El 76% de los espacios eliminados presentaba permisos vencidos, documentación en mal estado o registros que no habían completado la renovación requerida. Un 11% correspondía a personas fallecidas, el 9% exhibía adulteraciones y un 4% resultó ser reserva no oficial. El total removido representa cerca del 7% de los aproximadamente 4.000 estacionamientos reservados actualmente para personas con discapacidad en el ámbito porteño.

Desde la jefatura de gobierno, Jorge Macri explicó que la iniciativa tomó forma a partir de la adopción de controles estrictos sobre el universo de reservas, con la premisa de garantizar el uso legítimo por parte de quienes cumplen los requisitos legales.

“Basta de vivos. Se terminaron los estacionamientos truchos. En lo que va de 2026 levantamos 272 reservas irregulares para personas con discapacidad: permisos vencidos, falsos o incluso con titulares fallecidos. Esto no es contra quienes cumplen con los requisitos. Al contrario: las personas que realmente lo necesitan tienen su lugar garantizado. La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de la Ciudad”, sostuvo el Jefe de Gobierno en redes sociales.

En Infobae al Mediodía, el ministro de Infraestructura y Movilidad porteño, Pablo Bereciartua, fundamentó: “Tenemos que cumplir y volver a cumplir las normas de tránsito y las regulaciones que tenemos en el espacio público de la ciudad. Nos encontramos con que hay mucha avivada”.

El ministro también confirmó que aún no iniciaron ninguna causa. Y analizó: “El año 2025 tuvo 10 veces más multas que el año 2024, 10 veces más. El grado de incumplimiento ha crecido, sobre todo después de la pandemia. En la pandemia civilizaron las normas de tránsito porque no se podía usar el transporte público y, a diferencia de otras grandes ciudades, hemos salido de la pandemia y nos hemos quedado un poco con una cultura de incumplimiento. Así que nosotros esperamos que estas acciones que estamos tomando sean interpretadas por todos los ciudadanos. Tendamos por el optimismo que teníamos antes de la pandemia y que eso haga que todos podamos vivir mejor en Buenos Aires”.

A su vez, desde el gobierno porteño argumentaron en un comunicado: “La medida es parte de una decisión más amplia que tiende al ordenamiento del espacio público como una prioridad de la gestión. Esta actualización busca mejorar la disponibilidad de espacios para los usuarios habilitados, fortalecer los controles y promover un uso más ordenado y accesible del estacionamiento en todas las comunas”.

Y concluyeron: “Con este tipo de acciones, la Ciudad sigue impulsando el desarrollo de un entorno más justo, donde los recursos disponibles se asignen de manera eficiente y en función de las necesidades de los usuarios habilitados”.

Solicitud de la reserva de espacio de estacionamiento para personas con discapacidad

Las personas que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente pueden solicitar la reserva de un espacio de estacionamiento exclusivo en su domicilio dentro de la Ciudad de Buenos Aires. El trámite se realiza de manera online y está dirigido tanto a quienes conducen su propio vehículo como a quienes son transportados por otra persona.

El procedimiento exige que los solicitantes tengan usuario y clave miBA de nivel 3, requisito indispensable para acceder al Sistema de Tramitación a Distancia (TAD).

Para quienes conducen su propio auto, la documentación obligatoria incluye el Certificado Único de Discapacidad, el símbolo internacional de acceso con QR, la licencia de conducir emitida en la Ciudad de Buenos Aires, la cédula verde o título del automotor, y el informe de libre deuda de patentes expedido por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP). Si el solicitante no es titular del vehículo, debe declarar el vínculo con el propietario. Además, se requiere una foto del lugar donde se solicita la reserva, tomada desde la cuadra de enfrente para identificar correctamente el espacio.

En el caso de las personas transportadas, se exige que el domicilio en el DNI coincida con el de la persona con discapacidad. También deben presentar el Certificado Único de Discapacidad, el símbolo internacional de acceso, la licencia de conducir de la Ciudad, la cédula azul o el título automotor, y libre deuda de patentes. Además, se solicita una justificación del vínculo con la persona transportada, mediante partida de nacimiento, acta de matrimonio o certificado de convivencia.

El trámite es gratuito y se inicia desde el portal de TAD. El espacio de estacionamiento reservado se asigna solo en zonas donde esté permitido estacionar. Si la solicitud corresponde a una vía con prohibición, la reserva se ubica en la arteria más próxima dentro de un radio de 100 metros.

La vigencia de la reserva está atada al primer vencimiento del CUD y/o la licencia de conducir, y es obligatoria la renovación para mantener el beneficio. El Gobierno porteño señaló que los datos de registro en miBA deben corresponder a la persona con discapacidad, salvo en casos de baja por fallecimiento o denuncia por no uso de la reserva.

El nacimiento de un bebé con discapacidad grave en Feldkirch, Austria, marcó el inicio de una historia que ha sacudido tanto a la opinión pública como a las autoridades regionales. El pequeño, llegado al mundo en enero, presentaba desde el primer momento una malformación craneal y los dedos fusionados, condiciones que requerirán múltiples intervenciones médicas durante su infancia. Apenas unas horas después del parto, los padres, desbordados por la situación y según información del medio austriaco Heute, tomaron la decisión de no llevarse al bebé a casa.

El abandono tuvo lugar en la misma sala de maternidad del hospital regional, donde, desde entonces, el niño ha permanecido bajo atención médica constante. La noticia, confirmada públicamente por la ministra regional Martina Rüscher a través de sus redes sociales, generó una oleada de reacciones en la comunidad. Las imágenes y detalles del caso se propagaron rápidamente, despertando debate y conmoción por la crudeza del episodio y el desafío que representa para los sistemas de protección social y sanitario.

De acuerdo con las publicaciones de la ministra y el reporte de Heute, no es habitual que se recurra a un llamamiento público para buscar una familia de acogida, pero la gravedad de la situación lo hizo necesario. La confirmación oficial disipó dudas sobre la veracidad del caso y subrayó la urgencia de encontrar una solución para el bienestar del menor. La historia evidencia la tensión que puede provocar un diagnóstico severo al nacer y el papel decisivo que juegan las redes institucionales ante la ausencia de apoyo familiar.

Búsqueda de familia de acogida y atención médica

El llamado de la ministra regional de Vorarlberg, publicado en Instagram, solicitó abiertamente familias dispuestas a acoger al bebé. “Buscamos urgentemente padres de acogida para un bebé que nació en Feldkirch en enero con una discapacidad grave”, expresaba el mensaje. La difusión fue tan amplia que muchos pensaron que se trataba de una noticia falsa, hasta que la propia autoridad confirmó su autenticidad y agradeció la respuesta ciudadana.

El niño, de apenas cinco meses, ha permanecido hospitalizado desde el nacimiento. Requiere atención médica especializada y varias cirugías pendientes para abordar sus malformaciones. La situación médica del bebé añade complejidad al proceso de acogida, pues no solo implica una adaptación familiar, sino también el acceso continuo a tratamientos y recursos sanitarios. A pesar de las dificultades, la respuesta social no se hizo esperar: dos familias comunicaron su interés en acoger al pequeño, lo que llevó a las autoridades a derivar sus datos a los servicios competentes para evaluar la idoneidad de la acogida.

Rol de los servicios de protección infantil y marco legal

La intervención de los servicios de protección infantil y juvenil se activó inmediatamente tras el abandono. Según explicó Christian Netzer, abogado y defensor de los derechos de la infancia en Vorarlberg, estos organismos tienen la tarea de evaluar si el bienestar del menor está en riesgo cuando los padres no asumen el cuidado. Netzer subrayó que sería irresponsable permitir que un niño vuelva a casa con padres que no pueden hacerse cargo de él, remarcando la importancia de la protección institucional ante estos escenarios.

El proceso incluye una valoración exhaustiva del entorno, la salud y las necesidades del menor. Si se determina que la permanencia con la familia biológica no garantiza la seguridad o el cuidado necesario, se impulsa la búsqueda de una familia de acogida cualificada. En el caso de Feldkirch, el contexto de discapacidad grave y las operaciones aún pendientes del bebé obligan a un seguimiento cercano y a la colaboración entre el hospital, los servicios sociales y las autoridades judiciales.

La legislación austriaca contempla mecanismos para proteger a los menores en riesgo, priorizando su salud física y emocional por encima de cualquier otro interés. Si bien no se dieron detalles concretos sobre el procedimiento judicial en este caso particular, el marco legal permite una respuesta rápida y flexible, adaptada a la urgencia de cada situación. Como señaló Netzer, la utilización de redes sociales para encontrar una solución fue una medida excepcional, pero efectiva, dada la gravedad del caso y la necesidad de una respuesta inmediata.

Con el regreso desde Chile de la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, el oficialismo senatorial se reunirá esta tarde -15- con la oposición dialoguista para intentar destrabar algunas de las leyes que envió la Casa Rosada y que, hasta las últimas horas, continúan sin las firmas necesarias para avanzar con dictámenes de mayoría.

Tras el cónclave, los legisladores mantendrán otro convite junto a la vicepresidenta -a cargo del Ejecutivo por el viaje de Javier Milei- y titular de Cuerpo, Victoria Villarruel, para actualizarla un poco -aunque sea- sobre el estado de la agenda que piensan entre las principales fuerzas -sin contar al kirchnerismo- y vislumbrar, en caso de haber algún entendimiento, la posibilidad de sesionar la semana próxima -jueves 14- o la siguiente, que sería con temas sin conflicto y ya despachados.

El primer texto a definir es el relacionado con el blindaje a la “propiedad privada”. Fue defendido por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y criticado por otros tantos disertantes invitados por la oposición. Como contó Infobae días atrás, el capítulo que quiere borrar la mayoría de los dialoguistas apunta es el referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

Durante la era Cambiemos, la regularización de barrios populares fue promocionada por la exministra macrista Carolina Stanley y referentes piqueteros, como el actual diputado cristinista Juan Grabois. Fue votada con amplísimo apoyo de los espacios políticos de esa época y operadores de distintas esferas suelen vanagloriarla como el ejemplo de “consenso”.

No piensa igual el Gobierno que, a través de Sturzenegger, señaló: “En 10 años se ha resuelto el 0,08% de los casos sobre la superficie total. Necesitaríamos 12.500 años para terminar el proceso. Ley que fracasó en su objetivo”. Detrás de todo esto se asoman millonadas. No obstante, como está planteado el articulado, no tendrá luz verde y se acumulan sugerencias parar borrar, de un plumazo, el capítulo entero.

La segunda espina a quitar es la de venta de tierras a extranjeros. La bandeja de opciones incluye límites vía porcentaje, cifra o, como deslizan desde algunos pícaros despachos, que cada provincia tenga la libertad de decidir sobre ello. Algo parecido a la reciente sancionada ley de glaciares. Los votos mandan y los aliados ya no huelen el mismo perfume que post elecciones de octubre pasado. La Casa Rosada tendrá la última palabra. Mismo caso para planteos sobre desalojos exprés, otro ítem delicado para el sector más zigzagueante de la corrección política.

Otro proyecto por ahora frenado es la reforma política. Allí, el Gobierno desea dinamitar las PASO e incluyó la normativa de Ficha Limpia que hicieron caer, hace casi un año, los misioneros renovadores Carlos Arce y Elizabeth Rojas Decut, siempre bajo las estrictas directivas del inoxidable mandamás provincial y exgobernador Carlos Rovira.

En tanto, en cuanto a la ley de salud mental, se habla de una lista cercana a 60 expositores que aterrizarían a partir de las próximas semanas. Ni una palabra se menciona sobre la iniciativa de discapacidad y, mucho menos, sobre la norma -vetada e insistida luego con dos tercios- que el Ejecutivo continúa sin cumplir.

Para la jornada de hoy se estima, de no repetir cancelaciones sorpresivas, la conformación de tres bicamerales: Mixta Revisora de Cuentas, a las 11.30; y Control de los Fondos de La Seguridad Social, desde las 16. Media hora más tarde será el turno de la Permanente de La Defensoría del Pueblo, que sigue sin resolver al sucesor de Eduardo Mondino. Fue el último Defensor del Pueblo votado con dos tercios por Diputados y el Senado. Es un cargo que precisa mayoría especial en el Congreso. Dejó el sitial en 2009 y, desde entonces, no se arribó a un reemplazo.

Samara Martínez, activista por los derechos humanos y paciente con falla renal, acusó que sufrió discriminación por parte de la aerolínea Viva Aerobús, luego de que se le impidió abordar con su máquina de diálisis en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

En su cuenta de X, Martínez narró que el domingo pasado llegó a las 06:00 horas para comenzar el proceso para tomar un viaje de la Ciudad de México hacia Chihuahua.

Destacó que compró su boleto con anticipación, llegó con tiempo de sobra e incluso pagó su equipaje extra para transportar sus pertenencias y la máquina de diálisis que requiere para su tratamiento.

Sin embargo, el personal de la aerolínea le negó su acceso al avión, argumentando que no existen protocolos para transportar el equipo médico. Aunque Martínez explicó su situación de salud y propuso alternativas, no recibió disposición para resolver el problema.

Por ello, intentó contactar con atención al cliente, pero solo le ofrecen gestionar el caso por correo electrónico y no le reembolsan el monto pagado. Permaneció varada por varias horas en el aeropuerto, sin insumos suficientes para continuar su tratamiento y sin recursos inmediatos para adquirir otro vuelo.

Durante el incidente, Samara Martínez refirió que el personal de Viva Aerobús mostró desconocimiento y falta de empatía para atender situaciones de discapacidad.

Detalló que, pese a haber conversado previamente con la empresa para garantizar su acceso, ese día el personal desconocía los acuerdos y protocolos que, afirmó, ya deberían estar en marcha.

La activista denunció que un empleado le preguntó si transportaba órganos vivos en su maleta, refiriéndose a la máquina de diálisis. El gerente le reiteró que no podía abordar y se negó a brindarle el servicio por el que ya había pagado.

Martínez advirtió que la ausencia de protocolos y de conciencia sobre las necesidades de pacientes crónicos generó escenarios en los que se puso en riesgo la salud y la dignidad de las personas.

Después de permanecer horas en el aeropuerto, Samara Martínez buscó alternativas para regresar a Chihuahua. Ante la urgencia de su tratamiento y la falta de insumos médicos suficientes para quedarse en la Ciudad de México, adquirió un boleto con otra aerolínea por cerca de 11 mil pesos. El gasto incluyó vuelo, transporte y alimentos adicionales.

La activista señaló que el retraso y el trato recibido afectaron su salud física y emocional. Relató que llegó exhausta, sin haber dormido ni podido realizar la diálisis en condiciones adecuadas. Parte del medicamento que llevaba se arruinó por la falta de refrigeración y la duración del trayecto.

Martínez enfatizó que la falta de protocolos y empatía representó una barrera económica considerable y pudo poner en riesgo la vida de quienes dependen de equipos médicos para viajar.

Samara Martínez explicó que no era la primera vez que enfrentaba obstáculos para viajar con su máquina de diálisis.

Narró que en ocasiones previas, voló con Viva Aerobús, aunque siempre tras insistir para que le permitieran abordar con el equipo. Sostuvo que desde febrero mantuvo comunicación con la aerolínea para avanzar en la implementación de protocolos.

También refirió antecedentes con otras empresas, como Aeroméxico, donde en una ocasión le reembolsaron el costo del vuelo tras un incidente similar.

Sin embargo, consideró que la medida fue insuficiente, ya que el problema persiste y las aerolíneas no han generado cambios estructurales.

Martínez señaló que empresas extranjeras permiten el traslado de equipos médicos en cabina sin complicaciones y que, en México, la falta de procedimientos claros y la escasa capacitación agravaron la situación.

Explicó que existen regulaciones y artículos médicos que respaldan el derecho de los pacientes a viajar con el equipo necesario, pero en la práctica, las empresas no cumplen con estas disposiciones.

Samara Martínez hizo un llamado a la comunidad y a las autoridades para que las aerolíneas mexicanas reforzaran sus protocolos de atención a personas con discapacidad y enfermedades crónicas.

Sostuvo que su caso representaba a muchas otras personas que no cuentan con plataformas para visibilizar estas situaciones ni con recursos para afrontarlas.

Insistió en que la atención a pasajeros con necesidades médicas no debe limitarse a reembolsos, sino que requiere cambios en la capacitación del personal y conciencia sobre la importancia de la empatía.

Recordó que, aunque existen normas para transportar equipos médicos en cabina, las empresas no las aplican y los pacientes quedan desprotegidos.

Martínez alentó a sumar voces para que estos casos generen precedentes y transformaciones reales, subrayando que no todas las discapacidades son visibles. Reiteró la necesidad de difundir su experiencia para que ninguna persona tenga que elegir entre su salud y la posibilidad de viajar.

Al cierre de su testimonio, Samara Martínez agradeció el apoyo de personas solidarias durante su travesía y reiteró que continuaría promoviendo la defensa de los derechos de los pacientes en el transporte aéreo.

Señaló que la actuación de las aerolíneas y la respuesta de las autoridades marcarán el precedente necesario para evitar que situaciones similares se repitan.

Aariana Rose Philip, la modelo transgénero con parálisis cerebral cuadripléjica, se convirtió en la primera usuaria de silla de ruedas en asistir a la Met Gala en los 78 años de historia del evento, celebrado el pasado 5 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Philip llegó a la gala con un diseño de Louise Linderoth, diseñadora que también es usuaria de silla de ruedas, en lo que supuso su debut en la alfombra del evento más esperado del calendario de la moda.

La modelo, de origen antiguano-estadounidense, no solo asistió como invitada: también participó como una de las figuras que integran la exposición del Instituto del Traje del Museo, donde una de las maniquíes reproduce su imagen.

“Para mí, todo esto es una locura. La propia Met Gala es un gran espectáculo, incluso si no estás en el mundo de la moda. Lo saben tu madre, tu abuela, tus hermanos, aunque no sigan las pasarelas que nosotros seguimos”, declaró la modelo en entrevista con Vogue.

Su presencia va más allá de lo simbólico. “Durante mucho tiempo, las personas con discapacidad no estuvieron representadas en ningún lugar”, afirmó Philip al mismo medio.

Y agregó: “La idea de poder existir siquiera en un evento como este... nadie iba allí. Pasar de eso a encontrarme ahora en ese lugar, no puedo expresar lo bendecida y honrada que me siento”.

La modelo también se refirió al rol que se asigna a las personas con discapacidad en los espacios públicos.

“Durante mucho tiempo ha sido fácil ver a una persona con discapacidad en el ojo público y etiquetarla como activista, porque no tenemos otra opción que alzar la voz en los espacios que habitamos”, explicó a Vogue. “Nos dan el título de activistas porque estamos desafiando un sistema social”.

Además, Aariana Rose Philip alertó sobre lo que describió como “el giro fascista” en la sociedad global, que a su juicio está propiciando el retorno al capacitismo, a la eugenesia y a “una retórica dañina hacia las personas con discapacidad”, según recogió PinkNews.

Pese a ese contexto, destacó la necesidad de mostrar a las personas con discapacidad como parte activa de la industria de la moda.

“Es muy importante que mostremos a personas con discapacidad como modelos, como talentos, como fotógrafas, y no únicamente como activistas y defensoras”, indicó.

Añadió que esto mismo “muestra que hay más variedad en la experiencia de la discapacidad y en los deseos de las personas con discapacidad, más allá de desafiar grandes causas sociales”.

Sobre su debut en la portada de Vogue en el número de mayo, previo a la gala, la modelo expresó que la reacción del público fue “muy solidaria” y que la experiencia la hizo “sentir como arte puro”.

La llamada para confirmar su participación en la gala llegó después, cuando ya daba por cerrado ese capítulo. “Pensé: esto es todo. La cima. Ya lo logré. Así que pueden imaginar que cuando recibí la llamada de la Met Gala casi me caí de la silla de ruedas, eso fue exactamente lo que pasó”, relató ante Vogue.

“Asistir a la Met se siente casi como una inauguración en este espacio. Y estoy nerviosa”, confesó. “Quiero que la gente vea a una mujer hermosa y sensual. Quiero que vean a una supermodelo. Quiero que vean que las personas trans negras con discapacidad siempre importan, y que deberíamos haber estado en estos espacios desde hace mucho tiempo”, expresó.

¿Quién es Aariana Rose Philip?

Aariana Rose Philip es una modelo y músico de origen antiguano-estadounidense que vive con parálisis cerebral cuadripléjica. Creció en el Bronx, Nueva York, adonde su familia se trasladó desde Antigua cuando tenía tres años, en busca de un mayor acceso a atención médica para su condición.

A los 14 años publicó su primera memoria, This Kid Can Fly: It’s About Ability, y desde entonces construyó una carrera en la industria de la moda que acumula varias primicias.

En 2018, se convirtió en la primera modelo afroamericana, transgénero y con discapacidad física en ser representada por una agencia de modelos de primer nivel. En 2021, cerró el desfile de Moschino, lo que la convirtió en la primera modelo en silla de ruedas en desfilar para una marca de lujo consolidada.

Su trayectoria incluye campañas para Collina Strada y Sephora, así como la portada de British Vogue. Con Hillary Taymour, directora creativa de Collina Strada, mantiene una colaboración de casi una década que describe como una relación familiar.

Philip señaló en reiteradas ocasiones que la industria de la moda ha avanzado en materia de etnia e identidad de género, pero que aún no ha cruzado el umbral de la discapacidad.

“Siento que tuve que luchar casi una década para sentirme escuchada y valorada en la industria”, declaró a Vogue.

Su presencia en la Met Gala 2026 abre paso, según sus propias palabras, a una nueva etapa en la que espera ver más oportunidades para otras modelos con discapacidad como Lauren Wasser y Jillian Mercado.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) alertó sobre la situación crítica que enfrentan las personas con discapacidad en el ámbito laboral por el aumento de despidos y el incumplimiento de las disposiciones legales destinadas a la inclusión en el mercado de trabajo.

Betina Hernández, coordinadora de la Defensoría de Personas con Discapacidad del Conadeh, advirtió que estas prácticas vulneran derechos fundamentales y evidencian una débil ejecución de la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad. Según Hernández, en lugar de avanzar en inclusión, se han registrado retrocesos importantes, sobre todo en instituciones públicas.

La funcionaria precisó que el artículo 35 de esta ley impone obligaciones para empleadores del sector público y privado: empresas e instituciones deben asegurar la incorporación de un número mínimo de personas con discapacidad en sus planillas, en proporción al tamaño de su personal. Este mecanismo busca promover la igualdad en el acceso al empleo y reducir las brechas históricas.

Desconocen la ley

Hernández lamentó que muchas entidades ignoran esta normativa y, en ocasiones, optan por despedir a personal con discapacidad que ya formaba parte de sus equipos. “No solo se trata de no contratar, sino de despedir a quienes ya habían logrado insertarse laboralmente, lo que agrava aún más la situación”, afirmó.

Entre los motivos de preocupación para el Conadeh destaca la recurrencia de estos despidos durante períodos de transición política. Cada cuatro años, con los cambios de administración, se repite un patrón que afecta directamente a quienes trabajan en el sector público. “Se tenía la esperanza de que esta práctica fuera superada, pero sigue ocurriendo”, sostuvo Hernández.

El organismo puntualizó que ha recibido más de una decena de quejas recientes relacionadas con despidos, un indicador de que el fenómeno es recurrente. En muchos casos, las personas afectadas enfrentan obstáculos mayores para reinsertarse en el mercado laboral: discriminación, falta de accesibilidad y escasas oportunidades de empleo adecuado.

La coordinadora resaltó que la pérdida de un empleo repercute con más gravedad en las personas con discapacidad, ya que en numerosos hogares estos ingresos constituyen el sustento principal, y las probabilidades de hallar un nuevo empleo son inferiores al promedio general. “Estamos hablando de situaciones humanas complejas, donde se pone en riesgo la estabilidad económica y emocional de las personas y sus familias”, señaló.

Restitución de derechos

Frente a este contexto, el Conadeh informó que reforzará su acompañamiento a los afectados, ofreciendo asesoría y seguimiento de los casos denunciados. Además, iniciará diálogos con las instituciones señaladas para revisar las decisiones adoptadas y buscar formas de restituir los derechos vulnerados.

El ente defensor reiteró la necesidad de que el sector privado asuma un papel activo, cumpliendo la cuota legal y promoviendo ambientes accesibles y sin discriminación. También hizo un llamado a las autoridades para fortalecer los mecanismos de supervisión y sanción, con el objetivo de garantizar la aplicación efectiva de la normativa.

El Conadeh exhortó a la sociedad a tomar conciencia acerca de la importancia de la inclusión y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad, subrayando que el acceso al trabajo digno constituye un pilar esencial para su desarrollo y participación plena en la vida social y económica del país.

La Audiencia Provincial de Barcelona confirmado la orden de desahucio contra un inquilino con una discapacidad del 87% y con unos ingresos mensuales de 733,30 euros de una vivienda de Sant Adrià de Besòs. El fallo ha resuelto que pesa más el fin del contrato de alquiler para forzar la entrega del inmueble, que la reclamación de vulnerabilidad social presentada por la defensa.

El conflicto comenzó cuando la empresa propietaria, Divarian Propiedad S.A., inició la demanda de desalojo en septiembre de 2021. Argumentó que el contrato de alquiler, firmado el 19 de septiembre de 2016 con el anterior propietario, tenía una duración de tres años y que el plazo había vencido el 18 de septiembre de 2021.

La empresa demostró que notificó con treinta días de anticipación la finalización del vínculo y reclamó la restitución inmediata del inmueble. Además, pidió una compensación por ocupación indebida, equivalente a 9,46 euros, junto con el pago de futuros meses ocupados fuera de contrato por 28,39 euros mensuales.

El propietario de la vivienda es un “gran tenedor”

La sentencia de instancia dio la razón a esta empresa, declarando el contrato como rescindido y ordenando la devolución de la vivienda, además de imponer el pago de alquileres adeudados y las costas del proceso al afectado.

Ante esta situación, la defensa del inquilino planteó que el propietario, calificado como “gran tenedor”, tenía la obligación legal de ofrecer un alquiler social antes de pedir el desalojo. Alegó también la nulidad de la sentencia original, argumentando que vulnera los derechos fundamentales del demandado al no aplicar la protección especial prevista para personas en situación de vulnerabilidad.

La defensa mencionó su incapacidad documentada del 87% y el ingreso de 733,30 euros al mes como motivos de fuerza mayor. Reclamó que, según la normativa vigente, debía proseguirse con la suspensión del proceso hasta que existiese una alternativa habitacional, solicitando la nulidad de la sentencia y la excarcelación de los pagos reclamados.

La vulnerabilidad “no es motivo para frenar el proceso de desahucio”

Para la Sala los argumentos no han sido suficientes y ha determinado que la Ley 24/2015, utilizada para exigir la oferta de alquiler social, había sido parcialmente anulada por decisiones del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, la obligación de ofrecer alternativas solo rige en ciertos casos y no es requisito para reclamar la devolución de un inmueble cuando vence el contrato de alquiler.

El fallo resalta que las reclamaciones de vulnerabilidad deben presentarse dentro de un trámite específico tras la expiración del contrato, no como argumento para impedir el desahucio en sí.

Sobre la suspensión por vulnerabilidad, la Audiencia ha analizado la aplicación de los reales decretos ley dictados por el Estado para frenar desalojos en casos sociales, incluida la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2025 introducida recientemente.

Explican que la protección consiste en un incidente procesal aparte, donde el juez debe evaluar la documentación y, si corresponde, suspender el lanzamiento tras pedir informe a los servicios sociales. Esta suspensión “no es motivo para frenar el proceso de desahucio, sino una cuestión que debe resolverse en un incidente específico”, indica el tribunal.

La decisión ratifica así la obligación del inquilino de abandonar la vivienda y pagar los alquileres reclamados, así como las costas judiciales. Además, el inquilino tendrá que abonar los alquileres devengados a razón de 28,39 euros mensuales hasta la entrega efectiva y asumir las costas procesales.

Las ecografías no anticiparon nada. Soledad ya era mamá de Sofía y de Aixa, y ahora esperaba su tercer hijo, un varón. Era, cuenta ella, “un embarazo totalmente normal”. Al menos hasta el sexto mes de gestación, cuando notó que la panza crecía mucho, muy rápido. “Los médicos me hicieron nuevos estudios y estaba todo bien, no había nada raro”, dice.

Cuando empezaba el octavo mes de gestación, Soledad se descompensó, se desencadenó el trabajo de parto, empezaron las contracciones y nació su hijo varón. “Era ochomesino y pesaba cuatro kilos trescientos gramos, no entraba en la incubadora en la que necesitaba estar para acompañar su desarrollo respiratorio”, describe Soledad Ruppel desde Río Colorado, la ciudad rionegrina en la que vive desde hace más de quince años.

Yamir nació hace 21 años y su mamá supo enseguida que algo era completamente diferente a cómo había sido el nacimiento de sus dos hijas mayores. “Mi bebé tenía los ojos al costado de la cara, era gigante. Sus brazos y sus piernas eran enormes, las enfermeras tenían que dejar la tapita de la incubadora abierta porque no entraba”, recuerda Soledad.

El diagnóstico exacto para saber cuál era la condición de Yamir demoró dos años y muchos viajes desde Puán, donde vivía la familia en ese entonces, hasta Bahía Blanca, donde lo examinaban exhaustivamente. Mientras tanto, Yamir crecía: “El primer año, crecía unos seis centímetros por mes, era impresionante”, reconstruye su mamá.

Yamir nació con el síndrome de Weaver, una condición genética extremadamente rara que se caracteriza por una maduración ósea avanzada y anomalías en el cráneo, el esqueleto y el sistema neurológico. Afecta, estadísticamente, a una de cada 15.000 personas: una de ellas es Yamir, cuyo sobrecrecimiento óseo implica que, desde hace más de un año, no puede caminar. Tampoco habla, a excepción de las únicas tres palabras que usa: “sí”, “no”, y “ana”, una especie de comodín que emplea para casi todo.

“Entiende y se hace entender perfectamente, pero no puede hablar. Eso tiene que ver con cómo fue la formación de su cerebro. La parte motriz y la parte del habla se vieron especialmente afectadas por el síndrome”, describe Soledad, y suma: “En cuanto al crecimiento, cada año él pega ‘estirones’ mucho más grandes que un chico común. Crecen mucho sus huesos y no tanto sus músculos y tendones, por eso impacta en su movilidad. A veces pasaba que después del estirón pasaba una o dos semanas en la cama y después volvía a caminar, pero con el estirón del año pasado ya no pudo volver a caminar”.

Según estima su familia, Yamir mide dos metros y treinta centímetros. “Lo medimos de a partecitas, porque ahora mismo es imposible pararlo. Tiene grandes dolores y su cuerpo se pone muy rígido porque ni los tendones ni los músculos pueden acompañar lo que pasa con sus huesos. A veces hay que esperar varias horas para que su cuerpo se afloje un poco y sea posible moverlo”, describe su mamá. Para poder levantarlo de la cama y movilizarlo, lo que realmente necesitan los Ruppel es una grúa de las que se utilizan en espacios hospitalarios y de rehabilitación.

El fin de la escuela y la ayuda inesperada

Como pasa con muchos chicos y chicas con alguna condición de salud que impacta en su desarrollo físico o cognitivo, Yamir se escolarizó en una escuela de educación especial y, una vez que terminó ese proceso, a los 18 años, se quedó sin ningún espacio de contención al que asistir cotidianamente.

“A través de la escuela, Yamir tenía acompañamiento terapéutico, kinesiología, distintos talleres, psicomotricidad. Todas terapias que necesita para estar bien. Pero cuando terminó la escuela, ya no tuvo nada más de eso y eso implica mucho deterioro para Yamir”, describe Soledad, que cocina distintos alimentos en su casa para vender y obtener algún dinero por esa vía. A eso le suma la pensión por discapacidad que cobra por Yamir, que apenas supera los 400.000 pesos.

Hace algunas semanas, Sofía, la hija mayor de Soledad, fue a visitar a su familia y grabó un video sobre cómo es la vida cotidiana de su hermano, que está al cuidado exclusivo de su mamá y que convive también con Emma, una hermanita de siete años con la que comparte juegos cuando se siente bien.

“Al principio no pasó mucho, pero después el video se viralizó y empezó una oleada hermosa de ayuda”, cuenta Soledad. Recibieron una cama ortopédica, aunque es chica para Yamir: los estudiantes de una escuela técnica de Río Colorado trabajan en una adaptación para que el cuerpo del joven entre bien en esa cama tan necesaria para su cuerpo.

También recibieron pañales y la promesa de dos posibles sillas de ruedas posturales que puedan servirle a Yamir, que por su tamaño no puede estar en una silla común. “En el hospital me dijeron que nos traerían la grúa para mover a mi hijo, aún no lo recibimos. Eso estaría buenísimo para que él pueda movilizarse incluso en los días de más dolor y rigidez”, cuenta Soledad.

La ayuda más espontánea fue la de vecinos de Río Colorado: “Vinieron fabricantes de calzado y de ropa y le tomaron las medidas a mi hijo. Recibimos ya varios pantalones largos y remeras que nos vienen muy bien porque yo ahora lo tenía con pantalones cortos, que le armé con los largos después del último estirón, y ahora ya se viene el frío. También le van a hacer pantuflas para estar en casa y un par de zapatillas urbanas. Es muy conmovedora toda la ayuda que nos están dando distintos vecinos, que se conmovieron con la historia de mi hijo”, describe Soledad. Entre otras donaciones, los vecinos se ocuparon de calefaccionar la casa.

Una acompañante terapéutica se acercó a la familia y va a prestarle algunas horas de seguimiento a Yamir, y también llegó mucha ayuda a través de donaciones de dinero. “Es fundamental que podamos agrandar la habitación de mi hijo para que pueda entrar una cama en la que él quepa, y la grúa para levantarlo. Ahora está en un lugar que le quedó muy chico, y también necesitamos un baño que cumpla con las adaptaciones que él necesita”, cuenta Soledad.

Esos son los grandes objetivos que se pusieron como familia, y que podrán cumplir en la medida en que reciban más donaciones y el hospital local de Río Colorado pueda aportar la grúa necesaria para movilizar a Yamir. “Además, una chica de la Municipalidad de Viedma fue la que me trajo los pañales y dijo que iba a intentar que tengamos un acompañante terapéutico”, describe Soledad.

“Yo no puedo creer cómo nos están ayudando. El video de mi hijo se volvió viral y la verdad es que es conmovedor toda la ayuda que nos están dando los que conocen su historia. No tengo más que palabras de agradecimiento. Es muy difícil verlo dolorido los días que no puede siquiera moverse en la cama, y estoy sola con él y con mi hijita. Por eso ver toda la ayuda que llega es muy emocionante, porque él va a poder estar mejor”, se conmueve Soledad, que no sabía todo lo que se le venía cuando nació ese bebé que no entraba en la incubadora pero que se ocupó de él en cada paso de su vida.

El alias para ayudar a Yamir es yamir03.solmp

La Dirección de Desarrollo Social Supérate celebró este mes en Santo Domingo la graduación de la primera cohorte del “Curso de Cuidados y Apoyo para Personas con Discapacidad”, impartido por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP). El acto marcó la culminación de la formación de 55 madres y padres de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, quienes recibieron capacitación especializada gracias a la coordinación conjunta entre Supérate, INFOTEP y el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), según informaron fuentes institucionales.

Durante la ceremonia, la directora general de Supérate, Mayra Jiménez, señaló que la graduación representa un avance relevante en el reconocimiento del cuidado como componente clave de los sistemas de protección social, en línea con la promoción de la autonomía y la inclusión. Según reportó la organización, el programa surge como respuesta a la necesidad de profesionalizar la labor de familiares y cuidadores, transformando el cuidado informal en un servicio digno y especializado.

Por su parte, la directora general de INFOTEP, Maira Morla Pineda, destacó que el desarrollo de sociedades se mide por la atención y el apoyo que brindan a sus ciudadanos. “El avance y madurez de las sociedades y países más que por su progreso económico y tecnología, se mide en la manera con que dispensa a sus ciudadanos atención, protección y apoyo, para una vida plena, feliz y productiva que les permita sentirse realizados y parte importante del tejido social”, afirmó durante el acto, según reportó el gobierno de República Dominicana en su página web.

La señora Rosainy Martínez, representante de las familias cuidadoras, declaró que la capacitación responde a la convicción de que el amor debe complementarse con conocimientos y técnicas profesionales. “Decidimos prepararnos y crecer porque entendimos que el amor es fundamental, pero también, que nuestros hijos e hijas merecen cuidados con conocimiento, con técnicas y con profesionalismo”, indicó Martínez.

El presidente de CONADIS, Benny Metz, consideró que el curso constituye un paso destacado en la formación de capital humano comprometido con la inclusión y la atención digna. Desde la Mesa Intersectorial de Cuidados, liderada por Supérate, se ha impulsado una coordinación interinstitucional para consolidar respuestas efectivas en materia de discapacidad, según subrayó la entidad.

El “Curso de Cuidados y Apoyo para Personas con Discapacidad” es una iniciativa pionera en República Dominicana, dirigida principalmente a madres, padres y tutores que integran comunidades como COMMADIS (Comunidad de Madres y Familias con hijos con Discapacidad). El programa busca fortalecer la autonomía y el bienestar de las familias, promoviendo la inclusión social y reconociendo la labor de los cuidadores, según información institucional. La primera cohorte graduada en abril de 2026 representa un avance en la creación de personal especializado y con certificación técnica.

En el acto participaron representantes del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), INFOTEP, Supérate y COMMADIS, quienes reafirmaron el compromiso de continuar desarrollando iniciativas que permitan mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias. La alianza estratégica entre las instituciones busca garantizar el respeto a los derechos, la inversión social y el fortalecimiento de políticas públicas inclusivas.

Un gesto cotidiano terminó por convertirse en un fenómeno viral que reavivó la conversación sobre la empatía en la vida diaria. Un conductor de transporte en motocicleta, identificado en redes sociales como @BimoBiker, captó la atención de millones de usuarios luego de compartir un video en el que muestra cómo atendió a una pasajera con discapacidad auditiva y del habla.

El clip, difundido en plataformas digitales, documenta el momento en que la usuaria, llamada Teresa, se comunica con el conductor a través de su teléfono móvil para explicarle su situación. “Disculpe, soy sordomuda, por eso me comunico por este medio”, se lee en el mensaje que mostró al inicio del viaje.

A partir de ese instante, el conductor adaptó su forma de interacción para garantizar un traslado seguro y comprensible. Según se observa en la grabación, recurrió a gestos, expresiones faciales y señas improvisadas para indicarle cada paso del servicio, desde la entrega del casco —previamente sanitizado— hasta el inicio del recorrido.

Durante el trayecto, el motociclista mantuvo una actitud paciente y cuidadosa, procurando que la pasajera entendiera cada indicación pese a las barreras de comunicación. El video también muestra cómo ambos lograron establecer una dinámica funcional, lo que permitió que el viaje se desarrollara sin contratiempos.

Al finalizar el recorrido, la pasajera expresó su agradecimiento por el trato recibido, destacando la disposición del conductor para adaptarse a su condición. Este momento fue clave para que el material generara una fuerte respuesta entre los usuarios en redes sociales.

Las reacciones no se hicieron esperar. Miles de personas comentaron el video, resaltando la actitud del conductor y reflexionando sobre la importancia de la empatía en situaciones similares.

“Gracias bro por ser empático y tener paciencia”; “gracias joven de la moto, te quiero por ser paciente”; “Como mamá de una persona sorda, te felicito por la paciencia que tuviste”; “Que difícil debe ser para ella, gracias por tenerle paciencia, ojalá el mundo fuera más empático con las personas que tienen complicaciones en su día a día”; “Gracias por tu empatía, imagínate lo difícil que debe ser para ella lograr comunicarse”, fueron algunos de los mensajes publicados.

El alcance del video también fue significativo, acumulando millones de reproducciones en poco tiempo, lo que impulsó el debate sobre la inclusión y la necesidad de generar entornos más accesibles para personas con discapacidad.

Este caso evidencia cómo acciones simples pueden tener un impacto profundo, recordando que la empatía sigue siendo un valor esencial en la convivencia diaria, especialmente en contextos donde la comunicación representa un desafío adicional.

Grace Jamison tenía 19 años y se encontraba de viaje en la República Dominicana cuando un gesto cotidiano desencadenó una grave queratitis que le cambió la vida. Perdió la vista tras una infección ocular provocada por un parásito microscópico que entró en su ojo mientras se duchaba con lentillas.

La joven que ha decidido compartir su caso en redes sociales para advertir del riesgo que pueden suponer determinadas prácticas. “Mucha gente, incluyéndome a mí, da por sentada la vista y no valora lo importante y maravilloso que es poder ver”, ha explicado en uno de sus vídeos virales.

Grace contrajo queratitis amebiana, una infección ocular causada por la Acanthamoeba, un microorganismo presente de forma natural en el agua y la tierra. En su caso, el contagio se produjo al ducharse con las lentes puestas en un entorno donde el agua no estaba suficientemente depurada.

La infección puede desarrollarse cuando el parásito entra en contacto con la córnea, donde comienza a dañar el tejido ocular. Aunque es poco frecuente, sus consecuencias pueden ser muy graves, especialmente en personas que utilizan lentillas. Las lentes pueden facilitar que el microorganismo quede atrapado entre la superficie ocular y la propia lente, aumentando el riesgo de infección.

“La queratitis amebiana es muy difícil de tratar. Mi tratamiento durará entre seis meses y un año”, ha explicado la joven, que también admite sentir un dolor intenso en los ojos, fuertes cefaleas y una elevada sensibilidad a la luz.

Un diagnóstico inicial equivocado

Tras regresar a Estados Unidos, Grace fue diagnosticada inicialmente de forma incorrecta y tratada con colirios con esteroides, lo que agravó la infección. En pocos días, la enfermedad avanzó hasta provocarle la pérdida total de la visión, antes de que un segundo especialista identificara la causa real. Durante semanas permaneció sin visión hasta que comenzó el tratamiento adecuado contra el parásito.

El protocolo médico actual es especialmente riguroso. La joven debe aplicarse colirios cada 30 minutos o cada hora, algunos con agentes antisépticos como la clorhexidina. Por último, cuando finalice el tratamiento, será necesario abordar las cicatrices en la córnea. “Es muy, muy difícil vivir con ello”, ha reconocido la joven.

Secuelas y recuperación parcial

Ahora, Grace ha recuperado un poco de visión en uno de los ojos, mientras que el otro ha quedado gravemente dañado. “Como la cicatriz me cubre la pupila por completo de frente, no veo nada con el ojo derecho. Se ve como una mancha blanca borrosa y puedo ver las luces”, ha enseñado.

En una campaña de recaudación de fondos ha detallado el impacto físico, emocional y económico de la enfermedad: “Mi vida cambió drásticamente cuando perdí la vista en ambos ojos tras ducharme con mis lentes de contacto puestos”. Los fondos recaudados se destinan a gastos médicos, tratamientos continuados y a una posible cirugía futura, que solo podrá plantearse una vez concluida la terapia antiparasitaria.

Un mensaje de prevención viral

Sus recomendaciones son claras: no dormir, no ducharse ni nadar con lentillas, extremar la higiene de manos y cambiar correctamente las soluciones de limpieza. “Por favor, lávense las manos antes de quitarse o ponerse las lentes de contacto. Limpien la solución y cámbienla cada vez”, ha insistido.

También ha advertido del riesgo de exponerse al agua, ya sea de grifos, lagos o fuentes naturales, con las lentillas puestas. Su objetivo, ha dicho, es evitar que otros pasen por una experiencia similar. “No todo funciona como antes... y no pasa nada. Agradezco lo que aún funciona”, ha sentenciado.

En el sur de California, la proliferación de demandas por discapacidad ha generado una ola de preocupación entre pequeños y medianos empresarios. Los registros judiciales evidencian que un reducido grupo de personas, en su mayoría representadas por un solo bufete, ha presentado miles de demandas en virtud de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés). El fenómeno ha convertido a la región en un epicentro de litigios bajo esta normativa federal, pensada para garantizar la accesibilidad y los derechos civiles de las personas con discapacidad.

Para muchos dueños de negocios, la situación representa una amenaza directa a su estabilidad financiera. Alegan estar sujetos a una presión económica insostenible, pues consideran que en la mayoría de los casos se trata de infracciones menores —como una pendiente de acceso demasiado pronunciada o una báscula fuera del alcance— que derivan en demandas costosas. Varios comerciantes, especialmente quienes operan pequeños restaurantes o tiendas familiares en barrios populares, han tenido que enfrentar acuerdos que equivalen a meses de ingresos, lo que los ha colocado al borde del cierre o los ha obligado a reducir su personal.

Uno de los protagonistas centrales de esta oleada es Anthony Bouyer, un hombre de 55 años que, tras quedar paralizado por una operación de médula espinal, se ha dedicado a recorrer el Valle de San Fernando con un nivel de 30 centímetros, midiendo pasillos y estacionamientos de los establecimientos. Bouyer ha presentado al menos 1.800 demandas contra negocios locales, muchas veces en un solo día visitando varios comercios consecutivos. Suele estar representado por el bufete Manning Law, que se ha posicionado como la opción predilecta para los demandantes habituales en casos de accesibilidad. Según documentos judiciales, solo el año pasado siete clientes de Manning Law interpusieron más de 1.000 demandas en el sur de California.

El marco que posibilita este esquema es doble: por un lado, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), que establece estándares federales para la accesibilidad en comercios y edificios públicos; por otro, la Ley Unruh de Derechos Civiles de California, que permite a las personas con discapacidad reclamar indemnizaciones de al menos 4.000 USD si detectan infracciones en locales comerciales. Estas normativas buscan incentivar la adaptación de los espacios y sancionar el incumplimiento, aunque en la práctica han abierto la puerta a una industria de demandas en serie.

El sistema ha sido objeto de críticas y debates. Los defensores de las personas con discapacidad argumentan que las demandas constituyen uno de los pocos mecanismos efectivos para forzar a los negocios a cumplir la ley y hacer sus instalaciones accesibles. Por el contrario, los comerciantes sostienen que la situación es insostenible y que se abusa del marco legal para obtener compensaciones económicas por defectos menores. Incluso algunos abogados y legisladores coinciden en que el espíritu de la ley está siendo desvirtuado por un pequeño grupo de demandantes profesionales y sus representantes legales.

Casos concretos ilustran la tensión existente. En uno, la familia propietaria de un pequeño restaurante mexicano recibió una demanda de Bouyer por elementos como un mostrador inaccesible y un estacionamiento agrietado. El abogado de Bouyer solicitó inicialmente 25.000 USD, suma que la familia logró negociar hasta 10.000 USD, equivalente a varios meses de ingresos. En otro episodio, el gerente de una licorería relató cómo Bouyer midió el ancho del espacio de estacionamiento para discapacitados y posteriormente interpuso una demanda, que se resolvió por 14.000 USD. Estos acuerdos extrajudiciales suelen ser preferidos por los empresarios, que temen los altos costos y la incertidumbre de un litigio prolongado.

La reacción de algunos abogados defensores ha sido endurecer sus posturas. Ara Sahelian, un abogado especializado en defender a negocios frente a demandas por discapacidad, decidió llevar los casos a juicio en vez de negociar acuerdos, acumulando cientos de expedientes contra los demandantes más activos. Sahelian argumenta que el sentido común se ha perdido en estos litigios y que la lógica básica de la accesibilidad real ha sido reemplazada por intereses económicos.

Un campo emergente en este tipo de litigios son las demandas por la accesibilidad de sitios web. Algunas demandantes, como Perla Mageno —representada también por Manning Law—, han interpuesto cientos de demandas contra comercios cuyos sitios web no son compatibles con lectores de pantalla. Tras una resolución de la Corte Suprema en 2019, se ha exigido que las funciones de las páginas web sean adaptables para personas con discapacidad visual. No obstante, hay quienes prevén que la llegada de chatbots con inteligencia artificial podría reducir estos litigios, ya que permiten convertir a voz cualquier contenido digital.

En el ámbito político, los intentos de reforma han tropezado con obstáculos. Proyectos de ley destinados a otorgar a las empresas un plazo para corregir infracciones antes de ser sancionadas han sido bloqueados o no llegan al debate. Las diferencias entre legisladores sobre cómo equilibrar los derechos de las personas con discapacidad y la protección de los pequeños comerciantes han impedido avances. Mientras tanto, la avalancha de demandas sigue su curso, generando incertidumbre y polarización entre los distintos actores afectados.

En la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el Espacio de Diversidad Funcional y Discapacidad en La Rural reunió a voces protagonistas para reflexionar sobre la autonomía, los derechos de las personas con discapacidad y los retos de la inclusión en la Argentina actual.

El panel, integrado por activistas y especialistas, expuso la urgencia de sostener conquistas históricas y promover la participación directa frente a riesgos de retrocesos en políticas de accesibilidad y apoyos.

La lucha actual por los derechos y la autonomía de las personas con discapacidad en Argentina se basa en los testimonios directos de quienes enfrentan barreras sociales y reclaman dignidad. Los protagonistas de la charla destacaron la importancia de la acción colectiva, la participación activa y la defensa de políticas inclusivas ante desafíos permanentes y nuevas amenazas en el contexto social.

El encuentro inició con la presentación de Ayelén Vegagil, coordinadora del espacio dentro de la feria y persona hipoacúsica, quien subrayó: “Es fundamental que se visibilice la emergencia de los derechos de discapacidad”.

Luciana Mantero, periodista y escritora de Discapacidad en primera persona, valoró la oportunidad de compartir la mesa con “personas tan potentes, inteligentes, activas y valiosas” como Constanza Orbaiz, psicopedagoga y oradora, Juan Pablo Regalado, deportista y activista, y Nicolás Pantarotto, abogado y comunicador. La charla puso en evidencia la multiplicidad de vivencias y el rol protagónico de quienes habitan la diversidad funcional.

Movimiento histórico y legislación sobre discapacidad

El panel repasó la historia del movimiento de personas con discapacidad en Argentina, mencionando la transición del aislamiento a la organización y visibilidad. Mantero evocó el papel de figuras como Jacqueline de las Carreras, pionera en la defensa de derechos e inclusión laboral.

Entre los hitos destacados figura el accionar de Fundación PAR, el surgimiento de centros de rehabilitación y el envío de la primera delegación argentina a los Juegos Paralímpicos en los años sesenta. Uno de los hechos que se resaltaron durante la charla fue la sanción de leyes sobre cupo laboral. Una de ellas es la ley 20.923 estableció la obligación del 4% de trabajadores con discapacidad en el Estado y empresas, que se aprobó en 1974 y fue pionera en Latinoamérica.

El lema “Nada sobre nosotros sin nosotros” resume el giro hacia una autodefensa activa, siendo resaltado como motor de los avances alcanzados y horizonte de nuevas demandas.

Autonomía, apoyos y la vida cotidiana

Constanza Orbaiz compartió su recorrido personal: “Cuando decidí estudiar psicopedagogía fue abrirme camino. Hay veces que las barreras más grandes son las personas y esas barreras son más duras que una pared de concreto. Pero logré abrir un camino para los que vienen atrás”.

Orbaiz remarcó que la autonomía no depende solo del esfuerzo individual: “Tuve el privilegio de haber contado con profesionales que trabajaron semana a semana para darme la mejor calidad de vida. Esto tiene que ser política pública, no un privilegio de pocos”. Para ella, levantar la voz es también pensar en las próximas generaciones.

Por su parte, Juan Pablo Regalado narró las dificultades tras adquirir su discapacidad: “Estuve diez años caminando normalmente y luego la discapacidad llegó tras varias internaciones. Como usuario de silla de ruedas, entendí que ocupar espacios es fundamental. Cuando se visibilizan los apoyos que necesitamos, el entorno también aprende”.

La vida cotidiana impone múltiples retos. Regalado relató: “Quise ir solo a la peluquería tras la rehabilitación, pero no me abrieron la puerta. Me vieron en silla y pensaron que venía a pedir. Lo di vuelta y convertí el ‘no’ en impulso. Volví a vivir solo sin saber si podía, y cada día traté de construir mi autonomía. Mi autonomía no va a ser la misma que la de otra persona, pero es mía y sé hasta dónde voy a llegar”.

Ambos señalaron la importancia del apoyo familiar, pero alertaron sobre los riesgos de la sobreprotección. Regalado dijo: “La familia es la última que acepta la discapacidad de la persona. Muchas veces insisten con asistirnos porque el amor no siempre concilia con la autonomía que buscamos”.

Del modelo asistencialista al modelo social y de derechos

El panel abordó el paso del antiguo “modelo médico”, centrado en la cura y la asistencia, hacia el “modelo social de la discapacidad”, basado en derechos y eliminación de barreras. Nicolás Pantarotto, reflexionó: “Hay que cambiar el mundo, pero para eso hay que involucrarse. Subí un primer contenido sobre el modelo social, y desde entonces entendí la importancia del paradigma nuevo: darles voz a las personas con discapacidad”.

Pantarotto, recalcó que los derechos deben traducirse en hechos: “De nada sirve tener muchas leyes si no se llevan a la práctica. ¿Cómo se hace? Reclamando”. Además añadió: “No me gusta hablar de inclusión, prefiero hablar de convivencia. Porque en la convivencia todos participamos y nos transformamos”.

La accesibilidad fue presentada como una dimensión cotidiana y estructural: “Todos vieron rampas en la entrada. Eso también es accesibilidad. Pero la accesibilidad tiene que ser diaria, en el transporte, el trabajo, la educación. La diferencia la hace que las personas con discapacidad participen y tengan voz propia”.

Derecho a la comunicación y accesibilidad universal

El cierre incluyó un mensaje virtual de Iván Davidovich, referente en comunicación aumentativa y alternativa, quien remarcó el valor de la accesibilidad comunicacional: “Poder comunicarme no es solo hablar, es poder decir lo que siento, lo que necesito. Cuando la comunicación no está, no falta solo la palabra, falta la libertad”.

Davidovich resaltó la importancia de ofrecer alternativas de comunicación en todos los ámbitos: “La accesibilidad también es poder entender y ser entendido. No basta con rampas; es entrar, pedir lo que uno quiere, ser atendido de verdad”.

El mensaje final convocó a ampliar la participación y el reclamo por sistemas de comunicación adaptados y capacitación: “Que cada persona tenga su voz implica sistemas adaptados y capacitación. No hablamos de algo complejo, sino de lo que puede cambiarle la vida a alguien en un segundo”.

Los testimonios del panel reafirmaron el reclamo histórico por espacios de autonomía, respeto y participación. Exigir apoyos y promover la comunicación accesible emergen como vías concretas para fortalecer la autonomía y construir una dignidad colectiva.

La entrada, los horarios, los días

Entrada: La entrada a la Feria del Libro de Buenos Aires costará 8.000 pesos de lunes a jueves y 12.000 los viernes, sábados y domingos.

Con esa entrada, el visitante recibirá un “chequelibro” con el que podrá conseguir descuentos en librerías cuando termine la Feria.

Gratis: de lunes a jueves desde las 20 h,

Fecha: La Feria sigue hasta el 11 de mayo.

Horarios: de lunes a viernes de 14 a 22 h. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 h.

Dónde: En La Rural, Av. Sarmiento 2704, Av. Cerviño 4476 y Av. Santa Fe (Plaza Italia).

Después de la máquina sin parar que significaron las sesiones extraordinarias de diciembre y febrero pasado, el Gobierno libertario se tomó un leve respiro y, en las últimas semanas, envió al Senado un ramillete de leyes y pliegos que pondrán a prueba la política de alianzas de la Casa Rosada y, sobre todo, hasta dónde estará dispuesto a negociar.

Con el correr de los días, desde despachos dialoguistas e incluso algunos oficialistas deslizaron a Infobae que, según el panorama que se pincela, habrá tiempo hasta agosto próximo para avanzar con las iniciativas en cuestión, antes de que el foco de atención se dirija hacia las pre campañas en varias provincias -ni hablar de lo nacional-, que aún especulan sobre cómo confrontará la administración central en diferentes distritos.

