El encuentro de este domingo en el Palacio Libertad será una de las primeras ocasiones en mucho tiempo en que los principales integrantes del oficialismo volverán a compartir un mismo espacio después de una sucesión de cortocircuitos que ya dejaron de ser subterráneos. La visita del papa León XIV, que llegará a la Argentina desde Uruguay, obligará a Javier Milei a convivir durante algunas horas con dos de las dirigentes con las que mantiene los vínculos más deteriorados: Victoria Villarruel y Patricia Bullrich. Pero, a diferencia de lo que ocurre con la vicepresidenta, cuya ruptura con el Presidente se da prácticamente por consumada, el caso de la senadora todavía tiene capítulos abiertos. Y esta vez empezaron a aparecer advertencias que hasta hace poco nadie se animaba a formular en voz alta.

El domingo será, además, una jornada de contacto entre libertarios enfrentados. La recepción institucional del Papa está prevista para las 18.30 en el Palacio Libertad, con la presencia de Milei, su gabinete, legisladores de todos los espacios políticos, gobernadores, autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y del cuerpo diplomático. También fue invitada Villarruel. El encuentro concluirá con unas palabras del Presidente y del Pontífice, que serán transmitidas por cadena nacional. Al día siguiente, ambos volverán a coincidir en la misa que León XIV celebrará a las 11.30 en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

En el entorno de Bullrich saben que buena parte de las miradas estarán puestas sobre ella. Incluso hubo bromas anticipadas sobre la ropa que elegirá para las actividades religiosas. “Patricia bromeaba esta semana con que, si se pone la misma capa que Karina, van a hacer interpretaciones sobre eso”, contó alguien que la conoce. Aunque en su círculo no descartaban ayer que, por cuestiones personales, finalmente no pudiera asistir a esa actividad.

La última vez que Milei y Bullrich se vieron personalmente fue el 9 de octubre, en una reunión de más de dos horas en la Quinta de Olivos. La senadora había hablado entonces de una “conversación profunda” y de haber planteado todos los temas que venía reclamando. Pero en el Gobierno reconocen que el encuentro no dejó el resultado esperado.

La distancia se profundizó desde entonces. No hubo reunión de la mesa política durante las últimas dos semanas y tampoco está previsto que se junten en los próximos días. En el oficialismo atribuyeron las suspensiones a cuestiones de agenda, vinculadas con los viajes nacionales e internacionales de Karina Milei y, ahora, con la visita papal. Pero dirigentes que conocen de cerca el funcionamiento de la cúpula libertaria sostienen que la secretaria general de la Presidencia no tiene ningún interés en volver a sentarse con Bullrich.

La senadora, mientras tanto, no hizo demasiado para bajar la temperatura. Por el contrario, acumuló movimientos y declaraciones que en la Casa Rosada interpretaron como una decisión deliberada de seguir marcando diferencias con el Presidente. El problema para el Gobierno es que esa estrategia se desplegó, además, en una semana especialmente adversa para los principales aliados internacionales de Milei.

Para el Presidente, la política internacional ocupa un lugar casi tan importante como la doméstica. Y en los últimos días recibió una sucesión de noticias difíciles de procesar para su esquema de alianzas: Donald Trump sufrió una derrota contundente en las elecciones legislativas de Estados Unidos, Luiz Inácio Lula da Silva le ganó a Flávio Bolsonaro en el balotaje brasileño y Benjamín Netanyahu quedó sin una mayoría parlamentaria propia en Israel. A eso se sumó la crisis paraguaya, que terminó con la destitución de Santiago Peña, su renuncia rechazada por el Congreso y su posterior detención domiciliaria en el marco de una investigación por presuntos hechos de corrupción vinculados al caso Ueno Bank.

En Balcarce 50 eligieron el silencio. “Sin comentarios”, fue la respuesta que repitieron distintas fuentes consultadas sobre los resultados electorales y las crisis políticas de los aliados internacionales. Tampoco hubo referencias en las cuentas de redes sociales de Milei ni del canciller Pablo Quirno. En ese contexto, los movimientos de Bullrich sumaron un ingrediente adicional de incomodidad.

La senadora no se limitó a las declaraciones públicas. En su territorio legislativo, el Senado, avanzó con una agenda que en distintos sectores del oficialismo consideran inoportuna y que abrió nuevos frentes de discusión. Uno de ellos fue el proyecto sobre delitos contra la integridad sexual de menores, presentado el jueves pasado, que propone declararlos imprescriptibles y modificar el régimen general de prescripción del Código Penal. La iniciativa recoge el reclamo que se instaló a partir del caso Segovia, en el que un hombre acusado de abusar de una niña permaneció prófugo durante casi 15 años y terminó beneficiándose con la prescripción de la causa.

El tema ya tenía un recorrido parlamentario propio en Diputados. Allí se había iniciado el debate de distintas iniciativas, entre ellas una impulsada por el bullrichista Damián Arabia y otra trabajada por la diputada Laura Rodríguez Machado. El proyecto de Bullrich abrió, por eso, interrogantes en el oficialismo sobre la coordinación legislativa y la decisión de presentar una iniciativa propia mientras el asunto ya estaba en tratamiento en la Cámara baja.

Otro de los puntos de fricción fue la ludopatía. Bullrich anunció que impulsará en el Senado el tratamiento del proyecto de prevención de las apuestas online, que tiene media sanción de Diputados desde noviembre de 2024 y que corre riesgo de perder estado parlamentario a fin de mes. La iniciativa contempla restricciones a la publicidad del juego, controles biométricos para impedir el acceso de menores y herramientas de prevención. En el entorno de la senadora explicaron que tomó la decisión “porque era un tema de la Iglesia“, en la antesala de la llegada de León XIV y después de los reiterados reclamos de la Conferencia Episcopal para que el Congreso avance con la regulación.

En el oficialismo, sin embargo, la lectura fue otra. No cuestionan necesariamente la gravedad del problema, sino la oportunidad y la forma en que Bullrich decidió instalarlo, sin una coordinación previa con la mesa política. En el bloque hay senadores que respaldan la discusión, aunque advierten que existen diferencias sobre el contenido de los proyectos y el alcance de la regulación. La media sanción de Diputados, además, no es idéntica a otras iniciativas que se discuten en la Cámara alta.

El tercer frente fue discapacidad. Durante el plenario de comisiones del Senado, la discusión sobre el proyecto volvió a dejar expuestas diferencias respecto de los cambios que pretendía introducir el Gobierno. En el oficialismo molestó que Bullrich no incorporara las modificaciones que le habían pedido. La acumulación de los tres temas —discapacidad, ludopatía y delitos sexuales— empezó a ser leída en distintos despachos como parte de una misma secuencia.

Pero la señal que más inquietó a la Casa Rosada fue política. La fotografía que difundió Damián Arabia después de una reunión con legisladores, asesores y dirigentes cercanos a Bullrich terminó de darle forma a una tensión que hasta entonces se expresaba de manera más dispersa. La imagen fue interpretada como una demostración de fuerza de la senadora y como un mensaje hacia la conducción del oficialismo.

Atisbos de un contraataque

Después del primer revuelo, en Balcarce 50 empezaron a contraatacar. Distintas fuentes de sectores diferentes del Gobierno aseguraron que varios de los dirigentes que aparecieron en la foto se comunicaron luego con referentes oficiales para aclarar que no quieren romper con Milei y que tampoco estaban de acuerdo con que la imagen se publicara. “Entre los que fueron con ella no hubo unanimidad”, resumió una fuente del oficialismo. “No quieren ir tan viscerales y todos quieren que reelija Javier”, agregó otra.

La respuesta desde el sector de Bullrich fue muy directa. “Hasta donde sabemos, era toda gente mayor de edad y no había ninguna pistola en la mesa”, dijeron. Para sumar argumentos contaron una intimidad: “Cuando terminó la reunión, uno de los diputados dijo: ‘¿Podemos sacar una foto?’. Y Patricia dijo: ‘Yo no la voy a publicar, corre por su cuenta’“.

Iracundos, en el Gobierno empezaron a introducir advertencias de cara al armado de las listas del año que viene. Varios de los legisladores que acompañan a Bullrich deberán renovar sus bancas el año próximo y, según la lectura de algunos dirigentes oficialistas, podrían quedar condicionados por una eventual disputa por los lugares que se les asignen a los propios de la senadora. “El día de mañana, los cinco o seis que renuevan van a pedir cupo de Patricia y no sabemos si...”, deslizó un referente del oficialismo, en una advertencia que apunta directamente a las negociaciones electorales de 2027.

La interpretación que circula en la Casa Rosada es que Bullrich está jugando un “todo por el todo” para mostrar que la reunión con Milei en Olivos no fue satisfactoria, que se siente desplazada y que quedó afuera de las decisiones centrales. Desde esa perspectiva, sus movimientos buscarían “aumentar su poder interno” y asegurarse más lugares para sus dirigentes en las listas del año próximo. Algunos van incluso más allá: creen que no pretende romper con Milei, sino conseguir un lugar más relevante en una eventual fórmula presidencial y avanzar hacia una suerte de “cogobierno”.

En el bullrichismo rechazan esa lectura y la consideran demasiado lineal. “Si van a empezar con esa lógica, están al horno”, respondieron frente a la introducción de los puestos en las nóminas. En el oficialismo hay quienes recordaron que Bullrich “no tiene sello propio” y que depende de una estructura que no controla por completo.

La discusión se volvió todavía más áspera después de las declaraciones de Juan Pablo Arenaza sobre Santiago Peña en Radio con Vos. En el Gobierno interpretaron sus palabras como una nueva amenaza de Bullrich, esta vez más directa, sobre la posibilidad de construir un camino alternativo si el Presidente pierde centralidad o se debilita. “Comparó indirectamente a Milei con Peña. Es una locura. Está diciendo que tiene que haber un plan B por si se cae Milei. Es peligroso”, resumió un funcionario en off.

En el entorno de la senadora rechazaron esa interpretación y pidieron escuchar el contenido completo de la entrevista. Consideraron una “maldad” la lectura del Gobierno y negaron que exista una estrategia para precipitar una ruptura.

En la Casa Rosada hay quienes prefieren eximir a la senadora y atribuir parte de los movimientos a su entorno. “Tiene demasiada gente alrededor que le ceba la cabeza”, resumió una fuente oficial.

La tensión con Bullrich se suma a otros focos de desgaste que atraviesan al oficialismo. La interna entre los Menem y Santiago Caputo permanece aplacada, pero no resuelta. En el caputismo recuerdan que durante la gestión de Patricia Bullrich en Seguridad no prosperó la idea de crear una versión argentina del ICE, el organismo estadounidense de control migratorio, una iniciativa que el sector había impulsado. También siguen con atención los movimientos de Stephen Miller, uno de los referentes de la derecha estadounidense, después de su designación como jefe de Gabinete de Trump. Caputo volvió a reivindicarlo públicamente y escribió: “Soy pro Stephen Miller y anti-anti Stephen Miller”, en un mensaje que sus seguidores leyeron como una reivindicación de su propia visión política, aunque en su entorno sostienen que nunca tuvo un interés real en ocupar la Jefatura de Gabinete.

En ese contexto, la visita del Papa funcionará como una pausa institucional en una interna que no encuentra un mecanismo estable para procesar sus diferencias. En el Palacio Libertad se cruzarán dirigentes que hace tiempo dejaron de compartir una mesa política y que, sin embargo, deberán mostrarse juntos ante el jefe de la Iglesia católica. “Sí, ¿y qué? Es más de lo mismo", respondió con resignación un dirigente consultado sobre la posibilidad de que los desencuentros queden expuestos durante la actividad.

Sesenta y una personas con discapacidad que reciben atención terapéutica, educativa y, en varios casos, residencial en el Centro de Rehabilitación y Educación Psicomotriz (CEREP), ubicado en el barrio porteño de Caballito, estuvieron en el centro de una disputa judicial que definió si el establecimiento permanecía habilitado como prestador del sistema de salud. El juez federal Walter Lara Correa, a cargo del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.° 10, ordenó mantener la categorización del centro en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad hasta que la autoridad estatal realice una nueva inspección técnica.

La decisión llegó después de que el Estado impulsara un procedimiento para excluir a CEREP S.R.L. del registro, a partir de una auditoría realizada en junio de 2026 que identificó deficiencias edilicias, operativas y administrativas en el establecimiento. La institución respondió con una acción de amparo y aportó documentación para acreditar las mejoras y reparaciones efectuadas desde entonces. Lara Correa no resolvió sobre los escritos de las partes: convocó a una audiencia, solicitó información detallada sobre las personas asistidas, el personal y las condiciones de funcionamiento, y dispuso una inspección ocular antes de dictar la medida cautelar.

Ese recorrido por las instalaciones se realizó el 20 de octubre, con la presencia de representantes de la institución, funcionarios del Ministerio de Salud y profesionales técnicos que habían participado en la auditoría original. La verificación in situ constató que la mayoría de las observaciones habían sido subsanadas, aunque persistían cuestiones pendientes, principalmente vinculadas a la accesibilidad y a determinadas condiciones de seguridad. Posteriormente, en una segunda audiencia, se analizaron las mejoras acreditadas y la posibilidad de llevar adelante una nueva evaluación técnica estatal.

El punto de tensión no era únicamente la situación administrativa del prestador. El magistrado evaluó las consecuencias concretas que una eventual exclusión del registro podría provocar sobre quienes asisten al centro: aunque CEREP pudiera continuar funcionando formalmente, sus 61 concurrentes podrían perder la cobertura integral que reciben a través de sus obras sociales, dado que la categorización en el registro es condición para que las prestaciones sean financiadas por el sistema.

Ese análisis reorientó el eje del conflicto. La discusión dejó de limitarse al cumplimiento de requisitos administrativos por parte del prestador para incorporar derechos fundamentales: la salud, la educación, la rehabilitación, la continuidad de los tratamientos y la dignidad de personas en situación de vulnerabilidad que no eran parte principal del proceso judicial, pero cuyas condiciones de vida quedaban directamente expuestas a la decisión.

La sentencia recuperó, entre sus fundamentos, las denominadas Reglas Papa Francisco para el trato humano de personas excluidas, que proponen una perspectiva judicial que va más allá de la lógica tradicional de vencedores y vencidos. Ese marco conceptual reconoce que las resoluciones judiciales pueden producir efectos sobre personas que no intervienen directamente como partes del proceso y que, por su situación de vulnerabilidad, requieren una protección reforzada.

El fallo también desarrolló un análisis del marco constitucional, legal y convencional de protección de las personas con discapacidad, así como de las obligaciones estatales vinculadas con el acceso a prestaciones de salud, educación y rehabilitación. En ese contexto, el juez consideró los vínculos construidos entre los concurrentes y los equipos profesionales del centro, y las posibles consecuencias de una interrupción abrupta de los tratamientos o de un traslado a otra institución.

La resolución tiene alcance cautelar y provisorio: no sustituye la competencia de la autoridad administrativa ni impide la realización de nuevas auditorías. Por el contrario, Lara Correa dispuso expresamente que el organismo estatal competente lleve adelante una nueva inspección técnica en el plazo fijado por el tribunal y comunique su resultado.

De esta manera, la decisión procura articular dos objetivos que el fallo presenta como compatibles: garantizar la continuidad de la atención de las personas con discapacidad y preservar la potestad estatal de fiscalizar las condiciones de funcionamiento de los establecimientos del sistema. La controversia administrativa, en términos definitivos, permanece abierta a la espera de esa nueva evaluación.

“Desde muy chica tuve que enfrentarme a conquistar barreras. Mientras que para otros parecían simples, para mí fueron enormes. Por ejemplo, aprender a caminar. Al principio gateaba y muchas veces retrocedía. Me iba parando, apoyándome en la pared. Cuando me daba cuenta de que estaba de pie, me asustaba y volvía a caer. Pero seguía intentando. Una y otra vez, y es lo que he hecho toda mi vida, intentar una y otra vez, a veces con miedo, a veces con fuerza”.

Las palabras pertenecen a Candelaria Figueirido, autora de Quiero que me vean como soy. Deseo, autonomía y discapacidad, libro que edité junto a una colega. Nos conocemos desde hace más de diez años, cuando Cande era adolescente y se sumó a las campañas de La Voz de la Infancia de ARALMA, la asociación civil que dirijo. Siempre la vi luchando.

En general, como sociedad vitoreamos la persistencia, la voluntad, el esfuerzo personal, que no está mal, pero hace falta reconocer que no todos partimos del mismo lugar y que algunas personas ni siquiera acceden al derecho a luchar. Tener que convertirse en una especie de figura extraordinaria no debería ser la condición para recibir un trato digno y respetuoso.

La abogada Nelly Minyersky, referente histórica en la defensa de los derechos de las mujeres y de la infancia, retomó, en una reunión que articulamos para conversar acerca de la violencia sexual infantil, un punto interesantísimo: la Opinión Consultiva OC-31/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Reconoce el cuidado como un derecho humano autónomo, con tres dimensiones: ser cuidado, cuidar y el autocuidado.

Una revisión internacional publicada en 2025 en Journal of Child & Adolescent Trauma, que reunió doce estudios sobre niñas, niños y jóvenes con discapacidad, identificó una especial exposición de las niñas y de quienes tienen discapacidad intelectual. El aislamiento social, las relaciones desiguales de poder y los entornos con rutinas restrictivas aparecieron entre los factores asociados.

Me quedé pensando en todos los ámbitos en que puede aplicarse el derecho al cuidado. Uno de ellos es el de esta columna: niñas y niños con discapacidad.

Ser cuidado empieza por lo más concreto: acceder a un diagnóstico, a las terapias, a la medicación o a los elementos de apoyo necesarios; contar con una vacante escolar, una entrada accesible, una vereda transitable, un transporte que permita llegar a destino; tener un lugar donde vivir y una familia.

Todo eso puede demandar esfuerzos enormes que no todas las familias, aunque lo intenten denodadamente, pueden afrontar. Y no deberían tener que hacerlo solas.

Son los Estados quienes deben garantizarlo y adoptar medidas para su ejercicio efectivo.

Los recorridos son muy desiguales: no enfrenta las mismas barreras una persona que cuenta con recursos económicos, tratamientos, educación, transporte y acompañamiento familiar que otra que vive en un hogar empobrecido, en una zona rural, pertenece a una comunidad indígena, está institucionalizada o necesita apoyos que no recibe. Unicef advierte que niñas, niños y adolescentes con discapacidad se encuentran entre los grupos más marginados y excluidos de la sociedad.

Esa desigualdad también aparece en la exposición a la violencia. El informe Análisis de la situación de la niñez y la adolescencia en la Argentina, publicado por Unicef en 2025, señala que el 71,6% de niñas, niños y adolescentes con discapacidad experimentó algún tipo de violencia, frente al 60,6% de quienes no tienen discapacidad. Además, el 12% fue dejado solo o al cuidado de niños menores de diez años durante más de una hora semanal, frente al 4% de sus pares sin discapacidad.

Estas cifras muestran una mayor desprotección y obligan a examinar las condiciones en que se cuida y los apoyos disponibles para hacerlo.

En la clínica esto se hace muy evidente. La exclusión tiene una dimensión material contundente y otra que se instala en el trato cotidiano. Desde una entrada inaccesible que impide pasar, la burla y el acoso diario, la falta de empatía y disponibilidad para encontrar modos asequibles de comunicación y aprendizaje, hablar ignorando al niño o niña que está presente, también la deja afuera y restringe sus posibilidades de expresar deseos y ejercer su autonomía.

El autocuidado necesita oportunidades: expresar dolor, pedir descanso, solicitar apoyos específicos, identificar una incomodidad o buscar algo que hace bien.

Muchas veces a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad no se les pregunta qué quieren, qué les gusta o qué les da miedo. Y cuando se les pregunta, sus respuestas no siempre cuentan.

Cuando existen necesidades de apoyo intensas o dificultades importantes para comunicarse, reconocer sus preferencias exige otras formas de escucha: atender a los gestos, los movimientos, las expresiones de bienestar o malestar y los cambios en su manera de estar. Comprender esas señales requiere tiempo, conocimiento de cada persona y disposición a revisar nuestras interpretaciones.

Elegir la ropa, los amigos o qué hacer un sábado; expresar rechazo a un contacto o a una práctica; conocer el propio cuerpo y sus sensaciones puede requerir distintos acompañamientos. La responsabilidad de quienes cuidan es ofrecer los medios para que cada persona pueda participar de esas experiencias según sus posibilidades.

La intensidad de los apoyos que alguien necesita no anula su singularidad ni autoriza a dar por conocidos todos sus deseos. Cuidar exige hacerle lugar. Comunicar no es solo hablar y dejar en la otra persona toda la responsabilidad de escuchar o comprender. Es construir las condiciones para que el entendimiento sea posible. A veces exige modificar nuestra propia posición, es decir, estar disponibles psíquica y emocionalmente para el encuentro: hablar de frente, ubicarnos a la misma altura visual, disminuir el ruido, respetar los tiempos o recurrir a la lengua de señas, los subtítulos y los apoyos visuales. La accesibilidad no corrige a la persona, nos transforma en el encuentro con el otro.

El derecho a cuidar y ser cuidado recuerda que quienes sostienen ese día a día también necesitan ser sostenidos.

A la tarea de cuidar se suman trámites, llamadas, reclamos y gastos. El acceso termina dependiendo del dinero disponible, del tiempo para gestionar y de la capacidad de insistir. Cuando falta un apoyo, alguien debe asumir esa tarea y cuando una familia debe cubrir con sus ingresos o su trabajo lo que las instituciones dejan de brindar, la desigualdad se profundiza.

El cuidado tiene una dimensión política: se decide en los presupuestos, en la distribución de recursos y en las condiciones de acceso a los servicios y también en la manera en que se habla de las personas con discapacidad y sus familias.

El Gobierno nacional y los gobiernos provinciales, con cada uno de sus representantes, deben responder por esas decisiones.

Las prestaciones no deberían ser un camino hacia el averno que se debe transitar cada mes, el costo en los hogares forma también parte de los gastos, porque es trabajo sin remuneración y pérdida de ingresos.

Quienes tienen menos recursos, por supuesto, quedan más expuestos.

Es importante destacar quién absorbe ese trabajo. La Corte Interamericana advierte que la distribución desigual del cuidado, sostenida en estereotipos de género, produce discriminación contra las mujeres.

Dar por sentado que una madre resolverá cualquier ausencia institucional permite que esa sobrecarga siga funcionando como un recurso invisible. Reconocer el derecho al cuidado exige discutir esa distribución y garantizar servicios, apoyos y tiempo para quienes cuidan.

La autonomía de niñas, niños y adolescentes con discapacidad necesita una organización social que la haga posible. Es muy cruel que las familias y los niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad deban luchar por sus derechos esenciales. Esto revictimiza y enferma física y mentalmente.

Para niñas, niños y adolescentes, la espera transcurre durante su crecimiento, en plena etapa de desarrollo donde la estimulación es esencial para mejorar las condiciones de vida.

Un apoyo que falta puede impedir la asistencia a la escuela; un tratamiento interrumpido puede afectar su salud física y mental y profundizar enfermedades y síntomas.

Las decisiones presupuestarias tienen consecuencias sobre sus vidas y quienes las toman deben responder por ellas.

Una sociedad que deja esas experiencias libradas al esfuerzo individual distribuye de manera desigual las posibilidades de crecer. Garantizar una vida propia exige escuchar a niñas, niños y adolescentes con discapacidad y actuar sobre aquello que restringe sus vidas y elecciones.

El cuidado se vuelve más justo cuando abre el mundo y permite habitarlo con otros.

Cande aprendió a caminar apoyándose en la pared.

Garantizar el derecho al cuidado es asegurar que, para cada niña y cada niño, haya una pared sólida donde apoyarse para seguir creciendo.

Sonia Almada es Lic. en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Magíster Internacional en Derechos Humanos para la Mujer y el Niño, Violencia de Género e Intrafamiliar (Unesco). Se especializó en infancias y juventudes en Latinoamérica (CLACSO). Fundó en 2003 la asociación civil Aralma, que impulsa acciones para la erradicación de todo tipo de violencias hacia infancias y juventudes y familias. Es autora de tres libros: La niña deshilachada, Me gusta como soy, La niña del campanario y Huérfanos atravesados por el femicidio.

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) reclamó este jueves al Senado que apruebe antes de fin de mes el proyecto que regula las apuestas online y previene la ludopatía infanto-juvenil, a pocos días de que el papa León XIV pise suelo argentino. “Les pedimos desde acá, aprovechando esta conferencia de prensa, a los senadores que se pongan las pilas y que no la dejen morir”, afirmó monseñor Marcelo Colombo, presidente general de la CEA, durante el encuentro con la prensa realizado en la sede de la calle Suipacha 1032.

La iniciativa, que obtuvo media sanción en Diputados en noviembre de 2024, corre riesgo de perder estado parlamentario el 30 de noviembre, cuando finalizan las sesiones ordinarias. Pizarro vinculó de manera directa la urgencia legislativa con la agenda social que marcará el recorrido papal por el país: “Con ese proyecto de ley a medio sancionar, muriéndose, a lo mejor también morirán las esperanzas de muchas familias y morirán muchos jóvenes. Dejar morir esa media sanción es ser parte de esa muerte silenciosa de tantos jóvenes y familias detrás de la ludopatía virtual infanto-juvenil”.

El Padre Máximo, secretario de Comunicación de la CEA, encabezó la presentación de la visita, que se extenderá entre el 8 y el 11 de noviembre bajo el lema “Bienvenidos todos, vayan y anuncien”. Según explicó, la primera parte expresa “este máximo deseo inclusivo en que todos se sientan partícipes de esta alegría” y la segunda apunta a un “envío misionero” que “viene a movilizar” las energías de los creyentes “en favor de la evangelización”.

El sacerdote enmarcó el viaje del Pontífice dentro de una gira regional que también incluye Uruguay y Perú, con etapas “interrelacionadas y complementarias” que, dijo, no repiten contenidos sino que presentan “distintas facetas de la acción pastoral de la Iglesia” en cada país. Monseñor Marcelo Colombo, presidente de la CEA, definió el encuentro como un momento de “mucha plenitud interna” para los obispos argentinos, que por primera vez se reunirán como cuerpo con León XIV.

La visita al Cottolengo y el mensaje sobre la discapacidad

Uno de los puntos centrales de la agenda será la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, programada para el lunes 9 de noviembre. El predio, de 50 hectáreas, alberga a 410 personas con discapacidad en 14 edificios, además de una escuela, un centro educativo terapéutico y talleres de rehabilitación. Según el cronograma difundido por la Iglesia, el Papa recorrerá un pabellón en un encuentro privado de unos 40 minutos, con la “privacidad” necesaria “para respetar incluso a las personas que viven allí”.

Colombo explicó el significado de ese gesto: “La visita al Cottolengo expresa nuestra cercanía con esa vulnerabilidad que se manifiesta en la discapacidad de un hermano o una hermana nuestra. Y los hacemos solidarios también de esa forma con sus familias y con la sociedad toda, que tiene dificultades muchas veces para acompañar y sostener esa vulnerabilidad”. El arzobispo agregó que “allí hay verdadera vida, allí hay dignidad que debe ser respetada, acompañada y sostenida”, en referencia al trabajo de la obra fundada por Luis Orione.

Pizarro completó la idea al vincular ese gesto con otras formas de vulnerabilidad que preocupan a la institución: “Estos dos gestos simbólicos no terminan ahí. Simbolizan otros mundos de vulnerabilidad. Con el tema de la ludopatía, para nosotros es muy importante y estamos muy interesados en que eso no quede de lado e invisibilizado”. Y añadió una definición sobre el alcance del mensaje papal: “No quedamos solamente en algo más político, sino en algo más religioso, espiritual y también humano”.

El miércoles 11 de noviembre, antes de partir hacia Perú, León XIV visitará el Complejo Penitenciario Federal de Devoto, en momentos en que la cárcel atraviesa un proceso de traslado de internos hacia otro penal de la provincia de Buenos Aires. Consultado sobre si ese vaciamiento había sido previsto por la organización, Colombo respondió: “Había un cronograma de traslado de la cárcel y sí, en el caso de la visita papal, el deseo de hacer un gesto de cercanía con ese grupo. De parte nuestra no hemos notado nada que haya querido afectar en modo alguno la naturaleza del encuentro”.

El presidente de la CEA aclaró que la presencia del Pontífice en el penal no implica ninguna intervención en causas judiciales: “De ninguna manera significa meterse en causas judiciales o penales. Todo eso sigue por sus carriles institucionales propios, sino hacerse presente ante la persona concreta del que está privado de libertad para hacerle un anuncio de esperanza”. Citó el pasaje bíblico de Mateo 25 (“estuve preso y me viniste a ver”) y recordó el antecedente de Juan Pablo II, que visitó en prisión al hombre que había intentado asesinarlo.

El recuerdo de Francisco y la salud de León XIV

La agenda incluye, el lunes 9 por la tarde, un encuentro en la Catedral de Buenos Aires dedicado a “hacer memoria del legado pastoral del ministerio, de la vida y del ministerio del papa Francisco”. Colombo subrayó el vínculo entre ambos pontífices: León XIV fue “estrecho colaborador” de Francisco “no solo como prefecto de la Congregación para los Obispos, sino también como presidente de la Comisión Pontificia para América Latina”, lo que anticipa, según el arzobispo, una presencia constante del antecesor en los mensajes del viaje.

Sobre el estado de salud del actual Papa, que había generado dudas entre fieles a la hora de inscribirse para los actos masivos, Colombo descartó cualquier condicionamiento especial en la organización: “No tenemos ninguna indicación especial. Sabemos que la recuperación es muy importante porque lo está haciendo muy bien”. El arzobispo relató, incluso, una anécdota sobre la vitalidad del Pontífice: “Suele decirle a sus colaboradores cuando le dicen que están cansados, dice: ‘No, ustedes están cansados, yo estoy bien’”.

Pizarro detalló los tramos en los que el Papa utilizará el papamóvil para tener contacto directo con los fieles: siete cuadras antes de llegar al Cottolengo, dos kilómetros previos a la misa del Monumento a los Españoles, recorridos en Córdoba durante la misa de FADEA y el encuentro con jóvenes, y casi tres kilómetros antes de la misa en Luján. En la Plaza de Mayo, en cambio, no habrá papamóvil ni instancias de saludo espontáneo, ya que el encuentro con los obispos en la Catedral “estará todo vallado” y no forma parte del programa público.

Respecto de la convocatoria, la Iglesia buscó despejar dudas entre quienes no llegaron a inscribirse en los actos masivos de Luján y Palermo. “Si no te inscribiste, no te hagas problema, vení. Hoy todos los que quieran, que vengan, que los estamos esperando y cada uno es bienvenido como tal”, señaló Colombo, quien pidió además cuidado y sentido común en la organización espontánea de los grupos que asistirán a las celebraciones.

Una pregunta sobre Milei que la Iglesia evitó responder de manera directa

Durante la conferencia, un periodista de Radio Mitre consultó si la CEA hubiera deseado un encuentro específico entre el presidente Javier Milei y la Iglesia católica, en el marco de los recientes encuentros del mandatario con representantes de otros credos en la Casa Rosada. Colombo evitó un pronunciamiento directo sobre el vínculo con el Gobierno: “En este momento estamos abocados a la visita como tal y nuestra máxima atención está en el visitante. Todo lo que hagamos en estos días quiere ser también como un signo, un auspicio de un crecimiento en las relaciones entre las instituciones y entre los sectores”.

Ante una segunda pregunta sobre si el lema “bienvenidos todos” implica una lectura crítica sobre la polarización política del país, el presidente de la CEA tampoco profundizó en una valoración directa: “El bienvenido a todos lo dice la Iglesia, que es la que quiere recibir a todos en su casa. De parte nuestra, lo mejor para todos. Bienvenidos todos”.

Craig Lees, veterano británico y triple amputado, completó el cruce en solitario del océano Pacífico a bordo de su catamarán de 41 pies Sirius II, recorriendo 7.500 millas náuticas sin escalas en 90 días. La expedición comenzó el 25 de marzo de 2025 en Puerto Vallarta, México, y concluyó el 24 de junio en Hiroshima, Japón. Tenía 35 años al momento de zarpar.

Según informó el medio náutico All at Sea, la navegación convierte a Lees en un caso sin precedentes en la historia oceánica en solitario. Durante el recorrido, el catamarán sufrió daños estructurales y el marino rompió su prótesis de brazo, pero ninguno de los dos contratiempos frenó el avance. Lees completó la ruta en el plazo previsto y llegó a Japón sin asistencia externa.

En 2009, una explosión en Afganistán le costó ambas piernas y la mano izquierda

El origen de esta historia es una tarde de 2009 en Afganistán. Durante su servicio militar, Lees pisó un artefacto explosivo improvisado que le arrancó ambas piernas y la mano izquierda. La detonación también le causó heridas graves en el rostro. Pasó 14 días en coma inducido antes de despertar y comprender la magnitud de lo que había perdido.

La recuperación fue lenta y exigente. Tardó ocho meses en volver a caminar y necesitó cuatro años y medio de rehabilitación en el centro especializado Headley Court, ubicado en el condado de Surrey, Reino Unido. Al concluir ese proceso, retomó una actividad que su padre le enseñó en los viajes familiares a Bridlington: la vela. Esa reconexión con el mar fue el punto de partida de todo lo que vino después y marcó el rumbo de su vida fuera del ejército.

Lees diseñó un sistema propio de airbags para evitar que el Sirius II se hundiera en alta mar

Antes de zarpar, el navegante desarrolló soluciones específicas para los riesgos que enfrentaría en el Pacífico. La más llamativa fue un sistema de seis airbags de automóvil fijados al casco del Sirius II, concebido para prevenir el hundimiento ante una avería severa en medio del océano. El diseño fue obra del propio Lees, a quien la embarcación y la planificación de la misión le demandaron meses de trabajo previo.

El desafío no era solo físico. De acuerdo con All at Sea, Lees reconoció antes de partir su preocupación por el impacto psicológico de los meses en soledad. El documental que registra la gesta recoge sus reflexiones sobre ese proceso interno, que según sus propias palabras fue tan determinante como el esfuerzo corporal. También aparecen en el film los momentos de paz y espiritualidad que encontró en las semanas más extensas de la navegación.

“Quería mostrar a otras personas con discapacidad lo que podemos lograr, porque no somos incapaces, somos discapacitados. Después de perder las piernas y la mano, la vida no termina. Todavía se puede hacer algo que importe”, declaró Lees en el film.

La campaña solidaria reunió más de £ 55.000 para organizaciones de apoyo a veteranos

Más allá del desafío personal, Lees convirtió la expedición en una iniciativa solidaria. Durante la navegación recaudó más de £ 55.000 (aproximadamente USD 72.270) destinados a Blesma y Turn To Starboard, dos organizaciones que, según describió, lo inspiraron a reemplazar sus “miembros ausentes por piernas marineras”. Ambas instituciones trabajan con militares heridos y veteranos que buscan reintegrarse a través del deporte y la vida activa.

También mencionó que espera que su historia sirva de impulso para otras personas con discapacidad. “Podés navegar tu propio océano”, resumió en el documental, en una frase que condensa el mensaje central de toda la experiencia.

Como consecuencia de la repercusión de la gesta, el 3 de noviembre se estrenó en YouTube el documental Singlehanded, que registra el viaje desde los preparativos hasta la llegada a Hiroshima. El film ofrece el relato directo de Lees sobre los obstáculos físicos, los momentos de duda y la paz que encontró en el Pacífico. Está disponible de forma gratuita bajo el título Single Handed – Conquering the Pacific.

Un plenario de comisiones del Senado avanzó esta tarde con el dictamen del proyecto ya aprobado por Diputados que impone una nueva ley de discapacidad y deja atrás la actual emergencia en el área, que vence a fin del corriente año. Entre los puntos más importantes del texto se mantiene la pensión no contributiva, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado.

La firma del despacho ocurrió en las comisiones de Presupuesto y Hacienda; y de Población y Desarrollo Humano de la Cámara alta. La primera es comandada por el libertario Agustín Monteverde (Capital Federal), mientras que la segunda es presidida por la cristinista Alicia Kirchner (Santa Cruz), quien aseguró: “Hay personas que nos han dicho de agregar esto o lo otro, pero el 31 de diciembre vence la ley y es fundamental que le demos sanción. Toda ley es perfectible, pero hoy tenemos que garantizar la mayor cobertura”.

Su colega de bloque, Carlos Linares (Chubut), retiró su propuesta para prorrogar la emergencia y habló de una “gran desesperación en todo el colectivo, que se está jugando hace rato”. Además, deslizó que la iniciativa en cuestión “es lo más cercano que tenemos, pero no es lo ideal”. En esa línea, manifestó: “Es mucho lo que falta y quiero ver qué viene en el Presupuesto 2027. Ahora, tenemos que despejar la incertidumbre”.

Por su parte, la jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich (Capital Federal), expresó que la norma “busca dar una respuesta permanente y genera previsibilidad después de muchos desencuentros”, con el fin de evitar “una pelea permanente por este tema”. La porteña resaltó la necesidad de “controles”, con “pensiones que están muy por la media de cualquier pueblo tiene”.

Bullrich calificó como “muy importante” la no incompatibilidad entre incapacidad y empleo", para que “puedan ser integradas y no elegir empleo y pensión, que generaba un doble problema”. Mismo caso en los “beneficios a empleadores” y la apuesta por la “transparencia” del nuevo sistema. En ese sentido, advirtió sobre la “enorme duda” en pensiones entregadas “como si fuese un plan social”.

A contramano de la mayoría de bloques y, pese a la urgencia relacionada con el tema, la peronista disidente Alejandra Vigo (Córdoba) reclamó modificaciones. No cayó bien en el resto de los presentes del plenario -más tarde, la apoyó el ahora ex kirchnerista catamarqueño Guillermo Andrada-, dado el apuro para dar una señal y el consenso obtenido en Diputados, que se replicaría en el Senado.

Tras su discurso, se sumó la cristinista Juliana di Tullio como máxima autoridad de dicha bancada en el convite. La bonaerense aprovechó la ocasión para criticar a Bullrich. Contestó el libertario Bruno Olivera Lucero (San Juan). El ida y vuelta continuó con otros legisladores y la disputa se elevó luego de las palabras del mileísta Joaquín Benegas Lynch (Entre Ríos). No es la primera vez que genera una situación de ese estilo. Tampoco se perdió su momento su colega de espacio Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), quien mandó a siesta eterna -desde marzo- a la comisión de Trabajo que lidera. Más de siete meses.

El texto consensuado ratifica pensiones equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía para acceder a dicho beneficio, con un nomenclador universal de prestaciones y arancel unificado. Por pedido de los aliados en la Cámara baja -el Gobierno y el oficialismo tuvieron que ceder en casi todo allí-, se mantuvo la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal: habilita que las personas con CUD conserven la pensión si tienen empleo registrado o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles.

También se garantizó que tanto las personas titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral como por discapacidad tengan el acceso a un mecanismo de salud con las prestaciones básicas de la ley 24.901 (Programa Incluir Salud). En tanto, para evitar futuros vetos o cuestionamientos del oficialismo, se detallaron las partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud que se destinarán a financiar el sistema y se previeron compensaciones desde el Tesoro, si éstas resultaran insuficientes. Además, se aclaró que el Gobierno deberá asegurar que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo respecto del año anterior.

En otro tramo del proyecto se introdujeron mecanismos de control más estrictos. Por caso, la Secretaría Nacional de Discapacidad realizará auditorías periódicas mediante el cruce de datos con organismos como ANSeS, ARCA, Renaper y el SINTyS, con la posibilidad de suspender -de manera preventiva- un beneficio ante un incumplimiento objetivo, aunque bajo un “debido proceso inclusivo” que contempla notificación y rehabilitación provisoria.

Por último, el texto establece que si quedaran pendientes deudas con prestadores al momento de sancionarse la ley, el Poder Ejecutivo deberá difundir un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelar los pagos dentro de los 90 días.

La visita del papa León XIV a la Argentina, y en particular al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, el 9 de noviembre, pone la discapacidad en el centro de la escena. El gesto de encontrarse con quienes viven allí y con quienes los acompañan expresa una mirada opuesta a la indiferencia: las personas no son cifras ni cargas, y sus derechos no pueden depender de la conveniencia política. Sería una contradicción recibir al Papa mientras se desoyen esos reclamos.

Esta mirada expresa una línea sostenida por la Iglesia, que el papa Francisco puso en el centro de su pontificado al advertirnos sobre una de las formas más crueles de organización de nuestras sociedades: la cultura del descarte. Una lógica que convierte a las personas en números, mide su valor por su productividad y descarta a quienes no encajan en las reglas del mercado. Naturaliza la indiferencia y nos convence de que hay vidas que importan más que otras.

En la Argentina, esa cultura se expresa cruelmente en el trato del Gobierno nacional hacia las personas con discapacidad. No se trata de recortes presupuestarios: según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, garantizar la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad representaría entre el 0,4 % y el 0,7 % del PBI. Es una forma de ejercer el poder marcada por la agresividad, el desprecio y la falta de escucha hacia un colectivo que necesita garantías y apoyos del Estado.

Para sostener su programa económico, el Gobierno necesita una sociedad de individuos aislados, donde cada uno resuelve sus problemas y la solidaridad sea una carga, no una responsabilidad compartida. Esa es parte central de su batalla cultural.

Durante estos años, las personas con discapacidad, sus familias, trabajadores e instituciones tuvimos que enfrentar decisiones que agravaron una situación crítica. El Gobierno vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Congreso debió insistir en su sanción y fue necesaria la intervención de la Justicia para exigir su implementación. A eso se sumaron las dificultades para acceder a prestaciones, la incertidumbre sobre las pensiones y las denuncias de irregularidades y corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.

La respuesta fue profundamente violenta. Con todo el poder del Estado se intentó instalar que reclamar derechos equivale a defender privilegios, que necesitar apoyos representa una carga, que las dificultades de miles de familias son apenas números en una planilla y que las pensiones eran fraudulentas.

Sin embargo, el colectivo logró ponerle un límite a esa lógica.

Este Gobierno no retrocede. Frente al reclamo, acelera su crueldad y su violencia. Pero con la discapacidad tuvo que hacer otra cosa. El oficialismo logró imponer su dictamen de mayoría en Diputados, pero para reunir los apoyos necesarios debió incorporar reclamos que su propuesta inicial no contemplaba.

¿Por qué un Gobierno tan poco dispuesto a escuchar tuvo que ceder? Nuestra interpretación es que buscó hacer control de daños y cerrar un conflicto con un costo político y social evidente, mostrar voluntad de diálogo ante la agenda del Papa en Argentina y reemplazar la discusión sobre la emergencia por el relato de una nueva legislación que supuestamente venía a superarla.

Pero el cambio no nació de una decisión bien intencionada del Gobierno, sino de la lucha sostenida del colectivo de la discapacidad. Durante dos años, personas con discapacidad, familias, trabajadores e instituciones pusieron el cuerpo, el tiempo y la energía. Marcharon, reclamaron, hablaron con legisladores y construyeron acuerdos incluso cuando la incertidumbre y el desgaste parecían insoportables.

La intervención de legisladores de la oposición permitió trasladar esos reclamos al debate parlamentario. La sociedad acompañó porque comprendió que no se defendían intereses sectoriales, sino derechos fundamentales. Frente a la idea de que cada uno debe salvarse solo, miles de personas demostraron que los derechos también se defienden colectivamente.

Pero sería un error confundir este avance con la resolución del problema. La discapacidad sigue en emergencia. Resta el tratamiento en el Senado, se necesita un Presupuesto 2027 que garantice recursos y, sobre todo, hace falta que el Poder Ejecutivo cumpla efectivamente las leyes. La experiencia obliga a ser prudentes porque ni una ley, ni la insistencia del Congreso frente a un veto, ni una orden judicial alcanzan si no se traducen en derechos efectivos.

Frente a la cultura del descarte, desde CAIDIS proponemos recuperar la cultura del encuentro.

Para quienes trabajamos y acompañamos todos los días a las personas con discapacidad, esa propuesta de Francisco tiene un significado concreto: escuchar al colectivo, reconocer su voz y su capacidad de decisión, construir políticas públicas con su participación y entender que los apoyos necesarios para una vida autónoma no son una concesión del Estado, sino una obligación que surge de los derechos humanos.

Supone también recuperar el diálogo entre el Estado, las organizaciones, las instituciones, los trabajadores y las familias para construir soluciones duraderas.

Desde CAIDIS creemos que el desafío no es solamente defender los derechos conquistados, sino contribuir a una sociedad donde nadie tenga que justificar permanentemente su derecho a una vida digna. Porque una comunidad no se define por su capacidad de descartar a quienes necesitan apoyos, sino por garantizar que todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones.

La lucha del colectivo de la discapacidad deja una enseñanza que trasciende al sector: el camino para transformar la realidad es el trabajo conjunto, la organización, la solidaridad y el encuentro.

Frente a quienes nos proponen salvarnos solos, seguimos eligiendo construir una sociedad en la que nadie quede afuera.

Tras el festín de concesiones que la Casa Rosada le concedió a la oposición dialoguista y también al kirchnerismo para no perder en Diputados, el Senado intentaría dictaminar mañana -de haber número- la nueva ley de discapacidad. El objetivo principal es dejar atrás la emergencia que vence a fin del corriente año, en un área más que delicada y que trajo varios dolores de cabeza al Gobierno.

El plenario que miró hacia un costado la semana pasada y ahora buscará analizar la iniciativa es el de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; y de Población y Desarrollo Humano. La primera es la de cabecera -tiene la responsabilidad de convocar- y la preside el libertario Agustín Monteverde (Capital Federal), mientras que la segunda es comandada por Alicia Kirchner (Santa Cruz).

La propuesta en cuestión, que obtuvo una mayoría de dos tercios en la Cámara baja -es decir, con casi nulas posibilidades de cambio alguno-, mantiene la pensión no contributiva por discapacidad, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado. En Diputados logró 236 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones, tras descartar el ajuste que aún aparece en la versión original del Presupuesto 2027.

Puntos principales

El texto consensuado ratifica pensiones equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía para acceder a dicho beneficio, con un nomenclador universal de prestaciones y arancel unificado.

Por pedido de los aliados, se mantuvo la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal: habilita que las personas con CUD conserven la pensión si tienen empleo registrado o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles.

También se garantizó que tanto las personas titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral como por discapacidad tengan el acceso a un mecanismo de salud con las prestaciones básicas de la ley 24.901 (Programa Incluir Salud).

Por otro lado, para evitar futuros vetos o cuestionamientos del oficialismo, se detallaron las partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud que se destinarán a financiar el sistema y se previeron compensaciones desde el Tesoro, si éstas resultaran insuficientes. Además, se aclaró que el Gobierno deberá asegurar que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo respecto del año anterior.

En otro tramo del proyecto se introdujeron mecanismos de control más estrictos. Por caso, la Secretaría Nacional de Discapacidad realizará auditorías periódicas mediante el cruce de datos con organismos como ANSeS, ARCA, Renaper y el SINTyS, con la posibilidad de suspender -de manera preventiva- un beneficio ante un incumplimiento objetivo, aunque bajo un “debido proceso inclusivo” que contempla notificación y rehabilitación provisoria.

Por último, el texto establece que si quedaran pendientes deudas con prestadores al momento de sancionarse la ley, el Poder Ejecutivo deberá difundir un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelar los pagos dentro de los 90 días.

En Diputados, una de las legisladores del oficialismo que se cargó la negociación al hombro fue la cordobesa Laura Rodríguez Machado. No obstante, con el Ejecutivo en medio de insólitas internas y tras la pésima apuesta en el capítulo del Presupuesto 2027, el mileísmo tuvo que bajar los brazos y aceptar la mayoría de las condiciones dialoguistas para no dañar a Martín Menem. Sólo así se frenó la imposición cristinista de prorrogar la emergencia hasta el 31 de diciembre del año próximo.

Durante la sesión ocurrida en octubre, el oficialismo sí pudo patear la discusión sobre endeudamiento: regresó a comisión y, hasta ahora, no hay novedades ni movimiento alguno relacionado con el tema, que parece quedar en el olvido tras meses de crisis promocionadas por operadores de turno ante un problema que, no obstante, continúa a la vista.

El Senado acaba de poner en marcha el trámite que, finalmente y después de muchas batallas, permitiría sancionar la ley sobre discapacidad antes de que concluya el período de sesiones ordinarias, a fin de mes. Mucho más comprometido en materia de fechas, el proyecto sobre ludopatía y apuestas online fue rescatado del olvido y podría ser tratado en la Cámara alta si los legisladores cumplen el compromiso expuesto ahora, a casi dos años de la aprobación en Diputados. Son dos temas reclamados por organizaciones civiles, especialistas en la materia y espacios opositores. Y también, desde hace rato pero con mayor eco en estos días, por la Iglesia Católica: la visita del Papa expone así su impacto político también en el Congreso.

Se trata de dos movimientos que, sin son coronados, quedarán expuestos como marcas concretas en una agenda que el Gobierno no vislumbraba cuando trascendió el viaje regional del Papa, que incluye a Uruguay en el inicio y a Perú en el final. Por entonces, se especulaba únicamente sobre el efecto enorme de la simple presencia de León XIV, sin considerar su mensaje amplio en un cuadro social como el de la Argentina.

Los días posteriores, pasada además la incertidumbre por la intervención quirúrgica que debió enfrentar el Papa, colocaron el foco en los puntos que viene destacando desde los primeros días de su pontificado, entre ellos los efectos del manejo de la IA en términos de poder, la situación de los sectores más vulnerables de la sociedad y hasta el arte desde el punto de vista ontológico. Estarán presentes en su actividad pastoral. Y le darán marco a otros gestos, como la visita al Cottolengo Don Orione.

La confirmación de esa actividad, cuyo relieve creció en espejo con la incomodidad que se dejaba trascender desde pliegues del oficialismo, se produjo en momentos en que seguía abierto el debate sobre la emergencia en el área de discapacidad. El ruido había tenido un pico cuando llegó al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, que incluía un ajuste intolerable incluso para legisladores oficialistas, dedicados a negociar una nueva iniciativa con socios y dialoguistas. Ese tejido le permitió a LLA amortiguar la ofensiva de la oposición más dura, que motorizaba la prórroga de la emergencia en el sector, resistida por el Gobierno, judicializada y cumplida sólo parcialmente.

Llegó en ese contexto la sesión de Diputados convocada por LLA y aliados luego de hacer fracasar el intento previo de la oposición. La Iglesia, para entonces, había realizado varios gestos a modo de reclamo para que el tema -en rigor, el panorama para el año que viene- fuera despejado y se asumiera el pago de las deudas, algo demandado por organizaciones del sector, desde familiares hasta prestadores. Hubo incluso un encuentro convocado por el ministro Mario Lugones al que asistieron integrantes de la Pastoral Social y de la Conferencia Episcopal Argentina.

El cuadro legislativo ya estaba cruzado por la cercanía de la visita papal. Y representantes de la Iglesia ratificaron su posición ante legisladores libertarios y de la oposición el día previo al tratamiento del tema en el recinto de Diputados, hace poco más de diez días. Al final, el oficialismo hizo concesiones ante la demanda de aliados para garantizar la efectividad de una nueva ley. Las tratativas incluyeron a espacios de la oposición y el texto -que toma en buena medida los puntos centrales de la emergencia- fue aprobado con 237 votos a favor. Esa postal, fuera de lo común, expuso una mayoría que no dejaría margen para contratiempos.

El interés se corrió entonces hacia la otra ala del Congreso. En principio, está previsto tratar el tema de discapacidad en plenario de comisiones, este miércoles. La agenda incluye más de un “expediente”, pero se supone que el texto aprobado por abrumadora mayoría en Diputados no debería enfrentar inconvenientes en el Senado. La duda, en todo caso, tendría que ver con la convocatoria en una semana de poca actividad legislativa. Los trascendidos indican que la idea es avanzar con el dictamen y sancionar la ley a fines de mes.

Más jugado de tiempo viene el proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online. Es una cuestión sensible -no son novedad las advertencias sobre los efectos de enorme gravedad entre chicos y adolescentes, y su mundo familiar-, sin avance hasta ahora en el Senado. El proyecto fue aprobado en Diputados a fines de noviembre del 2024 y desde entonces, no logró avanzar, a pesar de reclamos y algún intento de abrir el debate.

El jueves último, la sesión de la Cámara alta anotó la aprobación por mayoría total de una moción de preferencia para que la iniciativa sea tratada antes de que pierda estado parlamentario, en el final de noviembre: en ese caso, quedaría en la nada como si no hubiese logrado la aprobación de una de las dos cámaras.

En lo que hace a la Iglesia, la secuencia previa a esa movida en el Senado está a la vista. El 19 de octubre, la Pastoral Social volvió a reclamar una respuesta del Congreso. Y una semana después, el presidente de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo, reiteró el mensaje en una entrevista: dijo que el Senado estaba “dejando morir” el proyecto y advirtió sobre “intereses muy grandes” que operan para frenarlo.

Se verá ahora cómo se manejan los tiempos para superar la instancia de comisiones y pasar al recinto. No parece fácil, habida cuenta de las trabas registradas durante dos años. El contexto, por cierto, fue cambiando. Y la visita del Papa no es un elemento menor.

Mató a tres niños y a una maestra, hirió a otras dos personas y fue abatido por un padre de familia con dos hijas en el centro educativo. Las autoridades todavía no determinaron un móvil para el ataque.

Documentos policiales obtenidos por NBC News y su filial KGW revelan ahora que el adolescente fue víctima de violencia física en al menos dos ocasiones en los años previos al tiroteo, en un contexto familiar atravesado por la precariedad económica y las peleas domésticas.

Los registros también describen un cuadro de acoso escolar y una posible discapacidad cognitiva que el propio sistema pareció incapaz de abordar.

El primer episodio de violencia que sufrió siendo niño

El primer episodio registrado ocurrió en 2022, dentro del hogar de John. Su madre, Shauntai Nickerson, relató a los agentes de Bend que una amiga de su hermana lo abofeteó en la cara con tal fuerza que le fracturó un diente y luego le dio varios puñetazos en la nuca.

El oficial que se presentó en el domicilio verificó una pequeña rotura en uno de los dientes inferiores frontales del niño. John confirmó lo ocurrido y precisó que recibió entre cuatro y seis impactos en la parte posterior de la cabeza.

Nickerson indicó que su hijo “tenía necesidades especiales”. El propio oficial consignó en el expediente que el niño “probablemente tenía una discapacidad cognitiva”, a partir de lo que describió como patrones de comunicación y habla no verbales.

La hermana de John le contó al policía que, cuando ella llegó a la casa, el niño estaba alterado y lloraba porque era víctima de bullying en la escuela. El agente dejó constancia de que “John expresó preocupación por denunciar el acoso escolar porque su madre se enojaría”.

Las autoridades intentaron localizar a la atacante tanto por teléfono como en persona, pero no lograron dar con ella, según consta en el expediente.

Una segunda paliza tres años después, esta vez dentro de su casa

Poco más de tres años después, John volvió a ser víctima de una paliza. Un hombre que mantenía una relación sentimental con Nickerson lo embistió en repetidas ocasiones dentro del departamento familiar, de acuerdo con otro documento policial de Bend.

El conflicto se originó cuando Nickerson discutió con el sujeto por su vínculo con otras mujeres y colocó todas sus pertenencias fuera de la vivienda. El hombre regresó, aporreó la puerta y forzó su entrada, tal como detalla el reporte.

John contó a los oficiales que el individuo amenazó con lastimarlo a él y a su madre. El adolescente decidió intervenir cuando el sujeto se negó a abandonar el lugar. “Empezó a ponerse violento y yo no quería que le hiciera daño a mi mamá”, le dijo el joven a la policía, tal como recogió NBC News.

El menor relató que le pidió al hombre que se fuera, pero este lo empujó dos veces y le hizo soltar su teléfono.

Cuando se agachó a recogerlo, lo derribó contra el suelo, le rodeó la cabeza y el cuello con el brazo y le propinó entre 12 y 14 puñetazos. El sujeto huyó al enterarse de que los agentes estaban en camino.

Tanto Nickerson como su hijo decidieron no cooperar con la investigación ni presentar cargos, al considerar que el asunto había quedado resuelto, afirmó la policía en su reporte.

El contexto familiar detrás del atacante

Registros judiciales previamente obtenidos por NBC News detallaron una vida hogareña turbulenta.

Ambos padres de Griffin John II estuvieron involucrados en confrontaciones físicas y tuvieron múltiples roces con las fuerzas del orden, además de atravesar períodos de marcada precariedad.

La investigación sobre el tiroteo del 15 de octubre continúa abierta. Gran parte de la historia del adolescente permanece sin esclarecerse.

Las personas que quieran asistir a las celebraciones del papa León XIV durante su visita a la Argentina podrán registrarse en línea hasta hoy. La inscripción para las misas en Buenos Aires, Córdoba y Luján es gratuita y contempla requisitos diferenciados para el público general y quienes utilicen sectores adaptados.

El trámite permite anotar a una persona o a grupos de hasta 20 integrantes. Quien encabece el registro debe tener al menos 16 años; los menores deberán ser incorporados por una persona adulta responsable. Además, el formulario exige un correo electrónico válido, al que se envía un código de verificación antes de confirmar la solicitud.

Una vez completada la validación, la plataforma informa la inscripción y sugiere una puerta de acceso. Para los asistentes a las misas masivas, no será obligatorio presentar un código QR. La organización recomienda anotarse, aunque el ingreso seguirá sujeto a los controles de seguridad y a las pautas que defina el operativo en cada predio.

La situación cambia para quienes requieran los sectores adaptados. Esos espacios tendrán cupos reservados y demandarán una inscripción obligatoria, con la presentación o validación de documentación. Cuando corresponda, deberá adjuntarse el Certificado Único de Discapacidad. En esos casos, el sistema enviará un QR que deberá exhibirse en el acceso asignado.

Los organizadores también aconsejan consultar previamente las condiciones de cada lugar, en especial la información sobre acompañantes, transporte, sanitarios y horarios de entrada. El registro para las misas no habilita por sí solo la participación en las demás actividades de la agenda pontificia, que cuentan con mecanismos propios y cupos limitados.

La agenda del papa Leon XIV

El programa prevé que León XIV llegue al país entre el 8 y el 11 de noviembre. La primera celebración abierta será el lunes 9, a las 11.30, en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Al día siguiente, el pontífice celebrará una misa a las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en Córdoba.

La última misa se realizará el miércoles 11, también a las 10, en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en la provincia de Buenos Aires. Tras esa actividad, el Papa partirá desde el aeropuerto de Ezeiza hacia Lima para continuar su viaje por Perú.

Además, la agenda incluye encuentros con trabajadores, jóvenes, comunidades religiosas y personas privadas de la libertad. Para esas convocatorias, la organización estableció registros diferenciados y capacidad limitada.

Este miércoles por la madrugada, el Gobierno dejó sin efecto a la Resolución N°13901/2025, que había restablecido el cobro de las pensiones no contributivas por invalidez laboral. De esta manera, la Secretaría Nacional de Discapacidad dispuso que los titulares deberán iniciar un trámite de rehabilitación para recuperar el cobro del beneficio.

Por medio de la publicación de la Resolución N° 3695/2026, el secretario de Discapacidad, Diego Masaragian, anuló la medida que había sido emitida el año pasado por la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Esta normativa había reanudado los pagos los beneficiarios que habían perdido la prestación tras detectarse irregularidades durante la etapa de auditorías.

“Déjase sin efecto la Resolución N° 13.901/25 de la ex Agencia Nacional de Discapacidad respecto de las personas identificadas en el Anexo I (IF-2026-103572421-APN-DNGYAA#MS) que forma parte integrante de la presente”, establecieron en el documento.

De esta manera, las autoridades emitieron una lista de beneficiarios que volverán a ser suspendidos, pero que aún podrán recuperar el cobro de la pensión. Sin embargo, remarcaron que el reconocimiento de cada caso no implicaba una restitución automática, debido a que cada expediente volverá a ser revisado.

En este sentido, señalaron que los titulares deberán acreditar la supervivencia, tal como está expuesto en el artículo 11 del Decreto N° 432/97, que reglamenta el sistema de pensiones nacional. Para esto, se les otorgará 60 días corridos desde la notificación para presentar documentación y actualizar sus datos personales.

No obstante, el universo alcanzado no comprende necesariamente a todas las personas que tuvieron una pensión suspendida. Previo a esto, la Secretaría realizó un análisis que distinguió entre quienes aportaron nueva documentación o están amparados por otros procesos judiciales y quienes deberán volver a acreditar su derecho por la vía administrativa.

Para estos últimos casos, la notificación individual será el punto de partida. Esto quiere decir que, desde ese momento, comenzará a correr el plazo de 60 días corridos para que puedan iniciar el trámite para acceder a la rehabilitación de la prestación.

En este marco, las personas alcanzadas podrán acompañar certificados médicos actualizados, renovar sus datos personales y sumar los antecedentes que consideren necesarios para demostrar que mantienen las condiciones que dieron origen a la pensión.

De este modo, la presentación será incorporada al expediente administrativo de cada titular. Luego, las áreas técnicas evaluarán la información para determinar si corresponde rehabilitar el pago, de acuerdo con los requisitos vigentes.

La documentación podrá entregarse por cualquiera de estas vías:

• En oficinas de atención de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
• En dependencias de la Secretaría Nacional de Discapacidad que estén habilitadas para recibirla.
• A través del Formulario de Consultas del Ministerio de Salud, disponible en argentina.gob.ar/salud/consultas-al-ministerio-de-salud.
• Mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD), en el trámite denominado “Presentación de Documentación para Pensión Invalidez”.
• Por correo electrónico, a citacion@senadis.gob.ar.

El envío de los documentos inicia el proceso de revisión, pero no garantiza por sí solo la reanudación del beneficio, ya que la decisión dependerá de la evaluación administrativa del caso.

Además del pedido de rehabilitación, las personas notificadas podrán presentar los recursos administrativos previstos en el Reglamento de Procedimientos Administrativos. Los plazos serán de 20 o 30 días, según el recurso elegido.

Según explicaron las autoridades, la decisión de suspender la medida cautelar llegó después de una disputa judicial iniciada en Catamarca. En septiembre de 2025, el Juzgado Federal de Catamarca N° 2 había ordenado restablecer las pensiones suspendidas en esa provincia, pero un mes después, la cautelar se extendió a todo el país.

Frente a esto, la ex ANDIS presentó una apelación y, finalmente, la Cámara Federal de Tucumán revocó en febrero de 2026 la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la demanda. A partir de esto, la Secretaría inició un análisis de los casos que podrían reunir las condiciones para acceder a la rehabilitación de la pensión.

Cabe destacar que la prestación está regulada por la Ley N° 13.478 y el Decreto 432/97. Asimismo, recordaron que está dirigida a personas sin recursos suficientes, que no están cubiertas por un régimen previsional y que se encuentran imposibilitadas de trabajar.

El tiempo, que superó el registro anterior por un minuto, corresponde a la categoría de atletas que completan la distancia de 21 kilómetros al frente de una silla, según informó el portal de noticias Mundo Deportivo. Sílvia, de 63 años, convive con una enfermedad neurodegenerativa que le arrebató de forma progresiva la movilidad.

Pese a ello, madre e hijo transformaron sus carreras en un acto de reivindicación a favor de quienes padecen esta dolencia. “No tengo palabras para describir lo de hoy. Solamente hice mi trabajo, por ella, por mi madre”, expresó Domingo tras cruzar la meta.

La plusmarca en Valencia consolida una trayectoria que comenzó en Barcelona en 2021

El logro alcanzado en tierras valencianas no es el primero para esta dupla. En la 42.ª edición de la Maratón de Barcelona, celebrada en 2021, ambos obtuvieron el récord Guinness de maratón empujando una silla de ruedas con una marca de 2h 53′ 28″. Aquella gesta los posicionó como referentes del deporte inclusivo a nivel internacional y abrió el camino para los retos que vendrían después.

Cinco años más tarde, el escenario valenciano les permitió confirmar ese estatus. La rebaja de sesenta segundos respecto al mejor crono mundial en media maratón refleja el nivel de preparación física de Eric Domingo y la determinación conjunta que los impulsa prueba tras prueba.

El corredor reconoció que la jornada tuvo sus complicaciones: “No fue fácil y pasó de todo, pero solamente mi madre era capaz de conseguir esto”, señaló en declaraciones recogidas por Mundo Deportivo.

A los 14 años recibió el diagnóstico de su madre y eso cambió su vida para siempre

El vínculo entre Eric Domingo y el atletismo nació a partir de la enfermedad de Sílvia. Cuando ella recibió el diagnóstico de EM, su hijo tenía apenas 14 años. “Fue un golpe de realidad”, confesó el deportista en un reportaje publicado por el diario SPORT.

La mujer que él describía como “un nervio” y “la persona más activa del mundo” perdió facultades de forma gradual hasta necesitar asistencia permanente para las tareas más básicas, como cambiar de postura en la cama o desplazarse.

En 2016, Domingo decidió calzarse las zapatillas con un propósito que trascendía la competición: concientizar sobre la lucha contra la EM y colaborar con la Fundación Esclerosis Múltiple, entidad con la que mantiene un trabajo conjunto de manera habitual. Los kilómetros recorridos desde entonces llevan impresa esa causa, y toda línea de llegada renueva el compromiso que asumió una década atrás.

El proyecto ‘Run to Progress’ acompaña sus desafíos deportivos

El respaldo corporativo también forma parte de esta historia. El proyecto ‘Run to Progress’, impulsado por una empresa automotriz, acompaña a Domingo y Roldán en sus competiciones. La iniciativa busca respaldar el deporte popular y promover hábitos saludables sin importar las circunstancias personales de los participantes.

Antes de dedicarse al atletismo, Domingo practicó fútbol hasta los 17 años. De aquella etapa conserva un recuerdo que define el motor emocional detrás de sus marcas: “Siempre me acordaré de que quien me llevaba era ella: lloviese, nevase o hiciese el tiempo que hiciese en Barcelona”. Por eso, competir sin su madre a su lado resulta impensable para él.

“Es solo un pequeño homenaje a la mejor madre que podía tener”, afirmó el corredor, quien aún no confirmó cuál será la próxima cita en el calendario.

Una niña sorda pedía ayuda y nadie en la sala lograba comunicarse con ella. Esta escena quedó marcada en la memoria de la ingeniera Giannina Ofelia Honorio Heredia, quien comprendió una brecha que después definiría su carrera: en el Perú, la mayoría de las personas sordas conviven a diario con un país que no sabe hablarles.

Esa experiencia terminó por convertirse en INCLUEDU, una plataforma que utiliza inteligencia artificial para enseñar lengua de señas, seleccionada esta semana entre cerca de 1.500 postulaciones peruanas para la final de Emprende en TikTok 2026, concurso impulsado por TikTok y New Ventures. La startup forma parte de un grupo de 40 finalistas elegidos entre 4.500 emprendimientos de la región.

“El problema no es que las personas sordas no puedan comunicarse, sino que nuestra sociedad todavía no ha aprendido a comunicarse con ellas”, resume Honorio Heredia, CEO y cofundadora de la compañía, en conversación con Infobae Perú. La frase condensa el diagnóstico que la llevó, hace varios años, a documentar señas junto a la comunidad sorda y, después, a entrenar un algoritmo capaz de reconocerlas.

Pocos horarios y pocos intérpretes: la falta de acceso que inspiró la plataforma

Antes de fundar INCLUEDU, Honorio Heredia ya llevaba años vinculada a la comunidad sorda y había decidido aprender lengua de señas por cuenta propia. Pronto notó que coordinar horarios de clase resultaba casi imposible para quien trabaja o emprende, y que el problema se repetía entre sus propios compañeros: muchos eran padres de hijos sordos que tampoco lograban encontrar un espacio disponible para capacitarse.

Detrás de esa dificultad individual había un problema estructural. Según datos que maneja la fundadora, solo el 20% de la comunidad sorda peruana tiene un manejo avanzado de la lengua de señas, y el país cuenta con muy pocos intérpretes certificados para cubrir esa demanda. “Ahí hace falta muchísima alfabetización y poner disponible y al alcance de la sociedad herramientas que faciliten el aprendizaje y comunicación en lengua de señas”, explica.

La idea de INCLUEDU nació para resolver esa falta de acceso con una herramienta que no dependiera de horarios fijos ni de la presencia física de un intérprete. El objetivo, dice Honorio Heredia, era “romper esas barreras de comunicación con la comunidad sorda” y reducir una brecha social que considera históricamente desatendida en el país.

Un instructor de inteligencia artificial que corrige señas en tiempo real

La plataforma e-learning de INCLUEDU funciona de un modo parecido al de las aplicaciones para aprender idiomas, aunque aplicado a las lenguas de señas. El estudiante se inscribe y, a partir de ese momento, una inteligencia artificial cumple el rol de instructor: observa sus gestos a través de la cámara, valida cada seña, corrige los errores y enseña nuevo vocabulario según el avance de cada usuario.

Entrenar ese algoritmo tomó varios años de trabajo con asociaciones de personas con discapacidad auditiva en distintos países. “Ha sido un trabajo bastante arduo y en coordinación con la comunidad sorda. Ha sido cocreado con la comunidad sorda”, afirma la fundadora, que ya desarrollaba tecnologías de visión artificial para documentar señas antes de lanzar la empresa.

Hoy la plataforma está disponible en quince países, cada uno con su propia lengua de señas, y permite llegar hasta un nivel avanzado de conjugaciones y conversación básica. De acuerdo con Honorio Heredia, un usuario oyente que se dedique con constancia puede alcanzar ese nivel en lengua de señas peruana en un plazo de cuatro a seis meses. La compañía también desarrolló una aplicación independiente que traduce lengua de señas a texto en tiempo real, pensada para situaciones de atención al público.

El desafío pendiente es de escala: existen más de 300 lenguas de señas en el mundo y la plataforma documentó apenas una fracción de ellas. “Nos encantaría poder documentarlas todas, pero justamente por eso estamos buscando recursos para que pueda ser posible”, señala la fundadora. Naciones Unidas calcula que más de 70 millones de personas sordas en el mundo forman parte de comunidades usuarias de lenguas de señas.

Becas para la comunidad sorda y alianzas con cajas municipales

El modelo de negocio combina suscripciones pagadas por usuarios oyentes con becas gratuitas para personas sordas en situación de vulnerabilidad, validadas mediante el carné del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis). La plataforma superó los 25.000 usuarios registrados y entregó 200 becas desde su creación.

INCLUEDU también firmó convenios con empresas que cuentan con políticas de accesibilidad laboral, para facilitar la comunicación entre personal oyente y sordo dentro de sus equipos. En el sector financiero, algunas cajas municipales incorporaron la aplicación de traducción de señas a texto en sus oficinas de atención al cliente.

La fundadora impulsa, además, convenios con universidades para que los futuros profesionales de salud aprendan lengua de señas desde su formación. Actualmente, entre los usuarios de la plataforma hay profesores de educación especial, médicos, obstetrices y enfermeras que decidieron capacitarse por iniciativa propia, muchos de ellos ya vinculados antes a la comunidad sorda.

Premios internacionales marcan un año decisivo para la startup

El 2026 trajo una seguidilla de reconocimientos para la empresa. INCLUEDU fue distinguida en los Telly Awards e incluida en el ranking Latin America EdTech 100 de HolonIQ, que identifica a las 100 startups educativas más prometedoras de la región. A esos premios se sumó el IEEE Entrepreneurship Award 2026, otorgado por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE).

“Es un reconocimiento internacional que nos llena de orgullo y motivación porque viene de la IEEE y, como ingeniera, es una de las organizaciones que más admiro. Este premio reconoce no solamente nuestra innovación con inteligencia artificial, sino también nuestro impacto social y la sostenibilidad del negocio”, afirma Honorio Heredia sobre el galardón.

De cara a los próximos meses, la empresa busca incrementar su número de estudiantes y perfeccionar su algoritmo para permitir conversaciones más fluidas. También planea sumar nuevos países a su catálogo de lenguas de señas conforme crezcan sus ingresos por suscripciones, y ampliar la frecuencia de los conversatorios que organiza, moderados siempre por una persona sorda.

“Nuestra ambición es lograr que la inclusión deje de depender de iniciativas aisladas y que se pueda convertir en parte de la educación y los servicios que recibimos diariamente”, concluye la fundadora.

En una charla con el equipo de Infobae al Amanecer, integrado por Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, el presidente del bloque Argentina Federal repasó su intervención en las negociaciones entre el oficialismo, la oposición, organizaciones de personas con discapacidad, prestadores y la Conferencia Episcopal Argentina.

El mandatario provincial planteó que la discusión legislativa no podía limitarse a renovar el régimen vigente. “La mayoría de la oposición, el bloque más grande, quiere ir a la emergencia a libro cerrado. Por otro lado, los bloques del oficialismo querían ir a una ley superadora”.

El legislador afirmó que la ley de emergencia permitía presentar reclamos judiciales, pero no aseguraba respuestas estatales para las personas alcanzadas. “Es una ley que te permite litigar, que te permite hacer amparos colectivos, te permite que la Justicia rápidamente se expida y tenga resultados. Pero esos resultados después no se ven en la práctica”.

Cambios en el financiamiento de Discapacidad

Al analizar el dictamen que llegó al Congreso, Herrera Ahuad puso el foco en el origen de los recursos. “Uno de los grises es la falta de asignación de partidas presupuestarias específicas”, consideró.

Según explicó, el acuerdo incorporó esa previsión en el artículo siete, junto con cambios sobre la compatibilidad de asignaciones y empleo. “Logramos incorporar la compatibilidad de una asignación con otro tipo de trabajo, la posibilidad de que el nomenclador quede blindado”.

El diputado sostuvo que el texto fijó mecanismos para sostener el sistema y evitar que las prestaciones dependieran de decisiones posteriores. “Hicimos un blindaje de los artículos más importantes de la ley de emergencia y a su vez incorporamos otros que tienen que ver con el sostenimiento de un sistema”.

También indicó que el dictamen dejó abierta la posibilidad de modificaciones en el Senado, aunque consideró que resolvió problemas de la legislación anterior. “Gran parte de los grises que hacen a lo que es la ley de discapacidad, de emergencia en discapacidad, se salvan con esta ley”.

