La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, y el actual ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, fueron denunciados penalmente este jueves 15 de octubre por presuntas irregularidades en el nombramiento de Pablo Esteban Martínez Bertozzi como director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), uno de los organismos encargados de labores de inteligencia del Estado costarricense.

La denuncia fue presentada por el diputado del Frente Amplio, Antonio Trejos Mazariegos, ante la Fiscalía General de la República, encabezada por Carlo Díaz Sánchez, con el propósito de determinar si las autoridades del Poder Ejecutivo incumplieron los requisitos legales establecidos para designar al máximo responsable del organismo policial.

El cuestionamiento se concentra en que Martínez Bertozzi, cuyo nombramiento entró en vigor el 1.º de junio de 2026, presuntamente no reúne una de las condiciones exigidas por la Ley General de Policía: contar como mínimo con el grado de comisionado.

La controversia surgió después de que Casa Presidencial reconociera que el funcionario no ostenta ningún rango policial.

Trejos considera que esta situación podría configurar el delito de nombramientos ilegales, contemplado en el artículo 344 del Código Penal, y solicita investigar la eventual responsabilidad de quienes participaron en el procedimiento administrativo.

La legislación costarricense contempla requisitos específicos para ocupar determinados puestos de dirección dentro de los cuerpos policiales.

El artículo 65 de la Ley General de Policía establece que quienes ocupen las direcciones de estos organismos deben poseer, como mínimo, el grado de comisionado, mientras que los subdirectores deben contar al menos con el grado de comandante.

Aunque la normativa reconoce que se trata de cargos de libre nombramiento y remoción, el diputado sostiene que esa facultad no permite desconocer las condiciones legales exigidas para ocuparlos.

Según la denuncia, Martínez Bertozzi fue designado para dirigir la DIS sin acreditar el rango policial correspondiente.

El legislador solicita investigar la participación de Rodrigo Chaves, por las responsabilidades que le atribuye en el procedimiento administrativo, así como la intervención de Laura Fernández en su condición de presidenta de la República.

También busca determinar si ambos jerarcas conocían la ausencia del requisito antes de que el nombramiento entrara en vigor.

El diputado pidió que la Fiscalía identifique, además, a los funcionarios que participaron en la elaboración, revisión y aprobación de los documentos utilizados para justificar el nombramiento.

Casa Presidencial admitió que el director de Inteligencia no tiene rango policial

Uno de los principales elementos utilizados para fundamentar la denuncia es una respuesta oficial que Casa Presidencial remitió a CR Hoy el 14 de agosto de 2026.

En esa comunicación, el Gobierno confirmó expresamente que el funcionario designado para dirigir la DIS carecía de rango policial.

“El señor Pablo Bertozzi Martínez no ostenta rango policial”, indicó Presidencia en la respuesta divulgada por el medio.

No obstante, el Poder Ejecutivo defendió la legalidad del nombramiento con fundamento en el artículo 62 de la Ley General de Policía y el artículo 4 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la DIS.

Esta última disposición contempla la posibilidad de que la Dirección General sea ocupada por un profesional en un área relacionada con el cargo o una persona cuya experiencia e idoneidad técnica en seguridad la hagan apta para ejercer las funciones.

Sin embargo, Trejos considera que un reglamento no puede eliminar ni sustituir un requisito establecido mediante una ley, por lo que solicitó que la Fiscalía determine si las disposiciones invocadas por el Gobierno permiten justificar la designación.

La investigación también deberá establecer si existieron informes jurídicos o estudios técnicos que respaldaran la decisión administrativa.

Martínez Bertozzi es abogado de profesión y anteriormente se desempeñó como asesor presidencial durante la administración de Rodrigo Chaves.

Ministerio de Seguridad Pública tampoco registró el rango del funcionario

La denuncia incorpora otra documentación procedente del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), específicamente el oficio MSP-DM-DVA-DGAF-DRH-11494-2026, emitido el 4 de septiembre de 2026.

Según la información aportada por el legislador, en ese documento la institución explicó el procedimiento utilizado para reconocer grados policiales y proporcionó una lista de funcionarios que ostentan, como mínimo, los rangos de comisionado y comandante.

