriminación en 2025, en el cual precisó que durante ese año brindó 2 mil 255 atenciones ciudadanas a personas que viven o transitan en la capital.

Destacó que la orientación fue la modalidad más común, con 1 mil 646 intervenciones, y 389 gestiones. En este sentido, abrió 150 expedientes de queja y 14 de reclamación.

Precisó que el embarazo se posiciona como el segundo motivo más frecuente en los expedientes de queja y reclamación, con 29 casos registrados, además de los relacionados con maternidad.

No obstante, la condición de salud fue el motivo más reportado, con 41 casos, seguido por embarazo, género con 20 casos, discapacidad con 19, e identidad de género con 13.

Geraldina González de la Vega Hernández, presidenta de la COPRED, sostuvo que la discriminación por embarazo en el ámbito laboral sigue como un problema vigente y normalizado, a pesar de la existencia de instrumentos jurídicos y marcos legales locales y nacionales.

“El número de personas que vienen a denunciar al COPRED es muchísimo menor de la realidad que está sucediendo allá afuera, pues está práctica discriminatoria está normalizada, por ello, desde esta institución hacemos ese llamado a las mujeres y personas gestantes que están siendo discriminadas en sus empleos con motivo de su embarazo o de su regreso de la maternidad acudan al Consejo a denunciar”, afirmó.

Recomendaciones y acciones urgentes del COPRED

La titular del COPRED señaló que el problema persiste también a nivel nacional, como confirman datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).

Ante este panorama, el organismo urgió a la creación de un espacio intersectorial que involucre a gobierno, sector empresarial, sociedad civil y academia para diseñar e impulsar acciones que eliminen esta práctica.

Entre las acciones propuestas destaca el fortalecimiento de inspecciones laborales en empresas privadas con enfoque de derechos reproductivos y no discriminación, la capacitación obligatoria en igualdad laboral y discriminación para quienes emplean en el sector privado y público, y la promoción de sistemas de cumplimiento proactivo con criterios específicos de embarazo y maternidad.

También plantea una reforma legal local para reforzar la prevención y sanción de la discriminación laboral por embarazo, el monitoreo con enfoque interseccional, la obligatoriedad de reportar datos como la brecha salarial y datos desagregados, así como el refuerzo de canales de denuncia y acompañamiento.

El consejo pone especial atención en los efectos de la pandemia por COVID-19, periodo en el que se presentaron casos graves.

Colectivo propone reforma contra despidos por maternidad en México

En marzo pasado, el colectivo Mexiro A.C. presentó ante la Cámara de Diputados una propuesta de reforma legal para promover la lactancia extendida y fortalecer la estabilidad laboral de las mujeres frente a despidos por maternidad.

La iniciativa busca modificar la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para ampliar el periodo de lactancia reconocido por la ley de seis meses a dos años y reforzar las garantías de empleo durante el embarazo y la lactancia.

La propuesta, respaldada por legisladores de distintos partidos, plantea incorporar la protección de la lactancia extendida, mecanismos jurídicos efectivos para garantizar la estabilidad en el empleo y condiciones laborales compatibles con la maternidad y los cuidados.

Además, busca asegurar espacios dignos para la extracción o administración de leche materna en centros de trabajo, así como impulsar la capacitación, la información y el acceso a servicios de apoyo en materia de lactancia.

Mexiro argumenta que la reforma está alineada con estándares internacionales y responde a la persistencia de la discriminación por embarazo y maternidad, que sigue siendo una de las principales causas de despido y maltrato laboral en México.

La iniciativa será presentada formalmente en el actual periodo ordinario de sesiones.

El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella se refirió nuevamente sobre el polémico comentario que lanzó contra el hoy aspirante a la Vicepresidencia, Juan Daniel Oviedo, días antes de que se realizaran las consultas interpartidistas del 8 de marzo.

En su momento, el jurista, en una entrevista concedida al canal de YouTube RichyTv, había emitido comentarios en tono burlesco sobre lo que pensaba del exdirector del Dane.

“No, pues, a mí hay vainas de Juan Daniel que tampoco me gustan y no las digo. Digo, lo mío se resuelve poniéndose las medias. Lo que no me gusta de Juan Daniel, loco, jodido que lo arregle”, manifestó en el espacio digital.

Tras ello, De la Espriella volvió a referirse a dicho episodio y descartó que tenga actitudes homofóbicas, al considerar que cuenta con personas que gustan del mismo sexo.

“Hay que dejar la susceptibilidad, Tampoco es para tanto. No soy homofóbico. Tenemos un gran amigo tu y yo que se llama Felipe Zuleta. No tengo nada en contra de las personas ni discrimino a nadie por su orientación sexual, raza o ideología”, explicó el candidato presidencial en diálogo con la periodista Vicky Dávila en Semana.

Incluso, indicó que, luego de su comentario, Oviedo se ha burlado de él por varios aspectos particulares como su saludo militar. “Yo no tengo problema, pero Oviedo me ha mamado gallo full a mí y se burla del saludo militar. Me ha dado periodicazos por ahí en video y tal, y yo no salgo a decir que Juan Daniel (gestos) no, esto no es un tema de niños, estamos compitiendo por la Presidencia de la República”, recalcó.

Críticas a Paloma Valencia

De otro lado, Abelardo de la Espriella se refirió a su relación con la senadora y también candidata presidencial Paloma Valencia (Centro Democrático).

Inicialmente, en la descartó por completo cualquier posibilidad de alianza en la primera vuelta presidencial que se llevará a cabo el 31 de mayo de 2026, debido a que la congresista de oposición ganó la consulta interpartidista, lo que la imposibilita jurídicamente de aliarse con otros aspirantes.

No obstante, fue enfático en que la presencia de figuras vinculadas al expresidente Juan Manuel Santos en su coalición también lo habrían desistido de aliarse con la senadora Valencia.

“No habría podido estar ahí con tanto santista”, indicó De la Espriella en diálogo con Semana.

El abogado argumentó que no podría sumarse a una coalición integrada por dirigentes como el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, a quien señaló por “vivir de la teta del Estado” y mencionar que su hermana “ha sido como 10 veces embajadora de todos los gobiernos”, y por la presencia de Aníbal Gaviria, sobre quien recordó que “tiene un proceso abierto por corrupción en la Corte Suprema”.

Del mismo modo, el candidato mencionó que el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón buscó el respaldo de figuras como “los Ñoños y los Musas en Córdoba” y rechazó compartir espacio con “ministros de Santos que apoyaron a Santos para que nunca respondieran a sus víctimas”.

Al referirse a Juan Manuel Galán, aseguró: “Debe tener 52 años y lleva 52 años viviendo del Estado. El hermano, alcalde, desastre de alcalde, pero además han pertenecido a los de siempre”.

En cuanto al panorama de la centro derecha, el candidato relató que la propuesta para una unión se presentó en noviembre de 2025, pero que fue la propia Paloma Valencia quien rechazó una competencia previa entre ambos.

El aspirante también se refirió a la situación interna del equipo de Paloma Valencia, señalando que “no ha podido controlar a su suegro y a su cuñado que todo el día me atacan”, esto en referencia al exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez Becerra, quien es suegro de la candidata presidencial del Centro Democrático.

Finalmente, Abelardo de la Espriella destacó su alianza con José Manuel Restrepo, su fórmula vicepresidencial. “No vine a hace la política de siempre. Vine a cambiarla para siempre”, puntualizó.

El hecho ocurrió en las últimas horas durante una celebración por la vuelta de la joven abogada a su provincia. El regreso de Agostina al país ocurrió el miércoles por la tarde luego de que su familia pagara una fianza de 20 mil dólares impuesta por las autoridades locales para volver a su hogar.

En la filmación, Mariano Páez está junto a su pareja y otras personas. Se lo ve riéndose y actuado como un mono, el mismo gesto que la llevó a su hija a quedar imputada por injuria racial y enfrentar un proceso por el que pudo haber sido condenada a hasta 15 años de prisión en Brasil.

También se lo escucha decir que él pagó 18 mil dólares del monto total de la fianza y reclamó que ninguna autoridad argentina le dio “ni un peso”. “Asco. Yo al Estado le tengo asco, yo no vivo de la política. Soy empresario, millonario y usurero. Y narco… narco, privado”, se oye.

Al ser consultado por el video, Mariano Páez dijo que “está trucado”.

“Me lo pasaron esta mañana, no puedo entender la maldad y el odio de la gente. Se comunicaron conmigo y me pidieron $5 millones para que no se difunda. Le dije que ‘no, hacé lo que quieras’. Tengo los mensajes”, explicó.

“Es un video que me han querido vender esta mañana”, insistió y agregó: “No sé cómo lo han hecho, puede ser con inteligencia artificial”.

El hombre sí confirmó que estuvo anoche en ese bar. “Siempre voy, soy un habitué”, dijo.

Su hija Agostina viajó este miércoles desde Río de Janeiro hacia la Argentina junto a su equipo legal, entre quienes se encontraba su defensora Carla Junqueira, con quien compartió las primeras imágenes del retorno desde el aeropuerto brasileño. El arribo se produjo alrededor de las 19:20 en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires.

En su primer contacto con la prensa, la abogada dijo que está “muy aliviada” y “emocionada” porque no “veía la hora de volver”. “No puedo creer estar aquí, soñaba con esto”, agregó.

“Se terminó esta pesadilla. Me arrepiento de haber reaccionado mal, a pesar del contexto, me arrepiento de haber reaccionado de esa manera”, aseguró. También contó que le tuvo que pedir perdón al mesero, además de la fianza que pagó.

Cómo sigue la causa de Agostina Páez

El retorno de la joven a Argentina fue posible tras la decisión de la justicia brasileña de otorgarle un hábeas corpus, lo que le permitió salir de Brasil y aguardar la resolución final en Santiago del Estero. Para ello, Páez debió abonar una fianza de 20.000 dólares, transferencia que concretó este martes luego de que se aceptara el recurso presentado por su defensa.

