La respuesta expuso una diferencia sobre el alcance de esas reuniones: mientras la senadora denunció que la modificación no fue tratada, el funcionario afirmó que las discusiones internas existen, aunque admitió que no todos los asuntos se analizan con el mismo grado de detalle.

Santilli no precisó si el punto específico sobre discapacidad había sido analizado antes de que Bullrich se retirara del encuentro. En cambio, reiteró el criterio de discusión colectiva: “Los temas nuestros los hablamos el martes”, insistió.

Los cambios cuestionados figuran en el Capítulo VI del proyecto presupuestario y alcanzan artículos de la ley 27.793, de Emergencia en Discapacidad, y de la ley 24.901, que regula las prestaciones básicas de atención integral desde 1997. Según publicó Infobae, la iniciativa elimina los valores universales de referencia del Nomenclador de Prestaciones Básicas y modifica el esquema de actualización de los aranceles.

Santilli afirmó que la definición política sobre discapacidad todavía depende de la discusión legislativa en la Cámara de Diputados. El jefe de Gabinete reveló que el Gobierno trabaja con el presidente de Diputados, Martín Menem, y el Ministerio de Salud para resolver el texto antes de responder a los cuestionamientos de Bullrich.

Durante un diálogo con periodistas, Santilli también se refirió al video que difundió la senadora mientras escuchaba una canción de Lali Espósito. “Estuvo muy bien, estuvo divertido el video de Patricia y hay que tomarlo así”, sostuvo.

Santilli dijo que Bullrich se retiró antes de la reunión del martes

El jefe de Gabinete ubicó la discrepancia en el funcionamiento de la mesa política, donde, según explicó, se debaten los asuntos que luego impactan en la agenda parlamentaria. “Tenemos una mesa de trabajo los martes. En esa mesa de trabajo hablamos los temas”, afirmó.

Ante la consulta insistente de los periodistas sobre si el proyecto de discapacidad había sido abordado en ese ámbito, Santilli planteó que existen distintos niveles de discusión. “Algunos con profundidad, otros con profundidad, pero no total. Pero sí, sí hablamos”, señaló, antes de añadir que Bullrich “se tuvo que ir antes también el martes”.

La senadora había dicho que la letra vinculada a discapacidad no había surgido en la mesa política y que llegó al Congreso sin información previa para los integrantes del bloque oficialista. También había advertido que esa falta de coordinación podía deteriorar las relaciones internas, porque los legisladores quedan expuestos ante sus pares y ante la oposición.

Consultado sobre posibles cambios tras el reclamo de Bullrich, Santilli vinculó cualquier decisión a la negociación parlamentaria. “Nosotros venimos trabajando en dos frentes. Un frente es la ley que se está tratando en Diputados”, explicó.

El funcionario indicó que en esa instancia intervienen Menem y el equipo del Ministerio de Salud. “Estamos aproximándonos a una definición”, dijo, y agregó: “A partir de si tenemos una definición allí, vendrán las respuestas que vos estás buscando”.

El proyecto presupuestario prevé modificaciones permanentes para el sistema de atención a personas con discapacidad. Entre sus disposiciones, altera las reglas para la fijación de aranceles, elimina mecanismos de actualización automática y modifica las condiciones de acceso a prestaciones vinculadas con la discapacidad.

Al final de la entrevista, una periodista relató que el equipo periodístico encontró a Santilli cuando ingresaba a una farmacia frente al centro de salud donde se encuentra internada Mirtha Legrand. “Estábamos con el trípode en frente del Sanatorio Mater Dei y de pronto vemos a alguien que está entrando a la farmacia”, contó, y al notar que era el jefe de Gabinete, los periodistas se acercaron a dialogar con él.

Patricia Bullrich escaló en la interna y amplificó el foco sobre el último capítulo de tensión escrito por el Gobierno: un ajuste que expuso insensibilidad extrema en el área de discapacidad, rompió negociaciones en Diputados, provocó disgusto entre legisladores propios sorprendidos por el Presupuesto y alimentó los recelos de socios y dialoguistas. Olivos parece haber acusado el impacto: contra su estilo, prefirió evitar la descalificación pública -síntoma significativo en sí mismo- y llegó a exponer una increíble retractación presidencial sobre Lali Espósito, cantante condenada por los libertarios y utilizada por la senadora para diferenciarse. El hecho y las reacciones repusieron en la superficie los alcances y los efectos de una concepción cerrada de poder.

En este caso, además, la alteración doméstica se produjo en momentos en que el oficialismo intenta una producción política que mantenga expectativas frente a la mala cosecha de noticias económicas. El anterior mensaje de Bullrich había tenido relación directa con el tema: fue una demanda de señales efectivas de la economía para la vida diaria del común de la gente. La senadora lo planteó como una necesidad de mayor “velocidad” en los resultados, una manera de traducir inquietud frente al alimentado clima electoral. Dijo algo que otros transmitían sólo por la vía de los trascendidos. Y que el Presidente se encargó de rechazar, con algo más que énfasis, ante ministros y legisladores violetas.

Los dichos de Bullrich nutren cada vez más las especulaciones sobre su apuesta para el año que viene. Está claro que la senadora se planta en una posición difícil de enfrentar públicamente por Karina Milei y por el Presidente. Es un cuadro diferente al de la tensión doméstica del círculo de Olivos, es decir, con Santiago Caputo. Es otro el capital político que está en juego. Trasciende los límites domésticos. Y precisamente por eso mismo, provoca alarma. No es una historia cerrada, pero sí claramente en construcción.

Más allá de la apuesta personal, y de su futuro, Bullrich dejó a la vista un problema de fondo que remite, sin dudas, a Olivos. Básicamente, dos cuestiones. La primera: disparó sobre el esquema de decisiones del oficialismo, cuando pidió que no la tomen por “tonta” y destacó que el tramo del Presupuesto referido a discapacidad no fue tratado en la “mesa política” del oficialismo. La segunda: destacó que decisiones como estas “resienten” la relación con socios y dialoguistas, y atentan contra el objetivo de la “gobernabilidad”.

Se trata, de hecho, de un problema de arrastre de Milei. Tiene antecedentes y, en todo caso, ahora es potenciado por el momento político y económico. Dicho de otra forma: no es igual el contexto posterior al éxito electoral de LLA en el 2025 que la actual y acelerada entrada en carrera para el 2027, con el proyecto reeleccionista como objetivo excluyente. Y eso supera por mucho el microclima del oficialismo: puede impactar en toma de decisiones empresariales y en tendencias personales/colectivas, desde inversiones hasta consumo.

En el plano estrictamente político, el proyecto de Presupuesto 2027 era esperado para abrir una negociación del oficialismo con espacios dialoguistas -en especial, gobernadores- de la mano con las tratativas, complejas, para ir definiendo el juego electoral a escala nacional y en cada distrito. La expresión concreta, o más reducida, sería el allanamiento del camino de Milei -con la reforma electoral como dato saliente, pero no único- y las garantías violetas para facilitar la reelección de jefe provinciales de buen trato con la Casa Rosada.

En esa relación, al igual que en los vínculos legislativos -PRO, bloques oficiales de la UCR, MID-, existen antecedentes de descontento por la falta de aplicación o cumplimiento parcial de acuerdos, generalmente por presión de Economía. Pero existe una cuestión más de fondo y responde sin vueltas a la idea de poder que tiene y expresa Milei. Domina la intención de imponer a los aliados un alineamiento similar al que rige en el interior libertario, con sello verticalista.

Y por eso mismo, el Gobierno no avanzó con el tejido de un sistema de alianzas, sino que apostó a acuerdos específicos en base a contraprestaciones puntuales, caso por caso. El ajuste en el área de discapacidad quebró la negociación en Diputados, motorizada a partir de la imposición de fechas para avanzar con el tema. Ese fue el resultado de un entendimiento de la oposición dura y otros espacios, que forzó tal decisión en el recinto de la Cámara baja. Es un interrogante qué ocurrirá la semana que viene, cuando el oficialismo retome los temas presupuestarios y, en particular, discapacidad.

La jugada con el Presupuesto 2027 reanima recelos de aliados que, en el plano electoral, demandan garantías efectivas para el cumplimiento de los tratos. El ejemplo más claro es el de los acuerdos electorales. La desconfianza es un signo extendido, lo cual no cierra las conversaciones. Las hace más densas.

No es todo. El otro costado de la forma de entender el poder tiene que ver con el reducido círculo de decisiones. La “mesa política” quedaría afectada, más como instancia de transmisión de resoluciones que como ámbito de elaboración de estrategias. Bullrich lo acaba de señalar, pero ya había quedado claro antes. Además, fue ratificado por Milei en su vuelta a las reuniones de Gabinete, algunas de las citas de esa mesa y encuentros con legisladores.

Las principales tensiones tienen que ver en las últimas semanas con los reclamos -en muchos casos, no superan la categoría de insinuaciones- que surgieron en materia económica. Milei demandó alineamiento con su plan y no dejó margen para diferenciaciones en ese terreno. Eso no permitiría mucha flexibilidad en otros puntos sensibles del Presupuesto.

El problema es que a la par de las necesidades legislativas -políticas, en sentido más amplio- corre la economía, y cosecha señales inquietantes. Las estadísticas oficiales ofrecieron pocos datos alentadores después del último índice de precios, que desaceleró en agosto y anotó 1,7%. Se sucedieron registros negativos: precios mayoristas del mismo mes, utilización de la capacidad industrial instalada, mercado de trabajo y nivel de actividad en el segundo trimestre del año.

El calendario del INDEC para la semana que viene incluye otros informes de interés, como ventas en supermercados, mayoristas y shoppings, y el Estimador Mensual de Actividad Económica, en los dos casos de julio. También será difundido el registro de pobreza en el primer semestre del año. No resulta fácil competir desde la política por los primeros renglones del temario público. Menos, con internas como las desatadas en estas horas.

Un acto de abanderamiento rumbo a la Paralimpiada Nacional se convirtió en una emergencia cuando las llamas alcanzaron la cabeza de un niño en Pachuca.

Desde el presídium, el histórico Óscar “Conejo” Pérez, advirtió el fuego, corrió hacia el menor y usó su chamarra para apagar el fuego.

El exarquero de Pachuca, Cruz Azul y la Selección Mexicana acudió al evento como titular del Instituto Hidalguense del Deporte y salvó al niño, que fue llevado a un hospital y quedó fuera de peligro, aunque presentó quemaduras en el rostro, la frente y la cabeza.

Las llamas alcanzaron al menor durante la ceremonia de la Paralimpiada Nacional

La ceremonia se realizó en la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento, en Venta Prieta, Pachuca. El gobernador Julio Menchaca Salazar encabezó el acto en el que Hidalgo presentó a los deportistas que participarán en la Paralimpiada Nacional.

El programa incluyó una presentación cultural con una flauta ancestral que llevaba una llama encendida. Durante ese número, el fuego alcanzó la cabeza de un menor que se encontraba cerca del área de exhibición.

• El abanderamiento reunía a atletas, familias, entrenadores y autoridades estatales.
• La delegación que acudió al evento estuvo conformada por 72 deportistas con discapacidad, quienes competirán en 11 disciplinas.
• Las condiciones climáticas movieron las hojas de los discursos y afectaron el sonido de los micrófonos.
• Antes de que ocurriera la emergencia, el acto enfrentó problemas por las ráfagas de viento que se registraron en la capital hidalguense.
• Una persona intentó auxiliar al niño con una bandera cuando el fuego llegó a su cabeza.
• Las llamas no se apagaron por completo, por lo que el exguardameta dejó el área de autoridades para intervenir directamente.

El menor fue retirado del sitio después de que el fuego fuera apagado. Recibió atención médica por lesiones en la cara, la frente y la cabeza, mientras los asistentes permanecieron atentos al desarrollo de la emergencia.

El “Conejo” logró contener la emergencia con su chamarra

El “Conejo” se encontraba cerca del gobernador Julio Menchaca Salazar cuando advirtió que el fuego seguía sobre la cabeza del menor.

• Detectó que el menor continuaba expuesto a las llamas.
• Dejó el presídium donde se encontraba junto a autoridades estatales.
• Se quitó la chamarra mientras corría hacia el área del incidente.
• Cubrió al niño con la prenda para sofocar el fuego.
• Permitió el traslado del menor al hospital para recibir atención médica.

Así, la intervención del director del INHIDE permitió controlar la emergencia antes de que el niño fuera retirado del lugar. Después del incidente, Menchaca reconoció la rapidez con la que Pérez acudió a auxiliarlo.

El exarquero pasó de Pachuca y el Tri a dirigir el deporte en Hidalgo

Óscar Pérez mantiene una relación directa con Hidalgo desde su etapa como futbolista:

• Fue portero de Pachuca, Cruz Azul, Necaxa, Tigres, Jaguares y San Luis, además de representar a la Selección Mexicana.
• El exarquero fue titular del Tri en el Mundial de Sudáfrica 2010, bajo la dirección técnica de Javier Aguirre.
• A los 37 años disputó los cuatro partidos de México en aquella Copa del Mundo, incluido el encuentro de octavos de final ante Argentina.
• Actualmente dirige el Instituto Hidalguense del Deporte.
• En semanas recientes pidió respaldo para Rafael Márquez en el nuevo proceso del Tri rumbo al Mundial de 2030.

De esta manera, su trayectoria explica su presencia al frente del deporte estatal. El “Conejo” pasó de las canchas a una responsabilidad administrativa que lo mantiene cerca de atletas, entrenadores y competencias organizadas en Hidalgo.

El fuerte ajuste en el área de Discapacidad previsto en el proyecto de Presupuesto 2027 que la Casa Rosada envió esta semana al Congreso causó un cimbronazo político que avivó las tensiones con los aliados y desencadenó una serie de reproches internos que tuvieron como principal protagonista a Patricia Bullrich. Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron a Infobae que darán marcha atrás con la propuesta del Poder Ejecutivo y adelantaron que están “muy cerca” de llegar a un texto consensuado con los bloques dialoguistas para reemplazar el capítulo de la polémica.

El dolor de cabeza para el oficialismo comenzó el martes por la noche, cuando ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2027. Durante las horas de la madrugada, los bloques de la oposición revisaron el plan de gastos e ingresos para ver si había alguna novedad sobre Discapacidad.

Durante las últimas semanas la oposición impulsó la prórroga de la Emergencia en Discapacidad que vence a fin de año. Lograron emplazar a las comisiones y se encaminaban a llevar su propuesta al recinto a mediados de octubre.

Para frenar la ofensiva opositora, las espadas legislativas del oficialismo anunciaron que estaban trabajando, junto a sus aliados del PRO, la UCR y bloques provinciales, en un proyecto “superador” que permitiría terminar con la Emergencia -tal como pretende el Gobierno- pero al mismo tiempo brindaría una solución definitiva que genere previsibilidad.

Sin embargo, muchos descubrieron el miércoles por la mañana que el proyecto de Presupuesto 2027 contenía un capítulo con fuertes ajustes en el área que no tenían nada que ver con las conversaciones en marcha. Entre los que fueron tomados por sorpresa se destacan tanto Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, como Patricia Bullrich, jefa del bloque LLA en el Senado.

La falta de coordinación multiplicó las especulaciones ya que ambos comparten la Mesa Política con otros referentes que estuvieron involucrados directamente con la confección del Presupuesto, como el ministro Luis “Toto” Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, a través de su vice Ignacio Devitt; y Santiago Caputo, por medio de la secretaria de Legal y Técnica María Ibarzábal Murphy.

Cerca de Menem mantuvieron el tono componedor y evitaron el pase de facturas. “El Estado es muy grande y el Presupuesto lo tocan miles de personas”, explicaron y agregaron que el texto se venía trabajando hace cuatro meses y “quedó viejo”. Pero Bullrich, fiel a su estilo confrontativo, pidió que “no la tomen de tonta”, apuntó abiertamente contra Economía y reclamó que temas sensibles como este sean discutidos con anticipación en la Mesa Política.

En concreto, el texto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso retoma un criterio de “invalidez laboral” para el acceso a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, que sería equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, en reemplazo del enfoque de derechos consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El texto también elimina el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso al beneficio y traslada la definición de los requisitos desde el Congreso hacia la reglamentación del Poder Ejecutivo.

Por otro lado, establece la incompatibilidad absoluta entre la pensión y el empleo formal: cualquier alta tributaria o trabajo registrado, incluso por pocas horas, extinguiría el beneficio, a diferencia del régimen vigente que permite compatibilizarlo con empleo o monotributo hasta dos salarios mínimos. Además, en materia de prestaciones, desaparece el arancel único del Nomenclador de Prestaciones Básicas, por lo que cada obra social, prepaga o provincia podría fijar sus propios valores, con actualización trimestral a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad (no automática por IPC).

Luego de que bajara un poco la espuma mediática, en la Cámara de Diputados los libertarios retomaron las negociaciones con los bloques aliados y les aseguraron que los artículos originales del Presupuesto sobre Discapacidad serán eliminados. “Lo que acordemos en el dictamen de comisión es lo que va a ir a Presupuesto”, sintetizaron.

Ante la consulta de Infobae, tanto el PRO como la UCR confirmaron que el diálogo se reencauzó, aunque todavía dan algunas señales de desconfianza. “Estamos esperando el borrador final. Vamos a ver qué mandan y terminaremos de definir”, resumieron desde el partido amarillo.

“El asunto quedó un poco revuelto. Falta una presentación clara de qué va a pasar con las compensaciones. Esperemos a la semana que viene cuando veamos todo por escrito”, coincidió un integrante del bloque UCR.

El reclamo por compensaciones hace referencia al artículo 13 de la ley de Emergencia en Discapacidad que establece una compensación para los prestadores por el atraso acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 que no quedó cubierto por las posteriores actualizaciones. A pesar de que el oficialismo planteaba que estaba cumpliendo con toda la ley, tanto el PRO como la UCR venían reclamando un cronograma claro de pagos para saldar lo adeudado.

Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, la nueva propuesta apuntará a elevar los requisitos para acceder a la pensión por discapacidad. “Ya no bastará con tener el CUD (Certificado de Discapacidad) para acceder a la pensión, necesitamos que esta tenga un correlato con la realidad”, explicaron y señalaron que buscan aplicar la misma lógica que con los subsidios para que “cobre el que verdaderamente lo necesita”.

Por otro lado, el nomenclador se actualizará por IPC en forma bimestral (no mensualmente como dice la ley de emergencia) y será universal. Además, a pedido de los aliados, las pensiones podrán recibirse de forma complementaria a un empleo registrado.

En las próximas semanas el oficialismo buscará quedarse con el dictamen de mayoría en comisión para bloquear cualquier intento opositor de llevar el tema al recinto. Si lo logran, el texto consensuado se incluirá directamente en el Presupuesto 2027.

El proyecto de Presupuesto para el 2027 dejó más controversias al interior del Gobierno que una discusión pública sobre su contenido mismo. El Ministerio de Economía envió la versión a la cúpula del Gobierno para que se firme al filo del plazo legal para presentarlo y de un día para el otro, los negociadores libertarios en ambas cámaras del Congreso se desayunaron cambios que no estaban previstos en las tratativas que habían encaminado desde hace semanas con bloques aliados.

El clima sigue espeso al interior del Gobierno. La mayoría de los integrantes de la Mesa Política decidió bajar las armas. “Ya no tiene sentido seguir puteando al aire. Lo único que importa es llevarnos el Presupuesto”, avisan desde uno de esos despachos, reconociendo la bronca que se generó con la situación evidenciada el miércoles (el día después de la presentación del proyecto), cuando comenzaron a emerger artículos que modificarían las prestaciones por Discapacidad y la actualización de la AUH.

Ambos temas serán abordados en la próxima reunión de Gabinete a la que probablemente convoque el presidente Javier Milei para este lunes. También se tratará todo en la reunión de Mesa Política, la instancia de debate del círculo más chico del Gobierno que está siendo cuestionada por diferentes integrantes. Quien lo hizo de manera pública fue Patricia Bullrich, quien en diferentes reportajes cuestionó que los recortes en esos segmentos no fueron sincerados en la reunión que hubo horas antes de que el Ejecutivo presentara el proyecto.

Solo un puñado de funcionarios conocía la letra chica del Presupuesto 2027, lo que deja entrever que la totalidad de los legisladores de ambas cámaras del Congreso Nacional tampoco lo conocían. En el Gobierno marcan que tienen intenciones de subsanar esa situación hacia adelante. “Estamos planificando reuniones con legisladores nacionales con Economía para sacar dudas sobre todo lo que hace el proyecto”, confirmó una fuente de la mesa política a Infobae.

La persona a la que aluden es el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que está a cargo de confeccionar y maniobrar la política fiscal del Gobierno para asegurar la política de déficit cero. Más de un integrante del Gobierno tiene intenciones de que se haga un encuentro con diputados -y en lo posible, sumándole senadores- para informarles sobre las nociones básicas del proyecto presupuestario.

La posibilidad de hacer un encuentro con el encargado de Hacienda es potencial y no algo concreto. En otros despachos afirman que no tienen esa información, aunque en otros afirman que “es probable porque el año pasado se hizo así”. Lo que es seguro es que Guberman irá al Congreso a dar su explicación oficial sobre el proyecto que confeccionó con la cúpula del Ministerio de Economía. La exposición del año pasado fue algo accidentada. Guberman fue acompañado por el entonces secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y expusieron sin responder preguntas, evidentemente molestos por las interrupciones de diferentes diputados de la oposición más dura contra el Gobierno.

El tándem compuesto por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, comenzó a esquematizar la hoja de ruta para conseguir adhesiones de bloques aliados y gobernadores. Algunos de ellos confiesan en privado su cansancio por el mecanismo de negociación del Gobierno y la naturaleza de los proyectos que envía la Casa Rosada. “Hacen proyectos enormes y te quieren colar cambios profundos en un artículo cortito. Algunos ya nos sentimos boludeados”, afirmó un gobernador en diálogo con Infobae.

Ambos trabajan para evitar que se produzca un revés al momento de tratarlo en alguna de las dos cámaras. El antecedente más próximo es el del último presupuesto. Al momento de llevarlo a votación, Diputados rechazó el capítulo que proponía derogar la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario. En el oficialismo y la oposición dialoguista existe la voluntad de buscar una suerte de “punto medio que no rompa con el equilibrio fiscal”. “Para eso tenemos que generar un camino de confianza”, apuntan cerca de un funcionario del Gobierno.

La confianza también debe ser interna, porque el vínculo entre varios de los integrantes de la Mesa Política quedó astillado después de los sucesos de los últimos días. “Estamos armando una matriz para encarar las conversaciones”, puntualiza uno de ellos. El factor decisivo será que los dirigentes de la esfera política del Ejecutivo logren coordinar las negociaciones con el ala económica, compuesta en su estrato más alto por el mismísimo Javier Milei y el ministro Luis Caputo.

En diálogo con A24, la jefa del bloque libertario en la Cámara Alta remarcó: “Habíamos estado el día anterior en una mesa política, se habían dado los números macro. Se habían dado los fundamentos, pero nadie dijo nada de esto”. En esa línea, explicó que cuando ingresó el texto a la Cámara de Diputados en la madrugada, expuso el desentendimiento dentro del oficialismo.

“El tema de la discapacidad es muy fuerte. La mesa política es para evaluar cómo caen en las cámaras los proyectos, qué es viable y qué no. El año pasado nosotros la pasamos muy mal cuando perdimos gobernabilidad. Romper mayorías que nos ayudan a generar gobernabilidad, a sacar leyes como todas las que sacamos este año. El presupuesto siempre es una herramienta fundamental. En vez de mantener eso, de golpe viene una bomba atómica”, añadió la ex funcionaria.

Y continuó: “Tengo que ser sincera y decir: a ver, a mí no me tomen de tonta. Si estamos el día anterior en una mesa discutiendo y no nos enteramos de las cosas, yo siento que me toman de tonta. La evaluación que hubiera hecho es: pensemos esto tres veces, porque cuando nos chocamos ya contra la pared, ¿nos vamos a chocar de nuevo contra la pared de esta manera?”.

En tanto, remarcó que los proyectos “salen con una mayoría” y explicó que dentro del Congreso se logra ese consenso que después permite que las leyes se aprueben. Sin embargo, apuntó: “Cuando se sabe que se está discutiendo para buscar una salida y viene algo así, no sé. El presupuesto sale de Economía, yo no quiero acusar a nadie. Y lo menos que pueden hacer es ponerlo sobre la mesa”.

El malestar de Bullrich no fue aislado. Según pudo saber Infobae, ni los diputados de La Libertad Avanza (LLA) ni el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, estaban al tanto del contenido del capítulo VI antes de que el texto ingresara al Congreso. Fuentes del bloque oficialista señalaron al Ministerio de Salud y a la Secretaría de Legal y Técnica como responsables de la descoordinación. “Nadie sabía nada. Fue una descoordinación un poco responsabilidad del Ministerio de Salud y otro poco de Legal y Técnica”, indicaron a ese medio.

La falta de aviso previo expuso a los legisladores aliados ante sus propios bloques y ante la oposición. En Radio Rivadavia, Bullrich fue más directa aún al respecto: “Quedás como un tonto o como que engañás, eso resiente las relaciones”, lamentó.

En ese mismo sentido, Bullrich reclamó que la mesa política funcione “donde las cosas se discutan, porque si no después el Gobierno, el país paga un montón de costos”. En tanto, advirtió que esa ausencia de debate previo lleva a que la ciudadanía perciba al oficialismo como “totalmente insensible”.

Ante la consulta sobre si entonces era el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien actuaba por su cuenta, respondió: “No lo sé. No quiero ponerlo en cabeza de nadie, pero lo que digo es que acá hay un error no forzado. Y el error no forzado te puede hacer perder el partido”.

El capítulo VI del proyecto, conformado por los artículos 36 a 41, introduce modificaciones permanentes al sistema de atención a personas con discapacidad. Entre los puntos más controvertidos figura la derogación parcial de la Ley de Emergencia en Discapacidad (ley 27.793) y cambios sustanciales en la ley 24.901, que desde 1997 regula las prestaciones básicas de atención integral. El texto elimina los aranceles únicos de referencia del Nomenclador de Prestaciones Básicas, lo que en la práctica obliga a las familias a negociar individualmente con obras sociales y prepagas el valor de terapias y tratamientos. Además, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) deja de ser garantía directa de acceso a prestaciones, y quienes tengan empleo registrado o estén inscriptos en el monotributo perderían la compatibilidad con la pensión por invalidez, un esquema que hasta ahora les permitía trabajar sin perder su cobertura.

La senadora y de LLA admitió -en declaraciones al periodista Ignacio Ortelli en Radio Rivadavia- que el tema “no salió a la luz” en las reuniones de la mesa política, y que el presupuesto llegó con esos cambios sin previo aviso para los socios de la coalición. “No nos enteramos, yo no miento, es la verdad”, enfatizó la legisladora, que luego expresó cierta molestia porque cuando los legisladores aliados llegan al Congreso sin haber sido informados, quedan expuestos ante sus propios bloques y ante la oposición. “Quedás como un tonto o como que engañás, eso resiente las relaciones”, lamentó.

En el mismo sentido, Bullrich reconoció que en Diputados ya existía un acuerdo político entre el oficialismo y sectores opositores para discutir el tema de discapacidad “de determinada manera”, acuerdo que ahora quedaría en cuestión con la aparición de estos artículos en el texto presupuestario. El Senado actúa como cámara revisora en materia presupuestaria, por lo que deberá esperar a ver qué texto llega desde la cámara baja antes de definir su postura. “Está bastante peliaguda la discusión”, reconoció.

Desde los bloques opositores, las reacciones fueron inmediatas. El diputado Juan Marino, de Unión por la Patria, calificó los cambios como “ilegales e inconstitucionales” y denunció que el proyecto busca “desmantelar” la Ley de Emergencia en Discapacidad. El legislador Esteban Paulón, de Santa Fe, subrayó que los cambios aparecieron luego de que La Libertad Avanza había impulsado junto a bloques afines una iniciativa propia para tratar la emergencia, sin revelar su contenido real.

El Presupuesto derogó puntos históricos del sistema de discapacidad que rigen desde 1997

El proyecto enviado al Congreso incluye, en su Capítulo VI, los artículos 36 a 41, que modifican en forma permanente pilares del sistema de atención a personas con discapacidad. Entre los puntos más sensibles figura la derogación de varios artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad (ley 27.793) y cambios profundos en la ley 24.901, que desde 1997 sostiene el sistema de prestaciones básicas de atención integral.

El corazón de la reforma apunta al Nomenclador de Prestaciones Básicas: el texto establece que ya “no incluirá valores universales”, lo que elimina los aranceles obligatorios de referencia para obras sociales, prepagas y prestadores. En la práctica, las familias de personas con discapacidad deberán negociar individualmente el valor de terapias y tratamientos con sus coberturas. La actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con autismo, lo resumió con crudeza en Radio Con Vos: “Es letal la desregulación del nomenclador único”.

Otro de los cambios centrales reinstala el esquema de pensión por invalidez laboral, lo que implica que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) ya no funcionará como garantía directa de acceso a las prestaciones. Además, quienes cuenten con empleo registrado o estén inscriptos en el monotributo perderán la compatibilidad con ese beneficio, una modificación que hasta ahora permitía a muchas personas con discapacidad trabajar sin perder su cobertura.

El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, advirtió que la reforma “elimina dos principios fundamentales: que los aranceles sean iguales para todas las obras sociales, prepagas y el Estado, y que esos aranceles se actualicen automáticamente mediante el índice de movilidad jubilatoria”. “En criollo, eliminan el criterio de arancel único para todo el sistema y reemplazan una regla objetiva por un esquema fragmentado, discrecional e incierto”, señaló desde su cuenta de X.

Los cambios en los valores de las prestaciones también dejarán de ser automáticos y mensuales. El Gobierno fijará esos montos a su propio criterio de forma trimestral, y solo se recurrirá al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC si ese ajuste no se realiza en tiempo y forma. Se elimina además el estudio anual de costos de cada prestación, que incorporaba a los aranceles los aumentos de componentes no reflejados en la inflación general.

Los diputados de La Libertad Avanza amanecieron este miércoles con un disgusto inesperado. Luego de haber asegurado públicamente que el oficialismo estaba trabajando en un texto “superador” para reemplazar la Emergencia en Discapacidad, recibieron con asombro un proyecto de Presupuesto 2027 que contenía un capítulo con fuertes ajustes en el área de discapacidad y detonaba las negociaciones en curso con los aliados. Ahora, los libertarios desestiman los artículos de la polémica y buscan retomar el diálogo con los dialoguistas, pero persisten las dudas sobre las reales intenciones del presidente Milei.

Si bien voces dentro del oficialismo intentaron explicar que todo fue parte de una estrategia, que implicaba una propuesta de máxima (eliminar de raíz la Emergencia en Discapacidad) para luego tener margen de negociación y avanzar con un texto consensuado, durante el transcurso del día diferentes fuentes reconocieron que en realidad no estaban al tanto de las propuestas de la Casa Rosada.

“Nadie sabía nada. Fue una descoordinación un poco responsabilidad del Ministerio de Salud y otro poco de Legal y Técnica”, explicaron a Infobae. Pero incluso admitieron que el presidente de la Cámara de Diputados y hombre fuerte del karinismo, Martín Menem, tampoco estaba al tanto, lo cual multiplica las especulaciones, ya que comparte la Mesa Política con otros referentes que estuvieron involucrados directamente con la confección del Presupuesto, como el ministro Luis “Toto” Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, a través de su vice Ignacio Devitt; y Santiago Caputo, por medio de la secretaria de Legal y Técnica María Ibarzábal Murphy.

El texto que el Gobierno envió al Congreso introduce una reforma profunda al sistema de discapacidad que tanto la oposición política como las organizaciones del sector consideran un retroceso respecto de la actual. Entre sus puntos más destacados, la iniciativa retoma un criterio de “invalidez laboral” para el acceso a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, que sería equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, en reemplazo del enfoque de derechos consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El texto también elimina el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso al beneficio y traslada la definición de los requisitos desde el Congreso hacia la reglamentación del Poder Ejecutivo.

Por otro lado, figura la incompatibilidad absoluta entre la pensión y el empleo formal: cualquier alta tributaria o trabajo registrado, incluso por pocas horas, extinguiría el beneficio, a diferencia del régimen vigente que permite compatibilizarlo con empleo o monotributo hasta dos salarios mínimos. Además, en materia de prestaciones, desaparece el arancel único del Nomenclador de Prestaciones Básicas, por lo que cada obra social, prepaga o provincia podría fijar sus propios valores, con actualización trimestral a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad (no automática por IPC)

Ante la consulta de Infobae, desde el bloque libertario reconocieron que el capítulo VI no tiene posibilidades de ser aprobado tal como lo envió el Palacio de Hacienda y aseguraron que en la versión definitiva quedará el proyecto “superador” que se estaba negociando con los aliados, como el PRO, la UCR, Provincias Unidas (Córdoba y Santa Fe) y Argentina Federal (Salta y Misiones). No obstante, hasta el momento no ha trascendido ningún detalle sobre esta propuesta. “Así como está, no va a salir”, resumieron.

La falta de coordinación generó un fuerte malestar entre los diputados que se habían puesto al frente de la discusión. Hasta el presidente de la Cámara, Martín Menem, tuvo que reunirse en persona con varios de ellos para “contenerlos”.

“El Presupuesto quedó viejo”, intentó explicar otro integrante del bloque, que atribuyó el traspié a que el texto había sido redactado antes de que comenzaran las negociaciones con los aliados.

Sin embargo, la misma fuente rescató que a pesar de las “desprolijidades” se terminó adelantando un paso. “Es mejor que esto explotó ahora porque simplifica la negociación, hubiera sido peor llegar a un dictamen de consenso y que después cuando lo viera Economía, lo diera de baja”, sintetizaron.

Por lo pronto, las negociaciones con los aliados volvieron a foja cero pero desde el oficialismo confían en poder llegar a un dictamen antes de fin de mes.

En ese contexto, Valentina Bassi, actriz y madre de un adolescente con autismo, cuestionó los cambios durante una entrevista en Infobae al Regreso. La actriz sostuvo que la discusión excede la continuidad de la emergencia y alcanza normas que, según explicó, resultan centrales para garantizar el acceso a tratamientos, escuelas especiales, transporte y otros apoyos.

“Estamos tratando de que se prorrogue la ley de emergencia en discapacidad y en la ley de Presupuesto derogan muchísimos artículos muy importantes”, afirmó.

Uno de los principales puntos de su planteo está relacionado con la Ley 24.901, que desde 1997 establece el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para las Personas con Discapacidad. El proyecto de Presupuesto 2027 propone modificar artículos de ese régimen y alterar el esquema mediante el cual se determinan los aranceles.

El nomenclador, el principal eje del reclamo

El Nomenclador de Prestaciones Básicas establece los valores de referencia para servicios que reciben las personas con discapacidad. El proyecto oficial plantea que deje de incluir valores universales y reemplaza ese criterio por un esquema en el que cada financiador pueda establecer condiciones y valores diferenciados.

Para Bassi, esa modificación puede generar diferencias en el acceso según la cobertura médica de cada persona.

“El nomenclador único es fundamental”, remarcó. Y planteó cuál sería, desde su perspectiva, una de las consecuencias del cambio: “Cada obra social y cada prepaga va a poder fijar qué valor y qué terapias van a querer ofrecerte y aprobarte para tu hijo”.

La actriz explicó que el nomenclador funciona como una referencia común para prestaciones como escuelas especiales, centros de atención, transporte y tratamientos. “El Estado fija qué tiene que cobrar una escuela para mantener la escuela, los sueldos, la comida de los chicos; qué tiene que cobrar el transporte, qué tienen que cobrar los terapeutas”, detalló.

Actualmente, el Gobierno sostiene que el sistema necesita una actualización y un esquema que permita garantizar las prestaciones de manera sostenible. En septiembre, funcionarios de la Secretaría Nacional de Discapacidad defendieron ante el Congreso las medidas implementadas para actualizar el nomenclador y ordenar el sistema.

El proyecto, sin embargo, propone modificar el mecanismo vigente. También elimina la referencia a valores universales y cambia la modalidad de actualización de los aranceles.

Bassi advirtió que ese escenario puede repercutir sobre los prestadores y, en consecuencia, sobre las familias. Durante la entrevista, sostuvo que los valores actuales tampoco alcanzan para cubrir los costos del sistema y reclamó una actualización de la base del nomenclador.

La preocupación por la continuidad de los servicios también alcanza al transporte. “Se están yendo a trabajar a otros rubros y las personas con discapacidad se quedan sin movilidad para ir a las terapias. Y las familias nos enloquecemos”, afirmó.

El problema del financiamiento y las demoras en los pagos ya forma parte del debate parlamentario. Un informe reciente de Infobae señaló que prestadores, transportistas y familias vienen advirtiendo por el desfasaje entre aranceles y costos, con reducción de servicios e interrupciones de tratamientos.

Qué cambios plantea el Presupuesto para las pensiones

Otro de los puntos cuestionados por Bassi está relacionado con las pensiones no contributivas por discapacidad. El proyecto de Presupuesto propone modificar el régimen vigente y volver a un esquema denominado de pensión por invalidez laboral. Además, establece que el beneficio sea incompatible con un empleo formal o con la inscripción en determinados regímenes tributarios.

La propuesta también modifica el papel del Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía de acceso al beneficio y deja parte de los requisitos en manos de la reglamentación.

Bassi cuestionó especialmente la incompatibilidad entre la pensión y el trabajo registrado. “Las personas con discapacidad quieren trabajar. En vez de pelear porque se cumpla el cupo laboral en trabajo del Estado o porque los privados acepten a personas con discapacidad, dice: ‘Si trabajás no tenés derecho a una pensión’”, planteó.

La actriz también vinculó el beneficio con el acceso a la atención sanitaria. “Muchas personas con discapacidad no tienen obra social ni prepaga. Entonces, con la pensión te viene el beneficio de incluir salud para que tengas acceso a los tratamientos”, sostuvo.

El proyecto también propone derogar disposiciones de la Ley de Emergencia en Discapacidad vinculadas con la cobertura médica obligatoria para titulares de pensiones y con el traspaso de beneficios al nuevo esquema.

Para Bassi, la discusión tiene un efecto concreto en las familias que dependen de las prestaciones para sostener tratamientos y apoyos. “Le quitan las pensiones a los niños. Muchas personas que no tienen obra social y tienen un niño con discapacidad acceden a la pensión para que ese niño tenga terapias”, afirmó.

La emergencia y el debate en el Congreso

La Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad fue sancionada para establecer medidas específicas destinadas a sostener el sistema y afrontar la situación de los prestadores. La discusión actual está centrada en su prórroga, mientras el Presupuesto 2027 incorpora modificaciones que afectan distintos aspectos del régimen.

Bassi aseguró que el reclamo por la continuidad de la emergencia atraviesa distintos espacios políticos. “Hablo con muchísimos diputados, gobernadores y doy fe de que esto es completamente transversal”, afirmó.

También expresó expectativas sobre el tratamiento parlamentario de la prórroga. “Yo creo que la prórroga de la ley de emergencia va a salir. Tengo fe en eso, lucho por eso”, señaló.

Durante la entrevista, además, diferenció la vigencia temporal de la emergencia de las normas permanentes que regulan las prestaciones. “Lo que vence es la emergencia, los artículos de la ley no vencen”, sostuvo.

El Gobierno, por su parte, defendió ante el Congreso su política en materia de discapacidad y aseguró que busca garantizar las prestaciones, actualizar el nomenclador y ordenar el sistema de pensiones.

Bassi también respaldó la realización de controles sobre las pensiones y planteó que el objetivo debe ser identificar irregularidades sin afectar a quienes necesitan el beneficio. “Todos los que estamos relacionados con discapacidad queremos que cobren las personas que lo necesitan, no que cobre alguno que no”, afirmó.

Al final de la entrevista, la actriz habló además de su actividad artística. Actualmente participa de Salvajada, obra de Mauricio Kartun basada en un cuento de Horacio Quiroga, junto a Pablo Mariuzzi y bajo la dirección de Luis Rivera López. La puesta aborda cuestiones vinculadas con la discriminación y el bullying y se presenta los martes a las 20 en el Teatro Astros.

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A pocas horas de que ingresara el proyecto de ley de Presupuesto 2027, que elimina los puntos principales de la ley de emergencia en discapacidad, un plenario de comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados comenzó a discutir la prórroga de la emergencia.

Justamente, la llegada del Presupuesto modificó el escenario en el que hasta anoche la discusión iba a ser si avanzaba la prórroga o si el oficialismo presentaba un proyecto propio en el que venía trabajando. Pero la comisión comenzó con el pedido de parte de la oposición de eliminar el Capítulo 6, en el cual se disuelve el sistema de protección de las personas con discapacidad.

“El presupuesto genera un nuevo contexto, el Ejecutivo propone destruir la ley de emergencia y desmantelar el sistema de derechos. Teníamos la intención de tener un dictamen por unanimidad y esto lo vuelve todo para atrás. Lo que enviaron busca generar una destrucción del sistema nacional, es por eso que queremos manifestar el completo rechazo al capítulo 6 y le pedimos que lo retiren”, señaló el diputado Juan Marino, propulsor de este emplazamiento.

La forma en la que el Gobierno definió los fondos para discapacidad también tomó por sorpresa al bloque del oficialismo y sus socios, lo que mostró una poca fluidez y desconexión entre la Casa Rosada y el Palacio Legislativo.

Las diputadas libertarias Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado venían trabajando en un proyecto sobre discapacidad que, aseguraban, era superador del sistema actual. “Ahora habrá que ver cómo seguimos”, señaló un legislador libertario que estaba al tanto del trabajo parlamentario. “Hoy nos levantamos y estaba todo incendiado”, agregó.

La diputada Giudici pidió la palabra y, en una rara imagen, se mostró titubeante y aseguró que sigue creyendo “en el compromiso de tener un dictamen superador que quite el estigma de emergencia”. Pero lo cierto es que la diputada propone algo que se opone a lo que dispone el presidente Javier Milei. “Hay división de poderes, creemos que el Congreso tiene un tiempo largo para tratar luego el Presupuesto y debatir las mejores condiciones”, señaló la diputada.

En ese contexto fueron pasando más de 20 expositores de diferentes organizaciones ligadas al colectivo de discapacidad. Uno a uno, los expositores fueron señalando que el gobierno incumple sistemáticamente el pago a los proveedores y dificulta el desarrollo de los expedientes. “No tiene sentido que la ley de Presupuesto venga a borrar la ley que hoy estamos discutiendo”, fueron repitiendo varios de los expositores.

Quizás uno de los más gráficos fue Pablo Molero, sacerdote y coordinador del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, quien dijo que “el Gobierno está destruyendo todo y, perdón que lo diga, pero la ley de Emergencia en Discapacidad fue un dedo en el traste. Este Gobierno no está cumpliendo. Pagar a 90 días o a 60 días es robarle el dinero a la gente. Lo que hicieron los que escribieron el presupuesto es empujar a la población a la mendicidad”.

La tensión entre lo que buscaba proponer el bloque del oficialismo y lo que propuso el Ejecutivo estaba latente. Giudici les repitió a los socios que iban a seguir avanzando en el proyecto que venían trabajando. Desde el entorno del presidente de la Cámara, Martín Menem, explicaron que seguirán trabajando como lo venían haciendo y que lo del Ejecutivo “es una versión de máxima”, pero adelantaron que están dispuestos al diálogo “con los socios”, ya que, aseguran, “no vamos a dejar nada para que nos puedan voltear un capítulo entero en el recinto”. Esto fue lo que les sucedió en el debate del 2025.

El proyecto

La reforma en la ley de emergencia en discapacidad retoma el modelo de “invalidez laboral” en los artículos 36 y 40, lo cual implica un giro respecto del modelo social de derechos humanos que estableció la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La norma reemplaza ese criterio por uno médico que la mayoría de los especialistas considera anacrónico. Además, elimina por ley el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía de acceso directo a la pensión y traslada la definición de los requisitos desde el Congreso hacia la reglamentación del Poder Ejecutivo, que queda con amplia discrecionalidad para fijarlos.

El artículo 37 introduce, a su vez, una incompatibilidad absoluta entre la pensión y el trabajo formal. La ley vigente permite compatibilizar el beneficio con el empleo registrado o el monotributo hasta dos salarios mínimos, pero el proyecto invierte esa lógica: cualquier alta tributaria o empleo registrado, incluso de pocas horas, extingue la pensión. También desaparece la suspensión temporaria y la rehabilitación inmediata una vez finalizado el contrato laboral, lo que empuja a las personas con discapacidad hacia la informalidad y contradice el artículo 27 de la Convención.

En materia de prestaciones, los artículos 39 y 41 eliminan el arancel único del Nomenclador de Prestaciones Básicas. A partir de ahora, cada obra social, prepaga o provincia podrá fijar valores diferenciados, lo que abre la puerta a una presión a la baja y a la fragmentación de la atención médica y terapéutica. La reforma también suprime la actualización mensual por movilidad y la reemplaza por una pauta trimestral discrecional, además de eliminar el estudio anual de costos que permitía ajustar los aranceles según los valores específicos del sector. Por otra parte, el artículo 41 deroga el artículo 8º de la Ley 27.793, con lo cual la cobertura médica obligatoria con el piso de prestaciones de la Ley 24.901 deja de ser un derecho exigible, y también deroga el artículo 9º de esa misma ley, que garantizaba el traspaso automático de las pensiones preexistentes al nuevo esquema de protección social.

El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el gobierno de Javier Milei impulsa un cambio de fondo en el sistema de prestaciones para personas con discapacidad. La propuesta abarca la derogación de varios artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad, y otros aspectos históricos del régimen que está vigente desde hace más de 30 años.

El corazón de la reforma apunta a desregular el Nomenclador de Prestaciones Básicas, que ya “no incluirá valores universales”, señala la redacción del presupuesto. Es decir, perderá fuerza el listado con aranceles obligatorios de referencia para obras sociales, prepagas y prestadores que atienden a personas con discapacidad. Al eliminar los aranceles comunes, las familias afectadas probablemente tengan que negociar el valor de las terapias, tratamientos y otros servicios.

El otro punto fundamental es que se propone volver al esquema de pensión por invalidez, por el cual el Certificado Único de Discapacidad (CUD) ya no será garantía de acceso a las prestaciones. Tampoco se podrá percibir este beneficio si alguien cuenta con un empleo registrado.

La motosierra al andamiaje legal aparece en el Capítulo VI del Presupuesto 2027, donde los artículos 36 a 41 sustituyen o derogan aspectos clave de la ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, y modifican en forma permanente las leyes 13.478, que regulan las pensiones no contributivas por invalidez labora; y 24.901, que crea el sistema de prestaciones básicas de atención integral a la discapacidad, que rige desde 1997.

“El nuevo texto elimina dos principios fundamentales: que los aranceles sean iguales para todas las obras sociales, prepagas y el Estado, y que esos aranceles se actualicen automáticamente mediante el índice de movilidad jubilatoria. Ahora establecen expresamente que ‘la universalidad no implicará la homogeneidad de aranceles’, advirtió el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.

De esta forma, si bien la iniciativa garantiza formalmente “la universalidad de la atención” del sistema de prestaciones, la modificación desregula los aranceles obligatorios y “las modalidades de financiamiento”. Se lo reemplaza por un “piso mínimo prestacional común, definido por estándares de calidad, oportunidad y adecuación de la prestación”. Además, cada obra social o prepaga podrá definir valores y cubrir las terapias que quiera, según se desprende del proyecto en el análisis de la oposición.

“En criollo, eliminan el criterio de arancel único para todo el sistema y reemplazan una regla objetiva por un esquema fragmentado, discrecional e incierto para prestadores y personas con discapacidad”, cuestionó Ferraro desde su cuenta personal de X. “Toda esta crueldad, mientras el sector atraviesa una emergencia reconocida por ley, con instituciones al borde del cierre, prestaciones desactualizadas y miles de familias a la deriva”, apuntó.

La actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con autismo y activista de los derechos por personas con discapacidad, defendió el nomenclador porque favorece la igualdad de acceso en las prestaciones, y alertó que “es letal la desregulación del nomenclador único”. “En la escuela especial a la que asiste mi hijo, conviven familias con obras sociales pequeñas y otras con prepagas carísimas, porque todas están obligadas a pagar lo mismo. Desregulando eso cada persona va a tener que arreglar con su obra social, tipo paritarias, el costo de los tratamientos”, lamentó en declaraciones a radio Con Vos

Cómo se actualizarán los aranceles

De aprobarse estos artículos, los cambios en los valores de las prestaciones dejarán de ser automáticos y mensuales, como define la regulación vigente. Mientras los prestadores privados tendrán mayor discrecionalidad, los aranceles del sector público deberán ser fijados trimestralmente por la Secretaría Nacional de Discapacidad.

En la práctica, el Gobierno definirá esos valores a su propio criterio, con una condición. “Si ese ajuste no se realiza dentro del período previsto, el texto dispone que se utilizará como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)”, aclara el texto.

Otro de los puntos que se eliminan es el estudio anual de costos de cada prestación, que permitía incorporar a los aranceles los aumentos de componentes no reflejados en el IPC, que “era uno de los reclamos centrales de las federaciones de prestadores, advierten desde el peronismo”.

El diputado nacional Juan Marino, de Unión por la Patria, denunció que el proyecto enviado al Congreso busca “desmantelar la Ley de Emergencia en Discapacidad”, y calificó la maniobra como “ilegal e inconstitucional”. Puntualmente, agregó que, con la “fragmentación del sistema” al disolver los valores únicos en las prestaciones, habrá una “presión a la baja de los aranceles por parte de los grandes financiadores y riesgo para la continuidad de las prestaciones”.

El modelo de “invalidez laboral”

El texto sustituye el artículo 9° de la Ley 13.478, donde faculta al Poder Ejecutivo a otorgar “una pensión inembargable a toda persona sin suficientes recursos, no amparada por un régimen de previsión y mayor de setenta (70) años de edad o imposibilitada para trabajar, según los requisitos establecidos en la reglamentación”.

El cambio, para Marino, reinstaura el modelo de “invalidez laboral” y se abandona “el modelo social de derechos humanos fijado por la Convención y se regresa a un criterio médico anacrónico”.

“​Se elimina por ley el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía legal y directa de acceso a la pensión. Los requisitos de acceso ya no los define el Congreso: quedan totalmente librados a la discrecionalidad de la reglamentación del Ejecutivo", expuso el legislador desde su cuenta de redes sociales.

De la iniciativa, se desprende que queda eliminada la compatibilidad entre la pensión y el empleo registrado o el monotributo hasta dos salarios mínimos. Así lo define el nuevo artículo 37, al establecer que la “Pensión no Contributiva por Invalidez Laboral será incompatible con poseer un vínculo laboral formal y/o encontrarse inscripto en el régimen general y/o simplificado vigente”.

El proyecto también derogara el artículo 8 de la ley de emergencia en discapacidad, que garantizaba la cobertura médica obligatoria para titulares de pensiones no contributivas. Otro cambio es el bloqueo al traspaso automático de beneficios preexistentes, al derogarse el art. 9º de la Ley 27.793, impidiendo que quienes ya cobran una pensión pasen de oficio al nuevo esquema de protección social con todas sus garantías.

El artículo 38, además, quita las restricciones que impedían financiar estos programas con recortes a otras partidas de servicios sociales, según el análisis de Marino.

El debate en la Cámara de Diputados

La Cámara baja tenía previsto retomar hoy el debate sobre los proyectos para prorrogar la emergencia en discapacidad hoy a las 12, en un plenario informativo de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda.

El cronograma fue aprobado con 249 votos durante la última sesión. Entre los temas figuraban la paralización en el otorgamiento de pensiones no contributivas por invalidez laboral, el atraso en los pagos, el congelamiento de aranceles y el cierre de centros de día. Todos puntos sensibles para las personas con discapacidad, familiares y organizaciones especializadas, quienes aún no encuentran una solución a sus necesidades.

Lo cierto es que los cambios en el Presupuesto 2027 impactan en esta agenda legislativa. Desde la oposición se preparan para confrontar, y pone en un lugar incómodo a los aliados. El diputado nacional Esteban Paulón, de Santa Fe, recordó que el proyecto apareció luego de que La Libertad Avanza promoviera, junto a bloques afines, una iniciativa propia para tratar la emergencia en discapacidad, y que hasta al momento se desconocía.

“Pues apareció el proyecto. Y está en la ley de Presupuesto 2027. Es regresivo y supone la desaparición de las prestaciones universales que garantizan un piso mínimo de acceso a la atención. Personas con discapacidad y prestadores, librados a su suerte y a las “fuerzas” del mercado", alertó Paulón, desde su cuenta de X. “Lo dijimos la semana pasada en la sesión: es imprescindible que la ley de Emergencia en Discapacidad sea prorrogada. El oficialismo niega la emergencia y, en cambio, apuesta a exponer a las personas con discapacidad a más injusticias”, dijo el diputado Pablo Juliano, también del bloque Provincias Unidas.

En un pequeño laboratorio de la Universidad Strathmore, en Nairobi Kenia, Norah Kimathi construye manos robóticas impresas en 3D con plástico reciclado que traducen en tiempo real la voz de los docentes a lengua de señas para niños sordos. La científica tiene 22 años y dirige ZeroBionic, la startup que fundó en 2023 con el objetivo de resolver uno de los problemas educativos más persistentes del país: más de 300.000 niños sordos o con hipoacusia que no pueden seguir las clases porque la mayoría de los maestros no saben enseñar.

Según detalló el periódico local The Times of India con base en información de la agencia AFP, el dispositivo se coloca al frente del aula, escucha al docente y mueve sus dedos mecánicos para reproducir los signos correspondientes. Cuando el estudiante responde en señas, una cámara lee sus manos y el sistema emite la respuesta en voz alta para que el maestro la comprenda.

La conversación funciona en dos lenguas y sin necesidad de un intérprete humano presente, lo que representa un cambio concreto en la dinámica de las aulas para alumnos con discapacidad auditiva.

Las manos cuestan USD 350, duran tres años y ya están en 78 escuelas de Kenia

Cada unidad de ZeroBionic se produce con más del 60% de plástico que antes era descartado como residuo, lo que reduce los costos de fabricación y el impacto ambiental del proceso. El precio final es de USD 350 por mano, con una vida útil de hasta dos años sin necesidad de mantenimiento. La empresa ya distribuyó 78 unidades en escuelas de distintos puntos del país, donde los dispositivos funcionan de forma autónoma dentro del aula.

El sistema alcanza una precisión del 92% en la conversión de voz a señas, según los datos de la compañía. Kimathi atribuye ese nivel de exactitud a años de trabajo de campo y a la construcción de una base de datos propia, dado que no existía ningún conjunto estandarizado de lengua de señas africana al momento de iniciar el proyecto. Ese vacío obligó al equipo a desarrollar desde cero una solución que hoy cubre términos de uso cotidiano y vocabulario técnico de materias como matemáticas y ciencias.

Sin datos previos, el equipo construyó un diccionario de señas africano desde cero

Uno de los mayores obstáculos que enfrentó la startup fue la ausencia de un dataset africano unificado de lengua de señas. Para resolverlo, el equipo trabajó con docentes sordos con experiencia que vistieron un traje especial con electrodos, importado para la ocasión. Con ese sistema, registraron y almacenaron cientos de señas, incluidos términos técnicos que hasta entonces no tenían una representación gestual definida en el contexto educativo keniano.

“El desafío más grande fue que en África no existe un dataset estandarizado de lengua de señas”, señaló Kimathi en declaraciones a AFP desde su laboratorio en Nairobi. “Nadie más había construido esto en el continente. Tuvimos que empezar desde cero”, agregó. La base de datos resultante combina referencias del inglés, la lengua de señas americana y la keniana, y continúa ampliándose con nuevas incorporaciones.

ZeroBionic desarrolla Africa One, un torso robótico para ampliar el vocabulario de señas

Para expandir las capacidades del sistema, la empresa trabaja en un robot humanoide al que denominó Africa One. El torso robótico funciona como plataforma para refinar y ampliar el repertorio de señas que las manos mecánicas pueden producir, con el objetivo de incorporar más vocabulario especializado y mejorar la fluidez de la traducción en contextos educativos complejos.

La firma opera sin capital de riesgo externo. La empresa se financió con premios obtenidos en competencias, infraestructura universitaria y los ingresos generados por los primeros proyectos piloto. En 2026, Kimathi fue seleccionada por la firma tecnológica estadounidense Qualcomm como la única representante keniana en su programa continental para África, tras superar a más de 1.200 postulantes de 45 países del continente.

“Sabemos que vamos a poner una sonrisa en la cara de alguien más”, afirmó Kimathi según AFP. Las manos robóticas de ZeroBionic permiten hoy que docentes y alumnos sordos en aulas de Kenia mantengan diálogos que hasta hace poco resultaban imposibles sin la presencia de un intérprete.

El Congreso de los Diputados dará el sí definitivo este miércoles a la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia. Los textos vuelven a la Cámara Baja después de su paso por el Senado y, si todo avanza sin sorpresas, saldrá adelante sin los cambios introducidos por el Partido Popular.

La norma supone una mejora en los servicios a los que pueden acceder las personas con discapacidad, además de acortar los trámites administrativos para el reconocimiento de la situación de dependencia. “Es la mayor reforma social de la legislatura y la mayor transformación del sistema de protección social en décadas”, valoró el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en declaraciones a los medios.

Las leyes de dependencia y discapacidad se aprobarán, no obstante, sin ninguna de las aportaciones del Senado, después de que el Gobierno vetase las enmiendas incorporadas por el PP y Junts. Tampoco resuelve los problemas del copago de las ayudas que enfrentan los grandes dependientes, como los enfermos de ELA.