Sobre la posibilidad de que el Poder Ejecutivo intervenga sobre la norma, remarcó la votación obtenida en la Cámara de Diputados: “Tiene más de dos tercios en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y yo creo que eso le da un poder muy grande”.

Herrera Ahuad describió que la negociación incluyó instancias de diálogo con representantes sociales, además de los encuentros entre los bloques. “Tenés también la convergencia de la sociedad, en este caso de los foros de discapacidad, donde también tenés que acordar con ellos”.

El presidente del bloque Argentina Federal señaló que los acuerdos se construyeron a partir de demandas de las entidades involucradas. “Muchas de estas cuestiones se logran porque venís desde el llano trabajando en forma horizontal con quienes generan la demanda”.

Entre los actores que participaron de las conversaciones, mencionó a los foros de discapacidad, la Conferencia Episcopal Argentina y los prestadores de servicios. “Cuando tenés la posibilidad de sentarte con los diferentes foros, con la Conferencia Episcopal Argentina, con los prestadores de servicio y todos confluyen en un mismo diagnóstico”.

El legislador relató que algunas reuniones tuvieron fuertes diferencias entre los participantes. “Tuvimos una demasiado compleja y durísima”.

Sobre una de esas mesas, sostuvo: “Casi se volaban a las manos. Porque hay cuestiones donde muchas veces quiere primar quién levanta la banderita para llevarse el logro”.

Herrera Ahuad destacó los aportes de La Libertad Avanza y Unión por la Patria a lo largo del tratamiento. “Debo reconocer el buen equipo de trabajo de La Libertad Avanza en el bloque, con la diputada Laura Rodríguez Machado y su equipo”.

También valoró la disposición del bloque peronista para incorporar propuestas durante la negociación. “Todo el trabajo del bloque de Unión por la Patria, que siempre se mostraron abiertos a esto y siempre aportaron”.

Al cerrar su evaluación sobre el acuerdo, rechazó que el resultado deba atribuirse a un partido o una bancada. “Este logro es un logro de los discapacitados de la República Argentina, no es un logro de la política”.

Las auditorías a las pensiones

El diputado vinculó su participación en el debate con su discapacidad auditiva. “Soy discapacitado auditivo cien por ciento y bajo ningún punto de vista iba a permitir ningún artículo que vaya en contra de lo que ya se iba logrando”.

Contó que perdió la audición de manera progresiva durante su carrera política en Misiones. “Cuando fui gobernador, ya fui sordo totalmente”.

Herrera Ahuad utiliza un implante coclear y explicó cómo complementa esa herramienta: “Yo leo los labios mucho y también escucho”.

Sobre el posible origen de la pérdida auditiva, recordó que trabajó como disc jockey durante su adolescencia: “Antes los auriculares no tenían los filtros que tienen ahora y yo era muy joven y ponía música en los boliches”.

El legislador señaló que fue disc jockey desde los 13 hasta los 17 años y que no registra antecedentes familiares de sordera. “Se cree que puede ser por una cuestión más mecánica que una cuestión genética”.

Al referirse a las políticas de control sobre pensiones y certificados, sostuvo que las auditorías son necesarias, pero cuestionó sus métodos. “Somos los primeros que pedimos que se hagan auditorías”.

El diputado afirmó que presenció operativos en Misiones que expusieron a personas con discapacidad a condiciones adversas. “Con 40 grados de temperatura en una plaza ponían a más de 500 personas para fijarte si tenías una pierna o tenías las dos”.

Para Herrera Ahuad, esos procedimientos afectaron la dignidad de los beneficiarios. “La forma en la que se tomó esto como para hacer los recortes fue de muy bajo nivel”.

El legislador reclamó que los controles se realicen con personal capacitado y en condiciones adecuadas. “Queríamos que se hagan las auditorías, pero como corresponde, con los profesionales que corresponde, en los lugares que corresponde”.

También cuestionó la estigmatización del colectivo de personas con discapacidad en el debate público. “Los discapacitados hemos pasado por la denigración de mostrar una foto de un perro. Eso duele”.

Sobre la revisión de pensiones, sostuvo que no encontró irregularidades en su provincia durante los últimos años. “Tuvieron tres años para auditar y no encontraron ninguno”.

Herrera Ahuad advirtió que una parte del dictamen podía dejar sin asistencia médica a personas con discapacidad y enfermedades poco frecuentes. “Creíamos que por ahí podía haber alguna trampita para dejar cerca de un millón de personas sin cobertura sanitaria”.

Al mencionar los tratamientos de alto costo, puso como ejemplo la hemofilia y el esfuerzo que requieren las jurisdicciones para afrontarlos. “La hemofilia no puede quedar afuera, es un tratamiento de cien millones de pesos, doscientos millones de pesos que no puede quedar a una persona”.

El respaldo a Hugo Passalacqua en la interna de Misiones

En el tramo final de la entrevista, el diputado se refirió al escenario político de Misiones tras el distanciamiento entre el gobernador Hugo Passalacqua y Carlos Rovira. “El gobernador tomó la decisión de llevar adelante su propia política pública”.

Herrera Ahuad rechazó definir la situación como una disputa personal y afirmó que acompañará el rumbo elegido por el mandatario provincial. “Acá no hay pelea de pelea”.

El diputado anticipó que el espacio que acompaña a Passalacqua competirá con una estrategia electoral distinta a la del sector referenciado en Rovira. “Vamos a ir por un esquema electoral el año que viene muy diferente al esquema electoral planteado por el antiguo conductor de nuestro espacio”.

Sobre la futura competencia, afirmó que habrá un candidato del otro sector y descartó que la diferencia implique una ruptura fuera de las reglas institucionales. “Él ya tiene su propio candidato, que nos va a enfrentar lógicamente, todo va a ser en el marco de total y absoluto respeto”.

Herrera Ahuad sostuvo que la conducción política de la oferta electoral debe estar a cargo del gobernador de Misiones. “Creímos que estos eran los tiempos donde la oferta política en la provincia de Misiones debía estar en las manos del gobernador”.

Consultado por la eventual eliminación o suspensión de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, señaló que su bloque no resolvió todavía una posición. “Lo estamos discutiendo, lo estamos hablando con el gobernador”.

El diputado afirmó que las definiciones legislativas de Argentina Federal se consensuarán con Passalacqua. “No hay todavía una decisión oficialmente tomada por parte del bloque”.

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Guatemala será sede de los XII Juegos Deportivos Centroamericanos para Estudiantes con Discapacidad del Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación (Codicader), que reunirán a 744 atletas escolares de los siete países de Centroamérica.

Las delegaciones comenzarán a llegar este domingo 25 de octubre y la inauguración oficial está prevista para el lunes 26.

La competencia tendrá actividades en los departamentos de Retalhuleu, Suchitepéquez y Quetzaltenango.

El programa deportivo contempla paratletismo, paranatación, golbol y bochas, mientras que la boccia tendrá una presentación como deporte de exhibición.

Guatemala volverá a albergar este encuentro regional 13 años después de su anterior organización. Las jornadas deportivas buscan reunir a estudiantes con discapacidad de los países del istmo en un espacio de competencia escolar, convivencia e integración regional.

La competencia comenzará tras la clasificación de los deportistas

El calendario prevé la recepción de las delegaciones el domingo 25 de octubre. Al día siguiente se realizará la clasificación de los participantes según sus discapacidades y tendrá lugar el acto inaugural de los juegos.

Las competencias se disputarán entre el martes 27 y el jueves 29 de octubre. La clausura quedó programada para el viernes 30, aunque la convocatoria general del evento lo sitúa entre el 25 y el 31 de octubre.

La organización está a cargo del Ministerio de Educación de Guatemala, por medio de la Dirección General de Educación Física (DIGEF).

La entidad coordinará las actividades deportivas y el concurso de la Clase de Educación Física Centroamericana, que contará con representantes de Guatemala, El Salvador y Costa Rica.

Guatemala participará con 112 atletas escolares

La delegación anfitriona estará integrada por 112 atletas en condición de discapacidad, quienes fueron juramentados por la ministra de Educación, Anabella Giracca, antes del inicio de la competencia.

Durante el acto, Giracca entregó la bandera nacional a los nadadores Waleska Saraí Plata Fajardo y Edgar Humberto Rivera Pérez, designados como abanderados de Guatemala. Ambos competirán en paranatación y ya representaron al país en competencias nacionales e internacionales.

Plata, de 15 años, y Rivera, de 16, participaron en la edición 2024 de los Juegos Deportivos Centroamericanos para Estudiantes con Discapacidad, realizada en Panamá.

También estuvieron en los Juegos Escolares Centroamericanos de Discapacidad de 2025, que tuvieron lugar en Colombia bajo la organización del Comité Paralímpico Internacional.

El director de la DIGEF, Sergio Cifuentes Chete, destacó durante la juramentación la función de los juegos como espacio de inclusión e integración para los deportistas escolares de la región.

Habrá exhibiciones de phygital y propuestas de docentes

La edición 2026 incluirá una exhibición de los Phygital School Games, una propuesta que combina actividades físicas y digitales. La DIGEF presentará una versión adaptada de esta disciplina, que forma parte de los Juegos Nacionales de Guatemala desde 2025.

La exhibición incluirá las modalidades Phygital Dancing, basada en el baile, y Phygital DragxDrive, una carrera de sillas de ruedas con obstáculos. Los atletas de paranatación, paratletismo y bochas podrán participar de esta experiencia.

También competirán dos docentes guatemaltecos en el Concurso de la Clase de Educación Física Centroamericana. Brenda Nineth López, de Alta Verapaz, y Brayex Aparicio Ajú, de Chimaltenango, presentarán propuestas para estudiantes de primaria los días 27 y 28 de octubre en el Gimnasio Municipal de San Martín Zapotitlán, en Retalhuleu.

“Los indicadores no estarían evolucionando tan positivamente como esperábamos en un primer momento”, admitió el jueves Javier Milei. El día anterior, el INDEC publicó que, tras la caída de julio, la actividad económica creció apenas un 0,1% en agosto: solo un incremento superior al 8% en septiembre evitaría una recesión técnica, un escenario temido en la Casa Rosada. Esa confesión presidencial, la primera en mucho tiempo, quedó opacada por la llamativa explicación sobre los endeudados “del día 20″, primero en una exposición de energía en Neuquén, después en su gira por Madrid y al regreso en una entrevista radial. Ese fastidio expuso, en buena medida, el dilema al que se enfrenta el gobierno: el plan entró en crisis. Los resultados parecen no ser los esperados. Puertas adentro se multiplican las preguntas. La principal: qué hacer con un programa fiscal que le permitió a Milei aplicar una política anti-inflacionaria exitosa, pero que ahora luce agotado. La persistencia de Milei en ese modelo es lo que le impide dar un golpe de timón. Frente a ese agotamiento del programa económico es cuando debería empezar a funcionar la política.

Ese dilema es el que atraviesa a la mesa política, que aún parece no haber encontrado su dinámica y en la que se mezclan intereses diversos. El demorado acuerdo con los gobernadores, anclado principalmente en la posible suspensión de las PASO, tal vez sea el mayor ejemplo. “Los votos están, depende del Gobierno acelerar o no: se está discutiendo el timing, pero quizá más adelante sea tarde”, resaltaron desde el despacho de uno de los integrantes de esa mesa. Diego Santilli está dispuesto a acelerar las negociaciones, pero Eduardo y Martín Menem prefieren demorar el acuerdo porque consideran que hacerlo ahora podría significar “pagarlo caro”. Karina Milei se debate entre ambas posiciones.

Patricia Bullrich tiene reparos, y volvió a activar esta semana su posicionamiento por si el Presidente no llega lo suficientemente competitivo el año próximo. Luis Caputo es quien pide a gritos, desde hace meses, un blindaje al programa económico a través de un trato con los gobernadores, pero la letra chica de cada uno de esos acuerdos tiene que pasar por el filtro de la disciplina fiscal. Santiago Caputo se corrió de la estrategia política, aunque esta semana tuvo un particular protagonismo, primero en la reunión que mantuvo con enviados del gobierno norteamericano en el Palacio de Hacienda, que el ministro de Economía se encargó de resaltar en las redes con un video especialmente editado con el asesor en un rol estelar, y el viernes en la cena de la fundación Faro.

Como el popular juego infantil Antón Pirulero, en el que cada cual atiende su juego.

La ausencia de una estrategia política clara quedó en evidencia esta semana con la media sanción de la nueva Ley de Discapacidad en Diputados, que obligó al Gobierno a conceder modificaciones impensadas, tan inéditas que el proyecto se votó con una mayoría especial de dos tercios que incluyó hasta al kirchnerismo. La llave para ese acuerdo la llevó al misionero Oscar Herrera Ahuad, que presentó una serie de cambios con aval del peronismo, autorizados por Menem. “Un milagro del Papa”, ironizó un legislador a propósito de la visita cada vez más cercana de León XIV, aún vigente según el Vaticano, que tendrá a la agenda de discapacidad como uno de los platos fuertes de la gira por el país.

Las idas y vueltas por discapacidad tal vez hayan exhibido el mayor cortocircuito interno del Gobierno de los últimos meses, y cristalizado el descalabro de la mesa política. Economía y sectores de la Casa Rosada enviaron un recorte drástico en el Presupuesto 2027 mientras en el Congreso se negociaba con los aliados una salida a la prórroga de la Emergencia. En el Ministerio de Salud se enteraron por los medios. Esa cartera arrastra serios inconvenientes en su funcionamiento, que llegó a motivar hasta diferencias entre Santiago Caputo y su socio Rodrigo Lugones, que estuvo esta semana de visita en el país. El ministro Mario Lugones define buena parte de las decisiones en consulta con su hijo. Por ejemplo, la salida de Alejandro Vilches, y los últimos movimientos en la Superintendencia de Servicios de Salud. Muchas veces, esas definiciones no coinciden con la visión del consultor estrella del Presidente, que mantiene una influencia decisiva en el PAMI, monitoreado ahora por su asesora más íntima.

Caputo realizó el viernes una notoria demostración de poder en la cena de la Fundación Faro. Está al margen de las principales decisiones políticas, pero su relación con Milei sigue intacta, mantiene un vínculo estrecho con lobistas de la administración Trump y con usinas empresariales locales que este año avanzaron fuertemente en sectores como el transporte y la energía. Por eso su interés en el proyecto de soberanía de Malvinas. También en la licitación del Belgrano Cargas, que acaba de quedar reservada para grupos nacionales de las cerealeras tras la deserción del Grupo México, que cuestionó el “modelo de operación ferroviaria conocido como Open Access”. Llamó la atención la salida de ese grupo con presencia global porque contaba con el respaldo de Estados Unidos.

Frente a esos múltiples dilemas se esconde una disyuntiva más intrigante: quién aconseja al Presidente. La última semana, Milei se mostró especialmente irascible. Por momentos, desencajado. A la reciente visita a España viajó sin la compañía de su hermana Karina, que se quedó en Buenos Aires para atender las urgencias. Lo escoltaron el vocero Adrián Ravier, sin peso interno, y el cineasta funcionario Santiago Oria, incapaz de contradecir al Presidente. El entorno de Milei varió en los últimos tiempos: “Todos ellos abandonaron la idea de plantearle nada, nadie paga el costo”.

Incluso hay quienes empezaron a trazar comparaciones con la crisis que se le desató a Mauricio Macri a partir del 2018, tras el triunfo legislativo de medio término. “Al presidente no hay que llevarle malas noticias”, decía por entonces un colaborador muy cercano del expresidente cuando intentaban acercarle alguna discrepancia. En aquel momento, su gestión sufrió un rechazo de los mercados internacionales por la desconfianza en la sostenibilidad del programa, que lo llevó a un salvataje inédito por parte del Fondo Monetario.

Milei todavía tiene fresco ese recuerdo. El jueves se refirió a la subida del riesgo país, que trepó por encima de los 700 puntos básicos, y lo adjudicó a la suba de la tasa de interés por las presiones inflacionarias y el impacto en el precio del petróleo por el conflicto en el estrecho de Ormuz y la guerra entre Rusia y Ucrania. “Si nosotros no hubiéramos hecho las reformas que hicimos, hoy también tendríamos un déficit energético de veinte mil millones de dólares. ¿Ustedes se imaginan lo que sería la situación de la economía argentina?“, se preguntó. El gobierno incrementó la generación de divisas con el agro, la energía y la minería. Pero el calendario electoral y las condiciones financieras internacionales podrían tensionar, no obstante, el mercado cambiario para el 2027.

Esa incertidumbre electoral y el desgaste del modelo económico configuran, en conjunto, unas de las razones por las que el presidente quiere eliminar, o suspender, las elecciones primarias.

¿Mileismo sin Milei? A Milei apenas le informan cada tanto de las novedades en torno a la posibilidad de un acuerdo global con los gobernadores que entró, en ese contexto, en la cuenta regresiva. Esas negociaciones son supervisadas por Karina Milei. La hoja de ruta trazada por la Casa Rosada en París había fijado finales de octubre como una fecha clave.

“El acuerdo era antes, con un gobierno más sólido”, aseguró un operador libertario. Los jefes provinciales debaten qué hacer frente a la falta de definiciones por parte del gobierno. La llave podrían tenerla los gobernadores del radicalismo. Todos mantienen, sin embargo, una convicción común: están decididos a retener sus distritos y algunos de ellos han declinado sus ambiciones presidenciales. Los inquieta saber hasta qué punto la Casa Rosada intentará sostener candidatos propios en algunos distritos. Ese debate también encuentra posiciones encontradas en la mesa política. Hay territorios en disputa, como Córdoba, en el que Martín Llaryora pareciera haberse inclinado por una posición contraria a los intereses del gobierno, tal vez apalancado por la caída en los números del presidente en esa provincia.

El cierre o no de ese acuerdo es seguido con atención por el círculo rojo, en el que aún se fantasea con la posibilidad de darle forma a un proyecto “mileista sin Milei” lo suficientemente competitivo para frenar las aspiraciones de Axel Kicillof, posicionado hoy como uno de los candidatos mejor posicionados del peronismo, a pesar de los movimientos recientes de Sergio Massa, que parece haber reactivado su campaña en línea con el kirchnerismo, y en tándem con dirigentes como Gerardo Zamora. También el peronismo que busca un anclaje en el interior, y tiene como abonados a Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel.

Ese proyecto del círculo rojo, que el propio presidente blanqueó con fastidio el jueves en una entrevista radial, es el que motivó la aparición de opciones como la de Jorge Brito, que parece haber empezado a archivar su plan. A propósito, operadores del banquero acercaron su nombre en su momento como una posible opción en la ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, entre esas opciones hay una que se transformó en la más taquillera de un sector cada vez más nutrido del círculo rojo, la de Bullrich, que coquetea con su candidatura. La senadora dijo esta semana que estaba preparada para ser presidenta. Milei no la contradijo. Ella después subió un video a sus redes que bien podría ser el spot de una postulante a la vicepresidencia, o el lanzamiento de una candidatura presidencial, que musicalizó con un tema del dúo caribeño Plan B.

La estrategia de la senadora no tiene nada librado al azar. Cuánto de ese posicionamiento está consensuado con Milei es una incógnita. También, hasta qué punto la ex ministra estaría dispuesta a enfrentar al Presidente si este no llega lo suficientemente competitivo al 2027. En un escenario como el actual, los propios colaboradores de la senadora creen que no tiene espacio. A menos que el programa económico alcance tal nivel de desgaste que obligue a los propios hermanos Milei a pensar en una alternativa. Ese escenario es el que también evalúa como posible la expresidenta Cristina Kirchner, que habla, en sus charlas privadas, de una oferta electoral para el próximo año de cuatro cuartos.

“Los Milei todavía no saben de lo que es capaz Patricia, ni a lo que se enfrentan”, deslizó un operador del expresidente Macri.

El jefe del PRO prevé regresar esta semana de un viaje por los emiratos, y tiene que empezar a resolver hasta qué punto quiere llevar su disputa con su primo, Jorge Macri. Según fuentes cercanas al expresidente, la pelea es “irreconciliable”. No es lo que creen en el entorno del jefe de Gobierno: están convencidos que, al final del camino, el ex jefe de estado terminará por avalar la búsqueda en la reelección de su primo que, además, consideran legítima.

Es una guerra familiar cuyo desenlace se espera con paciencia en el seno de La Libertad Avanza: creen incluso que esa pelea le da tiempo a Karina Milei para estirar la posibilidad de un acuerdo mientras se termina por configurar el escenario nacional. Es más: fuentes inobjetables de ambos espacios confirmaron que el expresidente le hizo llegar a la hermanísima la decisión de explorar un candidato alternativa a su primo, y que Karina Milei dio el visto bueno para ese ensayo. “Eso es malísimo para todos”, se lamentó un dirigente cercano a Macri. Por lo pronto, el diputado Fernando de Andreis, que es incondicional al jefe del PRO, podría elevar estos días sus apariciones públicas en la ciudad.

Esa disputa familiar entre dos primos que nunca tuvieron un vínculo lo suficientemente armonioso tiene en vilo al ecosistema porteño. De acuerdo a las fuentes consultadas, es más o menos grave, pero todos coinciden en que hoy no hay comunicación entre ambos. Los más dramáticos hablan incluso de acusaciones cruzadas muy serias. De esa resolución dependen no solo los Macri y el potencial acuerdo con el gobierno, si no también dirigentes como Daniel Angelici, “El Tano”, que se convirtió en un actor destacadísimo de la capital, y otros como Horacio Rodríguez Larreta o los del espacio peronista.

También Santilli, al que todavía algunos lo guardan como comodín en la capital ante lo que pareciera erigirse como una campaña complejísima en la provincia de Buenos Aires. Más aún frente a las voces internas en el gobierno que creen que hay que dejar liberado ese distrito para el peronismo, necesario para alimentar la narrativa libertaria y la contraposición de modelos. Un gobernador bonaerense del mismo signo obligaría además a Milei frente a una eventual reelección a acompañarlo presupuestariamente, con impacto en las cuentas fiscales.

Son aún hipótesis de un gobierno en apuros que encontró, en la última semana, una bocanada de aire con el sobreseimiento de los hermanos Milei en la causa $LIBRA. Y confirmó la salud de la que goza la relación entre el poder político y el judicial. Juan Bautista Mahiques se convirtió en un actor extremadamente relevante. En esta sección se adelantó hace un mes atrás que en el Gobierno esperaban buenas noticias para los hermanos Milei en la causa $LIBRA para antes de fin de año. El viernes, el juez Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a ambos. Milei lo celebró por la noche, en la cena de la Fundación Faro, con una catarata de insultos al periodismo. El martes, el Gobierno había recibido otra buena noticia, el fallo de la sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que le dio la razón a Capital Humano y ordenó que la Justicia revise si la medida cautelar sobre financiamiento universitario sigue o no vigente. La decisión fue firmada por los jueces José Luis López Castiñeira, Sergio Fernández y Jorge Eduardo Morán, estos dos últimos de alta influencia en ese fuero. Un mes atrás, Fernández viajó a París para participar de una charla sobre seguridad jurídica organizada por Mahiques, que llegará a fin de año con récord de pliegos votados por el Senado. Esa eficacia, y su extensísima red de vínculos, llevó a que sectores de la política, transversal a todos los partidos, se ilusionara con un acuerdo con los gobernadores para coronarlo con el cargo de Procurador. “La ventana es ahora”, insisten desde gobernadores a operadores. Solo hay que convencer a Milei.

Sesenta y ocho familias damnificadas por el terremoto que el 9 de octubre provocó severos daños en gran parte de las provincias centrales de Panamá recibirán viviendas nuevas, con los fondos reunidos este sábado en la Teletón 20-30 de 2026, realizada en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera.

La jornada, bajo el lema “Un país, una meta”, cerró con una recaudación de $1,457,028.59

El dinero se destinará al Proyecto Meta, la iniciativa del Club Activo 20-30 de Panamá para reconstruir hogares en las zonas golpeadas por el sismo.

Entre los criterios de selección, los organizadores manifestaron que el proyecto contempla dar prioridad a los hogares donde resida al menos una persona con discapacidad.

Las soluciones habitacionales, de acuerdo con la iniciativa, se construirán con criterios de seguridad, habitabilidad y accesibilidad.

Los diseños de las nuevas residencias se adaptarán a las condiciones de cada región y a la normativa vigente, según indicó la organización.

Se reiteró que los fondos reunidos en la Teletón 20-30 financiarán 68 soluciones habitacionales en Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé, las provincias más afectadas por el sismo.

Junto a las viviendas, la iniciativa también tiene entre sus objetivos equipar de manera sistemática y organizada la Red de Neonatología de las provincias antes mencionadas.

En medio de la tragedia y en un ambiente festivo la actividad reunió a ciudadanos, empresas, artistas, medios de comunicación y voluntarios, todos convocados para apoyar a los damnificados de las provincias mencionadas.

Artistas de diversos géneros musicales, predominando la música típica panameña, que tiene su mayor arraigo en las provincias afectadas, dieron su aporte motivando al público presente y a quienes seguían la actividad a través de una cadena nacional de televisión.

Giacomo Tamburrelli, presidente de la Teletón 20-30 de 2026, agradeció el aporte recibido y remarcó el alcance del trabajo por delante.

“Cada aporte representa una oportunidad para una familia que necesita volver a sentirse segura”, aseguró.

El dirigente sumó una definición sobre el objetivo final de la iniciativa: “No solo vamos a construir casas: vamos a reconstruir hogares”. Con esas palabras cerró su mensaje a quienes donaron, compartieron la campaña o aportaron su tiempo a la causa.

En su oportunidad, Fabián Madrid, presidente del Club Activo 20-30 de Panamá, vinculó la recaudación con la responsabilidad en el uso de los recursos.

“La confianza de Panamá nos compromete a seguir trabajando con responsabilidad y transparencia”, manifestó.

Madrid añadió que el desafío de la organización consiste en traducir la solidaridad recibida en resultados concretos.

“Nuestro deber es convertir esa solidaridad en resultados para las familias y rendir cuentas sobre el uso de los recursos”, señaló a los medios de comunicación.

Definió además la etapa que se abre tras el cierre de la jornada. “El cierre de esta jornada es un paso más en un compromiso que continúa”, sostuvo.

Por su parte, la Contraloría General de la República participó de la jornada en tareas de fiscalización de los aportes recibidos. Su presencia, de acuerdo a lo que informó, se suma al esquema de control que acompaña al Proyecto Meta desde su lanzamiento.

En aras de la transparencia, los directivos del Club Activo 20-30 de Panamá invitaron a la ciudadanía y a los medios de comunicación a revisar los informes financieros oficiales de la institución. Según la organización, esos documentos son auditados de manera independiente.

Los informes se entregan además de forma voluntaria al Nodo de Transparencia de la Defensoría del Pueblo. La organización presentó ese mecanismo como parte del control externo sobre el destino de los $1,457,028.59recaudados.

La recaudación llega dos semanas después del terremoto del 9 de octubre, que dejó a numerosas familias sin vivienda en el interior del país.

El Proyecto Meta concentrará ahora sus esfuerzos en avanzar con la construcción de las 68 soluciones habitacionales previstas para Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé.

En la CGT se prendieron las luces rojas: la crisis de las obras sociales se agudiza semana tras semana, con cortes de prestaciones y problemas de pago que obligan a la estructura gremial a derivar millonarios recursos para mantener el sistema de salud, pero esa decisión está complicando el funcionamiento de los sindicatos.

Hace un mes, el dirigente que advirtió públicamente sobre este cuadro crítico fue Luis Barrionuevo, líder del Sindicato de Gastronómicos, quien, en el programa de Carlos Pagni en LN+, comparó este momento con lo sucedido en los años 90, antes de la asunción de Carlos Menem, cuando “todos los gremios estaban en convocatoria y las obras sociales se fundieron porque sacaron la plata del sindicato para poner en la obra social, con lo cual la crisis se llevó puesto a los dos”.

“Todos están sacando plata del sindicato, por lo que vamos camino a tener problemas en las estructuras sindicales, donde tenemos las escuelas, campings, vacaciones, cooperadoras -describió-. Hay un montón de elementos alrededor del sindicato que también representan plata y que hoy no te alcanzan”.

El dirigente gremial dijo que, ante ese cuadro, hay que plantearle al Gobierno: “O resuelven el problema o hay que decirle a Mario Lugones, el ministro de Salud: ‘Acá tenés las llaves, manejá vos la obra social’”.

Se trata de una solución extrema, que nadie contempla seriamente, pero que revela la dificultad para salir del laberinto en el que se están los sindicalistas: al cabo de tres reuniones reservadas que mantuvo con la CGT, realizadas en la sede de la UOCRA, dicen que el ministro sigue sin responder a las propuestas que le efectuaron para superar una crisis de las obras sociales que los expertos cegetistas califican de “casi terminal”.

Tras el último de esos encuentros, que tuvo lugar a fines de septiembre, el panorama empeoró: según fuentes de la CGT, alrededor de un 90% de la plata del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se nutre del aporte de trabajadores y empresarios para pagar los reintegros a las obras sociales, se destina hoy a las prestaciones por discapacidad, que demandan un gasto cercano al millón de pesos por afiliado en promedio y que representan unos 160 mil millones de pesos por mes, lo que deja muy poco margen para reintegrar a las obras sociales el dinero de las prestaciones de alta complejidad y medicamentos más costosos.

Las prestaciones por discapacidad representan desde hace años el mayor porcentaje de los gastos del sistema de obras sociales: en 2017 equivalía al 22% del FDS; en 2019, al 37%; en 2019, al 50% y hoy, casi al 90%.

Ese fue uno de los puntos que reclamó la CGT a Lugones: que los gastos en transporte y educación que insuman las personas con discapacidad sean aportados por los ministerios o áreas del Gobierno respectivas y girados al Fondo Solidario de Redistribución, algo que ya le plantearon sin éxito al gobierno de Alberto Fernández.

Luis Scervino, ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud y director de la obra social de Obras Sanitarias, es un sanitarista que asesora a la CGT y dijo a Infobae: “Estamos en una encerrona. La Argentina financia la atención médica esencialmente a través de un modelo de seguridad social, es decir, con aportes y contribuciones, pero la caída del poder adquisitivo del salario, a la que se suma un aumento exponencial del gasto médico, obliga a las obras sociales a cubrirlo, y cuando no se puede por el alto costo, termina judicializándose. Esto es una olla a presión”.

Si las obras sociales están al borde del colapso se debe a diversos factores, como se detalla en un informe elaborado por la CGT: allí se alertó que más de 11 millones de beneficiarios, equivalentes al 78,5% del padrón de las obras sociales nacionales, no generan recursos suficientes para financiar las prestaciones exigidas por el Programa Médico Obligatorio (PMO) y que el sistema destina 9% del salario al financiamiento de la cobertura médica, pero la pérdida de poder adquisitivo ronda el 30%. A esa caída se suma el aumento de los servicios asistenciales, que, según la CGT, superó ampliamente los índices del costo de vida.

“La situación económica financiera general del sistema de obras sociales está viviendo una crisis grave que para muchas organizaciones es casi terminal por imposibilidad fáctica de brindar servicios asistenciales básicos”, advirtió la central obrera en su informe.

Como la mayor parte de las obras sociales necesita asistencia de sus sindicatos para evitar la cesación de pagos, sostuvo la CGT, esa dependencia financiera repercute sobre la cadena de pagos a los prestadores, con efectos sobre la calidad de la atención, los tiempos de espera para acceder a prácticas médicas y el malestar de los afiliados, mientras la capacidad de compra de medicamentos se redujo, en promedio, un 40%.

La incorporación de monotributistas representa otro déficit para las obras sociales. Sus aportes mensuales, de acuerdo con el informe cegetista, rondan cifras que son un 78% inferior al costo estimado del PMO.

La CGT señaló que una parte de quienes se incorporan mediante el régimen de monotributo presenta una carga de enfermedad superior a la de los afiliados provenientes de la actividad laboral. “Utilizan el régimen de monotributo al solo efecto de tener acceso al sistema de salud a precios irrisorios”, sostuvo la central obrera.

Los jubilados que permanecen afiliados a las obras sociales también agravan las cuentas del sistema sindical de salud. Más del 80% de los jubilados y pensionados que derivan sus aportes se ubica en la franja de mayores de 65 años y de este grupo la transferencia fija por cápita está establecida en 53.277,38 pesos, mientras la recaudación por persona es de unos 159 mil pesos.

La diferencia entre ambos valores no tiene, según el informe de la CGT, una contraprestación de servicios. El documento calificó esa situación como “ampliamente negativa y discriminatoria” para las obras sociales que mantienen la cobertura para jubilados.

Los hospitales públicos suman otra fuente de tensión financiera para las obras sociales. La CGT cuestionó que, en algunos distritos, como en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, los nomencladores para facturar prestaciones contemplan valores que pueden superar los de los prestadores privados.

La central obrera también objetó que no se solicite autorización previa para prácticas programadas y que las internaciones de urgencia se informen de forma irregular o tardía, lo que impide realizar auditorías en el lugar. Como resultado, remarcó el informe, las facturas hospitalarias pueden convertirse en cosa juzgada y su cobro termina, en ocasiones, judicializado.

En el final de una semana realmente complicada para el Gobierno, Javier Milei buscó modificar el foco explotando una noticia esperada en Olivos: su sobreseimiento en el caso $LIBRA, una medida del juez Marcelo Martínez de Giorgi extendida a Karina Milei y demás involucrados en la causa. Aprovechó entonces para repetir sus cargas contra “intentos golpistas”, en la misma línea de la andanada ruidosa que dejó el viaje a España, insostenible incluso como cálculo personal. El punto es que el resultado nunca es neutro y el discurso parece desinflarse como recurso frente a cuadros como el de los últimos días, dominado por una sucesión de datos económicos preocupantes y forzados virajes políticos del oficialismo en el Congreso.

Las señales políticas, en paralelo con estadísticas y relevamientos de la economía, exponen problemas originados en el circuito estrecho del poder. Un ejemplo de alto impacto acaba de producirse en Diputados: el oficialismo debió afrontar un costo elevado en negociaciones casi al borde de la derrota para cerrar el tema de discapacidad, después de meses de desgaste por la cerrazón en una posición insensible. En otra escala, el Gobierno exhibió también el resultado del viaje presidencial a Madrid.

La breve estada de Milei en España resultó de mínima injustificada, además de pobre en resultados individuales. Es sabido que en la lógica mileista pesa más la ideologización básica que las estrategias de Estado para la política exterior. Pero esta vez, ni siquiera funcionó en sentido sectario. El Presidente tuvo como actividad central participar de un foro de su misma platea, algo que podría haber resuelto por videoconferencia. Finalmente, el contacto con Santiago Abascal fue por videollamada, lo cual tampoco requería volar a Madrid. Sumó sí un encuentro con Isabel Díaz Ayuso, en medio de recelos expuestos del PP. Dejó una renovada carga contra Pedro Sánchez y quedó descolocado frente al insólito intento de agendar un saludo al rey Felipe VI, algo que generó una respuesta negativa expresada, y difundida de hecho, por la Casa Real.

De todos modos, los dos renglones de mayor repercusión fueron escritos por informes del INDEC y por la sesión que motorizó el propio oficialismo en la Cámara baja.

Los datos económicos volvieron a encender alarmas por su proyección. El Estimador Mensual de Actividad Económica, de agosto, anotó un muy módico crecimiento de 0,1% respecto del mes anterior, que había registrado una caída de 2,9 puntos porcentuales. La comparación interanual fue negativa (-1,7%) y tampoco fue alentador el número de tendencia ciclo, tomado en general por el ministro Luis Caputo frente a otros indicadores inquietantes.

De inmediato, se instaló entre economistas las consideraciones sobre la caída en recesión técnica con las proyecciones de septiembre, es decir, al sumar dos trimestres consecutivos. Pero además, y fuera de las especulaciones en el interior del Gobierno sobre una recuperación a partir de octubre, la cuestión de fondo es que la actividad terminaría el año lejos de los pronósticos oficiales. El Presupuesto 2026 incluyó un crecimiento del 5% del PBI y el último recálculo -al enviar el proyecto presupuestario para el 2027- lo bajó al 3%. Estimaciones de economistas y de algunos organismos lo proyectan por debajo de los 2 puntos.

También esta semana, entre otras publicaciones del INDEC, fueron publicados los resultados de agosto sobre ventas en supermercados, mayoristas de venta al público y shoppings. Sólo en esos últimos centros comerciales fueron anotadas cifras positivas contra el mes anterior (3,3%), aunque en el acumulado de este año resultó negativo (-1,2%). En cambio, los súper terminaron con bajas intermensual (-0,8%), interanual (-3.7%) y acumulada (-2,8%). También los mayoristas, en las tres comparaciones: -1,2%, -3,6% y -2,9%.

En esta línea, septiembre no ofrecería un panorama de repunte. El trabajo de la consultora Scentia sobre consumo masivo indica una baja del 1% respecto de agosto. El descenso se nota en supermercados de cadena, autoservicios de barrio y mayoristas.

El cuadro fue aceptado en parte por Milei. El Presidente dijo en una entrevista que los indicadores “no estarían evolucionando tan positivamente” como el Gobierno esperaba, pero lo adjudicó especialmente al shock externo. No parece un comentario aislado. El oficialismo modificó las fechas de sus promesas sobre un salto espectacular de la economía: las trasladó al 2028, atadas además al plan reeleccionista.

En un terreno complicado -entre otras razones, por las lecturas que puedan ser hechas en el mundo empresarial y en el de las finanzas-, aumentan las exigencias en el frente político, y por supuesto eso lo siente el oficialismo y lo advierte el heterogéneo paño que integran desde aliados del Gobierno hasta opositores duros. El Congreso lo refleja.

Diputados trató esta semana temas densos, en la sesión motorizada por el oficialismo para desarmar la ofensiva opositora. En rigor, los libertarios y sus socios se movieron con letra propia pero con títulos impuestos desde la otra vereda: una salida para ley de Tierras, discapacidad y morosidad en el endeudamiento familiar. Lo que terminó ocurriendo en el recinto fue significativo.

El oficialismo logró la aprobación de su proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que sumó como novedad la restitución de la ley de Tierras que antes buscaba derogar. El texto anula un artículo del DNU 79/2023. Y en la práctica, fue la coronación de la jugada libertaria que cedió en este punto para salvar aquel decreto inaugural de Milei, repuesto en la mira por la oposición.

Con todo, el giro más impactante de LLA fue expuesto en las negociaciones de los últimos días, prolongadas en el recinto, para cerrar el tema de discapacidad. En medio de las presiones opositoras y los reclamos de aliados, el oficialismo ofreció finalmente un texto que en buena medida mantiene los puntos de la emergencia en discapacidad. De ese modo, Diputados mostró un tablero muy pocas veces visto: 237 votos a favor. El cambio fue acompañado por promesas libertarias sobre el aval del Gobierno en materia presupuestaria. En cualquier caso, el volumen de la votación dejaría escaso margen para el incumplimiento una vez que sea ley. Se verá.

Para completar y exhibir lo cambiante o voluble del tablero legislativo en estas horas, el último tramo de la sesión fue para morosidad. El oficialismo advirtió que no le daban los números para aprobar su propuesta y, con apoyo de aliados, hizo una jugada de manual: consiguió que el proyecto vuelva a las comisiones. Abre así otro capítulo de negociaciones.

El texto sobre discapacidad debe ser refrendado ahora por el Senado, que por segunda vez tiene que tratar también la cuestión de la ley de Tierras. Arrastra además su lista: sobresale la reforma electoral, a la espera de lo que ocurra con las extensas tratativas para bajar las PASO. La Cámara alta concentra además la atención interna del oficialsimo. Allí juega Patricia Bullrich. Historia abierta.

La inteligencia artificial está abriendo nuevas posibilidades para personas con baja visión y con deficiencia de visión del color, a través de gafas inteligentes capaces de reconocer objetos, leer textos y describir imágenes mediante audio.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), al menos 2.200 millones de personas en el mundo presentan algún tipo de discapacidad visual de cerca o de lejos. De ese total, 1.000 millones corresponden a casos que podrían haberse prevenido o que todavía no han recibido tratamiento.

Cuatro formas en que los lentes inteligentes asisten a personas con baja visión

Los lentes inteligentes incorporan cámaras, micrófonos, sistemas de audio y funciones de inteligencia artificial que permiten captar información visual y comunicarla mediante respuestas habladas. Según sus características, pueden emplearse en distintas actividades.

• La primera función es reconocer objetos y describir el entorno. Mediante cámaras y sistemas de inteligencia artificial, algunos dispositivos identifican objetos y describen las características generales de un espacio cuando el usuario lo solicita, aunque esta función no sustituye las técnicas de orientación y movilidad.

• La segunda es la lectura de textos impresos mediante audio. El reconocimiento de textos convierte palabras escritas en información auditiva y puede ayudar a leer etiquetas, envases, menús, carteles y documentos cuando distinguir las letras resulta difícil.
• La tercera función consiste en describir fotografías e imágenes: la inteligencia artificial analiza una escena y ofrece una descripción de sus elementos, aunque la precisión de la respuesta depende de las capacidades del dispositivo y de las condiciones en que se capture la imagen.
• La cuarta es la posibilidad de realizar consultas mediante comandos de voz, sin necesidad de observar una pantalla. Los usuarios pueden pedir la lectura de un texto, solicitar una traducción o consultar sobre el contenido que tienen enfrente, una interacción útil cuando el uso de una pantalla presenta dificultades.

Cómo la tecnología también busca corregir la deficiencia de visión del color

Un desarrollo paralelo se da en torno a la deficiencia de visión del color, conocida como daltonismo, que afecta hasta al 8% de los hombres blancos y a cerca del 0,5% de las mujeres en Estados Unidos, según James Kundart, profesor del Pacific University College of Optometry. La forma más común es la rojo-verde, de origen hereditario y ligada al cromosoma X.

Las gafas con lentes de filtro de color pasivo, que bloquean ciertas longitudes de onda para facilitar la distinción entre tonos, son la tecnología más disponible en este campo. Sin embargo, su eficacia es limitada: en un estudio de 2024 realizado en Pacific University, solo dos de diez participantes con deficiencia rojo-verde mostraron una mejora medible con uno de los lentes comerciales evaluados.

Kundart explicó que estos filtros implican una contrapartida, ya que mejoran la distinción entre rojo y verde pero reducen la precisión en el rango azul-amarillo. “Le quitan a uno para darle a otro: se puede mejorar la deficiencia rojo-verde, pero la persona que distinguía bien el azul-amarillo empezará a cometer errores en esa parte del espectro”, señaló.

El potencial de las gafas inteligentes frente a los lentes tradicionales

A diferencia de un lente teñido, con un efecto de filtrado fijo, un sistema digital podría calibrarse según los colores que una persona no distingue y ajustar la visión en tiempo real. Según Kundart, las gafas inteligentes tienen la ventaja de poder identificar las coordenadas exactas de un color, ya que “pueden ver más colores que los humanos”.

Investigadores de la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, desarrollaron prototipos de gafas que usan cámaras para detectar los colores que un usuario confunde y los ajustan dentro de su campo visual mediante una pantalla transparente.

Por su parte, un equipo de la Universidad de Rochester creó en 2024 una aplicación de realidad aumentada para teléfonos que permite desplazar colores mediante gestos de deslizamiento, lo que ayudó a un participante a distinguir correctamente bloques de juguete rosados de grises tras usarla.

Alexandra Williamson, de la Cleveland Clinic, advirtió que estas herramientas ofrecen una experiencia distinta a la cotidiana, pero no modifican la estructura celular del ojo.

Las personas ciegas en España ya pueden depositar su voto sin que nadie más conozca su elección. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó ese año, a través del entonces ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, un sistema que permite a los electores con discapacidad visual identificar su papeleta mediante el código braille, sin necesidad de recurrir a un acompañante. Un mecanismo que volverá a estar disponible en las elecciones generales del 29 de noviembre.

Hasta entonces, estas personas tenían una única opción: pedir a alguien de confianza que eligiera la papeleta por ella y la introdujera en el sobre. Ese gesto, aunque necesario, tenía un costo evidente: el voto dejaba de ser secreto. El decreto aprobado en 2007 terminó de resolver el problema con una solución sencilla, pensada dentro de una reforma más amplia de la ley electoral que buscaba reforzar los derechos de las personas con discapacidad.

El kit de votación accesible

La solución se conoce como kit de votación accesible y combina materiales comunes con elementos táctiles. El paquete conserva las mismas papeletas y sobres que recibe cualquier otro votante, pero añade una guía en braille y un sobre independiente para cada candidatura, con su nombre también impreso en ese sistema. Basta con recorrer el sobre con los dedos para reconocer el partido y extraer la papeleta correcta, sin que nadie más intervenga. Para el Senado, donde se puede elegir a varios candidatos, el kit suma una plantilla con ventanas recortadas que coinciden con cada nombre de la lista, lo que permite marcar una cruz con precisión y sin ver el papel.

No cualquiera puede pedir este kit: hace falta conocer el braille y tener reconocida una discapacidad de al menos el 33%, o bien estar afiliado a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Ese requisito, sin embargo, tiene los días contados: a partir de 2027 dejará de exigirse, lo que abrirá la puerta a más electores en comicios futuros.

“En todos los procesos electorales”

Nada de esto es obligatorio. Quien prefiera seguir votando con el apoyo de una persona cercana puede hacerlo sin trámite alguno. La normativa exige, además, locales de votación accesibles y que los miembros de las mesas electorales colaboren para que el proceso se desarrolle con la mayor autonomía posible para el votante.

El sistema, sin embargo, tiene un límite claro, y en esto Núñez Feijóo apunta bien al apostillar “en todos los procesos electorales”: la ONCE explicó al portal Newtral que el procedimiento funciona en comicios generales, europeos y autonómicos, pero queda fuera de los municipales. El Ministerio del Interior atribuyó esa ausencia a la enorme cantidad de candidaturas que se presentan en cada ayuntamiento del país, lo que haría casi imposible preparar material en braille para cada una. La propia organización reconoció otra grieta del sistema: solo sirve para quienes dominan la lectoescritura en braille y conocen el trámite para solicitarlo con antelación, un filtro que sigue dejando fuera a parte del colectivo casi dos décadas después de su creación.

Paso a paso: cómo puede votar una persona ciega el 29-N

1. Pedir el kit de votación accesible antes del 2 de noviembre, con una llamada al teléfono gratuito 900 150 000 del Ministerio del Interior. Hay que dar nombre, apellidos, domicilio, número de DNI y un contacto telefónico; la confirmación llega en el acto.
2. El día de los comicios, presentarse en la mesa que corresponda con el DNI o el pasaporte, como cualquier otro votante.
3. Recibir el kit de manos del presidente de mesa, que además indicará el espacio reservado para usarlo con privacidad.
4. Allí, reconocer por el tacto el sobre de la candidatura elegida y sacar la papeleta. Para el Senado, usar la plantilla con ventanas para marcar las opciones deseadas.
5. Guardar la papeleta en el sobre de votación normalizado y depositarlo en la urna, igual que el resto del electorado.
6. Llevarse el material que sobre al salir del colegio electoral, para que nadie pueda deducir qué opción se marcó.

Mientras en Madrid Javier Milei se obsesionaba por desmentir las versiones sobre un desplante del líder de Vox, Santiago Abascal; mientras los encargados de la cuenta oficial de la Presidencia se ocupaban de subir, con la mejor calidad posible (lo postearon dos veces), el registro de su videollamada con el ultraderechista español; mientras el canciller Pablo Quirno, desde allá, chicaneaba a periodistas en redes para que nada empañara el viaje del jefe de Estado como profeta ultraliberal; acá, en Buenos Aires, la cúpula del Gobierno resignaba algunas banderas de su batalla cultural doméstica.

En Diputados, La Libertad Avanza (LLA) anoche dejó que la oposición interviniera con cambios el dictamen de Discapacidad dando origen a un proyecto de amplio consenso, muy semejante a la Emergencia que alguna vez Milei vetó. El oficialismo dirá que ganó la jornada porque se votó un dictamen de su autoría. Pero todos notaron que las concesiones fueron tales que la iniciativa cosechó los votos del peronismo. Desde los catamarqueños hasta Máximo Kirchner.

Fue evidente que se votó un proyecto a contramano de lo que quería el Ministerio de Economía, nada más y nada menos que por su costo fiscal. No solo eso: un rato antes, el oficialismo y la oposición votaron juntos la reposición de la Ley de Tierras que pone topes a la extranjerización, algo que meses atrás parecía impensado.

“El de Discapacidad fue un dictamen propio, de impacto fiscal más moderado que la emergencia y así cerramos el tema”, dijeron en Balcarce 50. Un diputado libertario se consoló: “Muestra que nuestro dictamen era bueno”. Pero un colaborador oficial se sinceró: “Y…todo esto es producto del quilombo del Gobierno”.

Karina Milei, que siempre escoltó a su hermano por el mundo, esta semana resignó el viaje a España para ocuparse de la cuestión doméstica. Anoche estuvo en la Cámara baja. La decisión de la hermanísima habla del apremio y la sensibilidad de los tiempos que corren.

Al Gobierno lo presionan el calendario y los mercados. La escalada del riesgo país, además de absorber las turbulencias internacionales y la suba de tasas en Estados Unidos, habla de un componente netamente argentino, distinto al de otras economías emergentes: es la señal de que el mercado empezó a ponerle precio a la incertidumbre de 2027 y a dudar de la continuidad del modelo actual.

Esa presión creciente fue el marco, esta semana, de una reunión de mesa política mucho más caldeada que de costumbre. Hubo fuego cruzado y verdades incómodas. “Nos hicimos los planteos de siempre pero con mucha más contundencia”, reconoció un miembro del cónclave.

Tres discusiones

Las principales figuras del Gobierno profundizaron las tres discusiones que se mencionan a continuación.

• El timing de los acuerdos políticos.

Luis Caputo viene evitando todo lo posible marcarle la cancha al ala política, pero este martes, en Casa Rosada, se lo dijo con todas las letras. “Lo que importa es la economía, hay que cerrar los acuerdos políticos”, transmitió. Patricia Bullrich le reprochó a Martín Menem sus últimas declaraciones públicas porque no brinda confianza y se muestra como “mal pagador” con los gobernadores. El titular de Diputados, por su parte, pidió “tener agendas programáticas similares” antes de cerrar pactos electorales.

Menem le respondió que no quiso ahuyentar la posibilidad de un acuerdo político. Pero lo cierto es que tanto él como “Lule” Menem creen que apurar los pactos electorales hace que La Libertad Avanza (LLA) se “regale” a los aliados con lugares en las listas que pueden afectar el músculo violeta en el Congreso post 2027.

Mucho más importante fue la postura de Karina Milei durante la reunión. La hermana del Presidente, que tiene la última palabra sobre el factor político, advirtió que, en las tratativas finas, los gobernadores se suben el precio y piden demasiado. Y que es eso lo que demora las negociaciones. De todas formas, emplazó a acelerar los acuerdos. “Ella le dio su anuencia al Colo (Diego Santilli) para avanzar con gobernadores, con PRO y con la UCR”, dijo una alta fuente oficial a Infobae.

• La necesidad (o no) de tomar medidas de reactivación.

Apenas salió de la reunión de mesa política, Patricia Bullrich reclamó, otra vez, una “economía más holgada para la gente”. La senadora cree que se podrían tomar medidas para reactivar sin impacto fiscal. Aunque no saca afuera los trapitos al sol, Diego Santilli coincide.

Pero el tándem Milei-Caputo no está dispuesto a ceder en el plano económico. Cree que no existen medidas sin impacto en las cuentas públicas y que, por lo tanto, cualquier movimiento puede pervertir el modelo. “Javier cree que el plan platita es de cagón. Que no nos asegura ganar y que no le funcionó ni a Macri, ni a Massa ni a Lula. Es por la disciplina fiscal que nos apoyan”, dijeron cerca del Presidente.

El ministro de Economía ayer trató de poner en valor que los salarios del sector privado registrado le ganaron a la inflación por tercer mes consecutivo, retomando el nivel de enero.

El otro dato de la jornada fue que la economía creció 0,1% en agosto y quedó al borde de una recesión técnica, porque el rebote es mínimo para compensar los meses previos.

En la Casa Rosada creen que todavía falta ver los resultados de los créditos que se lanzaron en agosto y el impacto de las obras de los corredores viales. Un consultor que trabaja cerca de grandes empresarios del rubro se sinceró: “Las empresas concesionarias primero van a recaudar vía peaje y recién después van a hacer la inversión. Faltan muchos meses para que se mueva la obra pública”. Mientras tanto, un diputado oficialista admitió: “El plan ya no es subir como pedo de buzo. Es llegar con aire y polarizar con el kirchnerismo”.

• Los proyectos de ley con costo fiscal.

La otra discusión que sobrevoló a la mesa política del martes estuvo vinculada, justamente, al proyecto de ley de discapacidad impulsado por LLA que se votó en el Congreso. El ministro de Economía y Santiago Caputo, que tiene incidencia sobre la secretaria Legal y Técnica, dejaron en claro que no estaban de acuerdo con la iniciativa oficial.

Tampoco el ministro de Salud, Mario Lugones, ve con buenos ojos la media sanción de la ley por el impacto en las cajas de las obras sociales y prepagas.

Los Caputo creen que se están entregando demasiadas banderas en las negociaciones parlamentarias. Y eso los lleva al punto número uno: el razonamiento de ese sector es que, si se blindaran los acuerdos políticos con los aliados, LLA no se desgajaría en cada discusión legislativa.

“Se va a ir detrás de la iniciativa del oficialismo”, aseguraron, a regañadientes, en la Casa Rosada. Deslizaron así que no habría veto presidencial a discapacidad.

“Una decisión de ese calibre sería una afrenta para Martín. Fue un tema delicado que se trabajó con los aliados. Fue el mal menor”, dijeron cerca de Menem. Todavía falta mucho para la implementación del proyecto de Discapacidad. Falta la media sanción del Senado. Falta modificar el proyecto de Presupuesto (que en su capítulo sexto desfinancia al sistema). Y falta que el Poder Ejecutivo reglamente y ejecute efectivamente las partidas.

Batalla cultural

Mientras estos debates gruesos se dirimen en la plana mayor del Gobierno, Milei sigue enfrascado en sus cruzadas ideológicas. Tanto las internacionales como las locales.

Cuando el jefe de Estado insulta y afirma con voz burlona que es mentira que muchos argentinos no llegan a fin de mes porque nadie puede estar sin comer ni beber durante diez días sin perecer, no sólo está apelando a una literalidad absurda (la dificultad para cubrir los gastos como sinónimo de muerte por inanición). También deja traslucir que no ve un problema y, por ende, que no tiene previsto hacer nada para reactivar la economía o para recomponer ingresos. Para el Presidente, no hay que buscar soluciones, solo desmontar operaciones.

Nadie explicó mejor la expresión figurada “no llegar a fin de mes” que Lilia Lemoine, la soldado más fiel de Milei, línea fundadora. “Todo adulto argentino (salvo Máximo Kirchner) sabe qué significa que un mes no puedas pagar la luz o que no llegues a cubrir la tarjeta o no te alcance para darte los gustos”, tuiteó y dio cuenta, así, de una emocionalidad social a la que el Presidente le responde con economicismo extremo.

Con la nueva polémica presidencial, Bullrich se exasperó y volvió a mover el avispero. La senadora confirmó, como sospechaba, que su conversación con el jefe de Estado en Olivos de hace trece días cayó en saco roto. De aquel encuentro en la quinta presidencial había surgido la idea de tomar medidas quirúrgicas sin pervertir la disciplina fiscal. En el brainstorming de ideas -que evidentemente no prendieron- surgió la posibilidad de bajar retenciones a las exportaciones y de arancelar las importaciones de China, una opción que podría presentarse como coherente con el alineamiento geopolítico con Donald Trump.

“¿Vos viste alguna medida nueva? No va a pasar”, dijo a Infobae una alta fuente de la Casa Rosada.

El martes, en una entrevista en TN, Bullrich dijo que está “preparada” para ser presidenta, solo que “ahora” (ya) no está en esa carrera. Un referente de su tribu la tradujo: “Ella ve que Javier pierde capacidad para reelegir. Entonces se muestra como la reserva estratégica para 2027 y vuelve a abrir la puerta para ser candidata”.

Sprint final para las PASO

En el contexto actual, la suspensión de las PASO se volvió completamente imprescindible para el Gobierno. Ya no se trata solo un cambio de reglas de juego electorales para inclinar la cancha a favor de la reelección de Milei. Hoy suspender las PASO es señal de un acuerdo de gobernabilidad que puede bañar de certidumbre al proyecto mileísta y sus chances de reelección. Es un mensaje a los mercados.

Un ladero de Karina Milei aseguró que la última semana de octubre es la fecha límite para juntar los votos y aclarar el panorama, de mínima, en la comisión de Asuntos Constitucionales donde está la reforma electoral. “En estas horas se están haciendo reuniones clave, el Colo es optimista”, reconoció.

La mira está en los gobernadores radicales. A la UCR le interesa renovar sus escaños en el Senado para evitar la extinción del bloque. También es clave la interlocución con el jefe del bloque de PRO en la Cámara alta, el misionero Martín Goerling, que se siente marginado del armado oficialista en Misiones.

Esta semana se dio otra cumbre entre LLA y los representantes de PRO, sin mayores avances. Los libertarios apuntaron contra los amarillos porque la pelea entre los primos Mauricio y Jorge Macri no aclara el panorama en la Ciudad, que es la llave para una alianza nacional.

Cerca del ex presidente transmiten: “Lo de Mauricio y Jorge ya es irreconciliable”. ¿Es una manera de trabar todas las negociaciones?

Hay libertarios que creen que es momento de cambiar de hipótesis de trabajo. “Si cerramos con los territoriales, que son (Rogelio) Frigerio, (Nacho) Torres y Jorge Macri y además hacemos un acuerdo con Cristian Ritondo… ¿Para qué necesitamos a Mauricio?”, dijo un colaborador del ala política. Quienes hablan por Karina Milei aseguran que ella todavía quiere que el pacto se selle con el ex mandatario. “Para una coalición de partidos se necesita la firma de Mauricio, que es el titular del PRO”, patean la pelota cerca de la secretaria General.

Los acuerdos políticos que busca la Casa Rosada dependen de que el Gobierno ofrezca un marco de confianza y de una serie de compromisos electorales que recién se verificarán cuando llegue el cierre de listas, el año que viene.

“Lule” Menem, no obstante, tiene activa una lista de potenciales candidatos a gobernador en buena parte de las provincias. Según pudo reconstruir Infobae de fuentes al tanto del armado territorial se apuntalan como candidatos a gobernador: en Formosa, Atilio Basualdo; en Misiones, Diego Hartfield (o Adrián Núñez), en Neuquén, Nadia Márquez, en Río Negro, Enzo Fullone (Aníbal Tortoriello bajó sus acciones), en La Pampa, Adrián Ravier, en Santa Cruz, Jairo Guzmán. En La Rioja madura la idea de que Martín Menem no jugará y buscará un delegado. En Mendoza, además de estar pendiente la letra fina del acuerdo con el gobernador Alfredo Cornejo, LLA tiene que definir si bendice a Luis Petri (mal visto por los Menem) o a Facundo Correa Llanos.

Santa Fe es un caso peculiar: hay un gran entendimiento con el gobernador Maximiliano Pullaro, y LLA podría jugar a media máquina con Marcos Peyrano. En Chaco, Chubut, San Juan, Jujuy, San Luis y Entre Ríos habría acuerdo con los gobernadores. Salta es una de las grandes dudas: la senadora Emilia Orozco no quiere postularse y está por verse un acuerdo con Sáenz.

“Temas religiosos confrontativos”

La otra duda de las listas es si habrá casilleros para los influencers de Las Fuerzas del Cielo. Subidos a la defensa de los valores de Occidente, no sólo alimentaron con fake news la teoría de que el vandalismo y la violencia en Europa se explica por la inmigración musulmana. Con cada tuit pusieron en evidencia que la conducción de LLA hoy esta en manos de los Menem y que (alguno de ellos) profesan el islam.

Los riojanos no reaccionaron hasta ayer. Martín Menem compartió un tuit de Alberto Benegas Lynch (h.) que advirtió que “alimenta llamaradas fanáticas hacer temas religiosos confrontativos”. Daniel Parisini (Gordo Dan) -que lo estaba esperando- no tardó en responder. “Dale… ahí dejamos de hablar de lo que está haciendo el islam en Europa. Me chupan un huevo todos ustedes del primero al último, incluyendo al del retuit”, lanzó con alusión al titular de Diputados.

Agustín Romo tampoco se quedó callado. “Para algunos el gran pecado que nosotros cometimos fue pensar igual que el Presidente y distinto a ellos”, dijo.

Por si faltaba algo, Petri -que cree que los riojanos le obstaculizan su carrera electoral-, anoche aprovechó para hacer un encendido discurso contra el islam en el recinto de Diputados frente a un Martín Menem que hacía gestos de disgusto.

Hasta ayer, Milei estuvo enfrascado en consolidarse como un emblema de la polarización planetaria. Hoy, cuando regrese a la realidad doméstica, descubrirá, una vez más, que hay demasiados problemas internos sin saldar.

Un trabajador de Correos de Vigo con discapacidad ha decidido demandar a la empresa pública por presunta discriminación laboral en los procesos de selección de personal. Según señala en su demanda, determinadas “condiciones y requisitos discriminatorios por razón de discapacidad” le llevaron a desistir en su postulación para puestos ofertados de trabajo.

El demandante reclama que se han vulnerado sus derechos fundamentales porque dichas condiciones le impidieron participar en el proceso de selección en igualdad de oportunidades. Por ese motivo, pide una indemnización de hasta 600.001 euros.

El proceso judicial ha llegado a la Audiencia Nacional, que el pasado 28 de septiembre se declaró incompetente para juzgar la demanda del trabajador. Ahora será el Tribunal Supremo el encargado de determinar qué órgano judicial debe resolver el conflicto.

Una batalla judicial que comenzó en 2024

El caso se remonta a junio de 2024. El trabajador de Correos presentó una reclamación ante el Juzgado de lo Social n.º 4 de Vigo, que la rechazó. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia revocó dicha inadmisión y ordenó que el caso fuese examinado.

Tras estudiarlo, el juzgado de Vigo, en febrero de 2026, desestimó las pretensiones del trabajador. El caso se elevó de nuevo al Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que revirtió la sentencia porque consideró que el Juzgado de Vigo no tenía competencia para resolver el asunto y que debía hacerlo la Audiencia Nacional.

Ahora, tras declararse incompetente en este caso, será el Tribunal Supremo el encargado de resolver el órgano que debe juzgar el conflicto entre el trabajador y la empresa de Correos.

El demandante pide una reclamación de hasta 600.001 euros

El hombre de Vigo pide que se declare la vulneración del artículo 14 de la Constitución española —el principio de igualdad y no discriminación— por la imposición de condiciones que, según el demandante, le impidieron participar en los procesos de selección de Correos.

Además, solicita que la empresa cese en esas prácticas, cumpla la cuota de reserva del 7 % para personas con discapacidad en sus convocatorias de empleo, elimine lo que describió como requisitos médicos ilegales y garantice los ajustes individuales que le permitan concursar con igualdad de condiciones.

Por último, el demandante reclama una indemnización por daños morales, colaterales y lucro cesante, pues argumenta que, al no haber podido acceder a puestos de jornada completa, ha sufrido una pérdida económica acumulada. Reclama, por tanto, hasta 600.001 euros.

Un conflicto de competencia negativa

La competencia de la Audiencia Nacional en materia de derechos fundamentales exige que la demanda tenga naturaleza colectiva y que sus efectos se extiendan a más de una comunidad autónoma. Según el tribunal, ninguno de estos dos requisitos se cumple en este caso. Además, citando un auto del Tribunal Supremo, la Sala indica que “las demandas individuales en materia de derechos fundamentales son competencia de los Juzgados de lo Social”.

Se produce entonces aquí un conflicto de competencia negativa porque la Audiencia Nacional rechaza tener competencia en este asunto y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ya anuló la sentencia del juzgado de Vigo al entender que ese tribunal no era competente. Así, el caso ha quedado en suspenso hasta que el Tribunal Supremo pronuncie la última palabra.

Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez solicitaron 36 nuevas declaraciones indagatorias en la causa que investiga presuntas irregularidades en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El pedido alcanza a directivos de droguerías y empresarios.

Además, reclamaron ampliar la indagatoria a exfuncionarios ya procesados, entre ellos el extitular del organismo Diego Spagnuolo, por supuestos acuerdos para direccionar contrataciones de medicamentos e insumos destinados a personas con discapacidad y enfermedades crónicas.

Según el dictamen, que supera las 300 páginas, la investigación detectó un mecanismo que habría permitido anticipar información sobre las compulsas de precios, definir qué empresas serían adjudicatarias y establecer los valores de venta de tratamientos de alto costo.

La fiscalía sostuvo que una de las firmas investigadas recibió órdenes de compra por $137.118.708.357 en 15 meses, cerca del 30% de las erogaciones de la agencia durante el período analizado. Para los investigadores, los montos incluyeron valores superiores a los de mercado y perjudicaron los recursos destinados a prestaciones de salud.

Sobreprecios de hasta 42 veces el costo de compra

Uno de los ejemplos incorporados al expediente refiere a un medicamento para tratar la esclerosis múltiple. De acuerdo con la acusación, la empresa lo había adquirido a $92.000 por unidad y luego lo vendió a la ANDIS por valores de entre $3.870.392 y $4.063.912.

Los fiscales también compararon esos precios con una compra anterior de la agencia: en mayo de 2024, otra droguería había cotizado el mismo producto a $281.400. Dos meses después, la ANDIS lo adquirió a $4.093.811, siempre según el dictamen.

La pesquisa incorporó archivos secuestrados durante los allanamientos. Allí figuraban datos sobre medicamentos requeridos, precios, márgenes de ganancia y compañías que, presuntamente, resultarían ganadoras antes del cierre de las compulsas realizadas mediante el sistema SIIPFIS.

Cartelización y droguerías

La fiscalía afirmó que el esquema incluyó a 14 firmas que habrían operado bajo una coordinación común. El expediente atribuye a los investigados la presunta administración de pagos, la asignación de adjudicaciones y demoras en las transferencias como una herramienta para disciplinar a empresas que no siguieran las condiciones acordadas.

Los investigadores también analizaron el crecimiento de Génesis S.A., una firma que, de acuerdo con la fiscalía, pasó de tener escasa actividad en 2023 a ubicarse entre las diez compañías con mayores pagos estatales entre 2024 y 2025. En ese lapso habría obtenido adjudicaciones por $34.066.729.176.

El pedido de 36 nuevas indagatorias alcanza al presidente de la Suizo Argentina, Jonathan Kovalivker; al vicepresidente, Emmanuel Kovalivker; al director de Compras, Diego Viner; al director de Asuntos Corporativos, Sebastián Nuner Uner; al gerente de la División Tratamientos Especiales, Gonzalo Zarbo; y al coordinador de esa área, Fernando Domínguez.

El dictamen atribuye a esta droguería un supuesto control sobre las compras de medicamentos de alto costo y señala que recibió órdenes de compra por $137.118.708.357 entre mayo de 2024 y agosto de 2025.

La lista se completa con directores, gerentes y socios de las droguerías presuntamente cartelizadas y, según la acusación fiscal, encolumnadas detrás de la Suizo Argentina S.A.: Dihemo S.A., Droguería 20 de Junio S.A., Lowsedo S.R.L., Soldist S.R.L., Seguermed S.R.L., Luley S.A., Droguería Meta S.A., Ultra Pharma S.A., Droguería Del Sud S.A., Droguería Disval S.R.L., Hemipharm S.R.L, Medipharma S.A., Droguería Génesis S.A., y Scienza Argentina S.A.

Además, los fiscales requirieron ampliar las indagatorias de los ya procesados exdirector ejecutivo de la ANDIS, Diego Spagnuolo; el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini; el lobista Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian.

La postura de Suizo Argentina

En medio de las nuevas acusaciones, fuentes vinculadas a la investigación, rechazaron las imputaciones y negaron la existencia de sobreprecios en las contrataciones investigadas. Cuestionaron tanto el contenido del requerimiento fiscal como la comunicación pública de sus conclusiones y sostuvieron que la hipótesis acusatoria se apoya en interpretaciones parciales y descontextualizadas de mensajes y audios incorporados al expediente.

Según esa posición, las conversaciones utilizadas como elementos de prueba corresponden a distintos momentos y comprenden a personas que, en algunos casos, pertenecen a la compañía, mientras que otras nunca tuvieron vínculos comerciales ni personales con ella. Las fuentes también pusieron en duda la manera en que ese material fue incorporado a la investigación y consideraron que el dictamen contiene apreciaciones subjetivas que no reflejarían adecuadamente los hechos.

En cuanto a la relación comercial con el Estado, señalaron que Suizo Argentina cuenta con una trayectoria de 100 años en el país y trabaja con más de 10.000 clientes, de los cuales la ANDIS representaba solamente uno. Asimismo, afirmaron que el 95% de la facturación de la empresa proviene del sector privado, por lo que cuestionaron que se presente su actividad como estrechamente dependiente de las contrataciones con el organismo.

En ese contexto, plantearon interrogantes sobre las consecuencias de una eventual retirada de la compañía del mercado público y sobre quiénes podrían beneficiarse de esa situación. Finalmente, insistieron en rechazar las irregularidades atribuidas a la firma y expresaron su convencimiento de que el desarrollo del proceso judicial permitirá demostrar la inocencia de los involucrados.

Pagos ilegales

El dictamen fiscal también incorporó nuevos elementos sobre presuntos pagos ilegales a Spagnuolo. Según los fiscales, Calvete habría organizado y financiado un viaje del exfuncionario a Israel, entre el 14 y el 25 de noviembre de 2024, con pasajes, alojamiento y asistencia al viajero pagados por una droguería.

El planteo será analizado por el juez federal Ariel Lijo, quien resolverá si acepta el pedido y convoca a declaración indagatoria a los imputados. La semana pasada, el magistrado procesó a una nueva tanda de acusados en esta investigación y la Cámara Federal porteña ya confirmó los procesamientos de exfuncionarios y dueños de droguerías.

La reaparición pública del papa León XIV en la audiencia general de la Plaza de San Pedro volvió a poner en primer plano la evolución de su recuperación y el futuro inmediato de la gira prevista por Uruguay, Argentina y Perú. Desde Roma, monseñor Jorge Lozano, arzobispo de San Juan, habló de la eventual visita del papa León XIV a la Argentina, pero ubicó en el centro de su mensaje las urgencias sociales que atraviesan al país

En una jornada en la que el Congreso debate asuntos vinculados con la discapacidad, el prelado reclamó diálogo, consensos y políticas públicas frente a problemas que definió como dramáticos, entre ellos la atención a las personas más frágiles, la educación y la precariedad laboral.

“Nos falta posibilidad de diálogo y de búsqueda de consensos en torno a situaciones que son dramáticas, particularmente”, afirmó Lozano al describir el escenario nacional. Desde la capital italiana, el arzobispo señaló en Infobae Al Amanecer que la discusión sobre discapacidad ocupa un lugar central y pidió que las decisiones públicas no pierdan de vista a las personas y familias alcanzadas por esas medidas.

La discapacidad entre las urgencias que requieren consenso

“Lo que hace, por ejemplo, a la discapacidad es algo central”, sostuvo el arzobispo. El pronunciamiento se produce mientras el Congreso aborda el tema y en un contexto de reclamos de familias, prestadores e instituciones por la continuidad y el alcance de las políticas de asistencia e inclusión.

Lozano dijo que la Conferencia Episcopal Argentina viene siguiendo la situación y recordó que la institución emitió dos declaraciones al respecto. “Nosotros como Conferencia Episcopal hemos hecho un par de declaraciones. Yo justo estaba ya por viajar, una reunión que convocó alguno de los ministerios a un par de obispos de la Conferencia Episcopal que están trabajando en esta área. Así que nosotros estamos siguiendo con mucha atención y preocupación el desarrollo de estas cuestiones legales”, dijo en Infobae.

Y agregó que, en su opinión, “afectan de forma particular a personas en todo el país. Nosotros en la provincia de San Juan estamos también siguiendo con atención lo que sucede, porque nos afecta de una manera muy directa, tanto en el servicio directo a las personas en la salud, como en lo que hace a la educación, a la inclusión educativa, a las posibilidades de brindarles una calidad de vida mejor, no solo, insisto, en el ámbito de la salud, que es primordial, sino también en el poder acceder a bienes culturales, a bienes educativos. Y esto requiere de políticas públicas que estén debidamente diseñadas y apoyadas”, precisó.

El arzobispo relató que el encuentro se produjo poco antes de su viaje a Roma y que la preocupación de la Iglesia se concentra en el efecto concreto de las definiciones legales y administrativas.

Investigar irregularidades sin estigmatizar a quienes necesitan asistencia

Lozano diferenció el control de eventuales delitos de cualquier decisión que derive en una sospecha generalizada sobre un sector atravesado por situaciones de vulnerabilidad. “Si hay delito, si hay corrupción, tiene que corregirse y tiene que haber la sanción penal que corresponda a los delitos que se cometan. Pero que esto no implique generalizar conductas que no lo son”, manifestó

El arzobispo describió la realidad de muchas familias que deben resolver a diario tratamientos, traslados, acompañamientos e inclusión educativa. “Hay gente que realmente sufre y padece una situación muy dura en el seno familiar o en el ámbito de una comunidad educativa. Entonces, hay que tener también esta actitud de cuidado y respeto por los que son más débiles y que de eso nos tenemos que hacer cargo entre todos”, sostuvo Lozano, al asignar una responsabilidad compartida al Estado y a la sociedad.

“Y estigmatizar un grupo que además tiene esta situación de vulnerabilidad es una experiencia que a mí particularmente me duele mucho y es algo que tenemos que ver cómo acompañar de una manera adecuada”, manifestó. Para el prelado, la discusión pública debe evitar que las personas con discapacidad y sus familias queden expuestas a señalamientos que profundicen sus dificultades.

La educación, advirtió, condiciona a los sectores con menos recursos

Después de mencionar la discapacidad como uno de los asuntos centrales, Lozano incluyó a la educación entre las áreas que necesitan acuerdos de fondo. “Lo que hace a la educación y los recursos que se dedican o que se desvían o se dedican a educación, eso produce también situaciones de atraso”, afirmó.