“Las cosas van tomando color de a poco en mi lugar, aunque a ritmo constante. Y todo indica que se acelerará. No hay que olvidar que el Ejecutivo decidirá si va a fondo con sus candidatos y el tenor de cada uno. Es decir, si serán postulantes para competir o para ganar. O si habrá alianza entre poder local y nacional. Eso, sin dudas, empezará a afectar los votos. Que hayan sobrado hasta ahora no implica que mañana sigan estando. Y en septiembre entra el Presupuesto y cuesta creer que haya otra cosa en simultáneo discutiéndose, con la trascendencia que la ‘ley de leyes’ acaparará”, reconocieron desde La Libertad Avanza (LLA) a este medio.

En tanto, un senador aliado confió: A veces pienso en el daño que se auto inflinge el Gobierno. A la reforma electoral, para dinamitar las PASO, le meten Ficha Limpia. Después, no cumplen con la norma de discapacidad que ratificó el Congreso para mandar otra, aún sabiendo que muchos que votamos la anterior seguimos en esta Cámara. ¿Alguien hizo esa cuenta? Sí hay que reconocer, y es innegable, que todos estos carriles por ahora se mantienen en calma gracias a quien tienen como jefa“.

La cita no es menor y es una coincidencia cercana a lo unánime según las fuerzas políticas que conviven en el Congreso: la agenda del período estival fue posible gracias a Patricia Bullrich, que se tira de “palomita” para cabecear todas las granadas. “La diferencia con -el presidente de Diputados, Martín- Menem, que encima es el protegido del Gobierno, es que el riojano sólo repite directivas. Y las leyes de los últimos meses no salieron justamente por eso, sino todo lo contrario“.

Ahora, el desafío es mayor para la exministra de Seguridad de Javier Milei. “¿A Patricia le envían todas estas leyes por su capacidad demostrada y para no quemarlo a Menem? Y, si comenzaran a trabarse, ¿le echarán toda la culpa para limarla?“, se oyó, con cierta preocupación, a un legislador libertario. El resto de consultados se dividen entre ”hasta diciembre no habrá inconvenientes" y “mejor que avance todo antes de mitad de año”.

Lo cierto es que Bullrich cuenta, en la actualidad -con las gafas oficialistas y en base a lo ocurrido en las extraordinarias de diciembre y febrero-, con un “piso” de 40 votos y un máximo de 44, que varió según el texto a tratarse en el recinto. Si bien nadie se anima a restar adhesiones a ello, la realidad es que los recientes proyectos parecen no tener los apoyos necesarios. El de la reforma electoral es el más claro. Todo dependerá de los eventuales cambios.

Según un sondeo inicial de Infobae, hay buena predisposición para la de salud mental -cambios necesarios a la vigente, con áreas delicadas-, baja en discapacidad, y promesas de modificaciones en el de propiedad privada. Sobre la última ley, un experimentado soldado dialoguista dijo a este medio: “Querían dictaminar la semana pasada. Casi un delirio, aunque frenaron a tiempo. Se armó, como con la reforma laboral, un canal de propuestas que van y vienen. La previsión es que lleguemos de acá a un mes”.

En paralelo a todo esto, el Senado tiene acomodadas varias audiencias públicas por pliegos judiciales hasta que termine la primera quincena de mayo, y ya suma un puñado de dictámenes listos para armar una sesión -la pensada para el miércoles 29 se bajó días atrás, como contó Infobae-, aunque algunos no convencen. El caso más marcado es el de falsas denuncias, la obsesión de la radical Carolina Losada (Santa Fe). “Rompe el recinto”, insisten desde diversas bancadas.

Durante la noche del jueves pasado, se conoció que el miércoles 29 se conformará la comisión de Salud -16 horas- y que, media hora más tarde, habrá plenario junto a la de Legislación General para analizar el proyecto sobre salud mental. Un regalo para el kirchnerismo: Milei ya dijo que estará presente ese día, en Diputados, para el informe de gestión del inmobiliario jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El cura a cargo, Francisco Berola, denunció públicamente la situación al señalar en Infobae en Vivo A las Nueve: “Nos deben diciembre, enero, febrero, marzo. Todos esos meses pagamos los sueldos. A nosotros nos quedan cien mil dólares en el banco de ahorro. Si en esta semana para llegar a los sueldos vendo esos dólares, no alcanzo a pagar los sueldos”. Además, el hogar no recibe insumos esenciales, como medicamentos y pañales, del programa nacional Incluir Salud desde hace meses.

Berola detalló: “El Estado me está debiendo $600 millones. IOMA nos debe $70 millones de pesos. El hogar le lava la ropa al hospital municipal porque el hospital tiene las máquinas rotas”, relató.

Deudas acumuladas y falta de respuestas estatales

El Hogar San Camilo aloja a 66 residentes, entre niños y adultos, con diversas discapacidades. Un 33% de ellos pertenece al programa Incluir Salud, otro grupo es beneficiario del PAMI y un 12% tiene cobertura del IOMA. Todos estos organismos adeudan fondos al hogar.

El presupuesto mensual se ubica en unos $260 millones, mientras que las donaciones solo alcanzan los $14 millones. “Estoy haciendo una campaña para conseguir dos mil donantes que pongan diez mil, quince mil pesos para paliar el déficit. Pero ¿cómo hago para sostener el resto?”, manifestó Berola.

Sobre la atención, indicó: “Tenemos tecnología de punta, una sala de estimulación multisensorial, grúas. Les damos a los chicos un servicio cinco estrellas. Muchos no tienen familia o vienen de hogares de bajos recursos, pero a ninguno le cobramos nada”.

El impacto de la crisis en residentes y personal

La falta de fondos afecta directamente a la vida cotidiana en el hogar. El padre Berola explicó: “En el hogar trabajan noventa personas: profesionales, cuidadoras, médicos, enfermeras, kinesiólogos, terapistas de ocupación. Es un equipo interdisciplinar de primer nivel”.

En algunos casos, residentes como Felipe permanecen internados sin cobertura estatal, generando un gasto de más de cuatro millones de pesos mensuales solo para él. “Nosotros pagamos una cuidadora las 24 horas. El mes pasado gastamos tres millones de pesos en él solo. Porque nuestros residentes van a un hospital y allí no pueden ni saben cuidarlos”, añadió.

Berola remarcó la situación de dos residentes que llevan más de veinticuatro meses sin cobertura estatal. “Uno entró por una gestión de su madre, que vino de Paraguay. El chico estuvo gratis todo este tiempo. El otro lo abandonó su madre. Llegó al hogar, pasó por un hogar de niños y está con nosotros sin cobertura. Esperamos que nos permitan facturar, porque la situación es desesperante”.

Funcionamiento diario y organización interna

El Hogar San Camilo funciona todos los días del año, con atención permanente. “A las siete de la mañana llegan las cuidadoras. Se higieniza y se curan a todos los residentes, se les da desayuno, almuerzo, merienda y cena. Hay cambios de pañales constantes y atención médica de calidad. A la noche, dos enfermeras permanecen de guardia”, explicó Berola.

El financiamiento estatal es esencial para el funcionamiento. “Mis ingresos dependen casi exclusivamente del Estado nacional y provincial. El municipio no aporta nada. Solo las donaciones nos permiten sumar una parte ínfima”, destacó.

Los desafíos para sostener el servicio

El hogar ha debido ajustarse a la crisis nacional. “Sufrimos inspecciones frecuentes de PAMI, tuvimos atrasos en los pagos y ahora nos deben febrero”, señaló Berola. El presupuesto se ha vuelto insostenible: “Mi presupuesto es de $270 millones por mes y apenas llego con las donaciones”.

“La realidad es que en todo el país hay prestadores, hogares y centros de atención que no pueden pagar aportes ni sueldos. La crisis es grave”, indicó. Berola también se refirió al temor que enfrentan las familias al notar que sus hijos, una vez adultos, no pueden ser cuidados por ellos y deben depender del sistema. “Cada vez ingresan más adultos en estas situaciones. Los padres no pueden cuidarlos por la complejidad de las patologías. Nos hemos transformado en un centro médico más que en algo meramente asistencial”, sumó.

Llamado a la sociedad y a las autoridades

A pesar de la gravedad de la crisis, Francisco Berola mantiene el compromiso. “Hay mucha gente trabajando, que sigue, que va a trabajar denodadamente, pero parece que hay lugares que no dan más”, declaró.

Los interesados en colaborar pueden hacerlo a través de las redes oficiales del hogar: Hogar San Camilo Vagues, en Instagram y en el sitio web, donde se puede donar cualquier suma.

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El Ministerio de Salud de la Nación informó que la presentación del proyecto de ley dirigido a modificar el sistema de pensiones no contributivas por invalidez no es un cambio puntual, sino una norma destinada a “corregir problemas estructurales” que generó el dictado de la Ley 27.793. La iniciativa plantea modificaciones en los criterios de acceso, controles y financiamiento, y busca redefinir la gestión de las prestaciones en todo el país.

Cambios en los criterios de acceso a las pensiones por invalidez

La iniciativa elimina la coexistencia de dos criterios de pensiones: el de invalidez laboraly el de discapacidad. Según explican desde la cartera sanitaria, esta diferenciación -introducida por la legislación anterior- generó confusión al ampliar el alcance de las prestaciones más allá de quienes no pueden trabajar ni sostenerse económicamente.

El nuevo proyecto propone volver a un único esquema, destinado exclusivamente a quienes no pueden insertarse en el mercado laboral y se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.

Según informaron, la condición de discapacidad no implicará por sí sola el acceso a la pensión, sino que se exigirá acreditar imposibilidad de trabajar y carencia de ingresos suficientes.

El proyecto contempla además revisiones periódicas de la situación de los beneficiarios para garantizar el cumplimiento continuo de los requisitos.

Nuevos controles y reempadronamiento obligatorio

La iniciativa incorpora mecanismos de fiscalización y auditoría que no existían en el sistema previo. El nuevo régimen prevé auditorías regulares a prestadores y cruces sistemáticos de datos entre organismos como ANSES, ARCA y SINTyS.

El reempadronamiento obligatorio afectará a todos los beneficiarios actuales. Deberán demostrar nuevamente su situación médica, laboral y socioeconómica para conservar el derecho a la pensión.

Si el trámite no se cumple, el beneficio será suspendido de forma automática. Ante cualquier inconsistencia detectada, la autoridad podrá disponer la suspensión preventiva, asegurando al titular el derecho a revisión y defensa.

Financiamiento y fijación de aranceles

La disposición define partidas presupuestarias específicas para garantizar la sustentabilidad del sistema y atribuye la responsabilidad principal de las pensiones por invalidez al Ministerio de Salud, con intervención del Tesoro Nacional si resulta necesario.

En lo referido a aranceles, el nomenclador dejará de fijar valores y pasará a establecer pisos mínimos de prestaciones, de acuerdo con estándares de calidad, costos y condiciones regionales.

Los valores de los aranceles serán determinados por los financiadores, como obras sociales, prepagas y subsistemas públicos, junto con los prestadores, que incluyen profesionales e instituciones. Estos importes podrán establecerse mediante acuerdos o convenios, tomando como referencia variables objetivas como los costos operativos, la complejidad de las prestaciones, la región geográfica y los estándares de calidad.

En los casos en que el Estado Nacional sea el ente obligado a financiar, la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) fijará los valores de los aranceles con ajustes trimestrales a propuesta del Directorio.

Federalización del sistema y nuevo marco permanente

Por último, la medida plantea la descentralización del sistema, habilitando a las provincias a gestionar las pensiones mediante convenios y a recibir financiamiento según sus competencias. Se deja de lado la gestión centralizada y se apunta a una administración armonizada entre Nación y provincias.

El nuevo régimen, señalaron, establece un “marco permanente” para la administración de las pensiones por invalidez en todo el país, reemplazando el esquema de emergencia vigente.

La iniciativa fue impulsada desde el Gobierno porteño y cuenta con el compromiso directo de Clara Muzzio, actual vicejefa de Gobierno. El objetivo inmediato, según explicó Muzzio en Infobae en Vivo Al Amanecer, es favorecer la empleabilidad de un sector históricamente marginado y brindar un espacio inclusivo y accesible dentro de una de las principales atracciones públicas de la ciudad.

En la entrevista, Muzzio señaló: “El 85% de las personas con discapacidad que buscan trabajo no lo encuentran”. Además, informó: “Cuando hablamos de discapacidades intelectuales, la tasa de desempleo llega al 95%”. Estos datos reflejan los obstáculos que enfrentan quienes intentan acceder al mercado de trabajo, especialmente en áreas donde los prejuicios y la falta de adaptación aún se perciben con fuerza.

Según precisó la vicejefa de Gobierno, “había una necesidad concreta en el Ecoparque de atención al público”. El modelo implementado en el Ecoparque se preparó específicamente para satisfacer tanto la demanda laboral de personas con discapacidad como la necesidad de atención en un espacio que recibe, de acuerdo con datos oficiales, 15.000 visitantes los fines de semana y 2 millones de personas al año.

Características del programa y perfiles convocados

La postulación y selección de los empleados para el Ecoparque estuvo precedida por un análisis de las necesidades del lugar y las habilidades requeridas para ofrecer un servicio de calidad. Según Clara Muzzio, el programa no solo priorizó el acceso a empleo, sino también el acompañamiento formativo: “Todo este proceso fueron de diez meses. Tuvieron cuatro meses de prácticas formativas a través de una ley que sancionó la legislatura en 2020, que el Estado paga y a partir de marzo ya son empleados formales”.

El enfoque del Gobierno de la Ciudad fue identificar los roles y responsabilidades posibles dentro del Ecoparque de acuerdo al perfil de cada aspirante. La mayoría de quienes fueron seleccionados tienen discapacidad intelectual y se encuentran dentro del espectro autista, aunque el proceso también consideró a personas con otras condiciones. La integración fue acompañada por organizaciones sociales especializadas.

Muzzio destacó: “Hay muchísimas organizaciones que vienen acompañando a muchas de estas personas en sus trayectos formativos, pero el acceso al primer empleo es todo un tema. Cuando además tenés un estigma, tenés sobre todo algunas dificultades extra. Es verdad que la discapacidad te agrega un desafío más”. La funcionaria remarcó la importancia de adaptar el entorno laboral y de sensibilizar a los compañeros de trabajo sobre diversidad e inclusión.

Impacto en familias y entorno social

El acompañamiento familiar resultó clave para el buen desarrollo del programa. Asimismo, la vicejefa indicó que esta experiencia evidencia el valor de una integración real y sostenida: “Muchas veces son personas que tienen a su cuidado a sus hijos, a sus hermanos. Las familias pueden salir de su casa, se empiezan a generar cosas positivas”. El orgullo de lograr independencia económica y aportar al grupo familiar es un aspecto resaltado por los propios participantes y sus allegados.

La iniciativa contempla también la articulación con empresas privadas para ampliar el impacto del proyecto. Muzzio detalló: “El Estado no va a poder contratar a todas las personas con discapacidad, y como hablamos antes, estoy en contra del cupo, pero sí lo que creo central es que el sector privado se sume a estas iniciativas. Desde la ciudad, para todos los comercios que tengan al menos hasta cincuenta por ciento de su nómina personas con discapacidad, se les exime de pagar ingresos brutos y ABL”.

Desafíos para la inclusión laboral en el sector público y privado

La normativa vigente en Argentina establece un cupo mínimo del 4 % para la incorporación de personas con discapacidad en el sector estatal. En relación a este punto, Muzzio explicó: “En la ciudad, en los tres poderes, el cupo está cumplido, pero yo no soy amante de los cupos. Creo que sí, a veces se establecen como alguna medida, pero bueno, el dato es dramático, ochenta y cinco por ciento de desempleo”.

Frente a las dificultades estructurales, el Gobierno porteño promovió el acceso al empleo formal a través de la capacitación y la eliminación de barreras burocráticas. La colaboración con entidades privadas es vista como un paso imprescindible a futuro.

Muzzio sostuvo: “Desde la ciudad, para todos los comercios que tienen al menos hasta 50% de su nómina personas con discapacidad, se les exime de pagar ingresos brutos, se les exime de pagar el ABL. Está este proyecto de prácticas formativas y después tenés la obligación de contratar al menos el dos por ciento”.

De acuerdo con la funcionaria, el desarrollo de estas políticas tiene como propósito principal visibilizar las capacidades y el potencial de las personas con discapacidad, más allá de su condición.

Perspectivas y próximos pasos

Muzzio recalcó que la transformación más relevante pasa por el cambio de mirada social y la superación de prejuicios. Advirtió: “El problema lo tenemos la sociedad. Los prejuicios que ponemos, esos obstáculos físicos a la información. Y ahí es donde creo que tenemos que hacer ese clic y, viendo estas experiencias, saber que se puede”.

En paralelo, la vicejefa de Gobierno alentó a fortalecer la articulación entre Estado y sector privado, utilizando herramientas como exenciones impositivas y programas de formación laboral. El desafío persiste: crear espacios laborales genuinos, sin recaer sólo en el cumplimiento de cupos, pero asegurando que la inclusión sea real y sostenible.

La experiencia del Ecoparque porteño, al incorporar a personas con discapacidad en puestos de atención al público, se instala así como un modelo replicable y un aporte concreto en la lucha por la igualdad de oportunidades laborales en Argentina.

El Senado de la República dio un paso relevante en materia de inclusión al aprobar una reforma a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de fortalecer la accesibilidad en espacios públicos. La medida busca garantizar que las personas con discapacidad cuenten con accesos funcionales en todo momento, especialmente en edificios gubernamentales.

De acuerdo con la información difundida, esta modificación establece la implementación de verificaciones periódicas para asegurar que las entradas, rampas y demás infraestructura de acceso se mantengan en condiciones óptimas y operativas, evitando que se vuelvan obstáculos para la movilidad.

📌 Para asegurar que las personas con discapacidad tengan accesos funcionales en todo momento, el Senado aprobó reformar la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a fin de establecer verificaciones periódicas para garantizar que las entradas de edificios… pic.twitter.com/XJ1gWX7MLz

— Senado de México (@senadomexicano) April 15, 2026

Verificaciones obligatorias para garantizar accesibilidad

Uno de los puntos clave de la reforma es que las autoridades deberán realizar revisiones constantes en las instalaciones públicas. Esto implica que no solo se construyan espacios accesibles, sino que también se dé seguimiento a su mantenimiento y correcto funcionamiento, un aspecto que históricamente ha sido una de las principales fallas en políticas de inclusión.

Con esta medida, se pretende que la accesibilidad universal no sea solo un requisito en papel, sino una condición real y permanente para millones de personas en México.

Movimiento de Personas con Discapacidad urge a la SCJN

Organizaciones y colectivos han solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que garantice plenamente los derechos de las personas con discapacidad, especialmente en temas de consulta previa y participación en decisiones legislativas.

Activistas han expresado preocupación por la falta de resoluciones claras en procesos anteriores, lo que genera incertidumbre en este sector. Por ello, demandan que se establezcan criterios firmes que obliguen a las autoridades a respetar los estándares constitucionales cuando se legisle sobre temas que impactan directamente a esta población.

Mujeres adultas mayores encabezan este sector: INEGI

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que en el país hay alrededor de 9.5 millones de personas con discapacidad, de las cuales más del 53% son mujeres. Además, una proporción significativa tiene 60 años o más, lo que coloca a las mujeres adultas mayores como uno de los grupos más vulnerables.

Estas cifras evidencian la necesidad de impulsar políticas públicas con enfoque de género, edad e inclusión, que no solo contemplen infraestructura accesible, sino también condiciones que garanticen su bienestar y autonomía.

Reforma pasa a la Cámara de Diputados

Tras su aprobación en el Senado, la iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados para continuar con su proceso legislativo. Será en esta instancia donde se analice, discuta y eventualmente se apruebe de forma definitiva.

Este avance representa un paso importante en la agenda de derechos de las personas con discapacidad, al poner énfasis no solo en la creación de infraestructura accesible, sino en su supervisión continua, un elemento clave para garantizar la movilidad y autonomía en México.

Integrantes de organizaciones civiles en la Ciudad de México exigen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que defina reglas claras en los procedimientos de consulta para personas con discapacidad en procesos legislativos, con el objetivo de garantizar los derechos previstos en la Constitución.

Actualmente se mantiene un clima de incertidumbre jurídica, ya que diversos congresos estatales y autoridades legislativas discuten y, en algunos casos, aprueban iniciativas sin que existan criterios uniformes sobre los mecanismos de consulta.

Esta situación impide conocer con precisión los requisitos obligatorios y las consecuencias jurídicas de omitir o realizar de forma inadecuada la consulta a personas con discapacidad.

Movimiento de Personas con Discapacidad se mantiene a la espera

En la manifestación frente a la sede de la SCJN, miembros de Movimiento de Personas con Discapacidad y el Centro de Educación para Sordos entregaron un escrito en el que manifestaron su preocupación por la falta de resolución sobre el derecho a la consulta tras la audiencia pública que se realizó los días 20, 21 y 22 de octubre de 2025. Destacaron que la ausencia de un fallo concreto mantiene a las personas con discapacidad en un “estado de incertidumbre y preocupación“.

Las organizaciones reclamaron que es “urgente contar con un precedente claro y una guía jurisprudencial” de la Corte para que las consultas se realicen en cumplimiento de los estándares constitucionales y convencionales.

Señalaron que una jurisprudencia definiría los derechos de participación y proporcionaría lineamientos a los congresos y autoridades para dar certeza legal en los procesos de consulta.

En un documento que hicieron llegar a la Suprema Corte, el colectivo se dirige a los ministros para expresar su preocupación ante la falta de resolución en los asuntos relacionados con el derecho a la consulta de las personas con discapacidad.

“La comunidad de personas con discapacidad, así como las organizaciones que las representan, se preguntan con legítima inquietud en qué momento se retomará la discusión y resolución de estos asuntos. La audiencia generó expectativas fundadas de avance, pero la ausencia de una decisión posterior ha colocado a las personas con discapacidad en un estado de incertidumbre y preocupación”, se lee en el documento “Derechos en pausa: la Suprema Corte debe resolver sobre la consulta a personas con discapacidad”.

Personas con discapacidad en México son mujeres en su mayoría

En México, datos del INEGI contabilizan 9.5 millones de personas con alguna discapacidad dentro de una población total de 130.3 millones.

Más del 53% de quienes presentan discapacidad son mujeres. Poco más de la mitad de esta población tiene 60 años o más.

De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la discapacidad motriz es la más común, al representar 48% de los casos. Le siguen la discapacidad visual con 33%, la auditiva en 12% y la cognitiva también con 12%.

El registro de las entidades federativas señala que Zacatecas concentra la mayor tasa de personas con discapacidad, con 11.2%. A este estado le siguen Tabasco con 10.1%, Durango con 9.9% y Oaxaca con 8.8%.

Un hombre ciego del Reino Unido completó la Maratón de Brighton gracias a una combinación de gafas equipadas con inteligencia artificial y una aplicación de asistencia en tiempo real, en una experiencia que integra tecnología wearable y colaboración humana a distancia.

El protagonista es Clarke Reynolds, conocido como Mr. Dot (@mrdotofficial), quien logró finalizar la exigente carrera apoyado por unas gafas inteligentes con cámara integrada y la aplicación “Be My Eyes”, una plataforma que conecta a personas con discapacidad visual con voluntarios que describen su entorno en directo mediante videollamada.

Reynolds explicó que, durante la prueba, activó el sistema mediante un comando de voz para establecer contacto con la aplicación al inicio del recorrido. “Hey Meta, llama a Be My Eyes”, dijo, lo que le permitió conectarse con un voluntario en menos de diez segundos.

“En cuanto empezamos, tuve un voluntario apoyándome durante la primera media hora de la carrera”, relató en una entrevista a CNN. También señaló que el acompañamiento fue clave para mantener el ritmo en los momentos más exigentes del trayecto. “Sin ellos habría abandonado alrededor del kilómetro 24”, subrayó.

El corredor destacó además que esta experiencia fue muy distinta a su primera maratón, en la que contó con un guía humano durante todo el trayecto. En esta ocasión, recordó la importancia de la autonomía durante el entrenamiento, ya que pudo prepararse sin depender constantemente de otra persona.

En otras palabras, no necesitar a otra persona le permitió adaptar su preparación a su vida diaria y entrenar con mayor flexibilidad, según explicó, algo que considera un cambio significativo respecto a métodos tradicionales de asistencia en el deporte adaptado.

Voluntarios en tiempo real

Reynolds describió el papel de los voluntarios como decisivo no solo en lo deportivo, sino también en lo emocional durante la carrera. “Sin esos voluntarios en mis oídos probablemente habría abandonado”, explicó en otro momento de su testimonio a la cadena CNN, al remarcar que la asistencia constante le permitió sostener el esfuerzo físico en los tramos más duros.

También destacó la rapidez del sistema de conexión: “Dije las palabras mágicas y en diez segundos ya tenía a alguien conmigo”, señaló, en referencia al inicio de la carrera. Para él, esa inmediatez fue clave para afrontar la prueba con confianza.

El deportista también reflexionó sobre el impacto emocional del sistema, señalando que la ceguera puede ser una experiencia solitaria en algunos momentos, y que herramientas como Be My Eyes no solo aportan orientación, sino también compañía.

“Ser ciego es una experiencia a veces muy solitaria, y con Be My Eyes puedes hablar con alguien durante unos minutos; incluso te pueden decir cosas simples como que hay patos en un estanque”, explicó, destacando el valor humano detrás de la tecnología.

El deportista afirmó que esta experiencia representa solo el inicio de lo que la inteligencia artificial puede aportar a la comunidad con discapacidad visual, especialmente en términos de autonomía, movilidad y conexión social. “Creo que es solo el comienzo de lo que puede hacer esta tecnología”, concluyó.

La Ciudad de Buenos Aires implementó un modelo pionero de inclusión laboral con la incorporación de 37 personas con discapacidad en la atención al visitante del Ecoparque, uno de los espacios verdes más concurridos de América Latina. Esta iniciativa, enmarcada en el Plan de Acción de Discapacidad 2023–2027, busca transformar la experiencia de quienes recorren el predio y, al mismo tiempo, abrir nuevas oportunidades de empleo para un sector históricamente marginado.

El proyecto, presentado por el Gobierno porteño, articula la participación de organizaciones de la sociedad civil, equipos técnicos y familias, con el objetivo de garantizar una transición real y acompañada hacia el mundo laboral.

Las autoridades destacan que más del 85% de las personas con discapacidad en la Ciudad se encuentran desempleadas y que la propuesta del Ecoparque ofrece un modelo replicable en otros ámbitos públicos y privados.

El proceso de inclusión

El Ecoparque del barrio de Palermo, en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires, recibe cada año más de 2 millones de visitantes. En este contexto, el Gobierno porteño impulsó un rediseño del sistema de atención mediante la instalación de siete postas informativas en todo el predio, donde los nuevos trabajadores brindan orientación, información sobre los recorridos y difunden las actividades educativas, ambientales y de conservación. El equipo se organiza en jornadas de 4 y 8 horas, de martes a domingo, adaptando las tareas a las características de cada puesto.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, subrayó: “Tenemos que generar oportunidades porque ocho de cada diez personas con discapacidad no logran acceder a un empleo. Buscamos más inclusión y desarrollamos un plan de apoyo para que puedan estudiar, trabajar, rehabilitarse. Este es un desafío que nos involucra a todos”.

Por su parte, la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, dio cifras contundentes: “El 10% de la población de la Ciudad tiene algún tipo de discapacidad. El desempleo dentro de ese grupo alcanza el 85%. Muchos de ellos no pueden conseguir trabajo porque son rechazados por prejuicios arraigados que asocian la discapacidad con la incapacidad. No tener un trabajo les impide vivir una vida con mayor libertad e independencia, algo que no solo pesa sobre ellos mismos, sino sobre sus familias”. Muzzio también señaló que solo el 15,7% de las más de 300 mil personas con discapacidad en la Ciudad accede a un empleo formal.

Es por eso que desde la Ciudad se inició este modelo pionero de inclusión laboral. El proceso de incorporación de los nuevos trabajadores contempló una convocatoria pública que reunió más de cien postulantes. Luego, se desarrolló una evaluación con entrevistas individuales y grupales para identificar los perfiles más adecuados para las tareas de atención al visitante.

Las personas seleccionadas participaron de un trayecto formativo de cuatro meses, con capacitación teórica y práctica en el propio Ecoparque, en el marco de la Ley de Promoción del Empleo a través de Prácticas Formativas de la Ciudad.

Durante la formación, los postulantes “recibieron herramientas para desempeñarse en un entorno real de trabajo”, explicaron desde Ecoparque. El proceso también estuvo acompañado por equipos técnicos, familias, equipos terapéuticos y organizaciones especializadas, como ADEEI, AMIA, CILSA, CCRAI, DISCAR, Fundación Chacras y Cascos Verdes. En tanto, el acompañamiento técnico tuvo como objetivo garantizar los apoyos necesarios y una transición progresiva hacia el empleo.

En palabras de Muzzio, “a veces vemos a la discapacidad como un problema de otros, como algo que nunca nos va a tocar, pero más del 50% de las discapacidades son adquiridas a lo largo de la vida. Y si vivimos lo suficiente, es seguro que vamos a tener alguna discapacidad”.

El Gobierno porteño remarca que la inclusión de personas con discapacidad en tareas visibles de atención al público no solo fortalece el servicio del Ecoparque, sino que promueve un cambio cultural al instalar la inclusión en la vida cotidiana y contribuir a transformar la mirada social sobre la discapacidad y el trabajo.

Políticas complementarias y proyección

La experiencia del Ecoparque se complementa con una serie de políticas del Plan Integral de Discapacidad, entre ellas exenciones impositivas y condonaciones de deuda para instituciones prestadoras de la Ley 24.901 (establece el sistema de prestaciones básicas de atención integral para personas con discapacidad en Argentina).

Además, se amplió la exención del 100% del impuesto de ABL para personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, titulares del inmueble o convivientes con familiares directos, siempre que la valuación fiscal no supere los 48 millones de pesos.

Otras medidas incluyen la eximición del pago del impuesto de patentes para vehículos destinados exclusivamente al uso de personas con discapacidad, una bonificación del 50% en Ingresos Brutos para personas con discapacidad inscriptas en el Régimen Simplificado y la exención de ABL para actividades productivas, comerciales o de prestación de servicios que empleen al menos un 50% de personas con discapacidad.

El paquete de incentivos contempla también la deducción del 50% de la base imponible sobre los Ingresos Brutos de las contribuciones a cargo del empleador para empresas que desarrollen actividades productivas y contraten personas con discapacidad.

En el marco del mismo plan, la Ciudad inauguró el primer Centro de Desarrollo Laboral para Personas con Discapacidad, que ya atendió a más de 2.400 personas y articula oportunidades con el sector público y privado. Se trata de la primera oficina accesible dedicada a la formación, el emprendedurismo y la inserción laboral de este colectivo.

Por otra parte, se implementaron mejoras en el proceso de obtención del CUD, facilitando la entrega en consultorios y habilitando el trámite online para la carga de documentación y el otorgamiento de turnos, lo que contribuye a reducir los tiempos de espera.

La articulación entre el sector público, las organizaciones de la sociedad civil y las familias permitió diseñar un proceso de selección y formación ajustado a las necesidades de los postulantes. Además, el acompañamiento técnico se mantuvo una vez iniciadas las tareas en el Ecoparque, garantizando apoyos personalizados a lo largo de la experiencia laboral.

Las autoridades porteñas consideran que la iniciativa del Ecoparque puede convertirse en un modelo para replicar en otros espacios públicos y privados, con el propósito de ampliar las oportunidades laborales de las personas con discapacidad y potenciar su autonomía.

Un grupo de organizaciones miembro del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad se movilizó este lunes hasta el Ministerio de Economía, en la Ciudad de Buenos Aires, para exigir la asignación de fondos que garanticen la continuidad de las prestaciones y el funcionamiento pleno de la ley de emergencia en discapacidad. La acción colectiva incluyó la entrega de una nota dirigida al titular del área, Luis Caputo, en la que solicitan la “inmediata aplicación presupuestaria” y la transferencia de recursos esenciales para el Programa Federal Incluir Salud, las Pensiones No Contributivas (PNC) y los afiliados de PAMI.

La concentración se realizó frente al edificio ministerial de Hipólito Yrigoyen 250. Los representantes de los colectivos advirtieron que la falta de financiamiento coloca a numerosas instituciones en una “situación crítica” y amenaza con interrumpir servicios fundamentales para miles de personas con discapacidad en todo el país. Según expresaron en un comunicado, “la emergencia en discapacidad continúa vigente y afecta seriamente la sostenibilidad de numerosas instituciones, muchas de las cuales se encuentran hoy en riesgo”.

El reclamo se focalizó en la plena ejecución de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso en septiembre de 2025. Las organizaciones remarcaron la urgencia de garantizar las partidas presupuestarias para sostener el sistema de prestaciones y advirtieron sobre los efectos que genera la demora en la transferencia de fondos, principalmente para quienes dependen de Incluir Salud y las pensiones no contributivas.

Las agrupaciones insistieron en que la vigencia de la ley “resulta indispensable para el sostenimiento del sistema prestacional”. Explicaron que la falta de recursos amenaza la continuidad de las instituciones que brindan atención diaria, terapias y apoyos esenciales a personas con discapacidad, en un contexto donde la emergencia aún no ha sido superada. “Contar con la presencia y el acompañamiento del sector resulta fundamental para fortalecer este reclamo colectivo en defensa de las personas con discapacidad y de las instituciones que sostienen su atención”, subrayaron en el mismo comunicado.

El pedido puntual al Ministerio de Economía incluyó la transferencia de los fondos correspondientes a los programas específicos que, según la normativa vigente, deben ser financiados por el Estado nacional.

La movilización ocurre pese a la reciente reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. El Gobierno nacional oficializó la normativa a través del Decreto 84/2026, cumpliendo así con el plazo fijado por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que en diciembre de 2025 ordenó la entrada en vigencia inmediata de la ley y la aplicación del nuevo régimen de pensiones. El fallo judicial declaró inválida la suspensión que había intentado el Ejecutivo, quien argumentaba falta de fondos para costear las nuevas prestaciones.

El conflicto entre el Gobierno y el Congreso se originó cuando el Poder Ejecutivo vetó la aplicación de la ley, pese a ser promulgada, hasta que la Cámara de Diputados determinara la fuente de financiamiento. La disputa judicial se intensificó tras un amparo colectivo presentado por O. G. J. en representación de sus hijos. El juez resolvió a favor de los reclamantes, ordenando la aplicación inmediata de la Ley 27.793 y fijando un plazo máximo de 30 días para su reglamentación.

La reglamentación también prevé la participación del Observatorio de la Discapacidad y el Comité Asesor, así como la obligación de presentar un plan de auditorías periódicas en un plazo de 30 días desde la entrada en vigencia de la norma. El texto del decreto, rubricado por Javier Milei, aclara que su dictado no implica aceptar los fundamentos del fallo judicial, pero establece la obligatoriedad de su cumplimiento.

Las organizaciones movilizadas subrayaron que, sin el financiamiento adecuado, la ley no podrá aplicarse en la práctica, y advirtieron sobre los riesgos que ello implica para la continuidad de las prestaciones esenciales.

La noche del sábado, un hombre en silla de ruedas recibió varios disparos frente a un salón de banquetes en Sunrise, Florida, según informó la policía local.

El hecho dejó consternada a la comunidad, que el domingo se reunió para rendir homenaje a la víctima, identificada como Kendrick English, de 48 años.

De acuerdo con el informe de la Policía de Sunrise, el incidente ocurrió en el 6072 de West Oakland Park Boulevard, donde se celebraba una fiesta de cumpleaños.

La celebración terminó de forma abrupta al escucharse una serie de disparos en el exterior del recinto. El pánico cundió entre los asistentes, quienes llamaron rápidamente a los servicios de emergencia.

Los oficiales encontraron a English gravemente herido y solicitaron asistencia médica, pero las heridas resultaron fatales.

Kendrick English murió a causa de los disparos recibidos, confirmaron las autoridades. La familia explicó que English vivía con una parálisis grave desde hacía años y dependía de una silla de ruedas eléctrica para movilizarse, lo que genera aún más interrogantes respecto a los motivos del ataque y la evidente vulnerabilidad en la que se encontraba en el momento del crimen.

Durante la jornada dominical, la comunidad de Sunrise expresó su pesar por el crimen. Decenas de personas acudieron en vigilia al lugar del tiroteo y cubrieron el sitio con velas y globos en señal de duelo.

Amigos, familiares y vecinos recordaron a English por su disposición para ayudar a los demás y su actitud siempre solidaria.

Quién era Kendrick English y cómo repercutió su muerte en Sunrise

English, exestrella de fútbol americano de la Stranahan High School, sufrió una lesión durante un partido que le provocó parálisis.

Pese a las dificultades, integró de forma activa su entorno, convirtiéndose en figura paterna para jóvenes del barrio. Su amiga Alexis Dorrell expresó: “Era un alma noble, un alma en paz. La última persona a la que pensé que le pasaría algo así”.

Durante la vigilia, predominó la conmoción y la incredulidad entre los presentes. Sheronda Williams-Perry, amiga cercana, manifestó: “No sé cuál era la supuesta amenaza. Cómo le vas a disparar a una persona de tres a cinco veces, ¿sabes?, que estaba indefensa”. Este sentimiento refuerza la exigencia de respuestas a las autoridades.

La memoria de English sigue presente en la comunidad, donde era conocido por su apoyo a quienes lo rodeaban y por su capacidad de sobreponerse a la adversidad.

Investigación y detención del presunto responsable

Tras el tiroteo, la policía detuvo a Francisco Sanchez, de 26 años, acusado de asesinato con depravación y peligrosa indiferencia.

Sanchez permanece bajo custodia en la cárcel del condado de Broward mientras avanza el proceso judicial. Hasta la fecha, las autoridades no han revelado los motivos detrás del enfrentamiento ni si existía algún vínculo previo entre el detenido y la víctima.

La familia y el entorno de English enfatizan que no existía motivo alguno para considerarlo una amenaza. Señalan que, a pesar de su discapacidad, era una persona apreciada, con lazos fuertes en el vecindario y con antecedentes de colaboración con jóvenes en situaciones de riesgo.

El ataque contra una persona en total indefensión abrió el debate sobre la seguridad en eventos comunitarios.

La investigación policial continúa abierta. Los investigadores han solicitado a los testigos que aporten datos para esclarecer el caso, mientras analizan grabaciones de cámaras de seguridad del área.

Reclamos y expectativas tras el crimen

Numerosos asistentes a la vigilia señalaron la huella que dejó English en Sunrise. “Es una pérdida terrible. él no merecía eso”, aseguró Williams-Perry, quien destacó su disposición para apoyar a los demás y su presencia constante en situaciones difíciles. La comunidad coincide en que English debe ser recordado por su generosidad y su entrega a los demás.

Mientras el vecindario sigue rindiendo tributo a Kendrick English, la familia exige justicia y transparencia en el proceso judicial. La atención se centra en cada nuevo avance del caso.

Las obras sociales sindicales prestan atención médica a 14 millones de personas en la Argentina, pero la CGT advirtió que la crisis que atraviesan es “casi terminal” por la cual existe una “imposibilidad fáctica de brindar servicios asistenciales básicos” y señaló que el Gobierno hace un manejo “inequitativo” de los fondos del sistema, que surgen del aporte de los trabajadores.

En un informe del secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), que fue presentado en la última reunión del Consejo Directivo cegetista, se afirmó que “la situación económica financiera general del sistema está viviendo una crisis grave que para muchas organizaciones es casi terminal por imposibilidad fáctica de brindar servicios asistenciales básicos”, tras lo cual mencionó el caso de obras sociales que fueron dadas de baja (Industria Del Fósforo) otras declaradas en situación de crisis (Dirección Industria Construcción e Industria Pesquera de Mar del Plata) y otras intervenidas como OSPRERA y Ladrilleros.

Por eso la CGT enfatizó que “un sistema de seguridad social como el nuestro, que financia la atención médica con un porcentaje del salario (9%) que presenta una pérdida del poder adquisitivo que ronda el 30%, sumado al incremento propio de los servicios asistenciales, que superan ampliamente los índices de costo de vida, limita cada vez más la posibilidad de cobertura”.

A continuación, la CGT detalló en números una de las facetas de la crisis de las obras sociales: “Actualmente, el promedio de recaudación de nuestro sistema está en $67.525 por beneficiario, lo que implica que hay más de 9 millones de afiliados que se encuentran por debajo de este promedio, equivalente al 67% de la población de obras sociales nacionales -indicó-. Pero lo que resulta más importante para tener en cuenta es el costo del menú prestacional que estamos obligados a dar, es decir, el costo del PMO (Plan Médico Obligatorio)”.

“De acuerdo con las estimaciones realizadas por el grupo de técnicos y profesionales en la temática de obras sociales de la CGT, que hace años se dedica a esta tarea, el valor del PMO para el mes de marzo de 2026 rondaría los $85.000 per cápita, es decir, una cifra que se encuentra casi un 25% por encima de la recaudación promedio del sistema”, destacó el informe.

Según la CGT, “este último dato implica que más de 11 millones de beneficiarios, es decir el 78,5% del padrón, no aportan lo suficiente para poder financiar el acceso a las prestaciones requeridas por el PMO”.

Se explicó en el informe que, “como consecuencia de esta situación, para poder continuar con la prestación de servicios, la mayor parte de nuestras organizaciones necesitan el auxilio de sus respectivos sindicatos, sin el cual muchas entrarían en cesación de pagos”. Y agregó: “Paralelamente, se resiente la cadena de pagos a prestadores que se refleja en una caída de la calidad en la atención médica, prolongación de los tiempos de espera para acceder a prestaciones y malestar en nuestros afiliados”.

“Otra prueba del deterioro que está sufriendo el sistema de atención se visualiza en la reducción de la capacidad de nuestros afiliados en acceder a los medicamentos ambulatorios de uso habitual -resaltó-. Entre diciembre de 2018 y diciembre de 2023 la capacidad de compra de medicamentos se redujo en promedio en el 49%. Esta situación se mantiene hasta la actualidad".

Uno de los puntos centrales del crudo diagnóstico de la CGT es el de los aportes de los monotributistas al sistema de obras sociales: “A la situación general de nuestros afiliados naturales, debemos soportar el agujero financiero que nos produjo y nos sigue produciendo la incorporación de monotributistas, cuyo aporte al sistema (alrededor de $20.000) es un 290% inferior al costo del PMO. A esto debemos agregar que gran parte de los que ingresan al sistema por esta vía presentan una carga de enfermedad que supera al de nuestros afiliados de la actividad. Es decir que utilizan el régimen de monotributo al solo efecto de tener acceso al sistema de salud a precios irrisorios".

Además, alertó la CGT, “la situación de los jubilados que permanecen en nuestras obras sociales también resulta ampliamente negativa y discriminatoria”, punto sobre el cual precisó: “Hoy el PAMI nos transfiere $48.269 per cápita, valor que resulta muy inferior a lo que realmente recauda el PAMI ($159.000 aproximadamente) y se agrava si tenemos en cuenta que por esa diferencia no contrapresta ningún servicio”.

Por otra parte, el informe aseguró que “la facturación de los hospitales públicos se ha transformado en otro factor de distorsión” para las obras sociales. “Por un lado, en determinados distritos, como ocurre con los hospitales de CABA, el nomenclador que utilizan para facturar las prestaciones presenta valores muchas veces superiores a los de prestadores privados”.

“A esta situación se suma el hecho que no solicitan autorización previa para la realización de prácticas programadas -añadió-. En el caso de las internaciones de urgencia, la denuncia de estas es irregular y muchas veces se realiza en forma tardía impidiendo que se pueda hacer la auditoria en el terreno correspondiente. Como corolario de lo expuesto, el sistema de facturación hospitalario emite facturas que se transforman en cosa juzgada, muchas veces judicializándose su cobro".

Por último, el informe cegetista criticó al Ministerio de Salud de la Nación por la administración de los aportes de los trabajadores para financiar a las obras sociales: “El manejo de los fondos de los subsidios automáticos que distribuye la Superintendencia de Servicios de Salud, que podrían mitigar en parte la situación de crisis del sistema, resulta absolutamente inequitativa”.

Sostuvo que “el ejemplo más ilustrativo es la distribución del SUMA (Subsidio de Mitigación de Asimetrías), que distribuye un monto que actualmente ronda los $2.380 por beneficiario, lo que implica que reciben lo mismo las obras sociales de bajos ingresos que las entidades que más recaudan (por ejemplo, OSDE, Swiss Medical, etc.)“ y dijo que ”en el caso del SUMARTE (Subsidio de Mitigación de Asimetrías para el Trabajo Especial), que hoy distribuye aproximadamente $7.955 por monotributista, y del SUMA 65, que reparte $48.269 por mayores de 65 años, estos recursos surgen de los aportes y contribuciones de los propios trabajadores, por lo cual, si bien mitigan en parte la situación de estos beneficiarios, no resuelven el problema de fondo".

El informe puntualizó que los pagos de INTEGRACIÓN (Discapacidad), subsidios para el financiamiento de las prestaciones de discapacidad, “se están recibiendo en forma regular”, pero advirtió que “el crecimiento del volumen de pacientes que acceden a estas prestaciones ha ido horadando el Fondo Solidario de Redistribución, consumiendo más del 75 % de sus recursos”.

Para finalizar, la CGT consideró que “el desfinanciamiento del Fondo Solidario de Redistribución también se ha visto seriamente afectado por otra medida antiequitativa que surge del último DNU que reduce 5 puntos (del 20 al 15%) los aportes de los salarios más altos, enrasando todos los aportes en el 15%”.

Una mujer de Michigan fue arrestada por las autoridades bajo acusaciones de abuso agravado y privación ilegítima de la libertad, después de que su cuñada, una mujer discapacitada de 58 años, escapara de un encierro en el sótano que, según la policía, se extendió durante dos años y puso en riesgo su vida.

El Departamento de Policía de Saginaw, estado de Michigan, liderado por Jeff Doud, informó a la cadena estadounidense FOX News que la víctima fue hallada en estado de desnutrición tan avanzado que, según el personal sanitario, la hospitalización inmediata fue indispensable para evitar su fallecimiento.

La investigación determinó que Tasha Beamon, de 48 años, mantenía a la mujer en un viejo colchón, en un sótano cerrado con candado y sin suficiente acceso a comida ni agua. Además, los agentes hallaron en el lugar un cubo de 19 litros lleno de orina. Doud señaló: “No la alimentaban con regularidad” y que la víctima “no tenía acceso al agua”.

De acuerdo con el relato de la mujer, desde marzo de 2024, Beamon colocó un radio con alto volumen, funcionando de manera continua en el sótano. El cautiverio finalizó el 15 de marzo, cuando logró forzar una puerta tras percatarse de que la vivienda estaba vacía, escapó y pidió ayuda ingresando a la vivienda de un vecino.

El hombre, que la encontró en extremo estado de debilidad, declaró a la filial local ABC 12 que la mujer le pareció considerablemente mayor y peligrosamente delgada: “Pensé que tenía unos 78 años. Era alta, pura piel y huesos”.

El traslado inmediato al hospital fue indispensable; el personal médico indicó a la policía, según FOX News, que “si se la hubiera dado de alta, habría muerto”.

En su declaración, Tasha Beamon reconoció ante la policía haber mantenido a su cuñada en el sótano impidiéndole salir. Conforme a la investigación del Departamento de Policía de Saginaw, existe la sospecha de que el motivo del encierro era apoderarse de los pagos por discapacidad de la víctima, práctica considerada un agravante judicial cuando involucra adultos vulnerables.

Además, la acusada realizó cerca de 40 llamadas al hospital donde la mujer fue internada tras la fuga, según señaló Doud a la cadena estadounidense FOX News.

El hallazgo de una radio encendida, un colchón en el suelo, el candado externo y el cubo de 19 litros de orina fue confirmado por los agentes al inspeccionar la vivienda. Beamon fue arrestada el 2 de abril, y la fiscalía del condado de Saginaw solicitó una fianza (garantía judicial) de USD 100.000 al considerar el riesgo que representaba para la comunidad. Su primera comparecencia judicial será en una audiencia preliminar programada para el 20 de abril.

La privación de libertad con fines económicos y su impacto judicial

La investigación de la cadena estadounidense FOX News indica que los agentes sospechan que el móvil del encierro fue apoderarse de los ingresos por discapacidad de la mujer. En Michigan, la ley contempla este agravante como relevante en delitos similares cuando la víctima es un adulto vulnerable.

Condiciones de encierro y testimonios vecinales

El caso se hizo público cuando la víctima logró romper una ventana de una casa vecina y pidió auxilio, llevando una barra metálica, según narró quien le abrió la puerta. El mismo vecino relató a la cadena estadounidense FOX News y a la filial local ABC 12 la fuerza que demostró la víctima, a pesar de su debilitamiento extremo, y subrayó que en su primer pedido solicitó llamar a la policía.

Los hallazgos de la policía de Saginaw incluyeron una puerta del sótano cerrada con llave desde el exterior, un colchón en el suelo, un radio a alto volumen y un cubo de 19 litros de orina, elementos que confirman las condiciones de cautiverio descritas por la mujer.

En las últimas semanas, el gobierno nacional intentó mostrar que está dando respuesta a la emergencia en discapacidad a través de resoluciones, reordenamientos normativos y movimientos administrativos que, en apariencia, irían en línea con el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, votada cinco veces por el Congreso Nacional y ratificada por la Justicia. Pero esa puesta en escena choca de frente con la realidad: no hay cumplimiento posible cuando el propio Ministerio de Salud interrumpe la cadena de pagos de prestaciones esenciales y deja colapsar el sistema.

Cientos de instituciones en todo el país todavía no han cobrado sus servicios desde octubre y noviembre de 2025. No se trata de un atraso técnico ni de una dificultad burocrática, se trata de una decisión política que pone en riesgo la continuidad de los apoyos, tratamientos, permanencia en hogares, centros de día, CET y servicios básicos para miles de personas con discapacidad en todo el país.

Desde el cierre de la ANDIS, el ministro de Salud de la Nación no ha garantizado la regularización de pagos, no ha dado previsibilidad al sistema y ha permitido que se profundice una crisis que ya no puede explicarse como desorden administrativo. Se firman resoluciones para anunciar el cumplimento de la Ley, pero no se garantiza el presupuesto para que esas medidas tengan efecto real; y una norma sin ejecución presupuestaria no es cumplimiento, es simulación.

La propia Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina lo advirtió en su carta del 1° de abril al ministro Lugones, donde describió la “grave situación” que atraviesan numerosas instituciones dedicadas al cuidado y acompañamiento de personas con discapacidad, afectadas por el retraso y la insuficiencia de los aportes estatales.

Desde CAIDIS y desde mi responsabilidad en la Secretaria de Relaciones Institucionales y Discapacidad del Municipio de Cañuelas, vemos en el territorio todos los días cómo esta crisis impacta en las familias. Estamos hablando de un sistema del que dependen 250 mil personas con discapacidad y que afecta indirectamente a más de un millón de personas entre familiares, trabajadores, profesionales e instituciones. Mientras tanto, hogares, centros de día, centros educativos terapéuticos y transportistas hacen esfuerzos extraordinarios para no cortar prestaciones, endeudándose para sostener lo que el Estado debería garantizar.

Por eso, en estos días estamos advirtiendo que ante la Ley de Emergencia, el ministro de Salud de la Nación hace la trampa de realizar anuncios y formalizarlos con resoluciones que quedan suspendidas por falta de financiamiento.

Los derechos se garantizan con asignación presupuestaria y decisión política. Si el gobierno nacional realmente quiere cumplir la Ley, debe empezar por lo básico, que es la regularización inmediata de la cadena de pagos de Incluir Salud y PAMI, el pago de las compensaciones adeudadas a las instituciones, y asegurar un sistema en el que nunca más las personas con discapacidad, las más vulnerables de toda sociedad, sean rehenes del ajuste, porque recortar en discapacidad no ordena la economía.

La actividad física regular figura entre las medidas más efectivas para reducir el riesgo de enfermedades crónicas, incrementar la esperanza de vida y mejorar la calidad de la salud mental y física a toda edad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) respalda con evidencia científica que permanecer inactivo aumenta la carga de enfermedad sobre los sistemas sanitarios. Según los datos recopilados por la institución, el 31 % de los adultos a nivel global no alcanza los niveles mínimos de actividad recomendados, un indicador que advierte sobre la necesidad de transformar estilos de vida y políticas públicas.

La revisión más reciente de las directrices de la OMS evidencia que un mayor volumen de actividad física conlleva mayores ventajas, incluso superar los 300 minutos de ejercicio aeróbico moderado por semana puede ofrecer mejoras sustanciales en salud. La recomendación se extiende a las personas de 65 años o más, para quienes los programas multicomponente —que combinan equilibrio, fuerza y resistencia— pueden reducir las caídas hasta en un 28 % (razón de tasas combinada 0,72 [intervalo de confianza del 95 %: 0,56 a 0,93]), según evidencia revisada por la organización. La pauta internacional establece que la actividad física regular está directamente vinculada a la reducción del deterioro funcional y la prevención de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer.

La OMS recomienda para adultos mayores de 65 años acumular entre 150 y 300 minutos de actividad aeróbica moderada durante la semana o la combinación equivalente de intensidades, sumando ejercicios de fortalecimiento muscular al menos dos días a la semana.

Consultada sobre la exigencia principal de la recomendación, la OMS especifica que los adultos y mayores, incluidas personas con patologías crónicas como cáncer, hipertensión, diabetes de tipo 2 o VIH, deben procurar actividades físicas aeróbicas moderadas por un mínimo de 150 minutos cada semana.

También se aconseja incorporar ejercicios de fortalecimiento muscular al menos dos días semanales y priorizar ejercicios de equilibrio y multicomponente en la tercera edad para reducir las caídas y mantener la funcionalidad. Este abordaje asegura ventajas en la prevención y el manejo de enfermedades, la salud mental y la calidad de vida.

Recomendaciones específicas para mujeres embarazadas y en puerperio

La OMS establece que todas las mujeres embarazadas y en puerperio sin contraindicaciones deberían cumplir, en la medida de sus posibilidades, con al menos 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada por semana.

Entre los principales beneficios se encuentran la disminución del riesgo de preeclampsia, diabetes gestacional, depresión postparto y complicaciones neonatales, además de evitar el aumento de peso excesivo y favorecer un parto saludable. La evidencia, recopilada de revisiones sistemáticas de alta calidad entre 2020 y 2019, confirma que la actividad física no incrementa el riesgo de aborto, muerte prenatal ni parto prematuro.

Para este grupo, la guía recomienda la incorporación de ejercicios aeróbicos y de fortalecimiento muscular, sumando estiramientos moderados cuando no existan contraindicaciones médicas. En situaciones particulares, es esencial la consulta con un profesional sanitario. La recomendación recalca que cualquier nivel de actividad es preferible a la inactividad absoluta, y que empezar con pequeñas dosis puede resultar tanto seguro como beneficioso.

Impacto en personas adultas con enfermedades crónicas

Las directrices de la OMS se profundizan en la actividad física para personas con diagnósticos de cáncer, hipertensión, diabetes de tipo 2 o VIH. Los hallazgos muestran que mantener el nivel de ejercicio recomendado reduce de manera importante la mortalidad general y específica.

En supervivientes de cáncer, el riesgo de fallecimiento desciende en proporción a la actividad física mantenida tras el diagnóstico; en personas con diabetes de tipo 2, realizar alguna actividad —en vez de ninguna— se correlaciona con disminución del 32 % en el riesgo de mortalidad cardiovascular. Respecto a la hipertensión, el ejercicio regular puede disminuir la presión arterial sistólica en aproximadamente 12 mm Hg y la diastólica en 6 mm Hg.

Las personas que viven con VIH logran mejoras en salud mental, composición corporal y tolerancia al esfuerzo, sin que la actividad física impacte negativamente la evolución de la enfermedad ni los marcadores clínicos principales.

Sedentarismo, riesgos asociados y recomendaciones para todos los grupos

El comportamiento sedentario —definido como el tiempo transcurrido sentado o acostado con bajo gasto energético— se asocia de forma constante con mayor mortalidad global, incidencias de enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes de tipo 2. La directriz es precisa: sustituir el tiempo sedentario por cualquier nivel de actividad física trae aparejados beneficios directos para la salud, incluso para quienes únicamente pueden realizar ejercicios leves. Para niños y adolescentes con discapacidad, resulta especialmente prioritario limitar el tiempo de ocio frente a pantallas.