Martínez Bertozzi no aparece en ese registro, de acuerdo con la documentación citada en la denuncia.

Este elemento se suma a la respuesta de Casa Presidencial en la que reconoció que el director de Inteligencia no posee rango policial.

Ante esa situación, Trejos solicitó que la Fiscalía obtenga una certificación oficial para determinar si Martínez Bertozzi contaba con el grado de comisionado cuando asumió el cargo.

En caso de que exista alguna acreditación, también pide establecer cuándo fue otorgada, qué autoridad la concedió y cuáles fueron los fundamentos jurídicos utilizados.

La solicitud busca esclarecer si el nombramiento cumplió los requisitos establecidos en la legislación o si existió una omisión durante el proceso de designación.

También cuestionan un decreto firmado por Chaves y Fernández en 2024

La controversia incluye una reforma reglamentaria realizada durante la administración anterior, cuando Rodrigo Chaves era presidente de Costa Rica y Laura Fernández ocupaba el Ministerio de la Presidencia.

El 11 de julio de 2024, ambos firmaron el Decreto Ejecutivo 44637-MP, mediante el cual se modificaron disposiciones relacionadas con el otorgamiento de grados policiales en la DIS y la Unidad Especial de Intervención (UEI).

Según los antecedentes mencionados en la denuncia, la reforma contempla mecanismos para que el presidente de la República y el ministro de la Presidencia puedan otorgar grados policiales mediante acuerdos ejecutivos, bajo determinadas condiciones relacionadas con necesidades institucionales.

Trejos cuestiona que ese procedimiento pueda utilizarse para conferir rangos de manera discrecional sin una recomendación técnica previa.

Por esa razón, pide investigar si el Poder Ejecutivo recurrió a este mecanismo para otorgar o reconocer algún grado policial a Martínez Bertozzi antes o después de su nombramiento.

La denuncia no afirma que ese procedimiento haya sido utilizado, sino que solicita verificar su eventual aplicación.

De acuerdo con el planteamiento del legislador, la Fiscalía deberá examinar los documentos administrativos correspondientes para determinar si existió alguna decisión relacionada con el reconocimiento de grados policiales.

La presidenta Laura Fernández oficializó la declaratoria de “Secreto de Estado” sobre la información relacionada con la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), el grupo de coordinación gubernamental Fuerza Élite, el Consejo Nacional de Seguridad Pública y otras instancias encargadas de la seguridad y defensa del país.

La decisión quedó establecida mediante el Decreto N.° 45870, firmado el 27 de julio y publicado este lunes en el diario oficial La Gaceta, con el objetivo de restringir el acceso público a documentos, informes, presupuestos, contratos, archivos y demás información considerada estratégica para las acciones del Estado en la lucha contra el crimen organizado.

La disposición también comprende toda la documentación vinculada con las coordinaciones dirigidas por la Presidencia de la República en materia de seguridad y defensa del Estado, incluyendo el reglamento de protección de jerarcas y dignatarios del Poder Ejecutivo.

El decreto amplía el alcance de la reserva a sesiones, reuniones, grabaciones, acuerdos, bitácoras, presentaciones, planes operativos y mecanismos de inteligencia, además de información relacionada con las capacidades policiales, protocolos de intervención, estructuras de mando, recursos tecnológicos y estrategias utilizadas para enfrentar a organizaciones criminales.

Asimismo, la declaratoria incorpora los expedientes administrativos de contratación pública, desde los estudios previos y requerimientos técnicos hasta las ofertas, adjudicaciones, contratos, fuentes de financiamiento y etapas de ejecución contractual relacionadas con estas dependencias.

La protección de esta información se mantendrá independientemente de si los contratos se celebran con instituciones públicas, empresas privadas, consorcios nacionales o compañías extranjeras, según establece el texto del decreto.

De acuerdo con la justificación oficial, la medida responde al incremento de las amenazas vinculadas con el narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas, el sicariato y el crimen organizado, fenómenos que, según el Gobierno, requieren una planificación estratégica basada en inteligencia y coordinación interinstitucional.