Más financiación, derechos y menos burocracia

Entre los principales cambios, la nueva ley de dependencia incorpora una enmienda del PSOE y Sumar para financiar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Así, el Estado se compromete a aportar 50% de los fondos, con una inyección adicional de 6.200 millones de euros para las comunidades autónomas entre 2026 y 2027.

Sobre la atención a las personas dependientes, el nuevo texto amplía el concepto de cuidador para reconocer que los cuidados pueden ser prestados por personas pertenecientes al mismo entorno relacional. El Estado asumirá por ley las cotizaciones de las cuidadoras principales, que en su mayoría son mujeres, y garantizará la continuidad de la atención si estas enferman gravemente o son hospitalizadas.

La reforma blinda también la asistencia personal como un servicio que puede ofrecerse tanto dentro como fuera del domicilio, incluyendo, entre otros supuestos, el acompañamiento para hacer la compra o acudir al médico.

Asimismo, se eliminan incompatibilidades para que las personas en situación de dependencia puedan recibir diferentes prestaciones y se reduce el plazo para concederlas de 6 a 3 meses. Las nuevas leyes suponen, además, un alivio de las cargas burocráticas al permitir el reconocimiento automático de un 33% de discapacidad a aquellas personas a las que se les asigne un grado I de dependencia. Las que obtengan un grado II o III podrán ser reconocidas con el 65% de discapacidad.

El texto refuerza el derecho de cada persona a elegir el servicio o prestación que desea y reconoce la teleasistencia y la accesibilidad universal como derechos. Esto permitirá a las personas con discapacidad reclamar una accesibilidad adecuada en edificios o servicios públicos y obligará a las comunidades de vecinos a pedir ayudas para realizar obras en sus edificios, si así lo solicitan las personas residentes. Se prohíbe, asimismo, la discriminación en los seguros hacia las personas con discapacidad.

Respecto a las autonomías, se reconoce la atención temprana como derecho subjetivo, de modo que los gobiernos regionales estén obligados a atender a todos los menores de 6 años que presenten trastornos en el desarrollo o tengan riesgo de desarrollarlo.

Críticas al copago de la ELA

Todos estos cambios suponen un avance y una mejora para el sistema de dependencia, según la organización ConEla, “pero no podemos considerar terminado el trabajo mientras una persona con ELA deba tener que contribuir económicamente a unos cuidados que son imprescindibles para seguir viviendo”, ha recordado su presidente, José Jiménez Aroca.

La actual legislación permite que las comunidades autónomas establezcan un copago a las ayudas de financiación de los cuidados de la esclerosis lateral amiotrófica y varias comunidades, entre ellas Cantabria, Cataluña o Aragón, los han establecido para las rentas más altas. Bustinduy apuesta por el fin de los copagos, pero no da plazos para acabar con ellos. Con la nueva reforma, el objetivo es que el copago “sea cero o lo más cercano a cero en el futuro”, ha expresado en una entrevista con TVE.

Para la Confederación, los cuidados de alta intensidad que requieren las personas con ELA avanzada no pueden tratarse como una prestación social ordinaria. En las fases avanzadas de la enfermedad, deben ser considerados y financiados como una prestación de naturaleza sanitaria, es decir, sin copago para la persona afectada ni para su familia. “La Ley ELA nació del consenso y de la voluntad de dar una respuesta excepcional a situaciones excepcionales. Nuestro objetivo sigue siendo que ese principio se traduzca plenamente en la vida diaria de las personas afectadas y de sus familias”, concluye José Jiménez.

“Me estaban buscando por todo Mendoza para darme el diagnóstico. Llamé llorando a la pediatra de Malú y ella me dijo: ‘No leas nada en internet. Nos vemos en el hospital a las 9’”. Así, Sofía García Barrozo recuerda como si fuera ayer una secuencia que, ocho años después, marcó el inicio de un camino que la convirtió en una experta en una enfermedad poco frecuente, pero con buen pronóstico si se detecta a tiempo.

Y como todas las mamás que reciben este aviso, entendió en los primeros días que la llegada de la fenilcetonuria (PKU) a Malú era un antes y un después en su familia.

La fenilcetonuria es, según define Orphanet (el portal europeo de referencia en enfermedades poco frecuentes), una condición genética que impide al organismo procesar correctamente la fenilalanina, un aminoácido presente en casi todas las proteínas. Podría explicarse como una suerte de intolerancia: cuando esa sustancia no se metaboliza bien, se acumula en la sangre y daña el cerebro en pleno desarrollo.

15 días, un diagnóstico tardío y un nuevo camino

Malú Miranda García nació en 2017 en Mendoza Capital y a los 15 días de que conoció el mundo, su nombre ya circulaba entre los médicos del Hospital Dr. Humberto Notti. La pesquisa neonatal, un pinchazo en el talón del recién nacido que en la Argentina es obligatorio desde 1986, cuando se sancionó la Ley 23.413, había arrojado un resultado positivo para la fenilcetonuria. El problema fue que nadie pudo comunicárselo a la familia a tiempo: se habían ido a casa sin enterarse y el hospital tardó dos semanas en dar con ellos.

La pediatra que recibió su llamado no era cualquiera: era justamente la del área de crecimiento y desarrollo del Notti, la encargada de estos casos. “Son esas coincidencias de la vida”, diría Sofía tiempo después. Un evento fortuito que, más que azar, pareció un designio.

“Al principio fue bastante shockeante. Era algo totalmente nuevo. Empezamos a ir a un área del hospital que no era nuestro ámbito habitual tres veces por semana y hacíamos muchos estudios. Desde que nació fue intenso e incluso ahora, hasta los 12 años más o menos, seguimos en un proceso de cierta inestabilidad con los valores”, recuerda Sofía.

Malú es atendida por un equipo médico en el Hospital Notti de Mendoza, con su nutricionista, su pediatra y en coordinación con la jefa del área. “Siempre nos han apoyado muchísimo”, cuenta.

En la Argentina se registran unos 700 casos y una sola gotita de sangre del talón puede cambiar todo el futuro: el estudio debe realizarse entre las 36 y las 72 horas de vida. De no tratarse a tiempo, puede provocar retraso mental, déficit cognitivo, problemas conductuales, convulsiones y movimientos anormales, entre otras consecuencias.

Malú tiene una PKU de tipo leve. Eso significa que puede tolerar hasta 26 gramos de proteína diarios, una cifra que tardó años en alcanzarse. Los primeros cuatro o cinco años de vida transcurrieron con tolerancia cero: ningún alimento proteico convencional, solo suplementos especiales y la fórmula sin fenilalanina que cubre lo que su cuerpo no puede procesar.

En este universo, la sola idea de sumar un huevo a la alimentación de Malú fue un verdadero desafío. “Uno piensa: ‘¿Le agregamos y qué pasa?’. Los valores no se ven todos los días y da miedo”.

Hoy no solo come huevo, sino yogur, fideos y arroz, y la familia ya no depende tanto de los productos especiales, aunque Sofía admite: “Siempre estoy buscando cosas nuevas y compartiendo con otros grupos. Para mí eso es oro”.

Un encuentro, una cocina y un mundo nuevo...

Tras la charla con la pediatra, Sofía logró vislumbrar un poco más el horizonte. Mendoza es una provincia chica y en ese momento había apenas unas 30 personas con PKU distribuidas por toda su geografía. Ella no lo sabía aún, pero cada uno de ellos se convertiría en su familia mientras Malú crecía. En ese momento no había grupos de padres, ni redes, ni información fácil de conseguir.

“Necesitábamos saber cómo lo llevaban los demás, qué comían, cómo resolvían las cosas”, recuerda. La Fundación Enhué fue clave en este punto: en 2018, cuando Malú tenía menos de un año, le pagó el viaje para participar del encuentro del 28 de junio, el Día Internacional de la PKU, donde por primera vez pudo sentarse a cocinar con otras madres y escuchar cómo lo resolvían en otras casas.

Ese encuentro no fue solo una capacitación: fue el primer espejo en el que Sofía vio que era posible. Hoy esa red es mucho más amplia, con grupos de familias activos, profesionales más formados y acceso a información de calidad. “Antes era todo muy artesanal. Ahora es más fácil”, resume.

La cocina como territorio compartido

Aprender a cocinar para Malú fue, en los primeros tiempos, hacerlo desde cero. No había recetas heredadas ni intuición que sirviera: cada ingrediente era una incógnita y cada etiqueta, un desafío.

“Al principio nos dieron una lista impresa con los alimentos y la cantidad de proteína. Eso era todo lo que teníamos”, recuerda Sofía. Con los años, esa lista quedó atrás: Malú tiene la aplicación MiPKU en su propio celular y la usa para verificar en tiempo real el contenido proteico de lo que va a comer. Su madre, en paralelo, mantiene una planilla con toda la información organizada. “Muchas veces las etiquetas no muestran todo. Hay componentes ocultos y eso siempre hay que consultarlo con los médicos”.

Pero el aprendizaje no quedó solo en manos de Sofía. En toda la familia se cocina pensando en Malú y en las casas de sus amigas más cercanas ya saben qué puede comer: “Si hacemos patitas de pollo, lo que cocinamos para ella tiene la misma forma. Si hacemos un guiso, ella come lo mismo que nosotros”.

Incluso esta dinámica se extendió más allá de sus más cercanos. En cumpleaños y eventos, el ingenio es clave para Malú y su familia: “Si vamos a un restaurante, llevamos parte de la comida o buscamos alternativas. Siempre encontramos la manera”.

Ocho años de aprendizaje y un desafío constante

“Al principio, la obra social respondió muy bien. Ahora estamos atravesando una situación más complicada. Se hace difícil sostener la alimentación”, afirma Sofía. Durante años, los alimentos especiales y los suplementos llegaron sin mayores trabas y la familia pudo concentrarse en lo más difícil: aprender a vivir con la PKU.

Pero eso cambió. Hubo meses en los que los suplementos directamente no llegaron y, con la ayuda de la Fundación Enhué, lograron recurrir a la justicia para evitar quedarse sin tratamiento. El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es otra batalla sin resolver. Lo intentaron cuando Malú tenía tres años y de nuevo a los seis. En ambas oportunidades, la respuesta fue negativa. “Como ella no tiene una discapacidad visible, no lo hemos conseguido”, explica su madre. Ahora planean intentarlo por tercera vez, convencidos de que agilizaría trámites y aliviaría la presión sobre el tratamiento.

Con ocho años, esta pequeña empieza a hacer preguntas que antes no hacía y la comida es la principal protagonista. En un cumpleaños reciente, todos comían milanesas y ella tenía una hamburguesa vegana que siempre le gustaba, pero ese día no la quiso. Se decidió por tomate, palta y puré. “Son cosas que pasan y seguimos buscando alternativas”, dice Sofía sin dramatismo.

Malú no es PKU, ella solo convive con esa condición. Malú es una gimnasta artística a la que le fascina mezclar estilos clásicos, contemporáneos y urbanos cuando se trata de danza. Es curiosa, es sociable y no tiene secuelas pese a que tardaron en darle la noticia a Sofía.

Ella es una nena como cualquier otra, una calificación que muchas veces, con condiciones que surgen en la infancia, parece ciencia ficción. Y es una más gracias a su familia, a los médicos y a la ciencia, que logró identificar esta condición que, en caso contrario, sería otro su futuro.

“Hay buenos equipos médicos y espacios de contención. No se informen solo por internet, la información que aparece ahí puede ser fatal. Se puede llevar adelante y tener una vida normal”, afirma Sofía. Con un mensaje que va destinado a quienes más lo necesitan, otros papás que se acaban de enterar de que existe la PKU: “Es mucho más sencillo de lo que parece. Aprendan a cocinar y, sobre todo, a conocer los alimentos”.

Los pasajeros que llegan a las terminales 5 y 7 del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York deben utilizar un punto de recogida diferente si contrataron un viaje mediante una aplicación de transporte o un servicio de coche con conductor.

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey trasladó esas operaciones a un estacionamiento ubicado junto a la estación Howard Beach del AirTrain.

La medida alcanza a quienes arriban a esas terminales y continúan su trayecto en Uber, Lyft, Revel u otros vehículos de alquiler con conductor. Según informó la Autoridad Portuaria, los viajeros ya no pueden encontrarse con esos servicios en la acera de los edificios: deben viajar hasta Howard Beach una vez que hayan retirado sus maletas.

El cambio no modifica el ingreso al aeropuerto de quienes parten en un vuelo. Los automóviles particulares, taxis y otros medios de transporte pueden seguir dejando pasajeros frente a las terminales 5 y 7. La nueva modalidad se limita a las recogidas posteriores a la llegada de los vuelos.

Cómo funciona el traslado hasta Howard Beach

Después de salir del área de equipaje, los pasajeros deben seguir la señalización hacia el JFK AirTrain y tomar el servicio hasta Howard Beach.

El recorrido dentro del aeropuerto es gratuito, incluida la conexión entre las terminales y el estacionamiento destinado a las aplicaciones de transporte y los servicios de coche.

Al llegar a la estación, los viajeros tienen que dirigirse al sector identificado para las recogidas.

Allí pueden ponerse en contacto con el conductor mediante la aplicación o el servicio contratado y buscar el espacio numerado asignado para el encuentro.

La ubicación de cada vehículo permite ordenar la circulación y evita que los choferes permanezcan en los accesos de las terminales.

La Autoridad Portuaria indicó que habrá representantes de atención al cliente y asistentes de equipaje en el estacionamiento. El personal estará disponible para orientar a los pasajeros, colaborar con las maletas y facilitar el desplazamiento entre la estación del tren interno y el automóvil solicitado.

El aeropuerto recomienda revisar la información que figura en la aplicación antes de pedir el viaje. De ese modo, los pasajeros pueden confirmar el lugar asignado, comunicarse con el conductor cuando lleguen a Howard Beach y evitar confusiones con los puntos de recogida habituales frente a las terminales.

Qué pasajeros pueden mantener la recogida en la terminal

Los vehículos adaptados para viajeros amparados por la Ley de Estadounidenses con Discapacidades pueden continuar recogiendo clientes frente a las terminales 5 y 7. La excepción contempla a los servicios accesibles y evita que las personas que requieren ese tipo de traslado deban utilizar el AirTrain para llegar al estacionamiento de Howard Beach.

El aeropuerto también mantiene la atención en la terminal para los pasajeros que necesitan silla de ruedas, asistencia de movilidad o espacio adicional.

Las autoridades aconsejan solicitar ese servicio directamente a la aerolínea antes del viaje, para que un asistente esté preparado al momento de la llegada.

De acuerdo con la información difundida por el aeropuerto John F. Kennedy, esa coordinación previa permite que el acompañante reciba al pasajero en la puerta de embarque y lo acompañe hasta el sitio donde abordará el vehículo.

Así, la asistencia se organiza desde el descenso del avión y no depende de que el viajero llegue por sus propios medios a la estación.

La Autoridad Portuaria vinculó el nuevo esquema con las obras de remodelación que avanzan en distintos sectores de JFK. Los trabajos modifican la circulación en las vías internas y obligaron a reorganizar algunos servicios terrestres para reducir la presencia de vehículos en las zonas de llegada.

El traslado de las recogidas busca liberar espacio en los accesos donde coinciden pasajeros, autobuses, taxis, automóviles particulares, personal aeroportuario y equipos de equipaje.

Al concentrar los viajes contratados en un sector específico, las autoridades procuran disminuir las demoras mientras continúan los cambios en la infraestructura del aeropuerto.

La disposición permanece vigente, según el aviso publicado por el aeropuerto. Por eso, los pasajeros que aterricen en las terminales 5 y 7 deberán prever un tramo adicional en el AirTrain antes de reunirse con el conductor, salvo que utilicen un servicio accesible autorizado para realizar la recogida frente a la terminal.

Un estudio de la Universidad de Manchester halló que las suspensiones escolares en secundaria se concentran con más frecuencia entre alumnos con desventajas socioeconómicas, necesidades educativas especiales y experiencias negativas en la escuela, un patrón que, según la investigación, obliga a mirar más allá de la disciplina para entender qué apoyos pueden evitar la exclusión temporal del aula, informó el portal científico Phys.org.

El análisis, publicado en British Educational Research Journal, examinó datos de 19.064 estudiantes de los cursos 8 y 10 en 69 escuelas secundarias ordinarias de Hampshire y Southampton durante el año académico 2023-24. Cerca del 6% de los alumnos del estudio había sido suspendido al menos una vez en ese período.

La investigación combinó respuestas de encuestas con registros administrativos para rastrear no solo si los estudiantes fueron suspendidos, sino también con qué frecuencia ocurrió. El trabajo utilizó información del programa #BeeWell, una iniciativa de medición del bienestar juvenil encabezada por la Universidad de Manchester junto con la organización Anna Freud, dedicada a la salud mental infantil, y la Gregson Family Foundation.

La encuesta #BeeWell recoge información sobre el bienestar de los jóvenes y sobre condiciones que pueden influir en él, entre ellas la experiencia escolar, conductas de salud, relaciones con pares y familiares y características del vecindario. Esas respuestas pueden vincularse con datos administrativos conservados por las autoridades locales participantes, lo que permite cruzar trayectorias escolares con información sobre suspensiones y exclusiones.

Necesidades especiales y pobreza, mayor riesgo de suspensión

Según el estudio, los estudiantes que recibían apoyo por necesidades educativas especiales tenían más del doble de probabilidades de ser suspendidos que quienes no contaban con ese apoyo. El mismo patrón apareció entre quienes tenían un plan de Educación, Salud y Cuidados —un documento formal que establece apoyos específicos para alumnos con cuadros más complejos—, con idénticas probabilidades de suspensión.

Además, se identificó un riesgo más alto entre los alumnos con derecho a comidas escolares gratuitas, un indicador de desventaja económica. En ese grupo, la probabilidad de suspensión fue casi dos veces y media superior a la de los estudiantes que no reunían ese requisito.

Entre los factores vinculados con una mayor probabilidad de suspensión aparecieron además la presión de pares, las experiencias de acoso escolar y el consumo reciente de sustancias. Los alumnos que admitieron haber consumido alguna sustancia en los últimos 30 días tuvieron casi tres veces más probabilidades de ser suspendidos que quienes no reportaron consumo reciente, en parte porque ese comportamiento puede constituir por sí mismo un motivo de suspensión bajo la guía del Departamento de Educación.

Pertenencia, vínculos y regulación emocional reducen suspensiones

El estudio detectó varios elementos ligados a una menor probabilidad de suspensión: el apego a la escuela, la satisfacción con el propio rendimiento académico, las relaciones positivas con el personal escolar y una mayor capacidad de regulación emocional.

La autora principal, la doctora Stephanie Cahill, precisó que la suspensión “no se explica simplemente por lo que ocurre en un aula individual ni por la conducta de un joven de manera aislada”, y afirmó que “las experiencias de desventaja, las relaciones con compañeros y personal, el sentido de pertenencia y las necesidades educativas adicionales forman parte de un panorama mucho más complejo”.

Cahill sostuvo que, si el objetivo es reducir las suspensiones, hace falta ir más allá de las respuestas disciplinarias y considerar qué apoyo necesitan los jóvenes para seguir vinculados con la escuela. Los investigadores subrayaron la importancia de la intervención temprana y del apoyo preventivo, en especial para estudiantes que viven situaciones de desventaja o requieren apoyos educativos adicionales.

El estudio advirtió además que no existe una única trayectoria que conduzca a la suspensión y que una respuesta uniforme difícilmente funcione para todos los casos.

Más estudio y más apoyo estatal, los próximos pasos

Los autores aclararon que los resultados muestran asociaciones y no relaciones causales. La investigación, por lo tanto, no prueba que uno de esos factores produzca por sí solo una suspensión, sino que identifica patrones que requieren más estudio para comprender qué mecanismos intervienen y cómo pueden responder las escuelas con mayor eficacia.

El profesor Neil Humphrey señaló que el contexto educativo actual obliga a muchos docentes a trabajar en condiciones muy exigentes y que, por falta de capacidad, suelen aplicarse enfoques generales a todos los alumnos. “Para asegurar que se pueda hacer más trabajo para entender trayectorias individuales y prevenir suspensiones, tiene que haber un mayor apoyo del gobierno a las escuelas”, enfatizó.

La diputada nacional Lorena Petrovich, de La Libertad Avanza (LLA), sostuvo, en diálogo con Infobae Al Amanecer, que el oficialismo acompañó el avance porque ya trabajaba sobre esos temas. También celebró que el tratamiento legislativo se enfoque en las personas afectadas.

El acuerdo surgió del trabajo previo en comisiones

El acuerdo casi unánime sobre morosidad y discapacidad respondió, según Lorena Petrovich, al trabajo previo de las comisiones y no a un cálculo electoral. La diputada afirmó que esos espacios ya tenían reuniones, fechas y temas en análisis antes de la sesión.

Petrovich afirmó que el presidente de la Cámara de Diputados aplicó el reglamento durante el debate. Según explicó, las comisiones ya funcionaban y no requerían un emplazamiento para iniciar el análisis de los proyectos.

La legisladora rechazó la idea de que LLA se sumó a una iniciativa opositora porque anticipaba una derrota. “No, de ninguna manera, todo lo contrario”, respondió cuando le consultaron por esa interpretación.

Para Petrovich, los legisladores alcanzan los acuerdos antes de llegar al recinto. “El verdadero trabajo está en las comisiones”, afirmó al describir el proceso que antecede a las votaciones de la Cámara.

La diputada señaló que las sesiones permiten expresar el consenso sobre asuntos que los bloques ya discutieron. Mencionó también las reuniones de labor parlamentaria como parte de ese recorrido legislativo.

Petrovich dijo que el Congreso aprobó más de siete leyes durante el año. Vinculó esa actividad con una agenda reformista y con un trabajo constante dentro de las comisiones legislativas.

La discusión sobre morosidad y el presupuesto

La diputada planteó que el Congreso debe atender a las personas que enfrentan morosidad. A la vez, sostuvo que cualquier medida debe considerar los límites presupuestarios que atraviesa la Argentina.

“El beneficio tiene que llegar para la gente”, afirmó la legisladora e incluyó en esa idea a quienes tienen deudas y a las personas que requieren respuestas del Estado en materia de discapacidad.

Petrovic sostuvo que el tratamiento de la morosidad no debe alterar el presupuesto. Según su posición, cada medida debe contemplar el esfuerzo de quienes trabajan, aportan y buscan cumplir con sus obligaciones.

“Cada argentino está haciendo demasiado esfuerzo”, dijo. Agregó que el Estado debe acompañar a quienes atraviesan dificultades de pago sin dejar de considerar la situación fiscal.

Al mismo tiempo afirmó que los debates parlamentarios sobre finanzas parten de datos y números. Señaló que los bloques pueden sostener diferencias, aunque deben buscar alternativas para responder a los problemas planteados.

“Nadie niega nada, siempre se dice la verdad”, expresó. La diputada dijo que el oficialismo analiza opciones dentro de los recursos disponibles para atender situaciones de morosidad.

También cuestionó a sectores opositores por su posición ante las iniciativas del Gobierno. Petrovich afirmó que el kirchnerismo intenta frenar medidas cuando no comparte el rumbo que propone La Libertad Avanza.

Expedientes y cobertura por discapacidad

Petrovich sostuvo que la problemática de discapacidad requiere atención ante cada situación compleja. La diputada afirmó que el objetivo debe asegurar cobertura para quienes cumplen los requisitos y ordenar los trámites pendientes.

Y atribuyó a una nueva secretaría un reordenamiento de las políticas de discapacidad. Según dijo, esa área comenzó a revisar expedientes y a informar cifras sobre casos que no tenían tratamiento.

Al mismo tiempo aseguró que había más de 300 mil proyectos o carpetas sin avance administrativo. Afirmó que esos expedientes solo contaban con una apertura inicial y no registraban un tratamiento posterior.

“Sus carpetas estaban vacías”, dijo Petrovich sobre esos trámites. La diputada sostuvo que las personas recibían indicaciones para esperar plazos que, según su explicación, nunca comenzarían a correr.

También mencionó más de 20 mil trámites superpuestos. Petrovich explicó que una demora en una instancia de la administración puede impedir que los casos avancen hacia los pasos siguientes.

La diputada dijo que las comisiones recibieron al secretario relacionado con el área de discapacidad. Según afirmó, el funcionario respondió preguntas y asumió el compromiso de aportar datos que requerían mayor precisión.

Petrovich planteó que el ordenamiento debe incluir nuevas fechas y cobertura de pago total. “La cobertura llegue a quien tiene que llegar”, afirmó al referirse al objetivo del tratamiento legislativo.

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El funcionario indicó que el oficialismo decidió participar ante la posibilidad de que el respaldo parlamentario creciera. “No quisieron dar la foto de más de 133”, sostuvo al referirse al número de legisladores que había apoyado una propuesta previa.

Juliano señaló que la Cámara alcanzó el quórum con 135 diputados, mientras integrantes de La Libertad Avanza permanecían de pie en el recinto. Según su interpretación, el Gobierno evaluó que no podía quedar fuera de una sesión centrada en asuntos que afectan a personas con deudas y a beneficiarios de prestaciones por discapacidad.

El emplazamiento fijó fechas para discapacidad y morosidad

El emplazamiento obliga a las comisiones a tratar los proyectos dentro de un calendario definido. La Cámara debatirá iniciativas sobre discapacidad los días 16 y 23 de septiembre. Las comisiones abordarán la morosidad el 29 de septiembre.

El diputado sostuvo que el debate sobre morosidad acumuló demoras. Indicó que presentó la misma propuesta 15 días antes de la sesión y que entonces obtuvo 133 votos. Para Juliano, ese antecedente permitió convocar la reunión parlamentaria que definió el nuevo cronograma.

Juliano cuestionó la posición inicial del oficialismo frente al quórum. Relató que representantes del Gobierno contactaron a su espacio durante la mañana de la sesión para comunicar que asistirían. También afirmó que La Libertad Avanza discutió internamente quiénes concurrirían al recinto.

El legislador vinculó la decisión con el respaldo de bloques provinciales. Dijo que esos espacios aportaron votos para alcanzar el quórum y para aprobar el emplazamiento. A su vez, planteó que las dificultades financieras tienen expresiones distintas en cada región del país.

Deudas y acceso al crédito

El funcionario planteó que el Congreso debe buscar una respuesta para las personas con morosidad sin afectar el acceso al crédito. “Yo quiero que el Congreso pueda colocar alguna especie de solución”, afirmó. Su propuesta busca combinar herramientas de refinanciación, criterios de segmentación y un mecanismo no judicial para resolver conflictos.

Al mismo tiempo sostuvo que la Comisión de Presupuesto podía demorar el debate. Explicó que el Gobierno propuso sumar a ese cuerpo junto con las comisiones de Usuarios y Consumidores y Finanzas. Juliano pidió excluirla para evitar iniciativas con impacto fiscal y acelerar la elaboración de un dictamen.

Según explicó, el tratamiento debe concentrarse en medidas que no expongan el proyecto a un veto presidencial. Propuso revisar experiencias de la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y La Rioja. Mencionó planes de refinanciación y programas dirigidos a trabajadores del sector público.

El legislador también propuso crear una instancia extrajudicial inspirada en la mediación. Ese procedimiento buscaría ofrecer una salida para quienes acumulan deudas y evitar nuevas situaciones de mora. Juliano afirmó que la medida podría reunir consensos entre bloques con posiciones distintas.

Consecuencias de la mora

Juliano advirtió que las deudas impagas pueden dejar a personas fuera del sistema financiero durante años. Señaló que su proyecto, llamado Segunda oportunidad, busca revisar ese efecto. La iniciativa apunta a distinguir entre quienes acumulan obligaciones de bajo monto y quienes registran incumplimientos mayores.

El diputado afirmó que el 40% de las personas con morosidad tiene menos de 25 años. Consideró que una deuda inicial no debería impedir el acceso posterior a créditos. También cuestionó que una persona quede registrada durante cinco años por obligaciones que luego regularizó.

Aismimos citó cifras que, según dijo, surgen de estudios del Banco Central. Indicó que las personas con más de tres meses de mora arrastran entre $370.000 y $420.000. Añadió que cerca de 1,8 millones no logran salir de esa situación.

El legislador diferenció los niveles de morosidad según el tipo de prestador. Afirmó que los bancos registran cerca de 7%, las billeteras virtuales entre 19% y 21%, y los prestadores no bancarios alcanzan 36%.

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El diputado nacional Esteban Paulón, de Provincias Unidas, interpretó que el acompañamiento oficialista reconoció dos problemas que afectan a sectores de la población. “El libertarianismo parlamentario reconoce que con discapacidad y endeudamiento hay problemas”, afirmó en diálogo con Infobae Al Amanecer.

Qué aprobó Diputados y por qué todavía no hay una ley nueva

La Cámara de Diputados no aprobó una ayuda para quienes tienen problemas para pagar créditos, tarjetas o préstamos. Tampoco aprobó la extensión de la emergencia en discapacidad durante 2027. En esta oportunidad votaron para que las comisiones comiencen a discutir esos proyectos. Esa etapa resulta necesaria antes de que cualquier iniciativa vuelva al recinto para una votación general.

La comisión reúne a legisladores de distintos bloques. Allí analizan los proyectos, proponen cambios y buscan acuerdos sobre un texto común. Después de ese debate, las comisiones elaboran un dictamen. Ese documento deja el proyecto listo para que la Cámara de Diputados lo discuta en una nueva sesión.

El dictamen tampoco convierte una propuesta en ley. Los diputados deben votar el proyecto en el recinto y, si lo aprueban, el Senado deberá hacer lo mismo.

La discusión sobre morosidad y endeudamiento incluye cerca de 50 proyectos. Esas iniciativas buscan ofrecer alternativas a las familias y personas que no pueden cumplir con sus pagos.

El debate sobre la emergencia en discapacidad apunta a definir si el Congreso extiende por un año la norma vigente. Paulón sostuvo que las provincias afrontan prestaciones que la Nación no paga. “Con discapacidad pasa lo mismo. Es un tema donde hoy las provincias se están haciendo cargo con los magros recursos que tienen”, dijo el diputado nacional.

Paulón relacionó esa situación con la baja de la recaudación y de los fondos de coparticipación. También afirmó que el endeudamiento afecta a “millones de personas y familias en Argentina”.

Paulón afirmó que el oficialismo aceptó discutir dos problemas

El legislador de Provincias Unidas afirmó que la oposición contaba con entre 137 y 138 diputados dispuestos a sostener la sesión. Con 129 presentes, el recinto alcanzaba el quórum.

Según Paulón, La Libertad Avanza intentó evitar la sesión hasta último momento. Después, el oficialismo acompañó el tratamiento al advertir que la oposición tenía los votos necesarios. “Si no puedes con tu enemigo, únete”, expresó al describir la decisión del oficialismo. Y consideró que la votación mostró un cambio en la dinámica parlamentaria.

También señaló una diferencia entre la postura de diputados libertarios y las declaraciones públicas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía. Afirmó que el Parlamento adoptó una mirada más cercana a los problemas cotidianos. “La política va por otro lado”, sostuvo. “En el Parlamento, los libertarios y las libertarias saben que para aprobar otras leyes necesitan ir manteniendo un cierto funcionamiento del Congreso”, precisó.

Al mismo tiempo afirmó que diputados oficialistas le solicitaron los proyectos sobre endeudamiento. Según relató, algunos legisladores preguntaron por las propuestas y las alternativas para las familias en mora. “Todos preguntan: ‘Che, pasame el proyecto, ¿qué estás pensando? ¿Cómo lo ves? ¿Qué se podría hacer?’”, contó. El diputado indicó que los bloques opositores ya trabajan en posibles acuerdos.

Asimismohizo referencia a medidas provinciales frente al endeudamiento. Para Paulón, esas decisiones reflejan un problema que atraviesa a gobiernos de distintos espacios políticos. “Si no se interviene, este problema, que hoy es de millones, puede ser incluso de todo el sistema”, advirtió.

Los proyectos sobre deudas buscan facilitar acuerdos de pago

Paulón sostuvo que la oposición acordó que los proyectos no impliquen costo fiscal. El diputado explicó que ese criterio intenta evitar un veto del Poder Ejecutivo por un eventual gasto estatal. “El primer consenso que tuvimos los bloques de la oposición fue proyecto sin costo fiscal”, afirmó. También aclaró que no buscan rescatar bancos ni comprar deudas privadas con recursos públicos.

El diputado planteó que las personas endeudadas necesitan mejores condiciones para regularizar sus pagos. La propuesta no busca eliminar obligaciones, sino permitir una renegociación entre deudores y acreedores.

Paulón mencionó como alternativa el pequeño concurso. Según explicó, ese mecanismo permite que una persona se reúna con todos sus acreedores para revisar las condiciones de pago.

El esquema contempla un informe del Banco Central de la República Argentina y una intervención administrativa. De acuerdo con el legislador, el Estado puede actuar como árbitro sin reemplazar a las partes involucradas.

“El Estado como un árbitro, te diría, poniendo ciertas condiciones, equilibrando la cancha”, señaló. También sostuvo que el Gobierno debe participar cuando decisiones económicas afectan el nivel de endeudamiento.

Paulón se refirió a los préstamos ofrecidos por billeteras digitales y empresas de tecnología financiera. Reconoció que esos servicios ampliaron el acceso al crédito para sectores sin vínculos con bancos tradicionales.

A la vez, pidió reglas para evitar que las condiciones profundicen la mora. “Tiene que haber algún tipo de regulación, algún tipo de orden”, afirmó.

El diputado cuestionó las declaraciones que dejan el debate sobre tasas y costos financieros en manos del sector privado. “El ministro no es comentarista de la realidad, no es panelista en un programa de televisión, es el ministro de Economía”, expresó.

Las comisiones tienen fechas para tratar discapacidad y endeudamiento

Las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto tratarán la prórroga de la emergencia el 16 de septiembre. El cronograma prevé que firmen un dictamen el 23 de septiembre.

Las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor analizarán los proyectos sobre morosidad y endeudamiento el 15 y el 22 de septiembre. El programa prevé un dictamen para el 29 de septiembre.

Paulón estimó que la Cámara de Diputados podría llevar ambos temas al recinto durante los primeros días de octubre. Ese paso dependerá de los acuerdos que alcancen las comisiones y los bloques. “Hay que sentarse, hay que discutirlo”, sostuvo el diputado. Y afirmó que el objetivo consiste en permitir que las familias regularicen sus deudas y recuperen acceso al crédito.

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Garrido afirmó, en diálogo con Infobae Al Amanecer, que la decisión parlamentaria aplazó asuntos que, según su criterio, el Congreso podría haber discutido en una semana. “Nosotros podríamos estar hoy sesionando el tema de discapacidad y endeudamiento como tarde el día 23 de septiembre”, dijo.

El legislador cuestionó el calendario previsto para las comisiones. Señaló que el 23 de septiembre habrá una reunión para continuar el análisis de los proyectos, lo que extenderá el debate durante el mes. “Vamos a estar durante todo el mes de septiembre discutiendo temas que los argentinos podríamos haber estado solucionando en una semana”, sostuvo el diputado de Fuerza del Cambio.

La explicación central de Garrido fue que el voto buscó evitar una demora. El diputado agregó que una eventual discusión en el recinto podría llegar recién el 30 de septiembre. Aclaró que ese escenario dependería de una aceleración de los temas previstos por el Congreso. “Con suerte y acelerando todos los temas” el debate podría llegar “el día 30”, afirmó. Garrido insistió en que la Cámara tenía margen para analizar las iniciativas dentro de una semana. Esa secuencia, precisó, formó parte de su análisis antes de emitir el voto.

El representante de Santa Cruz mencionó la próxima llegada del presupuesto al Congreso como otro factor dentro de la discusión política. Según Garrido, la postergación mantendría esos asuntos en la agenda pública durante septiembre. A la vez, afirmó que el Gobierno nacional ganaría tiempo para definir una posición sobre discapacidad y endeudamiento.

“El Gobierno nacional gana lo que queda de septiembre para poder tomar una definición con respecto a estos temas”, expresó Garrido. El diputado dijo que su postura apuntaba a que el Congreso debatiera los proyectos sin esa demora.

El impacto del endeudamiento en Santa Cruz

Garrido vinculó el debate sobre endeudamiento con la situación de Santa Cruz. Señaló que el gobernador Vidal y otros mandatarios provinciales iniciaron planes de refinanciación destinados a sectores estatales y públicos.

El diputado consideró que el Gobierno nacional deberá continuar por una línea similar. “Creo que el Gobierno nacional va a tener que seguir por esa línea”, afirmó al referirse a los mecanismos de refinanciación.

Asimismo sostuvo que el Ejecutivo nacional utiliza el tiempo disponible para evaluar una decisión. Para Garrido, septiembre quedará ocupado por las discusiones parlamentarias y no ofrecerá una resolución sobre esos asuntos.

“Lo que está haciendo es está ganando tiempo”, afirmó. El diputado dijo que esa demora impide que el Congreso trate durante el mes el tema de endeudamiento. Y ubicó esa posición dentro de una crítica a los acuerdos entre los principales bloques. Afirmó que La Libertad Avanza y Unión por la Patria coincidieron en una dinámica que posterga el debate de los proyectos.

La crítica a la disciplina partidaria

El diputado resumió su lectura con una frase: “La polarización le ganó a los argentinos”. Garrido sostuvo que los intereses partidarios prevalecieron sobre la posibilidad de discutir discapacidad y endeudamiento con mayor rapidez.

Según explicó, Unión por la Patria mantendrá el tema en la agenda durante septiembre. Al mismo tiempo, señaló que el Gobierno nacional contará con ese período para resolver qué posición adoptará.

Afirmó que otros diputados comparten su evaluación sobre la votación. No identificó a esos legisladores ni precisó cuántos coinciden con su postura dentro de la Cámara de Diputados.

“Si yo te contara la cantidad de diputados que coinciden conmigo en el posicionamiento, no lo podrías creer”, declaró. El diputado sostuvo que varios representantes no expresaron esa posición durante la votación.

El legislador atribuyó esa diferencia a la dinámica interna de los bloques. “A veces gana la disciplina partidaria por encima de los intereses del conjunto”, concluyó.

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Cuando el peronismo ya había conseguido el número necesario para forzar el quórum y el emplazamiento de los proyectos de morosidad y de emergencia en discapacidad, La Libertad Avanza sorprendió con una estrategia de último minuto y decidió votar también a favor de la medida para evitar que la sesión quedara como una derrota para el oficialismo y ganar además un poco de tiempo para planificar los siguientes pasos.

Ambas iniciativas ya se encontraban en la agenda de sus respectivas comisiones, que incluso ya tenían fechas tentativas para debatirlas, por lo que el Gobierno consideró que no tenía sentido oponerse a la medida que, justamente, solo obliga a acelerar este proceso legislativo.

Así, por unanimidad se aprobó el pedido de la oposición y se fijaron los días en los que se van a analizar cada uno de los textos, poniendo como plazo para los dictámenes la semana final de septiembre.

No solo los libertarios acompañaron, sino que también lo hicieron espacios que suelen mostrarse cercanos a la Casa Rosada, como Provincias Unidas, Argentina Federal, Elijo Catamarca, el MID e Independencia, que además colaboraron con el quórum.

Consultados por Infobae, varios de los gobernadores que tienen influencia en esos interbloques anticiparon que están “a favor de las dos medidas“ que impulsa el PJ y que le pedirán a sus legisladores que voten a favor cuando se traten.

“Mi postura es un sí por la prórroga de la ley discapacidad y por la implementación de un sistema para atender la morosidad, en general, pero especialmente en particular de las personas de bajos recursos“, expresó un mandatario del norte del país.

Ahora la batalla será por la votación definitiva de los proyectos, una vez que lleguen al recinto, aunque el Poder Ejecutivo sabe que falta para eso y ya tiene varios planes en carpeta.

Según pudo saber Infobae, en la reunión informativa del Plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto, prevista para el miércoles que viene, el oficialismo podría presentar una propuesta alternativa que estuvo elaborando el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones.

Recientemente, el jefe de la bancada de LLA, Gabriel Bornoroni, recibió en su despacho a funcionarios de esa cartera que fueron a explicarle los alcances de la nueva iniciativa, que todavía no está terminada.

Su par del PRO, Cristian Ritondo, viene reclamando que, más allá de la discusión por la ley en sí, el Gobierno “establezca un cronograma de pago a los prestadores que se les adeuda”.

En esto coincide el líder de otro de los bloques aliados, que en diálogo con este medio señaló que la prórroga que busca el peronismo para la emergencia en discapacidad “obliga a pagar, pero no dice cuándo y entonces hoy seguís teniendo atrasos”.

“No nos dijeron nada de una alternativa, lo único que tenemos hasta ahora es la opción de la prórroga, que tampoco soluciona el problema de fondo, aunque las organizaciones hoy estén de acuerdo con eso y crean que las ayuda”, cuestionó.

Sin embargo, a pesar de que no se trata de la mejor opción, el legislador aseguró que va a apoyar el proyecto del PJ si es que el Ejecutivo no envía su propia propuesta.

Por el contrario, el líder de otro de los espacios afines al oficialismo se muestra más cauteloso y se preguntó que, “si no hay garantías de que se haya cumplido la ley actual, por qué se debe ir por una prórroga de la emergencia por un año más”.

“Si se demuestra que todo fue cumplido por el Gobierno, que todos los puntos sean volcados a la ley de discapacidad haciendo su modificación”, planteó.

En su momento, a pesar de que el Congreso insistió con la norma luego del veto, el presidente Javier Milei suspendió su aplicación hasta que el recinto especifique de dónde saldrían los recursos para hacer frente a ese gasto extra no previsto en el Presupuesto.

En cuanto a la morosidad, la situación es similar entre los aliados: no hay un consenso claro respecto de si votar a favor o en contra, con el agravante de que en este caso tampoco hay un único proyecto, sino que son varios los que ingresaron a la Cámara.

“Lo que nosotros vamos a hacer es tratar de unificar todas las iniciativas que presentó nuestro bloque, que son muchas. Trataremos además de poder aportar también con esos textos y ver de trabajar en algún dictamen propio”, anticipó.

En cambio, en otro de los espacios remarcan que no hay una iniciativa acordada, por lo que no pueden tomar una posición al respecto: “Las provincias llevamos programas de desendeudamiento que no implican ningún gasto para el Estado y la Nación podría implementarlos”, remarcó una diputada.

Como viene anticipando también este medio, la Casa Rosada está estudiando ordenarle al Banco Central una medida especial para desalentar el endeudamiento sin afectar el equilibrio fiscal.

Puntualmente, se estudia emitir un comunicado para modificar la norma que regula la forma en la que aparece el Costo Financiero Total (CFT), el porcentaje que refleja el monto real y completo que el cliente va a pagar al momento de adquirir un préstamo o de hacer una compra en cuotas.

No obstante esto, en Catamarca, por ejemplo, el gobernador Raúl Jalil está en conversaciones con el Banco Nación “para consolidar deudas a tasas de interés razonables”, según explicaron fuentes de su administración.

Así las cosas, mientras avanzan las conversaciones con algunos mandatarios y diputados, en la Casa Rosada prefieren esperar a ver cómo evoluciona la discusión antes de decidir qué medida tomar.

El bloque de La Libertad Avanza apeló a una estrategia de contención y definió ingresar al recinto a la espera de que la oposición consiguiera quórum en la sesión en la que se trató el emplazamiento a las comisiones con el fin de tratar los proyectos de morosidad y la prórroga de la emergencia en discapacidad. La intención fue simple: negar la foto de un recinto con la mitad de las bancas vacías.

Así, en una imagen inusual, minutos antes de las 12 de mediodía -hora establecida para el inicio de la sesión- los legisladores libertarios y sus pares del peronismo y Provincias Unidas ingresaron al recinto. El bloque de la LLA, que había hecho trascender que iba a dar quórum, se quedó parado al lado de sus bancas y cuando el presidente de la Cámara, Martín Menem, anunció que había 135 diputados presentes, tomaron asiento y marcaron su presencia.

Sólo dos bloques se mostraron ausentes: el PRO y la UCR, quienes señalaron que no iban a avalar “una sesión pedida por el kirchnerismo”. Además, en estos sectores que actuaron siempre en consonancia con LLA, había enojo por el cambio de posición del oficialismo: “acordaron con el kirchnerismo”, se escuchó decir a una diputada.

En la reunión previa a la sesión, en Labor Parlamentaria, las partes llegaron a un acuerdo respecto de los tiempos. En este aspecto, se estableció que en el caso de Discapacidad el emplazamiento establecía un Plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto con fechas miércoles 16/9 de carácter informativa y miércoles 23/9 dictamen.

En el caso del debate por morosidad, el cronograma establece un Plenario de Finanzas y Defensa al Consumidor martes 15 y 22 de carácter informativa y martes 29 de septiembre dictamen.

En este esquema la oposición se sumó otra victoria y es que el oficialismo aceptó que la comisión de Presupuesto no participe de este debate.

En el comienzo de la sesión la oposición en voz del diputado Juan Marino pidió que se vote la habilitación del tratamiento del proyecto de ley de prórroga discapacidad que no cuenta con dictamen. En esta votación, LLA y sus socios no apoyaron pero, a la hora de votar el emplazamiento que pidió el mismo diputado de Unión por la Patria, hubo unanimidad: 249 votos a favor, 0 en contra.

En este momento se volvió a ver la estrategia libertaria. Tanto desde las bancas de los sectores de la oposición que impulsaron la sesión como del oficialismo, se aplaudió en modo triunfo. “Si todos son ganadores se licúa.”

“Ellos -por LLA- van a querer mostrarse como permeables al debate, pero lo cierto es que perdían y nosotros pasamos de 133 diputados a 249”, dijo uno de los diputados de la oposición que impulsó la sesión.

El mismo esquema de votación fue para el tratamiento de la treintena de proyectos de morosidad pero la novedad fue que en este caso hubo un voto en contra: el santacruceño José Luis Garrido.

“El Congreso hoy está a la altura de las circunstancias.Aprobamos el emplazamiento de las comisiones de Finanzas y Defensa de los Consumidores para que dictaminen el 29 de septiembre. Hay 50 proyectos de ley y de ellos deben salir las soluciones para millones de argentinos que están megaendeudados para pagar gastos corrientes.Esta votación coloca al Congreso a la altura de un tema trascendental. Hace dos semanas, en este recinto, 133 diputados planteamos la urgencia porque la problemática de la morosidad de las familias es transversal. Cuando se corren las banderías partidarias y salimos de la camorra de la política, podemos abordar entre todos los problemas que están en la mesa de los argentinos”, dijo el radical de Unidos Pablo Juliano, uno de los impulsores de la sesión junto a Germán Martínez de Unión por la Patria.

Mientras la oposición se iba conforme, el oficialismo buscó opacar el triunfo del resto de los bloques. Primero, el jefe del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, se encargó de señalar que el cronograma que se votó es el mismo que ya existía.

Desde la oposición sonreían. “La diferencia entre un plan de trabajo y un emplazamiento es que el primero se puede modificar y el segundo no. ¿Y por qué le vamos a creer si estamos discutiendo un tema que el Presidente nieva -morosidad- y otro que vetó -discapacidad?“.

Donde el oficialismo dice haberse anotado un pororto es que en los temas de morosidad no participe la comisión de Presupuesto. “Se evitó el giro de temas de morosidad a la comisión de presupuesto. Es decir, ningún dictamen puede tener presupuesto ni incurrir en gastos”.

En las vísperas de la jugada opositora en la Cámara de Diputados, a través de la cual buscan obtener dictamen por morosidad y discapacidad, el Gobierno trabajó a contrarreloj para desarticular la sesión, una misión sumamente compleja, por lo que evalúa como posibilidad que el bloque de La Libertad Avanza baje al recinto ante un panorama adverso.

“Son unos irresponsables. Solo quieren hacer su propio circo y sacar ventaja”, se expidió una fuente con despacho en Balcarce 50 que contabilizaba 131 voluntades, lo que habilitaría el quórum para tratar dos temas incómodos para el Poder Ejecutivo.

Con la carta del veto como última posibilidad, en el oficialismo barajan algunas alternativas para suspender el debate. Con respecto a la problemática de la mora en las familias, figuran contraofertas para hacer frente al problema sin afectar el equilibrio fiscal como podría ser presionar a las billeteras y bancos para que clarifiquen el Costo Financiero Total (CFT) a la hora de solicitar un crédito.

“Hay cosas para hacer sin que sea dañino para el Gobierno”, expresó un alfil legislativo ante este medio.

Asimismo, frente al caso de la Ley de Discapacidad, en Balcarce 50 garantizan que cumplen con lo establecido por la Justicia para la aplicación de la normativa y acusan a la oposición de “utilizar banderas de causas nobles para intentar infligir un daño” al Poder Ejecutivo.

Una postura similar mantiene el PRO, bloque que había anticipado que no daría quórum, como hace cada vez que no son convocantes, tras sostener que existen más de 50 proyectos en materia de morosidad y reclamar un cronograma de pago a los prestadores. Además, señalaron que la Comisión de Finanzas tiene previsto emitir dictamen el 30 de septiembre, mientras que la de Discapacidad hará lo propio el 23 del mismo mes.

“Los proyectos incluidos en el temario de mañana ya están siendo trabajados en las comisiones correspondientes y se anunciaron cronogramas de trabajo para avanzar con su tratamiento”, expresaron desde el partido amarillo a través de un comunicado de prensa.

Si bien la intención de máxima de la Casa Rosada fue desactivar la sesión, desde el inicio de la jornada sabían que se trataba de una movida compleja, pero prometían intentarlo “hasta último momento”. La posibilidad de dilatar los debates también sobrevoló en varios despachos oficialistas.

Esta mañana, antes de la reunión de mesa política, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibió al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, en su despacho como suelen hacer cada martes. También trabaja en la tarea el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt.

Pese a los esfuerzos de los alfiles legislativos, varios aliados fueron abultando el número que los más optimistas relativizan. “Provincias Unidas bajaría y los que responden a Pullaro también. A hoy, tendrían quórum, pero puede pasar cualquier cosa”, expresó una fuente de la mesa política que se reunió este mediodía en Casa Rosada.

Con el correr de las horas, la estrategia del oficialismo mutó: de intentar sabotear la sesión, pasaron a dejar abierta la puerta a la opción de sentar a sus propios legisladores para “usar a su favor” la habilitación del debate. “Es una posibilidad”, admitió una fuente libertaria a Infobae. La movida sorprendió incluso a los aliados, que habían resuelto no dar quórum.

Tras la nueva composición legislativa, en la administración libertaria aseguran que se encuentran mejor posicionados que en 2025, y ven margen de sobra para sostener potenciales vetos, si los temas lograsen avanzar. “A diferencia del año pasado, tenemos las 95 voluntades necesarias para bancar el veto. Antes no. Eso nos permite pensar una estrategia distinta”, sostuvo un alfil libertario ante este medio.

Entre las filas libertarias, algunas voces desdramatizan el accionar opositor al sostener que se trata de un paso preliminar, que obliga a fijar una fecha para tratar los temas, y aseguran que responde a un movimiento político. “Es un emplazamiento. No es demasiado grave, tratamos el tema en las comisiones. La verdad es que es medio un show”, sostuvo un legislador violeta ante Infobae.

Pese a que la oposición está cerca de su cometido, en la administración libertaria descartan que el abroquelamiento que incluye la participación de varios aliados vaya a repetirse. “Si consiguen el quórum es solo por la popularidad de los temas. La irresponsabilidad no es expansiva. Lo bien que le vendría a la Cámara una renovación”, planteó una fuente oficialista.

Las alarmas se encendieron semanas atrás, cuando en el marco del debate por la reforma del Banco Central en Diputados, la bancada opositora logró impulsar dos apartamientos de reglamento para tratar en el recinto los proyectos mencionados, con 133 votos a favor, 107 en contra y 11 abstenciones. En aquel entonces, un integrante de la mesa política admitía con preocupación que el escenario podría repetirse en futuras sesiones.

La oposición en la Cámara de Diputados avanza rumbo a la sesión de mañana en medio de negociaciones para tratar de acotar proyectos pero con una estrategia clara: llegar a fin de mes con un dictamen tanto en morosidad como en discapacidad.

Ante el debate entre los diferentes bloques respecto a cuál de los 50 proyectos de ley es el más viable, los bloques se están apalancando en la continuidad de la Emergencia en Discapacidad.

“Con discapacidad arrastramos a los legisladores que tienen relación directa con gobernadores que están más cercanos a la Casa Rosada”, explicó un diputado opositor. “Pero vamos a emplazar todo y a acortar las fechas porque si no ellos -por el oficialismo- dilatan todo el debate. Discapacidad es también un ejemplo de eso”, agregó.

Oficialismo y oposición entraron en un juego de estrategias parlamentarias en la que los primeros buscan frenar el tratamiento de estos proyectos y los segundos avanzar lo más rápido posible.

En este esquema, el oficialismo llamó a la comisión de Finanzas para empezar el debate de manera informativa y lo mismo hizo con Discapacidad. El punto es que en el caso de morosidad los proyectos tienen como mínimo 7 giros a comisiones. En el caso de la prórroga de la ley, el presidente de la comisión, Gerardo Huesen (LLA), anunció que el miércoles 16 de septiembre se realizará otra reunión informativa con invitados de los bloques y el miércoles 23 comenzaría el debate entre diputados donde se podría eventualmente llegar a un dictamen. Es decir, se salteó una semana.

“Saltearon para evitar que vengan los diputados y estén para la sesión. Pero a nosotros nos sirve porque lo que muestra también es la poca predisposición que tiene La Libertad Avanza para debatir un tema que molesta mucho a los gobernadores”, señaló un diputado del peronismo.

La referencia de los gobernadores tiene que ver con algo que se pudo observar días atrás en la reunión de comisión. Los jefes de estados provinciales hicieron saber que acompañan porque entienden que es un costo que están pagando ellos. Los expulsados del sistema nacional van a los hospitales provinciales que ya están colapsados. Un ejemplo de esto fue la exposición de la neuquina Karina Maureira, aliada al gobernador Rolando Figueroa, quien es cercano a la Casa Rosada, quien dijo en la Comisión que el nomenclador del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) paga un 20% más que el nacional. “Si lo podemos hacer nosotros, ¿por qué no podemos hacerlo a nivel nacional?”, cuestionó. Y advirtió que, si no aparece una alternativa, van a tener que acompañar el reclamo de prórroga de la ley.

En la Cámara de Diputados se suceden las reuniones entre los diferentes sectores. Cada cual tiene su estrategia en pos de una semana que definirá lo que resta del mes y en la previa a que ingrese el proyecto de Presupuesto 2027 y el paquete de leyes sobre Malvinas que anunció el Ejecutivo.

La oposición asegura tener los diputados necesarios para ir mañana al recinto y empujar una pronta sesión no más tarde de la primera semana de octubre. Y aunque el proceso de conseguir los votos para Discapacidad parece más allanado que para morosidad, la intención es la de ir a una única sesión con ambos temas.

En el medio, el oficialismo empujará el proyecto sobre Malvinas que muchos entienden que se puede “colar” mañana. “Vamos a esperar a que vengan ellos -por el oficialismo- y vamos a subirnos a ver hasta dónde les da el compromiso que es bastante novedoso. Primero vamos a ver qué hacen y a partir de eso actuaremos”.

El barrio romano de Pietralata está de luto por la terrible noticia de la muerte de una familia: Valentina y Luca se suicidaron junto con su hija Bianca. La policía aún maneja varias hipótesis, pero apuntan a que la imposibilidad de tratar a la pequeña, nacida con una grave parálisis cerebral, podría haber sido el motivo que habría empujado al matrimonio a quitarse la vida y acabar con la de su hija.

La esperanza de estos padres estaba puesta en el doctor José Roberto Trujillo, director de la clínica NeuroCytonix en Monterrey (México) y desarrollador de un tratamiento experimental para este tipo de discapacidad. Se trataba del Cytotron, unas ondas de radiofrecuencia e imágenes de resonancia magnética rotacional para estimular la regeneración de células cerebrales, activar las células madre y mejorar la neuroplasticidad.

Sin embargo, Cytotron no cuenta con ningún respaldo científico publicado que demuestre estos efectos en el sistema nervioso. En 2021, se llevó a cabo un ensayo clínico, pero sus resultados, cinco años después, aún no se han publicado. Esto significa que el tratamiento no está aprobado ni por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos ni por la Agencia Europea de Medicamentos.

Pese a la falta de evidencia científica, Valentina y Luca llevaron a Bianca hasta en tres ocasiones en un intento desesperado de tratar su discapacidad. En total, se estima que el matrimonio pudo haber invertido cientos de miles de euros en esta clínica mexicana. Los resultados, no obstante, se cree que nunca llegaron, aunque la investigación a manos de los Carabinieri de la Unidad Operativa y la Compañía Montesacro, coordinados con la Fiscalía, sigue abierta.

Varias cartas revelan el deseo final del matrimonio

Las autoridades italianas registraron el domicilio de la familia y encontraron alrededor de veinte cartas firmadas por la pareja en las que insinuaban su deseo de quitarse la vida. El hallazgo se suma a los testimonios de conocidos del matrimonio, que aseguran que siempre tuvieron dificultades para aceptar la grave condición de Bianca.

El acceso a la salud de las personas con discapacidad fue el eje del Segundo Congreso Internacional “Discapacidad en la Justicia”, que se realizó este miércoles en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

La jornada reunió a especialistas, funcionarios y representantes del ámbito judicial para debatir sobre barreras, prestaciones y políticas públicas.

El congreso se enfocó en salud, justicia y acceso a derechos

El encuentro, organizado por el Observatorio de la Discapacidad del Consejo de la Magistratura porteño, se desarrolló por segundo año consecutivo con el objetivo de abrir un espacio de intercambio sobre los desafíos y las oportunidades para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad.