Es recomendable que adultos que vivan con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, mayores y personas con discapacidad eviten los lapsos sedentarios prolongados y, siempre que sea seguro y factible, aumenten la cantidad de actividad física más allá del mínimo recomendado para contrarrestar elevados niveles de sedentarismo.

Evaluación de la relación dosis-respuesta y amplificación de beneficios

La evidencia compilada por la OMS respalda que existe una relación dosis-respuesta clara e inversa entre la cantidad de actividad física y el riesgo de limitaciones funcionales y mortalidad, aplicable tanto a la población general como a grupos vulnerables.

En adultos mayores, personas con patologías crónicas, mayores frecuencias, duraciones o volúmenes de actividad implican beneficios fisiológicos y funcionales superiores. En todos los segmentos estudiados, los riesgos asociados a la práctica recomendada resultan bajos y superados ampliamente por las ventajas comprobadas en bienestar físico y mental.

La información completa y los perfiles de evidencia desarrollados por la Organización Mundial de la Salud pueden consultarse en su sitio oficial.

Quienes conviven con infancias neurodiversas suelen encontrarse con escenarios cambiantes, donde cada día exige adaptaciones nuevas. Estévez lo sintetizó en una frase que caló hondo: “Hay momentos en los que no das más, pero cada día es una cosa diferente porque lo que funcionó hace un mes no funciona más y ves que la necesidad es otra”, reconoció durante su paso por el ciclo Almorzando con Juana.

El relato de Estévez evidenció la constante reinvención a la que se ven sometidas muchas madres y padres en contextos similares. “Pienso en las maternidades atípicas, las maternidades neurodiversas en las que no hay ningún manual escrito, es artesanal y es muy creativo en el buen y en el mal sentido”, reflexionó la actriz, quien en los últimos tiempos se pronunció públicamente sobre las dificultades que atraviesan las familias de personas con discapacidad.

El caso de Vida, la hija mayor, muestra cómo la organización diaria se entrelaza con la atención terapéutica y la gestión del tiempo libre. “Vida va al colegio y hace tres terapias semanales, por lo que le queda poco tiempo para las pantallas”, comentó Estévez, aludiendo a la manera en que equilibran obligaciones y recreación.

Las rutinas de fin de semana se viven con reglas propias y recursos que la familia fue creando. La actriz aportó detalles sobre esos momentos: “La lucha es los fines de semana, pero ella misma (Vida) se autorregula y tiene recursos que inventó y es de escuchar música con el celular, tiene un parlante y mientras recorta papelitos”.

Para quienes se preguntan por el día a día de Inés Estévez con sus hijas, la actriz describió una realidad dinámica y exigente. La maternidad neurodiversa implica ajustes constantes, creatividad y la necesidad de escuchar a los niños para acompañarlos en su desarrollo. El proceso puede ser agotador, pero también abre la puerta a formas únicas de vínculo y aprendizaje, tanto para los hijos como para los adultos a su cargo.

Particularidades y desafíos con Cielo y Vida

La vida cotidiana de Cielo, la hija menor, presenta desafíos distintos. “Cielo, que tiene parálisis cerebral, tiene una dificultad más grande porque sus intereses son más acotados, le gusta meterse al agua, andar en auto y ver a Topa”, detalló Estévez, revelando cómo cada niño traza su propio mapa de intereses y necesidades.

En el hogar de la actriz no hay televisor, pero sí tecnología adaptada a los gustos y posibilidades de las niñas: “En mi casa no hay tele, pero ella tiene su tablet y ahí está la música y las películas que le gustan”, contó sobre Cielo.

Una de las mayores preocupaciones para quienes cuidan a chicos con discapacidad es el impacto de los cambios en sus rutinas. “Los chicos con discapacidad se desregulan mucho cuando les alterás el ritmo. Vida tiene 17, pero es como que tiene entre 6 y 12 años”, explicó Estévez, poniendo el foco en la importancia de respetar los tiempos y espacios de cada uno.

Hay momentos festivos que también ponen a prueba la flexibilidad de la familia. Mientras Vida disfruta de socializar y participa hasta el final de las reuniones, las necesidades de Cielo son otras: “A Cielo si no le das de comer a la hora exacta, en un lugar tranquilo… a la hora de dormir enfila para su cuarto”, relató Inés.

La experiencia de Estévez demuestra que en la crianza de niños con discapacidad no existen fórmulas universales. Cada jornada puede presentar desafíos inéditos y lo que resulta efectivo en un momento puede perder vigencia poco después.

Con su relato, Inés Estévez pone sobre la mesa la complejidad y la belleza de una maternidad lejos de estereotipos. “Hay momentos en los que no das más”, pero en ese devenir, la actriz encuentra también fortaleza y motivos para celebrar cada pequeño logro junto a Cielo y Vida.

Alejandra Forlán es de esas personas a las que no les va el dramatismo. Encara la vida de frente. Es lo más parecido a una topadora. Una bellísima topadora. Porque ella puede con todo, o al menos eso es lo que me parece.

Tiene 52 años y lleva 34 y medio sentada en una silla de ruedas. Esos son muchos días. Unos 12.624 desde la patinada del auto que manejaba su novio de la adolescencia cuando terminaron incrustados contra una palmera en la banquina de una ruta uruguaya. Él murió; ella, con 17 años, sobrevivió para contarlo. También para lucharla sin rendiciones ni pausas. Porque desde esa madrugada lluviosa, en las afueras de la ciudad de Montevideo, tuvo que vencer un desafío tras otro. A pesar del esfuerzo que implicó su batalla, jamás de los jamases dejó de agradecer al universo por seguir viva. Justo de esto va su libro Buen Día Vida que fue lanzado en Uruguay el pasado 23 de marzo. Mágicamente la salida editorial ocurrió el mismo día en que cumplió años.

Festejar cada mañana el hecho de respirar se le ha hecho costumbre. Es solo una prueba más de su espíritu incombustible: Alejandra resulta ser una increíble guerrera de ojos que navegan entre el azul y el verde, entre el cielo despejado y el mar embravecido. Hoy lleva el pelo rubio recogido en una prolija coleta y su metro setenta y cuatro ataviado en un outfit impecable, tan canchero como sobrio. Son, precisamente, sus ojos los que inspiraron la tapa del libro que ilustró la mano experta de su hermana Adriana Forlán (53).

Alejandra es inquieta y charleta, va y viene con la moderna silla de ruedas eléctrica que compró hace unos meses en un viaje a España. Le da muchísima más libertad que la anterior porque ahora puede conducirla con su puño. Podríamos decir que su puño simboliza su ansiada independencia. La libertad. Con habilidad mueve la pequeña esfera con colores del manubrio de su móvil rodante. Adelanta, acelera, dobla, retrocede, gira. Alejandra asegura que la tiene controlada, pero cuando su vehículo agarra velocidad por la bajada de la porteña avenida Callao hacia Posadas, da miedo que se estrelle. “¿Dónde estará el freno?“, me preguntó con histeria y sin la confianza necesaria para detenerla con mis miedos. Los miedos son solo míos. Alejandra va radiante, sonriendo, mientras baja el cordón por una rampa cascoteada, sortea el tráfico salvaje del mediodía y encara la barranca hacia Libertador. ¿Miedo a qué?, podría retrucarme filosa y con razón. Da vergüenza el cuidado con que uno pisa, temiendo un resbalón en el plano inclinado, mientras ella enfrenta el mismo precipicio con ánimo invencible. Tiene curtido el espíritu y templada la voluntad. Posee un carácter fuerte, bien disimulado por las formas, la esmerada educación y su alegría vital. La intuía así desde nuestras largas charlas telefónicas que viajaban la anchura del Río de la Plata; verla, es otra cosa.

Alejandra está de visita por Buenos Aires y disfruta del aire y del sol que le da de lleno y le saca brillo a su pelo dorado en este día fantástico de otoño. En el café porteño donde nos sentamos, llueven amigos, familiares, conocidos. Pasan a verla, charlan un rato, comentan sucesos y se van. Es una colección de amistades diversas, de acá, de allá, de antes y de después. Mientras el resto tomamos algo, ella, en cambio, no puede ingerir nada de nada. Desde hace ocho años tiene no solo la traqueotomía en la base de su cuello coquetamente tapada con un pañuelo, sino también una gastrostomía en su panza. Esto último significa un orificio en el abdomen por donde una asistente le introduce, cada equis horas, los nutrientes que su cuerpo necesita.

El sabor es otra cosa de las tantas que la vida le ha quitado. Pero ella no se queja. Nunca lo hace. No pertenece a la estirpe de los quejosos.

Alejandra gira en redondo con su silla varias veces. Quiere pispear qué locales hay por acá, por la zona. Está preocupada porque quiere comprar un regalo para un gran amigo y cantante, al que vino a ver en el escenario del Campo Argentino de Polo, en Palermo: Alejandro Sanz. ¿Qué puede llevarle que sea distinto, original? Pregunta varias veces y sopesa cada respuesta.

Hay palabras que el vocabulario de Alejandra no contempla. Me permito nombrarlas porque es llamativo que no surjan de su boca: rencor, culpa, rabia, víctima. No se asoman a nuestra conversación. En su léxico las emociones negativas parecen no existir.

Esta breve introducción es solo para que se entienda bien que en esta historia de vida no encontraremos lágrimas espesas ni el lastre del pesimismo. No porque falten condimentos para ello o porque no hayan estado en algún momento, sino más bien, y ante todo, porque la persona que la protagoniza ha decidido poner el foco en otro sitio. Principalmente en todo lo bueno que queda por vivir.

Aunque sea poco para muchos, para ella es más que bastante. Y suficiente para seguir conjugando el verbo ser feliz. Porque la realidad no es siempre un muro infranqueable. Alejandra trabaja cada día para horadar la piedra, correr con la energía de su mente cada obstáculo caído en el camino y remar la vertiente, montaña arriba, para demostrarle al resto de los mortales lo valioso que uno puede hacer con lo que toca.

“Está en vos seguir andando”

Alejandra nació en Montevideo el 23 de marzo de 1974 y fue la tercera hija de Pablo “Boniato” Forlán (80 años, célebre futbolista uruguayo que debutó con Peñarol y fue parte de la selección uruguaya) y Pilar Corazzo (76, hija también de un futbolista y DT conocido por esos lares). La pareja tuvo cuatro hijos en este orden: Pablo, Adriana, Alejandra y Diego. Dentro de una familia de deportistas no fue inesperado que los dos varones también jugaran al fútbol de manera profesional como su padre y abuelos. Diego (46) quizá haya resultado el más famoso de todos ellos porque jugó en grandes clubes de Gran Bretaña y España y llegó a ganar el Balón de Oro en el Mundial del 2010.

La infancia de Alejandra transcurrió dentro de una familia unida y alegre, con un padre que estimulaba el movimiento. La llevaba a nadar cada semana y le enseñaba a tirarse de cabeza a la pileta con estilo. El deporte, las peleas cotidianas con sus hermanos, las risas, los amigos y las actividades escolares llenaban su vida y la casa de los Forlán Corazzo.

Llegó la adolescencia de Alejandra, las salidas y las fiestas. El horizonte pintaba pluscuamperfecto.

Alejandra estaba en el último año del secundario cuando se hizo la noche del viernes 13 de septiembre de 1991. Se festejaba el cumpleaños de una de sus primas en el edificio donde las familias vivían en la calle Potosí, dentro del barrio de Carrasco, en Montevideo.

Ya era de madrugada y había comenzado el sábado 14 cuando su novio Gonzalo, quien era fanático de la banda The Doors, propuso ir a un boliche donde se hacía una fiesta con la temática de ese grupo de rock. El recital debería haberse hecho el sábado anterior, pero por algún motivo se había cambiado de fecha. Alejandra (17) aceptó acompañarlo, pero antes tuvo que ir hasta el dormitorio de sus padres, quienes dormían, para preguntarles si la dejaban ir.

A Pilar no le pareció una buena idea, ¿para qué salir si estaban pasándola bien ahí? Como toda adolescente Alejandra insistió y logró el permiso con la condición de que Adriana, su hermana mayor, fuera y volviera con ella. Algo que al final no sucedió porque, cuando Alejandra y Gonzalo agobiados por la cantidad de gente en el lugar decidieron irse, Adriana eligió quedarse.

Alejandra, a pesar de que una semana antes le había dicho a un amigo al colocarse el cinturón de seguridad del auto que tenía la premonición de que podría haber un accidente, esa noche olvidó ponérselo. Convengamos que eran épocas donde las normas viales y de seguridad no estaban tan instaladas en nuestras cabeza como hoy.

Lo cuenta ella: “Subimos a su auto y emprendimos el camino de regreso a casa. Era sábado, de madrugada, había llovido, el asfalto estaba mojado y nosotros íbamos cansados. No puedo decir con exactitud qué pasó. Estábamos circulando por la calle Coimbra, en Punta Gorda, que en aquella época tenía un tramo donde solía acumularse el agua. En medio de la lluvia de pronto me di cuenta de que el auto había perdido el control. Puede ser que Gonzalo hubiera pestañeado por cansancio o que no hubiese podido ver bien el camino. Nunca lo sabré. ‘¡Gonzalo!’, le dije y él frenó de golpe. Lo que vino después fue como estar dentro de un trompo, dando vueltas y vueltas y vueltas. Me repetía para mis adentros, quiero que pare, quiero que pare, quiero que pare. Por mi mente cruzaron miles de pensamientos, imágenes, deseos y ruegos a Dios para que me dejara quedar con mi familia y seguir viviendo. Después sentí un golpe seco y todo se detuvo. Nos habíamos estrellado contra una palmera. El auto quedó mirando en la dirección contraria. La parte de atrás estaba deshecha… Si hubiera venido Adriana con nosotros… Gonzalo no reaccionaba. Le vi brotar sangre de un oído. Intenté moverme, probé levantarme, pero no pude hacer nada”.

Poco recuerda de lo que siguió a ese 14 de septiembre: “Desperté otra. Llorando porque Gonzalo había muerto en ese accidente que tomó por sorpresa toda mi historia (...) A partir de ese momento empezó mi nueva vida, una forma distinta de transitar el día a día. No podía mover mis piernas, ni mis manos, ni mis dedos. Mi cuerpo no se parecía a mi cuerpo”.

Esos primeros tiempos en la terapia intensiva estuvieron envueltos dentro de un espeso manto de niebla. Fue Pilar su madre quien la arrancó del letargo: “La vida de Gonzalo se apagó. Está en vos seguir andando”.

Pilar sabía que no podía ser contemplativa, que tenía que empujar el deseo de su hija a seguir viviendo. Se convirtió en su sostén desde el primer día de su nueva vida. No solo porque no cedió su puesto a nadie, sino porque ejerció el poder maternal con firmeza, convicción y sin concesiones. Lástima no habría. No había lugar para ello. Había, sí, que estimular la resiliencia. Pilar deseaba con toda su alma que su hija se volviera fuerte para soportar lo que vendría: “Vos decidís lo que querés hacer”.

En un instante de una noche Alejandra había perdido lo que había creído eterno. Su vida adolescente se había evaporado. Sus sueños de futuro quedaron hechos un bollo en algún rincón. Estaba en una cama mirando la blancura del techo sin poder moverse y comenzando a comprender que su cuerpo se había convertido “en un envase distinto donde debería habitar de ahí en adelante”.

En un punto y de alguna manera decidió que su mundo no sería una cama de hospital y que su horizonte no se limitaría al techo anodino de una habitación: “Que yo siguiera viva significaba que había algo más, que era posible ir hacia adelante. Eso sería posible si yo lograba demostrar la suficiente resiliencia”.

Pilar había tenido éxito, su hija se había aferrado a la idea de que vivir valía la pena.

Alejandra fue recobrando fuerzas y en el verano de 1993 le cerraron la traqueotomía que tenía para poder asistir a sus pulmones. Respiraba sola. Fue su primer gran logro.

El sonido de los tacos de mamá

Pasar de la hiperactividad a la quietud. Pasar de hacer mil cosas a la vez a no poder hacer ninguna. Pasar de los sonidos habituales de tu vida a una existencia llena de sondas y máquinas e invadida por el ruido de un respirador. El pasaje de una a otra forma de vivir resultó un golpe que no admite adjetivos. Ninguno podría explicarlo en forma acabada y precisa. Su cuerpo fue atravesado por vías venosas centrales y periféricas, sondas vesicales, sondas nasogástricas, aspiraciones diarias de la tráquea. En esos tiempos ríspidos, escuchar los tacos de los zapatos de su madre acercándose por el pasillo del sanatorio le daban una sensación reconfortante. Estaba llegando Pilar, la persona que mejor la comprendía, en la que más confiaba.

Volvió a su casa siete meses después del accidente. El reencuentro con sus cosas fue sobrecogedor. Su ropa, sus muebles, sus objetos contaban una historia que era parte del pasado. Estaba a una altura distinta de sus viejas pertenencias. El accidente le había cambiado la perspectiva desde la cual, de aquí en adelante, miraría al mundo.

Los amigos se convirtieron rápidamente en otro de sus grandes puntos de apoyo. Siguió saliendo cuanto pudo. Siguió intentando ser una adolescente más.

Pero superado el primer riesgo de muerte Alejandra tuvo que aprender a lidiar con otras cosas importantes. Por ejemplo, con la dependencia absoluta que tenía ahora de la voluntad ajena. Esta sería siempre la batalla más difícil de dar. Dependía de otros para ir o irse de un lugar, para comer si tenía hambre, para taparse si tenía frío, para rascarse la nariz o quitar de su cara un pelo que le provocaba cosquillas. Lo que las personas solemos hacer de manera automática, Alejandra no podía realizarlo por sí misma. Tuvo que aprender a pedirlo o, simplemente, a aguantarlo.

No solo sus padres pusieron el cuerpo para ayudarla, sus hermanos también estaban ahí y hacían turnos. Montones de amigos se fueron sumando con el tiempo y en su etapa universitaria.

En su flamante libro escribió bastante sobre el tema de la dependencia: “En mi caso particular significa vivir ejercitando la paciencia, domando mi ansiedad natural e intentando entender que los demás no tienen la obligación de comprender de manera integral las necesidades no solo de mi cuerpo sino también de mi espíritu”. Para concretar los deseos necesita lo que ella llama sus intérpretes porque “aunque mi cuerpo no se mueva bajo mis órdenes, mi cabeza sí que camina y proyecta sin pausa. O sea que, permanentemente, preciso de mis intérpretes para arribar a lugares, momentos, concretar planes y metas. ¿Quiénes son ellos? Muchos. Primero, mi familia, que son quienes más me conocen. Luego, los asistentes y mis amigos. Y, por último, la IA. ¡La inteligencia artificial ha llegado para aliviar bastante mi cotidianidad!”.

Analiza: “Pensá en cada movimiento que hacés sin pensarlo. Miles por día”. Relata que hubo un estudio, en 2018, que demostró que cada persona toma unas 35.000 decisiones por día, pero que la gran mayoría (el 99,74% de las mismas) son automáticas. Nuestra conciencia solamente registra unas pocas. Sigue explicando y así lo escribió: “Esto quiere decir que si tomamos 1.458 decisiones por hora, durante esos 60 minutos posiblemente sólo percibamos cuatro”.

Pasaron los años. Las terapias físicas, más rehabilitaciones en Brasil, en Argentina y en Suiza. Cirugías y contratiempos gravísimos. Incluso hubo varios episodios en los que su vida volvió a pender de un hilo. Podría haber muerto, pero nuevamente sobrevivió.

La vida sigue de otra manera

Una vez que Alejandra consiguió terminar el secundario, arrancó con la universidad para estudiar psicología. Su madre la llevaba hasta el auto cada día y su padre conducía hasta la facultad para luego subirla a upa, escalón por escalón. Fue un trabajo mancomunado de todos, incluso de algunos compañeros que ayudaron. Se recibió, como ella resume, con “esfuerzo, colaboración y voluntad”.

El accidente borró el mapa original de deseos y proyectos que había tenido de pareja, casamiento e hijos. Así lo expresa: “La maternidad fue otro sueño que quedó en el camino. En algún momento de mi vida decidí averiguar respecto a la congelación de óvulos. Llegué a ir a una clínica y me hice los estudios pertinentes. Pero, en este constante trabajo interno que practico, reflexioné y entendí que, si bien deseaba profundamente tener un hijo, esto -en mi caso- era un acto egoísta (...) De alguna manera, con el tiempo comprendí que muchas de las cosas que yo proyecté -una pareja, los hijos y una familia propia- se habían ido con Gonzalo”.

Como su familia era conocida en Uruguay y su caso público, con el correr del tiempo, Alejandra detectó en esa circunstancia una posibilidad muy valiosa: podía ayudar a otros que atravesaran escenarios semejantes. “Muchas familias que vivían situaciones similares a la mía, empezaron a llamar a casa para solicitar orientación o pedir algún tipo de ayuda o consejo. Esto me concientizó rápidamente de lo que ocurría con otros y despertó en mí la idea de hacer algo. Funcionó como un llamado a la acción porque, cuando finalmente nació la fundación que llevó mi nombre, yo ya había experimentado en carne propia muchas de las dificultades del sistema de salud y todas las barreras que enfrentamos en esta sociedad las personas con discapacidad. Desde las limitaciones para circular por la calle o para ingresar a edificios hasta los serios problemas para conseguir trabajo (...) Lo primero que hice fue empezar a dar charlas junto a mi colega Marisol. Las bautizamos ‘Punto muerto’ y estaban orientadas a la prevención de accidentes de tránsito (...) Estas charlas marcaron el inicio de algo mucho más grande. A medida que avanzábamos, descubrí que las necesidades de las personas afectadas por siniestros de tránsito eran mucho más amplias de lo que yo había imaginado”, cuenta.

Ser Forlán era una gran ventaja. Todos sabían quién era. En 2009 creó la Fundación Alejandra Forlán bajo la consigna de cambiar todo lo que hiciera falta para prevenir accidentes y mejorar la vida de quienes habían quedado con limitaciones. Se convirtió en una luz guía para muchos. En 2010, el entonces presidente de Uruguay, José Mujica, le propuso ocupar la vicepresidencia de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev). Después de varios días de pensarlo, aceptó: “Nunca me importaron los colores de la política, me motivaba la posibilidad de transformar la realidad. Por eso acepté la responsabilidad: creí que podría hacer cosas que marcarían la diferencia”.

Pero el mundo de los ideales está lejos del territorio de los hechos. Durante los años que trabajó allí Alejandra fue testigo de lo que podría mejorar, pero también descubrió “que no todos comparten la misma visión ni energía para concretar esos cambios” en tiempo real.

Valoró la oportunidad y está convencida de que sembró semillas para lograr modificaciones, pero cuando terminó el mandato del presidente decidió que lo mejor era marcharse y buscar nuevos rumbos donde ejercitar su vocación de ayuda.

Dos “nuevas amigas”

Alejandra siempre disfrutó de viajar. Estuvo con su familia en el Mundial de Sudáfrica, paseó por Hong Kong, París, Madrid, Mallorca, Miami y por muchas otras ciudades y países, aunque lograrlo no fue una tarea sencilla.

En 2015 voló con su familia a un centro de rehabilitación en Suiza donde experimentó un severo episodio con el exceso de flemas que no podía expulsar. Alejandra tiene el 40 por ciento de la capacidad pulmonar de cualquier persona. Por falta de fuerza muscular por su tetraplejía, no puede sacar esas flemas de su cuerpo mediante la tos, el mecanismo habitual al que recurrimos todos.

Fue una experiencia desesperante porque lo cierto es que esta vez las flemas la ahogaron de tal manera que terminaron por provocarle un paro cardiorespiratorio. Debieron usar un desfibrilador para traerla a la vida nuevamente y quedó en coma.

En 2018 tuvo otra internación de tres meses por una gripe que le generó tantas flemas que, una vez más, su corazón se detuvo. La rescataron, pero tenía neumonía. Debió ser intubada para depender del respirador artificial para vivir. En esta ocasión su condición fue mucho más grave porque experimentó, además, cuatro infecciones simultáneas: en pulmones, en cerebro, en corazón y perineo. Tenía una septicemia severa.

Si sobrevivía, la internación sería larga.

Los profesionales querían una mejor vía de acceso para proporcionarle medicación y alimento. No tenía que debilitarse. Decidieron que lo ideal era ponerle un botón gástrico (gastrostomía). Ello implicaba hacerle un orificio en su pared abdominal para pasar los nutrientes directamente a su estómago con una sonda. Su familia dudó, no querían que ella tuviera que convivir con una restricción más, pero era necesario para que su cuerpo pudiera batallar. Finalmente le hicieron la intervención.

Alejandra tiene humor y dice que, desde esa internación, convive con sus dos nuevas amigas “la traqueo y la gastro”. Ellas son la llave de su salud, atajos directos y seguros. La traqueotomía se la dejaron para poder expulsar por allí las flemas o para, en caso de necesidad, aspirarla con facilidad; la gastrostomía, para alimentarla cada día con las calorías que su organismo requiere.

Lo cierto es que, a partir de este momento crucial, los sabores y texturas para el paladar dejaron de ser parte de su vida. Era otra pérdida a asimilar. Una más. La aceptó y aprendió a convivir con ella.

“La vida es un ejercicio constante de adaptación. No se trata de resistir ni de pelear; se trata de abrazar las oportunidades y estar dispuestos a empezar una vez más, como sea y de la forma que sea”, Alejandra dixit.

La encefalitis fue la más complicada de las infecciones que atravesó en esta etapa porque le hizo perder la vista transitoriamente: “Mi ceguera acabó de remitir, sin embargo, quedó una lesión en mi lado izquierdo que no podré recuperar jamás. Es un limitado ángulo por el que no podré observar al mundo”.

Al recuperarse y volver a casa, Alejandra resolvió refugiarse más que nunca en sus rutinas. La disciplina para cuidar correctamente de su cuerpo se volvió indispensable.

En 2022, cuando pudo retomar su pasión por los viajes, tuvo dos malas experiencias que frenaron por un tiempo sus deseos. Se descompensó en un par de vuelos al punto que los médicos se plantearon que no volviese a viajar. Ella cuenta: “Se me había hinchado el abdomen hasta tal punto que me impedía respirar. Fue necesario que me acostaran sobre el piso y que me atendiera un médico que estaba a bordo. El segundo trecho y la vuelta no fueron mejores. La hinchazón volvió a no dejarme respirar por lo que, una vez más, acabé echada en el suelo (...) En la siguiente oportunidad, como se trataba de un vuelo corto, pensamos que no me pasaría lo mismo. Sin embargo, otra vez me sentí pésimo”.

Los especialistas aconsejaban dejar los viajes; su familia, para protegerla, pensaba lo mismo. Pero Alejandra no estaba dispuesta a que le quitaran los aviones que la llevaban a lugares que la nutrían con imágenes y recuerdos. No se iba a resignar a perder esos tesoros. Tuvo que ponerse firme con Pilar, su propia madre. Le explicó que “si no pudiera hacerlos, ¿qué recuerdos podría tener? En los inviernos viviría limitada a mi casa, por el frío peligroso que paraliza mi cuerpo. Con esa crudeza se lo expresé a mi madre y logré convencerla: por suerte, ella entendió que no viajar era quitarme la posibilidad de una gran motivación”.

Alejandra había vencido, con la fuerza de su voluntad, la resistencia de todos. Volvió a viajar muchas veces más y piensa seguir haciéndolo en todas las oportunidades que se le presenten. Para el cumpleaños de 80 de su padre viajaron todos a Europa donde vivía uno de sus hermanos. Y hasta anduvo en lancha.

Esas experiencias llenan de formas, colores y alegría su cabeza e inundan de movimientos su vida.

“No” a sufrir dos veces

Alejandra no esquiva preguntas. Es directa en sus respuestas.

-¿Qué se hace con los sueños truncos? ¿Dónde se guardan? Hablo de la maternidad, de la pareja, la familia propia.

-Los dejé a un lado, con todo lo que se me fue, y seguí adelante. Primero tenía que luchar por mi vida y después fui por los sueños que sí podía llevar a cabo. Lo trabajé con mi cerebro de manera espontánea. No lo negué, solo los estacioné de un lado de mi cabeza y me concentré en el otro lado, en lo que sí podía. Se dio naturalmente. Por ejemplo, con la maternidad... En ese momento quería ser madre y como conté en el libro llegué a ir a un centro de óvulos. La ficha me terminó cayendo sola. Me pregunté para qué y con quién, porque no tenía pareja en ese momento. La idea de ser madre me abandonó. Traer un hijo al mundo es querer dar todo por ese hijo, pero yo no podía dar todo por un hijo. Con la discapacidad que tengo debo ocuparme de mí y ese hijo iba a terminar ocupándose de mí. Me di cuenta de que no estaba bueno porque no era justo ni saludable para mi posible hijo, ni para mi madre, ni para mí. La maternidad fue una necesidad que supe adormecer en mi cabeza. Un sueño que simplemente dejé a un costado.

-Hay algunas palabras que nunca escucho de tu boca… rencor, bronca, víctima. ¿Es negación o una elección?

-Es algo innato. Tuve el accidente, se murió mi novio, lloré… pero la frase de mamá sobre que tenía que decidir si quería vivir me interpeló. Mi madre fue mi guía. No la vi destruida, nunca la vi llorar, siempre tirando para adelante. Yo veía cómo actuaba ella y fui su espejo. Paré de llorar y empecé a enfocarme en lo que podía hacer.

(Dice en su libro al respecto: “Victimizarse paraliza. Pude demostrarme ser lo suficientemente capaz y exigente como para no permitir que eso me ocurra. No concibo frenar para que ese concepto me defina. De ninguna manera. Poner mi vida en marcha fue un proceso paulatino que acometí desde el principio, desde el momento mismo del accidente. Eso hizo que el dolor siempre se sintiera de una manera más suave. Lloré un montón cuando me confirmaron que Gonzalo había muerto, pero ese duelo y el de mi nueva situación, los hice por mi cuenta. Fue una adaptación que realicé en mi interior más profundo. Me preservé para no lastimarme más (...) Mi refugio funcionó. A veces, me sorprendo de haberlo logrado. Porque realmente no sé exactamente cómo lo hice. No hubo recetas ni manual, solo fe y amor por la vida”.)

-Hablando de la tecnología como aliada: ¿imaginás que la inteligencia artificial te podría brindar una asistencia perfecta?, ¿soñás con una terapia que te devuelva el movimiento voluntario?

-Aprendí que tengo que vivir el hoy. Lo que llegue que llegue, pero mientras solo vivo el ahora. No estoy pendiente de algo que pueda llegar a suceder. Vivo lo que hay. No es que no podés soñar, claro que soñás, pero eso no puede ser tu eje porque corrés el riesgo de que te paralice. La vida pasa por estar acá, por disfrutar de lo sencillo como tirarte en el pasto y mirar el cielo. Son cosas que muchos toman como algo que está dado, pero para mí en cambio valen un montón. Si estás deseando tantas cosas, no disfrutás de lo que tenés. Soy una agradecida de vivir en un país sin guerra, de estar viva y de tener a mi familia. Adoro a mis sobrinos y tengo muchísimos amigos.

-Una familia solvente económica y emocionalmente para sostenerte en una situación así no es algo que cualquiera en tu situación tenga la suerte de tener. ¿Qué le dirías a alguien que le falta esa contención?

-La contención emocional siempre se puede encontrar en alguien… Hay que buscarla aunque, también, hay que tener las herramientas psicológicas necesarias para eso. Agradezco tenerlas. No te niego que los medios económicos son importantes, pero lo más valioso es la cuestión psicológica y el entorno. Tengo la suerte de tener en mi cuerpo la “química positiva”. Si no tenés esa buena disposición emocional, o tenés tendencia a la depresión, puede resultar complicado. Claro que si el entorno te ayuda podés desarrollar esas capacidades indispensables. Creo que es algo que, en parte, se hereda. Yo lo traigo de mi yaya vasca, María Eulogia, y de mi madre Pilar. La fortaleza es mi herencia, me ayudó mucho. Reconozco que también podría adquirirse porque yo la vi en mi madre y pude seguirla. Y ella lo vio en la suya. Funcionamos como espejos.

-¿Evitás pensar que algún día tu madre podría no estar en tu vida o lo han charlado?

-Lo hemos hablado un poco. Ella también piensa en mi ausencia. Nuestra relación es más que madre e hija y muchísimo más que una amistad. La falta de una u otra va a ser difícil, inevitablemente. Lo traté con mi psicóloga y terminé dándome cuenta de que meterte tan profundo es vivir la angustia dos veces. Así que opté por vivir sin ahondar tanto. Lo que me enseñó esa terapia corta fue a reafirmar lo que siempre había hecho: disfrutar el presente. Porque lo que va a pasar, va a ocurrir de todas maneras. Dejar el pensamiento en otro lado, sin negarlo, fue mi mejor opción. No soy negadora, solo que no voy tan profundo para evitar sufrir por partida doble.

-¿Qué sueños te movilizan ahora?

-¡Varios! Lanzar el libro fue uno que se está concretando. La gira por el interior del Uruguay que empieza en abril, es otro sueño. Quiero visitar los 19 departamentos de mi país. Es algo que recién terminaría de hacer el año que viene porque en invierno no puedo viajar. Tengo que cuidarme del frío, es peligroso para mi salud. También sé que debo descansar porque no paro, estoy siempre a mil. Tengo que bajar un cambio. Para escapar del frío estoy preparando la próxima aventura: otro viaje a Europa. Estamos viendo qué lugar, qué ciudad, alguna playa. Y coordinando con mis enfermeros, porque necesariamente tengo que viajar con asistente. Durante años viajé sola con mi mamá, pero desde que la cosa se complejizó, tengo que ir con alguien más.

El dolor y la felicidad pueden andar de la mano

Dice Alejandra en las primeras líneas de su libro: “El aire entra en mi cuerpo y me dice al oído: estoy viva. Me lo murmura como si tuviéramos un pacto secreto. Lo siento entrar, lo recibo con alegría, me insufla fuerzas. Y esperanza. Confirmamos juntos, mi cuerpo y yo, que comienza otro día ganado a la muerte, que es una mañana más en este lugar en el que quiero y elijo estar. El lugar es mi casa y el mundo, pero por sobre todo es la vida que habita en mi cuerpo. Son mi amor a la existencia y mi voluntad para seguir siendo parte de ella los pilares que me anclan, que me sostienen en este plano y que me empujan a seguir aprendiendo cómo disfrutar cada minuto. Junto al aire, entra la luz que envuelve mi cuerpo. Va asomando detrás de las persianas. Hace un rato le pedí a la inteligencia artificial que las abra. Lentamente los rayos del sol atraviesan el vidrio del ventanal de mi habitación y se depositan con suavidad sobre las cosas que me rodean.

Existir es un acto de magia.

¡Cómo negar que estoy enamorada de la vida!

Siempre lo estuve, pero vengo renovando estos votos en cada segundo desde aquel día, hace ya 34 años. Cuando todavía era una adolescente y apenas empezaba a entender que mi cuerpo se había convertido en un envase distinto donde debería habitar en adelante”.

Páginas más adelante expresa: “No quería la cama, pero se convirtió en este entorno adaptado, en el que no necesito tanta compañía y en el que la necesidad de mis cuidados es menor. En este espacio encuentro una soledad disfrutable que me permite trabajar en mi desarrollo interior, apartada de toda distracción. Se ha vuelto un lugar que valoro porque en él pude hallar paz y tranquilidad. He aprendido a disfrutar a través del otro aquellas vivencias que no puedo experimentar sola. A ser feliz a través de la mirada”.

Agrega “siempre elijo la vida” y asegura que “convivir con el dolor y ser feliz al mismo tiempo es posible” porque “perder algo puede ser una ventana hacia el resto de todo lo que nos queda. Es una posibilidad nueva de asomarnos a nuestro alrededor para descubrir lo que todavía hay”. Alejandra nunca se pregunta por qué le ocurrió esto a ella: “No tenemos nada asegurado cuando llegamos a este mundo. Nadie lo tiene. Sabemos que despertamos, pero no sabemos si volveremos a la seguridad de nuestra casa y de nuestros sueños esa noche o la que sigue o la semana posterior”.

El accidente le cambió la vida en un instante. Y también moldeó a su familia y a su entorno. Esculpió relaciones sólidas y una incondicionalidad perenne. Porque Alejandra Forlán se convirtió de alguna manera en el faro de ese inmenso río que tanto ama y adivina cada mañana desde su ventana, cuando sus “asistentes virtuales” abren las cortinas de su habitación. Alrededor de su luz parpadeante está siempre congregada la flota aliada: su familia, los amigos y todos los que se suman con buena onda y energía positiva. Es un faro erguido sobre el amor, alimentado con las virtudes de la paciencia y la empatía. Por esto es que Buen día vida es mucho más que un libro lleno de palabras y experiencias. No sé si ella lo sabe, pero estas páginas son casi un manual de supervivencia extrema. También constituyen un homenaje a sí misma porque haber podido reconstruirse resulta una verdadera obra de ingeniería vital. Es el alma en genuino movimiento, fabricando vida.

Alejandra Forlán nos deja claro que no se trata de negar las pérdidas o de no querer ver lo que nos falta, sino de aprender a caminar la existencia de otra manera.

Más de 1.6 millones de personas con discapacidad reciben actualmente la Pensión para Personas con Discapacidad del Gobierno de México, según reportes de la Secretaría de Bienestar en el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

Esta prestación, destinada a niñas, niños, adolescentes y personas adultas de 0 a 64 años, representa un apoyo directo a la inclusión social y económica de esta población, de acuerdo con fuentes oficiales.

Dicha transferencia económica responde a una política de atención prioritaria dirigida a quienes enfrentan mayores desafíos para el ejercicio pleno de sus derechos, afirmó la Secretaría de Bienestar. El programa, que abarca los 32 estados del país, prioriza municipios y zonas rurales e indígenas, con el objetivo de avanzar hacia el reconocimiento y respeto de las personas con discapacidad.

La campaña nacional destaca la importancia de la concienciación sobre el autismo y la eliminación de barreras sociales y físicas. Para la Secretaría de Bienestar, este esfuerzo se enmarca en los compromisos internacionales suscritos por México en materia de derechos humanos y la protección de los sectores vulnerables.

Autismo en México

“El Trastorno del Espectro Autismo es una manera de ver el mundo. La atención a las personas con discapacidad es una prioridad y muestra de ello, actualmente dicha pensión, se fortalece con el programa Salud Casa por Casa que da seguimiento a la salud de las personas derechohabientes. Asimismo, la rehabilitación y habilitación de las personas con discapacidad es un derecho”, señaló la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.

Un estudio realizado en 2016 en México sostiene que aproximadamente uno de cada 115 niños presenta una condición del espectro autista. Según los datos recopilados, esto representa cerca del 1% de la población infantil en el país, equivalente a unos 400.000 menores.

El dato aporta una base para dimensionar el alcance del autismo en la niñez mexicana, cuya prevalencia concreta había permanecido indeterminada en registros oficiales previos.

En México, en 2020 se contabilizaron 6.179.890 personas con discapacidad, equivalentes al 4,9 % de la población total. Este grupo incluye a quienes presentan mucha dificultad o incapacidad para realizar al menos una actividad cotidiana, mientras que las personas con limitación se definen por experimentar poca dificultad en, al menos, una de estas actividades. La proporción de mujeres con discapacidad superó a la de hombres ese año.

Pensiones para personas con discapacidad son imprescindibles

El monto otorgado en la pensión este 2026 equivale a $3,300 cada dos meses. Este beneficio es resultado de la coordinación entre autoridades estatales y federales, con especial atención a poblaciones en situación de marginación.

El reciente aumento del monto de la pensión para personas con discapacidad en México responde a la necesidad de consolidar un derecho reconocido desde 2019, cuando el apoyo mensual se estableció inicialmente en 2.550 pesos y fue elevado a rango constitucional en 2020.

El objetivo de esta prestación ha sido revertir las barreras históricas que afectan el acceso a la educación, los servicios de salud y las oportunidades laborales, según datos oficiales. El respaldo económico busca atenuar la desigualdad estructural que enfrentan quienes tienen discapacidad, teniendo en cuenta que este grupo poblacional ha experimentado dificultades mayores para su integración plena en la vida pública.

Este ingreso directo a las familias, que prescinde de intermediarios, se ha transformado en un apoyo esencial para quienes dependen de él. La iniciativa forma parte del esfuerzo por ampliar derechos y mejorar el bienestar social.

El programa económico que la Argentina viene ejecutando desde fines de 2023 tiene en el equilibrio fiscal su principal ancla de credibilidad. Con un superávit primario del 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB) alcanzado en 2025 y un objetivo fijado en el 1,5% para 2026, el mantenimiento del orden de las cuentas públicas enfrenta desafíos significativos debido a la sanción de leyes con impacto presupuestario directo.

Según un informe de la consultora PwC, existen tres leyes clave cuyo costo fiscal acumulado podría alcanzar aproximadamente el 0,75% del PIB durante el año en curso. Dentro de este conjunto de normas, la Ley de Modernización Laboral se destaca por introducir cambios estructurales en el mercado de trabajo, pero también por generar implicancias fiscales inmediatas que tensionan el objetivo oficial. A esta se suman la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, conformando un tridente de presión sobre el gasto y los ingresos públicos.

El costo de la reforma laboral: el impacto del FAL y el RIFL

La reforma laboral busca reducir los costos de contratación y promover la formalización del empleo. Sin embargo, PwC advierte que “estos objetivos, que en el mediano plazo deberían contribuir positivamente a la actividad económica, en el corto plazo tienen implicancias fiscales concretas”.

El componente de mayor peso fiscal inmediato es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Este mecanismo crea cuentas individuales destinadas a financiar pagos por extinción de la relación laboral, financiándose con aportes patronales que se deducen de las contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Al respecto, el informe señala: “Los aportes al FAL se deducen en un porcentaje equivalente de las contribuciones al SIPA, de modo que cada peso aportado al fondo es un peso que deja de ingresar al sistema de seguridad social”.

Dado que la ley se publicó el 6 de marzo de 2026 y el fondo operará desde junio, el costo estimado para los siete meses restantes del año asciende al 0,15% del PIB en el escenario de alícuotas base (1% para grandes empresas y 2,5% para pymes). Si el Poder Ejecutivo decidiera elevar dichas alícuotas a sus máximos legales de 1,5% y 3% respectivamente, el impacto subiría al 0,19% del PIB para 2026. En términos anualizados, el costo del FAL se sitúa en el 0,23% del PIB.

Complementariamente, la reforma incluye el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que reduce en unos 12 puntos porcentuales las contribuciones patronales para nuevas contrataciones registradas. Si bien este instrumento tiene el potencial de generar recaudación neta positiva al incorporar trabajadores al sistema formal, su impacto inicial es incierto. Según el análisis de PwC, el impacto recaudatorio del RIFL podría oscilar entre el 0,01% y el 0,23% del PIB, dependiendo de la tasa de inscripción y los niveles salariales de los nuevos puestos.

Adicionalmente, la ley elimina ciertos impuestos internos sobre telefonía celular, seguros y vehículos, lo que representa una caída de ingresos estimada en 0,022% del PIB para lo que resta del año. Sumando el FAL y la baja de impuestos, el costo fiscal directo de la reforma laboral se ubica en torno al 0,17% del PIB en el escenario base.

Educación y discapacidad: las otras presiones sobre el gasto

Más allá de la reforma laboral, otras dos leyes sancionadas en 2025 representan una carga fiscal de magnitud superior. La Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente tiene un costo estimado del 0,23% del PIB. Esta cifra surge de la necesidad de restituir las transferencias a las universidades nacionales a sus valores reales de 2023. Actualmente, esta norma se encuentra en disputa judicial, y el Gobierno ha planteado una propuesta alternativa para moderar su impacto en las cuentas públicas.

Por su parte, la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad presenta el mayor rango de incertidumbre y costo potencial. Las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) sitúan su impacto entre el 0,25% y el 0,48% del PIB. Para fines de análisis, PwC toma el punto medio de este rango, fijando el costo en un 0,37% del PIB. Aunque la ley ya está vigente y reglamentada, el Ejecutivo ha manifestado su intención de presentar una contrapropuesta legislativa.

El riesgo de la recaudación

El cumplimiento de las metas fiscales no depende únicamente del control del gasto frente a estas leyes, sino también de la dinámica de los ingresos. El presupuesto de 2026 prevé un resultado primario del 1,5% del PIB, lo que implica un esfuerzo mayor al de 2025. Este objetivo debe alcanzarse en un contexto donde el Gobierno avanzó con una baja de retenciones equivalente al 0,1% del PIB en diciembre pasado.

Desde la consultora LCG se advierte sobre la dificultad de generar tracción en la recaudación tributaria. “La apuesta del gobierno es que la recuperación de la actividad derrame en mayores recursos tributarios. Pero esperamos un crecimiento por debajo del 3% anual en 2026 y parece difícil que esa dinámica genere mucha tracción en la recaudación”, señala el análisis de la firma. Esta visión contrasta con la proyección de PwC, que estima un crecimiento del PIB del 4,2% para este año, lo cual apuntalaría la recaudación de IVA e Ganancias.

LCG también destaca que el esfuerzo fiscal debe intensificarse considerando que la reforma laboral contempla bajas de impuestos coparticipados por un 0,01% del PIB y que el FAL absorberá recursos por el 0,37% del PIB que anteriormente se destinaban a la ANSES. Ante la negativa oficial a incrementar la presión impositiva, la consultora sostiene que la brecha entre menores ingresos y mayores gastos “demandará una nueva ola de ajustes en 2026”.

Factores de compensación y sostenibilidad

A pesar de las presiones que suman el 0,75% del PIB, el informe de PwC identifica factores compensatorios que totalizan un impacto positivo de hasta el 0,85% del PIB, permitiendo teóricamente sostener el superávit. Estos factores incluyen:

• Reducción de subsidios energéticos: Se estima un ahorro de 0,5 puntos del PIB por año, consolidado por el esquema lanzado en febrero de 2026.
• Ingresos por privatizaciones: La adjudicación de las represas del Comahue aportó un 0,12% del PIB en enero, y se esperan otros 0,13% del PIB por la venta de activos como AySA o Intercargo.
• Ajuste en la masa salarial pública: Tras una reducción del 0,7% del PIB entre 2023 y 2025, se prevé una baja adicional del 0,1% para este año.

Laura estudió puericultura y a los 26 años, cuando ya estaba haciendo sus primeras prácticas, llegó el mazazo que la volvió a derrumbar. A Scianca le diagnosticaron un cáncer de médula. “Me hicieron una cirugía que duró unas ocho horas, radioterapia y estuve como un año internada sin poder levantarme de la cama”, explica la mujer en diálogo con Infobae desde su casa.

Laura abre muy grandes sus ojos claros y habla sin filtro por todo lo que pasó en estos once años. “Cumplí los 27 años acostada en la cama, usaba pañales y ya sentía algo raro en mis piernas - admite Scianca, cuando empieza a contar su historia-. No podía creer todo lo que me había pasado. Veía la opción que se me presentaba como única de usar una silla de ruedas y no lo entendía”.

La vida de Laura antes de la silla de ruedas

Antes del diagnóstico de cáncer, la operación y los tratamientos, había una Laura muy joven que le encantaba salir a bailar con sus amigas. “Era ir a boliches de bachata o salsa con mi grupo. Nos divertíamos mucho”, recuerda.

Pasó más de una década para que Scianca se sacara de encima todos los miedos que no la dejaban hacer las cosas que le gustan. “Cuando ya me estaba recuperando y tenía muy poca sensibilidad en las piernas, apenas movía un dedo del pie y le pregunté a mi médico si iba a volver a caminar. El doctor me dijo: ‘Vas a ser feliz´. Recién pude entender esta frase muchos años después", cuenta Scianca.

Tras superar el cáncer, para Laura empezaban otras batallas. “Las primeras veces que fui a la kinesióloga, me presentó a la silla de ruedas - relata Scianca-. No quería saber nada de eso, pero en los primeros tiempos había una esperanza de que en algún momento iba a poder volver a caminar.”

Amigarse con la silla de ruedas

“Recién cuando caí en la cuenta que no iba a volver a caminar es como que me empiezo a amigar a la idea de usar la silla de ruedas. Igual, todo eso lo pude procesar con años de terapia”, explica Laura.

Laura vive sola en su departamento y desde su cuenta de Instagram intenta contar cómo es su vida. “Quiero que otras personas que pasan o pasaron por algo parecido se sientan identificadas. Y, además, puedan entender que sí se puede”, sostiene.

Apenas tomo conciencia de que su vida iba a ser todo el tiempo en una silla de ruedas, Scianca se hizo algunas preguntas. ¿Iba a poder vivir sola? ¿Podría volver a salir con sus amigas a un bar o ir al baño sin ayuda? Todas esas respuestas están en su propia vida y en los videos que Laura sube a su cuenta de Instagram. “Estuve mucho tiempo sin hablar. Y los posteos en redes sociales son una forma de ponerle voz a mi historia.”

Laura se maneja con total independencia en su departamento. “Por suerte tiene buenas dimensiones y las puertas son anchas”, se sonríe por el detalle imprescindible para su movilidad. Falta que el consorcio rehaga la rampa para que pueda salir de su casa con mayor facilidad. “Pero todo fluye por suerte”, se entusiasma Scianca.

Los videos que sube a su cuenta de Instagram generan todo tipo de repercusiones. “Muchas son positivas, pero también están los haters y personas desubicadas - sostiene Laura-. Por suerte, estoy en otro momento de mi vida y eso no me afecta tanto. Esos comentarios los dejó pasar.”

Sexo y discapacidad

Scianca recuerda un usuario que le preguntó si podía tener sexo. “No me gustó para nada el tono de la pregunta y la intromisión en mi vida privada”, admite la mujer. Sin embargo, Laura entiende que es otro de los mitos que hay que derribar respecto a la discapacidad.

“Yo tengo sensibilidad en mi cuerpo, debajo de la cintura. Puede ser que otras personas discapacitadas no lo tengan. Aun así, después de toda la internación y los tratamientos fue como un volver a empezar en este tema también.”

Durante su internación, Laura se enamoró de uno de los camilleros del sanatorio. De a poco, en las largas jornadas acostada en su habitación, nació esta relación que al poco tiempo se convirtió en un noviazgo. Así, la chica desde su cama, conectada a los dispositivos hospitalarios, se aferraba al amor como combustible para la vida.

Scianca se sincera en esta nota con Infobae. “Fue como una segunda primera vez en ese momento - explica sin filtro Laura -. Fueron muchas preguntas y dudas que con esta pareja fuimos resolviendo a medida que nos íbamos conociendo.”

Laura también responde con su vida otras preguntas que se le hacen a los discapacitados. ¿Voy a poder trabajar? Scianca da unos talleres de dibujo y pintura en un centro cultural. Y, además, en ese mismo espacio se animó a volver a bailar. “Me pude bajar de la silla y hacer algunos movimientos en el suelo - cuenta Laura -. Me sentí muy feliz y plena.”

Los obstáculos en las calles

¿Por qué no se ven muchas personas en silla de ruedas en la calle? Esa es otra de las preguntas que se hacen muchas personas. “Las calles de la Ciudad y el conurbano no están preparadas para moverse en silla de ruedas. Están llenas de obstáculos - cuenta Laura -. Por ejemplo, yo para ir hasta un shopping que tengo a tres cuadras me tengo que tomar un taxi. Una vez intenté ir en silla de ruedas y no pude llegar.”

Las pocas veces que Laura rueda por las calles de la Ciudad, recibe algunos gestos insólitos de los peatones. “Muchas personas me tocan y rezan como una forma de ofrecerme ayuda”, cuenta Scianca.

Durante este proceso para aceptar su discapacidad, Laura se hizo amiga de Lucas Poggi. “Es una persona que siento que me entiende. Que puede tener problemas parecidos a los míos”, admite. Poggi es un atleta paralímpico que se prepara para competir en remo en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028. El joven, además, participó en su silla de ruedas en la serie División Palermo de Netflix.

Los sueños de Laura

Laura se sueña muchas veces parada y caminando. “Recién hace poco, pude tener algunos sueños en los que estaba en la silla de ruedas”, admite.

Tras el noviazgo con el camillero, Laura tuvo otras citas. “Todos saben mi condición antes del primer encuentro”, aclara. “Me dí cuenta que no me limita mi silla de ruedas, lo que me generaba obstáculos era mi cabeza”, resalta Scianca.

En uno de sus posteos, Scianca habla del cambio que realizó en su vida. “Hace once años la vida me sentó y tuve que aprender a rodar”, afirma Laura. Y así, intenta abrirse paso a los obstáculos, sin encontrar límites por ahora.

Era agosto de 2011. Ashley King tenía 18 años, estaba de año sabático y llevaba semanas viajando por Indonesia rumbo a Nueva Zelanda. La última noche en Bali salió con otros mochileros a un club en Kuta, una zona turística conocida por su vida nocturna. El local, recomendado en la guía de viajes, tenía apariencia de discoteca elegante. Nada parecía fuera de lugar.

Los camareros preparaban los cócteles a la vista y los servían en botellas de plástico reutilizables para evitar cristales en la pista de baile. King bebió, bailó y se sintió “borracha, pero no de forma memorable”. Al día siguiente tomó un vuelo hacia Christchurch (Nueva Zelanda). Jamás volvería a ver.

En el aeropuerto de Auckland comenzaron las primeras señales de alarma. King se sentía desorientada, le costaba hablar con claridad y atribuía su estado al cansancio, los nervios y los problemas del viaje. “Recuerdo hablar con los agentes de aduanas y era como si estuviera borracha. No podía articular frases con seguridad”, contó en People.

Ya en su hostal, durmió mal, con pesadillas en las que no podía respirar. Al despertar, pensó que la lámpara de su habitación se había apagado. Intentó encender su iPod, pero la pantalla no respondía. Creyó que no tenía batería. Y que el pasillo estaba mal iluminado.

Cuando salió de la habitación, ya no distinguía colores. En el hospital, fue incapaz de contar los dedos que le mostraban los médicos. “Esa fue la primera vez que pensé: ‘¿Me estoy muriendo?’”, confesó King.

Emborracharse para sobrevivir

Los análisis revelaron la causa: intoxicación por metanol, un alcohol tóxico que puede aparecer en bebidas adulteradas. El metanol no tiene olor ni sabor y, al metabolizarse, genera compuestos altamente dañinos como el formaldehído y el ácido fórmico, que atacan el sistema nervioso. “Tu sangre básicamente te embalsama de adentro hacia afuera”, explicó King.

El tratamiento fue tan extraño como urgente. Para frenar los efectos del metanol, los médicos le administraron etanol: vodka con zumo de naranja. “Fue el juego de beber más absurdo que he jugado en mi vida”, recordó. “Cuanto más borracha estaba, mejor podía respirar, mejor podía ver”.

También fue sometida a hemodiálisis. Los médicos avisaron a su familia ante la posibilidad de un desenlace fatal. Días después, tras una leve mejoría temporal, los médicos confirmaron que sus nervios ópticos estaban muriendo. La ceguera sería permanente. Pero, afortunadamente, King sobrevivió.

“No puedes prepararte para algo que no sabes que existe”

Antes de viajar, King había consultado recomendaciones oficiales. Encontró advertencias sobre terrorismo y robos, pero ninguna mención al metanol. “Nunca se me ocurrió que algo así pudiera ocurrir en un bar”, dijo. “Pensaba que me atacaría un tiburón antes que quedarme ciega”.

De regreso a Canadá, King tuvo que reconstruir su vida desde cero. Conserva apenas un 2% de visión, sin capacidad para percibir detalles o profundidad. “Parece la estática de una televisión… todo en tono sepia”, describe.

Al principio, rechazaba ayuda y trataba de mantener su vida anterior. Llegó a ser atropellada al cruzar la calle. “No quería ser una carga”, confesó. Sin embargo, con el tiempo, logró adaptarse. Estudió periodismo, viajó sola por Sudamérica y retomó su vocación artística. Además, escribió y protagonizó una obra basada en su experiencia, posteriormente convertida en el pódcast Static: A Party Girl’s Memoir. “Las cosas que de verdad me importan, he encontrado la manera de hacerlas realidad”, sentenció.