El documento señala que “el Estado de Costa Rica enfrenta la necesidad de combatir estructuras criminales cada vez más complejas y organizadas, mediante una planificación estratégica basada en inteligencia, coordinación operativa y toma de decisiones oportunas, obligándolo a reaccionar de manera rápida y eficiente ante situaciones que ponen en riesgo la paz social y el bienestar de la población”.

Además, el Ejecutivo argumenta que la divulgación de información sensible podría permitir a grupos criminales identificar vulnerabilidades institucionales, anticipar operativos policiales, evadir controles y comprometer la efectividad de las estrategias de seguridad, así como poner en riesgo la integridad de funcionarios públicos, agentes policiales y sus familias.

La decisión también formaliza un deber de confidencialidad absoluto para todas las personas que participen en estas instancias de coordinación.

El decreto establece que la obligación alcanza a jerarcas, miembros de los distintos cuerpos policiales, personal de apoyo, asesores técnicos, asesores legales y cualquier funcionario público que participe de manera permanente u ocasional en labores relacionadas con la seguridad nacional.

Asimismo, consultores, asesores externos y contratistas privados que presten servicios técnicos o profesionales deberán suscribir una cláusula obligatoria de sometimiento al “Secreto de Estado”, como requisito para colaborar con las instituciones involucradas.

Uno de los aspectos destacados de la normativa es que la obligación de confidencialidad tendrá carácter indefinido, por lo que continuará vigente incluso después de que finalice la relación laboral, contractual o de asesoría con el Estado.

El decreto advierte que el incumplimiento de esta obligación podrá derivar en procedimientos administrativos, además de las sanciones penales previstas por el delito de quebrantamiento de secreto de Estado conforme a la legislación costarricense. En el caso de contratistas privados, la revelación de información protegida también podrá provocar la resolución inmediata del contrato sin responsabilidad para la Administración.

La declaratoria también abarca el funcionamiento de Fuerza Élite, grupo que reúne semanalmente a la presidenta Laura Fernández, los ministros de Seguridad Pública y Justicia y Paz, el director de la DIS, los directores de los diferentes cuerpos policiales del Poder Ejecutivo y otros funcionarios responsables de coordinar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Desde la entrada en vigor del decreto, toda la información discutida en esas reuniones, así como los acuerdos, estrategias, planes de acción y documentos generados, quedará protegida bajo la categoría de “Secreto de Estado”, restringiendo su acceso público como parte de la estrategia gubernamental para resguardar las operaciones de seguridad nacional.

Una operación de inteligencia desarrollada durante varias semanas en Costa Rica permitió detectar un grupo de 56 ciudadanos peruanos que presuntamente laboraban de manera irregular en una mina ubicada en Miramar de Puntarenas.

El operativo se ejecutó durante la madrugada, alrededor de las 5:30 a. m., mediante un trabajo coordinado entre la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), la Policía Profesional de Migración y la Fuerza Pública. Como resultado, los extranjeros fueron aprehendidos y se inició el proceso administrativo correspondiente para su eventual deportación.

Sin embargo, las autoridades aclararon que la investigación continúa abierta, debido a que existen indicios que podrían apuntar a una estructura más amplia relacionada con traslado de trabajadores extranjeros y una posible explotación laboral.

Pablo Martínez, director de la DIS, explicó que los ciudadanos peruanos habrían ingresado al territorio nacional utilizando visas de turista. Posteriormente, según la información recopilada por los investigadores, fueron trasladados hasta la zona de Miramar para realizar labores vinculadas con la extracción de oro.

Las autoridades señalaron además que la operación podría extenderse debido a que manejan información sobre la llegada de varios grupos de ciudadanos extranjeros durante el año con un supuesto objetivo similar: incorporarse a actividades mineras sin contar con los permisos laborales requeridos por la legislación costarricense.

La situación generó una reacción de la presidenta de la República, quien afirmó que Costa Rica no permitirá prácticas asociadas con violaciones a derechos laborales, tráfico de personas o trata de personas.

“Costa Rica nunca va a ser permisiva con la violación a los derechos laborales, con la trata de personas, con el tráfico de personas, con la explotación laboral”, manifestó Laura Fernández.

La mandataria insistió en que el país debe mantener controles estrictos para evitar que personas extranjeras sean sometidas a condiciones irregulares de trabajo y pidió que la investigación llegue hasta las últimas consecuencias.