Durante la actividad se abordaron temas vinculados con la igualdad de oportunidades, la empleabilidad, la educación inclusiva y la protección de derechos.

La agenda del congreso estuvo estructurada en cuatro ejes temáticos: la salud como derecho humano fundamental, las prestaciones de salud para personas con discapacidad, la salud mental y el acceso a la salud. Además, durante la jornada se presentó la primera publicación de la revista En Red, impulsada por el Observatorio a través de Editorial Jusbaires, en una edición especial dedicada al acceso a la justicia.

La secretaria de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad, Genoveva Ferrero, intervino en la apertura y en el cierre del encuentro. En la presentación estuvo acompañada por la coordinadora general de la Editorial Jusbaires, Alejandra García; la coordinadora del Área de Gobernabilidad Democrática del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Argentina, Nora Luzi; el decano de la Facultad de Derecho (UBA), Leandro Vergara; y la titular del Observatorio de Discapacidad del Poder Judicial, Lucía Burundarena.

“Desde el Poder Judicial, y acompañados por los demás poderes del Estado, hace seis años trabajamos para acompañar a las personas con discapacidad y a sus familias a reducir las barreras que atraviesan. Para mí era fundamental que la palabra ‘derecho’ estuviera presente en el título de esta jornada, porque como Estado tenemos la obligación de hacer más fácil la vida de las personas y garantizar el acceso efectivo a sus derechos”, profundizó.

Y agregó: “Este trabajo lo hacemos junto a las personas que forman parte de este colectivo, porque nadie mejor que ellas para transmitir sus experiencias y necesidades. En diciembre vamos a inaugurar el Centro Único de Entrega de Certificados de Discapacidad, una iniciativa que nos llena de orgullo y que permitirá seguir acercando el acceso a derechos a distintos barrios de la Ciudad”.

La directora del Observatorio de Discapacidad del Consejo, Lucía Burundarena, señaló que la actividad fue resultado de un trabajo articulado entre distintas áreas e instituciones que acompañan la agenda de discapacidad dentro del sistema judicial.

“Este encuentro es el resultado de una verdadera red de trabajo. El año pasado logramos realizar un Congreso de gran alcance y este año volvemos a superarnos con una propuesta de enorme calidad y con una capacidad institucional cada vez mayor”, resaltó.

Y agregó: “Es muy importante contar con el acompañamiento de las autoridades y de los distintos representantes del Consejo para continuar impulsando actividades que pongan en el centro cuestiones tan fundamentales como el derecho al acceso a la salud de las personas con discapacidad. Nada de esto sería posible sin el trabajo cotidiano y el enorme compromiso de todo el equipo del Observatorio”.

El cierre reunió a expositores, autoridades judiciales y representantes institucionales

Entre los expositores estuvieron la subsecretaria de Discapacidad de la CABA, Sofía Torroba; la co-directora ejecutiva de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Celeste Fernández; el jefe del Departamento de Psiquiatría del Cuerpo de Peritos, Consultores Técnicos e Investigadores de la Defensoría General de la Nación, Ezequiel Mercurio; la defensora del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, María Rosa Muiños; la diputada nacional y secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales de la República Argentina (SITRAJU), Vanesa Siley; la jueza de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo, Soledad Larrea; el subdirector del Instituto de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de La Plata (CALP), James Vértiz; el presidente de la Sociedad Central de Arquitectos y ex secretario de Desarrollo Urbano del GCBA, Álvaro García Resta; la especialista en derecho a la salud y discapacidad y presidenta de la Red de Asistencia Legal y Social (RALS), Elizabeth Aimarz; y la especialista en Derecho de la Discapacidad y asesora legal en la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Vicente López, Ilda Álvarez, entre otros.

La jornada contó además con la presencia de autoridades del Poder Judicial de la Ciudad, entre ellas los consejeros Lorena Clienti, Marcelo Meis, Luis Duacastella Arbizu, Rocío López Di Muro y Guillermo Scheibler; la asesora general tutelar, Carolina Stanley; y los jueces de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo Natalia Tanno, Romina Tessone, Alejandra Petrella, Pablo Mantaras y Juan José Albornoz, además de otros magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial.

Hay una pregunta que ninguna familia debería tener que hacerse al buscar una escuela para su hijo: “¿Lo van a aceptar cuando sepan que tiene una discapacidad?”

Sin embargo, para muchas familias argentinas, esa pregunta se convirtió en una realidad cotidiana.

Somos padres de niños con discapacidad y, como cualquier otra familia, buscamos una escuela en la que nuestros hijos puedan aprender, crecer, hacer amigos, compartir y sentirse parte. Buscamos una institución que pueda conocerlos, descubrir sus capacidades y acompañarlos en aquello que necesiten.

Pero muchas veces el proceso cambia drásticamente cuando aparece una palabra: CUD.

A partir de ese momento comienzan las preguntas sobre diagnósticos, terapias, acompañantes y necesidades de apoyo. Y, en demasiadas ocasiones, lo que inicialmente parecía un proceso normal de admisión termina con una respuesta que, con distintas palabras, significa lo mismo: “No estamos preparados para recibirlo”.

A veces ni siquiera existe una negativa explícita. Simplemente el proceso deja de avanzar. Se argumenta una supuesta “falta de vacantes”, se habla de un supuesto “cupo de inclusión” por aula o se imponen barreras burocráticas e indirectas vinculadas con la necesidad de contar previamente con un acompañante o con la cobertura de las prestaciones. La institución aduce que no puede garantizar los apoyos o que no sabe cómo abordar la situación, y la familia termina entendiendo el mensaje de fondo: su hijo no fue elegido.

Y ahí comienza el verdadero problema: antes de conocer al niño, se conoce su diagnóstico.

Nuestro hijo Rafael tiene discapacidad y cuenta con Certificado Único de Discapacidad. Necesita determinados apoyos y realiza distintas terapias. Nada de eso debería definir cuánto puede aprender, cuánto puede aportar a sus compañeros ni, mucho menos, si merece o no un lugar en una escuela.

No estamos pidiendo privilegios.

Estamos pidiendo igualdad.

No estamos pidiendo que una escuela ignore sus posibilidades institucionales ni que deje de evaluar las necesidades pedagógicas de un alumno. Estamos pidiendo algo mucho más básico: que cada niño sea evaluado como una persona, que se analicen sus necesidades concretas y que se busquen los apoyos y ajustes necesarios para que pueda aprender y participar junto a los demás.

Porque inclusión no significa que todos los chicos necesiten lo mismo.

Significa que todos tengan la posibilidad de estar, aprender y pertenecer.

Y esto no es solamente una preocupación de nuestra familia. Al hablar con otros padres descubrimos que somos muchos los que atravesamos situaciones similares. Familias que recorren colegios, tienen entrevistas, explican la situación de sus hijos y vuelven a casa con la sensación de que una condición que sus hijos no eligieron terminó convirtiéndose en una barrera para acceder a la educación.

Lo más difícil no es solamente encontrar una escuela.

Lo más difícil es sentir que, antes de conocer a nuestros hijos, algunas instituciones ya decidieron que son demasiado difíciles de acompañar.

La inclusión no es un favor: es un derecho

Argentina tiene un marco jurídico claro.

La Constitución Nacional establece, en su artículo 75 inciso 23, el deber de promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno ejercicio de los derechos, especialmente respecto de los niños y de las personas con discapacidad.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en nuestro país tiene jerarquía constitucional, reconoce expresamente el derecho a la educación y obliga a garantizar un sistema educativo inclusivo, sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades. Su artículo 24 establece que las personas con discapacidad no pueden quedar excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad y exige que se realicen ajustes razonables y se brinden los apoyos necesarios.

La Ley de Educación Nacional N.º 26.206 establece que la educación es un derecho y que el sistema educativo debe garantizar la igualdad, la equidad y la inclusión.

Y existe una norma todavía más concreta: la Resolución CFE N.º 311/16. Esta norma establece criterios específicos para garantizar las trayectorias educativas de los estudiantes con discapacidad y contempla la obligación de identificar las barreras que enfrentan, brindar los apoyos necesarios y desarrollar las estrategias pedagógicas que permitan su inclusión. La información oficial del Estado es explícita al señalar que las escuelas no pueden rechazar la inscripción o reinscripción de un estudiante por motivos de discapacidad.

No se trata, entonces, de una interpretación de algunas familias. Se trata de derechos reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico.

Y existe un dato que debería interpelarnos como sociedad: el propio Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad manifestó su preocupación por los rechazos de inscripción de estudiantes con discapacidad en escuelas comunes, tanto estatales como privadas, pese a la existencia de la Resolución CFE 311/16. También señaló la insuficiencia de apoyos y ajustes razonables en los entornos educativos comunes.

Entonces la pregunta es inevitable:

Si el derecho está reconocido. Si existen leyes, una Convención con jerarquía constitucional y normas específicas que protegen la inclusión. Si las escuelas no pueden rechazar a un alumno por su discapacidad, ¿por qué tantas familias seguimos encontrando puertas cerradas cuando buscamos una escuela para nuestros hijos?

Porque una cosa es que la inclusión exista en los papeles y otra muy distinta es que exista realmente en las aulas.

Tampoco podemos ignorar el rol del Estado. La inclusión no se agota en dictar normas. Exige políticas públicas, fiscalización, acompañamiento y recursos reales para que las instituciones puedan cumplirlas. Y también exige que, cuando existan prácticas discriminatorias, haya mecanismos efectivos para detectarlas y corregirlas.

¿Quién decide cuánto vale un niño?

Quizás uno de los mayores problemas sea que todavía seguimos pensando la discapacidad desde lo que un niño “no puede hacer”, en lugar de preguntarnos qué necesita para poder hacerlo.

Si un niño necesita una maestra de apoyo, una adaptación, determinadas estrategias pedagógicas, más tiempo, una organización diferente o acompañamiento profesional, eso no debería convertirlo en un alumno “imposible”.

Debería activar los mecanismos de inclusión.

La discapacidad no está solamente en la persona. También está en las barreras que encuentra en su entorno.

Y una escuela inclusiva no es aquella que simplemente permite que un niño esté sentado dentro de un aula. Es aquella que trabaja para que pueda participar, aprender y formar parte de la comunidad educativa.

Nuestros hijos tampoco deberían convertirse en un problema que las familias tienen que resolver solas.

Necesitamos escuelas capacitadas, docentes acompañados, equipos de orientación preparados y un sistema que permita que la inclusión sea posible en la práctica y no solamente una declaración escrita en una ley.

Detrás de cada CUD hay un niño

A veces parece que cuando una familia dice “mi hijo tiene CUD”, el colegio deja de escuchar el nombre del niño y empieza a escuchar solamente su diagnóstico.

Pero detrás de cada CUD hay un niño.

Hay un nombre, una personalidad, una sonrisa, amigos que quiere hacer, cosas que quiere aprender, juegos que quiere compartir y sueños que todavía ni siquiera puede expresar.

Hay una familia que probablemente lleva años acompañando terapias, médicos, evaluaciones, tratamientos y esfuerzos que muchas veces nadie ve.

Y hay padres que no están pidiendo que sus hijos sean tratados de manera diferente.

Están pidiendo que tengan la misma oportunidad.

No queremos que nuestros hijos sean aceptados por lástima.

No queremos una escuela que les haga un favor.

Queremos una escuela que entienda que la diversidad forma parte de cualquier comunidad y que educar también significa aprender a convivir con las diferencias.

Porque nuestros hijos no necesitan que alguien les abra una puerta por compasión.

Necesitan que nadie se las cierre por tener una discapacidad.

La inclusión no debería depender de encontrar “el colegio que se anime”.

Debería ser una realidad.

Y quizás haya llegado el momento de que, como sociedad, dejemos de preguntarnos qué colegio está dispuesto a recibir a nuestros hijos y empecemos a preguntarnos:

¿Qué sociedad queremos construir para ellos?

Nacho Heinze, de 30 años y profesor de Educación Física, retomó su trabajo con alumnos luego del accidente automovilístico que le provocó la amputación de una pierna. Casi dos años después, mantiene una relación con Santi, un chico con discapacidad al que conoció antes del choque.

La historia volvió a tomar relevancia por un video que muestra al profesor durante un entrenamiento con el niño. En una entrevista con Infobae en Vivo, Heinze explicó que ambos construyeron un vínculo antes y después de su internación.

El docente sostuvo que el accidente modificó sus hábitos, su carrera y su vida diaria. También afirmó que sus alumnos y su entorno social fueron parte central de su proceso de recuperación.

El encuentro con Santi comenzó antes del accidente

Heinze conoció a Santi cuando trabajaba como preparador físico de la reserva de Newell’s Old Boys. La familia del niño seguía al club y asistía a uno de los entrenamientos.

El profesor recordó que vio al chico cerca del hotel donde se concentraba el plantel. Santi usaba dos bastones y esperaba al costado de la cancha. Heinze se acercó y le regaló la gorra que llevaba puesta. En ese momento, le prometió que le daría otro recuerdo cuando volvieran a encontrarse. “Paso corriendo por al lado, lo miro ahí con los dos bastoncitos y le digo: ‘Hola loco, ¿cómo andás?’”, recordó el profesor de Educación Física.

El entrenador contó que no volvió a ver al niño durante un tiempo. Después del accidente, se reencontraron en Carcarañá, una localidad cercana a Rosario.

Santi se acercó a saludarlo y le mostró una foto de aquella gorra. El niño todavía conservaba el regalo que había recibido durante el entrenamiento de Newell’s. “Yo no me acordaba, porque este gesto yo siempre lo tengo, porque soy así, me sale”, relató Heinze sobre aquel reencuentro.

A partir de entonces, el profesor estrechó su relación con Santi y con sus padres. El chico seguía sus actividades en redes sociales antes y después del accidente.

Heinze advirtió que Santi necesitaba trabajar algunos aspectos físicos. Entonces, consideró que su experiencia podía ayudarlo durante los entrenamientos.

El docente explicó que el niño juega al fútbol y que encontró una referencia en él. Esa cercanía le permitió ganar confianza para asumir nuevos ejercicios. “Capaz que de un lado le puedo llegar. Es más fácil, te ve como a veces como un referente”, expresó Heinze.

El accidente cambió su rutina y obligó a una recuperación prolongada

El accidente ocurrió durante un viaje hacia Mendoza, cuando Heinze viajaba como acompañante. Según contó, él había conducido durante unas ocho horas y se durmió tras cambiar de lugar con su pareja.

El profesor señaló que no recuerda el momento del impacto. Despertó después del choque e intentó salir del vehículo para asistir a la mujer que viajaba con él.

Heinze sufrió varias fracturas en una pierna y una lesión en la cadera. Los médicos también detectaron heridas internas y una hemorragia. “Yo no sentía nada con la adrenalina al mil. Tenía muchas fracturas en la pierna, pero no me vi lo mal que estaba”, afirmó.

El profesor permaneció inconsciente durante una semana. Cuando abrió los ojos, todavía no comprendía cuánto tiempo había pasado desde el accidente.

Durante los primeros días, apenas pudo abrir los ojos, emitir palabras y recuperar la capacidad de conversar. Sus padres permanecieron junto a él durante la internación.

Heinze recordó que les pedía a sus familiares que regresaran al departamento que habían alquilado. Ellos le explicaron que ya había transcurrido una semana.

Más tarde, el equipo médico consideró que estaba en condiciones de conocer una de las consecuencias del accidente. Su padre le comunicó que los médicos habían amputado una pierna para salvarle la vida. “El cuerpo y la cabeza vivió 28 años con dos piernas y no es que la amputan y el cuerpo dice que ya sabemos que no tenemos las piernas”, señaló.

El docente contó que permanecía acostado y tenía tutores externos para sostener la cadera. Esa situación le impedía observar sus piernas y registrar el cambio físico.

Según relató, recibió la noticia cuando ya podía comprender mejor las conversaciones. Su familia lo acompañó durante ese momento y durante la recuperación posterior.

“La vida que yo llevaba se me terminó”, dijo Heinze

Heinze reconoció que el accidente terminó con la rutina que tenía antes del choque. Aun así, decidió buscar una nueva forma de ejercer su profesión y sostener sus vínculos. La vida que yo llevaba se me terminó, punto. Después, que vos te reinventes, seas resiliente y salgas, claro”, sostuvo el profesor.

El docente dirige un centro de entrenamiento y mantiene contacto cotidiano con sus alumnos. Explicó que esa responsabilidad también lo impulsó a volver a trabajar. “Yo me debo a mis alumnos, a mi gente. No puedo fallarlos a ellos también y eso me hace salir adelante a mí”, afirmó Heinze.

El profesor aclaró que la recuperación no eliminó los momentos de tristeza o vulnerabilidad. Dijo que todavía atraviesa instantes difíciles, aunque ahora suelen durar menos tiempo.

Santi también acompañó parte de ese proceso. El niño conoció a Heinze antes de la amputación y siguió de cerca su recuperación.

El docente explicó que el chico registró el cambio, pero no modificó su vínculo con él. Para Santi, continuó siendo la misma persona que le hablaba y lo entrenaba. “Cuando te ve bien y el Nacho que tiene una prótesis le habla igual que el Nacho que tenía dos piernas, a él no le interesa”, dijo.

Heinze recordó que también usó bastones canadienses al inicio de su recuperación. Esa experiencia generó otro punto de identificación con el niño.

El entrenador aseguró que el vínculo con Santi se construyó a partir del fútbol, los entrenamientos y el contacto con su familia. Ambos mantienen esa relación mientras comparten actividades físicas.

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La Libertad Avanza abrió este miércoles en la Cámara de Diputados el debate de los proyectos opositores sobre morosidad y prórroga de la emergencia en discapacidad. Los diputados del oficialismo anunciaron cronogramas de trabajo sobre ambas temáticas y se comprometieron a firmar dictámenes antes de fin de mes. De esta forma, buscan vaciar la sesión convocada por la oposición para la semana que viene.

“La sesión de la oposición iba a ser para emplazar a las comisiones y obligarlas a dictaminar. Pero nosotros ahora ya nos comprometimos a hacerlo, por lo que la sesión ya no tiene ningún sentido”, explicó a Infobae una de las diputadas libertarias encargadas de trabajar los consensos con los bloques aliados.

Además, los libertarios dejaron trascender que trabajan en un proyecto propio sobre discapacidad que reemplazará a la Emergencia que la oposición busca prorrogar por un año. “Va a ser algo mucho mejor, aparte lo vamos a dejar por ley”, explicaron. Sin embargo, no adelantaron ningún detalle de la iniciativa. Solo aclararon que contaban con el visto bueno de la Casa Rosada.

El oficialismo convocó hoy a las comisiones de Finanzas y Discapacidad para tratar decenas de proyectos sobre morosidad y discapacidad luego de que quedara en evidencia en el recinto que la oposición contaba con votos suficientes para impulsar una sesión especial y emplazar a las comisiones y así obligarlos a debatir ambos temas. Los libertarios reconocieron que la decisión de fijar un cronograma tiene como objetivo “no dejarle la iniciativa a la oposición”.

“Asimismo, ratificamos nuestro compromiso ineludible con el rumbo económico de la gestión del presidente Javier Milei: bajo ninguna circunstancia permitiremos el avance de proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal o interfieran en los contratos entre privados”, aclararon posteriormente a través de un comunicado.

La Emergencia en Discapacidad que la oposición busca prorrogar por un año creó una nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, compatible con empleos formales siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos. Además, dispuso un régimen de emergencia para regularizar deudas tributarias de los prestadores (hogares, escuelas, centros de día, transportistas), con condonación de intereses y multas, y refinanciación de planes de pago vigentes y caducos. A su vez, estableció una actualización mensual automática de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral según el índice de movilidad. Este era uno de los principales reclamos de las familias ya que los prestadores habían dejado de brindar servicios básicos como transporte o escuelas especiales debido a que los aranceles habían quedado congelados.

El proyecto opositor, que lleva las firmas de Juan Marino (UxP), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Germán Martínez (UxP) y Oscar Herrera Aguad (Argentina Federal), apunta a extender la facultad que autoriza al Jefe de Gabinete a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias sin reducir los créditos de la finalidad Servicios Sociales”. “Esa es la fuente de financiamiento de la ley, y así lo resolvió la Justicia Federal”, aclararon en los fundamentos del proyecto.

Al inicio de la reunión de comisión, su presidente Gerardo Huesen (LLA) anunció que el miércoles 16 de septiembre se realizará otra reunión informativa con invitados de los bloques y el miércoles 23 comenzaría el debate entre diputados donde se podría eventualmente llegar a un dictamen. Además, se comprometió a “simplificar” el giro a las comisiones para dejar un texto listo para ir al recinto.

El principal expositor fue el Secretario Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, quien previamente había sido designado interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) luego de la salida de Diego Spagnuolo en medio del escándalo por presuntas coimas y sobreprecios.

“Ese tema no depende de nosotros, depende de ustedes. Nosotros estamos cumpliendo la ley”, respondió el funcionario cuando le consultaron si tenían previsto prorrogar la Emergencia en Discapacidad.

El fallo de la Justicia Federal

Por otro lado, los libertarios festejaron un fallo de la Cámara Federal de San Martín que consideró cumplida por parte del Estado la sentencia que ordenaba la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad 27.793.

El tribunal señaló que el Gobierno reglamentó la norma mediante el Decreto 84/2026 y aplicó actualizaciones en los aranceles de prestaciones para personas con discapacidad: entre 29,73% y 35,43% para octubre, noviembre y diciembre de 2025; 5,78% para enero y febrero de 2026; y 2,90% para marzo. También tuvo en cuenta la actualización de la Asignación Mensual Estímulo para trabajadores de talleres protegidos. Para el tribunal, esas medidas acreditaron la implementación exigida en el amparo.

“Es importante mencionar que a través las resoluciones 02/2025 (29/10/2025) –conjunta-, 340/2026 (27/02/2026) y 13/2026 (27/03/2026) se aumentaron los valores de los aranceles del Nomenclador de Prestaciones para Personas con Discapacidad, en porcentajes que iban desde el 29,73% y 35,43% a octubre, noviembre y diciembre de 2025 según la Modalidad y Categoría, mientras que en enero y febrero de 2026 se actualizaron en un 5,78% y finalmente en marzo del corriente año en 2,90%; lo que verifica la existencia de medidas concretas tendientes a la implementación de la normativa reglamentada, que permite tener por cumplido el mandato impuesto en la sentencia de grado”, dice la sentencia.

Cabe aclarar que el fallo no resolvió que todos los reclamos económicos derivados de la emergencia estuvieran saldados. La parte demandante cuestionaba, entre otros puntos, la falta de compensación por períodos anteriores y la suficiencia de los aumentos. Pero la Cámara entendió que esas discusiones excedían la ejecución de esta sentencia colectiva, cuyo objeto era garantizar la aplicación de la ley.

La Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados comenzará este miércoles a las 16 a debatir un proyecto de la oposición para prorrogar por un año la Emergencia en Discapacidad que el Congreso aprobó el año pasado. Por primera vez el principal funcionario del área, Alejandro Vilches, contestará preguntas. También lo acompañarán el subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos, Esteban Giler, y el subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos, ⁠Gianfranco Scigliano.

Antes de ocupar el cargo de secretario Nacional de Discapacidad, Vilches había sido designado interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en agosto de 2025, luego de la salida de Diego Spagnuolo en medio del escándalo por presuntas coimas y sobreprecios.

En julio de 2025, distintos bloques de la oposición lograron aprobar la ley 27.793 que declaraba la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, pero prorrogable por otro año. Luego el presidente Javier Milei vetó la norma alegando que no podía cumplirse sin romper el orden fiscal, pero el Congreso logró juntar dos tercios de los votos en ambas Cámaras para poder insistir con el proyecto.

El Gobierno perdió la batalla política pero mediante un decreto dejó en suspenso la ejecución de la ley hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento e incluyera las partidas necesarias en el presupuesto nacional. Sin embargo, finalmente la Justicia intervino y ordenó la inmediata aplicación de la ley, tal cual había sido aprobada.

La normativa creaba una nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, compatible con empleos formales siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos. Además, disponía un régimen de emergencia para regularizar deudas tributarias de los prestadores (hogares, escuelas, centros de día, transportistas), con condonación de intereses y multas, y refinanciación de planes de pago vigentes y caducos. A su vez, establecía una actualización mensual automática de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral según el índice de movilidad. Este era uno de los principales reclamos de las familias ya que los prestadores habían dejado de brindar servicios básicos como transporte o escuelas especiales debido a que los aranceles habían quedado congelados.

Ahora la oposición impulsa una ley para hacer efectiva la prórroga por un año que estaba contemplada en el proyecto original. El proyecto, que lleva las firmas de Juan Marino (UxP), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Germán Martínez (UxP) y Oscar Herrera Aguad (Argentina Federal), busca extender la facultad que autoriza al Jefe de Gabinete a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias sin reducir los créditos de la finalidad Servicios Sociales”. “Esa es la fuente de financiamiento de la ley, y así lo resolvió la Justicia Federal”, aclaran.

En ese sentido, exponen como principal argumento la reticencia del gobierno nacional a aplicar la normativa. “La ley 27.793 tuvo, en los hechos, una fracción mínima de la vigencia real que el Congreso quiso darle. Un veto, una traba en la promulgación, un intento de derogación presupuestaria, dos años de litigio y una intimación judicial mediante. Cada una de esas etapas fue tiempo perdido para las personas con discapacidad, y ese tiempo perdido es lo que la prórroga viene a recuperar”, señalaron.

La oposición también reclamó que organizaciones civiles puedan participar de la audiencia pero el oficialismo argumentó que esa posibilidad quedará abierta para futuras reuniones de la comisión. Desde la oposición aseguran que se trata de una maniobra para estirar la discusión, por eso mantienen la convocatoria a sesión para el 9 de septiembre en la que planean emplazar a las comisiones para obligarlas a dictaminar el proyecto en una fecha determinada.

A diferencia de lo que ocurrió en 2025, La Libertad Avanza ahora cuenta con más de un tercio del recinto por lo que un eventual veto del presidente Milei no podrá ser revertido por la oposición. “No importa, hay que ver si están dispuestos a pagar el costo político otra vez cuando ya se acercan las elecciones”, opinó un diputado dialoguista.

Gustavo Morán, licenciado en Periodismo, recibió esta semana su título en la Universidad de El Salvador (UES), donde cursó la carrera con materiales en braille y audio, además de adecuaciones académicas. El nuevo licenciado buscó durante el tiempo de sus estudios trasladar esa experiencia a contenidos periodísticos sobre inclusión.

Morán se graduó en la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador, única institución pública de educación superior del país. Durante su ceremonia, destacó el acompañamiento que recibió para acceder a los documentos de estudio y completar su formación.

“El proceso de mi carrera tuvo dificultades, algunas veces por documentos inaccesibles”, relató en un video de la universidad. Ante esas situaciones, la Unidad de Educación Superior Inclusiva le proporcionó materiales en braille y formatos de audio.

Las adecuaciones académicas en una carrera de perfil visual

En una entrevista difundida por la UES en 2024, cuando todavía era estudiante, Morán explicó que el periodismo planteaba desafíos adicionales por la predominancia de recursos visuales en parte de la cursada.

“Al llevar una carrera bastante visual, muchas veces fue difícil”, afirmó. También recordó que, al inicio de sus estudios, algunos docentes le dijeron que el periodismo no era una opción para una persona ciega.

Morán señaló que otros profesores realizaron adecuaciones curriculares para que pudiera continuar con la Licenciatura en Periodismo, algunos compañeros lo vieron en los pasillos tomando exámenes orales, mientras el resto tomaba pruebas escritas. “Hubo docentes que pudieron hacer adecuaciones curriculares para poder seguir adelante con mi carrera”, expresó entonces.

El graduado sostuvo que ese respaldo institucional fue determinante para acceder al contenido académico en condiciones de mayor accesibilidad. “La Universidad de El Salvador es una de las primeras universidades que tiene una unidad de educación superior inclusiva, en la cual nos brindan apoyo para poder estudiar de una manera accesible e inclusiva”, indicó.

Morán y el lenguaje sobre discapacidad

Durante una entrevista de 2024, el ahora licenciado se refirió a las expresiones que pueden reproducir miradas de lástima o discriminación hacia las personas con discapacidad.

Morán planteó que la inclusión también requiere un trato respetuoso en el lenguaje cotidiano. “Si nos conocen, nos puedan llamar por nuestro nombre”, pidió. “Puedan decir ‘mirá, Alex, Raúl’, como te llames; no ‘el cieguito’, no ‘el que no mira’”.

Para el periodista, una discapacidad no determina diferencias en el reconocimiento de derechos. “Todos tenemos derechos y una discapacidad no nos va a hacer diferente a los demás”, afirmó.

De la radio universitaria a contenidos sobre inclusión

Morán proyecta aplicar su formación profesional en la elaboración de contenidos dedicados a la inclusión. Durante su etapa como estudiante, participó en cápsulas temáticas emitidas por UES Radio Universitaria.

“Me siento muy orgulloso de haber adquirido mi título, ya que de una manera inclusiva puedo profundizar en el periodismo y así poder contribuir a mi sociedad”, afirmó. Fuera del ámbito académico, Morán contó que disfruta asistir a las competencias del autódromo El Jabalí, sigue el automovilismo, practica natación y escucha música.

Año con año crece en la universidad la cantidad de estudiantes universitarios que indican en su registro que poseen alguna discapacidad, según la misma academia.

Chile abrirá en septiembre la postulación al subsidio de arriendo en Chile para personas mayores y personas con discapacidad, un beneficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile que cubre hasta el 90% del alquiler mensual y que, en otra parte del llamado, aparece con una cobertura de entre 90% y 95%.

Este llamado especial es importante porque reduce el copago de arriendo para personas de 60 años o más y para mayores de 18 años con discapacidad acreditada, no exige ahorro previo y permite postular incluso a quienes aún no arriendan una vivienda. Además, los recursos consideran beneficiar a 3.270 personas en todo el país.

La convocatoria estará abierta del 8 de septiembre de 2026 al 8 de octubre de 2026. El programa apunta a hogares dentro del 70% del Registro Social de Hogares.

El diseño del beneficio también contempla a personas solas, sin necesidad de núcleo familiar. Además, permite postular por medio de un representante con poder simple y admite casos de personas que ya recibieron subsidios anteriores, si cumplen las condiciones del llamado.

Cómo funciona el subsidio y a quiénes beneficia

El programa está dirigido a personas mayores de 60 años al momento de postular, o que cumplan esa edad dentro del año calendario, y a mayores de 18 años con discapacidad acreditada en el Registro Nacional de la Discapacidad. En ambos casos, deben pertenecer hasta el 70% del Registro Social de Hogares y acreditar un ingreso mínimo de cinco unidades de fomento, equivalentes a $204.000 chilenos.

El subsidio contempla un monto máximo de 213 unidades de fomento por beneficiario. Ese monto permite financiar casi todo el arriendo de viviendas con renta de hasta 11 unidades de fomento mensuales.

En Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Aysén y Magallanes, el tope sube a 13 unidades de fomento al mes, cerca de $531.000. El llamado indica además que, si una persona destina ocho unidades de fomento al pago mensual, podría cofinanciar cerca de 27 meses de arriendo hasta agotar el beneficio.

La postulación podrá hacerse por internet en el sitio oficial del Minvu con Clave Única, de forma presencial en oficinas del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de cada región o a través de entidades públicas con convenio con los Serviu regionales.

Qué necesidades busca cubrir en adultos mayores y personas con discapacidad

El esquema incorpora facilidades pensadas para quienes tienen dificultades para trasladarse o menores opciones de generar ingresos formales o estables. Por eso acepta postulaciones por representación con un poder simple que no requiere autorización notarial.

El programa entrega puntaje adicional por edad y discapacidad. También suma puntaje extra a quienes sean personas cuidadoras o integren un hogar con una “persona cuidadora” inscrita en el Registro Social de Hogares.

Otra característica es que no obliga a estar arrendando al momento de postular. El beneficio también alcanza a quienes buscan una vivienda para alquilar y a quienes postulan sin convivir con un grupo familiar.

El llamado permite además que la persona postulante, su cónyuge o alguien de su núcleo declarado tenga derechos en comunidad sobre una vivienda. Esa flexibilidad amplía el acceso en situaciones patrimoniales parciales.

Cómo se compara con los apoyos al alquiler en otros países

Este tipo de ayuda se ubica dentro de una tendencia internacional de subsidios a la demanda, en la que el Estado ayuda a pagar un arriendo privado en vez de construir la vivienda. Ese enfoque aparece en programas para población vulnerable en Estados Unidos, España, Dinamarca y Francia.

En Estados Unidos, el programa Section 8 entrega vales de vivienda o cupones de ayuda al alquiler a familias de muy bajos ingresos, con prioridad para personas mayores y personas con discapacidad. Allí el beneficiario suele pagar el 30% de sus ingresos mensuales y el gobierno cubre al arrendador el resto del valor de mercado.

España cuenta con ayudas al alquiler gestionadas por las comunidades autónomas. Para mayores de 65 años, la subvención alcanza hasta el 50% del alquiler mensual, y para personas con discapacidad se amplían los límites de ingresos para acceder a ayudas de entre el 40% y el 50%.

Dinamarca combina viviendas adaptadas con subsidios para que las personas mayores o vulnerables no paguen más del 15% de sus ingresos en arriendo. Francia, por su parte, aplica la ayuda personalizada a la vivienda, un esquema universal para inquilinos de bajos recursos que mejora el cálculo para adultos mayores y personas con discapacidad.

La diferencia del llamado chileno está en su cobertura fija de entre 90% y 95%, lo que deja un copago muy bajo. Ese rasgo da mayor resguardo a quienes reciben la Pensión Garantizada Universal o pensiones de invalidez básicas para sostener su vivienda.

Los obstáculos, cuando son comunes, también pueden inspirar a quienes buscan abrir puertas. En este caso, quien derribó las barreras fue Tomás Berthet, un joven de 25 años y estudiante de marketing que nació con espina bífida y se traslada en silla de ruedas. Sus experiencias y necesidades, compartidas con miles de personas, lo llevaron a crear una app de citas inclusiva.

“Uso silla de ruedas y, desde muy chico, aprendí a convivir con distintas barreras que muchas veces no tienen que ver solamente con la discapacidad, sino también con la forma en que la sociedad se relaciona con ella. La idea de Linkup nació justamente de una necesidad que veía muy de cerca: conocer personas, generar vínculos y encontrar espacios donde la discapacidad no fuera lo primero que definiera a alguien. Me pregunté por qué no existía una herramienta pensada desde el comienzo para facilitar esos encuentros de una manera más inclusiva”, cuenta el creador en diálogo con Infobae.

La app es inclusiva y no exclusiva. Por lo tanto, si bien cuenta con opciones que la hacen única para que los encuentros sean cómodos para sus protagonistas, cualquiera puede sumarse a la comunidad.

“Al principio era solamente una idea, pero de a poco fui armando el proyecto, investigando, buscando gente que pudiera ayudarme y aprendiendo sobre tecnología y desarrollo de aplicaciones. Lo más importante para mí era que no fuera simplemente una app de citas ‘para personas con discapacidad’, sino una plataforma que ayudara a conectar personas con y sin discapacidad y que también permitiera descubrir experiencias y espacios inclusivos”, explica Tomás.

Y agrega: “Mi objetivo es que Linkup ayude a cambiar una mirada. Que la discapacidad no sea una barrera para conocer a alguien, hacer amigos, enamorarse o simplemente compartir una experiencia. Quiero demostrar que la tecnología también puede servir para construir vínculos y generar una sociedad más inclusiva”.

Para un joven lleno de energía y necesitado de ver realizado su proyecto, una de las primeras dificultades con las que se topó a lo largo del proceso fue la de que quienes colaboraban en distintos aspectos en el armado de la aplicación no lo tenían como su principal trabajo, por lo que todo se demoraba. Fue una traba más que Tomás superó utilizando una plataforma que, con herramientas de inteligencia artificial, lo ayudó a diseñar y programar Linkup.

Tampoco se le hizo sencillo llegar a las tiendas de aplicaciones, ya que “son muy rigurosas” al momento de evaluar e incorporar a su oferta nuevas propuestas.

El trabajo incluyó encuestas a personas con diferentes discapacidades para consultarles qué opciones necesitaban para sortear sus habituales dificultades.

Para comunicarse entre ellos, a la hora de armar su perfil, los usuarios pueden escoger entre distintas opciones como por ejemplo “Lector de pantalla”, “Texto grande”, “Alto contraste” y otras.

También al momento de establecer preferencias y necesidades, hay una pantalla que se refiere a la accesibilidad para las citas. Allí, las opciones son “Transporte cerca”, “Baño adaptado”, “Animal servicio”, “Lengua de señas”, “Sin ruido”, “Luz tenue”, “Lugares con poca aglomeración” y “Actividad sentada”, entre otras.

“Después de mucho trabajo, pruebas y aprendizaje, Linkup llegó a las tiendas de aplicaciones. Y ahí entendí que la idea había dejado de ser solamente mía: empezó a convertirse en una comunidad. Es más, desde el lanzamiento del 7 de agosto se uníeron alrededor de 250 personas y ahora estoy planteando actualizaciones para la semana que viene”, destaca durante la charla Tomás.

En el feedback con los usuarios, el emprendedor cuenta que recibe elogios por lo “innovadora” que les resulta la app, “sobre todo por los pasos en la conformación del perfil”.

También indica que ha visto utilizando Linkup a varias personas sin discapacidades, lo cual refuerza su idea de que sea un espacio para que todos puedan encontrarse.

Quienes ingresen a la app y busquen con quién hacer match, pueden cruzarse con el mismo Tomás, quien satisface al mismo tiempo sus curiosidades de creador y usuario.

Después de todo, de allí surgió la idea, de la necesidad de encontrarse en un espacio de convivencia para personas con y sin discapacidad.

Sin embargo, el proyecto de Tomás no es único en su especie. El año pasado nació en Argentina Discapp, una aplicación con objetivos similares que fue la primera en Latinoamérica. En el mundo, hay aplicaciones de este tipo desde hace casi 10 años.

Linkup está disponible en Google Play y Apple Store.

El Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) de Santiago atiende hoy a 1.122 niños de cero a 12 años y mantiene a más de 500 en lista de espera, una presión que llevó al centro a ocupar cerca del 95% de su capacidad física en medio de un aumento sostenido de la demanda durante los últimos cinco años, constaten medios locales.

Ese crecimiento se refleja también en el volumen de ingresos: el centro recibe entre 80 y 85 solicitudes nuevas cada mes de familias que buscan evaluación, diagnóstico o terapias para sus hijos. Según Listín Diario, diario dominicano, la cantidad de niños atendidos pasó de unos 500 en 2021 a la cifra actual, un alza de alrededor del 150%.

La lista de espera no implica que todos esos menores estén fuera de la institución. Claudia Cuevas Coelho, directora del centro, explicó al medio que cada terapia tiene su propio registro, de modo que un niño puede estar recibiendo un servicio y, al mismo tiempo, esperar otro. Ante esto, reflexionan en la necesidad de más especialistas.

El trastorno del espectro autista concentra la mayor demanda

La mayor parte de la demanda del CAID Santiago se concentra en el trastorno del espectro autista, que representa el 75% de los casos que atiende el centro. Otro 15% corresponde a niños con parálisis cerebral infantil y el 10% restante, a menores con síndrome de Down.

Cuevas Coelho señaló que el aumento de los casos identificados dentro del espectro autista no significa necesariamente que estén naciendo más niños con esa condición. La explicación, sostuvo, pasa por una mayor capacidad de detección, más profesionales, más instituciones y más conocimiento social para reconocer señales de alerta y llegar a diagnósticos correctos.

“Ahora sí tenemos mayor detección, tenemos más profesionales, más instituciones, más conocimiento como sociedad. Entonces ya no se nos están quedando ocultos estos niños o con diagnósticos que no son los correctos”, afirmó la directora.

Las listas de espera más largas se concentran en terapia del habla, terapia ocupacional e intervención conductual. En cambio, áreas como atención temprana y terapia física suelen ofrecer una respuesta más rápida.

El centro tiene 85 terapeutas y 41 auxiliares, pero no puede expandirse por falta de espacio

La presión sobre la infraestructura y el personal ya es visible. El centro cuenta con 85 terapeutas y 41 auxiliares terapéuticos, para un total de 126 personas vinculadas directamente a las áreas de atención, pero la falta de especialistas en algunos servicios limita la ampliación de la oferta.

La directora planteó que las universidades deberían tomar en cuenta las necesidades del país al formar nuevos profesionales en áreas vinculadas con los trastornos del neurodesarrollo y la discapacidad. También advirtió que el límite ya no es solo de personal, sino físico.

“Una de las áreas que más necesitamos es terapia ocupacional. Tenemos mucha demanda y no tenemos tantos profesionales disponibles”, dijo Cuevas Coelho.

El proceso de atención comienza cuando una familia detecta alguna preocupación en el desarrollo de su hijo. Durante una visita al centro, Cuevas Coelho detalló a Listín Diario que, tras la inscripción, se programa una primera cita con el área de servicio social, que normalmente se realiza en un plazo menor de 15 días.

La directora explicó que el centro fue concebido para una etapa específica de la vida, sobre todo la infancia, cuando el cerebro presenta mayor plasticidad para trabajar sobre las dificultades del desarrollo. Se mencionó que la demanda no llega solo desde Santiago.

Mientras las familias esperan por una terapia, el centro ofrece orientación y entrenamiento para continuar en casa el trabajo vinculado con comunicación, alimentación y actividades de la vida diaria. Cuevas Coelho insistió en la necesidad de buscar ayuda de forma temprana ante cualquier señal de alerta en el desarrollo infantil.

Para acercar los servicios a esas comunidades, la institución trabaja con las Unidades de Intervención Terapéutica Territorial. Esas unidades buscan descentralizar parte de la atención y están contempladas en distintos puntos de la región, entre ellos Salcedo, Santiago Rodríguez, Dajabón y Tamboril.

La silla robótica Walk Me de Toyota es un prototipo que pretende mejorar la movilidad y comodidad de muchos usuarios, al integrar inteligencia artificial y un diseño que se adapta a diferentes dificultades.

Inspirada en la locomoción animal, este dispositivo abandona las ruedas y apuesta por cuatro patas mecánicas articuladas, capaces de desplazarse, subir escaleras y plegarse automáticamente para facilitar su transporte.

Su objetivo principal es acompañar a personas con movilidad reducida, ayudándolas a sortear obstáculos cotidianos como rampas, bordillos o diferencias de nivel dentro del hogar y en exteriores.

Cómo es el funcionamiento de la silla robot

El sistema de desplazamiento de Walk Me es su característica más distintiva. Cada una de sus cuatro patas robóticas se mueve de manera independiente y está recubierta por un material blando que protege los componentes mecánicos, aportando un aspecto amigable y seguro.

Este diseño biomimético está inspirado en el modo en que animales como cabras o cangrejos se adaptan a terrenos irregulares. Así, la silla puede moverse con equilibrio y estabilidad tanto en superficies lisas como en caminos de grava, césped o rampas pronunciadas.

Cuando se enfrenta a escaleras, las patas delanteras primero calculan la altura de los escalones y tiran suavemente del cuerpo de la silla hacia arriba, mientras las traseras empujan con fuerza controlada para completar la maniobra. Este proceso está asistido por una combinación de sensores de peso, radares de colisión, tecnología LiDAR y un sistema inteligente que analiza el entorno en tiempo real.

Gracias a esta integración, la silla puede evitar colisiones, corregir su equilibrio de forma automática y adaptarse a cualquier inclinación detectada en la ruta.

Los algoritmos internos gestionan la distribución del peso y la trayectoria, deteniendo el avance si un objeto o persona cruza inesperadamente el trayecto. Este enfoque permite que la silla sea utilizada con seguridad en espacios domésticos estrechos, jardines o pasillos angostos, minimizando el riesgo de accidentes.

Cómo es el control y la autonomía de la silla robot

El manejo de la silla Walk Me está pensado para brindar autonomía y comodidad. Se puede operar mediante controles manuales ubicados en los reposabrazos, girando manillas o pulsando botones para dirigirla en distintas direcciones.

Para quienes buscan una experiencia totalmente manos libres, la silla responde a comandos de voz como “ir a la cocina” o “más rápido”. El sistema interpreta estas órdenes y traza la mejor ruta, ajustando la velocidad o el tipo de desplazamiento según la superficie y los obstáculos presentes.

En uno de los reposabrazos, una pantalla digital informa de datos clave como el nivel de batería restante y la distancia recorrida. Esto facilita la planificación de actividades diarias, evitando sorpresas por falta de energía. La batería, situada discretamente detrás del asiento, proporciona suficiente autonomía para operar durante toda una jornada y se recarga simplemente conectándola a la corriente durante la noche.

Además, sensores internos supervisan la temperatura de los motores y emiten alertas si detectan sobrecalentamiento, apagando el sistema para proteger al usuario y al equipo.

Cuándo estará disponible la silla robot

Por el momento, Walk Me sigue siendo un prototipo en desarrollo por parte de Toyota. No hay información oficial sobre su precio ni fecha estimada de salida al mercado.

Sin embargo, su presentación en el Japan Mobility Show 2025 ha generado expectativas en el sector de la movilidad asistida y la robótica doméstica, demostrando que la tecnología puede ofrecer alternativas reales a los dispositivos convencionales, ampliando el horizonte de independencia para millones de personas.

Toyota continúa perfeccionando el sistema, con el objetivo de llevar la innovación más allá de las ruedas y hacer frente a los desafíos cotidianos de la movilidad en casas, oficinas y espacios públicos.

La foto del panel de la Cámara de Diputados, que mostró que la oposición juntaba un piso de 133 votos para debatir los proyectos de morosidad de las familias y de la extensión de la emergencia en discapacidad, no pasó desapercibida en los despachos de La Libertad Avanza, donde se toman las decisiones.

A pesar de que entienden que los bloques opositores se juntan por temas puntuales y que no se impone la idea de “no darles nada”, como piden algunos que en otro momento acompañaban bajo el eslogan de la gobernabilidad, saben que a esa agenda se va a sumar todo lo que no sea libertario o pseudo libertario.

“En temas de impacto social vamos a ir todos unidos; después, el juego se diferencia según cada uno de los sectores”, explicó a Infobae un diputado opositor. “Es tema por tema. En algunos temas, los que eran aliados y que ahora son circunstanciales van a mostrar los dientes, como pasó con los misioneros y los salteños”, agregó, en referencia al bloque que responde a los gobernadores Hugo Passalacqua, de Misiones, y Gustavo Sáenz, de Salta, que acompañaron la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y el pedido de tratamiento de los proyectos de morosidad y discapacidad.

La oposición enfrenta la búsqueda de un consenso, ya que hay 48 proyectos de ley y resoluciones al respecto. En contraposición, el oficialismo hará todo lo posible por dilatar el debate.

En este sentido, se espera que hoy salga el llamado para las comisiones de Discapacidad y Salud, por un lado, y de Finanzas y Defensa del Consumidor, por el otro. Con esto, el bloque de LLA buscará controlar el ritmo del debate, y tanto es así que las primeras citaciones no serán para todas las comisiones implicadas.

Según explicaron desde el oficialismo parlamentario, se citará a la comisión de Finanzas —que preside Santiago Pauli, de LLA—, a la de Discapacidad —presidida por Gerardo Huesen, de LLA— y a la de Salud —a cargo de Manuel Quintar, de LLA— para comenzar a debatir la semana que viene.

“Ellos —por los libertarios— llaman a las comisiones para hacer que abren el debate y darles una excusa a los aliados para que no vayan a la sesión del 9 de septiembre. Es lo mismo que hicieron con el caso Adorni”, explicó un diputado opositor.

En este punto, donde cada sector pone en funcionamiento las estrategias parlamentarias para avanzar o frenar según la conveniencia, en los sectores que juntaron 133 votos —y que, sumando a los ausentes, podrían llegar a 137— entienden que deberán buscar opciones, porque no van a ser comisiones para dictaminar, sino informativas. “Van a traer a dos o tres a exponer”.

En ese contexto, la oposición trabaja en mantener el llamado para el 9 de septiembre. “Más allá de esta jugarreta, la única garantía de avanzar hacia un dictamen es ratificar la convocatoria a sesión especial para el 9 de septiembre”, dijo el diputado socialista Esteban Paulón, autor de uno de los proyectos.

El oficialismo sabe que en esta jugada puede arrastrar a los diputados que responden a gobernadores y hacer caer el quórum. En la oposición, el argumento para mantener el número es que saben que, sin un emplazamiento que ponga fecha para dictaminar, La Libertad Avanza dilatará el debate y no se buscará una solución para las más de 6 millones de personas con problemas financieros.

En total, hoy hay 48 proyectos de ley que buscan encontrar una solución al incremento de la morosidad en las familias, que ya alcanza a 6,5 millones de personas. En el caso de la prórroga por un año de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el proyecto es autoría del diputado de Unión por la Patria Juan Marino, y cuenta con el acompañamiento de diferentes bloques.

Hace semanas que en el oficialismo advertían que la sesión de este 26 de agosto era vista como una oportunidad para volver a retomar protagonismo político, luego de que diferentes gobernadores coquetearan con la posibilidad de condicionar su apoyo a La Libertad Avanza en el Congreso.

Los libertarios consiguieron movilizar ayer en la Cámara de Diputados la media sanción de la Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), con un resultado de 144 votos afirmativos y 102 negativos. También avanzaron con la modificación de la Ley de Inocencia Fiscal, con 139 votos afirmativos contra 110 de la oposición. El resultado de ambas votaciones fue contundente y demostró que el oficialismo todavía tiene margen para seguir cazando votos de aliados provinciales, incluso de aquellos que habían mostrado visos de independencia.

“Fue una paliza en ambas votaciones. El Gobierno pudo retomar el triunfo con claridad”, analizaban desde uno de los despachos políticos de la Casa Rosada.

Las victorias legislativas de ambas reformas —consideradas como imprescindibles dentro del esquema de prioridades del presidente Javier Milei— trajeron alivio luego de que la oposición más dura realizara una jugada al comienzo de la sesión para medir fuerzas con el oficialismo. La maniobra fue ejecutada por Pablo Juliano (Provincias Unidas) y Germán Martínez (Unión por la Patria), quienes pidieron el apartamiento del reglamento para incorporar al temario de esa jornada los textos vinculados al sobreendeudamiento familiar y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad por un año más.

En ese sector sabían que no conseguirían los tres cuartos reglamentarios para incluir ambos temas, pero querían demostrar los votos que tenían para poder llamar a una sesión futura. En la votación de ese pedido consiguieron 133 adhesiones, lo que demostró que, después de mucho tiempo, la oposición puede aspirar a insertar temas en la agenda parlamentaria sin trabas de La Libertad Avanza. La fecha elegida para tratar esas iniciativas será el miércoles 9 de septiembre.

¿Qué dice este número respecto a los próximos episodios políticos en el Congreso? En el oficialismo no niegan cierta inquietud por esa avanzada, pero alegan que no están preocupados. Reconocen que la oposición podrá conseguir los votos para darle media sanción a ambas iniciativas, pero son escépticos de que logren la sanción en el Senado. “Si lo hacen, tenemos el veto del Presidente. Y nosotros ya contamos con los números para bloquear cualquier insistencia”, explican en el bloque libertario.

Milei podrá sufrir un costo político si ambos asuntos siguen fuertes en la agenda mediática, pero durante la semana pasada ya hizo una defensa férrea respecto a la cuestión de los niveles de endeudamiento en empresas y familias. “No hay por qué culpar al gobierno sobre el tema de la morosidad”, dijo ante la Bolsa de Comercio de Rosario. A diferencia del año pasado, el oficialismo en el Congreso tiene más de un tercio del recinto de la Cámara de Diputados para bloquear vetos, por lo que no se va a poder convalidar la prórroga de los incrementos en Discapacidad.

Tal y como había adelantado Infobae semanas atrás, el oficialismo iba a flexibilizar su agenda de proyectos para dar lugar a otros de la oposición dialoguista, como la baja impositiva para la fécula de mandioca, la declaración de diversas capitales nacionales, la Ley Joaquín y el proyecto de espacios deportivos seguros. “Hicimos un buen trabajo de consenso en los textos. Y con los aliados somos equipo siempre”, dijeron desde una de las bancas que trabaja palmo a palmo con Martín Menem, presidente de la Cámara.

En la oposición más dura no creen que puedan tener mayor capacidad de instalación de agenda más allá de los proyectos de mora y discapacidad. “Solo vamos a poder conseguir un número como el de ayer [los 133 de la votación impulsada por Juliano y Martínez] en proyectos de altísima adhesión social”, afirmó un diputado nacional a Infobae.

Otro estaba de acuerdo con su par y afirmaba: “No está claro cuál es la agenda que podamos impulsar hacia adelante. ¿Cuál sería otro tema? ¿Aumento de jubilaciones sabiendo que el tipo [Milei] lo va a vetar? No vamos a poder conseguir los números para arrancar. No veo en el horizonte otro tema. Eso no significa que no vaya a emerger otro hacia adelante. Pero este grupo es heterogéneo. No es siquiera una mayoría sólida desde lo electoral”.

El Gobierno consiguió ayer el acompañamiento circunstancial del PRO, la UCR, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), los diputados nacionales de Misiones y Catamarca que componen el bloque Argentina Federal, así como otros bloques provinciales, entre ellos los de Catamarca, San Juan y Tucumán.

La oposición obtuvo 133 votos a favor en ambas votaciones —107 en contra y 11 abstenciones— al impulsar dos apartamientos de reglamento para tratar en el recinto los proyectos sobre morosidad familiar y prórroga de la emergencia en discapacidad. El número no alcanzó los tres cuartos necesarios para forzar el debate, pero dejó una certeza política: con 129 diputados alcanza para abrir el recinto en un futuro y avanzar en ambos temas.

Según lo acordado, la sesión arrancó con nueve apartamientos de reglamento a pedido de la oposición, entre los que figuraron los pedidos para tratar ese mismo día los proyectos sobre morosidad de la familia y la prórroga de la emergencia en discapacidad.

El apartamiento exige tres cuartos de los votos, umbral hoy imposible de alcanzar frente a un bloque libertario de 95 diputados. Sin embargo, la señal que dejó la votación fue fuerte.

Con 129 diputados, la oposición logrará abrir el recinto. “Ahora hay que poner fecha”, dijo un diputado del peronismo que observó desde su banca cómo muchos libertarios —en especial aquellos que suelen prestar atención a los “poroteos” (conteo de votos)— se les cambiaba el semblante mientras aparecían los números en la pizarra.

Los 133 votos los aportaron los bloques Unión por la Patria, Provincias Unidas, Argentina Federal - el nuevo bloque de Misiones y Salta-; Elijo Catamarca; PTS - Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad Izquierda Socialista - Frente de Izquierda; MID - Movimiento de Integración y Desarrollo e Independencia Independencia (Tucumán).

Además, de los 5 ausentes hay cuatro que se sumarían a los 133: Juan Fernando Brugge de Provincias Unidas; Carlos Daniel Castagneto de Unión por la Patria, Natalia De la Sota, Defendamos Córdoba y Marcela Pagano de Coherencia

Los diputados podrían haber pedido un emplazamiento para que las comisiones traten los proyectos. Sin embargo, la estrategia fue la de los pedidos de apartamiento por dos razones.

“La elección de ir por un lado y no por otro tiene que ver con que todos sabíamos que no llegaban, pero lo que terminaron demostrando, para adentro y para afuera, es que tienen el número para avanzar. Esto también impacta en los que estaban ausentes. Si estaban en duda ya saben que tienen el número y ahora no van a asumir el costo político”, explicó un operador parlamentario que trabaja para el oficialismo.

Hubo además otro dato relevante: el pedido por el tema morosidad partió de dos sectores diferentes. Lo realizaron Pablo Juliano, de Provincias Unidas, y Germán Martínez, de Unión por la Patria, lo que muestra que son varios los bloques que están llegando a un acuerdo.

“No se puede tener 35 proyectos; hoy vamos por el número y a partir de mañana vamos a trabajar para tener menos proyectos y así avanzar en paralelo para poder pedir en las próximas semanas una sesión especial por este tema”, dijo otro legislador opositor.

La emergencia en discapacidad, con el mismo respaldo

Lo mismo sucedió con el proyecto de Juan Marino, diputado de Unión por la Patria, para prorrogar por un año más la emergencia en el sector de discapacidad que rige desde hace casi un año. La continuidad es una facultad que asigna la norma, sancionada el año pasado por presión de la oposición.

El proyecto del vicepresidente de la Comisión de Discapacidad también obtuvo 133 votos, por lo que se encuentra en la misma situación que el pedido de Martínez y Juliano, con la ventaja de ser un proyecto único, lo que significaría un trámite más rápido.

“Tenemos el número, ahora hay que mantenerlo para poder ir al recinto a emplazar. Hay que seguir trabajando”, señaló un diputado de la oposición que participó de la estrategia y que se mostró satisfecho por el resultado obtenido.

En la oposición sabían que el desarrollo del resto de la sesión en la Cámara de Diputados presentaría un escenario de derrotas. Sin embargo, la imagen de poder impulsar una agenda propia que trabaje sobre la morosidad creciente y la emergencia en discapacidad generó un sentimiento de triunfo.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha rechazado el recurso presentado por Mar de Ons y ha dado la razón a la Comisión Gallega de la Competencia, que consideró que la compañía incumplió su compromiso de ofrecer descuentos específicos a las personas con discapacidad. La decisión permite que siga adelante la apertura de un expediente sancionador por una posible infracción muy grave.

La sentencia no ha impuesto ninguna sanción económica. Será el procedimiento sancionador el que determine después si existe responsabilidad y, en su caso, si corresponde imponer una multa a la operadora marítima. La propia resolución recuerda que abrir ese expediente no equivale a declarar culpable a la empresa.