El proceso judicial contra la abogada comenzó a mediados de enero, cuando fue denunciada por injuria racial en Río de Janeiro. La figura penal contempla penas de dos a cinco años de prisión. En la última audiencia, el tribunal decidió unificar los cargos, y la acusación pidió una condena de dos años, la mínima prevista.

Durante el proceso, la defensa solicitó que Páez pudiera regresar al país para cumplir tareas comunitarias desde Santiago del Estero. Tanto la querella como la fiscalía avalaron el pedido y ahora la jueza de la causa debe decidir si homologa el acuerdo alcanzado, lo que podría traducirse en una condena de dos años con cumplimiento de medidas alternativas, como trabajos comunitarios, cursos obligatorios o el pago de una multa.

Mientras tanto, Páez cuenta con permiso para permanecer en Argentina a la espera del veredicto, que podría conocerse en los próximos días. Durante este período, solo deberá respetar las restricciones que eventualmente disponga la justicia argentina en el marco de la cooperación internacional.

El escenario internacional reconoce a Rachel Zegler por haberse mantenido fiel a sus convicciones frente a la presión mediática y la discriminación, y por defender la salud mental de manera abierta, según relató en entrevista con la revista de moda Harper’s Bazaar.

Zegler es considerada una de las artistas más expuestas de su generación debido a cómo enfrentó el escrutinio público, el racismo y los cuestionamientos profesionales sin renunciar a sus principios. Defendió la inclusión, la identidad y el autocuidado emocional, inspirando a nuevas generaciones en el mundo del entretenimiento.

Desde niña, Zegler encontró en el arte un refugio impulsado por el apoyo familiar. “Me enganché con la actuación muy pronto, porque mis padres me llevaban a ver obras en Broadway cuando era pequeña”, compartió. De ascendencia colombiana y polaca, recordó: “Empecé a audicionar cuando tenía 11 o 12 años y simplemente no pude pensar en otra cosa”.

Controversias y ataques: Blancanieves, discriminación y presión mediática

Sin contactos previos en la industria, trazó su propio camino. “Nadie en mi familia estaba en la industria. Construí mi propio camino, aunque con el respaldo absoluto de mis padres”, contó a la revista. Usó videos en YouTube y se abrió paso entre más de 30 mil aspirantes hasta convertirse en la protagonista de la película Amor sin barreras bajo la dirección de Steven Spielberg.

La actriz admitió que la falta de protección marcó sus comienzos. “Fui seleccionada en 2019, pero la película no se estrenó hasta finales de 2021. Era como si todos retuvieran el aliento, diciéndome que no podía fallar”, recordó. Añadió: “Admiro a esa chica. Admiro quién era y quién sigo siendo: segura de que lo peor que pueden decirte es ‘no, hoy no’”.

El reconocimiento público también trajo momentos complicados. Zegler fue blanco de ataques en redes sociales y polémicas tras ser elegida como protagonista de Blancanieves en la versión que prepara el estudio cinematográfico Disney para 2025. “Me decían que no era lo suficiente para Amor sin barreras y demasiado para Blancanieves”, relató.

Enfrentar la discriminación implicó escuchar mensajes contradictorios sobre su identidad. “Fue confuso estar en mis veinte y escuchar eso. Crecí orgullosa de ser de Colombia, de la comida, de la ropa, del café. Pero creo que, para la opinión pública, cuando eres dos cosas, pareces no ser ninguna”, explicó en Harper’s Bazaar.

La actriz fue objeto de críticas tanto por sus opiniones sobre los arquetipos femeninos en Disney como por apoyar causas sociales y de derechos humanos. Tras expresar su postura en redes sociales, los ataques se intensificaron y ella recibió amenazas. “Si hubiese podido prever todo eso, habría lanzado mi teléfono al océano”, confesó.

Recibió el respaldo de figuras como Helen Mirren y Lucy Liu, compañeras en Shazam!, quienes la aconsejaron sobre cómo mantenerse firme en el ambiente laboral. “Tuvimos largas conversaciones sobre lo que significa ser mujer en esta industria, sobre las decepciones y cómo acompañar a otras actrices, especialmente a las más jóvenes”, afirmó.

Valentía y principios ante la adversidad

En público, Zegler expuso abiertamente sus ideas. “Dije lo que siento, y eso siempre será un testimonio de mis convicciones fundamentales como persona. Ahí está mi postura”, aseguró a Harper’s Bazaar.

La presión social no la hizo ceder. La actriz destacó: “Me niego a adaptarme por comodidad ajena”. Para ella, proteger la identidad frente a arquetipos y doctrinas de asimilación es parte esencial de su trayectoria. Su madre, que vivió un periodo donde integrarse se consideraba sinónimo de supervivencia, ejemplifica el contraste entre las generaciones migrantes en su familia.

Las dificultades llevaron a Zegler a reflexionar antes de hablar en público. “Uno vive y aprende. Hay que entender que la tentación de hablar no a menudo significa que debe hacerse, y que existen otras maneras de lograr cambios más allá de un tuit”, señaló en la entrevista.

Nuevos desafíos profesionales y salud mental

Tras las controversias, Zegler apostó por el teatro y se presentó en el West End londinense como Evita, mientras se preparaba para nuevos retos en Broadway. “Quise mostrar al mundo lo que puedo hacer, ocho veces a la semana”, afirmó sobre su paso por el escenario.

Estos desafíos la hicieron cambiar hábitos. “Vivía prácticamente como una monja, constantemente cuidando mi voz y mi salud”, reveló. Reconoce que para responder a tantas exigencias es necesario apoyo externo: “Trabajar con una terapeuta me ayudó mucho. Gracias a eso, puedo estar presente cada día”.

Zegler subrayó la importancia de la salud mental y pidió abrir el diálogo: “Ojalá llegue el día en que hablar de esto no sea tabú. La salud mental no debería ser un privilegio de pocos; todos merecen entender lo que sucede en su mente y en su corazón”.

Sus elecciones profesionales también fueron determinantes. “Elegí franquicias y oportunidades que aportaron seguridad, lo que me permite dedicarme a proyectos independientes y al teatro en Londres”, explicó.

Recientemente, compartir escenario con Ben Platt y recibir llamadas de referentes como Lin-Manuel Miranda significaron logros personales que nunca imaginó alcanzar a tan corta edad.

Pese a las exposiciones públicas y privadas, Zegler sostiene que nadie más puede ocupar el lugar que construyó en la industria por su origen, talento y principios propios, según expresó a Harper’s Bazaar.

La decisión del tribunal incluyó la imposición de multas por un total de 1.710 euros, así como una indemnización conjunta de 6.000 euros a la víctima por daño moral y 350 euros adicionales en concepto de responsabilidad civil. De acuerdo con la información publicada por el medio que cubrió el caso, la Audiencia Provincial de Bizkaia condenó a diez personas a dos años de prisión y a un undécimo acusado a un año y dos meses, como consecuencia de una agresión grupal con connotaciones homófobas ocurrida en Basauri el 6 de junio de 2021.

Según detalló el medio, los magistrados consideraron probados los hechos ocurridos durante la madrugada en el parque Bizkotxalde, donde los acusados, actuando de manera conjunta, rodearon y agredieron física y verbalmente a un joven. Durante el ataque, que se desarrolló en presencia de numerosos testigos, los responsables profirieron insultos discriminatorios relacionados con la orientación sexual de la víctima, con expresiones tales como "maricón", "esto te pasa por ser un maricón de mierda" y "sarasa". Los agresores, guiados por una motivación excluyente y discriminatoria, solicitaron a la víctima que abandonara el lugar argumentando que "les iba a contagiar y les daba asco", según informó la Audiencia vizcaína.

El tribunal explicó que los acusados actuaron con el objetivo de menoscabar la integridad moral y la dignidad del joven exclusivamente por su orientación sexual. El fallo recoge que la agresión, física y verbal, provocó lesiones que requirieron asistencia médica y desencadenaron un trastorno adaptativo ansioso reactivo con síntomas postraumáticos, por lo que la víctima necesitó tratamiento especializado.

La Audiencia de Bizkaia, tal como publicó la fuente original, consideró que existían pruebas suficientes para dictar sentencia condenatoria contra los once acusados, apoyándose en el testimonio de la víctima y en las concordancias entre los testigos presenciales. La sentencia indicó que la declaración del joven resultó creíble y verosímil, y que las corroboraciones periféricas, como los relatos de testigos, coincidieron en los detalles principales de lo ocurrido. Además, durante el proceso judicial, la víctima identificó sin titubeos a todos los implicados como los autores de la agresión.

Los magistrados calificaron el ataque como un delito de odio cometido con motivación discriminatoria y lo encuadraron en concurso de normas con un delito contra la integridad moral y, además, con un delito leve de lesiones. En el análisis, el tribunal recordó que el delito de odio requiere que el autor actúe con conocimiento y voluntad dirigidos por la exclusión o discriminación hacia una persona por formar parte de un determinado grupo, requisito que, en opinión de la Audiencia, se cumple en este caso.

El fallo judicial resaltó la naturaleza colectiva del ataque y comparó la acción del grupo de acusados con una "jauría", descripción reflejada en la sentencia según recogió el medio. Todos participaron de manera activa tanto en los golpes propinados como en los insultos de carácter homófobo, lo que, según la resolución, constituye una agravante por abuso de superioridad en el delito leve de lesiones. La Audiencia, no obstante, descartó la existencia de alevosía y rechazó las eximentes o atenuantes propuestas por las defensas, como legítima defensa, reparación del daño y dilaciones indebidas. En el caso de uno de los acusados, el tribunal aplicó una atenuante por presentar una anomalía psíquica leve, lo que supuso una rebaja en la condena.