“Estamos muy orgullosos de ser un país libre de trabajo forzoso, mucho que ha costado, y no vamos a ser suavecitos con esto”, afirmó.

Durante la comunicación también se consultó cuál era la empresa relacionada con las actividades donde fueron ubicados los trabajadores. Las autoridades indicaron que se trata de la compañía Río Minerales, entidad que ahora forma parte de la investigación para determinar eventuales responsabilidades.

La mandataria señaló que los empleadores también tienen obligaciones legales y deben garantizar que sus trabajadores cumplan con los requisitos migratorios y laborales establecidos en Costa Rica.

“Los patronos tenemos el deber de vigilar y de ver que se cumplan con todas las normativas en materia de derechos laborales de las personas”, señaló.

Además, indicó que las personas extranjeras que deseen trabajar en Costa Rica pueden hacerlo siempre que cumplan con los procedimientos establecidos por la legislación migratoria, incluyendo la solicitud de permisos laborales correspondientes.

Las 56 personas permanecerán bajo los procedimientos de control migratorio mientras avanzan las diligencias. En caso de confirmarse irregularidades, las autoridades deberán definir las responsabilidades administrativas o penales que correspondan.

El caso se suma a las investigaciones que mantienen las autoridades costarricenses contra posibles redes que utilizan mecanismos de engaño para trasladar trabajadores extranjeros bajo condiciones distintas a las ofrecidas inicialmente, especialmente en actividades donde existe mayor vulnerabilidad, como labores agrícolas, construcción o minería.

La DIS, Migración y la Fuerza Pública indicaron que continuarán con las acciones operativas para determinar si existen más personas involucradas y si la compañía señalada forma parte de una estructura dedicada a la contratación irregular de mano de obra extranjera.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, informó este lunes la detención de un individuo vinculado con la célula terrorista Hamas. La acción fue ejecutada en horas de la mañana por la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y la Unidad Especial de Intervención (UEI), en coordinación con la policía de migración. El detenido permanecerá bajo custodia de las autoridades nacionales hasta que se concrete su proceso de deportación.

La mandataria destacó que la operación se produjo siguiendo los más altos estándares de seguridad. “Instruí al director de la DIS, Pablo Martínez Bertossi, para que este sujeto, en coordinación con la policía de migración, quede en custodia bajo los más altos estándares de seguridad mientras es deportado”, comunicó Fernández en un mensaje dirigido a la ciudadanía.

Hamas es reconocida como una organización terrorista por Israel, Estados Unidos, la Unión Europea y otros actores relevantes de la comunidad internacional, debido a su historial de atentados y ataques en Oriente Medio. La presencia de un individuo con presuntos vínculos con este grupo generó una respuesta inmediata de las autoridades costarricenses, que actuaron en conjunto para evitar riesgos a la seguridad nacional.

El proceso de detención y custodia se desarrolló bajo la supervisión de la DIS y la UEI, cuerpos especializados en inteligencia y operaciones de alto riesgo en Costa Rica. La coordinación entre estas agencias y la policía de migración permitió garantizar la integridad del procedimiento y la protección del territorio nacional.

Según la información difundida por Casa Presidencial, el detenido será deportado en cumplimiento de los protocolos internacionales que regulan la movilidad de personas consideradas de alto riesgo.

El Gobierno de Costa Rica mantiene comunicación con los países que integran la lista de naciones afectadas por las actividades de Hamas y actúa siguiendo parámetros de cooperación internacional en materia antiterrorista.

La captura se enmarca en una política de Estado orientada a la prevención de amenazas y la consolidación de alianzas con organismos internacionales de seguridad. La administración de Fernández ha reiterado su compromiso con la defensa de la soberanía y la protección de la ciudadanía frente a amenazas globales.

La DIS y la UEI cuentan con atribuciones legales para intervenir en casos que comprometan la seguridad nacional. Ambas entidades han reforzado sus capacidades operativas con el objetivo de responder de manera efectiva a riesgos emergentes, incluyendo la presencia de actores vinculados a organizaciones terroristas.