El arzobispo sostuvo que el deterioro de las condiciones educativas tiene consecuencias que se distribuyen de manera desigual. “Pueden llegar a perjudicar especialmente a los sectores más pobres, más vulnerables”, dijo, y vinculó la disponibilidad de recursos con las oportunidades futuras de niños y jóvenes.

La referencia a la educación también apareció dentro de su planteo sobre discapacidad. “En la salud, como en lo que hace a la educación, a la inclusión educativa”, señaló Lozano al repasar los campos en los que, según explicó, las decisiones estatales inciden de modo directo sobre la vida de las personas.

Para el arzobispo, garantizar el acceso a propuestas educativas y culturales forma parte de una política de inclusión más amplia. “El poder acceder a bienes culturales, a bienes educativos” es una condición que debe estar contemplada junto a la atención sanitaria, insistió.

El último reclamo del arzobispo estuvo dirigido al Senado, donde pidió que avance un proyecto sobre ludopatía antes de que pierda vigencia parlamentaria. “Está casi por perder estado parlamentario porque está cajoneada. Porque pisa intereses económicos. Entonces, en esto creo que también yo me sumo a la pastoral social de la Conferencia Episcopal Argentina para pedir, por favor, que no se caiga su estado parlamentario”, apuntó el arzobispo.

Lozano alertó sobre el avance de la precariedad laboral

El tercer punto de su diagnóstico fue la situación del empleo. “Otra de las situaciones que también tenemos que tener en cuenta es la profundización de la precariedad laboral”, afirmó el arzobispo al enumerar las problemáticas que requieren diálogo y búsqueda de consensos.

Lozano advirtió que la precariedad laboral no solo afecta los ingresos de una persona en el presente, sino que priva de derechos que se vuelven decisivos ante una enfermedad, una licencia o el retiro. “Es algo que genera una injusticia en el presente”, sostuvo.

El problema, explicó, se extiende hacia el futuro de quienes no cuentan con una relación de empleo registrada ni con coberturas asociadas al trabajo formal. “Una situación de precariedad que se va a trasladar a la hora en que la persona se enferma o que no tiene vacaciones o no tiene una seguridad respecto de su jubilación en un futuro”, describió.

La Iglesia, señaló, toma como referencia los informes del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que sigue la evolución de los indicadores sociales desde hace casi 30 años. “Es un observatorio que ha mantenido un esquema de trabajo y una transparencia en cualquier función pública y con los gobiernos de los diversos signos políticos de las últimas décadas”, afirmó.

Según Lozano, esos estudios no siempre son recibidos con conformidad por quienes están al frente de los gobiernos. “Estos informes no siempre han sido bien recibidos por quienes están en el gobierno. A veces porque preocupan, otras porque no se sabe cómo encontrar respuesta”, expresó.

El arzobispo sostuvo que los datos permiten advertir una modificación de las condiciones laborales. “Hay un crecimiento en la informalidad laboral y una pérdida de trabajos formales”, afirmó, al referirse a los relevamientos y análisis que siguen esas tendencias.

“Más allá de que guste o no guste a algunos funcionarios, lo que tenemos que hacer es ver cómo enfrentar la realidad y de qué manera acompañar estas situaciones”, planteó. Para Lozano, los consensos que reclama deben partir de ese diagnóstico y contemplar las consecuencias de la informalidad sobre la vida cotidiana y la seguridad social.

La fragilidad y la dignidad humana, bajo la mirada del Papa

Las reflexiones sobre discapacidad se enlazaron con la próxima actividad pública de León XIV y con su anunciada visita a un cotolengo de Don Orione. Consultado por la presencia del Pontífice en ese espacio en un contexto de ajustes sobre sectores como la discapacidad, Lozano destacó el sentido que puede tener ese gesto.

“A mí me parece que una de las cosas que él está enseñando es tener en cuenta la fragilidad y que no todos tenemos por qué rendir lo mismo”, sostuvo. Según el arzobispo, el Papa advirtió en una encíclica reciente sobre los riesgos de una lógica que mida a las personas por la eficiencia y la velocidad. Hay gente que va más despacio, gente que no es productiva y que tiene la misma dignidad que toda persona. Y entonces, la dignidad humana en el centro y en un lugar donde la fragilidad se recibe, se acoge, se trata con delicadeza y ternura, él nos mostrará, estando en este lugar, cómo son las actitudes no solo cristianas desde la fe, sino también desde una inclusión en la vida de la sociedad, de todas las personas y esto como una responsabilidad de toda la sociedad y del Estado. No solo de las familias o los más cercanos, sino de la sociedad en su conjunto

“Tenemos que cuidarnos de que no nos lleve puesto un paradigma tecnocrático que exalta la eficiencia y la rapidez por encima de todo”, afirmó Lozano. La advertencia, añadió, permite discutir qué criterios guían la organización social y las decisiones sobre las personas que necesitan mayores apoyos.

“Hay gente que va más despacio, gente que no es productiva y que tiene la misma dignidad que toda persona. Y entonces, la dignidad humana en el centro y en un lugar donde la fragilidad se recibe, se acoge, se trata con delicadeza y ternura, él nos mostrará, estando en este lugar, cómo son las actitudes no solo cristianas desde la fe, sino también desde una inclusión en la vida de la sociedad, de todas las personas y esto como una responsabilidad de toda la sociedad y del Estado”, explicó.

En continuidad afirmó que no se trata “solo de las familias o los más cercanos, sino de la sociedad en su conjunto”. Para el prelado, la visita al Cottolengo puede funcionar como una señal sobre el lugar que deben ocupar las personas con discapacidad y quienes atraviesan situaciones de fragilidad.

“El Papa nos mostrará, estando en este lugar, cómo son las actitudes no solo cristianas desde la fe, sino también desde una inclusión en la vida de la sociedad, de todas las personas”, afirmó. En esa línea, sostuvo que la respuesta no debe quedar limitada a una práctica religiosa: “Esto como una responsabilidad de toda la sociedad y del Estado”.

La aparicón pública del Papa tras la operación

Desde Roma, monseñor Jorge Lozano, siguió por televisión una audiencia que, según contó en Infobae Al Amanecer, le dejó una impresión tranquilizadora. “Yo quería observar particularmente sus movimientos, porque estar sentado puede estar cualquier persona, pero los movimientos que él hacía levantando la mano para bendecir, arrimando algún niño para poder darle un beso, bendecirlo. Fue un paseo en el Papamóvil bastante extenso”, indicó y afirmó: “Yo lo vi realmente muy bien”.

Radio Vaticana informó que participaron cerca de 30 mil peregrinos y, de acuerdo con el arzobispo, el pontífice se tomó tiempo para encontrarse con obispos y otras personas que estaban próximas a él: los saludó “uno por uno”.

Para Lozano, lo que ocurrió en la Plaza de San Pedro permitió comparar la actividad actual con las catequesis que el Papa encabezaba antes de la operación. “Antes de la cirugía se lo veía muy bien. Él mostró mucho entusiasmo”, dijo.

El monseñor solicitó la audiencia con el Papa con tres meses de anticipación. “Iba sobre todo para ponerle al tanto de algunas actividades que estamos haciendo en San Juan y para conversar un poco con él. Y la inminencia de la visita a Uruguay, Argentina y Perú, hizo que parte de los temas también tuvieran que ver con eso”, comentó.

En este sentido, el arzobispo indicó que “se lo notaba muy entusiasmado y en ningún momento dejó entrever posibilidad de modificación. De todos modos, eso dependerá ahora de cómo continúe su evolución y entiendo, que en los próximos días confirmará la agenda o propondrán algún cambio dentro de las actividades o lo que los médicos también le puedan indicar de acuerdo a lo que es la evolución en su recuperación”.

El sacerdote sostuvo que la visita del Sumo Pontífice ayudará a “crecer en el compromiso con el bien común y en la atención a los más frágiles, a los más pequeños”. Respecto a ello precisó que “en los países que ha ido visitando hace un llamado a la paz, a la búsqueda de la justicia y del bien común. Hay un mensaje casi permanente en él que tiene de que se puedan tender puentes en lugar de construir muros, como enseñaba el papa Francisco”.

Argentina, Uruguay y Perú ponen la salud del pontífice por delante de la agenda

Las comunidades católicas que esperan al Papa comparten, según el arzobispo, un mismo criterio ante la cercanía del viaje. “Lo que queremos, como Iglesia en los tres países, es privilegiar la salud del Papa”, expresó sobre una agenda que genera expectativa, pero que no debería condicionar el cuidado del pontífice.

En esa línea, Lozano planteó que una visita pastoral no puede convertirse en un factor que complique el proceso médico. “Que él se pueda recuperar bien y que entonces la visita pastoral no sea poner en riesgo su recuperación”, dijo al resumir la preocupación que, aseguró, atraviesa a las iglesias de los países incluidos en la gira.

La voluntad de León XIV de conservar el itinerario está presente, insistió el arzobispo, quien citó además al vocero de la sala de prensa vaticana. “Él tiene mucho deseo”, señaló sobre el interés del Papa por mantener el contacto con las comunidades de Uruguay, Argentina y Perú.

Pero entre el deseo y la decisión final hay una instancia ineludible: la recomendación de quienes siguen de cerca su estado de salud. “Una cosa es el deseo que él tiene y otra será después cómo eso se compensa” con las sugerencias médicas, advirtió Lozano.

Si la visita se concreta, el Papa llegará a una Argentina de la que ya recibió información tanto social como eclesial. La presidencia de la Conferencia Episcopal le transmitió datos sobre el país y sobre la expectativa que despierta su llegada, un panorama que podría nutrir sus intervenciones durante la eventual gira. El arzobispo consideró que puede ofrecer “palabras de aliento en la tarea misionera”.

También cree que el paso de León XIV por el país puede reforzar compromisos que atraviesan a la Iglesia y a la sociedad. En particular, mencionó la necesidad de trabajar por “el bien común y en la atención a los más frágiles”, dos ejes que vinculó con el tipo de mensaje que el pontífice suele llevar en sus viajes.

El llamado del Papa apunta a la paz, la justicia y el bien común

Al hablar de los mensajes que podría dejar una visita papal, Lozano mencionó “un llamado a la paz, a la búsqueda de la justicia y del bien común”. La referencia se inscribe, dijo, en una mirada que busca intervenir en los conflictos sociales sin perder de vista a quienes padecen con mayor intensidad sus consecuencias.

Hay una expresión de León XIV que el arzobispo destacó especialmente: “desarmar las palabras”. Con esa fórmula, explicó, el Papa propone revisar la violencia presente en el lenguaje público y privado, y evitar expresiones que hieren o profundizan distancias.

La imagen contrasta dos maneras de construir la convivencia. Se trata, indicó Lozano, de promover vínculos que permitan “tender puentes en lugar de construir muros”, una idea que asoció con la búsqueda de diálogo en sociedades atravesadas por desacuerdos y tensiones.

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Kyle Kennedy, nieta de Robert F. “Bobby” Kennedy y Ethel Kennedy, murió el 21 de septiembre de 2026 a los 42 años en su casa de Westwood, Massachusetts. La educadora y activista por los derechos de las personas con discapacidad había sufrido una grave lesión en la médula espinal en 2020 que le provocó una parálisis prolongada y múltiples complicaciones médicas.

Su familia celebró los servicios fúnebres de forma privada y no se reveló la causa de la muerte, según informó el USA Today.

Kyle era una de los 34 nietos del senador demócrata asesinado en 1968 y de Ethel Kennedy. Nació el 6 de julio de 1984 en Washington D.C., hija de Michael Kennedy —sexto de los 11 hijos del matrimonio Kennedy— y de Victoria Denise Gifford, hijastra de la presentadora de televisión Kathie Lee Gifford e hija de la leyenda de la NFL Frank Gifford.

Una vida dedicada a la educación y la reforma escolar

Según su obituario, publicado por la funeraria Burke Funeral Homes, Kyle dedicó su carrera profesional a la educación infantil y a la reforma del sistema escolar para niños en situación de vulnerabilidad y personas con discapacidad.

Tras graduarse de la Universidad de Georgetown con un título en historia, inició su trayectoria docente en Nueva York a través del programa Teach For America, destinado a escuelas de comunidades desfavorecidas.

Posteriormente obtuvo una maestría en Educación Temprana en la Universidad de Pace y una maestría en Política Educativa y Gestión en la Escuela de Educación de la Universidad de Harvard.

Su obituario la describe como “una apasionada defensora de una educación primaria más equitativa y de las escuelas chárter”, que trabajó con empresas tecnológicas para reformar los planes de estudio y se desempeñó como asesora de educadores que trabajaban con estudiantes jóvenes.

La lesión medular que transformó sus últimos años

En 2020, Kyle sufrió una lesión grave en la médula espinal que derivó en parálisis a largo plazo, discapacidad y otras complicaciones de salud.

De acuerdo con su obituario, “los años que siguieron trajeron luchas, pero Kyle peleó por mantener su humor seco y su determinación”, esforzándose por ser la mejor madre posible para sus dos hijos varones y cuidando a sus dos terriers Wheaten.

La parálisis la convirtió en activista por los derechos de las personas con discapacidad. Entre sus acciones más destacadas, testificó ante la Cámara de Representantes de Massachusetts en una audiencia sobre discriminación en la atención médica para personas con discapacidades, según consignó el comunicado.

Su boda acaparó los titulares por la presencia de Taylor Swift

En agosto de 2012, Kyle se casó con Liam Kerr en el hotel Fairmont Copley Plaza de Boston. La ceremonia, que debía ser un evento familiar discreto, terminó en los titulares nacionales cuando su primo Conor Kennedy se presentó acompañado de su entonces novia, la cantante Taylor Swift.

Según relató Victoria Gifford Kennedy al Boston Herald, la pareja le envió un mensaje una hora antes de la boda para preguntar si podían asistir, y ella respondió con un claro “por favor, no vengan”.

“Vinieron de todos modos. Personalmente me acerqué a la Sra. Swift, cuya entrada distrajo a todo el evento”, declaró la madre de la novia. La representante de Swift negó la versión y aseguró que la cantante había sido invitada y que la novia le agradeció su presencia.

Pérdidas familiares que marcaron su vida

Kyle tenía apenas 13 años cuando su padre, Michael Kennedy, murió el 31 de diciembre de 1997 tras chocar contra un árbol mientras jugaba al fútbol americano sobre esquís con otros miembros de la familia Kennedy en Aspen, Colorado.

Michael, de 39 años, no llevaba casco ni equipo de protección; la patrulla de esquí ya le había advertido que cesara la actividad. Fue trasladado al hospital del valle de Aspen, donde se lo declaró muerto.

Tras su matrimonio, Kyle y Kerr tuvieron gemelos, Conor y Josie, pero la niña falleció días después de nacer. Dos años más tarde nació su segundo hijo varón, Declan. El obituario de Kyle se refiere a Kerr como su “exesposo”.

Kyle deja a sus hijos Conor, de 12 años, y Declan, de 10; a su madre, Victoria; a su hermano Michael; a su hermana Rory; y a sus sobrinos directos McKie, Quinn, Jack y Caleb.

La agenda de Diputados asoma intensa para el oficialismo, que pondrá a prueba su capacidad para negociar nuevos acuerdos y, también, sostener los tratos ya cerrados. En la amplia lista de temas pendientes, el proyecto sobre Malvinas deberá esperar una semana más para ver hasta qué punto el Gobierno cede en la búsqueda de apoyo de socios y dialoguistas, además de procesar la mala señal que acaba de dar Estados Unidos en la ONU. Antes, debería afianzar los entendimientos en cuestiones sensibles como Discapacidad y ley de Tierras. En los dos casos, trascienden crujidos internos que alimentan recelos de aliados y especulaciones de la oposición dura.

Ese conjunto de iniciativas, que el Gobierno busca acelerar, suma también el Presupuesto 2027 y -desde hace rato, en el Senado- la reforma electoral, considerada decisiva por el Ejecutivo para avanzar con su plan reeleccionista. Son temas que demandan negociaciones complejas por la variedad de ventanillas a atender, en especial las de gobernadores. Sin embargo, la cuestión colocada en el núcleo de su “estrategia” inmediata resultó ser el giro con Malvinas, en el marco del intento político más amplio frente a la realidad económica.

Las conversaciones sobre la iniciativa de Defensa de la Soberanía Nacional expusieron rápidamente dos indicadores bastante claros, y esperables, en la Cámara baja: el primero, por supuesto, el consenso sobre las sanciones a empresas que participen de proyectos de explotación de recursos naturales en aguas y territorio de Malvinas; el segundo, los rechazos y críticas a los capítulos sobre penas para promotores de campañas de “desinformación masiva” -con criterios tan laxos que amenazan la libertad de expresión- y sobre la integración y facultades del Consejo de Seguridad.

Algunos legisladores de la oposición plantearon directamente que el proyecto debería ser dividido en dos textos, algo que rechaza el oficialismo. En paralelo, los aliados de LLA trasmitieron sus cuestionamientos y advirtieron que la iniciativa no tiene posibilidades de avanzar sin cambios, tal y como fue redactada en la Casa Rosada. Eso gatilló negociaciones apuntadas a garantizar respaldo básico antes de llevar el tema al recinto.

Como suele ocurrir con algunos movimientos propios en el Congreso, legisladores libertarios se apresuraron a plantear el objetivo detratar en velocidad el proyecto. Las conversaciones no son sencillas y ya la semana pasada LLA debió darse más tiempo para continuar las tratativas, al comprobar que aún no reunía los apoyos necesarios para lograr dictamen en comisión.

El oficialismo revisó sus planes y anotó entonces para este martes una nueva convocatoria al plenario de las tres comisiones que intervienen en este caso: Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación General. Pero un día antes, resolvió postergar para la semana que viene ese encuentro. Eso expone que todavía no tendría aseguradas las firmas de socios y espacios dialoguistas, es decir, del PRO, el bloque oficial de la UCR y legisladores que responden a jefes provinciales.

¿Es el único motivo? En medios opositores consideran que pesarían presiones de empresas estadounidenses por los alcances de algunos artículos del tramo de las sanciones. El oficialismo osciló entre el silencio y la descalificación informal de las informaciones sobre el asunto. Un dato diferente, pero público, se añadió como ingrediente en las últimas horas: Estados Unidos propuso disolver el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas, que es precisamente el ámbito principal del reclamo diplomático de la Argentina por Malvinas.

Eso produjo de hecho la primera e inesperada diferencia entre el gobierno de Milei y la gestión de Donald Trump. Es sabido que una movida de tal magnitud está lejos de proyectar resultado práctico en la ONU, porque fuera de presiones presupuestarias y unilaterales, demandaría apoyo mayoritario en la Asamblea General. De todos modos, y más allá de que el oficialismo intente minimizarlo por eso mismo, supone una situación por lo menos incómoda para los libertarios ante el referido plenario de comisiones. Necesitan unificar discurso ante la posible demanda de respuestas políticas por parte de la oposición.

El proyecto de Malvinas requiere un amplio ejercicio de negociaciones para cerrar el tema. Eso demanda sus tiempos. En lo inmediato, el Congreso también pone a prueba la capacidad para sostener acuerdos previos. En este último punto, el caso más destacado lo constituye el proyecto sobre los recursos para atender el área de discapacidad, que junto a morosidad en el endeudamiento familiar y las idas y vueltas con la ley de Tierras integran el temario de Diputados por presión opositora.

Para enfrentar la ofensiva de la oposición, las negociaciones de LLA con sus aliados -en esta materia casi exclusivamente cargo de Martín Menem- incluyeron concesiones presupuestarias en el texto sobre Discapacidad. La primera reacción fue dejar de lado el enorme ajuste expuesto en el proyecto de Presupuesto 2027. Pero ocurre que desde el Ejecutivo -no sólo desde Economía- transmitieron desacuerdo con los términos de las tratativas para lograr dictamen.

En otras palabras, el mensaje a los legisladores fue que no sería respetado un trato que pueda significar -en la visión presidencial- complicaciones para los planes de superávit. La señal no es nueva. Por ahora, nadie explica hasta qué punto llegaría esa advertencia, aunque está claro que el Gobierno dio señales variadas en otros momentos, desde vetos hasta el incumplimiento de una ley, como ocurre con el financiamiento universitario.

Esas tensiones en el interior del oficialismo alimentan las negociaciones de estos días, casi en los umbrales de la sesión impulsada para el miércoles por LLA. Las tratativas entre libertarios y sus aliados definirán la suerte del tema, pero por el momento, los crujidos en el frente libertario reabren especulaciones de la oposición sobre las chances de su dictamen, que propone extender en el 2027 la emergencia en discapacidad. Llega ahora la prueba del recinto.

Otro tema realmente llamativo lo constituye el recorrido del oficialismo con la Ley de Tierras. La intención primaria fue derogar la norma que viene de la etapa kirchnerista. Y así lo reflejaba un capítulo del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que fue podado íntegramente en el Senado porque resultaba imposible conseguir respaldo en el renovado clima por Malvinas. Parecía suficiente para dar por cerrado el tema, que remite a la cuestión de la soberanía, pero dos fallos de la Corte Suprema lo repusieron en la agenda pública.

La oposición volvió a la carga y, en Diputados, puso en la mira todo el DNU 70/2023 y no sólo el artículo que deroga la ley de Tierras. El oficialismo negoció con socios y dialoguistas para frenar esa movida y lo logró la semana pasada, pero lo hizo a cambio de un acuerdo para anular por ley ese punto del decreto inaugural de Milei. El trato fue incluido en el proyecto sobre propiedad privada, que si es aprobado volverá al Senado. Y es allí, en la Cámara alta, donde circulan reparos de senadores de LLA, que ahora deberían sancionar un cambio a contramano de lo que defendían hace poco. Se verá entonces si los acuerdos corren sin vueltas en las dos alas del Congreso.

En Panamá más de 27 mil personas han sido afectadas hasta el momento en sus viviendas, producto del terremoto de 7,5 grados que afectó al país el pasado 9 de octubre.

Se reporta una muerte, 27 personas lesionadas, de ellas 17 en la provincia de Coclé, 6 en Los Santos, 2 en Panamá Oeste, 1 en Herrera y 1 en Veraguas.

Los daños de las viviendas van desde pérdida total, moderada, parcial y leves, de acuerdo con el último informe del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COE Nacional) del del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), al corte del 17 de octubre.

Al desglosar la cifra, se tiene que los afectados son 13,105 hombres y 12,913 mujeres, incluyendo 85 embarazadas y 1,026 personas con discapacidad.

Las afectaciones se dan en las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas, Coclé, Colón, Panamá, Panamá Oeste, Bocas del Toro, Chiriquí, Darién, y en la comarca indígena Ngäbe Buglé.

Hasta el momento el 74% de las viviendas evaluadas se concentra en las provincias de Los Santos y Herrera.

Con daño total 1,952 viviendas, daño moderado y parcial 4,857 viviendas, y daño leve y menor unas 1,124 viviendas.

En cuanto a daños en los centros educativos, el informe indica que el 55% está concentrado en la provincia de Veraguas con 178 y Chiriquí con 139, para un total de 576 escuelas. Se han inspeccionado 1,721 centros a nivel nacional.

También se han visto afectados 42 centros de salud, 44 iglesias, 87 edificios públicos, 69 vías y puentes.

El informe oficial da cuenta de 55 albergues que resguardan a un total de 3,827 personas, mientras que 2 albergues han sido cerrados.

La distribución territorial desglosa que el 69.8 % de las personas albergadas (2,672 personas) se ubica en la provincia de Veraguas.

Los principales albergues prioritarios (150 personas o más) son: Carrizal - finca privada (275 personas), San Lorenzo (178), Loma Malena (171), Bahía Honda (150) e Isla Caña (150).

En cuanto a los servicios básicos, se tiene que la mayoría de las plantas potabilizadoras a nivel nacional han sido reestablecidas. Los estamentos de seguridad y emergencia mantienen atenciones, monitoreo y seguimiento constante.

Al referirse a la asistencia humanitaria y alimentaria la información manifiesta que en cuanto a carga y logística se han movilizado más de 171,190 libras de carga aerotransportada y más de 365 toneladas de carga por vía terrestre.

Al corte del 16 de octubre unas 57 comunidades han sido atendidas en 19 distritos a lo largo de 5 provincias y una comarca.

En la provincia de Veraguas, de acuerdo con el informe, se han atendido 22 comunidades, en la provincia de Los Santos 16 comunidades, mientras que en Bocas del Toro unas 7, al igual que 6 en Herrera, y 5 en la provincia de Coclé 5.

Se indica que destacan por cantidad de entregas los distritos de Soná (7 comunidades), Cañazas (7) y Mariato (5).

La asistencia alimentaria por parte del Instituto de Mercadeo Agropecuario ha distribuido hasta el momento 26,985 bolsas de alimentos (24,561 mediante entregas comunitarias - 91%; y 2,424 por vía institucional - 9 %), alcanzando a 110,525 personas que habitan en 556 comunidades.

Se destaca la cooperación internacional de los gobiernos de Estados Unidos, Venezuela y Costa Rica. Estados Unidos ha desplegado hospitales tipo carpa para la atención especializada de neonatos en la zona afectada, acompañado de un equipo de ingenieros estructurales, especialistas en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, y personal de logística y operaciones.

Mientras, Venezuela envío 48 toneladas de asistenciahumanitaria, y Costa Rica envió 39 expertos en infraestructura y geología, de acuerdo con el informe dado a conocer por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COE Nacional) del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Carlos Tatay, con 20 años, sufrió un accidente durante una carrera de Moto2, en el circuito portugués de Portimao, que cambió el rumbo de su vida deportiva. La lesión lo dejó en silla de ruedas y lo obligó a alejarse de las motos, el ámbito en el que había puesto sus expectativas profesionales.

Ahora, a sus 23 años, busca sostener ese vínculo con la velocidad desde otro lugar. Vendió sus motos, compró un kart y empezó a prepararse para competir en autos. Su meta es llegar algún día al Rally Dakar con un coche adaptado, aunque esa intención no supone una participación confirmada en la prueba.

Según una entrevista con Roberto Cabezas publicada en Men’s Health España, Carlos Tatay relató cómo atravesó la recuperación y por qué decidió fijarse un nuevo objetivo deportivo. También explicó el lugar que ocupan el entrenamiento, la resistencia y la comunicación con el copiloto dentro de ese proyecto.

El accidente obligó a revisar un proyecto construido en las motos

Antes de lo ocurrido en Portimao, concentraba su vida profesional en las motos. La lesión interrumpió ese recorrido y abrió un período de hospitalización y rehabilitación que, de acuerdo con la entrevista, estuvo atravesado por la incertidumbre sobre el futuro.

“Ir en silla de ruedas ya era difícil de gestionar, pero la incertidumbre ante el futuro todavía más”, afirmó Tatay. En ese sentido, explicó que temía no encontrar una actividad que reemplazara el lugar que ocupaban las carreras en su vida.

El proceso también implicó aceptar que su situación había cambiado. En la misma conversación, señaló que tuvo que dejar de comparar su presente con la etapa anterior al accidente y concentrarse en los objetivos que podía construir desde entonces.

Esa modificación de perspectiva fue el punto de partida para retomar una actividad vinculada con la competencia. La intención ya no era volver a las motos, sino encontrar una disciplina que le permitiera seguir cerca de las pistas.

Un kart abrió la puerta a las competencias sobre cuatro ruedas

La venta de las motos y la compra de un kart marcaron el comienzo de ese nuevo recorrido. Según contó en la entrevista, la posibilidad de competir en autos tomó forma de manera gradual y contó con el apoyo de Albert Llovera, piloto de automovilismo adaptado.

El objetivo que planteó es correr el Dakar con un vehículo adaptado. Tatay no informó una inscripción, un equipo ni una fecha para un debut, por lo que se trata de una aspiración en preparación y no de una presencia oficial en la competencia.

El desafío incluye aprender la dinámica de una prueba en la que el piloto debe mantenerse atento a las indicaciones del copiloto. El expiloto señaló que todavía no entrenó en el desierto y que busca fortalecer la comunicación dentro del auto antes de afrontar esa experiencia.

“Tener buen físico para tener buenos oídos y tener la mente fresca para poder escuchar las indicaciones del copiloto”, sostuvo en la entrevista. Para él, esa atención resulta necesaria a la hora de seguir las referencias y tomar decisiones durante el recorrido.

La preparación se concentra en la resistencia y el descanso

El entrenamiento diario es parte de ese plan. En su casa dispone de máquinas y una bicicleta adaptada, y explicó que trabaja para ganar fuerza y resistencia con el fin de tolerar el desgaste de una competencia extensa.

“Cuando el físico baja, la cabeza empieza a fallar”, afirmó Tatay al describir la relación entre el cansancio y la concentración. Por eso, explicó, procura mantener una rutina regular y evitar cambios innecesarios en su preparación.

También mencionó la alimentación como un aspecto a cuidar durante jornadas exigentes. Indicó que recurre a desayunos completos, geles, barritas e isotónicos cuando compite, y que incorpora batidos si el cansancio le quita el apetito.

El descanso completa esa rutina. Intenta dormir entre siete y ocho horas, según contó, aun cuando debe responder a entrevistas y otros compromisos.

Para su eventual debut en el Dakar, señaló que terminar la prueba, sentirse competitivo y disfrutar de la velocidad serían objetivos suficientes al comienzo.

La mujer, originaria de Michoacán, México, contrajo una infección por la bacteria Klebsiella que la mantuvo hospitalizada durante 19 días, le provocó coágulos en la sangre y derivó en la amputación de sus cuatro extremidades.

Su esposo, Onésimo Garfias Hernández, acompañó cada etapa del tratamiento y tuvo que autorizar las cirugías ante la posibilidad de que ella no sobreviviera. Hoy es él quien la alimenta, la viste y la traslada. “Ahora yo soy sus manos, soy sus pies”, dijo a Telemundo Chicago.

Cómo una infección por Klebsiella complicó la salud de Eloida Hermenegildo

La bacteria Klebsiella se encuentra de forma natural en el intestino humano, pero puede provocar infecciones graves cuando alcanza otras zonas del cuerpo, como el torrente sanguíneo, según información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. Las personas con enfermedades preexistentes, entre ellas la diabetes, presentan mayor vulnerabilidad ante este tipo de infecciones.

Hermenegildo explicó a Univision Chicago la razón por la que la bacteria se diseminó en su sangre. “Yo soy diabética y dicen que esa bacteria ahí está, pero como se mantiene de la azúcar y a mí se me subió la azúcar mucho, por eso se me regó en la sangre”, declaró la paciente.

El doctor Alfredo Mena Lora, especialista en enfermedades infecciosas consultado por Telemundo Chicago, explicó que una infección de esa gravedad puede reducir la presión arterial de forma abrupta y comprometer el flujo de oxígeno hacia los órganos y las extremidades.

“Cuando una infección es tan severa, con o sin bacteria, la presión puede bajar de manera significativa y esto puede poner a todos los órganos en un estado de hipoperfusión, en el que no llega mucho oxígeno, y puede afectar las extremidades”, señaló el especialista al medio.

Garfias Hernández relató que el equipo médico le comunicó la necesidad de administrar un medicamento para mejorar la circulación de su esposa, aunque el procedimiento implicaba un riesgo considerable. “Ellos me dicen: tenían el medicamento para bombear sus venas y que le pudiera llegar a sus piernas y a sus manos, pero había un 80 o 90 por ciento de posibilidades de que no sobreviviera”, contó.

Las amputaciones y el pedido de ayuda para acceder a prótesis

Tras recibir el alta, el daño en las extremidades de Hermenegildo ya era irreversible. La paciente describió cómo sus manos y pies fueron oscureciéndose por la falta de circulación. “Se me fueron poniendo mis pies y mis manos negros. Era porque la sangre no estaba bombeando”, relató.

Con el paso de los días, el dolor se volvió insoportable y Hermenegildo tomó la decisión de someterse a las amputaciones. “Era más el dolor. Yo decía: pues a lo mejor si ya me quitan mis manos y mis pies, a lo mejor ya descanso del dolor”, afirmó en declaraciones recogidas por Univision Chicago.

La pérdida de sus cuatro extremidades transformó por completo la vida cotidiana de la pareja. Garfias Hernández, quien lleva 33 años casado con Eloida, asumió todas las tareas de cuidado. “Ahora yo soy sus manos, soy sus pies. Ella necesita un hombre donde recargarse, y yo aquí estoy”, dijo a Telemundo Chicago.

El objetivo inmediato de la familia es conseguir prótesis que le devuelvan a Hermenegildo cierta movilidad e independencia. “Que me ayudaran para mis prótesis para poder regresar a mi hogar”, pidió la paciente entre lágrimas, según el reporte de Univision Chicago. Personas cercanas a la pareja abrieron una cuenta en GoFundMe para reunir fondos destinados a cubrir parte de los gastos.

Los gastos médicos superan los USD 300.000, según el esposo de Hermenegildo

Las facturas hospitalarias acumuladas representan otro frente crítico para la familia. Garfias Hernández detalló a Univision Chicago que la primera hospitalización generó un cargo de USD 280.000. Además, informó sobre un gasto cercano a USD 7.000 por una estancia de una noche y un día en un hospital de Elgin, y otro de alrededor de USD 27.000 por cuatro días en un hospital de Rockford.

Los montos citados corresponden a lo declarado por el esposo y no incluyen necesariamente el costo final de las cirugías de amputación, las prótesis ni otros tratamientos pendientes.

La pareja no cuenta con ingresos en Estados Unidos y los tratamientos continúan, lo que agrava la presión económica sobre la familia.

La visa de turista vence en noviembre y el Consulado de México evalúa alternativas

A la emergencia médica y financiera se suma un factor migratorio. Según el reporte de Univision Chicago, la visa de turista de Hermenegildo vence el 8 de noviembre, pero los médicos le recomendaron no viajar en los próximos meses.

El Consulado de México en Chicago informó, a través de Saúl Juárez, cónsul de protección, que el procedimiento ante estos casos consiste en entrevistar a la persona afectada o a su familia para evaluar las alternativas disponibles. “El consulado puede ayudar a localizar algún hospital que se pueda encargar de darle continuidad al paciente”, señaló Juárez en declaraciones recogidas por Univision Chicago.

El funcionario agregó que la representación consular puede derivar a las personas a asesoría legal en asuntos migratorios y, de ser necesario, cubrir parte de los costos de esa asistencia jurídica.

La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados parece haber encontrado la llave que le permite sumar victorias parlamentarias y convencer a socios que empezaban a mostrarse reticentes.

La clave no es otra que dar marcha atrás con algunas medidas gestadas en el Ejecutivo y optar por el mal menor.

Esto fue lo que ocurrió en la jornada de ayer, cuando, para proteger el DNU 70/2023, el bloque libertario cedió en la ley de Tierras y ahora propone —junto al PRO y la UCR— reeditar la ley de 2011 que buscó eliminar en dos ocasiones y que, en su momento, sus socios actuales votaron en contra.

Algo similar sucede con el debate sobre la ley de Discapacidad, donde, para desactivar el avance de la oposición en la idea de prorrogar por un año la emergencia, el oficialismo se opuso a los dictámenes del Ministerio de Economía y avanza con un proyecto propio al que buscará darle media sanción la semana próxima.

En este aspecto, la duda que recorría los pasillos ayer era qué iban a hacer en este caso los diputados del bloque de los gobernadores del norte, Argentina Federal. No quedaba claro si estaban trabajando sobre el dictamen de mayoría —el del oficialismo— o sobre algún otro.

Eso se develó en las últimas horas, cuando dos fuentes diferentes señalaron que el bloque que representa los intereses de los gobernadores de Salta, Formosa, Misiones y San Luis negocia el acompañamiento al oficialismo.

“En discapacidad, Oscar Herrera Ahuad —presidente del bloque— está trabajando el dictamen del oficialismo, así que no iría por la emergencia”, explicó una fuente parlamentaria.

En este nuevo esquema, fuentes cercanas a los bloques en negociación —LLA y AF— señalaron a Infobae que el oficialismo cedió en otros aspectos respecto de los que figuraban en el proyecto de ley que ya tiene dictamen.

“Esta semana los provinciales se reunieron y lograron cambios en el proyecto, en especial en los artículos 5 y 7, donde ahora aparecen los fondos que antes no figuraban de manera explícita”, explicaron.

Con estos cambios, que se introducirán en el recinto, y el acompañamiento casi sin restricciones del PRO, la UCR, Independencia, La Neuquinidad, Por Santa Cruz, Producción y Trabajo, Primero San Luis, MID y Argentina Federal, el oficialismo suma más de 130 voluntades.

El único problema que surge del acuerdo que lleva adelante el bloque libertario, encabezado por la ex PRO Silvana Giudici y su colega, también ex PRO, Laura Rodríguez Machado, es que el Ministerio de Economía, que comanda Luis “Toto” Caputo, no se mostró alineado con el proyecto.

Esto lo dejó en claro días atrás el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, durante su defensa del proyecto de Presupuesto 2027 que se debate en comisión.

Ante la consulta de los diputados de los bloques de la oposición sobre a quién había que creerle —si al Ejecutivo, que envió un proyecto con los artículos 36 al 41 que avanzan sobre derechos y prestaciones, eliminando entre otras cosas el Nomenclador, o al dictamen de mayoría que se debate en el Congreso—, Guberman evitó pronunciarse de manera concluyente.

Al momento de responder, ratificó que “está el presupuesto para cumplir con las pensiones y todo el servicio” de prestaciones. Pero ante la insistencia de los diputados, el funcionario de Economía señaló que “desde el Ejecutivo hubiéramos querido otra cosa. Pero los bloques quieren otra cosa”.

La duda que queda es si el Ejecutivo, que presentó un proyecto de ley de Presupuesto con ajustes en varios sectores, incluido el de discapacidad, y que se mostró en contra del posicionamiento del bloque de LLA, respetará esa postura y eliminará los artículos del 31 al 41, o si se mantendrá firme en su posición. Por ahora, el bloque libertario hizo el trabajo y parece haber juntado los votos.

Para Felipa Hortensia Herneta, la posibilidad de que su hijo reciba atención médica fuera de Cuba depende de una visa humanitaria. Raciel José tiene microcefalia, una afección neurológica que ha limitado su desarrollo: no ve, no camina, no habla y se alimenta mediante una sonda gástrica.

Pasa largos períodos en el hospital, un lugar que su madre describe como su “segunda casa”.

De acuerdo con datos del Diario de Cuba, Herneta busca trasladarlo a Brasil, donde espera que pueda acceder a medicamentos y tratamientos que no consigue en la isla. La solicitud de visa humanitaria se ha convertido en el centro de sus esfuerzos y en la alternativa que identifica para mantener con vida a su hijo y mejorar sus condiciones de salud.

“Es la única vía que me queda para que mi hijo se salve”, afirmó. “Aunque sé que la condición de Raciel José es irreversible, confío en que fuera de Cuba mi hijo pueda disponer de los tratamientos y medicamentos necesarios para disfrutar de una mejor calidad de vida”, agregó.

Raciel José fue ingresado recientemente por dengue hemorrágico, una de las enfermedades que circulan actualmente en Cuba, según el Ministerio de Salud Pública. “Sangró por todos lados, por donde único no sangró fue por los oídos”, contó Herneta. La mujer también ha denunciado la falta de anticonvulsivos, pañales, alimentos especiales y equipos para movilizar a su hijo.

En junio de 2025, acudió a la sede del Gobierno municipal de Boyeros junto con otras madres de niños con discapacidades severas y patologías irreversibles. “Nuestros hijos están siendo olvidados. Estos niños con discapacidad han sido olvidados”, dijo entonces.

La falta de medicamentos ha llevado a varias familias a depender de donaciones y de productos enviados desde otros países. Según un estudio de Diario de Cuba aplicado por Cubadata entre el 22 de julio y el 10 de agosto de 2026, 713 de las 1,551 personas consultadas, el 45.9%, tuvieron muchas dificultades para conseguir medicamentos. Para 82 personas, el 5.2%, obtenerlos fue “imposible”.

“Los medicamentos los estoy consiguiendo a través de las personas que han visto mis publicaciones en las redes. Son medicamentos importados de otros países. Gracias a esas personas, mi hijo aún sigue con vida”, explicó Herneta.

La visa humanitaria que gestiona para Brasil no representa solamente un permiso de viaje. Para la familia, supone la posibilidad de acceder a un sistema de salud con tratamientos, especialistas y medicamentos que no están disponibles de forma regular en Cuba. “Ahí la medicina es gratis y hay médicos muy buenos, incluso cubanos”, afirmó.

Yadira Torres también busca una visa humanitaria para trasladar a su hija Yesica fuera de la isla. La niña vive en Pinar del Río y tiene parálisis cerebral. Ha sido sometida a cirugías en los aparatos respiratorio y digestivo, y requiere medicamentos para controlar las convulsiones, la gastritis y otras patologías.

Torres asegura que Yesica llegó a tener hasta 102 convulsiones. La niña tiene una gastrectomía y una traqueotomía, además de asma, gastritis crónica y una lesión lumbar. Su madre busca sucralfato, omeprazol, domperidona, clonazepam y topiramato, medicamentos que, según explica, son difíciles de conseguir y tienen un costo elevado.

“Cuando no tengo el medicamento, que es bien difícil de conseguir, porque es muy caro, vomita y tengo que sacarle el aire de la barriguita con una manguera”, relató.

La crisis energética también interfiere en sus cuidados. Yesica necesita alimentos licuados y la familia carece de medios adecuados para conservarlos. Torres contó que durante los apagones debe utilizar una aspiradora manual para extraerle el aire del abdomen. En 2026, Cuba ha registrado ocho desconexiones totales del Sistema Eléctrico Nacional y apagones diarios de más de 20 horas en distintas zonas del país.

Luisito, de 14 años, enfrenta otra enfermedad grave. Tiene insuficiencia renal crónica y depende de la hemodiálisis. Su madre, Yenslismay Rojas, se trasladó desde Santiago de Cuba hasta La Habana para buscar atención médica. Ahora evalúa las opciones que le permitan sacar al adolescente del país para recibir un trasplante renal.

Rojas sostiene que el último trasplante pediátrico de riñón realizado en Cuba ocurrió hace dos años.

Aunque asegura que el procedimiento puede hacerse en la isla, afirma que no se han realizado nuevas intervenciones por la falta de recursos y que ni siquiera se han completado análisis preliminares para determinar la compatibilidad con posibles donantes.

Las solicitudes de visas humanitarias de estas familias están vinculadas con la labor del activista Nelson Álvarez, conocido en redes sociales como “El Portiao”. Desde 2022, Álvarez organiza campañas para recaudar fondos, conseguir medicamentos y gestionar salidas al extranjero para niños con enfermedades graves.

Según su testimonio, cinco menores han logrado viajar fuera de Cuba. Tres se recuperan en Italia y otra niña se encuentra en Brasil, donde se prepara para un trasplante renal. Álvarez también participa en la campaña para que Raciel José pueda recibir atención médica en ese país.

El activista fue detenido en junio de 2024, un día antes de viajar a Pinar del Río para entregar ayudas a unas niñas y visitar la casa natal de Ashley Manuela, una menor que había recibido un trasplante hepático en México.

Álvarez aseguró que fue interrogado por su trabajo y que las autoridades le dijeron que su labor podía estar siendo manipulada por “el enemigo”.

Mientras las familias esperan respuestas, las visas humanitarias concentran sus expectativas. Para las madres de Raciel José, Yesica y Luisito, el trámite representa la posibilidad de cruzar la frontera para acceder a tratamientos que no encuentran en Cuba.

La solicitud no elimina las enfermedades ni garantiza una solución inmediata, pero abre una vía para buscar atención médica fuera de la isla.

Organizaciones de personas con discapacidad, personas mayores y profesionales piden al Congreso impedir que la entrada en vigor del procedimiento de designación extraordinaria de apoyos se aplace hasta 2030, pues advierten que esa prórroga mantendría un vacío de protección para quienes enfrentan barreras para ejercer su capacidad jurídica.

El pronunciamiento, difundido por Yo También, pide a la Cámara de Diputados y al Senado garantizar la aplicación inmediata de ese mecanismo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado el 7 de junio de 2023. El procedimiento está regulado en los artículos 445 a 455 del Código.

Esto, luego de que este mes la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que propone aplazar hasta el 1 de abril de 2030 la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Las organizaciones reconocen problemas institucionales, presupuestarios y operativos para aplicar la reforma, aunque sostienen que las demoras administrativas no deben prolongar la ausencia de mecanismos judiciales.

De acuerdo con las organizaciones, el Código Nacional elimina los procedimientos de interdicción que permitían restringir la capacidad jurídica de personas adultas y sustituir su voluntad mediante decisiones de terceros.

El colectivo señala que esas figuras son incompatibles con el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce el derecho a ejercer la capacidad jurídica en igualdad de condiciones.

La derogación de esos procedimientos surtió efecto desde el 8 de junio de 2023, de acuerdo con el artículo Décimo Noveno transitorio del decreto.

El pronunciamiento refiere que la SCJN, tanto en su integración anterior como en la actual, sostiene que la interdicción es incompatible con los derechos humanos y que su eliminación no depende de las declaratorias de implementación gradual del Código Nacional.

Las organizaciones también citan la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 11/2023 y la Acción de Inconstitucionalidad 51/2025 como fundamento jurídico para afirmar que los procedimientos de interdicción quedan derogados desde esa fecha.

Por ello, piden que ninguna autoridad condicione esa derogación a la implementación gradual del Código Nacional.

El documento advierte que la eliminación de la interdicción no se acompaña todavía de la entrada en vigor de los nuevos procedimientos judiciales para ejercer la capacidad jurídica con apoyos.

Esa ausencia, sostienen las organizaciones, genera un vacío normativo y procesal que compromete la seguridad jurídica de las personas que requieren mecanismos excepcionales de protección.

El procedimiento opera cuando no puede conocerse la voluntad de una persona

La designación extraordinaria de apoyos está prevista para casos excepcionales en los que no es posible conocer la voluntad y preferencias de una persona, después de realizar esfuerzos reales, considerables y pertinentes. En esos casos, una autoridad judicial puede designar apoyos sujetos a salvaguardias estrictas.

El propósito del mecanismo es proteger derechos y procurar la mejor interpretación posible de la voluntad y preferencias de la persona, sin declararla incapaz ni sustituir de manera general sus decisiones.

El colectivo insiste en que la falta de este procedimiento puede impedir que algunas personas protejan su patrimonio, hagan valer sus derechos, resuelvan asuntos familiares o accedan a la justicia.

La incertidumbre también alcanza a familiares, personas de apoyo, autoridades judiciales, instituciones financieras y profesionales del derecho, quienes no cuentan con claridad sobre las actuaciones jurídicamente admisibles ante estos casos.

Las organizaciones señalan que el vacío afecta de forma particular a personas con discapacidad intelectual, personas con discapacidad psicosocial, personas mayores y otras que enfrentan barreras intensas para comunicarse o ejercer sus derechos.

El pronunciamiento distingue la designación extraordinaria de apoyos de los apoyos ordinarios.

Los primeros requieren intervención judicial y responden a circunstancias excepcionales; los segundos deben poder ser elegidos libremente por las personas adultas para ejercer su capacidad jurídica.

Los apoyos ordinarios, de acuerdo con el documento, pueden establecerse mediante mecanismos accesibles, entre ellos los instrumentos civiles y notariales disponibles, con salvaguardias contra abusos, conflictos de interés e influencia indebida.

Las organizaciones demandan que las personas mayores de 18 años puedan acceder a esos instrumentos sin declaraciones judiciales de incapacidad ni trámites innecesarios.

Organizaciones piden excluir el mecanismo de la prórroga

Las organizaciones exigen al Congreso exceptuar expresamente del aplazamiento hasta 2030 el procedimiento de designación extraordinaria de apoyos y ordenar su entrada en vigor inmediata en todo el país.

También solicitan incorporar un artículo transitorio con reglas claras sobre competencia judicial, accesibilidad, salvaguardias y respeto a la voluntad y preferencias de las personas.

El colectivo plantea además medidas de capacitación y coordinación para autoridades judiciales, notariales y administrativas, con participación efectiva de organizaciones de personas con discapacidad y de personas mayores.

Según el pronunciamiento, una prórroga de la reforma procesal no debe traducirse en la suspensión de derechos fundamentales.

Las organizaciones sostienen que el Estado mexicano tiene una obligación inmediata de reconocer y garantizar la capacidad jurídica de todas las personas. Piden al Congreso corregir el vacío antes de aprobar una nueva prórroga y evitar que la falta de procedimientos se prolongue hasta el 1 de abril de 2030.

Primero llega el “no”. Y después, el silencio. La tristeza. La bronca. Las preguntas. El intento de entender qué pasó y, sobre todo, qué hacemos ahora.

Cuando empezamos a buscar escuela para Rafael, nuestro objetivo era mucho más sencillo de lo que terminó siendo todo este proceso: queríamos encontrar un lugar donde nuestro hijo pudiera aprender, crecer, tener amigos y ser acompañado como cualquier otro chico.

Pero algunas puertas se fueron cerrando.

Una de ellas fue la de una institución a la que nos habíamos acercado con ilusión y con la expectativa de que pudiera ser el lugar para nuestro hijo.

La respuesta que recibimos fue clara: nos informaron que no estaban en condiciones de acompañar adecuadamente el proceso de Rafael en primer grado de 2027, aun contemplando la posibilidad de que concurriera con una maestra acompañante.

Como padres, nos dolió. Pero también sentimos que necesitábamos entender.

Preguntamos. Escribimos. Pedimos que nos explicaran cuáles eran concretamente las razones de la decisión, qué apoyos se habían evaluado y de qué manera se había analizado la situación de nuestro hijo.

La institución volvió a responder. Explicó que la decisión surgía de un análisis integral de las condiciones pedagógicas y organizacionales del grupo, de las características que tendría el pasaje a primer grado y de los recursos de acompañamiento con los que contaba.

No queremos convertir esta nota en una acusación contra una institución. Tampoco afirmar que una decisión de este tipo, por sí sola, determine una infracción. Pero sí creemos que lo que nos pasó sirve para mostrar algo que muchas familias quizás no conocen: cuando una escuela dice que no, también podemos preguntar por qué.

Y pedir que ese “por qué” quede por escrito.

El primer paso: pedir explicaciones

La normativa de la provincia de Buenos Aires contempla algo que nosotros tampoco conocíamos cuando empezamos este camino.

La Ley 14.498 establece que los establecimientos educativos de gestión privada que nieguen una inscripción o reinscripción deben informar por escrito los motivos cuando los padres lo soliciten. La norma establece un plazo de cinco días hábiles administrativos para responder y contempla la posibilidad de recurrir ante la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia si la información se niega o resulta insuficiente.

Esto no significa que un reclamo garantice automáticamente una vacante.

Significa que existe una vía para pedir explicaciones y, cuando corresponda, para que la autoridad educativa conozca la situación y evalúe el cumplimiento de las obligaciones que corresponden.

Además, la normativa provincial sobre educación inclusiva establece que la discapacidad no puede ser un motivo para rechazar la inscripción de un estudiante y contempla la implementación de apoyos para garantizar su trayectoria educativa.

Y hay una diferencia importante.

Reclamar no es pedir un privilegio. Es conocer las herramientas que existen para defender un derecho.

La carpeta que nadie quiere armar

Después de varias conversaciones, entendimos también la importancia de guardar todo.

Los correos. Las respuestas. Los informes. Las evaluaciones. Las comunicaciones con las escuelas. Todo.

No porque uno quiera entrar en una pelea. Al contrario.

Porque, cuando se trata de nuestros hijos, necesitamos que las decisiones importantes no queden solamente en una conversación telefónica o en un “no podemos”.

Necesitamos poder reconstruir qué se preguntó, qué se respondió y qué se tuvo en cuenta.

Por eso, es importante conservar las comunicaciones y, cuando se solicita una explicación formal, utilizar un medio que permita dejar constancia del pedido y de su recepción.

También necesitamos conocer qué dice la normativa que protege a nuestros hijos.

Nosotros no sabíamos nada de esto cuando empezamos a buscar un colegio para Rafael.

No queríamos convertirnos en especialistas en normativa educativa.

Queríamos encontrar un colegio.

Pero cuando una puerta se cerró, tuvimos que aprender.

¿Y después del rechazo?

Después del rechazo hay que volver a empezar.

Volver a buscar. Volver a contar quién es Rafael. Volver a explicar qué necesita. Volver a sentarse frente a una institución y esperar que, esta vez, alguien pueda mirar primero al chico y después a todo lo demás.

Y mientras nosotros escribimos cartas, buscamos información y analizamos alternativas, Rafael sigue creciendo.

Tiene cinco años.

Hace preguntas, juega, se entusiasma, se frustra, se ríe y aprende cosas nuevas todos los días.

No puede esperar a que nosotros terminemos de entender el sistema.

Por eso, esta nota no busca contar solamente nuestra historia. Busca compartir algo que nosotros aprendimos a la fuerza: cuando una escuela dice que no, no necesariamente termina todo ahí.

Se puede preguntar. Se puede pedir que expliquen. Se puede dejar constancia. Se puede buscar asesoramiento y, cuando corresponde, recurrir a las autoridades educativas.

Quizás muchas familias no conozcan estos caminos. Nosotros tampoco los conocíamos.

Y si contar lo que nos pasó sirve para que otra mamá o papá, después de recibir un rechazo, no sienta que no tiene nada más que hacer, entonces habrá valido la pena contarlo.

Después de tantas puertas cerradas, una se abrió

Porque nosotros seguimos buscando una escuela.

Y hoy, gracias a Dios, podemos contar que la encontramos. Conseguimos una escuela inclusiva, con los valores en los que creemos y que pretendemos para nuestros hijos, y con la voluntad de acompañarnos a transitar este camino que no es fácil.

No significa que todo esté resuelto ni que los desafíos vayan a desaparecer. Significa que encontramos una institución dispuesta a caminar junto a nosotros, a escuchar, a construir y a entender que la inclusión no se trata solamente de recibir a un chico, sino de acompañarlo para que pueda aprender, crecer y ser feliz.

Como padres, eso nos devuelve tranquilidad y esperanza. Porque no buscábamos una escuela perfecta, sino una que compartiera nuestra mirada sobre la educación, que creyera en Rafael y que estuviera dispuesta a trabajar junto a nuestra familia.

Por eso, si hoy otra familia está atravesando un rechazo, queremos decirle que no pierda la esperanza. Que pregunte, que busque información, que conozca sus derechos y que no tenga miedo de pedir explicaciones. Pero, sobre todo, que siga buscando ese lugar donde su hijo pueda ser recibido y acompañado como merece.

Porque la lucha sigue, pero hoy también tenemos motivos para agradecer y mirar hacia adelante.

Y ahora sabemos algo que antes no sabíamos: después del rechazo, también hay herramientas. Y después de tantas puertas cerradas, a veces, también se encuentra una que se abre.

El oficialismo se anotó una importante victoria en la Cámara de Diputados al conseguir sabotear la sesión convocada por la oposición para derogar el mega DNU 70/23, prorrogar la emergencia en discapacidad y tratar los proyectos sobre endeudamiento y mora. En las semanas previas los libertarios hicieron varias concesiones a los bloques aliados y, además, recibieron el espaldarazo del segundo fallo de la Corte Suprema, que restituyó temporalmente la vigencia de la ley de tierras del kirchnerismo.

Pasadas las 14.30, el tablero reflejó que solo había 121 diputados sentados en sus bancas (se necesitan 129 para abrir el debate). Las ausencias que terminaron de inclinar la balanza fueron los santafesinos Gisela Scaglia y José Nuñez, que responden al gobernador Maximiliano Pullaro; la cordobesa Alejandra Torres; la salteña Yolanda Vega, cercana al gobernador Gustavo Sáenz; el misionero Daniel Vancsik; el chubutense “Loma” Ávila, alineado con el gobernador Ignacio Torres; los tres diputados de Independencia, que responden directamente al gobernador Osvaldo Jaldo; y los jujeños Carlos Rizzotti y María Ines Zigarán, alfiles del mandatario Carlos Sadir. El caso de Zigarán es el más llamativo, dado que había firmado la convocatoria para la sesión pero finalmente se ausentó.

La convocatoria opositora había sido inicialmente motorizada por el primer fallo de la Corte Suprema que, al rechazar una acción de amparo contra el artículo del DNU 70/23 que derogaba la ley de tierras, en la práctica liberalizó por completo su venta a extranjeros. La oposición buscó capitalizar el rechazo social que generó el debate sobre la extranjerización de la tierra en el Senado para avanzar contra el mega decreto desregulador que Milei firmó al inicio de su gestión.

Además, para robustecer las posibilidades de llegar al quórum los bloques de la oposición incluyeron otros dos temas incómodos para el Gobierno que se estaban discutiendo en comisión: la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y los proyectos sobre endeudamiento.

Sin embargo, el principal problema político era que enfrentó la oposición a la hora de sumar voluntades es que la derogación del DNU 70/23 también afectaría otros sectores de la economía que fueron desregulados. Por ejemplo, entre otros puntos, el mega decreto derogó las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y de Alquileres; liberó las tasas bancarias y los precios de las prepagas; y flexibilizó el mercado aerocomercial. Por la cantidad de sectores afectados, desde el oficialismo advirtieron desde el comienzo de la discusión que la derogación total del DNU 70 generaría un caos administrativo y procesal. Eso explica todos los esfuerzos realizados para sabotear el quórum de la sesión.

El escenario comenzó a complicarse para la oposición la semana pasada cuando la Corte Suprema, tras un giro de 180 grados, concedió una cautelar sobre el mismo artículo del DNU 70/23 y volvió a restituir la ley de tierras del kirchnerismo. “Desde ese momento no pudimos sumar ninguna voluntad más”, explicó a Infobae un importante referente del peronismo.

Además, La Libertad Avanza acordó este martes con sus aliados incluir un tope a la extranjerización en su propio proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se tratará en la sesión del 21 de octubre. Desde la oposición destacaron la ironía de que La Libertad Avanza, el PRO y la UCR terminaron firmando un dictamen para reponer la ley de tierras impulsada por el kirchnerismo en 2011.

“Una vez más, quisieron ponerle un freno a la Argentina y se quedaron en el intento. El país ya eligió un rumbo y no va a retroceder para satisfacer a los que nos llevaron al fracaso”, festejó el presidente de la Cámara de Diptuados, Martín Menem, tras el naufragio de la sesión.

“Hacemos un bathrom break”, propuso el libertario. Su expresión recibió gestos de ironía como respuesta. “¿No sabés lo que es un bathroom?”, devolvió Benegas Lynch. “No, acá hablamos español”, se escuchó en el recinto.

“Si no saben que es un ´bathroom´ y que es un ´break´...”, se defendió finalmente el diputado de La Libertad Avanza.

El episodio fue una de las curiosidades del primer día de debate de la denominada ley de leyes. La reunión estuvo marcada por los reclamos de la oposición sobre la ausencia del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y por los cuestionamientos a las proyecciones oficiales de actividad, empleo, inflación, obra pública y políticas destinadas a las personas con discapacidad.

El oficialismo ya había definido una hoja de ruta para llevar el proyecto al recinto el 18 de noviembre, después de buscar dictamen el miércoles 28 de octubre. Ese calendario dejaría al Senado con una semana para tratar la iniciativa antes del cierre del período ordinario, previsto para el 30 de noviembre.

Un cronograma con margen limitado para el Senado

La Cámara Alta necesita al menos dos semanas para el tratamiento de una ley, ya que su reglamento exige que transcurran siete días corridos entre el dictamen de comisión y la llegada del proyecto al recinto. Por esa razón, el Gobierno nacional prevé volver a convocar a sesiones extraordinarias para conseguir la sanción definitiva.

Benegas Lynch había anticipado que Caputo solo podría asistir a la comisión “si queda algo en el tintero”, una definición que sostuvo la negativa oficial a que el ministro concurra al Congreso. La oposición reclama su presencia desde hace tres años durante los debates presupuestarios.

El itinerario de reuniones incluyó la participación de Guberman en el primer encuentro y la del secretario de Trabajo, Julio Cordero, en la segunda jornada. La discusión continuará el martes 20 de octubre, cuando se espera la presencia de un funcionario del área de Educación, y tendrá otra reunión informativa el 27 de octubre.

El presidente de la comisión justificó la intención de tratar el proyecto a mediados de noviembre por la visita del papa León XIV y por las elecciones en Estados Unidos. “Entre el dictamen y la sesión tenemos la visita del Papa León XIV y están las elecciones de los Estados Unidos que muchos diputados hemos sido invitados”, explicó.

Guberman abrió su defensa del proyecto con un repaso de la gestión económica iniciada por Javier Milei. El funcionario afirmó que el Gobierno alcanzó rápidamente el superávit financiero y sostuvo que, durante los 12 años previos a la actual administración, los argentinos se volvieron 10% más pobres mientras el promedio de los habitantes del planeta incrementó su riqueza en 20%.

Empleo, discapacidad y combustibles en el centro de las preguntas

La diputada Julia Strada abrió los cuestionamientos opositores al preguntarle al secretario si consideraba que la economía entraría en recesión durante el tercer trimestre. Guberman negó con la cabeza esa posibilidad, mientras la legisladora sostuvo que los datos disponibles indicaban lo contrario.

Strada también cuestionó la proyección inflacionaria incluida en la iniciativa. Señaló que el cálculo establece un piso acumulativo de 1,4% mensual y remarcó que esa estimación no implica una inflación de 0%, como promete Milei.

En la segunda jornada, Julio Cordero defendió el monotributo, el trabajo autónomo y los acuerdos salariales por actividad, región y empresa. El secretario de Trabajo afirmó que 950.000 personas fueron incorporadas al mundo laboral mediante el programa Volver al Trabajo, aunque ese cambio no se refleje en la tasa de desocupación.

Cordero sostuvo que “no todos quieren trabajar en relación de dependencia ni poner su tiempo bajo la dirección de un empleador”. También planteó que los salarios deben superar a la inflación sin que las subas se trasladen a los precios de bienes y servicios.

RJ Mitte, el actor que interpretó a Walter “Flynn” White Jr. en Breaking Bad, murió el lunes 13 de octubre de 2026 a los 34 años en Brownsville, Texas. Su publicista confirmó que se quitó la vida.

Días antes de su muerte, una serie de mensajes de texto enviados a un amigo cercano a lo largo de ocho años trazaban un retrato íntimo de un artista que chocaba sistemáticamente contra los límites que la industria del entretenimiento le imponía por su discapacidad.

Mitte, diagnosticado con parálisis cerebral a los tres años, alcanzó reconocimiento mundial por su papel en Breaking Bad, la serie de AMC que se emitió entre 2008 y 2013 y en la que participó en 56 episodios. Sin embargo, ese éxito no le abrió las puertas que esperaba.

Los mensajes, obtenidos por el Daily Mail, muestran que las dificultades comenzaron mucho antes de su muerte.

En abril de 2017, describió encuentros incómodos con directores de casting que rechazaban su postulación con el argumento de que el personaje no tenía discapacidad.

“Cuando voy por un papel, a veces me dicen que el personaje no tiene discapacidad, y yo les digo ¿por qué el personaje no puede ser discapacitado?”, escribió en uno de esos textos, obtenidos por el Daily Mail. “Se ponen muy incómodos cuando digo eso”.

En el mismo período fue más directo sobre la actitud de algunos representantes de la industria. “Puedo hacer cualquier papel, pero algunos son unos idiotas que ni siquiera me miran”, señaló en otro mensaje del mismo archivo.

Cuatro años después, la situación no había mejorado. En abril de 2022, RJ Mitte describió el tipo de ofertas que recibía: “Estoy buscando cosas interesantes para hacer, recibo muchos guiones donde sería un accesorio y no quieren darle profundidad, tres líneas si acaso. Ahora estoy escribiendo mis propias cosas”, escribió.

Cuatro meses después expresó una frustración más directa: “Solo hago animación, nadie me quiere en pantalla... es una p*** molestia”.

La estrella de televisión también buscó trabajo fuera de Estados Unidos. En febrero de 2019 escribió sobre un proyecto filmado en Sídney, pero aclaró que prefería mantenerse activo en el mercado local por razones prácticas: necesitaba el seguro médico que le garantizaba trabajar en su país.

En marzo de 2021, Mitte identificó una nueva barrera. Escribió que algunos productores trataban a los actores con discapacidad como riesgos de salud o de seguros durante la pandemia de COVID-19.

“Tengo que convencer a la gente de que no voy a morir de COVID. Hay una reacción contra las personas con discapacidad, creen que no podemos ser asegurados o que vamos a morir en medio de una escena, eso es una estupidez”, señaló.

En junio de 2020 ya había advertido la necesidad de mantenerse visible: “Tengo que encontrar más trabajo. Necesito mantenerme relevante”, escribió, y añadió: “Solo necesito recordarle a la gente que me contraten”.

RJ Mitte quería trabajar en otra serie de ‘Breaking Bad’

A pesar de todo, seguía activo y con proyectos en mente en sus últimas semanas. A fines de septiembre de 2026, en la premiere de su película Talking to Strangers en el Fine Arts Theatre de Beverly Hills, declaró a Page Six que confiaba en que el creador de Breaking Bad, Vince Gilligan, podría estar desarrollando un spinoff de la serie.

“Soy cautelosamente optimista de que Vince tiene algo en mente”, dijo. “Cualquier oportunidad de trabajar con Vince y su equipo sería un sueño hecho realidad”.

El 5 de octubre de 2026, en su última entrevista antes de morir, habló sobre sus planes en el pódcast The Joe Vulpis.

Cuando le preguntaron por el futuro, respondió: “Le digo a la gente, ya saben, cada sueño puede convertirse en una pesadilla también… pero sigan viviéndolo, sigan avanzando”. También señaló que quería continuar haciendo audiciones y “vivir el sueño”.

La carrera de RJ Mitte también estuvo atravesada por dificultades económicas. En noviembre de 2025, en el pódcast The Iced Coffee Hour, reveló que había sido víctima de un fraude perpetrado por una administradora financiera a la que recurrió cuando tenía alrededor de 17 o 18 años.

“Pagué más en impuestos de lo que recibí por Breaking Bad”, afirmó. Según explicó, la contadora recibía dinero destinado al pago de impuestos y enviaba documentos falsos para hacerle creer que las obligaciones estaban saldadas.

El fraude habría ocurrido entre 2011 y 2013 y también afectó a otras 14 personas del sector, entre ellas actores con discapacidad y artistas de edad avanzada. La deuda tributaria acumuló intereses de aproximadamente el 17% anual. “Me tomó diez años pagarlo”, señaló el actor.

Fuera de la pantalla, Mitte fue portavoz del Sindicato de Actores de Pantalla (SAG) para actores con discapacidad y presidente de The Mitte Foundation.

Era embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, y en 2016 había declarado públicamente: “Me encantaría encender mi televisor y ver a una persona con discapacidad hablando de algo que genuinamente le interesa o actuando en un papel que no se centre solo en su discapacidad”.

En el momento de su muerte, estaba comprometido con Kennedy Suarez, con quien convivía en Brownsville. Había pedido matrimonio en octubre de 2025 en un evento benéfico de United Cerebral Palsy.

También tenía un papel protagónico en la película Forgotten Outlaw, un western sobre la vida de Bub Meeks. El director Nik Tizekker confirmó que planea seguir adelante con el proyecto en honor al actor.

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda, puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomienda sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

Línea de prevención del suicidio en Argentina: el Centro de Asistencia al Suicida ofrece orientación y apoyo. Tienen una línea de prevención del suicidio disponible al teléfono 135 (línea gratuita) o al (011)5275-1135 y 0800 345 1435 para llamadas desde todo el país.

En México, para aquellos que buscan ayuda o asistencia en relación al suicidio, existe la Línea de la Vida: 800-911-2000, este servicio es gratuito y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

En Colombia, la Línea de la Vida brinda apoyo emocional a individuos que enfrentan crisis de suicidio o angustia. Este servicio está disponible en varias ciudades del país. En Bogotá, se puede contactar a través de la línea 106 o vía WhatsApp al 3007548933. Barranquilla cuenta con la línea 339 99 99, mientras que en Medellín se dispone de la Línea Amiga al 444 44 48. En Cali, al igual que en Bogotá, la línea de atención es el 106. Estas líneas ofrecen una respuesta inmediata a quienes necesitan ayuda en momentos críticos.

En Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) ofrece apoyo emocional a través de la Línea 113 Salud, accesible nacionalmente por teléfono, WhatsApp o Telegram en los números 955557000 y 952842623.

En España, el Ministerio de Sanidad ha establecido la Línea 024 para la atención a la conducta suicida.

En Guatemala, la Fundación Desarrolla Guatemala para la Educación y la Salud, tiene la línea telefónica: 1582 y el número de WhatsApp: 502- 3007-1582. En El Salvador, para orientación psicológica o atención ante una crisis, el ministerio de Salud dispone del número 131. Durante la llamada deben seleccionar su departamento y luego la opción de salud mental. También se puede llamar al número 503 7741-6614, de lunes a viernes, de 7:30 a 15:30 o al Sistema de Emergencias 9-1-1 . En Costa Rica , está la línea Aquí Estoy del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica ofrece un servicio gratuito de apoyo para la prevención del suicidio y el Centro de Atención Psicológica (UCR), teléfono 506- 2511-5776. En Honduras, la línea de emergencia para la prevención del suicidio es 988. En Panamá el Ministerio de la Mujer pone al servicio de la comunidad la Línea gratuita 147 que brindará atención profesional en salud mental 24 horas. Puedes recibir atención psicológica gratuita en República Dominicana llamando al Centro de Contacto Cuida tu Salud Mental al número (809) 200-1400.

Una plaza reservada para Personas con Movilidad Reducida (PMR) está destinada a vehículos de personas con discapacidad que cuenten con la tarjeta oficial de estacionamiento. La normativa fija una proporción mínima de una plaza PMR por cada 40 plazas generales y exige espacios de 5 metros de largo, 2,20 metros de ancho y una zona de transferencia para facilitar el acceso autónomo al vehículo. Estas medidas, superiores a una plaza ordinaria, tienen una explicación según ha detallado la enfermera Lucía Martínez.

La sanitaria, que tiene una discapacidad que la obliga a estar en silla de ruedas, aclara esta cuestión a través de un video en sus redes sociales. Cuando quería aparcar cerca de su centro médico por una cita, “me encontré con todas las plazas PMR, las plazas para personas con movilidad reducida o discapacidad, que estaban ocupadas por vehículos que no tenían la correspondiente tarjeta”. Por este motivo, “tuve que aparcar ocupando dos plazas ordinarias al estar todas las plazas PMR ocupadas”, confiesa.

Ante esta situación, lanza la pregunta que tal vez se hayan hecho muchas personas con esta historia: “¿Qué tanto derecho tenemos las personas con discapacidad o con movilidad reducida a ocupar dos plazas de aparcamiento ordinarias cuando no encontramos ninguna plaza PMR disponible porque están ocupadas por vehículos sin tarjeta?”. Según aclara, una plaza convencional no siempre permite completar el trayecto entre el automóvil y la silla de ruedas. “Yo no puedo aparcar en cualquier sitio y bajar del coche como lo haría otra persona. Necesito espacio para sacar y maniobrar con mi silla de ruedas para poder bajar del vehículo y después volver a subir”, afirma.

Las plazas PMR están diseñadas para tener una zona de transferencia lateral o trasera, libre de obstáculos. “Necesito literalmente el espacio de dos plazas ordinarias para poder hacerlo con seguridad y con autonomía”, asegura. Así, de primeras, justifica que “no se trata de comodidad, no se trata de aparcar más cerca porque me venga mejor, sino que se trata de una necesidad real derivada de mi discapacidad, por desgracia”, sostiene Martínez.

“Siempre procuro salir con más tiempo de lo normal”

Martínez señala que suele prever más tiempo para sus desplazamientos ante posibles dificultades de accesibilidad. “Yo siempre procuro salir con más tiempo de lo normal de mi casa, precisamente porque sé que pueden surgir imprevistos como este”, expone. Por eso, se frustró cuando las plazas estaban ocupadas por coches sin permiso. Si no hubiera tomado la decisión de ocupar dos plazas, la enfermera pregunta a sus seguidores si debería haber hecho algo diferente: “¿Aparcar en una sola plaza, aunque no pueda sacar la silla? ¿Dejar el coche y no poder salir de él con total seguridad? ¿Marcharme sin acudir, por ejemplo, a mi cita médica?”, preguntó.

También habla de las demoras que pueden existir cuando se solicita intervención para denunciar la ocupación indebida de una plaza reservada. “La realidad es que cuando llamas a la policía, la situación no siempre llega de inmediato”, explica la enfermera. Esto se acentúa sobre todo en estacionamientos privados de uso público, como los de centros comerciales, donde la actuación puede requerir además que el establecimiento contacte con las autoridades.

“Está privando a otra persona de una plaza que puede necesitar”

Pese a ello, la enfermera admite que ocupar dos plazas ordinarias no supone, por sí mismo, un derecho automático para las personas con discapacidad. Aun así, reclama que se contemple la falta de alternativas cuando los espacios adaptados están ocupados de forma irregular. “Sé que ocupar dos plazas ordinarias no constituye automáticamente un derecho legal por tener una discapacidad o movilidad reducida, pero también sé que hay necesidades que no se pueden resolver aparcando en cualquier hueco”, manifiesta.

Asimismo, la enfermera sostiene que utilizar una plaza PMR sin autorización puede impedir actividades cotidianas. “Cuando alguien ocupa una plaza PMR sin tener derecho a utilizarla, no está ocupando simplemente un espacio de aparcamiento, sino que también está privando a otra persona de una plaza que puede necesitar para acceder a su destino en condiciones de igualdad”, enfatiza. Su reflexión concluye con una reflexión: “La accesibilidad no consiste únicamente en pintar una plaza en el suelo y colocar una señal, sino que consiste en garantizar que podamos utilizarla cuando la necesitamos y que, si alguien ocupa ilegalmente, exista una respuesta eficaz, rápida”, termina.

Según informó Africanews, el evento fue organizado por el Comité Nacional Paralímpico Congoleño (CNP-COD) con el respaldo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Los partidos se disputaron en formato de 7 contra 7, con dos tiempos de 25 minutos. Los jugadores, amputados de una pierna, compitieron con muletas de antebrazo sin prótesis; los porteros, en tanto, son amputados de un brazo.