En el texto de la sentencia, la Audiencia Provincial especificó que la brevedad y menor gravedad de las lesiones sufridas por la víctima se debieron a la rápida intervención de las personas presentes en el lugar, que interrumpieron el ataque colectivo después de solo unos minutos. Los magistrados concluyeron que esta intervención evitó consecuencias aún más graves para la integridad física de la persona agredida.

Según consignó la fuente original, la sentencia señaló el impacto que tuvo la agresión sobre la integridad moral y la dignidad de la víctima, resaltando que la experiencia vivida supuso humillación, vejación y descrédito impulsados únicamente por motivos de orientación sexual. El tribunal advirtió que los insultos y la violencia ejercida no surgieron por una discusión circunstancial, sino que manifestaron una intención consciente de exclusión social.

En relación con el delito de odio, la resolución judicial subrayó la importancia de la motivación y el dolo en la conducta de los procesados, estableciendo que el conocimiento y la voluntad de atacar a la víctima por pertenecer a un colectivo específico es necesario para configurar el tipo penal. El tribunal describió los hechos como encuadrados en el resultado previsto por el delito de odio regulado por la legislación vigente.

La sentencia, que todavía puede apelarse ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, contempla además la prohibición para los acusados de comunicarse o aproximarse a la víctima. Las penas económicas y de prisión se suman a las medidas civiles, estableciendo un marco de reparación ante los daños producidos.

El caso ha quedado recogido en la resolución judicial como un ataque con motivación homófoba, cometido en un espacio público y ante numerosos testigos, con afectaciones a la integridad física y psicológica de la víctima. Los jueces determinaron que el abordaje colectivo, la persistencia y la naturaleza de los insultos y golpes demostraron la comisión de un delito dirigido específicamente contra la dignidad por motivos discriminatorios. La responsabilidad penal recae sobre todos los participantes identificados, al estimar que actuaron como coautores materiales del hecho juzgado.

El comunicado del RCD Espanyol enfatizó el descontento del club ante la que considera una “campaña de desprestigio gratuita y generalizada” dirigida a su afición tras los incidentes ocurridos en el RCDE Stadium durante el partido amistoso entre España y Egipto. Según informó Europa Press, la entidad insistió en que atribuir lo sucedido al grueso de su hinchada resulta un juicio “injusto, excesivo y desproporcionado”, defendiendo así la pluralidad y el respeto que —a su entender— han caracterizado históricamente a sus seguidores.

De acuerdo con Europa Press, el club manifestó una condena “enérgica” frente a los cánticos racistas que se produjeron en el recinto durante el encuentro, organizado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El episodio principal tuvo lugar desde una zona del fondo de Cornellà, conocida por albergar habitualmente al grupo “La Curva”, donde, a partir del minuto 20, se entonó repetidas veces un cántico de carácter ofensivo: “Musulmán el que no bote”. El club identificó este comportamiento como “absolutamente reprobable, inaceptable e inadmisible” por no reflejar, en ningún caso, los valores que pretenden promover en el deporte y solicitó que estas conductas sean condenadas y eliminadas de todos los recintos futbolísticos.

El medio Europa Press detalló que, además del cántico discriminatorio, otros actos sucedieron la noche del martes en el estadio. Durante los instantes previos al inicio del partido, algunas personas entre el público silbaron el himno de Egipto, y también se escucharon insultos dirigidos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, provenientes de un grupo reducido de asistentes. El club recalcó su rechazo a todos estos actos y señaló que el RCDE Stadium mantiene una trayectoria de casi 17 años como escenario moderno, integrador y abierto, con capacidad para recibir partidos internacionales de selecciones de todos los continentes bajo un ambiente de respeto y convivencia.

Europa Press publicó que el Espanyol, en su comunicado, quiso matizar la composición del público presente en el partido ante Egipto, puntualizando que la convocatoria de la RFEF reunió a seguidores de la selección nacional “de procedencias geográficas y futbolísticas muy diversas”. Según explicó la entidad, negar esta diversidad es un error, y por ello consideró desproporcionado que la totalidad de su afición sea señalada por los comportamientos de un conjunto minoritario de asistentes.

El club recordó, según consignó Europa Press, su trayectoria de más de 125 años y reiteró que nunca aceptará una generalización negativa que afecte a la “diversidad de su masa social”. Además, Espanyol reivindicó que su historia da testimonio de una práctica consistente en la inclusión y el respeto, y que siempre trabajará por defender estos valores tanto dentro como fuera del estadio.

En la parte final de su pronunciamiento, reportó Europa Press, la entidad reafirmó su “compromiso firme en la lucha contra cualquier forma de discriminación”. Espanyol anunció que continuará implementando acciones para mantener el RCDE Stadium como “un espacio seguro, inclusivo y respetuoso para todos”. El club declaró que la erradicación de actitudes discriminatorias seguirá ocupando un lugar prioritario en su agenda institucional.

Desde la zona del fondo de Cornellà del RCDE Stadium, donde suele ubicarse el grupo denominado 'La Curva' del RCD Espanyol, un sector de la afición inició el cántico "Musulmán el que no bote" a partir del minuto 20 del partido disputado entre las selecciones de España y Egipto en Barcelona. El partido amistoso, al que asistieron 35.895 personas este martes en el estadio de Cornellà-El Prat, se vio marcado por una serie de episodios de comportamientos discriminatorios en las gradas, según informó el medio de comunicación que cubrió el encuentro.

De acuerdo con la información difundida, parte del público presente también emitió pitos y silbidos al himno nacional egipcio durante los momentos previos al inicio del partido. El medio destacó que, además de los cánticos y abucheos, se registraron insultos dirigidos hacia el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, protagonizados por un grupo minoritario de espectadores.

El medio reportó que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) intervino durante el descanso, utilizando la megafonía y los videomarcadores del estadio para solicitar el cese de los cánticos ofensivos. La petición no logró detener completamente esas manifestaciones por parte del sector de la grada conocido por ser motor de otras expresiones entre grupos cada vez más reducidos de asistentes en diferentes áreas del estadio. Según consignó el medio, la intervención destacaba el rechazo a cualquier acto de carácter discriminatorio, apelando al respeto durante la celebración deportiva.

A través de sus redes sociales, la RFEF reiteró su postura condenatoria frente a los hechos ocurridos. "La RFEF se suma al mensaje de nuestro fútbol contra el racismo y condena cualquier acto de violencia en los estadios", publicó la organización en un comunicado. El medio detalló que la federación insistió en su compromiso por erradicar expresiones racistas y ofensivas, tanto en los campos como en el entorno digital asociado a los eventos futbolísticos.

El regreso de la selección española de fútbol a la provincia de Barcelona generó expectativas entre la hinchada, ya que el partido se presentaba como el último test previo a la convocatoria mundialista. Tal como publicó el medio, a pesar de los incidentes registrados, la mayoría de los aficionados se centraron en mostrar su apoyo a la selección española, con cánticos de ánimo y olas en las gradas que caracterizaron el ambiente general del estadio.

El medio subrayó que estos comportamientos aislados no reflejaron la actitud de la mayoría de los presentes, quienes enfocaron su participación en el evento en apoyar al combinado nacional en su preparación para los próximos retos internacionales. En medio del clima festivo y deportivo, la federación mantuvo un mensaje constante contra toda forma de discriminación, reiterando la importancia de erradicar las actitudes y expresiones de intolerancia en el fútbol.

El Centro Palestino de Derechos Humanos ha calificado a la recientemente aprobada reforma legal sobre la pena de muerte en Israel como un ataque directo contra la población palestina y una consolidación de la política israelí de ejecuciones extrajudiciales, todo ello bajo el amparo de la legalidad, según constata el organismo en mensajes publicados en redes sociales. Esta opinión se inscribe dentro de una ola de reacciones de condena que surge a raíz de la aprobación de la "Ley de Pena de Muerte para Terroristas" por el Parlamento israelí, que introduce la pena capital por ahorcamiento en secreto y restringe su aplicación exclusivamente a palestinos acusados de terrorismo. Según consignó la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Palestina, esta normativa refuerza la segregación, la discriminación racial y el apartheid, afectando a los habitantes palestinos de la Cisjordania ocupada e Israel, quienes en muchos casos enfrentan procesos judiciales considerados injustos.

De acuerdo con lo publicado por distintos organismos de derechos humanos, la nueva legislación israelí deja fuera de su alcance a la población judía bajo jurisdicción del Estado y se ciñe de forma específica a los palestinos, hecho que ha suscitado múltiples peticiones de derogación tanto dentro como fuera de la región. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha pedido la revocación inmediata de la ley aprobada por la Knesset, argumentando que su vigencia infringe compromisos internacionales asumidos por Israel y contradice la postura opuesta a la pena capital que Naciones Unidas ha mantenido bajo cualquier circunstancia. En su declaración, el órgano subrayó que implementar este tipo de castigos supone una vulneración de la normativa internacional relativa a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, Adalah, a través de un comunicado recogido por diferentes medios, ha señalado que la reforma legal representa la legalización de la ejecución por parte del Estado de personas que no representan una amenaza tangible. El director legal de Adalah, Suhad Bishara, afirmó que la norma infringe el principio de igualdad y la prohibición de discriminación racial, pues la legislación se ha construido con el objetivo de aplicarse solo a palestinos. Según Adalah, la Knesset carece de legitimidad para legislar sobre la población ocupada y la ley podría constituir un crimen de guerra, por lo que anunció la intención de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo de Israel con carácter urgente.