King ha hecho de su historia una herramienta de concienciación. “Si mi historia salva a una sola persona, habrá valido la pena compartir el mayor trauma de mi vida”, concluyó.

El empleo de las personas con discapacidad mejoró en España en 2024 hasta situarse en el 28,9%, su nivel más alto desde 2014, según el estudio ‘Radiografía del mercado laboral de las personas con discapacidad’, elaborado por Randstad Research. Pese a esa mejora, el mercado laboral sigue dejando fuera a la mayoría de este colectivo: el 65% de las personas con discapacidad en edad de trabajar permanece inactivo, es decir, fuera del mercado laboral.

Según el informe, en España había en 2024 un total de 3,36 millones de personas con discapacidad reconocida, de las que 1,94 millones estaban en edad de trabajar. De ese grupo, 687.500 formaban parte del mercado laboral y 560.400 tenían empleo, mientras cerca de 1,2 millones permanecían inactivas por motivos como la incapacidad permanente o la jubilación.

Randstad identifica a las personas con discapacidad psicosocial como el grupo con más dificultades para acceder al trabajo. En 2024, solo el 29,8% estaba activo en el mercado laboral, es decir, trabajando o buscando empleo, frente al 35,4% del conjunto de personas con discapacidad. Además, solo el 23,6% tenía trabajo, frente al 28,9% de media, lo que refleja una menor participación laboral y más barreras de acceso al empleo.

Mejora frente a 2014, pero la exclusión sigue siendo muy alta

La evolución de la última década apunta a una mejora sostenida, aunque insuficiente para corregir la brecha de fondo. Desde 2014, el número de personas con discapacidad ocupadas aumentó en más de 166.000, hasta alcanzar las 560.400 en 2024. Según Randstad, eso supone un incremento acumulado del 42%.

También la tasa de actividad mantuvo una tendencia creciente durante ese periodo y cerró 2024 en el 35,4%, aunque la cifra quedó ligeramente por debajo del máximo alcanzado en los últimos diez años. Aun así, el informe deja claro que la gran asignatura pendiente no es solo mejorar el empleo, sino reducir el enorme volumen de personas que continúan directamente fuera del mercado laboral.

Las comunidades autónomas muestran una brecha de 16,5 puntos

El estudio también pone el foco en las diferencias territoriales. Las tasas de actividad de las personas con discapacidad varían de forma notable entre comunidades autónomas, con una distancia de 16,5 puntos entre la más alta y la más baja.

Los registros más elevados se dieron en Cantabria, con una tasa de actividad del 44,9%, seguida de la Comunidad de Madrid, con el 41,5%, y La Rioja, con el 41,2%. En el lado opuesto se situaron Canarias, con el 28,4%, y Galicia y Asturias, ambas con el 29,4%. Esta disparidad refleja que las oportunidades de acceso al trabajo para este colectivo no son iguales en todo el país.

El paro baja, pero el principal problema sigue siendo la inactividad

Junto al aumento de la ocupación, Randstad destaca que el desempleo de las personas con discapacidad también se redujo en 2024. En concreto, cayó en 9.000 personas, lo que llevó la tasa de paro al 18,5%. En el conjunto de la década, la reducción acumulada del desempleo fue del 34%, equivalente a 64.400 parados menos.

Pese a esa evolución, se evidencia que el principal problema no es solo el paro, sino la dificultad de muchas personas con discapacidad para entrar en el mercado laboral. El empleo mejoró y el desempleo bajó en 2024, pero la mayoría de este colectivo en edad de trabajar sigue al margen de esa mejora.

El cierre parcial del gobierno en Estados Unidos, iniciado en febrero, desencadenó la mayor espera registrada en los controles de la TSA para pasajeros aéreos, con filas que superan las 4 horas y media en algunos de los principales aeropuertos del país, según informó el medio USA Today.

La magnitud del retraso afecta especialmente a personas con discapacidad, adultos mayores y familias con niños pequeños, quienes enfrentan desafíos adicionales para atravesar los puntos de seguridad disminuidos por la falta de personal.

Durante el último fin de semana, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) reportó la renuncia de 480 agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), lo que elevó a más de USD 1.000 millones el monto en sueldos impagos desde el inicio de la crisis.

Para contrarrestar la sobrecarga en los controles, el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de oficiales de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en 14 aeropuertos, con el objetivo de aliviar la congestión generada por la escasez de trabajadores.

Quienes viajan en silla de ruedas, con dispositivos de asistencia o requieren atención especial, deben sortear condiciones donde la espera prolongada no solo resulta incómoda, sino que puede llegar a ser insostenible.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), 1 de cada 4 adultos en Estados Unidos presenta algún tipo de discapacidad, lo que multiplica el alcance del problema en jornadas de alta congestión aeroportuaria.

Renuncias en la TSA agravan la situación para pasajeros vulnerables

La falta de personal no solo extiende las filas, sino que limita la capacidad de respuesta para grupos que dependen de ayuda adicional. El medio USA Today consultó a aerolíneas y especialistas sobre las vías disponibles para facilitar el tránsito.

United Airlines especificó que en el aeropuerto George Bush de Houston existen filas diferenciadas para quienes viajan con niños pequeños, personas mayores o viajeros con discapacidad. En su sitio web, American Airlines permite reservar sillas de ruedas durante o después de la compra del boleto, aunque el pasajero debe informar a su llegada al aeropuerto la necesidad de asistencia.

La línea de ayuda TSA Cares ofrece la posibilidad de programar una revisión adaptada hasta 72 horas antes del vuelo. Sin embargo, la TSA no respondió al medio estadounidense sobre la operatividad actual del programa en el contexto del cierre gubernamental.

Familias y personas con discapacidad: desafíos importantes por las filas extensas

Según explicó Whitney Loring, psicóloga clínica y profesora asociada en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, los tiempos de espera extremos pueden afectar especialmente a niños con diferencias sensoriales o dificultades de regulación emocional, intensificando conductas de irritabilidad o ansiedad.

Loring recomendó crear materiales visuales —como historias sociales o esquemas paso a paso— para anticipar a los niños lo que encontrarán en el aeropuerto. Sugerencias como marcar en una lista el avance cada 5 minutos ayudan a que los niños perciban el progreso en la fila, incluso si los tiempos son aproximados.

La especialista Loring recomendó también preparar mochilas con juguetes pequeños y refrigerios, e idear juegos sencillos, como buscar objetos de colores, para mantener distraídos a los niños y prevenir situaciones de crisis durante la espera.

Por otra parte, el programa Hidden Sunflower, adoptado por diversos aeropuertos y aerolíneas, permite que personas con discapacidades no visibles porten un distintivo para alertar al personal sobre su necesidad de apoyo adicional.

Para pasajeros mayores, la recomendación es contactar cuanto antes a la aerolínea para solicitar servicios de asistencia, como el préstamo de silla de ruedas o —en el caso de United Airlines— servicios de acompañamiento en aeropuertos seleccionados como Washington Dulles.

Medidas especiales intentan disminuir el impacto

En agosto de 2025, la TSA puso en marcha el programa Families on the Fly, que establece carriles exclusivos de seguridad para familias con niños de hasta 12 años en varios aeropuertos.

La lista de terminales donde está operativo puede consultarse en el sitio oficial de la TSA. Sin embargo, el medio USA Today advirtió que no está claro si estas filas diferenciadas se mantienen activas durante el cierre parcial del gobierno.

Las aerolíneas instan a los pasajeros vulnerables a tomar contacto proactivo para conocer los servicios específicos que pueden facilitar su tránsito en los aeropuertos afectados, pese a que la situación podría variar en función de la disponibilidad de personal.

En este escenario, la preparación previa y una comunicación constante con las compañías de vuelo se convierten en herramientas imprescindibles para quienes viajan con mayores requerimientos de apoyo.

La Fiscalía ha presentado una solicitud de condena de 18 años de prisión y una indemnización de 7.200 euros contra el acusado en un proceso que tendrá lugar ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares. Según consignó la agencia Europa Press, el caso gira en torno a los hechos que se habrían producido la noche del 12 de noviembre de 2024 en Palma, donde el procesado habría ejercido violencia y coacciones sobre una mujer con discapacidad, a la que conocía previamente a través de amigos comunes.

El informe de acusación de la Fiscalía relata que el acusado, plenamente consciente de que la víctima tenía una discapacidad mental, la encontró y la llevó hasta una cabaña ocupada próxima al Hospital Sant Joan de Déu, en Palma. Una vez allí, según expuso Europa Press, el hombre habría agredido físicamente a la mujer utilizando una barra de hierro, para luego amenazarla de muerte colocándole un cuchillo en el cuello. Posteriormente, el acusado la habría violado, manteniéndola bajo amenaza continua.

La víctima permaneció dentro de la cabaña durante toda la noche, incapaz de abandonar el lugar debido al temor por su integridad y las amenazas. Europa Press detalló que la mujer recién logró escapar al día siguiente, tiempo durante el cual continuó bajo intimidación. La acusación por parte del ministerio público comprende dos delitos principales: uno de agresión sexual y otro de lesiones, por los cuales solicita tanto la pena privativa de libertad como el resarcimiento económico mencionado.

El juicio se celebrará en doble sesión, el lunes y el martes, desde las 09:30 horas, tal como publicó Europa Press. El proceso abordará el relato de los hechos y la condición de discapacidad de la víctima, considerando relevante el conocimiento previo que el acusado tenía sobre ella. Además, se prestará particular atención al entorno donde ocurrieron los hechos, ya que la cabaña ocupada y su localización próxima a un hospital figuran entre los elementos recogidos en el escrito de la fiscalía.

Europa Press reportó que la instrucción judicial incluirá testimonios y pruebas sobre la secuencia de acontecimientos, el impacto físico y psicológico causado a la víctima y el presunto uso de armas por parte del acusado. Durante la vista, la acusación hará hincapié en la vulnerabilidad de la mujer y en el aprovechamiento de esa condición por parte del procesado.

Este caso forma parte de los juicios relevantes de la jurisdicción penal en Baleares para el presente año, atendiendo al contexto de protección de personas con discapacidad y la gravedad de los delitos imputados. La resolución judicial considerará tanto la versión de la denunciante como la defensa que presente el procesado, quien se enfrenta a una petición de pena susceptible de ser una de las más elevadas en delitos de este tipo analizados por la Audiencia.

Pese a los avances que se han hecho en materia de inclusión, las personas con discapacidad continúan enfrentándose a múltiples barreras que, muchas veces, pasan completamente desapercibidas. Zuriñe Lasagabaster, madre de tres hijos, ha compartido recientemente a través de sus redes sociales (@madredetresyunnegocio) una reclamación que ha realizado a Renfe por una de estas barreras.

Uno de los hijos de Zuriñe, Ibai, sufre la deficiencia de HIBCH (3-hidroxiisobutiril-CoA hidrolasa), un trastorno metabólico extremadamente raro, neurodegenerativo y recesivo. Durante un viaje a Madrid para una revisión médica, la madre del menor en silla de ruedas no pudo sentarse junto a la plaza H, que es el espacio reservado para las personas con movilidad reducida.

Tal y como relata la madre de Ibai, junto a la plaza H del tren de Renfe en el que viajaban no había ningún asiento; tampoco los de la fila anterior estaban girados para poder acompañar a su hijo. Por este motivo, tuvo que sentarse en el suelo. “¿No hay presupuesto para poner un asiento al lado o enfrente pero girado? ¿Tengo que ir de pie, sentada en el suelo o de espaldas a mi hijo?“.

“Poder viajar seguro, acompañado y bien asistido no es un privilegio, es un derecho y la respuesta por parte de Renfe no puede ser ‘vaya, justo ese tren no tiene, has tenido mala suerte porque otros sí que tienen asientos para acompañar a la plaza H’”.

“Hice una reclamación hace tres años por el mismo motivo”

Según ha explicado Zuriñe, “el video sirve precisamente para visibilizar sobre las barreras que en pleno 2026 nos encontramos familias que convivimos con una discapacidad”.

A un comentario que indicaba que debía conocer primero las razones por las que los asientos no estaban girados antes de denunciar, la madre de Ibai respondió con contundencia: “Es que me da igual por qué estén mirando para un lado o para otro. No es una denuncia, es una observación y estoy dando visibilidad a algo que nos encontramos un montón de familias”.

Zuriñe sí indica que ha puesto una reclamación a Renfe, pero que esta no es la primera vez que le ocurre: “Hice una hace tres años por el mismo motivo y siguen igual”. La mujer señala que, si se habilita una zona de PMR (Personas con Movilidad Reducida), debe contemplarse que hay gente con movilidad reducida que es autónoma y otros que “sean menores o no, necesitan una persona que esté atendiéndolas y que esté mínimo mirando hacia ellos”.

Además, Zuriñe destaca que esto no ocurre en todos los trenes, ya que algunos sí cuentan con asientos mirando hacia la plaza H. “Si tienen que cambiar todos, que los cambien. Es tan sencillo como eso. Tú no puedes poner por bandera que eres inclusivo cuando no lo eres”.

La madre de Ibai también ha respondido a un comentario que le indicaba que, como Renfe no es el encargado de fabricar los trenes, debería elevar su queja a las empresas que lo hacen. “Yo como usuaria compro el billete a Renfe, viajo con Renfe, este problema lo tengo con Renfe y, por ende, la reclamación es a esta empresa”.

Tal y como señala Zuriñe, tras hacer esta reclamación o sugerencia, son ellos los encargados de elevar la queja a las empresas a los que les compran los trenes. “Ese no es mi problema. Si encima de todo esto tenemos que indagar quién es el fabricante del tren, quién es el ingeniero, qué empresa... ya apaga y vámonos”, señala. “Yo, si compro una prenda en una tienda y está mal cosida, rota o tiene una tara, ¿a quién voy a reclamar? A la tienda, y la tienda reclamará al proveedor".

El informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente a 2025 incluye un dato relevante acerca del descenso del número de taxis adaptados en Madrid, donde la cifra ha disminuido de 564 en 2019 a 360 en 2025, lo que representa una bajada significativa en la disponibilidad de estos vehículos para personas con movilidad reducida. El documento, entregado recientemente por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, resalta que este volumen de taxis adaptados en la capital española no alcanza ni siquiera la mitad del mínimo del 5 por ciento establecido en el artículo 8.1 del Real Decreto 1544/2007, que regula las condiciones de accesibilidad y no discriminación en los medios de transporte para personas con discapacidad. A partir de estos datos, el informe revela el alcance nacional del problema, subrayando la insuficiencia de las acciones implementadas para corregir esta situación.

Según consignó Europa Press, el Defensor del Pueblo recibe quejas por la “escasez” de taxis accesibles no solo en Madrid, sino también en otras ciudades y pueblos de distintos puntos del territorio español. Tal como recoge el informe, la denuncia de la población afecta a distintas localidades y se ha convertido en una constante para la institución, que observa cómo las políticas puestas en marcha hasta ahora no han logrado revertir la tendencia al descenso en la flota de taxis adaptados.

El informe detalla que entre las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Madrid figuran la mejora en las subvenciones para la adquisición de vehículos adaptados, la flexibilización de los turnos de descanso para los conductores de este tipo de taxis, la autorización para portar publicidad y la obligación de renovar la flota únicamente con unidades adaptadas en determinados casos. Pese a estos intentos, el texto entregado por Gabilondo subraya que estos mecanismos “parecen haber resultado insuficientes a la vista de los datos indicados”.

La normativa actual, recogida en el Real Decreto 1544/2007, estipula que al menos el cinco por ciento de los taxis de cualquier área deben ser accesibles para personas con movilidad reducida, lo que busca garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al transporte público. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Madrid se sitúa actualmente muy por debajo de ese mínimo obligatorio, incluso tras las modificaciones incorporadas por la administración local.

El reporte de la institución recoge además que estas carencias han motivado una actuación específica ante el Ayuntamiento de Madrid que, tras la publicación de los datos, recibió una recomendación clara del Defensor del Pueblo: “intensificar sus esfuerzos para revertir la fuerte caída que viene produciéndose” y recuperar el porcentaje de taxis adaptados exigido por la ley. El texto añade que el Ayuntamiento ha aceptado esta recomendación y que la institución mantiene un seguimiento sobre su cumplimiento y sobre la ejecución de nuevas iniciativas destinadas a corregir el desfase.

El documento también vincula la disponibilidad de taxis adaptados, no solo con el cumplimiento de la normativa, sino con el objetivo mayor de eliminar las barreras que encuentran las personas con movilidad reducida para desplazarse de manera autónoma y segura. El Defensor del Pueblo enfatiza que la falta de una cobertura suficiente afecta el acceso al trabajo, la educación y diversas actividades esenciales de la vida cotidiana, atendiendo a las demandas numerosas y reiteradas de los ciudadanos que han reportado la carencia.

Europa Press puntualiza que la escasez no es un fenómeno aislado de Madrid, ya que el propio informe advierte de que las quejas se extienden a ciudades y pueblos en toda España. El Defensor interpreta este fenómeno como un indicio de una tendencia generalizada, a pesar de las iniciativas oficiales promovidas para corregir el déficit.

De acuerdo con la información del informe anual, el Defensor continuará monitorizando la respuesta del Ayuntamiento de Madrid, así como la evolución de la flota accesible en otras localidades. El objetivo apunta a alcanzar el cumplimiento de la normativa y a solucionar las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad en sus desplazamientos urbanos e interurbanos. El texto señala que se mantiene la interlocución permanente con las administraciones responsables para que los planes de acción presentados incluyan una programación efectiva, acompañado de recursos suficientes para incrementar el parque de taxis adaptados en todo el país.

El Defensor del Pueblo incide en la importancia de las medidas preventivas y correctivas que permitan aumentar la presencia de estos vehículos y responde a la preocupación expresada desde las asociaciones de personas con discapacidad, que consideran prioritario eliminar las limitaciones derivadas de la falta de transporte accesible. Según detalla Europa Press, la institución recuerda la obligación legal vigente y la necesidad de aplicar herramientas que posibiliten la movilidad inclusiva para todos los ciudadanos.

El despacho de la Reina en el Palacio de La Zarzuela fue escenario de una reunión centrada en la inclusión y la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad, donde Su Majestad conversó con Jesús Martín Blanco, director del Real Patronato sobre Discapacidad. Según informó el medio, este encuentro institucional permitió a la presidenta de honor de la entidad informarse de primera mano sobre el avance de proyectos y actividades que buscan garantizar la plena integración social de este colectivo en todos los ámbitos. La cita se encuadró dentro de su agenda regular, en la que la Reina mantiene un compromiso activo con diversas causas sociales.

Después de acompañar al Rey Felipe VI en el recibimiento del presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en el Palacio Real, y mientras se acerca el regreso de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía para las próximas vacaciones familiares de Semana Santa, la Reina Letizia sumó un nuevo acto institucional, tal como publicaron las plataformas noticiosas. La reunión en La Zarzuela, dedicada especialmente a revisar los desarrollos en materia de discapacidad, subrayó su vinculación personal con este tipo de compromisos.

El medio consignó que, una vez más, la Reina apostó por prendas de su vestidor para su aparición pública en este compromiso de corte ejecutivo. En esta ocasión rescató una chaqueta de tweed con acabado tipo “vaquero” y cremallera de Hugo Boss que ya había estrenado en mayo de 2020, en plena pandemia, y que ha reutilizado en diferentes momentos por su carácter versátil. Este diseño de corte corto y entallado, cuello a la caja y detalles de cuero en la cremallera metalizada, formó parte destacada de su elección para la jornada, añadiendo un toque formal adecuado a la naturaleza del encuentro.

Según publicó el medio, este gesto de optar por piezas previamente vistas —como en el caso del reciente conjunto de lana gris bordado que llevó en su anterior aparición y que data de hace nueve años— responde a la práctica habitual de la Reina de actualizar su fondo de armario, combinando moda funcional con el cumplimiento de una agenda institucional. En complemento a la mencionada chaqueta, Letizia eligió un pantalón tipo sastre de color negro, de corte recto y pernera ancha, y unos mocasines negros con tacón cuadrado que, según reportó el mismo medio, cumplen con el doble objetivo de la elegancia y la comodidad durante sus actividades oficiales.

El acto permitió a la Reina informarse detalladamente de los resultados obtenidos por el Real Patronato sobre Discapacidad en su labor por promover la inclusión. Según detalló el medio, la entidad, bajo la presidencia de honor de Letizia, se orienta a eliminar barreras y a impulsar la igualdad de acceso en todos los sectores para las personas con discapacidad. A través de estas reuniones institucionales, se mantiene un seguimiento cercano sobre la implementación y eficacia de las iniciativas desarrolladas en colaboración con diferentes organismos.

Este compromiso de la Reina con asuntos relacionados con la salud y la inclusión se mantiene constante en su agenda, y su presencia en eventos como el descrito ha sido reportada en diversas ocasiones por la prensa nacional e internacional. El medio subrayó que este tipo de encuentros no solo reflejan la atención que la Casa Real presta a los temas sociales, sino también la adaptación de la monarquía a los valores de igualdad y diversidad promovidos en la sociedad contemporánea.

En relación a la elección de vestuario, la prenda de Hugo Boss vuelve a formar parte de un conjunto que la monarca emplea para sus compromisos laborales, alternando piezas clásicas y modernas para componer estilismos de uso frecuente en actos institucionales. El medio explicó que la selección de una chaqueta considerada “versátil” dentro de su guardarropa refuerza la imagen de una Reina atenta tanto a las tendencias como a la funcionalidad requerida para su agenda oficial.

Las apariciones recientes, acompañadas de elecciones como el conjunto de Felipe Varela o la chaqueta de tweed, han sido objeto de menciones en la cobertura especializada, que pone el foco en la capacidad de la Reina para actualizar prendas y recurrir al fondo de armario. De acuerdo con la información publicada, la Casa Real continúa mostrando coherencia entre la relevancia institucional de sus actos y una imagen pública cuidadosamente gestionada, en la que la ropa seleccionada refleja tanto protocolo como estilo propio.

Este nuevo compromiso de la Reina Letizia coincide con la temporada previa a las vacaciones de Semana Santa, cuando se prevé el reencuentro familar en Zarzuela tras la ausencia de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía por motivos académicos en Murcia y Lisboa, respectivamente. Según la prensa, la gestión de la agenda oficial de la monarca incorpora tanto eventos institucionales como familiares, brindando visibilidad a asuntos prioritarios en el ámbito social y sanitario, en línea con los propósitos de las entidades que tutela en calidad de presidenta de honor.

Un accidente fatal durante una discusión al interior de un vehículo terminó con un arresto que conmocionó al mundo del deporte adaptado en Estados Unidos: Dayton Webber, conocido por ser el primer cuadriamputado en competir a nivel profesional en la American Cornhole League, fue acusado de asesinar de un disparo a Bradrick Michael Wells mientras conducía en Maryland.

La situación impactó no solo a la liga deportiva, sino también a la opinión pública, debido al perfil de Webber como referente de superación personal en ámbitos deportivos inclusivos, un hecho que la propia liga calificó como “un asunto extremadamente grave”, según una declaración recogida por NBC News.

Poco después del incidente, las autoridades localizaron el cadáver de Wells, de 27 años, en el jardín de una residencia en Charlotte Hall, una zona situada aproximadamente a 22 kilómetros al este de La Plata, ciudad de residencia de ambos implicados; un dato confirmado por la oficina del sheriff del condado de Charles e informado por el medio estadounidense USA Today. Webber fue detenido en Charlottesville, Virginia, al ser identificado en un hospital donde buscaba atención médica por una condición no especificada.

Oficiales del condado de Albemarle arrestaron a Webber al recibir el alta médica, con cargos de fugitivo de la justicia y a la espera de extradición para enfrentar imputaciones por homicidio en primer y segundo grado, detalló NBC News.

Las horas críticas tras el disparo: reconstrucción de los hechos

El domingo 22 de marzo de 2026, según reportó el departamento del sheriff de Charles County al medio local WDBJ 7, cuatro personas viajaban juntas y mantenían una relación previa.

Testigos que iban en el asiento trasero aseguraron a la policía que Webber detuvo el vehículo tras el disparo y les pidió que le ayudaran a sacar el cuerpo de Wells. Los pasajeros se negaron y descendieron del auto para solicitar auxilio a la policía de La Plata. Este grupo de testigos constituye el eje sobre el cual la fiscalía construye su caso, como informaron varios medios estadounidenses.

Webber, de 27 años, huyó del lugar con la víctima aún en el automóvil, lo que precipitó un operativo policial a lo largo de diversas jurisdicciones. La búsqueda culminó aproximadamente dos horas después, cuando un residente de Charlotte Hall alertó al 911 sobre un cuerpo en su jardín. Las autoridades confirmaron que el fallecido era Bradrick Michael Wells, también de 27 años.

De símbolo de tenacidad a acusado de homicidio

La figura de Dayton James Webber trasciende por sus logros deportivos. Según un perfil publicado por ESPN en agosto de 2024, Webber perdió brazos y piernas con solo 10 meses de edad, tras sufrir una infección bacteriana que le dejó únicamente 3% de probabilidades de sobrevivir. El propio Webber explicó en el medio estadounidense TODAY en 2023 que la amputación total de sus extremidades fue el resultado de una grave infección por estreptococo neumonía en sangre.

Pese a la adversidad física, aprendió a escribir, conducir karts y finalmente alcanzar la elite del cornhole, disciplina en la que compite de manera profesional. Su canal de YouTube, verificado por el medio estadounidense NBC News, contiene vídeos en los que aparece disparando armas de fuego. Uno de los títulos señala: “No hands no feet shooting (Tiros sin usar las manos ni los pies)”, aludiendo explícitamente a su discapacidad.

La American Cornhole League lo llegó a calificar como “un ejemplo brillante de nuestro lema: cualquiera puede jugar, cualquiera puede ganar”, según se recoge en un video y declaraciones del año 2023.

El proceso judicial en marcha

Tras ser localizado en Virginia, Webber está actualmente bajo custodia y espera ser extraditado a Maryland. Las autoridades detallaron que se le imputarán cargos por homicidio en primer y segundo grado y otros asociados. El caso pone en el centro del debate la situación de personas con discapacidades y su representación en los medios y el deporte.

Hasta el momento, la defensa pública de Charles County y los abogados previos de Webber, quienes anteriormente lo representaron en asuntos de conducción con licencia restringida, no emitieron comentarios, de acuerdo con NBC News.

La American Cornhole League manifestó que continuará informando cuando lo considere apropiado, sosteniendo que sus pensamientos están con la familia y los seres queridos de Bradrick Michael Wells, frase citada por USA Today.

El circuito de Madring en Ifema Madrid será testigo en septiembre de 2026 de un Gran Premio de España de Fórmula 1 que implementará, por primera vez, un plan integral dirigido a garantizar la eliminación de barreras para los asistentes con discapacidad, según consignó la Fundación ONCE. Esta institución se encargará de asesorar de forma técnica al equipo organizador, además de impartir formación y ofrecer acompañamiento especializado, permitiendo así que el público con discapacidad pueda disfrutar plenamente de la experiencia, de acuerdo con lo reportado por diversos portavoces institucionales.

La inclusión queda reforzada mediante un acuerdo rubricado entre Daniel Martínez Rodríguez, vicepresidente ejecutivo de Ifema Madrid, y José Luis Martínez Donoso, director general de la Fundación ONCE, quienes coincidieron en señalar la trascendencia de la iniciativa para asegurar el acceso universal al ocio, tal como reportó la Fundación ONCE. De acuerdo con el medio citado, el objetivo consiste en “integrar el concepto de accesibilidad total” en la infraestructura del circuito de Madring, con la intención de eliminar cualquier obstáculo y establecer un estándar elevado en el calendario mundial de la Fórmula 1.

En el acto de firma, Martínez Rodríguez declaró que el equipo organizador tenía claro desde el inicio el propósito de “ser un Gran Premio que todo el mundo pudiera disfrutar”, poniendo énfasis en que el evento estuviera diseñado para satisfacer la pasión de los aficionados independientemente de su condición física. La Fundación ONCE, por su parte, remarcó que la alianza tiene como meta convertir a Madrid y a su Gran Premio en un referente global, afirmando que “será realmente una actividad deportiva para todas las personas”.

Tal como publicó la Fundación ONCE, el convenio marca el inicio de una serie de acciones que buscarán garantizar no solo la accesibilidad física a las instalaciones, sino también la adaptación digital para las personas con discapacidad. Las actividades previstas contemplan la formación tanto de empleados como de voluntarios del recinto, abordando estrategias de trato adecuado, apoyo y acompañamiento durante todas las jornadas de competición.

Según informó la Fundación ONCE, la selección de voluntarios formados constituye uno de los ejes centrales del acuerdo; estos voluntarios desempeñarán funciones de orientación, apoyo social y asistencia personalizada en los desplazamientos dentro del recinto. Las tareas contemplan también la ayuda en la movilidad, especialmente orientada a las personas con movilidad reducida (PMR) y a los asistentes con discapacidad que así lo requieran, garantizándoles autonomía y seguridad durante su estancia en el circuito.

El medio detalló que el acuerdo prevé tanto asesoramiento técnico en materia de acceso a los espacios y entornos del circuito como la formación sistemática para todo el personal implicado en la organización. El propósito subyacente es que la accesibilidad forme parte estructural de la experiencia del fan de la Fórmula 1, brindando igualdad de condiciones a quienes deseen participar en el evento.

La Fundación ONCE y Ifema Madrid conciben este plan como el inicio de un nuevo estándar que pueda ser replicado en futuras ediciones y en otros grandes acontecimientos deportivos. Ambas instituciones subrayan la importancia de convertir el compromiso en acciones concretas que permitan la participación efectiva e inclusiva, según consignó la Fundación ONCE en su comunicado tras la firma del acuerdo.

Esta iniciativa responde además a las demandas crecientes de las organizaciones y colectivos dedicados a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, quienes han solicitado de forma reiterada que los grandes eventos incluyan políticas y recursos que garanticen el acceso universal sin discriminaciones ni exclusiones.

De acuerdo con los portavoces institucionales citados por la Fundación ONCE, las siguientes etapas contemplan un trabajo coordinado entre los expertos en accesibilidad, el personal del circuito y los voluntarios, con el fin de mapear y resolver posibles obstáculos tanto en el acceso al recinto como en la navegación interna, el uso de servicios y la interacción con los distintos puntos de interés durante el Gran Premio de España de Fórmula 1 de 2026.

El presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, ha sido uno de los galardonados destacados por su trabajo sostenido en defensa de los derechos humanos y su lucha permanente contra la discriminación y el odio, según detalló el Ayuntamiento de Madrid. Este reconocimiento formó parte de la entrega de la primera edición de los Premios Luchadores de Hortaleza, en la que se reconoció la labor de 14 personas, entidades e instituciones que han dedicado sus esfuerzos a la inclusión social y a la autonomía de individuos con discapacidad. De acuerdo con el comunicado oficial, estos premios buscan subrayar la contribución de quienes actúan activamente por eliminar barreras y reducir las diferencias en la sociedad.

El acto, celebrado en el Salón de Pleno de la Junta Municipal de Hortaleza y presidido por el concejal del distrito, David Pérez, incluyó la distinción de diferentes figuras provenientes de los ámbitos social, sanitario y periodístico, según publicó el Ayuntamiento. En sus palabras, el objetivo de la iniciativa es rendir tributo al “trabajo de personas e instituciones que se han caracterizado por su compromiso, por eliminar barreras, reducir diferencias y mejorar la convivencia”. El concejal remarcó también la necesidad de valorar “la dedicación de tiempo, el esfuerzo y el sacrificio” que han invertido quienes se han destacado en estas áreas “para hacer que nuestra sociedad sea mejor”.

Uno de los bloques de los premios estuvo centrado en la trayectoria, la defensa de valores públicos y la convivencia. Tal como informó el Ayuntamiento de Madrid, el periodista Fernando Ónega fue distinguido por su prolongada carrera en los medios y su dedicación a la palabra pública y a la convivencia democrática. En ese grupo también fue homenajeado Manuel Martínez-Sellés, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem), por su defensa de la excelencia sanitaria y de los principios que elevan el ejercicio de la medicina, junto a Mario Ledesma, creador del Laboratorio de la Contratación, quien recibió el premio por su afán en la integridad y transparencia en el ámbito de la contratación pública.

El apartado dedicado a discapacidad, inclusión y autonomía personal incluyó premiados como Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA), quien fue resaltado por su trabajo enfocado en lograr mayor accesibilidad e inclusión. Según reportó el Ayuntamiento, el redactor de Servimedia, Nino Olmeda, también recibió reconocimiento debido a su labor periodística orientada a visibilizar la realidad y los derechos de las personas con discapacidad. Entre las instituciones distinguidas en este bloque se encuentran la Fundación ONCE Perro Guía, por su impacto en la movilidad y la autonomía de personas con discapacidad visual, y Down España, por su permanente actividad en favor de la igualdad de oportunidades y los derechos de las personas con síndrome de Down.

La Fundación Inclusión y Apoyo-APROCOR fue otra de las entidades reconocidas por su apuesta por la empleabilidad, la formación y el impulso de la autonomía en personas con discapacidad intelectual. De igual modo, la Fundación Oxiria recibió el premio por sus iniciativas orientadas a incrementar la inclusión y la calidad de vida de personas con discapacidad, mientras que la Asociación Autismo Araya resultó premiada por su atención directa y apoyo a familias y personas con trastorno del espectro autista.

En el bloque dedicado a comunidad, acción social y participación, según consignó el Ayuntamiento de Madrid, se distinguió al Centro Santa María de la Paz y sus usuarios, quienes han sido considerados ejemplo de superación y dignidad ante situaciones adversas. Dentro de este grupo, el farmacéutico Fausto González fue homenajeado por toda una vida de servicio en el ámbito de la salud y su proximidad con los habitantes de Hortaleza. Asimismo, la Mesa de Política Social del Consejo de Proximidad obtuvo el reconocimiento por su trabajo en incentivar el diálogo, la participación ciudadana y la mejora de las políticas sociales desde un enfoque cercano a las necesidades locales.

En su intervención, el concejal David Pérez enfatizó la importancia de la inclusión, el cuidado y el respeto a la dignidad como elementos clave en la fortaleza de una sociedad, según declaraciones recogidas por el Ayuntamiento de Madrid durante el acto oficial. Esta iniciativa, enmarcada como la primera edición de los Premios Luchadores de Hortaleza, surge con el propósito de consolidar el reconocimiento social a quienes, desde diferentes posiciones y sectores, han contribuido significativamente a la convivencia, la igualdad y la defensa de los derechos fundamentales.

La planificación y coordinación de las actividades del Camino incluyen la adaptación de tramos y rutas, así como la consideración de los apoyos necesarios para garantizar la accesibilidad física, sensorial y cognitiva de los peregrinos con discapacidad. De acuerdo con una nota de prensa citada por la Fundación ONCE, estas medidas buscan asegurar que las personas con movilidad reducida puedan participar plenamente en la tradicional peregrinación hacia la aldea de El Rocío, el Santuario y el entorno del Parque Nacional de Doñana.

Según informó la Fundación ONCE, la entidad ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación Camino del Rocío Sin Barreras, representada por el director general de la Fundación, José Luis Martínez Donoso, y el presidente de la Asociación, Ángel Méndez Román. Tal como detalló la Fundación ONCE, este acuerdo tiene como meta principal que los peregrinos con discapacidad accedan a la Aldea del Rocío y recorran el Camino en igualdad de condiciones, contando con respaldo logístico, voluntariado y recursos adaptados durante la actividad.

La Fundación ONCE se ha comprometido, según publicó la entidad, a facilitar la participación de voluntarios en el proyecto, asumiendo la gestión de su captación, coordinación y seguimiento. Entre sus responsabilidades está proporcionar la formación e información necesarias para que los voluntarios realicen las actividades de acompañamiento y apoyo de modo adecuado. La coordinación entre la Fundación ONCE y la Asociación Camino del Rocío Sin Barreras incluye la comunicación sobre necesidades, funciones, roles y turnos de los voluntarios en cada fase de la peregrinación.

De acuerdo con lo indicado en la nota de prensa, la Asociación Camino del Rocío Sin Barreras asumirá el liderazgo en la planificación, organización y supervisión de las actividades accesibles; su labor se centrará en asegurar la aplicación de los principios de inclusión y accesibilidad universal. La entidad será la encargada de identificar y seleccionar a los beneficiarios del programa, todos peregrinos con discapacidad, comprobando que cumplen con los requisitos necesarios para participar y que cuentan con la información precisa respecto a las actividades propuestas.

En función de este marco de colaboración, se adaptarán los caminos y se adoptarán medidas de seguridad y protocolos específicos para proteger el bienestar de las personas con discapacidad durante la peregrinación. Además, se prevé la disposición de personal de apoyo cuando haya necesidades específicas detectadas, extendiéndose estas soluciones a los aspectos físicos, sensoriales y cognitivos que pudieran presentar los participantes.

El proceso de incorporación de voluntariado, reportó la Fundación ONCE, estará ajustado a las particularidades de cada actividad y contemplará el acompañamiento profesional requerido, así como una formación previa específica que permitirá a estos voluntarios asistir a los peregrinos de manera efectiva y segura. La información sobre las funciones, los turnos y la coordinación entre los equipos estará detalladamente explicada y supervisada por ambas entidades durante toda la duración del proyecto.

La Asociación Camino del Rocío Sin Barreras está especializada en impulsar modelos de peregrinación accesibles y universales, trabajando de forma continua en el desarrollo de entornos que permitan la presencia de personas con movilidad reducida en la peregrinación a la Aldea del Rocío. Según publicó la Fundación ONCE, el compromiso de ambas entidades abarca todos los escenarios implicados: la ruta de peregrinación, la llegada al Santuario y la integración en el entorno del Parque Nacional de Doñana.

La programación de las actividades comenzará el viernes 20 de marzo, desde las 15:00 horas, cuando tendrá lugar la primera recepción de peregrinos, conforme informó la Fundación ONCE. El sábado 21 de marzo, en la mañana, se realizará un desayuno antes de iniciar el recorrido por la Raya Real. El domingo se dedicarán diversas actividades en el área de El Rocío, culminando con la celebración de la Misa de Peregrinación a las 12:00 antes de la Eucaristía programada para las 13:00 horas.

Según consignó la Fundación ONCE, este acuerdo responde a una demanda histórica de accesibilidad en las grandes rutas de peregrinación, buscando implantar un modelo replicable de inclusión y acompañamiento profesional en otras iniciativas similares. El seguimiento y la evaluación del impacto de este proyecto se coordinan entre ambas entidades, ajustando los procesos a partir de la experiencia y retroalimentación de los peregrinos participantes.

Las actividades vinculadas a este programa incorporan protocolos de seguridad reforzados y un sistema de atención adaptado a los diferentes perfiles de discapacidad, según detalló la Fundación ONCE. El trabajo conjunto plantea nuevas metodologías de cooperación entre entidades sociales, promoviendo la implicación de voluntarios formados en accesibilidad y atención a personas con discapacidad.

El desarrollo de este convenio se enmarca en la misión general tanto de la Fundación ONCE como de la Asociación Camino del Rocío Sin Barreras de garantizar entornos accesibles para todas las personas, así como de ofrecer un referente de buenas prácticas en la organización de grandes peregrinaciones accesibles, informó la Fundación ONCE.

El acuerdo genera nuevas oportunidades para que personas con discapacidad vivan y compartan la experiencia de la peregrinación sin barreras físicas, sensoriales o cognitivas, avanzando en el objetivo común de inclusión e igualdad en el acceso a tradiciones y espacios de relevancia social y cultural.

De acuerdo con la SEN, el principal factor que lleva a errores de diagnóstico es la semejanza de los síntomas con los de otras afecciones más comunes, como la sinusitis, el glaucoma u otras formas de dolor de cabeza. Esta confusión entre patologías genera que los pacientes pasen largos periodos sin recibir el reconocimiento médico apropiado, lo cual puede prolongar el sufrimiento por más de tres años en la mayoría de los casos. Tal como consignó el medio, la cefalea en racimos se presenta principalmente en personas entre 20 y 40 años y predomina en varones, aunque la proporción entre hombres y mujeres muestra una tendencia a disminuir, situándose actualmente cerca de 3:1.

El doctor Roberto Belvís, coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas de la SEN (GECSEN), ha explicado a la prensa que la cefalea en racimos es considerada la cefalea trigémino-autonómica más habitual, diferenciándose por la recurrencia de episodios de dolor de cabeza de gran intensidad, localizados generalmente en un solo lado de la cabeza, sobre todo en la zona del ojo y la frente. Según la SEN, el dolor aparece de forma súbita y alcanza su máxima intensidad en pocos minutos, manteniéndose durante períodos que oscilan entre quince minutos y tres horas. Sobre la severidad del cuadro, la organización cita descripciones en las que el dolor figura entre los más intensos que puede experimentar una persona.

En España, la patología afecta a unas 50.000 personas, con cerca de 1.000 nuevos casos diagnosticados cada año, según cifras expuestas por la SEN. Aunque poco frecuente en la población general, su impacto sobre la funcionalidad de los afectados resulta significativo, ya que muchos pacientes reportan limitaciones sustanciales en su actividad cotidiana. Datos recopilados por investigaciones nacionales mencionadas por la sociedad indican que más del 75 por ciento de quienes sufren cefalea en racimos experimentan discapacidades importantes, y hasta el 45 por ciento desarrolla cuadros depresivos asociados. Adicionalmente, hasta un 36 por ciento ha perdido su empleo por la enfermedad y alrededor del 32 por ciento ha debido reducir al menos a la mitad su rendimiento laboral.

Los episodios dolorosos de la cefalea en racimos suelen agruparse en periodos denominados “racimos”, durante los cuales las crisis pueden repetirse varias veces al día y persistir durante semanas o meses. Esos intervalos de ataques van seguidos de fases de remisión completa, en las que el paciente no presenta síntomas. En muchos afectados, las crisis mantienen un patrón claro, concentrándose en horarios similares, por lo general durante la noche, y en épocas reiteradas del año.

El tipo episódico de la enfermedad es el más usual, con alternancias entre fases de dolor y ausencia de síntomas. Sin embargo, la SEN advierte que cerca del 20 por ciento de los afectados desarrolla formas crónicas, en las que los accesos dolorosos persisten por más de un año sin periodo libre de síntomas, o en los que estas pausas no superan los tres meses.

Otra característica relevante, relatada por el doctor Belvís y recogida por los medios, es la concurrencia de síntomas adicionales en el mismo lado del dolor. Entre estas manifestaciones se encuentran el lagrimeo, el enrojecimiento ocular, la congestión nasal, la secreción nasal, la caída del párpado o la sudoración facial. Durante los episodios, los pacientes presentan inquietud o agitación y tienden a buscar movimiento, comportamiento que contrasta con otras formas de dolor de cabeza como la migraña, en la que las personas optan por el reposo.

En lo que se refiere a los abordajes terapéuticos, la SEN subraya que el tratamiento de la cefalea en racimos se fundamenta en tres líneas: tratamiento para las crisis, tratamientos preventivos de transición y los preventivos de mantenimiento. A pesar de la existencia de opciones eficaces, el acceso a los tratamientos adecuados continúa siendo insuficiente. Más de la mitad de los afectados no recibe el tratamiento preventivo que requeriría y, como señalan desde la SEN, más del 30 por ciento permanece sin las terapias sintomáticas más eficaces, entre ellas el oxígeno, considerado óptimo para la interrupción rápida de las crisis.

En pacientes que presentan formas crónicas refractarias a los tratamientos convencionales, los expertos de la SEN sugieren la valoración de estrategias quirúrgicas avanzadas como la neuromodulación, que únicamente se realiza en unidades especializadas acreditadas, tales como los Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR). Se estima que en España existen entre 500 y 1.000 personas con cefalea en racimos crónica refractaria, quienes enfrentan las mayores dificultades asociadas a la discapacidad secundaria a esta enfermedad y requieren de seguimiento en centros especializados.

El medio explicó además que el abordaje rápido y una mayor conciencia sobre la cefalea en racimos son esenciales para reducir la carga que supone la demora diagnóstica y la falta de acceso a tratamientos adecuados. Los esfuerzos de entidades como la SEN se dirigen a visibilizar la enfermedad y promover la mejora de los circuitos asistenciales, en busca de que las personas afectadas puedan recibir el apoyo y la atención médica requeridos sin largas demoras.

Según publicó Europa Press, la Audiencia Provincial de A Coruña llevó adelante este martes el juicio contra una mujer de 39 años, con discapacidad psíquica reconocida, y su pareja, un hombre de 73 años, quienes enfrentan cargos por supuesta agresión sexual contra una compañera de la acusada en un piso tutelado de Betanzos (A Coruña). Durante la audiencia, ambos negaron de manera rotunda cualquier contacto indebido con la víctima. El varón, que compareció en la sala, aseguró: “Yo no le toqué ni un pelo a esa chica” y calificó la acusación de infundada. Declaró que nunca le propuso mantener relaciones sexuales a la denunciante y que no existió contacto físico ninguno. Afirmó también que nunca hubo conversaciones sobre ese tema y que la relación íntima solo ocurría entre él y su pareja actual, la otra procesada.

El hombre detalló que mantenía una relación sentimental con la acusada desde 2018. Sostuvo que durante la pandemia, ante la imposibilidad de que las mujeres salieran solas del piso tutelado, su pareja acudía a visitarlo en compañía de la presunta víctima. Explicó que en esos encuentros todos permanecían en el salón, compartían conversación y consumían cerveza. Describió que tras estos momentos, mientras la denunciante se quedaba en el sofá viendo televisión, él y su pareja pasaban juntos a una habitación para mantener relaciones íntimas. Expresó que la presunta víctima no recibió dinero tras esos encuentros, salvo en contadas ocasiones en que le entregó dinero a su pareja para que comprara tabaco.

Por su parte, la procesada solo respondió a preguntas de su abogado. Reconoció haber mantenido relaciones sexuales consentidas con el procesado masculino, pero negó haber mantenido cualquier tipo de relación íntima con la víctima.

Europa Press detalló que la presunta víctima no prestó declaración en sala. Durante el juicio, se visualizó una grabación de su testimonio ante el juzgado. En esa declaración, la denunciante aseguró que la acusada la agredió sexualmente durante aproximadamente diez años, la mayoría de los fines de semana, entrando a su habitación mientras las demás compañeras dormían. Narró que la investigada le besaba en la boca y le tocaba el cuerpo mientras ella le pedía que se detuviera, y agregó que la procesada también le propinaba golpes para evitar que contara lo sucedido. Sobre los encuentros con el acusado masculino, relató que estos ocurrían los sábados y domingos en la casa de él, donde permanecían los tres en una habitación. Describió episodios de sexo entre ella y el varón con la mujer supervisando, y reiteró que no quería participar en estos contactos. Afirmó también que, después de estas visitas, la acusada siempre recibía dinero por parte del hombre.

El escrito del Ministerio Público, citado por Europa Press, sostiene que la acusada, con una minusvalía psíquica reconocida, vivía junto a la denunciante, que presentaba discapacidad mental. Las agresiones habrían tenido lugar tanto en el piso tutelado como, en algunos casos, en el domicilio del otro procesado. El fiscal solicita trece años y nueve meses de prisión para la mujer y trece años y tres meses para el hombre por delitos continuados contra la libertad sexual.

Las defensas de ambos procesados solicitan la absolución, argumentando que los hechos no ocurrieron y cuestionando la solidez del testimonio presentado en contra de sus clientes. El abogado de la encausada, en declaraciones a Europa Press previas al juicio, afirmó que el caso se sostiene solo en un testimonio con escasa credibilidad dada la situación personal de la denunciante. Además, planteó la posible concurrencia de una circunstancia eximente en virtud de que ambas partes presentan discapacidad.

Durante el juicio, se escucharon distintas valoraciones sobre la capacidad de la denunciante para declarar y sobre la consistencia de su relato. Las psicólogas encargadas del informe de credibilidad reiteraron sus reservas al respecto, destacando la falta de espontaneidad en la narración y la dificultad de valorar debido al largo período transcurrido entre los hechos denunciados y la entrevista pericial.

De acuerdo con los datos recogidos por Europa Press en la documentación judicial, tanto la convivencia de las implicadas en el piso tutelado como las visitas a la vivienda del procesado se produjeron bajo las normas de supervisión propias de este tipo de residencias. La versión de la víctima y la de los acusados divergen de manera notable en cuanto a la naturaleza y frecuencia de los contactos.

La acusada explicó ante la autoridad judicial que la relación con su pareja tenía lugar de forma privada y sin la participación de terceras personas, a diferencia de lo manifestado por la denunciante en su declaración audiovisual. El hombre, por su parte, insistió en que nunca percibió discapacidad significativa en su pareja y consideró que la denunciante mostraba señales de mayor afectación.

El desarrollo de la vista oral se centró en el contraste de estos relatos, la evaluación de la credibilidad de los testigos y la interpretación de los informes periciales, según consignó Europa Press. Las partes aguardan ahora el fallo judicial tras la presentación de las distintas posturas durante la audiencia.

Un cuidador primario es la persona que asume la responsabilidad principal de atender y acompañar a alguien que, debido a enfermedad, discapacidad o edad avanzada, no puede valerse por sí mismo.

Este rol puede ser desempeñado por un familiar, amigo o profesional, y abarca tareas como el apoyo en la movilidad, la administración de medicamentos, la higiene personal, la alimentación y el acompañamiento emocional.

La importancia del cuidador primario en la sociedad radica en su papel fundamental para el bienestar de quienes requieren atención continua.

Los cuidadores primarios contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas dependientes, favorecen su permanencia en el entorno familiar y alivian la demanda sobre los sistemas de salud y asistencia social.

Por esta razón su labor representa un pilar clave en el sostenimiento de comunidades más solidarias y resilientes; sin embargo, muchas veces la carga física y emocional puede llegar a mermar su salud en gran medida, poniendo en riesgo tanto a él como a la persona a su cuidado.

Es por ello que diversos organismos buscan visibilizar la importancia de estos cuidadores y brindar herramientas que permitan hacer su labor más llevadera.

Consejos para proteger la salud física y mental de los cuidadores primarios

Proteger la salud física y mental de los cuidadores primarios de personas enfermas es fundamental para garantizar su bienestar y la calidad del cuidado que brindan. En este sentido, y de acuerdo con el Manual de apoyo para personas que brindan cuidados a otras, realizado por la Secretaría de Salud, algunas recomendaciones clave son las siguientes:

• Buscar apoyo: Compartir responsabilidades con familiares, amigos o servicios profesionales ayuda a evitar la sobrecarga.
• Establecer rutinas de autocuidado: Reservar tiempo para el descanso, la alimentación equilibrada y la actividad física regular favorece la salud integral.
• Mantener espacios de descanso: Dormir lo suficiente y programar pausas a lo largo del día reduce el agotamiento físico y mental.
• Expresar emociones: Hablar sobre las preocupaciones y sentimientos con personas de confianza o profesionales de la salud mental previene el aislamiento y el estrés.
• Informarse sobre la enfermedad: Comprender la condición de la persona a cargo facilita la toma de decisiones y disminuye la ansiedad.
• Aprender técnicas de manejo del estrés: Practicar ejercicios de relajación, respiración profunda o meditación contribuye a controlar la tensión emocional.
• Participar en grupos de apoyo: Compartir experiencias con otros cuidadores ofrece contención y consejos prácticos.
• Solicitar ayuda profesional cuando sea necesario: Consultar con médicos, psicólogos o asistentes sociales permite identificar señales de sobrecarga y recibir orientación adecuada.
• Mantener vida social y actividades recreativas: Conservar intereses personales y momentos de esparcimiento ayuda a preservar el equilibrio emocional.

Incorporar estos hábitos fortalece la salud del cuidador y permite brindar atención de calidad, evitando el desgaste físico y emocional asociado al rol de cuidado prolongado.

La circulación de imágenes del presunto responsable de la agresión a Miguel Ángel Llamas ha generado preocupación en su entorno cercano, que alega que la difusión se realizó sin autorización y repercutió en su bienestar. De acuerdo con un comunicado dirigido a Europa Press, la familia del señalado afirma que representantes políticos divulgaron sin consentimiento expreso fotografías que identifican a su familiar, incluyendo las imágenes divulgadas por el propio Llamas en la red social X cuando narró el incidente.

La familia sostiene que el acusado cuenta con un grado de discapacidad y de dependencia reconocido oficialmente. Según publicó Europa Press, los familiares han solicitado respeto para su situación y subrayan que el denunciado es una persona tranquila que evita enfrentamientos o situaciones conflictivas. “Queremos recalcar que es una persona pacífica y tranquila y que rehuye de comportamientos violentos o cualquier tipo de altercado”, afirmó la familia en el comunicado recogido por el medio.

El hecho ocurrió en la calle Santiago de Valladolid y tuvo como víctima a Miguel Ángel Llamas, cabeza de lista de Podemos-Alianza Verde en las elecciones autonómicas. La familia del presunto autor rechaza la hipótesis, planteada por Llamas, de que existan motivaciones políticas o ideológicas detrás de la agresión. Según el comunicado citado por Europa Press, el entorno del acusado explica que, debido a su discapacidad, su madurez mental corresponde aproximadamente “a la de un niño de seis años”. Para los allegados, esta circunstancia elimina la posibilidad de que el acusado identificara a Llamas o asociara su figura con alguna ideología política, según reportó Europa Press.

La familia informó que todos los hechos están puestos en conocimiento de la Policía Nacional. Además, denunciaron que la divulgación de las imágenes ha provocado temor al acusado, quien ahora teme salir de su domicilio por posibles represalias, detalló Europa Press.

En su escrito, la familia apeló al respeto y solicitó el cese en la difusión de la imagen de su familiar para evitar una mayor exposición y sufrimiento, puntualizando que corresponde a la justicia determinar lo sucedido. “Rogamos respeto y que sea la justicia la que determine qué pasó”, concluyeron en el mensaje dirigido a los medios, según recopiló Europa Press.

El caso ha suscitado un debate sobre el tratamiento de la privacidad de las personas con discapacidad en contextos judiciales y mediáticos. Las manifestaciones de la familia, recogidas por Europa Press, reiteran que el presunto responsable de la agresión carece de intencionalidad violenta y está afectado por graves limitaciones cognitivas. A raíz de la denuncia y la repercusión pública, el entorno del acusado insiste en la necesidad de garantizar tanto la presunción de inocencia como el trato digno a personas en su situación, informó Europa Press.

Miguel Ángel Llamas, por su parte, comunicó a través de sus redes sociales que había sido agredido y compartió imágenes del presunto agresor. Este hecho provocó una rápida difusión en el ámbito político y mediático, lo que la familia del acusado considera injusto e inapropiado dada la condición de vulnerabilidad de su allegado. Europa Press consignó que la familia lamenta que la publicación de esas imágenes se haya realizado sin solicitar autorización y que la identificación de su familiar contribuyó a un aumento de su ansiedad y miedo ante eventuales consecuencias.

Las autoridades policiales ya han recibido las denuncias correspondientes, conforme a la declaración familiar citada por Europa Press. La familia del acusado mantiene su posición de que el caso no reviste motivaciones políticas ni personales y solicita el tratamiento judicial ajustado a derecho, enfatizando la necesidad de respeto y confidencialidad para quienes padecen discapacidades severas.

En numerosos casos, mujeres y niñas con discapacidad encuentran obstáculos adicionales, como dificultades de comunicación o una dependencia que a veces recae en familiares o cuidadores que resultan ser sus propios explotadores. A partir de esta realidad, la fiscal de Sala Coordinadora de Trata de Personas y Extranjería de la Fiscalía General del Estado (FGE), Beatriz Sánchez, reclamó que los procedimientos judiciales no provoquen daños añadidos a las supervivientes y que se garantice para ellas una protección ajustada a sus vulnerabilidades. Según publicó la agencia Europa Press, Sánchez remarcó la importancia de situar a la víctima en el centro de la actuación institucional y judicial en los casos de trata de seres humanos.

Durante una conferencia en el Congreso de los Diputados, organizada por la Fundación CERMI Mujeres, la fiscal alertó que las sentencias consideradas ejemplares pierden su objetivo si durante el proceso legal se produce una revictimización. Según recogió Europa Press, Sánchez manifestó: “De nada sirve una sentencia ejemplar si en el camino hemos revictimizado a la superviviente, a la testigo que ha tenido que pasar por un proceso infame”. El medio detalló que la intervención se centró en la trata de mujeres y en la explotación de mujeres y niñas con discapacidad.