El torneo reunió a atletas cuyas amputaciones son consecuencia directa del conflicto armado

Detrás de cada camiseta hay una historia marcada por la guerra. Félix Bisengimana, jugador de Kivu Norte, perdió una pierna cuando una bomba cayó sobre el platanar donde se había refugiado junto a soldados durante un enfrentamiento. “Cuando estalló la guerra, huí con nuestros soldados. Nos refugiamos en una plantación de bananos. Allí cayó una bomba. La metralla me cercenó la pierna”, relató, según recogió Africanews.

El este de la RDC sufre conflictos armados desde hace décadas, lo que dejó a miles de personas con discapacidades físicas permanentes. Para muchos de estos jugadores, la amputación implicó reaprender a caminar, a trabajar y a relacionarse con su entorno. La cancha les ofreció un espacio donde definirse por algo distinto a la pérdida.

El CICR aportó financiamiento, muletas y materiales para hacer posible la competición

El organismo humanitario no solo respaldó la organización del torneo, sino que también aportó recursos concretos: 70 pares de muletas ajustables de alta calidad, 20 pelotas de fútbol y tres juegos de camisetas, entre otros materiales. Eva Bonjele, asesora de inclusión de personas con discapacidad del CICR en la RDC, explicó el rol del deporte para sus beneficiarios.

“El 90% de nuestros beneficiarios son víctimas de conflictos armados. Queremos promover la inclusión a través del deporte”, señaló Bonjele en declaraciones al medio. Por su parte, Betty Myangindula Mbenza, presidenta del CNP-COD, destacó que la competición busca que los participantes recuperen confianza y muestren sus capacidades. “Es también una oportunidad para que inspiren a otros jóvenes con discapacidad que pueden practicar deporte”, afirmó.

Solo tres de las cinco provincias convocadas pudieron llegar a Uvira por falta de recursos

La edición inaugural dejó en evidencia las limitaciones estructurales del deporte adaptado en la RDC. Cinco provincias estaban previstas para participar, pero solo tres pudieron viajar hasta Uvira. La escasez de recursos impidió el traslado de las delegaciones restantes, en un país donde las distancias interprovinciales son considerables y la infraestructura de transporte resulta precaria.

A pesar de eso, los que llegaron compitieron con determinación. Ngongo Lambert, capitán del equipo de Tanganica, resumió el significado del torneo: “Me siento como si renaciera, a pesar de mi discapacidad. Hoy me siento libre, en paz y completamente realizado gracias al fútbol”, afirmó en declaraciones recogidas por el medio africano. El equipo de Kivu Sur se consagró campeón al imponerse a Kivu Norte por 2 a 0 en la tanda de penales, tras un empate en el tiempo reglamentario.

Para los organizadores, el desafío es sostener la iniciativa más allá de esta primera edición. El CNP-COD también ve en el torneo el punto de partida para identificar talentos y sentar las bases de una selección nacional de fútbol de amputados de la RDC. El próximo paso será ampliar la participación a más provincias.

El fallecimiento de Mitte reavivó la atención sobre una entrevista que había concedido a la BBC, en la que habló con franqueza sobre cómo llegó a la actuación casi por casualidad, qué significó Breaking Bad en su trayectoria y por qué la industria audiovisual tiene una deuda pendiente con las personas con discapacidad.

Cómo RJ Mitte llegó a la actuación antes de Breaking Bad

En esa conversación con la BBC, Mitte fue directo. “Este trabajo, de alguna manera, me eligió a mí. Yo realmente no lo elegí”, afirmó. Contó que se mudó a Los Ángeles a los 12 o 13 años por su hermana menor y que, en una ciudad donde las opciones para relacionarse con jóvenes de su edad eran escasas, la actuación fue la salida natural. “Si te mudás a Los Ángeles y no vas a la escuela, no te unís a una pandilla y no actuás, realmente no vas a conocer a gente de tu edad”, explicó.

Unos siete meses después de dar sus primeros pasos en la industria, audicionó para Breaking Bad y obtuvo el papel. Tenía 14 años cuando comenzó el rodaje del piloto, en 2007, según confirmó Bryan Cranston en su homenaje póstumo. Ese papel, dijo Mitte: “Me dio la oportunidad de arrojar luz sobre discapacidades que necesitan ser escuchadas”.

RJ Mitte y la competencia en Hollywood

Mitte describió a la BBC la industria audiovisual como un espacio “duramente competitivo”, independientemente de si el actor tiene o no una discapacidad. “Es difícil conseguir un papel en esta industria, pase lo que pase. No importa quién seas, no importa dónde estés: siempre hay alguien más atractivo. Siempre hay alguien con una mejor discapacidad”, dijo, con una mezcla de lucidez y humor que era característica de su forma de hablar sobre el tema.

Mitte apuntó a una dificultad interna que afecta especialmente a las personas con discapacidad: la falta de confianza. “Cuando tenés a alguien con una discapacidad, la gente normalmente no tiene mucha confianza. Yo no tengo mucha confianza. No, no siento que la tenga, y no creo que la tenga”, admitió ante la BBC.

Explicó que esa confianza se erosiona cuando alguien trabaja con esfuerzo por algo, lo logra y luego debe avanzar al siguiente desafío. “Creo que eso desgasta esa confianza”, sostuvo, y remató: “La gente necesita estar más segura de quién es”.

Para Mitte, la solución era estructural: “Con discapacidad o sin discapacidad, creo que todos tienen una oportunidad y a todos se les debería dar esa oportunidad de hacer una audición para un papel, sin importar quién sean”.

“Hollywood no siempre representa a los actores con discapacidad”

Este fue el segundo eje de sus declaraciones a la BBC y quizás el más directo. “Hollywood no representa realmente, no siempre representa a los actores con discapacidad. No siempre representa la verdad detrás de sus historias”, afirmó Mitte.

Habló desde su propia experiencia: fue diagnosticado con parálisis cerebral a los tres años. Con fisioterapia, terapia ocupacional, deportes y ejercicio, según relató, pudo superar limitaciones que en otro contexto habrían sido permanentes. Su trayectoria en la industria comenzó con papeles pequeños, principalmente como extra. “Lo cual estaba más allá de lo que podía creer, que realmente estuviera en un set de verdad”, recordó.

Para Mitte, la ficción tiene la capacidad de mostrar realidades que atraviesan a personas de todo el espectro de la discapacidad. “Al estar en esta industria, creamos cosas que definen y muestran la verdad que hay en todos nosotros”, señaló ante la BBC.

“Es increíble ver el efecto que tiene el que nos conmueva alguien con cualquier tipo de discapacidad, en todo el espectro. Nos afecta. Afecta quiénes somos”.

Fue embajador de United Cerebral Palsy (UCP) y de Shriners Children’s, y presidió la Fundación Mitte, dedicada a iniciativas filantrópicas y comunitarias. En 2013 recibió el premio Harold Russell de SAG-AFTRA, distinción que lleva el nombre del veterano de guerra y actor Harold Russell, la primera persona con discapacidad en ganar un Óscar, por The Best Years of Our Lives en 1947.

El origen de Walter White Jr. y el legado de Breaking Bad

Mitte también reveló ante la BBC el origen del personaje que lo hizo conocido en todo el mundo. El creador de la serie, Vince Gilligan, concibió a Walter White Jr. a partir del recuerdo de un compañero de universidad que tenía parálisis cerebral y había muerto. “Fue su manera de rendir homenaje a su camarada fallecido”, contó el actor.

Que Mitte también tuviera parálisis cerebral aportó una autenticidad que la crítica y el público reconocieron. Su personaje, que caminaba con muletas y hablaba con dificultad, comenzó como un adolescente que admiraba a su padre y fue ganando profundidad a medida que la serie avanzaba hacia su desenlace. Como parte del elenco de Breaking Bad, Mitte obtuvo en 2014 el premio del Sindicato de Actores al mejor reparto de drama.

La serie, emitida entre 2008 y 2013, acumuló 16 premios Emmy, incluidos dos por mejor drama. Está considerada entre las mejores producciones televisivas de todos los tiempos.

El trabajo de RJ Mitte fuera de Breaking Bad

Tras el final de Breaking Bad, Mitte continuó su carrera en distintas producciones. Interpretó a un comediante de pie con parálisis cerebral en la comedia romántica Standing Up for Sunny (2019) y a un luchador de preparatoria con la misma condición en el filme de formación Triumph (2021). Sus créditos incluyen también The Recall y The Oak Room. En los días previos a su muerte, participó como invitado en podcasts para promocionar su más reciente proyecto, Talking to Strangers, según informó Variety.

Su activismo fue igualmente activo fuera de los sets. Fue vocero de SAG-AFTRA para intérpretes con discapacidad y apoyó iniciativas como Can Do Canines, que provee perros de servicio en Wisconsin y Minnesota. “Soy muy afortunado con mi discapacidad de haber trabajado muy duro para tener la movilidad que tengo hoy, pero veo en la vida de muchas personas que no tienen las mismas oportunidades”, declaró en ese marco, según CBS News.

Cranston describió a Mitte en Instagram como un actor que “nunca, jamás, permitió que ese desafío fuera una excusa para nada” durante la producción de la serie. “Usó su experiencia en la serie para convertirse en un defensor vocal de los intérpretes con discapacidad”, escribió.

En Estados Unidos, las personas que atraviesan una crisis emocional o tienen pensamientos suicidas pueden llamar o enviar un mensaje al 988, la línea de apoyo disponible las 24 horas.

A sus 25 años, una madre cubana relató que cría sola a un niño con discapacidad que requiere alimentación especial, medicamentos y materiales de uso diario, en un contexto que, según describió, vuelve más difícil cada necesidad básica de su hijo.

“Si me preguntan si ser mamá de un niño discapacitado es complicado con solo veinticinco años, te diría que sí”, expresó. La joven contó que la condición de su hijo le impide acceder a un empleo estable, ya que el niño necesita atención permanente.

Su relato pone el foco en las dificultades cotidianas que enfrenta para sostener la alimentación, los tratamientos y los cuidados de su hijo. La madre sostuvo que el niño debe cumplir una dieta estricta y realizar varias comidas por día, aunque en ocasiones no consigue los alimentos necesarios.

“Hay veces que no tengo de dónde sacar para darle de comer”, afirmó. También aseguró que, ante la falta de recursos, ha resignado sus propias comidas para que el niño pueda alimentarse. “Me toca quedarme sin comer yo para que él pueda dormir con su barriguita llena”, relató.

Una rutina atravesada por la falta de insumos básicos

La madre describió una rutina atravesada por la necesidad de conseguir productos que considera indispensables para el bienestar de su hijo. Entre ellos mencionó alimentos específicos, pañales, medicamentos y otros materiales de uso sanitario.

Según su testimonio, el niño requiere insumos que no siempre están disponibles. “Usa medicamentos y materiales que son vitales para su vida y su país no tiene para dárselos y yo menos para poder comprarlos”, sostuvo.

La escasez de fármacos y suministros médicos afecta a numerosas familias en Cuba, donde la falta de productos básicos obliga a muchas personas a recurrir a redes de apoyo, compras informales o ayuda desde el exterior. En el caso de esta madre, la situación se agrava por la dependencia total de su hijo y por la ausencia de ingresos propios.

La joven afirmó que no puede salir a trabajar porque la condición del niño requiere que permanezca a su lado. “Su condición extrema no me lo permite”, señaló. Esa circunstancia, explicó, limita sus alternativas para reunir dinero y cubrir los gastos de cada día.

La falta de apoyo familiar profundiza la carga del cuidado

La madre aseguró que atraviesa el proceso sin respaldo de la familia del niño. “Me ha tocado solita dar la carrera porque nadie de su familia me apoya”, dijo.

En su relato, la mujer expresó que la situación de su hijo cambió la actitud de algunas personas de su entorno. “Cuando el niño dejó de ser un niño normal, dejó de importar”, manifestó. La frase refleja el sentimiento de abandono que, según contó, apareció después de que se hizo evidente la discapacidad del menor.

La madre no precisó cuál es el diagnóstico de su hijo ni desde cuándo requiere cuidados intensivos. Sí señaló que verlo postrado en una cama tiene un impacto emocional constante. “A veces mirarlo postrado en una cama me remueve el pecho por dentro”, expresó.

“Haría lo que fuera necesario por tenerlo conmigo”

La mujer reconoció que pasa días y noches llorando ante la falta de opciones para resolver necesidades básicas. Mencionó, entre otras urgencias, la compra de pañales y alimentos, que describió como parte de una preocupación permanente.

Pese a esa situación, su testimonio concluye con una definición sobre el vínculo con su hijo. “Cambiaría todos los lujos que no tengo”, afirmó. También sostuvo que daría su vida por mantenerlo a su lado.

“Porque si de esta vida yo me llevo algo lindo, es haberte tenido como hijo”, expresó la madre, que resumió en esa frase una experiencia atravesada por el cuidado, la falta de recursos y la decisión de sostener sola la vida cotidiana de su niño.

El Gobierno Nacional designó al doctor Diego Masaragian como nuevo Secretario Sacional de Discapacidad, una decisión tomada tras el accidente sufrido por el actual titular del área, Pablo Di Liscia.

El nombramiento busca sostener la continuidad de la gestión en la Secretaría Nacional de Discapacidad y profundizar el proceso de optimización que ya se había puesto en marcha. Entre las prioridades establecidas figuran el refuerzo de los mecanismos de control, la continuidad de las auditorías y la mejora del acceso a prestaciones para las personas con discapacidad.

Según informó el Ministerio, la nueva etapa prevé fortalecer los controles y mantener las auditorías para garantizar una administración eficiente de los recursos. A la vez, la gestión deberá avanzar en el objetivo de mejorar el acceso a las prestaciones para personas con discapacidad.

Hasta su nombramiento como secretario nacional de Discapacidad, Masaragian ocupaba el cargo de administrador nacional de Establecimientos de Salud, al que había sido designado en julio de 2025. Desde esa función, condujo la gestión integral de los establecimientos hospitalarios nacionales integrados en el organismo.

Bajo la órbita de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES) se encuentran los hospitales Posadas, Baldomero Sommer, Ramón Carrillo y Laura Bonaparte, además del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS).

Antes de asumir al frente de la ANES, Masaragian fue director nacional de Gestión de Servicios Asistenciales. Ese puesto dependía de la Subsecretaría de Institutos y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Nación.

El Ministerio consideró que su recorrido en la gestión hospitalaria y de servicios asistenciales constituye un antecedente para la nueva responsabilidad.

La política del área incluye salud, accesibilidad, transporte, educación, inserción laboral, protección social, autonomía personal y participación comunitaria. Ese alcance requiere coordinación entre organismos estatales con competencias específicas.

Los últimos movimientos en la Secretaría de Discapacidad

Pablo Di Liscia había sido designado secretario nacional de Discapacidad en reemplazo de Alejandro Vilches, quien renunció por motivos personales en medio de la discusión por las partidas previstas para el área en el Presupuesto 2027.

Días después de su oficialización, Di Liscia sufrió un accidente en moto y quedó internado con varias fracturas en el Hospital Pirovano. Estudios médicos descartaron lesiones neurológicas y fuentes oficiales informaron que el funcionario se encontraba fuera de peligro.

Sufrió fracturas en varias costillas, una clavícula y un omóplato. Llevaba casco al momento del choque, lo que evitó consecuencias más graves, y permaneció bajo observación con asistencia respiratoria por la medicación analgésica indicada para controlar el dolor.

Di Liscia presidió el Instituto de Obra Médico Asistencial de la provincia de Buenos Aires (IOMA) entre 2017 y 2019, cuando la entidad tenía más de 2,2 millones de afiliados. Antes de asumir ese cargo, ocupó distintas funciones en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La salida de Alejandro Vilches de la Secretaría de Discapacidad se produjo durante el debate interno que generó el Presupuesto 2027, enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, cuyas previsiones para el próximo año expusieron nuevos ajustes en el área. El Gobierno admitió que podría revisar las partidas vinculadas con el sector ante los cuestionamientos de la oposición y de dirigentes oficialistas.

La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, encabezó las críticas dentro del oficialismo. Parte de ese espacio sostuvo que no había sido informada sobre las decisiones presupuestarias previstas para las prestaciones.

La discusión también alcanza a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo trabaja en un proyecto destinado a reemplazar la ley de emergencia sancionada durante el actual período. La iniciativa abarca cuestiones sanitarias, legislativas, educativas, de transporte y de protección social.

El organismo rector de las políticas de discapacidad no se originó dentro del Ministerio de Salud y conserva vínculos de trabajo con entidades estatales y sociales relacionadas con la materia. Esa modalidad de articulación se mantuvo después de que la Secretaría fuera incorporada a esa cartera.

El Ministerio de Salud interviene en los asuntos incluidos en sus atribuciones y emite opiniones técnicas cuando se le solicitan. Sin embargo, la definición de políticas públicas para el sector requiere coordinación entre distintos ministerios por la diversidad de derechos involucrados.

Vilches había asumido al frente del organismo después de la salida de Diego Spagnuolo. Esa decisión ocurrió tras la filtración de audios en los que presuntamente se exponían maniobras irregulares vinculadas con la adquisición de medicamentos y servicios.

Su designación se produjo en un contexto de protestas de familias de personas con discapacidad, que cuestionaban los recortes y el ajuste presupuestario. En los últimos días, la actriz Valentina Bassi advirtió sobre las consecuencias que podrían tener las modificaciones contempladas en las previsiones para el año próximo.

Bassi, madre de un adolescente con autismo, cuestionó una posible modificación del nomenclador de prestaciones durante una entrevista en Radio con Vos. La actriz consideró que el cambio podría afectar la ley de emergencia en discapacidad aprobada en 2025.

“Es letal la desregulación del nomenclador”, afirmó. La intérprete defendió el sistema vigente porque permite el acceso a terapias y escuelas especiales sin que las posibilidades de cada persona dependan de sus ingresos o de su cobertura médica.

“Una persona que no tiene un mango tiene el mismo derecho de acceder a las terapias, o a las escuelas especiales que el que tiene una prepaga premium”, expresó Bassi.

Según informó la BBC, el instructor trabaja desde el centro comunitario J7 Community Fitness, en el barrio de Blackley, al norte de la ciudad. El jurado del galardón destacó que su labor “está cambiando vidas de verdad e inspirando a millones” y señaló que su “positividad y capacidad para motivar” son visibles en todo lo que hace.

Empezó a los 16 años tras ver que los espacios deportivos ignoraban a quienes tenían discapacidad

Todo comenzó cuando Javeno tenía 16 años y notó que las personas con discapacidad y los adultos mayores eran dejados de lado en los espacios deportivos. “¿Qué horrible es no ser visto ni notado? Yo odiaría eso. Algo en mí a los 16 me hizo decir: ‘sabes qué, déjame ser la persona que interviene’”, declaró en BBC Radio Manchester.

Desde entonces, el fundador del J7 no se detuvo. Comenzó dando clases en un parque local de Manchester, luego trabajó para el ayuntamiento y en 2016 abrió su propio espacio, diseñado con equipamiento especializado para atender las necesidades de sus alumnos. El lugar funciona como un entorno abierto donde pueden convivir atletas, adultos mayores e individuos con distintas capacidades, todo en un mismo piso.

Hoy, a los 40 años, trabaja hasta 90 horas semanales para sostener las sesiones sin costo. “Es una cantidad enorme de horas. Me tomo un domingo libre cada tres semanas y es duro, pero hay quienes lo necesitan”, afirmó, según consignó la BBC. A pesar del esfuerzo, asegura que “no lo cambiaría por nada”.

Sus videos virales llevaron a una audiencia global de más de dos millones de seguidores

El deportista acumula casi dos millones de seguidores en Instagram y TikTok, una cifra que creció de forma orgánica gracias a su enfoque sin filtros frente a la cámara. “Mi hermano fue quien me presionó para entrar a las redes sociales. Me dijo: ‘necesitás esto porque la gente va a sentir mucha alegría con lo que hacés’”, contó.

Su filosofía es sencilla: “Solo presioná grabar y fijate qué pasa. Yo no hago segunda toma. Si capturamos un momento increíble, lo hacemos.” Ese estilo directo y sin edición le generó una comunidad global que traspasó fronteras. Hoy recibe usuarios que viajan desde Australia, Estados Unidos y África para tomar clases en su pequeño centro comunitario.

“Al principio les decía: ‘no, no vengan hasta acá’. Pero entendí que si alguien necesita un poco de felicidad y está dispuesto a viajar para pasar media hora en mi instalación porque va a obtener algo de eso, ¿quién soy yo para decir que no?”, explicó.

Va más allá de la condición física y busca que sus alumnos se superen

Para el instructor, el trabajo en el J7 no se limita a lo físico. Su objetivo es que cada alumno que pase por el centro se lleve herramientas que vayan más allá del ejercicio. “Quiero darte algo que dure para siempre: aceptación, identidad, la habilidad de ser vos mismo sin pedir disculpas. Ese tipo de herramientas duran para siempre”, señaló.

A pesar del reconocimiento internacional, McLean se describe con humildad: “Solo soy un hombre que quiere hacer feliz a la gente.” Con el galardón en mano y el centro en plena actividad, sigue recibiendo alumnos de todo el mundo en el mismo barrio donde, hace más de dos décadas, decidió que nadie debía quedarse afuera de un espacio deportivo.

Una historia de una relación falsa, manipulación psicológica y abuso de confianza ha concluido con una condena en los tribunales de Castilla y León. La Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a un año y un día de prisión a una mujer que engañó a un hombre con sus “facultades mentales mermadas”, haciéndole creer que mantenían una relación sentimental, con el único propósito de arrebatarle su vehículo de alta gama y trasladarlo al extranjero para su reventa.

Los hechos se sitúan entre diciembre de 2019 y julio de 2020, periodo en el que Isabela, quien ya contaba con antecedentes penales previos por delitos contra la propiedad, entabló contacto con la víctima en Burgos. Según recoge la resolución judicial, la mujer actuó en todo momento “en virtud de un plan preconcebido”, aprovechándose conscientemente de la situación de especial vulnerabilidad en la que se encontraba el hombre, quien en aquel momento se hallaba inmerso en trámites para su incapacitación judicial.

A través de esta manipulación afectiva, la acusada logró ganarse la confianza del afectado “siendo conocedora de que las facultades mentales de esta persona se encontraban mermadas”, según figura en la sentencia. Valiéndose de la falsa ilusión amorosa que había generado en él y con el claro “ánimo de distraer el patrimonio ajeno”, ideó la maniobra definitiva para apoderarse de su automóvil, un todoterreno Jeep Compass tasado pericialmente en 21.890 euros.

En el mes de julio de 2020, la mujer logró que el propietario le dejara las llaves tras asegurarle que solo necesitaba el coche para probarlo con un supuesto comprador. En ese momento, asumió el compromiso verbal de devolvérselo el 10 de agosto del mismo año.

Sin embargo, no tenía la menor intención de cumplir lo prometido: ese mismo mes de julio trasladó el vehículo hasta Rumanía “sin conocimiento ni consentimiento” del legítimo dueño. Tan solo unas semanas después, en septiembre de 2020, vendió el todoterreno en dicho país a un tercero de buena fe por un importe de 14.000 euros, circulando ya el coche con matrícula rumana.

Un pacto para evitar el ingreso en prisión

Tras la apertura del procedimiento judicial dictado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Lerma y la posterior celebración de la causa en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Burgos, la acusada decidió reconocer íntegramente los hechos y asumir la pena solicitada tanto por la Fiscalía como por la acusación particular en un trámite de conformidad.

El magistrado declara a Isabela responsable de un “delito de apropiación indebida con la agravante de abuso de relaciones personales”. Junto a la pena privativa de libertad de un año y un día, la sentencia le impone la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo (que le impide presentarse como candidata a cualquier proceso electoral durante el tiempo de condena) y una multa de seis meses con una cuota diaria de seis euros.

La Sala fijó que la condenada deberá indemnizar a la víctima con la suma de 10.000 euros. No obstante, el tribunal acordó concederle la suspensión de la ejecución de la pena de prisión durante un plazo de cuatro años. Para no ingresar en un centro penitenciario, Isabela deberá cumplir estrictamente una serie de requisitos: no volver a delinquir en dicho periodo, notificar cualquier cambio de domicilio y abonar la indemnización fijada a favor del perjudicado mediante el pago fraccionado de 276 euros mensuales.

Romi Loffler tardó meses en preparar su examen de historia, pero las autoridades educativas escocesas se niegan a cambiar el formato de la prueba. Esta joven necesita al menos media hora para redactar una sola frase mediante un sistema de parpadeo y rastreo ocular. Sin embargo, su lucha por demostrar que la discapacidad física no limita la capacidad intelectual se ha topado con el muro de un sistema que antepone la rigidez de sus normas.

A sus 21 años y con el apoyo continuo de su familia, esta estudiante de East Renfrewshire (Escocia) ha logrado derribar numerosos prejuicios a lo largo de su vida. Romi padece el síndrome de Rett, un trastorno neurológico de origen genético que provoca la pérdida del habla y del control motor, acompañado de graves problemas de salud como crisis de epilepsia.

Ella, valiéndose de tecnología de seguimiento ocular, ya demostró el año pasado su capacidad al completar con éxito los trabajos del National 4 (Nat 4) —una titulación de la educación secundaria escocesa equivalente a un nivel básico de la ESO española—. Sin embargo, su objetivo para este curso era obtener el National 5 (Nat 5), una meta que exige superar un examen presencial.

La negativa del organismo examinador, Qualifications Scotland (QS), ha truncado de momento sus aspiraciones. A pesar de que el centro donde cursa sus estudios y sus padres iniciaron los trámites con un año y medio de antelación para diseñar un formato accesible —como realizar la prueba pregunta a pregunta a lo largo de varias semanas o disponer de un banco de palabras clave preaprobadas—, las autoridades escocesas rechazaron las propuestas.

En su lugar, la institución sugirió que Romi realizara el examen en una sola sesión, una opción inviable según su familia debido al agotamiento físico extremo que le produce la comunicación visual continua. La entidad argumentó además que otorgar estas facilidades podría suponer una ventaja injusta respecto al resto de candidatos, al tener más tiempo para hacer el examen.

“Merecía la misma oportunidad que los demás”

“Me siento enfadada. Otros estudiantes tuvieron la oportunidad de obtener su National 5 y yo no. Eso fue injusto, merecía la misma oportunidad que todos los demás”, señala Romi a la BBC. “No deberían esperar que nos adaptemos a su sistema de exámenes; es el sistema el que debería adaptarse para que los estudiantes con discapacidad tengamos una oportunidad justa de demostrar lo que sabemos”, añadió. “A veces la gente subestima lo que puedo hacer por el hecho de tener una discapacidad”, manifestó la joven.

Por su parte, la madre de Romi, Gael Gordon, cuestionó la falta de empatía del organismo examinador al considerar que su hija partiría con ventaja: “Creo que ella parte de una posición de increíble desventaja, donde el simple hecho de llevarla a la línea de salida ya resulta sumamente difícil”. “Romi no quiere que le regalen nada ni que le den una palmadita en la cabeza; quiere hacer el examen de modo que pueda demostrar todo lo que sabe. Se trata de probar su capacidad, su valía y mostrar de lo que es capaz, porque si consigue ese certificado, nadie se lo podrá quitar”, explicó Gordon a la BBC.

Cinco meses de exámenes con la mirada

Un caso muy diferente es el de Patrick, un joven de 16 años con parálisis cerebral en Macclesfield, quien completó sus siete exámenes de GCSE (General Certificate of Secondary Education) —las pruebas que realizan los estudiantes al finalizar la educación secundaria obligatoria— en un proceso de cinco meses que se extendió desde febrero hasta junio, utilizando exclusivamente tecnología de rastreo ocular.

Este sistema de cámaras e infrarrojos exigió un esfuerzo titánico al estudiante. “No podía escribir mis cálculos por separado, así que tuve que hacerlos mentalmente, lo cual fue muy difícil”, relató Patrick a la BBC. Su meta es convertirse en presentador de televisión —e incluso ya ha puesto en marcha su propio negocio de compraventa de coches—, demostrando que, con los apoyos adecuados, las barreras físicas no impiden el desarrollo académico.

Con tan solo siete semanas restantes de actividad, el Gobierno se fijó la misión de lograr aprobar en el Congreso no solo la eliminación de las PASO, sino también el Presupuesto 2027 y la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, entre otras iniciativas que todavía esperan su tratamiento, y el objetivo es lograrlo antes de que finalice el periodo normal para evitar tener que convocar a extraordinarias, aunque todo dependerá del apoyo de los aliados.

Este martes será un día clave para el oficialismo en el camino para conseguir esa meta, ya que comenzará a analizar el respaldo que tienen los principales proyectos y el avance de las negociaciones con las provincias.

Por un lado, a partir de las 13:00, volverá a reunirse la mesa política en la Casa Rosada, después de dos semanas sin verse debido a distintos problemas de agenda, para planificar la estrategia parlamentaria.

“Esta vez, a priori, no se invitó a ningún ministro, vamos a ser los de siempre. La idea es hablar de Soberanía Nacional, del Presupuesto y de la sesión del 15. Y después saldrán, como siempre, algunos temas de gestión o de política”, anticipó a Infobae uno de los integrantes de este grupo.

La referencia es al intento de la oposición de conseguir quórum en la Cámara de Diputados para debatir iniciativas vinculadas con discapacidad y la morosidad, además del Decreto 70/2023 que volvió a la agenda a partir de los fallos de la Corte Suprema de Justicia que, primero, habilitaron el artículo que estableció la venta ilimitada de tierras a extranjeros y, después, dictaron una cautelar para frenarlo.

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, viene trabajando desde hace varios días para impedir que el kirchnerismo llegue al número necesario para que comience la discusión en el recinto.

Una de las movidas que hizo fue la de convocar a otra sesión para el 21 de octubre en la que se van a tratar todos estos mismos temas, pero con textos que fueron elaborados por el Poder Ejecutivo o sus aliados.

Al mismo tiempo, la cúpula libertaria empieza a poner a prueba los principios de acuerdo con los gobernadores: mientras negocian los términos para las elecciones del año que viene, les reclaman que acompañen en el Congreso la eliminación de las PASO y el Presupuesto.

En Balcarce 50 consideran que la primera de esa medida tendría que ser sancionada completamente antes de que termine el periodo ordinario, incluso por las presiones de la Cámara Electoral Nacional, que ya advirtió que necesitará tiempo para adaptar el sistema a todos los cambios que plantea la denominada reforma política.

En cuanto a la ley general de ingresos y gastos, los cálculos del oficialismo es que la propuesta tenga dictamen antes del 7 de noviembre, previo a la llegada del papa León XIV, y llevarlo a votación el 17. De esa manera, si no hay ningún imprevisto en el medio, habría tiempo para que la iniciativa pase al Senado y se apruebe antes del verano.

Este martes, irá a la Cámara baja a explicar y defender el texto el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, en el Marco de una reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario Alberto Benegas Lynch.

Según pudo saber este medio, el diputado oficialista tiene previsto responder el pedido que hicieron algunos bloques aliados para que el Ejecutivo especifique de dónde sacará el dinero para hacer frente a las partidas para el proyecto de discapacidad que redactó el Ministerio de Salud.

En algunas conversaciones informales, Guberman ya les aseguró a los representantes de esos bloques que “la plata siempre estuvo“, ya que surge del superávit con el que cuenta la administración nacional.

“Yo le cuestioné eso. Si hubiera estado todo, ¿cómo se explica el escándalo que hubo en su momento? La propia Patricia Bullrich dijo que sintió que la estaban tomando de boluda”, cuestionó un legislador que no siempre vota en sintonía con La Libertad Avanza.

En el círculo más íntimo de la secretaria general, Karina Milei, creen que no hubo malas intenciones ni picardías de quienes, dentro del propio Gobierno, estaban en contra de las negociaciones con los otros espacios.

“Lo habíamos redactado hace tiempo, mucho antes de que comenzaran esas conversaciones, y simplemente nos olvidamos de cambiar esa parte del texto. Yo confío en que no pasó nada más que eso”, argumenta una persona de peso dentro del partidos

Además de la hermana del Presidente, Menem y Bullrich, de la mesa política participarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su vice, Ignacio Devitt; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el subsecretario de Asuntos Gubernamentales y armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.

En el encuentro se van a poner en consideración los avances en el vínculo con las provincias que viene llevando principalmente “El Colo”, que esta semana podría recibir a más gobernadores en su oficina.

“Me descubrieron distrofia muscular a principios de 2021. Siempre tuve problemas de movilidad y musculares. Antes de eso, pasé por tres fracturas de brazo por caídas y siempre me dijeron que era por torpeza”, relata Leandro en diálogo con Infobae. Aquel proceso fue largo y frustrante, marcado por consultas médicas que no ofrecían respuestas claras sobre un padecimiento que, aunque genético, se manifestó gradualmente.

A principios de 2026 comenzó un desafío que consiste en sumar un paso por cada día transcurrido. La iniciativa llamó la atención de figuras como Duki, Lit Killah, Flor Álvarez, Juli Savioli, La Tanqueta, Benja Calero, Juli Manzotti y Frankillo, quienes participaron de su reto.

Detrás de los videos hay una historia atravesada por diagnósticos difíciles, problemas de salud y una pérdida familiar que transformó su manera de afrontar la enfermedad.

Un diagnóstico que cambió su vida

El diagnóstico, recibido en 2021, llegó después de años de incertidumbre clínica. Leandro recuerda que, en el punto más crítico de su salud, incluso las actividades más cotidianas suponían un riesgo cardiovascular severo. “Estornudaba y el corazón se me iba a picos de 180 latidos por minuto. Tuve muchos problemas de la parte del corazón”, detalla el creador de contenido.

Con el tiempo, la transición gradual de la silla de ruedas al andador, y posteriormente al bastón, permitió una estabilización cardíaca notable.

Sin embargo, el cuerpo siguió enviando señales de la progresión de la enfermedad. A las complicaciones musculares se sumó una asimetría mandibular, una manifestación física que el joven asocia directamente con la evolución de su cuadro genético.

Más allá de eso, en diciembre de 2021, los médicos llegaron a pronosticarle apenas meses de vida. Aquella sentencia lejos de paralizarlo, se transformó en el combustible para su lucha. “Decidí pelearla”, afirma con determinación.

“Los médicos tenían la certeza de que nunca iba a dejar la silla de ruedas. Le dijeron a mi mamá que me quedaban meses de vida”, agregó.

Pese al impacto de aquella noticia, decidió continuar buscando alternativas para mejorar su movilidad.

El asesinato de su hermano y la promesa de seguir adelante

El 2 de octubre de 2023, su hermano mayor, Kevin, fue asesinado. La pérdida representó un golpe emocional profundo, pero también reforzó una motivación: intentar recuperar la capacidad de caminar, algo en lo que Kevin siempre había confiado. “Él confiaba en mí y en que iba a poder volver a caminar. A partir de eso, volví a salir poco a poco”, expresa.

El papel de la familia ha sido determinante en este recorrido. Además del apoyo constante de su madre y su otro hermano Matías, Leandro destaca el rol de su padre de corazón, quien lo acompaña desde hace años, mientras mantiene vivo el recuerdo de su padre biológico, Pedro Brizuela, fallecido en 2014.

Esta red de contención familiar, sumada a la solidaridad de figuras del stream como Momo y Santutu, quienes colaboraron para que pudiera renovar su silla de ruedas en 2023, ha permitido que “Amigo de YouTube” mantenga el foco en su meta.

El reto de un paso por día que llegó a los famosos

Inspirado por la metodología de disciplina del creador de contenido Gero Arias, quien popularizó el desafío de las dominadas en redes sociales, Leandro decidió implementar su propio reto de pasos. Lo que comenzó con una lenta adaptación en la que tardaba una hora en recorrer apenas un kilómetro con el andador, ha evolucionado significativamente. Su objetivo actual es claro: ganar la estabilidad necesaria para dejar el bastón y lograr caminar sin ninguna clase de soporte externo.

Este desafío ha convocado a destacadas figuras de la escena digital y musical, como Duki, Lit Killah, Flor Álvarez, Juli Savioli, La Tanqueta, Benja Calero, Juli Manzotti y Frankillo, entre otros. “Todos los que se coparon me ayudaron. Una de ellas, la que más me sorprendió, fue Juli Manzotti, que fue quien me abrió las puertas a muchas cosas”, destaca.

Ahora espera concretar antes de fin de año una participación de Coscu, quien ya aceptó la invitación en una entrevista que le hizo el propio Leandro, aunque todavía no hay fecha confirmada.

Los sueños de conocer a Paulo Londra y Lionel Messi

La visión de Leandro apunta mucho más allá de su propia recuperación. Su intención es orientar su carrera digital hacia el ámbito motivacional, demostrando que la entrega a una enfermedad no es una opción. “Quiero dar el mensaje de que se puede; si te esforzás, se puede, no hay que darse por perdido”, asegura.

Entre sus próximos objetivos, el joven de Pilar espera que Coscu se sume a su reto antes de que termine el año. También mantiene la ilusión de colaborar con Gero Arias y con artistas como Paulo Londra, cuya música —en especial la canción “Homerun”— lo acompañó en algunos de sus días de mayor fatiga.

En el horizonte, aunque reconoce que es un anhelo ambicioso, aparece el nombre de Lionel Messi. “Lo relaciono con mi proceso de vida”, explica sobre el impacto que la historia del capitán de la Selección Argentina ejerce sobre su propia resiliencia.

Mientras continúa trabajando en su estabilidad física tras haber abandonado retos anteriores como el de la pedalera en 2025 por fatiga muscular, “Amigo de YouTube” reafirma su lema personal: “El recorrido es anécdota y los logros son historia”.

Con cada paso que da, busca conectar con una sola persona a la que su mensaje pueda servirle de refugio, transformando su dolor privado en una fuente de inspiración colectiva. Su camino, aunque complejo, se ha convertido en una narrativa de superación que desafía los límites impuestos por la medicina y celebra la persistencia del espíritu humano.

Las mujeres, los adultos de 18 a 59 años y quienes han experimentado discriminación o viven con discapacidad registran las mayores probabilidades de riesgo suicida en El Salvador, de acuerdo con un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) elaborado a partir de la Encuesta Nacional de Salud Mental de 2022.

El estudio, titulado “La salud mental en la población adulta salvadoreña” analiza la situación de las personas mayores de 18 años y evalúa la presencia de estrés postraumático, depresión, ansiedad generalizada y riesgo suicida.

La citada encuesta identificó que el riesgo suicida afectaba al 7.8% de los adultos de 18 a 59 años y al 5.6% de las personas de 60 años o más.

El análisis de probabilidades marginales incluido en el informe sitúa a las mujeres entre los grupos con mayor exposición. La probabilidad promedio de presentar conductas autolesivas o riesgo suicida fue de 8.7% entre las mujeres, frente a 4.1% entre los hombres.

La diferencia forma parte de un patrón más amplio de desigualdad en salud mental. Según el documento, el 35% de las mujeres presentaba alguna afección de salud mental, una proporción 14.2 puntos porcentuales superior a la de los hombres.

El estudio señala que las mujeres también presentan mayor incidencia de factores como discriminación y discapacidad, junto con menor presencia de elementos protectores, entre ellos la resiliencia y el apoyo comunitario percibido.

La resiliencia y el apoyo comunitario aparecen como factores de protección

El estudio también identifica condiciones vinculadas con una menor probabilidad de riesgo suicida. Entre quienes mostraban un nivel alto de resiliencia, la estimación fue de 5.6%, menos de la mitad del 12.3% registrado en el grupo con resiliencia baja.

El apoyo social percibido presentó una diferencia aún mayor. Las personas con un nivel bueno o excelente de apoyo comunitario tuvieron una probabilidad de 3.7%, frente a 7.7% entre quienes calificaron ese apoyo como malo o regular.

La investigación define el apoyo comunitario como la percepción sobre la disponibilidad y calidad del respaldo que una persona puede recibir de su entorno. Para medirlo, la Encuesta Nacional de Salud Mental evaluó integración, participación comunitaria y vínculos con organizaciones locales.

El PNUD advierte que la atención temprana resulta necesaria incluso ante síntomas leves, con especial atención a mujeres, personas mayores y habitantes de zonas rurales.

En El Salvador, para orientación psicológica o atención ante una crisis, el Ministerio de Salud dispone del número 131. Durante la llamada deben seleccionar su departamento y luego la opción de salud mental. También se puede llamar al número 503 7741-6614, de lunes a viernes, de 7:30 a 15:30 o al Sistema de Emergencias 9-1-1.

En Guatemala, la Fundación Desarrolla Guatemala para la Educación y la Salud, tiene la línea telefónica: 1582 y el número de WhatsApp: 502- 3007-1582.

En Costa Rica , está la línea Aquí Estoy del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica ofrece un servicio gratuito de apoyo para la prevención del suicidio y el Centro de Atención Psicológica (UCR), teléfono 506- 2511-5776.

En Honduras, la línea de emergencia para la prevención del suicidio es 988.

En Panamá puedes llamar al 147 del ministerio de Desarrollo Social. Puedes recibir atención psicológica gratuita en República Dominicana llamando al Centro de Contacto Cuida tu Salud Mental al número (809) 200-1400.

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda, puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomienda sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

Línea de prevención del suicidio en Argentina: el Centro de Asistencia al Suicida ofrece orientación y apoyo. Tienen una línea de prevención del suicidio disponible al teléfono 135 (línea gratuita) o al (011)5275-1135 y 0800 345 1435 para llamadas desde todo el país.

En México, para aquellos que buscan ayuda o asistencia en relación al suicidio, existe la Línea de la Vida: 800-911-2000, este servicio es gratuito y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

En Colombia, la Línea de la Vida brinda apoyo emocional a individuos que enfrentan crisis de suicidio o angustia. Este servicio está disponible en varias ciudades del país. En Bogotá, se puede contactar a través de la línea 106 o vía WhatsApp al 3007548933. Barranquilla cuenta con la línea 339 99 99, mientras que en Medellín se dispone de la Línea Amiga al 444 44 48. En Cali, al igual que en Bogotá, la línea de atención es el 106. Estas líneas ofrecen una respuesta inmediata a quienes necesitan ayuda en momentos críticos.

En Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) ofrece apoyo emocional a través de la Línea 113 Salud, accesible nacionalmente por teléfono, WhatsApp o Telegram en los números 955557000 y 952842623.

En España, el Ministerio de Sanidad ha establecido la Línea 024 para la atención a la conducta suicida.

El fallo de la Corte Suprema que este viernes repuso provisoriamente los límites para la venta de tierras a extranjeros no tomó a la oposición por sorpresa y sus principales referentes aseguran que ni siquiera contemplaron levantar el llamado a sesión para derogar el mega DNU 70 la semana que viene. “Es una cautelar interina que se puede caer en cualquier momento porque no resolvieron la cuestión de fondo, por eso tenemos que voltear el mega decreto de Milei, para que la venta de tierras no dependa de una medida judicial”, explicaron a Infobae desde la bancada de Unión por la Patria.

Para la oposición fueron justamente la convocatoria a la sesión en la Cámara de Diputados y la movilización social las que obligaron al Máximo Tribunal a volver sobre sus pasos y revertir la decisión de la semana pasada que había dejado firme el artículo 154 del DNU 70 que derogaba la ley de tierras. Por eso remarcan la importancia de mantener la presión.

“La Corte solucionó el reclamo de la sociedad en su contra y de paso le dio una mano al Gobierno para voltear la sesión opositora”, analizaron desde el peronismo. Sin embargo, diputados de algunos bloques del medio reconocen que ahora será muy difícil llegar al quórum para abrir el recinto.

Los sectores más duros de la oposición eran plenamente conscientes de que los votos clave los tienen los bloques provinciales y que los gobernadores -principalmente los del norte- no tenían demasiado entusiasmo en derogar el DNU 70, que además eliminó una amplia gama de regulaciones sobre el comercio, el transporte, el mercado laboral, el sector de salud y el sector inmobiliario. Por eso buscaron robustecer la convocatoria incluyendo otros dos temas sensibles ante la opinión pública como el endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad.

El problema es que la Corte Suprema ahora volvió a limitar provisoriamente la venta de tierras a extranjeros y el oficialismo accedió a incluir nuevas limitaciones a la venta del territorio nacional dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

El plan del oficialismo es dictaminar el próximo miércoles tanto este proyecto como el de Defensa de la Soberanía Nacional (Malvinas) para incluir todo en una mega sesión el 21 de octubre, donde además se tratará la nueva ley de Discapacidad y el proyecto oficialista sobre Endeudamiento y Mora. De esta forma esperan que los aliados eviten dar quórum en la sesión opositora del 15 para así tratar virtualmente los mismos temas el 21, pero en su versión oficialista.

La convocatoria opositora cuenta con el aval de Unión por la Patria (92), un sector de Provincias Unidas (8), el Frente de Izquierda (4), Primero San Luis (2), la Coalición Cívica (2), Encuentro Federal (2), Defendamos Córdoba (1) y Coherencia (1). Una base de 112 a la cual los más optimistas suman tres diputados misioneros de Argentina Federal y otros cinco cordobeses de Provincias Unidas que responden al gobernador Martín Llaryora. Mientras que el oficialismo ronda las 120 voluntades: La Libertad Avanza (95), PRO (12), UCR (6), MID (2), Producción y Trabajo (2), Por Santa Cruz (1), La Neuquinidad (1) y Adelante Buenos Aires (1).

Por eso, los votos definitorios serán los de Independencia (3), que responden directamente al gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo, Elijo Catamarca (3), con terminal en Raúl Jalil, y Argentina Federal (5), donde pisa fuerte el salteño Gustavo Sáenz. Dado que los últimos dos participaron de la gira de Milei por París y se mostraron sonrientes junto a funcionarios del Ejecutivo, el panorma se presenta dificil para la oposición.

En las filas del peronismo algunos se mantienen escépticos y señalan que si no se consigue el quórum la derogación del DNU 70 podrá retomarse en otra oportunidad. En cambio, otros confían en que algunas novedades referidas al área de discapacidad podrían torcer las voluntades necesarias.

En principio, destacan que el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS), que reúne representantes de las 24 jurisdicciones, ratificó el 8 de octubre que la mejor alternativa es la prórroga de la Emergencia en Discapacidad. En la misma línea, señalan que organizaciones de personas con discapacidad como REDI, FAICA, la Mesa de Trabajo en Discapacidad y DD.HH. de Córdoba, RALS y Andar rechazaron el dictamen del oficialismo por haberse elaborado sin la consulta que exige la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por otro lado, el Área Discapacidad de la Comisión Episcopal de Pastoral Social le pidió al Ministerio de Salud el 5 de octubre que sostenga la prórroga.

La semana que viene la Cámara de Diputados tendrá días de tensión. Luego del feriado del lunes se encadenarán varios días que tendrán como corolario la sesión del jueves en donde el temario incluirá el DNU70/2023 y las proyectos sobre la prórroga de la emergencia en discapacidad y los proyectos para aliviar la situación de los endeudados.

En medio de los movimientos del oficialismo y sus socios para hacer caer la sesión o, en su defecto, que la oposición no se lleve un triunfo parlamentario, aparecieron proyectos de ley tanto para morosidad como para discapacidad de parte del bloque de La Libertad Avanza que, junto a sus socios, se llevaron los dictámenes de mayoría.

En el caso de discapacidad, y mientras los bloques socios esperan un informe de Economía sobre el impacto en fondos del Presupuesto 2027, el presidente de la comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, le pidió a la Oficina de Presupuesto del Congreso que realice un informe del costo fiscal que tiene el proyecto de ley de discapacidad presentado por LLA

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que el dictamen de mayoría sobre discapacidad -el del oficialismo- podría incorporar 200.000 nuevos titulares de pensiones y generar un costo fiscal anual de hasta $ 1.209.567 millones.

La propuesta plantea un régimen permanente de políticas públicas en lugar de prorrogar la emergencia vigente hasta fines de 2026, que es lo que propone la oposición.

El proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reserva de $3,66 billones para mayores erogaciones en jubilaciones y pensiones. La incorporación gradual de beneficiarios absorbería cerca del 16,4% de esos recursos, de acuerdo con los cálculos del organismo técnico del Congreso.

La oficina elaboró dos escenarios para medir el esfuerzo fiscal de la iniciativa frente a la situación actual.

El primer escenario prevé altas graduales durante 2027, a un ritmo de 16.800 personas por mes. Según el sitio El Parlamentario, bajo esa hipótesis, el costo ascendería a $ 598.912 millones, equivalentes al 0,04% del Producto Bruto Interno (PBI) y a un aumento del 6,1% sobre el gasto total proyectado para pensiones no contributivas.

La segunda alternativa supone que todos los nuevos beneficiarios percibirán la prestación durante el ejercicio 2028. El desembolso anual alcanzaría $1.209.567 millones, el 0,07% del PBI.

En la actualidad, 1.678.715 personas poseen un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y 435.270 de ellas ya cobran una pensión no contributiva por invalidez laboral.

El dictamen establece una pensión para quienes acrediten discapacidad mediante el CUD. El beneficio mantendría su compatibilidad con empleo formal y con actividades registradas en los regímenes tributarios nacionales, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Otro punto que estaba en discusión es la forma en la que se iba a actualizar el arancel del Sistema de Prestaciones. Originalmente el oficialismo impulsaba que sea trimestral. El bloque libertario asegura que será mensual.

Aliados que firmaron “en disidencia” todavía reclaman precisiones: una redacción más clara que garantice la actualización mensual por inflación, el cronograma de pago de compensaciones adeudadas y que se muestren las partidas presupuestarias concretas destinadas al sector. Martín Menem y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, se comprometieron a exhibir esas partidas y a introducir modificaciones adicionales al texto.

Desde el Ministerio de Economía, en tanto, trascendió que no están de acuerdo con lo negociado en el dictamen, lo que abre la duda sobre si el capítulo de ajuste al sistema de discapacidad podría sostenerse igualmente dentro del Presupuesto 2027.

Según el informe publicado, el dictamen no crearía gastos adicionales para los prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas, sino que mantendría una obligación ya establecida en la legislación vigente que, hasta ahora, están calculada en $ 278.323 millones la compensación pendiente para esos prestadores.

El oficialismo en la Cámara de Diputados se mostró en las últimas semanas receptivo como pocas veces a los planteos de los aliados y bloques provinciales. Las concesiones incluyeron una promesa de restituir los límites a la venta de tierras a extranjeros, la marcha atrás con el ajuste en el área de Discapacidad y una primera ronda de conversaciones sobre las obras públicas que cada provincia recibirá en el marco del Presupuesto 2027.

Este jueves el oficialismo convocó a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados para comenzar con el tratamiento de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado. Será el miércoles 14, un día antes de la sesión especial pedida por la oposición, y los libertarios prevén sumar un capítulo sobre extranjerización de la tierra.

La intención es ofrecer una alternativa a los diputados del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y los partidos provinciales, que cuestionan la eliminación de los límites para la adquisición de campos por parte de capitales extranjeros, aunque rechazan una derogación completa del mega DNU 70/23.

Un artículo del mega decreto dejaba sin efecto la Ley de Tierras y habilitaba las compras sin restricciones por parte de extranjeros, pero su aplicación había quedado en suspenso por una cautelar judicial. Sin embargo, la cuestión recuperó centralidad hace dos semanas tras una decisión de la Corte Suprema de Justicia, que dejó sin efecto la sentencia de la Justicia Federal de La Plata que había frenado la desregulación.

El miércoles por la tarde, en las conversaciones entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los representantes de los bloques dialoguistas, nuevamente surgió el pedido de a establecer límites. Una de las opciones que reúne mayor respaldo es restaurar el máximo del 15% de la superficie rural de cada provincia o municipio en manos extranjeras.

Ese límite regía antes de la derogación de la norma mediante el DNU 70/23. El oficialismo considera que puede incorporarlo al proyecto de Propiedad Privada porque el capítulo referido a tierras fue retirado durante el tratamiento de la iniciativa en el Senado, antes de la votación en el recinto. La discusión todavía no tiene un texto definitivo. Mientras algunos sectores aliados plantearon recuperar el esquema anterior, otros impulsan fijar un porcentaje mayor.

La estrategia del Gobierno apunta a que los bloques que suelen acompañar a La Libertad Avanza tengan argumentos para no aportar al quórum en la sesión de la oposición (15 de octubre), que necesita 129 diputados presentes para abrir el recinto y, hasta ahora, no tiene garantizados todos los votos necesarios.

Por otro lado, Menem y el Secretario de Hacienda, Carlos Guberman, también se comprometieron el miércoles a mostrar las partidas presupuestarias que se van a destinar al sector de discapacidad y dejaron trascender que harán otras modificaciones al texto del dictamen para asegurarse el apoyo de los bloques que firmaron “en disidencia” porque aún desconfiaban de las intenciones reales del Gobierno.

Para destrabar este tema particularmente sensible ante la opinión pública La Libertad Avanza se comprometió ante los aliados a eliminar la reforma del área que estaba incluida en el proyecto de Presupuesto 2027 y redactó un nuevo proyecto que retoma gran parte de la ley de Emergencia en Discapacidad como el nomenclador único para prestaciones, su actualización por inflación, la compatibilidad de la pensión con un empleo formal o informal y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía para obtener una pensión.

No obstante, todavía quedan pendientes algunos reclamos de los aliados, como una redacción clara que ratifique que las prestaciones se actualizarán mensualmente por inflación y el cronograma de pago de las compensaciones adeudadas, el oficialismo prevé llevar el tema al recinto el próximo 21 de octubre.

En la misma reunión el Secretario de Hacienda escuchó los primeros planteos de la UCR, que reclamó preservar el financiamiento de las universidades nacionales, y de los bloques provinciales que se mostraron particularmente interesados por la obras, especialmente viales, asignadas para sus distritos en el Presupuesto de cara al año que viene. Las obras y los fondos que recibirán las provincias serán moneda de cambio en una negociación mucho más importante para el Gobierno: la eliminación de las PASO.

La reforma política, que tiene como principal objetivo suspender las elecciones primarias para simplificar el calendario y dificultar la organización de la oposición, necesita del apoyo de los gobernadores, principalmente del norte del país. Los mandatarios provinciales no solo siguen con atención las planillas presupuestarias sino los movimientos políticos de La Libertad Avanza en sus respectivos distritos. Si bien algunos descartan una alianza electoral con los violetas, sí esperan garantías de que el oficialismo no jugará a fondo con candidatos propios.

La Cámara Federal porteña sobreseyó por inexistencia de delito al jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina que había sido acusado por supuesta “desobediencia”, al negarse a habilitar el blanqueo de claves para el acceso a casillas de correo electrónico de directivos de la empresa. Fue durante un allanamiento en la causa por corrupción por la compra estatal de medicamentos de alto costo para discapacidad.

El acusado había sido indagado y se le dictó falta de mérito, una decisión que fue apelada por el fiscal federal Carlos Rívolo, quien reclamó el procesamiento, según supo Infobae en fuentes judiciales.

El fiscal apeló ante la Cámara Federal por presunta “desobediencia a un funcionario público”. Rivolo entendió que la “voluntad” de no colaborar fue “autónoma y determinante del fracaso de la medida”.

Pero al decidir sobre ese recurso, el Tribunal de Apelaciones hizo lugar a un planteo de la defensa, sobreseyó al acusado, Hernán Daniel Díaz, y lo desvinculó de la investigación por inexistencia de “dolo” en su accionar.

La opinión del abogado

En la resolución, los camaristas sostuvieron que el jefe de sistemas siguió directivas de un abogado que estaba presente en el lugar y que antes existió una “negativa de los directivos de la empresa a autorizar el acceso a sus casillas de correo electrónico” que fue “avalada y comunicada a viva voz por el letrado de la firma”, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Fue en ese contexto, interpretaron los camaristas Pablo Bertuzzi, Pablo Yadarola y Mariano Llorens, que el responsable del área de sistemas “quien no es abogado ni posee formación jurídica alguna, y cuya intervención en el procedimiento obedecía exclusivamente a sus conocimientos técnicos” decidió con la “opinión concreta y expresada públicamente por un profesional del derecho presente en el lugar, quien sostuvo que no tenía obligación de colaborar en ese punto puntual”.

Por ende lo que hizo el empleado jerárquico al “ajustar su conducta a esa indicación, proveniente de quien ejercía la asistencia letrada de la firma para la que trabajaba y que se encontraba autorizado a intervenir en el procedimiento, no constituye una decisión arbitraria, caprichosa o manifiestamente descabellada”, agregó la resolución.

La Cámara puntualizó además que la orden judicial decía “podrá” brindar colaboración y no era “una fórmula imperativa” sobre la asistencia del personal técnico, y contemplaba “expresamente un mecanismo alternativo -el secuestro de los equipos y del respaldo del servidor- para el supuesto de que no se lograra el acceso mediante el blanqueo de claves”.

El allanamiento

El episodio ocurrió el 29 de agosto de 2025 durante un allanamiento en la sede de la empresa ordenado en la causa ANDIS a pedido del fiscal que tiene delegada la investigación, Franco Picardi. Se le pidió al personal técnico de la firma que habilitara el acceso a casillas de correo institucionales con restablecimiento de contraseñas.

El jefe de sistemas de manera inicial colaboró y entregó las credenciales de administrador del servidor de la firma y la ejecución de las tareas necesarias para el secuestro de su respaldo. Pero cuando se le pidió el blanqueo de las contraseñas de los correos electrónicos institucionales de los directivos dijo que si bien podía, no iba a hacerlo porque no tenía permiso de los titulares. Ante ello el entonces juez a cargo de la causa, Sebastián Casanello, lo denunció y se abrió una investigación en otro juzgado.

El juez federal Julián Ercolini lo citó a declaración indagatoria a pedido del fiscal Rivolo y luego dictó la falta de mérito para profundizar la pesquisa con nuevas medidas de prueba que ordenó. La decisión fue apelada.

En su descargo escrito al ser indagado, el jefe de sistemas hizo hincapié en que no estaba autorizado por los dueños de los mails a revelar las claves. Argumentó que no podía ceder esa información ante la autoridad judicial, ya que su deber es guardar el secreto.

El operativo estuvo a cargo de la Superintendencia de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad, en la sede de la Droguería Suizo Argentina, ubicada en Monroe 801.

Ese día, la orden del juez federal Sebastián Casanello fue obtener una copia de los correos electrónicos institucionales que habían enviado y recibido una decena de directivos de la firma, con el objetivo de encontrar nuevas evidencias vinculadas a la investigación sobre irregularidades en la compra de medicamentos destinados a personas con discapacidad.

El 22 de septiembre pasado la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del ex titular de ANDIS Diego Spagnuolo y otros 18 acusados por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad para la compra de medicamentos de alto costo a determinadas droguerías, con pago de sobreprecios, desde diciembre de 2023 a octubre de 2025. Los remedios se destinaban a sectores vulnerables.

En la causa hubo una segunda tanda de declaraciones indagatorias que tomó el nuevo juez del caso, el federal Ariel Lijo, cuyas situaciones procesales deben resolverse. Los directivos de la droguería Suizo Argentina están imputados pero aún no se tomó ninguna decisión sobre sus personas mientras continúa la investigación y no integran el listado de indagados.

En esa lógica ubicó la ofensiva contra el DNU 70/2023. Ravier consideró al decreto una de las piezas centrales del programa de desregulación y afirmó que el kirchnerismo buscará voltearlo como una manera de afectar el modelo económico. Sin embargo, se mostró confiado en que no tendrá los votos suficientes: “No lo van a poder voltear”. Mencionó los 95 diputados nacionales de La Libertad Avanza, la presencia de senadores propios, el vínculo con los gobernadores y el respaldo de bloques aliados. “Hay diálogo”, remarcó, y vinculó ese escenario con el mayor optimismo que, dijo, existe hoy dentro del equipo económico.

El vocero amplió esa confrontación a otros temas que ocupan la agenda pública. Sobre las universidades, defendió la estrategia judicial del Gobierno frente a la Ley de Financiamiento Universitario y sostuvo que detrás de la disputa existe también una pelea por el equilibrio de las cuentas públicas. “Acá hay un problema fiscal serio, hay un intento político de la oposición de romper el equilibrio fiscal y hay un Gobierno que le pide a la Justicia que interceda. En el medio de esa disputa no hay un incumplimiento de la ley. La disputa continúa, hay nuevas instancias y veremos qué pasa”, afirmó. Para Ravier, universidades, discapacidad y Ley de Tierras forman parte de los asuntos que la oposición utiliza para imponer una agenda y desplazar del debate los resultados que el Gobierno reivindica en inflación, pobreza y apertura económica.

En discapacidad endureció especialmente el tono contra el kirchnerismo. “El kirchnerismo hizo un uso político de la discapacidad y entregó cantidad de pensiones no contributivas y asignaciones por discapacidad”, afirmó. Admitió que el proceso de auditorías todavía enfrenta problemas y dificultades operativas, pero aseguró que quienes efectivamente tengan derecho a las prestaciones las conservarán. En el debate por la Ley de Tierras también adoptó una posición explícita: “No debería haber límites para la compra de tierras en cuanto a cantidad de kilómetros o proporcionalidad”. Aclaró, sin embargo, que existen restricciones específicas para Estados extranjeros, zonas de frontera, recursos naturales y cuestiones de seguridad nacional.

La política interna del oficialismo fue otro capítulo central de la conversación. Ravier negó que las diferencias públicas de Patricia Bullrich impliquen una ruptura con Milei y fue categórico respecto de su posición electoral: “Patricia Bullrich trabaja para que Milei sea reelecto”. Según explicó, la senadora “quiere que este proyecto continúe y entiende que Javier Milei es el mejor líder para este proyecto liberal”. También sostuvo que las discrepancias dentro del Gabinete son normales —“los liberales no somos manada”, recordó— y se mostró confiado en que los aliados acompañarán otro de los objetivos políticos de la Casa Rosada: “Somos optimistas de que los aliados nos van a acompañar” para eliminar las PASO.

Ravier también dedicó definiciones fuertes a Axel Kicillof. Recordó que fue alumno suyo en la Universidad de Buenos Aires y que el actual gobernador bonaerense era docente en una materia vinculada con el pensamiento económico marxista. “Puedo decir con certeza que él, por lo menos en su formación, es marxista y tiene una posición comunista. Tiene una posición contraria a los derechos de propiedad, a la libertad individual, a la economía de mercado y al gobierno limitado”, afirmó. Evitó reproducir literalmente la definición de Luis Caputo, que había llamado “anticristo” a Kicillof, pero sostuvo que las ideas que representa “llevaron a la Argentina al infierno”.

La entrevista tuvo además un extenso capítulo económico. Ravier reconoció que todavía no puede descartarse técnicamente que la Argentina acumule dos trimestres consecutivos de caída, aunque afirmó que no espera un 2026 recesivo. “Esperamos que no haya recesión técnica. Si la pregunta es: ‘¿2026 va a ser un año recesivo?’, no. La Argentina sigue creciendo”, sostuvo. También aseguró que la macroeconomía está hoy más ordenada que al inicio de la gestión: “La Argentina recibió una situación de desequilibrio tanto macro como micro, una economía rota. En esa economía rota, la macro hoy está más ordenada. Lo podemos ver en las reservas, en la hoja de balance del Banco Central, en las cuentas públicas”.

El vínculo entre Milei y la prensa dejó otra de las definiciones más fuertes de la entrevista. Ravier defendió la reacción presidencial frente a informaciones que el Gobierno considera falsas u operaciones políticas y explicó la lógica con la que, según él, actúa el jefe del Estado: “Si este periodista nos va a generar estos costos, le vamos a generar un costo al periodista y vamos a exponerlo con esta mentira y con esta operación”. Ante la repregunta sobre la necesidad de recurrir a insultos, insistió: “Los insultos del Presidente aparecen porque hay una persona que les hizo llegar a los argentinos que está del lado de los argentinos de a pie y que realmente insulta porque le importa”.

La entrevista completa a Adrián Ravier

—Usted pasó de la academia, de ser economista, a diputado nacional; después a dirigente de La Libertad Avanza en La Pampa y ahora a vocero presidencial. Fue bastante vertiginoso. ¿Cómo fue ese tránsito?

—Sí, la verdad es que yo siempre dije que no iba a participar en política. Me gustaba mucho el mundo de las ideas, el mundo académico, participar de congresos internacionales, con la posibilidad de conocer a mucha gente prestigiosa, incluso premios Nobel de Economía y destacados economistas de muchas partes del mundo.

En ese camino fue que conocí a Javier Milei, participando de congresos académicos. Tenemos un respeto mutuo por las ideas y un amor por las ideas. Tuvimos también algunos momentos picantes. Justamente algunas diferencias que tuvimos en las ideas nos llevaron a alguna pelea, si se quiere, pero siempre estuvimos realmente muy alineados con las ideas de la libertad, las ideas liberales libertarias y las ideas de la Escuela Austríaca.

Y después vino un poco la idea de que lo acompañara en esta función de vocero presidencial, compartiendo valores liberales libertarios y también valores cristianos, si se quiere. Compartimos mucho el enfoque. Creo que eso es importante porque comprender el mensaje del Presidente y poder llevarlo a la sociedad es una cuestión relevante. No todo el mundo puede hacerlo si no conoce en profundidad las ideas y las mentes brillantes que respaldan todo este enfoque.

—Quiero hacerle una pregunta más conceptual. ¿Este es un Gobierno que aplica una economía austríaca, una ideología liberal-libertaria? Y si la respuesta es positiva, ¿por qué?

—Es una buena pregunta. Alguien podría decir: “Bueno, pero este tamaño del Estado no es compatible con el objetivo hacia donde nos quiere llevar la Escuela Austríaca de Economía” o “esta presión tributaria tampoco”. Hay mucho en lo cual todavía no.

Pero si uno piensa dónde estábamos al llegar en diciembre de 2023 y dónde estamos hoy, claramente esta Argentina está mucho más cerca de los ideales hacia donde iríamos si tenemos tiempo y herramientas para llegar. ¿Qué define la idea liberal libertaria? Un norte. Un norte en el cual se respete la libertad individual, la propiedad privada, la economía de mercado y un gobierno más limitado. Más limitado que el que quiere el populismo, el que quiere el socialismo o el que quiere el comunismo.

Entonces, ¿estamos en ese camino? La realidad es que después de dos años y medio, un poco más, se ha transformado la Argentina con un libreto austríaco, creo yo. Ha bajado el gasto público 15 puntos del PBI, se han quitado tres puntos del PBI en impuestos, se ha desregulado mucho la economía reduciendo la burocracia.

Hay grandes pasos en apertura económica por los acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, con Estados Unidos, con Singapur. Hoy entra la carne argentina en Japón. Hay un respeto por las instituciones, por la democracia, por la República. Es un modelo federal, que mira al interior del país y tiene en cuenta las posibilidades de producción de las provincias cordilleranas. En Neuquén, en La Pampa, las economías regionales están despertando.

Todo eso es muy compatible con la idea de que el Estado deje de ser una máquina de impedir y permita el desarrollo de las libertades individuales, de las capacidades de cada uno, y que eso genere más producción y mejor calidad de vida.

Recesión, inflación y los desafíos económicos

—Usted es economista antes que vocero. Si hoy dejara por un minuto el atril de vocero presidencial y mirara las planillas y los datos como analista, ¿pensaría que la Argentina puede estar entrando en una recesión técnica?

—Hay un trimestre negativo y hay un primer mes negativo en el tercer trimestre de este 2026. Para entrar en una recesión técnica tendríamos que tener dos trimestres negativos. Por lo que he escuchado de algunos analistas, el segundo mes de este trimestre sería positivo. Vamos a ver si se confirma. Y hay que ver cómo cierra el trimestre. Esperamos que no haya recesión técnica.

La realidad es que hay una coyuntura y un contexto internacional un poco desfavorable. No para la Argentina solamente, sino para el mundo entero. El problema de Medio Oriente tiene impacto en el petróleo, eso impacta en la inflación, y se suma Estados Unidos, donde la Reserva Federal sube las tasas de interés. Eso impacta en la economía en general y hace que se desacelere el crecimiento que se proyectaba para muchas economías.

Ahora, no veo a nadie diciendo que 2026 vaya a ser un año recesivo para la Argentina. Todos coincidimos en que va a haber crecimiento o, por lo menos, veo en el REM, el Relevamiento de Expectativas de Mercado, que es un promedio de unas 30 consultoras, una proyección de crecimiento cercana al 2%.

Estábamos más cerca de una proyección del 3%. Hoy estamos más cerca de una proyección del 2%. Pero lo mismo pasa con Chile, con Uruguay y con otras economías que proyectaban determinado crecimiento y ahora están desacelerando producto de este contexto internacional.

Entonces, si la pregunta es: “¿2026 va a ser un año recesivo?”, no. La Argentina sigue creciendo. Si entre el segundo y el tercer trimestre vamos a tener dos trimestres negativos que nos lleven a una recesión técnica, dependerá de los resultados de agosto y septiembre. Ahí no me quiero aventurar a decir qué va a pasar.

—La pobreza subió en la última medición, quedó alrededor del 32%, y hay consultoras que plantean que la inflación podría volver al 2%. ¿Estamos ante algo transitorio o existe el riesgo de que la pobreza no termine de ceder y la inflación deje esa tendencia incipiente a la baja?

—En lo que refiere a pobreza siempre partimos de dónde estábamos en diciembre de 2023. El primer dato que tuvimos en 2024, después de asumir algunas de las correcciones que necesitaba el modelo económico, mostraba una pobreza que superaba el 50%. Desde ese punto hubo una baja prácticamente a la mitad, al 28%, 28,3%. Ahora subió un poquito, al 32%.

¿Por qué sube? Nosotros vemos una correlación muy clara entre pobreza e inflación. La inflación bajó del 25% mensual al 2%. Eso hace que la pobreza pueda bajar de manera contundente.

Ahora, el ataque político que tuvimos antes de la elección de 2025 impactó en el tipo de cambio e impactó también en la tasa de inflación. El dato de marzo de 2026 fue 3,4% de IPC. Cuando te sube la inflación, te sube la pobreza, porque al subir la inflación se encarece la canasta básica y una persona que antes podía adquirirla deja de hacerlo.

Entonces, si sube la inflación, sube la pobreza. Esto es lo que pasó durante el primer semestre de 2026, cuando subimos cuatro puntos la pobreza.

Pero recordemos de dónde veníamos. La baja sigue siendo muy contundente. Hoy el IPC volvió a ser 1,7%, que es el último dato que tenemos. Más allá de las proyecciones sobre lo que vendrá, el último dato muestra una baja desde el 3,4% que teníamos en marzo hasta 1,7%. Eso quiere decir que la inflación vuelve a bajar. Nos permite pensar que la pobreza y la indigencia deberían tender a bajar también.

En programas de estabilización exitosos que se aplicaron en Israel, Perú o Chile siempre pasa esto. La inflación baja con una tendencia muy clara, con un plan que controla los agregados monetarios, pero no es una baja mes a mes como una escalerita perfecta. Puede pasar que un mes suba y después retome la baja.

Ahora, la tendencia del 25% al 1,7%, independientemente de pequeñas subas que haya habido en algún momento, es muy clara y muy contundente.

Creo que ese es el camino para que baje la pobreza y la indigencia en Argentina. Y nos pone muy optimistas respecto de lo que queda de acá a 2027, hasta que cierre el mandato. Y, de haber una reelección, la continuidad de este mismo modelo les permitirá a los argentinos volver a tener una moneda sana.

—Hay economistas que plantean que el dólar está retrasado y, al mismo tiempo, señalan problemas en la microeconomía: cierre de empresas, pérdida de puestos de trabajo. Dicen: “La macroeconomía puede estar bien, pero la gente no lo siente”. ¿Qué responde sobre el dólar y sobre la actividad?

—Primero, en relación con el dólar, nosotros no vemos atraso cambiario. ¿Por qué? ¿Y con respecto a qué se supone que puede haber un atraso cambiario? La respuesta es medio técnica, pero creo que es importante.

Si graficamos el tipo de cambio y su evolución a lo largo de décadas, podríamos preguntarnos cuál fue el promedio del tipo de cambio real multilateral que tuvo la Argentina. Es determinado nivel. Hoy el tipo de cambio estaría por debajo de ese promedio de las últimas décadas.

Pero, ¿cuál es el mensaje que nos da el ministro de Economía, Luis Caputo? Él dice: ojo, porque esa historia argentina contra la cual estamos tomando el tipo de cambio real promedio es una Argentina de déficit fiscal financiado con emisión monetaria y eso implicó altos niveles de inflación. Es una economía que tuvo déficit fiscal financiado con deuda y eso nos llevó a crisis cambiarias y crisis de deuda. Es una historia de economía cerrada, una historia de mucha improductividad y con muchísimos problemas.

Esta Argentina con la que estamos comparando hoy es una Argentina abierta al mundo, con menos inflación, con equilibrio fiscal, con superávit fiscal y en cuenta corriente, con superávits gemelos, con un dinamismo exportador que es realmente asombroso bajo cualquier estándar.

Eso permite pensar incluso que este crecimiento que estamos mostrando hacia adelante va a seguir dándonos más crecimiento. Más allá de la coyuntura concreta de este trimestre, si miramos el año, vuelve a ser un año de crecimiento. Ya acumulamos y vamos a acumular tres o cuatro años de crecimiento. Y después continuará, porque el dinamismo exportador es la base y el fundamento de este crecimiento.

Entonces, ¿el tipo de cambio está atrasado respecto de la media? No. Es verdad que está un poquito abajo del promedio. Es un dato. Ahora, que esté abajo del promedio, ¿quiere decir que está atrasado? No. La Argentina recibió un mercado de cambios con una cantidad enorme de restricciones, cepo cambiario y otras restricciones. Se ha eliminado gran parte, casi la totalidad, lo cual no fue fácil y tomó muchas etapas.

Hay una política cambiaria que hoy nos muestra un tipo de cambio bastante estable. Creo que es correcto el plan de estabilización con el ancla fiscal, el ancla monetaria y el ancla cambiaria. Y hay un tipo de cambio que hoy se mueve dentro de bandas que se van abriendo y que nos van conduciendo a un mercado de cambios totalmente libre. En ese proceso, el tipo de cambio está en un lugar adecuado para una Argentina que tiene un dinamismo exportador que décadas atrás no teníamos.