El medio informó que Amnistía Internacional y Human Rights Watch manifestaron su rechazo absoluto a la reforma legislativa impulsada por el Parlamento israelí. Amnistía Internacional, a través de su directora de Investigación, Incidencia Política y Campañas, Erika Guevara-Rosas, exigió la urgente derogación de la ley: “El hecho de que esta ley se haya aprobado el mismo mes en que el fiscal general militar israelí retiró todos los cargos contra soldados israelíes acusados de agresión sexual contra una detenida palestina, decisión celebrada por el primer ministro (Benjamin Netanyahu) y varios ministros, pone de manifiesto el grado de deshumanización que Israel inflige a los palestinos”. Guevara-Rosas reiteró que Netanyahu, quien afronta cargos ante el Tribunal Penal Internacional, estuvo entre quienes apoyaron la reforma.

Según Amnistía Internacional, los tribunales militares de la Cisjordania ocupada podrán imponer la pena de muerte a los palestinos condenados por asesinato premeditado en el marco de actos definidos como terroristas bajo la ley antiterrorista israelí. Además, quienes reciban esta condena no accederán al derecho a indulto, colocándose la legislación entre las más estrictas del mundo respecto a la pena capital. Guevara-Rosas denunció que los tribunales militares tienen una tasa de condena superior al 99% para los palestinos y no garantizan el debido proceso. De igual modo, destacó que el texto legal permite ejecutar la sentencia 90 días después de dictarse el fallo definitivo, eliminando recursos básicos de apelación. "La comunidad internacional debe ejercer la máxima presión sobre las autoridades israelíes para que deroguen inmediatamente esta ley, abolan por completo la pena de muerte y desmantelen todas las leyes y prácticas que contribuyen al sistema de apartheid contra los palestinos", concluyó la directora de Amnistía Internacional.

Human Rights Watch, por su parte, reafirmó su postura contraria a la pena de muerte en cualquier contexto. Adam Coogle, subdirector para Oriente Próximo, consideró que la reforma no responde a una lógica de seguridad sino que refuerza la discriminación y la existencia de un sistema judicial segregado, dos características que la organización asocia con situaciones de apartheid. Según la entidad, la pena de muerte es irreversible y restrictiva en cuanto a los procesos de apelación, lo que, junto al breve plazo de 90 días para la ejecución, se traduce en la posibilidad de realizar ejecuciones sin el adecuado escrutinio judicial, de acuerdo con lo reportado por Human Rights Watch.

El rechazo a la ley israelí también se hizo patente en Europa. El Consejo de Europa expresó su preocupación a través de su secretario general, Alain Berset, quien indicó que la entidad examinará las posibles implicancias de la normativa para los convenios internacionales suscritos por Israel y en los mecanismos de cooperación en los que el país participa. Berset indicó que la pena de muerte es un “anacronismo jurídico incompatible con los estándares contemporáneos de derechos humanos”, y puntualizó que la aplicación selectiva de la pena capital de forma discriminatoria resulta inaceptable en un Estado de derecho. Pese a las reiteradas recomendaciones del Consejo de Europa, el texto legal fue aprobado, lo que podría significar un mayor distanciamiento de Israel respecto a los valores que tradicionalmente ha reivindicado, tal como reportó el propio organismo.

Diversos países europeos sumaron sus objeciones tras la votación en el parlamento israelí. Alemania, Francia, Italia y Reino Unido expresaron una “preocupación profunda” por la legislación, que consideraron discriminatoria, e instaron al gobierno de Israel a abandonar el proyecto. A estas voces se añadió Irlanda, cuya ministra de Exteriores, Helen McEntee, subrayó el carácter selectivo de la reforma y solicitó tanto al Gobierno como al parlamento israelí que no la implementen.

El Centro Palestino de Derechos Humanos ha instado a la comunidad internacional a proteger a los presos palestinos y garantizar procesos de rendición de cuentas, insistiendo en que el silencio y la pasividad solo aumentarían la impunidad y debilitarían el marco internacional basado en normas, según reportaron las organizaciones implicadas.

El nuevo marco legal aprobado en Israel incorpora varias disposiciones que limitan las garantías procesales de los acusados, entre las que se encuentra la eliminación del derecho de apelación, la posibilidad de ejecuciones secretas por ahorcamiento y la facultad de condenar a muerte por mayoría simple de un tribunal militar, prescindiendo así de la necesidad de unanimidad que existía anteriormente. Según informó el diario The Times of Israel, la Knesset, el parlamento israelí, sacó adelante este lunes una reforma legal tras casi doce horas de debate, con 64 votos a favor y 48 en contra, que establece la pena de muerte exclusivamente para palestinos condenados por delitos de terrorismo, mientras que excluye a ciudadanos israelíes, incluidas todas las personas de extracción sionista, incluso si cometen hechos similares.

El medio The Times of Israel detalló que esta nueva ley se aplicará únicamente en tribunales militares de Cisjordania, en los que solamente son juzgados acusados palestinos, pues los ciudadanos israelíes, incluidos los colonos, continúan siendo procesados en tribunales civiles. Si bien el texto legislativo declara formalmente su carácter aplicable a toda la ciudadanía, uno de sus artículos restringe su alcance a quienes provoquen intencionadamente la muerte de una persona con el objetivo de negar la existencia del Estado de Israel, en la práctica una definición que excluye a toda persona de creencias sionistas.

De acuerdo con lo publicado en The Times of Israel, la reforma legal ha suscitado inmediatas críticas de organizaciones de derechos humanos. El Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, Adalah, advirtió mediante su directora legal Suhad Bishara que la ley institucionaliza el “asesinato estatal y a sangre fría de individuos que no suponen ningún tipo de amenaza”, y condenó que la iniciativa “está diseñada para aplicarse solo a los palestinos, lo que viola el principio fundamental de igualdad y prohibición de discriminación racial”. Adalah también recordó que la aplicación de leyes israelíes sobre la población palestina residente en Cisjordania constituye una “flagrante violación del derecho internacional”, al señalar que la Knesset carece de autoridad para legislar sobre poblaciones ocupadas. La organización legal anunció su intención de presentar un recurso de máxima urgencia ante el Tribunal Supremo de Israel para impugnar la legitimidad de la norma.

Según consignó el diario The Times of Israel, la ley endurece de modo considerable el régimen penitenciario de los condenados a muerte, estableciendo un régimen de aislamiento casi total. El instrumento legislativo no tendrá carácter retroactivo con respecto a los detenidos por los ataques del 7 de octubre de 2023, aunque paralelamente la Knesset tramita una segunda iniciativa que sí contempla la pena de muerte a posteriori para este grupo de acusados.

El principal promotor de la medida ha sido el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, líder del partido ultraderechista Poder Judío, quien aseguró tras la votación: “Es un día de justicia para las víctimas y un día de disuasión para nuestros enemigos. No más puertas giratorias para los terroristas, sino decisiones claras. Quien elige el terrorismo, elige la muerte”, según recogió The Times of Israel. La proposición recibió también el respaldo del partido gobernante Likud, liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, así como del partido opositor Yisrael Beitenu y de las formaciones ultraortodoxas Shas y Judaísmo Unido de la Torá.

Grupos de derechos humanos han alertado sobre la severidad y el carácter discriminatorio de la medida, al considerar que la nueva legislación incumple normas internacionales e incluso podría constituir un crimen de guerra. Adalah enfatizó que la ley se enmarca en una escalada que ha intensificado las denuncias de tortura sistemática perpetrada contra los palestinos bajo detención israelí, cuyas prácticas han recibido una amplia documentación, según el colectivo. El grupo subrayó la gravedad del nuevo instrumento al definirlo como “una de las más violentas y discriminatorias” aprobadas en el país.

El debate parlamentario que precedió a la votación se prolongó durante cerca de doce horas, reflejando la fuerte polarización en torno a la propuesta. En el contenido aprobado, la ley permite por primera vez ejecutar sentencias de muerte por simple mayoría de los jueces del tribunal en lugar de unanimidad, como se requería hasta la reforma. El texto habilita también la realización de ejecuciones de forma secreta y la imposición de medidas estrictas de aislamiento a los condenados.

Mientras tanto, se mantiene activa en la Knesset la discusión de otros proyectos de ley que buscan ampliar el alcance de la pena capital a hechos ocurridos con anterioridad a la entrada en vigor de la norma actual, en especial en relación con los ataques ocurridos en octubre de 2023.

Adalah ha reiterado que, en opinión del grupo, la legislación aprobada contraviene obligaciones asumidas por Israel bajo tratados internacionales y representa un precedente en el sistema legal israelí, por incluir disposiciones que suprimen el derecho a la apelación y permiten la ejecución de sentencias sin control judicial o mediático. Según publicó el diario The Times of Israel, la organización sostiene que la aplicación exclusiva de estos castigos a los palestinos es una muestra de discriminación racial institucionalizada.

Según reportó Europa Press, el claustro de profesores del IES Baltasar Porcel señaló que el incidente ocurrido tuvo una naturaleza “claramente homófoba”. Los educadores han subrayado que este tipo de hechos no constituyen casos aislados, sino que forman parte de una dinámica que se ha instalado en los entornos escolares desde hace tiempo. En su mensaje, los docentes denunciaron que situaciones similares han dejado de ser excepcionales y describieron cómo los insultos, amenazas, ofensas y expresiones de desprecio se están convirtiendo en una realidad cotidiana en su labor diaria.

El mensaje difundido por el claustro recoge la sensación de hartazgo existente al interior del profesorado, quien afirma: “Estamos cansados de recibir insultos, amenazas, ofensas y muestras de desprecio, que, lejos de ser excepcionales, se han ido convirtiendo en una realidad demasiado habitual. Esta normalización de la falta de respeto es profundamente preocupante y del todo inaceptable”. Según publicó Europa Press, los docentes consideran que este tipo de conductas discriminatorias y de odio, sean del tipo que sean, atentan directamente contra la dignidad de las personas y dañan los principios esenciales de convivencia necesarios en cualquier sociedad democrática.