El conflicto gira en torno a uno de los compromisos que Mar de Ons asumió hace cuatro años: ofrecer una política específica de descuentos a las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% y, cuando correspondiera, también a su acompañante. Competencia concluyó que la empresa no había cumplido esa obligación y el TSXG respalda esa decisión.

El compromiso que asumió Mar de Ons en 2022

El origen del caso está en un acuerdo aprobado en julio de 2022 para cerrar un expediente relacionado con posibles prácticas restrictivas de la competencia en el transporte de pasajeros a las Islas Cíes. Varias empresas del sector aceptaron una serie de compromisos para poner fin a aquel procedimiento, entre ellos mejorar la atención al cliente y establecer medidas específicas para las personas con discapacidad.

En concreto, el acuerdo obligaba a ofrecer descuentos adicionales a cualquier otra rebaja que pudiera aplicarse y a informar de ellos mediante un documento en el que se detallara su porcentaje sobre el precio ordinario. También podían incluirse otras medidas destinadas a mejorar la accesibilidad, la seguridad y el bienestar de estos pasajeros.

Cuando Competencia revisó cómo estaban cumpliendo las empresas esos compromisos, comprobó que en la página web de Mar de Ons no aparecía ninguna política de descuentos para personas con discapacidad y sus acompañantes.

La naviera reconoció que esas rebajas no figuraban publicadas cuando se hizo la comprobación, pero defendió que sí las estaba aplicando a través de su correo electrónico comercial. Para demostrarlo, la empresa aportó una captura de un tarifario interno de 2023 en el que aparecía la referencia a un “colectivo especial”.

Competencia consideró que esa documentación no bastaba para probar que existiera una política clara y general de descuentos para cualquier persona con discapacidad que quisiera viajar con compañía. Tampoco constaba que esas tarifas se hubieran aplicado efectivamente de forma regular.

El tribunal ve descuentos poco claros y diferentes según el caso

El TSXG comparte esa conclusión. La sentencia recoge varios ejemplos de precios que Mar de Ons ofreció a clientes que preguntaron expresamente por descuentos. En un caso, una persona recibió una rebaja de tres euros sobre un billete de 22,50 euros. En otro, relativo a un grupo de unas 30 personas, se ofrecieron tarifas reducidas y gratuidad para los monitores o cuidadores. Además, en otro documento aparecía un descuento del 20% para la persona con discapacidad y su acompañante.

Para el tribunal, esas diferencias muestran que no existía una política suficientemente definida. La Sala habla de una “total falta de concreción e inconsistencia” en las rebajas que la empresa afirma haber aplicado y concluye que eso impide considerar cumplido el compromiso que había asumido.

La sentencia también cuestiona que los descuentos solo pudieran conocerse cuando el propio cliente los solicitaba. Según el TSXG, ofrecer rebajas por discapacidad únicamente a petición del interesado y a través de correo electrónico “difícilmente puede satisfacer” el objetivo de beneficiar de forma efectiva a estas personas. El tribunal recuerda además que la información sobre precios y descuentos debe facilitarse de forma clara, comprensible y accesible.

Por todo ello, el TSXG desestima el recurso de Mar de Ons y mantiene la resolución de la Comisión Gallega de la Competencia que declaró incumplido el compromiso y ordenó abrir un procedimiento sancionador. La empresa deberá asumir además las costas judiciales, con un límite de 1.500 euros. La sentencia no es firme y puede recurrirse en casación.

Para la inmigrante hondureña Gladis Jiménez, la vida se transformó radicalmente en un instante. Un devastador accidente automovilístico ocurrido hace casi dos años la dejó con parálisis, privándola por completo de la movilidad de su cuerpo.

Desde aquel trágico día, su esposo se convirtió en su pilar fundamental, asumiendo con devoción el rol de cuidador principal y sostén económico de la familia. Sin embargo, una inesperada intervención de las autoridades migratorias estadounidenses quebró de golpe esa frágil estabilidad: su cónyuge fue detenido y deportado a Honduras, dejando a Gladis y a su pequeña hija en una extrema vulnerabilidad física y económica.

El trágico accidente que cambió el destino de Gladis aún permanece grabado en su memoria con desgarradora nitidez. Ella misma relató para el medio N+ UNIVISION cómo el vehículo en el que viajaban perdió el control y a partir de ese segundo, su rutina diaria pasó a depender íntegramente del cuidado y el trabajo de su esposo.

Sin embargo, el mes pasado el destino volvió a golpear a su familia. La detención y posterior expulsión de su esposo por parte de Migración extinguió de golpe la única fuente de ingresos con la que cubrían el alquiler, los servicios y los costosos insumos médicos.

Ante la imposibilidad de generar ingresos debido a sus severas limitaciones motrices y la falta de una red de apoyo prolongada dado que la familiar que la cuida temporalmente debe regresar a trabajar, Gladis se ve obligada a considerar la autodeportación.

La autodeportación (o retorno voluntario) es el proceso mediante el cual un inmigrante que se encuentra sin un estatus legal regularizado en el país decide, de manera voluntaria, abandonar el territorio nacional por sus propios medios o acogiéndose a programas gubernamentales. Este mecanismo busca evitar procesos judiciales prolongados, una orden de expulsión formal en el récord migratorio o el tiempo en centros de detención.

La odisea de viajar con equipo médico e incertidumbre consular

El proceso de retorno para una persona con discapacidad motriz severa implica desafíos logísticos y humanos gigantescos. Gladis no puede abordar un vuelo comercial convencional sin asistencia médica especializada y autorización previa de las aerolíneas.

Además, su supervivencia y calidad de vida dependen del traslado indispensable de una voluminosa serie de aparatos médicos que la acompañan día a día. Tal como ella misma detalló durante la entrevista: «La silla eléctrica, la silla de baño, la manual, la cama de hospital, el elevador de que me levantan... todas las cosas que necesito».

A esta complejidad logística se le suma un profundo temor institucional. Al intentar entregarse o procesar su salida voluntaria ante las autoridades, Gladis teme ser llevada a un centro de detención donde no existan las condiciones sanitarias requeridas para su parálisis, o peor aún, ser separada de su pequeña hija, quien al ser ciudadana estadounidense posee una condición jurídica distinta.

A pesar de acudir al consulado de Honduras en busca de un auxilio humanitario integral, las respuestas e intervenciones disponibles han sido mínimas frente a la magnitud de sus necesidades. Asimismo, los requerimientos de información extendidos al DHS para conocer opciones o protocolos especiales para personas en situación de vulnerabilidad médica continúan sin respuesta oficial.

Ante este panorama de extrema vulnerabilidad, organizaciones de apoyo a migrantes y miembros de la comunidad hondureña en el exterior han comenzado a movilizarse activamente. Su objetivo es difundir su historia para movilizar recursos, gestionar pasajes aéreos especializados y brindar la ayuda humanitaria urgente que le permita a Gladis y a su hija emprender un regreso seguro, digno y adaptado a sus necesidades médicas.

El Gobierno actualizó los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para las Personas con Discapacidad, mediante una resolución que publicó esta madrugada. El incremento corresponde al mes de agosto y es de 2,1% calculado sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior.

La medida quedó formalizada mediante la resolución 2775/2026, dictada en el marco de la Secretaría Nacional de Discapacidad (SND), y de esta manera quedan actualizados los valores que la resolución 2227/2026 había fijado el organismo para el mes de julio, en un porcentaje de 1,9%. La nueva suba rige de forma uniforme para todas las modalidades de prestación contempladas en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, sin distinción por tipo de servicio, y se verán reflejados en agosto.

La normativa también ratificó la continuidad de un adicional del 20 % sobre el arancel básico para las prestaciones brindadas en la denominada zona patagónica. Este reconocimiento por zona desfavorable aplica a las provincias del sur del país y fue incorporado inicialmente. La medida contempla las condiciones geográficas y de acceso propias de esa región, que encarecen la prestación de servicios de salud y apoyo para las personas con discapacidad. Los nuevos valores arancelarios acompañan el texto oficial.

Para los nuevos valores quedaron de la Categoría A, que corresponde a las prestaciones de mayor complejidad, el arancel de un Centro de Día con jornada doble pasó de $1.078.908,97 a $1.101.566,06. En la Categoría B, los valores son proporcionalmente menores: el Hogar con CET permanente quedó en $2.824.518,71 y la Residencia Permanente en $1.133.384,56.

La Categoría C, destinada a las prestaciones de menor complejidad relativa, fijó el arancel del Hogar Permanente en $1.383.759,91 y el de la Residencia Permanente en $1.047.812,39.

El contexto en el que se inscribe esta actualización arancelaria no es menor. En mayo de 2026, la Justicia Federal ordenó al programa Incluir Salud y al PAMI normalizar la cadena de pagos a los prestadores que atienden a personas con discapacidad en un plazo de 72 horas.

La medida cautelar fue dictada por el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, a cargo del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, en el marco de un amparo colectivo de alcance nacional que permanecerá vigente por seis meses o hasta que exista sentencia firme.

Los demandantes denunciaron que los prestadores no percibían los fondos que el Estado les debía, lo que derivó en la interrupción de terapias para niños, adultos mayores y personas con discapacidad, y en la falta de entrega de medicamentos.

El Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Políticas de Acceso y Apoyos, argumentó ante el tribunal que los atrasos respondían a un “reordenamiento estructural” derivado del traspaso del programa Incluir Salud desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) al Ministerio, y que el proceso de regularización estaba en marcha.

El juez descartó esos argumentos al contrastarlos con los hechos concretos: facturas impagas, tratamientos suspendidos e intereses millonarios. La resolución judicial subrayó que la interrupción de los tratamientos puede producir retrocesos en el desarrollo integral de las personas con discapacidad.

El Nomenclador fue aprobado originalmente en 1999 por el entonces Ministerio de Salud y Acción Social mediante la Resolución 428, en uso de las facultades conferidas por el Decreto 1193 de 1998. Desde entonces, sus aranceles reciben actualizaciones periódicas a partir de las propuestas que eleva el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas, el órgano colegiado encargado de la conducción del sistema. Fue ese directorio el que, a través del Acta 432, acordó la modificación que dio sustento a la presente resolución, en conformidad con la Ley 27.793.

Todo comenzó con una fiebre muy alta y unas petequias, unas pequeñas manchas rojizas que aparecieron por todo su cuerpo. Su mamá la llevó de urgencia al médico y recibió una indicación inmediata: tenía que ir al hospital porque podía tratarse de una meningitis. Cuando llegó, la infección ya había comprometido la circulación sanguínea de sus extremidades. “Me llevaron al hospital ya con los brazos y las piernas comprometidas, como ya no me circulaba la sangre, tenía las extremidades negras”, recuerda Paloma. La decisión médica fue determinante: “Ya era como: ‘Che, hay que amputar’, porque si no, ya no la cuenta directamente”.

Durante su infancia, hablar de aquello era demasiado doloroso. Paloma cuenta que durante muchos años no quiso saber demasiado sobre la enfermedad que había atravesado ni sobre las consecuencias que había dejado en su cuerpo. “Yo siento que tuve como dos etapas”, explica. Entre los siete y los 12 o 13 años, prefería mantenerse alejada de todo lo relacionado con su historia médica. “No me interesaba saber nada de nada, de qué enfermedad fue ni nada”, recuerda.

La adolescencia marcó un punto de inflexión. Mientras sus amigos comenzaban a salir, conocer gente e ir a bailar, Paloma también quería hacerlo. Pero en ese momento la discapacidad ocupaba un lugar central en su manera de verse y de sentirse observada.

“Me dio como un bajón porque mis amigos empezaban a salir a bailar y yo quería salir a bailar, como que quería tener una vida dentro de todo común”, cuenta. Se sentía diferente, como “sapo de otro pozo”, y comenzó a maquillarse cada vez más. Al principio, el maquillaje no era solamente una cuestión estética: era una forma de protegerse.

“Yo decía: ‘Bueno, yo me voy a maquillar. En vez de mirarme las amputaciones, me miran a la cara’”, recuerda. En aquella época, maquillarse funcionaba como una especie de escudo frente a las miradas. “Yo me sentía protegida, era como una máscara para mí el maquillaje en ese momento”.

Con los años, sin embargo, esa relación cambió. Lo que comenzó como una herramienta para desviar la mirada de los demás terminó convirtiéndose en una forma de expresión personal. “Yo creo que el maquillaje es como para sentirse bien uno mismo, no es para un otro”, reflexiona. Y resume esa transformación con una frase: “Yo en su momento me empecé a maquillar para un otro y hoy en día me maquillo para mí”.

El maquillaje, que durante su adolescencia funcionó como una forma de esconderse de las miradas, terminó convirtiéndose en una parte fundamental de su identidad. Paloma encontró allí una herramienta para expresarse y sentirse cómoda consigo misma.

Su historia también comenzó a llegar a otras personas. A través de las redes, recibe mensajes de quienes se sienten identificados con ella, especialmente personas con alguna discapacidad que encuentran en sus publicaciones una representación que quizás antes no tenían.

“Todo el que te hable y que te cuente su experiencia porque por ahí tienen alguna discapacidad y que te digan: ‘Ay, Paloma, me alegraste el día’”, cuenta. Esos mensajes tienen un significado especial para ella porque muestran que su exposición no queda solamente en una pantalla. “Es como que decís: ‘Ay, qué bueno que tenga esta llegada’. Nunca pensé que iba a llegar a esto”, reconoce.

La mirada de los demás fue, durante mucho tiempo, una de las partes más difíciles de su experiencia. Paloma recuerda que podía sentir tristeza, enojo y bronca cuando las personas observaban su cuerpo de manera diferente.

Hoy asegura que la situación cambió, aunque no porque haya dejado atrás aquello que le molestaba. “No sé si superé esa mirada, porque no es que superás. Es como que aprendés a convivir”, explica.

Una de las situaciones que más recuerda ocurrió cuando una mujer se acercó y comenzó a llorar al verla. “Está todo bien, es lo que te salió en el momento, pero no sabés qué impacto puede tener tus lágrimas en la otra persona”, plantea.

También habla de una actitud que muchas personas tienen hacia quienes tienen una discapacidad. “A mí a veces me pasa que me tocan así la cabeza y digo: ‘Sacá la mano de ahí’”, cuenta. Y enseguida remarca: “Por ser discapacitada te infantilizan. Te dicen: ‘Ay, chiquita’. No tengo 26 años, señora”.

Para ella, detrás de esos gestos también existe un estereotipo que asocia la discapacidad con una supuesta pureza o fragilidad. “Crean como: ‘Ay, está en silla, debe ser más buena’. Y no”, explica. Esa mirada también puede trasladarse a otros aspectos de la vida: “El estereotipo de decir: ‘Bueno, está en silla, no puede salir con nadie. No puede salir a bailar, no puede hacer…’. Y sí. O sea, por más que esté como esté, puedo disfrutarla tranquilamente”.

Durante la adolescencia y los primeros años de adultez, otra de las preguntas que apareció fue cómo relacionarse sentimentalmente. Paloma quería conocer personas y el amor, pero también tuvo que aprender a identificar las miradas que estaban cargadas de prejuicios o fetiches.

Probó con aplicaciones de citas, aunque la experiencia no siempre fue buena. “Tuve un momento de aplicaciones, pero era muy turbio”, recuerda. “Había un chabón que me dice: ‘Ay, cómo me calienta que seas amputada’. Y yo dije: ‘¿Qué?’”.

La situación le generó miedo y decidió desinstalar la aplicación. También tuvo una relación con una persona que tenía un fetiche relacionado con su amputación. Desde entonces, aprendió a prestar atención a determinadas señales. “Por ahí te tocan el muñón o te sobrepreguntan muchas cosas de cómo hacés tal cosa y cómo hacés, y todo así. Y es como: ‘Wow, basta’”, explica.

Para Paloma, existe una diferencia entre alguien que se interesa genuinamente por ella y una persona que convierte su discapacidad en el centro de la atracción. Por eso, con el tiempo, aprendió a identificar esas situaciones y a poner límites. Hoy conoce personas principalmente a través de las redes sociales y las aplicaciones, pero desde otro lugar.

En la nota, Paloma habla de un proceso mucho más cotidiano: aprender a habitar su cuerpo, poner límites, relacionarse, enamorarse, maquillarse, salir y disfrutar. La meningitis cambió su vida cuando era apenas una niña, pero con el tiempo ella encontró una manera propia de contar lo que significa vivir con una discapacidad sin dejar que esa condición defina todo lo demás.

Un nuevo depósito del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) del Seguro Social llegará el 1 de septiembre de 2026, con un máximo federal de USD 994 para una persona elegible, según informó Washington Examiner a partir de los criterios de la Administración del Seguro Social (SSA).

El pago está previsto para el martes 1. La regla general del SSI es que los depósitos se realicen el primer día de cada mes, aunque el calendario puede ajustarse si coincide con un fin de semana o un feriado federal, de acuerdo con el cronograma oficial de pagos publicado por la SSA.

En la tabla anual de montos del programa, la SSA indicó que el máximo federal del SSI en 2026 es de USD 994 para un beneficiario individual. Para una pareja que califique de manera conjunta, el tope federal puede llegar a USD 1.491.

La agencia también contempla hasta USD 498 para una “persona esencial” en los casos en que esa categoría aplique, según el mismo esquema oficial.

Qué es el SSI y a quién está dirigido

De acuerdo con la SSA, el SSI es un programa de asistencia mensual para personas con ingresos y recursos limitados que cumplan requisitos vinculados a la edad o a una condición de discapacidad o ceguera.

En sus guías institucionales, el organismo explicó que pueden calificar quienes tengan 65 años o más con ingresos limitados y también adultos y menores que sean ciegos o tengan una discapacidad que cumpla las condiciones del programa.

La SSA también remarcó que el monto del depósito no es uniforme para todos los beneficiarios. En su explicación pública sobre el beneficio, el organismo señaló que el pago mensual puede variar por la situación personal y por los criterios del programa, incluidos ingresos y recursos del solicitante, por lo que no todos reciben el máximo federal.

Requisitos de ciudadanía, estatus migratorio y residencia

En cuanto a las condiciones generales, la SSA señaló que el SSI exige que el beneficiario sea ciudadano de Estados Unidos o encuadre en categorías de extranjeros autorizadas, conforme a los requisitos administrados por el organismo.

La residencia dentro de territorio definido por la normativa del programa es otro punto central. En el reglamento federal aplicable al SSI, se define “Estados Unidos”, a los fines de la elegibilidad, como los 50 estados, el Distrito de Columbia y las Islas Marianas del Norte.

Qué pasa si el beneficiario permanece fuera del país

Además de los requisitos de residencia, el SSI contempla reglas específicas cuando el beneficiario sale del país. El reglamento federal establece que una persona no es elegible para recibir SSI si está fuera de Estados Unidos durante un mes calendario completo.

La misma norma incorpora el criterio de 30 días consecutivos para determinar la permanencia fuera del país y cómo se computa el retorno y la presencia continua para retomar la elegibilidad, según el texto regulatorio.

En ese marco, el programa no se limita a la fecha del depósito: la condición de elegibilidad también depende de que el beneficiario mantenga los requisitos en el tiempo, incluidas las reglas aplicables a la permanencia en el exterior, de acuerdo con la normativa federal.

Montos máximos y el impacto de los ajustes anuales

Los montos máximos federales del SSI se actualizan en el marco de determinaciones oficiales vinculadas a los ajustes anuales por costo de vida. En su hoja informativa del ajuste de 2026, la SSA informó un incremento del 2,8%, que impactó en distintos parámetros del sistema, incluido el estándar de pago federal del SSI.

En su tabla de montos para 2026, el organismo reflejó esos valores máximos: USD 994 para una persona elegible, USD 1.491 para una pareja elegible y USD 498 para el caso de “persona esencial”, según las definiciones del programa.

SSI y beneficios tradicionales: por qué no es lo mismo

La SSA distingue el SSI de los beneficios tradicionales del Seguro Social (como jubilación, discapacidad o supervivencia) porque se trata de programas diferentes, con criterios propios. En la práctica, el depósito del 1 de septiembre corresponde específicamente al SSI, y recibir beneficios de otro programa no implica automáticamente tener derecho a este ingreso, según las aclaraciones institucionales sobre elegibilidad y funcionamiento del programa.

Por eso, el calendario de septiembre puede incluir fechas distintas para otros beneficiarios del Seguro Social, mientras que el SSI se rige, como regla, por el depósito el primer día del mes, con ajustes por fines de semana o feriados, de acuerdo con el cronograma oficial de pagos de la SSA.

En Nueva York, un grupo de especialistas de NYU Langone trabaja en nuevas herramientas de inteligencia artificial para personas con discapacidad visual con un objetivo concreto: facilitar tareas cotidianas y ampliar la autonomía de quienes enfrentan barreras para desplazarse, comprar o ubicarse dentro de edificios. La iniciativa fue presentada por CBS News New York, que mostró varios desarrollos creados en ese centro médico y tecnológico de Manhattan.

De acuerdo con CBS News New York, el proyecto está encabezado por el doctor John-Ross Rizzo, un médico que tiene ceguera legal y que impulsa junto a su equipo sistemas pensados para resolver problemas de orientación y acceso en espacios urbanos. La propuesta del laboratorio apunta a trasladar la inteligencia artificial a escenas de la vida diaria, con dispositivos y aplicaciones que puedan asistir a usuarios en tiempo real.

Un sistema para comprar en supermercados sin depender de terceros

Uno de los desarrollos presentados es Shopscout, un dispositivo portátil con cámara incorporada que se lleva como una mochila y que ayuda a personas ciegas o con baja visión a encontrar productos dentro de un supermercado. El sistema utiliza señales auditivas para guiar la mano del usuario hasta el artículo buscado.

Rizzo aseguró, en declaraciones recogidas por CBS News New York, que las opciones de compra digital no resuelven por completo la necesidad de independencia. “Hay quienes dicen que, con servicios de entrega como Instacart, las personas ciegas deberían comprar por internet, pero eso no respalda la autonomía ni la capacidad de decidir”, afirmó. En esa misma línea, agregó: “A mí me gusta elegir mi propia fruta y verdura”.

Tal y como explicó el médico, la lógica del sistema se parece a un juego de aproximación por sonido. Las señales auditivas cambian a medida que la persona se acerca al producto correcto, lo que permite localizarlo sin asistencia directa de otra persona. La herramienta busca responder a una demanda frecuente dentro de la comunidad con discapacidad visual: poder hacer compras de manera independiente y con control sobre cada elección.

Aplicaciones para moverse en el subte y dentro de edificios

El reporte de CBS News New York también mostró Commute Booster, una aplicación para teléfonos inteligentes diseñada para leer carteles del sistema de transporte y orientar a los usuarios dentro del subte de la ciudad. El equipo puso el foco en una dificultad habitual: la complejidad de las estaciones, donde el ruido, la señalización y la circulación de personas suelen volver más difícil la orientación.

El doctor Giles Hamilton Fletcher, integrante del laboratorio, afirmó que el entorno del subte representa un desafío particular para viajeros ciegos o con baja visión. Para probar la herramienta, el equipo incluso armó una estación simulada. A partir de una foto tomada con el celular, la aplicación informa al usuario en qué lugar se encuentra y hacia dónde debe dirigirse.

Fletcher aseguró que las personas que participaron en las pruebas completaron sus recorridos un 33% más rápido con Commute Booster. Ese dato, difundido por CBS News New York, aparece como uno de los resultados más concretos del trabajo del laboratorio hasta ahora.

A esa línea de desarrollos se suma Unav, una aplicación de navegación en interiores que funciona como una especie de GPS para edificios. Según mostró el informe televisivo, el sistema no depende de señal celular y permite que el usuario tome una imagen del lugar para recibir indicaciones sobre su ubicación y sobre el camino hacia su destino. La herramienta podría resultar útil en hospitales, oficinas, centros comerciales o cualquier espacio con recorridos complejos.

Tecnología accesible con impacto más amplio

El trabajo del equipo no se limita a la población con ceguera o baja visión. CBS News New York indicó que estas herramientas también podrían tener aplicaciones futuras para adultos mayores o para cualquier persona que encuentre dificultades al desplazarse por entornos interiores confusos.

Rizzo planteó que muchas innovaciones tecnológicas que hoy usa el público general tuvieron un origen vinculado a la accesibilidad. En declaraciones reproducidas por el medio, sostuvo: “La comunidad ciega muchas veces experimenta el futuro antes que el resto”. Luego citó casos concretos y remarcó que los sistemas de dictado por voz y hasta el cepillo de dientes eléctrico surgieron, de una u otra forma, en laboratorios orientados a resolver necesidades de accesibilidad.

La idea central del grupo, tal y como la resumió el propio especialista ante CBS News New York, es que cuando se diseña para la discapacidad, se diseña para todos. Esa definición condensa el enfoque de un trabajo que busca ampliar la independencia personal a partir de tecnología aplicada a problemas concretos de movilidad, orientación y acceso.

Trece personas con discapacidad visual, seis hombres y siete mujeres, asisten cada sábado a un taller de informática adaptada que se desarrolla en la Universidad de Oriente. Los participantes provienen de los departamentos de San Miguel, Usulután, Morazán y La Unión, y forman parte del “Proyecto de Inclusión para Personas con Discapacidad Visual, Agora fase XV”.

Esta iniciativa es coordinada por Roxana García, quien lidera el trabajo en territorio desde la Cruz Roja Salvadoreña, con respaldo financiero de la Cruz Roja Española y la Fundación ONCE para América Latina (FOAL).

El objetivo principal del taller es brindar herramientas tecnológicas a personas con discapacidad visual para que puedan acceder a la computación y desenvolverse con mayor autonomía en el entorno digital.

La propuesta contempla seis jornadas, cada una de aproximadamente seis horas, impartidas exclusivamente los días sábado. Durante estas sesiones, los asistentes reciben conocimientos básicos sobre el uso de una computadora y las principales herramientas informáticas, siempre adaptadas a sus necesidades específicas.

El eje central de la formación es el uso de lectores de pantalla, como el programa NVDA, que transforma la información visual que aparece en la pantalla en mensajes de voz.

De este modo, los participantes pueden interactuar con diferentes aplicaciones utilizando audífonos. Roxana García explica que, a diferencia de las personas que pueden ver la pantalla y observar directamente lo que sucede, quienes asisten al taller escuchan las órdenes que dan a la computadora y reciben retroalimentación sonora sobre cada acción.

Esta dinámica permite acceder al correo electrónico, trabajar en hojas de cálculo como Excel, redactar textos en Word y gestionar tablas y gráficos, todo mediante la adaptación tecnológica.

La población meta del proyecto es amplia, ya que está diseñada para incluir personas con discapacidad visual desde 18 hasta 65 años de edad. En esta edición particular, la franja de edad de los asistentes va de los 22 a los 48 años. La diversidad de los participantes responde al interés de integrar a personas de distintos orígenes y experiencias en el uso de la tecnología, buscando reducir las brechas de acceso digital en la región oriental del país.

Uno de los propósitos que destaca Roxana García es que, a través de la formación, los asistentes puedan acceder a la información que se encuentra en Internet, utilizar medios digitales para buscar empleo y desarrollar sus propios emprendimientos. García señala que la tecnología puede ser una herramienta útil para la elaboración de currículums, la consulta de ofertas laborales en diferentes plataformas y la promoción de servicios personales. Algunos asistentes ya cuentan con pequeños negocios, como la masoterapia, la bisutería o la elaboración de artículos de limpieza, y encuentran en la informática adaptada una posibilidad real para fortalecer y difundir sus actividades económicas.

La Cruz Roja Salvadoreña, bajo este proyecto, ha desarrollado una base de datos de las personas beneficiarias. Esta información permite incluir a los participantes en futuras iniciativas de formación y acompañamiento, con la visión de sumar a su preparación y desarrollo social. La organización prevé continuar con este tipo de capacitaciones en los próximos ciclos, adaptando los contenidos a las necesidades identificadas por el colectivo de San Miguel y de otros departamentos.

Primero llegaron las ambulancias. Más tarde, los médicos que decidían, sin siquiera conocer personalmente a muchos de los pacientes, quién debía continuar viviendo y quién desaparecer. A las familias les decían que sus seres queridos habían muerto por una enfermedad repentina. Les entregaban certificados con causas falsas. Algunas recibían incluso una urna con cenizas que no necesariamente correspondían al fallecido.

Pero detrás de aquella burocracia había una maquinaria perfectamente organizada. Y en el centro de todo estaba una idea que el régimen había convertido en política de Estado: personas cuya vida, según los criterios raciales y económicos del nazismo, no merecía ser vivida. Los elegidos padecían enfermedades mentales, neurológicas, discapacidades físicas, epilepsia, esquizofrenia, demencia. Eran pacientes internados durante años en hospitales y establecimientos psiquiátricos.

El Estado que decía proteger la “salud” del pueblo alemán comenzó a decidir quién podía formar parte de ese pueblo. La operación recibió un nombre que ocultaba su verdadera naturaleza: Aktion T4. No era un programa médico ni eutanasia. Era asesinato sistemático. Y cuando el 18 de agosto de 1941 la maquinaria llevaba casi dos años funcionando y ya había producido decenas de miles de víctimas, lo que ocurriría seis días después cuando Hitler ordenara detener la fase centralizada de los asesinatos, no significaría el final. La muerte simplemente cambiaría de método.

Una idea que existía antes de Hitler

Para entender Aktion T4 hay que retroceder algunos años antes de la llegada de los nazis al poder. Las ideas de eugenesia –corriente de pensamiento que defiende la mejora de los rasgos hereditarios mediante diversas formas de intervención manipulada- habían ganado espacio en distintos países occidentales desde fines del siglo XIX y comienzos del XX. Sus defensores sostenían que determinadas características debían ser controladas para mejorar la población. En Alemania, esas ideas adquirieron una dimensión particularmente radical.

Después de la Primera Guerra Mundial, la crisis económica y social alimentó discursos que presentaban a determinados grupos como una carga para el Estado. Los nazis aprovecharon esas ideas y las llevaron a un extremo criminal. Cuando Adolf Hitler llegó al poder en 1933, comenzó a transformar la eugenesia en política pública. Ese mismo año se aprobó la Ley para la Prevención de Descendencia con Enfermedades Hereditarias, que permitió la esterilización forzosa de personas consideradas portadoras de determinadas enfermedades y cientos de miles la padecieron.

El paso siguiente sería mucho más terrible. Ya no se trataba de impedir que determinadas personas tuvieran hijos. Ahora se decidiría quién tenía derecho a seguir viviendo. Los niños fueron los primeros. En 1939 comenzó a tomar forma una operación secreta destinada inicialmente a chicos con discapacidades. El 18 de agosto de 1939, el Ministerio del Interior del Reich ordenó que médicos, enfermeros y parteras informaran sobre recién nacidos y niños menores de tres años que presentaran determinadas discapacidades físicas o mentales.

Los padres eran enviados a determinadas clínicas con la impresión de que sus hijos recibirían atención especializada. Pero la realidad era otra. En algunas de esas instituciones se habían creado unidades destinadas a matar. Algunos niños recibían sobredosis de medicamentos. Otros eran sometidos deliberadamente a inanición. El criterio médico había dejado de ser curar. Ahora era seleccionar.

Los responsables del programa fueron Philipp Bouhler, jefe de la Cancillería de Hitler, y el médico personal del Führer, Karl Brandt. La operación se desarrollaba en secreto. Pero necesitaba una autorización y Hitler la proporcionó.

La orden secreta

A fines de 1939, Hitler firmó una autorización escrita que habilitaba a determinados médicos a conceder una supuesta “muerte por misericordia” a pacientes considerados incurables. Pero el documento fue oficializado el 1 de septiembre de 1939, día en que Alemania invadió Polonia y comenzó la Segunda Guerra Mundial. La elección de esa fecha no fue casual. El régimen pretendía presentar la operación como parte de las necesidades extraordinarias de la guerra.

Pero no existía ninguna guerra que justificara aquello. La orden era una autorización para matar. Y aunque Hitler nunca convirtió esa medida en una ley aprobada públicamente por el Estado alemán, su voluntad bastó para poner en marcha una estructura criminal que involucró a médicos, administradores, funcionarios, enfermeros, policías y empleados ferroviarios.

El asesinato comenzó a convertirse en un procedimiento administrativo. El nombre T4 surgió de una dirección de Berlín: Tiergartenstrasse 4. Allí funcionaba la oficina central desde la cual se coordinaba la operación. Desde ese edificio se organizaron los procedimientos, se procesaron los formularios y se distribuyeron las instrucciones.

El sistema era perversamente sencillo. Los hospitales recibían cuestionarios. Los médicos completaban información sobre los pacientes. Se preguntaba por sus diagnósticos, su capacidad para trabajar, cuánto tiempo llevaban internados y otros datos que permitían clasificarlos. Los formularios eran enviados a expertos que trabajaban en secreto. Tres médicos podían decidir el destino de una persona sin haberla visto. Una marca, una firma, un procedimiento administrativo. Y el paciente quedaba condenado. La burocracia había convertido el asesinato en una tarea de oficina.

Los seis lugares de la muerte

A partir de enero de 1940, los pacientes seleccionados fueron trasladados a instalaciones especialmente preparadas. Fueron seis los principales centros de gaseamiento: Brandenburg, Grafeneck, Bernburg, Sonnenstein, Hartheim y Hadamar. Algunos estaban en territorio alemán y otros en Austria, entonces anexada por el Reich. Los pacientes llegaban en autobuses o trenes. En muchos casos, sus familias no sabían hacia dónde habían sido trasladados. Una vez dentro de las instalaciones, las personas eran conducidas a habitaciones construidas para parecer duchas. Las puertas se cerraban. Y desde recipientes especiales se introducía monóxido de carbono. En poco tiempo morían.

Después, los cuerpos eran llevados a los crematorios y las familias recibían una explicación falsa: infección, neumonía, ataque cardíaco y otras enfermedades aparentemente naturales. El lugar y la fecha de la muerte también podían ser falsificados. La mentira formaba parte de la maquinaria. El Estado necesitaba que nadie preguntara demasiado y el secreto era fundamental.

Los nazis sabían que una operación de semejante magnitud podía generar resistencia si la población comprendía lo que realmente estaba sucediendo. Por eso construyeron una compleja red de engaños. Los pacientes eran trasladados sin explicar claramente su destino. Los familiares recibían cartas y los certificados eran falsificados. Las cenizas se enviaban a las familias. Todo parecía formar parte de una muerte hospitalaria.

Pero los rumores comenzaron a circular. En los pueblos cercanos a los centros de asesinatos se hablaba de micros que llegaban llenos y regresaban vacíos. Se percibía el olor de los crematorios. Las familias recibían explicaciones que no coincidían con la realidad. Y el secreto empezó a dejar de serlo.

Para entonces, la operación llevaba más de un año de asesinatos sistemáticos. El régimen nazi estaba en plena guerra. Alemania había invadido la Unión Soviética apenas dos meses antes. Los ejércitos alemanes avanzaban hacia el este. Y en el interior del Reich, los centros de “eutanasia” continuaban funcionando.

Para el 18 de agosto de 1941, la maquinaria estaba cerca de su primer gran punto de inflexión. Las protestas habían aumentado. Familias enteras conocían o sospechaban lo que ocurría. Y algunos miembros de la Iglesia comenzaron a hablar públicamente. Entre ellos estaba Clemens August von Galen, obispo católico de Münster.

El 3 de agosto de 1941 pronunció un sermón que se convirtió en una de las denuncias públicas más contundentes contra Aktion T4. Von Galen condenó los asesinatos y cuestionó que el Estado pudiera decidir arbitrariamente quién tenía derecho a vivir. Su denuncia tuvo enorme repercusión. Otros religiosos y ciudadanos también protestaron. Y la presión creció.

El 24 de agosto de 1941, Hitler ordenó detener la operación. Pero “detener” no significaba abandonar la idea. Según los propios registros internos de T4, 70.273 personas habían sido asesinadas en los seis centros de gaseamiento entre enero de 1940 y agosto de 1941. Y ese número correspondía solamente a la primera fase centralizada.

La muerte continuó. El final de la Aktion T4 centralizada no fue el de los asesinatos. La llamada “eutanasia infantil” siguió. Y a partir de agosto de 1942, médicos y trabajadores sanitarios retomaron los asesinatos de adultos de una manera más descentralizada y menos visible. Se utilizaron sobredosis de medicamentos e inyecciones letales. También se recurrió deliberadamente al hambre y a la omisión de tratamientos necesarios. Se podía matar sin una cámara de gas.

La selección de las víctimas también se amplió a ancianos pacientes considerados incurables y con discapacidades, víctimas de los bombardeos, trabajadores forzados extranjeros. El criterio ya no era exclusivamente médico sino ideológico.

El vínculo con el Holocausto

Aktion T4 tuvo otra consecuencia que sería decisiva. Los hombres que habían organizado y ejecutado el programa adquirieron experiencia para utilizar cámaras de gas y disponer de los cuerpos bajo una fachada burocrática. Cuando comenzó el exterminio sistemático de los judíos europeos, algunos de esos mismos hombres fueron enviados a los centros de exterminio de la Operación Reinhard: Belzec, Sobibor y Treblinka. La conexión no fue accidental. El personal de T4 tuvo un papel importante en la construcción y funcionamiento de aquellos centros.

Por eso la operación ocupa un lugar fundamental en la historia del Holocausto. No fue simplemente otro crimen nazi, sino uno de los lugares donde el régimen desarrolló métodos que después serían utilizados a una escala mayor. Quizás uno de los aspectos más perturbadores sea precisamente quiénes participaron. No fueron solamente soldados ni miembros de las SS. También lo hicieron médicos y profesionales de la salud. Personas que habían jurado curar y estudiado para preservar vidas.

Fueron ellos quienes evaluaron formularios, seleccionaron pacientes, participaron en la administración de sustancias letales y certificaron muertes falsas. La medicina había sido utilizada para decidir quién debía vivir y quién debía morir. Y esa perversión dejó una marca profunda en la historia médica alemana.

La cifra exacta de personas asesinadas varía porque el programa no terminó en agosto de 1941. El registro interno de T4 contabilizó 70.273 víctimas. Pero los historiadores estiman que, considerando todas las fases y sus diferentes formas, murieron aproximadamente 250.000 entre 1939 y 1945. Gente que simplemente no encajaba en la idea de sociedad que los nazis pretendían construir.

Después de la guerra

Cuando Alemania fue derrotada en 1945, los responsables de Aktion T4 tuvieron que responder por sus crímenes. Algunos fueron juzgados y ejecutados. Otros recibieron condenas de prisión, y muchos lograron evitar durante años su responsabilidad. Uno de los principales responsables, Karl Brandt, rindió cuentas en el denominado Juicio de los Médicos realizado en Núremberg. Fue declarado culpable y ajusticiado en 1948. En la posguerra se intentó establecer un principio fundamental: un médico no puede esconderse detrás de una orden superior cuando participa deliberadamente en el asesinato de pacientes.

El actor Steve Way se ha convertido en una de las figuras más representativas de la serie Furious, disponible en Disney+ y, a través de su papel ha conseguido alzar la voz contra las barreras que siguen cerrando el paso a los intérpretes con discapacidad en Hollywood. Y es que, a sus 35 años, el actor asegura que trabaja sin agente ni mánager en una industria que, a su juicio, excluye a perfiles como el suyo.

Según Variety, Way sostiene que su falta de representación no responde a un vacío de trayectoria, sino a su discapacidad. El actor, diagnosticado de distrofia muscular a los cuatro años, dice que no tiene equipo pese a haber encadenado una participación recurrente en Ramy y un papel secundario destacado en la nueva serie de Hulu.

El intérprete ha resumido esa frustración con una frase tan cruda como explícita: quiere “una agencia que me prostituya”. Su objetivo, ha dicho al medio, es que esa representación le ayude a ganar dinero y a “cambiar el mundo”, en una entrevista marcada por su tono sin filtros y por sus críticas a las grandes estructuras de poder de la industria.

Way explica que ya tuvo agente, pero aquella etapa no le reportó trabajo. Después firmó con otro representante, que más tarde se marchó a otra agencia sin llevarle consigo.

Hollywood falla a los actores con discapacidad

La oportunidad que ha cambiado su situación reciente llegó con Elizabeth Meriwether, creadora de New Girl y The Dropout. Ambos se conocieron en 2025 en un panel del sindicato de guionistas sobre los cuidados en pantalla y, según ha contado la publicación, dos meses después recibió un correo del equipo de la guionista: había escrito un papel expresamente para él.

En Furious, Way interpreta a Alden, el interés amoroso de una asesina en serie encarnada por Lola Petticrew. Para el resto de personajes, Catherine es una sociópata; para él, es una asistente sanitaria domiciliaria amable que quizá oculta secretos.

El arco del personaje combina deterioro físico, humor y dependencia. Tras saber por los médicos que su estado de salud ha empeorado de forma grave, Alden decide aprovechar el tiempo que le queda, le pide matrimonio a Catherine con el anillo de compromiso de su madre fallecida y acaba colaborando en sus crímenes.

Way ha elogiado que Meriwether escribiera un personaje con discapacidad cuya identidad no queda reducida a la mortalidad o a la enfermedad. Cuando leyó su primera frase en el guion, “¡Pequeña zorra!”, supo, según sus palabras, que la creadora haría justicia al personaje porque también le había dado sentido del humor.

Ese planteamiento conecta con la idea central que el actor defiende sobre el amor y los cuidados. En la serie, Alden rechaza la visión de un policía que interpreta su relación como una forma de manipulación, y Way sostiene que esa lógica parte de una comprensión errónea del afecto y de la dependencia mutua.

Para el actor, “todo es transaccional”, y asumirlo puede ser emancipador para una persona con discapacidad. Su argumento es que el cuidado funciona en dos direcciones y que la sociedad ha asentado una falsedad cuando presenta a las personas con discapacidad como una carga.

La representación y los límites físicos en rodaje

Way extiende esa lectura a la vida cotidiana de cualquiera. Ha explicado que coger el metro, pedir comida a domicilio o recibir cualquier servicio implica una forma de cuidado, y que reconocerlo permite entender mejor la intimidad específica de las relaciones atravesadas por la dependencia.

En ese contexto, recupera una frase de su amigo Danny Kurtzman, también actor y productor con distrofia muscular: “El amor discapacitado es el mejor amor”. La razón, según la desarrolla, está en el grado de proximidad, negociación y establecimiento de límites que exige.

El rodaje de Furious respondió, a su juicio, a ese mismo principio de cuidado organizado. El medio recoge que la producción contó con una coordinadora de accesibilidad en el set, encargada de comprobar que estaba bien y de defender sus necesidades cuando él estaba concentrado en la escena.

Way asegura que nunca se sintió inseguro ni desatendido durante el trabajo en la serie. Ese respaldo le permitió centrarse en construir rutinas concretas del personaje, desde cómo se sientan dos personas una frente a otra hasta cómo se resolverían acciones tan delicadas como bañarle o compartir una cama.

Aun así, hubo secuencias físicamente exigentes. Permanecer tumbado durante periodos prolongados le resultó incómodo, aunque sostiene que asumió ese malestar porque lo único que importaba en ese momento era el trabajo artístico y porque esa convicción, dice, es algo que nadie puede quitarle.

Antes de este proyecto, Way no tenía claro que sus tres temporadas en Ramy bastaran para convencer a la industria de que su talento no era una excepción. Su conclusión tras Furious es más tajante: una primera oportunidad puede considerarse casualidad, pero una segunda confirma que “soy bastante bueno en esto”.

La siguiente pelea está en sacar adelante proyectos propios. Ha trabajado dos veces con estudios para desarrollar una serie creada y protagonizada por él sobre el funcionamiento interno de un centro para personas con discapacidad, con un reparto íntegramente discapacitado, escasez de cuidadores y una administración incapaz de gestionar el edificio, pero tanto Apple TV como NBCUniversal rechazaron el proyecto.

También quiere llevar su monólogo al siguiente nivel. Aspira a encabezar su propia gira, aunque reconoce que encontrar salas accesibles es difícil; ya tiene escrito y grabado un espectáculo completo, pero todavía no ha encontrado una plataforma dispuesta a convertirlo en un especial.

Way dice que se ha insensibilizado ante las negativas porque nunca han dejado de llegar. Ni siquiera cuando le hablan de posibles reuniones para su serie espera que el interés se traduzca en un acuerdo, y con Furious no creyó del todo que volvería a la televisión hasta su primer día de rodaje.

La perspectiva vital también pesa en esa cautela. Ha recordado a Variety que de joven le dijeron que no viviría mucho tiempo, que estuvo a punto de morir a los 14 años y que no se suponía que fuera a pasar de los 18; después, a los 25, los médicos le dijeron que estaba bien y se encontró ante una pregunta inesperada sobre qué hacer con esa vida que no esperaba tener.

Desde entonces, sigue contando chistes. Ahora, por primera vez, también tiene una publicista, una ayuda que define como “maravillosa” porque le permite responder correos en lugar de enviar cada día mensajes para perseguir las pocas oportunidades disponibles para actores con discapacidad. “Es agotador”, admite. El café expreso ayuda. El vodka también. Pero dice que no puede vivir de eso para siempre.

La Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis) cuenta con inversiones programadas por el orden de los $5,673,191 para este año, $6,013,582 para 2027, $6,374,397 para 2028 y $6,686,743 para el 2029.

Estos datos indican que hay un compromiso financiero sostenido para la discapacidad y que el Plan Estratégico Nacional de Discapacidad se inserta en un marco de inversión pública de mediano plazo.

Sin embargo, el documento no detalla la distribución interna de estos recursos por proyecto o línea de acción, lo que plantea la necesidad de un seguimiento más específico para saber qué proporción se destina a accesibilidad, educación inclusiva, vida independiente, sensibilización y otros componentes del plan.

Aunque la información disponible sobre el Plan Estratégico Nacional de Discapacidad no profundiza en los mecanismos de monitoreo y evaluación, el uso de datos como los de la encuesta ENDIS-2 sugiere que la política de discapacidad en Panamá está comenzando a apoyarse en evidencia estadística para orientarse y evaluarse.

La ENDIS-2 reveló que 781,478 personas viven con alguna discapacidad en el país, un dato que permite dimensionar la magnitud del desafío y que puede servir como línea de base para medir la eficacia del Plan Estratégico Nacional de Discapacidad.

La existencia de encuestas como la Primera Encuesta Nacional de Discapacidad y la ENDIS-2 indica que hay esfuerzos por generar información específica sobre discapacidad.

La experiencia en políticas sociales muestra que la existencia de planes estratégicos, leyes y compromisos internacionales no garantiza automáticamente la transformación de la realidad, especialmente cuando se enfrenta a limitaciones presupuestarias, resistencias culturales y déficits institucionales.

El Plan Estratégico Nacional de Discapacidad, al incluir elementos como educación inclusiva, accesibilidad universal, vida independiente y sensibilización, abarca áreas donde los cambios implican modificaciones profundas en estructuras y actitudes, que no se logran únicamente con declaraciones.

Panamá ha ido construyendo su política pública de discapacidad, especialmente a partir de la Ley 42 de 1999, que establece la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad.

Esta ley, reformada significativamente en 2016, marcó un cambio en la concepción de la discapacidad, pasando de un enfoque asistencial hacia un enfoque más cercano a los derechos humanos, en el que el Estado reconoce la obligación de eliminar barreras y garantizar condiciones de igualdad material y no solo formal.

Las reformas reforzaron disposiciones en ámbitos clave como la educación, el acceso a servicios y ciertos mecanismos de acción afirmativa, entre ellos exoneraciones parciales de matrícula para personas con discapacidad en instituciones estatales, lo que refleja un intento de reducir obstáculos económicos que limitan el ejercicio del derecho a la educación.

En mayo de 2025 un anteproyecto de presupuesto por $13 millones fue aprobado por la junta directiva de la Senadis para la vigencia 2026. El presupuesto, según se dijo en su momento, cubriría rubros y proyectos dirigidos a promover la equiparación de oportunidades para la población con discapacidad.

En el país aproximadamente el 16% de la población vive con algún tipo de discapacidad, lo que representa un grupo significativo de ciudadanos que enfrentan diversas barreras en áreas como educación, empleo, salud, accesibilidad y participación social, entre otras.

La creación de comités técnicos asesores en 14 municipios del país y la implementación de un plan piloto del Plan Nacional de Accesibilidad Universal en dos comunidades, destacan entre los proyectos de inversión.

También se contempla desarrollar capacitaciones sobre accesibilidad universal dirigidas a los gobiernos locales en las comarcas indígenas Guna Yala, Guna de Madugandí, Guna de Wargandí, Emberá Wounaan y Ngäbe Buglé.

La Administración del Seguro Social (SSA) sorprendió este martes al anunciar la incorporación de 14 nuevas afecciones a la lista de condiciones médicas que permiten una tramitación acelerada de los beneficios por discapacidad. La iniciativa, conocida oficialmente como el programa Compassionate Allowances (CAL), eleva así a 314 el total de enfermedades reconocidas para una vía rápida en la concesión de ayudas. Esta actualización busca reducir los tiempos de espera y ofrecer una respuesta más ágil a quienes enfrentan diagnósticos severos.

El anuncio responde a la creciente demanda por mecanismos que agilicen la obtención de prestaciones en casos críticos. Con la suma de las nuevas enfermedades, el programa CAL se consolida como una herramienta fundamental dentro del sistema de seguridad social estadounidense, facilitando el acceso a recursos vitales a quienes más lo necesitan.

El programa Compassionate Allowances fue creado para resolver uno de los grandes desafíos de la seguridad social: la demora en la aprobación de solicitudes de discapacidad. Su objetivo central es identificar, desde el inicio del trámite, a personas con enfermedades tan graves que cumplen de manera evidente los requisitos legales para acceder a los beneficios. Esto permite saltar procesos administrativos habituales y, en consecuencia, acelerar la ayuda.

La lista CAL abarca afecciones médicas graves, raras y, en muchos casos, potencialmente mortales. El propósito es evitar que quienes padecen estas enfermedades enfrenten esperas prolongadas o trabas burocráticas innecesarias. La aprobación acelerada se basa en criterios médicos claros y en el reconocimiento de que el tiempo es un factor crítico para quienes reciben diagnósticos de este tipo.

El funcionamiento del programa se apoya en la identificación automatizada de casos. Cuando una solicitud de discapacidad llega a la SSA, el sistema revisa si la enfermedad o afección médica está incluida en la lista CAL. Si es así, el caso se prioriza y se tramita con celeridad, sin la necesidad de documentación adicional o evaluaciones médicas extensas que suelen prolongar el proceso tradicional.

Desde su lanzamiento en 2008, el programa Compassionate Allowances ha tenido un impacto considerable en la vida de cientos de miles de ciudadanos. Más de 1,2 millones de personas han conseguido la aprobación de sus solicitudes por discapacidad a través de esta vía rápida, según datos oficiales difundidos por la SSA. Esta cifra pone en evidencia tanto la magnitud de la problemática como la importancia de contar con herramientas eficaces que permitan atender con urgencia a quienes se encuentran en situaciones críticas.

La expansión progresiva de la lista, que ahora alcanza 314 condiciones, refleja el esfuerzo institucional por atender la diversidad y complejidad de las enfermedades graves. Cada nueva afección incorporada representa una oportunidad para que más personas accedan a prestaciones de modo expedito, reduciendo la angustia que suele acompañar los procesos burocráticos.

El comisionado de la SSA, Frank J. Bisignano, subrayó la relevancia de esta actualización y el espíritu que guía la iniciativa. En un comunicado oficial declaró: “El Seguro Social está fortaleciendo sus programas de discapacidad y mejorando el proceso de determinación —haciéndolo más rápido y de mayor calidad— para servir al público estadounidense”. Bisignano remarcó que el programa CAL elimina obstáculos administrativos y permite brindar apoyo inmediato a quienes reciben diagnósticos devastadores y requieren ayuda con urgencia.

La declaración del titular de la SSA pone de relieve el compromiso de la institución con la eficiencia y la sensibilidad social. Según Bisignano, eliminar trabas burocráticas no solo acelera los plazos, sino que también reduce el desgaste emocional y financiero de los solicitantes y sus familias. La rapidez en la respuesta puede significar la diferencia entre acceder a tratamientos o cuidados esenciales y enfrentar dificultades insalvables.

Entre las 14 nuevas afecciones incorporadas a la lista CAL figuran enfermedades genéticas, síndromes pediátricos poco frecuentes y tipos de cáncer de alta gravedad. Los nombres incluyen el síndrome de Aicardi, que afecta principalmente a niñas, el síndrome de Baraitser-Winter, el síndrome de cutis gyrata de Beare-Stevenson, el síndrome de Bohring-Opitz y el síndrome OPHN1. También se agregan los trastornos genéticos relacionados con el gen CASK, el linfoma de células T hepatoesplénico y el microsíndrome de Warburg.

La lista se completa con la deficiencia de adenilosuccinato liasa (forma neonatal y tipo 1), la enfermedad de Lafora, las crisis epilépticas parciales migratorias malignas de la infancia (MMPSI), el sarcoma cardíaco primario, el melanoma maligno intracraneal primario y el melanoma uveal con metástasis. Cada una de estas condiciones se caracteriza por su gravedad, su bajo nivel de prevalencia y, en muchos casos, su impacto devastador sobre la vida de quienes las padecen.

La SSA ha destacado que el proceso de tramitación acelerada se basa en el uso de tecnología avanzada para filtrar y analizar las solicitudes en busca de coincidencias con la lista CAL. De acuerdo con un bufete especializado, cuando un caso corresponde a una de las enfermedades listadas, la aprobación puede darse en cuestión de días, muy por debajo del promedio habitual de seis a ocho meses que suele tomar un trámite estándar.

El sistema automatizado no solo agiliza la resolución de los expedientes, sino que también reduce el margen de error y la subjetividad en la evaluación. La utilización de herramientas tecnológicas garantiza que los casos urgentes reciban atención prioritaria, mientras que el resto de las solicitudes sigue el cauce habitual.

El programa Compassionate Allowances (CAL), con su ampliación reciente y su enfoque en agilizar la atención a quienes más lo necesitan, representa una de las respuestas institucionales más efectivas frente a las enfermedades graves y la discapacidad en Estados Unidos. La lista completa de afecciones reconocidas y la información detallada sobre el proceso pueden consultarse en el sitio web oficial de la SSA.

En medio del desastre natural que marcó el lunes 10 de agosto de 2026 en Colombia, con 190 personas fallecidas y más de 1.679 heridas tras el terremoto de magnitud 7,4, surge la pregunta de cómo prepararse y actuar frente a una emergencia sísmica si se tiene discapacidad visual.

Espacios familiares pueden transformarse drásticamente en cuestión de segundos, haciendo que la preparación previa y la accesibilidad sean factores clave para la seguridad y autonomía de quienes viven con baja visión o ceguera.

Preparación previa y autonomía: la clave para responder a un sismo

Para una persona con discapacidad visual, el entorno cambia radicalmente después de un temblor: objetos caídos, rutas bloqueadas, vidrios rotos y puntos de referencia alterados pueden dificultar la orientación y el desplazamiento seguro. Por eso, la anticipación y la planificación son fundamentales.

El Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos (Crac) insiste en que la inclusión debe ser una prioridad en la gestión del riesgo y la prevención, dotando a las personas de herramientas para actuar con autonomía y confianza.

La directora general del Crac, Gladys Lopera Restrepo, subrayó la importancia de la información accesible, el conocimiento del entorno y una red de apoyo que respete la capacidad de decisión de las personas con discapacidad visual. Prepararse con antelación permite que, ante una emergencia, la respuesta sea más ágil, segura y adaptada a las necesidades individuales.

Durante un temblor, la prioridad para una persona con discapacidad visual no debe ser evacuar apresuradamente, sino ubicarse en un lugar seguro y protegerse. Solo cuando el movimiento cese y el entorno lo permita, debe iniciarse la evacuación, preferiblemente con apoyo de una red de confianza y utilizando rutas previamente conocidas.

Cinco recomendaciones que pueden marcar la diferencia

El CRAC plantea cinco medidas esenciales para actuar frente a un sismo:

1. Reconozca previamente las rutas de evacuación.

En casa, el trabajo o el entorno habitual, es fundamental recorrer con anticipación las salidas, escaleras, zonas seguras y puntos de encuentro. Practicar estas rutas ayuda a identificar obstáculos y a crear referencias espaciales, facilitando una respuesta más autónoma durante una emergencia real.

2. Durante el movimiento, priorice la protección.

No intente salir apresuradamente. Siga la indicación general: agáchese, cúbrase y sujétese, protegiendo cabeza y cuello, y ubíquese lejos de ventanas, muebles inestables o elementos que puedan caer. Espere a que el movimiento termine antes de evacuar y evite el uso de ascensores.

3. Tenga siempre localizables los elementos de apoyo.

Mantenga el bastón, el teléfono celular y otros dispositivos en lugares conocidos y accesibles. El kit de emergencia debe incluir batería externa, medicamentos, contactos de emergencia, y, si utiliza perro guía, considerar sus necesidades básicas. Incorporar apoyos tecnológicos y dispositivos adaptados permite conservar la autonomía durante la evacuación.

4. Acuerde cómo recibir y ofrecer ayuda.

Establezca una red de familiares, vecinos o compañeros que conozcan cómo asistirle en caso de emergencia. Quien acompañe a una persona ciega debe identificarse, hablar directamente y dar instrucciones precisas, permitiendo que la persona decida si requiere guía. Frases concretas como “hay tres escalones hacia abajo” o “hay vidrios a dos metros” son más útiles que indicaciones vagas.

5. Tras el temblor, no confíe solo en las referencias habituales.

El entorno puede haber cambiado: antes de moverse, verifique la presencia de obstáculos, vidrios, cables o muebles desplazados. Si hay acompañamiento, se debe anticipar verbalmente cualquier cambio. Permanezca atento a réplicas y siga la información oficial a través de canales accesibles.