No es común que cuando hay atraso cambiario haya superávit en cuenta corriente o superávit en la balanza comercial, donde las exportaciones superan ampliamente a las importaciones. Son indicadores que complementan la discusión. Por eso decimos: “¿Hay atraso?”. Bueno, sería un atraso raro con todos estos elementos. Nosotros no lo vemos.

Ahora, esto se conecta con la otra pregunta, que es la microeconomía. La Argentina recibió una situación de desequilibrio tanto macro como micro, una economía rota. En esa economía rota, la macro hoy está más ordenada. Lo podemos ver en las reservas, en la hoja de balance del Banco Central, en las cuentas públicas. Incluso podemos proyectar que la Argentina puede seguir teniendo superávit fiscal porque hubo una corrección del gasto público tan importante que hoy nos permite decir que lo que recaudamos en impuestos alcanza para financiar el gasto.

Eso es muy importante cuando hablamos de dominancia fiscal. El equilibrio fiscal con el equilibrio monetario y el equilibrio cambiario le da una solidez macro muy importante a la economía. Ahora, ¿qué es la micro? En la Escuela Austríaca de Economía decimos siempre que no existe tal cosa como micro y macro. La macro es la sumatoria de las micros. En la micro tenemos individuos, personas, familias, empresas, cada uno con sus situaciones personales, que se agregan para llegar a la macro de la que hablábamos.

Y la micro, por supuesto, tiene realidades distintas. Son heterogéneas porque la Argentina está recibiendo muchos shocks. Uno es el cambio en los hábitos de consumo. Antes comprábamos ropa en un comercio y hoy mucha gente compra por Internet. Eso hace que un comercio que antes vendía ropa solamente con las personas que entraban al negocio ahora tenga que vender de manera digital. Hay un cambio de hábitos que afecta a los comercios minoristas.

Otro shock tiene que ver con la inteligencia artificial y con toda la innovación que estamos viviendo. Lo está viendo el mundo entero. Y otro shock tiene que ver con el cambio de modelo: pasar de una economía cerrada a una economía abierta. En una economía cerrada, con tipo de cambio depreciado y alta inflación, hay un tipo de negocio. En una economía abierta y competitiva hay otro tipo de negocios.

Es cierto que una empresa de neumáticos como Fate puede tener dificultades. Fate vendía neumáticos a tres veces el precio de un neumático en cualquier otro lugar del mundo. Cuando uno abre la economía, hay 47 millones de argentinos que hoy pueden acceder a comprar un neumático al tercio del valor que pagaban antes. Pero en esta empresa trabajaban 900 familias que hoy pueden decirme: “Bueno, pero acá tenemos un problema real, porque estas familias ya no pueden seguir trabajando en Fate”. Es cierto.

Pero también tenemos una economía en la que 47 millones de argentinos compran neumáticos más baratos. Estamos viendo deflación en textiles, en alimentos y bebidas. Por momentos hay precios que bajan gracias a la importación. Lo estamos viendo en tecnología, lo estamos viendo en automóviles. Hay muchos precios que reciben presiones a la baja gracias a poder importar a precios competitivos.

Eso es muy importante tanto para bajar la inflación como para bajar la pobreza y la indigencia, porque hay gente que puede adquirir cosas a mejores precios que antes.

—Déjeme plantearle la contracara. Si empezamos a sumar todos los Fate que van quedando en el camino, esos 47 millones dejan de ser 47 millones. ¿El Gobierno calcula cómo absorber ese tránsito, qué impacto económico y político puede tener?

—Te lo tomo y es el gran debate. Llevar a una economía cerrada, populista, inflacionaria y pobre a una economía abierta y competitiva, que entendemos que a futuro les va a dar mayor calidad de vida a los argentinos, este camino es el gran desafío.

Capital Humano está llevando adelante políticas de contención. La AUH (Asignación Universal por Hijo) se duplicó desde el inicio del Gobierno y hay contención especialmente para los más pobres, para los más humildes, para quienes más sufren en este camino.

Fijate también en la tasa de desempleo. Algunos hacen comparaciones con los años 90. En los años 90 el desempleo saltó del 6% al 18%. Acá pasamos de alrededor del 7% a 7,9%, si recuerdo bien el último dato. Hay un desempleo que subió muy poquito. La tendencia muestra que la economía está atravesando una transformación muy grande sin un cambio significativo, en principio, en el agregado del desempleo.

—Pero está cambiando la matriz laboral. Trabajadores formales pasan a ser informales, dejan de tener contribuciones patronales y previsionales y tienen ingresos menores.

—Ahí viene la pregunta sobre la composición. Si miramos el agregado del desempleo, cambió poco. Y esto es muy importante porque la Argentina se está transformando, se está desafiando, está volviendo al mundo. Estamos viendo el despertar de la agroindustria, de la minería, de la energía, de las exportaciones pymes, de la economía del conocimiento.

Hay servicios profesionales que se exportan y hoy entran al país más de USD 10.000 millones por año gracias a todos esos servicios profesionales que estamos exportando al mundo. Podríamos seguir con otros sectores que tienen dinamismo. Pero al mismo tiempo existe esta situación de cambio, innovación y transformación, que no empezó con Javier Milei.

Cuando hablamos de informalidad o monotributistas, yo podría mostrar un gráfico donde los monotributistas vienen aumentando desde hace mucho tiempo. Llegó Javier Milei, los monotributistas ya venían aumentando y siguieron aumentando. Y eso tiene que ver también con una cuestión impositiva. El monotributista paga alrededor del 5% de Ganancias; las empresas pagan 35%.

Nos encantaría, como liberales de la Escuela Austríaca, que todas las empresas pagaran 5% de Impuesto a las Ganancias, poder bajar el IVA, eliminar el impuesto al cheque, trabajar con las provincias para eliminar Ingresos Brutos y bajar la presión tributaria. De hecho, el Gobierno nacional eliminó el Impuesto PAIS, bajó derechos de exportación, eliminó impuestos internos y otros impuestos. Pero falta mucho. Estamos a mitad de camino y no lo queremos hacer de tal manera que perdamos el equilibrio fiscal.

Sí proyectamos seguir bajando impuestos. Sí proyectamos una reforma tributaria, eventualmente, que quite o reduzca la mochila que hoy pagan los empresarios. Ahora, en el camino es cierto que hay más empleo informal. Ese mayor empleo informal hoy está dando una solución real en una economía que se transforma.

¿Cómo atacamos el problema de la informalidad? Con una ley de modernización laboral, que yo mismo como diputado nacional apoyé. Creo que es parte de la solución a la industria del juicio y a otros problemas. Creemos que va a ayudar hacia adelante. Pero es cierto que la composición del empleo cambió. Sin embargo, el desempleo sigue más o menos igual. Y otro dato importante es que, comparado con diciembre de 2023, hoy hay más de 500.000 puestos de trabajo adicionales en la Argentina.

Estamos viviendo estos shocks, esta coyuntura internacional concreta y estamos corrigiendo problemas heredados: enorme gasto público, sobreempleo público, déficit fiscal, presión tributaria, enorme burocracia y economía cerrada. Vamos resolviendo cuestiones que creemos que nos van a conducir a una Argentina mejor. Yo digo siempre: “Ya estamos en otra Argentina. Esta ya es una Argentina mejor”. Pero, por supuesto, falta mucho.

Cuando decimos que la pobreza bajó de más del 50% al 32%, que es el último dato, estamos hablando de millones de personas que salieron de la pobreza. Si miramos el dato entre niños, son millones de chicos. Si miramos la indigencia, estaba cerca del 20% y hoy ronda el 6%.

—Quiero que le hable al ciudadano de a pie. La oposición puede decir que está todo horrible y el Gobierno puede mostrar sus números, pero mucha gente no siente un salto abrumador en su calidad de vida. ¿La gente va a sentir realmente una mejora en el bolsillo? ¿En cuánto tiempo?

—Yo creo que la gente ya la está sintiendo y explico por qué. Todo depende de con qué comparamos. Cuando Milei asumió, el tipo de cambio estaba en alrededor de 360 pesos. Y el primer paso fue un sinceramiento del tipo de cambio, que subió 118%, para terminar con la brecha cambiaria, con los múltiples tipos de cambio y con otras distorsiones.

Esto es como una olla hirviendo con mil problemas. Sergio Massa, como ministro de Economía, se ocupó de contener la tapa para que el país no explotara. Y acá llegó un Presidente que levantó la tapa y sinceró la economía. Y ahí hubo una situación en la cual cayó el salario real, que en realidad es donde nos había dejado el kirchnerismo con esos niveles de inflación del 211%.

Desde ese punto del pozo en el que nos dejaron, la Argentina pegó un salto de recuperación. Eso lo vivimos en el segundo semestre de 2024 y en gran parte de la primera parte de 2025, hasta que entramos en una meseta por este ataque político en el cual, con enorme irresponsabilidad fiscal en el Congreso, se aprobaron proyectos que eran muy difíciles de financiar. Eso tuvo impacto, incluso sobre el salario real.

Después empezamos a ver una recuperación nuevamente y nosotros creemos que va a continuar. Si miramos los niveles de actividad económica, tenemos niveles récord. Si miramos exportaciones, más de USD 100.000 millones por año. Si miramos consumo agregado, estamos muy bien. Ahora, si hablamos del hombre de a pie, antes iba al supermercado y había faltantes en todos lados. Había precios máximos, controles de precios, góndolas vacías en muchos supermercados. Hoy los productos volvieron.

Había productos importados que ya no se conseguían y nos dejaron una deuda de USD 50.000 millones con importadores. Eso lo tuvo que resolver este Gobierno. Entonces hay soluciones reales que la gente ve. De hecho, cuando tuvo que votar en octubre del año pasado, se expresó masivamente a favor de Javier Milei. Independientemente de las críticas que pueda presentar hoy la oposición, cuando la gente tuvo que votar en las últimas dos elecciones apoyó estas ideas del presidente Javier Milei. Y nosotros creemos que eso va a seguir siendo así porque hay una mejora contundente respecto del pozo.

No niego que estemos sufriendo, en este contexto actual, una situación compleja que pasa a nivel global. Hay dificultades. Pero sí creemos que, de la mano de la baja de la inflación, con el último dato en 1,7%, la recuperación de los salarios reales está ocurriendo ahora. Llevamos tres meses en los cuales la suba de salarios le gana a la inflación y creemos que esto va a continuar.

—El propio Presidente y Luis Caputo plantearon que las mediciones de actividad económica estaban dando cualquier cosa. ¿Por qué para algunas cosas los números oficiales sirven y para otras el Gobierno los cuestiona cuando son negativos?

—El Presidente no está diciendo que los datos no muestran la realidad y que hay que dejarlos de lado porque ahora sean negativos. Eso no es lo que pasó. Esto tiene que ver con la estacionalidad. Al cambiar la matriz productiva, con el despertar de la energía y de la minería, la estacionalidad de la producción argentina cambió. Doy este ejemplo: si miramos la agroindustria, entre marzo, abril y julio son los meses en los cuales históricamente ingresan más divisas al país. Eso lo sabemos porque es algo histórico y estructural de la Argentina. Hoy está aumentando la entrada de divisas durante los meses siguientes gracias a la energía y a la minería.

Eso quiere decir que cambia la estacionalidad de la matriz productiva porque ahora somos capaces de generar divisas con nuevas industrias. Hay que sumar las pymes, la economía del conocimiento y otros sectores. Cuando uno mide los datos desestacionalizados actuales y los compara con un año atrás, donde la estacionalidad era distinta, puede ocurrir que no estén mostrando fielmente lo que está pasando. ¿Significa esto que el INDEC va a cambiar los datos? No. No hay ningún cambio metodológico anunciado por ahora. Pero a futuro, cuando estemos en 2027 y comparemos con 2026, si la estacionalidad no cambia, los datos podrán mostrar una realidad más comparable.

Inversiones, DNU 70 y el debate por la Ley de Tierras

—Hay anuncios de inversiones multimillonarias, USD 100.000 millones, USD 150.000 millones, cifras muy grandes vinculadas al RIGI. Pero después aparecen estadísticas internacionales donde Argentina figura muy atrás en inversión extranjera. ¿Qué está pasando?

—Es muy bueno que me lo preguntes porque hay que aclararlo. En primer lugar, si miramos el RIGI, entre lo aprobado y lo que se está por aprobar se habla de alrededor de USD 200.000 millones de inversión. Esto lo explica muy bien José Luis Daza, secretario de Política Económica del Ministerio de Economía de Argentina, que conoce muy bien todos estos procesos.

Hay alrededor de un 10% de la inversión que está entrando este año y hay un 90% que irá entrando durante los años siguientes. Esta es la dinámica de la minería y de la energía. Son inversiones que van llegando gradualmente. Entonces, van a llegar con el correr de los años. Hoy tenemos una pequeña parte que ya está entrando en 2026. Otra parte va a entrar en 2027. Una parte mucho mayor va a entrar en 2028 y así se van desarrollando estos proyectos y se van concretando las inversiones.

Ahora, cuando miramos el dato de los dólares que entraron por inversión extranjera directa, la realidad es que venimos de mucho tiempo de economía cerrada y de muchas complejidades, especialmente las restricciones cambiarias. Empresas que habían invertido en Argentina y querían pagar dividendos a sus casas matrices no podían hacerlo. 2026 es el año en el que más capitales salieron para pagar dividendos a casas matrices.

—¿Y eso es bueno?

—Es bueno porque es respetar los derechos de propiedad. Si vos le decís al mundo: “Miren, vengan a invertir a la Argentina, traigan capitales, pero cuando se los quieran llevar no van a poder”, nadie va a venir a invertir. Esa fue la Argentina anterior a Javier Milei. Esta Argentina te está diciendo: “¿Querés venir a invertir? Lo podés hacer. Podés traer capitales, podés invertir en minería, en energía, en agro, podés comprar tierras, podés invertir”.

Es el espíritu de Las Bases de Alberdi: que los extranjeros vengan, cumplan las mismas normas que los argentinos, paguen impuestos como los argentinos y puedan hacerlo en libertad.

Ahora, si te querés llevar la ganancia, obviamente preferimos que reinviertas y vamos a generar todos los incentivos para que sigas apostando a la Argentina. Pero si en algún momento querés llevar dividendos afuera, es la lógica de todos los negocios y debería poder pasar. Si queremos recuperar la confianza del mundo diciendo “Argentina está de pie, Argentina es un país creíble que respeta los contratos”, tenemos que permitirlo. Por eso me parece muy bien que Argentina esté recuperando esto.

Es una más de las herencias negativas que dejó el Gobierno anterior, que es el cepo: empresas que tenían capitales atrapados y no podían llevárselos. Hoy, cuando miramos el dato total de inversión extranjera, está “neteado” de todos esos capitales que durante muchos años no se pudieron llevar y ahora se están llevando.

Eso nos da un dato que puede parecer negativo, pero en realidad significa que estamos resolviendo un problema heredado y dando previsibilidad, confianza y credibilidad.

—El kirchnerismo diría que dejar salir esos dólares es un horror.

—Pero son capitales de ellos. Son empresas que apostaron por la Argentina, invirtieron en algún momento y cuando llegó la hora de llevarse los dólares, apareció un Guillermo Moreno o algún ministro, y decidió que era mejor que ese capital se quedara acá por la fuerza.

¿Y qué implicó eso? Que para adelante nadie quiera invertir en la Argentina porque nadie quiere entrar a un lugar del cual después no puede salir. Es un mensaje muy negativo. Nosotros estamos tratando de resolver un problema heredado, respetando la propiedad privada, respetando los contratos y respetando el Estado de derecho.

—El Gobierno atravesó fuertes problemas políticos en 2025 y ahora enfrenta shocks internacionales. Estamos entrando además en un año electoral. ¿Está preparado para surfear las dos cosas al mismo tiempo?

—Los shocks externos ocurren y el equipo económico construyó una solidez macroeconómica con equilibrio fiscal, con superávits gemelos, con reservas, con swap chino, con swap de Estados Unidos, con futuros, con un diálogo muy cercano con Estados Unidos y con una cantidad de herramientas que permiten surfear la ola. En ese sentido estamos preparados.

No quiere decir que los shocks externos no vayan a impactar. Pero no van a generar lo que generaban en otro tiempo, cuando teníamos una economía inflacionaria, cepo cambiario y cantidad de restricciones, donde cualquier shock realmente podía destruir la economía argentina. Hoy somos muy sólidos en lo macro.

Y si vamos a la composición del Congreso y la comparamos con lo que pasó antes de la elección de octubre de 2025, gracias a un electorado que apoyó a Javier Milei la composición cambió por completo. Nosotros sabemos que los kirchneristas van a querer romper el modelo. ¿Cómo lo pueden romper? Rompiendo el DNU 70/23. Esto es un punto muy importante. Están queriendo romper un decreto que derogó una cantidad enorme de leyes, como la Ley de Alquileres, y que dio una cantidad enorme de soluciones a muchísima gente en distintos temas.

Ahora, si nos quitan ese decreto, se nos cae una buena parte del modelo y sería un problema. Pero en el Congreso hoy la composición es otra. Tenemos 95 diputados nacionales, una cantidad de senadores y también tenemos aliados. Hay muy buen diálogo con los gobernadores, que se pudo ver en la Argentina Week en París. Más de la mitad de los gobernadores acompañó. Esto es un símbolo muy importante, un mensaje histórico: un Presidente junto con más de la mitad de los gobernadores, yendo a buscar inversiones para traerlas a la Argentina. Hay diálogo.

Con lo cual, esta idea del kirchnerismo de romper yo creo que no va a ocurrir, porque el kirchnerismo está más débil. Y está más débil porque la gente ya eligió otra cosa. Por eso incluso el ministro Caputo se ha puesto muy optimista para adelante.

—Caputo habló de que Axel Kicillof es “el anticristo” y que el kirchnerismo es “el infierno”. Por lo que usted está diciendo parece bastante en sintonía. ¿Tiene la misma mirada? ¿Axel Kicillof es el anticristo?

—Fui alumno de Axel Kicillof en la Universidad de Buenos Aires. Él enseñaba Economía Marxista. En la Universidad de Buenos Aires cursás Historia del Pensamiento Económico I, que es una materia obligatoria, y después podés cursar materias optativas. Una de ellas era Historia del Pensamiento Económico II con orientación en economía marxista. El profesor era Pablo Levín y el adjunto era Axel Kicillof. O sea que Axel Kicillof me enseñó a mí El capital de Marx. Yo puedo decir con certeza que él, por lo menos en su formación, es marxista y tiene una posición comunista. Tiene una posición contraria a los derechos de propiedad, a la libertad individual, a la economía de mercado y al gobierno limitado. Claramente está en las antípodas de Javier Milei, en mi caso también y de este Gobierno.

Axel Kicillof gobierna como gobierna. Muchos lo ven como candidato. Yo no sé. Realmente hay divisiones, hay internas, es otro partido político y nosotros no nos metemos en eso. Pero es cierto que él propone y defiende mucho de lo que ocurrió hasta 2023 y nos dejaron en el infierno. Tener más de la mitad de la población en la miseria como nos dejaron, o tener más de 200% de inflación, es producto de esas ideas en las que él cree. Eso tiene que quedar claro.

Ahora, ¿la gente va a querer volver a eso? Nosotros creemos que no. Lo demostró en las últimas dos elecciones y lo va a volver a mostrar en 2027.

—Hay encuestas que muestran a Axel Kicillof o a Cristina Kirchner incluso por encima de algunas figuras del Gobierno.

—No es lo que nosotros vemos.

—No me termina de responder si coincide con que Axel Kicillof es “el anticristo”.

—Es una palabra. Sí puedo decir que es una persona que entiende la economía de una manera totalmente contraria a este Gobierno y, como dije, esas ideas llevaron a la Argentina al infierno, al que creo que la mayoría de los argentinos no va a querer volver.

—Volvamos al DNU 70. Usted dijo que el kirchnerismo quiere romper el modelo. ¿Cree que van a poder resistir la ofensiva del kirchnerismo y de otros sectores de la oposición para voltear el decreto?

—Soy optimista de que no lo van a poder voltear. Creo que hay una buena cantidad de legisladores que se van a oponer y no debería ocurrir. En conferencia de prensa, hicimos una editorial donde hablamos de todo el contenido del decreto. Está la Ley de Alquileres y hay cantidad de temas. Son muchas leyes derogadas con mucho impacto.

—Pero si ocurriera, ¿se rompería el modelo?

—El modelo tiene muchos elementos, pero creo que este decreto impacta en muchísimos temas. Por eso considero importante defenderlo. Y respecto de cuáles serían las acciones a seguir en esa hipótesis, prefiero no adelantarme porque realmente creo que no va a ocurrir.

—El debate sobre el DNU se reavivó con la decisión de la Corte sobre la Ley de Tierras. ¿La Corte metió al Gobierno en un lío?

—Lo más importante en este tema es que la Constitución Nacional defiende, desde los orígenes de nuestro país y desde Las Bases pensadas por Juan Bautista Alberdi, una idea que este Gobierno comparte: si un extranjero quiere comprar tierras en Argentina, lo puede hacer.

Nuestros abuelos, en general, vinieron de Italia, España, Turquía y otros países y pudieron trabajar, emprender, comprar propiedades, comprar tierras e invertir. No veo un problema en eso. Hay toda una confusión en torno a la pérdida de soberanía.

—¿Sin límites?

—Bueno, esa es la discusión. El punto es que ningún Estado extranjero, de acuerdo con la ley que plantea este Gobierno, puede comprar una tierra en Argentina. Ahora, un extranjero individual, una persona o una empresa sí lo puede hacer. Si lo hace, tiene que pagar impuestos, respetar el Estado de derecho, cumplir nuestras normas y leyes, desarrollar actividades productivas, contratar y generar empleo.

—Repito la pregunta: ¿sin límites?

—Creo que no debería haber límites en cuanto a cantidad de kilómetros o proporcionalidad. No veo un problema en ese límite.

—¿Y las cuestiones de frontera?

—Eso tiene otra ley que protege la frontera. Ahí por ahí habría que traer a un especialista en la temática. Pero hay que explicarlo con claridad. En Argentina el subsuelo está protegido. Lo que hay en el subsuelo, el petróleo y la minería, pertenece al Estado, a las provincias.

Entonces, si una empresa extranjera compra una tierra, puede hacer lo que corresponda en la superficie. Puede tener vacas, producir frutas o realizar actividades productivas. Pero si debajo hay petróleo, ese petróleo corresponde a la provincia. Supongamos que una empresa compra una tierra en Santa Cruz: el petróleo corresponde a Santa Cruz.

Si esa empresa extranjera quiere explotar el petróleo que está abajo, no puede hacerlo simplemente porque sea dueña de la superficie. Tiene que pagar regalías a la provincia, hacer acuerdos y cumplir la legislación. Lo mismo ocurre con la minería. Si alguien compra una tierra atravesada por un río y quiere hacer una represa, tampoco puede hacerlo porque existe legislación que protege ese río.

Si compra una zona de frontera, tampoco puede hacer lo que quiera porque existen normas de seguridad nacional. Este Gobierno, además, fortaleció mucho la idea de seguridad nacional y de defensa. Entonces es importante entender todo esto porque se generó mucho cuestionamiento bajo la idea de que si los extranjeros vienen y compran tierra sin límites estamos vendiendo la soberanía. Eso es falso. No están en juego por esa compra los recursos renovables o no renovables de la Argentina.

—¿El Gobierno va a impulsar un proyecto concreto sobre tierras después de que tuvo que sacar ese capítulo del proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada porque se quedó sin apoyo de los aliados?

—La Argentina tenía un serio problema con la propiedad privada hasta diciembre de 2023. Este Gobierno está tratando de fortalecer la inviolabilidad de la propiedad privada. Para lograrlo tenía cinco proyectos. Se aprobaron tres. Uno puede decir: “Qué desastre, el Gobierno perdió”. Bueno, en realidad se aprobaron tres de cinco. Uno de los dos que no salieron fue la Ley de Tierras. A mí me preocupa que no haya salido.

—Pero le pregunto si van a impulsar nuevamente un proyecto concreto.

—Eso ya depende de la mesa política.

Universidades, discapacidad y la agenda de la oposición

—La Justicia le ordenó al Gobierno aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. El Gobierno anunció que va a apelar. ¿Qué va a pasar con las universidades?

—Insisto: la educación es prioridad para este Gobierno. No es cierto que haya una animosidad negativa del Presidente con las universidades. Recordemos aquella campaña de “va a cerrar las universidades”. No se cerró ninguna. No estamos en contra de las universidades públicas. Esto es importante repetirlo porque pareciera que existe esa idea y no es cierto.

Segundo, recibimos una Argentina quebrada, donde había un déficit fiscal monumental, enorme, y hubo que hacer una corrección del gasto para que la Argentina sea creíble, tenga esta solidez macroeconómica, una inflación en baja y un dólar estable. Hubo una reducción del gasto público de alrededor de 15 puntos del PBI.

Ahora, si uno mira el gasto en universidades en relación con el gasto público total, es el mismo porcentaje que era en diciembre de 2023. O sea, no hubo para las universidades un recorte adicional al que hubo en otros servicios. Hubo un aumento del 24% para los docentes universitarios y hubo una propuesta reciente de otro aumento del 3%. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se reunió con los gremios en una reunión que va a continuar. Y existe una Ley de Financiamiento Universitario que tiene una polémica central.

La Constitución y las normas argentinas dicen que cuando uno aprueba un proyecto de ley tiene que decir cómo lo va a pagar. Yo no puedo plantear desde el Congreso: “Quiero que el Ejecutivo pague cualquier gasto”, sin decir cómo lo voy a financiar. Entonces, esta ley, desde nuestro punto de vista, está viciada. Ese es el planteo que el Ejecutivo lleva a la Justicia. El Congreso me pide algo, pero no me dice cómo lo voy a hacer.

¿Quieren volver a emitir moneda? No lo vamos a hacer. ¿Quieren que tomemos deuda? Eso nos puede llevar nuevamente a una crisis de deuda. Tampoco lo vamos a hacer. Entonces se le pide a la Justicia que analice la situación y que el Congreso vuelva a evaluar y diga cómo se va a financiar ese proyecto de gasto. La ley está interrumpida.

Es verdad que hay una cautelar que pide que se paguen salarios y estamos cumpliendo con esa cautelar. No hay ningún incumplimiento de ninguna ley de financiamiento universitario al día de hoy.

—Pero ahora el juez directamente les está diciendo que la apliquen.

—El juez vuelve a pedirlo y vuelve a haber una instancia judicial. La situación hay que ver hasta dónde llega. Acá hay un problema fiscal serio, hay un intento político de la oposición de romper el equilibrio fiscal y hay un Gobierno que le pide a la Justicia que interceda. En el medio de esa disputa no hay un incumplimiento de la ley. La disputa continúa, hay nuevas instancias y veremos qué pasa.

Pero en el medio existe una intención del Gobierno de seguir ayudando a los profesores universitarios, cumplir con la cautelar y dar aumentos para que los salarios docentes mejoren. Y agrego un dato importante: el Presupuesto 2027 proyecta un aumento del 55% para las universidades, muy por encima de la inflación proyectada.

—Con discapacidad ocurre algo parecido. El oficialismo presentó un proyecto y la oposición sostiene que no están garantizadas las partidas. ¿Qué responde?

—No hay respuestas cortas a estos temas porque son muy sensibles. Hay que entender de dónde venimos. El kirchnerismo hizo un uso político de la discapacidad y entregó cantidad de pensiones no contributivas y asignaciones por discapacidad.

—Es cierto que hubo irregularidades, pero el Gobierno lleva más de dos años y medio y tampoco pudo completar una auditoría integral en tiempo y forma.

—El Gobierno avanzó mucho en esta materia. Les pidió a las personas con discapacidad que se presentaran ante ANSES para mostrar su situación, presentar documentación y poder verificar todos los casos, justamente por las irregularidades que se arrastraban de tiempos del kirchnerismo. Ese proceso continúa. No es sencillo.

Muchas veces uno tiene el domicilio de una persona determinada, va a ese domicilio y encuentra un terreno baldío. Entonces, ¿cómo puedo auditar esa cuestión? Uno podría decir: “Bueno, que vengan al ANSES”. Se mandan cartas y hay gente que no se presenta. Entonces aparece otra dificultad. ¿Qué hago? Si le quito la asignación y realmente esa persona merecía la asignación, tenemos un problema. Pero al mismo tiempo los domicilios no son correctos y hay dificultades concretas para localizar a esas personas.

La gente de ANSES lo podría explicar con más detalle, pero realmente no es sencillo y se avanzó mucho en ordenar esta situación. Ahora, desde que Javier Milei es Presidente, ninguna persona con discapacidad perdió el derecho a la asignación por ser una persona que verdaderamente tiene derecho a recibirla. Y está garantizado de acá para adelante que esas personas van a seguir teniendo el derecho.

Hay un debate respecto de la actualización. La actualización de acá a diciembre va a ser de acuerdo con la inflación. Si el IPC muestra 2% de inflación, habrá una corrección del 2%.

—Hay una queja muy grande y extendida entre los prestadores.

—Hay un debate abierto para 2027. Y ese debate lo va a resolver el Congreso y el Ejecutivo tendrá que hacer lo que diga el Congreso. El debate está abierto y hoy no puedo decir mucho más.

—Los prestadores dicen que les pagan mal, poco y tarde.

—Ha habido situaciones de demora de pagos. Pero el Gobierno, entiendo por lo que me han informado, está al día con los pagos. Las demoras tienen que ver también con esto: este Gobierno no emite moneda para financiarlas, sino que está permanentemente reasignando partidas y tratando de resolverlo.

—Universidades, discapacidad y Ley de Tierras son temas recurrentes de los que el Gobierno no logra despegarse. ¿Hicieron algo mal en esas tres cuestiones?

—Yo creo que son las cartas que tiene la oposición para tratar de imponer una agenda que oculte un poco que hemos bajado la pobreza prácticamente a la mitad, que hemos bajado la indigencia a la tercera parte, que hemos bajado la inflación y que la inflación dejó de ser el principal problema en la agenda del hombre de a pie.

Hemos abastecido nuevamente los supermercados para que tengan cantidad de productos. Hemos abierto la importación de maquinarias usadas que permiten mejorar la productividad de las empresas. Hemos logrado acuerdos de libre comercio para que nuestra producción, nuestra carne y nuestros vinos puedan colocarse en el mundo. Creo que es una manera política de poner determinados temas en agenda.

—¿Entonces ni en universidades, ni en discapacidad ni en Ley de Tierras cree que el Gobierno hizo las cosas mal?

—Creo que no. Justamente hubo un aumento del 24% en los salarios de los docentes universitarios y la proporción que hoy se asigna a las universidades respecto del gasto público total es la misma que históricamente se asignaba.

—La Iglesia también está poniendo el foco en tierras, discapacidad y pobreza. ¿Sienten que se está poniendo más crítica con el Gobierno, sobre todo a un mes de la llegada del Papa?

—Estamos felices de recibir al Papa. Es una fiesta para todos los argentinos. Hubo una declaración de un funcionario que aclaró que hablaba como católico, lo hizo desde su red personal y no desde una cuenta institucional. No es la posición del Gobierno decir: “Estamos cuestionando a la Iglesia por tal o cual cosa”. Nosotros respetamos la libertad de expresión de todos y especialmente de la Iglesia.

Se entiende perfectamente que la Iglesia ponga el foco en la pobreza. Un tercio de los argentinos vive por debajo de la línea de pobreza y es un dato real. Ahora, teníamos a más de la mitad de los argentinos viviendo debajo de la línea de pobreza. Hemos sacado a millones de personas de la pobreza, pero la situación sigue siendo grave y la Iglesia tiene que poner el foco ahí. Seguramente el Papa también lo hará.

—¿Siente que la Iglesia no reconoce esa mejora?

—No escuché a nadie negar que la pobreza haya bajado. En todo caso, seguimos planteando que una pobreza del 32% es muy alta bajo estándares globales y para una Argentina tan rica como esta. Pero nosotros creemos que el camino es el correcto y que estamos haciendo las cosas bien para seguir bajándola.

Patricia Bullrich, la reelección y la relación con los medios

—Patricia Bullrich viene mostrando diferenciaciones y fue crítica con algunas decisiones del Gobierno. En discapacidad, por ejemplo, dijo que no había que generar provocaciones. ¿Está haciendo un camino autónomo? ¿Es parte del Gobierno? ¿Cree que puede enfrentar al Presidente?

—Por supuesto que es parte del Gobierno. Y acá uso la frase del Presidente: “Los liberales no somos manada”. Nos parece normal que una persona dentro del Gobierno pueda manifestar algún punto de vista sobre alguna cuestión que no comparte con el Gobierno. Puede pasar. No nos genera preocupación.

Yo participo de la reunión de Gabinete y la senadora también. El apoyo al Presidente es total respecto de la búsqueda de una reelección. Patricia Bullrich trabaja para que Milei sea reelecto. Realmente le preocupa que la oposición y el regreso a 2023 pudieran ocurrir. Es algo que nos preocupa a todos porque sería volver al infierno, usando la palabra del ministro. Entonces, trabaja y lo hace de buena fe, con su punto de vista.

Ahora, coincidir al ciento por ciento no es algo liberal. Yo tuve problemas con el Presidente en el pasado por debatir cosas y es perfectamente normal. En una reunión de Gabinete unos pueden mostrar distintos puntos de vista y eso se respeta. Yo sé que para los medios que una persona del Gobierno diga algo crítico puede ser una oportunidad de hablar de divisiones, problemas y aventurar cantidad de cosas.

Para este Gobierno, que una persona tenga un punto de vista diferente sobre alguna cuestión puede ocurrir. Se convive con ello, se toma en cuenta y se dialoga. Pero eso no quita que Patricia Bullrich trabaja para que el Presidente sea reelecto.

—Ella viene hablando de la reelección del proyecto. No dice necesariamente “la reelección de Javier Milei”.

—Ella quiere que este proyecto continúe y entiende que Javier Milei es el mejor líder para este proyecto liberal, en el cual venimos teniendo tremendos resultados.

—Usted tiene una tarea compleja todas las semanas: ser la voz del Presidente frente al periodismo. ¿Cómo es esa experiencia?

—Pienso que ha mejorado mucho. En la sala, por lo menos, cuando yo llegué había una situación de confrontación. Creo que hoy hay mucho respeto. Yo lo pedí desde el primer día. Dije: “Yo vengo acá a responder preguntas”. Hay sorteos para ver qué periodistas van a preguntar. Respetamos las reglas que ellos quisieron y que ya tenían. Y existe un ida y vuelta muy respetuoso que todos los martes se puede ver en las redes.

—Hablo también de la relación general del Gobierno con los medios y, específicamente, de las críticas e insultos del Presidente contra algunos periodistas. Usted es quien después tiene que sentarse frente a ellos.

—Cuando el presidente Javier Milei responde cuestionando a un periodista lo hace porque observa algún tipo de operación o alguna mentira. No es porque un periodista de buena fe quiera cuestionar algo del Gobierno o tenga algún contrapunto con el Gobierno. Eso se respeta. Si hay buena fe, se respeta.

El problema es cuando hay una operación, cuando hay una mentira que realmente puede tener impacto. El caso más ejemplar que puso el propio Presidente fue cuando se habló de la salida de Toto Caputo en una Argentina donde la solidez macroeconómica es tan importante. Imaginate una salida del ministro de Economía. Puede tener impacto en los mercados. Y si esa versión sale de determinados medios con mucha llegada, puede impactar negativamente en los mercados y comprometer al Gobierno.

Entonces, ¿por qué lanzar ese tipo de ideas que no sabemos de dónde salen, que son mentiras, que son operaciones mediáticas y que pueden generar un daño no solamente al Gobierno sino también a la gente?

Yo digo que cuando Milei insulta y se enoja es porque le importa. Él pateó el tablero en una Argentina que estaba en la miseria porque realmente había que hacer algo. Y la gente confía en él porque, con su manera de expresarse, le hizo llegar que está del lado de la gente. Está gritando y pataleando cuando ve operaciones de mala fe porque entiende que, en definitiva, eso puede impactar en la gente y generar más pobreza.

Si alguna operación impacta en el tipo de cambio y tenemos una devaluación, eso le impacta a la gente y la empobrece. Entonces, no está bien que eso ocurra.

—Pero vocero, si una nota de un periodista puede hacer saltar el tipo de cambio, eso parece hablar más del Gobierno que del periodista.

—Generar temores respecto de la salida del ministro por una especulación periodística tiene costos. Tiene costos sobre la persona. Tiene costos sobre su familia. Tiene costos sobre su reputación. Tiene costos laborales en muchos casos. Ahora, ¿el periodista es consciente de todo lo que nos está haciendo cuando nos opera? A mí me pasa.

—¿Con qué?

—Con las operaciones que hicieron al inicio. ¿Cuántas veces me echó Karina Milei a mí de la Casa Rosada según lo que dice la prensa? Todo eso tiene costos para nosotros. Milei lo que hace es decir: “Bueno, si este periodista nos va a generar estos costos, le vamos a generar un costo al periodista y vamos a exponerlo con esta mentira y con esta operación”.

—Pero podría hacer exactamente lo mismo sin insultar. Podría decir: “Está mintiendo por esto, esto y esto”.

—De nuevo, yo creo que los insultos del Presidente aparecen porque hay una persona que les hizo llegar a los argentinos que está del lado de los argentinos de a pie y que realmente insulta porque le importa. Otros, con los buenos modales, se quedarán en otros lugares. Pero él realmente se está poniendo de pie en una Argentina para decirnos que quiere cambiarla en favor del hombre de a pie.

La construcción política de La Libertad Avanza en La Pampa

—Además de vocero, usted tiene un rol político en La Libertad Avanza en La Pampa. ¿Va a ser candidato a gobernador?

—Lo que pedimos hacia adentro de la provincia de La Pampa, y también en otras provincias, es que tengamos paciencia. Todavía estamos lejos de cerrar candidaturas y hay mucho por trabajar. Entonces no está bueno adelantar tanto esa cuestión. Es una posibilidad, pero hay otras también. Se sigue dialogando y se sigue trabajando internamente.

Ahora, sí hemos logrado juntar los miles de afiliados que necesitábamos para tener un partido. Tenemos reconocimiento oficial. Definimos los congresales del partido. Hicimos un congreso donde se eligieron autoridades y me acaban de nombrar nuevamente presidente de La Libertad Avanza en La Pampa. Hay una mesa ejecutiva trabajando. Tenemos cientos de personas trabajando en mesas técnicas. Tenemos una escuela de formación política para enseñar ideas generales. Estamos construyendo todo un espacio.

—En La Pampa el PRO está por un lado y La Libertad Avanza por otro. Para poder ganarle al peronismo probablemente necesiten estar todos juntos.

—Sabemos bien que las chances de ganar la gobernación aumentan si logramos construir un frente común, con ideas claras. Se está trabajando en eso. Estamos dialogando con todo el frente opositor. Hay mucho por trabajar. Por eso digo que hablar de quién va a ser candidato tan temprano, cuando tenemos tanto diálogo y tanto por avanzar, no corresponde todavía.

—Pero, ¿le gusta la idea de ser gobernador?

—Es una posibilidad. Pero realmente me metí en política para acompañar al Presidente. Y el mensaje que doy es que voy a estar donde el Presidente quiera.

—¿Van a volver las milanesas entre Milei y Mauricio Macri? ¿Va a haber acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO?

—Se está dialogando y se está dialogando muy bien. Pero no puedo adelantar mucho más. No lo sé. Es algo que está en la mesa política y, cuando haya definiciones y acuerdos concretados, serán comunicados.

—¿Y las PASO?

—Las PASO siempre fueron una mala idea para el presidente Milei. Lo fueron durante la campaña y está haciendo todo lo posible para que no sigamos gastando dinero en las PASO porque creemos que no corresponde. Somos optimistas.

Como tantos otros proyectos de ley que van a pasar por el Congreso, creemos que va a salir. Este es el Congreso más reformista de la historia. A mí me tocó trabajar ahí un poco más de seis meses. Hemos sacado cantidad de leyes, como la modernización laboral, que eran muy complejas y lo logramos. El tema de la Carta Orgánica del Banco Central es central. Hay muchos temas que van a salir. Somos optimistas de que los aliados nos van a acompañar.

El Congreso vuelve a girar sobre temas irresueltos. El oficialismo dedica sus principales esfuerzos en Diputados a desarticular la sesión motorizada por espacios opositores con la intención de bajar el famoso DNU 70, que entre sus muchos artículos incluyó la derogación de límites a la compra de tierras por extranjeros. Y a la vez, teje para armar una sesión que incluya su proyecto sobre Discapacidad, después del descalabro provocado por el propio Ejecutivo con el texto del Presupuesto 2027. En los dos casos, se trata de cuestiones con repercusión e ingredientes que superan a la política.

Los dos temas, además, fueron repuestos por la oposición, en un contexto más amplio que, de mínima, incomoda al Gobierno. La reposición del debate sobre la ley de Tierras fue gatillada por una decisión de la Corte Suprema de Justicia, al dejar sin efecto el amparo promovido por un grupo de ex combatientes de Malvinas que frenaba el artículo específico del referido Decreto de Necesidad y Urgencia. Y el nuevo capítulo sobre un área tan sensible como la discapacidad añade, de manera creciente, mensajes de la Iglesia cuando falta poco más de un mes para la visita del papa León XIV.

La más reciente señal de la Iglesia acaba de producirse y fue transmitida de manera directa al Gobierno. La semana comenzó con un encuentro entre funcionarios del Ministerio de Salud y representantes de la Conferencia Episcopal Argentina, en especial integrantes de la Pastoral Social y, dentro de esa comisión, del área de discapacidad. Desde el Gobierno dejaron trascender que no se trató del primer contacto. La convocatoria, de todos modos, fue anunciada formalmente por canales de la Iglesia.

El diálogo fue calificado como cordial. Los funcionarios recibieron un documento con planteos vinculados a la situación de “muchas familias y numerosas instituciones vinculadas con la discapacidad que están atravesando momentos particularmente difíciles”. No es poco en letra eclesiástica. La reunión fue evaluada como una señal positiva, aunque con una consideración que resumiría las urgencias: “Los gestos solos no alcanzan”.

Por supuesto, el hecho en sí mismo tiene vínculo directo con la visita del Papa y la relación del Gobierno con el episcopado local. El oficialismo viene haciendo esfuerzos para evitar la exposición de su malestar frente a los señalamientos sobre la situación social. Sin embargo, no oculta los cuestionamientos por la vía del trascendido. Y a la vez, potencia algunos temas, como el de la discapacidad, al dejar circular disgusto sobre la visita al Cottolengo Don Orione en el primer día de la actividad pastoral.

Esa señal no pasó inadvertida para nadie. El arzobispo de Córdoba, cardenal Angel Rossi, dijo en recientes declaraciones que León XIV encontrará una Argentina “cascoteada” en el plano social, lamentó mensajes políticos “triunfalistas” frente a ese cuadro y relacionó -como gesto a los sectores vulnerables- la visita al Cottolengo Don Orione con el viaje a la isla de Lampedusa realizado por Francisco para expresar solidaridad con los migrantes. Allí también estuvo su sucesor.

Con todo, los mayores enojos del Gobierno tienen como centro al arzobispo de Buenos Aires. Jorge García Cuerva habló de una “Argentina herida” por la intolerancia y “donde duele un porcentaje muy alto de hermanos que la están pasando mal”. Reiteró algunos de esos conceptos en la misa que coronó la peregrinación a Luján. La reacción libertaria fue visible en redes sociales. La casi totalidad de funcionarios mantuvo el silencio. Salvo Luis Caputo, que retuiteó un mensaje de Felipe Núñez, asesor suyo y director del BICE, que dijo estar “cansado de este tipo” y agregó: “Menos política y más predicar la palabra de Dios, Cuerva”.

En ese contexto, y después de buscar un acuerdo con aliados y dialoguistas para dejar de lado el duro ajuste incluido en el Presupuesto, el bloque de LLA buscará imponer en el recinto su proyecto sobre discapacidad. El punto es cuándo tratarlo y, más aún, cómo jugarlo en la pulseada para desarmar la convocatoria a sesión especial impulsada por espacios de la oposición en Diputados.

De hecho, está planteada una especie de contrapunto de sesiones. La oposición decidió motorizar la suya, para el jueves 15, con foco en la ley de tierras, pero añadió al temario otros dos puntos: discapacidad y morosidad (endeudamiento familiar). Parece realmente difícil el acompañamiento de legisladores alineados con sus gobernadores para voltear el mega DNU del 2023. Los cálculos opositores indican hasta ahora que no cuentan con número para lograr quórum.

El impacto de la decisión de la Corte que repuso del tema de la ley de Tierras -significativo incluso socialmente- y el añadido de la movida opositora alcanzaron para que el oficialismo se pusiera a estudiar alternativas propias para bajar o neutralizar el artículo 154 de aquel decreto presidencial. Y para completar, apuntó a despegarlo del resto de los debates pendientes, entre ellos los motorizados por bloques de la oposición.

En esa línea, buscarían una sesión para el 21 de este mes, con un temario que colabore a “vaciar” la convocatoria opositora. De esta manera, el oficialismo incluiría morosidad y Discapacidad, junto al proyecto sobre biocombustibles, que viene del Senado, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que regresa a Diputados con cambios negociados para la aprobación en la Cámara alta.

Por otras vías, aunque con los mismos interlocutores, el Gobierno busca definir un entendimiento sobre la reforma electoral, con eje en la anulación o suspensión de las PASO. Las conversaciones con los jefes provinciales, reavivadas durante el viaje a Partís junto a Javier Milei, aún no están cerradas. Pueden ir de la mano con los acuerdos que demanda el Proyecto de Presupuesto 2027, pero el punto central es la contraprestación de LLA en cada distrito para no complicar los planes reeleccionistas de los gobernadores. Las conversaciones pueden ser grupales -por espacios políticos-, aunque al final serían tratos individuales. Eso va a ocupar la agenda de Diego Santilli en estos días.

Mientras el oficialismo intenta encauzar la discusión parlamentaria sobre el sistema de discapacidad, el Gobierno recibió este lunes a representantes de la Iglesia para conversar sobre la continuidad de las prestaciones en las instituciones y organismos sociales que trabajan con esa población y en las que ambas partes están involucradas.

El encuentro, que fue la continuidad de otros que se dieron en el pasado, pero no se comunicaron, comenzó a las 11:00 en la sede del Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones, ubicada sobre la Avenida 9 de Julio, y duró poco más de una hora.

Por parte del sector religioso participaron integrantes de la Pastoral Social y del Área de Discapacidad de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), así como también su secretario general, Raúl Pizarro.

En tanto, de la mencionada cartera asistieron Roberto Olivieri, titular de la Unidad Gabinete de Asesores; Rodrigo Sbarra, secretario de Gestión Administrativa; y Roberto Moro, secretario de la SEDRONAR.

Durante el encuentro, los invitados presentaron un documento con distintas inquietudes y propuestas vinculadas al sector, que fue recibido por las autoridades del Ministerio para su análisis.

“La preocupación de la Iglesia son las personas y las familias. Los aportes económicos que pueda hacer el Gobierno son siempre para las familias. Fuimos a hablar de los organismos, que no todos dependen completamente de nosotros y hay muchos formatos diferentes de funcionamiento”, explicó a Infobae la CEA.

En este sentido, remarcaron que la reunión de este lunes “se dio en el marco del diálogo que se viene dando desde hace tiempo para fortalecer las atenciones” en esos centros de asistencia y que se acordó “seguir conversando como hasta ahora”.

“Nos invitaron a dialogar, se habló de las obras en general y sus necesidades. Mencionamos los aportes que puede dar la Iglesia a la situación del sector, como muchos que se han hecho y otros que vendrán. También sirvió para presentar a las autoridades el Area de Discapacidad que funciona en la Pastoral Social”, agregaron.

La Iglesia viene siendo muy crítica de las políticas sociales del Gobierno: en junio, el presidente de la CEA, monseñor Marcelo Colombo, advirtió sobre un clima de “deshumanización” y cuestionó los “malos tratos” y los “ninguneos institucionales” frente a situaciones que afectan a sectores vulnerables.

El titular del Episcopado mencionó entonces la situación de los jubilados y las dificultades para acceder a turnos médicos, y sostuvo que existen personas en condiciones precarias. De todos modos, aclaró que su planteo no estaba dirigido únicamente a las autoridades nacionales, sino también a las oposiciones y a otros actores sociales que, según señaló, pueden desentenderse de esos problemas.

Recientemente, el Papa León XIV recibió en el Vaticano a Cristian Jerónimo, cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT), quien a su regreso advirtió que podrían convocar a una medida de fuerza si el Gobierno no abre el diálogo.

La conversación se produjo después de las tensiones que generó el capítulo vinculado a este sector de la sociedad e incluido originalmente en el proyecto de Presupuesto 2027. Esa propuesta había puesto en discusión el sistema de prestaciones, las pensiones no contributivas y el mecanismo de actualización de los aranceles, lo que derivó en cuestionamientos de los bloques aliados y de distintas entidades.

Ante ese escenario, los referentes de la Iglesia plantearon la necesidad de preservar la atención y garantizar la continuidad de los servicios que brindan las instituciones involucradas. También se pusieron a disposición del Gobierno para colaborar en aquello que puedan aportar desde su trabajo territorial y social.

Las partes acordaron volver a reunirse para continuar el debate y avanzar sobre los temas que quedaron pendientes. El objetivo es mantener abierto un canal de diálogo mientras el Congreso define el futuro de la ley.

La Libertad Avanza había retrocedido con el esquema inicial que figuraba en el Presupuesto y presentó una propuesta específica sobre ese tema en la Cámara de Diputados, para así conseguir el consenso de la mayor cantidad posible de partidos.

El texto, que consiguió dictamen de mayoría con el acompañamiento del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y otros bloques cercanos a la Casa Rosada, busca reemplazar la emergencia por un régimen permanente.

La iniciativa oficial ratifica el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado, dos de los puntos que habían generado mayor preocupación entre las familias y los prestadores.

La nueva norma también sostiene la actualización mensual por inflación de las pensiones no contributivas, garantiza el acceso a cobertura de salud y habilita la compatibilidad de la pensión con un empleo registrado, bajo determinados límites de ingresos.

Sin embargo, la discusión está lejos de cerrarse. La oposición convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el 15 de octubre, en la que intentará avanzar con la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, además de otros temas como el DNU 70/2023 y los proyectos sobre endeudamiento familiar.

El oficialismo confía en que el dictamen que consiguió recientemente logre los votos necesarios para evitar que prospere esta otra medida, pero algunos aliados que acompañaron el texto dejaron observaciones y reclaman precisiones sobre la redacción de ciertos artículos y la garantía efectiva de las partidas previstas.

Aunque faltan tan solo unas semanas para el evento, durante la reunión de este lunes no se abordó la visita a la Argentina del Papa León XIV, prevista para noviembre y para la cual hay otros encuentros que se vienen realizando en la Casa Rosada.

Tampoco se habló de la actividad que el Sumo Pontífice tiene confirmada en el Cottolengo de Claypole, una de las instituciones vinculadas con la atención y el acompañamiento de personas con discapacidad que el líder religioso visitará durante su estadía en el país.

Detrás del carrito de Dulce y Sal, Nicole Goldgewicht encontró una forma de convertir una herramienta de comunicación en un vínculo cotidiano con otras personas. Desde un espacio visible dentro de la tienda Tips, atiende a quienes se acercan a comprar productos de repostería y pastelería con una computadora de comunicación asistida.

La joven, de 21 años y con parálisis cerebral, dejó las tareas que realizaba en la empresa para concentrarse en este proyecto. La nueva actividad le permite conversar con los clientes, ofrecer los productos y realizar los cobros desde su propio puesto.

Nicole creó Dulce y Sal dentro de Tips después de expresar a su familia que quería emprender. El carrito combina una actividad comercial con el uso diario de la herramienta tecnológica, de modo que pueda relacionarse directamente con el público en situaciones concretas.

Su madre explicó a CR Hoy que esa posibilidad fue uno de los motivos centrales detrás de la iniciativa. “Aparte de que sea su emprendimiento, es una manera de que siga practicando la parte de comunicación, que le encuentre un uso en el día a día”, señaló.

El carrito nació después de su experiencia en Recursos Humanos

Antes de instalar el puesto de pastelería, Nicole colaboró durante aproximadamente dos años en el área de Recursos Humanos de Tips. Entre sus tareas estuvo la organización de actividades para los empleados durante las celebraciones por el Día de la Madre, el Día del Niño y el Día del Padre.

Ese recorrido precedió a una conversación con sus padres, a quienes les dijo que deseaba tener un emprendimiento propio. La familia decidió acompañar esa iniciativa y ayudar a transformar la idea en un proyecto que pudiera funcionar dentro del local.

Sus familiares construyeron el carrito de repostería, gestionaron su ubicación en la tienda y la acompañaron durante la selección de la mercadería. También participaron en el cálculo de los precios, aspectos necesarios para que el puesto comenzara a operar.

La madre de Nicole consideró ante CR Hoy que algunas personas con discapacidad pueden requerir apoyos para desarrollar determinados planes. Aun así, sostuvo que esa ayuda no debe desplazar sus decisiones ni limitar sus aspiraciones.

“Hay que creer que ellos sí pueden”, afirmó. Para ella, el punto de partida está en reconocer que una persona puede necesitar herramientas o colaboración para concretar un objetivo, sin que eso implique que no pueda elegir el camino que quiere seguir.

La mujer planteó que el entorno debe facilitar recursos para que los proyectos personales se vuelvan posibles. En su reflexión, vinculó esa oportunidad con la autonomía, el cumplimiento de los sueños y la posibilidad de construir una rutina elegida.

“Entonces, lo que uno tiene que hacer es apoyarlos con las herramientas, con lo que uno pueda, para que ellos realicen sus sueños también y puedan salir adelante siendo personas útiles”, expresó.

También sostuvo que la sensación de utilidad puede dar sentido a la vida diaria. Según explicó, contar con una actividad propia puede convertirse en un motivo para levantarse por la mañana, alistarse y comenzar el día.

Doris Goldgewicht celebró el proyecto de su nieta

La chef Doris Goldgewicht, abuela de Nicole, compartió un mensaje de orgullo tras conocer el emprendimiento. Sus palabras estuvieron dirigidas a la joven y destacaron la manera en que encara los desafíos que aparecen en su vida.

“Ay, Niki, qué orgullosa me siento de vos, machita. De verdad que sos mi ídolo”, le dijo la cocinera. La chef celebró que su nieta se animara a llevar adelante una idea propia y a compartir con otros aquello que imagina.

Doris Goldgewicht le manifestó que Nicole le enseñó que puede alcanzar aquello que se propone. Además, destacó la alegría con la que transmite sus ocurrencias y la disposición que muestra para convertirlas en acciones.

“Me has enseñado que, de veras, cualquier cosa para vos es posible y lo mejor de todo es esa alegría tuya para compartir con los demás todo lo que se te ocurre”, expresó. La abuela añadió que la ama y la definió como su héroe.

La chef también recordó las dificultades que atravesó su nieta y valoró la actitud con la que, según dijo, las enfrentó. “Con todo lo que vos has pasado, siempre estás con esa sonrisa y siempre, siempre estás dispuesta a hacer algo más”, afirmó.

Para Doris Goldgewicht, esa disposición se expresa en la búsqueda de propuestas que entusiasmen a Nicole y que puedan aportar a otras personas. “Algo que te emocione, algo que ayude a otros. O sea, de verdad, sos excepcional”, concluyó.

Argentina tiene ante sí la oportunidad, poco frecuente, de dejar de administrar la discapacidad mediante emergencias sucesivas y comenzar a discutir qué sistema estable debería reemplazarlas. La cuestión no consiste solamente en cuánto gastar, qué prestaciones actualizar o cómo controlar irregularidades. La pregunta más profunda es qué debe garantizar el Estado a una persona con discapacidad, mediante qué instrumentos, bajo qué mecanismos de control y con qué resultados verificables.

La Ley 27.793 declaró la emergencia nacional en discapacidad hasta fin de año, pudiendo prorrogarse un año más. En septiembre, el Gobierno sostuvo ante Diputados que la política de discapacidad requiere respuestas “permanentes, previsibles y sustentables”, poniendo el foco en las personas y no en la excepcionalidad como mecanismo de gestión. Ese desplazamiento resulta relevante porque superar una emergencia no consiste en derogarla, sino en construir una sólida institucionalidad sólida para que la emergencia deje de ser necesaria.

Por ello, la discusión no debería reducirse a la falsa alternativa entre derechos y equilibrio fiscal. Un sistema financieramente insostenible termina perjudicando a quienes pretende proteger; pero un ajuste que destruya prestaciones indispensables tampoco constituye eficiencia. El verdadero desafío consiste en construir controles fiscalmente responsables sin producir nuevas vulnerabilidades.

Un Estado responsable debe auditar. Si existen prestaciones fraudulentas, incompatibilidades o recursos desviados, no detectarlos perjudica en primer lugar a quienes legítimamente necesitan protección pública. Pero el instrumento para evitar el abuso no puede destruir el derecho que pretende administrar. En discapacidad, una auditoría no puede presuponer que todas las personas tienen las mismas posibilidades de recibir una notificación, trasladarse, reunir documentación, comprender un procedimiento administrativo o reclamar frente a un error. Control riguroso y accesibilidad administrativa, por tanto, son obligaciones simultáneas.

Aquí propongo aplicar la Ética del Límite, marco conceptual que he desarrollado para evaluar el ejercicio del poder a partir de la legitimidad de sus fines y de los términos que deben imponerse a los medios utilizados para alcanzarlos. Combatir el fraude es justo; transformar al legítimo beneficiario en víctima colateral del mecanismo antifraude, no.

Aplicado a políticas públicas, este marco permite formular tres preguntas elementales: ¿qué derecho se intenta proteger?, ¿qué abuso se intenta limitar?, ¿qué daño nuevo puede producir el instrumento utilizado para limitarlo? Sus respuestas constituirán una metodología de diseño institucional. Si Argentina pretende pasar de la emergencia a un régimen permanente, considero que ese modelo debería estructurarse alrededor de cinco componentes.

1. Evaluación individual de necesidades y apoyos. Una misma categoría administrativa no describe necesariamente dos situaciones humanas equivalentes. La política pública debería identificar qué barreras enfrenta cada persona y qué combinación de ingreso, asistencia, transporte, educación, tecnología, rehabilitación o adaptación laboral necesita.
2. Auditorías con garantías. La revisión debe ser periódica, trazable, accesible y proporcional al riesgo. Y debe distinguir situaciones diferentes: fraude comprobado, incompatibilidad objetiva, documentación incompleta pero subsanable, imposibilidad material de cumplir un procedimiento y error de la propia administración. Tratar todas esas situaciones como equivalentes no mejora el control, lo vuelve menos inteligente.
3. Continuidad entre protección y trabajo. Debe promoverse la inclusión laboral, pero trabajar no debería convertirse en un riesgo. Se necesitan transiciones graduales, períodos de prueba, conservación de determinados apoyos vinculados con la discapacidad y mecanismos rápidos de rehabilitación de prestaciones cuando cambien las circunstancias. De otro modo, aceptar un empleo puede convertirse en un precipicio.
4. Financiamiento orientado a resultados. Saber cuánto gasta el Estado es indispensable pero también deberían medirse tiempos de acceso, continuidad de tratamientos, escolarización, inserción laboral sostenida, autonomía alcanzada, reclamos administrativos, decisiones posteriormente revocadas y fraudes efectivamente comprobados. La eficiencia pública no consiste solamente en gastar menos, sino en conocer qué resultado produce lo gastado.
5. Gobernanza basada en información. La interoperabilidad entre salud, discapacidad, seguridad social, educación y empleo reduce duplicaciones, inconsistencias y trámites innecesarios. Pero cuanto mayor sea la capacidad estatal de cruzar información, mayores deberán ser las garantías respecto de la finalidad específica, minimización de datos, acceso restringido, trazabilidad, seguridad, mecanismos de corrección y supervisión humana frente a cualquier decisión que pueda suspender, reducir o denegar una prestación.

Nada de esto exige crear otra estructura burocrática. Puede desarrollarse mediante protocolos administrativos, matrices de evaluación de impacto, sistemas de indicadores, mecanismos de transición entre protección y empleo más evaluaciones periódicas dentro de instituciones existentes.

Además, toda reforma debería incorporar métricas antes, durante y después de su implementación. Una buena política pública no es la que presume acertado su diseño, sino la que genera información suficiente para detectar tempranamente efectos no previstos y corregirlos. Indicadores públicos, revisión independiente, participación efectiva de las personas con discapacidad y mecanismos institucionales de ajuste permitirían saber no solamente si una medida cumple formalmente sus objetivos, sino si mejora realmente las condiciones de vida de sus destinatarios.

Incluso podría contemplarse una implementación gradual mediante experiencias piloto en jurisdicciones o prestaciones específicas antes de extender el modelo a todo el sistema. Ensayar, medir y corregir no debilita una política, la hace más responsable. En áreas complejas, donde una decisión administrativa puede afectar ingresos, tratamientos o proyectos de vida, la prudencia institucional exige aprender de la evidencia antes de generalizar mecanismos cuyos efectos todavía no han sido suficientemente evaluados.

La experiencia comparada demuestra esta tesis. Australia, mediante el NDIS, avanzó en apoyos individualizados orientados a ampliar la elección y el control de las personas sobre los servicios que reciben. Reino Unido, con Access to Work, desarrolló apoyos específicos para remover barreras laborales sin convertir el acceso al empleo en pérdida automática de protección. La propia OCDE recomienda combinar protección de ingresos, apoyos personalizados e incentivos laborales adaptados a cada situación.

Es decir, la política en discapacidad funciona mejor cuando deja de administrar prestaciones bajo categorías homogéneas, y comienza a remover barreras en función de trayectorias y necesidades concretas, desarrollando autonomía. Para algunas personas, autonomía significará acceso al empleo. Para otras requerirá asistencia permanente. Para otras, transporte accesible, tecnología asistiva, acompañamiento educativo, rehabilitación o apoyos para la vida independiente. Y para muchas seguirá siendo indispensable una prestación económica estable. Autonomía no significa abandono ni autosuficiencia obligatoria. Significa ampliar, en la medida de lo posible, la capacidad efectiva de una persona para desarrollar su propio proyecto de vida.

También debemos distinguir austeridad, eficiencia y desprotección. Detectar, impedir y penalizar una prestación fraudulenta constituye una forma de justicia distributiva. Eliminar procedimientos redundantes mejora el sistema. Pero retirar un apoyo indispensable porque resulta costoso no necesariamente representa ahorro ya que muchas veces significa trasladar el costo hacia la familia, una institución, el sistema sanitario u otra área del propio Estado.

Por eso, si Argentina decide superar la lógica permanente de la emergencia prestacional asistencialista, debería convertir principios generales en procedimientos verificables, definir indicadores, establecer protocolos de auditoría accesibles, articular protección social con empleo y medir periódicamente los resultados.

Es precisamente en ese punto donde los valores se transforman en arquitectura institucional, y donde la ética aplicada a las políticas públicas demuestra su utilidad. El éxito de una política de discapacidad no se mide únicamente por cuánto gasta o cuánto ahorra el Estado, sino por cuántas barreras consigue remover con los recursos disponibles y cuánta autonomía adicional genera sin abandonar a quienes continuarán necesitando protección.

Superar verdaderamente la emergencia significa haber construido un sistema suficientemente justo, eficiente y sólido como para que la emergencia deje de ser necesaria.

Cuando no existe faro la marea dirige el rumbo. La accesibilidad —urbana, digital, cultural y actitudinal— y el papel del arte y el diseño universal como motores de transformación son el centro de lo que sigue. Durante siglos y aún sin nombre claro hemos abordado la accesibilidad mediante parches: rampas improvisadas se ubican oportunamente en la foto que, minutos después, dejará la escena tal como estaba. Un ascensor averiado, enlaces sin acceso, sistemas y programas débiles, catálogo ilegible, espacios públicos obstruidos; todos juntos luchan por el primer puesto del desamparo. Estas prácticas en sus repeticiones solo amplían visiones limitadas, reducidas y obsoletas que contribuyen con la exclusión que agotada y profundamente grita.

Desglosar el término de accesibilidad y reubicarlo nos permite diferenciar entre derechos y actos de caridad. Una mirada paternalista o tutorial solo modifica eventualmente una parte de la historia, obligando a una encomendación para que, hechos de similares características continúen en un camino de compasión llegando a una meta finita y complaciente que no conforma.

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), se estima que el 16% de la población global, 1.300 millones de personas, o una de cada seis, vive con alguna discapacidad. Frente a esta cifra, surge una hipótesis de la sociología contemporánea imposible de esquivar: ¿Qué ocurre cuando una persona no puede ingresar a un centro, museo, espacio público o privado para realizar un trámite, presente o en línea, recibir atención digna en un comercio o cruzar una calle sin obstáculos ni averías? Pues la deficiencia no reside en el individuo, sino en la ausencia de entornos accesibles, barreras físicas, comunicacionales y actitudinales que se presentan, se imponen y nos desarman.

Con el Arte como excusa ante tantas deudas pendientes, podemos avizorar al frente obras que funcionan como faros conceptuales y prácticos. El caso más desarrollado es el de la Fundació Joan Miró, en Barcelona. Creada en 1975 en diálogo entre Joan Miró y el arquitecto Josep Lluís Sert, la institución demostró, con anticipación a las normas internacionales y excelencia estética, cómo ambos profesionales interactuaron con desafíos e ideas y materializaron en un mismo espacio diseño e inclusión universal. Alrededor de un patio central, el edificio permite un recorrido continuo en bucle y evita pasillos que desorientan, las célebres bóvedas de cañón filtran la luz solar de manera cenital e indirecta y eliminan deslumbramientos y preservando el confort visual de personas con baja visión o sensibilidad lumínica, si bien en los últimos años estos lucernarios ya no se utilizan, aunque la intención original era dar ingreso a la luz natural. A estas decisiones de planos se suma el uso de materiales como hormigón granulado, terracota y madera brindando contrastes táctiles y acústicos que guían y simplifican la navegación espacial de forma orgánica y sensorial.

La Fundació Joan Miró, pionera en diseño accesible

Joan Miró dejó, más allá de sus obras; cajones con ficheros, bocetos y notas donde manifiesta un sentido de libertad para la humanidad y una fuerte transformación en el arte. Sus textos confirman la necesidad que tenía por revisar la pintura. decidido, enérgico y nada sentimental —como él mismo se describía—, llegó a la magia de la línea, que simple y poderosamente es como un puñetazo, una clara manifestación de querer asesinar a la pintura. Hoy sus piezas con el paso del tiempo realzan cada fisura y grieta pero en la profundidad de las capas se revela la evolución y la arquitectura de la Fundación se contiene y resguarda su vida y obra. Desglosar aquellos procesos creativos y sensoriales muestra cómo escalas, perspectiva y claroscuros se desprendieron de lo académico. En sus fondos vaporosos y monocromáticos toda su poesía tiene intención. Su potencia y decisión crearon un universo propio, surrealista, influyente y no convencional que hoy continúa siendo un fuerte y luminoso faro.

De otro modo; el Museo del Louvre en París también ha ampliado las fronteras corriendo algunos límites. El ya conocido “Prohibido tocar”, queda sin efecto en su Galería Táctil, allí hay réplicas tridimensionales en resina y mármol diseñadas expresamente para el disfrute háptico de personas con discapacidad visual. Y en esta modificación de rumbo el desafío es lograr un cambio de actitud que va de la fatiga, desconocimiento y cansancio a un rol activo de participación consciente que interactúa, comprende, conecta y siente.

El Museo del Prado en Madrid, con su proyecto Hoy toca el Prado, integró imágenes en relieve de alta definición y audio descripciones detalladas, y demuestra que las grandes obras maestras pueden experimentarse plenamente más allá de la vista.

Suecia y Japón, modelos de accesibilidad urbana

Fuera de ámbitos museológicos, el diseño público también deja huellas políticas y sociales, países como Suecia y Japón han convertido la accesibilidad en la norma de sus entornos urbanos: desde el despliegue sistemático de pavimentos podotáctiles para la navegación de personas ciegas, hasta el transporte público 100 % adaptado. Todos estos modelos no deben percibirse como exigencias inalcanzables para la gestión cotidiana, sino como coordenadas que marcan el rumbo. Las decisiones inteligentes donde los valores están al servicio de los principios y el bien común, demuestran con solidez que espacios fueron pensados para la diversidad y qué entornos se alteraron o crearon para aumentar su alcance ofreciendo igualdad de posibilidades y mayor autonomía.

Son varios los desafíos vigentes, algunos inmediatos, posibles, otros utópicos y lejanos, pero las necesidades de esta época son urgentes y no solo se trasladan a una arquitectura sin barreras de la vida cotidiana. A pesar del acelerado desarrollo tecnológico, un alto porcentaje de sitios web presenta fallas graves de accesibilidad, como contrastes, ausencia de textos alternativos para lectores de pantalla, falta de robustez, incompatibilidad con lectores de pantalla e inestabilidad. Esta omisión margina a millones de personas en el mundo digital, en la educación, la información y la economía.

En el ámbito empresarial y comercial, las fronteras más difíciles de derribar no son solo de hormigón; también pertenecen al mundo actitudinal. La falta de formación en el servicio al cliente deriva con frecuencia en la incomodidad y uso de terminologías inadecuadas. Integrar la accesibilidad en el sector privado requiere superar el simple cumplimiento burocrático y asumir un compromiso transformador: capacitar a los equipos en atención adaptada, adoptar pautas de lectura fácil y aplicar el diseño universal desde la concepción de cada producto, servicio o sistema.

Los cambios requieren compromiso colectivo y el reconocimiento de la necesidad de transformación desde la acción individual, sin depender únicamente de promulgaciones legislativas o de grandes proyectos arquitectónicos. El cambio cultural se articula en las decisiones cotidianas, dando la importancia que merecen los principios y valores, la accesibilidad cultural no está ajena a esto y es, por definición, la posibilidad real e igualitaria de participar, disfrutar y crear en la vida cultural, artística y patrimonial de una sociedad. Conocer la existencia de ese faro —tantas veces incómodo— no es un deseo: es un deber político, corporativo e individual que nos involucra e interpela. Y nos ofrece una oportunidad histórica para construir una comunidad que evolucione positivamente y marque un hito para la humanidad

Diferentes bloques de la oposición convocaron para el jueves 15 de octubre a una sesión especial en la Cámara de Diputados con un temario extremadamente incómodo para el oficialismo. En primer lugar, tras la polémica que desencadenó el fallo de la Corte Suprema que liberalizó por completo la venta de tierras a extranjeros, la oposición buscará derogar definitivamente el mega DNU 70/2023, que desreguló amplios sectores de la economía.

Además, los opositores apuestan a sumar masa crítica que garantice el quórum con la inclusión de otros dos temas sensibles: la prórroga de la emergencia en discapacidad y los proyectos para aliviar la situación de los endeudados.

La convocatoria a la sesión especial lleva la firma de diputados de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, sectores de Provincias Unidas, Encuentro Federal y monobloques como el de Natalia de la Sota y Marcela Pagano, por lo que todavía falta sumar cerca de 20 votos, principalmente de espacios que responden directamente a los gobernadores. Todos ellos se encuentran en París, junto al presidente Milei, en el marco de la Argentina Week que se celebra en ese país para buscar inversiones.

Ante la consulta de Infobae, diputados de los bloques del “centro” reconocieron que los votos no están asegurados para imponerse en ninguno de los tres temas. No obstante, destacaban la importancia de no dejar pasar mucho tiempo para capitalizar que la problemática de la venta de tierras a extranjeros volvió a quedar en el centro del debate público.

Pero al mismo tiempo, desde el bloque Argentina Federal (Salta Misiones) dejaron trascender su enojo con la oposición por “utilizar la causa noble de los discapacitados para asegurarse el quórum”. En ese sentido, adelantaron que el bloque podría dividirse según intereses provinciales.

La resolución de la Corte Suprema que restableció la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogaba la ley de tierras, tomó por sorpresa incluso al Gobierno. Pero ahora buscan alternativas para correr de la discusión la validez del mega decreto.

El mega DNU 70 ya fue rechazado por el Senado el 14 de marzo de 2024, pero la oposición nunca logró un consenso suficientemente amplio para darle el golpe de gracia en la Cámara de Diputados. Pero al nunca haber convocado a una sesión para tratar el tema, la posibilidad quedó abierta.

Entre otros puntos, el decreto eliminaba una amplia gama de regulaciones sobre el comercio, el transporte, el mercado laboral, el sector de salud y el sector inmobiliario, entre otros. Por ejemplo, derogaba las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y de Alquileres; liberaba las tasas bancarias y los precios de las prepagas; y desregulaba el mercado aéreos y la venta de tierras.

Justamente por la cantidad de sectores afectados, desde el oficialismo advierten que la derogación total del DNU 70 generará un caos administrativo y procesal. Por ejemplo, que reinstaure la Ley de Alquileres o vuelva a intervenir las cuotas de las prepagas.

En ese sentido, ya trabajan en diferentes estrategias para bloquear la arremetida opositora. Según dejaron trascender, una posibilidad sería volver a incluir un capítulo de Tierras en la ley de Propiedad Privada que tuvo media sanción del Senado y ahora deberá discutirse en Diputados. De esta forma le darán una salida a los gobernadores aliados y los bloques dialoguistas para sentar posición sobre la venta de tierras a extranjeros sin tener que avanzar contra el DNU 70. Otra posibilidad similar sería incluir un nuevo capítulo en la ley de Defensa de la Soberanía que empezó a tratarse este miércoles en comisión. Esa fue la sugerencia que hizo Miguel Ángel Pichetto a través de las redes sociales.

Endeudamiento

Durante el debate en comisión el oficialismo, junto a sus aliados, se quedó con el dictamen de mayoría y su proyecto será debatido primero en una eventual sesión. La propuesta del oficialismo, en línea con la postura de la Casa Rosada, que calificó el problema del endeudamiento como un “tema entre privados”, apunta a elevar los niveles de educación financiera, aportar mayor información para los consumidores -claridad en las tasas y costos financieros- y prevención del sobreendeudamiento. En ningún caso se prevén topes en las tasas, descuentos de capital o intereses, o costos para el Estado.