En el análisis de la situación, los profesores del IES Baltasar Porcel de Andratx aseguran que esta problemática no afecta únicamente al colectivo docente ni es exclusiva del entorno escolar. Detallan que el fenómeno se presenta de forma generalizada en los centros educativos y explican que otros sectores y ámbitos sociales también resultan afectados por el incremento de comportamientos hostiles y excluyentes. Según consignó Europa Press, los docentes advirtieron que la persistencia de estos incidentes revela la existencia de un problema estructural y profundo que exige atención colectiva.

A través de la declaración difundida en redes sociales, el claustro del centro educativo reclamó una respuesta institucional “clara, decidida y efectiva” ante este tipo de hechos. La petición está dirigida a organismos y autoridades con capacidad para intervenir y diseñar estrategias que permitan proteger a las víctimas, sancionar los actos discriminatorios y garantizar la seguridad y el respeto en el entorno escolar. El comunicado subraya la necesidad de actuar con determinación frente a las agresiones dirigidas hacia cualquier colectivo vulnerable, enfatizando que una simple condena puntual no resulta suficiente para atajar el problema.

La postura del claustro pone el foco en la importancia de generar una conciencia auténtica y un compromiso sostenido contra las actitudes y prácticas discriminatorias en la sociedad, tal como recogió Europa Press. Los docentes sostienen que la defensa de la dignidad y la convivencia en los centros escolares constituye una responsabilidad común que debe traducirse en acciones concretas y continuas, orientadas a erradicar la violencia motivada por razones de orientación sexual u otros factores de discriminación.

El caso del profesor agredido en el IES Baltasar Porcel de Andratx se suma a otras situaciones similares que han sido reportadas en distintas regiones, lo que ha reavivado el debate sobre la capacidad de respuesta de las instituciones educativas y administrativas ante estos desafíos, de acuerdo con lo publicado por Europa Press. Las demandas de los docentes insisten en la urgencia de establecer medidas contundentes de prevención, sensibilización y auxilio a las víctimas para frenar la creciente normalización de la violencia en el entorno escolar y en otros espacios de la sociedad.

Europa Press concluyó que el claustro de docentes continuará vigilante y denunciará cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad, el respeto y la igualdad de derechos dentro del sistema educativo, recordando que la lucha contra la discriminación requiere el esfuerzo conjunto de toda la comunidad y el respaldo efectivo de las instituciones competentes.

A un año de la muerte de Daniel Bisogno, su hermano Alex Bisogno compartió detalles inéditos sobre la vida personal del conductor y el ambiente que enfrentó dentro de la televisión. En entrevista con Michelle Rubalcava, aseguró que el también comediante fue blanco de críticas constantes por sus preferencias sexuales, incluso por parte de colegas cercanos.

El testimonio surge en medio de las especulaciones que resurgieron tras el primer aniversario luctuoso, el pasado 20 de febrero de 2026.

Alex Bisogno dejó claro que, a diferencia del entorno laboral, en el ámbito familiar Daniel siempre contó con respaldo total. “Yo creo que en su trabajo existían más ataduras, no lo sé, sí te puedo decir que de lado de la familia y sus amigos fue una persona totalmente libre, nosotros siempre le dimos la libertad de expresarse”, explicó.

Alex Bisogno: “Era muy juzgado, hasta por sus amistades”

El hermano del conductor describió un ambiente hostil dentro del medio televisivo, donde, según su versión, Daniel no podía mostrarse con la misma libertad.

“Nosotros notábamos que en su trabajo no podía ser tan libre, era muy criticado y juzgado hasta por sus amistades al aire. Yo veía que los amigos más quería, era muy criticado por sus preferencias en su trabajo”, declaró.

Estas revelaciones colocan nuevamente en el centro la presión que enfrentan figuras públicas en la industria del entretenimiento, especialmente en espacios de alta exposición como Ventaneando, donde Bisogno consolidó su carrera.

Un momento íntimo y el respaldo familiar

Alex también recordó una conversación clave con su hermano, marcada por la preocupación del conductor tras ser captado por paparazzis en compañía de otros hombres. Daniel temía por la reacción de su padre y por el impacto en su hija Michaela.

Ante ese escenario, su hermano optó por acompañarlo sin cuestionamientos. “Yo le dije no le des explicaciones a nadie, tú haz lo que quieras hacer, ama a quien quieras amar y que te valga”, relató.

El presentador subrayó que nunca buscó definir las preferencias de Daniel, pero sí respaldó cada decisión personal. La familia, afirmó, siempre recibió con respeto a las personas cercanas al conductor.

Tensiones tras su fallecimiento

La muerte de Daniel Bisogno también desató diferencias públicas entre Alex y Pati Chapoy, figura clave de Ventaneando. La discusión escaló tras declaraciones sobre la administración de los bienes del conductor y el paradero de sus cenizas.

Chapoy respondió de forma directa: “¿Por qué empezar a crear descontentos o situaciones que no vienen al caso? Tu preocupación debería ser ponerte a trabajar y apoyar a tu papá”. Además, enfatizó que la única heredera legal es su hija.

Hasta el momento, Pati Chapoy y el resto de colaboradores de Ventaneando no han hecho declaraciones públicas sobre las afirmaciones realizadas por Alex Bisogno.

El Ejecutivo prevé que en el primer semestre de 2026 se habiliten canales específicos de comunicación y asistencia para víctimas, detenidos e investigados con discapacidad intelectual, facilitando su acceso a servicios especializados y reforzando la colaboración con Oficinas de Asistencia a las Víctimas, así como con organizaciones sociales. Este mecanismo, que integra varias líneas de acción, aparece recogido en el III Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio. Así lo detalló el Gobierno en una respuesta oficial a una pregunta planteada por el grupo parlamentario del Partido Popular en el Congreso, según publicó Europa Press. En esa comunicación, el Ejecutivo especificó que ya ha capacitado a cuarenta fiscales con la finalidad de profundizar en la detección y la investigación de delitos motivados por prejuicios hacia personas con discapacidad.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso Europa Press, el proceso de formación se desarrolló en el marco de una colaboración entre el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la Fiscalía General del Estado y el Centro de Estudios Jurídicos. La pregunta del PP solicitaba explicaciones sobre las medidas implementadas a lo largo de 2025 para frenar el incremento de delitos de odio dirigidos a personas con discapacidad en España.

En su contestación, el Gobierno remarcó la especialización de cuarenta agentes del Ministerio Fiscal en la materia durante ese año, pretendiendo con ello optimizar los métodos de identificación e investigación de estos delitos. Además, expuso que la intervención estatal en 2025 ha intensificado tanto el análisis como la visibilización de la discriminación basada en discapacidad. Para este propósito, reportó la actualización de la terminología en informes y estudios publicados, así como el inicio de investigaciones orientadas a identificar los factores que hacen más vulnerables a las personas con discapacidad intelectual frente a delitos de odio, buscando sustentar en datos empíricos el diseño de políticas preventivas futuras.

El III Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio, en vigor de 2025 a 2028, incluye entre sus medidas el fomento de canales específicos de asistencia y la figura del “facilitador” en procedimientos policiales. El Gobierno describió esta figura como un recurso destinado a asegurar que las personas con discapacidad intelectual, en su condición de víctimas, detenidas o investigadas, puedan comprender el proceso y evitar experiencias de indefensión o victimización secundaria.

Para apoyar la labor de los agentes implicados, se publicó la “Guía para el primer interviniente”, dirigida a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Además, en marzo de 2025 se añadieron dos documentos operativos complementarios. Estos materiales fueron elaborados por un grupo de trabajo multidisciplinar en el que participaron representantes del Ministerio Fiscal, cuerpos policiales, la Universidad Complutense de Madrid y organizaciones especializadas como Fundación A LA PAR y Plena Inclusión. La finalidad de estos recursos busca reforzar la capacitación práctica de los agentes policiales en situaciones que impliquen a personas con discapacidad intelectual.

El plan también contempla mejorar el acceso a la información a través de materiales adaptados en formatos de lectura fácil, facilitando así la comprensión a las personas con discapacidad. Además, se impulsa la formación especializada de los cuerpos policiales en técnicas de detección, identificación y respuesta frente a incidentes que puedan afectar a este colectivo. En esta dirección, se prioriza la organización de jornadas formativas conjuntas orientadas tanto al personal de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas como a entidades sociales especializadas, con el propósito de fortalecer la coordinación interinstitucional.

Europa Press consignó que los días 17 y 18 de diciembre de 2025 se celebró el VIII Seminario sobre Delitos de Odio bajo el lema “Delitos de odio y discapacidad: actuación policial y protección de las víctimas”. Este evento, organizado por la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio (ONDOD), sirvió para ampliar la formación de los diferentes cuerpos policiales en la materia y compartir buenas prácticas y marcos de intervención en la protección de víctimas con discapacidad.

En la respuesta oficial, el Ejecutivo subrayó además el énfasis puesto en investigaciones orientadas a fundamentar políticas públicas desde la evidencia empírica, con especial atención a los riesgos que afrontan las personas con discapacidad intelectual. Todo este despliegue responde al objetivo declarado de frenar el avance de los delitos motivados por prejuicios y mejorar la protección y asistencia a las víctimas, según el Gobierno y tal como recogió Europa Press.

Varias patrullas de la Guardia Civil acudieron a un local nocturno en La Bañeza tras recibir el aviso de un altercado que involucró a varias personas y donde una mujer trans resultó herida, necesitando asistencia en el Centro de Salud de la localidad. Según informó la Subdelegación del Gobierno en León y publicó la Guardia Civil dentro de la operación Azadi, cinco mujeres, con edades comprendidas entre los 18 y 24 años, han sido detenidas por estos hechos.