Prevención y gestión del riesgo para todos

La Cruz Roja Colombiana y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) hacen énfasis en preparar un plan familiar de emergencia, identificar zonas seguras y mantener un paquete básico con botiquín, radio, linterna, alimentos y agua.

Entre las recomendaciones generales están nunca usar ascensores, evitar los marcos de puertas, proteger la cabeza y, si conduce, buscar un sitio seguro para detenerse fuera de puentes o zonas de peligro.

Prepararse para un sismo implica reconocer que la autonomía y la seguridad de las personas con discapacidad visual dependen tanto de la preparación individual como de la conciencia y capacitación de la comunidad. La inclusión en los planes de emergencia no solo protege vidas, sino que fortalece la resiliencia colectiva frente a desastres naturales.

“Algunos directamente mandaban a fabricar los carteles”, aseguró el ministro de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad de Buenos Aires al describir una de las maniobras detectadas durante los operativos. También explicó que una parte importante de los casos respondía a permisos que seguían vigentes pese a que el beneficiario original ya no residía en el domicilio. “La mayor parte de los casos son lugares donde vivió alguien que tenía un Certificado Único de Discapacidad (CUD), vendió la vivienda y el nuevo propietario aprovechó el espacio reservado”, señaló.

El funcionario sostuvo que estas prácticas terminan afectando el uso del espacio público y perjudican a quienes realmente necesitan ese beneficio. “Si te apropiás del espacio público, estás impactando en la vida de la ciudad de una manera que no debe ser”, afirmó.

Cómo detectaron las irregularidades

Bereciartua explicó que gran parte de los casos surgieron a partir de denuncias de vecinos y de los controles que el ministerio intensificó durante los últimos meses. “La forma más directa de avisarnos es a través de las redes del ministerio o en las reuniones barriales que hacemos todos los meses”, indicó.

Según detalló, durante las inspecciones encontraron distintas modalidades. Algunas consistían en permisos vencidos o que nunca habían sido actualizados, mientras que en otras oportunidades detectaron señales adulteradas con calcomanías o directamente confeccionadas para aparentar una autorización oficial.

Cordones amarillos pintados sin autorización

El ministro también advirtió sobre otra práctica que se repite en distintos barrios: vecinos que pintan cordones amarillos para impedir que otros estacionen frente a sus viviendas o comercios.

“Llevamos ya un par de kilómetros acumulados de cordones amarillos que pintaron vecinos. Eso no está permitido”, afirmó. En esos casos, explicó, la Ciudad elimina la demarcación y cobra a los frentistas el costo de la regularización.

Los cambios en el estacionamiento después de la pandemia

Durante la entrevista, Bereciartua también se refirió a las modificaciones implementadas durante la pandemia, cuando se habilitó el estacionamiento sobre la mano izquierda en gran parte de la Ciudad.

“Eso duplicó la oferta de lugares gratuitos y cerró varios estacionamientos privados”, sostuvo. Sin embargo, explicó que el crecimiento del tránsito obligó a revisar esa medida y que ya comenzó un proceso para restablecer restricciones en sectores donde el estacionamiento genera inconvenientes para la circulación, especialmente en zonas comerciales y corredores con alta demanda.

La revisión de los decks gastronómicos

El control sobre el uso del espacio público también alcanza a los decks gastronómicos instalados durante la emergencia sanitaria.

Bereciartua precisó que durante la pandemia se autorizaron alrededor de mil estructuras y que, desde entonces, unas 300 fueron retiradas por afectar la circulación o reducir la visibilidad en esquinas. Además, anticipó que la Ciudad trabaja en un esquema para que los comercios que mantengan estos espacios paguen un canon por ocupar la vía pública.

Al cierre de la entrevista, el ministro reiteró que los vecinos pueden denunciar cualquier irregularidad vinculada con el uso del espacio público a través de los canales oficiales del área y remarcó que esos aportes fueron determinantes para detectar buena parte de las maniobras descubiertas durante los controles.

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Los gatos domésticos pueden ser compañeros terapéuticos activos para niños con discapacidades del desarrollo, como en casos de condiciones que afectan el aprendizaje, la conducta, el movimiento o la comunicación, y no simples animales convivientes.

Científicas de los Estados Unidos postularon que un programa de entrenamiento con gatos en el hogar mejoró la salud de los niños y fortaleció el vínculo con los animales. Los efectos se midieron hasta un año después de terminado el programa.

La investigación fue realizada por Delaney Frank, Saethra Darling, Kristen Moore, Kristyn Vitale y Megan MacDonald, bajo la dirección de Monique Udell, de la Universidad Estatal de Oregón y del grupo Maueyes Ciencia y Educación Felina.

Publicaron los resultados en la revista Animals, con financiamiento del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos.

Perros, caballos y el gato olvidado

Existe un tipo de terapia con animales que se usa para ayudar a las personas a sentirse mejor física, emocional o socialmente. Durante años, los animales elegidos para eso fueron casi siempre perros y caballos.

Esa elección dejó afuera a millones de familias que tienen gatos en casa pero no tienen acceso a perros entrenados ni a caballos, o que simplemente prefieren la compañía de un gato.

En los Estados Unidos, más de 49 millones de hogares incluyen a un gato, lo que los convierte en uno de los animales de compañía más comunes del mundo.

Pese a eso, durante años fueron considerados como una presencia decorativa en relación a esas terapias, sin que se estudiara si los gatos podían tener un rol activo.

Esa falta de investigación motivó el diseño de un programa original llamado CAT, que significa “Entrenamiento Asistido por Gatos”, por sus siglas en inglés—, pensado para niños con discapacidades del desarrollo.

Las investigadoras se propusieron evaluar si ese programa lograba que los niños adoptaran hábitos más saludables, como hacer más actividad física y ocuparse más del cuidado de su gato, y si fortalecía la relación entre ambos.

Al mismo tiempo, la investigación intentó medir si la intervención también le hacía bien al gato, al mejorar su sociabilidad y su sensación de seguridad con el niño.

Seis semanas, un gato, un año de cambios

El estudio incluyó a 36 niños y sus respectivos gatos, reclutados en la región del Noroeste del Pacífico de Estados Unidos. Las parejas niño-gato se dividieron al azar en dos grupos: uno participó en el programa CAT y el otro quedó en lista de espera, es decir, no recibió ninguna intervención durante el estudio.

El programa consistió en seis sesiones de 45 minutos, realizadas semanal o quincenalmente en espacios preparados para que el gato estuviera cómodo, con escondites, postes para arañar y difusores de feromonas tranquilizantes.

Cada sesión incluyó aprender a leer el lenguaje corporal del animal, practicar modos apropiados de interactuar con él y entrenarlo con refuerzo positivo, un método que enseña conductas nuevas a través de premios, sin castigos.

Los niños también recibieron tareas para practicar en casa: identificar qué le gusta a su gato y enseñarle a sentarse, a acudir cuando se le llama y a seguir un blanco con la vista. Los datos se recogieron en tres momentos: antes del programa, seis semanas después y un año más tarde.

Los resultados mostraron que los niños del grupo CAT se hicieron más responsables del cuidado de su gato y reportaron más actividades juntos, como salir a pasear con él. Ambos cambios fueron estadísticamente significativos.

Del lado de los gatos, los animales del grupo CAT buscaron más la cercanía del niño durante las primeras seis semanas, un cambio que los investigadores tomaron como una señal de mayor sociabilidad.

Un año después, seis gatos del grupo CAT pasaron de tener un apego inseguro a uno seguro con los niños, una señal de que se sienten más tranquilos y confiados con él. Ese cambio no se observó en el grupo de control.

La asistencia al programa fue del 100% y casi todos los participantes completaron las evaluaciones al finalizar la intervención, con una tasa promedio de cumplimiento de las tareas del hogar del 81%.

Qué falta probar y qué viene después

El equipo concluyó que “los gatos de familia tienen el potencial de actuar como compañeros activos en las intervenciones asistidas por animales, al menos en algunos contextos”.

El tamaño de la muestra (36 parejas niño-gato) fue reconocido como una limitación importante, ya que con tan pocos participantes los resultados deben tomarse como una primera pista, no como una conclusión definitiva.

Otra limitación es que los participantes sabían en qué grupo estaban, lo que pudo haber influido en sus respuestas a los cuestionarios.

Para futuras investigaciones, el equipo señaló que “se necesita más investigación para determinar qué elementos de la intervención son más determinantes para alcanzar estos resultados”.

Entre los pasos siguientes, las científicas esperan replicar el programa en otras poblaciones y entornos, e investigar qué conductas concretas de cuidado —como respetar las señales del gato o mantener rutinas estables— son las que más fortalecen el vínculo.

La investigación también abre la puerta a estudiar los beneficios físicos de las actividades conjuntas entre humanos y gatos, como los paseos, “una área de investigación actualmente poco estudiada”.

Un total de 105 infracciones impusieron a igual cantidad de conductores las autoridades de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) durante una jornada de verificación para supervisar que los estacionamientos reservados para personas con discapacidad (estacionamientos azules) sean utilizados correctamente.

Estacionarse en estos puestos sin la debida autorización constituye una Infracción que conlleva una multa de $300.00. La sanción se irá duplicando de manera progresiva en caso de reincidencia.

Ante la cantidad de infracciones impuestas en las últimas semanas a nivel nacional, las autoridades manifestaron que la inclusión y la accesibilidad no son un privilegio, son un derecho fundamental que garantiza la movilidad autónoma y equitativa de las personas con discapacidad.

Para el director general de la ATTT, Nicolás Brea, “estos operativos no buscan sancionar, sino enviar un mensaje claro a toda la ciudadanía: el respeto a los espacios reservados es un deber cívico de empatía y humanidad”.

El funcionario agregó que garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad es una prioridad, por lo que la entidad que dirige continuará en las calles velando porque los derechos de las personas con discapacidad sean respetados de manera permanente en todo el país.

Ocupar un espacio reservado “solo por un minuto” o sin contar con el permiso emitido por la Dirección Nacional de Certificaciones de la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis) vulnera la autonomía de quienes realmente lo necesitan, se indicó.

Más allá de evitar una sanción económica, el verdadero cambio empieza por la empatía, el civismo y la conciencia. Cada espacio respetado es un paso más hacia una sociedad verdaderamente inclusiva, anotaron las autoridades.

En Panamá el uso correcto de los estacionamientos destinados a las personas con discapacidad está amparado en la Ley 42 del 27 de agosto de 1999 “Por la cual se establece la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad”.

De acuerdo a la norma, tienen derecho a utilizar los estacionamientos destinados a las personas con discapacidad quienes tengan incapacidad para caminar sin la asistencia de una ayuda técnica u otra persona, quienes usen sillas de rueda, oxígeno portátil, quienes padezcan de insuficiencias respiratoria severa o cardiacas severas, al igual que quienes tengan una severa limitación para caminar debido a condiciones de origen artrítica, neurológica u ortopédica.

También se obliga a que los establecimientos públicos y privados de uso público destinarán al menos el 5% de sus estacionamientos para el uso temporal de vehículos conducidos por personas con discapacidad o que las transporten.

Se reitera que solo podrán hacer uso de estos espacios los vehículos que cuenten con el permiso expedido por la Dirección Nacional de Certificaciones de la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis).

La Segunda Encuesta Nacional de Discapacidad (Endis-2) realizada en el primer trimestre de 2024 daba cuenta de que en el país unas 781,478 personas viven con algún grado de discapacidad, estadística que representa un 18% de la población.

La cifra representa, según la encuesta, un aumento significativo al compararla con el 11.3% registrado en 2006.

Del total el 58% son mujeres y el 42% restante corresponde a hombres, revela el sondeo, que agrega que el 67% de las personas con discapacidad reside en áreas urbanas y el 33% en las zonas rurales.

Sobre este punto, el sondeo de la Dirección Nacional de Certificaciones de la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis), detalla que la concentración de las personas con algún grado de discapacidad en el país se ubica en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Coclé, y la comarca indígena Ngäbe Buglé. Igualmente, en las provincias de Colón, Veraguas, Herrera, Bocas del Toro, Los Santos, Darién y el resto de las comarcas indígenas.

“No me gusta que me ayuden - afirma él-. Prefiero ir atrás esforzándome. Si me tengo que caer, me caigo, pero prefiero ir solo”.

Ese malentendido callejero, filmado y subido a las redes, fue el video que los hizo virales como pareja. Sumó más de 200 mil likes en Instagram en menos de un mes.

Cómo se conocieron Serena Mejía y Franco Lionti

Se conocieron hace tres años, por redes sociales. Franco ya usaba silla de ruedas. Serena lo sabía desde el primer mensaje. Es la pregunta que más le hacen. Si lo conoció antes o después de la lesión.

Se vieron en persona por primera vez hace dos años. Ese mismo día se pusieron de novios. “Nos dimos el primer beso ese día, después de estar un año charlando en vivos de TikTok”, dijo Serena.

Cada uno llegó a ese encuentro con su propia historia de reconstrucción. Serena era madre soltera con dificultades económicas que vendía muñecos tejidos por redes sociales para salir adelante. Franco llevaba años sin poder trabajar de forma estable después de la lesión que lo dejó en silla de ruedas. “En las redes encontré un lugar donde yo podía desenvolverme, hacer lo que sabía hacer”, dice Lionti. Empezó a cantar a la gorra en TikTok, en vivo, para sus seguidores. Sin escenario, sin boliche. Pero cantando.

Serena y Franco hablaron con Infobae por videollamada. Se los nota sonrientes y enamorados. Se miran a los ojos antes de responder. “No podía creer que una mujer se enamorara de mí. Por eso tardé en responderle”, admite el joven cantante.

En tanto, Serena confiesa que se enamoró desde el primer día que empezaron a charlar por TikTok. “Hubo un momento que medio le dí un ultimátum porque ya no entendía porque no quería verme en persona”, sostiene la influencer.

Llegó la convivencia y Serena llegó junto a su hija Justina. “Al principio estaba distante. No sabía cómo tratar a la nena. No era el padre y no quería meterme en su educación”, sostiene Franco.

Con el tiempo la relación creció y fue la propia nena que en un momento decidió que Franco iba a ser su padre. “Fue un momento de mucha emoción. Lloramos los tres abrazados”, asegura Serena.

El emprendimiento que armaron con lo último que tenían

Cuando empezaron a salir, los dos tenían claro que querían algo más que lo que cada uno había construido por separado. “Cuando nos pusimos de novios, los dos sabíamos que queríamos algo más grande, algo mejor, algo más sólido”, dijo Serena. Franco completó la idea con una sola palabra: “Más”.

La pareja decidió aprovechar la marca que habían creado durante las charlas en TikTok. El momento en el que hicieron el clic fue cuando una seguidora mostró que se había tatuado “Franse” en la piel.

Decidieron emprender juntos. Pusieron dinero cada uno. “Yo puse lo último que tenía en el bolsillo, literal”, dijo Serena entre risas.

Con ese capital inicial compraron mercadería y lanzaron Franse Accesorios. Se trata de un emprendimiento de venta online de skincare, maquillaje, accesorios de pelo y artículos de regalería. No tienen local físico. Operan desde su casa y hacen envíos a todo el país. De lunes a viernes, a las 22, prenden TikTok en vivo y venden en tiempo real frente a sus seguidores.

“Básicamente prendemos en TikTok vivos de lunes a viernes por la noche y vendemos un poquito de skincare, makeup, accesorios de pelo, como una regalería”, explicó Franco. También tienen tienda online y trabajan en Instagram.

Serena fue precisa al definir qué son y qué no son: “Tenemos algunos seguidores, pero no somos influencers ni vivimos de las redes sociales. Ese es nuestro negocio, lo que encontramos para poder adaptar nuestra vida a un trabajo. Porque teniendo un hijo, teniendo discapacidad, es muy difícil conseguir un trabajo”.

Lo que la gente no entiende cuando los ve en la calle

El clip que los convirtió en tema de conversación fue una respuesta directa a los comentarios y mensajes que reciben de desconocidos que observan su vida cotidiana y sacan conclusiones equivocadas.

“Nunca fue un tema para mí que Franco etuviera en silla de ruedas. Los verdaderos obstáculos están en la calle y no en nuestra relación o en el amor que sentimos”, explica Serena

Una mujer le escribió a Serena para decirle que le daba lástima verla caminar lejos de Franco mientras él se esforzaba en la silla. La lectura era que Serena lo abandonaba a su suerte en la vía pública.

“No quiero que me ayuden”, respondió Franco en el video. “Prefiero ir atrás esforzándome. Si me tengo que caer, me caigo, pero prefiero ir solo. No me gusta que me toquen, que me lleven”.

Serena reconoció que al principio ella también tuvo ese impulso. “Nosotros muchas veces discutimos por eso de ‘dejame ayudarte’”. Con el tiempo entendió que no era abandono. Era respeto por su independencia.

El segundo malentendido es más cotidiano y, según Franco, pasa seguido. Cuando van a hacer un trámite o una compra, él se queda esperando en el auto. Desde afuera, nadie sabe que usa silla de ruedas. Ven a Serena bajando cajas sola mientras un hombre permanece sentado adentro del vehículo sin moverse.

“Flashean como que yo no la ayudo, que soy cero caballero - dice Franco-. Capaz que vamos al correo y ella está bajando veinte cajas sola y yo estoy en el auto mirando como remachirulo”.

Franco contó que en esas situaciones suele aparecer algún hombre que se ofrece a ayudar a Serena. Hasta que ven la silla plegada en el asiento trasero.

El cierre del video fue la síntesis más clara de cómo Franco entiende su vida con silla de ruedas. No pidió sobreprotección ni indiferencia. “Si me ven en la calle y me estoy esforzando en algo, no me ayuden, no me empujen atrás - explica el joven-. Pero si me estoy cayendo, atájenme como el chabón que me atajó el otro día en Mitre. Gracias por atajarme”.

La noche en Guadalajara que lo cambió todo

Franco Lionti se traslada en silla de ruedas desde hace unos ocho años. El incidente que lo dejó sin poder caminar ocurrió el 18 de agosto de 2018, una madrugada en Guadalajara, México. Tenía 24 años, cantaba en boliches y festejaba su cumpleaños.

Había llegado a esa ciudad en febrero de ese año. Fue de vacaciones con amigos y decidió quedarse. Quería vivir de la música, construir una carrera como cantante y viajar por el mundo. Había participado del programa Elegidos de Telefe y quería más. En apenas seis meses ya tenía su propio grupo de amigos en Guadalajara y actuaba en locales nocturnos. Martín Kiriluk, el amigo que lo había alojado en sus primeros meses, lo describió así en una nota de Infobae: “Todos mis amigos de acá de México se quedaron sorprendidos con lo amable y lo divertido que es. Se adaptó a la ciudad enseguida y estaba viviendo un momento bárbaro”.

Esa noche, Franco cantó en un boliche cercano al centro. La idea era festejar el cumpleaños ahí y después seguir en otro local. El grupo se fue. Franco se quedó unos minutos, se apartó con una chica que había conocido esa noche. Iba a encontrarse con sus amigos después. No llegó.

“Hasta que en un momento sonó el teléfono de uno de los chicos”, relató Kiriluk a Infobae. “Era otro amigo en común. Estaba cerca del otro boliche y nos dijo: ‘Vengan rápido porque a Franco le pegaron un tiro’”.

El disparo que dañó una vértebra

Dos delincuentes lo atacaron en la calle cuando estaba por subirse a un taxi. La chica que lo acompañaba salió corriendo y nadie pudo contactarla después. Franco recibió un único disparo en el abdomen. Dañó parte del páncreas, la unión entre el estómago y los intestinos y una vértebra. Lo trasladaron primero a un hospital de primeros auxilios, semiinconsciente. Sus amigos llegaron y le dijeron que se quedara tranquilo. Asintió con la cabeza.

Cuando recuperó la conciencia, no recordaba con exactitud lo que había pasado. Pero había un problema que todavía no tenía diagnóstico definitivo. La bala había dañado la vértebra de forma irreversible. Franco quedó en silla de ruedas.

La reconstrucción que tardó cinco años

Sus padres y su hermana mayor viajaron a Guadalajara al día siguiente del ataque. Los amigos de Villa Domínico, el barrio bonaerense donde Franco había crecido, organizaron rifas y difundieron cuentas bancarias para juntar dinero. “Nos sobrepasó la cantidad de gente que nos quiso ayudar”, dijo Kiriluk. “Acá en Guadalajara hubo personas que aportaron dinero y nunca lo conocieron a Franco”.

Lo que vino después del alta no fue una recuperación en línea recta. Franco lo contó sin adornos. “Estuve desde que tuve la lesión en 2018 hasta, no sé, cinco años por lo menos sin laburar porque estaba remal".

Cinco años. Sin trabajo estable, reorganizando una vida entera alrededor de una discapacidad adquirida de golpe, a los 24 años. Hasta que encontró las redes sociales como espacio donde podía volver a hacer lo que sabía: cantar.

Serena encontró ese mismo espacio por su propio camino, vendiendo muñecos tejidos desde casa, siendo madre soltera. Los dos estaban, como ella dijo, “tratando de buscarle la vuelta para poder trabajar”.

Las redes los cruzaron. Se conocieron. Se pusieron de novios el mismo día que se vieron en persona. Pusieron cada uno lo que tenían y armaron una vida juntos. Y en eso están.

Centroamérica y República Dominicana registran avances y brechas en la inclusión de la discapacidad en los sistemas de salud y en la gestión de emergencias, según el informe Inclusión de la discapacidad en los sistemas de salud y gestión de emergencias de América Latina y el Caribe.

El análisis señala que Belice, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana impulsaron acciones para fortalecer la recopilación de datos y la prestación de servicios de salud inclusivos. Aun con marcos normativos y estrategias sectoriales, persisten barreras físicas, organizativas y comunicacionales que dificultan el acceso de las personas con discapacidad.

Entre los principales retos figura la fragmentación de la información y la limitada interoperabilidad de registros administrativos y clínicos.

El informe indica que los datos sobre discapacidad suelen permanecer dispersos y carecen de desagregación sistemática por tipo, edad, sexo y territorio. Esto, según documenta, “limita la posibilidad de aplicar políticas basadas en evidencia y obstaculiza la anticipación de riesgos diferenciados y la activación de apoyos oportunos para personas con discapacidad”.

Datos, registros y acceso a la información

República Dominicana y Panamá avanzaron en la integración de procesos de certificación y mecanismos de interoperabilidad, lo que permite una mejor identificación y vinculación institucional, aunque el uso estratégico de la información aún muestra debilidades.

“La difusión de la información está principalmente dirigida a públicos técnicos y utiliza formatos poco accesibles para actores no especializados”, precisa el documento.

La participación de las Organizaciones de Personas con Discapacidad (OPD) aparece como un elemento para la legitimidad y pertinencia de las políticas, pero el informe advierte que su intervención suele ser consultiva y con escasa incidencia institucionalizada en la toma de decisiones. “La información clínica y administrativa no siempre se presenta en formatos accesibles; la comunicación suele orientarse a públicos generales o técnicos”, señala el informe consultado.

Servicios de salud y formación del personal

En los servicios, Belice y República Dominicana desarrollaron iniciativas preventivas y guías normativas en salud, incluidas estrategias de detección temprana. Panamá incorporó telemedicina y recursos humanos especializados para ampliar el acceso territorial.

Estos avances estuvieron acompañados por componentes de accesibilidad física y comunicacional, así como por procesos de adecuación progresiva de la infraestructura.

Aun así, el informe señala que “persisten barreras que deben ser abordadas para consolidar sistemas de salud más inclusivos”.

Entre ellas, menciona la limitada institucionalización de modelos de atención inclusiva y la escasa documentación sobre mecanismos de seguimiento y evaluación desde la experiencia de las personas con discapacidad.

Las estrategias preventivas suelen centrarse en la niñez y la adolescencia, sin una cobertura integral a lo largo del ciclo de vida.

El Salvador y Costa Rica pusieron en marcha acciones formativas para el personal sanitario, focalizadas en el abordaje de la discapacidad y la gestión de emergencias.

Según el informe, “las capacitaciones inclusivas suelen ser descritas como iniciativas puntuales o ligadas a proyectos, sin una integración consistente en sistemas permanentes”.

En el plano normativo, República Dominicana y Panamá desarrollaron marcos técnicos y disposiciones sectoriales que sirven como referencia para integrar contenidos inclusivos en la formación y los protocolos. El documento señala que estas normativas representan una oportunidad para avanzar hacia la institucionalización de capacidades inclusivas y fortalecer la adaptación de los servicios de salud a necesidades diferenciadas.

Emergencias, riesgos y continuidad del cuidado

Durante emergencias y desastres, la inclusión de la discapacidad en la planificación y la respuesta sanitaria muestra progresos, aunque también brechas. Guatemala implementó instrumentos y planes de gestión del riesgo con enfoque inclusivo en establecimientos de salud, mientras que Panamá y República Dominicana incorporaron lineamientos sectoriales para la reducción de vulnerabilidades.

Pese a esos avances, la discapacidad suele incluirse de manera general en los planes y protocolos, sin definiciones operativas claras sobre apoyos, accesibilidad o continuidad de tratamientos. El informe destaca la necesidad de mejorar la comunicación de riesgos en formatos accesibles y de garantizar la continuidad del cuidado para las personas con discapacidad durante la recuperación posterior a la emergencia.

“La recuperación se organiza desde enfoques generales de restablecimiento de servicios, sin estrategias sistemáticas para el seguimiento clínico de la población con discapacidad y la restitución de apoyos diferenciados”, según lo recopilado por Infobae.

Las protecciones federales que permiten a personas con discapacidad vivir en sus hogares en lugar de instituciones están bajo amenaza. Un dictamen legal del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) publicado el mes pasado sostiene que los estados no están obligados a financiar esos servicios, en una decisión que podría afectar a aproximadamente 40 millones de adultos y 5 millones de niños con discapacidades en todo el país, según informó la cadena CBS News en colaboración con el medio especializado en salud, KFF Health News.

La opinión legal del Departamento de Justicia (DOJ) establece que las leyes federales de derechos para personas con discapacidad no obligan a los estados a ofrecer servicios que les permitan permanecer en sus hogares. Eso contradice un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1999, conocido como Olmstead v. L.C., que determinó que institucionalizar a una persona con discapacidad sin justificación constituye discriminación bajo la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés).

Qué dice el fallo Olmstead y por qué importa ahora

El caso Olmstead v. L.C. marcó durante más de dos décadas la política federal en materia de discapacidad. Todas las administraciones anteriores, tanto demócratas como republicanas, utilizaron ese precedente para exigir que los estados ofrecieran servicios comunitarios y de atención en el hogar como alternativa a las instituciones.

La administración Trump sostiene que esa interpretación, mantenida durante 26 años, es incorrecta. El memo del DOJ señala que los estados pueden tener razones válidas para atender a personas con discapacidades mentales en instituciones, “incluidas limitaciones de recursos, restricciones de capacidad en instalaciones comunitarias y preocupaciones de seguridad”.

La misma opinión reconoce que su postura “está fuera de paso con la comprensión común de esa decisión dentro de los tribunales federales”.

El impacto en familias con miembros con discapacidad

Amanda DeSimone-Shabrack depende del programa Medicaid de Virginia —el seguro médico federal y estatal para personas de bajos ingresos o con discapacidades— para financiar la atención de su hijo Mason, de 12 años, quien tiene autismo de alta necesidad. Ese apoyo le permite trabajar como especialista en tecnología educativa y profesora, además de mantener a su hijo en casa.

El estado ya redujo su asistencia domiciliaria de 30 a 18 horas semanales. “¿Voy a tener que internarlo en una institución, y cómo será eso para él? A medida que crezca, ¿podré cuidarlo sin este apoyo?”, declaró DeSimone-Shabrack a CBS News y KFF Health News.

A 700 kilómetros de distancia, en Cleveland, Jennifer Kucera, de 57 años, lleva más de una década viviendo en un apartamento con el apoyo de cuidadores pagados por Medicaid. Tiene atrofia muscular espinal, una enfermedad genética que destruye las neuronas motoras y le permite mover solo parte de su brazo izquierdo y la cabeza.

Antes de acceder a ese apoyo, pasó dos años en un asilo donde desarrolló sarna. “Los dos años que viví en ese asilo fueron los más horribles de mi vida”, dijo Kucera a los mismos medios. “Mi futuro es un piso que tiembla bajo mis pies. Con un golpe de pluma, podrían eliminar todo lo que he construido”.

Recortes a Medicaid y batallas legales en curso

La decisión del DOJ llega en un momento de presión financiera sobre los programas de discapacidad. La Ley “One Big Beautiful Bill Act”, aprobada el año pasado, recorta más de USD 900 mil millones de Medicaid en una década, y varios estados ya redujeron beneficios como los cuidadores a domicilio.

Texas, Alaska y Florida presentaron documentos ante un tribunal federal del Distrito Norte de Texas para citar el memo como un nuevo elemento en un caso que cuestiona la obligación estatal de ofrecer servicios de integración comunitaria. Casos similares en Florida y New Hampshire siguieron el mismo camino, según The Arc of the United States (The Arc), una organización de defensa de personas con discapacidad.

“El intento de la administración de desmantelar décadas de progreso en la integración comunitaria es alarmante e inconsistente con las leyes federales y con el precedente de la Corte Suprema”, afirmó Shira Wakschlag, consejera general de The Arc, según detalló KFF Health News.

La respuesta del gobierno y de los legisladores

La portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), Emily Hilliard, sostuvo que el compromiso de la agencia con los derechos de las personas con discapacidad “no ha cambiado”. El DOJ no respondió a solicitudes de comentarios.

La senadora Tammy Duckworth (demócrata por Illinois) encabezó una resolución que exige al DOJ retirar la opinión. “El memo de la administración Trump es un ataque escandaloso contra los derechos y la independencia de la comunidad con discapacidades”, declaró.

Zoe Brennan-Krohn, directora del Programa de Derechos para Personas con Discapacidad de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), advirtió a CBS News que la opinión “refleja un profundo irrespeto hacia las personas con discapacidad”. “No cambia la ley de la noche a la mañana, pero es muy preocupante y muy peligrosa”, agregó.

Un retroceso medido en décadas

Los datos de la Universidad de Minnesota muestran la magnitud del cambio logrado en más de medio siglo: en 1967, casi el 30% de las personas con discapacidades intelectuales o del desarrollo vivía en instalaciones estatales. Para 2021, esa cifra era inferior al 1%.

La baja fue el resultado de batallas legales, exposición de abusos en instituciones y un movimiento por la vida independiente que transformó la política pública. Los grupos de defensa advierten que la opinión del DOJ abre la puerta a revertir ese proceso.

La Cámara Federal de Salta confirmó una sentencia que obliga a una empresa de medicina prepaga a cubrir la escolaridad de un menor de 10 años con autismo y discapacidad intelectual leve en un colegio privado ubicado en el barrio 20 de Febrero, de la ciudad de Salta.

La Sala II rechazó la apelación de la compañía de salud y ratificó que deberá afrontar la matrícula y las cuotas mensuales correspondientes al ciclo lectivo 2026. La prestación tendrá como límite el valor establecido en el nomenclador nacional para personas con discapacidad.

El conflicto enfrentó dos posiciones. La familia sostuvo que la permanencia del alumno en la misma escuela era una necesidad vinculada con su salud, su estabilidad emocional y los avances alcanzados durante seis años. La demandada, en cambio, argumentó que el establecimiento privado había sido elegido unilateralmente por los padres y que debía evaluarse una alternativa dentro del sistema público.

Los camaristas Mariana Inés Catalano, Alejandro Castellanos y Guillermo Federico Elías priorizaron la continuidad del proceso de integración escolar. En su resolución, firmada por unanimidad, concluyeron que las reglas sobre la oferta educativa estatal no podían aplicarse de manera automática cuando estaba acreditada una adaptación exitosa y existía riesgo de regresión.

El menor cuenta con Certificado Único de Discapacidad y tiene diagnóstico de “retraso mental leve” y “autismo en la niñez”. Además, recibe tratamiento interdisciplinario permanente.

Su neurólogo infantil prescribió que continuara durante 2026 en la misma institución. Según consignó en la documentación médica, el objetivo era lograr un “mayor compromiso en autocuidados, comunicación y conexión”.

A esa indicación se sumaron informes terapéuticos, sociales y pedagógicos que describieron progresos en distintas áreas curriculares, una mayor autonomía dentro del aula y mejoras en la interacción con compañeros y adultos.

Los profesionales también destacaron que la escuela representaba para el estudiante un espacio seguro, conocido y previsible, donde había logrado integrarse, construir vínculos afectivos, participar en actividades sociales y desarrollar un sentido de pertenencia.

De hecho, uno de los reportes incorporados al expediente remarcó que “la elección de la institución ha sido un factor fundamental para el progreso que hoy puede observarse” y que la comunidad escolar lo acompañó “desde el inicio con una mirada comprensiva, inclusiva y comprometida con su desarrollo”.

Las posturas enfrentadas en el expediente

La madre promovió una acción de amparo después de que la prestadora rechazara cubrir la escolaridad primaria. La empresa había autorizado distintas prestaciones de rehabilitación para 2026, pero denegó la educación de jornada simple “sin justificativo alguno”, según reconstruyó el tribunal de alzada en su decisión.

Luego de recibir una carta documento, la entidad de salud respondió que no estaba obligada a financiar el colegio porque su elección había sido unilateral y voluntaria. También indicó que se trataba de una institución privada que no figuraba en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios de Atención y Rehabilitación a Personas con Discapacidad.

La firma puso a disposición de la familia a su equipo interdisciplinario para colaborar en la búsqueda de una escuela pública adecuada. Más tarde reiteró esa propuesta tanto en primera instancia como ante la Cámara.

En su recurso de apelación, cuestionó además los informes presentados por la madre del menor. Afirmó que eran documentos privados cuya autenticidad, contenido y firma no habían sido probados, y planteó que la condena se apartaba de la normativa y de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia.

También alegó que el beneficio era abusivo y discriminatorio frente a otros afiliados porque, según expresó en su recurso, el régimen de discapacidad no suponía un “all inclusive prestacional”.

La familia respondió que la continuidad escolar no obedecía a una preferencia, sino a una prescripción médica sustentada en la evolución del menor. Advirtió que la ruptura de ese entorno consolidado podía ocasionar retrocesos severos y desregulaciones en su conducta.

Además, calificó como “tardío e inapropiado” el ofrecimiento de la demandada, debido a que había sido formulado cuando el ciclo lectivo ya estaba en marcha y después de la intimación extrajudicial.

Por qué la Cámara validó los informes

A la hora de resolver, los camaristas desestimaron las objeciones contra la documentación aportada por la madre. En rigor, consideraron que provenía de médicos, terapeutas, docentes y autoridades que habían intervenido directamente en el tratamiento y la educación del alumno.

También ponderaron que algunas de las prestaciones mencionadas en esos reportes -entre ellas, psicología, psicopedagogía y maestra de apoyo- habían sido autorizadas por la propia compañía.

Para el tribunal, exigir que cada profesional compareciera a declarar para ratificar su informe implicaría “un excesivo rigor formal” que atentaría contra la naturaleza expedita del amparo y podría vulnerar el derecho a la salud del afiliado.

Los magistrados también rechazaron el planteo relacionado con la prueba que no había sido producida durante el curso del proceso. La prepaga pretendía que el Ministerio de Educación provincial informara sobre escuelas comunes y especiales aptas para recibir a un alumno con discapacidad.

Sin embargo, observaron que la propia demandada ya había incorporado un listado de instituciones. Por esa razón, entendieron que la medida solicitada no habría modificado el resultado del litigio.

El debate sobre la oferta educativa pública

La Ley 24.901 contempla la educación entre las prestaciones básicas destinadas a las personas con discapacidad. A su vez, la reglamentación prevé la cobertura cuando el beneficiario no dispone de una oferta estatal adecuada a sus necesidades.

El punto central consistía, entonces, en determinar si la demandada había demostrado la existencia de una escuela pública capaz de recibir al menor y brindarle condiciones equivalentes.

Los camaristas recordaron que la prueba inicial sobre la disponibilidad de una alternativa estatal recae en la entidad que presta los servicios de salud. Los padres, por su parte, deben acreditar la discapacidad, la afiliación y la indicación de un médico.

En este caso, la demandada acompañó una nómina general de colegios, pero no individualizó cuál podía garantizar el mismo nivel de inclusión, estabilidad emocional, contención socioafectiva y acompañamiento pedagógico.

La familia, en cambio, probó que el menor se encontraba integrado en su escuela, que había conseguido avances sostenidos y que los especialistas recomendaban preservar ese entorno para su bienestar.

Frente a esas circunstancias, la Cámara Federal salteña afirmó que “no cabe efectuar una aplicación lisa y llana” de la reglamentación vigente y que era necesario “evitar rigidizaciones que se aparten de las circunstancias particulares”.

El riesgo de cambiarlo de escuela

Aunque los padres habían elegido el colegio antes de afiliar a su hijo a la empresa y habían pagado las cuotas hasta 2025, los jueces descartaron que hubieran actuado de mala fe.

Durante ese período, explicaron, la institución respondió a las necesidades del alumno, facilitó su integración y lo acompañó de forma permanente. Por ese motivo, el debate ya no podía limitarse a quién había tomado inicialmente la decisión ni a la existencia abstracta de otras escuelas.

El tribunal puso especial énfasis en los vínculos que el menor había construido con sus compañeros, docentes y el resto de la comunidad. Según la sentencia, esas relaciones le aportaban una estabilidad emocional que debía ser preservada.

“Por ello, teniendo en miras el interés superior del niño, debe prevalecer la contención socio-afectiva existente en la actualidad a fin de no desnaturalizar el régimen protectorio de las personas con discapacidad en el marco de una prestación tan esencial como es la ‘Educación General Básica’, garantizando la educación inclusiva que ya goza”, expresaron los camaristas.

También plantearon que, en este caso, la escuela era el único ámbito en el que el alumno desarrollaba su vida social fuera del núcleo familiar.

Al respecto, expresaron: “un desarraigo indudablemente provocaría una limitación en su desarrollo y una regresión en sus condiciones de vida, relacionadas no solo con su proceso de aprendizaje y educación sino también de su salud”.

Para los magistrados, la negativa de la empresa tampoco podía fundarse razonablemente en la supuesta existencia de una alternativa estatal, debido a la “exitosa adaptación educativa preexistente”.

En otro tramo, indicaron que la reglamentación aplicable al caso debía ceder ante la necesidad de resguardar la integridad psicofísica de un menor que ya se encontraba “ambientado y afectivamente contenido” en su ámbito escolar.

La sentencia agregó que el cambio podía generar “retrocesos, dificultades de adaptación y aumento de conductas desreguladas”, tal como había advertido el equipo que seguía su tratamiento.

Por último, la Cámara tuvo en cuenta que la empresa de medicina prepaga no había demostrado que la elección de la familia fuera irrazonable o excesiva. También señaló que la condena no imponía una cobertura ilimitada, ya que el pago quedó restringido al monto previsto en el nomenclador oficial.

Con esos fundamentos, los jueces confirmaron la obligación de cubrir la matrícula y las cuotas escolares de 2026, rechazaron íntegramente el recurso y mantuvieron las costas del proceso a cargo de la empresa demandada.

El drama gaúcho "London" llega a Venecia como una de las 7 películas en competencia en la Semana Internacional de la Crítica de la 83ª edición del festival italiano, con su première mundial programada para el 6 de septiembre.

Filmada en Porto Alegre y dirigida por la dupla Victor Di Marco y Márcio Picoli, la producción queer se convierte en la única representante brasileña en esa sección, considerada una vitrina del cine mundial para nuevos talentos.

La Semana Internacional de la Crítica (SIC), sección independiente y paralela al Festival de Venecia, anunció el lunes 20 de julio su selección oficial para la edición de este año. El certamen, que se celebrará entre el 2 y el 12 de septiembre, dedica su competencia exclusivamente a largometrajes de directores en su debut, y el ganador se lleva el León del Futuro y un premio de USD 100.000.

Un joven con discapacidad en una casa de fetiches

En "London", Di Marco también asume el papel protagónico: interpreta a London, un joven con discapacidad que se gana la vida con presentaciones eróticas en una casa de fetiches en la capital británica.

Cuando la posibilidad de descubrir el origen y el futuro de su condición aparece a través de un examen médico, el personaje enfrenta una disyuntiva que lo obliga a decidir si permite que un diagnóstico marque su destino o si sigue sus propios deseos.

La sinopsis oficial del filme señala: “Al encontrarse con un mundo miope y distorsionado ante su presencia, el protagonista tendrá que reinventarse para liberarse y descubrir quién realmente es".

El material de difusión agrega que, a pesar de los tabúes y las creencias que rodean a los cuerpos situados más allá de la lógica binaria y funcional sostenida por la estructura capacitista. La película trae cuerpos que vibran, desean, viven y se apartan de toda patologización que la sociedad impone, cuestionando los discursos normativos que históricamente los reducen a la inadecuación.

La narrativa aborda el capacitismo, autonomía y sexualidad desde una perspectiva que, según sus realizadores, plantea una mirada sobre la discapacidad: no como un límite o una carencia, sino como una potencia creativa y una forma de mirar el mundo.

Beatrice Fiorentino, directora general de la SIC, calificó la obra como una película radicalmente queer en la que la sexualidad no es un tabú, sino un espacio de liberación, según informó la agencia EFE.

En declaraciones recogidas por el sitio especializado brasileño Papo de Cinema, Fiorentino también destacó la madurez de la película y lo describió como una propuesta que “celebra la vida, el deseo y el amor, con una mirada sobre cuerpos y experiencias frecuentemente marginados por el cine”.

El equipo detrás de la película

El filme está escrito y dirigido por Di Marco y Márcio Picoli, quienes antes de este largometraje firmaron juntos tres cortometrajes: O que Pode um Corpo? (2020), Possa Poder (2022) y Zagêro (2024).

La producción está a cargo de Proa & Popa Produções y Balde de Tinta, con fotografía de Bruno Polidoro, dirección de arte de Valeria Verba y banda sonora original de Vito O. Azevedo.

El elenco lo completan Carla Cassapo, Jéssica Teixeira, Pedro Bertoldi, Priscilla Colombi, Emilio Farias y Manu Thedy. En Brasil, la distribución en salas estará a cargo de Retrato Filmes, aunque la fecha de estreno en el circuito nacional aún no fue anunciada.

Las otras películas en competencia

La programación de la Semana Internacional de la Crítica de Venecia presenta 7 óperas primas provenientes de cuatro continentes, destacando así el carácter global de la competencia.

Además de "London", la lista incluye dos títulos colombianos: “El fin de los tiempos”, dirigido por Bibiana Rojas Gómez y Juan David Cárdenas, y “Meteorito”, de Sebastián Múnera.

Completan la selección la coproducción entre India, Reino Unido y Grecia “Our share of sand”, de Shalini Adnani, junto con la italiana "Prima della guerra" de Tommaso Usberti, la china "Zoom in, Zoom out" dirigida por Dong Jie y la tunecina "The H@llow man" de Kamel Laaridhi.

La directora de la competición, citada por la agencia EFE, subrayó el compromiso de la muestra con “un cine independiente orgulloso, valiente y vital”, insistiendo en la necesidad de reinventar el imaginario contemporáneo a través de estas propuestas.

De acuerdo con la organización del certamen, la selección de este año busca propiciar una reflexión colectiva sobre cuestiones como el colonialismo, los efectos del control tecnológico, la precarización laboral, la violencia y la construcción de identidades.

La película "London" tendrá su proyección de gala el 6 de septiembre. El equipo creativo estará presente durante la función, reafirmando la apuesta de la Semana Internacional de la Crítica por visibilizar nuevas voces y miradas en el panorama internacional.

Más de 1.500 millones de personas en el mundo conviven con algún grado de pérdida auditiva, según datos de la Organización Mundial de la Salud, y la cifra crece.

Los dispositivos de amplificación y los implantes cocleares permiten compensar parte de esa pérdida, pero ninguno repara el daño en su origen: la destrucción irreversible de las células ciliadas del oído interno, las únicas responsables de convertir las vibraciones sonoras en impulsos eléctricos que el cerebro puede interpretar. Cuando esas células mueren, en los mamíferos no se regeneran solas.

Lo que desconcertaba a los investigadores era, precisamente, por qué esa capacidad regenerativa sí existe en otras especies. Las aves y los peces reponen sus células ciliadas dañadas. Los ratones recién nacidos conservan esa habilidad durante apenas unos días antes de perderla de forma definitiva. La pregunta que guio años de investigación fue si era posible reactivar ese programa biológico dormido en el oído adulto de un mamífero.

Un estudio, publicado en PNAS Nexus, documentó que la activación simultánea de tres factores de transcripción —moléculas que activan redes de genes y dirigen el destino de las células durante el desarrollo embrionario— logró reprogramar células de soporte del oído interno adulto de ratones y transformarlas en células semejantes a estas.

El trabajo, liderado por investigadores de la Universidad del Sur de Illinois, demostró que las células de soporte adultas, bajo las instrucciones moleculares correctas, pueden cambiar de identidad y asumir las características propias de los sensores auditivos que el organismo ya no produce por sí solo.

Una receta molecular, no un interruptor único

Durante años, los científicos buscaron un solo gen maestro capaz de reactivar la regeneración auditiva. La atención se concentró en Atoh1, uno de los primeros factores involucrados en la formación de células ciliadas durante el desarrollo embrionario.

Los experimentos con ese factor único produjeron algunas células nuevas, pero la mayoría permanecía inmadura: carecían de las estructuras microscópicas características y de las conexiones nerviosas necesarias para transmitir señales sonoras. “Abrió el camino para que otros consideraran la terapia génica“, afirmó Alan Cheng, cirujano y profesor de otolaringología en la Universidad de Stanford, según recoge National Geographic.

La investigación avanzó hacia combinaciones de factores. El estudio de PNAS Nexus demostró que la expresión conjunta de Atoh1, Gfi1 y Pou4f3 logró reprogramar células de soporte adultas en células con características propias de estas.

El mecanismo tiene que ver con la epigenética, el conjunto de controles moleculares que determinan qué partes del ADN pueden expresarse, o no, en cada célula. “Cuando las células son jóvenes, el ADN está abierto y disponible”, explicó Brandon Cox, biólogo del desarrollo en la Escuela de Medicina de la Universidad del Sur de Illinois.

“A medida que maduran, la cromatina —la estructura proteica que empaqueta el ADN— se cierra." Los tres factores de transcripción actuarían, en ese esquema, como llaves capaces de volver a abrir esas instrucciones bloqueadas. “Los factores de transcripción suelen actuar en concierto, como un equipo de baloncesto”, afirmó Cheng según National Geographic.

Más células, pero aún sin función auditiva comprobada

Los estudios más recientes han generado cerca de dos mil células ciliadas regeneradas dentro de la cóclea de ratones adultos, una cifra que se aproxima a las tres mil que ese órgano contiene en condiciones normales. “Diría que podemos regenerar células ciliadas de forma más eficiente, no solo unas pocas, sino la cantidad que se necesita en los órganos nativos”, señaló Cheng.

Sin embargo, producir células parecidas a estas bajo el microscopio no equivale a producir células que funcionen como tales. Cada célula ciliada debe desarrollar estereocilios, proyecciones microscópicas organizadas en forma de escalera, y conectarse con precisión a las neuronas auditivas correspondientes.

La cóclea opera además como un mapa de frecuencias: distintas zonas están sintonizadas con distintos tonos, por lo que la ubicación exacta de cada conexión neuronal determina qué sonido se percibe. “Si tenemos una nueva célula ciliada en una zona de baja frecuencia conectada a una neurona de alta frecuencia, no va a funcionar”, precisó Cox en declaraciones a National Geographic. "El mayor obstáculo que debemos superar es la recuperación funcional“, agregó.

Las sinapsis, otra frontera de la investigación auditiva

La regeneración de células ciliadas atrae la mayor atención, pero no es la única vía que exploran los científicos. Gabriel Corfas, director del Instituto de Investigación Auditiva Kresge en la Universidad de Michigan, señala que parte del daño podría ocurrir antes de que mueran las células ciliadas: en las sinapsis, las uniones microscópicas a través de las cuales esas células transmiten información sonora a las neuronas auditivas.

“Hay trabajo sólido que indica que lo primero que perdemos con la edad son las sinapsis, no las células ciliadas ni las neuronas”, afirmó Corfas.

El estudio demostró que restaurar esas conexiones mejora el rendimiento auditivo en ratones con pérdida provocada por el envejecimiento y la exposición al ruido. El director describe la regeneración sináptica como una meta de dificultad intermedia, al argumentar que reparar los circuitos existentes podría resultar más asequible que reconstruir desde cero una célula sensorial.

La discapacidad neurológica ganó peso en las Américas aunque bajó la mortalidad, según una investigación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicada en The Lancet Regional Health – Americas.

El estudio, publicado en The Lancet Regional Health – Americas, halló que cerca de 470 millones de personas o dos de cada cinco habitantes de la región viven con al menos uno de los principales trastornos del sistema nervioso o vinculados con lesiones, un cambio que refuerza la necesidad de más rehabilitación, cuidados de largo plazo y prevención de riesgos modificables.

El análisis se basó en las estimaciones del Estudio de la Carga Mundial de Enfermedad 2023 y examinó 19 trastornos neurológicos en 38 países y territorios entre 1990 y 2023.

Entre ellos se incluyen el accidente cerebrovascular (ACV), la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, la enfermedad de Parkinson, la epilepsia, la migraña, la cefalea tensional, el trastorno del espectro autista y las lesiones cerebrales traumáticas. Estas afecciones afectan el cerebro, la médula espinal o los nervios y pueden alterar funciones como el movimiento, la memoria, el aprendizaje, la comunicación o el comportamiento.

En 2023, estas afecciones causaron 1,1 millones de muertes y explicaron 37,5 millones de DALYs, una medida que combina años perdidos por muerte prematura con años vividos con enfermedad o discapacidad. En conjunto, representaron alrededor del 12% de la carga total de enfermedades no transmisibles y lesiones en la región.

La investigación describió una transición epidemiológica: menos peso relativo de algunas afecciones vasculares y congénitas, y más carga de enfermedades neurodegenerativas y otros trastornos crónicos asociados al envejecimiento. Aunque las tasas ajustadas por edad de mortalidad y carga de enfermedad disminuyeron, el número absoluto de personas afectadas siguió en aumento por el crecimiento y envejecimiento poblacional.

Ramón Martínez, especialista en métricas de salud de la OPS y autor principal, señaló: “Hoy más personas sobreviven a los trastornos neurológicos, pero también viven más tiempo con sus consecuencias. Esto exige que los sistemas de salud se adapten para ofrecer más rehabilitación, cuidados de largo plazo y apoyo a las personas que viven con discapacidad”.

La migraña encabezó la pérdida de salud

La migraña y la cefalea tensional concentraron la mayor cantidad de personas afectadas en la región. El estudio señaló que ese volumen reflejó el impacto que los trastornos neurológicos crónicos ejercen sobre la calidad de vida y la productividad.

En términos de pérdida de salud, la migraña fue la principal causa de DALYs entre los trastornos neurológicos. Detrás quedaron la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, el ACV isquémico y la hemorragia intracerebral.

Los autores hallaron que la carga neurológica cambió según la etapa de la vida. En menores de cinco años predominaron los defectos del tubo neural, los trastornos del espectro autista y la epilepsia; en adolescentes y adultos jóvenes, la migraña fue una de las principales causas de discapacidad; en personas mayores, la enfermedad de Alzheimer, otras demencias y los distintos tipos de ACV concentraron la mayor carga.

Los investigadores también observaron aumentos sostenidos en el impacto de la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple, las enfermedades de la neurona motora y los trastornos del espectro autista. Entre las afecciones de alta carga, el trastorno del espectro autista fue la única cuyas tasas de DALYs continuaron en aumento durante todo el período analizado, lo que pone de manifiesto la creciente necesidad de fortalecer los servicios de salud y desarrollo dirigidos a niños y adolescentes.

La prevención se concentró en riesgos modificables

Una parte importante de la pérdida de salud asociada a estos trastornos podría prevenirse, según los autores, si se reducen factores de riesgo modificables. La hipertensión arterial apareció como el principal factor de riesgo para los distintos tipos de accidente cerebrovascular.

Los niveles elevados de glucosa en sangre también contribuyeron de forma importante a la carga asociada con la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. La investigación sumó factores ambientales, en particular el plomo y la contaminación del aire, entre los elementos que aportaron carga a varios trastornos neurológicos.

“Muchos de estos trastornos comparten factores de riesgo con otras enfermedades no transmisibles, lo que significa que una mejor prevención de la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el consumo de tabaco y las exposiciones ambientales nocivas puede generar beneficios importantes para la salud neurológica”, señaló el doctor Anselm Hennis, director del Departamento de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de la OPS y coautor del estudio.

La carga varió casi cuatro veces entre países

La investigación registró diferencias de casi cuatro veces entre los países con mayor y menor carga de trastornos neurológicos. Los niveles más altos se observaron en Haití, Guyana, Surinam, San Cristóbal y Nieves, República Dominicana y Paraguay, mientras que las tasas más bajas se registraron en Puerto Rico y en varios países de América del Sur, incluida la Argentina. El estudio resaltó que, entre 1990 y 2023, América Latina meridional —con Argentina entre los países destacados— mostró una de las mayores reducciones en las tasas ajustadas de años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) relacionados con estos trastornos.

Según los autores, esa brecha reflejó desigualdades en la exposición a factores de riesgo y persistencia de problemas en el acceso a prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. El estudio añadió que la escasez de especialistas y las dificultades para acceder a medicamentos y tecnologías esenciales siguieron afectando a millones de personas.

La atención primaria y la rehabilitación ganaron prioridad

Los autores señalaron tres áreas prioritarias para responder al aumento de estas afecciones:

1. Integrar la atención neurológica en la atención primaria
2. Ampliar el acceso a rehabilitación y cuidados de largo plazo
3. Reforzar la prevención de factores modificables, como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el consumo de tabaco, el consumo nocivo de alcohol y las exposiciones ambientales.

Para Renato Oliveira, jefe de la Unidad de Salud Mental de la OPS y coautor del estudio, proteger la salud cerebral comienza mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas. “Invertir en la prevención y el control de estos factores de riesgo ayudará no solo a reducir el impacto de las enfermedades neurológicas, sino también el de otras enfermedades no transmisibles que comparten los mismos determinantes”, remarcó.

La investigación indicó que muchas de las intervenciones necesarias ya forman parte de las estrategias contra las enfermedades no transmisibles. Los autores advirtieron que, con el rápido envejecimiento de la población en las Américas, ampliar el acceso a servicios de neurología, rehabilitación y cuidados de largo plazo será clave para reducir la discapacidad.

El ascenso de Colin Farrell en el año 2000 vino acompañado de una reputación de “bad boy” que alimentó tanto su imagen pública como sus propios hábitos autodestructivos. En aquellos primeros años de fama, los excesos de Farrell con el alcohol y las drogas se convirtieron en material habitual de las revistas y medios del espectáculo, reflejando una etapa en la que el actor abrazó el caos y se convenció de que ese estilo de vida era su verdadera identidad.

Según relata Farrell en una entrevista para el diario británico Daily Mail, esta espiral negativa se prolongó durante unos 15 años, marcando profundamente sus relaciones personales y su carrera profesional. La percepción de sí mismo como alguien irremediablemente ligado al descontrol fue un obstáculo constante para buscar ayuda y romper con la autodestrucción.

El diagnóstico de síndrome de Angelman en su hijo y su impacto en la vida de Farrell

En 2005, la vida personal de Colin Farrell cambió cuando su hijo James fue diagnosticado con síndrome de Angelman. Esta condición genética poco frecuente afecta el sistema nervioso y provoca alteraciones en el desarrollo psicomotor e intelectual.

El diagnóstico llegó cuando James tenía solo dos años, y supuso un golpe emocional considerable para el actor. La noticia llevó a Farrell a replantearse sus prioridades e inició un cambio en su actitud sobre su rol como padre y sobre el futuro de su hijo.

El síndrome de Angelman requiere atención constante y un acompañamiento cercano, lo que transformó el día a día del actor y de su entorno familiar. El impacto emocional se convirtió en el detonante para cuestionar sus propios hábitos. El desafío de afrontar la enfermedad de James lo enfrentó a una nueva responsabilidad que le exigía estar presente y consciente. Esta situación marcó el inicio de un proceso de transformación en su vida personal.

La decisión de dejar el alcohol y las drogas motivada por la salud de su hijo

El diagnóstico de su hijo fue el detonante que llevó a Farrell a cuestionar sus hábitos y marcó un punto de inflexión en su vida. El actor lo expresa de manera directa: “La gasolina que me hizo dejar el alcohol y las drogas fue saber que él tenía problemas de salud”. La responsabilidad de cuidar a un niño con necesidades especiales lo sacó de una dinámica autodestructiva. Durante este período, Farrell experimentó la necesidad de estar completamente presente y disponible para su hijo.

“Todos los niños necesitan que sus padres -o un padre, una madre, un abuelo, alguien- cuiden de ellos”, manifestó, subrayando la importancia de brindar apoyo real. El vínculo con James se convirtió en el motor de su sobriedad y lo llevó a buscar ayuda y abandonar los excesos. Al mirar hacia atrás, Farrell lo resume: “Me alegro de estar fuera de esa etapa de mi vida. Tuve mucha suerte”. La determinación de cambiar surgió del amor y la responsabilidad hacia su hijo.