En cambio, la oposición quedó dividida en dos posturas sin lograr unificar criterios. El peronismo, la Coalición Cívica y parte de Provincias Unidas -el cordobés Ignacio José Garcia Aresca decidió ausentarse para no firmar el dictamen- propone declarar la emergencia por 180 días y establecer un esquema de refinanciamiento para deudas que no superen las dos canastas básicas totales del Indec. Para la refinanciación se aplicará la tasa TAMAR (plazos fijos mayoristas) más un 25% que se aplicará sobre el costo financiero total.

Además, quienes adhieran al régimen de refinanciación podrán pagar en hasta 12 cuotas sin sanciones por cancelación anticipada, pero las cuotas no podrán superar el 30% de sus ingresos. También se eliminarán todos los intereses punitorios para quienes ya hayan ingresado en mora.

Por su parte, el proyecto de Argentina Federal (Misiones y Salta) propone declarar la emergencia social y económica en materia de endeudamiento de consumidores financieros en todo el país por un año, con posibilidad de prórroga por otro año. Durante ese período se fija un límite a los intereses que pueden cobrar bancos, emisoras de tarjetas y otras entidades que presten dinero para consumo a personas. El tope será 1,5 veces la tasa de plazo fijo a 30 días para personas humanas publicada por el Banco Central.

También crea un Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal para quienes destinan al menos el 30% de sus ingresos netos al pago de cuotas, débitos o retenciones y perciben hasta 10 salarios mínimos. La iniciativa contempla refinanciaciones con una Tasa Nominal Anual fija de hasta 35%, un plazo mínimo de 24 meses, cuotas fijas y sin comisiones ni gastos administrativos.

Durante la sesión del próximo 15 de octubre se pondrá en debate en primer lugar el proyecto oficialista y la oposición deberá primero sumar más votos para rechazarlo. Recién ahí se discutirán los textos alternativos.

Emergencia en Discapacidad

Las negociaciones en torno a la reforma en el área de Discapacidad generaron fuertes turbulencias y pases de factura internos en el Gobierno. La polémica se desató cuando el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de Presupuesto 2027 que contenía un fuerte ajuste en el área de discapacidad. Ese ajuste no tenía ningún punto de contacto con las negociaciones que La Libertad Avanza estaba llevando adelante en el Congreso con aliados y gobernadores.

Tras dos semanas de tensión, que incluyeron algunos desplantes entre los integrantes de la Mesa Política, los libertarios borraron de un plumazo el texto original que envió la Casa Rosada y llegaron a un consenso con los bloques aliados.

La nueva iniciativa retoma gran parte de la ley de Emergencia en Discapacidad como el nomenclador único para prestaciones, su actualización por inflación, la compatibilidad de la pensión con un empleo formal o informal y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía para obtener una pensión. Sin embargo, ahora todas las partidas estarán incluidas en el Presupuesto y no dependerán de las reasignaciones que defina la Jefatura de Gabinete.

El dictamen representó una clara victoria política porque contó con el acompañamiento de bloques aliados y gobernadores. Si bien hubo acompañamientos “en disidencia”, como los misioneros y salteños de Argentina Federal, el apoyo de la UCR, el PRO, Producción y Trabajo (San Juan), el MID y La Neuquinidad le garantizarían cerca de 127 votos, por lo que los libertarios no deberán hacer grandes esfuerzos para sumar las dos voluntades que restan para llegar a la mayoría simple. De esta forma, la embestida de la oposición dura, que impulsaba la prórroga por un año de la Emergencia, quedó virtualmente neutralizada.

No obstante, desde la oposición advierten que la forma en la que quedaron redactados los artículos esconden las verdaderas intenciones del oficialismo. Puntualmente, plantean que el artículo 5 separa la invalidez laboral de la discapacidad como vías distintas de acceso (“imposibilitada para trabajar, o con discapacidad que posea CUD”). Por lo tanto, “consolida dos pensiones: por invalidez laboral y por discapacidad”, con diferente acceso al programa Incluir Salud. Por lo tanto, su proyecto se limita a prorrogar por un año la Emergencia en Discapacidad vigente.

La ambigüedad de la redacción fue advertida incluso por los aliados del Gobierno que firmaron el dictamen. De hecho, exigieron que se aclaren todas posibles interpretaciones como condición para acompañar. Hasta el momento no recibieron respuesta de La Libertad Avanza.

Sandra Ciamberlini es psicóloga y trabaja hace más de 30 años en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en Almirante Brown, una comunidad inmensa y vibrante de 50 hectáreas en la que conviven más de 400 residentes con discapacidades motrices, verbales o psicosociales y otro tanto de profesionales. Al Papa Francisco, que llevó la iglesia a las periferias y convocó a un mundo más inclusivo con participación plena en la vida social de las personas con discapacidad, no le agradaba demasiado esa palabra, “discapacidad”: “Me gusta la otra, capacidades diferentes”, decía. En octubre del 2024, en un encuentro en Roma con representantes del G7 Inclusión y Discapacidad, se refirió a las “víctimas de la cultura del descarte”: “Esta cultura que genera prejuicios y hace daño a la sociedad”, planteó con la contundencia que caracterizó a su papado.

Con algún coletazo de esa influencia dañina llegué en la mañana diáfana del jueves 24 al cottolengo de Claypole, un mes y medio antes de la llegada del Papa León XIV que escogió esa comunidad luminosa en el corazón olvidado de la provincia de Buenos Aires como una de las paradas más simbólicas de su visita a la Argentina. Me fui revitalizado. El lugar transmite, sin dudas, una energía especial.

No hay pacientes, si no residentes. No hay maltrato, si no integración y respeto. Y mucha vocación de servicio. No hay oscuridad, es claridad. No es asistencialismo, se trata de un abordaje integral. No hay pabellones: son hogares. Uno de ellos, el Ferrando Mixto de “alta demanda”, frente al Santuario de San Luis Orione, será el plato fuerte, el más emotivo, de la visita del Papa, en la mañana del lunes 9 de noviembre.

Los residentes del cottolengo no son una planilla de Excel. Son más de 400 historias, personas con nombre y apellido que sonríen -y sonríen mucho-, que tienen sueños y también derechos, como cualquier persona con nombre y apellido. Personas con “capacidades diferentes”, como decía Francisco, que esperan ahora por el nuevo Papa, que lo quieren mirar a los ojos y, por qué no, intercambiar algunas palabras. Un puñado de obreros trabajan a contrarreloj para que el lugar esté a la altura de la visita.

“Estamos esperándolo. Vamos a pedirle que haya paz, amor con él y que no haya más violentos”. El que habla es Juan, vive hace años en el cottolengo, el más grande de todos los cottolengos -residen, en total, más de 1.200 personas en el país- y espera para ver a su pareja mientras toma mate en una de las calles centrales de un predio que cuenta con 16 hogares, un santuario en el que descansa el corazón de San Luis Orione que le dio el nombre a la obra, un centro educativo terapéutico, despensa y cocina, salones de usos múltiples, un par de talleres, una unidad de cuidados especiales, parrillas, una sala velatoria y hasta un cementerio.

En abril de este año, en medio de un debate que se extendió innecesariamente en el tiempo, la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal envió una carta a las autoridades del Ministerio de Salud ante la “grave situación de numerosas instituciones”, y precisó en particular la crisis en la obra de Don Orione. “Los compromisos de organismos nacionales no se regularizan desde finales de 2025″, resaltó la iglesia. Después de mucha insistencia, se acortó la deuda. Semanas atrás, el gobierno volvió a incluir un recorte en el rubro en el presupuesto 2027 que provocó un tsunami interno y una nueva marcha atrás del gobierno frente a las críticas.

“Sin duda (el Papa) no hablará, pero los hechos también hablan. Al que le cabe este sayo, que se lo ponga”, dice Jorge Silanes, director del cottolengo. A las 9.15 del lunes 9 de noviembre, León XIV ingresará en el Papamóvil por la entrada principal del cottolengo, en la avenida Lacaze al 3900. En el corazón del Gran Buenos Aires y de la discapacidad.

Banfi consideró que el Congreso debe pedir explicaciones por las declaraciones de Javier Milei sobre personas vinculadas al terrorismo. La diputada cuestionó la falta de precisión sobre las cifras y los procedimientos mencionados.

Afirmó que el vocero presidencial aclaró que esas personas no fueron expulsadas del país. Según explicó, la aclaración apuntó a rechazos de visas o autorizaciones de ingreso.

Al mismo tiempo remarcó que una expulsión requiere un procedimiento diferente. Señaló que una persona debe haber cometido un delito en el país para que las autoridades impulsen esa medida.

“Cuando vos hablás de terroristas tienen que haber cometido un delito en el país para poder ser expulsados”, sostuvo. Y dijo que existe “todo un procedimiento para que eso suceda”.

La diputada se refirió a cifras que incluyeron 20 mil y 30 mil casos en distintos momentos de la conversación. Por ese motivo, pidió que los registros oficiales determinen cuántas personas recibieron rechazos de ingreso.

“Dijo que eran treinta mil”, afirmó. Luego añadió que la explicación incluyó “diez mil del año pasado” y “veinte mil en este año”.

“Voy a hacer un pedido de acceso”, afirmó Banfi. La diputada dijo que utilizará la Ley de Acceso a la Información Pública para conocer qué quiso decir el Presidente. “Quiero conocer exactamente qué es lo que quiso decir el presidente”, aseguró.

Según contó en Infobae Al Mediodía, buscará establecer si Migraciones rechazó el ingreso de personas con antecedentes penales. También pretende conocer si existió información oficial sobre amenazas contra la Argentina.

La legisladora señaló que la Ley de Migraciones permite impedir el ingreso de personas con antecedentes criminales. Aclaró que esa facultad no equivale a expulsar del país a personas acusadas de terrorismo. “Para tener los datos y para constatar”, dijo.

Banfi cuestionó la forma en que Milei presentó el asunto. “El presidente dice cualquier cosa permanentemente”, sostuvo la diputada. Según precisó, los funcionarios luego realizan “malabares” para explicar esas declaraciones.

Asimismo, pidió separar los datos de las interpretaciones políticas. “Lo más importante es la evidencia”, sostuvo. Banfi afirmó que la ley permite negar el ingreso a personas con antecedentes penales.

La ley de discapacidad y el dictamen de mayoría

Entre otras cosas, la diputada puso foco en el debate sobre la discapacidad, el endeudamiento familiar y la seguridad migratoria en una agenda que incluye una votación prevista para el 14 de octubre. La discusión reúne proyectos con impacto en prestaciones, créditos y controles de ingreso al país.

La funcionaria sostuvo que la iniciativa tuvo respaldo de bloques dialoguistas y de La Libertad Avanza. “Todos aquellos que creemos que una prórroga de la emergencia no tiene principalmente los resortes necesarios”, dijo. El peronismo no acompañó el dictamen, según señaló Banfi durante la entrevista.

La legisladora planteó que el proyecto busca reemplazar una nueva prórroga de la emergencia por una norma permanente. A su criterio, una emergencia fija un plazo y deja decisiones futuras en manos de otra gestión.

Banfi afirmó que la ley incorpora medidas que ya figuraban en la emergencia. Su propuesta apunta a que esas herramientas continúen vigentes después de diciembre de 2027. “Nosotros lo que buscamos es que queden de manera permanente”, explicó Banfi.

La diputada puso el foco en los prestadores que asisten a personas con discapacidad. “Un cronograma de pago” constituye el punto central del acuerdo, según sostuvo.

Indicó que los prestadores necesitan cobrar por los servicios que brindan a personas con discapacidad. Y afirmó que el texto actualiza sistemas que, según su descripción, quedaron afectados por la inflación del gobierno de Alberto Fernández.

La diputada señaló que el proyecto puede lograr una aprobación amplia en el Congreso. Dijo que una votación por unanimidad resultaría posible si el peronismo acompaña el trabajo con organizaciones del sector. “Viendo incluso el trabajo que se está haciendo con el colectivo de discapacidad”, planteó, “la posibilidad de que salga por unanimidad” sería “muy sano”.

Por otra parte, la legisladora aseguró que el Gobierno cambió su posición sobre discapacidad después de conflictos legislativos y presupuestarios. La diputada atribuyó ese giro a una actitud pragmática de la administración nacional.

Aclaró que esa interpretación corresponde a su mirada personal. Y vinculó el cambio con la llegada del Papa y la atención pública sobre el colectivo de discapacidad.

Banfi afirmó que el Gobierno entendió que una disputa prolongada con el sector no le dio resultados. Según su planteo, la administración nacional no cuenta con los votos necesarios para sostener esa confrontación.

“Es un sector extremadamente vulnerable”, dijo. También sostuvo que “generar una pelea, como viene haciéndolo durante dos años, no le sirvió para nada”.

La diputada sostuvo que la agenda de discapacidad reúne reclamos de organizaciones, instituciones religiosas y la Iglesia. Afirmó que ese escenario empujó al oficialismo a aceptar propuestas que antes no respaldaba.

Al mismo tiempo describió problemas internos en el Gobierno durante el diseño de proyectos legislativos. Algunas carteras, según precisó, elaboran iniciativas que luego llegan al Congreso con cambios no previstos.

La diputada citó como ejemplos la ley de lobby, la cuestión de soberanía y el capítulo de discapacidad dentro del presupuesto. De acuerdo con la legisladora, esas diferencias generan problemas posteriores en la comunicación política.

Banfi evitó centrar su crítica en la figura del Presidente. “Me importa más cuáles son los datos y cuáles son los registros”, afirmó al explicar su posición sobre las políticas públicas.

La legisladora sostuvo que los gobiernos deben ordenar las cuentas sin excluir a sectores vulnerables. “Cuando vos dejás estos sectores afuera, yo creo que el costo después que pagamos todos los argentinos es más caro”, dijo.

El endeudamiento familiar y los límites de una regulación

Entre otras cosas, la legisladora abordó el debate parlamentario sobre endeudamiento familiar y morosidad. La diputada cuestionó que la comisión tenga una fecha obligatoria para emitir dictamen.

Según explicó, el emplazamiento limita la posibilidad de discutir los proyectos con mayor profundidad. Banfi afirmó que el número de votos puede imponerse sobre el contenido de las propuestas.

Advirtió sobre los riesgos de intervenir en relaciones contractuales entre privados. Dijo que una regulación de tasas o topes puede afectar la oferta de crédito. “El problema no se resuelve siempre con una ley”, afirmó Banfi.

La diputada planteó que la Argentina necesita ampliar el acceso al crédito y mejorar la trayectoria financiera de quienes solicitan préstamos.

Sostuvo que muchas personas tienen una historia crediticia limitada. Según señaló, esa situación restringe sus posibilidades de acceder a nuevos préstamos y mejores condiciones financieras.

La diputada informó que los bloques dialoguistas trabajan en un proyecto propio. El texto buscaría incorporar mecanismos que ya funcionan en otros países para ampliar la oferta crediticia.

También recordó el debate sobre la anterior ley de alquileres. La legisladora afirmó que la norma alteró la oferta de viviendas y perjudicó a quienes necesitaban alquilar.

La diputada reconoció que votó aquella ley y luego impulsó su derogación. “Fue un error”, dijo al referirse a esa decisión parlamentaria.

Para cerrar, aseguró que el decreto 70 derogó la norma y modificó el mercado de alquileres. Afirmó que la baja de la inflación redujo algunas presiones, aunque los valores todavía no descendieron.

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Días después de su oficialización como nuevo secretario nacional de Discapacidad, Pablo Di Liscia sufrió un accidente en moto y permanece internado con varias fracturas en el Hospital Pirovano. Los estudios médicos descartaron lesiones neurológicas y el funcionario se encuentra fuera de peligro, según informaron fuentes oficiales a Infobae.

Di Liscia sufrió fracturas en varias costillas, una clavícula y un omóplato. Al momento del choque llevaba casco, un elemento que evitó consecuencias de mayor gravedad. El equipo médico lo mantiene bajo observación y le brinda asistencia respiratoria, principalmente por la medicación analgésica indicada para controlar el dolor.

El estado clínico es delicado debido a la cantidad de lesiones, aunque no presenta compromiso neurológico ni riesgo de vida. Por ahora, los profesionales no definieron cuánto tiempo deberá continuar internado ni si requerirá una licencia durante su recuperación.

La situación se produjo en el inicio de la gestión de Di Liscia al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad. El lunes 28 de septiembre, el Gobierno formalizó su nombramiento a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, tras la salida de Alejandro Vilches de la conducción del área.

La Secretaría pasó a depender del Ministerio de Salud luego de la reorganización de la estructura que hasta entonces estaba a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad. La llegada de Di Liscia coincidió con las conversaciones que el oficialismo mantiene en el Congreso sobre cambios en el sistema de prestaciones y financiamiento.

El funcionario tiene antecedentes en la administración pública vinculados al sistema sanitario. Entre 2017 y 2019 presidió el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de María Eugenia Vidal. También ocupó funciones en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en áreas de control de gestión e higiene urbana.

Para su gestión se preveía la continuidad de la revisión de las pensiones por invalidez laboral, el refuerzo de las auditorías y el ordenamiento de las prestaciones para personas con discapacidad. El accidente alteró ese cronograma apenas un día después de la oficialización de su cargo.

Hasta este martes por la tarde, el Gobierno no había resuelto quién quedará a cargo de la conducción cotidiana de la Secretaría durante la recuperación. La decisión dependerá de la evolución clínica de Di Liscia, que continúa bajo seguimiento médico en el Hospital Pirovano.

Los integrantes de la Mesa Política volverán a verse las caras a las 13:00 en Casa Rosada para retomar las conversaciones sobre la estrategia del oficialismo de cara a las próximas semanas, tanto en el plano de la gestión como en el legislativo. Estaba previsto que asistieran todos los participantes habituales de la cumbre, la cual preside y convoca la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La congregación de esta tarde surge en medio de un contexto particular para la administración libertaria. Hay deliberaciones puertas adentro sobre cómo deben ser los próximos pasos del Gobierno tanto en materia de política económica como de acción política.

La discusión que cristaliza esas diferencias es la que ocurre con el proyecto de Discapacidad que el bloque de La Libertad Avanza consensuó y dictaminó en conjunto con la oposición dialoguista la semana pasada en la Cámara de Diputados. El Ministerio de Economía está conversando con actores del oficialismo para ver cuál es el gasto fiscal que supondría incluir esas modificaciones en el proyecto de Presupuesto para 2027.

La semana pasada, integrantes de la mesa chica del ministro de Economía, Luis Caputo, se quejaron fuera de los micrófonos porque habría poco margen fiscal como para sostener la normativa que el oficialismo libertario negoció en Diputados. “No se puede pagar”, dijo una importante fuente a Infobae. Eso fue respondido puertas adentro por el otro sector al decir que los cambios negociados no afectaban en mayor cuantía a las arcas fiscales y que “lo único que se modifica es sacarle el carácter de emergencia a la Discapacidad”.

Caputo y Menem -los dos cabecillas de las áreas en pugna- no se vieron la semana pasada en la reunión de Mesa Política porque el primero estaba en Nueva York junto a Javier Milei. Mientras tanto, hubo contactos entre varios de sus laderos como la diputada nacional Laura Rodríguez Machado (quien lleva parte de las negociaciones por esa temática con otros bloques aliados) y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Supuestamente, habría existido una suerte de entendimiento entre estos dos dirigentes.

Tres integrantes de la reunión de la Mesa Política convalidaron las discusiones que existen por esta cuestión. Algunos les bajan el tono. “Yo no hablaría de internas ni de dilemas, sino de discusiones propias de la dinámica de la política de un gobierno. Cada uno defiende la parte que le toca y mira. Siempre hubo tensiones de este estilo en todos los gobiernos. La mesa política está para zanjar esas discusiones”, afirma uno de ellos en diálogo con Infobae.

Al respecto del inconformismo del Ministerio de Economía sobre la imposibilidad de poder recortar más en el área de Discapacidad, un referente del ala política respondió de manera contundente: “Es muy simple. Van a tener que poner la plata. Punto. No hay más quilombo que eso”. La mano derecha de una de las figuras de la mesa política confirmó las tensiones que se viven entre integrantes de la esfera económica y la política. “Está todo muy raro. Es un todos contra todos muy confuso”, describen.

Esta discusión no deja de ser una cuestión que, en realidad, plasma un matiz mayor. Los que están del lado del ministro de Economía recuerdan su súplica en una reunión de la mesa política en la que pidió acelerar los acuerdos políticos con los gobernadores y bloques aliados. Esa visión es compartida por el asesor presidencial Santiago Caputo. La fundamentación de esa postura es que el pacto con la oposición contribuirá a calmar las expectativas de los mercados y que ayudará a bajar la incertidumbre política de cara al año próximo.

Se trata de una discusión similar a la del huevo y la gallina, porque en el ala política afirman que esa visión peca de ingenua. En rigor, indican que son pocos los actores de la oposición que estarán dispuestos a rubricar un acuerdo con el Gobierno estando a un año de las elecciones. “Justamente lo que están haciendo es especular si nos va a ir mejor o peor en la economía para después cerrar. Hay charlas encaminadas, pero no es algo tan sencillo como plantean”, puntualizan. Son varios de ellos los que, en privado, piden que existan ciertas políticas para dinamizar la situación económica.

La nueva edición de la mesa política de este martes buscará tratar cara a cara la situación de Discapacidad ante un contexto que apremia. Un grupo de legisladores que acompañó el dictamen impulsado por La Libertad Avanza advirtió que podría retirarle su respaldo al oficialismo si no recibe precisiones sobre las partidas previstas para garantizar la aplicación de la ley de Emergencia en Discapacidad.

El planteo fue dirigido al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Alberto “Bertie” Benegas Lynch. Los diputados pidieron que se informe el monto destinado a cubrir las prestaciones contempladas en el proyecto antes de que avance el debate por el Presupuesto 2027.

La nota fue firmada por Eduardo Falcone y Oscar Zago, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal, y Álvaro González, del PRO. Los cuatro habían acompañado el despacho de mayoría sobre discapacidad, después de que el oficialismo aceptara parte de las propuestas planteadas por esos espacios. Los legisladores reclamaron que las partidas queden detalladas de forma explícita para despejar la incertidumbre de las organizaciones que representan a personas con discapacidad.

Desde el bloque libertario sostienen que las partidas necesarias ya están incorporadas en el Presupuesto. De acuerdo con esa posición, los recursos para pensiones están contemplados y la discusión se concentra en la modalidad de pago de determinadas prestaciones. Los legisladores que firmaron el reclamo advirtieron que, si no obtienen una respuesta satisfactoria, podrían votar junto a la oposición una prórroga de la Emergencia en Discapacidad cuando el proyecto llegue al recinto. La sesión todavía no fue convocada. El Gobierno tendrá margen para negociar con los bloques aliados antes de la votación, en un escenario donde el respaldo de esos diputados resulta necesario para sostener su posición en la Cámara baja.

Dos acuerdos, uno en cada cámara del Congreso, permitieron a los bloques libertarios superar casi en simultáneo, al menos en parte, un par de desafíos delicados: en Diputados, logró dictamen frente a la presión opositora para definir el futuro inmediato del área de discapacidad; y en el Senado, cerró trato incluso con el peronismo/K para votar, con cambios, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Pero nada terminó allí. Llamativo y paradójico, las inmediatas tensiones en el interior del oficialismo terminaron acrecentando recelos de socios y dialoguistas. Y eso mismo pone a prueba los proyectos que busca apurar el Gobierno, necesitado además de logros políticos frente a la realidad económica.

En esa línea, las recientes declaraciones televisivas de Javier Milei añadieron nuevos condimentos. El Presidente se encargó personalmente de salir a descalificar una sucesión de informes del INDEC negativos -en especial, caída de la actividad, consumo y pobreza- y ratificó así su posición inflexible en ese terreno, algo que impacta internamente frente al clima electoral ya instalado. Fue, en público, la ratificación del mensaje a funcionario y legisladores para que cierren filas en defensa del plan económico.

El gesto de Milei confirmó de hecho que los acuerdos con aliados y dialoguistas se plantean en un contexto diferente al que suponía tratar de imponer criterios desde una posición de fuerza, porque existen otras necesidades de peso. Eso último alimentó las afirmaciones sobre consumo, PBI y exportaciones a contramano de las mediciones del INDEC. Más llamativa fue la declaración sobre una enorme deportación de “terroristas” internacionales que, hasta ahora, sólo provocó un par de reclamos opositores de informes, además de cierto desconcierto entre socios y silencio violeta.

El Presidente sostuvo que entre 2025 y lo que va de este año fueron “echados” 30.000 “terroristas” que, sostuvo, intentaban “infiltrase” en el país para “dinamitar el modelo argentino”. Dos opositores de diferente origen político -Maximiliano Ferraro, de la CC, y Juliana Di Tulio, del peronismo/K- reclamaron de inmediato explicaciones, por la vía de notas a las autoridades o pedidos de acceso a la información. Es posible que se anoten otros planteos. Pero, seguramente, alcanza para aumentar prevenciones frente a este tipo de generalizaciones con proyección legislativa.

El oficialismo se prepara para acelerar el tratamiento del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía, centrado en medidas para aumentar las sanciones a empresas que de manera directa o indirecta participen de proyectos de explotación de recursos naturales en Malvinas. En líneas generales, Malvinas es uno de los pocos temas de muy amplio consenso político. Es probable que haya discusiones puntuales; por ejemplo, sobre las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional que propone la iniciativa.

Las referidas declaraciones presidenciales, en cambio, amplificarían en alguna franja opositora las alertas sobre la falta de precisión respecto de actividades y organizaciones que puedan ser calificadas como operadoras de intereses extranjeros. Es algo que, de otro modo, ya había generado reacciones en el tratamiento del proyecto de ley de lobby, con críticas de diversas organizaciones porque podría afectar temas básicos como la libertad de expresión.

Pero en el plano exclusivamente interno, el foco es otro y también, la fuente de inquietudes más allá de alguna sorpresa discursiva. Existe preocupación por lo que algunos definen como desacoples prácticos en el terreno político. Lo ocurrido en Diputados frente a la ofensiva opositora por la emergencia en el área de discapacidad -que de hecho impuso un cronograma para definir la cuestión- resultó ilustrativo.

El oficialismo venía trabajando un acuerdo con aliados y dialoguistas, para frenar a la oposición, hasta que se conoció el artículo correspondiente del proyecto de Presupuesto 2027. La dimensión del ajuste dinamitó el entendimiento. De inmediato, Patricia Bullrich en público y otros de manera reservada apuntaron contra Economía, para no llevar la interna a un punto extremo. Pasado el primer impacto, pero sin demoras, los representantes del bloque libertario volvieron a negociar, redondearon un texto y lograron dictamen. La serie no fue cerrada en ese punto, y desde el Ejecutivo se hizo trascender que el acuerdo no era avalado por completo.

Algunos socios de LLA hicieron saber entonces que esperan precisiones sobre la garantía presupuestaria para coronar el entendimiento en el recinto. Se verá. Ese gesto expuso cierto fastidio y sobre todo, desconfianza. El tratamiento del proyecto sobre el Banco Central en el Senado tuvo otros condimentos, suficientes igual para contribuir al malestar en el frente interno del oficialismo y alimentar suspicacias sobre el juego de Bullrich en la Cámara alta.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central no terminó al gusto de la Casa Rosada. Y parece imposible que Diputados insista con el proyecto original. La votación casi por unanimidad en el Senado modificó el criterio del Ejecutivo, que buscaba imponer mayoría especial de dos tercios en las dos cámaras del Congreso para remover autoridades del banco. El texto, que impone mayoría absoluta en el Senado, volvió a la Cámara baja. Y cayó muy mal en el Gobierno, donde mastican enojo creciente por los gestos de autonomía de la jefa del bloque violeta.

Ese clima doméstico se traslada a las consideraciones sobre la suerte de la reforma electoral, en particular el objetivo de anular las PASO. De un lado, dudan sobre el real empeño de Bullrich, que ha transmitido varias veces la dificultad para reunir votos. Y del otro, es señalada la falta de resultados, hasta el momento, de las tratativas encaradas por Diego Santilli y Eduardo “Lule” Menem para garantizar apoyo de los jefes provinciales con peso propio en la Cámara alta. La mirada se corrió en las últimas horas al viaje de Milei a París, acompañado por una docena de gobernadores.

Existe por lo menos un elemento que no depende exclusivamente de la voluntad del oficialismo y es la modificación que va sufriendo el contexto. Está claro que el cuadro surgido de las elecciones del año pasado fue cambiando por distintas razones, no sólo económicas. Y entonces, no tendría la misma fuerza la receta, impulsada con altibajos por operadores de Karina Milei, según la cual los gobernadores deberían garantizar la derogación de las PASO para asegurarse -después, una vez votada la reforma electoral- que la LLA no les daría batalla en sus distritos. Una especie de contraprestaciones reeleccionistas, a escala nacional y en cada distrito.

Presupuesto, Malvinas, reforma electoral, Banco Central figuran en los primeros renglones de la agenda legislativa del Gobierno. Se verá ahora que deja el viaje a París.

Sentado en su oficina del microcentro porteño, un importante empresario con base en Buenos Aires y Washington recordaba una reunión que tuvo en 2023 junto a otros miembros del establishment con Javier Milei, semanas después de las primarias.

—¿Vas a dolarizar, Javier? —le consultó uno de los presentes—

—¡Pero ni en pedo! —le respondió—

Cuentan que en ese mismo encuentro también quiso llevar calma a esos players al decir que no iba a cerrar el Banco Central. Afirmó que la reforma más importante que quería implementar en primer lugar era la modificación de la Carta Orgánica para poder defender el valor de la moneda. “Milei sabía que la propuesta que decía en ese entonces de dolarizar o de la competencia de monedas era imposible. No es ingenuo. Sabe que hay restricciones en ciertas políticas. Llevando ese momento al presente, opino que el hecho de que se demuestre completamente disciplinado en su plan fiscal en este momento lo hace valorable. Tanto para los actores locales como en el plano internacional”, afirma. Es un optimista del plan económico, pero sí tiene sus inquietudes por algunos números que mira y que cree que pueden afectar de cara al año próximo.

Milei estuvo esta semana en Nueva York y defendió a capa y espada su gestión económica. La actividad más enriquecedora se produjo en el conversatorio organizado por The Economic Club de Nueva York con John Micklethwait, editor global de Bloomberg. Al ser abordado por las vigentes restricciones cambiarias para empresas, afirmó que las levantará cuando lo crea necesario. Sobre el crecimiento de los números de desempleo, dijo que, por el contrario, Argentina generó más puestos de trabajo pero en el sector informal. Las risas se generaron cuando respondió escuetamente que no le importaba que el país pudiera ingresar en un período de recesión: “El ciclo de tendencia sigue creciendo sin ningún tipo de problemas”.

Todo es según el color del cristal con que se mira, dice el poema. Ante los indicadores económicos, la mesa económica de Milei se ocupa de agarrar los datos que le sirven, mientras que la oposición hace lo diametralmente opuesto. ¿Existirá un Milei que en público exalta las virtudes de su programa pero piensa en medidas algo más heterodoxas? En su entorno responden que no se va a relajar la política fiscal ni la monetaria.

La tormenta que temen en el Gobierno

Es probable que en los próximos meses se hable de una recesión técnica debido a que los números de la actividad económica podrían confirmar dos trimestres consecutivos de caída.

Un funcionario que participa de la toma de decisiones del ala económica trata de minimizar ese dato y da sus pronósticos hacia adelante. “Nosotros creemos que la actividad va a crecer por mejora de los salarios reales, que se vienen recuperando levemente pero se recuperan a medida que sigue bajando la inflación, el crédito que está volviendo a crecer -con hipotecarios y en dólares-, exportaciones e inversión, que está dejando de caer y debiera empezar a crecer en los próximos meses”.

En el equipo económico sí existe preocupación por el panorama internacional y el shock que produce en Argentina. “Hay un shock de precios de la energía a nivel internacional y de tasas de interés que te impactan. Nuestro país tiene un hedge [una cobertura] natural porque el petróleo es el principal producto exportador y en breve exportaremos GNL, pero ese costo lo paga la gente también. No es gratuito”, analizan. Hay quienes caracterizan ese contexto como “difícil” y observan con especial inquietud la falta de drivers para que ese escenario se normalice.

Por la disparada del combustible a nivel internacional, Axion Energy, Puma y Raízen aplicaron un incremento promedio en el surtidor que ronda el 3%. YPF, en tanto, aplicó un aumento del 1% en todo el país. Por ese motivo, el Gobierno reconoce que la empresa no está pasando todo el costo. Muchos recuerdan un informe de la consultora 1816 de comienzos de julio, que decía que “la velocidad de la desaceleración (de la inflación) dependerá en parte” de la petrolera, ya que tiene casi el 55% de la venta de combustible a nivel nacional y ha actuado de sostén ante incrementos inesperados producto de la escalada bélica global. Respecto de esto último, muchos gobernadores diseñan en silencio el impulso de una discusión respecto al Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL): quieren que el Gobierno deba aplicar sí o sí los fondos recaudados en obras viales y no pueda utilizar un excedente para el margen fiscal. Se viene esa disputa.

Hay más de un importante funcionario que tiene intenciones de proponer una suerte de política monetaria más laxa. La respuesta del Palacio de Hacienda es rotundamente negativa. Afirman que la tasa corta está en terreno negativo y que no tiene sentido bajarla. También alegan que los encajes tampoco están altos. “Hay que continuar con política monetaria ortodoxa para terminar de eliminar la inflación y que los salarios reales puedan recuperarse. No tiene sentido inyectar pesos y menos para subir el tipo de cambio, que está depreciado”, justifican, para agregar que les habría servido un dólar más bajo para mitigar el shock externo, pero que por la coyuntura actual prefieren priorizar la recomposición de la hoja de balance del Banco Central.

La disputa por Discapacidad

Cada integrante de la Mesa Política de la Casa Rosada tiene interpretaciones diferentes sobre lo que se debe hacer respecto a la marcha del Gobierno, pero hay una cuestión que está generando especial malestar interno: el proyecto sobre Discapacidad que el bloque de La Libertad Avanza -que lidera Martín Menem como presidente de Diputados- consensuó con aliados y que buscaría reemplazar el apartado que el Ministerio de Economía redactó en el Presupuesto 2027 y que contenía retrocesos de algunas negociaciones que ya había hecho el oficialismo.

En el sector de Luis Caputo dicen que no les gusta la propuesta y que “no se puede pagar”. Es una crítica que también hacen otros aliados de ese sector hacia los operadores del ala política, a quienes acusan de no haber hecho reformas profundas y que “cedieron siempre que pudieron”.

En el karinismo responden que no importa cualquier tipo de veto que pueda llegar a establecer Hacienda. “Nos vamos a imponer con el proyecto. A lo sumo toquetearemos alguna cosa con los aliados. No hay ninguna posibilidad de que rompamos ningún acuerdo político. Ninguna”, marcan. Una fuente inobjetable agrega: “Son unos vivos. Piden acuerdos políticos pero después quieren que no generemos ningún acuerdo con los aliados”.

No son muchos los antecedentes respecto de un enfrentamiento así entre el sector de Caputo con el ala política, particularmente con el de Martín Menem. La última ocasión fue cuando trascendió el malestar del ministro de Economía por la falta de alianzas con gobernadores y bloques colaboracionistas. Aquello no cayó nada bien entre los negociadores karinistas. “Nosotros no nos metemos en la política económica, que ellos no nos vengan a decir cómo hacer lo nuestro”, fue una de las respuestas que se esgrimieron en ese entonces. Lo curioso es que Javier Milei no ha actuado como un mediador de esos conflictos.

Las versiones que hay son difusas. Los diputados libertarios que llevaron la voz cantante de las negociaciones indican que conversaron de manera directa con la Secretaría de Hacienda que preside Carlos Guberman y que en esas tratativas estuvieron presentes los máximos integrantes de la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia y la Agencia Nacional de Discapacidad. La anteúltima área responde de manera directa al asesor presidencial Santiago Caputo, mientras que esta semana se conoció la designación como titular de ANDIS a Pablo Di Liscia, hombre que responde al ministro de Economía, Luis Caputo.

Entre los hombres que integran el ala política de Karina Milei hay una fuerte crítica por la demora en la auditoría y quita de beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez. Cuando comenzaron los primeros movimientos para revisar los criterios de otorgamiento a casi 1.222.554 personas hasta diciembre del 2023, se estimaba que las irregularidades podían oscilar de entre USD 1200 y USD 2000 millones. Producto de diferentes decisiones judiciales, el proceso se detuvo y muchas de las que se dieron de baja debieron restituirse. Según detalles del último Informe de Gestión enviado al Congreso, el stock de pensiones había disminuido a 1.148.175 a marzo de 2026. El número sigue siendo más alto de lo esperado.

¿Será verdad que hubo contactos entre altas esferas del Gobierno para bajar el tono de la discusión? Lo cierto es que los Caputo no pudieron estar en la última reunión que se realizó el pasado martes, por lo que no estuvo la posibilidad de que ambos sectores se puedan desquitar puertas adentro. Javier Milei no convocará a una reunión de Gabinete este lunes, pero se espera que el martes a las 13 se produzca un encuentro de la Mesa Política antes de que varios de ellos se vayan a París por el Argentina Week.

El Presidente contactó días atrás a Diego Santilli para que se sume a la comitiva del viaje. Seguramente sea para que mantenga un contacto profuso con los 12 gobernadores aliados que promocionarán a sus provincias. Un funcionario de primera línea estima que hay acuerdos que se van a conocer en un lapso de entre dos a tres semanas. La idea es que en noviembre se encaminen los votos para la Reforma Política y la consecuente suspensión de las PASO. No son casuales las reuniones que hubo en el despacho de Lule Menem, armador nacional de La Libertad Avanza, con diferentes presidentes provinciales del espacio. Se dio la orden a los referentes de que comiencen a hacerse la idea de abrir las alianzas en las provincias. “Vamos a necesitar a todos del centro hacia la derecha”, afirman.

El tiempo dirá si esa consigna contiene al sector de Patricia Bullrich. Uno de los funcionarios que estuvo con ella la semana pasada en Casa Rosada suele decir que la ministra está de “paritarias” para llevarse mayor recompensa en la repartija de las listas libertarias. Otro de ellos es algo más tajante: “Contemplamos todos los escenarios. Si de verdad quiere forzar una ruptura, tenemos la certeza de que todos los escenarios son malos para ella. Puede irse con ella un sector del radicalismo o incluso de los gobernadores. Pero como Milei no va a medir nadie en la centroderecha. A todos nos conviene convivir”.

El Instituto Nacional Electoral (INE) no contempla utilizar el voto por internet para personas en situación de postración y sus cuidadores durante el proceso electoral 2026-2027, luego de que la prueba piloto realizada en Coahuila registró una participación mínima y, de acuerdo con consejeros electorales, no permitió garantizar plenamente aspectos como la secrecía y la identidad de quienes sufragan.

La modalidad de sufragio anticipado por vía electrónica se aplicó por primera vez en territorio nacional durante junio pasado. Sin embargo, las previsiones actuales del organismo apuntan a que la experiencia no tendrá continuidad en el próximo proceso electoral.

La decisión ha generado posiciones encontradas dentro del Consejo General del INE, particularmente entre los consejeros Uuc-kib Espadas y Carla Humphrey, quienes han planteado argumentos distintos sobre el futuro del voto electrónico.

Uuc-kib Espadas cuestiona viabilidad del voto por internet

El consejero Uuc-kib Espadas sostuvo que la prueba piloto en Coahuila fue un “experimento fallido”, debido a que solamente una persona optó por esta alternativa y no se pudo garantizar la secrecía del sufragio.

Además, señaló que tampoco existieron condiciones suficientes para acreditar la identidad del votante, por lo que consideró que persisten obstáculos constitucionales y técnicos para implementar de manera generalizada el voto por internet en México.

“Mientras las fantasías del voto electrónico no solucionen estas dos preguntas seguirá estando reñido formalmente con la Constitución y con el sentido común para tener elecciones íntegras”, afirmó durante una sesión del Consejo General.

Desde esta perspectiva, la experiencia de Coahuila evidenció problemas que, a juicio del consejero, deben resolverse antes de ampliar el uso de mecanismos electrónicos para emitir el sufragio.

Carla Humphrey pide no desechar inversión del INE

En contraste, la consejera Carla Humphrey consideró que los resultados de la prueba piloto deben analizarse tomando en cuenta la falta de difusión de esta modalidad entre la población objetivo.

La consejera también cuestionó que el Instituto abandone el Sistema de Voto Electrónico por Internet (SIVEI), plataforma en la que, según expuso, se invirtieron alrededor de 15 millones de pesos para tareas de seguimiento, diseño, desarrollo de software, arquitectura de nube y pruebas.

“¿Bajo qué lógica de racionalidad y eficacia presupuestal decidimos abandonar este desarrollo en un cajón para 2026-2027 en lugar de amortizar la inversión?”, planteó.

Humphrey argumentó que el elevado costo unitario registrado en la prueba se relacionó directamente con la baja participación, pues solamente una persona se inscribió. Por ello, consideró que una participación inicial reducida no debería ser motivo para eliminar una alternativa dirigida a personas que históricamente han enfrentado dificultades para ejercer su derecho al voto.

La consejera también señaló que alrededor de 70 por ciento de los mexicanos residentes en el extranjero que votan por internet optan por esta modalidad, por encima de otros mecanismos disponibles.

¿Cómo votarán las personas en postración en 2027?

Con el modelo aprobado por el Consejo General del INE, el voto anticipado para personas en situación de postración y sus cuidadores volverá a realizarse mediante boletas impresas en los domicilios.

El personal del Instituto deberá efectuar dos visitas domiciliarias durante 2027. La primera se realizará entre el 5 y el 11 de febrero, con el objetivo de recabar las firmas físicas correspondientes.

Posteriormente, entre el 12 y el 26 de mayo, se llevará a cabo una segunda visita para recibir el voto, siempre que la persona en situación de postración y su cuidador se encuentren disponibles en ese momento.

Humphrey expresó su preocupación por la eliminación de la vía electrónica y sostuvo que la decisión representa un retroceso frente a la obligación de buscar mecanismos que permitan garantizar el derecho al voto de personas con discapacidad y de quienes realizan labores de cuidado.

El debate ocurre después de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ordenó buscar alternativas para garantizar la participación electoral de estos sectores de la población.

Backo nació en Novi Sad, Serbia, con focomelia, una anomalía congénita que causa el acortamiento severo o la ausencia de las extremidades. En su caso, la condición afectó ambos brazos por completo.

Desde la infancia aprendió a reemplazarlos con los pies: sujeta el pincel con los dedos para pintar, practica taekwondo adaptado y resuelve las tareas cotidianas sin asistencia. Se graduó en la Academia de Artes de Novi Sad y construyó una carrera deportiva que la llevó a coronarse campeona mundial en su categoría.

Una vida construida sobre la superación antes de ser madre

Junto a su pareja, Marko Nezic, creó una cuenta en Instagram donde documentan su estilo de vida activo, centrado en la nutrición y el entrenamiento físico. La comunidad que los sigue creció sostenida por esa combinación de desafíos físicos y honestidad sobre las dificultades del día a día.

Con la llegada de su hija Lara, esa dinámica tomó una dimensión completamente nueva. La deportista declaró que la maternidad no implica resignarse a hacer menos, sino encontrar nuevas formas de hacerlo todo. “Cuando la alimento, solo necesito que Marko me ayude a colocarla sobre la almohada”, contó en una de sus publicaciones, según recogió el medio británico The Express.

El video que cruzó fronteras y superó los millones de reproducciones

El clip que se convirtió en fenómeno fue publicado desde el perfil de Marko. En él, la joven saca a Lara de la cuna, la traslada hasta el sofá y le cambia la ropa, todo con los pies y sin ayuda de nadie. La secuencia acumuló más de 10,3 millones de reproducciones, más de 300.000 “me gusta” y cerca de 8.000 comentarios en las redes sociales.

La propia madre reconoció en publicaciones previas que sacar a su hija de la cuna representaba “su mayor miedo”. Pese a eso, la grabación la muestra haciéndolo con precisión y calma. Esa combinación de vulnerabilidad y determinación fue, a juzgar por el volumen de interacciones, lo que más movilizó al público.

Antes de ese clip, otras grabaciones de la pareja ya circulaban en TikTok con millones de reproducciones. En ellas, Backo muestra cómo le da el biberón a Lara apoyándola sobre una almohada entre sus piernas, cómo la acaricia y cómo atiende sus necesidades básicas, siempre con los pies como principal herramienta.

Los comentarios que convirtieron al clip en un debate global

La respuesta del público fue inmediata y emotiva. Miles de usuarios expresaron admiración, pero también una autocrítica espontánea: varios reconocieron que ver a Dejana cuidar a su hija los llevó a cuestionar sus propias quejas cotidianas. La idea de que el cansancio o la falta de tiempo son excusas menores frente a lo que ella enfrenta cada día se repitió en distintas lenguas a lo largo de la sección de comentarios.

Otros mensajes se enfocaron directamente en el vínculo entre madre e hija. Muchos destacaron la fortuna de Lara de tener una madre como Dejana, y algunos la calificaron como “el video más inspirador del año”, una etiqueta que se replicó a medida que el clip cruzó fronteras. La combinación de ternura y destreza que muestra la grabación fue, según los propios usuarios, lo que los impulsó a compartirla.

El impacto se tradujo también en números: el perfil de Marko sumó miles de seguidores en pocas horas tras la publicación, mientras que el de Dejana, donde comparte sus rutinas, su arte y su vida como madre, supera los 272.000 seguidores en Instagram.

Con el presidente Javier Milei casi toda la semana en los Estados Unidos por la asamblea general de la ONU, en Buenos Aires su hermana Karina se puso al frente de las gestiones para tratar de contener los conflictos, tanto internos como externos, que había generado la falta de coordinación en torno a la presentación del Presupuesto 2027 y, particularmente, las modificaciones en las partidas por discapacidad.

Con las tensiones con Patricia Bullrich a flor de piel, la secretaria general decidió bajarse del viaje a Nueva York, al cual iba a ir como parte de la comitiva, para seguir de cerca las votaciones en el Congreso, fortalecer la relación dentro de La Libertad Avanza y administrar las diferencias con el PRO en medio de las negociaciones electorales.

La primera actividad relevante en el marco de este objetivo fue el martes al mediodía, cuando encabezó en la Casa Rosada la habitual reunión de la mesa política que, en esta oportunidad, estuvo marcada por las críticas de la jefa del oficialismo en el Senado.

En los días previos, la ex ministra de Seguridad había hecho público su malestar por haberse enterado a través de los medios que el Poder Ejecutivo había decidido introducirle modificaciones al Presupuesto, justo cuando se estaba negociando con la oposición.

La dirigente reveló que el tema no se comentó en ninguno de los encuentros previos que tuvo la cúpula libertaria y que ni siquiera el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sabía los detalles del texto que ahora va a tener que impulsar en el recinto.

“Cuando uno es el líder de una bancada y no se entera, uno llega al Congreso y te dicen ‘nos estás engañando’. Quedás como un tonto o como un mentiroso, eso resiente un poco las relaciones”, expresó Bullrich.

Luego, generó ruido el video que publicó en las redes sociales, en el que se la veía trabajando mientras escuchaba una canción de Lali, la artista que tiempo atrás fue el centro de los cuestionamientos del Presidente.

Tal como publicó este medio, en la mesa política le pidieron a la senadora que evite expresar las críticas abiertamente y que las discusiones sobre las cosas con las que no esté de acuerdo se lleven adelante de manera privada.

Al dia siguiente, Karina Milei la convocó a ella y al resto del bloque a una cena para dejar atrás las diferencias, en la previa de las votaciones de los proyectos de zonas frías y de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, de gran importancia para el Gobierno.

La cita fue en Unaghi, un restaurante de sushi ubicado en Olazábal al 4600, en el barrio porteño de Villa Urquiza, que ya había sido utilizado por la funcionaria para anteriores encuentros con legisladores.

Todos los asistentes a esa velada coincidieron en que fue un “evento social”, en el que no se habló de política ni de las leyes que estaban en juego, sino que sirvió para que los integrantes del espacio pudieran conversar en un clima distendido.

De aquella comida, Bullrich se retiró negando cuanlquier enfrentamiento con los otros miembros de la cúpula libertaria y asegurando que la relación estaba en perfectas condiciones: “¿Lali toca en River? Ah, no sabía... yo soy de Independiente", le respondió a una periodista que la esperaba afuera del local gastronómico.

El jueves, en tanto, autorizó la convocatoria a una nueva mesa de diálogo con el PRO que hasta último momento estuvo en duda, en un contexto de tensiones con el partido aliado que también manifestó sus reproches por los cambios en discapacidad.

Los dos espacios venían juntándose semana por medio y esa iba a ser la primera vez que se suspendía uno de los encuentros encabezados por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en los que se buscan tanto acuerdos electorales como legislativos

“No creo que se realice porque no se habló nada hasta ahora y, la verdad, esta vez me parece mejor pasarla, porque si no levantás expectativa, tenemos que salir a contar qué se dijo y no es conveniente”, le había confesado a Infobae uno de los dirigentes que participan de esas reuniones, cuando todavía estaba en duda si se iba a hacer.

En tanto, desde Presidencia reconocían que todavía el encuentro no estaba en agenda y que podía posponerse, aunque aseguraban que si eso ocurría sería solamente por dificultades en la coordinación y no porque haya un distanciamiento.

“Si no se lleva adelante es porque hay un montón de cosas que están pasando y es difícil encontrar un hueco, pero se está organizando y no es que taxativamente se hace todos los jueves, va variando“, indicaron.

No obstante, los tres encuentros anteriores habían el 13 y el 27 de agosto, y el 10 de septiembre pasado, en el que se sumó la propia secretaria general, que pasó unos minutos a saludar a los presentes.

Finalmente, Santilli convocó a los referentes del PRO, Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, con tan solo unas horas de anticipación. De hecho, las gestiones fueron tan rápidas que Martín Menem no pudo cancelar otros compromisos que ya tenía en agenda y debió ausentarse.

Si bien se conversó sobre algunas de las cuestiones en carpeta, los dirigentes macristas pasaron buena parte observando las negociaciones a distancia del “Colo” con los senadores de distintos espacios, que en ese mismo instante estaban debatiendo la reforma del Banco Central.

Los aliados vienen cuestionando el rumbo que tomó el diálogo que tienen con el oficialismo, “porque primero te dicen todo que sí, pero después queda todo en el aire y salen a decir que te van a competir“.

“En casi todos los distritos bonaerenses en los que nosotros estamos gobernando se quieren meter y, en los que no estamos, tampoco reconocen a la gente que tenemos trabajando desde hace años”, indicó uno de los referentes amarillos.

Asimismo, hay cierto malestar con la estrategia en la ciudad de Buenos Aires, porque consideran que la armadora libertaria en territorio porteño, Pilar Ramírez, está siendo muy dura con Jorge Macri.

“Entonces, no ordenan su tropa y cuando ellos hacen algo es una boludez, pero cuando uno salta para protestar resulta que somos unos quilomberos y que no cumplimos con lo pactado. Estamos en una situación bastante compleja“, remarcó a este medio uno de los integrantes de la cúpula macrista.

La relación entre ambas partes pasaba por un buen momento hasta que, este miércoles, el partido amarillo emitió un comunicado en el que cuestionó al Poder Ejecutivo por haber incorporado modificaciones en los artículos del Presupuesto vinculados a las partidas para discapacidad que, según advirtió, podían debilitar herramientas centrales para garantizar las prestaciones.

“El Gobierno se equivocó”, señalaron en el texto que publicaron en las redes sociales, aunque remarcaron que seguirán acompañando las medidas que consideren necesarias para sostener el rumbo económico.

Luego de todas las repercusiones, en el marco de la mesa política, el oficialismo les presentó a los otros bloques del Senado una nueva iniciativa “superadora” que trata específicamente esta problemática, para tratar de llegar a un consenso.

“El proyecto es bueno. Tiene más que la emergencia. Pero adolece de credibilidad. Pero bueno, lo acompañamos en disidencia, sabiendo que puede ser mejor”, opinó el líder de otra de las bancadas cercanas a la Casa Rosada.

El nuevo texto plantea actualizaciones mensuales por inflación para las pensiones no contributivas por discapacidad, garantiza la continuidad de la cobertura médica y mantiene el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado.

El Gobierno busca que esa redacción permita evitar una extensión de la emergencia en este sector y reemplazarla por un esquema permanente. También pretende que los acuerdos con los bloques aliados se traduzcan en un dictamen favorable durante el tratamiento del Presupuesto, que sigue su curso paralelo en comisiones.

Asimismo, el PRO también marcó sus diferencias al anunciar formalmente el lanzamiento de Hernán Lacunza a la Presidencia, en un gesto que desafía los deseos de la cúpula libertaria, enfocada en eliminar las PASO y llegar a un acuerdo que implique que no haya competencia para la reelección de Javier Milei.

De todas formas, el economista ni siquiera cuenta con el respaldo de los referentes de su propio espacio: “Fijate que en la foto (que publicó el futuro candidato en las redes sociales) no hay un solo intendente ni nadie que tenga territorio, son todos dirigentes menores”, minimizó un hombre de peso en el armado amarillo.

El ex ministro reconoció públicamente que tiene diferencias con algunos de los miembros de su partido, particularmente con Ritondo, a quien criticó por mostrarse muy cerca del oficialismo en el último tiempo.

En diálogo con este medio, el jefe del bloque en Diputados comentó que Lacunza es alguien a quien “respeta”, porque lo considera “un economista serio que hace años forma parte del PRO”, pero también puso reparos a su eventual candidatura.

“Como digo siempre, hoy el foco tiene que estar puesto en otra cosa: impulsar los cambios pendientes, fortalecer lo que logramos y blindar, como dice Mauricio, el cambio para que no volvamos atrás”, agregó.

Antes del acto central, realizado en el Hotel Altos de la Viña, Macri mantuvo una reunión institucional con el gobernador Carlos Sadir en la Casa de Gobierno provincial. Luego visitó el Centro Cultural Lola Mora y finalmente, en el Hotel Altos de la Viña, encabezó el encuentro de presidentes del PRO del NOA, con referentes de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca, más invitados de otras provincias.

La jornada incluyó dos actividades previas al acto central: una de PRO Mujeres, conducida por la titular Carolina Barone, y otra de la Juventud del PRO, a cargo de Pilar Brown y de la diputada nacional Antonela Giampieri. El acto arrancó con la bienvenida de la presidenta del PRO provincial, Claudia Machaca, acompañada por los titulares partidarios del NOA, y siguió con las palabras de Luciano Angelini, presidente de la Fundación Pensar Jujuy.

El cierre del encuentro en Jujuy estuvo a cargo de De Andreis y del propio Macri.

“Nosotros apoyamos a este Gobierno, quizás como nunca nadie lo hizo sin ser gobierno. Para que ganaran, para que saquen las leyes que se necesitan para transformar y poner al Estado al servicio de la gente, y no de políticos corruptos que se enriquecen cada vez que llegan al gobierno. Pero todavía queda mucho por hacer: hemos logrado empezar a tener un equilibrio económico, reducir el déficit fiscal y transformarlo en superávit, y todavía tenemos que trabajar en reducir la inflación para que llegue a un dígito anual y que accedamos al crédito”, expuso Macri.

Por otro lado, destacó que Argentina “necesita un superávit fiscal de calidad”. Consideró que si bien, al superávit, “el Presidente lo ha logrado con mucha audacia, muy rápido, algo inédito en la historia de la Argentina y diría de la humanidad”, el mismo “es de baja calidad”.

“Si el Presupuesto no puede incluir mantener la infraestructura que tenemos y construir nueva, es que está mal hecho el Presupuesto. Pero son años de populismo que han sostenido subsidios, y desmontar toda esa situación de subsidios dañinos, perversos y tramposos lleva su tiempo. Pero falta hacerlo, y ese es el próximo paso”, evaluó.

Lejos de una posible candidatura, Macri aclaró que hoy en día su rol en el PRO “es tratar de ser mentor”.

“Estamos acá porque seguimos apostando a la gestión, a prepararnos para gobernar en cada lugar. Tenemos que asumir esa responsabilidad. Queremos tener un candidato a intendente en cada ciudad del país”, manifestó.

“Próximo Paso NOA” fue la sexta parada de la gira que el PRO viene desarrollando durante 2026. Antes de Jujuy, el ciclo pasó por Resistencia (Chaco), Mendoza, Santa Fe, Vicente López y Mar del Plata, con el lanzamiento oficial en Parque Norte en marzo pasado.

Días de tensión entre el PRO y el oficialismo

En paralelo a la reaparición de Macri, el economista Hernán Lacunza continúa con su campaña en modo precandidato presidencial. Esta semana publicó una foto en sus redes, acompañado -entre otros- por la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, el exsenador Alfredo De Angeli, el presidente del bloque PRO en el Senado, Martín Goerling Lara; y el expresidente del PRO, Humberto Schiavoni. Se trata, en su mayoría, de dirigentes que rechazan una alianza con La Libertad Avanza.

El pasado miércoles, el PRO difundió un comunicado con cuestionamientos políticos al oficialismo. “En el manejo de la política de discapacidad, el Gobierno se equivocó. Y volvió a hacerlo al incluir en el proyecto de Presupuesto 2027 cambios que debilitan herramientas fundamentales para garantizar prestaciones y pensiones”, se afirmó en el texto.

En la publicación se remarcó que “la discapacidad debe ser abordada como una verdadera política de Estado, con previsión, responsabilidad y respuestas sostenidas”, y concluyó con una advertencia: “Acompañar y blindar el cambio también implica marcar límites. Este, para el PRO, es uno de ellos”.

El secretario general del partido y diputado nacional Fernando de Andreis fue un paso más allá. “En esta se equivocaron”, indicó en X, y argumentó que la discapacidad alcanza a casi el 13% de la población, con miles de familias expuestas a situaciones que pueden ser “desesperantes”.

El dirigente, mano derecha de Macri, también delimitó el rol del PRO ante el conflicto: ser “el guardarraíl del Gobierno cuando algunas de sus acciones lo llevan a desviarse del rumbo” y, al mismo tiempo, una barrera contra quienes buscan usar el tema “con fines electorales”.

Reunión en Casa Rosada

En este contexto el jefe de Gabinete Diego Santilli y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, recibieron el jueves en Casa Rosada al jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, y al propio De Andreis. El cónclave —el cuarto encuentro formal desde que institucionalizaron el canal de diálogo quincenal— estuvo a punto de suspenderse: desde el macrismo admitían en la previa que “no hay muchos temas para hablar”.

Sin embargo, la reunión terminó durando más de dos horas. Buena parte de ese tiempo estuvo dedicada a seguir en tiempo real el debate en el Congreso sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El dato del Indec que se conoció esa tarde también ocupó parte de la agenda: la pobreza subió a 32,3% en el primer semestre de 2026, 4,1 puntos porcentuales por encima del período anterior. A la salida, Ritondo reconoció que “hablar de un acuerdo electoral también está lejos”, aunque ratificó que el PRO va “a garantizar el blindaje del cambio”.

Presionado por propios y ajenos, el oficialismo terminó dando marcha atrás a los cambios en discapacidad. La Casa Rosada presentó una iniciativa alternativa que conserva el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado, incorpora actualizaciones mensuales por inflación para las pensiones no contributivas por discapacidad y garantiza la continuidad de la cobertura médica para los beneficiarios.

La nueva redacción le permitió a La Libertad Avanza (LLA) reconstruir parte de la negociación parlamentaria: el oficialismo obtuvo un dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda de Diputados, con el acompañamiento del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y otros sectores dialoguistas. “Cambia completamente la discusión”, describieron desde el macrismo al conocer los cambios.

Diego Spagnuolo, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, recibió un nuevo revés judicial en su estrategia de defensa contra las acusaciones por presunta corrupción en la compra de medicamentos para el organismo. La Cámara Federal porteña le negó ahora un pedido para ser querellante en un rol de víctima, en otra causa penal que investiga si hubo espionaje ilegal en la filtración a la prensa de los audios que se le atribuyen.

En ellos se lo escucharía hablar de supuestos pagos de sobornos por parte de droguerías para hacerse con licitaciones en la ANDIS, que presidió desde diciembre de 2023 a agosto de 2025.

Se trata de una pesquisa paralela que investiga el origen y la obtención de esos mismos audios, iniciada en septiembre de 2025, luego de la difusión de las grabaciones en la prensa. El Gobierno nacional presentó una denuncia por la posible existencia de una organización dedicada a realizar tareas de inteligencia ilegal, obtener conversaciones privadas y luego difundirlas o manipularlas.

Desde que las grabaciones se filtraron a la prensa -y llegaron a manos de la Justicia en un pendrive con 50 audios- el ex funcionario aportó diferentes versiones y dijo que el material fue editado con IA. Todo ello es en la actualidad materia de una pericia.

El silencio de Spagnuolo

Spagnuolo pretende ser querellante en esta investigación que llevan el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Carlos Stornelli por la filtración de esos audios pero evita confirmar si la voz que se escucha es la suya, por lo cual no puede ser considerado víctima de nada todavía, concluyeron los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico al confirmar el rechazo al pedido por parte del juez Ercolini.

Es más, Farah cuestionó que el exfuncionario libertario haya evitado precisar cuestiones que, “por lógica, debería conocer bien: si es o no es él quien habla, qué fue dicho y qué no, ante quién, cuándo, dónde”. Esa ambigüedad, razonó, puede tolerarse en un acusado —en resguardo de sus garantías—, pero resulta “inconciliable con el rol del querellante y con su deber de atestiguar”.

En la otra causa penal donde su rol es de principal acusado, se confirmó este martes su procesamiento como supuesto jefe de asociación ilícita y cohecho. Allí se desarrolla una pericia para establecer si la voz de los audios le pertenece o no. Además, Spagnuolo se negó a aportar una muestra para cotejo, un cuadro de situación en el que “resulta jurídicamente imposible reconocerle la condición de víctima de las escuchas que él mismo cuestiona”, concluyó el Tribunal de Apelaciones.

“Hasta tanto no se defina ese aspecto, mal puede pretender ser tenido como ‘particular ofendido’ en esta investigación cuyo objeto es establecer si han existido maniobras de captación de conversaciones de funcionarios públicos en presunta violación a la ley de inteligencia”, sostuvo Boico en su voto. El magistrado remarcó que la legitimación como querellante exige acreditar —“aunque sea como hipótesis”— haber sido destinatario de esas supuestas intromisiones.

Cuando reclamó ser parte acusadora, la defensa de Spagnuolo argumentó que “del contenido de aquellos audios surge que la voz del interlocutor pareciera ser la del suscripto, luciendo evidente que soy el sujeto que habría sido víctima de la maniobra de espionaje aquí investigada”.

Pero el camarista Farah concluyó que la hipótesis que dan “sobre el origen de los audios que cuestionan es tan diversa e imprecisa que impide dar por cumplido uno de los requisitos esenciales que el CPPN establece para la admisibilidad de una querella: la ‘relación sucinta del hecho en que se funda’”.

En el expediente por corrupción donde Spagnuolo y otros 18 acusados quedaron con procesamiento confirmado, el juez federal Ariel Lijo ordenó en abril una pericia técnica sobre los registros sonoros a cargo de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional, para determinar su autenticidad, integridad y eventual manipulación mediante inteligencia artificial. Spagnuolo se negó a aportar muestras de su voz para el cotejo y ante ello la fiscalía propuso en cambio comparar los audios con entrevistas públicas del exfuncionario en canales de televisión.

“El Gobierno Nacional se equivocó al enviar, con el Presupuesto 2027, el texto que abordaba los derechos de las personas con discapacidad”, afirmó la legisladora. Según explicó, la propuesta oficial se apartaba de un esquema que había sido conversado previamente entre los bloques aliados. “Se equivoca porque va en contra de las personas con discapacidad, va en contra de sus derechos y no era lo que veníamos trabajando”, sostuvo.

Giampieri remarcó que la postura del PRO no implica un quiebre con La Libertad Avanza. “Somos aliados responsables, que acompañamos al Gobierno Nacional en todos los proyectos porque creemos que es así. Y también le marcamos límites cuando no creemos que ese es el camino correcto”, afirmó.

Antonela Giampieri defendió una ley permanente para discapacidad

La diputada cuestionó la continuidad de los esquemas de emergencia y defendió una solución de largo plazo para el sector. “No se puede vivir de emergencia en emergencia ni de parche en parche con la discapacidad”, planteó.

El dictamen de mayoría trabajado en el Congreso incorpora el nomenclador a la ley, de manera que los aranceles que reciben los prestadores tengan un marco establecido. “Lo que hace es que el nomenclador, que es lo que determina el pago de los prestadores y establece un piso, quede en la ley”, explicó.

Además, el proyecto contempla una actualización mensual vinculada con la inflación. “Conseguimos que el nomenclador se actualice todos los meses por inflación para no volver a un sistema que ya lo vimos en el gobierno kirchnerista, donde quedaron desactualizados”, señaló.

Según Giampieri, el proyecto enviado originalmente por el Poder Ejecutivo contemplaba eliminar esa herramienta. “El Gobierno buscaba eliminar el nomenclador”, afirmó.

La iniciativa también mantiene la prestación y el arancel único y establece, para quienes trabajan, un límite de ingresos equivalente a dos salarios mínimos para acceder a las pensiones. A su vez, incorpora capacitaciones para el personal de los prestadores.

El PRO pidió eliminar el capítulo seis del Presupuesto 2027

Giampieri sostuvo que el bloque del PRO comenzó a trabajar sobre las modificaciones apenas conoció el contenido del Presupuesto y que el dictamen fue construido junto con legisladores de distintos espacios.

“Esto lo construimos entre todos, no es que volvió el Gobierno Nacional a enviar un nuevo proyecto”, sostuvo.

La legisladora señaló que el oficialismo aceptaría eliminar el capítulo seis, que contenía las derogaciones cuestionadas por el PRO. “El capítulo seis, sí, exacto”, respondió al ser consultada sobre ese punto.

Para Giampieri, las diferencias sobre discapacidad no deberían afectar el vínculo general entre los bloques. “Es una interna de ellos que no queremos que salpique a la gente con discapacidad”, afirmó.

El debate general sobre el Presupuesto 2027 continuará en la Cámara de Diputados y, según anticipó la legisladora, las rondas de discusión comenzarán el 13 de octubre.

Giampieri también pidió a los bloques que no acompañaron el dictamen de mayoría que reconsideren su posición. “Le pido a la oposición que hoy no firmó el dictamen de mayoría que pueda ver el cambio y que lo vote”, expresó.

Finalmente, aseguró que el PRO seguirá el cumplimiento de las medidas si el proyecto avanza: “El PRO va a seguir de cerca que el nomenclador se siga actualizando por IPC, que los pagos lleguen y que el cronograma de pagos a los prestadores por la compensación se cumpla”.

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La Libertad Avanza junto a sus aliados logró revertir una compleja situación en el debate de los fondos para el colectivo de personas con discapacidad.

En el plenario de comisiones de Discapacidad y Presupuesto que la oposición forzó a realizar con la intención de obtener un dictamen que le permita prorrogar por un año la Ley de Emergencia en Discapacidad, el bloque de LLA anunció su proyecto el cual toma varios de los puntos de la ley de Emergencia y se contrapone al Capítulo 6 del proyecto de Presupuesto Nacional que, básicamente, desfinancia y elimina buena parte de los derechos del sector.

El proyecto fue presentado por la ex diputada del PRO hoy de LLA, Laura Rodríguez Machado, quien señaló que el texto era “superador” y que respetaba buena parte de lo que estaba establecido en la ley de emergencia. “No venimos a demonizar la emergencia sino a establecer una ley”.

El texto circuló en los minutos previos y generó el primer debate entre los diputados ya que unos entendían que el mismo no podía ser tratado porque no había sido ingresado.

Sin embargo, el oficialismo -que aunque se mostró triunfador el proyecto le significó una derrota respecto de su posicionamiento los últimos 12 meses- logró contener a los socios y obtuvo 41 firmas con el apoyo de la UCR, el PRO, Producción y Trabajo (San Juan); y el MID, La Neuquinidad y Argentina Federal, que sumaron sus firmas pero con disidencias, básicamente, porque persiste en estos bloques las dudas respecto al cumplimiento del financiamiento.

Por el lado de la oposición las firmas las pusieron Unión por la Patria, Provincias Unidas, Elijo Catamarca y el Frente de Izquierda.

Al final, el oficialismo sumó 42 firmas y la oposición 36, lo que significa que cuando el tema llegue al recinto será el proyecto de LLA el que se tratará en primer término y, si no consigue los votos, cederá el debate a la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Mientras se iban recogiendo firmas, la oposición fue encadenando discursos de los opositores que empujan la prórroga. La primera fue María Inés Zigarán, de Provincias Unidas, quien no solo hizo referencia con cierto sarcasmo que celebraba el cambio de opinión del oficialismo pero que desconfiaba del mismo. “El proyecto que plantea el oficialismo no fue tratado en esta comisión. No tiene el análisis de los diputados ni de las organizaciones y colectivos”, dijo la jujeña que después señaló que “primero tenemos que dar la discusión presupuestaria porque no fue sacado el Capítulo 6”.

En esa línea, el diputado Eduardo Valdez, quien dijo que “nos hubiera gustado resolver antes la situación del colectivo de personas con discapacidad. No nos gustan las emergencias, nos obligaron a la emergencia. Sinceramente es difícil trabajar bien cuando nos corren permanentemente el arco. Me encantaría votar este tema por unanimidad, hasta sería un gran ejemplo antes que llegue el Papa. Pero retiren el presupuesto del parlamento, pongan las partidas de discapacidad con la firma de Caputo, y les vamos a creer”.

Germán Martínez, presidente del bloque peronista, señaló que si el oficialismo quería trabajar a favor de los discapacitados “el artículo 1 del proyecto debería decir que sigue la Emergencia y después todo lo demás. Con este dictamen del oficialismo no habrá ni un solo juez del país que tome una decisión sobre la Emergencia”.

Por la Coalición Cívica fue Maximiliano Ferraro quien le apuntó al oficialismo diciendo que “no nos tomen el pelo. El Gobierno y sus diputados dieron una verdadera vuelta carnero en el aire después de haber enviado un Presupuesto que buscaba destruir la homogeneidad de las prestaciones y recortar derechos de las personas con discapacidad, y luego de que tuviéramos que obligarlos a emplazar a las comisiones para que el tema pudiera avanzar”.

“Durante un año incumplieron la Ley de Emergencia, les faltaron el respeto a las familias y abandonaron a terapeutas y prestadores”. “Hoy pretenden lavarse la cara y saldar culpas con el dictamen que impulsan. Pero no puede pasar inadvertida la intención que tuvieron, los 15 procesados en la ANDIS por corrupción, ni el abandono y los incumplimientos hacia las personas con discapacidad y sus familias”, agregó.

Pero el que quizás graficó mejor el cambio de posicionamiento de LLA respecto a Discapacidad fue el diputado de origen radical Pablo Juliano quien hizo un punteo de la “copia” de la ley de Emergencia en Discapacidad que la oposición propone prorrogar por un año, pero evitando que la instancia jurídica de la emergencia continúe vigente un año más.

“¿A quién le tenemos que creer? Al presupuesto que mandó Caputo o a Silvana Giúdici que dice que se necesita una política pública y sustentable, total acá (la diputada libertaria) dice una palabra y luego mañana dice otra. Piden seguridad jurídica, pero es la que nosotros decimos que piden los familiares"

El dictamen

Según estipula el artículo 1 de la nueva propuesta del oficialismo, el objetivo de la reforma es “fortalecer de forma permanente la previsibilidad, transparencia y eficiencia de las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad, reafirmar y asegurar los derechos de las personas con discapacidad, la continuidad de las prestaciones”.

A diferencia de la propuesta incluida en el proyecto de Presupuesto 2027, el beneficio de la pensión no contributiva por discapacidad seguirá vigente y se continuará actualizando por inflación de manera mensual como en la actualidad. Los beneficiarios tendrán garantizado el acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud. Además, por pedido de la oposición, la pensión será compatible con un trabajo registrado siempre que la remuneración no supere el equivalente a dos salarios vitales y móviles. A su vez, quienes empleen personas con discapacidad por tiempo indeterminado, contarán con beneficios impositivos.

Uno de los principales reclamos de las organizaciones que nuclean a las personas con discapacidad giraba en torno a la eliminación del nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado porque hubiera implicado que cada obra social, prepaga o provincia fijara sus propios valores. Sin embargo, el nuevo dictamen del oficialismo ratifica ambas cuestiones, tal como están en la actual ley de Emergencia en Discapacidad.

En medio de las disputas internas dentro de la Casa Rosada, el PRO criticó al Gobierno por los nuevos recortes en el área de Discapacidad en el proyecto del Presupuesto 2027 y señaló que “se equivocó”. A pesar de las críticas, el partido que lidera Mauricio Macri seguirá acompañando la iniciativa que enviaron al Congreso de la Nación y se adjudican los cambios que pesentaron los libertarios en el proyecto.

A través de un mensaje que publicaron en sus redes sociales, el partido amarillo señaló: “Desde hace tiempo venimos señalando los errores del Gobierno con la misma claridad con la que acompañamos las decisiones que consideramos correctas. El PRO no está para aplaudir todo ni para oponerse a todo: está para defender el cambio y los valores en los que creen millones de argentinos”.

Y añadió: “En el manejo de la política de discapacidad, el Gobierno se equivocó. Y volvió a hacerlo al incluir en el proyecto de Presupuesto 2027 cambios que debilitan herramientas fundamentales para garantizar prestaciones y pensiones”.

En tanto, el comunicado remarcó que “la discapacidad debe ser abordada como una verdadera política de Estado, con previsión, responsabilidad y respuestas sostenidas” y completó: “Ordenar las cuentas es indispensable, pero nunca puede significar abandonar a las personas con discapacidad y a sus familias. Acompañar y blindar el cambio también implica marcar límites. Este, para el PRO, es uno de ellos”.

El origen de la disputa se remonta al envío del proyecto al Congreso, que incluía recortes en el área de discapacidad que distintos sectores —dentro y fuera del oficialismo— consideraron inconsultos y políticamente riesgosos. La tensión alcanzó su punto más visible cuando Patricia Bullrich, titular del bloque de senadores del PRO, salió públicamente a cuestionar la falta de consulta previa sobre esa decisión presupuestaria.