El suceso ocurrió durante la madrugada del 22 de junio, cuando, en el interior de un pub de la localidad leonesa, se produjo una riña en la que participaron varias personas. La persona agredida, una mujer trans, sufrió lesiones que precisaron atención médica tras la pelea, según detalló la Subdelegación del Gobierno y reportó la Guardia Civil.

De acuerdo con la información oficial recogida por las autoridades, las cinco detenidas enfrentan cargos por lesiones y por riña tumultuaria. El proceso de identificación y arresto se llevó a cabo tras las diligencias de investigación abiertas por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de León.

Fuentes oficiales confirmaron que el operativo permitió restablecer la tranquilidad en el local tras los hechos, así como identificar a las personas implicadas. Las actuaciones policiales incluyeron la recogida de testimonios y el análisis de la situación para determinar la dimensión de la pelea y la participación de cada una de las implicadas.

Las detenidas, una vez instruidas las diligencias y confeccionado el atestado policial, han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Bañeza en funciones de Guardia, informó el medio.

La investigación sigue su curso para esclarecer en su totalidad las circunstancias que rodearon el enfrentamiento dentro del establecimiento de ocio nocturno, según consignó la Guardia Civil y la Subdelegación del Gobierno.

Entre las peticiones de la Agrupación Deportiva Ibérica (ADI LGTBI+) figura el reforzamiento de la educación inclusiva y la promoción de referentes positivos dentro de los clubes, federaciones y organismos deportivos internacionales, orientadas a combatir la discriminación. Según informó ADI LGTBI+ en un comunicado recogido por varios medios y consignado por Europa Press, la agrupación señaló la importancia de garantizar que la normativa aplicada en el deporte base priorice la participación total y el fomento de la salud física y mental de todas las personas, sin intimidaciones ni exclusión motivada por motivos de género o diversidad sexual.

El medio Europa Press detalló que ADI LGTBI+, que agrupa a la mayor parte de clubes deportivos LGTBI+ e inclusivos de España y Portugal, expresó su rechazo a la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de restringir la participación de mujeres transgénero en las categorías femeninas, política que entrará en vigor a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y que, según se precisó, no se aplicará con efecto retroactivo. Esta medida ha suscitado preocupación en la agrupación, que considera que la normativa se fundamenta en la categorización de “mujeres biológicas”, criterio que ADI LGTBI+ califica de acientífico.

De acuerdo con el comunicado emitido por ADI LGTBI+ y reproducido por Europa Press, la agrupación sostiene que la equidad en el deporte femenino requiere la promoción de recursos y programas igualitarios, en lugar de establecer barreras excluyentes. Según la entidad, las políticas de acceso deben sustentarse en argumentos científicos pluralistas y transparentes, sin imposiciones restrictivas que resulten discriminatorias. ADI LGTBI+ exige al COI la modificación inmediata de su política para garantizar la participación plena, inclusiva y segura de todas las atletas, permitiendo que se respete tanto su identidad de género como su derecho a competir en igualdad de condiciones.

ADI LGTBI+ argumentó, según reportó Europa Press, que los criterios actuales de elegibilidad publicados por el COI y basados en la clasificación de “mujeres biológicas” y la aplicación de pruebas genéticas asociadas al gen SRY no reflejan la complejidad del desarrollo sexual humano y la diversidad de identidades de género. La agrupación advierte que la aplicación de este enfoque excluye tanto a deportistas trans como a mujeres con diferencias en el desarrollo sexual (DSD), a pesar de que, históricamente, estas deportistas han competido y se han identificado dentro de la categoría femenina.

El texto de ADI LGTBI+ difundido por Europa Press apunta que la justificación del COI para establecer esta política se centra en los conceptos de equidad y seguridad en la competición femenina. Sin embargo, según ADI LGTBI+, esta posición parte de suposiciones generalizadas sobre posibles ventajas masculinas y omite considerar tanto la variedad de situaciones individuales como los casos específicos que desafían esas generalizaciones. La agrupación sostiene que la discusión sobre el rendimiento en el deporte vinculado al sexo biológico es compleja y carece de consenso absoluto en la comunidad científica, por lo que una política basada en simplificaciones puede favorecer situaciones de discriminación y vulnerar derechos fundamentales relacionados con la inclusión y la dignidad de las personas deportistas.

ADI LGTBI+ insiste en la necesidad de modificar con urgencia la regulación del COI para incluir sin exclusiones a deportistas trans y mujeres con DSD en la categoría femenina, bajo criterios que valoren la pluralidad científica y se abstengan de imponer reglas simplificadas que puedan fomentar la discriminación. Por añadidura, la agrupación requirió que la elegibilidad deportiva incorpore garantías que eviten cualquier medida restrictiva con posibles efectos excluyentes, además de pedir una protección activa de derechos humanos dentro del ámbito deportivo internacional.

En su posicionamiento, reproducido por Europa Press, ADI LGTBI+ recuerda que la legislación española prohíbe la discriminación en el acceso al deporte por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género. Alude a la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans, la Ley 39/2022 del deporte y la Ley 15/2022 de igualdad de trato y no discriminación, como respaldo normativo de esta protección. Según expusieron desde ADI LGTBI+, las medidas adoptadas por el COI colisionan con los principios recogidos en estos textos legales.

Para la agrupación, es fundamental que el COI, al establecer sus políticas, considere la diversidad y la complejidad individual presentes en las personas deportistas, y tome en cuenta las recomendaciones de organismos y expertos que reclaman procesos basados en la ciencia y el respeto a los derechos humanos. ADI LGTBI+ subraya que el compromiso con la inclusión y la equidad solo puede alcanzarse mediante reglas revisadas y legítimas, que integren la evidencia científica más actual y plural, y respalden los valores de no discriminación y plena participación en el deporte a todos los niveles.

La administración de Donald Trump otorgó un plazo de 10 días a la Universidad Estatal de San José para modificar su política sobre deportistas transgénero bajo la amenaza de sanciones legales y la posible pérdida de fondos federales, tras una investigación federal concluida en enero que determinó que la institución violó normas de acoso sexual y discriminación, según publicó el diario local The Mercury News.

La presidenta de San Jose State, Cynthia Teniente-Matson, confirmó que la universidad rechazó las condiciones exigidas por el gobierno federal y recurrió a una demanda judicial para intentar frenar la retirada de financiación.

El gobierno de Trump exige la exclusión de deportistas transgénero en la universidad

En enero, el Departamento de Educación de Estados Unidos concluyó que permitir la participación de una atleta transgénero en el equipo de voleibol femenino violaba el Título IX, la principal normativa federal contra la discriminación por sexo en espacios educativos, de acuerdo con la investigación citada por The Mercury News.

El informe sostuvo que tanto el acceso de la deportista a la competencia femenina como a las instalaciones para mujeres suponían una denegación de oportunidades y beneficios educativos en igualdad de condiciones.

Para remediar la infracción, el Departamento presentó un acuerdo que requería que la universidad adoptara definiciones basadas en la biología para el sexo, separara equipos deportivos e instalaciones según el sexo biológico, restaurara títulos y registros deportivos a atletas nacidas mujeres y remitiera cartas de disculpa personalizadas a quienes, según la investigación federal, sufrieron discriminación. En caso de negarse, el centro educativo podría perder el acceso a fondos federales, según el despacho dirigido por la subsecretaria para Derechos Civiles, Kimberly Richey.

“El departamento está poniendo a la universidad sobre aviso: cumpla la ley o arriesgue sus recursos federales”, advirtió Richey en declaraciones recogidas por The Mercury News. Esta advertencia se emitió después del vencimiento previo de un plazo para alcanzar un acuerdo voluntario, que había expirado el fin de semana anterior.

Un conflicto con múltiples frentes y consecuencias millonarias

El conflicto nació en 2024, cuando la inclusión de una atleta transgénero en el equipo femenino de voleibol fue rechazada por equipos rivales —algunos se negaron a competir— y una compañera interpuso una demanda, según relata The Mercury News. Las investigaciones oficiales fueron abiertas en febrero de 2025.

Desde 2025, el presidente Donald Trump firmó varias órdenes ejecutivas que restringen los derechos de la población transgénero, estableciendo, entre otras medidas, la limitación de tratamientos de afirmación de género en jóvenes, la prohibición de la participación de atletas transgénero en competiciones y el uso del criterio binario para el reconocimiento legal del sexo.

The Mercury News indica que estas políticas afectaron tanto a centros de primaria y secundaria como a universidades, especialmente en California.

En junio, la administración de Trump determinó que el Departamento de Educación de California y la Federación Interestatal de California incumplieron la ley federal al permitir la participación de deportistas transgénero, pero las autoridades locales sostienen que la normativa californiana requiere la inclusión según identidad de género.

Los directivos universitarios se enfrentan así a presiones cruzadas: arriesgan la pérdida de fondos federales si rechazan las exigencias federales, pero también arriesgan la financiación local si las aceptan.

El gobernador Gavin Newsom advirtió en octubre que las universidades de California que cedan frente a la agenda “anti-DEI y antitransgénero” dejarán de recibir miles de millones de USD en ayudas estatales.

Ni la Universidad Estatal de California —institución de la que depende San Jose State— ni las autoridades californianas respondieron a la solicitud de comentarios respecto a posibles medidas ante la advertencia federal, de acuerdo con The Mercury News.

La universidad comunicó oficialmente que no modificará su postura ni aceptará el acuerdo federal y mantiene que la ley vigente prohíbe discriminar a estudiantes transgénero.

La controversia enfrenta a una universidad que sostiene la protección de estudiantes trans con un gobierno federal decidido a restringir su participación bajo la amenaza de consecuencias legales y económicas.

Este martes, la Justicia brasileña resolvió que la joven de 29 años puede regresar a la Argentina para cumplir con trabajos comunitarios, además de pagar una caución que todavía no fue definida por el juez de turno.