El cambio de hábitos y el nuevo estilo de vida saludable

La transformación de Colin Farrell no solo implicó dejar las adicciones, sino también adoptar una rutina centrada en el bienestar físico y mental. El actor reconoce el papel de su hijo en este proceso: “Una de las cosas que James me enseñó desde niño fue el deseo de vivir. Gracias a él lo tuve y empecé a estar sobrio, aunque al principio solo quisiera vivir para estar ahí para él”. El ejercicio físico, el running, el yoga y el senderismo sustituyeron los excesos y se convirtieron en los pilares de su nueva vida.

Estas actividades le permitieron mantenerse en forma y construir una identidad centrada en el autocuidado y la responsabilidad familiar. El compromiso diario con su salud física y emocional marcó una diferencia visible en su apariencia y energía. Farrell consolidó una rutina estable que lo alejó de los hábitos destructivos del pasado y cambió su actitud ante la vida cotidiana.

La continuidad de la carrera profesional tras superar las adicciones

Después de dos décadas alejado de las adicciones, Colin Farrell mantiene una carrera activa en la industria audiovisual. Su capacidad para reinventarse y sostener una vida profesional saludable ha sido evidente en los proyectos recientes que lidera, como la serie El Pingüino. La estabilidad personal alcanzada tras superar sus problemas de adicción le permitió consolidarse nuevamente en el cine y la televisión.

La disciplina y el enfoque recuperados se reflejan en la constancia de su trabajo. Farrell se apoya en la sobriedad y el equilibrio para afrontar nuevos desafíos profesionales. La superación de sus dificultades personales no solo mejoró su vida familiar, sino que también renovó su imagen pública y su posición en la industria del entretenimiento. Su historia muestra cómo una crisis familiar puede transformarse en un nuevo comienzo.

Free Wheelchair Mission y FUSAL realizarán en El Salvador un entrenamiento piloto para distribuidores y subdistribuidores de sillas de ruedas. La iniciativa apunta a mejorar la provisión segura, adecuada y efectiva de estos dispositivos para personas con discapacidad.

El programa convierte a El Salvador en el primer país de la región en aplicar este modelo de formación. Free Wheelchair Mission trabaja con socios en 14 países de América Latina.

¿Cómo será la capacitación y a quiénes alcanzará?

La capacitación está dirigida a organizaciones que participan en la distribución de sillas de ruedas en el país. Entre ellas figuran la Asociación Gente Ayudando Gente, Centro Médico David V. King, Fundación Campo, Fundación para el Desarrollo Social, Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad y Teletón, todas beneficiarias de FUSAL.

La formación se desarrollará con la metodología de “entrenando al entrenador”. El objetivo es que los participantes incorporen conocimientos técnicos y habilidades para transferirlos luego dentro de sus propias organizaciones y en las comunidades donde trabajan.

Los contenidos incluirán una introducción a los estándares del programa de Free Wheelchair Mission, además de evaluación y toma de medidas para los usuarios. También abarcarán recomendaciones para seleccionar la silla de ruedas adecuada, ensamblaje, características específicas de los equipos, ajustes, calce correcto, entrenamiento de usuarios y seguimiento posterior a la entrega.

La organización internacional sostiene este enfoque a través de su red global de socios, entre ellos FUSAL, a los que provee entrenamiento, herramientas y acompañamiento para fortalecer la atención a los beneficiarios.

La alianza entre FUSAL y Free Wheelchair Mission

FUSAL trabaja con Free Wheelchair Mission desde 2007 como socio distribuidor en El Salvador. En esa función, recibe sillas de ruedas y las canaliza mediante una red de organizaciones aliadas que atienden a personas con discapacidad en todo el país.

Nuka Hart, directora ejecutiva de la organización internacional, resumió el propósito del programa en una declaración institucional: “La movilidad cambia vidas, pero el impacto duradero ocurre cuando nuestros socios locales cuentan con las herramientas y capacidades necesarias para servir bien a sus comunidades”.

Alejandro Poma, presidente de FUSAL, vinculó la nueva capacitación con la trayectoria compartida de ambas entidades: “Por casi 20 años, FUSAL ha trabajado de la mano con Free Wheelchair Mission para mejorar las condiciones de movilidad de las personas con discapacidad en El Salvador. Nos enorgullece el impacto de nuestra sinergia y estamos seguros de que con este entrenamiento contribuiremos a que la provisión de sillas de ruedas sea más segura, efectiva y centrada en las necesidades de cada usuario”.

El Programa de Ayuda Humanitaria de FUSAL está orientado a mejorar el acceso equitativo y oportuno a servicios de salud y a responder a las necesidades de poblaciones vulnerables. Su trabajo incluye alianzas con organizaciones nacionales e internacionales para facilitar insumos médicos, medicamentos, equipos de asistencia y otros recursos esenciales, además de fortalecer capacidades de organizaciones comunitarias.

En 2026, la fundación cumplirá 40 años de trabajo y dentro de esa conmemoración, la continuidad de la alianza con Free Wheelchair Mission se presenta como una de las líneas de trabajo con las que la entidad busca sostener el acceso a sillas de ruedas y el acompañamiento a organizaciones que atienden a personas con discapacidad en El Salvador.

La alianza entre ambas organizaciones permitió la entrega de 18.752 sillas de ruedas en el país desde 2007, a través de una red de entidades que atienden a personas con discapacidad en distintas zonas del territorio salvadoreño, según las fundaciones.

Los beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) recibirán el pago correspondiente a agosto de 2026 el 31 de julio, de acuerdo con el calendario oficial de la Administración del Seguro Social (SSA).

El adelanto responde a la regla operativa del programa: el SSI se paga, por norma, el primer día del mes, pero cuando esa fecha coincide con un fin de semana o un feriado, el depósito se envía el último día laborable del mes anterior.

La modificación, aclaró la SSA en su información pública sobre el SSI, no implica un cambio en el beneficio ni un pago adicional: se trata de un ajuste de calendario.

El programa ofrece pagos mensuales a personas con incapacidades y a adultos mayores con pocos o ningunos ingresos o recursos, y el monto final depende de variables como los ingresos y la situación de vivienda.

En este caso, el ajuste se aplica porque el 1 de agosto de 2026 cae en sábado. Por eso, el dinero se acreditará el viernes previo, 31 de julio, y no habrá un depósito separado en la fecha habitual del primero del mes.

Por qué se adelanta el depósito del SSI

La SSA explica que el SSI proporciona pagos mensuales a personas que cumplen condiciones específicas y, al mismo tiempo, exige que los beneficiarios informen cambios en salarios, otros ingresos, recursos y arreglos de vivienda, ya que esos factores influyen en el cálculo del pago.

Ese esquema operativo se complementa con un calendario anual de depósitos que contempla los movimientos por fines de semana y feriados.

Para agosto de 2026, el cronograma oficial ya contempla el depósito el 31 de julio. En términos prácticos, el beneficiario recibe el dinero antes del inicio formal del mes, pero ese pago corresponde al período de agosto.

Cuánto se puede cobrar en 2026: montos máximos federales

Además de las fechas de cobro, uno de los puntos clave para quienes reciben el SSI es el monto máximo federal. Según la tabla oficial de la SSA para 2026, las cantidades máximas mensuales federales son:

USD 994 para una persona elegible que solicita de manera individual.

USD 1.491 para una persona elegible con cónyuge elegible (pareja elegible).

USD 498 para una “persona esencial” (essential person), figura prevista por el programa.

La SSA también subraya que el pago mensual depende de factores como el ingreso, la situación de vivienda, las cosas que la persona posee y otros elementos del caso, por lo que el monto real puede ser menor al máximo federal.

Quiénes pueden recibir SSI, según la SSA

En su guía en español, la SSA indica que adultos y niños pueden tener derecho al SSI si cumplen tres condiciones generales: pocos o ningunos ingresos, pocos o ningunos recursos y, además, una condición de elegibilidad personal: una incapacidad, ceguera o 65 años o más.

La agencia también remarca que el pago mensual puede variar por cambios en la situación del beneficiario. Por eso, el programa requiere reportar de forma periódica variaciones en ingresos, recursos y condiciones de vivienda, para que el cálculo del depósito mensual se mantenga ajustado a las reglas del SSI.

Dónde consultar el calendario oficial de pagos

La SSA publica cada año un cronograma de pagos para beneficios del Seguro Social y del SSI en formato de calendario.

En el documento correspondiente a 2026, la fecha de depósito para el pago de agosto figura el viernes 31 de julio.

Los beneficiarios pueden revisar el calendario completo y obtener información general del programa en el sitio oficial de la SSA, incluida la explicación de quiénes pueden recibir SSI y de qué depende el monto mensual.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, transmitió este 19 de julio un mensaje especial con motivo del Día Nacional de la Lesco, en el que destacó la importancia de la lengua de señas costarricense para la inclusión y el desarrollo de las personas sordas en el país. “Feliz Día de la Lesco. En este Día Nacional de la Lesco, la Presidencia de la República saluda con orgullo y respeto a la comunidad sorda de Costa Rica. Su talento, conocimiento y compromiso fortalecen nuestro país y enriquecen nuestra diversidad todos los días”, expresó la mandataria.

La declaración de Fernández se enmarca en la conmemoración anual de la promulgación de la Ley 9.049, que desde el 19 de julio de 2012 reconoce a la Lesco como la lengua materna de la comunidad sorda costarricense. Esta legislación obliga a instituciones públicas y privadas a garantizar el derecho al uso de la Lesco, y al Ministerio de Educación Pública (MEP) a incorporar su estudio, investigación y divulgación en los programas educativos.

En su mensaje, la presidenta enfatizó que la lengua de señas costarricense, considerada patrimonio cultural y lingüístico, “fortalece la comunicación y promueve la participación” de todos los ciudadanos. “Cada conversación que acerca, cada espacio que incluye y cada persona que aprende Lesco nos ayuda a construir una Costa Rica más accesible, respetuosa y unida”, añadió Fernández, quien concluyó deseando bendiciones a la comunidad sorda.

De acuerdo con el Colegio de Enfermeras de Costa Rica, existen cerca de 72 millones de personas sordas en el mundo, y más del 80 % vive en países en desarrollo. La Federación Mundial de Sordos estima que este colectivo se comunica por medio de más de 300 lenguas de señas distintas. En el caso de Costa Rica, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) calcula que aproximadamente 70.000 personas sordas residen en el país.

En el ámbito nacional, la Asociación Nacional de Sordos de Costa Rica (ANASCOR), fundada el 8 de junio de 1974, trabaja activamente para fortalecer la Lesco, la identidad sorda y los derechos humanos de las personas sordas. Entre sus objetivos figuran la defensa, uso y disfrute de la lengua de señas costarricense, así como la promoción de oportunidades de desarrollo inclusivo y el monitoreo de los derechos humanos de la comunidad.

“Porque cuando nos comunicamos, construimos un mejor país para todas las personas”, reiteró Fernández en su saludo, subrayando el compromiso del Estado costarricense con la accesibilidad y la inclusión.

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 23 de septiembre como el Día Internacional de las Lenguas de Señas, con el objetivo de generar conciencia acerca de la importancia de la identidad lingüística para el desarrollo y el fomento de los derechos humanos de las personas sordas. Según la ONU, la promoción y protección de estas lenguas es fundamental para garantizar la diversidad cultural y el acceso a derechos fundamentales. El organismo internacional impulsa la colaboración entre líderes mundiales y asociaciones de personas sordas para fortalecer el uso de las lenguas de señas.

—Después seguimos, ¿sí?

Aunque trató de ser delicada, era obvio que quería huir de mí. La entiendo. ¿Cómo no entenderla si yo también quiero escapar de mí? La diferencia es que yo no puedo.

Con lo que me costó animarme a salir a bailar o ir a fiestas. Siempre fui tímido, pero haber perdido un brazo potenció ese aislamiento. Mis papás me dicen que es lógico y que la adolescencia es la etapa de las inseguridades, pero no puedo saberlo, porque justo cuando entraba en esa etapa tuvieron que amputarme el brazo derecho por un maldito cáncer en el húmero.

El esfuerzo que tuve que hacer para aprender a vivir con una sola mano no tiene palabras, desde las cuestiones más elementales como abrocharme los botones del pantalón o cortar la comida con cuchillo sin poder pincharla con el tenedor. Ni hablar de exponerme ante alguien de mi edad. Si hasta las personas adultas me miran con temor, no sé bien a qué. No toleran mirarme a los ojos, mucho menos preguntarme qué me pasó.

Durante meses estuve buscando excusas para no ir a fiestas ni salir con mis amigos. Después, cuando me animé, pasó mucho tiempo más hasta la primera vez que pude sacar a bailar a alguien que me gustaba. Cuando me dijo que sí, ¡me sentí otra persona! ¡No lo podía creer!

Todo iba bien hasta que de golpe ella se dio cuenta que mi brazo derecho no era real. Durante esos milisegundos en los que tomó consciencia de que en su lugar había una prótesis, la que parecía otra persona era ella. Se puso blanca, dura. Todo su encanto desapareció en ese instante de pánico, como si se hubiera encontrado con el mismísimo diablo.

Intentó disimular, hacer como que no había pasado nada, supongo que porque no quería parecer cruel. Fingió normalidad durante dos canciones más hasta que con una sonrisa a medias me dijo las tres palabras horribles: “Después seguimos, ¿sí?”

Las ilusiones que me hicieron sentir normal durante un rato colapsaron en un segundo como un castillo de cartas. Era obvio que no habría ningún después.

¿Qué probabilidades había de que alguien como ella le presentara a sus papás un novio manco? No quiero ni imaginar la escena. ¿En qué momento creí que algo así era posible?

Mis amigos no supieron nada de lo que pasó, solo pensaron que tengo mala onda, que soy así. La verdad es que no tenía ganas de explicarles. ¿Para qué volver a hacerme mierda?

Me quedé un rato mirando cómo los demás bailaban. Mi cuerpo seguía ahí pero mi cabeza estaba a miles de kilómetros. Decidí irme. No tenía sentido quedarme, no había ninguna posibilidad de que volviera a sacar a bailar a otra chica.

Aunque mi casa quedaba lejos, preferí volver caminando. Necesitaba pensar, tratar de ponerle palabras a algo de lo que sentía, desagotar tantas emociones mezcladas.

Llegué a las cuatro de la mañana después de caminar durante casi dos horas, pero no estaba cansado. Más bien, me sentía suspendido en el tiempo. Fui a la cocina, me serví un vaso de Coca Cola y me saqué la prótesis antes de dormir. Harto después de dar mil vueltas en la cama y no poder pegar un ojo, prendí la luz y me puse a leer una historia de Tintín que ya leí cien veces. A las siete apagué la luz y finalmente me dormí.

Cuando me despierto son las dos de la tarde y mis papás me esperan en el comedor de diario.

—¿Qué pasó? Encontramos la prótesis en el tacho de basura, pero no parece rota —me pregunta mamá, preocupada.

—No tengo más ganas de sostener una fachada. De ahora en más, quiero que de entrada me conozcan como soy. Al que le guste, bien, y si no, mala suerte. Fingir que tengo dos brazos es agotador, todo el tiempo tengo miedo de que me descubran. Me cansa, me estresa, me da bronca. Prefiero mostrar lo que soy, porque tampoco tengo ganas de que los demás se sientan estafados si después descubren que estoy ocultando que soy manco. No quiero más engaños ni simulaciones. Soy esto, tómenlo o déjenlo.

Mamá no puede contenerse y me da un abrazo largo y apretado. Tiene los ojos llenos de lágrimas.

—Sos tan chico, y ya aprendiste algo que a la mayoría nos toma toda la vida.

***

El dolor no siempre lo causan nuestras discapacidades, sino nuestros esfuerzos por ocultarlas.

Paradójicamente, no queremos ser aceptados por lo que parecemos, sino por lo que somos.

* Juan Tonelli es escritor y speaker, autor del libro “Un paraguas contra un tsunami”. www.youtube.com/juantonelli

Más de 100 estudiantes de cinco universidades salvadoreñas participaron en el Foro Interuniversitario de Estudiantes para la Inclusión, donde impulsaron propuestas para eliminar barreras de exclusión que afectan a las personas con discapacidad en la educación superior. El encuentro se realizó en El Salvador, según informó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El foro fue organizado por EducAid en el marco del proyecto Prudencia: Voces Ciudadanas, con apoyo del PNUD y financiamiento de la Unión Europea. La iniciativa busca fortalecer el rol de las juventudes como agentes en la transformación social y la construcción de espacios educativos más accesibles.

La participación contó con estudiantes de la universidad estatal salvadoreña y de universidades privadas. Participaron la Universidad Don Bosco (UDB), la Universidad de El Salvador (UES), la Universidad Pedagógica, la Universidad Politécnica y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

Obstáculos detectados en la educación superior

Durante la jornada, los asistentes analizaron obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad en el ámbito universitario. Según el informe Análisis sobre la situación de las personas con discapacidad en El Salvador, 2023, elaborado por el Consejo Nacional para la Inclusión de Personas con Discapacidad (CONAIPD) y el UNFPA, más del 22,4% de las personas con discapacidad en el país nunca asistió a un centro educativo.

Esa cifra fue retomada en espacios de trabajo en los que los jóvenes identificaron desafíos culturales, económicos, institucionales y sociales.

El manifiesto que entregarán a las universidades

El evento incluyó mesas temáticas y sesiones de diálogo entre estudiantes y líderes comunitarios. Los participantes realizaron un mapeo de puentes y barreras que permitió sistematizar experiencias y generar propuestas orientadas a eliminar la exclusión.

Como resultado, redactaron de manera colectiva un manifiesto estudiantil que sintetiza los desafíos detectados y plantea recomendaciones para avanzar hacia universidades más inclusivas y participativas. Según detalló el PNUD, el documento será entregado formalmente a las autoridades de las universidades involucradas para impulsar su incorporación en los procesos de mejora institucional.

El PNUD señaló que el FINESI también fortalece las redes de colaboración entre estudiantes, instituciones académicas y liderazgos comunitarios. El objetivo es consolidar un modelo universitario más abierto y equitativo para las personas con discapacidad en El Salvador.

Condiciones de país para la inclusión

Vale mencionar que en 2025, El Salvador emitió las leyes de disolución, liquidación y traslado del funciones del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y del Consejo Nacional Integral de la Persona Adulta Mayor (CONAIPAM), para que estas sean asumidas por el Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE).

Las iniciativas impulsadas por el gobierno, a través del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, emitieron un plazo de seis meses para llevar a cabo la liquidación de ambas instituciones. La misión de la institución se basa en eliminar las barreras que impidan transformar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, generando un El Salvador donde se promueva, impulse, proteja, garantice el derecho de igualdad y no discriminación.

Estudiantes salvadoreños han diseñado una aplicación móvil para aprender lengua de señas ante la necesidad de facilitar el aprendizaje efectivo para más personas.

El proyecto, llamado Koko’s Talk, nació del interés de jóvenes que identificaron la falta de herramientas tecnológicas accesibles para el aprendizaje de la lengua de señas en el país.

Se estima que El Salvador tiene una población que supera las 50,000 personas con algún tipo de discapacidad auditiva o de lenguaje, según datos presentados por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, hasta 2017.

La propuesta surgió después de una búsqueda de problemas sociales en el entorno de los estudiantes, quienes observaron que muchas personas desconocen la lengua de señas o no cuentan con recursos para aprenderla. Diana, estudiante de 17 años, originaria de San Martín, explicó a Infobae que “nosotros buscamos la manera de combinar la tecnología con el aprendizaje de lengua de señas”, resaltando que el objetivo principal fue crear una herramienta que promueva la inclusión y el acceso a la comunicación.

Kokostalk fue desarrollada por estudiantes que participantes del Programa ¡Supérate!, una iniciativa que impulsa la educación tecnológica, el aprendizaje del inglés y valores en jóvenes de la región.

Los creadores, que cursan el último año de la beca, estudiaron en diferentes instituciones educativas pero encontraron en el programa un espacio común para potenciar sus habilidades. “Desde el primer año, antes de entrar a la beca, uno llega con esa motivación de querer aprender algo nuevo”, explicó Cristian, uno de los desarrolladores de la aplicación, originario de Ciudad Delgado.

El proceso de creación de la aplicación incluyó varias etapas. Diana relató que el primer prototipo no se parecía al resultado final, ya que durante el desarrollo buscaron formas de innovar y lograr que el sitio fuera verdaderamente dinámico. Parte de esa innovación fue la integración de un sistema de reconocimiento de señas, una característica que consideran esencial y que no existe en otras plataformas similares. “Implementar tecnologías que otras aplicaciones no tienen es bastante importante para nosotros”, mencionó Diana.

La experiencia también implicó retos personales, como aprender los fundamentos de la lengua de señas para poder crear contenidos precisos y útiles. Los estudiantes contaron con la asesoría de un docente especializado en lengua de señas, quien les brindó acompañamiento y validó el producto junto a miembros de la comunidad sorda.

“Fue bonito porque nuestro profesor mostró el sitio web a la comunidad sorda y nos comentaron que les pareció increíble. Incluso nos hicieron nuestra propia seña de Kokostalk”, relató Diana.

Kokostalk no solo representa una solución tecnológica, sino que refleja el deseo de sus creadores de abrir oportunidades para quienes enfrentan barreras en la comunicación. “Queremos seguir innovando, haciendo muchas cosas nuevas.

Esta aplicación no sería solo para nuestro país, sino que queremos ampliar esta plataforma en otros países”, afirmó Cristian. Los jóvenes ven el proyecto como una forma de ayudar a la comunidad y esperan que su trabajo motive a otras personas a explorar iniciativas similares.

La experiencia de participar en ¡Supérate! ha marcado un cambio en la vida personal y académica de los estudiantes. Diana explicó que el programa representa una oportunidad para prepararse y acceder a nuevos escenarios profesionales.

“Supérate me ha cambiado mucho en mi vida personal, académica, desarrollar proyectos como estos. He descubierto pasión por esto”, contó. Cristian, por su parte, planea estudiar Economía y Negocios, mientras que su compañera se inclina por el área de Comunicaciones.

Desde la dirección de ¡Supérate!, Emma García-Prieto destacó el impacto que tienen estas iniciativas en los jóvenes. “Supérate se convierte en un puente que los lleva de punto A a punto B y son jóvenes, aparte de talentosos, con un alto deseo de superación personal. Kokostalk empezó con un sueño atrevido, loco, saliéndose de la caja y miren lo que lograron”, afirmó García-Prieto en entrevista con Infobae.

Este programa han beneficiado a más de siete mil jóvenes en Guatemala, El Salvador y Panamá, según datos de la organización. La directora ejecutiva precisó que hay más de dos mil estudiantes activos en quince centros y casi seis mil graduados en la región.

Este tipo de iniciativas abren nuevas puertas para el desarrollo profesional de los jóvenes, fortaleciendo sus capacidades y permitiéndoles transformar sus vidas y las de sus comunidades.

Imaginar ciudades donde cada persona —sin importar sus formas de percibir o procesar el mundo— pueda transitar, comprender y disfrutar del espacio público sin barreras ni obstáculos es una meta que empieza a tomar forma real. Para muchas personas con autismo y sus familias, la vida urbana suele estar llena de pequeños desafíos cotidianos: un semáforo que cambia sin aviso, el zumbido de una luz en una sala de espera, una bocina inesperada o la densidad de voces en un transporte público. La rutina exige anticipación, estrategias y una logística invisible, pero la posibilidad de transformar ese entorno existe y se construye hoy.

En ese contexto, esta semana se presentó el libro “Ciudades Azules: accesibles, sensibles y empáticas”, de Lucía Bellocchio y Álvaro García Resta, que invita a incorporar la accesibilidad cognitiva y sensorial como un nuevo eje para el urbanismo contemporáneo, con el acompañamiento constante de TEActiva.

Las barreras no siempre son físicas. Muchas veces, la falta de información clara, los carteles poco comprensibles o la ausencia de espacios de calma generan una sensación de imprevisibilidad que condiciona la autonomía. Un simple paseo hasta la plaza puede depender de la previsibilidad de la ruta, la suavidad de los sonidos o la posibilidad de encontrar un refugio sensorial si el entorno se vuelve abrumador.

Durante la presentación, la pregunta sobrevoló toda la jornada: ¿Cómo serían las ciudades si comenzáramos a diseñarlas considerando la diversidad humana? Los autores compartieron con el público el origen del proyecto, surgido del cruce entre sus trayectorias profesionales en urbanismo y sus historias personales como madre y padre de niños dentro del espectro autista.

Para las familias, cada salida requiere una logística invisible: prever horarios, identificar lugares amigables, anticipar imprevistos. Las ciudades, pensadas desde parámetros estándar, suelen dejar afuera a quienes necesitan otras formas de comprender y habitar el espacio público. El resultado es un cotidiano lleno de estrategias, adaptaciones y, muchas veces, resignaciones silenciosas.

“Este libro propone una nueva manera de mirar las ciudades. Si después de leerlo alguien vuelve a caminar por su ciudad mirando un poco más a las personas que tiene alrededor, o cambia una decisión o el diseño de algún espacio, entonces Ciudades Azules habrá cumplido su propósito”, afirmó Lucía Bellocchio.

Álvaro García Resta agregó: “Criar a un niño con autismo también está lleno de alegría. Lo que buscamos con Ciudades Azules es que esa alegría no encuentre obstáculos innecesarios en el espacio urbano, sino ciudades que acompañen, anticipen y cuiden”.

Por su parte, Paulo Morales, presidente de TEActiva, compartió su experiencia: “Leí Ciudades Azules dos veces. La primera, con la mirada de periodista. La segunda, con la mirada de padre. Y fue ahí donde descubrí la enorme cantidad de ideas concretas e intervenciones posibles que pueden transformar la calidad de vida de miles de familias”.

La propuesta de diseñar ciudades que cuidan no solo apunta a eliminar barreras, sino a crear condiciones donde la diversidad sensorial y cognitiva sea parte de la norma urbana.

La presentación del libro fue pensada como una experiencia desde su propio concepto: al ingresar, cada invitado recibió un sobre azul con frases destacadas del texto y unos lentes azules, una invitación simbólica a mirar la ciudad desde otra perspectiva. El desayuno promovió la conversación entre los autores, periodistas e invitados acerca de uno de los mensajes centrales de la obra: construir ciudades más empáticas comienza por cambiar la forma en que las observamos.

Ciudades Azules no propone adaptar las ciudades para unos pocos, sino construir entornos donde todas las personas puedan vivir mejor: “Cuando cambiamos la mirada, cambia la ciudad; y cuando cambia la ciudad, cambiamos todos”.

El libro, editado por Editorial El Ateneo y prologado por Carlos Moreno, creador del concepto de la “Ciudad de los 15 Minutos”, ofrece investigaciones, casos internacionales, herramientas y experiencias personales. Así, abre un marco conceptual y metodológico para que gobiernos, urbanistas, empresas y ciudadanos puedan diseñar entornos físicos y digitales más comprensibles, previsibles e inclusivos.

Ciudades Azules constituye un punto de encuentro entre dos trayectorias profesionales dedicadas a repensar la ciudad y dos historias personales atravesadas por la experiencia de criar a hijos dentro del espectro autista. Desde esa doble mirada, los autores impulsan un nuevo paradigma en la planificación urbana, donde la inclusión, la previsibilidad y el bienestar forman parte del diseño de las ciudades del futuro. El desafío, y la esperanza, quedan planteados: imaginar espacios urbanos donde la diversidad sea principio y horizonte.

El lanzamiento en la Librería El Ateneo Grand Splendid reunió a representantes de los tres poderes del Estado, universidades y centros de investigación, empresas vinculadas al desarrollo urbano, la tecnología y la movilidad, organizaciones de la sociedad civil relacionadas con discapacidad, inclusión y neurodiversidad, referentes de arquitectura, urbanismo, diseño, innovación pública y ciudades inteligentes, periodistas, actores, comunicadores e influencers, así como familias de niños dentro del espectro autista.

Entre los asistentes estuvieron Paulo Morales (TEActiva), Genoveva Ferrero (Consejo de la Magistratura), Sebastián Nagata (Poder Legislativo CABA), Guillermo Romero y Sofía Torroba (GCBA), Natalia Tano (Poder Judicial CABA), Alejandra Torres (Congreso de la Nación Argentina), Teresa Bosch (Universidad Austral), Juan Cavia (Estudio Garibaldi), la actriz Laura Novoa, el periodista Gonzalo Aziz, y empresas como Crucijuegos, Pagos TIC y Voy en Bici, además de emprendedoras e influencers del ámbito de la inclusión.

La importancia de tener estadísticas oficiales

La Semana Azul, que se celebra cada año entre el 30 de marzo y el 5 de abril, reunió este año a familias, organizaciones no gubernamentales y expertos en Buenos Aires para colocar en el centro de la agenda la necesidad de estadísticas oficiales sobre el trastorno del espectro autista (TEA) en Argentina.

El dato sobresaliente que impulsó el debate fue la falta de información confiable y actualizada, lo que obstaculiza el diseño de políticas inclusivas.

En un encuentro impulsado por TEActiva en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, organizaciones y familias reclamaron en un documento la elaboración de registros oficiales. Según datos de Encuesta Azul, uno de cada 31 niños recibe confirmación de TEA en Argentina y las cifras se han incrementado más de 400% en dos décadas.

Actualmente, Argentina solo dispone de un registro fragmentario: 148.710 personas tienen certificado de discapacidad por TEA. Sin embargo, fuentes académicas y organizaciones advierten que esta cifra representa apenas una porción de la población autista, dificultando una planificación realista de recursos para salud, educación y apoyo social.

El reclamo del documento firmado por diversas ONG es que el Estado argentino incorpore indicadores básicos de autismo y neurodivergencias en los sistemas de estadística nacionales, como los elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos y los relevamientos en salud y educación.

“Una vez más, el mensaje que compartiré quiere ser un aporte, a la luz de la Palabra de Dios, para la reflexión de todos los actores de la sociedad argentina, convencido de que entre todos construimos la Patria”, expresó al comienzo de la ceremonia en la Catedral Metropolitana. También aclaró que era consciente de que “puedan ser tomadas frases aisladas para querer alimentar la fragmentación”.

A partir de la parábola del Buen Samaritano, García Cuerva sostuvo que la sociedad argentina también transita “caminos peligrosos”. “El camino de la intolerancia, el de los enfrentamientos constantes, el de la descalificación del otro por pensar o ser distinto, el camino de la crueldad hacia los más débiles”, enumeró.

En ese contexto, incorporó una referencia directa a la corrupción. “Caminos en los que algunos aprovechan para dividirnos, para enfrentarnos, robándonos las esperanzas de salir juntos adelante, escondidos, en todas las épocas, en cuevas de corrupción, haciendo que los pobres sean cada vez más pobres y ellos, escandalosamente, cada vez más ricos”, afirmó.

Luego aclaró que su planteo no estaba dirigido a una administración en particular. “Y esto no es cuestión de ser de tal o cual partido político o gobierno de turno; es cuestión de ser o no, honesto y transparente. Ser y parecer, ahora y siempre”, sostuvo.

Más adelante, el arzobispo volvió sobre la parábola del Buen Samaritano para afirmar que la ayuda a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad requiere organización y compromiso colectivo. “Pidamos también a Dios que nos independice del individualismo, de la competencia feroz por el protagonismo, del internismo y la mezquindad política de querer llevarnos los aplausos cuando hacemos algo por los demás”, expresó.

En ese tramo de la homilía defendió la inversión destinada a las personas con discapacidad. “Lo que gastes de más no siempre es sinónimo de derroche o de despilfarro; a veces es invertir en los más débiles”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó a los centros de discapacidad. “Cuando vemos que algunos centros de discapacidad tienen muchos trabajadores en proporción a las personas que atienden, y a priori se puede pensar que es un despropósito; pero luego, conociendo bien la dinámica de la institución, descubrimos que es una inversión”, señaló.

También sostuvo que esos espacios requieren “profesionales y asistentes entregados y comprometidos” que acompañen a cada beneficiario “por caridad, pero también por justicia”. En ese punto citó al papa León XIV para afirmar que “la justicia social se reconoce por la capacidad de un orden social, económico y político que permita a todos, y en particular a los más frágiles, vivir de manera realmente humana, sin que ninguno se quede atrás”.

En otro tramo del mensaje, García Cuerva pidió “independizarnos de la indiferencia y la insensibilidad frente a los que sufren” y mencionó entre ellos a “los enfermos, los jubilados, los adolescentes y jóvenes víctimas del negocio de los narcotraficantes, los desocupados y las personas con discapacidad”. “Hoy queremos hacer presentes sus vidas, sus rostros, sus historias concretas; no cifras o diagnósticos, sino sus nombres”, dijo.

El arzobispo también llamó a realizar “un gran examen de conciencia colectivo” y planteó: “No miremos al costado buscando culpables eternos”. Luego preguntó: “¿Estoy actuando como los que pasan de largo o estoy dispuesto a ser la posada que reciba y sane a los heridos?”. En ese marco, sostuvo que “las heridas sociales necesitan la templanza del diálogo, la justicia social y la honestidad innegociable”.

Sobre el final de la homilía convocó a “construir puentes donde algunos quieren levantar muros” y afirmó que “Argentina necesita de todos, porque nadie es descartable, todos somos importantes”.

Como cierre, apeló al fútbol para hablar de unidad. Recordó el espíritu colectivo que despierta la Selección argentina y citó un mensaje de Lionel Messi: “Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también es el de todos los argentinos... Lo logramos”.

Viajar en una combi, cúster, micro o bus urbano suele implicar escuchar salsa, cumbia, techno, reggaeton o huayno a un volumen elevado. Para muchos pasajeros forma parte del recorrido diario, pero para miles de personas con autismo, TDAH y otras condiciones asociadas a la hipersensibilidad sensorial, esos sonidos pueden convertirse en una barrera que genera ansiedad, estrés e incluso crisis durante el trayecto. Con la reciente promulgación de una nueva norma, esa realidad podría empezar a cambiar.

La Ley N.° 32704, publicada este 9 de julio, incorpora la creación de espacios sensorialmente amigables en el transporte público terrestre, una medida que busca hacer más inclusivos los viajes y regular aspectos como el volumen de la música y otros estímulos sonoros dentro de las unidades. La iniciativa llega en un contexto donde el sistema de transporte enfrenta múltiples desafíos, desde la inseguridad vial hasta la falta de cobertura del servicio formal, y ahora suma un nuevo objetivo: garantizar desplazamientos más accesibles para personas con discapacidad y neurodivergencias.

¿Qué cambia con la nueva ley y qué pasará con la música en combis y buses?

Una de las escenas más comunes del transporte público en Perú es subir a una combi donde el conductor lleva la radio a todo volumen o el cobrador reproduce música desde un parlante portátil para amenizar el recorrido. Aunque para algunos pasajeros esto resulta parte del ambiente cotidiano, la nueva legislación plantea que el ruido excesivo deje de ser una característica habitual de estos viajes.

La Ley N.° 32704, que modifica la Ley General de la Persona con Discapacidad, establece la incorporación de espacios sensorialmente amigables en las unidades de transporte terrestre de pasajeros. Entre sus principales disposiciones figura la regulación de los niveles de sonido al interior de los vehículos para evitar que la música, los anuncios o cualquier otro estímulo auditivo afecten el bienestar de quienes presentan mayor sensibilidad.

De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), la medida busca proteger especialmente a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y otras alteraciones del procesamiento sensorial, quienes pueden experimentar episodios de ansiedad, estrés o descompensación cuando permanecen en ambientes con exceso de ruido.

Además de controlar el volumen dentro de los vehículos, la norma promueve la implementación de ambientes más tranquilos y accesibles, con señalización adecuada y condiciones que permitan un traslado más seguro y digno para todos los pasajeros.

El reglamento técnico deberá aprobarse en un plazo máximo de 120 días calendario, periodo durante el cual se definirán aspectos como los niveles máximos de ruido permitidos, las características de los espacios sensorialmente amigables y los criterios que deberán cumplir las empresas de transporte.

En ese proceso participarán el Minsa, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y el Conadis, entidades que trabajarán en la elaboración de los lineamientos técnicos y sanitarios para la aplicación de la ley.

Otro punto contemplado es la capacitación de conductores y cobradores para fortalecer una atención respetuosa e inclusiva hacia personas con discapacidad y usuarios que requieren entornos con menor carga sensorial durante sus desplazamientos.

Una medida que llega en medio de la crisis del transporte público en Perú

La aprobación de esta ley ocurre mientras el transporte público atraviesa uno de sus momentos más complejos. Los problemas del sector no solo están relacionados con la congestión o la informalidad, sino también con la seguridad vial y la limitada capacidad del sistema formal para atender la demanda diaria de millones de pasajeros.

En mayo de este año, dos accidentes del Metropolitano dejaron decenas de personas heridas. El primero ocurrió el 5 de mayo cerca de la estación Andrés Reyes, en San Isidro, mientras que el segundo se registró el 18 de mayo a la altura de la estación Angamos, en Miraflores, cuando tres buses colisionaron y dejaron 46 heridos.

A nivel nacional, la situación también refleja la magnitud del problema. Según datos de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito (Aviactran), entre enero y octubre de 2025 se registraron 2.985 fallecidos por accidentes de tránsito, un promedio cercano a diez muertes diarias.

Al mismo tiempo, especialistas en movilidad urbana advierten que el sistema formal aún cubre una parte reducida de la demanda. En Lima y Callao se realizan aproximadamente 24 millones de viajes diarios, pero los servicios concesionados —como el Metro de Lima, el Metropolitano y los corredores complementarios— representan apenas el 12,1 % del total de desplazamientos en transporte público.

Expertos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) sostienen que los próximos años serán determinantes para consolidar una verdadera reforma del sistema. Entre las prioridades mencionan la implementación de subsidios para el transporte, la creación de una autoridad nacional especializada en tránsito y seguridad vial, el fortalecimiento de la ATU, el avance de las líneas 3 y 4 del Metro y el desarrollo de proyectos de movilidad que permitan integrar mejor los distintos medios de transporte.

Millones de personas en Estados Unidos dependen mes a mes de los pagos que otorga la Administración del Seguro Social (SSA), ya sea por jubilación, discapacidad o ingresos suplementarios. El acceso continuo a estos beneficios es un asunto que afecta de manera directa la economía familiar de quienes han dedicado años de trabajo o requieren apoyo por condiciones particulares. Sin embargo, la permanencia de estos pagos no está garantizada de manera automática, sino que está sujeta al cumplimiento de ciertos procedimientos fijados por la propia SSA.

El organismo federal exige a los beneficiarios que atiendan de forma puntual las notificaciones y cumplan con una serie de revisiones periódicas. El propósito de estas revisiones es confirmar que la persona sigue cumpliendo con los requisitos legales para la recepción de prestaciones. La falta de respuesta o la omisión en la entrega de documentación solicitada puede derivar en consecuencias severas para el titular de la prestación: la suspensión de los pagos y, en última instancia, la pérdida definitiva de los beneficios.

La SSA realiza controles regulares para asegurar que los recursos públicos destinados a estos programas lleguen solamente a quienes reúnen las condiciones establecidas por la ley. Por ello, responder a tiempo cada requerimiento y presentar la información necesaria se vuelve indispensable para quienes dependen de estos ingresos. La omisión de este paso puede traducirse en la interrupción de la ayuda económica fundamental para millones de hogares en el país.

La continuidad de los pagos y beneficios de la SSA está condicionada a que el beneficiario cumpla con las revisiones y notificaciones oficiales. Si el titular ignora o posterga este trámite, corre el riesgo de que su caso sea cerrado y suspendido el acceso a los fondos.

Tipos de revisiones obligatorias realizadas por la SSA

El funcionamiento habitual de la Administración del Seguro Social contempla la realización de diferentes tipos de revisiones para verificar que los beneficiarios de sus programas siguen siendo elegibles. Entre las principales revisiones obligatorias figuran las administrativas de expedientes, que consisten en la actualización y verificación de los datos personales y laborales aportados por el titular.

Otra revisión fundamental es la denominada Continuing Disability Review (CDR), dirigida a quienes perciben beneficios por discapacidad. En este caso, la SSA comprueba periódicamente que la condición médica que dio origen al beneficio subsiste y, por tanto, que el beneficiario sigue cumpliendo con los criterios para recibir la prestación.

Para quienes se encuentran en el programa de Ingresos Suplementarios de Seguridad (SSI), la revisión se centra en la verificación de ingresos y recursos. La SSA revisa que los niveles de ingresos y patrimonio del beneficiario no superen los límites establecidos por la normativa, ya que esto podría modificar su derecho a percibir el beneficio.

Además, la SSA puede exigir la actualización de información personal o laboral en cualquier momento. Esto incluye, por ejemplo, cambios de domicilio, estado civil, situación laboral o cualquier dato relevante que pueda afectar la elegibilidad del beneficiario.

Todas estas revisiones forman parte del mecanismo de control del organismo y buscan asegurar que los fondos públicos sean asignados correctamente. El cumplimiento de estos procedimientos es obligatorio para todos los titulares, sin excepción.

Un punto crítico es que el tipo de revisión depende del programa en el que se encuentre inscripto el beneficiario, así como de su situación personal y familiar. Cada caso es evaluado de manera individual, y la periodicidad de los controles puede variar según el tipo de prestación y la información disponible en el expediente.

Proceso de suspensión temporal de pagos por incumplimiento

Cuando la SSA solicita información o documentación adicional, el beneficiario debe responder dentro del plazo fijado en la notificación oficial. Si la persona no atiende este requerimiento, el organismo puede proceder a la suspensión temporal de los pagos. Esta decisión tiene como objetivo incentivar al titular a regularizar su situación y cumplir con las obligaciones administrativas.

Durante este periodo, la SSA mantiene abierto el expediente y continúa enviando comunicaciones al beneficiario. En estas notificaciones, la entidad detalla los pasos que deben seguirse para resolver el incumplimiento y restablecer el acceso a los pagos. La suspensión temporal no implica la pérdida definitiva del derecho a la prestación, pero sí constituye una advertencia seria sobre la importancia de cumplir con los procedimientos exigidos.

La aplicación de la suspensión es una medida preventiva que busca evitar la erogación indebida de fondos públicos en casos donde no se ha confirmado la elegibilidad del beneficiario. Solo aquellas personas que regularizan su situación en el tiempo estipulado pueden recuperar el acceso a los pagos y mantener la prestación activa.

Plazo y procedimiento para regularizar la situación antes de la suspensión definitiva

Tras la suspensión de los pagos, la SSA otorga un plazo máximo de 12 meses para que el beneficiario regularice su situación. Durante este periodo, la persona puede comunicarse con su oficina local, presentar la documentación pendiente, completar la revisión solicitada o justificar el motivo por el cual no respondió oportunamente. Es fundamental actuar dentro de este margen temporal para evitar el cierre definitivo del expediente.

Si el beneficiario no realiza ningún contacto ni aporta la información requerida en ese lapso, la SSA procederá a cerrar el caso de acuerdo con sus procedimientos administrativos. El cierre implica la pérdida permanente de los pagos y beneficios que la persona recibía hasta ese momento.

Este mecanismo busca dar una última oportunidad a quienes, por diversos motivos, no respondieron a tiempo. La SSA ofrece canales de contacto y asistencia para facilitar el cumplimiento de los requisitos, pero la responsabilidad de regularizar la situación recae exclusivamente en el beneficiario.

La única manera de evitar la suspensión definitiva es cumplir con las obligaciones dentro del plazo ofrecido. Una vez cerrado el caso, el acceso a los fondos se pierde de manera irreversible, lo que subraya la importancia de atender todas las notificaciones y revisiones del organismo.

La Ley 59 nació en Panamá para evitar que una enfermedad crónica se convirtiera en un motivo de despido, pero dos décadas después enfrenta cuestionamientos por un vacío que, según pacientes y diputados, sigue afectando a cientos de trabajadores: conservar el empleo no siempre significa conservar el salario.

Ese es el eje de una propuesta de reforma que comenzó a discutirse en la Asamblea Nacional.

La iniciativa es impulsada por el despacho de la diputada Paulette Thomas, que organizó un conversatorio con pacientes, especialistas y representantes de distintos sectores para recoger propuestas que permitan actualizar la legislación vigente y fortalecer la protección laboral de quienes padecen enfermedades crónicas, degenerativas o involutivas.

Thomas explicó que uno de los principales problemas detectados es que la Ley 59 del 28 de diciembre de 2005 garantiza la permanencia en el puesto de trabajo, pero no protege adecuadamente a los colaboradores cuyos ingresos dependen en gran medida de comisiones, bonos, incentivos, cumplimiento de metas o indicadores de gestión.

Según la diputada, muchos trabajadores que deben someterse a tratamientos prolongados, cirugías o asistir periódicamente a citas médicas logran conservar su empleo, pero ven reducidos significativamente sus ingresos porque no pueden cumplir las metas exigidas para acceder a esos pagos variables.

“Ese es uno de los vacíos que queremos corregir", sostuvo la diputada, quien indicó que las reformas buscan adaptar una ley aprobada hace casi veinte años a las nuevas realidades del mercado laboral.

La propuesta también pretende establecer procedimientos más claros para la aplicación de la norma.

Entre los aspectos que buscan incorporarse figuran reglas específicas sobre cómo el trabajador debe acreditar su condición médica, qué documentos mínimos deberá presentar, cuáles serán los plazos para que el empleador evalúe la solicitud y cuáles serán las obligaciones de ambas partes durante el proceso.

La Ley 59, que adopta normas de protección laboral para las personas con enfermedades crónicas, involutivas y degenerativas que produzcan discapacidad laboral, establece que ningún trabajador podrá ser despedido por esa condición siempre que pueda desempeñar funciones compatibles con su estado de salud.

También prohíbe cualquier forma de discriminación o presión para inducir al colaborador a renunciar y exige autorización judicial previa antes de proceder con un despido.

La legislación incluso define cuáles enfermedades están comprendidas dentro de su alcance.

En el caso de las enfermedades crónicas, señala que son aquellas cuyo tratamiento se prolonga por más de tres meses y tiene un carácter paliativo, no curativo. Como ejemplos menciona la diabetes mellitus, las lesiones tumorales malignas (cáncer), la hipertensión arterial y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/Sida).

También incluye enfermedades involutivas, como la esclerosis múltiple, y enfermedades degenerativas como la artritis reumatoide, la osteoartritis y diversas patologías del sistema nervioso central y periférico.

La discusión sobre una eventual reforma cobra relevancia en un momento en que las enfermedades crónicas representan uno de los principales problemas de salud pública en Panamá.

De acuerdo con datos del Ministerio de Salud, el 42% de la población panameña padece hipertensión arterial, mientras que aproximadamente el 15% de las personas mayores de 15 años vive con diabetes, dos de las enfermedades expresamente protegidas por la Ley 59.

La Caja de Seguro Social también ha advertido que más de la mitad de la población panameña presenta al menos una enfermedad crónica, una realidad que impacta tanto al sistema sanitario como al mercado laboral y que aumenta la necesidad de contar con normas que garanticen la estabilidad de los trabajadores durante sus tratamientos.

Al conversatorio asistieron pacientes oncológicos, entre ellos Michel Despaigne y Louris Higueral, quienes compartieron las dificultades que enfrentaron tras recibir un diagnóstico de cáncer mientras mantenían una relación laboral.

Los participantes coincidieron en que la protección no debe limitarse a impedir el despido, sino que también debe contemplar mecanismos que eviten afectaciones económicas derivadas de las ausencias justificadas por tratamientos médicos o recuperaciones postoperatorias.

Otro de los puntos planteados durante la jornada fue la necesidad de brindar mayor seguridad jurídica tanto a trabajadores como a empleadores, mediante procedimientos claramente establecidos que reduzcan conflictos y eviten interpretaciones distintas sobre la aplicación de la ley.

Las propuestas recogidas durante el conversatorio servirán de base para la elaboración de un proyecto de ley que será presentado en la Asamblea Nacional.

La intención, según Thomas, es actualizar una norma que durante dos décadas ha protegido el derecho al trabajo de miles de personas, pero que ahora requiere ajustes para responder a las nuevas formas de remuneración y a las necesidades de quienes enfrentan enfermedades de larga duración sin renunciar a su vida laboral.

Según indicaron fuentes allegadas a Infobae, el Juzgado de Familia de Luis Beltrán volvió a convocar en las últimas horas a las familias interesadas en iniciar un proceso de vinculación con la niña, descripta como “sumamente cariñosa y resiliente”.

La convocatoria está dirigida a familias de todo el país que deseen acompañarla en su desarrollo. De acuerdo con el juzgado, los postulantes deben contar con disponibilidad “para acompañar su crianza con amor y contención y acompañar su crecimiento”.

En ese sentido, se buscará ampliar su autonomía, actualmente limitada. Para ello, será necesario garantizar tratamientos de rehabilitación y la eliminación de barreras edilicias y de comunicación.

Silvana Mucci, titular del Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción de la provincia, explicó que el Poder Judicial de Río Negro se encuentra en búsqueda de una familia que pueda “ahijarla, cuidarla y sostener las terapias relacionadas con sus posibilidades de movilidad y sus habilidades para poder comunicarse”.

En tanto, la directora del hogar donde vive desde 2021, Florencia Zubeldía, aseguró que se trata de “una chica muy cariñosa” y que disfruta compartir sus actividades diarias con los demás: “Ella llega de la escuela deseosa de mostrar su cuaderno, su mochila, de compartir lo que ha vivido”.

Además, destacó que una de sus principales cualidades es su deseo de superación personal, al que describió como “una ansiedad por superarse”, y aseguró que “da mucho placer acompañarla”.

“Pese a su condición y a que tiene ciertas dificultades para moverse, es una nena sumamente autónoma. Le gusta maquillarse, peinarse y copiar a las chicas más grandes también, a las adolescentes”, siguió.

“A las nenas más grandes les gusta mucho hacer TikTok, bailar, y ella siempre está en primera plana también. Es imposible no enamorarse de ella”, opinó Zubeldía, quien describió a la menor como “sumamente cariñosa y resiliente”.

La nena, que vive en un hogar junto a otras niñas y adolescentes desde 2021, se encuentra en búsqueda de una familia desde 2023. Según aseguró la directora de la institución, disfruta de la compañía y busca estar acompañada de otras personas de forma permanente.

“Cada una de las cosas que hace en su vida, desde jugar, estudiar, relacionarse con sus pares y con personas adultas que a cargo suyo, lo hace con una felicidad que es admirable y propia de un niño también”, cerró la defensora Florencia Gaffoglio.

Quienes deseen postularse deberán hacerlo a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos. Pueden completar el siguiente formulario de inscripción: https://tinyurl.com/2y7wzqzd

Los postulantes pueden ser familias con o sin hijos, dispuestas a acompañar a la niña en esta etapa de su escolaridad primaria. Además, deberán comprometerse a sostener los tratamientos de rehabilitación, los controles médicos y los apoyos que requiere para promover una mayor autonomía.

En el video difundido por el Poder Judicial de Río Negro se observa que la niña presenta dificultades motrices. No obstante, también se la ve caminando, andando en bici y bailando mientras participa de distintas actividades cotidianas.

Quienes deseen postularse deberán completar el formulario correspondiente, en el que se solicita, en una primera instancia, el nombre y apellido, DNI, ciudad y provincia de residencia, ocupación laboral, composición del grupo familiar, teléfono de contacto y correo electrónico.

Para más información sobre el proceso de adopción, es posible comunicarse con el Juzgado de Familia de Luis Beltrán a través del WhatsApp 2946-412592 en el horario de 7:30 a 13:30 horas, en días hábiles. También se puede enviar un correo electrónico a adopcionlb@gmail.com

La ciudad de Bella Vista, ubicada en la provincia de Corrientes, enfrenta el impacto social y judicial tras la difusión de videos donde se muestra el abuso sexual de un joven con discapacidad en el predio de un club local. El hecho, ocurrido durante el último fin de semana en las instalaciones del Club San Vicente, expuso una situación de extrema vulnerabilidad y conmocionó a la comunidad.

De acuerdo con la investigación en curso, la agresión tuvo lugar en las primeras horas del domingo. Los registros audiovisuales obtenidos, que ya forman parte del expediente judicial, muestran a la víctima siendo sometida por un hombre, mientras otras personas presenciaban el episodio.

Tras el brutal episodio, se dispuso una evaluación médica para la víctima, la cual determinó que presenta un retraso madurativo severo. Esta condición dificulta que el joven pueda relatar con exactitud los hechos. La familia, en declaraciones públicas, manifestó que el joven comprende la gravedad de lo sucedido, pero no logra reconocer con claridad a los agresores.

En una de las grabaciones, dos sujetos observan desde el exterior del predio, sin intervenir ni solicitar ayuda. Estos materiales audiovisuales resultan clave para las autoridades, aunque aún no permitieron identificar con precisión los rostros de todos los involucrados.

El expediente, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Bella Vista, bajo la titularidad de Ramón Alfredo Muth, incluye dos videos que reflejan diferentes momentos del ataque. Uno de los registros muestra a un hombre que somete a la víctima, mientras otros individuos filman la escena.

Según el fiscal Muth, la investigación busca establecer cuántas personas participaron activamente y cuántas observaron sin intervenir. La situación generó un fuerte reclamo comunitario para que quienes hayan presenciado el ataque se presenten a declarar ante la justicia.

El caso provocó la reacción inmediata de las autoridades. El principal sospechoso fue localizado en su domicilio y quedó detenido, mientras se aguarda la formalización de la imputación. El fiscal remarcó el plazo con el que cuenta: “Tengo 72 horas para formalizar la imputación, donde se le va a leer la calificación legal, y las evidencias que tenemos en su contra. Luego se realizará la audiencia de coerción”.

La causa fue caratulada como “supuesto abuso sexual agravado”, una figura que contempla factores como la situación de discapacidad de la víctima y la presunta participación de varias personas. La calificación legal implica que, si se comprueba la responsabilidad de los implicados, podrían enfrentar penas significativamente más severas. En este caso, la presencia de registros audiovisuales en la causa podría constituir un elemento de prueba contundente.

La familia del joven pidió que cualquier persona con información útil se acerque a declarar, señalando que la colaboración ciudadana resulta indispensable para esclarecer el hecho y determinar la responsabilidad de cada implicado.

La víctima permaneció internada bajo observación médica tras el episodio y ya fue dada de alta. A pesar de ello, continúa en una situación de vulnerabilidad, tanto por las secuelas físicas como por el impacto emocional. La intervención de equipos psicológicos y sociales resulta fundamental para acompañar al joven y su entorno cercano en el proceso de recuperación.

El avance de la investigación depende ahora de los peritajes sobre los dispositivos electrónicos secuestrados, especialmente un teléfono celular desde el cual se habría registrado parte de la agresión. Además, las autoridades buscan determinar si los testigos pasivos incurrieron en alguna figura penal por omisión de auxilio.

Mientras tanto, la comunidad de Bella Vista aguarda definiciones judiciales y reclama justicia para la víctima, en un caso que expuso la fragilidad de quienes viven con algún tipo de discapacidad y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y denuncia.

La Ley HB 961 de Florida, que entrará en vigor este miércoles 1 de julio, introducirá un cambio en la normativa de accesibilidad para personas con discapacidad en el ámbito vehicular. El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (FLHSMV) otorgará permisos de estacionamiento vitalicios a quienes presenten una discapacidad certificada permanente.

La nueva norma eliminó el requisito de renovación periódica cada cuatro años que rige actualmente. Por lo tanto, el permiso no tendrá fecha de caducidad y será válido hasta el fallecimiento del titular. A su vez, incluirá una leyenda visible que indique que el permiso no tiene fecha de vencimiento.

Cómo solicitar el permiso permanente

Las personas con una discapacidad motora de por vida o con una discapacidad visual certificada pueden solicitar un permiso de estacionamiento o una placa de matrícula permanente para personas con discapacidad. El trámite no tiene costo.

Para solicitar el permiso, los residentes de Florida deben presentar en persona o enviar por correo la documentación en un centro de servicios de vehículos motorizados. Se requiere:

• La solicitud HSMV 83039 completa.
• Constancia de la discapacidad, según lo indicado en el formulario HSMV 83039, acompañada por una Declaración de Certificación con la firma de una autoridad certificadora.
• Licencia de conducir o tarjeta de identificación. Si la condición de la persona impide que pueda acudir o ser trasladada al centro para tramitar esos documentos, un médico certificador puede completar y firmar la sección de exención del formulario HSMV 83146, para que no sea obligatorio incluir en el permiso el número de licencia o de identificación.

En caso de reemplazo de un permiso informado como perdido o robado, se debe presentar el formulario HSMV 83146 (Solicitud de reemplazo de placa de matrícula). La persona que haya recibido un permiso vitalicio previamente puede presentar un certificado de discapacidad emitido en cualquier momento para solicitar el reemplazo. De este modo, no se requiere solicitar un nuevo certificado a una autoridad médica certificadora.

Quién puede firmar un certificado de discapacidad

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (FLHSMV), entre las autoridades médicas certificadoras se incluyen:

• Un médico con licencia.
• Un médico podólogo con licencia.
• Un optometrista con licencia.
• Un enfermero o enfermera registrada de práctica avanzada con licencia.
• Un asistente médico con licencia.
• Un médico con una licencia equivalente de otro estado también puede intervenir, siempre que la solicitud incluya documentación que acredite esa habilitación y que el profesional firme el formulario HSMV 83039. En ese documento debe dejar constancia de que conoce las pautas de elegibilidad vigentes en este estado.

Por otro lado, un veterano que ya haya sido evaluado y certificado por el Departamento de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos o por alguna rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos como con discapacidad permanente y total, por una condición vinculada al servicio, puede presentar una Carta Formulario 27-333, o un documento equivalente, emitido dentro de los últimos 12 meses, en reemplazo del certificado de discapacidad.

Sanciones por uso indebido de permisos de estacionamiento para personas con discapacidad

El uso de un permiso de estacionamiento para personas con discapacidad por parte de alguien que no sea el titular constituye un delito menor de segundo grado en Florida. Esta infracción puede sancionarse con una multa o penas de hasta seis meses de detención.