El procedimiento de deportación será supervisado por equipos especializados, que asegurarán el cumplimiento de los derechos fundamentales de la persona detenida, en línea con los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica. El país sostiene una política de respeto a los derechos humanos, incluso en el manejo de casos relacionados con seguridad y terrorismo.

La presidenta Fernández reafirmó que la vigilancia y el control migratorio son prioridades del Gobierno. El Ejecutivo continuará fortaleciendo las medidas de prevención y cooperación con agencias internacionales para evitar el ingreso y permanencia de personas consideradas una amenaza para la estabilidad nacional.

El caso ha generado reacciones de respaldo entre distintos sectores políticos y sociales, que valoran la acción coordinada de las autoridades y el compromiso de Costa Rica con la seguridad internacional. La administración reiteró que se mantendrá informando a la población sobre cualquier avance relevante en este tipo de procedimientos.

La presidenta Laura Fernández nombró a Pablo Martínez Bertozzi como nuevo director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, la DIS, un cargo que entró en vigor el 1 de junio y lo coloca al frente del servicio de inteligencia adscrito al Ministerio de la Presidencia.

El nuevo jerarca tiene 36 años y, de acuerdo con Casa Presidencial, cuenta con experiencia en asesoría política y estrategia para la toma de decisiones. La misma comunicación oficial sostuvo que en los últimos años participó en el manejo de asuntos de alta sensibilidad para el Estado y en procesos de coordinación interinstitucional.

Antes de su nombramiento, Martínez Bertozzi se preparó para ser sacerdote. Según una publicación de la Arquidiócesis de Bogotá, Colombia, y que fue dada a conocer por CR Hoy, fue designado diácono transitorio en 2018

El diaconado transitorio es el primer grado del sacramento del orden y forma parte del proceso de preparación para convertirse en sacerdote. Recibe ese nombre porque se ejerce de forma temporal antes de la ordenación sacerdotal.

Pablo Martínez Bertozzi pasó del entorno religioso a la dirección del servicio de inteligencia

Según publicaciones de Facebook de la Parroquia Santa María de Pentecostés, Bogotá, Martínez participó en diversas actividades religiosas durante 2019. Años después, su trayectoria se desplazó al campo político y jurídico.

En su perfil de LinkedIn, Martínez indica que trabajó como asesor del expresidente Rodrigo Chaves Robles desde noviembre de 2022 hasta la finalización de su administración. Antes de eso, señala que fue asistente del Consejo de Gobierno durante siete meses y que, previo a su ingreso a Casa Presidencial, laboró como traductor de italiano.

Casa Presidencial afirmó en su comunicado que su perfil combina análisis jurídico e institucional, capacidad estratégica y criterio técnico para la toma de decisiones en entornos complejos. También aseguró que conoce bien cómo funciona el Estado desde adentro, lo que, según la institución, le permite una lectura atinada en temas de seguridad e inteligencia.

Ese es el argumento central del Gobierno para justificar la designación: Martínez Bertozzi, abogado de 36 años y exasesor del círculo presidencial, asumirá la conducción de la DIS con base en su experiencia en articulación institucional y en asuntos considerados sensibles para el Estado, según Casa Presidencial.

La DIS asesora al presidente y maneja información considerada secreto de Estado

En Costa Rica, la DIS es la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, el servicio de inteligencia del Estado adscrito al Ministerio de la Presidencia. Su función principal es recopilar información e investigar para prevenir amenazas a la seguridad nacional, enfrentar el crimen organizado y proteger los bienes del país, además de actuar como órgano asesor directo del presidente de la República.

Entre sus funciones figuran la elaboración de insumos sobre riesgos políticos, sociales o de seguridad para el mandatario y la cooperación con otros cuerpos policiales, como la Fuerza Pública, así como con agencias de inteligencia internacionales. Por ley, muchos de sus informes y documentos internos son considerados secretos de Estado.

La dirección de ese organismo es nombrada por el Poder Ejecutivo. Antes de Martínez Bertozzi, la DIS era dirigida por Jorge Torres, quien también ocupó el cargo de ministro de Seguridad Pública durante el primer año del gobierno de Chaves.

El nuevo director de la DIS es hermano de Sergio Martínez Bertozzi, quien fue contratado como asesor del ministro de Educación Leonardo Sánchez.