“Fue una pesadilla”, aseguró Agostina este miércoles, en el marco de una improvisada rueda de prensa que ofreció desde una sala del consulado argentino en la ciudad carioca.

Acompañada por sus abogados defensores, Carla Junqueira y Sebastián Robles, Páez contó que tras conocer la resolución de su caso, regresó al departamento en el que atravesó todo el proceso judicial porque lo único que necesitaba era descansar.

“He llegado muy cansada, me dolía todo el cuerpo. Comí algo, contesté algunos mensajes de mi familia y me fui a descansar”, explicó.

Una vez más, Agostina reconoció ante la prensa que está arrepentida por su accionar aquella madrugada del 14 de enero en un bar de Ipanema, en Río de Janeiro, donde fue grabada haciendo gestos racistas a los empleados del lugar.

“No soy discriminadora ni racista, no tuve la intención de ofender. He reaccionado mal a unos gestos obscenos. Pedí perdón y lo haría un millón de veces más”, sostuvo.

Consultada por los recaudos que tomaba a la hora de salir a la calle, en medio de las amenazas que recibía a diario a través de las redes sociales, Agostina detalló que tenía que camuflarse para resguardarse de alguna posible agresión.

“Para lo unico que salia era para ir al mercado, para comprarme comida y volvía. Salía toda tapada. Me pedía un auto, que ya me daba miedo porque aparece mi nombre, me bajaba en el mercado, volvía a subir, y volvía a entrar al edificio. Toda tapada, camuflada e intentaba hablar portugués para que no sospechen de que era yo”, precisó en diálogo con el canal A24.

Y en ese sentido, señaló: "Para mi salir era toda una experiencia y vivía paranoica. No veo la hora de estar en Santiago del Estero“.

Por su parte, la abogada Carla Junqueira explicó que ahora resta la definición del juez, que deberá estudiar los tratados bilaterales para entender las herramientas para que ella pueda volver a Argentina. "Esperamos para los próximos días que el juez se expida sobre el valor de la caución y los trámites para que Agostina se saque la tobillera y pueda volver a la Argentina", puntualizó la letrada, quien también defendió a Thelma Fardin en la causa por abuso sexual que la actriz le inició a su colega, Juan Darthés.

Casi en simultáneo a las declaraciones de la abogada y su defensora ofrecían desde Brasil, el jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, brindaba una conferencia de prensa en la Casa Rosada durante la cual celebró la liberación de la acusada y, al mismo tiempo, destacó el trabajo del Gobierno nacional.

“Desde el primer momento estuvimos siguiendo la situacion y brindando apoyo en el marco del tratado de cooperacion judicial entre ambos paises. Este gobierno encara con total seriedad las gestiones diplomaticas, y eso implica, como en este caso, no someternos a los tiempos de la prensa para poder lograr resultados. Que es, en definitiva, lo único que nos importa”, subrayó al leer el sexto punto de su comunicado.

Qué resolvió la Justicia de Brasil

Agostina Páez enfrentó este martes la audiencia clave en el marco de la causa que la mantiene retenida en la ciudad de Río de Janeiro, acusada de injuria racial, que tiene una pena de hasta 5 años de prisión, y todas fueron buenas noticias: si bien falta la firma del juez, no va presa y vuelve al país.

Así lo confirmó la propia defensa de la abogada santiagueña, quien al salir de la audiencia confirmó que la Fiscalía y la querella no se opusieron a que su defendida regrese al país: “El juez tiene que definir en el escrito la caución pecuniaria (fianza); es una cuestión de días”.

Ahora, Agostina deberá pagar una multa y hacer servicios comunitarios. Sus defensores calculan que en tres días podrá estar de regreso en su casa, pero depende de la resolución del juez sobre qué tiene que pagarles a las víctimas y cuánto dinero.

La abogada Junqueira contó que, durante la audiencia, en lugar de las tres denuncias que le endilgaban a la santiagueña y que llevaban la pena en expectativa a 15 años de cárcel de máxima, “la Fiscalía la redujo a una con una pena mínima de dos años, reemplazable por servicios comunitarios en Argentina y pago de reparación a las víctimas”. Es que, finalmente, la acusación tomó todo como un delito continuado con tres víctimas.

Junqueira añadió a ello como positivo que “la fiscal mencionó claramente que había pedido disculpas y había entendido lo que significa el racismo en Brasil”.

La palabra del padre de Agostina

En una entrevista concedida este miércoles, Mariano Páez confirmó en Infobae al Amanecer que “se cayeron tres causas”, luego de que hablaran los testigos del bar donde ocurrieron los hechos. “Hubo mucha contradicción entre ellos, quedó solamente la condena de la seña de mal gusto al tipo que la amenaza con tocarse el miembro”, precisó.

Consultado sobre el temor a una condena de prisión, Páez reconoció: “En todo momento pensé que podía quedar presa. Ella también, porque había un ensañamiento muy fuerte hacia ella. No sé a qué se debe, nosotros no somos de la política. Ella es abogada influencer y yo tengo una pequeña empresa de transporte”, señaló el papá, durante la conversación con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

Finalmente, la fiscalía brasileña imputó a Agostina Paez solo por un hecho, y fijó una pena menor de dos años de tareas comunitarias en Santiago del Estero, además de un oneroso resarcimiento económico para los damnificados.

“La Fiscalía pidió 40 mil dólares por cada uno de los supuestos damnificados. Es una locura. La han dañado psicológicamente, con tres meses sin trabajar. La han enfermado psicológicamente y encima pagarle a esta gente que se contradecía en las declaraciones, me parece que también hay que ver ese tema o apelar”, señaló el papá de la imputada.

Sin embargo, la familia tendrá que afrontar un cuantioso costo económico. Se estima que los pagos podrían ascender a USD 40.000 por cada perjudicado.

En una entrevista, Mariano Páez confirmó en Infobae al Amanecer que “se cayeron tres causas”, luego de que hablaran los testigos del bar donde ocurrieron los hechos. “Hubo mucha contradicción entre ellos, quedó solamente la condena de la seña de mal gusto al tipo que la amenaza con tocarse el miembro”, precisó.

Consultado sobre el temor a una condena de prisión, Páez reconoció: “En todo momento pensé que podía quedar presa. Ella también, porque había un ensañamiento muy fuerte hacia ella. No sé a qué se debe, nosotros no somos de la política. Ella es abogada influencer y yo tengo una pequeña empresa de transporte”, señaló el papá, durante la conversación con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

Este martes, luego de semanas de espera, el tribunal condenó a Páez por un solo hecho de injuria racial, tras determinar que realizó gestos hacia un mozo en un bar. El padre de la joven subrayó el alivio que siente la familia: “Ahora estamos tranquilos porque ya no hay forma de que quede detenida”.

El costo de la sanción económica

Finalmente, la fiscalía brasileña ayer imputó a Agostina Paez solo por un hecho, y fijó una pena menor de dos años de tareas comunitarias en Santiago del Estero, además de un oneroso resarcimiento económico para los damnificados.

“La Fiscalía pidió 40 mil dólares por cada uno de los supuestos damnificados. Es una locura. La han dañado psicológicamente, con tres meses sin trabajar. La han enfermado psicológicamente y encima pagarle a esta gente que se contradecía en las declaraciones, me parece que también hay que ver ese tema o apelar”, señaló en Infobae en vivo.

Por otro lado, el empresario aclaró que Agostina nunca estuvo detenida en una comisaría: “Ella nunca estuvo presa ni nunca estuvo detenida tampoco. Estuvo con tobillera en un complejo cerrado por seguridad. Lo que no podía era salir de Río de Janeiro”.

Respecto a los próximos pasos, Páez explicó que la intención es que “vea a su hermana, a sus amigas, tratar de volver a su actividad”. “Está muy ansiosa con volver”, graficó, pero indicó que el regreso no será inmediato, ya que faltan algunos trámites. “No es tan rápido. Tengo los vuelos para el viernes, seguramente los cancelaré o veremos. Supongo que la otra semana o el viernes va a tardar”.

La defensa de Agostina Páez realizará una conferencia de prensa este miércoles a las 9.30 en el Consulado argentino en Río de Janeiro. Allí se darán más detalles sobre el dictamen judicial y las tareas comunitarias que podrá cumplir la abogada en la Argentina.

El traslado a Santiago del Estero dependerá del monto de la caución y de los trámites finales, incluyendo la remoción de la tobillera electrónica y revisiones médicas.

Ayer, la abogada Carla Junqueira detalló que el juez “no falló en el fondo” del conflicto, y valoró positivamente la resolución. Según sum irada, “el pedido de disculpas significó que Agostina terminó de entender lo que significa para Brasil el racismo” y que por ese motivo “no se opondría a que Agostina vuelva a Argentina”.

Los posteos en redes sociales de Agostina Paez

Conocida la sentencia, Agostina Paéz publicó una historia en su cuenta de Instagram, donde volvió a mostrarse arrepentida por lo ocurrido: “Aprendí lo que es el racismo, lo que sufrieron y sufren muchas personas, me informé, hablé con ellos, aprendí y entendí el dolor que puede causar”. La abogada reconoció que los días del proceso fueron “muy duros, de mucha soledad y tristeza, pero también de mucha reflexión y aprendizaje”.

En su declaración, Páez pidió disculpas nuevamente por su accionar: “Me arrepiento de mi reacción, cometí un grave error, me equivoqué, sea cual sea el contexto en el que pasó. Entiendo que pudo haber lastimado a muchas personas, y pido disculpas nuevamente a todas las personas que se sintieron ofendidas”.

En un siguiente posteo, la abogada influencer compartió una humorada sobre su situación. “Se instaló en X. Es una boluda, pero es nuestra boluda”, decía el mensaje. Y concluyó: “Y si. Mi país”.