La fiscal remarcó la necesidad de contar con evidencias sólidas y de no limitar la investigación al testimonio de la víctima. Explicó que la carga probatoria no debe recaer de modo exclusivo en la denunciante, ya que la ausencia de pruebas adicionales puede impedir la obtención de justicia, sobre todo considerando el principio de presunción de inocencia. Sánchez expresó: “Que no podemos solamente contar con la declaración de la víctima, que tenemos que esforzarnos, agotar las investigaciones para tener un acervo probatorio que corrobore esos indicios que nos da la víctima o la superviviente. No podemos ir solo con la declaración de la víctima, porque ya estamos observando que, muchas veces, en base a ese principio de presunción de inocencia o in dubio pro reo, nos quedamos sin prueba en este sentido”, sostuvo según reportó Europa Press.

El fenómeno conocido como ‘Loverboy’, basado en la captación de personas a través de la manipulación sentimental, fue otro de los puntos analizados por la fiscal durante la conferencia. Advirtió que este método complica la detección y la protección de las víctimas, por lo que señaló que la coordinación entre las fuerzas de seguridad, los servicios sociales y el ámbito sanitario resulta imprescindible. Según detalló Europa Press, Sánchez indicó que el reconocimiento por parte de las propias víctimas de que están siendo explotadas constituye una dificultad añadida, ya que muchas veces no logran identificar que la relación afectiva es, en realidad, un mecanismo de captación y explotación.

Para hacer frente a estos retos, la fiscal insistió en la urgencia de implementar instrumentos de atención accesibles y adaptar los procedimientos para facilitar la participación de mujeres y niñas con discapacidad en los procesos judiciales. Se refirió a la utilidad de facilidades como la ‘lectura fácil’, la designación de tutores y facilitadores que acompañen a la víctima y minimicen el riesgo de daños psicológicos y emocionales, publicó Europa Press.

Durante su intervención, Sánchez afirmó que las víctimas tienen derecho a ser protegidas independientemente de que su caso forme parte o no de un proceso judicial, y aunque no puedan aportar información directa para impulsar los procedimientos. Añadió: “La trata de mujeres con discapacidad no solo constituye una forma de violencia extrema, sino que verdaderamente está agravada por la discriminación estructural y por el olvido y la falta de respuestas adecuadas por parte del Estado y la sociedad”. Europa Press consignó estas declaraciones en el contexto de un llamado a la acción para que las instituciones refuercen la protección y el acompañamiento de quienes sufren esta forma de violencia.

Dentro de las soluciones propuestas, la fiscal abogó por la existencia de centros especializados adecuados para mujeres y niñas con discapacidad que hayan sido víctimas de trata. Reconoció que, a día de hoy, el número de personas identificadas podría no justificar la apertura de múltiples centros, pero los definió como un objetivo fundamental. Mientras tanto, recomendó la capacitación del personal en los centros de atención actuales para que estén habilitados a reconocer e intervenir ante situaciones de explotación, según reportó Europa Press.

En la conferencia, Sánchez incidió asimismo en el valor de un modelo estructurado de ayuda y asistencia que abarque desde la identificación y salvaguardia hasta la recuperación completa de las supervivientes. Para la fiscal, es fundamental que el enfoque de las políticas y protocolos se oriente hacia la restitución de derechos, considerando las múltiples vulnerabilidades de las víctimas de trata, sobre todo aquellas que presentan discapacidad, concluyó Europa Press.

De acuerdo con COCEMFE, la futura legislación debe incorporar mecanismos que eviten restricciones y aseguren la participación igualitaria de todas las entidades del sector, sin discriminación por tamaño, capacidad organizativa o barreras técnicas. En este sentido, la confederación insiste, según precisó en su comunicado, en la necesidad de que el objeto de la normativa haga explícita la obligación de intervenir en igualdad de condiciones con los mismos niveles de accesibilidad universal y ajustes razonables para todas las organizaciones afectadas. El medio detalló que COCEMFE exige también que los procedimientos participativos incluyan mecanismos que garanticen la eficacia de las aportaciones realizadas por las entidades, evitando que la interlocución social se reduzca a una mera formalidad carente de efecto verdadero.

Tal como publicó la fuente, una de las propuestas de COCEMFE consiste en establecer la obligación, para la Administración, de emitir informes públicos y motivados en el caso de no incorporar las peticiones o recomendaciones realizadas por las organizaciones de pacientes. De esta forma, se busca fomentar la transparencia en la toma de decisiones dentro de las políticas sanitarias y fortalecer la credibilidad y la eficacia de la participación social. Según argumenta la organización, este tipo de medidas ayudaría a evitar que la consulta y el diálogo con la sociedad civil quedaran limitados a un trámite simbólico y sin consecuencias reales para la normativa sanitaria.

El medio consignó que otro aspecto central de las aportaciones de COCEMFE se refiere a la necesidad de adaptar la propia definición legal de “organización de pacientes”. La propuesta presentada contempla que se abarque explícitamente a las asociaciones que representan colectivos con discapacidad derivada o asociada a condiciones crónicas o de larga duración, así como aquellas que desempeñan un papel fundamental en la garantía de prestaciones sanitarias esenciales, incluidas las ortoprotésicas y los productos de apoyo. Según la entidad, tal ampliación evitaría interpretaciones restrictivas de la ley que podrían dejar al margen a sectores vinculados de manera directa al entorno sanitario y sociosanitario.

El presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, subrayó, según el medio, la importancia de que la futura ley asegure que las organizaciones de pacientes participan en las decisiones sobre su salud y calidad de vida “evitando exclusiones derivadas del tamaño de las entidades, su capacidad organizativa o las barreras de accesibilidad”. En palabras del representante, “no basta con reconocer la participación en la ley; es imprescindible que esta sea inclusiva, efectiva y basada en la legitimidad de las propias personas afectadas”, tal como recoge el comunicado oficial difundido por la confederación.

Según informó el medio, la organización plantea también como prioridad el impulso del principio de autorrepresentación en la gobernanza de las asociaciones. Esto supone que las entidades implicadas estén dirigidas mayoritariamente por las miembros directamente afectados o, si procede, por sus familiares o cuidadores. COCEMFE advierte, de acuerdo con el reporte original, que la exclusión de asociaciones pequeñas o dedicadas a enfermedades de baja prevalencia podría ser una consecuencia indeseada de trámites administrativos complejos o dificultades técnicas, motivo por el cual demanda disposiciones específicas para mantener la pluralidad y representatividad del tejido asociativo.

La propuesta de COCEMFE a Sanidad, detalló el medio, aborda la necesidad de garantizar el acceso universal en todos los procedimientos digitales y tradicionales de consulta, asegurando que personas y organizaciones puedan intervenir de modo efectivo frente a procesos cada vez más automatizados y complejos. Esto requiere no sólo ajustes técnicos sino un reconocimiento legal explícito de los derechos de acceso y la eliminación de cualquier obstáculo que dificulte la participación de los colectivos más vulnerables.

En la documentación remitida al Ministerio, COCEMFE sostiene que sin estas modificaciones, muchas de las organizaciones quedarán relegadas a una presencia apenas testimonial en el desarrollo de las políticas públicas sanitarias, con el consiguiente impacto en la capacidad de incidir en las decisiones que afectan directamente a personas con discapacidad física y orgánica. La confederación reitera la necesidad de contar con una legislación que refleje la diversidad y la realidad de los colectivos que agrupa, asegurando procesos participativos sustantivos y fundamentados en la equidad.

El medio señala que el debate abierto por COCEMFE sobre el anteproyecto de Ley de Organizaciones de Pacientes pone de relieve desafíos estructurales que afectan tanto a la definición jurídica de los actores involucrados como a la implementación efectiva de los principios de igualdad, accesibilidad y transparencia en el Sistema Nacional de Salud. La organización concluye que la única manera de garantizar avances reales pasa por dotar a las asociaciones de un marco normativo capacitado para responder a la complejidad cambiante del sector sociosanitario, integrando plenamente las aportaciones y salvaguardando la representatividad de todas las voces implicadas.

Durante el encuentro celebrado en el Congreso de los Diputados, la urgencia de implementar protocolos específicos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fue uno de los puntos destacados por Ana Peláez, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres y experta del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Peláez instó a que estos procedimientos aseguren la detección, identificación y asistencia adecuada para mujeres y niñas con discapacidad que enfrentan situaciones de trata y explotación sexual, abarcando también casos de prostitución. A partir de esta demanda, el debate en el Congreso se centró en la necesidad de reforzar medidas de protección, prevención y acceso a recursos específicos para este colectivo.

Según publicó el medio Europa Press, la conferencia temática sobre la trata y explotación de mujeres y niñas con discapacidad sirvió de escenario para que diferentes responsables del Gobierno y representantes institucionales analizaran los desafíos actuales y las estrategias en desarrollo. Durante su intervención, la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, destacó el progreso conseguido en la atención de personas con discapacidad, reconociendo el avance pero también subrayando las carencias detectadas en cuanto a herramientas verdaderamente eficaces. Calvo enfatizó que la atención debe regirse por el reconocimiento de derechos y el trato digno, y no únicamente por el enfoque de la compasión.

Aina Calvo señaló, tal como consignó Europa Press, que la labor policial de lucha contra la trata de personas representa un reto considerable, pero admitió que la magnitud de la tarea pendiente aún supera los esfuerzos realizados hasta el momento. Además de la intervención directa a las víctimas, Calvo subrayó la importancia de fortalecer los mecanismos de prevención, la detección temprana de casos, la protección efectiva y la reparación del daño causado por estas violencias. Remarcó, además, la necesidad de garantizar una adecuada canalización y derivación desde las fuerzas policiales, con el fin de que las personas con discapacidad accedan sin barreras a los apoyos y recursos especializados.

Por otra parte, el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, anunció que el Gobierno está finalizando el primer estudio en España dedicado a analizar de forma integral las violencias específicas que sufren las mujeres con discapacidad. Según detalló Martín Blanco ante la Cámara, este informe empleará una metodología mixta: combinará datos cuantitativos procedentes de la macroencuesta de violencia contra la mujer del Ministerio de Igualdad, ampliada con preguntas adaptadas, y análisis cualitativos para comprender a fondo la realidad de quienes padecen mayores niveles de abuso y maltrato. El objetivo es llegar a aquellas mujeres que presentan mayores necesidades de apoyo y que, históricamente, han enfrentado obstáculos para visibilizar su situación y recibir ayuda.

Jesús Martín Blanco también resaltó, según informó Europa Press, que se están reforzando los programas de formación y sensibilización especialmente dirigidos a mujeres con discapacidad. Estos iniciativas ayudan a identificar y denunciar episodios de violencia con mayor claridad. Citó el caso de mujeres que no logran reconocer como agresiones ciertos comportamientos inadecuados dentro de su entorno, enfatizando la importancia de ofrecer información sobre sus derechos y los mecanismos para solicitar ayuda.

Durante la jornada, el enfoque de género y los derechos humanos centraron parte de las intervenciones. Carmen Martínez Perza, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, advirtió que es fundamental abordar la trata de personas desde una perspectiva interseccional, considerando tanto el género como la discapacidad, para asegurar que ninguna mujer quede fuera del sistema de protección. Martínez Perza explicó que la trata con fines de explotación sexual está intrínsecamente ligada a la violencia estructural derivada del machismo y de sistemas patriarcales, que convierten a mujeres y niñas en herramientas de explotación económica. Advirtió que las heridas físicas y psicológicas que deja la trata perduran y requieren respuestas más sostenidas por parte del Estado.

El medio Europa Press reportó que Martínez Perza informó sobre la elaboración de la Ley Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, actualmente en desarrollo. Esta legislación contemplará medidas específicas para abordar la explotación sexual y prevé garantizar una atención sensible a la diversidad, incorporando el enfoque interseccional en sus artículos y protocolos. Además, Martínez Perza recordó que servicios telefónicos como el 016, especializados en atención a víctimas, son accesibles para personas con discapacidad, gracias a aplicaciones y herramientas tecnológicas adaptadas que aseguran la accesibilidad universal de estos recursos.

En el plano institucional, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, expresó su apoyo a las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad a través de un mensaje en vídeo difundido durante la jornada. Armengol agradeció que el Parlamento haya sido el espacio elegido para la celebración del evento y valoró el rigor del trabajo que llevan a cabo las entidades participantes, centradas en combatir la múltiple discriminación y en afianzar la defensa no solo de las propias afectadas, sino también de sus familias. En su intervención, puso especial énfasis en la necesidad de afrontar de manera urgente la problemática de la trata y la explotación, aludiendo a la importancia de abordar el fenómeno desde diversos frentes: legislativos, de detección, protección y atención social especializada a las víctimas.

Las distintas aportaciones realizadas durante la conferencia coincidieron, según detalló Europa Press, en la importancia de avanzar hacia un sistema de garantías más sólido y efectivo que responda a las demandas específicas de las mujeres y niñas con discapacidad. Tanto la Fundación CERMI Mujeres como responsables gubernamentales y expertos presentes plantearon que los esfuerzos actuales deben concentrarse en el diseño y ejecución de protocolos que aseguren la detección temprana, la atención adecuada y la reparación integral de los daños sufridos. Además, reclamaron que la prevención y la formación lleguen hasta los entornos más vulnerables, donde persisten altos niveles de abuso y escasa visibilidad.

Se evidenció, tras los diferentes testimonios y exposiciones, que los recursos disponibles continúan siendo insuficientes para afrontar la dimensión del problema y que es indispensable una mayor implicación de todos los poderes públicos, tanto legislativos como ejecutivos y judiciales, para elaborar respuestas acordes a la complejidad de la situación. Europa Press consignó que entre las medidas prioritarias se contempla maximizar la accesibilidad de los servicios de atención a víctimas, adaptando los materiales, los canales de comunicación y los procedimientos de derivación para superar las barreras que enfrentan especialmente quienes presentan discapacidad intelectual o psicosocial.

En cuanto al contexto legal y protocolario, Europa Press indicó que la articulación de una estrategia que incluya manuales y procedimientos claros tanto para los cuerpos policiales como para los servicios sociales y sanitarios aparece como objetivo clave. Así, se pretende garantizar la protección y la obtención de justicia para estas víctimas, quienes actualmente sufren invisibilidad y desprotección ante los circuitos institucionales convencionales.

El Gobierno, en voz de diferentes portavoces en la conferencia, reconoció que resulta imprescindible desplegar nuevas herramientas que logren un trato respetuoso y adaptado a la realidad de las personas con discapacidad, erradicando de raíz el enfoque asistencialista y avanzando hacia la afirmación y garantía de derechos. Entre las prioridades enumeradas, figuraron la actualización permanente del personal involucrado en la intervención y la preparación de campañas de sensibilización y prevención orientadas específicamente a las mujeres y niñas con discapacidad.

La jornada en el Congreso, coordinada por la Fundación CERMI Mujeres y con la presencia de representantes de diversos organismos públicos, puso en el centro de la agenda la problemática múltiple que enfrentan mujeres y niñas con discapacidad ante la trata y la explotación. Además, remarcó la necesidad de continuar el trabajo en red, de mantener la presión sobre los responsables políticos y de consolidar proyectos normativos y sociales que permitan avanzar en la erradicación de estas formas de violencia y discriminación.

Elena Pérez, además de su desempeño como magistrada desde 2008 en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), ha ejercido desde 2015 las funciones de delegada de discapacidad en este mismo órgano judicial. Según consignó el Boletín Oficial del Estado (BOE), esta labor implica la coordinación y el impulso de acciones que buscan evitar discriminación hacia las personas con discapacidad en su interacción con el sistema judicial. En este contexto, el BOE publicó la designación de Pérez como nueva presidenta de la Sala de lo Social del TSJC, decisión que se formalizó a través de un Real Decreto.

La designación se produjo después de que concluyera el mandato de Mercedes Sancha y fue acordada el 28 de enero por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), detalló el BOE. El órgano de gobierno de los jueces decidió proponer el nombramiento de Elena Pérez, quien figuraba como la única candidata a ocupar la presidencia de la Sala. De acuerdo con el BOE, Pérez es doctora en Derecho y forma parte de la carrera judicial desde 2001, iniciando su trayectoria en el Juzgado único de Padrón.

Tras su primer destino, en 2006, accedió a la categoría de magistrada especialista en el orden social, con destino en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde ejerció durante un año. Desde 2008, desempeña su labor como magistrada en la Sala de lo Social del TSJC, cargo que ahora asume en la máxima responsabilidad como presidenta tras su nombramiento oficial, tal como informó el BOE.

Además de su experiencia judicial en el ámbito nacional, Elena Pérez ha desarrollado una trayectoria en instancias europeas. El medio BOE señaló que Pérez integró la Red Judicial Europea (REJUE) entre 2018 y 2024. Posteriormente, se incorporó a la Red Europea de Expertos en Derecho de la Unión (REDUE), dentro de la división social, participando en iniciativas orientadas al estudio y aplicación del Derecho de la Unión Europea en materia laboral y social.

Elena Pérez también mantiene una intensa actividad docente. Según recogió el BOE, interviene regularmente como formadora en cursos centralizados y descentralizados que organiza el CGPJ para profesionales de la judicatura. Además, ejerce como profesora en los cursos de verano de la Universidad de Cantabria y pertenece a la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Cantabria-ICASST, donde colabora en programas vinculados a la seguridad y la salud laboral.

La publicación del nombramiento en el BOE oficializó la condición de presidenta de la Sala de lo Social del TSJC para Pérez, cuya carrera refleja experiencia tanto en la gestión jurisdiccional como en la formación y el impulso de iniciativas en defensa de los derechos laborales y la no discriminación dentro del ámbito judicial, confirmó el BOE.

En Colombia, de cada cien personas con discapacidad, apenas veinte tienen un empleo formal. Es una brecha que el Estado decidió enfrentar con una norma de obligatorio cumplimiento: la Ley 2466 de 2025, conocida como la reforma laboral por el trabajo decente y digno, que entre sus disposiciones establece una cuota mínima de contratación para esta población en el sector privado.

Uno de los puntos más concretos de esa ley establece que las empresas del sector privado deben tener en su nómina al menos dos trabajadores con discapacidad por cada cien empleados. No es una recomendación ni un compromiso voluntario: es una cuota mínima con fecha de fiscalización.

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Cómo funciona la cuota, según el tamaño de la empresa

La norma diferencia según la cantidad de trabajadores. Las empresas con hasta 500 empleados deben contratar mínimo dos personas con discapacidad por cada cien. Las que superan los 501 trabajadores deben cumplir esa base y agregar al menos un trabajador adicional con discapacidad por cada tramo siguiente de cien empleados permanentes. A mayor tamaño, mayor responsabilidad proporcional.

Para que un contrato cuente dentro de esta cuota, el empleado debe contar con la certificación oficial del Ministerio de Salud que acredite su condición, y el vínculo laboral debe reportarse al Ministerio del Trabajo. De lo contrario, no aplica.

Dentro de la misma norma, el Ministerio de Trabajo ha ratificado que los trabajadores en situación de discapacidad cuya antigüedad sea anterior a la entrada de vigencia de la ley, cuentan como parte de la cuota reglamentaria.

Colombia ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Constitución exige garantizar igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo. Sin embargo, la realidad mostraba que esos mandatos no se traducían en contrataciones.

La ley convierte lo que durante años fue una práctica de “buena voluntad” empresarial en una obligación jurídica, bajo un enfoque de derechos humanos donde el trabajo es la vía principal hacia la autonomía.

Los incentivos para las empresas

El legislador diseñó un esquema de estímulos para acompañar la obligación. Las organizaciones que contraten trabajadores con discapacidad pueden deducir el 200% del valor de los salarios y prestaciones pagados a esas personas en su declaración de renta. Adicionalmente, quienes cumplan la cuota acceden a una reducción del 50% en su cuota obligatoria de aprendices del SENA. También obtienen puntajes adicionales y preferencia en licitaciones y adjudicaciones de contratos con el Estado.

Una vez vinculados bajo este esquema, los trabajadores quedan amparados por la figura de estabilidad laboral reforzada, que los protege contra despidos discriminatorios. Además, los empleadores están obligados a realizar ajustes razonables en los lugares de trabajo: adaptaciones físicas, tecnológicas o de horarios que permitan el desempeño efectivo de estas personas.

¿Cuándo entra en vigencia esta nueva norma?

Aunque la ley ya existe, la supervisión concreta de esta cuota comenzará el 1 de julio de 2026. La norma fue diseñada con una implementación escalonada para que las empresas puedan prepararse. Otras disposiciones de la misma ley ya están en vigor: por ejemplo, el nuevo horario nocturno entró a regir a finales de 2025, y el recargo dominical subió al 80% en julio de ese año. En julio de 2026, ese recargo ascenderá al 90% y, simultáneamente, arrancará la vigilancia sobre el cumplimiento de la cuota de inclusión.

Vale señalar que la Ley 2466 tiene demandas de inconstitucionalidad activas ante la Corte Constitucional. Algunos artículos han sido cuestionados por gremios y abogados, entre ellos el Artículo 21, que transformó el contrato de aprendizaje del SENA en un contrato laboral formal.

Sin embargo, en el ordenamiento jurídico colombiano una demanda no suspende automáticamente la norma. Mientras la Corte no declare inexequible algún artículo, la ley permanece vigente y es de obligatorio cumplimiento.

Madrid, 10 mar (EFE).-  La atleta paralímpica Desirée Vila perdió su pierna a los 16 años por una negligencia médica. Lejos de hundirse, su historia se ha convertido en un ejemplo de resiliencia y superación que ahora cuenta en el documental 'Ganas de Vivir' en el que desgarra una lucha en la que tuvo que “aprender a perdonar para pasar página y seguir avanzando a pesar de que una parte tuya se quede ahí".

La película, en el debut como director de El Langui y que estrenan ahora en el Festival de Málaga, desvela un proceso lleno de sombras y esfuerzo en el que le tocó empezar de cero: "Me dijeron que debían amputar para salvarme la vida y en ese momento prefería morir; no me veía capaz de llevar una vida así", asegura en una entrevista con EFE.

Vila (Pontevedra, 1998) perdió la pierna en una etapa en la que las niñas encuentran especial dificultad para aceptarse delante del espejo. Pero no solo perdió parte de su identidad, sino que vio truncado su sueño de ser gimnasta: "Formaba parte de la selección española de gimnasia acrobática y en ese momento supe que nunca volvería a competir", confiesa.

Un documental que ahonda en los momentos más duros, en los que tuvo incluso pensamientos suicidas y un trastorno de la conducta alimentaria (TCA) derivado de la falta de aceptación de su nueva imagen.

"Me sentía fea, tapaba la prótesis y no me gustaba mi cuerpo. Vivimos en una sociedad que necesita la aprobación externa constante", señala Vila, que ahora utiliza sus redes sociales para romper tabúes. "Tener una prótesis no me hace menos que los demás. Mi abuela me decía que usara pantalones largos para esconderla; hoy entiendo que no hay un solo cuerpo válido".

El perdón como herramienta de cura

Uno de los pilares del documental, es la gestión emocional de la negligencia médica que sufrió en un centro privado y resultó en su amputación: "Una parte de mí se quedó en aquel hospital", reflexiona Vila, quien subraya la importancia de "perdonar para sanar, aunque no te pidan perdón".

El accidente ocurrió mientras hacía un ejercicio de preparación para el Europeo. Al caer, su pierna se dobló y le provocó una rotura de tibia y peroné. Lo que el médico no vio esa tarde es que la vena poplítea, clave en la circulación sanguínea de la pierna, estaba obstruida y por lo tanto, si no se actuaba de inmediato, se produciría una necrosis y sería mortal.

"Tuve que volver a nacer y aprender a caminar, a ducharme y a ser autónoma de nuevo. Caer tan abajo cuando vienes de competir al más alto nivel es muy complicado. En el documental hablo de algo que nunca había tratado y es que yo llegué a pensar en no querer seguir más aquí", explica sobre la discapacidad sobrevenida que la obligó a sacar fuerzas y reinventarse por completo.

El atletismo, la salvación

Tras meses de depresión y tratamiento con antidepresivos, Desirée Vila encontró en el atletismo la ilusión perdida.

En tan solo un año como atleta se proclamó campeona de España en 100 metros y salto de longitud. De este modo, lo que comenzó como un proceso de rehabilitación terminó incluso llevándola a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, donde obtuvo un diploma olímpico.

"El atletismo me devolvió la energía. Ahora estoy preparando Los Ángeles 2028", afirma con una sonrisa.El título del documental, "Ganas de vivir", resume su filosofía actual: "Por muy bien rodeada que estés, cada uno tiene que buscar dentro de sí esa fuerza que le devuelva la capacidad de levantarse. Lo único incurable son las ganas de vivir". EFE

El documento provisional que permitirá el acceso a la sanidad pública en España para personas extranjeras en situación irregular no tendrá fecha de caducidad mientras el beneficiario no adquiera cobertura sanitaria por otra vía. Esta medida, incluida en un real decreto aprobado por el gobierno, introduce nuevos mecanismos para garantizar la atención médica universal y elimina diferencias burocráticas entre comunidades autónomas, según informó el medio de comunicación que publicó la noticia.

El Consejo de Ministros aprobó el real decreto presentado por los Ministerios de Sanidad e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con el propósito de asegurar que toda persona extranjera que resida en España sin permiso legal disponga de acceso rápido y efectivo a la red sanitaria nacional. Según publicó la fuente original, la norma apunta a superar las barreras administrativas y los problemas derivados de la aplicación desigual del Real Decreto-ley 7/2018, impulsado en el año 2018 para restituir el derecho universal que la normativa anterior de 2012 había restringido.

El procedimiento establecido se basa en la denominada declaración responsable. Con este documento, las personas solicitantes declaran que carecen de cobertura sanitaria por cualquier otra vía, que no pueden transferir derechos desde el extranjero y que no existe un tercero obligado al pago de su asistencia. Tras la presentación de esta declaración, deberán acreditar su residencia en España, siendo el empadronamiento la vía preferente, aunque la administración aceptará otros medios de prueba, como certificados escolares, informes de servicios sociales, facturas de suministros a nombre del solicitante o cédulas de inscripción consular, detalló el medio original.

La entrega del documento provisional ocurre en el momento de la solicitud, lo que garantiza acceso inmediato a la asistencia pública en todo el territorio nacional, reportó la fuente. Los organismos responsables tendrán un máximo de tres meses para notificar la resolución definitiva; de no hacerlo, la solicitud se considerará estimada por silencio administrativo. Además, si una persona no puede iniciar el trámite directamente, las autoridades competentes iniciarán el procedimiento de oficio.

El nuevo real decreto también dispone medidas especiales para asegurar que personas con discapacidad puedan completar sus trámites en igualdad de condiciones. Están previstos formatos accesibles y apoyos para facilitar la comprensión y la firma del documento a quienes lo requieran.

La protección prioritaria para colectivos vulnerables constituye otra de las novedades incluidas en la normativa. El acceso a la asistencia médica pública se garantiza de manera inmediata y efectiva a menores de edad, mujeres embarazadas y víctimas de violencia de género, violencias sexuales o trata de seres humanos, independientemente de su situación administrativa. Tal como detalló la fuente, las mujeres embarazadas tendrán derecho a la atención durante el embarazo, el parto y el periodo posparto, así como acceso a servicios de interrupción voluntaria del embarazo.

El derecho de acceso se amplía también a solicitantes de protección internacional o temporal. Para quienes se encuentren en situación de estancia temporal y atraviesen circunstancias de especial vulnerabilidad, el procedimiento contempla la elaboración de un informe que acredite esa condición. Dicho informe será emitido por los servicios sociales competentes de la comunidad autónoma correspondiente.

En su cobertura sobre el contenido de la norma, el medio de comunicación confirmó que se atenderán las necesidades de las personas con discapacidad mediante adecuaciones en los formatos documentales y la prestación de apoyos necesarios. Estas acciones buscan garantizar que el ejercicio de derechos se desarrolle en condiciones de equidad.

El alcance de las medidas no se limita únicamente a personas extranjeras. Como especificó la fuente, el real decreto extiende el derecho a recibir asistencia sanitaria pública a españoles de origen con residencia en el extranjero cuando se encuentren temporalmente en el país. Hasta ahora, este derecho solo cubría a pensionistas o trabajadores, pero la nueva norma lo amplía a cualquier español de origen y a sus familiares directos, siempre que no cuenten con cobertura internacional ni por convenios de seguridad social.

Con el objetivo de evitar el uso indebido de los fondos públicos, la ley incorpora controles sobre las prestaciones sanitarias otorgadas a través de este sistema. Si una solicitud resulta desestimada, se procederá a facturar las atenciones recibidas; sin embargo, no se reclamará el pago si la persona demuestra posteriormente que cumplía con los requisitos en el momento de recibir la asistencia. En los casos donde se detecte información falsa en la declaración responsable, el documento provisional quedará sin efecto y la administración podrá reclamar el reembolso de todas las prestaciones concedidas durante ese periodo.

El texto incorpora además cambios relacionados con el copago ortoprotésico. Las personas que ya cuentan con exención en el copago farmacéutico ambulatorio también quedarán exentas del pago correspondiente a productos ortoprotésicos, lo cual beneficiará a pensionistas con rentas bajas, personas con discapacidad y otros grupos en situación especialmente protegida.

Según informó el medio, la normativa tiene previsto su entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Las autoridades confían en que esta nueva regulación consolide la universalidad y equidad en el acceso a la sanidad, garantizando cohesión territorial en el ejercicio del derecho a la salud. El marco normativo también contempla la actuación de la administración en la iniciación de procedimientos de oficio cuando el interesado no pueda hacerlo, así como la adaptación de los procedimientos a las necesidades de personas con discapacidad para asegurar su plena autonomía y comprensión de los trámites.

De acuerdo con la información proporcionada por la fuente, el real decreto culmina una reformulación en el acceso al Sistema Nacional de Salud para quienes presenten dificultades administrativas o carezcan de documentación, integrando tanto a colectivos extranjeros como a nacionales retornados. Además de responder a situaciones de vulnerabilidad, el texto establece medidas de control y flexibilidad en el reconocimiento de derechos, con el fin de reducir los efectos de la desigualdad burocrática y territorial que persistían a raíz del marco legislativo anterior.

James Earl Johnson fue arrestado el 6 de marzo. De acuerdo con registros policiales, el hombre presuntamente confinó a su esposa, de 46 años, en una habitación de la mansión de 3906 Crown Ridge Court, privándola de comida y limitando sus comunicaciones, hasta que la víctima logró pedir auxilio al encontrar un teléfono móvil olvidado.

Durante el tiempo que permaneció recluida, la víctima, cuya identidad oficial se ha mantenido reservada, habría recibido únicamente “un huevo al día como alimento”, según autoridades citadas por Independent. Además, no contaba con atención médica adecuada, lo que, sumado al aislamiento, puso en riesgo su vida y su salud, afirmó la Fiscalía.

Por su parte, el hijo adulto de la pareja confirmó a KTRK ABC Houston que su madre se encuentra en un hospital, pero no ha divulgado detalles sobre su evolución ni la naturaleza específica de su discapacidad.

Detención y cargos contra Johnson

La detención de James Earl Johnson se produjo el mismo día en que su esposa logró contactar al 911 luego de hallar un teléfono que el acusado había dejado sobre una mesa de noche. El llamado de auxilio fue interrumpido cuando Johnson presuntamente la agredió y colgó la llamada. Posteriormente, la policía detuvo a Johnson y le imputó los delitos de abandono e infligir daño a una persona con discapacidad, atribuyéndole la exposición continua de la víctima a graves riesgos físicos y mentales.

Johnson fue liberado bajo una fianza de USD 100.000 y enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión con multas de hasta USD 10.000. Mientras tanto, la Fiscalía ha pedido que se mantenga un estricto control judicial sobre Johnson debido a la gravedad de los hechos atribuidos. En consecuencia, el acusado, que ejerce como maestro electricista, debe evitar cualquier contacto con la víctima o regresar al domicilio y está citado para una nueva audiencia judicial el 18 de marzo.

Antecedentes del caso

En el pasado existieron demandas previas en el ámbito familiar entre la pareja, interpuestas en 2001 y 2002 por cuestiones de manutención, que constan en los archivos del condado de Harris, aunque las resoluciones permanecen selladas. Hasta el momento, no se ha determinado si otros miembros de la familia conocían la situación y las autoridades aún investigan si más personas residían en el domicilio durante el período en que la mujer estuvo cautiva.

A su vez, un intento previo de la víctima por contactar a la policía se registró el 16 de noviembre de 2025, cuando agentes acudieron a la residencia tras una llamada. Según documentos judiciales, no se realizó una denuncia y la mujer declaró entonces que todo estaba bien, aparentemente porque Johnson le indicó a ella y a sus hijos permanecer callados y no hablar con la policía.

La reacción de la comunidad de Clear Lake

La mansión, ubicada en un vecindario residencial de Clear Lake, donde ocurrieron los hechos tiene un valor estimado de USD 1 millón y una extensión de unos 2.000 m². Johnson compró la casa de cinco habitaciones en 2015 y había vivido allí con su esposa e hijos durante al menos seis años.

Los habitantes del exclusivo barrio desconocían que la mujer permanecía cautiva en una vivienda de la zona. De acuerdo con Independent y el periódico británico Daily Mail, ninguno de los residentes identificó signos evidentes de abuso ni sospechó que la víctima estuviera privada de su libertad. Además, no se ha determinado si el hijo adulto tenía conocimiento de la situación que ocurría en la casa.

Según consignó el medio, la sentencia ratificada por el TSXG proviene del fallo inicial de la Audiencia Provincial de Ourense, la cual había dictaminado que el hombre atentó “de manera reiterada, contra la indemnidad sexual de su hija discapacitada, utilizando además técnicas manipulativas, como el chantaje con la tablet”. El tribunal gallego consideró que las pruebas recopiladas durante el juicio, incluyendo los testimonios directos y las pericias realizadas por expertos, tuvieron carácter concluyente para acreditar la autoría y reiteración de los hechos denunciados.

Los episodios se situaron temporalmente entre los años 2023 y 2024, y tuvieron lugar en el domicilio familiar donde agresor y víctima convivían. La investigación judicial, tal como detalla la fuente, reconstruyó cómo la madre de la menor detectó lo ocurrido tras encontrar un bote de lubricante bajo la cama de la niña. Ante el hallazgo, la menor relató a su madre los sucesos, lo que activó la intervención de las autoridades.

El acusado reconoció parcialmente los hechos durante el proceso judicial, admitiendo su implicación en los tocamientos de índole sexual, pero negó haber cometido acceso carnal, argumentando en su defensa que no existían pruebas concluyentes para sustentar tal acusación. Pese a ello, según reportó el medio, tanto la Audiencia Provincial de Ourense como posteriormente el TSXG consideraron debidamente acreditado que el acusado no solo cometió tocamientos, sino también actos de acceso carnal por vía anal en varias ocasiones, como quedó reflejado en las sentencias judiciales.

Frente al recurso presentado por la defensa, que sostenía la inexistencia de la violación, la sala de lo penal del TSXG revisó nuevamente el conjunto probatorio. El tribunal no halló argumentos válidos para modificar el fallo previo, dado que, en su valoración, los hechos quedaron claros tanto en los testimonios de la menor y su madre como en los informes periciales practicados durante la investigación. La sentencia confirmada mantiene la calificación de agresión sexual continuada y sostiene que la discapacidad de la víctima, unida a la relación de superioridad y el uso de manipulación y chantaje, agravan la responsabilidad penal del condenado.

Según informó la fuente, la decisión del TSXG representa la confirmación de la pena máxima contemplada en los tipos delictivos juzgados, y subraya la importancia atribuida a la valoración integral de la prueba cuando existen situaciones de especial vulnerabilidad de la víctima, como en el caso de personas con discapacidad. La investigación policial y judicial, tal como expone el medio, puso especial atención a la forma en que el acusado se valió de su posición de confianza y autoridad paterna para amenazar y coaccionar a la víctima, empleando incluso el acceso a dispositivos electrónicos como instrumento de control psicológico.

La ratificación de la condena no solo implica la prisión efectiva, sino que también reconoce el daño producido y rechaza los intentos de la defensa por disminuir la gravedad de los hechos mediante la minimización de las pruebas. El medio indica que la jurisprudencia que sustenta esta decisión reafirma que las declaraciones coherentes y sostenidas de la menor, sumadas a los indicios y pruebas objetivas halladas, constituyen elementos suficientes para acreditar la responsabilidad del procesado más allá de toda duda razonable.

El caso despertó especial atención por el perfil de vulnerabilidad de la víctima y la reiteración de los actos, así como por el papel clave que desempeñó la denuncia familiar, lo que permitió la intervención de la justicia. El TSXG, según publicó el medio, concluyó que el uso de chantaje y manipulación, unido a los elementos materiales y testimoniales, justifica que se aplique la sanción máxima contemplada en el Código Penal español para delitos de esta naturaleza.

El 50 aniversario de los Juegos Paralímpicos de Invierno coincide este año con un hito inédito para la delegación española: una mayor presencia femenina gracias a la invitación del Comité Paralímpico Español a nuevas figuras como Iraide Rodríguez y la dupla Alejandra Requesens-Victoria Ibáñez. Según publicó el medio, España desembarca en Milán y Cortina d’Ampezzo con una selección renovada y ocho deportistas, todos debutantes en los Juegos Paralímpicos de Invierno de 2024, y con la esperanza de dejar atrás la sequía de podios que marcó la última edición en Pekín.

El medio consignó que Audrey Pascual, esquiadora madrileña de 21 años y campeona de surf adaptado, es la principal carta del equipo nacional en esta edición, que se celebra entre el 8 y el 15 de marzo en Italia. Designada abanderada, Pascual encabeza el grupo tras haber conseguido 17 medallas en la presente temporada de la Copa del Mundo de esquí alpino, incluyendo 10 oros, 6 platas y 1 bronce. Su trayectoria refleja una progresión relevante desde sus primeros resultados destacados a los 15 años, cuando ganó la Copa de Europa, y refuerza las aspiraciones españolas de volver a sumar medallas luego de la ausencia en el medallero hace cuatro años, en unos Juegos en los que Pol Makuri y Víctor González, posteriormente descalificado por un control antidopaje desfavorable, fueron los únicos representantes nacionales.

Tal como detalló la fuente, estos Juegos Paralímpicos se desarrollan en medio de tensiones políticas internacionales que han impactado en su organización y en la conformación de las delegaciones. El medio explicó que la situación en Oriente Próximo, tras ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta de este país, se suma a la controversia por la decisión del Comité Paralímpico Internacional de permitir la participación de atletas rusos y bielorrusos bajo sus propias banderas. Ucrania ha mostrado abiertamente su desacuerdo al decidir no formar parte del desfile inaugural en señal de protesta.

España, que inició su participación en Juegos Paralímpicos de Invierno en 1984 en Innsbruck, llega a esta edición con la mirada puesta en ampliar un palmarés que actualmente se compone de 43 medallas: 15 oros, 16 platas y 12 bronces. El equipo nacional está constituido íntegramente por debutantes en la cita invernal, un reflejo de la dificultad del país para encontrar y formar deportistas en disciplinas de invierno, tal como ocurre también a nivel olímpico. Esta dificultad se evidenció en la edición anterior, en la que la delegación fue mínima.

En esquí alpino, Pascual competirá en cinco pruebas: eslalon, gigante, supergigante, descenso y combinada, categorías en las que ya ha alcanzado podios internacionales a lo largo de su carrera y que representan la mejor oportunidad para España de volver a conquistar una medalla. Participará en la clase LW2-2, correspondiente a deportistas sentadas, tras una amputación bilateral por agenesia tibial lateral. Además de Pascual, María Martín-Granizo, de 19 años, originaria de León y nacida con agenesia femoral en una pierna, se suma al equipo debutando en la clase LW2, una de las más competitivas. En la última Copa del Mundo, subió dos veces al podio con un par de bronces en eslalon y gigante, resultados que alimentan las expectativas de un posible diploma.

El Comité Paralímpico Español recibió invitaciones nominales para incluir a Iraide Rodríguez, de 17 años, especialista en la categoría de deportistas sentadas (LW10-2), y a la pareja formada por Alejandra Requesens, de 23 años, y su guía Victoria Ibáñez, que aporta la única representación con discapacidad visual. Rodríguez, integrante también del Equipo de Promesas Cofidis de Ciclismo, sufrió una paraplejia por infarto medular en la infancia y competirá en eslalon y gigante. Requesens e Ibáñez participarán en gigante y eslalon tras haber terminado cuartas en gigante en la Copa del Mundo de Veysonnaz, la mejor actuación de la temporada para la pareja.

Además, el equipo masculino cuenta con tres representantes en disciplinas variadas. Higinio Rivero destaca por su condición de pionero, ya que será el primer español con presencia en tres deportes en Juegos Paralímpicos: participará en esquí de fondo y biatlón, tras haber sido paralímpico en piragüismo en Tokio y París, donde logró resultados sobresalientes a nivel mundial y europeo. Según reportó el medio, Rivero, vasco de nacimiento, compite en la clase LW10.5 (sentado) tras una lesión medular sufrida en 2013 y afronta este nuevo reto con el objetivo de sumar experiencia y acercarse a los diplomas.

El madrileño Javier Marcos, de 30 años, se une en la clase LW11 para deportistas sentados, tomando parte en las pruebas de gigante y eslalon. El equipo lo completa Emilio Redondo, 'rider' toledano de 25 años, inscrito en snowboard, concretamente en las modalidades de 'banked slalom' y cross dentro de la clase LL2, reservada para deportistas con menor afectación en las extremidades inferiores.

Según detalló el medio, casi la totalidad de la expedición, con excepción de Pascual y Requesens, forma parte del Equipo Allianz de Promesas Paralímpicas de Deportes de Invierno. Toda la delegación está integrada en la estructura de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), que debuta en esta edición paralímpica, marcando un nuevo paso para el deporte adaptado en España.

Los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán y Cortina d’Ampezzo no solo suponen un reto deportivo para España, sino que adquieren mayor dimensión por el contexto de las tensiones geopolíticas internacionales y las recientes controversias sobre la participación de delegaciones como la rusa y bielorrusa. El equipo español, bajo el liderazgo de Audrey Pascual y el impulso de una delegación mayoritariamente femenina, busca recuperar el protagonismo perdido en la máxima cita del deporte adaptado de invierno.

El tribunal consideró relevante que tanto la víctima como el acusado acreditaban grados significativos de discapacidad, datos que, según argumentó la defensa en su recurso, deberían influir en la valoración de los hechos. Sin embargo, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) rechazó este argumento y confirmó la condena impuesta por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial a un hombre hallado culpable de agredir sexualmente y retener de forma ilegal a una amiga en Vitoria durante abril de 2023. La sentencia, comunicada por el TSJN y difundida por el mismo tribunal, mantiene la pena de 6 años y 6 meses de prisión para el condenado, desestimando íntegramente el recurso presentado por la defensa, que solicitaba o bien la absolución o, de modo subsidiario, una rebaja de la pena.

De acuerdo con la información publicada por el TSJN, los hechos se remontan a la noche del 14 de abril de 2023, cuando la mujer, con quien el acusado mantenía una relación esporádica de encuentros consentidos, acudió al domicilio de él para pasar el fin de semana. Tanto la víctima como el procesado se conocieron a través de una aplicación de citas en internet y, durante aproximadamente un año, realizaron visitas en Vitoria, ciudad de residencia del condenado, donde mantenían encuentros íntimos. En la ocasión referida, ambos mantuvieron relaciones sexuales consentidas y consumieron pequeñas cantidades de marihuana y cerveza antes de que la mujer se quedara dormida.

La sentencia –que aún puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo– detalla que la víctima despertó sobresaltada y se percató de que estaba siendo agredida sexualmente por el procesado. La resolución judicial resalta que, pese a los ruegos de la mujer para que la agresión cesara, el condenado no detuvo su conducta, lo que provocó un bloqueo en la víctima, que no pudo evitar la violación. Tras estos hechos, ambos se quedaron dormidos en la vivienda.

Por la mañana, el procesado salió de la casa entre las 10:30 y las 11:00 horas tras recibir una llamada solicitando sus servicios de reparación. Según recoge el TSJN, antes de salir, el hombre cerró la vivienda con llave, sin conocimiento de la mujer, que permanecía dormida y desconocía que iba a quedar encerrada. Tras concluir su encargo laboral, el acusado fue a la casa de su pareja estable, donde permaneció para la comida junto a la madre de ésta, según quedó reflejado en el sumario.

Mientras tanto, la víctima, al despertar, advirtió que no podía abandonar la vivienda. Tras intentar contactar insistentemente por teléfono con el acusado y no conseguir respuesta, contactó con la policía cerca de las 22:00 horas. Cuando los agentes se personaron en el domicilio, apareció el acusado, que negó residir en la vivienda. Según relató el medio, la policía comprobó las llaves que llevaba el hombre y localizó la llave correcta, confirmando que la puerta estaba cerrada con doble vuelta.

El dictamen de la Sala concluye que los hechos acreditados constituyeron un delito de agresión sexual con acceso carnal, sancionado con 3 años y 9 meses de prisión, y un delito de detención ilegal, penado con 2 años y 9 meses, aplicando en ambos la eximente incompleta derivada de una anomalía o alteración psíquica reconocida al procesado desde 2025, con un grado de discapacidad del 70%. La víctima, por su parte, cuenta desde 2019 con un grado de discapacidad del 53%. El tribunal valoró estas circunstancias, pero no las consideró fundamento suficiente para modificar la condena.

A estas penas privativas de libertad, la Sala sumó una inhabilitación de 14 años para comunicarse o aproximarse a menos de 300 metros de la víctima, así como la obligación de cumplir una medida de libertad vigilada durante 5 años después de acabar la condena de prisión. A efectos de responsabilidad civil, el condenado deberá abonar 40.000 euros a la víctima en concepto de indemnización por daño moral.

A lo largo del procedimiento, según consignó el TSJN, la defensa del condenado solicitó la absolución y, subsidiariamente, la reducción de la pena alegando la discapacidad psíquica del procesado y cuestionando la credibilidad de la denunciante. Por su parte, la acusación particular demandó un aumento de la condena, respaldo al que se adhirió la fiscalía.

El fallo consolidado por el Tribunal destaca la consistencia mantenida en el testimonio de la víctima, al considerar que esta presentó una declaración constante en el tiempo respecto a los hechos y al acusado. En palabras recogidas en la resolución: “La persistencia en su declaración es innegable, tanto en lo relativo a los hechos como al autor de los mismos; no ha variado su declaración en ningún momento”. La credibilidad de la denunciante aparece apuntalada, subrayó el tribunal, por el informe médico-forense emitido tras la liberación de la víctima, en el que se documentaron lesiones compatibles con los hechos denunciados.

El TSJN estableció además que el tribunal que juzgó los hechos contó con elementos objetivos suficientes para considerar acreditado el delito de detención ilegal, al verificarse que el encierro de la mujer en la vivienda duró aproximadamente doce horas y fue, según expresa la sentencia, “intencionado e inconsentido”.

La resolución judicial subraya que, desde el inicio, la denunciante sostuvo haber sido víctima de una agresión sexual e insistió en esta versión a lo largo de todas las diligencias y audiencias celebradas. El informe forense, elaborado por las doctoras que asistieron a la mujer tras su liberación por la Ertzaintza, aportó datos periféricos que, sumados al relato de la víctima, permitieron a los magistrados afirmar la veracidad de los hechos juzgados.

La sentencia, según publicó el TSJN, puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo por cualquiera de las partes, por lo que el proceso judicial aún no se ha cerrado de manera definitiva. Mientras tanto, la medida de alejamiento, la libertad vigilada y la indemnización a favor de la víctima se mantienen como parte de la condena ratificada por el tribunal navarro.

Fabio, de cuatro años, ha compartido una sesión de juego con Felipe VI en la Sala de Fisioterapia Infantil del Centro de Atención Integral a Personas con Parálisis Cerebral Aspace Sevilla, ubicado en Dos Hermanas. Esta interacción personal sirvió como muestra de la dinámica cotidiana a la que se enfrentan los usuarios de la institución, donde el refuerzo de la psicomotricidad y la coordinación forman parte fundamental de sus terapias. La visita del monarca, celebrada el miércoles 4 de marzo, ha supuesto un hito para el centro, según consignó el medio que reportó la actividad.

De acuerdo con la información difundida por el medio, Felipe VI recorrió diferentes espacios del complejo, acompañado por el subdelegado del Gobierno en España, Francisco Toscano, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez. Durante el itinerario, el Rey ha expresado a los asistentes y trabajadores: “Estoy muy agradecido, pero el mayor regalo ha sido poder conoceros a vosotros. El trabajo que hacéis y a las personas que os ayudan. Conocer algo más vuestro día a día”. La visita incluyó un recorrido por instalaciones como el Centro de Día, que acoge a usuarios adultos, un Centro de Atención Infantil Temprana dedicado a menores, y una Residencia orientada a personas con afectaciones severas. En total, más de 300 usuarios reciben atención en el complejo.

Según reportó el medio, tras la llegada de Felipe VI alrededor del mediodía, varios usuarios y familiares esperaban su presencia en el acceso principal, portando banderas de Andalucía y España y entonando cánticos festivos. Los participantes, entre los que se encontraban miembros de la organización Plena Inclusión Andalucía, aprovecharon la ocasión para mostrar el funcionamiento de los programas y la implicación del personal especializado en la atención a personas con discapacidad.

La presidenta de Aspace Sevilla, Carmen Cuevas, explicó a los medios que el interés mostrado por el Rey en los nombres y circunstancias personales de los usuarios resultó especialmente llamativo para quienes formaron parte de la visita. Cuevas relató que la confirmación de la presencia del monarca llegó después de tres años desde el envío de una propuesta formal a la Casa Real. En sus declaraciones, Cuevas señaló: "Sabíamos desde hace tiempo que la Casa Real quería visitarnos. Hace tres años escribimos a la Casa Real con la propuesta (...) El Rey nos ha visto en redes, ha visto la labor que hacíamos y se ha interesado. Cuando nos confirmaron la visita, empezamos a organizar la cita. Preparamos los espacios, comunicamos a los chicos que iban a participar en actividades en las que intervendría el Rey. (...) Al principio no nos lo creíamos, llegamos a pensar que era una broma". Durante el desarrollo de la vista, la actitud espontánea de los beneficiarios y las muestras de afecto hacia Felipe VI estructuraron buena parte de la jornada.

El itinerario del Rey incluyó la observación directa de actividades terapéuticas y de estimulación. En la Sala Piscina, por ejemplo, el monarca presenció ejercicios acuáticos realizados por Pablo, un niño de seis años, en los que la temperatura del agua y la ausencia de gravedad se emplean para facilitar la movilidad de los usuarios. María, fisioterapeuta del centro, expuso las ventajas terapéuticas de estas prácticas, orientadas a la mejora funcional de los niños.

El medio detalló que la visita real también sirvió como plataforma para presentar proyectos artísticos integradores. Una de las iniciativas centrales fue un espectáculo organizado en colaboración con la compañía ‘Danza Mobile’, dedicada a la inclusión en las artes escénicas. En este evento, profesionales y usuarios participaron conjuntamente en un taller que captó la atención de Felipe VI durante la celebración.

Durante toda la jornada, la interacción del monarca con niños, familias, profesionales y voluntarios dominó buena parte del ambiente. Felipe VI se interesó de manera especial en las actividades de comunicación alternativa utilizadas por usuarios con discapacidad severa, observando dispositivos de visualización óptica empleados para facilitar el intercambio con los demás.

Al concluir la visita, más de cien personas participaron en una fotografía grupal que antecedió la entrega de obsequios al monarca. El Rey recibió un azulejo con el logotipo de Aspace, así como varios marcapáginas elaborados por los usuarios en sus talleres ocupacionales. Finalmente, Felipe VI firmó el Libro de Honor del centro y agradeció la acogida y el trabajo desarrollado en la entidad, reiterando el aprecio expresado durante la jornada.

El medio consignó que, para los integrantes del centro y la organización que lo gestiona, la visita de Felipe VI ha significado un reconocimiento institucional a las iniciativas de innovación y dedicación profesional en la atención a personas con parálisis cerebral y discapacidades asociadas. Tanto los asistentes como integrantes de la dirección subrayaron el impacto emocional y social de la jornada, diseñada para visibilizar el trabajo cotidiano y las estrategias terapéuticas aplicadas a los usuarios.

El interés por las terapias visuales y las herramientas de comunicación alternativas, utilizadas en el Centro Aspace Sevilla en Dos Hermanas, centró parte de la atención del Rey Felipe VI durante su visita, según declaró la presidenta de la entidad, Carmen Cuevas. Esta jornada, que reunió a usuarios, familias y profesionales, se enmarcó en el recorrido del monarca a las instalaciones dedicadas a la atención integral de personas con parálisis cerebral, y suscitó fuertes muestras de emoción entre los asistentes, quienes destacaron la implicación del equipo y el ambiente de la cita. La visita de Felipe VI, celebrada el 4 de marzo en la sede de Aspace Sevilla, constituyó el eje de la cobertura de El medio Europa Press, que consignó los detalles del evento y las impresiones transmitidas por los protagonistas.

Según publicó Europa Press, el monarca arribó alrededor del mediodía al centro, acompañado por miembros de la Casa Real y representantes institucionales, entre los que se encontraban el subdelegado del Gobierno en España, Francisco Toscano; el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez. Al llegar, fue recibido por decenas de personas vinculadas a la entidad ‘Plena Inclusión Andalucía’, así como por usuarios y familias que aguardaban en las inmediaciones con banderas y tambores. El entorno del centro acogió así la visita en una jornada nublada, bajo la expectativa de quienes prepararon el recibimiento durante semanas tras la confirmación oficial.

Durante su recorrido por las distintas áreas del complejo, Felipe VI detuvo su interés en el trabajo diario con los usuarios y los recursos para la mejora de la comunicación, especialmente los dispositivos ópticos empleados por personas con discapacidad grave. En la Sala de Fisioterapia Infantil, el Rey compartió un momento con Fabio, un niño de cuatro años, participando junto a él en actividades orientadas a la estimulación de la psicomotricidad. Según relató Europa Press, tanto los usuarios del centro como los familiares expresaron su entusiasmo ante la cercanía del monarca, quien ha manifestado que “conoceros ha sido un regalo”.

La visita contempló también una parada en la Sala Piscina, donde Pablo, de seis años, realizó ejercicios en el agua guiado por profesionales. Tal como explicó al medio la fisioterapeuta María, las propiedades del agua permiten una mayor movilidad a los usuarios, facilitando actividades físicas en condiciones de menor gravedad. Europa Press detalla que el centro cuenta con varios espacios adaptados a necesidades diversas, brindando atención diaria a más de 300 personas, incluyendo un centro de día, otro especializado en atención infantil temprana y una residencia destinada a quienes presentan mayor dependencia.

La preparación de la jornada fue fruto de un trabajo coordinado entre el equipo profesional y las familias, quienes organizaron actividades especiales y adaptaron espacios para la ocasión. La presidenta de Aspace Sevilla declaró a Europa Press que la invitación real resultó inicialmente inesperada, hasta que la confirmación llevó a intensificar los preparativos. Se planificaron eventos como la representación de un espectáculo de danza junto con la compañía ‘Danza Mobile’, en la que participaron tanto usuarios como profesionales, aportando un momento relevante del programa que atrajo la atención del monarca y de los asistentes al taller de baile.

Al término de la visita, más de cien personas, entre ellas trabajadores, familias, usuarios y directivos del centro, se reunieron para una fotografía grupal que selló la jornada. Europa Press reportó que el Rey recibió un azulejo con el logotipo de Aspace y varios marcapáginas realizados artesanalmente por beneficiarios, aunque Felipe VI señaló en sus palabras que “el mayor regalo ha sido poder conoceros a vosotros. El trabajo que hacéis y a las personas que os ayudan. Conocer algo más vuestro día a día”. Posteriormente, firmó el Libro de Honor de la entidad antes de despedirse del grupo que dio cierre a la jornada.