Según pudo reconstruir Infobae, el recorte, que en la Casa Rosada atribuyen al Ministerio de Economía que conduce Luis “Toto” Caputo, desató una crisis al interior de la Mesa Política del oficialismo. Las críticas internas, en general expresadas en voz baja, apuntaron a que el área económica no evaluó con suficiente atención las consecuencias políticas y sociales de la medida antes de incluirla en el proyecto.

El efecto inmediato fue que La Libertad Avanza quedó en una posición de debilidad frente a sus propios aliados legislativos, que se vieron fortalecidos ante un oficialismo que debió ceder más de lo que tenía previsto. La dinámica resultante fue precisamente la que los hermanos Milei procuran evitar: negociar desde un lugar de desventaja en un tema que involucra a uno de los grupos sociales más vulnerables del país.

Presionado por las circunstancias, el Gobierno dio marcha atrás con los recortes presupuestarios y presentó un nuevo proyecto ante los bloques aliados, en una reunión encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Del encuentro participaron Oscar Zago (MID), Javier Sánchez Wrba (PRO), Pamela Verasay (UCR), Fernanda Ávila (Elijo Catamarca), Nancy Picón Martínez (PyT), Oscar Herrera Ahuad y Bernardo Biella (Argentina Federal) y Karina Maureira (La Neuquinidad).

La nueva propuesta, según establece su artículo 1, tiene como objetivo “fortalecer de forma permanente la previsibilidad, transparencia y eficiencia de las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad, reafirmar y asegurar los derechos de las personas con discapacidad, la continuidad de las prestaciones”. En términos concretos, el texto incorpora actualizaciones por inflación de manera mensual para las pensiones no contributivas por discapacidad y garantiza el acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud para los beneficiarios.

Uno de los puntos más sensibles del debate había sido la posible eliminación del nomenclador universal de prestaciones y del arancel unificado, ya que su supresión hubiera habilitado a cada obra social, prepaga o provincia a fijar sus propios valores. La nueva propuesta ratifica ambas herramientas tal como están previstas en la actual ley de Emergencia en Discapacidad. Además, la pensión pasará a ser compatible con un empleo registrado, siempre que la remuneración no supere el equivalente a dos salarios vitales y móviles, y quienes contraten personas con discapacidad por tiempo indeterminado accederán a beneficios impositivos.

En tanto, el vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió la posición del Ejecutivo y aseguró que “ninguna persona con discapacidad se quedó sin el beneficio” desde que Javier Milei asumió la presidencia, en contradicción con testimonios directos de afectados que circularon en los días previos. También sostuvo que “para este gobierno las personas con discapacidad son una prioridad”. En paralelo, desde el bloque de LLA minimizaban el alcance de las concesiones: “No estamos condicionados por Patricia. Siempre supimos que íbamos a tener que negociar”, afirmaron, aunque reconociendo que la situación le permitió a la oposición encuadrar al Gobierno en una posición de “crueldad” ante la opinión pública. El debate en comisión, que definirá el dictamen que llegará al recinto, tiene lugar este miércoles.

El error autoinfligido que representó el recorte en el área de discapacidad en el Presupuesto obligó al Gobierno a acudir en una posición de debilidad a los partidos aliados, que terminaron en el centro de la escena y fortalecidos frente a un oficialismo alicaído y necesitado.

Unidos en el rechazo a una medida polémica, el PRO, la UCR y algunos partidos provinciales terminaron condicionando con fuerza la agenda de La Libertad Avanza, que se vio obligado a ceder más de lo que planeaba. Es decir, que tuvo que aplicar exactamente el tipo de dinámica que los inflexibles hermanos Milei procuran evitar, especialmente en lo que atañe a las cuentas públicas.

La semana pasada se armó la tormenta perfecta. Mientras la Iglesia presionaba al Gobierno con la visita del Papa al Cottolengo San Orione, en noviembre, la titular del propio bloque de senadores, Patricia Bullrich, salía a despotricar contra la falta de consulta del recorte presupuestario. Todo en la previa del debate en comisión de la ley de Emergencia en Discapacidad.

Como resultado del error no forzado, que en la Casa Rosada atribuyen al Ministerio de Economía que conduce Luis “Toto” Caputo, el Gobierno fue forzado a negociar en inferioridad de condiciones.

En primer lugar, tuvieron que dar marcha atrás con el recorte en el Presupuesto, ayer, a través de un conjunto de profundas modificaciones en la previa de la “emplazada” reunión de comisión que tendrá lugar hoy. Con el agravante de que, aún con estos cambios, en el oficialismo siguen sin estar seguros de que obtendrán las firmas necesarias para aprobar el dictamen “menos peor” de cara al debate en el recinto. “Veremos qué pasa”, dijo, apenas, un alto funcionario nacional en la previa de otra jornada legislativa que promete tensión. Y que volverá a ubicar en el candelero el tema del presupuesto para uno de los grupos sociales más vulnerables.

A merced de la voluntad de los aliados y del peronismo federal, La Libertad Avanza tuvo que proponer un proyecto superador para subsanar el callejón sin salida y el severo daño politico y social que generó el recorte inconsulto en el área de discapacidad en el Presupuesto. En la nueva letra decidieron permitir que se actualicen los montos por inflación para los beneficiarios, mantener el nomenclador universal para las prestaciones, y dejar que la pensión sea compatible con empleos registrados. Eran algunos de los principales reclamos de las organizaciones que reúnen a las personas con discapacidad.

Las concesiones, todas, se hicieron para asegurarse, en teoría, el apoyo de los partidos más dispuestos a negociar. El precio, sin embargo, será más alto, advierten en LLA de Diputados. En especial cuando se trata del sector de Provincias Unidas (la reunión de ayer, liderada por el violeta Martín Menem, tuvo a Oscar Zago (MID), Javier Sánchez Wrba (PRO), Pamela Verasay (UCR), Fernanda Avila (Elijo Catamarca), Nancy Picón Martinez (PyT), Oscar Herrera Ahuad y Bernardo Biella (Argentina Federal) y Karina Maureira (La neuquinidad).

Las concesiones terminaron siendo condición necesaria para bloquear la propuesta de la oposición dura, es decir el peronismo, el kirchnerismo y la izquierda. Y, al final, el “único” cambio, advertían anoche (triunfales) en la oposición, fue la eliminación de la palabra “emergencia”. Es que las partidas van a estar aseguradas, a pesar de las intenciones de aplicar la consigna “no hay plata” al sensible área de Discapacidad. Fue un cambio radical para un Gobierno que detesta ceder.

“Para este gobierno las personas con discapacidad son una prioridad”, dijo ayer por la mañana el vocero presidencial, Adrián Ravier. Y aseguró, contra los testimonios en primera persona de los afectados, que “ninguna persona con discapacidad se quedó sin el beneficio” desde que Javier Milei asumió la Presidencia.

En el bloque violeta aseguran que “siempre el plan legislativo fue estar bien con los aliados”, mientras otros lanzaban dardos contra Luis Caputo. Si bien lo eximen de haber querido hacer un daño político adrede, deslizan que no tuvo la capacidad de ver el riesgo, de no advertir lo que podría ocurrir. Es la línea que marcó Patricia Bullrich la semana pasada.

En paralelo, ayer, mientras el oficialismo y los aliados terminaban de ponerse de acuerdo en una reunión sobre la letra fina del dictamen de Discapacidad, en otro sector del oficialismo relativizaban la derrota en la discusión. “No estamos condicionados por Patricia. Siempre supimos que íbamos a tener que negociar”, sostuvieron, conscientes de que le regalaron a la disgregada oposición la posibilidad de encuadrar al Gobierno en una posición de “crueldad”.

El oficialismo presentó este martes una propuesta a los bloques aliados para intentar superar la Emergencia en Discapacidad y dar vuelta la página tras el escándalo político que desataron los fuertes recortes en el área que estaban incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027.

Según estipula el artículo 1 de la nueva propuesta del oficialismo, el objetivo de la reforma es “fortalecer de forma permanente la previsibilidad, transparencia y eficiencia de las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad, reafirmar y asegurar los derechos de las personas con discapacidad, la continuidad de las prestaciones”.

A diferencia de la propuesta incluída en el proyecto de Presupuesto 2027, el beneficio de la pensión no contributiva por discapacidad seguirá vigente y se continuará actualizando por inflación de manera mensual como en la actualidad. Los beneficiarios tendrán garantizado el acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud. Además, por pedido de la oposición, la pensión será compatible con un trabajo registrado siempre que la remuneración no supere el equivalente a dos salarios vitales y móviles. A su vez, quienes empleen personas con discapacidad por tiempo indeterminado, contarán con beneficios impositivos.

Uno de los principales reclamos de las organizaciones que nuclean a las personas con discapacidad giraba en torno a la eliminación del nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado porque hubiera implicado que cada obra social, prepaga o provincia fijara sus propios valores. Sin embargo, el nuevo dictamen del oficialismo ratifica ambas cuestiones, tal como están en la actual ley de Emergencia en Discapacidad.

En concreto, el artículo 4 ratifica que continúa vigente el artículo 7° bis de la Ley N° 24.901, incorporado por la Ley N° 27.793. Este estipula que “los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad serán iguales para todas las personas jurídicas obligadas por la presente ley, determinados por el directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad y actualizados conforme a lo dispuesto por el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 274/24, o el que en el futuro lo reemplace, que determina el índice de movilidad de las prestaciones de jubilaciones, pensiones y asignaciones”.

Por otro lado, establece de forma expresa que el derecho al cobro de las compensaciones subsiste y que deberá ser saldado dentro de los plazos establecidos en el cronograma de pago. El reclamo por compensaciones hace referencia al artículo 13 de la ley de Emergencia en Discapacidad que establece una compensación para los prestadores por el atraso acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 que no quedó cubierto por las posteriores actualizaciones.

Por otro lado, cerca del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habían adelantado que la nueva propuesta apuntaría a elevar los requisitos para acceder a la pensión por discapacidad. “Ya no bastará con tener el CUD (Certificado de Discapacidad) para acceder a la pensión, necesitamos que esta tenga un correlato con la realidad”, explicaron y señalaron que buscan aplicar la misma lógica que con los subsidios para que “cobre el que verdaderamente lo necesita”.

En ese sentido, el artículo 13 del nuevo dictamen establece que la Secretaría Nacional de Discapacidad adoptará un sistema de auditorías periódicas con el objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para que subsista el derecho al goce de la pensión no contributiva por invalidez laboral v la pensión por discapacidad”. Y agrega: “A tales fines, la mencionada Secretaría deberá, en primer término, verificar los requisitos documentales y socioeconómicos susceptibles de constatación objetiva mediante el cruce de información” con bases de datos públicos.

Para garantizar que el área tenga presupuesto suficiente para el sostenimiento del sistema también se incorporó que las partidas “no podrán ser inferiores en términos reales al del ejercicio inmediato anterior”.

Fuentes de La Libertad Avanza destacaron que se mantienen los derechos de la ley vigente sin prorrogar la Emergencia, por lo que las partidas pasarán a estar en el Presupuesto y por lo tanto serán “más auditables”.

La propuesta del oficialismo fue presentada a los jefes de los bloques aliados en una reunión que encabezó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Entre otros participaron Oscar Zago (MID), Javier Sanchez Wrba (PRO), Pamela Verasay (UCR), Fernanda Avila (Elijo Catamarca), Nancy Picon Martinez (PyT), Oscar Herrera Ahuad y Bernardo Biella (Argentina Federal) y Karina Maureira (La neuquinidad).

Al término del encuentro, uno de los participantes del encuentro calificó la propuesta como “verdaderamente superadora” porque brinda “sostenibilidad fiscal dado que se incluye en el Presupuesto”. “Debería haber acompañamiento de todas las fuerzas porque es la Ley de Emergencia y más. Esto le va a dar previsibilidad a las personas con discapacidad y a los prestadores”, sintetizó un diputado aliado.

“La Emergencia nace por no tener Presupuesto y no tener los recursos necesarios. Los aliados que este miércoles firmen el dictamen del oficialismo lo harán por una cuestión de fe, confiando en que el Gobierno que mandó un Presupuesto de ajuste después le va a asignar las partidas necesarias para que el sistema funcione”, opinaron desde el peronismo, aunque aclararon que no conocían el texto del oficialismo.

El Gobierno trabaja contra reloj para conseguir adhesiones para un proyecto de ley que reemplace la actual emergencia en discapacidad, abandonando ese estatus por una normativa con lineamientos permanentes y que se puedan encuadrar dentro de los objetivos fiscales y presupuestarios de la Casa Rosada. La fecha límite es este miércoles, cuando las comisiones de Discapacidad y Presupuesto de la Cámara de Diputados deben dictaminar los proyectos en danza.

Tal como adelantó Infobae, se mantendrá el nomenclador de prestaciones y los requisitos para acceder a la pensión por discapacidad, aunque con condiciones más estrictas. Las variaciones ya venían siendo negociadas entre el oficialismo de La Libertad Avanza y los bloques de la oposición dialoguista, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

Las negociaciones están encabezadas principalmente por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y la diputada de LLA que lidera el tratamiento del proyecto en los pasillos legislativos, Laura Rodríguez Machado.

Según pudo confirmar este medio, esta tarde habrá un encuentro cerca de las 16:00 en el Salón de Honor de la Cámara de Diputados -con Rodríguez Machado y la diputada Silvana Giudici a la cabeza del bloque libertario- para destrabar la redacción del dictamen, con el objetivo de que se firme mañana y se trate posteriormente en sesión. Se espera que asistan Javier Sánchez Wrba (PRO), Pamela Verasay (UCR), Karina Maureira (La Neuquinidad), Nancy Picón (Producción y Trabajo), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) y los representantes de Elijo Catamarca, MID y Unidos.

“Está todo especialmente entre algodones. Hay bastante hermetismo porque cualquier cosa que salte es pasible de hacer saltar la térmica de las negociaciones”, cuentan en el oficialismo. La propuesta final que se conversará esta tarde en el Palacio del Congreso será tratada en la reunión de Mesa Política de esta tarde, a realizarse a las 13:00 en Casa Rosada.

La única persona que suele integrar ese círculo de altos funcionarios y que no podrá estar presente es el ministro de Economía, Luis Caputo. La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, lo culpó como uno de los responsables de haber insertado “cambios inconsultos” en el proyecto de Presupuesto para el 2027 y que desataron un escándalo por contener retrocesos importantes en materia de discapacidad. Aun así, a lo largo de la última semana se reactivaron canales informales entre los negociadores del ala política y los referentes de la mesa económica para arribar a un punto medio.

El saldo que dejó la revelación del proyecto presupuestario de la semana pasada fue la renuncia presentada este lunes por el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches. Alegando “razones estrictamente personales”, el funcionario envió una carta en horas de la tarde al ministro de Salud, Mario Lugones, comunicándole su corrimiento del cargo que asumió hace más de un año, cuando reemplazó a Diego Spagnuolo en medio del escándalo de la causa por un presunto esquema de corrupción, cobro de coimas y direccionamiento de contratos en el organismo.

Pese a todo, en el Gobierno afirman que su renuncia todavía no está efectivizada. “Para que se materialice debería estar Javier Milei en el país”, indican. Vilches habría tomado la decisión de renunciar luego de meses de desgaste y de estar pensando en dar un paso al costado. Los cambios sobre el nomenclador y criterios de asignación para los programas que dependen de ANDIS que se vieron reflejados en el Presupuesto habrían sido la gota que colmó el vaso.

Los cambios que apura el Gobierno

En la Casa Rosada quieren resolver la cuestión de discapacidad lo antes posible debido a la cercanía de la visita al país del papa León XIV. Una de las primeras actividades que tendrá en suelo argentino será una recorrida por el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, la institución que trabaja con miles de personas con discapacidad en todo el país y que actualmente sufre problemas en la cadena de pagos.

En diálogo con El Destape Radio, el director del Servicio de Discapacidad del Cottolengo, Fernando Montero, contó que la institución enfrenta diez meses consecutivos de desabastecimiento de insumos esenciales como medicamentos, pañales y apósitos producto de la interrupción de ciertos programas nacionales. A esto le sumó que “durante el 2024 y 2025 se congelaron los aranceles, o sea, se licuaron en relación a la inflación y luego de la ley de emergencia ahora se dan aumentos por IPC, pero de un arancel que está devaluado en un 30 a 35%”.

Uno de los ejes del proyecto es la restitución del nomenclador de prestaciones, el instrumento que fija los precios que deben cobrar los prestadores de servicios y obliga a obras sociales y prepagas a pagar ese piso mínimo. Su eliminación en el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 había encendido las alarmas del sector y fue catalogada como una “bomba” por Bullrich.

La discusión no es solo si se repone el nomenclador, sino bajo qué condiciones se actualizará: el Presupuesto proponía un ajuste trimestral a discreción de la Secretaría de Discapacidad, mientras que el proyecto en elaboración apunta a una actualización bimestral atada a la inflación, frente al esquema vigente de revisión mensual ligada al IPC.

El otro cambio de peso es el endurecimiento de los requisitos para acceder a la pensión por discapacidad. El texto aún no está cerrado en uno de sus puntos más sensibles: si una persona que recibe el beneficio puede conservarlo al conseguir un trabajo registrado o si, como plantea el Presupuesto, ambos beneficios serían incompatibles. Los aliados dejaron en claro en la última reunión que solo acompañarán si el gobierno regulariza la deuda acumulada con los prestadores desde diciembre de 2024. Mientras tanto, la oposición, encabezada por el bloque de Unión por la Patria, impulsó que las comisiones traten por unanimidad este miércoles la prórroga de la emergencia vigente. El oficialismo, en tanto, apuesta a presentar su alternativa “superadora” como la salida definitiva al conflicto.

Casi 24 horas después de que se conociera la renuncia de Alejandro Vilches, el Gobierno anunció la designación de Pablo Di Liscia al frente de la Secretaría de Discapacidad en medio del conflicto interno por los ajustes en la materia previstos en el Presupuesto 2027. Se trata de un hombre de confianza del ministro de Economía, Luis Caputo, quien lo recomendó para el cargo.

Di Liscia, ex PRO, estuvo al frente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires entre 2017 y 2019, durante la gestión de María Eugenia Vidal. Previamente se desempeñó como subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de Horacio Rodríguez Larreta.

Según su información en Linkedin, estudió la carrera de Contador Público en la UADE, aunque no llegó a finalizarla. “Su trayectoria se complementa con más de 20 años de experiencia ejecutiva en el sector privado”, argumentaron desde el oficialismo para justificar su nombramiento.

Desde la cartera que conduce Mario Lugones aseguraron que la secretaría tendrá como prioridad “optimizar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad, fortalecer los procesos de gestión y control del organismo, y fundamentalmente garantizar la administración eficiente de los recursos”.

Asimismo, Di Liscia continuará al frente del proceso de auditoría de las pensiones por invalidez laboral, iniciado con el objetivo de detectar irregularidades y problemas estructurales en la entonces Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Fuentes de Balcarce 50 revelaron que Luis Caputo acercó el nombre debido a su perfil técnico y experiencia en IOMA para que revise los números del área. “Es un tipo de orden y reforma administrativa”, sostuvieron ante este medio. Por su parte, el ministro de Salud recibió la propuesta que fue trasladada por el asesor presidencial, Santiago Caputo, y terminó por aprobar el nombramiento.

Este martes por la mañana, Lugones se reunió con el funcionario, a quien conocía de su gestión en IOMA, en el edificio de la cartera en la previa a la oficialización de su designación. El pasado lunes habían mantenido un primer encuentro, luego de que Caputo sugiriera su nombre para ocupar el cargo tras la salida de Vilches.

“Di Liscia cuenta con una amplia trayectoria en la gestión pública y privada, con experiencia en conducción de organismos, administración de presupuestos de gran magnitud, gestión de operaciones complejas y liderazgo de equipos multidisciplinarios”, reza el comunicado publicado en las redes sociales del ministerio.

El exsecretario presentó su renuncia “por motivos personales” a través de una carta el pasado lunes. Vilches había asmido en agosto del 2025 en reemplazo de Diego Spagnuolo, eyectado a raíz del escándalo de la causa por un presunto esquema de corrupción, cobro de coimas y direccionamiento de contratos en el organismo. Esta mañana, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del exfuncionario.

El reciente movimiento se dio en medio de la tensión abierta en el oficialismo por los nuevos ajustes en Discapacidad, contemplados en el Presupuesto 2027, que generaron malestar en la oposición y dieron pie a cuestionamientos internos.

La primera en marcar el contrapunto fue la senadora Patricia Bullrich, quien sostuvo que se trata de un tema “sensible” para la sociedad y advirtió sobre las dificultades que puede generar en el vínculo legislativo con los aliados. Ante este panorama, el Gobierno admitió la posibilidad de revisar las previsiones presupuestarias en el área de Discapacidad para el próximo año.

El anuncio de la cartera se dio en paralelo a la reunión que se desarrolló en el Salón de Honor de la Cámara de Diputados para destrabar la redacción del proyecto “superador” que reemplazará la actual emergencia en discapacidad. Como contó este medio, la idea de la administración libertaria es mantener el nomenclador de prestaciones y los requisitos para acceder a la pensión por discapacidad, aunque con condiciones más estrictas.

Esta martes, el vocero presidencial, Adrián Ravier, aclaró a través de su cuenta de X que el nomenclador continuará ajustándose por IPC hasta el 31 de diciembre de 2026 y que, a partir de 2027, la actualización quedará sujeta a lo que defina el Congreso.

Pablo Di Liscia fue designado secretario nacional de Discapacidad en reemplazo de Alejandro Vilches, quien renunció por motivos personales, en medio de la discusión sobre las partidas previstas para el área en el Presupuesto 2027. El nombramiento fue confirmado por Infobae.

Di Liscia presidió el Instituto de Obra Médico Asistencial de la provincia de Buenos Aires, IOMA, entre 2017 y 2019, cuando la entidad tenía más de 2,2 millones de afiliados. Antes de asumir en el organismo bonaerense, ocupó distintos cargos en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La gestión sanitaria y los objetivos en Discapacidad

La política de discapacidad abarca el acceso a la salud, la accesibilidad, el transporte, la educación, la inserción laboral, la protección social, la autonomía personal y la participación plena en la comunidad. Esa amplitud exige coordinación entre organismos estatales con competencias específicas.

El nuevo secretario tendrá como prioridades mejorar el acceso de las personas con discapacidad a las prestaciones, reforzar los controles de gestión y administrar los recursos de forma eficiente. También continuará la auditoría sobre las pensiones por invalidez laboral para detectar irregularidades y posibles fraudes, según fuentes del Ministerio de Salud.

Su recorrido en la Ciudad de Buenos Aires incluyó funciones como asesor en el equipo de la Jefatura de Gabinete de Ministros, de acuerdo con su perfil de LinkedIn. Entre diciembre de 2015 y noviembre de 2017 fue subsecretario de Higiene Urbana.

También se desempeñó como director general de Control de Gestión entre diciembre de 2011 y diciembre de 2015, y como director general de Reforma Administrativa desde septiembre de 2010 hasta diciembre de 2011. En su perfil profesional se define como un ejecutivo con más de 30 años de experiencia en dirección, gestión operativa, transformación organizacional, desarrollo comercial e innovación tecnológica.

Además de su paso por la administración pública, acumuló más de 20 años de experiencia ejecutiva en el sector privado. Trabajó en consultoría y gestión para acompañar a directorios empresariales en procesos de mejora organizacional y cambio interno.

Di Liscia también participó en la administración, la gestión y las ventas de una pequeña y mediana empresa familiar del sector alimenticio, dedicada a elaborar y comercializar pastas, panificados y otras especialidades. Su llegada a la Secretaría se produce después de la renuncia de Alejandro Vilches, presentada el lunes 21 de septiembre.

El Presupuesto 2027 y la tensión por las prestaciones

La salida de Vilches ocurrió durante el debate interno que generó el Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso. Las previsiones para el año próximo expusieron nuevos ajustes en el área, cuestionados por la oposición y por sectores del oficialismo que afirmaron no haber sido informados de esas decisiones.

La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, encabezó las críticas dentro del espacio oficialista. Ante ese escenario, el Gobierno admitió que podría revisar las previsiones presupuestarias vinculadas con Discapacidad.

El oficialismo en la Cámara de Diputados trabaja, además, en un proyecto para reemplazar la ley de emergencia sancionada durante el actual período. La discusión involucra aspectos sanitarios, legislativos, educativos, de transporte y de protección social.

El organismo rector de las políticas de discapacidad no se originó dentro del Ministerio de Salud y mantiene vínculos de trabajo con entidades estatales y sociales vinculadas con la materia. Tras su incorporación a esa cartera, la Secretaría preservó esa modalidad de articulación.

El Ministerio de Salud interviene en los asuntos que corresponden a sus atribuciones y emite opiniones técnicas cuando se le requieren. La definición de las políticas públicas del sector, sin embargo, requiere una coordinación interministerial por la diversidad de derechos involucrados.

Vilches había asumido al frente del organismo luego de que el Gobierno dispusiera la salida de Diego Spagnuolo. La decisión se tomó tras la filtración de audios en los que presuntamente se exponían maniobras irregulares relacionadas con la adquisición de medicamentos y servicios.

Su designación también se había producido durante protestas de familias de personas con discapacidad, que cuestionaban los recortes y el ajuste presupuestario en el sector. En los últimos días, la actriz Valentina Bassi advirtió sobre las consecuencias que podrían tener los cambios contemplados en el Presupuesto 2027.

Bassi, madre de un adolescente con autismo, cuestionó una posible modificación del nomenclador de prestaciones durante una entrevista en Radio con Vos. La actriz sostuvo que el cambio podría afectar la ley de emergencia en discapacidad aprobada en 2025 y afirmó: “Es letal la desregulación del nomenclador”.

La intérprete defendió el sistema vigente porque permite que las personas con discapacidad accedan a terapias y escuelas especiales sin que sus posibilidades dependan de sus ingresos o de la cobertura médica. “Una persona que no tiene un mango tiene el mismo derecho de acceder a las terapias, o a las escuelas especiales que el que tiene una prepaga premium”, expresó.

La Conferencia Episcopal Argentina brindó detalles este martes sobre la visita al país del papa León XIV, prevista del 8 al 11 de noviembre, que incluye recorridas por las ciudades de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, con misas, encuentros con jóvenes, referentes del trabajo, comunidades religiosas y personas privadas de la libertad.

El arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi, fue el encargado de explicar el lema de la visita: “Bienvenidos todos, vayan y anuncien”. Según su lectura, los dos verbos que estructuran la frase tienen cargas semánticas bien distintas. “Bienvenir habla de hospitalidad, de acogida, de abrir puertas”, dijo. “Y el ‘vayan’ hace alusión a salir de uno mismo, ir a los demás. Un imperativo que usó mucho Francisco: prefiero verlos heridos por salir que sanitos por cuidarse”.

Para Rossi, la combinación no es contradictoria. La bienvenida genera intimidad y cercanía; el vayan, la impulsa hacia afuera. “Hay un mundo que nos está esperando, un mundo doliente, que está esperando de nosotros gestos concretos de consuelo, de ayuda”, afirmó.

Por su lado, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, fue el más explícito a la hora de anticipar uno de los riesgos que la Iglesia identifica para el período posterior a la visita. “El gravísimo error sería claramente ponerlo de un lado o del otro lado de la grieta”, sostuvo, y llamó a evitar “achicar el mensaje con una mirada partidista” o suponer que las palabras del pontífice van dirigidas al adversario político de turno.

“Lo lindo de estos días previos es que creo que nos estamos advirtiendo sobre algo que parecería estar en nuestro ADN, casi que nos sale naturalmente ubicar cualquier palabra o cualquier discurso de un lado o del otro”, reconoció el arzobispo. Y aclaró que el viaje tiene, a su entender, tres etapas: el previaje —que ya está dando frutos en la coordinación entre Estado e Iglesia—, los días de la visita y el período posterior, que será el más exigente.

En otro pasaje de la conferencia de prensa, García Cuerva respondió al comentario del canciller Pablo Quirno, quien afirmó ayer que “no hay absolutamente ninguna diferencia fundamental entre el Gobierno nacional y la Iglesia”. El arzobispo de Buenos Aires lo matizó con cautela: “Es verdad que hay muchas diferencias y no está mal reconocerlas. Creo que en ese sentido nos tiene que dar mucha paz el saber que hay temas en los que no coincidimos”.

En este sentido, reconoció que el presidente Javier Milei tiene “una defensa fuerte del derecho de la vida del niño por nacer”, pero aclaró que eso no elimina las discrepancias en otras materias. Y enmarcó el mensaje del Papa en la encíclica Magnifica Humanitas, y particularmente en su número 16, que toma el modelo bíblico de Nehemías y la reconstrucción de la nueva Jerusalén. “Las piedras desechables deben pasar a ser piedra angular. ¿Y quiénes son esas piedras? Los más pobres, los excluidos, los marginados”, explicó.

Por su lado, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, situó la visita en clave estrictamente pastoral. “Para cualquier sacerdote, la misión es presentar a Jesucristo y ayudar a que la otra persona se encuentre con él”, dijo, y añadió que el Papa viene “a invitarnos a un encuentro de esa naturaleza”.

“Esperamos que después de la visita del Papa nos quede tarea para el hogar”, resumió Colombo, en referencia a los desafíos evangelizadores que, según la Iglesia, deberán traducirse en acciones concretas una vez que el pontífice parta hacia Lima. También destacó el número 16 de la encíclica como “la motivación fuerte” del encuentro con el Santo Padre.

Entre los actos del lunes 9 de noviembre, el Papa visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, partido bonaerense de Almirante Brown. Colombo fue el encargado de responder las preguntas sobre ese encuentro y dejó en claro que la Iglesia no quiere que la escala sea leída en clave ideológica.

“No solo es la Iglesia que enseña la atención a la discapacidad y a la fragilidad, sino la Iglesia que se pone al hombro este dolor”, dijo. Describió la obra de Don Orione como “más que un símbolo” y la calificó como “un signo fuerte de la atención capilar de la Iglesia a tantos pobres de la patria”. El encuentro, que será cerrado al público general, reunirá al Papa con residentes, familias, voluntarios, cuidadores y sacerdotes de la institución, que aloja a cerca de 400 personas con discapacidad en un predio de 50 hectáreas.

El padre Aníbal Quevedo, consejero provincial de los cottolengos en Argentina, Uruguay y Paraguay, había calificado la visita como “una alegría desbordante” en declaraciones a Infobae y señaló que la expectativa alcanza a todas las instituciones del país que trabajan en el área.

El cardenal cordobés, que compartió dos meses con el entonces cardenal Robert Prevost durante el Sínodo de los Obispos —donde se sentaba en la mesa de lengua española—, ofreció el retrato más personal de quien ahora conduce la Iglesia universal. “Es un hombre que inspira mansedumbre, que inspira paz”, dijo Rossi. “Es quizás más sintético que Francisco, no menos contundente”.

El arzobispo de Córdoba también se refirió a la relación entre los dos papas: “La venida de León no es la revancha a Francisco, que no vino; es un homenaje a Francisco”. Y agregó que el nuevo pontífice “le sigue el tranco, como se dice en criollo”: los temas de paz, migrantes y pobres están en el centro de su agenda, “porque ha pisado el barro de Latinoamérica”.

Misa en Palermo, encuentro de jóvenes y un homenaje acotado a Francisco

García Cuerva detalló la agenda prevista para la arquidiócesis. La misa del lunes 9 se celebrará en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, a las 11:30. El mismo escenario será sede, al día siguiente por la noche, de la vigilia con jóvenes de todo el país.

El arzobispo remarcó el valor simbólico del lugar: el Monumento de los Españoles fue escenario de la misa del Congreso Eucarístico de 1934, presidida por el entonces cardenal Pacelli —futuro Pío XII— y también de una celebración de Juan Pablo II. “Es un lugar simbólico”, subrayó.

En la Catedral Metropolitana, León XIV rezará vísperas con los obispos argentinos y algunos laicos. También habrá un homenaje al papa Francisco: detrás del altar hay una imagen y una frase que recuerdan al papa anterior, y allí el pontífice rezará brevemente con algunos obispos. García Cuerva aclaró que será “algo acotado, una oración”, y precisó que la centralidad del momento le corresponde al actual Papa.

El obispo de Mercedes-Luján, monseñor Jorge Scheinig, sumó un dato vinculado a ese homenaje: el año pasado solicitó al papa León una sotana del papa Francisco para la Basílica de Luján, y el pontífice la envió personalmente. “Esa comunión que había entre ellos dos se expresa y va a quedar expresada en el viaje”, dijo.

El martes 10 de noviembre, León XIV viajará a Córdoba para celebrar una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y luego reunirse con obispos, sacerdotes, religiosos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Rossi agradeció la elección de la ciudad y la interpretó como un modo de que “el interior del país” se sienta representado.

“Ya sabemos cuándo viene, así que hay que también disfrutar de esta espera”, dijo el cardenal, citando al Principito: “Si vos venís a las cuatro, a las tres mi corazón empiece a latir más fuerte”.

La última parada en Argentina será el miércoles 11, cuando León XIV celebre una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján antes de partir hacia Lima desde el Aeropuerto de Ezeiza.

Scheinig explicó que el altar se instalará afuera de la basílica, en la plaza, y que el audio y las pantallas llegarán hasta más allá de la rotonda de acceso. El municipio prepara zonas de estacionamiento para que los fieles lleguen caminando. “Calculamos quince horas de presencia de gente, desde el día anterior hasta las doce”, detalló el obispo, que también mencionó la logística de baños como un “gran detalle” de la planificación.

El secretario general de la CEA, monseñor Raúl Pizarro, reveló que las tratativas con el Gobierno comenzaron el 13 de febrero, inicialmente con Quirno, el secretario de Culto Agustín Caulo y la subsecretaria del área, en reuniones que él describió como “más silenciosas”. Desde entonces se sumaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva. Pizarro destacó que la coordinación con el Gobierno, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es fluida, aunque admitió que hay “diferencias y resistencias” que se procesan en el diálogo.

El padre Aníbal Quevedo, sacerdote de la obra Don Orione y consejero provincial de sus cottolengos en Argentina, Uruguay y Paraguay, consideró que la visita focalizará en la situación de las personas con discapacidad y las dificultades que enfrentan las instituciones que las acompañan.

“Pienso que los derechos no son respetados”, afirmó Quevedo en diálogo con Infobae Al Amanecer. El sacerdote describió las limitaciones del colectivo para ejercer presión pública: “Somos un colectivo que de repente no tiene la capacidad de movilización que pueden tener otros. Son personas sacrificadas, familiares, instituciones que nos dedicamos como a otra cosa, que es a trabajar”, precisó.

Quevedo describió un escenario complejo para las instituciones. “Son momentos difíciles de gestionar”, sostuvo. Y recordó que durante marzo y abril realizaron campañas de visibilización de derechos.

Asimismo, el representante de la obra Don Orione afirmó que el sector necesita reconocimiento y cobertura. “La relación de una sociedad hoy con las personas con discapacidad está marcada por el derecho, no por la caridad”, expresó.

La discapacidad abordada como un derecho

El consejero provincial sostuvo que la asistencia a personas con discapacidad debe basarse en una perspectiva de derechos y diferenció esa obligación de las acciones de caridad que realizan la Iglesia, las familias y las instituciones. “Esto puntualmente es un tema de derecho”, afirmó.

Al mismo tiempo, mencionó la Ley 24.901, vinculada con las prestaciones básicas para personas con discapacidad. Explicó que muchas requieren tratamientos, transporte y profesionales que las acompañen en sus hogares, y remarcó que los servicios deben ajustarse a cada necesidad.

También sostuvo que las irregularidades en los sistemas de cobertura no deben trasladarse a quienes necesitan las prestaciones. “Que el sistema sea eficiente es un desafío de las autoridades”, afirmó.

La obra Don Orione acompaña a 1.100 personas en Argentina

Los cottolengos son instituciones que brindan alojamiento, atención y apoyos a personas con discapacidad que requieren acompañamiento permanente. La obra Don Orione administra 12 de estos centros en Argentina, distribuidos entre las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco, Tucumán, Mendoza y Corrientes.

La red regional también incluye establecimientos en Montevideo, Uruguay, y en Mariano Roque Alonso, en el Gran Asunción de Paraguay. “1.100 personas viven con nosotros en Argentina”, indicó Quevedo al describir el alcance de la organización.

El Cottolengo Don Orione de Claypole ocupa 50 hectáreas y tiene 14 casas. Allí viven cerca de 400 personas con discapacidad, mientras que su centro terapéutico atiende a otras 100. Quevedo explicó que el establecimiento funciona desde hace 90 años: “Desde el día que se abrió la institución no para de ofrecer el servicio”.

Las coberturas sanitarias son una parte central del funcionamiento

Quevedo explicó que, cuando una persona ingresa a una institución, los equipos de trabajo social y legales buscan una cobertura que permita afrontar su atención. Los cottolengos trabajan, entre otros sistemas, con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) e Incluir Salud.

Sin embargo, el sacerdote advirtió que esos mecanismos presentan atrasos, recortes y problemas en las prestaciones. Los definió como “un sistema que está en crisis”. La organización también recibe aportes de la comunidad y, según indicó, sostiene sus centros con una administración austera.

La atención requiere actividad continua y personal especializado. “Cualquier día del año, en cualquier horario, hay gente que está trabajando”, sostuvo Quevedo al referirse a la tarea cotidiana en el Cottolengo de Claypole.

La actividad en Claypole será cerrada y reunirá a representantes de otros centros

La visita de León XIV se desarrollará dentro del Cottolengo Don Orione y el predio no estará abierto al público general. Quevedo contó que personal del Vaticano recorrió la institución en dos oportunidades para conocer el proyecto presentado por la obra. “Lo nuestro es de la puerta para adentro”, explicó sobre la organización del encuentro.

Según señaló, la expectativa por la llegada del Sumo Pontífice alcanza a residentes, familias, empleados y trabajadores de instituciones de todo el país. “Para nosotros desde ayer que la noticia fue confirmada es una alegría desbordante”, afirmó en Infobae Al Amanecer.

El sacerdote indicó que las autoridades provinciales y municipales trabajan los aspectos externos con representantes de la institución. Aclaró que no maneja información técnica sobre el operativo de seguridad ni sobre la movilización fuera del predio, aunque señaló que vecinos de la zona esperan el paso del pontífice por calles cercanas. También asistirán representantes de cotolengos de distintas provincias y residentes de otros centros de la obra Don Orione.

La escala en Claypole formará parte de la visita de cuatro días que León XIV realizará en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Según el itinerario oficial, el Papa llegará a Buenos Aires desde Montevideo y, además del encuentro en el Cottolengo, celebrará una misa en Palermo, participará de actividades con trabajadores y jóvenes, viajará a Córdoba y presidirá una misa en Luján antes de partir hacia Lima.

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El oficialismo busca rearmar en velocidad un acuerdo con aliados y dialoguistas sobre el área de discapacidad. Lo hace con la mirada puesta en la reunión de comisiones de Diputados prevista para este miércoles, aunque el tema desborda los límites legislativos. El proyecto de Presupuesto 2027 dinamitó la movida que avanzaba en la Cámara baja, además de desconcertar a los operadores de LLA y alimentar otro capítulo de la interna. Y ahora, esa tensión condiciona las tratativas, porque lo que aparece en juego es hasta qué punto puede ceder el Gobierno. Todo remite a un tema especialmente sensible, que acaba de añadir la renuncia del funcionario nacional del rubro y agrega sospechas a ese clima enrarecido.

De manera inesperada, en este marco y con un texto de tres líneas, el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, presentó su renuncia al ministro de Salud, Mario Lugones. Dijo que su salida sería inmediata –“a partir de este momento”, escribió- y como es habitual, agregó que se trataba de una decisión tomada por “razones estrictamente personales”. No hubo explicaciones oficiales sobre esta nueva baja y más allá de las cuestiones de desgaste, que existen, el hecho fue vinculado a los cruces y malestares que produjo el ajuste en discapacidad incluido en el Presupuesto, aunque no sería lo único.

Como se sabe, la letra del proyecto oficial sacudió el tablero interno. La reacción visible fue protagonizada por Patricia Bullrich: sostuvo que el tema no había sido planteado previamente en la “mesa política” del oficialismo y advirtió que atentaba contra el armado de alianzas en el Congreso. Después, y a pesar del intento de Olivos por restarle trascendencia al cruce y aplacarlo, la senadora descalificó explicaciones de Diego Santilli, que buscaban distender el clima sin entrar en cuestiones de fondo.

En la misma línea para apaciguar las aguas internas, el Gobierno dejó trascender de inmediato que ese capítulo del Presupuesto no correría tal como fue redactado. Y reanimó las conversaciones con socios y aliados en Diputados. Prometió que será aplicado lo que sea acordado frente a la movida de la oposición y otros espacios, que impusieron el tratamiento de una respuesta sobre la emergencia en el área de discapacidad.

Se verá ahora el alcance de las tratativas para lograr dictamen en comisión. Por lo pronto, el malestar en filas libertarias fue generado no sólo por la falta de anticipo -que expuso incluso a la presidencia de la Cámara, a cargo de Martín Menem-, sino además por lo que algunos consideran un costo por el grado de insensibilidad en la materia y otros, como un error en la batalla discursiva.

En cualquier caso, la renuncia de Vilches agregó un ingrediente propio dentro de un ministerio que ya viene enfrentando otras tensiones, como ocurre con el manejo del PAMI. Un juzgado federal de Córdoba acaba de reponer el tema de las demandas judiciales: dispuso avanzar con una investigación sobre Lugones y el titular de la obra social de jubilados, Esteban Leguízamo, por presunto incumplimiento de una orden de regularización de pagos a proveedores de servicios de salud.

No es solo eso. La decisión del ahora ex funcionario impacta especialmente por la historia reciente del área, aun en el caso de se tratara de razones personales. Llama la atención que se haya concretado días después de que circulara un informe administrativo – es decir, impulsado por su gestión- con números que no cierran sobre la etapa de Diego Spagnuolo, procesado en la causa que investiga la existencia de un sistema de corrupción en la entonces Agencia Nacional de Discapacidad.

Vilches asumió como interventor de la ANDIS en agosto del 2025 -y siguió como secretario de Estado- luego de la crisis que generaron las denuncias sobre coimas en ese organismo. El referido informe analiza las cuentas hasta su llegada al cargo y registra inconsistencias millonarias en materia de deudas a proveedores. No extraña que la renuncia alimente especulaciones sobre la intención de dejar sentada su diferenciación de la primera etapa en esa área y las posibles estribaciones sistémicas.

El caso Spagnuolo es seguido de cerca por el Gobierno y recrea cada tanto inquietudes por su efecto público. El foco se correrá el miércoles hacia Nadia Beller, víctima de un ataque por el que su ex pareja, Fernando Cerimedo, sigue detenido en Bolivia como principal sospechoso. Está prevista una declaración por videoconferencia, desde Santa Cruz de la Sierra, ante el fiscal Franco Picardi. Beller dijo que tiene grabaciones en las que Cerimedo, de conocidos vínculos con el circuito libertario, habla de manejos de corrupción en la ANDIS.

La expectativa siempre abierta por este caso y la renuncia de Vilches agregan por distintas vías sus propios ingredientes al tema de discapacidad. De todos modos, al menos hasta ahora, el mayor sacudón fue producido por la llegada del Presupuesto 2027 al Congreso. Las miradas estaban puestas como siempre en algunas previsiones centrales -PBI, superávit, inflación, dólar, inversiones-, que en algunos casos suelen ser desbordadas por la realidad, como viene ocurriendo este año con los pronósticos sobre crecimiento y evolución de los precios. Eran esperables negociaciones con aliados y disputas con opositores en cuestiones como discapacidad y universidades.

Nadie esperaba un recrudecimiento de las internas en el oficialismo como la que disparó el capítulo de ajuste presupuestario en discapacidad. Impactaron especialmente cuestiones como la intención de borrar los ajustes por inflación de los montos del nomenclador o la vuelta a un esquema por “invalidez” mínimo (unos 300 mil pesos) que podría ser dado de baja si la persona consigue empleo formal o tiene ingreso como monotributista. Resultó indigerible para aliados y dialoguistas.

Las negociaciones son llevadas adelante por Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado, de línea con Bullrich, que luego del temblor generado por el proyecto de Presupuesto tuvieron señales de respaldo expreso de Martín Menem y Diego Santilli. Es un interrogante hasta qué punto llegará la flexibilidad del Gobierno para avanzar con una “ley superadora” -así es mencionada- que asegure a los socios, del PRO y del bloque oficial del radicalismo, y recupere apoyos de legisladores alineados con gobernadores y otros espacios de buen trato con LLA.

El oficialismo enfrenta un nuevo round de la pelea motorizada por la oposición, que impuso el tratamiento de este tema y también el debate sobre la morosidad. Y espera que esta vez la interna no le juegue en contra. Doble desafío.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tomó la decisión de bajarse del viaje a los Estados Unidos y quedarse en Buenos Aires para, entre otras cuestiones, encabezar la habitual reunión de la mesa política que en esta oportunidad se dará en medio de un clima de tensión interna por las críticas de Patricia Bullrich ante la falta de coordinación alrededor del Presupuesto 2027 y la posterior renuncia del secretario de Discapacidad, el área que generó toda la polémica.

A partir de las 13:00, la cúpula libertaria volverá a encontrarse para limar asperezas y analizar qué fue lo que sucedió con el envío al Congreso del proyecto que tenía modificaciones que no conocían los propios referentes parlamentarios del oficialismo.

No solo la jefa del bloque en el Senado, sino que también el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que es quien recibió el texto la noche del 15 de septiembre, reconocieron que no estaban informados sobre los cambios.

“Bueno, técnicamente no es un recorte. Es un recorte solo si se lo compara con las expectativas que había, o con un dictamen que se está negociando”, argumentaron ante Infobae en uno de los despachos que intervinieron en la redacción de la norma.

Puntualmente, lo que desató el conflicto fue el capítulo VI, conformado por los artículos 36 a 41, que entre otros puntos deroga parcialmente la Ley de Emergencia en Discapacidad y elimina los aranceles únicos de referencia del Nomenclador de Prestaciones Básicas, lo que en la práctica obliga a las familias a negociar individualmente con obras sociales y prepagas el valor de terapias y tratamientos.

“Cuando uno es jefe de una bancada y no se entera, uno llega al Congreso y te dicen ‘nos estás engañando’. Quedás como un tonto o como un mentiroso, eso resiente un poco las relaciones”, acusó Bullrich.

Luego de dar claras señales de malestar al interior del Gobierno, la senadora también le respondió al jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien había intentado justificar la descoordinación asegurando que la ex ministra de Seguridad no se enteró de la medida porque se tuvo que retirar prematuramente de la última reunión de la mesa política, la semana pasada.

“Eso es mentira. Cuando se habló del Presupuesto yo estaba. Martín Menem se quedó tres minutos más que yo y tampoco sabía nada”, contestó la actual legisladora nacional.

En esta misma línea, durante una entrevista televisiva, Bullrich anticipó con tono jocoso que esta vez “va a llegar antes” al encuentro y que se va a “quedar hasta el final”. Hasta ese momento, tenía dudas de si asistir o no a la convocatoria.

En el entorno de la secretaria general, sin embargo, continuaban minimizando la situación y negaban que haya una interna, sino que lo calificaban como “una diferencia de opiniones”.

Tampoco había un enojo con la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, a la que le reconocen una personalidad fuerte que se caracteriza por no disimular los enojos.

Aunque, como ocurre siempre, a los miembros del grupo no se les adelantó el temario de la jornada, varios ya daban por descontado de que esta interna iba a ser parte de la charla: “¿Te parece poco el dato de que haya renunciado el director de la ANDIS?”, resumió uno de los funcionarios que participarán de la mesa política.

La referencia era a Alejandro Vilches, quien dejó su cargo este lunes al mediodía mediante una carta en la que alegó motivos personales, y todavía no tiene reemplazante.

Mientras la cúpula decide quién será su sucesor, el área quedó en manos de Esteban Giler, actual subsecretario de Políticas de Accesos y Apoyos del Ministerio de Salud, que encabeza Mario Lugones.

“Todavía no nos dijeron nada, pero asumo que el tema va a salir en el transcurso de la conversación“, reconoció otro de los miembros de la cúpula libertaria.

Antes de eso, Santilli tendrá la difícil tarea de recibir en su oficina al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, que organizó la cita antes de que estallara el conflicto en la Casa Rosada.

“El Colo” buscará que el mandatario provincial le dé su apoyo, justamente, para aprobar el Presupuesto 2027, que estiman que se comience a debatir a principios de octubre.

Vilches había asumido al frente del organismo, como interventor, luego de la salida de su ex titular, Diego Spagnuolo, tras la difusión de audios que derivaron en una causa por presunta corrupción en las compras de medicamentos y servicios.

A la vez, mantenía funciones como secretario de Gestión Sanitaria y había tenido exposición pública en los últimos meses por la organización de la nueva evaluación para aspirantes a residencias médicas.

“Por medio de la presente le comunico mi renuncia al cargo de Secretario Nacional de Discapacidad, haciendoefectiva la misma a partir de este momento. Motivan mi desición razones estrictamente personales, agradeciendomis designaciones y la confianza que usted me depositara”, expresó el ahora ex funcionario en una carta dirigida a Lugones.

El Gobierno estaba trabajando desde hacía tiempo en un nuevo proyecto ”superador” para reemplazar la ley de emergencia en este sector y dejar conforme a los otros bloques en el Congreso.

El oficialismo pretende que los acuerdos que alcance con sus aliados queden reflejados en el tratamiento del Presupuesto 2027 en comisiones, con el objetivo de conseguir un dictamen favorable y evitar que el capítulo de discapacidad derive en una nueva derrota parlamentaria.

Además de Karina Milei, Santilli, Bullrich y Martín Menem, la mesa política está integrada por el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

Quién no podrá estar esta vez será el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo -principal acusado por la senadora de no avisar de los cambios en el texto-, ya que se encuentra en Nueva York como parte de la comitiva que acompaña al presidente Javier Milei a la asamblea general de la ONU.

“Patricia es la jefa de bloque del oficialismo en el Senado de la Nación”, afirmó el diputado nacional de La Libertad Avanza en Infobae al Regreso. Según explicó, esa responsabilidad parlamentaria implica que Bullrich debe contar con la información necesaria para acompañar la agenda legislativa del Ejecutivo.

Arabia reconoció que existen diferencias, pero las ubicó dentro de la dinámica habitual de una coalición. “Con matices, tenemos miradas, tenemos algunas miradas de algunas cosas y creo que Patricia es genuina y sincera cuando habla”, señaló.

El legislador se refirió así a los cuestionamientos de Bullrich por la falta de información sobre algunos cambios incorporados al proyecto de Presupuesto 2027, especialmente los vinculados con discapacidad. “Lo dijo, lo dejó en claro, pero, de vuelta, yo desdramatizaría esa situación”, sostuvo.

Para Arabia, esas diferencias no modificaron el objetivo político común. Recordó que buena parte de los dirigentes y votantes que habían acompañado a Bullrich en la primera vuelta de 2023 terminaron respaldando a Milei en el balotaje y planteó que esa alianza continúa vigente.

“El rumbo y ese cambio que está adelante en Argentina tiene que continuar. Estamos trabajando todos los días para la reelección de ese rumbo y, por sobre todas las cosas, estamos trabajando todos los días para que al Gobierno le vaya bien”, afirmó.

Consultado específicamente sobre si Bullrich trabaja por la reelección de Milei, Arabia fue categórico: “Si hay algo que está claro es que estamos todos trabajando por la reelección”.

El diputado planteó que ese objetivo no impide que existan diferencias dentro del espacio. “Las ideas son más importantes que las personas. Estamos todos trabajando para la reelección y estamos todos decididos y determinados, que eso no significa que no tengamos miradas distintas en algunas cosas”, explicó.

El mensaje de Bullrich con una canción de Lali

En la entrevista también fue consultado por el video que Bullrich publicó en redes sociales con una canción de Lali Espósito, una artista que mantuvo fuertes cruces públicos con Milei.

Arabia relativizó la interpretación política de la publicación y recordó que el propio Presidente había dicho que cada persona puede escuchar la música que quiera. “Es como inflar un video que vos le ponés una canción de fondo del artista quien fuere. Me parece un poco mucho”, sostuvo.

Arabia también reconoció el peso político propio de Bullrich dentro del espacio y lo vinculó con su caudal electoral. “Probablemente porque es la única que lo puede hacer, porque es la única que tiene votos propios”, señaló. En ese sentido, recordó que Bullrich obtuvo cerca del 24% de los votos en la primera vuelta presidencial de 2023, mientras que Milei consiguió alrededor del 30%.

La discusión por discapacidad

El capítulo de discapacidad del Presupuesto 2027 fue otro de los ejes de la conversación. Arabia reconoció que existe preocupación dentro de La Libertad Avanza, aunque defendió la necesidad de compatibilizar las prestaciones con el equilibrio fiscal.

“Es una preocupación que de verdad muchos de nosotros genuinamente tenemos. Eso no significa que ninguno de nosotros acá estamos poniendo en discusión que tiene que haber equilibrio fiscal”, afirmó.

Para el diputado, el desafío es encontrar un mecanismo que permita atender las necesidades del sector sin comprometer las cuentas públicas. “Tenemos que encontrarle la vuelta para que ese equilibrio fiscal continúe, porque es lo que te permite ordenar la macro”, explicó.

En paralelo, cuestionó la evolución del nomenclador durante la gestión anterior y responsabilizó al gobierno de Alberto Fernández por el deterioro de los valores. “El que se comió los aumentos del nomenclador con el 300% de inflación y lo actualizó solo al 110 fue el gobierno kirchnerista”, afirmó.

Frente a la discusión parlamentaria, Arabia anticipó que el oficialismo trabaja en una iniciativa para reemplazar el esquema de emergencias sucesivas por una solución de mayor alcance.

“Estamos trabajando en la Cámara de Diputados en un proyecto que no sea volver a poner un parche, que sea un proyecto superador, que no vivamos de emergencia en emergencia”, explicó.

La intención es que esa propuesta sea discutida en paralelo con el Presupuesto 2027. “Estamos tratando de que sean las dos cosas juntas”, confirmó.

Arabia insistió en que la búsqueda de una solución para el sector debe mantenerse dentro del objetivo fiscal del Gobierno. “Se soluciona con que nosotros sigamos trabajando en una propuesta legislativamente que sea superadora al vivir de emergencia en emergencia, que actualice todo lo que pueda sin poner en riesgo los distintos lugares del equilibrio”, concluyó.

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Alejandro Vilches presentó su renuncia como secretario Nacional de Discapacidad por motivos personales, según pudo saber Infobae de fuentes del Gobierno Nacional. La cartera de Salud de Nación evalúa su remplazo.

La salida del funcionario se da en medio de la discusión interna que generó el Presupuesto 2027 que envió el Poder Ejecutivo al Congreso. Conocidas las previsiones que realizó el gobierno para el próximo año, quedaron expuestos nuevos ajustes en el área, algo que fue fuertemente cuestionado por la oposición y despertó el malestar de sectores internos, quienes aseguraron no haber sido informados de la decisión. La voz cantante de esa crítica fue la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado.

En ese marco, el gobierno admitió la posibilidad de revisar las previsiones presupuestarias en el área de Discapacidad para el próximo año. El oficialismo en Diputados, en tanto, trabaja en una nueva ley que reemplace la emergencia sancionada en el período actual. Ese fue el contexto en el que se dio la salida de Vilches.

La agenda de discapacidad abarca salud, educación, transporte y empleo

La política de discapacidad contempla aspectos que exceden el sistema sanitario. Entre ellos figuran la accesibilidad, el transporte, la educación, la inserción laboral, la protección social, la autonomía personal y la participación plena en la comunidad.

Por ese carácter transversal, las medidas vinculadas con el sector demandan intervención y articulación con áreas de competencia específica. Las discusiones legislativas, presupuestarias, educativas, de transporte y de protección social involucran a diferentes organismos del Estado.

El organismo rector de discapacidad no surgió originalmente dentro del Ministerio de Salud y mantiene vínculos de trabajo con actores estatales y sociales relacionados con la materia. Tras su incorporación a esa cartera, la Secretaría preservó esa dinámica de articulación.

El Ministerio de Salud interviene en los asuntos que corresponden a sus atribuciones y emite opiniones técnicas cuando son requeridas. Sin embargo, la definición de políticas sobre discapacidad requiere coordinación interministerial, dada la diversidad de derechos y áreas involucradas.

La trayectoria de Vilches

Vilches se hizo cargo del organismo de discapacidad luego de que el Gobierno dispusiera la salida de Diego Spagnuolo, tras la filtración de audios en los que presuntamente exponía maniobras irregulares vinculadas con la adquisición de medicamentos y servicios relacionados.

Vilches es médico egresado de la Universidad del Salvador y cuenta con formación especializada en administración de sistemas de salud públicos y privados. Actualmente ocupa la Secretaría de Gestión Sanitaria, luego de una carrera vinculada con la gestión, la auditoría y el control de prestaciones dentro del Estado y de las obras sociales.

Su trayectoria incluye funciones como asesor en la Unidad Ministro de la Jefatura de Gabinete, subgerente de Administración de Prestadores del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa) y responsable de áreas en la Dirección de Salud y Acción Social de la Armada Argentina. También fue director general de Evaluación de Calidad de los Servicios de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y asesor de comisiones de salud en la Legislatura porteña y en la Cámara de Diputados de la Nación.

En el sistema de obras sociales, ejerció cargos de dirección médica en las entidades de Ceramistas; del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas Zárate-Campana; de la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne, y del Personal de la Industria del Cuero. A su vez, se desempeñó como asesor médico y responsable de la gerencia de prestaciones médicas durante la intervención federal de la obra social del personal de las comunicaciones.

Vilches también desarrolló tareas académicas en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA). Allí dictó cursos superiores de auditoría médica, fue profesor de la maestría en Gestión de Salud y docente regular de la Especialización en Estudios Sociales de la Discapacidad, en la Facultad de Ciencias Sociales.

En los últimos meses, adquirió exposición pública a partir de su intervención en el examen unificado de ingreso a residencias médicas. Después de que se detectara un incremento estadísticamente inusual de calificaciones elevadas, el Ministerio de Salud dispuso una nueva evaluación para más de 200 postulantes que habían respondido correctamente 86 preguntas o más.

El secretario estuvo al frente de la organización de esa instancia, que contó con auditorías reforzadas, veedores y personal de seguridad. También sostuvo que el mecanismo de evaluación fue diseñado para preservar el anonimato de los aspirantes y aplicar las mismas condiciones para todos. En ese contexto, anticipó que la cartera sanitaria evaluaría cambios en el sistema para que las provincias definan los perfiles profesionales de salud que requieren.

La designación de Vilches al frente de la agencia se produjo en medio de las protestas de familias de personas con discapacidad, que cuestionaron el ajuste presupuestario y los recortes en el sector. En ese sentido, días atrás, la actriz Valentina Bassi.

Bassi, madre de un adolescente con autismo, advirtió sobre el impacto que podrían tener los cambios en el Presupuesto 2027 sobre la ley de emergencia en discapacidad aprobada en 2025. En una entrevista en Radio con Vos, cuestionó en particular una eventual modificación del nomenclador de prestaciones. “Es letal la desregulación del nomenclador”, afirmó.

Bassi sostuvo que el sistema vigente permite que las personas con discapacidad accedan a terapias y escuelas especiales sin que sus posibilidades dependan del nivel de cobertura médica o de sus ingresos. “Una persona que no tiene un mango tiene el mismo derecho de acceder a las terapias, o a las escuelas especiales que el que tiene una prepaga premium”, expresó.

Para explicar su planteo, mencionó el caso de la institución a la que asiste su hijo. Según relató, allí conviven alumnos con obras sociales de menor cobertura y otros con planes de medicina prepaga de alto costo, ya que todas las entidades deben cubrir los mismos valores establecidos por un nomenclador único.

“Eso es lo que básicamente te garantiza: igualdad, equidad de posibilidades y derechos para todas las personas con discapacidad”, remarcó.

La senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, ratificó sus cuestionamientos por la inclusión de recortes al área de discapacidad en el proyecto de Presupuesto 2027 y desmintió al jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien dijo ayer que fue un tema hablado durante la reunión de la mesa política el último martes.

La legisladora negó que la conducción parlamentaria hubiera sido informada sobre las modificaciones introducidas en el texto enviado al Congreso y tildó de falsa la versión oficial sobre un debate previo en la mesa política del Gobierno.

En declaraciones a la señal LN+, la jefa de la bancada oficialista en la Cámara Alta reaccionó frente a los dichos del funcionario, quien había sugerido que las reformas al sistema asistencial habían sido conversadas en los encuentros semanales del Ejecutivo y mencionó que la legisladora ese día debió retirarse antes.

“Eso es mentira. Cuando se habló del presupuesto yo estaba, y Martín Menem tampoco sabía nada”, afirmó la referente oficialista. La senadora insistió en que el proyecto elaborado por el Ministerio de Economía ingresó de madrugada a la Cámara de Diputados sin la evaluación de los legisladores.

Bullrich advirtió que impulsar iniciativas sin consenso parlamentario previo provoca un desgaste innecesario en la figura del presidente Javier Milei y complica las negociaciones de la ley en el parlamento.

Bullrich cuestionó que los cambios no hubieran sido anticipados al Congreso

La discusión se originó en los artículos del capítulo VI del Presupuesto 2027, que proponían cambios en el sistema de prestaciones por discapacidad. Entre otros puntos, el texto contemplaba eliminar el arancel único de referencia, restringir la compatibilidad entre pensiones por invalidez y empleo registrado y derogar de manera parcial normas de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La senadora sostuvo que el contenido de ese capítulo no se había tratado en la reunión de la mesa política de la que participó el martes. Según relató, allí se expusieron las proyecciones generales del Presupuesto, con una previsión de crecimiento del 4% y una inflación del 21,1%, pero no se abordaron las modificaciones que luego generaron reparos dentro del oficialismo y sus aliados.

En ese marco, Patricia Bullrich rechazó la afirmación de Diego Santilli acerca de que el asunto había sido conversado. También aseguró que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, desconocía los artículos cuestionados cuando el proyecto ingresó al Congreso.

“Yo tengo una responsabilidad, que es generar los consensos necesarios para que las leyes que mande el Gobierno sean leyes y no sean proyectos perdidos en el fondo de la nada”, afirmó. Para la legisladora, la mesa política debe anticipar los proyectos que necesitan respaldo parlamentario y evaluar sus posibilidades antes de que lleguen al recinto.

El oficialismo abrió una negociación con sus aliados

Ante las objeciones planteadas por el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y otros espacios, la Casa Rosada aceptó retirar los artículos cuestionados y habilitar una negociación para una nueva redacción. Bullrich consideró que esa instancia era necesaria para evitar que el proyecto volviera a quedar sin los votos suficientes.

La senadora vinculó el debate actual con dos crisis legislativas previas, en las que también se discutieron cuestiones ligadas a discapacidad y al financiamiento universitario.

Al referirse a una posible salida para el conflicto, planteó que el Gobierno debe trabajar con la Agencia Nacional de Discapacidad y con los bloques aliados. “Este es un tren que viene de frente a chocarnos”, dijo al describir el costo político que, a su criterio, tendría insistir con disposiciones que no reúnen apoyo parlamentario.

Bullrich fijó el superávit fiscal como límite para los cambios

La legisladora sostuvo que el oficialismo buscará acuerdos, aunque aclaró que el superávit fiscal y las metas de inflación no estarán sujetos a negociación. “Tiene fundamentos que no vamos a negociar: superávit y metas de inflación. Esa es la matriz del plan, no la vamos a tocar”, expresó.

Bullrich afirmó que las situaciones de mayor sensibilidad social deben resolverse dentro de ese marco y diferenció las prestaciones que requieren las personas con discapacidad de los casos de fraude. A la vez, cuestionó que se envíen iniciativas cuya viabilidad parlamentaria no fue evaluada previamente.

“Si vos mandás algo que no vas a poder convertir en ley, desgastás al Presidente. ¿Querés que el Presidente vete eso para que otra vez te lo bajen?”, preguntó la senadora, al insistir en que el Ejecutivo debe construir mayorías antes de presentar los proyectos.

Consultada además por una eventual candidatura junto a Javier Milei en 2027, Bullrich dejó en segundo plano cualquier aspiración personal. “Para mí es muy importante que el proyecto reelija”, afirmó.

La dirigente también se pronunció a favor de suspender o eliminar las PASO y señaló que el oficialismo mantiene conversaciones con el PRO, sectores radicales, gobernadores y fuerzas provinciales para reunir los votos necesarios. Sobre su futuro político, reiteró que su prioridad es la continuidad del Gobierno y la reelección presidencial.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, rechazó este domingo que el proyecto de Presupuesto 2027 contemple cambios que afecten el financiamiento y la cobertura de las prestaciones para personas con discapacidad. “No vamos a acompañar ningún recorte del presupuesto nacional que afecte estos derechos”, sostuvo el mandatario provincial en un posteo en su cuenta de X.

En su mensaje, Llaryora afirmó que las prestaciones, los traslados y las terapias no pueden depender de la situación económica de las familias ni de su lugar de residencia. También solicitó a los diputados y senadores nacionales por Córdoba que rechacen una eventual reducción de recursos para el área.

El gobernador señaló que la provincia trabaja con cerca de 350 organizaciones y gobiernos locales para sostener la red de atención. “Las necesidades de las personas no desaparecen, y sus derechos tampoco”, expresó, al advertir sobre las consecuencias de un retiro del Estado nacional en el financiamiento de las políticas de discapacidad.

El planteo se produjo luego de que el Gobierno nacional enviara al Congreso una iniciativa que incluía modificaciones a la Ley de Emergencia en Discapacidad y al régimen de prestaciones básicas. Tras las críticas de bloques aliados y de organizaciones del sector, fuentes oficiales anticiparon que el capítulo cuestionado será reemplazado en la discusión legislativa.

La propuesta remitida al Congreso modificaba aspectos centrales de la Ley 24.901, que regula desde 1997 el sistema de prestaciones básicas de atención integral para personas con discapacidad. Entre sus puntos principales, planteaba eliminar los valores universales del Nomenclador de Prestaciones Básicas, que funciona como referencia para obras sociales, empresas de medicina prepaga y prestadores.

El cambio habilitaba a que cada cobertura o jurisdicción estableciera valores diferenciados. Además, el esquema previsto reemplazaba la actualización mensual de aranceles por una revisión trimestral a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

El texto también retomaba el criterio de pensión por invalidez laboral para acceder a una pensión no contributiva, con un haber equivalente al 70% de la jubilación mínima. En esa versión, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) dejaba de ser una vía directa de acceso al beneficio y se establecía la incompatibilidad entre la pensión y el empleo formal o el monotributo.

Las negociaciones parlamentarias definirán si el Gobierno incorpora al Presupuesto 2027 un texto consensuado o si el debate sobre la emergencia en discapacidad continúa por una vía legislativa separada.

El oficialismo anunció que retirará los artículos cuestionados

La inclusión de esas reformas generó tensiones dentro del oficialismo y con los bloques dialoguistas. Representantes del Gobierno aseguraron que los artículos originales vinculados a discapacidad serán eliminados del proyecto de Presupuesto y reemplazados por un texto acordado con aliados parlamentarios.

La alternativa en negociación mantendría un nomenclador universal, con actualizaciones bimestrales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y permitiría compatibilizar las pensiones con el trabajo registrado. No obstante, el oficialismo buscaría elevar los requisitos para acceder a ese beneficio.

El debate ocurre mientras en la Cámara de Diputados también se discute una prórroga de la emergencia en discapacidad, cuya vigencia vence a fin de año. Las modificaciones incluidas inicialmente en el Presupuesto habían interrumpido las conversaciones que mantenían el oficialismo, la oposición y los bloques aliados sobre un proyecto alternativo.

“¿Me estás jodiendo?”, reaccionó en horas de la madrugada una figura del Gobierno al haber sido anoticiada por un alfil legislativo que el Presupuesto 2027 que había sido enviado al Congreso tenía fuertes retrocesos en algunas negociaciones que había encarado con aliados, principalmente en materia de las políticas de discapacidad. Horas antes, la Mesa Política se había reunido y los cambios sensibles que se vieron en el proyecto final no fueron abordados por Luis Caputo. Ese episodio catapultó críticas cruzadas entre varios sectores del círculo chico mileista.

La única que exteriorizó su malestar fue Patricia Bullrich. El jueves por la noche mencionó de manera explícita al Ministerio de Economía por su rol en la confección del Presupuesto y dijo que la tomaron de “tonta” al no comentarle los cambios que hubo en los artículos sensibles. Lo que no se sabía es que horas antes la senadora ya había grabado el video con la música de Lali que al día siguiente difundió su propio entorno y que recita “sé que quiseran poder controlarme, no voy a cambiar por mucho que ladren”.

Los laderos de Bullrich no se achicaron ante la jugada. “Nos gusta el quilombo. No tenemos miedo ni nada que perder”, se jactó uno de ellos. La particularidad del caso es que no se trató de un desmarque cualquiera de parte de “Pato”. Fue diferente a su posición respecto al caso de Manuel Adorni o al de la jueza vetada por los Milei por ser familiar de un periodista. Aquello se podría encuadrar en el contrato que tiene con un sector del electorado para mantener cierta coherencia en cuestiones clave. Lo de esta semana fue en clave interna: una crítica sobre la coordinación política del Gobierno, que tuvo como acción final la publicación del provocador video.

En el campamento bullrichista dicen estar “mayoritariamente” de acuerdo con el rumbo, pero no con el actual funcionamiento de la política interna. “Somos unos imbéciles que solo tenemos que acatar. Es un régimen dictatorial”, describen. Acatar a rajatabla por un tiempo prolongado no es una costumbre en ese entorno. Creen que no se los escuchó en ocasiones anteriores y que siguen sin hacerlo. “No estamos de acuerdo en el método y en decisiones que se hacen hacia adelante y que van a afectar a la gobernabilidad”, puntualizan. Creen que de seguir así, la reelección del Presidente se complica. Y la paciencia de Bullrich se está agotando. No son pocos los integrantes de su entorno a los que les gustaría que adelante su incursión presidencial.

Lo que aconteció esta semana es para prestarle especial atención. La senadora está en desacuerdo de un esquema político -que tiene en cabeza a Karina Milei- que por la naturaleza misma del Gobierno tiene pocas probabilidades de cambiar. Si esto sigue, ¿qué cabe de esperar hacia adelante? Porque ambos sectores mantienen sus propias convicciones. “Es simple, yo creo que se va a espiralizar todo”, responde una figura del Gobierno que no integra ninguno de los dos sectores.

Quienes forman parte del círculo de extremísima confianza de Karina dan pistas de qué piensan hacer con este tema. “No hay chances de que la echemos o de que queramos que se vaya. Igual... si quieren dar un paso al costado, no son tantos en Diputados ni en el Senado”, provocan. Martín Menem fue otro de los sorprendidos por la decisión de Economía de ir fuerte con el asunto de Discapacidad, pero eligió no hablar públicamente. Junto a Diego Santilli encararon conversaciones con bloques aliados y ya les avisaron que se garantizará un acuerdo sobre ese tema. El jefe de Gabinete va a volver a convocar a numerosos mandatarios por estos días. Se especula con la posibilidad de que pasen por Balcarce 50 gobernadores como Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan) e Ignacio Torres (Chubut), entre otros.

¿Será verdad que en el karinismo piensan que la inserción de esos artículos por discapacidad fue hecha a propósito para “empastar” las negociaciones? De ser así, serían hipótesis que describirían la desconfianza que existe internamente en las filas del oficialismo. Las partes negociadoras del oficialismo confiesan que algunos de los cambios que habían sido conversados con bloques aliados habían sido comentados con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), por lo que quienes manejaron la revisión del Presupuesto no podían desconocer las conversaciones.

Santiago Caputo es quien tiene ascendencia sobre la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal, que es una de las últimas instancias de revisión tanto para ese proyecto como para otros que también se remiten al Congreso, como el de Defensa de la Soberanía que se dio a conocer esta semana, con modificaciones más profundas de las esperadas en términos de las tareas de seguridad nacional y mayores facultades para el Poder Ejecutivo.

En las filas del asesor presidencial parece existir una lectura de que hay cambios que deben ser más radicales y no ven con malos ojos los cambios propuestos en materia de discapacidad. Por el contrario, perciben que este año se podrían haber hecho reformas de mayor magnitud y que se desaprovechó la oportunidad. Una fuente externa, que conoce cómo piensan, lo describe de la siguiente manera: “Creen que lo de discapacidad honra el voto que puso a Milei en la Presidencia. Que se votó al Gobierno para ser disruptivos y que de tanto contentar a los aliados no se van a hacer cambios profundos”.

Es una lectura particular, porque esa disrupción convive con el firme convencimiento por parte de este sector de que el oficialismo perdió una oportunidad al no pactar con cerca de 15 gobernadores luego de las elecciones de medio término. Podría decirse que es el modus operandi opuesto al del karinismo, que busca ser más aperturista en lo legislativo y que no abandona la impronta de armar en los 24 distritos subnacionales, variando la intensidad para competir por los oficialismos locales, según el caso.

El apuro de algunas voces importantes del Gobierno por ser más expeditivos en las reformas se funda en casos como el de la Modernización Laboral aprobada en sesiones extraordinarias. La crítica puede ser entendible en términos de cómo el oficialismo tuvo que relegar apartados importantes de la iniciativa, pero también cabe decir que las negociaciones fueron particularmente complejas. No es lo mismo hablar desde afuera que en el territorio.

Sobre el nulo impacto de esta última reforma, un informe reciente de la consultora LCG sobre el mercado del trabajo marca que se achicó el porcentaje de trabajadores asalarialos (cayó 2 puntos hacia los 70,5%), creció el cuentapropismo y que entre estos primeros volvió a crecer el segmento informal. “No esperamos una reversión de esta dinámica en el corto plazo. En este contexto, el ajuste seguirá concentrado más en la calidad que en la cantidad de puestos de trabajo, y la informalidad y el trabajo independiente seguirán en aumento”, indicaron.