Asimismo, emplear el permiso de manera incorrecta implica el pago de una multa que duplica el valor de una infracción común por estacionamiento en espacios reservados.

Los permisos no son transferibles y no pueden ser utilizados por familiares, incluso para diligencias relacionadas con la persona con discapacidad. Si el titular no se encuentra presente al momento de utilizar el permiso, la multa asciende a USD 1.000.

La inconformidad por el incremento a la tarifa del transporte público en Morelos escaló este lunes cuando Beatriz Fragoso Maldonado, integrante del Movimiento Morelense por las Personas con Discapacidad, subió a la cornisa del segundo nivel del Palacio de Gobierno para exigir la suspensión del aumento al pasaje y mejoras reales en la movilidad para las personas con discapacidad.

Desde el borde del inmueble, la activista lanzó consignas contra el alza tarifaria, que elevará el costo mínimo del transporte colectivo de 10 a 13 pesos a partir del 1 de julio, al considerar que el servicio no ofrece las condiciones necesarias para justificar ese incremento.

Personal de seguridad intentó convencerla de descender debido al riesgo que representaba la protesta; sin embargo, permaneció en el lugar hasta que la gobernadora Margarita González Saravia acudió personalmente para dialogar con ella.

Personas con discapacidad denuncian falta de unidades accesibles

Durante su manifestación, Beatriz Fragoso, quien tiene discapacidad visual, aseguró que el problema no es únicamente el aumento al pasaje, sino la falta de accesibilidad en las unidades del transporte público.

Señaló que, aunque las personas con discapacidad mantienen una tarifa preferencial de cinco pesos, muchas ni siquiera pueden utilizar el servicio porque los microbuses y combis carecen de rampas o adaptaciones para usuarios en silla de ruedas o con movilidad reducida.

La activista también acusó que las promesas de inclusión realizadas durante la campaña de la actual administración no se han traducido en acciones concretas para garantizar un transporte digno.

Contexto del conflicto por el aumento al transporte

• La tarifa mínima del transporte público en Morelos aumentará de 10 a 13 pesos a partir del 1 de julio.
• Organizaciones sociales mantienen un plantón desde hace tres días en los accesos al Palacio de Gobierno.
• Los manifestantes exigen cancelar o, al menos, posponer el incremento hasta que exista una verdadera modernización del servicio.
• Personas adultas mayores y personas con discapacidad conservarán una tarifa preferencial de cinco pesos.
• Los inconformes sostienen que las unidades continúan en malas condiciones y carecen de accesibilidad.

Plantón y advertencia de huelga de hambre aumentan la presión al Gobierno de Morelos

La protesta de Beatriz Fragoso ocurrió mientras integrantes de la Coordinadora Social Morelense mantienen bloqueados los accesos al Palacio de Gobierno para exigir la revocación del decreto que autorizó el incremento del 30 por ciento en la tarifa.

Tras una reunión con el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, los manifestantes informaron que no hubo acuerdos para cancelar el aumento. La única respuesta oficial fue mantener el descuento existente para adultos mayores mediante la credencial del INAPAM.

Ante la falta de avances, el regidor de Cuernavaca, Gabriel Rivas Ríos, anunció que a partir del martes algunos integrantes del movimiento iniciarán una huelga de hambre para presionar al Ejecutivo estatal.

Los inconformes insisten en que el incremento resulta injustificado mientras continúen circulando unidades antiguas, sin accesibilidad y con deficiencias en el servicio.

Gobernadora dialoga con la activista y acuerdan plan para mejorar la movilidad

Después de varios minutos de tensión, Margarita González Saravia sostuvo un diálogo directo con Beatriz Fragoso, quien finalmente aceptó bajar de la cornisa con apoyo del personal del Palacio de Gobierno.

Posteriormente ambas ingresaron a las oficinas del Ejecutivo estatal para continuar la conversación y revisar las demandas planteadas por el movimiento.

Como resultado del encuentro, el Gobierno de Morelos informó que se acordó elaborar una estrategia conjunta para adaptar gradualmente el transporte público a las necesidades de las personas con discapacidad.

Gobierno promete diagnóstico para adaptar unidades del transporte público

Entre los compromisos anunciados se encuentra la realización de un diagnóstico técnico que permita identificar las rutas y zonas donde se requiere con mayor urgencia incorporar unidades accesibles.

Con esa información se diseñará un plan gradual de adaptación del transporte público para garantizar condiciones de movilidad incluyente en la entidad.

Mientras tanto, las protestas contra el aumento a la tarifa continúan y los colectivos sociales mantienen su exigencia de suspender el incremento hasta que el servicio cumpla con estándares de calidad, seguridad y accesibilidad para todos los usuarios.

El ascenso al Everest de Hari Budha Magar quedó registrado el 19 de mayo de 2023, cuando el exsoldado gurkha nepalí y padre de tres hijos se convirtió en la primera persona con amputación doble por encima de la rodilla en alcanzar la cima, según informó Guinness World Records. El montañista presentó el desafío como una forma de cambiar la percepción sobre la discapacidad.

Hari Budha Magar perdió ambas piernas en Afganistán el 17 de abril de 2010 y, de acuerdo con la entidad, fue la primera persona con esa condición en lograrlo. La entidad señaló que asumió el reto para inspirar a otras personas y cuestionar prejuicios sobre la discapacidad.

Magar restó importancia al reconocimiento y ubicó el sentido del desafío en otro plano. “Para mí esto no trataba de un récord. Trataba de cumplir mi sueño de infancia de escalar el Everest, pero también quería crear conciencia sobre la discapacidad”, declaró a Guinness World Records.

También vinculó la montaña con una motivación personal y nacional. “Quería cambiar las percepciones sobre la discapacidad, no solo cómo nos percibimos a nosotros mismos, sino cómo nos perciben los demás”, afirmó.

De la lesión en Afganistán a una campaña para cambiar percepciones

Magar integró el primer batallón de los Royal Gurkha Rifles del Ejército británico. Tras la amputación, relató un periodo de impacto emocional y desconcierto que marcó su visión sobre la discapacidad.

“Perdí casi dos años de mi vida sin saber qué podía hacer”, señaló. También dijo que pensó que su vida había terminado y que sería visto como una carga.

Según Guinness World Records, ese testimonio pasó a ocupar un lugar central en su mensaje público. Magar sostuvo que esas ideas no afectaban solo a su caso, sino que reflejaban cómo se considera a muchas personas con discapacidad en distintas partes del mundo.

Antes de afrontar el Everest, la mayor altura a la que había llegado era el monte Kinabalu, en Sabah, Malasia, con 4.095 metros, durante su formación militar. El Everest alcanza 8.484,86 metros, de acuerdo con Guinness World Records.

Prótesis diseñadas por él y una batalla legal antes del Everest

Para preparar el intento, Magar escaló montañas más pequeñas y se convirtió en la primera persona con amputación doble en superar los 6.000 metros. Entre las cumbres que afrontó antes del Everest figuran Mont Blanc, Kilimanjaro, Chulu Far East y Himlung Himal.

El objetivo también incluía una dificultad técnica que afectaba su movilidad. No encontró prótesis diseñadas para una persona con amputación doble por encima de la rodilla que permitieran escalar en hielo y nieve, así que desarrolló las suyas.

Además, tuvo que adaptar toda la ascensión a sus capacidades. Ajustó desde las prótesis hasta el equipo que utilizó y la ruta por la que subió.

A eso se sumó un obstáculo institucional en Nepal. “El Gobierno de Nepal prohibió a las personas con amputación doble y a las personas con discapacidad visual escalar cualquier montaña de más de 6.500 metros en Nepal, así que hicimos gestiones y llevamos una campaña ante Naciones Unidas en Ginebra, pero no funcionó, así que presentamos el caso ante la Corte Suprema de Nepal y ganamos”, dijo.

La financiación también fue una barrera. Según relató a la misma fuente, reunir fondos resultó muy difícil porque muchos posibles patrocinadores no creían que pudiera conseguirlo.

El mensaje que busca dejar tras la cima

Al llegar a la cima, la respuesta fue inmediata y cargada de emoción. “¡Fue una sensación increíble! No podía creerlo. Abracé a todos y lloré muy fuerte”, contó Magar a Guinness World Records.

En ese mismo relato, recordó la cantidad de negativas que escuchó antes de completar el objetivo. Dijo que tuvo que enfrentarse a quienes le repetían “no”, “no se puede”, “imposible” o “peligroso”.

Magar afirmó además que también completó las Siete Cumbres, la montaña más alta de cada continente. Según la entidad, completó las Siete Cumbres y, además, se convirtió en la primera persona con amputación doble por encima de la rodilla en escalar el monte Vinson y Puncak Jaya.

Guinness World Records añadió que recibió un MBE y un premio Pride of Britain. En otra de sus reflexiones, animó a quienes dudan de sus capacidades: “Si adaptas tu vida según el tiempo, la situación y tu capacidad, puedes hacer posible cualquier cosa”.

Ahora concentra sus esfuerzos en la concienciación sobre la discapacidad y en inspirar a otras personas. También escribió el libro Conquering Dreams, cuya publicación está prevista para el 27 de agosto, y trabaja en un documental.

Magar recordó que la discapacidad puede afectar a cualquiera en cualquier momento y apuntó que en el mundo viven 1.300 millones de personas con discapacidad. Según Guinness World Records, esa dimensión sostiene el mensaje que acompaña su trayectoria después del Everest.

Su enfoque final apuntó menos al récord que a las condiciones que permiten ampliar posibilidades. La historia que quiso asociar a la cima es que, con apoyo adecuado, la discapacidad no anula la opción de construir una vida plena y con objetivos propios.

La Secretaría de Desarrollo Social y la Fundación para el Desarrollo de la Zona Sur firmaron un convenio para ampliar la atención a personas con discapacidad en más de 100 comunidades vulnerables de Honduras. El acuerdo incluye ayudas técnicas, atención médica, detección temprana y jornadas de carnetización.

Aunque los registros oficiales identifican más de 300 mil personas con discapacidad en Honduras, organismos de derechos humanos estiman que la cifra real supera el millón de personas, muchas de ellas en zonas rurales con acceso limitado a servicios de salud y rehabilitación.

La iniciativa contempla la identificación y focalización de beneficiarios, capacitación comunitaria y la entrega de sillas de ruedas, bastones, andadores y otros dispositivos para mejorar la movilidad y la autonomía de las personas atendidas.

Discapacidad y pobreza en zonas rurales

La discapacidad continúa entre los principales desafíos sociales del país. Diversos estudios y organismos nacionales advirtieron que las personas con discapacidad enfrentan mayores dificultades para acceder a educación, empleo, atención médica y oportunidades de desarrollo económico.

La situación se agrava en las zonas rurales, donde muchas familias deben recorrer largas distancias para recibir atención especializada o adquirir dispositivos que faciliten la movilidad de sus familiares.

En departamentos como Choluteca y Valle, donde persisten altos índices de pobreza y vulnerabilidad social, estas limitaciones pueden convertirse en una barrera permanente para la inclusión.

La ministra de Desarrollo Social, Fátima Juárez, señaló que la atención a las personas con discapacidad representa una de las prioridades de la institución por las necesidades que enfrenta esta población. Durante la firma del acuerdo, afirmó: "El sector discapacidad tiene una enorme necesidad. Nos hemos estado movilizando a varios municipios donde ya se está atendiendo con la carnetización y con transferencias monetarias".

Qué incluye el convenio

Además de la entrega de ayudas técnicas, el convenio contempla jornadas de atención médica y procesos de detección temprana de discapacidades.

La alianza también facilitará jornadas de carnetización para personas con discapacidad a través de la Dirección General de Desarrollo para las Personas con Discapacidad de Sedesol, para que más ciudadanos puedan acceder a beneficios, programas sociales y mecanismos de protección estatal.

Las acciones se desarrollarán, entre otros puntos, en diez centros de salud comunitarios financiados por Fundesur en municipios rurales de la zona sur del país.

Transformando comunidades

El convenio fue suscrito por la ministra Fátima Juárez y el director ejecutivo de Fundesur, Joaquín Romero, quien señaló que la cooperación permitirá fortalecer la respuesta a una necesidad que afecta a miles de familias hondureñas.

Según Romero, la fundación aprovechará su red de aliados estratégicos para facilitar la adquisición y entrega de ayudas técnicas destinadas a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad.

Fundesur es el brazo social de la industria camaronera hondureña y desarrolla programas relacionados con salud, educación, ambiente y desarrollo comunitario en la región sur. Sus proyectos son financiados mediante aportes provenientes de la actividad exportadora del sector.

Las autoridades informaron que el programa contará con mecanismos de auditoría, control institucional y rendición de cuentas para supervisar la entrega de las ayudas y garantizar que los recursos lleguen a las personas que los necesitan.

El nuevo libro Disability, del historiador David Turner, sobre la discapacidad en el Reino Unido sostiene que, desde el inicio de la edad moderna hasta hoy, la vida de las personas discapacitadas estuvo marcada al mismo tiempo por cambios profundos en leyes, instituciones y tecnologías, y por una persistencia llamativa de actitudes públicas y políticas hostiles.

Esa tensión es el centro de una obra que explica el avance de derechos no como una concesión desde el poder, sino como el resultado de una disputa sostenida por quienes los reclamaron.

La tesis se apoya en un recorrido de siglos que va desde hombres y mujeres del siglo XVII obligados a demostrar que eran lo bastante discapacitados para recibir ayuda parroquial y no morir de hambre, hasta la clausura de asilos, la aparición de prótesis y la incorporación tardía de los derechos de la discapacidad en la ley. El libro plantea que, pese a esas transformaciones, el trato social y político siguió siendo deficiente.

Turner, profesor de la Universidad de Swansea, reconcilia esas dos líneas al mostrar que las personas discapacitadas impugnaron esas condiciones en cada etapa. La publicación resume esa idea como una historia de derechos y dignidad arrancados en circunstancias adversas, más que otorgados desde arriba.

La panorámica histórica se organiza a partir de figuras concretas. Una de ellas es Duncan Campbell, un aristócrata que a comienzos del siglo XVIII se convirtió en una sensación como vidente sordo y aprovechó el mito y el rumor en torno de su discapacidad para aumentar su fama y su credibilidad en una época en la que la sordera se asociaba con la infancia y con la incapacidad de educarse.

Dos siglos después aparece May Billinghurst, conocida como la “sufragista lisiada”, que utilizó un triciclo adaptado de propulsión manual para atravesar líneas policiales y participar en actos de desobediencia civil. Más adelante, el libro recupera a Megan du Boisson, ama de casa de la década de 1960, que hizo campaña por las primeras prestaciones por discapacidad concedidas únicamente por el grado de deficiencia, cuando los programas existentes solo cubrían a quienes habían resultado heridos en el trabajo o en la guerra y dejaban afuera a casi todas las mujeres discapacitadas.

Lo que une a esas trayectorias no es solo la resistencia frente a limitaciones materiales impuestas por la sociedad, sino también el rechazo a los supuestos que acompañaban esas barreras. El resultado es una imagen acumulativa de una comunidad definida por ingenio, determinación y tenacidad, en lugar de la idea de una minoría pasiva y sometida.

Ese enfoque puede resultar novedoso para muchos lectores sin discapacidad, mientras que para integrantes de esa comunidad ofrece una continuidad reconocible entre personas separadas por cientos de años. El diario destaca que esa comprensión de la discapacidad aparece formulada con claridad para un público general.

Una de las pruebas de la desvalorización de la historia y del activismo por la discapacidad es que casi ninguna de las figuras del libro forma parte del conocimiento común. Billinghurst, por ejemplo, merecería ser mencionada junto a las Pankhurst.

La misma omisión alcanza a Vic Finkelstein, activista antiapartheid que trasladó al movimiento británico por los derechos de la discapacidad aprendizajes adquiridos en Sudáfrica. Fue él quien, a comienzos de los años 70, formuló por primera vez lo que después se conocería como el modelo social de la discapacidad, una idea que abrió el camino a un activismo que fue más allá de la demanda de mejores ayudas económicas.

El libro también rescata al parlamentario del siglo XVIII William Hay, a quien Turner describe como la primera persona que escribió sobre la discapacidad como identidad personal. A esa lista se suman Barbara Lisicki y Alan Holdsworth, la pareja punk que impulsó la campaña exitosa de las décadas de 1980 y 1990 por la primera ley integral británica de derechos para las personas discapacitadas.

Todos ellos libraron disputas abiertas contra gobiernos y sociedades que preferían su silencio. La obra de Turner presenta esa secuencia como una refutación de otra idea arraigada: la de las personas discapacitadas como receptoras pasivas tanto de la discriminación como de la ayuda.

El argumento final del libro es más amplio que una historia de agravios. Sostiene que las personas discapacitadas siempre resistieron y siempre pelearon por mejorar sus condiciones.

La Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc) abrió inscripciones para 216 vacantes en modalidad ascenso como parte del proceso de selección Empresas Sociales del Estado 2, dirigido a funcionarios de 98 entidades de salud que buscan avanzar profesionalmente en el sector público.

Desde el 18 hasta el 25 de junio, la Cnsc habilitó la etapa de inscripciones para 216 vacantes de ascenso, dirigidas exclusivamente a empleados públicos de las entidades participantes en el concurso de méritos. La convocatoria forma parte de un proceso mayor que ofrece más de 3.000 vacantes —en modalidades de ingreso y ascenso— distribuidas en 21 departamentos, 105 municipios y Bogotá, con el objetivo de fortalecer el personal y la gestión en las Empresas Sociales del Estado (ESE) del país.

Niveles y distribución de las vacantes de ascenso

Las vacantes de ascenso están categorizadas en tres niveles jerárquicos: profesional (123 plazas), técnico (37) y asistencial (56), sumando un total de 216 oportunidades para el desarrollo de carrera dentro del sector salud público. La convocatoria permite a los funcionarios actuales postularse a cargos superiores o de mayor responsabilidad dentro de la entidad en la que ya laboran.

El proceso incluye empleos con y sin experiencia previa en distintas áreas, lo que amplía el espectro de posibilidades para quienes aspiran a un crecimiento laboral sin cambiar de institución. Cada vacante está vinculada a una Oferta Pública de Empleo de Carrera (OPEC), donde se detallan los requisitos específicos, el perfil profesional y la ubicación del cargo.

Proceso de inscripción y costos ajustados al salario mínimo

Para inscribirse, los aspirantes deben consultar el acuerdo y anexo del proceso en la web oficial de la Cnsc (https://www.cnsc.gov.co/convocatorias/empresas-sociales-del-estado-2) y realizar el registro a través del sistema Simo (https://simo.cnsc.gov.co/). El usuario debe identificar el número de Opec que corresponde al cargo de interés, revisar el manual de funciones y los requisitos, y proceder con el pago de los derechos de participación.

Para 2026, el valor de inscripción determinado por la Cnsc, ajustado según el Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, es de $58.400 para los niveles técnico y asistencial, y $87.550 para los niveles profesionales y superiores. Este ajuste responde al incremento del salario mínimo legal mensual, que desde enero de 2026 se ubica en $1.750.905, asegurando que los costos de los procesos de selección sean proporcionales a la realidad económica del país.

El pago puede realizarse en sucursales de Bancolombia, corresponsales bancarios, o mediante los botones PSE y Bancolombia habilitados en la plataforma. Una vez realizado el pago, el aspirante debe formalizar su inscripción completando el formulario en Simo verificando toda la información antes de aceptar.

El cobro de derechos de participación está sustentado en el artículo 9 de la Ley 1033 de 2006, que establece el pago por parte de los aspirantes —equivalente a uno o uno y medio salarios mínimos diarios según el nivel del cargo— para cubrir los gastos del proceso de selección. Si el valor recaudado no cubre la totalidad de los costos, la entidad que requiere el cargo asume la diferencia.

La Resolución No. 562 del 19 de enero de 2026 fijó los valores de inscripción vigentes, buscando garantizar la sostenibilidad financiera del concurso y la transparencia en la provisión de empleos públicos. El objetivo del proceso Empresas Sociales del Estado 2 es fortalecer el talento humano en el sector salud mediante un sistema de méritos, promoviendo la estabilidad, el desarrollo y la profesionalización de los funcionarios públicos en Colombia.

Inclusión de personas con discapacidad en el concurso de ascenso

En cumplimiento de la Ley 2418 de 2024, la Cnsc reservó el 7% de las vacantes para empleados en condición de discapacidad. Dentro de la modalidad de ascenso, esto se traduce en cuatro vacantes: una en el nivel técnico y tres en el asistencial, dirigidas a funcionarios de carrera administrativa que acrediten su condición mediante certificado vigente.

Para postularse a estas vacantes reservadas, los aspirantes deben crear o actualizar su usuario en SIMO, consultar la oferta de empleos con reserva para personas con discapacidad, y cargar el certificado correspondiente.

Es clave verificar si la vacante exige una categoría específica de discapacidad y asegurarse de cumplir con los requisitos. Una vez cargado el documento, los candidatos en condición de discapacidad están exentos del pago de derechos de participación, siempre que hayan acreditado debidamente su situación.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado este lunes la V convocatoria de las ayudas del Programa Reina Letizia para la Inclusión, destinadas a estudiantes con discapacidad en diferentes fases formativas. Se trata de una subvención de hasta 10.000 euros por persona destinadas a asegurar los apoyos necesarios para su proyecto formativo en condiciones de igualdad.

En esta nueva edición, el programa contará con una financiación de 5,2 millones de euros y se ha previsto una dotación adicional de 1,8 millones con cargo a los presupuestos prorrogados de 2023, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) este lunes.

El plazo para solicitar las ayudas comenzará este martes y estará disponible durante un mes, hasta el próximo 23 de julio. Estas subvenciones se dirigen a sufragar los gastos que hayan tenido las personas con discapacidad en su desarrollo formativo en el curso 2025-2026.

Estas ayudas permiten disponer de asistentes personales o personal de apoyo, intérpretes de lengua de signos, guías intérpretes para personas sordociegas o productos de apoyo necesarios para la mejora educativa de las personas con discapacidad.

Además, las subvenciones cubrirán servicios de fisioterapia, logopedia y otros refuerzos educativos o de autonomía, necesarios para que las personas con discapacidad tengan un desarrollo formativo más saludable y que atienda a sus necesidades terapéuticas.

Quién puede beneficiarse de las ayudas del Programa Reina Letizia para la Inclusión

Podrán beneficiarse de estas ayudas las personas con nacionalidad española o residencia legal en España que tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 33%, así como aquellas con capacidad intelectual límite incluidas en medidas de acción positiva para el acceso al empleo.

Estas personas deben cursar estudios en enseñanzas postobligatorias y superiores universitarias y no universitarias en el sistema educativo español. Incluye Bachillerato, Formación Profesional, enseñanzas artísticas, enseñanzas deportivas, estudios de idiomas y cursos de preparación para las pruebas de acceso a FP.

El programa también se dirige a aquellas personas que realicen estudios en universidades, cursos impartidos por organizaciones sociales y cursos de preparación de oposiciones para el acceso al empleo público.

Asimismo, la convocatoria favorecerá el acceso de grupos con “mayores dificultades”, como las mujeres con discapacidad —especialmente las víctimas de violencia machista—, quienes viven en entornos rurales, con capacidad intelectual límite, con grandes necesidades de apoyo, personas con trastorno del espectro del autismo y afectadas por polio o síndrome pospolio.

Cómo solicitar las subvenciones para estudiantes con discapacidad

Las ayudas para estudiantes con discapacidad se podrán solicitar desde este martes por varias vías. Según el Real Patronato sobre Discapacidad, la “opción preferente” es la sede electrónica del Ministerio de Derechos Sociales, donde se puede rellenar y envíar directamente el formulario.

También se pueden presentar a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado, en cualquier oficina de registro de las administraciones públicas, o mediante el servicio ORVE en oficinas de Correos, que permite enviar la documentación de forma digital a la Administración.

En todos los casos, la solicitud debe dirigirse al Real Patronato sobre Discapacidad (DIR3: EA0042662) e indicar en el asunto “PRLI-V” junto con el nombre y DNI de la persona solicitante o beneficiaria.

Largas filas se formaron este viernes en oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de todo el país —incluidas las ubicadas en las terminales ferroviarias de Retiro y Constitución, en la Ciudad de Buenos Aires— tras la entrada en vigencia de un nuevo sistema que permite a las personas con discapacidad viajar sin costo en colectivos y trenes de jurisdicción nacional a través de la tarjeta SUBE, sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) físico en cada viaje. Aunque el trámite de vinculación se realiza de forma online, la plataforma registró intermitencias y caídas en los últimos días, lo que llevó a numerosos usuarios y sus familias a acercarse en persona para hacer consultas o gestionar el beneficio. La desinformación hizo creer que las personas perderían el beneficio si ese día no tenían asociado el CUD a la tarjeta SUBE. Ante una consulta de este medio, desde el Ministerio de Salud de la Nación y desde el Ministerio de Transporte aclararon que “las personas con discapacidad pueden continuar viajando sin costo en el transporte público mediante la presentación de su Certificado Único de Discapacidad (CUD) físico, que mantiene plena vigencia”. Esa disposición figura en la cláusula quinta del convenio firmado entre las autoridades de Salud y Transporte.

La desesperación de muchos usuarios con CUD que utilizan el transporte público se suscitó también porque choferes de líneas de colectivos no aceptaban el certificado físico y exigían que estuviese asociado a la SUBE, una conducta incorrecta por parte de los responsables de las unidades. La propia Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP) emitió un comunicado en el que reforzó el mensaje a sus choferes: nadie pierde el beneficio de viajar de manera gratuita por ninguna de las dos vías. “Los conductores deben aceptar tanto el CUD físico como la acreditación del beneficio a través de una tarjeta SUBE asociada”.

La nueva medida

La medida, impulsada por el Gobierno Nacional a partir del trabajo articulado entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y Nación Servicios S.A. (NSSA), tiene como objetivo simplificar el acceso al beneficio, resguardar la información personal de los usuarios y reducir el uso de documentación más expuesta al fraude. La implementación es gradual y arranca por los colectivos de jurisdicción nacional y los servicios ferroviarios, con proyección de extenderse al resto del país.

Ante una consulta de Infobae, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Transporte subrayaron que el nuevo mecanismo no reemplaza al sistema vigente: el CUD físico mantiene plena validez, sin fecha de vencimiento para su uso en el transporte público. “Las personas con discapacidad pueden seguir utilizando el CUD físico para viajar en transporte público”, precisaron desde ambos organismos.

La saturación del sitio web generó confusión entre los beneficiarios. Varios usuarios con CUD y sus familias relataron que la página para vincular la tarjeta SUBE al certificado estaba colapsada, con demoras o directamente inaccesible. Esa situación derivó en la concurrencia masiva a las agencias de la ANSES, que desbordó la capacidad de atención habitual en algunas sedes, en particular las instaladas dentro de las terminales ferroviarias porteñas.

La Secretaría de Transporte también emitió un comunicado en el mismo sentido: “La incorporación de la SUBE asociada al CUD tiene como objetivo ampliar las alternativas disponibles para acceder al beneficio, sin afectar ni restringir derechos ya reconocidos”. El organismo advirtió que cualquier conducta que implique negar el 100% de descuento en el viaje podrá dar lugar a las sanciones correspondientes.

El marco legal de esta nueva modalidad surge de un convenio específico firmado el 4 de junio de 2026 entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Transporte y NSSA. El documento, identificado como CONVE-2026-55502628-APN-ST#MEC, establece en su Cláusula Quinta que “hasta tanto se realicen las adecuaciones normativas pertinentes, coexistirá el beneficio de gratuidad tanto mediante la utilización del Certificado Único de Discapacidad (CUD) como a través de la Tarjeta SUBE, a fin de garantizar la continuidad del acceso al beneficio sin interrupciones”. El convenio fue suscripto por el Dr. Alejandro Alberto Vilches, titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad; Paula María Bibini, presidenta de Nación Servicios S.A.; y Mariano Ignacio Plencovich, secretario de Transporte.

Desde el Gobierno se aclaró que no existe plazo de vencimiento para realizar el trámite de vinculación, con el fin de evitar aglomeraciones innecesarias en las oficinas de atención.

Cómo vincular la SUBE al CUD

Según explican los dos ministerios en sus páginas web, quienes deseen adoptar la nueva modalidad deben registrar su tarjeta SUBE a su nombre en el sitio oficial del sistema e ingresar a la sección “Beneficios” para cargar el número de CUD, compuesto por diez dígitos.

Una vez completado ese paso, el beneficio se activa mediante alguna de estas opciones: apoyar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE; usar la aplicación SUBE —disponible para dispositivos Android 6 o superior con tecnología NFC—, seleccionar “Acreditá o consultá saldo”, luego “Ver Saldo” y apoyar la tarjeta en la parte trasera del celular; o activar el beneficio en las validadoras de los colectivos, informando al conductor que se desea realizar la activación. En los casos en que el CUD habilite el viaje con acompañante, la misma tarjeta SUBE podrá utilizarse para dos viajes sin costo.

Cómo denunciar incumplimientos

Ante cualquier irregularidad —negativa a reconocer el beneficio, intento de cobro del pasaje o desconocimiento del CUD físico—, los usuarios pueden presentar una denuncia ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) a través de los siguientes canales:

• Línea gratuita: 0800-333-0300 (lunes a viernes de 8 a 20 h)
• Online: argentina.gob.ar/transporte/cnrt
• Atención presencial: sede central en Maipú 88, CABA (lunes a viernes de 9 a 15 h) y delegaciones regionales en todo el país

Desde Transporte aclararon a este medio que: “Para la denuncia se requiere informar la línea de colectivo, el número de interno o dominio de la unidad, la fecha y el lugar del hecho. También se puede adjuntar fotografías u otra documentación de respaldo”.

El regreso a las aulas de Antenor Yarihuamán Campos, un padre de familia de 62 años con una discapacidad física severa, marca un ejemplo de perseverancia y transformación personal. Antenor enfrenta una espondilitis anquilosante, enfermedad que limita la movilidad de sus articulaciones, pero esa condición no le ha impedido avanzar en su formación académica. Actualmente cursa el quinto ciclo de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), tras haber ingresado a los 60 años gracias al apoyo de la Beca Inclusión del Pronabec.

Según información recabada por Infobae, Antenor Yarihuamán Campos reside con su familia en Chanchamayo, en la región de Junín, y cada semana recorre más de 300 kilómetros hasta la capital peruana. El trayecto en autobús desde la Selva Central a Lima se repite puntualmente, ya que la presencialidad es fundamental para su carrera. El apoyo del Pronabec le permite cubrir gastos de alimentación, materiales de estudio, transporte y alojamiento, factores que considera determinantes para sostener su sueño universitario. “Sin la beca yo no estaría aquí, porque estudiar es costoso para mí”, explica Antenor.

El impulso familiar y el desafío académico

El inicio de esta etapa se remonta a marzo de 2024, cuando Julián, hijo mayor de Antenor, lo animó a postular a la universidad, alentando un deseo largamente postergado por las exigencias laborales y familiares. El interés por la lectura y la información acompañó siempre al estudiante, quien sostiene: “La universidad no solo representa obtener un título profesional, sino también me permite seguir enriqueciéndome como persona”. El diagnóstico de espondilitis anquilosante implica dolor crónico y limitaciones diarias, pero no ha frenado su ánimo por el aprendizaje.

El caso de Antenor Yarihuamán Campos ha generado impacto en la comunidad universitaria. Docentes de la Facultad de Derecho de la UNMSM consideran que su presencia promueve reflexión entre los estudiantes más jóvenes. “Su situación implica retos mucho mayores, pero aun así mantiene una enorme voluntad para seguir avanzando”, indican autoridades académicas a Infobae.

Un modelo de inclusión y superación

De acuerdo con los registros del Pronabec, la Beca Inclusión busca garantizar el acceso y la permanencia de personas en situación de vulnerabilidad, cubriendo tanto gastos académicos como necesidades básicas. En el caso de Antenor, el beneficio abarca el alquiler de una habitación en Lima, la alimentación diaria y el transporte periódico desde su ciudad natal. El programa tiene como objetivo evitar que factores económicos o de salud sean obstáculo para la formación profesional.

A pesar de los desafíos físicos, Antenor Yarihuamán Campos mantiene el optimismo y la disciplina. “Es increíble lo rápido que ha pasado el tiempo. Ya voy cinco ciclos de doce. Voy comprendiendo los temas y avanzando bien. Espero algún día estar en el salón de actos presentando mi tesis. Esa es la visión que me motiva todos los días”, comenta. La experiencia de este padre de familia representa un ejemplo concreto de cómo la educación inclusiva puede transformar vidas y reconfigurar expectativas personales y sociales.

En diálogo con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Shapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Cavassa remarcó que el primer paso es el conocimiento: “Para poder empatizar, quizás hay que poder entender el lugar del otro, es más fácil cuando yo entiendo lo que le pasa al otro”.

La especialista detalló que la diversidad es inherente a la sociedad y que “hay que hacer un esfuerzo para convivir”.

El autismo, la modulación sensorial y la importancia del entorno

Cavassa subrayó que la hipersensibilidad es parte de la condición: “Tenemos mil estímulos en forma continua, un input que entra auditivo, táctil, las etiquetas, el pelo, los alimentos, texturas, olores, colores, y uno tiene que ir apropiándose para que esos no intervengan en mi día a día”.

Explicó que, mientras la mayoría de las personas van aprendiendo a convivir con esos estímulos, en el autismo esto puede resultar desafiante.

La especialista enfatizó que cada niño o adulto encuentra diferentes mecanismos de regulación. “Hay chicos que necesitan un juguetito, tocar algo, o en este caso escuchar música. Eso los calma”, señaló.

Cavassa aclaró que muchas veces desde el entorno escolar se malinterpreta el uso de estos objetos como una distracción, cuando en realidad cumplen una función de autorregulación.

Sobre el abordaje cotidiano, afirmó: “Hay terapias específicas, como la terapia ocupacional, que trabajan y van enseñando al chico a incorporar gradualmente texturas y alimentos”.

También se mencionó herramientas, hoy existen mordillos, pelotitas, objetos que ayudan a regularse. Incluso las pelotitas de tenis en las patas de las sillas en los colegios, para amortiguar el ruido, pueden marcar una diferencia.

Desafíos para las familias y el rol de la sociedad

Al analizar el episodio disparador, Cavassa agregó que, aunque la ley contempla ciertos derechos, la realidad muchas veces es otra: “Las obras sociales, el que tiene la posibilidad de tener una prepaga, un transporte adecuado… muchas veces eso no se cumple”.

La neuróloga resaltó la necesidad de cambiar el foco: “Lo que tenemos que buscar es que todos puedan viajar. Si la madre tiene la posibilidad de un transporte privado, ni hablar. Pero ¿qué más quiere la madre que eso?”. Criticó la tendencia social a excluir antes que a comprender, y propuso: “Quizás el chofer no tiene que hacer mucho, simplemente entender que el nene lo necesita y consultarle a la madre. Si no puede ponerse auriculares, hay que entenderlo”.

El código de transporte porteño prohíbe esto ese audio. pero en el programa se mencionó que las leyes hay que aplicarlas con lógica y el código porteño no está por encima de una ley nacional, y la ley 27.043 habla de inclusión.

Convivencia, empatía y pequeños cambios que hacen la diferencia

Cavassa analizó que el episodio del colectivo es reflejo de una situación: “Esto pasa todos los días. El chico llega llorando al consultorio porque no le dejaron el asiento prioritario. Es caótico. Esto se viralizó, pero es del día a día”. Señaló que la percepción general asocia el asiento prioritario a la discapacidad motora, y propuso ampliar la mirada: “Hay que entender que no todos nos podemos comportar de la misma forma”.

Entre los consejos para la convivencia, Cavassa fue clara: “No es un berrinche, no es un capricho. Es algo que el niño no está logrando controlar. Entonces, acercarse, darle el asiento, preguntar si quiere bajar para regularse y volver a subir, o simplemente no molestar, ya es mucho”.

Para el ámbito escolar, mencionó experiencias sencillas y replicables: “He visto escuelas muy chiquitas que hacen un rincón de calma o sensorial, que con dos o tres cositas le da un espacio al chico para que se regule, sea con autismo, TDAH o un niño neurotípico que ese día lo necesita”.

Cavassa afirmó: “Si uno conoce las características de distintas condiciones, es más fácil. Todos los cuidadores, maestras, ni hablar. La clave es no molestar y, si se puede, ayudar”.

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Desde el 19 de junio, las personas con discapacidad tendrán acceso a pasajes gratuitos en colectivos nacionales y trenes utilizando la tarjeta SUBE, sin necesidad de exhibir el Certificado Único de Discapacidad (CUD). La Secretaría de Transporte de la Nación implementó esta modalidad al vincular el CUD con la tarjeta SUBE registrada a nombre del beneficiario.

Según lo informado por la secretaría, la medida busca “simplificar el acceso a este beneficio, resguardando la información personal de los usuarios y minimizando el uso de documentación más propensa al fraude”. El propósito es facilitar los viajes tanto para quienes tienen discapacidad como para los trabajadores del sector. Para acceder, es requisito asociar el CUD a una SUBE registrada.

Este sistema no reemplaza el esquema anterior, sino que funcionará en paralelo. Quienes prefieran seguir presentando el CUD en formato físico podrán continuar haciéndolo. La SUBE, de esta manera, se suma como una opción adicional para el viaje sin cargo en transporte nacional.

La puesta en marcha será paulatina y coordinada, iniciando por los colectivos de jurisdicción nacional y trenes, y con el objetivo de extenderse a todo el territorio. El desarrollo de esta modalidad contó con el aporte conjunto del Ministerio de Salud, la Secretaría de Transporte y el sistema SUBE.

Cómo acceder al descuento del 100%

El trámite para obtener el beneficio consiste en registrar la SUBE y asociarla al CUD desde el sitio oficial www.argentina.gob.ar/SUBE. Esta posibilidad estará habilitada desde el martes 16 de junio y no existe una fecha límite para adherirse. Una vez registrada la tarjeta, se debe ingresar a la cuenta personal, elegir la sección “Beneficios” y cargar el número de CUD, compuesto por diez dígitos.

La activación del beneficio podrá realizarse de tres maneras:

• Apoyando la tarjeta en una Terminal Automática SUBE.
• A través de la aplicación SUBE, seleccionando “Acreditá o consultá saldo”, luego “Ver Saldo” y apoyando la tarjeta en la parte posterior del celular (solo para Android 6 o superior con NFC).
• En colectivos nacionales, informando al conductor que se desea activar el beneficio y apoyando la tarjeta en la validadora.

Para colectivos de jurisdicción nacional, es necesario avisar el destino antes de apoyar la tarjeta hasta confirmar la operación. En trenes, se debe apoyar la SUBE en el molinete tanto al iniciar como al concluir el viaje.

Si la persona viaja con acompañante, ambos pasajes deben registrarse siguiendo el mismo procedimiento. El descuento del 100% se asocia a la tarjeta SUBE de la persona con discapacidad.

Para consultas, se puede ingresar al sitio web de la Secretaría Nacional de Discapacidad o llamar al 0800-555-3472, de lunes a viernes entre las 8 y las 18. Las preguntas frecuentes estarán publicadas en la misma página.

Líneas de colectivos y trenes donde funcionará

Las líneas de colectivos de jurisdicción nacional en las que podrá utilizarse el nuevo sistema son: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163,164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195, 19, línea 902 y 904 (Chaco - Corrientes), 906 y 907 (Santa Fe - Entre Ríos), 908 (Río Negro - Buenos Aires), 910 y 915 (Santa Fe - Buenos Aires), 911 y 914 (Río Negro - Neuquén), 912 (Misiones - Corrientes) y 916 (Córdoba - San Luis).

En relación a los trenes, el nuevo mecanismo funcionará en la líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza, Tren de la Costa y tren del Valle en Neuquén.

Mía tiene tan solo tres años y no puede andar. Encontrar una silla de ruedas para su edad y tamaño era una misión complicada: todas eran demasiado altas como para poder jugar con niños de su edad y demasiado grandes y pesadas para que pudiera moverlas de forma independiente. Así que Guillermo Gauna-Vivas se propuso desarrollar una a su medida.

Así nació el nuevo proyecto de la ONG española Ayúdame3D. Especializada en diseño social, la organización crea con impresoras 3D sillas de ruedas adaptadas y personalizadas para niños pequeños en España. “Empezamos hace nueve años diseñando prótesis de brazos, manos, piernas... y vimos que, desde América, creaban sillas de ruedas modulares que se imprimían en 3D”, explica el CEO de la organización a Infobae.

En colaboración con el equipo de Terapia Ocupacional del Hospital Universitario Gregorio Marañón, los voluntarios de Ayúdame3D diseñaron sus propias sillas, personalizadas para cualquier niño que la necesite.

Una silla de ruedas gratuita

El proceso para las familias es sencillo: los padres se apuntan en una página web llamada 3d-mobility.org y especifican la edad y gustos del pequeño. A partir de ahí, “cualquier persona del mundo con una impresora 3D podría fabricarla”, asegura Gauna-Vivas.

Los voluntarios de Ayúdame 3D las adaptan personalmente a cada solicitante. “Si a tu hijo le gustan los dragones, el fútbol, las princesas o los unicornios, nosotros vamos a crear esa silla gamificada y perfecta para ellos”, dice. En el caso de Mía, la niña recibió una niña rosa y morada, adaptada a su tamaño y decorada con imágenes de la película de Enredados.

Estas particularidades suponen, en primer lugar, una ayuda psicológica para los niños, que ya no sienten que llevan una silla de ruedas al uso, sino “un objeto bonito”. Les pone, además, a la altura de los ojos de sus compañeros de clase. “Si un niño está muy alto, nunca va a poder tener una conversación fluida con alguien de su edad. Eso va a hacer que tenga menos amigos, que pueda comunicarse peor y, al final, eso influye muy negativamente en su crecimiento”, explica Gaunas-Vivas. Sus sillas de ruedas vienen a solucionar justamente este problema: “Les pone a la altura de sus colegas, de sus amiguitos de clase y así se les facilita este desarrollo”, indica.

Además, les otorga autonomía de movimiento. “Las sillas de ruedas para niños, normalmente, las tiene que desplazar externamente un adulto. Estas, en cambio, le dan una total libertad para que puedan moverse solos hacia la cocina, su habitación, hacia todos lados. Es un avance increíble”, valora Gauna-Vivas.

Crear estas sillas no es especialmente barato, pero se ofrecen totalmente gratis a las familias. Para financiar su trabajo, Ayúdame3D se apoya en las donaciones de los socios, que explotaron hace poco al compartir en redes sociales un vídeo de este proyecto. Actualmente, hay 700 personas aportando su granito de arena para sacarlo adelante. “Hay gente que dona tres euros al mes. Eso hace que, si 150 personas donan, podamos hacer sillas para los niños que lo necesitan”, indica Gauna-Vivas.

El proyecto tiene en espera 20 solicitudes de niños que necesitan sillas de ruedas. Por el momento, se han entregado cuatro. “Los niños se sienten más seguros, es más fácil moverse para ellos y tienen una silla chulísima, que al final eso hace mucho. Se sienten a gusto con ese empuje emocional. Nosotros seguiremos haciendo todas las que podamos”, concluye.

Después de la crisis que generó por los pliegos judiciales y la conducción -y capital- que dilapidó en la caótica sesión del jueves pasado, la jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, ya tiene a tiro otro tema para exponer aún más a Javier Milei y a su hermana y secretaria de Presidencia, Karina Milei: la marcada demora del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para asistir a la Cámara alta y ofrecer un informe de gestión.

Las visitas del funcionario están reguladas por la propia Constitución, en el artículo 101: “El jefe de Gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno”. Nadie cumplió desde la reforma de la Carta Magna de 1994. Recién en abril lo hizo en Diputados.

Hoy se cumple un mes de la solicitud consumada por el líder del kirchnerismo en el Senado, José Mayans. En aquella ocasión, el formoseño envió -8 de mayo- una misiva a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, para que “fije la fecha” y Adorni “concurra” a dar “cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 101 de la Constitución Nacional”.

Además, en la carta requirió que se notifique “el plazo para la presentación de los requerimientos al Sr. Jefe de Gabinete por parte de los/as señores/as senadores/as”. Es decir, centenares de preguntas para el documento que luego se entrega -con respuestas- a los legisladores y por escrito antes de la exposición en el recinto. Nada de esto ocurrió aún.

El jueves último, Mayans no perdió la chance -frente a Bullrich- y señaló, según consta en la versión taquigráfica: “El jefe de Gabinete de Ministros, que tenía que haber estado acá, en el Parlamento, en mayo, no apareció. No sean cómplices de eso. El jefe de Gabinete de Ministros, en la próxima sesión, tiene que estar acá. Lo que pasa es como Milei dijo que iba a hacer desaparecer el Banco Central e iba a luchar contra la corrupción, imagínense ustedes que su jefe de Gabinete no puede luchar contra la corrupción”.

Al inicio del convite, el cristinista Carlos Linares (Chubut) reclamó, al igual que Bullrich tiempo atrás, por los papeles de Adorni. En ese sentido, aseveró: “Queremos que pase rápido, queremos hablar del mundial -en referencia, al de fútbol-, pero todavía estamos esperando que encuentre su declaración y que la presente, que sea pública, para ver cómo hizo para crecer económicamente este hombre que en sus declaraciones a la prensa de todos los días hablaba de su honestidad“.

La porteña abrió el recinto para esto y ni siquiera pudo aprobar la ley de propiedad privada -los dialoguistas se la desplumaron en comisiones-, que fue aplazada. En principio, la ex candidata a presidenta por el macrismo se juntaría mañana con los jefes aliados para intentar reacomodar el complejo panorama que desataron sus picardías. Esta semana cumple 70 años.

Diferenciación por discapacidad

Mientras la Casa Rosada continúa con la no aplicación de una ley vetada por Milei, pese a haber sido insistida por dos tercios de ambas Cámaras del Congreso, Villarruel firmó un decreto para crear un “Taller de Símbolos Patrios” destinado a “personal con discapacidad que preste servicios” en el Senado, cuya “participación será de carácter voluntario”.

El taller tendrá “por objeto fomentar la elaboración, utilización y difusión de símbolos patrios, elementos ornamentales y recuerdos institucionales en festividades patrias, visitas guiadas, viajes oficiales, actividades institucionales, actos protocolares, culturales, y su exhibición y comercialización en la tienda de presentes institucionales del Organismo”.

La Cámara alta cumple, desde hace muchos años y con diversas administraciones, con la ley que impone un 4% de personal con discapacidad en entes públicos. Según su propia web, hasta agosto de 2025 marcó un 6,07% de empleados.

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos eliminó más de 7.100 puestos, el 13% de su plantilla, en el mayor recorte de su historia reciente. La reducción, anunciada desde febrero de 2025, no detuvo los pagos mensuales, pero amenaza con alargar trámites, apelaciones y la atención al público para 75 millones de beneficiarios y solicitantes que dependen de un sistema ya exigido.

La poda de personal llegó sobre una estructura que ya trabajaba bajo presión. En 2025, cada empleado de la SSA atendía en promedio a 1.480 beneficiarios, más del triple que en 1967, y el tiempo de procesamiento de solicitudes vinculadas con discapacidad había escalado a 231 días, según datos citados por Business Insider, medio especializado en negocios.

El efecto inmediato no se midió en cheques que dejan de emitirse, sino en más fricción para iniciar un beneficio, corregir un pago o sostener una apelación.

Cómo impacta en solicitudes y apelaciones

El impacto se concentró en quienes todavía no cobran. Los pagos de jubilación, SSDI y SSI continuaron sin interrupciones, pero las nuevas solicitudes y las apelaciones quedaron más expuestas a demoras, de acuerdo con exfuncionarios y empleados citados por Business Insider.

Fortune, revista estadounidense de negocios, informó el 2 de junio de 2026 que el recorte se integró a cambios operativos —más servicios digitales y mayor automatización— que modificaron el vínculo cotidiano con los usuarios.

Los solicitantes de discapacidad concentran el mayor atraso

Las solicitudes por discapacidad suelen ser las más sensibles a los recortes porque exigen evaluación médica, verificación de documentación y etapas sucesivas de revisión. En Florida, una decisión inicial sobre un pedido de SSDI (Seguro por Incapacidad del Seguro Social) ya demoraba entre siete y ocho meses. Si la solicitud era rechazada y avanzaba a una apelación, el proceso podía extenderse hasta 18 meses más, según el texto base.

Ese cuello de botella puede profundizarse con la salida de personal. Expertos citados en el texto fuente advirtieron que, con menos empleados, los casos de discapacidad y jubilación tardarán más en resolverse, con impacto directo sobre hogares que quedan sin ingresos mientras esperan una definición.

Sharon Sartori, residente de Carolina del Sur, describió el costo potencial para adultos mayores de bajos ingresos en una declaración a Business Insider: “Si los cheques se retrasan, va a afectar seriamente a los adultos mayores de bajos ingresos: la renta, los medicamentos, la comida”.

Aunque los pagos regulares no se interrumpieron en lo inmediato, el temor de los usuarios apunta a que el atraso administrativo termine empujando gastos básicos hacia la incertidumbre.

Un empleado de la SSA que habló bajo anonimato en el texto fuente subrayó el costo humano de la espera: “Como tardará dos o tres veces más en tramitar estos casos, algunas personas morirán antes de que se tome una decisión”, dijo a Business Insider.

Otra trabajadora de la agencia alertó sobre un efecto adicional: “Los sobrepagos aumentarán drásticamente porque no habrá trabajadores suficientes para llegar a esos casos oportunamente”, según el mismo medio.

Qué hacer si hay demoras y cómo seguir el estado del trámite

Cuando un trámite se retrasa, la SSA recomienda concentrar el seguimiento en los canales oficiales para reducir idas y vueltas y dejar registro de cada paso. El primer movimiento es crear o verificar la cuenta en my Social Security (mi Seguro Social), dentro del sitio ssa.gov, donde se pueden iniciar gestiones y consultar el estado de solicitudes en línea cuando el trámite lo permite.

Si el caso requiere intervención presencial, conviene pedir turno con anticipación, reunir la documentación antes de la cita y conservar copias de formularios, estudios médicos y toda carta recibida. Guardar un archivo con fechas, nombres de interlocutores y número de caso ayuda a sostener reclamos y a evitar que el expediente se reabra por faltantes o inconsistencias.

Para consultas telefónicas, la agencia opera el 800-772-1213, con servicio en español. En un escenario de demoras, el texto fuente sugiere insistir en la trazabilidad: anotar el horario de la llamada, el motivo de la consulta y cualquier indicación recibida, y volver a contactarse si el estado no cambia dentro del plazo indicado por la propia agencia.

Cuando un trámite depende de prueba médica, es clave pedir a los prestadores copias completas y legibles, y enviarlas por los canales indicados para evitar que la falta de un documento detenga la evaluación. Para apelaciones, conservar el acuse de recibo y la documentación de respaldo resulta determinante si luego se necesita acreditar que el material fue presentado en tiempo y forma.

Cierres de oficinas y atención remota: una barrera adicional

La reducción de personal se combinó con cambios en la red de atención. En Nueva York, la SSA cerró de forma permanente su oficina de audiencias en White Plains, la única clausura confirmada en ese estado hasta ahora, según el texto base. En paralelo, las oficinas de Olean, Dunkirk y Corning operaron de manera intermitente solo por teléfono, sin atención presencial.

DOGE identificó 47 contratos de arrendamiento de oficinas de la SSA para cancelación. Esa decisión puede derivar en nuevos cierres o reubicaciones, de acuerdo con el texto fuente, con impacto directo en usuarios que necesitan presentar documentación, seguir expedientes o pedir una corrección de manera presencial.

La iniciativa se enmarcó en el programa DOGE del presidente Donald Trump para reducir personal de la administración pública federal. La justificación oficial citada en el texto fuente fue que los tiempos de espera telefónica mejoraron de 20 a 7 minutos entre marzo de 2025 y marzo de 2026.

Esa mejora no despejó las dudas sobre el resto de los servicios que requieren intervención humana y seguimiento caso por caso.

En junio de 2025, la SSA eliminó de su sitio web los datos de procesamiento de solicitudes de discapacidad, lo que limitó una verificación independiente sobre la evolución de esos plazos, según el texto base.

Fortune consignó también que la agencia redujo o reordenó la publicación de métricas de servicio al cliente, un punto para evaluar si los cambios se tradujeron en mejoras sostenidas o si los atrasos se trasladaron a otras etapas del trámite.

El impacto sobre la comunidad hispana

La baja de la atención en persona afecta a la comunidad hispana, que con frecuencia necesita resolver gestiones de forma presencial por barreras de idioma o por dificultades de acceso digital. Para ese grupo, menos oficinas abiertas implica más complejidad para presentar documentos, hacer consultas y sostener el seguimiento de un trámite que suele depender de interacciones repetidas con la administración.

Qué cambia para quienes ya cobran y para quienes todavía esperan

Para los beneficiarios actuales, el punto central es que los pagos siguen saliendo. Quienes ya reciben jubilación, SSDI o SSI no afrontan una interrupción inmediata en sus cheques. Según el texto fuente, el monto promedio del SSDI en 2026 fue de USD 1.634 mensuales.

La situación es distinta para quienes están por ingresar al sistema. Ellos son, según el texto base, los más expuestos a una cadena de demoras que puede dejar ingresos en suspenso durante meses mientras esperan una aprobación, una reconsideración o una audiencia.

El texto también aclaró que los inmigrantes con historial laboral legal que acumularon créditos del Seguro Social conservan su derecho a beneficios. En 2026 se requirieron 40 créditos para acceder a la jubilación, y cada crédito equivale a USD 1.890 en ganancias cotizadas.

En el centro de astronautas de la Agencia Espacial Europea (ESA) en Alemania, el británico John McFall se prepara para convertirse en el primer astronauta con discapacidad física en vivir en órbita. La misión, prevista para 2027, forma parte de un acuerdo entre la Agencia Espacial del Reino Unido y la empresa emergente estadounidense Vast, que construye la estación espacial Haven-1.

Poco después de la firma del acuerdo, la iniciativa recibió apoyo desde distintos sectores científicos y gubernamentales. Según The Guardian, diario británico, la misión contempla una estancia de dos semanas en la estación Haven-1, desarrollada por Vast en California. El proyecto busca reunir a cuatro astronautas en un entorno equipado con laboratorio de microgravedad y una ventana para observar la Tierra.

De acuerdo con el mismo medio, la Agencia Espacial del Reino Unido trabajará junto a la empresa emergente para asegurar patrocinios que financien el viaje del exdeportista. El traslado a la estación se realizaría en una cápsula Crew Dragon de SpaceX, utilizando un cohete Falcon 9. Como alternativa, el plan contempla una posible misión privada de Vast a la Estación Espacial Internacional (EEI) en 2027.

El perfil de John McFall

En 2008, McFall ganó la medalla de bronce en los 100 metros de los Juegos Paralímpicos de Beijing. 11 años antes, había perdido la pierna derecha en un accidente de motocicleta. Después de su recuperación, se dedicó al atletismo y más tarde se especializó en cirugía ortopédica en el Servicio Nacional de Salud británico (NHS).

En el año 2022, la Agencia Espacial Europea lo seleccionó para el proyecto Fly!, que investiga la viabilidad de que personas con discapacidades físicas participen en misiones espaciales de larga duración. El objetivo es evaluar tanto las condiciones físicas de los astronautas como el desempeño de las prótesis modernas en ambientes de microgravedad.

El desafío científico y social

La misión de McFall va más allá del reto personal. Según The Guardian, su experiencia podría aportar datos sobre la adaptación de las prótesis en el espacio y mejorar el diseño de dispositivos más ligeros y funcionales. Además, el trabajo de investigación abordará afecciones como la osteoporosis y la atrofia muscular, frecuentes durante las estadías prolongadas en órbita.

“Es una oportunidad apasionante. Sacia mi curiosidad por el conocimiento y la ciencia”, dijo en declaraciones citadas por el medio británico. Añadió que ve el proyecto como un desafío personal y un avance social, ya que busca romper prejuicios sobre las capacidades de las personas con discapacidad física.

El precedente para la exploración espacial inclusiva

A nivel institucional, la Agencia Espacial del Reino Unido remarcó que la misión representa un avance hacia la inclusión. La participación de John allana el camino para futuras investigaciones y programas de rehabilitación enfocados en personas amputadas o con movilidad reducida.

La estación espacial Haven-1 ofrecerá un entorno controlado para examinar el impacto de la microgravedad sobre el cuerpo humano y la tecnología de las prótesis. Según Vast, empresa estadounidense, el interior de la estación estará revestido con madera de arce y contará con espacios adaptados para el trabajo científico y la vida cotidiana de los astronautas.

Más allá de la ciencia

El astronauta británico Tim Peake, quien integró la misión Principia de la ESA en 2015-2016, expresó su emoción por el paso que se dará con John McFall: “Es una inspiración para todos aquellos a quienes alguna vez les han dicho que existen límites a lo que pueden lograr”, sostuvo. En paralelo, destacó que el acuerdo firmado marca un hito para los vuelos espaciales tripulados inclusivos.

Su presencia en la misión busca transmitir un mensaje sobre la diversidad y la igualdad de oportunidades en la exploración espacial. El propio exdeportista subrayó: “Estamos diciendo que está bien que las personas con discapacidad sean astronautas. Hemos demostrado que es posible".

La empresa prevé concluir la construcción de Haven-1 antes de 2027. El cronograma contempla pruebas de seguridad, selección de tripulantes y simulacros previos al lanzamiento. La decisión final sobre la participación de McFall dependerá de las evaluaciones médicas y técnicas realizadas por la ESA y la Agencia Espacial del Reino Unido.