La visita del monarca al centro Aspace Sevilla puso en perspectiva la labor fundamental realizada por los profesionales y puso foco en herramientas que facilitan la comunicación de personas con parálisis cerebral. Europa Press recogió el contexto de la organización, que integra atención sanitaria, residencia especializada y programas de inclusión, así como la experiencia de los asistentes, quienes analizaron la importancia de contar con el apoyo institucional y la visibilidad que eventos de este tipo otorgan a sus proyectos. La emoción de los asistentes, el papel activo de las familias y la implicación de los profesionales marcaron el contenido de la jornada, que concluyó entre muestras de agradecimiento y reconocimiento a la labor desarrollada en el centro.

Un violento robo sacudió el barrio Santa Celina de Mar del Plata cuando, en horas de la noche, un grupo de delincuentes armados y encapuchados irrumpió en una vivienda familiar.

Celeste, la propietaria, se había ausentado momentáneamente, dejando en casa a sus dos hijos, uno de ellos con certificado de discapacidad.

Todo sucedió el viernes pasado, pero trascendió durante la jornada del martes. Esa noche comenzó de manera rutinaria hasta que, cerca de las 21, la hija de Celeste, de 17 años, alertó a su madre.

“Me mandó un mensaje para que vuelva porque habían entrado a robar a casa. Ella se quedó en su pieza encerrada y a mi hijo de 22 años lo agarraron por atrás, le empezaron a pegar culatazos en la cabeza y le pedían plata”, relató Celeste en diálogo con el portal 0223. La joven, aterrorizada, permaneció durante todo el robo en su habitación, mientras el hermano mayor era agredido por los asaltantes.

De esta manera, los delincuentes revolvieron la habitación principal y lograron sustraer varios objetos valiosos. Según el testimonio de la madre, los ladrones escaparon con una consola de videojuegos, varios celulares, un IPhone, aproximadamente 100 mil pesos y el automóvil familiar, un Peugeot blanco modelo 2024. Al notar que algo no andaba bien, los vecinos activaron la alarma vecinal y los delincuentes se dieron a la fuga.

Al regresar a su casa, Celeste encontró a su hija “en estado de shock, acompañada por familiares que enseguida se acercaron” al domicilio. “Los efectivos me indicaron que debía ir a la comisaría para hacer la denuncia y después pude volver a mi hogar”, explicó. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad de una vivienda ubicada enfrente, pero el propietario de ese domicilio no accedió a compartir las imágenes con la familia afectada.

Al día siguiente del hecho, Celeste logró recabar información sobre el destino del vehículo robado y el monto exigido para su recuperación. “Me acerqué para ampliar la denuncia en la comisaría; el domingo a la mañana entré a Instagram y vi que el auto había estado robando en barrio Santa Celina, cerca de mi casa”, indicó.

Más tarde recibió otra noticia sobre la aparición del auto a las 4.30 de la madrugada en la intersección de 39 y Gianelli, en una estación de servicio de la zona. Solicitó acceso a las cámaras de ese comercio y pudo confirmar que el vehículo había circulado por allí.

Toda la información reunida fue remitida por Celeste a las autoridades policiales, pero la respuesta fue limitada. “Me dijeron que no pueden allanar porque no veían el auto”, detalló. Ante la falta de avances, decidió acudir a la Fiscalía con todas las pruebas reunidas.

La familia señaló que, aunque la Policía asegura estar siguiendo el rastro del vehículo y de los delincuentes, hasta el momento no han logrado detener a los responsables ni recuperar los bienes sustraídos. “A las 3 de la tarde cayó el oficial de calle a mi casa para mostrarme que lo están siguiendo, pero nunca logran agarrarlo”, concluyó la víctima.

Según se informó, la familia permanece a la espera de avances en la investigación y de la recuperación del automóvil y los objetos robados.

Una joven de 24 años con discapacidad fue rescatada de una presunta red de trata de personas en Chaco, luego de que el personal del Departamento Lucha contra la Trata de Personas evitara que fuera trasladada hacia el norte argentino. Las alarmas se activaron después de que contara que su novio le había propuesto viajar para que pudiera trabajar como modelo.

La investigación se inició el 27 de febrero, después de que el Centro de Abordaje en Salud Mental Comunitaria y Consumos Problemáticos del barrio Toba avisara a las autoridades sobre el potencial peligro en el que se encontraría una de las pacientes que acudían al establecimiento.

Según confirmaron las autoridades, la joven rescatada se encontraba bajo tratamiento, después de haber sido diagnosticada con psicosis y retraso madurativo. Por este motivo, las alarmas se activaron para los especialistas que la trataban, debido a que les había manifestado su plan de viajar a Salta y Jujuy para ejercer como modelo, acompañada por su pareja de nacionalidad extranjera.

De acuerdo con la información publicada por Diario Época, la declaración realizada desde la institución bastó para que sospecharan de la posibilidad de que la joven hubiera sido captada mediante engaños. Por este motivo, el expediente quedó bajo investigación de la fiscal de Género subrogante, María Noel Benítez, quien dispuso medidas urgentes.

Como resultado de las primeras averiguaciones, los agentes confirmaron que la pareja residía en la ciudad de Resistencia desde hace aproximadamente un año en un inmueble alquilado y que había adquirido pasajes de ómnibus para el 4 de marzo.

A pesar de que se verificó que el acompañante extranjero contaba con residencia legal y no presentaba impedimentos judiciales, se emitió una orden judicial para que la joven y su madre fueran trasladadas a sede judicial para garantizar su protección y evitar que concretaran el viaje.

La decisión se tomó poco después de que las autoridades entrevistaran a los familiares de la paciente, quienes expresaron su rotunda negativa a que viajara hacia el norte del país.

Rescataron a una adolescente que había sido drogada para trasladarla en micro hacia otro país

Una adolescente de 15 años fue rescatada la semana pasada durante un operativo en la Ruta Nacional 9, luego de que se detectara que intentaban trasladarla sin documentación y bajo los efectos de sustancias que la mantenían en estado de somnolencia.

La intervención se desencadenó tras el aviso de un pasajero, lo que llevó a la detención de J. J. M. E. y su madre, E. M. E. C., cuya situación fue corroborada y judicializada por la Cámara Federal porteña, que confirmó el procesamiento con prisión preventiva de ambos acusados por el delito de trata de personas.

El micro había partido desde Once, en la Ciudad de Buenos Aires, con rumbo al norte argentino. Durante el trayecto, un pasajero observó que una joven, aparentando ser menor de edad, viajaba acompañada por dos adultos cuyos comportamientos le resultaron alarmantes.

La actitud de uno de los acompañantes, un hombre que besaba y abrazaba a la adolescente —quien permanecía oculta bajo una gorra y una capucha— llamó la atención del testigo. Asimismo, este pasajero relató posteriormente que el adulto presionaba "para que esté callada” y que intentaba impedir que la joven hablara o mostrara el rostro. “No le dejaban que se le vea la cara”, indicó antes de alertar a la Gendarmería Nacional.

Cuando el micro fue interceptado en el kilómetro 152 de la ruta, las autoridades revisaron el listado de pasajeros y confirmaron que la adolescente no figuraba en los registros. Tampoco tenía pasaje, equipaje ni documentaciones que certificaran su identidad.

Durante la intervención, los gendarmes constataron que la joven presentaba un “cuadro de somnolencia aguda”, lo que dificultó sostener un diálogo coherente o mantenerla despierta para responder preguntas básicas. Inicialmente, la adolescente aseguró ser mayor de edad, luego afirmó tener 17 años y aportó un nombre falso, presentando incluso un certificado de discapacidad que pertenecía a otra persona.

Una de las agentes de Gendarmería detalló en su declaración judicial que la menor estaba tan dormida que fue complicado despertarla. A cada pregunta, el hombre que la acompañaba intervenía para responder por ella. La joven, en los pocos momentos en que pudo dirigirse directamente a los agentes, miraba de forma reiterada al imputado antes de contestar.

Finalmente, en una entrevista realizada en privado, la adolescente confesó que tenía 15 años y que estaba siendo llevada hacia Perú para transportar droga. Explicó que residía en situación de calle junto a su madre y que le ofrecieron dinero, una vivienda y un auto si accedía a ser parta de la maniobra. Más tarde, esas promesas se transformaron en amenazas cuando se negó.

El expediente judicial incluyó informes de la Dirección Nacional de Migraciones y de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que identificaron movimientos migratorios irregulares de los acusados hacia y desde Perú, lo que reforzó la hipótesis de una red criminal transnacional.

Tras la detención, se comprobó que el hombre realizó amenazas hacia la adolescente a través de una videollamada por la aplicación WhatsApp, lo que fue incorporado como prueba al proceso penal.

Para los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, el contexto en que fue encontrada la menor, sumado a la intervención espontánea del pasajero denunciante y el relato individualizado de la víctima, se constituyó como “indicios suficientes de un intento de trata agravada”.

La colaboración entre la Fundación Real Madrid y Laureus Sport for Good brindará nuevas oportunidades a más de un centenar de beneficiarios de proyectos de fútbol adaptado e inclusivo, quienes podrán acceder a entrenamientos y actividades específicamente diseñadas para personas con discapacidad. El acuerdo, formalizado este lunes en Madrid, tiene como objetivo eliminar obstáculos físicos, sociales y culturales para asegurar la participación en igualdad de condiciones, según consignó la nota de prensa difundida tras el acto institucional celebrado en la sala de juntas de la Ciudad Real Madrid.

De acuerdo con lo publicado por ambas entidades, el convenio refuerza la sostenibilidad de las escuelas de fútbol adaptado gestionadas por la Fundación Real Madrid, e integra la metodología educativa 'Por una Educación REAL: Valores y Deporte', que combina la práctica deportiva con el impulso de valores como el respeto, la igualdad y la colaboración, bajo la supervisión de profesionales especializados. Según informó el comunicado, la delegación de Laureus estuvo liderada por Marcel Desailly, miembro de la Laureus World Sports Academy, quien asistió acompañado de representantes de la Fundación, entre ellos Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales, Julio González Ronco, director general, y Silvia Montes-Jovellar, directora de Proyectos.

El medio consigna que, a pesar de los avances en visibilidad y concienciación, gran número de personas con discapacidad en España todavía enfrenta importantes limitaciones que dificultan su acceso regular al deporte. Entre estos desafíos figuran la insuficiencia de infraestructuras adaptadas, la carencia de programas realmente inclusivos y la escasez de personal debidamente capacitado. Frente a este escenario, las escuelas promovidas por la Fundación Real Madrid han centrado sus esfuerzos en realizar actividades sociodeportivas orientadas a fortalecer la salud, potenciar la interacción social y estimular tanto habilidades motrices como emocionales.

Durante la temporada más reciente, cerca de cien beneficiarios han participado en programas avalados por el financiamiento de Laureus Sport for Good. Los proyectos destacados mencionados por el comunicado incluyen las iniciativas Inclusiva Orcasur, Adaptada Mayores Orcasur, TEA Móstoles, TEA Plata y Castañar, Adaptada Mayores Alcobendas y Adaptada Valdebernardo, que han buscado cubrir diversas necesidades dentro del colectivo de personas con discapacidad, incluyendo mayores y personas diagnosticadas con trastorno del espectro autista.

Según detalló la Fundación Real Madrid, detrás de cada uno de los grupos y sesiones se han registrado beneficios tanto en la salud física como en la autoestima de los participantes. Además, las familias han valorado la seguridad y el entorno adaptado y respetuoso que encuentran para sus hijos, lo que representa un respaldo concreto para el bienestar de quienes forman parte de los programas.

Tal como destacó Marcel Desailly, la relación de Laureus con la Fundación Real Madrid está fundada en una trayectoria común marcada por valores como la excelencia, el respeto, la ambición y la inclusión. Desailly indicó: “A lo largo de muchos años, hemos visto cómo nuestra colaboración puede generar un impacto real y duradero. Hoy marca un paso importante hacia adelante y demuestra, una vez más, cómo el deporte y en particular el fútbol puede inspirar y utilizar su enorme poder e influencia para el bien”. También subrayó que la decisión de formalizar el acuerdo convierte a los programas en una declaración de principios y en la afirmación de que cada persona, sin importar el tipo de barrera enfrentada, merece la oportunidad de participar, integrarse y disfrutar plenamente de los beneficios del deporte.

Por su parte, Emilio Butragueño remarcó que para el club el acceso al deporte constituye un derecho universal. "Esta colaboración tiene un gran valor social y educativo para la Fundación Real Madrid. A pesar de la creciente visibilidad, muchas personas con discapacidad en España continúan enfrentándose a barreras que limitan su acceso al deporte", sostuvo. También señaló que las escuelas adaptadas e inclusivas se concibieron para responder a esta problemática, generando espacios donde el trabajo en equipo y la actividad física mejoran el bienestar, fortalecen capacidades esenciales y forjan un sentimiento genuino de pertenencia. “Junto a Laureus, reafirmamos nuestro compromiso compartido de garantizar que el deporte sea un derecho real y transformador para todos”, concluyó.

El acuerdo, indicó el comunicado citado por ambas instituciones, llevará a la ampliación del alcance para los participantes y contribuirá a consolidar una red de opciones inclusivas en el ámbito deportivo. La suma de experiencia entre la Fundación Real Madrid y Laureus Sport for Good busca resaltar el valor del deporte como una herramienta de integración social y desarrollo a largo plazo para los colectivos más vulnerables, según lo difundido tras el evento celebrado en Madrid.

El cierre del espacio aéreo en Oriente Medio está dificultando la llegada de varios participantes vinculados a los Juegos Paralímpicos de Invierno que se celebrarán en Milán y Cortina d'Ampezzo, Italia. De acuerdo con el Comité Paralímpico Internacional (CPI), estas complicaciones afectan tanto a delegaciones como a otras partes interesadas que están intentando ingresar a Europa para asistir a entrenamientos y concentraciones previas al evento, cuya inauguración está programada para el viernes 6 de marzo.

Según informó el medio, el CPI comunicó que se mantiene atento a la situación de “ataques con misiles en Oriente Medio” tras el reciente enfrentamiento entre Estados Unidos, Israel e Irán. El organismo internacional indicó que se encuentra recopilando, confirmando y evaluando la información disponible para determinar cómo estas circunstancias inciden en la realización de los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026 y en el Movimiento Paralímpico en su conjunto.

El medio publicó que el CPI enfatizó que la crisis regional repercute no solo en los Comités Paralímpicos Nacionales participantes, sino también en todos los miembros de la organización. El texto oficial expresó: “Pensamos primero en el impacto que esto tiene en las personas y nuestros pensamientos están con los afectados”.

El organismo detalló en su comunicado que se está evaluando el alcance de las complicaciones en las operaciones de los Juegos, con énfasis en las dificultades de viaje que enfrentan algunos equipos y partes interesadas debido a las restricciones de tráfico aéreo en la región afectada. Según consignó la fuente, aunque numerosos equipos ya se encuentran en suelo europeo, las condiciones de desplazamiento presentan desafíos especiales para aquellos provenientes de países cercanos o con rutas aéreas afectadas por el cierre del espacio aéreo.

El Comité Paralímpico Internacional explicó que mantiene una comunicación constante con todas las delegaciones involucradas y otras partes relevantes. La organización puntualizó que, de momento, prefiere no emitir comentarios referentes a delegaciones específicas, pero aseguró que colabora activamente con el comité organizador de Milán-Cortina 2026 con el propósito de encontrar soluciones para quienes se han visto afectados.

El CPI, presidido por Andrew Parsons, remarcó la relevancia de los Juegos Paralímpicos como el acontecimiento más relevante dentro del Movimiento Paralímpico. El organismo destacó que su responsabilidad principal consiste en garantizar la seguridad del evento y de los deportistas, sin renunciar al objetivo de organizar unos Juegos que estimulen la inclusión social entre los 1.300 millones de personas con discapacidad en el mundo.

Tal como publicó la fuente, el CPI subrayó que trabaja en asegurar que el evento se desarrolle en condiciones seguras y que los deportistas paralímpicos sigan siendo los protagonistas. La organización reiteró su intención de ofrecer unos Juegos “seguros y espectaculares” en las sedes italianas.

La investigación por el supuesto pago de sobornos por parte de droguerías a ex funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), entre ellos su extitular Diego Spagnuolo, ingresó esta semana en una etapa clave. Un Tribunal de Apelaciones se prepara para revisar todo lo hecho en la causa: llegó a esa instancia cuestionado por los 19 procesados. Las apelaciones ya están en el segundo piso de Comodoro Py 2002, sede de la sala II de la Cámara Federal porteña.

Los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah fijaron el 26 de marzo próximo como fecha límite para que las defensas presenten memoriales escritos y, en caso de solicitarlo, expongan de forma oral sus argumentos. Luego comenzarán a deliberar y de allí saldrá una decisión que podría marcar el futuro del caso: la confirmación o no de los procesamientos que firmó el juez federal Sebastián Casanello antes de dejar el juzgado federal 11, que está vacante y subrogó durante un año. Ahora quedó al frente por idéntico período otro magistrado, Ariel Lijo.

Asociación ilícita y miles de dólares en juego

La investigación delegada en la fiscalía federal de Franco Picardi se centra en la existencia de una supuesta asociación ilícita, negociaciones incompatibles y cohecho, con un marco de escuchas, allanamientos, millonarios embargos y cientos de miles de dólares secuestrados.

La defensa de Spagnuolo planteó que el procesamiento se basó en conjeturas y que no existe prueba suficiente. Su abogado Pablo Parera afirmó ante la Cámara que no puede sostenerse una acusación de asociación ilícita ni de cohecho sobre la base de visitas a domicilios o la portación de bolsos, como el que según la acusación habría usado para llevarse cinco millones de pesos de la casa de otro acusado, Miguel Angel Calvete.

La acusación es “una mera conjetura que a lo sumo podría dar curso a la toma de medidas para su esclarecimiento pero, bajo ningún punto de vista, reúne los elementos para constituir un fundamento en términos incriminatorios para avanzar hacia un procesamiento”, sostuvo la defensa.

Spagnuolo quedó procesado como presunto jefe de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada y cohecho pasivo.

Además, tanto a él como a los principales acusados se les fijaron embargos por 202.247.451.393 millones de pesos.

Entre las 19 apelaciones está también la de la ex funcionaria del Ministerio de Economía, Ornella Calvete, quien aseguró que los casi USD 700.000 secuestrados en su domicilio no le pertenecen.

Según su declaración, los fajos de billetes encontrados durante un allanamiento en su departamento de la calle México 55 eran, en gran parte, propiedad de su padre, Miguel ángel Calvete.

Medicamentos de alto costo para discapacidad

La causa investiga presuntos direccionamientos y retornos en las compras de medicamentos de alto costo y baja incidencia a por lo menos cuatro droguerías sospechadas por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)

El expediente comenzó tras la difusión de audios donde se escuchó a Spagnuolo hablar de un supuesto esquema de pago de retornos en la agencia. La defensa sostiene que las grabaciones fueron editadas y cuestionó su validez, mientras que los investigadores subrayaron que existen pruebas independientes que justifican los procesamientos.

Los mismos jueces de la Cámara Federal ya intervinieron en otros aspectos del caso: por ejemplo confirmaron la decisión de no devolver a Spagnuolo 80.000 dólares encontrados durante un allanamiento en una caja de seguridad bancaria a su nombre.

Pero por otro lado, reiteraron una orden para que el juzgado de instrucción de una respuesta fundada sobre el origen y validez legal de los audios que derivaron en la denuncia penal y que la defensa sostiene fueron editados con IA. Esta es una decisión pendiente, que recaerá sobre el nuevo juez de la causa.

También quedaron para un futuro nuevas citaciones a indagatoria de otros acusados y para los representantes de las droguerías Profarma, Génesis, Floresta y New Farma, cuestionadas en lo atinente a la responsabilidad empresaria por todo lo ocurrido.

El Ministerio de Asuntos Exteriores explicó que la Tarjeta Iberoamericana de Discapacidad permitirá que 90 millones de personas con discapacidad en Iberoamérica tengan acceso a sus derechos en igualdad de condiciones al resto de la población durante sus desplazamientos temporales dentro de la región. Esta medida busca reforzar la ciudadanía iberoamericana y facilitar el acceso de este colectivo a servicios y beneficios en distintos países del espacio iberoamericano. Según informó el Ministerio, se espera que la puesta en marcha definitiva de esta tarjeta se acuerde en la próxima Cumbre Iberoamericana, prevista para los días 4 y 5 de noviembre en Madrid.

Tal como publicó Exteriores en una nota oficial difundida después del encuentro sobre el Programa Iberoamericano de Discapacidad, el Gobierno español apuesta por que la Cumbre Iberoamericana de noviembre sirva para hacer realidad un sistema que tiene como antecedente su presentación en el foro de 2024, celebrado en Cuenca, Ecuador. En este encuentro participaron el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, embajadores iberoamericanos acreditados en España, el Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand, así como autoridades vinculadas con el Programa Iberoamericano de Discapacidad.

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Exteriores, la reunión permitió definir los principales ámbitos en los que los países miembros trabajarán durante la Cumbre de Madrid. Uno de estos ejes prioritarios es precisamente la implementación de la Tarjeta Iberoamericana de Discapacidad, un documento que aspira a un reconocimiento mutuo de la condición de discapacidad en todos los países de la región. El Ministerio detalló que dicha tarjeta agilizará el acceso a servicios y prestaciones durante los viajes de personas con discapacidad, garantizándoles igualdad en el ejercicio de sus derechos fuera del país de origen.

El departamento que dirige José Manuel Albares destacó que el reconocimiento de la discapacidad a nivel regional evitará trabas burocráticas y permitirá movilidad sin la pérdida de derechos adquiridos en el país de residencia. Además, reportó que la iniciativa ha contado con el respaldo de los embajadores participantes y las instituciones vinculadas al Programa Iberoamericano de Discapacidad, quienes abordaron en el encuentro los detalles técnicos y políticos necesarios para poner en funcionamiento este instrumento en toda la región.

Según consignó el Ministerio de Exteriores, la implantación de esta tarjeta refuerza el objetivo de la Cumbre Iberoamericana de avanzar en la construcción de una comunidad regional inclusiva, bajo el lema elegido para la cita de Madrid: “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”. En el marco de este propósito, la iniciativa busca que la integración de las personas con discapacidad se refleje no sólo en los discursos, sino en medidas concretas coordinadas a nivel regional.

El medio detalló que el Programa Iberoamericano de Discapacidad mantiene entre sus prioridades el desarrollo de políticas que permitan a millones de personas ejercer su derecho a la movilidad y a los servicios públicos, sin verse privados de las condiciones de equidad que sí disfrutan en su país de origen. La nota subraya que la Tarjeta Iberoamericana de Discapacidad pretende ser un referente para iniciativas similares y contribuir al fortalecimiento de los derechos de las personas con discapacidad en itinerarios temporales por el espacio iberoamericano.

El Ministerio de Exteriores considera que la próxima Cumbre de Madrid podría marcar un antes y un después en la cooperación regional para las personas con discapacidad, si los países miembros logran aprobar y coordinar la implementación de la tarjeta, prevista como un mecanismo eficaz para la inclusión. El contexto actual de preparación y negociación entre países pone de manifiesto la importancia de la coordinación institucional y la voluntad política de los gobiernos para cumplir con los compromisos adquiridos en materia de derechos y accesibilidad en la región iberoamericana.

La actualización normativa permitirá que alrededor de 50.000 personas puedan acceder a la jubilación desde los 56 años gracias a la incorporación de nuevas enfermedades al listado de causas que justifican el adelanto de la edad de retiro por discapacidad. Según informó la Seguridad Social, la medida suma 11 patologías adicionales al catálogo que posibilita jubilarse antes por tener una discapacidad reconocida de al menos el 45 por ciento. El Gobierno confirmó la modificación tras la reunión entre la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el presidente del CERMI, Luis Cayo, junto con otros representantes de organizaciones de personas con discapacidad, según publicó la Seguridad Social y consignó el Ministerio de Inclusión.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones amplió el número de enfermedades que permiten adelantar la jubilación a los 56 años a través de la actualización del Anexo del Real Decreto 1851/2009, que desarrolla el artículo 161 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS). Como precisó el medio, entre las nuevas enfermedades reconocidas se incluyen: espina bífida, amiloidosis por transtiretina variante, párkinson, distrofia miotónica tipo 1 (conocida como enfermedad de Steinert), enfermedad de Huntington, enfermedad renal crónica en estadio 5, esclerosis sistémica, lesión medular, degeneración corticobasal, atrofia multisistémica y parálisis supranuclear progresiva.

La ministra Elma Saiz manifestó, citada por la fuente oficial, que esta decisión responde a una necesidad de equiparar el acceso a la jubilación de las personas con enfermedades “que les condicionan enormemente su día a día y que, por ello, necesitan anticipar su edad de jubilación”. Además, Saiz recordó que la actualización responde a un compromiso previo del Ejecutivo para atender una demanda histórica de este colectivo, indicó la Seguridad Social.

El procedimiento para incorporar estas patologías ha estado a cargo de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, que tras varios meses de evaluación concluyó la actualización del listado abierto de enfermedades reconocidas. El objetivo de esta ampliación es reflejar las condiciones médicas cuyo impacto sobre la vida laboral y personal de los afectados justifica un adelanto del retiro laboral. Tras la modificación normativa, las personas con una discapacidad igual o superior al 45 por ciento causada por alguna de las patologías añadidas podrán solicitar la jubilación anticipada a partir de los 56 años.

Quienes quieran acogerse a esta posibilidad deberán cumplir con ciertos requisitos. Según detalló la Seguridad Social, será necesario acreditar al menos 15 años de cotización a lo largo de la vida laboral y, dentro de ese periodo, demostrar que durante un mínimo de cinco años, la persona padeció alguna de las enfermedades incorporadas al listado sufriendo una discapacidad igual o superior al 45 por ciento. Además, los solicitantes deberán encontrarse dados de alta o en una situación asimilada en el momento en que surja el derecho a la pensión.

El período por el que se adelante la jubilación se computará como cotizado a efectos de determinar el porcentaje que se aplica a la base reguladora, que es el parámetro utilizado para calcular el importe final de la pensión. De este modo, reportó la Seguridad Social, quienes cumplan los requisitos podrán retirarse antes sin que esto suponga una reducción en la cuantía de la prestación, lo cual equipara las condiciones de jubilación de personas trabajadoras con discapacidad a las del resto de la fuerza laboral.

Tal como consignó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la medida se encuadra en las iniciativas realizadas en el contexto del Día Mundial de las Enfermedades Raras, reflejando la necesidad de actualizar la normativa en relación con la discapacidad y el acceso a derechos sociales y laborales. Las patologías incluidas, como párkinson, Huntington, o la espina bífida, tienen graves consecuencias en la vida funcional de los afectados, motivando la intervención del Gobierno para adecuar las condiciones de acceso a las prestaciones contributivas de jubilación.

La reforma ha surgido tras un largo proceso de revisión normativa. El Anexo del Real Decreto 1851/2009 ya contemplaba algunos supuestos, pero la actualización permite que la nueva lista abarque condiciones médicas previamente excluidas, en función de la evidencia sobre la severidad de sus efectos y sobre la base de criterios técnicos. El medio oficial señaló que, gracias a esta ampliación, se atenderá una demanda elevada de grupos representativos de personas con discapacidad.

La inclusión de estas once nuevas patologías se produce tras la valoración de informes técnicos y tras el diálogo con asociaciones representativas. El encuentro entre la ministra y el presidente del CERMI, Luis Cayo, se enmarcó en una agenda de trabajo destinada a mejorar las condiciones laborales y de jubilación de las personas que sufren discapacidades por enfermedades reconocidas, según informó la fuente gubernamental.

El reconocimiento legal de nuevas causas para el adelanto de la jubilación permitirá que miles de personas puedan optar por la jubilación a una edad más temprana sin perjuicio económico, siempre que reúnan los requisitos de tiempo cotizado y grado de discapacidad que exige la Seguridad Social. El Gobierno espera así reducir la desigualdad en el acceso a la jubilación y adecuar la ley a la realidad de las personas con discapacidad, según concluyó el Ministerio de Inclusión en su comunicado oficial.

De acuerdo con lo publicado por el CEDDD, las familias españolas que conviven con enfermedades raras enfrentan diagnósticos tardíos, carencias de tratamientos específicos y obstáculos territoriales en el acceso a terapias innovadoras. Tal como informó el organismo, estas dificultades generan desigualdades que inciden directamente en la autonomía y la esperanza de vida de los pacientes, quienes a menudo se ven perjudicados por la heterogeneidad en la aplicación de políticas sanitarias entre comunidades autónomas.

La actualización homogénea de los programas de cribado neonatal a lo largo de todo el territorio nacional representa una de las principales demandas del Consejo, que ha subrayado la importancia de garantizar iguales oportunidades de detección precoz independientemente del lugar de residencia. Según detalló el CEDDD, un diagnóstico temprano ayuda a reducir complicaciones, evita intervenciones innecesarias y permite iniciar tratamientos o apoyos en fases iniciales de la enfermedad.

El refuerzo del asesoramiento y diagnóstico genético constituye otra de las prioridades señaladas por la entidad, especialmente para familias con antecedentes de patologías poco frecuentes. Para lograr avances en la identificación temprana de estos casos, el Consejo ha solicitado una mayor especialización en la formación del personal sanitario, sobre todo en áreas de Atención Primaria y Pediatría. Incrementar la capacitación de los profesionales facilitaría la detección de signos de alerta y contribuiría a ofrecer respuestas más rápidas a las familias afectadas.

El acceso equitativo a medicamentos huérfanos también ocupa un lugar central en las reivindicaciones del CEDDD, que, según publicó la organización, advierte sobre los prolongados procesos de evaluación, financiación y fijación de precios en este tipo de fármacos. La entidad ha lamentado que estos procedimientos retrasan la llegada efectiva de los tratamientos a quienes los necesitan. Dado que, en muchos casos, los medicamentos huérfanos representan la única esperanza terapéutica, el Consejo ha hecho un llamamiento para que se implementen mecanismos ágiles y transparentes y se diseñen estrategias de financiación específicas, con el fin de asegurar la sostenibilidad del sistema sin comprometer el derecho de los pacientes a recibir atención.

A la par de estas demandas, el CEDDD ha incidido en la necesidad de que las inversiones públicas en investigación científica y clínica sobre enfermedades poco frecuentes experimenten un incremento sustancial. Según explicó la organización, cualquier avance en este ámbito ofrece nuevas oportunidades de vida, posibilidades de autonomía y una mayor dignidad para quienes conviven con este tipo de diagnósticos.

En relación con la protección social y sanitaria, la entidad aboga por el reconocimiento ágil de los grados de discapacidad y dependencia, así como por el acceso a prestaciones y apoyos adaptados a la naturaleza compleja y crónica de estas patologías. El CEDDD insiste en la urgencia de establecer medidas de protección laboral y conciliación para las familias cuidadoras, un grupo especialmente afectado por las demoras en la obtención de recursos o en la valoración oficial de la situación de sus familiares.

El medio detalla que el CEDDD busca un enfoque integral que contemple la especial vulnerabilidad de quienes padecen enfermedades ultrarraras, incluyendo un abanico de intervenciones que va desde la investigación y prevención hasta el acompañamiento social y la mejora de la atención sanitaria. El Consejo recalca que cada avance científico, administrativo o social puede suponer una diferencia decisiva para miles de personas afectadas en España.

Esta serie de reclamaciones, divulgadas por el CEDDD durante la conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Raras, persigue que las administraciones estatales y autonómicas incorporen con mayor rapidez y eficacia las demandas del sector, garanticen la equidad asistencial y generen entornos más inclusivos para las personas afectadas. Según reportó el propio Consejo, el objetivo final es garantizar que ninguna familia quede excluida o desprotegida por motivos territoriales, burocráticos o económicos, y que el abordaje de las enfermedades raras y ultrarraras cuente con los recursos suficientes para ofrecer una respuesta coordinada y efectiva.

El proyecto 'Pisadas de Dignidad' ha identificado en los últimos cinco años a cerca de 200 personas con acondroplasia que trabajan en espectáculos catalogados como discriminatorios, entre los que se incluyen eventos cómicos y taurinos. De ese grupo, Fundación ONCE ha atendido a 22 personas a través de procesos sociolaborales personalizados, según informó la entidad. El objetivo radica en facilitar alternativas laborales sostenibles y promover la inclusión profesional de quienes han desempeñado su labor en contextos históricamente asociados a la estigmatización y la falta de oportunidades.

De acuerdo con lo publicado por Fundación ONCE, el programa se enmarca en un momento en el que el Consejo de Ministros español ha aprobado recientemente un Real Decreto que modifica el Reglamento de Espectáculos Taurinos para reforzar el veto a eventos como el del bombero-torero. Este cambio legislativo establece mayores garantías para prevenir que la discapacidad sea utilizada como motivo de burla en espectáculos públicos, y refuerza la obligación de que las administraciones promuevan itinerarios de transición hacia empleos dignos para las personas afectadas.

El medio detalló que ‘Pisadas de Dignidad’ está impulsado por el Real Patronato sobre Discapacidad, desarrollado por Fundación ONCE y gestionado por Inserta Empleo. El enfoque del programa pone a la persona en el centro de su propio proceso de cambio personal y profesional, con la finalidad de ofrecer salidas laborales que permitan superar situaciones de discriminación y precariedad laboral.

El acompañamiento brindado por el programa se adapta a las necesidades individuales de cada participante y su duración mínima es de seis meses. Este itinerario combina asesoramiento personalizado, formación, acceso a recursos de intermediación, y respaldo social en el proceso de inserción profesional. Fundación ONCE puso de manifiesto que la intervención sociolaboral tiene carácter tutorizado e individualizado, permitiendo un trabajo continuado y con seguimiento en todas las etapas.

Según reportó la entidad, la metodología utilizada en ‘Pisadas de Dignidad’ estructura el proceso de transformación en tres fases denominadas ‘Pisadas’. La primera fase, llamada 'Mi mejor ahora', se orienta al autoconocimiento, el fortalecimiento de la autonomía personal, la exploración vocacional y el apoyo en la recuperación emocional de los participantes. La segunda, ‘Hacia el futuro’, se enfoca en la adquisición de formación técnica, el desarrollo de competencias profesionales y, si corresponde, el impulso al emprendimiento. La última fase, ‘El futuro es hoy’, se dedica a la intermediación laboral intensiva, la coordinación con empresas y la consolidación en el puesto de trabajo.

Fundación ONCE subrayó que estas acciones se desarrollan en sintonía con los nuevos avances legales, que prohíben los espectáculos que ridiculizan la discapacidad y exigen mayor responsabilidad institucional en el diseño y promoción de trayectorias laborales dignas. El trabajo de la fundación ha permitido que 22 personas reciban atención y apoyo para iniciar su transición hacia alternativas de empleo más igualitarias y sostenibles.

El programa prevé una continuidad en el acompañamiento de todas las personas atendidas, garantizando un seguimiento adaptado a las particularidades y el ritmo de cada proceso. Fundación ONCE especificó que la atención se despliega desde el diagnóstico de necesidades hasta la orientación y búsqueda activa de empleo, pasando por la formación técnica y el apoyo social necesario para consolidar la inserción laboral.

El contexto en el que se desarrolla esta iniciativa resulta relevante a la luz de la nueva normativa, ya que según detalló Fundación ONCE, la prohibición de espectáculos discriminatorios no solo responde a una cuestión de dignidad, sino que también interviene en la transformación de modelos de empleo y en la creación de alternativas sostenibles para sectores que históricamente han estado al margen de las oportunidades laborales convencionales. El programa se propone así asegurar que las personas con acondroplasia puedan acceder a empleos en condiciones de igualdad y con perspectiva de futuro.

Inserta Empleo, entidad gestora del proyecto, ha destacado el acompañamiento integral que reciben los participantes, incorporando estrategias de apoyo psicosocial y formación continua como elementos clave para garantizar la efectividad de la intervención. Según remitió Fundación ONCE, este enfoque permite responder tanto a las necesidades inmediatas de los usuarios como a la construcción de planes profesionales a largo plazo.

'Pisadas de Dignidad' representa, según publicó Fundación ONCE, un ejemplo de intervención adaptada al cambio normativo y al desafío de revertir la exclusión que ha afectado durante décadas a las personas con acondroplasia vinculadas a espectáculos de entretenimiento para adultos y eventos taurinos. La iniciativa se apoya en una red interinstitucional donde participan administraciones y empresas, promoviendo la inserción efectiva y la consolidación de empleos dignos para su colectivo beneficiario.

Desde la creación del programa, se han identificado aproximadamente a 200 personas en situaciones similares, concentrándose la atención directa en aquellas que han manifestado voluntad de iniciar procesos de reconversión laboral y crecimiento personal. Fundación ONCE ha reiterado que el acompañamiento incluye no sólo la intermediación laboral, sino también el apoyo en procesos formativos y de adaptación, permitiendo el tránsito hacia un empleo que respete los derechos y la dignidad individual.

El reciente cambio de la legislación sobre espectáculos taurinos, tal como consignó Fundación ONCE en sus comunicaciones, refuerza el contexto en el que el programa se consolida y extiende su cobertura, actuando en favor de la inclusión en el mercado laboral de quienes, hasta ahora, han visto condicionadas sus oportunidades por dinámicas estructurales que perpetúan la discriminación y la exclusión social.

El plan del Ministerio de Derechos Sociales para reintegrar laboralmente a quienes participaron en espectáculos taurinos de carácter denigrante, como personas con discapacidad y personas con enanismo, adquiere un nuevo impulso con cambios normativos y sanciones económicas. Según publicó Europa Press, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto que modifica el Reglamento de Espectáculos Taurinos con el objetivo de reforzar la protección de la dignidad de estos individuos y prohíbe los eventos que atenten contra sus derechos.

La medida, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, introduce una disposición en el Reglamento de Espectáculos Taurinos para impedir la autorización de espectáculos cómico-taurinos que no respeten la dignidad humana y que ridiculicen públicamente a personas con discapacidad, especialmente a personas con enanismo. Europa Press detalló que estas restricciones refuerzan la prohibición ya establecida por la Ley General de la Discapacidad y extienden la protección, cerrando vacíos legales que algunos ayuntamientos usaban para continuar organizando eventos como el del bombero-torero.

El texto del Decreto especifica que los espectáculos cómico-taurinos deben garantizar el respeto a la dignidad humana y a los derechos de las personas, sin permitir situaciones de burla, humillación o denigración pública, especialmente cuando afectan a minorías sociales, incluida la comunidad de personas con discapacidad. En consecuencia, las autoridades gubernamentales responsables no podrán autorizar eventos que contravengan este principio, según consignó Europa Press.

Esta iniciativa se relaciona directamente con denuncias recientes, como la presentada por el propio Ministerio ante la Fiscalía General del Estado en 2024 por el espectáculo ‘Popeye Torero y vaquillas infantiles’ organizado en Teruel, el cual exponía a personas con enanismo al escarnio público, tal como informó Europa Press. El Ministerio mantiene que “nunca más se debe consentir que la discapacidad se convierta en una causa de mofa o de risión para ganar dinero con ello”, según las declaraciones realizadas por Pablo Bustinduy, titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

A la par de las modificaciones normativas, la reforma de la Ley General de Discapacidad en su fase final de tramitación parlamentaria prevé que estas prácticas sean consideradas infracciones muy graves, susceptibles de multas entre 600.000 y 1 millón de euros. La misma reforma introduce, además, mecanismos y programas para la reinserción laboral de las personas que se hayan visto obligadas a participar en tales espectáculos, ofreciendo herramientas para el acceso a un empleo fuera de estos entornos.

Uno de los programas clave, ‘Pisadas con dignidad’, lanzado en 2022 en colaboración con la Fundación ONCE, ofrece apoyo social y formación laboral para promover la incorporación de las personas afectadas a trabajos alejados de la precariedad y del escarnio público. Europa Press señaló que este programa se dirige puntualmente a quienes participaron en espectáculos donde sus cuerpos han sido objeto de burla, y busca facilitar la transición hacia empleos considerados apropiados y respetuosos de sus derechos.

En paralelo a la protección frente a estos espectáculos, el Real Decreto recién aprobado prevé la creación de la Unidad Técnica de Apoyo y Coordinación (UTAC), encargada del control y asesoramiento en materia de accesibilidad en todo el territorio. De acuerdo a Europa Press, la UTAC actuará como órgano especializado para guiar y supervisar a los gobiernos autonómicos, quienes tienen la responsabilidad última del cumplimiento de la Directiva Europea de Accesibilidad. De este modo, la UTAC proporcionará asesoría técnica, coordinará comunicaciones entre las comunidades autónomas y las instituciones de la Unión Europea, y servirá de referencia para ciudadanos y operadores económicos implicados en cuestiones de accesibilidad universal.

La aprobación del Real Decreto ha coincidido con la presentación, en el propio Consejo de Ministros, de un informe que recopila las acciones emprendidas durante los últimos dos años para desplegar el nuevo artículo 49 de la Constitución Española. Entre esas medidas destaca el desarrollo integral de la Ley ELA, un aumento de la inversión estatal para reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), y la consolidación de la financiación destinada a los cuidados de personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), según reportó Europa Press.

Europa Press añadió que otras acciones contempladas en el informe incluyen la puesta en marcha de la primera Estrategia Estatal para el nuevo modelo de cuidados, la prohibición del despido automático por incapacidad laboral permanente, la movilización de 20 millones de euros destinados a reforzar la educación inclusiva y la atención temprana, así como la aprobación del primer protocolo estatal para la atención y comunicación con personas con discapacidad en situaciones de emergencia.

El Gobierno subrayó, según señaló Europa Press, que la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad afianza los objetivos del nuevo mandato constitucional, construidos sobre la base de la inclusión, autonomía, accesibilidad universal y atención prioritaria a la vulnerabilidad específica de mujeres y niños con discapacidad. Estos cambios, en etapa final de tramitación, permitirán eliminar incompatibilidades entre distintas prestaciones, actualizar servicios ofrecidos e incrementar recursos clave para la vida autónoma, como la asistencia personal y los servicios de proximidad, conforme señaló el ministro Pablo Bustinduy.

Bustinduy manifestó su esperanza de que la reforma quede aprobada de forma definitiva antes del verano, marcando una inflexión en la gestión de la dependencia en España y consolidando un marco legal destinado a reforzar tanto la protección jurídica como las oportunidades laborales y sociales de las personas con discapacidad.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que prohíbe autorizar espectáculos taurinos que supongan una mofa pública y que atenten contra la dignidad y los derechos de personas con discapacidad, como personas con enanismo. Desde ahora, queda prohibido organizar eventos públicos que conviertan en burla a quienes forman parte de este colectivo.

Aunque este tipo de espectáculos ya estaban prohibidos por la Ley General de la Discapacidad, ahora las sanciones serán mucho más duras, al tipificarse como infracciones muy graves: quienes los organicen podrán enfrentarse a multas que van desde los 600.000 euros hasta un millón. Por otro lado, el Ministerio de Derechos Sociales ha puesto en marcha el programa ‘Pisadas con dignidad’, en colaboración con la Fundación ONCE, para ayudar a quienes antes dependían económicamente de estos espectáculos. Esta iniciativa les ofrece formación y apoyo social “para que puedan acceder a un trabajo digno y que no sea precario”.

El nuevo real decreto introduce también la creación de la UTAC (Unidad Técnica de Apoyo y Coordinación), un órgano especializado que tendrá la función de asesorar y supervisar el cumplimiento de la Directiva Europea de Accesibilidad en las comunidades autónomas, según ha informado el Ministerio de Derechos Sociales que dirige Pablo Bustinduy. La UTAC prestará apoyo técnico y coordinará las comunicaciones entre los gobiernos autonómicos y las instituciones europeas, “convirtiéndose en un punto de referencia tanto para la ciudadanía como para operadores económicos en cuestiones de accesibilidad”.

Con este paso, indica el ministerio, España se coloca entre los pocos países de la Unión Europea que han transpuesto la Directiva Europea de Accesibilidad al máximo nivel normativo, de forma que la medida “supone una garantía adicional para que las personas con discapacidad puedan acceder y utilizar productos y servicios en igualdad de condiciones, estableciendo un sistema de control y sanción que refuerza sus derechos como consumidores”.

El nuevo artículo 49 de la Constitución cumple dos años

En el Consejo de Ministros de este martes el Gobierno también ha presentado un informe sobre la aplicación del nuevo artículo 49 de la Constitución Española, que cumple dos años desde su publicación, marcando un avance en la ampliación de derechos y dignidad para las personas con discapacidad. Entre las acciones destacadas por el Ejecutivo se encuentran el desarrollo de la Ley ELA, el refuerzo del sistema de atención a la dependencia, el aumento de la inversión en educación inclusiva y la aprobación del primer protocolo estatal de atención en emergencias para personas con discapacidad.

Asimismo, el Gobierno subraya que la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad va a permitir consolidar el mandato del artículo 49 materializando los cuatro pilares sobre los que se sustenta la reforma constitucional: inclusión, autonomía, accesibilidad universal y atención focalizada en las situaciones de mayor vulnerabilidad que enfrentan mujeres e infancia con discapacidad.

La propuesta introducida por Junts incluye una cláusula de activación automática que obliga a las empresas con una plantilla de 50 o más empleados a desarrollar e implementar un plan anual de formación en inclusión laboral si, después de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, no se ha aprobado el presupuesto necesario para el apoyo técnico por parte del Estado. Esta iniciativa implica que, de no existir financiación específica, esos empleadores deberán garantizar la capacitación anual de su personal de Recursos Humanos y de selección en materias relacionadas con políticas inclusivas, ajustes razonables y eliminación de barreras laborales para personas con discapacidad, abordando también la provisión de ayudas técnicas, la accesibilidad digital y la prevención de conductas discriminatorias.

Según publicó Europa Press, Junts registró en el Congreso una enmienda a la proposición de ley presentada por el PSOE que impulsa la inclusión laboral de personas con discapacidad por medio de la cuota de reserva de empleo que deben cumplir las empresas. El partido liderado por Miriam Nogueras plantea que el Estado se haga cargo de la financiación de un servicio gratuito de asesoramiento para pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de ayudarles a crear entornos laborales más accesibles y equitativos. El alcance de este servicio incluiría la atracción y selección de personal de manera inclusiva, la puesta en marcha de ajustes razonables, la garantía de accesibilidad digital y la promoción del uso de medidas de apoyo vigentes a nivel autonómico a través de los servicios de empleo de cada territorio, detalla la citada agencia.

La formación independentista justifica esta iniciativa debido a la necesidad de garantizar la capacidad de cumplimiento de las pymes sin trasladar la responsabilidad financiera a las comunidades autónomas. El gasto del servicio quedaría cubierto directamente desde los Presupuestos Generales del Estado, estableciendo una fuente clara de financiación que impediría que los gobiernos autonómicos tuvieran que hacer frente a estos costes. La enmienda introduce una disposición adicional al texto legislativo existente para que los Presupuestos recojan anualmente una dotación económica destinada a costear el servicio de asesoramiento a las pymes en materia de inclusión.

El medio Europa Press detalló que la cantidad destinada a los diferentes territorios se definiría mediante criterios objetivos. Estos criterios considerarían el tamaño de la población, el número de empresas sujetas a la cuota de reserva de empleo por discapacidad y la situación del empleo de personas con discapacidad en cada comunidad autónoma. De este modo, Junts busca garantizar una distribución proporcional de los recursos y evitar que áreas con mayores desafíos en materia de empleo inclusivo queden desatendidas.

El contenido del plan de formación obligatorio, en caso de no disponerse de financiación específica estatal, abarcaría áreas como la selección y contratación inclusivas, el diseño de ajustes razonables en el ámbito laboral, la provisión de ayudas técnicas y el acceso digital adecuado en portales, procedimientos de selección y documentación. El plan también incluiría medidas para prevenir situaciones de discriminación por motivos de discapacidad y asegurar un trato adecuado en todos los procesos internos de la empresa, según Hizo constar Europa Press.

Además de estas medidas, la propuesta presentada por Junts subraya la importancia de fortalecer la capacidad técnica de las pymes para que puedan cumplir con los requisitos legales de la cuota de reserva y crear ambientes de trabajo donde la accesibilidad y la equidad formen parte de la gestión diaria. La enmienda busca así incidir tanto en la formación específica del personal clave de las empresas como en la adaptación de los procedimientos internos para facilitar la integración y permanencia de trabajadores con discapacidad.

El registro de estas enmiendas se produce en el contexto de un debate legislativo sobre la reforma de la ley que regula la inclusión laboral y la equiparación de derechos de las personas con discapacidad en el sector privado. Junts apuesta por una implicación directa del Estado en el asesoramiento y la formación a las pymes, así como por la activación de recursos y medidas obligatorias cuando la dotación presupuestaria no esté disponible, según reportó Europa Press. A través de esta iniciativa, el partido pretende robustecer la red de garantías para la integración real y efectiva en el mercado laboral, asegurando que las necesidades de adaptación y apoyo no constituyan un obstáculo para la actividad de las pequeñas y medianas empresas.

La Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, Heba Hagrass, sostiene que las cuotas de género deben incluir de manera explícita a las mujeres con discapacidad y que los escaños reservados en los órganos legislativos consideren las diferentes tipologías de discapacidad. Con base en esta consideración, Naciones Unidas ha urgido a los Estados a implementar mecanismos concretos para alcanzar la participación igualitaria de las personas con discapacidad en la vida política. De acuerdo con Europa Press, la organización apuesta por medidas como la reserva de escaños para este colectivo, el establecimiento de normas de accesibilidad obligatorias y la promoción de entornos políticos abiertos e inclusivos, además de instar a eliminar barreras que obstaculizan su intervención efectiva en la toma de decisiones públicas.

Europa Press ha consignado que el informe ‘Participación igualitaria de las personas con discapacidad en la vida política y pública’, elaborado por Heba Hagrass y presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, describe numerosas dificultades que impiden que quienes tienen discapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos políticos. Entre esas dificultades se señalan las restricciones legales que afectan la capacidad jurídica, la persistencia del estigma social y el capacitismo, así como la existencia de espacios políticos inaccesibles, carencia de ajustes razonables, barreras económicas y limitaciones en el acceso a la educación política y el liderazgo.

Según publicó Europa Press, el informe recalca que, pese a la protección legal que otorga la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la presencia de personas con discapacidad en cargos públicos y en la toma de decisiones políticas sigue siendo escasa en la mayoría de los países. La relatora precisa que estas restricciones legales y contextuales menoscaban el derecho de este grupo a la igualdad de condiciones en la participación política y pública, haciendo énfasis en la necesidad de una intervención estatal urgente.

Entre las recomendaciones formuladas, Naciones Unidas sugiere la derogación de normativas que discriminen a las personas con discapacidad y la adopción de medidas afirmativas, como la asignación de escaños reservados y cuotas diferenciadas en listas electorales, diseñadas en consulta directa con las propias personas con discapacidad y tras evaluar cuidadosamente los posibles efectos. El medio Europa Press reporta que el informe también aboga por la introducción de normas obligatorias en materia de accesibilidad, financiamiento público para cubrir gastos derivados de la discapacidad, la mejora en la recopilación de datos y una inversión sostenida destinada al empoderamiento y desarrollo del liderazgo de este colectivo.

El documento advierte que acciones aisladas como la reserva de escaños o la exoneración del pago de tasas de candidatura para quienes tengan discapacidad solo producirán resultados limitados si no se integran en reformas de mayor calado y aplicadas de manera sistemática. El texto recomienda, además, la puesta en marcha de campañas de sensibilización para cuestionar nociones preconcebidas acerca de la competencia, liderazgo y capacidad de toma de decisiones de las personas con discapacidad, con particular atención a aquellas con discapacidad intelectual y psicosocial. Europa Press señala que el informe solicita endurecer las sanciones contra los discursos discriminatorios y de odio.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) remitió aportaciones desde España a la Relatora Especial y manifestó una valoración positiva hacia el informe, el cual recibió un total de 79 contribuciones provenientes de Estados y actores de la sociedad civil. Según registró Europa Press, el CERMI interpreta este informe como una referencia clave en el vigésimo aniversario de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al considerar que refuerza el principio de una democracia inclusiva, en la que no solo se garantice el derecho al voto, sino también la participación efectiva en ámbitos legislativos, ejecutivos y órganos representativos a todos los niveles.

El CERMI ha exhortado públicamente a los poderes públicos y partidos políticos en España a analizar detenidamente las conclusiones recogidas por la ONU y a diseñar medidas específicas orientadas a eliminar tanto barreras normativas como económicas y actitudinales, que hoy limitan el derecho de las personas con discapacidad a ser representantes y a participar plenamente en la vida política.

Dentro de las propuestas presentadas en el informe, la ONU también impulsa la elaboración y el cumplimiento de itinerarios formativos en educación política y liderazgo, con el objetivo de facilitar un acceso real y efectivo al ámbito público. Europa Press recoge que el informe insiste en la importancia de consultar estrechamente a personas con discapacidad durante la elaboración de normas y medidas, lo que permitiría diseñar estrategias que se ajusten a la variedad de experiencias y necesidades dentro de este colectivo.

De acuerdo con Europa Press, la Relatora Especial recalca que la promoción de medidas estructurales garantiza una transformación a largo plazo en cuanto a inclusión y representación política. El texto del informe destaca la urgencia de invertir de forma prolongada en el desarrollo de capacidades y en el empoderamiento, así como de reforzar la recopilación de datos para monitorear progresos y ajustar políticas según la evidencia disponible.

El informe también subraya la necesidad de que las reformas incluyan expresamente a las mujeres con discapacidad y representen la diversidad existente en el colectivo, tanto en lo relativo a los diferentes tipos de discapacidad como a otras interseccionalidades que pueden influir en la participación política. La ONU considera prioritario que la asignación de cuotas y escaños reservados se realice bajo análisis detallado de los potenciales impactos para evitar que estas medidas se conviertan en acciones simbólicas sin repercusión real, según reportó Europa Press.

La investigación presentada ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se apoya en las aportaciones de 79 países y organismos de la sociedad civil, que han permitido documentar de modo exhaustivo las barreras, retos y oportunidades ligadas a la integración política de las personas con discapacidad. Europa Press ha recogido que la discusión internacional sobre estas propuestas persigue avanzar en el reconocimiento y aplicación efectiva del principio de igualdad en todos los ámbitos de la vida pública.

El desarrollo de un registro nacional de hemofilia se perfila como una herramienta próxima a implementarse, cuya finalidad será reunir información relevante sobre la enfermedad y generar evidencia basada en datos reales. Esta iniciativa, anunciada durante una jornada celebrada en el Congreso de los Diputados, forma parte de una serie de demandas dirigidas al Ministerio de Sanidad por parte de organizaciones de pacientes y profesionales sanitarios para transformar la atención a quienes viven con hemofilia. Según publicó Europa Press, representantes de distintas entidades solicitaron un programa nacional integral, transparente y actualizado que aborde las necesidades actuales de las personas afectadas y garantice igualdad de oportunidades en el acceso a terapias innovadoras.

El presidente de la Federación Española de Hemofilia (FEDHEMO), Daniel Aníbal García, expuso que el documento oficial más reciente del Ministerio de Sanidad sobre esta afección data de 2012, un periodo en el que no existían las recientes terapias ni los Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) presentes hoy en día. García relevó la urgencia de un plan nacional “actualizado y vivo”, argumentando que “lo público y oficial de hemofilia en el Ministerio está profundamente desactualizado”. Estas declaraciones se produjeron en el contexto de la jornada “Vivir sin interrupciones: cuando la vida se detiene”, evento organizado por Pfizer, FEDHEMO, la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH) y la Real Fundación Victoria Eugenia (RFVE).

El medio Europa Press detalló que, durante el encuentro, tanto pacientes como especialistas reconocieron que la hemofilia experimenta un momento de profundas transformaciones gracias al avance en tratamientos médicos. Ramiro Núñez, presidente de la Comisión Científica de la RFVE, presentó una retrospectiva sobre la última década, en la cual los pacientes pasaron de tratamientos intravenosos de alta frecuencia a otros que disminuyen la cantidad de aplicaciones necesarias, incluyendo medicamentos de uso subcutáneo y terapias génicas. Estas nuevas alternativas contribuyeron a una vida cotidiana menos condicionada por la enfermedad.