Esta evidencia genera cierta desazón en ciertos colaboradores libertarios. “No tenemos ninguna duda de que el año se desperdició. Podríamos haber sacado más cosas. Esto se debe a la mala conducción política”, afirman. Esto puede ser más o menos compartido según la tribu libertaria a la que se pregunte, pero lo cierto es que todavía no están en carpeta las reformas de segunda y tercera generación que Milei quería implementar de manera progresiva, como la tributaria y la previsional, respectivamente. Ambas, al parecer, quedarán para un eventual segundo mandato.

Los diferentes diagnósticos y lecturas que existen entre los integrantes de la Mesa Política generan la percepción de que la política no tiene la misma alineación que la hoja de ruta económica que encabezan Milei y Caputo. Aquello es percibido por los actores financieros que miran al Gobierno. Un jefe de un importante broker que maneja activos en el exterior afirmó a Infobae: “Hay falta de confianza, por eso no arrancan las virtudes del programa económico. Eso va a seguir hasta después de las elecciones”.

La consultora 1816, la más leída por el mercado local, difundió a sus clientes su informe semanal en el que marca la dualidad de la economía actual: la inflación interanual más baja en años pero con inconvenientes para eliminar ciertas inercias y una economía más grande en tamaño pero con sectores intensivos en mano de obra rezagados. “¿Alcanza esta performance económica para reelegir? La respuesta seguramente dependa en parte de cómo terminen conformándose las ofertas políticas el año que viene", concluyen.

Lo que describen en un importante despacho de la Casa Rosada es que con lo realizado la última semana, Bullrich “se pasó de rosca y corre riesgo de perder votantes propios”, todo a pesar de ser la dirigente política con mejor imagen a nivel nacional, según más de un ala del oficialismo. “Javier no la va a joder, la va a abrazar y va a desactivar ese tipo de juegos. No van a caer en ese juego”, afirman. Muchos la ven como la candidata ideal de Milei para la vicepresidencia. Solo unos pocos se oponen. Pero en la medida que se producen los chispazos, el fantasma de una nueva Victoria Villarruel se apersona inevitablemente.

Una persona que camina diariamente por Balcarce 50 opina que el karinismo está subestimando a la jefa de bloque de LLA. “Se piensan que lo hace porque le pinta. No subestimaría nada y no dejaría la posibilidad a que la forreen como sí lo hacen con algunos del PRO. Ella viene de Montoneros. Se peleó con Larreta y Macri. Le pegás 100 tiros y las balas le rebotan. Yo creo que se deben hacer ciertas concesiones”, afirman. La incógnita reside en cuáles deben ser. Ahí es cuando las lecturas internas se confrontan con la realidad y no se escuchan acciones concretas.

Es realmente impresionante escuchar declaraciones de los sectores que integran la mesa política. Por un lado, porque el martes deberán encontrarse y verse las caras como si los dichos hirientes que se esgrimen en privado no ocurrieran. Por el otro, porque no hay perspectiva de que estos vínculos se suturen con el tiempo: si Milei reelige, muchos estarán compitiendo por ser los herederos de cara al 2031; si no sucede, hay promesas de espiralizar el conflicto.

En tanto, Milei mira el conflicto desde afuera y desactivó el operativo que ya estaba preparado desde varias usinas digitales a punto de atacar fuertemente a la dirigente. En los últimos días se indignó por el tratamiento mediático que ciertos portales y periodistas realizaron sobre su decisión de quitar al personal civil de la Quinta de Olivos y establecer que sea la Casa Militar la nueva encargada de la coordinación de todas las tareas. Expresó su enojo ante varios interlocutores con quienes mencionaron a sus “hijitos”.

Fueron muchas las especulaciones que se hicieron al darse a conocer la noticia el pasado jueves. Lo cierto es que el intendente de la Residencia Presidencial de Olivos, Osvaldo Javier Sosa, fue desplazado de su función. “Hace tiempo que lo venía pidiendo”, dijo un dirigente con diálogo directo con Milei. Habrían existido manejos en la entrada y salida de personas que no generaron confianza en el mandatario. El despido de personal civil fue la ocasión para desplazarlo.

Quienes han cubierto la campaña presidencial del 2023 recuerdan a Sosa como una de las personas que trabajaba en el catering de ciertos tipos de actos, como los dos que se dieron en el Movistar Arena. El ex intendente de Olivos fue recomendado al Presidente por una Belén Agudiez, la subsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia. Se trata de una de las cinco subsecretarías que tiene la dependencia de Karina Milei, lo que da cuenta de la confianza que había logrado construir por esos años.

Agudiez conoció a los hermanos libertarios en 2021 mientras trabajaba como prensa de Eugenio Casielles en las oficinas de Ramiro Marra, ambos confundadores de La Libertad Avanza. Producto de la buena sintonía que habían tenido ambas, Karina le ofreció irse a trabajar a su lado y desde ese momento no se separaron. Ese hecho configuró, tal vez, uno de los primeros indicios de ruptura entre la hermana presidencial y los dos armadores violetas. El resto es historia.

Ayer por la mañana, una importante fuente confió a Infobae que Agudiez había presentado su renuncia, que esta había sido aceptada y que podía salir en el Boletín Oficial esta semana. Esto fue desmentido por voceros oficiales de Karina: “No hay ningún cambio en ese sentido”.

Javier Milei demostró hace tres años que se puede ganar una elección prometiendo un ajuste drástico. Ahora tiene que ganar una elección ejerciendo el ajuste permanente, una decisión que le hizo implosionar el gabinete esta semana y condiciona la posibilidad de ampliar su base de sustentación. Los gobernadores especulan, aún lejos de cerrar un acuerdo electoral. El Gobierno no puede garantizar la aprobación de su reforma política. Y una de las principales dirigentes del espacio libertario, como es Patricia Bullrich, desafía sin frenos la autoridad presidencial. La crisis interna se agrava aunque disimulen.

La realidad dejó esta semana números que alejan al Gobierno de la promesa de estar viviendo los mejores 18 meses de las últimas décadas. La economía se contrajo 0,6% en el segundo trimestre. El consumo privado cayó 2,4% desestacionalizado. La inversión retrocedió 0,8% y acumula cinco trimestres consecutivos de caída. La desocupación subió al 7,9% y ya hay zonas como el Gran Rosario con 11,5%, o el Gran Córdoba con 10,5% de desempleo. La informalidad laboral alcanzó al 45% de la población, consolidada incluso con la reforma aprobada en febrero pasado: en el primer trimestre de vigencia de la nueva norma subió 0,8 puntos. Los precios mayoristas, esos que el Presidente celebró que habían comenzado con cero en julio, marcaron en agosto un aumento del 2,1%. Son todos datos del Indec. La semana cerró con el Riesgo País por encima de los 500 puntos y la suba de tasas de la Reserva Federal de los Estados Unidos que le sumará al Gobierno dificultades para acceder al mercado de crédito internacional, llegado el momento. La morosidad volvió a subir en julio. En familias escaló a 12,9%, lo que representa un salto de 10,4 puntos porcentuales desde octubre de 2024 y en las empresas pasó de 0,7% a 3,6%. Hay 31.342 empresas menos desde el inicio de la gestión, según datos de Fundar, con 17 meses consecutivos de caídas. Este jueves se conocerá una suba de la pobreza, mientras el Presidente se encuentra en Nueva York, adonde viajará mañana para su presentación en las Naciones Unidas y encuentros con empresarios.

“No se dejen psicopatear”, les exigió Milei a los senadores y diputados que recibió esta semana en la Casa Rosada. Puso como ejemplo la crisis económica que tuvo Mauricio Macri en 2018 y les dijo que no se sometan a la agenda de la oposición. Les pidió que defiendan el modelo con datos. “No hablen de sensaciones”, fue una de sus frases, para asombro de los más veteranos en la política. La que le hizo caso fue la diputada Virginia Gallardo, que mientras cuidaba su piel en un reel de Instagram habló de la formación de precios para responderle a Gladys La Bomba Tucumana, que se había quejado por los costos de los alimentos. El resto de los invitados a la Casa Rosada hizo silencio. La “bomba atómica”, en palabras de Bullrich, que fue el nuevo ajuste en discapacidad, ya estaba redactada y pronta a ver la luz. Milei no habló del tema. Ni en la reunión de Gabinete ni en la reunión política con los legisladores. Está obsesionado con los periodistas y en cómo mantener viva una narrativa del bienestar futuro difícil de argumentar. Tampoco les anticipó el proyecto de presupuesto. El tema estalló a las pocas horas. El malestar que habían transmitido por lo bajo los diputados de La Libertad Avanza que negociaban con los aliados una iniciativa propia se agravó cuando Bullrich se despegó de todos y desnudó la falta de coordinación del equipo de gobierno.

Nunca fui lo que querían de mí

Hace rato que la senadora repite en la intimidad que no va a permitir que el rumbo se caiga por malas decisiones de Milei, un mensaje abierto a todas las interpretaciones. Puede ayudar a reorientar el barco, o imponerse para capitanearlo. En su nuevo desmarque, dijo que la tomaban por tonta y coronó la rebeldía con su renovado fanatismo por Lali Espósito. “Si me quieren joder me van a encontrar”, le transmitió a su equipo en las últimas horas. Todavía tarareaba el estribillo de No me importa.

Los apuntados fueron Luis Caputo y Santiago Caputo. Bullrich señaló en público a Economía cuando contó cómo y de dónde sospechaba que había salido el desguace a la actual ley de emergencia en discapacidad. Pero en las últimas horas fuentes del ala política coincidieron también en sospechar del asesor presidencial. “Esto vino así del ministerio de Salud y Santi suele decir que si tenemos que vetar, vetamos”, abundó un integrante de la mesa política. Mario Lugones, el ministro, responde en la interna al asesor presidencial.

La mesa política perdió poder. Los que tienen llegada directa a Milei ganan las batallas. No hay control de daños. Así como Bullrich no sabía, menos aún el jefe de Gabinete, Diego Santilli. “Ni Karina sabía”, refleja un integrante. “No se te puede pasar una cosa así, son improvisados”, aporta un gobernador aliado del Gobierno, cansado de que la Casa Rosada vuelva con una discusión que ya perdió.

Milei intervino la mesa política. Desde sus diez días de encierro en Olivos y las dudas que despertó aquella falta de actividades públicas, el Presidente se puso al frente de la conducción de gestión. Le molesta que el ala política lo corra con suavizar el tono y las ideas que irritan a la sociedad. Por eso resaltó la figura de Federico Sturzenegger a pesar de que del otro lado lo habían hecho responsable de la caída de la ley de tierras y hasta lo citaron a una reunión para que no vuelva a pasarlos por encima. El Presidente lo rescató.

Bullrich venía ya cruzada con la Casa Rosada cuando se conoció el decreto del Ministerio de Economía que fijaba el ciento por ciento de las regalías de la represa hidroeléctrica sobre el río Atuel para la provincia de Mendoza, dejando sin esos recursos a La Pampa. “Me rompen todos los acuerdos”, se quejó. Dos senadores de la provincia afectada son parte sustancial de su endeble mayoría de aliados que quedó resentida tras la derrota en el debate por la ley de extranjerización. Uno es Daniel Kroneberger, del radicalismo, y la otra María Victoria Huala, del Pro. A Bullrich se le está haciendo cada vez más pesado poder llevar adelante una sesión. Esta semana tuvo que postergar el tratamiento de la reforma de la carta orgánica del Banco Central. “Estamos llegando con la soga al cuello”, la escucharon descargar su bronca. Dice que no se puede perder “otro año de crecimiento” por regalarle la agenda a la oposición.

Bullrich arriesga poco. Quedó demostrado que cada vez que ella se diferenció, Milei corrió a abrazarla. Pasó cuando se abstuvo de seguir la estrategia diseñada por Karina Milei de rechazar el pliego de la jueza María Verónica Michelli, por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, o cuando descargó su malestar contra Manuel Adorni por la falta de explicaciones en sus inconsistentes gastos. La reacción de Milei evidencia la debilidad presidencial. No puede romper la única alianza sostenible que tiene desde que llegó al poder. Aquel Pacto de Acassuso que lo llevó a ganar la segunda vuelta es el mismo que tiene que revivir para una reelección. Lo más probable es que ya con eso tampoco le alcance. Lo que no puede es perderlo.

La bullrichdependencia y las PASO

La bullrichdependencia de Milei es un reflejo de la falta de acuerdos más amplios. Hasta ahora la Casa Rosada no pudo ampliar su base de sustentación más allá de las coyunturas. Son acuerdos puntuales con gobernadores puntuales por una ley puntual. Siempre al filo de caerse. No logra ampliar su coalición, posiblemente, porque no asume la idea de un gobierno de coalición. Es lo que siempre le reprocha Bullrich y le deja en claro que ella no se va a dejar conducir por los libertarios. Su jugada busca preservarse ante un escenario de descomposición. En los círculos de poder renace la idea de que la eliminación de las PASO no avanza porque Bullrich se guarda esa carta para una eventual competencia interna contra Milei.

La duda que está dando vueltas por esas horas en los aliados es hasta dónde el Gobierno está convencido de eliminarlas. “No son categóricos”, contó un gobernador de diálogo directo con la Casa Rosada. Un sector empezó a comprender que es una herramienta que le puede dar una chance para reacomodar la campaña, como le pasó a Mauricio Macri 2019 o como lo experimentó Milei con la elección adelantada de la provincia de Buenos Aires el año pasado. “Si querés jugar el riesgo Kuka te sirve”, reflexiona un mandatario.

Detrás de Sanz

La semana política dejó la reaparición del ex senador y ex candidato presidencial Ernesto Sanz en la escena nacional, planteando la necesidad de una gran interna del espacio del medio. Propuso que sea entre el PRO, el radicalismo, el socialismo y la Coalición Cívica. Es un dirigente de apariciones esporádicas, que atrae al círculo rojo. ¿Quién está detrás? Cerca de Sanz sostienen que comenzó una construcción política fuera de la grieta. “Ni pollo ni pasta”, suele repetir para expresarlo. Considera que hay una oferta electoral reducida y que un espacio del medio podría confluir en una opción electoral. Marida con el coqueteo de Bullrich. Por ahora es una movida de un sector de la UCR no oficial, un acto de supervivencia ante el temor de que los gobernadores terminen entregando el partido a los libertarios. Trabajan en vínculos informales. Conversan con Jorge Brito vía Emilio Monzó, su principal armador, y con Hernán Lacunza, de quien salieron al rescate tras el lanzamiento de su candidatura presidencial y la posibilidad de un acuerdo entre el PRO y los libertarios que lo deje a la intemperie. En el pelotón de dirigentes incluyen a María Eugenia Vidal, a Alfonso Prat Gay y a Maximiliano Ferraro. No hay una foto pero hay conversaciones, se entusiasma un dirigente de esos sectores. El panorama electoral aún es tan incierto que nadie descarta un escenario de múltiples candidaturas más similar al 2003. El temor de este sector es que el radicalismo de los gobernadores termine acordando eliminar las PASO y los deje sin salida para definir candidaturas. Trabajan en frenar esa posibilidad.

Si quiere sacar la reforma electoral, el Gobierno tiene que hacerlo este año. El próximo solo puede aspirar a la suspensión de las primarias, como hizo para las elecciones de medio término. No puede extenderse más allá de febrero. Entonces, Santiago del Estero y Catamarca fueron las dos últimas provincias que le dieron el voto para lograrlo. Esta vez la primera juró lealtad al peronismo en la reunión del hotel Emperador. El gobernador Raúl Jalil mastica todavía la decisión. Cree que el Gobierno tiene la chance de instalar el tema como gasto innecesario, pero considera que la oposición necesita una herramienta ordenadora. Es el gran eje de negociación que le queda a la Casa Rosada. “Cuánto valen las PASO”, se preguntan en el peronismo.

Pronósticos en duda

En el medio entra la discusión por el Presupuesto que comenzará recién en octubre. El Gobierno arranca a la defensiva. El recorte en Discapacidad ya quedó archivado. No hay legislador aliado ni propio que esté dispuesto a levantar la mano en ese articulado. En el bloque oficialista de la Cámara de Diputados siguen trabajando en un proyecto “superador”, como lo llaman, pero aún no muestran las cartas. Martín Menem, otro de los no anoticiados de lo que se venía sobre el tema, había mandado a sus espadas legislativas a trabajar en acuerdos. El debate tendrá su desenlace esta semana, cuando salga el despacho de comisión. Llegó la fecha límite. El Gobierno le autogestionó el clima para que la oposición logre extender la emergencia.

Según relatan integrantes de la mesa política, lo único que se había anticipado internamente era la desindexación de las partidas sociales, al eliminar la movilidad automática de las asignaciones familiares, la asignación universal por hijo y por embarazo.

Milei transmite en las reuniones que sólo apuesta a desacelerar la inflación y mantener el dólar estable.

El resto de las variables presentadas generan más dudas que certezas. El Presupuesto de este año proyectaba un crecimiento del PIB del 5% pero apenas crecerá alrededor del 2%. Para el año que viene proyecta 4%, pero las variables para que se concrete esa suba no acompañan el optimismo oficial, sobre todo si se mira este 2026. Según marcó Haroldo Montagú, ex viceministro de Economía, el Presupuesto estima una caída del 2,1% de inversión para 2026 y proyecta un rebote del 9,2% para 2027. La recaudación creciendo arriba del 5% es otro dato que levanta interrogantes. Si este año con el crecimiento bordeando el 2% la recaudación cae 4%, no se explica la suba proyectada.

El otro eje es la magnitud del ajuste en obra pública. “Por cada 100 pesos que se gastaban en obra pública en 2023, en 2027 se gastarán apenas 15. Con ese nivel de desinversión pública, esperar que la inversión rebote un 9,2% en 2027 no es una meta sino un deseo”, resaltó el economista. El otro dato preocupante es la dolarización de carteras que ya se viene profundizando y que se aceleraría en medio de la carrera electoral. Durante las elecciones legislativas del año pasado las compras de dólares llegaron a tocar los US$6.500 millones en un solo mes. En julio pasado las personas humanas ya compraron más de US$3.000 millones.

El otro eje que no cierra tiene que ver con el crecimiento de los salarios, que no está en el Presupuesto, pero lo deslizó Caputo en la reunión de la mesa política cuando prometió que crecerán cerca del 25% para una inflación del 18%. En el mismo Presupuesto la recaudación por aportes y contribuciones patronales proyectada crece apenas un 19%. El ingreso disponible, condensado bajo la premisa más popular de “la plata no alcanza”, será la otra gran variable afectada en el año electoral. El Gobierno propone una reducción de subsidios a los servicios públicos, con lo cual habrá suba de tarifas.

Malvinas, el nuevo foco de conflicto

El Gobierno necesitará una nueva narrativa para pedirle a la sociedad que lo acompañe. Ensayó con reinstalar la causa Malvinas. Pero el contexto económico adverso la tapa. También será otro motivo de diferenciación de Bullrich, que no está de acuerdo con un nuevo proyecto ómnibus, y menos aún con la incorporación del capítulo que establece penalidades hasta por contratar asesores internacionales de campaña. “Es muy discrecional y poco prudente”, le dijo a su equipo. Otra batalla en puerta.

El proyecto crea un tipo penal por las campañas de desinformación, con penas de hasta 12 años de prisión. Sólo habla de expresiones tales como “manipular la opinión pública”, “campañas coordinadas” o “desinformación masiva”, sin precisiones. Ya los aliados marcaron resistencia. La autoría de la iniciativa, y su defensa en X, es de Santiago Caputo. La otra parte del proyecto que alertó a la oposición tiene que ver con la advertencia que hizo el diputado Maximiliano Ferraro sobre la derogación de la actual ley que establece sanciones para las empresas que operen en Malvinas. El diputado puso bajo la lupa una suerte de autoamnistía. “Eso lo hace sin preservar expresamente ninguna de las inhabilitaciones vigentes. Justamente la que alcanza a la petrolera que ellos mismos beneficiaron con concesiones y con el RIGI”, puntualizó sobre la empresa Premier Oil PLC, inhabilitada en 2013 y reconvertida después en Harbour Energy plc, que participa de un proyecto adherido al régimen especial de impuestos.

Un sondeo de Synopsis estableció que para el 58,2% de la población el cambio de postura de Milei es poco o nada creíble, contra un 38,2% que la consideró total o bastante creíble. Logró sí captar la atención porque del trabajo surge que el 81,7% estaba al tanto del contenido de la cadena nacional. Sirvió para darle una salida política al Gobierno, no alcanza para conquistar al electorado.

Las encuestas muestran que la caída en la imagen de Milei con la que arrancó el año se estabilizó. Pero quedó consolidado un rechazo alto, que supera el 50% en la mayoría de los sondeos. El Gobierno se aferra a la idea de que los desencantados no encontrarán una opción electoral que los contengan y volverán a votarlos en un ballotage. No hay mucho más en el análisis de la Casa Rosada, que trabajará en provocar la desorganización del peronismo y la vuelta al pasado como recurso narrativo.

El peronismo lo ayuda con su desacuerdo constante. La campaña Cristina candidata se reinstaló con fuerza esta semana, después de que desde San José 1111 probaran con un casting de postulantes que no prendió. Se dio en medio de las disputas de La Cámpora contra Axel Kicillof, a quien acusan de desleal. El gobernador un día respondió. “Al final era muy simple. Las nuevas canciones se escriben de abajo para arriba”, le devolvió la chicana a Máximo Kirchner. Lo hizo ayer, en el acto en que escenificó su armado nacional, una suerte de lanzamiento de campaña. Esta semana emprende también un viaje a Nueva York que incluirá reuniones con bonistas, empresas con intereses en la provincia y una reunión con el alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani. Una foto de contraposición a Milei, que busca un encuentro con Donald Trump.

La respuesta expuso una diferencia sobre el alcance de esas reuniones: mientras la senadora denunció que la modificación no fue tratada, el funcionario afirmó que las discusiones internas existen, aunque admitió que no todos los asuntos se analizan con el mismo grado de detalle.

Santilli no precisó si el punto específico sobre discapacidad había sido analizado antes de que Bullrich se retirara del encuentro. En cambio, reiteró el criterio de discusión colectiva: “Los temas nuestros los hablamos el martes”, insistió.

Los cambios cuestionados figuran en el Capítulo VI del proyecto presupuestario y alcanzan artículos de la ley 27.793, de Emergencia en Discapacidad, y de la ley 24.901, que regula las prestaciones básicas de atención integral desde 1997. Según publicó Infobae, la iniciativa elimina los valores universales de referencia del Nomenclador de Prestaciones Básicas y modifica el esquema de actualización de los aranceles.

Santilli afirmó que la definición política sobre discapacidad todavía depende de la discusión legislativa en la Cámara de Diputados. El jefe de Gabinete reveló que el Gobierno trabaja con el presidente de Diputados, Martín Menem, y el Ministerio de Salud para resolver el texto antes de responder a los cuestionamientos de Bullrich.

Durante un diálogo con periodistas, Santilli también se refirió al video que difundió la senadora mientras escuchaba una canción de Lali Espósito. “Estuvo muy bien, estuvo divertido el video de Patricia y hay que tomarlo así”, sostuvo.

Santilli dijo que Bullrich se retiró antes de la reunión del martes

El jefe de Gabinete ubicó la discrepancia en el funcionamiento de la mesa política, donde, según explicó, se debaten los asuntos que luego impactan en la agenda parlamentaria. “Tenemos una mesa de trabajo los martes. En esa mesa de trabajo hablamos los temas”, afirmó.

Ante la consulta insistente de los periodistas sobre si el proyecto de discapacidad había sido abordado en ese ámbito, Santilli planteó que existen distintos niveles de discusión. “Algunos con profundidad, otros con profundidad, pero no total. Pero sí, sí hablamos”, señaló, antes de añadir que Bullrich “se tuvo que ir antes también el martes”.

La senadora había dicho que la letra vinculada a discapacidad no había surgido en la mesa política y que llegó al Congreso sin información previa para los integrantes del bloque oficialista. También había advertido que esa falta de coordinación podía deteriorar las relaciones internas, porque los legisladores quedan expuestos ante sus pares y ante la oposición.

Consultado sobre posibles cambios tras el reclamo de Bullrich, Santilli vinculó cualquier decisión a la negociación parlamentaria. “Nosotros venimos trabajando en dos frentes. Un frente es la ley que se está tratando en Diputados”, explicó.

El funcionario indicó que en esa instancia intervienen Menem y el equipo del Ministerio de Salud. “Estamos aproximándonos a una definición”, dijo, y agregó: “A partir de si tenemos una definición allí, vendrán las respuestas que vos estás buscando”.

El proyecto presupuestario prevé modificaciones permanentes para el sistema de atención a personas con discapacidad. Entre sus disposiciones, altera las reglas para la fijación de aranceles, elimina mecanismos de actualización automática y modifica las condiciones de acceso a prestaciones vinculadas con la discapacidad.

Al final de la entrevista, una periodista relató que el equipo periodístico encontró a Santilli cuando ingresaba a una farmacia frente al centro de salud donde se encuentra internada Mirtha Legrand. “Estábamos con el trípode en frente del Sanatorio Mater Dei y de pronto vemos a alguien que está entrando a la farmacia”, contó, y al notar que era el jefe de Gabinete, los periodistas se acercaron a dialogar con él.

Patricia Bullrich escaló en la interna y amplificó el foco sobre el último capítulo de tensión escrito por el Gobierno: un ajuste que expuso insensibilidad extrema en el área de discapacidad, rompió negociaciones en Diputados, provocó disgusto entre legisladores propios sorprendidos por el Presupuesto y alimentó los recelos de socios y dialoguistas. Olivos parece haber acusado el impacto: contra su estilo, prefirió evitar la descalificación pública -síntoma significativo en sí mismo- y llegó a exponer una increíble retractación presidencial sobre Lali Espósito, cantante condenada por los libertarios y utilizada por la senadora para diferenciarse. El hecho y las reacciones repusieron en la superficie los alcances y los efectos de una concepción cerrada de poder.

En este caso, además, la alteración doméstica se produjo en momentos en que el oficialismo intenta una producción política que mantenga expectativas frente a la mala cosecha de noticias económicas. El anterior mensaje de Bullrich había tenido relación directa con el tema: fue una demanda de señales efectivas de la economía para la vida diaria del común de la gente. La senadora lo planteó como una necesidad de mayor “velocidad” en los resultados, una manera de traducir inquietud frente al alimentado clima electoral. Dijo algo que otros transmitían sólo por la vía de los trascendidos. Y que el Presidente se encargó de rechazar, con algo más que énfasis, ante ministros y legisladores violetas.

Los dichos de Bullrich nutren cada vez más las especulaciones sobre su apuesta para el año que viene. Está claro que la senadora se planta en una posición difícil de enfrentar públicamente por Karina Milei y por el Presidente. Es un cuadro diferente al de la tensión doméstica del círculo de Olivos, es decir, con Santiago Caputo. Es otro el capital político que está en juego. Trasciende los límites domésticos. Y precisamente por eso mismo, provoca alarma. No es una historia cerrada, pero sí claramente en construcción.

Más allá de la apuesta personal, y de su futuro, Bullrich dejó a la vista un problema de fondo que remite, sin dudas, a Olivos. Básicamente, dos cuestiones. La primera: disparó sobre el esquema de decisiones del oficialismo, cuando pidió que no la tomen por “tonta” y destacó que el tramo del Presupuesto referido a discapacidad no fue tratado en la “mesa política” del oficialismo. La segunda: destacó que decisiones como estas “resienten” la relación con socios y dialoguistas, y atentan contra el objetivo de la “gobernabilidad”.

Se trata, de hecho, de un problema de arrastre de Milei. Tiene antecedentes y, en todo caso, ahora es potenciado por el momento político y económico. Dicho de otra forma: no es igual el contexto posterior al éxito electoral de LLA en el 2025 que la actual y acelerada entrada en carrera para el 2027, con el proyecto reeleccionista como objetivo excluyente. Y eso supera por mucho el microclima del oficialismo: puede impactar en toma de decisiones empresariales y en tendencias personales/colectivas, desde inversiones hasta consumo.

En el plano estrictamente político, el proyecto de Presupuesto 2027 era esperado para abrir una negociación del oficialismo con espacios dialoguistas -en especial, gobernadores- de la mano con las tratativas, complejas, para ir definiendo el juego electoral a escala nacional y en cada distrito. La expresión concreta, o más reducida, sería el allanamiento del camino de Milei -con la reforma electoral como dato saliente, pero no único- y las garantías violetas para facilitar la reelección de jefe provinciales de buen trato con la Casa Rosada.

En esa relación, al igual que en los vínculos legislativos -PRO, bloques oficiales de la UCR, MID-, existen antecedentes de descontento por la falta de aplicación o cumplimiento parcial de acuerdos, generalmente por presión de Economía. Pero existe una cuestión más de fondo y responde sin vueltas a la idea de poder que tiene y expresa Milei. Domina la intención de imponer a los aliados un alineamiento similar al que rige en el interior libertario, con sello verticalista.

Y por eso mismo, el Gobierno no avanzó con el tejido de un sistema de alianzas, sino que apostó a acuerdos específicos en base a contraprestaciones puntuales, caso por caso. El ajuste en el área de discapacidad quebró la negociación en Diputados, motorizada a partir de la imposición de fechas para avanzar con el tema. Ese fue el resultado de un entendimiento de la oposición dura y otros espacios, que forzó tal decisión en el recinto de la Cámara baja. Es un interrogante qué ocurrirá la semana que viene, cuando el oficialismo retome los temas presupuestarios y, en particular, discapacidad.

La jugada con el Presupuesto 2027 reanima recelos de aliados que, en el plano electoral, demandan garantías efectivas para el cumplimiento de los tratos. El ejemplo más claro es el de los acuerdos electorales. La desconfianza es un signo extendido, lo cual no cierra las conversaciones. Las hace más densas.

No es todo. El otro costado de la forma de entender el poder tiene que ver con el reducido círculo de decisiones. La “mesa política” quedaría afectada, más como instancia de transmisión de resoluciones que como ámbito de elaboración de estrategias. Bullrich lo acaba de señalar, pero ya había quedado claro antes. Además, fue ratificado por Milei en su vuelta a las reuniones de Gabinete, algunas de las citas de esa mesa y encuentros con legisladores.

Las principales tensiones tienen que ver en las últimas semanas con los reclamos -en muchos casos, no superan la categoría de insinuaciones- que surgieron en materia económica. Milei demandó alineamiento con su plan y no dejó margen para diferenciaciones en ese terreno. Eso no permitiría mucha flexibilidad en otros puntos sensibles del Presupuesto.

El problema es que a la par de las necesidades legislativas -políticas, en sentido más amplio- corre la economía, y cosecha señales inquietantes. Las estadísticas oficiales ofrecieron pocos datos alentadores después del último índice de precios, que desaceleró en agosto y anotó 1,7%. Se sucedieron registros negativos: precios mayoristas del mismo mes, utilización de la capacidad industrial instalada, mercado de trabajo y nivel de actividad en el segundo trimestre del año.

El calendario del INDEC para la semana que viene incluye otros informes de interés, como ventas en supermercados, mayoristas y shoppings, y el Estimador Mensual de Actividad Económica, en los dos casos de julio. También será difundido el registro de pobreza en el primer semestre del año. No resulta fácil competir desde la política por los primeros renglones del temario público. Menos, con internas como las desatadas en estas horas.

Un acto de abanderamiento rumbo a la Paralimpiada Nacional se convirtió en una emergencia cuando las llamas alcanzaron la cabeza de un niño en Pachuca.

Desde el presídium, el histórico Óscar “Conejo” Pérez, advirtió el fuego, corrió hacia el menor y usó su chamarra para apagar el fuego.

El exarquero de Pachuca, Cruz Azul y la Selección Mexicana acudió al evento como titular del Instituto Hidalguense del Deporte y salvó al niño, que fue llevado a un hospital y quedó fuera de peligro, aunque presentó quemaduras en el rostro, la frente y la cabeza.

Las llamas alcanzaron al menor durante la ceremonia de la Paralimpiada Nacional

La ceremonia se realizó en la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento, en Venta Prieta, Pachuca. El gobernador Julio Menchaca Salazar encabezó el acto en el que Hidalgo presentó a los deportistas que participarán en la Paralimpiada Nacional.

El programa incluyó una presentación cultural con una flauta ancestral que llevaba una llama encendida. Durante ese número, el fuego alcanzó la cabeza de un menor que se encontraba cerca del área de exhibición.

• El abanderamiento reunía a atletas, familias, entrenadores y autoridades estatales.
• La delegación que acudió al evento estuvo conformada por 72 deportistas con discapacidad, quienes competirán en 11 disciplinas.
• Las condiciones climáticas movieron las hojas de los discursos y afectaron el sonido de los micrófonos.
• Antes de que ocurriera la emergencia, el acto enfrentó problemas por las ráfagas de viento que se registraron en la capital hidalguense.
• Una persona intentó auxiliar al niño con una bandera cuando el fuego llegó a su cabeza.
• Las llamas no se apagaron por completo, por lo que el exguardameta dejó el área de autoridades para intervenir directamente.

El menor fue retirado del sitio después de que el fuego fuera apagado. Recibió atención médica por lesiones en la cara, la frente y la cabeza, mientras los asistentes permanecieron atentos al desarrollo de la emergencia.

El “Conejo” logró contener la emergencia con su chamarra

El “Conejo” se encontraba cerca del gobernador Julio Menchaca Salazar cuando advirtió que el fuego seguía sobre la cabeza del menor.

• Detectó que el menor continuaba expuesto a las llamas.
• Dejó el presídium donde se encontraba junto a autoridades estatales.
• Se quitó la chamarra mientras corría hacia el área del incidente.
• Cubrió al niño con la prenda para sofocar el fuego.
• Permitió el traslado del menor al hospital para recibir atención médica.

Así, la intervención del director del INHIDE permitió controlar la emergencia antes de que el niño fuera retirado del lugar. Después del incidente, Menchaca reconoció la rapidez con la que Pérez acudió a auxiliarlo.

El exarquero pasó de Pachuca y el Tri a dirigir el deporte en Hidalgo

Óscar Pérez mantiene una relación directa con Hidalgo desde su etapa como futbolista:

• Fue portero de Pachuca, Cruz Azul, Necaxa, Tigres, Jaguares y San Luis, además de representar a la Selección Mexicana.
• El exarquero fue titular del Tri en el Mundial de Sudáfrica 2010, bajo la dirección técnica de Javier Aguirre.
• A los 37 años disputó los cuatro partidos de México en aquella Copa del Mundo, incluido el encuentro de octavos de final ante Argentina.
• Actualmente dirige el Instituto Hidalguense del Deporte.
• En semanas recientes pidió respaldo para Rafael Márquez en el nuevo proceso del Tri rumbo al Mundial de 2030.

De esta manera, su trayectoria explica su presencia al frente del deporte estatal. El “Conejo” pasó de las canchas a una responsabilidad administrativa que lo mantiene cerca de atletas, entrenadores y competencias organizadas en Hidalgo.

El fuerte ajuste en el área de Discapacidad previsto en el proyecto de Presupuesto 2027 que la Casa Rosada envió esta semana al Congreso causó un cimbronazo político que avivó las tensiones con los aliados y desencadenó una serie de reproches internos que tuvieron como principal protagonista a Patricia Bullrich. Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron a Infobae que darán marcha atrás con la propuesta del Poder Ejecutivo y adelantaron que están “muy cerca” de llegar a un texto consensuado con los bloques dialoguistas para reemplazar el capítulo de la polémica.

El dolor de cabeza para el oficialismo comenzó el martes por la noche, cuando ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2027. Durante las horas de la madrugada, los bloques de la oposición revisaron el plan de gastos e ingresos para ver si había alguna novedad sobre Discapacidad.

Durante las últimas semanas la oposición impulsó la prórroga de la Emergencia en Discapacidad que vence a fin de año. Lograron emplazar a las comisiones y se encaminaban a llevar su propuesta al recinto a mediados de octubre.

Para frenar la ofensiva opositora, las espadas legislativas del oficialismo anunciaron que estaban trabajando, junto a sus aliados del PRO, la UCR y bloques provinciales, en un proyecto “superador” que permitiría terminar con la Emergencia -tal como pretende el Gobierno- pero al mismo tiempo brindaría una solución definitiva que genere previsibilidad.

Sin embargo, muchos descubrieron el miércoles por la mañana que el proyecto de Presupuesto 2027 contenía un capítulo con fuertes ajustes en el área que no tenían nada que ver con las conversaciones en marcha. Entre los que fueron tomados por sorpresa se destacan tanto Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, como Patricia Bullrich, jefa del bloque LLA en el Senado.

La falta de coordinación multiplicó las especulaciones ya que ambos comparten la Mesa Política con otros referentes que estuvieron involucrados directamente con la confección del Presupuesto, como el ministro Luis “Toto” Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, a través de su vice Ignacio Devitt; y Santiago Caputo, por medio de la secretaria de Legal y Técnica María Ibarzábal Murphy.

Cerca de Menem mantuvieron el tono componedor y evitaron el pase de facturas. “El Estado es muy grande y el Presupuesto lo tocan miles de personas”, explicaron y agregaron que el texto se venía trabajando hace cuatro meses y “quedó viejo”. Pero Bullrich, fiel a su estilo confrontativo, pidió que “no la tomen de tonta”, apuntó abiertamente contra Economía y reclamó que temas sensibles como este sean discutidos con anticipación en la Mesa Política.

En concreto, el texto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso retoma un criterio de “invalidez laboral” para el acceso a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, que sería equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, en reemplazo del enfoque de derechos consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El texto también elimina el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso al beneficio y traslada la definición de los requisitos desde el Congreso hacia la reglamentación del Poder Ejecutivo.

Por otro lado, establece la incompatibilidad absoluta entre la pensión y el empleo formal: cualquier alta tributaria o trabajo registrado, incluso por pocas horas, extinguiría el beneficio, a diferencia del régimen vigente que permite compatibilizarlo con empleo o monotributo hasta dos salarios mínimos. Además, en materia de prestaciones, desaparece el arancel único del Nomenclador de Prestaciones Básicas, por lo que cada obra social, prepaga o provincia podría fijar sus propios valores, con actualización trimestral a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad (no automática por IPC).

Luego de que bajara un poco la espuma mediática, en la Cámara de Diputados los libertarios retomaron las negociaciones con los bloques aliados y les aseguraron que los artículos originales del Presupuesto sobre Discapacidad serán eliminados. “Lo que acordemos en el dictamen de comisión es lo que va a ir a Presupuesto”, sintetizaron.

Ante la consulta de Infobae, tanto el PRO como la UCR confirmaron que el diálogo se reencauzó, aunque todavía dan algunas señales de desconfianza. “Estamos esperando el borrador final. Vamos a ver qué mandan y terminaremos de definir”, resumieron desde el partido amarillo.

“El asunto quedó un poco revuelto. Falta una presentación clara de qué va a pasar con las compensaciones. Esperemos a la semana que viene cuando veamos todo por escrito”, coincidió un integrante del bloque UCR.

El reclamo por compensaciones hace referencia al artículo 13 de la ley de Emergencia en Discapacidad que establece una compensación para los prestadores por el atraso acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 que no quedó cubierto por las posteriores actualizaciones. A pesar de que el oficialismo planteaba que estaba cumpliendo con toda la ley, tanto el PRO como la UCR venían reclamando un cronograma claro de pagos para saldar lo adeudado.

Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, la nueva propuesta apuntará a elevar los requisitos para acceder a la pensión por discapacidad. “Ya no bastará con tener el CUD (Certificado de Discapacidad) para acceder a la pensión, necesitamos que esta tenga un correlato con la realidad”, explicaron y señalaron que buscan aplicar la misma lógica que con los subsidios para que “cobre el que verdaderamente lo necesita”.

Por otro lado, el nomenclador se actualizará por IPC en forma bimestral (no mensualmente como dice la ley de emergencia) y será universal. Además, a pedido de los aliados, las pensiones podrán recibirse de forma complementaria a un empleo registrado.

En las próximas semanas el oficialismo buscará quedarse con el dictamen de mayoría en comisión para bloquear cualquier intento opositor de llevar el tema al recinto. Si lo logran, el texto consensuado se incluirá directamente en el Presupuesto 2027.

El proyecto de Presupuesto para el 2027 dejó más controversias al interior del Gobierno que una discusión pública sobre su contenido mismo. El Ministerio de Economía envió la versión a la cúpula del Gobierno para que se firme al filo del plazo legal para presentarlo y de un día para el otro, los negociadores libertarios en ambas cámaras del Congreso se desayunaron cambios que no estaban previstos en las tratativas que habían encaminado desde hace semanas con bloques aliados.

El clima sigue espeso al interior del Gobierno. La mayoría de los integrantes de la Mesa Política decidió bajar las armas. “Ya no tiene sentido seguir puteando al aire. Lo único que importa es llevarnos el Presupuesto”, avisan desde uno de esos despachos, reconociendo la bronca que se generó con la situación evidenciada el miércoles (el día después de la presentación del proyecto), cuando comenzaron a emerger artículos que modificarían las prestaciones por Discapacidad y la actualización de la AUH.

Ambos temas serán abordados en la próxima reunión de Gabinete a la que probablemente convoque el presidente Javier Milei para este lunes. También se tratará todo en la reunión de Mesa Política, la instancia de debate del círculo más chico del Gobierno que está siendo cuestionada por diferentes integrantes. Quien lo hizo de manera pública fue Patricia Bullrich, quien en diferentes reportajes cuestionó que los recortes en esos segmentos no fueron sincerados en la reunión que hubo horas antes de que el Ejecutivo presentara el proyecto.

Solo un puñado de funcionarios conocía la letra chica del Presupuesto 2027, lo que deja entrever que la totalidad de los legisladores de ambas cámaras del Congreso Nacional tampoco lo conocían. En el Gobierno marcan que tienen intenciones de subsanar esa situación hacia adelante. “Estamos planificando reuniones con legisladores nacionales con Economía para sacar dudas sobre todo lo que hace el proyecto”, confirmó una fuente de la mesa política a Infobae.

La persona a la que aluden es el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que está a cargo de confeccionar y maniobrar la política fiscal del Gobierno para asegurar la política de déficit cero. Más de un integrante del Gobierno tiene intenciones de que se haga un encuentro con diputados -y en lo posible, sumándole senadores- para informarles sobre las nociones básicas del proyecto presupuestario.

La posibilidad de hacer un encuentro con el encargado de Hacienda es potencial y no algo concreto. En otros despachos afirman que no tienen esa información, aunque en otros afirman que “es probable porque el año pasado se hizo así”. Lo que es seguro es que Guberman irá al Congreso a dar su explicación oficial sobre el proyecto que confeccionó con la cúpula del Ministerio de Economía. La exposición del año pasado fue algo accidentada. Guberman fue acompañado por el entonces secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y expusieron sin responder preguntas, evidentemente molestos por las interrupciones de diferentes diputados de la oposición más dura contra el Gobierno.

El tándem compuesto por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, comenzó a esquematizar la hoja de ruta para conseguir adhesiones de bloques aliados y gobernadores. Algunos de ellos confiesan en privado su cansancio por el mecanismo de negociación del Gobierno y la naturaleza de los proyectos que envía la Casa Rosada. “Hacen proyectos enormes y te quieren colar cambios profundos en un artículo cortito. Algunos ya nos sentimos boludeados”, afirmó un gobernador en diálogo con Infobae.

Ambos trabajan para evitar que se produzca un revés al momento de tratarlo en alguna de las dos cámaras. El antecedente más próximo es el del último presupuesto. Al momento de llevarlo a votación, Diputados rechazó el capítulo que proponía derogar la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario. En el oficialismo y la oposición dialoguista existe la voluntad de buscar una suerte de “punto medio que no rompa con el equilibrio fiscal”. “Para eso tenemos que generar un camino de confianza”, apuntan cerca de un funcionario del Gobierno.

La confianza también debe ser interna, porque el vínculo entre varios de los integrantes de la Mesa Política quedó astillado después de los sucesos de los últimos días. “Estamos armando una matriz para encarar las conversaciones”, puntualiza uno de ellos. El factor decisivo será que los dirigentes de la esfera política del Ejecutivo logren coordinar las negociaciones con el ala económica, compuesta en su estrato más alto por el mismísimo Javier Milei y el ministro Luis Caputo.

En diálogo con A24, la jefa del bloque libertario en la Cámara Alta remarcó: “Habíamos estado el día anterior en una mesa política, se habían dado los números macro. Se habían dado los fundamentos, pero nadie dijo nada de esto”. En esa línea, explicó que cuando ingresó el texto a la Cámara de Diputados en la madrugada, expuso el desentendimiento dentro del oficialismo.

“El tema de la discapacidad es muy fuerte. La mesa política es para evaluar cómo caen en las cámaras los proyectos, qué es viable y qué no. El año pasado nosotros la pasamos muy mal cuando perdimos gobernabilidad. Romper mayorías que nos ayudan a generar gobernabilidad, a sacar leyes como todas las que sacamos este año. El presupuesto siempre es una herramienta fundamental. En vez de mantener eso, de golpe viene una bomba atómica”, añadió la ex funcionaria.

Y continuó: “Tengo que ser sincera y decir: a ver, a mí no me tomen de tonta. Si estamos el día anterior en una mesa discutiendo y no nos enteramos de las cosas, yo siento que me toman de tonta. La evaluación que hubiera hecho es: pensemos esto tres veces, porque cuando nos chocamos ya contra la pared, ¿nos vamos a chocar de nuevo contra la pared de esta manera?”.

En tanto, remarcó que los proyectos “salen con una mayoría” y explicó que dentro del Congreso se logra ese consenso que después permite que las leyes se aprueben. Sin embargo, apuntó: “Cuando se sabe que se está discutiendo para buscar una salida y viene algo así, no sé. El presupuesto sale de Economía, yo no quiero acusar a nadie. Y lo menos que pueden hacer es ponerlo sobre la mesa”.

El malestar de Bullrich no fue aislado. Según pudo saber Infobae, ni los diputados de La Libertad Avanza (LLA) ni el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, estaban al tanto del contenido del capítulo VI antes de que el texto ingresara al Congreso. Fuentes del bloque oficialista señalaron al Ministerio de Salud y a la Secretaría de Legal y Técnica como responsables de la descoordinación. “Nadie sabía nada. Fue una descoordinación un poco responsabilidad del Ministerio de Salud y otro poco de Legal y Técnica”, indicaron a ese medio.

La falta de aviso previo expuso a los legisladores aliados ante sus propios bloques y ante la oposición. En Radio Rivadavia, Bullrich fue más directa aún al respecto: “Quedás como un tonto o como que engañás, eso resiente las relaciones”, lamentó.

En ese mismo sentido, Bullrich reclamó que la mesa política funcione “donde las cosas se discutan, porque si no después el Gobierno, el país paga un montón de costos”. En tanto, advirtió que esa ausencia de debate previo lleva a que la ciudadanía perciba al oficialismo como “totalmente insensible”.

Ante la consulta sobre si entonces era el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien actuaba por su cuenta, respondió: “No lo sé. No quiero ponerlo en cabeza de nadie, pero lo que digo es que acá hay un error no forzado. Y el error no forzado te puede hacer perder el partido”.

El capítulo VI del proyecto, conformado por los artículos 36 a 41, introduce modificaciones permanentes al sistema de atención a personas con discapacidad. Entre los puntos más controvertidos figura la derogación parcial de la Ley de Emergencia en Discapacidad (ley 27.793) y cambios sustanciales en la ley 24.901, que desde 1997 regula las prestaciones básicas de atención integral. El texto elimina los aranceles únicos de referencia del Nomenclador de Prestaciones Básicas, lo que en la práctica obliga a las familias a negociar individualmente con obras sociales y prepagas el valor de terapias y tratamientos. Además, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) deja de ser garantía directa de acceso a prestaciones, y quienes tengan empleo registrado o estén inscriptos en el monotributo perderían la compatibilidad con la pensión por invalidez, un esquema que hasta ahora les permitía trabajar sin perder su cobertura.

La senadora y de LLA admitió -en declaraciones al periodista Ignacio Ortelli en Radio Rivadavia- que el tema “no salió a la luz” en las reuniones de la mesa política, y que el presupuesto llegó con esos cambios sin previo aviso para los socios de la coalición. “No nos enteramos, yo no miento, es la verdad”, enfatizó la legisladora, que luego expresó cierta molestia porque cuando los legisladores aliados llegan al Congreso sin haber sido informados, quedan expuestos ante sus propios bloques y ante la oposición. “Quedás como un tonto o como que engañás, eso resiente las relaciones”, lamentó.

En el mismo sentido, Bullrich reconoció que en Diputados ya existía un acuerdo político entre el oficialismo y sectores opositores para discutir el tema de discapacidad “de determinada manera”, acuerdo que ahora quedaría en cuestión con la aparición de estos artículos en el texto presupuestario. El Senado actúa como cámara revisora en materia presupuestaria, por lo que deberá esperar a ver qué texto llega desde la cámara baja antes de definir su postura. “Está bastante peliaguda la discusión”, reconoció.

Desde los bloques opositores, las reacciones fueron inmediatas. El diputado Juan Marino, de Unión por la Patria, calificó los cambios como “ilegales e inconstitucionales” y denunció que el proyecto busca “desmantelar” la Ley de Emergencia en Discapacidad. El legislador Esteban Paulón, de Santa Fe, subrayó que los cambios aparecieron luego de que La Libertad Avanza había impulsado junto a bloques afines una iniciativa propia para tratar la emergencia, sin revelar su contenido real.

El Presupuesto derogó puntos históricos del sistema de discapacidad que rigen desde 1997

El proyecto enviado al Congreso incluye, en su Capítulo VI, los artículos 36 a 41, que modifican en forma permanente pilares del sistema de atención a personas con discapacidad. Entre los puntos más sensibles figura la derogación de varios artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad (ley 27.793) y cambios profundos en la ley 24.901, que desde 1997 sostiene el sistema de prestaciones básicas de atención integral.

El corazón de la reforma apunta al Nomenclador de Prestaciones Básicas: el texto establece que ya “no incluirá valores universales”, lo que elimina los aranceles obligatorios de referencia para obras sociales, prepagas y prestadores. En la práctica, las familias de personas con discapacidad deberán negociar individualmente el valor de terapias y tratamientos con sus coberturas. La actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con autismo, lo resumió con crudeza en Radio Con Vos: “Es letal la desregulación del nomenclador único”.

Otro de los cambios centrales reinstala el esquema de pensión por invalidez laboral, lo que implica que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) ya no funcionará como garantía directa de acceso a las prestaciones. Además, quienes cuenten con empleo registrado o estén inscriptos en el monotributo perderán la compatibilidad con ese beneficio, una modificación que hasta ahora permitía a muchas personas con discapacidad trabajar sin perder su cobertura.

El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, advirtió que la reforma “elimina dos principios fundamentales: que los aranceles sean iguales para todas las obras sociales, prepagas y el Estado, y que esos aranceles se actualicen automáticamente mediante el índice de movilidad jubilatoria”. “En criollo, eliminan el criterio de arancel único para todo el sistema y reemplazan una regla objetiva por un esquema fragmentado, discrecional e incierto”, señaló desde su cuenta de X.

Los cambios en los valores de las prestaciones también dejarán de ser automáticos y mensuales. El Gobierno fijará esos montos a su propio criterio de forma trimestral, y solo se recurrirá al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC si ese ajuste no se realiza en tiempo y forma. Se elimina además el estudio anual de costos de cada prestación, que incorporaba a los aranceles los aumentos de componentes no reflejados en la inflación general.

Los diputados de La Libertad Avanza amanecieron este miércoles con un disgusto inesperado. Luego de haber asegurado públicamente que el oficialismo estaba trabajando en un texto “superador” para reemplazar la Emergencia en Discapacidad, recibieron con asombro un proyecto de Presupuesto 2027 que contenía un capítulo con fuertes ajustes en el área de discapacidad y detonaba las negociaciones en curso con los aliados. Ahora, los libertarios desestiman los artículos de la polémica y buscan retomar el diálogo con los dialoguistas, pero persisten las dudas sobre las reales intenciones del presidente Milei.

Si bien voces dentro del oficialismo intentaron explicar que todo fue parte de una estrategia, que implicaba una propuesta de máxima (eliminar de raíz la Emergencia en Discapacidad) para luego tener margen de negociación y avanzar con un texto consensuado, durante el transcurso del día diferentes fuentes reconocieron que en realidad no estaban al tanto de las propuestas de la Casa Rosada.

“Nadie sabía nada. Fue una descoordinación un poco responsabilidad del Ministerio de Salud y otro poco de Legal y Técnica”, explicaron a Infobae. Pero incluso admitieron que el presidente de la Cámara de Diputados y hombre fuerte del karinismo, Martín Menem, tampoco estaba al tanto, lo cual multiplica las especulaciones, ya que comparte la Mesa Política con otros referentes que estuvieron involucrados directamente con la confección del Presupuesto, como el ministro Luis “Toto” Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, a través de su vice Ignacio Devitt; y Santiago Caputo, por medio de la secretaria de Legal y Técnica María Ibarzábal Murphy.

El texto que el Gobierno envió al Congreso introduce una reforma profunda al sistema de discapacidad que tanto la oposición política como las organizaciones del sector consideran un retroceso respecto de la actual. Entre sus puntos más destacados, la iniciativa retoma un criterio de “invalidez laboral” para el acceso a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, que sería equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, en reemplazo del enfoque de derechos consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El texto también elimina el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso al beneficio y traslada la definición de los requisitos desde el Congreso hacia la reglamentación del Poder Ejecutivo.

Por otro lado, figura la incompatibilidad absoluta entre la pensión y el empleo formal: cualquier alta tributaria o trabajo registrado, incluso por pocas horas, extinguiría el beneficio, a diferencia del régimen vigente que permite compatibilizarlo con empleo o monotributo hasta dos salarios mínimos. Además, en materia de prestaciones, desaparece el arancel único del Nomenclador de Prestaciones Básicas, por lo que cada obra social, prepaga o provincia podría fijar sus propios valores, con actualización trimestral a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad (no automática por IPC)

Ante la consulta de Infobae, desde el bloque libertario reconocieron que el capítulo VI no tiene posibilidades de ser aprobado tal como lo envió el Palacio de Hacienda y aseguraron que en la versión definitiva quedará el proyecto “superador” que se estaba negociando con los aliados, como el PRO, la UCR, Provincias Unidas (Córdoba y Santa Fe) y Argentina Federal (Salta y Misiones). No obstante, hasta el momento no ha trascendido ningún detalle sobre esta propuesta. “Así como está, no va a salir”, resumieron.

La falta de coordinación generó un fuerte malestar entre los diputados que se habían puesto al frente de la discusión. Hasta el presidente de la Cámara, Martín Menem, tuvo que reunirse en persona con varios de ellos para “contenerlos”.

“El Presupuesto quedó viejo”, intentó explicar otro integrante del bloque, que atribuyó el traspié a que el texto había sido redactado antes de que comenzaran las negociaciones con los aliados.

Sin embargo, la misma fuente rescató que a pesar de las “desprolijidades” se terminó adelantando un paso. “Es mejor que esto explotó ahora porque simplifica la negociación, hubiera sido peor llegar a un dictamen de consenso y que después cuando lo viera Economía, lo diera de baja”, sintetizaron.

Por lo pronto, las negociaciones con los aliados volvieron a foja cero pero desde el oficialismo confían en poder llegar a un dictamen antes de fin de mes.

En ese contexto, Valentina Bassi, actriz y madre de un adolescente con autismo, cuestionó los cambios durante una entrevista en Infobae al Regreso. La actriz sostuvo que la discusión excede la continuidad de la emergencia y alcanza normas que, según explicó, resultan centrales para garantizar el acceso a tratamientos, escuelas especiales, transporte y otros apoyos.

“Estamos tratando de que se prorrogue la ley de emergencia en discapacidad y en la ley de Presupuesto derogan muchísimos artículos muy importantes”, afirmó.

Uno de los principales puntos de su planteo está relacionado con la Ley 24.901, que desde 1997 establece el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para las Personas con Discapacidad. El proyecto de Presupuesto 2027 propone modificar artículos de ese régimen y alterar el esquema mediante el cual se determinan los aranceles.

El nomenclador, el principal eje del reclamo

El Nomenclador de Prestaciones Básicas establece los valores de referencia para servicios que reciben las personas con discapacidad. El proyecto oficial plantea que deje de incluir valores universales y reemplaza ese criterio por un esquema en el que cada financiador pueda establecer condiciones y valores diferenciados.

Para Bassi, esa modificación puede generar diferencias en el acceso según la cobertura médica de cada persona.

“El nomenclador único es fundamental”, remarcó. Y planteó cuál sería, desde su perspectiva, una de las consecuencias del cambio: “Cada obra social y cada prepaga va a poder fijar qué valor y qué terapias van a querer ofrecerte y aprobarte para tu hijo”.

La actriz explicó que el nomenclador funciona como una referencia común para prestaciones como escuelas especiales, centros de atención, transporte y tratamientos. “El Estado fija qué tiene que cobrar una escuela para mantener la escuela, los sueldos, la comida de los chicos; qué tiene que cobrar el transporte, qué tienen que cobrar los terapeutas”, detalló.

Actualmente, el Gobierno sostiene que el sistema necesita una actualización y un esquema que permita garantizar las prestaciones de manera sostenible. En septiembre, funcionarios de la Secretaría Nacional de Discapacidad defendieron ante el Congreso las medidas implementadas para actualizar el nomenclador y ordenar el sistema.

El proyecto, sin embargo, propone modificar el mecanismo vigente. También elimina la referencia a valores universales y cambia la modalidad de actualización de los aranceles.

Bassi advirtió que ese escenario puede repercutir sobre los prestadores y, en consecuencia, sobre las familias. Durante la entrevista, sostuvo que los valores actuales tampoco alcanzan para cubrir los costos del sistema y reclamó una actualización de la base del nomenclador.

La preocupación por la continuidad de los servicios también alcanza al transporte. “Se están yendo a trabajar a otros rubros y las personas con discapacidad se quedan sin movilidad para ir a las terapias. Y las familias nos enloquecemos”, afirmó.

El problema del financiamiento y las demoras en los pagos ya forma parte del debate parlamentario. Un informe reciente de Infobae señaló que prestadores, transportistas y familias vienen advirtiendo por el desfasaje entre aranceles y costos, con reducción de servicios e interrupciones de tratamientos.

Qué cambios plantea el Presupuesto para las pensiones

Otro de los puntos cuestionados por Bassi está relacionado con las pensiones no contributivas por discapacidad. El proyecto de Presupuesto propone modificar el régimen vigente y volver a un esquema denominado de pensión por invalidez laboral. Además, establece que el beneficio sea incompatible con un empleo formal o con la inscripción en determinados regímenes tributarios.

La propuesta también modifica el papel del Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía de acceso al beneficio y deja parte de los requisitos en manos de la reglamentación.

Bassi cuestionó especialmente la incompatibilidad entre la pensión y el trabajo registrado. “Las personas con discapacidad quieren trabajar. En vez de pelear porque se cumpla el cupo laboral en trabajo del Estado o porque los privados acepten a personas con discapacidad, dice: ‘Si trabajás no tenés derecho a una pensión’”, planteó.

La actriz también vinculó el beneficio con el acceso a la atención sanitaria. “Muchas personas con discapacidad no tienen obra social ni prepaga. Entonces, con la pensión te viene el beneficio de incluir salud para que tengas acceso a los tratamientos”, sostuvo.

El proyecto también propone derogar disposiciones de la Ley de Emergencia en Discapacidad vinculadas con la cobertura médica obligatoria para titulares de pensiones y con el traspaso de beneficios al nuevo esquema.

Para Bassi, la discusión tiene un efecto concreto en las familias que dependen de las prestaciones para sostener tratamientos y apoyos. “Le quitan las pensiones a los niños. Muchas personas que no tienen obra social y tienen un niño con discapacidad acceden a la pensión para que ese niño tenga terapias”, afirmó.

La emergencia y el debate en el Congreso

La Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad fue sancionada para establecer medidas específicas destinadas a sostener el sistema y afrontar la situación de los prestadores. La discusión actual está centrada en su prórroga, mientras el Presupuesto 2027 incorpora modificaciones que afectan distintos aspectos del régimen.

Bassi aseguró que el reclamo por la continuidad de la emergencia atraviesa distintos espacios políticos. “Hablo con muchísimos diputados, gobernadores y doy fe de que esto es completamente transversal”, afirmó.

También expresó expectativas sobre el tratamiento parlamentario de la prórroga. “Yo creo que la prórroga de la ley de emergencia va a salir. Tengo fe en eso, lucho por eso”, señaló.

Durante la entrevista, además, diferenció la vigencia temporal de la emergencia de las normas permanentes que regulan las prestaciones. “Lo que vence es la emergencia, los artículos de la ley no vencen”, sostuvo.

El Gobierno, por su parte, defendió ante el Congreso su política en materia de discapacidad y aseguró que busca garantizar las prestaciones, actualizar el nomenclador y ordenar el sistema de pensiones.

Bassi también respaldó la realización de controles sobre las pensiones y planteó que el objetivo debe ser identificar irregularidades sin afectar a quienes necesitan el beneficio. “Todos los que estamos relacionados con discapacidad queremos que cobren las personas que lo necesitan, no que cobre alguno que no”, afirmó.

Al final de la entrevista, la actriz habló además de su actividad artística. Actualmente participa de Salvajada, obra de Mauricio Kartun basada en un cuento de Horacio Quiroga, junto a Pablo Mariuzzi y bajo la dirección de Luis Rivera López. La puesta aborda cuestiones vinculadas con la discriminación y el bullying y se presenta los martes a las 20 en el Teatro Astros.

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A pocas horas de que ingresara el proyecto de ley de Presupuesto 2027, que elimina los puntos principales de la ley de emergencia en discapacidad, un plenario de comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados comenzó a discutir la prórroga de la emergencia.

Justamente, la llegada del Presupuesto modificó el escenario en el que hasta anoche la discusión iba a ser si avanzaba la prórroga o si el oficialismo presentaba un proyecto propio en el que venía trabajando. Pero la comisión comenzó con el pedido de parte de la oposición de eliminar el Capítulo 6, en el cual se disuelve el sistema de protección de las personas con discapacidad.

“El presupuesto genera un nuevo contexto, el Ejecutivo propone destruir la ley de emergencia y desmantelar el sistema de derechos. Teníamos la intención de tener un dictamen por unanimidad y esto lo vuelve todo para atrás. Lo que enviaron busca generar una destrucción del sistema nacional, es por eso que queremos manifestar el completo rechazo al capítulo 6 y le pedimos que lo retiren”, señaló el diputado Juan Marino, propulsor de este emplazamiento.

La forma en la que el Gobierno definió los fondos para discapacidad también tomó por sorpresa al bloque del oficialismo y sus socios, lo que mostró una poca fluidez y desconexión entre la Casa Rosada y el Palacio Legislativo.

Las diputadas libertarias Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado venían trabajando en un proyecto sobre discapacidad que, aseguraban, era superador del sistema actual. “Ahora habrá que ver cómo seguimos”, señaló un legislador libertario que estaba al tanto del trabajo parlamentario. “Hoy nos levantamos y estaba todo incendiado”, agregó.

La diputada Giudici pidió la palabra y, en una rara imagen, se mostró titubeante y aseguró que sigue creyendo “en el compromiso de tener un dictamen superador que quite el estigma de emergencia”. Pero lo cierto es que la diputada propone algo que se opone a lo que dispone el presidente Javier Milei. “Hay división de poderes, creemos que el Congreso tiene un tiempo largo para tratar luego el Presupuesto y debatir las mejores condiciones”, señaló la diputada.

En ese contexto fueron pasando más de 20 expositores de diferentes organizaciones ligadas al colectivo de discapacidad. Uno a uno, los expositores fueron señalando que el gobierno incumple sistemáticamente el pago a los proveedores y dificulta el desarrollo de los expedientes. “No tiene sentido que la ley de Presupuesto venga a borrar la ley que hoy estamos discutiendo”, fueron repitiendo varios de los expositores.

Quizás uno de los más gráficos fue Pablo Molero, sacerdote y coordinador del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, quien dijo que “el Gobierno está destruyendo todo y, perdón que lo diga, pero la ley de Emergencia en Discapacidad fue un dedo en el traste. Este Gobierno no está cumpliendo. Pagar a 90 días o a 60 días es robarle el dinero a la gente. Lo que hicieron los que escribieron el presupuesto es empujar a la población a la mendicidad”.

La tensión entre lo que buscaba proponer el bloque del oficialismo y lo que propuso el Ejecutivo estaba latente. Giudici les repitió a los socios que iban a seguir avanzando en el proyecto que venían trabajando. Desde el entorno del presidente de la Cámara, Martín Menem, explicaron que seguirán trabajando como lo venían haciendo y que lo del Ejecutivo “es una versión de máxima”, pero adelantaron que están dispuestos al diálogo “con los socios”, ya que, aseguran, “no vamos a dejar nada para que nos puedan voltear un capítulo entero en el recinto”. Esto fue lo que les sucedió en el debate del 2025.

El proyecto

La reforma en la ley de emergencia en discapacidad retoma el modelo de “invalidez laboral” en los artículos 36 y 40, lo cual implica un giro respecto del modelo social de derechos humanos que estableció la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La norma reemplaza ese criterio por uno médico que la mayoría de los especialistas considera anacrónico. Además, elimina por ley el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía de acceso directo a la pensión y traslada la definición de los requisitos desde el Congreso hacia la reglamentación del Poder Ejecutivo, que queda con amplia discrecionalidad para fijarlos.

El artículo 37 introduce, a su vez, una incompatibilidad absoluta entre la pensión y el trabajo formal. La ley vigente permite compatibilizar el beneficio con el empleo registrado o el monotributo hasta dos salarios mínimos, pero el proyecto invierte esa lógica: cualquier alta tributaria o empleo registrado, incluso de pocas horas, extingue la pensión. También desaparece la suspensión temporaria y la rehabilitación inmediata una vez finalizado el contrato laboral, lo que empuja a las personas con discapacidad hacia la informalidad y contradice el artículo 27 de la Convención.

En materia de prestaciones, los artículos 39 y 41 eliminan el arancel único del Nomenclador de Prestaciones Básicas. A partir de ahora, cada obra social, prepaga o provincia podrá fijar valores diferenciados, lo que abre la puerta a una presión a la baja y a la fragmentación de la atención médica y terapéutica. La reforma también suprime la actualización mensual por movilidad y la reemplaza por una pauta trimestral discrecional, además de eliminar el estudio anual de costos que permitía ajustar los aranceles según los valores específicos del sector. Por otra parte, el artículo 41 deroga el artículo 8º de la Ley 27.793, con lo cual la cobertura médica obligatoria con el piso de prestaciones de la Ley 24.901 deja de ser un derecho exigible, y también deroga el artículo 9º de esa misma ley, que garantizaba el traspaso automático de las pensiones preexistentes al nuevo esquema de protección social.

El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el gobierno de Javier Milei impulsa un cambio de fondo en el sistema de prestaciones para personas con discapacidad. La propuesta abarca la derogación de varios artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad, y otros aspectos históricos del régimen que está vigente desde hace más de 30 años.

El corazón de la reforma apunta a desregular el Nomenclador de Prestaciones Básicas, que ya “no incluirá valores universales”, señala la redacción del presupuesto. Es decir, perderá fuerza el listado con aranceles obligatorios de referencia para obras sociales, prepagas y prestadores que atienden a personas con discapacidad. Al eliminar los aranceles comunes, las familias afectadas probablemente tengan que negociar el valor de las terapias, tratamientos y otros servicios.

El otro punto fundamental es que se propone volver al esquema de pensión por invalidez, por el cual el Certificado Único de Discapacidad (CUD) ya no será garantía de acceso a las prestaciones. Tampoco se podrá percibir este beneficio si alguien cuenta con un empleo registrado.

La motosierra al andamiaje legal aparece en el Capítulo VI del Presupuesto 2027, donde los artículos 36 a 41 sustituyen o derogan aspectos clave de la ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, y modifican en forma permanente las leyes 13.478, que regulan las pensiones no contributivas por invalidez labora; y 24.901, que crea el sistema de prestaciones básicas de atención integral a la discapacidad, que rige desde 1997.

“El nuevo texto elimina dos principios fundamentales: que los aranceles sean iguales para todas las obras sociales, prepagas y el Estado, y que esos aranceles se actualicen automáticamente mediante el índice de movilidad jubilatoria. Ahora establecen expresamente que ‘la universalidad no implicará la homogeneidad de aranceles’, advirtió el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.

De esta forma, si bien la iniciativa garantiza formalmente “la universalidad de la atención” del sistema de prestaciones, la modificación desregula los aranceles obligatorios y “las modalidades de financiamiento”. Se lo reemplaza por un “piso mínimo prestacional común, definido por estándares de calidad, oportunidad y adecuación de la prestación”. Además, cada obra social o prepaga podrá definir valores y cubrir las terapias que quiera, según se desprende del proyecto en el análisis de la oposición.

“En criollo, eliminan el criterio de arancel único para todo el sistema y reemplazan una regla objetiva por un esquema fragmentado, discrecional e incierto para prestadores y personas con discapacidad”, cuestionó Ferraro desde su cuenta personal de X. “Toda esta crueldad, mientras el sector atraviesa una emergencia reconocida por ley, con instituciones al borde del cierre, prestaciones desactualizadas y miles de familias a la deriva”, apuntó.

La actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con autismo y activista de los derechos por personas con discapacidad, defendió el nomenclador porque favorece la igualdad de acceso en las prestaciones, y alertó que “es letal la desregulación del nomenclador único”. “En la escuela especial a la que asiste mi hijo, conviven familias con obras sociales pequeñas y otras con prepagas carísimas, porque todas están obligadas a pagar lo mismo. Desregulando eso cada persona va a tener que arreglar con su obra social, tipo paritarias, el costo de los tratamientos”, lamentó en declaraciones a radio Con Vos

Cómo se actualizarán los aranceles

De aprobarse estos artículos, los cambios en los valores de las prestaciones dejarán de ser automáticos y mensuales, como define la regulación vigente. Mientras los prestadores privados tendrán mayor discrecionalidad, los aranceles del sector público deberán ser fijados trimestralmente por la Secretaría Nacional de Discapacidad.

En la práctica, el Gobierno definirá esos valores a su propio criterio, con una condición. “Si ese ajuste no se realiza dentro del período previsto, el texto dispone que se utilizará como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)”, aclara el texto.

Otro de los puntos que se eliminan es el estudio anual de costos de cada prestación, que permitía incorporar a los aranceles los aumentos de componentes no reflejados en el IPC, que “era uno de los reclamos centrales de las federaciones de prestadores, advierten desde el peronismo”.

El diputado nacional Juan Marino, de Unión por la Patria, denunció que el proyecto enviado al Congreso busca “desmantelar la Ley de Emergencia en Discapacidad”, y calificó la maniobra como “ilegal e inconstitucional”. Puntualmente, agregó que, con la “fragmentación del sistema” al disolver los valores únicos en las prestaciones, habrá una “presión a la baja de los aranceles por parte de los grandes financiadores y riesgo para la continuidad de las prestaciones”.

El modelo de “invalidez laboral”

El texto sustituye el artículo 9° de la Ley 13.478, donde faculta al Poder Ejecutivo a otorgar “una pensión inembargable a toda persona sin suficientes recursos, no amparada por un régimen de previsión y mayor de setenta (70) años de edad o imposibilitada para trabajar, según los requisitos establecidos en la reglamentación”.

El cambio, para Marino, reinstaura el modelo de “invalidez laboral” y se abandona “el modelo social de derechos humanos fijado por la Convención y se regresa a un criterio médico anacrónico”.

“​Se elimina por ley el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía legal y directa de acceso a la pensión. Los requisitos de acceso ya no los define el Congreso: quedan totalmente librados a la discrecionalidad de la reglamentación del Ejecutivo", expuso el legislador desde su cuenta de redes sociales.

De la iniciativa, se desprende que queda eliminada la compatibilidad entre la pensión y el empleo registrado o el monotributo hasta dos salarios mínimos. Así lo define el nuevo artículo 37, al establecer que la “Pensión no Contributiva por Invalidez Laboral será incompatible con poseer un vínculo laboral formal y/o encontrarse inscripto en el régimen general y/o simplificado vigente”.

El proyecto también derogara el artículo 8 de la ley de emergencia en discapacidad, que garantizaba la cobertura médica obligatoria para titulares de pensiones no contributivas. Otro cambio es el bloqueo al traspaso automático de beneficios preexistentes, al derogarse el art. 9º de la Ley 27.793, impidiendo que quienes ya cobran una pensión pasen de oficio al nuevo esquema de protección social con todas sus garantías.

El artículo 38, además, quita las restricciones que impedían financiar estos programas con recortes a otras partidas de servicios sociales, según el análisis de Marino.

El debate en la Cámara de Diputados

La Cámara baja tenía previsto retomar hoy el debate sobre los proyectos para prorrogar la emergencia en discapacidad hoy a las 12, en un plenario informativo de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda.

El cronograma fue aprobado con 249 votos durante la última sesión. Entre los temas figuraban la paralización en el otorgamiento de pensiones no contributivas por invalidez laboral, el atraso en los pagos, el congelamiento de aranceles y el cierre de centros de día. Todos puntos sensibles para las personas con discapacidad, familiares y organizaciones especializadas, quienes aún no encuentran una solución a sus necesidades.

Lo cierto es que los cambios en el Presupuesto 2027 impactan en esta agenda legislativa. Desde la oposición se preparan para confrontar, y pone en un lugar incómodo a los aliados. El diputado nacional Esteban Paulón, de Santa Fe, recordó que el proyecto apareció luego de que La Libertad Avanza promoviera, junto a bloques afines, una iniciativa propia para tratar la emergencia en discapacidad, y que hasta al momento se desconocía.

“Pues apareció el proyecto. Y está en la ley de Presupuesto 2027. Es regresivo y supone la desaparición de las prestaciones universales que garantizan un piso mínimo de acceso a la atención. Personas con discapacidad y prestadores, librados a su suerte y a las “fuerzas” del mercado", alertó Paulón, desde su cuenta de X. “Lo dijimos la semana pasada en la sesión: es imprescindible que la ley de Emergencia en Discapacidad sea prorrogada. El oficialismo niega la emergencia y, en cambio, apuesta a exponer a las personas con discapacidad a más injusticias”, dijo el diputado Pablo Juliano, también del bloque Provincias Unidas.