Un equipo de científicos de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL) en Suiza está marcando un nuevo rumbo en el diseño de prótesis visuales gracias a avanzados modelos de inteligencia artificial.

Su innovación permite predecir con precisión las zonas del cerebro donde la estimulación puede evocar imágenes concretas, un avance que podría transformar la vida de quienes padecen ceguera total e irreversible.

Este proyecto busca restaurar la visión a un nivel funcional, permitiendo distinguir rostros, casas y objetos cotidianos. Los resultados preliminares demuestran que la tecnología ya ha superado etapas experimentales en modelos animales, abriendo la puerta a futuras aplicaciones en humanos.

Cómo fue el desarrollo del modelo de inteligencia artificial

El núcleo de este avance reside en el trabajo del NeuroAI Lab de la EPFL, dirigido por Martin Schrimpf y Johannes Mehrer. Ante la realidad clínica de millones de personas con déficits visuales irreparables, los investigadores se propusieron superar las limitaciones de las prótesis corticales existentes.

Estas prótesis, que se emplean cuando no es posible intervenir ni la retina ni el nervio óptico, funcionan mediante electrodos implantados directamente en la corteza visual. Hasta ahora, solo lograban proyectar destellos de luz y símbolos básicos, ya que estimular regiones cerebrales de nivel bajo no permitía evocar representaciones complejas.

Para abordar este desafío, el equipo diseñó una red neuronal artificial topográfica. El modelo es capaz de simular diferentes patrones de estimulación en áreas visuales de alto nivel del cerebro, aquellas responsables del procesamiento de objetos complejos y con significado.

Mediante simulaciones computacionales, los científicos pudieron probar combinaciones de imágenes y patrones de estimulación, optimizando así el proceso sin recurrir a largos y costosos experimentos in vivo.

El modelo desarrollado permite seleccionar la mejor combinación entre una imagen específica y el patrón de estimulación necesario para que el cerebro represente ese objeto. Según Schrimpf, el sistema fue “bastante eficiente” al predecir qué patrón producía un efecto fuerte en la conducta visual de los monos en los ensayos realizados en Ámsterdam.

Cómo funciona el modelo y sus capacidades actuales

El proceso implica elegir una imagen y determinar el patrón óptimo de estimulación cerebral para que el sujeto reconozca el objeto representado. En la práctica, los ensayos realizados consistieron en presentar imágenes a monos con visión y, mediante la estimulación cortical guiada por el modelo, distorsionar la percepción original de manera predecible.

De este modo, los investigadores pudieron moldear la percepción de objetos ya presentes ante el ojo del animal, es decir, modificar cómo se representa ese estímulo visual en el cerebro.

Este logro marca la diferencia con los métodos anteriores, que solo permitían evocar símbolos simples y no podían inducir la percepción de objetos complejos, como una casa o un automóvil.

Actualmente, el modelo no permite crear la percepción de un objeto a partir de cero, sino que necesita que haya un estímulo visual inicial. El siguiente paso, según los responsables del proyecto, es lograr que una persona pueda “ver” un objeto significativo incluso cuando sus ojos no proporcionan ninguna imagen utilizable.

El modelo de inteligencia artificial desarrollado por la EPFL trabaja en computadora, simulando cómo distintas zonas del cerebro responden a la estimulación eléctrica. Gracias a este enfoque, se pueden realizar miles de pruebas virtuales en poco tiempo y a bajo costo, lo que acelera el perfeccionamiento de la tecnología antes de trasladarla a ensayos clínicos en humanos.

Qué probabilidades hay de que el modelo llegue a todo el mundo

Las prótesis visuales corticales enfrentan todavía numerosas limitaciones técnicas. Uno de los principales obstáculos es el hardware: se requieren múltiples electrodos para estimular distintas regiones cerebrales simultáneamente, pero la cantidad de electrodos que pueden implantarse en una zona es limitada.

Esto restringe la complejidad de las imágenes que se pueden evocar, y por eso la meta del equipo es optimizar la intervención en regiones visuales de alto nivel, más asociadas a la percepción de objetos completos.

Otro reto es determinar exactamente dónde y cómo estimular estas áreas superiores del cerebro, que procesan información visual compleja pero son menos accesibles y menos comprendidas que las regiones de bajo nivel. El modelo de IA permite superar en parte esta dificultad al identificar patrones de estimulación más efectivos y predecibles.

El trabajo de la EPFL ha sido probado hasta ahora en monos con implantes previos. Aunque los resultados son prometedores, la transición a ensayos en humanos requerirá superar barreras éticas, técnicas y regulatorias. Sin embargo, los investigadores confían en que este enfoque puede sentar las bases para una nueva generación de prótesis visuales.

El objetivo fundamental es que la estimulación cortical guiada por modelos de IA permita a una persona ciega distinguir objetos concretos en su entorno, devolviéndole así una visión con significado y utilidad cotidiana.

“Las mejores y más bellas cosas del mundo no pueden verse ni tocarse, deben sentirse con el corazón”. Helen Keller marcó un antes y un después cuando con su propia vida desafió todos los límites médicos de su época. Le tocó vivir en el silencio y la oscuridad cuando, a los 19 meses, quedó ciega y sorda, a causa de una fiebre muy alta, que los médicos denominaron “congestión aguda del estómago y del cerebro”.

A partir de ese aislamiento, su vida se transformó en una sucesión de logros sin precedentes gracias a la guía de su maestra, Anne Sullivan, quien logró abrir las puertas de su mente a través del alfabeto táctil. Helen aprendió a comunicarse y se convirtió en la primera persona sordociega en graduarse con honores de la Universidad de Harvard. Desarrolló una carrera como escritora con proyección internacional. Pero no se conformó con ser un testimonio de superación sino que asumió un rol político: defendió el voto femenino, militó en el socialismo y denunció las injusticias laborales que causaban discapacidades en las clases obreras.

Ese recorrido y esa voz pública se apagaron el 1 de junio de 1968, cuando murió pacíficamente mientras dormía en su residencia de “Arcan Ridge” en Easton, Connecticut, a los 87 años. Su muerte generó una inmediata conmoción en las redacciones de todo el mundo, que interrumpieron sus transmisiones para despedir a una referente de los derechos humanos y por ser la mujer que otorgó dignidad legal a las personas con discapacidades.

Las sombras de Tuscumbia y el método del agua

Helen Keller nació el 27 de junio de 1880 en Tuscumbia, Alabama. Al llegar al mundo no tuvo complicaciones médicas ni nada que llevara a sus padres, Arthur H. KellerKate Adams, a pensar lo que vendría. Pero, una fiebre muy alta y prolongada la atacó a los 19 meses y perdió por completo la visión y la audición. Durante su primera infancia, careció de un sistema de comunicación estructurado y sus padres debieron enfrentar dificultades ante las crisis de frustración que tenía la niña. Helen manifestaba sus necesidades mediante conductas alteradas. Ante la falta de respuestas médicas locales, la familia inició la búsqueda de especialistas, hasta que llegó a Alexander Graham Bell, quien les recomendó contactar al Instituto Perkins para Ciegos para buscar una tutora.

Así fue como el 3 de marzo de 1887, Anne Sullivan llegó a la residencia de los Keller para encargarse de la educación de Helen. Sullivan, con experiencia personal en discapacidad visual, aplicó un método basado en el alfabeto manual. Deletreaba palabras en la palma de la mano de Helen, asociándolas con objetos del entorno, aunque inicialmente la niña solo imitaba los movimientos sin comprender su significado.

Según Keller, varias veces, el aprendizaje de nuevas palabras reactivaba en su mente imágenes olvidadas, relacionadas con sensaciones previas. En esa época, comenzó a percibir ideas abstractas al comprender que las palabras podían designar también sentimientos. Desde el inicio, la maestra se dirigió a ella como a cualquier otro niño, solo que en vez de pronunciar palabras, las deletreaba en su mano. Cuando Helen no encontraba las palabras adecuadas para expresar sus pensamientos, Anne se las enseñaba.

El siguiente desafío para Helen fue aprender a leer. Una vez logró un deletreo fluido, Sullivan le entregó cartones con letras en relieve para que formara palabras y oraciones cortas. En su autobiografía, la misma Keller contó que, por ejemplo, al encontrar esos cartoncitos con las palabras “la muñeca está en la cama”, dejaba cada palabra sobre el objeto correspondiente. Luego ponía la muñeca en la cama junto a esas palabras. De esa manera, asociaba las ideas con acciones concretas. Luego llegaron las clases de aritmética, zoología y botánica.

Tres meses después de iniciar su formación, Helen ya podía leer y escribir en braille y poco después comenzó a usar el lápiz. Y por las noches leía libros en braille bajo las sábanas de su cama. Ese esmero se tradujo en un cambio notable en su carácter y temperamento. Más tarde aprendió además a leer los labios de las personas con el método Tadoma, que utiliza el tacto y la percepción de las vibraciones y movimientos faciales. El director Michael Anagnos quedó tan sorprendido por el avance de Helen que escribió notas sobre sus progresos. Eso llevó el nombre de Helen a las primeras publicaciones del instituto.

El avance decisivo ocurrió el 5 de abril de ese año en el jardín de la casa. Anne hizo correr agua sobre una mano de Helen y deletreó la palabra “A-G-U-A” en la otra. En ese momento, Helen comprendió la relación entre los signos manuales y los objetos, asimilando el concepto de lenguaje. Ese día, aprendió treinta palabras nuevas y pidió que le enseñase cómo llamar a los objetos de su casa.

El éxito del método demostró que su capacidad cognitiva era apta para el aprendizaje formal. Sullivan asumió el rol de intérprete y educadora permanente, guiando a Keller en un plan de estudios que atrajo la atención de la comunidad científica.

El poder de la palabra escrita

Anne Sullivan acompañó a Helen durante casi cinco décadas y fue clave en su formación. En 1888, ambas se mudaron al Instituto Perkins para Ciegos en Boston, donde Helen convivió con otros niños ciegos y experimentó sus primeras lecciones de historia. A los diez años, Keller conoció a Ragnhild Kåta, una joven sorda y ciega que había aprendido a hablar, lo que la motivó a intentarlo también. Con ayuda del método Tadoma, desarrollado por la profesora Sarah Fuller, Keller logró articular palabras, aunque su pronunciación resultaba difícil de entender.

Ya centrada en su carrera de escritora, en 1891, Helen fue acusada de plagio involuntario tras enviar un cuento inspirado inconscientemente en una historia que había leído años antes. El incidente afectó su relación con el Instituto Perkins, que abandonó en 1892. Décadas después, la institución la perdonó y ella colaboró donando libros en braille y participando en actividades institucionales.

Tras dejar Perkins, Keller continuó su educación con Sullivan y profesores particulares. El crecimiento económico familiar permitió que Helen asistiera a escuelas privadas y contara con docentes especializados en cada area. En 1894, colaboró en la apertura de una escuela para sordos en Nueva York y luego se matriculó en la escuela de señoritas de Cambridge, Massachusetts, donde Sullivan la asistía en las tareas y la lectura.

En 1897, Helen rindió los exámenes para ingresar al Radcliffe College, donde fue admitida tres años después. Llegó a cursar sus estudios universitarios gracias al apoyo financiero del magnate industrial Henry Huttleston Rogers y su esposa, a quienes conoció a través del escritor Mark Twain. Allí, Keller enfrentó nuevos desafíos, esta vez relacionados con el acceso a material en braille y la adaptación a clases numerosas, pero recibió apoyo de los profesores, especialmente en materias como álgebra y geometría.

Durante estos años, Keller comenzó a escribir y publicó su autobiografía, La historia de mi vida, difundida primero en una revista y luego como libro en 1903. La obra obtuvo amplia difusión y fue traducida a decenas de idiomas. En 1904, se graduó con honores, convirtiéndose en la primera persona sordociega en obtener un título universitario. Un años más tarde, se casó con John Macy, destacado crítico literario, escritor, editor y profesor de literatura de la Universidad de Harvard. Gracias a su influencia, Helen profundizó su interés por el socialismo, influida por lecturas de H. G. Wells, Marx y Engels.

Al graduarse, el matrimonio y la maestra Sullivan se mudaron a Forest Hills, donde Helen escribió varios libros y mantuvo contacto con figuras intelectuales internacionales. Se unió al Industrial Workers of the World y participó activamente en causas políticas y sociales. Durante la Primera Guerra Mundial, se opuso al conflicto, cofundó la organización Helen Keller International y colaboró con la creación de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), consolidando su perfil como defensora de los derechos civiles y las libertades individuales.

La defensa de los derechos civiles

En 1909, Helen Keller se afilió al Partido Socialista de América, desde donde escribió sobre la relación entre la economía y las condiciones de salud de la población. Sostenía que enfermedades causantes de ceguera y sordera estaban relacionadas con la pobreza y la falta de regulaciones sanitarias en los entornos industriales.

Más adelante, se unió al sindicato Industrial Workers of the World, donde escribió entre 1916 y 1918. Durante este período, promovió el sufragio femenino, los derechos laborales, el socialismo y otras causas vinculadas a la izquierda política. Keller respondía a las críticas mediante cartas abiertas y artículos, en los que señalaba que la prensa valoraba su intelecto solo cuando se limitaba a relatos personales, pero lo cuestionaba al abordar cuestiones estructurales.

En 1920, cofundó la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), organización en la que se mantuvo activa y desde la cual representó internacionalmente a la Fundación Americana para los Ciegos. Su gestión favoreció la recaudación de fondos para escuelas técnicas, la impresión de material en Braille y la promulgación de leyes de inserción laboral en distintos estados.

En 1924, Keller decidió apartarse de la militancia política y concentró sus esfuerzos en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, realizando giras internacionales de conferencias hasta 1957.

Tras la muerte de Anne Sullivan en 1936, continuó su labor social en 35 países, asesorando a jefes de Estado en el diseño de políticas inclusivas. Al momento de su fallecimiento, su trabajo había contribuido a transformar los marcos legales de asistencia social y a establecer pautas para los derechos civiles contemporáneos.

En reconocimiento a su trayectoria, el presidente Lyndon Johnson le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad en 1964. Desde 1980, por disposición de Jimmy Carter, el aniversario de su nacimiento se conmemora como el Día de Helen Keller en Estados Unidos.

En Honduras, las personas con discapacidad siguen enfrentando exclusión y barreras para ejercer sus derechos, pese a que el país ratificó en 2008 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Según el texto, este grupo representa alrededor del 15% de la población y aún encuentra obstáculos en educación, salud, empleo y participación.

La falta de accesibilidad, la escasa implementación de políticas públicas, los retrasos en reformas legales y la ausencia de mecanismos de supervisión mantienen a este sector en condiciones que afectan su desarrollo personal, educativo, laboral y social.

Diversos sectores sostienen que el principal problema no es la ausencia de leyes o compromisos internacionales, sino la falta de acciones concretas para convertir esos instrumentos en beneficios reales para las personas con discapacidad y sus familias.

Entre los principales desafíos figuran las dificultades para acceder a centros educativos inclusivos, servicios de salud adaptados, oportunidades laborales y espacios públicos accesibles.

Uno de los ejemplos más visibles es el retraso en la actualización de la legislación sobre discapacidad, una demanda que organizaciones y familias impulsan desde hace más de una década.

Esta situación ha obligado a numerosas familias a asumir costos económicos y responsabilidades que deberían estar respaldados por políticas públicas integrales.

Organizaciones exigen respeto

La directora de la Federación Nacional de Madres, Padres y Familias de Personas con Discapacidad de Honduras (FENAPAPEDISH), Rosa Raudales, ha insistido en distintos espacios públicos en que la discapacidad debe dejar de verse como un tema aislado y convertirse en una prioridad nacional vinculada a los derechos humanos y al desarrollo del país.

Raudales ha señalado que "La inclusión beneficia a toda la sociedad" al permitir que miles de ciudadanos participen plenamente en la educación, el trabajo, la cultura y la vida comunitaria.

También ha defendido la necesidad de actualizar el marco legal hondureño para garantizar una verdadera igualdad de oportunidades y eliminar las barreras que siguen limitando el acceso a derechos básicos.

Desde FENAPAPEDISH también se ha promovido la participación activa de las familias y organizaciones de personas con discapacidad en la construcción de políticas públicas que respondan a las necesidades reales del sector.

Garantizar derechos

Uno de los principales reclamos de organizaciones y defensores de derechos humanos es abandonar el enfoque asistencialista que históricamente ha predominado en la atención de la discapacidad.

Esto implica contar con instituciones fortalecidas, presupuestos específicos, sistemas de monitoreo permanentes y mecanismos que permitan evaluar el cumplimiento de las políticas dirigidas a esta población.

También se insiste en que las personas con discapacidad deben participar directamente en las decisiones que afectan sus vidas, bajo el principio internacional de “Nada sobre nosotros sin nosotros”.

De acuerdo con un reciente análisis del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), mientras la discapacidad continúe siendo abordada desde una lógica de asistencia y no como una cuestión de derechos humanos, persistirán la exclusión, las desigualdades y las barreras estructurales que afectan a miles de hondureños.

El marco legal, deuda pendiente

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2006 con el propósito de garantizar la igualdad de derechos y la inclusión plena de esta población en todos los ámbitos de la sociedad.

Honduras ratificó el tratado en 2008, con lo que el instrumento pasó a formar parte del ordenamiento jurídico nacional y obliga al Estado a promover medidas que aseguren accesibilidad, participación, educación inclusiva, empleo digno y protección social.

Casi dos décadas después, organizaciones de personas con discapacidad, familias y defensores de derechos humanos coinciden en que la brecha entre los compromisos adquiridos y la realidad cotidiana sigue siendo una de las principales deudas sociales pendientes en Honduras.

La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad entrega $3,300 pesos bimestrales a hombres y mujeres de entre 30 y 64 años con alguna discapacidad permanente.

El depósito del bimestre mayo-junio 2026 inició el 4 de mayo y concluye este miércoles 27 de mayo, según el calendario oficial de la Secretaría del Bienestar.

El programa forma parte de la política social del Gobierno de México y beneficia a alrededor de 1.6 millones de personas en todo el país. Los recursos se depositan directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios y sin cobro de comisión para retiros o compras.

Quiénes pueden recibir el apoyo

El programa opera de forma diferenciada según el estado de residencia. En 24 entidades federativas que firmaron convenios de universalidad con la federación pueden incorporarse personas con discapacidad permanente de 0 a 64 años.

Esos estados son: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

En los ocho estados restantes —Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro—, la cobertura general aplica solo para personas de 0 a 29 años. Quienes tienen entre 30 y 64 años únicamente acceden al beneficio si residen en municipios indígenas, afromexicanos o en zonas con alto o muy alto grado de marginación.

Monto y calendario de pagos mayo-junio 2026

El apoyo es de $3,300 pesos cada dos meses, depositados en la tarjeta bancaria asignada. La dispersión del bimestre mayo-junio 2026, que abarca todos los programas Bienestar, representa una inversión social superior a 104 mil millones de pesos.

Los pagos se organizan por la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario. Las fechas pueden variar por estado o por carga operativa del sistema bancario. A continuación, el calendario de la dispersión en curso:

A: lunes 4 de mayo

B: martes 5 de mayo

C: miércoles 6 y jueves 7 de mayo

D, E, F: viernes 8 de mayo

G: lunes 11 y martes 12 de mayo

H, I, J, K: miércoles 13 de mayo

L: jueves 14 de mayo

M: viernes 15 y lunes 18 de mayo

N, Ñ, O: martes 19 de mayo

P, Q: miércoles 20 de mayo

R: jueves 21 y viernes 22 de mayo

S: lunes 25 de mayo

T, U, V: martes 26 de mayo

W, X, Y, Z: miércoles 27 de mayo

Cómo consultar el saldo de la tarjeta

Los beneficiarios disponen de tres vías para verificar si el depósito ya fue acreditado:

App Banco del Bienestar: se ingresa con CURP y número de tarjeta; desde ahí se consultan saldo y movimientos.

Cajeros automáticos o ventanillas: en cualquier sucursal del Banco del Bienestar ingresando la tarjeta y el NIP.

Línea telefónica: llamando al 800 900 2000, opción 1, e ingresando los 16 dígitos de la tarjeta seguidos del año de nacimiento.

Las autoridades del programa advirtieron que el saldo puede tardar varias horas en reflejarse según la carga operativa del sistema bancario. No es obligatorio retirar el dinero el mismo día del depósito.

Documentos y requisitos para registrarse

Para acceder a la pensión en los estados con convenio de universalidad, el requisito principal es tener menos de 65 años y contar con discapacidad permanente acreditada. La documentación obligatoria es:

• Acta de nacimiento
• Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte o equivalente)
• CURP
• Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de seis meses
• Certificado o constancia médica expedida por una institución pública del sector salud que acredite la discapacidad permanente

El periodo de incorporación al programa se abre de manera periódica. El registro más reciente se realizó en marzo de 2026.

Persona auxiliar y alerta antifraudes

Quienes no puedan acudir personalmente a los módulos pueden designar a una persona auxiliar. Esta debe presentar identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y un documento que acredite el parentesco con el beneficiario. Para solicitar una visita domiciliaria, se puede llamar a la Línea del Bienestar: 800 639 42 64.

Las autoridades del programa recomendaron no compartir datos personales ni bancarios ante posibles fraudes vinculados a supuestos depósitos adicionales o apoyos extraordinarios. Leticia Ramírez Amaya, titular de la Secretaría del Bienestar, confirmó que el único canal oficial de pago es la tarjeta del Banco del Bienestar.

El Gobierno nacional aclaró que las personas con discapacidad, trasplantadas y los niños y adolescentes con cáncer seguirán viajando gratis en el transporte automotor de pasajeros de carácter interjurisdiccional, pese a la polémica desatada por la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.

La medida, firmada el 22 de mayo por el secretario Mariano Ignacio Plencovich, eliminó el régimen de compensaciones económicas que el Estado abonaba a las empresas del sector por los pasajes gratuitos otorgados en virtud de las leyes 22.431, 26.928 y 27.674, pero no tocó el derecho a la gratuidad en sí mismo.

En el gobierno hicieron notar que la distinción es central: lo que se suprimió no es el beneficio que reciben los usuarios, sino el mecanismo financiero mediante el cual el Estado reembolsaba a los operadores privados el costo de esos pasajes. La resolución es explícita en su artículo 2°, que establece que la medida “no afecta el derecho a la gratuidad previsto en las leyes 22.431, 26.928 y 27.674 y sus respectivas reglamentaciones ni la obligación de los transportistas de dar cumplimiento a lo dispuesto en dichas normas”. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) quedó expresamente encargada de fiscalizar ese cumplimiento.

La respuesta llegó a partir de las críticas de la oposición, que luego de la novedad salió a cuestionar la medida con dureza. .

Qué dice la resolución

El texto de la Resolución 28/2026 fundamenta la supresión del régimen compensatorio tiene como base el cambio regulatorio introducido por el decreto 883 del 4 de octubre de 2024, que habilitó la libertad tarifaria en el transporte automotor interjurisdiccional. Hasta ese momento, las empresas operaban bajo un esquema de tarifas reguladas con bandas de precios fijadas por el Estado, lo que les impedía trasladar libremente a sus precios el costo de los pasajes gratuitos. Las compensaciones nacieron, precisamente, para cubrir ese desfasaje.

Con la liberalización del mercado, el argumento oficial es que los operadores ahora pueden incorporar ese costo en su estructura de precios. El documento señala que “la introducción de la libertad tarifaria implica una reconfiguración sustancial de la ecuación económico-financiera del sector, otorgando a los operadores capacidad para internalizar dentro de su estructura de costos las obligaciones legales inherentes a la actividad”. En esa lógica, el subsidio habría perdido su razón de ser.

Las compensaciones que se eliminan habían sido establecidas a partir de enero de 2018 mediante la Resolución 717 de ese año del entonces Ministerio de Transporte, y fueron sucesivamente modificadas por las resoluciones 567 de 2019, 536 de 2022 y 549 de 2023. Todas quedaron derogadas por el artículo 1° de la nueva norma.

Las críticas de la oposición y la respuesta del Ejecutivo

El diputado nacional peronista Carlos Castagneto fue uno de los primeros en reaccionar. A través de su cuenta en la red social X, cuestionó la medida con una pregunta que sintetizó el núcleo del debate: “¿Puede el Estado obligar a un privado a prestar un servicio gratis sin ningún tipo de compensación? ¿Y quiénes quedan de rehenes en el medio?”. Castagneto calificó al Gobierno de “tramposo” y sostuvo que la resolución usa el “versito del ahorro” para encubrir el abandono de sectores vulnerables.

En la misma línea se expresó el ex ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, quien afirmó en X que el Ejecutivo “suma un nuevo capítulo a su maltrato sistemático con las personas con discapacidad” y advirtió que la medida deja “a miles sin la posibilidad de viajar para atenderse, estudiar o trabajar”.

La respuesta oficial llegó desde la cuenta identificada como Oficina de Respuesta Oficial, que calificó de “falso” el planteo opositor. “La gratuidad se mantiene totalmente vigente. Las empresas de micros están obligadas a seguir entregando los pasajes gratis y la CNRT va a seguir controlando que lo cumplan”, sostuvo el comunicado. El texto oficial agregó que los kirchneristas “usan a los sectores vulnerables como escudo para defender el curro de los millonarios subsidios a empresas privadas”.

Quiénes son los beneficiarios y qué garantizan las leyes vigentes

Las tres leyes que amparan la gratuidad en el transporte tienen alcances distintos. La ley 22.431 establece que las empresas de transporte colectivo terrestre bajo control nacional deben trasladar sin cargo a las personas con discapacidad en el trayecto entre su domicilio y cualquier destino al que deban concurrir. La ley 26.928 extiende ese derecho a quienes hayan recibido un trasplante o estén inscriptos en lista de espera del Sistema Nacional de Procuración y Trasplante (SINTRA), con residencia permanente en el país. La ley 27.674 incorporó a los niños, niñas y adolescentes con cáncer bajo el mismo régimen.

Ninguna de esas tres leyes fue modificada ni derogada por la Resolución 28/2026.

La resolución encomienda a la CNRT el “mantenimiento de los procedimientos pertinentes” para garantizar la emisión de pasajes gratuitos, aunque no detalla mecanismos sancionatorios nuevos ni recursos adicionales para esa fiscalización. La norma entró en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial.

En Argentina, más de 300 mil personas conviven con epilepsia, una enfermedad neurológica crónica que requiere tratamientos continuos y acceso garantizado a medicación y estudios médicos. Aunque la Ley de Epilepsia 25.404 y otras normativas aseguran derechos fundamentales para estos pacientes, en la práctica muchos enfrentan obstáculos que afectan su salud y calidad de vida. Es por eso que este domingo 24 de mayo se conmemora el Día de los Derechos de las Personas con Epilepsia, una fecha destinada a visibilizar la problemática, derribar prejuicios y recordar la importancia de cumplir la legislación vigente.

Las principales dificultades se concentran en tres áreas: acceso a medicamentos y estudios, respeto por la medicación indicada por el médico y posibilidad real de inclusión en la escuela, el trabajo y otros ámbitos sociales. La experiencia de familias, profesionales y organizaciones muestra que la brecha entre la ley y la realidad cotidiana sigue siendo amplia, y obliga a reclamar constantemente por derechos que ya están reconocidos pero no siempre se cumplen.

El acceso a los medicamentos anticonvulsivos y a los estudios médicos es uno de los derechos más vulnerados. La doctora Paula Ivarola, neuróloga infantil del Hospital Garrahan, explicó: “A la gran mayoría de mis pacientes, que no cuentan con obra social, se les dificulta que los municipios le entreguen las medicaciones. Y si se la dan, cada vez le facilitan menos muestras. Muchas de esas medicaciones son básicas para la epilepsia; las de alto costo directamente no las entregan”.

Incluso quienes cuentan con obra social deben tramitar el certificado de discapacidad para acceder a la cobertura total, aunque con frecuencia persisten trabas administrativas y demoras en la entrega. Los tratamientos innovadores y los estudios genéticos quedan fuera del alcance de muchas familias por falta de cobertura, lo que genera desigualdad en el acceso a la salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que hasta un 70% de las personas con epilepsia podría vivir sin convulsiones si recibe un tratamiento adecuado, pero advierte que en los países de ingresos bajos y medios el acceso es más restrictivo. El costo económico y la burocracia para obtener medicamentos de alto valor, como el cannabidiol (CBD), aprobado para epilepsias graves, son trabas frecuentes. Los testimonios de madres revelan el impacto emocional y el desgaste que provoca el sistema: una de ellas debió recurrir a la justicia para que su hijo recibiera la medicación indicada.

Cambios compulsivos de medicación y respeto por la indicación médica

Otra problemática central es la tendencia de las obras sociales y prestadores públicos a sustituir medicamentos recetados por alternativas más baratas, sin considerar la eficacia individual. Según la doctora Marina Cané, jefa del servicio de neurología del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata, el inconveniente es que no siempre tienen la misma eficacia e incluso “hay estudios que demuestran que los cambios compulsivos pueden ser perjudiciales para la efectividad de los tratamientos”. La OMS advierte que la adherencia estricta al tratamiento es fundamental para controlar la enfermedad, y que los cambios no supervisados pueden aumentar el riesgo de crisis epilépticas.

El acceso a tratamientos innovadores, como el fármaco Convupidiol, del laboratorio argentino Alef Medical, ha demostrado ser eficaz en casos de epilepsias graves. Un estudio internacional publicado en la revista Epilepsy & Behavior reportó que casi la mitad de los pacientes tratados logró una reducción superior al 50% en la frecuencia de crisis. Sin embargo, la obtención de estos medicamentos suele estar rodeada de trámites complejos y negativas administrativas.

Barreras en la escuela, el trabajo y la integración social

La tercera área donde se vulneran derechos es la inclusión educativa, laboral y social. La ley argentina exige igualdad de oportunidades, pero la práctica muestra que muchas escuelas y lugares de trabajo no están preparados para recibir a personas con epilepsia ni cuentan con protocolos de actuación ante una crisis. “El derecho más vulnerado en pacientes epilépticos en la infancia es la igualdad de oportunidades sobre todo en educación, deportes y vida social. Esto viene de la mano del estigma que todavía existe sobre la enfermedad”, señaló Cané.

La OMS destaca que el estigma y la discriminación afectan la calidad de vida de quienes padecen epilepsia y de sus familias. Según el Hospital Clínic de Barcelona, el diagnóstico puede provocar rechazo y aislamiento social, aunque, con el tratamiento adecuado, la mayoría de las personas puede llevar una vida normal. La falta de información y la presencia de mitos llevan a muchas familias a ocultar el diagnóstico o evitar situaciones que podrían exponerlos a la discriminación.

Frente a la negativa o demora en la entrega de medicación y la falta de respuesta ante los reclamos, el recurso habitual de las familias es insistir con presentaciones administrativas, notas formales y la intervención de los médicos tratantes. “Muchas familias cuentan que, aun con diagnóstico y receta médica, la autorización tarda semanas o directamente es rechazada sin explicaciones claras”, explica la abogada Nadia Bausinger. Cuando el camino administrativo no funciona, la única alternativa suele ser el reclamo judicial.

La OMS subraya que el impacto emocional de la epilepsia y de la incertidumbre sobre el acceso al tratamiento es alto. El temor a quedarse sin medicación, la carga económica y el desgaste de pelear por derechos reconocidos provocan ansiedad y afectan la salud mental de los pacientes y sus familias.

De acuerdo con la Mayo Clinic, la epilepsia puede manejarse exitosamente si el tratamiento es adecuado y continuo. Recomiendan mantener hábitos de sueño, evitar el alcohol y las situaciones de estrés, y contar con apoyo social y emocional. El Hospital Clínic de Barcelona también destaca el valor de la intervención psicológica y la importancia de la información para reducir el miedo y los prejuicios.

A pesar de las leyes y los avances médicos, la experiencia cotidiana revela que las personas con epilepsia en Argentina deben enfrentar trabas que afectan su calidad de vida y requieren un esfuerzo permanente para hacer valer derechos que ya están escritos.

Los trastornos mentales ya son la principal causa de discapacidad global y afectan a 1.200 millones de personas.

Según un nuevo estudio publicado en The Lancet, la prevalencia y carga global de estos trastornos, medida entre 1990 y 2023 en ambos sexos, 25 grupos de edad, 21 regiones y 204 países y territorios, casi se duplicó en ese período y superó a las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las afecciones musculoesqueléticas.

En 2023, estos trastornos representaron 171 millones de años de vida ajustados por discapacidad y más del 17 % de todos los años vividos con discapacidad en el mundo.

La investigación fue liderada por especialistas del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud, que se encuentra en los Estados Unidos y es el centro de referencia en estadísticas sanitarias globales, en colaboración con la Universidad de Queensland, Australia.

El estudio identificó un impacto desproporcionado en adolescentes de 15 a 19 años y en mujeres.

Damian Santomauro, primer autor del trabajo, explicó la vinculación del alza reciente con dos cuadros concretos y señaló a la agencia de noticias Sinc: “Los recientes aumentos se deben principalmente a los trastornos de ansiedad y al trastorno depresivo mayor”.

Qué explica el salto posterior a la pandemia

Desde 2019, la prevalencia estandarizada por edad del trastorno depresivo mayor aumentó cerca de 24 %, mientras que los trastornos de ansiedad crecieron más de 47 %. Ambos alcanzaron su punto más alto en los años que siguieron a la pandemia de covid-19.

Ante este escenario, Santomauro destacó: “Estas tendencias al alza pueden reflejar tanto los efectos persistentes del estrés derivado de la pandemia como factores estructurales a largo plazo, como la pobreza, la inseguridad, el abuso, la violencia y la disminución de la cohesión social”.

El mismo investigador añadió: “Abordar esta situación requerirá una inversión sostenida en los sistemas de salud mental, un mayor acceso a la atención y una acción global coordinada para brindar un mejor apoyo a las poblaciones más vulnerables”, dijo el investigador.

Cuándo se da el máximo de prevalencia

Alize Ferrari, coautora del estudio, subrayó el momento de mayor concentración de casos: “Nuestros hallazgos demuestran que la prevalencia de los trastornos mentales alcanza su punto máximo entre los 15 y los 19 años, una etapa del desarrollo que puede influir en las trayectorias educativas, laborales y relacionales”.

La investigación señala que los trastornos mentales atraviesan todas las etapas de la vida, aunque su tipo e impacto cambian según la edad. Ese pico en la adolescencia ubica el problema en un momento de transición que condiciona formación, empleo y vínculos.

El estudio también encontró una carga mayor entre las mujeres. En 2023, 620 millones de mujeres vivían con un trastorno mental, frente a 552 millones de hombres, y acumularon 92.6 millones de años de vida ajustados por discapacidad, contra 78.6 millones entre los varones.

Según el trabajo, esa diferencia puede vincularse con una combinación de factores: mayor exposición a violencia doméstica y abuso sexual, más responsabilidades de cuidado y desigualdades estructurales como la discriminación de género.

La brecha de tratamiento

Los trastornos mentales aumentaron en todas las regiones del mundo de 1990 a 2023, aunque con intensidades distintas según la región y el nivel de desarrollo.

Las tasas de carga más elevadas aparecieron en áreas de altos ingresos como Australasia, región de Oceanía, y Europa Occidental, con países como los Países Bajos, Portugal y Australia entre los más afectados. También se registraron fuertes incrementos en África subsahariana occidental y partes del sur de Asia.

El estudio advierte que ese avance convive con una cobertura muy baja. Los análisis del Estudio de la Carga Global de Enfermedad, el mayor informe mundial sobre salud pública de la OMS, estiman que solo alrededor del 9 % de las personas con trastorno depresivo mayor en el mundo recibe un tratamiento mínimamente adecuado, y que en 90 países menos del 5 % accede a una atención adecuada.

La falta de cobertura también se observa entre los sistemas más desarrollados. En los 204 países y territorios analizados, solo un número reducido de entornos de altos ingresos, como Australia, Canadá y los Países Bajos, supera una cobertura de tratamiento del 30 %.

Esa combinación entre más casos, mayor discapacidad y baja cobertura extiende el impacto sobre las familias y cuidadores, reduce la participación laboral y la productividad, y suma presión sobre los sistemas de salud y los recursos públicos.

Ecos invisibles: el grito silente de la salud mental

Sergio Grosman, médico psiquiatra y presidente del capítulo Psicoterapias de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA), comentó a Infobae después de leer el estudio: “El problema central hoy ya no es solo cuántas personas tienen un trastorno mental, sino que el sistema de salud no logra absorber ni siquiera a quienes buscan ayuda en América Latina. Conseguir un turno puede resultar casi imposible en el sector público y muy difícil incluso a través de las obras sociales”.

Además, señaló Grosman: “Quienes consultan representan solo una fracción del problema. Por cada paciente que llega a la atención, hay probablemente una o dos personas más que sufren síntomas sin pedir ayuda, ya sea por estigma, desesperanza o falta de conciencia de la enfermedad. Esto plantea una pregunta incómoda: ¿tiene sentido aumentar la detección si luego no hay dónde atender a quienes detectamos? Considero que no habrá mejora real sin una mayor inversión pública y mejor cobertura”.

En cambio, aclaró: “Si aparecen recursos, hay tres prioridades para tener en cuenta. Se necesita un programa de prevención con acento en los lazos comunitarios, que están rotos por la soledad y el aislamiento social. También se deberían establecer prioridades sobre los objetivos para realizar una inversión y una mejora real de la oferta de servicios, con el aumento de las sedes de atención y de los equipos profesionales”.

En el mundo desarrollado ya existen programas de atención mixtos entre sistemas digitales con inteligencia artificial y contacto con profesionales. “No son la solución perfecta ni reemplazan la relación terapéutica, pero permiten que personas con síntomas leves o moderados accedan a una primera instancia de ayuda sin lista de espera y a bajo costo”, resaltó.

En tanto, el doctor Eduardo Keegan, profesor asociado y director de la Carrera de Especialización en Psicología Clínica y Terapia Cognitivo-Conductual de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, afirmó al ser consultado por Infobae: “No me resulta sorprendente que haya aumentado tanto la tasa de trastornos de ansiedad y depresión mayor si se tiene en cuenta que hubo una pandemia por coronavirus tan extensa en el mundo. Si se calcula la carga de muertes, desempleo y alteración laboral, el incremento parece esperable”.

Con respecto a lo que señala el estudio en The Lancet sobre la falta del acceso al tratamiento adecuado, Keegan explicó: “Eso tiene que ver con la necesidad de implementar planes públicos para acercar los tratamientos disponibles a la gente. No es necesario inventar nada nuevo, sino mejorar el acceso a las terapias que ya cuentan con evidencia".

Existen diferentes formas de tratamiento, en particular la terapia cognitivo-conductual, que es un abordaje psicológico con alta eficacia para la mayoría de los pacientes, subrayó. “Aproximadamente el 70% mejora en unas quince semanas, con entre dieciséis y dieciocho sesiones. Hay diversos protocolos cognitivo-conductuales que han demostrado ser útiles tanto para la depresión como para la ansiedad. También hay abordajes farmacológicos eficaces, seguros y de bajo costo, y la posibilidad de combinar ambas estrategias. Pero todo esto requiere una estructura y una organización que facilite el acceso, algo que en países de América Latina como la Argentina todavía no existe”.

En algunos países europeos, especialmente en Inglaterra, “sí hay programas públicos como el conocido Mejora del Acceso a los Tratamientos Psicológicos, actualmente llamado Programa de Terapias de la Palabra o Talking Therapies”.

El juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, a cargo del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, dictó este martes una medida cautelar contra el programa Incluir Salud -dependiente del Ministerio de Salud- y el PAMI, con la orden de normalizar la cadena de pagos a los prestadores que atienden a personas con discapacidad en las próximas 72 horas.

La decisión judicial se tomó en el marco de un amparo colectivo que tiene alcance nacional y regirá por seis meses o hasta que haya sentencia firme. En la causa, los demandantes denuncian que los prestadores no cobran lo que debe pagar el Estado, y por ende las terapias de niños, adultos mayores y personas con discapacidad se interrumpen y los medicamentos dejan de entregarse.

El fallo del juez Vaca Narvaja tomó como antecedente una sentencia del Juzgado Federal de Campana, que en diciembre declaró inválido el artículo 2 del Decreto 681/2025 y ordenó aplicar plenamente la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Ante la Justicia Federal de Córdoba, distintos prestadores ratificaron que no están recibiendo los fondos que les corresponden. Por ejemplo, el Pequeño Cottolengo Don Orione denunció que las demoras le generaron $41.556.675,86 en intereses al fisco durante 2026, sumados a $14.429.407 pagados en 2025, además de la interrupción en la entrega de medicamentos en febrero, marzo y abril.

El Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Políticas de Acceso y Apoyos, brindó explicaciones ante la Justicia y alegó un “reordenamiento estructural”.

La versión del Ejecutivo indicó que las demoras en los pagos responden a los tiempos naturales del proceso que lleva corregir “desvíos acumulados” y “garantizar la sostenibilidad del sistema”.

Por otro lado, está la transferencia administrativa: el traspaso del programa Incluir Salud de la ANDIS al Ministerio de Salud obligó a “adoptar nuevos estándares de gestión”, lo que demoró la tramitación de los pagos.

Por último, sostuvieron que las demoras no implicarían reducción de cobertura ni desatención, sino que estarían en “pleno proceso de regularización”.

A esto se suma el argumento central que usó el Poder Ejecutivo Nacional desde el inicio del conflicto, y que la cautelar reseña en sus antecedentes. Tanto el Decreto 534/25 como el Decreto 681/2025 fundaron la observación primero y la suspensión después en la necesidad de preservar el equilibrio fiscal, condicionando la ejecución de la ley a que el Congreso determine las fuentes de su financiamiento.

Entre sus fundamentos para dictar la cautelar, el juez Vaca Narvaja contrastó los argumentos oficiales con una serie de hechos fácticos como facturas impagas, intereses millonarios pagados al fisco por los prestadores, tratamientos suspendidos y medicamentos sin entregar durante tres meses.

Las explicaciones técnicas sobre reordenamientos y transferencias no resultaron válidas para el criterio del magistrado.

La resolución judicial destacó que los atrasos en los pagos podrían generar interrupciones en los tratamientos y la cobertura de las prestaciones, lo que pondría en riesgo la salud de las personas involucradas. El peligro en la demora se fundamentó en la naturaleza de los derechos en juego, ya que la interrupción de los tratamientos puede provocar retrocesos en el desarrollo integral de las personas con discapacidad.

Es así que el programa Incluir Salud y el PAMI, en un plazo de 72 horas, deberán normalizar la cadena de pagos de las prestaciones previstas en la ley 24.901 para los titulares de pensiones no contributivas con Certificado Único de Discapacidad.

Desde el lunes pasado, el Estado argentino fue objeto de un nuevo ajuste de gastos, anunciado por el Gobierno. Créase o no, habrá menos dinero disponible, por ejemplo, para las siguientes áreas:

• $63.000 millones menos en la investigación, prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer.
• $20.000 millones de pesos menos en remedios.
• $500 millones menos en prevención de enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles.
• $800 millones menos en respuesta al VIH, infecciones de transmisión sexual, hepatitis virales, tuberculosis y lepra.
• $900 millones menos en desarrollo de la salud sexual y la procreación responsable.
• $1500 millones menos en la prevención de enfermedades endémicas.
• $25000 millones menos en el fortalecimiento de los sistemas de salud provinciales.

Ninguno de esos datos es secreto: todos ellos fueron recogidos de las planillas del anexo de la resolución firmada por Manuel Adorni y Luis Caputo.

El ajuste no solo afecta al área de salud, sino a otros sectores sensibles. Por ejemplo, el Presidente suele decir que la lucha contra el narcotráfico figura entre sus prioridades. Sin embargo, la guadaña afectó sensiblemente a Gendarmería Nacional, la fuerza encargada de combatirlo. El “Servicio de Investigación de Operaciones Complejas y Operaciones Antidrogas”, por ejemplo, sufrió un recorte de $1819 millones. Esta misma semana, el periodista Germán de los Santos, que se especializa en temas de seguridad y narcotráfico, tuiteó que algunos móviles de gendarmería se quedan sin combustible para perseguir a narcotraficantes.

Cualquier persona normal entiende el efecto que tiene recortar tanto presupuesto, por ejemplo, en la lucha contra el cáncer. Pero estos tiempos son tan extraños que tal vez haya quienes necesiten de un ejemplo concreto. Justamente, esta semana se conoció la historia de la hermana de Marcelo Mazzarello, un conocido actor argentino que, en los últimos años, asumió una postura muy combativa en contra del kirchnerismo. El jueves, Mazzarello expresó en X su preocupación por el abandono del PAMI a su hermana, que había sido operada de cáncer de mama.

Así explicó Mazzarello toda la situación en una nota con Luis Novaresio: “Ella fue intervenida en el Instituto Roffo, un hospital público de excelencia. Luego quedó a cargo del PAMI. Tenía que hacerse análisis posteriores a la operación y se lo iban posponiendo indefinidamente. El otro día hablé con ella y me dijo ‘Bueno, que sea lo que Dios quiera’. Por eso resolví hacerlo público. Un funcionario del PAMI muy amablemente se comunicó conmigo y me ayudó. Pero el problema no es solo mi hermana. Eso sucede con muchísimos jubilados, que se doblegan y se resignan. Por eso decidí hablar”.

“Claro –razonó Novaresio en esa conversación—. Si el PAMI no los atiende, solo les queda el recurso de los hospitales públicos, que ya están desbordados y reciben cada vez menos financiación”. El ajuste anunciado en Salud durante esta semana profundizará esa situación crítica en lugar de atenuarla.

La decisión oficial se apoya en la idea de defender a como sea el superávit fiscal, uno de los pilares de la fe libertaria. Aun en ese marco, corresponde formular algunas preguntas muy sencillas. ¿No hay alguien que se fije qué es lo que están recortando? ¿No existe un orden de prioridades, algunas partidas que deberían ser intocables? ¿Quién establece la lógica de la guadaña? Por otra parte, ¿no hay sectores de la economía que están obteniendo ganancias extraordinarias, por ejemplo, por la valorización del barril de petróleo? En una situación tan dramática, que obliga a recortar gastos contra el cáncer, ¿no es obvio que hay fuentes alternativas para obtener recursos? ¿Por qué razón en el mundo una empresa que obtiene ganancias siderales es intocable y la terapia de un enfermo no lo es? ¿Qué escala de valores explica recortes del impuesto a los bienes personales –más de 2.000 millones de dólares anuales—y, al mismo tiempo, recortes de la asistencia a enfermos terminales? ¿Cuál sería el orden de prioridades?

Además, ¿sirve para algo lo que están haciendo? ¿Se tratará de una medida racional? Si el ajuste más grande y rápido de la historia humana, generó una caída de la recaudación que ahora obliga a realizar otro ajuste, ¿no ocurrirá lo mismo con este? ¿No será otra decisión cruel, pero además inútil, que obligará a volver a empezar?

Por si fuera poco, algunos argumentos oficiales reflejan problemas serios de percepción sobre lo que el mismo Gobierno está haciendo. Por ejemplo, Federico Sturzenegger explicó que se trata de quitarle plata a los políticos para devolvérsela a la sociedad. En abstracto, podría ser una postura atendible. En concreto, lo que está ocurriendo es que se han reducido impuestos a la importación de autos de alta gama, para recortar atención a discapacitados. Se le quita dinero a pacientes de enfermedades graves –no a los políticos- para dárselo a quienes disfrutan de objetos suntuarios -no a la sociedad.

Los recortes se producen en un contexto donde florecen los casos de corrupción dentro del oficialismo, y particularmente en las áreas más sensibles. Al comienzo de esta misma semana, se conoció un informe oficial del Ministerio de Salud que detalla, punto por punto, astronómicos sobreprecios en la compra de suministros para la Agencia Nacional de Discapacidad durante la gestión libertaria. Quien comandaba esa área cuando se produjo esa enormidad era Diego Spagnuolo, abogado y amigo personal del Presidente.

El jueves, además, un diputado libertario jujeño llamado Manuel Quintar apareció en el Congreso con uno de los autos más caros y ostentosos del mundo, una Cybertruck de Tesla. Rosario Agostini fue una de las voces más valientes en la denuncia contra las prácticas de Milagro Sala en Jujuy, en los tiempos en que era una líder muy poderosa. Esta semana Agostini le contó al país que Quintar fue kirchnerista hasta el 2021, que es dueño de clínicas que se beneficiaron de contratos con el peronismo, que en esas clínicas se atendía toda la dirigencia de la Tupac Amaru, la agrupación de Sala. Cuando Sala se enfermó, se internó en el establecimiento de Quintar, donde la visitó el ex presidente Alberto Fernández. En estos tiempos, Quintar se volvió libertario y sigue haciendo negocios con el Estado: el contador de su clínica fue designado como jefe del PAMI, que tiene múltiples contratos con los emprendimientos del diputado.

Cuando le preguntaron por el escándalo del Cybertruck de Tesla, Javier Milei sostuvo que los cuestionamientos al diputado se sostenían en “argumentos comunistas”. “Si tiene plata, ¿qué me importa a mi lo que haga con ella? Que se compre lo que le parezca”, dijo. Pero resulta que se trata de un empresario ligado al Estado desde siempre, no de alguien que compite en igualdad de condiciones. Y que obtiene de ese vínculo político ganancias que le permiten acceder a bienes totalmente vedados al 99 por ciento de la población mundial, en una provincia muy pobre. Casta pura, como diría aquel antiguo libertario llamado Javier Milei. La plata de ese Tesla también podría ir al presupuesto de salud.

Todas estas postales reflejan, una vez más, las características extremas del experimento que se está llevando a cabo en la Argentina. En esta misma semana, Susana Decibe, la ministra de Educación más importante de Carlos Menem, dijo que le parecía muy positivo que la gente saliera a la calle a protestar por el abandono de la Educación por parte del Gobierno. “No se trata solo de la Universidad, que ya es grave. El Gobierno nacional tiene la obligación por ley de atender la situación de las escuelas más pobres. Las ha abandonado. Tiene que compensar salarios, fijar líneas educativas, mantener la infraestructura escolar, sostener la educación técnica. No hace nada de eso. Es una política destructiva muy deliberada”.

Sandra Pitta, una científica muy respetada que, en su momento, fue otra de las estridentes voces que enfrentaban al kirchnerismo, y que fue también candidata a diputada por el PRO, fue entrevistada por Luciana Vazquez. Contó que el recorte de los salarios científicos es “dramático”, que el Gobierno profesa un desdén por las ciencias sociales y las ciencias básicas. Pitta dijo que no comparte los paros docentes porque afectan a los alumnos pero que entiende “a los docentes”, por lo poco que ganan. “El Gobierno habla mucho de economía del conocimiento, pero eso no es coherente con la política de reducir salarios y de abandonar la ciencia”, planteó.

Ese panorama desolador se extiende a lo ancho y a lo largo de la administración pública: desde los recortes en seguridad hasta la caída vertical de salarios de policías, militares, docentes, personal de la salud pública, el Instituto Nacional de Tecnología Industria, la Aduana, el Servicio Meteorológico, la atención a discapacitados por la ANDIS o a jubilados por el PAMI o el reparto de vacunas. No se trata solo de un programa económico, o de un ajuste, sino de una extendida e inmensa desidia, acerca de la cual es muy sencillo recoger testimonios despojados de cualquier interés político.

¿Qué tipo de ser humano sería capaz de recortar $63 mil millones en la lucha contra el cáncer sin buscar una alternativa, o sin perder el sueño?

Seguramente, uno que pertenece a una especie muy específica, única en el mundo: el topo que ha venido a destruir el Estado desde adentro.

Las personas que se registraron y fueron seleccionadas en marzo para la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad recibirán una tarjeta del Banco del Bienestar con la que podrán acceder al apoyo económico bimestral.

El programa busca el acceso a este beneficio a apoyos económicos para quienes viven con alguna discapacidad permanente y se inscribieron en el proceso más reciente, informó la secretaria de Bienestar Leticia Ramírez Amaya en un comunicado oficial.

¿Cuándo y cómo será la entrega de tarjetas?

La entrega de tarjetas comenzó el 13 de mayo y terminará el día 20 del mismo mes. El apoyo es de 3,300 pesos mexicanos cada dos meses en 2026.

La entrega se realiza de manera directa mediante depósitos en la tarjeta del Banco del Bienestar. Las personas que realizaron su registro en marzo recibirán, por mensaje SMS, la cita con día, hora y lugar para recoger su tarjeta.

Si el mensaje no es recibido por los beneficiarios, se puede consultar el estatus e información en línea a través de la página oficial de la Secretaría de Bienestar.

A través de esta página, se puede ubicar el módulo correspondiente ingresando la CURP.

Para recoger la tarjeta es indispensable presentarse con identificación oficial con fotografía, en original y copia, así como el comprobante del trámite, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Bienestar.

Si la persona beneficiaria no puede acudir, puede designar a una persona auxiliar que debe presentar identificación, CURP, comprobante de domicilio y el documento que acredite el parentesco.

Solo 24 estados otorgan la pensión de manera universal

La pensión está protegida como derecho social por la Constitución, lo que obliga a todos los órdenes de gobierno a mantenerla vigente.

El beneficio se entrega a personas con discapacidad permanente de cero a 64 años en 24 entidades, cuyos gobiernos han firmado convenios de universalidad con la federación.

Entre estas entidades se encuentran Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Nayarit, Sinaloa, Colima, Tlaxcala, Veracruz y Puebla, entre otras, sumando un total de 24.

En las ocho entidades restantes, la cobertura general es para menores de 0 a 29 años. A partir de los 30 años, solo los habitantes de municipios indígenas, afromexicanos o con alto grado de marginación pueden recibir la pensión.

La universalidad de la pensión depende de la firma de convenios entre los gobiernos estatales y el Gobierno de México. En todos los casos, el pago se realiza a través de la tarjeta bancaria. Las fechas de registro y entrega pueden variar según la entidad.

Documentación y requisitos para acceder al apoyo

Para acceder a la pensión en las 24 entidades con convenio, se requiere tener menos de 65 años de edad.

En los ocho estados sin convenio de universalidad, el requisito principal es ser menor de 30 años, salvo que se resida en municipios indígenas, afromexicanos o de alta marginación, donde el límite se extiende hasta los 64 años.

La documentación obligatoria incluye acta de nacimiento, identificación oficial vigente como la credencial para votar o pasaporte, CURP, comprobante de domicilio con antigüedad máxima de seis meses y certificado médico de institución pública del sector salud que acredite la discapacidad permanente.

El periodo de incorporación al programa se abre de manera periódica.

Designación de personas auxiliares en representación de los derechohabientes

El programa contempla la opción de que personas auxiliares, designadas por derechohabientes con discapacidad permanente, puedan realizar trámites y recoger la tarjeta en su representación.

Las familias cuidadoras también pueden recibir orientación en los módulos de Bienestar sobre los requisitos, documentación y procedimientos para asegurar la continuidad del apoyo económico.

Lucas Tomasi, un joven de 19 años nacido en Tandil, logró convertirse en el primer piloto con síndrome de Down en participar de manera oficial en competencias de karting en Argentina, marcando un hito tanto para el automovilismo nacional como internacional. Su historia representa un avance significativo en materia de inclusión dentro del deporte.

El camino que condujo a Lucas a las pistas fue acompañado y respaldado de manera incondicional por su entorno familiar, conocido por su pasión por el automovilismo. De acuerdo con Mauricio Tomasi, padre de Lucas, el primer contacto surgió con un karting prestado; al ver sus aptitudes lo apoyaron para profundizar sus entrenamientos, alternando pruebas en tierra y asfalto en circuitos emblemáticos como Balcarce.

En la actualidad, la atención está puesta en la obtención de la licencia oficial ante la Comisión Deportiva Automovilística del ACA y la Federación Internacional del Automovilismo (FIA), lo que consolidaría legalmente el debut de Lucas en el automovilismo profesional.

Inclusión y precedentes internacionales

El caso de Lucas generó repercusión mundial, no solo por su desempeño, sino por tratarse de la primera vez que una persona con síndrome de Down compite oficialmente en una categoría de karting a nivel global. La comunidad automovilística coincide en que se trata de un punto de inflexión, dado que hasta el momento no se permitía la participación de personas con discapacidad intelectual en este tipo de pruebas. El precedente impuesto exige revisar criterios de accesibilidad y abrir oportunidades inclusivas en el automovilismo.

La familia Tomasi remarcó la importancia de ofrecer posibilidades reales de integración en el deporte y recalcó que Lucas expresó una notable evolución en cada sesión de entrenamiento, perfeccionando detalles con el acompañamiento de su entorno.

“Cuando lo subimos por primera vez queríamos ver qué podía hacer. La verdad es que nos salió manejando muy bien y de ahí comenzamos a probar más seguido, primero con un karting prestado, luego le regalaron uno. Después de algunos tests fuimos a girar a Balcarce y fuimos alternando tanto en tierra como en asfalto. Fue evolucionando, puliendo detalles cada vez que prueba”, relató Mauricio Tomasi.

El ejemplo de Lucas involucra a otras familias con integrantes que tienen alguna discapacidad, demostrando que la inclusión deportiva es posible y que existen caminos para acompañar el desarrollo individual, más allá de las barreras impuestas tradicionalmente.

El club de karting y la familia destacaron el valor de habilitar espacios donde la diferencia no sea una limitación, sino una oportunidad de crecimiento colectivo. La referencia internacional de Lucas generó una demanda por revisar protocolos, estructuras y normativas para garantizar que otros competidores en su misma condición puedan seguir su ejemplo.

El caso Lucas generó repercusión más allá de las fronteras argentinas y abrió el debate sobre cómo las instituciones deportivas, familiares y sociales pueden contribuir a la participación plena de las personas con discapacidad en todos los niveles del deporte motor.

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