A pesar de los avances médicos, persisten varias dificultades señaladas en el acto. De acuerdo con Europa Press, la presidenta de la SETH, María Teresa Álvarez, remarcó las desigualdades en el acceso a innovaciones terapéuticas fuera de ensayos clínicos, así como las disparidades en la atención sanitaria dependientes del lugar de residencia del paciente. Subrayó la existencia de retrasos en algunos diagnósticos, con el riesgo de que esto conlleve discapacidades que podrían haberse evitado, y denunció el déficit de equipos multidisciplinares especializados. Esta carencia afecta el abordaje global de la enfermedad, pues la atención requiere la participación de fisioterapeutas, psicólogos y trabajadores sociales, junto a otros especialistas.

El reforzamiento de los CSUR y la aplicación de modelos asistenciales multidisciplinares fueron propuestas recurrentes a lo largo de la jornada, según detalló Europa Press. Clínicos y representantes de pacientes pusieron énfasis en la necesidad de protocolos de coordinación asistencial y en la urgencia de facilitar el acceso igualitario a las innovaciones. En ese contexto, el inminente registro nacional de hemofilia fue presentado como instrumento clave para obtener datos fiables y fundamentar políticas públicas y estrategias de cuidado.

La intervención del secretario de Comunicación e Impacto Social de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), Daniel Gallego, abordó desde otro ángulo los desafíos cotidianos de quienes conviven con hemofilia, señalando las barreras sociales, laborales y de accesibilidad. Gallego propuso que las políticas públicas deben enfocarse en escuchar directamente a los pacientes, incluyéndolos en el diseño y desarrollo de normativas y estrategias, integrando la perspectiva de discapacidad en la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad del Ministerio de Sanidad. Además, consideró que la nueva ley de organizaciones de pacientes ofrece una oportunidad para implementar este enfoque.

La jornada incluyó una mesa política en la que María Sainz, secretaria primera de la Mesa de la Comisión de Sanidad del Congreso y diputada del Grupo Parlamentario Socialista, reconoció el papel de la cámara en el tratamiento de enfermedades raras y crónicas. Sainz expresó que los esfuerzos legislativos buscan lograr consensos que beneficien a los pacientes. Por su parte, Marta Marbán, portavoz de Sanidad por el Partido Popular, se mostró partidaria de dar carácter vinculante a los acuerdos y planes surgidos en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con el objetivo de que las medidas adoptadas entre el Ministerio y las comunidades autónomas se traduzcan en acciones efectivas y obligatorias.

Dentro del programa, se proyectó un vídeo de la campaña “Vivir sin interrupciones”, que pretende sensibilizar sobre las consecuencias que produce la hemofilia fuera del ámbito médico. En esta campaña, impulsada por Pfizer España, FEDHEMO y otras organizaciones, aparecen testimonios de responsables políticos, profesionales sanitarios, cuidadores y personas afectadas. El contenido audiovisual ilustra cómo la hemofilia introduce elementos de imprevisibilidad que dificultan la planificación diaria y, según palabras de uno de los pacientes, “el gran problema desde fuera es que como no se ve (...) te sientes invisible”.

El director médico de Pfizer España, José Chaves, explicó la motivación detrás de la campaña, que busca “visibilizar el impacto y los desafíos que enfrentan las personas que viven con hemofilia más allá de la perspectiva clínica, con el objetivo de generar una empatía y una comprensión mucho más profundas en toda la sociedad”. Chaves también destacó la importancia de la actualización de la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad, identificando esa revisión como una oportunidad clave para fortalecer la planificación nacional vinculada a la enfermedad.

Durante la inauguración de la jornada, Agustín Santos, presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso, defendió la función del Sistema Nacional de Salud para facilitar el acceso equitativo y universal a tratamientos para enfermedades raras, incluyendo la hemofilia. Santos llamó a destinar mayores recursos presupuestarios al sistema sanitario para cubrir las necesidades existentes.

Para finalizar la jornada, el director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón, transmitió por medio de un mensaje en vídeo el compromiso institucional de avanzar en acciones coordinadas para reducir las interrupciones que la hemofilia genera en la vida diaria de los pacientes. Gullón reiteró que la mejora en la calidad de vida solo puede alcanzarse desde la colaboración conjunta de todos los sectores involucrados.

Según reportó Europa Press, la jornada reunió voces de distintos actores sociales, clínicos y políticos, quienes convergieron en la idea de actualizar y dinamizar el marco nacional de atención a la hemofilia. La integración de registros, la garantía de equipos especializados y la participación activa de los pacientes en la elaboración de estrategias fueron identificados como pasos cruciales para avanzar hacia una atención más equitativa y adaptada a los desafíos actuales.

La segunda edición del programa ‘Comprometidos con la Inclusión’, desarrollada por CoolRooms Hotels y Fundación Integra, concluirá en 2025 con la preparación de una tercera fase que pretende extender la ayuda a diversas regiones de España. Según informaron ambas instituciones en un comunicado citado por el medio original, esta colaboración ha permitido que 30 personas en exclusión social severa, incluyendo personas con discapacidad, hayan tenido acceso a oportunidades laborales y formativas que continúan en expansión.

El acuerdo entre CoolRooms Hotels y Fundación Integra se tradujo en la inserción laboral directa para 10 participantes a través de 12 contratos de trabajo, cumpliendo así las metas planteadas para la edición actual del proyecto. La iniciativa también priorizó el acompañamiento formativo, sumando más de 50 horas de talleres impartidos por 26 empleados de la cadena hotelera. Tal como detallaron ambas organizaciones, esta formación no solo se dirigió a los integrantes del proyecto, sino que alcanzó a otras 154 personas en contextos de vulnerabilidad, ampliando el alcance del impacto social.

El presidente de CoolRooms Hotels, Miguel Ardid, declaró que corresponde a las empresas asumir la responsabilidad y la oportunidad de generar resultados que beneficien a la sociedad. Afirmó que el trabajo actúa como un mecanismo de dignidad para quienes se benefician del programa y también contribuye a fortalecer la cultura corporativa, aportando valor colectivo. Estas declaraciones fueron recogidas en el comunicado divulgado por las dos entidades.

Los testimonios de las personas beneficiarias ofrecen una visión sobre la importancia de este tipo de acciones. Una de las participantes relató, según recopiló el medio, que debía trabajar para poder pagar el alquiler y mantener a sus dos hijos, y que la posibilidad de acceder a un empleo le generó satisfacción al ver que su esfuerzo era reconocido y valorado. Estas voces reflejan una dimensión adicional del programa, enfocada no solo en proporcionar competencias técnicas sino también en devolver la confianza personal y las herramientas de inserción en el mercado laboral.

De acuerdo con lo comunicado por CoolRooms Hotels y Fundación Integra, el rol del voluntariado corporativo resultó decisivo en la puesta en marcha de los talleres formativos. Los empleados involucrados dedicaron más de 50 horas a transferir conocimientos y habilidades tanto a los 30 integrantes seleccionados como a otros participantes con antecedentes de vulnerabilidad social. Fueron estos talleres el motor principal que permitió reforzar competencias profesionales y facilitar el acceso a un empleo remunerado.

El proyecto alcanzó los objetivos previstos, confirmó el comunicado, tanto en lo relativo a la generación de contratos como a la mejora de la autonomía personal de los participantes. La experiencia durante la implementación ha permitido identificar que el acompañamiento personalizado y la atención a las necesidades específicas de cada persona aumentan las posibilidades de integración y sostenibilidad en el empleo.

A raíz del éxito registrado en esta segunda edición, CoolRooms Hotels y Fundación Integra anunciaron la preparación de una tercera fase del programa para 2026. Este nuevo ciclo buscará responder a las necesidades de otras 30 personas en situación de exclusión severa. A diferencia de las etapas anteriores, la futura edición ampliará su cobertura geográfica a distintas provincias de España, entre ellas Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla y Baleares. Los organizadores adelantaron que los empleados de la cadena hotelera continuarán participando como voluntarios para impartir nuevos talleres de formación.

Con estos avances, las entidades remarcaron que el empleo constituye una herramienta central para favorecer la inclusión y la autonomía de colectivos vulnerables. Según publicaron las instituciones responsables, tanto los beneficiarios directos como el entorno corporativo experimentaron transformaciones positivas a raíz de la interacción generada en el marco del proyecto. Además, la continuidad de la colaboración y el impulso de nuevas ediciones aparecen en la agenda como estrategias fundamentales para profundizar los logros obtenidos y expandir el acceso a oportunidades a más personas en riesgo de exclusión social e inserción laboral.

La escasa presencia de personas con discapacidad en la investigación y la docencia en España motivó la creación del programa Fundación ONCE-Investiga, según publicó Fundación ONCE. Esta iniciativa busca corregir desigualdades y facilitar la incorporación de estudiantes con discapacidad a proyectos de doctorado e investigación competitiva. La noticia principal gira en torno al otorgamiento de 14 becas a universitarios con discapacidad para continuar su carrera investigadora, una acción respaldada por el Fondo Social Europeo Plus y que involucra a instituciones académicas de todo el país.

De acuerdo con Fundación ONCE, estas becas pretenden reducir las barreras económicas y sociales que históricamente han dificultado el acceso de personas con discapacidad al ámbito científico. El programa, en su primera edición, canalizó ayudas económicas tanto para investigaciones pre y postdoctorales como para tesis doctorales, destinando 30.000 euros para trabajos de investigación y 18.000 euros para proyectos doctorales. La entrega de estos reconocimientos se llevó a cabo en la sede madrileña de Por Talento Digital, el centro de formación tecnológica impulsado por la misma fundación.

Los 14 beneficiarios desarrollan sus investigaciones en instituciones como el CSIC, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Alcalá, el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Nutrición de la Universidad Autónoma de Madrid, las universidades de Sevilla, Jaén, Málaga, Alicante, Valencia, Castilla-La Mancha, Girona, La Laguna, la Universidad Pública de Navarra y la UOC. Entre las áreas abordadas por los becarios figuran la prevención del vapeo en jóvenes en situación de exclusión, la transición energética en España y estrategias sostenibles de control biológico.

Según detalló Fundación ONCE, la ceremonia de entrega contó con la participación de figuras institucionales como el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa; el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán; el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha y presidente de la sectorial de I+D+i de CRUE, José Julián Garde López-Brea; y el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno.

Durante el evento, Cruz Cigudosa expresó que “la ciencia solo es verdaderamente excelente cuando es inclusiva” y alertó contra la exclusión del talento: “España no puede desperdiciar talento.” El secretario de Estado defendió la necesidad de que la ciencia represente a toda la sociedad y llamó a la comunidad científica a “seguir derribando barreras” y a la sociedad a “no perder valor”.

Alberto Durán, en su intervención, subrayó el valor de la colaboración entre la Fundación ONCE, las universidades y el CERMI, y felicitó a los becados por superar obstáculos en diferentes etapas de sus vidas. “Quiero trasladaros que lo que hacéis es muy importante para vosotros, pero también para transformar este entorno de investigación, que todavía tiene muchas barreras, y para la sociedad en general”, afirmó Durán, según publicó Fundación ONCE. Añadió que “el talento reside de igual o en mayor manera en las personas con discapacidad, por lo que contar con ellas en un entorno dificultoso como puede ser el empresarial es un acierto”.

El presidente de CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, destacó el avance que representa el paso de las personas con discapacidad de sujetos pasivos a miembros de pleno derecho dentro de la comunidad científica. Por otro lado, Garde López-Brea felicitó a Fundación ONCE e hizo énfasis en el impacto social que supone la iniciativa, agradeciendo la colaboración establecida con CRUE.

El programa Fundación ONCE-Investiga está destinado a universidades y centros de investigación, que deben gestionar la ayuda a favor de los alumnos con discapacidad matriculados en programas de doctorado y estudios postdoctorales. Según consignó Fundación ONCE, la baja representación de este colectivo dentro de la ciencia y la docencia se relaciona con barreras estructurales de carácter social y económico, aspectos que la iniciativa busca combatir.

Las investigaciones seleccionadas para la beca abarcan temáticas que afectan tanto al desarrollo social como científico del país. Entre ellas, la prevención del consumo de productos de vapeo por parte de jóvenes en riesgo de exclusión social, la evaluación de modelos de transición energética en España y el diseño de métodos sostenibles para el control biológico. Fundación ONCE reportó que estos son solo algunos ejemplos del rango y la relevancia de los trabajos apoyados por el programa.

La convocatoria ha puesto de relieve la necesidad de seguir promoviendo la equidad en el acceso a la ciencia, tanto a través de la financiación directa como del trabajo conjunto entre organismos públicos, universidades y organizaciones de la sociedad civil. Tal como publicó Fundación ONCE, la colaboración con el Fondo Social Europeo Plus resulta fundamental para sostener estas ayudas y asegurar que el talento no quede excluido por razones ajenas a la capacidad académica o de investigación.

El acto de entrega permitió visibilizar las realidades y desafíos que enfrentan los estudiantes con discapacidad, así como la respuesta institucional que busca crear condiciones más justas en el acceso a la investigación científica. Fundación ONCE puntualizó que la continuidad del programa pretende favorecer una representación más ajustada de la diversidad de la sociedad española en el conjunto de la comunidad científica.

El acusado, originario de Portugal, de 34 años, consignó antes de la celebración del juicio un total de 27.000 euros destinados a cubrir la indemnización por daño moral a la víctima, así como 1.000 euros adicionales para hacer frente a los gastos médicos que se derivaron de la asistencia recibida tras el ataque. Según informó el medio, la condena incluye medidas que impactan de manera directa y prolongada en los derechos y libertad del responsable, quien deberá permanecer 5 años en prisión y, tras cumplir la pena, enfrentará otros 6 años bajo libertad vigilada, conforme a lo ordenado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra.

La sentencia, dictada a raíz de un acuerdo entre la fiscalía, la acusación particular y la defensa, estableció que los hechos ocurridos constituyen un delito de agresión sexual con penetración. Tal como detalló el medio, en la resolución se reconocen atenuantes relacionadas con el estado mental alterado del condenado debido al consumo de drogas y con la reparación del daño ocasionado a la víctima. Además de la pena de prisión y la indemnización, el tribunal dispuso que el sentenciado no podrá mantener contacto ni acercarse a menos de 300 metros de la víctima durante un periodo de 6 años adicionales. Durante este tiempo, la restricción se suma a las condiciones a cumplir durante su libertad vigilada.

De acuerdo con la información publicada por la Audiencia de Navarra, los hechos juzgados se remontan al 21 de septiembre de 2023. Ese día, víctima y agresor, quienes habían mantenido una relación sentimental durante aproximadamente 8 meses entre 2011 y 2012, se reencontraron tras haber retomado la comunicación meses antes, por medio de WhatsApp. La cita fue acordada para tomar un café en la tarde. Posteriormente, según reportó el tribunal, el hombre propuso a la mujer una actividad relacionada con la conducción de vehículos por terreno embarrado y la llevó a un área rural. Allí, estacionó su furgoneta junto a un recinto de ganado, situando el vehículo de modo que la puerta del copiloto quedó bloqueada y la víctima no pudo salir por sus propios medios.

Durante ese momento, el agresor consumió cocaína y cerveza. En el interior del automóvil, llevó a cabo tocamientos sin consentimiento y, conforme consta en la sentencia recogida por el medio, cometió la agresión sexual en el interior del vehículo. Como explicó el tribunal citado por el medio, la mujer padece una discapacidad reconocida del 53%, que limita su audición, capacidad física y función pulmonar, lo que la situó en una situación de especial vulnerabilidad al momento de los hechos.

La víctima, según puntualizó la sentencia difundida por la Audiencia, experimenta secuelas psicológicas y físicas tras el ataque. Los síntomas incluyen intrusión, evitación conductual y cognitiva, alteraciones cognitivas, ánimo negativo, mayor activación psicofisiológica y reactividad exacerbada. Además, se diagnosticó un trastorno de estrés postraumático, para el que está recibiendo atención psicológica y psiquiátrica.

Por su parte, la sentencia señaló que el condenado presentaba en el momento de los hechos un trastorno debido al consumo de etanol y cocaína, con una intensidad considerada moderada, así como un uso perjudicial de cannabis, ambos diagnosticados en fase activa. El tribunal consideró estas circunstancias a la hora de aplicar las atenuantes que influyeron en la determinación de la pena, según explicó la Audiencia de Navarra.

En cuanto a la ejecución de la pena, el medio detalló que la Audiencia acordó la suspensión de la condena de prisión por un periodo de 5 años bajo condiciones estrictas. Durante ese tiempo, el penado deberá evitar cometer nuevos delitos, someterse a un tratamiento de deshabituación de las sustancias, no interrumpirlo antes de recibir el alta médica, y completar un programa formativo sobre igualdad, violencia de género y educación sexual. El cumplimiento de este programa será objeto de seguimiento trimestral ante el tribunal, que recibirá informes periódicos sobre el desarrollo y evolución del condenado en dichas actividades.

La prohibición de acercamiento y comunicación fijada por el tribunal persiste como elemento central de la sentencia. La Audiencia precisó que el incumplimiento de cualquiera de las condiciones podría conllevar la revocación de la suspensión de la condena y la ejecución íntegra de la pena de prisión. El medio recalcó que todas estas decisiones se adoptaron tras lograr un acuerdo entre las partes implicadas, lo cual permitió dictar la sentencia de conformidad y evitar la celebración de un juicio con pruebas orales avanzadas.

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en México tendrá efectos retroactivos, lo que afecta a las personas actualmente sujetas a proceso o ya sentenciadas por el delito de aborto bajo la disposición anulada. El tribunal informó que eliminó la frase “no será necesario el consentimiento” del artículo 158, fracción IV, del Código Penal de Sinaloa, disposición que permitía la interrupción del embarazo de mujeres o personas gestantes cuando fueran consideradas “imposibilitadas” para decidir. Según publicó el medio citado y confirmó la Suprema Corte a través de sus redes sociales, la anulación de esa parte de la ley representa una intervención directa sobre derechos previamente vulnerados.

El tribunal dio a conocer que la Declaratoria General de Inconstitucionalidad responde a la falta de reformas al respecto por parte del Congreso de Sinaloa, que no modificó la norma dentro del plazo que había establecido la máxima instancia judicial del país. De acuerdo con la información publicada, esta parte de la legislación era utilizada sobre todo en casos de personas con discapacidad, permitiendo que terceros intervengan sin recabar el consentimiento de quienes cursaban el embarazo.

La Primera Sala de la SCJN subrayó en su declaración oficial la incompatibilidad de cualquier formulación legal que implique ideas de inferioridad, invalidez o insuficiencia asociadas a la discapacidad. Según detalló la declaración y reportó el medio original, la Suprema Corte consideró que esas categorías representan una forma de discriminación, contrario al modelo social de la discapacidad que promueve la igualdad de derechos y el respeto por la autonomía individual.

En el documento emitido, el alto tribunal expresó que “a las mujeres y personas con capacidad de gestar con discapacidad (…) de manera sistemática se les ha negado el control sobre su salud sexual y reproductiva”. El fallo establece que la eliminación de la normativa mencionada exige, en todos los casos, la obtención del consentimiento previo, libre, pleno e informado de la persona gestante, sin excepciones por razones de supuesta incapacidad para decidir.

Según especifica la comunicación oficial de la SCJN, la medida restablece derechos fundamentales. El documento destaca que se restituye “la plena vigencia del derecho a decidir, a la capacidad jurídica, a la autonomía reproductiva, a la salud y a la igualdad y no discriminación conforme al modelo social de la discapacidad”. El tribunal enfatizó que la decisión abarca todas aquellas personas que han enfrentado procesos legales o han recibido sentencias asociadas al delito de aborto bajo la disposición ahora eliminada, aplicando los efectos positivos de manera retroactiva.

La publicación original detalló que esta intervención de la SCJN responde a una histórica exclusión y negación de derechos reproductivos en el caso de personas con discapacidad. El máximo tribunal reiteró que la discriminación legal por conceptos que sugieran menor capacidad jurídica resulta contraria a los principios de igualdad y respeto reconocidos en el marco legal mexicano.

El comunicado compartido por la Suprema Corte en sus plataformas digitales pone en primer plano la obligación legal de garantizar la autonomía y la capacidad legal de todas las mujeres y personas gestantes, independientemente de su condición, alineando la legislación local con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. Esta determinación del alto tribunal deja sin efecto una práctica legislativa que, hasta antes del fallo, permitía privar de su consentimiento a personas consideradas “imposibilitadas” y abre la puerta para la revisión de casos pasados bajo esta perspectiva.

El medio informó que esta resolución coloca al Estado mexicano ante el reto de revisar y ajustar otras disposiciones legales en contextos similares y reitera la protección de los derechos reproductivos y la igualdad ante la ley, especialmente para grupos históricamente marginados como las personas con discapacidad.

La eliminación de la frase “no será necesario el consentimiento” del artículo 158, fracción IV, del Código Penal de Sinaloa fue anunciada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México, que detalló que esta medida tendrá efectos retroactivos para todas las personas que se encuentren procesadas o hayan sido sentenciadas por el delito de aborto bajo dicho precepto. Esta resolución, según consignó el medio Europa Press, constituye un paso relevante en la protección de los derechos de las personas con discapacidad y responde a una omisión del Congreso de Sinaloa, que no reformó la normativa en el plazo que el tribunal había establecido.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la SCJN declaró inconstitucional la práctica de un aborto sin el consentimiento de la mujer o persona gestante cuando, bajo el pretexto de estar “imposibilitada” para decidir, dicha persona no podía expresar su voluntad. El pleno de la Primera Sala enfatizó que cualquier concepto que promueva ideas de inferioridad, invalidez o insuficiencia respecto a quienes presentan alguna discapacidad representa una forma de discriminación y resulta incompatible con las políticas contemporáneas de inclusión social.

En sus redes sociales, la Suprema Corte puntualizó que la Declaratoria General de Inconstitucionalidad responde a la inacción legislativa del Congreso de Sinaloa: el cuerpo legislativo había recibido un plazo por parte del tribunal para reformar la norma, pero no lo hizo en el tiempo estipulado. Como resultado, la parte de la ley que permitía la interrupción del embarazo sin consentimiento ha sido eliminada del marco jurídico estatal, informó el tribunal.

Según lo expuesto en el documento oficial citado por Europa Press, este apartado del Código Penal de Sinaloa era utilizado fundamentalmente en situaciones que involucraban a personas con discapacidad. La SCJN indicó que históricamente a mujeres y personas gestantes con discapacidad se les negó de manera sistemática el control sobre su salud sexual y reproductiva. La Corte puntualizó que la permanencia de esa norma perpetuaba la negación de derechos fundamentales y propiciaba condiciones de desigualdad y discriminación.

El tribunal estableció que, a partir de la eliminación de ese fragmento normativo, todas las intervenciones relacionadas con la interrupción del embarazo en Sinaloa deberán contar invariablemente con el consentimiento previo, libre, pleno e informado de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Europa Press reportó que el tribunal consideró esta condición indispensable para garantizar derechos constitucionales como la autonomía reproductiva, la capacidad jurídica y la igualdad ante la ley, en consonancia con los modelos sociales de la discapacidad.

La decisión abarca no solo la supresión inmediata de la disposición sino también su efecto retroactivo. De acuerdo con el texto oficial que citó Europa Press, los beneficios de esta resolución aplicarán a todas las personas procesadas o sentenciadas con base en la parte invalidada del código penal sinaloense. Así, la SCJN busca restablecer la plena vigencia del derecho a decidir y elimina de la legislación cualquier disposición que prescinda de la voluntad de la mujer o persona gestante, de acuerdo a los estándares internacionales y nacionales en materia de derechos humanos.

La Suprema Corte remarcó en su declaración que el modelo social de discapacidad reconoce a las personas afectadas como sujetos plenos de derechos y no como individuos carentes de autonomía. Según publicó Europa Press, la nueva disposición consolida este enfoque, asegurando que ninguna condición física o cognitiva pueda ser utilizada como fundamento para privar del consentimiento en cuestiones relacionadas con la salud sexual y reproductiva.

Esta resolución marca un precedente para la protección y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad, no solo en Sinaloa sino potencialmente en el resto del país. Europa Press señaló que, con esta decisión, la SCJN contribuye a erradicar prácticas discriminatorias y a promover la igualdad jurídica y social para todas las personas, especialmente para aquellas que históricamente han experimentado negación de derechos fundamentales en el ámbito de la salud reproductiva.

El esfuerzo por reducir la brecha digital y adaptarse a la irrupción de la inteligencia artificial centra una de las nuevas iniciativas de la Fundación Claudia Tecglen, según participantes en una reciente audiencia con la reina Letizia. El proyecto Boot Camp InicIA, que se implementará próximamente, ofrece formación asíncrona para potenciar tanto la inclusión educativa como el acceso al empleo de personas con discapacidad. En este encuentro, a cuyo frente ha estado la propia Claudia Tecglen, se presentaron también propuestas dirigidas a la prevención del suicidio y la integración sociolaboral de colectivos vulnerables, según informó el medio de comunicación.

En la audiencia concedida a los representantes de la Fundación Claudia Tecglen, la reina Letizia conoció de primera mano la evolución y el alcance de las principales áreas de actuación de esta entidad, cuyo trabajo se centra mayoritariamente en salud mental. Tal como detalló la propia Claudia Tecglen, entre los proyectos más relevantes figura la Escuela de Afrontamiento Activo, así como la primera Red Intercomunitaria de Prevención del Suicidio dirigida a personas con discapacidad y a sus familias. Esta red busca dotar de herramientas y apoyo tanto a quienes pertenecen a colectivos vulnerables como a su entorno más cercano, con el objetivo de reducir los índices de suicidio en este sector de la población.

A la cita acudieron el presidente de honor de la Fundación y presidente del grupo sanitario HM Hospitales, Juan Abarca Cidón, así como Isabel Lozano y Javier Colás en calidad de patronos. Cristina Gámez participó como vicesecretaria y los cultivadores de la inclusión presentes fueron Cristina Jiménez Savurido, Ramón Torrelledó, Juan Luis Polo, Carmen Muñoz Jodar y Angélica Falagán. Además, Carmen Mateos y el doctor Darío Fernández Delgado asistieron como responsables del área de salud.

Durante el encuentro, Abarca Cidón mostró los resultados del primer programa piloto de la Red Intercomunitaria de Prevención del Suicidio, llevado a cabo en HM Hospitales. Según consignó el medio, este piloto ha mostrado resultados muy positivos y está previsto replicarlo próximamente en otros centros de la Comunidad de Madrid. Tanto los responsables de la Fundación como sus colaboradores subrayaron el deseo de expandir el programa más allá del ámbito madrileño y trasladarlo a hospitales de otras comunidades autónomas y diferentes áreas sanitarias del país.

Claudia Tecglen expuso ante la reina el papel que desempeña la Fundación en cuanto a la promoción y el fomento de la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad. Detalló que la organización apuesta por la educación informal como camino para favorecer tanto el empleo como el emprendimiento en este colectivo. Según lo publicado, la fundadora remarcó que todos estos esfuerzos están encaminados a generar oportunidades reales de desarrollo profesional y personal para las personas con discapacidad.

Javier Colás profundizó en la presentación del Boot Camp InicIA, insistiendo en que esta formación busca eliminar barreras tecnológicas y preparar al alumnado frente a las exigencias laborales y educativas de la era digital, caracterizada por la expansión de la inteligencia artificial. Este nuevo recurso de la Fundación se centrará en capacitar a personas con discapacidad, con el fin de equiparlas para participar de manera activa en una sociedad cada vez más digitalizada.

El medio detalló que la reunión estuvo marcada por el intercambio de experiencias y la puesta en común de resultados y desafíos de cada uno de los programas impulsados por la Fundación Claudia Tecglen. Los representantes destacaron la importancia de ofrecer apoyo integral, que abarque tanto la prevención en salud mental como la formación y acceso al mercado laboral, y de mantener la colaboración con entidades sanitarias y otros agentes del sector social.

Las propuestas y avances presentados reflejan la voluntad de abordar de manera global los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad, desde la salud mental hasta la integración profesional. Los responsables de la Fundación y sus colaboradores reiteraron su disposición para trabajar en la ampliación de estos programas y darles continuidad en distintos territorios, como elemento clave para garantizar la sostenibilidad de sus objetivos.

La presencia de la reina Letizia en el encuentro puso de manifiesto el respaldo institucional a la labor de la Fundación. Tal como reportó el medio, este tipo de audiencias contribuyen a dar visibilidad a los proyectos desarrollados por organizaciones de la sociedad civil y a favorecer la colaboración intersectorial en áreas prioritarias como la salud mental y la inclusión social y laboral.

Las ediciones de los Juegos Inclusivos en 2021 y 2025 se han consolidado como ejemplos de la convergencia de deportistas olímpicos y paralímpicos en competiciones bajo reglamentos inclusivos. Este avance refleja el desarrollo sostenido de la colaboración entre la Fundación Sanitas y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), que, según informó la propia institución académica, han formalizado la renovación de la Cátedra Fundación Sanitas de Deporte Inclusivo hasta el 31 de diciembre de 2029. Esta extensión supone una continuación para un proyecto que, desde hace más de diez años, impulsa el análisis, la sensibilización y la promoción de la igualdad de acceso al deporte para niños, niñas y jóvenes, sean o no personas con discapacidad.

Tal como detalló la UPM, la Cátedra Fundación Sanitas de Deporte Inclusivo mantiene desde 2017 una línea de trabajo enfocada en aumentar el conocimiento sobre la práctica deportiva adaptada y en desarrollar estrategias de concienciación para todos los actores vinculados al deporte, con especial énfasis en las estructuras convencionales. Esta iniciativa pone a disposición de la comunidad deportiva oportunidades reales para la práctica inclusiva, mientras refuerza la labor del Centro de Estudios de Deporte Inclusivo, creado en 2009, que ha incrementado la investigación orientada a la mejora de la salud desde un enfoque integrador.

Durante el año 2023, la Fundación Sanitas y la UPM dieron un paso más al refrendar oficialmente su alianza. Ambas entidades confirmaron su intención de dar continuidad a los progresos alcanzados mediante la promoción deportiva conjunta en entornos inclusivos, renovando su compromiso por cuatro años adicionales. Según declaró la universidad, esta decisión da cuenta del propósito de ampliar la colaboración institucional y garantizar la vigencia de la cátedra hasta finales de la década.

Entre las declaraciones recogidas por la UPM, Yolanda Erburu, directora general de la Fundación Sanitas, explicó que la renovación del acuerdo constituye una expresión del compromiso tanto de la Fundación como de la UPM con el deporte inclusivo como vía de inclusión social, bienestar y mejora en la calidad de vida de las personas con discapacidad y la consolidación de un entorno deportivo más accesible. Por su parte, Óscar García Suárez, rector de la UPM, citó la relevancia de persistir en la búsqueda de nuevos retos y estrategias que propicien un cambio de mentalidad en la sociedad y entre los profesionales del deporte en torno a la inclusión.

Javier Pérez, director de la Cátedra Fundación Sanitas de Deporte Inclusivo, explicó que se trata de una estructura de investigación que permite no solo el estudio, sino también la promoción de la integración de las personas con discapacidad en el ámbito deportivo. "Investigación, formación, actividades, asesoría, difusión del conocimiento y publicaciones son las áreas que vertebran la actividad de nuestra cátedra en el día a día y que han posicionado a la CEDI en un referente internacional en el tema, posicionando a la UPM como líder académico e investigador en la temática y a la Fundación Sanitas como una institución de referencia que ha venido a cambiar, con su visión, el panorama del deporte y la discapacidad en nuestro país", manifestó Pérez según informó la UPM.

Uno de los proyectos más destacados bajo el marco de la cátedra es el programa Deporte Inclusivo en la Escuela (DIE), una iniciativa vigente desde 2012. Se dirige principalmente al alumnado de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, involucrando además a docentes de Educación Física y técnicos deportivos. Este programa facilita la participación conjunta de personas con y sin discapacidad en actividades deportivas en el contexto educativo, aportando recursos didácticos y propuestas que buscan normalizar la inclusión.

Además de fomentar la práctica compartida y la sensibilización, el programa DIE proporciona al profesorado herramientas pedagógicas concretas para que la inclusión de alumnos con discapacidad forme parte integral de su planificación curricular. De acuerdo con la información publicada por la UPM, este enfoque contribuye a que la diversidad se integre de manera natural en el entorno deportivo escolar.

La celebración de los Juegos Inclusivos ha representado otra acción relevante que refuerza el impacto de la colaboración. Según reportó la UPM, este proyecto reúne en una sola competición, realizada tras los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, a atletas de ambas categorías bajo un mismo reglamento inclusivo, contribuyendo al reconocimiento social del deporte adaptado y mostrando la viabilidad de la integración real en escenarios de élite.

La labor de la Cátedra Fundación Sanitas de Deporte Inclusivo se articula a través de múltiples líneas de acción, como investigación académica, desarrollo de modelos de formación y asesoría tanto para entidades como para profesionales del ámbito deportivo. Además, promueve la generación y difusión sistemática de publicaciones científicas que profundizan en los múltiples aspectos del deporte inclusivo.

A lo largo de más de una década, la alianza entre la Fundación Sanitas y la UPM ha incidido tanto en la práctica como en la reflexión sobre el deporte adaptado en España. Las acciones impulsadas tienen como meta lograr que la accesibilidad y la igualdad se consoliden en el día a día del ámbito educativo y deportivo, manteniendo siempre la orientación hacia el fortalecimiento de modelos que garanticen la participación activa de niños, jóvenes y adultos, sin distinción por cuestiones de discapacidad.

Rafael Pérez Ayago, un joven de diez años apasionado por el baloncesto, protagonizará la ceremonia de entrega del balón en el partido de la Liga Endesa entre Unicaja Baloncesto y MoraBanc Andorra. Según informó Endesa mediante un comunicado recogido por el medio, Rafael cursa quinto de primaria en el colegio La Colina de Puerto de la Torre, vive con hemiplegía y ha practicado deportes como pickleball y tenis de mesa junto a su hermano Lucas, si bien el baloncesto es su favorito. El evento, parte de la jornada 19 de la competición, se desarrollará este sábado, 7 de febrero, en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga. La iniciativa, bajo el lema ‘Por la pasión sin límites ni barreras’ y enmarcada en el programa Basket Lover, tiene como objetivo acercar el baloncesto profesional a familias y personas que, debido a distintas discapacidades o condicionantes, no suelen disponer de facilidades para asistir presencialmente a partidos.

De acuerdo con Endesa, la jornada especial llevará por nombre ‘Baloncesto para todos’ y ofrecerá condiciones adaptadas para niños y jóvenes con discapacidad física, sensorial o intelectual. El acceso al recinto incluirá una llegada anticipada destinada a familiarizar a los asistentes con el entorno, así como acompañamiento personalizado, espacios tranquilos y materiales específicos como auriculares con cancelación de ruido o juguetes antiestrés. Estas medidas buscan que la experiencia resulte cómoda, segura y plenamente disfrutable para los participantes. Además, la organización prevé que toda la experiencia esté marcada por activaciones inclusivas: durante el calentamiento, los jugadores de Unicaja Baloncesto lucirán camisetas con el lema del evento y se adaptarán ceremonias tradicionales, como la entrega del balón, a las necesidades de cada menor.

Tal como detalló Endesa, la Academia 675 desempeñará un papel relevante en la actividad. Esta entidad deportiva y social, fundada hace siete años, desarrolla una metodología de entrenamiento específicamente pensada para personas con discapacidad intelectual y ha implementado el modelo denominado Superbasket. Desde septiembre, Rafael Pérez Ayago forma parte de la Academia 675, que colabora estrechamente con la Liga Endesa para impulsar el deporte inclusivo en la ciudad. La Academia, junto con Endesa, gestiona la plataforma Superbasket Lovers, donde se comparte la metodología y un decálogo dedicado al fomento de la inclusión. Esta herramienta permite la colaboración y la comunicación entre academias y clubes, y está orientada tanto a entidades existentes como a nuevos proyectos que se puedan constituir.

El compromiso de Endesa con la inclusión en el baloncesto viene demostrándose en diferentes temporadas y escenarios de la Liga Endesa. Según consignó la compañía, en los playoffs de la temporada 2024-2025, un niño con autismo de la Fundación Real Madrid protagonizó una acción similar de entrega de balón, para lo que el pabellón ajustó sus condiciones de sonido e iluminación a sus necesidades. En la campaña 2019-2020, un menor con síndrome de Asperger asistió equipado con auriculares a un partido del Perfumerías Avenida y entregó el balón a las jugadoras. En todos los casos, el objetivo ha sido atender las necesidades sensoriales y brindar oportunidades para participar de manera activa y segura.

Durante la actual jornada, la presencia del club Unicaja Baloncesto y la Academia 675 será parte fundamental de las actividades inclusivas. Además de Rafael, otros niños y niñas realizarán las clásicas entregas de balón, adaptadas de modo individual. Este enfoque, según indicó Endesa, pretende normalizar la participación de menores con distintas discapacidades en el deporte profesional, reforzando mensajes de igualdad y empatía tanto dentro como fuera de la pista.

Junto a las actividades deportivas, la jornada contará con una atención diferenciada para las familias asistentes. El desarrollo de espacios y materiales específicos responde a la intención de derribar barreras físicas y sensoriales que históricamente han dificultado la asistencia de ciertos colectivos a grandes eventos deportivos. A través de estas medidas, los organizadores buscan implementar un modelo replicable de accesibilidad y disfrute para públicos más amplios.

La implicación de Endesa en estas iniciativas forma parte de su estrategia de patrocinio deportivo con componente social. Tal como publicó la compañía, la continuidad de acciones como ‘Baloncesto para todos’ es vista como una muestra de su vínculo constante con el baloncesto y la inclusión. Paralelamente, la Academia 675 avanza en la construcción de un centro deportivo dedicado a Superbasket en Málaga, un proyecto en ejecución que cuenta con la colaboración directa de Endesa y persigue ampliar la oferta de infraestructuras deportivas adaptadas en la ciudad.

El evento ‘Baloncesto para todos’, bajo el paraguas de la campaña Basket Lover, enfatiza la idea de que el deporte profesional resulta más completo y transformador cuando incluye a todos los públicos. Según reportó Endesa, la introducción de medidas de adaptación y la integración de actos simbólicos dentro del espectáculo buscan visibilizar la diversidad y el potencial del baloncesto como herramienta para la convivencia. Además, la aparición de mensajes como ‘Baloncesto para todos’ en indumentaria y soportes del evento refuerza el propósito de promover la igualdad y difundir ejemplos de práctica deportiva accesible.

El golf, un deporte conocido por su precisión y concentración, ha sido escenario de innumerables historias de superación. Pero pocas resultan tan sorprendentes como la de Patrick Duke, un hombre que, tras perder un brazo en un accidente laboral, desafió todas las probabilidades y consiguió un hoyo en uno. Su historia no solo es un ejemplo de resiliencia, sino también de cómo una pasión puede transformarse en salvavidas.

A los 67 años, Patrick Duke celebró recientemente una de las mayores gestas del golf: logró su primer hoyo en uno. Lo hizo en el campo de Overstone Park, en Northamptonshire, Inglaterra, durante una partida junto a amigos. El reto era mayúsculo: enfrentaba el cuarto hoyo, un par 3 de unos 110 metros, escenario que había sido especialmente problemático para él en el pasado. Armado con un hierro siete, Duke ejecutó un tiro que, tras aterrizar a 30 centímetros del hoyo, retrocedió suavemente y cayó directo en la copa. La proeza se tornó aún más significativa cuando se considera que Duke, quien perdió un brazo en 2012, había aprendido a jugar al golf solo después de ese accidente.

Las probabilidades de lograr un hoyo en uno para cualquier golfista aficionado ya son bajas, pero dada su situación física severa, las cifras rozan lo imposible. Según explicó, le informaron que las posibilidades eran de 1 en 100.000 o un 0,001%. A pesar de ello, Duke desafió las estadísticas y se convirtió en motivo de admiración para quienes presenciaron su hazaña y para toda la comunidad del golf. “Me dijeron que las probabilidades de que alguien con discapacidad consiguiera un hoyo en uno eran del 0,001% o 1 en 100.000”, relató.

El camino hacia este logro estuvo marcado por la tragedia y la lucha personal. Patrick Duke dedicó más de tres décadas a la industria de la pavimentación de carreteras. Su vida cambió radicalmente cuando, durante una jornada laboral, su chaqueta se enganchó en una máquina, causándole la pérdida de un brazo. El accidente no solo le arrebató la movilidad, sino también la confianza y la autoestima. Duke atravesó una etapa oscura, marcada por el trastorno de estrés postraumático, depresión y pensamientos suicidas. Relató que perdió casi todos los pilares que daban sentido a su día a día: la actividad física, la independencia y las relaciones personales. “Estaba en una situación muy difícil. Tenía pensamientos suicidas y perdí la confianza, la autoestima y mis relaciones”, confiesa.

El golpe emocional fue devastador. Duke, que desde los 15 años había sido una persona activa y deportista —practicando rugby, fútbol gaélico, fútbol y críquet—, se vio obligado a reinventarse. Sijo que hubo momentos en los que no veía salida posible a su situación. “A veces no veía vuelta atrás, pero entonces un amigo me preguntó si alguna vez había jugado al golf”.

En 2018, Duke se animó a tomar sus primeras lecciones, guiado por el profesional de la PGA de Overstone Park, Brian Mudge. La instrucción fue clara: debía ser tratado como un “lienzo en blanco”, dispuesto a aprender desde cero y a desarrollar una técnica propia, adaptada a sus nuevas condiciones físicas. Duke recuerda que el entrenador le advirtió que lo que funcionaba para él probablemente no serviría para otros. Así, poco a poco, fue perfeccionando una manera de jugar única, que le permitió no solo competir, sino también disfrutar del deporte. “Tuve algunas lecciones con un profesional y le dije que me tratara como un lienzo en blanco y que haría lo que me dijera. Dijo que lo que funciona para mí no funcionaría para otros, así que desarrollé mi propia técnica”.

Este proceso de aprendizaje se tradujo en beneficios mucho más profundos que los meramente deportivos. El golf se convirtió para Patrick Duke en una tabla de salvación frente a la adversidad. El deporte le devolvió la confianza, la motivación para salir de casa y la sensación de pertenencia a una comunidad. En sus propias palabras, el golf “me salvó la vida” durante los años más difíciles. Encontró en el club una red de apoyo, formada por personas que lo recibieron sin prejuicios y con quienes pudo forjar nuevas amistades. El reconocimiento social y el sentido de logro personal resultaron esenciales para reconstruir su autoestima. “La gente que he conocido ha sido fenomenal. Me dio confianza y un motivo para salir de casa”.

El impacto positivo del golf no tardó en hacerse visible. Duke contó que antes de esa primera clase sentía que su vida se había reducido al aislamiento y la desesperanza. Sin embargo, la práctica regular, sumada al apoyo de sus nuevos compañeros, le permitió recuperar la esperanza. Si bien reconoce que nunca se consideró un gran golfista, la experiencia de superarse y de compartir el juego con otros fue suficiente para devolverle las ganas de vivir. “No soy muy bueno en el golf, pero me ha salvado la vida”, admite Duke. “El golf me dio confianza, amistad y ganas de vivir”.

La hazaña de Duke no pasó inadvertida entre quienes presenciaron el histórico golpe. Al ver la pelota rodar hacia el hoyo y finalmente desaparecer, su compañero Kevin no pudo contener la emoción y lanzó su palo al aire, atónito ante lo ocurrido. Incluso los jugadores que transitaban el hoyo siguiente aplaudieron la proeza. Duke bromeó con Kevin: “¿Te gustaría que te ganara un hombre manco?”, frase que ilustra el espíritu combativo y el humor con el que afronta su día a día.

La repercusión de este logro trasciende el ámbito deportivo. Patrick Duke espera que su historia sirva de inspiración para quienes enfrentan situaciones similares. Su mensaje es claro: “Si tan solo una persona pudiera ver esto, incluso si no es golf, solo quiero que la gente sepa que puede haber una vida después de algo así”. Insistió en que, si él pudo sobreponerse y hallar alegría en el golf, otros también pueden hacerlo, sin importar el punto de partida. “Si yo puedo hacerlo, cualquiera puede”.

Hoy, Duke es un referente en su club y un ejemplo vivo de superación. Su recorrido, desde el dolor y la pérdida hasta la celebración y la convivencia, demuestra que la perseverancia y la búsqueda de apoyo pueden abrir caminos insospechados. La ovación recibida aquel día en el campo de Overstone Park es, en palabras de Duke, un recordatorio de que todavía quedan desafíos por conquistar y amistades por disfrutar.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) propone que el Proyecto Palestra Convención ONU se convierta en un foro de reflexión crítica, donde se analicen los efectos de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad desde su entrada en vigor en España y se formulen propuestas de futuro. Según detalló el propio CERMI, este proyecto se alinea con el vigésimo aniversario del tratado internacional, instaurado en España en 2008 tras su adopción mundial en 2006, y pretende examinar logros, obstáculos y el cumplimiento de derechos fundamentales.

Tal como publicó el CERMI, la campaña nacional arrancará en 2026 y tendrá una marcada presencia digital, utilizando la etiqueta #PalestraConvencionONU como vía principal de difusión en redes sociales. El objetivo central de esta iniciativa es sensibilizar sobre la importancia de la Convención, subrayar su carácter jurídicamente vinculante y potenciar la percepción de los derechos humanos en la agenda pública española. De acuerdo con lo anunciado, la propuesta espera resaltar tanto los avances conseguidos como los desafíos persistentes ligados al pleno desarrollo y aplicación de este instrumento legal.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad representa el primer gran tratado global en materia de derechos humanos en el siglo XXI. CERMI indicó que su ratificación marcó un antes y un después en aspectos jurídicos, políticos y sociales enfocados en dignidad, igualdad y libertad para las personas con discapacidad. A dos décadas de su implementación a nivel nacional, la organización considera necesario evaluar en profundidad el impacto efectivo del tratado y repensar estrategias para abordar los compromisos pendientes.

Según reportó el Comité, la campaña difundirá, de manera sistemática, mensajes mensuales organizados en torno a temas fundamentales: la exigibilidad de los derechos, el paso del modelo asistencial a uno basado en la autonomía, la necesidad de una educación inclusiva, la relevancia de la capacidad jurídica, el papel que desempeñan las asociaciones y las responsabilidades legales del Estado en las áreas legislativa, administrativa y presupuestaria.

El CERMI destacó que estos enfoques buscan fortalecer la concienciación social sobre el estatus vinculante de la Convención y su relevancia para el reconocimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, especificó que la iniciativa pretende consolidar un marco de análisis sobre las obligaciones que afectan tanto a los poderes públicos como a la sociedad española en su conjunto.

El medio consignó también que el movimiento asociativo desempeña un papel clave en este proceso, sirviendo como canalizador de propuestas y evaluciones, así como impulsor de la aplicación real y efectiva de los derechos consagrados en la Convención de la ONU. El Comité recalcó la importancia de mantener un seguimiento constante y un abordaje estructurado que permita visibilizar aquellos aspectos en los que se han producido avances y las áreas que aún requieren una mejora sustancial en términos de políticas públicas y recursos.

La organización concluyó que el Proyecto Palestra Convención ONU se perfila como un espacio abierto que invita a la participación y la reflexión, con la finalidad de dar respuesta a las cuestiones pendientes e incidir en la mejora de las condiciones de vida, la autonomía y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en España, de acuerdo con lo informado por el propio CERMI.

El plazo actual para reconocer la dependencia en Aragón se sitúa en 141 días, rebajando en más de un mes y medio el tiempo que se necesitaba hasta hace poco, lo que ha supuesto un cambio significativo respecto al cumplimiento de los plazos legales, según consignó el medio. Este dato se ha popularizado tras las recientes declaraciones del candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, quien durante una rueda de prensa en la sede de AMIBIL, la Asociación de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo de Calatayud y su Comarca, anunció el objetivo de eliminar por completo la lista de espera para el reconocimiento de discapacidad en los próximos dos años.

Según publicó el medio, Azcón subrayó que, durante los últimos años, se ha logrado reducir en más de un 50% la cantidad de personas que esperan el reconocimiento de la discapacidad. En palabras del propio candidato: “En 2028 seremos capaces de dejar la lista de espera a cero”. Este anuncio llega tras lograr, bajo la actual gestión, una reducción del 53% en el número de solicitudes pendientes de valoración. El compromiso, según detalló, se apoya en el incremento de recursos, la implementación de nuevos medios humanos y el aumento sostenido de la financiación destinada a políticas sociales y a las personas dependientes.

Durante su intervención, Azcón puso en valor la labor que realiza AMIBIL, una entidad que aglutina a más de 116 familias y presta asistencia a cerca de 600 personas con discapacidad, contando con un personal compuesto por 60 trabajadores y un grupo de voluntarios. En el mismo acto, el líder popular destacó que, en el periodo de su mandato, la asistencia y los recursos dirigidos a quienes precisan apoyo social en Aragón han experimentado un notable aumento.

El medio informó que Azcón presentó una nueva propuesta para elevar hasta 1.000 euros mensuales la prestación por atención residencial. Esta medida implica un incremento del 33% respecto a los importes actuales, facilitando así que las familias aragonesas puedan decidir con mayor libertad el entorno en el que serán cuidados sus allegados. El candidato argumentó que estas mejoras han sido posibles gracias a un esfuerzo sostenido, tanto en la asignación de recursos como en la optimización de los procedimientos de valoración y respuesta a las solicitudes de discapacidad.

Según datos oficiales difundidos durante la comparecencia, en el año 2025 se resolvieron 19.500 valoraciones de discapacidad, lo que supone un aumento cercano al 11% respecto al año anterior. Este resultado ha permitido que las personas con discapacidad puedan acceder antes al reconocimiento y a los derechos que les asisten.

De acuerdo con la información suministrada por el propio Azcón y recogida por el medio, se ha puesto en marcha un concierto social con una dotación total de 197 millones de euros. Este convenio permitirá financiar 2.992 plazas de residencias, superando en 130 el número de plazas ofertadas por la anterior administración autonómica. Asimismo, Azcón destacó que el precio que la administración paga a las entidades que colaboran para gestionar estas plazas ha experimentado una subida acumulada del 22% durante los años 2024 y 2025. Esta revisión tiene el objetivo de garantizar la sostenibilidad económica de dichas entidades, muchas de las cuales, según el candidato, atravesaban graves dificultades para mantener su actividad bajo las condiciones presupuestarias previas.

La oferta de plazas residenciales no solamente ha crecido en número, sino que también ha incorporado nuevas tipologías y servicios, ampliando así la variedad de recursos disponibles para las personas que necesitan atención especializada. En el ámbito de la atención temprana, destinada a niños de 0 a 6 años con alteraciones del desarrollo o riesgo de padecerlas, Azcón aseguró que constituye una prioridad estratégica para su gobierno. Actualmente, según reportó el medio, hay más menores atendidos que en años anteriores, con una reducción en las listas de espera y la puesta en marcha de equipos itinerantes, que permiten llegar a zonas rurales donde habitualmente existía mayor dificultad de acceso.

El líder popular insistió en que, a pesar de los avances alcanzados, el gobierno autonómico mantiene su compromiso de seguir perfeccionando tanto los datos cuantitativos como la calidad de los servicios que se prestan a la población con discapacidad. Según Azcón, la mejora de la atención social constituye un eje central de las políticas desarrolladas durante su mandato.

En otro orden de temas, y en respuesta a la celebración de un acto del PSOE en Teruel con la presencia de Pedro Sánchez, Azcón cuestionó que los socialistas han excluido la consideración de la despoblación del sistema de financiación de los servicios públicos. El medio destacó que el candidato mostró su desacuerdo con el modelo pactado a nivel nacional, criticando la denominada “ordinalidad”, que, en opinión de Azcón, beneficia a las comunidades con mayores recursos y no tiene en cuenta la realidad de territorios como Aragón.

Azcón expresó que la presencia de la ministra Pilar Alegría en Aragón responde a intereses partidistas, orientados a mantener el liderazgo de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo central. Reiteró que desde el Gobierno de Aragón se demanda la inclusión del criterio de la despoblación en el sistema de financiación de servicios públicos como elemento esencial para garantizar una distribución equitativa de los recursos.

En conclusión, el anuncio del candidato popular integra un conjunto de medidas orientadas a la mejora del reconocimiento de la discapacidad, el incremento financiero en políticas sociales, la atención a colectivos vulnerables y el refuerzo de la oferta de plazas residenciales, al tiempo que mantiene una postura crítica respecto al modelo de financiación propuesto por el actual Gobierno español. Estas cuestiones, según quedó recogido en el acto celebrado en Calatayud, marcan la agenda de la campaña impulsada por Jorge Azcón en su aspiración a la presidencia regional.

La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) destacó la existencia de daños físicos y psicológicos significativos en la víctima, corroborados por marcas de agresión, alteraciones en su estado emocional y secuelas acreditadas por peritos, al desestimar el recurso de apelación presentado por la defensa. Con esta decisión, según publicó el TSJA, se mantiene firme la condena de seis años de prisión para el hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer durante la madrugada del 5 de septiembre de 2021, en una vivienda de Vícar, Almería.

El medio informó que el tribunal consideró "racional", "lógica" y "suficiente" la prueba practicada durante el proceso. La Sala de Apelación respaldó el planteamiento de la Audiencia de Almería sobre la credibilidad del testimonio de la víctima, y subrayó la consistencia de la declaración con otras pruebas, detalló el TSJA. El relato de los hechos, según sentenció el tribunal andaluz, se apoyó no solo en la versión de la mujer, sino también en los informes de expertos que dieron cuenta de las consecuencias emocionales y mentales que sufrió tras el ataque.

De acuerdo con la información consignada por el TSJA, la agresión tuvo lugar cuando el acusado, junto a otras dos personas –una de ellas la madre de los hijos menores bajo el cuidado de la víctima–, regresó a la vivienda después de haber salido a tomar unas copas. En ese momento, el procesado avisó a la cuidadora para que se uniera al grupo en el salón. Posteriormente, las otras dos personas presentes se retiraron del lugar, quedando la víctima sola con el acusado.

El fallo detalló que ambos estaban sentados en el sofá cuando el acusado empezó a acercarse de manera inesperada, acabando con la mujer acorralada y finalmente tumbado sobre ella. En ese momento, la sujetó por las manos y procedió a desvestirla. La víctima, con un grado de discapacidad del 33 por ciento, pidió varias veces que se detuviera y expresó rotundamente que no quería mantener relaciones sexuales. A pesar de sus negativas claras y reiteradas, el hombre ejerció fuerza y consumó la agresión sexual. Posteriormente, la mujer pudo liberarse y refugiarse en el cuarto de baño, donde optó por permanecer encerrada hasta confirmar que el agresor había abandonado el domicilio.

La sentencia también contempla, además de la pena de prisión, una orden de alejamiento y prohibición de comunicación durante siete años, así como una indemnización a la víctima de 30.000 euros. Según la información facilitada por el TSJA, al acusado se le absuelve del delito de lesiones, aunque destaca que las pruebas aportadas evidenciaron lesiones físicas compatibles con la agresión y consecuencias psicológicas duraderas evaluadas y documentadas por los expertos consultados en el proceso.

Según consignó el medio, la versión de la víctima sobre el episodio resultó verosímil frente al interrogatorio y durante toda la fase de instrucción y juicio, lo que reforzó el criterio de la Audiencia de Almería sobre la solvencia de la acusación. Los informes periciales, recabados a lo largo del procedimiento y mencionados por el tribunal en la fundamentación de la sentencia, confirmaron la presencia de lesiones físicas, el estado emocional alterado de la mujer y las secuelas psíquicas derivadas del ataque.

La decisión adoptada por el TSJA se basa en la concatenación lógica de los hechos, pruebas y testimonios verificados durante el proceso judicial. El tribunal andaluz indicó que la acumulación de pruebas y la coherencia entre ellas justifican el rechazo de la apelación y la ratificación de la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Almería a seis años de prisión para el condenado.

El Parlament de Catalunya ha adoptado una medida con la que insta a la Generalitat a poner en marcha, en un plazo máximo de ocho meses, el modelo de presupuestos personales como pilar del sistema de atención a la discapacidad y a la dependencia, acompañado de un calendario público y de la dotación presupuestaria necesaria. La iniciativa forma parte de una moción presentada por el grupo de Junts que también incluye otras disposiciones relacionadas con el ámbito del transporte público, la accesibilidad universal y la financiación estatal para servicios de dependencia, tal como informó Europa Press.