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Así lo confirmó la abogada de Agostina, Carla Junqueira, al salir de la audiencia este martes. Dijo que la Fiscalía y la querella no se opusieron a que su defendida regrese al país: “El juez tiene que definir en el escrito la caución pecuniaria (fianza); es una cuestión de días”.

Ahora, Agostina deberá pagar una multa y hacer servicios comunitarios. Sus defensores calculan que en tres días podrá estar de regreso en su casa, pero depende de la resolución del juez sobre qué tiene que pagarles a las víctimas y cuánto dinero.

El caso contra Agostina se originó el 14 de enero, cuando fue grabada realizando gestos considerados racistas hacia empleados de un bar en el barrio de Ipanema, lo que derivó en tres denuncias penales por discriminación. El video, que se viralizó rápidamente, desencadenó una investigación de la Justicia de Brasil y la imposición de medidas cautelares: tobillera electrónica y prohibición de abandonar el país.

La abogada Junqueira contó que en la audiencia, en lugar de las tres denuncias que le endilgaban a la santiagueña y que llevaban la pena en expectativa a 15 años de cárcel de máxima, “la Fiscalía la redujo a una con una pena mínima de dos años, reemplazable por servicios comunitarios en Argentina y pago de reparación a las víctimas”. Es que, finalmente, la acusación tomó todo como un delito continuado con tres víctimas.

“Si Dios quiere, en días puedo volver a la Argentina. Al juez le dije la verdad, todo lo que ha pasado; les he pedido perdón a las supuestas víctimas", comentó Agostina ante la prensa que estaba en la puerta del juzgado. Y agregó: “Fue la peor experiencia de mi vida”.

Luego, la abogada acusada reveló: ”Las víctimas no dijeron nada, han aceptado las disculpas y se han ido". Y sobre el gesto que le hicieron a ella comentó que “no ha habido un pedido de disculpas”.

Junqueira añadió a ello como positivo que “la fiscal mencionó claramente que había pedido disculpas y había entendido lo que significa el racismo en Brasil”.

“Me siento aliviada, pero hasta que no esté en Argentina no voy a estar en paz. Voy a seguir encerrada porque he seguido siendo amenazada. Que esta resolución no quita que no me puedan hacer algo”, explicó Agostina luego. Serán las horas más largas las de la espera de la resolución del juez y ahí se verá qué tiene que pagarles a las víctimas.

Por qué el gobierno argentino no pudo interceder

En el caso de Agostina Páez, y en el de cualquier otro detenido en el exterior por causas penales, el gobierno de Argentina no puede intervenir para traerlos de vuelta por un principio básico del derecho internacional: la soberanía judicial del país donde ocurrió el hecho.

En el caso de Agostina, como el hecho investigado ocurrió en Río de Janeiro, la justicia brasileña tiene competencia exclusiva. Eso significa que la investigación, la detención o retención, el proceso judicial y cualquier restricción para salir del país solo pueden decidirlos jueces o fiscales brasileños.

Ningún gobierno extranjero puede ordenar que la persona vuelva a su país.

¿Qué sí puede hacer el gobierno argentino? A través del consulado en Río o la embajada en Brasilia puede verificar que la detenida tenga defensa legal, asegurarse de que no se vulneren sus derechos, permitir contacto con la familia, visitar a la persona si está detenida o facilitar un abogado o traductor.

Esta asistencia consular, como se la llama, se le brindó a Páez desde el mismo día en el que fue informada del proceso, según ella misma destacó varias veces. Y este martes sí hubo gente del consulado en la audiencia.

Sin embargo, no pueden sacarla del país ni interferir en la causa. Eso solo se puede lograr a través de un consenso entre las partes durante una audiencia judicial, como ocurrió este martes.

En ese contexto, el canciller Pablo Quirno tuiteó la noticia sobre el regreso de Agostina esta noche con la frase: “Hechos, no palabras”.

Agostina Páez enfrentó este martes la audiencia por haber realizado gestos considerados racistas hacia empleados de un bar en el barrio de Ipanema, lo que derivó en tres denuncias penales por discriminación. El video del hecho, que se viralizó rápidamente, fue clave y le valió una tobillera electrónica y la prohibición de abandonar el país. Ahora, luego de que la Fiscalía y la querella no se opusieron a que regrese a Argentina, solo le queda esperar la firma del juez para estar de nuevo en su casa.

Mientras tanto, el caso de Agostina ha despertado una pregunta que se repitió en redes sociales: por qué el Gobierno no pudo interceder para que estuviera antes de regreso en Argentina.

En el caso de Agostina, y en el de cualquier otro detenido en el exterior por causas penales, el gobierno de Argentina no puede intervenir para traerlos de vuelta por un principio básico del derecho internacional: la soberanía judicial del país donde ocurrió el hecho.

Sobre la situación de Agostina, como el hecho investigado ocurrió en Río de Janeiro, la justicia brasileña tiene competencia exclusiva. Eso significa que la investigación, la detención o retención, el proceso judicial y cualquier restricción para salir del país solo pueden decidirlos jueces o fiscales brasileños.

Ningún gobierno extranjero puede ordenar que la persona vuelva a su país.

¿Qué sí puede hacer el gobierno argentino?

A través del consulado en Río o la embajada en Brasilia puede verificar que la detenida tenga defensa legal, asegurarse de que no se vulneren sus derechos, permitir contacto con la familia, visitar a la persona si está detenida o facilitar un abogado o traductor.

Esta asistencia consular, como se la llama, se le brindó a Páez desde el mismo día en el que fue informada del proceso, según ella misma destacó varias veces. También este martes estuvo la gente del consulado presente en la audiencia a la que no pudo ingresar ni el papá de la acusada.

Sin embargo, el consulado argentino en Río no podía sacarla del país ni interferir en la causa. Eso solo se puede lograr a través de un consenso entre las partes durante una audiencia judicial, como ocurrió este martes.

En ese contexto, el canciller Pablo Quirno tuiteó la noticia sobre el regreso de Agostina esta noche con la frase: “Hechos, no palabras”.

La audiencia

Agostina solo necesita ahora la firma del juez para regresar al país. Es que, tal como lo explicó la abogada Carla Junqueira a los medios argentinos que estaban en Río de Janeiro, la Fiscalía y la querella no se opusieron a su retorno a Santiago del Estero.

“El juez tiene que definir en el escrito la caución pecuniaria (fianza); es una cuestión de días”, aclaró la letrada.

Ahora, Agostina deberá pagar una multa y hacer servicios comunitarios incluso en Argentina. Sus defensores calculan que en tres días podrá estar de regreso en su casa, pero depende de la resolución del juez sobre qué tiene que pagarles a las víctimas y cuánto dinero.

Una cuestión positiva, además del ofrecimiento de disculpas de la imputada, fue que, en lugar de las tres denuncias que le endilgaban a la santiagueña y que llevaban la pena en expectativa a 15 años de cárcel de máxima, la Fiscalía la redujo a una: un delito continuado con tres víctimas a las que deberá resarcir.

Ese cargo que le quedó a Agostina como acusación “tiene una pena mínima de dos años, reemplazable por servicios comunitarios en Argentina y pago de reparación a las víctimas”, aclaró Junqueira.

La secuencia que la dejó a un paso de ir a la cárcel ocurrió en un bar de Río de Janiero cuando estaba de vacaciones con sus amigas. Allí, según las tres denuncias que hay en su contra, habría realizado comentarios y gestos racistas a los empleados del lugas. Uno de estos episodios quedó registrado en cámaras de seguridad y sus videos rápidamente circularon por las redes sociales.

Por esas conductas, Páez podría recibir hasta 15 años de cárcel. Esto se debe a que que el delito que se la acusa tiene una pena de hasta 5 años y, como en total acumula tres acusaciones, la querella pidió que le den la máxima en cada una.

Sobre la jornada de este martes, la abogada de la acusada, Carla Junqueria, dijo: “La extensión de la audiencia dependerá de lo que pase, puede ser que termine mañana mismo (es decir hoy) y que tengamos una definición, o que el juez siga en otro día”.

Agostina Páez habló con TN este martes y dijo: “Si me condenan, yo me mato o me matan ahí adentro, no sé. Imagínate ir a una cárcel en un país que me odia y en cárceles como las que hay aquí en Río. Yo me mato”.

Por ahora, la Justicia de Brasil le dictó a la argentina una serie de medidas cautelares mientras se define su situación judicial. Entre ellas, tobillera electrónica y prohibición de abandonar el país.

En una entrevista con Infobae, la santiagueña había dicho: “Mi abogada lo que quiere es revocar las medidas cautelares y que yo pueda responder el proceso desde Argentina. Y después que se traten las cuestiones de fondo, es decir, de los hechos. Su principal objetivo es conseguir eso por mi integridad física también, porque yo estoy corriendo peligro. No es que quiera que me absuelvan o que no cumplir o salir impune. Lo único que quiero es volver a mi país, porque no me siento segura aquí y no puedo seguir viviendo de esta manera".

Mariano Páez viajó a Brasil para acompañar a su hija en la audiencia clave y, en diálogo con la prensa, describió el actual estado emocional en el que se encuentra ella como “una depresión profunda”. “Ni a mí me contesta el celular por dos o tres días porque no se levanta de la cama”, reveló. Agostina esta siendo acompañada por psicólogos y psiquiatras.

Durante la entrevista, Mariano Páez expresó su preocupación no solo por la salud de su hija, sino también por la magnitud de la pena solicitada: “Creo que el pedido de 15 años es una locura, no es un crimen”. Además acusó a las autoridades provinciales que le soltaron la mano. “No tengo apoyo del Gobierno ni de Santiago del Estero, nadie se comunicó”. En ese sentido, explicó que solo mantuvo contacto con la Cancillería, que le confirmó estar al tanto del caso, pero sin capacidad de intervención directa.