Según publicó Europa Press, la propuesta central de la moción plantea la elaboración e implementación de un plan de formación integral dirigido al personal de la red de Rodalies, así como a los equipos de seguridad de todas las estaciones, con el objetivo principal de mejorar el trato al usuario en el sistema de transporte de cercanías. Además, el texto aprobado establece que los trabajadores de Rodalies recibirán formación básica en catalán, de manera que todos puedan comprender al menos las necesidades planteadas por los usuarios catalanoparlantes.

De acuerdo con Europa Press, la medida contó con el respaldo mayoritario del Parlament: todos los grupos votaron a favor, salvo Vox, que expresó su desacuerdo, y el PP, que optó por la abstención. En el debate correspondiente, los distintos grupos incidieron en la importancia de la atención directa al viajero y en la necesidad de garantizar que la plantilla pueda comunicarse de manera efectiva y respetuosa con los pasajeros, especialmente en materia lingüística.

El mismo debate incluyó la aprobación, ahora por unanimidad, de otro punto que obliga a incorporar acciones para asegurar la accesibilidad universal tanto en situaciones normales como ante episodios de interrupción, caos o emergencia en el servicio de Rodalies y en otros sistemas de transporte público. Entre estas medidas figuran la adaptación de la información para personas con discapacidad y el desarrollo de soluciones alternativas de movilidad ante eventuales incidencias. Europa Press detalló que estas acciones deberán quedar integradas en los planes de urgencia y en los protocolos de gestión de servicios desarrollados por el Govern.

En materia de dependencia y discapacidad, el Parlament también apoyó otro punto de la moción que exige al Gobierno de España aportar la financiación del 50% del coste efectivo de los servicios y prestaciones reconocidas dentro del sistema de atención a la dependencia en Catalunya, actualizando anualmente estas partidas para ajustarlas a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según reportó Europa Press, esta petición no recibió el respaldo de Vox, partido que votó en contra, mientras que el resto de los grupos parlamentarios la apoyaron.

El texto aprobado señala la necesidad de que el Ejecutivo central cumpla de forma efectiva con la proporción de cofinanciación establecida para garantizar la sostenibilidad y la calidad de los servicios de atención a la dependencia en la comunidad autónoma. La moción plantea, asimismo, que la Generalitat debe tomar medidas para desplegar el modelo de presupuestos personales en el menor tiempo posible, fijando como plazo máximo ocho meses, y especifica que debe procederse con transparencia pública respecto al calendario de implantación y asegurar que la financiación resulte suficiente para las necesidades detectadas, detalló el medio.

Europa Press también consignó que estas medidas persiguen mejorar la atención y las condiciones de las personas con discapacidad y de quienes requieren apoyos en dependencia, tanto en la esfera de la movilidad y el acceso a servicios públicos básicos como en el acceso a las prestaciones reconocidas por ley. Además, estas nuevas obligaciones buscan responder a las demandas históricas de los colectivos implicados, mediante una mejor dotación de recursos y herramientas de atención personalizadas, que permitan un seguimiento más cercano y adaptado a las necesidades de cada persona.

El debate que tuvo lugar en la sesión plenaria reflejó el consenso alcanzado por la mayoría de las fuerzas políticas respecto a la necesidad de mejoras en el trato y la atención al usuario en los servicios públicos, así como la importancia crucial de garantizar la accesibilidad y la inclusión en el transporte y en la atención social. La moción de Junts, destacada por Europa Press, ha puesto el foco tanto en los retos pendientes como en la responsabilidad institucional ante los compromisos adquiridos en materia de calidad de los servicios públicos y financiación estatal.

De acuerdo con Europa Press, el informe favorable del Ministerio respalda la ampliación del acceso a la jubilación anticipada para aquellas personas con un grado de discapacidad del 45 por ciento o más, incluyendo ahora a pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) en estadio G5. Además de esta patología, el documento abarca la espina bífida, la enfermedad de Párkinson, la distrofia miotónica tipo 1 (Steinert), la enfermedad de Huntington, la esclerosis sistémica y la amiloidosis por transtiretina variante.

El presidente de ALCER, Daniel Gallego, subrayó que por fin se reconoce oficialmente el impacto de una dolencia progresiva, incapacitante y sin cura. "Por fin se reconoce de manera oficial el impacto real de una enfermedad progresiva, incapacitante y sin cura, que acorta la esperanza de vida y condiciona gravemente la calidad de vida de quienes la padecen", afirmó Gallego, según citó Europa Press. Este reconocimiento había sido largamente solicitado por asociaciones de pacientes, que a través de plataformas como la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), aportaron evidencias científicas para justificar la necesidad de facilitar el acceso a la jubilación anticipada en estos casos.

El medio Europa Press explicó que, aunque el informe representa un importante avance, todavía faltan etapas para la implementación definitiva del derecho. Después de la emisión del informe, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social debe elaborar una resolución administrativa. Si la resolución es favorable, se procederá a modificar el anexo del Real Decreto 1851/2009 mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según publicó Europa Press, los requisitos para acceder a esta modalidad de jubilación anticipada establecen que pueden solicitarla los pacientes con una edad mínima de 56 años y un historial de cotización de al menos 15 años. En ese periodo, no se exige mantener de forma constante la discapacidad igual o superior al 45 por ciento, pero sí es necesario estar afectado por la correspondiente enfermedad que finalmente determine dicho grado. Además, de los 15 años de cotización exigidos, al menos cinco años tienen que haberse desarrollado con la discapacidad reconocida oficialmente, y que esté causada por una de las patologías mencionadas en el anexo del Real Decreto.

ALCER, conforme reportó Europa Press, lleva años destacando la dificultad que experimentan las personas con enfermedad renal crónica para mantener trayectorias laborales prolongadas, debido al impacto físico y al desgaste asociado a la evolución de la patología. Los pacientes con enfermedad renal crónica estadio G5 suelen enfrentarse a tratamientos continuos, como la diálisis, que afectan de manera importante a su energía y funcionalidad diaria, lo que dificulta el cumplimiento de una jornada laboral completa.

El proceso legislativo aún debe superar los pasos reglamentarios antes de que la medida pueda considerarse efectiva y ser aplicada. La eventual inclusión de la enfermedad renal crónica en las condiciones para la jubilación anticipada bajo el marco legal actual puede modificar sustancialmente la calidad de vida de quienes, hasta ahora, se han visto obligados a mantenerse en el mercado laboral a pesar de significativos niveles de discapacidad.

ALCER, en colaboración con COCEMFE, reunió y presentó datos científicos que evidencian el efecto de la enfermedad renal crónica en la salud física y la capacidad laboral, lo que influyó en la decisión favorable por parte de la Comisión Técnica, según información brindada por Europa Press. La federación y otras entidades del movimiento asociativo han mantenido un trabajo continuo para concienciar a las autoridades sobre la importancia de reconocer la especificidad de estas enfermedades dentro del ámbito de la Seguridad Social y la legislación laboral.

El reconocimiento por parte del Ministerio de Inclusión de la necesidad de incluir la enfermedad renal crónica en las condiciones de jubilación anticipada responde al principio de equidad en el acceso a derechos laborales, particularmente para grupos de trabajadores que, por una discapacidad significativa, afrontan obstáculos adicionales en la prolongación de sus carreras. La expectativa de los colectivos implicados es que, una vez publicados los cambios en el BOE, el acceso a la jubilación anticipada para estas enfermedades pase a ser una realidad concreta.

Europa Press señaló que este proceso representa la culminación de un largo trayecto de reivindicaciones por parte de los pacientes y sus representantes, que consideran fundamental la adaptación del sistema de Seguridad Social a las características específicas de quienes conviven con enfermedades degenerativas y crónicas. Los próximos pasos dependerán de la emisión de la resolución administrativa y la posterior reforma normativa requerida para que el nuevo derecho adquiera plena vigencia.

El programa presentado por Fundación ONCE en colaboración con PwC aborda necesidades empresariales que abarcan desde la planificación financiera y legal hasta la preparación de rondas de inversión, todo ello acompañado de la formulación de planes de implementación orientados a acciones de impacto inmediato. Según detalló Fundación ONCE en un comunicado replicado por diversas plataformas informativas, esta séptima edición de su ‘Programa de Crecimiento’ se extiende por primera vez a empresas de Latinoamérica, además de las españolas, focalizándose en los ámbitos de discapacidad y atención a personas mayores. El objetivo es acelerar la adopción de modelos empresariales inclusivos y ampliar el alcance de buenas prácticas con efecto social demostrable.

El medio informó que la convocatoria estará abierta hasta el 20 de febrero para las organizaciones que busquen un asesoramiento diseñado para afrontar retos estratégicos y estructurales en su crecimiento. Fundación ONCE señaló que el acompañamiento personalizado durará de ocho a doce semanas, aunque existe la posibilidad de que este plazo se amplíe si el análisis así lo exige. Este acompañamiento contempla la intervención directa de un equipo especializado en identificar y eliminar barreras de desarrollo en cada compañía, no solo en áreas organizacionales sino también en temas fiscales, de personas, capital y mercado.

De acuerdo con la información distribuida por Fundación ONCE, se priorizan aquellas intervenciones que pueden desplegar una repercusión inmediata en el desarrollo del negocio. La iniciativa impulsa adecuaciones en el modelo de negocio, estudio del mercado, optimización de la estrategia de precios y redefinición de la estructura empresarial según la necesidad detectada en cada caso. Entre las ventajas señaladas desde la organización, las empresas participantes recibirán orientación específica para la preparación de rondas de inversión y para resolver desafíos legales y financieros que puedan limitar sus posibilidades de expansión.

Tal como publicó la fundación, el proceso de selección se realiza a través de un formulario disponible en la web oficial del ‘Programa de Crecimiento’. Las compañías interesadas tienen la oportunidad de exponer sus proyectos y necesidades particulares, con miras a acceder al asesoramiento de un equipo de consultores expertos en crecimiento empresarial proporcionados por PwC. Fundación ONCE enfatizó el valor de este acompañamiento para el desarrollo de proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de personas en situación de discapacidad o de edad avanzada.

En años anteriores, según consignó la entidad, la iniciativa ha dado respaldo a más de veinte proyectos innovadores. Estos proyectos han generado resultados comprobables en la solución de necesidades de los colectivos a los que se dirigen. Entre los participantes más recientes mencionó a empresas como Gaman, Accessible Madrid, Más Mayor y eXRcise, cada una enfocada en distintos sectores pero con el denominador común de buscar mejoras sustantivas en la vida de personas con barreras de acceso o autonomía.

El medio detalló que la colaboración con PwC asegura que las empresas seleccionadas cuenten con asesoría de profesionales con experiencia en superar obstáculos de crecimiento y en la adopción de modelos de negocio novedosos. La estructura del programa permite adaptar los recursos y el plan de trabajo a las circunstancias particulares de cada empresa, con la perspectiva de que los ajustes realizados puedan mostrar resultados de corto plazo, además de preparar el camino para una expansión sostenible.

Como parte de su balance institucional, Fundación ONCE remarcó que la participación en las ediciones anteriores se tradujo en la creación e impulso de soluciones que han resuelto necesidades concretas en los sectores de discapacidad y personas mayores. Según la fundación, estas iniciativas no solo favorecen a los beneficiarios directos, sino que también contribuyen a ampliar la cultura de la inclusión y la diversidad en el tejido empresarial.

El programa, según reiteró la organización, mantiene su compromiso de identificar y derribar las principales barreras que enfrentan las empresas orientadas al impacto social. La invitación para la presente convocatoria busca amplificar este efecto a un espectro geográfico más amplio, abriendo la puerta tanto a empresas emergentes como a compañías consolidadas con aspiraciones de transformación y crecimiento en mercados inclusivos.

Según informó el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, los farmacéuticos ocupan un lugar destacado dentro de las estrategias para afrontar la lepra, principalmente en la identificación precoz de signos inusuales. El informe subraya que la permanente cercanía y la confianza entre la población y estos profesionales favorecen el surgimiento de consultas que permiten detectar síntomas tempranos e iniciar procesos de derivación a especialistas antes de que la enfermedad provoque lesiones irreversibles. De acuerdo con lo consignado en el documento, la lepra registró 172.717 casos a nivel global, una reducción de cinco por ciento respecto al año anterior, aunque el organismo resalta que la enfermedad continúa representando un reto para la salud pública por las profundas diferencias observadas en su prevalencia entre distintas regiones.

El medio detalla que, para los programas nacionales de control en entornos con alta incidencia, resulta habitual la notificación obligatoria de casos, así como el seguimiento de los contactos, con el propósito de acotar la propagación. La publicación recalca que la desigualdad en el acceso a los servicios sanitarios, la situación socioeconómica y la fortaleza de los sistemas de epidemiología influyen directamente en la evolución y control de la enfermedad.

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos señala que la labor de los farmacéuticos abarca no solo la identificación y derivación de los casos sospechosos, sino también la educación sanitaria, la vigilancia de la adherencia terapéutica y el trabajo en la reducción del estigma que acompaña a esta patología. Según afirma el organismo, algunos de los indicios que podrían alertar a los profesionales incluyen la aparición de lesiones cutáneas persistentes, la disminución de la sensibilidad en la piel, parestesias o dolores neuropáticos que evolucionan lentamente. Ante tales situaciones, el personal de farmacia puede advertir la presencia de episodios no encasillables en afecciones dermatológicas frecuentes o autolimitadas, y recomendar una valoración médica rápida.

A través de este cribado no formal, los farmacéuticos colaboran con la detección temprana de la lepra y contribuyen a que los tratamientos se inicien en etapas en que todavía es posible evitar la aparición de discapacidades. El medio detalla que la terapia incluye medicamentos como rifampicina, dapsona y clofazimina, los cuales, si bien cuentan con perfiles de seguridad bien caracterizados, pueden desencadenar reacciones adversas relevantes, como hepatotoxicidad por rifampicina, hemólisis o metahemoglobinemia por dapsona, y alteraciones cutáneas o gastrointestinales por clofazimina.

Según reportó el documento del organismo, la formación en farmacovigilancia habilita al farmacéutico para detectar reacciones adversas de manera precoz, evaluar su gravedad, identificar interacciones farmacológicas significativas, y sugerir cambios o alternativas terapéuticas apropiadas, en colaboración con el resto del equipo sanitario. Este acompañamiento resulta clave para optimizar la evolución del tratamiento en los pacientes afectados.

La adherencia al tratamiento se presenta como un aspecto especialmente relevante en la gestión de la lepra, dada la posibilidad de recaídas y de generación de resistencias bacterianas cuando el paciente abandona la terapia. El medio recoge que los farmacéuticos refuerzan la importancia de completar los ciclos completos de medicación y proporcionan estrategias personalizadas que ayudan a los pacientes a lograrlo.

En el marco educativo, la publicación del Consejo General de Colegios Farmacéuticos subraya que los farmacéuticos suministran información fidedigna sobre la transmisión de la lepra, los tratamientos disponibles y los bajos riesgos de contagio una vez iniciado el abordaje adecuado. Esta tarea informativa busca desarmar prejuicios y mitos, tanto entre quienes padecen la enfermedad como en sus allegados y la comunidad en general.

El informe difundido por el organismo colegiado destaca que la lepra pone en evidencia la existencia de marcadas brechas sociales y desigualdades sanitarias. El documento recalca que una vigilancia epidemiológica robusta, la educación continuada de las personas afectadas y de la sociedad, y la intervención de los farmacéuticos en todas las fases del proceso, resultan elementos esenciales para reducir el impacto de esta enfermedad desatendida.

Las estadísticas recientes muestran que la aparición de lepra en niños y niñas menores de 15 años indica transmisión activa de la enfermedad y retraso en los sistemas de alerta sanitaria, una señal que ha motivado la preocupación de especialistas y responsables de entidades dedicadas a la lucha contra la lepra. Según informó la Fundación Fontilles con datos recopilados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y citados en la revista 'Weekly Epidemiological Record', durante 2024 se notificaron 172.717 nuevos casos de lepra en todo el mundo. Esta cifra, aunque representa una reducción del 5 por ciento respecto al año anterior, no logra acercarse a los objetivos fijados por la Estrategia Mundial contra la Lepra 2021-2030, que establecía un máximo de 123.500 casos nuevos para 2025.

El medio Fundación Fontilles detalló que la incidencia de lepra con discapacidades visibles ascendió a 9.124 personas, lo que equivale al 5,3 por ciento de las nuevas detecciones. Esto se traduce en una tasa de discapacidad de 1,1 casos por millón de habitantes, todavía distante del objetivo de 0,68 casos por millón. Además, el número de recaídas aumentó un 23,1 por ciento, pasando de 3.644 a 4.486 episodios en comparación con el periodo anterior, lo que refleja debilidades en el seguimiento y la adherencia al tratamiento.

Dentro de la población infantil, los 9.397 casos nuevos entre menores de 15 años suponen una tasa de 4,7 por millón, superior tanto a lo previsto para 2025 (4,24) como a la meta de 2030 (0,77). De acuerdo con Yolanda Sanchis, directora de Sensibilización y Voluntariado de Fontilles, los casos detectados en menores son un indicio clave de transmisión reciente. Sanchis remarcó también que el diagnóstico tardío y la existencia de recaídas evidencian problemas de vigilancia y acceso adecuado al tratamiento.

Según publicó Fundación Fontilles, la situación sanitaria mundial respecto a la lepra aún no alcanza tres metas planteadas en la Estrategia Mundial contra la Lepra 2016-2020: tener menos de un caso con discapacidad visible por millón de habitantes, eliminar los nuevos casos en menores de 15 años con discapacidad, y evitar leyes discriminatorias hacia personas afectadas o que hayan padecido la enfermedad. Según constató la OMS, en 2024 se identificaron 256 nuevos casos de lepra con discapacidad visible en infantes y persistían 81 leyes discriminatorias activas, número que la Federación Internacional de Asociaciones de Lucha contra la Lepra (ILEP) eleva a 140 legislaciones similares.

El reporte de Fundación Fontilles subraya además la distribución geográfica desigual de la enfermedad. El 72 por ciento de los casos recientes (124.295) corresponden al Sudeste Asiático, el 13,7 por ciento (23.600) a América, el 11,1 por ciento (19.171) a África, el 1,8 por ciento (3.145) al Pacífico Occidental y el 1,4 por ciento (2.409) al Mediterráneo Oriental. En Europa, solamente se notificaron 97 casos. India, Brasil e Indonesia concentran el 96 por ciento de los diagnósticos, con 100.957, 22.129 y 14.698 casos respectivamente. En contraste, el Pacífico Occidental experimentó un aumento del 16,1 por ciento en nuevos diagnósticos, según notificó la Fundación Fontilles.

El análisis regional revela que diez de los veintitrés países clasificados como prioritarios vieron incrementos en las detecciones: Angola, Comoras, Costa de Marfil, Etiopía, Indonesia, Kiribati, Madagascar, Mozambique, Filipinas y Sudán. En el caso de India, la disminución reportada de aproximadamente 7.000 casos puede estar vinculada más a la reducción de campañas de detección que a un descenso real en la incidencia, según subrayó la ILEP. En regiones como Sudán del Sur, Somalia y Etiopía, la caída en los números (60,2 por ciento, 34,2 por ciento y 19,3 por ciento, respectivamente) se atribuye a dificultades de seguridad que han obstaculizado los programas sanitarios.

Según recabó la Fundación Fontilles, la presencia desigual de la lepra según el género permanece como un desafío. El 40,2 por ciento de las detecciones corresponde a mujeres y niñas, lo que revela una brecha en el acceso a servicios de prevención y atención. El informe señala que cada día se detectan 474 casos nuevos en todo el mundo; de esos, al menos 25 presentan discapacidades visibles y 26 corresponden a población infantil.

Desde hace cuatro décadas existe tratamiento eficaz para la lepra a través de una pauta de dos tabletas diarias administradas durante seis meses a un año, bajo coordinación de la OMS, que permite eliminar la bacteria 'Mycobacterium leprae' y prevenir discapacidades si se actúa con rapidez. Yolanda Sanchis indicó que el temor al estigma social representa un obstáculo considerable, pues muchas personas ocultan los síntomas iniciales hasta que se agravan. "Ninguna persona debería sufrir las consecuencias de una enfermedad que hoy sabemos cómo curar, debido al desconocimiento, al miedo que la rodea o a los fallos en los sistemas de salud que impiden el acceso al tratamiento", manifestó Sanchis según citó Fundación Fontilles.

Para aumentar la conciencia y presionar por soluciones, la Fundación Fontilles ha lanzado la campaña '474 razones + 1 para actuar hoy: la lepra se cura'. Este esfuerzo incluye 24 proyectos de cooperación sanitaria durante 2024 en India, Mozambique, República Democrática del Congo, Malawi, Brasil y Bolivia, con un alcance potencial de 2.465.000 personas beneficiadas de forma directa o indirecta. La organización enfatiza la urgencia de eliminar no solo la enfermedad, sino también sus repercusiones sociales.

Sobre el contexto nacional, el Registro Estatal de Lepra del Centro Nacional de Epidemiología - Instituto de Salud Carlos III notificó diez nuevos casos en España durante 2025, distribuidos entre Madrid (3), Cataluña (2), Castilla-La Mancha (2), Andalucía (1), Asturias (1) y Cantabria (1). De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Semanal del CNE-ISCIII, entre 2015 y 2024 se registraron 97 casos, siendo más frecuente en personas de entre 25 y 44 años.

De acuerdo con la Fundación Fontilles, la conmemoración del próximo Día Mundial contra la Lepra busca sensibilizar sobre una condición que afecta principalmente la piel y los nervios periféricos, con el riesgo de secuelas irreversibles. La eliminación de la lepra es uno de los objetivos incluidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 de Naciones Unidas, que subrayan la necesidad de erradicar enfermedades tropicales desatendidas. Pese a existir una cura asequible y eficaz, la lepra continúa causando muertes y discapacidades cada año, relacionadas con la dificultad en la distribución del tratamiento y obstáculos en el acceso para quienes la padecen, de acuerdo con lo recabado por la Fundación Fontilles.

El violento episodio no solo expuso la vulnerabilidad de personas con discapacidad ante la criminalidad, sino que también generó una ola de indignación en la comunidad. Los gritos del hombre alertaron a sus familiares, quienes salieron rápidamente de la casa e intentaron perseguir al ladrón, aunque sin éxito. La escena se repite con frecuencia en las calles de Tumán, donde los habitantes aseguran que los asaltos se han convertido en parte de la rutina nocturna.

El caso ha vuelto a poner en primer plano la sensación de abandono y desprotección que experimentan los ciudadanos de Chiclayo. La falta de presencia policial y la escasa iluminación pública han sido señaladas como factores que facilitan el accionar de los delincuentes. La situación, según los vecinos, sigue agravándose y afecta cada vez más a los sectores más vulnerables.

Delincuentes asaltan brutalmente a hombre en silla de ruedas

La noche del asalto, la víctima se encontraba sentada en su silla de ruedas frente a la puerta de su casa. Un sujeto apareció de manera sorpresiva, se acercó y, sin mostrar compasión alguna por la discapacidad del hombre, lo jaloneó con extrema violencia. El impacto fue tan brutal que el hombre cayó al suelo, quedando momentáneamente imposibilitado de moverse por sí solo.

El delincuente, tras arrebatarle el celular y la billetera, huyó corriendo por la calle oscura. Los gritos desgarradores del hombre resonaron en la cuadra, mientras intentaba reincorporarse con gran esfuerzo. Sus familiares, alertados por el estruendo y la desesperación, salieron de inmediato para auxiliarlo e intentaron capturar al agresor. Sin embargo, la rapidez del ladrón y la falta de testigos impidieron cualquier reacción efectiva.

Vecinos que presenciaron la escena manifestaron su indignación ante la falta de seguridad y protección para quienes viven con alguna discapacidad.

Comunidad exige justicia tras el ataque a hombre en silla de ruedas

El hombre, cuya identidad permanece en reserva por motivos de seguridad, padece una condición que le obliga a movilizarse en silla de ruedas y que limita gravemente su capacidad de defensa. Tras el ataque, intentó ponerse de pie con extrema dificultad y una visible cojera. La impotencia y el dolor se sumaron al miedo, evidenciando el impacto psicológico que episodios como este dejan en las víctimas.

Familiares de la víctima han expresado su frustración y temor por la creciente inseguridad en Tumán. La indignación se hizo eco entre los vecinos, quienes exigieron a las autoridades una reacción inmediata y efectiva.

En tanto, la comunidad del distrito denuncia que la zona se ha convertido en un blanco fácil para los delincuentes, debido a la falta de rondas policiales y la ausencia de cámaras de vigilancia. Vecinos han organizado patrullajes vecinales y han solicitado apoyo al municipio, aunque la respuesta oficial ha sido insuficiente hasta el momento. La noche del asalto, la rápida movilización de la familia y los vecinos no logró cambiar el desenlace, pero dejó claro el hartazgo ante la pasividad de las autoridades.

En el distrito, la percepción de inseguridad ha alcanzado niveles alarmantes. Los habitantes advierten que la delincuencia actúa con total impunidad y que los casos de robos, asaltos y ataques violentos aumentan semana a semana.

Jerí respalda su estrategia de seguridad pese a avances limitados

Hace una semana, el presidente José Jerí abordó el problema de la inseguridad ciudadana durante una entrevista con Andrés Oppenheimer para CNN. El mandatario reconoció que el país atraviesa un momento difícil y que la criminalidad representa hoy uno de los mayores desafíos para su gobierno. “Nosotros encontramos el país navegando en turbulencia y sin controles que te permitan guiarte”, afirmó José Jerí, aludiendo al debilitamiento institucional heredado de gestiones anteriores.

El presidente explicó que las fuerzas del orden enfrentan serias limitaciones presupuestarias y que la coordinación entre instituciones ha estado ausente. “No había ninguna herramienta coordinada que te permita avanzar para combatir la delincuencia”, señaló Jerí, quien adelantó la presentación de un plan integral de seguridad ciudadana en los próximos días.

Según el mandatario, la estrategia incluye el fortalecimiento de la Policía Nacional, acciones de prevención y la utilización de estados de emergencia en zonas críticas. “Estamos convencidos de que este plan va a generar más resultados”, sostuvo, aunque reconoció que los avances aún son insuficientes y que la ciudadanía demanda soluciones más rápidas. “Hoy, cerca de tres meses, tenemos resultados que, si bien es cierto, no son los óptimos, han comenzado a decrecer algunas incidencias criminales en nuestro país”, explicó Jerí.

En Tumán, sin embargo, los vecinos y las víctimas de hechos como el reciente asalto siguen esperando cambios tangibles. La desconfianza hacia las autoridades y la sensación de abandono persisten, mientras la comunidad exige acciones concretas y efectivas para recuperar la tranquilidad perdida.

La identificación de nuevas oportunidades laborales para jóvenes con discapacidad y la facilitación de experiencias profesionales mediante prácticas académicas externas conforman dos de los ejes principales del acuerdo alcanzado entre Aldeas Infantiles SOS e Inserta Empleo, según consignó la información oficial de ambas entidades. La colaboración pretende acompañar a quienes han crecido sin respaldo familiar en su inserción laboral, mediante un conjunto de acciones conjuntas adaptadas a sus necesidades particulares, tal como reportó el medio. Esta iniciativa busca ofrecer herramientas y acompañamiento a jóvenes que enfrentan mayores barreras en su acceso al trabajo y a una vida autónoma.

De acuerdo con la publicación difundida, el convenio fue suscrito por Pedro Puig, presidente de Aldeas Infantiles SOS de España, y Virginia Carcedo, secretaria general de Fundación ONCE y vicepresidenta ejecutiva de Inserta Empleo. Inserta Empleo —brazo de Fundación ONCE enfocado en la formación y el empleo de personas con discapacidad— se compromete a poner al alcance de los jóvenes procedentes de Aldeas Infantiles SOS sus servicios de intermediación laboral y capacitación, concebidos para mejorar la empleabilidad en condiciones que respondan a las circunstancias concretas de este grupo.

El acuerdo también contempla la promoción de estudios sectoriales, cuyo objetivo es identificar nuevos nichos y posibilidades de trabajo para personas con discapacidad, informó el medio. Estos análisis permitirán conocer mejor los sectores productivos en los que existen oportunidades reales de integración y crecimiento profesional para los jóvenes beneficiarios. Así, las acciones de formación para el empleo se diseñarán alineadas con las necesidades detectadas, de acuerdo a lo que requieran las personas incluidas en los programas de Aldeas Infantiles SOS.

Virginia Carcedo, en declaraciones recogidas por el medio, afirmó que “la colaboración entre entidades sociales es clave para generar oportunidades de empleo de calidad y para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva, en la que nadie quede atrás por razón de discapacidad”. Carcedo añadió que el convenio formalizado refuerza el compromiso de Fundación ONCE e Inserta Empleo con la inclusión laboral de jóvenes con discapacidad, subrayando la importancia de ofrecer herramientas adaptadas como la formación, la orientación y la intermediación laboral, ajustadas a las necesidades reales identificadas.

Pedro Puig, presidente de Aldeas Infantiles SOS de España, valoró la importancia de acceder a un empleo como elemento fundamental para que las personas con discapacidad puedan desarrollar un proyecto de vida propio, más aún tratándose de jóvenes que han debido afrontar la ausencia de una red de apoyo familiar, explicó la información. Puig señaló que la alianza permitirá proporcionar un acompañamiento integral que trasciende al mero acceso al mercado laboral, al integrar orientación, formación y estabilidad para quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. El presidente destacó la expectativa de avanzar hacia una sociedad que garantice oportunidades sin discriminación motivada por la discapacidad.

El convenio incluye el desarrollo de acciones orientadas a la sensibilización y comunicación con el propósito de promover la contratación y el empleo de jóvenes con discapacidad que forman parte de Aldeas Infantiles SOS. Estas actividades buscarán modificar percepciones y derribar las barreras sociales existentes respecto a la capacidad de estos jóvenes para desempeñar un papel activo en el entorno laboral. De acuerdo con lo publicado, se planea que ambas entidades unan esfuerzos en el impulso de prácticas académicas externas específicamente dirigidas a estudiantes con discapacidad, con el fin de brindarles una primera experiencia profesional y aportarles recursos prácticos para una incorporación más efectiva al mundo del trabajo.

El acuerdo se inscribe en un contexto en el que la transición a la vida adulta resulta especialmente complicada para jóvenes en situación de desventaja social y con discapacidad, quienes suelen enfrentar obstáculo añadidos al carecer de apoyos familiares, detalló la publicación. Las acciones recogidas en el convenio buscan ofrecer servicios con un enfoque integral, destinados a proveer orientación personalizada y capacitación relevante, facilitando no solo la colocación laboral, sino también la sostenibilidad y el desarrollo de sus proyectos de vida, en coherencia con los objetivos de ambas organizaciones.

Tal como informó la comunicación oficial, la alianza refuerza la cooperación interinstitucional en el ámbito de los derechos y la inclusión de jóvenes con discapacidad, proponiendo innovaciones en la aproximación a la formación, la orientación y el empleo. Con ese fin, Inserta Empleo y Aldeas Infantiles SOS apuestan por intervenir en todo el proceso de inserción laboral, desde la identificación de potencialidades y debilidades hasta la promoción activa de oportunidades a través de alianzas con empresas y otras organizaciones dispuestas a sumarse al programa.

El texto proporcionado enfatiza la importancia de desarrollar intervenciones personalizadas e integrales para quienes han crecido sin referentes familiares y se enfrentan a la vulnerabilidad asociada a la discapacidad. Según se desprende de las declaraciones y descripciones del acuerdo recogidas en la información, la apuesta por la conjunción de esfuerzos entre las dos entidades responde a una visión de inclusión que trasciende el acceso formal al trabajo, al destacar la necesidad de acompañamiento orientado al desarrollo pleno y estable de la persona joven con discapacidad.

El Juzgado Federal de Campana le puso fecha al Gobierno para que la Ley de Emergencia en Discapacidad esté en plena vigencia: el 4 de febrero. En esa sede judicial tramita un proceso colectivo que iniciaron dos padres y luego se amplió hasta tener alcance nacional.

Este martes, el juez Adrián González Charvay resolvió que el Poder Ejecutivo debe tener todos los procesos administrativos listos para cumplir con la normativa sancionada por el Congreso, incluso cuando no se haya pronunciado la Cámara Federal de San Martín, que tiene en trámite una apelación del caso.

A principios de enero, la Procuración del Tesoro notificó a la Justicia que había iniciado las gestiones para poner en marcha la Ley N° 27.793. Y advirtieron que la cuestión no era inmediata, sino que acarreaba todo un proceso para adecuar los engranajes del Estado.

¿Por qué el 4 de febrero? La decisión del juez federal de Campana se basó en los tiempos previstos en la propia ley, que fijó 30 días hábiles para la reglamentación. El cálculo se tomó a partir del 18 de diciembre de 2025, fecha en que González Charvay concedió la apelación presentada por el Estado, pero con la obligación de cumplir la sentencia mientras se tramita la revisión en instancias superiores.

Además, en su fallo de este martes, el juez González Charvay otorgó un plazo de cinco días para que el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad acrediten “el avance de los trámites tendientes al cumplimiento de la sentencia dictada”.

Y requirió que se especifique la información que requirieron los demandantes, la Asociación Civil por la Igualdad en la Justicia y la Asesora de Menores, todas partes intervinientes en el expediente.

La puja por la Ley de Discapacidad

El conflicto se originó tras la sanción de la ley por parte del Congreso en julio de 2025 y su posterior veto presidencial, el cual fue rechazado por el Poder Legislativo.

Ante esta situación, el Poder Ejecutivo promulgó la norma, pero mediante un artículo del Decreto 681/2025 suspendió la aplicación de la norma, bajo el argumento de que los legisladores no habían especificado las fuentes de financiamiento para los nuevos gastos previstos.

Esta maniobra derivó en una demanda colectiva impulsada por padres de dos niños con discapacidad, a la que se sumaron otros damnificados, diversas organizaciones civiles y prestadores de servicios.

La sentencia definitiva, que ahora se encuentra en etapa de ejecución, declaró la invalidez de aquella suspensión decretada por la Casa Rosada. El juez González Charvay consideró que la decisión del Gobierno constituyó una invasión a las facultades del Congreso y violó el principio de supremacía constitucional.

En su sentencia, el magistrado calificó como falaz el argumento económico esgrimido por la administración nacional, ya que la propia ley facultaba al Jefe de Gabinete a reasignar partidas presupuestarias para cubrir los gastos necesarios.

La apelación del Estado

El jefe de los abogados del Estado, Santiago Castro Videla, impulsó un recurso ante la Sala II de la Cámara Federal de San Martín para dar vuelta la “implementación inmediata” que ordenó González Charvay el 12 de diciembre. Esto aún está pendiente de resolución.

La situación económica del sector fue un elemento central en el análisis judicial. Durante el proceso, se presentaron datos que evidenciaron un desfasaje significativo entre la inflación y los aranceles que perciben los prestadores.

Entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, los precios acumularon un alza superior al 114%, mientras que los valores de los servicios solo se actualizaron un 42,6%. Esta brecha provocó una pérdida de poder adquisitivo superior al 51%, lo que derivó en el cierre de instituciones y la interrupción de tratamientos esenciales para personas vulnerables.

La ley de emergencia, precisamente, mejora los mecanismos de financiamiento para sostener el Sistema de Prestaciones Básicas, que incluye las pensiones a los beneficiarios y los aranceles de los prestadores de servicios.

La Justicia Federal dictó en los últimos días tres medidas cautelares contra una empresa de medicina prepaga, a la que ordenó garantizar “cobertura médica integral y urgente” en casos que involucran un tratamiento oncológico de alta complejidad, una paciente con esclerosis múltiple y una adolescente que debe ser operada por una grave malformación torácica con compromiso cardíaco.

Las resoluciones fueron adoptadas por el juez federal en lo Civil y Comercial Patricio Maraniello, en el marco de diferentes recursos de amparo. En los tres expedientes, el magistrado reiteró un criterio jurisprudencial ya consolidado en los tribunales: cuando está en juego el derecho a la salud, debe prevalecer la indicación médica por sobre las decisiones administrativas o económicas de las prestadoras.

Uno de los fallos tuvo como eje a una paciente con cáncer colorrectal metastásico en estadio IV, a quien su médico le indicó el medicamento "Fruquintinib" como quinta línea de tratamiento, luego de que estudios recientes evidenciaran la progresión de la enfermedad. Pese a la prescripción, la prepaga había rechazado la cobertura del fármaco.

En su resolución, el juez ordenó a la entidad de salud proveer de manera inmediata y al 100% el medicamento indicado, al estimar que la negativa carecía de sustento médico. Para resolver de esa forma, el juez valoró especialmente el dictamen del Cuerpo Médico Forense, que consideró que la indicación era “válida y acorde a la evidencia disponible” para el estadio de la enfermedad que atravesaba la paciente en cuestión.

Maraniello advirtió además que cualquier dilación en el acceso al tratamiento podía comprometer en términos graves la salud y la expectativa de vida de la amparista, lo que volvía procedente la tutela urgente solicitada. En ese contexto fue que sostuvo que las controversias administrativas sobre coberturas no pueden anteponerse al “derecho fundamental a la salud” cuando existe una prescripción profesional fundada.

El segundo caso analizado por el juzgado benefició a una mujer de 46 años diagnosticada con esclerosis múltiple, una enfermedad neurodegenerativa progresiva e incurable, incluida dentro del listado oficial de “enfermedades poco frecuentes”. La afiliada había sido medicada durante años con Dimetilfumarato (Tecfidera), en una marca específica indicada por su neurólogo tratante.

Sin embargo, la prepaga dispuso el reemplazo del medicamento por otros productos equivalentes, lo que derivó -según se tuvo por acreditado en el expediente- en una serie de efectos adversos severos, entre ellos hemorragias oculares. Ante esa situación, el juez ordenó a la demandada cubrir el 100% del medicamento prescripto, en la marca indicada, y abstenerse de imponer sustituciones contrarias al criterio médico.

En su resolución, el juez federal señaló que no era procedente forzar cambios de drogas cuando estos generan riesgos concretos para el paciente y se apartan de la indicación del profesional a cargo del tratamiento. También destacó que, tratándose de una enfermedad crónica y progresiva, la continuidad terapéutica resulta un factor central para evitar retrocesos en la evolución clínica.

El tercer expediente, en tanto, involucró a una adolescente de 14 años diagnosticada con una malformación esterno-condro-costal, una patología que le provoca compresión cardíaca y que requiere una cirugía toracoscópica compleja. La intervención ya había sido programada, pero debió ser suspendida porque la entidad de salud no había entregado los insumos quirúrgicos necesarios.

Ante ese escenario, el magistrado ordenó a la prepaga la cobertura inmediata del 100% de los materiales requeridos para la cirugía, y subrayó que la demora en la provisión implicaba “un riesgo cierto” para la salud de la menor. En el fallo, el magistrado remarcó que, al tratarse de una adolescente con discapacidad, correspondía aplicar una protección reforzada de sus derechos, conforme la legislación vigente y los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional.

En ese sentido, recordó que el derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes impone a los prestadores una obligación particularmente estricta, y que las demoras injustificadas en tratamientos o intervenciones médicas pueden constituir una vulneración grave de derechos fundamentales.

Las tres decisiones judiciales hicieron hincapié en que el Programa Médico Obligatorio (PMO) establece “un piso mínimo” de prestaciones a cargo de las entidades de salud, que no puede ser utilizado como un límite rígido ante necesidades del paciente que exijan una mayor cobertura.

El acusado, de nacionalidad paquistaní y en situación irregular en España, enfrenta la solicitud de expulsión del país tras el cumplimiento de una parte de su condena por la supuesta agresión sexual a una joven con discapacidad en un piso de Gijón en junio de 2022. Según informó Europa Press, la Fiscalía de Área de Gijón reclama, además, que el acusado permanezca fuera de España durante nueve años una vez substituida la parte final de la pena de prisión por la medida de expulsión.

La vista oral del caso se celebró este jueves en la Sección Octava de la Audiencia Provincial con sede en Gijón y quedó lista para sentencia, reportó Europa Press. El Ministerio Fiscal sostiene que los hechos ocurrieron la noche del 23 de junio de 2022. Precisó que el procesado invitó a su domicilio tanto a la víctima, nacida en 1998, como a un amigo de ella. Según la versión recogida por Europa Press, en torno a las tres de la madrugada, el hombre condujo al amigo de la joven hacia la terraza de la vivienda y cerró la puerta, impidiéndole el acceso al interior del piso.

En ese contexto, la Fiscalía detalló que el acusado habría aprovechado la ausencia del amigo —que quedó encerrado en la terraza— para ejecutar la agresión sexual a la mujer. La víctima se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad, ya que tiene reconocida una discapacidad. De acuerdo con la información recogida por Europa Press, los gritos de auxilio de la joven fueron audibles desde la terraza, pero el amigo, que los escuchó, no pudo intervenir debido a su reclusión forzada fuera del inmueble.

Europa Press explicó que la Fiscalía considera estos hechos constitutivos de un delito de agresión sexual con penetración, en aplicación del artículo 180.1.3º del Código Penal, en relación con los artículos 178.2 y 179.2 de la reforma introducida por la Ley Orgánica 10/2022. El Ministerio Público pide una condena de nueve años de prisión para el acusado. Esta petición incluye la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el periodo de la condena y la imposición de siete años de libertad vigilada una vez finalizada la pena de cárcel.

Asimismo, la Fiscalía solicita que el acusado no pueda acercarse a la víctima, su domicilio, lugar de trabajo ni a ningún otro entorno frecuentado habitualmente por ella a menos de 500 metros, ni mantener comunicación alguna, en ambos casos durante un plazo de diez años. Europa Press añade que la petición de condena incorpora la inhabilitación especial para el desempeño profesional —remunerado o no— en actividades o labores que impliquen contacto regular y directo con menores de edad durante quince años.

Por otra parte, el Ministerio Fiscal reclama que, en cumplimiento de la responsabilidad civil derivada de los hechos, el acusado indemnice a la víctima con 20.000 euros, cifra a la que se suman los intereses legales. Según el medio Europa Press, la acusación solicita que el penado cumpla en España al menos dos tercios de la condena privativa de libertad antes de proceder a la sustitución del resto de la pena por la expulsión del territorio nacional, quedando prohibido su reingreso durante nueve años.

La información recogida por Europa Press indica que los hechos investigados se enmarcan en la política del Ministerio Fiscal de Gijón de solicitar medidas de alejamiento prolongadas y la expulsión para ciudadanos extranjeros en situación irregular, especialmente cuando las víctimas presentan especial vulnerabilidad como en el caso de personas con discapacidad. La resolución judicial se dictará tras el juicio ya concluido, según detalló Europa Press.

El lesionado en el ataque de Zizur Mayor, Navarra, padece desde entonces una discapacidad del 75 por ciento, consecuencia directa de una de las balas que impactaron en su espalda durante el hecho, según consignó la Audiencia Provincial de Navarra. A raíz de estas graves secuelas, el tribunal ha fijado que el autor del ataque, natural de Pamplona, deba indemnizarlo con tres millones de euros. Además, la sentencia incluye restricciones específicas para el condenado: queda prohibido que se acerque o comunique con la víctima por un periodo de veinte años y, una vez cumplida la condena de prisión, permanecerá bajo libertad vigilada durante diez años más.

De acuerdo con lo publicado por la Audiencia Provincial de Navarra y reportado en medios oficiales, los hechos ocurrieron el 20 de marzo de 2024 en una calle de Zizur Mayor, en el entorno de la calle Santa Cruz de Ardoi. Esa tarde, la víctima acudió al lugar tras haber pactado un encuentro con el acusado, a quien conocía previamente. El procesado descendió de su domicilio y se enfrentó de forma directa y repentina contra la otra persona, realizando dos disparos sorpresivos a corta distancia contra su pierna derecha. La víctima, herida y sangrando, intentó huir mientras su agresor lo perseguía con arma en mano, disparando en tres ocasiones adicionales. Dos de esos disparos impactaron, uno en el abdomen y otro en la espalda, siendo este último el que le produjo las lesiones motrices.

El tribunal establece que la acción del atacante solo evitó un desenlace fatal por la rápida intervención tanto de la Policía como de los servicios médicos, además de la inmediata prestación de atención sanitaria que recibió el herido. Según consta en la resolución judicial citada por la Audiencia de Navarra, "las lesiones producidas por los disparos contienen estructuras que podían generar graves consecuencias, y pudiendo llegar por sí mismas a provocar un compromiso vital. En caso de no haberse proporcionado asistencia médica urgente, el paciente hubiera sufrido una situación de riesgo vital". La sentencia indica que la gravedad de las heridas, especialmente la que derivó en una paraplejía, ha condicionado totalmente la vida de la víctima, quien ahora depende de ayudas y dispositivos para sus necesidades diarias.

Según detalla el fallo judicial, el procesado fue hallado responsable de un delito de asesinato en grado de tentativa, si bien con la concurrencia de la atenuante de anomalía psíquica. El tribunal consideró probado que portaba el arma oculta y realizó un ataque súbito sin ofrecer la menor posibilidad de defensa a la víctima, a quien disparó a quemarropa en el muslo y posteriormente por la espalda durante la persecución. "En el presente caso, concurre la circunstancia que cualifica el asesinato, en concreto la alevosía, ya que el ataque contra la vida del [herido] lo realizó el acusado dirigiéndose al mismo con el arma oculta, de forma súbita, sorpresiva, disparando a quemarropa en un primer momento en el muslo, encontrándose desarmado y sin posibilidad de defensa, persiguiendo después a la víctima y disparándole por la espalda, a sabiendas de que no podía realizar acto alguno defensivo, asegurándose el resultado", destacaron los magistrados en el fallo, citado textualmente.

Tal como explicó la Audiencia Provincial de Navarra, el acusado permanecía en prisión provisional desde el mismo día de los hechos. La sentencia, que aún puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, contempla que se mantenga esa situación mientras no haya resolución firme. La condena de once años de reclusión impuesta se ubica en el tramo inferior contemplado para el delito de asesinato en grado de tentativa, que, conforme a la legislación penal vigente citada por la Audiencia, permite una reducción cuando no se consuma el resultado pretendido y concurren circunstancias modificativas como alteraciones psíquicas. En este sentido, el tribunal justificó que el Código Penal establece una horquilla de entre siete años y medio y quince años de reclusión para esta modalidad delictiva, si se aprecia tentativa acabada y concurre además una atenuante de anomalía mental.

Durante el proceso penal celebrado el 17 de diciembre de 2024, las partes presentaron posturas divergentes. La fiscalía reclamó una pena de quince años de prisión, mientras la acusación particular exigía veinticinco años para el acusado. Por su parte, la defensa solicitó la absolución fundamentando su petición en que su cliente sufría un trastorno psicótico delirante vinculado al consumo de sustancias tóxicas, alegando la eximente completa por incapacidad de culpabilidad. La propia defensa, según la sentencia, aceptó la autoría material de los hechos, aunque calificó el delito como un homicidio en grado de tentativa y rechazó el número de disparos atribuido al procesado.

Los jueces, en las motivaciones de la sentencia, valoraron los informes médicos y las declaraciones de testigos presenciales, así como una grabación de video en la que se observa la persecución del acusado, pistola en mano, tras el herido. En el análisis de las circunstancias atenuantes, el tribunal precisó que si bien el condenado presentaba diagnóstico de trastorno dual y mixto de la personalidad –de carácter disocial y paranoide–, derivado además del consumo de alcohol, cannabis y estimulantes, las pruebas periciales no permitieron concluir que sus facultades estuvieran anuladas durante el ataque. Por tanto, estimaron procedente la aplicación de la atenuante analógica, rebajando la sanción final frente al máximo previsto legalmente.

El fallo recoge que el asesinato se considera un homicidio agravado por determinadas circunstancias, tales como alevosía, ensañamiento o la intención de facilitar u ocultar otro delito. En este episodio, los magistrados subrayan que la conducta desplegada supuso alevosía, en tanto que la víctima no pudo defenderse ni prever el ataque. Además de la pena de prisión y las restricciones de contacto, el tribunal estipuló la obligación del pago de una indemnización millonaria en atención a la intensidad y permanencia de las secuelas originadas por los disparos.

Hasta el momento de la redacción del fallo, la víctima ha visto modificada de forma drástica su realidad cotidiana, afrontando las consecuencias físicas y sociales de la paraplejía, y requiriendo asistencia continua. El encausado, desde su ingreso en prisión provisional tras el ataque, no podrá acceder a ningún beneficio penitenciario ni reducción de condena hasta que no se cumpla el periodo mínimo fijado por la ley y la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Navarra.

Las imágenes de personas desalojadas del antiguo instituto B9 de Badalona durante los días fríos de diciembre de 2024 reflejan, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, una carencia de empatía hacia quienes ni siquiera cuentan con derechos legales para residir, trabajar o integrarse en la sociedad como otros habitantes. Estas situaciones han sido utilizadas por la asociación para fundamentar la concesión del premio “Corazón de Piedra 2025” al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, a quien responsabiliza de promover políticas que han generado abandono social y trato hostil hacia migrantes, según reportó la propia entidad.

El anuncio del reconocimiento se produjo después de una votación en la que el 74,6% de las personas socias y simpatizantes de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales apoyó la candidatura de Albiol. La asociación, en declaraciones recogidas por diversos medios, señaló que la distinción de este año recayó en el alcalde debido a lo que denominó una “decisión infame” de convertir Badalona en un lugar donde se acentúa el desamparo de decenas de migrantes. Según informó la asociación, la cifra de apoyo alcanzada representa una mayoría notable entre las alternativas presentadas.

La organización argumenta que García Albiol ha culpado públicamente a la población migrante “de todos los delitos y daños” que afectan a la localidad, una postura que refuerza el señalamiento sobre la falta de sensibilidad hacia sectores vulnerables. En los días posteriores a los desalojos realizados en el instituto B9, la asociación mencionó que las condiciones climatológicas adversas agravaron el sufrimiento de quienes permanecían sin hogar, aportando así más elementos a su crítica sobre el modelo de intervención social en la ciudad y la gestión municipal, detalló la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

De acuerdo con la entidad, Badalona, años atrás, representaba un ejemplo destacado en el desarrollo de servicios sociales innovadores. La transformación de la percepción pública sobre la localidad y el recurrente registro de incidentes relacionados con la gestión de la migración han constituido para la asociación motivos de especial preocupación. “Por eso duele tanto ver esa localidad convertida en noticia tan negativa e insolidaria”, expresó la organización en declaraciones difundidas por varios medios.

El proceso de selección contempló también otras candidaturas. Según detalló la asociación, en segundo lugar se ubicó el obispo emérito de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, con el 15,3% de los votos, tras haber afirmado durante una homilía que “los niños que nacen con discapacidad física o intelectual o psíquica, esto ya es herencia del pecado y del desorden de la naturaleza”. Directoras y Gerentes de Servicios Sociales informó que estas palabras “ponen de manifiesto la empatía con los padres, madres y personas con discapacidad y su situación”, según las valoraciones recogidas por la entidad.

En tercer lugar, la alcaldesa de Jumilla, Severa González López, recibió el 10% de los sufragios por haber prohibido la utilización de instalaciones deportivas municipales por parte de la comunidad musulmana durante una de sus celebraciones religiosas. Esta decisión, explicó la asociación, abre un precedente sobre el posible riesgo de restringir otras costumbres sociales y culturales en espacios públicos, mencionando ejemplos como Papá Noel, Halloween o el Año Nuevo Chino, según anotó la asociación.

El galardón “Corazón de Piedra” fue creado en 2013 con el objetivo de señalar figuras públicas cuyas acciones o declaraciones hayan contribuido al desamparo y sufrimiento de personas y familias. La distinción consiste en un trofeo que representa un corazón de piedra. La asociación planea solicitar una entrevista al alcalde García Albiol para entregarle personalmente el galardón, detalló la entidad en sus comunicaciones.

La organización sostiene que la relevancia de estos premios radica en llamar la atención sobre la responsabilidad institucional y política ante situaciones consideradas de especial insensibilidad social. A través de este reconocimiento anual, la asociación busca promover el debate público sobre los estándares mínimos de protección y atención social, de acuerdo con la información publicada por la propia asociación y recogida en diversas plataformas de noticias.

El Poder Ejecutivo puso en marcha la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, según notificó este lunes la Procuración del Tesoro al Juzgado Federal de Campana, que había intimado al Gobierno luego de ordenar la ejecución urgente de la normativa.

El plazo de la intimación vencía hoy, y para mostrar el acatamiento de la disposición el Ejecutivo presentó una serie de informes que exponen el grado de avance de los procesos administrativos necesarios para dar cumplimiento a la Ley N° 27.793 que sancionó el Congreso.

Ahora el juez Adrián González Charvay giró este documento al colectivo que impulsó la demanda y a la Asesoría de Menores para que opinen respecto de lo informado por el Gobierno. Recién después de escuchar a todas las partes el magistrado resolverá si el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, está cumpliendo o no con la orden judicial.

La ley mejora los mecanismos de financiamiento para sostener el Sistema de Prestaciones Básicas, que incluye las pensiones a los beneficiarios y los aranceles de los prestadores de servicios.

Según pudo saber Infobae de fuentes con acceso a la causa, la Procuración aclaró expresamente en su presentación que acatar la orden del juez no implica desistir de la apelación del fallo ante la Cámara Federal de San Martin.

El jefe de los abogados del Estado, Santiago Castro Videla, impulsó un recurso ante la Sala II de ese Tribunal para dar vuelta la “implementación inmediata” que ordenó el juez González Charvay el 12 de diciembre.

El Juzgado Federal de Campana concedió la apelación de su fallo con “efecto devolutivo”; es decir que forzó al Ejecutivo a cumplir con la resolución mientras se tramita el recurso en la instancia superior.

González Charvay había declarado la invalidez del artículo 2 del decreto 681/2025, normativa con la cual el Gobierno había mantenido frenada la ejecución de la Ley 27.793 bajo el pretexto de que el Congreso no había especificado de dónde saldría el presupuesto para su aplicación.

Para el juez, esta maniobra constituyó una transgresión a las facultades presidenciales, ya que el texto constitucional obliga a promulgar las leyes confirmadas por el Legislativo sin excepciones.

En sus fundamentos, el magistrado sostuvo que la suspensión “resulta ser inválida a todos sus efectos, ya que violenta de manera objetiva y directa el mandato constitucional”, al subordinar una ley nacional a una reglamentación de jerarquía inferior.

Otro punto fuerte de la sentencia fue el análisis del argumento económico. La administración nacional había justificado la suspensión alegando que el Congreso no había especificado las fuentes de financiamiento. Sin embargo, el fallo calificó esta justificación como engañosa, dado que la propia ley de emergencia facultaba al Jefe de Gabinete a reasignar partidas.

El juez González Charvay entendió que se trataba de un “argumento falaz cuya falsía queda evidenciada en la simple lectura” de la ley, que otorgaba las herramientas necesarias para cubrir los gastos.

En cuanto al impacto humano, la resolución judicial ponderó la gravedad de la crisis que atraviesan las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones prestadoras.

El magistrado describió la situación actual como una “alarmante pérdida de poder adquisitivo” que “redunda en una merma en la calidad y la continuidad de todas las acciones destinadas a proteger, promover y restaurar la salud”.

Este contexto, según se plasmó en el fallo, dejó en una situación de vulnerabilidad extrema a quienes el Estado debería proteger con mayor celo.

La sentencia también invocó el principio de no regresividad en materia de derechos humanos, que prohíbe tomar medidas que disminuyan los niveles de protección ya alcanzados. El juez consideró que la suspensión de la norma provocaba, como resultado directo, un “deterioro progresivo de servicios y prestaciones a la salud”, y destacó que permitir este retroceso sería incompatible con los tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

“El cuestionado Art. 2° del Decreto 681/2025 y su resultado no son otra cosa que un caso de clara discriminación a personas con discapacidad, que afecta asimismo niños, niñas, adolescentes y personas mayores en situación de doble vulnerabilidad”, concluyó el juez González Charvay.